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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 19, de 25/02/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 19
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENTA: DOÑA MARTIRIO TESORO AMATE
Sesión núm. 3
celebrada el viernes, 25 de febrero de 1994
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA
Comparecencias:
--De la Defensora del Pueblo en funciones, Exma. Sra. D.ª Margarita
Retuerto Buades, para informar sobre la interdicción constitucional de
discriminación en razón de sexo y la actuación del Defensor del Pueblo.
(Número de expediente S. 713/000100; C. D. 212/000517.)
--De doña Carlota Bustelo García del Real, miembro del Comité para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer. (Número de expediente S.
715/000008; C. D. 219/000073.)
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES. (S.
713/000100; C. D. 212/000517.)
La señora PRESIDENTA: Buenos días, Señorías.
En primer lugar, hoy comparece ante nosotros doña Margarita Retuerto
Buades, Adjunta Primera del Defensor del Pueblo desde 1988, y Defensora
del Pueblo en funciones desde el año pasado.
Como miembro de la institución, su participación en congresos y
seminarios en temas relacionados directa o indirectamente con la mujer ha
sido muy amplia. Voy a
destacar, de entre ellos, algunos en los que ha participado: en un
seminario sobre emigrantes indocumentados en Europa en el que se dio una
especial relevancia a los problemas de las mujeres emigrantes, organizado
por el Comité de Iglesias, cerca de los trabajadores emigrantes europeos.
Asimismo, presentó la Ponencia sobre «La Mujer, la Protección
Internacional de los Derechos Humanos y los Nuevos Mecanismos de
Protección no Jurisdiccional, el ''Ombudsman'' o Defensor el Pueblo», en
el Congreso Internacional de la Federación de Abogados de Madrid.
Hemos de mencionar, sobre todo, porque hoy vamos a hacer referencia a
ella, la Ponencia sobre Interdicción Constitucional de Discriminación por
Razón de Sexo, la Actuación del Defensor del Pueblo, y el Derecho a la
Salud y los Derechos de los Enfermos en la Tercera Mesa Redonda del
«Ombudsman Europeo», organizada por el Consejo de Europa en 1991.
Intervino, asimismo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en
Viena, en 1993, como miembro observador de la delegación oficial
española, así como en la Comisión de Instituciones Nacionales de Garantía
de los Derechos Humanos, dónde se aprobó un plan de acción de Naciones
Unidas para sectores especialmente vulnerables, como es el caso de las
mujeres.
Le agradezco de antemano a la Defensora del Pueblo en Funciones su
disponibilidad en todo momento y su afán de colaborar con esta Comisión,
y sin más, le doy la palabra y la bienvenida.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades):
Muchas gracias, señora Presidenta; gracias, señorías.
Para la institución que yo represento en este momento y para mí es un
motivo de profunda satisfacción que esta importante Comisión haya
convocado a la figura del Defensor del Pueblo a una sesión informativa
para explicar sus experiencias y sus actuaciones como mecanismo de
garantía para los derechos que la Constitución consagra.
Y constituye para mí una doble satisfacción, en primer lugar como mujer y
como Defensora del Pueblo. Parafraseando a Juvenal: «quien vigila al
vigilante», y traduciéndolo en «quien defiende al defensor», yo diría que
nunca el Defensor del Pueblo, en este caso, la Defensora del Pueblo en
Funciones, ha podido ser mejor escuchada y estar mejor atendida que en
esta Comisión sobre los Derechos de la Mujer. Y en segundo lugar, como
representante de una institución de garantías que soy, he de decirles que
sintonizo perfectamente con las preocupaciones que existen en esta
Comisión en tanto en cuanto se detecta el pulso de la realidad social de
la dimensión femenina y, sobre todo, las garantías, porque he repetido
muchas veces --y no es ocioso repetirlo aquí-- que las garantías son el
instrumento más eficaz para que un derecho sea considerado realmente
efectivo, en este caso el derecho constitucional a la igualdad que
proclama nuestra Constitución.
Es verdad que, como Defensora del Pueblo en Funciones, he asumido el
concepto de interinidad desde la pura dinámica de lo que
administrativamente significa. Interinidad, me lo habrán oído decir
ustedes en otros momentos, es un mero concepto administrativo, que ni
rebaja las competencias de la institución que ahora represento, ni
disminuye mis responsabilidades como titular de la misma. Por eso,
cuando, al quedar vacante por imperativo legal y cese del anterior
Defensor del Pueblo, asumí la defensoría en funciones, lo hice con el
sentimiento de aquella feminista francesa, una mujer extraordinaria de
principios de siglo, Hélène Brión, que dijo: «Mujer, atrévete a serlo y
ejerce sin complejos».
Por el profundo conocimiento que tengo de la institución tras estos 11
años de experiencia y por la importancia de lo que ahora significa,
comparezco ante esta Comisión para hacerles una dación de cuentas
informativas sobre lo que significa la institución del Defensor del
Pueblo en el mecanismo de garantías constitucionales en defensa de la
igualdad de sexos. Para ello, me he permitido aportar a la Presidenta de
la Comisión y a todos ustedes un documento de trabajo que no voy a poder,
evidentemente, presentarles en toda su extensión dado el tiempo que me ha
sido concedido --pido la benevolencia de la Presidencia y de la Mesa,
pero intentaré ajustarme al mismo--, sin embargo, indicaré las líneas
fundamentales de la actuación del Defensor del pueblo en este campo
porque creo que hasta ahora no han sido lo bastante conocidas.
Me centraré en tres reflexiones. En principio, hablaré de las
consideraciones generales y actuaciones significativas de la institución
tanto de carácter general como concretas. Voy a dar unos informes muy
novedosos relativos a un estudio que hemos realizado sobre el perfil
sociológico de la población femenina que se dirige al Defensor del
Pueblo. Este estudio no se había hecho antes de una forma tan completa
como ahora, y voy a incorporarlo, además, al nuevo informe parlamentario
que estará preparado en fecha breve. En él se llega a unas conclusiones
que no tienen el ánimo de se exclusivas, porque este terreno nunca estará
cerrado, ya que las políticas de la mujer, las políticas de integración
social, las políticas de solidaridad en definitiva, siempre estarán
abiertas.
Empezaré por hacerles una consideración general de las actuaciones
significativas que ha emprendido la institución. Para ello, tengo que
partir del principio básico de que nuestra Carta Magna proclama la
igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico en su artículo
1.º, en el frontispicio de la Constitución, y recoge el principio de
igualdad ante la ley, prohibiendo expresamente cualquier discriminación
por razón de sexo en su artículo 14. Además, se otorga a este derecho,
por razones de su ubicación constitucional, la más alta protección que el
ordenamiento jurídico dispensa a un derecho fundamental.
Por ello, a lo largo de los años de funcionamiento de la Institución del
Defensor del Pueblo, hemos venido recibiendo denuncias de
discriminaciones de mujeres --y algunas de hombres, a las que también
haré referencia-- por razón de sexo. No se denunciaba la violación de los
derechos fundamentales, que no han sido muchos, sino el control ordinario
de las actuaciones de las administraciones públicas en los programas
específicos de igualdad de la mujer.
Eso quizás es debido a que desde 1983 --así lo indico en este informe--
existe en nuestro país el Instituto de la Mujer. El 22 de noviembre de
1993, la Ministra de Asuntos Sociales presentó en esta Comisión el II
Programa de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, período 1993-1995. No
voy a reiterar los aspectos de esa política puesto que ustedes los
conocen perfectamente, y no le corresponde al Defensor del Pueblo definir
los efectos concretos de la política, sino las líneas maestras
constitucionales y, sobre todo, el reflejo de las demandas que recibe la
institución.
Hay que decir también que para completar la misión atribuida a los
organismos de impulso de políticas de promoción femenina, de acuerdo con
la organización del Estado y según sus competencias en varias Comunidades
Autónomas existen organismos con atribuciones específicas muy activas en
este campo. Además, la política de integración de la mujer no puede
entenderse como una cuestión partidista, sino que, a mi juicio, debe
convertirse en una tarea en la que todos debemos estar implicados.
La Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, a la que
tengo el honor de dirigirme en este momento, ha realizado una eficaz
labor de seguimiento e impulso de las acciones positivas en el campo de
las modificaciones legislativas para adecuar nuestra normativa a este
principio de igualdad que consagra la Constitución de no discriminación
por razón de sexo. Pero hay que decir que en los últimos 10 años se ha
producido un cambio cualitativo radical e imparable en la situación de
las mujeres. Si tenemos memoria histórica podemos recordar que hasta 1981
la mujer no tenía la administración de los bienes gananciales, ni
participa en la patria potestad de sus hijos; que hasta 1980 no se le
reconoció de manera explícita el derecho a un trato igual en el ámbito
laboral, o que hasta el año 1976 subsistió la dote por matrimonio como
estímulo para que abandonase el trabajo fuera del hogar en una concepción
paternalista de la mujer.
¿Qué significa este nuevo avance cualitativo? ¿Qué plus hay ahora? ¿Qué
significa el Defensor del Pueblo? ¿Qué «novum» aporta a la mujer? La
Institución como instrumento de control de las actuaciones
administrativas y defensa de los derechos fundamentales y como factor de
promoción, a través de sus sugerencias y recomendaciones, ha venido a
completar ese cuadro de garantías constitucionales, y en los informes que
hemos hecho han aparecido numerosas recomendaciones dirigidas a todas las
administraciones públicas con competencias sobre la mujer, que se han
traducido en cambios administrativos o incluso en disposiciones
normativas de carácter general.
Como ejemplo --aunque luego me referiré a ello, porque en este primer
informe he pretendido reflejar, no los últimos acontecimientos, sino
quizá las actuaciones más significativas--, en 1983, recién nacida
nuestra institución --yo era entonces adjunta segunda-- hicimos una
recomendación en la que se decía que la Seguridad Social debía eliminar
una orden ministerial que establecía que toda mujer que observara una
conducta deshonesta o inmoral perdía su derecho a la pensión. Al Defensor
del Pueblo le pareció que la Seguridad Social no podía convertirse en
garante de la honestidad o deshonestidad de unas conductas, y que lo que
tenía que hacer era dar las prestaciones sociales en función de criterios
objetivos. Era muy claro el supuesto, aunque no habíamos recibido ninguna
queja al respecto, y sabíamos que en las residencias de ancianos, por no
perder el derecho a la prestación de jubilación, no se casaban las
parejas; asumían una convivencia para no perder esas dos pensiones y, sin
embargo, había habido sanciones en ese sentido. Esa situación, por una
recomendación del Defensor del Pueblo, fue eliminada de nuestro
ordenamiento jurídico en el año 1984.
Pero hablando de otro aspecto concreto, como es el relativo a las
directivas europeas y la implementación y el conocimiento que nosotros
tenemos de los mismos en 1990 planteamos una eliminación de algunos
supuestos de discriminación en situaciones relativas a las prestaciones
de asistencia sanitaria y social en casos de separación de hecho,
recogiendo la aplicación de la Directiva 797, de diciembre de 1978, de la
Comunidad Económica Europea. No piensen que me voy a remontar tan lejos.
Recientemente, en el informe del año pasado, que tendré preparado dentro
de poco, y en un informe que hemos pedido al Ministerio de Educación hace
escasamente quince días, se ha planteado un problema de indudable
trascendencia, no por los derechos fundamentales en juego, sino por la
sociedad multicultural que representa la nueva sociedad española. El caso
es el siguiente.
Se trata del problema de las mujeres españolas de religión musulmana
--quiero recordar que la religión musulmana es la segunda en nuestro
país-- a las que, para hacerse determinados documentos y fotografías, se
las obligaba a exhibir el pabellón auricular o a quitarse el velo, y la
religión musulmana, el Sura, como todos ustedes conocen bien, prohíbe que
las mujeres puedan exhibir ante otras personas que no sean sus maridos
algo que no sean la cara, las manos y los pies. Es evidente que había una
confrontación de intereses: por una parte, un principio de libertad
religiosa y, por otra, una cláusula de orden público en la medida en que,
anteriormente, el Ministerio del Interior exigía, como un elemento
determinante de la identificación de la personalidad, que se enseñara el
pabellón auricular.
Esa queja la hemos recibido tanto en el Ministerio del Interior como en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. Recientemente, a una trabajadora
española musulmana emigrante en Alemania, al ir a renovar su pasaporte,
la Dirección del Consulado de Düsseldorf le exigía ese requisito porque
lo imponía una determinada normativa, un real decreto. Con las
recomendaciones del Defensor del Pueblo y con todas las intervenciones
que hemos realizado en estos supuestos se ha eliminado este requisito, y
hoy se ha entendido lo que es la realidad: que las nuevas técnicas
identificativas no exigen un requisito que puede chocar contra un derecho
fundamental, como es la libertad de conciencia.
Les he explicado algunos casos de los varios que tengo delante y que
están recogidos en el informe, quizá para animar a sus señorías a que me
concedan un poco más de
tiempo a la hora de explicarles no sólo supuestos generales, sino
aspectos concretos.
Como filosofía de base diré que, sentado el principio angular de la
igualdad, debe admitirse también, con alcance compensatorio, la
diferencia de tratamiento cuando éste venga impuesto por situaciones
desiguales, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Las
discriminaciones positivas pueden compensar las desigualdades fácticas,
dando al principio de igualdad su recto sentido. ¿Qué significa? La
convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de
la mujer, ratificada por España, admite estas discriminaciones positivas,
pero con carácter temporal, por cuanto deberán ser suprimidas al
alcanzarse los objetivos igualitarios.
Durante estos años, la actuación de la institución que ahora represento
en el campo de la lucha por la eliminación de las desigualdades entre el
hombre y la mujer ha estado encaminada --y quiero dejar bien presente
este principio-- a superar la tensión dialéctica entre igualdad y
protección, haciendo recaer el principio y la base en la igualdad, más
que en la protección.
Sin perjuicio de actuaciones concretas, los grandes aspectos a los que me
quiero referir con carácter general son estos bloques: la igualdad en el
trabajo, la igualdad en la Seguridad Social y en Sanidad y, por último,
la igualdad en el ámbito de la Administración de Justicia y,
concretamente, en el ámbito penitenciario.
En el campo de la igualdad en el trabajo, con las quejas y las
recomendaciones que hemos formulado, conseguimos en 1984 la derogación de
un decreto de 1957, totalmente absurdo, que prohibía a las mujeres y a
los niños trabajar a más de cuatro metros de altura, realizar trabajos de
buzo, conducir tractores mecánicos --todos ustedes lo conocen
perfectamente--, asuntos o aspectos incompatibles con la realidad laboral
de las mujeres españolas en la antesala del siglo XXI.
En realidad, este decreto estaba derogado tácitamente por la entrada en
vigor de la Constitución, pero había una cierta inercia o pasividad
administrativa que consagraba un estado de discriminación en materia de
colocación, formación, promoción y empleo, al negarse de hecho a las
mujeres el desempeño de ciertos trabajos fueran cuales fueran sus títulos
y capacidades. Y recuerdo a todas las señorías que están aquí,
concretamente a las asturianas, la prohibición del trabajo de las mujeres
en las minas.
Esto fue modificado porque, como es evidente, había un desajuste entre la
realidad social y la realidad del derecho, indicativo de profundas
diferencias. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? ¿Cuáles han sido los
parámetros de actuación?
En primer lugar, resaltamos que hemos detectado una carencia en el
terreno de orientación y formación profesional. La Comunidad Económica
Europea --lo han dicho otros comparecientes en esta sala--, el Consejo de
Europa, la OCDE, han manifestado que las diferencias en el trabajo se
encuentran en la falta de capacitación en el empleo, y que sus raíces
están en la orientación o formación profesional.
En segundo lugar, también hemos observado que, aunque pocas, ha habido
ofertas con discriminación de empleo, y se han subsanado todas las que
hemos detectado. Es más, recientemente no hemos tenido conocimiento de
ninguna, pero sí tuvimos que hacer un recordatorio de deberes legales al
INEM tras exponer una oficina de empleo una oferta de una empresa que
solicitaba un biólogo varón. Pero luego haré referencia a otro caso en el
que un determinado museo, al contrario que en el caso anterior, exigía
que un puesto de bibliotecario fuera cubierto por una mujer. Frente a
varios casos de discriminaciones en las ofertas de empleo en relación con
mujeres, sólo hemos encontrado un caso de discriminación hacia un varón.
En tercer lugar y en lo referente al trabajo, hemos detectado la
existencia de una evidente discriminación salarial, no tanto directa como
indirecta, a través de la propia estructura del empleo y de los sistemas
de clasificación profesional.
El Instituto de la Mujer en sus informes ha afirmado que la incorporación
de la población femenina al sector laboral tropieza con grandes
dificultades debidas a la dualidad, a la segmentación del mercado de
trabajo. Por todos es conocido que la tasa de desempleo es mayor en las
mujeres que en los hombres. Según los datos, en el cuarto trimestre de
1993 el 30,47 de desempleo era femenino y el 20,02 era masculino. Así
pues, las mujeres alcanzan un estatus ocupacional inferior al hombre
aunque tengan el mismo nivel de estudios, siendo también inferior el
salario medio en un 20 por ciento.
En cuanto a la Seguridad Social, sí hemos tenido actuaciones. Así como en
lo que se refiere al trabajo la institución del Defensor del Pueblo no
tiene competencias para intervenir directamente en el mercado laboral
privado, en el campo de la Seguridad Social sí hemos podido realizar
actuaciones muy relevantes y concretas. Por ejemplo, hemos seguido la
doctrina del Tribunal Constitucional sobre todo en lo referente a su
sentencia de inconstitucionalidad 301/1982 ante una cuestión planteada
por la Magistratura de Trabajo en relación con la prohibición a los
maridos a tener derecho a la prestación de viudedad. Esta fue una
sentencia clave de nuestro Tribunal Constitucional.
Es cierto que, según nuestra normativa, el diseño de la Seguridad Social
en España, en comparación con otras legislaciones europeas,
paradójicamente es mejor para las mujeres que para los hombres. Por
ejemplo, es idéntica la edad de jubilación que se requiere para las
mujeres que para los hombres, lo que no acontece en la legislación
laboral europea.
Las discriminaciones que hemos detectado han sido, sobre todo, de
carácter residual en lo que se refiere a prestaciones por muerte y
supervivencia. Ya he mencionado la Orden Ministerial de 13 de febrero de
1967, que se refería a la conducta deshonesta e inmoral, que fue
suprimida.
Por otra parte, puesto que nuestro sistema de la Seguridad Social es
perfectible, hemos intentado quitar todas aquellas disposiciones de
carácter residual que en el campo de la Seguridad Social introducen
discriminaciones para la mujer de una manera directa e indirecta. En 1984
formulamos una recomendación por la que se pretendía que fueran igualados
los requisitos formales que estaban establecidos para la inclusión del
cónyuge beneficiario en la cartilla sanitaria, ya que se le pedían a la
mujer trabajadora muchos más requisitos que al hombre trabajador. Dijimos
que esta situación era incompatible con nuestra Constitución y eso se
solucionó.
Otro tema que se puede clarificar de anecdótico es la orden ministerial
que establecía las lesiones permanentes no invalidantes, modificada en
1988, que constituía una discriminación positiva para la mujer que no
tenía razón de ser, ya que la pérdida de la nariz en la mujer se valoraba
creo recordar-- en 126.000 pesetas mientras que en el caso del varón
esta cifra estaba en 52.000. Entendiendo que no existía ninguna razón
objetiva para que esta situación se mantuviera, solicitamos la
eliminación de este supuesto y se consiguió equiparar al alza ambas
cantidades.
Queremos mencionar también un tema importante, la protección de la
maternidad en los casos de adopción y acogimiento preadoptivo. Quiero
recordar --y esto lo conocen todos los especialistas en Seguridad
Social-- que la maternidad ha sido una de las primeras ramas de
protección implantadas en la cobertura de la Seguridad Social, aunque con
un planteamiento erróneo a nuestro juicio, ya que se ha entendido esta
situación como una incapacidad laboral transitoria, y como tal está
contemplada, cuando lo que nosotros entendemos en realidad es que el bien
jurídico protegible no es tan sólo la salud de la mujer en el trabajo,
eso es evidente, sino también el derecho que tienen los niños a ser
cuidados por los padres, no sólo por la madre. Hicimos una recomendación
en ese sentido, que fue también recogida por otros grupos de la Cámara,
en la que solicitábamos se ampliara también para el padre el descanso
subsidiado en casos de adopción. Pero se daba una paradoja, que el
descanso subsidiado por adopción, modificado por la Ley 30/1989, Ley que
se aceptó, solamente se concedía desde el momento en que el juez, a
través de un auto, constituía la adopción. El Defensor del Pueblo dijo
que no era lógico el descanso por adopción cuando el niño tenía ya cuatro
o cinco años y que era en el primer período de la infancia cuando ese
descanso era necesario. Hicimos la recomendación pertinente, que fue
acogida, para establecer el descanso preadoptivo, y se aprobó la Ley
8/1992, de 30 de abril, por la que se modifica el Estatuto de los
Trabajadores y la Ley de Reforma de la Función Pública, dando así paso a
la posibilidad de disfrutar del descanso subsidiado en el momento más
conveniente para el interés de los menores.
Y paso al tercero y último aspecto de la igualdad en el ámbito de la
Administración de Justicia. Es éste un tema que no atañe solamente a la
Administración de Justicia en el campo de la tutela judicial efectiva,
sino también en el campo de la administración penitenciaria, en el que
voy a poner especial relieve.
Los temas que hemos tratado en la Administración de Justicia tienen
relación con retrasos en la tramitación de demandas, con separaciones o
divorcios, con la ejecución de las resoluciones dictadas en los procesos
que afectan al régimen de visitas, con el pago de la pensión alimenticia
o con los hijos habidos en el matrimonio. El Defensor del Pueblo tiene
ahí una limitación, la que está contenida en nuestra Ley, ya que en ésta
se dice que, pendiente un procedimiento judicial, no puede intervenir el
Defensor del Pueblo ni puede intervenir tampoco en las cuestiones
jurídico-privadas. La investigación tenemos que hacerla ante la Fiscalía
General del Estado y solamente en los casos en que sea necesaria una
ralentización o una paralización del procedimiento declarativo de
ejecución por causa imputable exclusivamente a la inactividad de la
Oficina judicial.
Pero la actuación ante la Fiscalía General en este tipo de procedimientos
también se encuentra limitada por una característica sustancial de los
mismos, cual es la naturaleza de jurisdicción rogada. Por tanto, cuando
el retraso del procedimiento no es imputable a la pasividad del órgano
jurisdiccional sino a la inactividad de la representación procesal de las
partes, esto se hace saber a las interesadas para que puedan dirigirse a
su abogado procurador. Aunque las quejas sean de no admisión, hacemos una
labor absolutamente informativa en estos casos. Además, les advertimos de
la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, y de
la posibilidad de plantear reclamación ante el correspondiente Colegio de
Abogados o de Procuradores en caso de negligencia en la actuación de sus
letrados.
Y paso ya a abordar otro aspecto importante. Ante la imposibilidad de
hacer mención a todas las cuestiones de las mujeres en especial situación
de vulnerabilidad, mujeres de determinada etnia, mujeres prostitutas,
mujeres emigrantes y, en general, de todas las mujeres en especial
situación de vulnerabilidad contempladas en los tratados de Naciones
Unidas y en otros convenios internacionales, voy a hacer referencia a
algo específico, concreto y propio de las atribuciones de investigación
del Defensor del Pueblo, que está en los informes parlamentarios y que
también será incluido en el informe correspondiente a la gestión de 1993:
la mujer en el campo de la Administración penitenciaria --o bien,
hablando en román paladino--, las mujeres presas.
Es evidente, y hay que reconocerlo, que durante los últimos años ha
seguido teniendo lugar un progresivo avance que pone de manifiesto el
esfuerzo que están realizando las administraciones penitenciarias para
mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Existen ya cuatro centros
exclusivamente de mujeres, el de Avila, el de Madrid-Mujeres, el de
Alcalá de Guadaira y el de Wad-Ras en Barcelona, y cada vez se van
abriendo más módulos de mujeres en algunas cárceles llamadas de hombres,
siendo suprimidos paulatinamente los departamentos de mujeres, y ése es
el problema. El problema está en la absoluta diferencia y discriminación
de trato que existe en las prisiones en las que hay departamentos
respecto de aquellas en las que hay módulos, así como en las condiciones
que se dan, a veces infrahumanas, a causa de la antigüedad o de la
masificación de los departamentos en relación con los módulos, y voy a
referirme a ello poniendo casos concretos.
Ya en el informe que presentamos al Parlamento dando cuenta de la gestión
del año 1992, indicábamos que la
supresión de estos departamentos de mujeres en cárceles de hombres
mereció un juicio muy positivo por parte de la institución, pero no sólo
por las pésimas condiciones de habitabilidad y escasez de espacio que los
caracteriza, sino por lo que suponen de aislamiento del resto de la vida
penitenciaria del centro. Mientras que en los módulos de hombres había
actividades educativas, los departamentos de mujeres carecían de este
tipo de actividades. Así, era frecuente que en centros en los que había
una abundante programación para las actividades de los hombres, el
departamento de mujeres careciera absolutamente de ellas.
Este ancestral aislamiento no se produce ya en los módulos de mujeres,
plenamente integrados en el normal funcionamiento de la vida del centro,
por lo que el avance es indudable. Y lo hemos comprobado en una
investigación realizada con el Sindic de Greuges en la cárcel de Lleida I
y el módulo de Brians, que se encuentran en Cataluña.
Por otra parte, un elemento importantísimo es el incremento de la
población reclusa femenina en comparación con el de la población
masculina. En 1993, la población reclusa femenina estaba cercana al 19
por ciento, muy
por delante de la creación de nuevas plazas, a pesar --insisto-- de los
esfuerzos realizados por la administración penitenciaria. Hay que tener
en cuenta que, según los últimos datos de que disponemos --de fecha 11 de
febrero--, la población reclusa asciende a 47.498 personas, de las cuales
4.461 son mujeres.
Este factor, junto con la existencia todavía de algunos departamentos de
mujeres de reducidas dimensiones --como les he comentado-- en cárceles de
hombres, con severas condiciones de masificación que impiden la
posibilidad de mantener unos adecuados niveles de higiene y limpieza, y
la dificultad de una correcta separación y clasificación de las internas,
incide negativamente en algo imprescindible que establecen la Ley
Penitenciaria y la Constitución, como es la aplicación del tratamiento
penitenciario, y dificulta enormemente la vida cotidiana en estos
departamentos, generando problemas de convivencia.
Como señala el informe de las investigaciones realizadas en 1993, hemos
podido observar una severa carencia de espacio que determina inadecuadas
condiciones higiénicas en los departamentos de mujeres de Badajoz, Cuenca
y León y en el departamento de madres de Alicante, que hemos visitado
hace dos días. Este último ocupa un espacio muy reducido, las celdas son
compartidas por internas con sus hijos, dispone de un único aseo y ducha
y de una pequeña dependencia, utilizada durante el día como sala y
comedor, en la que también hay una pequeña cocina y una única lavadora.
La terraza hace las veces de patio, y en el momento de la visita estaba
ocupado por diez internas y doce niños, uno de los cuales era recién
nacido. También hemos recibido abundantes quejas en este sentido de
internas del departamento de mujeres del centro penitenciario Puerto de
Santa María II, con setenta y ocho internas. Para no abrumarles con
datos, en la página 17 del informe figura la relación de otras quejas
similares.
En la página 18 se llega a la conclusión más importante del tratamiento
de las mujeres en prisión. Se debe continuar con el esfuerzo ya iniciado
en orden a la supresión de los departamentos de mujeres en cárceles de
hombres y crear en su lugar módulos de mujeres que puedan integrarse
plenamente en el normal funcionamiento de la vida de los centros, que
permitan unas adecuadas condiciones de habitabilidad e higiene, lo que
implicará a su vez --como es el deseo de esta institución-- un eficaz
tratamiento, prestar una específica atención a las mujeres jóvenes y, en
todo caso, acabar con el aislamiento que sufren las mujeres en aquellos
departamentos, en relación con los presos del mismo centro. Este punto
tiene una especial relevancia.
Voy a comentarles someramente las actuaciones concretas. Una de ellas es
la relativa a la extensión de la asistencia sanitaria a los supuestos de
convivencia de hecho, ya que se exigía el matrimonio para poder acceder
gratuitamente a la misma, incluso en las Fuerzas Armadas, pero ese
problema se ha solventado.
Otra actuación en el campo sanitario se refiere a la asistencia de los
cónyuges al parto. Esta reclamación provenía, concretamente, de la
Comunidad Autónoma Andaluza, y se dictaron las instrucciones oportunas
para que se elaborara una auditoría, con la posibilidad de que se
extendiera este derecho no sólo a los cónyuges, sino a los padres en todo
caso.
Quiero dar una especial relevancia a un hecho en materia sanitaria, que
afectaba a la libertad de la mujer, como fue el consentimiento del
cónyuge para que aquélla se sometiera a una intervención quirúrgica de
ligadura de trompas. En 1993, en el Hospital Doce de Octubre se exigía
para realizar este tipo de intervención quirúrgica, no sólo el
consentimiento de la mujer, sino también el del marido. La institución
del Defensor del Pueblo que yo represento entendió que dicha exigencia
suponía una intromisión en el derecho a la libertad de la mujer y que no
tenía ninguna justificación. A mi juicio --y hago esta afirmación desde
un punto de vista exclusivamente personal--, el cuerpo de la mujer no
forma parte de los bienes gananciales del matrimonio.
Otro problema que detectamos, y que también se solventó, se refería a las
dificultades para la incorporación de la mujer al mundo laboral, que
afectaba a las guarderías. En una partida presupuestaria de 1992 se
eliminó la posibilidad de ayudas y subvenciones a las guarderías, pero
ante las insistentes reclamaciones se produjo un incremento en la
dotación presupuestaria de 1.300 millones de pesetas.
Un ejemplo clarísimo de discriminación en las ofertas de empleo fue el de
la selección de trabajadoras para el Plan de Empleo Rural. Como se señala
en el informe de 1992, el Ayuntamiento de Olvera, de forma muy
pintoresca, publicó que se necesitaban siete personas, de las cuales
cinco tenían que ser hombres y dos mujeres. En este sentido, no me
preocupa sólo el hecho de que esa oferta de empleo fuera
constitucionalmente inconcebible, sino que al preguntar la razón de haber
adoptado dicho criterio de selección el Ayuntamiento señaló que se
basaba en las cargas
familiares, lo que indicaba que la carga familiar la soportaba el hombre,
no la mujer. Por tanto, tuvimos que recordar al Ayuntamiento de dicho
municipio y a la Dirección de Empleo correspondiente que dictara las
instrucciones oportunas para cambiar esa mentalidad, ya que las cargas
familiares se comparten tanto por el hombre como por la mujer.
Ya me he referido al problema de la renovación de documentos a mujeres
musulmanas. Otro caso muy interesante, que se refleja en la página 25,
se refiere a una guardia civil embarazada de cinco meses, destinada a
servicios de vigilancia por una ausencia normativa de desarrollo del
Estatuto de la Guardia Civil. Este caso también fue resuelto, aunque en
principio se nos contestó --recuerden que esto ocurrió en 1990-- que dado
el criterio de discrecionalidad de los mandos, se encontrarían otros
medios para incorporar a las guardias civiles embarazadas a otros puestos
más acordes con su estado.
A la institución del Defensor del Pueblo no le satisfizo esa contestación
y señaló que el artículo 75 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad establece específicamente que las mujeres militares embarazadas
tienen derecho a empleos acordes con su estado, por lo que así debía ser
en el caso de dicha guardia civil. Por tanto, se dictaron las
instrucciones oportunas para resolver ese caso.
También tuvimos un problema relativo al acceso de la mujer a los
Institutos Politécnicos del Ejército de la Tierra, ya resuelto. Otro caso
concreto fue el de una divorciada, a quien para renovar su pasaporte le
fue requerido el nombre de su ex marido, algo inconcebible por parte de
los servicios de documentación de la Policía, que alegaron que por
razones de informatización y debido a la existencia de un pasaporte
familiar anterior conjunto, se podían plantear problemas de duplicidad de
pasaportes y que, por tanto, era imprescindible que se diera el nombre
del ex marido. Al final, reconocieron que se trataba de una exigencia
absurda y que no podía denegarse este documento administrativo por esa
circunstancia.
Otro caso verdaderamente importante --que se refleja en la página 99 del
informe-- es la no fijación de la pensión de alimentos por la actuación
inadecuada de una letrada, lo que viene a completar no tanto los retrasos
en el procedimiento judicial, como la falta de diligencia --que en este
caso acarreó una sanción grave-- de una letrada en un proceso de fijación
de pensión de alimentos.
Por último --dentro de los casos concretos--, me referiré a la inadecuada
atención de una presa en el momento del parto. Esa queja la abrimos de
oficio en el año 1991 y durante el año 1992. Sucedió --fue muy conocido--
en la prisión de Wad-Ras, donde una reclusa a punto de dar a luz,
sabiendo que estaba en los momentos del trance más difíciles, tuvo que
dar a luz alumbrada con mecheros, sin que los funcionarios le hicieran
caso. La investigación que hemos abierto ante la Generalitat ha provocado
la apertura de diligencias. Ayer estuve hablando con el Director General
del servicio penitenciario de rehabilitación de la Generalitat, Ignacio
García Clavell, y ha dicho que en este caso se ha separado del servicio a
una funcionaria, se ha expulsado al médico --que era un contratado
laboral-- y hay una causa penal abierta. Pero, no obstante, en cuanto a
la situación administrativa, me ha indicado al mismo tiempo el personal
médico que existe ahora en este centro penitenciario, y la atención
específica --completa durante las 24 horas-- que hay para las madres y
los niños; hay dos puericultoras, una guardería en el propio centro
penitenciario y una guardería externa perteneciente a la red pública.
Señora Presidenta, pido exactamente cinco minutos de benevolencia para
terminar el perfil sociológico, ya que creo que el Defensor del Pueblo ha
hecho un trabajo muy interesante. En base a una encuesta nuestra, se va a
demostrar qué características tienen las mujeres que se dirigen al
Defensor del Pueblo y por qué lo hacen.
En la página 33 figura ese estudio sociológico al que hago referencia. En
principio, escriben más hombres que mujeres al Defensor del Pueblo, pero
ha habido un incremento constante de la tasa de feminización. En 1984
eran 27,5 mujeres frente a 72,5 varones. En 1993 --últimos datos que
poseemos-- hay 42,7 mujeres frente a 57,3 hombres. Es decir, las mujeres
se han incrementado en un 15 por ciento en los once años de actuación del
Defensor del Pueblo.
El análisis sociológico lo tienen ustedes explicitado en la página 34.
Depende un poco de las quejas colectivas. En las individuales los datos
no indican que en los dos últimos años hay una proporción de tres varones
por cada mujer que escribe al Defensor del Pueblo. Tienen presente el
gráfico uno.
La segunda variable que hemos utilizado es la del sexo y la edad. La
tasa de feminidad --número de mujeres por cada cien hombres-- por tramos
de edad. Esta tasa --figura en la página 36-- demuestra que, en general,
recurren al Defensor del Pueblo la misma proporción de mujeres de
cualquier edad, que cada año es más abundante su presencia en ciertas
edades, pero varía de un año para otro y que en 1993 --es la novedad--
hay dos tramos de edad con cien mujeres por cada cien varones: de 21 a 25
años y de 46 a 50. A lo mejor es en los sectores punta donde se producen
mayores demandas de ayuda o donde las mujeres tienen más necesidades. Lo
que hemos detectado en el año 1993 --muy importante-- es mayor incremento
de proporción de mujeres menores de 31 años que entre las que superan esa
edad. Quizá sea porque hemos recibido un colectivo con un incremento
importante de tasas académicas.
En cuanto a la variable del estado civil, sí que representa una
diferencia fundamental --página 38--: la población femenina que se dirige
al Defensor del Pueblo tiene un perfil diferente que el de los hombres.
El estado civil de las mujeres que se dirige al Defensor del Pueblo es,
preferentemente, de viudas, divorciadas o separadas, y nos permite
aventurar la siguiente hipótesis: cuando las mujeres son solteras se
dirigen al Defensor del Pueblo en igual proporción que los varones. Le
escriben con menor frecuencia cuando se casan, y me pregunto: ¿no será
que por los roles familiares hacen una dejación de sus funciones de
responsabilidad y piensan que es el hombre el que tiene que reclamar? Es
una pregunta que dejo en el aire. Finalmente, le escriben en mayor
proporción que los varones cuando
enviudan, se separan o se divorcian. En definitiva, es una hipótesis
sociológica que no le correspondería al Defensor del Pueblo, pero la
apunto. A mi juicio, son las mujeres solas, en especial situación de
vulnerabilidad, las que con mayor frecuencia se dirigen a la institución
del Defensor del Pueblo.
En cuanto a la variable de sexo y la situación laboral, la mujer parada
se dirige al Defensor del Pueblo con menor frecuencia que el varón. Es
curioso. Sin embargo, en cuanto a la población de estudiantes se han
producido grandes variaciones en la proporción de mujeres. Ha pasado del
13,8 en el año 1990 al 46,2 en el año 1993.
En cuanto a los usuarios que escriben desde prisiones, la proporción de
mujeres es un poco superior a la que tienen entre la población reclusa:
un 10,5 en los años 1992 y 1993, siendo la proporción real de un 9,5.
Para abreviar un poco, en cuanto a los niveles de estudios --página 45--
declarados, las mujeres escriben menos que los varones en todos estos
niveles. Contrastando los datos de los cuatro años que muestra la tabla
anterior --página 45--, se observa una tendencia a incrementar
ligeramente la proporción de mujeres en los niveles de estudios medios.
Desde el año 1993 --también es una novedad--, en cuanto a la variable de
sexo y tipo de puesto laboral de los ocupados, podemos decir que las
mujeres que no tienen ninguna especialización --trabajadoras no
cualificadas-- son las que con mayor frecuencia escriben al Defensor del
Pueblo que, correlacionado con el punto siete, variable sexo y nivel de
ingresos --página 49--, nos permite llegar a la conclusión de que
escriben mujeres con mayor frecuencia cuando tienen el nivel de ingresos
menores, especialmente menos de 50.000 pesetas. Aunque en el año 1993 se
ha observado un incremento en la proporción de mujeres que escriben en
los niveles de ingresos superiores, en contraste con los datos del año
1992.
Es imposible llegar a unas conclusiones absolutas sobre el tema que nos
ocupa. Solamente apunto y dejo sobre la mesa las siguientes: que como
instrumento de protección y desde el inicio de su actividad, el Defensor
del Pueblo ha ejercitado sus funciones de control de las Administraciones
Públicas y de promoción de cambios normativos en defensa de los Derechos
Fundamentales, para garantizar la plena efectividad del derecho de
igualdad protegido por la Constitución.
Como he señalado, persisten desigualdades fácticas en perjuicio de la
mujer en el ámbito laboral, como lo demuestra el hecho de la tasa de
desempleo más elevado en el caso de la población femenina y la existencia
de salarios medios más elevados para la población masculina. En ese
sentido, las Administraciones correspondientes tendrían que arbitrar las
medidas de desarrollo y promoción del trabajo. Las características del
trabajo femenino y la naturaleza contributiva y profesional del sistema
de la Seguridad Social tienen un indudable interés en incidencia en el
acceso de la mujer a las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque las
prestaciones de viudedad son menores que las de jubilación, por ejemplo.
La superación de las discriminaciones fácticas en este ámbito, requeriría
actuar en la línea de abandonar progresivamente la técnica de los
derechos derivados, para pasar a contemplar de modo independiente los
derechos de Seguridad Social de ambos cónyuges o, en su caso, conviventes
de hecho. también se debería mantener las técnicas que permitieran el
mantenimiento de los derechos en curso o adquisición, en el caso de
interrupciones de la actividad laboral y habría que prestar una atención
especial a fenómenos sociales como el aumento de familias monoparentales.
Por último, me refiero a las mujeres en especial situación de
vulnerabilidad. El otro día en Almería tuvimos ocasión de hablar de las
mujeres emigrantes, llamadas asiladas invisibles, porque rara vez
aparecen en las encuestas de la emigración, pero tienen especiales
dificultades a la hora de integración. Las instituciones nacionales de
Derechos Humanos --Naciones Unidas--, los «Ombudsman» --Defensores del
Pueblo-- y Comisiones de Derechos Humanos, hemos hecho un capítulo y
tenemos un marco de actuaciones en este sentido.
Por último, como he indicado anteriormente, debe insistirse en la
necesidad de que la Administración Pública continúe en el esfuerzo
iniciado para que las condiciones de vida de las mujeres presas, sean
acordes con los principios de rehabilitación y reinserción que la
Constitución proclama.
Este esfuerzo debe centrarse en la supresión de los departamentos de
mujeres en las cárceles de hombres y en la creación de módulos
específicos de mujeres, lo que permitiría la plena integración de las
reclusas en el funcionamiento de la vida de los centros, así como en la
aplicación de un eficaz tratamiento penitenciario.
La masificación es el elemento más grave para cumplir el mandato
constitucional de la integración y cuando esa masificación se junta con
unos departamentos que no reúnen las condiciones necesarias, se añade un
plus de situación de desigualdad que debe ser abordado por las
administraciones correspondientes.
Pido excusas a la Presidencia, a la Mesa y a sus señorías por haber
utilizado un tiempo excesivo a la hora de hacer esta intervención, pero
para el Defensor del Pueblo es fundamental el contacto con la Cámara. La
autoridad de la institución que represento en este momento se basa en la
importancia que le presta el Parlamento, en la aceptación de sus
recomendaciones y sugerencias y en la confianza que le presta la opinión
pública. En ese diálogo permanente de la institución del Defensor del
Pueblo está la consolidación de la figura de garantías que represento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo.
Creo que no tiene que pedir disculpas por haberse alargado unos minutos
más en su intervención. Pienso que el interés, el rigor y la dedicación a
todos los problemas que esta mañana nos ha expuesto hace que consideremos
la institución que ella representa, la del Defensor del Pueblo, en este
caso Defensora, como un instrumento de protección para los sectores más
desprotegidos, como puede ser el de algunas mujeres en nuestro país.
Voy a dar la palabra a los distintos portavoces de los grupos políticos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señora Presidenta de la
Comisión, y muchas gracias, señora Defensora del Pueblo.
En primer término, quisiera agradecer en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió su comparecencia, porque
pienso que de ella se va a desprender una muy buena parte de la
información que necesita esta Comisión para elaborar los trabajos que se
le han encomendado en ambas Cámaras. Creo que es muy importante,
especialmente por las características de su institución.
La comparecencia de hoy no es del Gobierno, donde la oposición, por
lógica, debe atender de una forma determinada sus intervenciones y
reclamar unas acciones concretas, ni es una comparecencia típica para el
Grupo que apoya al Gobierno, ni es una información gratuita o parcial por
parte de alguna asociación, sino que es la información de quien
representa las garantías de todas las ciudadanas y ciudadanos del Estado.
Por eso de su informe se desprende --no sólo por lo que nos ha explicado,
sino por lo que ha tenido a bien enviarnos por escrito-- la actuación del
Defensor del Pueblo en el campo de la igualdad de la mujer. Nos parece
muy interesante.
He anotado cosas de su intervención que me han parecido obvias y por eso
absolutamente justas, como son los avances que se han realizado durante
los últimos años. Usted misma ha dicho que en los últimos diez años ha
habido un avance importante en el campo de la igualdad. ¡Faltaría más!
Han sido demasiados los años que esta igualdad no se ha tenido en cuenta
y, por tanto, en los últimos años de democracia parece del todo necesario
y lógico que haya sido así.
Se ha avanzado en el campo del trabajo, en el de la Seguridad Social, en
el de la administración penitenciaria, por ejemplo; pero a la vez hay
carencias, todavía existen muchas, en los diferentes tratamientos de
estos mismos ámbitos. Por ejemplo, se nos recordaba que en el centro
penitenciario de Wad-Ras, centro dedicado a mujeres en Barcelona, una
interna, conocemos el caso por proximidad, dio a luz en unas condiciones
sanitarias no correctas. Esto fue así, en realidad, por una apreciación
indebida de quien atendió a la mujer en una primera instancia. La
administración sanitaria, de la Generalidad en este caso, aunque
desgraciadamente no pudo ser con la celeridad que requerían las
circunstancias, sí reaccionó con la suficiente agilidad. Pero no por ello
dejó de pasar lo que pasó, es decir, que la atención que se debía haber
dado a aquella interna no fue la correcta. Hoy parece que esto está
bastante solucionado.
Por tanto, por un lado debemos destacar que sí ha habido un avance pero,
por otro, usted ha hecho una amplia exposición de asuntos que quedan
pendientes y que obligan a la sociedad, y de una forma especial a esta
Comisión Mixta Congreso-Senado, a que tome buena nota de la información
que ha recibido hoy del Defensor del Pueblo.
Nos ha dicho que recurren al Defensor del Pueblo cada vez más mujeres que
hombres y dentro de las mujeres, más solteras que casadas. Pero seguro
que aún hay muchas ciudadanas --también ciudadanos, pero en este caso
déjeme que me refiera a las ciudadanas-- que no han llegado por la vía
normal al Defensor del Pueblo, por lo que sea, porque no se han atrevido
o por desconocimiento. Pero estoy seguro de que este reflejo que usted
hoy nos aporta de una parte de la sociedad, y digo una parte porque es a
esa que se ha dirigido a la institución, se ampliará con esa misma
población que no ha llegado todavía al Defensor del Pueblo.
Se ha avanzado en muchos aspectos, pero insisto en que todavía quedan
muchas cosas por hacer. Usted ha pedido y agradecido el contacto de las
Cámaras, en este caso, con la institución que usted representa. Yo creo
que somos las Cámaras quienes debemos agradecer que el Defensor del
Pueblo, la institución que usted representa hoy, haya venido aquí a
darnos esta explicación, sobre todo como garantía de la permanente
vigilancia que debe ejercer la institución sobre el conjunto de las
denuncias que se pueda producir desde la sociedad.
Por consiguiente, no se excuse; al contrario, creo que somos nosotros
quienes debemos, por lo menos yo quiero hacerlo en nombre de mi Grupo,
agradecerle su presencia hoy aquí. El diálogo entre las instituciones, la
suya y las Cámaras, no debe ser fortuito, sino mucho más permanente y
constante. Ello nos ayudará, especialmente a esta Comisión, a elaborar un
informe que quisiéramos que fuera el mejor posible, aunque quizá no lo
sea, pero que por lo menos se aproxime mucho más a la realidad social que
hoy vivimos.
Señora Presidenta, muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Diputada doña
Bernarda Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Buenos días.
En primer lugar, tal como ha hecho mi compañero y en nombre de mi Grupo,
quiero dar la bienvenida a esta Comisión a la señora Defensora del
Pueblo, que creo que es la primera vez que acude a la Comisión, y a la
que quiero agradecerle el informe, que es completo y coherente, tal como
ha dicho la señora Presidenta.
Con respecto a toda la información que nos ha dado, la podremos estudiar
con más tranquilidad el fin de semana, pero a mí me han llamado la
atención las condiciones de igualdad y de acceso que hemos tenido las
mujeres y los hombres hasta este momento, según el estudio realizado.
También me ha llamado mucho la atención el ejemplo de la nariz. Yo
espero, en nombre de todos los españoles, que la igualdad se haya hecho a
la alza y que el hombre que perdiera la nariz, también consiguiera las
126.000 pesetas y no las 50.000 pesetas que estaban fijadas.
En cuanto a lo que comentaba la señora Defensora del Pueblo sobre la
Seguridad Social, creo que todavía existe alguna normativa interna de la
Seguridad Social que recoge alguna discriminación. Yo recuerdo que hace
muy poco leí, con respecto a las funciones que tienen los pinches en los
hospitales de la Seguridad Social, que entre sus obligaciones está hacer
la cama de los médicos internistas varones. La hembra, la médico
internista de guardia, debe hacerse ella la cama.
También quiero comentar que el informe me ha parecido muy completo.
Nosotros nos congratulamos de que a la cabeza de esta institución en este
momento esté una mujer. También quiero decir que lo ideal en estos
momentos para todos nosotros, hombres y mujeres políticos, es conseguir
que no exista, quizá sería nuestro objetivo principal, esta Comisión
Mixta de la Mujer para tratar de conseguir esta igualdad de oportunidades
y que tampoco existiera una institución especial para la mujer, como lo
es el Instituto de la Mujer, sino que aquí nos reuniéramos hombres y
mujeres para trabajar y luchar por los problemas de todos los seres
humanos de España, sin distinguir entre hombres y mujeres.
Voy a hacer una sola pregunta a la señora Defensora del Pueblo. ¿Existen
denuncias temáticas, es decir, hay determinados problemas que atañen a la
mujer y que solamente ésta denuncia y que no denuncia el hombre? En
segundo lugar, ¿ha comprobado, efectivamente, que todos los ministerios
que reciben sus informes reaccionan con prontitud y se solucionan todos
los problemas, o las quejas se siguen repitiendo?
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Bernarda Barrio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña Isabel
Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señora Presidenta.
Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la Defensora del Pueblo que haya
comparecido en esta Comisión y nos haya explicado de manera tan
exhaustiva, detallada e interesante el trabajo que ustedes han venido
realizando como mecanismo de garantía del derecho a la igualdad, que
nuestro ordenamiento jurídico reconoce en general, y especialmente de no
discriminación por razón de sexo, que consagra la Constitución, en su
artículo 14.
Por otra parte, vemos en su informe que ustedes detectan lo que se ha
producido en este país en los últimos años en relación con las mujeres:
un cambio de legislación, un cambio de situación fundamental,
importantísimo, probablemente el cambio más grande que la sociedad
española ha podido experimentar en los últimos años, que es el cambio en
las condiciones reales de existencia de las mujeres.
Ahora bien, en todos los datos e informes que usted nos ha dado vemos
cómo el ordenamiento jurídico, el conjunto de la legislación española, se
ha ido acordando con el principio de igualdad y con el trabajo de impulso
de organismos para la igualdad, como el Instituto de la Mujer; también
con la colaboración de organismos como el suyo, que conocen la realidad,
que denuncian y van haciendo propuestas y recomendaciones en la línea del
cambio y la transformación de aspectos legislativos que no están acordes
con el principio de igualdad.
Yo creo que hay un trabajo conjunto de las instituciones que impulsan la
igualdad de las mujeres, de instituciones que protegen garantías
constitucionales, como la suya, y del propio movimiento de las mujeres
que, evidentemente, han cambiado la realidad. Pero la realidad no se
cambia sólo con leyes, como se desprende del rosario que ha ido usted
desgranando de circunstancias concretas diarias, de la realidad de las
mujeres, en que nos encontramos, por ejemplo, con que el Plan de Empleo
Rural no tiene en cuenta que en sus normativas para contratar tiene que
aplicar claramente el principio de igualdad; como el caso que usted
mencionaba de la guardia civil embarazada, y el de los institutos
politécnicos; es decir, temas que han aparecido no sólo en esta Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer, sino en ambas Cámaras, en el Congreso
y en el Senado. Todo este proceso va transformando la realidad no sólo
jurídica que, con ser importante, no es suficiente, sino también el
ejercicio de esos derechos y su reconocimiento día a día.
Porque muchas veces, como se desprende de su informe, el problema no es
que no exista una ley que garantice el principio de igualdad, sino que
puede estar en la actitud de alguna persona encargada de desarrollar
cualquier plan de tipo general, planes de empleo o acceso a ciertas
profesiones o tramitación de cualquier documento, pudiendo darse casos
como el que usted ha constatado de que a una divorciada le piden el
nombre del ex-marido.
Yo creo que es buena la colaboración que ustedes están prestando para
conseguir que la igualdad sea una práctica real día a día, es decir, que
las mujeres podamos ejercer nuestros derechos en la vida real, porque,
evidentemente, los derechos no son una cuestión simplemente legislativa,
sino que también conllevan un cambio de actitudes y comportamientos en la
sociedad, que son mucho más lentos, como se puede desprender de todo lo
que usted nos ha contado.
Por otro lado, a mí me interesa mucho el estudio, que me parece tan
positivo, sobre cómo han ido evolucionando las demandas de las mujeres al
Defensor del Pueblo, como institución, cómo en un principio había menos
mujeres que demandaban el amparo del organismo que usted preside y ahora
ese número ha ido aumentando, lo cual refleja también cómo en la sociedad
española ha ido cambiando la situación de las mujeres, que utilizan ya
mucho más los mecanismos para defender el ejercicio de sus derechos, que
muchas veces por desconocimiento o por no tener una actividad social muy
clara han utilizado menos. Yo creo que es muy positivo y muy interesante
el estudio que usted nos ha proporcionado y que tendremos aquí y podremos
analizar con mayor detalle.
Usted hace después una serie de recomendaciones y plantea unas
conclusiones que creo que son también de interés y que mi grupo analizará
porque, evidentemente, el Grupo Socialista está preocupado por conseguir
que las
mujeres alcancen una igualdad real cada día mayor en la sociedad en la
que vivimos, por lo que todos los esfuerzos, vengan de donde vengan, son
absolutamente positivos, y más si vienen de una institución como la del
Defensor del Pueblo.
Yo le agradezco nuevamente la información que nos ha suministrado y
espero que esta Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer siga teniendo
contacto con la institución que usted preside. Les deseo que sigan
trabajando en esta línea, me alegro de que quien preside esta institución
sea una mujer y le digo que cuenta, como no puede ser de otra manera, con
el apoyo del Grupo Socialista para seguir trabajando por la igualdad real
de las mujeres en la sociedad en la que vivimos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Isabel Alberdi.
Para contestar a las cuestiones que han sido planteadas por los distintos
portavoces, tiene la palabra doña Margarita Retuerto.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Muchas
gracias, señora Presidenta.
En turno de réplica, y muy brevemente, señor Codina, le doy las gracias
por su apoyo y el de su Grupo Parlamentario. Evidentemente, la palabra
que define la convergencia de nuestros planteamientos y los suyos es la
de avance. La sociedad española ha avanzado jurídica y socialmente en
cuanto a las mujeres, aunque queda mucho todavía por hacer.
Solamente quiero hacer una precisión sobre algo que quizá no ha quedado
claro por las prisas de mi intervención: llegan más escritos de hombres
que de mujeres, aunque la tasa de feminización ha aumentado. Son más
hombres los que escriben al Defensor del Pueblo, pero la tasa de
feminización va aumentando año a año, en un 15 por ciento en los últimos
años.
En cuanto al caso concreto de la prisión a la que hemos hecho referencia,
tengo que decir que es cierto. Ayer estuve hablando con don Ignacio
Clavell, del Servicio Penitenciario y de Rehabilitación, quien me
proporcionó inmediatamente el informe, y no he querido hacer referencia
al número de médicos y auxiliares que hay en este momento en la prisión
porque la asistencia sanitaria está garantizada. También me comentó que
en el módulo de Brians, en Barcelona, hay 236 reclusas en este momento,
sobre una capacidad de 244, en el módulo de Lleida-1 hay 69 y la
población reclusa en Cataluña es de 604.
La colaboración del Servicio Penitenciario y de Rehabilitación de
Cataluña ha sido verdaderamente fluida y modélica en las relaciones con
el Defensor del Pueblo, siempre en colaboración con la institución del
Sindic de Greuges de Cataluña.
No nos llegan todas las reclamaciones, aunque irán llegando, pero yo creo
que es suficientemente significativo el muestreo que tenemos. Estamos
haciendo ahora una investigación sobre pequeños municipios de menos de
2.500 habitantes, parte de la cual estará incluida en el informe de 1993.
Al iniciarla creíamos que íbamos a encontrar grandes carencias e
insuficiencias en los servicios mínimos, pero la realidad es que nos
hemos encontrado con una población envejecida y con el hecho de que la
población envejecida, en su inmensa mayoría, es la de las mujeres solas
que continúan viviendo en los pueblos.
En relación con esto y con la población envejecida, no me preocupa
solamente la de los pueblos, es decir, la situación de la mujer en el
área rural, sino la de la mujer y la del hombre solos en el área urbana.
De ahí la soledad de las personas mayores, porque todavía no hay una
cultura de la ancianidad, por no utilizar palabras que desvirtúan su
auténtico significado. Muchas veces, las mujeres con cargas familiares se
ocupan en las ciudades de atender no solamente su trabajo, no solamente
su familia, sino que tienen que cuidar también a sus personas mayores. El
caso es significativo en una enfermedad como la de Alzheimer, por
ejemplo, que se detecta muy precozmente puesto que antes de los 55 años
una persona puede estar demenciada y, sin embargo, no tiene derecho a las
prestaciones para internarla si la familia no tiene instrumentos
necesarios para poder acogerla en su casa. Señorías, esto es un ejemplo
de lo que en el futuro pueden representar los desafíos de convivencia de
las mujeres --y de los hombres-- en las grandes ciudades.
Gracias, señor Codina.
Diputada Bernarda Barrios, muchísimas gracias por su intervención,
porque, además, me ha abierto un campo que yo desconocía y es el tema de
los pinches en los hospitales; es posible, porque como hay treinta y seis
estatutos para el personal estatutario de la Seguridad Social, pueden
aparecer estos flecos. Eso es indicativo del tema que estamos discutiendo
y no del cambio normativo, porque hay muy pocas normas de discriminación
de la mujer, y ya algunas se han apuntado en esta Comisión, de
modificación del Estatuto de los Trabajadores o sobre legislación de
garantías en el trabajo. La verdad es que todas las discriminaciones que
existen en el ordenamiento jurídico están derogadas por imperativo de la
Constitución, pero sí pueden quedar aspectos residuales de circulares
internas y normativas en el campo de la Seguridad Social. Ahora bien, si
su señoría hace llegar al Defensor del Pueblo, a través del artículo 10
de su Ley reguladora, y directamente, cualquier sugerencia en este
sentido, haremos la investigación precisa y seguro que se tomarán las
medidas oportunas.
En cuanto a la cuestión de que lo bueno sería que no existiera un
Instituto de la Mujer, que no existieran departamentos específicos de la
mujer o que hubiera más cargos de mujeres en la vida pública, me reía
para mí misma, porque en un Informe de 1993, en este momento y en nuestro
país, hay tres Ministras, dos Secretarias de Estado, una Subsecretaria,
39 Directoras Generales, una Secretaria General Técnica, una Secretaria
General, siete Directoras Territoriales, dos alcaldesas, 45 diputadas, 30
senadoras, una Presidenta de Autonomía, 15 consejeras, 165 diputadas
autonómicas y una Defensora del Pueblo en funciones. El problema,
entonces, no es el carácter emblemático de mujeres en diversos cargos de
responsabilidad, sino que
tenemos que ir a lo que dice el Consejo de Europa, a una democracia
paritaria. Falta mucho en ese camino, y existe un Informe de la OIT, de 5
de febrero de 1993, que dice que hoy por hoy de los 179 Estados miembros
de la ONU sólo seis están gobernados por una mujer --me parece que
actualmente son diez--; mientras que las mujeres constituyen el 3,5 de
los gabinetes ministeriales, 93 países sólo tienen hombres a la cabeza de
sus Ministerios. Esto lo dice una señora chilena, María Angélica Duchi,
autora del Informe. La conclusión de dicho Informe de la OIT es que
faltan 475 años para que la mujer alcance la igualdad con el hombre. La
señora Duchi precisa que hasta 1987 las mujeres ocupaban apenas el 10 por
ciento de los escaños parlamentarios en el mundo, constituyendo en 1990
el 36 por ciento, de media, de la población activa mundial. El estudio
añade que en la mayoría de los países las mujeres ocupan entre el 10 por
ciento y el 30 por ciento de los cargos de dirección, y menos del 5 por
ciento si se cuentan los puestos de responsabilidad. En los países
Industrializados, el porcentaje de mujeres gerentes de empresa es más
elevado en América del Norte y Europa Septentrional, y más bajo en
Australia, Japón, Nueva Zelanda y Europa Meridional. El que falten 475
años para que la mujer alcance la igualdad con el hombre me hace pensar
en que necesito todos los instrumentos que sean necesarios para acortar
este plazo, es decir, que tiene sentido todo lo que estamos haciendo.
No sé si era Heráclito o Demócrito quien decía que los esfuerzos inútiles
conducen a la melancolía. Lo que nosotras estamos haciendo en cada una de
las actividades en las que estamos inmersas, Parlamento, Administración,
instituciones, no es un esfuerzo inútil, y todas tenemos que tener una
red común en este campo.
Su señoría me ha preguntado acerca de un tema muy importante, si denuncia
solamente la mujer y no el hombre. Cuando las mujeres escriben al
Defensor del Pueblo, la verdad es que la mayoría de las veces plantean
problemas que no son específicos de ellas, puesto que se refieren a sus
hijos, a los ancianos. Pero a veces sí plantean cuestiones exclusivamente
femeninas. Tengo una calentita, reciente, que les voy a poner como
ejemplo y que acabo de enviar al Secretario General Técnico del
Ministerio de Educación. Una licenciada en Ciencias de la Información
expone que quiere que el Departamento del Secretario General Técnico del
Ministerio de Educación y Ciencia le expida el título con la expresión
«Licenciada», en lugar de «Licenciado», como se lo han expedido, sin
obtener respuesta expresa hasta el momento a dicha solicitud. Le hemos
informado del Real Decreto 11/1983, que regula el tercer ciclo de
estudios; pero también le hemos hecho una especie de reflexión al
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia --que
estoy segura que va a aceptar-- en el sentido de que la interesada alega
--y con absoluto fundamento-- que en el II Plan para la Igualdad de las
Mujeres se afirma literalmente, en el punto 1.3.2, que, pese a los
avances que se han producido en este ámbito, todavía hoy subsisten
impresos y títulos administrativos que contienen un lenguaje que ignora
la existencia de las mujeres; y que, además, el Ministerio de Educación y
Ciencia ha editado la denominada «Guía didáctica para una orientación no
sexista» que evite ese sutil lenguaje de ocultación del trabajo de la
mujer.
Coincido con la señora Alberdi en que no se trata de descubrir grandes
océanos, sino que estamos viendo las pequeñas fallas del sistema que
permite una regularidad administrativa. Si hubiera una vulneración de
derechos fundamentales --por ejemplo, en el caso del velo, al que hemos
hecho referencia-- sería distinto. Pero en estas pequeñas fallas
administrativas la Administración es omnicomprensiva, acompaña a los
ciudadanos, como decían los clásicos, de la cuna a la sepultura y, por
tanto, se pueden producir muchas actuaciones automáticas, burocratizadas.
Para eso está el Defensor del Pueblo, para corregir esas actuaciones, y
siempre hemos obtenido un resultado positivo. Creo haber contestado con
ello a su pregunta.
Contestando a la señora Alberdi, debo decirle que es cierto, y lo he
dicho ya, que el cambio normativo que se establece a partir de la
Constitución ha sido impresionante, ha habido un avance imparable,
cualitativo y cuantitativo, en el tema de la mujer. Pero como todo buen
jurista conoce, si el Derecho crea o transforma, que es una vieja
pregunta que nos hemos hecho siempre, desde que el mundo es mundo y desde
el Código de Hammurabi, el Derecho puede crear un marco jurídico de
relación, de garantía, pero son las pautas de comportamiento de la
sociedad, los estereotipos de la sociedad, los que también hay que
cambiar, y esos estereotipos escapan muchas veces de las posibilidades de
actuación del Defensor del Pueblo. Podemos insistir en que hay un
lenguaje sexista, podemos insistir en que las imágenes en televisión no
responden a lo que la mujer significa --creo que hay organismos
administrativos que están ejerciendo sus competencias en este sentido--,
pero esto se mueve en el difícil equilibrio que existe entre Derecho y
sociedad, porque el Derecho sin la sociedad no tiene ningún sentido, y la
sociedad sin el Derecho es la anarquía, y en eso estamos absolutamente de
acuerdo. Le agradezco que le haya parecido útil el Informe sociológico,
porque eso nos permite contrastar la realidad de los expedientes. Y me
alegra que por primera vez en España, después de doscientos años, ocupe
una institución del Estado una mujer, aunque sea interinamente,
entendiendo el concepto de interinidad como lo he expuesto antes: para
mí, y para todo el equipo de mujeres y hombres que componen la
institución del Defensor del Pueblo, nuestro reto ha sido la
consolidación y la eficacia de la Institución. Eso es lo que nosotros
hemos pretendido con nuestro trabajo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Margarita Retuerto.
Cualquier miembro de la Comisión que quiera hacer alguna pregunta u
observación a la información de la Defensora del Pueblo, tiene ocasión de
hacerlo ahora. (Pausa.)
Por el orden de petición de palabra, el Senador Guía tiene la palabra.
El señor GUIA MARQUES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, deseo indicar que me ha sorprendido gratamente el
informe que nos ha presentado la Defensora del Pueblo por cuanto no es un
informe meramente estadístico y sí plantea casos reales, generales y
concretos, que nos acercan a lo que viene ocurriendo a lo largo de estos
años en la sociedad española en relación con la discriminación de las
mujeres. Vaya por delante mi agradecimiento.
A estas alturas de la Comisión, voy a hacer, si me lo permiten los
miembros de la Comisión, de abogado del diablo. Voy a plantear un
problema polémico en el que entiendo que la institución del Defensor del
Pueblo algo podrá o tendrá que decir. Es el problema relativo a la
discriminación positiva de la mujer en cuanto a la carga del Servicio
Militar. Me consta que ya sobre el año 1983-84 se formuló una queja o una
petición de información por algunos estudiantes de la Universidad de
Zaragoza que tenían que hacer el Servicio Militar y que planteaban al
Defensor del Pueblo: «Mientras nosotros hacemos el Servicio Militar,
nuestras compañeras de promoción preparan una oposición y la ganan, y
cuando nosotros salimos del Servicio Militar nos encontramos con que
algunas vacantes están cubiertas por compañeras nuestras de profesión».
El tema es muy delicado; comprendo que actualmente estamos viviendo una
revolución en lo que se refiere al Servicio Militar, a la Prestación
Social Sustitutoria, y a los casos de insumisión, pero si de verdad
queremos ser igualitarios en todos los aspectos, algo tendremos que decir
en este sentido. La pregunta concreta es si la Defensora del Pueblo ha
tenido conocimiento de alguna queja relacionada con esta discriminación
positiva o si tienen pensado, ella o su equipo de colaboradores,
presentar algún tipo de iniciativa de oficio en relación con el
controvertido tema del Servicio Militar.
A modo de anécdota, sobre la discriminación del lenguaje, quiero recordar
a nuestra Presidenta que en todos los escritos que nos ha enviado pone:
«Estimada compañera», y hay algunos compañeros. (Risas.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Es verdad que ha habido un fallo por mi parte en alguna documentación que
he enviado, pero, por una vez, después de veinte siglos de recibir cartas
en las que figura: «Estimado señor» y «Venga usted acompañado con su
distinguida esposa», que se haya producido un error a la inversa creo que
inclina la balanza de nuestra parte. Pido disculpas y, sin que sirva de
precedente, la próxima vez se subsanará.
Tiene la palabra la Senadora Sánchez García.
La señora SANCHEZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias a la Defensora del Pueblo por este estudio que nos ha
presentado y que nos va a ser muy útil a lo largo de nuestros trabajos en
esta Legislatura, sobre todo porque aclara un montón de conceptos que yo
desconocía en cuanto al número de mujeres que se dirigen a usted.
Le voy a hacer dos preguntas que me gustaría que me aclarara. En una de
ellas tengo ciertas dudas, la otra se refiere a algo que usted acaba de
comentar sobre el número de mujeres que se dirigen a usted, que son en su
mayor parte separadas, viudas y divorciadas. Me gustaría saber por qué
motivo se dirigen a usted, ¿por los problemas del impago de pensión?,
¿por el tema de custodia de hijos?, ¿por discriminación social o laboral?
¿Por qué motivo se dirigen a usted en esta proporción las personas que
están en esas circunstancias?
Me ha encantado que haya hecho alusión a un tema en el que parece ser que
no mucha gente ha recurrido a usted. Me refiero a las pensiones por
viudedad, artículo 101 del Código Civil, que dice textualmente que «se
contempla como causa de extinción en la pensión de viudedad la de vivir
maritalmente con otra persona». Usted aduce que eso ha sido subsanado a
través de una Circular del INSS del 15 de noviembre de 1984, que dice que
«no será causa de extinción de dicha pensión el hecho de observar
conductas deshonestas o inmorales». A pesar de todo, el artículo 101
sigue vigente y nosotros no tenemos constancia de que haya sido derogado.
Me gustaría, si es posible, que usted me aclarase cómo fue exactamente
enfocado el tema y qué contestación le dieron, porque existen todavía
muchas reclamaciones y, como usted bien ha dicho, muchos ancianos
conviven maritalmente por no tener causa de pérdida de pensión, como en
estos casos se contempla en el artículo 101.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
La Senadora San Baldomero tiene la palabra.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas
gracias, señora Defensora del Pueblo.
Voy a hacer una sugerencia. La señora Retuerto en estos momentos es la
Defensor del Pueblo en funciones. Yo no sé si institucionalmente se
puede, pero tal vez deberíamos llamarla e incluso empezar a usar el
término de la Defensora del Pueblo en funciones. Ella misma se dice la
Defensor del Pueblo en funciones.
Quiero expresar las gracias a la señora Retuerto y mi deseo de que no
siga en funciones durante mucho tiempo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora San Baldomero.
Tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a ser breve porque ya he dicho lo que tenía que decir, en nombre de
mi Grupo, en mi anterior intervención.
Después de escuchar la réplica de la Defensora del Pueblo, quería matizar
que cuando he dicho que se dirigían a la institución que usted representa
más mujeres que hombres, seguramente me habré expresado mal, porque a
continuación he matizado que, dentro de las mujeres, lo hacían
más las solteras que las casadas. Ahí es donde se produce la incógnita,
si es porque la mujer, una vez casada, pierde cierta autonomía. Eso es lo
que quería expresar y creo que no había quedado claro.
A la afirmación de la Defensora del Pueblo de que el muestrario de
reclamaciones que existe en este momento puede dar ya una radiografía de
lo que es nuestra sociedad, yo he replicado diciendo que seguramente hay
muchos ciudadanos y ciudadanas que, aun estando en situaciones de
marginalidad o de dificultad, no se dirigen a la Defensora del Pueblo. En
este sentido, mi comentario iba por exceso y no por defecto. No quería
decir ni mucho menos que no se tuviera ya una radiografía de lo que es
nuestra sociedad, sino todo lo contrario, que posiblemente con un mayor
conocimiento de los ciudadanos de la posibilidad de llega al Defensor del
Pueblo --a la Defensora del Pueblo, en esta caso--, tendríamos un
muestrario mayor, y en este caso las mujeres encontrarían en la
institución el eco que su problema aún hoy requiere.
Quería hacer estas matizaciones porque me ha parecido que la respuesta de
la Defensora del Pueblo podía conducir a error en cuanto a la referencia
que hacía de mi primera intervención.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Codina.
Para responder a estas preguntas, tiene la palabra doña Margarita
Retuerto.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Me encuentro absolutamente enfrascada en los papeles para intentar
contestarles a todos. Lo haré uno a uno, para darles la respuesta
adecuada.
Señor Guía, en esta Comisión no puede haber ningún abogado del diablo. Ha
hecho una pregunta sobre la discriminación positiva de la mujer en las
Fuerzas Armadas. Se ha dicho mucho y se ha dicho de todo sobre la
incorporación de la mujer al Servicio Militar; ha sido un tema polémico y
debatido en esta Cámara. Ahora bien, hemos hablado de lo que significan
las discriminaciones positivas, y usted me ha preguntado si el Defensor
del Pueblo ha tenido conocimiento de ello y qué actuaciones hemos
realizado al respecto. Pues sí, hemos tenido reclamaciones en ambos
sentidos. Pero ya en el año 1990 tuvimos quejas de mujeres que querían
entrar en el Servicio Militar, concretamente en las Fuerzas Aéreas, y ni
siquiera se les concedió la instancia para poder hacerlo. Las mujeres
querían entrar en el Servicio Militar. Ahí conseguimos dos cosas: se
consiguió que se aceptara la instancia, aunque se dijera que no, ya que
en aquel momento la legislación no lo permitía. Y la segunda --que es
importantísima--: la nueva Ley del Servicio Militar ha admitido la
incorporación del voluntariado de las mujeres al Servicio Militar. Usted
me está planteando otra cuestión muy distinta que es el diseño global del
Servicio Militar, tema que también ha sido planteado. Me voy a remitir a
la doctrina del Tribunal Constitucional, porque a nosotros se nos pidió
un recurso de inconstitucionalidad precisamente sobre esa discriminación
que entendíamos, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la
mano, que no se producía. El Tribunal Constitucional ha admitido las
diferencias de trato siempre que existan condiciones objetivas y
razonables, y el sistema de diseño de la defensa nacional está
establecido tanto en la Constitución como, sobre todo, en la Ley 19/1984,
donde se dice que el Servicio para la mujer será regulado por la ley que
determine su participación en la defensa nacional. Esa participación se
podrá instrumentar de muchas maneras. Ahora hay una participación
voluntaria; yo he visto mujeres cascos azules en Bosnia. Pero la
definición global del modelo del sistema militar no corresponde a esta
Institución. No obstante, esa discriminación positiva también ha sido
planteada por un grupo determinado de objetores de conciencia con un
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y ha sido desestimado
este año. Hemos recibido escritos tanto en un sentido como en el otro;
por un lado, las mujeres que querían ingresar en las Fuerzas Armadas
cuando no se podía, y, por otro, de los hombres que se quejaban de esa
discriminación positiva en tanto que entrañaba para ellos una minoración
en las posibilidades del trabajo. El Tribunal Constitucional ya ha dicho
la última palabra al respecto, y esta Institución no tiene nada más que
añadir sobre ello. El Servicio Militar creo que sería tema de otra
comparecencia y en otro lugar.
Señora Sánchez García, estaba intentando encontrar en estos papeles la
respuesta exacta a la modificación que hicimos nosotros en el tema de la
conducta deshonesta e inmoral, y desgraciadamente no la encuentro, pero
se la haré llegar en cuanto pueda.
No puedo decirle por qué las mujeres separadas, viudas y divorciadas en
el segmento entre los 25 y 36 años, un segmento fundamental en 1993, han
acudido al Defensor del Pueblo, ya que no hemos hecho un estudio
sectorializado del porqué acuden al Defensor y de cuáles son los
problemas fundamentales que plantea este grupo de personas. ¿Y por qué?
Pues porque eso ya excedería de nuestras competencias, ya que son temas
jurídico-privados. Como les he explicado, yo puedo entrar a controlar la
regularidad administrativa, pero los temas del pago de pensiones, que le
corresponde a un juez, o del retraso en el procedimiento judicial, que le
corresponde también al juez, no puedo investigarlos directamente, sino a
través del Ministerio Fiscal. No obstante, lo que sí es cierto es que en
los servicios de Asistencia Inmediata y de Información que tiene la
Institución del Defensor del Pueblo no ha sido raro el que aparezca una
mujer con sus niños. Hubo un caso de una mujer que venía de Málaga por un
supuesto de malos tratos y la tuvimos que orientar jurídicamente para que
no se la pudiera acusar de abandono de familia y reconducirla a las
actividades sociales tanto a nivel municipal como de la Comunidad
Autónoma. Esa labor la estamos haciendo continuamente, pero no
específicamente si son por retraso o por nulidad. Por viudedad, creo que
tienen posibilidades de acceso a pensión mujeres viudas con anterioridad
a 1956.
Sobre el otro supuesto, del que con un poco de tranquilidad encontraré
la documentación, le prometo, señora Sánchez García, que le mandaré
inmediatamente los datos que poseo. Pero la modificación que nosotros
introdujimos fue en la Seguridad Social, no del Código Civil. Yo quería
saber si esta modificación del Código Civil no ha sido luego contemplada
por las modificaciones posteriores del Código Civil, porque usted lo
sabrá mejor que yo, en este momento.
La señora SANCHEZ GARCIA: Por eso se lo preguntaba, y yo le agradeceré
que me envíe la documentación.
LA SEÑORA DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Señora San
Baldomero, ¿Defensor o Defensora? Le diré que el lenguaje siempre es
polémico. La Institución del Defensor del Pueblo la contempla la
Constitución en el artículo 54. Yo firmé siempre como Adjunta Segunda y
Adjunta Primera, y ahora firmo como Defensor del Pueblo en funciones,
pero creo que el título correcto sería Defensora. Ahora bien, si en un
lenguaje coloquial me dice usted: Defensor del Pueblo, Defensora, señora
Retuerto, Margarita o ¡eh, tú!, no se preocupe; puede dirigirse a mí como
quiera. La voy a contestar siempre, igual que a cualquier ciudadano que
se dirija al Defensor del Pueblo. Gracias, señora San Baldomero.
Señor Codina, ha quedado perfectamente aclarado el sentido de su
intervención. Quizás, la mala interpretación es fruto de la improvisación
inmediata que tengo que realizar sobre las preguntas que ustedes me
realizan. Por tanto, entiendo lo que usted ha querido decir. Es verdad
que estábamos hablando de más hombres que mujeres, de los sectores en
especial situación de vulnerabilidad y del acceso al Defensor del Pueblo.
Pero no es raro que se dirija, por ejemplo, el colectivo de mujeres
gitanas para pedir la ayuda al Defensor del Pueblo en su integración e
incorporación salvando las específicas señas de identidad de su cultura,
es decir, que piden la integración cultural buscando la salvaguardia de
sus raíces. Son avances interesantes.
Y es cuanto puedo decirles. (La señora Barrios Curbelo pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Barrios, perdóneme, no le había visto alzar la mano. Como una
excepción, tiene la palabra su señoría por corto espacio de tiempo.
La señora BARRIOS CURBELO: Creo que la señora Retuerto ha dejado sin
respuesta una de las preguntas que yo realicé, y que en este momento
estaba recordando. Yo he preguntado si se repetía una queja por la misma
mujer, o sea, si había una solución de las mismas. No sé si recordará la
señora Defensora del Pueblo que fue la segunda pregunta que le realicé.
En segundo lugar, me pareció deducir de su respuesta, y por eso quería
matizar mi intervención, que yo infravaloraba la existencia de esta
Comisión y del Instituto de la Mujer. Me entendió perfectamente que
valoraba la igualdad de la mujer y, por tanto, la existencia de esta
Comisión, aunque yo consideraba que obtener la ampliación de la igualdad
entre el hombre y la mujer se conseguiría con la no existencia de una
Comisión Mixta ni de un Instituto que la protegiera. ¿Verdad?
En consecuencia, me gustaría que me respondiera, señora Defensora, a si
se repiten las quejas por la misma mujer, si hay un estudio al respecto,
o se le soluciona el problema.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): En lo que
se refiere a la solución del problema, he de decirle que no tengo datos
específicos de las mujeres, pero los datos de gestión del informe
parlamentario, que estamos a punto de terminar, demuestran que, frente al
53 por ciento de quejas solventadas tramitadas el año pasado, este año
estamos ya en un 62 por ciento con resultados positivo, tanto de hombres
como de mujeres. No tengo la documentación en lo que se refiere sólo a
mujeres.
En cuanto a que una misma mujer repita el mismo argumento, estoy
recordando --es una anécdota y no hace relación a cuestiones
específicamente femeninas-- un caso de molestias y ruidos que producen
determinados bares. Hay una persona, una querulante crónica, que como no
se le solventa el problema, porque no se adoptan las medidas adecuadas,
escribe sistemáticamente al Defensor del Pueblo para decir que, aunque se
haya abierto una investigación, no se han tomado las medidas para
resolver la situación o que éstas son insuficientes o que no están de
acuerdo con ellas o que no puede vivir con el ruido. Esto es sólo una
anécdota.
Volviendo al tema femenino, tengo que decirles que nunca se ha vuelto a
repetir --así creo recordarlo-- una queja que ya haya sido planteada.
Respecto al segundo punto, lo he entendido perfectamente y le ruego que
me excuse si cree que yo he dado interpretación distinta de la que usted
ha hecho.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo.
Voy a terminar su comparecencia citándola a usted misma. Usted ha dicho
que el avance en estos años ha sido imparable. Y creo que hay que tomarse
la palabra imparable en sus justos términos: que no nos podemos parar. El
avance ha sido posible gracias a muchos hombres y a muchísimas mujeres,
gracias a las instituciones, a las Cámaras que legislaron la igualdad y
también gracias a otras instituciones que han colaborado para que la
sociedad sea más justa, como la del Defensor del Pueblo. Hoy tenemos la
suerte de tener a nuestro lado a su máxima representante, que está
verdaderamente cerca de los planteamientos de esta Comisión. Le doy las
gracias a doña Margarita Retuerto por su esfuerzo, por su colaboración y
por aportar su grano o montaña de arena en el avance imparable de las
mujeres.
A las 12 está prevista la comparecencia de doña Carlota Bustelo. Ahora
tenemos unos minutos para descansar de
esta primera parte. (Risas.) A las 12 en punto reanudaremos la sesión.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DE DOÑA CARLOTA BUSTELO GARCIA DEL REAL, MIEMBRO DEL
COMITE PARA LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION DE LA MUJER.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión de la Comisión Mixta
Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer.
La segunda compareciente que nos acompaña hoy es doña Carlota Bustelo,
que interviene en esta Comisión de los Derechos de la Mujer en su doble
calidad de experta en la red europea sobre mujeres y toma de decisiones y
como miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la
Mujer.
Este Comité surge del artículo 18 de la Convención para la eliminación de
la discriminación de la mujer, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1979, y que entró en vigor en 1981. Actualmente, la
han ratificado 131 países, entre ellos, España, que lo hizo en 1984.
El Comité está constituido por 23 expertos y expertas elegidos por los
Estados para un período de cuatro años. El Gobierno español presentó la
candidatura de la compareciente en 1988 y en 1992, resultando elegida en
las dos ocasiones.
El trabajo del Comité consiste en establecer con los representantes de
los Gobiernos, en el momento de la presentación de los informes sobre la
aplicación de la Convención, un diálogo constructivo sobre cada uno de
sus dieciséis artículos de la Convención, que tratan de los derechos de
la mujer en relación a la salud, la educación, el empleo, la
participación política, la familia, etcétera.
Además, el Comité puede hacer --y de hecho hace-- sugerencias y
recomendaciones generales que hace llegar a la Asamblea General de las
Naciones Unidas a través del Consejo Económico y social. Son de destacar
las recomendaciones generales sobre la violencia contra la mujer y sobre
la igualdad en la familia y en el matrimonio, y las sugerencias sobre la
Conferencia Internacional de Derechos Humanos.
Desde la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, la Convención sobre
todas las formas de discriminación contra la mujer ha cobrado mayor
importancia al ser resaltada su condición de Tratado internacional de
derechos humanos y al convertirse en una prioridad de las Naciones Unidas
el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Para hablarnos de su trabajo en el CDAU y en la red de expertas y para
responder a todas las preguntas que sus señorías quieran hacerle, está
con nosotros esta mañana Carlota Bustelo, a quien agradezco su
disponibilidad en el momento en que fue requerida su presencia en esta
Comisión.
Tiene la palabra doña Carlota Bustelo.
La señora MIEMBRO DEL COMITE PARA LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION DE
LA MUJER (Bustelo García del Real): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, señoras y señores Diputados, en primer
lugar, quiero agradecer a esta Comisión el haberme pedido comparecer ante
ella para explicar dos de las actividades que en este momento realizo en
favor de los derechos de las mujeres. Voy a empezar por referirme al
Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, al que
pertenezco desde 1988, lo cual quiere decir que llevo ya dos mandatos en
él. La primera vez fui elegida en 1988, y la segunda, en 1992.
Quiero señalar un pequeño error del que soy culpable. No es el artículo
18 de la Convención sino el 17 el que menciona la creación del Comité.
Efectivamente, la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación de la mujer, como ustedes saben, fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, entró en vigor en 1981 y
su Comité comenzó a trabajar en 1982. Este Comité, que se crea por el
artículo 17 de la Convención, como ya hemos dicho, tiene como función
examinar los informes que periódicamente los Estados parte que han
ratificado la Convención tienen que presentar al Secretario General de
las Naciones Unidas para ir dando cuenta de cómo van aplicando la
Convención que han ratificado en relación con las mujeres de sus países.
Esos informes se presentan un año después de la ratificación y luego, al
menos, cada cuatro años. En este momento, 131 Estados parte han
ratificado la Convención y, por lo tanto, el número de informes que tiene
que examinar el Comité es muy elevado.
El Comité está formado por veintitrés expertas --en este momento somos
todas mujeres-- que son de diferentes países y regiones del mundo. Los
Estados parte, o sea, los Estados que han ratificado la Convención,
pueden presentar candidatos --mujeres u hombres-- a la elección de los
Estados parte, que se reúnen para ello cada dos años; es decir, que se ha
buscado una forma para que la rotación se produzca en el Comité cada dos
años, aunque el mandato de las personas que son miembros del Comité es de
cuatro años.
En este momento acaba de haber una elección, tras la cual hay en el
Comité cinco mujeres de América Latina, cinco de Europa Occidental más
una representante de Rusia, cinco de Africa, seis de Asia y una de Nueva
Zelanda. En total, somos veintitrés.
El Comité, por lo tanto, tiene una tarea considerable que es examinar
estos informes que realiza en un período, en principio, de dos semanas
anualmente, lo cual quiere decir que son diez días, lo que pasa es que
realmente trabajamos incluso los fines de semana, pero hay que considerar
que son sólo diez días de trabajo en los que tiene que examinar un número
elevado de informes. Por esa razón, y porque va aumentando el número de
países que han ratificado la Convención, el Comité solicitó hace ya unos
años aumentar su período de sesiones, que ahora es de tres
semanas con carácter excepcional, porque la Convención establece las dos
semanas y, por lo tanto, gracias a un permiso especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas podemos reunirnos tres semanas. Además,
hay un grupo preparatorio, formado sólo por cinco expertas, que se reúne
unos días antes para preparar parte de las preguntas que vamos a hacer a
los Estados parte, porque nuestro trabajo de vigilancia consiste en
leernos los informes de éstos con anterioridad a la reunión del Comité, y
luego, con representantes de los Gobiernos presentes en él, hacerles toda
clase de preguntas sobre el contenido de la Convención basándonos en el
informe que han presentado los Gobiernos, pero no sólo en el informe de
los Gobiernos, sino también en los contrainformes o informes
complementarios que las organizaciones no gubernamentales pueden
presentar al Comité no formalmente, pero sí a las expertas o expertos del
Comité, y en las informaciones que recibimos también de las agencias
especializadas de Naciones Unidas como son la Unesco, la Organización
Mundial de la Salud, la FAO, la OIT, etcétera. Esa información de las
organizaciones no gubernamentales y de las agencias especializadas nos
permite contrarrestar la información oficial de los Gobiernos. De otro
modo esto nos resultaría francamente difícil ya que el Comité no cuenta
con presupuesto suficiente y ninguna de nosotras, ni siquiera la
Presidenta, podríamos viajar a los países cuyos informes debemos examinar
para contrastar si sus contenidos se ajustan o no a la realidad. Por
tanto, repito que el trabajo de apoyo o de información que las
organizaciones no gubernamentales aportan al Comité es muy importante.
Voy a poner un ejemplo referido al informe de Japón que hemos examinado
este año, aunque en realidad se trata de dos informes de ese mismo país
que se habían acumulado. Puede realizarse un examen de informes
acumulados ya que esto ha sido establecido en el propio Reglamento del
Comité, por el mucho trabajo que tenemos y debido al poco tiempo que
utilizamos para nuestras reuniones. Pues bien, el informe oficial del
Gobierno del Japón iba acompañado de un número considerable de
contrainformes o informes complementarios de organizaciones no
gubernamentales de ese país como, por ejemplo, el de la Asociación de
Abogados de Japón. Ello nos permitió formular preguntas con mayor
fundamento, así como llamar la atención al Gobierno japonés sobre un tema
que no figuraba en su informe, la reclamación que las llamadas «confort
women» coreanas estaban formulando al Gobierno de Japón. Como conocerán
ustedes probablemente, se trata de ciudadanas coreanas que fueron
obligadas durante la II Guerra Mundial por el ejército japonés a prestar
obligatoriamente servicios sexuales a los miembros de ese ejército y que
fueron sometidas a todo tipo de vejaciones. Al cabo de los años, cuando
este tema ha salido a la luz pública, algunas de las «confort women» que
viven todavía --algunas concretamente en Japón-- han solicitado al
Gobierno japonés indemnizaciones, pero dicho Gobierno no se las ha
querido conceder al menos de momento. Pues bien, ésta era una de las
cosas que figuraba en los contrainformes, así como información sobre el
elevado número de mujeres extranjeras que ejercen la prostitución en
Japón, o sobre el turismo sexual. La representante de Filipinas en el
Comité planteó una pregunta bastante dura al Gobierno de Japón basándose
en esa información que las organizaciones no gubernamentales habían
aportado a las expertas del Comité.
En cualquier caso, como ocurre con todos los comités que vigilan los
tratados internacionales de derechos humanos, realizamos un trabajo que
carece de fuerza jurisdiccional, es decir, no tenemos capacidad alguna de
coacción sobre los Gobiernos de los Estados parte. Lo único que tenemos,
como ocurre tantas veces en el marco internacional, es la fuerza política
o moral que se deriva de la propia voluntad de los Gobiernos que han
ratificado la convención --se entiende que con el objetivo de
aplicarla--, o bien la fuerza que se deriva de la propia capacidad del
Comité para llegar a la opinión pública de los Estados parte y
sensibilizarla para que reclame de sus Gobiernos la correcta aplicación
de la Convención.
En cualquier caso, nuestra función no puede ser demasiado dura --por
decirlo de alguna manera-- porque no conduciría a nada. Lo que intentamos
es mantener un diálogo constructivo con los Gobiernos representantes de
los Estados parte pidiéndoles, eso sí, muchísima información sobre los
diferentes artículos de la Convención, artículos que se refieren
ampliamente a todos los aspectos posibles de la discriminación de la
mujer --con alguna salvedad a la que luego me referiré--, para, a través
de toda esa información que les solicitamos y les exigimos, ir
proponiéndoles que modifiquen sus leyes, sus acciones políticas en todo
aquello que a nosotros nos parece lo correcto, para que de este modo se
aplique la Convención en toda su amplitud y podamos avanzar en la no
discriminación y en la igualdad de oportunidades de las mujeres.
Pero, además de los exámenes que hacemos de estos informes de los Estados
parte, el Comité tiene la capacidad de hacer recomendaciones generales
que llegan a la Asamblea General a través del ECOSOC. Eso ha conducido al
Comité a hacer una serie de recomendaciones que al principio se referían
más a su propia organización y a la forma y contenido de los informes de
los Estados parte, y que posteriormente han ido aclarando el contenido de
algunos artículos de la Convención, así como aspectos que no estaban
explícitos abiertamente en la misma. Este ha sido el caso de la violencia
contra las mujeres. En ningún artículo de la Convención --que, repito, es
muy amplia-- se hablaba explícitamente de la violencia contra la mujer en
ninguna de sus formas. Durante el decenio en que se aprobó por Naciones
Unidas este Convenio, y posteriormente, se ha avanzado mucho en el
conocimiento de las distintas manifestaciones de la violencia contra la
mujer, pero, de todos modos, en nuestras preguntas a los Estados parte
nos referíamos de manera continua a la violencia contra la mujer a
propósito de diferentes artículos, ya fuera en el referente a la
prostitución y trata de mujeres, como en el que se habla de la familia,
artículo 16, o los referentes al empleo, a los estereotipos, etcétera.
Como veíamos que la información que nos suministraban al respecto los
Estados parte era muy variada, decidimos hacer una recomendación general
muy amplia, la número 19 de las que hemos
hecho hasta ahora. Este año hemos aprobado, precisamente por ser el Año
Internacional de la Familia, una recomendación general sobre la igualdad
en la familia en las relaciones familiares y en el matrimonio, tema
especialmente importante para aquellos países en los que todavía, a pesar
de haber ratificado la Convención, sigue habiendo leyes relacionadas con
la familia que, en alguna medida, siguen sin ser igualitarias, o países
en los que, a pesar de tener leyes igualitarias, como sucede en varios
países musulmanes, dichas leyes no se aplican en todo el territorio o no
se aplican en las zonas rurales. Por otro lado, la Recomendación también
será útil para que los países que han planteado reservas a la Convención,
relacionadas con el artículo 16, sepan en qué sentido tienen que
modificar su legislación para poder retirarlas.
Como ya he dicho, también hacemos sugerencias, sobre todo referidas a lo
que el Comité considera necesario incluir en los documentos y análisis
que se elaboran en conferencias internacionales. Por ejemplo, han sido
muy importantes las propuestas del Comité en relación con la Conferencia
Internacional de Derechos Humanos de Viena, celebrada en junio pasado. En
esta última reunión, hemos elaborado una serie de propuestas para la
Conferencia de Población que se celebrará en El Cairo en 1995; estamos
preparando otras para la Cumbre de Desarrollo Social, que tendrá lugar en
marzo de 1995 y, naturalmente --ya que es una obligación específica del
Comité--, estamos trabajando para realizar un informe de cierta amplitud,
con propuestas de diferente índole, para la Conferencia Internacional de
la Mujer, que se celebrará en Pekín, en septiembre de 1995.
Este es el resumen de nuestra labor. Podría extenderme mucho más, pero no
creo que deba hacerlo, tanto por falta de tiempo, como porque creo que
será más interesante que ustedes me hagan las preguntas que consideren
oportunas. Sin embargo, creo que debo hacer una valoración del papel que
cumple este Comité y de mi visión como experta española.
Creo que desde la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de
junio pasado, el Comité ha cobrado una importancia mucho mayor ya que,
por una serie de razones que no vienen al caso, se había mantenido un
poco al margen de otros Comités que vigilan la aplicación de otros
tratados internacionales, como el de Derechos Humanos, el de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el de la Discriminación Racial y,
últimamente, el relativo a los Derechos del Niño.
Por estar apartado de estos Comités, por tener una Secretaría diferente y
por esas cosas que pasan frecuentemente cuando se trata de temas
relacionados con las mujeres, muchas veces no se tenían en cuenta ni la
Convención ni el Comité en las publicaciones y trabajos del Centro de
Derechos Humanos de Ginebra. Hay diversas publicaciones que se refieren a
otros tratados internacionales relativos a los derechos humanos, pero no
así a la Convención. Pero ha habido un cambio, y en el documento --que no
sé si ustedes tienen-- relativo a la Declaración y el Programa de acción
de Viena, de junio de 1993, hay referencias en repetidas ocasiones a los
derechos de la mujer, así como a la Convención y al Comité para la
eliminación de la discriminación de la mujer.
Entre otros, la Conferencia Internacional se ha fijado como objetivo el
que la Convención sea ratificada por todos los países del mundo en el año
2000. Actualmente, como he dicho antes, son 131 los países que la han
ratificado y América Latina es la única que hasta ahora lo ha hecho en su
conjunto.
Por otra parte, la Conferencia Internacional, y en este momento la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, están estableciendo el
mandato y las actuaciones que tendrá que llevar a cabo un relator o
relatora, sobre la violencia contra la mujer. Se ha decidido establecer
la figura del relator, que elaborará una serie de trabajos de
investigación y encuesta en todos los países que considere oportuno,
sobre las diferentes formas de manifestación de violencia contra las
mujeres. El Comité jugará un papel importante en relación con el relator
a través de la Recomendación número 19 y de la información que hemos
recibido de los Estados parte en los numerosos informes que hemos
examinado hasta ahora y que examinaremos en el futuro.
Como ya he señalado, el Comité no puede obligar a los Estados parte, pero
en colaboración con las organizaciones no gubernamentales de dichos
Estados y las que trabajan a nivel internacional, especialmente en el
campo de los derechos de la mujer, puede ser un instrumento muy útil para
avanzar no sólo en la propia aplicación de la Convención --que, como he
dicho antes, es muy amplia--, sino en el cumplimiento de todos los
acuerdos que se adoptan en el seno de las Naciones Unidas para que la
situación de las mujeres --sobre todo, de las que se encuentran más
desfavorecidas-- vaya mejorando lo más rápidamente posible en todas las
regiones del mundo.
A este respecto, es evidente que hay problemas muy similares para todas
las mujeres en todos los países, pero el grado de manifestación de dichos
problemas y de discriminación es muy distinto en unos lugares que en
otros. Por tanto, instrumentos como la Convención son mucho más útiles
para las mujeres de Africa, Asía, o América Latina, que para las de
Europa, que ya han conseguido una legislación mucho más avanzada. De
todas formas, como ustedes saben, en nuestro país la Convención forma
parte del Derecho interno y, como en el caso de otros países donde
también lo es, refuerza de manera muy importante toda la legislación
contra la discriminación de la mujer. Por tanto, en ese sentido, también
en los países más avanzados la Convención juega un papel relevante.
Desde mi punto de vista, difundir el contenido de la Convención debería
ser un objetivo de todas las personas que estamos interesadas o
trabajamos en favor de los derechos de la mujer, porque insisto en que su
contenido es muy amplio y sería bueno que lo conocieran todas las mujeres
de los países que la han ratificado. También creo positivo que, a través
del conocimiento de la labor de este Comité y de la aplicación de la
Convención, las mujeres tengamos, a nivel internacional, una mejor
información de lo que ocurre en otros países para así crear una mayor
solidaridad entre todas nosotras.
Creo que las expertas del Comité hemos conseguido claramente esa
solidaridad entre nosotras; nos llevamos muy bien, compartimos puntos de
vista muy parecidos, y rara vez surge alguna discusión sobre alguna
pregunta o el análisis de algún Estados parte, teniendo en cuenta que en
el Comité hay mujeres tan distintas como, por ejemplo, la experta de
Ghana, o la de Finlandia. A pesar de eso, como digo, la manera de enfocar
la aplicación de la Convención y la interpretación de sus artículos no
conlleva mayor dificultad. Esta se encuentra en abarcar los diferentes
problemas que se manifiestan en los distintos países y regiones del
mundo. Por ejemplo, por lo que respecta a la elaboración de la
recomendación sobre la familia, para que el artículo 16 se pueda
interpretar correctamente en países tan distintos como Senegal o
Dinamarca, ha habido que buscar redacciones que englobaran formas de
familia muy diferentes. Por un lado, nos podemos encontrar con que en
Dinamarca el número de personas que se casan cada vez es menor, lo hacen
cada vez más tarde y eso no se considera negativo, desde el punto de
vista del Gobierno danés ni de las mujeres danesas. Sin embargo, en
países latinoamericanos o africanos, el hecho de que haya muchas uniones
de facto en vez de familias con contrato matrimonial, reflejado en un
Registro y amparado por un Código Civil, se considera por parte de los
Gobiernos y de las mujeres como un síntoma muy negativo y como una
demostración de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a
situaciones de igualdad, económicas y sociales más favorables que las que
tienen hoy en día. Son realidades muy distintas y las personas que
estamos en el Comité tenemos que tener una actitud bastante humilde en
relación con los informes de los Estados parte de regiones del mundo que
no son las nuestras de las que conocemos de manera más cercana su
fundamento, sus connotaciones, sus circunstancias y la aplicación de la
legislación.
Creo que puedo dar por terminada la parte del Comité relativa a la
eliminación de la discriminación, que me corresponde en esta
comparecencia, y pasar a la otra parte, que es el trabajo que realizo
como experta de la Red Europea sobre Mujeres y Toma de Decisiones, que se
constituyó en junio del año 1992, dando cumplimiento al tercer programa
de acción comunitaria a medio plazo 1991/1995, de la Comisión Europea.
En el apartado tres de dicho programa se dice --entre otras cosas-- que
la Comisión se compromete a instituir una red de expertos sobre las
mujeres y la toma de decisiones, encargada de analizar los obstáculos con
que chocan las mujeres en el proceso de toma de decisiones y, asimismo,
de proponer estrategias al respecto. Pero la Comisión también se
compromete a organizar y subvencionar proyectos específicos de acción e
investigación, tanto en el sector público como en el privado, relacionado
con esta mayor presencia de las mujeres en la toma de decisiones, y a
apoyar y colaborar con las organizaciones que estudian la evolución de la
participación de las mujeres en la vida pública, tales como el lobby de
las mujeres europeas, así como con las instituciones y redes nacionales
responsables en materia de igualdad de oportunidades.
Por tanto, la red es pura y simplemente un instrumento del que se dota a
la unidad de igualdad de oportunidades de la Comisión para llevar a cabo
este mandato del tercer programa. Está formada por una experta --todas
las mujeres también en este caso, aunque no es obligatorio-- de cada país
comunitario y una coordinadora general, que es belga, por lo que tiene su
residencia y coordinación en Bruselas. Estamos trabajando desde entonces
marcándonos una serie de objetivos y trabajos concretos a realizar.
Durante la mitad del año 1992 y a lo largo de 1993 llevamos a cabo lo
siguiente. En primer lugar, elaboramos un documento llamado el
Argumentario, que eran las reflexiones que hicimos entre todas sobre los
motivos que existían para intentar conseguir y reclamar de todos los
organismos e instituciones responsables un mayor número de mujeres en los
puestos de decisión y, en particular, en los puestos de representación,
dirección y responsabilidad política. En el Argumentario también se
incluyeron algunas de las estrategias que hasta ahora se habían
desarrollado y que se consideraban más significativas.
Finalmente ese trabajo no se publicó como un documento de circulación
pública, sino que se tuvo en cuenta para lo que después fue la
Conferencia y la Declaración de Atenas. Pero antes de pasar a dicha
conferencia, también realizamos un documento llamado Panorama. Si la
Comisión no lo tiene se lo puedo dejar a la Presidenta. El Panorama tiene
fecha de 15 de noviembre de 1992. Era simplemente un trabajo de
recopilación de datos estadísticos sobre la presencia de las mujeres en
los Parlamentos nacionales y sus Comisiones, en el Parlamento Europeo, en
los Gobiernos y en la Administración, tanto nacional como local o de las
Comunidades Autónomas u organizaciones similares como, por ejemplo, los
Lands alemanes, según la organización administrativa de cada país.
También se intentó hacer una recopilación de la presencia de las mujeres
en los partidos políticos, en los sindicatos y en las organizaciones
empresariales. Esta última parte fue la más dificultosa, porque, en
general, es una información difícil de obtener y de manera especial en
algunos países y en relación con algunas de estas organizaciones. Por
ello, el documento que acabo de entregar a la Presidenta de esta Comisión
es, sobre todo, bastante riguroso en lo que se refiere a la primera
parte, que es la presencia de las mujeres en los Poderes Legislativo y
Ejecutivo. No comprende el Poder Judicial y tampoco entramos --se intentó
pero resultó difícil-- en la presencia de las mujeres en los comités
consultivos. En España sería más correcto denominarlos comités,
comisiones u órganos colegiados de la Administración Pública, que unas
veces tienen carácter deliberante, otras consultivo y otras ejecutivo. En
España hay muchos órganos de este tipo, lo mismo que en otros países,
pero no pudimos recoger sistemáticamente esa información porque era una
tarea demasiado ambiciosa. En algunos países --como en el nuestro--
conseguí información de algunos de estos órganos, pero de otros fue
imposible porque yo no tenía capacidad para hacer algo que nadie había
hecho hasta ese momento.
Me falta referirme a lo que se llama El Repertorio, que es un conjunto de
listas con señas, teléfonos, faxes, etcétera.
Nos lo solicitó la Unidad de Igualdad de Oportunidades para tener un
listado amplio de personas interesadas en la participación de las mujeres
en la toma de decisiones.
Hemos hecho un Panorama, un Argumentario y un Repertorio. En éste están
incluidas en España, desde mujeres periodistas e investigadoras a
representantes de partidos políticos, de sindicatos, las organizaciones
de mujeres más interesadas por estos temas, las parlamentarias, etcétera.
Una vez hecho esto, comenzamos a preparar el encuentro de mujeres en el
poder, que tuvo lugar en octubre de 1993 en Atenas, donde, en primer
lugar, se hizo un seminario de reflexión durante dos días y,
posteriormente, se reunieron una serie de mujeres que habían tenido
responsabilidades políticas al más alto nivel o que las tenían en ese
momento, y firmaron la Declaración de Atenas, que ustedes conocen
perfectamente porque la suscribieron en su día.
Esa Declaración, en forma reducida o sucinta, se editó en forma de
«posters» y de tarjetas postales, se hizo un vídeo sobre la Conferencia
de Atenas y se elaboraron una serie de conclusiones del seminario. Todo
ello está en un documento, que es el informe final de la Conferencia de
Atenas, que yo tengo aquí. Si a esta Comisión le interesa, yo solicitaría
otro ejemplar a la coordinadora de Bruselas, porque a este le faltan
algunas páginas que yo he sacado y que no he conseguido recuperar, porque
no sé donde las he puesto, y porque es el único ejemplar que yo tengo.
Creo que es un documento interesante porque tiene reproducidas las
ponencias de las personas que participaron en el seminario de reflexión y
algunas de esas intervenciones fueron muy interesantes.
Aparte de esto, va a ser traducido al español. El que tengo aquí está en
francés. El Instituto de la Mujer ha traducido ya algunas intervenciones.
La traducción estará a disposición de todas las personas que participen
en el seminario previsto para los días 10 y 11, que son unas jornadas
sobre la mujer y el poder político. En cualquier caso, es conveniente que
yo solicite a la coordinadora un documento completo para que esta
Comisión lo tenga en sus archivos.
Una vez realizada la Conferencia de Atenas y firmada su declaración, nos
correspondió difundir su contenido en nuestros países, lo cual cada una
de nosotras hizo de la mejor manera que pudo. Yo me dirigí a la Directora
del Instituto de la Mujer, a los organismos de igualdad de las
Comunidades Autónomas, escribí algún artículo en la prensa e hice llegar
a algunas de ustedes el texto de la Declaración, resaltando la
importancia que, a mi juicio, tenía y que sería conveniente que por parte
de las mujeres españolas, concretamente de las parlamentarias, hubiera el
mayor apoyo posible.
En España la Conferencia de Atenas y la Declaración tuvo una gran
difusión y fueron varios los lugares en los que la Declaración no sólo a
título individual, sino de manera colectiva fue suscrita, sobre todo por
mujeres, pero también por hombres que ostentaban en ese momento
responsabilidades públicas, sobre todo a nivel parlamentario. Yo creo que
esa Declaración resume de una manera muy clara el porqué de una mayor
presencia de las mujeres en los puestos de decisión y algunos de los
obstáculos que las mujeres tienen para alcanzar esa igualdad deseable en
la participación política a todos los niveles.
Después de la Declaración de Atenas, nuestro trabajo ha consistido,
empezó en 1993 y continúa en 1994, en dos tipos de trabajo. Uno es seguir
promocionando en nuestros países un mayor conocimiento de los datos que
habíamos ido recogiendo y las actividades de debate y reflexión sobre
este asunto. Para ello la Comunidad ofreció cofinanciar actividades, del
tipo que fueran, que se centraran en el debate relacionado con una mayor
presencia de las mujeres en las elecciones al Parlamento Europeo de 1994.
Hubo una convocatoria de unidad de igualdad de oportunidades en este
sentido y varias organizaciones no gubernamentales españolas presentaron
proyectos, la mayor parte de ellos interesantes, que nos tocó evaluar a
cada una de las expertas nacionales y en un momento tuvimos la esperanza,
al menos yo la tuve, de que la Comisión pudiera financiar todos o
prácticamente todos los proyectos que se habían presentado y que yo había
evaluado positivamente. Pero al final, como ocurre con frecuencia con los
temas de la mujer en la Comisión Europea, resultó que los recursos eran
muy escasos y se decidió no apoyar nada más que a un proyecto que tenía
ámbito nacional, presentado por la asociación española al «lobby» europeo
de mujeres. Fue una lástima, pero es verdad que si los recursos con los
que contaba el Plan de Igualdad de Oportunidades eran muy escasos, quizá
no hubiera tenido ningún sentido repartir el dinero entre varios
proyectos.
Además de hacer eso, que luego se ha traducido en las jornadas que se
celebraron los días 10 y 11 en el Senado, estamos dedicándonos --todavía
no se ha completado el trabajo, por lo menos el de resumen, aunque cada
una de nosotras sí lo ha completado en la medida de lo posible-- a hacer
un inventario sobre las estrategias desarrolladas en cada uno de los
países, por parte de los diferentes agentes sociales y políticos, para
incrementar el número de mujeres en los puestos de decisión en la vida
pública.
Yo creo que este documento puede ser muy interesante, por lo menos a mí
me ha resultado muy interesante tener un conocimiento detallado de lo que
se está haciendo en relación con estrategias en países como Holanda o
Bélgica, porque, sin duda, aportan ideas que pueden ser útiles en nuestro
país. Ese documento está a medio hacer, no es público y por eso no he
traído la parte que yo ya tengo, porque no está acabado y, por tanto, no
se puede hacer circular. Pero, si al final ese documento se produce
--está previsto hacer un análisis introductorio, con unos cuadros por
países que analizan qué han hecho la Administración, los partidos
políticos, las organizaciones no gubernamentales y con una cierta
evaluación de esas estrategias--, yo creo que podría ser útil para
intercambiar información, ideas que contribuyan a mejorar esas
estrategias.
Por otra parte, en el mes de octubre pasado tuvimos una reunión en
Bruselas, otra vez un seminario, en el que se lanzó una campaña para una
mayor presencia de las mujeres en el Parlamento Europeo. A través de una
serie de debates entre personas de diferentes ámbitos --tanto de
personas con responsabilidades en los Gobiernos, como en los partidos
políticos, como en empresas de publicidad o en empresas que se dedican a
la formación de líderes--, se estudió la forma más eficaz de contribuir a
la campaña al Parlamento Europeo.
Supongo que de esa conferencia, como lo tuvo la de Atenas, saldrá un
documento que recoja las intervenciones y conclusiones de lo que allí se
dijo, pero ese documento todavía no lo he recibido, por lo que no se lo
puedo aportar. Parte de esas jornadas están en una carpeta que sí he
entregado a la Presidenta y que lleva delante el logotipo y el eslogan
que la empresa publicitaria a la que se encargó este trabajo elaboró para
la campaña. No sé si conocen el logotipo. Son los símbolos masculino y
femenino unidos en igualdad, mitad y mitad, es decir, mitad de hombres y
mitad de mujeres. El eslogan es «más mujeres al Parlamento» y debajo,
«elecciones europeas 1994».
El eslogan fue bastante debatido porque se había pensado inicialmente que
la traducción al español del inglés fuera «Vote equilibrio
mujeres-hombres», y tanto a mí, como experta, como a las mujeres que
participaron de España en este seminario nos parecía un eslogan muy poco
llamativo y poco claro, incluso, en su contenido, y al final convencimos
a la empresa de publicidad de que lo sustituyera por el eslogan «Más
mujeres al Parlamento», que nos parecía mucho más claro y que no tenía
más que una interpretación.
Por tanto, se lanzó la campaña, se elaboró lo que los especialistas creo
que llaman «action kit», en inglés, y esta carpeta con el logo, las ideas
y la reflexión de por qué esta campaña ha sido difundida. Yo creía que
todas ustedes habían recibido la carpeta, pero no estoy segura de ello.
La coordinadora de Bruselas me dijo que se las había enviado, y después
alguna me ha comentado que la había recibido en francés y en inglés, lo
cual es un gravísimo error porque la carpeta está hecha en español, como
es natural, y yo espero que para las jornadas de los días 10 y 11
tengamos bastantes ejemplares. Si no, tendré que quejarme a mi jefa en
Bruselas porque ya hace mucho tiempo que quedó claro que el envío por
correo a las parlamentarias españolas se había directamente desde
Bruselas y yo no tenía que ocuparme de ello.
Por tanto, nuestro trabajo fundamental en este momento es contribuir a
esta campaña, en la medida que los partidos políticos y las
organizaciones no gubernamentales o los organismos de igualdad de nuestro
país lo consideren oportuno, y también seguir trabajando en relación con
las estrategias con el fin de ver si somos capaces de elaborar una
especie de manual de estrategias modelo que han demostrado ser útiles,
como pueden ser las cuotas o los «lobbies» de mujeres o las redes de
apoyo que se crean entre mujeres que tienen cargos de responsabilidad y
mujeres que están en el seno de los parlamentos. En fin, hay toda una
serie de ejemplos que se verán reflejados en este documento.
Con esto termino, aunque soy consciente de que me he limitado a informar
en qué consiste mi trabajo sin hacer valoraciones de ningún tipo, ni
siquiera aportar datos sobre la participación de las mujeres, aunque no
sé si mi comparecencia tenía también ese objetivo, pero en cualquier caso
estoy a su disposición para contestar todas las preguntas que ustedes
consideren oportunas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Carlota Bustelo.
Precisamente, yo creo que la justificación de su comparecencia la ha
mencionado usted al principio de su intervención: que las mujeres tenemos
problemas similares y que es importante que haya una representación
española en organismos internacionales donde se debate la eliminación de
cualquier clase de discriminación y redes de expertas para que haya más
mujeres en los puestos de toma de decisión.
Sin más, doy la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, doña Joaquima Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, y antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer constar
que una reunión de tan amplio contenido como ésta de hoy, que no se había
acordado por la Mesa y Portavoces, y además siendo viernes, ha alterado
nuestra organización de trabajo. A pesar de que esta reunión se ha
convocado en viernes y de que además no tenemos la información que
necesitábamos, nos parece bien la primera comparecencia, pero en cuanto a
la segunda, nuestro grupo se reserva el derecho a pedir una nueva
comparecencia para poder realizar la tarea que tienen encomendada los
grupos parlamentarios.
En estos momentos, necesitamos información porque nuestro grupo no la
tiene. La señora Bustelo ha dicho que ha venido a petición propia, y a mí
me parece que esto es muy bueno. Desde el año 1982 la señora Bustelo
tiene funciones en el Comité para la Eliminación de la Discriminación de
la Mujer de las Naciones Unidas, por lo que me parece que ya era oportuna
esta comparecencia, pero en la última reunión que tuvimos de Mesa y
Portavoces el Grupo Popular pidió ya esta comparecencia, a la que nos
adherimos los demás grupos.
Así pues, esta preocupación por conocer qué tarea se llevaba a cabo en el
Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer por parte de
España ya la tenían los grupos parlamentarios que estamos aquí. Al menos,
yo en aquel momento recogí la del Grupo Parlamentario Popular y la del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
No voy a repetir toda la información que doña Carlota Bustelo nos ha dado
sobre la tarea de examinar informes que los Estados deben presentar a las
Naciones Unidas, aunque sí tengo que comentar que en realidad nos ha
hablado de mucho trabajo, pero no ha llegado a los grupos parlamentarios
ni a esta Comisión ningún tipo de informe. Si se ha cumplido una tarea,
nosotros no la conocemos, por lo que yo pido los informes que se han
presentado en nombre del Estado español a este Comité y también queremos
saber cómo se elaboran estos informes y dejar constancia de que la
recomendación número 19 que ha mencionado
sobre la igualdad en las familias y en el matrimonio aún no nos ha
llegado.
Quisiera, por tanto, saber qué tarea se ha llevado a cabo durante estos
diez últimos años y recibir los informes presentados por el Estado
español, reservándonos el derecho a pedir una comparecencia de la señora
Bustelo cuando tengamos toda esta información.
De todas maneras, yo quiero decir aquí que también estamos preocupados
por su presencia como experta en la red europea sobre la toma de
decisiones en relación con la mujer en la vida pública, porque esta red
se creó en 1992 y hasta el momento no hemos conocido qué tarea se ha
llevado a cabo. Las distintas interpelaciones que yo he hecho en los
pasados cuatro años cuando era Senadora a la Ministra sobre la presencia
española en el «lobby» europeo, que ha sido un instrumento para la
igualdad de oportunidad, no han tenido ninguna contestación. No sabemos
cómo ha sido elegido este «lobby» europeo ni qué representación
democrática puede tener, y nos parece que hasta el momento no ha sido el
instrumento necesario para poder hacer esta política comunitaria.
Hay gran preocupación en el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió porque, aunque no conocemos los nombres, por este
documento del que la señora Bustelo nos ha hablado sobre motivos que
existen para reclamar y en el que hay listas de numerosas mujeres,
pensamos que debe ser la misma línea del «lobby» europeo, y yo creo que
la tarea que se está llevando en esta Comisión ya no es la de hace diez
años, sino que estamos en una situación no de sectarismo, sino de trabajo
solidario, vía que las mujeres hemos elegido porque queremos trabajar
conjuntamente. Pero no queremos que se nos represente sin ser
representadas, y no queremos que se nos nombre a personas que no
representan, en realidad, a los colectivos, ni organismos,
gubernamentales o no gubernamentales. Con esto me refiero a la queja que
formulé hace cuatro años, de las Asociaciones de Mujeres de Cataluña,
porque ninguna de ellas tuvo acceso al «lobby» europeo; ninguna de ellas
tuvo acceso a las elecciones que se celebraron, pero es que, en realidad,
no tenemos constancia de que se celebrasen.
Desde la reunión de Atenas del año 1992, en la que hubo un pequeño
problema que no quiero exponer ahora porque me implicó personalmente
--doña Carlota Bustelo lo conoce--, preferí silenciar el tema porque
estoy muy convencida de que entre todas las mujeres la línea de
solidaridad debe existir, y no pienso renunciar, ni en este momento ni en
el futuro. Por tanto, de cara precisamente a esta línea de solidaridad,
lo que no voy a hacer es no exigir la máxima información de todas las
representaciones a nivel español y estatal, y siento mucho tener que
escuchar --como muchas veces oímos en otras instituciones-- cuando se
habla del tema de igualdad de oportunidades, que no hay medios para
llevarlo a cabo. Creo que si no los hay, debemos exigirlos, pero estas
tareas las necesitamos. Estamos hablando de una Europa comunitaria, con
unas elecciones muy próximas, y este repertorio del que nos ha hablado
estoy pensado que es una continuación de este «lobby», por lo que
queremos saber quiénes son las personas que lo forman, cómo han sido
elegidas y qué representación tienen.
Es por esto mismo que he buscado que hablara de los otros países, por
ejemplo, Bélgica, que conocemos muy bien, así como también la tarea que
realizan otros países europeos, con instituciones y asociaciones
trabajando conjuntamente en esta línea de solidaridad, incluso en países
como Irlanda, donde mujeres de diversos grupos están trabajando
conjuntamente, codo con codo, porque las mujeres no nos podemos permitir
tantas luchas, como la lucha política dentro de nuestro partido,
etcétera. Creo que las mujeres hemos de intentar trabajar para la paz e
intentar esta presencia en el mundo de la política con esta aportación
diversa.
Por tanto, doña Carlota Bustelo, nuestro Grupo se reserva el derecho,
después y a la vista de los informes que usted nos presente, de pedir una
nueva comparecencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Joaquima Alemany.
Antes de dar la palabra a la Portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
doña María del Mar Agüero, querría aclarar dos cuestiones en las que me
he sentido aludida como Presidenta de esta Comisión.
Por una parte, la queja de que se celebre en viernes. Quiero llevar al
ánimo de sus señorías que es muy difícil compaginar dos o tres
cuestiones. Para convocar Comisión, como bien saben, tienen que darse
varios requisitos: que no haya sesión plenaria ni en el Congreso ni en el
Senado; que haya sala disponible, y que los comparecientes o las
comparecientes puedan venir el día que se fije. Por tanto, aun
entendiendo que el viernes es un día difícil, porque a todas nos gustaría
estar en nuestra circunscripción --muchas veces a cerca de 600
kilómetros-- e ir haciendo trabajo parlamentario, deben comprender que
hoy también es un día de trabajo en el Parlamento; pero, en lo que pueda
tener yo de culpa por no ser capaz de haber convocado en un lunes, pido
disculpas porque ha sido del todo imposible hacerlo, bien porque no había
salas cuando podían los comparecientes, bien, al ser una Comisión Mixta,
por haber Pleno en el Congreso, lo que conlleva, en lenguaje coloquial,
casi un encaje de bolillos para ser capaz de convocar la Comisión.
En segundo lugar, me ha parecido entender --si no ha sido así ruego me
corrijan-- que doña Carlota Bustelo comparecía a petición propia, y debo
decir que creo que fue la Mesa quien lo hizo, si recuerdan sus señorías,
en espera de que los Portavoces hicieran las propuestas; yo tomé nota y
creo que así se hizo, pero, desde luego, puedo estar confundida y, en ese
caso, si hubo un error por mi parte, estoy dispuesta a corregirlo en aras
a lo que hemos dicho antes, que debemos trabajar conjuntamente y de mutuo
acuerdo. Hasta ahora lo habíamos hecho así, y en las reuniones que
tuvimos, una sólo de la Mesa y otra de la Mesa y Portavoces, yo creí que
a los Portavoces les dejábamos un plazo para que hicieran las propuestas
de trabajo de la Comisión, bien haciéndomelas llegar a mí, como
Presidenta, bien a través del Registro de la Cámara, como se
hace en otras Comisiones, haciendo propuestas de comparecencia, de
Ponencias de trabajo, etcétera; pero una de las cuestiones que planteamos
en la Mesa fue la comparecencia tanto de doña Margarita Retuerto --que
acaba de comparecer-- porque sabíamos que había trabajado en el tema de
la discriminación de la mujer desde su Institución, como de la persona
representante en estos dos organismos internacionales.
Repito que los viernes nos pueden perjudicar, porque querríamos estar en
nuestra circunscripción, pero es otro día más de actividad parlamentaria,
y es difícil encajar las convocatorias. Voy a procurar que sea en lunes o
miércoles, pero se tienen que dar las circunstancias que he señalado
antes. Respecto de la otra cuestión, entendí que era un acuerdo de la
Mesa y desearía que, si es un error, se me diga para que se vuelva a
reunir la Mesa, pero repito que creí que era un acuerdo.
Le cedo la palabra a doña María del Mar Agüero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Ante todo, quiero dar las gracias a doña Carlota Bustelo por su presencia
en sesión informativa de esta Comisión Mixta de la Mujer.
Señora Bustelo, yo comparto las apreciaciones que acaba de hacer la
Diputada Alemany en el sentido de que tal vez se sienta un poco
descorazonada porque conocemos su figura física, pero respecto de su
trabajo ha sido una pena que los canales de información no hayan
funcionado como hubiéramos querido, puesto que como miembro del Comité de
la ONU para la eliminación de la discriminación de la mujer, desde el año
1988, y como experta en la Red europea de mujeres y toma de decisión, del
año 1992, no hemos sabido sus objetivos. Además, curiosamente, muchas de
nosotras, que pertenecemos a la Mesa y Portavoces de esta Comisión,
tuvimos el honor de que la Ministra de Asuntos Sociales nos invitara a
una comida en el Ministerio donde se suscitó el tema de la dificultad que
hemos podido tener --en ese caso hablaba la Portavoz de mi Grupo
Parlamentario-- para acceder a usted. Sólo teníamos un teléfono
particular y, ya que estaba la señora Ministra y la Directora del
Instituto de la Mujer, entendiendo que usted tiene que viajar más que
nosotras, pedimos que se nos facilitara, a través del Instituto de la
Mujer o del Ministerio, alguna oficina o algún sitio donde poder
preguntar por el trabajo realizado. Con ese desconocimiento que tenemos
sobre sus actividades, la verdad es que resulta bastante difícil poder
preguntar, no solamente de forma global sino sobre algún tema específico.
Por tanto, le ruego que se tome el mayor interés posible y que su
coordinadora o experta en ese trabajo mande la documentación precisa a
las parlamentarias, sobre todo a las que componemos esta Comisión de la
Mujer, pues yo, que he pertenecido también en la anterior legislatura a
esta Comisión, puedo decirle que a veces andamos, en términos
coloquiales, a «salto de mata» buscando documentación, porque desde el
Parlamento, o desde las instituciones, a veces no la recibimos. Tengo que
reconocer, no obstante, que el Ministerio de Asuntos Sociales, en ese
aspecto por lo menos, funciona bastante bien. Por tanto, discúlpeme que
no pudiera hacer más hincapié.
Le tenemos que agradecer que haya venido a petición de la Mesa de esta
Comisión, pero me gustaría que alguna vez solicitara a petición propia su
presencia aquí para informarnos de algo que hayan podido hacer y de lo
que se sienta satisfecha o, sencillamente, de algo que no haya podido
hacer para que, a través de esta Comisión, pudiéramos ayudarle. Creo que
sería positivo para ambas partes, sobre todo para que esta Comisión
supiera que se la toma en cuenta en el Comité de las Naciones Unidas.
Mis preguntas, casi telegráficas, van a centrarse en los obstáculos que,
en todo caso, encuentra usted en su camino para realizar su trabajo,
sobre todo en el proceso de eliminación de trabas. Me gustaría saber qué
piensa usted sobre el futuro de la mujer después de la firma del Tratado
de Maastricht en lo que se refiere a su incorporación en el mundo
laboral. Por último, usted ha comentado en su intervención que desde el
Comité se pide a los Estados miembros que modifiquen algunas leyes o
acciones políticas. Me gustaría que nos precisase si se le ha solicitado
al Gobierno español a través del Comité que usted en este momento
preside.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Agüero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Diputada
Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero dar las gracias a la señora Bustelo por las explicaciones que nos
ha dado de su trabajo en particular y en conjunto del trabajo de la CEDAW
y de la red de expertas en la toma de decisiones que ha impulsado la
Comisión de la Unión Europea.
En primer lugar, quiero aclarar que es lógico que la señora Bustelo
comparezca a petición de la Mesa, de un Diputado, de una Diputada o de un
Grupo Parlamentario, porque a petición propia tengo entendido que sólo
comparecen los miembros del Gobierno. Quiero decir, además, que la señora
Bustelo, como todas las expertas españolas que tenemos la suerte de tener
en los distintos organismos, están normalmente en contacto con quienes
les piden información, se muestran siempre muy solícitas y contentas de
poder hacer su trabajo. Es lógico que los miembros de esta Comisión nos
movamos para recabar información de lo que están realizando los Comités o
las redes de expertos que pone la Comunidad Europea.
Dicho esto, yo le quiero agradecer sus explicaciones acerca del Comité de
Naciones Unidas para erradicar la discriminación contra las mujeres, que
vigila cómo se cumple en los diferentes países la Convención contra toda
forma de discriminación, que España ha ratificado. Evidentemente, como
usted dice, quizá en algunos países la Convención es de una importancia
total, dada la situación cultural o religiosa, que sitúa a las mujeres en
posiciones
que a nosotras, desde nuestra cultura occidental, nos cuesta comprender.
Pero creo --como usted decía-- que para un país como el nuestro es
importante saber a qué nivel se cumple un Tratado internacional que ha
sido ratificado. Me han gustado sus explicaciones acerca de que ustedes
hacen recomendaciones y valoraciones no sólo con los informes de los
Gobiernos, sino también con toda la información que, procedente de cada
país, les llega de organizaciones no gubernamentales y de las Agencias
especializadas en otros temas que Naciones Unidas tiene y que pueden
hacer referencia a la situación de la mujer. En ese sentido, quiero
preguntar a qué nivel España cumple la Convención contra toda forma de
discriminación, que fue ratificada por las Cortes Generales, y también
qué países son los que quedan por ratificarla.
En relación con la red europea sobre mujeres y toma de decisiones, creo
que es un tema fundamental para las mujeres de cualquier país y para las
españolas en particular. En España, y creo que en los países de la Unión
Europea, la posición de las mujeres ha avanzado mucho en cuanto a la
educación y en el mercado de trabajo, es decir, en todo lo que puede ser
nuestra independencia y el desarrollo de nuestras capacidades, pero
tropezamos con un techo muy fuerte a la hora de participar en política,
con la importancia que tiene que las mujeres no estén en la toma de
decisiones. Las prioridades políticas, lo que interesa en general en la
política, están más marcadas por la decisión, valoración y aportación de
la mayoría de los hombres que por lo que podríamos aportar nosotras. Es
decir, que seguir en un proceso de cambio y de transformación para las
mujeres en estos momentos pasa necesariamente --y lo dicen organismos tan
poco feministas como la OCDE-- porque las mujeres estemos mucho más
presentes en la toma de decisiones.
En este sentido, me parece importantísimo el trabajo que usted nos ha
citado; trabajo que yo creo que conocíamos porque, no en vano, las
mujeres del Parlamento y de los distintos Grupos Parlamentarios el 8 de
marzo del año pasado nos pusimos de acuerdo para que las Cortes
Generales, el Congreso de los Diputados concretamente, ratificara la
Declaración de Atenas, que es un logro del trabajo de esta red. Fue en
contacto con usted misma, como experta española en esta red, que
intentamos colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, en que los
Parlamentos difundieran la Declaración de Atenas y participaran en una
campaña para que la sociedad tome conciencia de la escasa presencia de
las mujeres en los puestos de decisión y de cómo hay por delante todo un
trabajo para conseguir la paridad antes del año 2000; hay que trabajar
para conseguirlo a través de las elecciones al Parlamento Europeo y en la
línea de que los partidos y los Grupos Parlamentarios internamente
cuenten con una mayor presencia de mujeres; incluso, hay ya países que
están trabajando en cambiar las leyes electorales. Tengo aquí una
declaración del Parlamento Europeo, una resolución sobre la mujer en los
órganos decisorios, en la cual se hace un llamamiento a los Estados
miembros para que organicen sistemas electorales de tal manera que se
potencie al máximo la participación de la mujer en los órganos de
representación.
En ese sentido, el trabajo de esta red de expertas --porque todas ustedes
son mujeres-- sobre mujeres y toma de decisiones es muy importante, y nos
conviene ir sabiendo periódicamente, a través del contacto que podamos
mantener con usted o a través del propio Instituto de la Mujer --ya que
normalmente las expertas están en contacto con el mecanismo para la
igualdad de los distintos países--, cómo se van desarrollando las
acciones que tienen previstas y qué logros concretos podemos ir
consiguiendo las mujeres europeas.
Creo que la Cumbre de Atenas fue un logro porque permitió --y lo valoro
positivamente-- acuñar un concepto que va más allá de la política
tradicional de cuotas cual es el concepto de igualdad o de paridad. Me
gustaría ver qué logros se consiguen posteriormente con toda la campaña
de «Más mujeres al Parlamento Europeo». Nos ha dicho usted, y se lo
agradezco, que nos va a pasar toda la información. Las jornadas que ha
promovido la Comisión, que van a tener lugar en el Senado, nos van a
permitir tener muchísima más información sobre esta red y sobre todo el
trabajo que hacen por la igualdad o la presencia equilibrada de las
mujeres en la toma de decisiones en los países europeos. Yo creo que para
subsanar los problemas de información que han mencionado las Portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, nosotras, desde la Comisión
de los Derechos de la Mujer, podemos periódicamente recabar su presencia
aquí para que nos mantenga constantemente informadas.
Le reitero las gracias por su presencia y por sus explicaciones, que
aclaran muchas cosas y que nos permiten ver cómo tanto en Naciones Unidas
como en la Comunidad Europea tenemos la suerte de estar representados por
mujeres que, más allá de la presencia gubernamental, están trabajando
como expertas con mujeres de otros países para conseguir una mayor
igualdad de las mujeres no sólo de nuestro país, sino del conjunto del
mundo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.
Para contestar a las intervenciones, tiene la palabra la señora Bustelo.
A continuación, podrán intervenir los distintos portavoces que lo estimen
oportuno.
La señora MIEMBRO DEL COMITE PARA LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION DE
LA MUJER (Bustelo García del Real): Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero reiterar que para mí es un honor venir al
Parlamento y que siempre lo he hecho con muchísimo gusto, lo mismo cuando
tenía responsabilidades en la Administración, cuando fui Directora del
Instituto de la Mujer y posteriormente Subsecretaria de Asuntos Sociales,
como ahora, que soy pura y simplemente una experta que trabaja a título
personal tanto en el Comité para la Eliminación de la Discriminación de
la Mujer en el seno de Naciones Unidas como en la red europea sobre
mujeres y toma de decisiones. Reitero que no soy nada más que una experta
que trabaja en casa, con un ordenador, un fax, un
teléfono y un contrato de trabajo que me proporciona alrededor de un
millón de pesetas al año. Yo me lo hago todo. Estoy yo sola. Entonces, no
creo que les deba chocar que a veces no me encuentren. Me voy a comprar
pronto un contestador para que, por lo menos, les conteste una voz y no
solamente el pitido del fax cuando no estoy en casa. Pero yo creo que
podrán ustedes comprender que es un contrato a tiempo parcial y que, por
tanto, hago lo que puedo, más o menos eficazmente, pero que no puedo
hacer grandes cosas y que la eficacia depende de mis contactos, de mi
capacidad de relacionarme con las organizaciones y con los organismos que
en este país tienen una capacidad real de incidir en la vida social y
política. Yo no soy más que una trabajadora en el marco de la Comisión
Europea, una trabajadora que tiene un tipo de relación contractual con la
Unidad de Igualdad de Oportunidades, y que estoy al mismo nivel que una
funcionaria del Instituto de la Mujer en este momento. Por tanto, con más
razón debo decirles que es un honor para mí estar con ustedes, porque
realmente yo no soy gran cosa en este momento. Eso en relación con la red
europea.
En relación con el Comité para la eliminación de la discriminación de la
Mujer de Naciones Unidas, reitero que es España, como Estado parte, el
que presenta mi candidatura. Una vez que soy elegida, yo trabajo a título
absolutamente personal e independiente en ese Comité; me represento nada
más que a mí misma. En ese sentido, quiero decirles que yo estoy
absolutamente encantada, y una vez más honrada, de que ustedes pidan que
comparezca aquí, porque no hace sino realzar mi función en ese Comité que
considero importante pero que no tiene una dimensión de representación
gubernamental, en absoluto. Yo no me represento más que a mí misma como
experta que conoce el tema de los derechos de la mujer. Por ello,
llamándome ustedes no hacen sino reforzar lo que yo puedo hacer en el
Comité y ayudarnos a que el trabajo de este Comité y el contenido de la
Convención sean más conocidos, lo cual me parece positivo. Pero yo no
represento al Gobierno español ni al Estado español.
En consecuencia, yo contestaré a todas las preguntas que consideren
oportunas, porque no tengo ningún inconveniente, pero sí les agradecería,
si me vuelven a pedir comparecer, que me digan muy claramente en la
convocatoria de qué quieren que les hable, porque yo les puedo contar
muchísimas cosas. Hoy les he contado lo que me parecía elemental,
mínimamente necesario para que ustedes sepan qué hago. A lo mejor,
algunas de ustedes lo sabían perfectamente y no les ha sido de ninguna
utilidad, pero siendo la primera vez que vengo aquí y con una
convocatoria para hablar en general, no sabía exactamente si querían que
les hablara de España, del mundo, de Europa o si querían que hiciera
valoraciones. Si ustedes ante esta Institución, que a mí me parece que
comparada conmigo tiene una magnitud enorme, no me piden valoraciones
sobre los datos que hemos recogido, creo que hacerlas por mi parte sería
un abuso en lo que a mí me compete en este momento.
Si ustedes consideran útil o les interesa dentro de sus funciones
parlamentarias el que yo les informe de mi trabajo, yo estoy
absolutamente a su disposición, como es natural, pero desearía que me
concretaran de qué quieren que les hable porque, naturalmente, yo tengo
que preparar la información, y les repito que cuando solamente se tiene
un ordenador --que además en este momento se me ha estropeado--, un
teléfono y un fax, para preparar un documento como el que la señora
Margarita Retuerto les ha traído yo necesito un poco más de tiempo del
que ha necesitado ella. Yo les reitero que desearía, si en el futuro se
me pide comparecer, que se concreten más los contenidos de la información
que tanto del EDAW como de la red europea sobre mujeres y toma de
decisiones ustedes desean.
Por otra parte, la Diputada Alemany ha hecho una pregunta sobre el
«lobby», supongo que se refiere a la Asociación española de apoyo al
«lobby» europeo de mujeres. Yo creo que esas preguntas hay que hacércelas
a la Asociación de apoyo al «lobby» europeo de Mujeres o, si no, al
Instituto de la Mujer. Yo no soy quién ni para dar información ni opinión
sobre la Asociación de Apoyo al «lobby» europeo de mujeres. Yo sé que la
Unidad de Igualdad de Oportunidades decidió cofinanciar un proyecto que
era iniciativa de la Asociación española del «lobby» europeo de mujeres
y, por tanto, yo tengo la obligación de apoyar lo que haga esta
asociación con ese dinero de la Comisión Europea. También sé que la
Unidad de Igualdad de Oportunidades le dice a la red europea, a la que
pertenezco, que trabaje en coordinación con el «lobby» europeo de mujeres
a nivel europeo y nacional. Yo me limito a hacer lo que --reitero-- mi
jefa en Bruselas me dice que tengo que hacer, naturalmente dándole mi
opinión. Si yo considerara que la Asociación de apoyo al «lonby» europeo
de mujeres en España es un desastre y lo hace todo muy mal, tendría la
obligación de decirle que mejor que no hicieran un seminario porque lo
harían muy mal. Pero como ése no es el caso, yo estoy colaborando con
esta asociación.
Me han preguntado qué obstáculos encontraba en mi camino. Si se refieren
a los obstáculos en mi trabajo, se los pueden imaginar. Pero quiero
decirles que la Comisión crea redes que las personas que hemos trabajado
en el Instituto de la Mujer conocemos bien cómo trabajan; que tienen
pocos medios; que hay personas que pertenecen a esta red que trabajan muy
por su cuenta, no informan a nadie y solamente se limitan a facilitar la
información a la Comisión Europea, y realmente no pasa nada porque en
España controlarlas no es fácil, por decirlo claramente, porque responden
ante la Unidad de Igualdad de Oportunidades de Bruselas, pero es verdad
también que la Unidad de Igualdad de Oportunidades, antes de designar a
estas expertas, hace consultas oficiales u oficiosas --no sé cómo
llamarlas-- no sólo con personas del Instituto de la Mujer, sino también
con personas de otros organismos de igualdad de las Comunidades
Autónomas. Es decir, que sí se intenta que las personas que forman parte
de las redes tengan el visto bueno de las personas que están trabajando
en la Administración española.
Yo creo que tengo obstáculos por falta de medios, como los tiene la
Unidad de Igualdad de Oportunidades de Bruselas. Yo creo que el problema
está en que la Unidad de
Igualdad de Oportunidades de la Comisión tiene pocos recursos para
desarrollar los programas a los que se compromete con los programas de
igualdad. Eso es un problema de todos los Gobiernos de la Unión Europea
que implica una capacidad de gestión y de dirección que a mí, como
experta, se me escapa totalmente y no me corresponde decir más que esto.
¿Qué pienso del futuro de la mujer? Creo que en el campo de la
participación política probablemente se va a avanzar en el futuro, antes
o después, porque puede que no sea inmediatamente, pero se va a avanzar
bastante de aquí a medio plazo porque actualmente hay un movimiento
fuerte de mujeres en ese sentido no sólo a nivel europeo, sino a nivel
mundial. Me he olvidado de comentarles que en el seno del CDAU
precisamente este año hemos empezado a hacer una recomendación sobre los
artículos 7.º y 8.º de la Convención que se refieren a participación
política. Yo tengo una carta en casa, encima de la mesa, de unas mujeres
americanas que han trabajado hace años ya en este tema, en la que me
piden que forme parte de otra red de expertas de cara a la Conferencia de
Pequín, porque la señora Mongella, Secretaria General de la Conferencia
de Pequín, ha pedido a este grupo de expertas que preparen propuestas muy
concretas para esa Conferencia en relación con la participación
igualitaria de las mujeres en las responsabilidades públicas. Creo que en
ese campo se va a avanzar en el futuro relativamente deprisa, por lo
menos en el mundo Occidental, pero no sólo en Occidente; se va a avanzar
en todos los países.
En este momento tenemos más dificultades en dos campos que ustedes
conocen muy bien: en la participación de las mujeres en el mercado de
trabajo y en el reparto de responsabilidades dentro de la familia entre
hombres y mujeres. Ahí están los escollos más difíciles. En el primero,
porque en un momento de crisis económica la incorporación de la mujer al
mercado laboral resulta, naturalmente, mucho más difícil que en un
momento de crecimiento económico sostenido. En cuanto al reparto de
responsabilidades, porque así como las mujeres hemos hecho un esfuerzo
muy grande, sobre todo las más jóvenes, para incorporarnos al mismo nivel
y a veces con más éxito que los hombres al sistema educativo y a la
actividad, los hombres de todo tipo de profesiones, según los estudios
que se han realizado en todos los países, apenas han asumido las tareas
domésticas como propias, tareas tales como el cuidado de los hijos, de
personas mayores, etcétera. Esto, indudablemente, sigue representando un
problema difícil de superar para las mujeres, a pesar de que la tasa de
fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer está descendiendo
prácticamente en todas partes del mundo y especialmente en los países
occidentales. Lógicamente, al tener menos hijos, las mujeres salen al
paso de esa dificultad de no poder compartir las responsabilidades
domésticas y de cuidado de los hijos, pero, repito, éste sigue siendo uno
de los obstáculos más difíciles de superar, incluso en los países
escandinavos en los que en otros aspectos se ha avanzado mucho como, por
ejemplo, en la participación política, en el que se están acercando al
objetivo de no ser menos del 40 por ciento ni más del 60 por ciento en
ninguno de los dos sexos ni en los puestos de dirección de la
Administración pública ni en los puestos de representación o de dirección
política, que se fijaron hace ya tiempo.
En relación con el CEDAW, España ha presentado ya dos informes --el
inicial lo presenté yo porque era Directora del Instituto de la Mujer en
ese momento y no era miembro del CDAO todavía-- en 1987 y en 1992. Esos
informes fueron muy bien recibidos por el Comité porque España se
encuentra desde el punto de vista legislativo en consonancia con la
Convención, aunque, como ustedes saben, cuando se ratificó la Convención
se hizo una declaración --que no es exactamente una reserva-- en relación
con el hecho de que en España la herencia en la Corona lleva consigo una
discriminación, es decir, podemos tener Reyes pero no Reinas, salvo en
casos excepcionales. Esa es una salvedad que hizo España. Cuando se
presenta el informe siempre hay alguien que pregunta si eso no se va a
cambiar. Generalmente se contesta que la opinión pública española no está
especialmente preocupada por este tema, pero que en el momento en que
haya una reforma constitucional de cierta envergadura, este tema se
podría tomar en consideración. Aprovecho la ocasión para decirles que a
lo mejor a la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer
le merece la pena tomar este tema en consideración.
Voy a hacer una apreciación personal, pues es más mía que del Comité,
sobre un tema del que España, como muchos otros países, da una
información que no es la deseable, la que se refiere al artículo 6.º de
la Convención que alude a la prostitución y al tráfico de mujeres.
Respecto a este artículo hay a nivel mundial, y quizás también nacional,
una confusión muy grande. En todos los países hay, en general, una
legislación que, por un lado, no se aplica siempre correctamente y que,
por otro, no responde realmente a lo que la opinión pública piensa al
respecto. Hay claramente una hipocresía generalizada sobre este tema. Hay
un gran desconocimiento de esa realidad, pero estamos haciendo un
esfuerzo, yo personalmente lo he hecho en el Comité durante estos años,
para preguntar especialmente sobre el artículo 6.º a los Estados parte
cuando presentan sus informes. La conclusión a la que yo he llegado, y
supongo que otras expertas también, es que sería necesario --como una
tarea del Comité, desde luego-- aclarar el contenido del artículo 6.º,
saber qué es lo que quiere decir exactamente el artículo 6.º de la
Convención porque es muy escueto y saber qué es lo que estamos pidiendo a
los Estados parte cuando les pedimos que nos informen sobre el artículo
6.º
En cualquier caso, en el movimiento no gubernamental de mujeres a nivel
internacional hay en este momento dos posturas completamente diferentes
en relación a la prostitución de mujeres. Por un lado, está la postura
tradicional, que es la que se ve reflejada en el Tratado de Naciones
Unidas sobre la trata de blancas y la explotación de las personas, que
señala que toda la prostitución es en sí misma mala y, por tanto, prohíbe
el proxenetismo y cualquier tipo de prostitución organizada. En este
sentido, no preocupa cómo se traduce esto en la práctica, qué resultado
está dando esto, sino que es una parte del movimiento que parte
de unos principios muy firmes que les hace llegar a la conclusión de que
no podemos aceptar que la prostitución sea una forma de trabajo.
Del otro lado, está la parte del movimiento de mujeres que dice que la
postura tradicional inflexible no conduce a nada. Lo estamos viendo en la
realidad, la prostitución sigue existiendo en todo el mundo y, sobre
todo, se sigue produciendo el tráfico de mujeres de países pobres a
países ricos e, incluso, puede que se esté incrementando. No lo sabemos
bien, porque es difícil tener cifras al respecto, pero creemos que sería
más razonable intentar cambiar nuestras legislaciones, aceptar
determinadas formas de prostitución como formas de trabajo porque de esa
manera las mujeres que están ejerciendo la prostitución se verían
protegidas en mayor medida de lo que están ahora.
Este es el debate. Es un debate inconcluso pues estamos en un momento en
el que aproximar posturas, desde mi punto de vista, resulta difícil. Por
tanto, sigue habiendo una confusión considerable tanto por parte de los
representantes de los Gobiernos, pues cuando les hacemos preguntas se
nota que no saben muy bien qué es lo que nos tienen que explicar y qué
información nos tienen que dar, por parte de las expertas, porque a veces
hacemos preguntas que no van siempre en la misma línea, como por parte de
las organizaciones no gubernamentales, como les he explicado. De todas
maneras, los informes que España presenta al Comité son absolutamente
públicos. Probablemente, ustedes deberían solicitar los informes de la
Secretaría del Comité --aunque sería más interesante que la Presidenta de
la Comisión hiciera la solicitud a la Secretaría del Comité-- para que a
partir de ahora les llegaran todos y, en particular, los de España; se
pueden pedir al Instituto de la Mujer o al Comité para que ustedes los
tengan. Pero sería interesante que en sus archivos o en la biblioteca del
Senado y del Congreso estuvieran los informes que los Estados parte
presentan al Comité y, en cualquier caso, el informe que el Comité eleva
anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que da cuenta de
todo lo que en el Comité hacemos de una manera resumida o sintetizada.
Además, hay unas actas que todavía son más extensas y que si ustedes
quieren también pueden estar a su disposición porque son públicas, y las
Naciones Unidas pueden entregárselas a quienes las soliciten.
Una cosa que me he olvidado de comentarles es que este año el Comité ha
hecho algo a título de ensayo que no había hecho hasta ahora, y es que no
sólo hace preguntas, recibe respuestas y vuelve a hacer preguntas si lo
considera oportuno, sino que, por primera vez, ha hecho unas
observaciones a título de conclusión sobre cada informe de los Estados
parte. Por ejemplo, España nunca ha recibido este título de observaciones
concluyentes pero, a partir de ahora, cuando presente otros informes,
esas observaciones existirán y serán de especial interés para esta
Comisión.
Tampoco les he explicado que este año hemos examinado por primera vez
informes a título excepcional, que han sido los de los Estados del
territorio de la antigua Yugoslavia. Hemos estudiado los informes de
Bosnia-Herzegovina y el de Serbia y Montenegro; no hemos examinado el de
Croacia porque --algo asombroso desde nuestro punto de vista-- no se ha
presentado.
Me han preguntado también cuáles son los países que todavía no han
ratificado la Convención. No me he traído el listado, pero puedo decirles
cosas sorprendentes. Los Estados Unidos no han ratificado la Convención.
¿Por qué no lo han hecho? La verdad es que no se lo puedo explicar con
claridad porque no lo entiendo muy bien. Hay que tener en cuenta que hay
países donde la ratificación de un tratado internacional se hace con
mucho rigor, pues tiene que pasar por una serie de instancias, en cambio
hay otros en los que no es así. Desde el punto de vista del sistema
jurídico de Estados Unidos que, como saben ustedes, es muy diferente del
nuestro, se considera que ratificar la Convención puede modificar o hacer
que se interprete parte de la legislación vigente de una manera que no
todos los miembros del Congreso y del Senado americano consideran que
sería oportuno. En este momento las organizaciones de mujeres están
peleando de forma importante con vistas a Pekín para que, por fin, los
Estados Unidos ratifiquen la Convención. Pero, curiosamente, no la han
ratificado. Naciones como Holanda o como los Países Bajos la han
ratificado hace poco. Marruecos acaba de ratificarla. Irán --si no me
equivoco-- creo que no la ha ratificado, y Argelia tampoco. Si a ustedes
les interesa, tenemos un documento en el que se dice claramente cuáles
son, pero no quedan muchos países porque ya la han ratificado 131.
Me parece que he contestado a todo lo que me han preguntado. Si no es
así, lo siento, pero estoy dispuesta a solventarlo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Carlota Bustelo.
Si hay alguien sea portavoz o no, que quiera plantear alguna pregunta o
matizar algo, les concederé la palabra. (Pausa.)
En primer lugar, daré la palabra a doña María del Mar Agüero.
La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señora Presidenta.
Voy a ser muy breve, pues sólo deseo hacer dos apreciaciones. La primera
es para la portavoz socialista.
En efecto, todos los parlamentarios sabemos sólo el Gobierno puede
solicitar la presencia en comisión. Al ser ésta una comisión no
legislativa, sino especial --es probable que no me haya explicado
demasiado bien--, doña Carlota Bustelo o cualquier persona que nos pueda
dar más información tendrá que seguir, por supuesto, el procedimiento
normal y habitual: se dirigirá a cualquiera de las portavoces, nosotras
se lo diremos a la Mesa y ésta acordará si realmente debe venir o no.
Pero hablando en sentido coloquial y refiriéndome a la segunda cuestión
--casi están enlazadas la una con la otra-- no sólo estuvo en la Mesa de
la comisión la Directora General del Instituto de la Mujer a petición
propia, sino que, aprovechando la presencia de la Ministra, como ya le he
comentado anteriormente, solicitamos saber cuál
era el trabajo de usted. Sentimos haber ignorado, señora Bustelo, el
cometido de su trabajo, porque no podíamos creer --y todavía no me cabe
en la cabeza-- que, habiendo sido usted Directora General de la Mujer,
vaya usted por libre, con un teléfono particular, con un fax y con el
ordenador, que está «chungo» --y perdón por la expresión coloquial--.
Parece más el trabajo de Teresa de Calcuta que el de alguien que,
independientemente de que sea miembro del Comité o experta, suponemos que
ha sido designada por el Gobierno para representar a la mujer en los
estamentos europeos. No podíamos entender que trabajara usted así. Todas
las parlamentarias que estábamos presentes en ese momento pensábamos
--creo que tanto en mi Grupo como en otros-- que sería necesario que le
pusieran a usted un despacho, una persona que la ayudase, un teléfono,
algo para que no estuviera usted siempre así. Porque lo único que le
falta ya es comprarse un teléfono móvil para que podamos llamarla a
cualquier parte. Lo que nos extraña es que, habiendo tenido usted los
puestos de representación que ha tenido, trabaje en este momento con esas
dificultades. Ignorábamos cuál era exactamente su trabajo y las enormes
dificultades que tiene usted para desarrollarlo.
Sí me gustaría añadir --y lo repito en nombre de mi Grupo Parlamentario--
que cuando tenga usted algo que exponer a esta Cámara o cuando desee
solicitar su ayuda, puede usted, utilizando las vías oportunas,
comparecer ante esta Comisión, que siempre será bienvenida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña María del Mar Agüero.
Tiene la palabra doña Bernarda Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias.
Yo quería preguntar a la señora Bustelo si conoce este informe que nos
han trasladado del Parlamento Europeo y del que ha hablado la portavoz
del Grupo Socialista: Resolución sobre la mujer en los órganos
decisorios. Como experta, quería preguntarle qué opinión tiene respecto a
unos suplicos que recoge esta resolución, especialmente el número 5, que
se refiere a la incorporación de la mujer y dice que si esta igualdad no
se ha conseguido en el año 2000 se proceda al establecimiento de cupos, e
insta a la Comisión a que tome la iniciativa a este respecto. También
deseo saber qué piensa sobre la petición 27, en la que se solicita a los
Partidos Políticos que procedan a la creación de un registro
especializado de mujeres con aptitudes para cargos directivos, políticos
y sociales. Esta Diputada, desde luego, considera erróneos o inviables
estos dos aspectos para conseguir la igualdad de las mujeres en el acceso
a cargos públicos.
Quería preguntarle, como experta y cercana al Instituto de la Mujer, la
opinión que tiene respecto a su actuación en España. Esta Diputada
considera que dentro de la actuación del Instituto de la Mujer hay un
gran despilfarro y una actitud sectaria. Despilfarro, porque me sorprende
que, desde que soy Diputada en esta legislatura, haya recibido...
La señora PRESIDENTA: Señora Diputada, aquí no comparecen hoy ni la
Ministra de Asuntos Sociales, de quien depende el Instituto de la Mujer,
ni la propia Directora. La señora Bustelo, como ella bien ha dicho, es
sólo --nada más y nada menos-- una experta en organismos internacionales,
y no es éste el momento de exigir ese control al Gobierno sobre si
despilfarra o no. Cuando compareció la Ministra de Asuntos Sociales en la
Comisión o cuando intervino la Directora del Instituto de la Mujer o en
cualquier otra comparecencia, tuvo ocasión de hacerlo. Como cualquier
otra parlamentaria tiene derecho a ello, pero la compareciente no es la
persona adecuada para preguntarle si cree que el Gobierno despilfarra o
no.
La señora BARRIOS CURBELO: ¿No es la persona adecuada la experta en temas
de la mujer? ¿No considera usted oportuno que una experta dé una opinión
respecto a la actuación del Instituto de la Mujer?
La señora PRESIDENTA: Señora Diputada, estamos en el momento
procedimental de preguntas de los miembros de la Comisión a la
compareciente en razón de su intervención y de las causas que la han
hecho comparecer aquí. Le ruego que ajuste su pregunta a las cuestiones
que ella ha expuesto y sobre aquellas que tiene competencia.
Muchas gracias.
La señora BARRIOS CURBELO: En ese caso, termino aquí mi intervención,
esperando que me conteste sobre lo que he preguntado respecto del
Parlamento Europeo. Y, desde luego, me reservo para hacer estas preguntas
ante la persona o el organismo que corresponda.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra doña María Jesús Celinda Sánchez.
La señora SANCHEZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas
gracias, señora Bustelo, por estar acompañándonos hoy aquí. Ha expuesto
usted una serie de reflexiones o de actuaciones. Se ha hablado varias
veces --no ahora, en esta comparecencia, sino en la anterior-- de los
problemas que todavía tenemos en este país y, sobre todo, de la
posibilidad de que en un momento determinado fuera una realidad la
desaparición de esta Comisión. La verdad es que la igualdad de
oportunidades para la mujer puede quedarse en una mera manifestación de
buenos principios e intenciones si no viene acompañada de un sistema
básico de derechos sociales que garantice la compensación de ciertas
desigualdades y, sobre todo, de un presupuesto adecuado para llevarlo a
buen fin.
Se ha hablado varias veces de techo, pero, por supuesto, el techo que nos
ponen no es de cristal precisamente, porque sería fácil de romper, sino
que es mucho más fuerte. Hay problemas para participar, tanto en el
ámbito laboral como en puestos de decisión de Consejos o en cargos
políticos, y esto lo sabemos todos. Pero, permítanme decirles, como
Senadora que proviene del campo de las asociaciones --he fundado
varias--, que éste es un tema que hemos
discutido por toda Europa no sólo ahora sino hace ya muchísimos años.
Tenemos un problema al que estamos haciendo frente a través de un montón
de peticiones para intentar obtener la igualdad real. Creo que en un
momento determinado --y le pregunto como experta-- el quid de la cuestión
está quizá en el concepto educativo; es decir, la igualdad real tiene que
llegar a través de un complemento que tenga su origen en el ámbito
familiar y en el Ministerio de Educación y Ciencia y que debe basarse en
una igualdad de condiciones desde la más tierna infancia. Esto ha sido
solicitado en todos los foros europeos en los que hemos participado. La
igualdad real es algo que nace desde la más tierna infancia, pero,
curiosamente, estamos todavía ante el problema del machismo, que nos
impide, por ejemplo, ocupar cargos de responsabilidad, aunque el machismo
como tal no existe, se trata de un concepto educativo que nosotras mismas
creamos y que va desarrollándose de generación en generación.
Me gustaría saber si desde ese Comité, si desde esa red europea --dado
que es usted miembro del denominado Comité de Eliminación de
Discriminación de la Mujer--, y dentro de esos planes, actuaciones o
recomendaciones que ustedes hacen a los diversos Estados miembros, hay
algún plan o alguna actuación dirigida concretamente a nuestro Ministerio
de Educación y Ciencia.
Por otra parte, y puesto que tenemos que armonizar en todo con la
Comunidad, quisiera saber si hay alguna propuesta por parte del Comité
para la protección de la maternidad en lo que se refiere a los permisos
sustitutorios de las trabajadoras autónomas, incluida las del sector
agrario, que dé cumplimiento a la normativa de las directivas de la
Comunidad Económica. ¿Hay prevista alguna acción para regular la
eliminación de los obstáculos que dificultan la permanencia de las
personas mayores en el seno familiar con la implantación de un programa
de ayudas económicas a los familiares que tienen que limitar su actividad
en el ámbito laboral al tener que atender a las personas mayores que
pueden, además, tener deficiencias físicas o psíquicas?
Puesto que estamos en un año muy malo de crisis económica, que está
provocando un retroceso en el ámbito laboral de la mujer, me gustaría
saber si se ha tomado ya alguna medida o se insta a los Gobiernos para
contrarrestar esta repercusión y poder salir de esta crisis del empleo de
las mujeres. También quisiera saber si se van a incorporar a nuestro
derecho interno las directivas que a ese fin tiene previstas la Unión
Europea, pero, sobre todo, si se piensa que es una buena idea lo que se
viene demandando muchas veces en algún acuerdo por parte de algún
Ministerio: que las empresas privadas puedan contratar a mujeres que
están en los últimos años de carrera o a mujeres sin cualificar que
aportan algo similar a lo que se está estudiando para los contratos de
menores en la reforma laboral. Puesto que usted es una experta y, además,
está en la Comunidad, me gustaría que me respondiera si hay alguna
iniciativa a este respecto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra la Senadora San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Bustelo, yo estoy en la misma perplejidad en la que se encuentran
otros miembros de esta Comisión. Entre las notas que he tomado a lo largo
de su intervención usted nos ha hablado de tres cosas: de un argumentario
que no se ha publicado, de un panorama que en realidad son unos datos
estadísticos y de un repertorio que, sinceramente, no sé todavía qué
puede llegar a ser.
Pero, señora Bustelo, mi perplejidad llega al límite cuando dice que
usted está trabajando a título personal. A usted la ha propuesto el
Gobierno español y usted trabaja a título personal, pero está defendiendo
como experta, a través del Gobierno español, los problemas que tenemos
las mujeres en España. Yo entiendo que esto debería ser así.
Le agradecería que me comentara algo sobre las sugerencias que han hecho
para este Año Internacional de la Familia precisamente sobre la igualdad
de la familia. Si no puede ser hoy me gustaría que nos enviara la
documentación correspondiente. También quisiera que nos dijera si el
Gobierno español va a recoger las sugerencias que se han hecho.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora San Baldomero.
Para contestar a las señoras intervinientes tiene la palabra doña Carlota
Bustelo.
La señora REPRESENTANTE DEL COMITE PARA LA ELIMINACION DE LA
DISCRIMINACION DE LA MUJER (Bustelo García del Real): En primer lugar,
quiero señalarles que no considero nada raro que yo haya sido Directora
General y Subsecretaria y ahora arregle mi vida como pueda. Quiero decir
que he vuelto a ser una ciudadana normal y corriente. Por ello, allí
donde me dan trabajo, y si ese trabajo me satisface, lo acepto al igual
que acepto las condiciones de contrato que me ofrecen. Lo que sí puedo
decirles a la Directora de la Comisión de Igualdad de Oportunidades o a
mi coordinadora en Bruselas cuando, por ejemplo, deciden emprender algún
trabajo es que, si les parece bien, yo puedo promocionar una campaña en
nuestro país, pero si no hay recursos para apoyarla, habrá que hablar con
el Instituto de la Mujer o con los organismos de Igualdad, porque
--repito-- si no hay más recursos, difícilmente se podrá llevar a cabo.
De todos modos, yo no me quejo porque considero que lo que concretamente
me ofrece la unidad de Igualdad de Oportunidades lo realizo de acuerdo
con el contrato que hemos establecido. Efectivamente, si ese contrato
fuera más amplio, yo me podría dedicar más en exclusiva a ese tema y
podría hacer más cosas. Pero eso pasa en todos los campos de acción de
las administraciones públicas: hay unas limitaciones presupuestarias,
tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, que impiden que podamos
contar con los recursos con que nos gustaría.
Por otro lado, quiero decirles que la colaboración que he recibido por
parte del Instituto de la Mujer para la realización de mi trabajo ha sido
total y absoluta por múltiples razones, entre otras, porque he sido
Directora de ese Instituto de 1983 a 1988 y muchas de las personas que
allí trabajan me conocen porque también han trabajado conmigo y me es más
fácil acceder a ellas. Además, hay un centro de documentación y un
servicio de estudios que envía siempre la documentación que solicita
cualquier persona. En ese sentido, debo decir que no he recibido siempre
la misma colaboración por parte de los diferentes partidos políticos.
Cuando he enviado cartas a los partidos políticos solicitando información
para elaborar los documentos que me han solicitado en Bruselas, a veces
la he recibido pero a veces no; en otras ocasiones me ha llegado tarde y
en otras me ha llegado incompleta. Incluso algunas veces no he recibido
ninguna contestación. Pero eso no sólo me ocurre a mí, sino que también
les ocurre a otras expertas, por una sencilla razón, porque los partidos
políticos no tienen elaborada la información que les solicitamos de una
manera sistemática y porque no quieren proporcionarle datos a una persona
que simplemente forma parte de una red europea y no saben la utilización
que va a hacer de los mismos. Aquí tengo cartas que he enviado y de las
que no he recibido contestación, aunque en otras ocasiones he recibido
una contestación puntual que me ha sido muy útil para mi trabajo.
En relación con la resolución que ha aprobado el Parlamento Europeo, el
punto 5 dice que solicita a las instituciones europeas que, en su calidad
de entidades empleadoras, establezcan objetivos numéricos para la
contratación de mujeres, etcétera. Esto es algo que hace Naciones Unidas
así como las Administraciones sueca, noruega o la de los Países Bajos,
que establecen unos objetivos de presencia de las mujeres en los
distintos niveles de los puestos de la Administración, sobre todo en los
puestos directivos, buscando la forma de llegar a esos porcentajes. Es
algo que se está haciendo en muchos sitios. A mí me parece correcto ya
que ha dado resultados positivos, sobre todo en los países escandinavos,
en los que empezaron a trabajar en este campo hace ya mucho tiempo y son
un modelo a seguir en muchos aspectos. Se ha demostrado que se avanzaría
más rápidamente en la participación de niñas y jóvenes estableciendo
cualquier tipo de medidas, acciones positivas o estrategias, como las he
llamado yo antes. Esto unas veces resulta más útil y otras menos en
función de la estrategia y de cómo ha sido aplicada.
Por otra parte, el punto número 27, al que se ha referido también la
Senadora, habla de un registro especializado de mujeres con aptitudes
para cargos directivos políticos y sociales que se solicita a los
partidos políticos. Esta medida se aplica en distintos países. En el
Comité para la eliminación de la discriminación de la mujer, ha sido
curioso comprobar a través de los informes presentados por los Estados
que, bien porque la información pasa de un país a otro, o porque hay
ideas que surgen al mismo tiempo en distintos lugares y son promocionadas
por distintas personas, varios países han creado registros específicos
para mujeres con una biografía o «curriculum vitae» que demuestra que
están capacitadas para asumir puestos de dirección. Por eso me parece
razonable que se pida a los partidos políticos, como creo que también se
debería solicitar a la Administración.
En cualquier caso, como ustedes saben, en el II Plan de Igualdad, que
aprobó el Gobierno español en 1993, se contempla como medida --que se ha
materializado a través de un convenio entre el Instituto de la Mujer y
las administraciones públicas-- la creación de un banco de datos sobre
mujeres con una biografía y experiencia profesional que demuestran que
están especialmente capacitadas para asumir puestos de dirección en la
Administración.
Por lo que se refiere a la educación y a las Directivas relativas a la
maternidad y el empleo, no puedo contestar a estas cuestiones, porque la
red europea a la que pertenezco sólo trabaja en el campo de la
participación política. Pero debido a mi pertenencia al CDAO, puedo
señalarle que, basándonos en diferentes artículos de la Convención, en el
Comité insistimos muchísimo cuando los Estados nos presentan sus
informes, en primer lugar, sobre la necesidad de que las niñas y las
jóvenes participen en la misma medida que los hombres en el sistema
educativo, lo que todavía no ocurre en muchos países, aunque se ha
avanzado mucho.
En segundo lugar, se insiste en que los contenidos de los programas de
educación no sean sexistas, que los profesores reciban formación en
materia de educación no sexista, que se practique la coeducación y se
modifiquen los estereotipos socioculturales sobre la división tradicional
de funciones entre hombres y mujeres, no sólo a través de la educación,
sino de cualesquiera otras medidas que se consideren pertinentes como,
por ejemplo, influir a través de los medios de comunicación en la imagen
de la mujer, llevar a cabo campañas de sensibilización desde los
organismos de igualdad, etcétera. Desde luego, para las expertas del
Comité del CDAO el tema al que usted se ha referido está clarísimo, pero
no creo que me corresponda explicar lo que está haciendo la
Administración española al respecto, o lo que se impulsa desde la Comsión
Europea.
En cuanto a la maternidad, aunque usted se ha referido a las Directivas,
como insisto en que creo que les debo informar sobre el CDAO, el artículo
11 --muy amplio--, relativo al empleo, en su apartado 2, señala: A fin de
impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio,
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los
Estados parte tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de
sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y
la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. b)
Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado, o con prestaciones
comparables, sin pérdida del empleo previo, la antigüedad, o beneficios
sociales. c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo
necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para
con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación
en la vida pública, especialmente, mediante el fomento de la creación y
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. d)
Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los
tipos de trabajo que se haya probado que puedan resultar perjudiciales
para ella.
En el marco de este artículo, desde el Comité nos interesamos por todos
los aspectos a los que usted ha hecho referencia. Lo que ocurre, es que a
menudo nos encontramos con países que, ante preguntas de este tipo por
parte de una experta del mundo occidental, argumentan que no tienen un
sistema de seguridad social por carecer de recursos suficientes. Por
tanto, afirman que lo que se plantea escapa absolutamente de la
posibilidad real y que aunque se pudiera establecer por ley, en la
práctica no se podría llevar a cabo por carecer de dichos recursos.
Con esto, creo que he contestado a todas las preguntas. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Carlota Bustelo. Le
agradecemos su exhaustiva información sobre sus competencias en los dos
organismos antes
citados.
Antes de levantar la sesión, quiero referirme a dos cuestiones. En primer
lugar, ruego a sus señorías que transmitan a sus grupos respectivos el
acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces acerca de conceder un tiempo
para que los portavoces elaboraran propuestas de trabajo para la
Comisión, ya que hay algunos que todavía no las han hecho. Creo que la
Mesa ha cumplido con lo que se acordó, y estamos a la espera de dichas
propuestas.
En segundo lugar, en la comida que mantuvimos con la Ministra de Asuntos
Sociales hace dos semanas llegamos a un acuerdo para elaborar una
declaración conjunta para el día 8 de marzo. Como algunas portavoces se
han ido, casi todas son Diputadas, y la semana que viene tienen Pleno,
les ruego que les transmitan la conveniencia de ponerse de acuerdo para
elaborar este trabajo.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.