Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 194, de 21/12/1995
PDF





CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 194
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 192
celebrada el jueves, 21 de diciembre de 1995



ORDEN DEL DIA:



Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:



--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca
del suplicatorio formulado en relación con el Diputado don José
Ramón Lago Freire (número de expediente 240/000002) (Página 10271)



Enmiendas del Senado:



--Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 124.1, de 17 de
julio de 1995 (número de expediente 121/000108) (Página 10271)



--Proposición de Ley de ordenación del comercio. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie B, número 10.1, de 26 de julio de
1993 (número de expediente 122/000002) (Página 10276)



Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:



--Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad
entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en
Quito el 25 de agosto de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 238.1, de 30 de octubre de 1995
(número de expediente 110/000195) (Página 10290)



Página 10268




--Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador
para el cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25
de agosto de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 239.1, de 30 de octubre de 1995 (número de
expediente 110/000196) (Página 10290)



--Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo
de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de
visados. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 241.1, de 6 de noviembre de 1995 (número de expediente
110/000197) (Página 10290)



--Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho
en Bayona el 10 de marzo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 242.1, de 13 de noviembre de 1995
(número de expediente 110/000198) (Página 10290)



--Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones
entre el Reino de España y La República de Indonesia, hecho en
Yakarta el 30 de mayo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 243.1, de 13 de noviembre de 1995
(número de expediente 110/000199) (Página 10291)



--Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y
Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 244.1, de 13 de
noviembre de 1995 (número de expediente 110/000200) (Página 10291)



--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de
inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos, firmado «ad referendum» en México el 23 de junio de
1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
245.1, de 13 de noviembre de 1995 (número de expediente
110/000201) (Página 10291)



--Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la
integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia
OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del
EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA).

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 247.1,
de 25 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000202)
(Página 10291)



--Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República de Estonia, por otra, firmado «ad referendum» en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 248.1, de 25 de noviembre de 1995
(número de expediente 110/000203) (Página 10291)



--Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República de Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 250.1, de 25 de noviembre de 1995
(número de expediente 110/000205) (Página 10291)



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley por el que se autoriza el trasvase de 55
hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se conceden
suplementos de créditos por importe de 15.000 millones de pesetas
al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al
objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la
situación de gravísima sequía. (Procedente del Real Decreto-Ley
7/1995, de 4 de agosto.) «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 129.1, de 23 de septiembre de 1995
(número de expediente 121/000114) (Página 10292)



Debate de propuestas de resolución sobre Planes remitidos por el
Gobierno:



--Debate de propuestas de resolución sobre el Plan Director de
Infraestructuras remitido por el Gobierno (número de expediente
201/000001) (Página 10300)



Página 10269




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto, para tratar del dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados, que es aprobado.

Se reanuda la sesión con carácter público.




Enmiendas del Senado (Página 10271)



Al Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita (Página 10271)



Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del Senado
al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita intervienen
los señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria);
López Garrido (del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya); Pedret Grenzner (del Grupo Socialista), y Arqueros
Orozco (del Grupo Popular).




A la Proposición de Ley de ordenación del comercio (Página 10276)



Para fijación de posiciones en relación con las enmiendas del
Senado a esta proposición de ley, intervienen el señor Chiquillo
Barber y la señora Rahola i Martínez (del Grupo Mixto); y los
señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria); Homs i
Ferret (del Grupo Catalán, Convergència i Unió); Aguirre
Rodríguez (del Grupo Popular), y Martín Mesa (del Grupo
Socialista).

Interviene el señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro
Navarrete).

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley
de asistencia jurídica gratuita, son aprobadas por 320 votos a
favor.

En diversas votaciones se aprueban las enmiendas del Senado a la
proposición de ley de ordenación del comercio.




Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales (Página 10290)



Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre
el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito
el 25 de agosto de 1995 (Página 10290)



Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para
el cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25 de
agosto de 1995 (Página 10290)



Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo
de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados
(Página 10290)



Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho
en Bayona el 10 de marzo de 1995 (Página 10290)



Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta
el 30 de mayo de 1995 (Página 10291)



Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y
Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995 (Página 10291)



Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado
«ad referendum» en México el 23 de junio de 1995 (Página 10291)



Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la
integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia
OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del
EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA)
(Página 10291)



Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas



Página 10270




y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Estonia,
por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de
1995 (Página 10291)



Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República de Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995 (Página 10291)



Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre
el Reino de España y la República del Ecuador, es aprobado por
317 votos a favor y dos abstenciones.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para
el cumplimiento de condenas penales, es aprobado por 322 votos a
favor.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con la
Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo
de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de
visados, es aprobado por 320 votos a favor y una abstención.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho
en Bayona el 10 de marzo de 1995, es aprobado por 320 votos a
favor.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta
el 30 de mayo de 1995, es aprobado por 320 votos a favor.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y
Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995, es aprobado
por 310 votos a favor y 13 abstenciones.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado
«ad referendum» en México el 23 de junio de 1995, es aprobado por
323 votos a favor.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Memorandum de entendimiento número cinco relativo a la
integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia
OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del
EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA), es
aprobado por 307 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República de Estonia, por otra, firmado «ad referendum» en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995, es aprobado por 319 votos a
favor, dos en contra y una abstención.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el
Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República de Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995, es aprobado por 322 votos a
favor y uno en contra.




Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 10292)



Proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55
hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se conceden
suplementos de créditos por importe de 15.000 millones de pesetas
al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al
objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la
situación de gravísimas sequía (Página 10292)



En defensa de las enmiendas mantenidas al dictamen intervienen
los señores Madero Jarabo (del Grupo Popular) y Ríos Martínez
(del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).

En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Alonso
Conesa, en nombre del Grupo Socialista.

Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado.




Votación de Conjunto en relación con algunas disposiciones de la
proposición de Ley de Ordenación del Comercio (Página 10300)



Realizada dicha votación de conjunto, correspondiente al carácter
de Ley Orgánica de esas disposiciones,



Página 10271




son aprobadas por 321 votos a favor y una abstención.




Debate de propuestas de resolución sobre Planes remitidos por el
Gobierno (Página 10300)



Debate de propuestas de resolución sobre el Plan Director de
Infraestructuras remitido por el Gobierno (Página 10300)



En defensa de las propuestas de resolución presentadas
intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida (del Grupo
Vasco, PNV); Chiquillo Barber (del Grupo Mixto); Martín Menis
(del Grupo de Coalición Canaria); Ríos Martínez (del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya); Sedó i Marsal (del
Grupo Catalán, Convergència i Unió), y Posada Moreno (del Grupo
Popular).

El señor Jerez Colino interviene para la defensa de las
propuestas de resolución del Grupo Socialista y para fijar la
posición con respecto a las propuestas de resolución presentadas
por otros Grupos Parlamentarios y defendidas con anterioridad.

Se procede a las votaciones de las propuestas de resolución sobre
el Plan Director de Infraestructuras.

Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con
carácter secreto.




DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión
secreta):



--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA
DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACION CON EL DIPUTADO DON JOSE
RAMON LAGO FREIRE (Número de expediente 240/000002)



Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de
los Diputados, que es aprobado.




Se reanuda la sesión con carácter público.




El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al debate correspondiente al
punto VIII del orden del día, quiero comunicar al Pleno que la
eventual votación correspondiente al carácter orgánico que pueda
resultar de las votaciones del punto 26 del orden del día, tendrá
lugar a las 12 del mediodía o en el momento posterior en que el
estado del debate en curso lo permita.




ENMIENDAS DEL SENADO:



El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado.

Enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica
gratuita.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Enmiendas del Senado a la proposición de ley de ordenación del
comercio.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)



--AL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA (Número de
expediente 121/000108)



El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de
asistencia jurídica gratuita.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio. Estamos en sesión.

Cuando quiera, señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

En nombre de Coalición Canaria, voy a fijar nuestra posición
respecto de las enmiendas del Senado en relación con este
proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Comenzaré
diciendo que Coalición Canaria va a votar todas y cada una de las
enmiendas que nos eleva la Cámara Alta, entendiendo que la
mayoría de las mismas son correcciones técnicas de estilo y
clarificadoras de algunos de los textos del articulado que
salieron de este Congreso. Pero dentro del segundo grupo, que
valoramos de manera significativa y al que vamos a prestar
también nuestro voto de apoyo positivo, quiero destacar,
señorías, las siguientes.

En primer lugar, las enmiendas introducidas por el Senado al
artículo 10, que crea delegaciones de las Comisiones provinciales
de Asistencia Jurídica Gratuita. Creo que es un acierto disponer
de estas comisiones provinciales, sobre todo teniendo en cuenta
que la ley va a fijar unos criterios de evaluación de aquellas
personas que alegan tener una carencia de medios económicos para
acceder a la tutela judicial y que es importante la consagración
en el texto legal de estas Comisiones provinciales de Asistencia
Jurídica Gratuita.

Destacamos también la enmienda del Senado al artículo 12, que
introduce los criterios de ponderación en el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita en los supuestos de
«litis consortio». La «litis consortio» no la habíamos
considerado en profundidad



Página 10272




en el debate en el Congreso de los Diputados y esta introducción
nos parece muy oportuna.

Igualmente, destacamos la enmienda del Senado al artículo 17 para
aportar datos que permitan conocer la situación económica real
del solicitante. Una gran componente del texto legal está
dirigida fundamentalmente a garantizar el conocimiento de la
situación económica, tanto basado en criterios objetivos como en
criterios subjetivos. Esto es importante --después lo diré en una
valoración general de este importantísimo texto legal, y recalco
importantísimo texto legal, ya que no es una ley judicial más de
trámite--, porque viene a desjudicializar el procedimiento de
objetivar si el que demanda la tutela judicial tiene o no medios
económicos al hacerlo más administrativo, más funcionarial. Son
los funcionarios de los juzgados y de los colegios profesionales
de abogados o de procuradores los que tienen que tener unos
criterios objetivos para valorar la situación económica real del
solicitante. Por tanto, creemos que con la enmienda del Senado se
introducen en el artículo 17 unas mejores garantías.

Finalmente, la enmienda al artículo 25 --casi al final del texto-
- viene a dar un mayor sistema de reconocimiento jurídico en los
requisitos complementarios que pueden establecer las comunidades
autónomas competentes. En estos momentos, la Comunidad Autónoma
de Canarias tiene abierta una demanda de transferencia respecto a
las administraciones de justicia para que estén suficientemente
dotadas económicamente desde el departamento central del Gobierno
y que así la Comunidad Autónoma de Canarias pueda realizar
plenamente esta actuación.

Dicho esto, Coalición Canaria quiere poner énfasis en la
importancia, como acabo de decir, señorías, de este texto
jurídico de la asistencia jurídica gratuita. Nada más y nada
menos que los artículos 24 y 25 de nuestra Constitución consagran
el derecho de toda persona a acceder a la tutela judicial
efectiva, que será gratuita cuando no tenga medios, como señala
el artículo 119 de nuestra norma fundamental. A esto se añadió en
su día, en el año 1986, la Ley número 25 sobre las tasas
judiciales, que vino a privar a la Administración de un sistema,
de una base, de una bolsa económica, para atender los honorarios
profesionales de abogados, procuradores o cualquier otro
profesional que tuviera que intervenir en la obtención de
pruebas, etcétera. La Ley, afortunadamente, regula y entiende que
es un compromiso, señalado tanto por el Tribunal Internacional de
Derechos Humanos como por nuestro Tribunal Constitucional, que el
Estado es solidario y es el responsable de atender la
financiación económica de los costes.

Qué duda cabe que era necesaria una ley singular para atender la
tutela judicial efectiva con la asistencia jurídica gratuita. Si
bien en 1985 aprobamos aquí la Ley Orgánica 6/1985, del Consejo
General del Poder Judicial, y en sus artículos 20 y 44 se daba
reconocimiento «de iure» a lo que viene hoy día a desarrollar
este texto legal, se ha visto que quedaba insuficiente y que era
una pieza jurídica más --la Ley del Consejo General del Poder
Judicial-- que contemplaba, de una manera solapada, la forma de
introducir ahí lo que he señalado antes como un derecho
reconocido en los artículos 24, 25 y 119 de la Constitución
Española, y contribuía también a la dispersión de atender este
problema. Por tanto, la ley tiene, a nuestro juicio, un primer
valor, que es su vocación unificadora para proveer de los
recursos económicos necesarios a los que aleguen y demuestren su
insuficiencia económica.

Tengo que reconocer aquí, porque ya participamos en el debate en
mayo de 1994, la feliz iniciativa que tuvo el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al presentar
la moción correspondiente que le honra, y quiero resaltarlo
porque fue una aportación tremendamente interesante, que viene a
demostrar que cuando las iniciativas parlamentarias de los grupos
aquí existentes contribuyen a mejorar y a enriquecer todo nuestro
acervo jurídico, esto resulta verdaderamente positivo para
nuestra Cámara.

Cuando pasamos a la aplicación del contenido material del
derecho, hay que reconocer que esta ley extrae principios que han
estado recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se
vienen a consagrar en un texto unificado. Es, por consiguiente,
este reconocimiento del derecho el que también viene a significar
algo que da garantía jurídica: el reconocimiento de que va a
haber criterios objetivos para valorar la pobreza del demandante
de la tutela judicial, como criterios subjetivos para apreciar
también a aquellas personas que están en ese límite difícil entre
suficiencia o insuficiencia de recursos, que la aportación de una
declaración de la renta, del IRPF, como se hace a veces en los
contenciosos con las becas estudiantiles, da a entender que, a lo
mejor, tiene medios suficientes y resulta que por circunstancias
aleatorias o temporales no los tiene.

Creemos que es importante, y de aquí que haya que destacarlo, que
esta ley trate de descargar de trabajo a los juzgados con una
actuación, que era puramente judicial hasta ahora, y que pasa a
ser administrativa. Por tanto, creemos que los colegios
profesionales van a encontrar el soporte necesario en esa fase de
actuación. Esperemos que no haya necesidad de habilitar recursos
de estos demandantes vía colegio profesional a la tutela judicial
final.

Finalmente, quiero destacar, señorías, dos aspectos fundamentales
de la ley para Coalición Canaria. Primero, el compromiso de
financiación pública para que la garantía económica quede
plenamente asegurada. Antes he citado la jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Derechos Humanos, la cual suscribe plenamente
Coalición Canaria, como igualmente la jurisprudencia de nuestro
Tribunal Constitucional cuando ha habido demandas en querellas
para acceder a la tutela judicial que había sido impedida por
causas económicas



Página 10273




del demandante. Segundo, la ordenación competencial. A Coalición
Canaria, como formación nacionalista que defiende
fundamentalmente el título VIII de nuestra Constitución, le
satisface plenamente el que se haya dado aquí reconocimiento
pleno a las competencias de las comunidades autónomas nos
satisface tan plenamente y esto motiva, una vez más, nuestro
apoyo con nuestro voto positivo a la aprobación de este
importantísimo texto legal que consagra verdaderamente los
principios de un Estado social y de derecho. Las palabras social
y de derecho alcanzan aquí todo su pleno significado política y
democrático.

Nada más, señor Presidente, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, constituye
una satisfacción para el Grupo Parlamentario que represento la
culminación de una legislatura con la previsible aprobación del
que ha sido bien definido por el señor Mardones como un texto
importantísimo, que es parte esencial, efectivamente, de un
Estado social y democrático de Derecho. Satisfacción por esto y
satisfacción porque haya sido nuestro Grupo el que, en su
momento, como recordaba el señor Mardones, planteó la necesidad
de una regulación adecuada de la justicia gratuita en nuestro
país.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya hace algo más de un año defendió en este hemiciclo una
interpelación sobre la justicia gratuita en nuestro país, que dio
lugar a una moción aprobada unánimemente por los grupos
parlamentarios y que está en el origen de lo que luego ha sido un
proyecto de ley que ve su culminación en el día de hoy.

Decíamos entonces que no había en nuestro país una auténtica
garantía de un derecho fundamental establecido en nuestra
Constitución como es el de la justicia gratuita, y que esta
situación tenía unos efectos de enorme injusticia para amplísimas
capas de nuestra población. Recordábamos que la utilización del
servicio público de la justicia es de enorme magnitud en España.

Entre cuatro y cinco millones de trámites judiciales se inician
cada año. Es decir, que los ciudadanos y ciudadanas españoles, a
lo largo de su vida, intervienen en tramitación judicial varias
veces. De esos actos judiciales depende la garantía de sus
derechos, como sucede en un Estado de Derecho en el que la
garantía de los derechos atraviesa siempre el sistema judicial.

Si ese sistema judicial no es justo, y la injusticia arranca del
no acceso a la justicia gratuita, se puede decir que los derechos
básicos de las personas no están garantizados.

Esto es lo que sucedía y sigue sucediendo con la justicia
gratuita, que es de enorme importancia también. Se puede calcular
que más de un tercio de los procedimientos judiciales van por
esta vía. Los ciudadanos y ciudadanas se acogen a ella por
carencia de medios económicos. Desde luego, ese porcentaje es
mucho mayor en los procedimientos penales, pero también en
procedimientos civiles, en contencioso-administrativos y en los
laborales. En todos los órdenes de nuestra jurisdicción se
calcula que más de un tercio, repito, de los ciudadanos --incluso
sobrepasa la mitad en algunos casos--utiliza la vía de la
justicia gratuita.

Esta justicia no es realmente justicia ni es igual ni es
realmente gratuita, porque no se extiende a la orientación previa
al proceso; porque no se extiende, fundamentalmente, a la
utilización de pruebas en el proceso; porque no es gratuita la
obtención de certificados notariales o registrales, ni gratuita
la utilización de peritajes necesarios para la prueba durante el
proceso. Además, el servicio de justicia gratuita, administrado
por los colegios de abogados a su leal saber y entender --hay 82
colegios de abogados, cada uno con su sistema particular--, hace
que el Estado no se responsabilice realmente del aseguramiento de
este derecho a la justicia gratuita y que, por tanto, el panorama
sea más propio de la beneficiencia del siglo XIX, de una justicia
para ricos y otra para pobres, que de una justicia que demanda ya
el siglo XXI. De ahí que entonces planteásemos esta interpelación
que dio lugar a una moción muy detallada, aprobada unánimemente a
iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario el 10 de mayo de 1994,
moción que establece la necesidad de un nuevo procedimiento de
verificación de la justicia gratuita desjudicializado, que amplía
el servicio de justicia gratuita a la orientación previa al
proceso y a los peritajes o gastos notariales o registrales, que
establece que los abogados que intervengan en ese servicio tienen
que ser digna y suficientemente remunerados y que toda esta
regulación, la exigencia de especialización y de formación a
estos abogados tiene que estar tutelada, orientada y regulada
uniformemente por el Estado a través del Ministerio de Justicia e
Interior. Esa era básicamente la demanda de esta moción aprobada
unánimemente, repito, en esta Cámara el 10 de mayo de 1994. Esto
dio lugar a que el Gobierno --cosa que no siempre es habitual, en
este caso sí hubo un cumplimiento por su parte a lo que le
instaba la Cámara-- mandase un proyecto de ley de justicia
gratuita; se envió no en el plazo establecido pero, por lo menos,
con suficiente tiempo para que en la penúltima sesión previsible
de esta legislatura en esta Cámara podamos llegar a aprobar este
proyecto de ley, que ha atravesado el trámite del Congreso y del
Senado, que ha mejorado su contenido y que, por tanto, se ha
adecuado a las exigencias de la moción. No venía así en el
proyecto de ley original, no se adecuaba suficientemente a las
exigencias de gratuidad de la moción aprobada en su momento por
la Cámara, pero se ha acercado, a nuestro juicio suficientemente,
después del trámite parlamentario.

Por tanto, con la aprobación de este proyecto de ley, que culmina
hoy, se puede decir que aquellas familias



Página 10274




que tengan unos ingresos económicos por debajo de las 125.000
pesetas aproximadamente, y en casos excepcionales por debajo de
las 250.000 pesetas, según sus circunstancias familiares, estado
de salud de sus integrantes o las obligaciones económicas que
tengan, incluso por debajo de 250.000 pesetas como unidad
familiar, tendrán acceso a una orientación previa al proceso
gratuito; también tendrán acceso a un asesoramiento, a una ayuda,
a una asistencia de abogado y procurador gratuita durante el
proceso, y los extranjeros no residentes legales en España
también tendrán una utilización gratuita de este servicio en los
casos de procedimientos penales. Y algo que se introdujo en el
trámite parlamentario en esta Cámara: en el caso del
procedimiento de asilo también tendrán una gratuidad en el
asesoramiento en toda su extensión.

Además, la obtención de copias notariales, de actas notariales
será gratuita, y en el caso de los certificados notariales o
registrales habrá una rebaja del 80 por ciento en los aranceles,
rebaja que también se consiguió en el trámite en esta Cámara, ya
que el proyecto de ley venía con una rebaja de sólo el 50 por
ciento. Estos gastos arancelarios serán reducidos a cero en el
caso de que la familia en cuestión que esté litigando acogida a
justicia gratuita tenga unos ingresos por debajo del salario
mínimo interprofesional.

Todo esto configura suficientemente a nuestro juicio una
regulación de la justicia gratuita absolutamente necesaria en los
albores del siglo XXI en España, y la sitúa en un nivel de
suficiente conformación a las exigencias de nuestro texto
constitucional.

Esto ha sido mejorado técnicamente en el Senado; se han añadido
algunos elementos nuevos que amplían incluso este campo, y
nosotros votaremos a favor de estas enmiendas, que, por cierto,
tienen una errata en la disposición adicional cuarta, ya que la
referencia que se hace al artículo 28 debe hacerse al 27.

Entendemos que debería ser corregida en este trámite por la
Cámara. Es una sencilla modificación que corresponde a una errata
producida en el trámite del Senado.

Termino, señor Presidente, volviendo a señalar la satisfacción de
que aquella iniciativa que nuestro Grupo tuvo hace más de un año,
haya sido culminada por este proyecto de ley que permitirá que
familias españolas, en determinados casos por debajo de ingresos
de 250.000 pesetas, puedan acogerse gratuitamente a unos
servicios que se amplían a todo el campo de asesoramiento
jurídico y que supone una aportación fundamental al concepto de
Estado social que ha podido hacer esta Cámara. Esto se añade en
esta legislatura a otras normas de enorme importancia en el campo
de la justicia, que constituyen un elemento de satisfacción de la
labor legislativa tan diferente al ambiente político vivido a lo
largo de esta difícil legislatura; con ello se da una aplicación
correcta.

Seguiremos atentamente la ejecución de esta importante ley, pero
creemos que será una correcta correspondencia a lo exigido en los
artículos 24 y 25 de nuestra Constitución, y concretamente a lo
dicho en el artículo 119 de la misma: el derecho a una justicia
que sea justa, a una justicia que sea igual y a una justicia
gratuita que sea efectivamente gratuita. Este es el sentido de
esta ley, que con el voto positivo a las enmiendas del Senado
culminaremos en cuanto a la necesidad de que nos adecuemos
también en este campo a las exigencias de un Estado social y
democrático de derecho.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.




El señor PEDRET GRENZNER: Señor Presidente, señorías, nos
hallamos en el trámite de fijar la posición del Grupo Socialista
respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
asistencia jurídica gratuita. Ha sido éste un proyecto de ley que
ha iniciado su trámite con una actividad parlamentaria, cual es
la moción aprobada por unanimidad el 10 de mayo de 1994 por esta
Cámara, y que ha sido cumplida con un respeto absoluto a todos y
cada uno de los puntos aprobados por la Cámara en el proyecto de
ley remitido a la misma por el Gobierno.

Es lo cierto que si el proyecto de ley remitido a la Cámara era
un buen proyecto, la actividad legislativa lo ha mejorado, lo ha
convertido en un proyecto que esperamos que dentro de poco se
convierta en ley, que es el que permite pasar de una situación
del llamado beneficio de pobreza, del patrocinio de pobres al que
se refieren las constituciones de la Congregación de Abogados de
Madrid de 1959, o las constituciones de los Abogados de Barcelona
de 1295, al auténtico cumplimiento del artículo 119 de nuestra
Constitución que consagra el derecho real de los ciudadanos a un
servicio público de justicia y, por tanto, en condiciones de
igualdad, a un servicio público de justicia gratuita para
aquellos para los que fuere necesaria.

Ha tenido este proyecto el inicio en una moción parlamentaria que
ha sido debatido con amplitud, pero con celeridad --esto
demuestra que en otros proyectos también hubiera sido posible
debatir en profundidad temas importantes, pero con la celeridad
necesaria para ser aprobados en esta legislatura--, y fue
aprobado con la única abstención del Grupo Popular en la Comisión
de Justicia e Interior de esta Cámara, actuando con capacidad
legislativa plena.

Este amplio consenso conseguido en el Congreso de los Diputados
se ha visto aún ampliado en el Senado, donde a consecuencia de
las actividades de consenso, con un sinnúmero de transacciones
realizadas en ponencia y comisión, el texto que nos ha sido
remitido ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios.

Entendemos que ello es importante, puesto que, como hemos dicho
antes y han dicho los oradores que



Página 10275




me han precedido, estamos ante un texto de gran importancia, algo
que convierte una caridad en un derecho exigible por los
ciudadanos.

Su contenido, dado que no ha pasado en trámite previo por el
Pleno del Congreso, es quizás necesario explicitarlo con
brevedad, pero en los puntos más importantes.

Nos encontramos, en primer lugar, con una ampliación del ámbito
del derecho a la justicia gratuita. Pasamos de la tradicional
asistencia técnica a cargo de abogado o, en su caso,
representación a cargo de procurador, a una ampliación
extraordinaria, puesto que no sólo estos técnicos jurídicos son
objeto del beneficio --del derecho ya-- de justicia gratuita,
sino que se extiende a las pruebas periciales, que son las que
actualmente suponen una carga económica insostenible para muchos
justiciables, y se extienden también a las actuaciones, a veces
necesarias, de notarios, gratuitas en algunos casos, y otras
actuaciones notariales y ante registros de la propiedad y
mercantiles, que quedan reducidas a un 20 por ciento de su costo
y a la gratuidad total cuando el beneficiario no llegue a tener
unos ingresos familiares superiores al salario mínimo
interprofesional fijado en cada momento.

Pero se ha ampliado también de forma considerable el ámbito
personal de los posibles beneficiarios de la justicia gratuita.

Así, el límite general queda fijado en unos ingresos familiares
del doble del salario mínimo, pero, por vía excepcional, es
posible acceder a alguno de los contenidos de la justicia
gratuita cuando los ingresos no sean superiores al cuádruple del
salario mínimo. Entendemos que en esta situación es realmente
difícil sostener que alguna persona, algún ciudadano pueda quedar
fuera del derecho al acceso al servicio público de justicia por
razones económicas.

Pero se ha ampliado también más allá de lo que era exigible, de
acuerdo con la Constitución y los tratados, al establecer, como
se ha destacado antes por otro interviniente, el derecho a la
justicia gratuita por parte de los extranjeros, aun cuando no
residan legalmente en España, para los aspectos penales, y lo que
es importantísimo, en la vía administrativa, incluso en la
administrativa previa, en los procedimientos de asilo; es decir,
en aquellos casos en que realmente el ciudadano extranjero puede
encontrarse en la situación de mayor desamparo. Aquí, por la vía
parlamentaria, por la actuación de SS. SS., vamos a proteger y a
dar una posibilidad de defensa a estas personas.

Pero no sólo aquí en el ámbito personal y de contenido del
derecho hay modificaciones; se ha destacado antes, pero hay que
insistir en ello. Se desjudicializa absolutamente el
procedimiento de concesión de la justicia gratuita, de
reconocimiento de tal derecho, y se hace con una intervención
fundamental de los colegios de abogados. Entendemos que es
importantísima, y se ha conseguido ya con carácter previo, la
complicidad de todos los agentes sociales intervinientes. Los
colegios de abogados lo han estado gestionando, lo quieren seguir
gestionando; lo están haciendo con las dificultades de
coordinación de la existencia de 83 colegios de abogados en
nuestro país, pero con una eficacia elogiable, y lo van a
continuar haciendo.

Se crea un órgano administrativo nuevo, un órgano colegiado, cual
es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de carácter
provincial y con posibles delegaciones, como se ha destacado
también antes, que es la que va, en definitiva, a reconocer a los
ciudadanos tal derecho. Ello descarga de un trabajo no
jurisdiccional. y en muchas ocasiones perfectamente inútil, a los
órganos judiciales sobrecargados de trabajo.

Saben SS. SS. que no era en absoluto extraña la situación en que
la sentencia sobre el denominado incidente de justicia gratuita
recaía con una posterioridad de dos o tres años respecto a la
sentencia recaída en el pleito principal. Esta situación va a
variar de una forma absoluta con el nuevo sistema que se pone en
marcha en este texto.

Evidentemente que el amparo judicial sólo a los jueces puede
estar atribuido y por ello en la ley se establece un recurso
posible ante el órgano jurisdiccional correspondiente respecto a
la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Con
ello, entendemos, se da cumplimiento perfecto al principio de
tutela judicial efectiva establecido en la Constitución y se
coordina y cohonesta con una necesaria modificación del
procedimiento, puesto que el actual, pese a estar en sede
judicial, en realidad, por la práctica, suponía una no efectiva
tutela judicial, ya que, o no existía, o era tardía, o estaba
hecha, en muchas ocasiones por el exceso de trabajo que he dicho
anteriormente, sin un auténtico examen de la situación en cada
caso.

Es cierto que esto no sería suficiente si no se completara
también con otros aspectos que se recogen en el proyecto de ley.

Entendemos de suma importancia el compromiso de la financiación
pública del servicio de justicia gratuita y entendemos que es de
importancia también notable el hecho de que se establezcan unos
mínimos de formación y de especialización necesarios por parte de
los profesionales que cumplan con el servicio de justicia
gratuita. Se establecen, además, como se indicaba en la moción
aprobada en mayo de 1994, por el Ministerio de Justicia e
Interior, oídos los consejos generales de la abogacía y de los
colegios de procuradores de España.

Esta condición de mínimos que debe establecerse por parte del
Ministerio sirve, a nuestro entender, para garantizar la igualdad
de los ciudadanos en cualquier caso ante el servicio de la
justicia, pero es además perfectamente respetuosa tal como viene
desde el Senado --y lo era ya en el Congreso--, con la
posibilidad de cada comunidad autónoma, que tenga asumidas o
asuma en el futuro competencias respecto a la justicia, de
establecer requisitos complementarios, de aumentar los mismos
para poder prestar tan importante servicio por parte de los
profesionales.

Se establecen --y con ello voy concluyendo-- unos elementos de
régimen disciplinario para los profesionales,



Página 10276




indicando que determinadas actividades, determinadas corruptelas
que a veces se producen, supongan necesariamente la separación
perpetua del servicio de justicia gratuita. Creemos que ello es
necesario para elevar el prestigio de su prestación, ya que no es
posible que se continúe diciendo que hay dos tipos de asistencia:
una para los ricos y otra para los pobres. Entendemos que con
este proyecto ello queda eliminado y que damos realmente
cumplimiento --y acabo, señorías-- al mandato del artículo 119 de
la Constitución.

Y para continuar con el consenso básico, con el acuerdo logrado a
base de discusión, de transacción, de muchas horas de trabajo en
esta Cámara y en la Cámara alta, solicito a SS. SS. el voto
unánime a este proyecto de ley, a todas las enmiendas presentadas
por el Senado, si bien hay que indicar, como se ha dicho también
antes por otro interviniente, que se ha deslizado un error
puramente técnico en una de ellas. Es la referente al último
párrafo del número 2, de la disposición adicional cuarta, por el
que se da un nuevo texto al artículo 121 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en la que se hace una referencia al
artículo 28 del texto del proyecto, que es claramente errónea,
puesto que dicho artículo se refiere a tema distinto al que hace
mención la disposición adicional cuarta. La cita debiera ser
realmente al artículo 27, que es el que regula el procedimiento
para la renuncia al cobro de honorarios por parte de los
profesionales y no el procedimiento para la renuncia a los
servicios de los profesionales con mantenimiento de los otros
beneficios de la justicia gratuita, que es a lo que se refiere el
artículo 28.

Estoy convencido de que los portavoces de los distintos grupos
que han examinado con la atención que les es habitual las
enmiendas aprobadas por el Senado, van a manifestar el acuerdo
con esta observación puramente técnica que realiza mi Grupo y que
ha realizado con anterioridad el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Con ello, señorías, concluyo solicitando una vez más el voto
favorable a este proyecto, con el cual vamos realmente a añadir
un junco más al haz de derechos de los ciudadanos, al que
convierte realmente en sujeto de derecho en un Estado social de
Derecho como es el nuestro.

Muchas gracias y nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.




El señor ARQUEROS OROZCO: Las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de asistencia jurídica gratuita son mejoras del texto y, por
ello, el Grupo Popular anuncia que votará a su favor.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arqueros.

--PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION DEL COMERCIO (Número de
Expediente 122/000002)



El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a la proposición de ley
de ordenación del comercio.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir en este turno para realizar la defensa del texto en su
conjunto y de las enmiendas que vienen del Senado, en relación
con esta ley de ordenación del comercio minorista, que inició su
andadura en julio de 1993 con la tramitación de una proposición
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), denominada entonces ley
de comercio. Fue una de las primeras iniciativas de esta
legislatura y, aunque ha tardado en ver su luz definitivamente,
ha valido la pena, porque el sector implicado en esta ley que hoy
debatimos esperaba una regulación normativa, máxime cuando se ha
llegado a un nivel de consenso y de reconocimiento de unos puntos
básicos para que este pequeño comercio, en su mayoría, sea
beneficiado por una ley que venía solicitando desde hace muchos
años.

Los objetivos iniciales de la ley, que Unión Valenciana comparte
casi en su integridad, son: la modernización de las estructuras
comerciales, la corrección de los desequilibrios existentes entre
las grandes y las pequeñas empresas comerciales, la vigilancia
más estricta para las grandes superficies, puesto que entre los
años 1989 y 1995 los hipermercados han proliferado en el Estado
español, de 108 a 225, y hay casi un millar de supers, grandes
establecimientos. Consideramos que era importante dotar de
mayores competencias a las comunidades autónomas para la fijación
de los horarios comerciales, uno de los puntos más espinosos de
esta ley.

Con esta ley se ha dado un paso importante, porque cubrirá el
vacío existente en materia de regulación de comercio interior,
como he señalado al principio de mi intervención. Esta ley
servirá para que, si se combina con otras medidas, nuestro
pequeño comercio pueda afrontar el futuro con ciertas dosis de
optimismo. Y digo que si se combina, porque, si no, esta ley por
sí sola no servirá para nada, a pesar del esfuerzo que se ha
hecho, para defender el futuro del pequeño comercio, del comercio
tradicional para el próximo siglo.

La ley en su conjunto es positiva, pero es mejorable, aunque voy
a apoyarla sin reservas porque creo que se ha avanzado. Esta ley
se tiene que complementar con otras medidas que permitan el
empujón que todos queremos dar al pequeño comercio. Por ello,
creo que deben marcarse unos objetivos mínimos para un plan de
modernización del comercio interior, en el que se intente
conseguir como objetivos mínimos los siguientes: El incremento de
la competencia en los mercados minoristas, incremento de la
dimensión económica de las empresas, mejora de las transferencias
de tecnología,



Página 10277




mejora de la distribución espacial de la oferta comercial y una
mayor información para los consumidores. Estos son los puntos
mínimos que esta ley debe aportar para lograr la modernización
del comercio interior.

Es necesario también realizar una reforma interna, fuerte, una
reforma decidida del marco laboral que afecta a los pequeños y
medianos comerciantes; hay que reformar íntegramente la
fiscalidad, revisando el sistema de estimación objetiva en cuanto
a los signos, índices y módulos, así como una reforma del
Impuesto de Actividades Económicas.

Esta ley va a determinar un proceso de cambio en el comercio. Los
grandes comercios piden un cambio radical, aunque ello cause la
muerte a miles de comercios tradicionales.

El comercio pequeño y mediano ve en esta ley un punto de luz que
les ayude a salir adelante sin traumas ni crisis. Clama, sobre
todo, por la igualdad de oportunidades, igualdad que hasta el día
de hoy no ha tenido porque no ha tenido el respeto del grande.

Unión Valenciana --ya para concluir-- tiene muy clara una premisa
y es que, apoyando a este pequeño comercio, como creo que vamos a
hacer mayoritariamente hoy, estamos defendiendo la supervivencia
de nuestros centros históricos, los barrios tradicionales de
nuestros pueblos y ciudades, que tienen vida gracias a su
tradicional actividad comercial. Démosle una oportunidad, pero
que no se quede aquí la reforma en defensa del pequeño comercio,
impulsemos otras iniciativas para permitir que, desde la
igualdad, pueda competir con los grandes.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la ley
de ordenación del comercio ha tenido una tramitación larga y
complicada, muy a menudo más sometida a las diferencias y
reconciliaciones entre las partes que a su contenido. En todo
caso, se ha querido presentar, más por elementos ajenos a la
Cámara que propios, como una confrontación entre consumidores y
comerciantes. Y, ahora sí, desde algunas opciones de la Cámara,
como una guerra particular entre comercio tradicional y grandes
superficies comerciales.

Entendemos que limitar la ley a estos conflictos o pretendidos
conflictos significaría un reduccionismo empobrecedor, que
limitaría, por su mismo contenido, la necesaria crítica a la ley,
que es lo que tenemos que hacer. No hay, no tiene por qué haber,
una contraposición entre consumidor «versus» comerciante,
instigada más por las malas conciencias de una determinada forma
de comercio, que quizás así limpia su imagen, producto de
prácticas que se saben negativas para el conjunto del sector. Por
ejemplo, el establecimiento de prácticas monopolísticas de la
distribución, el uso y abuso de las peores formas de
contratación, más allá incluso de los contratos basura, o el
establecimiento de medidas draconianas en las formas de pago. Que
esta realidad se esconda bajo el pretexto de la defensa de los
intereses del consumidor resulta, como mínimo, chocante.

Falta saber si la ley que se somete a aprobación del Congreso
resuelve los verdaderos problemas del sector comercial y, sobre
todo, si lo hace bien.

La ley tiene tres grandes temas, como son una cierta regulación
de las grandes superficies comerciales, una cierta regulación de
los horarios y la definición y regulación de ventas especiales,
como son los saldos, las liquidaciones, las ventas en cadena,
etcétera. Todo, con el establecimiento del correspondiente
régimen sancionador.

Con referencia a las grandes superficies comerciales, establece
de manera taxativa una segunda licencia, a otorgar por las
comunidades autónomas. Resulta inverosímil que una competencia
expresamente reconocida a través de una sentencia del Tribunal
Constitucional, bajo el título competencial de Urbanismo y
Ordenación del territorio, venga ahora a establecerse con
carácter general. Parece más razonable pensar que, estando
capacitadas, como están, las comunidades autónomas para
establecer esta segunda licencia, más valdría dejar que
libremente decidiesen si quieren o no establecerlo. Y, lo que es
más grave, se plantea esta segunda licencia siguiendo
prácticamente al pie de la letra el modelo catalán, un modelo que
resulta como mínimo discutible en sus resultados y
funcionamiento. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en el momento de revocar una denegación de
licencia por parte de la Generalitat, hacía un análisis
profundamente negativo del ordenamiento establecido por la Ley
catalana de equipamientos comerciales, especialmente por el mismo
defecto de que falta esta misma ley, que ahora se somete a
aprobación.

La otorgación o denegación de las licencias viene delimitada por
unos vagos efectos sobre la estructura comercial, calcados de la
Ley catalana, con los efectos que el sector comercial tradicional
de Cataluña ya conoce.

Evidentemente que no es la ley el lugar para delimitar
exactamente todos y cada uno de los pasos a establecer para decir
si una gran superficie comercial es positiva o negativa. Pero, si
se quiere ser consecuente, y la ley no ha querido o no se ha
atrevido, como ha pasado en Cataluña, hace falta fijar los
mecanismos de evaluación, a fin de evitar arbitrariedades y
subjetividades, que es exactamente lo que sostiene la sentencia
que hemos comentado: que las decisiones se han tomado sin
elementos objetivos. Unos elementos, además, que haría falta
establecer con la imprescindible participación, decisiva, de
ayuntamientos y, sobre todo, de asociaciones representativas de
consumidores y de usuarios, así como de los intereses de los
comerciantes. Insistimos en que ésta, en conjunto, es una
regulación



Página 10278




que hace falta que la establezca cada comunidad autónoma, en uso
de sus propias competencias, pero si la ley cree que tiene que
regularlo, y nosotros creemos que no, tendría que hacerlo bien.

Con referencia a los horarios, la ley hace un ejercicio de
ambigüedad política y establece la libertad de horarios y, al
mismo tiempo, el mantenimiento del régimen actual. En este
sentido, resulta lamentable que no sea capaz de ver la totalidad
del problema. Así, destaca la ausencia de consideraciones sobre
los derechos de los trabajadores asalariados del sector comercial
y, más allá, el análisis de los problemas del encaje de las
nuevas formas de vida, de trabajo y de consumo, y los horarios
comerciales.

No se ha hecho, por ejemplo, una apuesta por un modelo de ocio no
ligado al consumo o por un reparto del trabajo que haga que haya
para más, pero menos horas y más repartidas, en lugar de decretar
por las buenas la libertad de horarios, con la excusa de que la
gente no tiene tiempo de ir a comprar. Y, cuando mantiene
provisionalmente el régimen actual, se olvida de los
ayuntamientos a la hora, por ejemplo, de establecer las áreas
turísticas. Es cierto que hace falta esperar que la autonomía
local venga del lado de las comunidades autónomas, pero creemos
que, si la ley quería ser tan detallista, como mínimo podía
establecer algún tipo de planteamiento, en este sentido, que sea
reconocimiento del principio constitucional de autonomía local.

Y es que la ley, a nuestro parecer, es fundamentalmente un
pegote, un pegote que tiene claros efectos positivos; tapa
agujeros, ciertamente, pero no es una solución completa. Si, como
dice la exposición de motivos, se busca corregir los
desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas
comerciales, se podría haber entrado en la regulación fiscal, por
qué no, por ejemplo, que es una buena fuente de desequilibrios,
especialmente con relación a las tarifas del Impuesto de
Actividades Económicas --esto no lo ha planteado--, o en la
tributación por módulos. ¿Por qué la ley no coge el toro por las
astas? ¿Por qué no coge el tema de los módulos, auténtica sangría
del pequeño y mediano comercio?
Evidentemente, esto escapa de una ley de comercio minorista
estricta, pero hace falta también ser conscientes y evidenciarlo
en la ley.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego concluya.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Estoy concluyendo, señor Presidente.




En conjunto, la ley se apropia de parte de las definiciones y
regulaciones establecidas en la legislación emanada del
Parlamento de Cataluña. La paternidad de la proposición de ley es
manifiesta, especialmente por lo que hace a las grandes
superficies comerciales y a buena parte de las definiciones de
las ventas especiales.

Sobre este último punto tenemos que decir que, en conjunto,
resultan claramente positivas las definiciones y regulaciones de
las nuevas formas de venta. Lamentablemente, la realidad va más
deprisa que la ley y seguro que pronto existirán formas no
previstas, pero es bueno que se intente seguir el ritmo de la
realidad.

La ley, en cambio, tiene un aspecto muy negativo en el momento de
establecer el carácter básico de buena parte de su contenido.

Pensamos que esto va en contra del ejercicio de las competencias
autonómicas en materia comercial y en materia de protección del
consumidor. El hecho de que artículos sobre la instalación de las
grandes superficies comerciales, las ventas a pérdida, las
rebajas, los saldos, las liquidaciones, etcétera, tengan la
condición de básicos supone una gran limitación del margen de
maniobra de las comunidades autónomas con competencias
reconocidas en materia de comercio interior y de defensa del
consumidor, que resultan vacías de contenido bajo la excusa de la
omnipresente competencia estatal de las bases y la coordinación
de la planificación general de la actividad económica que fija el
artículo 149.1.13 de la Constitución.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego concluya.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Estoy concluyendo, señor Presidente.

Con referencia a Cataluña, esta ley puede suponer una invasión de
competencias ya ejercidas por el Parlamento de Cataluña, que ha
promulgado leyes como la de equipamientos comerciales, la de
regulación de ventas especiales, la de disciplina del mercado y
de defensa de consumidores y usuarios o el estatuto del
consumidor.

En resumen, es una ley incompleta con medidas positivas, es
cierto, como es poner un poco de orden en la definición y
regulación de ventas especiales, pero con importantes faltas,
producto de la indefinición y del miedo. Y para finalizar, puesto
que ya no puedo ejercer más tiempo mi derecho a la palabra, es
una ley incompleta. A pesar de todo, y con sus efectos positivos,
que los tiene y no los hemos escondido, contará con nuestro voto
favorable, un voto a todo aquello que supone poner un poco de
orden en muchos aspectos hasta ahora no tratados a favor de
definiciones y regulaciones que han demostrado en parte tener una
utilidad, un voto a favor de medidas implícitas de contención de
las grandes superficies comerciales y de alguna de sus prácticas
distorsionadoras, como, por ejemplo, el retraso abusivo en los
pagos; un voto a favor de un cuadro sancionador de prácticas
contra el consumidor y de prácticas de competencia desleal, pero
un voto a favor que no suponga dejar de trabajar para una mejora
más profunda, más integral, del comercio, del marco comercial.

Hay que votar esta ley porque es un impulso al pequeño comercio,
y éste, para nosotros, representa el gran articulador de la
sociedad civil de un país, el eje de sus barrios, el gran creador
de centralidad, y, ante



Página 10279




modelos más especulativos de economía, el pequeño y medio
comercio significa sobre todo la base de un modelo de economía
productiva más justa, más racional, mejor articulada.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

En nombre de Coalición Canaria, fijamos nuestra posición respecto
de las enmiendas que llegan del Senado a esta proposición de ley
de ordenación del comercio minorista.

Efectivamente, larga ha sido su tramitación y debate en esta
Cámara, incluso desde legislaturas pasadas, cuando tomó la
iniciativa parlamentaria el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
iniciativa que nosotros también tuvimos ocasión de debatir y
apoyar. En las sesiones de trabajo de la Ponencia creada
entonces, de la que este Diputado formó parte, vimos la
complejidad y el hondo principio de intereses económicos,
comerciales, sociales y de todo tipo, que existía en el sector
del comercio de distribución, del comercio minorista. Allí se
escucharon las opiniones de las agrupaciones del pequeño comercio
español, red y sustento de tantos puestos de trabajo y de tantas
economías familiares y domésticas, vimos los intereses de las
grandes superficies de distribución, de los súper y de los
hipermercados y también los del sector de los consumidores.

Armonizar estos intereses ha sido el gran trabajo, la gran
dificultad y el gran reto que ha entrañado llegar hoy a este
término.

La proposición de ley que hoy nos llega, incluso habiendo
matizado con el calificativo de minorista al comercio genérico
que allí se planteaba, trata de buscar fundamentalmente este
equilibrio, equilibrio en un punto conflictivo, que se ha
centrado, diríamos que casi exclusivamente, en el talón de
Aquiles de todo procedimiento comercial discutido, que es la
libertad de apertura del comercio, la libertad de horarios.

Dicho esto, quiero añadir que el texto que salió de esta Cámara
llega amplia y profundamente enmendado por el Senado. De los
proyectos de ley que han venido del Senado a lo largo de esta
legislatura, que este Diputado recuerde, pocos han venido con tal
cúmulo de enmiendas. Por citar el último, el controvertido de la
Ley de ordenación del seguro privado. Esto es testimonio de la
preocupación, importancia y trascendencia de estos textos
legales.

Aunque la mayoría de las enmiendas del Senado es de carácter
técnico y aclaratorio de algunos textos salidos de esta Cámara,
hay que destacar la gran labor realizada con estas enmiendas,
puliendo y complementando el texto que se remitió desde el
Congreso de los Diputados. A nuestro juicio, es muy acertada la
gran mayoría de estas enmiendas, contribuye a introducir nuevos
conceptos de matices y de figuras en un mundo tan complejo como
el del comercio y, por tanto, viene, señor Presidente, a dar
seguridad jurídica a esta proposición de ley para cuando se
transforme en ley. También se introduce en estas enmiendas una
serie de figuras complementarias que vienen a consolidar el
principio de clarificación del texto, y, por tanto, de seguridad
jurídica.

En lo que he calificado de fundamental, reflejado en el artículo
16, del capítulo IV, de horarios comerciales --la importancia de
este título queda reflejada en que su materia se refiere
solamente en un solo artículo, el 16--, señala la plena libertad
de horarios, como demanda una sociedad dinámica, moderna y con la
presión de los consumidores, y viene a buscar un equilibrio con
las disposiciones transitorias, concretamente en la primera.

En primer lugar, queremos destacar la labor de ordenación que han
realizado las enmiendas del Senado del texto que salió de esta
Cámara, con una sola disposición transitoria, pues ya viene con
varias disposiciones transitorias, lo que consideramos positivo
porque permite una mejor interpretación de la sistemática en los
próximos años.

Queremos destacar lo que hemos dicho, señor Presidente, el
principio de equilibrio que trata de buscar esta ley, cuando ya
en el mismo texto que habíamos aprobado nosotros en el Congreso
señalábamos el límite del 1 de enero del año 2001, para que
entrara en vigor plenamente el artículo 16. Creemos que éste
puede ser plazo suficiente para que el comercio pueda adaptar y
adecuar sus estructuras comerciales (unificación de ventas,
concentración del mismo, transportes, etcétera) para poder
responder al reto que los grandes hipermercados y las grandes
superficies le plantearán en el futuro. Esperemos que a esto
contribuya tanto esta legislación como la muy importante y
complementaria de las comunidades autónomas.

Coalición Canaria quiere reconocer aquí el principio que se hace
de competencia a favor de las comunidades autónomas que tienen
que regular esta materia. En Canarias, por coincidir allí tanto
una dispersión del territorio por el hecho insular como ser zona
turística, esta ley concede salvedades en la libertad de horarios
comerciales, junto a las restricciones de la disposición
transitoria primera, para que, con la competencia de las
comunidades autónomas, el comercio que se señala y que esté
ubicado en zonas de gran afluencia e influencia turística pueda
tener otro tipo de flexibilidad. Nosotros entendemos que la
disposición transitoria primera viene, pues, a tratar de
equilibrar y armonizar el juego de intereses legítimos, ya que,
además, en este momento, nuestro país, con sus circunstancias de
desempleo, no puede permitirse el lujo aleatorio y alegre de ir
en detrimento de un pequeño comercio, al que se le señala un
plazo para adaptarse, pero que es el generador de tantos puestos
de trabajo.

Por estas razones, señor Presidente, Coalición Canaria va a votar
favorablemente todas las enmiendas que vienen del Senado, y
también el carácter de ley orgánica.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




Página 10280




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo en este último trámite del debate de la
proposición de ley de comercio con gran satisfacción. No podía
ser de otra forma, puesto que ésta es una iniciativa instada por
mi Grupo parlamentario con insistente constancia de su necesidad;
de no haber mantenido una posición tan contundente y tan
insistente para que España pueda tener una ley de comercio, tengo
dudas sobre si hoy podríamos estar celebrando esta sesión.

Quisiera trasladarles a ustedes algunas observaciones y
consideraciones en este último debate de la ley de comercio, que
es una ley que ha tenido una singladura muy compleja en el
Congreso de los Diputados y en el Senado. Dos años. Dos años de
tramitación es mucho tiempo para una ley en la Cámara
legistlativa y quisiera traslardarles, como digo, algunas
observaciones sobre las enmiendas y sobre toda la tramitación que
hemos ido desarrollando.

Esta es una ley que finalmente deseo que sea una ley de consenso
y no porque mi Grupo lo desee caprichosamente, sino porque es una
ley que, a lo largo de esos dos años, ha tenido un gran esfuerzo
de diálogo con todos los grupos políticos. Pero no solamente con
los grupos parlamentarios y políticos, no solamente con el Grupo
Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió), en el marco
del diálogo con el Gobierno y con los demás grupos, sino que ha
sido una tramitación con un estrechísimo diálogo con la sociedad.

Todos los ponentes hemos mantenido un constante y permanente
contacto, diálogo, conversaciones, con todas las realidades hoy
relacionadas en esta ley: con el comercio pequeño, con el
comercio tradicional, con el comercio de las grandes superficies,
con las organizaciones de consumidores, con los expertos, con las
asociaciones que de alguna forma se veían implicadas en las
distintas modalidades de venta y de actividades de distribución
en España.

El comercio y la distribución en España se está transformando
profundamente, quizás como no lo está haciendo ningún otro sector
económico en estos momentos, y una ley que viene a pautar, a
ordenar el marco legislativo de esta realidad tan importante, que
acumula el 14 por ciento del producto interior bruto en España,
no podía hacerse de otra forma, sin el diálogo, sin el constante
contacto con la realidad a que va destinada. Ha sido así. Por
eso, pido legítimamente a todos los grupos parlamentarios que en
este último trámite se adhieran, para que esta ley nazca con un
gran consenso político.

Se nos recuerda por los medios de comunicación que es la ley de
un sector, que es la ley de otro sector. No es cierto. Es una ley
de equilibrio, es una ley que ha alcanzado un equilibrio de
intereses contrapuestos, legítimamente todos ellos; es una ley de
equilibrio. Y una ley de equilibrio debe nacer de esta Cámara con
el consenso político. Por eso, lo reclamo de todos los grupos
parlamentarios. Todos hemos dejado en ese equilibrio que hemos
alcanzado algo de nuestras posiciones, algo de nuestras tesis. No
es estrictamente la ley de nadie. Es la ley de todos y debe ser
la ley que debe garantizar la transformación y la modernización
del comercio en España.

Y es una ley moderna, es una ley con novedades, con importantes
novedades legislativas, que no existían en nuestro ordenamiento
jurídico y por primera vez van a aparecer en esa ley en estos
momentos.

Quiero manifestar que se implanta la segunda licencia en España,
para ordenar, simplemente ordenar, el proceso de implantación; no
negarlo, no oponerse al mismo proceso de implantación de todas
las nuevas modalidades de distribución que puedan aparecer en
España en un futuro, pero sí pautarlo, ordenarlo, que no sea sólo
y exclusivamente la Administración local la única competente para
autorizar un proceso de implantación; que sea alguna otra
administración de mayor nivel y mayor perspectiva de la realidad
de su sector la que pueda intervenir en ese proceso. Y nos parece
bien. Esto se hace recogiendo lo que ya es una realidad en otros
ordenamientos jurídicos, probado y constatado, que es bueno que
exista una segunda licencia en España.

Hay también novedades importantes en cuanto a obligar la
constitución de la Comisión de Equipamientos Comerciales en
España, que algunas comunidades no tienen.

Ahora todas deberían establecerla. ¿Por qué razón? Para implicar
a todos de la realidad del comercio, para que las organizaciones
de consumidores, de comerciantes, puedan participar también y
puedan ser escuchadas en el proceso de implantación de las nuevas
modalidades de distribución en España.

Esta ley introduce una gran novedad: se prohíbe que las
instituciones financieras puedan vender. Una prohibición de
coraje, sin duda, de coraje. Las instituciones financieras que
hagan de instituciones financieras y el comercio que haga de
comercio. Esa clarificación es positiva, muy positiva.

Tiene otra gran novedad también, y es que se prohíbe la venta a
pérdida. ¿Cuánta literatura jurídica ha generado en Europa la
prohibición de venta a pérdida? No sólamente en España; en
Alemania, en Francia, en muchos países.

¿Qué redacción se ha incorporado en esta ley? La más reciente de
las sentencias de los tribunales constitucionales de Europa. Las
conclusiones a las que han llegado las últimas sentencias de los
tribunales constitucionales de Europa. Este es un pretexto que va
a servir para dar consistencia jurídica a una problemática no
bien resuelta porque es complicada, muy complicada. Pero la
redacción es moderna, muy actual.

Otra novedad, señorías: el derecho de desistimiento, derecho que
protege el principal derecho que debemos



Página 10281




proteger en esta ley, que es el derecho del consumidor. Más del
sesenta por ciento de los artículos de esta ley, señorías, y
habrá que explicarlo a partir de hoy, son artículos redactados
desde la protección del derecho del consumidor. El derecho de
desistimiento es un ejemplo. Se protege al consumidor por encima
de cualquier otro legítimo derecho que se regula en esta ley. El
consumidor va a ver en esta ley un mayor marco legal que le va a
permitir poder tener mayor capacidad de transparencia y de
protección en el mercado para que no sea engañado, ni manipulado,
ni instrumentado.

Hay otro tema importante, otra novedad, y es la limitación. No se
puede limitar la cantidad de venta de productos. No se va a poder
limitar el volumen, la cantidad de venta de productos en el
mercado, en defensa del consumidor, como tampoco se podrán subir
los precios en razón a la cantidad; si se compra mayor volumen no
se pueden subir los precios; esto va en defensa del consumidor.

También se regula el sistema de pagos, una gran novedad en
nuestro ordenamiento jurídico. No hemos recogido la ordenación
francesa, que se ha constatado no ha sido útil, no ha sido
positiva, y hemos ido a una, digamos, nueva regulación del
sistema de pagos, en la que, sin duda, España innova un elemento
importante. Vamos a ver cómo se implanta ese proceso. El sistema
que se establece es perfectamente posible para que en España no
vaya creciendo el problema de ir difiriendo los mecanismos de
aplazamientos de pago para que el mercado pague cada vez más
tarde a sus proveedores.

Sin duda, una gran novedad de esta ley, que va a tener incidencia
positiva, son las rebajas, cuestión conflictiva que ha generado
muchas controversias y sentencias, que se pauta, se normaliza en
defensa del consumidor, para que éste sepa cuándo el mercado le
ofrece rebajas y cuando está permanentemente en rebajas, pero
encubiertamente. Habrá un período de rebajas y el consumidor
sabrá que entonces se le están ofreciendo productos en esas
circunstancias.

Sistema que se establece para los horarios comerciales. Esto es
lo más controvertido, lo más polémico; es lo único en que, al
final de esta larga tramitación de dos años, se mantienen
diferencias sustantivas entre los grupos parlamentarios. En todo
lo demás hemos sido capaces de alcanzar consensos. Hemos
alcanzado el consenso en casi todo; en ese punto hay
discrepancias. ¿Es que negamos en esta ley la libertad de
horarios? No, y lo quiero decir porque últimamente, en estas
semanas, están apareciendo muchos artículos en los medios de
comunicación interpretando falsamente esta ley. Ahí no se niega
el principio de libertad de horarios en España, pero se hace otra
cosa muy distinta, y es que, sin negar el principio, se establece
un proceso de aplicación que no es automático ni global en todo
el territorio español. No negándose el principio se cede la
competencia a la comunidad autónoma para que ella pueda
establecer el principio de libertad de horarios mañana mismo,
tras la publicación de esta ley. Que la sociedad española sepa
que cada comunidad autónoma tiene la posibilidad, porque se le da
en esta ley, de establecer plena libertad de horarios en su
ámbito territorial, pero lo debe hacer la comunidad autónoma.

¿Por qué razón? Porque la realidad del comercio no es exactamente
la misma en los distintos ámbitos del territorio español; no es
lo mismo el comercio en Canarias que en Murcia, que en Baleares,
o que el comercio en Madrid, o Barcelona. Que sea la comunidad
autónoma más cercana y más próxima a la realidad del comercio,
quien asuma esa decisión que, si se adopta, va a tener una
incidencia importante en la actividad del comercio.

Señor Presidente, quiero indicar que esta ley es muy novedosa; va
a permitir el proceso de modernización del sector del comercio;
combina los intereses del pequeño comercio, del consumidor y del
gran establecimiento, sin negar la transformación y la
modernización de esta actividad. Esta ley --me remito a algunos
de los intervinientes que me han precedido en el uso de la
palabra-- no es un pegote; no es, en absoluto, un pegote. Mi
deseo es que quien ha calificado esa ley de pegote hubiera
asistido a la Ponencia y a la Comisión a lo largo de la
tramitación, ya que nunca he tenido ocasión de escuchar sus
razonamientos, porque no he tenido posibilidad, no la he visto en
aquellos debates, y hoy nos dice que la ley es un pegote. No es
cierto, no es un pegote. España podrá estar satisfecha de que
esta ley, complicada, que regula intereses controvertidos y
contrapuestos, aparezca en un marco de consenso y de diálogo muy
estrecho. No es un pegote.




El señor PRESIDENTE: Señor Homs, le ruego concluya.




El señor HOMS I FERRET: Voy concluyendo, señor Presidente.

La verdad, señor Presidente, es que quiero hacer unas referencias
a un último aspecto importante y sustantivo de esa ley que vamos
a aprobar en esta Cámara: vamos a aprobar todas las enmiendas que
vienen del Senado, porque vienen a ratificar y a mejorar toda la
tramitación que hemos realizado en el Congreso; pero, además, en
el Senado se adopta una decisión sustantiva, importante. El
Senado propone a esta Cámara que consideremos una disposición
final segunda que da carácter orgánico a tres preceptos de la
ley: al artículo 16, a la disposición transitoria primera y a la
disposición adicional sexta. Con ello mi grupo desea expresar el
deseo de que toda la Cámara sea consciente de lo que estamos
considerando en estos momentos.

Es cierto que la comunidad autónoma de Balerares tiene un
problema, una cuestión hasta ahora no resuelta. Es la única
comunidad en España que no tiene competencias ejecutivas ni
normativas en materia de comercio. Aquellos personajes que
asistieron al pacto autonómico para reordenar las competencias se
olvidaron del comercio. Esta ley viene a resolver aquel



Página 10282




problema. Se concede a la Comunidad Autónoma de Baleares la
competencia ejecutiva en materia de comercio, sólo la ejecutiva,
y ello debe tener carácter orgánico porque así lo establece
nuestra Constitución.




El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: También se da un segundo paso y es que la
disposición transitoria primera que regula el período transitorio
de la libertad de horarios sólo pueden aplicarla aquellas siete
comunidades que en sus estatutos tienen reconocida la competencia
normativa en materia de horarios y son las que podrían establecer
y regular en el período transitorio el régimen de libertad de
horarios. Hay otras nueve comunidades en España que no podrían
establecer ninguna regulación sobre horarios comerciales porque
no tienen competencia normativa en sus estatutos y, en
consecuencia, de acuerdo con lo que se ha establecido en esta
ley, se implantaría automáticamente el principio de libertad de
horarios en su territorio.

Para que todas las comunidades autónomas en España puedan tomar
esa decisión, el Senado nos propone que también esa disposición
transitoria primera sea orgánico para que esas otras nueve
comunidades, entre las que están Madrid, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Baleares también, Canarias, Murcia,
etcétera, tengan capacidad de regular y, si regulan, puedan dar
pauta en el proceso transitorio de la libertad de horarios en su
ámbito territorial.

Nos parece acertada esa decisión, pero para que sea un hecho, es
conveniente proceder a la votación de conjunta de estos preceptos
y el Senado en su mensaje motivado nos dice que no puede
disociarse el contenido del régimen transitorio de horarios
comerciales del artículo 16 donde se establece el principio
general de libertad de horarios. No se puede desgajar el
principio de su régimen transitorio y el Senado nos recomienda en
su mensaje motivado que en ese desglose se arrastre el principio
del artículo 16, su régimen transitorio que es la disposición
transitoria primera, y luego también la disposición para
Baleares.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor HOMS I FERRET: Todo ello da contenido a una ley que va a
nacer de esta Cámara en ese último trámite, que va a ser la ley
de cesión de competencias a las comunidades autónomas, a las
nueve que no tienen competencia normativa en materia de horarios
y a Baleares estrictamente en su competencia ejecutiva.

Deseo y pido a toda la Cámara que vote favorablemente esa
decisión en bien de esta comunidad autónoma de Baleares y de las
otras nueve comunidades para que solidariamente todas las
comunidades tengan ámbito competencial para regular el régimen de
horarios en España.

Con ello, señor Presidente, termino alegrándome de ese último
trámite, felicitando a todo el sector y a los destinatarios de
esta ley ya que pueden sentirse muy satisfechos, porque hoy es un
gran día para el mundo de la distribución y del comercio en
España; damos un gran paso político que va a favorecer la
modernización del comercio en España y felicito a todos los
grupos que hemos mantenido un contacto, incluso a aquellos que no
han sabido venir a lo largo de estos dos años de diálogo y
debate.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Por fin, después de dos años y medio
tenemos Ley de comercio, parece ser que gracias a Convergència i
Unió porque el señor Homs hoy está tan contento como si ya fuera
mañana y le hubiese tocado la lotería.

En todo caso, es una ley que ha tenido en esta Cámara un trámite
largo, pesado, porque se presentó, si no recuerdo mal, en junio o
en julio de 1993, tuvo aceptación inicial de toda la Cámara que
vio la necesidad de esta ley, pero luego, inmediatamente después
de esta aceptación inicial como ley necesaria e imprescindible,
viene el largo período de silencio. No se sabe qué es la ley y
resulta que entra de lleno en los entresijos de la negociación
política.

Por cierto, al señor Solbes parece que no le gusta nada.

Convergència i Unió se convierte en esta ocasión en una
organización que quiere regular y parece ser que algunos de los
ministros más liberales del Gobierno no quieren liberalizar
tanto.

Llegamos a un momento en el que, a partir de un proceso de debate
habido con determinados sectores de la sociedad, en el que, por
nuestra parte, también hemos hecho las aportaciones necesarias,
porque hemos estado vinculados a los sectores del pequeño
comercio, de los consumidores, y otra humilde aportación
inicialmente, con la propuesta de ley, anterior a la del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), pues la nuestra fue presentada en
la anterior legislatura.

Finalmente, después de una propuesta inicial, salieron varias
propuestas más. Hubo una negociación, repito, muy farragosa y,
por último, llegamos a este acuerdo.

Debo decir que las leyes son fruto de una determinada correlación
de fuerzas, y ésta también es fruto de dicha correlación en la
que los proponentes se dividen entre los intereses clientelares
que hay en algunos casos, en relación al pequeño comercio, ya que
no se trata de defender de forma tan estricta y justa los interés
del pequeño comercio, sino, a veces, intereses clientelares, muy
legítimos todos ellos y, naturalmente, la inevitable aceptación
de la gran superficie por otro lado (y aquí está la otra parte de
la moneda, pero se remite, en este caso, al año 2001, a ver qué
pasa en el año 2001), entendiendo gran superficie como la que hay
en



Página 10283




estos momentos instalada, es decir, la gran superficie que
pertenece ya, en un 35 por ciento, a los grandes grupos
transnacionales que, como todo el mundo sabe, tanto en el sector
comercial como en el industrial, tienen sus principios, sus
intereses, hacen sus negocios, recogen sus dividendos y, luego,
hacen lo que les conviene, en algunos casos, largarse.

La ley que vamos a aprobar hoy, que es la ley posible, tiene
elementos de conflicto y de contradicción, como contradictoria y
conflictiva es la sociedad en la que se mueve, que veremos más
adelante cómo la vamos manejando en los próximos años y,
naturalmente, en el marco del año 2001.

En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos defendido o
hemos intentado defender los intereses de la pequeña y mediana
empresa y del consumidor. Así continuaremos haciéndolo, aunque no
se han recogido algunos elementos importantes que nosotros
planteábamos como, por ejemplo, el elemento de participación de
los implicados en la ley. Nosotros proponíamos que lo mejor a
nivel de cada comunidad autónoma, a nivel general y a nivel de
ayuntamiento o de municipio, sería que hubiesen participado los
que forman parte en estos momentos de la mesa del comercio
estatal, que son prácticamente todos: sindicatos, pequeños
empresarios, medianos empresarios, consumidores, etcétera. Este
aspecto, como otros, no se ha tenido en cuenta, pero, a pesar de
ello, consideramos que, en lo fundamental, esta ley es la ley
posible en estos momentos concretos: una ley que puede articular
el funcionamiento del pequeño y del gran comercio en nuestro
país, los intereses de los consumidores, algo fundamental, y, por
tanto, vamos a votarla a favor, salvo algunos artículos y alguna
disposición transitoria, incluso su carácter orgánico, en los que
tenemos algún matiz.

Nos parece que es, además, un elemento importante como ley de
bases; en este caso concreto, mi grupo no tiene temor alguno a
que se produzca una invasión de las competencias autonómicas,
como señalaba anteriormente una ilustre Diputada. A mí me parece
que es peor la invasión de los intereses transnacionales que la
invasión de una ley de bases, de carácter federal en este caso
concreto de carácter estatal, y que, a partir de esta ley de
bases, pueda incidir en la realidad concreta de Cataluña; nos
parece que ello es mejor, ya que a mí me preocupa
fundamentalmente la invasión de las transnacionales, de los
grandes grupos, que muchas veces perjudican intereses económicos
y sociales de nuestro país sin aportar nada a cambio y que se
marchan, repito, en el momento que sus intereses no están bien
defendidos en España.

Por tanto, vamos a votar, en lo fundamental, esta ley, porque nos
parece que es positiva en el momento concreto. Sobre las
contradicciones del futuro, continuaremos debatiendo
políticamente, porque aparecerán y porque, naturalmente, hay
intereses diversos en nuestra sociedad, y los hay en esta ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias señor Presidente.

Concluimos hoy el largo debate de una ley que ha tardado en
tramitarse algo más de 110 semanas, una ley que en esos dos años
largos ha conseguido que esta Cámara y la mayoría de los partidos
políticos hayan mantenido un contacto estrecho con el sector en
todos sus niveles, pero desde mi grupo tengo que afirmar que es
una ley que no ha conseguido el consenso de los grupos
parlamentarios por la vía del diálogo entre ellos, sino por la
vía de las votaciones en Comisión y en Pleno. Sí es cierto que ha
habido diálogo entre dos grupos de la Cámara, pero no es cierto
que el diálogo entre esos dos grupos se haya hecho extensible al
Grupo Popular. No obstante, el Grupo Popular tiene hoy que
mostrar su satisfacción por el hecho de que en el conjunto
mayoritario de los preceptos de esta ley se haya alcanzado un
punto de coincidencia. Nada tenemos prácticamente hoy que
reservarnos ni que matizar respecto a los preceptos del Título I,
y mucho menos respecto a los preceptos de los Títulos II y III,
donde creemos que podrán estar los mayores aciertos de esta ley;
por supuesto nada tendremos que objetar al Título que habla sobre
inspección y sanciones. Saben SS. SS., ponentes de otros grupos,
que el Grupo Popular todavía mantiene hoy una discrepancia que
consideramos básica, pero ya anunciamos que va a ser una
discrepancia que no vamos a expresar con nuestro voto negativo,
por una razón muy sencilla: dentro de esa discrepancia, hay una
parte en la que coincidimos, y es el hecho de que resulta
necesario corregir el déficit competencial de las Islas Baleares.

Ha sido mi grupo en el Senado quien ha tomado la iniciativa de
proponer esa corrección del déficit competencial de las Islas
Baleares. El derecho que tienen las Islas Baleares a tener el
mismo nivel de competencias que el resto de comunidades autónomas
en materias de comercio interior, nos hace condicionar el sentido
de nuestro voto en el resto del rango orgánico de esta ley,
aunque seguidamente explicaré en qué consiste la discrepancia que
mantenemos todavía viva en torno a la transitoria primera.

Por tanto, estamos ante una ley que creemos presenta buenas
novedades, que creemos pone, encauza y reglamenta actividades
comerciales sobre las que había un vacío legal que generaba una
inseguridad jurídica al consumidor y, por tanto, consideramos que
estamos ante una ley que, sin duda, va a favorecer el
ordenamiento interno de la distribución comercial minorista.

El Senado ha aprobado aproximadamente 59 modificaciones de la ley
de ordenación del comercio minorista. El Grupo Popular considera
que 50 de esas 59 modificaciones son meras correcciones técnicas,
son meras correcciones de estilo o, en cualquier caso,
correcciones



Página 10284




gramaticales. Por tanto, a esas 50 enmiendas el Grupo Popular va
a votar favorablemente, pero hay nueve enmiendas que todavía
guardan algún contenido de fondo, y sobre todo hay una enmienda
que consideramos no sólo tiene contenido de fondo, sino que es
trascendente para la ordenación del comercio. Es la enmienda
relativa al carácter orgánico, por la que se elevan a este rango
el artículo 16, la disposición transitoria primera y la adicional
sexta. Por la importancia y trascendencia voy a ordenar la
explicación, respecto a esta enmienda, y la posición de mi grupo.

Como conocen SS. SS. la disposición transitoria contiene dos
partes bien distintas: un primer inciso, por el que se hace
permanente y definitiva la transferencia de competencias en
regulación de horarios para las comunidades autónomas; y una
segunda parte que es la redacción literal del decreto Gómez-
Navarro, que sustituyó al decreto Boyer; un decreto que gozó en
esta Cámara de votación unánime.

Nuestra discrepancia está con el primer inciso, sólo con el
primer inciso y no por razones de carácter ideológico, sino por
razones de respeto a sentencias del Tribunal Constitucional. Sus
señorías saben que el Tribunal Constitucional ha dictado
diferentes sentencias, en julio de 1993, por las que ha declarado
la competencia en materia de regulación de horarios, una
competencia reservada y exclusiva del Estado, por tanto, no
transferible a las comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional termina diciendo en sus sentencias
cosas tales como: Dicha medida --refiriéndose a las competencias
de horarios-- debe tener un carácter básico y, en consecuencia,
ha de aplicarse a la totalidad del territorio del Estado, aunque
ello implique la consiguiente reducción de las competencias
normativas asumidas por las comunidades autónomas en materia de
comercio interior. Y sigue añadiendo: estamos, pues, ante un
supuesto para conseguir objetivos de la política económica
nacional que precisan una actuación unitaria en el conjunto del
territorio del Estado. Frente a estas razones no cabe oponer el
interés de una comunidad autónoma de proteger ciertas categorías
de establecimientos comerciales, ya que la finalidad de la medida
estatal se enlaza con la protección de intereses generales. Estos
párrafos están contenidos de la sentencia del Tribunal
Constitucional; por tanto, pretender en el inciso primero de la
transitoria, transferir de forma definitiva las competencias a
las comunidades autónomas, es estar nítidamente en contra del
sentido de estas sentencias del Tribunal Constitucional.

Por si cupiera alguna duda, ha habido una habilidad calculada en
el Senado, y aprovechando la defensa por parte del Grupo Popular
de la enmienda para restablecer las competencias de las Islas
Baleares, para corregir el déficit competencial al que tenían y
tienen derecho las Islas Baleares, el Grupo Catalán (Convergència
i Unió), de la mano del Grupo Socialista, han querido componer
una nueva ley orgánica, dentro de esta ley ordinaria, que tuviera
dos aspectos distintos: uno referente a horarios, artículo 16 y
transitoria primera, y otro referente a la corrección de
competencias en las Islas Baleares.

Creo que son dos leyes orgánicas de contenido absolutamente
distinto que podrían, deberían y tendrían que haberse tramitado
de forma distinta para poder producir una votación de forma
separada y no ha podido ser así. Esta ley orgánica, presenta un
alto grado de vulnerabilidad en materia y en términos de
constitucionalidad, y también está presentando un alto grado de
vulnerabilidad por su tramitación. Me remito, señorías, a
leerles, a ustedes portavoces que han tenido la responsabilidad
de elevar a rango de orgánica estos dos preceptos de la ley
ordinaria, el artículo 130.2 del Reglamento de esta Cámara que,
al estar regulando sobre proyectos y proposiciones de ley
orgánica, dicta y establece el siguiente ordenamiento: Si la
calificación de la ley como orgánica se produjera habiéndose ya
iniciado el debate en Comisión, el procedimiento se retrotraerá
al momento inicial de dicho debate. Verde y con asas. Estamos en
una tramitación que no se ajusta a lo establecido en el
Reglamento de la Cámara; por tanto, señorías, no sólo es
vulnerable en términos constitucionales, sino que también es
vulnerable en términos del Reglamento interno de la Cámara. Por
tratarse de un precepto que pretende otorgar transferencias de
competencias a las comunidades autónomas sobre una competencia
básica del Estado exige, sin duda, un notable y más profundo
debate.

Señores de la mayoría, no vale que una mayoría coyuntural y ya
rota en este Parlamento quiera resolver un problema estructural
de esta manera «hábilmente calculada», dicho entre comillas. A
nuestro grupo le parece que este procedimiento y el inciso
primero de la transitoria única abre un amplio campo para la
impugnación.

El resto de enmiendas que vienen del Senado, señorías, señor
Presidente, mejora el texto salido del Congreso incorporando
regulaciones sobre la venta multinivel, sobre el uso de los datos
censales... Aquí quiero hacer una advertencia. Considero que esta
enmienda presentada por mi grupo en el Senado ha sido poco
reflexionada. Es una enmienda que eleva a ordinario un precepto
que está regulado en la LORE, en la Ley General Electoral de
1985. Por tanto, no creo que sea posible --es una reflexión que
paso al resto de los grupos-- enmendar a través de una ley
ordinaria el contenido de una ley orgánica. Me estoy refiriendo a
la capacidad que se otorga para utilizar los datos censales para
actividades de comercio. Aunque sea una capacidad limitada;
aunque haya sido en su momento una propuesta de mi grupo, creo
que se ha reflexionado poco y hoy sería bueno que lo hiciéramos
aquí.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, le ruego que concluya.




Página 10285




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.

Digo que sería bueno que reflexionáramos el sentido de nuestro
voto respecto a esta enmienda porque es también bueno leer lo que
dice la LORE cuando habla de la utilización de los datos del
censo: Queda prohibida cualquier información particularizada
sobre los datos personales contenidos en el censo electoral a
excepción de los que se soliciten por conducto judicial, artículo
41.2 de la LOR. Una ley orgánica que prohíbe esta utilización no
puede ser modificada por una ley ordinaria. Por tanto, considero
que, aunque mi grupo produjo esta enmienda, todavía estamos a
tiempo de rectificar lo que creo no es un acierto en términos
jurídicos.

Nuevamente --y termino, señor Presidente-- las enmiendas del
Senado subsanan un vacío legal que existía respecto a la
regulación de franquicias que también viene a mejorar el texto
inicial.

En definitiva, señor Presidente, señorías, mi grupo va a votar
favorablemente las enmiendas que vienen del Senado. No va a
obstaculizar con sus votos en ningún caso el nivel orgánico de
los tres preceptos que se pretenden elevar, pero queremos
anticipar que, con la disculpa de cubrir la corrección del
déficit competencial de las Islas Baleares (hecho absolutamente
legítimo, derecho adquirido por Baleares y, por tanto, al que
había que otorgar primacía sobre el resto de los artículos, como
mi grupo propuso en el Senado), se ha pretendido aprovechar que
el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer permanente una
transferencia de competencias a las comunidades autónomas que el
Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional.

Además, insisto, se ha utilizado un procedimiento que está en
contra de lo que establece el Reglamento en su artículo 130.

Demasiados aspectos en un solo inciso que presentan puntos de
vulnerabilidad y puntos para poder impugnar esta ley que
consideramos necesaria para la ordenación del pequeño y mediano
comercio español.

Señor Presidente, por estas razones, el sentido del voto del
Grupo Popular va a ser favorable al conjunto de las enmiendas que
hoy vemos que nos envía el Senado en relación con la Ley de
Ordenación del Comercio Minorista.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.




El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, de entrada debo poner de manifiesto
que el Grupo Socialista va a dar su apoyo a todas y cada una de
las enmiendas que nos llegan del Senado: catorce enmiendas del
Grupo Socialista, catorce enmiendas de Convergència i Unió, siete
del Grupo Popular, cinco de Coalición Canaria y de Izquierda
Unida, dos de Eusko Alkartasuna y una del PNV. Son un conjunto de
enmiendas que vienen a mejorar sustancialmente determinados
aspectos de la Ley de Comercio y, puesto que vienen a mejorarla,
va a tener el apoyo explícito del Grupo Socialista.

Se ha dicho aquí, y yo quiero reiterarlo, que esta es una ley que
ha tenido un largo trámite. Cuando debatimos en su momento la
proposición de ley de comercio, probablemente en la primera
semana de sesión ordinaria de esta legislatura, dijimos que era
una proposición que no nos gustaba, que presentaba muchas
incoherencias, que era muy perfectible, que, no obstante, la
votábamos para enmendarla sustancialmente a lo largo de su
tramitación parlamentaria.

Pues bien, han pasado dos años y yo les digo, señorías, que en
absoluto han sido dos años baldíos, en absoluto; han sido dos
años enriquecedores y esclarecedores, y ¿por qué? Porque esta era
una ley muy sensible. Si ustedes recuerdan perfectamente, a lo
largo de 1993 el sector comercial, sometido a un profundo proceso
de reconversión, de transformación, estaba en muchos aspectos,
casi me atrevería a decir, en pie de guerra con el tema de los
horarios, con el tema de las rebajas, con el tema de las ventas a
pérdidas o la cuestión de la venta en establecimientos bancarios.

El sector se apaciguó de forma importante con el Real Decreto-ley
de horarios de diciembre de 1993. Sin embargo, para afrontar la
regulación del comercio interior, para afrontar la regulación del
comercio minorista, era necesario contar con un texto que fuera
suficientemente consensuado. Efectivamente, como se ha dicho
aquí, los diferentes grupos políticos hemos consensuado: nos
hemos reunido con todas y cada una --pocas han faltado-- de las
agrupaciones sectoriales o territoriales de comerciantes, con
organizaciones de consumidores; los diferentes grupos políticos
nos hemos reunido incluso con las comunidades autónomas y, al
final, tenemos un texto, señorías, que probablemente no guste a
todos. A mí no es el texto que más me gusta. Creo que todos hemos
renunciado y lo hemos hecho en pos de conseguir un texto que
sirva al sector. Todos hemos renunciado para que sea un texto que
sirva a los consumidores, que sirva a la transformación del
pequeño comercio; porque, señorías, debo poner de manifiesto de
forma muy clara que esta ley es muy importante, y lo es por una
razón bien sencilla, porque sirve a un sector tremendamente
importante. Es un sector que aporta el 12 por ciento del producto
interior bruto; es un sector, señorías, que ocupa a dos millones
de personas; es un sector que ocupa a 800.000 pequeños
comerciantes. En definitiva, es un sector que moviliza una parte
muy importante de los recursos económicos de este país. Pero,
además, señorías, es un sector sometido a un profundo proceso de
reconversión de transformación. Es un sector, señorías, que se
enfrenta a cambios importantes por el lado de la demanda. Las
pautas de los consumidores han variado sustancialmente; ha habido
una tremendamente importante incorporación de la mujer al
trabajo. Este es quizás uno de los signos más representativos de



Página 10286




estos últimos tres o cuatro decenios, y esto implica un cambio en
los hábitos de compra, hay una mejora de calidad de vida, hay una
mayor renta «per capita» de la familia española y esto hace que
la demanda cambie.

Pero es que también cambia la oferta. Estamos ante profundas
transformaciones desde el punto de vista de la oferta. Por
ejemplo, hay una gran concentración de la oferta. Señorías, este
es un elemento esencial. El comercio tradicional, hace diez años,
en el sector de la alimentación comercializaba en torno al 35 ó
40 por ciento de cuota de mercado; actualmente está en un 15 ó 20
por ciento el pequeño comercio tradicional. Por el contrario, la
gran superficie, el gran hipermercado ha más que doblado su cuota
de mercado igualmente en diez años; es decir, ha habido un enorme
proceso de concentración por esta vía.

Pero están apareciendo nuevas vías de venta: la venta a
distancia, la venta en franquicia; están apareciendo nuevos
segmentos de oferta que, naturalmente, requerían que esta
transformación del pequeño comercio, esta transformación del
sector de la distribución se hiciera de forma ordenada, de forma
que sirviera al propio sector y que sirviera al conjunto de los
consumidores.

Señorías, permítanme que les diga mi profundo convencimiento de
que, sin ser una ley que levante entusiasmos en nadie, es una ley
que a todos nos sirve y sirve a este proceso de forma clara y
manifiesta.

La ley afronta los grandes problemas que tiene el sector de la
distribución; por ejemplo, afronta problemas de competencia
desigual entre los distintos segmentos comerciales. Existe un
problema de competencia desigual entre gran y pequeña superficie
en plazos de pago. Existe un problema de desigual competencia en
el tema de venta a pérdidas. Existe un problema de desigual
competencia en las rebajas o en horarios comerciales.

No me voy a extender mucho, porque ya otros intervinientes
anteriormente lo han hecho de forma clara y manifiesta, pero es
una ley que entra a regular estos aspectos ordenando el comercio
interior, ordenando el sector de la distribución y permitiendo
que este pequeño comercio haga su proceso de reconversión, como
les decía, de forma ordenada, de forma adecuada, de forma no
traumática, que es, desde nuestro punto de vista, absolutamente
esencial.

Señorías, se está hablando mucho últimamente de una de las
enmiendas que nos vienen del Senado, del tema de las rebajas, de
si era conveniente o no establecer un período; si debía ser a
final de año, a principios, o, como la enmienda que planteaba el
Partido Popular, a partir del 7 de enero.

A nuestro juicio, creo que se está olvidando uno de los aspectos
más esenciales en el tema de rebajas, y es que es algo que va a
beneficiar al consumidor, porque no solamente se establece cuál
será el período de rebajas, sino que, en defensa del consumidor,
se establece qué tipo de productos se pueden ofertar en rebajas.

Se prohíbe expresamente ofertar productos fabricados expresamente
para rebajas; se prohíbe ofertar productos que no hayan sido
ofrecidos al consumidor con anterioridad a precio normal,
etcétera.

Podíamos estar entrando en una situación en la que el consumidor
realmente no supiera ni qué producto le vendían, ni cuándo
realmente se le estaban ofertando productos en rebajas. Ahí entra
de forma muy clara la ley, precisamente dando garantías al
consumidor.

Creo que levanta un importante consenso el establecimiento de
plazos, y van a ser las comunidades autónomas las que, dentro de
estos períodos preestablecidos, podrán determinar, con plena
libertad, en función de las peculiaridades autonómicas --los que
creemos en el Estado de las autonomías pensamos que esto es
bueno--, cuándo, en qué momento podrán establecer sus dos meses
de rebajas.

Sin duda, señorías, había un tema, creo que también importante,
que ya se suscitó a lo largo del debate parlamentario en el
Congreso, pero que los grupos convinimos, de alguna forma,
sustanciarlo en el Senado. Es el tema de las competencias de
determinadas comunidades autónomas, como es específicamente el
caso de Baleares. El Estatuto de Autonomía de Baleares
efectivamente, no contempla las competencias ni de desarrollo
legislativo, ni ejecutivas en materia de comercio. La realidad,
señor Aguirre, es que Baleares ahora mismo ha visto cómo el
Tribunal Superior de Justicia ha aceptado un recurso de las
grandes superficies impidiéndole que desarrolle el Real Decreto-
ley de horarios. Esa es la realidad. Si no es por una serie de
grupos parlamentarios --la mayoría de la Cámara, la práctica
totalidad de la Cámara, menos ustedes--, se vuelven a quedar
ustedes solos de nuevo, señor Aguirre, en otro tema más, porque
por mucho que usted diga desde estos micrófonos que apoyan el que
Baleares tenga competencias, si no votan ustedes el carácter
orgánico de la transferencia de competencias a Baleares, de nada
sirve. ¿Va a servir a Baleares? Baleares a ustedes se lo
demandará. Va a servir a Baleares porque el Grupo Socialista,
porque el Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque el Grupo de
Coalición Canaria, etcétera, vamos a votar favorablemente este
carácter orgánico que permitirá a Baleares desarrollar
competencias ejecutivas en materia de horarios, pero no solamente
a ellos, sino también a Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Asturias, La Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid,
desarrollar competencias legislativas y, en definitiva, sostener
en igualdad de condiciones a todas las comunidades autónomas.

Porque sí hay algo que está muy claro, es que el Decreto-ley de
horarios del año 1993 ha funcionado, y ha funcionado porque
muchas veces desde esta tribuna, o desde otros foros, nos
manifestamos por la inmediata entrada en vigor de la libertad de
horarios. Sin embargo, todas las fuerzas políticas cuando,
gobernando con mayoría suficiente en las diferentes comunidades
autónomas, ha habido la oportunidad de desarrollar el Real



Página 10287




Decreto-ley de horarios, con la única excepción de Madrid, que
incrementó los ocho domingos y festivos mínimos a doce, las
restantes comunidades autónomas han convertido los ocho mínimos
en ocho máximos. Y es sencillamente porque todos somos
conscientes de una realidad: el sector comercial requiere ordenar
el proceso de transformación. Y en este aspecto quiero recordar a
SS. SS. que el Gobierno aprobó, el Grupo Socialista defendió en
esta tribuna y se aprobó por esta Cámara un plan de modernización
del comercio interior; un plan de modernización que creo que es
tremendamente importante y está absolutamente ligado a esta ley;
un plan de modernización que va a permitir que se inyecten
recursos financieros --probablemente en torno a 60.000 millones
de pesetas-- que van a inducir una inversión de más de 300.000
millones de pesetas para favorecer la modernización del sector,
para favorecer el...




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor MARTIN MESA: Voy terminando, señor Presidente. Como
decía, para favorecer el asociacionismo dentro del sector. Va a
favorecer, en definitiva, que se produzca de forma ordenada la
transformación del comercio español, y será a partir de ese
momento cuando estemos en perfectas condiciones para la entrada
en vigor del artículo 16 de la ley, que establece la plena
libertad del comerciante para fijar los días y el horario de
apertura y cierre de sus establecimientos. Y va a ser el Gobierno
central, junto con el Gobierno de las diferentes comunidades
autónomas, los que van a poder establecer en cada momento cuándo
en su comunidad autónoma se dan las condiciones de ordenación del
sector y de modernización del sector para que entre en vigor.

Y termino, señor Presidente, señorías, poniendo de manifiesto que
el Grupo Socialista, ya en el año 1993, en nuestro programa
electoral decíamos que éramos partidarios de instrumentar las
medidas necesarias para favorecer la competitividad del comercio
español, para favorecer la transformación del comercio español.

Señores Diputados, señoras Diputadas, después de la sesión de
hoy, ya tenemos un plan de modernización del comercio y ya
tenemos una ley de ordenación del comercio minorista, y estaremos
en condiciones de garantizar un planteamiento que es
irrenunciable para el Partido Socialista, cual es el que el
pequeño comercio siga poblando los centros históricos de nuestras
ciudades pero, señorías, un comercio moderno, un comercio
competitivo, un comercio capaz de atender a las necesidades de la
demanda. Y, señorías, esta ley ayuda a ello.

Esto es todo. Muchas gracias. (El señor Aguirre Rodríguez pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.

Señor Aguirre, tiene la palabra a los solos efectos de replicar a
la parte de la intervención del señor Martín Mesa que ha
contradicho a su intervención.

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Martín Mesa, le ruego que ahora preste atención a lo que le
voy a decir, porque está claro que, o antes yo no he sabido
explicarme, o usted estaba distraído.

La iniciativa para corregir el déficit competencial que contiene
el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en el Senado,
parte de una enmienda del Grupo Popular. Creo que con su gesto
afirmativo confirma que es el Partido Popular el que pone en
marcha el mecanismo para esa corrección. En el Senado esa
enmienda goza del voto unánime de toda la Cámara. Hoy, en este
último trámite, donde vamos a expresar nuestro voto en torno a
las enmiendas del Senado, le he anunciado --y por si no lo
entiende se lo repito-- que el Grupo Popular va a votar que sí al
carácter orgánico de la disposición adicional sexta nueva, que es
la de las competencias de Baleares, a la transitoria primera y al
artículo 16. Le hago la salvedad, por si todavía no se ha
enterado, de que la disposición transitoria primera tiene un
inciso que presenta indicios de inconstitucionalidad y que la
tramitación que se ha llevado en esta Cámara creo que no guarda
ninguna coincidencia con lo establecido en el artículo 130 del
Reglamento de la Cámara y, por tanto, está tramitándose el
carácter orgánico de una forma no establecida por el Reglamento
de la Cámara.

Si con esto no le queda suficientemente claro, le reitero a S. S.

que vuelva a leer el «Diario de Sesiones» y espero que después sí
le quedará claro.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre. (El señor Martín
Mesa pide la palabra.)
El señor Martín Mesa tiene la palabra.




El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.

Producto del, a nuestro juicio, continuo cambio de posición del
Partido Popular, ha podido ser la inadecuada interpretación.

Ustedes han cambiado mucho a lo largo de la tramitación de la
ley. Prueba evidente es que hoy van a votar en contra de
enmiendas que ustedes mismos han planteado.

En cualquier caso, señor Aguirre, no debemos sino felicitarnos
todos porque al final hayan visto la luz y algo que ustedes
plantearon, y con lo que todos hemos estado de acuerdo desde el
principio, permita que las comunidades autónomas --Baleares,
particularmente-- que no podían desarrollar el tema de los
horarios puedan hacerlo. Pero habrá de comprender S. S. que
ustedes mismos han tenido una marcha absolutamente fluctuante e
indecisa a lo largo de toda la tramitación, y prueba evidente es
que incluso hoy van a votar en contra de enmiendas que ustedes
plantearon en el Senado. Esto es lo que puede inducir a error. Si
ustedes hubieran tenido un planteamiento mucho más claro



Página 10288




y directo durante toda la tramitación, no se habría producido
esto.

Es todo. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa. (El señor
Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
Señor Aguirre, a efectos de que la Cámara tenga perfecta
constancia, en relación con esta ley y las enmiendas del Senado
se han suscitado cuestiones de interés e importancia que han sido
objeto de tratamiento detenido por la Mesa y la Junta de
Portavoces. Estas cuestiones se referían, básicamente, a la
votación de esas enmiendas, no a la tramitación subsiguiente, que
ha sido pacífica y consensuada, nadie ha propuesto que tuviesen
que volver a Comisión y, por tanto, eso no ha sido controvertido
ni motivo de ninguna clase de acuerdo ni en la Junta de
Portavoces ni en la Mesa, con independencia de que sea el
criterio de S. S. respetable --y que yo respeto--, pero digo esto
a efectos de que quede claro cuál es la controversia que se había
suscitado reglamentariamente en torno a esta cuestión.

Tiene la palabra el señor Ministro de Comercio.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Señor Presidente, señorías, voy a intervenir
brevemente para hacer algunas reflexiones sobre lo que significa
la ley de comercio que hoy va a aprobar el Congreso.

En primer lugar, quiero decir que esta ha sido la ley con la que
hemos vivido toda la legislatura. El proyecto de ley fue
presentado por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el mismo
día que tomaba posesión este Gobierno y va a aprobarse en el
penúltimo Pleno de esta legislatura. Ello quiere decir que ha
sido un trámite largo y que se ha sometido a un gran debate.

¿Por qué todo esto? Evidentemente, porque el comercio afecta al
cien por cien de los ciudadanos. Es un tema de una extraordinaria
incidencia social y, por tanto, de una extraordinaria incidencia
política, que repercute directamente en dos millones cien mil
personas que trabajan en el sector comercial y en el cien por
cien de los ciudadanos como consumidores. Por consiguiente, es
una ley en la que había que lograr el mayor consenso posible. Y
eso es lo que hemos intentado a lo largo de todo este proceso, no
sólo el consenso parlamentario, sino el consenso social; hemos
intentado y hemos buscado que hubiese acuerdos entre el conjunto
de asociaciones de las diferentes formas comerciales; hemos
intentado y hemos buscado que los consumidores apoyasen una ley
que fuese razonable y que respondiese a la realidad social de
nuestro país, porque, evidentemente, la crítica fundamental que
se podía hacer al decreto-ley de 1985 es que, aunque
probablemente en abstracto no fuese un mal decreto-ley, no
respondía a la realidad social de nuestro país; es decir, en una
sociedad democrática, la gobernación de un país es un pacto
social entre los gobernantes y los gobernados y, por tanto, no es
un despotismo ilustrado, donde, en abstracto, alguien pueda
considerar qué es lo mejor para el país. Ese planteamiento
conduce a que hay que hacer una ley posible, una ley aplicable,
una ley realista para nuestro país, y la ley que hoy se aprueba -
-y no voy a entrar en detalles, que ya han sido debatidos y
expuestos por los ponentes que han intervenido-- es una ley que
se ajusta a esa realidad y que intenta dar una respuesta al
comercio español hoy. No intenta dar una respuesta para el año
1970 ni para el 2005, sino que intenta canalizar y regular lo que
es hoy el comercio español, los problemas que tiene hoy el
comercio español y lo problemas que tienen hoy los consumidores
españoles. A eso intenta dar respuesta; intenta impulsar una
transformación del sector comercial español para que cumpla mejor
su papel social, para que sea un intermediario más eficaz y
eficiente entre el productor y el consumidor; intenta que el
ciudadano, con el mismo dinero, consiga mayor capacidad de
compra, porque el coste de intermediación sea más bajo basado en
una mayor eficiencia y eficacia.

Es una ley de consenso, y eso quiere decir que no es la ley de
nadie. Evidentemente, si el Gobierno hubiese hecho una ley, no
sería exactamente ésta, como probablemente tampoco sería
exactamente ésta si la hubiese hecho el Grupo Popular o
Convergència i Unió. Es una ley de consenso, y eso significa que
cada uno ha renunciado a parte de sus objetivos al plantearse la
ley; eso significa que, evidentemente, el artículo 43.1 o el 74.2
--me estoy refiriendo a artículos inexistentes-- a alguien no le
gusta. Desde algunos medios de comunicación se ha intentado
plantear que hay discrepancias sobre la ley dentro del propio
Gobierno, que no hay una posición común. Tengo que decir que eso
no es cierto. Es verdad que a mí, o a otro ministro, o a otro,
hay algún artículo que no nos gusta. Evidentemente. Una ley de
consenso significa que se han pactado una serie de cosas con el
conjunto de las fuerzas políticas, y más siendo un Gobierno en
minoría, como es el nuestro, y se ha llegado a un acuerdo
asumible por todos; eso significa el pacto político; eso
significa gobernar en minoría; eso significa haber buscado, no
sólo un consenso político, sino un consenso social lo más amplio
posible. Creo que hemos hecho el esfuerzo de dedicarnos
intensamente durante dos años y medio a intentar conseguir el
máximo consenso posible, y creo que hemos conseguido lo mejor que
puede tener nuestro país hoy.

Se ha criticado que la ley es extraordinariamente restrictiva y
no es verdad. Decimos que queremos parecernos a Europa --yo soy
claramente de los que quiero que nos parezcamos a Europa--; pues
tengo que manifestar que probablemente esta ley es la más liberal
de todos los países europeos después de la inglesa. Desde luego,
es, sin comparación, mucho más liberal que la francesa, que la
alemana o que la italiana, sin ninguna comparación, y, por tanto,
es restrictiva en la medida en que había libertad absoluta y que
ahora



Página 10289




hay una canalización y un precepto legal, pero tengo que decirles
que el precepto legal está perfectamente razonado y que las cosas
que plantea son las que consideramos que es indispensable regular
en defensa del consumidor, en defensa de la igualdad de
oportunidades del conjunto de los comerciantes y en defensa de la
posible competencia entre pequeños comerciantes y grandes
superficies; es fundamental para prestar servicio al consumidor.

Por tanto, se trata de una ley razonable, de una ley que aborda
los problemas fundamentales que tiene hoy el comercio y de una
ley para hoy y para los próximos años. Es muy posible que dentro
de siete u ocho años haya que hacer otra ley; seguro; porque el
comercio y la sociedad evolucionan y la ley tiene que dar
respuesta en cada momento a las necesidades que la sociedad
plantea.

Quiero mostrar mi satisfacción por la ley que hoy se aprueba;
creo que es una ley positiva, que marca un gran final de
legislatura, que responde a una parte importante de las
expectativas de la mayor parte de las personas implicadas en este
sector, sin ignorar al consumidor. He leído que esta ley ignora
al consumidor. No es cierto. Ni lo hemos ignorado en las
negociaciones, ni lo hemos ignorado desde el punto de vista
sociológico. El Gobierno ha encargado encuestas para saber cuál
era la opinión de los consumidores sobre la regulación de este
sector. Hemos preguntado: ¿Usted quiere una regulación o no la
quiere? La respuesta es que hay una división prácticamente al 50
por ciento entre las personas que quieren libertad absoluta, en
términos comerciales, y los que quieren una regulación
restrictiva. En concreto, un 48 por ciento desea una regulación
restrictiva y un 46 que no quiere ningún tipo de regulación.

La segunda pregunta decía: ¿Usted quiere una regulación, o una
libertad absoluta que perjudique a los pequeños comerciantes? La
diferencia en este caso era de 15 puntos a favor de los que
querían la regulación. Pero en la respuesta a la primera pregunta
había algo más de un 50 por ciento que quería regulación. Esto
quiere decir que la sociedad española está dividida sobre este
tema. Por tanto, no se puede decir que hemos actuado
clientelarmente para los comerciantes, ignorando al consumidor.

Creo que esta ley es razonable y desde luego muestro la
satisfacción del Gobierno porque esta ley se apruebe en esta
legislatura. Felicito a todos los grupos, y expresamente al Grupo
Popular. Me alegro muchísimo de que vuelva al redil, después de
haber ido a rastras en la mayor parte de la tramitación de esta
ley; me alegro de que hoy se incorpore y vote a favor de la
misma. Con ello adquiere el consenso político necesario para ser
una ley consensuada en su globalidad, al margen de discrepancias
puntuales en algún aspecto concreto, en lo cual no voy a entrar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Vamos a proceder a las votaciones.

Enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica
gratuita.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 320.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.

Enmiendas del Senado a la proposición de ley de ordenación del
comercio. Enmiendas a los artículos 8.2, párrafo primero; 23 y
26.2.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 172; en contra, 17; abstenciones, 131.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmienda al artículo 26.1.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 172; en contra, 148.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 24.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 172; en contra, 16; abstenciones, 132.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 40.3.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 183; en contra, 135; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda a la disposición adicional segunda.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 185; en contra, cuatro; abstenciones,
132.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. Enmienda
consistente en la disposición transitoria segunda nueva.

Comienza la votación. (Pausa.)



Página 10290




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 304; en contra, cuatro; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda a la disposición transitoria primera, párrafo segundo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 186; en contra, cuatro; abstenciones,
130.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda a la disposición transitoria primera, regla tercera.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 304; en contra, 16; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda a la disposición adicional sexta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 318; en contra, uno; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda a la disposición final primera.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 184; en contra, cuatro; abstenciones,
132.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda a la disposición final segunda en lo relativo a la
disposición adicional sexta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al resto de la disposición final segunda.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 317; en contra, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Restantes enmiendas del Senado a esta proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 317; en contra, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Habiéndose aprobado por el Pleno las enmiendas introducidas por
el Senado referentes a la disposición adicional sexta y a la
disposición final segunda en relación con el artículo 16 y la
disposición transitoria primera de la proposición de ley de
ordenación del comercio que le fue remitida por el Congreso,
corresponde proponer al Pleno, a tenor de lo dispuesto por la
Mesa y la Junta de Portavoces, el desglose de los preceptos
citados en una proposición de ley orgánica complementaria de la
ordenación del comercio minorista, aprobada de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 81 de la Constitución en relación con el
artículo 150.2 que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
81 de la Constitución, repito, será sometido a una votación final
de conjunto, como ha sido anunciado, a las doce o en el momento
posterior en que el debate en curso lo permita.




DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:



--PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN
QUITO EL 25 DE AGOSTO DE 1995 (Número de expediente 110/000195)



--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR
PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO EN QUITO EL 25
DE AGOSTO DE 1995 (Número de expediente 110/000196)



--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 13 DE MAYO DE 1960, CONSTITUTIVO
DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE SUPRESION DE VISADOS
(Número de expediente 110/000197)



--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE
COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO
EN BAYONA EL 10 DE MARZO DE 1995 (Número de expediente
110/000198)



Página 10291




--ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA, HECHO EN
YAKARTA EL 30 DE MAYO DE 1995 (Número de expediente 110/000199)



--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, Y
PROTOCOLO HECHO EN YAKARTA EL 30 DE MAYO DE 1995 (Número de
expediente 110/000200)



--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE
INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MEXICO EL 23 DE JUNIO DE
1995 (Número de expediente 110/000201)



--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO NUMERO CINCO RELATIVO A LA
INTEGRACION
DE LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL
APOYO EN SERVICIO DEL MRCA (NAMMA) Y LA AGENCIA OTAN DE GESTION
DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EFA (NEFMA) EN
LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA
LOGISTICA DEL EF2000 Y DEL TORNADO (NETMA) (Número de expediente
110/000202)



--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPUBLICA DE ESTONIA, POR OTRA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN
LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente
110/000203)



--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPUBLICA DE LITUANIA, POR OTRA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN
LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente
110/000205)



El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales.

¿Desea algún grupo intervenir en relación con alguno de estos
dictámenes? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de los mismos.

Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre
el Reino de España y la República del Ecuador.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 319; a favor, 317; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para
el cumplimiento de condenas penales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 322.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo
de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresion de
visados.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
cooperacion trasnfronteriza entre entidades territoriales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 320.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República de Indonesia.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 310; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia
para evitar la doble imposicion y prevenir la evasion fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 311; abstenciones, 12.




Página 10292




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; votos a favor, 323.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la
integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y el apoyo en servicio del MRCA y la Agencia OTAN de
gestión del desarrollo, la produccion y la logística del EFA en
la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la
logística del EF2000 y del Tornado.

Comienza la votación. (Pausa)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; votos a favor, 307; votos en contra, dos;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Estonia, por otra.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; votos a favor, 319; votos en contra, dos;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros por una parte, y la
República de Lituania, por otra.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; votos a favor, 322; votos en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA EL TRASVASE DE 55
HECTOMETROS CUBICOS A LA CUENCA DEL SEGURA Y SE CONCEDEN
SUPLEMENTOS DE CREDITO POR IMPORTE DE 15.000 MILLONES DE PESETAS
AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE AL
OBJETO DE FINANCIAR DETERMINADAS OBRAS PARA HACER FRENTE A LA
SITUACION DE GRAVISIMA SEQUIA. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO LEY
7/1995, DE 4 DE AGOSTO) (Número de expediente 121/000114)



El señor PRESIDENTE: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas
legislativas.

Proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55
hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden
suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de pesetas
al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al
objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la
situación de gravísima sequía.

Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Madero.

(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)



El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, me
corresponde intervenir, en nombre del Grupo Popular, en este
debate sobre el dictamen de la Comisión de Presupuestos, referido
al proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55
hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden
suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de pesetas
al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente al
objeto de financiar determinadas obras.

Como recordarán SS. SS. --y si no aquí estamos para recordárselo-
- el Gobierno y, en su nombre, el Ministro de Obras Públicas, el
señor Borrell, que estaba presente hace un momento en la sala y
ahora no lo está, decició efectuar este trasvase de 55
hectómetros cúbicos, con carácter extraordinario, desde el Tajo
al Segura ante la situación de extrema gravedad --bien es cierto-
- que había generado la fuerte sequía en el sureste español.

Esta decisión la plasmó el Gobierno de la nación en el Real
Decreto-ley 7/1995 y los grupos parlamentarios de esta Cámara
decidimos su convalidación al tiempo que expresamos unánimemente
nuestra decisión de que fuera tramitado como proyecto de ley y
como tal, señor Presidente, señorías, ha sido debatido en la
Comisión de Presupuestos y el dictamen de la misma se debate
finalmente hoy, en este Pleno.

Este proyecto de ley tiene dos partes bien diferenciadas; una, el
trasvase en sí que el Gobierno decidió, como he señalado
anteriormente, que se hiciera hace meses y, por tanto, cualquiera
que sea el sentido del voto de esta Cámara, no va a influir en
una decisión que ya es irreversible.

La otra parte, el Real Decreto-ley que se tramita como proyecto
de ley, es la aprobación de suplementos de créditos al Ministerio
de Obras Públicas por un importe



Página 10293




ya citado de 15.000 millones de pesetas para determinadas obras.

Subrayamos el término: «determinadas obras», porque mi Grupo
entiende que lo que hay que hacer es determinarlas, es decir,
expresar concreta y claramente en qué obras se van a invertir
esos 15.000 millones de pesetas.

En coherencia con lo que anteriormente he expresado, el Grupo
Popular presentó, defendió en Comisión y defiende en este Pleno
las enmiendas correspondientes para la determinada y concreta
asignación de esos fondos que queremos aprobar. Así nos parece de
total oportunidad política y de verdadera solidaridad
interterritorial que esos recursos sean aplicados en obras a
realizar en la región cedente del agua.

Señorías, la sequía no ha afectado solamente al sureste español,
al sureste peninsular. La sequía ha afectado en buena parte al
total del territorio peninsular y de las propias islas y este
verano se produjo un trasvase extraordinario de agua desde una
región, Castilla-La Mancha, que no tenía agua hacia otra, Murcia,
que todavía tenía menos. Parece obvio que cuando aparece una
compensación económica, ésta venga a paliar las múltiples
carencias que tiene la región cedente.

No pretendemos, señorías, reproducir en el Pleno el debate que se
suscitó en la Comisión. Simplemente queremos señalar algunos
aspectos que nos parecen de interés.

En primer lugar, tal como he indicado hace unos momentos, el
Grupo Popular entiende que por justicia, por solidaridad y por
lógica, las compensaciones a un trasvase extraordinario
corresponden a la región cedente de la cual no voy a hacer aquí
una apología de carencias y niveles de infradesarrollo, sobre
todo, en algunas de sus comarcas, pero entendemos que ésta es una
ocasión extraordinaria y única de restañar injusticias históricas
con una zona que lo da todo a cambio de nada o de muy poco --y
estoy hablando de Castilla-La Mancha--. Efectivamente, en la
región cedente, en la región desde la que se trasvasa el agua del
Tajo y, en especial, en las provincias de Cuenca y Guadalajara,
por una pésima gestión del trasvase Tajo-Segura y por una
cicatera aplicación de la ley que lo regula, se está provocando
la depresión más absoluta en las zonas cedentes de agua. A los
murcianos les sale cara el agua. Los habitantes del sureste pagan
cada año una cantidad importante por el agua que reciben, pero
esos fondos no llegan, ni de lejos, ni en la cuantía ni en la
forma adecuada, a las zonas cedentes.

Los pueblos ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía,
las comarcas alcarreñas de Cuenca y Guadalajara, los municipios
colindantes a la cuenca Tajo-Segura, son zonas, como es conocido
por SS. SS., de fuerte depresión económica y en clarísima
regresión poblacional y social. Ni han recibido el apoyo
financiero que regularmente debían recibir para su desarrollo, ni
se han hecho las obras de compensación que deberían haberse
realizado en otros momentos. Dichos fondos y obras ni son
producto de mi imaginación ni son un capricho de mi Grupo. Son
claramente las obligaciones que el Gobierno socialista tiene con
unos territorios, explicitadas en la ley que regula el trasvase
de aguas del Tajo al Segura.

Reiteramos, una vez más, señorías, la oportunidad de nuestras
enmiendas, en el sentido de aplicar esos 15.000 millones de
pesetas a obras concretas en la zona cedente, es decir, en
Castilla-La Mancha, reparando así, en parte, una injusticia que
viene de lejos y que se está agudizando de diez años a esta
parte.

Además, señor Presidente, señorías, el Grupo Popular ha
presentado, como anexo único en su enmienda número 9, una
relación concisa y concreta de obras a realizar en cada pueblo y
en cada comarca. No pretendemos ni deseamos una aplicación
indeterminada y arbitraria de unos fondos, sino que se apliquen a
inversiones perfectamente definidas que detallamos en el anexo
único de la citada enmienda.

Se adujo en Comisión, por el portavoz del Grupo Socialista, que
no correspondía hacer algunas de estas obras al Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Reitero nuestro
argumento de que muchas de las obras que pedimos ya debieran
estar hechas si se hubiera aplicado adecuadamente la legislación
vigente y si se hubiera gestionado correctamente la ley que
regula el trasvase Tajo-Segura. Cabe preguntarse dónde está
escrito que esas obras que nosotros pedimos las tenga que hacer
tal o cual administración.

Las obras que proponemos son absolutamente necesarias. Han sido
consultados los pueblos, las diputaciones y la propia autonomía
de Castilla-La Mancha. Son, repito, absolutamente necesarias.

Incluso sería deseable que se produjera una concurrencia de las
administraciones local, autonómica y central, con lo cual, la
aportación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (los 15.000 millones que aparecen en este proyecto de
ley), serviría para coadyuvar a unas inversiones mayores, para
hacer una red de servicios mucho más completa y para llevar a
cabo unas obras de todo punto necesarias, como son la captación y
conducción de aguas, su depuración, restauración de
comunicaciones, pozos comunitarios para la agricultura, etcétera.

Señor Presidente, señorías, ni un solo grupo parlamentario ha
indicado y definido en qué obras concretas han de invertirse los
fondos que aquí pretendemos aprobar como suplemento de crédito al
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. No
entendimos en la Comisión la postura del Grupo Socialista
negándose a aceptar una relación exacta y concreta de inversiones
que mi Grupo propone, propiciando una indefinición total, dejando
la aplicación de unos fondos a la arbitrariedad del Ministerio y
renunciando a la asignación concreta de esta Cámara, que es lo
que entendemos que debería hacerse.

Concluyo, señor Presidente --y cumplo mi promesa de brevedad--,
diciendo que el Grupo Popular apoya



Página 10294




sin reservas la concesión de los suplementos de crédito que el
Gobierno propone en el presente Real Decreto-ley, y que deseamos
que su aplicación se haga en las obras que se indican en nuestra
enmienda número 9.

Para esta enmienda, y para el resto de las que quedan vivas para
este Pleno, solicito el voto favorable de la Cámara, apelando,
como decía al principio, a la lógica, a la justicia y a la
solidaridad con una parte de España que lo ha dado todo a cambio
de casi nada.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Madero.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es
que la tramitación de un Decreto-Ley, como fue el del trasvase
Tajo-Segura, de 55 hectómetros cúbicos, y un suplemento de
crédito, unía dos cosas: hay una necesidad para una sequía y,
aparte de eso, hacemos unas obras de infraestructura y nos damos
un crédito extraordinario de 15.000 millones de pesetas. Se pidió
que se tramitara como proyecto de ley y, por tanto, aceptarlo
suponía mejorar el texto de este proyecto. Los esfuerzos inútiles
llevan a melancolía; al final, la tramitación de este proyecto
termina hoy aquí, no va a ir al Senado, no va a volver y se va a
quedar tal cual estaba en el Decreto-Ley. Pero ¿por qué hemos
mantenido nuestras enmiendas a este debate? Por cumplir aquello
que fue nuestra demanda de que se tramitase como proyecto de ley
y para que se debatiera lo que proponíamos modificar de aquella
propuesta.

El trasvase del que ahora mismo hablamos está realizado, con el
agua se ha regado y los bancales tienen el agua distribuida. Por
tanto, no es un problema de ese recurso. Lo que mi Grupo plantea
como discusión es el crédito extraordinario, estos 15.000
millones de pesetas, para qué se da ese crédito extraordinario y
qué obras se van a hacer. Por parte del Grupo Popular --después
me referiré a sus enmiendas-- se ha propuesto una distribución de
estos 15.000 millones de pesetas distinta a la que el propio
proyecto propone. El proyecto dice que se van a gastar en obras
hidráulicas de carácter excepcional 14.500 millones de pesetas y
en obras de saneamiento y depuración 500 millones de pesetas. El
Grupo Popular lo distribuye de otra manera, diciendo que son
obras excepcionales para compensar ese volumen de trasvase que se
ha hecho. Yo no considero que eso sea así, por lo menos así no lo
es en el proyecto. Este proyecto venía con otro relativo a otro
trasvase de 53 hectómetros cúbicos que iban a ir al Alto Guadiana
para que se abasteciesen Ciudad Real y los núcleos de población a
la orilla del Tajo-Segura.

¿Para qué iba este crédito? Fundamentalmente para la realización
de obras y actuaciones de carácter hidrológico destinadas a
asegurar el abastecimiento de agua a numerosas poblaciones y a
paliar en lo posible los gravísimos efectos de la sequía. ¿Qué
pretenden las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida? Que las
obras que estaban medidas, presupuestadas y que justificaban
estas cuantificaciones que figuran en el artículo 2 del proyecto,
y que anunció de viva voz en su comparecencia el propio Ministro,
señor Borrell, cuando presentó el proyecto aquí, se añadan y que
se especifiquen, porque si no se especifican obra a obra y
actuación a actuación venimos a decir algo así como que
aprovechando que hemos hecho un trasvase, damos al señor Borrell
15.000 millones para que él los pueda gastar en obras de
saneamiento y depuración o en obras hidráulicas.

Además, hay otra enmienda nuestra que va dirigida al artículo 5,
porque en el mismo se autoriza este crédito y se exime de los
efectos de las limitaciones para autorizar transferencias de
créditos que establece el artículo 70 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, que precisamente dice en su letra b):
No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplemento o transferencia. En el artículo 5 de este proyecto de
ley se viene a autorizar al propio Gobierno para que estas obras
se queden dentro del Programa 512A, gestión de infraestructuras y
recursos hidráulicos, y dentro del Programa 441A, que es
saneamiento y calidad de aguas. Si este artículo queda así, estos
dineros pueden destinarse a estas obras, a otras obras o moverse
en todo el programa que hay ahí. Hemos reducido las limitaciones
que nos da la Ley General Presupuestaria, hemos reducido las
limitaciones de la Ley de Presupuestos. ¿Por qué? Porque hemos
puesto un dinero para que sea administrado. Eso es lo que
nosotros no compartimos del proyecto del Gobierno. Creemos que
cuando se hace un crédito extraordinario hay que decir para qué,
con qué cuantía cada uno y precisarlo. Como nosotros no queríamos
ir a una competición de propuestas que no se deben entender en la
forma que se han planteado, hubiéramos preferido que ese anexo se
indicase por el Gobierno en el trámite de este proyecto y en el
de nuestras propias enmiendas. Esto no ha sido así y nos hemos
encontrado con que no vamos a tener esa posibilidad de anexo.

La enmienda número 6 de Izquierda Unida pretendía que esta
actuación de trasvase no estuviese sujeta a una actuación
permanente de decreto y que se creasen unas condiciones para que
hubiese una medidas generales de actuación contra la sequía en
las que se pudiesen recoger elementos valorativos para que el
debate no se hiciese trasvase a trasvase, porque esto lo que hace
es provocar una tensión permanente entre la cuenca cedente y la
que demanda ese agua.

Se me puede decir que esto lo tiene que hacer el Plan Hidrológico
Nacional. Pero, mientras tanto, como aquel del chiste, ¿hay
alguien más? Porque el Plan Hidrológico puede tardar uno, dos,
tres años, la sequía también puede durar uno, dos, tres años y
cada actuación va a ir



Página 10295




por un decreto. Este año hemos tenido cinco decretos de sequía.

¿Va a ser ésa la fórmula? ¿Fórmula por la que un decreto va a
tener que ir acompañado permanentemente con un crédito? Esta es
un arma y una forma de gobernar que no creemos que sea la más
ajustada.

Retiro la primera enmienda, enmienda que ya retiré en Comisión
pero que ha venido mantenida al Pleno, que pretendía que el agua
que se trasvasara se midiese en el complejo Entrepeñas Buendía --
porque en ese control público que es donde está el agua se puede
saber qué volumen se puede mover-- en lugar de hacerlo en la
parte de Bolarque, que es donde está la central eléctrica; aunque
es cierto que hay movimientos de agua que no son trasvasados y
que lógicamente es mejor hacerlo desde Bolarque.

La propuesta del anexo del Grupo Popular no la podemos votar
porque, señorías, aprovechando que hay un trasvase aquí se
introducen unas obras que me gustaría comentar. El portavoz del
Grupo Popular ha venido a decir que son obras necesarias y
urgentes. Ahora bien, les voy a leer algunas para que podamos ver
si eso es así o no. Por ejemplo, en Albacete, actuaciones en los
municipios de Almansa, Bonete, Hellín, La Roda y Caudete, para
reparar las redes de distribución de aguas al objeto de evitar
las pérdidas que oscilan del 50 al 30 por ciento. Díganme ustedes
qué ayuntamiento de Albacete o de Toledo no tiene la misma
pérdida de agua en la distribución, incluidos también los de la
región de Murcia o los de Almería. Porque aquí cada vez que se
habla del trasvase se cita Murcia, pero, además de Murcia están
Almería, Alicante y Hellín que es una parte de Castilla que no
está en la parte alta (el canal tiene un volumen de hectáreas en
distribución; en este último riego es verdad que no, pero en la
distribución del Tajo-Segura, sí).

Ustedes proponen más cosas. Se han reunido con los alcaldes de la
zona y han hecho un listado de obras. Esto me parece bien, pero
lo lógico es que el Gobierno del Estado hable con el Gobierno de
la región y con los gobiernos municipales. Les voy a leer algunas
propuestas que ustedes hacen: Mejora de reposición en
servidumbres en la carretera Guadalajara-971, Guadalajara-998,
Nacional-320. Otra: Pozos comunitarios para recuperar cultivos
leñosos, vid, almendro y frutales en Guadalajara. ¿Este es el
sitio para poner esta relación de obras? ¿Son estas obras las que
deben de ir? ¿Obedece esto a una propuesta estudiada y coordinada
entre las Administraciones? Nosotros preferimos que las
propuestas sean las que anunció el Gobierno, y que han sido
discutidas, en lugar de las que se nos puedan ocurrir en cada
momento. De lo contrario, en cada discusión entraríamos en una
negociación que provocaría más confrontación, aunque sé que su
objetivo es positivo. Su objetivo es bueno ya que intentan
conseguir que la cuenca que hace un esfuerzo reciba lo que no ha
recibido en el desarrollo de la Ley del Trasvase. Estoy de
acuerdo en que eso sea así, pero con este procedimiento no
estamos logrando el objetivo que ustedes proponen. No se está
logrando ir a este tipo de concreción.

Por todo esto nuestro Grupo va a votar en contra de la enmienda
que hace referencia a la cuantificación, debido a que distribuyen
2.000 millones por un lado y 12.000 por otro en razón a los
argumentos que ustedes han dado. En cambio, votaremos a favor de
la otra enmienda que propone declarar de utilidad las obras. Esto
nos parece lógico, porque, si no se declaran de utilidad, la
actuación sobre ellas puede tener una limitación determinada.

En todo caso espero que el tema del agua en este país entre en la
dinámica de ser discutido, de ser consensuado y acabar con las
batallas sistemáticas ya que como decía en la Comisión, y por la
poca experiencia que tengo, por este motivo han surgido más que
pequeñas discusiones. El tema del agua tiene que ser un problema
conjunto de todos los españoles para evitar confrontaciones
equivocadas que no nos llevaría a ningún camino, sino a una
batalla de roba agua/buena gestión del agua. Y esa dinámica, esa
dialéctica, jamás ayudará a resolver un problema de Estado como
debe ser el problema del agua.

Nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Para turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Alonso Conesa.




El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a la tribuna para defender un turno en contra de
las enmiendas que han presentado, tanto el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como el Grupo Popular,
al proyecto de ley por el que se autoriza un trasvase de 55
hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se concede un
crédito extraordinario de 15.000 millones de pesetas al
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente al
objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la
grave situación de sequía.

En primer lugar, señorías, quiero definir que mi Grupo va a votar
en contra de estas enmiendas, como hizo en Comisión, por
coherencia al contenido y al objeto de este Decreto. Hemos tenido
en la Cámara en los últimos días un debate importante sobre el
agua que vinculaba dos decretos, el relativo al trasvase Tajo-
Guadiana y el que hace referencia al trasvase Tajo-Segura.

Mi Grupo quiere hacer especial hincapié en el contenido global de
ambos decretos y el debate del agua y, desde luego, justificar su
voto en contra a las enmiendas, especialmente del Grupo Popular,
debido a la incoherencia, a la falta de sentido de Estado que
tiene en un tema tan grave y tan importante como es el reparto de
un bien escaso como el agua.

El Grupo Parlamentario Socialista no va a mantener en cada región
el discurso que interesa oír electoralmente



Página 10296




a los ciudadanos, como ha venido haciendo el Partido Popular
tanto en la región de Murcia como en la de Castilla-La Mancha.

Nosotros, los socialistas, señorías, no vamos a decir a los
ciudadanos de la región de Murcia que el trasvase Tajo-Guadiana
quita el agua a los agricultores de la región de Murcia y de
Valencia, como ha hecho el Partido Popular. Vamos a apoyar ese
trasvase, como hemos hecho en Comisión y como venimos haciendo
permanentemente, porque es un ejercicio de solidaridad y de
reparto de un bien escaso que hace falta en todos los lugares.

Por tanto, señorías, el Partido Popular demuestra una supina
falta de responsabilidad y, desde luego, un gran electoralismo
cuando acude a la región de Murcia a decir esto a los ciudadanos.

Tampoco los socialistas vamos a decir a los ciudadanos de
Castilla-La Mancha que, como ahora explicaré al referirme a la
enmienda, el reparto de los 15.000 millones de pesetas se hará no
para compensar nada, sino para actuar sobre el problema de la
sequía, y por tanto derivar a obras prioritarias para actuaciones
hidráulicas o el abastecimiento del agua, no para compensaciones.

No vamos a decir a los ciudadanos, como hace el Partido Popular,
que van a tener tal o cual arreglo de carretera o tal o cual
repoblación forestal aprovechando esta circunstancia y que son
los socialistas los malos, tanto en la región de Murcia como en
Castilla-La Mancha.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista en su conjunto, tanto
si habla un Diputado de Castilla-La Mancha como si habla un
diputado de la región de Murcia o cuando habla un Diputado de la
Comunidad Valenciana, mantiene el mismo ejercicio de
responsabilidad y de coherencia ante un problema tan grave como
el que está planteado.

Miren, señoras y señores Diputados, la coherencia del Grupo
Popular en sus enmiendas. En la enmienda al artículo 1, apartado
1, demuestran claramente su graves contradicciones. Hablan
permanentemente de la necesidad de los trasvases en algunos
sitios cuando les interesa, pero cuando lo traducen a textos
legales es cuando notamos dónde se esconde el verdadero carácter
insolidario e incapaz de abordar este problema del Partido
Popular. En esta enmienda se dice, respecto del trasvase a la
cuenca del Segura que se autoriza por una sola vez y con carácter
extraordinario. Miren ustedes, señoras y señores Diputados, el
Grupo Parlamentario Socialista va a defender, como lo ha venido
haciendo, que no se haga por una sola vez. Ojalá haya suficientes
recursos como para no hacer trasvases, pero si hay que hacer
trasvases, como ha venido haciendo el Gobierno de España, el
Gobierno socialista, los hará con el rigor y la responsabilidad
que corresponde. Y aquí es donde se demuestra la falta de visión
y de responsabilidad del Grupo Popular cuando en un sitio dice
una cosa y luego lo traslada de manera distinta a otra.

Señorías, también quiero hacer referencia a la otra enmienda
importante que mi Grupo va a rechazar relacionada con el artículo
2 y que se refiere a la distribución del crédito extraordinario.

Como digo, será fácil para el Grupo Popular acudir a Castilla-La
Mancha y decir que los socialistas nos hemos opuesto a arreglar a
algunas carreteras y a repartir el dinero a razón de 3.000
millones por provincia y se ha acabado el problema. (Un señor
Diputado: ¡Así es!)
Miren ustedes, los parlamentarios socialistas defendemos que este
crédito se enmarque en el objetivo con el que viene, optimizar
las inversiones que hay que hacer en los recursos hidráulicos e
ir consiguiendo que el agua y las infraestructuras que se
necesitan estén más ajustadas para que pueda utilizarse lo mejor
posible. No viene para compensar nada, señorías, viene para esto.

Ustedes han cogido el listado del plan provincial de algunas
diputaciones y algunos ayuntamientos, lo han trasladado aquí, con
una alta irresponsabilidad, reitero, porque estamos hablando del
agua y no estamos de cualquier cosa, y pretenden poner de
manifiesto que nos oponemos a que se arreglen carreteras o a que
se arreglen espacios forestales. Pues, miren ustedes, no nos
oponemos. Es más, quiero decirles que los socialistas nos
sentimos orgullosos de la importante gestión que están haciendo
los gobiernos socialistas y especialmente el del señor Bono para
corregir estas carencias y estas deficiencias mediante otros
instrumentos presupuestarios, y que no pensamos que a río
revuelto haya que aprovechar cualquier circunstancia para
justificar estas cuestiones.

Por tanto, quiero dejar claro que el Grupo Socialista defiende y
mantiene el contenido del texto que propuso el Gobierno porque se
van a aplicar las medidas contenidas en el mismo para cubrir las
necesidades, los recursos hidráulicos y las infraestructuras que
la cuenca precisa.

Por último, señor Presidente, señorías, quiero dejar claro desde
la posición del Grupo Parlamentario Socialista que cuando
celebremos tanto el debate de los trasvases como el importante
debate relacionado con la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional, respecto al que estoy seguro de que en pocas fechas lo
desarrollaremos y todos expondremos nuestras respectivas
posturas, el Grupo Popular tendrá oportunidad de decir qué tipo
de plan hidrológico quiere, si está de acuerdo con el que hay en
este momento, conocido por los distintos sectores a los que les
preocupa y les interesa esta cuestión, si prefiere cualquier otro
plan, cuántos trasvases le van a parecer bien y qué tipo de
infraestructura se necesitaría. Ese será el momento de ver una
vez más la coherencia o no coherencia del Grupo Popular.

Señorías, los socialistas de un punto a otro de España vamos a
defender, lo estamos haciendo ya, el Gobierno lo ha venido
demostrando, la necesaria aprobación del Plan Hidrológico
Nacional.

Quiero acabar mi intervención, señoras y señores Diputados,
manifestando a los agricultores de la región de Murcia y de
Valencia que el Gobierno de España ha conseguido el agua que se
ha necesitado desde



Página 10297




1982, con más o menos problemas pero la ha conseguido. También
hay que decir a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que la
responsabilidad del Gobierno de España ha hecho posible encontrar
ese equilibrio para que no haya enfrentamiento entre una
comunidad y otra, que es algo ajeno a la voluntad de solidaridad
y de responsabilidad que tiene este Gobierno y que tiene el Grupo
Parlamentario que lo sustenta.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alonso.

Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Madero.




El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en este turno de réplica, entre mi natural tranquilidad
y el catarro que tengo le aseguro, señor Alonso, que quizá no
llegue a decir las cosas tan insensatas que usted acaba de decir.

Dice: incoherencia supina, falta de responsabilidad, falta de
sentido de Estado.Vamos a empezar por lo último.

Efectivamente, en el debate del Plan Hidrológico Nacional --por
cierto, ha habido bastantes años para que la Administración
socialista lo trajera a esta Cámara-- nos veremos, y ya le
anticipo nuestra opinión: el agua y el Plan Hidrológico Nacional
son un tema de Estado, en el que lo deseable sería que todos nos
pusiéramos de acuerdo.

Señor Alonso, de incoherencia, demagogia y de hacer en cada sitio
un discurso no nos digan nada a los del Partido Popular, cuando
S. S. aquí está profiriendo términos absolutamente contrarios a
los que dice su partido, con el señor Bono, al que usted ha
mentado, Presidente regional, a la cabeza. Mayor demagogia, mayor
incoherencia, no cabe.

Nadie se ha negado en esta Cámara y ningún Grupo Parlamentario se
niega a que en un momento dado se haga un trasvase como el que
hizo este verano el Gobierno. Este verano el Gobierno decidió
hacer el trasvase, porque así lo demandaba la gravísima
situación, ya que se perdía un patrimonio nacional, como son los
plantíos y los cultivos leñosos de Murcia, que es de todos, que
corría grave riesgo y aunque no había agua se sacó de donde se
pudo y se enviaron 55 hectómetros cúbicos, por cierto con gran
sacrificio también de la zona receptora del agua en detrimento de
sus usos domésticos.

Por tanto, cuando ha hecho falta agua en Murcia, desde Castilla-
La Mancha, desde Cuenca, desde Guadalajara jamás se ha negado,
jamás nadie ha impugnado la Ley del Trasvase Tajo-Segura, que por
cierto es la Ley reguladora para el flujo de esos volúmenes desde
la zona cedente a la zona receptora, a la zona de la que usted
procede y parece ser que todavía no se ha enterado de cómo están
ocurriendo las cosas.

Mire, señor Alonso, cuando este verano se hizo el trasvase desde
la cabecera del Tajo, desde el sistema Buendía-Entrepeñas, hacia
las zonas del sureste peninsular, el primero que se opuso,
repito, fue el Presidente señor Bono. Luego, de incoherencia y
demagogia no nos hable. Pero es que, además, aquí todos dijimos
que sí y lo que estamos pretendiendo ahora con nuestra enmienda
es, modestamente --ya veo que ni por ahí-- que a una zona
superdeprimida, que a unas comarcas que necesitan estos recursos
y muchos más se apliquen, eso lo dice mi Grupo y lo dice con la
cabeza bien alta, esos dineros, esos fondos, esos recursos
porque, entre otras cosas, desde hace doce o trece años,
precisamente desde que el Gobierno socialista gobierna en España,
no se han recibido como debiera --y si lo ha hecho el Gobierno
regional, también gobernado por ustedes un montón de años, no ha
dado cuentas-- las cantidades en la naturaleza, en la cuantía y
de los modos en que debieran haberse producido, precisamente por
mor de la Ley del Trasvase Tajo-Segura.

Su señoría, por tanto, no puede hablar de insolidaridad con unas
tierras que he dicho en mi primera intervención, y lo repito
ahora, que lo han dado todo a cambio de nada o de muy poco, y no
tiene más que darse un paseo por mi querida tierra alcarreña de
Cuenca o La Alcarria de Guadalajara, y precisamente a esos
pueblos que están en el sistema Entrepeñas-Buendía-Bolarque, que
ya perdieron las mejores tierras, que perdieron su mejor gente,
que es el tesoro mejor que puede tener un pueblo, ahora se les
niega incluso las obras que la Ley dice que había que hacer. En
aquellas zonas y en el resto de las provincias de Castilla-La
Mancha, y no me mezcle el Real Decreto 7/95 con el 8/95, porque,
entre otras cosas, ya veremos cuándo se hacen las obras que prevé
el trasvase a la cuenca alta del Guadiana. Aquí sí que había unos
fondos para aplicación inmediata, para lo que apelaba
precisamente a la generosidad del Grupo Socialista y veo que con
ella no contamos.

Les diré también, señorías, que habla el Grupo Socialista, el
señor Alonso en su nombre, de optimizar recursos hidráulicos. ¿Me
quiere decir qué es optimizar? ¿Me quiere decir qué es lo que va
a optimizar? ¿Me quiere decir cuáles son esos recursos? ¿Me los
quiere cuantificar? Nuestro Grupo lo ha dicho claramente en su
enmienda número 9: una serie de obras, de las que, por cierto,
parece que le hacen gracia o incluso a veces lo expresaba con
cierta reticencia si no mofa. Repito que muchas de ellas son
obras que deberían estar hechas, incluso las de las
comunicaciones que estropearon los embalses de Buendía,
Entrepeñas y Bolarque y que jamás se han hecho. Parece ser que
tampoco ahora se van a hacer; parece ser que tampoco ahora le ha
llegado el turno a esas zonas deprimidas, que lo dan todo,
también su tierra y sin embargo no reciben nada, no de su tierra,
en este caso de su cicatería.

Al final veo que lo que el Grupo Socialista quiere exclusivamente
es dar, mediante este proyecto de ley, un



Página 10298




cheque en blanco al señor Borrell para que invierta los 15.000
millones donde quiera. Si ustedes con sus votos lo consiguen, esa
es su responsabilidad. A nosotros nos hubiera gustado más que
esta Cámara hubiera asumido su responsabilidad y hubiera fijado
en el proyecto de ley las obras concretas, las asignaciones
concretas y los recursos concretos. Y, por cierto, no me diga si
tal o cual obra es de titularidad local, provincial, regional o
nacional porque en ningún sitio del proyecto de ley ni del Real
Decreto-ley está dicho que tenga que ser para obras con
determinados fines, con determinada titularidad.

He dicho en mi primera intervención y lo ratifico ahora que lo
ideal sería coadyuvar entre todas las administraciones a una
cofinanciación, del tal manera que incluso estos 15.000 millones
de pesetas podían verse multiplicados cuando interviene el resto
de las administraciones. De todas maneras, y parodiando a
Machado, le diré, señor Alonso, que ni vale nada el fruto cogido
con sazón ni aunque le alabe el bruto ha de tener razón.

Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Madero.

Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, a mí me gustaría poder
argumentar lo que ha sido nuestra posición y plantearle al señor
Presidente que la enmienda número 1, de Izquierda Unida, ha sido
retirada por la argumentación que se nos dio en la propia
Comisión. Lo digo para que a la hora de votar quede claro que esa
enmienda ha decaído.

Podemos entrar en una discusión frontal bien de partidos o bien
de regiones que defienden lo mejor para cada sitio. El problema
de cada planteamiento está en el rigor de nuestras propuestas y
en la credibilidad para llevarlas adelante.

El portavoz del Grupo Popular ha argumentado en su enmienda que
lo que pone en el texto es que la decisión de trasvasar 55
hectómetros cúbicos en contra del informe de la Comisión Central
de Explotación del Acueducto Tajo-Segura no se puede volver a
repetir. Por eso propone que sea extraordinario y por una única
vez. Yo le diría, para la tranquilidad del portavoz del Grupo
Popular, que si esta argumentación era para el año 1995 y al año
1995 le quedan aproximadamente unos días, sobraría esto de «por
una única vez y de carácter extraordinario» porque no creo que de
aquí al 31 de diciembre, so pena de que sea el día 28 de
diciembre, pueda hacerse una actuación distinta. Por tanto, esta
enmienda número 1 no tendría virtualidad.

Yo insisto, señor Presidente, en que habría que especificar para
qué obras es el crédito extraordinario de 15.000 millones de
pesetas; segundo, en que no se debería dar para cualquier
actuación que puedan tener los programas de saneamiento o los
programas de recursos hidráulicos, sino concentrarlo en la
obtención de recursos para hacer frente a la sequía; y tercero,
en que deberíamos hacer frente no a una actuación puntual y cada
vez sino que debería haber un marco global para hacer frente a la
sequía, donde se recogieran estas actuaciones mientras
presentamos el Plan Hidrológico, que deberá de discutirse con los
condicionantes de los planes de cuenca y con los condicionantes
del plan de regadío.

Entiende mi Grupo que en la medida en que se cumplan esos
requisitos no tendremos ningún problema para discutir el Plan
Hidrológico cuando se presente. Pero ahora estamos discutiendo
este crédito extraordinario y, la verdad sea dicha, la
explicación que nos ha dado el portavoz del Grupo Socialista de
por qué se dan 15.000 millones de pesetas, para qué se dan y con
qué garantías de cumplimiento se van a ejecutar, no nos ha
convencido, porque yo no entiendo que sea por un carácter de
compensación, sino para unas obras medidas, argumentadas, incluso
presupuestadas. Inclusive, si no se quieren delimitar, ofrézcase
la posibilidad que haya una disposición transitoria que diga: el
Gobierno precisará en el plazo de equis tiempo estas obras.

En todo caso, estoy convencido de que el clima del debate del
agua lo deberemos mejorar cuando venga el Plan Hidrológico. Si
no, no podremos abordarlo porque hay que decir lo mismo en cada
una de las regiones. No podemos decir cosas distintas en cada una
de ellas.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Señor Alonso.




El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.

Yo lamento que al representante del Grupo Popular su proceso de
afección gripal le haya impedido defender con ahínco su posición.

Yo, que no la tengo, he defendido la mía porque estoy convencido
de que el problema del agua es un problema de Estado, que en este
debate todos debemos hacer el mayor esfuerzo para encontrar
puntos de encuentro y no de diferencia y, lo que es tan
importante como esto, que seamos capaces, ante un recurso escaso
como es el agua, de decir en Murcia, en Valencia y en Castilla-La
Mancha algo que nos pueda unir y no algo que nos pueda enfrentar.

Y desgraciadamente, señor representante del Partido Popular, su
Grupo, en el trámite parlamentario de los dos últimos decretos,
lo único que ha hecho en las comunidades de Castilla-La Mancha y
de Murcia ha sido decir cosas distintas en uno y en otro lugar, y
ahí están los medios de comunicación que lo recogen.

Para no entrar en esa polémica, señoría, quiero decirle dos
cosas. Quede claro que al Grupo Socialista le parece necesario e
imprescindible que todas las carencias



Página 10299




y deficiencias que tienen lugares como Cuenca, Guadalajara y todo
el territorio de Castilla-La Mancha encuentren solución. Nosotros
decimos que este no es el debate ni el lugar donde hay que
arreglar carreteras. Estamos diciendo que el Gobierno quiere
gastar esos 15.000 millones en obras hidráulicas, saneamiento y
depuración. Esto es lo que tiene prioridad y a ello nos
referimos.

Quiero decir a S. S. que el Gobierno de España, conjuntamente con
el Gobierno de Castilla-La Mancha, tienen otros muchos planes que
irán dando respuesta --como ha venido sucediendo hasta ahora-- a
las necesidades legítimas de Guadalajara, de Cuenca y de otros
lugares. Lo que sucede es que ustedes --y lo reitero una vez más-
- a río revuelto, y porque están las elecciones próximas, quieren
meterlo todo en el mismo saco, y no puede ser.

Las enmiendas que ustedes han presentado lo único que hacen es
corregir el objetivo con el que se hizo la ley; el objetivo es
prever dinero para que se puedan optimizar los recursos. Usted me
pregunta qué es optimizar los recursos hidráulicos, y yo le digo
que realizar las obras que se precisen para que el agua llegue a
los sitios con todo su caudal, llegue en mejores condiciones y
podamos todos utilizarla como un bien escaso, que lo es.

Finalmente, quiero comentar su última enmienda. Ustedes podrán
decir lo que quieran, pero este trasvase hace referencia a una
sola vez. Y quiero añadirle que los socialista seguimos
manteniendo que el agua, por ser un bien escaso y por la
necesidad de repartirla, habrá que llevarla allá donde más se
necesita y, desde luego, tantas veces como haga falta. Esto es lo
que de verdad siembra un ejercicio de solidaridad ante un bien
escaso como es el agua. Ustedes eso no lo quieren entender y
tenemos posiciones diferentes, pero reitero, y concluyo, señor
Presidente, señorías, que el Grupo Socialista se opone a estas
enmiendas, no porque no sean necesarias las obras en Castilla-La
Mancha, sino porque este no es lugar en el que hay que incluir
las inversiones para hacer estas infraestructuras.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alonso.

¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Pasamos a las votaciones correspondientes, tanto de las enmiendas
como del dictamen de la Comisión. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas al dictamen del
proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55
hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se conceden
suplementos de créditos al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

Enmiendas del Grupo Popular.

Enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 140; en contra, 174; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 125; en contra, 193; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 146; en contra, 174; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 296; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas números 2 y 6.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 178; abstenciones, 124.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votaciones correspondientes al dictamen de este proyecto de ley.

Artículos 1.¼ y 3.¼ del dictamen. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 317; en contra, uno; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votación correspondiente al resto del dictamen, excepto la
exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Página 10300




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 299; en contra, dos; abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votación relativa a la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen relativo a la
exposición de motivos.




VOTACION DE CONJUNTO:



--EN RELACION CON ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA PROPOSICION DE LEY
DE ORDENACION DEL COMERCIO



El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del texto desglosado de
la proposición de ley orgánica complementaria de la de ordenación
del comercio minorista, aprobada de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 81 de la Constitución en relación con el artículo
150.2.

El texto de esta proposición estará integrado por una exposición
de motivos con el mensaje motivado del Senado relativo a estas
enmiendas y por un texto compuesto por tres artículos: el
artículo 1.¼ será la disposición adicional sexta, el artículo 2.¼
será el artículo 16 y el artículo 3.¼ la disposición transitoria
primera, lógicamente del texto de la ley de comercio al que se
referían las enmiendas.

Votación de conjunto de esta proposición de ley orgánica.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de conjunto la
proposición de ley orgánica.




DEBATE DE PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE PLANES REMITIDOS POR EL
GOBIERNO:



--DEBATE DE PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURAS REMITIDO POR EL GOBIERNO (Número de expediente
201/000001)



El señor PRESIDENTE: Punto duodécimo del orden del día, debate de
propuestas de resolución sobre el Plan Director de
Infraestructuras remitido por el Gobierno.

Propuestas de resolución del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra
el señor Gatzagaetxebarría. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)



El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Voy a defender las propuestas del Grupo Parlamentario Vasco al
Plan Director de Infraestructuras. Empiezo por manifestar que,
desde nuestro Grupo Parlamentario, hemos asistido con interés al
cambio de filosofía que, en el tratamiento de la planificación de
las infraestructuras, se ha operado desde el Gobierno central.

Destacamos el esfuerzo que se ha realizado en la coordinación de
diferentes modos de transporte, llevado a cabo por un documento
marco cuya credibilidad puede estar un tanto en tela de juicio
por el largo período de ejecución del mismo.

Nos encontramos con un documento atípico, no es un instrumento de
ordenación territorial, tampoco es un instrumento urbanístico
previsto en la legislación sectorial en la materia; a lo sumo
podríamos concebirlo como la figura sectorial del plan nacional
de ordenación.

El punto de partida de que surge el plan es la necesidad de que
exista una coordinación entre los distintos tipos de
infraestructuras y efectuar una concepción integral del
transporte, recordando, señorías, que la competitividad de la
economía, en unos momentos de internacionalización y apertura de
los mercados, depende también, en buena medida, de la
disponibilidad de infraestructuras físicas, carreteras, puertos,
aeropuertos y ferrocarriles.

Nuestro Grupo Parlamentario también se felicita de que en el
ámbito ferroviario se contenga, en el Plan Director de
Infraestructuras, la red ferroviaria hacia el País Vasco, que
responde a las necesidades de infraestructuras indicadas en la
Conferencia sectorial correspondiente, y que engloba la «Y»
vasca.

No obstante, sí querríamos hacer una serie de consideraciones en
relación a nuestras propuestas. En primer lugar, referirnos a que
el Plan Director de Infraestructuras es un documento globalizador
de las infraestructuras de la Administración central, de aquellas
que son competencia del Gobierno central, y que el estudio de su
redacción no altera de ninguna manera el sistema de distribución
competencial. Por ello, planteamos, en nuestras propuestas de
resolución números 2 y 3 fundamentalmente, que este Plan no
comprende la totalidad de las infraestructuras del Estado, sino
aquellas que están intrínsecamente ligadas a las competencias de
la Administración central. En estas dos propuestas de resolución
planteamos la necesidad de que se haga referencia a la existencia
de planes de infraestructuras de las comunidades autónomas, de
manera que no haya, de cara al exterior, de cara a la Unión
Europea, una plasmación, una visualización de que éste es el
único plan de infraestructuras



Página 10301




que existe en el Reino de España; en la medida en que nos estamos
encontrando en un Estado de composición política del poder
distribuido, es necesario que se haga también referencia a que
existen planes de infraestructuras autonómicos respecto a
acciones que son de competencia de las comunidades autónomas. En
ese sentido van las propuestas de resolución 2 y 3 de nuestro
Grupo Parlamentario.

La propuesta de resolución número 4 pretende hacer una
estructuración temporal de las actuaciones que se contienen en el
Plan Director de Infraestructuras.

La propuesta de resolución número 5 pretende incluir, dentro del
Plan Director, una previsión de que haya un debate serio y
sosegado sobre el futuro del ferrocarril en España. No se ha
realizado tal cuestión y, por tanto, el Plan Director de
Infraestructuras, en materia de ferrocarriles, ha tendido a
mejorar o parchear --si queremos decirlo en términos coloquiales-
- las líneas que en materia de ferrocarriles ha planificado el
Gobierno central, pero sin que haya habido una planificación
seria con un debate político en la Cámara.

Entendemos también que era necesario incluir en el Plan Director
de Infraestructuras el tramo ferroviario que va entre Miranda de
Ebro y Vitoria, que no se debe diferenciar en cuanto a sus
características del tramo entre Valladolid y Miranda de Ebro, por
lo que sus parámetros deben mejorar para elevar su velocidad de
diseño a 200 kilómetros/hora.

La propuesta de resolución número 7 va dirigida a que el Gobierno
informe anualmente, a través de algún mecanismo parlamentario, de
la ejecución del Plan Director y de los planes sectoriales que lo
desarrollan. Y la propuesta de resolución número 1 de nuestro
Grupo parlamentario va dirigida a incluir también, dentro de las
infraestructuras, la línea 2 del metro de Bilbao, que es una
previsión importante que no contiene el Plan Director de
Infraestructuras. En el mismo, dentro de las actuaciones
concertadas, en las tendencias, se habla de la línea 1 del metro
de Bilbao, y es importante contemplar, entre las previsiones, la
línea 2 del metro de Bilbao, sobre todo teniendo en cuenta que el
Plan Director de Infraestructuras, en lo que se refiere a la
concertación de actuaciones en el área de la ría de Bilbao, no
está adecuado a las planificaciones que han efectuado las
instituciones vascas (Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno
Vasco), porque se olvida de esa línea 2 del metro de Bilbao y la
posibilidad de una tercera línea, citando, en cambio, inversiones
en infraestructura ferroviaria explotada por Renfe en la margen
izquierda, claramente alejadas de lo que se entiende por
concertación. La construcción, dentro del horizonte del Plan, de
la línea 2 del Metro reduce considerablemente la necesidad de una
parte importante del listado de actuaciones, tanto en lo que
respecta a las cercanías como a la red ferroviaria.

Pero además, señor Presidente, hay otra consideración, y es que
hace un mes se ha puesto en marcha la línea 1 del metro de
Bilbao. Existe un deseo social muy extendido entre todos los
ayuntamientos de la margen izquierda del gran Bilbao para que se
haga la línea 2 del Metro, e incluso consideramos que es
conveniente que exista una continuidad en la dinámica de
construcción del ferrocarril metropolitano no dejando inactivos
equipos importantes especializados que han trabajado en la línea
1. Por eso es de destacar el consenso político que hay en la
Diputación foral de Vizcaya, el consenso político que hay en el
Gobierno vasco, el consenso político a nivel de Vizcaya y del
País Vasco entre el Partido Socialista Obrero Español y el
Partido Nacionalista Vasco para que el Gobierno central participe
en la financiación de la línea 2 del Metro de Bilbao, tal como lo
está realizando con el metro de Madrid.

Si analizamos el Plan Director de Infraestructuras, vemos que es
curioso que dentro de las actuaciones concertadas relativas a la
revitalización de Madrid se hable de acometer las mejoras del
Metropolitano de Madrid, y de ninguna manera se haga referencia a
la Línea 2 del Metro de Bilbao.

Nuestro Grupo Parlamentario plantea al Gobierno --y hace un
llamamiento a la sensatez del Grupo Parlamentario Socialista--
que lo mejor es destinar los recursos financieros que en este
momento se están planteando por parte del Gobierno central a la
línea que tiene Renfe entre Bilbao y Santurce para el transporte
de pasajeros, destinarlos, repito, a la construcción de la línea
2 del metro de Bilbao para el transporte de pasajeros, dejando la
línea actual entre Bilbao y Santurce para el transporte de
mercancías. Este es el sentir de la propuesta de resolución
número 1, a la que nuestro Grupo Parlamentario da mucha
importancia, y respecto a la cual no queremos vernos
discriminados a previsiones expresas que se contienen en el Plan
Director de Infraestructuras respecto al ferrocarril
metropolitano de Madrid, y es por lo que solicitamos la inclusión
de esa previsión específica de coparticipación. No decimos en
cuánto, pero sí una coparticipación en la financiación de la
línea 2 del metro de Bilbao, tal como ha planteado el Partido
Socialista en Vizcaya y el Partido Socialista en el País Vasco a
través de los señores Maturana y Martín Martínez, portavoces en
esta materia del Partido Socialista.

También, señor Presidente, queríamos hacer referencia, en cuanto
a la regulación del ciclo del agua, a los recursos hídricos, a
una serie de propuestas de resolución que proponemos. Una es la
número 8, que hace referencia a que en el Plan Director de
Infraestructuras se contenga el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales, que se aprobó el 17 de febrero de
1995 y en el que figuran diferentes planes de saneamiento de las
comunidades autónomas, incorporándose también en la planificación
de los recursos hídricos al Plan Director de Infraestructuras la
necesidad de regulación de recursos en los ríos



Página 10302




Herrerías y Cadagua para abastecimiento de agua de las cuencas
del alto y bajo Nervión.

Es necesaria también, como propuesta de resolución número 10, una
planificación especial integradora del ciclo del agua, de manera
que se afronte la relación entre aguas superficiales y aguas
subterráneas.

En materia de puertos, he de señalar que se hace una
planificación portuaria desde un modelo vigente, como es el
modelo centralizado de la Ley de Puertos y Marina Mercante, y
consideramos que los puertos no pueden ser sólo una herramienta
para el mercado exterior, pues la eficacia para asegurar un buen
tratamiento de las mercancías debe promover la captación de
tráficos de distribución así como el comercio exterior de otros
países. Entre los objetivos modales de los puertos, se habla de
especialización de puertos base, de contenedores, pero sólo en el
Mediterráneo; no se hace referencia a ninguna especialización de
puertos básicos...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gatzagaetxebarría,
vaya terminando, por favor.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, voy
terminando.

No se hace referencia a ninguna especialización de puertos
básicos en la cornisa cantábrica, y, por ello, nosotros
solicitamos que se incluya dentro del PDI que el puerto de Bilbao
quede considerado como puerto especializado de base de
contenedores. Así lo dice la propuesta número 12.

La propuesta 13 pide que se incluya en el Plan Director de
Infraestructuras algo que en el puerto de Bilbao ya se está
realizando, de hecho, pero sin tener esa catalogación específica
que el Plan Director de Infraestructuras no contiene, que es el
que sea calificado como un puerto de zona de actividades
logísticas. El Plan lo discrimina en relación al puerto de
Barcelona. Y hay una previsión específica, en relación al puerto
catalán, en la que se califica a éste como un puerto de
actividades logísticas, cosa que no se dice para el puerto de
Bilbao.

En materia de costas, queríamos hacer referencia también, señor
Presidente, a una serie de consideraciones, en concreto a una
propuesta de resolución relativa a que, a la hora de proteger el
litoral, la aplicación de la Ley de Puertos y Marina Mercante
está originando una serie de disfunciones, se están desafectando
del dominio público portuario algunas zonas que van a ser
gestionadas, no por los entes portuarios, sino por la Dirección
General de Costas. Y eso está haciendo que los ayuntamientos se
involucren en el mantenimiento de esta zona de dominio público.

Creemos que es importante dejar claro en el PDI que el
mantenimiento y acondicionamiento, así como la conservación de
zonas portuarias desafectadas del dominio público portuario y que
se afectan al dominio público costero, corresponde a la
Administración central.

Por último, y con ello finalizo, señor Presidente, nuestro Grupo
parlamentario hace referencia, en materia aeroportuaria, a que se
contenga la previsión del cumplimiento del acuerdo, en materia de
infraestructuras, entre el Gobierno central y el Gobierno vasco,
sobre las obras de ampliación del aeropuerto de Sondica en sus
diferentes fases; la primera fase, en materia de adjudicación, se
ha efectuado esta misma semana. Pero pensamos que es importante
que esta cuestión tenga una plasmación en el Plan Director de
Infraestructuras, tal como se contiene a la hora de acciones
concertadas en otras entidades, en otras actuaciones
metropolitanas, como puede ser en Sevilla, en Barcelona, en
Madrid y en Valencia, fundamentalmente, donde ya se concretan
determinadas actuaciones. En el caso del País Vasco no quedan
suficientemente concretadas, sobre todo, y termino, señor
Presidente, en lo relativo a la construcción de la línea 2 del
ferrocarril metropolitano, que ha recibido el consenso unánime de
todos los grupos parlamentarios; sobre todo, del Partido
Socialista Obrero Español en el País Vasco y esperemos que
también lo reciba así en esta Cámara en el día de hoy.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.

Intervengo con la máxima brevedad posible para dejar constancia
de seis propuestas de resolución a este Plan Director de
Infraestructuras, presentadas por Unión Valenciana y que quieren
poner de manifiesto un poco, aunque sea en uno de los últimos
actos parlamentarios, el mal sabor de boca que muchas veces, al
hablar de infraestructuras, hemos tenido que padecer los
valencianos en los últimos años. No es victimismo, pero no quería
dejar pasar la oportunidad para, por lo menos, transmitir ese
pesimismo que se nos ha metido a todos en el cuerpo, al ver cómo
han pasado años y años de gobiernos, de distintos colores, que
han priorizado las inversiones en unas u otras comunidades, pero
el turno a la Comunidad Valenciana casi nunca ha llegado.

Hemos presentado seis propuestas de resolución, numeradas de la
15 a la 20, y quería resaltar brevemente algunas cuestiones, no
sin antes decir que el impulso adoptado en el Congreso, crear
esta Ponencia del Plan Director de Infraestructuras, me parece
positivo. Espero que, aunque muera la legislatura, no muera este
impulso que creo que debe tener este Plan Director de
Infraestructuras y que el próximo Parlamento que salga de las
elecciones de marzo tome lo positivo que hay en este Plan, que lo
hay, e intente aglutinar a todos los grupos desde el consenso;
que intente recoger iniciativas, proyectos de inversiones de
futuro que nos permitan a todas las comunidades del Estado
español afrontar con garantías el futuro, incluyendo, desde
luego, la



Página 10303




Comunidad Valenciana, que no aparece excesivamente bien parada en
este primer informe de la Ponencia.

La primera de las propuestas es la referente a dotar de las
inversiones necesarias, por la especial incidencia económica y
social que tienen para la comunidad valenciana determinadas
infraestructuras en carreteras. Por eso, solicitamos la inclusión
en el PDI, con el calificativo de máxima prioridad, de la autovía
Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca-Somport, hasta Francia, porque
pensamos que ese eje vertebrador de la costa mediterránea con el
sur de Francia es muy importante.

También pedimos la ejecución definitiva de la autovía Valencia-
Madrid, a su paso por el río Cabriel y su entorno, que permita,
de una vez por todas, cerrar esta vía tan importante para la
conexión de la meseta con la costa valenciana, así como la
ejecución inmediata del proyecto de ensanchamiento del by-pass o
circunvalación de Valencia en todo su trazado.

Pedimos el apoyo de esta propuesta porque son indudables los
efectos positivos macroeconómicos, sectoriales, regionales y,
sobre todo, de competitividad que, de ser considerada, podía
tener para el conjunto de la economía española y valenciana.

La segunda de las propuestas es la enmienda número 16, que recoge
la petición de integrar, para que se financien vía fondos de
cohesión comunitarios y redes transeuropeas de transportes, obras
de la importancia del tren de alta velocidad que enlace a la
comunidad valenciana con los grandes proyectos y ese plan
integral de reforestación y lucha contra la desertización del
conjunto del área mediterránea. También solicitamos una inversión
peculiar en materia aeroportuaria en los aeropuertos de Alicante
y Valencia y los puertos de la Comunidad Valenciana.

Otras inversiones que nos parece que deben ser consideradas
prioritarias, en materia de infraestructura ferroviaria en la
Comunidad Valenciana --la 19 muy especialmente--, son: que se
consideren prioritarias las inversiones en la Comunidad
Valenciana y en la cuenca mediterránea, en materia de
infraestructura hidráulica, porque ya hemos hablado anteriormente
de los graves problemas que afectan al sur y al este del Estado
español a causa de la sequía. Considerando esta situación
hidráulica dramática, pensamos que deben priorizarse las
inversiones del Estado en la mitad sur y este del Estado español
en los próximos años, máxime cuando, según el propio Ministerio
de Obras Públicas --así se me dice en una contestación
parlamentaria--, son prioritarios los trasvases Tajo-Segura y del
Ebro al norte de Castellón. Considerando que es un tema
especialmente sensible y necesario, pensamos que es
imprescindible su reconocimiento como obra e inversión
prioritaria.

La última de las propuestas de resolución es la referente a
inversiones en materia de infraestructura turística en la
Comunidad Valenciana. Son muy importantes para el conjunto de la
economía española.

Para concluir mi intervención, como he dicho al principio, quiero
intentar transmitir ánimo, ya que el sabor de boca que tenemos
los valencianos es un poco agrio, amargo, porque hemos quedado
relegados de las grandes inversiones de los últimos años.

Presento y mantengo estas propuestas para su consideración,
debate y posible inclusión en los estudios e informes sectoriales
que, con posterioridad al Plan Director de infraestructura,
puedan elaborarse en sus diversas versiones y vertientes. Con ese
ruego de especial sensibilidad hacia la Comunidad Valencia,
espero que sea tomada en consideración alguna de estas
iniciativas, si no en el PDI en su conjunto, sí en los estudios e
informes sectoriales que, como consecuencia del PDI, espero que
se elaboren en los próximos años.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.

Por el Grupo de Coalición Canaria y para la defensa de sus
propuestas de resolución, tiene la palabra el señor Martín Menis.




El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.

Coalición Canaria quiere comenzar a defender sus propuestas de
resolución haciendo unas consideraciones generales que coinciden
casi exactamente con el análisis que hicimos en la primera
intervención, hace cerca de dos años, en esta tribuna.

Queremos dejar claro desde el principio que consideramos que el
PDI es un instrumento eficaz y necesario para la futura gestión
de las infraestructuras del territorio del Estado. También
queremos dejar claro, como se dejó en la Ponencia a los
comparecientes, que las infraestructuras hoy son motores de
desarrollo --el crecimiento económico y social depende en buena
parte de ello-- y que son un instrumento de cohesión de la nueva
Europa. Asimismo queremos dejar claro que el PDI constituye un
buen análisis territorial, aunque también creemos que sus
propuestas sectoriales no se derivan de dichos análisis, sino de
las diferentes políticas practicadas por cada dirección general,
así como que las políticas sectoriales se tratan con diferente
profundidad. Pienso que, para poder hacer propuestas de
resolución, tendríamos que hacer una crítica constructiva que nos
permitiera hacer esas propuestas, por lo que destacamos esa
primera crítica al Plan, porque creemos que estamos ante terapias
que no siempre se corresponden con los excelentes diagnósticos
que se realizaron en el análisis territorial.

Hay una segunda discrepancia, mostrada por diferentes
comparecientes y en la Ponencia, en la actuación modal del Plan
entre carreteras y ferrocarriles, priorizar el orden en el que
habría que realizar las inversiones.

El Plan nos lleva a cinco consideraciones generales: que ha de
ser un Plan flexible y deslizante, con capacidad para ser
actualizado cada cierto período de tiempo (podemos poner cada
cinco años), de acuerdo con las necesidades prioritarias. Se ha
de homogeneizar



Página 10304




más el tratamiento de los diferentes sectores del PDI; en el caso
de costas, uno de los más insuficientes, se ha de configurar una
entidad única de gestión del litoral. Se ha de establecer
mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas. Se ha
de establecer mecanismos de seguimiento y control eficaces por
parte de este Parlamento y, sean cuales sean los gobiernos del
futuro, se ha de mantener, al menos, los mismos niveles de
inversión en tanto por ciento del PIB, para que este gasto de
inversión genere renta y desarrollo y podamos aguantar y sostener
el gasto social que irá incrementándose en los próximos años.

A modo de conclusión de esta primera parte del análisis, diré que
creo que la gran mayoría de los problemas y avances detectados en
la Ponencia han sido recogidos en las propuestas de todos los
grupos. Yo creo que honra a los ponentes de los dos grupos
mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, así como a
los de los Grupos Catalán (Convergència i Unió), Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Mixto (Unión Valenciana),
el esfuerzo por aunar criterios y por presentar propuestas
positivas y pragmáticas.

Las propuestas de resolución del Congreso de los Diputados
pensamos que han de ser la base de la primera revisión del PDI,
para la que no hay que esperar mucho. Somos de los que creemos
que un plan está para ejecutarse, pero también para cambiarse. La
propia esencia de un plan significa que debe modificarse y
adaptarse a las circunstancias.

Coalición Canaria quiere destacar que aquí siempre ha querido
hacer una política de Estado. Sin embargo, el Estado, bajo el
punto de vista territorial, tiene dos territorios muy
diferenciados en España: la España peninsular continental y la
España archipielágica; y, dentro de esa España archipielágica y
como fuerza nacionalista canaria, destaca la situación más
difícil del archipiélago canario, fragmentado en siete islas,
alejado, en la costa africana, y con grandes problemas de
comunicación. La insularidad se medía antiguamente por el tiempo:
el tiempo que tardábamos en llegar a Europa o a la península; hoy
se mide en términos económicos. La tecnología nos ha dado
soluciones para esos problemas. Es necesario tener medios de
transportes y las infraestructuras son un elemento fundamental
para resolver ese problema de 20 por ciento de incremento de
costo de vida hoy, en las islas mayores, y un 50 por ciento de
incremento, en las islas menores.

Por ello, durante más de dos años de la tramitación, hemos
insistido reiteradamente en la necesidad de singularizar el
tratamiento de las regiones insulares por su radical diferencia
territorial con el continente. Así lo entienden y lo han expuesto
todos los expertos y la práctica totalidad de los grupos
políticos, lo cual ha conducido a un amplio acuerdo parlamentario
sobre ese punto, del que nos alegramos, y sobre la necesidad de
un documento específico para la realidad multifragmentada y
alejada de Canarias que sea el arranque de un programa concreto
de actuaciones.

Se ha recogido en una transaccional, que agradecemos, lo mismo
que hacemos por el apoyo de todos los partidos y todos los grupos
políticos que se han comprometido en ello. Y las mismas razones
que han llevado a esta Cámara a aprobar un REF justifican ahora
un anexo, un documento específico para Canarias, que en Canarias
se empieza a denominar el REF de las infraestructuras.

Creemos que es necesario que la inversión de la Administración
central sea en términos similares al menos a la media nacional,
en pesetas por habitante, derivada de los fondos que se asignan
en el PDI, y queremos destacar la importancia de los transportes
para un territorio alejado y fragmentado, como Canarias, que es
muy superior a la de un continente. Pensamos que deben
contemplarse medidas de transporte público alternativas a las
actuales, para resolver los problemas medioambientales y de
contaminación. Debe resolverse el problema de la financiación de
infraestructuras vitales, como son puertos y aeropuertos, que no
deben hacerse con cargo exclusivamente a los usuarios, como se
propone para el resto del Estado, ya que nuestro puertos y
aeropuertos son la alternativa a las comunicaciones por
ferrocarril en la España peninsular.

Y tenemos una serie de propuestas de resolución puntuales, como
la sugerencia de estudiar la viabilidad de un establecimiento en
Canarias de un segundo registro de aeronaves, que probablemente
nos ayudaría a resolver una buena parte de los problemas de
comunicación, porque favorecería el establecimiento de empresas
que hoy tienen sus bases en diferentes puntos europeos.

En definitiva, Coalición Canaria va a apoyar gran parte de las
resoluciones transaccionales, las resoluciones del Grupo
Socialista, del Grupo Popular, de Convergència, del PNV, de todos
aquéllos que han presentado resoluciones positivas y que han
hecho un excelente trabajo en la Ponencia. Nos da pena que no se
haya llegado a un gran consenso, al que, probablemente en otras
circunstancias políticas, si no fueran meses casi preelectorales,
se hubiera podido llegar, más teniendo en cuenta que estamos
refiriéndonos a un plan que tiene de horizonte el 2007, que va a
tener tres legislaturas, que pasarán diferentes gobiernos por él,
que las infraestructuras tienen un período de gestación muy largo
y que, por tanto, el consenso de esta Cámara, para que la
política sea continuada, no llevará más que beneficios para
España. Retiraremos aquellas enmiendas que han sido recogidas en
las transaccionales propuestas, fundamentalmente en una
transaccional donde se contemplan todas las necesidades de
producir un estudio específico, un documento específico para
Canarias, que nos lleve a podernos incorporar, igual que el
territorio peninsular, en un plan director de infraestructuras
que va a ser fundamental para toda España.

No me extiendo más, el tiempo se me ha agotado. Me hubiera
gustado poder ampliar los criterios que nos parece



Página 10305




que debe ser fundamental incluir en ese documento específico de
Canarias, pero lo aportaremos, como fuerza política, en su
gestación, ya que en el propio acuerdo ha quedado claro que tiene
que ser un documento consensuado entre la Administración central,
la administración autonómica y los propios entes locales,
especificando claramente los cabildos. Es un acuerdo que espero
que obtenga el apoyo de la mayoría de esta Cámara.

Por último, quiero felicitar a la Ponencia. Durante dos años
hemos trabajado mucho y ello nos ha ayudado a tener una visión
global del problema de las infraestructuras y del desarrollo del
futuro de toda España, incluida la España archipielágica, a la
que todos los componentes de la Ponencia han dedicado especial
atención y han estudiado con mucho cuidado durante todos estos
meses, pues a mi no me quedaba otro remedio que destacar y
preguntar continuamente por esa especificidad de Canarias.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y para
la defensa de sus propuestas de resolución, tiene la palabra el
señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a exponer
la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en este primer final del debate en el Parlamento, del
Plan director de Infraestructuras, respecto a su oportunidad,
tramitación y circunstancias.

La propuesta del PDI entró en la Cámara en marzo de 1994 y se ha
realizado un gran esfuerzo para analizar, estudiar, profundizar y
conocer opiniones contrapuestas sobre un documento que, si bien
pretendía hacer un inventario de actuaciones del año 1993 al
2007, para esta Cámara va a ser a partir de 1995.

¿Desde qué dinámica ha mirado Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya este trabajo? Desde el esfuerzo de intentar poder
precisar nuestra opinión, entendiendo que el PDI es un plan del
Gobierno, un plan del Gobierno que ya está siendo línea de
trabajo del propio Ejecutivo. Lo que nosotros debíamos considerar
es cómo ha funcionado en la etapa 1993-1995, para ver de qué
manera han podido ir evolucionando esos compromisos, en lugar de
posicionarnos en el sí o no al PDI.

La posición de mi Grupo no es hablar del sí o no a la propuesta
del Gobierno; ni siquiera tenemos la pretensión de reelaborar,
desde la Cámara, una serie de propuestas concretas para que se
pueda especificar mejor, hacer un calendario mejor de
inversiones, concretar ciclos de actuaciones o ir a una
financiación más detallada. No es nuestro objetivo ése, ir a lo
concreto.

¿Desde qué vertiente hemos abordado la elaboración de nuestras
propuestas de resolución? Hemos partido de qué es lo que se
necesitaría próximamente para definir qué territorio tenemos para
vivir los ciudadanos, qué territorio tenemos para trabajar, qué
territorio tenemos para proteger y cómo nos comunicamos dentro de
ese territorio. Por tanto, la posición de nuestro Grupo está
contemplada desde la dinámica, no de una discusión dogmática de
sí o no, sino de qué haríamos, qué corregiríamos y qué
aportaríamos nosotros a esta discusión.

A mí me gustaría hacer tres grandes reflexiones de lo que va a
ser nuestra primera propuesta de resolución, que engloba cuatro o
cinco grandes precisiones. Nosotros creemos que el PDI debería
partir de un mayor nivel de concreción de política territorial,
más que ser una suma de proyectos sectoriales, muy poco
desarrollados en comunicaciones y poco en otras vertientes;
debería ser un compromiso colectivo del Gobierno, donde hubiese
una proyección presupuestaria más detallada; una propuesta global
del Gobierno, donde la centralidad no sea la competitividad de
los espacios, la competitividad de nuestro país a nivel
económico, sino que la centralidad sea el ser humano, cómo vive
mejor el ser humano y cómo produce mejor; cambiar la centralidad
que propone la propuesta.

Y esto no es baladí, porque el documento que se nos entrega en
las Cortes, en su Página 20, cuando habla de la tendencia a la
concentración de inversiones, dice: La tendencia de concentración
económica en grandes áreas metropolitanas europeas y el
incremento de desigualdades territoriales de él emanado no ha
cambiado, en líneas generales, hasta la actualidad, y es muy
discutible que en el futuro pueda cambiar. Es decir, acepta como
futuro, como idea territorial que van a agudizarse los
desequilibrios. Es más, termina diciendo que el área
centroeuropea será más directamente beneficiada, mientras que se
incrementarán las desigualdades para las zonas donde no podamos
actuar. Este es el primer defecto que nosotros creemos que debe
corregirse. No hay que concentrar inversiones; no hay que apostar
por polos que hoy tienen vías de desarrollo, para que se
desarrollen más. Hay que integrar y mejorar todo el territorio.

Por eso hay algunas propuestas de resolución a favor de las que
después votaremos.

Más adelante, define que las perspectivas de las infraestructuras
vuelven a ser lo mismo: buscar espacios competitivos a nivel
económico; espacios territoriales, no empresas competentes, no un
país competente en función de su estructura, sino espacios donde
ubicar actividad económica y social.

Nosotros creemos que el segundo elemento que debería tener esa
propuesta del Gobierno es plantearse concertar, comprometer a
comunidades autónomas y municipios en una actuación común. No ha
habido ese proceso de trabajo. No hay una concatenación de
propuestas, no hay una derivación de actuaciones de lo que afecta
a varios territorios con lo que afecta a una comunidad. Es
necesario avanzar en esa concertación



Página 10306




conjuntada de actuaciones territoriales de todas las
administraciones.

En tercer lugar, pensamos que es necesario introducir un gran
debate social que comprometa a toda la población en el futuro que
decidamos, en el qué y en el cómo nosotros haríamos una
reelaboración, pero sin partir del criterio de tirar por tierra
todo lo que hay. No; con este documento que hay, vamos a
reelaborar, partiendo de estos tres criterios. Y nos gustaría
precisar qué queremos hacer, cuánto nos cuesta --no podemos
seguir en los ripios de la Expo o en los de las Olimpiadas--, qué
dinero tenemos para invertir con un criterio de autoridad, porque
el arte de la política es administrar recursos escasos y dar
prioridad a unas actuaciones o a otras.

Por eso, Izquierda Unida va a recoger el reto que lanzaba el
señor Borrell, que decía: Aquí está la propuesta del Gobierno,
esto es lo que hay, cojan el lápiz y la goma, apunten y borren.

Nosotros queremos aceptar ese reto, vamos a decir de dónde vamos
a borrar y qué queremos hacer, porque ése es el arte de dar
prioridad, ése es el compromiso que Izquierda Unida quiere
contraer con ustedes.

Primero, nuestra orientación, en el qué, sería reducir la apuesta
por las infraestructuras de gran capacidad: 5.000 kilómetros de
autovía se plantean en el PDI para los próximos años; se habla
del tren de alta velocidad para dos grandes ejes; la conexión
intercuencas, grandes obras hidráulicas; nosotros creemos que eso
no es lo más importante. Decía el Ministro: Tenemos un país con
muchas carreteras, hemos mejorado, hemos avanzado. Y yo le decía
en la Comisión: Sí, Augusto fue un emperador, construyó 4.000
kilómetros de carretera en España; Carlos III fue otro emperador
y construyó 5.000 y el Gobierno del señor Borrell o el Gobierno
del señor González va a construir 6.000. Pero hablamos de
emperadores; no tiene nada que ver con ser de izquierda o de
derecha, con ser más progre o menos progre. Han aportado recursos
y han administrado recursos. No es lo más prioritario para hoy.

No decimos que no sea importante; la prioridad hoy es vertebrar y
conectar todo el territorio español, conseguir una mayor cohesión
interna para conexionar España con Europa, pero todas las
vertientes de nuestro territorio tienen que avanzar.

Segundo, no creemos en la concentración de inversiones. Hay que
distribuir en todo el territorio.

Tercero, pensamos que las comunicaciones tienen que escorarse
frontalmente hacia la carretera y no recoger el esfuerzo del
ferrocarril. Hay que reconocer una cosa: con los dineros que aquí
se propone es un esfuerzo ya comparado con lo que se está
haciendo. No quiero decir que no se proponga un esfuerzo. Lo que
nosotros decimos es que esa concentración de ferrocarril va hacia
el tren de alta velocidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya
concluyendo.

El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor Presidente.

Nosotros creemos que habría que caminar hacia el ferrocarril no
especializado en cercanías y alta velocidad, sino el ferrocarril
como un elemento más para poder recuperar una dinámica de
vertebración de nuestro territorio. Y la intermodalidad. La
concentración de inversiones va a significar que en el triángulo
País Vasco-Madrid-Valencia hacia el Este se hace una inversión
fuerte, pero hay polos del territorio español que se encuentran
poco concretados, como Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla,
el sureste español. Es decir, si concentramos inversiones, si
llevamos esas actuaciones de gran dimensión hacia esas zonas,
estamos provocando desequilibrios en un sitio donde deberíamos
plantearnos el desarrollo sostenible del mundo rural. No podremos
evitar el abandono de los campos si no asentamos población, dando
recursos.

Intermodalidad. Intermodalidad en aeropuertos. ¿Cuántos
aeropuertos españoles tienen el acceso por ferrocarril?
Intermodalidad en los puertos; solamente se plantea en tres.

Potenciar no solamente Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao,
sino también otros puertos, Alicante, Cartagena. ¿Por qué no
Gijón? Hay una opción de concentración, no una opción de
integración y vertebración de todo el territorio.

La verdad, señor Presidente, es que nos gustaría que el
compromiso y la conclusión que este Congreso elevara al Gobierno
fuera que la gestión de estos planes especiales partiese de
concitar el encuentro entre las administraciones y la sociedad,
partiera de poner al ser humano ante el interés del territorio,
partiera de marcar prioridades dentro de nuestras posibilidades y
austeridad, y dotarnos de un método de seguimiento de estas
inversiones.

Me gustaría --y con esto termino, señor Presidente-- que, como
conclusión, pudiéramos poner algo diferente del final de «Cien
años de soledad», de García Márquez. Ustedes saben que Aureliano,
el protagonista, busca en las previsiones de Melquíades, busca en
esos pergaminos y acelera la lectura para conocer cuál es su
futuro, el futuro suyo. La verdad es que estaba previsto que la
Ciudad de los Espejos sería arrasada por el viento. El libro
titulado «Cien años de soledad» termina todo lo escrito diciendo
que es irrepetible para siempre y desde siempre, porque las
estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda
oportunidad sobre la Tierra. Yo espero que sí tengan una
oportunidad sobre la Tierra en el 2012 los territorios que hoy
podemos dejar con esta opción por una posición más competitiva de
cara al futuro; es decir, avancemos en todo el territorio
español, avancemos y seamos todos un poquito más competitivos,
aunque los polos más competitivos tengan que verse un poco mermados.

Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.




Página 10307




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Para defensa de las propuestas de resolución del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Posada.




El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, señorías, el Plan
Director de Infraestructuras --lo hemos dicho desde el Grupo
Popular-- fue un gran esfuerzo de planificación. Se ha mejorado a
lo largo de la tramitación, pero creemos que es un esfuerzo
fallido porque no es un auténtico plan director.

¿Por qué decimos esto? Recuerdo brevemente que el plan director
supone obras por valor de 18,6 billones de pesetas y una
financiación para ejecutar esas obras entre 1993 y el año 2007.

Pues bien, desde el punto de vista de las obras, cada vez se han
añadido y se están añadiendo más obras por comunidades autónomas,
por nuestras propias resoluciones, por necesidades que surgen, y
se comprueba que los proyectos que se hacen necesitan mucha mayor
inversión.

Desde el punto de vista financiero cada vez se ha visto y se ve
que año tras año no llegamos al nivel mínimo de financiación
presupuestaria y no se moviliza la estrategia presupuestaria. Por
tanto, el PDI supone --y lo digo aquí taxativamente-- que un
tercio de las obras contempladas en el Plan Director de
Infraestructuras no se van a iniciar en este período. ¿Quiere eso
decir que el PDI no sirve para nada? No, en absoluto. El PDI es
un esquema director que marca hacia dónde hay que ir a largo
plazo con unos planes sectoriales, pero si queremos que sea útil
es necesario --y nosotros lo especificamos en nuestra primera
resolución-- establecer prioridades. Esas prioridades nos dirán
qué tercio de las obras contempladas en el PDI no van a
iniciarse, y de las que quedan, de esos otros dos tercios, cuáles
se van a empezar dentro de dos años y cuáles dentro de ocho o de
diez, porque la situación no es la misma. Nosotros hemos dado
prioridades concretas, abiertas, eso sí, a otros grupos, pero
concretas en proyectos cuyo análisis coste-beneficio muestre una
contribución mayor a la competitividad, infraestructuras que
debían haberse acometido en planes ya concluidos e incluso dentro
de los campos del PDI, conservación de carreteras y mayor
utilización de las actuales autopistas de peaje, ahorro de agua y
modernización de regadíos, depuración de aguas residuales,
etcétera.

Por otro lado, es preciso cambiar el marco financiero. ¿Por qué?
Yo les digo, señorías, que si observamos la inversión que se ha
realizado en España no ya por el Ministerio de Obras Públicas, no
ya las del PDI, sino todas las que ha hecho el Estado desde 1982
a 1995
--y ha supuesto una inversión importante--, como la deuda pública
entre esos años ha crecido más que la inversión, resulta que de
todo lo que se ha invertido no está pagado nada.

Comprendo la teoría que dice que las inversiones deben
financiarse con deuda pública porque no toda la inversión deben
pagarla los que viven en ese momento, porque la van a disfrutar
generaciones futuras; pero una cosa es eso y otra cosa es que no
se haya pagado absolutamente nada. ¿Qué ocurre ahora? Que
aquellos polvos traen estos lodos. Ahora tenemos un nivel de
deuda pública que hemos de rebajar y entonces nos encontramos con
una situación muy difícil para financiar presupuestariamente el
PDI. Nosotros decimos que la solución no es, en modo alguno,
establecer un impuesto recaudatorio, llámese subida de quince
pesetas en la gasolina, una ecotasa, sistemas que cambien la
presión fiscal. Nosotros estimamos que si hay que adoptar alguno
de esos impuestos, y puede estudiarse, tiene que ser dentro de
una reforma del sistema fiscal directo e indirecto que no suponga
aumento de la presión fiscal.

En segundo lugar, creemos que hay que dar una participación mucho
mayor en el tema extrapresupuestario a la financiación privada,
con un marco legal estable y con un impulso político que permita
participar a todos y hacerlo con transparencia y con claridad.

En nuestras 90 resoluciones no sólo consideramos el PDI como tal,
sino también lo que supone de futuro de las infraestructuras; de
ahí que en nuestras resoluciones tengamos en cuenta temas que
considero importantes, como, por ejemplo, la concertación con las
comunidades autónomas, que es vital para el futuro de la
planificación y de las obras públicas.

Los desequilibrios territoriales. No podemos crear una periferia
próspera con un centro cada vez más desierto, y hay que estudiar
cómo afecta cada uno de los planes que se adopten a esos
desequilibrios.

La ejecución del PDI, porque se van a hacer muchos billones de
pesetas. ¿Cómo se sacan a concurso esas obras? ¿Cómo se hacen los
proyectos? ¿Cómo se adjudican? Todo eso lo consideramos de suma
importancia.

Hay que continuar en carreteras y el programa de autovías y, al
mismo tiempo, centrarnos en la conservación, la seguridad vial y
la gestión del tráfico.

Pensamos que se necesita un ferrocarril moderno para España, pero
que mantenga también las líneas regionales, aunque tengan un
débil tráfico, en colaboración con comunidades autónomas y que
contemple el AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, teniendo en
cuenta qué financiación se le da.

También el transporte urbano colectivo e intermodal; o los
recursos hidráulicos, donde creemos que debe haber un
desplazamiento de recursos de la creación de nuevas
infraestructuras de trasvases a ahorro del agua, modernización de
regadíos, gestión de la demanda.

Es importante modificar los temas de impacto ambiental. Hay que
estudiar los planes como tales, no obra por obra y hay que tener
muy en cuenta la depuración de las aguas. Al final, creemos que
deben ser dos organismos distintos, dos ministerios distintos los
que ejecuten las obras y los que juzguen su impacto ambiental.

Insistimos, lógicamente, en el trato especial a Baleares y
Canarias, que deben tener un capítulo distinto y



Página 10308




la investigación y el desarrollo, que están muy mal tratados
financiera y diríamos intelectualmente en el PDI que debe
mejorarse.

Finalmente, claro, un nuevo marco económico y financiero al que
antes ya me he referido.

Este es nuestro planteamiento global. No quiero detallar cada una
de nuestras propuestas --podría pero es imposible por el tiempo--
, pero son noventa y están estudiadas todas las posibilidades,
constituyendo, creo, un conjunto claro, coherente hacia el futuro
de cómo tratar las infraestructuras en España.

Nosotros estamos abiertos a llegar a acuerdos con los demás
grupos en aquellos planteamientos nuestros que sean compartidos
por los demás, pero mantendremos los que no sean compartidos y lo
haremos para que nuestras resoluciones se voten, porque estamos
convencidos de que en nuestras resoluciones hay una forma,
coincidente en unos casos, alternativa en otros, de desarrollar
las infraestructuras en el futuro.

Ahora quiero centrarme en una idea que considero esencial y que
hemos visto a lo largo de la tramitación del PDI, especialmente
en la ponencia. Por encima de las diferencias de cómo hacer las
cosas, de cuándo se harán las cosas, es absolutamente necesario
el esfuerzo de la sociedad...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Posada, vaya
terminando.




El señor POSADA MORENO: Voy terminando, señor Presidente.

Es necesario el esfuerzo público y privado de la sociedad para
mantener las infraestructuras en un nivel tal que permitan la
modernización de España y la competitividad internacional.

Tengo que decir que me causó una desagradable impresión la
manifestación del ministro, señor Solbes, cuando con un intento,
creo que didáctico, dijo que para conseguir estar de acuerdo con
el sistema de Maastricht en el año 1999 y poder acceder a la
moneda única, bastaría, dijo, en primer lugar con subir quince
pesetas el litro de gasolina. Luego añadió otra cosa que todavía
me pareció más desafortunada: bastaría con contratar la mitad de
obra pública que contratamos ahora. Eso no se puede decir ni como
ejemplo didáctico porque sería retroceder en nuestra
competitividad internacional.

Se ha dicho aquí, y con esto termino, señor Presidente, que este
plan a doce, trece, catorce años debe hacerse de tal forma que se
tenga en cuenta que habrá cambios de gobierno. Indudablemente los
habrá, y varios, en este período, pero no sólo habrá cambios de
gobierno. Habrá cambios también de ritmo de crecimiento
económico. Ahora mismo hay unas restricciones fuertes; quizá en
el futuro no haya tantas, pero puede haber una recisión como la
del año 1993; puede haber otra situación y las ayudas europeas a
partir de 1999 disminuyan y fuertemente. Puede ocurrir que haya
nuevas necesidades sociales, que sea preciso cubrir con urgencia
y puede ocurrir también perfectamente que este sentido europeista
que ahora domina a la sociedad española se retraiga; o que el
Estado autonómico cooperativo, que en estos momentos está
funcionando razonablemente bien, se desplace a un centralismo,
que sería ineficaz, o hacia un regionalismo insolidario. Todo
esto puede ocurrir. Además puede ocurrir que se cambie la
administración que lleva las obras públicas; eso ocurrirá seguro.

Puede haber errores, puede haber aciertos, pero yo creo que es
crucial --y esta es la idea de nuestro grupo y espero que lo
compartan todos los grupos de la Cámara-- mantener siempre en
todos esos avatares una idea y es que sin un gran esfuerzo
inversor en infraestructuras no hay futuro para España.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Posada.

El señor Sedó tiene la palabra para la defensa de las propuestas
de resolución del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, hoy estamos
en esta Cámara en el último trámite del PDI. El Gobierno presentó
a la Cámara, el 25 de marzo de 1994, a el Plan Director de
Infraestructuras aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de
marzo solicitando la celebración de un debate ante el Pleno de la
misma sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las
infraestructuras en España programadas en un marco temporal que
se extiende hasta el año 2007; en resumen, el PDI.

La comunicación del Gobierno iba ligada a actuaciones en comisión
para también crear una ponencia dentro de la misma; y el jueves
19 de mayo de 1994 la comunicación del Gobierno se debatía en
esta Cámara; se debatía aquí y figura en el «Diario de Sesiones».

Entonces nosotros decíamos que el debate del PDI debería
llevarnos a una intervención de tipo generalizada y global que
sirviera para fijar la línea básica de cuál va a ser nuestra
posición final a lo largo de lo que será un verdadero debate. El
debate de aquel día era simplemente la presentación.

En Comisión ha habido un gran debate, debate que ha durado más de
dos años. El debate se ha reducido en ponencia pero después ha
sido aprobado su trabajo por la Comisión.

Creíamos que el debate no tenía que ser único, que debía ser un
debate prolongado en el tiempo, con muchos debates encadenados, y
así más o menos ha sido.

Resaltábamos que el Plan Director de Infraestructuras era un Plan
del Gobierno, aprobado por el Gobierno y, por tanto, las
resultantes que nosotros podíamos sacar de dicho plan eran
desarrollos parciales que debería promover el ministerio.

Quiero poner de manifiesto que todos los grupos hemos trabajado
mucho, muchísimo. He de felicitar a



Página 10309




SS. SS. y autofelicitarme por el gran trabajo realizado, no sé si
finalmente consensuado, pero todos los grupos han colaborado con
nosotros, colaboración que agradezco en este trámite.

En mayo de 1994, cuando tuvo lugar el primer debate, nosotros
decíamos que el PDI marcaba un dibujo final deseable, pero que
era solamente un documento inicial de trabajo. En toda asamblea
de trabajo se necesita un primer documento que, aunque
posteriormente no quede nada de él, es el origen del trabajo y
del consenso y al que todos los grupos presentan sus enmiendas.

Tanto en Comisión como en ponencia se ha trabajado mucho, pero el
21 de junio de 1995 se presentó a la Comisión el informe de la
ponencia que estudiaba el Plan Director de Infraestructuras. Este
documento es el resumen de todo el trabajo realizado por la
ponencia. Se ha trabajado muchísimo. Se dedicaron 25 sesiones a
comparecencia y hay kilos y kilos de papel en documentos e
informes. El 10 de octubre de 1995 termina el trámite de la
Comisión con la presencia del señor Borrell y se abren los tres
días de plazo para la presentación --si hubiere-- de propuestas
de resolución en aplicación del artículo 197, que dice que podrán
presentarse ante la Mesa propuestas de resolución, pero no era
necesaria su presentación.

Nuestro grupo ha presentado doce propuestas de resolución, todas
ellas con un carácter bastante genérico, no hemos entrado en
prioridades concretas. Muy rápidamente comentaré alguna de estas
propuestas.

En la primera propuesta de resolución nosotros establecemos que
el Plan Director de Infraestructuras es un elemento inicial de
planificación positivo en lo que supone de proyecto sobre el que
hay mucho que trabajar, sin embargo, desde que se inició no se ha
adelantado nada. En este sentido nuestras críticas van dirigidas
al ministerio. Desde el establecimiento del PDI el ministerio ha
trabajado a través de planes puente que caducaban en el año 1995
como, por ejemplo, el del ferrocarril, o en 1994 y no conocemos
ninguna otra cuestión que haya desarrollado el PDI. Quizá
fundándose en que el PDI está en la Cámara, el ministerio
desarrolla aquello que más le interesa, pero no conocemos ningún
plan puente nuevo. Por tanto, nuestra primera propuesta de
resolución es la consideración del PDI como el elemento inicial
de un aran debate que posiblemente deba ser transformado, pero
que sirve de base inicial para el mismo.

Otra propuesta de resolución --que coincide con otros grupos--
pone de manifiesto la ausencia en el PDI del tratamiento de los
temas autonómicos. Otra cuestión importante que consideramos en
una resolución es que el desarrollo del PDI estaba previsto desde
el año 1993 al 2007, y debería tener un plazo más flexible.

Tenemos una resolución en la que hablamos de un plan puente cero.

Desde 1993, en que puso en marcha el PDI, hasta ahora, hay muchas
obras que han quedado en el tintero --tengo una lista, al menos
de las de Cataluña, pero el tiempo no me permite mencionarlas una
a una--, y creemos que es necesario este plan puente cero para
que recoja y reprograme todas las actuaciones iniciadas y que han
tenido o tienen incidencia y otras que están comprometidas y no
iniciadas todavía. Falta este plan puente, que debe ser de 1996
en adelante, porque el desarrollo del PDI va a tardar mucho más.

También teníamos una resolución muy importante sobre el Plan
Hidrológico, una resolución muy concreta, que decía que este plan
deberá disfrutar de una especial atención.

En cuanto a los temas medioambientales, estábamos de acuerdo con
las modificaciones que había introducido la segunda edición del
PDI, y en otras resoluciones nos referíamos a temas concretos,
como el mayor aprovechamiento de las autopistas, además de tener,
cómo no, una propuesta de resolución, la número 12, que se
refería con carácter genérico a la dedicación que merecen las
islas Baleares y la problemática insular Canaria.

Verdaderamente, nosotros habíamos presentado 12 propuestas de
resolución, cuando en total hay 187, y hubiésemos querido entrar
en el juego de las transacciones, pero, al final, analizando a
fondo el tema --se lo digo para que conste a la hora de las
votaciones--, retiramos las 12 propuestas de resolución porque
consideramos que son genéricas; puesto que el plan es del
Gobierno, que lo trabaje, que lo adelante. Además, en la propia
revista del ministerio del mes de diciembre se dice que el el
plan tiene un largo proceso de evaluación. Muchos proyectos que
acoge --continúa diciendo-- han comenzado a desarrollarse o están
siendo implantados en este momento, incluso antes de la
aprobación global del plan. Eso no es verdad. Ese plan no
necesita aprobación global; es un plan aprobado por el Gobierno.

En estos momentos estamos en el trámite de conocimiento de la
Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sedó, vaya
concluyendo, por favor.




El señor SEDO I MARSAL: Sí, señor Presidente.

Decía que estamos en un trámite de conocimiento de la Cámara y,
en todo caso, de hacer aportaciones a través de las resoluciones.

Por otra parte, este artículo de la revista del ministerio
también dice lo siguiente: Inicialmente, el Plan Director de
Infraestructuras no tenía por qué pasar el trámite del visto
bueno en el Congreso de los Diputados. La Constitución Española -
-sigue diciendo-- permite que los proyectos de planificación del
Gobierno, como en el caso del PDI, sean aprobados simplemente por
el Gobierno. Que ahora se diga esto desde el ministerio, que a lo
largo de los dos años haya habido críticas públicas del ministro
a la Comisión --que después se han solventado-- como si la
Comisión no trabajase, nos ha hecho llegar a la conclusión de
retirar hoy nuestras propuestas de resolución. La posición
óptima,



Página 10310




que hubiésemos querido, sería que al documento informe --en este
documento simplemente se relatan todas las personas que han
comparecido y todos los documentos que hemos recibido-- se
añadiera como un documento consensuado global las 187 propuestas
de resolución que han presentado los grupos.

No entramos a defender nuestras propuestas de resolución ni vamos
a entrar en las votaciones de las demás; consideramos que todas
las proposiciones, las 187, son válidas y tienen mucho interés
(aunque quizá en alguna concreta tuviéramos nuestras pegas, casi
siempre en el tema temática autonómico) y, como sabemos que van a
ser publicadas por los servicios de la Cámara, sacamos el resumen
positivo de que, gracias a todos los grupos, que han trabajado
con un alto grado de consenso tanto en Ponencia como en Comisión
--aunque, en este momento, nosotros estemos fuera del consenso de
votaciones--, la Comisión ha llegado a hacer un buen informe,
unas buenas resoluciones, que, unidas a la publicación de la
Cámara y de lo que hoy se aprobará, darán al ministerio una pauta
sobre lo que piensan los grupos parlamentarios.

Por tanto, creo que lo que vamos a aprobar, lo interesante es la
alternativa que se puede dar desde una de las propuestas de
resolución que nosotros redactamos, en el sentido de que el PDI
y, sobre todo, su desarrollo, tenía que soportar unas
alternativas durante un largo plazo. Todos estos documentos deben
ser leídos por quienes tienen capacidad de desarrollar el PDI y
solicito al grupo mayoritario de la Cámara que tenga bien en
cuenta que se ha de hacer llegar al ministerio el documento que
la Cámara redacte, con todas las propuestas de resolución que los
grupos han presentado a las que anuncio nos vamos a abstener,
abstención que no va contra nada sino a favor de todo.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jerez, tanto
para la defensa de sus propuestas de resolución como para fijar
posición respecto al resto de propuestas de resolución
defendidas.




El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, en el debate
de este final de mañana se terminan prácticamente dos años de
trabajos continuos, que han descrito la mayor parte de los
portavoces de los grupos, y nos encontramos en el último momento
para que el Plan Director de Infraestructuras tenga algo que
pretendió desde el principio, que es el mayor consenso posible,
desde el reconocimiento de que es un documento que nace del
Gobierno. Pero si la complejidad del documento nos puede llevar a
confusión, es bueno, que describamos el momento procesal en que
nos encontramos.

El Plan Director de Infraestructuras ha sido debatido, como
elemento de globalidad, en distintos momentos y, sobre todo, en
una Comisión el pasado mes de octubre. De ese debate podemos
decir que prácticamente el 90 por ciento de la representación de
la Cámara ha considerado que es un documento útil y necesario.

Además, es la primera vez que se plantea una planificación global
de todas las infraestructuras del país. En ese sentido de
análisis de la globalidad, podemos decir que el documento
presentado por el Gobierno ha tenido la aceptación de la
representación de una inmensa mayoría de la Cámara. En sus
trámites y en el estudio de la ponencia esa utilidad y necesidad
han sido acentuadas por la mayor parte de los grupos políticos.

Por tanto, podemos decir y podemos reconocer el trabajo del
Ministerio de Obras Públicas en esta dirección, porque el
documento, aunque lógicamente tiene discrepancias, en su
globalidad es aceptado.

Es más, se ha producido más un mejoramiento del texto que un
análisis de su globalidad, y ese mejoramiento va a suponer que
aquel conjunto de proposiciones que se presenten, bien
transaccionadas, bien propias de cada grupo, van a enriquecer el
texto que nos presenta el documento global del Plan y que
lógicamente estará en poder del Gobierno, con total compromiso
político de esta Cámara, para que ese espíritu que engloba el
Plan Director de Infraestructuras pueda presidir los distintos
planes sectoriales durante los próximos 14, 15, 16 y, decíamos
con acierto, un horizonte flexible que pueda tener el Plan
Director de Infraestructuras.

He de agradecer a los grupos políticos esa imagen global que se
presenta del Plan Director de Infraestructuras. Asimismo, debo
decir que, por parte de mi grupo, se han introducido 16
enmiendas, la mayoría de ellas sacrificadas en función de
enmiendas transaccionales y ha participado en otras tantas, por
un total de 24, que espero tengan el máximo consenso dentro de
esta Cámara.

Se han tocado aspectos del ferrocarril que el Plan Director de
Infraestructuras trata de manera muy especial, intentando el
fomento del ferrocarril en la situación más concreta de la
intermodalidad; la necesidad de consensuar con las autonomías los
ferrocarriles regionales y el fomento de los contratos-programa,
abriendo también un debate en torno al ferrocarril que
consideramos interesante.

También en los aspectos hídricos hemos incorporado todo lo que se
habló en el Consejo Nacional del Agua, dando prioridad a
inversiones en torno al ahorro y a la reutilización del agua,
porque entendemos que era una intención del Consejo Nacional del
Agua y que nos puede además abrir el camino al Plan Hidrológico
Nacional, en la idea de que son necesarias también las
intercomunicaciones de cuencas en momentos determinados como
situación imprescindible a la hora de resolver los problemas
hídricos del país.

Mi Grupo ha introducido enmiendas relativas a zonas urbanas,
sobre todo en los enlaces de ferrocarril



Página 10311




en cercanías y en la conexión con los distintos medios de
comunicación. Se ha hablado, y todos los Grupos están de acuerdo,
de la necesidad de distinguir la insularidad, tanto de Baleares
como de Canarias, pero distinguiendo, en el caso canario, una
situación especial y excepcional, como es su distancia, las
características especiales de renta y la sensibilidad en los
temas medioambientales que caracterizan el conjunto de las Islas
Canarias. Por tanto, hay un reconocimiento, tan amplio como sea
necesario, en ese carácter específico que tienen las Islas
Canarias.

También se ha intentado buscar fórmulas complementarias de
financiación, y yo destacaría aquí el planteamiento de la ecotasa
como un elemento más de financiación que creemos interesante en
la búsqueda de muchos y variados elementos que pueden
complementar la financiación del Plan Director de
Infraestructuras.

Asimismo, nos ha preocupado el futuro y los trámites de futuro
que pueda tener el Plan Director. Así, hemos introducido
revisiones anuales de control de cómo se van realizando los
distintos planes sectoriales del Plan Director de
Infraestructuras, la necesidad del consenso entre las autonomías
y municipios, porque, aunque las grandes obras públicas son del
Estado, sin embargo, el territorio donde se desenvuelven debe
estar de acuerdo con la implantación de esas obras públicas.

También, por supuesto, estamos en la idea de intentar un método
de revisión que no sea realizado a espaldas de esta Cámara y que
suponga que, cada revisión del plan, cuente en sus momentos y en
los temas importantes con el conocimiento al menos de la Cámara.

Se introduce en la enmienda transaccional 19 un apartado
indicando las relaciones con Portugal, porque en todos los
aspectos no cabe duda de que la interconexión con Portugal tiene
una singularidad que debemos reconocer también en estas
propuestas que se presentan.

Y quería resaltar de una manera muy especial los aspectos
medioambientales, a los que se ha dirigido la mayor parte de las
propuestas de mi Grupo. Reconocemos que el Plan Director de
Infraestructuras hace una apuesta muy importante por los temas
medioambientales, pero también el Grupo Socialista ha querido
incidir en los aspectos interesantes, como la utilización de
infraestructuras abandonadas, así como la realización del impacto
ambiental. En función de la experiencia que tenemos, consideramos
que la declaración de impacto debe ser previa al proyecto y en
una situación más integral para que se contemplen obras de
distinto tipo que puedan incidir de una manera conjunta en los
territorios a través de su evaluación en proyectos integrales.

Asimismo, el respeto a la biodiversidad en los distintos puntos,
y de una manera especial en las zonas costeras, ha sido otra
preocupación de nuestras propuestas. Por tanto, pensamos que, por
parte del Grupo Socialista, hemos hecho una tarea importante en
mejorar un texto ya extraordinario que nos presentó el Ministerio
de Obras Públicas.

Tenemos que decir que las transaccionales que están pactadas
evidentemente van a ser apoyadas por mi Grupo, y he de añadir de
una manera especial que las propuestas 124 y 170, creo recordar,
presentadas por el Partido Popular, contarán con el apoyo de mi
Grupo, así como otra transacción que, aunque no era sobre una
presentada por el Grupo, sí se contiene en una serie de enmiendas
del Partido Popular.

De cara al Partido Nacionalista Vasco, quiero decir que nos
parece aceptable --y por eso la quiero dejar «in voce»-- que, al
final de una transacción que engloba la propuesta 81 del Partido
Socialista, al final del primer párrafo, se introduzca otro
párrafo con el siguiente texto: «en el reconocimiento de la
existencia de planes autonómicos de infraestructuras».

Quiero decir también que, reconociendo el esfuerzo de todos los
grupos, teniendo en cuenta que las enmiendas de algunos de ellos,
como las del señor Chiquillo, dentro del Grupo Mixto, tienen un
carácter muy concreto, como otras muchas, y hemos huido de las
concreciones en esta incorporación de propuestas, porque
podríamos entrar en un debate de peticiones de distintas
autonomías, huyendo de esas concreciones, no podemos admitir
situaciones concretas presentadas. Esto no quiere decir que estas
propuestas vayan a ser rechazadas en la realidad, pues muchas de
ellas pueden ser claramente asumidas; en este sentido, hablaría
de la línea 2 del Metro de Bilbao. Sin embargo, en un análisis de
cómo ponernos de acuerdo, hemos creído, y así lo ha decidido la
mayor parte de los grupos, que las situaciones presentadas tenían
que ser generales.




Nada más. Como estamos terminando la mañana del penúltimo día,
quiero decir simplemente que espero que lleguemos a un consenso
y, por supuesto, felices Pascuas a todos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jerez.

La Presidencia entiende que los portavoces de todos los grupos
parlamentarios tienen ya relación de las transaccionales que el
Grupo Socialista les ha ofrecido y, si no expresan nada en
sentido contrario, entiende que retiran la propuesta de
resolución correspondiente para que pueda ser votada la
transaccional. (El señor Posada Moreno pide la palabra.)
¿Señor Posada?



El señor POSADA MORENO: Gracias, señor Presidente.

En efecto, así es en las transaccionales que nos han ofrecido y
que acepto como representante del Grupo, pero quiero señalar tres
transaccionales que no acepto. ¿Es pertinente?



Página 10312




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sí. Hay que indicarlo
para someter a votación la propuesta de resolución del Grupo
Popular.




El señor POSADA MORENO: En primer lugar, respecto a la resolución
80 del Grupo Socialista, transaccional con nuestras resoluciones
154 a 159, que hace referencia a la financiación, no podemos
aceptarla porque, si bien recoge alguno de nuestros puntos, lo
hace de una forma tímida e insuficiente y, sobre todo, mantiene
la ecotasa, con la que estamos frontalmente en desacuerdo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces, la
transaccional número 80 no será sometida a votación, porque no
tiene ninguna enmienda a la que acogerse. En consecuencia, se
someterán a votación las propuestas de resolución del Grupo
Popular números 154 a 159.




El señor POSADA MORENO: Exactamente.

Otra transaccional a nuestras resoluciones 92, 93 y 94 hace
referencia a los desequilibrios territoriales. Reconozco que los
dos párrafos de esa propuesta transaccional recogen bien el
espíritu de lo que manifestamos en nuestras resoluciones, pero
hay un punto que no se contempla. Por eso, pudiera ser aceptada,
pero pidiendo al Grupo Socialista que se añada este tercer
párrafo: El Congreso de los Diputados recomienda, asimismo, que
el MOPTMA, en colaboración con las comunidades autónomas, evalúe,
en lo que sea posible, la contribución de los planes sectoriales
a la corrección o, al menos, al no agravamiento, de los
desequilibrios territoriales.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para que quede claro a la
Presidencia ¿aceptaría la transaccional siempre que se admitiera
la adición que S. S. plantea?



El señor POSADA MORENO: Exactamente.

Finalmente, hay una transaccional con nuestras resoluciones 129,
130, 134, 135 y 136 que hace referencia a puertos y aeropuertos.

No vamos a aceptar esa transaccional porque, si bien coincidimos
con ella en que apoyamos la autofinanciación del sistema
portuario y aeroportuario, sin embargo, no se recogen nuestras
resoluciones relativas a la organización del sistema y a las
posibilidades de profesionalización y privatización. Por tanto,
no aceptamos la propuesta.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por tanto, se someterán a
votación sus propuestas de resolución números 120, 130 y 134 a
136.

Con relación a la transaccional a las propuestas de resolución
92, 93 y 94, ¿acepta el Grupo Socialista la adición expresada por
el señor Posada?



El señor JEREZ COLINO: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, al no aceptar la transaccional de la 80, la 80 del
Grupo Socialista permanece viva y debe votarse.

Aceptamos la incorporación del texto que nos ha dicho el portavoz
del Grupo Popular para incorporar a las que figuraban con los
números 92, 93 y 94 y, al no ser aceptada la relativa a la 129,
130, 134, 135 y 136, debe desaparecer porque no tiene alternativa
nuestra y, por tanto, no es objeto de votación.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Así lo entiende la
Presidencia, señor Jerez.

Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Intervengo para manifestar que aceptamos las transacciones
propuestas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y,
por tanto, retiramos las propuestas de resolución números 2, 3,
4, 5, 7, 8 y 10, manteniendo el resto, que serían la 1, 6, 9, 11,
12, 13 y 14.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.

Tiene la palabra el señor Martín.




El señor MARTIN MENIS: Coalición Canaria retiraría las números
21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41,
42 y 45, ya que las considera aceptadas en las transaccionales, y
mantendría --algunas están en las líneas de transaccionales, pero
son temas específicos, no de obras pero sí de detalle, y que
querríamos mantener-- las números 22, 25, 30, 37, 39, 40, 43, 44,
46, 47 y 48.

Respecto al resto de los grupos, pediríamos votación separada de
la 129 y 134, del Grupo Popular, y de la 72, del Grupo
Socialista, porque creemos que podría entrar en contradicción con
la política que proponemos y que incluso está en una de las
transadas sobre la financiación extrapresupuestaria de puertos y
aeropuertos; simplemente es para que nosotros no entremos en
contradicción.

Antes habíamos indicado a la Mesa que la 21, referente a costas,
la queríamos separada, pero vamos a votarlas todas conjuntas y
las vamos a apoyar, aun cuando creemos que aquí hay una
diferencia entre la España real y la España oficial. Estamos de
acuerdo con la transaccional de costas; no estamos de acuerdo con
lo que está pasando en realidad en costas; pero como estamos
hablando del texto, vamos a apoyar las transaccionales.

Respecto a las del Grupo Vasco (PNV), de las que quedan vivas,
querríamos votación separada de la 8 y la 9.




Página 10313




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín, la 8 no
continúa viva.




El señor MARTIN MENIS: Entonces sólo la 9.

Entiendo que retiraron las números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La número 6 continúa
viva.




El señor MARTIN MENIS: Entonces pediríamos votación separada de
la 6 y 9; de Unión Valenciana la 15 y 16, y del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya las números 49, 50, 51, 52, 53,
58, 65 y 66.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín, la
Presidencia le ruega que, por favor, si es posible en un momento
nos pase una nota especificando estas votaciones separadas. Le
ruego que lo haga llegar a los servicios de la Cámara.




El señor MARTIN MENIS: De acuerdo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ríos, tiene la
palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, nosotros retiramos las
enmiendas que están afectadas por transacción y sólamente, como
le hemos pasado a la Presidencia una agrupación de enmiendas pero
el Grupo Popular no ha aceptado la transacción, queremos decirle
que, en el grupo de las enmiendas del Partido Popular, donde
están las enmiendas 83, 97, 107 y 132, se deben agrupar también
la 129, 130, 134 y 135, que no han sido aceptadas como
transaccionales.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a las
votaciones correspondientes. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.--Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego unos momentos de
paciencia para poder ordenar, espero que sin errores, las
solicitudes de votación separada de las propuestas de resolución.

A la vista de las distintas solicitudes, no es tarea fácil, sino
más bien compleja; pero para que las votaciones puedan tener el
resultado que SS. SS. apetecen, permitan que lo preparemos en la
debida forma. (Pausa.)
Votaciones de las propuestas de resolución sobre el Plan Director
de Infraestructuras.

Propuestas del Grupo Vasco (PNV).

Propuesta número 1.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, seis; en contra, 157; abstenciones, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Propuesta número 4.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 25; en contra, 143; abstenciones, 141.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Propuesta número 9.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 10; en contra, 144; abstenciones, 155.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Restantes propuestas del Grupo Vasco (PNV).

En cada una de las ocasiones en que haga referencia a las
restantes propuestas de un Grupo, se entiende que son las que se
mantienen vivas por no hacer sido retiradas o no estar afectadas
por transaccionales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 142.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuestas del señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto.

Propuesta número 15.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 10; en contra, 156; abstenciones, 141.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Propuesta número 16.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 10; en contra, 157; abstenciones, 139.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Propuesta número 18.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 11; en contra, 157; abstenciones, 141.




Página 10314




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Propuesta número 19.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 10; en contra, 155; abstenciones, 142.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Restantes propuestas del señor Chiquillo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 141.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuestas del Grupo de Coalición Canaria.

Propuestas números 37, 40 y 43.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 10; en contra, 157; abstenciones, 142.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuesta número 46.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 149; en contra, 143; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.

Propuesta número 47
Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 133; en contra, 141; abstenciones, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

Restantes propuestas del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 24; en contra, 142; abstenciones, 143.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuestas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Propuestas números 49 y 53.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 150; en contra, 142; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.

Propuesta número 60.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 147; en contra, 141; abstenciones, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.

Propuestas números 50, 51 y 58.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 25; en contra, 143; abstenciones, 139.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuestas números 54, 55, 56, 62, 63 y 64.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 19; en contra, 142; abstenciones, 148.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Restantes propuestas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 16; en contra, 142; abstenciones, 151.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas. (El señor
Ríos Martínez, pide la palabra.)
Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, en la agrupación de
propuestas del Grupo Socialista van unidas las números 72 y 77.

Yo le pediría que las separase para su votación. Y respecto a la
propuesta 80, que no está agrupada en las restantes, como ha
decaído la transaccional que han ofrecido, no sé cuándo se



Página 10315




vota. Pedimos que se vote por separado la citada propuesta número
80.




El señor PRESIDENTE: Propuestas del Grupo Socialista.

Propuesta número 70.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 290; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta
Propuesta número 72.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 146; en contra, 16; abstenciones, 147.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.

Propuesta número 77.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 291; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.

Propuesta número 80.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 125; abstenciones, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.

Restantes propuestas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 167; en contra, 123; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.

Propuestas del Grupo Popular.

Propuestas números 83, 97, 107, 132, 130 y 135.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 137; en contra, 143; abstenciones, 29.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuestas números 85, 91, 96, 102, 106, 108, 110, 118, 126, 131,
137, 161, 174 y 175.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 133; en contra, 157; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuestas números 129 y 134.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 125; en contra, 143; abstenciones, 41.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.

Propuestas 124 y 170.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 283; en contra, tres; abstenciones, 23.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.

Restantes propuestas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 145; en contra, 142; abstenciones, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.

Propuestas transaccionales.

Propuesta transaccional en relación con la propuesta 65, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 166; en contra, uno; abstenciones, 142.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.

Propuesta transaccional en relación con las propuestas 101, 103,
116, 115, 120 y 121, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 277; abstenciones, 32.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.




Página 10316




Propuesta transaccional en relación con la número 117, del Grupo
Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 275; abstenciones, 32.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta transaccional en relación con las propuestas números
67, del Grupo Socialista, y 21, del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 276; en contra, 15; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta transaccional en relación con las propuestas números
78, del Grupo Socialista, y 140, 141 y 142, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 277; en contra, 14; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.

Restantes propuestas transaccionales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 290; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes propuestas
transaccionales.

Señorías, llegado este momento todos los años la presión de la
hora hace que lo que SS. SS. esperan y yo deseo decir pueda verse
empañado por la premura o por la urgencia, pero pueden estar
seguros de que no resta sinceridad, ni autenticidad ni vehemencia
al deseo de felicidad para estas Navidades y para siempre.

Se levanta la sesión. (Aplausos.)



Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.