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DS. Senado, Pleno, núm. 15, de 20/12/1993
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Año 1993 V Legislatura
Núm. 15



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN



Sesión del Pleno



celebrada el lunes, 20 de diciembre de 1993



ORDEN DEL DIA:



--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993.




--Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria el día 11 de
enero de 1994 para la aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión
de Reglamento en relación con la Propuesta de reforma del Reglamento del
Senado en lo que atiende a la potenciación de su función territorial.




Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:



--Proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la función
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 5, de fecha 17 de noviembre de 1993) (número de
expediente S. 621/000005) (número de expediente C.D. 121/000012).




--Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y
prestaciones de servicios efectuados durante los ejercicios de 1986,
1987, 1988 y 1989. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
13, de fecha 4 de diciembre de 1993) (número de expediente S. 621/000013)
(número de expediente C.D. 121/000006).




Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de la ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 17
de diciembre de 1993) (número de expediente S. 621/000007) (número de
expediente C.D. 121/000013).




(El debate continúa en el «Diario de Sesiones» número 16, del martes, 21
de diciembre de 1993.)



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SUMARIO



Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.




Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993
(Página 543).




Se aprueba el Acta.




Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria el día 11 de enero
de 1994 para la aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión de
Reglamento en relación con la propuesta de reforma del Reglamento del
Senado en lo que atiende a la potenciación de su función territorial
(Página 543).




Se aprueba la solicitud por asentimiento de la Cámara.




CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



Proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la función
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea (Página 544).




Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.




Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe
de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de
servicios efectuadas durante los ejercicios de 1986, 1987, 1988 y 1989.

Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 544).




Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 (Página 544).




El señor Sanz Blanco, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que
ha sido designado para presentar el dictamen el señor Garcías Coll, quien
así lo hace a continuación. Seguidamente interviene el señor Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira).




Comienza el debate de las enmiendas de veto. El señor Ruiz-Gallardón
Jiménez defiende la enmienda de veto del Grupo Parlamentario Popular. El
señor Granado Martínez consume un turno en contra.




Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.




El señor Cuevas González defiende la enmienda de veto del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Petrizán Iriarte
defiende la enmienda de veto al Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna. El señor
Ramón i Quiles defiende la enmienda de veto del Grupo Mixto, Esquerra
Nacionalista Valenciana. El señor Granado Martínez consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Cuevas González, por el Grupo Mixto; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Ruiz-Gallardón Jiménez, por el Grupo
Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista. Vuelven a
intervenir los señores Ruiz-Gallardón Jiménez y Granado Martínez. El
señor Ruiz-Gallardón Jiménez hace uso de la palabra nuevamente por
alusiones. Cierra el debate el señor Ministro de Economía y Hacienda
(Solbes Mira).




Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Popular por 96 votos a favor,
123 en contra y 9 abstenciones.




Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 99 votos a favor, 126 en contra y 7
abstenciones.




Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, por 99
votos a favor, 125 en contra y 8 abstenciones.




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Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista
Valenciana, por 100 votos a favor, 125 en contra y 6 abstenciones.




Se inicia el debate del articulado. Título I, artículos 1 a 11. Anexos I
y II.




El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 806 a 814, del
Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Ramón i
Quiles da por defendida la enmienda número 1.233, del Grupo Mixto,
Esquerra Nacionalista Valenciana. El señor Barbuzano González defiende
las enmiendas números 1.175 y 1.176, del Grupo de Coalición Canaria. El
señor Utrera Mora defiende las enmiendas números 42 a 65 y 222 a 224, del
Grupo Popular. El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Utrera Mora, por
el Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista. Los
señores Utrera Mora y Granado Martínez intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.




Título II, artículos 12 a 20. Anexos V y VI.




El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 815 a 823 y 946,
del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor
Torrontegui Gangoiti defiende las enmiendas números 1.287 a 1.293, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Fernández Rozada
defiende las enmiendas números 66, 68 a 76, 78, 79 y 227 a 229, del Grupo
Popular. El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por
el Grupo Mixto; Fernández Rozada, por el Grupo Popular, y Granado
Martínez, por el Grupo Socialista.




Título III. Artículos 21 a 35.




El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 824 a 844, del
Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Espert
Pérez-Caballero defiende las enmiendas números 1.567 y 80 a 116, del
Grupo Popular. El señor Pleguezuelos Aguilar consume un turno en contra.

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas
González, por el Grupo Mixto; Espert Pérez-Caballero, por el Grupo
Popular, y Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista.




Títulos IV y XI, artículos 36 a 45, 101 y 102. Sección 07.




El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 845 a 848 y 897 a
903, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor
Torrontegui Gangoiti defiende las enmiendas números 1.300 a 1.301. El
señor Barbuzano González defiende la enmienda número 1.156, del Grupo de
Coalición Canaria. El señor Lobo Asenjo defiende las enmiendas números
116 a 121, 187, 188 y 233, del Grupo Popular. El señor Cercós Pérez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Barbuzano
González, por el Grupo de Coalición Canaria; Lobo Asenjo, por el Grupo
Popular, y Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.




Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.




Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.




LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 1993



El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993.

¿Alguna observación al acta? (Pausa.) Queda aprobada.




SOLICITUD DE CELEBRACION DE UNA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 11 DE ENERO
DE 1994 PARA LA APROBACION, EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE
REGLAMENTO EN RELACION CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
SENADO EN LO QUE ATIENDE A LA POTENCIACION DE SU FUNCION TERRITORIAL



El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: solicitud de
celebración de una sesión extraordinaria el día 11 de enero de 1994 para
la aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión de Reglamento en
relación con la propuesta de reforma del Reglamento del Senado en lo que
atiende a la potenciación de su función territorial.

¿Se aprueba dicha propuesta? (Pausa.)
La Presidencia entiende que dicha propuesta se aprueba por asentimiento
de la Cámara, dado lo que fue manifestado por los señores portavoces
recientemente. Así se declara. Aprobada por asentimiento.




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CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--PROYECTOS DE LEY SOBRE EL ACCESO A DETERMINADOS SECTORES DE LA FUNCION
PUBLICA DE LOS NACIONALES DE LOS DEMAS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EUROPEA. (S. 621/000005) (C. D. 121/000012.)



El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: conocimiento
directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.

Proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la función
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en las
series correspondientes, con fecha de 17 de noviembre de 1993.

A este proyecto de ley no se presentaron enmiendas dentro del plazo que
al efecto se señaló. Por tanto, por aplicación del artículo 183 del
Reglamento, se ha procedido a su inclusión directa en el orden del día en
el Pleno de la Cámara.

Los señores portavoces han manifestado hace una hora en la reunión de la
Junta de Portavoces que no habrá intervenciones en este proyecto de ley.

Por tanto, podemos entender que puede ser aprobado por asentimiento en su
totalidad. (Pausa.) Así se declara y queda definitivamente aprobado por
las Cortes Generales el proyecto de ley sobre el acceso a determinados
sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea.




--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 13.464.683.902 PESETAS, PARA CANCELAR DEUDAS CON LA FABRICA
NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE DERIVADAS DE ENTREGAS DE BIENES Y
PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LOS EJERCICIOS DE 1986,
1987, 1988 Y 1989. (S. 621/000013) (C. D. 121/000006.)



El señor PRESIDENTE: También, por conocimiento directo del Pleno y con
urgencia, estamos en condiciones de examinar, y en su caso aprobar, el
proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe
de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de
servicios efectuadas durante los ejercicios de los años 1986, 1987, 1988
y 1989. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, con
fecha de 4 de diciembre de 1993.

Los señores portavoces han manifestado que el proyecto puede ser aprobado
sin debate. Por tanto, se entiende aprobado por asentimiento de la
Cámara. (Pausa.) Así se declara y con ello queda definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar
deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entrega de
bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios de
los años 1986, 1987, 1988 y 1989.

Muchas gracias.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (S. 621/000007) (C. D.

121/000013.)



El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: dictámenes de
comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.

Vamos a ver el dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación con el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. Publicado
en el Boletín Oficial, en las series correspondientes, con fecha 17 de
diciembre de 1993.

A este proyecto se han formulado distintos votos particulares. Antes de
comenzar el debate, ruego al Presidente de la Comisión de Presupuestos
que nos indique quién va a presentarlo ante el Pleno del Senado.




El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.

La Comisión de Presupuestos, a propuesta de la Presidencia, acordó que el
encargado de presentar el dictamen de la Comisión de Presupuestos ante la
Cámara fuera el Senador Garcías Coll, Vicepresidente Primero de dicha
Comisión.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz.

El Senador Garcías Coll tiene la palabra para presentar el dictamen.




El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, me cabe el honor de presentar en este trámite
parlamentario el dictamen formulado por la Comisión de Presupuestos del
Senado relativo a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1994.




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De acuerdo con lo previsto en el artículo 120 del Reglamento de la
Cámara, el representante designado por la comisión correspondiente se
limitará a dar cuenta a ésta para su debido conocimiento e ilustración de
las actuaciones y de los motivos inspiradores del dictamen formulado. A
ello, pues, me dispongo.

En fecha de 23 de noviembre de 1993 fue publicado en el Boletín de la
Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados,
remitiéndose, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento
del Senado, este proyecto de ley a la Comisión de Presupuestos. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El plazo de presentación de enmiendas al texto publicado quedó fijado
hasta el 29 de noviembre a las 18 horas. En este plazo se presentaron
cinco propuestas de veto firmadas por los siguientes Senadores: don
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, en representación del Grupo Parlamentario
Popular; don Andrés Cuevas González, del Grupo Parlamentario Mixto; doña
Isabel Vilallonga Elviro, del mismo Grupo; don Esteban Petrizán Iriarte,
también del Grupo Parlamentario Mixto, y don Miquel Ramón i Quiles, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Asimismo, se formularon a los distintos títulos, artículos y secciones,
1.931 enmiendas particulares y de los distintos grupos parlamentarios. El
3 de diciembre se reunió la Ponencia designada para estudiar el proyecto
de ley, integrada por los señores don Mariano Alierta Izuel, don Sixte
Cambra i Sánchez, don Octavio Granado Martínez, don José Segura Clavell y
don Francisco Utrera Mora, elevando a la Comisión de Presupuestos el
siguiente informe.

Incorporar al texto del proyecto de ley las enmiendas formuladas por el
Grupo Parlamentario Socialista, excepto las números 1.874, 1.881 y 1.923
que se debatirán en Comisión. Incorporar al texto del proyecto de ley las
enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió números 1.830 a 1.834, 1.839 a 1.844, 1.847 a 1.849,
1.851, 1.854, 1.856, 1.865 y las números 1.850, 1.855, 1.858 a 1.860 con
las modificaciones y correcciones que figuran en el Anexo, y dejar para
su debate en Comisión el resto de las enmiendas no incorporadas al texto
del proyecto de ley.

Este informe fue aprobado por mayoría, con el voto a favor de los señores
Cambra i Sánchez, Granado Martínez y Segura Clavell, y con el voto en
contra de los señores Alierta Izuel y Utrera Mora.

Los días 10, 13 y 14 de diciembre se reunió la Comisión a fin de debatir
las correspondientes propuestas de veto y las enmiendas formuladas al
proyecto de ley de presupuestos, emitiendo el preceptivo informe, que ha
sido publicado en el Boletín Oficial de la Cámara con fecha 17 de
diciembre de 1993, permaneciendo vivos para su debate en Pleno 60 votos
particulares, que contienen cuatro propuestas de veto y 1.791 enmiendas.

Esto es todo cuanto tengo el honor de informar a esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.

¿Desea intervenir el señor Ministro? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señorías, comparezco con satisfacción ante la Cámara para cumplir con el
trámite de presentación de lo que son para mí los primeros presupuestos
generales del Estado como Ministro de Economía y Hacienda.

Dada la tramitación constitucional de las leyes en nuestro Parlamento,
constituye una dificultad adicional cumplir con este trámite de
presentación que, lógicamente, intenta contener una cierta dosis de
originalidad con el fin de evitar la repetición de argumentos o
explicaciones que sus señorías ya conocen por haber sido presentados
previamente en el Congreso.

Este año el presupuesto presenta una peculiaridad específica, que no se
ha producido en años anteriores, como consecuencia de debatir
conjuntamente la ley de presupuestos para 1994 y la ley de reforma de
régimen jurídico de la función pública y de protección por desempleo
junto a las medidas fiscales de la ley de acompañamiento.

Por eso, señorías, me van a permitir, al igual que hice en la Cámara
Baja, que realice una exposición simultánea de ambas normas que,
conjuntamente, y si cuentan con el voto favorable de esta Cámara, van a
configurar el marco jurídico y económico para 1994. El día 30 de
septiembre se presentó el proyecto de ley de presupuestos generales en el
Congreso. Desde entonces la posición del Gobierno ha consistido en
intentar conseguir un mayor grado de confianza en la economía española.

Para ello se ha procurado reforzar las negociaciones con los agentes
sociales y también adoptar algunas medidas específicas que pensábamos
eran imprescindibles para salir de la crisis. Consideramos que esa salida
de la crisis debe realizarse de forma solidaria, pero ese esfuerzo
solidario de todos no siembre ha encontrado la suficiente comprensión por
parte de algunos de los interlocutores sociales. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
¿Cuál ha sido la evolución económica en estos tres meses? Creemos que el
comportamiento de la economía se asemeja en gran medida a aquellas
situaciones que caracterizan a cualquier período final de una recesión.

El dato más preocupante sigue siendo, sin duda alguna, la evolución de
las cifras de paro que



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corresponden al ajuste necesario de una economía en tránsito hacia una
etapa mayor de crecimiento. Seguramente tendremos que seguir conviviendo
durante algunos meses más con este dato tan negativo de nuestra economía
real. Sin embargo, de cara al futuro inmediato pienso que hay elementos
que nos podrían permitir un mayor optimismo. Sin duda la reducción de
tipos de interés, unido a la finalización de las negociaciones de la
Ronda Uruguay, así como a las iniciativas que tanto a nivel nacional como
a nivel comunitario se han venido adoptando en las últimas semanas, nos
permiten ser más optimistas. Incluso en nuestro ámbito doméstico el
Gobierno está dando claras muestras de disciplina y de rigor económico,
factores esenciales para recuperar el clima de confianza en los agentes
económicos, con la aplicación decidida de medidas como las recientemente
adoptadas en el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes de Fomento de la
Ocupación que pretenden crear un entorno adecuado que favorezca nuestras
relaciones de competitividad internacional.

Pero, ¿cuáles son los retos con los que se enfrenta la política económica
actual? Tenemos que hacer frente a una crisis económica, principal reto
que debemos afrontar, pero no podemos olvidar tampoco que tenemos en
proyecto y que está en puertas una integración económica europea a la que
no debemos renunciar. Tampoco debemos olvidar los compromisos que tenemos
con nuestra sociedad en materia de bienestar económico y social.

Para algunos la mejor receta para salir de la crisis sería instrumentar
una política presupuestaria expansiva. Se olvidan, sin embargo, de que
este tipo de medidas produciría efectos transitorios y artificiales en el
crecimiento a corto plazo, pero a la larga no harían sino dilatar la fase
de debilidad económica, exigiendo a la postre aplicar medidas mucho más
duras que las que se proponen.

La respuesta que se puede ofrecer a la crisis y a los tres retos que he
enunciado: crisis económica, convergencia europea y mantenimiento de los
niveles de protección social, no es única y, sobre todo, será difícil que
satisfaga simultánea y plenamente a todos los agentes económicos y
sociales. Sin embargo, por parte del Gobierno existe la profunda
convicción de que la única estrategia razonable sigue siendo la que hemos
estado pronunciando en estos años, es decir, contar con un contexto de
estabilidad macroeconómica y con un entorno microeconómico más flexible.

Ambos representan el mejor camino para iniciar en primer lugar el
relanzamiento económico, y para consolidar más tarde una senda de
crecimiento sostenido.

¿Cuál debe ser el papel de la política presupuestaria en ese contexto? En
una situación en la que, como consecuencia de los procesos de integración
monetaria a nivel supracional, como consecuencia del juego del sistema
monetario europeo, como consecuencia incluso de las decisiones internas
que acentúan la economía del Banco de España, la política fiscal adquiere
cada vez más un papel fundamental dentro de la actuación de la política
económica. Este protagonismo está plenamente asumido en la orientación
actual de la política fiscal, buena prueba de ello es el perfil de
austeridad y el carácter restrictivo de estos presupuestos para 1994.

Todo ello --no debemos olvidarlo-- con una visión a medio plazo desde la
que, como ya he dicho, hemos de diseñar una política económica que
permita la corrección de los desequilibrios básicos y el saneamiento de
las estructuras productivas para asentar sobre una base firme las
condiciones de crecimiento de nuestra economía.

La reducción del déficit público se convierte, por tanto, en el elemento
fundamental de nuestra estrategia de política económica. Ese objetivo
prioritario constituye, sin duda, un punto fundamental de esa política
económica, ya que permitirá, en primer lugar, una gestión más flexible de
otros instrumentos de la misma para corregir desequilibrios básicos en
materia de inflación y de tipos de interés, pero también contribuirá
positivamente a elevar la tasa de ahorro nacional y, finalmente, a
aliviar el desequilibrio de las cuentas exteriores favoreciendo una
posición más estable de nuestra moneda.

Ahora bien, el objetivo de la reducción del déficit lo debemos plantear
de una forma realista. No se pueden desconocer las tensiones que soportan
determinados programas de gasto público ni la rigidez que presenta una
presupuestación al menos a corto plazo.

Tampoco podemos desconocer que en un contexto como el actual, y con unas
modestas perspectivas de crecimiento a medio plazo, los efectos de los
estabilizadores automáticos de los gastos e ingresos públicos están --y
seguirán incidiendo de forma notable-- en la dinámica de consolidación
fiscal de nuestras cuentas públicas. Debemos hacer frente, por tanto, a
un doble reto: por una parte, al incremento del gasto; por otra, a la
disminución del ingreso, y todo ello en un contexto de solidaridad y de
estímulos al crecimiento al que no podemos renunciar de ninguna forma.

En definitiva, es necesario mantener un esfuerzo de reducción del déficit
público, pero este objetivo debe plantearse de forma realista, teniendo
en cuenta la situación y las exigencias actuales de nuestra economía; de
forma flexible, adecuando el ritmo de consecución de este objetivo a la
dinámica de evolución temporal de otras variables nominales y reales de
nuestra economía; y también de forma muy exigente, planteando con firmeza
y rigor todas aquellas medidas que permitan una contención efectiva de
aquellas partidas de gasto público que más tensionan el presupuesto y,
sobre todo, de aquellas que alimentan el componente estructural del
déficit público.




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¿Cuáles son los objetivos que pretende conseguir el presupuesto de 1994?
De forma muy sucinta, los resumiría en los cuatro siguientes. El control
del déficit público a través de una reducción selectiva del gasto. El
mantenimiento de los aspectos irrenunciables y solidarios de nuestro
Estado del bienestar, garantizando una protección social adecuada a
aquellos que verdaderamente la necesitan y evitando conductas abusivas o
excesos. Mantener el esfuerzo inversor realizado por nuestras
administraciones públicas en los últimos años. Por último, implantar
incentivos fiscales en aquellas actividades económicas con mayor
capacidad de inversión productiva y de generación de empleo.

Pero antes de analizar las grandes cifras, quisiera hacer una referencia
muy breve a las principales modificaciones que se han producido en los
estados numéricos del proyecto de ley, derivadas de las enmiendas
introducidas en el Congreso.

La incidencia global de estas enmiendas en el gasto sólo ha supuesto un
incremento de 14.554 millones de pesetas en el presupuesto consolidado,
lo que supone apenas un 0,05 por ciento de los créditos presentados en el
proyecto. Es decir, pasada la primera fase de tramitación parlamentaria,
el presupuesto sigue manteniendo los mismos perfiles de disciplina y
rigor presupuestarios.

La mayoría de las enmiendas que se han presentado han supuesto un
traspaso de créditos entre capítulos y secciones presupuestarias. La
única enmienda aprobada, que ha dado lugar a un aumento de gasto por el
importe anteriormente señalado, ha sido la tramitada en virtud del
acuerdo adoptado por la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias, de 20 de octubre de 1993. Además, y por lo que se refiere al
ámbito exclusivo del subsector Estado, se ha producido un aumento
adicional de 537 millones de pesetas como consecuencia del efecto neto en
el presupuesto de la enmienda aprobada, para dar cumplimiento a la
reestructuración del Ministerio de Economía y Hacienda, acordada en el
Real Decreto 1.725, de 1993; enmienda que no afecta al presupuesto
consolidado, al estar compensada por bajas en el relativo a organismos
autónomos.

¿Cuáles son las grandes cifras del presupuesto de 1994? Incorporadas las
enmiendas a las que he hecho referencia en el Senado, no quisiera, sin
embargo, que mi intervención se convirtiese en una relación excesivamente
prolija de cifras y magnitudes. Quisiera destacar algunas de las
características que podemos predicar de este presupuesto: su
credibilidad, el realismo que ha presidido la presupuestación de este
ejercicio y, en definitiva, que los estados numéricos del presupuesto de
1994 permiten una distribución adecuada de recursos para el cumplimiento
de los objetivos que les he anunciado.

El total del presupuesto consolidado ascenderá a 28 billones 645.000
millones de pesetas, de los cuales más del 90 por ciento corresponden a
las operaciones de carácter no financiero. Si nos centramos en el
presupuesto del Estado, que es fundamental tanto por su importancia
cuantitativa, como por la incidencia de las decisiones de la política
presupuestaria y su transmisión de la actividad al resto de los agentes,
podemos resumirlo en las siguientes grandes cifras. Los ingresos
ascenderán a 13 billones 216.000 millones de pesetas, lo que supone un
incremento del 3,8 por ciento respecto del avance de liquidación de 1993.

La presión tributaria del Estado, definida por la proporción que los
impuestos directos e indirectos representan en relación con el PIB, se
situará en el 17,2 por ciento; es decir, 1,8 puntos menos que la
inicialmente prevista en 1993, e inferior en 0,6 puntos a la previsión de
recaudación de este ejercicio.

Por su parte, los gastos no financieros supondrán 16 billones 514.000
millones de pesetas, un 1,2 por ciento menos que la liquidación prevista
para este año. En consecuencia, el déficit inicial previsto en el
presupuesto de 1994 se situará en 3 billones 297.000 millones, un 5,2 por
ciento del PIB y, por tanto, prácticamente un punto menos que el déficit
de caja previsto para 1993.

Todas estas cifras son una clara evidencia del carácter restrictivo del
presupuesto del Estado para 1994, puesto que incorpora un crecimiento del
gasto público inferior al crecimiento nominal del PIB, que para 1994 se
prevé de un 4,8 por ciento. Ahora bien, este esfuerzo de contención del
gasto se acentúa de forma más contundente si se excluyen del mismo los
intereses de la Deuda Pública y los compromisos adquiridos con otras
administraciones públicas. Eliminando el efecto de esas dos partidas, el
gasto no financiero en términos nominales se reduce en un 8,1 por ciento,
lo que unido a la inflación prevista, del 3,5 por ciento, se traducirá en
una reducción real superior al 11,5 por ciento.

Sin embargo, para comprobar la efectividad de los otros objetivos que he
anunciado para el presupuesto de 1994 --mantener las prestaciones
sociales y fomentar la actividad productiva--, voy a profundizar un poco
más en el análisis de los diferentes capítulos. Me referiré,
inicialmente, al presupuesto de ingresos y gastos fiscales para, a
continuación, comentar el presupuesto de gastos.

En cuanto a los ingresos, por una parte, me gustaría destacar el
mantenimiento de la presión fiscal individual y, por otra, la aportación
al relanzamiento de la actividad productiva a través de la
instrumentación de un conjunto de beneficios fiscales a favor de las
empresas. Estos beneficios aparecen recogidos, tanto en el proyecto de
ley de presupuestos, como en el relativo a medidas fiscales, por lo que
haré referencia a ambos conjuntamente.

Como ya he señalado, está previsto que para 1994 los ingresos no
financieros del Estado crezcan casi un 4 por



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ciento sobre la previsión final de recaudación de 1993, aunque si
comparamos esta cifra con la inicialmente presupuestada este año incluso
tendremos una disminución del 0,8 por ciento.

La previsión de recaudación para 1993 --y éste es un dato importante--
presenta una desviación muy importante, de 592.000 millones de pesetas,
respecto de la cifra presupuestada. Incluso si nos centramos únicamente
en los ingresos derivados de los impuestos directos o indirectos, la
caída de la recaudación asciende a un billón 110.000 millones de pesetas.

¿A qué se debe esta caída, tan absolutamente anómala, en 1994? Permítanme
una explicación muy rápida.

En primer lugar, los efectos de la recesión económica se han traducido en
un menor crecimiento de las rentas y consumos gravados y en un incremento
muy fuerte en los fraccionamientos de las deudas tributarias.

En segundo lugar, hay que mencionar que algunas modificaciones
normativas, especialmente en el ámbito del IVA, con el nuevo tratamiento
de las adquisiciones intracomunitarias, que permite compensar saldos
dentro del propio ejercicio, y la desaparición del control aduanero, han
supuesto una reducción sustancial en la recaudación de este tributo. Sin
embargo, y desde un aspecto positivo, podemos señalar que las
turbulencias del sistema monetario han permitido un incremento muy
sustancial de los ingresos patrimoniales del Estado por encima de la
previsiones presupuestarias, gracias a los beneficios del Banco de
España.

Sobre la base de esta situación de liquidación del año 1993, ¿cuáles son
las previsiones de ingresos en el año 1994? En primer lugar, en los
impuestos directos, que supondrán, aproximadamente, el 45 por ciento o
algo más del presupuesto total de ingresos, superando la cifra de seis
billones de pesetas, pensamos que la recaudación se situará en algo menos
que la del año 1993. Por una parte se espera que la recaudación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas crezca algo más del 6 por
ciento sobre la recaudación del año 1993, mientras que el Impuesto de
Sociedades disminuirá casi un 29 por ciento, respecto a esa cifra de
recaudación del año 1993.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el ajuste derivado
de la crisis ha obligado a no actualizar la escala de gravamen de la
tarifa, las deducciones y la tabla de retenciones en función de
inflación, con la salvedad de la deducción correspondiente a los sujetos
pasivos y personas dependientes minusválidas, que se incrementa a 52.000
pesetas y el cambio en la deducción por alquiler de viviendas, donde se
modifica el límite máximo de rentas, que da derecho a su aplicación. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Otras medidas previstas para el año 1994 que suponen mayor recaudación
por este Impuesto, son la sujeción a gravamen de las prestaciones por
desempleo y la supresión de la exención de las prestaciones de la
Seguridad Social por incapacidad parcial o total.

En el ámbito de la Ley financiera, y a la vista del tratamiento especial
recibido por las instituciones de inversión colectiva, se someten a
tributación los incrementos de patrimonio derivados de las transmisiones
o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital
social o patrimonio de tales instituciones, aunque el conjunto de las
mismas no superen las 500.000 pesetas previstas con carácter general en
la Ley del Impuesto.

En el Impuesto sobre Sociedades es donde se puede apreciar de forma más
clara el esfuerzo realizado para cumplir el objetivo fiscal de incentivar
la inversión y empleo. Por ello, se eleva al 25 por ciento la deducción
de la cuota correspondiente a las inversiones realizadas, en beneficio de
la internacionalización de las empresas españolas; se crea una nueva
deducción del 5 por ciento por incremento de gasto de formación
profesional y se eleva al 35 por ciento el límite conjunto de la
deducción en la cuota aplicable a las deducciones por inversión en
activos fijos materiales nuevos. Dentro de la Ley financiera se crea un
régimen especial de protección a las PYME, mediante la aplicación de una
bonificación del 95 por ciento de la cuota del Impuesto de Sociedades. La
imposición indirecta debe reducir su recaudación en un 3,9 por ciento en
relación con el presupuesto inicial del año 1993, pero aumenta en un 12,1
por ciento en relación con la recaudación prevista. Ello se debe,
fundamentalmente, al importante incremento que esperamos que se produzca
en el Impuesto sobre el Valor Añadido con más del 16 por ciento de
aumento respecto a la liquidación del año 1993. Esta recuperación se basa
en el crecimiento nominal del consumo y, sobre todo, en la desaparición
de los factores atípicos, que han aminorado la recaudación en el año
1993. En ese Impuesto se plantean dos modificaciones fundamentales: por
una parte, se aplicará el tipo superreducido del 3 por ciento a las
viviendas de protección oficial de régimen especial o de protección
pública y, en segundo lugar, en la ley financiera se prevé la reducción
de la base imponible del sujeto pasivo del Impuesto, cuando, conforme a
Derecho, por resolución firme, judicial o administrativa, queden sin
efecto, total o parcialmente, las operaciones gravadas o se altere su
precio después de que la operación se haya efectuado.

En cuanto a los impuestos especiales, la recaudación prevista superará la
cantidad de un billón 700.000 millones de pesetas, con un incremento del
9,8 por ciento respecto al presupuesto inicial y del 7,8 por ciento
respecto al de liquidación. Con los incrementos en los impuestos
especiales nos adaptamos a las obligaciones derivadas de nuestros
compromisos comunitarios.

Finalmente, en cuanto a otros ingresos, quiero destacar que los ingresos
patrimoniales del próximo año



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deberían volver a la normalidad y no sufrir las alteraciones que hemos
experimentado este año, como consecuencia de las variaciones de los
ingresos patrimoniales del Banco de España.

En cuanto a los gastos fiscales, querría hacer alguna referencia rápida.

Estos gastos ascenderán en el año 1994 a un billón 700.000 millones de
pesetas, lo que supone un incremento superior al 25 por ciento respecto
al año 1993. Ello se debe, sobre todo, a las ventajas incluidas para
incentivar la actividad económica, sobre todo en el Impuesto de
Sociedades, pero también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Como conclusión, en materia de ingresos y gastos fiscales, en primer
lugar, destacaría que se han querido instrumentar las fórmulas más
adecuadas desde la perspectiva fiscal para permitir fomentar la actividad
productiva y, en segundo lugar, que se ha querido mantener la presión
fiscal individual, de forma que los incrementos esperados en la
recaudación de las principales figuras tributarias van a provenir, en
primer lugar, de una evolución más favorable de los factores que
determinan las bases imponibles y, en segundo lugar, de las mejoras de
gestión tributaria y de la lucha contra el fraude fiscal.

Desde el punto de vista de los gastos, inicialmente querría hacer una
pequeña referencia al año 1993 para, a continuación, pasar a comentar con
algún detalle mayor las previsiones de gasto para el año 1994.

El año 1993, también desde el punto de vista de los gastos, se puede
considerar un año atípico. Los efectos de la crisis económica y la
formalización de gastos de los años 1992 y 1993, explican que la
previsión de la liquidación de presupuestos de gastos no financieros del
Estado exceda en casi dos billones de pesetas del presupuesto inicial.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Entre las principales causas
de esta desviación, cabe destacar los créditos extraordinarios, por una
cantidad de 916.000 millones de pesetas previstos en el año 1993 a favor
del INEM; los créditos adicionales para inversión en infraestructuras del
Real Decreto-Ley 3/1993, de forma que nos permitiese utilizar de manera
congruente los fondos de cohesión de las Comunidades Europeas; los gastos
dirigidos a atender al nuevo sistema de financiación de Comunidades
Autónomas, por encima de 100.000 millones de pesetas; los incrementos de
transferencias del Insalud, por más de 110.000 millones de pesetas y,
finalmente, los 95.000 millones de ampliación de crédito a las
Comunidades Autónomas, en concepto de liquidación definitiva de la
participación de ingresos del Estado en el año 1992.

Para el año 1994, los créditos incluidos en el presupuesto de gastos no
financieros del Estado se elevan, como ya he señalado anteriormente, a
algo más de 16 billones y medio de pesetas. Es evidente que si se desea
compatibilizar los objetivos de reducción del déficit y del impulso de la
actividad productiva, es necesaria una reestructuración de ese gasto que
facilite la contención del mismo en las partidas que no afectan a la
economía real y se liberen recursos a favor de aquellas otras que, de
modo más directo, inciden en el crecimiento. Sin embargo, la distribución
selectiva del gasto tropieza con un obstáculo fundamental, y es la
existencia de una serie de partidas con limitada posibilidad de reducir
su crecimiento tendencial a corto plazo. Se refieren fundamentalmente a
aquellas partidas que afectan a derechos subjetivos o que son
consecuencia de leyes o convenios con otras Administraciones.

Esta rúbrica, que podríamos denominar gastos ineludibles, es tan
importante que absorbe el 80 por ciento del gasto total no financiero y
responde a conceptos como gastos de personal activo y pasivo del Estado,
intereses de la deuda pública, gastos sociales constituidos por
aportaciones al INEM, al INSALUD y a pensiones no asistenciales y no
contributivas y a aportaciones a otras administraciones. No creo que se
admita ninguna duda sobre la importante limitación que supone la rigidez
de estos gastos, lo cual exige que se realice un esfuerzo mayor en otro
tipo de gastos previstos.

Me gustaría hacer, sin embargo, un ligero comentario sobre los intereses
de la deuda y el endeudamiento al que tenemos que hacer frente en el año
1994. Los intereses de la deuda pública ascenderán a 2 billones 680.000
millones de pesetas, lo cual supone un incremento del 22 por ciento
respecto a 1993. La evolución de este capítulo de gastos es una de las
razones de mayor peso para justificar la necesidad de reducir el déficit
público, puesto que los recursos destinados a pagar los intereses de la
deuda pública absorben ya el 17,3 por ciento del gasto no financiero del
Estado. Es verdad que el descenso de los tipos de interés, que aún no se
percibe de forma excesiva en el presupuesto de 1994, nos va a ayudar a
que esta carga sea menor. Sin embargo, el incremento del volumen de
endeudamiento, al seguir creciendo, hace que el resultado final no sea lo
positivo que hubiésemos deseado en el año 1994.

El cambio de la estructura del pasivo del Estado en estos últimos años se
ha producido de forma muy sustancial: por una parte, se ha reducido la
posición deudora frente al Banco de España, que ha pasado de representar
más del 50 por ciento del endeudamiento en 1982 al 3,5 por ciento a
finales de 1992. Por otra parte, han desaparecido las emisiones de
pagarés del tesoro, que se han visto sustituidas por el notable auge de
las letras y deuda interior negociable a medio y largo plazo,
instrumentos que a finales de 1992 representan prácticamente el 79 por
ciento de la deuda del Estado en circulación.

El cambio en la estructura de endeudamiento del Estado ha acercado el
coste medio de los pasivos al tipo de interés de mercado y, en
consecuencia, nos veremos favorecidos de esa reducción de tipos de
interés, sin embargo,



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como he dicho antes, la repercusión no será todo lo positiva que hubiese
deseado como consecuencia del incremento del endeudamiento.

En definitiva, y para finales del año 1993, si se añade la previsión de
déficit de caja a lo que ya conocemos, la variación de activos
financieros y las deudas asumidas, el endeudamiento total se situará en
torno al 53 por ciento del PIB. Por ello, no sólo se eliminan los efectos
derivados de la reducción de tipos de interés como he dicho, sino que
incluso se pondrá en peligro el cumplimiento de uno de los requisitos de
convergencia de Maastricht, el de alcanzar el nivel del 60 por ciento de
máximo endeudamiento en el año 1994, si no adoptamos las medidas
restrictivas que se proponen.

Una última cuestión relevante a este respecto en el presupuesto del año
1994 es el artículo 51, que quiero destacar, ya que introduce como
importante novedad la prohibición de autorización de descubiertos o la
concesión de cualquier tipo de crédito por parte del Banco de España al
Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales o cualquier
otro organismo o entidad pública de los que se mencionan en el Tratado de
la Unión Europea en su artículo 104.

¿Cuáles son las características del presupuesto de 1994 desde nuestro
punto de vista? En primer lugar, es un presupuesto solidario, ya que a
pesar de la escasa flexibilidad de la presupuestación se han mantenido
los niveles de protección social, distribuyendo de forma más racional la
misma y asegurando que los perceptores de estas prestaciones sean
aquellos que realmente las necesitan. Esa prioridad en el área social se
centra sobre todo en la política de desempleo, en la asistencia
sanitaria, en las pensiones asistenciales y en los complementos de
pensiones mínimas, aumentados en cuantía suficiente para asegurar la
protección de colectivos más necesitados. Esas políticas representan
prácticamente el 45,6 por ciento de los recursos presupuestados en 1994,
con un crecimiento para el conjunto de los mismos superior al 8 por
ciento respecto al presupuesto de 1993.

Pero también se han hecho esfuerzos importantes en educación, de forma
que se pueda seguir poniendo en marcha de forma progresiva la Ley
Orgánica de la Ordenación General del Sistema Educativo, pero también la
implantación del segundo ciclo de la educación primaria, la potenciación
de la educación secundaria, la formación profesional y otras actividades
prioritarias del Ministerio de Educación; la vivienda, a la que
dedicaremos más de cien mil millones de pesetas, utilizando los
instrumentos tradicionales de las subvenciones directas y, en tercer
lugar, la agricultura, que como consecuencia de la reforma de la política
agrícola común se verá favorecida por la recepción de más de 900.000
millones de pesetas que compensan la reducción de ingresos como
consecuencia de la mayor apertura de los mercados europeos a los mercados
internacionales.

Junto a estos incrementos significativos, también querría hacer una
referencia a aquellas partidas en las que se ha producido una mayor
reducción del gasto. En primer lugar, ha sido enormemente restrictivo en
los gastos de personal activo, que disminuirán en un 1,4 por ciento como
consecuencia de la congelación salarial de los empleados públicos y el
recorte de la oferta de empleo público. Se va a realizar un esfuerzo
mayor en los gastos de bienes corrientes y servicios, que disminuirán en
un 7,4 por ciento como consecuencia de las reducciones en el capítulo de
compra de bienes y servicios, pero, sobre todo, por el recorte entre el
25 y el 60 por ciento en gastos tales como atenciones protocolarias y
representativas, contratos con empresas externas, material de oficina,
dietas y locomoción.

En tercer lugar, el resto de los gastos corrientes que se concentran en
el Capítulo IV también verán una reducción en un 4,6 por ciento menos que
la previsión de liquidación a finales del año 1993.

Decía que el tercer objetivo, además de ser un presupuesto solidario y
restrictivo en algunos gastos, es el de mantener la estructura de la
inversión para mantener la actividad económica. Ello nos ha llevado a que
los gastos en infraestructuras del Estado crezcan en un 9,7 por ciento y,
considerando la agregación que por este concepto recoge el presupuesto
consolidado, la política de infraestructuras global crecerá en un 11,3
por ciento, lo que además de generar empleo permitirá crear las mejores
condiciones para aprovechar la próxima fase expansiva del ciclo y
mantener el objetivo de una inversión pública cercana al 5 por ciento del
PIB.

En definitiva, y después de analizar los ingresos y gastos, creemos que
al final se ha conseguido un presupuesto riguroso y creíble, que nos va a
permitir llegar en 1994 a un déficit relativamente alto, pero realista.

Creemos que el presupuesto de 1994, con ese ejercicio de realismo, del
que no descarto la renuncia al cumplimiento estricto del artículo 10 en
1993, nos permitirá que el presupuesto de 1994 se liquide de forma muy
semejante a las previsiones presupuestarias incluidas.

Como conclusión, me gustaría señalar que es evidente que la credibilidad
de estos presupuestos, sin embargo, depende en gran parte de la confianza
que tengan los mercados en la eficacia de las medidas propuestas por el
Gobierno para contener el gasto, sobre todo el gasto sanitario y el de
desempleo, y en la orientación a medio plazo de la política
presupuestaria, que se debe dirigir con firmeza a reducir el déficit y,
con ello, el endeudamiento público. Es cierto que el presupuesto es el
principal instrumento que tiene el Gobierno en sus manos para hacer
realidad las medidas de política económica que desea, pero ni es el único
ni por sí solo suficiente, ya que también son de importancia fundamental
algunas de las cuestiones que hemos estado debatiendo



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estos meses, como la reforma del mercado laboral o la política de rentas.

Cuando les digo que este presupuesto incorpora un adecuado grado de
credibilidad es porque pienso que el Gobierno está decidido a
instrumentar medidas necesarias para flexibilizar nuestra economía y
porque las desviaciones de ingresos y gastos que acabarán produciéndose
este año no volverán a repetirse en 1994.

Al igual que ocurre en el resto de los países europeos, España está
pasando por unos momentos de bajo crecimiento económico y de aumento de
desempleo. No obstante, el rápido crecimiento que ha experimentado
nuestra economía en los últimos años nos permite situarnos en óptimas
condiciones para superar la actual situación de crisis internacional. Por
eso, estos presupuestos son moderadamente restrictivos, pero incorporan a
su vez un importante esfuerzo de reducción del déficit estructural,
similar a lo que están realizando otros países de nuestro entorno. El
objetivo principal de los presupuestos de 1994 es crear las condiciones
que nos permitan volver a crecer de forma intensa y duradera,
considerando que la primera prioridad de la política económica es crear
las condiciones que permitan generar puestos de trabajo estables. La
política presupuestaria contribuirá a este objetivo mediante la
elaboración de estos presupuestos, ajustados y compatibles con el
mantenimiento de la presión fiscal, con los avances obtenidos en la
provisión de los servicios públicos, lo que nos permitirá conseguir ese
difícil equilibrio que anteriormente les he comentado de repartir de
forma solidaria los esfuerzos que nos exige a todos la situación
económica que atraviesa nuestro país y favorecer la reactivación
económica, la creación de empleo y la protección efectiva de los
colectivos más necesitados de nuestra sociedad.

Estas son, señoras y señores Senadores, las razones que me llevan a pedir
el voto a los proyectos de ley que hoy debatimos en esta Cámara y cuya
aprobación solicito de sus señorías.

Nada más y muchas gracias por su atención.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

A continuación, vamos a proceder a iniciar el debate de los votos
particulares de veto, comenzando por el del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa del mismo, tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.




El señor ruiz-gallardón jiménez: Señor presidente, señor Ministro,
señorías, terminaba hace un minuto el señor Solbes su discurso diciendo
que hoy nos ha presentado un presupuesto riguroso y creíble. Lo cierto,
señor Ministro, es que han transcurrido menos de tres meses desde que el
Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados para su debate el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994, y durante este
tiempo se ha puesto de manifiesto una circunstancia que confirma la
oportunidad de la enmienda de veto que hoy, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, me cabe el honor de defender. Lo que ha ocurrido
es que nadie en España habla ya de estos presupuestos o, como diríamos en
términos financieros, los mercados han descontado ya estos presupuestos;
ya los han encontrado incoherentes con los objetivos perseguidos, fiel
reflejo de una política económica continuista, y causantes del efecto
perverso de situarnos definitivamente --por si hubiese alguna duda--
fuera de la convergencia con Europa. Estos presupuestos que hoy pretende
vetar el Grupo Parlamentario Popular han sido ya vetados por la sociedad
española en su conjunto; se han quedado viejos antes de entrar en vigor;
han nacido sin despertar ilusión y, consecuentemente, sin posibilidad de
provocar esos magníficos deseos que usted decía, y de cuya voluntad no
dudamos, señor Ministro, pero que no ha sido capaz de suscitar
expectativas reales de recuperación de la actividad económica ni de
recuperación del empleo. Se trata, en definitiva, de un conjunto de
buenas intenciones que no garantizan el ajuste del gasto público
corriente y que, lamentablemente, no permiten abrigar esperanza alguna
sobre la recuperación de la inversión.

Lo que ocurre, señorías, es que esto, que ya de por sí es grave, ha
ocurrido también en años anteriores, y concretamente con los Presupuestos
Generales del Estado de 1993, que recibieron similares críticas por parte
de todos los agentes económicos. Ahora bien, ha habido una circunstancia
política diferente: éstos son los primeros presupuestos de un Gobierno
salido de unas elecciones generales; Gobierno que todos ustedes
recordarán, y especialmente los señores Senadores de los bancos de la
izquierda, que, según el señor González, iban a situar a nuestro país en
una nueva etapa caracterizada por dos puntos de referencia: el diálogo
social y el cambio del cambio, o el cambio sobre el cambio, porque la
interpretación auténtica nunca he sabido cúal es. Lo cierto, señorías, es
que no tenemos ni una cosa ni otra. No se ha producido el pacto social,
necesario para encauzar la economía española en esta difícil etapa. Por
el contrario, hoy debatimos estos presupuestos enfrentados a la
convocatoria de una huelga general, a un deterioro del clima social que
este Gobierno es incapaz de manejar, y prueba de ello es que no ha hecho
una sola referencia. El señor Ministro ha venido a decirnos o a
explicarnos un discurso tecnocrático completamente alejado de la realidad
social. No se nos han explicado la razones del fracaso del diálogo, las
razones últimas de la huelga. Lo que preocupa en la calle, a usted no le
preocupa, y sigue navegando por esos grandes números que, desde luego,
poco van a conseguir tranquilizar la desconfianza inversora que en estos
momentos tiene la sociedad española. Y del cambio sobre el cambio,
señorías, yo creo que es mejor no hablar. Nunca hemos sabido ni en qué
consiste ni cómo



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se instrumenta. Esperemos que estos presupuestos y la política económica
que representan no formen parte de ese etéreo concepto, porque en caso
contrario creo que sabríamos todos a qué atenernos: el cambio sobre el
cambio, al final, sería equivalente al nada de nada.

El vacío, la desilusión que acompaña a este proyecto de presupuestos
tiene también una explicación política, sin duda, y aquí estamos
discutiendo sobre política. Hoy nos ha hablado el representante de un
Gobierno sostenido por un partido profundamente dividido, incapaz de
superar el personalismo en el que se debate, y eso lo demuestran las
reiteradas afirmaciones públicas de algunos de sus más significativos
miembros, que si solamente les afectasen a ellos, no vendría a cuento
traerlas a este debate, pero que, por provocar consecuencias perversas
para el desarrollo de la economía española, es exigible su
responsabilidad en el Senado de la nación. Además, este Gobierno, salido
de las urnas el pasado 6 de junio, viene justificando su actuación
amparándose siempre en el lema de la gobernabilidad, que parece consistir
no tanto en acuerdos programáticos entre partidos orientados a superar la
crisis que padecemos como, a veces, en la defensa de intereses
particulares, en un sistema de trueque en el que unos buscan mantenerse
en el poder a cambio de ventajas específicas a favor de los otros;
ventajas, eso sí, que en los presupuestos se sustancian en miles de
millones de pesetas que se incorporan como mayor gasto. Miles de millones
cuya cifra final es imposible de concretar, ya que se opta hábilmente por
quienes están interesados en estos acuerdos en recurrir a la calificación
como créditos ampliables de las partidas más importantes, aunque,
naturalmente, señorías, eso significa una pérdida de control de gasto del
Estado y, consiguientemente, una pérdida de credibilidad en el
cumplimiento presupuestario. Lo que antes era criticado cuando lo hacía
solamente el Partido Socialista, ahora es un mecanismo adecuado porque
resulta que beneficia también a otros objetivos políticos distintos.

Mientras tanto, mientras este país asiste perplejo al debate sobre la
gobernabilidad y los personalismos --que no le interesan--, no se dan, no
nos ha dado usted hoy, señor Ministro, soluciones a los verdaderos
problemas que son el aumento del paro, que es la desaparición de las
empresas, que es la desertización industrial, que es la ruina del campo
español y que es, sobre todo una profunda quiebra en las expectativas
económicas y sociales que alcanza a todos, desde los jóvenes hasta los
jubilados, pasando por los cabezas de familia; a casi todos los
ciudadanos, cualquiera que sea su ocupación, sexo o edad.

La actuación del Gobierno durante los últimos años y, en especial,
durante los últimos meses, ha generado una sensación de desaliento que no
se corresponde ni con las potencialidades reales del país ni mucho menos
con las promesas que hiciera el entonces candidato, y hoy Presidente del
Gobierno, señor González Márquez. Y hay por ello, señorías, una
cronología de acontecimientos que conviene recordar; aunque sea de forma
muy resumida, y que sitúa el contexto general en el se inscriben estos
presupuestos.

Aunque alguien se sorprenda, hay que hacer mención al programa de
convergencia presentado por el Gobierno en marzo del año pasado, en el
que, junto con otras previsiones de crecimiento irrealizables, ustedes
recordarán que se proponían medidas de ajuste estructural y de reforma de
la Administración, hoy, en su inmensa mayoría, pendientes; se proponía
también un calendario de contención del gasto público, de control gradual
del déficit público que para 1993 se cifraba en el 3,6 por ciento del
valor de la producción nacional.

El segundo punto en este relato cronológico es, durante 1992, la
promulgación de los dos famosos Decretos-ley, coloquialmente conocidos
como «decretazos», que procedían al ajuste de las prestaciones por
desempleo, al aumento de las cargas fiscales de los ciudadanos y de las
empresas y a la reasignación del gasto público. Se anunció que esta
medidas, como recordará el señor Ministro, iban a suponer en su conjunto
una reducción del déficit de 450.000 millones de pesetas en 1992, y más
de 700.000 millones en 1993; ello, a costa de los contribuyentes, que
empezaron a pagar un 2 por ciento más de IVA y a tributar por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas con una tarifa más elevada; a
costa de las empresas, que asumieron el coste de los quince primeros días
de incapacidad laboral transitoria, y ello a costa de los desempleados,
cuyas prestaciones sufrieron una considerable reducción. En octubre de
1992, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el
presente año 1993, el mensaje que transmitió el Gobierno, en palabras del
anterior Ministro de Economía y Hacienda, fue que la situación económica
era delicada, pero no grave; que el gasto público no aumentaría por
encima del crecimiento de la economía y que, para ello, se procedería a
un nuevo ajuste que ahora recaía sobre los contribuyentes, sobre los
empleados públicos y sobre la inversión pública.

Tercer punto de cronología: la campaña electoral. El señor González, con
datos aún no cerrados al mes de mayo de 1993, anunciaba una inminente
recuperación del empleo durante el segundo semestre de este año;
recuperación que, lamentablemente, no se ha correspondido con la realidad
de los hechos, como lo demuestra el aumento del paro registrado en casi
150.000 personas en los pasados meses de octubre y noviembre.

Por último, en esta sucesión de acontecimientos, el señor González, en la
sesión de Investidura del pasado mes de julio, volvía a incidir en dos
tópicos, por cierto, muy del gusto del Gobierno: imputar a la crisis
internacional la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en la
economía española y atisbar una muy



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pronta recuperación. Ahora bien, al mismo tiempo, se nos empezaron a dar
las pistas sobre la profundidad del desajuste presupuestario en que se
encuentra España, anunciando un déficit para 1993 en cuantía superior al
5 por ciento de la producción nacional. En realidad, esta cifra fue
corregida pronto por el Gobierno y aumentada hasta el 7,2 por ciento del
valor del Producto Interior Bruto; estamos hablando, señorías, de casi
4,5 billones de pesetas para el total de las Administraciones Públicas o,
lo que es lo mismo, el doble de lo previsto en el plan de convergencia.

Señorías, ¿cómo es posible que se produzcan estas desviaciones del 100
por cien en la previsión del déficit público? ¿Quién es el responsable de
que la Administración Central incurra en 1993 en un déficit del 6,2 por
ciento del Producto Interior Bruto, cuando estaba previsto que fuera sólo
del 2,6 en el programa de convergencia? Resulta que, según nos explica el
Ministro, el desbarajuste presupuestario de 1993, que se concentra en una
desviación del gasto público por encima de lo presupuestado en 2,4
billones de pesetas, se debe a la crisis internacional. En efecto, el
Gobierno ha proclamado que 1993 es año atípico o anormal --creo que éstos
han sido los calificativos del señor Ministro--; y puestos a buscar las
raíces de este carácter «atípico», las encuentra siempre en la crisis
internacional que, por cierto, parece haberle sorprendido, como si se
hubiese gestado en un par de semanas. Y puestos a dar contenidos al
término «atípico», someten al presupuesto de 1993 --eso sí, una vez
celebradas las elecciones generales-- a un primer grado, aplicándoles la
herencia histórica, es decir, las irregularidades contables de los años
anteriores que, por valor de más de 850.000 millones de pesetas, incluyen
los déficit del INEM de 1991 y 1992, las desviaciones del gasto sanitario
de 1992 y el coste de financiación de los acuerdos con las comunidades
autónomas también para 1992. Así, mientras el Partido Popular pedía --y
seguimos pidiendo-- una auditoría completa de las cuentas públicas, el
Gobierno decidía aflorar las cuentas pendientes, y sugería, en un primer
momento, que una de las causas del aumento del déficit para 1993 era,
precisamente, que se estaban regularizando presupuestariamente los
déficit del INEM y de la Seguridad Social de los ejercicios anteriores.

Pero lo cierto, señorías, es que a pesar de los mayores gastos que dieron
lugar a esos déficit eran créditos ampliables, el Gobierno no prefirió
considerarlos como operaciones extrapresupuestarias, en un intento de
maquillar el déficit público de aquellos años para, así, converger
contablemente con Europa, ya que no lo hacíamos ni en términos nominales
ni en términos reales.

La realidad sin embargo, señorías, es más dura, porque, como ha tenido
que reconocer el Gobierno durante este debate presupuestario, el déficit
de 1993 es, en términos de contabilidad nacional, imputable
exclusivamente a este año y, por tanto, con independencia de los ajustes
contables de años anteriores. El déficit citado del 7,2 por ciento del
producto interior bruto para el total de las administraciones públicas es
un déficit nuevo, cuya causa principal es la inercia expansiva del gasto
público, una presupuestación excesivamente optimista de los ingresos
fiscales para 1993 y, cómo no, las elecciones generales.

La falta de transparencia del Gobierno y los errores de política
económica cometidos han producido un curioso fenómeno en el que los
ciudadanos españoles hemos pasado de los fastos de 1992 al abatimiento de
1993; de la cultura del «pelotazo» y la ganancia rápida a la amenaza de
la pérdida de empleo, a la desertización industrial y al recorte de las
prestaciones sociales; del pretendido liderazgo europeo a la mediocridad
lamentable que supone estar en el pelotón de los torpes, alejándonos de
la convergencia nominal y real con los principales países de la
Comunidad. Y todo esto, señorías, en apenas dos años.

No podemos por menos que estar de acuerdo con un dirigente socialista que
ha señalado --en esas sesiones de terapia colectiva y autocrítica que
tanto prodiga este partido en la actualidad-- que el Gobierno ha sido
poco diligente desde el pasado 6 de junio. En realidad, toda la
legislatura pasada y los pocos meses transcurridos de la presente han
supuesto un período de parálisis gubernamental que, junto con la
incoherencia de la política económica aplicada, nos ha colocado en una
pendiente cuyos resultados estamos cosechando ahora: 3,5 millones de
parados --más de medio millón correspondientes al último año-- y una
caída de la producción en torno al 1 por ciento en 1993, y un descenso de
la inversión superior al 10 por ciento. La crisis económica
internacional, sin duda, ha influido en la crisis que padecemos; pero la
crisis española es más intensa, y eso lo demuestra el hecho de que el
descenso de la producción sea en 1993 más del doble del previsto para el
promedio comunitario, y que la tasa de paro duplique con creces a la
europea. En este mismo sentido, las tendencias del déficit público y de
la acumulación de deuda del Estado presentan un perfil de crecimiento
mucho más acusado que en el conjunto de los países europeos, sin olvidar
que en ese conjunto de los países europeos los hay como Grecia, Italia o
Alemania --afectada por su proceso de unificación-- que desvirtúan los
resultados globales a efectos comparativos.

No nos cabe ninguna duda --y por eso lo denunciamos-- de que hay una
grave responsabilidad del Gobierno en la gestación de esta crisis
diferencial de la economía española, tanto por lo que ha hecho; una
combinación incoherente entre la política presupuestaria y la política
monetaria, como por lo que ha dejado de hacer; las reformas estructurales
que necesitaba nuestro tejido productivo para ser más competitivo. Por



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tanto, no es de recibo que se imputen los problemas internos a la crisis
internacional.

Señorías, los Presupuestos Generales del Estado para 1994 y las medidas
incluidas en la ley financiera que los acompañan no son, en contra de lo
que usted nos ha dicho aquí esta mañana, señor Ministro, ni realistas ni
coherentes con la situación de la economía española, no van a contribuir
a reactivar esta situación y tampoco van a permitir avanzar un ápice en
la consolidación presupuestaria, es decir, en lo que usted califica como
objetivo prioritario, que no es sino la corrección del déficit público.

Estos Presupuestos para 1994 son una etapa más de la práctica política y
económica a que nos tiene acostumbrado el Gobierno socialista: de un
lado, crear año tras año un sector público cada vez más grande, aunque
aquejado de graves ineficiencias y con importantes problemas
organizativos y de despilfarro de recursos; de otro lado, esperar a que
otros países nos saquen de la crisis, ya sea por la recuperación
económica internacional o por los fondos que, según el Gobierno, va a
repartir Europa con tanta prodigalidad.

Hay sólo dos diferencias esenciales en estos Presupuestos respecto a los
de los años anteriores; primero, que este año el Gobierno tiene
compañeros de gobernabilidad y que a estos compañeros de gobernabilidad
hay que pagarles peaje; en segundo lugar, que el Gobierno ha tenido que
declarar explícitamente que las cuentas públicas no resisten más, y que,
por ejemplo, los españoles debemos empezar a pensar en la necesidad de
tener que suscribir sistemas privados de pensiones. Los presupuestos para
1994 son, por tanto y ante todo, la manifestación del fracaso de la
gestión y de la política económica de los Gobiernos socialistas, al menos
desde 1988.

Uno año más, el señor Ministro comparece --aunque éste sea su primer
año-- y nos dice que estamos ante unos presupuestos restrictivos. Lo
mismo dijo hace un año desde esta misma tribuna para los de 1993 el señor
Solchaga. ¿Recuerdan ustedes, señorías, cuando el hoy portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados nos decía, y
cito literalmente: Creemos que este presupuestos, con estos rasgos de
austeridad y de restricción, puede ser el presupuesto que establezca la
economía precisamente en el programa de convergencia en lo que se refiere
a la consolidación presupuestaria? ¿Recuerdan ustedes cuando el señor
Solchaga nos decía: Yo sí puedo garantizarles, señorías, que el gasto de
las Administraciones centrales el año que viene, 1993, estará en el
entorno y seguramente no superará el crecimiento del producto interior
bruto?
La pretendida restricción, que se ha producido, pero en los bolsillos de
los contribuyentes, que la han padecido las empresas en sus cuentas de
resultados, que la han vivido y sufrido los parados en sus prestaciones,
no ha afectado, sin embargo, al Gobierno, que ha gastado en 1993 2,4
billones más de lo previsto, el 14 por ciento, señor Ministro, y sólo el
Estado ha realizado pagos por valor de 16,5 billones de pesetas, el 14,6
por ciento más que en 1992, mientras que el producto interior bruto
aumenta en 1993 el 3,6 por ciento. Es decir, el entorno al que se refería
el señor Solchaga se ha saldado con un crecimiento del gasto al menos
cuatro veces superior al crecimiento monetario del valor de la producción
nacional.

Un año más --este año usted, señor Solbes-- nos dicen que se trata de
unos presupuestos creíbles. También se nos dijo para 1993, de los que el
anterior Secretario de Estado de Hacienda afirmó que, en el peor de los
casos, los gastos públicos no crecerían más del 6,3 por ciento --¿lo
recuerda usted?--, y que este crecimiento sería compatible con el control
del déficit público y la reducción del déficit exterior --sin duda no lo
ha olvidado--. Y lo cierto es que el déficit de las Administraciones
centrales del 6,2 por ciento del productor interior bruto supera
holgadamente el 3,7 por ciento del déficit de 1992, y que el gasto
público en 1993 ha duplicado con creces las hipótesis máximas de
crecimiento formuladas por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Un año más se nos dice que se trata de unos presupuestos realistas,
basados en unas previsiones ajustadas y coherentes con la situación
económica de nuestro país. También se nos dijo que los presupuestos de
1993 eran bastante realistas al prever un crecimiento económico del 1 por
ciento, un significativo aumento de los ingresos fiscales y un déficit
público en la línea con lo previsto en el programa de convergencia del
3,6 por ciento del producto interior bruto. Pero, lamentablemente, hubo
una pequeña confusión --confusión en el signo, señor Ministro--, por lo
que en lugar de crecer el 1 por ciento, nuestra producción se va a
reducir exactamente en esa cuantía, en un 1 por ciento. Los ingresos
fiscales del Estado se han quedado 1,1 billones por debajo de la
pretendidamente realista previsión del Gobierno y el déficit realizado es
el doble del presupuestado.

Señorías, señor Ministro, como pasó en el año 1993, hoy usted nos ha
presentado unos nuevos presupuestos que no son restrictivos, que no son
creíbles y que no son coherentes; o al menos me reconocerá usted que no
se lo han parecido a la mayoría de los analistas económicos, aunque eso
sí, a lo mejor se sigue pensando en el Ministerio de Economía y Hacienda
que «las previsiones me las creo yo, y con eso es suficiente», como un
día apostilló el señor Solchaga cuando nosotros cuestionábamos estas
previsiones del Gobierno.

Señorías, la situación presupuestaria que vivimos puede resumirse en los
siguientes términos: el Gobierno elabora unos Presupuestos que se
aprueban en el Parlamento con los votos del Partido Socialista y de



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quienes hoy quieran hacerse corresponsables con él, sabiendo que no se
respetarán, sabiendo que no contribuirán a estabilizar la economía,
sabiendo que no mejorarán la gestión de los recursos públicos puestos a
disposición del Estado. Y esto, que puede parecer duro, es
lamentablemente cierto y, lamentablemente, el tiempo, una vez más, nos va
a dar la razón.

En 1994 el Gobierno presenta para la aprobación por esta Cámara unos
presupuestos en los que pide esfuerzos y en los que pide sacrificios. ¿A
quién?, a casi todos, excluido el propio Gobierno. Pide esfuerzos a los
parados, que pasan a tributar y a cotizar por las prestaciones por
desempleo; pide esfuerzos a los pensionistas, que pierden poder
adquisitivo; pide esfuerzos a los empleados públicos, a quienes se
congelan las retribuciones; pide esfuerzos a los trabajadores, que verán
incrementadas sus cotizaciones sociales, y, naturalmente, pide esfuerzos
a los contribuyentes, que van a pagar más impuestos por el fácil recurso
de no modificar las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Sin embargo, y éste es el aspecto más trágico de estos
presupuestos, a pesar de todos esos sacrificios que se piden a los
ciudadanos, el gasto público consolidado crecerá en 1994 respecto de los
presupuestos de 1993 en un 10,1 por ciento; es decir, más del doble del
crecimiento monetario de la economía, que el propio Gobierno estima en el
4,8 por ciento en 1994. En definitiva, pide esfuerzos a todos excepto al
propio Gobierno.

Estos presupuestos no son, por tanto, restrictivos en términos
macroeconómicos, y me lo tiene que reconocer, señor Ministro, por dos
razones. En primer lugar, por la ya mencionada del excesivo crecimiento
presupuestario del gasto público, que hará que a finales de 1994 el
Estado sea más grande e ineficiente que en la actualidad. Y, en segundo
lugar, porque de cumplirse las previsiones económicas del Gobierno, la
economía española pasaría de una caída del 1 por ciento de la producción
de 1993 a un según usted, crecimiento superior al 1 por ciento en 1994, y
esto daría lugar, de forma automática, a una reducción del déficit
público coyuntural entre el 0,6 y el 0,8 por ciento del producto interior
bruto. Es decir, que el pretendido esfuerzo restrictivo, que según el
Gobierno incorporan estos presupuestos, no existe, ya que de cumplirse
sus propias previsiones económicas el cambio de signo de la coyuntura
económica garantizaría por sí solo este resultado.

En conclusión, señorías, es lamentable que tanto esfuerzo y sacrificio
como se solicita a los ciudadanos en estos presupuestos resulten inútiles
al no concretarse en una efectiva contención del gasto público y en la
reducción del déficit. O, lo que es lo mismo, estos presupuestos van a
contribuir a mantener los actuales desequilibrios de la economía española
y a entorpecer la reducción de los tipos de interés y la mejora de la
competitividad de nuestras empresas.

En estos momentos tenemos planteados en España varios problemas. Uno de
ellos es la sostenibilidad de la deuda pública para que no supere unos
límites razonables, es decir, un problema de control del volumen total de
la deuda en relación con el valor de la producción nacional, que muestra
una tendencia de crecimiento. Por lo pronto, en 1994 se dejará de cumplir
el único requisito de los establecidos en los Acuerdos de Maastricht que
cumplía nuestro país para acceder a la Unión Monetaria, es decir, que el
volumen de la deuda pública no supere el 60 por ciento del producto
interior bruto. Pero aún es más grave, señorías, que en una economía de
bajo crecimiento como la española, en la actualidad, con un déficit
público primario, es decir, con un saldo presupuestario negativo incluso
sin considerar los pagos por intereses, se produce una vez más, rebasados
ciertos límites, el efecto bola de nieve, por el que según las hipótesis
que utilicemos podríamos llegar al final de este decenio a una Deuda
Pública situada entre el 80 y el 90 por ciento del valor de la producción
nacional. Y este nivel de endeudamiento público pondría en peligro la
credibilidad de la economía española y nos exigiría a los ciudadanos, año
tras año, cada vez sacrificios mayores.

Por tanto, estos Presupuestos tienen también un problema de credibilidad,
diga lo que diga el Gobierno cuando afirma que 1993 ha sido un año
atípico o que van a cumplirse con rigor estos Presupuestos, lo cierto es
que éstos sólo pueden ser juzgados desde la experiencia acumulada por la
ejecución de los proyectos presupuestarios anteriores; y hay que recordar
una vez más que en 1993 el gasto público consolidado del Estado y sus
Organismos ha desbordado las previsiones iniciales en 2,4 billones de
pesetas.

Para reforzar su credibilidad presupuestaria, el Gobierno no se limita a
incorporar de nuevo el artículo diez al proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, encontrando quizá así la solución a todos los
problemas. Ustedes sabrán que detrás de este artículo diez podríamos
hacer toda una reflexión político-contable; en él, como recuerdan, se
establece un tope a las obligaciones que como máximo puede reconocer el
Estado, de tal forma que el gasto ejecutado a final del ejercicio no
pueda superar el presupuesto inicial más los créditos extraordinarios,
suplementos de crédito e incorporaciones que se realicen durante el
ejercicio. Pero además de ésta se incorpora otra limitación para 1993:
que la suma de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito no
supere el 3 por ciento del Presupuesto inicial.

Pues bien, esta norma del artículo diez vigente desde 1990, permitió en
el trienio 1990-92 limitar el crecimiento del gasto contabilizado pero,
señorías, no el gasto real porque cuando ese techo se iba a sobrepasar,
el gasto simplemente se dejaba de contabilizar con cargo al Presupuesto,
se convertía en una operación de tesorería extrapresupuestaria e incluso
no se contabiliza



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en absoluto y se remansaban deudas no reconocidas con proveedores y
contratistas del Estado. Es decir, que mientras se mantenía intacta, e
incluso se ampliaba la discrecionabilidad del Gobierno para hacer uso de
las modificaciones de los créditos previstas en la Ley General
Presupuestaria, se puso como una débil trinchera de resistencia el
artículo diez en una actuación que hemos de calificar de fraude de ley y
que fue inmediatamente quebrantado dando lugar a la ficción contable en
la que ustedes han vivido durante los últimos años.

Para salir del atolladero en que se encontraban las cuentas públicas, el
nuevo Gobierno ha tenido que derogar por Decreto ley para 1993 las
limitaciones del famoso artículo diez y en la misma fecha, el pasado 1 de
octubre, se presentó un proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 1994, que como única garantía de credibilidad reproduce ese famoso
artículo. Aparte de alguna precisión insignificante que afecta a muy
pocas partidas presupuestarias no encontramos, se lo digo con toda
sinceridad, señor Ministro, ninguna medida en el proyecto presupuestario,
además de las dichas, que garantice la eficaz gestión y el control del
gasto público, por lo que estos Presupuestos para 1994 nos merecen la
misma credibilidad que la que nos merecieron los de 1993, es decir,
lamentablemente, ninguna.

Aconsejamos al señor Ministro que acelere los trabajos para preparar un
nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria para lo que, por cierto,
podría empezar por asumir la proposición de ley que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara.

Pero, señoría, otro motivo para desconfiar de la credibilidad de estos
Presupuestos se debe a que están basados en unas previsiones económicas
para el año próximo excesivamente optimistas.




El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz-Gallardón, le ruego que vaya concluyendo.




El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.

Pensamos que es muy improbable que con estos Presupuestos y con los
ciertamente irrelevantes incentivos fiscales contenidos en la Ley
financiera la economía española pueda crecer el próximo año por encima
del 0,5 por ciento, tasa desgraciadamente bastante alejada del 1,3
previsto por el Gobierno. Resulta aún menos verosímil que la base de la
recuperación de la demanda nacional en 1994 proceda de la inversión
privada que, según el Gobierno, pasaría de cifras negativas, del entorno
del 10 por ciento, a un crecimiento real cercano al 1,6 por ciento. En un
contexto de incertidumbre económica, a la que tanto contribuyen estos
Presupuestos con una caída sustancial de la renta familiar disponible
debido al aumento del paro y a la contención salarial, pensar que la
economía española pueda crecer por encima del 1 por ciento y que la
inversión privada puede evolucionar a tasas aún mayores, es un ejercicio
de verdadero voluntarismo.

Señor Ministro, señorías, no nos parece que los Presupuestos Generales
del Estado para 1994 respondan a las demandas que requiere nuestra
economía. Encontramos unos criterios que no compartimos, como son la
congelación de las retribuciones de los asalariados, que incidirá
negativamente sobre el consumo privado, o unos incentivos fiscales
insuficientes e inapropiados, que unidos a un déficit público excesivo y
al hundimiento de expectativas económicas que han producido estos
Presupuestos van a tener un efecto negativo sobre la inversión y la
actividad económica. Y lo malo es que con este proyecto presupuestario
perdemos una oportunidad, una nueva oportunidad de iniciar una
reestructuración del sector público, tanto del administrativo como del
empresarial.

¿Dónde han quedado, señor Solbes, las propuestas de reducción y
reordenación de los organismos del Estado que sugería el programa de
convergencia? ¿Dónde están las propuestas de reforma de la Administración
Pública que se anunciaron? ¿Por qué se empecina el Gobierno en su
negativa a programar un proceso de privatización de empresas públicas que
sea transparente, que haga más eficiente los mercados en que operan? ¿Por
qué se desaprovecha la oportunidad de iniciar un sistema de protección
social que sea realmente financiable a largo plazo? ¿Qué va a hacer el
Gobierno con las propuestas de regulación de los sectores productivos
incluidos en el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia?
No hay respuesta a estas preguntas, señor Ministro. Y, en definitiva,
señorías, estos Presupuestos y las medidas que les acompañan dejan
pendientes las principales cuestiones, como son la reforma del sistema
fiscal orientada a la competitividad, al ahorro y a la inversión. La
crisis industrial que en determinados sectores, como el automovilístico,
es extraordinariamente grave, la crisis de la agricultura, la
simplificación administrativa y la corrección del fraude fiscal y del
existente en las prestaciones sociales al que tanto contribuye la norma
actual, son sólo algunas de las cuestiones que sin duda veremos
detenidamente en el debate de cada uno de los Títulos y Secciones de los
dos proyectos de Ley.

Los Presupuestos del Partido Popular serían ciertamente diferentes a los
que presenta el Gobierno socialista y estarían, en todo caso, precedidos
y acompañados por las reformas estructurales que se han mencionado. Pero
este desacuerdo de base con las líneas presupuestarias y sus prioridades
no va a impedir que nuestro Grupo Parlamentario, en este debate,
señorías, que hoy iniciamos, aporte, con la dificultad de saber que los
parches poco pueden arreglar, a través de más de 1.000 enmiendas
parciales, un intento de mejora de



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este Presupuesto. Pero quede, en esta Tribuna y en el ámbito de este
salón, de quién es la responsabilidad y quiénes van a intentar, una vez
más, que el realismo impere en la política presupuestaria.

Termino, señorías. Nos encontramos con unos Presupuestos que no son
restrictivos, que no son coherentes con las necesidades del país, que no
fomentan la inversión, que no afrontan el problema del paro y que, en
definitiva, demoran un año más la corrección del déficit público y, sobre
todo, señoras y señores Senadores, no son unos Presupuestos creíbles.

Cuando el año próximo barajemos nuevas cifras y calibremos desde la
experiencia el camino seguido por nuestra economía, desde este momento
constataremos todos que nuestras previsiones, por grises que hoy puedan
parecer, no eran erróneas. Por eso, señorías, habremos perdido una nueva
ocasión para rectificar. Y por eso, señoras y señores Senadores, nosotros
solicitamos que el Pleno de esta Cámara se pronuncie mayoritariamente a
favor del veto que defiende el Grupo Parlamentario Popular, con un
objetivo claro: disponer de unos nuevos Presupuestos para 1994 que
respondan a lo que el momento difícil del país reclama y que satisfagan
los objetivos que el Gobierno dice --no sé si con ejemplar voluntarismo o
con una alta dosis de despiste-- que éstos cumplen.

Señor Ministro, si usted de verdad quiere controlar el déficit, si usted
de verdad quiere mantener las prestaciones sociales que configuran el
Estado de Bienestar, si usted de verdad quiere un Presupuesto solidario y
restrictivo, retire este Presupuesto y vote a favor de la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular.

Gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos en los bancos de la
derecha.)



El señor PRESIDENTE: Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado Martínez.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, señor Ministro, es la primera vez que en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista intervengo en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado en el turno de oposición a los vetos de
las enmiendas a la totalidad que plantea el Grupo Popular. Tenía cierto
interés en conocer cuál iba a ser la aportación que el Senador
Ruiz-Gallardón, que es la primera vez que interviene en este debate, iba
a hacer a la serie de intervenciones que todos los años,
sistemáticamente, como aquellos agoreros que nos anuncian periódicamente
el fin del mundo, viene haciendo el Grupo Parlamentario Popular en los
debates del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

En primer lugar, tengo que señalar que el discurso del señor
Ruiz-Gallardón ha sido un discurso clásico. Si hubiera que definirlo con
una expresión, recordaríamos aquella cita de Bertrand Russell que decía
aquello de que no hay nada más superficial que encontrar lo malo en todas
partes: abatimiento, desolación, pena, quiebra, crisis, ruina,
devastación, ése es el discurso del Partido Popular. (Protestas en los
bancos de la derecha; aplausos en los bancos de la izquierda.)
Señor Presidente, sus señorías pretenden que les guste mi discurso, y eso
no lo van a conseguir. No obstante, el Senador Ruiz-Gallardón sí ha hecho
alguna aportación a lo que han sido la serie de intervenciones desde el
año 1982 de los sucesivos portavoces que el Partido Popular ha tenido en
esta Tribuna, y es la de ser el portavoz de su Grupo que menos ha hablado
de los Presupuestos Generales del Estado en un debate sobre los mismos.

He tenido que esperar media hora para escucharle en su intervención una
mención al artículo diez de los Presupuestos y para darme cuenta de que
estábamos hablando de los Presupuestos Generales del Estado y no de
cualquier otra cosa. Hasta ese momento había hablado de todo y de nada a
la vez, es decir, de todo pero no de lo que estamos discutiendo hoy aquí.

El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, cuando nace de las
sociedades democráticas, es ante todo un debate sobre qué elementos de
control marca el Poder Legislativo sobre la actividad financiera del
Ejecutivo y cuáles son los instrumentos fundamentales de programación
económica del Poder Ejecutivo. Se discute de números y de prioridades, se
dan alternativas, y en un debate de totalidad es necesario ofrecer alguna
alternativa para discutir de aquello de lo que hoy venimos a hablar.

Además, en una época de crisis disminuye el margen de maniobra; son
mayores las necesidades sociales y menores las posibilidades de actuación
del Poder Ejecutivo; son menores los ingresos y mayores han de ser los
gastos. Y, en este sentido, cuando disminuye el margen de maniobra, las
posiciones ideológicas de los Grupos políticos se estrechan. Por
desgracia, con un menor margen de maniobra todos tenemos que confluir
necesariamente.

Yo venía hoy dispuesto a escuchar un discurso en el que se reconociera
algo de lo bueno y de lo positivo que tiene esta sociedad española para
afrontar esta crisis económica, y venía dispuesto a coincidir con el
Senador Ruiz-Gallardón en aquello de sus propuestas que pudiera encontrar
positivo y razonable. No puedo coincidir en nada, porque nada se ha
propuesto aquí, salvo un rosario interminable de epítetos y de
descalificaciones. Se ha hablado de la crisis económica que afronta
nuestro país, y los socialistas somos los primeros interesados en
reconocer su gravedad porque ésta justifica las actuaciones del Gobierno,
su necesidad y su conveniencia, pero no se ha hecho ni una mínima mención
a aquellos aspectos positivos que en estos momentos tiene la realidad
económica española. Desde este



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punto de vista, yo no sé si tiene algún sentido hablar de desaliento y de
veto social a los Presupuestos, cuando lo que van a leer y oír los
ciudadanos y ciudadanas españoles mañana a través de los medios de
comunicación es una invocación clarísima al desaliento e, incluso, una
deslegitimación de la Cámara, porque no tiene sentido decir que se ha
vetado por la sociedad un proyecto de ley legítimo que unas Cortes
democráticas representativas del pueblo español van a discutir a
continuación. Ustedes están haciendo apelaciones antidemocráticas.

(Protestas en los bancos de la derecha; aplausos en los bancos de la
izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio a sus señorías y cuiden
sus gargantas.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En este sentido, tendríamos que hablar de que estamos en un país en
donde, por ejemplo, el precio del dinero ha bajado un 35 por ciento desde
comienzos de año, el déficit de la balanza comercial por cuenta corriente
se ha rebajado a la mitad, se incrementan las exportaciones, tenemos una
Deuda Pública elevada y un déficit público elevado que hay que corregir.

Pero también tenemos una Deuda Pública que los ciudadanos de este país y
de fuera de nuestras fronteras financian a plazos más largos y a tipos de
interés más bajos que antes porque tienen confianza en la economía
española. Tenemos un mercado de valores que también demuestra que los
ciudadanos españoles, incluso, los ciudadanos de fuera de España, tienen
confianza en la economía española. Parece que la principal desconfianza
en la economía española está en los bancos de la derecha, no está en la
sociedad española; parece que el principal desaliento lo intentan
promover los bancos de la derecha y no el Gobierno ni el Grupo
Parlamentario Socialista.

Nosotros estamos aquí para exigir a la sociedad esfuerzos y sacrificios.

Los socialistas estamos dispuestos a hacerlos y a aplicarnos esos
sacrificios, pero no estamos aquí para llevar el desaliento a una
sociedad que necesita tener alguna esperanza para afrontar una crisis
importante. Una crisis importante que el Senador Ruiz-Gallardón ha
definido en términos del siguiente tenor: Es una crisis internacional
pero que no sirve para explicar las circunstancias de la economía
española. Evidentemente, Senador Ruiz-Gallardón, Senadores de los bancos
de la derecha, es una crisis internacional. ¿Es que alguien puede
discutir que todo lo que sucede en España --en cierta medida, a lo mejor,
hace algunos años no podríamos haber dicho esto y tampoco era bueno-- es
parecido o similar a lo que sucede en los países de nuestro entorno? Por
desgracia, ahora que estamos en crisis y por fortuna, cuando venga la
salida de la recesión, estamos en una economía integrada, cada vez más
integrada, y esto es positivo para la economía española, aunque
lamentablemente en tiempos de recesión se noten también las
circunstancias negativas.

Así hablamos del déficit público, ¿cuál es su evolución en todos los
países de la Comunidad Europea? La misma que en España. El déficit
público promedio de la Comunidad crece y crece en todos los países; crece
en países que aumentan su gasto público y crecen en países que disminuyen
su gasto público, como es el caso del Reino Unido. Hablamos de los
problemas de protección social. Hoy era el titular de alguno de los
periódicos nacionales cómo en un país vecino al nuestro la Seguridad
Social tenía un déficit para el ejercicio de 1993 de un billón 350.000
millones de pesetas. Es una realidad mucho peor que la española pero que
obedece, fundamentalmente, a las mismas causas: la crisis y la recesión.

Y tenemos --y eso sí que hay que afrontarlo-- una destrucción de empleo,
que aunque se ha frenado en los últimos meses a la luz de los datos de la
encuesta de población activa porque ha aumentado el paro pero el nivel de
ocupados ha crecido aunque sea mínimamente, muy superior, eso sí, a la de
los países de nuestro entorno.

Y en este sentido, en una situación como la nuestra, ¿qué es exigible al
Presupuesto? En primer lugar, le es exigible que controle el déficit
público porque golpea contra el ahorro y la posibilidad de creación de
puestos de trabajo y, además, supone un lastre para la economía; le es
exigible que mantenga la protección social, y le es exigible que mantenga
el nivel de inversiones, que financie, apruebe y promocione la creación
de empleo y la inversión.

Al Senador Ruiz-Gallardón se le ha olvidado decir que en los Presupuestos
para 1994 se incrementa, vía aportaciones directas o vía préstamos, la
aportación del Estado a la Seguridad Social, en 900.000 millones de
pesetas, y que el esfuerzo que en protección social va a seguir haciendo
este país, que es el esfuerzo que nosotros creemos que se puede hacer y
para el cual tenemos que exigir sacrificios a la ciudadanía, va a
permitir que se mantenga un nivel de protección social como este país no
ha tenido nunca en términos de producto interior bruto hasta que
gobernaron los socialistas en España.

Al Senador Ruiz-Gallardón se le ha olvidado decir que el año que viene
habrá una licitación «récord» de inversiones en sectores tan importantes
como las comunicaciones o la construcción por una cantidad de 900.000
millones de pesetas, que esperamos sirva de tirón, en lo que sea posible,
al sector de la inversión privada en dichas materias.

Al Senador Ruiz-Gallardón se le ha olvidado decir, como señalaba antes el
señor Ministro en su intervención, que los gastos fiscales del Estado van
a crecer un 25 por ciento; que estamos generando deducciones a la
inversión



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en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre patrimonio, y que
vamos a permitir a las empresas que se creen en este país a partir de 1.º
de enero de 1994 que deduzcan por inversión buena parte de los beneficios
para fomentar la creación de empleo y la inversión productiva.

Y en materia del control del déficit, estos Presupuestos son
extraordinariamente rigurosos porque no solamente se han congelado las
retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas;
no solamente se han declarado vinculantes conceptos del Capítulo II de
gastos corrientes en bienes y servicios de los Presupuestos; no solamente
hemos tomado medidas para racionalizar la prestación de desempleo que
supone en sí una necesidad de mayor contribución a los trabajadores
ocupados o, incluso, de mayor solidaridad con los propios trabajadores
desocupados que van a tener que empezar a cotizar a la Seguridad Social
en cierto porcentaje, sino que, además, hemos previsto en la ley de
medidas de acompañamiento que se va a debatir junto a estos vetos y a los
Presupuestos, la necesaria reforma de la Administración a través de
planes de empleo que permitan no sólo congelar las retribuciones de los
funcionarios, sino, en el momento en que culminen las transferencias
autonómicas, reasignar a los mismos para incrementar su eficacia y
permitir que se vayan eliminando las duplicidades del gasto público.

En este sentido, los Presupuestos suponen, evidentemente, una petición de
sacrificios y un esfuerzo; esfuerzo que algunos de los círculos de
empresarios han calificado de insuficiente, por lo que estaba dispuesto a
escuchar en esta tribuna un discurso sobre esfuerzo insuficiente respecto
de estos Presupuestos, porque ése hubiera sido el discurso lógico que se
debería haber realizado desde los bancos de la derecha. Sin embargo,
ustedes siguen obsesionados con negar cualquier virtud a cualquiera de
las actuaciones del Gobierno, lo que les lleva al paroxismo en la
argumentación y a la falta de credibilidad, pero no del Presupuesto, sino
de su propia argumentación.

Ante estos Presupuestos, ¿cuál es la alternativa que se nos plantea desde
las propuestas de veto y las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular? La propuesta alternativa, que en una época de
crisis y, lógicamente, de menor capacidad de maniobra probablemente
hubiera tenido que ser en algo parecida a la nuestra, es la siguiente:
después de invocar todas las catástrofes, nos dicen que los funcionarios
y los pensionistas tienen que ganar más, que los contribuyentes tienen
que pagar menos, que es necesario incrementar las inversiones en cada uno
de los territorios de este país, que a los parados no hay que recortarles
las prestaciones, pero, no obstante, hay que disminuir el gasto en
desempleo y, además, que en todos los territorios existe agravio
comparativo respecto del vecino, que todo gasto es insuficiente por lo
que se refiere a atención a necesidades sociales y que todo ingreso es
demasiado en lo que significa petición de impuestos.

Ustedes sistemáticamente dicen a todo el mundo lo que quiere oír y a
continuación añaden: la culpa de que esto no suceda así es del Gobierno.

Es un discurso de suma de demagogias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Si la suma de sus enmiendas se aprobaran,
ustedes que son enemigos del déficit público, como nosotros (Rumores.),
se encontrarían con la situación de que el déficit público previsto en
estos Presupuestos se multiplicaría por dos, por disminución de ingresos
y por incremento de gastos. Ustedes proponen más de dos billones y medio
de pesetas de gastos en el conjunto de sus enmiendas si se contemplan, no
las cuantías que ustedes proponen, sino el coste final de las obras a
realizar. Proponen disminuciones de tarifas en el Impuesto sobre la
Renta, en el IVA, en el IBI, en el IAE, en definitiva, en todo tipo de
imposición. Y ésa es su coherencia, la de después de predicar el fin del
mundo, como hacen las echadoras de cartas, decir a todos lo que quieren
oír. Eso lo convierten en un programa político y suben a esta tribuna a
hacer un debate de totalidad sobre los Presupuestos Generales del Estado
para 1994 con ese tipo de argumentaciones. Además, las trufan o las
condimentan de algo que hacen que sea un tipo de debate peligroso en este
país, y es la apelación a un cierto «lerrouxismo» blando, porque ustedes
dicen que el Gobierno Socialista, o el Grupo Parlamentario Socialista,
cuando ha llegado a acuerdos con otros grupos políticos lo ha hecho sobre
la base del trueque, ha pagado peaje y ha incrementado los gastos
solamente en algunos de los territorios de nuestro país. Pero éste es un
tema que me parece muy delicado, porque el «lerrouxismo», por desgracia,
es un componente del discurso político de todos los grupos de este país,
y todos los grupos tenemos interiorizado un problema territorial y todos
los grupos tenemos discordancias territoriales en esta Cámara aunque, más
o menos, todos procuramos tenerlo controlado. El problema es que ustedes
ya no lo controlan, sino que han hecho bandera de él.

Senador Ruiz-Gallardón, ¿sabe usted qué Comunidad Autónoma es la más
beneficiada por las enmiendas aprobadas en ponencia y Comisión, después
de dicho trámite en esta Cámara? La Comunidad Autónoma de Madrid, que
recibe 8.000 millones de pesetas para financiar su metro y su transporte,
según el contrato-programa que suscriben la Comunidad, el Ayuntamiento y
el Estado para financiar los servicios de transportes de Madrid. ¿Ha
hecho falta algún trueque, algún peaje para que eso sea así? ¿Por qué es
positivo el gasto que el Estado español realiza en algunos territorios y
negativo en otros? ¿Es que ustedes van a volver a hablar de provincias
traidoras? (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)



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Creo que con estos problemas debemos tener un mínimo de cuidado y, desde
luego, cuando se hacen apelaciones tan rotundas como las del pago de
peajes o los trueques, uno tiene que haberse leído antes las enmiendas
que ha presentado su propio Grupo Parlamentario y tiene que justificar
cómo las enmiendas aprobadas en ponencia o en Comisión satisfacen alguna
necesidad de pago o de trueque, porque, desde luego, sí existe una
necesidad y es la de la estabilidad de la política española así como la
de que se aprueben los Presupuestos con una mayoría en esta Cámara para
que la crisis económica se solucione, pero esa necesidad es democrática.

Aquí tiene que haber una mayoría que vote favorablemente los Presupuestos
porque eso es a lo que obliga la Constitución, a que los Presupuestos,
como el conjunto de leyes que se aprueban en esta Cámara, respondan al
voto de la mayoría de las señoras y señores Senadores que están sentados
en este hemiciclo. No es, por tanto, muy democrático el pedir que haya
definiciones, leyes, Presupuestos que solamente se sostengan con la
minoría, y no es, por tanto, muy razonable el criticar a los demás
aquello que uno no es capaz de soportar sobre sus espaldas.

Desde luego, me hubiera gustado que el Senador Ruiz-Gallardón hubiese
hablado de la colaboración, de esa colaboración que el señor Aznar
mencionó en su discurso en el Congreso de los Diputados. Es verdad que
también defendiendo una enmienda a la totalidad, y eso sí que no se lo
creía nadie pero, por lo menos, hizo una referencia a la colaboración.

Sin embargo, el Senador Ruiz-Gallardón se ha olvidado de lo que dijo el
señor Aznar y en este hemiciclo ya no nos ha prometido ningún tipo de
colaboración. Eso sí, nos ha prometido todo tipo de desastres, en lo que
se ha pasado; el señor Aznar sólo nos prometió la mitad.

En este sentido, aunque sólo fuera para salir de la crisis, creo que el
Gobierno de España se merece la colaboración de todos los Grupos
Parlamentarios y vamos a intentar conseguir que exista esa colaboración
en el debate de los Presupuestos porque, además, nos parece razonable y
necesario que, frente a tanta demagogia, frente a tanto escuchar decir a
los demás lo que quieren que se diga, los Grupos Parlamentarios hagamos,
en una situación de crisis económica, un esfuerzo de rigor y de
austeridad y, por tanto, que seamos capaces de proponer a los ciudadanos
españoles la única solución viable y posible a la crisis económica, que
pasa por el sacrificio de todos y cada uno de los sectores sociales. Y
ésa es la base del diálogo social; la única base posible del diálogo
social es que la sociedad española entienda que es necesario compartir
sacrificios. No podemos basarlo en compartir en una situación de crisis
económica mayores reivindicaciones.

Algunos dirigentes del Partido Popular han hablado de que no era la hora
de reivindicar. Tampoco en esta tribuna, discutiendo los Presupuestos
Generales del Estado, es posible en una situación de crisis económica
hacer reivindicaciones en nombre de los funcionarios, de los
pensionistas, de los parados, de los agricultores, de todos los
colectivos sociales, y a continuación decir que tiene que haber menos
gasto público y menos déficit público. Tampoco es ésta la hora de las
reivindicaciones; es la hora de que las fuerzas políticas responsables se
corresponsabilicen de la necesidad de los sacrificios, porque con
sacrificios saldremos adelante. Evidentemente, con propuestas
absolutamente demagógicas no sólo no saldremos adelante, sino que una y
otra vez acumularemos retrasos y retrasos.

Para terminar, señor Presidente, porque no quiero consumir demasiado
tiempo, señalaré que en este debate de veto hemos hablado mucho de temas
que, evidentemente, están conectados con los Presupuestos. A este Senador
le hubiera gustado descender más al detalle de lo que los Presupuestos
Generales del Estado proponen para 1994, pero el discurso del Senador
Ruiz-Gallardón no me da pie a ello y, desde luego, el mío necesariamente
ha de ser de réplica.

El Senador Ruiz-Gallardón ha empezado por decir que estos Presupuestos no
traían ilusión a la sociedad y que estaban vetados por la misma. Por el
contrario, yo creo que estos Presupuestos van a ser aprobados
democráticamente por la Cámara y que son los Presupuestos de una sociedad
que cree en su recuperación y en su capacidad de recuperación, que no
considera necesario repetir las elecciones cada seis meses, cuando algún
partido político las pierde, para salir de la crisis. Esta sociedad,
desde luego, no merece las continuas apelaciones al desaliento, a la
desconfianza, a la devastación, a la destrucción, que se hacen desde los
escaños de la derecha de esta Cámara tanto este año, como hace tres,
seis, nueve años, porque si algo no cambia es el discurso de los señores
portavoces del Grupo Parlamentario Popular.

Empecé hablando de Bertrand Russell y termino hablando de él. El primero
de los imperativos de la conciencia es seguir los dictados de la razón. A
nosotros nos hubiera gustado que hubieran subido más las pensiones, que
hubiera podido crecer el sueldo de los funcionarios, que la inversión
pública, que ya es muy importante, pudiera haber sido mayor y que el
déficit público fuera menor, así como el gasto de las administraciones
públicas.

Como el Grupo Parlamentario Socialista apoya al Gobierno tiene que
entender que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994
es un equilibrio entre nuestra voluntad y las necesidades de la política
económica.

Los dictados de nuestra razón y, por tanto, los imperativos de nuestra
conciencia nos impiden hacer demagogia. Me hubiera gustado que ese mismo
imperativo hubiera sido el que hubiera guiado la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.




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Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.




Eran las catorce horas y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.

Para la segunda propuesta de veto, tiene la palabra el Senador Cuevas
González.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Ministro por su ausencia
y, sobre todo, por las explicaciones tan claras que nos ha dado esta
mañana durante su intervención.

Voy a comenzar mi intervención planteando que mi Grupo Parlamentario
--Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya--, siempre ha pensado que el
debate de los Presupuestos Generales del Estado debería ser uno de los
más importantes que se celebran en las Cortes Generales. Digo esto porque
el debate de este año podría parecer de manicomio, no porque sus señorías
y yo estemos locos, sino porque la locura ha arrastrado el debate. No es
muy normal que en un debate parlamentario haya una Ley de Presupuestos
que posteriormente tiene que ser corregida por otra ley, porque una cosa
puede incidir en la otra. Supongamos que, por ejemplo, aprobamos la ley
de acompañamiento o de mala juntera --como yo digo-- y, luego, por mal
del demonio o de las teclas, aprobemos algunas enmiendas que no son
acordes con la Ley de medidas presupuestarias. El caos sería terrible. A
eso me quería referir.

Dicho esto, tengo que plantear que, desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, presentamos un veto a los Presupuestos Generales del Estado
porque, entre otras cosas, no nos gusta el presupuesto. (Rumores.) No nos
gusta el Presupuesto, sobre gustos y colores no hay nada escrito.

Presentamos este veto con la intención de invitar al Gobierno y al
Partido que lo sustenta a que estos presupuestos se reelaboren dentro de
un marco de diálogo y de consenso y dentro de un encuentro social y
político con nuevos contenidos, que produzcan un giro a la izquierda en
la política del Gobierno. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya está
dispuesta a tenderle un mano, siempre que esa rectificación de su
política --insisto-- sea hacia la izquierda. Dicho giro tendría que estar
encaminado a concretar varias cosas: en primer lugar, la forma de
conseguir ingresos de una forma progresista y, en segundo lugar, la forma
de concretar los gastos y el papel que éstos deben tener, entre otras
cosas, para frenar el desempleo, recomponer la capacidad productiva,
fortalecer nuestras pequeñas y medianas empresas, mantener el nivel de
prestaciones y conquistas sociales, actuar con políticas activas,
industrial y de servicios, como la Sanidad y la Educación, y garantizar
adecuadamente la financiación de las Comunidades Autónomas y de los
Ayuntamientos. Esto, en principio, podría ser una oferta de diálogo que
temo que va a caer en cajón roto, pero lo planteo para que, por lo menos,
conste.

No nos gustan los presupuestos --no es una cuestión de gustos-- porque el
Gobierno se reitera en su política año tras año. Al Gobierno de don
Felipe González Márquez --lo ha dicho él mismo-- no le parece conveniente
ni razonable rectificar la política económica que durante su mandato
legítimo y representativo --ha sido votado por los ciudadanos-- nos ha
llevado nada más y nada menos que a una cifra de más de tres millones de
parados. Parece que el señor González no está dispuesto a rectificar esa
política. Nos ha llevado al desmantelamiento industrial. El último
ejemplo que tenemos, que todavía sigue y seguirá coleando, es el problema
de SEAT. Nos ha llevado a recortes en prestaciones sociales y a un nuevo
retraso en la puesta en marcha de la LOGSE. Cuando se aprobó aquella Ley,
que recuerdo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la apoyó
críticamente, decíamos que tanto los presupuestos que la acompañaron como
sus planes de financiación eran simplemente buenas voluntades y que en la
práctica esa Ley no se iba a llevar a cabo. En aquel tiempo nos tacharon
de agoreros --como siempre--, de tremendistas y se utilizaron otra serie
de calificativos negativos. El tiempo nos ha dado la razón a los
agoreros. Este año vuelve a ser congelada la LOGSE. Por tanto, no
estábamos muy mal encaminados.

Y, para colmo, el Gobierno incumple sus promesas con los ayuntamientos.

El Ministro para las Administraciones Públicas en la Asamblea de Galicia
se compromete a entregar unos dineros y a recomponer la deuda y, cuando
llegan los presupuestos, estos dineros no aparecen. Es el tema que
siempre pongo como ejemplo: la música por un lado y la letra por otro.

Es más, el Gobierno renuncia a la generación de empleo y esto no lo dice
mi Grupo Parlamentario, sino que lo dice el Gobierno en su Memoria
económica. Y renuncia, además, a que el Estado sea el motor de la
reactivación económica. Estamos observando con preocupación desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que para tapar el déficit
público y la mala gestión están desmantelando el patrimonio del Estado.

Ya se han desmantelado, por lo menos, cuatro ventanas y, al ritmo que
vamos, terminaremos sin patrimonio del Estado y éste no tendrá incidencia
en el desarrollo económico.




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Se podrá estar o no de acuerdo con esta política, pero desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, creemos que el Gobierno --el Estado--
tiene que jugar un papel importante en la generación de ingresos para que
éstos posteriormente sean bien redistribuidos, que creo que debe ser la
misión de cualquier Gobierno, y si éste es progresista, aún más.

En otras palabras, el Gobierno ha mantenido una apuesta por la reducción
del gasto e ingresos públicos, la cual consiste en transferir recursos al
sector privado y en un ajuste regresivo de la renta nacional en contra de
los trabajadores. Ahí está la mayor flexibilidad laboral y la reducción
de los costes por despido y subordinación del empleo a otro objetivo
macroeconómico, como la inflación y el déficit público que, en todo caso,
supondrá que el número de parados siga aumentando en 1994. Según las
cifras generosas del Gobierno --que suelen equivocarse con bastante
frecuencia-- en el año 1994 el 23 por ciento de la población activa
estará en paro. Como consecuencia de esto, ¿qué ha pasado? Que el día 27
de enero, no Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sino sindicatos de
clase, Comisiones Obreras, UGT, la CGT y otros, han convocado una huelga
general contra esta política que hoy rechazamos con el veto, a la que
espero que sus señorías también se adhieran en su momento.

Resulta paradójico que el Gobierno haga este diseño de política económica
en torno al plan de convergencia fijado en el Tratado de Maastricht. El
Gobierno sabe que este punto necesita una reconciliación, como
consecuencia de un previsible nuevo escenario comunitario. El nivel de
déficit público está fuertemente condicionado por un problema de eficacia
recaudatoria. Cuando el Gobierno dice que ya no hay más que para una
elevación sustantiva de la presión fiscal, habrá que recordarle que en
1992 la presión fiscal española era del 35,9 por ciento del Producto
Interior Bruto y en Europa era del 40,8 por ciento. Pero el problema del
déficit público también es un problema de eficacia recaudatoria. No nos
explicamos cómo se quiere vender que no hay un ajuste en el tema social,
cuando realmente lo hay. Porque no hay dinero y, sin embargo, la mala
gestión de este Gobierno nos lleva a la conclusión --según sus datos-- de
que a la Seguridad Social se le debe cerca de un billón de pesetas.

Además, el propio Gobierno reconoce que menos del 45 por ciento podrá ser
recaudado. Yo creo que la gestión de los cobros, la recaudación, debería
ser un elemento importante. No se le puede explicar a nadie que, por un
lado, se recorte el derecho de los parados y de los pensionistas y, por
otro, no se sepa recaudar lo que por Ley hay que recaudar.

El grueso de la Fiscalía recae mayoritariamente sobre las nóminas y el
consumo. En cualquier caso, de nada vale recaudar más a alguno, si luego
la política de gastos les devuelve más; o recaudar menos de la mayoría y
que luego la política de gastos sea cicatera en su vertiente social. La
progresividad de un sistema público no puede medirse de forma
independiente en términos de ingresos o de gastos, sino que, por el
contrario, descansa de forma inseparable sobre ambos pilares.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado un veto a las
medidas que acompañan a estos presupuestos; veto que mantenemos
políticamente, aunque por cuestiones técnicas parece ser que ha decaído,
quizás por un descuido.

Estos presupuestos y las medidas que lo acompañan nada quieren saber de
un sistema fiscal más solidario, nada quieren saber de medidas sobre el
reparto del trabajo, de la revitalización de lo público y lo colectivo,
del control democrático del sistema financiero, de fondos de inversión de
empleo, de compromiso y ayuda al desarrollo del tercer mundo.

A juicio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos ante unos
presupuestos restrictivos, uno de los más restrictivos de la última
década. Son presupuestos restrictivos y de ajuste, que castigan a las
economías más débiles: trabajadores, parados y pensionistas. Estamos ante
unos Presupuestos y unas medidas de acompañamiento que vienen a reducir,
según Izquierda Unida, muchas de las cotas conseguidas del Estado del
bienestar que han sido conquistadas por los trabajadores y por los
sindicatos durante mucho tiempo.

Yo le pediría al Gobierno que retirara estos Presupuestos. Le pediría,
ahora que está aquí el señor Ministro, que reiniciara el diálogo social.

Creo que ustedes no deberían gastar mucho tiempo en hacer una campaña de
desprestigio de la huelga general. Deberían ganar tiempo y llamar a los
sindicatos para empezar a negociar nuevamente, y no sólo con ellos, sino
también con las fuerzas políticas. Por eso, desde esta tribuna, en nombre
de mi Grupo, les digo que si ese giro a la izquierda se produce, tendrán
la mano tendida de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Cuevas González.

Para defender la tercera propuesta de veto, tiene la palabra el Senador
Petrizán Iriarte.




El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señores y señoras Senadoras, voy a defender en nombre de Eusko
Alkartasuna el veto de totalidad que hemos presentado al proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1994. En primer lugar, y tal y
como lo hacía en Comisión, quiero hacer referencia al agotamiento de este
debate. El propio portavoz socialista decía que la discusión de los vetos
de totalidad en la misma era un puro trámite porque imperativos



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procedimentales --un mes de plazo-- impedían hacer un trámite normal.

Desgraciadamente, nosotros extendemos también la consideración de puro
trámite al debate de los vetos en Pleno.

El debate político sobre los Presupuestos está agotado. Las cartas para
nosotros están marcadas. La partida se sabe cómo se va a desarrollar y
cómo va a concluir. Por tanto, el desinterés es evidente. Probablemente
también en el interior de la Cámara haya signos evidentes de agotamiento.

La Comisión de Presupuestos acabó prácticamente día y medio antes de lo
previsto, es decir, con mucho adelanto, el propio debate de los
Presupuestos.

En segundo lugar, quiero manifestar nuestra profunda decepción por la
falta de acuerdo presupuestario en un momento tan grave como el actual,
donde los efectos de la crisis económica están llegando a donde están
llegando. El Gobierno se ha limitado a hacer el mínimo esfuerzo para
sacar adelante el proyecto. Es un pacto estrictamente coyuntural, por
necesidades del guión, que no denota en absoluto un cambio de intención
en el proceder, desgraciadamente tradicional, del Grupo Parlamentario
Socialista.

La profunda crisis que padecemos debiera impulsar a las diversas fuerzas
políticas a un consenso generalizado, al menos, en la columna vertebral
de cualquier política económica, como son los Presupuestos Generales del
Estado. Pero no, este objetivo es obvio que no se va a cumplir y, por
tanto, no se va a conseguir. Y en esta falta de acuerdo, sin despreciar
la responsabilidad de todos, el Grupo Parlamentario Socialista tiene un
especialísimo protagonismo. Parece que no ha olvidado los años de mayoría
absoluta, donde el ejercicio de la prepotencia política era la práctica
más extendida en cualquier debate.

Al Partido Socialista no le interesa un gran acuerdo en política
económica, aunque las circunstancias de profundidad y permanencia de la
crisis parecen aconsejarlo. Desgraciadamente, no se han cumplido las
palabras de diálogo con la oposición que se prometían y que, en nuestra
opinión, los ciudadanos y las ciudadanas estaban esperando por la
situación de emergencia que padecemos. Cuando decimos o nombramos la
palabra «emergencia» no queremos hacer catastrofismo, sino describir con
precisión la realidad para aplicar la terapia adecuada.

En tercer lugar, quisiéramos dejar bien clara la falta de consistencia en
la elaboración de los Presupuestos por parte del Grupo Socialista, porque
en los diversos trámites parlamentarios se dedica a enmendarlos de tal
manera que deja poco reconocible el proyecto. Y esto será, bien fruto de
una falta de consistencia en política económica en general, o bien
producto de influencias, de disensiones u otras causas.

Todos estos apuntes vamos a verlos en las razones concretas que apoyan
nuestra posición de veto a los Presupuestos. Por desgracia, se ha
convertido en tradicional el hablar de la falta de credibilidad que
suscitan las cifras y el cuadro macroeconómico contenido en el proyecto
de Presupuestos. Este año como no podía ser menos, la tradición se ha
cumplido y las desviaciones han batido todos los récords anteriores.

El Ministerio de Economía, con su titular a la cabeza, ha errado nada
menos que en dos billones de pesetas en el gasto previsto para 1993. En
los ingresos, los errores también han sido de bulto. Podríamos citar la
reducción de la inversión, el crecimiento del PIB y la destrucción de
empleo. Por ejemplo, en este último punto, la previsión era de 162.000
parados más para 1993 y han sido 535.000.

Podríamos decir que en el capítulo de las previsiones el señor Ministro
de Economía anterior emulaba a un personaje cinematográfico llamado
«Pierre Nodoyuna».

El problema de la credibilidad lleva aparejado, además, un efecto
claramente negativo, como es la falta de confianza o, mejor dicho, la
desconfianza, ante la política económica del Gobierno; desconfianza que
se manifiesta en todos los sectores, pero especialmente actúa como
revulsivo de la inversión productiva que es el factor determinante para
la creación de empleo.

Otro punto a destacar es el carácter continuista que presentan estos
Presupuestos respecto de los anteriores. No hay novedades. Así pues,
vamos a ver la continuación de la política económica tradicional del
Gobierno socialista. Y decimos tradicional para ser justos, no sólo para
remarcar los errores que, sin duda, cometen y que hemos subrayado. No
queremos negar los aciertos que ha tenido el Gobierno, pero como grupo de
oposición remarcamos los errores que, desgraciadamente, abundan cada vez
más en los últimos ejercicios.

La política económica presente en estos Presupuestos está agotada. El
modelo de crecimiento diseñado está agotado y si algo caracteriza a los
Presupuestos --y nosotros lo remarcamos-- es la falta de imaginación, la
falta de propuestas nuevas, porque lo que de hecho se transmite es un
pesimismo por la ausencia de novedades y de propuestas nuevas.

La profunda crisis económica que padecemos exigiría tanto el esfuerzo por
el acuerdo de política económica, como el esfuerzo para implementar
nuevas medidas, nuevas fórmulas que palien estos efectos de la crisis y
nos pongan en el camino de la recuperación. Parece que el Gobierno
renuncia a esto y se coloca en la posición del puro continuismo y
conservadurismo en las fórmulas tradicionales.

También en este momento queremos hacer referencia al argumento recurrente
ante los problemas que padecemos de la coyuntura internacional, que, al
parecer, es la culpable de todos los males. En la Comisión llego a decir
el portavoz socialista que hemos sufrido una situación



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de crisis en los mismos términos que los países de nuestro entorno. Pues
que Santa Lucía le conserve la vista, porque la comparación, amén de
odiosa, es irreal. Y para confirmarlo no hay más que comparar la mayoría
de los parámetros, aunque alguno casi casualmente nos pueda ser
favorable.

Creo que, como mínimo, hay que hacer un ejercicio de autocrítica ante la
política económica. No pueden seguir cometiendo las petulancia de pensar
que están ejecutando la mejor de la posibles, porque si bien la coyuntura
internacional ha agravado --y no lo negamos-- de manera importante
nuestra situación económica, es obvio que existían y existen unos
factores internos que es preciso corregir. Y el mejor ejemplo para
demostrar lo anterior sería hacer un recorrido histórico de los últimos
diez años. Habría que comenzar diciendo que ni en las épocas de
manifiesta bonanza económica se consiguió un incremento del empleo
estable.

La destrucción de empleo que hemos padecido este último año es para poner
los pelos de punta a cualquiera, pero ni siquiera han conseguido respecto
de este problema el acuerdo de sindicatos y empresarios de cara a
reformar el mercado de trabajo.

Otro factor que nos gustaría destacar es la austeridad que se anuncia.

Podríamos decir que los presupuestos no aguantan ni por un momento el
análisis desde el prisma de la austeridad, y no lo aguantan porque, por
desgracia, los errores cometidos en la política económica del pasado
condicionan de manera notable el presente.

Hablar de austeridad con el 22 por ciento de incremento en los gastos de
atención a la deuda pública es prácticamente una ironía ya que se
renuncia a intervenir en la reactivación económica, cuando es obvio que
los recursos del Estado que se aplican en el Capítulo de atención a la
deuda pública tendrían un encaje mucho más útil en el reforzamiento de
medidas dirigidas a la reactivación y a la generación de empleo.

Otro factor relevante que ustedes enarbolan continuamente es el
mantenimiento de los gastos denominados de protección social. Es verdad
que en los últimos diez años se han incrementado de forma notable, pero
es que el Gobierno que hay en estos momentos es un Gobierno socialista.

Lo preocupante precisamente es que, aunque las prestaciones sociales
ocupan su lugar como principal política de gasto, se les van a exigir
sacrificios notables a sus perceptores. Es decir, si hasta el momento las
pensiones se habían colocado justamente en el nivel del umbral, este año
van a caer por debajo de este nivel mínimo que describimos, ya que, en el
mejor de los casos, van a mantener su poder adquisitivo.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el horizonte es todavía mucho
más pesimista. Si se congela el crédito real ejecutado en 1993 y a su vez
se tiene que dar cobertura a una cifra de 150.000 parados más, es
evidente que se va a producir una pérdida de cobertura de la protección
individual. Además, y por si el panorama no fuera lo suficientemente
oscuro, los perceptores de prestaciones contributivas van a ver
incrementada la presión fiscal por la tributación en concepto de IRPF y
porque deben asumir las cotizaciones a la Seguridad Social que les
correspondan.

Otro factor que apoya la presentación de este veto es que el modelo de
crecimiento propuesto permanece invariable e insensible a los grandes
desequilibrios que ha generado. En este sentido, tendríamos que decir que
no se adoptan medidas específicas, medidas que serían sumamente
necesarias para promover el desarrollo industrial y para frenar la
destrucción de puestos de trabajo, auténtica sangría y problema --al
parecer irresoluble-- en este modelo de crecimiento.

En cuanto al déficit público, creemos que llega también a niveles de
récords históricos. Se ha planteado su reducción en tasas asumibles,
pero, en nuestra opinión, las previsiones no se van a cumplir, y lo
decimos utilizando sus propios datos: los gastos fiscales crecen
porcentualmente más que los ingresos, y si a esto unimos los incentivos
fiscales, la reducción de beneficios empresariales, el incremento del
desempleo y la congelación salarial, no se van a producir excedentes como
para ahorrar y reducir el endeudamiento.

Además, en materia de déficit público, paradójicamente estos presupuestos
no prevén actuaciones absolutamente necesarias, como sería, por ejemplo,
el desarrollo de medidas para luchar contra las enormes y conocidas
bolsas de fraude fiscal. Según palabras del Gobierno en líneas generales,
la política fiscal que subyace en el proyecto de presupuestos es similar
a la de ejercicios pasados. Es decir, la política fiscal --su política
fiscal-- al parecer no es sensible al cambio de ciclo económico; funciona
igual en un momento expansivo que en uno depresivo. En nuestra opinión,
es precisamente en este ciclo recesivo donde se debe manifestar una clara
decisión de abordar el problema del fraude fiscal. El diferencial entre
lo que se ingresa y lo que se debiera ingresar es tan grande
--prácticamente se habla de tres billones de pesetas, lo que sería tanto
como el 5 por ciento del PIB o como el montante del déficit público--,
que, en nuestra opinión, habría justificación para tomar medidas «per se»
para combatir frontalmente este fraude fiscal.

También me gustaría, tal como he hecho otros años, hacer una pequeña
reflexión sobre la economía de Navarra. En nuestra opinión, el trato que
recibe Navarra en los presupuestos generales del Estado es decepcionante
y sigue una tradición histórica como si nada hubiera pasado, pero sí ha
pasado.

Navarra tiene actualizadas sus relaciones económicas con el Estado a
través del Convenio económico. Es decir, Navarra aporta al Estado lo que
otra Comunidad Autónoma. Tiene las cuentas perfectamente claras. Con



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anterioridad, muchas inversiones que correspondían al Estado las pagaba
Navarra con cargo a lo que se llamaba la actualización del cupo; se
podría citar la infraestructura sanitaria o la escolar. La situación,
como digo, ha cambiado, pero el cambio ha sido unilateral, es decir, se
ha hecho el Convenio económico, pero el Estado no cumple con su parte.

Hay infinidad de proyectos e inversiones que no nos llegan para materias
no incluidas en el citado Convenio. Se podría citar la infraestructura de
radio, televisión o telefonía móvil. También las máquinas de escribir u
ordenadores que se utilizan en las dependencias del Ministerio de
Justicia, Audiencia y Tribunal Superior de Navarra son propiedad del
Gobierno de Navarra. Pensamos que quizá debiéramos tomar iniciativas para
que se retire este utillaje. De continuar esto así, estaremos ayudando a
llenar las cárceles de Navarra y sus alrededores de insumisos, como
ocurre en este momento.

Nosotros no queremos sino un trato similar al de otras Comunidades.

Pedimos que no se nos excluya sistemáticamente de los presupuestos
generales del Estado haciendo referencia o utilizando como pantalla una
pretendida situación de privilegio. Habría que añadir que Navarra tiene
unos déficits históricos en infraestructura tremendos. Pondré el ejemplo
de la red de carreteras. Esta se financiaba y se financia por cuenta de
la Diputación Foral. Era de una calidad media, pero llamaba la atención
porque se decía que su calidad era superior a la de Comunidades
circundantes. Sin embargo, la infraestructura ferroviaria o la
hidráulica, que correspondían y corresponden al Estado, presentan un
aspecto deplorable porque son absolutamente deficitarias.

Resumiendo este punto, podríamos decir que se ha intentado confundir
interesadamente la defensa que ha hecho Navarra de su sistema de
autogobierno con actitudes de insolidaridad con otras regiones o pueblos.

Además esta confusión se utiliza para no corresponder a la actitud
solidaria y dialogante que ha tenido Navarra y de la que ha dado sobradas
muestras.

Para concluir, quiero hacer referencia a los aspectos principales que he
citado. La falta de credibilidad y la desconfianza que esto genera junto
con el carácter continuista, el modelo de crecimiento invariable, las
faltas de medidas contra el fraude fiscal y la ausencia de un trato
normalizado a mi Comunidad, justifican, en opinión de Eusko Alkartasuna,
la presentación de este veto.

Pero también es necesario citar al sector primario. Si bien la situación
de la agricultura y de la ganadería es completamente sombría, no
encontramos medidas que vayan a paliar, aunque sea en parte, las penurias
del sector.

Para terminar quisiera decir, señor Ministro, señorías, que desde Eusko
Alkartasuna solicitamos la devolución de estos presupuestos por las
razones que acabamos de exponer.

Quiero terminar diciendo lo mismo que el año pasado: estamos persuadidos
de que un Partido Socialista, por tanto, el Gobierno, debiera hacer más
por el problema que hoy más preocupa a la sociedad: el continuo aumento
del número de parados.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Petrizán
Iriarte.

Para defender la cuarta propuesta de veto tiene la palabra el Senador
Ramón i Quiles.




El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, en Esquerra Nacionalista Valenciana pensamos
que éstos no son, que no pueden ser los presupuestos generales del
Estado. Por ello me dispongo en su nombre a argumentar desde esta tribuna
los motivos que, a nuestro juicio, los invalidan y por los que
solicitamos su devolución.

Además, y como ya manifestaba en el debate en Comisión, me reafirmo en
que no estamos debatiendo los presupuestos generales del Estado sino que,
por el contrario, se trata de unos presupuestos provisionales del Estado.

Parece obvio, señorías, que la provisionalidad que preside a estos
presupuestos los convierte en muchos de sus apartados en inútiles y
desfasados incluso desde antes de su aprobación por esta Cámara.

La provisionalidad de los presupuestos generales del Estado se convierte
en sinónimo inequívoco de ausencia de credibilidad, frente a lo
manifestado esta mañana por el señor Ministro. Y dicha provisionalidad no
es una valoración gratuita de este Senador sino que, muy al contrario, se
trata del carácter que los presupuestos del Estado le merecen al Gobierno
del Estado, que nos lo presenta para su aprobación, a la vez que, con
absoluta inmediatez, presenta otros proyectos de ley que debatiremos en
esta misma sesión y que constituyen, poco más o menos, vetos con lo que
el Ejecutivo autoenmienda sus propios presupuestos.

Por otra parte, señorías, estos presupuestos, lejos de sintonizar con
aquella lección que el Presidente González afirmaba haber aprendido tras
conocer los ajustados resultados de las últimas elecciones generales
--cuando manifestó: hemos entendido el mensaje--, parecen empecinados en
el mantenimiento de la misma política económica, es decir, en la ausencia
del mínimo avance social y en el aumento del peso de la crisis sobre las
castigadas espaldas de los sectores más desfavorecidos de nuestra
sociedad.

En suma, a pesar de que el señor González afirmó entender el mensaje, un
mensaje de confianza relativa prestada y supeditada a un giro progresista
y social, una nueva huelga general va a ser la inminente respuesta a la
incapacidad de su Gobierno, cuando no a su falta de voluntad política
para alcanzar el pacto social necesario para salir de la crisis.




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Es evidente que sin ese gran pacto social, sin un consenso de todos los
agentes sociales, no es posible enmendar la gravísima situación económica
que padecemos. Señorías, a nadie se le escapa que, al tiempo que
debatimos en esta Cámara el proyecto de presupuestos para el inminente
1994, la sociedad, en general, se encuentra en un estado de pesimismo,
incluso de angustia, respecto a la situación económica. Se me dirá, no
sin razón, que la actual crisis económica no es un fenómeno aislado y que
el Estado español padece similares problemas económicos a los que afectan
a otros Estados de la Europa comunitaria. Pero no es menos cierto que el
alarmante aumento del desempleo, unido a la progresiva pérdida de
capacidad adquisitiva, hacen que cada día estemos más próximos a los
parientes pobres europeos y más distantes de otros Estados comunitarios a
los que nos hemos querido equiparar.

Sinceramente, creo que alguna responsabilidad y culpa tendrá la política
económica neoliberal que el Gobierno socialista ha venido practicando
durante los últimos años. Y así, se nos presentan unos presupuestos que
mantienen una desproporcionada presión fiscal y fomentan una insolidaria
cotización a la Seguridad Social. Por el contrario, carecen de capacidad
real para el impulso industrial, no aspiran a la creación de empleo y
parecen resignarse, como si la situación que atravesamos fuera
absolutamente inevitable.

Evidentemente, Esquerra Nacionalista Valenciana coincide con la visión
del Ejecutivo acerca de no adivinar salidas para la crisis con las actual
política económica. Pero desde el nacionalismo valenciano también
pensamos que existen otros caminos, al margen del arcaico y desfasado
liberalismo de Rousseau. Creemos que hay otras recetas económicas
distintas y distantes de las fracasadas tesis de Adam Smith que, a tenor
de su política, tanto parecían agradar al anterior titular del Ministerio
de Economía y Hacienda.

Pero de los presupuestos que se nos presentan se deduce que nada parece
haber cambiado en la política económica del Gobierno a que hacía
referencia. Y a pesar de que el Presidente González dijo haber entendido
el mensaje, las prestaciones sociales no se incrementan; por el
contrario, serán afortunados los parados y pensionistas que a lo largo de
1994 no vean sustancialmente disminuido su poder adquisitivo.

En virtud de lo consagrado en estos presupuestos, el año que comienza no
va a haber un nuevo llamamiento para que nos apretemos más el cinturón,
sino que en las clases pasivas casi va a parecer un verdadero apretón,
directo al cuello. En pocas palabras, señorías, y en lo que respecta a
las prestaciones sociales, puede que estos presupuestos no hagan mucho
más acaudalado al ya de por sí rico, pero, con toda seguridad,
convertirán al pobre en mucho más pobre. En definitiva, con el mensaje
recibido, lo que nos propone el Gobierno de Felipe González, lo que nos
ofrece el gabinete socialista con estos presupuestos, es más, mucho más
de lo mismo.

Si estudiamos el capítulo del anunciado recorte del gasto público y la
tan cacareada fidelidad del nuevo gabinete socialista a los principios de
austeridad, tampoco observamos grandes cambios con respecto a los
presupuestos generales de 1993. Así, se siguen manteniendo duplicidades
administrativas que, además de atentar contra el espíritu autonómico
consagrado en la Constitución, suponen un despilfarro económico, e
incluso generan desigualdades absurdas e injustas entre las
nacionalidades y entre los contribuyentes.

En ningún caso estamos abogando desde Esquerra Nacionalista Valenciana
por la reducción de la cantidad, ni aun menos de la calidad, de los
servicios públicos. No se trata de reducir servicios, sino de
racionalizarlos; de no mantener carísimos organismos que no poseen
función alguna, o están duplicados.

Por el contrario, observamos cómo en estos presupuestos vuelven a
consagrarse la ineficacia y el derroche por el estúpido mantenimiento de
un enorme aparato burocrático --de esos Ministerios que no tienen función
propia-- carente de toda función y vacío de todo contenido, al estar
todas las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Y esas
duplicidades administrativas suponen una importante cantidad económica en
los presupuestos que nos presenta el Gobierno.

Pero no voy a cansar más a sus señorías con una valoración y un análisis
general, independientemente de nuestra coincidencia o discrepancia con
los argumentos expuestos en esta tribuna, tan brillantemente esgrimidos
por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por
tanto, dejando a un lado el debate de lo que representa esa macroeconomía
estatal, me voy a detener en lo que afecta a la Nació Valenciana. No en
vano, ésa es mi misión y preocupación, tanto por ser Senador en
representación de les Corts Valencianas, como por mi militancia en el
nacionalismo progresista valenciano.

Desde Esquerra Nacionalista Valenciana entendemos que estos presupuestos
van a incidir de manera muy negativa en la inversión empresarial, en la
creación de empleo y en la tasa de crecimiento de producto interior bruto
de nuestra tierra. Asimismo, la discriminación que, año tras año, ha
venido sufriendo la Nació Valenciana en los presupuestos generales del
Estado, en tiempos en que la coyuntura económica era mucho más favorable,
se verá sensiblemente agravada en estos momentos de recesión y recortes
en las inversiones.

Así, mientras el fastuoso 1992 privó a nuestra Comunidad de la
modernización que precisaban sus infraestructuras en favor de las míticas
--y acaso faraónicas-- obras de un falso escaparate de modernidad estatal
hacia



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el exterior, los valencianos tuvimos que conformarnos con la promesa de
que 1993 sería, por fin, el año de Valencia. Una vez más, fuimos
solidarios casi hasta la estupidez y nos resignamos a demorar un año más
esas inversiones que tanto necesitábamos y creíamos, al menos quisimos
creer, que esta vez el Gobierno cumpliría su palabra. No ha hecho falta
consumir este año para comprobar cómo esa promesa del Gobierno se
desvanecía en fuegos de artificio y ya en el debate presupuestario del
pasado año denunciamos en esta misma tribuna tal incumplimiento. Y bien
saben sus señorías que el discurso político de este Senador dista mucho
de ese victimismo demagógico que por ganar titulares de prensa y
entrevistas de televisión es capaz de ofrecer una imagen contraria a la
debida de los parlamentarios. Pero todo cuanto denuncio en relación con
las carencias infraestructurales de la Nació Valenciana es tan cierto
como conocido por el Gobierno del Estado.

Un año más el Gobierno aplaza la construcción de variantes en carreteras
nacionales que atraviesan y condicionan tan negativamente a distintas
poblaciones de la Nació Valenciana, como Oliva, Palmera, Bellreguart,
Sueca, Castelló, Nules, etcétera, un larguísimo etcétera. De nuevo los
presupuestos generales del Estado condenan al tercermundismo a los
aeropuertos de Manises y Altet. Una vez más el Ejecutivo socialista se
olvida de la imperiosa necesidad de modernizar nuestras ya legendarias
comunicaciones férreas. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)
Tampoco contemplan estos presupuestos las necesarias inversiones en
construcción de paseos marítimos y saneamiento del litoral en la medida
suficiente para proteger adecuadamente el medio ambiente y sostener la
oferta turística valenciana. Y para qué hablar de la ausencia de
inversiones suficientes para la reforestación de nuestros montes, cuya
tasa de desertización alcanza el 43 por ciento. Han oído bien: el 43 por
ciento de desertización. Y en este capítulo de la repoblación forestal es
probable que en un par de años ya no reclamemos inversión alguna, puesto
que ya no quedará nada que pueda quemarse en los montes valencianos.

Y para qué seguir enumerando los olvidos presupuestarios respecto a las
imperiosas necesidades de la Nació Valenciana. Seguiremos impartiendo
justicia en sedes judiciales más propias de cualquier país del Magreb que
de una nación europea; seguiremos apuntalando los castillos y monumentos
histórico-artísticos como buenamente podamos; seguiremos subiendo los
muebles a la azotea cada vez que exista riesgo de gota fría y también
seguiremos, señorías, enterrando los muertos producidos en cada uno de
los pasos a nivel, ya que nos siguen negando las inversiones necesarias
para su eliminación.

Y termino ya, señorías, diciendo que tiempo habrá, imagino, para la
reflexión del Ejecutivo durante el próximo año, como lo habrá sin duda,
al igual que todos los años, para la desesperación de los valencianos,
cuya jacobina paciencia debería figurar en el libro de los «Guinness».

Estas son las razones que como valenciano me hacen solicitar de sus
señorías que estos presupuestos sean devueltos al ejecutivo
Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
en la sesión de la tarde asistimos a una triple representación de lo que
es una determinada forma de entender la política, que es la política
reñida con los números; esa teoría, que alguna vez yo he escuchado al
jefe de la coalición de Izquierda Unida, de que la economía es una
especie de bestia a la que hay que embridar desde la política y dirigirla
allá donde nosotros queramos que vaya.

Señorías del Grupo Mixto, no es posible estar a la vez en la procesión y
replicando; no es posible solicitar a la vez que disminuya el déficit
público, que dejen de pagarse los intereses de la deuda y los pagos al
servicio de la deuda y quejarnos luego del mal estado de nuestras
inversiones, de que las inversiones son mucho más necesarias y de que hay
que incrementar el gasto social, y añadir, además, como única alternativa
la represión del fraude fiscal. Eso es algo con lo que todos estamos de
acuerdo y en lo que tenemos que progresar. Yo creo que es necesario
reconocer el esfuerzo que ha supuesto la puesta en marcha de la Agencia
Estatal Tributaria y el acuerdo con las Comunidades Autónomas, que supone
que va a haber una colaboración entre las diferentes administraciones de
nuestro país para llegar a combatir más eficazmente esas bolsas de
fraude.

Y no es posible hacer a la vez evocaciones tan pintorescas como exigir a
la Seguridad Social que cobre las cuotas de las empresas que deben
cotizaciones a la Seguridad Social y exigir medidas eficaces de reducción
del desempleo, porque yo no sé si sus señorías son conscientes de que la
puesta en marcha de la vía de apremio para ese cobro de cotizaciones
impagadas sería una manera bastante eficaz de incrementar el desempleo en
nuestro país. Cuando existen cotizaciones impagadas, suele estar detrás
también una mala situación empresarial, que es la que justifica esas
cotizaciones impagadas y a la que hay que hacer frente con moratorias,
con aplazamientos de pago, etcétera, que son los que hacen aparecer esa
situación.

De la misma manera que tampoco parece muy razonable hablar de cosas tan
pintorescas como otras recetas de política económica y otros modelos de
crecimiento. En nuestro país hemos escogido el camino, con la integración
en la Comunidad Europea, con



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el tratado de Maastricht, con la firma reciente del Acuerdo del GATT, de
tener una economía cada vez más integrada, cada vez más competitiva. En
este sentido, nuestro modelo de crecimiento va a estar muy condicionado
por esa dirección. Podíamos haber escogido modelos autárquicos de
desarrollo, si es a lo que se refieren sus señorías, o podíamos hacer
correcciones o matizaciones a ese modelo de crecimiento, pero lo que no
vale es invocar genéricamente otros modelos de crecimiento, ya que en el
caso de existir, sin duda alguna serían peores que el nuestro, definido
en ese gran escenario macroeconómico. Y si lo que se quiere decir es otra
cosa, señálese con algún mayor grado de concreción qué es lo que se está
reclamando cuando se habla de otras recetas u otro modelo de desarrollo.

En cuanto a las referencias al desempleo y al gasto público, hubiera sido
muy útil que esta discusión la hubiéramos podido tener esta mañana para
comprobar cómo una vez más a algunos el gasto público les parece muy alto
y a otros muy bajo. Yo creo que en términos razonables tenemos que
coincidir en una evolución del siguiente tenor: en los últimos ocho años
España ha pasado del 39,6 por ciento del producto interior bruto
gestionado por el sector público a casi el 48 por ciento. Es verdad que
nuestro gasto público todavía es inferior al de la media de los países de
la Comunidad Europea o de los países más desarrollados, pero somos el
país de Europa que más ha crecido en gasto público y esto se ha hecho, a
veces, con un déficit público que está generando ya problemas a nuestra
economía. ¿Es posible seguir progresando en esa dirección? Nosotros
creemos que a ese nivel de aceleración no es posible, y no es posible que
el gasto público siga disparando su crecimiento como fue posible en una
época en la que, por suerte, estábamos al margen de la recesión.

En materia de protección al desempleo, no se puede decir que va a haber
ningún recorte de protección, ningún recorte al Estado de bienestar.

España es el país de la Comunidad Europea que más gasta en protección de
desempleo en cuanto a su porcentaje por producto interior bruto. Pero si
hacemos simplemente una ratio, una razón entre el porcentaje de producto
interior bruto dedicado a la protección por desempleo y el porcentaje de
parados en cuanto a la población activa, solamente hay un país,
Dinamarca, que nos supera, es decir, no solamente somos el país que más
gasta, sino que somos el país en el que los desempleados están más
protegidos en cuanto a su porcentaje de protección medido en términos de
producto interior bruto. En este sentido, no es razonable que, cuando esa
protección se ha multiplicado por tres en los años que lleva gobernando
el Partido Socialista en porcentaje de personas asistidas a la
protección, se diga que es un recorte intolerable y que es una
justificación de una huelga general que tengamos que hacer un determinado
alto en el nivel de protección para seguir permitiendo, entre otras
cosas, que nuestro Estado de bienestar se consolide en términos fiscales,
que nuestro Estado de bienestar se pueda financiar y no ahogue a la
propia recuperación de la economía.

En general, se han hecho, al amparo de la defensa de los vetos, algunas
discusiones, en las cuales, comprenderán sus señorías que yo no pueda
entrar. Yo no puedo entrar en la discusión de qué relación tienen los
insumisos de Navarra con las máquinas de escribir del Gobierno Foral; qué
relación existe en los paseos marítimos de Valencia y el presupuesto
general del Estado. Evidentemente, en él están, pero, al margen de eso,
no parece que sea una discusión de suficiente nivel como para poder
justificar un veto a los presupuestos generales del Estado y, mucho
menos, algunas invocaciones que, a mi juicio, son del peor gusto, como
hablar de los muertos en accidentes de circulación o en pasos a nivel, o
incluso ajustar cuentas con algún antiguo compañero de filas, como ha
hecho el señor Ramón i Quiles hablando del victimismo que practican
algunos políticos valencianos.

En este tipo de cuestiones no puedo entrar y tengo que quedarme en una
reflexión de carácter general: los presupuestos son provisionales por
definición y sólo se van a aplicar durante el año 1994; en el año 1995
veremos unos nuevos presupuestos. Los presupuestos son un instrumento de
política económica que no intentan agotarla, sino que la cuantifican en
número y permiten que se instrumenten una serie de políticas más
generales cuyo desarrollo legislativo va mucho más allá de la Ley de
Acompañamiento y que va a producirse el año que viene. Estamos tan
comprometidos en el desarrollo de las políticas sociales como algunos de
los señores Senadores que han intervenido, pero además tenemos el
compromiso de financiar esas políticas sociales, es decir, de hacerlas
posibles, no sólo de predicar, sino también de dar trigo, y en este
sentido no podemos aceptar que se diga que estos presupuestos no son
suficientemente sociales, cuando son unos presupuestos que consolidan el
Estado de bienestar en España y son los presupuestos en los que el gasto
social va a ser más importante en términos de producto interior bruto en
la historia de España; unos presupuestos con una aportación del Estado a
la Seguridad Social de más de dos billones 900.000 millones de pesetas,
600.000 millones más que el año pasado; unos presupuestos, en suma, en
los que se va a hacer un esfuerzo de protección que va a conseguirse
gracias a la solidaridad de los trabajadores ocupados y de los autónomos
en la financiación de las clases pasivas.

Por definición, para un hombre de izquierdas como el que les habla, y
como somos los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, nunca habrá
presupuestos suficientemente sociales, pero aquí también invocamos el
principio, que esta mañana he resumido en una cita de Bertrand Russell,
de la conciencia y la



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razón. Lo razonable es que la política social pueda financiarse, que
pueda hacer realidad la recuperación de la economía, que pueda hacer
realidad esas deducciones a la inversión y a la creación de empleo que
ustedes quieren, y nosotros también, por lo que hemos instrumentado
medidas como la reducción de la estimación por módulos o el incremento de
las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades o en el de Patrimonio
para las empresas que empiecen a actuar o que están actuando.

En este sentido, señorías, sus vetos son la expresión de un descontento
político con los presupuestos. Como ha tenido la franqueza de exponer el
Senador Cuevas, a ustedes los presupuestos no les gustan, y por eso creen
que deberían cambiarse. Nosotros, evidentemente, no podemos votar sus
vetos, que no nos gustan, y en todo caso parece que no han dado
demasiadas razones para explicar qué otros presupuestos podrían hacerse y
cómo podría mejorarse la situación que a ustedes les preocupa.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Abrimos a continuación el turno de los grupos parlamentarios.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Señor Presidente, abusando de su generosidad, y
dado que el Grupo Mixto ha presentado tres vetos, querríamos compartir,
si es posible, aunque no es habitual, el tiempo de la intervención.




El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas, sabe su señoría perfectamente que
nunca hemos tenido tolerancia en este turno, y además en la Junta de
Portavoces resolvimos cualquier duda que hubiera al respecto, de manera
que su señoría tiene la palabra, en nombre de su grupo parlamentario,
para el turno de portavoces, que es indivisible.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Yo sé que al portavoz del Grupo Socialista no les gustan los vetos. Yo
decía antes que era un tema de gustos; lo que pasa es que es muy difícil
para un portavoz venir aquí a defender unos presupuestos que, como decía
al principio de mi intervención, ya están enmendados en un trámite
anterior o posterior a la ley sobre reformas fiscales, desempleo y demás.

Por tanto, yo creo que el veto, si no con voto, es al menos moralmente
admisible, porque el propio Gobierno ha rectificado su propio proyecto de
presupuestos. Por ello, no estamos muy equivocados cuando decimos lo que
decimos.

Yo creo que estos presupuestos no tienen ya ninguna credibilidad. Hoy
aparecía una noticia, que no sé si es cierta o no, en todos los medios de
comunicación que decía que la OCDE prevé un crecimiento, tanto en el
desempleo como en la economía, diferente al previsto por el Gobierno, y
yo creo que la OCDE sabe mucho más de la economía que yo. Por tanto, de
credibilidad, nada. Por tanto, es normal que Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y el Grupo Mixto tengamos nuestras dudas y nuestros
conocimientos económicos, pero un organismo al que se hace frecuente
referencia en positivo como la OCDE acaba de decir que de las previsiones
del Gobierno nada de nada, por lo que alguna razón llevaremos en este
tema.

Yo creo que el problema más importante y que más interesa hoy a las
ciudadanas y a los ciudadanos españoles es el desempleo --ahí están las
estadísticas, las encuestas--, y ustedes no hacen absolutamente nada en
estos presupuestos para solucionar el tema del empleo. Es más, ustedes
reconocen que estos presupuestos no van a generar empleo o que el
Gobierno no va a participar en la generación de empleo, y dicen que van a
crear las condiciones necesarias para que la industria o el sector
privado genere empleo, y yo creo que eso no se lo creen ni ustedes,
porque el sector privado crea empleo cuando le interesa y cuando tiene
perspectivas, no cuando el Gobierno cree las condiciones óptimas. Pero si
las condiciones óptimas van a depender de hacer una reforma laboral que
abarate el despido y desproteja a los desempleados, a Izquierda Unida no
nos gustan esas condiciones. (Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Cuevas.

Ruego silencio, por favor, hay un orador en el uso de la palabra.

Muchas gracias.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Con esto quiero decir que esta reforma laboral tampoco nos gusta; es
decir, generar empleo a costa de cualquier cosa no nos parece bien.

Ustedes podrían haber sido valientes para decir que hay que trabajar más
de ocho horas, nueve o diez, y además gratis, y se hubiera generado
empleo por un tubo en este país, pero comprenderá que esa iniciativa
tampoco nos gustaría.

Preguntaba el portavoz del Grupo Socialista cómo se le ocurría a
Izquierda Unida pedir que las empresas pagaran la Seguridad Social, y yo
le digo que porque la tienen que pagar, haya o no crisis; la tienen que
pagar, y si no, hagan una ley que diga que no se paga Seguridad Social.

(Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone otra vez, Senador Cuevas. Ruego silencio,
por favor.




El señor CUEVAS GONZALEZ: ¿Cómo me pregunta usted por qué me escandalizo
de que cuando a los parados



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y a los pensionistas se les recortan las prestaciones, las empresas deben
un billón de pesetas a la Seguridad Social? Es que es para
escandalizarse, no es para cantar. Lo que pasa es que ustedes están
haciendo recaer el peso de la crisis en los de siempre, y hay que tener
la valentía de decirlo. Porque es verdad que la empresas también
descuentan la Seguridad Social a los trabajadores y no la pagan tampoco.

Y usted me dirá: que vayan a los juzgados y las demanden por apropiación
indebida, pero ése no es el problema de fondo. El problema de fondo es
que ustedes recortan por un lado a la gente que trabaja o ha trabajado, y
por otro lado permiten que no se cumplan las leyes. Yo creo que esto es
fraude fiscal, a la Seguridad Social o a quien sea. Eso está más claro
que el agua. Por lo cual, me tengo que escandalizar. Si usted y su grupo
no se escandalizan, será un problema suyo y de su grupo, pero no mío.

En cuanto al tema de Maastricht, ustedes han enfocado toda la política
presupuestaria en torno al plan de convergencia y de Maastricht, pero
usted también sabe que en la última etapa se ha hecho un Maastricht a la
carta, es decir, cada país está acoplando su política económica en
función de sus necesidades. Por tanto, usted sabe que hay que revisar el
acuerdo de Maastricht, y hay un Libro Blanco que presentó el otro día a
bombo y platillo el señor Delors; hay que revisar el acuerdo de
Maastricht con políticas de generación de empleo. Podremos estar o no de
acuerdo, pero todos sabemos que las políticas económicas no son
constantes, sino que además habrá que revisarlas en función del nuevo
marco europeo. Por tanto, no hay que ir a piñón fijo en el tema de
Maastricht ni utilizarlo como excusa para hacer una política de
liquidación y no de generación de empleo. Yo no sé el problema que tienen
ustedes con el sector público. En estos momentos, si el sector público no
activa la economía, nadie lo va a hacer. No se puede entrar en unas
políticas de privatizaciones --puede gustar a algunos grupos
Parlamentarios, pero a Izquierda Unida no-- con la única excusa de decir:
tenemos un gran déficit público, vendamos nuestras empresas rentables y
empecemos a tapar boquetes, porque a base de tapar boquetes nos quedamos
sin edificios. Todo serán parches y no habrá edificios. Yo creo que es
razonable lo que estamos diciendo. Yo creo que el déficit público se
tendrá que contener cuando sea necesario y rebajarlo cuando haya que
hacerlo, pero nunca a costa de la no generación de empleo; nunca a costa
de eso. Nosotros hemos propuesto en nuestras enmiendas que contengamos el
déficit público, y ese porcentaje de rebaja que ustedes pretenden
introducir en los presupuestos de este año, invirtámoslo en generar
empleo. Es una propuesta que hemos hecho en nuestras enmiendas, y creo
que usted lo ha leído porque es un hombre muy correcto y muy atento. Por
tanto, contengamos el déficit público, y lo que tiene presupuestado el
Gobierno para reducirlo, utilicémoslo en inversiones productivas para
generar tejido social e industrial y que podamos salir adelante.

Yo creo que no se puede plantear desde la tribuna que el tema de los
insumisos no es un problema en los presupuestos. Claro que lo es, porque
es un problema político y, además, es carísimo tener a un montón de gente
en la carcel. Por tanto, si hablamos de economía, hagámoslo realmente.

Desde luego Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya puede estar
equivocada en sus planteamientos, yo creo que no, por eso pertenezco a
este Grupo Parlamentario, pero Comisiones obreras, UGT, la CGT y otros
colectivos sindicales apoyan una huelga general el día 27 de enero y
ustedes, además de otros Grupos, son los únicos que dicen que la huelga
general no tiene sentido, no es correcta, etcétera. Yo repito lo que dije
al principio: dejen ustedes de gastar tanto tiempo en campañas de
televisión desprestigiando la huelga general, porque eso no conduce a
nada; ganen tiempo en sentarse nuevamente con los sindicatos; hagan un
nuevo presupuesto que sea un encuentro social y político; rectifiquen su
política de gobierno, den un giro a la izquierda que ustedes prometieron
en las elecciones y en ese camino encontrarán a Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, a la mayoría y a todos los que componemos
el Grupo Mixto.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas González.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Torrontegui Gangoiti.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, señor Ministro de Economía y Hacienda.

Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos utiliza
este turno de portavoces para expresar nuestra posición a los vetos y
nuestra opinión respecto del debate y desarrollo del proyecto de ley
anual más importante del ejercicio, sobre todo, con miras a la previsión
y futura realización de la política general, donde las Cámaras
Legislativas convienen la normativa para que el Ejecutivo realice su
cumplimiento y la repercusión que tales medidas tienen tanto en el sector
público como en el privado. Efectivamente, señorías, el Estado es hoy el
sujeto económico más importante por su actividad reguladora de las normas
y por su posición predominante en las actividades económicas como
demandante y oferente de recursos, bienes y servicios. De ahí la
importancia de este instrumento básico, lo que supone concretar unos
objetivos claros y unos instrumentos eficaces. De su credibilidad y de
las medidas dependerá el éxito o fracaso de las actuaciones del resto de
las instituciones que intervienen en la economía y, en definitiva, en ese
Estado



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del bienestar al que nos hemos estado acostumbrando. También entendemos
que no siempre resulta fácil acertar tanto en las partidas como en los
criterios presupuestarios, pues siempre existen perturbaciones que
originan desviaciones más o menos forzadas. Nuestro objetivo, señorías,
es colaborar en que acertemos plenamente y, por tanto, el sentido de
nuestras enmiendas persiguen ese fin.

A estas alturas del debate de los presupuestos se ha dicho casi de todo.

Nuestro Grupo Parlamentario enmendó en el Congreso de los Diputados y
procura hacerlo también en esta Cámara de revisión, e incluso, da entrada
a nuevas enmiendas para su discusión. También hemos retirado otras por
diversos motivos, alguno ya incluido en el Dictamen de la Comisión, por
haber sido transaccionadas y admitidas de buen grado, aunque fuesen de
pedrea. A caballo regalado no se le mira el diente, y no son 8.000
millones, sino el 1 por ciento, pero se agradece la buena disposición.

En coherencia con una postura adoptada en alguna reunión donde hubo
algunos balbuceos o ententes cordiales de nuestra presencia o
participación en el Gobierno al inicio de los presupuestos, nuestro
Grupo, con un afán de colaboración, dejó clara la no presentación de
ninguna propuesta de enmienda a la totalidad ni de veto, ya que
considerábamos que una devolución de la ley al Gobierno no mejoraría la
situación como consecuencia de una prórroga presupuestaria del año 1993,
pues debido a una falta excesiva de cumplimiento o de rigor en los
ajustes, se han estado produciendo grandes desviaciones como causa de un
mal cálculo para los ingresos y peor control en los gastos, superando así
unas desviaciones superiores, incluso, a los dos billones de pesetas.

En el preámbulo de la ley se dice: La voluntad de superar favorablemente
la actual recesión de la economía española y sus indeseables
consecuencias sobre el desempleo y el déficit público, condicionan las
orientaciones y criterios de política económica contenidos en la Ley de
Presupuestos para 1994. También se dice: A estos efectos, se pretende
perseverar en la reducción del déficit público, para lo cual se pone un
especial énfasis en la austeridad que debe presidir el funcionamiento de
las Administraciones Públicas, etcétera. Señorías, estas manifestaciones
de buenas intenciones son loables, siempre que no se abuse, como
consideramos que ocurre en el artículo veintiuno, forzando a las
comunidades autónomas y a las corporaciones locales a seguir los mismos
criterios dentro de los gastos de personal al servicio del sector
público. Entendemos que podrá servir como orientación, pero no existe ni
debe existir una disposición coercitiva para ello. La libertad en la
autonomía exige libertad, pero no imposición.

La pretensión de la reducción del déficit tampoco es digna de tenerse en
cuenta, aunque nuestro Grupo entiende que no se toman medidas suficientes
para ello, para lo que presentamos nuestras enmiendas correspondientes.

Quizás el señor Ministro ordenó que se limaran todos los gastos
superfluos y se buscaran todos los medios para aumentar los ingresos, y
el personal técnico hizo un trabajo excelente. Se han retocado todos los
Ministerios, se han buscado las partidas retocables y con ello se han
variado muchos sectores. Esto ha creado únicamente un desconcierto,
puesto que el sumatorio de tantas partidas ha engrosado un volumen más
bien pequeño y, por supuesto, insuficiente, incomodando una serie de
colectivos, sectores, etcétera.

Nuestro Grupo Parlamentario reconoce la bondad del criterio y el valor
del Gobierno para tomar una serie de decisiones impopulares que lograrán
concienciar o sensibilizar de que realmente estamos en una época de
crisis. Sin embargo, opinamos, una vez más, que es una postura
absolutamente insuficiente, puesto que las medidas a adoptar tienen que
ser mucho más complejas. Se ha tardado en reconocer que esta crisis no es
coyuntural. Incluso podemos decir que es una crisis internacional, pero
que, sobre todo, afecta a las estructuras y, por tanto, las medidas a
adoptar deben ser más drásticas y más duras, pero con mayor eficacia y,
si fuera necesario, incluso endeudándose. No se debe temer si se
vislumbra la salida. Conviene implicar a otros grupos de la Cámara, a
otros partidos, en la medida en que se requiere ser corresponsable,
aunque en la medida de cantidades y calidades de distinta responsabilidad
--claro está--, en función de la situación de cada uno. Pero en
definitiva, es necesario reconocer la dificultad de buscar salidas a esta
crisis y, sobre todo, a esa falta de trabajo. Eso es lo que hace
cualquier unidad económica, ya sea una empresa o una economía doméstica.

Las enfermedades graves no se curan con aspirina, sino que conviene
modificar el medicamento y la dosis. Para esta aseveración no solamente
estimamos nuestro criterio, sino que, incluso, el señor Secretario de
Estado de Economía, en su comparecencia en el Senado el día 10 de
noviembre --el mismo Ministro lo ha recordado esta mañana--, dijo que la
debilidad de la situación presupuestaria era debida a que parte del
aumento del endeudamiento no se debía destinar a la inversión, sino que
era necesario destinarlo a los gastos corrientes y a los pagos de
intereses. Y ésta es la situación que se debe corregir, puesto que ese
aumento de endeudamiento solamente es suficiente para el consumo de las
administraciones y para el pago de las cargas financieras y, por tanto,
para que exista un crecimiento sano debe existir una cierta recuperación
de la confianza por parte de los inversores, principalmente de los
privados, y esto depende necesariamente de las expectativas.

La situación industrial y económica del País Vasco quizá nos haya hecho
ver con antelación que es necesario tomar medidas supletorias y
drásticas. No sirve una política continuista; se debe tomar la iniciativa
para que nuestras empresas puedan ser competitivas, de



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calidad, mejoradas, no marginales. Quizá llevemos tiempo manteniendo
artificialmente este tipo de empresas.

Tenemos una generación, señorías, que no conoce lo que es trabajar porque
no lo ha hecho nunca, y todo el mundo sabe que el trabajo dignifica y
realmente es necesario. Recordemos algunos datos de la encuesta de
Demoscopia que aparecían ayer en un diario: en casi la mitad de las
familias alguien busca empleo o está en paro. Recientemente, el Consejero
de Hacienda del Gobierno Vasco publicaba cómo la familia está ejerciendo
una labor de redistribución social natural de la renta; los ingresos o el
ahorro familiar cumplen un cometido social, pues de otra forma tendríamos
una colectividad absolutamente mendicante y frustrada. No pretendemos
hacer demagogia, pero creemos que el Grupo Socialista no se ha dado
cuenta de que ésta es su hora más baja desde 1982, junto con una crisis
económica que resulta ser la más grave de los últimos trece años. Véase,
dentro del mismo barómetro de la encuesta antes citada, cómo se concede
más intención de voto al partido de la oposición, al Partido Popular.

Pero la posición de nuestro partido y de nuestro Grupo Parlamentario es
la de apoyar en la misma medida en la que también se escuchen nuestras
sugerencias. En tiempos de crisis debemos compartir la crisis, pero
también deberían escucharse nuestras manifestaciones, y para ello nuestra
posición es la de retocar algo más que las pequeñas correcciones. Se
deberán adoptar mayores decisiones, que también serán más fuertes e
impopulares, pero con el compromiso de todos se repartirá la
corresponsabilidad.

Nuestro grupo cree que para garantizar una producción, mayor
competitividad y más calidad debe llegarse a obtener unas cifras
macroeconómicas adecuadas, conveniendo incidir en la microeconomía, en la
pequeña empresa y en las economías domésticas. Nuestro Grupo ha enmendado
mediante normas fiscales añadidas a la Ley denominada de Acompañamiento
de estos Presupuestos, fundamentalmente para que se desarrolle la
necesaria credibilidad y se recupere la confianza de los inversores, que
son en definitiva quienes lubricarán la creación del producto, de los
bienes y de los servicios competitivos que, al fin y al cabo, son los que
tienen que crear empleo. En nuestra tesis, parece ser que también este
fin de semana ha existido alguna reunión para revisar las posturas sobre
las mal denominadas vacaciones fiscales y la reserva para inversiones,
que, según el señor Ministro Saavedra, tienen por objeto fomentar la
generación de riqueza y empleo premiando a los empresarios que invierten.

Sin embargo, y hasta ahora, con lo único que se nos ha atendido es con la
remisión al Tribunal Constitucional; y aprovechándose de esta situación,
nos han rechazado todo tipo de enmiendas de carácter fiscal propuestas
por nuestro Grupo que acompañan a los presupuestos. Realmente, no creemos
que en este caso seamos insolidarios ni demagógicos, pues en el fondo
nuestro sistema foral nos exige administrar los tributos de forma
racional y comprometida, teniendo absolutamente claro que con medidas a
medias tintas no saldremos de la crisis: no creamos ahorro, ni producto
interior ni trabajo.

Señorías, las normas dulcificadas y similares adoptadas en algunos
supuestos tienen como objeto, por parte del Gobierno socialista,
solamente la afloración de parte de la economía sumergida, sin duda
importante, pero solamente para aumentar los ingresos vía tributos, no
para que los trabajos sean más competitivos ni para que las empresas se
remodelen y sirvan para competir en el mañana; esto es pan para hoy y
hambre para mañana. Nada de lo que se dice es nuevo, ni para mí ni para
el señor Ministro ni para los señores Senadores. Sin embargo, siguen en
su empeño, y les tenemos que decir algo más: nuestro Gobierno Vasco ha
reflexionado seriamente, tanto a nivel de despegue económico como a
través de medidas fiscales, junto con otras medidas de desarrollo
autonómico, en una concepción de Estado solidario, tanto a nivel
económico como político. Conviene, señorías, dar satisfacción a un
colectivo que aún conserva la esperanza de resolver mínimamente la
problemática específica propia de nuestro territorio, de nuestros
sectores más implicados, del sector industrial, tan repetidamente
solicitado pero nunca satisfecho.

Señorías, hemos sido aludidos de diversas formas, más bien negativamente,
quizá porque estamos reivindicando algo nuestro con la misma cantinela;
pero, señorías, ni pretendemos recordar lo de «provincias traidoras»
--aunque lo hayamos sufrido-- ni queremos privilegios, pero tampoco que
se nos aplique lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Con
sumo gusto veríamos la implantación de las medidas fiscales que nosotros
propugnamos, puesto que honradamente creemos en ellas, al menos, para una
estructura microeconómica absolutamente en crisis y falta de aliento
inversor y confianza estable, y no en una remisión automática al Tribunal
Constitucional.

Señor Presidente, señorías, nuestra postura a estos vetos va a ser de
abstención, reconociendo que todos los Grupos, en sus disertaciones,
tienen algo de provechoso y, por tanto, el grupo mayoritario lo debería
tener en cuenta. Por nuestra parte, no hemos pretendido poner ningún palo
en las ruedas del carro del Gobierno; incluso, si hubiera sido necesario,
hubiéramos empujado, y, de hecho, nuestras enmiendas tienen ese objetivo.

Es lógico también que para ello requiramos una postura más coherente con
nuestro estatus particular y singular, tan conocido en esta Cámara de
representación territorial, animada por aquellas competencias «ex lege»
pero no «de facto» que engrosarían más sólidamente nuestro cuerpo
parlamentario y darían sentido no sólo a la construcción del Estado, sino
a estos



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Presupuestos Generales del Estado para 1994.

Nada más, señor Presidente. Muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.

Habiendo renunciado al turno el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió hará uso del turno de Portavoces.

Tiene la palabra el Senador Ferrer.




El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, con frecuencia se recuerda en este hemiciclo que el debate
sobre los Presupuestos Generales del Estado constituye, seguramente, el
acto político de mayor importancia, porque en él se proponen y discuten
las prioridades que configurarán la acción conjunta de Gobierno en los
próximos doce meses. Esta es una constatación que a menudo, en la acción
parlamentaria, surge y se confirma.

Pues bien, hecho nuevamente este sencillo recordatorio, hay que referirse
al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994, que para el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta, hay que reconocerlo,
unas características que con toda claridad podemos calificar de
extraordinarias, señorías, y para comprenderlas es necesario hacer un
rápido recorrido por lo sucedido en el campo político en y tras las
últimas elecciones a las Cámaras legislativas del Estado. Concretamente,
este Grupo concurrió a aquellas elecciones con dos objetivos que
propusimos como prioritarios: en primer lugar, la necesidad de una nueva
política económica que favoreciese el tejido productivo y que, por
consiguiente, terminase con el ahogo que éste experimentaba como
resultado de una política que ignoraba los grandes desafíos y obstáculos
en los que dicho tejido productivo se debatía, como, por ejemplo, la
dureza del nuevo Mercado Unico Europeo, la competencia de países
terceros, el alto costo del dinero y la rigidez laboral; cuatro factores
que incidían --y que inciden aún en gran parte-- sobre nuestra economía
productiva. Y en segundo lugar, pero para Convergència i Unió objetivo de
importancia política equiparable con el anterior, la necesidad de
promover una nueva etapa en la construcción del Estado de las autonomías.

En este capítulo, creo que debo recordar que con ocasión del último
debate sobre el Estado de las Autonomías, celebrado en esta Cámara en
febrero, enumeramos desde esta tribuna diez objetivos que significan una
profundización del Estado de las autonomías.

Estas fueron nuestras dos prioridades, que ofrecimos a los electores:
política económica para reactivar el tejido productivo y política
autonómica para continuar con mayor decisión, o, si se prefiere, con
decisión renovada, la construcción del Estado de las autonomías.

Las circunstancias --en este caso el calendario-- han querido que primero
fuese posible intervenir en la formulación de una reordenación de la
política económica, pero en el bien entendido que este Grupo
Parlamentario tiene, tenía y tendrá dos prioridades. Naturalmente, antes
de esta intervención en la política económica fue necesario aportar
nuestro voto a la estabilidad política en el debate de investidura a la
única opción posible, vistos los resultados electorales. Tras aquel
inicio de la legislatura, se planteó con claridad --repito que por
imperativo del calendario-- la posibilidad de participar con nuestras
propuestas en la elaboración de un proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 1994 que, desde nuestro punto de vista, tratase por primera
vez en muchos años al tejido productivo como una fuente de riqueza y de
equilibrio social, y no simplemente como un sujeto tributario. Con estas
posibilidades, que eran las que derivaban de la correlación de fuerzas
políticas existentes, Convergència i Unió pudo introducir en los
criterios de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994
iniciativas que creemos significan una modificación importante porque son
una adaptación a lo que la realidad demandaba a gritos, y son
coincidentes con las prioridades que figuran en los proyectos de
presupuestos de la mayoría de los restantes Estados europeos.

¿Qué medidas propuso Convergència i Unió para atacar los dos problemas
más graves que atenazan en general a la sociedad? La necesidad de
contener el gasto y el déficit público y contribuir a la reactivación de
la economía productiva. En el primer punto, en la necesidad de contener
el gasto y el déficit público, propusimos: reducir la presión fiscal; que
el gasto público se incrementase por debajo del PIB nominal; que se
fijasen unos objetivos modestos pero más realistas para la contención del
déficit público que los que se habían programado en años anteriores; que
se contuviera el gasto de personal; que se redujeran los gastos en bienes
y servicios; que se introdujesen reformas estructurales en el campo del
subsidio por desocupación; que los Presupuestos incorporasen mecanismos
de mayor rigor para el cumplimiento de las previsiones presupuestarias;
la reducción de las subvenciones a las empresas públicas; que se
continuase el proceso privatizador de los activos del sector público
empresarial y, finalmente, que se mantuviese el poder adquisitivo de los
pensionistas.

En el segundo punto, el de contribuir a la reactivación de la economía
productiva, igualmente propusimos medidas que han ayudado, creemos, a
configurar una reorientación de la política presupuestaria con referencia
a los siguientes apartados: a los tipos de interés, al Impuesto de
Sociedades, al IRPF, al Impuesto sobre el Patrimonio, a las cotizaciones
sociales, al Impuesto sobre Sucesiones, al Impuesto sobre el Valor
Añadido, al Impuesto sobre Actividades Económicas, al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, a la ampliación de las deducciones en el IRPF por el
alquiler de viviendas y, finalmente,



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sobre las Mutualidades. En todos estos capítulos hemos propuesto
iniciativas de claro contenido social, pero, naturalmente, actuando
dentro de los límites estrechos en los que se mueven las modificaciones
que se han introducido en los presupuestos de otros Estados europeos,
como demuestra la simple consulta --que cualquiera de nosotros puede
hacer-- a los presupuestos elaborados para 1994 en Alemania, Italia,
Bélgica, Holanda y otros Estados que nos circundan.

El objetivo fundamental para los que compartimos la Unión Europea es
evidente: deseamos mantener el Estado de bienestar y, al mismo tiempo,
responder con eficiencia y efectividad a los desafíos que nos dirige la
nueva coyuntura internacional; deseamos el desarrollo de los países del
tercer mundo, pero, al mismo tiempo, su crecimiento nos obliga a
profundas transformaciones; deseamos un amplio proceso de construcción
europea, pero, al mismo tiempo, deseamos situar nuestra economía
productiva en igualdad de condiciones para poder competir.

El reciente Libro Blanco presentado por Jacques Delors plantea como gran
objetivo el conseguir una economía sana, abierta, descentralizada y más
competitiva. Con este afán hemos contribuido a la elaboración de este
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994, y por esta
razón, por primera vez desde 1982, no hemos presentado ninguna propuesta
de veto, y, por esta razón, lo defenderemos con nuestro voto en su
configuración general actual.

Para terminar este posicionamiento, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, debo hacer una referencia a
que nos encontramos en el inicio de una nueva época, no sólo en el ámbito
del Estado español o de la Unión Europea, sino en el conjunto del
panorama internacional, y que en esta transformación están presentes,
como factores que provocan esta situación, el avance tecnológico, la
desaparición de las fronteras en su antigua versión y el rápido
desarrollo de la democracia. Estos elementos están creando un nuevo marco
que conlleva graves desafíos, pero que posibilitan también posibles
progresos para toda la humanidad.

En un libro reciente que se refiere a la modernidad, Alain Touraine dice:
La democracia no es sólo un estado del sistema político, sino más aún, un
trabajo y un combate permanentes para subordinar la organización social a
factores que no son, ni la una ni la otra, propiamente sociales: la
racionalidad y la libertad. Este es, señorías, nuestro afán, y
respondiendo a nuestras responsabilidades hemos contribuido a que el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 proponga una
política que ayude a responder al desafío que caracteriza esta época, en
la hemos de conseguir que ya no sólo sea posible el desarrollo de
algunos, sino el bienestar para todos los pueblos. Esta es la razón y
ésta es la consecuencia de nuestra contribución a la elaboración del
actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y, por
consiguiente, ésta es nuestra posición, claramente esperanzada, de que
estos presupuestos puedan significar un punto y aparte y, sobre todo, una
adaptación útil de nuestro tejido de economía productiva para que muy
rápidamente podamos salir, conjuntamente, naturalmente, con nuestro
entorno europeo, de esta crisis que nos atenaza globalmente y podamos
reemprender una situación de progreso, que esta vez, señorías, ya no será
solamente un progreso europeo o un progreso norteamericano, sino que
será, seguramente, un progreso mucho más global, del cual todos nos
tendremos que felicitar.

Muchas gracias, señor Presidente, señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ruiz-Gallardón.




El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, cuando esta mañana subí a esta tribuna para dar respuesta al
discurso del señor Ministro presentando el proyecto de ley de
presupuestos y para defender el veto que a los mismos ha presentado
nuestro Grupo Parlamentario, lo último que pude imaginar es que cuando
tuviese ocasión de utilizar el turno de portavoces de nuestro Grupo
Parlamentario todavía no hubiésemos oído la respuesta del señor Ministro.

El señor Ministro ha oído parcialmente, sentado en el banco del Gobierno,
cuatro vetos a la totalidad del proyecto, y ha permanecido callado. Ha
tenido ocasión reglamentaria, con un privilegio --útil sin duda en las
democracias-- al Ejecutivo, de dar respuestas a los grupos
parlamentarios, y sigue ahí callado.

Al señor Solchaga, señor Solbes, le criticábamos mucho, pero hay que
reconocerle el valor que tenía de contestar todos y cada uno de los vetos
que se hacían siempre en este Parlamento. (Fuertes aplausos en los
escaños de la derecha.) Usted, señor Solbes, no sé si porque no quiere,
porque no puede, o sencillamente porque no sabe (Aplausos en los escaños
de la derecha. Rumores en los escaños de la izquierda.), o quizá porque
estas nuevas medidas que de recuperación electoral pretende aplicar el
Partido Socialista le han aconsejado que hable su compañero de Partido,
el señor Granado, y que usted permanezca callado (Protestas en los
escaños de la izquierda.), pero es lo cierto que, además de conseguir
poner nerviosos a sus compañeros (Protestas en los bancos de la
izquierda.), de poner muy nerviosos a sus compañeros (Risas.), además de
eso usted hoy, señor Solbes, ha dado una lección de lo que no tiene que
hacer un Gobierno, y es dejar consumir el trámite de debate
presupuestario sin defender su propio proyecto.




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¿Por qué no lo ha defendido? No creo yo, en contra de lo que pueden
pensar alguno de sus compañeros, que haya sido porque su tono monocorde
no consiga el entusiasmo de la Cámara, ni muchísimo menos, no es ésa la
razón por la que el señor Granado ha tenido que subir a esta tribuna; es
probablemente porque no existen argumentos sólidos para contestar las
críticas que desde aquí se le han hecho.

Señor Solbes, yo no es que le invite, es que le requiero a que antes de
que se produzca la votación esta tarde suba usted aquí a esta tribuna y
defienda, si puede, el proyecto de presupuestos. (Fuertes aplausos en los
escaños de la derecha.) Realizado ese requerimiento y producida, en su
caso, su intervención --y espero que el señor Bayona no solamente no se
lo desaconseje, sino todo lo contrario-- (Risas.), le daremos entonces
cuenta de cuáles son nuestros criterios.

Hasta entonces, señor Presidente, del debate producido me toca adoptar
posición, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, en primer lugar, en
relación al resto de los vetos presentados por otros señores Senadores.

Los argumentos pueden ser distintos, los objetivos son los mismos;
anuncio, por tanto, que nosotros votaremos favorablemente todos y cada
uno de los vetos que han sido presentados. Del discurso, a mi juicio
coherente y cargado de sentido en sus objetivos, del Portavoz de
Convergència, anuncio coincidencias: nosotros también queremos un cambio
de la política económica, nosotros también queremos promover una nueva
etapa en la construcción del Estado de las autonomías, queremos esa
reordenación, pero precisamente porque queremos eso es por lo que nos
oponemos a un proyecto que, desgraciadamente, desde nuestro análisis, va
a contribuir a todo lo contrario, a mantener la situación como está.

Respetamos la actitud de quien piensa que esos objetivos se consiguen de
forma distinta, ¡y ojalá nos equivocásemos, señor Ferrer!, pero,
lamentablemente, no se ha anunciado en el Grupo Parlamentario Socialista
cosa distinta, como usted bien recordará, de lo que año tras año ha
venido diciendo el Gobierno presidido por Felipe González.

Por lo que se refiere a la intervención del señor Granado Martínez, la
verdad es que cuando le oía esta mañana me estaba recordando aquella
novela de Orwell, «1984», cuando hablaba del discurso de la neolengua.

Ustedes recordarán que la neolengua consiste en la invención de palabras
nuevas y, paralelamente, en la supresión de palabras indeseables y la
eliminación de todos los significados heterodoxos; así, cuando hay que
hablar de tres millones y medio de parados, cuando hay que hablar del
peligro de desertización industrial de nuestro país, cuando hay que
hablar del incremento de la presión fiscal a unos ciudadanos fiscalmente
saturados, o del fracaso del diálogo social y de la nula capacidad
negociadora del Gobierno socialista, siempre se obtiene en el discurso de
la neolengua la misma respuesta: catastrofismo. Todo eso es catastrofismo
de la oposición, y frente a eso la neolengua lo único que admite es
progreso, preocupación social, responsabilidad gubernamental o, señorías,
única política económica posible.

Yo, la verdad, es que creo que eso sí que es desconfiar del sistema
democrático; acabar por imponer a la lengua, como decía Orwell, es acabar
con el principio de la libertad política, porque al final se queda sin
espacio posible cualquier alternativa dialéctica frente a la utilización
abusiva por parte del poder. Yo entiendo que a ustedes les moleste que
aquí hagamos un discurso no técnico, sino que lo pueden entender los
ciudadanos; yo entiendo que a ustedes les moleste que aquí hablemos de
algo más que de cifras y de números y de capítulos y de secciones; yo
entiendo que a ustedes les gustaría que no hiciéramos un debate político.

No entiendo cómo el Partido Socialista no es capaz de concebir que en una
democracia es el Parlamento quien controla al Gobierno, y no el Gobierno
el que controla al Parlamento. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Usted dice, señor Granado: «el discurso que esperábamos; el discurso que
ustedes tenían que hacer». Señor Granado, por favor, deje usted que
hagamos el discurso que nosotros queramos hacer desde la oposición, desde
nuestra legitimación, porque ésa es nuestra obligación; no intenten
imponer el discurso a la oposición desde el Gobierno, porque eso sí que
es caer en una tentación totalitaria. No es esta Cámara quien queda
deslegitimada por aprobar un Presupuesto que, insisto, ha sido vetado por
la propia sociedad; quien queda deslegitimada es la mayoría que lo
sostiene, quien queda deslegitimado es el Partido, que apoya un
presupuesto que no se cree ni el propio Gobierno; o, si no, señor
Ministro, díganos usted si es verdad o no es verdad que está preparando
el Gobierno una serie de medidas no complementarias, sino rectificadoras
del proyecto que hoy aquí estamos aprobando; diga si es verdad que en
tres meses van a entrar en esta Cámara --antes en el Congreso de los
Diputados-- una serie de propuestas económicas que inutilizan
absolutamente y desautorizan, desde el punto de vista político y
económico, lo que hoy ustedes nos están pidiendo que apoyemos. Dígalo
porque, en tres meses, veremos quién se ha equivocado. En todo caso,
parece que está claro que en estos momentos de la situación política
española no es precisamente el Partido Popular quien no conecta con la
sociedad.

Yo entiendo que ustedes hacen un discurso como si hubiesen llegado ayer
al poder. Cualquiera que les hubiese oído a ustedes esta mañana pensaría
que desde hace dos años gobierna el Partido Socialista y que antes ha
gobernado el Partido Popular. Son ustedes los responsables de lo que nos
está pasando; son ustedes los responsables de la situación política y
económica de España; no pretendan ustedes, en este momento histórico,
hacer borrón y cuenta nueva de aquello que se



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ha producido como consecuencia de la incapacidad de los Gobiernos, cuyo
único común denominador es la presidencia de Felipe González Márquez,
porque todo lo demás ha cambiado. (Fuertes aplausos en los bancos de la
derecha.) Hemos tenido distintos ministros de Hacienda, distintos
responsables económicos, distintos vicepresidentes; lo único que hemos
tenido igual es el señor González Márquez, ése es el común denominador
del fracaso de la política española. (Protestas en los bancos de la
izquierda.)
Señor Granado, usted al final me ha dicho algo que una vez más, en ese
intento de convertir el ejercicio de control, obligado en una democracia
por parte de la oposición, en algo distinto de lo que constitucionalmente
está regulado, dice que nuestro Partido no ha presentado una alternativa.

Está presentada, lo que pasa es que usted no se ha leído nuestras
enmiendas. No lo digo yo, lo dice usted.

Me va a permitir, señor Presidente, que dé lectura breve al acta de la
Comisión de Presupuestos cuando nuestro portavoz, el señor Utrera,
solicitaba valorar una enmienda, concretamente la número 1.809, de 100
millones de pesetas, para un objetivo político concreto. Entonces,
pregunta el señor Presidente al señor Granado si se incorpora la enmienda
al Informe de la Ponencia, y el señor Granado contesta que no. Dice
además que el señor Utrera tiene que dar por reproducidas todas las
enmiendas porque no va a incorporar ninguna al Informe de la Ponencia.

Supongo que, perplejo el Presidente, le dice que se limite a decir si se
va a incorporar o no; a lo que el señor Granado, literalmente, contesta:
«No me voy a limitar a decir eso, señor Presidente, sino que voy a decir
que no a todas y cada una de las enmiendas que el señor Utrera considere
que deben ser incorporadas al Informe de la Ponencia.» Este es el diálogo
del Partido Socialista. (Aplausos en los bancos de la derecha.) Señor
Granado, la cita es literal; no hace falta incorporarla al acta porque es
un documento auténtico de la Cámara. Si usted, señor Granado, hubiese
leído nuestras enmiendas, sabría que nosotros hemos propuesto una serie
de medidas para reactivar la economía española, y que con las enormes
dificultades que suponen los parches, a los que yo hacía referencia esta
mañana dentro del debate presupuestario, y las imposibilidades de
transferencias presupuestarias, nosotros queremos reactivar la economía,
el consumo y la inversión. Para ello, hemos propuesto, dentro de la
política económica alternativa que tiene nuestro Partido y que será la
política del Gobierno del futuro de España, reducir la tarifa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas en un 5 por ciento;
aumento de las deducciones por incentivos en inversión en activos fijos
un 10 por ciento, y a la exportación un 25 por ciento; que hemos
propuesto modificar el régimen de plusvalías estableciendo el
aplazamiento del impuesto cuando el producto de la enajenación se
reinvierta en bienes similares; que nuestro Partido ha propuesto la
regulación de balances y libertad de amortización para las inversiones
realizadas entre 1994 y 1995. Si usted se hubiese leído nuestra política
alternativa sabría, señor Granado, que hemos pedido el aplazamiento de la
liquidación del IVA en la facturación de la Administración hasta que la
deuda pendiente por suministros no haya sido liquidada; que hemos pedido
la devolución del IVA ingresado por facturas que han resultado impagadas
en el plazo de dos años. Si usted hubiese leído nuestra política
alternativa, sabría que dentro de las medidas para la creación de empleo
hemos propuesto la bonificación de cuotas a la Seguridad Social para la
contratación fija de personas en desempleo en 1994; sabría que hemos
propuesto revisión de los módulos en la estimación objetiva para que
reflejen realmente los beneficios y no penalicen el empleo; sabría que
hemos propuesto la limitación de los coeficientes multiplicadores en el
Impuesto de Actividades Económicas, y, quizás, si hubiese tenido
paciencia para seguir leyendo, sabría que hemos propuesto la revisión del
sistema de incapacidad laboral transitoria. Si usted, señor Granado,
hubiese leído nuestras enmiendas, sabría que dentro del capítulo de
medidas para un mayor control del gasto público, hemos propuesto la
presentación en las Cortes de un plan de privatizaciones; hemos propuesto
una congelación de la oferta pública de empleo, un pacto de austeridad
entre las distintas administraciones públicas y una reducción de altos
cargos y puestos directivos. También sabría que hemos propuesto la
drástica reducción de los organismos públicos; la supresión de los
créditos ampliables no imprescindibles en los Presupuestos Generales del
Estado; la ampliación del número de créditos vinculantes para 1994 de 4 a
22; la prohibición de modificar el tope de los créditos extraordinarios
por Decreto-ley; la obligación del Gobierno de rendir cuentas
trimestralmente ante las respectivas comisiones; la derogación del actual
sistema de intervención a posteriori por muestreo y la rendición de
cuentas trimestralmente al Congreso y al Senado sobre la realización del
programa de inversiones públicas.

Por último, señor Granado, si usted hubiese leído nuestra alternativa
económica, sabría que dentro de las medidas para impulsar las actividades
de los sectores claves de la economía, en lo referente a las pequeñas y
medianas empresas, hemos propuesto la regulación de las sociedades
unipersonales; la simplificación de los trámites jurídicos y
administrativos; la modificación de las normas procesales para agilizar
el cobro de impagados. Dentro de la construcción, el incremento del 20
por ciento de la deducción de la cuota del IRPF por la adquisición de
cualquier vivienda nueva en el año 1994-1995; la revisión de los costos
de los créditos hipotecarios. En el sector del automóvil, la reducción en
cinco puntos en el impuesto de matriculación de vehículos



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y la supresión del IVA en la venta de vehículos usados. Y en el sector de
telecomunicaciones, el inicio de la liberalización del sector de las
comunicaciones. Y, por último, en otros servicios, la elaboración y
debate urgente en las Cortes del informe de restricciones de la
competencia, recientemente elaborado por el Tribunal de la Defensa y la
Competencia. Pero, claro, de todo esto el señor Granado no sabe nada,
porque no se ha leído las enmiendas del Partido Popular. (Aplausos en los
escaños de la derecha.--Protestas en los escaños de la izquierda.)
Señor Presidente, señorías, no pierdan ustedes su ánimo crítico y de
oposición, que veo que ejercen con eficacia. Sobre estas medidas van a
tener ustedes ocasión de pronunciarse, porque probablemente a estas
medidas, cuando se conviertan en un proyecto de presupuestos generales
del Estado en un Gobierno del Partido Popular, ustedes presentarán
(Rumores en los escaños de la izquierda.) --veo que los señores Diputados
y Senadores Socialistas no se leen las encuestas-- una enmienda a la
totalidad y un veto a los presupuestos. Hasta ese momento, está bien que
conserven el apoyo al Gobierno.

Para terminar, simplemente les quiero decir una cosa. El señor Granado
esta mañana ha pedido colaboración con el Gobierno, incluso, ha intentado
situarme en una posición de falta de colaboración; le voy a decir dos
cosas: si ustedes aplican simplemente veinte de las treinta medidas, de
las que yo he dado aquí una rápida lectura, esa colaboración intelectual,
esa aportación de ideas a la sequía creativa que caracteriza al Gobierno
Socialista es una colaboración importante. Pero, señor Granado, nuestra
obligación, por encima de colaborar con el Gobierno, es colaborar con la
sociedad española, y la mejor colaboración que podemos hacer con la
sociedad española es conseguir que el Partido Socialista abandone pronto
el Gobierno de España.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Silencio, por favor. (Rumores.) Cuiden su salud, señorías.

Para el turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el voto en contra de los vetos
explicitado por el Grupo de Convergència i Unió. Nos parece que eso es
una muestra de colaboración. (Rumores en los escaños de la derecha.) Y
quiero hacer alguna consideración, aunque sólo sea por cortesía
parlamentaria, a las intervenciones del Senador Cuevas y del Senador
Torrontegui.

En cuanto a la intervención del Senador Cuevas, simplemente quiero
comentarle que yo no haría demasiado caso de las previsiones de algunos
organismos internacionales. (Risas.) Senador Cuevas, las tres previsiones
de los tres organismos internacionales, la OCDE, la Comisión Europea y el
Fondo Monetario Internacional, son discrepantes en número, pero coinciden
en una cosa: en que dan el mismo porcentaje de crecimiento para España
que para el conjunto de la Comunidad Europea y, en este sentido, es un
porcentaje que será más o menos satisfactorio, pero que existe.

Respecto al Senador Torrontegui, quiero comentarle que nuestro Grupo --y
contesto ya a parte de la intervención del Senador Ruiz-Gallardón-- asume
plenamente su responsabilidad y, fundamentalmente, la de proponer al país
sacrificios, porque en una época de crisis económica los sacrificios son
inexorables. Y quien no proponga sacrificios en una época de crisis
económica está engañando a la ciudadanía, le está diciendo algo que no se
puede cumplir. En consecuencia, nosotros, estemos en horas buenas,
estemos en horas malas, siempre vamos a decir a la gente no lo que quiera
oír, sino lo que creemos que es nuestra obligación decirle. (Rumores en
los escaños de la derecha.)
Y entro en la intervención del Senador Ruiz-Gallardón. Yo espero que
pueda contestarle, si sus compañeros me lo permiten, porque yo le he
escuchado con respeto. Senador, Ruiz-Gallardón, cuando usted ha empezado
a hablar de los privilegios del Gobierno en un debate entre
parlamentarios, en donde a veces sus compañeros de escaño, de los bancos
de la derecha, se quejan precisamente de que intervenga el Gobierno
cuando estamos debatiendo con ustedes, yo creí que usted iba a hacer
referencia a un privilegio del que el Gobierno no ha hecho uso en la
tramitación de este presupuesto, y es el privilegio del artículo 134.6 de
la Constitución que permite al Gobierno vetar aquellas enmiendas que
implican disminución de ingresos públicos o incremento de gasto público
sin ninguna contrapartida, y el Grupo Parlamentario Socialista pidió al
Gobierno que no hiciera uso de ese privilegio, que fuera la Cámara la que
se pronunciara con entera libertad sobre sus enmiendas.

Senador Ruiz-Gallardón, yo soy hijo de librero, y en ese sentido me
molesta muchísimo que me digan que no leo. Yo me he leído una por una
todas sus enmiendas. Fíjese lo que le voy a decir: probablemente sea la
única persona de esta Cámara que haya cometido ese auténtico acto de
masoquismo, y se lo voy a justificar. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.) Se lo voy a justificar, Senador Ruiz-Gallardón, y tiene a su
lado al portavoz de la Comisión de Presupuestos de su Grupo. Hasta tal
punto soy el único que se las ha leído, que tuve que indicarle a su
portavoz que retirara alguna enmienda que estaba ya aprobada en el
Congreso y que ustedes habían reiterado en el Senado. (Aplausos en los
escaños de la izquierda. Varios señores Senadores: ¡Muy



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bien!) Y hasta tal punto soy el único que se las ha leído, que con
algunos de mis compañeros del Grupo Socialista hemos detectado que han
presentado aproximadamente una docena de enmiendas a la Sección de Obras
Públicas por duplicado, por duplicado en el sentido de que han presentado
la misma enmienda con diferente número de registro. Y sus compañeros, que
las han defendido y las han firmado, las han defendido por duplicado, y
están en el Dictamen de la Comisión por duplicado y se someterán a
votación por duplicado. Porque no hemos querido decirles que son ustedes
los que no se han leído ni sus propias enmiendas hasta este momento.

(Aplausos en los escaños de la izquierda.) Y desde luego, Senador
Ruiz-Gallardón, le garantizo a usted que ustedes no se las han leído,
porque el literal de algunas de las propuestas que ha tenido a bien leer
aquí están cambiadas y no se corresponden exactamente con la literalidad
de sus enmiendas, sino con un fax que ha llegado esta mañana de una rueda
de prensa que han organizado Diputados de su Grupo sobre las propuestas
de política económica del Partido Popular; fax que usted tampoco se había
leído esta mañana (Aplausos en los escaños de la izquierda.) porque, de
habérselo leído, Senador Ruiz-Gallardón, esta mañana, nos hubiera hablado
de él en vez de estar hablando de lo divino y de lo humano, del sexo de
los ángeles y, esta tarde, de la neolengua de George Orwell.

Y vamos a precisar algún detalle más de su argumentación, solventado ya
el hecho incontestable de que ustedes, si leen las enmiendas, leen mal
porque las presentan por duplicado, si leen las enmiendas, leen mal
porque presentan las enmiendas incluso aprobadas por el Congreso y, desde
luego, si formulan las enmiendas, no lo hacen como usted las ha leído
aquí, leyendo más bien un fax de agencia que la literalidad de sus
propias enmiendas. Preguntaba el Senador Ruiz-Gallardón que por qué no le
había contestado el Ministro. El Ministro le contestará en la tribuna, si
lo considera conveniente, pero desde luego hubiera sido difícil
contestarle por el método Ollendorg, porque como usted no ha hablado de
presupuestos y el Ministro ha explicado aquí los presupuestos, hubiera
tenido que contestarle hablando de Dios sabe qué.

Al margen de esto, me parece muy significativo, a los efectos de la
contestación, que usted reconozca algo que es fundamental. Cuando habla
del voto favorable de su Grupo a las enmiendas presentadas por el Grupo
Mixto, dice usted: los objetivos son los mismos. Ellos piden más gasto
público y usted menos; los objetivos son los mismos. Ellos piden que haya
mayor protección social y usted pide que se restrinjan determinados
gastos sociales; los objetivos son los mismos. Ellos piden más sector
público y usted menos; los objetivos son los mismos. Los objetivos son
los mismos: conseguir que esta Cámara no apruebe los Presupuestos, ése es
el objetivo y el servicio a la sociedad española. (Aplausos en los
escaños de la izquierda.) Tiene usted la imprudencia de venir a citar a
George Orwell, y yo soy un amigo suyo en el sentido de que era miembro de
la Asociación Española de Amigos de la Ciencia-ficción y conozco bastante
bien su obra.

La neolengua, señor Ruiz-Gallardón, para su información, es precisamente
la de sustituir palabras distintas sobre la base de adicionar el prefijo
no a una palabra; es decir en vez de decir malo se dice no bueno y en vez
de decir feo se dice no guapo. Eso es lo que hace usted. Se limita a
añadir el prefijo no a lo que son los Presupuestos de los Socialistas y,
además, once años seguidos. Hacen ustedes el mismo discurso, la misma
defensa del veto a la totalidad y las mismas enmiendas parciales en los
últimos once años, Senador Ruiz-Gallardón; haya crisis, haya recesión o
no, esté el Gobierno en una situación de mayoría absoluta o en una
situación de mayoría relativa y, en este sentido, más necesitado de la
colaboración de la Cámara. Tengan ustedes una posibilidad de colaboración
u otra, su discurso es el mismo de siempre, es el discurso de la
neolengua: no Psoe, no Psoe.

Además, están ustedes legítimamente convencidos de que lo mejor que le
puede pasar a este país es que los socialistas no ganemos las elecciones.

Lo que ocurre es que ese convencimiento es suyo y no el de la mayoría del
pueblo español. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) En este sentido, Senador Ruiz-Gallardón, tienen que ser
respetuosos con la democracia. Se lo he dicho esta mañana y se lo voy a
repetir ahora: el que ustedes pierdan las elecciones no es motivo
suficiente para que haya que volver a convocarlas; el que ustedes pierdan
las elecciones no quiere decir que el Gobierno de España tenga que ser de
su Partido. Ustedes tienen que acomodarse a trabajar con el Gobierno que
han designado, por voluntad mayoritaria, los ciudadanos de este país.

Ustedes decidirán un grado de colaboración o de disenso, que tan
democrática es una cosa como la otra, con el Gobierno de este país, pero
no me dé un argumento de autoridad diciendo que, como lo mejor es que
este Gobierno se caiga, no le van a ayudar a nada más que a caer y,
además, intenten con eso justificar el voto a favor de su veto, en contra
de la mayoría de la Cámara, hablando de la deslegitimación del Partido
que sustenta al Gobierno.

Senador Ruiz-Gallardón, a lo mejor soy muy bruto y vehemente en mis
apreciaciones, pero jamás me escuchará decirle que está deslegitimado
aquí para manifestar una opinión distinta de la mía, porque soy muy
tolerante con las personas que pensando como usted han llegado a pensar
de manera distinta de la mía. Jamás le diré que se deslegitima su
opinión. Lo que sí pienso es que sigue usted deslegitimando a la Cámara
si habla de un hipotético veto social antes de una votación que tiene que
producirse y que representa a la soberanía nacional. Pero sus opiniones
son tan legítimas



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como las mías y me gustaría que tuviera usted el mismo respeto para mis
opiniones como los senadores Socialistas lo tenemos con las suyas.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y ahora, aprovechando que el Senador Ruiz-Gallardón sí ha leído el fax
que han hecho sus compañeros en el Congreso de los Diputados esta mañana,
y aprovechando que ha hablado algo del Presupuesto, podemos entrar a
valorar algunas de las iniciativas de su Grupo.

Senador Ruiz-Gallardón, cuando esta mañana este Senador decía que de sus
iniciativas se desprendía que se duplicaba el déficit público era porque
me había leído sus enmiendas. Todas esas enmiendas que usted ha relatado
aquí una por una, y que voy a hacer gracia a sus señorías de volver a
considerar, suponen duplicar el déficit público en este país. Ustedes
tienen una receta económica muy sencilla, la que practicaron en los años
ochenta el señor Reagan y la señora Tatcher, que consiste en disminuir
los ingresos del Estado para reactivar la situación económica, receta que
en estos momentos no se aplica ya ni en Estados Unidos, ni en el Reino
Unido, ni en ningún otro país, porque ha dado resultados catastróficos.

Pero esa es su receta, seguir hablando de que es necesario cobrar menos
impuestos. Además, hacen demagogia, porque cuando se cobran menos
impuestos se gasta menos: el Estado se gasta menos dinero en pensiones,
menos dinero en inversiones, menos dinero en retribuir a sus
funcionarios, y tiene menos funcionarios. Ustedes quieren que el Estado
pague mejor a sus funcionarios, pague más dinero en pensiones, tenga
menos déficit público, haga más inversiones y todo ello, además cobrando
menos impuestos.

Pero la receta de esos señores, que en estos momentos ustedes transcriben
aquí, la hubiéramos podido discutir, Senador Ruiz-Gallardón, si usted
hubiera tenido la delicadeza de exponerla desde esta tribuna cuando le
correspondía en el turno de veto. Pero entonces no ha hablado de eso,
probablemente porque lo desconocía; o a lo mejor lo conocía y no ha
querido exponerlo. Ahora nos viene a hacer una enumeración de enmiendas y
decir que no me las he leído.

Senador Ruiz-Gallardón, he estado en los debates de ponencia y Comisión,
cosa que no ha tenido usted la voluntad de hacer. En este sentido creo
que está hablando de lo que no sabe. ¿Cómo conoce lo que ha pasado en la
Comisión y en la ponencia? Además usted dice que no nos hemos leído sus
enmiendas porque hemos votado en contra de las mismas, porque no las
hemos incorporado al informe de la ponencia. Senador Ruiz-Gallardón, no
las hemos incorporado, entre otras cosas, porque su Grupo está votando en
contra de dicho informe. Tendría que tener la gallardía de reconocer aquí
que, aunque les incorporáramos todas y cada una de sus enmiendas, en
coherencia con su propio pensamiento político tendrían que seguir votando
en contra del informe de la ponencia porque usted mismo lo ha dicho aquí:
eran enmiendas paliativas, eran enmiendas que sólo afectaban un poco el
Presupuesto. Creo que lo afectaban fundamentalmente, pero en todo caso es
lo mismo que ustedes han hecho con las nuestras, porque las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista que fueron incorporadas a la ponencia
fueron votadas en contra de su Grupo, y su grupo ha votado en contra de
enmiendas que posteriormente algunos de sus Senadores han tenido hasta la
amabilidad de reconocernos y agradecernos, como los traspasos de menores
a Baleares, la exención del Impuesto sobre la Renta en las pensiones de
los mutilados de guerra. Han votado genéricamente en contra de nuestras
enmiendas, sin hacer ninguna consideración con ninguna de ellas en
particular. ¿Por qué entonces nos reprocha que tengamos el mismo grado de
consideración con sus enmiendas que la que ustedes han tenido con las
nuestras? En este sentido, Senador Ruiz-Gallardón, ¿por qué antes de
intervenir desde esta tribuna no procura estar mejor informado? Ya sé que
ha recibido el fax ahora y que a lo mejor esta mañana no disponía de
dicha información, pero no hable de lo que son ustedes más asiduos en
practicar.

Se ha hecho aquí una apelación genérica a la responsabilidad del Gobierno
Socialista en la situación económica de nuestro país. Es una curiosa
apelación viniendo de un liberal, es decir, viniendo de una persona que
considera que los Gobiernos sólo tienen una responsabilidad limitada en
lo que les pasa a las personas. Es una curiosa apelación, bastante
incoherente con la ideología política que ustedes dicen profesar, aunque
ya no sé si son liberales, democristianos, conservadores, etcétera. No
obstante, la voy a asumir aquí.

Nosotros somos responsables de la situación económica de este país,
porque los ciudadanos nos han puesto en el Gobierno y este Grupo
Parlamentario es responsable de apoyarle. Por eso, como tales personas
responsables, vamos a apoyar unos Presupuestos que imponen sacrificios:
congelación de salario para los funcionarios públicos, restricción del
gasto en bienes corrientes y servicios de la Administración, una política
de revalorización de pensiones que a lo mejor no llega al cien por cien
de lo que nosotros deseamos, la necesidad de dar prioridad a unas
inversiones sobre otras. Somos responsables y por ello asumimos ese
compromiso con la sociedad española, el compromiso de que ha llegado la
hora en que posiblemente tenemos que dedicar unos recursos más escasos
que otras veces a incentivar la creación de empleo o a incentivar la
inversión. Pero nuestra responsabilidad no les exime de la suya. Nuestra
responsabilidad no es argumento para convertirles en irresponsables. Y
cuando ustedes han presentado enmiendas que duplican el gasto público,
que de ser aprobadas provocarían un brutal incremento del déficit, han
obrado como irresponsables;



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legítimamente, con toda la legitimidad que les dan sus escaños, pero con
toda la irresponsabilidad de saber que están prometiendo algo que no
pueden dar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
(El señor Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.




El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: A nuestro Grupo le gustaría saber si el
señor Ministro tiene intención de intervenir en este debate (Risas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista), lo cual entiendo que provoca
la hilaridad en el Grupo Parlamentario Socialista, pero conservo la
esperanza; no me desanimo.




El señor PRESIDENTE: Senador Ruiz-Gallardón, el Gobierno y el Ministro de
Hacienda estarán a lo que dispone el Reglamento.

Su señoría tiene la palabra.




El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a lamentar por tercera vez la ausencia del señor Ministro
en este debate (Rumores.) que probablemente lo que está buscando es el
uso, estrictamente reglamentario pero políticamente impresentable, de
aparecer al final del mismo como parte ajena. Todos podemos caer en la
tentación de ser cómplices de la maniobra de despiste que pretente
utilizar el Grupo Parlamentario Socialista, un Grupo Parlamentario,
señorías, que sube a esta tribuna para criticarnos, señores Senadores del
Grupo Parlamentario Popular, que llevamos once años con la misma
propuesta económica. Eso es objeto de crítica por parte de quien lleva
once años presentando una cosa distinta cada ejercicio presupuestario.

Estoy de acuerdo. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
Señor Granado, cuando estaba escuchándole he tenido la tentación de
decirle que no siguiese usted argumentando a favor del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Cómo es posible que usted presente como crítica
la coherencia política? ¿Cómo es posible que usted presente como crítica
el decir que nosotros llevamos once años diciendo que hay que aumentar la
inversión, que hay que reducir el gasto, que hay que aplicar medidas de
austeridad, que es absolutamente imprescindible una contención del
déficit si queremos que este país sea competitivo? Pero como ustedes
cambian de política en cada ejercicio, se equivocan en todas sus
previsiones y cada vez que vienen aquí, no ya con diferencia de un año
sino con diferencia de tres meses, nos tienen que decir lo contrario de
lo que decían antes, por no decir si se utilizan argumentos de organismos
internacionales que contradicen las previsiones del Gobierno español,
naturalmente a usted le escandaliza políticamente el que nuestro Partido
tenga la misma tesis desde hace muchos años.

Efectivamente, señor Granado, eso es un argumento nuestro, a mi juicio de
extraordinaria solvencia. ¿Qué es lo que ocurre? (Fuertes rumores.)
Señores Senadores... (Continúan los rumores.) Los socialistas al final se
calman, lo que sucede es que necesitan más tiempo; es solamente un
problema de tiempo (Risas.); necesitan más tiempo para rectificar todo,
incluso su estado de nervios.

Señores Senadores, lo que ocurre --por si ésta es mi última intervención
en el debate no quería dejar de señalarlo-- en que estamos asistiendo,
señorías, a un debate falso; a un debate rigurosamente alejado de las
necesidades que en estos momentos tiene España.

No es un problema, señor Granado, el que usted encuentre entre mil
enmiendas algunas cuantas que estén duplicadas. A ustedes también les
ocurre; yo les reconozco el error. Creo que es el paseo de Jávea el que
hemos pedido dos veces que se presupueste; pido perdón por ello. Pero
también pídanlo ustedes porque han presupuestado dos veces el paseo de
Orillamar en el proyecto que nos han enviado. También ustedes se han
equivocado, señor Granado, búsquelo. (Aplausos en los bancos de la
derecha.) O ¿es que acaso quiere que Orillamar tenga dos paseos marítimos
por el mismo trazado? Yo entiendo que no, que se han equivocado como nos
hemos equivocado nosotros. Busquen sus propias enmiendas, busquen el
texto del Gobierno y verán cómo los mismos errores aparecen.

Señorías, asistimos a un debate falso. Esta Cámara, señor Granado, no
queda deslegitimada, como usted decía esta mañana, por aprobar este
presupuesto, pero vuelvo a recordarle algo que le decía y que seguro que
interesa también a sus compañeros de Grupo: En política, como todo en la
vida, hay dos tipos de legitimación: una legitimación de origen; ustedes
la tienen, la tiene el señor Solbes, la tiene el señor González para
presentar un presupuesto. Estamos en un sistema democrático y,
naturalmente, ustedes son el Gobierno legítimo de España, pero hay algo
más en democracia. Democracia no es solamente comparecer cada cuatro años
en las urnas; democracia es también el ejercicio coherente de la función
representativa de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos. Eso es
lo que nosotros llamamos legitimación de ejercicio. Ustedes, señor
Granado y señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, y usted,
señor Solbes, hoy no han venido a esta Cámara a hacer un ejercicio de
realismo, no han venido a esta Cámara a decirnos cuáles son las
necesidades de la economía española, no han venido a esta Cámara con
ideas alternativas a las necesidades que en estos momentos tiene nuestra
sociedad, que está atravesando una grave crisis. No es un problema sólo
de



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criticar nuestra alternativa; da igual el origen de la alternativa, es la
del Grupo Parlamentario Popular. Yo entiendo que para ustedes recibir
algo del Partido o que nazca en el Grupo Parlamentario, dada su situación
de división, significa una contradicción. En nuestra casa da igual que
nazca del Partido o del Grupo Parlamentario, porque el origen es el mismo
y nuestra propuesta es exactamente la misma.

Hoy, señorías, asistimos a una oportunidad perdida, asistimos a un debate
irreal sobre un presupuesto irreal en el que no cree ya ni siquiera el
Gobierno de la nación. Y ésa es la razón por la que en esta Cámara, antes
de tres meses, se va a tener que estudiar un paquete de medidas
económicas cuyo contenido y posible eficacia desconocemos, que no podemos
juzgar hoy, pero cuya única razón de ser es la convicción del Gobierno de
que los actuales presupuestos carecen completamente de soluciones
eficaces para resolver los problemas de la economía española.

Señor Presidente, señoras y señores senadores... (Rumores.) Lo
preocupante para mí es que ustedes (dirigiéndose a los bancos de la
izquierda) me dijesen que está todo bien. (Risas.) Eso ciertamente
significaría un error grave. Lo agradezco mucho.

El crecimiento de la economía española no es el crecimiento previsto por
los organismos internacionales para los países de la Comunidad Europea;
el aumento del paro en España no es el previsto por los organismos
internacionales para los países de la Comunidad Europea; la contención
del déficit no es la prevista para los países de la Comunidad Europea. Y
lo peor, señorías, es que frente a esta situación, en lugar de un
Gobierno con intención de coger el pulso a la situación económica, con
intención de rectificar unos errores que a todos nos van a empobrecer y
consiguientemente nos van a dificultar situarnos en la posibilidad de ser
competitivos con el resto de Europa, ustedes, lo único que nos ofrecen es
compartir el sacrificio, decir que todos tenemos que ser solidarios con
el sacrificio. Es una oferta de resignación, es una oferta de
reconocimiento del propio fracaso del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Presidente, señorías, creo que todavía esta Cámara tiene una
oportunidad, que todavía tenemos una oportunidad de demostrar a la
sociedad española que no es verdad que el trámite de los Presupuestos en
el Senado es un trámite inútil, que no es verdad que somos un eco del
Congreso de los Diputados y que no es verdad que los representantes del
pueblo español no pueden hacer nada frente a las directrices
tecnocráticas que nacen del Ministerio de Economía y Hacienda. Esa
oportunidad es devolverle los presupuestos al Gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

No quiero eternizarme en el debate con el señor Ruiz-Gallardón, porque
esto ya parecen los diálogos del Tenorio entre Don Juan y Doña Inés.

(Risas.) No obstante, tengo que hacer alguna precisión.

En primer lugar, Senador Ruiz-Gallardón, tampoco se ha leído bien nuestra
enmienda, no es sólo que no se haya leído las suyas, sino que tampoco ha
mirado las nuestras.

El paseo de Orillamar estaba presupuestado en dos Direcciones Generales
que hacían una misma obra por convenio. Nosotros hemos hecho una enmienda
para que sea una única Dirección General la que haga la obra. Léala bien
y descubrirá que tenemos razón. (Rumores.--Risas.)
En segundo lugar, yo no me he quejado de que ustedes defendieran con
coherencia once años la misma propuesta económica; me he quejado de que
durante once años no defendieran ustedes ninguna propuesta alternativa;
me he quejado de que lleven ustedes once años haciendo un cúmulo de
descalificaciones de cada uno de los presupuestos en situaciones
distintas con los mimos argumentos.

Señor Ruiz-Gallardón, yo le invito a que coja las intervenciones de sus
predecesores y a que coja después la suya. Haga usted un capítulo de la
historia de España con esas once intervenciones. Si usted se lee esas
once intervenciones seguidas, creerá que está en Somalia, no en España. Y
lo digo con respeto hacia la desgracia de los somalíes, porque son
ustedes incapaces de reconocer ningún acierto en ninguna de las
actuaciones del Gobierno. (El señor Ruiz-Gallardón Jiménez pide la
palabra.)
Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre la ligitimación. Me parece que
lo de la legitimación, de origen o de resultado, es una teoría
equívoca... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




El señor GRANADO MARTINEZ: Parece que el retroceso mental también se
puede aplicar a sus compañeros de escaño.

Yo no voy a entrar en disquisiciones, repito, sobre la legitimación, pero
me parece que es peligroso que usted, viniendo de donde viene y siendo su
Partido lo que es, hable de legitimaciones de origen; simplemente lo dejo
estar ahí. (Aplausos en los bancos de la izquierda.) (Protestas en los
bancos de la derecha.) Sigo sin ver ideas alternativas, pero no me voy a
extender en esta cuestión porque me parece que cada vez que habla lo pone
usted peor, y yo no quiero ponerme a su nivel.

Lo que sí que es cierto es que yo entiendo que usted hable de trámite
inútil y de oportunidad perdida, porque yo creo que su intervención de
esta mañana ha sido una intervención inútil y me parece que ha perdido



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usted personalmente una oportunidad, la de convertirse en un buen
portavoz de su Grupo para temas económicos. (Varios Senadores
Socialistas: ¡Muy bien, muy bien!) (Aplausos en los bancos de la
izquierda.) (Protestas en los bancos de la derecha.) (El señor
Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Por qué artículo me pide la palabra, señor
Ruiz-Gallardón? (Continúa la protesta en los bancos de la derecha.)
Silencio, por favor.




El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Señor Presidente, por el artículo 87,
por alusiones y brevísimamente.




El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz-Gallardón, con un minuto tiene
suficiente.




El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.

No me extenderé más de un minuto porque además creo que las disputas
personales no tienen por qué ser de interés de la Cámara.

Solamente le quiero decir tres cosas, una en broma y dos en serio. La
primera es que si esto es Don Juan y Doña Inés, yo me pido el papel de
don Juan (Risas.)
La segunda es que si usted dice que leer las sucesivas intervenciones de
los portavoces del Grupo Parlamentario Popular puede hacer apreciar
contradicciones yo, señor Granado, con toda sinceridad le invito a usted
a que lea las sucesivas intervenciones de los sucesivos Ministros de
Hacienda que las han presentado aquí, porque probablemente lo que usted
va a sentir en ese momento es que no está en la Cámara en su condición de
Senador, sino en esa asociación de ciencia ficción a la que usted dice
pertenecer y en cuyo seno estoy absolutamente convencido que se va a
entender perfectamente las contradicciones ministeriales.

Y, por último, señor Granado, sería para mí un recurso muy fácil decirle
que si hoy he perdido la oportunidad de ser un buen portavoz de asuntos
económicos, usted no la ha perdido, sino que la ha aprovechado para dejar
de serlo. No se lo voy a decir, antes al contrario... (Protestas en los
bancos de la izquierda.) Señorías, no se lo voy a decir porque no lo
pienso. Con toda sinceridad, señor Granado, no tenga ninguna duda de que
no se trata de desconsideración personal. Su problema no es que usted
exponga mal sus ideas. Usted, sin duda, es un buen portavoz, pero su
problema es que usted es portavoz de una ideología que está muerta y
carece de ideas que es el socialismo.

Gracias, señor Presidente. (Protestas en los bancos de la izquierda.)
(Aplausos en los bancos de la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Continúan las protestas en los
bancos de la izquierda y los aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor
Presidente. (Continúan las protestas en los bancos de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En primer lugar,
lamento que mi deferencia para escuchar el debate entre los Grupos, como
correspondía a la sesión que hoy hemos tenido, haya sido mal
interpretada.

En segundo lugar, es cierto que hemos asistido a un debate
fundamentalmente político. En temas económicos, sin embargo, los debates
políticos suelen exigir también un conocimiento en profundidad de las
cifras, un conocimiento en profundidad de los problemas. Y es verdad que
hoy hemos apreciado, tal vez, un exceso de juicio de valor y en muchos
casos una falta de argumentos; argumentos que, a veces , nos han llevado
a contradicciones puestas de relieve de forma muy clara por el portavoz
del Grupo Socialista.

Hoy hemos presentado --como he dicho esta mañana-- unos Presupuestos
excepcionales en algo, y es que por primera vez han sido unas
presupuestos pactados; pactados sin trueque, pactados por convencimiento
de los objetivos que planteábamos y por convencimiento de que las medidas
que se ponían encima de la mesa son las correctas y las que deben
aplicarse en este país y en este momento.

Es cierto que el debate nos ha dado lugar a poder discutir del cuadro
macroeconómico, y no voy a reabrir el debate en el momento actual. Es
cierto que siempre ha habido y siempre habrá discrepancias entre las
previsiones de cuadros macroeconómicos de una u otra naturaleza, pero no
es menos cierto que la tendencia y la evolución de las mismas no llevan,
todas, en la mima dirección.

Tal vez del debate de hoy lo que yo sacaría como conclusión fundamental
es que frente a la crítica básica de que la política económica del
Gobierno debe ser distinta, no he podido apreciar una alternativa que me
sugiera ni siquiera nuevas líneas por las que deberíamos avanzar. Es más,
en la exposición de los diferentes Grupos he podido apreciar cómo los
puntos de vista podían ser contradictorios y cómo, por una parte, se
atribuía al Gobierno gastos distintos de los gastos que se realizan en
los Presupuestos Generales del Estado sin valorar el que esos gastos se
están realizando en pensiones, se están realizando en sanidad, se están
realizando en desempleo, se están realizando en infraestructuras.

Se ha hablado también de modelos alternativos al modelo que actualmente
estamos aplicando. Se ha dicho expresamente que existen otras recetas,
que desgraciadamente



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yo no conozco, y las del pasado que hemos visto en algunos países yo creo
que hoy están bien enterradas.

Creo que nuestro modelo de seguir adelante en el proceso de integración
europea, respetando ese Tratado de Maastricht, que a algunos les sigue
pareciendo absolutamente inaceptable, pero que, sin embargo, yo considero
que es el punto fundamental como referencia de una correcta ortodoxia
económica, sigue siendo válida.

Nuestra política económica ha cambiado, como han cambiado las
circunstancias. Nadie puede decir que la situación de tipos de interés,
la situación presupuestaria o la situación, en general, fiscal es igual
ahora que la de hace unos meses, ya que es radicalmente diferente como
consecuencia de la propia situación económica. Pero sí estamos
convencidos de que los objetivos fundamentales de nuestra política
económica siguen siendo válidos. Pensamos que el Presupuesto juega un
papel fundamental y que dentro del papel fundamental del Presupuesto la
reducción del déficit es esencial y es el elemento más progresista que
hoy podemos ofrecer a esta sociedad. Es verdad que esa reducción del
déficit tiene que compatibilizarse con dos subobjetivos que consideramos
esenciales: por una parte, mantener una solidaridad social, cosa que creo
que el Presupuesto respeta y, por otra, incentivar la actividad
económica, cosa que realizamos a través de determinados gastos y
determinadas exenciones fiscales.

Creo que nuestro Presupuesto es creíble. Estoy absolutamente convencido
de que se va a cumplir tal y como está diseñado, y quiero especialmente
agradecer a aquellos Grupos que hoy han dado su apoyo al Gobierno al
rechazar los vetos que se han planteado a lo largo del día de hoy.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Vamos a iniciar las votaciones. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños.

Vamos a efectuar las votaciones correspondientes a los votos particulares
de veto.

Se somete a votación, en primer lugar, la enmienda de veto número 1 del
Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 96; en contra, 123; abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Como no se ha alcanzado la mayoría
constitucionalmente necesaria queda rechazada.

Votamos la enmienda de veto número 3 suscrita por el Senador Cuevas
González y la Senadora Vilallonga Elviro.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 99; en contra, 126; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda de veto número 4 del Senador Petrizán Iriarte.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 99; en contra, 125; abstenciones, ocho.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda de veto suscrita por el Senador Ramón i Quiles número
de registro 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 100; en contra, 125; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Concluida esta parte del debate de los Presupuestos, y de acuerdo con lo
establecido por la Mesa, iniciamos el debate de las enmiendas al Título I
de este proyecto de ley, artículos uno a once, así como los Anexos I y
II.

En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas números 806 a 814,
tiene la palabra el Senador Cuevas González, a quien le ruego que espere
unos minutos hasta que la Cámara pueda escucharle. (Pausa.) (Rumores.)
Señorías, les ruego, por favor, silencio. (Rumores.)
Señorías, de nuevo les pido silencio.

Senador Cuevas, tiene la palabra para defender sus enmiendas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que después del tiro cruzado que ha habido entre las dos fuerzas
mayoritarias uno está aquí en peligro. Ahora viene la huida.

Señor Presidente, las enmiendas que presentamos desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya a los artículos uno al once pretenden,
fundamentalmente, vigilar la transparencia del Presupuesto. Decimos esto
porque, como todos sabemos y hasta el propio Gobierno lo reconoce, en
nada se parece un Presupuesto cuando nace a cuando acaba. Siempre hay un
montón de desviaciones presupuestarias que creemos que esta Cámara
debería controlar y tener conocimiento directo.




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En estos momentos en los que se está hablando de una negociación para dar
un impulso democrático, nosotros creemos que estas enmiendas van
encaminadas a llenar de contenido dicho impulso. Nada hay mejor para la
democracia que el que los representantes de la soberanía popular conozcan
el trasiego de los dineros. En este sentido hemos formulado estas
enmiendas y también otras en las que pedimos, para cuando se pueda
cumplir el contrato-programa, un crédito de 50.000 millones para
Radiotelevisión Española.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.

Pasamos a la enmienda 1.233 del Senador Ramón i Quiles, que tiene la
palabra para su defensa.




El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.

Con su permiso, querría dar por defendidas en los términos en que están
presentadas todas las enmiendas pertenecientes al voto particular número
7 firmado por mí.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado ha presentado las
enmiendas 1.175 y 1.176. Para su defensa, tiene la palabra el Senador
Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defenderlas muy rápidamente. Se trata de dos enmiendas formuladas
al Anexo número II que hacen referencia a dos créditos de las partidas
contempladas en la misma. Una de ellas es una enmienda que viene siendo
tradicional y que alude a la partida en que se contemplan las
subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Canarias
y la Península. Nos tememos que los mil ciento y pico millones
contemplados puedan no ser extensivos al total del costo que genera esta
subvención.

La siguiente enmienda se refiere, asimismo, a una partida del Anexo
número II correspondiente a la subvención que tiene el metro cúbico de
agua potabilizada en el Archipiélago Canario. También tenemos miedo de
que esa partida de mil y pico millones no sea suficiente. De todos son
conocidos los problemas que hubo en este ejercicio y en el ejercicio del
pasado año donde hablamos de lo mismo. Veíamos entonces los conflictos
que hay cuando las partidas no son ampliables debido a la generación de
créditos, aun cuando en los Presupuestos de 1991 se decidió que los
ministerios, lo diré en lenguaje coloquial, hiciesen lo que quisiesen con
las partidas que les correspondían. Los cambios de partida son muy
ágiles, pero nosotros tememos que esa partida no alcance la cantidad
necesaria para realizar la potabilización, máxime cuando en breve van a
entrar en funcionamiento nuevas instalaciones de potabilización.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.

El Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas a este Título un
conjunto de enmiendas las números 42 a 65, así como las números 222 a
224.

Para efectuar la defensa tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, señorías, en nombre de mi Grupo
voy a defender las veintitrés enmiendas que hemos presentado al Título I.

Una de ellas es una enmienda de veto a la totalidad de dicho Título;
otras dos son también enmiendas de veto a cada uno de los dos capítulos
que lo integran, y luego hay veinte enmiendas parciales respecto de las
que confiamos que el Grupo Parlamentario Socialista, y en particular su
Portavoz, encuentren propuestas concretas a los artículos que integran
este Título. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
La verdad es que todos los días aprendemos algo, y lo que yo
particularmente he aprendido hoy aquí, después de oír la intervención del
Portavoz socialista, señor Granado, es que la confusión a que en materia
presupuestaria se está sometiendo a este país por parte del Gobierno y
del Grupo Socialista no sólo afecta a las cifras sino también a los
argumentos que se utilizan para justificar lo injustificable.

De todo lo que se ha dicho aquí sólo hay una realidad fáctica. Hay
fundamentalmente un hecho contrastado y comprobado: todos los años se nos
dice que el presupuesto o es restrictivo, en algunos casos se habla de
presupuesto moderadamente restrictivo y en otros de presupuesto
decididamente restrictivo, pero lo único cierto es que estos presupuestos
no son en absoluto restrictivos en los últimos cinco años quitando el
pequeño esfuerzo de restricción que supuso el ajuste presupuestario en
términos estructurales del año 1992.

Se nos ha pedido esta mañana que formulemos propuestas concretas, pero
hay que señalar que cada una de nuestras más de 1.100 enmiendas incluyen
esas propuestas concretas, y que todas ellas en conjunto, con
independencia de los pocos errores que puedan darse en las mismas,
constituyen una alternativa, no una alternativa presupuestaria pero sí
una alternativa en el sentido de que generarían unos documentos
presupuestarios diferentes que, al menos, estarían sometidos a la
restricción de la legalidad, es decir, que se cumpliría lo que se aprueba
en esta Cámara.

En segundo lugar, se nos pide un ejercicio de realismo o de posibilismo
en atención a la crisis económica. Quizá el Portavoz socialista olvide
que la crisis económica tiene raíces muy precisas, que la crisis
económica



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que padece España en estos momentos es una crisis diferente, que tiene
peculiaridades respecto de la que soportan otros países, y que esa crisis
en alguna medida --creo que en bastante medida-- es fruto de los errores
cometidos por este Gobierno en política económica.

Ya que el representante del Grupo Socialista ha mencionado términos y
titulares de prensa, me atrevo a ofrecerles unos que a mi vez he oído
comentar a otras personas. Me refiero a esos titulares en que se
calificaba la política económica aplicada en este país de esquizofrenia
permanente. Llevamos años en los que los dos instrumentos de política
económica fundamentales, la política monetaria y la política
presupuestaria, son contradictorios y, además, se exigen uno a otro una
restricción o una expansión mayor. Así, estamos asistiendo a una economía
en la que junto a la restricción monetaria, el déficit público --sobre
todo el déficit estructural-- no ha dejado de crecer, y al mismo tiempo
asistimos a una economía que ha perdido expectativas de futuro porque se
ha hecho tabla rasa de gran parte de su tejido productivo.

Se nos pide también que no creemos desilusión. Incluso he creído entender
que se nos conmina a no utilizar términos que puedan parecer
catastrofistas o excesivamente pesimistas por los efectos que ello pueda
tener sobre la sociedad en su conjunto. Lo cierto es que la desilusión la
ha traído el Gobierno durante estos años argumentando de formas muy
distintas una realidad que ha sido permanente: el incumplimiento de los
compromisos presupuestarios, el incumplimiento de los compromisos de
política económica, y haciendo, además, un discurso típico de la época de
los descamisados, de finales de los años setenta o de principios de los
ochenta, nos tratan de justificar los errores de política económica que
se han producido y sobre todo los errores presupuestarios de los últimos
años.

Pues bien, para propuestas concretas vamos a desarrollar ahora las del
Título I. Para ejercicio de posibilismo vamos a sugerirles cómo hacer que
se cumplan de una vez estos presupuestos y vamos a analizar los
mecanismos que permitirían su cumplimiento. Respecto de la desilusión,
pensamos que, como señalaba Orwell, ésta no se combate eliminando la
historia, y ustedes la tienen muy larga --me refiero a la del Gobierno y
a la del Partido que le sustenta--, no se elimina la historia de un día
para otro ni se reinterpreta de acuerdo con los intereses de cada
momento. Lo cierto es que tenemos aquí una historia bastante
desagradable. Tenemos un déficit público que no se contiene en los
presupuestos de 1994, a pesar de que se nos diga lo contrario; tenemos
una Deuda Pública que compromete severamente las posibilidades de
restricción de estos presupuestos y de los de años sucesivos, y ante esas
realidades simplemente se nos dice que no hablemos de desilusión.

Resulta que éstos son unos presupuestos rigurosos, al decir del Portavoz
socialista y del Ministro de Economía, pero yo me atrevería a
calificarlos de excesivamente rigurosos porque lo son. Lo son para los
ciudadanos que pagan ahora con estos rigores los presupuestos llenos de
alegría que se han venido realizando durante los últimos cuatro o cinco
años. Esos presupuestos, en su aspecto legal, eran restrictivos y así se
les calificaba. Sin embargo, en su concreción cuantitativa, en su
ejecución, han resultado ser todos ellos presupuestos en los que las
desviaciones de gastos, las desviaciones de déficit público, la
acumulación de Deuda Pública que han generado, han llevado al Gobierno a
una situación sin salida. En esa situación sin salida se ha forzado el
presupuesto para que declare lo que no encierra dentro de sí mismo. Este
presupuesto no reduce el déficit público aunque sí transmite fuertes
sacrificios a los ciudadanos, ya sea desde la perspectiva de
contribuyentes, ya sea desde la perspectiva de trabajadores, empresarios
o desde cualquier otra.

Como se ha señalado esta mañana, este presupuesto es un gran reparto de
sacrificios. Desde la alegría y la expansión de los fastos del año 92 y
desde el crecimiento desordenado del gasto público hemos llegado a unos
presupuestos que van a repartir sacrificio, pero que lo van a repartir
con un crecimiento del gasto en términos monetarios del 10 por ciento, es
decir, con más del doble del crecimiento del producto interior bruto. En
ese sentido, este gasto público va a crecer de forma excesiva.

No es la primera vez que he oído esta argumentación, pero se utiliza por
el Portavoz Socialista una aritmética fácil, sencilla, que pueden
entender los niños así como posiblemente, gran parte de la ciudadanía:
dos más dos son cuatro y no otra cosa; si se recauda más se corrige el
déficit público, si se recauda menos el déficit público crecerá. Pero esa
aritmética sencilla, señor Granado, es estricta y rigurosamente falsa. Si
algo tenemos comprobado en economía en los últimos veinte años es
precisamente que esa aritmética funciona sólo en un sentido pero no en el
otro.

Le voy a poner un ejemplo. Durante los años 1987, 1988 y 1989 este
Gobierno recaudó mucho; llegó a recaudar hasta más de un billón de
pesetas por encima de las previsiones. Pero ¿usted cree que el déficit
público se redujo en esa cuantía? ¿Cree que esos ingresos
extraordinarios, que no eran tales, sino fiscales --ya que se derivaban
de los impuestos que pagan los ciudadanos--, contribuyeron a la
consolidación presupuestaria, a que, tal como tenía programado el
Gobierno, en 1992 el déficit público fuera cero, para que ahora no
tuviéramos este problema de Deuda Pública? No, señor Granado. En aquel
momento, esa cuenta aritmética tan sencilla no funcionó y a mayores
ingresos públicos, también se desbordó el gasto público; prácticamente,
en la misma cuantía respecto de las previsiones.




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Así los déficit públicos se redujeron algo, pero estructuralmente estaban
creciendo al ritmo de un punto de PIB cada año por término medio. Por
tanto, en el período 1992-93 nos encontramos con un déficit público que
no se puede contener y con unas previsiones que no son realistas --y el
presupuesto para 1994 es el más irreal de los de los últimos años--, por
lo que el año que viene tendremos que hablar de un déficit público mucho
mayor del previsto en los presupuestos.

En cuanto a los estabilizadores automáticos, ahora justifican lo que no
justificaban entonces. Si la economía se desacelera, el déficit público
tiene que aumentar porque caen los ingresos y aumenta el gasto, y qué
fácil es ahora justificar con estabilizadores automáticos la incapacidad
política para frenar el déficit público. Pero, ¿por qué no se aplicó la
misma argumentación de estabilizadores automáticos para haber hecho
desaparecer el déficit público hasta el año 1990?
En definitiva, la historia se está reescribiendo año a año, y en éste, ha
tocado hablar de estabilizadores automáticos y de reparto de sacrificios
para justificar un presupuesto que no contiene la tendencia expansiva del
gasto público ni tampoco reduce el déficit público. Esa es la realidad de
estos presupuestos.

Pues bien, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular
al Título I de este proyecto de ley son esenciales para corregir la
realidad a la que estamos asistiendo año tras año: fuertes desviaciones
sobre lo presupuestado para el gasto público y un incremento, que empieza
a ser insostenible, del déficit público.

Podemos estructurar las enmiendas en cuatro apartados. En el primero, se
presenta una enmienda al artículo tres que pretende hacer efectivo el
mandato constitucional relativo a los gastos fiscales. Hasta ahora,
estamos conservando el puro nominalismo: como la Constitución indica que
los gastos fiscales tienen que incluirse en los presupuestos del Estado,
unas veces en el informe económico-financiero, y otras, como apéndice al
articulado de la Ley de Presupuestos, pero siempre de una manera
desencajada, desvaída, aparecen unas estadísticas que señalan que los
gastos fiscales son de una determinada cantidad.

De hecho, no se controla el cumplimiento de las previsiones de los gastos
fiscales, no se depura el concepto mismo de gasto fiscal, ni se comprueba
si sirven a los objetivos que, en su momento, llevaron a incluirlos en
nuestra legislación. Por ejemplo, en la ley financiera --de la que
hablaremos otro día-- desaparece un incentivo: el tratamiento de las
plusvalías en los fondos y sociedades de inversión mobiliaria, en favor
de otro que todavía está por nacer: los planes de ahorro popular.

Lo cierto es que, si nos atenemos a la afluencia de fondos a esas
entidades de ahorro, esa exención de plusvalías en los fondos o
sociedades de inversión mobiliaria parece que ha tenido un gran éxito.

Pero sin haber formulado los planes de ahorro popular, se da el salto al
vacío al suprimir esa bonificación, mientras que se mantienen otras sobre
las que podría sugerir al Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista
que sus objetivos y logro no justifican supervivencia indefinida en el
sistema fiscal. Lo que pedimos, por tanto, es una valoración, un
seguimiento y, en definitiva, dar cumplimiento al mandato constitucional
para que los gastos fiscales se presupuesten, y se haga bien.

En segundo lugar, se pretende limitar la excesiva flexibilidad en las
modificaciones presupuestarias. Quizá esto merezca una breve explicación,
porque es posible que muchos de los que aquí estamos podamos pensar que
lo que vamos a aprobar son los presupuestos que se van a ejecutar el año
que viene; y eso, sencillamente, no es cierto. Lo que vamos a aprobar,
junto con las modificaciones que, prácticamente sin límite o, por lo
menos, con un grado de flexibilidad excesivo autorizamos al Gobierno,
configuran lo que éste puede ejecutar el año que viene, que no tiene por
qué parecerse, en absoluto, a los estados numéricos que se van a aprobar.

Por tanto, estamos incurriendo en ese doble lenguaje, en ese idioma
«orwelliano» al que tan aficionado es el señor Granado. Estamos
asistiendo a un mensaje confuso, porque vamos a aprobar unos presupuestos
que están destinados a no ser cumplidos, incluso normativamente.

A este respecto, ha habido modificaciones --y voy a ceñirme a las tres
más importantes-- en los últimos años para generar desviaciones de gasto
público, como la del año pasado, de 2,4 billones de pesetas. ¿Cuáles son
las tres modificaciones principales? En primer lugar, las transferencias
de crédito; en segundo, las ampliaciones de crédito y, en tercero, las
incorporaciones de crédito. A todas ellas formulamos enmiendas.

Las transferencias de crédito simplemente autorizan pasar créditos de
unas partidas a otras. ¿En qué se concreta eso? Analizando la serie
histórica de los últimos años significa, sencillamente, que parte de los
gastos de capital son vaciados en favor de gastos corrientes, y en éstos,
algunas partidas también son reducidas sustancialmente en favor de otras.

Por tanto, los estados numéricos que se aprueben pueden ser transferidos
por el Gobierno, de forma bastante discrecional y sencilla, de unas
partidas a otras, y lo que hemos propuesto con nuestras enmiendas --muy
modestas, por cierto-- ha sido establecer un mayor rango para quien pueda
adoptar estas decisiones de transferencia de créditos, así como limitar
algunas de ellas.

Las ampliaciones de crédito, a las que en el articulado de estos
presupuestos se les dedican casi cuatro páginas --enunciándolas partida
por partida, que pueden ser ampliables--, suponen que a los créditos
presupuestarios se les aplique una categoría especial con la cual pueden
rebasarse por el Gobierno, atendiendo a que dichos



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gastos sirvan a los objetivos atribuidos en esa partida o programa
presupuestario. Pues bien, en dichas ampliaciones de crédito se encierra
uno de los problemas principales de la ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado. Recuerdo desviaciones de, aproximadamente, medio
billón de pesetas el año pasado, y de bastante más, de unos 800.000 ó
900.000 millones, el año anterior. Así vamos trampeando, con una
presupuestación que no prevé todos los gastos en que se ha de incurrir y
que, sin embargo, al calificar un crédito de ampliable, la corrige.

En el debate en Comisión se nos ha criticado el tratar de excluir de esta
categoría a algunos créditos ampliables --y podríamos citar casos
concretos--, pero es fundamentalmente su concepto el que ha de
reconducirse a su objetivo en la terminología presupuestaria, es decir, a
casos extraordinarios, excepcionales o, como prevé la Constitución,
limitarlos fundamentalmente a los pagos financieros o por reembolso de
préstamos.

Por último, están las incorporaciones de crédito. Y qué decir sobre
éstas, si en la normativa presupuestaria se recoge un precepto en el que
se indica que todo gasto corriente que ha sido comprometido antes del
último mes del ejercicio presupuestario podrá incorporarse al presupuesto
del año anterior. Hasta ahora, estábamos acostumbrados a que así
ocurriera con los gastos de inversión, pero también los gastos corrientes
van a ser incorporados de un año a otro; de tal forma, que no solamente
vamos a aprobar el presupuesto para 1994 con las cifras y el articulado
que estamos analizando, sino todas las incorporaciones de crédito que
proceden de años anteriores, por lo que el plan financiero del Estado
para 1994 no se ajusta sólo a estos presupuestos, ya que también incluye
dichas incorporaciones. En el año 1993 tenemos incorporaciones que
superan los 400.000 millones de pesetas.

Y qué decir, en tercer lugar, del artículo 10 de la Ley de Presupuestos,
artículo recogido en este Título, que nosotros siempre hemos aplaudido,
hemos considerado que podía ser un instrumento adecuado para limitar el
crecimiento del gasto público. Y digo siempre porque todos los años
presentamos esta enmienda; pero, y perdonen señorías, yo esto no lo
considero ninguna deshonra ni ningún deshonor, como nos viene a decir el
portavoz socialista, que dice que nos repetimos en nuestra argumentación.

Pues sí señor, yo me repito en mi argumentación de año en año.

Consideramos que el artículo 10, analizando los datos también, desplaza
el gasto presupuestado desde operaciones de capital a operaciones
corrientes y eso sistemáticamente año tras año, es decir, una vez
establecido un tope al gasto, para llegar a cumplir ese tope lo primero
de lo que se echa mano, las primeras reducciones que se aplican es sobre
gasto de capital y las transferencias hacen, a su vez, que sea el gasto
corriente el que supera su límite, el límite previsto inicialmente.

Estonces, tendríamos que el artículo 10 tiene que ser modificado.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, le ruego que vaya
terminando, porque estamos en un debate larguísimo y cualquier desviación
puede ser muy acumulativa.




El señor UTRERA MORA: Termino en tres minutos, señor Presidente.

Y con la experiencia referida a este artículo 10, de limitación en el
crecimiento, en los compromisos de gasto, en 1993, en que este artículo
10, que era la barrera esencial, la barrera que impedía que los
presupuestos se dejaran de cumplir al menos en términos numéricos
agregados, resulta que este artículo 10 puede ser derogado por un simple
decreto-ley. Pensamos que para mejorar, y ésta es una propuesta concreta,
este artículo 10 y las garantías que el artículo 10 trata de incluir en
los presupuestos, habría que hacer un acto formal complementario para
exigir que sólo por ley votada en Cortes pueda ser derogado o modificado
este artículo 10.

Para terminar, en cuarto lugar y refiriéndome al uso algo más riguroso
del lenguaje, no estamos de acuerdo con que se califique de préstamos lo
que son puras y simples transferencias, con independencia de que se haya
acordado por el Gobierno, fuera de esta sala, fuera de las Cortes, que es
ante quien responde. Lo cierto es que llamar préstamo del Estado al
INSALUD o del Estado a la Seguridad Social a unas cantidades que se
abonan en unos casos y no se prevé reembolso y en otros se establecen
reembolsos a muy largo plazo y reembolsos de la Seguridad Social al
Estado, imaginen ustedes lo que esto significa. El Estado, que todos los
años tiene que hacer aportaciones muy cuantiosas a la Seguridad Social,
está aplicando un término que no es apropiado, porque entre ambos
préstamos que aparecen en este Título de los presupuestos van a figurar
medio billón de pesetas de activos financieros del Estado. Ese es el
problema. Cualquier incauto que analice el balance financiero del Estado
se va a encontrar con que el Estado es acreedor de un deudor que no va a
poder hacer frente a esos pagos, es acreedor por medio billón de pesetas
y va a pensar, quizá, que este Estado es algo más solvente de lo que en
realidad es. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Esto no son
préstamos, sino otro tipo de operación: transferencias corrientes e
incluso se podría plantear de otra manera, pero siempre incluido en
operaciones reales y no en operaciones financieras.

Y por último, ya para finalizar, qué decir de las previsiones de
ingresos, también recogidas en este Título. El señor Ministro nos ha dado
un dato, ya conocido, y es que el Estado en el año 1993 va a recaudar por
ingresos fiscales 1,1 billones menos de los previstos presupuestariamente



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para el año 1993. Pues bien, para el año 1994 la pérdida recaudatoria,
con las previsiones que hace el Gobierno de crecimiento algo por encima
del 1 por ciento del producto interior bruto, se puede cifrar en unos
500.000 millones como mínimo respecto de lo que se está presupuestando,
de lo que se incluye en el Título I como ingresos fiscales para el año
1994.

Así, entre préstamos que no lo son, ingresos que no se van
previsiblemente --en economía, lógicamente, cualquier variación es
posible-- a realizar, tendríamos que el déficit del Estado no va a ser, y
lo creemos honestamente, el déficit que se incluye en este proyecto de
presupuestos del Estado, sino que, como mínimo, para el total de
administraciones públicas superará el 7 por ciento del producto interior
bruto, con lo cual nos reafirmamos en lo que al principio señalábamos. Si
los presupuestos para 1994 tienen como objetivo prioritario, de
solidaridad, la contención del déficit público, la reducción del déficit
público, creemos que ese objetivo no se va a lograr en este año.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.

Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Tomo la palabra para hacer el turno en contra de las enmiendas defendidas
al Título I. En primer lugar, quiero comentar que las consignaciones
presupuestarias contenidas en los créditos ampliables y vinculadas a la
Comunidad Autónoma de Canarias para el transporte aéreo entre la
Península y las islas y la subvención del metro cúbico de agua, estimamos
que están correctamente presupuestadas y que no deben ser objeto, por
tanto, de inclusión dentro del anexo de créditos ampliables.

Las enmiendas que ha defendido el Senador Cuevas en sus términos
genéricos son más o menos las mismas que habían introducido en el
Congreso de los Diputados el Grupo de Izquierda Unida, por lo que me
remito a esa discusión, ya que no ha habido nuevos argumentos en el
trámite del Senado.

En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, yo quiero hacer una breve
consideración al Senador Utrera, que es quien las ha defendido, y me
perdonará que le diga que no voy a reproducir el debate a la totalidad de
los presupuestos. Yo creo que el Senador Utrera ha intentado reproducir
parte de la argumentación del debate anterior, lo cual confirma alguna de
mis aseveraciones sobre que había sido un debate relativamente fallido
por el portavoz de su Grupo, pero no voy a reproducir en cada uno de los
títulos cada una de las consideraciones sobre el gasto público, la
evolución del déficit, etcétera, que hemos acabado de reproducir aquí.

Sin ánimo, por tanto, de agotar esta polémica, sí que me interesa hacerle
dos breves comentarios. Uno es que en España el crecimiento de los
ingresos del Estado operado en los años ochenta permitió una disminución
muy considerable en el déficit público en términos de producto interior
bruto del cinco o seis y pico por ciento, según se contabilice, con el
que nos encontramos los socialistas en 1982, hasta el 2,5 por ciento que
llegó a ser, no recuerdo bien, si en el año 1988 ó 1989. Es verdad que
después hubo una mayor resistencia por el comportamiento inercial de
muchos gastos públicos al mantenimiento del déficit en esos términos.

Por otro lado, simplemente como consideración anecdótica, neolengua no es
doble lenguaje, sino todo lo contrario, es un lenguaje único muy
simplificado. En ese sentido, hablar en neolengua no quiere decir que
demos dos significados a las palabras, sino más bien, por mor del
lenguaje, le daríamos muchísimos, pero no dos y antitéticos, sino uno muy
definido y, en todo caso, muy amplio.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al Título I de
los presupuestos del Estado, me interesa señalar, en primer lugar, que
hay un grupo de enmiendas que son de supresión, coherentes con el veto.

Es decir, obrarían el efecto simétrico, el mismo que el de veto, o sea,
provocarían la devolución de los presupuestos al Gobierno si no se
aprobasen los artículos primero o segundo o el Capítulo I, del Título I,
y la consecuencia sería inevitablemente la devolución de los
presupuestos. En este sentido, yo entiendo que están debatidas con el
veto.

Empiezo por las enmiendas de contenido. La enmienda número 47 es la
primera de contenido y solicita información al Gobierno sobre los
beneficios fiscales. Algunos de estos beneficios fiscales tienen un
carácter anual, como es el caso de algunos impuestos. Realmente, sería
imposible ofrecer una desagregación trimestral de este tipo de
información que tuviera algún contenido material y, en todo caso, sería
una información que probablemente fuera objeto de consideraciones
negativas, porque no sería posible extraer de ella consecuencias
racionales. Además, hay que recordar que junto al anexo que contiene el
presupuesto de gastos fiscales existe una memoria sobre la realización de
estos beneficios fiscales que se entrega, eso sí, con el presupuesto del
ejercicio siguiente. En este sentido, podríamos considerar algún tipo de
información más detallada, tal vez, pero no es la fórmula que nos propone
el Grupo Popular.

La enmienda número 50, salto las enmiendas de supresión porque no tienen
demasiado contenido, en el caso de ser aprobada, manteniendo un texto de
la actual Ley General Presupuestaria que en estos momentos está obsoleto
y nosotros asumimos el compromiso de presentar durante el año 1994 un
nuevo proyecto de



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ley general presupuestaria, impediría, por ejemplo, la publicación de
decretos de transferencia, de funciones y servicios a las Comunidades
Autónomas, porque supondría una modificación presupuestaria que no se
podría realizar en el caso de algunos créditos que tuvieran que ser
modificados en función de estos decretos de transferencia.

En este sentido, hay que señalar, como ya hicimos en Comisión, que
tampoco parece muy congruente rechazar por principio las modificaciones
de la Ley General Presupuestaria que se contienen en el proyecto del
Gobierno y a continuación proponer otras distintas y decirle al Gobierno
que no es quien para modificar en el proyecto de Presupuestos la Ley
General Presupuestaria, pero que el Grupo Parlamentario Popular sí es
quien para proponer modificaciones a la LGP a través de sus enmiendas.

Pues vamos a entrar en la casuística y las enmiendas habrá que
considerarlas en función de su contenido, pero el argumento genérico no
tiene demasiado sentido.

En cuanto a la enmienda número 51, que pretende impedir transferencias
entre los capítulos V y VII de los Presupuestos, una simple modificación
de la cláusula de un convenio entre un ayuntamiento, una comunidad
autónoma y el Estado que suponga en la práctica que parte de una obra que
viene realizando el Estado la efectúa la comunidad autónoma o viceversa
sería imposible de realizar de acuerdo con su enmienda; sería una
modificación presupuestaria excluida y no podrían aceptarse
modificaciones presupuestarias que afectaran a más de un capítulo lo que,
sinceramente, no nos parece conveniente.

La enmienda número 52 hace una nueva redacción de un artículo de la Ley
General Presupuestaria que deroga únicamente --digámoslo así en términos
coloquiales-- la referencia que se hace en el actual texto de la LGP al
desarrollo reglamentario que debía tener el precepto y que nunca se ha
producido, y luego permite que las aportaciones del Estado a los
organismos autónomos generen crédito en el presupuesto de ingresos del
propio organismo autónomo, lo cual es absolutamente razonable, por lo que
no podemos aceptar la enmienda.

En cuanto a la enmienda número 53, que pretende que el Ministerio de
Economía y Hacienda realice la aplicación presupuestaria de algunas
modificaciones, tengo que decir que en este caso no es necesario porque
la propia modificación presupuestaria supone ya una aplicación
presupuestaria determinada, y no es necesario reiterar que el Ministerio
tiene que aprobar la aplicación presupuestaria porque la propia
modificación supone, lógicamente, la aprobación de una aplicación
presupuestaria determinada. También pretende la enmienda, en última
instancia, que no suponga en ningún caso, incremento de crédito o
modificación del capítulo I de los Presupuestos, y esto es imposible.

Puede haber una sentencia judicial que reconozca un derecho subjetivo a
un funcionario y, por tanto, en función de esa sentencia, por ejemplo,
tener que producirse una modificación presupuestaria, y no es posible ni
razonable pretender que para cada sentencia judicial que se produzca el
Gobierno tramite un suplemento de crédito o un crédito extraordinario
ante las Cortes. Es más bien absurdo.

La enmienda número 54 es de un contenido tan técnico, que yo ni siquiera
sé cómo se ha plantado. El actual artículo 73 de la Ley General
Presupuestaria dice que los créditos contraídos antes del último mes del
ejercicio, y que por causas justificadas no hayan podido realizarse
durante el mismo, pueden incorporarse. Eso lo dice en la letra b), y a
continuación, en la letra c), dice: Automáticamente se incorporarán los
créditos de operaciones de capital. Como los créditos de operaciones de
capital tienen un proceso automático de incorporación, lo que hemos hecho
con el nuevo texto del apartado b) del artículo 73 es referir esa
incorporación de los créditos que por razones justificadas no haya podido
realizarse durante el ejercicio únicamente a las operaciones corrientes
porque los créditos de operaciones de capital ya se incorporan
automáticamente. Lo que enmiendan sus señorías, por tanto, es adicionar
por operaciones corrientes, que es lo único que cambia la literalidad del
precepto que aparece actualmente en la Ley General Presupuestaria. No
parece tampoco, por tanto, muy razonable su aceptación.

Con la enmienda número 55 pretenden ustedes que se declaren vinculantes
veinte conceptos y subconceptos dentro del capítulo II. En el proyecto de
ley de Presupuestos nosotros hemos declarado vinculantes cuatro créditos:
los de energía eléctrica, combustibles, telefónicas y transportes, que
nos parecía que eran los más relevantes en los que se había detectado que
existían desviaciones importantes por su contenido periódico. La
ampliación que hacen sus señorías dejan vacío de contenido algún precepto
de la Ley General Presupuestaria y podría producir situaciones de una
excesiva rigidez a la hora de gestionar algunos de estos créditos.

Imaginemos una cosa tan pintoresca como que una oficina de la
Administración cambie el sistema de calefacción y pase de tener energía
eléctrica a gas; pues esto no se podría hacer, es decir, no se podrían
pagar las facturas que antes se pagaban con el crédito de energía
eléctrica en gas a través de su enmienda. La verdad es que no parece muy
razonable.

En la enmienda número 56 ustedes proponen que una competencia que a
través del proyecto de ley tiene el Ministerio de Economía y Hacienda
pase al Consejo de Ministros. Y lo dicen para dos créditos muy concretos,
que es verdad que afectan a diferentes departamentos ministeriales, pero
en los que existe absoluta presunción de conformidad por parte de los
departamentos afectados porque se trata de créditos que se modifiquen por
convenios o que afecten al Fondo Nacional para el



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Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica y acciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que se cofinancian con órganos
concretos de seguimiento. En este sentido, lo que ustedes proponen, pura
y simplemente, es más burocracia, porque los departamentos afectados ya
han hecho constar claramente su conformidad a esta modificación
presupuestaria.

En la enmienda número 57 proponen lo mismo, pero además para unos
créditos que ya carecen absolutamente de sentido. Proponen, por ejemplo,
que los decretos de transferencias de crédito sean autorizados por
Consejo de Ministros en favor de las comunidades autónomas, cuando ya
existe un Real Decreto, que ése sí que es autorizado por el Consejo de
Ministros y que es el que da título a la transferencia de crédito
concreta, que no es más que instrumental, o los créditos que sólo afectan
al Ministerio de Defensa. ¿Por qué tiene que ser el Gobierno en pleno el
que autorice su incorporación? O las actuaciones cofinanciadas por la
Unión Europea, que en este caso tampoco afectan más que a un
departamento. La verdad es que creemos que su enmienda no añade
demasiado.

La enmienda número 58 pretende que el Ministerio de Economía y Hacienda
haga la aplicación presupuestaria de alguna modificación de créditos del
Insalud. La aplicación presupuestaria la hace el organismo autónomo que
es competente en la gestión de los créditos en la Seguridad Social, y no
tiene que hacerla el Ministerio.

La enmienda número 59 hace referencia a que se dé cuenta al Congreso de
los Diputados y al Senado de las transferencias de crédito. Hay que tener
en cuenta que de las transferencias de crédito de las que estamos
hablando a lo largo del ejercicio, las que se regulan por el artículo 9
de los Presupuestos serán aproximadamente el 1 por ciento. ¿Por qué de
esas transferencias nos tienen que dar información, y no de las demás? No
tiene demasiado sentido.

La enmienda número 60 propone que haya separación en el conjunto de
obligaciones entre las operaciones corrientes y las de capital, y además
tiene un literal de redacción absolutamente desafortunado porque pretende
incluso decir que existen obligaciones reconocidas que no deben pagarse,
lo cual es un contrasentido en sus propios términos. Si la obligación
está reconocida, debe pagarse, y si no, está mal reconocida, pero no es
posible que haya una obligación reconocida que no deba pagarse, y eso es
lo que ustedes dicen en la enmienda: Las obligaciones reconocidas en
contra de lo dispuesto en este artículo serán nulas de pleno derecho. Si
es en contra de lo dispuesto en ese artículo, no está bien reconocida, en
el supuesto de que ésa fuera la redacción de la Ley de Presupuestos, y en
ese caso no cabría hablar de obligación reconocida.

La enmienda número 61 deroga el artículo 64 de la actual Ley General
Presupuestaria y somete a los organismos autónomos al mismo régimen de la
Administración general, lo cual es un contrasentido en sus propios
términos. Habría que suprimir los organismos autónomos porque sí.

Sobre la enmienda número 62 ya le dije en Comisión que, a mi juicio, se
derivaba de un error de sus señorías, porque lo que ustedes añaden en su
enmienda es hacer una referencia a que el Gobierno informe a la Cámara de
las obligaciones contenidas en el número 2 de este artículo, y el número
2 habla de los suplementos de crédito en los créditos extraordinarios,
que son los que aprueba la Cámara, y difícilmente se puede aceptar que el
Gobierno informe a la Cámara de lo que la propia Cámara decide.

En cuanto a la enmienda número 63, nuestro compromiso es que el artículo
10 se cumpla en 1994.

Pero hay un principio de jerarquía normativa --casi de idoneidad-- que no
nos permite aceptar una enmienda que establece un procedimiento
especialmente anómalo de modificación de una norma legal y que, en este
sentido, restringe la propia capacidad de actuación del Parlamento.

En cuanto a la enmienda número 65, las tesis de su señoría sobre el
acuerdo al que llegó el INSALUD con las diferentes Comunidades Autónomas
con competencias exclusivas en materia de sanidad son conocidas; no
obstante, ésta es la última anualidad con la que se cumple aquel acuerdo,
que está firmado entre el INSALUD y diferentes Comunidades Autónomas y
que se firmó así porque existía especial interés en que cada
Administración Pública que hubiera incurrido en desviaciones de gasto
asumiera precisamente la responsabilidad última sobre esa desviación. Por
tanto, sería un contrasentido, no solamente político sino también
jurídico, aprobar ahora que el último plazo del préstamo --del que ya se
han librado las dos primeras anualidades, las dos terceras partes-- se
librara como aportación a fondo perdido. Incluso, sería un contrasentido
político porque acabaría por generar la sensación de que quien comete una
desviación de gasto en un Ejercicio presupuestario no tiene ninguna
responsabilidad sobre el mismo y, además, porque una aportación a fondo
perdido puede conseguir que ni siquiera figure como una anotación
contable en el presupuesto de explotación del organismo.

En resumidas cuentas, creo que sus enmiendas o bien pretenden, de una
manera parcial, la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos al
Gobierno, y no pueden ser aceptadas, o proponen modificaciones en las
que, aun pudiendo estar de acuerdo con la filosofía, en algún caso, sobre
la información presupuestaria, no son asumibles por razones técnicas; o,
técnicamente, no son asumibles porque lo único que producirían en la
Administración es una mayor complejidad sin incrementar, en paralelo, las
garantías de una correcta ejecución presupuestaria.




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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado
Martínez.

Turno de Portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.

Por lo que se ve, el debate, después del ritmo que le han imprimido los
Portavoces a lo largo de esta mañana y hasta primeras horas de la tarde,
parece que entra ya en sus horas de decaimiento, y entonces, se decide
dar un repaso enmienda por enmienda sacando de cada una de ellas algún
ejemplito, que aunque podría ser cierto en algunos casos y, por tanto,
habría que pulir determinadas cuestiones que se tratan en esas enmiendas,
por la complejidad --prácticamente la pesadumbre-- con que el Portavoz
socialista ve su aplicación nos encontramos con que no se pueden tocar
los Presupuestos porque nada se puede hacer (y yo, desde luego, actuaría
de esa forma). Es como si partiéramos de una situación satisfactoria en
la cual, ciertamente, hay que medir mucho lo que se trata de introducir
como cambio, pero se da la circunstancia, aunque no quiera debatir sobre
ello el Portavoz señor Granado, de que estos Presupuestos no se cumplen,
y llevamos muchos años de experiencia de desviación del gasto público, de
fuertes desplazamientos mediante operaciones de transferencia de crédito,
créditos ampliables, mediante incorporaciones de crédito, que indican una
mala calidad de presupuestación --supongo que eso sí me lo aceptará el
Portavoz socialista-- y, desde luego, unos resultados muy pobres en
cuanto a la ejecución.

Vistas así las cosas y agradeciéndole al Portavoz socialista que no me
haya recordado que nosotros decimos las mismas cosas que decíamos hace
unos años, porque siempre lo hace en todos los debates que tenemos
ocasión de entablar --incluyo yo, ahora, estoy diciendo las mismas cosas
que decía la semana pasada y, ciertamente, es bueno que sea así--
nosotros siempre hemos señalado, y llevamos años en ello, que es
necesario modificar la Ley General Presupuestaria; hemos hecho ofertas
concretas mediante proposiciones de ley de modificación de esta Ley;
hemos señalado que es necesario volver a un mecanismo de intervención
previa en la ejecución del gasto, que demostró eficacia y que los medios
técnicos actuales permiten que no sea, como jocosamente se ha dicho desde
el Gobierno, un procedimiento «de manguito»; también hemos señalado que
las transferencias de crédito, las ampliaciones de crédito, tienen que
reducirse a casos realmente extraordinarios y, por último, hemos dicho
también que las incorporaciones de crédito vulneran la temporalidad de
los Presupuestos. Creo que estas críticas están basadas en lo que está
siendo la ejecución presupuestaria, y parece mentira que esto se me diga
desde el Gobierno o desde el partido que sustenta al Gobierno cuando en
realidad estamos asistiendo a unas desviaciones del gasto público que,
vuelvo a repetir, en el año 1993 va a ser de 2,4 billones de pesetas
--nada más y nada menos--, desviación del gasto público que obligó a
abandonar precipitadamente, mediante Real Decreto-ley, el artículo diez,
que era la única barrera restrictiva que tenían los Presupuestos para
1993.

Pero es más, como ya señalara esta mañana el Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el artículo diez duró menos que un caramelo a la
puesta de un colegio; es que ni en 1990, ni en 1991, ni en 1992 se
respetó realmente el artículo diez, porque se recurrió al artilugio
contable de no registrar presupuestariamente operaciones que así tendrían
que figurar. Y volvemos otra vez al problema esencial: se están
contabilizando mal las operaciones, ustedes sabrán por qué; nosotros
pensamos que porque se quieren maquillar los resultados de déficit
presupuestario. Ahora quizá me diga usted que no, que es porque los
Ministros de turno consideraron que era la mejor forma de registrar las
operaciones; pero nos hemos encontrado con que en el año 1993 hay que
aflorar unos agujeros de más de 800.000 millones de pesetas, y que en los
años 1991 y 1992 a este país se le decía que podía seguir gastando con
alegría, que todo iba muy bien y que el déficit público se estaba
sujetando, y vuelvo a repetir: el déficit contable.

Repasando nuestras enmiendas y algunos de los ejemplos que se nos han
puesto por el Portavoz socialista, podría referirme al artículo diez. Por
ejemplo, se nos dice: cómo vamos a limitar una obligación que sea
reconocida, cómo la vamos a declarar nula de pleno derecho. Pues sí,
señor; nula de pleno derecho, igual que las leyes se declaran
inconstitucionales. Es decir, una vez que un instrumento, en este caso
financiero, ha sido puesto en marcha, si no responde a la legislación
vigente --por eso es tan importante la Intervención General, por eso es
tan importante la intervención previa de los actos que suponen gasto
público, para que no se den-- se declara nulo, porque tienen que venir
fundamentados en un proyecto de ley. Nosotros no nos negamos, sino todo
lo contrario, deseamos que se haga durante el ejercicio presupuestario,
en la Comisión de Presupuestos, que se debe reunir con frecuencia y,
además, con una competencia que permite aprobar proyectos de ley de
modificación de créditos o de creación de créditos nuevos; por tanto, no
hay ningún inconveniente en elevar o ampliar aquellas partidas que sean
realmente necesarias y no dejar conceptos como los



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créditos ampliables o, incluso, esta flexibilidad contable, en el
artículo diez.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, una buena
contabilidad en tiempo nos permitirá un menor déficit al final del año.

(Risas.)



El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, es muy apropiada su observación
en este debate. La verdad es que déficit lo tenemos todos de alguna
manera, pero el del Estado es más grave y, créame, así lo contemplamos
nosotros.

Dice que con nuestras enmiendas se crearía más burocracia, más
dificultades a la actuación del Estado. Pues bien, nosotros no pensamos
así; burocracia, desde luego, no, y si es el caso en alguna de ellas,
déla por retirada, porque no es ésa nuestra intención. Lo que sí
pretenden nuestras enmiendas es limar, reducir, esa flexibilidad y esa
discrecionalidad que el Gobierno lleva buscando desde hace muchos años, y
que se está dando a través de las leyes anuales de Presupuestos, para
gastar sin medida, y los resultados de ese gasto, en términos de
servicios públicos y en términos de infraestructuras, permítaseme que
diga que resultan bastante insatisfactorios.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.

Para turno de Portavoces, tiene la palabra el Senador Granado Martínez.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Perdóneme, Senador Utrera, por el cansancio que a estas horas del día
tengo, porque, en efecto, estoy cansado y a lo mejor eso ha podido
deprimir mi intervención en el debate; sin embargo, no se preocupe su
señoría porque ya me ha devuelto la adrenalina y le voy a decir algunas
de las cosas que no he querido decirle en la primera intervención, pero
se las tengo que decir.

No le voy a decir que ustedes siempre enmiendan lo mismo porque en esta
ocasión no es verdad. Lo que sí le puedo decir es que ustedes son como
los malos sacerdotes: no predican con el ejemplo. Quieren que el Gobierno
de la nación haga lo que no hacen ustedes cuando gobiernan en sus
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en los que ustedes se oponen a
declarar vinculante ni un solo concepto del Capítulo segundo, y, créame
que hablo con conocimiento de causa --le podría citar dos ejemplos, y uno
de ellos, como usted se imaginará es mi Comunidad Autónoma, donde no han
querido declararlo en el Proyecto de Presupuestos para 1994--; sin
embargo, al Gobierno de la nación le piden que declare vinculantes veinte
conceptos. Vamos a ver si conseguimos una cierta congruencia política y
llegamos a un acuerdo entre ustedes y nosotros para que en el año 1994,
en todas las Administraciones públicas, esos cuatro conceptos del
capítulo segundo se declaren vinculantes, y después vayamos progresando
si es una buen técnica presupuestaria.

Es verdad que hay que modificar la Ley General Presupuestaria, pero
también es verdad que hay que mantener esa modificación haciendo
congruentes y coherentes los principios de control, que tiene que ser lo
más riguroso posible, de la actividad financiera del Ejecutivo por parte
del Parlamento y el de eficacia en la gestión de fondos públicos, y no
podemos ser tan rigurosos con el control que seamos ineficaces.

Senador Utrera, si yo le digo a usted que con su enmienda no se pueden
hacer decretos de transferencia y usted no me contesta, si ya en Comisión
el Senador de su Grupo que intervino en el debate medio reconoció que era
cierto, y a pesar de todo aún la siguen manteniendo... ¡retírenla! Si
decimos en la Ley General Presupuestaria que las modificaciones de
crédito no pueden afectar a créditos ampliables, tenemos que añadir la
salvedad --que es lo que hacemos en el Proyecto de ley de Presupuestos de
este año-- de «salvo las de decretos de transferencia a las Comunidades
Autónomas». Estas son cosas de sentido común.

Otra de sus enmiendas es una corrección tan técnica y tan de matiz que
casi daría igual aprobársela que rechazársela, porque simplemente
proponen la supresión de una modificación a la Ley General Presupuestaria
que es una mera corrección, casi de estilo. ¡Qué quiere que le diga! En
este sentido, me parece que tan intransigentes somos los unos como los
otros.

Ustedes proponen que el Consejo de Ministros tenga que aprobar las
transferencias de crédito que hace el Ministerio de Economía y Hacienda
en función de los decretos de transferencia a las Comunidades Autónomas.

¿Pero qué sentido tiene eso si es un libramiento de fondos, si se ha
publicado antes en el «BOE» el decreto de transferencias? ¿O qué sentido
tiene que sea el Consejo de Ministros el que autorice las incorporaciones
de créditos del Ministerio de Defensa? Si hay una incorporación
automática, porque un crédito genera en sí mismo resultados, ¿qué
problema hay? Una cosa que no he querido señalarle en el debate anterior
pero que sí me gustaría que fuera objeto de consideración por parte de su
Grupo --y quiero que conste expresamente en el «Diario de Sesiones»-- es
que yo les vuelvo a pedir formalmente que retiren la enmienda número 224,
por la que proponen que se declare no ampliable el crédito del Fondo de
Ayuda al Desarrollo, los 80.000 millones de pesetas que, en créditos,
concede el Estado español a países del tercer mundo. Probablemente en la
formulación de su enmienda no estaba el deseo de que ese crédito no fuera
ampliable. Yo le dije al Senador Alierta en Comisión --y lo vuelvo a
reiterar aquí-- que nosotros compartimos parte de



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su filosofía con los créditos ampliables: hay que restringirlos, hay que
tener cuidado con ellos y tenemos que ir a un mayor control de los
mismos; pero en este caso han ido a proponer una enmienda que va a un
crédito que, con un mínimo de sensibilidad social, todos tenemos razones
sobradas para defender que pueda ser ampliable.

Les vuelvo a pedir formalmente que retiren esa enmienda, y espero de la
consideración de sus señorías que, si alguno de los argumentos de este
Senador han sido útiles, puedan retirar alguna otra para ahorrarnos
tiempo en la votación de las mismas aquí en el Pleno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.

(El señor Utrera Mora pide la palabra.)
¿Por qué artículo pide la palabra, Senador Utrera?



El señor UTRERA MORA: Por el artículo 87, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No sé si procede, pero tiene la
palabra por un minuto.




El señor UTRERA MORA: Señor presidente, muchas gracias, realmente da
gusto esta flexibilidad a la hora de otorgar la palabra y a la hora de
utilizarla. Voy a hacerlo muy brevemente en menos de un minuto.

Formalmente nos pide el portavoz socialista que retiremos una enmienda,
estando de acuerdo, además, con el espíritu de la misma en cuanto al
criterio general que persigue de limitación de créditos extraordinarios,
y he de decir que formalmente también nosotros rechazamos retirar esa
enmienda porque no tiene nada que ver.

Se acusa de falta de sensibilidad a un Gobierno que ha puesto la economía
española en la situación que la ha puesto y que además firma unos
acuerdos que yo creo que no va a poder cumplir en muchísimos años. Y
ahora se nos dice que es falta de sensibilidad que propongamos que no
sean ampliables unos créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo que están
dotados con 80.000 millones de pesetas, cuando nuestra posición es que,
caso de que tengan que ser rebasados, nosotros estamos perfectamente
dispuestos a un debate en este Parlamento, en esta Cámara concretamente,
para ver la necesidad de esos créditos y ampliarlos de la forma en que
hay que hacerlo, esto es, mediante un proyecto de ley.

Por tanto, formalmente está rechazada su petición.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Por la misma razón, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, por la misma e inadecuada
razón, porque no ha habido alusiones en el debate.

Simplemente voy a decirle al Senador Utrera que el Grupo Socialista
pedirá votación separada de esa enmienda, que espero que el resto de los
Grupos de la Cámara les dejen solos y que la votación de la misma sirva
para señalar cómo en el momento en que ustedes pueden tomar alguna
decisión en alguna dirección que pueda ser interpretada como más
solidaria o más participativa se niegan a hacerlo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.

Pasamos al Título II, artículos doce a veinte, y anexos V y VI.

Para la defensa de sus enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos presentado varias
enmiendas a este Título, si mal no recuerdo desde la número 815 a la 946,
divididas, al igual que en el Título I, en dos bloques. En el primero
tratamos de las retribuciones del personal docente, en coherencia con
nuestras reivindicaciones a lo largo de todos los Presupuestos, y en
otras partidas las expondremos más extensamente.

El otro bloque de enmiendas es acorde con las que hemos defendido en el
Título I al referirnos a ese impulso democrático: queremos conocer,
ahondar, profundizar en la transferencia de los dineros públicos.

Nosotros no llegamos a entender por qué ahora hay que llevar la
presentación de cuentas al Tribunal de Cuentas anualmente, cuando antes
se hacía mensualmente. Si alguien me lo pudiera explicar, incluso
podríamos retirar la enmienda. Tenemos bastante interés en que la Cuenta
General del Estado esté formada antes del 1.º de julio del año siguiente,
es decir, seis meses desde la ejecución del Presupuesto.

Un tema para nosotros muy interesante --que creo que contará con el apoyo
del Grupo mayoritario-- es que los Grupos Parlamentarios podamos tener
acceso directo a la contabilidad general del Estado mediante algo
parecido a una oficina presupuestaria dentro del Senado. El Grupo
Parlamentario que apoya al Gobierno tiene muchas más facilidades que el
resto de los Grupos a la hora de tener datos económicos. Se puede dar la
situación de que cualquier Grupo Parlamentario pida una información
económica y cuando la reciba la situación sea completamente diferente a
la que existía cundo la pidió. Por tanto, sería conveniente que los
Grupos Parlamentarios dispusieran de un sistema, el que fuera más
factible --en algunos sitios los portavoces



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utilizan tarjetas magnéticas--, para acceder a la información de la
contabilidad general; nuestra enmienda propone un terminal de ordenador.

Por último, también pedimos que junto a la liquidación de los
Presupuestos venga la liquidación de los anexos de inversiones, porque
queremos saber el grado de ejecución de los Presupuestos y de los planes.

Se dan situaciones bastante simpáticas --por no denominarlas de otra
forma-- en las que se presupuesta equis dinero en inversiones y una vez
terminado el Presupuesto nadie sabe qué cantidad de dinero se ha
invertido ni cómo van esas inversiones. Por tanto, para nosotros sería
muy interesante saber el grado de cumplimiento de las inversiones que el
Gobierno tiene proyectadas.

En definitiva, señor Presidente, y por economía de tiempo, para ayudar a
la crisis del Estado, lo que tratamos es de tener controlado, no por
desconfianza, sino por obligación, cómo se mueven los dineros públicos en
este país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.

Por parte del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra
el Senador Torrontegui.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.

Al artículo 13 nosotros hemos presentado nada menos que siete enmiendas,
lo cual quiere decir que alguna pega debe tener el artículo 13.

No obstante, como ya se han defendido, en la Comisión del Congreso,
después en el Pleno del Congreso, una vez más en la Comisión de
Presupuestos del Senado, y todas las explicaciones han sido rechazadas,
quizá añadiríamos algo más, simplemente para que conste en el «Diario de
Sesiones» que lo que pretendemos es, en uno de los casos, en la enmienda
número 1.287, incluir «la cuantía correspondiente a otros gastos se
abonará mensualmente a los Centros concertados...».

En la enmienda número 1.288 introducíamos un cambio de denominación, en
lugar del término «curso escolar» por el de «ejercicio económico», con el
fin de dar un sentido más de empresa a los centros concertados.

En la enmienda número 1.289 pretendemos suprimir el párrafo sexto del
apartado Uno del artículo 13 y sustituirlo por otro, en la enmienda
número 1.290, cuya redacción no pretendemos leer en este momento, ya que
duplicaríamos nuestras explicaciones.

Con la enmienda número 1.921 tratamos de sustituir «plan de estudios» por
«currículo», que es una denominación que se está utilizando
recientemente. Asimismo, «profesores de apoyo» sustituirlo por
«profesores».

En la enmienda número 1.293, referida también a las dotaciones de apoyo,
proponíamos modificar el término «dotaciones de apoyo» por «incrementos
de equipo docente».

Con esto doy por defendidas las enmiendas al artículo 13.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández Rozada.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias enmiendas
relacionadas con el artículo y con el Anexo V que en este acto intentará
conjuntamente defender.

Como es conocido, el articulado de los Presupuestos solamente tiene
artículos referidos a los centros concertados y a la distribución de los
módulos de dichos centros, junto con los créditos que se destinan a las
universidades del territorio MEC, cuyo programa ha devuelto el Grupo
Popular.

Hemos presentado un grupo de enmiendas referidas a los centros
concertados que pretenden mejorar el texto en los siguientes aspectos. Un
primer grupo de enmiendas pretende mejorar la calidad de aplicación de la
LOGSE por parte de los centros de iniciativa social, exigiendo, en primer
lugar, la participación de las organizaciones de titulares de dichos
centros en la implantación anticipada de la educación secundaria
obligatoria. En segundo término, la necesidad de incorporar profesores
especialistas en el segundo ciclo de la educación primaria, según
establece la LOGSE en su artículo 16 y, por último la sustitución del
término «plan de estudios» por el de «currículo», según indica la propia
LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

El segundo grupo de enmiendas versa sobre la partida «otros gastos», y se
refiere a los módulos económicos de conciertos, suprimiendo el apartado
uno del párrafo sexto, ya que no se ha llevado todavía a la práctica la
diversificación de esta partida que, si se realizara, podría suponer una
discriminación para algunos centros al descender la cantidad destinada a
estos gastos.

En segundo lugar, se pretende mantener la práctica habitual de abonar
mensualmente esta partida, que últimamente se viene retrasando, lo que
significa una pérdida real de dicha frecuencia de abono, que podría
colocar a algunos centros --y de hecho así está ocurriendo-- en una
situación financiera de gran dificultad.

Por último, para conseguir una eficaz utilización y destino de los
créditos dedicados a las partidas de gastos variables, entendemos que se
debe constituir, con las organizaciones de titulares de centros de
iniciativa social, una comisión de seguimiento para conocer y analizar la
utilización real que los mencionados centros



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realizan del susodicho crédito presupuestario, acción que consideramos se
debe ampliar incluso a las administraciones educativas competentes.

El tercer grupo de enmiendas se refiere a una correcta aplicación del
tercer acuerdo de centros afectados por la no renovación total o parcial
de conciertos, sustituyendo el término de «profesores de apoyo» por el de
«equipos docentes», también de conformidad con lo que dispone el
mencionado acuerdo, así como el establecimiento de la contratación de los
mismos a partir del programa de recolocación, que no ha de ser aplicable
a los equipos docentes de los centros ubicados en Barcelona, Ceuta y
Melilla.

Por último, en el Anexo V tenemos tres enmiendas que presentamos
referidas a la modificación de este Anexo, módulos económicos de
distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados.

En la primera de estas enmiendas queremos incrementar las partidas de
«otros gastos», para alcanzar un importe que permita a estos centros
cubrir los gastos reales que se realizan en dicha partida.

La segunda se refiere al incremento necesario para dotar de profesores de
idiomas, según indica la propia LOGSE, en el nivel de primaria.

Por último, la tercera enmienda, referida también a este Anexo V, esta
relacionado con el acuerdo de analogía suscrito con el MEC para el
profesorado de centros concertados, y dota a la partida de salarios de
personal docente con las cantidades adecuadas para que pueda cumplirse el
mencionado acuerdo.

Yo creo que la filosofía de fondo es conocida suficientemente y por ello,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, pido la aceptación a los demás
Grupos del conjunto de enmiendas que, referidas al Título II de esta Ley
y al Anexo V, acabo de defender.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Rozada.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado Martínez.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, simplemente deseo hacer una consideración
general sobre las enmiendas que Izquierda Unida mantiene a este Título
II, y es que alguna de estas enmiendas van en la misma dirección que las
del Grupo Popular, lo cual, a nuestro juicio, es un poco sorprendente, en
el sentido de reclamar más dinero para las enseñanzas privadas de nuestro
país. No entendemos muy bien cuál es el sentido de dichas enmiendas, y ya
se manifestó ese grado de perplejidad en el Congreso de los Diputados.

Otras enmiendas, técnicamente, son absolutamente contradictorias, incluso
con la propia justificación, porque el proyecto de Ley de Presupuestos
establece muy claramente para las sociedades y entes públicos estatales
dos tipos de tratamiento, según estén sometidos o no a la normativa
mercantil contable. En el caso de que estén sometidos a la Contabilidad
General del Estado deben rendir sus cuentas antes de 1.o de abril y, en
el segundo caso, como todas las sociedades, a 31 de agosto.

Ustedes anticipan el plazo de agosto, aproximadamente dos meses, hasta
1.o de julio --lo dejan en el 30 de junio--, pero llevan al 30 de junio
la contabilidad de todas las sociedades, con lo cual, hay sociedades
públicas que en estos momentos están rindiendo sus cuentas antes de 1.o
de abril que pasarían a rendirlas a 30 de junio, cuando ustedes lo que
quieren, según su justificación, es anticiparlas.

Por tanto, he de señalar que no podemos aceptarlas por este nivel de
contradicción.

En cuanto a las enmiendas coincidentes, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Popular, ya
hicimos en Comisión un debate a fondo sobre las mismas. En primer lugar,
quiero comentarle al Senador Fernández Rozada, que ese primer grupo de
enmiendas que él decía que hacen referencia a la participación de los
centros en la implantación de la educación secundaria obligatoria, la
ESO, no llegaron a presentarse en el Senado. Se presentaron en el
Congreso y fueron retiradas, y como sin duda, ha seguido la plantilla del
debate del Congreso, está defendiendo alguna enmienda que no existe en el
Senado.

En su conjunto las enmiendas planteadas por los dos Grupos hacen
referencia a varios problemas, todos ellos afectan al convenio que existe
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las patronales de la
enseñanza privada, e intentan la modificación unilateral del acuerdo.

Tratan de hacer una modificación en la terminología, sin añadir nada a
cambio: Qué más da currículo que plan de estudio --por cierto, currículo
ya está en el diccionario y debía haberse utilizado ese término y no el
latino currículum que significa otra cosa-- si el acuerdo habla de plan
de estudios. O qué más da que los profesores se llamen de una manera u
otra. La terminología profesores de apoyo es un término preciso que,
incluso, viene en los propios concursos de traslados del Ministerio de
Educación y Ciencia. Lo que sucede es que detrás de esas enmiendas hay
una intención oculta; los profesores de apoyo fue una figura que, dentro
del acuerdo, se creó para recoger al profesorado proveniente de los
centros cerrados a consecuencia de la reconversión y, entonces, esos
profesores eran colocados como profesores de apoyo. Ahora lo que se
pretende es que se llamen profesores y que formen parte de las plantillas
de los centros sin más; con lo cual se persigue incrementar las
plantillas que a cada centro le corresponde en función de sus módulos,
por esta vía



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un tanto torticera, porque hay centros en los que hay profesores de apoyo
y otros en los que no, y ambos tienen el mismo número de unidades, y
sucede que algunos de ellos estaban en provincias, donde había centros de
reconversión, y en otros casos no. Por tanto, no estamos de acuerdo con
las enmiendas porque crean una distorsión y una discriminación de unos
centros sobre otros.

Algunas de las otras enmiendas son también contradictorias con la propia
defensa que se ha hecho de las mismas. Por ejemplo, dicen que como la
LOGSE habla de que tiene que haber profesores de idiomas en la enseñanza
primaria, hace falta una partida nueva para los mismos. Lo que dice la
LOGSE es todo lo contrario: que en la enseñanza primaria sólo habrá
maestros dando clase, y dentro de los maestros hay una especialidad
determinada, que es la de idiomas. Y en los últimos años «a más a más»,
como diría un Senador del Grupo Catalán, lo que sucede es que se ha
formado a los profesores, de la enseñanza privada, que tenían otras
especialidades para que pudieran dar clases de idiomas y se ha venido
haciendo sin ningún problema, pero ni se han incrementado los horarios ni
las cargas a los centros, lo que ha cambiado ha sido la distribución
horaria: antes un solo profesor daba clase veinticinco horas a la semana
a un grupo de alumnos y ahora, dos o tres profesores les van a dar las
mismas veinticinco horas de clase, con lo cual algunos profesores, los de
idiomas, van a completar su jornada en diferentes grupos, pero no supone
un incremento de coste, porque el número de horas se mantiene fijo por
aula.

Lo mismo sucede con alguna enmienda que tiene un contenido más bien
técnico, por ejemplo, la que pretende que la cuantía correspondiente a
«otros gastos» se abone mensualmente a los centros. Lo que dice el
acuerdo del Ministerio con las Confederaciones de Enseñanza Privada es
que esa partida se librará trimestralmente. Y el Ministerio desde hace
dos años viene librándola mensualmente, por tanto, lo que ustedes piden
que se adicione es algo que el Ministerio ya viene haciendo, lo que
sucede es que lo libra a cuenta del libramiento definitivo que se hace a
final del trimestre.

Respecto a la sustitución del término curso escolar por el de ejercicio
económico, es un disparate. Ninguna Comunidad Autónoma con competencias
educativas tienen sustituido el término curso escolar por ejercicio
económico. Yo no sé por qué ustedes se empeñan en que el Gobierno haga
algo que no hace ni el Gobierno vasco, ni el gallego ni el catalán. Es un
absoluto contrasentido porque sus propios Grupos no parece que estén
dispuestos a poner en práctica este tipo de cuestiones cuando están
participando en el Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, pretenden que los titulares de los centros tengan una
comisión para analizar el uso que se hace del crédito presupuestario
denominado gastos variables. En realidad estos gastos variables son los
complementos no fijos del profesorado, los suplementos de dirección o la
antigüedad. Y qué sentido tiene que haya una comisión de centros para
discutir qué uso se hace del complemento de gastos variables, cuando
éstos están reglados y se pagan a cada funcionario en función del número
de años de antigüedad que tenga o de que sea o no director de un centro.

En ese sentido, debemos manifestar nuestra perplejidad ante el hecho de
que una reivindicación tan extemporánea, de la patronal de la enseñanza
privada, haya sido recogida por los dos Grupos y elevada al rango de
enmienda.

Respecto a la enmienda que hace referencia a las situaciones particulares
de Baleares, Ceuta y Melilla, hay que señalar que desde que se puso en
marcha el convenio, cada vez es mayor el número de centros que pueden
cubrir sus profesores de apoyo en virtud de los procesos de recolocación
y, desde este punto de vista, la enmienda pretende un cierto trato
excepcional que se da en la práctica pero cada vez con referencia a menor
número de docentes.

En cuanto a las enmiendas sobre el profesorado de apoyo, que en realidad
se reproducen en dos o tres artículos de la ley, no tienen sentido;
porque se podrá discutir si la plantilla que tienen los centros
concertados es o no suficiente, pero no si donde existen profesores de
apoyo tienen que incrementarse esas plantillas y donde no los haya, no;
eso sería un trato discriminatorio.

En lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Popular al Anexo V que
hacen referencia a un incremento de las dotaciones para la enseñanza
privada, se justifican, en primer lugar, diciendo que es necesario que
haya un profesorado de idiomas, y no hace falta; son los propios maestros
especializados en idiomas los que dan clase. Y, en segundo lugar, se
justifican en función del acuerdo de analogía. El acuerdo de analogía
está ya cumplido este año, en 1993, y en 1994 se mantiene en sus propios
términos sin necesidad de una nueva consignación presupuestaria. Y aquí,
si a los profesores de la enseñanza pública que durante muchos años han
tenido retribuciones muy superiores a los de la enseñanza privada, se les
va a considerar en 1994 como sujetos a congelación salarial, no nos
parece justo que a los profesores de enseñanza privada se les incremente
los salarios, cuando en 1993 ya han llegado a una cierta equiparación,
que no puede ser nunca plena, con los funcionarios o compañeros suyos que
dan clase en los centros públicos. Por estas razones vamos a rechazar
también esta enmienda.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado
Martínez.

En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Cuevas.




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El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo le diría al portavoz del PSOE que convivimos pacíficamente en este
hemiciclo pero que no nos meta a todos en el mismo saco, con todos los
respetos. Quiero decir que no interprete nuestras enmiendas en favor de
la enseñanza privada, no porque tengamos nada en contra de la misma, sino
porque sabe que ideológicamente no estamos muy de acuerdo con que reciba
algún tipo de subvención. Lo que nosotros planteamos, hay que decirlo con
toda sinceridad, y no se deben cambiar los términos, es el tema salarial
de los profesores. Usted compartirá conmigo el lema de a igual trabajo,
igual salario. Por tanto, eso es lo que pedimos en nuestras enmiendas, y
en ningún caso, aumentar la subvención a la enseñanza privada. Lo que sí
que solicitamos luego en otra Sección es que ustedes aumenten las
inversiones en enseñanza pública, pero esta cuestión ya la debatiremos.

Por tanto, no cambie usted los cables porque puede saltar la chispa.

En cualquier caso, veo que van a aprobar una de mis enmiendas porque no
se ha opuesto a ella, o quizá, como no tiene mucha importancia ni la ha
mencionado, es la que trata de que los Grupos Parlamentarios tengan un
acceso directo, dentro del impulso democrático, a la contabilidad general
del Estado. Porque como le decía, y aunque sabemos que cada tres meses se
nos liquidan las cuentas, hay ocasiones en que los Grupos Parlamentarios
necesitamos información de primera mano y la recibimos, por lo menos, de
quinta. Yo creo que además de elegir a los miembros del Consejo del Poder
Judicial o de Televisión, creo que la apertura y ese impulso democrático
también se debería ver reflejado en que los representantes de la voluntad
popular tuviéramos todos el mismo conocimiento de las cuentas del Estado,
el Grupo que sustenta y apoya al Gobierno y los que nos oponemos a ese
Gobierno.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.

Por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
¿quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Catalán? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo quiero indicar que cada año oímos los mismos argumentos, en el mismo
tipo de enmiendas ante los temas que nos ocupan ahora, especialmente en
el artículo trece y en el anexo V y que de forma continua y sistemática
son rechazadas nuestras enmiendas en una clara alusión a que estamos
pidiendo fondos para centros de iniciativa social o privados con un
carácter descalificador. Incluso, en esta ocasión llegando a decir que la
extrañeza es superior porque hay otros Grupos que coinciden con nosotros,
sin fijarse en el problema de fondo, la educación, que tendremos ocasión
de debatir en la Sección 18 y comentar. Por tanto, lamentamos que no haya
sido admitida nuestra enmienda como se deduce de la intervención del
portavoz Socialista y manifestamos que nos mantenemos en los mismos
términos y con la misma justificación pidiendo la aprobación de estas
enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Rozada.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para significar al Senador Cuevas dos cosas.

Evidentemente, si el Ministerio de Educación tiene que aportar mayores
recursos a los centros privados de enseñanza, como la suma del dinero
siempre es la misma, menos dinero irá a los centros públicos. Y señorías,
el acuerdo de analogía establece que un profesor de un centro privado de
enseñanza cobra en retribuciones iniciales el 95 por ciento de lo que
cobra un profesor de un centro público de enseñanza. Diría que en la
práctica esto supone una discriminación para el profesorado de los
centros públicos. Se lo digo con toda sinceridad. Un profesor de un
centro público de enseñanza ha aprobado una oposición en función de
criterios de mérito, capacidad, eficacia, conocimientos, etcétera, que se
ha desplazado dos o tres años fuera de su lugar de domicilio, destinado a
cumplir una determinada función, que ha soportado durante un año entero
ser considerado como profesor interino y después ha consolidado un puesto
en la administración; mientras que el profesorado de los centros privados
de enseñanza, que en la inmensa mayoría de los casos son extraordinarios
profesionales y cumplen su función tan bien como los públicos, no ha sido
seleccionado con esos criterios. Eso ustedes lo saben; lo sabe el Senador
Fernández Rozada, lo sabe el Senador Cuevas y todo el mundo en España. La
mayor parte de los centros privados de enseñanza en nuestro país
pertenecen a órdenes religiosas y es lógico que uno de los principales
criterios de selección de su profesorado sea la pertenencia a la orden.

Es legítimo y lógico, pero no es razonable que dicho profesorado
seleccionado con ese criterio cobre lo mismo que un profesor de un centro
público de enseñanza. Desde ese punto de vista, ¿qué sentido tiene que a
ese profesor que cobra ahora el 95 por ciento de aquellas retribuciones
se le suba el salario por encima de lo que va a cobrar su compañero de
centro público de enseñanza?



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Desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna congruencia, ni estamos
dispuestos a aceptarlo, porque, además, en la práctica ello supondría
quebrar el principio de analogía. Si esto fuera así, en coherencia,
deberíamos incrementar las retribuciones del profesorado de los centros
públicos, que es lo que pretenden sus señorías y, en este sentido sí
tiene cierta congruencia.

Al Senador Cuevas debo decirle que la Ley de Presupuestos --ya lo dijimos
en Comisión-- tampoco se puede convertir en una ley de información
presupuestaria. Evidentemente, algunos de los problemas que plantean sus
señorías tendrían su asiento adecuado a través de esa oficina
presupuestaria de la que se hablaba y que, con medios técnicos
suficientes, se conociera el devenir presupuestario día a día de la
Administración. Pero no es posible que pongamos una serie de listados
interminables de documentación en cada uno de los artículos de la Ley de
Presupuestos. Aproximadamente hay una veintena de artículos que ya tienen
la coletilla. Faltaría ponerla en todos los demás, pero no es posible que
incorporemos esa coletilla de que de todo lo que se expresa en el
artículo posteriormente se dé traslado a las Cortes Generales. Además de
no ser posible, ni es necesario, ni es útil. Lo que más bien necesitamos
son sistemas modernos de procesamiento de la información, como indicaba
su señoría, antes que grandes cajones de papel, que no tiene ningún
sentido. Pero lo que se propone en la enmienda más bien son los grandes
cajones de papel, porque la conexión informática, que también se sugiere
en algunas de las enmiendas de su señoría, es absolutamente imposible,
entre otras cosas porque los sistemas informáticos --de esto el Senador
Cercós sabe mucho y podría hablarnos con detalle-- son diferentes en los
distintos departamentos de la Administración y probablemente fuera
imposible llegar a ese nivel de conexión.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos al debate del Título III, artículos veintiuno a treinta y cinco.

Hay una primera enmienda del Grupo Parlamentario Popular formulada por el
Senador Cañellas Fons y otros señores Senadores, para cuya defensa tiene
la palabra su señoría.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Defenderé todas ellas.

El Grupo Popular ha presentado un veto a todo el Título y una serie de
enmiendas parciales, las números 81 a 116, y, además, esa que ha citado
el señor Presidente, la 1.567.

El veto al Título se basa en una razón fundamental...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, me tiene que perdonar un
momento.

Por una razón de procedimiento, le he dado la palabra antes que al
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, pero la primera enmienda,
teóricamente, no la puede defender usted, dado que no es uno de los
firmantes y, por tanto, la acumulará en su turno.

Si me permite, debido a mi falta de experiencia, pediría que tuviera la
palabra en estos momentos el Senador Cuevas para defender sus enmiendas y
posteriormente la tendrá su señoría. (Asentimiento.)
Muchas gracias por su comprensión.

Tiene la palabra el señor Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En cualquier caso, no hubiera tenido ningún problema en esperar. Así
descansaba un poco.

Nosotros tenemos la impresión, y creo que toda la sociedad, de que el
Gobierno cree que al final --como decía esta tarde el señor Ministro al
hablar de la reducción del déficit público-- va a poder reducir éste
congelando el salario de los funcionarios públicos y de los trabajadores
en general. Sin embargo, creo que el Gobierno tiene un binomio
equivocado, por lo menos en esta época, dado que quiere asimilar la
congelación de salarios a mayor número de empleos. Esa filosofía no es
cierta, congelación de salarios no equivale a más empleos. El año que va
a terminar el día 31 de diciembre nos ha dado ya los resultados: una
reducción importante en los salarios de los funcionarios y de los
trabajadores en general. Si las estadísticas del propio Gobierno no son
falsas, resulta que con recortes salariales en los dos sectores, en el
público y en el privado, el paro ha aumentado. Por tanto, creo que es un
binomio equivocado y que no se puede hacer cargar la crisis económica o
el déficit público, como consecuencia de una mala política económica,
sobre las espaldas de los funcionarios y los trabajadores en general.

Además, creo que se utiliza en sentido perverso la palabra igualdad,
porque no es igual la congelación de salario para un funcionario que
cobra 500.000 pesetas que para uno que gana 80.000. Por tanto, ese
sentido perverso de la palabra igualdad no dice mucho a favor de un
Gobierno progresista.

Tampoco creo que se pueda reducir el déficit público, como pretende el
Gobierno en esta ocasión, porque parece que el mal de este país son los
salarios y no otras cosas, a costa de recortar conquistas sociales que se
han obtenido a través de negociaciones colectivas y que ahora el
Gobierno, vía Presupuestos y recomendaciones, parece que las quiere
borrar de un plumazo. De ahí viene que el día 27 de enero --aunque sea
reiterativo-- tengamos lo que vamos a tener: una buena huelga general,
que, además, va a ser secundada significativamente.

Pero, incluso, en mi opinión, en la de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con la norma de los Presupuestos se vulnera el principio de
autonomía. Sé que alguien



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en la réplica me contestará --porque en algún sitio lo he leído-- que los
ayuntamientos y las Comunidades Autónomas ya tienen mecanismos para
reequilibrar el salario. Eso es como incitar a las Comunidades Autónomas
a que hagan un poco de trampa. A los ayuntamientos ya no les vale, porque
las propias Comunidades Autónomas dependientes del Gobierno, dependientes
del color político del Gobierno, han previsto sancionar a aquellos
ayuntamientos que acuerden convenios por encima de lo que el Gobierno
marca en sus Presupuestos. Por tanto, que no se diga que los
ayuntamientos y las Comunidades Autónomas pueden hacer un pequeño truco,
porque sería de mal gusto incitar a los ayuntamientos y a las Comunidades
Autónomas a que hicieran trampa.

En este sentido se han presentado las enmiendas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya que espero que tengan buena acogida por
parte del Grupo de la mayoría y por el resto de los Grupos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.

Para defender las enmiendas números 80 a 116, tiene la palabra el Senador
Espert.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, decía hace un momento que hemos presentado un veto a la
totalidad del Título III, la enmienda número 80, y que vamos a defender
conjuntamente las restantes enmiendas haciendo una pequeña referencia a
la número 1.116 de mis compañeros de las islas Baleares.

La razón fundamental en la que basamos el veto al Título III es que no
podemos compartir la política retributiva contenida en el articulado de
este Título, y creo que nadie puede hacerlo sin convertirse en cómplice o
encubridor de la calumnia que subliminalmente subyace en esta política
retributiva: la de responsabilizar a los funcionarios y empleados al
servicio de las Administraciones públicas del déficit público. Porque en
definitiva es lo que hace. No pueden negar la necesidad de atajar el
gasto público, de reducir el déficit, pero las únicas soluciones que
apuntan estas normas, y en general los presupuestos, se reducen a
congelar las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones públicas, o bien, como medida de acompañamiento, a
adoptar unas medidas de reordenación y reasignación de los efectivos, que
suponen, sin entrar ahora a discutirlas, una preocupación añadida para
los funcionarios y personal de las Administraciones a aquella congelación
salarial.

No podemos cargar sobre el personal al servicio de las Administraciones
públicas las consecuencias de la crisis ni el descontrol del déficit
público. Habrá que buscar otras razones, como puede ser una mala gestión,
los fraudes o el gasto corriente incontrolado. Pero no podemos condenar
al sector público frente al sector privado a una congelación salarial que
supone una progresiva pérdida de poder adquisitivo.

No hay un gesto fuera de esa congelación o el sacrificio que se pide a
pensionistas y a parados que refleje la intención de austeridad por parte
del Gobierno, austeridad que debía haber sido ejemplarizadora para
poderles pedir a aquéllos ese sacrificio. Y máxime cuando se siguen
manteniendo en este Título preceptos que mi Grupo ha criticado años tras
año y que permiten válvulas de escape a las normas restrictivas de los
incrementos salariales, o a la discrecionalidad que muchas veces se
convierte en arbitrariedad en la aplicación de esas normas.

No voy a enumerar una por una las enmiendas sino más bien voy a hacer un
breve recorrido del contenido o concepto que perseguimos con ellas. En
primer lugar, están aquellas enmiendas con las que pretendemos evitar la
congelación salarial para los funcionarios y empleados al servicio de las
Administraciones públicas, no a los Altos cargos, porque ahí sí que somos
tajantes: congelación total a los Altos cargos de la Administración.

En una serie de enmiendas pedimos un incremento de las retribuciones
básicas del 3,5 por ciento y ampliamos ese mismo criterio retributivo
para que tengan un tratamiento similar a todos los servidores de las
Administraciones públicas, aunque no estén incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, como puede ser Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, personal estatutario de la Seguridad Social,
sanitarios locales, miembros de la carrera judicial y fiscal, etcétera.

Al mismo tiempo, enmendamos la tabla de los complementos de destino con
una escala variable que va del 3,5 para los escalones inferiores al
incremento cero para los puestos con nivel 26 a 30.

Hay otra serie de enmiendas, señorías, que pretenden evitar la
posibilidad de burlar esas restricciones a los incrementos retributivos,
si no rectifican --y aún están a tiempo, señores socialistas-- la
congelación que ustedes proponen en este Título, en perjuicio, nos
tememos, de los menos favorecidos, como ocurre siempre.

Queremos evitar también la excesiva discrecionalidad, porque --como hemos
apuntado antes-- esa posibilidad de discrecionalidad en la aplicación de
las normas puede conducir muchas veces a la arbitrariedad que ya es
injusticia, es ilegalidad.

Por ello proponemos el límite de las retribuciones de Altos cargos, que
no pueden superar, en virtud de determinados complementos, la retribución
de un Secretario de Estado.

Pedimos la supresión del número tres del artículo veintiuno, que
excepciona de la congelación las adecuaciones retributivas que con
carácter singular y excepcional



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resulten imprescindibles en determinados supuestos, porque aquí entra la
discrecionalidad. ¿Quién juzga de ese carácter imprescindible de
determinadas modificaciones? Proponemos la inclusión en la congelación de
las retribuciones de los Altos Cargos de Entes públicos y de sociedades
participadas mayoritariamente por el Estado o las Administraciones
públicas, así como la eliminación de pólizas de seguros, contratos
blindados, contratos fuera de convenio, etcétera.

Proponemos, asimismo, la eliminación de la potestad del Ministerio de
Economía y Hacienda de modificar la cuantía de los créditos destinados a
los complementos de dedicación especial de las Fuerzas Armadas; y en la
enmienda número 1.567 proponemos incluir en el último apartado del
artículo Veintiuno.Uno, como integrantes del sector público a que afecta
dicho artículo, a las empresas mercantiles cuyo capital pertenezca
íntegramente al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades
Locales.

En las enmiendas números 84 y 85, señorías, nos limitamos a pedir la
supresión del número cuatro del artículo veintiuno, por entender que es
una mala ubicación, ya que debía estar entre las disposiciones que
regulan la oferta de empleo público. Subsidiariamente, nuestra enmienda
número 85 va destinada a variar su texto en el sentido de añadir que ese
supuesto excepcional de convocatorias de plazas para ingreso de nuevo
personal se reduzca o se constriña para que exista un expediente previo
que permita decidir que es imposible cubrir estos puestos por medio del
procedimiento de promoción interna.

Finalmente, señorías --y ya termino-- proponemos la supresión de los
artículos treinta y cuatro y treinta y cinco del Proyecto. Del artículo
treinta y cuatro porque supone una injerencia en lo que debe ser esencial
o básico en la negociación colectiva: la libertad de las partes y la
libertad para la formación de la voluntad negociadora de las partes.

Entendemos que cobran en este precepto aquellas referencias que se hacen
a una práctica que yo creo que hasta la Administración socialista ha
manifestado en ocasiones que está dispuesta a desterrar: los contratos
fuera de convenio y las situaciones individualizadas fuera de los mismos
convenios.

Finalmente, pedimos la supresión del artículo treinta y cinco porque
entendemos que supone una desvirtuación presupuestaria desde el momento
en que, con cargo al Capítulo VI, pueden figurar créditos que en realidad
debían estar en el Capítulo I. Y no se me puede argumentar que la
agilidad necesaria para aquellas obras que ha de ejecutar directamente la
propia Administración exige la posibilidad de contratar personal que,
lógicamente, se presupueste en estas partidas de inversiones reales en
lugar de en el Capítulo I. Entendemos que desvirtúa totalmente un
presupuesto, porque la ratio entre gastos corrientes y gastos de personal
queda modificada por estas contrataciones laborales que se incluyen en
inversiones reales.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.

Para un turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, antes de entrar a dar respuesta puntual a los dos
portavoces que han intervenido en este título, me gustaría hacer algún
tipo de consideración previa sobre todo porque el propio carácter del
título, tan ligado a lo que es la situación económica actual de crisis
hace que, en algunos momentos, podamos ser reiterativos respecto de lo
que ha sido el debate de totalidad. Quisiera hacer alguna reflexión
general en este sentido, que, como es lógico, va a coincidir en lo que es
la valoración global relativa a la intervención del Senador Cuevas y la
del Senador Espert, en cuanto a que la contención del gasto público,
evidentemente, es uno de los objetivos prioritarios para este Gobierno
que, además, es compartido sin duda alguna por todos los grupos de la
Cámara y ahí viene quizá la puntualización que diferencia a mi Grupo del
resto de los grupos, al menos de los dos que han intervenido en la
siguiente línea.

Senador Cuevas, no es verdad que sea un binomio, retribución
salarial-gasto público, contención del gasto público a base,
exclusivamente, de la congelación --llamémoslo así-- de las retribuciones
salariales de los empleados del sector público, puesto que este Gobierno
--e incluso ustedes y algún otro grupo de la Cámara lo ha cuestionado--
está tomando muchas medidas --las propias medidas de la ley llamada en
términos coloquiales de acompañamiento-- y algunas otras medidas que
recogen en todo el articulado de la ley. Por tanto, aunque sólo sea
porque mi profesión está bastante ligada a los binomios, le indicaré que,
si acaso, hay un extenso polinomio de actuaciones por parte del Gobierno
socialista para contener el gasto público, y uno de ellos, evidentemente,
por el volumen que suponen las retribuciones de los empleados públicos,
es sin duda necesario e imprescindible en este criterio.

Señoría, no se han roto todos los logros conseguidos por los funcionarios
públicos. No me gustaría esgrimir una vez más ese argumento que durante
años, hasta 1982, la masa salarial de los funcionarios públicos ha venido
manteniendo unas subidas muy superiores a las inflación y, además, en una
situación de expansión económica de la que hoy no goza este país ni el
resto de los países de nuestro entorno y de todo el mundo. En
consecuencia, esperamos y deseamos que éstas no sean



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nada más que medidas de carácter transitorio y que pronto volvamos a esa
senda de crecimiento que nos ha permitido, de alguna manera, trabajar
porque los funcionarios públicos --trabajadores laborales o funcionarios
al servicio del sector público-- vean subir sus retribuciones de acuerdo,
como mínimo, con el IPC.

Señoría, yo no puedo decirle que una argucia sería echar mano --por
utilizar los mismos términos coloquiales en los que usted ha
intervenido-- a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Difícilmente.

El artículo veintiuno recoge la obligatoriedad de que los entes
territoriales que no son el Gobierno central apliquen estos mismos
criterios de congelación para sus empleados públicos. De hecho, ha
supuesto alguna enmienda por parte de algún grupo y, por consiguiente,
ése no será el argumento que mi Grupo empleará.

El Senador Espert hace una apreciación que, si no es grave, sí que me
preocupa. Señoría, usted y su Grupo están utilizando constantemente
epítetos y calificativos --el de hoy ha sido calumnia, el otro día fue
chantaje-- porque dicen que responsabilizamos a los funcionarios de
déficit público. Nada más lejos de la intención de este Gobierno, y nada
más lejos de la intención de este Grupo Socialista que responsabilizar a
los funcionarios. Nosotros, en este momento, no estamos buscando
culpables, estamos tratando de dar soluciones a una situación de crisis.

Entiendo perfectamente que su Grupo busque culpables, pero no trate de
echar sobre nosotros esa responsabilidad. Pero decía que me preocupa, si
bien puede que no sea grave, que se esté hablando por parte de su Grupo
de que la política retributiva es una moneda de cambio por la cual, si el
Estado gana, los funcionarios pierden. Y me preocupa porque eso es malo
para la sociedad y es malo para todos, porque cuando las cuentas del
Estado no cuadran, señorías, no pierde el Estado, no pierde sólo la
Hacienda Pública, pierden también mucho los funcionarios, los empleados
del sector público y el resto de la sociedad a la que estos funcionarios
sirven. Consecuentemente, creo que su señoría y su Grupo deberían ser por
lo menos cuidadosos a la hora de utilizar este argumento.

Respecto de las enmiendas ya más puntuales que ha ido planteando su
señoría, en concreto las relativas a todo lo que son incrementos de las
retribuciones de los empleados del sector público, sea el colectivo que
sea, he de indicarle que mi Grupo, como puede haber deducido de la
primera intervención y de la reflexión general, va a rechazarlas.

Ahora bien, usted ha planteado otro grupo de enmiendas basadas en una
cierta discrecionalidad que podía acabar rayando en la arbitrariedad. Con
carácter general, su señoría, como es obvio, puede tener, no me gustaría
llamarle desconfianza, pero sí algún tipo de recelo hacia a algunas
excepcionalidades que se recogen en los artículos de presupuesto que
facultan a la Administración para dotarla de agilidad y de eficacia.

Entiendo que puedan ser para su señoría, por lo menos, motivo de recelo.

Pero quiero despejar todos esos recelos. Creía haberle despejado algunos
de ellos en Comisión, pero no importa: redundaré en mi argumento. Por
ejemplo, cuando plantea aspectos relativos a los llamados contratos
blindados, le diré que no fue el Grupo Socialista ni el Gobierno
socialista el inventor de estos contratos, pero quisiera hacerle una
reflexión, porque ésta es una cuestión que preocupa muchísimo a mi Grupo,
como creo que a todos los grupos de la Cámara. En primer lugar, porque el
régimen de los altos cargos de las empresas públicas ha sido más próximo
al sector privado que a la propia Administración y, a veces, en aras de
ese mecanismo de trabajo o de su organización, se ha podido facultar para
que también existan indemnizaciones, algunas veces excesivamente
cuantiosas y que suponen por lo menos una preocupación para mi Grupo. Tan
es así, que su señoría conoce perfectamente no sólo la valoración que
hizo el Ministro Solbes en agosto y las declaraciones que hemos ido
haciendo a lo largo de estos meses en la Cámara, sino el último acuerdo
del pasado Consejo de Ministros, que pone el primer elemento de salida a
los mismos. Señorías, los altos cargos están catalogados como
funcionarios del grupo A, por tanto, se rigen por la Ley 30/1984. Llevan
congelados exactamente el mismo tiempo que el resto de los funcionarios.

Es más, recuerdo perfectamente --y usted lo conocerá--, porque fui
ponente de esta ley en el Congreso en el ejercicio de 1992, que en el
complemento de productividad también sufrieron una reducción del 10 por
ciento, que supuso, inicialmente, una importante cantidad a ese nivel.

Su señoría planteaba otro grupo de enmiendas que creo recordar que las
evaluaba en el sentido de poner límites de tipo administrativo, como
ocurre con la enmienda número 83 al artículo veintiuno. Tres, en la que
reclaman, de alguna manera, que en la oferta de empleo público exista un
preceptivo expediente administrativo. Señoría, si en el artículo
veintiuno no obligamos al resto de las corporaciones, de los Entes
Territoriales, a hacer esto, resultaría que la Administración Central no
tendría ningún elemento de control, y sería papel mojado, para poder
acreditar que esto tiene una viabilidad en el resto de las
Administraciones. Consecuentemente, no parece acertado hacer este tipo de
actuación.

Por otra parte, su señoría también hablaba de limitar las retribuciones
de los Subsecretarios y Directores Generales. Señoría, todos los
Subsecretarios cobran igual; también han sufrido, como el resto de los
altos cargos, como los propios Diputados y Senadores que estamos en las
Cámaras, la congelación a la que nos hemos referido, pero sí es verdad
que los Directores Generales tienen unas retribuciones distintas entre
sí,



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básicamente fruto de que desempeñan puestos en Ministerios que están
mucho más ligados a competencias específicas distintas, con mayores
responsabilidades, distintas funciones. Por tanto, no parece malo que
sean los respectivos Ministerios quienes, en función de esos criterios,
asignen los distintos --yo creo que con carácter positivo-- complementos
de productividad.

Su señoría también señalaba que el artículo treinta y cuatro dejaba sin
contenido el derecho de negociación colectiva e impedía la fijación de
incrementos salariales con carácter plurianual. El artículo treinta y
cuatro establece una serie de instrumentos para el personal laboral no
funcionario, que además tiene un carácter que en ningún caso debiéramos
abandonar porque los Presupuestos Generales del Estado son una garantía
para poder dar un comportamiento negociador a estos trabajadores.

Señorías, yo creo que no es malo --y usted coincidirá conmigo,
independientemente de lo que recoge la propia Constitución-- que la
planificación en general de la actividad económica corresponda al Estado,
y ésta es la mejor ley para hacerlo. Por tanto, no parece que este tipo
de actuaciones del Gobierno vayan encaminadas precisamente a romper la
negociación colectiva, todo lo contrario; no sólo no la dejan sin
derecho, sino que establece los instrumentos para que el personal laboral
no funcionario en ningún caso se encuentre desatendido.

Por último, la enmienda número 116 al artículo treinta y cinco pretende
suprimir este artículo, que trata de las contrataciones de personal con
cargo a créditos de inversiones. Señorías, ya se lo argumenté en la
Comisión; no se trata de contratos eventuales; son contratos para
realizar inversiones y servicios con carácter temporal, y eso hace que no
se puedan cuantificar exhaustivamente. Los créditos sí lo están, pero en
función de cada uno de esos programas. Aunque el montante total de los
créditos figure así, señoría, se puede hacer la organización de ese
trabajo y de las retribuciones que al respecto surgen. Por tanto, trata
de dar agilidad a la Administración en este tipo de contratación y,
además, su señoría sabe perfectamente que genera empleo, que es uno de
los objetivos prioritarios y de las necesidades que en este momento
nuestro país, nuestros ciudadanos reclaman de todos los componentes de
estas Cámaras, que son sus servidores públicos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senadora Pleguezuelos.

Pasamos al turno de portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En principio, voy a hacer una aclaración porque, a lo mejor, me he
expresado mal. Quise decir que el Gobierno había tomado buena nota de un
binomio que parece que le ha fallado, y que consistía en lo siguiente: si
en el año 1993 reducimos los salarios de los funcionarios y de los
empleados públicos, generaremos empleo. Yo digo que el Gobierno se ha
equivocado, por lo menos según dicen las encuestas. El año pasado los
funcionarios y los trabajadores en general perdieron poder adquisitivo, y
ahí están las estadísticas del propio Gobierno. Sin embargo, a pesar de
haber perdido poder adquisitivo, no se ha generado empleo. Por tanto, en
nuestra opinión, es un binomio equivocado.

Me van a permitir que me reitere muchas cosas en esta Cámara, porque,
lógicamente, el discurso de un veto atraviesa todo el presupuesto. Por
tanto, voy a hablar de la huelga general siempre que se aluda a las
prestaciones sociales, y creo que nadie se va a enfadar por eso. Además,
creo que también la va a secundar alguien de aquellos bancos.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no se opone al recorte del gasto
público. En mi intervención he dicho que hemos criticado estos
presupuestos precisamente porque el Gobierno ha empezado a quitar
hegemonía al papel que el Estado tiene para jugar para generar riqueza.

Ahora bien, gasto público por gasto público, no; recorte del gasto
público en los salarios, no; recorte del gasto público en obras de
infraestructura e inversiones, no; gasto público por derrochar, tampoco.

Habrá gente que se oponga al gasto público, pero en Izquierda Unida nos
oponemos al gasto público irracional, que es el que se ha estado
realizando hasta ahora. No nos vamos a oponer, lógicamente, porque creo
que compartimos la misma ideología, al gasto público racional.

Tengo la impresión de que el Gobierno, y lo digo sin ningún tipo de
maldad, de un tiempo a esta parte ha utilizado los presupuestos para
insinuar a la parte laboral, a la parte privada, cómo tienen que ser los
salarios. En cuanto a las medidas que toma respecto de la parte pública,
me recuerdan a aquellos laudos que ustedes en su posición y yo en la mía
defendíamos antes, hace mucho tiempo, afortunadamente, cuando había un
Gobierno que resolvía los conflictos laborales a través de un laudo. Yo
tengo esa impresión, porque me recuerda a eso, y por ello comparo los
gobiernos. Cuando el Gobierno hace esto me recuerda a aquellos laudos
porque parece que tiene miedo a negociar con los sindicatos. Yo recuerdo
que cuando se estaba tramitando este proyecto de ley en el Congreso de
los Diputados el propio Gobierno reconocía que podía negociar con los
sindicatos el salario de los funcionarios y del personal laboral. Pero, a
continuación, añadía que negociaría si esto entraba en el pacto de
rentas, haciendo una especie dechantaje simpático --tómense la palabra
«chantaje» en plan simpático, no en otro plan--; con lo cual, el Gobierno
estaba reconociendo que si no se entraba



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por el tubo, iba a imponer el laudo a través de los presupuestos, cosa
que a mí, por lo menos, me preocupa. Insisto en que el Gobierno en esta
ocasión no ha tenido voluntad de negociar los salarios con los sindicatos
ni con los funcionarios. Y la realidad es que a los funcionarios se les
impuso el año pasado una pequeña congelación, y este año una congelación
tipo Siberia; a tope. El Gobierno acude, entre otras cosas, a la
congelación salarial para reducir el déficit público. Además, esto lo ha
justificado el propio Gobierno. Recuerdo que, no hace mucho, el Ministro
de Economía --que estaba aquí hace unos momentos-- justificaba la
congelación salarial en dos direcciones; en primer lugar --ésta es mi
interpretación--, quería poner una pantalla entre los ciudadanos y los
funcionarios, y decía: ¿Por qué a los funcionarios no se les va a
congelar el sueldo y a los trabajadores normales sí?, cosa que me parece
mal. Yo creo que cada trabajador y cada funcionario tiene derecho a
negociar su salario, tienen derecho constitucional a ello. Dice la
Constitución que las partes negociarán su salario. El Gobierno no tiene
por qué intervenir, salvo con los funcionarios, puesto que ejerce de
patronal. Esa es la contradicción que se da: cuando se está en una idea
política en la oposición, se ejerce una función, pero si en esa misma
idea se está en la patronal, la idea ya cambia. Esas son las
contradicciones que se producen según se esté en un sitio o en otro.

Afortunadamente para nosotros, todavía no tenemos esa contradicción,
aunque ojalá la tengamos pronto.

Me reitero en lo que acabo de decir. El Gobierno ha utilizado la no
negociación con los trabajadores para intentar reducir el déficit
público. Antes he dicho que el propio Ministro de Economía decía en la
televisión --por lo menos en la que yo veo-- que uno de los elementos
fundamentales era pedirles solidaridad a los funcionarios respecto de la
crisis, pero no una solidaridad pactada, sino impuesta, y la solidaridad
impuesta al final acaba mal, como va a acabar bien la huelga general del
27 de enero.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.

¿Desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Desea intervenir el Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Espert.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Gracias, señor Presidente. Voy a
procurar ser muy breve.

Senadora Pleguezuelos, ya sé que en Comisión yo defendí las enmiendas
desde un punto de vista muy parecido al actual y que usted me contestó
asimismo en un sentido similar. Las razones son las mismas: no me
convenció entonces y tengo que seguir manteniendo las enmiendas porque no
me ha dado una razón satisfactoria que me permita justificar la retirada
de las mismas.

Usted dice que les acusamos de calumnia. Nosotros no acusamos.

Simplemente decimos que quien defienda el sistema retributivo contenido
en el Título III se hace partícipe de la calumnia que supone imputar a
los desempleados y a los funcionarios el déficit o el hecho de que el
gasto público se haya disparado. Porque ni en los presupuestos en su
conjunto ni en las medidas que ustedes adoptan vemos que haya una
restricción; no vemos que haya unas limitaciones o unas normas de control
del gasto público que hagan suponer unas medidas que lleven implícito ese
control. Luego lo que nosotros decimos es lo siguiente: ustedes están
acusando indirectamente a los funcionarios públicos de ser en parte
responsables de ese excesivo gasto público.

Por otra parte, nosotros no siempre estamos buscando culpables, pero, si
los buscáramos, donde no podríamos encontrar culpable alguno de la
situación actual de déficit y de exceso de gasto público sería entre los
Senadores que se sientan en esta parte del hemiciclo. De eso no cabe
duda.

Usted dice que no hay que atender al binomio sino al polinomio, y que hay
otras muchas razones. Pues muy bien. Usted sabe que en una enmienda, la
número 208, hemos propuesto una reducción considerable de gasto público
--que yo calificaría de ejemplarizadora--, que permitiera al Gobierno,
cargándose de razón, pedir a funcionarios, a jubilados y a desempleados
el sacrificio que ahora se les pide. Nosotros pedíamos reducciones
importantes, no inferiores al 70, en las partidas de publicidad y
propaganda; no inferiores al 50 por ciento en atenciones protocolarias y
representativas, y no inferiores al 70 por ciento en estudios y trabajos
técnicos, que admiten perfectamente esa reducción, porque la mayoría de
esos trabajos, que además se contratan directamente, pueden ser
realizados por personal al servicio de las administraciones públicas sin
costo añadido para las mismas. Ahí es donde queremos ver el ejemplo de
austeridad y control del gasto.

No me vuelva a repetir, porque no me había convencido, el argumento de
que hasta el pasado ejercicio las retribuciones de los funcionarios
habían rebasado incluso la inflación. Si hacemos una comparación entre
los años 1984 y 1993, podemos ver que las retribuciones medias de los
funcionarios han subido un 49 por ciento.

En el mismo período de tiempo, el IPC ha aumentado un 71 por ciento y el
salario mínimo interprofesional se ha incrementado en un 68 por ciento.

Por tanto, dígame su señoría si han perdido o no poder adquisitivo las
retribuciones de los funcionarios.

Ustedes dicen que ya están congeladas las retribuciones



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de los altos cargos de los Entes públicos y de las sociedades
participadas mayoritariamente por el Estado o por dichos Entes, pero no
es así. Muchas de nuestras enmiendas están dirigidas, precisamente, a
conseguir esa ampliación. A este respecto, creo que fue en el último
Consejo de Ministros donde se dijo expresamente que la congelación
también se aplicaría a estos altos cargos. De todas formas, si las
enmiendas que ha presentado el Grupo Popular tienen su efecto, aunque sea
a posteriori, nos daremos por satisfechos.

Por otra parte, presentamos una enmienda en la que proponemos la
supresión del artículo veintiuno, apartado cuatro, exigiendo un
expediente previo para determinar si las plazas que se considera
imprescindible convocar no pueden ser antes cubiertas por la vía de la
promoción interna. No sé si he comprendido bien a su señoría, pero me ha
parecido entender que, en tal caso, la Administración del Estado estaría
sometida a un corsé que no se aplicaría a las administraciones de ámbito
territorial inferior. Sinceramente, entiendo que eso no es así, ya que el
apartado uno del artículo veintiuno señala: A efectos de lo establecido
en el presente artículo, constituyen el sector público: b) Las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y los Organismos de ellas
dependientes. c) Las Corporaciones Locales y Organismos de ellas
dependientes, etcétera.

Al hilo de esto, voy a referirme a una enmienda que antes no he
mencionado, y que también se da por defendida, en la que se solicita la
supresión del apartado cinco del artículo veintiuno, que hace una
referencia incómoda para las entidades territoriales de ámbito inferior
al Estado al indicar que en las Leyes de Presupuestos de las Comunidades
Autónomas y en los Presupuestos de las Corporaciones Locales se
incorporen estas mismas normas, cuando es totalmente innecesario --y con
esto termino, señor Presidente, dándole las gracias por su generosidad--,
por lo que antes he indicado, porque ya están incluidas en el apartado
uno.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.

En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Voy a contestar al Senador Cuevas, utilizando en algún momento los mismos
argumentos para referirme al señor Espert. En efecto, los funcionarios
sufrieron --en el mejor sentido del término y, por tanto, positivamente--
aumentos de su masa salarial, pero he dicho que eso ocurrió hasta 1992,
no hasta el pasado ejercicio, señor Espert. En el ejercicio pasado, al
final sus retribuciones tuvieron un incremento del 2 por ciento,
globalmente. Y no tenga usted la menor duda, señoría, de que a mi Grupo y
al Gobierno socialista también les habría gustado seguir en esta línea,
pero las condiciones actuales, la profundidad de la crisis económica
actual, compartida a nivel mundial, no parecen aconsejarlo. Esta no es la
única variable que utilizamos para reducir el gasto, aunque eso no
signifique que no se haya disparado el déficit en el ejercicio de 1993,
como usted ha indicado, a pesar de la reducción. Pero, señoría, el
déficit se hubiese disparado y sería muy superior si no hubiésemos
adoptado esa medida y otras muchas, también utilizadas en pasados
ejercicios.

Por otro lado, este Gobierno no tiene ningún miedo a negociar con los
sindicatos y desde luego existe una voluntad negociadora. Fíjese si
existe, que la aplicación de las medidas que hoy debatimos, aunque se
refieran a los presupuestos, como de todas las que se vayan adoptando
para combatir la actual situación de crisis, se ha demorado por la
responsabilidad de este Gobierno de negociar con los sindicatos.

Asimismo, no ha sido este Gobierno el que no ha dejado claras sus
propuestas de negociación, bastante flexibles, por cierto. Señoría, estoy
convencida de que nadie de mi Grupo contempla, ya que todos lo
compartimos, la posibilidad, ni siquiera ideológica, de secundar esa
huelga. Estoy segura de que su señoría, por las manifestaciones de su
Grupo y de la máxima representación de su Grupo, no sólo la va a
secundar, sino que espera con auténtico pavor el día siguiente.

Señor Espert, a mí no me ha gustado el término calumnia; me ha parecido
excesivo. Puedo entender que su señoría, en el análisis, crea que si
estamos aplicando una de las variables de contención del gasto público en
la congelación salarial, de alguna manera estamos responsabilizando a los
funcionarios del déficit. Yo le digo que no, señoría. Son muchas las
variables que entran en un presupuesto y en todas las magnitudes
macroeconómicas, en la actividad económica de un país como para culpar
exclusivamente a los funcionarios --nadie lo cree, ni su señoría ni
nosotros-- de la situación actual en la que estamos.

Lo que sí me gustaría indicarle es que, a pesar de todo, la técnica
presupuestaria que su Grupo ha utilizado no ha sido precisamente la más
acorde, porque, si bien han hecho bastantes enmiendas destinadas a
incrementar las retribuciones de los funcionarios en un montante bastante
importante, no se corresponden luego con su intención de contener el
gasto público, sino todo lo contrario; no lo contienen. Por tanto, me
parece bastante inconsecuente la actitud de su Grupo.

Respecto a la enmienda que planteaba la convocatoria de plazas de nuevo
ingreso, tengo que decirle que la única disposición que trata este asunto
es la disposición transitoria quinta, relativa a la oferta de empleo
público, que no es de obligado cumplimiento para el resto de los entes
territoriales. Señoría, cuando al definir el sector público en el punto
uno del artículo veintiuno



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se describen los elementos que lo constituyen, no quiere decir que no
haya que reseñar explícitamente la obligatoriedad de ese cumplimiento.

Por eso era preceptivo incluirlo en este apartado.

En cuanto a la enmienda de obligatoriedad, que no defendió antes,
relativa a que las comunidades autónomas y las corporaciones locales
cumpliesen este precepto, creo que he sido bastante explícita en mi
primera intervención, cuando contesté al señor Cuevas, y me reitero en lo
dicho. No podemos hablar de contener el gasto público y que sólo lo haga
la Administración central. Tenemos que colaborar todos, también las
administraciones autonómica y local.

Muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al debate de los últimos
títulos de la sesión de esta tarde que son los títulos IV, artículos
treinta y seis a cuarenta y cinco, y IX, artículos ciento uno y ciento
dos, y Sección 07.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Yo le aseguro, señoría, que no tenemos ningún tipo de pavor al día
siguiente de la huelga, lo diga quien lo diga. Lo que sí tenemos es la
esperanza de que el Gobierno rectifique en la dirección que se
comprometió con el electorado. Que sirva esto de entrada.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, céntrese sobre todo en
las enmiendas que tiene que defender.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Lo digo porque está acorde con lo que voy a
decir ahora.

El Gobierno plantea en los Presupuestos Generales del Estado un 3,5 por
ciento de incremento en las pensiones. Yo creo que incluso podríamos
haber llegado a un acuerdo en ese porcentaje, y así lo expresamos
públicamente e hicimos una oferta en ese sentido en el Congreso de los
Diputados, pero siempre que el Gobierno hubiera acompañado esta propuesta
con una cláusula de revisión conforme al aumento del IPC. Porque la
realidad es que el Gobierno prevé para el ejercicio que viene una
inflación del 3,5 por ciento, y cuando el Gobierno prevé algo referente a
números hay que echarse a temblar, porque siempre rebasa al alza, menos
los salarios y las pensiones: rebasa la inflación, el IPC, etcétera. Por
tanto, nosotros considerábamos que podíamos empezar a hablar de ese
porcentaje pero que era necesario garantizar el poder adquisitivo de las
pensiones, que cremos que también sufre un duro golpe en estos
presupuestos en aras de que hay una mala situación económica, en aras de
que hay un período de recesión y en todas las aras del mundo. Pero, si
observamos todos los presupuestos, vemos que todos los recortes
presupuestarios se hacen en aras de la solidaridad de los más castigados:
se castiga a los parados, a los pensionistas y a los funcionarios, como
antes hemos dicho, mientras que en otras partidas, que ya discutiremos,
se hacen unas exenciones muy importantes para otro sector de la
población. Luego nosotros creemos que hay un trasvase de rentas de mano
de obra al capital; es una apreciación nuestra que tenemos que exponer.

Para nosotros es muy importante que se garantice el poder adquisitivo a
los pensionistas, porque creemos que es uno de los colectivos más
desfavorecidos de la población española, y yo mucho me temo que va a ser,
como decía anteriormente, uno de los colectivos más castigados porque
además es uno de los que menos poder adquisitivo tiene ya. Y estoy
hablando de las pensiones medias, que en algunos casos sólo llegan a las
45.000, 50.000 ó 60.000 pesetas, y a mí me parece que habría que nombrar
Ministro de Economía y Hacienda a un pensionista que es capaz de tirar
hasta final de mes con esas cantidades; creo que sería un magnífico
Ministro de Economía y Hacienda que repartiría bien los dineros.

Además, hay otra coletilla. Yo creo que nuevamente se trata de una subida
impuesta, otro laudo. No ha habido posibilidad de negociar con los
sindicatos, y no es porque el Gobierno haya tenido buena voluntad y los
sindicatos no; lo que pasa es que el Gobierno quería negociar con los
sindicatos sus posiciones, y me parece que el Gobierno pretendía una
negociación muy extraña. El Gobierno quería imponer su criterio, como
siempre, en aras de la solidaridad, pero todavía no ha explicado el
Gobierno de qué solidaridad se trata, porque yo tengo la impresión de que
se exige solidaridad a los que menos tienen con los que menos tienen, y
ninguna solidaridad a los que más tienen con los que menos tienen.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.

La enmienda del Senador Ramón i Quiles se da por defendida.

A continuación tiene la palabra el Senador Torrontegui.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestras enmiendas hacen referencia a dos adicionales a los artículos
cuarenta y dos, por un lado, y treinta y nueve, por otro. Nuestro Grupo
solicitó en Comisión



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que las dos fueran al artículo cuarenta y dos, pero creo que resulta
mejor que una de ellas vaya al artículo treinta y nueve, apartado seis,
resultado de una enmienda adicional, y que se refiere a un colectivo
llamado Asociación Cultural de Inválidos Militares de España. Este
colectivo tiene en estos momentos unos 13.500 asociados, entre ellos 450
viudas, que se encuentran en una situación de desamparo respecto de otros
colectivos. Ellos dicen que se perjudican gravemente los intereses de los
antiguos componentes del Cuerpo de Mutilados, de los que pasaron a la
situación de retirado por inutilidad física en acto de servicio o como
consecuencia de él y de los que pasarán a la mencionada situación por las
mismas causas. Tienen una pensión reconocida legalmente que se llama
extraordinaria, y son dos grupos, uno de retirados por incapacidad para
el servicio por inutilidad producida en acto de servicio o como
consecuencia del mismo, y otro de retirados por incapacidad para el
servicio como consecuencia de atentado terrorista. Creo que nuestra
propuesta está suficientemente expuesta en nuestra enmienda al artículo
treinta y nueve, apartado seis.

En la otra enmienda, referente al artículo cuarenta y dos, también se
propone una nueva redacción y un nuevo apartado seis, que suponemos está
suficientemente explicado en nuestra justificación.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Como no había intervenido antes, no pude hacerle una puntualización
cariñosa al Senador Utrera. El que algunos Portavoces tengamos economía
de verbo no significa que haya decaimiento. Esto viene a colación de unas
palabras suyas repecto a que el debate había bajado de enjundia al
terminarse los vetos, y no es así, lo único que pasa es que algunos
hablamos poco, no sé si por facultad o por defecto.

La enmienda que presentamos al artículo cuarenta y dos.cinco es de
adición y va en la línea de las que ha defendido el Senador Torrontegui.

¿Es posible, según me han dicho esta tarde, que al decir que se extiendan
las limitaciones en las pensiones extraordinarias de las clases pasivas
el término «actos de servicio» pueda ser tan amplio que se acojan otros
supuestos que no son los que queremos señalar aquí específicamente? Pues
cámbiese ese término. El tema es que en el artículo cuarenta y dos.cinco,
las limitaciones por actos terroristas y los contenidos en el Real
Decreto ley 1981, que cita, sean extensivos a actos de servicio. Me
preocupa tremendamente una cuestión, y se lo hacía saber al Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, como es la situación, por ejemplo, de las
pensiones extraordinarias de los fallecidos por actuaciones de nuestras
Fuerzas Aramadas hoy día allende el territorio del Estado. En esa línea
va encaminada no sólo esta enmienda sino otras más que veremos en
sucesivos artículos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra el Senador Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.

Presenta mi Grupo a este Título IV, de las pensiones públicas, y a la
Sección 07, Clases pasivas, sendas enmiendas de totalidad que son la 117
y la 123, respectivamente; y las enmiendas parciales 118, al artículo
treinta y nueve; la 119, al artículo cuarenta.dos; la 120 al artículo
cuarenta, con la introducción de un nuevo punto siete, y la 121, al
artículo cuarenta y dos.

Como dice la justificación de nuestras enmiendas de totalidad antes
citadas, presentamos las mismas al no compartir la dimensión
presupuestaria de la política de pensiones públicas reflejada en los
artículos de este Título y en la Sección, y porque, además, consideramos
necesario efectuar una redistribución de los créditos presupuestarios
entre los Programas para, de esta forma, poder lograr los objetivos
señalados como prioritarios. Pensamos que es conveniente introducir una
profunda modificación que ponga orden en el régimen de clases pasivas.

Hemos de decir, en primer lugar, que se persiste en estos Presupuestos en
la gravísima injusticia que se está cometiendo con los pensionistas
anteriores al 1.º de enero de 1985 y sus derechohabientes, al haberse
pasado de aplicar un 80 por ciento sobre una base reguladora constituida
por el sueldo base, los trienios y las pagas extras, a otro sistema en el
que con 35 años de servicio se tiene derecho al cien por cien de un haber
regulador considerablemente más alto. Y si consideramos que esta
discriminación es muy grave, lo es aún más en las pensiones para
familiares: las viudas de funcionarios de clases pasivas, jubilados o
fallecidos con anterioridad al 1.º de enero de 1985, son las grandes
víctimas de un sistema que establece para determinar su pensión un
porcentaje del 40 por ciento sobre la base reguladora del causante,
sueldos, trienios y pagas extra, mientras que las posteriores al 1.º de
enero de 1985 se determinan sobre un porcentaje del 50 por ciento sobre
la pensión del causante calculada sobre un haber regulador muy superior;
porcentajes y cálculos muy alejados de los que se practican en la mayoría
de los países de la Comunidad Económica Europea. Nosotros hemos venido
denunciando reiteradamente esta discriminación y siempre ha chocado con
la insensibilidad del



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Gobierno y del Grupo Parlamentario que lo sustenta, que ha sido
insensible incluso a la recomendación del Defensor del Pueblo de 11 de
diciembre de 1991, que se produjo en unos términos muy parecidos a
nuestras demandas.

Pretendemos con estas demandas --reflejadas en nuestras enmiendas-- dar
respuesta a algo que están esperando muchas personas que no pueden
entender, que no entienden, cuál es la causa real de su discriminación.

Estamos hablando, señorías, de más de 200.000 personas y estamos hablando
de ello, precisamente, en el año 1993, que ha sido proclamado como el Año
Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones.

Por ello pensamos que, quizá, los Presupuestos Generales del Estado para
1994 deberían haber contribuido a esta celebración con alguna solución
nueva a problemas viejos, como los que estamos hablando, problemas
crónicos que afectan, como hemos dicho, a determinados y numerosos
sectores de jubilados. Pero, vana idea; los Presupuestos Generales del
Estado cierran la puerta a la esperanza al repetir los planteamientos de
1991, de 1992 y de 1993, aplicando, eso sí, más austeridad y más cargas
para jubilados y pensionsitas y ninguna austeridad con los gastos
corrientes del Estado.

Otra cuestión que nos motiva a presentar estas enmiendas es que, a
nuestro entender, tampoco en los Presupuestos del próximo año se dan los
pasos necesarios en orden a una mayor armonización del régimen de Clases
Pasivas con el General de la Seguridad Social. Subsisten disfunciones en
lo que se refiere a la edad de jubilación: mientras que los funcionarios
adscritos al Régimen General de la Seguridad Social tienen que jubilarse
forzosamente a los 65 años, ocurre que los adscritos a las Clases Pasivas
pueden hacerlo a los 60 con 30 de servicio sin aplicación de coeficientes
reductores, y los funcionarios del Régimen General o no lo pueden hacer a
esta edad o si lo hacen es con aplicación de estos coeficientes
reductores. En cuanto a las viudas, su pensión en Clases Pasivas supone
el 50 por ciento de la pensión del causante, en tanto que en el Régimen
General alcanza el 45 por ciento pero de la base reguladora. A la vista
de estas disparidades, nos parece que se deben ir tomando medidas para
una necesaria armonización y un necesario acercamiento.

Por último, está el tema relativo a la revalorización de las pensiones.

Señorías, a los pensionistas hay que garantizarles el mantenimiento del
poder adquisitivo de sus pensiones. La población activa puede esperar
tiempos mejores con cierto margen para recuperar sus rentas, pero los
pensionistas tienen serias limitaciones para la espera, y por muy
legítimas que sean las tomas de decisiones por el Gobierno y los
interlocutores sociales en el pacto de rentas, nosotros entendemos que
las de los pensionistas no deben ser un elemento de cambio para la
recuperación del empleo, y que es esta Cámara y el Congreso de los
Diputados las que deben decidir en el marco de las leyes de presupuestos,
y de ahí nuestras enmiendas estableciendo una cláusula de revisión.

Por todas estas razones, creemos que este Título IV y la Sección 7 deben
ser devueltas al Gobierno.

En cuanto a las enmiendas parciales, con lo que acabo de exponer pueden
entenderse por defendidas las números 119 y 120 al artículo cuarenta. La
enmienda número 118 al artículo treinta y nueve es de adición y pretende
añadir un nuevo número seis sobre la base de que el artículo 47 del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado contempla las pensiones
extraordinarias por el hecho causante de incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad ocasionda en acto de servicio o como consecuencia
del mismo, y también las originadas como consecuencia de actos de
terrorismo. El artículo 49 del mencionado texto legal las considera a
ambas a efectos del señalamiento del 200 por ciento del haber regulador,
ya que considera que son de carácter indemnizatorio.

Parece un contrasentido, o un causante de perjuicio injusto, que mientras
las pensiones originadas como consecuencia del mismo, y también las
originadas como consecuencia de actos de terrorismo están exentas de los
límites máximos y se pueden percibir otras u otras de carácter público,
con la limitación exclusivamente sobre estas últimas de que mientras sus
derechohabientes también pueden percibir la totalidad de la pensión
extraordinaria, así el cónyuge percibe el 50 por ciento y los hijos el
otro 50 por ciento, acreciendo esta parte sobre el resto de los
perceptores cuando uno de ellos deja de tener derecho, el artículo 49.3
del texto refundido dice: los inutilizados en actos de servicio o como
consecuencia del mismo.

En cuanto a la enmienda número 121, al artículo cuarenta y dos, es una
enmienda de adición que pretende añadir un nuevo número seis, en razón a
que los inutilizados como consecuencia de actos de terrorismo se les
considere que su pensión es extraordinaria y, por tanto, el límite máximo
de percepción debe ser extraordinario.

Por lo que se refiere al Título IX, Cotizaciones sociales, concretamente
al apartado tres, del artículo ciento uno, presentamos dos enmiendas, las
números 187 y 188. Y, si el señor Presidente me lo permite, defenderé,
por tener una cierta relación con este Título, nuestras enmiendas números
192 y 193 a la Disposición Adicional decimosegunda y la enmienda número
216 de supresión a la Disposición Transitoria Tercera.

El gran debate de este Título quizá debería centrarse en cuál es en estos
momentos la situación de la protección social, cómo mantener por lo menos
en los ctuales niveles, y cuál debe ser el sistema de financiación,
separando claramente cuál debe ser la financiación del sistema no
contributivo y la del contributivo, dado que no parece lógico mantener el
actual sistema



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que supone para millones de españoles una doble imposición vía cotización
a la Seguridad Social por un lado, y vía impuestos por otro. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Otra parte del debate, y quizá la más importante, sería saber si nuestro
sistema puede garantizar las prestaciones. A la luz de los datos sobre
cotizaciones y pensionistas, dado que el índice previsto según los
presupuestos de la Seguridad Social para 1994 será del 2,10, es decir,
igual que hace diez años, esto quiere decir que el sistema puede estar
empezando a tener serios problemas. Estos problemas no se pueden
resolver, seguramente, ni en unos Presupuestos ni en un año pero, desde
luego, creemos que es el momento en el que el Gobierno debe empezar a
plantearse seriamente la seguridad del sistema, ante la alarmante bajada
del número de afiliados y el número de cotizantes.

Dicho esto, señorías, nuestra enmienda número 187 es una enmienda de
adición al apartado Tres.uno del artículo ciento uno, por la que se
propone añadir al final la frase «desapareciendo la cotización por
jornadas teóricas». Con la enmienda 188 se pretende suprimir del texto
del proyecto de Ley el punto dos, dado lo absurdo del sistema, ya que la
cuota empresarial de este régimen establece un determinado número de
jornadas teóricas en base a la superficie de tierra que pueda ser o no
cultivada, sin tener para nada en cuenta otros factores como son las
características de la mecanización o que hay superficie que en
determinados momentos se cultiva o no en función del mercado. Con esta
supresión se eliminaría la doble imposición que de hecho se da, puesto
que las explotaciones con empleados cotizan también por jornadas reales.

Por todo ello, y porque esperamos que ustedes sean coherentes con su
Gobierno en febrero de este mismo año 1993 se aprobó la eliminación de la
cuota empresarial de jornadas teóricas si bien es cierto que este acuerdo
no llegó a aparecer nunca en el «Boletín Oficial del Estado», estamos
seguros de que aprobarán estas responsables y sensatas enmiendas de mi
Grupo.

A la Disposición Adicional decimosegunda presentamos dos enmiendas; la
número 192, es una enmienda de modificación a las cuantías fijadas al
subsidio de garantía de ingresos mínimos y al subsidio por ayuda a
tercera persona, modificación que supone al menos una revalorización del
3,5 por ciento como el que se da en las pensiones no contributivas.

Por último, la enmienda número 216 es de supresión a la Disposición
Transitoria Tercera y es de supresión, dado que si en 1993, pese que ha
sido un año de vertiginoso crecimiento de desempleo, el Fondo de
Solidaridad, gestionado por el Instituto Nacional de Fomento de la
Economía social, no ha sido capaz de agotar sus remanentes, mejor es que
lo administre otra entidad.

Y no puedo dejar pasar este turno sin hacer unas observaciones a la
enmienda número 1.881 del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda que,
cuando menos, parlamentariamente es oportunista, ya que ustedes
rechazaron en el Congreso una enmienda similar de nuestro Grupo y ahora
han traído aquí esta propuesta de modificación del número ocho del
artículo ciento uno que supone incrementar la aportación del trabajador
en 0,5 puntos para poder suprimir el artículo treinta y dos mediante otra
enmienda que han presentado al proyecto de ley de protección por
desempleo que establecía la incompatibilidd entre la prestación por
desempleo y las indemnizaciones percibidas por el trabajador.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lobo Asenjo.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.




El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en nombre de mi Grupo Parlamentario, tengo que oponerme a las
enmiendas defendidas y quisiera aportar los argumentos que hagan llegar a
los que las han defendido las razones que nos amparan para rechazarlas.

El Senador Cuevas no ha entrado en el detalle de las enmiendas. ¿Se ha
leído su señoría los Presupuestos? Se lo pregunto porque manifestar que
los asalariados y pensionistas son los que siempre pagan el pato y a los
que se castiga, no es exacto, lo sabe su señoría. A los pensionistas, no,
porque existe voluntad por parte del Gobierno Socialista, respaldado por
su Grupo Parlamentario, de que sean siempre privilegiados en los
Presupuestos Generales del Estado. Señoría, esto se lo puedo demostar
claramente este mismo año, porque en los Presupuestos del Estado y en la
Seguridad Social se superan los 6,5 billones de pesetas y aumentan en
relación al año 1993 en un 7,6 por ciento. Por tanto, ¿se puede sostener
lo que ha dicho su señoría o el Senador Lobo, que también habla de
tratamiento presupuestario a la baja? Estas cifras son reales, señorías,
arguméntenme por qué manifiestan que descienden las prestaciones
sociales. Esta es la pura realidad, suben exactamente un 7,6 por ciento.

Pero es que, además, las prestaciones económicas de la Seguridad Social
también aumenta prácticamente unos 600.000 millones de pesetas que
representa un aumento del 9,73 por ciento. Y se da el caso singular de
que este aumento de las prestaciones de la Seguridad Social, por el
ligero aumento de las cotizaciones, va a ser de 93.000 millones de
pesetas.

Por consiguiente, afirmar en la defensa de sus enmiendas que disminuyen
las prestaciones sociales, como muchas de sus señorías están diciendo a
la opinión pública, no es correcto ni riguroso con los datos en la



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mano. Y tampoco lo es el argumento de la pérdida de la capacidad
adquisitiva que ha sido sostenido en esta Tribuna. Las pensiones, en el
período comprendido desde el año 1982 hasta este momento, ya lo dije en
Comisión, han tenido un aumento del 1,61 por ciento y el índice de
precios ha evolucionado multiplicado por 1,39. Ha existido una
salvaguarda permanente del poder adquisitivo de los pensionistas, y
afirmaciones como las que se han hecho desde esta tribuna por uno u otro
de los dos intervinientes acusándonos de haber bajado las prestaciones,
este Senador debe rechazarlas por ser absolutamente incorrectas.

Pero es más, lo que pretendemos es la estabilidad de un sistema de
pensiones que se puso en marcha a partir del año 1985 y que solamente con
prudencia y responsabilidad se puede llevar adelante. Si nos dejáramos
llevar de ciertos maximalismos planteados en enmiendas que son una serie
de gritos cara a la galería o brindis al sol, porque a veces son así las
afirmaciones que se escuchan desde esta tribuna, nuestros sistemas de la
Seguridad Social y de pensiones hubieran entrado en crisis. Esta es la
pura realidad. Ha habido una década, señorías, en la que hemos disminuido
la mitad de la diferencia en prestaciones sociales respecto al resto de
los países de la Comunidad Europea. En cantidades absolutas, estamos en
la parte superior de la media de los países de la Comunidad.

El crecimiento de las prestaciones sociales y el papel importante que la
totalidad de las mismas tienen en los Presupuestos Generales del Estado
con relación al producto interior bruto en España en este momento está
prácticamente rondando el 24 por ciento. La media de la Comunidad Europea
está, señorías en el 26 por ciento. España ha reducido, pues, en una
década, o en once años, prácticamente al 50 por ciento la mitad de la
diferencia, por lo que es presumible que en un período de tiempo análogo
se podría corregir ese diferencial del 24 al 26 por ciento de dicha
repercusión en el PIB.

Por tanto, bien en términos absolutos, o bien teniendo en cuenta las
situaciones laborales u ocupacionales y las ayudas o prestaciones según
criterios de relatividad, España ha logrado un avance muy importante que
nosotros no queremos poner en crisis ni en cuestión por tratar de incluir
posibles enmiendas que puedan dar satisfacciones a problemas de ciertos
colectivos sociales. Tendrán que ser puntualmente atendidas, cuando no
planteen discriminaciones, a lo largo de una Legislatura, pero no pueden
ser recogidas de una forma imprudente en unos Presupuestos caracterizados
por corresponder a una situación difícil desde el punto de vista
económico y que pretende tener un control del gasto público.

Esto mismo tengo que reiterárselo al señor Lobo, por que sus señorías son
contradictorias en la formulación de sus enmiendas. Hablan de la
necesidad del control del gasto, como esta misma mañana en el debate de
las enmiendas de totalidad, y cuando llegan, por ejemplo, a este Titulo
dicen que el presupuesto se ha reducido. Nosotros hemos demostrado desde
esta tribuna que los Presupuestos han ido al alza. No obstante, insisten
en discriminaciones, como las referentes a los pensionistas que lo son
con anterioridad a 1985, y hablan de armonizar las clases pasivas en la
Seguridad Social, pero también plantean una enmienda, como otros Grupos
Parlamentarios --lo defendieron también los Senadores Barbuzano y
Torrontegui--, que en sí misma y una discriminación puesto que se plantea
para un colectivo y lo podré argumentar.

Por tanto, si uno de los objetivos es armonizar, y ya se han ido tomando
medidas para ello, en períodos y años de trabajo, años de cotización,
para cada una de las pensiones, de viudedad, de jubilación, etcétera, ese
equilibrio no se puede romper y los pasos que vayamos dando tendrán que
valorar la incidencia de las medidas que cada año se vayan adoptando.

En este mismo sentido quería decir, en cuanto a lo que el Senador Cuevas
ha afirmado sobre el aumento de las pensiones, que si consideramos la
evolución de la pensión media, en el año 1982 ésta se encontraba en
19.857 pesetas y en este momento está en 55.803. Compárelo su señoría con
la evolución del índice de precios y le ruego que no siga sosteniendo la
afirmación que ha echo esta tarde en la Cámara porque ya le digo que el
índice corrector de precios es prácticamente el del 1,40 por ciento, si
quiere redondear al alza.

Lo mismo le puedo decir, señoría, en lo que se refiere a los incrementos
interanuales. Si hablamos de los porcentajes, todos los años han sido
superiores a los índices de precios, y el estudio comparativo pone de
manifiesto que según se ha ido reduciendo la inflación han ido
reduciéndose los incrementos de la pensiones. Pero recordará su señoría
que, cuando había acuerdo con las organizaciones sindicales, siempre
aprobábamos el aumento en función del incremento de precios habido de
noviembre a noviembre, y siempre era superior o igual el aumento de las
pensiones que se acordaba en la Ley de Presupuestos Generales del Estado;
nunca fue más bajo, y este Senador ha defendido varios años este Título
IV. Senador Cuevas, si cuando se acerque a la Tribuna me dice qué año fue
inferior tendré que rectificar lo que estoy afirmando, pero mientras
tanto le puedo manifestar que ésta no es la realidad. La cifra total de
pensiones ha palado de 1,3 billones de pesetas en 1982, a 5,8 billones en
1993; es decir, se ha multiplicado por un coeficiente entre cuatro y
cinco veces el aumento de las cantidades destinadas a pensiones.

Señorías, creemos que éstos son los datos más representativos, y nadie
puede, con ellos en la mano, negar el esfuerzo que se ha hecho
permanentemente por el Gobierno socialista y se hace una vez más en estos
Presupuestos Generales del Estado dándoles una participación



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en el gasto total --como he señalado-- del 23 por ciento. No hay otro
peso específico mayor ni dándoles un aumento porcentual, que era en este
momento del 7,6 por ciento. Es prácticamente el doble del crecimiento de
la renta nacional. Señorías, ésta es la realidad de las cifras
correspondientes, y no quiero más que darles razones para poder rechazar
las enmiendas de sus señorías.

Vamos a entrar en ellas para comentarlas, en particular las enmiendas
números 848 y 845, del Senador Cuevas y la Senadora Vilallonga, las
números 1.300 y 1.301, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, y la 1.156, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Todas
estas enmiendas proponen establecer un límite máximo --luego están
poniendo límites--, que, sin embargo, no tienen la pensiones
extraordinarias por actos de terrorismo. Ahí hay una contradicción en la
propia enmienda; ponen un límite máximo de percepción especial para las
pensiones extraordinarias causadas en acto de servicio consistente en el
200 por cien del límite fijado con carácter general para el resto de las
pensiones públicas, es decir, las 254.140 pesetas al mes.

Pues bien, señorías, aquí hay que entrar claramente, y lo digo para que
ustedes lo analicen, porque creemos que este punto es importante. El
régimen de clases pasivas reconoce el derecho a causar pensiones
extraordinarias por dar razones: por incapacidad o por fallecimiento del
funcionario, bien sea por accidente o por enfermedad, y en acto de
servicio o como consecuencia del mismo. Tales pensiones extraordinarias
automáticamente son el doble de las ordinarias, pero además se les aplica
los criterios de concurrencia y de limitación que tienen las demás
pensiones y que están establecidas en la leyes de presupuestos. Pero ya
hay una diferencia también dentro de este tratamiento, porque la
pensiones extraordinarias que podrían darse en favor de familiares tienen
la diferencia siguiente: cuando hay fallecimiento inmediato en acto de
servicio se paga la extraordinaria, que es el doble, pero cuando el
fallecimiento es porque ha habido una situación de incapacidad en acto de
servicio pero después se fallece por causas naturales, la pensión es
ordinaria. Esta es la situación, señorías. En cambio, las
extraordinarias, por la normativa existente cuando se pusieron en marcha
la pensiones por actos de terrorismo, tenían unas normas especiales por
la propia naturaleza de los actos, que se recogieron en el texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Y a mayor abundamiento,
estas pensiones por actos de terrorismo no tienen ni concurren en las
causas de limitación y pueden fijarse libremente sus cuantías valorando
las situaciones de terrorismo. Pues bien, la petición de sus señorías de
igualar ignora todo el sistema de la Seguridad Social. El acto de
servicio que plantean para los funcionarios en clases pasivas, señorías,
es el equivalente al acto laboral que existe en el sistema general de la
Seguridad Social para cualquiera de los trabajadores, porque comprende el
fallecimiento o la incapacidad en el acto laboral o también en el camino,
en la vía, en el desplazamiento, «in itinere». Señorías, es muy
importante que esto se tenga en cuenta, porque siendo similar y muy
parecida la situación que se ampara en cuanto a lo que se pretende con su
enmienda, señorías, de sólo dar el doble a los funcionarios civiles en el
límite máximo en sus pensiones extraordinarias, sus señorías están
discriminando a todos los pensionistas de trabajadores del Régimen
General de la Seguridad Social. ¿Por qué no piden para los accidentes
laborales, que son análogos a los accidentes o fallecimientos en acto de
servicio para un funcionario? ¿Por qué no lo piden también para los
accidentes laborales, señorías, ya que el acto también es idéntico al de
los funcionarios? Aquí, los Senadores representantes del Grupo Popular,
del Grupo Vasco y de Coalición Canaria están defendiendo una
discriminación con otro colectivo muy importante. Pero, además, también
hay una cosa que es interesante analizar. Las pensiones extraordinarias
de incapacidad, etcétera, son automáticas: se produce la situación en
acto de servicio, y se paga automáticamente. En el campo de la Seguridad
Social se valora el grado de la incapacidad producida, y se paga según la
capacidad. Por estas razones, nosotros no creemos que se pueda aceptar,
porque se produce una discriminación. No hay identidad de supuestos, ni
siquiera de facto, en las situaciones. Salvo que el funcionario fuera
muerto en acto de servicio por una banda armada o por un asalto, las
situaciones no son homologables.

En primer lugar, demandas como las que sus señorías plantean en sus
enmiendas habría que extenderlas también al Régimen General de la
Seguridad Social, a los accidentes laborales, si no habría una
discriminación flagrante, y eso, señorías, en este momento, rompería
prácticamente ese equilibrio financiero que tenemos en la Seguridad
Social. Creemos que son razones suficientes, si no, podremos ampliarlas
aún más en su momento.

En segundo lugar, hay otra enmienda de sus señorías en la que plantean la
cláusula de revisión. No creemos que se puedan aceptar enmiendas como las
que proponen sus señorías en una Ley de Presupuestos para 1994. No se
puede introducir una cláusula de revisión que sólo se podrá verificar a
primeros del año 1995. Es decir que, pasado el año 1994 --el mes de enero
de 1995--, se comprobará si el índice de precios del año 1994 ha crecido
más del 3,5 por ciento o si ha sido inferior. En caso de que sea
superior, procederá la cláusula de revisión. El Presidente González o el
Ministro de Hacienda ya han hecho referencia a esa voluntad de una
cláusula de revisión, pero, en una norma, que se compromete en gastos
para el año 1994, no se pueden incluir declaraciones de este tipo, que
afectarían a gastos



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del año 1995. Quizá en una norma aparte o incluyéndola en la Ley de
Presupuestos para el año 1995, sí se podría incluir esa cláusula de
revisión, pero en este proyecto de ley no se puede recoger una redacción
como la que se propone en las enmiendas que estoy rebatiendo.

Por último, queda la enmienda que el Senador Lobo defendió en Comisión,
referente a las personas jubiladas antes del año 1985. Senador Lobo,
algún día, el Sistema de la Seguridad Social podrá atender esas demandas
--ya veremos a lo largo de la legislatura--, pero en este momento tengo
que decirle que eso causaría discriminaciones. En el Régimen General de
la Seguridad Social ha habido muchas más modificaciones legislativas de
las que ha habido, señoría, en las clases pasivas. En el régimen general
ha habido el retiro obrero, el SOVI, el mutualismo laboral, también la
Ley de 21 de abril de 1966. Sin embargo, no ha habido retroactividad,
como plantea y exige su señoría en la enmienda, lo cual causaría una
discriminación sobre esos otros colectivos. Tengo que oponerme
rotundamente que diga que estos señores están discriminados, porque hay
sentencias del Tribunal Constitucional que lo amparan y que claramente
afirman, señoría, que no se puede cristalizar la sociedad y que cada uno
de los regímenes de pensiones establecen sus reglas para colectivos hacia
adelante. Esto lo que está haciendo el régimen general de clases pasivas,
que se puso en marcha el año 1985.

Por tanto, tenemos que rechazar también su enmienda, señoría, porque
creemos que a pesar de buscar el deseo de armonizar las clases pasivas
con la Seguridad Social, lo que introduce son más discriminaciones.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cercós.

Abrimos el turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Yo estaba en otro debate y lo que no puedo negar, y el que lo haga no
está en este país, es que desde la instauración de la democracia los
pensionistas han estado mucho mejor. Tengo que reconocer que desde el año
1982 también se han subido las pensiones; sería un hipócrita si dijera lo
contrario. Pero también partimos de un elemento, del cero a lo que están
ahora, por tanto, han subido. Eso el que no lo reconozca, como digo, es
un hipócrita.

Yo estaba en otro debate, al principio yo le he dicho que si el Gobierno
hubiera aceptado la propuesta de Izquierda Unida, que todavía se
mantiene, lo del 3,5 por ciento con la cláusula de revisión, podíamos
hablar. Y todos somos conscientes de la crisis económica, aunque algunos
más que otros.

Cuando con referencia a las pensiones se alega el tema de la solidaridad
y se dice que son unos privilegiados con 55.000 pesetas de media, choca
un poco; 55.000 pesetas de media el que llega, porque yo conozco a alguna
pensionista que no llega. Por tanto, habrán pensionistas que cobren por
arriba de esa cantidad y otros por abajo. Pero un privilegiado con 55.000
pesetas creo que es un privilegiado pero corto. Máxime cuando en mi
intervención en el veto a los Presupuestos decía que sí hay dinero, hay
dinero flotando en el aire, un billón de pesetas de deuda a la Seguridad
Social. El Gobierno reconoce que no los puede cobrar, salvo el 40 por
ciento. Por tanto, sí que hay dinero y lo deberían cobrar ustedes con
apremios, con desapremios, con recargos, sin recargos, pero, repito,
cóbrenlo. Repito que hay un billón de pesetas. No le pidan ustedes
sacrificios a los de 55.000 pesetas, pídanselo a otros. No es demagogia,
es la realidad.

En cualquier caso mi debate, amigo Cercós, era que el 3,5 por ciento de
la inflación está bien. Pero es que el Gobierno se equivoca continuamente
en estos temas. Por tanto, qué trabajo nos costaría incluir en los
Presupuestos una cláusula de salvaguarda donde se garantizara a los
pensionistas que si sube el coste de vida, la diferencia se le abonaría.

¿Tan difícil es eso, con la buena voluntad que tienen ustedes de aceptar
alguna enmienda? Inclúyanlo, no se pide mucho.

Ese es el sentido de mi intervención y de las enmiendas de Izquierda
Unida, y creo que es de sentido común. Porque aquí al final vamos a
terminar poniendo la sociedad al servicio de la economía. Y en nuestro
discurso, que podemos coincidir, creo que lo que tiene que suceder es que
la economía esté al servicio de la sociedad.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco? No hace uso del turno.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Senador Cercós, querido Senador y amigo, voy a hacer una intervención
política.

A mí me llega un colectivo de ciudadanos y me explica un tema.

Y yo, con mis buenas o malas entendederas, que al parecer usted opina que
son malas entendederas o entendederas cortas, lo traslado a una enmienda.

Nada más. Usted me contesta con el argumento de que ignora toda la
materia de la Seguridad Social. Pues claro, pero fíjese usted, la ignora
la inmensa mayoría, lo afirmo, de los que están aquí dentro, y del país
ni le cuento; de ciudadanos del país ni le cuento los que la ignoran.




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Usted me dice que con esa enmienda se pueden producir estos, estos y
estos efectos. Usted utiliza unos parámetros, vocablos o como se les
denominen difíciles de entender. Por eso le digo que estoy haciendo una
intervención política. Usted lo puede ampliar a los accidentes «in
itinere» y laborales y no sé qué. Pues no lo sé. Se lo digo honradamente.

Déme usted unos argumentos políticos porque yo estoy aquí de político y
no como técnico de la Seguridad Social, aunque a lo mejor me ganaba la
vida mejor que como político, y si no que se lo digan al señor Lizondo.

Pero resulta que usted me argumenta que yo he hecho una enmienda de
ignorante. Pues no.

Usted ha dado a la enmienda unos argumentos válidos, evidentemente, por
sus grandes conocimientos. Usted tiene unos grandes conocimientos de un
montón de materias: de ordenadores, de planes industriales y de no sé
qué. Se lo reconozco. Me descubro ante usted y ya está. Usted déme sus
argumentos, yo se los acepto y aquí paz y en el Cielo gloria, como decía
el señor Carrillo.

No voy a decir nada más. Unicamente que estoy agradecido por la tremenda
explicación de la materia de la Seguridad Social que usted me ha dado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra el Senador Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Cercós, ha tachado usted nuestra enmienda, que pretende un
acercamiento entre los pensionistas anteriores al 1-1-85 y los
posteriores, de discriminatoria. Lo que es verdaderamente discriminatorio
es la situación y el trato que se les da en este momento. Ustedes
deberían hacer por lo menos caso de las recomendaciones que en este
sentido les da el Defensor del Pueblo, que dice que las diferencias entre
unos y otros son abismales.

En cuanto a la retroactividad usted sabe que no tiene razón. Estoy de
acuerdo con usted en que es delicado en materia de Seguridad Social
aplicar la retroactividad, pero para eso, señor Cercós, están las normas
transitorias que son las que hacen pasar de una situación a otra sin unos
elementos tan injustos como los que se están dando en este sistema.

Además, no es bueno aferrarse en negativo a una ley como le decía en
Comisión. Aferrarse excesivamente a la ley nos hace incurrir en ese error
que critica el aforismo latino que dice que «summum ius, summa iniura».

Señor Cercós, por más que usted se empeñe, por más que usted quiera
decirnos lo contrario, estos Presupuestos suponen un importante y un
sustancial recorte de las prestaciones sociales. Y no es que lo crea yo
sólo, es que multitud de personas mucho más afines a ustedes en estos
últimos meses y días lo están diciendo por activa y por pasiva. Podría
citarle algunas frases, pero me ceñiré a una que es explicatoria de todo
esto. Es una frase muy representativa de un señor que se llama Apolinar
Rodríguez que dice: «estos Presupuestos son los más injustos y negativos
desde el año 1982. Nunca se había exigido tantos y tan crudos sacrificios
a los pensionistas como en esta última época». Lo dice el señor
Rodríguez.

Señor Cercós, otra cosa es que ustedes no puedan hacerlo mejor. Usted es
consciente, como lo soy yo, de que el sistema de la Seguridad Social
está, por decirlo de alguna manera, por decirlo eufemísticamente,
desequilibrado. Está atravesando una peligrosa situación entre activos y
pasivos. Pero es que ésa es su responsabilidad, señor Cercós. A eso es a
lo que nos ha conducido la equivocada política social que en estos diez
años no ha sido capaz de sacarnos, con tantos elementos a su favor en lo
que a gasto social se refiere, y pese a lo que usted decía, señor Cercós,
de la cola de Europa. En estos momentos Francia y Alemania nos sacan ocho
puntos del producto interior bruto.

Así que, señor Cercós, cuéntenos otras cosas, díganos otras cosas que no
sean ese perenne canto de alabanzas hacia el esfuerzo del Gobierno, del
Partido Socialista, en lo que se refiere al aumento de las prestaciones
sociales. En esto, como en otras cosas, deberían hacer ustedes un
ejercicio de humildad que nos iba a venir a todos muy bien.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lobo.

Tiene la palabra el Senador Cercós en turno de portavoces.




El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Senador Cuevas, su señoría ha insistido en la propuesta de Izquierda
Unida del 3,5 con cláusula de revisión. Señoría, ha habido mala suerte.

Estaba usted hablando por teléfono mientras yo hablaba de la revisión y
del aumento desde la tribuna. Dígame su señoría cómo en unos presupuestos
de gastos para 1994 se puede incluir una propuesta que afecta a gastos de
1995. Eso es una absoluta irregularidad presupuestaria, señoría. Yo le
agradeceré que me diga la fórmula que podemos utilizar, pero no
incurramos en planteamientos demagógicos en lo que a esa afirmación se
refiere.

Yo no he dicho desde la tribuna que la pensión de 55.000 pesetas media
mínima --fíjese bien, señoría-- sea una pensión satisfactoria. Yo le he
hablado del esfuerzo que se ha hecho para pasar de una pensión de 19.000
pesetas análoga en 1982 a una pensión análoga de 55.000 pesetas en 1993.

No cambie su señoría las palabras,



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no las cambie porque no es correcto. Le podrá permitir eso el juego
parlamentario, pero en la calle eso supondría demagogia y manipulación
hacia los ciudadanos. Eso es lo que este Senador entiende que no hay que
hacer porque los datos son siempre los datos.

Señoría, le diré para su información que en lo que se refiere a pensiones
mínimas en este país, hay 2.600.000. Del SOVI quedan todavía 370.000
hasta el salario mínimo, hay un millón y medio; del salario mínimo a
1.100.000 pesetas, hay 825.000; de 1.100.000 a 1.652.000 pesetas al año
hay 763.000; de 1.652.000 al tope máximo anual, los 3.400.000 pesetas,
hay prácticamente 578.000 pensiones. Esta es la situación que tenemos
según los datos, pero le puedo dar la situación que había en 1982, y los
escalones van para atrás.

Senador Barbuzano, muchas gracias por sus palabras, pero de verdad que no
le he dicho que usted ignoraba lo de la Seguridad Social. Quizá no me he
expresado bien. He querido hacerles una argumentación a su señoría, al
Senador Lobo y al Senador Torrontegui sobre que esos colectivos también
vinieron a vernos a nosotros, y lo mismo que he planteado desde esta
tribuna hemos tenido que decirles directamente a ellos. Si estamos
hablando de armonización, como se está pidiendo especialmente por parte
del Portavoz del Grupo Popular, no se puede causar una discriminación a
la hora de pedir armonizaciones dando la pensión extraordinaria tan sólo
a los funcionarios civiles. ¿Por qué se la vamos a dar a una parte de ese
colectivo cuando en realidad la situación --y esto ya lo he razonado
desde la tribuna-- de incapacidad o de fallecimiento en acto de servicio
o a la de enfermedad surgida es idéntica a la de accidente laboral,
situación que tiene asimilación en todos los textos jurídicos de este
área? Eso es así. Si hay una asimilación de estas situaciones, ¿por qué
sus señorías me lo siguen pidiendo? Su señoría ha dicho que lo ha pedido
un colectivo, pero yo he tenido que decirle a ese mismo colectivo que me
estaba planteando una discriminación. Se lo dije desde un punto de vista
político, y es que no podemos crear más discriminaciones a la sociedad
española en el sistema de pensiones. El esfuerzo del Gobierno socialista
ha sido reducir al máximo esas discriminaciones que había, y a lo largo
de todos los años anteriores hemos ido incluyendo una serie de colectivos
que estaban discriminados.

Señoría, ésa ha sido la razón de mis palabras, y en ningún caso aducir
que su experiencia en normativa de Seguridad Social fuera mayor o menor.

Eso no estaba en mi ánimo, ya que usted sabe cómo le aprecio.

En cuanto al Senador Lobo, para referirse al recorte de las prestaciones
recoge las palabras de un señor muy respetable para nosotros, pero que
está liberado por su sindicato. No sé qué apreciación tendrá él sobre
este tema, que también será muy respetable, pero con las cifras que yo le
he dado su señoría no puede seguir diciendo en actos públicos que ha
disminuido el volumen de prestaciones sociales, porque --vuelvo a
insistir-- ahí están las cifras. Por tanto, si no se quiere entender lo
que se dice desde la tribuna, dígase; pero el resto es manipulación.

Ustedes quieren evitar las responsabilidades, pero cuando llega la hora
de la verdad, y hay que poner en negro sobre blanco hechos concretos, se
echan para atrás. Pero no tenemos el don de la ubicuidad. Si sus señorías
solicitan que el gasto se reduzca, no pueden exigir a continuación que
mejore la situación de los pensionistas jubilados antes de 1985, ya que
la enmienda que proponen sus señorías supondría una cantidad que rondaría
el billón de pesetas. Por tanto, ¿en qué quedamos? Porque esta mañana ha
habido un debate en el que sus señorías señalaban que el gasto era
excesivo y ponían obstáculos a los presupuestos defendidos por el Grupo
Socialista.

Otro ejemplo de estas contradicciones --y con esto termino, señor
Presidente--, es el siguiente: en el grupo parlamentario para mayores que
existe en el Consejo de Europa la semana pasada se discutió una cláusula
para la rectificación de las pensiones, corrección que se ha establecido
atendiendo al índice de precios, o al aumento de los salarios medios en
la Comunidad. Pero, Senador Lobo, a pesar de que ustedes defienden esa
cláusula, tanto el representante del Grupo Popular, como el representante
del Partido Popular en el grupo de mayores del Parlamento Europeo,
votaron en contra.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.




Eran las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.




RECTIFICACION: En el «Diario de Sesiones» número 14, del miércoles, 1 de
diciembre de 1993, en la página 521, intervención del señor Sanz Cebrián,
donde dice: «... se financian los municipios vía indirecta de los
terrenos históricos», debe decir: «... se financian los municipios vía
indirecta de los territorios históricos».