DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 75
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENTA: DOÑA MARTIRIO TESORO AMATE
Sesión núm. 12
celebrada el lunes, 8 de mayo de 1995,
en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la Presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias de
Ambito Rural, doña Dolores Merino Chacón, para informar sobre los
problemas de la citada Asociación y las propuestas de resolución de los
mismos, así como la transposición de la Directiva Comunitaria (1986) por
la que se regulan las prestaciones sociales y protección a la maternidad
de las trabajadoras autónomas en la empresa familiar, incluidas las
agrarias. (Números de expediente S. 715/000043 y C. D. 219/000367.)

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Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.




La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se abre la sesión.

Antes de iniciar la comparecencia de la Presidenta de la Asociación de
Mujeres y Familias de Ambito Rural quisiera que todas sus señorías
conociesen la Directiva a que hace alusión la convocatoria de esta sesión
de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer ya que así venía
expresado en la petición del Grupo Popular: de una parte escuchar las
inquietudes, las dificultades, la problemática de las mujeres que
desarrollan su trabajo en el ámbito rural, y de otra, intentar conseguir
que nuestra legislación adopte como suyas las directivas comunitarias.

Damos la bienvenida a la Presidenta de la Asociación de Mujeres y
Familias de Ambito Rural a quien, sin más, concedemos la palabra.




La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO
RURAL (Merino Chacón): Buenos días y muchas gracias.

Señora Presidenta, señorías, sirvan mis primeras palabras para agradecer
la oportunidad que nos brinda la Comisión Mixta de los Derechos de la
Mujer de esta ilustre Cámara de acudir a esta sesión informativa para
poder exponer nuestros problemas así como la transposición de la
Directiva Comunitaria 86/613 por la que se regulan las prestaciones
sociales y protección a la maternidad de las trabajadoras autónomas en la
empresa familiar, incluidas las agrarias.

Me van a permitir que, como cuestión previa al debate en sí, haga un poco
de historia en referencia a cuándo, cómo y por qué nació Amfar,
Asociación Nacional de Mujeres y Familias del Ambito Rural, una
asociación de mujeres rurales que defiende activamente los intereses de
este colectivo. Esta organización, Amfar, que lleva sólo cuatro años en
funcionamiento, cuenta en la actualidad con quince sedes provinciales
distribuidas en nueve Comunidades Autónomas de nuestro país,
conjuntamente con otras siete asociaciones provinciales en trámites de
integración.

Amfar nace para defender los siguientes fines y objetivos: representar,
gestionar y defender los intereses de la mujer y de la familia del ámbito
rural; procurar la igualdad de oportunidades de la mujer rural con los
demás sectores mediante el ejercicio de las acciones y actividades que
consideremos necesarias; impulsar el desarrollo de la familia del ámbito
rural y su equiparación con la del medio urbano; contribuir en todas las
formas y por todos los medios apropiados a la formación profesional,
técnica, social y cultural de la mujer y de la familia del ámbito rural;
fomentar todo tipo de actividades culturales y sociales con el propósito
de mejorar su calidad de vida y, por último, fomentar el asociacionismo.

¿Pero por qué nos referimos concretamente a la mujer rural? Me gustaría
que conocieran que las mujeres rurales constituyen uno de los colectivos
más heterogéneos dentro del amplio conjunto de mujeres aunque, no
obstante, se puede hablar de unos rasgos problemáticos que, obviamente,
se presentan como comunes no sólo en lo relativo a las condiciones
sociales sino también a nivel laboral, económico y profesional. Una mujer
rural traza su comportamiento y mentalidad siguiendo unas pautas
tradicionales existentes que giran en torno a la importancia de la
familia como núcleo social, a una doble jornada laboral y a una
subordinación tradicional a la autoridad masculina que no sólo establece
los límites de participación de la mujer rural a nivel público o privado,
sino que lleva consigo las dificultades de los varones para aceptar un
mundo laboral y de ocio compartido con mujeres. Los trabajos que realizan
las mujeres rurales no tienen ni el prestigio ni el reconocimiento de las
labores masculinas, se consideran, meramente, como extensión de sus
labores de ama de casa y como ayuda familiar --entre comillas--
imprescindibles para la renta. Es evidente que, dada la situación actual
de este colectivo de mujeres, se necesita que se produzcan una serie de
cambios que la mejoren.

Señorías, sentado lo anterior, permítanme que pase a hacer unas
reflexiones profundas en relación con lo expuesto. Hasta ahora el
colectivo rural ha permanecido desconocido y marginado cuando, sin
embargo, constituye el más antiguo de los que configuran el conjunto de
la economía española. Quiero hacer constar que son numerosos los
problemas existentes en el medio rural, pero permítanme que centre esta
sesión informativa en las más serias y hondas preocupaciones de Amfar.

Es innegable que estadísticamente se ha hecho visible el aumento de la
incorporación de la mujer al empleo y que es patente una evolución hacia
una igualdad de trato con el hombre. Si embargo, la situación en el medio
rural es verdaderamente escalofriante. Según nuestros datos, más del 80
por ciento de las mujeres residentes en el medio rural siguen teniendo
como profesión «sus labores» a pesar de que ayudan o colaboran en las
tareas familiares agrarias, ganaderas o pesqueras. Es decir, son mujeres
que se ocupan de todo lo relacionado con la casa, son madres, y sobre
ellas recae la responsabilidad de la educación de los hijos, la salud de
la familia, también la de las personas de edad avanzada, y la gestión de
los asuntos económicos o administrativos, todo ello obstaculizado por la
deficiencia de la infraestructura rural, y colaborando a su vez en las
tareas agrarias.

Amfar reconoce la valiosa importancia que el desarrollo de este trabajo
tiene en el hogar, no sólo para el bienestar del individuo y de la
familia, sino para toda una sociedad, además de reconocer que la labor
del ama de casa contribuye no sólo al mejor funcionamiento de los
sectores productivos de la economía sino que también juega un papel
importante y decisivo a la hora de administrar los recursos del entorno
familiar. Somos conscientes de que este tipo de trabajo como amas de casa
abarca no sólo a las mujeres del ámbito rural sino asimismo a todas las
mujeres. Igualmente reconozco que es difícilmente cuantificable, en
cuanto al número de horas de trabajo, el ahorro que esto supone a los
Presupuestos Generales del Estado en relación con guarderías, comedores
escolares, residencias de tercera edad, etcétera. Hay que apoyar a la
mujer que invierte todo su tiempo en dedicarse a su casa, su familia y



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sus hijos, y hay que reconocer socialmente, mediante un estatuto
jurídico, la labor que desempeñamos las mujeres, la utilidad económica y
social que ello constituye y nuestra contribución, en definitiva, a la
economía de este país.

Permítanme incidir a continuación en lo que se refiere y afecta
directamente a la situación real de las mujeres rurales de nuestro país,
y más específicamente en lo que se refiere a aquellas que son esposas de
agricultores, puesto que es el tema más fuerte en esta sesión
informativa, enlazando con la transposición de la Directiva Comunitaria
86/613. Me remito a esta Directiva para recordarles que la misma afecta a
los trabajadores autónomos que ejerzan una actividad lucrativa por cuenta
propia, incluidos los agricultores, así como a sus cónyuges no
asalariados ni asociados que participen de manera habitual en la
actividad del trabajador autónomo. Asimismo, dicha Directiva se dirige a
cada uno de los Estados miembro para que se comprometan a examinar en qué
condiciones puede favorecerse el reconocimiento del trabajo aportado por
las cónyuges no asalariadas e, igualmente, a que examinen en qué
condiciones las mujeres autónomas y las cónyuges de los trabajadores
autónomos pueden tener acceso, durante la interrupción de su actividad
por razones de embarazo o de maternidad, a servicios de sustitución o a
servicios sociales existentes en el territorio beneficiándose así de una
prestación social económica en el marco de un régimen de seguridad social
o de cualquier otro sistema público de protección social. Esto es lo que
dicen los artículos 7 y 8 respectivamente de esta Directiva.

Señorías, la problemática radica principalmente en que la contribución
laboral y económica de la mujer rural al negocio no está legalmente
reconocida como actividad laboral. En el sector agrario y ganadero
participan más de un 40 por ciento de las mujeres realizando un trabajo
manual, vendiendo productos, cuidando animales o realizando tareas de
tipo administrativo o de gestión, con economías familiares de
subsistencia y autoconsumo y sin posibilidad de acceder a una formación,
y lo hacen con escasa cobertura social, sin protección jurídica y sin el
más mínimo reconocimiento social. Por tanto, la ausencia de una verdadera
situación jurídica profesional de los cónyuges acarrea graves
consecuencias en relación con el derecho a cobrar una remuneración, pagar
impuestos, protección por el régimen de la Seguridad Social, etcétera. A
esto hay que añadir el oscurantismo actual en cuanto a la cuantificación
del censo femenino que se encuentra en estas condiciones, y quizá sea
ésta la razón por la que tradicionalmente se califica su trabajo de
invisible. Esta ausencia de reconocimiento social y jurídico está
repercutiendo de manera negativa en este colectivo, que se ve privado de
sus derechos más elementales.

Señorías, la mujer rural, por su condición de casada, no es considerada
como trabajadora de la explotación agraria, sino como simple
colaboradora. La razón o el motivo es muy sencillo: en la actualidad, la
explotación agraria se basa en la unidad familiar y como tal, es el
cabeza de familia, el marido, el que asume toda la responsabilidad fiscal
de la misma como titular de la explotación y de la renta. También es
cierto que es la mujer la que renuncia en la mayoría de los casos a pagar
sus prestaciones sociales, pero el pago de sendas contribuciones resulta
una carga económica demasiado pesada, si consideramos la renta familiar
de un agricultor o ganadero medio.

Por otra parte, en ningún caso podemos olvidar el papel de cotitularidad
de la mujer en la empresa agraria, asumiendo los riesgos propios de dicha
empresa. De acuerdo con el Real Decreto 1. 887/1992, el cotitular de la
explotación se define como aquella persona física que asume, como mínimo,
un 40 por ciento de los riesgos y de las responsabilidades civil, fiscal
y social de la gestión de la explotación. Y me pregunto --y les pregunto
a ustedes--, si la explotación familiar se define por su unidad familiar,
¿no está asumiendo la mujer, al igual que su marido, el cien por cien de
los riesgos fiscales y civiles? Permítanme decirles que los únicos
riesgos que asume la mujer como cotitular de la explotación agraria son
la exención total de jubilación, una pensión inferior al salario mínimo
interprofesional en caso de viudedad y, por último, la ausencia total de
pensión alguna en caso de separación.

Por otro lado, querría hacerles una reflexión. Existe, por desgracia, el
tópico de que quien trabaja, cobra, y quien trabaja y cobra, cotiza y,
por tanto, accede a las prestaciones sociales necesarias. Pues bien, una
mujer rural que trabaja como colaboradora de su marido, trabaja y no
cobra; trabaja y no cobra, pero ayuda a cotizar como cotitular de la
explotación y sólo tiene acceso a las prestaciones sanitarias mínimas.

Por tanto, desde Amfar exigimos que se valore de una vez por todas la
corresponsabilidad y cotitularidad de la mujer en la empresa agraria,
para que disfrute de las mismas prestaciones sociales de las que goza su
marido como titular de la explotación.

Señorías, España no ha tomado las medidas necesarias para subsanar estos
graves problemas en relación con la Directiva comunitaria de 1986. Por
otra parte, desde Amfar somos conscientes del grave desequilibrio
financiero del régimen de la Seguridad Social (un billón de déficit),
pero ésta es la realidad, y les compete una tarea nada fácil. Desde Amfar
seguiremos trabajando por el reconocimiento social y jurídico del trabajo
de las mujeres rurales.

Pasemos ahora a otro tema, el de la información y formación en el medio
rural. La información que llega al medio rural es mínima. Bastaría con
hacer una encuesta entre las mujeres de los pueblos para darse cuenta del
gran desconocimiento que existe sobre temas de la más absoluta
actualidad, y no hablemos ya de normativas comunitarias, proyectos
trasnacionales y de distintas normativas de carácter nacional que les
atañen y afectan directamente. Pero si la información es mínima, la
formación es, hasta la actualidad, y según nuestra organización, una
asignatura pendiente y en deuda con el medio rural, si bien es verdad que
las mujeres jóvenes acceden ahora de forma regular a la enseñanza
reglada. Sin embargo, las mujeres con edades superiores a los 35 ó 40
años prácticamente carecen de oportunidades para obtener una formación
ágil, práctica y adecuada a sus necesidades. Amfar valora el esfuerzo
que, desde la Administración, se ha realizado durante estos últimos años
en cuanto a la formación de mujeres en el ámbito rural se refiere. Pero
no nos equivoquemos, la formación



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que se imparte en la mayoría de las Comunidades Autónomas es extensa,
continua, y con niveles de iniciación y adaptación poco adecuados para el
colectivo rural. A esto hay que añadir la falta de compensaciones
necesarias para que una mujer pueda abandonar sus obligaciones y asistir
durante un período prolongado de tiempo a un curso de formación.

En cuanto a los jóvenes del medio rural, reconozco que los grandes
cambios estructurales que se han producido durante los últimos años en
nuestro país han hecho posible que puedan acceder al sistema educativo de
forma regular, lo que les está permitiendo hoy día su incorporación al
mundo laboral. Pero me gustaría puntualizar que estos cambios son
generales, y de lo que aquí se trata es de buscar soluciones a problemas
concretos, como la concesión de becas o de ayudas al estudio. En este
caso, por lo que a las actividades agrarias se refiere, la concesión se
establece en relación al valor catastral de los bienes rústicos, es
decir, al valor patrimonial, debiendo ser éste inferior a un millón
seiscientas mil pesetas. Esto lleva a que la hija de un agricultor con
más de tres hectáreas de regadío, o con maquinaria por un valor superior
a dos millones de pesetas --sin tener en cuenta que procedan de un
préstamo bancario, como ocurre en la mayoría de los casos--, no pueda
optar al sistema actual de becas, lo que sin duda está coartando su
futuro profesional. Y se produce la enorme paradoja de que la hija de un
funcionario público, aun con mayores beneficios netos al año que un
agricultor con tres hectáreas de regadío, no paga siquiera las tasas de
matrícula, que en muchos casos --sobre todo, en el ámbito universitario--
son de un alto costo. Por tanto, es necesaria una urgente modificación
del Real Decreto 2.298/1983, que establece los criterios de adjudicación
del sistema de becas y ayudas al estudio, con el objetivo claro y
sencillo de que exista una igualdad de oportunidades de acceso a la
formación de todos los jóvenes y que no haya discriminación por la
profesión --en este caso, agraria-- del cabeza de familia, defendiendo de
esta manera la igualdad de oportunidades, según establece nuestra
Constitución.

Por lo que respecta a la formación, hasta la fecha no se ha realizado
ningún estudio pormenorizado de las necesidades de formación entre las
mujeres del medio rural, y desde Amfar consideramos imprescindible la
ejecución de este estudio y necesaria la posterior ejecución de un plan
de formación destinado exclusivamente a las mujeres del medio rural, con
el objetivo de conseguir que la formación en dicho medio sea una
realidad.

Finalmente, es notoria la falta de asociacionismo. Es innegable que las
mujeres tenemos hoy día más oportunidades de desarrollo, al igual que de
manifestarnos en nuestra sociedad con suficiente peso. La mujer rural ha
tomado conciencia de ello y del lugar que ocupa, no sólo de puertas
adentro, sino también en los ámbitos laborales, sociales y públicos, y
quiere participar, hablar y contar sus problemas. En una palabra, quiere
participar directa y activamente en la sociedad, sin que existan
diferencias por la ubicación o por la profesión. La mujer rural está
preocupada e inquieta porque quiere empezar esa andadura que se le
presenta ante sus ojos. Todavía le queda mucho por recorrer y está
dispuesta a prepararse. Dentro de ella augura un cambio al que tiene que
hacer frente; le inquieta su futuro, el de su familia y el de sus hijos.

Y es en este punto donde Amfar tiene el compromiso de informarla con
talante serio y práctico, una tarea difícil por la falta de apoyo
económico que sufrimos en las organizaciones no gubernamentales por parte
de las instituciones y organismos públicos. Sin embargo, Amfar quiere un
compromiso serio para recoger, analizar y estudiar las necesidades de las
mujeres de este ámbito, a la vez que para canalizarlos, transmitirlos y
debatirlos en las plataformas y organismos públicos competentes buscando,
en la medida de lo posible y dentro de las posibilidades económicas
existentes, las soluciones que este sector demanda.

Nada más. Sólo me resta reiterar mi agradecimiento por esta convocatoria,
y quedar a disposición de sus señorías para cualquier precisión,
aclaración o cuestión a resolver.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña María Dolores Merino.

Querría hacer a sus señorías una consideración, que he consultado con la
Letrada y he comentado con algunos portavoces, que una vez posicionados
los grupos sobre este tema, cabría enviar el acuerdo que se tomara por
esta Comisión a las Mesas de las dos Cámaras, por ser una Comisión Mixta
del Congreso y del Senado, para que se tramitara la transposición de la
Directiva Comunitaria a la que vamos a hacer referencia. Como sus
señorías saben, esta Comisión no tiene capacidad legislativa, y tendrían
que ser las Mesas de las dos Cámaras las que decidieran la tramitación.

También cabe que los distintos grupos políticos lo propusieran, en el
Congreso por medio de una proposición no de ley, en el Senado por medio
de una moción. La Comisión, como tal, tendría que tomar el acuerdo de
remitir nuestra aprobación o no de la transposición de esta Directiva
Comunitaria a nuestra legislación positiva.

Nada más por mi parte.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Belén do Campo.




La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, en nombre de mi Grupo, quiero dar la bienvenida a esta
Comisión a la Presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias de Ambito
Rural, que comparece hoy a petición de nuestro Grupo. Antes de nada
quiero agradecer el informe que nos ha presentado y que nos acerca mucho
más a la realidad y a la importancia que tienen las mujeres en las
explotaciones agrarias en todo el Estado. Tengo que decirle que nuestro
Grupo coincide con muchas de sus inquietudes.

Uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en el medio rural es
el fenómeno de la ausencia de mujeres jóvenes. Las mujeres abandonan en
mayor número que los varones los pueblos. Esto es diferente a la imagen
tradicional, en la que era el varón el que abandonaba el pueblo para
buscar trabajo en la industria, a pesar de que hay zonas en España donde
existe un cierto equilibrio entre



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la proporción de mujeres y varones. Con respecto a esta reflexión nos
gustaría que nos aclarase la inquietud de la Asociación de Mujeres
Rurales, a la que está representando, y nos gustaría saber si hay alguna
promoción de las mujeres en el ámbito rural y si está coordinada su
Asociación con alguna iniciativa o algún programa dentro de su movimiento
asociativo.

A nivel educativo, para el Grupo Parlamentario Popular, y lo tenemos
recogido dentro de nuestro programa de Gobierno, es fundamental la
necesidad de llevar a cabo programas específicos de educación destinados
a las mujeres, en concreto a las mujeres del mundo rural. Le quería
preguntar también sobre las iniciativas de su Asociación en relación a la
educación y a la formación, ya sea reglada o no reglada, además de las
becas que ya nombró anteriormente.

A esto se une que hoy en día estamos viviendo una crisis de la economía
tradicional, y la diversificación de actividades constituyen los
elementos clave de una crisis de desagrarización, que está amenazando la
pervivencia de muchos núcleos rurales. En este contexto, la mujer ha
sufrido más que nadie la pérdida de sus papeles tradicionales en el
ámbito de la economía familiar de autoconsumo y de los sistemas de
trabajo agrario preindustriales. Los procesos de mecanización de la
agricultura han hecho desaparecer muchos espacios de laboriosidad
femenina o los han masculinizado. Por último, el papel que ha ocupado
tradicionalmente la mujer en la organización del trabajo agrario familiar
ya no convence a las más jóvenes, que buscan en la industria y en los
servicios las oportunidades de empleo. Nos gustaría saber también si
desde su Asociación se está haciendo algo para que estos núcleos rurales
sigan perviviendo.

Nos encontramos también, como usted ha dicho, a la mujer rural como ayuda
familiar, sin acceder a la titularidad de la explotación, sin tener un
reconocimiento social como trabajadora o coempresaria agraria,
permaneciendo, en lo que a derechos laborales y prestaciones sociales se
refiere, en situación de persona inactiva, dependiente y apareciendo no
como agricultora sino como esposa de agricultor.

La situación de la mujer se agrava, por tanto, en el mundo rural, ya que,
según datos que tenemos, el 44,7 por ciento de las mujeres que figuran
como población activa agraria son ayudantes familiares, y es inaceptable
la situación jurídica de la mujer agricultora, cónyuge de titular de
explotación. Tampoco se les reconoce estatuto alguno de cotitular de la
empresa, y la Seguridad Social sólo le da derecho a la asistencia
sanitaria y a la pensión de viudedad al tener sólo derecho derivado y no
propio. Por tanto, si tiene esos datos, ¿nos podría decir qué tanto por
ciento hay de mujeres agrarias asalariadas? ¿Qué tanto por ciento hay de
mujeres trabajadoras agrarias por cuenta propia y cuántas son titulares
de esa explotación agraria? También nos interesaría conocer el grado de
participación de las mujeres en las organizaciones profesionales
agrarias, así como el número de mujeres que cotizan a la Seguridad Social
agraria, que en muchos casos no lo hacen por la carga económica que les
supondría para la explotación.

Está claro que las carencias de la mujer rural se derivan del aislamiento
de los núcleos urbanos, que les impiden el acceso a determinados
servicios sociales, como pueden ser las infraestructuras de apoyo, como
las guarderías, centros de día para ancianos o minusválidos que están a
su cargo al convivir con la familia, y que ya anteriormente expuso usted.

La protección social del Régimen Agrario se caracteriza porque tiene
prestaciones menos completas que las del Régimen General, sobre todo en
lo que se refiere en la prestación por maternidad.

Nos gustaría que nos contestara a una serie de preguntas y que nos
hablara sobre la incidencia o las repercusiones positivas sobre estas
mujeres rurales de la nueva ley de permisos parentales, recientemente
aprobada; sobre las reformas recientes en materia de Seguridad Social,
que dan a las trabajadoras autónomas el derecho de descanso maternal y
las prestaciones por maternidad con la misma extensión y en las mismas
condiciones que a las trabajadoras del Régimen General, siempre que estén
afiliadas al Régimen Especial Agrario. Por ello nos gustaría saber cuál
es, según usted, el principal inconveniente para que las mujeres rurales
se afilien individualmente a la Seguridad Social y cuáles son las
soluciones que usted propondría para corregir esto.

Refiriéndome ya a la transposición de la Directiva, nos gustaría saber en
qué medida se ha hecho la transposición de la Directiva 86/613, relativa
a mujeres autónomas, especialmente agrarias. Tengo que decirle que el
Grupo Parlamentario Popular presentó en la anterior legislatura una
proposición no de ley para que se transpusiera esa Directiva comunitaria
con la prioridad de proteger a las mujeres rurales. Fue rechazada por
otros grupos parlamentarios, y, por otra parte, el Gobierno asegura que a
través de las distintas modificaciones que ya se han venido haciendo en
la Seguridad Social se ha incorporado ya. Queríamos saber qué opina usted
al respecto, y en qué medida se ha incorporado en nuestra legislación
esta Directiva.

En la Carta sobre las bases para la igualdad de oportunidades de las
mujeres en el ámbito rural, que se presentó con motivo de la reunión que
tuvieron el pasado mes de marzo, se pedía, entre otras cosas, garantizar
jurídicamente los derechos de las mujeres agrarias. ¿Qué propone la
Asociación que usted preside para la elaboración de un estatuto concreto,
distinto al Estatuto del Trabajador? ¿Qué mecanismos serían necesarios
establecer en orden a favorecer la cotitularidad de las explotaciones
agrarias, y cómo se favorecería, en su opinión, la participación femenina
en los programas de formación?
Para finalizar, quiero decirle que la mujer rural es para el Grupo
Parlamentario Popular objeto de atención primaria, y, como siempre,
encontrará la colaboración y el apoyo, como no podía ser menos, del Grupo
Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Belén do Campo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña
Isabel Alberdi.




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La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer a la señora Merino, Presidenta de
Amfar, su presencia en esta Comisión, y aprovechar para obtener
información sobre cómo ve su Asociación, que es una asociación, como
usted nos ha dicho, joven (lleva cuatro años funcionando), la
problemática de las mujeres en el medio rural. Es evidente, como usted
dice, que la situación de las mujeres en el medio rural es heterogénea,
es diversa. Esto ocurre en cualquier sector de mujeres que podamos
estudiar con detenimiento, ya sea agrario o del sector servicios, ya sea
por distintas edades, ya sea por distintos niveles de formación o por
distintas trayectorias. Lo que sí unifica es su condición de mujer y la
discriminación que pueden sufrir con respecto a los hombres, no ya
legalmente en nuestro país, sino en el ejercicio de sus derechos, y esto
se plasma en el sector rural como en cualquier otro sector. Probablemente
el sector rural, como usted decía, es más tradicional y en él la
pervivencia de los modelos antiguos de los papeles de hombres y mujeres
es mayor que en sectores urbanos y el cambio tan importante que las
mujeres españolas hemos realizado en los últimos años se nota, pero a lo
mejor no de una forma tan acusada como en otros sectores.

De todas maneras, usted habla de la situación de las mujeres rurales, de
las que más del 80 por ciento se dedican a sus labores, y, evidentemente,
hay que pensar cómo se dignifica y se reconoce ese trabajo oculto,
invisible que realizan las mujeres rurales y todas las mujeres, allá
donde se encuentren, porque estamos de acuerdo en que, como usted decía,
la atención de los niños y de las personas mayores por parte de las
mujeres se produce no sólo en los medios rurales, sino también en los
urbanos. Bien es cierto que ante estos papeles que son socialmente
necesarios y que las mujeres venimos desarrollando, en este caso en el
mundo rural pero yo creo que en todos los ámbitos, no es ya simplemente
cuestión de que se les reconozca --que creo que hay que reconocerlo-- la
importancia social que tiene, sino que mi grupo parlamentario cree que
además hay que replantearse por qué eso, que es socialmente necesario, es
sólo tarea de las mujeres. Más que por aceptar la situación y reconocer
la importancia social de las tareas de las mujeres, nosotros creemos que
tienen una gran importancia ese tipo de actividades que socialmente
necesitamos y que se hacen en el ámbito más familiar y doméstico, pero
que no deben realizarse en exclusiva por las mujeres: puesto que son de
una gran importancia para el desarrollo y el desenvolvimiento de la
sociedad, deben ser compartidas por hombres y por mujeres. Si la he
entendido bien, la diferencia en este punto es que la idea es cambiar los
papeles tradicionales de hombres y mujeres, reconociendo su importancia
social, y no que sigan haciendo estas tareas sólo las mujeres y después
ver cómo se les reconoce y cómo lo organizamos. Es mejor, a nuestro
entender, tanto en el ámbito rural como en cualquier otro, que hombres y
mujeres puedan desarrollar todas sus posibilidades tanto en la esfera de
lo privado, de lo familiar, como en la esfera de lo público y de lo
social.

Plantea usted dos problemas que su Asociación considera muy importantes y
que nosotros también creemos que lo son, pero quiero explicarle en cuanto
al tema de la Directiva 86/613, que usted dice que hay que hacer la
transposición, si no le he entendido mal, que mi Grupo no está de acuerdo
porque cree que lo que contiene la Directiva de 1986 a la que usted ha
hecho referencia está contemplado en la legislación española. La
Directiva es una orientación para todos los países que pertenecen a la
Comunidad, para que si no tienen adaptada su legislación a lo que plantea
esa Directiva, hagan las modificaciones legislativas necesarias.

Nosotros creemos que la Directiva ha sido aplicada, aunque puede ser muy
discutible si entramos en cuestiones como las que ustedes plantean. Si
ustedes dicen que las mujeres no pueden cotizar, yo tengo que decirle
que, evidentemente, hay un sistema de Seguridad Social, un sistema
agrario, y si las mujeres cotizan, van a tener los mismos derechos. Pero
si se perpetúan en su situación de amas de casa dependientes de un
titular que cotiza, la situación es diferente en el medio rural, en el
medio urbano y en todos los medios. Usted dice, incluso, que las mujeres
no llegan a tener pensión de separación alguna en el mundo rural, y yo
tengo que decirle, con todo respeto, que no la tienen en ningún sitio. La
pensión de separación se arbitra en un proceso de separación, ante un
juez, y dependerá de la renta conjunta que tenga la unidad económica que
es el matrimonio, pero no tiene nada que ver con que se plantee en el
medio rural o en el medio urbano. Sin embargo, en la legislación española
no hay ningún déficit, y lo puede usted analizar con la legislación de la
Seguridad Social que tenemos en España, en el Régimen Autónomo Agrario, y
con lo que dice la Directiva de 1986. Si una mujer cotiza, tiene todas
las prestaciones; si cotiza el titular, el hombre, la mujer tendrá las
prestaciones derivadas de esa cotización. Pero es que tanto en el medio
rural como en el urbano, si no cotizo como trabajadora, ¿cómo voy a tener
permiso por maternidad? Tendré mi atención por maternidad, mi atención
sanitaria, pero no puedo tener una prestación por maternidad y menos una
sustitución en el puesto de trabajo.

Yo creo que hay que hablar de todo eso y del problema que pueda plantear
en el mundo rural y buscar soluciones que sean viables conforme a una ley
y a una igualdad con respecto a cualquier otro sector. Las amas de casa
normales, en el medio urbano o en el mundo rural, si como tales están y
no cotizan, por supuesto que no tienen una serie de prestaciones; tienen
otras, pero no son titulares directas de derechos, aunque tienen una
serie de derechos derivados. Es así como ocurre, pero no exclusivamente
en el mundo rural.

Mi Grupo cree que la Directiva está contemplada en la legislación
española, que no hace falta hacer ninguna transposición y que en 1986,
cuando se aprobó la Directiva, España tenía ya una legislación anterior
que no presentaba problemas que obligaran a tener que hacer adaptaciones
de la legislación española para estar dentro de lo que marca esta
Directiva. Como nos pasaría ahora si se aprobara la inversión de la carga
de la prueba, directiva



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que está en discusión hace años y a la que Inglaterra se resiste. En la
Ley de Procedimiento Laboral nosotros ya tenemos la inversión de la carga
de la prueba, por lo que no tendríamos que cambiar. O sea que hay que ver
cuándo una directiva requiere un cambio legislativo y cuándo no lo
requiere. Nosotros entendemos que en este caso, realmente, no lo
requiere, pero me gustaría que usted lo explicara con más detalle. Yo
comprendo que es una discusión muy en profundidad para la que hay que
estudiar toda la legislación de la Seguridad Social, que, como usted
sabe, es absolutamente compleja, y hay que leer bien lo que dice la
Directiva. Pero sí quiero que sepa usted cuál es la posición del Grupo en
cuanto a que consideramos, por supuesto, que hay que apoyar a las mujeres
en el sector agrario, como las apoyamos en el sector urbano, y a cada uno
desde su situación específica. Eso es cierto, pero lo que no podemos
hacer es pensar que las mujeres del sector agrario van a tener la
posibilidad de recibir una serie de prestaciones sin atenerse a una ley
que, hoy por hoy, parece justa y razonable. Por ello, más que hacer
cambios, habría que ver cómo se convence a las mujeres para que coticen,
para que sean titulares directas de sus derechos, para que puedan generar
su propia pensión de jubilación, sus propios derechos y sus propias
pensiones. Ahora bien, si aceptan y toman la decisión de ser amas de
casa, me parece muy bien si lo hacen libremente, es una cosa
absolutamente respetable, pero tendrán unos derechos distintos que si
entran en un sistema de cotización que, además, existe y está regulado,
con sus prestaciones según niveles de cotización, etcétera.

Con respecto a lo que usted decía sobre la información y la formación, es
verdad que aquí entramos ya en un tema más complejo, porque la
información llega normalmente a los núcleos rurales mucho más rápidamente
que antes, pero hay menos nivel de información en las zonas rurales que
en las urbanas. Ahora bien, yo creo que tenemos que hacer una distinción
en el conjunto del Estado español porque hay mayor sector rural en unas
zonas que en otras y porque en los problemas que usted ha planteado tiene
mucho que ver el nivel de información y de formación, en el tramo de edad
de mujeres de 35 a 40 años, en las políticas que hacen las Comunidades
Autónomas. La política de información de sus derechos a las mujeres, a la
que usted ha hecho referencia, tiene que ver con las políticas de
igualdad de oportunidades que realizan los gobiernos de las Comunidades
Autónomas. Evidentemente, hay Comunidades Autónomas donde no hay centros
de información de los derechos de las mujeres, donde no hay políticas
para la igualdad de las mujeres en los sectores rurales, donde no hay un
esfuerzo por conseguir la igualdad entre los hombres y las mujeres, no
sólo la legal, sino la real de trato, y hay otras Comunidades Autónomas,
que yo le puedo citar, donde hay red de centros de información de
derechos de las mujeres en las zonas rurales y cursos especiales de
formación para las mujeres. Es decir, la diversidad es muy grande y
depende, yo creo, del esfuerzo que se haga dentro de las Comunidades
Autónomas por una política de acción positiva hacia las mujeres, en este
caso, en el sector rural.

Por otro lado, usted habla del tema de las becas. En cuanto a este tema,
se puede revisar y analizar cuáles son los niveles de igualdad que se
plantean con respecto a la renta entre el ámbito urbano y el rural, pero
hay que ser rigurosos: los funcionarios no tienen todos becas. Por ser
hijo de un funcionario no se tiene beca en la enseñanza y no se dejan de
pagar las tasas. Creo que sólo las tienen los funcionarios del Ministerio
de Educación y Ciencia, y no en todos los casos. Por lo tanto, tendremos
que analizar este tema. Lo que sí creo que es cierto es que los hombres y
las mujeres jóvenes del medio rural --en este caso, como usted decía, las
mujeres jóvenes-- tienen acceso al sistema reglado de educación en las
mismas condiciones que cualquier persona en el sector urbano.

Por otro lado, en nuestro país existen tantas becas en la universidad,
por ejemplo, como las que había hace 12 años, en cantidad de estudiantes,
hombres y mujeres. Es decir, que ha habido una política de becas que se
puede revisar respecto del valor catastral, etcétera, como usted decía,
pero sin hacer comparaciones. Se refiere usted a los funcionarios en el
sector urbano, y los funcionarios pagan sus tasas. Puede haber algunos
hijos de funcionarios que estén exentos de las tasas por cuestiones muy
específicas, pero no podemos generalizar de esta manera. Quizá es cierto
que menos de 1.600.000 de valor catastral puede generar --habría que
estudiarlo-- una desigualdad en el acceso a las becas. Pero yo creo que
debemos estudiar las cosas con detalle, sobre todo si queremos buscar
soluciones reales para las mujeres que sufren discriminación en el mundo
rural, mayor, en algunos aspectos, que la que sufren las mujeres en el
medio urbano. Y hay un estudio muy reciente, hecho por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre las mujeres en el medio rural
--no sé si usted lo conoce-- (La señora Merino Chacón hace gestos
afirmativos.) que yo creo que es de gran interés para conocer cuál es la
situación de estas mujeres, aunque se pueda discrepar luego a la hora de
buscar soluciones a los problemas que éstas tienen en el medio rural.

Pero ese estudio nos permite tener un diagnóstico, un análisis de cuál es
la situación, que es el primer paso necesario para buscar soluciones a
los problemas que se plantean.

Quisiera terminar mi exposición diciéndole que, como siempre y con
cualquier asociación de grupos de mujeres que luchan por conseguir la
igualdad entre hombres y mujeres, estamos dispuestos a apoyarles en lo
que sea necesario, pero sobre todo apoyarles sobre un análisis de la
realidad, buscando soluciones concretas. Porque ustedes son una
Asociación joven y yo comprendo que el mundo rural es un mundo muy amplio
y muy heterogéneo, como decía usted, pero yo creo que es conveniente que
hagamos un análisis tanto los grupos políticos como las asociaciones de
mujeres, los partidos, las federaciones, etcétera, desde la realidad de
una situación que, a lo mejor, hay que cambiar y casi seguro que hay que
transformar --porque en este país las mujeres seguimos estando
discriminadas, y en el mundo rural de forma bastante específica--, pero
hay que buscar soluciones desde el conocimiento de la realidad, y no
decir que hay que hacer leyes especiales. No. Dentro del marco legal,
dentro de la legislación que funciona para el conjunto de las mujeres,
vamos a buscar qué ajustes o qué cambios hay que hacer en los distintos
sectores. Pero



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no podemos pensar, y se lo digo con todo respeto por el análisis que
usted hace de la Directiva, que vamos a saltarnos todo el Régimen General
de la Seguridad Social para solucionar --de una forma que yo no
comparto-- la situación de ese 80 por ciento de mujeres que son amas de
casa en el sector rural. Creo que es mejor buscar que tengan formación,
que tengan posibilidades de trabajo; que si trabajan en la explotación
familiar, consigan que sus maridos les permitan cotizar, porque para los
maridos es muy cómodo, no para ellas, que, a la larga, están explotadas
por su condición de amas de casa y eso no es lo único que están haciendo,
pero, como no cotizan, no generan derechos propios.

Yo pienso que es mejor convencer a las mujeres del medio rural de que,
puesto que trabajan, como usted dice y sabemos todas, en la explotación
familiar y no sólo en el ámbito familiar y doméstico, que coticen, que
sean titulares de pleno derecho y, por tanto, tengan todas las
prestaciones que tienen las mujeres cuando trabajan y cotizan, y no estén
en una situación en la cual trabajan pero, al no cotizar, es como si no
lo hicieran. Creo que ya es bastante problema solucionar todos los
trabajos que hacemos las mujeres para el bienestar social de la
colectividad en la que vivimos, porque hay que ver cómo se reparten entre
hombres y mujeres las responsabilidades familiares y domésticas. Pero hay
mujeres que están trabajando igual que los hombres no sólo en una
explotación de tipo rural, sino que puede ser un negocio familiar, una
tienda o un comercio en Madrid del que es titular el marido y la mujer
está trabajando todo el día, pero como no cotiza, le pasa lo mismo que a
las rurales, y todo por ahorrarse la cotización. Yo creo que es mejor
convencerles de no defraudar en parte a la Seguridad Social. Porque
querer las prestaciones sin cotizar, trabajar sin cotizar... Lo que
ocurre es que es muy difícil, porque en el caso de un empresario decimos
que está haciendo trampa si trabajas para él y no te da de alta en la
Seguridad Social.

Por lo tanto, en el ámbito de lo familiar y lo doméstico, como al final
es tu marido el que no te da de alta en la Seguridad Social, o tu tío, o
tu padre, pues suele ser así, un vínculo de tipo familiar, ¿buscamos otra
solución? No, yo creo que hay que intentar convencerles, y también a la
gente del sector rural, de que, si quieren tener derechos, hay que
cotizar. Luego, una vez que se cotiza, se puede analizar si las
cotizaciones son altas, si las prestaciones son equilibradas y responden
a las cotizaciones. De acuerdo, pero no queramos saltarnos las normas en
el mundo rural, como no lo hacemos en el mundo urbano, porque las propias
mujeres que trabajan en una explotación no agraria, sino en un negocio de
tipo familiar y que no cotizan, nos pueden pedir lo mismo y, por este
sistema, acabamos en prestaciones para las amas de casa de las cuales
unas tienen un perfil profesional que no tienen otras.

Por lo tanto, este tema es mejor llevarlo al término de la ley, a lo
objetivo, y acogernos a los recursos que existen. ¿Que hay que
cambiarlos? Pues ya veremos si se cambian; pero lo que no podemos es dar
un salto en el vacío. Quien cotiza tiene unas prestaciones y quien no
cotiza tienen unas prestaciones que se derivan de la titularidad de otro.

Creo que debemos intentar conducir este tema a ese terreno.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Isabel Alberdi.

Para contestar a las cuestiones planteadas por los distintos grupos,
tiene la palabra la Presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias de
Ambito Rural, doña María Dolores Merino Chacón.




La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO
RURAL (Merino Chacón): Muchas gracias, señora Presidenta.

Agradezco la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a los
problemas existentes en el medio rural y por lo que respecta a las
mujeres rurales; y agradezco también la intervención de la representante
del Grupo Parlamentario Socialista.

En mi respuesta voy a tratar de unificar las preguntas que se me han
formulado por ambas partes, pero me gustaría empezar contestando a
algunas de las cuestiones planteadas por la representante del Grupo
Parlamentario Socialista.

Tengo que hacer una aclaración y es que, en primer lugar, la nuestra es
una Asociación joven --llevamos en ejercicio solamente cuatro años, yo
también soy joven y sólo llevo cinco meses presidiéndola-- pero desde
nuestra organización no tenemos ninguna duda de que conocemos realmente
los problemas que tienen las mujeres del medio rural, por la sencilla
razón y el sencillo motivo de que nosotras vamos a los pueblos y nos
relacionamos muy directamente con las mujeres del medio rural. Y más aún
porque yo soy una mujer que pertenezco al mundo rural. Esto lo digo
simplemente a modo de aclaración.

Por otra parte, se ha dicho que el problema de las amas de casa no afecta
solamente a las mujeres rurales, y hasta ahí estoy de acuerdo. Estoy de
acuerdo en que amas de casa existen en el medio rural y en el medio
urbano. Sin embargo, nosotras exigimos un reconocimiento social y
jurídico, quizá, más centrado en el mundo de la mujer rural, porque es el
que nos compete directamente. Hace poco compareció aquí la Presidenta de
una Federación de amas de casa, y también planteó la misma cuestión. ¿Por
qué la planteo yo más directamente para las mujeres rurales? La planteo
porque la condición de mujer rural es totalmente distinta a la de una
mujer urbana. Un ama de casa en el medio rural no tiene la misma
infraestructura que puede existir en un medio urbano. Por lo tanto, no
nos engañemos en este sentido; no digo que un ama de casa trabaje más o
que trabaje menos, ni que tenga un sueldo, pero sí que hay que reconocer
social y jurídicamente el trabajo de las amas de casa, y lo que no se
puede pedir es que se cotice por ser ama de casa; hay que reconocerlo,
simplemente, y si hay que poner un sueldo, que se ponga.

Otra cosa que quiero también remarcar es que la representante del Grupo
Parlamentario Socialista dice que las mujeres, todas, tenemos los mismos
problemas allá donde nos encontremos y cualquiera que sea el sector en el
que



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nos movamos. Siento no estar de acuerdo con estas palabras, porque las
mujeres dentro del entorno rural no disponen de infraestructuras, la
formación no llega y la poca que llega no es adecuada a estas
necesidades; estas mujeres están cuidando a personas de edad avanzada, el
centro sanitario más próximo queda a 15 kilómetros como mínimo y el
médico acude de diez a una de la mañana. Esto no se puede comparar, es
totalmente incomparable con la situación de una mujer en un medio urbano,
aunque sea ama de casa y tenga también bajo su cuidado a una persona
mayor.

No hay accesibilidad a los servicios sanitarios, se cuestionan que tienen
que desplazarse y cómo lo hacen. Hay que tener en cuenta, también, que el
conocimiento, la formación, la educación en el medio rural de una mujer
no es nada comparable con la que tiene la mujer de un medio urbano. Ellas
viven en su mundo, ellas se dedican al trabajo de su casa y ayudan o
colaboran, felizmente, con el trabajo en una explotación agraria; a ellas
no les importa tener un accidente con un tractor --que los ha habido y se
conocen-- y no tienen ningún tipo de prestación social ni de protección
jurídica; no tienen nada. Lo único que decimos es que jamás se puede
comparar a una mujer rural con una mujer urbana, simplemente, por las
infraestructuras, por la formación, por la accesibilidad a la sanidad,
por la accesibilidad a cualquier enseñanza reglada. ¿Qué pasa con los
transportes? No tenemos centros de formación profesional, a no ser que el
centro de población sea equis para montar ese tipo de centro. La
universidad queda lejos de casa y se necesita un transporte.

Se pide demasiado a una renta de un agricultor que, como bien ha
mencionado la representante del Grupo Parlamentario del Partido Popular,
se está desagrarizando. Existe un problema de desagrarización en el medio
rural. Se está acabando con la economía de ese pueblo, la agricultura y
la ganadería, y se nos está remitiendo a un plan de subvenciones. Eso
está generando que toda la gente joven que vive en el medio rural se
tenga que desplazar a otro sitio para poder, simplemente, formarse y
tener acceso a un mundo laboral.

En mi cabeza, como persona joven, no cabe dedicarme como colaboradora o
como ayudante a la explotación agraria de mi padre o de mi futuro marido
porque no se me va a reconocer ni tan siquiera socialmente, y no hablemos
ya jurídicamente, aparte de que, quizás, el día de mañana ya el campo no
exista. De la renta familiar que pueda tener un agricultor o un ganadero
no se pueden sacar tantas partidas: para el tema del campo, para la
maquinaria, para cuidar a la persona de edad avanzada que tenemos en
casa, para la educación de los hijos. La mujer rural deja aparte toda su
formación por dedicarse única y exclusivamente a sus hijos, que es lo que
a ella le preocupa. La mujer rural dice a sus hijos: el día de mañana es
para ti; yo no he tenido posibilidades y ahora quiero que lo hagas tú.

Hay que reconocer lo que las mujeres del medio rural están haciendo, el
trabajo que están desempeñando. Como amas de casa lo único que nosotros
exigimos es simplemente un estatuto jurídico donde se reconozca eso.

Existe --como he dicho antes-- el tópico de que el que trabaja cobra, de
que si están trabajando por qué no van a cobrar. Nos remiten a una
afiliación obligatoria a la Seguridad Social para poder cotizar y así
poder acceder a todas las prestaciones sociales a que da derecho esta
Seguridad Social. Entonces, mi primera pregunta es: ¿El trabajo de ama de
casa está reconocido como un trabajo por el que se pueda dar de alta a
una persona, pudiendo cotizar y así tener derecho a las prestaciones
sociales?
Mi segunda pregunta es: en el caso de una familia que tiene una
explotación familiar agraria donde ella es ama de casa y a la vez ayuda y
colabora con su marido en los trabajos de la explotación familiar
agraria, ¿cómo se va a dar de alta? ¿Simplemente como colaborador o
cónyuge no asalariado de la explotación en la que está trabajando? ¿De
qué explotación agraria se va a dar de alta si está a nombre de su
marido? ¿Cómo se hace? Si hay una explotación agraria, el señor que tiene
todas las responsabilidades, fiscal, civil y social, de esa explotación
agraria es el que se va a dar de alta, el que va a pedir un plan de
mejora, etcétera. Las mujeres a eso no pueden acceder porque sólo existe
una explotación.

El segundo punto que me gustaría aclarar es por qué yo reincido en una
aplicación de la Directiva 86 en cuanto al papel de colaborador o
ayudante. Simplemente porque las mujeres, en este caso, están trabajando,
están realizando un trabajo que no se está reconociendo. No se pueden dar
de alta porque el pago de las contribuciones de la Seguridad Social por
parte de dos personas, del marido y de la mujer, es una sobrecarga
económica bastante alta que no puede aguantar una renta familiar agraria
ni ganadera; es impensable. Por otra parte, estas mujeres están expuestas
al uso de fertilizantes, de herbicidas peligrosos, el trabajo que están
realizando es forzoso por su condición de mujer, y esto tiene que estar
recogido en caso de accidente, de sustitución en caso de maternidad,
etcétera.

En cuanto al tema de la información, me gustaría decir que en las
distintas Comunidades Autónomas se están desarrollando diversos cursos de
formación dedicados única y exclusivamente a las mujeres, pero no se
hacen dedicados exclusivamente a las mujeres rurales, teniendo en cuenta
cuál es la situación real de estas mujeres rurales Como ya he dicho
antes, se dedican de lleno a sus trabajos como amas de casa y ayudan y
colaboran en las explotaciones familiares agrarias, y tampoco tienen las
compensaciones necesarias para poder asistir a esos cursos de formación.

Como no existen guarderías en el medio rural ni existen residencias de
tercera edad en el medio rural: ¿qué hacen con los hijos, qué hacen con
los mayores? No existe ningún tipo de compensación ni en cuanto a
infraestructura real ni tampoco económica que les permita, primero, dejar
sus obligaciones para con su casa o cualquier ayuda que pueda prestar a
su marido en la explotación familiar agraria, simplemente en beneficio de
la renta familiar. No tiene ningún tipo de compensación necesaria y, por
otra parte, se tiene que trasladar a otro sitio. Todo parte, quizá, de la
mentalidad que existe en el medio rural por parte de las mujeres. Ahora
la gente joven actúa de manera distinta a como las mujeres más mayores lo
hicieron. La gente más mayor es consciente de esto y hace todo lo
posible, se esfuerza todo lo posible para que la gente joven llegue a



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donde ellas no han llegado. Lo que también es cierto es que en los
pueblos se está produciendo una avalancha o una ausencia de mujeres
jóvenes por este motivo, es decir, porque no existe infraestructura, no
existe formación, no existe información y tampoco tienen el
reconocimiento social ni jurídico.

Para terminar, se ha mencionado que quizá no sea sólo un problema de las
mujeres del medio rural o del medio urbano, sino de cambio en los papeles
tradicionales. Estos están cambiando tanto en el mundo rural como en el
urbano, eso es evidente. Pero si tenemos que marcharnos al medio rural,
los papeles cambian de manera más lenta que en el medio urbano. Por ello,
hay que tomar las medidas que sean necesarias en cuanto a información y
formación. Es decir, que no podemos partir del mismo punto cuando
hablamos de información y formación en el medio rural o urbano que cuando
tratamos la cuestión del cambio en los papeles tradicionales. Tenemos que
hacer una campaña de información y formación cuatro veces mayor, por no
decir el cien por cien mayor que en el medio urbano, porque a las
personas del medio rural todavía nos falta bastante para llegar al nivel
de las personas que están en el medio urbano y que, a la vez, siguen
evolucionando día a día.

En cuanto a las becas, se ha dicho que es algo que se puede revisar. Como
representante de una asociación de mujeres y familias de ámbito rural, no
puedo aceptar el «se puede revisar»; simplemente se debe revisar. Lo que
es inconcebible e impensable es que, en una actividad agraria, se
establezca el que una persona joven o mayor pueda disfrutar de una beca o
de una ayuda para el estudio en función de un valor patrimonial que tiene
que ser inferior a 1.600.000 pesetas. Como ya he dicho, como
representante de una organización de mujeres y familias de ámbito rural,
no puedo admitir el «se puede revisar», sino que se debe revisar. Si
estamos hablando continuamente de igualdad de oportunidades, de
formación, de empleo, de información, de lo que sea, entonces es la hora
de buscar soluciones para los problemas que se están planteando, y éste
es uno de ellos. Si estamos hablando del medio rural como medio que no
tiene formación, una mujer no puede acceder a la formación simplemente
porque no tenga una ayuda para el estudio, y es impensable que el umbral
económico para conceder una beca tenga que ser inferior a 1.600.000
pesetas.

Por otra parte, se dice que hay que convencer a las mujeres de que se
afilien a la Seguridad Social. No se trata de convencer a nadie. Yo creo
que, en este caso, de lo que se trata es de ser consciente y sensible
hacia una realidad que existe en el medio rural. Sé que la Directiva de
1986 no ha tenido ninguna aplicación en España, aunque parece ser que
está registrada ya en la legislación actual. Lo único que se aportó por
parte de España para que se reconociera social y jurídicamente el papel
del cónyuge, del trabajador autónomo --este cónyuge no asalariado que
trabaja de manera habitual en la explotación familiar agraria--, fue la
afiliación obligatoria a la Seguridad Social. Vuelvo a remitirme a lo
mismo. En un pueblo, en una familia, un agricultor medio no puede hacer
frente al pago de ambas contribuciones --por el marido y por la mujer--
por una misma explotación agraria. Por lo tanto, lo único que se pide es
que, si hace falta, se revise la legislación y que, simplemente, se
reconozca el trabajo que está realizando la mujer como ayudante. Hay que
reconocer el papel del cónyuge colaborador o del cónyuge ayudante de una
explotación familiar agraria, y que ello le permita al menos, como
cotitular de la explotación que está asumiendo el 40 por ciento de los
riesgos que se van a producir en esta explotación agraria, acceder a unas
prestaciones sociales, y no sólo a las sanitarias: que las tenga en el
caso de maternidad, en el caso de jubilación o en el caso de viudedad.

Si hay alguna pregunta más, la responderé con mucho gusto.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Para concretar algunas cuestiones que se han plasmado aquí, tiene la
palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Belén do Campo.




La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, quiero aclarar a la señora Merino que el Partido Popular
defendió el fondo de pensiones alimenticias por separación, que también
afectaría a las mujeres rurales en concreto, hasta que los jueces
fallasen el pago de esa pensión alimenticia, lo cual fue rechazado por
otros grupos parlamentarios.

En segundo lugar, yo que procedo de una Comunidad --la gallega--
mayoritariamente rural, deseo decir que en ningún momento se puede
comparar a la mujer del mundo rural, bien sean del interior o bien de las
zonas costeras, con la mujer urbana. Precisamente en la Comunidad
Autónoma gallega, desde el Servicio de Igualdad de Home e da Muller, se
acogió al programa NOW para favorecer la igualdad de oportunidades de las
mujeres rurales a través del Proyecto Claudia, posibilitando así una
formación básica, técnica y gerencial para aprovechar los recursos y
generar así el autoempleo de estas mujeres.

Por último --y coincidimos con usted--, diré que, a pesar de las
modificaciones que se han hecho en la Seguridad Social, el Gobierno
todavía no reconoce el trabajo aportado por tantas mujeres cónyuges no
asalariadas del agricultor y sigue sin dar solución a las posibles
sustituciones y prestaciones sociales, además de económicas, durante la
interrupción de su actividad por embarazo o maternidad, como viene
recogido en la Directiva de 1986.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Isabel
Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Gracias.

Señora Merino, siento mucho decirle que, aunque hay un aspecto del
trabajo de su asociación que me parece estupendo, y le agradezco
muchísimo que nos esté explicando la situación de las mujeres en el mundo
rural y tener



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la oportunidad de escucharla y conocer, a través de usted, cuál es la
problemática específica, en mi Grupo hay una idea de base distinta a lo
que usted plantea con respecto, en este caso, a las mujeres rurales, que
están en su casa, con su familia, que son amas de casa aunque también
participen, como usted dice, en el trabajo agrario. Hay, de fondo, una
visión distinta sobre cómo se sale de esa situación en que las mujeres se
pueden encontrar, en este caso en el medio rural, pero --insisto--
también en el urbano. Hay mujeres que están trabajando en negocios
familiares y que tienen el mismo problema. Si se quedan embarazadas y
tienen una criatura, nadie las sustituye; el trabajo va de otra manera.

Si tienen un familiar enfermo, tienen que atenderlo también; tienen sus
problemas debido a jornadas interminables de trabajo de ocho, doce,
veinticuatro horas. Usted, desde su enfoque y su estudio del mundo rural,
les da una solución que no compartimos. Nosotros creemos que las amas de
casa, sean del mundo rural o del urbano, tienen que tener un estatus
social, un reconocimiento de ese trabajo, pero no creemos que tengan que
tener una condición jurídica específica ni que, como tales amas de casa,
deban tener unas prestaciones. Tenemos una concepción de cómo se cambia
la situación de las mujeres que es distinta en su base. Creemos que
incorporándose al mundo laboral, trabajando, cotizando, teniendo sus
propios derechos, es como las mujeres conseguimos la libertad y la
igualdad por la que luchamos. Ahí tenemos una concepción que difiere de
la suya. Es difícil. A lo mejor, si nos ponemos a hablar en una
conversación más larga, habrá muchos problemas de discriminación de las
mujeres en el mundo rural, objetivos y planteamientos que tenga su
asociación, que se puedan solucionar y sobre los que podríamos coincidir
plenamente, pero hay una cuestión de base y es que tenemos una idea
distinta. No queremos que todas las mujeres sean amas de casa. Lo que
queremos es que las mujeres tengan las mismas opciones que los hombres.

¿Cómo se consigue eso? Se consigue logrando que los hombres y las mujeres
seamos amas de casa: los que tienen unas responsabilidades familiares,
domésticas, y que las han asumido. Queremos preparar a las mujeres en el
futuro para eso, y también a los hombres. Hay ahí una diferencia de fondo
que yo creo que es bastante compleja.

Por otro lado, usted ha dicho que no hay formación específica para las
mujeres en el mundo rural. Yo tengo que discrepar basándome en lo que
conozco, también lo hacía la señora Do Campo respecto a lo que ella
conoce, que es Galicia. Yo soy Diputada por Madrid, y aquí hay una
Dirección General de la Mujer con un presupuesto amplísimo para formación
donde se hace formación específica para las mujeres rurales. Le estoy
hablando de una Comunidad Autónoma, la de Madrid, que no es como Galicia,
a la que cito porque a ella hizo referencia la portavoz del Partido
Popular, sino que es una Comunidad con una actividad agraria muy
reducida. Les puedo hablar de otras Comunidades que conozco, de
Castilla-La Mancha o Valencia, por ejemplo, en las que se está haciendo
una política que a lo mejor es insuficiente. Puedo estar de acuerdo con
usted en que hay que dar más cursos de formación a las mujeres en el
medio rural, pero hay formación específica y técnica para los trabajos
que están haciendo, en técnicas de gestión de explotaciones agrarias y,
asimismo, se les informa sobre cuáles pueden ser sus derechos. Además, se
les convence de que si trabajan, cosa distinta es que ayuden en la
explotación familiar, existe la posibilidad, porque está contemplada en
la legislación española, de cotizar, de tener unas prestaciones de
jubilación, de maternidad, etcétera.

No voy a seguir insistiendo porque creo que hay un planteamiento de fondo
diferente respecto de las mujeres rurales y, en general, respecto de
todas las mujeres. Yo no he dicho que las mujeres rurales estén en las
mismas condiciones que las urbanas, he dicho todo lo contrario. Creo que,
incluso, en el mundo urbano y en el rural todas las mujeres no estamos en
la misma situación. Todas tenemos una condición genérica de mujeres que
implica el que seamos discriminadas, pero de forma desigual, por edad,
por renta, por miles de cosas. Y esto pasa en el mundo rural y también en
el urbano. Usted misma lo ha dicho; dentro del mundo rural es muy
heterogénea la posición de las mujeres, y dentro del mundo urbano
también. En el mundo urbano hay también muchas mujeres trabajando en sus
casas y en negocios familiares sin ningún derecho porque no cotizan y
porque se dice que no tienen recursos para cotizar. Esto depende de los
casos. Son opciones distintas en la vida. Hay gente que prefiere cotizar.

Usted ha dicho que si no cotizan luego no tienen nada, evidentemente,
pero le vuelvo a decir lo de antes: si un señor trabaja en una obra en el
mundo urbano y el que tiene la explotación de esa obra, el que la está
llevando adelante, no le da de alta en la Seguridad Social y se cae del
andamio, tampoco tiene más allá de las prestaciones sanitarias que
afortunadamente en este país hoy en día son universales. Esto nos cuesta
mucho. Es un esfuerzo de renta y un esfuerzo presupuestario que merece la
pena a todas las personas. Así lo hemos decidido el conjunto de los
españoles, y aunque el coste sea grande para un país, el bienestar que se
obtiene lo merece, pues es extraordinario.

Ahora bien, si hablamos de otro tipo de prestaciones, me remito a lo que
le he dicho en mi primera intervención que, por otro lado, es lo que dice
la Directiva. No sólo lo piensa el Grupo Parlamentario Socialista, los
doce países de la Comunidad Europea que firmaron esta Directiva así lo
pensaban. Se trata de conseguir que las mujeres que trabajan en las
explotaciones agrarias de tipo familiar coticen para que tengan las
prestaciones. Y voy, incluso, más allá, lo extiendo al mundo urbano,
aunque se da con menos frecuencia porque el trabajo no suele realizarse
en unidades familiares o en negocios familiares, sino que la generalidad
realiza trabajos por cuenta ajena.

De todas maneras, le agradezco mucho toda la información que nos ha dado.

Y aparte de esta discrepancia de fondo, le quiero decir que puede contar
con todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en la realización
del trabajo que hacen ustedes a favor de la igualdad de las mujeres en el
mundo rural.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Alberdi.




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La señora Presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias de Ambito
Rural tiene la palabra, por si quiere contestar a algunas de las
cuestiones que le han planteado.




La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO
RURAL (Merino Chacón): Muchas gracias, señora Presidenta.

Me gustaría añadir, puesto que es en la política de fondo donde hay
disparidad de opiniones, que en el caso del albañil puede ocurrir que el
albañil no esté dado de alta, pero está cobrando por lo que está
haciendo, de una manera legal o no legal. Sin embargo, la mujer no está
dada de alta y no está cobrando.

Desde Amfar seguimos reivindicando el reconocimiento del cónyuge
colaborador dentro del régimen de Seguridad Social como cotitular de la
explotación familiar agraria. Me gustaría también añadir, por otra parte,
que si hemos de convencer a las mujeres del medio rural para que coticen,
deben tener la posibilidad de insertarse en un mundo laboral, o sea,
tener un trabajo. Pero para que realmente tengan este trabajo hay que
hacer un plan de formación específico para las mujeres rurales, que sé
que existen, y ahí están los programas Now, etcétera. Pese a que existen,
consideramos que no son adecuados para satisfacer las verdaderas y reales
necesidades que tiene la mujer rural. Por lo tanto, vamos a crear un plan
de formación específica para ellas con las necesarias compensaciones
económicas y de infraestructura.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Dolores Merino.

He querido refrescar la petición del Grupo Parlamentario Popular al
solicitar ante esta Cámara la comparecencia de la Presidenta de la
Asociación de Mujeres y Familias de Ambito Rural para que expusiera, como
otros colectivos, la problemática que afecta a su sector. Comparecencia
que, al constar en el «Diario de Sesiones», podremos leer no sólo
nosotras, sino todos los Diputados y Senadores, teniendo así acceso a sus
palabras, a sus propuestas y a su problemática.

El Grupo Parlamentario Popular también había pedido la transposición de
la Directiva comunitaria a la legislación española. Supongo que se
referirán a la que no haya sido ya transpuesta a nuestra legislación. La
Mesa y esta Presidencia entienden que se refieren a las cuestiones que no
se hayan transpuesto a nuestra legislación ordinaria.

La Presidenta de las Mujeres Rurales ha dicho que no ha habido
aplicación, que es distinto a que no esté transpuesta a nuestra
legislación ordinaria. Ella misma ha reconocido que en la legislación
algo está ya plasmado. Esta Comisión debe acordar que las cuestiones que
no están plasmadas de esta Directiva deben figurar.

Si todos estamos de acuerdo, nada nos resta por tratar. Le agradecemos su
presencia aquí, sus palabras y, sobre todo, el esfuerzo que está
realizando por ese colectivo tan importante que son las mujeres rurales.

Se levanta la sesión.




Eran las trece horas y treinta minutos.