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DS. Senado, Pleno, núm. 17, de 22/12/1993
Año 1993 V Legislatura
Pleno. Núm. 17
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de
Ley de medidas fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo. Se tramita por el procedimiento
de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 10, de fecha 20 de diciembre de 1993) (fin del
debate) (número de expediente S. 621/000010) (número de expediente C. D.
121/000014).
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 17
de diciembre de 1993) (continuación).
(El debate continúa en el Diario de Sesiones número 18, del jueves 23 de
diciembre de 1993) (número de expediente S. 621/000007) (número de
expediente C. D. 121/000013).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y quince minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de Ley
de Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo. Se tramita por el procedimiento
de urgencia (continuación) (Página 712).
Título II, artículos 10 a 24.
Decaen las enmiendas números 66 a 99, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 30 a 32,
34, 38, 41 y 42, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Espert Pérez-Caballero defiende las enmiendas números 210 a 224, 226 a
229, 231, 232, 234 a 241, 243 a 247, 249, 251 a 255, 257 y 263, así como
las números 272 a 276 y 281 a 284, a las disposiciones adicionales,
además de la número 289, a las disposiciones transitorias, del Grupo
Popular. El señor Pérez García consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Espert Pérez-Caballero,
por el Grupo Popular, y Pérez García, por el Grupo Socialista.
Título III, artículos 25 a 33 y 35 a 39.
Decaen las enmiendas números 100 a 118, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. El señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra
Nacionalista Valenciana, defiende las enmiendas números 144 a 153. El
señor Bolinaga Bengoa defiende las enmiendas números 43 a 46, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Travieso Darias defiende las
enmiendas números 162 a 168, del Grupo de Coalición Canaria. El señor
Lobo Asenjo defiende las enmiendas números 256 a 262, 264 y 265, del
Grupo Popular. El señor Galán Pérez consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ramón i Quiles, por el
Grupo Mixto; Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Lobo Asenjo, por el Grupo Popular, y Galán Pérez, por el Grupo
Socialista.
Título IV, nuevo.
Se da por defendida la enmienda número 124, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Título V, nuevo.
Se da por defendida la enmienda número 125, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Disposiciones adicionales 1.a, 2.a y 4.a a 17.a
Se dan por defendidas las enmiendas número 126 a 131, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Sanz Cebrián da por defendida la
enmienda número 47, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Lobo Asenjo da por defendidas las enmiendas números 267 a 271, 277 a 280
y 285, del Grupo Popular. El señor Granado Martínez defiende las
enmiendas números 326, 327 y 328, del Grupo Socialista. No se consumen
turnos en contra ni de portavoces.
Disposiciones transitorias 1.a y 2.a
Se dan por defendidas las enmiendas número 14, 15 132 y 134 a 138, del
señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Sanz Cebrián da por
defendidas las enmiendas números 29, 48 y 49, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. Se dan por defendidas las enmiendas números 286 a
288, del Grupo Popular. No se consumen turnos en contra ni de portavoces.
Disposición derogatoria.
Se dan por defendidas las enmiendas número 141 a 143, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. No se consumen turnos en contra ni de
portavoces.
Disposiciones finales 1.a y 2.a
Se dan por defendidas las enmiendas número 139 y 140, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. No se consumen turnos en contra ni de
portavoces.
Exposición de motivos..
Se da por defendida la enmienda número 50, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. No se consumen turnos en contra ni de portavoces.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 (continuación) (Página 731).
Secciones 01, 02, 03, 04, 05 y 08.
No han sido objeto de enmiendas.
Sección 12.
El señor Calvo Lou comunica a la Cámara que las enmiendas números 951 a
953, del señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, así como las números 1.216, suscrita por
él mismo, del Grupo Mixto, Partido Aragonés Regionalista, y 1.251, del
señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana,
fueron dadas por defendidas en el debate anterior. El señor Travieso
Darias retira la enmienda número 1.177, del Grupo de Coalición Canaria.
El señor Ortiz Pérez da por defendidas las enmiendas números 234 a 241,
del Grupo Popular. No se consumen turnos en contra ni de portavoces.
Sección 13.
Decaen las enmiendas números 1.445 y 1.446, del señor Ainsa Escartín, del
Grupo Popular. La señora Urzay Urquiza da por defendidas las enmiendas
números 1.487 y 1.488, suscritas por los señores Barahona Alvarez y
Martín Iglesias, así como por ella misma, del Grupo Popular. Decae la
enmienda número 1.533, del señor Bueno Fernández, del Grupo Popular.
Decaen las enmiendas números 954 a 977, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Se dan por defendidas las enmiendas números 1.639 y 1.640, de
los señores García Royo, Gómez Gómez y Liso Marín, del Grupo Popular. El
señor Alvarez Rodríguez da por defendida la enmienda número 1.675, de los
señores Lobo Asenjo, Prada Presa y él mismo, del Grupo Popular. La señora
Luzardo Romano, del Grupo Popular, da por defendidas las enmiendas
números 1.680 a 1.683, así como la número 1.573, de los señores Cañellas
Fons, Font Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni, del
mismo Grupo Parlamentario. El señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto,
Esquerra Nacionalista Valenciana, da por defendida la enmienda número
1.230, así como el resto de las enmiendas por él presentadas a las
Secciones de los Presupuestos. El señor Soravilla Fernández da por
defendida la enmienda número 1.787, de los señores Ruiz-Gallardón
Jiménez, Pedroche Nieto, Soravilla Fernández y Van-Halen Acedo, así como
de la señora Vindel López, del Grupo Popular. La señora Vindel López da
por defendidas las enmiendas números 1.453, del señor Alierta Izuel;
1.464, del señor Alvarez Gutiérrez; 1.479, del señor Baltar Pumar; 1.498,
de los señores Barrero Valverde y Bernáldez Rodríguez; 1.540 a 1.544, de
los señores Cacharro Pardo, Yebra-Pimentel Blanco y Aja Mariño; 1.643 a
1.645, del señor Garzarán García; 1.702 a 1.705, del señor Martínez
Soriano; 1.813 y 1.814, de los señores Tomey Gómez, Bris Gallego y Fraga
Egusquiaguirre, del Grupo Popular. El señor Calvo Lou da por defendidas
las enmiendas números 1.217 y 1.218, del Grupo Mixto, Partido Aragonés
Regionalista. El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 1.311,
1.312 y 1.315, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Travieso Darias anuncia una enmienda transaccional para las números 1.178
y 1.181, retirando las números 1.179 y 1.180, del Grupo de Coalición
Canaria. La señora Vindel López defiende las enmiendas números 242 a 254
y 256 a 261, del Grupo Popular. El señor Galán Pérez consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Vindel
López, por el Grupo Popular, y el señor Galán Pérez, por el Grupo
Socialista.
Sección 14.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, da por defendidas las enmiendas números 978 a 1.004, así como
el resto de las enmiendas presentadas por su Grupo a las demás Secciones,
y aclara, respecto de la aseveración realizada anteriormente por el señor
Calvo Lou, que su intención era dar por defendidas todas las enmiendas
presentadas por su Grupo a la ley de acompañamiento. El señor Rodríguez
Gómez da por defendida la enmienda número 1.772, suscrita asimismo por
los señores Hernández Escorial y Sanz Blanco, del Grupo Popular. El señor
Soravilla Fernández da por defendida la enmienda número 1.668, suscrita
por los señores Iribas Sánchez de Boado, Cervera Soto y Bados Artis, del
Grupo Popular. El señor Soravilla Fernández defiende las enmiendas
números 262 a 284, del Grupo Popular.
El señor Presidente plantea la suspensión de los debates en este momento
para proceder a las votaciones. A este respecto intervienen los señores
Díez González, Torrontegui Gangoiti, Ruiz-Gallardón Jiménez, Bayona Aznar
y Sanz Cebrián.
Se procede a votar el Título VI.
Los señores Bayona Aznar y Ruiz-Gallardón Jiménez vuelven a hacer uso de
la palabra para una cuestión de orden.
Se aprueban los artículos 62 a 80, Título VI, con las modificaciones
introducidas, por 137 votos a favor, 105 en contra y 3 abstenciones.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley
de Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo. Se tramita por el procedimiento
de urgencia (continuación) (Página 748).
Comienzan las votaciones relativas a este proyecto de ley.
Título I, artículos 1 a 9 bis.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 13 y 51 a 65, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a favor, 236 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 16 a 28, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 106 votos a favor, 131 en contra y 8
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 158 a 160, del Grupo de Coalición
Canaria, por 114 votos a favor y 129 en contra.
El señor Marca i Cañellas retira en este acto las enmiendas números 336 y
338, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la enmienda número 180, del Grupo Popular, por 111 votos a
favor, 128 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 175, 176, 184, 185 y 197, del Grupo
Popular, por 109 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 171 a 174, 177 a 179, 181 a 183, 186 a
196, 198 a 209, del Grupo Popular, por 108 votos a favor, 133 en contra y
3 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, que se apoya en la número 337, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda de modificación del dictamen suscrita por todos
los Grupos Parlamentarios y que se sustentaba en la número 290, del Grupo
Socialista, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 1 a 9 bis, Título I, con las modificaciones
introducidas, por 131 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.
Título II, artículos 10 a 24.
Se rechazan las enmiendas números 66 a 99, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por 5 votos a favor, 233 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 30 a 32, 34, 38 y 41, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 230 en contra y 6
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 253, del Grupo Popular, por 102 votos a
favor, 130 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 210 a 224, 226 a 229, 231, 232, 234 a
241, 243 a 247, 249, 251, 252, 254 y 255, por 97 votos a favor, 134 en
contra y 9 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, que se apoya en la número 42, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, suscrita por cuatro Grupos
Parlamentarios, por 242 votos a favor y 2 en contra.
Se aprueban los artículos 10 a 24, Título II, con las modificaciones
introducidas, por 138 votos a favor, 105 en contra y 1 abstención.
Título III, artículos 25 a 33 y 35 a 39.
Se rechazan las enmiendas números 100 a 118, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 6 votos a favor, 131 en contra y 105 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 144 a 153, del señor Ramón i Quiles,
del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 7 votos a favor,
124 en contra y 112 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 43 a 46, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 131 en contra y 105
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 162 a 168, del Grupo de Coalición
Canaria, por 12 votos a favor, 128 en contra y 104 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 256 y 259 a 262, 264 y 265, del Grupo
Popular, por 102 votos a favor, 132 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 257, del Grupo Popular, por 109 votos a
favor, 129 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueban los artículos 25 a 33 y 35 a 39, según el texto del dictamen,
por 132 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.
Título IV, nuevo.
Se rechaza la enmienda número 124, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por 5 votos a favor, 233 en contra y 5 abstenciones.
Título V, nuevo.
Se rechaza la enmienda número 125, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por 1 voto a favor, 135 en contra y 6 abstenciones.
Disposiciones adicionales 1.ª, 2.ª y 4.ª a 7.ª
Se rechazan las enmiendas números 126 a 131, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 4 votos a favor, 239 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 47, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 7 votos a favor, 129 en contra y 107 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 269, 270 y 271, del Grupo Popular, por
108 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 267, 268 y 272 a 285, del Grupo
Popular, por 102 votos a favor, 131 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 328, del Grupo Socialista, por 118 votos a
favor, 19 en contra y 105 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 326,
del Grupo Socialista, por 240 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 327,
del Grupo Socialista, por 242 votos a favor y 1 abstención.
El señor Pérez García plantea la rectificación del título de la
disposición Adicional Octava, en consonancia con la modificación
introducida en la misma, que la Cámara acepta.
Se aprueban las disposiciones adicionales 1.ª, 1.ª y 4.ª a 7.ª, con las
modificaciones introducidas, por 138 votos a favor, 106 en contra y 1
abstención.
Disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª
Se rechazan las enmiendas números 14, 15, 132 y 134 a 138, del señor
Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 5 votos a favor, 144 en contra y 42
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 29, 48 y 49, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 9 votos a favor, 229 en contra y 6
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 289, del Grupo Popular, por 104 votos a
favor, 133 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 286 a 288, del Grupo Popular, por 104
votos a favor, 133 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª, según el texto del
dictamen, por 134 votos a favor y 111 en contra.
Disposición derogatoria.
Se rechazan las enmiendas números 141 a 143, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 2 votos a favor, 240 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la disposición derogatoria, según el texto del dictamen, por
135 votos a favor, 108 en contra y 1 abstención.
Disposiciones finales 1.ª y 2.ª
Se rechazan las enmiendas números 139 y 140, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 6 votos a favor y 239 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional a la disposición transitoria 5.ª,
que se sustentaba en la enmienda número 286, del Grupo Popular, y
suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueban las disposiciones finales 1.ª y 2.ª, según el texto del
dictamen, por 135 votos a favor y 108 en contra.
Exposición de Motivos.
Se rechaza la enmienda número 50, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por 7 votos a favor, 234 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 136
votos a favor y 108 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 (continuación) (Página 753).
Se procede a votar.
Secciones 01, 02, 03, 04, 05 y 08.
Se aprueban por asentimiento de la Cámara.
Sección 12.
Se rechazan las enmiendas números 951 a 953, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro,
del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a
favor, 129 en contra y 104 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.251, del señor Ramón i Quiles, del Grupo
Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 4 votos a favor, 229 en
contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.216, del Grupo Mixto, Partido Aragonés
Regionalista, por 107 votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 234 a 241, del Grupo Popular, por 104
votos a favor, 133 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la sección 12, según el texto del dictamen, por 135 votos a
favor, 106 en contra y 3 abstenciones.
Sección 13.
Se rechazan las enmiendas números 1.487 y 1.488, de los señores Barahona
Alvarez, Martín Iglesias y Urzay Urquiza, del Grupo Popular, por 104
votos a favor, 131 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 958, 960 a 962 y 965, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 10 votos a favor, 131 en contra y 103
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 955 a 957, 959, 963, 964 y 966 a 967,
del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 3 votos a favor, 131 en
contra y 109 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.639 y 1.640, de los señores García
Royo, Gómez Gómez y Liso Marín, del Grupo Popular, por 103 votos a favor,
131 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.675, de los señores Lobo Asenjo, Prada
Presa y Alvarez Rodríguez, del Grupo Popular, por 103 votos a favor, 132
en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.680 y 1.683, de la señora Luzardo
Romano, del Grupo Popular, por 104 votos a favor, 132 en contra y 9
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.681 y 1.682, de la señora Luzardo
Romano, del Grupo Popular, por 108 votos a favor, 128 en contra y 8
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.573, de los señores Cañellas Fons, Font
Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni, del Grupo
Popular, por 104 votos a favor, 132 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.230, del señor Ramón i Quiles, del Grupo
Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 105 votos a favor, 128 en
contra y 12 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.787, de los señores Ruiz-Gallardón
Jiménez, Pedroche Nieto, Soravilla Fernández y Van-Halen Acedo, y de la
señora Vindel López; 1.453, del señor Alierta Izuel; 1.464, del señor
Alvarez Gutiérrez; 1.479, del señor Baltar Pumar; 1.498, de los señores
Barrero Valverde y Bernáldez Rodríguez; 1.540 a 1.544, de los señores
Cacharro Pardo, Yebra-Pimentel Blanco y Aja Mariño; 1.643 a 1.645, del
señor Garzarán García; 1.702 a 1.705, del señor Martínez Soriano, y 1.813
y 1.814, de los señores Tomey Gómez, Bris Gallego y Fraga Egusquiaguirre,
del Grupo Popular, por 108 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.217 y 1.218, del Grupo Mixto, por 5
votos a favor, 134 en contra y 105 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.311, 1.312 y 1.315, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 10 votos a favor, 229 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 242 a 254 y 256 a 261, del Grupo
Popular, por 104 votos a favor, 132 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 13, programa 142-A,
Servicio 1303, Capítulo VI, artículo tres, Concepto 1, que se apoya en la
número 1.178, del Grupo de Coalición Canaria, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 13, programa 142-A,
Servicio 1303, Capítulo VI, artículo tres, Concepto 4, que se apoya en la
número 1.181, del Grupo de Coalición Canaria, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la Sección 13, con las modificaciones introducidas, por 133
votos a favor, 105 en contra y 6 abstenciones.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Continúa el debate de la Sección 14.
El señor Díez González consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Soravilla Fernández, por el Grupo Popular, y Díez González, por
el Grupo Socialista. Los señores Soravilla Fernández y Díez González
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Sección 15.
El señor Calvo Lou defiende la enmienda número 1, del Grupo Mixto. El
señor Pérez Villar defiende las enmiendas números 285 a 293 y 295 a 297,
retirando la número 294, del Grupo Popular. El señor Segura Clavell
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Calvo Lou, por el Grupo Mixto; Pérez Villar, por el
Grupo Popular, y Segura Clavell, por el Grupo Socialista.
Sección 16.
El señor San Segundo Nieto da por defendida la enmienda número 1.436,
suscrita asimismo por los señores Acebes Paniagua y García Tiemblo, del
Grupo Popular. El señor Ainsa Escartín, del Grupo Popular, da por
defendida la enmienda número 1.447. El señor Bellido Muñoz, del Grupo
Popular, da por defendidas las enmiendas números 1.513 a 1.515. El señor
Bueno Fernández, del Grupo Popular, da por defendida la enmienda número
1.534. Del mismo modo se dan por defendidas las enmiendas números 1.005 a
1.008, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo
Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Se mantienen también en
sus propios términos para posterior votación las enmiendas números 1.480
y 1.482, del señor Baltar Pumar; 1.502 y 1.503, de los señores Barrero
Valverde y Bernáldez Rodríguez; 1.545 a 1.556, de los señores Cacharro
Pardo, Yebra-Pimentel Blanco y Aja Mariño; 1.758 a 1.760, del señor
Rivera Mallo; 1.825, del señor Gil-Ortega Rincón; 1.590, de los señores
Espert Pérez-Caballero y López San Miguel, así como de la señora San
Baldomero Ochoa; 1.691, del señor Maeso Carbonell; 1.692 y 1.693, de los
señores Martínez García, Pérez Toledo y Utrera Mora; 1.706 y 1.707, del
señor Martínez Soriano; 1.783 y 1.784, de los señores Molina Fernández de
Miranda y Romero Girón; 1.721, 1.722 y 1.749 a 1.751, de los señores Ortí
Bordás, Escuin Monfort, Ortiz Pérez y Prim Tomás; 1.790, de los señores
Ruiz-Gallardón Jiménez, Pedroche Nieto, Soravilla Fernández y Van-Halen
Acedo, así como de la señora Vindel López; 1.652, de los señores González
Caviedes, Unceta Antón y Ruiz Medrano; 1.793, del señor Soravilla
Fernández, y finalmente, 1.805, de los señores Tomey Gómez, Bris Gallego
y Fraga Egusquiaguirre, del Grupo Popular. El señor Calvo Lou defiende la
enmienda número 38, del Grupo Mixto, Partido Aragonés Regionalista. El
señor Bolinaga Bengoa da por defendidas las enmiendas números 1.328 a
1.330, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Escuin
Monfort defiende las enmiendas números 298 a 321, del Grupo Popular. El
señor Ardaiz Egüés interviene para una cuestión de orden y consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Calvo Lou, por el Grupo Mixto; Escuin Monfort, por el Grupo
Popular, y Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista.
Sección 17.
Se dan por defendidas las enmiendas números 1.437, de los señores Acebes
Paniagua, García Tiemblo y San Segundo Nieto; 1.442, del señor Aguirre
Gutiérrez; 1.443, de los señores Aguirre Gutiérrez, García Carnero y
Ramos Llano; 1.448 a 1.451, del señor Ainsa Escartín; 1.454 a 1.456, del
señor Alierta Izuel; 1.489 y 1.491, de los señores Barahona Alvarez y
Martín Iglesias, y de la señora Urzay Urquiza; 1.516 a 1.528, del señor
Bellido Muñoz; 1.477, 1.478, 1.481 y 1.483 a 1.486, del señor Baltar
Pumar; 1.593, 1.594 y 1.504 a 1.509, de los señores Barrero Valverde y
Bernáldez Rodríguez; 1.529 y 1.530, del señor Benet Cañete; 1.539, de los
señores Cacharro Pardo, Yebra-Pimentel Blanco y Aja Mariño; 1.635, 1.636,
1.638 y 1.641, de los señores García Royo, Gómez Gómez y Liso Marín;
1.826, del señor Gil Ortega Rincón; 1.661 a 1.666, del señor Hernández
Calvo; 1.667, de los señores Iribas Sánchez de Boado, Cervera Soto y
Bados Artiz; 1.712 a 1.714, del señor Molina García; 1.791, del señor
Sepúlveda Recio; 1.535, del señor Bueno Fernández; 1.560 a 1.564, de los
señores Castro Asensio, López Henares y Sánchez García; 1.583 a 1.586, de
los señores Colsa Bueno y Lanzarote Sastre; 1.587 a 1.589, 1.592, 1.593 y
1.596, de los señores Espert Pérez-Caballero y López San Miguel, así como
de la señora San Baldomero Ochoa; 1.597 a 1.601, del señor Esteban
Albert; 1.603 a 1.608, del señor Fernández Aguilar; 1.558 y 1.559, del
señor Cárceles Nieto; 1.610 a 1.618, de los señores Fernández Menéndez y
Fernández Rozada; 1.466 a 1.476, del señor Arance Soto y la señora Agüero
Ruano; 1.752 y 1.753, del señor Palacios Rubio; 1.647 y 1.648, del señor
Garzarán García; 1.655 a 1.657 y 1.659, de los señores González Caviedes,
Unceta Antón y Ruiz Medrano; 1.670, 1.671, 1.677 y 1.678, de los señores
Lobo Asenjo, Prada Presa y Alvarez Rodríguez; 1.684 y 1.685, de la señora
Luzardo Romano; 1.574 a 1.576, de los señores Cañellas Fons, Font
Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni; 1.694 a 1.697,
de los señores Martínez García, Pérez Toledo y Utrera Mora; 1.708, 1.710
y 1.711, del señor Martínez Soriano; 1.781, 1.782 y 1.785, de los señores
Molina Fernández de Miranda y Romero
Girón; 1.718 a 1.720 y 1.723, de los señores Ortí Bordás, Agramunt Font
de Mora, González Pons, Escuin Monfort, Ortiz Pérez, Prim Tomás, Ortiz
Zaragoza y Ripoll Serrano, así como de la señora Martínez Berenguer;
1.724, 1.725, 1.727 a 1.732 y 1.734 a 1.736, de los señores Ortí Bordás,
Agramunt Font de Mora y González Pons; 1.744 a 1.748, de los señores Ortí
Bordás, Escuin Monfort, Ortiz Pérez y Prim Tomás; 1.738 a 1.740, 1.742 y
1.743, de los señores Ortí Bordás, Ortiz Zaragoza y Ripoll Serrano, así
como de la señora Martínez Berenguer; 1.754 y 1.755, del señor Pérez
Villar; 1.761 a 1.763, del señor Rivera Mayo; 1.767 a 1.771, de los
señores Rodríguez Gómez, Hernández Escorial y Sanz Blanco; 1.786 y 1.789,
de los señores Ruiz-Gallardón Jiménez, Pedroche Nieto, Soravilla
Fernández y Van-Halen Acedo, así como de la señora Vindel López; 1.792,
del señor Soravilla Fernández, y finalmente, 1.794, 1.796, 1.797, 1.804,
1.807 a 1.810, 1.812 y 1.815, de los señores Tomey Gómez, Bris Gallego y
Fraga Egusquiaguirre, del Grupo Popular. Decaen las enmiendas números
1.204 a 1.207 y 1.211 a 1.215, del señor Virosta Garoz, del Grupo Mixto,
Partido Riojano. Asimismo se dan por defendidas las enmiendas números
1.009 a 1.071, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro,
del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. También se
mantienen para su posterior votación las enmiendas números 1.227 a 1.229,
1.238, 1.256, 1.259 a 1.264 y 1.268 a 1.286, del señor Ramón i Quiles,
del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana. El señor Calvo Lou
defiende las enmiendas números 2 a 15, 17 a 30, 36, 37 y 1.219 a 1.222,
del Grupo Mixto, Partido Aragonés Regionalista, dando por defendidas las
números 1.223, a la Sección 20; 1.224, a la Sección 24, y 1.225, a la
Sección 29. El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 1.331 y
1.344, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Barbuzano
González retira las enmiendas números 1.182, 1.183 y 1.184, del Grupo de
Coalición Canaria. El señor Bris Gallego defiende las enmiendas números
322 a 467, del Grupo Popular. El señor Aleu i Jornet consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Calvo
Lou, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Bris Gallego, por el Grupo Popular, y Aleu i
Jornet, por el Grupo Socialista.
Sección 18.
Se dan por defendidas las enmiendas números 1.434, del señor Acacio
Collado; 1.438 a 1.441, de los señores Acebes Paniagua, García Tiemblo y
San Segundo Nieto; 1.444, de los señores Aguirre Gutiérrez, García
Carnero y Ramos Llano; 1.457 y 1.458, del señor Alierta Izuel; 1.490, de
los señores Barahona Alvarez y Martín Iglesias, y de la señora Urzay
Urquiza; 1.465, del señor Alvarez Gutiérrez; 1.536 y 1.537, del señor
Bueno Fernández; 1.565, de los señores Castro Asensio y López Henares, y
de la señora Sánchez García; 1.594 y 1.595, de los señores Espert
Pérez-Caballero y López San Miguel, y de la señora San Baldomero Ochoa;
1.619 a 1.629, de los señores Fernández Menéndez y Fernández Rozada;
1.634, del señor Fernández Rozada; 1.492, de los señores Barrero Valverde
y Bernáldez Rodríguez; 1.531 y 1.532, del señor Bernáldez Rodríguez;
1.698 a 1.701, de los señores Martínez García, Pérez Toledo y Utrera
Mora; 1.737, de los señores Ortí Bordás, Agramunt Font de Mora y González
Pons; 1.651, 1.653 y 1.654, de los señores González Caviedes, Unceta
Antón y Ruiz Medrano; 1.669 y 1.674, de los señores Lobo Asenjo, Prada
Presa y Alvarez Rodríguez; 1.764 y 1.766, de los señores Rodríguez Gómez,
Hernández Escorial y Sanz Blanco, y finalmente, 1.801 a 1.803, de los
señores Tomey Gómez, Bris Gallego y Fraga Egusquiaguirre, del Grupo
Popular. Se dan asimismo por defendidas las enmiendas números 1.072 a
1.099, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo
Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Virosta Garoz,
del Grupo Mixto, Partido Riojano, da por defendidas las enmiendas números
1.208 y 1.209. El señor Calvo Lou defiende las enmiendas números 31, 32,
33 y 40, del Grupo Mixto, Partido Aragonés Regionalista. El señor
Torrontegui Gangoiti da por defendidas las enmiendas números 1.346 a
1.360, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Travieso
Darias da por defendidas las enmiendas números 1.189 a 1.191, del Grupo
de Coalición Canaria; el señor Fernández Rozada retira su enmienda número
1.634 y defiende las números 468 a 476, del Grupo Popular. El señor
Iglesias Marcelo consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Calvo Lou, del Grupo Mixto; Sanz
Cebrián, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Travieso Darias,
por el Grupo de Coalición Canaria; Fernández Rozada, por el Grupo
Popular, e Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Los señores Bolinaga Bengoa, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
y Ardaiz Egüés, del Grupo Socialista, intervienen para una cuestión de
orden. Responde a ambos el señor Presidente.
Sección 14.
Se rechazan las enmiendas números 978 a 1.004, del señor Cuevas González
y la señora Vilallonga Elviro,
del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a
favor, 135 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.772, de los señores Rodríguez Gómez,
Hernández Escorial y Sanz Blanco, y 1.668, de los señores Iribas Sánchez
de Boado, Cervera Soto y Bados Artiz, del Grupo Popular, por 100 votos a
favor, 132 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 269, 270 y 271, del Grupo Popular, por
108 votos a favor, 132 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 262 a 268 y 272 a 284, del Grupo
Popular, por 103 votos a favor, 133 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la Sección 14, según el texto del dictamen, por 131 votos a
favor, 107 en contra y 5 abstenciones.
Sección 15.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor,
233 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 285 a 293 y 295 a 297, del Grupo
Popular, por 102 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la Sección 15, según el texto del dictamen, por 132 votos a
favor, 106 en contra y 6 abstenciones.
Sección 16.
Se rechazan las enmiendas números 1.721, 1.722 y 1.749 a 1.751, de los
señores Ortí Bordás, Agramunt Font de Mora, González Pons, Escuin
Monfort, Ortiz Pérez, Prim Tomás, Ortiz Zaragoza y Ripoll Serrano, así
como de la señora Martínez Berenguer, del Grupo Popular, por 105 votos a
favor, 131 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.590, de los señores Espert
Pérez-Caballero y López San Miguel, así como de la señora San Baldomero
Ochoa, del Grupo Popular, por 103 votos a favor, 127 en contra y 13
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.436, de los señores Acebes Paniagua,
García Tiemblo y San Segundo Nieto; 1.447, del señor Ainsa Escartín;
1.513 a 1.515, del señor Bellido Muñoz; 1.534, del señor Bueno Fernández;
1.480 y 1.482, del señor Baltar Pumar; 1.502 y 1.503, de los señores
Barrero Valverde y Bernáldez Rodríguez; 1.545 a 1.556, de los señores
Cacharro Pardo, Yebra-Pimentel Blanco y Aja Mariño; 1.758 a 1.760, del
señor Rivera Mallo; 1.825, del señor Gil-Ortega Rincón, 1.691, del señor
Maeso Carbonell; 1.692 y 1.693, de los señores Martínez García, Pérez
Toledo y Utrera Mora; 1.706 y 1.707, del señor Martínez Soriano; 1.783 y
1.784, de los señores Molina Fernández de Miranda y Romero Girón; 1.790,
de los señores Ruiz-Gallardón Jiménez, Pedroche Nieto, Soravilla
Fernández y Van-Halen Acedo, así como de la señora Vindel López; 1.652,
de los señores González Caviedes, Unceta Antón y Ruiz Medrano; 1.793, del
señor Soravilla Fernández, y finalmente, 1.805, de los señores Tomey
Gómez, Bris Gallego y Fraga Egusquiaguirre, del Grupo Popular, por 103
votos a favor, 132 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.005 a 1.008, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 106 votos a favor, 132 en
contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Mixto, por 112 votos a favor,
127 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.328 a 1.330, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 127 en contra y 108
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 298 a 321, del Grupo Popular, por 103
votos a favor, 137 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba la Sección 16, según el texto del dictamen, por 131 votos a
favor, 107 en contra y 5 abstenciones.
Sección 17.
Se rechazan las enmiendas números 1.448 y 1.451, del señor Ainsa
Escartín, del Grupo Popular, por 111 votos a favor, 132 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1.468, 1.470 y 1.473, del señor Arance
Soto y la señora Agüero Ruano, del Grupo Popular, por 107 votos a favor,
132 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.574, de los señores Cañellas Fons, Font
Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni, del Grupo
Popular, por 104 votos a favor, 126 en contra y 13 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.589 y 1.593, de los señores Espert
Pérez-Caballero y López San Miguel, así como de la señora San Baldomero
Ochoa, del Grupo Popular, por 105 votos a favor, 131 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.635, 1.636 y 1.638, de los señores
García Royo, Gómez Gómez y Liso Marín, del Grupo Popular, por 103 votos a
favor, 130 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.587, 1.588, 1.592 y 1.596, de los
señores Espert Pérez-Caballero y López
San Miguel, así como de la señora San Baldomero Ochoa, del Grupo Popular,
por 106 votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.694, de los señores Martínez García,
Pérez Toledo y Utrera Mora, del Grupo Popular, por 107 votos a favor, 133
en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.725, de los señores Ortí Bordás, Agramunt
Font de Mora y González Pons, del Grupo Popular, por 105 votos a favor,
133 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.796 y 1.812, de los señores Tomey
Gómez, Bris Gallego y Fraga Egusquiaguirre, del Grupo Popular, por 105
votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.724, 1.727 a 1.732 y 1.734 a 1.736,
de los señores Ortí Bordás, Agramunt Font de Mora y González Pons; 1.744
a 1.748, de los señores Ortí Bordás, Escuin Monfort, Ortiz Pérez y Prim
Tomás, así como las números 1.738 a 1.740, 1.742 y 1.743, de los señores
Ortí Bordás, Ortiz Zaragoza y Ripoll Serrano, y de la señora Martínez
Berenguer, del Grupo Popular, por 106 votos a favor, 130 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.437, de los señores Acebes Paniagua,
García Tiemblo y San Segundo Nieto; 1.442, del señor Aguirre Gutiérrez;
1.443, de los señores Aguirre Gutiérrez, García Carnero y Ramos Llano;
1.449 y 1.450, del señor Ainsa Escartín; 1.454 a 1.456, del señor Alierta
Izuel; 1.489 y 1.491, de los señores Barahona Alvarez y Martín Iglesias,
y de la señora Urzay Urquiza; 1.516 a 1.528, del señor Bellido Muñoz;
1.477, 1.478, 1.481, 1.483, 1.484 y 1.486, del señor Baltar Pumar; 1.493,
1.494 y 1.504 a 1.509, de los señores Barrero Valverde y Bernáldez
Rodríguez; 1.529 y 1.530, del señor Benet Cañete; 1.539, de los señores
Cacharro Pardo, Yebra-Pimentel Blanco y Aja Mariño; 1.641, de los señores
García Royo, Gómez Gómez y Liso Marín; 1.826, del señor Gil-Ortega
Rincón; 1.661 a 1.666, del señor Hernández Calvo; 1.667, de los señores
Iribas Sánchez de Boado, Cervera Soto y Bados Artiz; 1.712 a 1.714, del
señor Molina García; 1.791, del señor Sepúlveda Recio; 1.535, del señor
Bueno Fernández; 1.560 a 1.564, de los señores Castro Asensio y López
Henares, y de la señora Sánchez García; 1.583 a 1.586, de los señores
Colsa Bueno y Lanzarote Sastre; 1.597 a 1.601, del señor Esteban Albert;
1.603 a 1.608, del señor Fernández Aguilar; 1.558 y 1.559, del señor
Cárceles Nieto; 1.610 a 1.618, de los señores Fernández Menéndez y
Fernández Rozada; 1.466, 1.467, 1.469, 1.471, 1.472, 1.474 a 1.476, del
señor Arance Soto y la señora Agüero Ruano; 1.752 y 1.753, del señor
Palacios Rubio; 1.647 y 1.648, del señor Garzarán García; 1.655 a 1.659,
de los señores González Caviedes, Unceta Antón y Ruiz Medrano; 1.670,
1.671, 1.677 y 1.678, de los señores Lobo Asenjo, Prada Presa y Alvarez
Rodríguez; 1.684 y 1.685, de la señora Luzardo Romano; 1.575 y 1.576, de
los señores Cañellas Fons, Font Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y
Vidal Bibiloni; 1.695 a 1.697, de los señores Martínez García, Pérez
Toledo y Utrera Mora; 1.708, 1.710 y 1.711, del señor Martínez Soriano;
1.781, 1.782 y 1.785, de los señores Molina Fernández de Miranda y Romero
Girón; 1.718, 1.719, 1.720 y 1.723, de los señores Ortí Bordás, Agramunt
Font de Mora, González Pons, Escuin Monfort, Ortiz Pérez, Prim Tomás,
Ortiz Zaragoza y Ripoll Serrano, así como de la señora Martínez
Berenguer; 1.754 y 1.755, del señor Pérez Villar; 1.761 a 1.763, del
señor Rivera Mallo; 1.767 a 1.771, de los señores Rodríguez Gómez,
Hernández Escorial y Sanz Blanco; 1.786 y 1.789, de los señores
Ruiz-Gallardón Jiménez, Pedroche Nieto, Soravilla Fernández y Van-Halen
Acedo, así como de la señora Vindel López; 1.792, del señor Soravilla
Fernández; 1.794, 1.797, 1.804, 1.807 a 1.810 y 1.815, de los señores
Tomey Gómez Bris Gallego y Fraga Egusquiaguirre, por 106 votos a favor,
131 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.010 a 1.027, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 106 votos a favor, 131 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.039 a 1.049, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 107 votos a favor, 131 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.009, 1.028 a 1.038 y 1.05 a 1.071,
del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 5 votos a favor, 130 en
contra y 106 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.227 a 1.229, 1.238, 1.256, 1.259 a
1.264 y 1.268, a 1.286, del señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto,
Esquerra Nacionalista Valenciana, por 28 votos a favor, 127 en contra y
89 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 15 y 17 a 30, del Grupo Mixto,
Partido Aragonés Regionalista, por 106 votos a favor, 132 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 36 y 37, del Grupo Mixto, Partido
Aragonés Regionalista, por 106 votos a favor, 132 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.219 y 1.220, del Grupo Mixto, Partido
Aragonés Regionalista, por 105 votos a favor, 132 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.221 y 1.222, del Grupo Mixto, Partido
Aragonés Regionalista, por 106 votos a favor, 132 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.331 a 1.344, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 6 votos a favor, 131 en contra y 105
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 322 a 467, del Grupo Popular, por 105
votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, sustentada en la número 1.485, del
señor Baltar Pumar, del Grupo Popular, Sección 17, Servicio 17, artículo
sesenta y uno, Programa 512 A, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la número 1.185,
del Grupo de Coalición Canaria, Sección 17, Programa 514 C, Servicio
1715, Capítulo VI, artículo cero, Concepto 1, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional en relación con la número 1.186,
del Grupo de Coalición Canaria, Sección 17, Programa 514 C, Servicio
1715, Capítulo VI, artículo cero, Concepto 1, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional sobre la número 1.187, del Grupo de
Coalición Canaria, Sección 17, Programa 514 C, Servicio 1715, Capítulo
VI, artículo cero, Concepto 1, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional que se apoya en la número 1.188,
del Grupo de Coalición Canaria, Sección 17, Programa 432 A, Servicio
1709, Capítulo VII, artículo seis, Concepto 2, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba la Sección 17, con las modificaciones introducidas, por 132
votos a favor, 112 en contra.
Sección 18.
Se rechaza la enmienda número 1.444, de los señores Aguirre Gutiérrez,
García Carnero y Ramos Llano, del Grupo Popular, por 105 votos a favor,
126 en contra y 13 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.737, de los señores Ortí Bordás, Agramunt
Font de Mora y González Pons, por 104 votos a favor, 127 en contra y 12
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.434, del señor Acacio Collado; 1.438
a 1.441, de los señores Acebes Paniagua, García Tiemblo y San Segundo
Nieto; 1.457 y 1.458, del señor Alierta Izuel; 1.490, de los señores
Barahona Alvarez y Martín Iglesias, y de la señora Urzay Urquiza; 1.465,
del señor Alvarez Gutiérrez; 1.536 y 1.537 del señor Bueno Fernández;
1.565, de los señores Castro Asensio y López henares, y de la señora
Sánchez García; 1.594 y 1.595, de los señores Espert Pérez-Caballero y
López San Miguel, y de la señora San Baldomero Ochoa; 1.619 a 1.629, de
los señores Fernández Menéndez y Fernández Rozada; 1.492, de los señores
Barrero Valverde y Bernáldez Rodríguez; 1.531 y 1.532, del señor
Bernáldez Rodríguez; 1.698 a 1.701, de los señores Martínez García, Pérez
Toledo y Utrera Mora; 1.651 a 1.654, de los señores González Caviedes,
Unceta Antón y Ruiz Medrano; 1.669 y 1.674, de los señores Lobo Asenjo,
Prada Presa y Alvarez Rodríguez; 1.764 y 1.766, de los señores Rodríguez
Gómez, Hernández Escorial y Sanz Blanco, y 1.801 a 1.803, de los señores
Tomey Gómez, Bris Gallego y Fraga Egusquiaguirre, del Grupo Popular, por
105 votos a favor, 131 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.072 a 1.099, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a favor, 132 en contra y 107
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.208, del señor Virosta Garoz, del Grupo
Mixto, por 106 votos a favor, 126 en contra y 11 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
227 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 31, 32 y 40, del Grupo Mixto, por 8
votos a favor, 225 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.346 a 1.360, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 128 en contra y 108
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.189, 1.190 y 1.191, del Grupo de
Coalición Canaria, por 7 votos a favor, 230 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 468 a 476, del Grupo Popular, por 104
votos a favor, 133 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la Sección 18, según el texto del dictamen, por 132 votos a
favor, 101 en contra y 6 abstenciones.
Se reanuda el debate con la Sección 19.
Se dan por defendidas las enmiendas números 1.100 a 1.105, del señor
Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa
per Catalunya. Se dan por defendidas las enmiendas números 1.630, de los
señores Fernández Menéndez y Fernández Rozada; 1.637, de los señores
García Royo, Gómez Gómez y Liso Marín; 1.557, de los señores Cacharro
Pardo, Yebra-Pimentel Blanco y Aja Mariño, y 1.686, de la señora Luzardo
Romano, del Grupo Popular. Asimismo se dan por defendidas las enmiendas
números 1.366 a 1.369, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El
señor Travieso Darias da por defendida la enmienda número 1.192 y retira
la número 1.193, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Lobo Asenjo
defiende las enmiendas números 477 a 480, del Grupo Popular. El señor
Franco Gutiez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición
Canaria, retirando en este acto la enmienda número 1.198, a la Sección
24, y dando por defendidas el resto de las enmiendas de su Grupo
Parlamentario a las Secciones 20, 21, 26 y 27; Lobo Asenjo, por el Grupo
Popular, y Franco Gutiez, por el Grupo Socialista.
Sección 20.
Se dan por defendidas las enmiendas números 1.106 a 1.115, del señor
Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Asimismo se dan por defendidas las
enmiendas números 1.795, de los señores Tomey Gómez, Bris Gallego y Fraga
Egusquiaguirre; 1.577 y 1.578, de los señores Cañellas Fons, Font
Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni; 1.581, de los
señores Colsa Bueno y Lanzarote Sastre, así como la 1.741, de los señores
Ortí Bordás, Ortiz Zaragoza y Ripoll Serrano, y de la señora Martínez
Berenguer, del Grupo Popular. Se mantiene, dándose por defendida, la
enmienda número 1.223, del Grupo Mixto. Se dan también por defendidas las
enmiendas números 1.370 a 1.377, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. Asimismo se mantienen para su posterior votación las enmiendas
números 1.194 y 1.195, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Unceta
Antón defiende las enmiendas números 481 a 529, del Grupo Popular. El
señor Cercós Pérez consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Unceta Antón, por el Grupo Popular, y
Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.
Sección 21.
Se dan por defendidas las enmiendas números 1.459, del señor Alierta
Izuel; 1.497, 1.499, 1.500 y 1.501, de los señores Barrero Valverde y
Bernáldez Rodríguez; 1.798, 1.806 y 1.816, de los señores Tomey Gómez,
Bris Gallego y Fraga Egusquiaguirre; 1.631, de los señores Fernández
Menéndez y Fernández Rozada; 1.765, de los señores Rodríguez Gómez,
Hernández Escorial y Sanz Blanco, del Grupo Popular. Se dan asimismo por
defendidas las enmiendas números 1.116 a 1.121, del señor Cuevas González
y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Calvo Lou, del Grupo Mixto,
Partido Aragonés Regionalista, da por defendidas las enmiendas números
34, a esta Sección 16 y 35, a la Sección 24, y 39 a la Sección 27. Se dan
por defendidas las enmiendas números 1.378 a 1.381, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. Se mantienen también para su posterior
votación las enmiendas números 1.196 y 1.197, del Grupo de Coalición
Canaria. El señor Bernáldez Rodríguez defiende las enmiendas números 530
a 695, del Grupo Popular. El señor Arguilé Laguarta consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular; Gangoiti Llaguno, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos, y Arguilé Laguarta, por el Grupo
Socialista.
Se suspende la sesión a la una horas del día 23 de diciembre.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y quince minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION
PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA (Continuación) (S. 621/000010; C. D. 121/000014)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Iniciamos el debate del Título II del proyecto de ley de Medidas
Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la
Protección por Desempleo, comenzando con los votos particulares
correspondientes a las enmiendas de los Senadores Cuevas y Vilallonga,
números 66 a 99.
¿El Senador Cuevas va a hacer uso de la palabra? (Pausa.) Las enmiendas
se dan por decaídas.
Para la defensa de las enmiendas números 30 a 42, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, su portavoz tiene la palabra.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad, vamos a defender globalmente las enmiendas
presentadas.
En principio, tenemos que señalar la omisión de un requisito de índole
formal, a nuestro entender necesario, cual es el Dictamen del Consejo
Superior de la Función Pública, en clara infracción del artículo 6.º de
la Ley 30/1984.
Ante una regulación parcial y fragmentaria como la que ahora se nos
presenta nuevamente en materia de Función Pública, que se encuentra, como
todos sabemos, muy dispersa, nosotros proponemos que, de una vez por
todas, se haga una refundición en un texto único, se haga un texto
homogéneo y no tengamos que acudir a una legislación que, como digo, está
muy distribuida, es muy fragmentaria y muy parcial.
Desearíamos que se incluyese en esta legislación --lo decimos por un
motivo de «lege ferenda»-- una cuestión cual es la atinente a la
contratación de los servicios personales por parte de la Administración
Pública.
Dicho esto, y ciñéndonos concretamente a nuestras enmiendas, tengo que
sostener, en primer lugar, que nuestro fundamento radica en la capacidad
de autoorganización de nuestras Comunidades Autónomas, en concreto, en
este caso, de la Comunidad Autónoma vasca, y asimismo en el respeto a las
peculiaridades de la Administración local. Creemos que esta normativa que
ahora se nos presenta como modificación parcial de la Ley 30/1984 no
respeta las características propias de la Administración local.
También hemos presentado algunas enmiendas de carácter técnico que
pretenden subsanar deficiencias de esta índole que hemos apreciado a lo
largo del texto, y solicitamos, por tanto, que sean estimadas en orden a
una mayor claridad y concisión.
Por último, hay algunas enmiendas que pueden tacharse de curiosas, como
la tendente a reducir el plazo de la excedencia voluntaria por interés
particular, dado que estimamos que la persona excedente, si obtiene un
plazo tan largo como el de diez años, va a llegar a la Administración
Pública con una evidente necesidad de reciclaje, de aprendizaje
--diríamos--, lo cual consideramos que va en contra de los intereses
públicos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números
210 a 255, el Senador Espert tiene la palabra.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Gracias, señor Presidente.
Quisiera aclarar que, por referirse a este mismo Título II, defenderé
conjuntamente las enmiendas que afectan a las disposiciones adicionales y
transitoria, que paso a enumerar: la 272 a 276, ambas inclusive; la 281 a
284, también ambas inclusive, y la 289.
Quiero reiterar que ya en Comisión retiré las enmiendas --lo digo a
efectos de su no votación-- 225...
El señor PRESIDENTE: Senador Espert, si están retiradas en Comisión, no
están sostenidas como voto particular, de manera que no es necesario que
las enumere en el Pleno de la Cámara.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Vienen en la relación.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, si están sostenidas como votos
particulares, si es tan amable, o nos las lee o nos pasa una nota.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Son pocas: las enmiendas números 225,
230, 233, 242, 248 y 250. Asimismo, quiero aclarar, señorías, que la
enmienda 257 corresponde también a este Título II porque propone un
artículo 25 (nuevo). Lo mismo ocurre con la 263, porque por un error hace
referencia al artículo 34, cuando en realidad el enmendado es el artículo
22 del proyecto, aunque se propone una adición al artículo 34 de la Ley
30/1984.
En la primera de las enmiendas, señorías, el Grupo Popular propone un
veto a este Título que ya argumenté en Comisión, pero las razones
expuestas de adverso no me convencieron. Muy brevemente, voy a señalar
esas razones.
En primer lugar, yo considero que esta modificación pretendida o este
proyecto es totalmente inoportuno: primero, porque al sacrificio que se
pide a los funcionarios públicos de congelación salarial se añade esta
serie de medidas que afectan a su estatus que, indudablemente,
consideramos que han de desmotivar a amplios sectores de la función
pública. Ayer, un Senador Socialista se refirió al mal hábito de poner o
colocar la carreta delante de los bueyes. Yo creo que ustedes también lo
han hecho en esta ocasión porque pretenden una reforma en tema tan
transcendente sin un estudio previo que, partiendo del exacto
conocimiento y análisis de la situación actual, cuantificara las reales
necesidades de personal para optimizar el rendimiento de los recursos
humanos; antecedentes que, como necesarios para que esta Cámara se
pronunciara sobre el proyecto, debieran haberse acompañado en
cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Española. También
consideramos que debía haber sido previa la presentación del proyecto de
ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado, a
lo que el Gobierno estaba obligado en virtud de Ley 10/1983, es decir,
hace más de diez años. Igualmente, hubiera sido precisa la
sistematización y ordenación de la normativa reguladora de la Función
Pública, es decir, la presentación del Estatuto de la Función Pública. Se
nos dijo en Comisión que nuestro Grupo, reconociendo la
necesidad de la reforma, quería obstaculizarla, retrasarla. Y esto no es
verdad, señorías; lo que queremos evitar que se sigan dando palos de
ciego --refrán hoy anticuado, porque estoy convencido que el señor Durán
acertaría muchas más veces que ustedes.
Quiero hacer hincapié en un último argumento: este proyecto de ley no
prevé la problemática que el nuevo proceso de traspasos de competencias a
las Comunidades del artículo 143, ya iniciado, va a producir de inmediato
en cumplimiento del pacto autonómico, estableciendo o anticipando unas
medidas que evitaran los efectos no deseados producidos a raíz del
traspaso competencial posterior a la aprobación de los Estatutos de
Autonomía: aquel incremento desmesurado del número de funcionarios en las
distintas administraciones por no haber sistematizado adecuadamente ese
traspaso de competencias, servicios, etcétera.
Paso a defender las enmiendas al articulado y a las disposiciones
adicionales, y precisamente por el carácter previo de las cuestiones que
plantean estas últimas, las trato en primer lugar.
La enmienda número 281 propone una Disposición Adicional nueva en virtud
de la cual el Gobierno deje en suspenso, a partir del uno de enero de
1994, los expedientes de modificación de las relaciones de puestos de
trabajo que impliquen la asignación de niveles y complemento de destino
al alza. Con ello queremos evitar una válvula de escape a la congelación
salarial impuesta a los funcionarios.
Con similar fundamento, el de la transparencia, proponemos en la enmienda
282 imponer al Gobierno la obligación de publicar anualmente las
relaciones de puestos de trabajo, remitir trimestralmente a las Cortes
Generales relación nominativa del personal con contrato fuera de convenio
que existe en la Administración Pública Estatal, en los Entes Públicos y
en las Sociedades Mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la
participación del Estado o de sus Organismos Autónomos; y, por último,
remitir trimestralmente a las Cortes la relación nominativa de miembros
de los Consejos de Administración de esas Sociedades participadas por el
Estado u Organismos Autónomos.
En la enmienda 275 pedimos que el Gobierno, antes del 31 de mayo del año
1994, elabore un plan de reordenación de efectivos de personal como
consecuencia del proceso de transferencia que ha de producirse en
ejecución de la Ley Orgánica 9/1992. Todo ello en busca de una mejor
utilización de los recursos humanos.
En la enmienda 283 solicitamos que antes de 1 de julio del año 1994
presente el proyecto de Ley Económico-Financiera de las Comunidades
Autónomas.
Proponemos una Disposición Adicional nueva, en nuestra enmienda 276, por
la que se dé preferencia al personal de las Administraciones Públicas
para cubrir puestos en determinados Entes Públicos. Ello supondría,
indudablemente, la mejor utilización de los excedentes de personal.
También proponemos una Disposición Adicional nueva en la enmienda 284, en
donde pedimos que se acabe con la reiterada discriminación a que se han
visto sometidos los funcionarios del Cuerpo General Administrativo,
permitiendo, previo ciertos requisitos, su acceso al Cuerpo de Gestión y
no se me diga que con ello obviamos requisitos esenciales, porque ya se
hizo con miembros de este Cuerpo adscritos al Ministerio de Hacienda.
Paso a defender, genéricamente, una serie de enmiendas, es decir, sin
citar su numeración, pero aludiendo a su contenido.
Los planes de empleo, que mi compañero de partido, señor Núñez Pérez,
calificó en el Congreso de apresurada máquina de liquidar funcionarios o
instrumento de reconversión salvaje, exige una normativa que, sin pecar
de rígida, concrete sus contenidos, garantice su coordinación e impida
vulnerar derechos adquiridos, cuando no constitucionales. En este
sentido, proponemos que dichos planes sean objeto de negociación
colectiva; que las previsiones sobre modificación de estructuras
organizativas y de puestos de trabajo se realicen a través de las
relaciones de puestos de trabajo por aplicación del artículo 15 de la Ley
30/1984; que se concrete el contenido de las actuaciones que permita la
óptima utilización de los recursos humanos; atribuir al Consejo de
Gobierno la competencia para la aprobación de los planes y de las
directrices de política de empleo o de personal, ya que ello supondría
una garantía de coordinación y eficacia; imponer el concurso de méritos
en ciertos supuestos de reasignación de efectivos; incluir entre las
previsiones que han de contener los planes de empleo criterios objetivos
como son la aptitud, la formación, la experiencia y la antigüedad, y
tender a hacer referencia expresa a aquellos criterios de mérito y
capacidad --además del de antigüedad-- que son los que recoge el artículo
103.3 de la Constitución Española; e informar periódicamente a las Cortes
Generales y al Defensor del Pueblo sobre la aprobación, ejecución e
incidencias de los planes de empleo.
Otro grupo de enmiendas va dirigido a proteger los derechos de los
funcionarios, a paliar los efectos negativos de este proyecto en su
carrera, en su derecho constitucional al trabajo efectivo y a su
promoción. En este sentido, señorías, proponemos dar carácter imperativo
a la oferta de reasignación cuando se suprima un puesto, reconocer
preferencia a ocupar plazas vacantes a los funcionarios afectados por una
reasignación de efectivos y a los que estén en situación de expectativa
de destino; sustituir el término «provincia» por el de «municipio», a
efectos de considerar indemnizable el traslado; mejorar la redacción y el
contenido de la nueva situación de excedencia por agrupación familiar;
suprimir la situación de la nueva modalidad de excedencia
forzosa o, subsidiariamente, computar el tiempo que se permanezca en
ella, a efectos pasivos y de antigüedad; reconocerles el derecho a
percibir, además de las retribuciones básicas, el complemento de destino
del grado personal que les corresponda; ampliar a seis meses el plazo de
la segunda fase de reasignación de efectivos, que regula el artículo 12;
incrementar los importes indemnizatorios y elevar sus límites máximos en
los supuestos de excedencia voluntaria y jubilación anticipada
incentivadas; facilitar la excedencia voluntaria por interés particular,
fijando distinto plazo de servicios efectivos para poder solicitarla
desde el ingreso --admitimos el plazo de cinco años-- o desde el
reingreso --dos año solamente--, con lo que se conseguiría facilitar esta
solicitud y, con ello, obtener los fines perseguidos por la ley; conceder
a los funcionarios de organismos, centros o unidades que trasladen su
sede a otro municipio la opción entre el traslado o la excedencia
voluntaria incentivada; no aplicar a los funcionarios incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social que se acojan a la jubilación
anticipada incentivada coeficiente alguno de reducción; no reducir las
percepciones en los supuestos de reducción de jornada por procesos de
recuperación de enfermedad profesional o adquirida en acto de servicio.
En esta línea de protección de los derechos de los funcionarios e incluso
de la legalidad de la norma, quiero destacar dos enmiendas por las que
pedimos que se exija expresamente en el texto legal el expediente previo
--y ya elimino el término disciplinario-- para imponer el pase a la
situación de excedencia forzosa o a la excedencia voluntaria por interés
particular cuando los funcionarios en expectativa de destino o en
excedencia forzosa, respectivamente, incumplan determinadas obligaciones
que la propia ley les impone, y las destaco porque no me convencieron en
absoluto las razones que expuso en Comisión el portavoz socialista para
rechazarlas. No es de recibo imponer al funcionario la necesidad «ab
initio» de impetrar la tutela jurisdiccional, argumento que también se
nos planteó en esas enmiendas que van dirigidas a indemnizar los
traslados, aunque sean dentro de la misma provincia. Proponemos también
la extensión a los funcionarios de la Administración militar el régimen
reconocido a los de la Administración civil cuando estén adscritos al
Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas,
y el respeto a los derechos adquiridos de los integrados en el grupo A,
adscritos a este Tribunal de Cuentas, procedentes de otras
administraciones o de la Seguridad Social.
Por último, paso a defender de forma conjunta las enmiendas números 253 y
289. La primera pretende añadir un artículo nuevo, que sería el 21 bis,
en cuya virtud se adicionara un párrafo 2.º al artículo 33 de la Ley
30/1984, con el siguiente contenido: «Los funcionarios públicos
pertenecientes a Cuerpos y Escalas que realicen funciones de
investigación, estudio, gestión, inspección, asesoramiento, asistencia
jurídica u otras fundamentalmente intelectuales para las que se requiera
título de Enseñanza Superior, podrán voluntariamente prorrogar su edad de
jubilación hasta los 70 años de edad.» No veo inconveniente en admitir
esta enmienda, y tengo la esperanza, aunque remota, de que lo harán por
varias razones. En primer lugar, porque coincide sustancialmente con las
medidas que, en ese sentido, anunció a primeros de año el Secretario de
Estado para las Administraciones Públicas que pensaba adoptar a la mayor
brevedad. Y, ciertamente, el Ministerio elaboró un anteproyecto de ley
sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo de los
funcionarios públicos, cuya posible tramitación ulterior quedó
interrumpida por la disolución de las Cortes. En segundo lugar, porque la
prolongación de la edad de jubilación hasta los setenta años está
justificada por razones demográficas, económicas y jurídicas.
Demográficamente, los avances médicos y las condiciones generales de las
sociedades desarrolladas permiten que los ciudadanos lleguen a edades
cada vez más avanzadas en buenas condiciones físicas e intelectuales, que
les permiten prolongar su actividad profesional. Por ello, la Comisión y
el Parlamento Europeos recomendaron la prolongación y permanencia de los
funcionarios en el servicio activo, teniendo en cuenta el fenómeno del
envejecimiento de la población activa, y para optimizar el
aprovechamiento de la experiencia y la capacidad de los funcionarios de
mayor edad. Ayer mismo, leí en un medio de comunicación nacional que el
libro verde sobre política social presentado por Bruselas recomienda
prolongar la vida activa de los trabajadores en Europa. Y enlazo con las
razones económicas que son, además de lo ya expuesto, las que fundamentan
esa recomendación del citado libro verde.
El alargamiento de la media de vida de la población supone,
indudablemente, un incremento progresivo del gasto público en Clases
Pasivas. Nuestras enmiendas supone un ahorro, porque el coste de un
funcionario de sesenta y cinco a setenta años, en activo, es inferior a
la cifra que representa la suma de su pensión de jubilación más la
retribución del funcionario de nuevo ingreso que le sustituye. Y por lo
que se refiere a las razones jurídicas --creo que contundentes--, cito el
principio de igualdad sancionado por el artículo 14 de la Constitución
Española.
Existen hoy cinco Cuerpos que tienen legalmente establecida su jubilación
a los setenta años: jueces y magistrados --por una Ley relativamente
reciente, la 7/1992, de 20 de noviembre--, fiscales, notarios,
registradores de la propiedad y corredores colegiados de comercio, y un
proyecto de ley, decaído por la disolución de las Cortes, aplicaba la
misma medida a los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.
¿Qué razón justifica un trato distinto para los funcionarios de
similar cualificación, idéntico sistema de acceso y contenido
eminentemente intelectual, que han de jubilarse obligatoriamente a los
sesenta y cinco años? Citaré por último tres argumentos.
Enmienda de similar sentido fue presentada también por el Grupo de
Convergència i Unió, aunque fue retirada posteriormente. ¿No les parece
absurdo a sus señorías que en una cuestión determinada, en el Tribunal
Supremo, por ejemplo, pueda estar presidida la sala por un magistrado de
sesenta y nueve años, informe un fiscal de sesenta y ocho, y el abogado
del Estado que defienda los intereses de éste no pueda tener más de
sesenta y cuatro años?
Finalmente, quiero destacar que si queremos una función pública de
calidad, no podemos permitirnos el lujo de prescindir, en muchos casos,
de nuestros mejores funcionarios: aquellos que suman a sus conocimientos,
su experiencia. De todas formas, y si es cierto que es propósito del
Gobierno afrontar de inmediato la solución de este problema, no creo que
tengan inconveniente en admitir o aprobar con carácter subsidiario la
enmienda número 289, que propone una disposición transitoria segunda bis
nueva, que tranquilizaría a este colectivo de funcionarios aplicándoles
igual medida que el Real Decreto-Ley 15/1993, de 17 de septiembre, ha
aplicado a los docentes universitarios. No hay razón alguna para no
extender esta misma medida a los funcionarios en quienes coincidan
idénticas características.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Espert. ¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
durante la sesión de la Comisión que dictaminó este proyecto de ley ya
realizamos una exposición, de una cierta extensión, sobre los argumentos
y contraargumentos sustentados por los diferentes grupos parlamentarios
para justificar la presentación de enmiendas o la oposición a su
admisión, y voy a intentar sistematizar al máximo mi contestación a las
intervenciones de los portavoces del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto a la intervención del Senador Sanz me gustaría subrayar, en
primer lugar, lo siguiente. En lo que se refiere a algunas de las
preocupaciones que él manifiesta en el sentido de la necesidad de que las
administraciones autonómicas y las corporaciones locales puedan adoptar
medidas que les permitan ajustar a sus necesidades específicas algunas de
las disposiciones previstas en esta ley, le diré que se ha introducido en
el dictamen de la Comisión una disposición adicional nueva a la Ley
30/1984 --sería la disposición adicional nueva vigésima primera--, que yo
creo que recoge adecuada y suficientemente esa aspiración.
Por otro lado, quiero decir también al Senador Sanz que el Grupo
Socialista ha presentado una oferta de enmienda transaccional relativa a
la enmienda número 42 --una de las presentadas por los Senadores
Nacionalistas Vascos--, y que está relacionada con la necesidad de
establecer un plazo adecuado para la integración en la Administración
educativa del personal docente que presta sus servicios en las
«ikastolas». Creo que las consideraciones que hacen los Senadores
Nacionalistas Vascos con respecto a la declaración que contiene este
proyecto de ley de disposiciones como de carácter básico, consideraciones
hechas en sus enmiendas números 30 y 31, forman parte de una permanente
discusión que los partidos de implantación autonómica y de vocación
nacionalista suelen plantear reiteradamente. Algunas disposiciones que
propone el Gobierno de la nación --y que las propone con carácter
básico--, pueden estar debilitando su propia esfera de autogobierno. Es
una cuestión que viene a esta Cámara de forma cíclica y recurrente y
sobre la que, con el máximo respeto, debo decir que las posiciones
expresadas en este caso, tanto por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, a través de sus enmiendas y de alguna referencia que ha hecho el
Senador Sanz sobre ellas, como por el Grupo Socialista, son posiciones
discutibles, posiciones argumentadas y que, además, se refieren a un tema
en permanente definición, porque así lo exige la lógica de un sistema
ampliamente descentralizado como el nuestro, que es el de los límites a
la potestad legislativa estatal y los límites a la esfera de autogobierno
de las Comunidades Autónomas, en este caso en su vertiente legislativa.
Me voy a referir ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Creo que las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a
este proyecto de ley podrían ser encuadradas o sistematizadas en cuatro
grandes objetivos. Una serie de enmiendas expresan un criterio
legislativo, expresan posiciones de política legislativa distintas de las
que laten en este proyecto de ley, por ejemplo, las enmiendas que
pretenden asignar al Gobierno de la nación las decisiones que van a
construir el contenido de los planes de empleo previstos en este proyecto
de ley como instrumento para la reasignación de efectivos de las
administraciones públicas, preferentemente de la Administración del
Estado, y al mismo tiempo que reasignación de efectivos, racionalización
en su utilización.
Obedecen también a este criterio legislativo distinto una serie de
enmiendas relacionadas con la ordenación de los contenidos posibles de
esos planes de empleo, con la ordenación de las diferentes fases en el
procedimiento de reasignación de efectivos que se recoge en este proyecto
de ley; algunas enmiendas relacionadas con la modificación del régimen y
de los requisitos de
algunas de las situaciones funcionales previstas por esta ley, y por
otras. Se trata de distintas opciones de política legislativa, diferentes
de las que inspiran este proyecto de ley, y que tienen un difícil encaje
en él.
Por otro lado, hay una serie de enmiendas con un objetivo que podríamos
denominar garantista. Ya en el debate en Comisión tuvimos un amplio
cambio de impresiones y de argumentos al respecto. Dentro de estas
enmiendas garantistas yo incluiría las que están destinadas a suprimir la
situación de excedencia forzosa, consecuencia de la aplicación de un plan
de empleo. También tendrían este objetivo las enmiendas que tratan de
establecer la necesidad de que se instruya un expediente disciplinario
--el Senador Espert ha hablado de un mero expediente-- antes de la toma
de decisiones que signifiquen el paso de los funcionarios por diversas
situaciones debido al incumplimiento de determinadas obligaciones que,
para cada una de las situaciones funcionariales previstas, impone este
proyecto de ley, o impondrá la ley en el supuesto de que sea aprobada.
Intenté explicar el otro día al portavoz del Grupo Popular que es
innecesario realizar la exigencia de que se instruya un expediente
sancionador --dice la enmienda--, o un mero expediente administrativo
--dice hoy el Senador Espert--, porque las decisiones que signifiquen el
paso de los funcionarios de una situación a otra, de una situación más
favorable, de mayor plenitud de su estatus funcionarial, a una en la que
su estatus se halla más recortado, no pueden adoptarse de plano por las
autoridades administrativas responsables en materia de personal, en
materia de función pública, porque el incumplimiento es un requisito --el
soporte de esas decisiones-- que debe ser objeto de valoración jurídica,
y para poder tomar esas decisiones es imprescindible que el funcionario
interesado pueda ejercer en su plenitud los derechos que, como
interesado, prevé la Ley de Procedimiento Administrativo.
Al mismo tiempo, late en algunas de sus enmiendas el objetivo de eliminar
situaciones de discrecionalidad, que los Senadores del Grupo Popular
consideran prácticamente sinónimo de arbitrariedad. Un margen de
discrecionalidad puede existir en la toma de decisión de un responsable
administrativo, pero esa discrecionalidad también está claramente reglada
y no puede ser sinónimo de arbitrariedad en un Ordenamiento
jurídico-administrativo como el nuestro, que está basado en unos
principios de inspiración democrática y en unos principios de respeto al
Estado de Derecho.
Hay, por otro lado, un amplio conjunto de enmiendas que encuadraría bajo
el calificativo de reivindicativo-funcionariales. Me parece muy
significativo que el Grupo Popular --que en el debate presupuestario ha
mostrado su descontento por lo que considera que va a continuar siendo un
creciente incremento del gasto público--, a la hora de formular sus
enmiendas a este proyecto, incluya un conjunto de reivindicaciones que,
indiscutiblemente, van a suponer un incremento del gasto público y,
además, una obstaculización de la medidas de reasignación de efectivos y
de racionalización de los mismos, que es lo que pretende este proyecto de
ley al regular su Título II. Las enmiendas que proponen no reducir
retribuciones de los funcionarios en ciertas situaciones, como la de
jubilación anticipada, por ejemplo, las enmiendas que proponen equiparar
las indemnizaciones de los funcionarios afectados por algunas de las
medidas de reasignación que se prevén en este proyecto de ley a las de
las personas con relaciones jurídicas reguladas por el derecho laboral, y
la medida, a la que hoy ha aludido expresamente el Senador Espert, de que
a los funcionarios que sean objeto de un plan de empleo necesariamente
debe asignárseles un nuevo destino, al final dejarían sin contenido los
objetivos fundamentales que este proyecto de ley pretende en materia de
reasignación de efectivos humanos por parte de las Administraciones
Públicas.
Hay, al mismo tiempo --y con ello termino--, un conjunto de enmiendas,
fundamentalmente dirigidas a las disposiciones adicionales de este
proyecto de ley, que tratan de imponer al Gobierno una serie de
compromisos legislativos y una serie de obligaciones políticas. Los
compromisos legislativos están relacionados, por ejemplo, con la enmienda
que propone que el Gobierno debe presentar una ley Económico-Financiera
de las Administraciones Públicas. Las obligaciones políticas están
relacionadas con la obligación que se pretende imponer al Gobierno de
informar trimestralmente a las Cortes y al Defensor del Pueblo de una
serie de actuaciones que el Gobierno debería realizar en cumplimiento de
este proyecto de ley, si fuera aprobado por las Cortes. Al mismo tiempo,
se pretende imponer al Gobierno un plazo para la reordenación de
efectivos humanos funcionariales, a la vista del proceso de traspasos que
se va a realizar como consecuencia de la aprobación por las Cortes de la
Ley Orgánica 9/1992, de transferencias y modificación de los Estatutos de
Autonomía de aquellas Comunidades Autónomas que accedieron a la misma por
la vía del artículo 143. También se pretende imponer al Gobierno la
publicación anual de las relaciones de puestos de trabajos.
Creo que este tipo de enmiendas que pretenden imponer compromisos
legislativos o compromisos políticos al Gobierno están planteadas
lógicamente desde los objetivos de la oposición; pero es también lógico
que desde el Grupo mayoritario que respalda al Gobierno sean rechazadas.
Nada más, señores Senadores. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Abrimos el turno de portavoces.
¿Algún Grupo Parlamentario va a hacer uso de este turno? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir, muy brevemente, para decir al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que, lógicamente, nuestro criterio legislativo
podría ser distinto del de su Grupo, pero que en las enmiendas planteadas
a esta ley nuestro propósito no ha sido entorpecer, sino ayudar, tender a
mejorarla, y, desde luego, con un amplio espíritu garantista, como usted
ha dicho, porque pretendemos proteger los derechos de todos los
trabajadores de las Administraciones Públicas ante unas medidas que,
indudablemente, puede afectarles grave y duramente en su carrera
profesional. Y si este Grupo pretende reducir en las enmiendas a los
presupuestos el gasto público, quede bien claro que esa reducción no ha
de ser en perjuicio de los funcionarios. Por ello, también defendíamos en
los presupuestos un incremento en las retribuciones básicas de los
mismos. Por tanto, pretendemos simplemente que, ya que se van a utilizar
o a mermar determinados derechos de los funcionarios para conseguir un
objetivo que esta ley persigue, adaptando a las necesidades reales de la
Administración los recursos humanos, lógico es también que la
Administración sea generosa cuando, en cierta medida --permítanme la
expresión-- se les expropie, aunque sea parcialmente, de algunos de esos
derechos.
Por lo que se refiere a las enmiendas relativas a las disposiciones
adicionales, su señoría ha dicho que nuestro Grupo pretende imponer
compromisos legislativos u obligaciones políticas al Gobierno. Yo creo
que es un legítimo derecho de oposición, pero no es tan claro el legítimo
derecho del Grupo que apoya al Gobierno cuando se opone a tales enmiendas
en tanto en cuanto supongan control del Gobierno. Parece más bien un
deseo de escape a ese control y a ese seguimiento que las Cortes deben
hacer de unas medida tan transcendentales, como son las que propone esta
ley, para solucionar un grave problema que es la mala situación actual de
la Función Pública española.
Y termino ya, señorías, lamentando que no haya hecho mención alguna a las
dos últimas enmiendas defendidas, relativas a la edad de jubilación de
los funcionarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para turno de portavoces, tiene la
palabra el Senador Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Espert, creo que el otro día tuvimos un debate ciertamente
detenido y pormenorizado en la Comisión sobre algunos de los aspectos que
su señoría ha suscitado. Pero como ha vuelto a hacer mención de algunos
de los contenidos de aquel debate, quiero aprovechar este turno de
portavoces para expresarle lo siguiente.
No sé, Senador Espert, si es conciliable acusar al Gobierno de que no
gobierne, de que no presente iniciativas legislativas, y, cuando presenta
algunas, criticarlas por insuficientes y proponer un marco mucho más
ambicioso, desde el punto de vista legislativo.
Yo no sé si eso es conciliable, como no sé si es conciliable acusar al
Gobierno de no ser capaz de controlar el gasto público. No sé si es
adecuado que cuando se presenta una iniciativa que, a través de una
reasignación de efectivos y de una racionalización de los mismos, va a
tener evidentes consecuencias en el control de los gastos, se proponga un
repertorio de enmiendas basándolas en supuestos atentados, hasta
expropiatorios, según su terminología, a los derechos adquiridos de los
funcionarios y frenar objetivamente ese propósito del Gobierno. Yo no sé,
lo repito, si eso es conciliable desde el punto de vista lógico,
seguramente será conciliable desde el punto de vista de lo que un alto
dirigente de su partido, presente en esta Cámara, dice normalmente que es
la lógica política. Seguramente desde esa lógica política, entendida
desde el punto de vista de ustedes, esas cosas son conciliables, desde
nuestro punto de vista no, y tampoco desde el punto de vista de una
cierta congruencia entre los objetivos que se dicen perseguir y las
medidas que se proponen para conseguir esos objetivos.
Ciertamente, Senador Espert, no me he referido a las dos últimas
enmiendas que su señoría ha defendido. Son enmiendas, ya se lo dije el
otro día en el debate en Comisión, que tienen un fundamento importante.
Es verdad que ya se han dictado algunas medidas legislativas que tienden
a prolongar la edad en servicio activo de los funcionarios. Es verdad que
ése es un proceso que se está desarrollando progresivamente y es verdad
que existen razones, algunas, como su señoría ha dicho, de índole
demográfica, y otras, relacionadas con el aprovechamiento de la
experiencia de determinados funcionarios que a la edad de 65 años están
aún en condiciones de prestar importantes servicios a las
administraciones públicas. Pero también es verdad que existen
consideraciones de otra índole.
Creo que no es bueno utilizar el elemento del agravio comparativo y el
principio de igualdad constitucional que usted ha invocado cuando se
trata de un proceso que está avanzando y no de un proceso que está
retrocediendo.
Las medidas que ya conocemos y que su señoría ha mencionado son el inicio
de un proceso cuya tendencia es la de generalizar una ampliación de la
edad del servicio activo de los funcionarios, a favor de lo cual existen
poderosas consideraciones. Creo que no es correcto,
que no se corresponde con las circunstancias, que reitero que son
circunstancias que evidencian que éste es un proceso que crece, que se
desarrolla. En el sentido que su señoría sugiere no me parece
argumentable su propuesta desde el punto de vista de agravios
comparativos o desde el punto de vista de consideraciones relacionadas
con el principio de igualdad.
Finalmente, el Gobierno no pretende sustraerse al control parlamentario.
Su señoría estará de acuerdo conmigo en que las medidas que tienden a
reforzar el control parlamentario del Gobierno pueden ser discutibles. Es
tan legítimo proponerlas como rechazarlas cuando se considera que ya en
la normativa parlamentaria existen fuentes e instrumentos suficientes de
control de la acción del Gobierno.
No exagere usted, no establezca una premisa ficticia; a saber, el
Gobierno pretende escurrir el bulto a las posibilidades del control
parlamentario que no es cierto, para luego sostener una petición que
solicita la intensificación de esas medidas de control parlamentario.
No dibuje usted dialécticamente un enemigo a su medida para luego
atacarle. No hay ningún intento por parte del Gobierno ni por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, al que yo represento, de sustraerse al
control de las Cámaras, en absoluto. Existen, además, instrumentos
reglamentarios, instrumentos legales, que posibilitan ese control. Por
tanto, su petición es legítima y se entiende, pero también lo es que
nosotros la rechacemos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al Título III. Los Senadores Cuevas y Vilallonga están ausentes.
Por tanto, sus enmiendas decaen.
Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles para la defensa de sus
enmiendas que van de la 144 a la 153.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, son diez las enmiendas que mantengo vivas al Título III del
proyecto de ley que debatimos. La enmienda 144 pretende la devolución de
todo el Título de medidas de reforma en materia laboral.
Pensamos que la mejor función de todo el Título en sí sería la de
mantener el estado de las cosas conforme están. Es cierto, y habrá que
agradecerlo, que la supresión del artículo treinta y cuatro, por el que
se pretendía incompatibilizar la indemnización por despido con la
prestación de desempleo, de acuerdo con lo solicitado por Esquerra
Nacionalista Valenciana en sus enmiendas 154, 155 y 156 planteadas hasta
el trámite de Comisión, ha resuelto un fuerte escollo.
Celebramos esta rectificación realizada en el Senado al proyecto de
Gobierno, pero no podemos desistir de la pretensión de que, al igual que
el artículo 34, sean suprimidas las demás medidas restrictivas de
derechos que contempla esta reforma en materia laboral.
Es cierto que las actuales prestaciones de desempleo necesitan una
profunda revisión. El altísimo índice de paro hace que el gasto generado
por prestaciones y subsidios hagan insostenibles todos los presupuestos
de la Seguridad Social. En Esquerra Nacionalista Valenciana nos oponemos
a que la solución se realice reduciendo el poder adquisitivo de los
parados, rebajando los topes mínimos de las prestaciones y subsidios de
los más desfavorecidos miembros de la sociedad. La vida de aquellos que
han perdido el disfrute de uno de los derechos fundamentales que la
Constitución otorga al ciudadano, no debe convertirse en un infierno
donde la subsistencia es imposible. Una familia con dos hijos no puede
vivir, tal y como pretende el proyecto, con el salario mínimo y mucho
menos con el 75 por ciento de él. No se les pueden quitar dos pagas a los
parados que sólo tienen derecho al 75 por ciento del salario mínimo
mediante el subsidio de desempleo.
Pensamos que hay otras soluciones. Habría que hacer que la cotización a
la Seguridad Social fuera más solidaria mediante la afloración de la
economía sumergida con el firme propósito de perseguir al insolidario. No
sólo equilibraríamos la competencia, eliminando la deslealtad, sino que
con una mejor cotización conseguiríamos un mayor ingreso en los
Presupuestos, por lo que las prestaciones y subsidios de los necesitados
podrían ser más ajustadas a las necesidades del ciudadano sin empleo.
En lugar de ejercer una acción de inspección tendente a que los
ciudadanos cumplan con sus obligaciones, parece que el Ejecutivo prefiera
la solución más fácil, la de restringir las posibilidades económicas de
los parados. Tampoco nos parece que restringir la libre elección de
empleo, tal y como pretende el proyecto, sea la fórmula para evitar la
picaresca.
El ciudadano tiene derecho al trabajo, pero también tiene derecho a
intentar mejorar de empleo. Ustedes en el proyecto restringen este
derecho y, lo que es peor, pretenden que todos los trabajadores que no
superen la prueba de un contrato sean por sí ya defraudadores del Estado,
o lo que es lo mismo, aquellos trabajadores que no superen el período de
prueba de un contrato son condenados a no percibir prestación de
desempleo.
No entiendo cómo pueden pensar que todos ellos son culpables del delito
de defraudación o de abuso de ley o de algún otro sin necesidad de prueba
suficiente. Pienso que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre
lo contrario. Pero ustedes con su proyecto los están condenando. Es
cierto que algunos buscan una solución económica a través de la picaresca
pero, señorías, no son todos. Con este proyecto de ley están haciendo
pagar a justos por pecadores.
En resumen, pensamos que no es ésta una solución solidaria al problema
del desempleo, posiblemente sea la más fácil, pero para Esquerra
Nacionalista Valenciana no es la más justa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a las enmiendas números 43 a 46, del Grupo de Senadores
Nacionalista Vascos.
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con el artículo 29 proponemos su supresión parcial en
relación con la modificación del artículo 12.2 de la Ley 31/1984, dado
que si el objetivo real fuera de modificación, debería contemplarse que
en situaciones de reducción o de suspensión de jornadas la empresa
ingrese la aportación que le corresponda y la entidad gestora ingrese la
aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se
refiere el apartado 1 del artículo 12, y se siga incluyendo la
posibilidad de que la autoridad laboral pueda exceptuar las reducciones
en suspensiones de jornadas derivadas de fuerza mayor o de fuerza mayor
impropia, facultad que --incomprensiblemente a nuestro entender--
desaparece con la nueva redacción.
¿Qué se entiende en este caso por fuerza mayor? Pues nada menos que las
paradas de los buques por falta de licencia, así estimado hasta el
presente por la autoridad laboral en razón de que la falta de licencia se
deriva de la existencia de un tratado internacional que no es otro que el
Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea.
Abogamos, por tanto, por que no se excluya la posibilidad de exoneración
de la autoridad laboral puesto que ello implica una gravedad
extremadamente nociva para los armadores y, en consecuencia, quiérase o
no, para los trabajadores que dependen de los mismos al agravar y
castigar aún más --sirva la expresión-- una situación de paro forzoso en
virtud de un tratado internacional de obligado cumplimiento.
En cuanto al artículo 32, introducimos una enmienda de adición sobre la
base de un párrafo repleto de lógica y sabiduría --modestia aparte-- en
virtud del cual tratamos de considerar y defender aquellos casos en los
que se tiene concertado un convenio especial con la Seguridad Social y se
hace constar que están dados de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social con un carácter previo al inicio de la obra o servicio
contratado. Ello en función del hecho normal, sobre todo en Euskadi, de
que las prejubilaciones contemplan períodos en los que el trabajador
percibe el subsidio por haber agotado ya la prestación, siendo
complementado éste por la empresa y existiendo un convenio especial con
la Seguridad Social y con el Fondo de Garantía Salarial hasta su
jubilación efectiva. Establecer en estos casos la obligación de asistir a
acciones de promoción, formación o reconversión o la incompatibilidad con
algunas rentas no parece en realidad que tenga mayor sentido.
En referencia al artículo 33, introducimos una enmienda de adición en
relación con la que acabo de comentar ya que no tiene mayor sentido
obligar a los prejubilados a renovar mensualmente su demanda de empleo
con más molestias inútiles y más burocracia que no conduce a nada puesto
que su destino inmediato es la jubilación. A nuestro entender este
planteamiento roza casi lo absurdo.
Para terminar diré, en relación con nuestra enmienda de adición número 46
al artículo 36, que está en plena armonía con el artículo 42 del Estatuto
de los Trabajadores respecto de la exoneración de responsabilidad del
empresario principal, ya que la no exoneración de responsabilidad
introduce elementos de inseguridad y de riesgo, incompatibles con la
agilidad de la gestión empresarial, que dificultan extraordinariamente la
subcontratación cuando en realidad no están los tiempos actuales como
para entorpecer o frenar lo más mínimo la gestión empresarial.
En definitiva, señor Presidente, señorías, con estas enmiendas tratamos
de que no sea alterado el denominado principio de «irregresividad» en
interpretación del artículo 41 de la propia Constitución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Las enmiendas números 162 a 168 fueron reservadas por el Grupo de
Coalición Canaria.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la enmienda número 162, que se refiere al artículo 35, intenta
que se les reconozcan también las prestaciones por desempleo establecidas
en la Ley 31/1984 a los estibadores portuarios que prestan sus servicios
en aquellos puertos en los que, constituidas las sociedades estatales, se
acojan al Plan de empleo aprobado en el segundo acuerdo para la
regulación de las relaciones laborales en el sector portuario.
Entendemos que con esta medida se abaratarán los expedientes de
jubilaciones anticipadas ya que, en definitiva, serán cargados a los
usuarios.
Con la enmienda número 163 al artículo 26 pretendemos la supresión de un
párrafo que amplía la normativa anterior estableciendo condiciones
adicionales para los trabajadores a la siempre decisión unilateral del
empresario para resolver el contrato en período de prueba y lesionando,
por tanto, el derecho del trabajador a la prestación por desempleo.
Las enmiendas números 164, 165, 166 y 167 las damos por defendidas en sus
propios términos.
Con la enmienda número 168 al artículo 37 intentamos que se modifique la
infracción contenida en dicho artículo en el mismo sentido en que en
otras enmiendas modificamos las obligaciones que se imponen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmiendas números 256, 258 a 262 y 264 y 265, del Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, les decíamos en Comisión que nuestro Grupo pensaba que lo que
debería haberse traído a esta Cámara no son unas medidas como las que
vamos a debatir dentro de este Título del proyecto ya que, en definitiva,
no son sino un parche más.
Estamos convencidos de que lo que debería haberse traído al Senado es un
nuevo proyecto de ley coherente y racional sobre medidas de protección
por desempleo. Por otra parte, albergamos serias dudas de que éste sea el
último debate que sobre esta materia se produzca a lo largo del año
aunque esperamos que no sea así.
A ustedes les ha entrado ahora un afán solidario de lucha contra el
fraude, de proteger la protección en las prestaciones por desempleo
--como les gusta decir--, cuando, en mi opinión, este fraude se ha
producido precisamente por su excesiva condescendencia con determinados
ciudadanos que han disfrutado indebidamente de estas prestaciones y
cuando en realidad ha habido algunos empresarios que lo han consentido,
todo ello como si no hubiera inspectores y controladores. Y esto que digo
lo avala el dato de que a 31 de septiembre del presente año se habían
levantado un 36 por ciento más de actas de infracción a empresas y un
19,45 más a trabajadores que en el mismo período del año 1992.
Pues bien, aunque sin mucha fe, dada la poca receptividad que en el Grupo
Socialista están teniendo nuestros planteamientos, voy a intentar, en el
debate de este Título del proyecto de ley, que modifica una vez más la
Ley de Protección por Desempleo y la Ley de Sanciones de Orden Social,
defender las enmiendas de mi Grupo a este Título III.
Mi Grupo presenta una enmienda de veto --la número 256-- a este Título,
por entender que las medidas que en él se contienen van a carecer de
eficacia, dado que, en el fondo, lo único que parece perseguirse, de lo
único que se trata, es de un momentáneo y transitorio equilibrio
financiero del sistema, sin que en nuestra opinión se atajen las
verdaderas causas en las que radica el problema con estas medidas.
Así, por ejemplo, no se resuelve la deficiente gestión del INEM en la
materia; gestión que, por un lado, posibilita el fraude y, por otro, sus
planes de comprobación de rentas están dificultando ostensiblemente, y en
multitud de casos, la tramitación de los subsidios.
Por otra parte, tampoco se termina de resolver el problema de la rotación
del mercado de trabajo, lo que está dando lugar a que se pueda alternar
trabajo con desempleo que, como bien saben sus señorías, es una de las
principales causas que han producido el espectacular aumento de las tasas
de cobertura, que nos han llevado a la situación en que nos encontramos.
Asimismo, creemos que las cuestiones ligadas a las acciones de formación
y a la cualificación profesional tampoco están solventadas en este
proyecto de ley.
Dicho esto, voy a pasar a la defensa de nuestras enmiendas parciales
números 258, 264 y 267, que hacen referencia de alguna forma al entronque
de la prestación con la cualificación y la formación profesionales. Ya
saben sus señorías que una vieja aspiración y una constante
reivindicación --por llamarlo de alguna manera-- de mi Grupo en ambas
Cámaras es que la formación profesional que se imparta sirva para
cualificar a nuestros trabajadores, de acuerdo con las ofertas de empleo.
Nosotros no estamos de acuerdo en que se puedan utilizar casi 800.000
millones de pesetas en llevar a cabo una formación profesional que no
cualifica a nuestros trabajadores de forma adecuada. A este respecto, nos
deberíamos preguntar cuál es la cualificación que aquéllos han de
recibir, y nos parece que la respuesta es sencilla: desde nuestro punto
de vista, debe ser la que corresponda al catálogo de cualificaciones
profesionales contempladas en el Programa Nacional de Formación
Profesional. Pensamos que todo lo que constituya permisividad en esta
materia es dinero malgastado y tiempo perdido. En definitiva, se trata de
que la formación impartida tenga validez para todo el mercado de trabajo;
que sea identificable, y por tanto, certificable, dando lugar a
cualificaciones que puedan ser reconocidas por el empresario y el mercado
de trabajo.
Otro paquete de enmiendas es el constituido por las números 268, 269, 270
y 271, que pretenden la reforma del Real Decreto 1387/1990, de 8 de
noviembre, relativo al desempleo agrario. Nuestro Grupo no entiende las
razones por las que en el proyecto de ley que nos ocupa se modifica el
concepto de rentas familiares para los desempleados en general, y se
sigue siendo tolerante con el concepto de carencia de rentas, o de
beneficiario, en la Ley de Protección del Subsidio Agrario en Andalucía y
Extremadura, cuando los dos sistemas que afectan a los parados son
iguales y complementarios, aunque se trate de sectores y regiones
diferentes.
Así, la enmienda 268, de adición, está configurada como una disposición
adicional nueva que modifica el número 1, párrafo primero, del artículo 2
del Real Decreto 1387/1990, por las mismas causas por las que se
introduce una modificación en el artículo 13.1 de la Ley 31/1984,
exigiendo no haber rechazado oferta de empleo o acciones formativas para
el beneficiario del subsidio.
Por el mismo procedimiento que la enmienda anterior, la número 269
modifica el artículo 6 del citado Real Decreto en orden a lo que
constituyan responsabilidades familiares. La número 270 lo hace al
artículo 3, sobre la carencia de rentas, y la 271, al nuevo apartado
2 del artículo 12 --siempre del Real Decreto 1387--, al que se le añade
un nuevo apartado sobre la necesidad de aportar acreditación de no haber
rechazado oferta de empleo o formación.
Nuestra enmienda 262 pretende introducir una modificación al artículo 35
--y no al 33, como expresa el encabezamiento de nuestra enmienda por un
error mecanográfico-- del proyecto de ley, que regula el desempleo de los
trabajadores de estiba portuaria. La modificación consiste en que en la
tercera, cuarta y quinta líneas del primer párrafo se suprima la frase:
en los que no se haya constituido la correspondiente sociedad estatal de
estiba y desestiba. Proponemos esta modificación, porque pensamos que si
se mantiene la actual redacción se crearía una situación discriminatoria
entre el colectivo de trabajadores que ha cumplido la normativa, que les
obligaba a constituir las sociedades de estiba y desestiba, y aquellos
que no cumplieron la legislación; es decir, se produciría una
discriminación entre los que la cumplieron y los que no lo hicieron. Por
tanto, con la supresión de la citada frase pensamos que se es más
equitativo con las sociedades que han cumplido la normativa.
La enmienda número 261 era de modificación al artículo 34, con la que,
teniendo en cuenta las observaciones del Consejo Económico y Social,
pretendíamos fijar unos criterios más acordes, según nuestra opinión, con
los objetivos que se persiguen al controlar el fraude. Pero como ya
anunciamos en el debate de esta ley en el Congreso y en la Comisión, el
Gobierno ha cambiado radicalmente de posición con respecto a unir o
impedir la percepción de una indemnización con la prestación por
desempleo, y el Grupo Socialista, una vez más, se enmienda a sí mismo al
suprimir el artículo 34 del texto, justificándose con la enmienda
incorporada a los Presupuestos Generales del Estado para 1994, con la que
se incrementa en un 0,5 por ciento la aportación del trabajador para la
contingencia de desempleo. Dado que se ha suprimido el citado artículo
34, retiramos la enmienda número 261.
Por otra parte, presentamos las enmiendas 259 y 260 porque creemos que,
por un lado, aportan mayor claridad al artículo 30 y, por otra parte,
supone un reforzamiento de la institución del acogimiento familiar.
La enmienda número 285 propone la supresión de la disposición adicional
decimotercera, ya que pensamos que su aplicación podría suponer un
considerable perjuicio económico para aquellas empresas que no presentan
la documentación de cotización en el plazo reglamentario. Por otra parte,
tal como está redactada presenta algunas contradicciones legales.
La enmienda 263 propone la adición de un inciso al artículo 34.1, nuevo,
de la ley 30/1984, que equipara el trato de los funcionarios del régimen
general de la Seguridad Social al de los de las Clases Pasivas. Las
números 265 y 266 introducen diversas modificaciones al artículo 36.
Pensamos que es importante la que se refiere a una posible connivencia de
contratistas o subcontratistas con sus trabajadores para defraudar. Así
lo han debido entender los Grupos de Convergència i Unió y Socialista,
puesto que hemos redactado con ellos, y se nos ha admitido, una enmienda
transaccional.
Pese a ello, creo que si el Grupo Socialista fuera aún más receptivo,
admitiría más enmiendas nuestras, que son lo suficientemente responsables
y serias para que, al menos, reflexionen sobre ellas y, de forma muy
especial, sobre las que hacen referencia a la formación profesional
ligada con las prestaciones por desempleo, tanto en el sistema general,
como en el agrario de Andalucía y Extremadura. Esperamos que así lo hagan
y merezcan su aprobación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a consumir un turno en contra de las enmiendas formuladas al Título
III de la ley de medidas fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la
Función Pública y de la Protección por Desempleo, que hace referencia,
concretamente, a la reforma de la protección por desempleo que regulan
los artículos 25 a 39 del proyecto.
Antes de pasar a la contestación específica de las enmiendas formuladas
por su señoría, nos parece que hay que resaltar la importancia de este
proyecto de ley, que se mueve en la misma línea y tiene los mismos
objetivos que los Presupuestos Generales del Estado, que ya hemos
discutido con carácter general en el debate de los vetos durante el día
de ayer. Se trata de objetivos comunes de lucha contra la crisis, de
mantenimiento del Estado de bienestar y de favorecer la austeridad, la
solidaridad y la reactivación selectiva de nuestra economía.
En cuanto a la reforma del sistema de protección por desempleo, el
objetivo esencial de esa reforma es proteger la protección, como decía
antes el Senador Lobo, y garantizar el derecho reconocido en el artículo
41 de la Constitución de proteger la situación de desempleo mediante
prestaciones suficientes en caso de necesidad, lo que exige mantener y
asegurar el equilibrio financiero del sistema.
La situación de nuestro sistema de protección por desempleo a finales de
1993 se caracteriza, en primer lugar, por la duplicación del número de
beneficiarios, se ha pasado de un millón en 1985 a prácticamente 2
millones de beneficiarios del sistema en el año en curso, sin computar
los que son beneficiarios del desempleo a tiempo parcial y que pone de
manifiesto dos cosas:
por un lado, la falta de elasticidad de nuestro mercado de trabajo en
cuanto a que la cifra de desempleo se ha mantenido estable en los años
1985 a 1988, años de crecimiento económico fuerte, y por otro, cómo la
repercusión de la crisis en el mercado de trabajo, con el aumento del
paro a partir de 1989, ha sido mucho más intensa en nuestro país que en
otros de nuestro entorno económico. Por tanto, se ha ido produciendo el
ajuste empresarial fundamentalmente en contra del empleo y mediante la
reducción o supresión de plantillas.
En segundo lugar, la tasa de cobertura de nuestro sistema de desempleo
también ha tenido un cambio sustancial: ha aumentado 42 puntos
porcentuales, de un 35 por ciento de protección que dispensaba nuestro
sistema en 1985 a prácticamente un 77,6, casi un 80 por ciento, que
dispensa en 1993 y eso pese a las reformas introducidas en 1992, donde la
posible reducción de la tasa, que podría traer el endurecimiento de las
medidas en cuanto a la prestación contributiva, se compensaba con el
reforzamiento del nivel asistencial, que también ha producido un
incremento del número de beneficiarios por la fuerte rotación de nuestro
mercado de trabajo.
En definitiva, desde el punto de vista del equilibrio financiero
presupuestario del sistema, los gastos totales se han triplicado en el
período de 1985 a 1993, ha pasado de representar un 2,75 por ciento del
PIB, es decir, se ha multiplicado por 2,75 mientras que el PIB sólo lo ha
hecho por 2,08 y mientras los ingresos por cuota se han establecido
primero y luego, a partir de la crisis, han decaído claramente, lo que ha
producido un aumento del déficit del sistema que casi llega a los 3
billones acumulados en los tres últimos ejercicios --1991, 1992 y 1993--,
lo que necesariamente obliga a incrementar las medidas de buscar el
equilibrio, de limitar el incremento del déficit. Este incremento se ha
generado por el aumento de las permanencias medias en el sistema, la
mayor participación en el total de beneficiarios de los colectivos
incluidos en el sistema por la ley 31/1984, emigrantes retornados, presos
liberados, etcétera, y por el impacto en las prestaciones y en la
recaudación por cuotas del importante incremento del número de
expedientes de regulación de empleo, de extinciones y suspensiones
derivados de situaciones de crisis empresariales.
Por consiguiente, la reforma es absolutamente necesaria por el
desequilibrio financiero del sistema. Como he dicho, los gastos por
desempleo han pasado del 2,7 del PIB al 3,5 en 1993, es decir, en
prácticamente seis años el incremento ha sido muy importante y, en
segundo lugar, por el grado de generosidad de nuestro propio sistema, que
en comparación con los países de la OCDE presenta una mayor facilidad de
acceso a la prestación. Nuestro país es aquel de todos los de la OCDE
donde es más fácil este acceso, con una duración media en el sistema sólo
superada por Dinamarca y Bélgica, donde la tasa de reposición respecto de
las rentas de activo también es superior a la media y donde solamente
estamos por debajo de los demás países en cuanto al techo máximo de la
prestación, lo cual nos enorgullece, porque pone de manifiesto cómo el
dato de solidaridad de los que tienen más con los que tienen menos
también condiciona, impregna toda nuestra regulación del sistema. Por
último, en gasto público, en protección por cada punto de la tasa de
desempleo también somos superiores a la media de los países de la OCDE.
Por tanto, creemos que la enmienda está justificada en cuanto a la
necesidad de buscar una disminución del déficit presupuestario en la
protección por desempleo y, en segundo lugar, por la necesidad de
reforzar los elementos configuradores de la propia prestación, el propio
régimen público de protección por desempleo.
Por consiguiente, hay, en primer lugar, un esfuerzo presupuestario para
seguir cubriendo las situaciones de necesidad de todos nuestros
desempleados en los presupuestos que vamos a aprobar. Prácticamente casi
dos billones del presupuesto se dedican a proteger el desempleo, un 7 por
ciento del total de gastos del Estado, con un incremento respecto al año
1993 del 13,6 por ciento, financiado por aportaciones del Estado que
aumentan del 32 al 40 por ciento del total de los ingresos previstos para
1994 y con cuotas sociales que disminuyen de un 63 a un 56 por ciento. La
prestación contributiva va a crecer un 13,8 por ciento y la prestación
asistencial se prevé que crezca un 17,9 por ciento. Por tanto, hay un
esfuerzo del Estado desde el punto de vista presupuestario en el próximo
año a favor de los desempleados, y un esfuerzo en mantener la protección
a los que han perdido su trabajo que merecen del Estado todo el impulso
posible.
En segundo lugar, reforzamiento de elementos que son absolutamente
definitorios de un adecuado sistema y que de alguna manera se habían ido
desvirtuando con las sucesivas reformas de los últimos años.
La primera medida es el reforzamiento del principio de involuntariedad en
la pérdida del empleo, suprimiendo como causa legal las rescisiones de
contratos durante el período de prueba que encubran bajas voluntarias
previas. Aquí quiero decirle al Senador Ramón i Quiles que no hay ningún
intento de entender que todo el que rescinde un contrato durante el
período de prueba es un defraudador. En absoluto. Hay un plazo de tres
meses de garantía y está claro que aquel trabajador que es despedido y
que tiene cotizaciones suficientes para cobrar la prestación contributiva
en su empresa, si ese despido es improcedente, pasa al desempleo; si ese
trabajador después contratado y durante el período de prueba le rescinden
el contrato, la única garantía que se establece es que si no han pasado
tres meses, si su baja en el trabajo anterior, en el cual pagó las
prestaciones suficientes para generar la prestación, es una baja
voluntaria o un despido procedente o algo que en modo alguna le sea
imputable al trabajador, entonces no queda sanada esa falta de
involuntariedad en la situación por el hecho del período de prueba.
Su señoría sabe perfectamente que es frecuentísimo utilizar este
procedimiento como una fórmula de transformar despidos por mutuo acuerdo,
bajas voluntarias incentivadas, etcétera, en una situación de desempleo
involuntario cuando no ha sido involuntaria la pérdida del empleo
anterior. Por tanto, nos parece esencial este dato de reforzamiento de la
involuntariedad en la situación de desempleo, que exige búsqueda activa
de empleo, aceptación de ofertas adecuadas de empleo y participación de
los desempleados en acciones de formación y cualificación profesional.
La segunda medida importante en cuanto a reforzamiento de los elementos
configuradores del sistema es intentar aproximar la cuantía de la
prestación a los porcentajes legalmente previstos en relación con las
rentas netas dejadas de percibir y que en el momento actual estaba
distorsionado por el juego de los topes mínimos garantizados, a veces con
independencia de la situación personal o familiar del trabajador, y la no
retención de la cuota obrera a los desempleados así como la no cotización
de las rentas por desempleo, de la prestación por desempleo al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Eso ponía sobre el tapete la
posibilidad de que los trabajadores con rentas de activo más cercanas al
salario mínimo interprofesional cobraran más en situación de desempleo
que en situación de actividad, lo cual es un elemento distorsionador del
propio sistema que en modo alguno puede posibilitarse, sino que tiene que
modificarse para que, como es lógico en cualquier sistema adecuadamente
formalizado de protección por desempleo, las rentas de reposición
representen un porcentaje de las rentas de activo, que en nuestro caso es
el 75 por ciento y en los países de la OCDE está entre el 60 y el 75 por
ciento, por lo que estamos por encima de la media. Por otra parte, esa
renta sustitutoria de la rentas de activo ha de ser limitada, decreciente
en el tiempo e inferior a las rentas de activo.
La tercera reforma esencial que se acomete en este título es la
reordenación del nivel asistencial de nuestra protección por desempleo,
reconsiderando el concepto de responsabilidad familiar y de rentas de la
unidad familiar, sobre todo en coherencia con la protección dispensada a
los mayores por el sistema de salario social o por la Ley de Prestaciones
no Contributivas, e impidiendo, de igual manera, que por esta vía el
nivel asistencial, que es sencillamente complementario de la prestación
contributiva para proteger situaciones de necesidad, se convierta en
muchos casos en una fórmula para obtener después de agotar la prestación
contributiva más que durante el tiempo de cobro del seguro de desempleo,
incluso más que durante las rentas de activo. Y en esto es muy importante
también la modificación que se introduce respecto al desempleo derivado
de un trabajo a tiempo parcial, ya que la legislación actual posibilitaba
que, una vez agotada la prestación contributiva, se pudiera cobrar el
nivel asistencial como si fuera un tiempo de trabajo normal, con lo cual
un trabajador desempleado podía cobrar el doble o el triple de sus rentas
de activo, produciendo una clara distorsión del sistema.
Por último --y con esto termino este enunciado general--, se plantea la
lucha contra el fraude no sólo evitando simulaciones contractuales, sino
también reforzando las obligaciones de los trabajadores y de los
empresarios, ampliando la definición de infracciones de unos y de otros y
redefiniendo la conducta de obstrucción a la labor inspectora para
mejorar la eficacia de la inspección de trabajo y de los controladores
laborales.
Entrando ya en concreto en las enmiendas específicas de su señoría,
decaídas las enmiendas del Grupo Mixto, Izquierda Unida, y mantenidas las
que ha defendido el Senador Quiles, prácticamente la alternativa de su
señoría a esta modificación es dejar las cosas como están, sencillamente,
pensando que la lucha contra la crisis, la mejora de nuestra situación
económica y la búsqueda de reducir el déficit del Estado no deben ir por
ese camino. A nosotros nos parece su posición equivocada, por lo que no
vamos a aceptar todas esas enmiendas encaminadas a dejar las cosas como
están hoy día porque nos parece que ponen en tela de juicio la necesidad
de esta reforma, que nos parece imprescindible.
Al Senador Bolinaga, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tengo
que decirle en relación con su enmienda número 43 que el problema que
plantea referido a la paralización de licencia de los buques de altura me
parece importante, pero la solución que intenta darle es peligrosa en
cuanto que, por un lado, hace una interpretación de la fuerza mayor más
amplia que la contenida en el Código Civil, es decir, yo creo que más que
un supuesto de fuerza mayor, se trata de un supuesto absolutamente
previsible a partir del Tratado de Maastricht y lo que pone de manifiesto
es la necesidad de reconversión de este sector; y en segundo lugar, nos
parece que no debe haber un trato diferente para el acceso a las
prestaciones por desempleo según que la situación provenga de un caso de
fuerza mayor, o de expediente de crisis normal. En todo caso, si hay una
fuerza mayor típica, como inundación, terremoto, catástrofe, etcétera,
suele haber un decreto ley que lo regula y que establece unas normativas
especiales también en cuanto a desempleo de las personas afectadas, que
son distintas de las del régimen general. Por ello, no podemos aceptar su
enmienda.
En cuanto a que no sea necesario renovar mensualmente la baja por parte
de los prejubilados, se ha contemplado con una enmienda, ya incorporada
al texto,
por la que hemos eliminado esa necesidad de renovación mensual y hablamos
de renovación en los tiempos y momentos que establezca la entidad
gestora, con lo cual, evidentemente, los trabajadores a los que se
refiere su señoría no tendrán que ir mensualmente a renovar la baja, y es
posible que otros desempleados jóvenes, etcétera, tengan que ir más de
una vez al mes a justificar que siguen en situación de desempleo.
En cuanto al resto de las enmiendas, por lo que se refiere a la número 45
le he explicado ya que creo que no tiene sentido y debería retirarla.
En cuanto a la enmienda número 46, también nos parece que debe retirarla
su señoría porque se admitió la enmienda número 266 del Grupo Popular,
con lo cual la responsabilidad solidaria del empresario contratante queda
limitada en sentido similar a lo que su enmienda pretendía, es decir,
limitar realmente la responsabilidad solidaria del empresario principal,
del contratante, respecto a la posible connivencia entre contratista o
subcontratista y trabajadores en desempleo que pudieran ser contratados
por este subcontratista sin haber sido dado de alta en el sistema.
Por lo que hace referencia a las enmiendas del Grupo de Coalición
Canaria, me voy a referir muy limitadamente a la que creo que es más
importante, que es la relativa al tema del desempleo de los trabajadores
de estiba portuaria, sobre el que hay otra enmienda del Grupo Popular. Sí
tengo que decir que no se consigue evitar discriminaciones con la
enmienda de sus señorías, sino que ha quedado ya perfectamente claro con
esta enmienda que introducimos. Es decir, lo que hacemos al modificar en
el artículo 35 el proyecto de ley es unificar el Régimen de Protección
por Desempleo para la totalidad de los estibadores portuarios,
estableciendo, a efectos de un posible derecho a la protección, el
reconocimiento de un período de ocupación cotizada de 2.160 días para los
estibadores que presten servicios en puertos de interés general en los
que no se haya constituido la correspondiente sociedad estatal, o en los
que, no clasificados como de interés general, no se haya cumplido lo
previsto en el artículo uno del Real Decreto-Ley 2/86. En relación con
los trabajadores incluidos en sociedades estatales, ya se les reconoció
en el momento de su integración en éstas el mismo período de ocupación de
2.160 días, con lo cual es ahora cuando se establece una absoluta
homogeneidad en el tratamiento de unos y de otros, homogeneidad que no se
consigue a partir de sus enmiendas. Nos parece que aceptar sus enmiendas
supondría reducción de costos salariales para las sociedades estatales de
estiba y desestiba a costa del sistema de protección de desempleo, lo que
no nos parece justo ni adecuado.
Por último, por lo que hace referencia a las enmiendas del Grupo Popular,
tengo que decirle que aquí en modo alguno hay diferencia de filosofía con
respecto a la reforma que sus señorías pretenden que debería hacerse en
estos momentos. No vemos en sus enmiendas una alternativa diferente y
global a la situación que existe en nuestro sistema de protección por
desempleo.
Creo que su señoría, aparte de temas menores como pueden ser hacer
referencia a los menores acogidos --que ya se introdujo en el texto--, a
que lo sean antes de los 16 años, u otros también de menor entidad,
fundamentalmente lo que plantea es su obsesión en la cuestión de la
cualificación profesional reconocida. Respecto de ese tema, quiero
decirle a su señoría que realmente la cualificación profesional
reconocida presupone aptitud física y formativa, pero, al mismo tiempo,
es evidente que se pueden tener estas aptitudes para el ejercicio
profesional y no tener una cualificación profesional reconocida, como
sucede hoy día cuando todavía no existe un sistema general y obligatorio
de reconocimiento de las cualificaciones. ¿Que este sistema deba
establecerse a partir del Programa Nacional de Formación y Cualificación
Profesional? Estoy de acuerdo, así debe establecerse, y si existiera,
sería correcta su enmienda. Pero tal como está nos parece que no mejora
para nada el texto, sino al contrario, limita el concepto de oferta
adecuada, porque, por ejemplo, si piensa en un maestro o en un profesor
de enseñanza privada que está en desempleo y al que se le hace una oferta
de empleo en una empresa informática para un determinado trabajo que
exige un conocimiento de esta materia que él utiliza como profesor de
segunda enseñanza o de formación profesional; de aceptar su enmienda no
se consideraría oferta de empleo adecuada, porque este profesor no tiene
una cualificación profesional reconocida en informática. Sin embargo, con
el texto de nuestro proyecto, sí sería ésta una oferta adecuada. Por
tanto, tampoco vamos a reconocer esa enmienda, ni vamos a aceptarla.
Por último, su señoría ha insistido reiteradamente, aquí y en Comisión,
en el tema de intentar equiparar en esta Ley a las reformas generales que
hacemos del sistema la reforma del subsidio agrario en Andalucía y
Extremadura. En su exposición en esta tribuna ha incurrido en algunos
errores graves, como, por ejemplo, cuando dicen: modifican ustedes la Ley
de Protección por desempleo y no modifican la Ley aplicable a los
trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura. Debo
aclarar que no se trata de una Ley, sino que es un decreto respecto al
cual esta Ley tiene un efecto absolutamente complementario y subsidiario;
en todo lo no regulado en el Decreto es de aplicación esta Ley (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) y, por tanto, es
indudable que en todos aquellos aspectos que no están contemplados en ese
Decreto las modificaciones de esta ley pasarán a ser aplicables también
para estos trabajadores eventuales.
Evidentemente, el régimen agrario tiene unas peculiaridades, no sólo para
los trabajadores eventuales sino
también para los fijos, y así lo hemos contemplado, por ejemplo, en la
enmienda incorporada al artículo 29.4, en cuanto a que en la parte de
aportación de la cuota obrera de Seguridad Social que se tiene que hacer
por parte de la entidad gestora el porcentaje es distinto entre los
trabajadores del campo y los trabajadores del Régimen General. Pero en
modo alguno nos puede usted exigir que en esta Ley, que es un marco
general, contemplemos unas reformas --que no le niego sean necesarias--
respecto a la regulación del subsidio agrario, pero que en este momento
están siendo objeto de tratamiento en el Ministerio a partir de una
propuesta de reforma del Plan de Empleo Rural y del subsidio agrario
formulada por la Junta de Andalucía, es decir, que está siendo objeto de
consideración.
Por tanto, los elementos de racionalización del sistema que haya que
acometer en ese respecto, los acometeremos también de inmediato; el marco
general está ya diseñado y se incluye en esta modificación. En cuanto a
su amenaza de que posiblemente tengamos que volver a modificar este tema
en un futuro más o menos inmediato, usted sabe, señoría, que la
regulación normativa de la Prestación por Desempleo en todos los países
es algo absolutamente cambiable, porque depende no sólo de las
disponibilidades económicas del sistema, o de la situación de la
Seguridad Social, o de la entidad que gestione las prestaciones por
desempleo, sea entidad estatal o sea, como sucede en Francia, una entidad
en la cual cogestionan el sistema los empresarios y los propios
sindicatos de trabajadores, sino que, además, siempre está en relación
con la coyuntura económica, con la situación política general, con el
número de afectados y, en definitiva, con equilibrios de carácter
macroeconómico que siempre tienden a modular la regulación del sistema.
De todas maneras, lo que aquí acometemos son unas reformas que, buscando
esa reducción del déficit, esa limitación en 300.000 millones de lo que
podría ser el déficit del sistema en el año 1994, si no la acometiéramos
ahora lo cierto es que corrigen distorsiones y perversiones derivadas de
la Ley 31/84, de la reforma hecha en la Ley de Presupuestos de 1987, del
Decreto-ley de 1989, así como de la reforma de 1992, que habían
determinado que nuestro sistema produjera el disparate de que hubiera
trabajadores que en desempleo cobraban más que cuando estaban en activo,
y que su situación, a partir de agotar la prestación contributiva, no era
algo peor, sino que a través de una regulación absolutamente generosa del
nivel asistencial pasaba a ser mucho mejor que durante el tiempo de cobro
de la prestación contributiva o, incluso, que durante el tiempo de
activo. Por tanto, pretenden introducir una medida lógica, de
racionalidad y de coherencia que creo, señor, deberían ser apoyadas en
este momento por toda la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Galán
Pérez.
Turno de Portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ramón i
Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Evidentemente, la pretensión que tenía Esquerra Nacionalista Valenciana
era la de devolver este proyecto de ley al Gobierno. Pensamos que hay que
hacer una reforma, pero ésta tendrá que ser una reforma dentro del
consenso y que cubra absolutamente todos los aspectos, no exclusivamente
los aspectos economicistas para salvar la situación financiera del
Estado, sino que creemos que debe ser mucho más importante la atención
del cumplimiento del artículo 41 de la Constitución para que esas
prestaciones sean suficientes.
Por tanto, pensamos que lo mejor es mantener un punto de serenidad para
poder llegar a acuerdos con todos los agentes sociales y, a partir de
ahí, emprender una reforma real del sistema de protección y una reforma
real en cuanto a la recaudación que haga posible que pagando menos
impuestos las empresas sean más empresas las que paguen los impuestos de
Seguridad Social, con lo que el tema economicista, que parece ser su
mayor preocupación, queda resuelto.
Por otra parte, tengo que manifestar que entiendo que no han decaído las
enmiendas presentadas por mis compañeros de Grupo, porque fueron dadas
por defendidas en la primera intervención de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ramón i
Quiles.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señor Galán, quiero agradecer el tono amable de su
intervención, que ya viene sentando cátedra en esta Cámara, y,
subsiguientemente, salir un poco al paso de dos de sus puntualizaciones
que, realmente, me han sorprendido.
En relación con nuestra enmienda número 43 al artículo 29, señalaba su
señoría que por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos se proponía una solución peligrosa. Entiendo que la solución que
nosotros proponemos en modo alguna es peligrosa, sino que es lógica y
pertinente por cuanto que en realidad nos limitamos a mantener en el
nuevo texto un párrafo que se contiene en el número dos del artículo 12
de la Ley 31/1984 --nueve años ha--, en la que textualmente se dice: La
autoridad laboral podrá exceptuar de este supuesto las reducciones o
suspensiones
de jornadas derivadas de fuerza mayor. Esta es la solución que usted ha
calificado como peligrosa.
Su señoría me ha recomendado retirar nuestra enmienda número 46 por
cuanto que mantiene un paralelismo en su contenido con la enmienda, si no
he entendido mal, número 266, que le ha sido aceptada al Grupo
Parlamentario Popular. Señoría, no pienso retirarla; es que no la puedo
retirar, porque resulta que el contrasentido está en su Grupo, que ha
aceptado una enmienda y otra paralela no la ha aceptado. A una misma
propuesta ustedes han contestado con un sí-no inmediato y al unísono,
cosa totalmente imposible, según deduzco de lo que ha manifestado usted.
Consiguientemente, no la puedo retirar, y ustedes tendrán que explicar
por qué aceptan una enmienda y otra, idéntica o similar, no la aceptan,
según, repito, he interpretado de su intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez más hay que agradecer al Senador Galán la ponderación en su
réplica a los argumentos de los enmendantes, pero él sabe muy bien que,
independientemente de cuestiones de matiz en las que pudiéramos estar de
acuerdo, estas medidas que prevé este Proyecto hay que tomarlas por la
peligrosa situación de desequilibrio financiero en la que se encuentra el
sistema; al igual que ocurrió con las medidas que hubo que tomar en el
Decreto de abril de 1993.
Estoy de acuerdo, Senador Galán, en que las medidas en esta materia deben
ser flexibles, pero tomar medidas una vez por año parece que resulta,
cuando menos, excesivo. Y también sabe muy bien el señor Galán que a esta
situación --como yo creo que he argumentado suficientemente-- nos ha
llevado la equivocada política seguida en esta materia, principalmente la
mala gestión del Instituto Nacional de Empleo --al que, por cierto, el
Senador Galán ni siquiera ha aludido--, mala política tanto en el tema
formativo como en otras políticas seguidas por el Instituto, pero ustedes
siguen atrincherados en sus posiciones y siguen pensando que todo marcha
sobre ruedas. Nosotros pensamos que es todo lo contrario.
En cuanto a la formación, estamos de acuerdo en que es una pequeña, no sé
si obsesión, pero pensamos que es muy importante, y comprobamos una vez
más --como le decía en Comisión-- que la formación profesional no tiene
entre ustedes la consideración que nosotros creemos que debe ser
fundamental a la hora de plasmarla en los textos legales por la
importantísima incidencia que la formación y la cualificación deben tener
en la competitividad de las empresas.
Dice usted que no tiene vigencia el catálogo o que no existe un sistema
de cualificaciones. Nosotros seguimos pensando que por estas razones, por
no tener estos sistemas, no se puede renunciar a cualificar adecuadamente
a nuestros parados y a nuestros trabajadores porque, señorías, ya va
siendo hora de que se tengan, como se tienen en el resto de Europa.
Creemos que tal y como se están haciendo las cosas se está tirando el
dinero y que hay que destinar mucho más a formación ocupacional.
En cuanto al tema agrario, tampoco nos convencen. Seguimos sin entender
cuáles son las razones por las que ustedes no reforman --y subrayo-- el
Decreto-ley que afecta a los parados eventuales de Andalucía y
Extremadura y siguen manteniendo discriminaciones en función de en qué
sistema se está recibiendo esta percepción. No estamos de acuerdo, ni
mucho menos, Senador Galán --y ya se lo dije también en Comisión--, en
que los términos de la Ley de Protección por Desempleo y los del
Decreto-ley de subsidios agrarios en Extremadura y Andalucía sean los
mismos; así, no es igual, ni parecido siquiera, a la hora de considerar a
la unidad familiar: ni el concepto es el mismo, ni las condiciones para
recibir la prestación son las mismas, ni los controles son los mismos, y
lo sabe muy bien su señoría. Como no es lo mismo que en el año 1994 tenga
que haber elecciones en Andalucía o no tenga que haberlas.
En cuanto a estiba y desestiba, nosotros pensamos que reconocer a los
trabajadores portuarios unas cotizaciones a la protección por desempleo
que no eran ciertas ya fue, en sí, una discriminación con respecto a
otros trabajadores, pero es que nosotros seguimos pensando que ustedes
ahora añaden una nueva entre los que se han adecuado a la Ley y los que
siguen todavía en el antiguo sistema de organización de trabajadores
portuarios. Señorías, la discriminación la introducen ustedes, y parece
que encima están castigando a aquellos puertos que hicieron el esfuerzo,
ya que en esta disposición sólo contemplan aquellos que todavía no se han
clasificado como puertos de interés general y a los que no han cumplido
el artículo 1.2 del Real Decreto 2/1986, sobre el Servicio Público de
Estiba y Desestiba.
Por último, Senador Galán, quería decirle, y hacer constar aquí, que, al
socaire de este trámite parlamentario y el del Congreso, se ha
aprovechado y se han introducido modificaciones en esta ley que también
suponen una modificación de la Ley de Seguridad Social; por citar alguna,
la reforma del sistema de cotizaciones
y de percepción de determinadas contingencias en el Régimen de Autónomos.
Señoría, pensamos que éste es un tema lo suficientemente serio como para
que se cumpla con el compromiso de remitir a las Cámaras el proyecto de
texto refundido de la Ley de Seguridad Social.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Lobo
Asenjo.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Galán Pérez.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente, voy a intervenir
con mucha brevedad.
Al Senador Ramón i Quiles debo decirle que en modo alguno son sólo
razones economicistas las que nos llevan a acometer esta reforma del
sistema; lo que queremos es incentivar el empleo. Ahí tenemos unos datos
que creo que son reveladores: en los años 1985, 1986, 1987 y 1988 nuestra
economía crece el 5,5, el 5, el 4,5, a un ritmo muy por encima de la
media de la Comunidad Económica Europea y de los países de nuestro
entorno. El número de beneficiarios del sistema de protección por
desempleo son un millón quince mil, un millón once mil, un millón
diecinueve mil, un millón dieciocho mil, prácticamente estancado, no hay
ningún efecto; los empresarios tienen que buscar trabajadores portugueses
o marroquíes para determinadas faenas, como la recogida del tabaco, y eso
no se mueve. Ahí se ponen de manifiesto unas perversiones del sistema que
intentamos desmontar, sencillamente para incentivar la búsqueda de empleo
de esa bolsa que está ahí y que es absolutamente insensible a la
coyuntura económica. Por tanto, no es sólo una razón de búsqueda de
equilibrio presupuestario del sistema lo que nos lleva a acometer esta
reforma.
Senador Bolinaga, sobre la fuerza mayor, a la que ha hecho referencia, y
el artículo 12 de la Ley de Protección por Desempleo, creemos que el
tratamiento diferenciador en cuanto al acceso al sistema de desempleo del
supuesto de fuerza mayor respecto a cualquier otra causa que determine la
situación no es correcto, no es bueno. Ahí hay un tema que sus señorías
conocen perfectamente, los acuerdos de reconversión de grandes sectores,
de empresas, etcétera, donde hay un compromiso de prolongar temporalmente
la situación de desempleo, por ejemplo, hasta llegar a alcanzar una edad
que permita una jubilación anticipada. Esa situación es confusa porque en
la misma el trabajador desempleado, indudablemente, no está buscando
empleo, no está en esa actitud de búsqueda de trabajo, de intento de
salir de esa situación involuntaria, sino que está esperando,
sencillamente, llegar a una determinada edad para jubilarse. Luego nos
parece que estas situaciones específicas deben tratarse en esas normas
peculiares que regulen la reconversión de un sector, que aborden una
situación de reestructuración o reconversión de una empresa importante, y
debe ser la autoridad laboral, en sus resoluciones, la que lo contemple,
pero no en la regulación general del sistema. Nos parece que esto ha
tenido bastante relación con la supresión del artículo 34. Senador Lobo,
en cuanto a esa supresión hemos sido sensibles a un diálogo con los
agentes sociales, no es que rectifiquemos nuestras propias posiciones,
sino que hemos hablado con los demás y nos han hecho ver lo injusto que
podía llegar a ser que un trabajador, por ejemplo, afectado por planes de
reconversión, del sector siderometalúrgico, del sector minero o de la
empresa Inespal o de ABB, etcétera, estuviera en una situación totalmente
diferente, con un tratamiento totalmente discriminatorio según cumpliera
la edad para acceder a la prejubilación antes del 31 de diciembre o a
partir del 1.º de enero; porque antes del 31 de diciembre podría hacerlo
compatible con la indemnización empresarial, podría acceder a la
prestación en unas condiciones absolutamente diferentes. Eso nos ha hecho
eliminar esa incompatibilidad radical entre indemnización por despido y
prestación por desempleo que pretendíamos, incluso amortiguándola en
cuanto se refiere a fijar unos topes mínimos de indemnización
compatibles.
Por tanto, señorías, el hecho de que modifiquemos nuestra posición, que
no seamos dogmáticos, que seamos flexibles, es algo que está en nuestra
manera de hacer política y en modo alguno ustedes lo pueden criticar.
Cuando no nos movemos de la posición inicial nos dicen que somos
prepotentes, rígidos, poco dúctiles; cuando nos movemos nos dicen que
cambiamos y rectificamos nuestras posiciones. Senador Lobo, eso no tiene
lógica.
Por último, respecto a su obsesión con el tema del desempleo agrario, hay
normas específicas que son diferentes de las generales. Eso es
absolutamente claro porque la situación de los eventuales del campo es
totalmente distinta y la prueba de que es distinta es que hay un
tratamiento diferenciado, incluso a nivel territorial. Eso tiene poca
relación con las elecciones, porque si contempla los presupuestos de 1994
verá, por ejemplo, que los presupuestos para el pago de la prestación
contributiva del sistema general crecen un 13,9 por ciento; para el pago
de la prestación asistencial crecen un 17,6 por ciento; para el subsidio
agrario destinado a Andalucía y Extremadura --ese vivero de votos, como
ustedes lo califican-- crecen un 8 por ciento; el Plan de Empleo Rural
del año 1994 tiene menor cuantía que en el año 1993 ó 1992.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Galán, vaya concluyendo.
El señor GALAN PEREZ: Termino, señor Presidente. Lo que hay que hacer no
es dar más dinero, sino sencillamente
corregir las irracionalidades que puedan existir, pero abordando un tema
específico, con un tratamiento específico y no a través de una norma de
carácter general.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galán.
Pasamos al Título IV, nuevo, al que se ha presentado un voto particular,
el número 3, del señor Cuevas González y de la señora Vilallonga Elviro,
que dieron por defendido en su intervención de ayer.
Pasamos al Título V, al que se ha presentado un voto particular, del
señor Cuevas González y de la señora Vilallonga Elviro, que tendrá un
tratamiento idéntico al anterior, dadas las mismas circunstancias.
Disposiciones adicionales primera a decimoséptima. La tercera fue
suprimida en Comisión, siendo las cuatro últimas nuevas. Se ha presentado
el voto particular del señor Cuevas González y de la señora Vilallonga
Elviro, que tendrá su propio tratamiento, como los anteriores.
Asimismo, se ha presentado el voto particular número 5, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El Senador don Ricardo Sanz tiene la palabra para su defensa.
El señor SANZ CEBRIAN: Señor Presidente, lo damos por defendido en sus
propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Popular, lo va a
defender el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos dado por defendidas nuestras enmiendas a las disposiciones
adicionales y transitorias en los respectivos títulos. Creo que está
incluido en la defensa que han hecho los ponentes a alguno de los títulos
de la Ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
El Senador Granado tiene la palabra para su defensa.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro voto particular se refiere a tres enmiendas; de la 326 y de la
327 ya existen en la mesa propuestas de modificación, enmiendas
transaccionales firmadas por los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios.
La enmienda número 326 modifica los epígrafes del Impuesto sobre
Actividades Económicas que todos los grupos de la Cámara hemos traído
aquí a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Sobre la propuesta inicial que hacía el Grupo Socialista hacemos una
ligera corrección a la baja en los epígrafes de los grupos de banca y
cajas de ahorro que eran los que tenían una subida más importante. A
nuestro Grupo le hubiera gustado poder llegar a un acuerdo más amplio con
los diferentes grupos parlamentarios en el marco de la Ley de
Presupuestos, que es donde habían planteado enmiendas otros grupos,
fundamentalmente el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Popular,
pero razones de índole jurídica aconsejan la inclusión de este precepto
en la Ley de Medidas --en la ley de acompañamiento, como se suele decir--
porque en la Ley de Presupuestos no aparecía clara la legitimación para
producir esta modificación.
Voy a defender la enmienda número 328, que es la única que a nuestro
Grupo le queda viva, además de las transaccionales, a esta Ley de
Medidas.
Pretendemos cambiar el artículo 100 de la Ley del Medicamento en su
apartado 1, que es el que regula cómo el Gobierno, a propuesta de la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, fija los precios de los
productos correspondientes a la distribución y dispensación de las
especialidades farmacéuticas.
El actual procedimiento fijado en el artículo 100 de la Ley del
Medicamento establece que el Gobierno fijará los precios de la
distribución y dispensación de las especialidades farmacéuticas, teniendo
en cuenta los costos de los correspondientes servicios, prestaciones y
gestiones. Es decir, se pretende mantener que el régimen de precios debe
derivar de un análisis de los costos de la distribución y dispensación de
las especialidades farmacéuticas, análisis que teóricamente deberían
actualizarse cada poco tiempo y, en función del cual, establecer los
márgenes comerciales que las distribuidoras de medicamentos y las
oficinas de farmacia aplican a sus negocios.
Pretendemos hacer una modificación de carácter técnico que indique que al
lado de este análisis de costos, que en la práctica no se está revisando
periódicamente, sino que se mantiene en un término fijo, porque los
márgenes comerciales de las oficinas de farmacia no se han modificado en
los últimos años, se puedan considerar criterios o valores de carácter
técnico, económico y sanitario a la hora de fijar estos márgenes
comerciales. En primer lugar, por una razón de congruencia con lo que es
la propia evolución del gasto farmacéutico en nuestro país, que está
creciendo muy por encima de lo que crece la medida del gasto sanitario y
está pesando como una losa sobre las posibilidades reales de mejora de la
atención sanitaria de los ciudadanos
de nuestro país porque sus desviaciones se están traduciendo en la
práctica en una dificultad creciente para la financiación de la atención
sanitaria que se presta desde las administraciones públicas.
En este sentido es necesario adoptar medidas que limiten el crecimiento
del gasto farmacéutico; algunas ya se han tomado, otras deberán tomarse
pero, en todo caso, será necesario que en la fijación de los precios y de
los márgenes comerciales puedan atenderse criterios que no sean
estrictamente de costes.
Voy a poner algunos ejemplos que pueden significar a sus señorías en qué
términos nos estamos moviendo con la enmienda del Grupo Socialista. En el
caso de que un mismo principio activo pueda formar parte de varias
especialidades farmacéuticas, unas más baratas y otras más caras,
parecería razonable, paradójicamente, que el farmacéutico que dispensa
esta especialidad, y que lógicamente ve disminuir su beneficio si
dispensa la especialidad más barata, no tenga que verse perjudicado por
disminuir el gasto farmacéutico, sino que incluso pudiera ser razonable
que a una misma --digámoslo así-- medicina, a una misma especialidad, que
tiene precios comerciales diferentes en función de las marcas que les
reconocen, el margen farmacéutico pudiera variar para primar la
especialidad más barata y la que supone menos coste para la
Administración Pública, para la Seguridad Social o para las
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, que también se
ven obligadas a hacer frente a los gastos farmacéuticos a través de sus
hospitales y de sus establecimientos sanitarios.
Por otro lado, es necesario que criterios sanitarios impulsen la mayor
utilización de aquellas especialidades farmacéuticas que se ha demostrado
científicamente que son más útiles, y por contra puedan penalizar la
utilización de las especialidades farmacéuticas que se revelen más
ineficaces o menos convenientes.
En estos momentos lo único que tenemos es un margen fijo de precios que
retribuye por igual porcentualmente, haciendo una media de lo que es el
cálculo de los costes de la distribución y dispensación de especialidades
farmacéuticas, el margen comercial de las oficinas de farmacia
fundamentalmente.
A través de nuestra enmienda se propone corregir lo que en estos momentos
es un problema de las administraciones públicas sin perjudicar al sector.
El sector sanitario de nuestro país ha asumido medidas de contención --y
en este sentido los acuerdos con la industria farmacéutica y la
congelación salarial de los trabajadores son medidas que garantizan una
cierta contención del gasto sanitario--, medidas que limitan el
crecimiento del gasto. Creemos que esas medidas también pueden operar en
el campo de la distribución y dispensanción de especialidades
farmacéuticas. En cualquier caso, aunque se mantuvieran los márgenes
generales de --digámoslo así-- beneficio comercial de las empresas
dedicadas a la distribución o a la venta de especialidades farmacéuticas,
sería necesario, para mejorar la eficacia del sistema, utilizar criterios
técnicos, económicos y sanitarios para fijar estos márgenes, de tal
manera que en algunas especialidades fueran mayores y en otras pudieran
ser menores.
Por estas razones pretendemos esta modificación. Queda al Gobierno la
instrumentación, como queda actualmente de acuerdo con la Ley del
Medicamento, de los márgenes, pero la enmienda supone, con la
modificación de la ley del Medicamento, que exista una base legal para
permitir al Gobierno modificar estos márgenes y en este sentido actuar en
una parte importante del gasto sanitario garantizando esa contención con
la que en principio todos los grupos políticos estamos de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Pasamos a las Disposiciones transitorias primera y segunda; la tercera
fue suprimida en Comisión.
Se ha presentado un voto particular del señor Cuevas González, que se da
por defendido.
Asimismo, se ha presentado el voto particular número 5, de los Senadores
Nacionalistas Vascos.
El Senador Sanz tiene la palabra para su defensa.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
La damos por defendida en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Se ha presentado el voto particular número 9, del Grupo Parlamentario
Popular. ¿Se da por defendido? (Asentimiento.) Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Queda debatido este Título.
A la Disposición Derogatoria se ha presentado un voto particular del
señor Cuevas González, que se da por defendido, así como el turno en
contra y el turno de portavoces.
A las Disposiciones Finales primera y segunda también hay un voto
particular del señor Cuevas González
que se da por defendido, así como el turno en contra y el turno de
portavoces.
Exposición de motivos. Hay un voto particular del señor Cuevas González,
que se da por defendido, así como el turno en contra y el turno de
portavoces.
Muchas gracias.
--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994 (Continuación.) (S.
621/000007; C.D. 121/000013.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Continuamos con el debate sobre
el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 1994.
Las Secciones 01, 02, 03, 04, 05 y 08 no han sido objeto de enmiendas.
A la Sección 12 se han presentado tres enmiendas del Senador Cuevas
González y del Senador Ramón i Quiles, que decaen.
El Senador Calvo Lou tiene la palabra para defender su enmienda. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor CALVO LOU: Señor Presidente, los Senadores Cuevas y Ramón i
Quiles dieron por defendidas estas enmiendas en el debate sobre el
presupuesto del día de ayer.
El señor PRESIDENTE: Vamos a verificarlo, Senador Calvo Lou, pero, en
todo caso, si no es así, han decaído.
Gracias.
Enmienda número 1.177, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado.
El Senador Travieso tiene la palabra.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Retiro la enmienda en este momento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Enmiendas números 234 a 241 del Grupo Parlamentario Popular.
El Senador Ortiz tiene la palabra.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, las damos por defendidas en sus
propios términos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Grupo Parlamentario Socialista va a hacer uso del turno en contra?
(Pausa.)
Gracias. Lógicamente no hay turno de portavoces.
Pasamos a la Sección 13.
El Senador Ainsa tiene la palabra para defender sus enmiendas números
1.445 y 1.446. (Pausa.) No se encuentra presente, por lo que las
enmiendas decaen.
Enmiendas números 1.487 y 1.488, de los Senadores Barahona Alvarez y
Martín Iglesias, y de la Senadora Urzay Urquiza.
Tiene la palabra la Senadora Urzay.
La señora URZAY URQUIZA: Gracias, señor Presidente.
Las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El Senador Bueno Fernández ha presentado la enmienda número 1.533.
Tiene la palabra su señoría. (Pausa.) El Senador Bueno Fernández no se
encuentra presente. Queda, por tanto, decaída.
Enmiendas números 954 a 977, del Senador Cuevas González y de la Senadora
Vilallonga Elviro. (Pausa.) No se encuentran presentes, decaen.
El Senador García Royo y otros firmantes mantuvieron las enmiendas
números 1.639 y 1.640.
Senador García Royo, ¿las da su señoría por defendidas? (Asentimiento.)
Muchas gracias. Se dan por defendidas en sus propios términos.
Los Senadores Lobo Asenjo, Prada Presa y Alvarez Rodríguez mantuvieron la
enmienda número 1.675.
Tiene la palabra el Senador Alvarez Rodríguez.
El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
También las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se dan por defendidas en sus propios
términos.
La Senadora Luzardo Romano mantuvo las enmiendas números 1.680 a 1.683,
así como la enmienda número 1.573, suscrita originariamente por el
Senador Cañellas y otros firmantes.
La Senadora Luzardo tiene la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas en sus justos términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El Senador Ramón i Quiles mantiene la enmienda número 1.230. Tiene la
palabra su señoría.
El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Al inicio del debate de los Presupuestos Generales di por defendido todo
el voto particular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Entendemos con este anuncio, por tanto, que todos los votos particulares
a las Secciones del Presupuesto suscritos por su señoría están ya dados
por defendidos.
Muchas gracias.
Enmienda número 1.787, de los Senadores Ruiz-Gallardón, Pedroche,
Soravilla y otros firmantes.
Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias.
La doy por defendida en sus propios términos y la mantenemos para su
votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La Senadora Vindel mantuvo enmiendas originales de los Senadores Alierta,
Alvarez Gutiérrez, Baltar Pumar, Barrero Valverde, Cacharro Pardo,
Garzarán, Martínez soriano y Tomey, números 1.453, 1.464, 1.479, 1.498,
1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.643, 1.644, 1.645, 1.702, 1.703,
1.704, 1.705, 1.813 y 1.814.
Tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
En aras de la necesaria brevedad, se dan todas ellas por defendidas y se
mantienen para su votación posterior.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmiendas números 1.217 y 1.218, del Grupo Parlamentario Mixto.
Senador Calvo Lou, ¿las enmiendas del Grupo Mixto se dan por defendidas
todas ellas?
El señor CALVO LOU: Estas dos enmiendas a las que ha hecho alusión su
señoría se dan por defendidas en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Enmiendas números 1.311, 1.312 y 1.315, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, deseo agradecer la deferencia y generosidad mostrada por
el Grupo Parlamentario Socialista al estimar parcialmente nuestras
enmiendas, tendentes al conocimiento, por parte de los funcionarios de la
Administración de Justicia, de las lenguas cooficiales en las Comunidades
Autónomas en cuyos Estatutos así está establecido.
En cuanto al resto de las enmiendas, las damos por defendidas en sus
propios términos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Quisiera preguntarle si se trata de las enmiendas de su Grupo al conjunto
de las Secciones. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Enmiendas números 1.178 a 1.181, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Tiene la palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Mantenemos las enmiendas números 1.178 y 1.181, pero no en los términos
en que están expuestas, sino con una transaccional de varios Grupos
Parlamentarios que se le hará llegar a la Mesa antes de la votación, y
retiramos en este momento las enmiendas números 1.179 y 1.180.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmiendas números 242 a 261, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tras lamentar el escaso interés que ha despertado el trámite en
la Cámara para el Gobierno, ante la ausencia de sus titulares y
específicamente del titular de la cartera de Justicia, el Ministro
Belloch, corresponde en este turno examinar una de las áreas de la
Administración del Estado que ha recibido, y sigue recibiendo, más
adjetivos calificativos que ninguna otra, y en la que, curiosamente, hay
una rara coincidencia, y casi diría yo hasta unanimidad, a la hora de
definirla: el área de la Administración de Justicia.
Calificativos, señorías, los hay para todos los gustos: desde caótica,
catastrófica, paralizada, colapsada, pero, sobre todo, y por encima de
todo, exasperadamente lenta.
¿Están satisfechos los muchos sectores profesionales que intervienen a
diario en el ámbito de la Administración de justicia? Permitan, señorías,
que lo dude. ¿Están satisfechos los ciudadanos españoles con su
Administración de justicia? La respuesta no puede ser más contundente.
Según datos de una reciente encuesta, más del 79 por ciento de los
españoles considera el funcionamiento de la Justicia como malo o muy
malo, en relación a este derecho fundamental que es el de la satisfacción
rápida y eficaz de sus pretensiones.
Como podrán apreciar sus señorías, si en alguna de las áreas de la
Administración la satisfacción de los ciudadanos llega a cotas severas,
es precisamente en el área en el que ahora nos estamos ocupando, en la
Administración de justicia. Y este dato, que refleja el sentimiento
popular, debemos, o al menos así lo entiende el Grupo Popular, tenerlo
muy presente en el trámite
en el que nos encontramos, y que trata nada más y nada menos que de ver
qué destino queremos dar al dinero que anualmente el contribuyente da al
Estado y cómo éste lo devuelve en servicios para él.
Tras las elecciones generales del 6 de junio, formado un nuevo Gobierno,
y por lo que se refiere en concreto a la cartera de Justicia, con un
nuevo ministro a su cargo, cuya característica principal era que provenía
de la carrera judicial y, por tanto, sin militancia política alguna,
parecía que por fin se proporcionaba a la Justicia, de un lado, una
cierta y necesaria corriente de aire fresco y nuevo y, de otro, una dosis
de esperanza en que la Justicia mejorara, si no en todos, sí en gran
parte de sus males.
Y esa esperanza, señor Presidente, señorías, quizá se hizo más patente
aún, más real, cuando hace dos meses el Ministro afirmó que la justicia
era ineficaz, que se había logrado que la justicia no interesara a nadie
y que estaba en crisis, para después desgranar unas ambiciosas reformas
legislativas, como son la reforma de la oficina judicial, la puesta en
marcha de la institución del jurado y la oficina de atención a las
víctimas de los delitos violentos, por tan sólo citar unas cuantas.
Es decir, por un lado, se venían a reconocer los errores de años
anteriores, se constaba la realidad de una situación muy deficiente y se
definían las líneas maestras para lo que yo considero que es la justicia
del siglo XXI y para que esa justicia fuera cuanto antes una realidad. Y,
por otro lado, se nos dice que la característica fundamental de este
Presupuesto, entre otras, es que es continuista. O sea, frente a la
opción de elaborar un presupuesto para una justicia rápida, para una
justicia segura, para una justicia garante y eficaz, que profundice
realmente en las raíces de los problemas de la Administración de Justicia
para que, así, el proceso judicial sea una institución social que
garantice los derechos individuales que la Constitución reconoce a los
ciudadanos; frente a la opción de representar un esfuerzo auténtico y
genuino por tratar de resolver los problemas reales; se trata, por lo que
se ve, de esquivarlos en el caso presente. Es decir, se actúa no sabemos
si por miedo, por ignorancia o por prejuicio, y por ello se nos dice que
se ha preferido la opción continuista, o sea, más de lo mismo.
¿Qué significa más de lo mismo? Por ejemplo, que la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid tan sólo haya resuelto 13.000
asuntos a lo largo de 1992 de un total de 47.968. Por ejemplo, que en lo
que se refiere a los juzgados de primera instancia y de instrucción de la
Comunidad Autónoma de Madrid, y, en concreto, en el orden jurisdiccional
civil, se hayan resuelto 4.000 asuntos en 1992 de los que quedaron
pendientes un total de 25.000. Por no hablar, señorías, del orden
jurisdiccional penal, que de un total de más de 244.000 asuntos en 1992
quedaron pendientes 60.000. Más de lo mismo, por ejemplo, como en lo
referente a procedimientos conforme a la Ley Hipotecaria quedaron en 1992
pendientes de resolver 11.327 asuntos más que en 1991, un 34 por ciento
más que el año anterior tan sólo en los juzgados de Madrid. Por cierto,
en dichos juzgados, en los de primera instancia, al menos casi 36.000
solicitudes de justicia quedaron pendientes en 1992.
Pero, señorías, salgamos del ámbito de una Comunidad uniprovincial,
Madrid, y vayamos a otra mucho más numerosa, Andalucía. A finales de 1992
existían cerca de 65.000 asuntos civiles pendientes de resolución en los
juzgados andaluces. Y en las Audiencias Provinciales de Andalucía los
asuntos pendientes en materia civil, y seguimos en el mismo año, eran de
6.856, y en materia penal, 4.623.
El Tribunal Supremo, señorías, tampoco es ajeno a estas cifras: su Sala
de lo Civil terminó en 1992 con más de 6.500 asuntos pendientes. Y las
Salas de lo Contencioso-Administrativo del más Alto Tribunal, dejaron
pendientes de decisión en 1992, casi 120.000 asuntos, a pesar de haber
recibido apoyo y esfuerzo en 1992 según solicitó el Consejo General del
Poder Judicial.
Señorías, ésta es en líneas generales, y muy esquemáticamente, la
situación de la Administración de Justicia hasta ahora y para la que
ahora se postula un presupuesto continuista: un más de lo mismo. Es
decir, si votáramos favorablemente la Sección 13, correspondiente al
Ministerio de Justicia, estaríamos contribuyendo a aumentar en un 10 por
ciento el colapso judicial. Porque con estos Presupuestos los tribunales
no pueden hacer frente, con la rapidez y agilidad necesarias, a las
demandas de los ciudadanos. Unos Presupuestos para una justicia rápida,
para una justicia segura, garante y eficaz deben profundizar en lar
raíces de los problemas de la Administración de Justicia para que así el
proceso judicial sea una institución social que garantice, efectivamente,
los derechos individuales que la Constitución reconoce a todos los
ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de impugnación
a la totalidad de la Sección 13, así como al programa 142 A, referida a
los tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal, y 17 enmiendas
parciales a las cuales posteriormente me referiré. Tal impugnación se
basa, fundamentalmente, en tres motivos: en primer lugar, una
inadecuación general del gasto a los amplios objetivos previstos en la
memoria que se nos acompaña; en segundo lugar, una inadecuada previsión
presupuestaria para atender no solamente ya las necesidades existentes en
el ámbito judicial, sino también los objetivos que se han fijado al
respecto; y, en tercer lugar, una falta de racionalidad en la
distribución del gasto. Por eso estos presupuestos no tienen la
suficiente claridad y seriedad. Señorías, no son creíbles, son una
colección de despropósitos por cuanto que no mantienen ni la integridad
ni el buen funcionamiento
del aparato judicial. Y como les indicaba antes, no sirven al principio
de eficacia, porque el colapso judicial para el año que viene no sólo
permanecerá sino que aumentará.
En suma, son unos Presupuestos contradictorios en sí mismos porque se nos
presentan como reformadores de la Administración de Justicia para
conseguir una mayor eficacia, cuando el objetivo a alcanzar y lo que van
a conseguir es exactamente el contrario. Además de ser dignos --como
señala el dicho-- deben parecerlo y señorías, desde luego, deben ser
suficientes para las necesidades del justiciable que lo que exige es
justicia. Y, además, han de ser adecuados para una reforma a fondo de la
justicia del siglo XXI. Si estos Presupuestos significan algo en términos
políticos es que, sin lugar a dudas, la protección judicial que la
Constitución otorga a cada uno de los ciudadanos de este país se ve
considerablemente disminuida, cuando no sustancialmente erosionada.
Señorías, podría decirse que configuran una justicia de papel, en el
papel, y para el papel, y ya sabemos todos que el papel todo lo aguanta.
Viene siendo habitual que el gasto en esta sección, presupuesto tras
presupuesto, aumente bajo mínimos, lo que evidentemente significa que no
se cumplen los objetivos que se fijan año tras año. Para los conceptos
que se corresponden con una partida presupuestaria concreta ya se nos ha
confirmado a la hora de presentar estos Presupuestos que dicha partida no
permitirá cubrir el total de los objetivos concretos. Lo que significa
una total falta de previsión porque aún no están aprobados los
Presupuestos y ya se reconoce que en materia de justicia no se van a
poder cumplir. Así, la memoria nos habla de la creación de 65 nuevos
juzgados y, ya de entrada, la Subsecretaria, doña Margarita Robles, nos
confirmó que tal cifra no iba a ser posible.Tan sólo y, con suerte, para
el año que viene 29; y en esta especie de pedrea, Mahón, Gijón y
Pamplona, al parecer, son las únicas sedes que van a tener algo de
suerte.
Desde luego, no tenemos por qué dudar de la buena voluntad del señor
Ministro cuando afirmaba que la garantía efectiva del derecho a la tutela
judicial pasaba, entre otras cosas, por aportar una mayor dotación de
medios materiales y humanos. Pero esa voluntad tiene muy escaso reflejo
presupuestario. Me explico: se ha recortado nada menos que en un 45 por
ciento el programa 142 A que se refiere, nada más y nada menos que a los
Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal, que es un programa
fundamental para lograr el fin antes aludido. Se ha reducido la inversión
de reposición del servicio 01 hasta casi un 300 por ciento. El servicio
03, tan importante a efectos de medios materiales y humanos, registra un
insignificante aumento de un 3,88 por ciento. A los cursos de formación
del personal de nuevo ingreso, tan demandados, señorías, desde los
distintos ámbitos judiciales, solamente se destinan 100 millones de
pesetas de un presupuesto de gasto para ese capítulo de más de 15.000
millones de pesetas. Por lo que se refiere al centro de estudios
judiciales, para la formación del personal de la Administración de
Justicia, se reduce su gasto en un 14 por ciento. Un objetivo considerado
esencial, la informatización de los órganos judiciales y las fiscalías,
tan sólo recibe 276 millones cuando en 1993 las inversiones estimadas en
este proyecto en concreto para el año que viene eran de 3.000 millones de
pesetas. En materia de personal, la remuneración de los altos cargos se
incrementa en un 36,74 por ciento. Y por lo que se refiere al otro
personal de instituciones penitenciarias representa una subida del 97,46
por ciento en relación con el año anterior; mientras que la subida de las
retribuciones básicas de los funcionarios es del 7,3.
A todo ello hay que añadir que el Gobierno, además, pretende en estos
Presupuestos incumplir el mandato legislativo de la Ley de Planta y
Demarcación Judicial, que previó para diciembre de 1994 la instalación y
funcionamiento de 112 juzgados de lo contencioso-administrativo,
jurisdicción, señorías, la contencioso-administrativa, colapsada donde
las haya.
No existen tampoco partidas para la institucionalización y puesta en
marcha del jurado que, según el Ministro Belloch, nos iba a traer, o nos
traerá, no sabemos, la primavera y que él mismo ha definido como
prioritario, como tampoco figuran partidas para la oficina de atención a
las víctimas de los delitos, igualmente prioritario, ni para la puesta en
marcha de la oficina judicial, ni para el sistema alternativo a las penas
privativas de libertad. Por contra, al parecer, prioridad de prioridades
del Ministerio de Justicia, la objeción de conciencia y su vestuario,
registra, sin embargo, un aumento del 127 por ciento, lo que hace un
total de casi 1.000 millones de pesetas. Y lo cierto, señor Presidente,
lo cierto, señorías, es que en el Grupo Popular pensamos que los más de
200.000 millones de pesetas del presupuesto de Justicia para el año que
viene pueden y deben tener otros y distintos destinos, y de ahí la razón
de nuestras diecisiete enmiendas parciales. Cinco de ellas pretenden un
ahorro de más de 358 millones de pesetas, al suprimir la partida
destinada específicamente a las gratificaciones, gratificaciones que en
el Presupuesto que se nos trae se llaman, eufemísticamente, indemnización
por razón del servicio. Otras cuatro enmiendas también suponen un ahorro
de más de 273 millones de pesetas, al reducir en un dos por ciento los
Capítulos segundo y cuarto de la Sección por servicios, lo que
equivaldría a un ahorro total de 631.671 pesetas.
Objeción de conciencia. Reducimos en 400 millones la partida destinada al
vestuario de los objetores de conciencia --actualmente y tal como viene
en el Presupuesto, supone casi 1.000 millones de pesetas--, cuyo número,
a pesar de que, efectivamente, se ha incrementado de forma importante en
relación al año pasado,
entendemos que no se corresponde en absoluto con una dotación tan
elevada, 548 millones de pesetas es una cantidad más que justificada para
cubrir las necesidades para las que estaba ordenada esta partida
presupuestaria. Y conviene recordar a este respecto que ya el año pasado
el Gobierno informó del mismo aumento espectacular de objetores de
conciencia y luego el grado de cumplimiento no se correspondió de ninguna
de las maneras con tal anuncio.
El gasto en comunicaciones telefónicas en los centros penitenciarios,
casi 2.000 millones de pesetas, lo dejamos reducido a 500 millones, toda
vez que la cantidad inicial la estimamos excesivamente elevada y no
acorde con las necesidades que puedan existir en este ámbito.
Se nos dice, por activa y por pasiva, que el Presupuesto de Justicia es
restrictivo y austero, y en este sentido y por ello, no entendemos la
existencia de un gabinete del señor Ministro tan costoso, más de 72
millones de pesetas, sobre todo porque es difícil de compatibilizar esa
cantidad con un Presupuesto para una crisis y, fundamentalmente y por
encima de todo, con la nula inyección económica que recibirán en el año
que viene los tribunales de Justicia y el Ministerio Fiscal.
Indemnizaciones a los abogados en turno de oficio y asistencia letrada al
detenido. Las dotaciones que figuran en los Presupuestos para el año que
viene, aunque registran un aumento --pero es muy liviano, señorías, casi
ni llega al diez por ciento--, nos parecen insuficientes, y ello por tres
razones: en primer lugar, porque en 1993 los créditos para los abogados y
procuradores se mantuvieron exactamente igual que en 1992, es decir, no
crecieron, lo que significa que acarrearon las consiguientes dificultades
para estos colegios profesionales, así como para los propios
profesionales que prestan este servicio público; en segundo lugar, por el
déficit presupuestario que se viene arrastrando ejercicio tras ejercicio
y que ya ha llegado a una cantidad importante; y, en tercer lugar, porque
las dos partidas que figuran para los colegios de abogados y procuradores
no permitirán atender adecuadamente los compromisos convenidos entre
estos colegios profesionales y el Ministerio de Justicia. Razones, pues,
señorías, que nos han llevado a destinar 400 millones de pesetas más para
los colegios de abogados y 72 millones más para los colegios de
procuradores.
Y restan por defender, señor Presidente, las tres únicas enmiendas de
adición que este año ha presentado el Grupo Popular a los Presupuestos
que nos envía el Gobierno.
La primera de ellas pretende contribuir, aunque sea modestamente, a
aligerar la muy pesada carga de asuntos que pesan hoy sobre los órdenes
jurisdiccionales civil y penal. Por ello dotamos con 1.500 millones de
pesetas la puesta en funcionamiento de cincuenta juzgados de primera
instancia e instrucción. No son, desde luego, todos los que serían
necesarios, pero nos sentiríamos muy satisfechos, señorías, si, como
decía, desde esta Cámara lográramos rebajar en algo los índices de
asuntos pendientes en la primera instancia.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Señorías, llegamos a una de las
asignaturas pendientes de la administración de Justicia. Ya les recordaba
al comienzo de mi intervención el elevadísimo volumen de asuntos
pendientes que soporta este orden jurisdiccional. El esquema que diseñó
la ya vieja Ley de Planta y Demarcación Judicial y, sobre todo, la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en 1985, está obstruido y mutilado porque no
se han creado los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo
que allí se preveían; y al no haberse creado, no se ha podido distribuir
la primera instancia jurisdiccional entre los órganos unipersonales y,
posteriormente, en las Salas territoriales de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Se ha introducido, sí, en la Ley de medidas
vigentes de reforma procesal el recurso de casación de la jurisdicción
contencioso-administrativa y, por tanto, se creó un tribunal de casación,
y no de apelación, como era este orden jurisdiccional hasta esa fecha.
Pero, señorías, hasta el propio Presidente del Consejo General del Poder
Judicial, el señor Sala Sánchez, ha reconocido que los criterios han sido
muy poco efectivos. Los juzgados de lo contencioso-administrativo
necesitan ser puestos en marcha ya, señorías. Hasta los más
recalcitrantes enemigos del diseño de la Ley Orgánica del Poder Judicial
son partidarios de ello, entre otras cosas porque en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo es fundamental un control
judicial de la actividad administrativa, como establece la Constitución,
en cualquier país civilizado o en cualquier Estado de Derecho. Por todo
ello y para dar cumplimiento de una vez por todas a un mandato
legislativo que ya no puede demorarse, pretendemos la creación de ciento
doce juzgados personales de lo contencioso-administrativo, para lo que
fervientemente solicito el voto favorable de sus señorías, y que los
dotamos con 1.436 millones de pesetas.
Y, finalmente, señor Presidente, en nombre del Grupo Popular, tengo el
honor y la satisfacción de defender una enmienda que da respuesta a un
mandato constitucional, el de hacer posible que los ciudadanos participen
en la administración de Justicia a través de la institución del jurado.
Si los ciudadanos participan en los asuntos públicos mediante su voto en
las distintas confrontaciones electorales; si participan en el
sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos,
señorías, parece llegado el momento de eliminar absurdos paternalismos y
dar los pasos necesarios para que se ponga en marcha y de forma efectiva
el instrumento por el cual los ciudadanos participarán en los asuntos
judiciales en la administración de Justicia. Tal es el sentido de nuestra
enmienda, que destina 500 millones de pesetas --cantidad, por cierto,
fijada por la Subsecretaria de Justicia-- como punto de partida para la
andadura de la institución del jurado y que refleja la disposición del
Grupo Popular en el llamado pacto de Estado por la Justicia, uno de cuyos
pilares básicos, según anunció el Ministro Belloch en el Congreso de los
Diputados, serán los juicios con jurados.
Señor Presidente, señorías, una nación se mide especialmente desde un
futuro por el cuidado meticuloso con el que se salvaguardan los derechos
de los justiciables. Sin unos medios adecuados, dignos y suficientes --y
para eso es el trámite que nos ha convocado hoy aquí--, los tribunales no
pueden realizar su función de impartir justicia y controlar lo que otras
instituciones realizan, y se convierten, por tanto, en meros guardianes
platónicos de la Ley.
La actividad judicial, los pleitos, son siempre una especie de suerte de
fracaso, pero, como recientemente ha declarado el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, el Gobierno y las Cámaras son los que deben
hacer una Justicia mejor; deber, u obligación, depende de cómo quieran
considerarlo sus señorías, al que el Grupo Popular cree, honestamente,
haber dado respuesta a través de las enmiendas que acabo de defender y
para las cuales solicito el voto favorable de sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.
Me complace comunicarle que sus intervenciones son escuchadas con
atención fuera del recinto del Senado. El Consejo de Ministros está
reunido pero, ante su demanda, le comunico que esta tarde los titulares
de las Secciones estarán presentes.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Con la venia, señor Presidente.
El Presidente de la Cámara me ha ahorrado las palabras que, como inicio
de esta intervención, pensaba dedicarle a la Senadora Vindel, que era
justificar al Ministro, señor Belloch, por su inasistencia a esta sesión,
ya que el Consejo de Ministros está reunido. Me consta personalmente el
interés que tenía en venir a presentar estos Presupuestos y a defender la
absoluta compatibilidad de las cifras que los mismos contienen con su
propuesta de renovación profunda de la Administración de Justicia y del
pacto de Estado por la Justicia. Lamento, en su nombre, que no haya
podido hacer efectiva esta ilusión.
La Senadora Vindel ha querido poner de manifiesto en su veto a la
totalidad de la sección la incoherencia entre la política de aire fresco,
que a su juicio representaba el Ministro Belloch en su comparecencia en
el Congreso de los Diputados, de impulso y renovación, de oferta, de
diálogo y de pacto de Estado para la renovación de la justicia, en la
búsqueda de esa Administración de Justicia para el siglo XXI, y estos
Presupuestos.
Nos ha criticado los Presupuestos calificándolos de absolutamente
insuficientes para cubrir los objetivos perseguidos. Por otra parte, ha
dicho que son Presupuestos inadecuados, que son Presupuestos donde la
distribución interna de los créditos en la sección no es correcta, no
responde a la priorización de objetivos que, a su juicio, debería
hacerse.
Voy a procurar, con mi mejor voluntad, demostrarle que en modo alguno
estos presupuestos obstaculizan ese intento de renovación al que ella
hacía referencia; que estos Presupuestos sí son coherentes con la
globalidad de los Presupuestos de 1994, como Presupuestos restrictivos,
como Presupuestos de austeridad y, sin embargo, solidarios, y como
Presupuestos que intentan reactivar la iniciativa económica.
Esto hace, lógicamente, que haya que ralentizar determinados programas.
Pero en modo alguno el tachar de continuistas a determinados objetivos
que estaban en marcha quiebran el discurso renovador del señor Ministro.
Por otra parte, me parece que dentro de los Presupuestos hay números
suficientes para continuar con reformas que ya están en marcha y que son
operativas, y de ninguna manera sus insuficiencias, que también las
tienen, pueden obstaculizar reformas mucho más profundas a las que su
señoría se ha referido.
Como su señoría sabe, las reformas profundas de la justicia, como por
ejemplo las que se abordaron en la Administración de Justicia con la
llegada de la democracia y las que se llevaron a cabo, con posterioridad,
con la llegada del Gobierno socialista, no acaban nunca de resolver los
problemas, porque la demanda de justicia es algo inagotable. A medida que
se produce una nueva reforma se producen mayores demandas. La existencia
de una justicia democrática, de una justicia al servicio, de verdad, de
los ciudadanos, ha provocado, y su señoría lo sabe perfectamente, una
judicialización de la vida, y no sólo de la vida política, sino de muchos
aspectos de la vida, que han multiplicado el número de demandas y de
expedientes en nuestros juzgados.
Su señoría debería saber también, y yo estoy convencido de que lo sabe,
como lo saben también los portavoces de otros grupos, que en materia de
justicia el mero incremento de los recursos materiales para la creación
de órganos, para la construcción de nuevos edificios que den cobijo a
estos órganos judiciales, para la construcción de nuevas cárceles que
hagan también más operativa esa otra faceta de la Administración de
Justicia que es hacer ejecutar lo juzgado y en lo que consiste la
política penitenciaria, no siempre pueden conseguir todos los objetivos.
Si valoramos los objetivos de crecimiento de estos medios materiales y
personales que se han producido en esta última década y la situación que
su señoría ha reflejado al señalar el número de expedientes pendientes,
el crecimiento de los asuntos sin resolver en los órganos judiciales
españoles, ya sean de la Comunidad de Andalucía, ya sean de Madrid
capital, o de otras muchas Comunidades y territorios de España, tendremos
que significar que el esfuerzo presupuestario realizado no ha cubierto,
no ha logrado, los objetivos perseguidos.
Le doy una cifra: el presupuesto de justicia ha aumentado en diez años un
512 por ciento, de los 27.500 millones del Presupuesto de 1993 se ha
pasado a los 141.278 millones de Presupuesto de 1994. Los funcionarios de
la carrera judicial han aumentado un 36 por ciento. Hay 883 jueces y
magistrados nuevos. Hay un cien por cien más de fiscales. Hay un 56,83
por ciento más de secretarios judiciales. Los médicos forenses han
aumentado un 26 por ciento. Los oficiales de la Administración de
Justicia han aumentado un 112 por ciento, con 4.791 nuevos oficiales. Los
auxiliares son 8.520 más y han supuesto un incremento en medios
personales del 45 por ciento. Los agentes han aumentado un 96 por ciento.
En cuanto al número de órganos judiciales, al número de metros cuadrados
dedicados a la Administración de Justicia y al número de metros cuadrados
dedicados a prisiones, a centros penitenciarios, podríamos hacer la misma
referencia. Se ha hecho un esfuerzo tremendo en medios materiales y una
mejora de la Administración de Justicia que, a nuestro juicio, y ahí
compartimos su criterio, no se compadece con ese esfuerzo.
Se ha puesto de manifiesto que hay obstáculos que impiden que ese
esfuerzo presupuestario se transforme, se refleje en una más adecuada
tutela judicial de los ciudadanos. Esos obstáculos son, como su señoría
sabe, una legislación procesal absolutamente obsoleta, inadecuada,
compleja, difícil y absolutamente necesitada de una reforma en
profundidad y de simplificación. A veces, también hay una fijación de
prioridades, me estoy refiriendo a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a
la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que no han sido absolutamente
precisas. Su señoría sabe que hay previsiones en la Ley de Planta que no
se han cumplido, pero que no es necesario que se cumplan. Hay que
transformar determinados tipos de juzgados en otro tipo de juzgados donde
los objetivos de la Ley de Planta han quedado insuficientemente
determinados. Por tanto, hay que revisar esa Ley de Planta. Hay también,
y usted lo sabe perfectamente, que compaginar la reducción cuantitativa
relativa de las inversiones que se produce en esta sección 13 con
objetivos tan importantes como las reformas legislativas en profundidad,
la reordenación de objetivos y prioridades del departamento, la
reasignación de medios y humanos y la consolidación de la situación
existente. Por ejemplo, este año el crecimiento del capítulo II, de
gastos corrientes, en esta sección es muy fuerte, un 28 y pico por
ciento, superior a la media y difícilmente compaginable para quien no
conozca la realidad de la Administración de Justicia con ese espíritu de
austeridad que presiden los Presupuestos. Eso es consecuencia de que esos
órganos que hemos creado y hemos puesto en funcionamiento necesitan unos
gastos de mantenimiento que repercuten notablemente sobre ese Capítulo
II.
Paso ya a detallar estos presupuestos señalando que, como su señoría sabe
perfectamente, tienen un incremento del 6,63 en relación con los
presupuestos del año anterior. ¿Es suficiente ese incremento? Su señoría
ha dicho que no lo es y yo comparto ese criterio. Me parece que estos
presupuestos son insuficientes para todo lo que hay que realizar en este
campo, pero si fueran unos presupuestos que pudieran contar con 5.000,
6.000 o con 8.000 millones más, igualmente seguiría convencido de que
eran insuficientes.
Por tanto, creo que lo que hay que analizar en realidad es si estos
presupuestos permiten seguir avanzando en ese camino de mejorar la
Administración de Justicia, de garantizar la tutela judicial efectiva de
los ciudadanos. En ese sentido podemos decir que este incremento, que
representa 14.757 millones, por una parte es superior al del pasado
ejercicio, siendo éste un año en el que, en general, los presupuestos son
más restrictivos y en el que la crisis económica es más aguda, pero a la
vez hay que decir que es superior porque hay que garantizar realmente el
funcionamiento adecuado de esos nuevos edificios judiciales, de esas
nuevas instalaciones, de esos nuevos centros penitenciarios que van a
abrirse y que repercutirán enormemente en este Capítulo II. Hay que
garantizar la consolidación de ese gasto de personal que se deriva de los
incrementos de personal que se produjeron en el último trimestre del
pasado ejercicio, y que en los presupuestos de 1993 estaban dotados
solamente para esos dos o tres meses a partir de los cuales se
incorporaban a la Administración de Justicia esos nuevos funcionarios. Y
es que la repercusión del gasto de personal en un presupuesto de gasto,
en un presupuesto fundamentalmente de gasto de personal --prácticamente
el Capítulo I representa el 74 por ciento del presupuesto--, crece un
5,58 por ciento, posibilitando la actualización de retribuciones
establecidas en el Real Decreto-ley de 1993, posibilitando la
modificación de puestos de trabajo, la dotación para retrasos en
provisión de vacantes y, en definitiva, la consolidación general de los
gastos de personal y del gasto corriente en estos Capítulos.
Excluyendo los juzgados y tribunales de justicia, los centros
penitenciarios y el tema de la objeción de conciencia, los presupuestos
son lo suficientemente austeros ya que se produce en el Capítulo II una
reducción
del 5,43 por ciento que nos lleva a oponernos a esas enmiendas que su
señoría defiende en relación con el Gabinete del Ministro, con las
gratificaciones y con las transferencias corrientes, en las que luego me
detendré con mayor precisión.
En el Capítulo IV también hay un incremento importante, del 24,7 por
ciento, por el que se dota con 1.471 millones más todo lo relacionado con
el turno de oficio de la asistencia letrada al detenido. Señoría, aquí
también hay que decir que hay que reformar la legislación para garantizar
que ese turno de oficio, esa asistencia letrada al detenido se dé
exclusivamente a personas auténticamente carentes de recursos materiales
y para mejorar la lucha contra el fraude en un tema como éste, que su
señoría sabe que se produce y que a veces también se consiente en los
propios Colegios de abogados y procuradores en un intento de defensa
puramente corporativa de algunos miembros de esos organismos colegiales
que viven fundamentalmente de ese turno de oficio.
Por lo que hace referencia a esa inadecuación global delos créditos a la
que su señoría ha hecho referencia, voy a entrar a analizar concretamente
cómo a través de sus enmiendas sus señorías procuran distribuir mejor los
créditos de la Sección. Efectivamente, sus señorías han propuesto unos
recortes que llegan a los 357,8 millones --prácticamente lo que ha había
dicho la Senadora Vindel--, recortando, por ejemplo, miembros del
Gabinete del Ministro. Quiero decir a este respecto que la composición
del Gabinete responde a una estructura orgánica, a una relación de
puestos de trabajo aprobada por el Real Decreto de 1982 para todos los
gabinetes de los Ministros que no ha sido alterada. A lo mejor, dada la
situación, esto debería haber sido reformado a la baja en todos los
Ministerios, pero, en definitiva, no se ha producido nada distinto en el
funcionamiento de todos estos gabinetes, por otra parte imprescindibles,
ya que cumplen una función de asesoramiento de altos cargos que, como su
señoría sabe, los funcionarios de la Administración del Estado no pueden
ejecutar adecuadamente. En cualquier caso, su señoría se dará cuenta de
esto que digo el día en que tengan que gobernar este país.
Por otra parte, quiero decirle también que la supresión de las
gratificaciones contradice el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, que regula
su pago por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal;
contradice el artículo 17 de la Ley 17/1980, que fija el régimen
retributivo de la Administración de Justicia y que establece las
gratificaciones por la realización de funciones ajenas a la propia del
destino del funcionario, o por llevar a cabo servicios especiales sin
relevación de funciones; el artículo 11 del Real Decreto 391/1989, que
fija los complementos de destino de los miembros de la carrera judicial y
fiscal, y el artículo 15 del Real Decreto 1616/1989 para el resto de los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Por tanto, esto no
es lo que su señoría pretendía vender a la Cámara, no es un reparto
graciable o indiscriminado de dinero. Son cosas necesarias para hacer
efectivo el propio artículo veinticinco de este proyecto de ley y que
responden a una cuantía ya fijada. Se aplican a los funcionarios afectos
a aquellos programas en los que se prevén estas circunstancias y en los
que se van a cumplir las condiciones establecidas legalmente para su
devengo.
Por lo que hace referencia a la reducción de las transferencias
corrientes, es cierto que la reducción que proponen sus señorías es
limitada, es de un 2 por ciento, pero también nos parece difícil de
conseguir en lo que se refiere a las subvenciones de los juzgados de paz,
al tema del propio turno de oficio, a la atención a la Comisión Episcopal
y a la UNED para el culto en los centros penitenciarios. Nos parece
difícil reducir ahí al igual que nos parece difícil reducir en el tema de
vestuario de objetores, ya que hay una previsión de 13.000 objetores de
conciencia más. Lo que ha hecho el Ministerio ha sido modificar la
dotación presupuestaria para el vestuario bajándola de 80.000 pesetas
anuales a 45.000 pesetas anuales, pero a pesar de esa reducción el
incremento para esta partida presupuestaria es necesario, por lo que
difícilmente puede producirse un recorte mayor.
Sus señorías quieren que se produzcan, en definitiva, unos recortes del
gasto corriente o del gasto de personal en los presupuestos del
Ministerio que se quedan, entre unas cosas y otras, en 600 millones de
pesetas menos de gasto --ustedes cambian de partida--, pero a cambio de
eso, tanto en las enmiendas de su Grupo como en las de Senadores de otros
grupos, todas ellas referidas al Capítulo de inversiones de esta Sección,
nos colocamos en un incremento de la inversión de 15.144 millones de
pesetas, cifra que supone casi el triple de lo que se contiene en los
presupuestos y que en modo alguno puede salir de la Sección 31 ni de las
otras inversiones para otros programas que no sea el 142-A a que su
señoría se ha referido.
Quiero decir que muchos programas de este Ministerio, el programa de
servicio de apoyo a los tribunales, el programa relativo a servicio
jurídico del Estado, el relativo a la asistencia social, la Mutualidad
General Judicial, no tienen enmiendas. Por tanto, un importante bloque de
programas de esta Sección no son discutidos por sus señorías. En aquellos
a los que sí se han presentado enmiendas, por ejemplo, el programa
relativo a prestación social sustitutoria --Programa 313--, nos parece
que el incremento es el máximo posible, es decir, un 127 por ciento.
Por el contrario, nos parece difícil que se pueda llevar a cabo la
reducción de 400 millones que proponen sus señorías, como también nos lo
parece la reducción de las transferencias a corporaciones locales,
Comunidades
Autónomas y organizaciones no gubernamentales, para el pago de la
prestación social sustitutoria.
En cuanto al programa de formación de funcionarios, como la enmienda del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos era digna de tenerse en
consideración, hemos llegado a una transaccional para que existan cursos
específicos para el conocimiento y dominio de las lenguas oficiales del
Estado por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia de
Cataluña, el País Vasco y aquellos territorios con lengua propia.
Por lo que se refiere a los dos programas básicos del Ministerio: el
relativo a tribunales y órganos judiciales en general y el de centros
penitenciarios, efectivamente, el recorte de inversiones va a producir
una ralentización de la puesta en marcha de los compromisos de la Ley de
Demarcación y Planta. Sin embargo, estos presupuestos van a posibilitar
que haya 16 nuevos jueces; 10 nuevos fiscales; 10 médicos forenses más en
1994; 19 secretarios de segunda; 43 que, siendo de tercera, pasarán a ser
secretarios de segunda categoría; 25 oficiales; 50 auxiliares más, y 25
agentes. Por tanto, se sigue adelante con ese esfuerzo. Asimismo, se van
a construir 29 nuevos edificios judiciales, que van a posibilitar la
puesta en marcha de 201 órganos.
Sobre este punto, tengo que indicar un error de la Senadora Vindel, que
comparaba la propuesta de la Memoria, de 65 nuevos juzgados, y afirmaba
que sólo iban a crearse 29. Pero una cosa son los órganos judiciales, y
otra, los edificios que constituyen su sede, y la señora Subsecretaria se
refirió a éstos. Por tanto, habrá 29 nuevos edificios que darán cobijo a
201 órganos judiciales, aunque no todos sean de nueva creación. Por otra
parte, ya me he referido a estos órganos, y los problemas de Pamplona,
Gijón, Mahón, etcétera, se resolverán este ejercicio.
Por último, voy a hacer una breve referencia al programa 144-A, de
Centros e Instituciones Penitenciarias --al que su señoría ha prestado
una menor atención que al 142--, para el que se han presentado un número
importante de enmiendas.
Nos parece contradictorio --y no estoy haciendo, en modo alguno, una
acusación al Grupo Popular ni a su Partido, sino a todas las fuerzas
políticas en general-- que se consideren insuficientes las inversiones
previstas en el Plan de creación y amortización de centros
penitenciarios; Plan que, como sus señorías saben, no se contempla en
esta sección, sino en la 15, Dirección General del Patrimonio, puesto que
toda la inversión nueva, o la de mantenimiento y reposición en centros de
nueva creación, se realiza por la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, IEPSA. Por tanto, no debe reflejarse en
esta sección. Evidentemente, la inversión del programa 144-A se va
reduciendo, porque se ha iniciado el proceso de sustitución de centros
viejos e inadecuados por otros nuevos. (El señor Vicepresidente, Ortí
Bordás, ocupa la Presidencia.)
Lo que es indudable es que no se puede solicitar en algunas enmiendas,
por ejemplo, las nuevas cárceles de Córdoba, Las Palmas, etcétera, y
obstaculizar a continuación la construcción del centro penitenciario en
cuestión, no por falta de recursos --que existen--, sino por la oposición
de los municipios a la ubicación de esas nuevas macrocárceles, de esos
nuevos centros penitenciarios. No acuso a sus señorías, sino a todos los
alcaldes, de distinta ideología, que dificultan dicha ubicación.
En este sentido, no admito una acusación que se hizo en Comisión acerca
de que las dificultades se deben al oscurantismo del Ministerio, porque
éste siempre lleva esas negociaciones con bastante sigilo, ya que desde
el momento en que se conocen se hace más difícil la posibilidad de llegar
a un acuerdo con el municipio, o con los propietarios de los terrenos que
reúnan los requisitos adecuados para ese nuevo tipo de centros
penitenciarios, que permitan una mejor reinserción social y una mejor
función rehabilitadora en el cumplimiento de las penas.
Nos parece que los presupuestos son realmente adecuados, y no contemplan
temas como el de los tribunales unipersonales de lo contencioso, o el del
jurado, sencillamente, porque no se ha discutido su marco legislativo. En
este presupuesto no podemos proceder a la dotación de los 112 juzgados de
lo contencioso-administrativo que prevé la Ley de Demarcación y Planta,
hasta que discutamos el ámbito competencial de los jueces de lo
contencioso. ¿Qué van a conocer? ¿Los recursos contra las decisiones en
materia administrativa de las corporaciones locales? ¿También los de las
Comunidades Autónomas? ¿Qué tipo de materias? ¿Un juez unipersonal de lo
contencioso va a poder anular un plan de ordenación urbana de una capital
de provincia?
Se trata de temas delicados que hay que discutir y consensuar. Por
consiguiente, nos parece prioritario tanto este asunto, como el del
jurado, para el que hay que determinar su ámbito de competencia, el
modelo que se va a establecer y el tipo de delitos que conocerán los
ciudadanos que vayan a participar --como prevé la Constitución-- de la
propia Administración de Justicia, antes que dotar --con unos millones
más, o unos millones menos-- las instalaciones adecuadas para la puesta
en marcha de esos nuevos órganos judiciales.
Estoy convencido de que si en el ejercicio de 1994 sacamos adelante la
ley del jurado y ésta se pone en funcionamiento allí donde deba empezar a
desarrollar su función, no vamos a encontrarnos con obstáculos, bien
porque se detraigan los recursos del Capítulo II del Ministerio, porque
se apruebe un crédito extraordinario que acompañe a dicha ley, o porque
se prevea otra fórmula
para poder posibilitar su funcionamiento. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Nos parece mucho más importante que en asuntos como las reformas
procesales, el Código Penal, la oficina judicial, la asistencia letrada
al detenido, o el servicio civil y de la objeción de conciencia, hagamos
el esfuerzo de llegar a un acuerdo, al consenso de las fuerzas políticas
mayoritarias de este país --o de todas, si fuera posible--, para hacer de
ese pacto de Estado por la justicia una de las palancas fundamentales del
impulso democrático, que estamos convencidos que necesita este país y
esta sociedad; impulso en el que el Gobierno socialista está dispuesto a
seguir profundizando, ahondando, si es posible, con la colaboración de
todos. Este es el reto que tenemos por delante, señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galán.
Abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, esta oportunidad que
me concede el Reglamento voy a intentar aprovecharla no solamente para
convencer a mi Grupo, que lo está y mucho, de la conveniencia de votar a
favor del veto --y si no prospera el veto, de todas y cada una de las
diecisiete enmiendas parciales--, sino de intentar convencer --porque yo
creo, señorías, que estoy a punto de conseguirlo-- al portavoz del Grupo
Socialista, Senador Galán, de que vote a favor de nuestras enmiendas si
es que el veto no prospera, porque, como usted mismo ha dicho, son unos
presupuestos insuficientes. Usted comparte mi preocupación, lo cual nos
alegra mucho y a mí particularmente más, pero con eso, Senador Galán, no
hacemos nada. Damos un simple trámite a este debate tan importante y lo
único que hacemos es demorar el problema un año más y probablemente el
año que viene en vez de hablar de esas cifras tan abultadas de pendencia
en las distintas jurisdicciones, hablaremos de otras distintas, pero
seguiremos hablando de pendencias.
Por tanto, Senador Galán, yo le animo a que vote usted a favor. Va a ser
preferible para todos cuantos intervienen en la Administración de
Justicia y además le vamos a dar una alegría al señor Ministro, porque yo
estoy convencida de que al señor Ministro, este presupuesto no le gusta
nada, porque no tiene absolutamente nada que ver ni con sus ideas, ni con
sus intenciones, ni con la voluntad que él ha reflejado a través de las
distintas comparecencias que ha tenido, tanto en el Congreso como en esta
Cámara, y a través de los medios de comunicación, de cuál es su idea de
la justicia para el siglo que viene.
Y quiero decirle, señoría, que yo no he pretendido vender absolutamente
nada, sino que me he limitado a defender, lo mejor que he podido y
sabido, las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a esta Sección
para empezar a poner los mimbres y los cimientos para que la
Administración de Justicia sea cosa distinta de lo que viene siendo
habitual desde que ustedes gobiernan en este país. Porque le vuelvo a
repetir: que un país tenga una justicia eficaz, rápida, garante y segura
depende de dos cosas: una no es el momento de verla aquí, y son las
distintas reformas legislativas y procesales --por cierto, hemos tenido
mucho tiempo de poner manos a la obra, pero en esta fecha todavía lo
estamos esperando-- y la otra es ver qué hacemos con el dinero del
contribuyente y a qué lo destinamos, porque lo hay. No pedimos nada
descabellado. Yo creo que pedir el cumplimiento, primero, de la
Constitución, con el jurado y, segundo, el cumplimiento de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y consiguientemente de la Ley de Planta y
Demarcación Judicial --que como sigamos así se va llamar la ley de
planta, demarcación y prórroga--, para que se construyan 112 juzgados y
entren en funcionamiento 112 juzgados de lo contencioso-administrativo,
no es nada descabellado.
Yo quiero decirles, señorías, que en el Grupo Parlamentario Popular
estamos sinceramente hartos de ver cómo año tras año los índices de
asuntos pendientes en los distintos tribunales y en los juzgados van
aumentando progresivamente; estamos hartos de que se nos quiera instalar
año tras año la inercia de la crisis y estamos hartos, en fin, de que
aquí el Gobierno no sea responsable de nada. Porque resulta, señorías,
que si los tribunales están colapsados, es porque los ciudadanos litigan
mucho; que si el año que viene no hay jurado, la culpa es de los
Reglamentos de las Cámaras; que si no hay juzgado de lo
contencioso-administrativo, la culpa es del Consejo General del Poder
Judicial, que es quien tiene que formar a los jueces. Por cierto, no sé
si se ha enterado su señoría de que el Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, que también es partidario de que se creen los juzgados,
dice que por lo menos podían ir formando ya 50, y tampoco eche usted
tantas campanas al vuelo con el presupuesto de la partida de formación
del Consejo General del Poder Judicial porque es exactamente igual que la
del año pasado: 618 millones de pesetas. No es mucho para un presupuesto
de 2.500, 3.000 millones de pesetas.
También estamos hartos, señoría, de que por obra y gracia de cómo se ha
administrado y cómo se ha efectuado la gestión en el área de la
Administración de Justicia se siga produciendo una perversión del viejo
sistema judicial. Señorías, se acude a la justicia para evitar que se
haga justicia, porque dado lo lenta que es la justicia, se tiende a
evitar que quien tiene razón acuda
a los tribunales para hacer efectivo su derecho con la prontitud
necesaria. Les hago gracia, no les voy a repetir los argumentos de la
creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo, del jurado y
de los 50 juzgados de primera instancia e instrucción, que no lo van a
aliviar, pero en algo sí contribuirán a aliviar la pesada carga.
Por último, señoría, quiero decirle, primero, que este presupuesto --no
se confundan-- lo podría haber presentado perfectamente el Ministro
Múgica o el Ministro De la Cuadra, ya que no varía nada. La única
diferencia que actualmente tiene el Ministro Belloch con ellos es que no
comparte su militancia política y que lleva barba y los dos anteriores no
la lucen, pero, por lo demás, es exactamente lo mismo: un raquítico 6,1,
que digo yo, y un 6,23, que dice usted, por ciento más.
Segundo, ya que no está aquí, porque está cumpliendo con otras
obligaciones, el Ministro de Justicia, dígale de mi parte, si no le veo
esta tarde, que tan rentable o más es invertir en juzgados y tribunales
como en carreteras, que seguro que él también lo comparte como usted, con
los signos de asentimiento que me está haciendo, pero a ver si convencen,
entre otros, al Ministro de Economía y sobre todo al Presidente del
Gobierno, y a ver si conseguimos que haya más juzgados.
Por último, señoría, yo creo que no caben dos posturas. No me hable usted
del resumen de los presupuestos de hace diez años, del 500 por cien del
PIB y del no sé qué. No; los presupuestos no son --y parece mentira que
se lo tenga que decir yo, con la experiencia que usted tiene, Senador
Galán-- de aquí para atrás, sino de aquí para adelante, de aquí para el
año que viene. Quiero decirles, señorías, que sólo caben dos posturas:
querer que nada cambie, que todo siga igual, que la Administración de
Justicia permanezca anclada en unos esquemas cada vez más viejos, o bien
que se sacuda las telarañas, que piense y adivine --porque la justicia no
mira, es ciega-- el siglo XXI y, por tanto, sea una justicia moderna y
adelantada. Naturalmente, señorías, los Senadores del Grupo Parlamentario
Popular estamos con la segunda opción.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Senador Galán, tiene la palabra.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La Senadora Vindel ha vuelto a insistir en este turno de portavoces en
que estos presupuestos son insuficientes, continuistas, con una raquítica
dotación, como siempre, para la justicia. Ella decía que tanto a mí como
al señor Ministro nos gustaría que se aprobaran sus enmiendas y que
pudieran ser unos presupuestos más amplios.
Yo quiero decirle, Senadora Vindel, en primer lugar, que presupuestos
continuistas, en cuanto que reflejan el mantenimiento de una prioridad
esencial de nuestro Gobierno en estos diez años de atención prioritaria a
la justicia, claro que sí; son presupuestos continuistas, que siguen
representando ese esfuerzo que ha determinado que la sección de justicia,
que en 1983, cuando nosotros llegamos al poder, era de un 0,17 por ciento
del PIB, haya aumentado ahora un 0,37 por ciento. Usted podrá decir que
no es suficiente ese aumento. Quiero decirle que a mí tampoco me parece
suficiente, no me gratifica suficientemente ese asunto, pero eso no
quiere decir nada. Lo que está claro es que esa prioridad sigue siendo
esencial, sigue manteniéndose. Que ahora hagamos un esfuerzo inversor
mucho mayor, esos 15.000 millones que están detrás de sus enmiendas, no
servirá para lo que pretendemos, sin abordar otras cosas, lo cual no
quiere decir que sea malo invertir. Es bueno y han sido buenos la
multitud de nuevos edificios judiciales, nuevos órganos, creación y
puesta en marcha de unas dotaciones mucho más adecuadas, programas de
informatización de órganos judiciales; Todo eso es positivo, pero también
hay que arreglar otras muchas cosas y a esa atención prioritaria, al
arreglo de esas otras tantas cosas, es a lo que yo hacía mención en
relación con su señoría.
Senadora Vindel, usted ha tocado la formación de los jueces. Esto me
parece un asunto esencial y previo a la puesta en marcha de los juzgados
unipersonales de lo contencioso. Lo que quiero decirle es que el esfuerzo
que se ha hecho por parte del Consejo ha significado en los presupuestos
del año pasado, el 92 por ciento de incremento. Lo que yo no entiendo es
que sus señorías consideren los presupuestos de este año insuficientes en
cuanto a formación de jueces y magistrados, no los enmienden y los voten
en contra, como hicieron en comisión en relación con la Sección 08. Eso
no puedo entenderlo, porque me parece un comportamiento incoherente por
parte de su Grupo, permítame que se lo diga sin ninguna acritud, como
suele ser habitual por mi parte.
Quiero decirle, señoría, que estos Presupuestos siguen manteniendo la
prioridad en atención a la Administración de justicia. Son presupuestos
suficientes en relación con el momento que vivimos, insuficientes en
relación con las demandas potenciales que una adecuada tutela judicial de
los ciudadanos tiene que tener. Siguen reflejando el esfuerzo prioritario
de este Gobierno, en su conjunto, con su Presidente Felipe González al
frente, con todos los Ministros, por el tema de que Justicia sea una de
las prioridades, como lo han sido Sanidad, Educación, como en este
presupuesto es la inversión en Infraestructuras, es decir, que siga
siendo una prioridad fundamental de nuestro Gobierno para conseguir una
tutela judicial efectiva.
Creemos que ese conjunto de enmiendas que sus señorías
han formulado son todas ellas, si usted quiere, razonables, pero
totalmente incompatibles de asumir en su conjunto. Hemos hecho el
esfuerzo de ir asumiendo aquellas que nos parecían posibles, y no quiero
terminar este turno de Portavoces sin decir que también vamos a presentar
dos enmiendas transaccionales a las números 1.181 y 1.178, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, mediante las que vamos a
atender tanto la puesta en marcha de un nuevo edificio para Audiencia
Provincial en Las Palmas, como la mejora del juzgado de Arrecife de
Lanzarote, y lo digo refiriéndome a usted en este turno, porque coinciden
enmiendas de su Grupo con las del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, que sirven de soporte a estas enmiendas
transaccionales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galán.
Vamos a pasar a la Sección 14.
En cuanto a las enmiendas suscritas por los Senadores Cuevas y
Vilallonga, ahora que el Senador Cuevas está presente, quisiera que me
diera la interpretación auténtica de lo que el Senador Calvo Lou ha
manifestado esta mañana.
Tiene su señoría la palabra.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Le agradezco la oportunidad que me da para aclarar lo que dije ayer.
Mi intención era, y así lo dije, no sé si me expliqué bien, defender
todas las enmiendas de la ley de acompañamiento --como la llamanos
aquí--. Esa fue mi expresión. Si no me expliqué bien, lo siento y
apechugaré con las consecuencias.
Deseo dar por defendido el veto a las enmiendas a esta Sección, y si me
lo permite el señor Presidente, aprovecharé el momento para dar por
defendidos los vetos y las enmiendas a todas la Secciones. Creo que he
quedado claro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda número 1.772, del Senador Rodríguez Gómez
y otros firmantes, tiene la palabra el señor Rodríguez Gómez.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La doy por defendida en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Soravilla sostuvo la enmienda número 1.668, de otros firmantes.
Tiene la palabra el señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La damos por defendida en sus términos y la mantenemos para su votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular mantiene las
enmiendas números 262 a 284, incluida una de veto a la Sección.
El señor Soravilla va a efectuar su defensa, por lo que tiene la palabra.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por la enmienda número 262 de mi Grupo solicitamos, como ya lo
venimos haciendo en ocasiones similares, la devolución al Gobierno del
Presupuesto correspondiente a esta Sección 14, del Ministerio de Defensa.
Las razones son similares a las de otros años, y puedo asegurar que no
son un acto de ciega oposición, sino que cada año se refuerzan, quedan
avaladas y más que justificadas por los escasos resultados del año
anterior.
El Presupuesto que se nos presenta, por mucho que lo quieran enmascarar
en porcentajes, tanto el Gobierno como sus defensores, es un Presupuesto
continuista; continuista en el sentido de reincidente en los errores
pasados y, en consecuencia, sin capacidad para corregir los defectos ni
encaminarnos en la dirección adecuada.
Presupuestos de años anteriores como éste han sido los que nos han
llevado a la situación de precariedad en que hoy nos encontramos. En su
planteamiento, podríamos considerar que nos deja en la misma situación,
que sería tanto como decir que nos deja peor que estamos. Pero es que hay
algo más, que presupuestariamente es menos. Con el acuerdo del Consejo de
Ministros por el que no se incorporarán créditos más que por el 10 por
ciento entre las obligaciones reconocidas y los pagos realizados a 21 de
diciembre de este año --ayer--, se recorta, según el avance de
liquidación de los Presupuestos de 1993, por ejemplo en el Capítulo VI de
estos que estamos debatiendo--, casi un 23 por ciento.
Y ahora, argúyaseme, como el Secretario de Estado de Defensa, que lo
contable y lo presupuestario son cosas distintas. Sin duda, sobre un
papel en blanco, posiblemente lo son; pero de lo que no cabe duda es de
que son equivalentes cuando no son sobre papel en blanco, sino sobre
papel moneda. También se dice por el señor Ministro --que también es mala
suerte que se reúnan los Consejos de Ministros los viernes y éste se
tengan que reunir un miércoles; aparte de todo, yo creo que con la poca
actividad y la pasividad que están demostrando, probablemente
aprovecharía mejor el tiempo estando aquí-- que de todas formas se van a
atender los compromisos. ¡Faltaría menos! De lo que sí cabe duda es de
que la capacidad real ha disminuido.
Nunca sabemos, en realidad, qué Presupuesto es el que estamos debatiendo,
porque entre lo que ustedes enuncian en el Presupuesto y lo que luego se
realiza hay un verdadero abismo. Pero es verdad que este año empezamos
peor, porque ya no sabemos a qué cifras vamos a ceñir este debate, si a
las que presupone el Gobierno, o a la cruda y ruda realidad de esas
disminuciones que se van a producir. Este es el argumento que también nos
va a permitir decir que, además de erróneo en el planteamiento, es un
presupuesto insuficiente para nuestras necesidades de defensa. Lo decimos
desde una oposición responsable, consciente de las dificultades
económicas que estamos atravesando, ni siquiera hemos pretendido
incrementarlo mediante enmiendas parciales. Lo que sí desearíamos es una
reestructuración del gasto que fuera más acorde con sus fines.
Uno de los argumentos preferidos por las señorías socialistas es el de la
crisis internacional, en la que dicen que España es una nación más. Yo
diría que no es sólo una nación más, sino que es una nación más y peor,
además, por su culpa. Haciendo uso de su argumentación en tales términos,
que ya es conceder, creo que debemos recordarles que España ha sido el
país que más ha recortado su gasto de defensa, y que estamos muy por
debajo de la media de nuestros aliados de la NATO y la UEO, y que no nos
encontramos en disposición de cobrar dividendos de paz, porque no
habíamos hecho las inversiones previas; que la disolución de los bloques,
en definitiva, no significa ni mayor estabilidad ni mayor seguridad, como
se está demostrando a diario.
Señoría, en definitiva, el Presupuesto de defensa es otra parte más de la
cuota para pertenecer a los clubes de seguridad mutua y mundial en que
todos deseamos estar. El Presupuesto de defensa debe contemplarse,
además, como una contribución a consolidar nuestro servicio exterior en
los foros de debate y decisión y debe ser también un instrumento para el
desarrollo industrial y tecnológico interno; y con el que hoy se presenta
nada de esto es posible. Con este presupuesto ni se quiere vencer la
inoperante inercia anterior, ni se puede convencer de que este esfuerzo
económico es en beneficio de todos. Y esta proyección que quisiéramos que
se diera al presupuesto conferiría también a las Fuerzas Armadas una
dimensión y un prestigio tan valiosos, cuando menos, como los de sus
misiones en el exterior, que en cierto modo emulan aquellos vanos
intentos que ya hizo O'Donnell en el siglo pasado. Y aprovecho este
momento para manifestar el agradecimiento emocionado de mi Grupo por las
labores que vienen realizando esas tropas en el exterior y la admiración
que sentimos por su abnegación y patriotismo. Aprovechando también las
fechas y manifestando nuestros mejores deseos para estas Navidades y por
su Pascua Militar no sólo para ellos, sino para toda la familia militar,
queremos insistir en que el necesario prestigio de nuestras Fuerzas
Armadas no debe hacerse recaer tan sólo en el sacrificio y en el esfuerzo
humano de esas tropas, sino en una labor más amplia desde el propio
Gobierno, desde el Ministerio de Defensa, en particular, según queda
recogido, además, en la vigente directiva de defensa nacional, a la que
estos Presupuestos y su respaldo social no debieran ser tan ajenos. Y
esto tampoco se ha conseguido en estos años ni lleva vías de conseguirse
con estos Presupuestos. Y como exponente les voy a hacer una pequeña
reflexión sobre el rechazo preocupante, por creciente, al servicio
militar, que tan sólo lo supera Alemania, si nos seguimos fijando en los
países de nuestro entorno.
En definitiva, señorías, no es una simple cuestión de dinero, sino algo
más, bastante más. Los socialistas han gastado siete billones y medio de
pesetas en defensa durante los años de su Gobierno, y sin embargo, nos
encontramos en la situación presente, y he aquí también la razón para
pedir la devolución de estos Presupuestos.
Nosotros opinamos que una mejor estructuración sería un primer paso
positivo para una mejor administración. La mejor gestión redundaría en
unas mejores condiciones de planeamiento a medio y largo plazo, que a su
vez permitirían cumplir los compromisos internos y externos con holgura,
y eso, señorías, sería bueno para todos. La estructura actual no responde
a este desarrollo y, consecuentemente, estanca nuestras Fuerzas Armadas
o, por lo menos, las lastra.
Yo no voy a caer ahora en la reiteración del cúmulo de argumentos que nos
proporcionaron ya los jefes de Estado Mayor, que desde luego son
irrebatibles, por mucho que se quiera, «ad origine», y tampoco voy a caer
en el tópico de la fuerza hueca, pero si algo es evidente, es que tenemos
unas Fuerzas Armadas con una operatividad limitada. Y es verdad que
tenemos unas Fuerzas Armadas en condiciones aceptables, pero no por la
política de estos gobiernos socialistas, sino por la inmensa categoría de
los profesionales que las componen, por unos soldados de reemplazo que
cumplen con su deber solidario por encima de las deficiencias en las
condiciones para la prestación y porque tienen todos un patriotismo y una
moral difíciles de minar, porque estos Presupuestos limitan su formación
y su adiestramiento y en ellos se pretende, además, recortar las
prestaciones y las ayudas sociales, y eso que lo presenta un Gobierno
socialista.
Estos Presupuestos persisten en la burocratización en detrimento de la
operatividad, y yo no sé si sus señorías me lo van a permitir, pero voy a
hacer una cita textual: «La mayor parte de los militares se ocupaban en
administrar el propio Ejército a través de una burocracia con
innumerables puestos inútiles creados para justificar vacantes; muy pocos
mandaban fuerzas con suficiente número de soldados y armas, dado que las
compañías solían estar reducidas a la mitad y muchas se mantenían en
cuadro, es decir, con oficiales pero
sin hombres ni material.» Pues bien, aunque esto pueda parecer una
versión algo pesimista de la actualidad, les aseguro que se refiere al
estado del Ejército español allá por el año 1850 y corresponde, además, a
un capítulo titulado «Un Ejército para no hacer la guerra», del libro «El
Problema Militar en España», del tratadista menorquín Gabriel Cardona.
Quiero decir con esto que las lecciones de la historia no están bien
aprendidas, y por eso persistió en este esquema el Grupo Socialista en la
Ley de Plantillas y persiste con el actual presupuesto, donde la
gravitación del órgano central impide el desarrollo de los aspectos
operativos, aunque restemos el I+D del «Eurofighter» y una reserva que,
por cierto, tampoco responde a la del modelo del Ejército acordado. Y es
cierto que coincidimos en el modelo, pero en su aplicación práctica nos
alejamos porque cuantos esfuerzos hacemos desde mi Grupo por colaborar
son rechazados por el Gobierno, que impone indefectivamente su criterio,
y se equivoca. Se equivoca solo, pero en perjuicio de todos.
Pretendemos una mayor profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas,
pero yo le recomiendo la lectura previa de Moskos para que no confunda
profesión con ocupación, que ahí estaría una de las razones de la baja en
la acción social de las Fuerzas Armadas, porque en la aplicación de un
concepto o de otro, el de profesión o el de ocupación, nos jugamos el
modelo. Y también sería recomendable que repasaran otro concepto, el de
la fuerza segmentada de Hauser, y no es que quiera yo ponerles deberes
para las vacaciones, sino que les propongo una reflexión porque por este
punto también quiebra el modelo.
Señorías, sólo el 5,6 por ciento de los efectivos del Ejército de Tierra
recibirán con este presupuesto un adiestramiento completo y serán
unidades aceptablemente dotadas de material. Si el dogmatismo ideológico
no se lo impidiera, tal vez la reflexión pudiera ser compartida en esta
Cámara, pero de momento y con este presupuesto nada se podrá corregir.
El Ministro del ramo, que, por cierto, sigue sin venir porque está en el
Consejo de Ministros --salvo que esté por aquí mimetizado--, nos
comparaba en el Congreso las capacidades en material presentes con las de
hace diez años, y además nos presentaba bifrontes, entre tímidos e
irascibles. Pues yo le voy a contestar con firmeza, con tranquilidad y
con buena memoria. Recuerden sus señorías que a partir de 1979 se inician
las modificaciones en los carros AMX-30 y en 1983 prometió el Gobierno
socialista la adquisición de otros de nueva generación a la vista de los
malos resultados. Pasó el tiempo y en 1987 se aprueba su modernización
mientras se estudia la fabricación de un prototipo español que se iba a
llamar «Iberia» o «Lince», pero por tener unas características muy
similares al «Leopard» alemán, se acordó firmar con ellos un precontrato
para su fabricación en España. Pues bien, ¿recuerdan sus señorías el
escándalo Flick, el primero de la serie? Pues por eso se abandonó el
programa. (Rumores.) Con los créditos gastados en modernización de carros
desfasados, los AMX-30, los M-60A1, los M-60A3, podríamos estar ahora
fabricando nuestros propios carros.
Continúo. Hasta 1982, el programa naval contemplaba la creación de dos
grupos de combate con portaaeronaves cada uno y sus correspondientes
escoltas; lo redujeron a la mitad, y les recuerdo que la quilla del
«Príncipe de Asturias» no la pusieron ustedes, sino que se puso en 1979.
En 1982, la Armada cedió a Bazán las dos últimas corbetas para venderlas
a la marina egipcia y el Gobierno prometió construir dos fragatas con el
importe de la venta. Ese era el contrato del siglo. ¿Les cuento el final?
Que no hemos cobrado, y doce años después tenemos sólo una. El Gobierno
socialista redujo a la mitad el programa de compra de los F-18 del
Ejército del Aire: de 144 a 72, y además era ampliable. Pues no; se ha
abandonado la modernización, además, de los Mirage-3 y se ha renunciado a
la de los F-5 y de los Orión. Capacidades es verdad que hay más, pero
mucho menos de las programadas y sin el nivel que correspondería a los
presupuestos que se han empleado por falta de planificación adecuada y
abandonos irresponsables; programas de I+D abandonados; malas
contrataciones; ley de dotaciones incumplida sistemáticamente, en fin,
una industria estratégica hundida, como el otro día comprobamos en la
comparecencia del Secretario de Estado, que nos impide una base
industrial indispensable para tener una política de defensa propiamente
dicha, dada nuestra dependencia no tanto de recursos como de «knowhow» y
de tecnología. No es la política de hoy, sino la de hace más de diez
años, la que se mantiene en la estructura de gastos de esta sección, y
con ella vamos a permanecer en este marasmo, y con la disminución que
vamos a tener en la incorporación de los créditos, la situación desde
luego se va a agravar.
Señorías, en estas condiciones nosotros no podemos apoyar este
presupuesto y por ello pedimos su devolución al Gobierno y solicitamos en
este veto el apoyo con el voto de sus señorías.
Paso, con toda brevedad, a defender nuestras enmiendas parciales, cuya
justificación viene marcada por la contención en general de los gastos
burocráticos y protocolarios en beneficio de la operatividad de nuestras
Fuerzas Armadas, de acuerdo con los argumentos que hemos presentado en el
veto a la Sección. En tal sentido van las enmiendas números 263 y 264,
esta última sobre el Cesid, cuyas actividades publicadas estos días,
cuando menos turbias, refuerzan la justificación de nuestra petición. Así
como la enmienda número 280, sobre los gastos reservados del Ministro
--que, por cierto, ni mimetizado, sigue aquí--; las enmiendas 266 y 267,
sobre las reducciones por el gasto de protocolo, y
la número 273, referente al Drisde, que queda reforzada en este caso, por
su incierto futuro.
Se complementan estos recortes con los incrementos que solicitamos en las
enmiendas números 265,268 hasta la 272, destinadas, con un carácter muy
general, a gastos operativos e inversiones de los Ejércitos. En este
punto, les quiero recordar el recorte del 23 por ciento que sufrirá el
Capítulo 6 por falta de incorporación de créditos. La razón de su
generalidad radica en que consideramos que son los Estados Mayores de los
Cuarteles Generales los que, sin duda, podrían aplicar estos incrementos
a unas carencias y necesidades que ellos bien conocen. Es decir, que lo
que pretendemos con ellas es, sencillamente, marcar una tendencia dentro
de una estructura presupuestaria que no compartimos en absoluto.
En las enmiendas números 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283 y 284
solicitamos la supresión del gasto por contratos con empresas de asesoría
externa, en cuanto que consideramos que tales funciones pueden cumplirse
por el propio personal de nuestras Fuerzas Armadas, que en la mayoría de
los casos no sólo mejora, sino incluso duplica las funciones que se
contratan y, además, tienen una altísima cualificación.
Por último, en la enmienda número 274 solicitamos que se repongan en las
mismas cantidades los créditos del pasado Ejercicio destinados a acción
social de los Ejercitos. Escasamente responde ya a un mínimo de justicia
mantenerlos en los términos del año pasado, porque, en realidad, suponen
una disminución; pero lo que resulta difícilmente tolerable es rebajar
este tipo de convenios y de ayudas a unos profesionales cuyas
percepciones el propio Gobierno reconoce que son insuficientes. El
incremento que proponemos no lo hacemos en detrimento del ya de por sí
escaso presupuesto de la Sección, sino de una baja en la Sección 31.
Como ustedes se las han leído todas, incluso mejor que nosotros, se
habrán dado cuenta de que aquí hay un error mecanográfico que la hace
figurar como Sección 32; cuando es la Sección 31.
Con esto, señorías, damos por defendido nuestro veto y todo el paquete de
enmiendas a la Sección. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender aquí el debate porque habíamos
previsto iniciar las votaciones a la una. Lo continuaremos esta tarde.
(El señor Díez González pide la palabra.) ¿Senador Díez, pide su señoría
la palabra?
El señor DIEZ GONZALEZ: Sí, señor Presidente, muchas gracias.
Quiero indicar que pensaba continuar con la Sección y, si se produce esta
interrupción, desearía saber si la Presidencia me puede comunicar a qué
hora se reanudará el debate.
El señor PRESIDENTE: Existe un acuerdo de la Junta de Portavoces
referente a que a la una estaban fijadas las votaciones. La Presidencia
no tiene ningún inconveniente en modificarlo, pero tendrían que ser los
miembros de la Junta de Portavoces quienes indicaran si el debate debe
continuar. Está previsto reanudar la sesión a las cuatro de la tarde. Yo
espero, en cualquier caso, que si sus señorías quieren que se mantenga la
unidad del debate, me lo manifiesten formalmente.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Estoy absolutamente de acuerdo en lo que
ha dicho el Portavoz socialista. Creo que habría que acabar esta Sección
y dejarla zanjada.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Señores Portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ruiz-Gallardón.
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que una de las claves de la
estabilidad del debate y de máxima comodidad y, además, disponibilidad de
los señores Senadores, es el acuerdo que se ha alcanzado de fijar unas
horas de votación: a la una del mediodía, y a las ocho de la tarde.
Romper ese criterio, aunque pudiese mantener una cierta coherencia en el
debate, provocaría una disfunción en el ejercicio del derecho del voto
que todos los Senadores tenemos. Nosotros, desde luego, no somos
partidarios de dar marcha atrás en el acuerdo de la Junta de Portavoces
y, por tanto, solicitamos que se mantengan los horarios de votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, en la Junta de Portavoces se decidió que a partir de la
una del mediodía podían comenzar las votaciones, entendiendo siempre que
si había cuestiones en debate podrían terminarse. Yo entiendo que un
turno en contra y, por supuesto, un turno de Portavoces, podrían
prolongar excesivamente la duración de la sesión. En consecuencia para
garantizar la estabilidad de los horarios en este difícil debate
presupuestario, acepto la petición del Grupo Popular de que se continúe
en este momento con las votaciones. (El señor Sanz Cebrián pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, tiene su señoría la palabra.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar nuestro asentimiento con la propuesta del Grupo
Popular, así como pedir disculpas al hemiciclo por cuanto que ha habido
un malentendido dentro del Grupo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a iniciar las votaciones correspondientes al Proyecto de Ley de
medidas fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y
de la Protección por Desempleo.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, solicito la palabra para una
cuestión de orden sobre el orden --valga la redundancia-- de las
votaciones, de manera que facilite la votación de ambos proyectos de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
En la sesión de ayer quedó pendiente de votación el Título VI del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, y quedó pendiente
como consecuencia de una petición del Grupo Parlamentario Socialista de
que se hiciera votación separada de algunos apartados del artículo
setenta y cuatro. Esa petición fue aceptada por la Mesa, y fue rechazada,
obstaculizada, por el Grupo Parlamentario Popular.
Mi intervención en este momento y en esta cuestión de orden, pero que
debo argumentar, es para facilitar que se pueda pasar a votar
inmediatamente el Título VI, porque mi Grupo no está dispuesto a
descender al mismo nivel al que entiende que el Grupo Parlamentario
Popular descendió ayer... (Protestas en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor BAYONA AZNAR: ...Con su intransigencia, que es ajena a la
cortesía parlamentaria y a los usos precedentes en esta Cámara (Protestas
en los escaños de la derecha.), pretendiendo, quizá, buscar más un
titular que distrajese la atención de la derrota, sufrida en buena lid,
en el debate presupuestario (Varios señores Senadores: ¡Esto no es una
cuestión de orden!), e incluso --y esto es lo que me parece más
importante y motiva la decisión del Grupo Parlamentario Socialista--
prefiriendo que saliera de esta Cámara un texto que, obviamente
--obviamente--, no refleja la mayoría de la Cámara.
Creo que esto es un deplorable ejercicio de filibusterismo parlamentario,
que alcanza especial gravedad cuando se vierten dudas... (Protestas en
los escaños de la derecha.--Aplausos en los escaños de la izquierda.)...
que alcanza, digo, especial gravedad cuando se vierten dudas sobre la
constitucionalidad --como se hizo ayer-- de la decisión de la Mesa o,
incluso, de la propia aprobación delos Presupuestos Generales del Estado.
Eso, creo, es hacer fantasmagóricas construcciones de castillos en el
aire a partir de un incidente... (Varios señores Senadores: ¡Esto no es
una cuestión de orden! ¡Orden!, ¡Orden!--Protestas en los escaños de la
derecha.) ... a partir...
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.
El señor BAYONA AZNAR: ... a partir, digo... (Varios señores Senadores:
¡Orden!, ¡Orden!)
El señor PRESIDENTE: La Mesa conserva el orden. ¡Ruego silencio!
Le ruego que vaya concluyendo, Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Voy a terminar, si me permiten... (El señor
Alierta Izuel: ¡Esto no es una cuestión de orden!)
El señor PRESIDENTE: Senador Alierta, le ruego silencio.
El señor ALIERTA IZUEL: ¡Esa no es una cuestión de orden!
El señor PRESIDENTE: Senador Alierta, ¡le ruego que se siente!
El señor BAYONA AZNAR: Si me lo permiten sus señorías, podré concluir.
Yo creo que todo el debate de ayer se trata de una construcción en el
aire a partir de un error --lo reconozco, error-- insignificante; creo
que podemos decir que es un error insignificante cuando ayer mismo el
Portavoz del Grupo Popular reconocía que la mayoría parlamentaria que el
pueblo español ha otorgado a este Grupo le permite tener la generosidad
de renunciar a la solicitud que ayer hice de votar separadamente porque
en ambas Cámaras tenemos la mayoría, cosa que no puede decir el Grupo
Popular.
De esta manera, lo que pretendo, señorías, es precisamente restablecer un
clima de serenidad y de confianza, a partir de este momento, entre los
Grupos Parlamentarios. Creo que lo demás responde a vanidades inmaduras,
y con esta decisión del Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: Senador Bayona, le ruego que concluya, por favor.
El señor BAYONA AZNAR: Estoy concluyendo, señor Presidente. Decía que con
esta decisión del Grupo Socialista hacemos un servicio a la Cámara y un
ejercicio de responsabilidad política, porque nosotros ganamos las
votaciones sin necesidad de apoyarnos en triquiñuelas, porque los
electores nos han permitido ganar las elecciones generales. (Aplausos en
los escaños de la izquierda.--Protestas en los escaños de la derecha.--El
señor Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Ruiz-Gallardón, ¿por qué cuestión pide la palabra?
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Señor Presidente, para manifestar el
criterio de nuestro Grupo en relación a la cuestión de orden que ha
presentado y planteado el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Se la concedo por alusiones. ¿Le parece bien?
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: No, señor Presidente. Creo que se ha
planteado una cuestión de orden en la que se solicita una rectificación,
que no es el turno de alusiones, sino que los Grupos Parlamentarios,
especialmente el nuestro, por haber sido el que ayer propuso una toma de
posición por parte de la Mesa, tiene derecho a intervenir. Si el señor
Presidente no me da la palabra...
El señor PRESIDENTE: Sobre este extremo sí, pero no sobre la cuestión de
orden, que compete resolver a la Presidencia de la Mesa.
Tiene la palabra su señoría.
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Señor Presidente, entiendo que la
cuestión de orden ha sido expuesta por el Portavoz del Grupo Socialista,
y que no ha sido rectificada la calificación por parte de la Mesa ni por
parte de la Presidencia, que es a quien le correspondería.
El señor PRESIDENTE: ¿Ha terminado su intervención?
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Estoy esperando que me dé la palabra la
Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Se la daré cuando tenga que dársela. Senador
Ruiz-Gallardón, ¿ha terminado su intervención?
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: No la he empezado, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario empieza por decir que agradece mucho la
rectificación del Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que cuando se
han equivocado los planteamientos, cuando se han cometido errores
importantes en el intento, a nuestro juicio mal articulado desde el punto
de vista reglamentario, de rectificar un error material, rectificar en
este caso esa pretensión es una actitud que a nosotros nos parece
positiva.
Solamente lamentamos dos cosas: en primer lugar, que el reconocimiento de
error no haya sido lo suficientemente generoso para plantearlo
decididamente en la Cámara no como un error material, sino como un error
constitucional que es lo que ayer realizó el Grupo Parlamentario
Socialista. (Rumores.)
Aquí no se está discutiendo, señorías, si el Grupo Parlamentario
Socialista estaba o no suficientemente atento en el momento de realizar
la votación, porque esa materia no fue objeto de debate ni fue sometida a
consulta de los Portavoces por parte de la Presidencia. Aquí lo que se
estaba discutiendo es un precedente muchísimo más grave, consistente en
decir si una vez que el Senado en Pleno se había pronunciado sobre una
materia determinada, porque un Grupo Parlamentario quisiera se podía
volver a solicitar a la Cámara otra nueva toma de posición en sentido
distinto. Por tanto, eso es lo que se articuló reglamentariamente como
incorporación o no al Dictamen de la Comisión de una enmienda que había
sido aprobada por el Pleno de la Cámara.
Señor Bayona, en primer lugar, lamento mucho que usted, en lugar de poder
disfrutar de su fiesta ayer --que nos consta que tuvo el Grupo
Parlamentario Socialista--, haya tenido que estar toda la noche
preparando esa improvisada intervención. (Risas.) En segundo lugar, que
no se puede confundir la cortesía parlamentaria con la defensa de los
derechos de los Senadores y en este caso, lo que ha hecho este Grupo
Parlamentario es evitar --oponiéndose a que ese precedente se convirtiese
en algo perverso para el ejercicio de ese derecho-- que los Senadores
perdiesen posibilidades en el ejercicio de su función parlamentaria.
En tercer lugar, señor Bayona, yo creo que usted hoy aquí ha hecho un
ejercicio ciertamente de prudencia política, porque si cuando se van a
perder unas determinadas confrontaciones lo que se hace es retirarse
antes, si cuando se solicita un informe jurídico y una Junta de
Portavoces, donde se carecen de argumentaciones, lo que se hace es
retirar la pretensión, a mí me parece que quizá pueda tener alguna
discusión desde el punto de vista estético pero, indudablemente, desde el
punto de vista pragmático ustedes han evitado la derrota. Ahora bien, que
quede claro que la razón asistía
a este Grupo Parlamentario, y que quede claro que ustedes, con su actitud
de hoy, lo que han hecho es decir que ayer este Grupo tenía razón y que
usted, con su intervención de hoy, ha desautorizado a todos sus Senadores
que ayer patalearon la intervención de este Portavoz.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.--Pateos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Retirada la solicitud de votación separada, y
propuesta, por tanto, la votación del Título VI pendiente, no ha lugar a
que la Mesa y la Presidencia exprese cuáles son los criterios contenidos
en el informe jurídico que, en su caso, iba a ser conocido por la Junta
de Portavoces.
No quiero reabrir el debate, pero pido respeto a un informe que sólo
conozco yo. En todo caso, con la cortesía parlamentaria, es decir, algo
que atañe a las buenas maneras, pero también al sentido común --que es el
método con el que se resuelven los problemas cotidianos--, seguramente no
hubiera sido necesario tal informe jurídico.
Vamos a pasar a votar seguidamente el Título VI.
Sometemos a votación el Título VI del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, artículos sesenta y dos a ochenta, con las
incorporaciones derivadas de la aprobación de las enmiendas efectuadas en
la tarde de ayer.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a
favor, 137; en contra, 105; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE
LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO. (Continuación.) (S.
621/000010; C. D. 121/000014.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos las votaciones referidas a la ley de
Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y
de la Protección por Desempleo.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 a 13 y 51 a 65, de los
Senadores Cuevas González y Vilallonga. Se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, cuatro; en contra, 236; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 16 a 28, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 106; en contra, 131; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado en su momento fue
retirada la enmienda número 161. Vamos a someter a votación las números
158, 159 y 160.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 114; en contra, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
De las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, las números 347, 355 y 356 fueron retiradas. La
número 337 está relacionada con una enmienda transaccional de la que
posteriormente daremos cuenta.
Por tanto restan por votar las enmiendas números 336 y 338. (El señor
Marca i Cañellas pide la palabra.)
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, las enmiendas números 336 y
338 las retiramos en este momento porque tienen relación también con la
enmienda transaccional presentada.
El señor PRESIDENTE: Las retira su señoría; entonces no queda ninguna
enmienda por votar.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Queda la número 337 que se refiere a la
enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Gracias.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, número 170 a 209. (El señor
Utrera Mora pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, pedimos votación separada de las
enmiendas números 175, 176, 184, 185 y 197.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Utrera.
(El señor Virosta Garoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el Senador Virosta.
El señor VIROSTA GAROZ: Señor Presidente, pedimos la votación separada de
la enmienda número 180.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 180.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 111; en contra, 128; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se someten a votación las enmiendas números 175, 176, 184, 185 y 197.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 109; en contra, 129; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las demás enmiendas correspondientes a este voto
particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 108; en contra, 133; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Hay una enmienda transaccional, ya citada, y otra de modificación del
dictamen. La enmienda transaccional se soporta sobre la número 337 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, es de
sustitución al apartado dos, del artículo 3; se sustituye el requisito de
participación del 25 por ciento por el del 20 por ciento y está suscrita
por todos los Grupos Parlamentarios.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara,
queda aprobada por asentimiento.
Los seis portavoces de los Grupos Parlamentarios al artículo 4 bis han
propuesto una enmienda transaccional a la enmienda 290, del Grupo
Parlamentario Socialista. Esta enmienda no existe, no está viva, pero en
todo caso se entiende que los portavoces con las seis firmas soportan una
enmienda de modificación del dictamen en los términos que sus señorías
conocen y ahorro su lectura por ser exclusivamente literario.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Con las modificaciones realizadas e incorporadas al texto del dictamen,
vamos a someter a votación los artículos 1 a 9 bis, es decir, el Título I
de este proyecto de ley.
Me señalan los servicios de la Cámara que los ponentes de la ley son
conscientes de un error mecanográfico en la página 205 del boletín
referido al dictamen de la Comisión de este proyecto de ley, En la página
205, artículo 6, punto 3, se señala «podrán disfrutar» y la voluntad de
la Comisión es que figure «disfrutarán». Y en el cuadro en el que aparece
«período» y «tanto por ciento de bonificación máxima», al parecer, la
palabra «máxima» tiene que estar a continuación de «período»; es decir,
quedaría: «período máximo y tanto por ciento de bonificación». ¿Son
correctas la modificaciones? (Pausa.)
Con esta salvedad se somete conjuntamente a votación el texto del
dictamen, Título I.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 131; en contra, 106; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título II, voto particular, enmiendas números 66 a 99 del Grupo
Parlamentario Mixto, suscritas por los Senadores Cuevas González y
Vilallonga Elviro.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, cinco; en contra, 233; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. A este respecto hay que señalar que comprenden las
enmiendas números 30 a 42. La número 42 queda pendiente, no se someterá a
votación porque soporta una enmienda transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, ocho; en contra, 230; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Popular son las enmiendas números 210 a 255. En el transcurso
del debate fueron retiradas las números 225, 230, 233, 242, 248 y 250.
(El señor Utrera Mora pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, pedimos votación separada de la
enmienda número 253.
El señor PRESIDENTE: Sometemos dicha enmienda a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 102; en contra, 130; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se someten a votación las demás enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 97; en contra, 134; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda transaccional a la que me he referido viene suscrita por los
portavoces de cuatro Grupos Parlamentarios. Se propone añadir una nueva
disposición transitoria que modifique el apartado 3 de la disposición
transitoria sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, con el siguiente texto: Los
procedimientos de ingresos referidos en esta disposición sólo serán de
aplicación durante un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 242; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con las modificaciones introducidas en el texto del dictamen, se somete a
votación conjunta este Título II, artículos 10 a 24.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 138; en contra, 105; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título III. Las enmiendas del Senador Cuevas González son las números 100
a 118.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 144 a 153, del Senador Ramón i Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, siete; en contra, 124; abstenciones, 112.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 43 a 153, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, siete; en contra, 131; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, enmiendas
números 162 a 168.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 12; en contra, 128; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. La número 258 se retiró. Las
demás enmiendas son las números 256, 257 y 259 a 265. Se votan
conjuntamente. (El señor Torrontegui Gangoiti pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Pedimos votación separada de la enmienda
257, por favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos las enmiendas números 256 y 259 hasta el final de este voto
particular. La 257 la votaremos después.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 102; en contra, 132; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 257.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 109; en contra, 129; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a someter a votación el Título III, artículos 25 a 39, del texto
del dictamen conjuntamente. Recuerdo a sus señorías que el artículo 34
fue suprimido por decisión de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 132; en contra, 106; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmienda número 124, del Senador Cuevas González, correspondiente a su
voto particular número tres. Propone un nuevo Título IV.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, cinco; en contra, 233; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 125, del mismo señor Senador, que propone un Título V
nuevo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, uno; en contra, 235; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Disposiciones adicionales primera a decimoséptima. La tercera fue
suprimida en Comisión y las cuatro últimas incorporadas en el mismo
trámite.
En primer lugar, votamos las enmiendas número 126 a 131, del Senador
Cuevas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, cuatro; en contra, 239; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 47, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, siete; en contra, 129; abstenciones, 107.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 267 a 185. (El señor
Torrontegui Gangoiti pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada para las enmiendas números 269, 270 y 271.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sometemos estas enmiendas a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 108; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos las restantes enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 102; en contra, 131; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Socialista mantuvo las enmiendas números 326 y
327, que tienen cada una un texto transado con la firma de seis Grupos
Parlamentarios. Quedaría, en todo caso, por votar la enmienda número 328.
Se somete seguidamente a votación la enmienda número 328, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 118; en contra, 19; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se somete a votación la enmienda transaccional sobre la base de la
enmienda 326 del Grupo Parlamentario Socialista, en sustitución del
epígrafe 811 por la redacción que conocen sus señorías.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 240; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 327, del Grupo
Parlamentario Socialista, en la que se propone una redacción al número 7
del artículo 15 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y
sanciones en el orden social. ¿Alguna aclaración complementaria? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 242; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con estas modificaciones sometemos a votación las Disposiciones
Adicionales Primera a Decimoséptima con las nuevas incorporadas en el
texto del Dictamen; la Tercera recuerdo que fue suprimida. (El señor
Pérez García pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Querría solicitar a la Presidencia, si ello fuera posible desde el punto
de vista reglamentario, que se hiciere una rectificación en el Título de
la Disposición Adicional Octava para hacerlo coherente con el contenido
que tienen en estos momentos la misma después de haberse modificado el
texto original por medio del Dictamen de la Comisión. Es simplemente para
asegurar la congruencia entre el título y el contenido.
El señor PRESIDENTE: La modificación que se ha aprobado ¿venía suscrita
por todos los Grupos Parlamentarios?
El señor PEREZ GARCIA: No.
El Grupo Socialista pensaba aceptar una enmienda de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al título de esta Disposición Adicional
Octava porque ya había sido aceptada una enmienda al contenido de esta
Disposición, y pretendemos, sencillamente, hacer reincidir el título con
el contenido de la Disposición Adicional Octava.
Se trata de suprimir del título los dos términos «o consulta».
El señor PRESIDENTE: Para ilustrar a la Cámara, la Disposición a la que
se refiere el señor Senador viene rotulada como «negociación o consulta
de los planes de empleo», y deduzco que quedaría «negociación de los
planes de empleo».
¿Hay oposición por parte de los Grupos Parlamentarios a que pueda
entenderse una modificación al Dictamen? (Pausa.)
Existiendo conformidad, entendemos que se ha producido esta modificación
al Dictamen y, por tanto, con todo ello bien registrado, procedemos a la
votación del conjunto de las Disposiciones a las que antes me he
referido.
Muchas gracias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 138; en contra, 106; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones Transitorias. Enmiendas 14, 15 y 132 a 138.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a
favor, cinco; en contra, 144; abstenciones, 42.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Cuevas González pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo no le voy a pedir que se repita la votación, solamente quiero expresar
que no me he enterado muy bien, estaba un poco despistado con todos los
papeles, y como comprenderá el señor Presidente y la Cámara, sería un
masoquista si votara contra mi propia enmienda.
Mi intención de voto era afirmativa.
El señor PRESIDENTE: Afortunadamente, las máquinas tienen mejor registro
que su señoría y que el Presidente, a veces. Sus enmiendas han sido
rechazadas.
Enmiendas números 29, 48, 49 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, nueve; en contra, 229; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 286 a 289 del Grupo Popular, que se someten a votación.
¿Senador Utrera, me pide la palabra? Tiene su señoría la palabra
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, solicitamos votación separada de
la enmienda 289.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda 289.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 104; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las demás enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 245; a
favor, 104; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda --la Tercera fue
suprimida en Comisión-- del Texto del Dictamen.
Si inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 134; en contra, 111.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición Derogatoria, enmiendas 141 a 143 del Senador Cuevas, que se
someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, dos; en contra, 240; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se vota la Disposición Derogatoria según el texto del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 135; en contra, 108; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones Finales Primera y Segunda, enmiendas números 139 y 140 del
Senador Cuevas González, que se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, seis; en contra, 239.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Antes de someter a votación el Dictamen de las Disposiciones Finales,
hemos advertido en la Disposición Final Segunda un problema de
interpretación que quizás el Presidente de la Comisión o alguno de los
ponentes podría, en su caso, disipar.
La Disposición Final Segunda dice: La presente Ley entrará en vigor el
día 1.º de enero de 1994, salvo la Disposición Adicional que entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero las
Disposiciones Adicionales son diecisiete, entonces la duda es si es
plural o si se refiere a las diecisiete.
El Senador Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
Además de responder a la pregunta que hace la Presidencia, tengo yo, a mi
vez, que formular otra.
Respecto de la primera pregunta yo creo que la fecha en que se va a
publicar en el Boletín Oficial del Estado y el primero de enero no va a
ser muy distante. Por tanto, podemos poner la misma entrada en vigor para
el conjunto de todo el Proyecto de Ley.
Respecto a la segunda cuestión que quería plantear este portavoz es saber
si se ha votado un texto transaccional con la enmienda 286 del Grupo
Parlamentario Popular a la Disposición Transitoria Quinta, puesto que hay
dudas y parece que no se ha votado esta enmienda transaccional, firmada
por todos los Grupos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, el texto acaba de llegar. Está sin
registrar, pero en tanto que está suscrito por todos los Grupos
parlamentarios podemos salvar el problema de que, la enmienda 286, para
la cual, si no recuerdo mal, el Senador Utrera ha pedido votación
separada, pero nadie ha advertido que soportaba una enmienda
transaccional, ya no existe. Pero al estar suscrita por todos los grupos
parlamentarios, entiendo que la voluntad unánime de la Cámara es su
inclusión. Es una enmienda transaccional a la enmienda 286 del grupo
Parlamentario Popular en la que se propone la siguiente sustitución:
Disposición Transitoria Quinta, un texto completo, que no sé si será
necesario pasar a leer a la Cámara.
Se puede entender aprobada por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)
Así se proclama.
¿En relación con las Disposiciones Finales, las sometemos a votación por
separado o conjuntamente? (Pausa.) Conjuntamente.
Se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 135; en contra, 108.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resta por votar la Exposición de Motivos y el título de la ley. Hay un
voto particular del Senador Cuevas González, enmienda número 50, que
sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, siete; en contra, 234; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la Exposición de Motivos del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 136; en contra, 108.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Concluidas así las votaciones a este proyecto de ley, tal y como dispone
el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por Su Majestad el Rey.
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994.
(Continuación.) (S. 621/000007; C. D. 121/000013.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar, hasta aproximadamente las dos y
media, las votaciones de las Secciones de los Presupuestos Generales del
Estado. A las dos y media, en cualquier caso, suspenderemos la sesión.
(El señor Granado Martínez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Quiero rogarle que repita los términos de la
votación.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones correspondientes a
las secciones de los Presupuestos y a las enmiendas presentadas a las
mismas. Continuaremos las votaciones hasta las dos y media. Y
comenzaremos por la sección 01 que no ha sido objeto de enmiendas y que
se entenderá aprobada por asentimiento de la Cámara. ¿Alguna objeción?
Así se proclama,
La Sección 02 tampoco ha sido objeto de enmienda. ¿Puede entenderse
aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
La Sección 03 tampoco ha sido objeto de enmiendas. ¿Puede entenderse
aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
La Sección 04 no ha sido objeto de enmiendas. ¿Puede entenderse aprobada
por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
La Sección 05 no ha sido objeto de enmiendas. ¿Puede entenderse aprobada
por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
La Sección 08 no ha sido objeto de enmiendas. ¿Puede entenderse aprobada
por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
A la Sección 12 se han formulado las enmiendas números 951 a 953, del
Senador Cuevas González, que se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, cuatro; en contra, 129; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda del Senador Ramón i Quiles número 1.251.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, cuatro; en contra, 229; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Mixto se somete a votación la enmienda número
1.216.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 107; en contra, 132; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la enmienda 1.177 del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Perdón, Senador Barbuzano, ¿está ya votada su
enmienda?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Está retirada.
El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular números 234 a 241.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 104; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la Sección 12 del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 135; en contra, 106; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la Sección 13, enmiendas números 1.487 y 1.488 de los Senadores
Barahona y otros.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 104; en contra, 131; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas del Senador Cuevas González 954 a
977.
(El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
El señor SANZ CEBRIAN. Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero solicitar la votación separada de las enmiendas números 958, 960,
961, 962 y 965.
El señor PRESIDENTE: Sometemos, entonces, estas enmiendas a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 10; en contra, 131; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las demás enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, tres; en contra, 131; abstenciones, 109.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas 1.639 y 1.640 del Senador García
Royo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 103; en contra, 131; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda número 1.675 del Senador Lobo Asenjo y
otros firmantes.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 103; en contra, 132; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Barbuzano González pide
la palabra.)
Enmiendas de la Senadora Luzardo Romano números 1.680 y 1.683.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos que la votación se haga en dos bloques. Que se voten en un
bloque las enmiendas números 1.680 y 1.683 y en otro las enmiendas
números 1.681 y 1.682.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 1.680 junto
con la número 1.683.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 104; en contra, 132; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 1.681 y 1.682.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 108; en contra, 128; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1.573, mantenida como voto particular por la
Senadora Luzardo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 104; en contra, 132; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1.230 del Senador Ramón i Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 105; en contra, 128; abstenciones, doce.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Solicito criterio sobre si pueden ser votadas conjuntamente las enmiendas
suscritas por el Senador Ruiz-Gallardón y otros firmantes y las enmiendas
números 1.787, 1.453, 1.464, 1.479, 1.498 y 1.540 suscritas por la
Senadora Vindel López y otros firmantes.
¿Podrían agruparse también para su votación las de los Senadores Cacharro
Pardo, Senadora Vindel y otros firmantes, enmiendas números 1.541, 1.542,
1.543, 1.544, 1.643, 1.644, 1.645, 1.702 y siguientes de la Senadora
Vindel López, 1.705 del Senador Martínez Soriano y 1.813 y 1.814 de la
Senadora Vindel?
Tiene la palabra el Senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTIN: Señor Presidente, solicito la votación
individual de las enmiendas números 1.445 y 1.446.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Ainsa, creo que su señoría se refiere a las
firmadas por usted mismo. No pueden ser sometidas a votación porque han
decaído en el transcurso del debate. (Rumores.)
Puede intervenir, Senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTIN: Señor Presidente, si no me traiciona la memoria,
creo que han sido mantenidas por la Senadora Vindel y en el paquete que
su señoría acaba de mencionar constaban las dos.
El señor PRESIDENTE: No, señoría.
Estos votos particulares están firmados por su señoría. Lo que ocurre es
que la Senadora Vindel firma votos particulares de otros miembros de su
Grupo pero no éstos en concreto. Por ese motivo no pueden ser mantenidas
para su votación.
El señor AINSA ESCARTIN: Le pido mil disculpas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Yo también lo siento.
Sometemos a votación conjunta las enmiendas citadas anteriormente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 108; en contra, 131; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números
1.217 y 1.218.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, cinco; en contra, 134; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1.311, 1.312 y 1.315 del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 10; en contra, 229; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo de Coalición Canaria permanecen vivas las enmiendas números
1.179 y 1.180 que están relacionadas con una enmienda transaccional.
Por tanto, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 242 a 254 y 256 a 261. (El señor Barbuzano González pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, calculo que permanecen
vivas las enmiendas números 1.178 y 1.181. Creo que las otras dos son las
que están afectadas.
El señor PRESIDENTE: Fueron retiradas por su compañero.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Caculo que es al revés, señor Presidente.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas números 1.179 y 1.180 se retiraron en
el transcurso del debate. Las números 1.178 y 1.181 son las que tienen
relación con la enmienda transaccional. Es decir, no queda ninguna por
votar.
Votamos, pues, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 104; en contra, 132; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sobre la enmienda número 1.178 hay una enmienda transaccional firmada por
todos los grupos parlamentarios a la Sección 13, Programa 142-A, Servicio
1303, Capítulo VI, artículo tres, Concepto 1, que entiendo puede ser
aprobada por asentimiento. (Asentimiento.)
Así se declara.
Sobre la enmienda número 1.181 hay otra enmienda transaccional también
firmada por todos los grupos a la Sección 13, Programa 142-A, Servicio
1303, Capítulo VI, artículo tres, Concepto 4, que entiendo también puede
ser aprobada por asentimiento. (Asentimiento.)
Así se declara.
Con estas modificaciones, sometemos a votación la Sección 13 según el
texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 133; en contra, 105; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Quedamos pendientes del turno en contra a la Sección 14, que se efectuará
a partir de las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
Empezamos con el turno en contra a las enmiendas presentadas a la Sección
14.
Tiene la palabra el señor Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después del debate de esta mañana y tras la interrupción del
mismo para efectuar las votaciones, reanudamos el debate de la sección
14, relativa al Ministerio de Defensa.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular y el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto han defendido dos vetos a la totalidad de la Sección
y este portavoz del Grupo Parlamentario Socialista va a tratar de dar
respuesta a los mismos en este trámite, no sin antes dar unas ideas de
cuáles son los objetivos principales del presupuesto de defensa que
estamos discutiendo en estos momentos.
A nuestro juicio, este presupuesto tiene seis objetivos principales: en
primer lugar, frenar la caída presupuestaria de los últimos años. En
segundo lugar, permitir y acometer la primera fase del cambio retributivo
de tropa y marinería profesionales, que es uno de los compromisos
importantes que este Gobierno se ha comprometido a desarrollar en estos
años como consecuencia de los acuerdos parlamentarios que tuvieron su
origen en el debate del Congreso de los Diputados de junio de 1991.
En tercer lugar, ajustar los gastos corrientes de los ejércitos en
beneficio de las inversiones y modernización de nuestras Fuerzas Armadas,
otro objetivo trascendente e importante dentro de la política militar y
de defensa del Gobierno de la nación. En cuarto lugar, mejorar
sensiblemente el mantenimiento del armamento material e infraestructura
de nuestras Fuerzas Armadas. En quinto lugar, mantener el esfuerzo
económico en investigación y desarrollo, y en este sentido se sigue
manteniendo un esfuerzo importante en el presupuesto. Y en sexto lugar,
consolidar ese programa de modernización que precisan nuestras Fuerzas
Armadas.
Yo diría que esas seis líneas argumentales son las que se contemplan en
el conjunto del presupuesto de Defensa, y ante esas seis líneas
argumentales, que serían expuestas, como ha hecho este portavoz, por las
autoridades del Ministerio, el Grupo Popular --y entro en su veto-- dice
lo que ha venido diciendo, como ha manifestado su portavoz, en los
últimos años, porque no ha cambiado en absoluto el discurso del Partido
Popular en estos últimos años. Y habla también de la insuficiencia global
del presupuesto, y al hacerlo y comprobar cómo lo justifica en su veto y
luego comprobar las enmiendas parciales que presenta al presupuesto, se
ve que algo falla en ese argumento, porque no tienen nada que ver y
existe un desfase, a nuestro juicio, importante entre ese discurso
grandilocuente del portavoz del Grupo Popular y las enmiendas parciales
que se presentan como alternativa al presupuesto.
Creo que el portavoz de Grupo Popular nos tendría que decir algo más.
Tiene que decir cuánto, cómo y dónde quieren subir el presupuesto de
Defensa y cómo compaginarán esta subida con la política de reducción del
déficit público de la que tanto se ha venido hablando en el debate de
estos Presupuestos y de la que tanto habla el Partido Popular. Tienen que
decirnos también por qué en el programa electoral el Partido Popular
omitió las subidas que ahora defiende en la Cámara sobre el presupuesto
de Defensa. ¿Por qué el Partido Popular, en sus exposiciones públicas
fuera de esta Cámara, nunca habla de las subidas y las expectativas de
subida y de incremento en el presupuesto de Defensa? Tienen que decirlo
porque creemos que es el momento no solamente de hacer esos discursos,
como decía antes, grandilocuentes, sino también de dar cifras y, en
definitiva, aquellas partidas que harían posible los argumentos y el
desfase que a nuestro juicio existe entre la realidad de sus enmiendas y
el verbalismo de sus apreciaciones de la defensa del veto.
Creemos que hay una discrepancia en la política de defensa, una
discrepancia teórica, porque cuando se discute el futuro, el modelo de
Fuerzas Armadas, el modelo de política de seguridad y defensa y política
militar, existen coincidencias pero no se concretan en el momento
oportuno, que es la discusión de los Presupuestos Generales del Estado.
Ustedes comparten con el Grupo Socialista un modelo mixto de Fuerzas
Armadas que, como decía antes, se ha venido discutiendo desde el año 1991
y en el que hemos ido coincidiendo en distintos momentos, como en la
discusión de la Ley de Plantillas, que recientemente hemos aprobado en
esta Cámara, y en la que el Grupo Popular no presenta un veto a la
totalidad, como hemos ido coincidiendo en otros aspectos en los que esa
política militar se concreta. Sin embargo, siguen recurriendo a
verbalismo al que antes me refería a la hora de criticar un presupuesto
sin alternativas concretas.
Creemos que en este presupuesto se produce una inflexión moderada al alza
con respecto al aprobado en 1993. Su señoría no ha hecho ninguna
referencia a esa inflexión correctora. Usted hablaba de mimetismo
refiriéndose a personalidades que no están en este momento aquí, pero yo
creo firmemente que el mimetismo lo tienen ustedes. El Grupo
Parlamentario Popular tiene un mimetismo que a veces da la sensación de
tufo nostálgico, y voy a decir por qué: es el mimetismo derivado de no
haberse enterado de que han ocurrido cosas en el mundo; que han
desaparecido los bloques militares y que el conjunto de los países que
comparten con nosotros una política de defensa y militar están reduciendo
los presupuestos de defensa. Ese mimetismo que hace que ustedes no sepan
lo que está pasando y que incide decisivamente --y usted hablaba de
dividendos para la paz-- en el presupuesto de defensa que en este momento
estamos discutiendo y que hemos discutido en años anteriores. Porque
hablaban de dividendos para la paz y hablan también de déficit público y
de la necesidad de un equilibrio presupuestario en el que se tienen que
fijar prioridades a la hora de establecer un presupuesto y contando con
las necesidades globales de nuestro país.
Por eso decía que el esfuerzo que se ha hecho este año en el presupuesto
rompe la inflexión de los últimos años y es un esfuerzo recuperador, que
trata de aumentar las partidas que más tienen que crecer. Su señoría sabe
que en este presupuesto se consigue por primera vez en muchos años que
las partidas a modernización, a potenciación y a conseguir los objetivos
de mejora en infraestructura de nuestras Fuerzas Amadas van por encima
del crecimiento natural de los gastos corrientes, donde se ha hecho un
esfuerzo importante.
La mejora más apreciable, además, se encuentra --y sus señorías lo
saben-- en el incremento de la profesionalización de nuestros ejércitos,
que es uno de los objetivos más inmediatos. Un incremento que permite,
además, adecuar los sueldos de nuestros profesionales, tanto de tropa
como marinería, a los salarios de los funcionarios de las
Administraciones públicas. Hacemos también un esfuerzo para encontrar
partidas que permitan aumentar esos profesionales de tropa y marinería en
nuestras Fuerzas Armadas, porque lo necesitamos además de ser un
compromiso anterior y de la Ley de Plantillas.
Creemos que llevamos un ritmo adecuado para alcanzar estos objetivos en
un horizonte que vislumbramos alrededor del año 2000. No renunciamos en
absoluto a ese horizonte; lo que ocurre es que la coincidencia de las
circunstancias políticas y económicas no solamente de nuestro país, sino
también de la política militar y de defensa de nuestro entorno, aconsejan
el mismo ritmo que en otros países. ¿Por qué nosotros vamos a ser más que
otros países? Su señoría sabe perfectamente que en el entorno de nuestros
aliados de la OTAN el único país cuyos presupuestos de defensa crecen en
los últimos cinco años es Turquía. Ustedes quieren que nos comparemos con
Turquía. Sabe su señoría perfectamente que el resto de los 14 países
tienen unos descensos notables en los presupuestos, adecuados también a
las necesidades de defensa de cada uno de ellos.
Seguimos apostando en este presupuesto por el material y el sostenimiento
de nuestras Fuerzas Armadas. Su señoría dice que los porcentajes no le
sirven y que, si no fuese así, los utilizaría, pero los porcentajes, con
ser modestos, están ahí, y su señoría sabe que tenemos un crecimiento
cercano al 10 por ciento en material y sostenimiento de nuestras Fuerzas
Armadas frente al 3,4 por ciento que se produce en personal. Por primera
vez se invierte esa tendencia, como le recordaba anteriormente, y creemos
que esa tendencia va a ser mayor en los próximos ejercicios
presupuestarios. Queremos que sea mayor, pero pausadamente, no con esa
velocidad de vértigo que ustedes imprimen en sus exposiciones y que, sin
embargo, no venos en sus enmiendas, que es la gran paradoja de la defensa
que ustedes hacen de la alternativa del Grupo Popular en materia de
política militar en España. Se potencia, por tanto, la inversión sobre
los gastos que no son corrientes, y se produce esa inversión de los
gastos dirigidos a mantenimiento y a material. Creemos, y su señoría lo
sabe perfectamente, que ésa es una de las grandes apuestas de esta
Presupuesto --modesta, decía anteriormente.
También se hace un esfuerzo importante en materia de modernización en los
distintos Ejércitos, con un aumento global del 26 por ciento, que permite
que el Ejército de Tierra tenga un incremento del 39 por ciento, que no
se conocía desde hace bastantes Ejercicios; un incremento del 28 por
ciento en la Armada y un incremento, mucho más modesto, del 7 por ciento,
en el Ejército del Aire. Por tanto, suponen cantidades muy importantes
para el Presupuesto que estamos discutiendo en este momento, los
Presupuestos Generales del Estado: 26.000 millones de pesetas para nuevos
aviones y helicópteros; 24.700 millones de pesetas dedicados a
electrónica, comunicaciones e informática; 15,000 millones de pesetas
dedicados a sistemas de armas, y 11.000 millones de pesetas a
infraestructura y el resto de medios, acorazados, vehículos, etcétera.
Creemos que el esfuerzo es importante y además no hemos visto ese mismo
esfuerzo a través de las enmiendas --y lo digo por tercera vez-- del
Grupo Popular; no las hemos visto concretadas en esa medida.
Por tanto, el Presupuesto que discutimos creemos que va en la línea de no
perder de vista la modernización precisa de nuestras Fuerzas Armadas con
la reducción al mismo tiempo, de esas Fuerzas Armadas y la apuesta
decidida por ese modelo de ejército mixto del 50/50, 50 por ciento
profesionales, 50 por ciento provenientes del servicio militar. Este
Presupuesto significa un esfuerzo, dado el marco general de las
dificultades presupuestarias y económicas que viven el resto de los
países occidentales, precisamente en el marco en el que tenemos que
desarrollar una política militar y de defensa. Por tanto, creemos que a
nuestras Fuerzas Armadas y a sus profesionales, a los que a veces se
refieren con insistencia los Portavoces del Grupo Parlamentario Popular
en los últimos tiempos, les satisface también este presupuesto.
Quiero decirles a los miembros del Grupo Parlamentario Popular que las
Fuerzas Armadas españolas hacía mucho tiempo que no gozaban del prestigio
que tienen en este momento, a través de su presencia internacional, y no
sólo a través de esas misiones humanitarias, que desarrollan con el apoyo
de toda esta Cámara, con el apoyo de todo el pueblo español y que
enorgullecen a la ciudadanía española, sino también en otros ámbitos
donde ese prestigio cada día es mayor. Me atrevería a decir que desde la
Guerra de la Independencia española contra las tropas napoleónicas, los
ejércitos españoles no habían gozado de un mayor prestigio internacional.
Creo que es difícil encontrar una referencia en la que mayoritariamente
ese prestigio quede reflejado, no solamente por los contactos y misiones
que desde distintos ámbitos vienen desarrollando desde hace tiempo
nuestras Fuerzas Armadas sino también en la relación permanente que
nuestras Fuerzas Armadas desarrollan con nuestros aliados en múltiples
ejercicios combinados cada año, que dan buena prueba de la operatividad
de nuestros Ejércitos y en los que este Senador ha tenido ocasión de
participar como observador en varias ocasiones, preferentemente en
ejercicios de la OTAN; y nuestras unidades han dado buena
prueba de esa operatividad que a veces, desde los bancos del Grupo
Popular, se acusa como falta de nuestras propias Fuerzas Armadas, y creo
que ése es el mayor flaco favor que podemos hacerles, acusarlas de esa
opacidad, o de ese valor hueco que a veces se utiliza desde los
Portavoces del Grupo Parlamentario Popular. Nuestras Fuerzas Armadas
tienen una gran capacidad operativa que viene demostrando no solamente en
los ejercicios que se hacen en el territorio nacional, sino en ejercicios
combinados con otras Fuerzas Armadas, múltiples ejercicios combinados,
aéreos, aéro-navales y combinados de los tres Ejércitos españoles con
otros Ejércitos aliados, fundamentalmente de la OTAN. Y ahí se viene
demostrando que la operatividad de nuestras unidades, la cohesión, la
capacidad, la preparación, son de los valores más importantes y que hacen
que ese reconocimiento, al que antes hacía referencia, sea cada vez
mayor. Recordaré que precisamente en un «tour» de la OTAN, hace unos
años, el almirante Ummo Zumwalt reconocía públicamente, en el «breafing»
correspondiente después del ejercicio, ante el resto de los jefes y
oficiales de los Ejércitos que habían participado en aquellas maniobras,
cómo la operatividad --el resultado, en definitiva-- de la presencia de
los españoles en esos ejercicios era digna de elogio, y este almirante lo
decía desde la perspectiva de los cambios que se habían producido en
España. Porque no es nuevo que las Fuerzas Armadas españolas vengan
desarrollando esa capacidad en los últimos catorce años; es muy nuevo
dentro del conjunto de la historia de nuestro país, como he dicho antes.
Su señoría estará de acuerdo conmigo en que ese prestigio deviene,
precisamente, de la participación de España y de sus Fuerzas Armadas en
esas tareas, no solamente de preparación, de ejercicios, de operaciones,
sino también de esas tareas encomendadas por las Naciones Unidas.
Por eso decía antes que nos duele especialmente, al Grupo Parlamentario
Socialista y al resto de los Grupos de la Cámara, que se quiera,
indirectamente, atacar a la preparación de nuestras Fuerzas Armadas
cuando se habla de opacidad, de Fuerzas Armadas huecas, en definitiva, de
falta de operatividad. Es absolutamente falso que nuestras Fuerzas
Armadas tengan falta de operatividad porque la vienen demostrando desde
hace varios años, precisamente en confrontaciones pacíficas, en aquellos
escenarios donde tienen que demostrar esa operatividad, tanto en
ejercicios como en misiones encomendadas por las Naciones Unidas.
De ahí que a mí me vengan a la mente --y tengo que decirlo, porque
imagino que también el Grupo Parlamentario Popular coincidirá con
nosotros-- las manifestaciones de un Ministro de Defensa español, también
parlamentario en su época, don Indalecio Prieto, que, además, era
particularmente afecto a las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en el
área de la defensa, y decía en aquellos momentos que los políticos
tenemos coincidencias con los profesionales de las Fuerzas Armadas en
misiones y en ilusiones, en actividades...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, le pediría que
fuera terminando.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
... en actividades y en ilusiones. Teníamos la actividad de servir a
España y la ilusión y el afecto por España. Y hay ahí coincidencias entre
nuestras Fuerzas Armadas, nosotros, y los ciudadanos españoles. Por eso
mismo, creemos que no se deben hacer flacos favores desde la perspectiva
del discurso que su señoría ha hecho esta mañana.
El Grupo Parlamentario Socialista rechaza las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular porque no establecen un diagrama nuevo de lo que
esperamos de un presupuesto de política de defensa y militar, que, a
nuestro juicio, responde a esos seis grandes puntos que les he dado
anteriormente. Creemos que sus enmiendas no encajan con la filosofía que
su señoría ha defendido en el veto. Por tanto, nos vemos obligados a
rechazarlas.
Hay otras dos enmiendas presentadas por Senadores que pertenecen al Grupo
Parlamentario Popular, una de ellas es la número 1.772, de los Senadores
Rodríguez Gómez, Hernández Escorial y Sanz Blanco. He de decir a los
enmendantes que cabe que las partidas presupuestarias que existen en la
Dirección General de Infraestructuras para la Defensa puedan dedicarse en
su momento a la petición que hacen ustedes. También tengo que decirles
que las enmiendas tienen algunos errores conceptuales a la hora de
definir, precisamente, el lugar a donde tienen que ir estas partidas.
La otra enmienda es de los Senadores Iríbar Sánchez, Cervera Soto y Bados
Artiz, que hace referencia a un crédito de 10 millones de pesetas
dedicado a aumentar un convenio que se establece por el Ministerio de
Defensa y la Mancomunidad de las Bardenas Reales de Navarra. Debo
decirles que ese convenio está vigente y, por tanto, existe la partida
vigente en el mismo, algo más de 50 millones de pesetas. Lógicamente, en
el momento en el que el convenio expire se establecerá otro y en el mismo
figurarán las partidas correspondientes. Creemos que no es el momento de
discutir una enmienda cuando el convenio sigue vigente y existe una
cantidad dedicada al mismo.
Finalmente, con el permiso del señor Presidente, quiero hacer una
referencia al veto del Grupo Parlamentario Mixto, sustentado por los
Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nos oponemos a
este veto. Creemos que hay diferencias notables entre sus peticiones
--que son totalmente opuestas, obviamente a las que hace el Grupo
Parlamentario Popular-- y el modelo de defensa que nosotros tenemos.
Creemos también
que las peticiones que hacen en el veto no se corresponden con las
enmiendas que presentan, ya que las mismas van dirigidas a reducir en
algo más de 30.000 millones de pesetas las consignaciones presupuestarias
para modernizar nuestras Fuerzas Armadas; consignaciones que,
lógicamente, echarían por tierra alguno de los programas que nuestra
industria de la defensa sustenta en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, por favor, vaya
terminando.
El señor DIEZ GONZALEZ: Haría imposible que muchas de nuestras industrias
de la defensa pudiesen desarrollar los trabajos y las preocupaciones por
mejorar sus carteras de pedidos.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez
González.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No se hace uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOTI: Muchas gracias, señor Presidente.
Utilizamos este turno simplemente para dar conocimiento a este Pleno de
la Cámara del sentido de la retirada en Comisión de nuestras enmiendas a
esta Sección de Defensa. Nuestras enmiendas proponían una supresión de
ciertos programas, pero puesto que sabíamos que en la práctica era
imposible realizar esa supresión, lo hicimos con un objetivo y
justificación puramente testimoniales. Nuestra justificación pretende
llevar a la sensibilidad de sus señorías la necesidad de una reflexión en
torno a esta supresión del gasto público y a una reordenación de los
objetivos en Defensa.
Es conocida la inclinación de nuestro Grupo a profesionalizar el
Ejército, pero no dudamos de la necesidad de un presupuesto para la
Defensa. Sin embargo, quisiéramos hacer mención de una de las enmiendas
que retiramos, la número 1.323, como ejemplo de estrategia para modificar
el apoyo logístico. Desde nuestra óptica, la relación que tiene la
Sección industrial con la de Defensa es muy importante y, por tanto,
tratamos de que se potenciara a estas empresas en crisis cuando las
Fuerzas Armadas se están planteando realizar sus propias tareas de
mantenimiento y apoyo logístico, o bien pueden delegar parte de ellas a
la industria evitando duplicidades de inversiones, actualmente
existentes.
Sin más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.) No
hacen uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra el Senador
Soravilla por cinco minutos.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos vuelven a decir lo mismo que nos dicen siempre : no han cambiado de
discurso. El problema y el núcleo fundamental de todo es la coherencia. Y
con respecto a la cita que ha hecho de don Indalecio Prieto, yo creo que
es sobre eso sobre lo que tienen ustedes que reflexionar, no nosotros;
nosotros estamos absolutamente convencidos.
Ha dicho que los argumentos eran insuficientes y ha insistido en una
serie de cosas que a mí me parecen erróneas, si bien entiendo que haya
incurrido en estos errores porque hemos tenido una «interventio
interrupta» y se le han olvidado. Yo le he dado toda clase de argumentos
y le he dicho, además, que no aumentábamos el presupuesto precisamente
por la responsabilidad que teníamos con respecto al problema de la crisis
por la que atravesamos. Lo que sí hacíamos con nuestras enmiendas era
marcar una tendencia en una estructura de gasto que no nos gusta, y lo
que pretendíamos era subir la operatividad de los Ejércitos.
Vuelve usted a insistir con los porcentajes. Sí, hay porcentajes, pero
detrás de los porcentajes no hay dinero, porque le repito que el cien por
cien de cero sigue siendo cero.
Desde luego, no es nuestra función presentar aquí una alternativa,
simplemente presentamos enmiendas a lo que hay. La alternativa la
presentaremos cuando estemos en el poder, y entonces será cuando ustedes
se den cuenta.
Efectivamente, estamos de acuerdo con el modelo, pero no con el modo de
aplicación, y yo le he recordado: léanse a Moskos, léanse a Hauser. Dice
usted: no se enteran de la desaparición de bloques. ¿Cómo que no nos
enteramos? Los que no se enteran son ustedes, porque los bloques han
caído por políticas como la nuestra, no como la suya.
Todos los países reducen, y dice: ¿por qué nosotros no vamos a reducir y
los otros reducen? Pues porque los otros países pueden reducir, pueden
cobrar los dividendos porque estaban en un 5 por ciento, aproximadamente,
del PIB, y ahora están reduciendo para quedarse en un 2; y nosotros
tenemos la propuesta de llegar al 2, pero no se sabe cuándo,
probablemente en torno al año 2030, es decir, que no nos podremos nivelar
hasta entonces con esos que están decreciendo.
Habla de ejercicios combinados, y eso es lo que yo
le decía: que el presupuesto de Defensa es otra parte de la cuota que hay
que pagar, la cuota por parte de ese presupuesto para contribuir a las
alianzas en las que estamos. Nosotros, efectivamente, apoyamos las
misiones en el exterior, pero lo que no veo es que usted se haya leído
siquiera las comparecencias de los Jefes de Estado Mayor, porque nos
dice: Tenemos una gran capacidad operativa. No. Usted léase bien todo lo
que dicen los Jefes de Estado Mayor y verá que la capacidad operativa que
tenemos es muy limitada. ¿Que hay un reconocimiento internacional de
nuestros profesionales? Sin duda alguna, porque nuestros profesionales
funcionan, lo que no funciona es la política del Gobierno, y esos
profesionales tienen que suplir con su esfuerzo, con su abnegación,
etcétera, lo que ustedes no hacen.
Dice usted: es el ejército más prestigiado desde la Guerra de la
Independencia. Yo le recuerdo que, desgraciadamente, en la Guerra de la
Independencia quien se la jugó fue el pueblo español, porque el Ejército
estaba en muy malas condiciones; tuvieron que venir los ingleses a
ayudarnos contra los franceses. Es decir, ustedes se deben aprender de
verdad las lecciones de la historia, porque no se las han aprendido, no
se lo saben. Yo le decía que no le iba a poner deberes, pero se los voy a
tener que poner, porque los argumentos que me da son tan flojos que le
tendría que suspender; como le tengo simpatía, le voy a dar un aprobado
raso nada más, si me promete que se lo va a estudiar todo en vacaciones,
porque si no, no llegaremos a ninguna parte.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La autoestima del Partido Popular y de su Portavoz hace que repartan
dádivas con esa generosidad --y yo le agradezco el aprobado-- pero, desde
luego, aquí no venimos a aprobar, aquí venimos a aprobar unos
Presupuestos y a discutir los Presupuestos, no venimos a recoger dádivas
ni a lanzarnos flores --a veces no hay que lanzar flores--, y en este
caso concreto no tiene usted ninguna flor. Yo lamento mucho, porque tengo
una relación amistosa --y lo reconozco-- con su señoría, que usted se
acalore tanto en este debate; se acalora y a veces, cuando habla de
mimetismo, me recuerda a algún espécimen que también se mimetiza en
función del lugar donde está, y no quiero dar el nombre de ese espécimen
que utiliza el mimetismo; el mimetismo, en todo caso --se lo decía
antes-- lo tienen ustedes, porque siguen en la misma posición, impasibles
--o impasible el ademán, que es también una posición mimética-- y en esa
posición están ustedes; sin embargo, no reconocen absolutamente nada.
En su intervención de esta mañana, hacía referencia al contrato del
siglo. Pues, sí señor, el contrato del siglo, valga la paradoja,
curiosamente --y no se quiere reconocer-- se ha hecho en poco tiempo y a
través de ese prestigio que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que se lo
da, no lo olvide, la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en el
mundo; no se lo dan las propias Fuerzas Armadas, se lo da una política
exterior, una política de defensa y una política militar, no lo
olvidemos. Porque antes estaban también las Fuerzas Armadas y, sin
embargo, no tenían la oportunidad de demostrar esa política. Y el
contrato del siglo usted lo conoce perfectamente, ustedes saben cuáles
son los ámbitos donde el crecimiento de los presupuestos de Defensa es
importante: concretamente en Asia.
La tercera potencia mundial en incremento de inversiones de Defensa es
Japón, y lo sabe usted perfectamente, un competidor durísimo en materia
industrial, y, sin embargo, por primera vez en la historia de este
planeta pequeñito hay un país que vende un portaaviones a Tailandia, y
usted lo conoce. Y es España quien ha vendido el portaaviones, y no de
segunda mano, de primera mano, porque portaaviones de segunda mano se han
comprado muchos en la historia reciente de la política militar y de
defensa de los países y, sin embargo, es España la que consigue el
contrato del siglo, compitiendo en aquel territorio con países con un
gran potencial industrial, como Japón, etcétera.
Yo creo que eso también es exportar una política de defensa militar que
reconoce, además de esa capacidad, la preparación de una industria, que
no solamente tiene que hacer buques de guerra sino, además, dotar a esos
buques de guerra. Porque usted sabe que ese portaaviones se dota
prácticamente al 80 por ciento en nuestro país.
Estimo que ese conjunto de acciones que, en el ámbito en el que estamos
discutiendo, venimos desarrollando en los últimos años son acciones como
para darse por satisfechos, como para estar orgullosos y no trasladar a
veces ese pesimismo que se oye con frecuencia desde los bancos de la
derecha, ese derrotismo y esa desmoralización. A veces, da la sensación
de que se quiere transmitir al ámbito al que nos dirigimos esas, yo
diría, que malas virtudes para unos Ejércitos, porque esas malas virtudes
no solamente pueden ocasionar pesimismo, sino que se pueden trasladar a
la ciudadanía y producir una alarma social que no tiene ninguna
justificación en este momento.
Creemos que hemos dado pasos importantísimos en los últimos años como
para estar orgullosos del modelo de Fuerzas Armadas que hemos dotado
entre todos a nuestro país, a España, y que es un modelo que funciona con
satisfacción; mejorable, obviamente es mejorable y todos lo queremos
mejorar, y los que compartimos
los debates en política militar y de defensa sabemos perfectamente --y
muchas veces lo comentamos-- que somos un «lobby» especial en el ámbito
parlamentario en la defensa del interés de que esa política de defensa y
esa política militar sea lo mejor para nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, le ruego termine.
El señor DIEZ GONZALEZ: Tenemos por primera vez la mejor política de
defensa y militar y las mejores Fuerzas Armadas en muchos, muchos años.
Con el permiso del señor Presidente, únicamente quiero agradecer al Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos el entendimiento que han hecho de las
razones que dimos en la Comisión y la retirada de sus enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez
González. (El señor Soravilla Fernández pide la palabra.) ¿Por qué me
pide la palabra, señor Soravilla?
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Por el artículo 87, para hacer una mera
aclaración a efectos de acta.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra, por un minuto.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quisiera decir que el Senador Díez hacía referencia al
contrato del siglo como si fuera el portaaviones tailandés, y es que no
se lo sabe, es el contrato con Egipto; el portaaviones tailandés es otra
cosa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias. (El señor Díez González
pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Díez González por el mismo
artículo y por el mismo tiempo.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creemos que es el segundo grupo aeronaval, que se canceló, que es a lo
que hacía referencia el Senador Soravilla. Desde luego, para nosotros el
contrato de siglo es éste, y hay que reconocerlo. Y su señoría parece que
no quiere reconocer que es un contrato que hemos conseguido en unas
condiciones difíciles, con unos competidores difíciles, en un marco muy
difícil. Por favor, señorías, reconozcamos esto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Pasamos al debate de la Sección 15. Hay una primera enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, del Senador Cuevas, que se da por defendida.
El señor CALVO LOU: No, señor Presidente. Esa enmienda era del Grupo
Mixto, pero la voy a defender yo si su señoría me lo permite.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra su señoría.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Partido Aragonés para defender la
enmienda número 1 que afecta a la Sección 15, al Servicio 23, Dirección
de Incentivos Regionales, y que propone 1.000 millones de pesetas para el
plan especial de la provincia de Teruel.
Cuando se revisó la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, en el
que Aragón quedó fuera, el Ministerio de Economía reconoció las
especiales circunstancias que se daban en Teruel, puesto que los
indicadores económicos del conjunto de Aragón, y sobre todo del Valle del
Ebro, distorsionan la realidad de Teruel y de gran parte de Aragón. Así
se reconoció en el Preámbulo de la Ley, y así lo reconoció el propio
Ministro de Economía, entonces señor Solchaga, en una interpelación en
esta misma Cámara el año pasado.
En el Fondo de Compensación se habla de buscar fórmulas compensatorias
para la provincia de Teruel y para incentivar su despegue. Por esta
razón, existe ya un convenio entre la Diputación General de Aragón y el
Ministerio de Economía para una inversión de 10.000 millones de pesetas
en cinco años, con una aportación de aproximadamente 1.000 millones por
el Estado y otro tanto por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Esta enmienda pretende, pues, un aumento de 1.000 millones de pesetas
para recuperar lo que tendría que haberse invertido ya en el año 1993.
Quiero recordar al Grupo Socialista que esta partida precisamente fue una
de sus banderas electorales en las pasadas elecciones, por lo que espero
sea apoyada por el mismo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo
Lou.
El siguiente grupo de enmiendas es el que presenta el Grupo Popular. Para
su defensa, tiene la palabra su señoría.
El señor PEREZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, salgo a defender las enmiendas números 285 a 297 de mi Grupo. Y
salgo con el convencimiento de que no va a ser aceptada ninguna de las
enmiendas, porque así se manifestó en Comisión y se sigue cumpliendo
reiteradamente durante el día de ayer y el día de hoy.
A diferencia de lo que hacen otros Grupos Parlamentarios en otros
Parlamentos, nosotros, a pesar de no ser aceptada ninguna enmienda,
seguimos erre que erre explicando al Partido Socialista, al Partido que
sustenta al Gobierno, que hay enmiendas que se pueden rechazar y
enmiendas que se pueden aceptar.
Y, señorías, una de las enmiendas que debería aceptarse es la número 285,
es decir, la enmienda que impugna absolutamente toda la Sección del
Ministerio de Economía y Hacienda.
¿Por qué? Porque este Senador --y creo que el resto de los Senadores--
escucharían en campaña electoral que íbamos al cambio del cambio; y el
cambio del cambio es que esta Sección tiene idénticos programas a los del
año anterior, y a los del anterior y a los del anterior.
Varían, eso sí, un poquito las partidas para explicarnos el voluntarismo
que ponen en la confección de estos Presupuestos en épocas de crisis.
Voluntarismo que, evidentemente, debería de ser manifestado de forma
especial por el Ministerio de Economía. Si el Ministerio de Economía es
el motor y el alma de este proyecto de Presupuestos y pide esfuerzo y
apretarse el cinturón a todo el mundo debe dar ejemplo --como dijeron
nuestros antiguos Senadores en Roma, no basta con serlo, sino parecerlo,
aunque no se trata de la mujer del César--, puesto que éste es el
Ministerio que planifica, controla, proyecta y, en definitiva, elabora
unos Presupuestos. Y cuando se pide sacrificio debería de manifestarse
ese sacrificio.
Esa razón sería suficiente para que ustedes reconsideraran esta sección
completa, pero hay otra, señorías. Da la casualidad de que tras
elecciones generales hubo un cambio en el Ministerio de Economía y
Hacienda y entró un nuevo Ministro, ministro que iba a hacer muchas
cosas. De momento lo único que hemos visto en este Presupuesto y en los
proyectos de ley que se están debatiendo y se debatirán en paralelo es
que están intentando poner parche tras parche para cubrir las necesidades
financieras que tienen en una y otra partida. Es decir, tenemos que
aprobar dentro de muy poco tiempo un proyecto que al principio era de
22.000 millones y ahora de 24.000 para atender las necesidades del IRYDA;
tendremos que aprobar, también dentro de muy poco tiempo, otra serie de
proyectos como el de moneda y timbre para cubrir necesidades financieras
que no han sido cubiertas. Por tanto, el Ministro ha pretendido hacer
borrón y cuenta nueva y decir que lo que no estaba contabilizado que se
contabilice, porque él está seguro de que a través de este proyecto de
Presupuestos no se van a producir ni más errores ni más desviaciones. Si
ése fuera el convencimiento del Senador que les habla, seguramente
retiraría de inmediato la enmienda número 285. Pero no es así, señorías.
El proyecto de ley de Presupuestos de 1994 adolece, no de los mismos
defectos, sino de más defectos, porque es menos creíble que los
anteriores. El Ministerio de Economía y Hacienda sigue teniendo muchísimo
alto cargo, muchísimo servicio y muchísimos programas que no sirven para
nada.
¿Para qué queremos planificar, y un año hablar de competitividad, otro
año de enfriamiento y al año siguiente de Maastricht, si cuando se
realizan los Presupuestos tenemos que terminar diciendo: señorías, el
déficit público se ha desviado, no hemos cumplido el requisito de poder
bajar los tipos de interés, el gasto público ha aumentado porque han
crecido las necesidades sociales y ha sobrevenido una crisis que parece
ser que España era el único país que no la tenía prevista en su
planificación y en sus proyectos, por tanto, ha aumentado el déficit
público; es imposible bajar los tipos de interés y, por consiguiente,
tenemos que seguir produciendo paro porque en este país se sigue
desincentivando a los pequeños y medianos empresarios? y éste es el
resultado del antiguo proyecto de ley de Presupuestos de 1993, hoy Ley de
Presupuestos, y del proyecto de ley de 1994.
Con estos mimbres no se pueden hacer otros cestos; de donde se saca más
de lo que se recauda, como dice un refrán castellano: pronto se llega al
hondón, y el déficit público seguirá creciendo. Les aseguro, señorías,
que con este proyecto de Presupuesto, a estas mismas fechas, el año que
viene seguiremos diciendo que ha aumentado el déficit, que lo sentimos
mucho, que este país sigue donde estaba y que, evidentemente, es labor de
todos los Senadores seguir aprobando suplementos de créditos
extraordinarios, etcétera. Tendrán la culpa nuestros vecinos europeos que
también tienen crisis, y tendrá la culpa el resto del mercado mundial;
los españoles somos uno más, que no tenemos culpa alguna y que, por
tanto, no tenemos otra cosa que hacer más que resignarnos. Pues yo les
voy a dar señorías la terapia para que eso no suceda.
Y la terapia viene contenida en nuestras enmiendas números 286 a 297 que
pretendo defender. Les anuncio ya que retiro la enmienda número 294 del
programa 623 A, Defensa de la competencia, porque entendemos que está
infravalorada y es absolutamente necesario, aun perdido el tren de la
competitividad, recuperar todas nuestras armas para poder ser algún día
competitivos.
¿Cuál es el porqué de las enmiendas números 286, 287, 288 y 289 si todas
ellas persiguen única y exclusivamente la reducción de un 2 por ciento de
las transferencias corrientes? Por lo que le decía antes, señoría, porque
no basta con serlo sino que hay que parecerlo. Ya sé, y tengo suficiente
experiencia presupuestaria para saberlo, que la reducción de unos
capítulos se pueden corregir con incorporaciones de crédito. Y, por
tanto, reducir un dos por ciento parece que no tiene demasiada
importancia cuando, a la vista de las incorporaciones del ejercicio de
1993, de poco sirvieron las cifras presupuestadas. Pero pretendemos que
ese Ministerio
motor y director de la política económica española dé ejemplo, demuestre
que no sólo son palabras, sino hechos y que, por tanto, busque la
reducción del gasto corriente de la productividad. Por ese mero hecho,
señores del Grupo Socialista, deberíamos aceptar este grupo de enmiendas
que pretende, aunque simbólicamente, demostrar que hay que reducir el
gasto corriente.
Nuestras siguientes enmiendas, las número 290, 291, 293, 295, porque
reitero que la 294 ha sido retirada, la 296 y la 297 pretenden explicar
de una forma contundente que no sirven para nada los programas actuales
del Ministerio de Economía. ¿Para qué queremos nosotros el programa 612
A, Previsión y política económica, si más que prever lo que hacemos es un
ejercicio de elucubración mental y los resultados que luego surgen son
fruto de la realidad y no de sueños cuando se está elaborando este
proyecto de Presupuestos? ¿Para qué queremos el programa 612 B,
Planificación, presupuestación y política fiscal, si ustedes podrán
explicarnos que está todo planificado, que está todo presupuestado, pero
la realidad les demuestra que siempre sobrevaloran los ingresos e
infravaloran los gastos? Y este proyecto de Presupuestos, señoría, tiene
infravalorados unos gastos sociales importantes. Y como los tienen
infravalorados y como esta economía nuestra va a seguir en el mismo clima
de atonía, ustedes van a pedir un suplemento de crédito o un crédito
extraordinario dentro de muy pocos días para poder atender esos gastos
sociales que, evidentemente, y con toda la razón, explicarán que como son
los marginados de este país tienen derecho a percibirlos. ¿Para qué
queremos el programa 612 C, Control interno y contabilidad pública, si no
controlan absolutamente nada, si no conocemos la cifra global del
déficit, si no conocemos una contabilidad homogénea con el resto de la
haciendas públicas de las Comunidades y las haciendas locales y, en
definitiva, si los ciudadanos todavía en estos momentos no sabemos si el
desfase es de 2,4 billones, de 4 billones o el que sea? ¿Para qué
queremos el programa 613 G, de Aplicación del sistema tributario estatal,
si ustedes mismos reconocen que existe una bolsa de fraude que son
incapaces de corregir?
Son incapaces de corregirlos, no porque no tengan medios para ello, sino
porque hay que empezar por la propia naturaleza de los impuestos y,
cuando ésta no es correcta, se invita al fraude. Dijo Nerón --y lo dije
el año pasado-- que a la ovejas hay que esquilarlas y no trasquilarlas, y
en este país pretendemos algunas veces ir trasquilándolas, con lo cual
dejarán de dar lana.
¿Para qué queremos el Programa 612 D --enmienda 295--, de la Gestión de
la Deuda y la Tesorería del Estado? ¿Qué quieren que les explique de la
magnífica gestión de la deuda de 1993? ¿Qué quieren que les explique del
aumento de los gastos financieros del Capítulo 3 de los presupuestos para
1993? Creo que sus señorías lo conocerán exactamente igual que yo.
Respecto a la enmienda 296 al Programa 724, Incentivos Regionales a la
Localización Industrial, si quiere, señoría --no creo que sea
necesario--, le explico qué está pasando con los incentivos regionales.
Me gustaría que se me dijese qué ciudadano es capaz de cobrar los
incentivos regionales que le correspondieron en 1993. Cada vez conozco
más empresas que se encuentran con que su expediente ha sido anulado,
cuando no por extemporaneidad de presentar un papel, por otra serie de
motivos que, por supuesto, no estaban contemplados en el espíritu de este
programa.
Y, por último, nuestra enmienda 297, señorías, intenta reducir 200
millones de pesetas en el Capítulo 2, Gastos Corrientes, por el concepto
de ``trabajos realizados por otras empresas'', porque, ¿para qué queremos
más trabajos, para qué queremos más predicciones, si lo único que
realmente se hace es pagar a empresa de dudosa fiabilidad y almacenar en
anaqueles las fotocopias que hacen de trabajos anteriores?
Seamos serios. Si tenemos un nuevo Gobierno tras unas elecciones, si
tenemos un nuevo Ministerio tras unas elecciones, no pongamos parches con
un Real Decreto 1725, de 1.o de octubre, que, gracias a la enmienda
1.091, aprobada en el Congreso de los Diputados, está incorporada a la
Ponencia de estos Presupuestos. Ataquemos, realmente, las deficiencias de
Programas y Servicios. Evidentemente, todo lo que está diciendo este
portavoz se refiere a los Programas y Servicios, no a los funcionarios,
de cuya eficacia no dudamos.
Es la última oportunidad que ustedes tienen para intentar hacer el cambio
sobre el cambio y, por tanto, admitan la enmienda 285. Volvamos a
presupuestar correctamente el Ministerio de Economía y así, por lo menos,
los ciudadanos españoles comprenderán que en el Gobierno sí existe
voluntad de cambio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Pérez
Villar.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Consumo, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, este turno
en contra y voy a vencer los retos que me ha planteado desde la
perspectiva dialéctica el Senador Pérez Villar, invitándome y poniéndome
el trapo para discutir desde el punto de vista político sobre el cambio
del cambio y el recambio. Permítame, señor Senador, que, dado el interés
que quizás todos tenemos en que avance este proceso de debate, vaya al
grano y a los temas concretos.
Señoría, su intervención, como creo que debe hacerla
como portavoz en este caso del principal Partido de la oposición --ésa es
su función--, rezuma esencialmente derrotismo, análisis crítico agrio con
respecto a la acción de gobierno del Ministerio actual y de los
responsables del Ministerio de Economía y Hacienda de etapas anteriores.
Sin embargo, de la simple lectura o análisis del número de enmiendas
presentadas, que son las que manifiestan y exteriorizan el descontento o
el afán de modificación de los Senadores a nivel individual o de los
Grupos Parlamentarios en su conjunto, vemos que ésta es una de las
Secciones que ha sido objeto del número más reducido de enmiendas por
parte de sus señorías. El Grupo Parlamentario Popular tiene una enmienda
a la totalidad, un veto, un rechazo a sus contenidos, que es la número
285; el Grupo Mixto presenta una enmienda y luego doce más. Si las
compara, por ejemplo, con las Secciones precedente y posterior,
comprobará que la Sección 14 tiene un número muy importante y la Sección
posterior otro número equivalente.
Esto me lleva a poder argumentar que, al menos, los contenidos de esta
Sección 15 son apoyados por los Grupos Parlamentarios que no la
enmiendan, es decir, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y por
todo el conjunto del Grupo Parlamentario Mixto, a excepción del Senador
Calvo Lou, que ha presentado, en representación de su Grupo y del Partido
al que pertenece, al Partido Aragonés, una enmienda puntual. Luego, desde
el punto de vista formal, ésta es una de las Secciones que ha concitado
menor número de manifestaciones de rechazo y un número,
consiguientemente, superior de apoyo parlamentario.
Entiendo, sin embargo, que es una Sección susceptible de una crítica
relativamente fácil. Empezaré por su petición de veto.
Señorías, el texto por el que fundamentan el veto en la enmienda número
285 dice textualmente: «Se considera necesario redistribuir los créditos
presupuestarios entre los programas, para lograr los objetivos señalados
como prioritarios. Se considera asimismo necesario reducir el excesivo
número de altos cargos...», etcétera. Es decir, de esa lectura quiero
inferir que, en principio, las enmiendas que ustedes proponen consideran
correcto el importe global de la Sección, pero proponen la redistribución
entre los diferentes programas, sin especificar a qué conceptos y
programas deberían ir y acumularse las diferentes redistribuciones. Es
decir, no dicen que se devuelva íntegramente el texto. No se dice así en
la justificación de las enmiendas. Proponen redistribuciones, pero creo
que, como es obvio, es muy fácil argumentar que en la redistribución se
produzcan flujos de un lado a otro y reestructuraciones. Cualquier Grupo
Parlamentario hubiese podido formular planteamientos alternativos, pero
no lo han hecho, a excepción del Grupo Parlamentario Popular.
Por otra parte, señorías, la redistribución que ustedes proponen se
orienta también, como dice textualmente la enmienda, a lograr los
objetivos señalados como prioritarios, pero nosotros pensamos que no
dicen qué objetivos son éstos, así como tampoco señalan los criterios en
función de los cuales se alcanzarían tales objetivos y qué mecanismos
pondrían en marcha.
Por lo que se refiere a la crítica global que hacen a este punto,
queremos señalar que la distribución de los créditos entre programas la
planifica el Ministerio y la ejecuta y se efectúa en función de los
objetivos que el Gobierno considera prioritarios para ese Departamento
gubernamental, lo que, naturalmente, en sus contenidos tiene que ser
reflejado como la filosofía y los mecanismos que el Gobierno quiere poner
en marcha y que ejecuta el propio Ministerio. Y es lógico que desde el
Principal Partido de la oposición se critiquen y digan que no comparten
los criterios del propio Gobierno. ¿Cómo iba el principal Partido de la
oposición a compartir los criterios del Gobierno? No tendría
justificación alguna.
Pensamos también que los gastos en bienes corrientes y servicios
disminuyen, si no nos fallan los cálculos, aproximadamente entre un 6 y
un 7 por ciento en relación a los contenidos de las cifras equivalentes
del año 1993, a pesar de que se regularizarán precisamente en 1994 los
atrasos con determinadas compañías, como por ejemplo la Compañía
Telefónica.
Por último, las inversiones reales --ahí están especificadas-- disminuyen
en un 22 por ciento para cumplir de esta forma con los objetivos de
reducción del déficit público, que constituye una aspiración del Gobierno
y una aspiración de este Grupo Parlamentario que le mantiene.
Por último, señorías, en cuanto a la argumentación en una parte de los
motivos justificativos de ese rechazo: es que es necesario reducir el
excesivo número de altos cargos y las unidades administrativas que ha
sido necesario crear para dar cobertura a la creación de ese excesivo
número de altos cargos, hay que señalar que debe ser abordado a lo largo
de todo el proceso legislativo del año próximo, además, cada tres meses
en la propia Comisión de Presupuestos, tanto del Congreso como del
Senado, tendremos oportunidad de ir comprobando que en efecto se van
produciendo las reducciones y la optimización de medios y de personal que
rezuman los contenidos de los diferentes programas.
Señoría, usted exagera en su terminología y no creo que una persona como
usted, que ha tenido importantes responsabilidades públicas, pueda llegar
a decir que estos programas son muy poco reales, muy poco operativos y de
nula o escasa efectividad y eficacia. Es una terminología demasiado
catastrofista.
Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Socialista rechaza la
enmienda número 285 de veto.
Por lo que se refiere a la enmienda número 1, Senador Calvo Lou, en la
que plantea un alta de 1.000 millones de pesetas en la partida
presupuestaria correspondiente, el Grupo Parlamentario Socialista estima
que no es absolutamente necesaria dado que en el proyecto de presupuestos
para 1994, que estamos debatiendo en estos momentos, precisamente en la
Sección 32, de Entes Territoriales, se incluye una partida
presupuestaria, en la Aplicación 32.10.911D.751, por un importe de 960
millones de pesetas para subvencionar y financiar proyectos de inversión
en la provincia de Teruel. Esta subvención, Senador Calvo, se realiza en
aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros --al que su señoría, me
pareció entender, hizo referencia-- del 29 de diciembre de 1992, por el
que se aprobaba un fondo especial para proyectos de inversión en Teruel,
cuyo fundamento era la Exposición de Motivos de la Ley 39/1990, del Fondo
de Cooperación Interterritorial. Dicho acuerdo es, como bien sabe su
señoría, en desarrollo del convenio de colaboración entre la
Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que
se comprometen a promover con dotaciones anuales el Fondo Especial para
financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel que fomenten
la creación de renta y de riqueza. La subvención de la Administración del
Estado se refleja, y lo reitero, en la Sección 32 de los actuales
presupuestos. Entienda, señoría, que la baja que se propone en el
proyecto de inversión de la Dirección General de Informática
Presupuestaria supondría que no podrían efectuarse las inversiones
informáticas previstas en las Intervenciones Territoriales de toda
España, con la consiguiente repercusión en la falta de operatividad de
ese sistema en el que tanta ilusión se tiene, como es el SICOB, y del
actual sistema contable del Estado.
Por lo que se refiere a las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tanto en este turno como en el próximo de portavoces --en el
supuesto de que consuma este primer turno en contra--, iré haciendo
referencia una a una, habida cuenta que el número no es elevado.
La enmienda número 286, en la que se plantea un descenso en la dotación
de la Dirección General de Servicios de unos 31 millones de pesetas, la
vamos a rechazar porque queremos hacer constar que una vez presupuestadas
las necesidades de transferencia corriente, y antes de su inclusión en el
proyecto de presupuestos para 1994, ya el Ministerio practicó globalmente
un recorte de un 1,5 por ciento de las dotaciones, salvo en los créditos
que se consignaron por primera vez, los cuales se han incluido con la
minoración correspondiente en su dotación, razón por la cual no es
necesario efectuar reducciones adicionales de esta partida. Es
relativamente fácil pedir que se reduzca en una cantidad «a», en una
cantidad «b», o en una cantidad «c», y precisamente son los responsables
del Ministerio, tanto en los estamentos técnicos como políticos, quienes
disponen de mejor criterio, a efectos precisamente de poder establecer
cuáles son las minoraciones adecuadas.
En la enmienda número 287 se plantea por parte del Grupo Parlamentario
Popular la reducción de 1.492 millones de pesetas en el Capítulo 4 del
Servicio 12, Instituto de Estudios Fiscales. No la podemos aceptar por
cuanto el objetivo básico del crédito correspondiente que se propone
modificar por parte del Grupo Parlamentario Popular es el de la formación
de investigadores y profesionales en el campo de la actividad financiera
del sector público, y debo decir que en unos casos la financiación se
realiza directamente por los interesados, consiguiendo los
correspondientes apoyos económicos en instituciones privadas o por otros
mecanismos, como por la vía estrictamente académica, y, naturalmente, por
instituciones sin ánimo de lucro. Por otra parte, un porcentaje del
crédito responde a las ayudas y becas concedidas en ejercicios anteriores
para la realización de estudios, y su minoración llevaría al Ministerio a
un flagrante incumplimiento de obligaciones adquiridas en ejercicios
anteriores.
Con respecto a la enmienda número 288, en la que se plantea la reducción
de 10 millones de pesetas en el Capítulo 4 del Servicio 20, Secretaría de
Estado de economía, no la podemos aceptar porque estimamos que está
suficientemente justificada la consignación presupuestaria que en ella
aparece.
En la propuesta que se formula en la enmienda número 289, se reduce un
millón de pesetas en el Capítulo 4 del Servicio 28, Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, en base a que en todos los gastos de
transferencias corrientes, según argumenta el Grupo Parlamentario
Popular, es indispensable llevar a cabo un recorte adicional de, al
menos, un 2 por ciento, que es lo que plantean sus señorías en varias de
las enmiendas. Nosotros pensamos que la cuantía del Capítulo 4 del
Servicio 28, Programa 632-B, de regulación del mercado financiero, que es
objeto de esta enmienda y de este recorte que ha defendido el Senador
Pérez Villar, está destinado, en primer lugar, a subvencionar intereses
por importe del 2,5 por ciento anual de los préstamos pendientes de
reembolso o de difusión de la propiedad inmobiliaria; en segundo lugar, a
compensar a las Cajas de Ahorro de la bonificación del 50 por ciento de
la que disfrutan los intereses a satisfacer por los anticipos realizados
en favor de los titulares de cuentas individuales de ahorro, y ambas son
obligaciones adquiridas por el Gobierno de estricto cumplimiento y
necesidad al respecto, por cuanto vienen dimanadas de la Ley 45/1960, de
21 de julio, y del Real Decreto 8/1966, de 3 de octubre.
Consiguientemente, en virtud de lo preceptuado en la partida
presupuestaria correspondiente de esta Sección 15, desde luego el
Gobierno
cumple con preceptos legales en la cuantía dimanada de esas obligaciones
y de las cuantificaciones que los servicios técnicos han llevado a cabo.
En efecto, desde la enmienda número 290 hasta la 297 --a excepción de la
294, que ha retirado--, en todos los Programas: 612-A, de previsión y
política económica, 612-B, de planificación, presupuestación y política
fiscal, 612-C, de control interno y contabilidad pública, 613-G, de
aplicación del sistema tributario estatal, 612-G, de la gestión de la
Deuda y de la Tesorería del Estado, y en el de incentivos regionales a la
localización industrial, todos tienen un rechazo, genéricamente
expresado, por correcta distribución de las partidas e ineficacia en la
gestión.
Señorías, con respecto a esos proyectos --que no es menester estar
enumerando en lo que a sus contenidos, finalidades, intencionalidades y
rendimientos se refiere--, yo entiendo, y lo comparto, que por parte del
principal Grupo de la oposición se critiquen los rendimientos, la no
optimización de los medios de que disponga el Ministerio, la necesidad de
mejorar la gestión, de aumentar la eficacia, de profesionalizar a los
diferentes funcionarios. Porque cómo voy a convertirme en portavoz
dogmático, en el sentido de indicar que toda la gestión del Ministerio de
Economía y Hacienda, con miles y miles de personas distribuidas a lo
largo y ancho de la geografía nacional es una gestión óptima, si no hay
gestión humana que lo sea, no la hay.
Ahora bien, no pueden negar el esfuerzo realizado en distintos
Departamentos, en unos con más acierto y en otros con menos,
lamentablemente...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Segura, se le está
terminando el tiempo.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.
Pero creo que no puede discutirse la necesidad de los contenidos
económicos materiales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Segura.
En turno de portavoces, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador
Calvo Lou.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al Senador Segura el tono de su intervención y el
conocimiento que ha demostrado tener del Convenio entre la Diputación
General de Aragón y7 el Ministerio de Economía, pero quiero recordarle
que el Convenio empezaba a surtir efectos en 1993, y al no haberse
llevado a cabo, por distintas circunstancias, y con objeto de mantener la
inversión final, es por lo que nosotros hemos presentado este enmienda,
que propone aumentar 1.000 millones, la cantidad prevista que,
efectivamente, sabíamos que figuraba en la Sección 32, Entes Locales, con
960 millones de pesetas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Calvo
Lou.
El Grupo de Coalición Canaria no va a hacer uso de la palabra, como
tampoco el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ni el de Convergència
i Unió.
Por el Partido Popular, tiene la palabra el Senador Pérez Villar.
El señor PEREZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me ha quedado perfectamente clara la postura del Grupo
Socialista, a través del portavoz señor Segura, de que no van a admitir
ninguna de nuestras enmiendas. Pues, mire usted, señoría, por ahí empecé
yo cuando subí a la tribuna; me constaba que no iban a aceptar ninguna
enmienda, pero le dije algo más: le dije que sería una pena que no las
aceptaran porque vamos a tener mucho más de lo mismo; le dije que un
nuevo Ministro debería de intentar corregir los enormes defectos que
tiene el Ministerio de Economía y Hacienda tanto en planificación, como
en presupuestación, como en el sistema fiscal. Y héteme aquí que su
señoría lo único que me echa en cara es que no le propongo programas
alternativos. Pues, señoría, le voy a explicar el porqué: nuestro Grupo
no le ha propuesto programas alternativos por dos cuestiones, una,
técnica y, otra, de deferencia hacia el Gobierno.
La cuestión técnica es que el señor Segura debería de saber que si no hay
partida creada, no se pueden trasladar medidas hacia ella. Luego, si con
los programas que existen no estamos conformes, la única posibilidad de
justificarle hacia qué programas los aplicaríamos sería creando nuevos
programas. Pero no se quede con la duda. Yo creo que la va a satisfacer
su señoría pronto, porque pronto este país tendrá que cambiar, y entonces
conocerá nuestros programas, nuestros objetivos y los medios con que se
van a dotar. Esa en cuanto a la técnica.
En cuanto a la cuestión deferente, señor Segura, porque le hemos dado la
oportunidad a su Grupo de que enmendaran su plana, y para ello, tenía que
saber el señor Segura --quizás lo sepa-- que, según nuestras fuentes, en
el Ministerio de Economía en estos momentos se está elaborando lo que
ellos denominan Plan o Medidas de Reactivación a las PYME, el Plan de
exportaciones, el Plan de saneamiento de empresas públicas, etcétera,
varios planes que no le tengo por qué anunciar, pero que, para su
desgracia, dentro de muy poco tiempo van a llegar a esta Cámara y a
nuestro Grupo le gustaría saber qué explicación le va a dar el señor
Segura, que con tanta vehemencia defiende los programas actuales, cuando
a través de otras leyes tengamos que modificar y, por supuesto,
establecer unos nuevos
objetivos. Luego nos explicarán de dónde van a sacar los medios.
A un nuevo Ministro, señor Segura, le corresponden unos nuevos objetivos;
a unos objetivos les corresponden unos nuevos programas, y a unos nuevos
programas les corresponden unos nuevos servicios. Ese, y no otro, es el
sentido de la enmienda 285 y, ustedes han perdido una oportunidad. Y
recuerden, en política no hay segundas oportunidades, y recuerden también
que si hay algún tipo de oportunidades, normalmente llegan tarde y
lentamente. Ahora bien, si a su señoría le satisface decir que el resto
de los Grupos están contentos puesto que es una de las secciones que
menos enmiendas tiene, le anuncio, si me va a hacer algún caso, la
promesa solemne de que en los presupuesto del año que viene será la
Sección que más enmiendas tenga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Pérez
Villar.
Para el turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que este turno prácticamente es innecesario: será muy
corto por mi parte.
Senador Calvo Lou, no puedo añadir nada más. Creo que precisamente el
problema que su señoría ha querido hacer llegar al Pleno de la Cámara
está bastante bien enfocado, como decimos coloquialmente, encarrilado, y
ha tomado un rumbo de solución. Consiguientemente, creo, aunque no en
función de la cuantía, que usted puede sentirse satisfecho por cuanto la
preocupación que ha manifestado la comparte el Gobierno y está recogida
de manera clara en los presupuestos.
Señor Pérez Villar, qué duda cabe que nosotros podríamos entablar un
debate muy intenso sobre estos temas, con unos ingredientes de muy
diferentes naturalezas y contenidos, que darían globalmente lugar a un
debate político, cada uno manteniendo sus posiciones respectivas. Si hay
un Ministerio tradicionalmente incomprendido, cualquiera que sea el
Partido que mantenga el Gobierno, será siempre el Ministerio de Economía
y Hacienda, y si hay un Ministro que siempre globalmente sea
incomprendido, será siempre el Ministro de Economía y Hacienda de turno.
Y los que ya tenemos estas edades, como su señoría y yo, sabemos que ésa
es una regla propia de la convivencia de la acción de Gobierno y de la
comprensión popular que de esa acción de Gobierno se tenga.
En efecto, se pueden discutir los contenidos, uno a uno, de los
programas, y se puede hace un análisis de la optimización o no de los
mismos y de su operatividad o no, pero no puede dejar de reconocer --y
retomo una pequeña crítica que hizo en su inicial intervención-- que, por
ejemplo, hay una intención fuerte del Gobierno en lo que se refiere a la
detección del fraude fiscal y en ir minorando esos contenidos del fraude
fiscal.
Su señoría recibió el texto en la Comisión de Economía --y me consta que
lo ha leído, al igual que el portavoz-- de la Memoria de la Gestión
Tributaria del año 1992. Ahí puede ver usted, por ejemplo en la página
26, cómo se inicia todo un capítulo extenso indicando las medidas que el
Gobierno ha puesto en marcha para llevar a cabo una gestión tributaria
que permita ir disminuyendo el fraude fiscal que es propio de toda
sociedad. Es decir, que actuaciones de muy diferente índole están
recogidas tanto en gestión tributaria, como en efecto de detección del
fraude fiscal, como en los mecanismos para optimizar la gestión en muy
diferentes frentes. Señorías, en las dotaciones presupuestarias
correspondientes no hipervaloramos los ingresos y minusvaloramos los
gastos, sino que éstos están equilibrados en su conjunto.
Consiguientemente, con esta intervención, el Grupo Parlamentario
Socialista manifiesta su oposición a los contenidos de cada una de las
enmiendas a esta Sección.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Segura
Clavell.
Pasamos ahora a la Sección 16, con una primera enmienda presentada por
los señores Acebes Paniagua, García Tiemblo y San Segundo Nieto.
Tiene la palabra, para su defensa, el Senador San Segundo, por tiempo de
un minuto.
El señor SAN SEGUNDO NIETO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar que mantenemos la enmienda en sus propios términos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Gracias.
La siguiente enmienda es la del Senador Ainsa Escartín, que tiene la
palabra para su defensa.
El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda hace referencia a la Guardia Civil de Huesca. ¡Qué podemos
decir de la Guardia Civil que no sea conocido ya por esta Cámara! Por
eso, quiero mantener el debate que tuvimos en Comisión y dejarla para su
votación en el Pleno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
A continuación, hay tres enmiendas, del Senador Bellido Muñoz, del Grupo
Parlamentario Popular, que tiene la palabra.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Mantengo las tres enmiendas y se dan por defendidas en sus justos
términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
¿Desea el Senador Bueno Fernández mantener esta enmienda? (Pausa.) El
señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, quiero mantener la enmienda en los mismos términos en que
se defendió en Comisión y dejarla, lógicamente, para la posterior
votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
La siguiente enmienda, de los Senadores Cuevas González y Vilallonga
Elviro, se da por defendida. Lo mismo ocurre con las tres siguientes, que
han sido formuladas por los mismos Senadores.
¿Desea el señor Escuin Monfort mantener su enmienda? (Pausa.)
El señor ESCUIN MONFORT: Sí, pero la defenderemos junto con las del
Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
¿Quiere el Senador Baltar Pumar mantener su enmienda? (Pausa.)
El señor BALTAR PUMAR: La doy por defendida, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Supongo que el senador Escuin Monfort también da la suya por defendida.
(Asentimiento.) Los servicios técnicos de la Cámara me sugieren un
sistema «brevis» que consiste en preguntar si las enmiendas siguientes,
1.480, 1.482, 1.502, 1.503, 1.545 hasta la 1.556, siguiendo por la 1.758
hasta la 1.760, y la 1.825 inclusive, se mantienen en sus justos términos
para ser votadas en su momento. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el Senador Espert Pérez-Caballero para
defender su enmienda.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Se da por defendida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Voy a seguir el mismo sistema con las siguientes enmiendas que voy a
mencionar. Junto con la 1.590 estarían las enmiendas 1.691, 1.692, 1.693,
1.706, 1.707, 1.783, 1.784, 1.721, 1.722, 1.749, 1.750, 1.751, 1.790,
1.652, 1.793 y 1.805, que corresponden a los Senadores Espert, López San
Miguel, Maeso Carbonell, Martínez García, Martínez Soriano, Molina
Fernández, Ortí Bordás, Prim Tomás, Ortí Bordás, Prim Tomás, Ortí Bordás,
Ruiz-Gallardón, Soravilla Fernández, Vindel López, San Segundo Nieto,
González Caviedes, Soravilla Fernández y Tomey Gómez. He leído
simplemente el primer nombre de cada uno de los enmendantes. Se dan por
defendidas y se dejan para ser votadas en el Pleno.
La siguiente enmienda es la del Senador Cuevas González, que se da
también por defendida. (El señor Calvo Lou pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO LOU: La enmienda número 38 es del Grupo Parlamentario
Mixto. Las que están defendidas son las que van a nombre del señor Cuevas
González y de la Senadora Vilallonga.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene toda la razón su señoría.
Tiene la palabra.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente. Esta es una enmienda que
también hace mención a la Guardia Civil. Se trata de un compromiso con el
Ayuntamiento de Montalbán, en la provincia de Teruel, para construir una
casa-cuartel.
El año pasado, en respuesta a una pregunta formulada al señor Ministro
del Interior, se nos dijo que el compromiso estaba vivo, pero que no se
podía construir porque no existía consignación presupuestaria. Sucede que
el Ayuntamiento que pone los terrenos tiene una opción de compra que
vence precisamente este año, por lo que si no se llevaran a cabo las
obras, en el futuro habría dificultades para poder construirla. Por eso,
nosotros hemos formulado una enmienda, en la que se piden solamente 50
millones de pesetas, para poder iniciar las obras y que el Ayuntamiento
no pierda la opción de compra. Espero que sea aprobada porque su pequeño
montante no es importante en relación con el conjunto del Capítulo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias Senador Calvo Lou.
Por el Grupo Socialista Vasco, tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Perdone que le rectifique: no pertenezco al Grupo Socialista
Vasco, sino al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdone usted, lo sabía desde
hace muchos años.
El señor BOLINAGA BENGOA: Las enmiendas 1.326 y 1.327 a esta Sección
están retiradas.
Mantenemos, sin embargo, en sus justos términos las enmiendas 1.328,
1.329 y 1.330. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Del Grupo Parlamentario Popular hay una serie de enmiendas numeradas
desde la número 298 hasta la 321. Para su defensa, tiene la palabra el
Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta mañana hemos recibido información del Presidente del Senado, del
excelentísimo señor don Juan José Laborda, referente a que si no
comparecían los señores Ministros en el hemiciclo del Senado era debido a
que estaban reunidos en Consejo de Ministros. Yo no sé si en estos
momentos el Consejo de Ministros continuará o no; quizás estén en una
comida, pues es natural que los señores Ministros repongan sus fuerzas.
Pero nosotros pensábamos, ya que estamos en la Sección 16, que el señor
Ministro, el recién nombrado Ministro, señor Asunción, podía haber
inaugurado el marcador de su actividad parlamentaria en este Senado con
una ocasión muy propicia, cual es, nada menos, que la de explicar los
presupuestos. Sobre esos presupuestos trató la última intervención del ex
Ministro, señor Corcuera, en el Congreso de los Diputados. Por tanto,
creemos que el nuevo Ministro hubiera podido explicar aquí, en este
Senado, la variación presupuestaria, esa imaginación en el gasto de los
escasos recursos públicos que todos los españoles hemos tenido ocasión de
ver a través de los medios de comunicación. Quizás así hubiera despejado
las dudas que tenemos porque la imaginación, cuando se trata de dinero,
siempre suele conducir a fracasos estrepitosos.
Dicho esto --y perdónenme el preámbulo--, paso a defender todas las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que son, como muy bien ha dicho
el Presidente en funciones, las números 298 a 321.
Voy a ser muy breve porque lo que pretendo es explicar la orientación
general de mi Grupo respecto a esta Sección 16, dado que las enmiendas
puntuales ya fueron expuestas y replicadas, yo creo que con detalle y
reiteración, en la Comisión de Presupuestos.
Mantenemos un veto a la totalidad de la Sección por considerar inadecuada
la distribución de los 511.500 millones consolidados con que está dotada
con sólo un incremento del 3,4 por ciento, que es inferior al porcentaje
del producto interior bruto. Es decir, no va a haber prácticamente
aumento de ninguna clase; no se atienden con los debidos recursos
dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir Servicios que más
preocupan hoy al conjunto de la sociedad española. Alcanzar niveles de
mayor seguridad ciudadana, especialmente para aquellos a los que la
seguridad privada no les llega porque no pueden pagarla; intensificar
actuaciones policiales contra la droga, persiguiendo implacablemente a
los narcotraficantes grandes y pequeños, y mejorar sensiblemente la
seguridad vial para reducir cada vez más los accidentes de tráfico, con
sus lamentables secuelas y sangría de vidas humanas que producen
diariamente, justifica con creces esas mayores consignaciones, con una
mejor distribución de los escasos recursos con los que está dotada esta
Sección y, por cuya razón, la impugnamos.
Señorías, nuestra disconformidad y también honda preocupación radica en
el programa 222-A, de Seguridad Ciudadana, fundamentalmente por su
negativa repercusión en política de personal; una política de personal
que ha permitido que las plantillas, tanto de la Guardia Civil como de la
Policía, sean inferiores a las necesarias para cubrir con la debida
suficiencia todos los servicios que se les requieren.
El ex Ministro, señor Corcuera, así lo reconocía, pero justificaba la
reducción por la imposibilidad --según decía él-- de no poder impartir
más cursos de formación. Podemos estar conformes con esta justificación
conformista y pasiva. Debe adoptarse alguna disposición para aumentar el
número de guardias civiles y de policías; la primera, no reduciendo las
consignaciones destinadas al Programa de Formación de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, que pasa de 14.139 millones en 1993, a 14.110
millones en estos presupuestos; la segunda, programando con carácter
excepcional más ofertas y cursos de formación para que gradualmente, sin
quiebras bruscas, se puedan ir completando estas plantillas a su nivel
adecuado. De no hacerlo de esta forma, u otra sobre la que el Grupo
Socialista pueda ilustrarnos, y de seguir el ritmo de incorporaciones de
manera tan lenta y tan reducida, se estará condicionando el que por falta
de personal, de policías y de guardias civiles, a pesar de su enorme
esfuerzo, los servicios policiales no pueda organizarse con las debidas
condiciones de operatividad y de seguridad, con la lógica repercusión en
una mayor o menor seguridad ciudadana para todos los españoles.
En otro orden de cosas, observamos la desigualdad de retribuciones que se
producen entre las diferentes policías de la nación, entre funcionarios
del Estado y de las Comunidades Autónomas y locales. Las diferencias son
elevadas, aunque los servicios, las obligaciones y los riesgos son los
mismos. Esta injustificable desigualdad está causando serios agravios
comparativos para quienes, con toda la razón, se sienten hoy
perjudicados.
De ninguna manera podemos comprender, menos justificar, salvo --insisto--
que el Grupo Socialista nos lo aclare, que un policía nacional o un
guardia civil perciba menores retribuciones que un policía autónomo o
local. Estos presupuestos, que mantienen esta desigualdad, nos dan razón
una más para que los impugnemos.
Detectamos un incumplimiento patente del Gobierno con las organizaciones
sindicales de la Policía. Se les adeuda, en virtud de un convenio
suscrito entre ambos, más de 5.000 millones de pesetas que, desde luego,
no aparecen en estos presupuestos. No hay dinero para cumplir los
compromisos del Gobierno, del Ministerio del Interior, que está
decepcionando a los funcionarios y provocando el riesgo de un serio
conflicto, que debe evitarse a toda costa. Responsabilidad será del
Gobierno.
La congelación de sueldos y salarios afectará a los policías y a los
guardias civiles, sin embargo, su rigor podría mitigarse si la dotación
para incentivos se desglosara en dos partes: una, para distribuirla de
forma lineal entre todos los funcionarios, sin excepción, y otra,
destinada al fin previsto, es decir, a gratificaciones y a otros
complementos productivos.
Una muestra de solidaridad en años de crisis siempre sería positiva, y si
en otros Ministerios lo hacen, no comprendemos por qué razón no está en
la intención del Ministerio del Interior distribuir de esta manera los
incentivos en un año en que a nuestros policías y guardias civiles se les
exige apretarse el cinturón.
Por lo expuesto, es claro que criticamos una deficiente política
personal, por permitir desigualdades, por incumplir convenios, por no
fomentar la solidaridad, agravada por el mayor esfuerzo que se exige,
dado lo reducido de las plantillas, que no están fomentando un clima de
confianza y de satisfacción, que repercute y puede repercutir
negativamente en unos servicios tan esenciales como son los de la
Seguridad del Estado.
Señorías, es muy posible que mis consideraciones puedan malinterpretarse,
pero entiendo que estoy obligado a manifestarme con total libertad y
sinceridad. Por eso, insistimos en considerar que esa política de
personal está repercutiendo en los servicios policiales. Y no lo digo yo
sólo. Yo creo que deberían escuchar --si es que tienen tiempo para
hacerlo-- a los funcionarios responsables de los servicios.
Las últimas estadísticas sobre casos esclarecidos, con tendencia clara a
la baja y el aumento de casos impunes, demuestran la certeza de cuanto
decimos, pero lo hacemos intentando una finalidad constructiva: la de
recomendar al Ministerio del Interior, al recién nombrado señor Asunción
--al que desde aquí y como paisano, pues es tan valenciano como yo, le
deseo los mayores éxitos al frente del Ministerio--, que rectifique, que
cambie cuanto antes esa política, que confeccione unos mejores
presupuestos, puesto que queremos que éstos se devuelvan al Gobierno.
Porque está diluyendo el buen hacer, el espíritu de entrega, de
dedicación y de sacrificio del que siempre han hecho gala y honor los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por eso pedimos que estos
presupuestos se devuelvan.
En el Capítulo de Gastos Corrientes e Inversiones tenemos que referirnos,
necesariamente, a las obras de construcción y reparación de cuarteles de
la Guardia Civil y comisarías de Policía. Senadores de mi Grupo han
presentado numerosas enmiendas preocupados por la urgente necesidad de
construcción de nuevos cuarteles o por el lamentable estado de
conservación de muchos de ellos.
No se trata de contentar al señor Alcalde para dotar a su municipio de un
buen acuartelamiento, aunque ésta sea una aspiración muy justa; no se
trata de eso. Lo que pretendemos es que los guardias civiles y sus
familias ocupen viviendas dignas y seguras, y no vetustos caserones,
prácticamente inhabitables. Hoy es incomprensible que cuarteles casi en
ruinas, como los de Yecla, Candeleda, Guadix, Piélagos, Viveiro o
Morella, por ejemplo --la lista podría ser muy larga--, todavía no hayan
merecido la atención del Ministerio del Interior. Es realmente lamentable
poder comprobar cómo viven estos guardias civiles. Si pudiera proyectarse
una película en este hemiciclo, creo que sería la vergüenza de este
Senado si no insistiera al Ministerio del Interior, al Gobierno, para que
modificara esta situación.
Las limitaciones y escasez de medios de las Fuerzas policiales durante
estos últimos meses son el resultado de una pésima administración de los
recursos que no puede ni debe repetirse, porque es una verdadera
temeridad. Es claro que debe racionalizarse el uso y el consumo de los
bienes materiales, pero este presupuesto no contribuye precisamente a
lograrlo porque incluir la deuda de 10.000 millones que tiene el
Ministerio del Interior dentro del Capítulo de Gastos Corrientes, es
continuar en la confusión. El presupuesto debe consignar las dotaciones
necesarias para el correspondiente ejercicio, pero no las deudas
líquidas, vencidas y exigibles; para liquidar y clarificar las partidas,
debe concederse un crédito extraordinario que, si bien es un recurso que
no nos gusta --y así lo hemos manifestado--, en este caso sí está
justificado por su excepcionalidad y también porque, de no concederlo
ahora, necesariamente tendrá que hacerse un poco más tarde, y ello con
mayor confusión y mucha menor claridad de la que ahora podría
conseguirse.
Vetamos el programa 222-C, de actuaciones policiales en materia de droga.
La represión de narcotraficantes todavía no está alcanzando niveles
suficientes para considerar un avance significativo en esta dura y
difícil tarea. Es cierto que se han producido aprehensiones y detenciones
importantes, que celebramos de verdad, pero queda bastante por hacer,
porque todavía
hoy es muy fácil comprar drogas, no hay ningún problema para
conseguirlas; si eso es así, es porque detrás todavía operan grandes
traficantes a los que hay que descubrir y detener.
Los presupuestos deben consignar todas las dotaciones necesarias para
conseguir esa mayor eficacia. En este sentido, observamos que la
implantación de la Guardia Civil del Mar, una de cuyas misiones es la
vigilancia y el control del mar territorial, actividad importantísima
para combatir el tráfico de drogas, se está produciendo con indudable
retraso, de manera tan lenta que incluso provincias como Valencia y
Castellón todavía no cuentan con bases de esta Guardia Civil del Mar. Es
un flaco servicio a esta actividad contra la droga. Razón de más para
impugnar estos presupuestos.
En relación con el Programa de Seguridad Vial, objetamos una falta
también para dotar actividades que consideramos fundamentales en este
campo, como son las educativas y asistenciales.
Por otro lado, los sistemas para mejorar la fluidez y seguridad de la
circulación justifican con razón las importantes dotaciones
presupuestarias; no obstante, a pesar de la información y los datos
suministrados en directo --porque en directo podemos verlos por
televisión-- a los centros de gestión, la reacción o subsiguiente
actuación que requieren esa información y esos datos no es tan acertada.
Algo está fallando porque, a pesar de esos sistemas, cualquier simple
anormalidad, incluso previsible, produce retenciones de muchos
kilómetros. La avería de un simple vehículo ocasiona atascos
monumentales, sin que esa reacción para restablecer la fluidez del
tráfico sea inmediata y rápida, que es, en definitiva, lo que más
importa. Los datos, la información debe estar en función de la adecuada
reacción; y hoy todos sufrimos atascos y retenciones para no poder estar
satisfechos. Ahí sí que quisiéramos ver a la Dirección General de Tráfico
con mucha mayor eficacia y rapidez que la de proporcionarnos los datos
por la televisión.
Consideramos decisiva la intervención de la Guardia Civil de Tráfico; lo
que decíamos en el Programa de Seguridad Ciudadana lo decimos también
respecto al Programa de Seguridad Vial: faltan guardias civiles de
tráfico, hay una escasez importante y habrá que esforzarse por aumentar
la plantilla, porque nosotros pensamos que en seguridad vial la Guardia
Civil de Tráfico es esencial y fundamental, es la que, en definitiva,
salva de casi todos los problemas. Su labor asistencial es tan importante
o más que la ejemplarizante de la sanción, con lo importante que es
también. Nos gustaría saber el índice de sanciones, nos gustaría que la
proporción por exceso de velocidad también lo fuera igual en otras
infracciones graves, como son los cambios de rasante, invasión de la
calzada, los giros inadecuados, etcétera. Eso sería atender mejor la
ejemplaridad que hoy exige la carretera. Con la dotación necesaria de
miembros de la Guardia Civil de Tráfico se podría evitar ese aumento de
accidentes. Yo le decía al portavoz Socialista en Comisión --no me
interpretó bien, y se lo repito ahora-- que ese aumento del componente
juventud-alcohol-fin de semana es peligrosísimo, y se debe atajar con
mayores medios e, indudablemente, con mejores servicios de la Guardia
Civil, como explicó el Secretario de Estado para la Seguridad, señor
Vera. ¿Hay medios para hacerlo? Creo que no; no son suficientes, al
menos.
Para terminar, mantenemos dos enmiendas de adición que pretenden
incrementar en 167 millones las dotaciones para gastos de mantenimiento y
repatriación de extranjeros. La dignidad --y recalco la dignidad, porque
no es la primera vez que este Senador se ha manifestado-- con la que
deben ser tratadas estas personas que están en apuros y en situaciones
difíciles, exige que haya medios suficientes para que su repatriación o
su mantenimiento en España, mientras dure su estancia en nuestro
territorio, tenga las mejores condiciones.
Yo no quiero hablar de terrorismo, porque de terrorismo, cuanto más se
habla, peor. Solamente quiero decir al Grupo Socialista que en ese tema
estaremos siempre al lado del Gobierno, al lado de las personas
responsables; no tengan la menor duda. También quisiéramos que pudieran
contar con todos los medios, y nos gustaría que los que sufren en sus
carnes la mordedura del terrorismo tuvieran, si no una compensación
económica --que hay que hacerlo--, sí el reconocimiento de que han caído
por servir a España y que requieren muchos más honores de los que se les
da actualmente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Escuin
Monfort.
Para un turno en contra, el Senador Ardaiz Egüés tiene la palabra.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de comenzar mi intervención, quería pedir al señor Presidente que
solicitara al Senador Bolinaga que retirara del «Diario de Sesiones» --si
así ha quedado incluido-- las últimas palabras que ha pronunciado
respecto a la equivocación que ha tenido el Presidente en la denominación
de Senadores Nacionalistas Vascos. El ha dicho que se llamaba de otra
forma, y ha añadido unas palabras que me gustaría que las retirara, señor
Presidente, si figuran en el «Diario de Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría, ¿se refiere a
algo que haya dicho un servidor?
El señor ARDAIZ EGÜES: No, señor Presidente, me refiero a las tres
últimas palabras que ha dicho el Senador
Bolinaga, que creo que han sido recogidas en el «Diario de Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
El señor ARDAIZ EGÜES: Senador Escuin, voy a empezar por donde usted ha
comenzado. El Ministro ha estado en esta Cámara a las cuatro de la tarde,
por tanto no se trataba de una comida. Yo creo que le ha pedido un
excesivo celo o una excesiva puntualidad, pero ha estado y me ha
transmitido que pensaba volver, cuando ha visto que todavía quedaba un
largo recorrido por otras Secciones. Seguramente, algo se lo habrá
impedido.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de las enmiendas
que se han presentado por los Grupos Parlamentarios, no sólo porque no
nos convencen las razones que han expuesto, sino, fundamentalmente,
porque creemos que el presupuesto de la Sección 16 es adecuado a las
necesidades que tienen en estos momentos todos los servicios que se
derivan de la seguridad ciudadana, la protección civil y la seguridad
vial.
Además, los presupuestos de la Sección 16 son solidarios con los de las
restantes secciones por cuando que el porcentaje que suponen respecto del
total del presupuesto, el 1,9, ha permanecido invariable comparándose con
el presupuesto del año pasado. El año pasado el porcentaje era el 1,9 del
total y este año continúa esa misma cifra.
Pero además de ser unos presupuestos solidarios con los demás centros de
gasto, se ha producido también una solidaridad inversa: los demás centros
de gasto han sido solidarios con el centro de gasto del Ministerio del
Interior en lo que se refiere a la no reducción de la oferta pública de
empleo, y así, en un problema que su señoría detecta y que es cierto,
como es la necesidad de una mayor dotación de plantillas, el Ministerio
de Interior no se va a ver restringido este año, y sabe su señoría que se
van a ver restringidos todos los demás Ministerios. La cifra conjunta de
funcionarios entre guardias civiles y policías nacionales que se van a
incorporar el próximo año será alrededor de unos 7.600 más. Y es lógico
que así sea porque, como saben sus señorías, el 80 por ciento del gasto
del Ministerio del Interior se emplea en personal ya que la actividad del
Ministerio se sustenta en los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Es cierto que ha habido un descenso en las inversiones, pero ese descenso
tiene su lógica por cuanto que en los últimos cuatro años --mientras se
fueron preparando las infraestructuras en materia de seguridad para poder
encarar con éxito, y ciertamente tuvieron éxito , los acontecimientos que
se celebraron en España en 1992 --tuvieron que invertirse alrededor de
116.000 millones de pesetas, cantidad que es casi diez veces la inversión
que se va a hacer este año en el presupuesto de la Sección 16.
Por tanto, hubo un adelanto en algunas inversiones que ahí están, que ya
se han realizado y que están sirviendo eficazmente-- como también
sirvieron en 1992-- a la seguridad del Estado, a la seguridad de los
ciudadanos y, en definitiva, a la protección de la libertad.
Los gastos en bienes corrientes y servicios han tenido realmente un
cierto aumento, pero se trata de un aumento ficticio por cuanto que se
piensa pagar este año una deuda histórica que tenía el Ministerio con
Telefónica en materia de comunicación. Usted ha hecho una referencia a
ello y tienen presentada una enmienda a este respecto, pero nosotros la
vamos a rechazar por pura coherencia, porque nos parece que no es
correcto que en una enmienda se solicite el saltarse la propia Ley
General Presupuestaria en la que se dice que los débitos que provengan de
otros años tienen que constar en el presupuesto si es que se conocen. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a transferencias
corrientes, Senador Escuin, su señoría ha llenado la Cámara de halagos a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ciertamente merecidos, respecto de su
espíritu de sacrificio y del trabajo que desarrollan en bien de los
ciudadanos, etcétera, pero he de decirle que hablar de retribuciones se
compadece poco con las enmiendas que han presentado ustedes y con las que
intentan disminuir en un 2 por ciento algunas transferencias corrientes
justamente al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil y a la Fundación
de Huérfanos de la Policía. Concretamente hay una enmienda en que ustedes
solicitan esto. Yo no sé si sabían a qué afectaba esa enmienda pero lo
cierto es que era precisamente a eso. Repito que esos halagos merecidos
que usted ha hecho se compadecen poco con el contenido exacto de sus
demás enmiendas pero lo cierto es que era precisamente a eso. Repito que
esos halagos merecidos que usted ha hecho se compadecen poco con el
contenido exacto de sus demás enmiendas o con pedir que se reduzcan los
compromisos que en materia económica hemos contraído con organismos
internacionales en aplicación, por ejemplo, del Convenio Schengen y que
ustedes también piden en una de sus enmiendas que se reduzcan. Eso no
tiene sentido. Su Grupo aprobó tanto en esta Cámara como en la otra la
aplicación del Convenio Schengen, por lo que no tiene mucha lógica que
ahora soliciten que se detraigan cantidades que no permitan cumplir con
los objetivos que allí se manifestaron.
Pero este presupuesto no solamente nos parece adecuado desde el punto de
vista económicofinanciero, es que nos parece adecuado también desde el
punto de vista de la eficacia y, a fin de cuentas, desde el punto de
vista de las políticas que estos créditos sustentan: la política en
materia de seguridad ciudadana, la política en materia de seguridad vial
y la política en materia de protección civil.
En cuanto al primero de los programas, el de seguridad ciudadana, lucha
contra la criminalidad, y fundamentalmente,
actuaciones preventivas, creo que sirve de poco decir que sigue habiendo
traficantes a pesar de que se incautan cada vez más drogas, ya que eso es
lo mismo que decir que seguirá habiendo catástrofes naturales o como
decir que seguirán produciéndose accidentes de circulación, como se ha
manifestado. Señoría, no crea que en un Estado de Derecho, en el que
priman las libertades, alguna vez la delincuencia o el tráfico de drogas
van a alcanzar la cota cero porque eso no ha sucedido en ningún Estado.
Los únicos Estados que se han acercado a esa cota cero han sido Estados
como el que dominó Ceaucescu o, por no citar otro Estado, esta propia
Península Ibérica. En un Estado de libertades habrá que luchar siempre
con los mejores medios, con eficacia y con eficiencia, pero hablar de que
siguen existiendo traficantes potenciales en las calles no es decir
apenas nada. Seguirán existiendo, pero no hay que provocar una alarma
social por ello.
Su señoría ha hecho una buena intervención esta tarde desde esta tribuna
ya que se ha alejado de los datos que fue dando en Comisión. Lo ha hecho
con mucho sentido porque, al final, los datos no son neutrales, no son
pacíficos y, además, crean una cierta alarma social, y a los ciudadanos
hay que decirles que aunque el índice de delincuencia en España sea
parecido o incluso menor que en el resto de los países de nuestro
entorno, hay temas como, por ejemplo, los homicidios --que son los
delitos más importantes--, de los que en este año de 1993 han sido
esclarecidos más del cien por cien de los cometidos; es decir, se
esclarecieron incluso homicidios cometidos en otros años. Por tanto, no
hay impunidad. Estamos en unos índices parecidos a los de otros países y
creo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los dirigentes del
Ministerio están trabajando con bastante eficacia en todo ello.
En segundo lugar, y en cuanto a la seguridad vial, se pueden hacer muchas
inversiones y se puede tener una mejor reacción ante los datos que van
apareciendo en las pantallas de la Dirección General de Tráfico, pero en
materia de seguridad vial nos parece más importante otra cuestión: el
hecho de que poco a poco va calando entre los ciudadanos la importancia
que tiene en realidad la seguridad vial. Recuerden que a ello ha
contribuido de modo muy importante esta Cámara con el consenso que hubo
cuando fueron aprobadas las recomendaciones de la Comisión creada
específicamente para ello, pero creo que también ha cambiado la
Administración. No solamente los ciudadanos están percibiendo que hay que
cambiar la actitud personal respecto de los problemas de tráfico sino
también la Administración, y está pasando del sistema puramente represivo
que existía hasta hace muy poco tiempo, y que ha tenido un descenso
paulatino, a un sistema fundamentalmente de prevención.
Ya sabemos que son menos conocidos los recursos que se dedican a la
prevención por parte de la Dirección de Tráfico, que los de la propia
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil --que es la que se ve--, pero
existen sistemas integrados de gestión del tráfico, sistemas operativos
de innovación tecnológica para la regulación de accesos a grandes
ciudades, aunque a veces se reaccione tarde. Además, hay que tener en
cuenta que en este país el parque de vehículos ha aumentado un 50 por
ciento de 1982 a 1992. Ese es el problema fundamental. Todos esos
sistemas están dedicados, como no podía ser menos, a mejorar la fluidez y
la seguridad de la circulación.
Por otro lado, con el presupuesto para 1994 relativo a la política de
protección civil se pretende finalizar las inversiones que se iniciaron
años atrás para prevenir catástrofes naturales, o riesgos de los llamados
socioindustriales, es decir, incendios, riesgos químico y nuclear,
etcétera. Por tanto, se va a terminar de dotar las infraestructuras en
las localidades más afectadas por aquéllos con los planes existentes de
riesgos químico y nuclear.
No quería finalizar, sin hacer mención a dos cuestiones. La primera,
relativa al cuartel al que ha hecho referencia el Senador por Teruel. A
este respecto, en el Anexo de inversiones del presupuesto se contemplan
éstas para la Comunidad Autónoma de Aragón, y me imagino que se
repartirán de acuerdo con las prioridades que existan en dicha Comunidad.
La segunda cuestión es la siguiente. Cuando se apela al estado de
indecencia --se puede decir muy claramente-- en el que se encuentran
algunas casas-cuartel en este país, tenemos la obligación de señalar con
mucha claridad que algunos de esos cuarteles no se van a reparar ni a
construir nuevamente; si lo hacemos, estaremos engañando.
Si ustedes, Senadores del Grupo Popular, están de acuerdo en conseguir
que haya más policías y, fundamentalmente, más guardias civiles por las
calles en beneficio de la seguridad ciudadana, el Ministro anterior les
ha invitado --les vuelvo a invitar desde esta tribuna-- a compartir con
nosotros, si aceptan la invitación, la responsabilidad de llevar a cabo
un mejor y más operativo despliegue de la Guardia Civil, y ya saben lo
que significa eso. Pero si no lo hacen, entenderemos que renuncian a la
eficiencia por no querer meterse en líos con los ciudadanos, o con sus
propios concejales, de determinados pueblos. Pensaremos que, en lugar de
utilizar mucho más racionalmente --como se puede hacer-- los recursos
existentes, no lo hacen por comodidad. Y todo eso les podrá reportar
comodidad, pero en ningún caso les va a dotar de la credibilidad que
necesitan para convertirse de lo que creen ser, un partido de gobierno, a
serlo de verdad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ardaiz.
Abrimos el turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Calvo Lou.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero poner de manifiesto que, si bien existen inversiones en
Aragón, la que hemos señalado al principio constituye una auténtica
prioridad por las razones que he expuesto. Creemos que sería interesante
que ya figurara en los presupuesto del Estado, con objeto de que no
hubiera más retrasos en la obra.
Quiero decirle al portavoz socialista que, efectivamente, en 1992 se hizo
un gran esfuerzo, pero sólo en determinados territorios del Estado,
mientras que otros continúan como estaban. Por tanto, mantengo la
enmienda y espero que, como constituye una auténtica prioridad, sea
apoyada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Senador Ardaiz, su información, ya que desconocía que el recién nombrado
Ministro del Interior se encontrara en el Senado. En todo caso, creo que
le llegarán mis palabras de aliento y de éxito para la siempre difícil y
complicada labor que lleva aparejada el Ministerio del Interior. Lamento
que no haya podido dar explicaciones en el Senado, porque hubiera sido un
honor para esta Cámara que su primera intervención parlamentaria --eso
creo-- sobre los presupuestos del Ministerio del Interior se hubiera
realizado en este hemiciclo.
Dicho esto, Senador Ardaiz, le agradezco su esfuerzo al contestar a mis
argumentos --creo que muy claros y precisos--, expuestos en nombre del
Grupo Popular. La verdad es que no somos tan ingenuos como para pensar
que las actuaciones policiales contra la droga van a ser tan eficaces,
tan eficientes, que la droga va a desaparecer. No he dicho eso, Senador
Ardaiz, sino que todavía es muy fácil adquirirla. Creo que hoy día
cualquier niño puede comprarla, y en los centros escolares habría que
adoptar más precauciones, porque se está vendiendo. Lo mismo ocurre en
algunos barrios, en los que todo el mundo sabe que existe.
Esa facilidad para la adquisición demuestra que hay poderosos
narcotraficantes detrás. A juicio del Grupo Popular, las acciones
importantes --que yo aplaudo-- de recientes aprehensiones y detenciones
de bandas muy peligrosas de narcotraficantes todavía tienen el suficiente
nivel de aceptación, y para eso estamos en este debate presupuestario:
para que se dote mejor el programa de actuaciones policiales contra la
droga y, fundamentalmente, uno de los flecos que creemos que no se está
cumpliendo, como es el relativo a la Guardia Civil de Mar, creada por Ley
de 1982, que hasta hacer pocos años no se ha empezado a desarrollar.
Por tanto, creo que, siendo la lucha contra la droga uno de los
principales problemas --aunque no diría que el mayor-- que afecta a
muchas familias españolas, por lo menos necesita de los medios materiales
suficientes para poder cubrir todas las necesidades que hagan posible que
la Guardia Civil y la Policía tenga más éxito, muchas más acciones
brillantes, como las que le reconocemos.
En otro orden de cosas, tengo que reconocer que el Senador Ardaiz es muy
estudioso de los temas, conoce perfectamente las estadísticas y lee los
números con detenimiento. Pero, generalmente, en los presupuestos los
datos estadísticos sirven de muy poco; sólo pueden indicar una tendencia.
Este año quizá la policía haya detenido a más delincuentes, pero usted no
puede decir que mañana pueda detener a los mismos, porque pueden ser
muchos más, o muchos menos. Por tanto, la obligación de los presupuestos
es mirar hacia el futuro, y éste es incierto, aunque las necesidades
seguro que no lo son, y para la seguridad, cuanto más haya, mejor.
Recientes y últimas estadísticas publicadas en los medios de comunicación
demuestran que el grado de impunidad va en aumento, y eso es preocupante.
Es más: dicha impunidad quizá se deba a la falta de medios de nuestros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Respecto a la seguridad vidal, tengo que decir de verdad que el trabajo
que hizo en este Senado la Comisión Especial de Investigación sobre
Seguridad Vial, lo he leído con detenimiento; es magnífico. Yo creo que
el Director de la Jefatura de Tráfico y las autoridades del Ministerio lo
conocen y quizá lo están poniendo en práctica, aunque no ha sido así en
muchas de sus recomendaciones.
En ese estudio se hizo una advertencia muy seria sobre los peligros que
nuestra juventud podía acarrear los fines de semana en la seguridad vial
y en un aumento de la siniestralidad. Lamento que todavía existan
determinadas rutas, que yo no voy a calificar porque me duele que sean
populares, jamás debieron serlo. Esto debía estar previsto y destacar
todos los fines de semana un buen número de guardias civiles de tráfico
en los puntos conflictivos con los medios adecuados para reprimir el
consumo de alcohol. Así, quizá, se hubieran evitado los accidentes que
todos lamentamos. Generalmente, cuando surge un problema es cuando se
toman las decisiones y se hacen las previsiones. El mejor motivo y razón
de un buen Gobierno, de una buena Administración, de unos buenos
servicios es preverlo, ya que todos estos problemas eran conocidos.
Usted ha hablado de protección civil y yo no he mencionado para nada la
protección civil. Quizá algún día lo hagamos. Yo he enmendado el programa
de seguridad
vial, de seguridad ciudadana y de actuaciones policiales contra la droga.
No he comentado, en absoluto, nada de protección civil.
Señorías, como pensamos que no se va a aprobar ninguna de nuestras
enmiendas, nosotros ya afilaremos las armas para poder debatir en el
próximo curso legislativo todas aquellas acciones que mi Grupo piensa que
debe denunciar, que debe exigir en este importante campo que es el de la
seguridad de todos los españoles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Escuin, he hablado de protección civil, a pesar de que ustedes no
tenían ninguna enmienda específica respecto al tema, porque tenían un
veto a toda la Sección y parte de la Sección es, lógicamente, la
protección civil. He intentado explicar por qué íbamos a votar en contra
del veto, y es porque nos parecían adecuados, tanto desde el punto de
vista económico o financiero como político, los presupuestos que ha
traído aquí el Gobierno.
Yo le agradezco el reconocimiento que hace a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y a quien los dirige políticamente. El Gobierno, cuando habla
--y no se equivoca, además-- de mayores incautaciones de alijos de droga;
cuando habla de menos accidentes y de menos víctimas mortales en la
carretera; cuando habla de éxitos en materia de represión de la
delincuencia, sea ésta terrorista u otra, pero luego dice que las
estadísticas en un debate presupuestario no son muy importantes y a
continuación lanza una estadística que no sé si es una estadística, una
ratio o una jaculatoria, es decir, que el grado de impunidad sigue siendo
muy alto. ¿Lo dice usted para salir del apuro, como cuando se piensa en
que alguien tiene que proteger y en este caso es esa alocución, el grado
de impunidad sigue siendo muy alto, o lo dice usted con datos en la mano?
Lo dice sin datos en la mano, evidentemente.
Voy a hacerles gracia a sus señorías de leer las estadísticas que tengo
encima de la mesa, pero, desde luego, el reconocimiento que ha dado usted
de las tres materias en las que ha crecido la eficiencia y la eficacia de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es verdaderamente cierto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el debate de la Sección 17.
Entiendo que las enmiendas individuales de los Senadores del Grupo
Parlamentario Popular, en primer lugar, del Senador Acebes, ya están
defendidas. En ese caso, las someteremos directamente a votación.
Las enmiendas del Senador Cuevas y de la Senadora Vilallonga también se
entienden defendidas.
El Senador Ramón i Quiles también las dio por defendidas.
Del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Virosta Garoz mantiene las
enmiendas números 1.204 a 1.215.
No se encuentra presente en la sala y no ha manifestado ningún criterio
al respecto. (El señor Calvo Lou pide la palabra.)
Tiene su señoría la palabra.
El señor CALVO LOU: Señor Presidente, me ha pedido que las dé por
defendidas para su votación posterior.
El señor PRESIDENTE: Lamento mucho manifestarle, Senador Calvo Lou, que
tendría que haberlo hecho él personalmente. Así, las tengo que dar por
decaídas.
El señor CALVO LOU: Las enmiendas números 2 a 37 figuran a nombre del
Grupo Mixto, pero son mías, aunque están firmadas por el portavoz señor
Cuevas González. Estas enmiendas no han sido defendidas y rogaría a la
Presidencia que me permitiera su defensa.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, tiene su señoría razón, ya que vienen
a continuación de las enmiendas del Senador Virosta.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas
números 2 a 37, así como la 1.219 a 1.222, tiene la palabra el Senador
Calvo.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la Sección 17 es una Sección importante, puesto que supone la
mayor capacidad inversora del Estado. Yo, como portavoz y representante
del Partido Aragonés, tengo una serie de enmiendas que corresponden a
distintas obras a realizar en Aragón. Perdonen sus señorías que solamente
se refieran a Aragón, pero como Senador por esa Comunidad Autónoma es mi
obligación defenderlas.
Estas enmiendas se pueden reunir en cuatro apartados distintos: uno,
carreteras; dos, obras hidráulicas; tres, aviación civil, y cuarto,
transporte y medio ambiente.
En el capítulo de carreteras, algunas de nuestras enmiendas son
concurrentes con las presentadas en años anteriores, porque son obras
absolutamente necesarias y se refieren a distintas variantes en
carreteras nacionales para omitir puntos negros que hay en la red en
estas travesías. Concretamente, la enmienda número 15 se refiere a la
variante de Tarazona, con una cantidad
pequeña, pero que podría ser el principio para realizar en años
siguientes una obra más importante. También recogemos las variantes de
Fraga, Alcañiz y Zuera.
En otra enmienda pedimos 100 millones de pesetas para una pasarela en la
Nacional-420 en su paso por Alcañiz, puesto que hay un punto negro. El
puente sobre el río Guadalope es muy estrecho y en ocasiones los camiones
tienen que subirse a las aceras y ya se han producido algunos accidentes
mortales. Pero la más importante de estas enmiendas y a la que quiero
hacer referencia fundamentalmente se refiere a la autovía
Zaragoza-Villanueva Nueno. Esta autovía figura ya en los Presupuestos con
una cantidad de 1.000 millones de pesetas, pero a nosotros nos parece muy
pequeña, puesto que existía un convenio entre la Diputación General de
Aragón, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Obras Públicas para
adelantar esta obra, y ya en los presupuestos del año pasado figuraba en
el Ministerio de Economía una cantidad de 2.300 millones de pesetas para
haber iniciado las obras en el año que estamos terminando. Esta obra no
se ha llevado a cabo y, por tanto, nosotros entendemos que para no
retrasarla en el tiempo debe figurar una cantidad lo suficientemente
importante como para que permita ya un empujón considerable para el
próximo año.
En relación con las obras hidráulicas, sus señorías saben que existe lo
que en Aragón se ha llamado el «pacto del agua», que consiste en una
serie de presas para regular el río Ebro. Esas presas que figuran en el
«pacto del agua» tenían ya un comienzo de ejecución para el año 1993. Las
cantidades que aparecen en el presupuesto del Estado no cubren las
necesidades de ese «pacto del agua», que parece que finalmente va a
figurar en el Plan Hidrológico Nacional. Por eso, nosotros hemos puesto
algunas cantidades para iniciar «ese pacto del agua», sobre todo en obras
que en el futuro van a ser tan importantes como el recrecimiento de Yesa,
el pantano de Mularroya o la regulación del Esera, una obra fundamental
para tener aguas suficientes en el canal de Aragón y Cataluña.
En aviación civil, tenemos dos pequeñas enmiendas, una en referencia al
aeropuerto de Zaragoza, una gran obra que, si no se conserva
adecuadamente, puede desaparecer.
Finalmente, tenemos también una enmienda para el túnel de Canfranc. En
Aragón es una reivindicación continua la apertura del túnel de Canfranc
para restablecer el ferrocarril. Nosotros entendemos que en el futuro,
para la unión que se va a poner en marcha con Europa, traspasar los
Pirineos es una obra fundamental. Este túnel ya está hecho, y entendemos
que para el desarrollo tanto de Aragón como de las regiones del Sur de
Francia es absolutamente necesario poner en marcha este túnel y ese
ferrocarril, que ya lleva muchísimos años parado.
Finalmente, en medio ambiente tenemos una serie de enmiendas relacionadas
con distintas depuradoras, concretamente para la de Zaragoza. Ya existía,
efectivamente, un compromiso del Ministerio para la depuradora de
Zaragoza, que se ha hecho a costa de los zaragozanos, con una inversión
tremenda que ha endeudado al Ayuntamiento por encima incluso de sus
posibilidades.
Por todo ello, aunque no todas las enmiendas puedan ser admitidas por el
Grupo Socialista, esperamos que, teniendo en cuenta las necesidades de la
vertebración de un territorio tan importante como es el de Aragón, se
tengan en cuenta algunas de ellas y sean apoyadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Calvo Lou pide la palabra.)
¿Sí, Senador Calvo Lou?
El señor CALVO LOU: Daría por defendidas en sus propios términos y para
que sean votadas en el Pleno las enmiendas números 1.219, a la que no he
hecho mención, la 1.220, la 1.221 y la 1.222, y también, si su señoría me
lo permite, daría por defendidas en sus propios términos, de la Sección
20, la 1.223; de la sección 24, la 1.224 y de la Sección 29, la 1.225.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha
presentado a esta sección las enmiendas números 1.331 a 1.344.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Queremos defender estas enmiendas en su conjunto y hacer especial
hincapié en que la primera trata de conseguir alguna aportación económica
para que se materialice la «Y» ferroviaria vasca. Entendemos que éste es
un proyecto ilusionante, de interés para todos, y consideramos que, por
tanto, merece una reconsideración por parte del Grupo Parlamentario
Socialista.
En este orden de cosas, tenemos que señalar que el país mira
excesivamente hace el levante, hacia el Mediterráneo, y creemos que tiene
que mirar más hacia el arco atlántico, que ya se está conociendo como
Finisterre.
En segundo término, tenemos que manifestar que el resto de las enmiendas
tratan de aportar cantidades para el saneamiento de los ríos vascos, que
están en unas condiciones ínfimas.
Nada más quería decir esto y dar por reproducido el debate que tuvimos en
la Comisión de Presupuestos a este respecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Barbuzano tiene la palabra para defender sus enmiendas números
1.182 a 1.188.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy rápidamente para confirmarle que retiramos en este
acto las enmiendas números 1.182, 1.183 y 1.184 y anunciarle que pensamos
que tenemos transaccionadas las enmiendas números 1.185, 1.186, 1.187 y
1.188.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
El Grupo Parlamentario Popular tiene las enmiendas números 322 hasta 467.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, a la sección 17 el
Grupo Popular ha presentado una enmienda de veto, que es la número 322, y
145 enmiendas parciales que van del número 323 al 467.
Pedimos, señores Senadores, la devolución de este presupuesto, porque si
bien se detecta sobre el del año 1993 un aumento del 13,9 por ciento y
sobre el capítulo VI, de Inversiones, de un 14,7 por ciento, el que la
sección carezca de un planteamiento claro a medio y largo plazo en
materia de infraestructuras le quita credibilidad, así como también la
ausencia de programas y los recortes que, como en años anteriores, pueden
producirse en esta sección y que nos tememos se sigan produciendo en el
futuro.
España es un país con enormes carencias en infraestructura, estamos muy
por debajo de la media de la Comunidad Económica Europea, y este veto
viene avalado con las 145 enmiendas que se presentan para el caso de que
éste no sea aceptado; enmiendas que tienen un objetivo claro y común:
mejorar y enriquecer con nuestras aportaciones la sección 17, que se veta
en base a los propios criterios que se encierran en las mismas.
Por otra parte, señores Senadores, nos preocupa el incumplimiento
habitual de los plazos y actuaciones previstos por el ministerio en lo
que se refiere a los plazos de ejecución y las consecuencias negativas
del encarecimiento de los costes, así como los gastos considerables que
supone la proliferación de altos cargos, algunos de los cuales
consideramos que deben ser objeto de regulación, y el poco
aprovechamiento que se obtiene de los equipos técnicos del Ministerio,
sacando fuera de la Casa para su redacción estudios, proyectos, planos,
en cifras que, como vamos a ver, suben a centenares de millones de
pesetas y que con una regulación y una normativa específica podrían
suponer un ahorro importante para la sección 17, del Ministerio de Obras
Públicas.
Dentro de las enmiendas que presentamos y que avalan nuestro veto a la
Sección hay una especial, de devolución, para el Programa 513-A, de
Infraestructuras del transporte ferroviario, ya que se carece de un plan
de transportes ferroviario, así como de contrato-programa --o ha sido mal
ejecutado-- o de instrumento similar que lo desarrolle. No parece,
señores Senadores, que el Ministerio tenga criterios claros en lo que se
refiere al ferrocarril del futuro. Los déficit de Renfe de este año van a
ser de 300.000 millones de pesetas; asciende ya a 1,1 billones, y no
parece que los Presupuestos de 1994 afronten esta realidad y aborden
estas dificilísimas situaciones que supondrían para este año unos
intereses, nada más y nada menos, que de 123.000 millones de pesetas.
Esta enmienda de totalidad al Programa 513-A arrastra también la del
Programa 513-B, Subvenciones de apoyo al transporte terrestre. Por tanto
nuestro veto a la totalidad está basado en estas enmiendas que ahora
estamos tratando de exponer ante el pleno de esta Cámara.
Por otra parte, hay un bloque de enmiendas que va dirigido a lograr una
economía importante en el gasto público mediante el ahorro que debía
producirse con la supresión, como hemos dicho, de algunos cargos que
consideramos prescindibles u otros que, a nuestro juicio, ocupan niveles
superiores --no solamente estamos hablando de cargos sino también de
departamentos-- que podrían ser rebajados, y, consecuentemente, producir
igualmente un importante ahorro en el presupuesto de la Sección. Señores
Senadores, estamos en una época de crisis profunda, y decisiones como
ésta darían credibilidad a un Parlamento, decisiones que intentamos se
tomen en consideración. Entre los altos cargos o departamentos de los que
hablamos se encuentran, entre otros, los presidentes de las
Confederaciones Hidrográficas, los Delegados del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, la Dirección
General de Sistemas de Información y Control de Gestión y Procedimientos,
que se transformarían en Subdirecciones; igualmente, la Dirección General
de Administraciones y Servicios, las Direcciones Generales de Recursos
Humanos y de Programación Económica y Presupuestaria, creándose una nueva
Dirección General de Servicios que incluiría a aquellas con el rango de
Subdirección. Iguales criterios, señorías, tenemos para la Dirección
General de Programación Económica y Presupuestaria, para el Director
General del Gabinete del Ministerio, para el Director General del
Gabinete del Secretario de Medio Ambiente y Vivienda. En relación con
otras direcciones generales, como es la de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario, o con los presidentes de los Puertos del Estado,
que cuentan, hay que recordarlo, con un Director Técnico que es, a
nuestro juicio, quien debe asumir la presidencia, pedimos la supresión de
dichos cargos, con lo cual tendríamos un ahorro importante dentro de esta
Sección 17.a.
Otro bloque de enmiendas va dirigido al Capítulo I
de los distintos servicios. Ya se me contestó en Comisión que esto no es
así, pero consideramos que en cumplimiento de la Ley General
Presupuestaria los estados de gastos deberían incluir los créditos
necesarios para atender las obligaciones oportunas, que, a nuestro
juicio, no se cumplen. Al hablar de bloques, no podemos olvidar el
importante ahorro que se produciría en la Sección si fueran los técnicos
del Ministerio, que son excelentes profesionales, quienes llevasen a cabo
los estudios, los trabajos, la asistencia técnica de cada uno de los
correspondientes departamentos. Señorías, de tener en cuenta esto, se
generaría en principio un ahorro de, como mínimo, aproximadamente 7.300
millones de pesetas.
Nos preocupan, y nos han preocupado siempre en los Presupuestos aquellas
partidas que no están concretas, que no tienen claridad y que, realmente,
no están demasiado transparentes, no con la deuda de que pueda existir
alguna cosa detrás de ellas, sino simplemente porque se necesita esa
transparencia. Por eso presentamos enmiendas a todas aquellas partidas
que consideramos indefinidas, tales como las que figuran, sin más
especificación, bajo conceptos de «altas remuneraciones», simplemente
«otras» o aquellas que se refieren a actuaciones de interés general sin
decir cuáles, a renovaciones del parque móvil sin decir qué renovaciones
o a instalaciones y gastos diversos, con unas consignaciones que superan
nada menos que los 1.000 millones de pesetas.
Hay otros gastos, señorías, en los que en la época de austeridad en la
que nos encontramos sería importante también generar un ahorro, máxime
cuando una gran parte de esos presupuestos podrían esperar a mejores
tiempos, y son los que se refieren a mobiliario, por ejemplo, o a los
servicios de informática y sistemas de telecomunicaciones; en estos casos
concretos, hablamos de un ahorro de 700 millones de pesetas que creemos
se puede generar al considerar que en ambos casos es difícil que se
puedan cumplir los objetivos previstos, dado el bajo rendimiento obtenido
hasta ahora por los equipos actuales, que están todavía sin explotar al
máximo, aparte de la escasa información aportada en la Memoria de
Objetivos --que no es de objetivos y no sé si aquí se podrá ampliar
porque no es demasiado extensa-- que hace difícil establecer una concreta
valoración de su contenido.
En el análisis de esta Sección de los Presupuestos, que es muy amplia
porque comprende numerosos departamentos y organismos, tenemos una
preocupación especial en nuestras enmiendas por el organismo 242, es
decir, Correos y Telégrafos, máxime cuando la caída del mercado postal en
este año va a ser de un 10 por ciento o más. Hay también en este
organismo unos proyectos imprecisos que figuran en los Presupuestos bajo
el concepto de «Gastos de carácter inmaterial», otros programas de los
que tampoco sabemos a lo que se refieren, como el de «Control
presupuestario», y las cifras irreales que apoyan este Presupuesto se
ponen de manifiesto en el plan de empresa, en el que, señorías, se fija
un incremento de ingresos del 17 por ciento que no es creíble, ya que,
como decimos, el mercado tiene, una caída de más del 10 por ciento.
Pedimos también, señorías, una disminución en los Presupuestos en los
conceptos referentes al «Correo electrónico», ya que al estudiar la
Memoria de Objetivos se hace difícil poder establecer una correcta
valoración de su contenido. Como siempre, la ambigüedad y la falta de
concreción. Todas estas enmiendas de las que hemos hablado últimamente,
de ser aceptadas por el Pleno del Senado, suponen también un ahorro en el
gasto de cerca de 1.000 millones de pesetas.
A la Dirección General de Telecomunicaciones hemos presentado diversas
enmiendas que afectan --por no extendernos en la explicación de todas
ellas-- a la reposición de equipos informáticos, al Plan Nacional de
Telecomunicaciones, a la red de banda ancha, a exposiciones en
comunicaciones, a reuniones y conferencias, y a transferencias al
Patronato UNED-INBAD. En este último caso, aun considerando la
importancia que tienen estas partidas, estimamos que la misma guarda
solamente una relación indirecta con las funciones de la Secretaría
General de Comunicaciones, en cuyo Servicio se incluye, por lo que
consideramos que se podría reducir su consignación en la misma y tratar
de que fueran en la Sección o en el organismo que realmente le
corresponda. Otra partida importante a modificar es la de «Atenciones
protocolarias», que sumadas a las anteriores son otros 1.000 millones de
pesetas. Creo que en estos momentos, en época de crisis, hay que intentar
ahorrar en estas cuestiones que, vuelvo a repetir, darían credibilidad a
nuestra Cámara si saliéramos del debate Presupuestario de la Sección 17.ª
diciendo los ahorros que hemos ido generando.
Hay otro Programa cuyos objetivos son tan variados que no permiten ver su
concreción, como el de «Acción Regional en Telecomunicaciones». Por ello,
pedimos que puesto que la concreción no está, lógicamente, definida, que
se rebaje en 100 millones, mediante la presentación de otra enmienda.
Señoras y señores, señorías, la Sección 17.ª es fundamental para la
modernización de infraestructuras en nuestro país. Se ha dicho, y así lo
he manifestado al principio de mi intervención, que estamos en esta
materia muy por debajo de los países de la Comunidad Económica Europea, y
que necesitaríamos invertir en los próximos años, y así nos lo ha
comunicado también el señor Ministro, 18 billones de pesetas para poder
acercarnos a la media de esos países. Con este espíritu de mejora y
enriquecimiento, nuestro Grupo presenta esta serie de enmiendas que
afectan a la mejora de infraestructuras en diversas Comunidades del
Estado español, y que con las mencionadas anteriormente, de ser
aceptadas, mejorarían indudablemente estos Presupuestos.
Es preciso hacer, en este Pleno, una llamada a los Senadores de los demás
Grupos --sabemos que el Partido Socialista es insensible a este tema--,
incluidos aquellos que, sin ser del Grupo que sustenta al Gobierno, están
ayudando a sacar adelante los Presupuestos, para que la política de
Estado se extienda a todas las regiones de España, y podamos ver
mejoradas sus infraestructuras, para adecuarnos, aunque sea difícilmente
y de una forma muy lenta, a las de la Comunidad Económica Europea. En eso
está la sensibilidad que debe tener este Pleno.
Por otra parte, nuestras enmiendas van a querer ayudar al Gobierno a
garantizar el cumplimiento de sus propios planes. Así, pedimos que se
destinen 16.000 millones de pesetas para terminar el Plan de Carreteras
de 1984-1991, que lleva un retraso de más de dos años, y del que falta
aún, señorías, más de un 10 por ciento por ejecutar. Lo mismo sucede con
el plan puente de obras hidráulicas, aprobado por el Gobierno en abril de
este año, y para cuyo cumplimiento faltan al menos 5.000 millones de
pesetas. Igualmente, y está incluido en la primera enmienda, los
kilómetros pendientes de contratar del programa de autovías de este Plan
General de Carreteras, las actuaciones en medio urbano, los programas de
acondicionamiento del Plan General, los programas de reparación y
conservación del mencionado Plan, así como los tramos de autovía
incluidos en el Plan de Desarrollo Regional 1989/1993. Si aprueban
ustedes nuestras enmiendas, señorías, podemos garantizar que se pueden
cumplir dichos planes; si no sucediera esto, pasaría lo que viene
aconteciendo hasta ahora, es decir, el incumplimiento habitual de los
plazos, a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno, con lo que ello
presupone después de un aumento de costes en los mismos.
Mediante otra de las enmiendas intentamos que se amplíe en 4.000 millones
de pesetas el capítulo 7 del Programa de Vivienda, para tratar de
recuperar parte del recorte presupuestario de julio de 1993, que fue,
nada más y nada menos, que de 10.000 millones de pesetas, cuando estamos
hablando del cumplimiento de un Plan de Vivienda tan importante para todo
el Estado español.
También al plan nacional de saneamiento se le aumentan 1.000 millones de
pesetas para hacer frente a los compromisos de depuración de aguas
residuales, que implican diseñar un programa nacional de saneamiento
--anunciado reiteradas veces por el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente-- que, con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales --que con sus
propios recursos no puede hacer frente a las grandes inversiones
requeridas--, afronte el necesario incremento del nivel de tratamiento de
aguas residuales de nuestro país. Esta enmienda se complementa con otra
de adición para transferencias de capital a Corporaciones Locales para el
Plan de residuos industriales.
Es importante el tema del agua en España, importante y mal tratado hasta
ahora. Dentro de las actuaciones relacionadas con el agua es fundamental
incrementar el ahorro de esta materia prima y su uso racional. Pedimos un
aumento simplemente de 80 millones de pesetas para la partida referente
al plan de información sobre el ahorro y el uso eficaz del agua, así como
pedimos una serie de obras de infraestructuras importantes y que
realmente mejorarían las que están en estos momentos en diversas
Comunidades Autónomas de nuestro país, tales como el inicio del estudio
de la autopista de peaje Madrid-Tudela, fundamental para unir
posteriormente con la autopista Zaragoza-Barcelona, la construcción de la
autovía León-Burgos y la de Valladolid-Soria, conexión con el eje
Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca, y una serie de obras en las diversas
regiones y provincias de España que representan una gran inversión por el
Ministerio y que de aprobarse cambiarían las infraestructuras de nuestro
país, obras que afectan a todo el territorio nacional y para las que
pedimos el voto afirmativo de sus señorías.
Tampoco vemos en los Presupuestos proyectos que deberían haber estado
incluidos; estudios, por ejemplo, sobre la viabilidad del ferrocarril de
vía estrecha como elemento integrador de la cornisa cantábrica, que no
están consignados en los Presupuestos, ya que los estudios --manteniendo
la coherencia con nuestras enmiendas anteriores-- se deberían efectuar
por los servicios técnicos del propio departamento. Con este proyecto,
señorías, mejoraríamos significativamente las comunicaciones en la citada
cornisa.
Otra cuestión que nos interesa es el fomento de la industria,
especialmente en el sector de las comunicaciones. Para ello, entendemos
que deben ser los propios técnicos del departamento de la Dirección
General de Telecomunicaciones los que elaboren un estudio con dicho fin.
Por otra parte, y siempre buscando un ahorro necesario, tomamos como
precedente una decisión del Partidos Socialista en el año 1993 de rebajar
los Presupuestos de una forma lineal en una serie de partidas. Nosotros
solicitamos un recorte del 2 por ciento en los gastos de compras de
bienes y servicios, con lo que se conseguiría también un ahorro
considerable.
Como ven, señores Senadores, nuestras enmiendas parciales, que avalan,
indudablemente, la enmienda de veto, son enmiendas importantes, que han
sido estudiadas con profundidad. No pretendemos ni mucho menos --no
quieran ver eso, señorías-- paralizar al Ministerio, como se ha dicho
alguna vez, sino hacerlo más eficaz y ahorrar un dinero considerable.
Dinero que debemos recordar que no es nuestro, sino del pueblo español,
de los ciudadanos de todas las regiones y municipios
--no lo olviden ustedes-- que, indudablemente, también tienen derecho, al
igual que los de otras regiones que están siendo privilegiadas en estos
Presupuestos, a poder ver que el esfuerzo económico de sus impuestos se
refleja en la mejora de sus infraestructuras y, por tanto, en la mejora
de su calidad de vida. De la sensibilidad de la Cámara al votar depende
que se consiga o no este justo objetivo. Señores, ustedes tienen la
palabra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bris.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, a esta Sección 17 se han presentado un total
de 486 enmiendas, de las cuales algunas han sido retiradas y otras
permanecen vivas; dos, la número 322 del Grupo Parlamentario Popular y la
número 1.009 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, corresponden a
impugnación o devolución a la totalidad del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. El Grupo Parlamentario Popular arguye --y
lo mismo ha dicho su portavoz-- carencia de un planteamiento global a
medio y largo plazo, y el subgrupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya necesidad de dotación presupuestaria adecuada. Es evidente que
nosotros lo vemos de una manera distinta.
En efecto, si algo ha caracterizado al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente ha sido la actuación por medio de planes, y
la prueba más evidente de que esto es así es que la parte final de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, las que presenta como Grupo,
hacen referencia exclusivamente al cumplimiento de los planes aprobados
por el Ministerio. Por tanto, la planificación existía.
Yo observo una diferencia de nombre, es posible que por prurito
ideológico: ustedes no usan la palabra planificación, sino planteamiento,
que a mí me suena más a colocación de los jugadores en el campo, pero no
se lo voy a discutir, acepto su visión. Nosotros hablamos de
planificación y hacemos planes. El Ministerio hace los planes y el
cumplimiento de los mismos --que está a disposición del portavoz, señor
Bris-- está a un nivel alto: en autovías está a un nivel altísimo, en
carreteras está a un nivel aceptable, superior al 90 por ciento, y en
infraestructura ferroviaria de acceso a grandes ciudades es donde está
más atrasado, porque también es donde más dificultades tiene.
En cualquier caso, ésta ha sido una diferencia que siempre hemos tenido
ustedes y nosotros: nosotros hemos defendido el planteamiento y nos
sorprende que ustedes lo pidan ahora. Estamos de acuerdo, tenemos que
actuar con planes. Yo les puedo anunciar que están en colaboración el
Plan director de infraestructuras y el Plan director de obras
hidráulicas, que son las grandes herramientas con las que tiene que
moverse este país en el futuro, y hasta que lleguemos a esta aprobación
el Consejo de Ministros ha aprobado ya dos planes puente, tanto en
carreteras como en obras hidráulicas. (El señor Vicepresidente, Ortí
Bordás, ocupa la presidencia.)
Pero, además, el Presupuesto --y lo ha reconocido el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que es el único que se ha referido en concreto al
Presupuesto-- tiene un crecimiento importante. Yo no voy a discutir si es
del 13,6, como ha dicho él, o del 15,1, como me sale a mí, pero tanto en
infraestructuras como en distintas políticas el crecimiento es
importante, y lo voy a decir para que quede constancia en la Cámara. En
infraestructuras en carreteras el presupuesto global es de más de 349.000
millones, con un crecimiento del 7,3 por ciento; en conservación de
carreteras de más de 70.000 millones, con un crecimiento del 5,2 por
ciento; en infraestructura ferroviaria de 64.000 millones, con un
crecimiento del 51 por ciento; en infraestructura costera de más de
17.000 millones, con un crecimiento del 16 por ciento; en infraestructura
hidráulica de 157.000 millones, con un crecimiento del 30 por ciento; en
infraestructura de calidad del agua de 18.000 millones, con un
crecimiento de más del 50 por ciento.
La política de vivienda, a la que ustedes han formulado una enmienda para
añadirle dinero, tiene una dotación de 107.419 millones, con un
incremento del 7,2 por ciento respecto del año anterior, que creemos que
es suficiente para afrontar los compromisos suscritos con las distintas
Comunidades Autónomas.
En cuanto al Servicio de Correos y Telégrafos, la novedad --y veo que
causa mucha preocupación y queda reflejada en las enmiendas que ustedes
han presentado-- para nosotros es que es el primer año que va a funcionar
el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, con lo que desaparecen las
franquicias, y por eso es presumible un incremento de recaudación al
desaparecer todas las franquicias: las del Estado, las de los
ayuntamientos, las de estas Cámaras y, por tanto, es presumible un
incremento.
Respecto al Programa de Medio Ambiente, tiene una dotación de 12.000
millones, con un incremento del 40 por ciento, que ya consideramos
significativa, porque indica el camino que vamos a seguir en este
aspecto.
El Grupo Popular ha presentado, además, dos grandes grupos de enmiendas.
Un primer grupo de enmiendas con la solitaria firma del Portavoz del
Grupo, y otra con las firmas de otros Senadores, que suelen conocerse en
el argot presupuestario como «enmiendas de campanario». A mí me ha
parecido entender que el Portavoz del Grupo Popular, el señor
Ruiz-Gallardón, ayer insinuaba que el programa alternativo del Partido
Popular estaba dentro de estas enmiendas que han presentado
los señores Senadores, y por ello me referiré a ellas.
El primer grupo, al que hemos hecho referencia, está compuesto de 146
enmiendas, de las que dos son impugnaciones al transporte ferroviario
--luego hablaremos de ello--. Una propone la supresión del Programa de
subvenciones al transporte terrestre, once proponen la supresión de
direcciones generales y de presidentes de Confederaciones Hidrográficas
de Puertos y representantes en concesionarias de autopistas.
No me voy a referir a ellas, porque los distintos Portavoces han
explicado que nuestra posición es la de mantener estos directores
generales, porque entendemos que son necesarios para el buen
funcionamiento de estos servicios.
Doce de estas enmiendas proponen modificaciones en las asignaciones al
Capítulo I de los diferentes servicios. Bien es verdad que, de estas doce
--y siento tener que decirlo, pero es así--, dos son repeticiones; por
tanto, en realidad sólo quedarían diez. Las números 336 y 337 proponen
incorporar al Capítulo Uno del Servicio 023 los gastos de personal
indebidamente computados en el Servicio 020, y la 338 y 342 también dicen
lo mismo. Incorporar al Capítulo 1 del Servicio 021 los gastos de
personal indebidamente computados en el Servicio 020.
Ya dijimos en Comisión que, desde nuestro punto de vista, las
asignaciones del Capítulo 1 estaban perfectamente definidas, y no
entendemos que deban modificarse. Ciento cinco de estas enmiendas son de
bajas; 41 de estas bajas son al Concepto 226.07, Estudios y trabajos
técnicos, que son modificados a la baja o suprimidos.
También aquí debemos hacer las consideraciones siguientes, y es que hay
bastantes repeticiones. Las enmiendas números 351 y 390, una suprime, y
la otra propone una baja por la totalidad de los dineros destinados al
Capítulo 226.07 del Programa 511 E del Servicio 020.
Lo mismo ocurre, y lo pueden comprobar ustedes, entre la número 352 y
391; entre la 353 y la 392; entre la 354 y la 393; entre la 356 y la 406;
entre la 357 y la 407 y entre la 358 y la 408; todas estas son
repeticiones. Por tanto, las bajas que ustedes han sumado no son reales,
porque cuentan dos veces las bajas que pretenden hacer.
Pero yo quiero hacerles una consideración superior, y es que si sumanos
todos los conceptos 226.07 que ustedes pretenden bajar, referidos al
Presupuesto de 1993, nos da una cantidad de 1.474 millones, y si sumamos
los de este año nos dan una cantidad de 628 millones. Por tanto, el
Concepto 226.07 ya ha sufrido, por parte de los que han redactado el
proyecto de Presupuestos, una reducción del 58 por ciento, y entendemos
que no es prudente aplicarle más reducciones y, en consecuencia, vamos a
votar en contra de estas enmiendas que, repetimos, son treinta y cuatro y
no cuarenta y una.
Nueve enmiendas de baja hacen referencia a las transferencias corrientes
o entre subsestores. Con un criterio legítimo, el Partido Popular propone
suprimir el 2 por ciento de estas transferencias. No crean, aquí también
hay repeticiones y siento decirlo --no es por descortesía parlamentaria,
es que tengo que hacerlo constar-- porque, si no, no salen los números
que decía el señor Bris.
Las enmiendas 409 y 413 proponen una baja de 470 millones en el Capítulo
4, Transferencias entre subsectores del Servicio 026, Secretaría General
de Comunicaciones. Son la misma. Pero alguna de las otras proponen bajas
que nosotros consideramos que no son asumibles. Voy a intentar referirme
a alguna.
La enmienda número 410 solicita una baja en el Servicio 027, que
corresponde a convenios internacionales. Se las voy a leer: «Para
satisfacer las obligaciones que se derivan para España del cumplimiento
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y con la Secretaría
General de la Unión Internacional, para abonar las cuotas que se deriven
del acuerdo firmado para satisfacer las obligaciones que se deriven para
España de nuestra participación en la Oficina Europea de
Radiocomunicaciones; para satisfacer las obligaciones de la pertenencia
de la participación española en los grupos de especial móvil; cuota a la
asociación europea de laboratorios autorizados.»
Yo creo que si ustedes quieren ahí hacer una baja, lo que deberían decir
es: supriman ustedes la participación en tal organismo internacional.
Porque yo no puedo pensar que su idea de la dignidad de un Estado pase
por decir a los representantes españoles en estos organismos
internacionales: «Oiga, que el Senado me ha dicho que les pague un 2 por
ciento menos de lo que tengo asignado.» No entiendo que ésta sea su
visión de Estado y, por tanto, les rogaría que me dijeran qué es lo que
hay que bajar.
Lo mismo ocurre en las otras enmiendas. En la número 412, la subvención
al Patronato UNED-INBAD es un acuerdo con los trabajadores, por la que
éstos pueden hacer estudios en este Patronato. Y así iríamos continuando.
Cincuenta y cinco de distintos artículos también son bajas, proyecto o
superproyectos de los distintos Servicios que, según el parecer de los
enmendantes, van a ser gastados en la elaboración de estudios. También
aquí tenemos repetición. Las enmiendas 437 y 441 proponen la supresión
del proyecto 94.17.242.0020 del Programa 521 A del Organismo Autónomo de
Correos y Telégrafos, por un importe de 200 millones.
Este conjunto de bajas no provocaría una disminución de gastos,
provocaría la paralización del Ministerio, porque nosotros entendemos que
estas partidas son absolutamente indispensables para realizar el gasto
que tiene comprometido el Ministerio. En cualquier caso,
hay una contradicción entre su petición de disminución de estas partidas
y no pedir al mismo tiempo el incremento de personal que esto
conllevaría. Esto no se produce.
También hay otra contradicción --y ha sido citada por el Portavoz del
Grupo Popular en su turno--, la enmienda 426 propone la disminución de
230 millones en el artículo Cuatro del Capítulo 6 del Servicio 013 en el
Programa 441 A; y la enmienda número 462 propone incrementar estos mismos
conceptos en 80 millones. Además de estas enmiendas están las que
proponen los estudios --a las que ya he hecho referencia-- y las que
proponen la finalización de los planes elaborados por el Ministerio.
Nosotros entendemos que los planes de carreteras, de autovías y de obras
hidráulicas elaborados por el Ministerio se están cumpliendo y, por
tanto, no necesitan ninguna adición presupuestaria.
Ahora haremos referencia a las 186 enmiendas que han presentado distintos
Senadores del Grupo Parlamentario Popular. Yo no quiero entrar a
valorarlas una a una, todo lo contrario. Voy a decirles que a mí todas y
cada una de ellas me parecen respetables. Ninguna de ellas me parece un
disparate, todas proponen cosas buenas, bien desde una perspectiva
nacional, bien desde una perspectiva regional o bien desde una
perspectiva local, pero todas proponen cosas buenas. Pero sí voy a hacer
dos consideraciones. Una de ellas es que ustedes proponen en las
enmiendas en su conjunto 4.800 kilómetros de autovías que representan
como mínimo un gasto de 2,5 billones de pesetas. Y si a esto añadimos las
autovías que contempla el plan puente y que ustedes no dan de baja, como
es natural, que comportan el gasto de más de un billón de pesetas, nos
encontraríamos en la situación de tener que afrontar en los próximos años
un gasto en autovías de 3,6 billones de pesetas. Lo cual no entra en
nuestras posibilidades.
Si intentamos una visión de conjunto de todas estas enmiendas que ustedes
han presentado, ésta se vuelve poco digerible: desde presentar la
construcción de autovías y de tramos de carretera que no son competencia
del Estado sino de la Comunidad Autónoma, hasta enmiendas presentadas por
duplicado y por triplicado. En algunos tramos como, por ejemplo, en el
tren Madrid-Cuenca-Valencia hay una enmienda proponiendo inversión y otra
enmienda proponiendo un estudio. O una en la que se propone la
construcción de la autopista Madrid-Tudela y en otra que se haga el
estudio. Estas contradicciones son bastante evidentes porque esto no
representa un programa alternativo.
Finalmente, y como me quedan tres minutos, voy a intentar contestar a los
dos oradores que han intervenido. Señor Calvo Lou, el conjunto de sus
enmiendas representa una inversión que se deriva hacia Aragón de más de
39.000 millones de pesetas. Pero, además, muchas de las enmiendas que
usted propone, por no decir casi todas, están contempladas en el plan
puente de carreteras o en el plan puente de obras hidráulicas. También
han presentado enmiendas repetidas. Supongo que se ha dado cuenta de que
están repetidas la enmienda número 19 y la 30 referidas a la variante de
Alcañiz. Nosotros no podemos aceptar esta desviación porque además ya
está contemplado. Sobre todo está específicamente contemplado el pacto
del agua.
En cuanto a la intervención del Senador del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos pidiendo la consideración de la «Y» vasca,
tengo que referirme necesariamente a la intervención del Secretario
General de Infraestructuras en su comparecencia en la Comisión de
Presupuestos. En aquella comparecencia explicaba con detalle cómo están
las relaciones con el Consejero del Gobierno Vasco en el sentido de que
la dificultad ha aparecido en el momento en que ambas Administraciones,
la central y la autonómica, se han mostrado muy exigentes en las
condiciones medioambientales que tiene que tener este trazado. Usted
sabrá mejor que yo que el trazado por el que discurre la «Y» vasca es muy
susceptible de que se cometan acciones que puedan representar un delito
ecológico y de común acuerdo se han decidido a realizar un estudio con
mayor detalle. Por este motivo no tienen dotación presupuestaria, pero se
comprometió a que en el momento en que haya acuerdo sobre el trazado y
sobre el proyecto de construcción, esto va a salir adelante. Por tanto,
creo que no le debe preocupar a su señoría la construcción de la «Y»
vasca.
En cuanto a las demás enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos son parecidas a las debatidas en otras
secciones y no voy a contestarlas porque entiendo que ya están
contestadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Aleu.
Abrimos el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Calvo.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo quiero agradecer al portavoz socialista sus palabras y
también ponerle de manifiesto que me extraña mucho que pueda sentirse
satisfecho del alto grado de cumplimiento, por ejemplo, del Plan de
Carreteras. Este Plan tenía una validez del año 1984 a 1991, con siete
años, lleva dos de retraso y, evidentemente, para terminar ese 10 por
ciento tendrán que tardar un año más, lo cual supone un retraso en el
tiempo de más de un 30 por ciento. No creo que eso sea precisamente para
sentirse satisfecho.
En relación con las enmiendas que atendían fundamentalmente al territorio
aragonés, sí que quiero decirle
que efectivamente la cantidad puede parecer importante, pero también
quiero recordarle que la mayoría de esos proyectos son carencias
históricas que está sufriendo Aragón y que, por tanto, pensábamos que
algunas, si no todas porque efectivamente la cantidad económica es
importante, sí que podrían ser tenidas en cuenta precisamente por las
circunstancias especiales en que se encuentra el territorio.
Por mi parte, nada más, y sí quiero agradecerle el tono de sus palabras y
la esperanza que ha querido darnos al decir que dichas carreteras estaban
incluidas en el plan que se está preparando en el Ministerio de Obras
Públicas. No obstante, quiero decirle que en ese plan puente que se está
iniciando, aunque efectivamente está la autovía Zaragoza-Nueno, no está
contemplado todo el trayecto de la autovía Sagunto-Canfranc que afecta
fundamentalmente a la provincia de Teruel. Y fíjese si hay carencias
históricas, que posiblemente es la única provincia de España que no tiene
ni un solo kilómetro, no ya de autopista, sino tan siquiera de autovía y
que, para la vertebración de Aragón, entendemos que es absolutamente
necesario.
De ahí, precisamente surgió ese convenio al que he hecho referencia con
el Ministerio de Economía, y ya en los Presupuestos del año pasado
estaban previstos 2.300 millones de pesetas para adelantar esa obra. Y yo
trataría de pedirle al Grupo Parlamentario Socialista que dado que no van
a ser necesarios para el tramo de Villanueva-Nueno que va a ser hecho
íntegramente por el propio Ministerio, se tuviera en cuenta, como ya
propuso el Gobierno de Aragón hace algunos meses, para el adelanto del
tramo de Zaragoza-Teruel.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Calvo Lou.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Aleu el tono moderado, incluso, agradable de su
exposición y agradecerle, asimismo, la dedicación tanto en Comisión como
en este Pleno al tema de las obras públicas y de las infraestructuras. Y
lamentamos tener que disentir de su exposición en lo relativo a lo que él
ha llamado herramientas en materia de obras hidráulicas. Nosotros no
consideramos que estas herramientas sean las adecuadas cuando se utilizan
desde una perspectiva centralista y centralizada, como se realiza. Valga
a título de ejemplo que la Confederación Hidrográfica del Norte se
localiza en Oviedo, a más de 300 kilómetros de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Creemos que es hora ya de que en lo territorial se descentralice
la
Administración y en este sentido esperamos ávidamente --nunca mejor
dicho, hablando de aguas-- que se considere de una vez por todas la
realización efectiva de las transferencias que venimos reclamando.
Asimismo, señor Aleu, aceptamos el compromiso que usted expresamente
acaba de reconocer que había entre el Ministerio de Obras Públicas y
nuestro departamento de obras públicas por cuanto entendemos que éste es
el lugar adecuado donde debe quedar constancia de los compromisos, con
luz y taquígrafos.
En cuanto al resto de nuestras enmiendas solamente lamentamos que no
hayan sido estimadas sin aparentes razones, aunque también comprendemos
que el dinero y los bienes en general son bienes escasos y hay que
repartirlos. Insisto en que lamentamos que el criterio de reparto en este
caso y que en un día tan señalado como hoy, 22 de diciembre, a nosotros
no nos haya tocado ni siquiera una pedrea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz Cebrián.
Seguimos con el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, indudablemente,
agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el tono, que no
el contenido de su explicación.
Señoría, la planificación de la que usted habla no se cumple. Han sido
totalmente incumplidas la mayoría de las que el señor Ministro o el
Ministerio han venido anunciando una y otra vez en esta Cámara Alta. Por
ejemplo, el Plan de carreteras tenía que haber acabado en el año 1991. Ya
no voy a referirme a qué proyecto está más o menos avanzado, si son las
autovías, si es el plan de acceso a las ciudades; en definitiva, lleva un
retraso de más de dos años, importante, por lo que en este sentido
presentábamos las enmiendas correspondientes.
Se ha hablado también del plan director de infraestructuras. Me parece
muy bien. Se habló en su día del Plan Hidrológico Nacional. Sigue
retrasado. Se presentó a la sociedad española antes de las elecciones,
pero aún no sabemos nada de él. Sí sabemos que el Ministro anuncia que
posiblemente en el mes de marzo pueda venir a las Cámaras, pero,
indudablemente, se trata de un incumplimiento; como se habla tantas veces
del Plan Nacional de Saneamiento, o del Plan Nacional de Residuos
Industriales, y únicamente son palabras. Nosotros lo que queremos es que
se conviertan en hechos, en realidades.
Se ha hablado también de un plan puente de obras hidráulicas. Estamos de
acuerdo, pero con el dinero que hay consignado en los Presupuestos para
1994 ese plan no se puede cumplir, falta dinero. Las enmiendas de nuestro
Grupo van, precisamente, orientadas a cubrir esas necesidades y carencias
que estamos encontrando.
Es cierto que ha habido en los Presupuestos un crecimiento. Usted dice
que el porcentaje es uno y a mí me parece que es otro, pero, considerando
el presupuesto del Estado y de los organismos autónomos en relación con
la fecha de 31 de agosto de 1993, después de las modificaciones
crediticias producidas, se observa que el aumento alcanzado no es tan
grande. Si hablamos del Presupuesto en su conjunto, el inicial para 1994
era de 1,265 billones de pesetas, mientras que a 31 de agosto de 1993 era
de 1,276 billones. Luego, se ha producido una bajada de un 0,8 por
ciento. Si nos remitimos a las inversiones, a 31 de agosto de 1993, con
las modificaciones que se hicieron, era de 701.000 millones de pesetas,
mientras que el presupuesto para 1994 es de 711.000 millones. Luego, la
subida producida únicamente ha sido la del 1,3 por ciento. Si hablamos de
organismos autónomos comerciales, el incremento de 1993 a 1994,
refiriéndonos al día 31 de agosto, ha sido del 3,6 por ciento, mientras
que en el Capítulo VI, de inversiones, ha disminuido en un 11 por ciento,
aproximadamente. Por tanto, las cifras son buenas, buenas en relación con
el inicio del Presupuesto de 1993, no tanto en relación a 31 de agosto
del mismo año.
Me habla usted de la vivienda y me dice que con 107.000 millones de
pesetas es suficiente. Tiene usted que recordar que hubo un recorte
importante, de 10.000 millones de pesetas, en el Capítulo VII. Y lo que
nosotros pretendemos, precisamente, es que dicho Capítulo se recupere,
para lo que presentamos una enmienda que solicita un aumento de 4.000
millones de pesetas.
Respecto a Correos, su señoría dice que habrá que ver qué es lo que pasa
al convertirse en un organismo autónomo. No obstante, partimos de una
base que es real y es que el déficit de este año del servicio de Correos
es, al menos, de un diez por ciento. Hablan ustedes de un plan de empresa
y, tal y como tienen ustedes los estudios realizados, de un beneficio
previsto de un 17 por ciento, cuando sabemos que este año ha habido un
diez por ciento de déficit. Por tanto, me puede decir que va a haber unos
ingresos mayores, pero me parece que tales ingresos previstos son
irreales y exagerados.
En cuanto al programa alternativo, lo que hemos presentado,
indudablemente, no lo es. Se trata de unas enmiendas y una filosofía
--eso sí que es importante-- relativas a cómo serían los presupuestos del
Partido Popular. En primer lugar, desde luego, pretenderíamos menos altos
cargos y menos rango en esos altos cargos. Pueden ser subdirecciones y
ahorrarnos un dinero. Esto es importante. Además, hay altos cargos que, a
nuestro juicio, están duplicados. Por ejemplo, como hemos dicho antes,
los Presidentes de los puertos. Si existen unos directores técnicos,
ellos pueden actuar de presidentes. Por tanto, su filosofía es distinta a
la nuestra.
Respecto a los estudios técnicos, me dice usted que en nuestras enmiendas
hay ahorro, y me lee una serie de ellas, que están repetidas, y me dice
que son dos millones de pesetas, un millón de pesetas, etcétera. Puede
ser verdad, pero me voy a referir únicamente a tres enmiendas: una, la
367, en la que se baja para estudios técnicos 139 millones de pesetas;
otra, la 366, en la que también se baja para estudios técnicos 476
millones de pesetas, y, otra, la número 369, en la que se bajan en
estudios técnicos 700 millones de pesetas. Dígame usted dónde están los
600 millones de pesetas de los que usted habla. Son 7.000 y pico millones
de pesetas los que pedimos de ahorro, y lo pedimos, no porque el
Ministerio de Obras Públicas sea poco diligente, sino para que sea más
eficaz, porque si usted habla con los técnicos del Ministerio, y tiene
más posibilidades de hacerlo que yo mismo, se dará cuenta de que se
encuentran infravalorados, que necesitan trabajar, y no que todo el
trabajo importante en proyectos y planes salga del Ministerio, no sabemos
por qué motivos. Por tanto, son filosofías totalmente distintas. Como lo
son que los gastos, poco definidos, los tengamos que enmendar, porque no
hay transparencia, es decir, cuando se habla de unos gastos,
entrecomillados, y se añade «otros», eso no quiere decir nada, lo mismo
que cuando se dice «otras remuneraciones», o «gastos diversos».
Vamos a hacer, de verdad, un presupuesto que sea serio, un presupuesto
que sea creíble y de toda la sociedad española, no solamente de un grupo
minoritario, o de un Grupo que le está apoyando en estos momentos.
Realmente, si hace esa política de Estado que manifiesta que hace,
debería tener en cuenta las necesidades de las demás regiones españolas.
Las infraestructuras que proponen nos parecen muy bien, pero, por
ejemplo, le hablé de una en particular y que forma parte del pacto
autonómico, la relativa a la autovía de Astorga, en la que el 80 por
ciento lo ponía la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el 20 por
ciento restante el Estado, y no figura ni una peseta para este proyecto,
ni siquiera para ese proyecto que forma parte del pacto autonómico.
Por tanto, les pediría una rectificación en su filosofía, les pediría que
considerasen a todas las regiones en plano de igualdad, porque
considerando lo que proclama la Constitución española sobre los
desequilibrios territoriales, éstos se están haciendo todavía mayores.
Tenemos regiones de España que van a tener grandes infraestructuras
porque a ustedes les están dando el voto para gobernar, y, en cambio,
otras, la mayoría, el 90 por ciento del Estado español, que en estos
momentos está infravalorado. Eso lo tiene que saber también la sociedad
española. Ya se lo decía a sus señorías en Comisión, digan ustedes a la
sociedad española qué están
haciendo y que ésta sepa la imagen que están dando ustedes con estos
pactos y las consecuencias negativas que tienen para el resto de las
regiones y provincias de España. En estos momentos todavía podemos
reconsiderar las decisiones a tomar, todavía nuestro Pleno del Senado
puede sensibilizarse y tener en cuenta algunas de las propuestas que
estamos presentando y que son importantes para las regiones de España.
Y como he dicho al finalizar mi intervención anterior, señores Senadores
de todos los Grupos políticos, si ustedes, los Senadores socialistas, no
tienen esa sensibilidad, que la tengamos los demás Grupos políticos.
Nosotros en esta Cámara tenemos la palabra para poder rectificar el
presupuesto y el proyecto de Presupuestos que ustedes nos presentan para
la Sección 17.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Bris.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
En algo sí estamos de acuerdo, usted, yo y supongo que todos los
Senadores de la Cámara: en que sería deseable que el presupuesto de la
Sección 17 fuese mayor, porque daría para hacer infinidad de obras, sobre
las que todos tenemos sensibilidad. En cualquier caso, no les concedo a
ustedes el derecho absoluto para juzgar la sensibilidad. Dejen que la
juzgue el conjunto de la ciudadanía.
Me sorprende el ensañamiento que ustedes tienen con el organismo autónomo
de Correos y Telégrafos, y ello porque, en realidad, lo que hacen es
disminuir sistemáticamente todos los proyectos de modernización del
organismo autónomo de Correos y Telégrafos.
No lo entiendo. Si estamos intentando hacer un organismo de Correos
competitivo, lo que no podemos es disminuir sistemáticamente todos
aquellos proyectos que significan una modernización de este servicio.
Finalmente, hace usted una referencia al proyecto 22706. Si usted quiere
después nos reunimos y sumamos, pero el conjunto de bajas que se pueden
hacer en todo el proyecto 22706 es de 600 millones, y no de 7.500
millones. Si quiere nos podemos reunir después y realizar la suma para
nuestra satisfacción personal, porque ya no se enterará el Pleno. Pero yo
estoy dispuesto a este reto.
Finalmente, sobre la autovía León-Burgos --ya lo dije en Comisión-- es un
pacto entre el Ministerio de Economía y la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Evidentemente hay un
Senador que presenta una enmienda él solo, hay otros tres Senadores que
también la presentan, e igual el Grupo Popular que como Grupo la
presenta. Es decir, esta enmienda está presentada por triplicado, con
distintas dotaciones: con 200 millones, con 500 millones y con 5.000
millones. Un modelo de planificación.
Además es que lo que está claro es que el Gobierno del Estado tendrá que
pagar el 20 por ciento de las obras que se ejecuten. Y la única partida
que encontramos en el proyecto de presupuestos de Castilla y León es una
partida de 425 millones para la redacción del proyecto. Difícilmente se
podrá pagar ninguna certificación, si lo único que hay es eso.
En cuanto a la sensibilidad, yo les digo que el presupuesto es para el
conjunto del Estado, que es un presupuesto en el que hay unas regiones
que salen privilegiadas, como Galicia que es la región que sale más
privilegiada, pero también es consecuencia de la finalización de unas
obras que van desde Madrid a Galicia, con un ramal final que coge la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Galicia.
Mirado el conjunto del presupuesto invierte obras donde son más
necesarias, y esto entendemos que es así, y por eso creemos que la
sensibilidad está perfectamente recogida en estos presupuestos. En lo que
se refiere, al menos, a estos presupuestos, no les aceptamos que nos
acusen de falta de sensibilidad con respecto a nadie.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Aleu i Jornet. Vamos a
iniciar el debate correspondiente a la Sección 18.ª (El Senador Ainsa
Escartín pide la palabra.)
El Senador Ainsa tiene la palabra.
El señor AINSA ESCARTIN: Gracias, señor Presidente.
Yo desearía llamar la atención de su señoría porque en el contexto del
debate de la Sección 17 este Senador en uso de la palabra tiene cuatro
enmiendas que yo, cuando menos, no he escuchado aquí ningún planteamiento
por parte de la Presidencia.
Por tanto, como esta mañana se han dado por decaídas, al no hacer acto de
presencia, me gustaría saber ahora qué es lo que sucede con ellas, al
mismo tiempo que dentro de ellas en su momento solicitaría votación
individual para la enmienda número 1.451.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Al comienzo del debate de la Sección 17, no sé si su
señoría estaba presente, he manifestado que todas las enmiendas
individuales del Grupo Parlamentario Popular entendía que se daban por
defendidas, pero sus señorías tienen completísimo
derecho a tomar la palabra por el tiempo fijado para defenderlas.
Ahora que entramos en la Sección 18 quizás lo que quizá nos ahorraría
tiempo es saber quiénes, entre los enmendantes individuales del Grupo
Parlamentario Popular, que son los más numerosos, van a usar el turno
para la defensa de sus enmiendas lo que nos permitiría acelerar bastante
los debates.
El Senador Utrera tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, en nombre de mis compañeros del
Grupo Parlamentario Popular damos por defendidas todas las enmiendas
particulares a la Sección 18, lo mismo que las dábamos a la Sección 17.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por supuesto, se votarán individualmente o como nos lo soliciten en el
momento de la votación.
Otro tanto cabe señalar de las enmiendas del Senador Cuevas y Senadora
Vilallonga que ya se ha manifestado que se daban por defendidas.
El Grupo Parlamentario Mixto, como tal grupo, puede hacer uso de la
palabra para defender las enmiendas números 31, 32, 33 y 40.
El Senador Calvo Lou tiene la palabra.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Si me permite, delante de mis enmiendas hay una del Senador Virosta, la
1.208, que anteriormente no ha podido defenderla, pero ahora está aquí.
El señor PRESIDENTE: No obstante, puede ahora manifestar lo que considere
necesario a los efectos de mantener, como los demás Senadores, vivas o no
sus enmiendas para votación, o en su caso defender la que le corresponda.
La enmienda del Senador Virosta es la número 1.208 a este Sección su
señoría tiene la palabra.
El señor VIROSTA GAROZ: Señor Presidente, las enmiendas 1.208 y 1.209 se
dan por defendidas en sus justos términos y se mantienen para su
votación.
El señor PRESIDENTE: El señor Calvo Lou tiene la palabra.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Partido Aragonés quiero defender las enmiendas 31, 32, 33 y
40, correspondientes a la Sección 18.
Nosotros, que no hemos puesto ningún veto a ninguna Sección, si hubiera
habido necesidad de poner alguno hubiese sido precisamente a la Sección
18 porque creemos que esta Sección es muy importante en relación con los
próximos compromisos que tiene España; creemos que Educación y Ciencia es
fundamental para que nuestra juventud pueda competir en el nuevo contexto
europeo, y creemos que esta Sección ha sido infradotada.
Por eso nosotros hemos presentado unas enmiendas, la 31, 32, 33 y 40 que
son, simplemente, indicativas porque tienen por objeto tratar de
conseguir la adaptación, transformación y mejora para centros de
educación infantil primaria. Evidentemente como estas enmiendas podría
haber muchísimas más, puesto que esta situación se reproduce en todo el
territorio nacional. Pero dentro de estas enmiendas quiero hacer mención
especial a la número 33, Programa 422 D: Enseñanza Universitaria,
proyecto 9021, para la construcción y ampliación de Centros
Universitarios, que nosotros solicitamos una dotación de 2.000 millones
de pesetas para la Universidad de Zaragoza. Para esta Universidad en los
presupuestos no existe ni una sola peseta. Bien cercano están los
problemas que ha habido en la Universidad con las huelgas de estudiantes
precisamente por las malas dotaciones.
Se da la circunstancia de que el Gobierno de Aragón está dispuesto a
invertir en la Universidad de Zaragoza 2.000 millones de pesetas, y
creemos que este esfuerzo del Gobierno de Aragón, de la Diputación
General de Aragón, que no tiene todavía competencias sobre este tema,
bien correspondería el que el Ministerio hiciera un esfuerzo análogo para
conseguir que la Universidad tuviera los medios suficientes para
desempeñar el importante papel que tiene cara al futuro.
Esperamos de la sensibilidad del Grupo Socialista que sea tenido en
cuenta este esfuerzo que se hace desde la Diputación General de Aragón, y
que no suceda que esas transferencias universitarias que se están
anunciando para un futuro próximo tengan por objeto el no dotar a la
Universidad de los medios necesarios para darlas prácticamente
descapitalizadas, creando un problema de futuro muy importante no
solamente a la Universidad de Aragón, la Universidad de Zaragoza, sino a
otras que van a ser transferidas en un futuro próximo.
Espero de la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista que sea
tenido en cuenta tanto esto como el esfuerzo del Gobierno de Aragón para
que esta enmienda, si no en la cantidad total, sea tenida en cuenta y sea
aprobada por sus señorías.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sus
enmiendas, Senador Torrontegui, son las números 1.346 a 1.360.
Su señoría tiene la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente para decirle, y en aras de la brevedad, que las damos por
defendidas en sus propios términos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Senador Travieso, ¿las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado las damos por defendidas?
El señor TRAVIESO DARIAS: Sí, señor Presidente, las damos por defendidas
en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Fernández
Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar quisiera retirar la enmienda
particular número 1.634.
El gasto del Ministerio de Educación y Ciencia en los Presupuestos
Generales para 1994 es de un billón 81.625 millones de pesetas, con un
incremento, por tanto, de un 1,5 por ciento respecto de 1993.
Comparándolo con el Presupuesto actualizado de 1993, el crecimiento del
Presupuesto de 1994 es exactamente de 15.961 millones de pesetas, o sea
un 1,6 por ciento del Producto Interior Bruto, mientras que en 1993
alcanzó un 1,7 por ciento del Producto Interior Bruto.
El crecimiento de un 1,5 por ciento resulta también escaso si tenemos en
cuenta la previsión oficial de la inflación del Presupuesto, que es del
3,5 por ciento, lo que significa una pérdida real del 2 por ciento
respecto al año anterior. Se mantiene, por tanto, la reducción del
incremento presupuestario, y en este sentido, en el año 1988 era de un
14,5 por ciento y en estos años, hasta 1994, ha pasado de ser de un 1,5
por ciento. Hago la comparación justamente de unos años clave donde la
política educativa socialista va a tener una incidencia especial, dado
que con la década de los 80 culminan las reformas educativas que
significaron una transformación profunda a través de una ordenación
general de todo el sistema educativo, lo que invita a que reflexionemos
para ver en qué medida, por una parte, se consolida y se ordena un
sistema educativo y, por otra, no se confía en temas económicos para
llegar a cubrir esos objetivos. Está claro que con una reducción del
incremento presupuestario como la que acabo de anunciar, pocos Senadores
pueden concebir la esperanza de que las reformas educativas del Gobierno
socialista puedan salir airosas o puedan ser eficaces con los
Presupuestos que intentamos analizar desde el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Estos Presupuestos, señorías, son los más bajos de todos los incrementos
presupuestarios en educación presentados por los socialistas, y con estos
15.961 millones de este año respecto al año anterior no se pueden, de
ninguna forma, financiar reformas educativas como la LOGSE, los planes de
estudios universitarios y la Ley de la Ciencia. Por tanto hay una
indeterminación y una irresponsabilidad, a nuestro juicio, en la política
educativa del Gobierno socialista que no teniendo el dinero suficiente
para realizar estas reformas educativas, las mantiene, incrementando, sin
embargo, los gastos en bienes corrientes y en servicios en un 4,2 por
ciento y, por tanto, no puede realizar el recorte y la reordenación
presupuestaria que resultaría necesaria en una situación de crisis
económica como la que estamos padeciendo.
La conclusión frente a este Presupuesto es clara: el Gobierno, a nuestro
juicio, debe hacer pública la paralización de las reformas educativas de
la LOGSE y de los planes de estudios universitarios, ya que no cuenta con
los medios económicos suficientes para llevarlas a cabo.
Decía en el trámite de Comisión, y reitero ahora, que no se puede
mantener engañados a padres, profesores y alumnos anunciándoles unas
reformas para las que no se cuenta con recursos suficientes. La
irresponsabilidad que desde el Gobierno supuso aprobar unas reformas
educativas sin una Ley de financiación adecuada se extiende a aquellos
Grupos políticos que apoyaron estas reformas cuando de antemano sabían
que según las cifras presupuestarias no se podían financiar estas
reformas con este profundo calado.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular aquí en el Senado una
vez más reitera la necesidad de pedir la devolución al Gobierno de estos
Presupuestos del área educativa para que coincidan las reformas
emprendidas y sus objetivos con la financiación necesaria, evitando el
engaño y la demagogia con la que, de forma continua y sistemática en los
últimos años, los Gobiernos socialistas vienen presentándose ante el
pueblo español.
Por eso, nosotros, al margen de una enmienda de devolución, tenemos las
enmiendas que van desde la número 469 a la 476, ambas inclusive, que
operan sobre los principales Programas de actuación de este Ministerio,
iniciándolo por el de Educación infantil y primaria, ya que ninguno de
los Programas más importantes del Ministerio, como sus señorías sabrán si
han leído y han visto los Presupuestos, se incrementa por encima de la
inflación prevista, que es del 3,5 por ciento.
El crecimiento del Programa 422-A, Educación infantil y primaria, es del
2,5 por ciento, es decir desciende en términos reales, si tenemos en
cuenta la inflación en un punto. Pero donde más se pronuncia el descenso,
y resulta por tanto todavía más espectacular, es en las inversiones, o
sea en el Capítulo Sexto, que desciende el 22,3 por ciento. Este descenso
se ha ido produciendo
a lo largo de estos últimos años. Desciende la inversión en nuevos
centros que no se corresponde con el incremento de unidades, 368 más y
3.300 alumnos más para el segundo ciclo de la educación infantil, y sí
con la reducción de unidades y de alumnos en educación primaria, que
pierde 675 unidades y 41.657 alumnos.
Estas reducciones, consecuencia, como sus señorías saben, del descenso
demográfico, permiten reducir la «ratio» profesor alumno, pero el
Ministerio no ha sabido adaptar a esas condiciones cambiantes la
necesaria actualización.
El Programa 422-C, Educación secundaria, Formación Profesional y Escuela
Oficial de Idiomas, tiene un incremento de 3,4 por ciento respecto al
Programa del Presupuesto del año anterior, y es el más bajo de todos los
incrementos de los últimos años alcanzando el nivel del Presupuesto de
1992.
Este descenso es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que todavía
las enseñanzas medias continúan recibiendo cohortes numerosas de alumnos
con unas aulas masificadas que alcanzan, al igual que el Presupuesto
pasado, una «ratio» aproximadamente de 33 alumnos por grupo.
El programa 422 d) se refiere a las enseñanzas universitarias. Las
transferencias a las universidades en 1994 se distribuyen de una forma
que, como acabamos de oír al representante del PAR, tiene una escasa
incidencia en las comunidades autónomas.
Las inversiones en este programa descienden globalmente un 34,1 por
ciento. Me refiero a las inversiones que realizan las universidades y la
Junta de Construcciones. La conclusión que podemos sacar, a nuestro
juicio, es clara: el Ministerio, como se ha reconocido en los trámites
anteriores de la discusión de estos Presupuestos en el Congreso de los
Diputados y aquí, en el Senado, no conoce cuál es el coste del puesto
escolar en cada centro universitario y va parcheando año tras año,
manteniendo a los profesores, pero sin dotar a las universidades de las
infraestructuras necesarias y de los gastos de funcionamiento que
requería una enseñanza de calidad.
Pedimos también la devolución del programa 421 b) de formación permanente
del profesorado porque no tiene créditos adecuados para asegurar la
formación del profesorado, que deben aplicarse, de acuerdo con la LOGSE,
en los centros públicos y en los centros de iniciativa social.
Pedimos también, por las mismas razones, la devolución del programa 422
e) de educación especial, porque con ello no vamos a conseguir una
educación especial de calidad en los centros públicos y en los centros de
iniciativa social. Asimismo, pedimos la devolución de los programas 422
j) de educación compensatoria y 423 a) de becas y ayudas al estudio por
entender que no se cuenta con los créditos adecuados para la ejecución de
los objetivos que se enmarcan. El primero de ellos no puede cumplirse
porque los créditos son insuficientes para asegurar con las becas la
gratuidad para los alumnos de educación infantil, educación secundaria y
formación profesional. Asimismo, tampoco se puede con las becas
universitarias subsanar el incremento de las tasas universitarias. Sus
señorías saben que los gastos del Estado en I+D se analizan a través de
la función 54, investigación científica y técnica. El resto de los gastos
del Estado aplicados a I+D, tanto los procedentes de la universidad, como
de las empresas públicas aparecen desagregados como tales gastos en I+D y
sólo pueden calcularse de forma aproximada.
Según el MEC se consideran como I+D el 20 por ciento de los recursos
totales de las universidades y se estima una relación empresa
privada-empresa pública de un 1,5. No se incluyen por ahora los gastos en
I+D de las comunidades, ni los realizados a través de planes específicos,
ni de los que han sido homologados.
Los gastos del Estado en I+D para 1994, y esto es lo importante, son de
185.843 millones. Ciertamente, presentan un aumento del dos por ciento en
pesetas corrientes, lo cual significa una disminución real de un 1,3 por
ciento después de aplicar el deflactor del Producto Interior Bruto.
Si comparamos el Presupuesto inicial de 1993 con el de 1994 veremos que
el gasto público en I+D para 1994 es de 185.000 millones de pesetas, es
decir, ha sufrido un incremento de un 1,1 por ciento, un aumento de 2.059
millones, recuperándose levemente del retroceso del año anterior, pero
manteniéndose en los niveles de 1989, aunque se inicia un nuevo cambio de
rumbo ascendente que se había roto en 1991. En definitiva, se alcanza un
0,34 del PIB del gasto público en I+D.
El horizonte presupuestario del uno por ciento del Producto Interior
Bruto previsto para 1990, hace cuatro años, se convierte en un exiguo
0,65 del Producto Interior Bruto en 1994. Esto contando, señorías, con
que las empresas no sigan una política de reducción de gasto y mantengan
sus inversiones en I+D, hipótesis en exceso optimista vista la
restricción de este tipo de actividades en los últimos años.
Si consideramos que las Comunidades Autónomas podrían hacer un esfuerzo
importante, aunque es poco probable, el porcentaje global de gastos en
I+D subiría al 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto, situándonos
aproximadamente en el año 1988.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que no dispongo del tiempo suficiente
para poder explicar con datos la evolución programa a programa de cada
uno de los capítulos de todos los programas que configuran el Ministerio
de Educación, quisiera decirle al portavoz socialista que cuando tenga
ocasión de contestar (hago un inciso para saludar al Ministro de
Educación que ha considerado oportuno estar en el debate, de lo cual nos
congratulamos, ya que es el primer Ministro que
está presente en el debate de estos Presupuestos en el Pleno, aunque no
me había percatado de su presencia hasta estos momentos) lo haga con el
rigor suficiente aceptando los datos que acabo de dar, pues he comparado
el presupuesto de hace años con el de 1994, y estoy en disposición de
entregarle la ficha correspondiente del programa que me solicite, ya que
se refleja la inversión desde hace aproximadamente seis años para acá.
Dicha inversión ha sido comparada con la del presupuesto que se analiza
para ver y poder demostrar que el Gobierno socialista tiene una
preocupación constante en mantener unos objetivos con las reformas que ha
emprendido y que sus programaciones plurianuales contenían un esfuerzo
inversor que ahora rebaja considerablemente en límites y porcentajes
verdaderamente preocupantes en muchos programas.
Por ello, me gustaría finalizar, señor Presidente, con unas conclusiones
que son claras y conocidas por sus señorías, y que el Grupo Parlamentario
Popular considera como fundamentales a la hora de pedir y de defender el
veto a esta sección. En primer lugar, la inversión en educación,
universidades e investigación, que es el medio más eficaz, y nadie puede
dudarlo en una situación de crisis para mejorar el capital humano de una
sociedad para poder salir de la misma en el menor tiempo posible, que es
la garantía, precisamente dentro de la crisis, para intentar salvarla, no
se consigue con estos objetivos en estos Presupuestos.
En segundo lugar, estos Presupuestos presentados por el Gobierno a la
Sección 18 no permiten asegurar una enseñanza de calidad y competente que
pueda permitir mejorar la educación de la sociedad española para
acercarnos a los países de la Comunidad Europea y facilitar así la salida
de la crisis.
En tercer lugar, hemos de mencionar la irresponsabilidad, como nota
característica de este Presupuesto en esta sección, pues no se cuenta con
una dotación suficiente para realizar las reformas educativas que el
Gobierno ha prometido. Señor Ministro, si no se había incorporado cuando,
al principio de mi intervención, lo dije, le repetiré las palabras que
empleé: no se puede seguir empecinados en engañar a padres, profesores y
alumnos, para la consecución de unos objetivos con unas reformas
educativas si no se cuenta con medios económicos. Por ello, les
invitábamos a que paralizasen y que hiciesen pública la paralización de
esas reformas.
El incremento del 1,5 por ciento del Presupuesto respecto del de 1993 y
del descenso de la participación del gasto en educación en el total del
Estado, que se reduce también considerablemente, corroboran lo que acabo
de decir.
La modificación de los indicadores económicos a lo largo del curso es
otra de las críticas que nosotros tenemos que hacer a este presupuesto.
También queremos decirles finalmente que con el crecimiento que se
establece en 15.961 millones es imposible financiar la LOGSE, las
reformas de los planes de estudio y las líneas generales de la Ley de la
Ciencia, por lo que nosotros pedimos la devolución al Gobierno de estos
Presupuestos.
Por tanto, no se trata de una política catastrofista, no se trata de una
política no pensada, no se trata de decir --como continua y
sistemáticamente se nos dice-- que presentemos una alternativa para la
mejora de la calidad, ya que todos estamos en ello, sino que se trata de
implicar a todos precisamente ejerciendo la audacia y agudizando el
ingenio, que es lo que creo le ha faltado al Gobierno socialista
--sinceramente creo que en los últimos años no lo han tenido en cuenta
concretamente los Ministros de Educación--, metiéndonos ahora en un
callejón sin salida desde el que se nos llama para que ayudemos a salir
de esa situación provocada exclusivamente por negarse al consenso que
nosotros solicitábamos. Pero con estos presupuestos ahora es imposible
llevar a cabo las reformas que ustedes, con esas expresiones de progreso
y de obtención de calidad, tanto anunciaron a bombo y platillo, y que el
pueblo español bien que las creyó, pero que ahora se las está demandando
ya.
El Grupo Popular tiene que sentirse satisfecho por una parte, pero por
otra se siente tremendamente disgustado porque la falta de colaboración
para el logro de ese consenso impide que hoy podamos hacer aquí un
discurso más prometedor de cara al futuro de la educación, que es tanto
como hablar de cara al futuro de lo que ha de ser una recuperación de
esta crisis a la que ustedes en gran parte han llevado a este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fernández Rozada.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
seguimos en un viejo debate, en un debate que empezó hace ya muchos años
y en el que el Grupo Popular ha seguido tenazmente defendiendo su
posición, pienso yo que hoy con un poco más de demagogia, con algunas
razones menos, con muchas opiniones sin fundamentar y con la pasión que
el Senador Fernández Rozada pone siempre en sus intervenciones.
Yo quiero hacer, como siempre, un debate político, estricta y
fundamentalmente político. Estamos aquí hablando de decisiones políticas
que están detrás de cifras presupuestarias, pero no estamos hablando de
economía ni de técnica de presupuestos. Estamos hablando de decisiones
políticas y lo primero que tenemos que hacer es entender exactamente el
proceso en el que nos encontramos. Si no lo entendemos, difícilmente
se podrán hacer juicios de valor sobre el documento que estamos
analizando.
En este proceso recuerdo partidas presupuestarias que responden a
objetivos políticos del Ministerio, territoriales, sectoriales y
temporalizados, objetivos que nacen de modelos políticos aprobados,
modelos políticos que nacen a su vez de concepciones políticas e
ideológicas de filosofía política de un Partido.
De manera que hay una filosofía política, un modelo de educación, una
panoplia de objetivos y unas partidas presupuestarias, pero la
articulación de los cuatro elementos no es rígida, sino que es una
articulación flexible. Entre el ideario político de mi Partido y el
modelo educativo vigente hay importantes concesiones al consenso político
de otros grupos parlamentarios. Entre ese modelo y los objetivos para
este año está el rigor de la austeridad presupuestaria. Por tanto, esos
cuatro elementos se articulan con flexibilidad, no se transmite
rígidamente desde el principio hasta el final y, por tanto, hay juego
posible en la consideración del documento presupuestario.
Estamos hablando de un cambio de modelo educativo que constituye un
proceso de largo alcance, de ritmo lento. Hacen falta veinte años para
que un alumno recorra en su totalidad un sistema educativo renovado. Por
tanto, alumnos que comiencen hoy su sistema educativo por los escalones
más bajos, terminarán después del año 2010 el recorrido por las distintas
fases de la educación. Por tanto, cuando estamos en presencia de una
etapa de largo alcance, de un proceso de tiempo histórico, que por
necesidad es lento, pausado y paciente, aquellos que miran de una manera
miope el día a día, las pequeñas etapas, corren el riesgo de no entender
nada, corren el riesgo de desorientarse, olvidando aquello que decía
Hegel: que en los procesos históricos los molinos de los dioses muelen
despacio. A aquellos que miran un objetivo muy concreto día a día, les
tendré que recordar, como decía Ortega, que vivir al día es como morir al
atardecer, y también les recordaré que hay que contemplar los procesos en
su conjunto para entender realmente de qué estamos hablando.
Pero para hablar de este debate presupuestario tengo que invitar a sus
señorías a que salvemos juntos algunos escollos, algunas amenazas que
están, como insidias, aguardándonos en el recodo de algún camino.
La primera insidia, el primer escollo es la tentación de fragmentar el
análisis presupuestario. Coger el presupuesto y dividirlo en sectores, en
capítulos, en partidas, en programas, hace que el sentido de la
globalidad desaparezca y que el dramatismo de una partida presupuestaria
menos afortunada aumente. Yo les invito a que practiquen la terapia de la
consideración global del presupuesto para que puedan entender exactamente
de qué estamos hablando, pero también les invito a que no nos perdamos en
el laberinto de los espejos.
Hay quien entiende que este debate consiste en conseguir una foto, un
titular, un flash, un vídeo-clip, una noticia, algo momentáneo y fugaz,
como si ésa fuera la esencia del debate presupuestario. Nada más lejos de
la verdad. En este terreno, como en otros, la realidad discurre muy lejos
de esas imágenes absolutamente evanescentes. No persigamos conseguir
objetivos de un flash de noticias, no lo persigamos. Nosotros estamos
urgidos por nuestras lealtades partidarias y por nuestras convicciones
ideológicas, pero en un nivel más profundo todos estamos urgidos por la
servidumbre de la verdad, servidumbre que nos obliga a ser objetivos en
el análisis de la realidad que tenemos delante.
Pero hay un tercer escollo que quiero invitar a sus señorías a que lo
eviten: convertir este debate en el muro de las lamentaciones; venir a
llorar diciendo que estas partidas son insuficientes. El Grupo Popular
viene diciendo desde hace diez años que todas las partidas
presupuestarias son insuficientes. ¿Presupuestos expansivos? Créditos
insuficientes ¿Presupuestos moderadamente expansivos? Créditos
insuficientes. ¿Presupuesto restrictivo como el de este año? Créditos
insuficientes.
En vez de llorar ante el muro de las lamentaciones, les invito a que se
pongan a trabajar, a que asuman los riesgos, a que cojan sus
responsabilidades como oposición y nosotros como Gobierno para tirar
adelante en una tarea que nos interesa a todos esencialmente. (Aplausos
en los bancos de la izquierda.)
Les diré que este presupuesto para 1994, que a mí me gustaría que tuviera
más dinero --y a quién no-- para educación, para sanidad, para pensiones,
para el desempleo, para el ejército, para la justicia y para tantas y
tantas cosas como deseamos --algunos de modo incoherente, puesto que
piden un presupuesto más restrictivo cuando deberían pedir un presupuesto
más expansivo--, decía que este presupuesto tiene como líneas básicas y
esenciales del trabajo y de la decisión política el respeto a un marco de
austeridad y de rigor presupuestario, mantener un puesto destacado en la
participación en el gasto público, una priorización importante de la
formación profesional, del desarrollo de la reforma educativa, de la
formación del profesorado, de los centros concertados --cuyos módulos
aumentan--, de la investigación científica y técnica, una partida
importante de 350.000 millones de pesetas para la educación infantil y
primaria cuyas cohortes demográficas, recuerdo a sus señorías, han
descendido en 200.000 alumnos por año en relación con las cifras de hace
diez años y, por tanto, la presión demográfica sobre el sistema en los
primeros escalones es ahora enormemente menor, aproximadamente el 33 por
ciento más bajo de lo que era hace años.
La formación profesional aumenta en partidas importantes: en la práctica
en alternancia en las empresas y en la formación de los profesores. El
capítulo de inversiones crece, aunque sea modestamente. Las inversiones
se centran en la formación profesional y en la enseñanza secundaria. Se
hace un gran esfuerzo tanto para la compensación de las desigualdades,
como para mantener los gastos de funcionamiento de los centros públicos y
concertados. Por cierto, estos últimos aumentan un punto más que los
centros públicos por lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, y
deberían ustedes reconocerlo. Mantenemos las líneas generales del
programa de universidades en el ambiente general de austeridad y se
consolida la política retributiva que está aplicando el Ministerio
respecto de los profesores de educación tanto no universitaria, como
universitaria.
No es posible, señorías, que un proyecto político como el que estamos
examinando sea merecedor de una calificación tan negativa, cuando España
ocupa actualmente el cuarto lugar en el mundo en tasas brutas de
escolarización; cuando el gasto público total en educación ha aumentado
de 542.000 millones, en 1982, a 2,7 billones, en 1992; cuando el
porcentaje del PIB está actualmente en el 4,7 por ciento; cuando las
tasas de escolaridad se encuentran en el 97 por ciento, para los alumnos
menores de seis años, en el cien por cien, para los de seis a trece, en
el 98 por ciento, para los de catorce a quince, y en el 70 por ciento,
para los alumnos de más de dieciséis años; cuando las becas han pasado de
6.800 millones de pesetas en 1982, a 78.000 millones, en 1995; cuando el
número de titulaciones y de posibilidades de estudio de los alumnos
universitarios era de 57 hace diez años, y ahora se ofertan 127
titulaciones; cuando los estudiantes universitarios han pasado de
600.000, en 1982, a un millón 200.000, en 1992, y cuando la tasa femenina
supone hoy más de la mitad del alumnado universitario y la incorporación
de la mujer al mundo de la cultura, de los estudios y de la lectura
--según recientes investigaciones sociológicas-- señala tasas
absolutamente inéditas, que implican una profunda revolución cultural en
nuestro tiempo. Por tanto, no es posible, no es aceptable, no es
presentable y no es argumentable la crítica que el Grupo Popular hace a
estos presupuestos. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
Estos presupuestos están en la línea de un gran proyecto de educación que
se mantiene vivo, que no vamos a retirar, que tiene el apoyo de la
ciudadanía y que suscita la esperanza de muchos ciudadanos y estudiantes.
(Rumores.) Es un proyecto educativo que implica, por primera vez en la
historia de nuestro país, la superación de un sistema educativo dual y de
desigualdades, y ahora estamos alcanzando ese objetivo de igualdad.
(Protestas en los escaños de la derecha.--Rumores.) Es un objetivo que
contempla la construcción de un sistema educativo homologable a nivel
nacional, no según el modelo centralista napoleónico. No se trata de
diecisiete sistemas educativos autonómicos, sino --como he dicho-- de un
sistema homologable por el que es posible circular sin tener que pagar
peajes, pasar fronteras y exhibir pasaportes. Es un sistema educativo que
persigue la universalización de la enseñanza, que alcanza tasas altísimas
de escolarización, de las primeras del mundo, por delante de países de
tan larga tradición como Bélgica, Holanda, o Alemania.
El desarrollo de la autonomía universitaria, la mejora de la calidad del
sistema educativo y el diseño y la puesta en práctica de una política
científica y de investigación, son los grandes objetivos de un modelo que
está vigente, que continúa vivo, por el que vamos a continuar trabajando.
En esa línea está inscrito este presupuesto.
Año tras año se ponen piedras, se avanzan tramos del camino, y no importa
que uno de ellos sea un poco más corto de lo que desearíamos; si, al
final, el proceso se ha cumplido y hemos recorrido todas las etapas de
ese camino, creo que nuestro trabajo habrá valido la pena.
Quiero ahora referirme, muy brevemente, a algunas enmiendas que se han
defendido en este trámite. En cuanto a las del Senador Calvo, del Grupo
Mixto, una de ellas está contemplada en los presupuestos actuales --la
número 40--, ya que se ha reflejado una partida para la construcción de
un instituto de enseñanza secundaria en Utrillas.
Con respecto a las otras tres enmiendas que su señoría ha defendido,
siendo legítima dicha defensa, le diré que si aumento y priorizo lo mío,
despriorizo y disminuyo lo otro. Pero lo otro, señoría, es también lo
mío, es lo nuestro, es lo de todos. Su señoría pide que en los mismos
programas aumenten las dotaciones para su Comunidad y disminuyan las
relativas a otras Comunidades. Pero tenemos que mirar por lo nuestro, por
lo de todos, y también por lo de su señoría, y tengo que defender esa
opción.
Por lo que respecta al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que han
tenido la amabilidad de dar por defendidas sus enmiendas, sólo voy a
referirme a la número 1.347, que solicita una dotación de 5.000 millones
para la financiación de convenios para la educación infantil. Compartimos
su preocupación, que constituye un proyecto político del Ministerio, pero
en este momento no es posible acceder a su petición, por una razón
importante: porque esos 5.000 millones suponen el 51,7 por ciento de la
partida en la que ustedes quieren causar la baja. Y esa partida es, ni
más ni menos, que la que contempla la inversión en centros de educación
secundaria y formación profesional en todo el territorio MEC; de tal
manera, que la concesión de esa enmienda supondría la rebaja --al menos,
de un 50 por ciento-- de un programa que, por ser austero, tenemos que
administrar con absoluto rigor. Insisto en que su
petición supone una preocupación política y ya verán cómo en el futuro el
Ministerio llega a esos convenios que, por otra parte, están recogidos en
la LOGSE.
En cuanto al portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que
también ha tenido la amabilidad de dar sus enmiendas por defendidas, por
lo que se refiere a la relativa al centro de investigación tecnológica, a
la que no ha sido posible acceder mediante una enmienda transaccional
--como su señoría me pidió en el trámite de Comisión--, es posible que en
el programa 542-A, y a través de la gestión de su propia Comunidad con la
dirección del Plan Nacional de I+D, se contemple el centro que ustedes
solicitan, que es de la red OTRI, Oficina de Transferencias de Resultados
de la Investigación, que se está extendiendo por todo el país. Por tanto,
aunque no vamos a incluir ninguna partida presupuestaria, se abre esa
posibilidad conceptual.
Por último, tengo que referirme al veto del Grupo Popular; veto
reiterativo, recurrente, que todos los años indica lo mismo. En primer
lugar, la demanda de recursos en educación es siempre creciente, grande
y, por tanto, imposible de satisfacer en sus propios términos, y le diré
por qué.
Cuando hace treinta años los que estamos dentro del sistema educativo
planteamos necesidades de dicho sistema, lo que planteábamos era la
necesidad de tener una escuela en el pueblo, un pupitre para los niños y
un maestro. Era tan precaria la situación que el nivel de la demanda
tenía que ser absolutamente insuficiente. (Rumores.) El nivel del sistema
educativo actual ha crecido prodigiosamente, y a medida que se van
ocupando estratos más altos de satisfacción de las necesidades
educativas, las expectativas, las demandas, los deseos, las posibilidades
de educación de la gente aumentan geográficamente y, por tanto, siempre
habrá insuficiencia de recursos, siempre será la educación una tarea
insatisfactoriamente resuelta, porque eso es connatural con el propio
proceso de la educación. Por consiguiente, no es de recibo que el mismo
argumento de la insuficiencia de los recursos presupuestarios nos lo
vengan repitiendo insistentemente durante Presupuestos, Presupuestos y
Presupuestos. Por cierto, ahora encuentran ustedes insuficiencia de
recursos presupuestarios en el Programa 422-j, que recordará su señoría
que hace tres años un venerable Senador de su formación, a quien yo rindo
en este momento un homenaje, el Senador Felipe Calvo, defendió la
supresión de la partida de educación compensatoria. Ahora piden ustedes
que se aumente la partida. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien!--Rumores
en los bancos de la derecha.) Detrás de sus palabras, que son una crítica
negativa, ustedes no han dicho lo que piensan hacer, sino dónde están los
huecos, las ausencias, las negaciones del Presupuesto que ustedes están
criticando. No han dicho qué es lo positivo de su visión y, por tanto, no
puedo criticar su modelo, porque ustedes no han dicho cuál es. Tengo que
defender el mío.
Detrás de sus palabras hay una nostalgia que no ha nombrado usted en este
momento, pero que está latente en su discurso, la nostalgia de la Ley de
financiación, que sus señorías han sacado tantas veces a colación, y lo
del paraíso perdido del consenso. Le repito lo que le dije en Comisión:
es democrático consensuar, es democrático disentir. Entre ustedes y
nosotros habrá siempre diferencias importantes en cuanto a la concepción
educativa. (Rumores.) Habrá también coincidencias, en ese juego
dialéctico de disentir y de consensuar tenemos que movernos
inevitablemente. ¿Y cree su señoría que la ley de financiación, la ley
plurianual de presupuestos para la reforma educativa es la panacea para
resolver los problemas del sistema? Sería la panacea para resolver los
problemas del sistema sanitario o para el sistema de pensiones o para el
sistema de desempleo. Una ley de financiación está sujeta a los mismos
avatares que una ley de Presupuestos Generales del Estado y, por tanto,
ese recurso a la ley de financiación nonata es un recurso retórico que no
tiene contenido de ninguna clase.
Y termino. Estoy seguro de que cuando pase algún tiempo y miremos hacia
atrás, dentro de unos años, usted, yo y todos nosotros, y veamos este
tiempo de esperanzas y de turbulencias y de inquietudes y de hallazgos y
de búsquedas y de frustraciones, estoy seguro de que usted y yo vamos a
poder sentirnos satisfechos de la tarea y del trabajo que se ha hecho en
estos años en España en el mundo de la educación y podemos contemplar con
orgullo que mantenemos en nuestras manos como una breve ceniza de gloria.
Gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias.
Para turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Calvo Lou.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor Ministro. Yo
estoy aquí, amarrado a duro banco, desde las cuatro de la tarde y es el
único que ha tenido la cortesía de asistir al debate de su sección.
Repito, pues, las gracias, porque eso le honra.
El portavoz socialista ha entrado en un debate político, ha hablado de
objetivos políticos, de concepciones políticas, de un modelo de
educación, de un ideario político, etcétera. Creo que su intención ha
sido darnos una clase de ideario político. Pero todo eso, que se ha
dirigido fundamentalmente al Grupo Popular, y que creo que le contestará,
no casa bien con dejar a la Universidad huérfana de inversiones, y me he
referido concretamente a la de Zaragoza como ejemplo paradigmático.
Me ha acusado de que únicamente me preocupo por
lo mío. Es natural, y el señor Senador lo tendrá en cuenta, que como
representante de la Comunidad Autónoma de Aragón, me preocupe
fundamentalmente por lo de Aragón, y el hecho de que su presupuesto es
pequeño y no cubre las necesidades lo demuestra que esas enmiendas a las
que se ha referido, las números 31 y 32, y lo que pedía para ampliación
de educación secundaria y formación profesional, significa cantidades tan
pequeñas que no poder atenderlas demuestra precisamente la endeblez del
presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia.
En cuanto a la Universidad de Zaragoza, a la que he hecho especial
mención y me he referido a que la Diputación General de Aragón iba a
invertir este año 2.000 millones de pesetas y que en los Presupuestos del
Estado no hay ni un solo duro, no me ha dicho nada sobre ella. Pero
quiero decir al señor portavoz del Partido Socialista que de la misma
forma que todo es de todos, espero que las inversiones en Aragón y en la
Universidad de Zaragoza también sean cosa de ellos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra su
portavoz.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Deseamos también unirnos al agradecimiento al que ha hecho mención el
Senador que me ha precedido en el uso de la palabra por la presencia del
Ministro, Gustavo Suárez Pertierra. Creemos que es significativo que haya
sido el único en venir a esta Cámara, y lo agradecemos muy sinceramente.
También queremos expresar nuestro agradecimiento por el tono cordial, en
el sentido etimológico de la palabra, del portavoz del Grupo de Senadores
Socialistas, y también apreciamos los razonables argumentos expuestos por
él.
Nada más, señor Presidente. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sólo deseo agradecer al Senador Iglesias el interés que ha
mostrado por esta idea del centro tecnológico para Africa y América. Nos
hubiera gustado que hubiera entrado en los Presupuestos al igual que las
otras enmiendas, pero estamos seguros de que gracias a ese interés que
está poniendo usted y el que estamos poniendo nosotros, dentro de poco
podemos contar con ese proyecto tan bonito que puede ser importante para
la economía de Canarias y para ayudar al resto de países de nuestro
entorno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
aunque sea muy brevemente --el tiempo y los días que aquí llevamos
tampoco permiten alargarse demasiado-- debo decir que la intervención del
señor Iglesias me ha parecido excesivamente política, incluso sectaria;
el sectarismo con el que el Partido Socialista y los portavoces se vienen
pronunciando en temas de educación es una cuestión que empieza a ser
preocupante y que nos aleja de esa necesaria colaboración en la
consecución de un consenso que nosotros seguimos solicitando.
Continúa mi presunción de que están acorralados, de que con estos
Presupuestos no pueden financiar, y está claro que no pueden hacerlo, y
sólo la mayoría mecánica que mantienen aquí les permite aprobar estos
Presupuestos, que serían con toda seguridad suspendidos en todas y cada
una de las provincias españolas en los temas de educación; de eso tenga
la completa seguridad. Y aquí van a ser aprobados, recordándome a mí esa
presunción una anécdota, si se puede denominar así, que hace años yo tuve
cuando, reclamando, por razones que yo aducía, la exención de una multa,
me contestaron desde la Delegación de Tráfico de Zamora, en este caso,
que la testifical propuesta por el recurrente se refutaba como
insuficiente para enervar la aludida presunción. (Risas y rumores.)
Yo creo que con el señor Iglesias y con los temas de educación no está
ocurriendo exactamente lo mismo. Sinceramente, pienso que no se están
dando cuenta de que se han metido, como yo decía, en un callejón sin
salida. No somos nosotros los que tenemos que traer aquí unos
presupuestos alternativos, sino una filosofía política y educativa, como
la que nosotros enmarcamos en nuestras enmiendas, para dotar a las leyes
que ustedes mismos han aprobado de los medios económicos necesarios para
poder cumplir esos objetivos y dotarlos de una calidad de enseñanza que
nos lleve por esos campos de Europa con la cabeza alta. Eso no lo han
conseguido, ni ha hablado aquí de ello, porque sabe perfectamente que es
mejor dedicarse a la demagogia y a decir que nosotros estamos siempre con
el mismo discurso. Eso, efectivamente, es lo que nos da a nosotros la
consistencia de una coherencia, que es la que con mucha frecuencia les
falta a ustedes.
El señor Iglesias se empeña en decir que las partidas, por supuesto, son
insuficientes, que estamos llorando y pidiendo más cada año. Cuando ahora
les dé algunos datos y me aplauda mi Grupo, no es necesario
que me aplaudan, pero tampoco lloren, porque lo que yo les voy a decir es
que éstos son los presupuestos de las mentes preclaras socialistas que en
el año 1990 intuyeron que para realizar las reformas, de acuerdo con el
Ministerio --y sólo les voy a poner ese ejemplo respecto de lo que decían
en 1990, insisto, las preclaras mentes socialistas--, en 1994 serían
precisos los medios económicos mínimos para poder cumplir esos objetivos.
No olvidemos que la Ley orgánica de Ordenación del Sistema Educativo se
aprueba en septiembre-octubre de 1990 y que ya en los presupuestos de
1991 se contienen partidas como éstas. Y les invito de verdad a que
reflexionen sobre ello y a que, por lo menos, no sigan insistiendo en que
tenemos datos y números inventados por nosotros, sino que son las mentes
socialistas más preclaras --supongo que en materia de educación-- quienes
han configurado estos cuadros plurianuales.
Pues bien, con respecto al Programa de Educación Infantil y Primaria, la
cantidad que aparecía en la programación plurianual en el presupuesto de
1991 para 1994 --fíjense-- era de 3.473 millones. La que aparece en este
presupuesto de 1994 es de 1.192 millones, o sea, 2.281 millones menos, un
47 por ciento menos. Para el Programa de Enseñanzas Medias, la cantidad
que aparece en el presupuesto de 1991 para 1994 --el suyo-- es de 16.447
millones. La que aparece ahora es de 6.828, o sea, 9.619 millones menos,
es decir, un 58 por ciento menos. Estamos en niveles muy significativos.
En la Educación Compensatoria, de 342 millones que preveían para 1994,
aparecen ahora 60 millones, un 82 por ciento menos. En Enseñanzas
Universitarias --¡cómo no va a tener razón el Senador del PAR!--, había
una previsión de 1991 para 1994 de 16.515 millones, aparecen 3.346, o
sea, 13.169 millones menos; un 79 por ciento menos. Son las reducciones
presupuestarias en las inversiones nuevas de las programaciones
plurianuales socialistas.
Y quiero darle, porque hizo referencia a él, el presupuesto del Centro
Superior de Investigaciones Científicas. Pues bien, señor Iglesias, en el
presupuesto de 1991 para 1994 aparecen 12.877 millones, la cantidad que
vemos ahora en el presupuesto de 1994 es de 3.520, o sea, 9.357 millones
menos y, por tanto, un 72 por ciento menos. Y así podíamos continuar.
Díganme a mí ahora si no es como para llorar que encima culpen a quien
tiene la obligación de oponerse constructivamente. Quiero decirles, con
toda sinceridad, que eran ellos quienes preveían un modelo educativo en
la Educación Primaria, Secundaria y Universitaria, con unos planes de
inversión que se acercan a porcentajes como los que las mentes preclaras
socialistas preveían en 1990, y ahora resulta penoso tener que oír que
nosotros somos los que lloramos y ellos los que están contentos con esta
reducción porque así lo van a cubrir. ¿Quiénes sobran? ¿Los que
planificaron aquello o ustedes, que no reconocen que esas reformas
educativas no pueden cumplirse de ninguna forma con estos presupuestos?
Por supuesto que no nos duele reconocer que no es nuestro ideario y que
cuando tanto presumen de una filosofía política, un ideario educativo y
un presupuesto, debían también tener en cuenta que la sociedad está muy
al margen de todas estas cuestiones en materia de educación. Y deben
también darse cuenta de que a pesar de que todavía no se ha logrado la
gratuidad de 3 a 6 años en la educación infantil, a pesar de todos
nuestros esfuerzos para hacer posible el principio de igualdad de
oportunidades justamente ahí, en el inicio, para seguir en todo el nivel
educativo, se siguen negado a dotar de los medios precisos para la
escolarización total de los alumnos de 3 a 6 años. (Aplausos en los
escaños de la derecha.) Ustedes quieren desconocer la realidad de lo que
fueron los debates de la reforma. Legítimamente siempre se nos ha dicho:
«tenemos un modelo educativo distinto». Tienen y proclaman un sistema
educativo que en todos y cada uno de los niveles choca frontalmente --y
eso me lo ha dicho usted personalmente-- con el nuestro, y les honra ver
la diferencia. Pero el esfuerzo que nosotros hemos hecho para que, en un
planteamiento social en el que la educación es el fundamento y la
síntesis de todo lo demás, se pueda responsabilizar a todos para llegar
no a una identidad, sino a un consenso básico, es cierto que ustedes lo
han negado y han llevado a cabo, de alguna forma, una operación con los
demás Grupos que no ha sido demasiado limpia, como se ve ahora por la
mayoría de los Grupos parlamentarios que se lamentan de no haber apoyado
nuestra petición de una ley de financiación que fuera la garantía en el
futuro de que los presupuestos del Estado iban a contar con los medios
económicos suficientes para poder cumplir esos objetivos.
Finalmente, señorías, yo no quiero frustrarle, de ninguna manera, pero
con la modestia con la que nuestro Grupo interviene en temas de
Educación, con la humildad de quien ha seguido todo el proceso del
desarrollo educativo y de las leyes socialistas a lo largo de los últimos
años, tengo que decir que hay que estar en contacto con la propia
sociedad para ver que ni padres ni profesores ni alumnos están contentos,
y que las reformas educativas emprendidas no han vinculado al
profesorado, y hay que tener en cuenta que la reforma que quiera
imponerse al margen del profesorado está condenada al fracaso más
estrepitoso. Y no hay más que estar --y yo sé que usted está-- en
contacto con los centros educativos para ver que nadie está contento ni
con los medios económicos ni con los fines ni con los objetivos. Nadie
quiere ser director de un centro y hay que imponerlo. ¿Dónde está la
participación social que se exigía con estas leyes? ¿Dónde ha quedado lo
de llevar al mejor profesor a dirigir ese centro, cuando la excesiva
politización, porque ustedes se han empeñado, hace
que en estos momentos haya un descontento general y que esperar a final
de mes para cobrar sea la tónica dominante, y no la preocupación por una
mayor calidad de la enseñanza? (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Ese es el debate. Y digo que no quería frustrarles, pero tengo entendido,
por lo que he leído, que don Felipe González quiere convertirse en el
sucesor del señor Delors. (Rumores en los escaños de la izquierda.)
Escuchen, escuchen, que probablemente luego tengan que llorar también, o
guardarlo debajo. (Protestas en los escaños de la izquierda.--Aplausos en
los escaños de la derecha.)
Quiero decirles, para que se lo recuerden a don Felipe --aunque
probablemente no haya llegado a esa página-- que el señor Delors dice en
su Libro Blanco que la inversión... (Varios señores Senadores: ¿Qué
dice?) El señor Delors dice en su Libro Blanco que... (Varios señores
Senadores: ¿Pero qué dice?) Es que quiero hacerlo despacio para que haya
garantía de que se entienda bien. (El señor Iglesias Marcelo: ¡Qué
memoria!) Señor Iglesias, esto no es cuestión de memoria porque es un
dato que les va a hacer reflexionar a todos. (Protestas en los escaños de
la izquierda.--Aplausos en los escaños de la derecha.) Dice el señor
Delors --y es el resumen final-- que la inversión en I+D de los países
debe ser de un 3 por ciento. En España no hemos llegado al 1 por ciento.
Exportemos a don Felipe, con un país que no ha llegado al 1 por ciento en
I+D, a sustituir al señor que acaba de decir que países que no tengan el
3 por ciento del PIB en inversión justamente para el desarrollo están
condenados al fracaso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Senador Iglesias, para turno de Portavoces, tiene su
señoría la palabra.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo pedir disculpas al Senador Calvo porque yo tenía
preparada una contestación a su enmienda, número 33, sobre las dotaciones
de la Universidad de Zaragoza, lo que ocurre es que en el fragor de la
dialéctica parlamentaria se me ha pasado contestarle. Pero voy a
contestar a su señoría sobre su petición.
En el presupuesto de este año, en el Programa 422-D, hay una partida para
inversión descentralizada en la Universidad de Zaragoza de 449 millones.
Por tanto, no es cierto que la partida para la Universidad sea cero.
También puedo decirle que en el convenio para el año 1994 FEDER-Estado
hay una partida de 500 millones para la Universidad de Zaragoza, con lo
que suman ya cerca de 1.000 millones para la Universidad. También le debo
recordar que hay un convenio, que está vivo, entre la Universidad de
Zaragoza, el actual Gobierno de la Comunidad y el Ministerio de Educación
para financiar un importante programa de inversiones en la Universidad de
Zaragoza que, sin ninguna duda, superará, con mucho, los 2.000 millones
que su señoría pedía para la Universidad. De manera que la Universidad no
va a quedar sin atención por parte del Ministerio, por parte de convenios
con FEDER y por parte de un triple convenio de Universidad, Diputación y
Ministerio, donde yo creo que las necesidades de la Universidad van a ser
debidamente atendidas.
Lamento que el Senador Fernández Rozada haya mostrado una cierta
crispación como resultado del debate. No era mi ánimo sacarle de sus
casillas (Rumores.) ni mucho menos hacerle llamarme sectario, cosa que le
disculpo sinceramente, pero que en ningún caso me puedo atribuir a mí
mismo ni creo que en ningún caso nadie me lo haya atribuido, jamás. Creo
que he tenido siempre la mente muy abierta para saber lo que pienso como
propio y lo que los demás piensan, una parte de lo cual es,
evidentemente, verdad, y, por tanto, con capacidad para contemplar lo que
todos piensan. Por ello, lamento que esa crispación le haya llevado a un
turno de Portavoces en el que no sé si el intento fundamental era
arrancar el aplauso apasionado de sus compañeros de escaño, cosa que me
parece completamente legítima. (Rumores.) Su señoría hace un ejercicio de
análisis político que me recuerda lo que pasa en algunos carnavales, y es
que colocándose sobre los ojos un antifaz muy tupido, analizando el
sistema educativo en su situación actual, termina su señoría concluyendo:
«lo veo todo muy negro» (Risas en los escaños de la izquierda.)
Ciertamente, así es. Su análisis de la realidad es un análisis estrábico,
miope, es decir, un análisis incompleto y sesgado de la realidad del
sistema, en el que no niego que haya problemas y deficiencias --ya lo he
dicho en la tribuna--, evidentemente las hay, tendremos que trabajar
mucho para remediarlas, pero su visión absolutamente negativa y caótica
del sistema educativo no se compadece en absoluto con la realidad.
Respecto a su petición de gratuidad en la Educación Infantil para los
alumnos de 3 a 6 años, le diré que nuestro pensamiento político es ir a
la universalización de ese tramo del sistema educativo --no lo
consideramos como obligatorio, pues es evidente que a los 3 años habrá
padres que no quieran llevar a sus hijos al sistema-- y que será
gratuitamente selectivo, o selectivamente gratuito. Quiero decir: habrá
que aplicar aquí un plan de compensación de las desigualdades, no pagar
la educación a aquéllos que tienen muchas posibilidades de pagarla, sino
compensar a aquellos alumnos que por escasez de recursos no pueden
competir en igualdad de condiciones con los alumnos de las familias más
pudientes. (Aplausos en los escaños de la izquierda.) Por otro lado,
tengo que recordar a sus señorías que muchas veces se reclama el consenso
y el entendimiento. ¿Cómo es posible que ustedes pidan el consenso cuando
hace algunos años el Grupo de su señoría boicoteó
en esta misma Cámara la tramitación parlamentaria de una ley esencial
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, como es la LODE,
cuando se opusieron ustedes aquí con enmiendas absolutamente inaceptables
políticamente y sacaron a la calle a los padres de familia para oponerse
a una ley? ¿Cuál es el consenso que ustedes piden cuando permanecen en
una postura política que tiene como característica la petrificación y el
sentido más profundamente reaccionario de la educación?
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Concluido el debate de la Sección, y antes de pasar a efectuar las
votaciones que están pendientes, anuncio a sus señorías la intención de
la Mesa de que, una vez realizadas las votaciones, continuemos el debate
hasta, aproximadamente, las doce, digo aproximadamente, puede ser más o
menos, intentaremos dar una cierta coherencia al debate. No se va a votar
después, como ha sido convenido, y mañana reanudaremos a las nueve de la
mañana con los horarios de votaciones previstos.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos las votaciones correspondientes a la
Sección 14. (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.) Senador Bolinaga,
¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, solicito la palabra. Creo que
podría ser por una cuestión de orden, si es que me permite.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias.
Simplemente quería señalar que durante el debate de la Sección 16
registrado esta tarde, ante una indicación errónea --y humanamente
comprensible-- del señor Presidente al equivocar «Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos» con «Grupo Socialista Vasco» en el momento de
otorgarme la palabra, me he permitido rectificar el error registrado. Y
en mi intervención he utilizado, entre otras, tres palabras, en un tono
creo que paladinamente jocoso y, por supuesto, en modo alguno peyorativo
ni muchísimo menos con ánimo de herir absolutamente a nadie, ya que ése
no es mi estilo, y creo que mi talante es conocido sobradamente en esta
Cámara. Unicamente pretendí dar una modesta nota de jocosidad a la
tediosidad de esta sesión maratoniana, sesión que a veces ha sido
escabrosa.
Yo confiaba que así se me hubiera interpretado, y estoy seguro de que así
ha sido en términos muy generales. Pero siempre hay excepciones, y en
este caso también la ha habido, hasta el punto de que un Senador del
Grupo Socialista, «a posteriori» --y estando este Senador ausente de la
sala--, en el turno de su intervención, ha solicitado de la Presidencia
la retirada de mis tres palabras consistentes en que «todavía hay
clases». Tres palabras que, a mi entender, suponían media gota de agua
--y además de agua dulce-- dentro de los embates de mar gruesa que hemos
sostenido durante esos días.
Por tanto, señor Presidente, señorías, aunque estoy convencido de que
todos mis estimados colegas han interpretado mis palabras en los justos
términos de su jocosidad y franco tono amistoso, salvo la excepción
dicha, gustosamente retiro mis palabras, pues jamás ha estado en mi ánimo
de herir la susceptibilidad de quien quiera que sea.
Agradezco, pues, señor Presidente, se me haya permitido expresarme en mi
intención de evitar el más mínimo malentendido, y lamento sinceramente
haber dado motivo para que mis palabras no fueran bien interpretadas.
Pero a fuer de ser sincero, lamento mucho más, precisamente en este caso
y en ese momento, la falta de capacidad para encajar en su justo término
un toque de humor, ya que considero que una Cámara seria, y esta Cámara
es seria, no tiene por qué ser una Cámara triste. Mis disculpas a todos,
señorías, y como posiblemente no voy a hacer uso de la palabra a lo largo
de esta sesión, sin rencor, con el mejor de los ánimos, deseo a todos
señorías, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. (Aplausos.)
Muchas gracias. (El señor Ardaiz Egües pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero rogarle al Senador Bolinaga que me incluya entre
los colegas que han entendido bien sus palabras, y al pedir el amparo del
Presidente en ese momento para que retirara del «Diario de Sesiones» esas
palabras --y aprovecho este momento para pedir que también se retire mi
petición de amparo-- no me ha llevado ningún otro ánimo más que el
posible desmerecimiento de que pudieran quedar reflejadas en el «Diario
de Sesiones» cuando en el mismo no aparecen ni los aspectos connotativos
ni denotativos de una frase pronunciada en un momento dado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.--Varios señores Senadores: ¡Muy bien, muy bien!)
El señor PRESIDENTE: No me encontraba presidiendo la sesión en ese
momento, pero lo he verificado en el «Diarios de Sesiones» y,
efectivamente, los dos deseos
expuestos por los Senadores serán atendidos; se retirarán del «Diario de
Sesiones».
Muchas gracias, y también felicidades. (Risas.)
Vamos a entrar en la votación, espero que igualmente feliz, de la Sección
14, comenzando por las enmiendas suscritas por el Grupo Parlamentario
Mixto, de los Senadores Cuevas González y Vilallonga, número 978 a 1.004.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, cuatro; en contra, 235; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
¿Pueden ser votadas conjuntamente la enmienda número 1.772, del Senador
Rodríguez Gómez, y la enmienda 1.668, del Senador Soravilla y otros
firmantes? (Asentimiento.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 100; en contra, 132; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación conjuntamente las enmiendas 262 a 284, del Grupo
Parlamentario Popular. (El señor Torrontegui Gangoiti pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, solicito que se voten
separadamente las enmiendas números 269, 270 y 271, si fuera posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, sometemos estas tres enmiendas a
votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 108; en contra, 132; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las demás enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 103; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Sometemos a votación la Sección 14 del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 131; en contra, 107; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 15.
Votamos la enmienda número uno, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, cinco; en contra, 233; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular, enmiendas números 285 a 293 y 295 a 297.
Se someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 102; en contra, 134; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la Sección 15, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 132; en contra, 106; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 16.
¿Los votos individuales del Grupo Parlamentario Popular podrían en su
caso votarse conjuntamente? (Asentimiento.)
Muchísimas gracias.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, los votos suscritos por los
Senadores del Grupo Parlamentario Popular a esta Sección 16 de manera
individual. Después votaremos las enmiendas que sostiene el Grupo
Parlamentario Popular. Lo hacemos conjuntamente. (El señor Ramón i Quiles
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ramón i Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Señor Presidente, me gustaría que se votaran
aparte las enmiendas 1.721, 1.722, 1.749, 1.750 y 1.751.
El señor PRESIDENTE: Son todas a esta Sección, ¿verdad, señoría?
El señor RAMON I QUILES: Entiendo que sí. Son las firmadas por el señor
Ortí Bordás y otros Senadores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sometemos, en primer lugar, dichas enmiendas a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 105; en contra, 131; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las demás enmiendas individuales, votos
particulares sostenidos por los Senadores del Grupo Parlamentario
Popular. (El señor Virosta Garoz pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Virosta.
El señor VIROSTA GAROZ: Señor Presidente, solicito votación independiente
de la enmienda 1.590.
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la enmienda número 1.590.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 103; en contra, 127, abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas individuales del Grupo Parlamentario Popular que no
han sido aún objeto de votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 103; en contra, 132; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto 1.005 a 1.008. Pregunto si la
enmienda número 38 del mismo Grupo Parlamentario puede ser votada
conjuntamente. (El señor Calvo Lou pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Calvo Lou.
El señor CALVO LOU: Le rogaría que la enmienda número 38 fuera votada
aparte. Para evitar posibles errores, le rogaría que cuando se refiera al
Grupo Parlamentario Mixto, Senador Cuevas, me mencionara, porque son
enmiendas que he defendido yo concretamente, corresponden a mi Partido, y
pueden identificarse con algún otro Grupo componente del Mixto.
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas números 1.005, 1.006, 1.007 y 1.008
son del Grupo Parlamentario Mixto, lo que ocurre es que están firmadas
por su portavoz, pero me abstendré de nombrarlo.
Por tanto, sometemos las enmiendas 1.005 a 1.008 a votación conjunta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 106; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda número 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 112; en contra, 127; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1.328 a 1.330, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Se someten conjuntamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, ocho; en contra, 127; abstenciones, 108.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 298 a 321, del Grupo Parlamentario Popular. Se someten
conjuntamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 103; en contra, 137; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la Sección 16 del texto del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 131; en contra, 107; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a iniciar las votaciones correspondientes a la Sección 17 y pido la
colaboración de sus señorías para no tener problemas.
Hay presentadas a esta Sección cinco enmiendas de modificación del
dictamen o transaccionales. Vamos a proceder con el mismo método que en
la sección anterior.
De las enmiendas individuales del Grupo Parlamentario Popular, la número
1.485, original del Senador Baltar Pumar, que se sostuvo por el Senador
Bris Gallego, está relacionada con una enmienda transaccional. Están
también las enmiendas del Grupo de Senadores de
Coalición Canaria a las que ya se ha hecho referencia en el transcurso
del debate.
Por tanto, pregunto si pueden someterse las demás enmiendas del Grupo
Popular individuales conjuntamente a votación. (El señor Utrera Mora pide
la palabra.)
Quizás el Senador Utrera me lo aclare. Tiene su señoría la palabra.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, aunque suponga una muy leve complicación, nosotros
deseamos nueve votaciones, y le detallo las enmiendas a incluir en cada
una de esas votaciones.
En la primera votación, las enmiendas números 1.448 y...
El señor PRESIDENTE: Perdóneme que le interrumpa un momento.
¿Tiene su señoría esa relación en un documento para pasarlo a la Mesa?
El señor UTRERA MORA: No, no lo tengo hecho.
El señor PRESIDENTE: No. Entonces tomaré nota en la medida de lo posible.
Senador Utrera, estoy dispuesto a tomar apuntes.
El señor UTRERA MORA: La propuesta de primera votación serían las
enmiendas números 1.448, 1.451, correspondientes al Senador Ainsa.
El segundo bloque de votación lo constituyen las tres enmiendas
siguientes: 1.468, 1.470 y 1.473, firmadas por la Senadora María del Mar
Agüero y otros Senadores.
El tercer bloque de votación lo constituiría la enmienda 1.574, de los
Senadores de Baleares del Grupo Parlamentario Popular.
El cuarto bloque de votación lo constituiría las dos enmiendas
siguientes: la 1.589 y 1.593, de los Senadores de La Rioja.
En la quinta votación las enmiendas 1.635, 1.636 y 1.638 correspondientes
a los Senadores de Soria del Grupo Parlamentario Popular.
En la sexta votación una única enmienda, la número 1.694, firmada por los
Senadores de la provincia de Cuenca. La enmienda 1.725, firmada por los
Senadores de la provincia de Valencia. Y, por último, la 1.796 y 1.812
firmada por los Senadores de Guadalajara. El resto se podrían votar
conjuntamente. (El señor Virosta Garoz pide la palabra.)
El señor VIROSTA GAROZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento complicar más esta votación.
El señor PRESIDENTE: Está en su derecho, señoría.
El señor VIROSTA GAROZ: Quiero solicitar que se voten independientemente
y, a su vez, conjuntas, la 1.587, 1.588, 1.592 y 1.596. Y en otro
bloque...
El señor PRESIDENTE: Podemos votar una por una si vamos a esta marcha.
El señor VIROSTA GAROZ: No es cuestión de capricho. Lamento complicarle
la vida a la Presidencia, pero tiene que ser así.
Le doy el otro bloque, señor Presidente: de la 1.782, en el orden en que
están, a la 1.724; 1.782, es que están desordenadas numéricamente, 1.785,
1.718, 1.719, 1.720, 1.723, 1.724, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731,
1.732, 1.734, 1.735, 1.736, están todas seguidas señor Presidente, hasta
la 1.743. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, me recomendaban que no
interviniese, pero le ruego que nos aclare la votación. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Careciendo de una ruleta es difícil aclarar las
cosas. Vamos a intentar efectuar las votaciones sin incurrir en dobles
votaciones, pero en todo caso no es fácil verlo con poco tiempo.
Se someten a votación, en primer lugar, las enmiendas 1.448 y 1.451
juntas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 111; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 1.468, 1.470 y 1.473.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 107; en contra, 132; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1.574.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 104; en contra, 126; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 1.589 y 1.593.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 105; en contra, 131; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1.635, 1.636 y 1.638.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 103; en contra, 130; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 1.587, 1.588, 1.592 y 1.596.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 106; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 1.694.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 107; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1.725.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 105; en contra, 133; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 1.796 y 1.812.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 105; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Senador Virosta nos pidió la votación de la enmienda números 1.782.
(El señor Barbuzano González pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, le rogaría que cuando
tenga la bondad, como tiene, de nombrar las enmiendas por su número
correspondiente, también tuviera la bondad de decir quién las presenta
para una mayor orientación de los que estamos sentados aquí. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: En realidad se trata de enmiendas individuales de
Senadores del Grupo Popular. No sé si considera necesario que lea sus
firmantes, pero estoy dispuesto. No son todos iguales, pero son todos
Senadores del Grupo Popular. (Risas.) ¿Su señoría está satisfecho con
esta indicación?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Yo estoy totalmente satisfecho con todo lo
que diga el señor Presidente. (Risas.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, Senador Barbuzano. Usted y yo debemos ser los únicos. (Risas.)
Enmiendas números 1.782, 1.785, 1.718, 1.719, 1.720, 1.723, 1.724, 1.727,
1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732, 1.734, 1.735, 1.736, 1.744, 1.745,
1.746, 1.747, 1.748, 1.738, 1.739, 1.740, 1.742 y 1.743, en tanto no
estén afectadas por votaciones anteriores. Perdón, Senador Virosta, ¿es
sólo desde la enmienda 1.724? (Asentimiento.)
Entonces, enmiendas 1.724, y las que he leído a continuación, hasta la
1.743. Se someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 106; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas individuales de los
Senadores y Senadoras del Grupo Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 106; en contra, 131; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 1.009 a 1.071. (El señor
Utrera Mora pide la palabra.) Senador Utrera, su señoría tiene la
palabra.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, deseamos votación separada, en un
bloque único, de las enmiendas números 1.010 a 1.027 y de la 1.039 a la
1.049.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, vamos a someter a votación, en primer
lugar, las enmiendas 1.010 a 1.027.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 106; en contra, 131; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1.039 a 1.049.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 107; en contra, 131; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente las restantes enmiendas, entre la 1.009 y la 1.071.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, cinco; en contra, 130; abstenciones, 106.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1.227 a 1.229, 1.238, 1.256, 1.259 a 1.264
y 1.268 a 1.286, del Senador Ramón i Quiles, que se someten a votación
conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 28; en contra, 127; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.--El señor Bayona Aznar
pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Me parece que la votación no refleja la voluntad del Grupo Parlamentario
Popular. (Protestas en los bancos de la derecha y aplausos en los bancos
de la izquierda.) Por tanto, mi Grupo no rechazaría que pudiera repetirse
la votación si así lo desea el Grupo Parlamentario Popular. (El señor
Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Ruiz-Gallardón, ¿usted no se dejará, claro?
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo entiendo que dentro de los hábitos socialistas hay algo que no se
entiende que ocurra a veces en mi Grupo Parlamentario, que es la libertad
de voto. Nadie se ha equivocado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Protestas en los bancos de la
izquierda y aplausos en los bancos de la derecha.--El señor Cuevas
González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
No doy más la palabra.
Senador Cuevas, ¿para qué me pide la palabra?
El señor CUEVAS GONZALEZ: Por una cuestión de orden, como se la ha dado
usted al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo
Parlamentario Popular.
Tengo el mismo derecho. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El diálogo está cerrado, señor Cuevas.
¿Qué me va a proponer?, ¿votar con el Grupo Popular?
El señor CUEVAS GONZALEZ: Lo que estoy pidiendo es la palabra, no quiero
proponer nada.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quiero decirle al señor Ruiz-Gallardón que ésa no es la práctica de
los socialistas, sino que es práctica de otra gente.
En cualquier caso, le diría al portavoz del Grupo Socialista que...
El señor PRESIDENTE: No se trata de un diálogo entre grupos.
Le retiro la palabra. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
Senador Barbuzano, vamos a intentar reconducir esto. (Fuertes rumores.)
¿Para qué me pide la palabra, Senador Barbuzano?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, le rogaría que, de acuerdo
con el Reglamento, continuasen las votaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Rumores.)
Vamos a someter a votación (Rumores.) las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto. (El señor Cuevas González pide la palabra.) Senador
Cuevas, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números... (El señor
Cuevas González pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Cuevas,
le he dado la palabra y se la he retirado. (Risas.) Senador Cuevas, le
ruego una lectura del Reglamento. Siéntese, por favor. (El señor Cuevas
González pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Cuevas, siéntese
en el escaño. (Risas y rumores.) Senador Cuevas, le hago una primera
advertencia de acuerdo con el Reglamento. (El señor Cuevas González
pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Cuevas, le he retirado la
palabra y le he hecho una primera advertencia. (El señor Cuevas González
pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Cuevas, le ruego que se
siente en el escaño. En mi despacho le daré a continuación las
explicaciones que su señoría requiera. Le ruego que se siente. (Rumores.)
Muchas gracias, señoría.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 2 a 37, así como las
enmiendas números 1.219, 1.220, 1.221 y 1.222. ¿Se pueden someter
conjuntamente a votación? (El señor Calvo Lou pide la palabra.)
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Recobrada la calma, quería decirle que se pueden votar conjuntamente
desde la enmienda número 2 hasta la 30, y luego la 36 y la 37. Le digo
esto porque de la número 31 hasta la 35 son de otra sección. Finalmente,
las números 1.219 a la 1.222, aparte.
El señor PRESIDENTE: Las que son de otra Sección no figuran. Por tanto,
vamos a someter a votación, en primer lugar, las enmiendas números 2 a 15
y 17 a 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 106; en contra, 132; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 36 y 37. Se someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 106; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restan por votar las enmiendas números 1.219 y 1.220.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 105; en contra, 132; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1.221 y 1.222.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 106; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene las
enmiendas números 1.331 a 1. 344, que se votan conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Solicito la atención especialmente del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, que mantiene como soporte de otras enmiendas
transaccionales las números 1.185, 1.186, 1.187 y 1.188, las demás fueron
retiradas.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
números 322 a 467, que figuran como votos particulares suscritos por
dicho Grupo Parlamentario.
¿Hay alguna indicación de votación separada? (Pausa.) Muchas gracias. Las
votamos conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 105; en contra, 132; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas transaccionales o de modificación del
dictamen, comenzando por la que está sustentada en la enmienda número
1.485, del Senador don José Luis Baltar Pumar, que sostuvo el Senador
Bris Gallego, Alta Sección 17, Servicio 17, Artículo 61, Programa 512A,
etcétera, importe 200 millones de pesetas.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Por favor, solicito unos minutos de atención.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 1.185 del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, Alta en la Sección
17, Programa 514C, Servicio 1715, Capítulo 6, Artículo 0, Concepto 1,
Regeneración litoral de Fasnia, Dotación 20 millones, Proyecto
94170153030; la baja no la leo, es a la Sección 31.
La segunda enmienda en relación con la número 1.186 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado es: Alta Sección 17,
Programa 514C, Servicio 1715, Capítulo 6, Artículo 0, Concepto 1, Paseo
Marítimo refuerzo costa del Puerto del Rosario, Dotación 10 millones,
Proyecto 94170152990; baja, sin más pormenor, Sección 31.
Enmienda transaccional sobre la enmienda número 1.187 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. Alta Sección 17, Programa 514-C,
Servicio 17 15, Capítulo 6, Artículo 0, Concepto 1, Paseo Marítimo
Refuerzo
costa Morro del Jable. Dotación 10 millones, Proyecto 94170152950. Baja
también Sección 31.
Por último, sobre la enmienda número 1.188 de ese Grupo Parlamentario
alta Sección 17, Programa 432-A, Servicio 1709, Capítulo 7, Artículo 6,
Concepto 2, a corporación local, Ayuntamiento de la Laguna para la
rehabilitación del Teatro Real. Dotación, 20 millones. Baja Sección 17.
¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobadas.
Así se declara e incorporada al texto del Dictamen de la Sección 17. La
sometemos toda ella a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 132; en contra, 112.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 18. Quizá el Senador Utrera me pueda facilitar también criterio
sobre agrupación de enmiendas individuales de los Senadores de su Grupo
Parlamentario.
El señor Utrera Mora: Señor Presidente, para esta Sección queremos
únicamente separar la enmienda número 1.444 para su votación, y el resto
serían englobadas en otra votación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, (EL Senador Ramón i Quiles pide la
palabra.) Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de la enmienda número 1.737.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra indicación al respecto? (Pausa.)
De las enmiendas suscritas por los Senadores del Grupo Parlamentario
Popular, comenzamos sometiendo la votación la enmienda número 1.444.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 105; en contra, 126; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1.737. Se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 104; en contra, 127; abstenciones, doce.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos conjuntamente a votación las restantes enmiendas de los
Senadores del Grupo Parlamentario Popular, con la excepción de la número
1.634 que fue retirada en el transcurso del debate por el Senador
Fernández Rozada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 105; en contra, 131; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 1.072 a 1.099.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, cuatro; en contra, 132; abstenciones, 107.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 1.208 del Senador Virosta Garoz.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 106; en contra, 126; abstenciones, once.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto números 31, 32, 33 y 40. (El señor Calvo Lou pide la palabra.)
Tiene la Palabra el Senador Calvo Lou.
El señor CALVO LOU: Señor Presidente, solicitamos que la enmienda número
33 se vote aparte.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, votamos la enmienda número 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, seis; en contra, 227; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 31, 32 y 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, ocho; en contra, 225; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos vamos a votar
conjuntamente las enmiendas números 1.346 a 1.360.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, siete; en contra, 128; abstenciones, 108.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado números 1.189, 1.190 y 1.191.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, siete; en contra, 230; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restan por votar las enmiendas números 468 a 476 del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 104; en contra, 133; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos la Sección 18 del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 132; en contra, 101; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Reanudamos el debate, con la Sección 19.
Antes de ello, diré que, consultados los portavoces sobre la base de que
intentaremos suspender la sesión alrededor de las doce, en todo caso sus
señorías deben saber que en ningún caso pasaremos al debate de la Sección
24. Nos detendremos en la Sección 22, en todo caso.
Las enmiendas números 1.100 a 1.105, del Grupo Parlamentario Mixto, se
entiende que han sido dadas por defendidas.
Formalmente, los enmendantes individuales del Grupo Parlamentario Popular
a todas las Secciones han manifestado que todas ellas las dan por
defendidas.
Correspondería en este caso el turno al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Pregunto al Senador Caballero si se dan por defendidas. (Asentimiento.)
Se dan por defendidas y se someterán en sus términos a votación.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Travieso Darias, para la defensa de sus enmiendas
1.192 y 1.193.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendida la transaccional 1.192 y retiramos en este momento la
enmienda 1.193.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas números 477 y 480,
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve en la defensa de las enmiendas que presenta mi grupo
a esta Sección 19, que son una enmienda de veto, la 477, y las enmiendas
parciales 478, 479 y 480, como acaba de indicar el señor Presidente, que
hacen referencia al Organismo 101, Instituto Nacional de Empleo.
La primera de las citadas enmiendas, es decir, la 477, lo es a la
totalidad de la Sección, como antes ha manifestado, por lo que
solicitamos su devolución al Gobierno con objeto de que sean reelaborados
sus Programas, de tal forma que puedan ganar en eficacia para poder
cumplir lo que deben ser los objetivos prioritarios del Ministerio.
Decimos esto porque nosotros entendemos que el Presupuesto del Ministerio
de Trabajo, tal y como se presenta en estos Presupuestos, pese a su
crecimiento cuantitativo, que lo tiene, es indudable, con respecto al de
1993, no es adecuado para acometer el cambio de las relaciones laborales,
pues aun cuando es cierto que hay que efectuar esa modificación de los
esquemas de estas relaciones por su inadecuación y obsolescencia, no es
menos cierto que esos esquemas hay que modificarlos también debido a los
defectos de gestión y de aplicación de los Programas del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
Anticipándome a lo que es posible que se me vaya a decir, porque ya se ha
dicho en otras intervenciones, insisto en que nuestra solicitud de
modificación de los Programas del Ministerio es sumamente respetuosa con
ese otro, por otra parte, importante objetivo --importantísimo-- que es
la corrección del déficit público y del déficit presupuestario que, como
todo el mundo sabe, son dos obstáculos más importantes para la creación
de empleo y la realización de inversiones que sean capaces de crear y
generar ese empleo. Son unas enmiendas, señores del Grupo Parlamentario
Socialista, que ni son catastrofistas ni tienen la intención de arruinar
al país, como continuamente se nos acusa desde el Grupo que apoya al
Gobierno.
Pensamos que los Programas del Ministerio deben potenciar las políticas
activas de creación de empleo frente a las políticas pasivas, que son las
comunes, que son las que prevalecen en estos Presupuestos y son las que
están primando en la política del Ministerio.
Por otra parte pensamos que el Gobierno, a través del Ministerio, debe
dejar a un lado su tacañería en la concesión de medidas fiscales y
tributarias favorables a esas políticas activas, por ejemplo en materia
de Formación Profesional.
Pensamos, asimismo, que debería de haberse tenido en cuenta en la
estructura presupuestaria del Ministerio la voluntad de dar cumplimiento
a la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General de Presupuestos
del año 1993, que establecía que las prestaciones por desempleo serían
gestionadas por el Instituto de la Seguridad Social. Quizá ya no piensan
ustedes realizar esta transferencia de esta importantísima gestión.
Nosotros creemos que, si es así, deberían de decírnoslo y explicarnos por
qué se hace.
Decía al principio de mi intervención que deben de reelaborarse los
Programas del Ministerio para que éstos ganen en eficacia. No entendemos
muy bien y no nos explicamos por qué, por ejemplo, en el Programa 311-B,
Inspección y control de la protección social, Programa que, según
ustedes, tienen el mayor interés en potenciar para controlar el fraude,
sufre importantes recortes para dotarse de más inspectores y
controladores. Lo mismo ocurre con las dotaciones para los Programas del
Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el trabajo y el límite de
las plantillas que sufre el Fondo de Garantía Salarial.
En cuanto al Ministerio de Trabajo como gestor de la protección social,
es decir, del sistema de la Seguridad Social e INEM: del primero ya nos
hemos ocupado y nos vamos a ocupar en la Sección 60, y por lo que se
refiere al Instituto Nacional de Empleo, organismo que lleva tres años
incumpliendo los presupuestos, hablar del mismo, sobre todo en lo que es
su déficit, principalmente en las prestaciones por desempleo, convendrán
conmigo sus señorías que es una tarea ardua y muchas veces desesperante,
o por lo menos a este Senador que le habla así le ocurre, debido siempre
a las múltiples contradicciones que se vienen dando en este tema.
Presentamos tres enmiendas, una de las cuales es de impugnación al
presupuesto del organismo 101, como decían antes, que es el INEM, y las
otras dos los son de una propuesta de reasignación de programas,
conducentes, precisamente, a promocionar políticas activas de empleo.
Por último, no entendemos, por ejemplo, cuáles son las razones por las
que el importantísimo programa 322-A reduce las acciones de apoyo a la
creación de empleo, cuál es la distribución de créditos asignados en el
programa 324 A, Formación Ocupacional, Parados y Ocupados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero agradecer la declaración que ha hecho el representante
del Partido Popular, porque me parece que lo ha hecho en un tono
correcto, intentando comentar lo que desde su punto de vista es
deficiente en estos presupuestos, y me parece que he de hacerlo notar en
la tribuna porque este comportamiento debería ser habitual en todos los
Senadores.
En primer lugar, rechazamos las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco
en los mismos términos en que han sido defendidas. En segundo lugar,
exactamente igual las enmiendas de Izquierda Unida, en los mismos
términos en que han sido defendidas. Y voy a tratar de analizar las
enmiendas que ha presentado el Partido Popular.
La verdad es que de las razones que ha planteado el representante del
Partido Popular no se deduce, como voy a intentar demostrar, ni que este
presupuesto del Ministerio tenga que ser devuelto, ni que tenga que ser
devuelto, por ende, el presupuesto del INEM.
Ha hecho algunas observaciones sobre cómo hay que reelaborar los
programas. Dice que el presupuesto del Ministerio crece, pero mal; que no
es adecuado, debido a su defecto en la aplicación económica de los
programas, para, a renglón seguido, hablar de la importancia que tiene el
déficit público, como elemento generador o desactivador del crecimiento
económico. Seguidamente plantea la contradicción entre políticas activas
y políticas pasivas como elemento fundamental, de nuevo, para señalar la
inadecuación de este presupuesto. Sigue, posteriormente, hablando de la
necesidad de medidas fiscales para primar la formación profesional en el
seno de las industrias, y finalmente plantea una ineficiencia de la
inspección al reducir, según sus palabras, el presupuesto exactamente
igual en la Seguridad e Higiene que en el programa de Fomento a la
Creación de Empleo.
Por contra, yo creo que el presupuesto del Ministerio es adecuado a las
circunstancias por las que atraviesa la economía de nuestro país,
teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo no es un instrumento de
generación de empleo, sino que es un elemento instrumental que puede
facilitar la creación de empleo o ciertamente la puede retrasar. Todas
sus señorías conocen perfectamente que la creación de empleo es la
consecuencia
de múltiples causas macroeconómicas infraestructurales de política
fiscal, de política industrial, de política formativa, y que, en
consecuencia, el conjunto de estas causas, junto con la reforma del
mercado laboral, es lo que puede determinar que el producto final sea
competitivo y de ahí se derive como consecuencia la creación de empleo
abundante o el sostenimiento del empleo en estos momentos.
Por consiguiente, coincidimos en que uno de los objetivos de este
presupuesto es luchar contra el déficit público. Por eso este presupuesto
se mueve entre el rigor de la lucha contra el déficit público en tanto en
cuanto hemos planteado que el déficit público es un elemento que puede
facilitar la bajada de los tipos de interés y, en consecuencia, la
modernización tecnológica o industrial, al tiempo que tiene que dar
respuesta a las demandas insoslayables de los ciudadanos que necesitan
protección social, bien para reincorporarse al mundo del trabajo, bien
para posibilitar el acceso por primera vez al mismo. Por eso es un
presupuesto que crece de forma importante: un 23 por ciento. Ustedes
comprobarán qué significa una cifra como ésta cuando estamos en una
batalla fundamental contra el déficit público.
Pero al mismo tiempo, lo que sí se produce es una reducción en gastos
corrientes, en gastos de personal, que permite declarar a éste como un
presupuesto riguroso y restrictivo, al tiempo que el crecimiento se debe,
sin duda, a que tiene que dar respuesta a una de las consecuencias de la
crisis económica: la protección a los desempleados.
En esta dinámica de reducción de gastos y de ampliación de los necesarios
para trasladar la solidaridad allí donde más se necesita en una situación
de crisis, es donde nosotros vemos el elemento de crecimiento de este
presupuesto de forma positiva. Crece en un 11 por ciento --y estoy
hablando ya de la partida más importante, el INEM--, dedicando a los
desempleados dos billones 300.000 pesetas, cifra equivalente al 8 por
ciento del gasto total del Estado. Pero al mismo tiempo, este aumento en
el gasto para proteger a los desempleados no se hace aumentando las
cotizaciones de los empresarios, sino aumentando de forma sustancial las
aportaciones del Estado. En un año en que el objetivo central es la
creación de empleo, lo que se produce es una disminución de la aportación
de los ingresos de las cotizaciones sociales y una aportación del Estado
del siguiente tenor: del 32 por ciento en 1993 al 40 por ciento en 1994 y
en prestaciones sociales del 63 por ciento en 1993 al 56 por ciento en
1994.
Quiero resaltar que en una situación de desempleo tan extraordinariamente
importante y grave como la que tenemos, la cobertura del desempleo viene
a cubrir aproximadamente el 77 por ciento de los desempleados. Por poner
un punto de referencia, en 1988, con tres millones 100.000 parados, la
cobertura del desempleo era del 44 por ciento. En 1994, con dos millones
679.000 parados, un 17,4 de la población, el volumen de desempleados
cubiertos con el desempleo es del 77 por ciento. Esto significa un
extraordinario esfuerzo de esta sociedad para dar cobertura a uno de los
elementos más difíciles por los que puede atravesar un ciudadano: la
pérdida de su autonomía o de su libertad por carecer de empleo.
Además, en estos presupuestos no solamente se intenta proteger, como he
dicho, lo que es un derecho subjetivo de los ciudadanos, sino que,
además, se intentan aplicar unas políticas activas que están precisamente
en la dirección contraria a la que se planteaba por parte del Portavoz
del Grupo Popular.
Si nosotros gastamos mucho en políticas pasivas es porque es
imprescindible dar cobertura al desempleo en una situación tan
extraordinariamente peligrosa como la que tenemos en el país. Dígame si
es posible quitar ni un solo duro de las prestaciones, salvo de aquellas
que se consiguen de forma fraudulenta, y hablaremos posteriormente de qué
es lo que intentamos hacer con el posible fraude que pueda haber en este
tipo de prestaciones.
En segundo lugar, tiene usted razón en cuanto a las políticas activas. La
importancia de la formación profesional radica en que es un instrumento
estratégico para crear empleo, la llave que va a abrir las puertas del
futuro, no sólo a los ciudadanos que no tienen empleo, a aquellos que han
perdido su trabajo, a los parados de larga duración, sino a quienes,
perdiendo su empleo, pierden su cualificación porque la sociedad no
demanda la especialidad que tenían.
Por consiguiente, es imprescindible no sólo formar a los parados, dando
preferencia a los de larga duración, sino reciclar a los trabajadores
activos para que su capacidad, su capital humano, pueda adecuarse a las
nuevas demandas del mercado, incluso en el seno de la propia empresa. Por
eso se dota a este Capítulo con 27.000 millones más que el año pasado y
de nuevo aparece como otro de los básicos de este proyecto, intentando
determinar el instrumento estratégico por excelencia para hacer frente al
empleo del futuro.
Además, se da un extraordinario salto por lo que se refiere al reciclaje
de los trabajadores en activo y pasamos a disponer de cerca de 40.000
millones de pesetas que garantizan la posibilidad de que los empresarios
reciclen a miles de trabajadores, lo que les permitirá ser más eficientes
en la competitividad de sus industrias o, en último extremo, les
posibilitará puertas de salida para el caso de que esas empresas cierren
como consecuencia de la crisis.
Al mismo tiempo, existe otro elemento que forma parte de esta política
activa, las escuelas-taller, que, como usted sabe, constituyen uno de los
mejores instrumentos que tenemos en este momento en nuestro país para
combinar formación teórica y práctica, dando salida
a miles de jóvenes cuyo problema fundamental era el fracaso escolar de
casi todos ellos.
Sin embargo, creo que la política activa no termina aquí. Antes se ha
hablado del desempleo, y querría hacer una reflexión acerca de si, por
ejemplo, los expedientes de SEAT suponen una política activa o pasiva de
empleo. Los expedientes de tantas empresas en dificultades que, durante
un tiempo, pasan a formar parte del desempleo, pagado con los fondos
públicos, ¿constituyen una política activa o pasiva? Si no existiese este
mecanismo, cuando las empresas están en situación de crisis, ¿podrían
soportar el volumen total de la plantilla? ¿Si esas circunstancias no se
produjeran, se iría a la quiebra?
En consecuencia, creo que también existe una política indirecta activa
industrial que facilita la recuperación económica de muchas industrias y
posibilita que muchos trabajadores vuelvan a recuperar su empleo, lo que,
de otra forma, hubiese sido absolutamente imposible.
Otra forma de creación de empleo es la que se lleva a cabo a través de
los convenios con las corporaciones locales que, si bien es cierto --he
de reconocerlo-- que disminuyen este año, se debe a la lógica inexorable
de ajustar al máximo las partidas para no desencadenar un déficit público
que tenga consecuencias negativas en la creación de empleo.
También podría citarle la partida destinada al fomento de empleo,
fundamentalmente, de empleo fijo y para aquellos colectivos que tienen
más dificultades, como los minusválidos, las mujeres subrepresentadas,
los jóvenes, o los mayores de cuarenta y cinco años. Y por qué no hablar
de la economía social en este departamento, como otro elemento que puede
dar respuesta a la creación de empleo en pequeñas unidades industriales
de forma cooperativa.
Sin embargo, no creo que termine aquí todo. Usted sabe perfectamente que
en estos momentos va a producirse una profunda transformación del INEM,
que tiene que mantener como objetivos ser un instrumento de fomento del
empleo y una mayor información, colocación y seguimiento; es decir, una
mejor intermediación en el mundo del trabajo, suprimir sus trabas
burocráticas y eliminar su monopolio como instrumento de creación de
empleo.
En este sentido, he de manifestarle que, efectivamente, el traspaso del
pago de las prestaciones se hará tal como está previsto, pero la
complejidad del mismo ha aconsejado la pausa en el traslado. Sin embargo,
no le quepa la menor duda de que el INEM del inmediato futuro reunirá las
características que he planteado.
Por consiguiente, con estos presupuestos veo que existe un intento serio
de reforzar la protección social en momentos de graves dificultades, un
apoyo a la creación del empleo, fundamentalmente, por la vía de la
promoción profesional, y que se intenta mejorar la gestión a través de la
persecución del fraude. Ahí tiene usted razón. No es posible pedir
sacrificios a los ciudadanos si éstos no descubren que sus dineros, los
dineros de sus esfuerzos se emplean con eficacia. Por eso, usted sabe que
se ha creado una unidad especial para el estudio y propuestas de medidas
para la prevención y corrección del fraude no hace mucho tiempo y que en
el Consejo de Ministros del 18 de octubre de 1993 se designó sus
integrantes.
Por parte del Ministerio de Trabajo no solamente no disminuye el
presupuesto, sino que usted sabe perfectamente que aumenta en un 11 por
ciento. Es el tercer elemento de refuerzo, porque aumentar aquí significa
reducir costes, porque una inspección más potente puede recuperar gastos
que habían sido prestados de forma injusta y fraudulenta.
Por eso, se van a establecer una serie de acciones centradas en las
contrataciones irregulares, fundamentalmente allí donde más riesgo hay de
fraude, y estoy hablando de toda la costa mediterránea, de las islas, de
Madrid, de Sevilla, de algunas provincias gallegas o de Zaragoza; estoy
hablando de que un 30 por ciento de los efectivos se dediquen a analizar
los posibles fraudes en el REAS; estoy hablando de inspecciones, unas
250.000 intervenciones en aquellos que reciben prestaciones por desempleo
y aquellos empresarios, del orden de 5.000 intervenciones, que reciben
ayudas como fomento de empleo y que no las utilizan de forma correcta y
sí de forma fraudulenta.
Por consiguiente, nosotros creemos que este presupuesto sí tiene las
garantías que permitan luchar contra el fraude para gastar correctamente
los dineros cuantiosos que los ciudadanos españoles solidariamente
plantean para dar cobertura a aquellos que están en estos momentos --el
77 por ciento-- en desempleo.
En cuanto a algunos otros aspectos que usted me planteaba, como la
seguridad e higiene, le diré que no tenga excesivo temor. El presupuesto
de seguridad e higiene, que no se libra, como ninguno de los otros, de
los recortes, no va a impedir desarrollar todos los planteamientos
estratégicos que combatan o faciliten la lucha contra la inseguridad o
contra las dificultades de la salud de los trabajadores en los centros de
trabajo. Es cierto, y usted lo sabe, que la labor preventiva deben
desarrollarla los propios empresarios en el seno de las industrias y que
solamente cuando falla la prevención es cuando hay inspecciones y un
importante volumen de visitas, relacionadas también en los programas del
Ministerio, para luchar contra el fraude que atente contra la salud y la
seguridad de los trabajadores de forma cuantiosa.
En definitiva, y con esto acabo, es un presupuesto, desde mi humilde
parecer, riguroso y expansivo en tanto en cuanto lo necesita la cobertura
social; es un presupuesto que intenta dar respuesta al problema básico de
la capitalización humana, elemento fundamental del
crecimiento económico del futuro, y es un presupuesto que trata de
ahorrar persiguiendo el fraude, para que los ciudadanos no vean que sus
impuestos, pagados con esfuerzo y sacrificio, no se malgastan inútilmente
por una mala gestión.
Con esto doy por terminada mi intervención, anunciando que nos oponemos,
en consecuencia, a sus enmiendas.
Pero antes de finalizar, le rogaría que no entran en contradicciones. Por
un lado, nos dice que hay poco dinero para la promoción de empleo de
forma directa y una de sus enmiendas pretende retirar parte del dinero
dedicado a la creación de empleo fijo y estable para pasarlo a la
formación ocupacional, que si bien es cierto que es un objetivo
estratégico, debe usted tener en cuenta, por una parte, que la retirada
de estos fondos significaría la pérdida de un importante volumen de
dinero de los fondos sociales europeos, ya que es una partida
cofinanciada, y, por otra, que es un momento donde la prima a
determinados colectivos debe ser necesaria para su incorporación al mundo
del trabajo, por lo que estoy de acuerdo con usted en que esta partida
tendría que tener mucho más dinero si las posibilidades financieras del
país se lo permitiesen.
Por otro lado, su enmienda plantea una retirada de fondos de las
escuelas-taller y usted sabe que este programa, si se retiran estos
fondos, quedaría inutilizado y, por consiguiente, se paralizaría uno de
los mejores instrumentos --y estoy de acuerdo con usted-- para
desarrollar el programa estratégico básico del futuro que es la formación
ocupacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Franco Gutiez.
Abrimos el correspondiente turno de Portavoces.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos renuncia al
turno.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado tiene la
palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no sé si procede en este momento, pero quiero preguntar al
señor Presidente, en aras a la agilidad y brevedad del debate, si puedo
dar por defendidas el resto de las enmiendas a las Secciones 20.ª, 21.ª,
26.ª y 27.ª y, a su vez, la número 1.199, transaccional a la Sección 24,
y dar por retirada en este momento la número 1.198, de esa misma Sección.
Con eso completaríamos todas las enmiendas que le faltan a nuestro Grupo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
También quiero agradecer el tono en la réplica del Portavoz socialista, y
decirle que pedimos la devolución, como creo que ya le he explicado,
porque entendemos que este Presupuesto no responde a lo que debe ser el
papel clave de esta Sección, es decir, a la estructura administrativa que
ha de ser el soporte del cambio que en las relaciones laborales
pretendemos para este país, pretensión que creo que comparten todos los
Grupos de esa Cámara.
Además, ya he ido pormenorizando los cambios que proponemos en los
Programas que, fundamentalmente, lo que pretenden es la potenciación de
las políticas activas de creación de empleo, que usted dice que están
suficientemente dotadas en los Presupuestos. Mire, señoría, frente a los
328.000 millones que se destinan a políticas activas, en muchos casos
discutibles, hay que oponer casi 3 billones para las políticas pasivas
que suponen las prestaciones por desempleo, aumento, además, que ustedes
se apuntan como un éxito llamándolo «incremento de la protección social»,
cuando en realidad no es más que el pago de una consecuencia del
galopante desempleo que ha creado su equivocada política económica.
Dicen ustedes, además, que crecen las políticas activas. Sí señor, crecen
exactamente, en relación con el año anterior, 1993, el 0,27 por ciento;
pero no es extraño que este crecimiento sea tan insuficiente y tan
pequeño ya que está claro que las políticas activas se ven aplastadas por
las políticas pasivas, con lo que están impidiendo que podamos pasar a
hacer algó útil y práctico en la creación de empleo, al menos según
nuestros criterios.
En cuanto a las diferentes inspecciones de trabajo, usted da cifras y
datos, pero según los indicadores, recogidos en los propios Presupuestos,
estas inspecciones no sólo no avanzan sino que también retroceden frente
a los Presupuestos Generales de 1993. Siendo así, entendemos mal cómo van
ustedes a «proteger la protección», como dicen, y cómo van a perseguir el
fraude que, según ustedes, es un objetivo prioritario si disminuyen las
plantillas de inspectores y controladores.
En cuanto al temor por la siniestralidad laboral y la seguridad e higiene
en el trabajo, permítame que le diga que en mi Comunidad Autónoma,
Castilla y León, en 1992 ocurrieron 60.000 accidentes, y en 1993 han
fallecido, en accidentes laborales, 70 trabajadores, y miles han sufrido
heridas graves en estos accidentes. Por tanto, que no le extrañe mi
preocupación en esta materia.
También le he apuntado, y no me ha contestado, las demoras que viene
sufriendo un asunto tan importante como es la tramitación de los
expedientes del Fondo de Garantía Salarial, expedientes que, como usted
sabe muy bien, van en aumento debido a dos factores: a la crisis
galopante que padecemos y, como yo le digo, a lo limitado de sus
plantillas. No podemos estar de acuerdo, señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, con recortes en estas partidas, tan importantes
a nuestro juicio, mientras se mantienen en esta y en otras Secciones
cuantiosos gastos corrientes, en muchos casos superfluos.
En cuanto a que el presupuesto del Ministerio ha crecido, es cierto; ha
crecido un 20,6 por ciento en relación con el de 1993, pero también
sabemos todos que este crecimiento se debe a que hay que aumentar las
partidas de desempleo que se derivan, fundamentalmente, del aumento de la
desviación de los gastos del INEM, y su señoría tampoco me ha dado muchas
explicaciones sobre las «anomalías» --lo digo entre comillas-- en la
gestión del INEM.
Le voy a dar un dato en lo que se refiere al incumplimiento sucesivo de
los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo. Según la liquidación
remitida a esta Cámara, que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado para 1994, se produce una modificación de crédito en el Programa
de Prestaciones por Desempleo de un billón, 116.000 millones, y no los
870.000 que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado --eso al
menos es lo que refleja la liquidación de 1993 que se nos entrega con los
Presupuestos--, y con éste son ya tres años --repito-- en los que esto se
viene produciendo. Esperamos que este borrón y cuenta nueva que ustedes
pretenden hacer con estas transferencias de crédito sea de una vez para
todas y sea una realidad.
Me voy a referir a otra contradicción. El 25 de junio de 1992, cuando
aprobábamos otro crédito extraordinario para cubrir el déficit de 1990,
nos daban ustedes unas cifras sobre la situación, y en junio de 1993, es
decir, este mismo año, y para cubrir el déficit de 1991, nos han dado
otras. Los datos sobre cuentas extrapresupuestarias, déficit, remanentes
de Tesorería, etcétera, cada vez son diferentes, y, como le decía también
en mi exposición, a mí por lo menos me sumen en una casi total y absoluta
confusión; no termino de salir del marasmo de las cifras del INEM.
Por otra parte, en el avance de liquidación del Presupuesto de 1993 se da
una previsión total de gastos de tres billones, 177.664 millones de
pesetas; las previsiones iniciales de gasto para 1994 son de dos
billones, 305.200 millones de pesetas, es decir, 872.354 millones menos
de previsión inicial de gastos que en 1993. Nos gustaría saber si de
verdad usted cree que se van a gastar todo ese dinero de menos o si, por
el contrario, les va a volver a ocurrir lo que les ocurrió en el
ejercicio de 1992, en el que gastaron dos billones, 408.122 millones de
pesetas, cuando las previsiones iniciales para 1993 eran de dos billones,
71.650 millones de pesetas, es decir, 336.470 millones de menos. Está
claro que les han salido a ustedes las cuentas como les han salido.
Quiero preguntarles también por qué presupuestan ustedes siempre tan mal
los gastos, cosa que, como decía antes, parece ser que viene siendo
práctica corriente en el Instituto.
Por último, en el avance de la liquidación del Presupuesto de 1993, en el
capítulo 4, Transferencias, aparece un billón, 537.561 millones de
pesetas, cantidad en la que se incluye un crédito extra, próximo a
concederse, de 407.000 millones de pesetas. Pues bien, pese a ello --y
siempre según los datos que ustedes nos facilitan--, entre los derechos
reconocidos y las obligaciones reconocidas aún existe una diferencia de
316.379 millones de pesetas; es decir, aún faltarían --según estas
cuentas que he realizado yo-- cientos de miles de millones de pesetas.
Respecto a las escuelas-taller, sabe muy bien su señoría lo que opinamos
de este Programa porque lo hemos manifestado en un informe especial que
se hizo en la pasada legislatura. Y sabe, además, que nos oponemos y nos
ha parecido mal el recorte que hacen en este Programa de 3.000 millones
de pesetas. En nuestra enmienda número 479, a la que usted aludía, lo que
pretendemos es que los recortes, que parece que es necesario hacer, se
soporten en una mayor medida en los salarios de los alumnos, pues creemos
que es preferible que los recortes se hagan en beneficio de los parados.
A eso se debe llamar solidaridad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Con la misma brevedad y la misma cordialidad,
deseo manifestar mi oposición a los planteamientos que el Senador Lobo ha
desarrollado, empezando por las escuelas-taller.
A pesar de que la dotación de las escuelas-taller, señor Lobo, se reduce
en 3.000 millones de pesetas, aproximadamente, ésta se ha producido por
la vía de ahorro salarial. Sin embargo, yo a usted le garantizo que este
año va a haber más alumnos formados en las escuelas-taller que el año
pasado, con un menor volumen.
El problema que usted nos plantea --estando o no de acuerdo con su
pretensión-- es que, si lo desarrollamos, paralizamos el programa, porque
en estos momentos éste es un programa de empleo y formación, y el
componente empleo significa salarios. Por consiguiente, si no quiere
usted paralizar este Programa, que usted como yo sabemos que es uno de
los programas de formación de empleo más extraordinariamente logrados del
conjunto de España, yo le agradecería que retirase esta enmienda.
En segundo lugar, hablaba usted de la Inspección. El próximo año hay
programadas, como poco --con independencia de las que puedan
desarrollarse en provincias--,
del orden de 650.000 visitas de la Inspección en todos los ámbitos; en el
ámbito de la Seguridad Social, en el ámbito de la irregularidad laboral,
en el ámbito de las ayudas concedidas a los empresarios para el fomento
de empleo y en ámbito de la seguridad e higiene.
Bien es verdad que existe --y usted lo sable, porque nosotros hemos
trabajado en ello y pronto continuaremos el trabajo en la Comisión sobre
la siniestralidad laboral en la construcción-- en nuestro país el grave
problema de los accidentes laborales, pero también es verdad que, a pesar
de la existencia de un Instituto de Seguridad e Higiene, si no existe una
conciencia colectiva clara, tanto de empresarios como de trabajadores, es
muy difícil que pueda modularse tan siquiera el problema del índice de
siniestralidad, amén de haber puesto un 0 o un 1,2 por ciento más en los
presupuestos.
Lo que yo le decía a usted, y lo vuelvo a repetir, es que la dotación de
los programas estratégicos del Instituto, cuales son la comunicación con
las empresas y el apoyo técnico a las empresas, no solamente no va a
disminuir, sino que se va a aumentar, porque los gastos se van a reducir
por la vía de la inversión, que es uno de los recortes que se producen,
teniendo en cuenta que a la hora de elegir hemos optado por lo que puede
ser menos nocivo, para seguir combatiendo el problema de la antisalud de
los trabajadores.
También quiero decirle que, efectivamente, en el presupuesto del año 1994
hay 800.000 millones menos, habiendo más desempleados, y usted sabe
perfectamente por qué es: porque en esos tres billones y pico de 1993 se
encuentra la regularización de las cuentas de los años 1986 a 1992;
regularizado eso, y regularizado también el desfase que hay de
trescientos y pico mil millones de este año, empezamos con el contador a
cero. Nosotros confiamos en que las medidas que el propio Gobierno está
planteando desde el punto de vista económico, fiscal, formativo y desde
el punto de vista de infraestructuras, junto con la bajada de los tipos
de interés y junto con la reducción del déficit público, pueden ir
creando las condiciones que nos permitan terminar el año sin mayor
volumen de déficit, para lo cual ya hemos hecho una enmienda en la propia
Ley de acompañamiento, mediante la cual el posible déficit por la
retirada de una de las propuestas del Gobierno venía cubierta por el 0,5
por ciento de la cuota de los trabajadores.
Yo creo, señor Lobo, que el presupuesto de este año va a posibilitar el
desarrollo de todas las políticas de reforma del mercado laboral que
están en estos momentos encima de la mesa. Usted sabe ya perfectamente
que el Consejo Económico y Social ha dado su opinión al respecto de la
reforma, que ya hay luz verde para que pase al Consejo de Ministros y
para que pronto venga a la Cámara la reforma del Estatuto de los
Trabajadores. Y uno de los elementos más importantes de esta reforma es
la política activa del INEM, que no consiste en tener más dinero, sino en
utilizar mejor los recursos que tenemos en estos momentos, cuando uno de
los temas básicos de esa política, que es la formación profesional,
recibe un 33 por ciento más. Eso denota exactamente en qué dirección va
encaminada la política de fomento de empleo o política activa del
Gobierno.
En cuanto al problema de las políticas activas y las políticas pasivas,
efectivamente, tendríamos que tener más dinero para las políticas
activas: para formación profesional, para mejorar las expectativas de
generación de empleo, para apoyos fiscales de todo ámbito, pero usted
sabe que en estos momentos tropezamos con el otro equilibrio: la lucha
contra el déficit público y el riesgo que significaría aumentarlo porque
eso significaría comer hoy y tener hambre mañana; significaría crear una
nueva enfermedad dentro del intento de saneamiento de la macropolítica
déficit público subida del IPC, que podría dar al traste con todos los
objetivos de saneamiento de la política económica e industrial.
En consecuencia, nos movemos entre dos equilibrios, y, dentro de estos
equilibrios, intentamos objetivar qué es lo prioritario. Y para nosotros,
señor Lobo, lo prioritario en estos momentos de graves dificultades es
cubrir el desempleo, por un lado, y dedicar el máximo volumen de recursos
a la política activa por excelencia que es la política estratégica de
formación, de recuperación del capital humano, por otro. En consecuencia,
vigilar que esos dineros se gasten con objetividad y vayan a aquellos que
lo necesitan, no a aquellos que se aprovechan de la solidaridad para
recibir unos recursos que contribuyen a hacer más dificultosa la propia
salida de la crisis. Por eso nosotros pensamos que las medidas que están
en marcha de la reforma del mercado laboral, fundamentalmente, la reforma
del INEM, encuentran perfectamente sitio en estos Presupuestos. Y yo
espero, al menos, que cuando usted y yo revisemos el próximo año estos
presupuestos podamos haber llegado a la conclusión que en estos momentos
estoy planteando. Modestamente opino que son los presupuestos que mejor
se adecuan a la situación actual, aunque qué duda cabe que podía haber
otras alternativas desde su punto de vista más eficaces. Nosotros no lo
creemos así y por ello manifestamos nuestra opinión a sus enmiendas y, en
consecuencia, el deseo de rechazarlas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la Sección 20. Las enmiendas
individuales del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Popular se dan por
defendidas. Asimismo, se dan por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Unceta para la defensa
de sus enmiendas, números 482 a 529.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 49 enmiendas a la
Sección 20. De ellas, la número 481 como veto a la totalidad de la
Sección y las números 482 y 483 solicitando la devolución al Gobierno de
los Programas 422 H y 722 D. Señor Presidente, ateniéndonos al tiempo
disponible, vamos a agrupar algunas enmiendas, tratando de argumentar de
forma conjunta los condicionamientos que nos han llevado a la
presentación de las mismas.
Señor Presidente, señorías, comenzaré primero con el veto a la totalidad
de la Sección 20, defendiendo también la enmienda a la totalidad del
Programa Formación del Personal en el ámbito organizativo industrial, y
la número 483, que también es de devolución de un Programa. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Las 46 enmiendas
restantes, que son prácticamente de modificación de créditos, dado su
carácter y por creer que su justificación está suficientemente
explicitada, las damos por defendidas en sus justos términos, aun cuando
hagamos de forma genérica alguna referencia a las mismas.
Señorías, el veto a la totalidad de la Sección 20 tiene motivos y causas
claras. Si juzgamos los resultados de la política industrial en la década
socialista más que con palabras, con hechos y con resultados, la
valoración que podemos hacer es que nos ha llevado a una grave
desindustrialización y a un enorme costo en cuanto a destrucción de
empleo.
Señorías, desde 1982 a 1992 el sector industrial cayó en seis puntos con
relación al PIB. En Europa también, pero cayó la mitad. En el año 1993 la
caída ha llegado a 1,3 puntos a mayores, y el acumulado de la década nos
sitúa en 7,3 puntos, según todos los indicadores. Y si éste es el
resultado de la participación de la industria en el PIB, hay que
preguntarse cuál ha sido la evolución del empleo en el sector industrial
en esta década. Desde 1982 a 1992 en el sector industrial, por
diferencial, no se creó ningún empleo, sino que se destruyeron alrededor
de 200.000. Y este dato, verdaderamente escalofriante, sobre el empleo,
ha alcanzado el cénit del desastre en 1993. En los últimos doce meses se
han destruido alrededor de los 300.000 empleos, y el futuro que
desgraciadamente se nos viene encima, y que además nos anuncia el propio
Gobierno, es verdaderamente alarmante. El 10 por ciento, señorías, de los
empleos industriales de nuestras empresas manufactureras ha desaparecido
en un año. Esta es la realidad, éstos son los resultados de la aplicación
presupuestaria y de la política económica de los Gobiernos Socialistas
que hasta hoy hemos tenido. Estos son los resultados y no se pueden
cambiar, y no crean que quien está en la tribuna en este momento muestra
alegría, sino todo lo contrario, tristeza, ante este balance, política y
personalmente.
No comprendemos el continuismo, señorías, de los programas y política
industrial del Gobierno socialista en los presupuestos para 1994 del
Ministerio de Industria y Energía. El desarrollo de la política económica
socialista, el cual, como ustedes conocen, está indexado en la política
industrial de nuestro país, muestra hoy una triste situación. Esta
política ha llevado a los sectores productivos manufactureros a esta
situación. Y, en este contexto, los presupuestos de la Sección 20 para
1994 continúan pintando un desarrollo continuista de los mismos. Todo
sigue igual.
Ante el grado de crisis industrial, ante la política macroeconómica que
realiza el Gobierno socialista, ante la confusa política de
privatizaciones, sin rumbo y transparencia, el programa de la Sección 20
no tiene valor y fiabilidad para la industria española en estos momentos
tan críticos. No comprendemos, señor Presidente, señorías, cómo el
Gobierno socialista, ante esta desastrosa situación del tejido industrial
de nuestro país --situación inducida por su política económica, en gran
parte, e industrial, que ha situado a nuestras empresas durante estos
años en un entorno fiscal, cambiario, económico y social que ya fue
denunciado en repetidas ocasiones por el Partido Popular--, no
comprendemos, digo, que el Gobierno socialista presente a esta Cámara
estos presupuestos de la Sección 20.
En años anteriores, en la discusión y debate de los Presupuestos
Generales del Estado se nos ha tachado de catastrofistas. Ojalá, señor
Presidente, señorías, hubiéramos hecho de equivocados profetas en este
caso. Desgraciadamente, el tiempo nos da la razón, y de nuevo anunciamos
que técnicamente estos presupuestos de la Sección 20 para los
Presupuestos Generales del Estado para 1994 no elevarán el tono
industrial y de empleo en nuestro país en el sector manufacturero, dado
que, además, la política económica a desarrollar en 1994 no puede avalar
las medidas necesarias.
En el presupuesto de la Sección 20 se hace de nuevo evidente, de una
manera clara, el sesgo en contra de las empresas privada y a favor de las
empresas públicas en los distintos programas que componen esta Sección.
Recordarán, señorías, como anécdota, que este Senador y desde esta
tribuna viene denunciando este aspecto desde años anteriores, nominando a
los presupuestos de la Sección 20 como los presupuestos del Ministerio de
Industria y Energía, sino de las empresas públicas, dirigidos, eso sí,
avalados y defendidos por el gestor de las mismas: el Gobierno socialista
y el Grupo, lógicamente, que apoya al Gobierno. Pero ahí tienen ustedes
los resultados.
En los actuales presupuestos se hace de nuevo evidente de una manera
contundente y clara este punto.
Se ha dicho que no era una posición dogmática por parte del Gobierno,
pero la realidad no acompaña a estas manifestaciones, ya que lo que es
real y claramente visible sobre las acciones y números pintados en los
presupuestos de esta Sección es que el 98 por ciento de nuestro tejido
industrial es parcial y porcentualmente abandonado por el Ministerio de
Industria y Energía. Si analizan ustedes, señorías --y estoy seguro que
lo habrán hecho-- las transferencias de capital, se puede observar que,
si excluimos los Programas de reconversión y reindustrialización, que
corresponden nominalmente al 723-B y el 741-F, de Explotación Minera
--que suponen entre los dos el 60 por ciento del presupuesto de la
Sección 20-- nos quedan las siguientes cifras en cuanto a transferencia
de capital: a empresas privadas, --345 millones; es decir cae 1,63 por
ciento; a empresas públicas, +2.351 millones; sube el 11,71 por ciento.
Esta situación que denunciamos es aún más negativa. Señor Presidente,
señorías, en un programa de la importancia del 542-E, Investigación y
Desarrollo Tecnológico, en el que mientras las empresas públicas aumentan
sus transferencias --y no estoy criticando el que se lo den-- en un 15,8
por ciento, lo que supone 2.400 millones de pesetas, las empresas
privadas aumentan sólo el 0,9 por ciento, aproximadamente 74 millones de
pesetas.
Las cifras, al menos aparentemente, indican que la investigación en
España sigue en estos momentos dirigida a las empresas públicas, o lo que
es lo mismo, bajo el dirigismo del partido del Gobierno, del Partido
Socialista.
En palabras del señor Ministro de Industria y Energía hemos oído
últimamente y en repetidas ocasiones que los presupuestos del Ministerio
se dirigían a partir de ahora a políticas activas. Yo les pregunto,
señorías, y sobre todo a las señorías del Partido Socialista: ¿dónde se
reflejan en los presupuestos de la Sección 20 las medidas para
desarrollar políticas activas de una forma concreta? Señor Presidente, en
los presupuestos de los Programas de la Sección 20 no existen realmente,
a juicio del Partido Popular. Siguen siendo unos presupuestos pequeños,
crecen poco, menos que el gasto y, por tanto, siguen perdiendo peso
relativo dentro del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado.
En la sección 20 de los presupuestos para 1994 no existen prácticamente
diferencias con la de años anteriores ni en las cifras ni en los
objetivos que se persiguen. Por tanto, señor Presidente, no vemos reflejo
alguno de esa política industrial más activa que se quiere llevar a cabo,
y sólo vemos intenciones en las palabras del señor Ministro de Industria
y Energía, es decir, del Gobierno Socialista.
Por otra parte, las empresas industriales van a seguir viéndose
influenciadas en mucha mayor medida por las medidas tomadas desde fuera
del Ministerio de Industria y Energía, como viene siendo habitual.
Se ha disparado el déficit público del año actual, que algunas fuentes ya
sitúan abiertamente el 8 por ciento, y no quiero recordar las previsiones
--porque además no me corresponde en esta Sección-- que sobre el déficit
público se debatían en estas mismas fechas hace un año. Como digo, vamos
a llegar al 8 por ciento, o estamos ya en el 8 por ciento, porque estamos
terminando el año, y el año que viene el déficit público seguirá
incontrolado, señorías, y seguirá impidiendo que el precio del dinero se
adecue al de nuestros competidores europeos para nuestras industrias. Y
no estoy hablando de los intereses que aparecen en el Banco de España;
estoy hablando de los intereses que la Banca, lógicamente, repercuten en
los créditos, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. De todas
formas sobre las cifras que se manejan en cuanto a porcentajes de
intereses de capital, estamos todavía dos puntos por encima de nuestros
competidores europeos.
Asimismo, las medidas fiscales anunciadas, el IAE, los nuevos módulos, la
subida del IRPF al no deflactar la tarifa, la subida en Seguridad Social
para autónomos y la misma subida a los trabajadores, no ayudarán a crecer
en competitividad a nuestras empresas.
Estimamos, señorías, que esta última medida, la subida de la seguridad
social en la cuota de los trabajadores, va a ser muy negativa para el
empleo y especialmente para las PYME, ya que ampliará aún más la brecha
que existe entre lo que reciben los trabajadores y lo que pagan los
empresarios.
El aumento de estas cuotas, que teóricamente recae sobre los
trabajadores, se va a ver trasladado por la presión social, laboral y
sindical a los empresarios, repercutiendo de una forma directa en los
costes, constituyendo una causa más de pérdida de competitividad.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular pretende que se devuelva al
Gobierno la Sección 20 de este proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 1994, entre otras, por las razones hasta aquí aducidas.
Pasando al Programa 422-H, de Formación de Personal en el ámbito
organizativo industrial, el Grupo Popular presenta la enmienda de
devolución número 482. ¿Y por qué? Porque la Escuela de Organización
Industrial, que es a donde va dirigida esta enmienda, actúa en un campo
en el que existe una amplia oferta privada y, sin embargo, esta Escuela
sigue recibiendo subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Entre transferencias corrientes y de capital recibe una cantidad
que supone el 70 por ciento de los ingresos, debido a sus operaciones
comerciales. En comparecencia ante la Comisión de Presupuestos se nos
explicó por el responsable que estas subvenciones cubren aquellas
actividades no rentables económicamente, además de una parte de las
inversiones. La cuestión, al analizar estos costos, señorías, es saber
cuáles son las actividades y cuáles son las razones que justifican su
realización. Aun en el caso de que realmente estuvieran
justificadas, de llevarlas a cabo no tendría justificación que fueran
realizados por la Escuela de Organización Industrial. Y que quede clara
una cosa: con nuestra enmienda no pretendemos desacreditar la función y
utilidad anterior de la Escuela de Organización Industrial, pero creemos
que, como en otras tantas entidades que hicieron su función pública de
iniciativa de lanzamiento, hoy día la sociedad civil ha evolucionado muy
positivamente y se encuentra en disposición de realizar la función con
tanta o mayor profesionalidad y calidad, sin estar colgada de los
Presupuestos Generales del Estado. Y si hay algunos proyectos que por su
carácter social o económico sean susceptibles de ser subvencionados,
hagámoslo, pero con un control presupuestario transparente y con el
protagonismo de la realización como empresario de la sociedad civil;
sociedad que aportará, además, mediante la política fiscal
correspondiente, sus ingresos al Estado.
La enmienda que presentamos --y que estamos dispuestos además a
transaccionar de alguna forma con el Partido Socialista, igual que con
otros Grupos-- pretende, en el horizonte temporal de tres años, que
desaparezcan las subvenciones a la EOI, Escuela de Organización
Industrial, y su privatización; privatización que avala las propias
palabras del señor González Márquez, repetidas en infinidad de ocasiones:
el Estado es un mal empresario. Pues si es malo, dejemos que los buenos
vayan adelante; no les pongamos más impedimentos.
Por todo ello, el fondo de nuestra enmienda no plantea reducir el
esfuerzo en este campo, sino distribuirlo de otra manera, para que
mediante una justa competencia se pueda obtener el máximo beneficio de
estos recursos. Ello es, señor Presidente, lo que el Grupo Popular
entiende como políticas presupuestarias activas, y además, no vemos con
vocación de enseñante, realmente, al Ministerio de Industria y Energía.
La enmienda número 483 está referida al programa 722-D, Competitividad de
la Empresa Industrial, para el cual también solicitamos su devolución.
Señor Presidente, señorías, no creo --dada al hora que es y por la
nominación del Programa-- que sea necesario resaltar su importancia. La
palabra competitividad está tanto en boca del Presidente del Gobierno
--que nos abruma en sus intervenciones, ya sean televisivas o radiadas,
con esta palabra--, como en los miembros del mismo Gobierno; los Grupos
parlamentarios creo que hablan de ella constantemente, así como entre los
ciudadanos y en la vida social e industrial de nuestro país.
Pero la interpretación presupuestaria que de ella se hace por parte del
Gobierno socialista, al menos en la Sección 20, que es la que nos ocupa,
no deja de ser realmente un canto al sol, y voy a decir por qué.
Además, no quiero recordar ni aquí ni ahora el camino de las subvenciones
en años pasados en este o en parecidos programas realizados para las
empresas públicas, cuya situación es o fue de muerte anunciada e
irreversible; algunas aún soportan dicha situación. Lo importante hoy es
destinar ayudas a sectores industriales enfermos --valga la expresión
coloquial-- pero viables y posibles porque el tejido industrial del país
no está como para desaprovechar los recursos escasos con que se cuenta.
Por ello, y atendiendo a la importancia del programa, no es comprensible
que su dotación decrezca un 11 por ciento con respecto a la asignación de
1993. Pero, ojo, porque aquí hay un efecto perverso: todos los años ha
ido bajando, y como siempre comparamos los nuevos presupuestos con los
últimos, la distancia de hace tres años ya no es del 11 por ciento sino
de cifras verdaderamente duras y fuertes.
Las inversiones en este año bajan pero no afectan a gastos corrientes o a
gastos de personal sino que afectan al Capítulo de inversiones y
transferencias por capital. Las inversiones pasan de 509 millones de
pesetas en 1993 a 302 millones en 1994, y las transferencias por capital
se reducen en 850 millones de pesetas. En este Capítulo de transferencias
por capital es más acusada la reducción a empresas privadas que a
empresas públicas, a lo que nos tienen acostumbrados siempre en los
presupuestos. Pero en estas reducciones, que afectan entre otros
objetivos a cooperación entre las empresas en el ámbito nacional e
internacional, a adaptación de la empresa española al Mercado Unico o a
infraestructuras técnico-profesionales no podemos admitir que se nos diga
--si es que se nos piensa decir-- que van a gestionar mejor los fondos
disponibles ni tampoco que se han alcanzado los objetivos porque de forma
muy patente es evidente que no ha sido así hasta ahora. Por ello, señor
Presidente, señorías, solicitamos su devolución.
En cuanto al resto de las enmiendas que nos quedan y que son cuarenta y
seis, de ellas cuarenta y tres son de modificación de créditos por
reducción y tres son de ampliación.
Y aquí quisiera hacer mención especial de una serie de enmiendas que son
de modificación por reducción y que corresponden al Capítulo 1, donde se
han recortado 35 millones en el Concepto 001, remuneración de altos
cargos, y 40 millones en el Concepto 001, relativo a otras remuneraciones
de personal laboral. Son enmiendas en las que también estábamos abiertos
a las correspondientes transacciones con el PSOE y con todos los demás
grupos políticos ya que la justificación de todas estas enmiendas no es
la reducción salarial de altos cargos o de personal laboral sino más bien
la transparencia de las partidas para evitar así la opacidad que desde un
punto de vista presupuestario se deduce de los números y conceptos
pintados en el presupuesto de la Sección 20.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ruego a su señoría vaya
terminando.
El señor UNCETA ANTON: Termino en un minuto, señor Presidente.
Los presupuestos que nos presenta el Gobierno, por ejemplo, en el
Programa 721, de remuneración de altos cargos, de cada 10 pesetas, tres
aparecen en retribución básica y siete son para otras retribuciones que
no especifican. No ocurre así en las retribuciones de personal laboral ya
que en otras retribuciones no hay grandes cantidades como los hay en
altos cargos.
Daremos con estas enmiendas transparencia al Presupuesto, y si no es así,
ahí queda la denuncia del Partido Popular sobre este tema. Además, esto
sería importante de cara a la cacareada frase utilizada ante los
ciudadanos por el señor González sobre la regeneración democrática.
Señor Presidente, señorías, damos por defendidas el resto de nuestras
enmiendas en sus justos términos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Unceta.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Unceta, no sé si se deberá a la hora que es, o a las jornadas que
llevamos trabajando, pero lo que usted ha expuesto desde esta tribuna ha
debido de referirse a unos presupuestos distintos a los que tiene delante
este Senador. Le rogaría que después concretáramos en las grandes
partidas, para ver si la formulación de sus juicios sobre estos
presupuestos tiene alguna viabilidad. Por otra parte, le agradezco sus
invitaciones para efectuar transacciones, que creo difícilmente
sostenibles, por las razones que luego le señalaré.
No puedo sino reiterar que si la valoración de los presupuestos de este
año --como la de años anteriores-- tiene una nota característica, es la
del catastrofismo. Y vuelvo a decirlo desde esta tribuna, con gran
responsabilidad.
Su señoría niega todas las evidencias, y afirma cosas inexactas, como que
desde 1982 a 1992 ha disminuido el PIB industrial. Senador Unceta, del
PIB industrial ha salido todo el sector servicios a la industria y por
eso ha disminuido un 6 por ciento, pero ha crecido más que el de la media
de los países de la Comunidad Europea. Por tanto, los datos correctos son
que el PIB industrial tiene un crecimiento, como media del período, no
inferior a 5 puntos positivos, según datos a los que podemos pasar
revista, año a año. Su señoría no ha tenido en cuenta que la pérdida de 6
puntos se debe, precisamente, a la pérdida de todo el sector de servicios
a la industria, que en este momento no se computa en e PIB industrial,
como es lógico.
Así, podría referirme a otras de sus referencias, pero prefiero rebatirle
la cuestión de fondo. La política industrial que se ha desarrollado y
está desarrollando el Gobierno en este momento se inscribe, en todo caso,
en el marco internacional, en la internacionalización y globalización de
la actividad económica y, en particular, en el marco comunitario. Ello
comporta el que haya que acogerse a legislaciones y normas exteriores y
acomodarlas a nuestra pura realidad. Pero el hecho más importante es que
la internacionalización de las empresas constituye un reto de la política
industrial española.
En segundo lugar, durante los diez años de Gobierno socialista la
política industrial se ha encaminado a establecer un entorno
macroeconómico y microeconómico que hiciera posible la competitividad.
Estas dos palabras: internacionalización y competitividad son las que
enmarcan los objetivos de los presupuestos presentados por el Ministerio
de Industria y Energía, que tengo la satisfacción de defender en nombre
de mi Grupo Parlamentario. Pero su señoría prácticamente no ha mencionado
esos dos términos desde esta tribuna, independientemente de que no haya
dado alternativas y sólo haya hecho una crítica profundamente
catastrofista.
Por tanto, Senador Unceta, le pido que plantee cualquier alternativa que
encaje en la política industrial preconizada desde su Grupo
Parlamentario, porque, hoy por hoy, sólo se ha limitado --y tengo
constancia de ello-- a plantear aspectos totalmente negativos, sin
realizar una consideración crítica de los mismos.
Pues bien, en función de esos dos objetivos, internacionalización y
competitividad, el Ministerio de Industria presenta unos presupuestos que
contemplan dos tipos de acciones: horizontales y sectoriales. Las
sectoriales van encaminadas precisamente a aquellos sectores industriales
que, por su especial vulnerabilidad, necesitan unas políticas especiales
y un tratamiento muy particular para afrontar la competencia
internacional. Me refiero a tres sectores: el de la siderurgia, el naval
y el textil.
En estos casos, y en correspondencia con esos dos objetivos de
internacionalización y competitividad, el Ministerio ha puesto en marcha
una serie de medidas, planes y programas para lograr que la empresa
española, todo su entorno, su propio funcionamiento, su dimensión, su
producción, sus características, la viabilidad de sus productos y su
competitividad en cuanto a precio, diseño, calidad y normalización, pueda
tener su cabida dentro del marco global de la economía internacional, que
es el reto que tiene el mundo empresarial español.
Hay medidas complementarias del entorno, como
pueden ser las medidas medioambientales e industriales y el fomento de la
investigación y el desarrollo, la I+D. El plan nacional de I+D de ciencia
y tecnología tiene uno de sus soportes más firmes en las actividades del
Ministerio de Industria. Pero también ha habido medidas específicas para
las pequeñas y medianas empresas industriales. El propio Ministerio ha
ofrecido, por ejemplo, medidas para dar formación integral al empresario
y le puedo dar resultados, promover la cooperación transnacional,
facilitar el acceso a la financiación, difundir el diseño industrial como
valor diferenciador del producto y fomentar la participación de la
pequeña y media empresa industrial española en los programas
comunitarios. Y ahí tenemos la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca,
que va a facilitar a las pequeñas y medianas empresas las distintas
fuentes de financiación a medio y largo plazo.
Por tanto, no se puede decir que no haya apoyo ni ayudas, Senador Unceta,
sino que hay planes específicos con resultados. Y adicionalmente le puedo
mencionar, para avanzar en esa misma línea, por ejemplo, las
modificaciones que presentan este mismo año los presupuestos y que son
acciones novedosas en el programa de la Sección 20, como, por ejemplo,
las medidas relativas a ciertos sectores industriales, como el plan de
I+D para el sector aeronáutico, lo habrá comprobado su señoría,
especialmente para los programas Airbus y CASA. 3.000. En segundo lugar,
también se recogen medidas de adaptación a la competencia internacional y
de diversificación de las zona de implantación de la industria textil con
el plan de competitividad textil, un plan específico que no es el primero
--ha tenido diferentes denominaciones-- y que es elaborado de acuerdo con
el programa RETES de la Unión Europea.
En cuanto a las medidas específicas en relación con las pequeñas y
medianas empresas, hay préstamos preferentes del ICO, que ya los tenemos
en marcha; subsidios para las tasas de interés en temas de alta
tecnología; préstamos globales del Banco Europeo de Inversiones,
respaldado por el Gobierno español en esas aportaciones; dotaciones de un
fondo de capital-riesgo en el propio ICO, al cual se están encaminando
proyectos de pequeñas y medianas empresas industriales, y se está
facilitando el acceso de las PYME a los mercados de valores. También se
está facilitando la titulación de préstamos y otros créditos y medidas
fiscales de fomento fiscal, recogido en presupuestos específicos, como,
por ejemplo, las ayudas del 20 al 25 por ciento para los gastos en la
internacionalización de empresas, que es un descuento sobre la cuota.
En el área de programas para la competitividad de la empresa industrial,
entre las medidas de carácter horizontal, el Ministerio de Industria
tiene en marcha en este momento las siguientes actuaciones: la adaptación
de la empresa industrial española al Marcado Unico, que es una línea de
acción de un programa específico. Potenciar la cualificación técnica e
industrial de la empresa. Facilitar la cooperación entre empresas, en el
ámbito nacional e internacional.
Los programas internacionales de I+D que soporta el Ministerio de
Industria, de los que también podemos hablar, son: el plan de
Infraestructura Tecnológica, llamado PIT, por sus siglas; el Programa de
promoción del diseño industrial: el programa de Fomento de la Calidad,
del que ahora termina el I Plan y va a empezar el II Plan 1994-1997; el
programa de la seguridad industria, junto con la calidad; la regulación
de la propia propiedad industrial, con sus programas específicos; el
Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental, PITMA. Todas estas
acciones, en este momento, están en desarrollo.
Senador Unceta, ya digo que su señoría ha debido mirar a otros
Presupuestos distintos de los que tenemos delante, porque si su señoría
los hubiera cogido, hubiera visto que el programa PATI, contemplado en el
Programa 542-E, es uno de los que aumenta en una tasa que, según que
compute acciones de programas específicos, incorporados de una forma
plena o asociados, puede variar del 5 al 10 por ciento. En el área de las
acciones de promoción de la innovación industrial y de la tecnología y
política económica podría darle muestras y se las daré, Senador Unceta, a
lo largo de este debate pero, por ejemplo, está también el Plan de
Actuación Tecnológico-Industrial --su señoría lo conoce--; la
investigación energética y medioambiental y tecnológica; la investigación
geológico minera y el apoyo a la innovación tecnológica en diversos
sectores.
Su señoría conoce, porque ha podido leerlo, que, por ejemplo, el apoyo a
la participación de las empresas españolas en programas tecnológicos
internacionales, como pueden ser el Programa Eureka o el tema de la
Agencia Europea Espacial o el Programa Marco de I+D de la Unión Europea,
se ha mantenido en casi cuatro puntos en los años anteriores, pero se
hace un esfuerzo especial para seguir manteniéndolos hasta el año 1996, y
la contribución española pasa de 12.600 millones de pesetas a 17.200.
En acciones especiales, hay más de un centenar de proyectos en programas
nacionales concertados, y en desarrollo tecnológico, señoría, hay más de
180. ¿Dónde está la destrucción del tejido industrial, Senador Unceta?
Las inversiones comprometidas, por ejemplo, en desarrollo tecnológico,
suponen 8.500 millones de pesetas. Los programas nacionales que tiene en
marcha el Ministerio de Industria, PACE y PASO, son doce o trece
programas, con unas inversiones que rondan entre los 500 y 1.000 millones
de pesetas. En los programas internacionales, a los que ha hecho
referencia, no podemos olvidar el Hispasat, el Eutelsat, el Iberoeka con
los nuevos proyectos y una inversión comprometida de 1.400 millones.
Si su señoría cree que la política industrial que ha
descrito desde esta tribuna se corresponde con esta otra, que es la que
está potenciando el tejido industrial español, que es el que está
ayudando a que las empresas puedan tener una presencia en el exterior,
que les está modificando el entorno y está detectando las posibles
capacidades para que sean innovadoras y creativas en su propia
tecnología, pues esta acción respecto de la empresa no se corresponde con
esa tragedia que su señoría ha expuesto desde esta tribuna. Por ejemplo,
respecto a la proyección del esfuerzo del I+D industrial en áreas
prioritarias, puede comprobar que 150 empresas han recibido ayudas, que
ese tono se va a mantener en los años 1993-94 y la inversión ha variado
sensiblemente tomando como referencia cualquiera de los años anteriores.
Pero si su señoría en vez de ir al propio I+D va, por ejemplo, al área de
la energía nuclear de fusión, los resultados son mucho más notables. A
este respecto, yo espero su regreso a la tribuna para que pueda entrar en
el detalle de estas acciones y que aporte sugerencias.
Ahora voy a hablar del Programa 422H, que ustedes tienen el empeño de
devolver al Gobierno. Este programa es la Escuela de Organización
Industrial, y este Senador no comprende la inquina que tienen sus
señorías hacia esta Escuela. Ustedes deben tener en cuenta que esta
escuela hace labores y tareas que no desempeñan otras empresas en el
exterior, que no compite porque tiene áreas específicas. Así, en el
programa para el año 1994 se puede ver, por ponerle un ejemplo, que en el
área de gestión medioambiental tiene cursos «master», programas de
ingeniería medioambiental, cursos del sistema jurídico ante el delito
ecológico informática y medio ambiente, impacto ambiental, etcétera.
Senador Unceta, si usted conoce centros en los que se puedan cursar estas
titulaciones «master», a este Senador le gustaría saberlo.
Por todo ello, no comprendo que su señoría plantee en este debate, igual
que hizo en el anterior de los Presupuestos para 1993, que el presupuesto
de la Escuela de Organización Industrial debe devolverse, y a este
Senador le parece verdaderamente increíble para un grupo político que
pretende ser alternativa en nuestro país. Y esto es lo que tengo que
decirle, señoría.
La Escuela de Organización Industrial se financia prácticamente en su
totalidad. Como su señoría ha señalado, solamente un porcentaje mínimo se
dota con los Presupuestos, y ese porcentaje va bajando de año en año.
Como puede comprobar, Senador Unceta, el total del Presupuesto ha pasado
de 555,4 millones para el año 1993 a 539,6 en el actual, es decir, ha
habido un descenso del 2,8. ¿Por qué? Porque la Escuela de organización
Industrial va camino de ser autosuficiente. ¿Pero qué problema tiene? Que
se está ampliando, y así, está abriendo instalaciones para ofrecer estos
servicios en el antiguo pabellón de Canadá, en Sevilla. Y mediante esta
difusión, un centro educativo de esta categoría como es la Escuela de
Organización Industrial va a extenderse por todo el país y va a formar a
un tipo de cuadros y de profesionales que el país todavía no tiene en el
número suficiente y que son necesarios para que se produzca la
internacionalización de las empresas, para dotar a las empresas de
competitividad con el fin de asegurarlas en el exterior. Y, a pesar de
esto, Senador Unceta, su señoría proponía una enmienda transaccional para
suprimir la Escuela en tres años, para finalmente privatizarla.
Yo no sé qué tipo de óptica puede ser la que defiende su Grupo
Parlamentario, pero es incomprensible --y no hablo de intereses, Senador
Unceta--, que sistemáticamente, en cada Presupuesto, los representantes
del Grupo Parlamentario Popular se opongan al presupuesto del programa
422H, relativo a este centro, que es el de máximo prestigio en muchos de
los cursos que hace y que tiene miles de alumnos, como puede ver su
señoría, en los diferentes cursos que se han impartido en él.
Termino, señor Presidente. En relación al Programa 722-D, su señoría ha
hablado de decrecimiento. Todas las ayudas y todos los apoyos a las PYME,
Senador Unceta, no los puede nunca encontrar exclusivamente en el
Programa 722-D de competitividad industrial; no los puede encontrar,
señoría, porque todas las ayudas a la pequeña y mediana empresa, al
sector privado, Senador Unceta, van por la vía de los programas de
modernización y por la línea de programas PATI que he expuesto como, por
ejemplo, los programas PEIN, FARMA, etcétera, que van dirigidos a
empresas pequeñas para modernizarlas y hacerlas competitivas.
Su señoría se refiere al Programa 722-D, y este programa lo que ha tenido
es un paso de dotaciones y de recursos económicos, que ahora se atribuyen
horizontalmente, y el programa mantiene simplemente unas partidas, no
fundamentales, pero importantes para asignar por vía de subvenciones, con
una imputación territorial en la que no se distingue sino sobre los
propios proyectos que acuden a las convocatorias, y en este momento lleva
acciones de adaptación de la empresa española al Mercado Unico, de
cooperación empresarial nacional e internacional, un programa industrial
y tecnológico medioambiental y el plan de competitividad de textil y
confección.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vaya terminando, señoría.
El señor CERCOS PEREZ: Termino en este momento, señor presidente.
Concluyo, señor Presidente, diciendo al Senador Unceta que, si en la
primera intervención suya se refería probablemente a unos presupuestos
que no son éstos, tiene oportunidad ahora, en la réplica, de aportar sus
consideraciones sobre los presupuestos que yo he estado defendiendo en
esta tribuna.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cercós.
Turno de Portavoces. ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Dado lo avanzado de la hora, espero ser breve. Quisiera decir que el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos considera que este Capítulo, y en
concreto la política industrial, es una de las asignaturas pendientes que
tenemos y es uno de los puntos principales de cara a invertir la
tendencia económica de empleo que tenemos y a salir de la actual crisis
en la que nos encontramos.
Consideramos que en los actuales presupuestos sí hay un cambio de
tendencia respecto a presupuestos anteriores, pero consideramos que es
tímido y, desde luego, no lo suficientemente importante ante la gravedad
y la profundidad de la actual crisis económica.
Nosotros pensamos que no se crean las condiciones ni el marco necesario
para llevar a cabo una verdadera política industrial que sirva como motor
del relanzamiento del empleo y, en consecuencia, consideramos que hay que
ir hacia medidas más drásticas o hacia un valor político mayor para hacer
frente a esta situación y para conseguir una auténtica política
industrial y una política de reindustrialización.
Nuestras enmiendas ahí están. De todas formas, nosotros, como Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, y un poco en base a lo que he dicho de
que hay un cambio de tendencia pero no lo suficiente, creemos que es
necesario tratar de llegar a un acuerdo que quizá no va a ser posible --
y no va a ser posible en este debate de presupuestos-- pero, si no, en el
futuro, entre la mayoría de los Grupos Parlamentarios, para, dejando de
lado protagonismos políticos, tratar entre todos de resolver este drama
que tenemos en estos momentos con nuestros ciudadanos y con la sociedad,
que es toda la problemática del desempleo.
Y en ese sentido, nosotros proponemos un decálogo de cara a una política
industrial que sirva para salir de la crisis. Un decálogo que dado lo
avanzado de la hora lo voy a enumerar muy brevemente.
En primer lugar, nosotros consideramos que es necesario culminar la
inacabada reconversión sectorial. Una inacabada reconversión sectorial
que conlleva una sangría de ayudas públicas a empresas no competitivas y
que exige un reajuste definitivo. El segundo punto sería el diseño e
implantación de una política de fomento del ahorro necesaria en estos
momentos de cara a contribuir a ese relanzamiento y que tendría que ir
acompañada de una serie de medidas auxiliares. En tercer lugar, implantar
una política de fomento de la inversión, tanto de la inversión endógena,
como de la inversión pública industrial, como también de la inversión
extranjera directa. En cuarto lugar, a nadie se le oculta que una
política de infraestructuras adecuada es un elemento importante para
poder desarrollar una política industrial acertada. Como quinto punto del
decálogo, proponemos una política de compras públicas y comercio de
Estado apropiada a las necesidades de estos momentos. En sexto lugar, y
teniendo en cuenta que en estos momentos, y mucho más después de los
acuerdos del GATT, vivimos en un mundo cada día más abierto, de mayor
competencia para unas economías occidentales con unos salarios y unos
costes importantes, desde luego, la innovación tecnológica y todo lo que
sea inversión en I+D es realmente buscar competitividad, tratar de
conseguir mercados y poder dar una salida a nuestros productos
industriales. Y creemos que en este sentido, aunque se están haciendo
esfuerzos, la política tanto de I+D como de innovación tecnológica,
debería ser más agresiva y con unas partidas presupuestarias más
importantes. El séptimo punto sería una apuesta importante para la
formación en el empleo, reforzando e incrementando la demanda de mano de
obra cualificada y consolidando mejor los centros de formación. En
definitiva, nos movemos en un mundo en el que las materias primas
naturales son importantes, pero cada día menos, y vamos hacia un mundo en
el cual quizá lo más importante va a ser la materia prima humana, por lo
que hay que invertir más en formación de todo tipo de personal. El octavo
punto sería apostar realmente, y mucho más después de los acuerdos del
GATT, por una auténtica política de internacionalización y de apertura de
mercado. El noveno punto del decálogo sería un tema de discusión que creo
que debatiremos en esta Cámara más adelante: buscar una reforma del
mercado de trabajo que es una de las claves para la creación de empleo a
medio plazo y, en último extremo, introducir unas nuevas reglas de
competitividad en servicios, ya que todos somos conscientes de que en
estos momentos una de las razones que han llevado a que no se haya
controlado la inflación durante mucho tiempo ha sido la falta de
competitividad del sector servicios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vaya terminando, señoría.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Yo con esto quiero decir --y acabo, señor
Presidente-- que realmente nosotros en esta sección no vamos a votar en
contra. Como he dicho no estamos de acuerdo con muchos de los
planteamientos presupuestarios. Sí hay un cambio de tendencia pero no es
suficiente y con la suficiente agresividad,
pero creemos que desde luego a lo largo de esta legislatura, con buena
voluntad por parte de todos, tendremos que ir buscando fórmulas de
acuerdo para hacer frente al problema del desempleo, para tener una
auténtica política industrial y para llevar a cabo una verdadera política
de reindustrialización que es lo que está exigiendo el país en estos
momentos. La propuesta que nosotros hacemos, y que he expuesto como un
decálogo, de cara a una nueva política industrial, por supuesto, es una
propuesta abierta.
En este sentido, nosotros queremos decir al Partido del Gobierno,
insisto, que pensamos que a lo largo de esta Legislatura podremos
encontrar puntos de encuentro para, al final, tratar de dar una solución
al mayor problema que tenemos en estos momentos toda la sociedad, que es
el problema del desempleo.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por parte de Coalición Canaria no hacen uso de la palabra.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió tampoco.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor portavoz del Grupo Socialista, querido amigo, porque la amistad
existe, a pesar de que mantenemos unas disparidades políticas de esquina
a esquina, tengo que decirle que en su intervención al menos en una cosa
lo ha hecho usted torpemente. El Partido Popular no puede ser una
alternativa de poder, el Partido Popular es una alternativa ya, a pesar
de lo que ustedes puedan pensar en contra y, desde luego, están en un
momento de marcado nerviosismo. Pero, en fin, quiero decirle que lo más
torpe de su intervención ha sido eso.
Señor Cercós, no sé a qué me ha contestado usted, porque, realmente, el
que ha presentado los vetos a un programa de una Sección y a varios
programas de la misma ha sido el Grupo Parlamentario Popular, pero parece
que de su intervención se desprende que quiere que le defienda yo lo que
es indefendible. Es usted el que me tiene que contestar a una serie de
propuestas que le he hecho, y de críticas --hay que decirlo así, y en
tono, desde luego, como usted ha podido comprender, suave y sin cargar
las tintas--, y no me pregunte a mí qué es lo que voy a hacer cuando
gobierne; dígame usted lo que está haciendo cuando está gobernando,
porque le he dado los resultados. Sé, Senador Cercós, que usted es muy
trabajador. De verdad, se lo digo con todo cariño. Sé que su dedicación
es plena y que echa usted muchas horas. Pero creo que por ahí va el
problema. Señor Cercós, creo que le falta salir a la calle --se lo digo
con la mayor sinceridad posible--, porque el que me niegue la mayor en
este caso y me quiera demostrar que la situación industrial y económica
en este país poco menos que está generando riqueza y empleo en este
momento, que es lo que me ha venido a decir, tengo que suponer que, a lo
mejor, su enclaustramiento dentro de esta Casa no le deja ver más allá de
las puertas de la misma.
Señor Cercós, no me ha contestado usted a nada. No sé si está esperando a
que le concedan el turno de dúplica y, al final, habla el último y me
deja sin poder contestarle. No me ha dicho nada de los programas sobre
los que he propuesto el veto de devolución. Naturalmente que la parte del
veto a la totalidad ha ido, aunque le he dado datos y creo que
suficientes, en un sentido político, porque son los resultados de diez
años de política industrial socialista. Lo tengo que decir: ojalá me
hubiera equivocado. En la línea del catastrofismo que me achaca,
efectivamente ésa ha sido su cantinela durante todos estos años, pero la
realidad está aquí. Y le he dicho que siento haber hecho de profeta y
haber acertado. Ahí están los resultados. No lo digo yo, son hechos, y,
además, los dan ustedes con cifras.
Y respecto a lo del PIB, Senador Cercós, me ha hecho mucha gracia su
razonamiento. Dice que la aportación de las empresas industriales al PIB
ha bajado porque han desregulado --con otras palabras-- servicios y los
han llevado fuera. Hasta ahí estoy conforme, pero me voy al otro lado y
veo que estamos llegando a cuatro millones de parados.
Dígame usted dónde está la recuperación en el sector exterior de
servicios para que esto haya sido positivo. No, señor Cercós, no podemos
llegar a estas discusiones porque es discutir sobre el sexo de los
ángeles.
Le voy a decir una cosa sobre servicios. En una nación que tiene un
desarrollo fuerte en servicios, lo admito. Pero hay una cosa clara: los
servicios se fundamentan y se sopesan en base al sector secundario, a la
industria, y la nuestra se ha venido abajo, y ya empieza, y usted lo
sabe, la caída, dentro del sector servicios, del empleo y de la lógica
política económica del desarrollo de los mismos.
Le nombré el tema de las privatizaciones y tampoco he tenido ninguna
respuesta. Espero que me diga algo, por lo menos, aunque no pueda
contestarle.
Me ha hablado de las PYMES. Señor Cercós, las PYMES son las que generan
realmente el tejido industrial de nuestro país. Las PYMES tienen el mayor
empleo por peseta producida. ¿Quieren ustedes ayudar a las PYMES?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Unceta, vaya terminando.
El señor UNCETA ANTON: Termino, señor Presidente.
Reduzcan ustedes el peso de la Seguridad Social que cae sobre ellas.
Redúzcanlo y verán ustedes cómo las ayudan, y déjense de programitas, que
no sirven más que de cara al escaparate pero que la realidad es un
continuismo de estos programas y de esta Sección 20 que nos ha llevado a
la situación en la que nos encontramos, pero nos ha llevado no solamente
por la vía industrial, sino por la vía económica. Y podríamos seguir
debatiendo este tema, señor Cercós, pero por indicación del Presidente no
tengo más remedio que cortar.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Unceta.
Tiene la palabra el señor Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Gangoiti, gracias. Su intervención ha sido formulada con un
espíritu verdaderamente positivo. Yo, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, recojo su sugerencia. Efectivamente, ésa es la línea de la
que hablamos. El sector industrial tiene problemas en nuestro país;
negarlo sería estar ciego, pero se va avanzando y modificando y creando
una cultura de la competitividad en el sector industrial base y una
cultura de la calidad industrial, cosa que hasta el momento no ocurría;
hoy se habla de calidad industrial en las empresas, y hace cuatro años no
hablaba nadie de calidad; hoy se plantean, después de la Ley de
Industria, normas de seguridad industrial, y el número de asociaciones de
empresas para el control y la seguridad, las famosas Enicre, se han
multiplicado, se controlan, están funcionando. Es decir, esa postura y
ese tono, Senador, los comparto, porque lógicamente tenemos que seguir
mejorando y avanzando.
Acabar la reconversión industrial es uno de los puntos de su decálogo. Su
señoría sabe que en estos Presupuestos se han aprobado ayudas para acabar
esa reconversión y reindustrialización en algunos sectores, como el
naval, la siderurgia con todo tipo de elementos, aceros, etcétera, y
también en el sector textil. Hay que seguir profundizando y de ahí que
ese programa correspondiente aumente un 7 por ciento en estos
presupuestos.
La política de ahorro está incentivada, no voy a extenderme en otras
áreas, ha habido legislación y se está apoyando e incentivando, consta ya
por datos que el ahorro privado está en línea de crecimiento en nuestro
país.
En cuanto al fomento a la inversión, lo mismo, creemos que hay una serie
de aspectos de entorno: los tipos de interés son importantes, el descenso
en cinco puntos ha sido un impulso de gran trascendencia para todo el
sector empresarial español. Yo no coincido en que estemos a dos puntos de
la media comunitaria, estaremos a medio punto o, a lo sumo, a un punto.
Pero, efectivamente, se ponen en marcha medidas para fomentar la
inversión, hay que seguirlas ampliando, entiendo que este decálogo
impulsa hacia adelante.
En las políticas de infraestructuras es también evidente el esfuerzo que
se ha hecho; hay que seguirlas desarrollando.
Sobre la innovación tecnológica, casi todo lo que ha hablado desde la
tribuna era referido a este tema.
De la formación en el empleo he hablado y ahora volveré a hablar de la
Escuela de Organización Industrial y de los programas específicos para la
pequeña y mediana empresa, para formación de los directivos de esas
empresas.
La política de internacionalización la he expuesto ampliamente y centra
los esfuerzos más importantes del Programa de Industria de la Sección 20.
La reforma del mercado de trabajo es ajena pero se está llevando
adelante. En cuanto a las nuevas reglas de competitividad a los
servicios, estoy de acuerdo con su señoría en que tenía que ser
selectiva, porque hay servicios de consultoría que han funcionado bien,
competitivos, de gran calidad, de gran potencial científico; y hay otros
en los que hay que hacer un esfuerzo para dinamizarlos y que sean
competitivos.
Senador Unceta, yo realmente no sé qué decirle porque si en la primera
parte he rebatido su enmienda a la totalidad exponiéndole las líneas
principales de la política industrial de nuestro Gobierno; si le he dado
argumentos para la enmienda a la totalidad que han presentado sus
señorías al Programa 422 h), y si le he dado argumentos para rechazar su
petición de devolución del Programa 722 d), y su señoría me dice que no
le he dado ningún argumento, pues, esperaremos a que sea publicado el
«Diario de Sesiones» y su señoría tendrá oportunidad de verlo.
Pero, señoría, la Escuela de Organización Industrial, a la que tienen
tanta fobia los señores de su Grupo Parlamentario --si quiere, Senador
Unceta, ponemos fobia entre comillas--, pero se desprende que tienen
fobia por el hecho de que en dos presupuestos consecutivos pidan la
devolución de ese presupuesto y, además, hayan planteado específicamente
que quieren su privatización y su supresión como tal en su estructura y
en su organización actual en formación y gestión de PYME, Senador Unceta,
en el año 1992 dio catorce cursos; en 1993, dieciséis, y en 1994 va a dar
45. De horas lectivas ha tenido 13.520 en 1992, 14.120 en 1993, y 14.200
tendrá en 1994.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Cercós Pérez, vaya
terminando.
El señor CERCOS PEREZ: Y alumnos matriculados tenía 780 en 1992, 1.281 en
1993, y 1.300 en 1994.
Senador Unceta, ahí tiene un ejemplo del papel de la Escuela de
Organización Industrial en el sector que su señoría ha planteado como
fundamental de las PYME y que este Senador lo comparte y hacia el cual
van canalizados los mayores esfuerzos de los presupuestos de industria y
energía de la Sección 20.
Y en el tema de privatizaciones --perdón, señor Presidente, sólo dos
palabras, y termino--, señoría, ustedes presentan una enmienda que la
tenemos que rechazar. En ella plantean que hagamos un programa rápido e
inmediato; poco menos que nos dan calendario de privatizaciones.
En España nosotros hemos acometido algunas privatizaciones, pero han sido
meditadas, cuidadosamente seleccionadas, y perfectamente planteadas desde
el punto de vista empresarial, Senador Unceta. Y nosotros estamos
dispuestos a continuar esa línea, pero tiene que hacerse meticulosa y
delicadamente para evitar que si se hace una propuesta de empresas y con
urgencia, lo que se deteriorará serán las posibilidades de esa empresa en
el éxito de su privatización.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cercós.
Pasamos ahora a la Sección 21. En dicha Sección están, primero, las
enmiendas presentadas por los Senadores del Grupo Popular, y siguiendo la
tradición de este debate las damos por defendidas y en su caso las
votaremos en su momento.
Están también las enmiendas del Senador Cuevas González y Senadora
Vilallonga Elviro que se dan por defendidas en los mismos términos.
Hay una enmienda del Grupo Mixto que la defenderá el señor Calvo Lou.
Tiene su señoría la palabra.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
En aras de la brevedad y dada la hora en que nos encontramos, voy a darla
por defendida en los términos en que figura en el texto del proyecto.
Al mismo tiempo, si me lo permite, y también en aras de la brevedad,
daría por defendida las enmiendas números 16 y 35 correspondientes a la
Sección 24 y asimismo la enmienda número 39, correspondiente a la Sección
27.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Calvo Lou.
¿Desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos para defender sus enmiendas a esta Sección? (Pausa.)
Gracias, señor Gangoiti.
¿Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Popular ha presentado a la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, una enmienda de veto, la número 530, por entender que estos
presupuestos no permiten en ningún caso atender las necesidades del
sector agropecuario español. La distribución de los créditos es
inadecuada. Falta control, existe excesiva discrecionalidad y, en suma,
con la aplicación de tales presupuestos es imposible alcanzar los
objetivos que necesita la agricultura española.
Como resulta evidente, 1994 es un año de gran trascendencia para nuestra
agricultura. Pues bien, la alternativa presupuestaria socialista es
incapaz de afrontar los retos que nos plantea nuestro sector agrario en
los momentos actuales, cuales son los de su modernización,
rejuvenecimiento, competitividad, potenciación de la agroindustria y
adecuación de la política agraria comunitaria.
Además del veto a la Sección 21, el Grupo Popular ha presentado a dicha
Sección ciento sesenta y cinco enmiendas, desde la 531 hasta la 695, de
las que siete corresponden a la supresión de organismos, dada la excesiva
burocracia existente, dieciséis corresponden a enmiendas que suponen un
incremento de gasto y el resto son enmiendas de disminución de gasto.
Con las enmiendas presentadas se pretende reducir el número de
Direcciones Generales y organismos autónomos existentes ya que se dan
duplicidades administrativas dentro del propio Ministerio y también con
las Comunidades Autónomas.
Pretendemos al mismo tiempo suprimir superestructuras de carácter
político mejorando a la vez la funcionalidad ministerial. Asimismo
pretendemos eliminar gran número de gastos superfluos además de otros
gastos que, por no ser imprescindibles, pueden esperar a presupuestos que
no sean restrictivos como el actual. También pretendemos eliminar
aquellos gastos correspondientes a encargos de estudios, informes y
evaluaciones que se van a efectuar por empresas y que pueden y deben ser
realizados por los propios funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El presupuesto consolidado asciende a 932.554 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 21,5 por ciento frente a los 765.635 millones
del presupuesto inicial para 1993. Este fuerte incremento es totalmente
ficticio puesto que del total de los 932.554 millones presupuestados,
675.392 millones de pesetas --513.386 millones en el presupuesto de
1993-- corresponden a las aportaciones financieras del FEOGA-garantía,
partida que es abierta puesto que se utiliza en función de los
reglamentos y decisiones que va adoptando Bruselas en relación con el
desarrollo comercial de las campañas agrícolas y ganaderas de los
distintos productos regulados por la Organización Común de Mercado.
El presupuesto del Ministerio, sin organismos autónomos,
ha sufrido un recorte del 8,5 por ciento con respecto al presupuesto
inicial de 1993. El presupuesto consolidado de Agricultura, sin tener en
cuenta la aportación de la Comunidad Europea a través del FEOGA-garantía
para 1994, es de 257.161 millones de pesetas frente a los 252.239
millones del presupuesto inicial de 1993. No obstante, este pequeño
incremento del 1,9 por ciento no debe hacernos olvidar los fuertes
recortes presupuestarios de este Departamento que, por ejemplo, en el año
1988 disponía de 433.778 millones de pesetas y que en el año 1989
disponía de 283.447 millones de pesetas de fondos aportados por el
esfuerzo presupuestario español.
Las inversiones reales únicamente ascienden a 38.955 millones de pesetas,
lo que supone una disminución del 13,2 por ciento con respecto a las
presupuestadas para 1993, por un valor de 44.890 millones de pesetas.
Ese importe todavía está mucho más lejos de las inversiones
presupuestadas para 1991, de 57.230 millones, o para 1990, de 64.585
millones. Por tanto, vemos que en sólo cuatro años las inversiones
reales, que suponen el motor que debe dotar de infraestructuras al sector
agrario español para acercarlo a los del resto de la Comunidad, han caído
en un 40 por ciento, y en 25.630 millones de pesetas, en valor absoluto.
Las transferencias del sector agrario, Capítulo 4, se han incrementado de
manera sensible, en un 29,9 por ciento, si bien hay que señalar que si no
se consideran las aportaciones del FEOGA-garantía, estas transferencias
disminuyen en un 6,7 por ciento, al descender desde 23.622 millones de
pesetas, en 1993, a 22.058 millones, en 1994.
Se data de manera totalmente insuficiente, con 26.634 millones de
pesetas, las medidas de acompañamiento de la PAC, que afectan a los tres
programas cofinanciados: jubilación anticipada, reforestación y programas
de producciones agrícolas y ganaderas compatibles con la protección
medioambiental, lo que va a suponer que gran número de agricultores y
ganaderos españoles no puedan acogerse a esos programas comunitarios.
No conviene olvidar que esta partida presupuestaria es vital para el
futuro del campo español y que de la cantidad presupuestada, únicamente
alrededor del 20 por ciento corresponde a la dotación del Ministerio de
Agricultura, mientras que el 80 por ciento restante del importe total
presupuestado precederá de dotaciones aportadas por Bruselas, a través
del FEOGA-orientación.
El IRYDA únicamente ha presupuestado para reformas de estructuras 8.839
millones de pesetas, lo que se considera totalmente insuficiente y
contrasta con los 10.700 millones presupuestados para 1993, y mucho más
con los 18.100 millones del presupuesto de 1992, con este mismo fin.
En los presupuestos para 1994 se detectan en el Capítulo 6.4, inversiones
de carácter inmaterial, y en el Capítulo 2.2, Material y suministros,
encargos a empresas privadas de estudios, informes y trabajos similares,
gran parte de los cuales pueden ser perfectamente desarrollados por los
propios funcionarios del departamento, y que, en su conjunto, suponen
alrededor de 5.500 millones de pesetas.
Asimismo, hay gastos innecesarios, superfluos, o que pueden esperar a
ejercicios posteriores, con presupuestos no restrictivos, como los
relativos a adquisición de mobiliario, vehículos, obras en despachos,
oficinas, nuevos arrendamientos, adquisición de equipos informáticos por
encima de las necesidades, etcétera, por una cuantía total que supera
ampliamente los 2.500 millones de pesetas.
A título de ejemplo significativo, cabe señalar que el FORPA, organismo
en el que trabajan alrededor de cuarenta funcionarios, ha incrementado su
presupuesto de material y suministros desde los 56 millones de pesetas de
1992, y cantidades similares en los años anteriores, a 600 millones en
1993, y 322 millones para 1994, sin justificación de ningún tipo. Se da
la paradoja de que, mientras al Capítulo 1, Personal, se destinan 113
millones, el Capítulo 2.2, Material y suministros, se dota con 322, casi
tres veces más.
En paralelo, desaparecen o disminuyen de manera importante, con respecto
a los presupuestos de hace dos y tres años, inversiones fundamentales del
IRYDA y del ICONA, que en estos momentos hay que considerar como
trascendentales para el sector agrario y para el medio ambiente, como
pueden ser las relativas a la lucha contra la erosión, la mejora del
impacto medioambiental de las grandes obras públicas, la reforestación,
la reforma de los regadíos existentes para ahorrar agua, la
electrificación rural, los caminos rurales, etcétera.
En 1994, los directores generales dependientes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación van a percibir unos gastos de
representación que superan los veinte millones de pesetas. El FORPA
vuelve a presupuestar 1.000 millones de pesetas, y el IRYDA, 5.000
millones, destinados a la compra de acciones de sociedades estatales.
En gastos que pueden considerarse superfluos en buena medida, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presupuestado los
siguientes informes para 1994: en estudios, evaluaciones, publicaciones,
capítulo 6, 5.558 millones; otros estudios, capítulo 2, 102 millones;
estudios encargados a empresas mediante transferencias, capítulo 7, 394
millones; más estudios y trabajos, publicidad y propaganda, servicios de
vigilancia y seguridad por empresas privadas, atenciones protocolarias,
adquisición de mobiliario, etcétera, suman un total de 8.693 millones de
pesetas.
La burocracia de este Ministerio sigue siendo inmensa y totalmente
excesiva, muy superior a la necesaria ante las cada vez menos funciones
que tiene que desarrollar, toda vez que dependen en gran medida de las
decisiones
que son tomadas en Bruselas y, además, la casi totalidad de sus
competencias tradicionales han sido transferidas a las Comunidades
Autónomas.
En este Departamento existen nada menos que 25 organismos y servicios que
tienen entidad propia con presupuestos independientes. De ellos, cinco
tienen categoría administrativa de secretaría, como la Secretaría General
de Estructuras Agrarias, Secretaría General de Producciones y Mercados
Agrarios, Secretaría General de Pesca Marítima y Secretaría General de
Alimentación.
De estos organismos destaca, por ejemplo, la Secretaría General de
Alimentación, de la que únicamente dependen dos direcciones generales y
que en el presupuesto para 1994 sólo tiene dotación en los capítulos 1 y
2, al no disponer más que de personal directivo, funcionarios y
laborales, cuya única misión es coordinar a la Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias y a la Dirección General de Política
Alimentaria. El presupuesto de esta Secretaría General asciende
únicamente a 452 millones de pesetas.
En idéntica línea está la Secretaría General de Estructuras Agrarias, con
un presupuesto de 174 millones de pesetas, sólo en los capítulos 1 y 2, y
de quien dependen únicamente dos organismos: IRYDA e ICONA.
De la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios, que dispone
de un presupuesto de 1.431 millones de pesetas para 1994, dependen cinco
organismos, tres de los cuales proceden de la división de una sola
dirección general, la antigua Dirección General de la Producción Agraria,
que se ha subdividido en la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas, la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos y la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
Evidentemente, estas secretarías generales creadas a comienzos del año
1991 no han tenido más misión que incrementar el número de altos cargos
de este Ministerio. En pesca, por ejemplo, se destinan únicamente 22.793
millones de pesetas para 1994, que suponen un escaso 3 por ciento del
presupuesto total del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Como organismos gestores existen, nada menos, que una Secretaría General
de Pesca Marítima, que tiene nivel y categoría de Subsecretaría y cinco
direcciones generales más: Instituto Español de Oceanografía, Dirección
General de Estructuras Pesqueras, Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marítimos, FROM y Dirección
General de Recursos Pesqueros.
De estos seis organismos, cuyos cometidos se entrecruzan, nos encontramos
con que la Dirección General de Mercados Pesqueros, de la que dependen
cerca de cien funcionarios, sólo aparece en los presupuestos en los
capítulos 1 y 2 y con una transferencia en el capítulo 4 de 47 millones a
la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Según los indicadores de los presupuestos del Ministerio de Agricultura,
esta Dirección General únicamente remite 25 proyectos de subvenciones de
mejora de la infraestructura comercial pesquera a Bruselas. Parece ser
que esta Dirección General con sus funcionarios realiza cometidos del
FROM, que prácticamente no dispone de personal y con quien intercambia
funciones.
Para asociacionismo agrario, los importes presupuestados han seguido la
siguiente evolución, me refiero al Programa 712-A: en 1991, 3.800
millones de pesetas; en el año 1992, 2.100; en el año 1993, 2.080, y en
el año 1994, 2.108 millones de pesetas. Ha habido un importante recorte.
En cuanto a las inversiones de reposición del ICONA, en infraestructuras
han seguido la siguiente evolución: Programa 533-A: en el año 1991,
21.258 millones de pesetas; en el año 1992, 15.285; en el año 1993,
16.250, y en el año 1994, 14.819 millones de pesetas. También ha habido
un importante descenso en las inversiones de reposición del ICONA. Desde
hace tres años disminuyen inversiones destinadas a prevención de
incendios forestales, control de la erosión, defensa de la cubierta
vegetal, repoblaciones, etcétera, e, incluso, desaparece la inversión
destinada a protección de infraestructuras y corrección y prevención de
impactos ecológicos producidos por las grandes obras públicas, que era de
670 millones de pesetas en el año 1991 y que ya no aparece en los
Presupuestos siguientes.
Las inversiones totales en infraestructura presupuestadas para el IRYDA,
Programa 531-A, han seguido también una evolución descendente, de 20.245
millones en el año 1990 a 13.757 millones en el año 1994. Desaparece, por
otra parte, la partida destinada a fomentar las entidades asociativas
para el desarrollo de la agroindustria, que en el año 1991 y anteriores
era de 3.300 millones de pesetas anuales. Para la ordenación y fomento de
la industrialización agroalimentaria, las cantidades presupuestadas en
los últimos años han sido, en el año 1991, 8.900 millones de pesetas,
mientras que en 1994 han sido 8.917 millones.
En resumen, señorías, para 1994, los Presupuestos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación tienen un fuerte carácter restrictivo
para las inversiones, aunque siguen existiendo numerosos gastos
suntuarios e innecesarios, además de una burocracia superior a la
existente hace tres o más años. Por todo ello, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular presentadas a los Presupuestos de este Ministerio
pretenden ahorrar gastos innecesarios o superfluos, o aquellos otros que
pueden ser aplazados a Presupuestos de Ejercicios posteriores o que, como
numerosos estudios y evaluaciones, pueden y deben ser realizados por los
propios funcionarios del departamento.
Asimismo, se pretende aligerar la pesada burocracia
de este Ministerio suprimiendo y refundiendo los siguientes organismos.
Primero, Dirección General de Servicios, cuyos cometidos pueden ser
desarrollados mediante una Subdirección General dependiente de la
Subsecretaría del Ministerio. Segundo, Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas. Tercero, Dirección General de Producciones y
Mercados Ganaderos. Estas dos Direcciones Generales se refundirían con la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, de donde se
desgajaron en el año 1991, pasando a denominarse igual que antes,
Dirección General de la Producción Agraria. Cuarto, Dirección General de
Recursos Pesqueros, que pasaría a integrarse en la Dirección General de
Estructuras Pesqueras con la nueva denominación de Dirección General de
Estructuras y Recursos Pesqueros. Quinto, Secretaría General de
Alimentación, que pasaría a integrarse en la Secretaría General de
Producciones y Mercados con la nueva denominación de Secretaría General
de Producciones, Mercados y Alimentación. Sexto, Dirección General de
Política Alimentaria, que pasaría a integrarse en la Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias, con la nueva denominación de
Dirección General de Industrias Agroalimentarias y de Política
Alimentaria, dependiente de la Secretaría General de Producciones,
Mercados y Alimentación. Séptimo, FORPPA, que pasaría a integrarse en el
SENPA, manteniendo esta última denominación o, en su caso, como organismo
de intervención comunitaria. De esta manera se consigue suprimir una
Secretaría General y seis Direcciones Generales, con una fuerte
disminución de la burocracia, volviendo a una estructura orgánica menos
compacta, más ágil y más próxima al agricultor, ganadero o industrial, lo
que se traduciría, indudablemente, en más dinamicidad e integración en
los propios sectores agrarios y pesqueros dependientes de este
departamento.
Al propio tiempo, el Grupo Parlamentario Popular propone la
reprivatización de las empresas públicas siguientes: Grupo Merco,
Mercasa, Tragsa, Tragsatec, La Almoraima y Alimentos y Aceites. De esta
manera, con el importe conseguido con las reprivatizaciones de estas
empresas y el ahorro logrado con la reducción de organismos, eliminación
de altos cargos, gastos de representación, vehículos oficiales,
ediciones, etcétera, y de la eliminación de los gastos superfluos e
innecesarios, se logrará el ahorro suficiente para efectuar las nuevas
inversiones en el sector agrario y pesquero, con el que se logren, a
través de las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular los
objetivos que a continuación enumero.
Primero. Incremento de 6.000 millones de pesetas en inversiones del IRYDA
para mejorar las infraestructuras del sector agrario: regadíos nuevos y
mejora de los existentes que ahorren agua, electrificación rural,
caminos, desagües, embalses, etcétera.
Segundo. Incremento de 4.000 millones de pesetas en el IRYDA para dotar
suficientemente los programas de mejora de la estructura productiva de
las explotaciones agrarias y de la incorporación de jóvenes al sector
agrario, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.887/1991.
Con esta dotación se conseguiría que puedan acogerse a la instalación en
el sector agrario un mínimo de 5.000 jóvenes, en lugar de los 2.140
previstos.
Tercero. Incremento de 2.000 millones de pesetas en el IRYDA para
incrementar la dotación económica destinada a las indemnizaciones
compensatorias de montaña, de tal manera que los agricultores
beneficiarios, más de 200.000, puedan recibir de media un mínimo de
75.000 pesetas en lugar de las 57.600 pesetas previstas.
Cuarto. Incremento de 14.000 millones de pesetas a través del IRYDA para
mejorar la dotación económica de las transferencias de capital a las
empresas privadas derivadas de las medidas de acompañamiento de la
reforma de la PAC, de tal manera que se pueda aumentar sensiblemente el
número de agricultores y ganaderos perceptores de estas ayudas y que
tienen un efecto multiplicador en la transferencia de los fondos
comunitarios a España, habida cuenta de que son medidas cofinanciadas.
Con este incremento presupuestario se conseguirá que puedan acogerse al
cese de la actividad agraria un mínimo de 5.000 agricultores y a la
reforestación de 125.000 hectáreas en 1994, en lugar de 2.946
agricultores y 55.000 hectáreas previstos para dicho año.
Quinto. Dotación nueva de 4.000 millones de pesetas del IRYDA para
financiar la subvención del barbecho blanco en una superficie aproximada
de 3.000.000 de hectáreas en un programa que debe ser cofinanciado con el
presupuesto comunitario.
Sexto. Incremento de 4.000 millones de pesetas en el ICONA para mejorar
de manera suficiente la infraestructura medioambiental a través de los
programas de este organismo, tanto en inversiones nuevas como de
reposición destinadas a conservación, protección y mejora del medio
natural, tales como repoblaciones forestales en las cabeceras de las
cuencas hidrográficas, lucha y prevención de incendios forestales,
corrección de impactos ecológicos, lucha contra la erosión y
desertización, etcétera. Para la práctica totalidad de las ayudas que se
pretenden establecer el Ministerio no ha propuesto importe alguno. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Séptimo. Incremento de 5.000 millones de pesetas en el presupuesto de la
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias para dotar de
manera adecuada los programas de ordenación y fomento de la
industrialización agroalimentaria, habida cuenta del gran número de
peticiones existentes pendientes de recibir las subvenciones aprobadas en
este año y con anterioridad,
y que el establecimiento de estas industrias es una de las principales
maneras de aportar valor añadido al sector agrario español.
Octavo. Dotación de 2.000 millones de pesetas a través de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias para establecer un programa
de fomento del asociacionismo en la industria agroalimentaria como una de
las medidas para mejorar la rentabilidad de dicha industria.
Noveno. Incremento de 1.300 millones de pesetas en la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrarios para la compra de 100.000 toneladas
de cuota láctea, al objeto de redistribuirla entre aquellos ganaderos con
cuota láctea deficitaria.
Décimo. Incremento de 2.000 millones de pesetas en ENESA para dotar de
una manera adecuada y suficiente las distintas líneas de seguros agrarios
y liquidar deudas de planes anteriores.
Once. Incremento de 100.000 millones de pesetas en el Instituto de
Fomento Asociativo Agrario para dotar de una forma adecuada las
transferencias, que se han reducido por el Gobierno, a las organizaciones
profesionales agrarias y a otras entidades asociativas.
Doce. Incremento de 2.000 millones de pesetas, a través de la Dirección
General de Estructuras Pesqueras, para dotar adecuadamente los programas
de fomento y desarrollo de la acuicultura en las Comunidades Autónomas
como una de las vías fundamentales para complementar el desarrollo del
sector productor pesquero de nuestro país.
Trece. Incremento de 4.000 millones de pesetas, a través de la Dirección
General de Estructuras Pesqueras, para dotar de manera suficiente el
programa de renovación de la flota pesquera española, al que únicamente
se ha dotado con 2.128 millones de pesetas.
Catorce. Adición de 2.500 millones de pesetas, a través de la Dirección
General de Estructuras Pesqueras, para el establecimiento de planes de
ayuda para la paralización temporal de las flotas pesqueras por paradas
biológicas. El Ministerio ha presupuestado a tal efecto una cantidad
simbólica.
Quince. Dotación de una partida de 500 millones de pesetas, a través de
la Dirección General de Política Alimentaria, para promocionar el consumo
de los productos alimentarios de calidad.
Dieciséis. Dotación de una partida de 1.000 millones de pesetas, a través
de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, para luchar,
mediante la sanidad vegetal, contra la tristeza de los cítricos.
El conjunto de estas dieciséis enmiendas supone un incremento de 54.400
millones de pesetas.
En resumen, señorías, no creemos que este presupuesto pueda cumplir los
objetivos de una política agraria para 1994. Los objetivos para una
política que viene exigida por la Comunidad Europea. Por tanto,
solicitamos su devolución al Gobierno o, alternativamente, la aprobación
de nuestras enmiendas que posibilitarían atender, aunque fuesen sólo
minoritariamente, las necesidades de la agricultura española.
El resto de las enmiendas las doy por defendidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, el Senador Arguilé tiene la palabra.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, un año más me cabe el honor de intervenir en el trámite
parlamentario de la Sección 21 de los Presupuestos Generales del Estado.
Comienzo esta intervención anunciándoles que mi Grupo Parlamentario se va
a oponer a los vetos y a las enmiendas presentadas por los Grupos
Parlamentarios de la Cámara.
Fundamento esta oposición, señor Presidente, porque nosotros entendemos
que la dotación presupuestaria es la mejor posible --no voy a decir que
es abundante, indudablemente no lo voy a decir porque no es así--, es la
mejor posible en un momento de recesión económica y de crisis. Pero en
este momento hay un dato nuevo en los presupuestos dedicados a la
agricultura: hace más de un año que existe un convenio marco entre las
Comunidades Autónomas y el Estado, que ha hecho que exista en estos
momentos corresponsabilidad financiera y cooperación entre las dos
Administraciones, lo que equivale a que en los programas de
infraestructuras y estructuras haya más dotación y más corresponsabilidad
y, por tanto, mejor atención a los agricultores.
Desde luego, esta situación va a posibilitar un mayor apoyo público a la
agricultura española; facilita atravesar de mejor forma una situación que
es bastante complicada para la agricultura española, y no sólo para la
agricultura española, sino para la agricultura europea --pero en este
caso estamos hablando de la española-- por lo que se deriva de las
conclusiones de las conversaciones de la Ronda de Uruguay y por lo que se
deriva del primer año de ampliación de la reforma de la política agrícola
común.
En segundo lugar, fundamento mi oposición en que el discurso que ha hecho
el señor Bernáldez es reincidente. Yo ya levo muchos años en la Cámara, y
el discurso del señor Bernáldez lo hizo el señor Baselga --fíjese si me
remonto, y usted lo conocerá probablemente--, lo hizo el señor Alarcón
Molina, lo hizo el señor Hurtado, todos ellos manchistas --ahora
desaparecidos de la Cámara--, lo hizo el señor Malabia, lo hizo el señor
De Miguel y lo hace usted. Han venido haciendo todos los años el mismo
discurso, ocurra lo que ocurra, tanto en la economía mundial, como en la
economía o en la agricultura española.
Naturalmente, desde 1983 a hoy han cambiado mucho las cosas, porque en
1983 no estábamos en la Comunidad
Económica Europea, el Estado no estaba descentralizado y, por tanto, el
marco es bastante distinto a lo que era entonces. Pero ustedes han
seguido con el mismo discurso, la misma estrategia parlamentaria
presupuestaria: reducción de los Capítulos 1, 2 y 6, Gastos de Personal
--como ha dicho el señor Bernáldez--, Gastos de bienes y servicios, e
investigaciones en bienes de reposición. Hay gastos tan pintorescos que
habría que quitar, como la contratación de empresas de limpieza para los
edificios públicos del Ministerio, el teléfono, la electricidad, o la
conservación de edificios. En gastos de personal, no sé si ustedes optan
por reducir las plantillas o por reducir los salarios, pero hay cerca de
6.000 millones en la reducción de personal. Entonces, yo no sé si ustedes
quieren reducir personal o reducir salarios porque se reducen gastos
sociales, se reducen salarios a laborales y a funcionarios y se reducen
incentivos.
Por tanto, si cuando ustedes formularon estas peticiones en 1983,
nosotros les hubiésemos hecho caso, en estos momentos nos encontraríamos
con una Administración absolutamente deplorable y sin personal, porque
han venido haciendo estas mismas sugerencias a través de enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado desde hace once años.
Y también desde hace once años proponen las mismas enmiendas para la
supresión del pago de interés del SENPA. Los créditos del SENPA en este
año suponen 7.500 millones, y 7.000 están concertados con las cajas de
ahorros y con las cajas rurales, que son los fondos que emplea el SENPA
para anticipar a los agricultores el dinero que luego se reembolsa de
Feoga-garantía, y esto ustedes lo suprimen.
Suprimen también la póliza del FORPPA que va destinada a la compra de
vino para la destilación. Saben sus señorías que en el sector
vitivinícola no existe solidaridad financiera plena con la Comunidad
Económica Europea. Por tanto, esa póliza va destinada a esos menesteres y
también a pérdidas producidas por ventas de productos que se encuentran
fuera de las organizaciones comunes del mercado de la política agrícola
común, y a pagarés destinados a llevar a cabo la política cerealista.
Esto es lo que van suprimiendo ustedes para encontrar dinero y que se
produzcan luego las altas.
Unas cuantías bastante insignificantes en lo que es el Presupuesto es la
supresión de transferencias a ayuntamientos, a asociaciones que están
constituidas para desarrollar la Ley de espacios naturales de la flora y
de la fauna silvestre, a formación de agentes rurales y a prospección de
mercados. Pero esto suponen unas cuantías menores.
La cuantificación que hacen ustedes de estas bajas que se producen, se
cifra, según lo que ha dicho el señor Bernáldez en la tribuna, en 23.000
millones de pesetas, cantidad que naturalmente es insuficiente para luego
afrontar las altas que ustedes proponen en el Presupuesto. La diferencia
es de más de 30.000 millones de pesetas y se pretende cubrir con la
supresión del FORPPA, al que ustedes tienen desde tiempo inmemorial
bastante manía. En las discusiones presupuestarias siempre han dicho que
sea asumido por el SENPA. Yo no sé por qué; porque a partir de 1986, año
en que entramos en la Comunidad Económica Europea, está bastante bien
estructurado: el FORPPA es el organismo negociador y planificador y el
SENPA es el brazo ejecutor de la política de Feoga-garantía, y esa
estructura administrativa es la adecuada.
Suprimen cuatro direcciones generales, y no sé lo que pretenden ahorrar
aquí; el señor Bernáldez ha dicho que el sueldo de los altos
funcionarios. Pues de los seis que pretenden suprimir, cinco son
funcionarios. Por tanto, no nos vamos a ahorrar demasiado dinero con esta
supresión.
También desde hace tiempo pretenden la enajenación de la empresa Mercasa,
Tragsa, Alimentos y Aceites y la Almoraima. Y la estimación que hacen
ustedes de la enajenación de este tipo de empresas es hipotética y
carente de rigor. Cuando critican las empresas públicas para justificar
su anulación se basan en la falta de rentabilidad y en las pérdidas que
producen. Pérdidas que, naturalmente, también son criticadas en el
Presupuesto General del Estado, porque han venido siendo absorbidas,
sobre todo las de la empresa Merco, por la ampliación de capital, lo que
se llama en el Presupuesto la compra de acciones, que naturalmente genera
gasto y contribuye al aumento de déficit.
Pero cuando ustedes intentan echar mano de estas empresas para aumentar
los recursos para safisfacer aquellas altas que ustedes producen en el
Ministerio creo que estamos hablando de otras empresas y no de éstas,
porque ustedes pretenden venderlas bastante caras.
Mi oposición a la enajenación de empresas públicas se basa, señorías, en
dos razones. La primera de ellas es que la liquidación de una empresa
pública de las características de la que nos ocupa no genera beneficios
al Erario Público. Tengan en cuenta que contamos ya con una experiencia,
la empresa Mercosa: coste de despido de personal, deudas pendientes que
tenía la empresa, denuncia de contratos en vigor y, naturalmente, un
valor patrimonial bastante por debajo de lo que muchos calculan en estos
Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, no genera beneficios, sino
todo lo contrario. Y, en segundo lugar, porque creo que la empresa
pública no justifica su existencia solamente, señor Presidente, por su
rentabilidad económica, sino también por otras razones, por su papel
social y medioambiental, que puede ser el caso de la Almoraima, como
prestadora de servicios públicos, como es el caso de Tragsa y Tragsatec,
y cuando cumplen un papel
antimonopolista, como lo hacía Merco y como lo hace Mercasa.
Por tanto, les aseguro que no se puede hacer con las empresas públicas,
y, sobre todo, con las que tenemos en el campo de la agricultura y de la
que el Ministerio del ramo participa en un porcentaje creo que del 25 por
ciento y el resto es de Patrimonio, el cuento de la lechera, porque ya
tenemos una experiencia, que es la enajenación de la empresa Merco.
Señorías, esas razones ya serían --y son-- suficientes para oponerme a
las enmiendas a los Presupuestos de la Sección 21.
Para criticar el gasto de personal, éste debería experimentar una
elevación, y el Capítulo 1 para 1994 desciende un 0,2 por ciento. Las
propuestas de descenso que ustedes hacen respecto de este Capítulo,
argumentadas con un discurso bastante demagógico, en mi opinión, de
derroche, no tiene ninguna justificación, porque los créditos destinados
a la compra de bienes y servicios, es decir, a los gastos de
funcionamiento, descienden un 4,7 por ciento. Lo que no podemos es
parcializar. Hay que globalizar el presupuesto de los capítulos 1 y 2 y
ver que descienden.
Y ésta es la tónica de estos Presupuestos, señorías, no lo voy a negar.
Es un Presupuesto austero, y dentro de esa austeridad se ha creído
conveniente proponer, mediante un incremento presupuestario, un impulso
de las medidas de acompañamiento de la política agrícola común, la
reforestación, la jubilación y las medidas medioambientales, 26.000
millones frente a los 11.000 del año pasado, con un aumento del 123 por
ciento.
También se prioriza, desde el punto de vista presupuestario, la
reordenación del sector lácteo, dotándolo de 6.200 millones de pesetas,
frente a los 4.900 millones del año pasado, incrementando esta partida el
25 por ciento. Otro programa para experimentar un crecimiento
presupuestario del diez por ciento es el que se refiere a la
reestructuración de cultivos, que pasa de una dotación de 3.932 millones
de pesetas a 4.325 millones.
Hay otro programa que también consideramos prioritario, que es el que se
refiere al fomento de sectores agrarios y alimentarios y a la asistencia
técnica, con un incremento de un 3,3 por ciento y una dotación de 8.824
millones de pesetas.
Deseo destacar también el incremento que experimenta al programa de
mejora y racionalización de regadíos, y lo destaco por ese 102 por
ciento, que supone una inflexión en la política de regadíos de mucho
calado.
Señorías, estábamos expansionando el regadío, y, sin embargo, no
dedicábamos excesiva atención --porque, naturalmente, lo de hacer obras
nuevas parece que es más espectacular-- a recuperar recursos de los que
se derrochan en los regadíos históricos por no tener unas
infraestructuras adecuadas. Por tanto, yo veo apropiada esta inflexión
que se produce en la política de regadíos, y veo interesante que
dediquemos más fondos al Programa de mejora y racionalización de regadíos
existentes.
Naturalmente, podríamos destacar muchas más prioridades, y sería una
lista batante exhaustiva, pero no lo voy a hacer, porque es mejor, siendo
mi última intervención, reducir los tiempos, si es posible. Estoy mirando
el piloto verde continuamente para no extenderme.
Ajustando el discurso a la realidad más cruda, que es el descenso del
presupuesto del subsector Estado, les manifiesto a todos ustedes que las
prioridades expuestas se pueden llevar a cabo modificando a la baja otros
programas. Naturalmente, hay que equilibrar el presupuesto, y para
programar las prioridades que yo he expuesto, hace falta sacrificar otras
partidas y otros programas.
Señorías, con estos ajustes en el subsector Estado, el presupuesto
consolidado del Ministerio de Agricultura es de 932.554 millones de
pesetas; representa un incremento de un 22,9 por ciento. Este
espectacular aumento se debe a la aplicación de la reforma de la Política
Agrícola Común. Por tanto, es una dedicación presupuestaria muy
importante que amortigua el ajuste presupuestario del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Quiero hacer una aclaración, porque los representantes del Grupo
Parlamentario Popular siempre plantean en su discurso unas cuestiones que
no son ciertas. Me gustaría que se rectificara el discurso, porque
ustedes dicen que los fondos provenientes del FEOGA no hay que contarlos
como presupuesto. Y yo me niego a ello, porque, señorías, nosotros, es
decir, España, a través de los recursos del IVA, del porcentaje del
Producto Nacional Bruto, de la contribución al Fondo Europeo del
Desarrollo y de los recursos propios tradicionales, tiene presupuestado
aportar este año a la Unión Europea 919.434 millones de pesetas. Estos
son fondos nuestros que aportamos a la Comunidad, por tanto, no nos
regala la Comunidad todo lo que luego reembolsamos nosotros. En
consecuencia, muchos fondos de los que dedicamos a la agricultura son
fondos nuestros que hemos dedicado anteriormente a los fondos europeos.
El Feoga-garantía este año, señor Presidente, va a suponer, redondeando
cifras, en torno a los 700.000 millones de pesetas, y el Fondo de
Orientación más el IFOP van a suponer 100.000 millones de pesetas, es
decir, los fondos europeos que vamos a reembolsar en España dedicados a
la agricultura y a la pesca van a rondar los 800.000 millones de pesetas.
Está previsto aportar, por tanto, 900.000 millones, casi lo mismo que
aportamos lo reembolsamos sólo en la agricultura española. Naturalmente,
nuestro saldo va a ser positivo este año en más de 300.000 millones de
pesetas porque los fondos
que vamos a reembolsar van a estar en torno a los 1.300 millones de
pesetas.
Quiero señalar también, señor Presidente, señorías, que el presupuesto
consolidado dedicado a la agricultura por todas las Administraciones que
contribuyen al mismo, que son: el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, rondará en
1994 el billón, 500.000 millones de pesetas. Eso es lo que se va a
dedicar a la agricultura española de diversas fuentes, que nosotros,
naturalmente, hemos aportado anteriormente y en el que las Comunidades
Autónomas también tienen una aportación importante.
Para finalizar, señor Presidente, quiero aclarar --porque esto también se
critica en muchas ocasiones-- que en reembolso a través del
Feoga-orientación, España es el segundo país, después de Francia, que
desde 1986 a 1992 ha reembolsado 1.952 millones de ecus, frente a Italia,
que va detrás de nosotros con 1.663 millones de ecus.
En lo que respecta al Feoga-garantía, por ejemplo, en el año 1992 --año
del que tengo las cifras exactas; ahora ha aumentado muchísimo más con la
reforma de la política agrícola común-- estábamos en cuarto lugar,
después de Francia, Italia y Alemania. España reembolsaba en 1992,
478.686 millones de pesetas a través del Feoga-garantía.
Por tanto, señoría, después de reconocer que el presupuesto del subsector
Estado en el Ministerio de Agricultura es un presupuesto más reducido de
lo que todos desearíamos por la crisis económica que atraviesa España,
creo que la reforma de la política agrícola común ha compensado, tanto
con el reembolso del Feoga-orientación como del Feoga-garantía esa
pérdida, ya que con los fondos nacionales España contribuye directamente
a desarrollar la política agrícola común. Por tanto, ese incremento del
22,9 por ciento de los presupuestos de la Sección 21 y todos los fondos
que acabo de señalar, representan, dentro de una situación de crisis,
unos buenos presupuestos, lo contrario sería no decir la verdad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Abrimos el turno de portavoces. (Pausa.)
El Senador Bernáldez tiene la palabra, en representación de su Grupo
parlamentario.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En algo estamos de acuerdo el señor Portavoz del Grupo Socialista y quien
les habla: efectivamente, la agricultura está en crisis. Y hemos de
decir, sin ánimo de incurrir en ningún catastrofismo, que la situación
del campo español no es buena.
Señor Portavoz, el campo español padece actualmente momentos de
desencanto como no ha tenido en otros tiempos de nuestra agricultura. Le
voy a recordar, y usted lo sabe, que los indicadores socioeconómicos
agrarios para 1992 --último año del cual tenemos datos-- han sido los
peores de la última década. Ni uno solo de dichos indicadores ha sido
positivo para el sector; por ejemplo, ha habido congelación de precios;
ha habido disminución de la capacidad adquisitiva de los agricultores; ha
habido un distanciamiento de rentas; ha habido, y existe hoy día, un
profundo endeudamiento cercano a los dos billones de pesetas.
Decía usted que hemos tenido un discurso similar desde los tiempos del
Senador Baselga a los tiempos del Senador Malabia. Es cierto; desde
aquellos momentos hemos tenido un discurso coherente. En cambio, donde no
ha habido coherencia --y permítame que se lo diga con toda cortesía-- ha
sido en la filosofía del Partido y del Grupo Socialista.
Ustedes decían en 1980: «La tierra para el que la trabaje.» En 1993 no
hay quien trabaje la tierra, tras trece años de política socialista.
(Aplausos en los escaños de la derecha.)
Ustedes han conseguido que no haya joven que por su propia iniciativa se
instale hoy día en el campo porque prefieren irse a otros sectores, como
es el sector secundario o el sector terciario. Y fruto de aquella
política socialista de los años 80, y que hoy día están corrigiendo en lo
que pueden, fue también, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Rústicos;
hablaban entonces ustedes de veintiún años de arrendamiento rústico. Hoy
día, tienen en proyecto modificar esa Ley en unos plazos que pueden durar
del orden de tres o cuatro años. Ahí es donde no ha habido coherencia, y
sí la ha habido en el discurso del Grupo Popular desde 1982.
¿Usted cree, sinceramente, señor Portavoz, que estos presupuestos de 1994
contribuyen a mejorar la situación del sector agrario español? Le voy a
recordar lo siguiente: «Hemos de modernizar las explotaciones agrarias.»
En 1994 tenemos menos de la mitad de dinero para modernización de
explotaciones agrarias que en 1983. En 1993 había 18.100 millones de
pesetas; en 1994 solamente hay 8.839 millones de pesetas.
¿Con estos presupuestos vamos a conseguir rejuvenecer el tejido social
agrario? ¿Usted cree que con una incorporación de 2.140 jóvenes al año
puede rejuvenecerse la explotación agraria, puede rejuvenecerse el campo
español? Es evidente que no.
En cuanto a formación profesional, estos presupuestos dedican nada menos
que un 40 por ciento menos que en el año 1993. En cuanto a la
potenciación de inversiones reales, también hay un 40 por ciento menos de
dinero en 1994 que en 1990.
Señor Portavoz, hablaba usted de las mejoras de las medidas de
acompañamiento. Es indudable que la importancia de las medidas de
acompañamiento es grande puesto que con ellas se pretende suavizar la
dureza
de la política agraria comunitaria. Pues bien, el presupuesto del
Ministerio de Agricultura para 1994 solamente dedica 26.600 millones de
pesetas a las medidas de acompañamiento, dinero que, como su señoría
sabe, es cofinanciado con la Unión Europea.
Lo cierto es que todos teníamos esperanzas de que con esas medidas de
acompañamiento la agricultura española iba a mejor; sin embargo, es
indudable que con esa pequeña cantidad España no podrá tener una
población agraria menos envejecida, no podrá reestructurar sus
exportaciones y no podrá, en definitiva, competir con el resto de las
agriculturas comunitarias.
En cuanto a las medidas de forestación, incluidas en las medidas de
acompañamiento, quiero recordar a su señoría que en el programa electoral
del Partido Socialista en las últimas elecciones --tengo aquí la página
que se refiere a ello-- ustedes se proponían repoblar nada menos que un
millón de hectáreas durante la próxima legislatura, siguiendo criterios
biológicos y ecológicos adecuados. A mayor abundamiento, y en esa línea,
el señor Secretario General de Estructuras Agrarias manifestaba hace poco
tiempo que durante el próximo año se iban a forestar 200.000 hectáreas.
Pues bien, ¿sabe usted el esfuerzo que dedican los presupuestos para 1994
a la forestación de ese millón de hectáreas en cinco años o a la de esas
200.000 hectáreas en el próximo año? Solamente el que se necesita para
forestar 55.000 hectáreas, ridícula cifra si se compara con las dos
anteriores. Y lo que es más grave, ¿sabe el señor Portavoz que, habiendo
presentado cinco de las diecisiete Comunidades Autónomas los proyectos de
forestación, dichos proyectos han ascendido a la cantidad de 115.000
hectáreas, y que faltan doce Comunidades Autónomas por presentar
programas de forestación? Es evidente que con estos presupuestos la
agricultura no se convierte en una agricultura competitiva y convergente
con la del resto de los países comunitarios. Con estos presupuestos es
indudable que la agricultura española cada vez está más distante de la
rica agricultura del resto de los países comunitarios.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Gangoiti, a quien por
error no le he concedido su turno en el orden correspondiente.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve no sólo por lo avanzado de la hora sino incluso por
el hecho de que tanto en el capítulo agrícola como en el pesquero se
contienen las políticas en que hay más transferencias a las Comunidades
Autónomas y, sobre todo, que están más comunitarizadas. Al final, quizá
gran parte del futuro de los dos subsectores, así como del bienestar de
las personas que trabajan en ellos en estos momentos, se juega no sólo
hoy aquí, sino en la capacidad que tengamos en el Consejo de Ministros de
la Comunidad Económica Europea, tanto en la agricultura como en la pesca,
para defender nuestras posturas frente a presiones de otros Estados.
De todas formas, quisiera decir, muy brevemente, que en lo que respecta a
estos presupuestos y a su filosofía, nosotros echamos en falta una serie
de temas importantes; por ejemplo, desde nuestro punto de vista no hay un
presupuesto adecuado para la promoción de una auténtica política de
calidad dirigida a diferenciar y cualificar nuestros productos, lo cual
consideramos que sería importante. Lo mismo ocurre en lo que se refiere a
una política de rentas. En tercer lugar, es necesario hacer un esfuerzo
en el sector agrícola de cara a conseguir una política estructural
dirigida a mejorar la formación, la dimensión, el rendimiento, el
rejuvenecimiento y el incremento de la productividad.
Hay un tema que nos preocupa muy especialmente, como es la excesiva
presión que, durante los últimos años, está ejerciendo la distribución
alimentaria sobre el sector agrario, que debería ser regulada y limitada
por el Congreso y esta Cámara, al igual que se ha hecho ya en otros
países de la Comunidad Económica Europea.
No debemos olvidar que en los últimos años, en el período de 1985 a 1992,
mientras los precios percibidos por los agricultores han aumentado en un
20 por ciento, los precios de la alimentación lo han hecho en un 43 por
ciento y el IPC, en un poco más del 50 por ciento.
Por lo que se refiere al sector pesquero, echamos en falta el que no se
contemplen de forma adecuada una serie de medidas socioestructurales para
conseguir la modernización y renovación de la flota y su adaptación a las
nuevas necesidades que nos está marcando la Unión Europea.
Por último, y también en relación con el sector pesquero, es necesario un
incremento de los medios necesarios para poder hacer frente a ese desafío
de Europa.
Como representante del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, vuelvo a
insistir en lo que decía al principio: estando quizá en estos momentos
gran parte del futuro, tanto del sector agrícola, como del pesquero, no
ya sólo en estos presupuestos, sino en la capacidad política que tengamos
en el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, notamos una
serie de deficiencias en este presupuesto, aunque no como para decir que
es impresentable. Por tanto, quiero adelantar que nuestro Grupo se
abstendrá en la votación de esta Sección.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Arguilé.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente.
El representante del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha hecho
casi la defensa de un veto. Yo creía que intervendría para defender las
enmiendas que tenía presentadas, pero sólo se ha referido, de pasada, a
la relativa a la pesca. Como contesté de forma muy exhaustiva en Comisión
al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, porque una de sus enmiendas
era más de carácter político-administrativo que presupuestario, y quedó
reflejado en el Diario de Sesiones de la Comisión, no voy a referirme
ahora a esa cuestión y me remito a aquella contestación.
Se han dicho una serie de cosas que llaman la atención en un momento en
que la agricultura, como toda actividad económica productiva, está
fuertemente interrelacionada, y mucho más después de los acuerdos de la
Ronda Uruguay.
España no es el ombligo del mundo, sino uno de los doce países que forman
la Unión Europea, a cuya puerta están llamando en este momento
finlandeses, austriacos, noruegos y suizos; países que tienen una
agricultura muy por encima de las posibilidades que ahora puede ofrecer
la Unión Europea, en la que, sin embargo, quieren integrarse.
La labor de la oposición es criticar al Gobierno, en un Estado que es
casi como el Estado Federal Alemán. En una visita que hice a Alemania,
los alemanes se quejaban del «bocadillo» que se le hace al Estado como
Administración a la hora de moverse entre dos administraciones como son
la Unión Europea y los Länder. Lo mismo nos pasa a nosotros, y, a veces,
eludiendo responsabilidades, se exige demasiado al Estado y poco a las
Comunidades Autónomas y se tiene poco en cuenta lo que se acuerda en los
foros internacionales, como en la Unión Europea, en el Consejo de
Ministros, o como en la Ronda Uruguay, mediante el representante de la
Unión Europea en la Ronda Uruguay.
Todas esas consecuencias las sufrimos y las gozamos nosotros. Hemos
entrado en la Comunidad Económica Europea en un momento que no es
boyante, naturalmente. ¡Ojalá hubiésemos entrado cuando la formaban los
seis países de la vieja Europa! Porque la agricultura en estos momentos
estaría mucho mejor dotada. Pero hemos entrado en un momento de recesión
económica y de reflexión sobre el gasto, y eso ha producido en la
Comunidad Económica Europea, primero, la política de estabilizadores, que
se llevó a cabo en los años 1989 y 1990 y, segundo, la reforma de la
política agrícola común, que cambia radicalmente las perspectivas de la
política y de la producción agraria.
Por tanto, no vivimos aquí en una bola de cristal, sino en un país que
está fuertemente interrelacionado y fuertemente descentralizado. En
consecuencia, no exijan tanto al Gobierno que en estos momentos gobierna
la nación y exijámonos todos mucho más.
Señor Presidente, se ha comparado la situación de la agricultura española
en estos momentos con la agricultura de hace muchos años, de hace 20 ó 30
años; no sé en qué época la habrán ubicado para comparar esta situación.
No se parece absolutamente en nada, y se lo puedo asegurar; porque yo,
como el señor Ferrer i Profitós, soy de profesión agricultor y tengo,
como el señor Ferrer i Profitós, un hijo trabajando en la agricultura y,
por tanto, sé muy bien lo que ocurría en 1950, 1960 y 1970 y sé lo que
ocurre ahora en la agricultura; sé cómo son los agricultores de ahora y
cómo eran los de entonces; sé cuáles son los problemas de ahora y cuáles
eran los de entonces, y no son ni parecidos. Y lo cierto es, señor
Bernáldez, que la producción final agraria ha aumentado escandalosamente
tanto en España como en Europa; y que el consumo ha bajado el 30 por
ciento; y que las fronteras se han flexibilizado y se han abierto --y eso
es un problema--; y que las sociedades de los países desarrollados se
plantean no subvencionar tanto a la agricultura. Por tanto, no sólo
España tiene un problema, sino todos los países, lo que pasa es que otros
han arrancado en mejor situación y con mayores recursos. Nosotros hemos
llegado tarde a la Comunidad. En consecuencia, España en estos momentos
como país no tiene suficientes fondos como para corregir la diferencia de
más de 20 años que nos llevan los países europeos en agricultura y en
otras cosas, señor Bernáldez. Por eso le digo a usted todas estas cosas,
señor Bernáldez. Además, este año, con la aplicación de la reforma de la
política agrícola común --las cifras ya se han adelantado--, hay una
subida de la renta, tanto por ocupado como por población activa agraria,
del 10 por ciento; que superamos la renta de otros años y que hemos
pasado dos años de bache, pero estamos recuperando la balanza comercial
agraria y la balanza comercial agrícola y estamos recuperando la renta de
forma espectacular.
Por tanto, las perspectivas, señor Presidente, son buenas. Como he dicho
anteriormente en la tribuna, este presupuesto, debidamente cofinanciado
con otras administraciones, es el único presupuesto posible para la
agricultura española, que está en un momento de incertidumbre porque el
profesional de la agricultura no sabe qué es lo que va a hacer, no conoce
los problemas presupuestarios que tiene el Estado, que nunca va a
resolver todos los problemas de la agricultura.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta las nueve de la mañana
de hoy.
Era la una horas del día 23 de diciembre.