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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 178, de 19/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 178
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 176
celebrada el jueves, 19 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado (Página 9438)
--Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en
materia de recuperación de la nacionalidad. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie A, número 95, de 5 de diciembre de
1994 (número de expediente 121/000080) (Página 9438)
--Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 99, de 12 de
enero de 1995 (número de expediente 121/000083) (Página 9438)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
--Modificación de la Reserva Tercera, apartado d), al Convenio
Europeo número 70 sobre la validez internacional de las
sentencias penales (La Haya el 28 de mayo de 1970). «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 195.1, de 12 de
mayo de 1995 (número de expediente 110/000159) (Página 9445)
--Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
entre el Reino de España y la República del Perú, firmado «ad
referéndum» en Madrid el 17 de noviembre de 1994. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 196.1, de 12 de
mayo de 1995 (número de expediente 110/000160) (Página 9445)
--Convenio constitutivo de la Oficina Europea de
Radiocomunicaciones (ERO). «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 197.1, de 19 de mayo de 1995 (número
de expediente 110/000161) (Página 9445)
--Acuerdo entre España y Malasia para la promoción y protección
recíproca de inversiones, firmado en Kuala Lumpur el 4 de abril
de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 198.1, de 22 de mayo de 1995 (número de expediente
110/000162) (Página 9445)
--Memorándum de entendimiento entre varios Estados Miembros de la
Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea relativo a
la ejecución del proyecto MERCURE, hecho en Madrid el 25 de
noviembre de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 199.1, de 12 de junio de 1995 (número de
expediente 110/000163) (Página 9445)
--Acuerdo sobre el Estatuto de las Misiones y Representantes de
Terceros Estados ante la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, hecho en Bruselas el día 27 de julio de 1994. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 201.1, de 20 de
junio de 1995 (número de expediente 110/000164) (Página 9445)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática y Popular para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, firmado «ad referéndum» en Madrid, el 23 de
diciembre de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 202.1, de 20 de junio de 1995 (número de
expediente 110/000165) (Página 9445)
--Declaración de aceptación por España de la extensión a Aruba
por parte de los Países Bajos del Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias
con respecto a menores (número IX de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado), hecho en La Haya el 15 de abril
de 1958. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 203.1, de 20 de junio de 1995 (número de expediente
110/000166) (Página 9445)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania
para la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado
«ad referéndum» en Vilnius el 6 de julio de 1994. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 204.1, de 20 de
junio de 1995 (número de expediente 110/000167) (Página 9445)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Portugal
para la construcción de un puente internacional sobre el río Miño
entre las localidades de Arbo (España) y Melgaìo (Portugal),
firmado en Madrid el 12 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 205.1, de 3 de julio de 1995
(número de expediente 110/000168) (Página 9445)
--Convenio entre España y Bélgica tendente a evitar la doble
imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en
Bruselas el 14 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 206.1, de 24 de julio de 1995 (número
de expediente 110/000169) (Página 9446)
--Convenio sobre la Ayuda Alimentaria, 1995, hecho en Londres el
13 de marzo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 207.1, de 24 de julio de 1995 (número de
expediente 110/000170) (Página 9446)
--Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en Africa, abierta a la firma en
París el 17 de junio de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 208.1, de 4 de agosto de 1995 (número
de expediente 110/000171) (Página 9446)
--Acuerdo de Seguridad de la Unión Europea Occidental, hecho en
Bruselas el 28 de marzo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 209.1, de 4 de agosto de 1995 (número
de expediente 110/000172) (Página 9446)
--Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado
en San Salvador el 14 de febrero de 1995. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 210.1, de 8 de agosto de 1995
(número de expediente 110/000173) (Página 9446)
--Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones
entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en
Santo Domingo de Guzmán el 16 de marzo de 1995. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 211.1, de 8 de agosto
de 1995 (número de expediente 110/000174) (Página 9446)
--Acuerdo sobre transporte internacional entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de Ucrania, hecho en Kiev el 16 de
junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
C, número 212.1, de 8 de agosto de 1995 (número de expediente
110/000175) (Página 9446)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas:
--Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de
telecomunicación por satélite. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 122.1, de 26 de junio de 1995 (número
de expediente 121/000106) (Página 9449)
Informe de la Ponencia de la Comisión no Permanente de
Cooperación y Ayuda al Desarrollo, sobre Cooperación en el Area
del Mediterráneo:
--Informe de la Ponencia de la Comisión no Permanente de
Cooperación y Ayuda al Desarrollo, sobre Cooperación en el Area
del Mediterráneo (número de expediente 154/000018) (Página 9460)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 9438)
Proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia
de recuperación de la nacionalidad (Página 9438)
Proyecto de ley de prevención de riesgos laborales (Página 9438)
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley por
la que se modifica el Código Civil en materia de recuperación de
la nacionalidad, intervienen, para fijación de posiciones, los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; López
Garrido, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Popular, y la señora Pelayo
Duque, del Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
prevención de riesgos laborales, hacen uso de la palabra para
fijación de posiciones los señores Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV);
Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Camps Devesa, del Grupo Popular, y Arnau Navarro, del
Grupo Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales (Página 9445)
Intervienen para fijación de posiciones, en relación con el
Convenio entre España y Portugal para la construcción de un
puente internacional sobre el río Miño, los señores Durán Núñez,
del Grupo Popular, y Curiel Alonso, del Grupo Socialista.
Votaciones (Página 9445)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley
por la que se modifica el Código Civil en materia de recuperación
de la nacionalidad, son aprobadas por 306 votos a favor y una
abstención.
Asimismo son aprobadas las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de prevención de riesgos laborales, con excepción de las
relativas al artículo 1.º y a la introducción de una disposición
adicional decimocuarta nueva, por 293 votos a favor y una
abstención.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre modificación de la Reserva Tercera, apartado d),
al Convenio Europeo número 70 sobre la validez internacional de
las sentencias penales, es aprobado por 310 votos a favor.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República
del Perú, es aprobado por 307 votos a favor y dos en contra.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores relativo al Convenio constitutivo de la Oficina
Europea de Radiocomunicaciones, es aprobado por 311 votos a
favor.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el Acuerdo entre España y Malasia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, es aprobado por
308 votos a favor y tres abstenciones.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores relativo al memorándum de entendimiento entre varios
Estados miembros de la Agencia Espacial Europea y la Agencia
Espacial Europea relativo a la ejecución del proyecto Mercure, es
aprobado por 310 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores relativo al Acuerdo sobre el Estatuto de las Misiones
y Representantes de Terceros Estados ante la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, se aprueba por 297 votos a favor,
tres en contra y 11 abstenciones.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el Acuerdo entre el Reino de España y la
República Argelina Democrática y Popular para la promoción y
protección recíproca de inversiones, se aprueba por 310 votos a
favor.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre la declaración de aceptación por España de la
extensión a Aruba por parte de los Países Bajos del Convenio
sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, se aprueba por
310 votos a favor.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores relativo al Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Lituania para la promoción y protección recíproca de
inversiones, se aprueba por 307 votos a favor, uno en contra y
tres abstenciones.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el Convenio entre el Reino de España y la
República de Portugal para la construcción de un puente
internacional sobre el río Miño entre las localidades de Arbo
(España) y Melgaìo (Portugal), se aprueba por 311 votos a favor.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el Convenio entre España y Bélgica tendente a
evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, se aprueba por 312 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores relativo al Convenio sobre la Ayuda Alimentaria, 1995,
se aprueba por 313 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Presupuestos
sobre la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en Africa, se aprueba por 309
votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Presupuestos
sobre el Acuerdo de Seguridad de la Unión Europea Occidental, se
aprueba por 300 votos a favor y 13 abstenciones.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Presupuestos
sobre el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de El
Salvador, se aprueba por 310 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el Acuerdo para la protección y promoción
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República
Dominicana, se aprueba por 300 votos a favor y tres abstenciones.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores relativo al Acuerdo sobre transporte internacional
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Ucrania,
se aprueba por 311 votos a favor.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas (Página 9449)
Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de
telecomunicación por satélite (Página 9449)
En nombre del Gobierno, presenta el proyecto de ley el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell
Fontelles), manifestando que la normativa nacional que regula los
servicios de telecomunicaciones por satélite se encuentra en la
actualidad inadaptada a las circunstancias de la realidad
presente a la que tiene que aplicarse, fundamentalmente por la
rápida modificación de las normativas comunitarias, por la propia
evolución tecnológica en el campo de la televisión por satélite
y por el cambio de las condiciones de mercado, con la aparición
de una oferta creciente en castellano desde fuera de nuestras
fronteras y la puesta en servicio de satélites de comunicaciones
con cobertura sobre la totalidad de nuestro territorio.
Añade que la rigidez de la normativa vigente obliga a introducir
modificaciones significativas en la regulación del marco jurídico
propio de los servicios de telecomunicación por satélite. En la
medida en que estas modificaciones afectan a preceptos de leyes
anteriores es imprescindible el uso de un nuevo instrumento legal
para su introducción. Expone el contenido más significativo de
estas modificaciones y termina señalando que el proyecto de ley
ha tomado una opción en favor de la liberalización de las
telecomunicaciones por satélite, que además de acomodarse a la
obligación de trasponer directivas comunitarias, responde a la
necesidad de favorecer el desarrollo del sector nacional de
telecomunicaciones por satélite, incorporando los avances
tecnológicos que han modificado completamente el escenario
previsto hace pocos años.
En defensa de las enmiendas de los Grupos respectivos, y para
fijación de posiciones sobre las enmiendas presentadas por otros
Grupos de la Cámara, intervienen los señores Posada Moreno, del
Grupo Popular; González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco
(PNV), y Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
En defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, y en turno en
contra de las enmiendas de los demás Grupos, interviene el señor
Díaz Sol.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas
anteriormente, así como del texto del proyecto de ley, que es
aprobado por 186 votos a favor y 128 abstenciones.
Informe de la Ponencia de la Comisión de Cooperación y Ayuda al
Desarrollo, sobre cooperación en el área del Mediterráneo (Página 9460)
En nombre de la Comisión, presenta el dictamen el señor Yáñez-
Barnuevo García, manifestando que el Mediterráneo es, con Europa
e Iberoamérica, una de las tres dimensiones fundamentales de la
proyección exterior de España. Por esa razón la cooperación de la
Unión Europea con la ribera sur del Mediterráneo tenía que estar
presente durante la presidencia española de la Unión Europea y lo
va a estar de manera destacada y operativa en la Conferencia
Euromediterránea de Barcelona, que se celebrará los días 27 y 28
de noviembre.
Agrega que el Mediterráneo ha sido durante siglos una encrucijada
de civilizaciones, arteria de intercambios y caldo de cultivo de
culturas florecientes, que han pesado a lo largo de la historia,
pero también ha sido campo de múltiples conflictos bélicos y de
violencias endémicas.
En la actualidad en el Mediterráneo existen elementos de
optimismo, pero también factores de preocupación. Menciona
algunos de ellos, destacando entre los elementos de preocupación
los profundos desequilibrios políticos, sociales, económicos,
demográficos y medioambientales, presentes en los países del
Magreb especialmente, que han ido generando en los últimos años
una creciente radicalización, incluso de terrorismo integrista,
como forma de escape o de refugio de las juventudes ante el
desempleo, la pobreza extrema y la falta de perspectivas de
futuro, con emigraciones desordenadas que ponen en riesgo la
seguridad y la estabilidad de todas las regiones, a lo que se une
el hecho de que los pueblos de la ribera sur del Mediterráneo ven
a Europa como una fortaleza cerrada y hostil, que se resiste a
compartir su prosperidad y donde crece la desconfianza, cuando no
el abierto racismo y la xenofobia, especialmente hacia los
vecinos arábes.
Ante la realidad existente considera necesaria una respuesta
global, consensuada e innovadora de los países ribereños del
Mediterráneo, como la que se pretende con la Conferencia de
Barcelona por parte de los 27 países participantes. Se trata de
que la cuenca mediterránea llegue a ser una zona de diálogo e
intercambio que garantice la paz, la estabilidad y el bienestar
de quienes viven en su ribera. Cree que no es exagerado afirmar
que éste es el primer intento serio de la Unión Europea para
dotarse de una auténtica estrategia mediterránea que reciba
realmente el nombre de tal, y en ella han jugado de manera muy
importante la Comisión Europea y el Consejo Europeo, involucrando
poco a poco a los socios del centro y del norte de Europa, para
los que en teoría el Mediterráneo podría parecerles alejado de
sus intereses. Sin embargo, la convicción de que la estabilidad y
la seguridad del Mediterráneo contribuyen decisivamente a la
estabilidad y a la seguridad de la propia Europa, de toda Europa,
hizo el resto.
Alude, por último, a los objetivos de la próxima Conferencia de
Barcelona, destacando una asociación permanente euromediterránea
basada en el diálogo político, la cooperación socioeconómica y el
entendimiento entre culturas.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Vázquez
Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Hernando
Fraile, del Grupo Popular, y Cremades Griñán, del Grupo
Socialista.
Sometido a votación, se aprueba el Informe de la Ponencia de la
Comisión no Permanente sobre cooperación en el área del
Mediterráneo por 285 votos a favor.
Se levanta la sesión a la una y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO CIVIL EN
MATERIA DE RECUPERACION DE LA NACIONALIDAD (Número de expediente
121/000080)
--PROYECTO DE LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (Número de
expediente 121/000083)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. Enmiendas al
proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia
de recuperación de la nacionalidad.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las
enmiendas a este proyecto de ley? (Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de prevención de riesgos
laborales.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, para la primera de estas dos
iniciativas, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente las dos enmiendas que
ha introducido el Senado a este proyecto de ley por la que se
modifica el Código Civil en materia de recuperación de la
nacionalidad. La primera enmienda, al artículo 26 actual, recoge
simplemente una recomendación gramatical de estilo y, por tanto,
no tiene más enjundia. En cuanto a la segunda, señor Presidente,
sí quisiera destacar el sentido de nuestro voto, que, como he
dicho, va a ser afirmativo. Nos habría gustado que hubiera
desaparecido la limitación de la edad, pero creemos que el
Senado, en este caso, ha introducido dos mejoras sustanciales. En
primer lugar, que cuando se vincula a la prestación del servicio
militar español o la prestación social sustitutoria, se ha
introducido la matización de que estén obligados a ello, porque
son muchos los que, habiendo perdido la nacionalidad española y
pudiendo recuperarla, no están obligados, por razones de todo
tipo, médicas, sanitarias, físicas o legales. En segundo lugar,
creíamos que el proyecto que salió de la Cámara era muy duro en
cuanto que ponía el límite de la edad de 50 años para estar
excluido de la habilitación que concede el Gobierno. Al rebajarse
ese límite a la edad de 40 años, nos parece que se ha mejorado y
se ha limado esa aspereza.
Por estas razones, señor Presidente, teniendo en cuenta la mejora
introducida, vamos a votar favorablemente. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario también va a votar favorablemente las
enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el
Código Civil en materia de recuperación de la nacionalidad,
puesto que mejoran el texto; un texto que fue aprobado por
nuestro Grupo también en el Congreso de los Diputados.
Como se sabe, este proyecto de ley facilita la recuperación de la
nacionalidad a los españoles de emigrantes o hijos de emigrantes
fundamentalmente. Este proyecto va dirigido a una pretensión que
tradicionalmente ha tenido nuestra emigración, porque hay graves
dificultades para recuperar la nacionalidad si tiene que pasar
por la residencia legal en España. Eso es lo que suprime este
proyecto de ley con el que nosotros estábamos de acuerdo en el
fondo, aunque intentamos mejorarlo y facilitar más el sentido
propio del proyecto presentando determinadas enmiendas, algunas
de las cuales fueron aceptadas en el trámite del Congreso, aunque
otras no lograron introducirse en el proyecto de ley que, a
nuestro juicio, podría haber sido incluso más abierto que el
texto actual.
En todo caso, las enmiendas del Senado van en la dirección de
hacer más fácil esa recuperación de nacionalidad, especialmente
en el caso de aquellos que hubieran perdido la nacionalidad
española sin haber cumplido el servicio militar o la prestación
social sustitutoria, estando obligados a ello, que es otra
aportación bien introducida en el trámite en el Senado. En este
caso, el Senado ha bajado el límite de edad --parecía bastante
obvio hacerlo así-- de cincuenta años, que estaba en el proyecto
de ley cuando pasó por el Congreso, a cuarenta para estar
excluido de la habilitación que tiene que conceder el Gobierno,
por lo tanto, a partir de los cuarenta años no será necesaria esa
habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad a
quienes la hubieran perdido sin haber cumplido el servicio
militar.
Por todas esas razones, nuestro Grupo votará favorablemente estas
enmiendas y reitera su apoyo a este
proyecto de ley que tiene el sentido --esperamos que en el futuro
sea más abierto-- de facilitar la recuperación de la nacionalidad
a aquellos emigrantes españoles o sus hijos que la hubieran
perdido.
Todo esto no empece para que señalemos, como hicimos entonces, la
necesidad de que haya una reconsideración a fondo de la
regulación de la nacionalidad en el Código Civil. Somos un país
de inmigración, no de emigración como éramos, y por eso es por lo
que la consecución de la nacionalidad debería orientarse más al
sentido actual de los movimientos migratorios, que van más bien
en el sentido de ingresar que de salir de nuestro país, con lo
cual se facilita la adquisición de la nacionalidad a quienes
residen legalmente en nuestro país. Esta es la otra parte de la
cuestión que no se trata en este proyecto de ley, pero que deberá
ser objeto en el futuro de un planteamiento por esta Cámara, a
cuyo objetivo ha ido precisamente una reciente iniciativa
planteada por nuestro Grupo Parlamentario.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Sólo para anunciar muy brevemente el voto favorable del Grupo
Popular a las enmiendas introducidas en el Senado que, como ya se
ha explicado por los anteriores portavoces, perfeccionan
notablemente el proyecto de ley. Al menos la primera ya fue
advertida en la Comisión en el Congreso de los Diputados, aunque
allí no corrió la suerte que ha tenido en el Senado.
En todo caso, queremos poner de manifiesto que este proyecto de
ley es claramente insuficiente. De ahí que presentáramos una
enmienda de totalidad en su discusión en el Congreso de los
Diputados. Como es sabido, la finalidad de esta ley es suprimir
el requisito de residencia legal en España para recuperar la
nacionalidad española, pero sólo cuando el solicitante fuera
emigrante o hijo de emigrante. Por consiguiente, cuando la
adquisición de la nacionalidad distinta a la española hubiera
tenido su causa en hechos diferentes al fenómeno migratorio, el
proyecto de ley sigue manteniendo la exigencia de que el
solicitante sea residente legal en España, si bien este requisito
puede ser dispensado por el Ministro de Justicia e Interior.
Nosotros seguimos manteniendo la idea de que la exención del
deber de residencia en territorio español para recuperar la
nacionalidad, no sólo debe ser concedida a los emigrantes e hijos
de emigrantes, término, por otro lado, de difícil concreción en
un futuro, sino que se ha de conceder a todo aquel que, en alguna
ocasión, haya ostentado la nacionalidad española.
Por tanto, seguimos insistiendo en los términos de nuestra
enmienda de totalidad en que debe ser suficiente que el
interesado declare ante el Registro Civil su voluntad de
recuperar la nacionalidad española y que se inscriba esta
recuperación en el Registro Civil, aligerando en consecuencia los
trámites que en la ley se contemplan. Nosotros presentamos una
enmienda de totalidad y enmiendas parciales que fueron
derrotadas, tanto en esta Cámara, como en el Senado, pero
seguimos considerando que la nacionalidad es un derecho y no una
concesión. El reconocimiento de la nacionalidad no puede quedar
sujeto a que el Ministerio de Justicia e Interior reconozca o no
la capacidad que pueda tener para volver a ser español.
Insistimos en que estas enmiendas aprobadas en el Senado no
recogen la propuesta formulada por nuestro Grupo de suprimir el
requisito de la residencia legal en España a todo el que haya
perdido de nacionalidad española y desee recuperarla, concediendo
este beneficio sólo a los emigrantes e hijos de emigrantes.
Hechas estas salvedades, que ya pusimos de relieve en la
discusión del proyecto de ley, tanto en el Congreso, como en el
Senado, insistimos en que daremos el voto favorable a estas dos
enmiendas parciales porque entendemos que contribuyen a mejorar
el texto del proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Al abordar en el día de hoy el último trámite parlamentario de
este proyecto de ley que contiene, a nuestro juicio, un
importante impulso democrático, no puedo por menos que expresar
la satisfacción de nuestro Grupo por la iniciativa del Gobierno y
del Partido.
Hoy, señorías, vamos a aprobar dos enmiendas remitidas por el
Senado a este proyecto de ley; proyecto de ley del que la mayor
parte de los grupos se sienten protagonistas y eso evidencia, a
mi juicio, la bondad del trabajo parlamentario de suma de
voluntades y de ejercicio democrático.
Este es un proyecto de ley corto en su contenido, pero largo en
su alcance y repercusión. Se trata de dar respuesta a la demanda
de miles de ciudadanos que, obligados por adversas condiciones,
perdieron la nacionalidad española en un momento concreto.
A lo largo de los debates parlamentarios he sentido el impulso
generoso y hospitalario que alentaban algunas de las enmiendas
que han presentado a este proyecto de ley los grupos
parlamentarios. Este espíritu generoso impulsó, en otros ámbitos,
acontecimientos de nuestra historia que pedían que abriéramos las
puertas del Estado a aquellos ciudadanos que hubieran tenido,
cualquiera que fuera la circunstancia, relación con nuestro país
o hubieran tenido en algún momento la nacionalidad española. Este
impulso
generoso hizo que en otros momentos de nuestra historia dijéramos
que todos los españoles éramos justos y benéficos.
Nosotros vamos a apoyar las dos enmiendas que remite el Senado.
Estas dos enmiendas mejoran el contenido de la ley, fueron
respaldadas ampliamente por la Cámara Alta (de los 236 votos
presentes, 232 y 234 apoyaron las respectivas enmiendas), y dan
respuesta a alguna de las peticiones de las pocas enmiendas que
se han presentado en su tramitación parlamentaria.
Este proyecto de ley contiene una idea fundamental: la de dar la
posibilidad de que aquellos emigrantes o hijos de emigrantes que
perdieron la nacionalidad española antes de la entrada en vigor
de la Constitución, puedan recuperarla, a partir de la entrada en
vigor de esta ley, con una simple declaración ante el Registro
Civil, sin necesidad del requisito de residencia que actualmente
está vigente.
Las intervenciones que ha habido en este proyecto de ley me
recuerdan lo que, en su momento determinado, dijo un
representante destacado de la comunidad iberoamericana: En España
--dijo-- hay una fuerza importante que grita al mundo entero que
es posible hacer justicia sin caer en la venganza y que reclama
un puesto en la vanguardia de la libertad. Es el mismo
representante que dijo que hay un pedazo grande de España en cada
hombre y en cada mujer que habita en América.
Este proyecto de ley va a permitir no sólo restaurar una deuda
que teníamos los españoles de hoy con aquel pasado sino también
incorporar a esos ciudadanos que perdieron la nacionalidad a la
creación de ese futuro que estamos construyendo tan duramente y
con tanto coraje los ciudadanos que vivimos hoy en España.
Por eso, señor Presidente, vamos a apoyar las dos enmiendas del
Senado a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de prevención de riesgos
laborales.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente el amplio abanico de
enmiendas, todas ellas remitidas por el Senado, al proyecto que
salió de esta Cámara. Aunque en su inmensa mayoría son enmiendas
que introducen correcciones de estilo, gramaticales, y mejoras
técnicas puramente aclaratorias, que disipan algunas dudas de
inseguridad jurídica y de concreción que se podían contemplar en
el texto salido de esta Cámara, sí quiero destacar, para dar
énfasis a nuestro apoyo a tan importante proyecto de ley, que
viene a dar una regulación mucho más acorde con las directivas de
la Unión Europea para la higiene y seguridad en el trabajo, viejo
cuerpo doctrinal de la teoría laboralista española, que tan
fructífera ha sido en sentencias de la jurisdicción laboral en
España.
Quiero destacar fundamentalmente las mejoras introducidas por la
enmienda al artículo 3 del proyecto, que viene a significar una
aclaración de la aplicación de las medidas de higiene y seguridad
en el trabajo en los establecimientos militares y penitenciarios,
que tienen que tener una regulación, dentro de la norma general
por supuesto, pero con unas peculiaridades específicas.
También queremos destacar la enmienda dirigida al apartado 1 del
artículo 8 del proyecto, que incluye, entre las funciones del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la de
apoyo técnico y colaboración con la Inspección del Trabajo y
Seguridad. Creemos que esto va a ser beneficioso tanto para
cualquier litigio que tenga la empresa como, sobre todo, para los
trabajadores de la misma.
Queremos destacar también con nuestro apoyo la enmienda
introducida por el Senado al artículo 15 en su apartado 5, donde
la finalidad contemplada es el principio de acción preventiva
para poder concertar operaciones de seguro que tengan como ámbito
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo.
En la pasada sesión del Pleno de esta Cámara, votábamos las
enmiendas del Senado a la Ley de Ordenación del Seguro.
Precisamente, aquí se contemplan ya aspectos recogidos en la
misma para que, en el ámbito laboral y con respecto a la
prevención de riesgos del trabajo, se puedan concertar
operaciones de seguros.
Otro tanto diríamos de la enmienda introducida al artículo 30,
que va a crear un nuevo cuerpo de normas de comportamiento en la
obligación, señalada a los trabajadores que se designen por sus
compañeros, para ocuparse del cumplimiento del deber de
prevención de riesgos profesionales, de colaborar entre sí y, en
su caso, con los servicios de prevención. Creemos que con esto
vamos a hacer un servicio positivo a la legislación, dado que
había antecedentes de contenciosos en las magistraturas laborales
en cuanto a la reserva formulada por la Comisión de la Unión
Europea respecto a la Directiva 89/391.
Que todo esto, señor Presidente, sirva de prólogo al
mantenimiento de una serie de principios contenidos en el texto
del proyecto que salió de esta Cámara, que Coalición Canaria votó
en su momento favorablemente, y para ratificar nuestro apoyo en
este momento a todas las enmiendas que vienen del Senado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo se va a abstener en este trámite no sin considerar
previamente que éste es un importante proyecto de ley que
incorpora a nuestra legislación atinente a los riesgos laborales
y a la seguridad en el trabajo menciones tan importantes como las
consignadas por el artículo 118 A del Acta Unica Europea y
múltiples directiva que van uniformando el Derecho europeo en
esta materia, como son las Directivas 8/391, 92/85, 94/33 y
91/383.
Tenemos que felicitarnos todos porque éste es un proyecto de ley
que moderniza una legislación que empezaba a resultar obsoleta en
este país, basada en ordenanzas laborales y particularmente en la
Orden de 9 de marzo de 1971, la entrañable pero ya antigua, vieja
e inadecuada Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
incorporando elementos de modernidad y de desregulación en la
materia, transfiriendo a los interlocutores sociales, a través de
la función que consigna la disposición adicional quinta, el
ejercicio de competencias por entes privados, como digo, que
hasta el momento resultaban competencias de carácter público o
cuasi público, cuando menos. Desde esa perspectiva, nuestras
felicitaciones, la felicitación colectiva, a todos los miembros
del Gobierno tanto en el trámite prelegislativo como a nivel del
importe consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios.
La abstención de mi Grupo Parlamentario se funda en una doble
insatisfacción, señor Presidente; los problemas competenciales,
de nuevo, no han sido bien resueltos. Hay una disposición, la
disposición adicional tercera, de este proyecto de ley que
determina los preceptos que deben tener la consideración de
preceptos básicos y, de nuevo, por enésima vez, como ocurre cuasi
sistemáticamente, se establece una desproporcionada, una
exorbitada determinación de los preceptos que deben ser de
naturaleza básica. Y no sólo se establece que estos preceptos
consignados por la disposición adicional tercera tienen
naturaleza básica, preceptos básicos, sino que la han de tener
también mediante una especie de peculiar «ius sanguinis» todas
las normas reglamentarias que deriven del desarrollo
reglamentario de estos preceptos. Eso es intolerable para mi
Grupo Parlamentario porque en este proyecto de ley se utilizan
varios títulos constitucionales habilitantes. En primer lugar, se
utiliza como título constitucional habilitante el artículo
149.1.7.ª de la Constitución y, en segundo lugar, el artículo
149.1.18.ª de la Constitución; el primero, relativo a la
legislación laboral y, el segundo, al régimen estatutario de los
funcionarios públicos.
La determinación de preceptos que tienen para el proyecto de ley
naturaleza básica impide el reconocimiento material de las
competencias autonómicas que esos mismos títulos competenciales
reconocen a diversos estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas. No sólo esto, señor Presidente, sino que también se
utilizan otros títulos competenciales habilitantes de forma
innominada. Por ejemplo, el título competencial cooperativas, o
el título competencial competencias de autoorganización de
instituciones de autogobierno. (Rumores.)
Señor Presidente, no sé si es abusar de su amabilidad pedirle que
me ampare solicitando un silencio razonable que me permita
escucharme, cuando menos.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, es una petición
absolutamente legítima, lo que ocurre es que, por una rara
excepción, en estos momentos se le oye bastante mejor desde la
Presidencia que posiblemente desde el resto del hemiciclo. No es
lo que suele ocurrir.
Ruego silencio a sus señorías.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Agradecido señor Presidente. Comprendo
que éste es un tema de rabiosa actualidad y de los que despiertan
un intenso entusiasmo entre SS. SS., pero tenía materiales
dificultades de articular estas modestas opiniones que mi Grupo
considera muy pertinentes.
Decía, en definitiva, que esta determinación de preceptos básicos
parece tan exorbitante que impide el ejercicio de competencias
autonómicas en todos sus ámbitos o manifestaciones, impide
también el ejercicio de competencias legislativas en las
comunidades autónomas que la tienen, por ejemplo, a través del
título habilitante, cooperativas, competencia exclusiva, que
proporciona a las comunidades autónomas competencia de carácter
legislativo porque ya se prevén numerosos preceptos básicos donde
se prerregula legislativamente por el Estado la materia y por su
desarrollo reglamentario. Se impide el ejercicio de otra
competencia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Olabarría.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: En segundo lugar, obstaculiza el
ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas de
desarrollo legislativo y ejecución en títulos habilitantes
constitucionales que tienen estas características, como es el
régimen estatutario de los funcionarios públicos, o también
porque la excesiva determinación de preceptos de naturaleza
básica de esta disposición adicional tercera impide, encoje,
reduce a la mínima expresión la posibilidad de desarrollo
legislativo y ejecución.
Por último, también impide el ejercicio de competencias que son
de pura ejecución autonómica, como la relativa a la legislación
laboral, porque la exorbitante determinación de preceptos básicos
en esta disposición adicional tercera reduce también, poco menos
que a la nada, al ejercicio de competencias circunstanciales las
competencias de ejecución en el ámbito laboral o de la
legislación laboral.
Desde esa perspectiva, no es satisfactorio el contenido de esta
disposición adicional tercera, y sí lo es, sin
embargo, y con esto acabo mis palabras, señor Presidente, el
contenido de la otra gran disposición adicional, la quinta, que
también prevé cuestiones de naturaleza competencial. En la
disposición adicional quinta se prevé la existencia de una
fundación que va a ejercer algunas de las competencias que en
materia de prevención de riesgos laborales eran hasta el presente
de naturaleza pública o cuasi pública. Es decir, se desregula
parcialmente esta materia, atribuyendo a los interlocutores
sociales, a través de la fundación que se consigna en esta
disposición, el ejercicio de estas competencias.
Quiero agradecer al Grupo Socialista y a todos los demás, porque
esto al final se ha aprobado por unanimidad, la sensibilidad que
han demostrado, posibilitando que exitan no fundaciones
autonómicas, pero sí órganos tripartitos de participación
institucional de ámbito autonómico que van a ejercer las mismas
competencias que el Estado va a ejercer en esta fundación. Esto
es algo importante que denota ajuste a los requerimientos del
bloque de constitucionalidad y sensibilidad autonómica, y otra
sensibilidad mucho más relevante, en opinión de mi Grupo
Parlamentario, una sensibilidad atinente a la existencia de
realidades sindicales y empresariales de naturaleza diferente a
las del Estado en algunas comunidades autónomas.
Desde esa perspectiva, los claroscuros de esta ley, los aspectos
que resultan gratificantes para mi Grupo Parlamentario, pero
también los aspectos que merecen una crítica que la hacemos no de
forma acerba, pero sí muy enérgica, porque entendemos que la
disposición adicional tercera tiene vicios de
inconstitucionalidad al determinar que son básicos de forma
exhaustiva todos los preceptos de la ley menos ocho --de 54 todos
menos ocho--, manifestamos señor Presidente, nuestra abstención
en estas enmiendas del Senado, abstención que es tácita al propio
contenido del proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo
Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente. Señorías,
es evidente que ésta es una ley importante, es una ley esperada
por los trabajadores y también por los empresarios, es una ley
que tuvo sus antecedentes hace ya mucho tiempo en una serie de
proyectos que no vieron la luz, es una ley necesaria para
incorporar las directivas de la Unión Europea, es una ley para
modernizar el entramado de la lucha contra los accidentes
laborales y es una ley que la agradecerán todos los ciudadanos
porque incidirá menos en los Presupuestos Generales del Estado,
dado que la siniestralidad en nuestro país es uno de los
capítulos más desgraciados porque afecta a las personas, pero
también más caro porque afecta a los impuestos que pagan los
contribuyentes del país.
Hemos reclamado este texto durante mucho tiempo. Finalmente vino
un proyecto a esta Cámara que fue mejorado a lo largo de los
trámites parlamentarios que aquí se produjeron y que, finalmente,
en este último tramo del Senado, ha sido mejorado en algunos
aspectos. Algunas de las enmiendas del Senado no son simplemente
gramaticales, como ocurre en otros proyectos, sino que aquí hay
enmiendas de cierto calado que han sido apoyadas por el Grupo de
Senadores de Convergència i Unió y, como es lógico, serán
apoyadas hoy por nuestro Grupo. Por tanto, anuncio el voto
favorable de nuestro Grupo a todas las enmiendas que hoy vienen a
esta Cámara procedentes del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Sin lugar a dudas, señorías, nuestro Grupo ve con satisfacción la
aprobación de un proyecto de ley largamente reclamado por
nosotros y, de manera fundamental, por la realidad laboral
española. Esta satisfacción, señor Presidente, señorías, se ve
empañada por esa demora en la aprobación de este proyecto de
ley --desde hace casi diez años se lleva hablando del mismo--, y
se ve empañada también, señor Presidente, señorías, tenemos que
decirlo, por la insuficiencia con que, en nuestra opinión, este
proyecto de ley aborda una realidad laboral extraordinariamente
preocupante en nuestro país. La insuficiencia de este proyecto de
ley, señor Presidente, señorías, resalta más si se toma en
consideración y se atiende el dato de que en la anterior
legislatura hubo un proyecto de ley que fue consensuado por el
Gobierno con los sindicatos y que, en nuestra opinión, era
notablemente mejor que éste presentado por el Gobierno,
desconociendo aquel acuerdo.
Por lo que se refiere a las enmiendas concretas del Senado,
señorías, entendemos que no alteran de manera fundamental la
filosofía de este proyecto de ley y, por tanto, en relación con
las mismas, vamos a mantener una posición de distanciamiento
crítico. Nos parece necesaria esta ley, pero nos parece
insuficiente. Algunas enmiendas concretas introducidas por el
Senado entendemos que empeoran aún más este proyecto de ley y
votaremos en contra de las mismas. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps Devesa.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señores Diputados, en el día de hoy se va a proceder por parte de
esta Cámara, cuando aún tenemos fresca
en nuestra mente la última tragedia que ha sucedido en la minería
asturiana, a aprobar un importante proyecto de ley --como han
reconocido todos los grupos intervinientes hasta este momento--,
el proyecto de ley de prevención de riesgos laborales, de una
enorme trascendencia social y humana que prima, como no podía ser
de otra manera, sobre los aspectos puramente económicos que, sin
dejar de ser importantes, no son los fundamentales; proyecto de
ley, por tanto, y reitero las palabras de los que me han
precedido en el uso de la misma, necesario, y esa necesidad ha
motivado un amplio consenso fuera del Parlamento entre los
agentes sociales y, dentro del mismo, entre los grupos
parlamentarios que han elaborado durante todo el procedimiento lo
que hoy va a ser el texto definitivo de este proyecto de ley.
Pero a pesar de reconocerse por todos la importancia que este
proyecto de ley tiene para la calidad de vida en el trabajo, esa
importancia y esa necesidad no ha sido recogida hasta ahora por
los distintos ejecutivos socialistas presididos por el señor
González, que desde que prometió, allá por el año 1982, desde
esta misma tribuna, en su primer discurso de investidura, la
remisión a esta Cámara de un proyecto de estas características,
ha tardado la friolera de 13 años en enviarlo, con varios
intentos fallidos de por medio; espacio de tiempo que denota,
bien a las claras, la poca preocupación de este Gobierno y los
que le han precedido respecto de la salud laboral de nuestros
trabajadores. Esta dilación, evidentemente, sólo puede ser
consecuencia de la falta de voluntad política, solamente
achacable a los gobiernos socialistas que han dirigido la vida de
este país en los últimos años, porque las causas que motivan la
existencia de este proyecto de ley, como todos conocemos,
existían y existen. Teníamos y tenemos altos índices de
siniestralidad laboral; teníamos y tenemos una legislación
anticuada, obsoleta, preconstitucional, difusa y dispersa en la
materia; teníamos y tenemos un compromiso constitucional con
nuestro artículo 42.2 para desarrollar la protección de la salud
en el trabajo y, además, teníamos, porque eso aún lo tenemos pero
bastante desfasado, un compromiso, por ser parte de la Unión
Europea, de incorporar a nuestra legislación las directivas marco
y demás respecto a la materia antes del 31 de diciembre de 1992;
directiva irónicamente firmada, señorías, por el señor Chaves, a
la sazón Presidente del Consejo de Ministros de la Comisión
Europea, y que incorporamos a nuestro Derecho casi tres años
después del límite legal establecido. Esta infracción nos ha
supuesto, entre otras cosas, un recurso interpuesto contra el
Reino de España por parte de la Comisión de Comunidades Europeas,
con expresa sanción de costas al Reino de España, debido a esa
excesiva dilación de los ejecutivos socialistas.
Fíjense, señorías, es muy fácil, este proyecto de ley se
configura como una ley general, una ley de bases, una ley marco,
una ley de principios. Pero ustedes han tardado la friolera de
cinco años prácticamente en copiar de un papel a otro, y lo
reconoce el propio Gobierno. Siendo ello relativamente sencillo,
no lo hicieron todo lo bien que debieran y, por eso, el proyecto
ha sido claramente mejorado en su trámite parlamentario con las
enmiendas de los grupos aquí y, como me requieren algunas
señorías de la bancada de la izquierda, en el Senado, enmiendas
del Senado que han mejorado, evidentemente, este proyecto.
No vamos a reproducir aquí, para tranquilidad de SS. SS., debates
que ya hayan tenido lugar en esta Cámara o en la Cámara alta,
aunque no podemos dejar de valorar de forma positiva el cambio de
criterio del Grupo mayoritario en esta Cámara, no en el Senado,
que fue contrario al debate que ya sostuvimos aquí el 15 de junio
del presente año. No querían que se concedieran incentivos de
ningún tipo para que las empresas cumplieran con su obligación de
prevenir los riesgos laborales, decían que era simplemente su
deber. Ahora, en cambio, aceptan la existencia de dichos
incentivos como beneficiosos para la implantación de la ley,
teniendo hoy su reflejo concreto en la enmienda que se ha
presentado al artículo 5.º, cuyo texto es completamente
compatible, complementario y que encuentra su concreción en la
nueva disposición adicional decimocuarta, que introduce la
posibilidad de establecer reglamentariamente beneficios fiscales
en función de las inversiones efectuadas en materia de prevención
de riesgos laborales, reconociéndose con ello, tras las enmiendas
del Senado que se incorporan, la postura mantenida desde el
inicio por nuestro Grupo Parlamentario de compensar el grado
sancionador de la norma, buscando la consecución de los objetivos
por medios distintos y adicionales a los punitivos, como son esas
medidas provisionales. Poco sentido tendría en el día de hoy,
compartiendo el criterio que inspiraban las enmiendas, que por
parte de algún Grupo se hiciera un nuevo ejercicio de
contradicción y se votara una de ellas votando en cambio en
contra de las otras.
En definitiva, señorías, creemos que las enmiendas introducidas
en el Senado mejoran claramente este proyecto de ley, contribuyen
de forma notable a la mejora de la calidad de vida en el trabajo,
a un clima social más constructivo y a una mejora de nuestra
competitividad. Por ello, todas ellas tendrán el apoyo de mi
Grupo Parlamentario.
Así pues, señorías, me adhiero a las peticiones que han hecho el
resto de portavoces de otros grupos y me congratulo, serena y
reflexivamente, de que este proyecto de ley vaya por fin a ser
aprobado, sin que quepan en el día de hoy autoconcesiones por
parte de nadie de medalla a mérito alguno, que no podría ser otra
cosa, en el supuesto del Gobierno, que una medalla al mérito de
la tardanza, ya que España va a finalizar este devenir poco
glorioso con un broche no de oro, sino de hojalata, toda vez que
vamos a acabar de presidir la Unión Europea sin que una ley, que
es trasposición de
directivas marco comunitarias, haya entrado en vigor en nuestro
país.
Eso sí, el Presidente González, hace breves fechas, en una sesión
de control parlamentario, manifestó desde su escaño que la no
celebración de elecciones en este otoño era debido, entre otros
motivos, a la aprobación de importantes proyectos de ley, entre
otros el proyecto de ley de salud laboral, importancia que,
evidentemente, parece que no había tenido para este Gobierno y
para el Presidente González desde hace más de doce años, que
incluso desconocía que ahora su denominación había cambiado por
la de ley de prevención de riesgos laborales. Es un lapsus
justificado, cuando lo prometió hace trece años, el proyecto de
ley se denominaba de salud laboral.
Mi Grupo hoy no sólo se congratula por el contenido e importancia
para la salud y la calidad de vida en el trabajo del proyecto de
ley que definitivamente vamos a aprobar, sino también porque al
señor González se le ha acabado una de las excusas formales que
puso para dejar de ser Presidente del Gobierno de este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.
Por el Grupo Socialista, el señor Arnau tiene la palabra.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con este último trámite parlamentario vamos a aprobar
definitivamente la ley de prevención de riesgos laborales. Es una
ley, como se ha
reconocido por todos los grupos parlamentarios, importante para
los grupos, importante para el Gobierno también y, por
descontado, para el Grupo Socialista. Es una ley que pone fin a
la dispersión de la normativa vigente, actualiza normas
desfasadas y contempla situaciones nuevas no reguladas con
anterioridad.
Los antecedentes de la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales podemos encontrarlos en los mismos orígenes de
humanidad.
Algún autor, como Pendás Díaz, cita el código de Hammurabi, 2.700
años antes de Cristo, que, al parecer, recoge y describe un
aparato para sujetar las patas traseras de las vacas y evitar así
daños al ordeñador. Se cita también a Hipócrates. En España, las
Actas Catedralicias de León, el Libro del Consulado del Mar, las
ordenanzas sobre minas, las leyes de Indias, etcétera. Con el
maquinismo y la preponderancia de las ideas liberales se presenta
el peor momento para la prevención de riesgos laborales, al
emplearse niños que trabajan de pie durante 16 o 17 horas. Con
esto, llegamos al artículo 118 del Tratado de la Comunidad
Económica europea, que indica que los Estados miembros procurarán
promover la mejora del medio de trabajo para proteger la
seguridad y salud de los trabajadores y se fijarán como objetivo
la armonización de las condiciones existentes en el ámbito
laboral.
Esto es lo que hemos perseguido con esta importante ley que,
evidentemente, ha exigido tiempo, porque también ha sido
necesario hablar con los interlocutores sociales y no se puede
venir aquí, señor Camps, a acusar exclusivamente al Gobierno de
una paralización de este proyecto de ley, porque, de hecho, usted
sabe perfectamente que esa paralización no se ha producido, que
ha habido multitud de reuniones con los sindicatos y que, al
final, hemos llegado a un acuerdo, si no total en el proyecto de
ley, sí al menos en gran parte del mismo.
Las enmiendas del Senado, con alguna excepción, mejoran el texto
remitido por el Congreso, por ejemplo, cuando en el artículo 5.º
3 se faculta a las administraciones públicas a adoptar programas
específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de
trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección,
pudiendo concederse incentivos especialmente a la pequeña y
mediana empresa. Se habla, por tanto, de programas y se habla de
incentivos, sin especificar cuáles.
Cuestión distinta es, señor Camps, las exenciones y
bonificaciones fiscales que el Grupo Parlamentario Popular
pretende que se concedan a las empresas en función de inversiones
en materia de prevención de riesgos. El Grupo Popular no ha
entendido que lo que se regula es el deber de seguridad en esta
ley, el deber de seguridad que incumbe al empresario, y la
obligación por parte del mismo de acarrear con el coste de las
medidas de seguridad e higiene. No caben exenciones ni
bonificaciones fiscales cuando el empresario cumple con su
obligación de proporcionar seguridad a los trabajadores. Han
entendido mal, realmente mal, esta ley, seguramente porque no
acaban de aceptarla.
Votaremos en contra, por tanto, de la correspondiente enmienda
propuesta en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular.
También votaremos en contra de la enmienda que introdujo
Convergència i Unió en el Senado, al referirse a la normativa
para promover la mejora de la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo, en vez de referirse a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, porque se confunde la
finalidad de la norma con su naturaleza o con su carácter.
En cambio, estamos de acuerdo con el resto de las enmiendas, por
ejemplo, las que afectan al artículo 39, apartado 2 d) y a la
disposición transitoria segunda, para favorecer el consenso que
prometimos el día del debate de totalidad en esta Cámara, pese a
que estas enmiendas no llegan a convencernos del todo. Estaremos
a favor también de la función de apoyo técnico que el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo debe prestar a la
Inspección de Trabajo, y especialmente vamos a apoyar la enmienda
al artículo 25, que hace una expresa referencia a los
trabajadores
minusválidos, a los que sufran una discapacidad física, psíquica
o sensorial, que no serán empleados en puestos de trabajo que
puedan suponer un peligro para ellos o, en general, cuando se
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos
puestos de trabajo.
A los delegados de prevención se les otorga una función de
vigilancia y control sobre la normativa de prevención de riesgos
laborales; enmienda que resultaría sorprendente que fuera
propuesta, como así fue, por el Grupo Popular, si no fuese porque
no hace más que copiar y reproducir lo dispuesto en el texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Para terminar, señor Presidente, solamente diré que la
importancia de esta Ley deriva de la propia importancia que los
trabajadores y trabajadoras otorgan a su propia salud. Los
ciudadanos ejercen su derecho frente a los poderes públicos. Los
trabajadores y trabajadoras ejercen su derecho respecto a los
empresarios o a las administraciones públicas. La prevención de
riesgos laborales constituye, en definitiva, un principio rector
de nuestra política social recogido en nuestro ordenamiento
constitucional. La prevención de riesgos, como he dicho, es tan
antigua como el trabajo mismo. En España, el intervencionismmo
estatal se inició en el año 1873: se prohibía el trabajo de niños
y niñas menores de 10 años en fábricas, en talleres, en
fundiciones y en minas. Afortunadamente, ha llovido desde
entonces.
En el camino, muchos trabajadores han dejado su vida o su
integridad física. Confiemos en que esta ley sirva para la
disminución de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, ya que, si bien muchos son imprevisibles, la mayor
parte son perfectamente evitables.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
--MODIFICACION DE LA RESERVA TERCERA, APARTADO D), AL CONVENIO
EUROPEO NUMERO 70 SOBRE LA VALIDEZ INTERNACIONAL DE LAS
SENTENCIAS PENALES (LA HAYA EL 28 DE MAYO DE 1970) (Número de
expediente 110/000159)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL PERU, FIRMADO «AD
REFERENDUM» EN MADRID EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1994 (Número de
expediente 110/000160)
--CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA OFICINA EUROPEA DE
RADIOCOMUNICACIONES (E. R. O.)
(Número de expediente 110/000161)
--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y MALASIA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION
RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO EN KUALA LUMPUR EL 4 DE ABRIL
DE 1995 (Número de expediente 110/000162)
--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE VARIOS ESTADOS MIEMBROS DE LA
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA RELATIVO A
LA EJECUCION DEL PROYECTO MERCURE, HECHO EN MADRID EL 25 DE
NOVIEMBRE DE 1994 (Número de expediente 110/000163)
--ACUERDO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS MISIONES Y REPRESENTANTES DE
TERCEROS ESTADOS ANTE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO
NORTE, HECHO EN BRUSELAS EL DIA 27 DE JULIO DE 1994 (Número de
expediente 110/000164)
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGELINA
DEMOCRATICA Y POPULAR PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE
INVERSIONES, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID, EL 23 DE
DICIEMBRE DE 1994 (Número de expediente 110/000165)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA EXTENSION A ARUBA
POR PARTE DE LOS PAISES BAJOS DEL CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO Y
EJECUCION DE DECISIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS
CON RESPECTO A MENORES (NUMERO IX DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO), HECHO EN LA HAYA EL 15 DE ABRIL
DE 1958 (Número de expediente 110/000166)
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LITUANIA
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO
«AD REFERENDUM» EN VILNIUS EL 6 DE JULIO DE 1994 (Número de
expediente 110/000167)
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PORTUGAL
PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MIÑO
ENTRE LAS LOCALIDADES DE ARBO (ESPAÑA) Y MELGAÇO (PORTUGAL),
FIRMADO EN MADRID EL 12 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente
110/000168)
--CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y BELGICA TENDENTE A EVITAR LA DOBLE
IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADO EN
BRUSELAS EL 14 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente 110/000169)
--CONVENIO SOBRE LA AYUDA ALIMENTARIA, 1995, HECHO EN LONDRES EL
13 DE MARZO DE 1995 (Número de expediente 110/000170)
--CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACION EN LOS PAISES AFECTADOS POR SEQUIA GRAVE O
DESERTIFICACION, EN PARTICULAR EN AFRICA, ABIERTA A LA FIRMA EN
PARIS EL 17 DE JUNIO DE 1994 (Número de expediente 110/000171)
--ACUERDO DE SEGURIDAD DE LA UNION EUROPEA OCCIDENTAL, HECHO EN
BRUSELAS EL 28 DE MARZO DE 1995 (Número de expediente 110/000172)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO
EN SAN SALVADOR EL 14 DE FEBRERO DE 1995 (Número de expediente
110/000173)
--ACUERDO PARA LA PROTECCION Y PROMOCION RECIPROCA DE INVERSIONES
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DOMINICANA, HECHO EN
SANTO DOMINGO DE GUZMAN EL 16 DE MARZO DE 1995 (Número de
expediente 110/000174)
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO DEL
REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE UCRANIA, HECHO EN KIEV EL 16 DE
JUNIO DE 1995 (Número de expediente 110/000175)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con alguno de
los dictámenes? (Pausa.)
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Solicito fijar posición en el Convenio que aparece con el número
47 del orden del día, para la construcción de un puente
internacional sobre el Río Miño entre las localidades de Arbo y
Melgaìo. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Es un motivo de orgullo y un privilegio para este Diputado votar
a favor de la construcción de este puente internacional entre
Arbo y Melgaìo después de 13 años luchando por la mejora de las
comunicaciones en la provincia de Pontevedra, situada, como SS.
SS. saben, en el lejano Oeste.
Quiero en este momento hacer un homenaje al antiguo alcalde de
Arbo, mi gran amigo Chicho (Rumores.--Risas), que hizo de este
puente una obsesión política y personal. Quiero realmente hacerle
un homenaje desde esta tribuna en este momento. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor DURAN NUÑEZ: Señor Presidente, de todas maneras, ésta es
la primera acción...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Durán.
¡Señorías, ruego guarden silencio!
El señor DURAN NUÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Sé que el
señor ex alcalde lo agradecerá.
De todas maneras, señor Presidente, ésta es la primera acción
conducente a la construcción de este puente, porque de aquí tiene
que ir al Senado y después tiene que ser aprobado por la Asamblea
Nacional portuguesa, que en este momento, como sabe usted, se
encuentra en estado de receso después de las elecciones.
Además, hay que aclarar lo contenido en el artículo 3, en el que
se dice que la construcción podrá ser llevada a cabo por el
órgano del Estado español que éste decida. Nosotros creemos que
en este caso tiene que ser entregada urgentemente la
construcción, una vez pasados todos los trámites internacionales,
a la Xunta de Galicia, que tomará debida nota y creo que esperará
fondos de la Unión Europea para su construcción.
Sabiendo que aún quedan muchos trámites que cumplir para la obra,
repito que nos debemos congratular de la construcción
internacional de un puente que puede desarrollar una zona tan
deprimida como la de Arbo y Melgaìo, en Galicia y en Portugal. Si
estamos todos aquí cuando este puente sea construido, me permito,
señor Presidente, invitar a los que estén presentes a una sabrosa
lamprea a la bordelesa regada por buen Condado en el restaurante
de la estación de Arbo. Muchas gracias, señor Presidente.
(Rumores.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Durán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Curiel.
El señor CURIEL ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Quisiera resaltar la importancia que tiene para Galicia la
construcción de este puente internacional sobre el Miño, entre
Arbo y Melgaìo, por dos razones fundamentales: la primera de
ellas porque viene a corregir una tradicional incomunicación o
mala comunicación en infraestructuras entre Galicia y Portugal,
que ha influido de una manera notable en la falta de proyección
económica de una comunidad autónoma como Galicia que necesita de
infraestructuras importantes para su propio desarrollo económico
y social; y en segundo lugar, porque este puente internacional
tiene que ver, señor Presidente, con una de las iniciativas más
importantes, pienso yo, adoptadas por varias alcaldías --tres
significativamente-- que han apoyado la idea de un eje Atlántico
como elemento motor de desarrollo económico y social. Son las
ciudades de Oporto, Vigo y La Coruña. Naturalmente, sería
imposible pensar en un eje Atlántico, en el desarrollo económico
de Galicia y del norte de Portugal, si no tuviéramos un mecanismo
y una infraestructura de acceso y de comunicación rápida y segura
que permitiera un crecimiento económico con inversiones
significativas e importantes.
Yo creo que es momento de felicitarse todos en nombre de los
intereses de Galicia, de todos los gallegos, también de las
personas e instituciones de Portugal que han trabajado para que
esto culmine. Con ello se cierra una etapa negativa, de hace
muchos años, de falta de conexión, comunicación y sintonía entre
Galicia y Portugal, entre España y Portugal en general, y se abre
una nueva de modernización, de comunicaciones, de desarrollo y de
crecimiento económico.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Curiel.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el
Código Civil en materia de recuperación de la nacionalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 306; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de prevención de riesgos
laborales. Enmiendas al artículo 1.º, y enmienda consistente en
la introducción de una disposición adicional decimocuarta nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 146; en contra, 159; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 293; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Modificación de la Reserva Tercera, apartado d), al Convenio
Europeo número 70 sobre la validez internacional de las
sentencias penales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
entre el Reino de España y la República del Perú.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 307; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio constitutivo de la Oficina Europea de
Radiocomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo entre España y Malasia para la promoción y protección
recíproca de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 308; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Memorándum de entendimiento entre varios Estados Miembros de la
Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea relativo a
la ejecución del proyecto MERCURE.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo sobre el Estatuto de las Misiones y Representantes de
Terceros Estados ante la Organización del Tratado del Atlántico
Norte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 297; en contra, tres; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática y Popular para la promoción y protección recíproca de
inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación por España de la extensión a Aruba por
parte de los Países Bajos del Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias
con respecto a menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania para
la promoción y protección recíproca de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 307; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y la República de Portugal para
la construcción de un puente internacional sobre el río Miño
entre las localidades de Arbo (España) y Melgaìo (Portugal).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre España y Bélgica tendente a evitar la doble
imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 312; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio sobre la Ayuda Alimentaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 313; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en Africa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo de Seguridad de la Unión Europea Occidental.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 300; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República de El Salvador.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República Dominicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 311; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo sobre transporte internacional entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de Ucrania.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION POR SATELITE (Número de expediente 121/000106)
El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día. Tramitación
directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto
de ley por la que se regulan los servicios de telecomunicación
por satélite.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro de Obras Públicas. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego a SS. SS. que
ocupen sus escaños. (Pausa.) Ocupen sus escaños, por favor, y
guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la normativa nacional que regula los servicios de
telecomunicaciones por satélite, constituida por la Ley de
Ordenación de las Comunicaciones con carácter general y la Ley de
Televisión por Satélite, con carácter particular para los
servicios de televisión por satélite, se encuentra en la
actualidad inadaptada a las actuales circunstancias de la
realidad a la que tiene que aplicarse, y esta inadecuación
procede fundamentalmente de tres circunstancias.
En primer lugar, la rápida modificación de las normativas
comunitarias, que han ido siguiendo la evolución tecnológica e
institucional del sector con la aprobación por la Comisión de un
conjunto de directivas, en octubre de 1994, por el que se
modificaron las directivas de mayo de 1988, relativas a la
competencia en los mercados de terminales de telecomunicaciones,
y la de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados
de servicios de telecomunicaciones.
En segundo lugar, a la propia evolución tecnológica en el campo
de la televisión por satélite, con el abandono, hace escaso
tiempo poco previsible, de las especificaciones D2MAC y H2MAC y
el rápido desarrollo de la televisión digital por satélite
asociada a las técnicas de compresión de imagen, que han
experimentado una evolución en este caso mucho más rápida de lo
previsto hace pocos años.
Y, en tercer y último lugar, al cambio de las condiciones de
mercado, con la aparición de una oferta creciente de televisión
en castellano desde fuera de nuestras fronteras y la puesta en
servicio de satélites de comunicaciones con cobertura sobre la
totalidad de nuestro territorio.
Así, en España hoy en día recibimos una multitud de señales por
satélite, de transmisión de datos o de otros servicios de
telecomunicaciones, que son explotados desde fuera de nuestras
fronteras y a los que se accede por terminales de sólo recepción,
que están completamente liberalizados y sobre los que no es
posible ejercer ningún tipo de regulación, a excepción de la
coordinación internacional para el uso del espectro radioléctrico
asignado a los satélites de comunicaciones.
A este respecto hay que hacer notar que esta coordinación es
puramente técnica y su objetivo es planificar y evitar las
interferencias radioléctricas entre los sistemas de satélites de
comunicaciones entre sí y con los sistemas de telecomunicación
terrestre.
Los principales servicios que son afectados directamente por el
presente proyecto de ley se pueden agrupar en tres: la difusión
de televisión por satélite, los servicios VSAT y los servicios de
contribución e intercambio de señales de televisión.
El desarrollo cuantitativo, señorías, de la televisión por
satélite en España queda definido por el número de hogares que
reciben este tipo de señales mediante estaciones individuales o
colectivas sin contar los hogares que lo reciben mediante
sistemas de televisión por cable. Algunos estudios recientes
elevan la cifra de estos hogares a 500.000, lo que representa
casi un cinco por ciento de los hogares españoles con televisión,
y también, de acuerdo con estos estudios, esta penetración podría
alcanzar, en un plazo de tiempo razonable, el 23 por ciento de
los hogares con televisión.
Pues bien, en esas circunstancias, la riguidez que la normativa
actual introduce en el desarrollo de estos servicios es tal que
obliga a introducir modificaciones significativas en la
regulación del marco jurídico propio de los serviciós de
telecomunicación por satélite. En la medida en que estas
modificaciones afectan a preceptos de leyes anteriores es
imprescindible el uso de un nuevo instrumento legal para su
introducción.
La más significativa de estas modificaciones consiste en
liberalizar, de conformidad con lo previsto en la Directiva 94/46
de la Comisión de la Unión Europea
antes citada, la prestación de los servicios de telecomunicación
que utilicen satélites de telecomunicaciones, y para esta
prestación el texto legal que hoy presento a SS. SS. estable que
se precisará únicamente autorización administrativa, que será
otorgada por el Ministerio responsable de la política de
telecomunicaciones en la Administración Central.
Esto, señorías, supone un cambio radical, ya que a partir de
ahora los servicios de telecomunicación por satélite no tendrán
la consideración de servicio público. Esta autorización
administrativa se otorgará de acuerdo con criterios de
objetividad, transparencia y no discriminación. Llevará aparejada
la concesión de dominio público radioeléctrico y se concederá por
orden de presentación de solicitudes, con la única excepción de
aquellos casos en los que el recurso radioeléctrico sea limitado.
En estos casos la ley abre dos posibilidades: o bien que exista
demanda de varios operadores para prestar el servicio, en cuyo
caso se usaría la figura del concurso público, o bien que sólo
exista demanda de un operador debido a la naturaleza del
servicio, en cuyo caso se procederá a un sistema de adjudicación
directa precedido de un proceso de información pública. Estas
tres variantes son necesarias dada la gran diversidad de
servicios de telecomunicación por satélite que se pueden prestar
y que abarcan desde los servicios VSAT a la televisión por
satélite, a los servicios móviles marítimos y aeronáuticos, a los
servicios de captación de datos por satélite o a los futuros
servicios de telefonía móvil con satélites de baja órbita, por
citar sólo algunos de los más relevantes.
De esta liberalización que la ley prevé se excluye el servicio
telefónico básico y los servicios públicos de televisión y de
radiodifusión terrestre, aunque usen satélites como parte de su
actividad. La exclusión del servicio telefónico básico es acorde
con las previsiones contenidas en las directivas que antes he
citado, teniendo en cuenta que la apertura de este servicio a la
competencia no se va a producir, en principio, hasta el 1 de
enero de 1998, cualquiera que sea el medio técnico a través del
cual se efectúe el transporte de la señal. Por lo tanto, aunque
el transporte de la señal telefónica se efectúe usando satélites
de comunicaciones, la única entidad autorizada a la prestación
del mismo --insisto, a esta fecha-- continúa siendo la entidad
gestora del servicio público de la comunicación vocal básica,
Telefónica de España.
En cuanto a la programación de los servicios de la televisión por
satélite, en el proyecto hay una remisión expresa para ajustarse
a lo dispuesto en la Ley 25/1994, por lo que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la directiva conocida bajo la
denominación Televisión sin fronteras.
Finalmente, señorías, permítanme acabar mi breve presentación
señalando que el proyecto de ley ha tomado una opción en favor de
la liberalización de las telecomunicaciones por satélite, que,
además de acomodarse a la obligación de trasponer directivas
comunitarias, responde a la necesidad de favorecer el desarrollo
del sector nacional de telecomunicaciones por satélite,
incorporando los avances tecnológicos que han modificado
completamente el escenario previsto hace pocos años.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Al proyecto de ley, que se está tramitando en lectura única, se
han presentado enmiendas por parte de varios grupos.
En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas y, al mismo
tiempo, para fijación de posición respecto a las enmiendas de los
otros grupos, tiene la palabra el señor Posada, por el Grupo
Popular.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy hacer una intervención, que pretendo breve, para fijar
nuestra posición en este debate, hablar de nuestras enmiendas y
de alguna otra presentada por otros grupos.
Quiero empezar diciendo que el proyecto de ley que hoy se trae
aquí no es el que el Grupo Popular hubiera querido. Ciertamente
hay una liberalización --lo ha dicho el Ministro en su discurso--
, pero para nosotros no es la suficiente. Sin embargo, no hemos
presentado una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque
consideramos que este proyecto de ley es una asunción tardía,
pero asunción al fin, obligada por la Directiva comunitaria, de
un camino que hace tiempo que debía haber sido emprendido.
Nosotros queremos resaltar expresamente el hecho de que deje ya
de hablarse de servicio público y se puedan prestar estos
servicios mediante autorización administrativa. Este es un camino
en el que nosotros hemos insistido mucho, desde una forma general
en la liberalización de las telecomunicaciones, y parece que poco
a poco se va emprendiendo. La aprobación de esta ley supone, como
se señala en la misma, la derogación de la Ley 35/1992, de 22 de
diciembre, de televisión por satélite, que indudablemente está
afectada porque ahora este tema se trata de una forma más amplia,
pero también porque entonces se hizo una Ley artificialmente
restrictiva, en la que había una visión de constreñir más que de
abrir, una actuación que no lleva más que a la melancolía al
pretender cerrar puertas en ese campo cuando todos los días se
están abriendo puertas nuevas.
Al no interponer una enmienda a la totalidad hemos querido tener
una actitud prudente y no contribuir más al deterioro económico
de alguno de los dos operadores sobre todo de Retevisión, pero,
indudablemente, en este texto hay defectos graves que hemos
intentado corregir con nuestras enmiendas.
Los defectos más grandes que vemos es que no recoge todas las
diversas exigencias de la Directiva 94/96,
de liberalización de los servicios por satélite, que es
precisamente en la que se ha apoyado la justificación del
Gobierno para proponer este nuevo texto. Insisto en la
liberalización --recojo las palabras del Ministro-- porque nos
parece sumamente positiva.
El contenido del articulado está centrado en el control de la
difusión de televisión por satélite, con especificaciones que no
son igualmente aplicables a otros servicios de telecomunicaciones
de televisión por satélite, como contribución e intercambio.
En su redacción, a lo largo del texto, no se diferencian con
claridad los requisitos aplicables a cada uno de los dos
segmentos, espacial o terreno, y, finalmente, los procedimientos
que el proyecto de ley establece para la concesión de licencias,
siendo en algún aspecto positivo, difieren de los criterios
comunitarios.
El texto en general del proyecto es confuso y técnicamente no
está bien elaborado. Esta opinión no es del Grupo Popular, que
por supuesto la tiene, es una opinión que comparte por los hechos
el propio Grupo Socialista, porque un proyecto de ley que venimos
aquí a discutir en lectura única debe ser muy claro, con unos
conceptos muy claros también para que pueda opinarse sobre ellos
y que dé poco lugar a enmiendas, porque de lo que se trata es de
decir sí o no a una determinada actitud o a una determinada
actuación.
El Grupo Socialista ha presentado enmiendas a más de la mitad del
articulado y disposiciones adicionales de este proyecto de ley.
Es decir, podríamos hablar de una enmienda a la totalidad --
formal, naturalmente-- del Grupo Socialista, que cambia la
redacción --insisto-- en más del cincuenta por ciento del
proyecto de ley. Esta situación, que refleja que es un proyecto
que no está bien hecho, nos ha llevado a intentar perfeccionarlo
con nuestras enmiendas. Ciertamente, en algunos casos --no me
importa reconocerlo-- las propias enmiendas del Grupo Socialista
o de otros grupos aclaran y perfeccionan un texto que era
bastante deficiente, pero nosotros pretendemos con nuestras
enmiendas en unos casos mejorar técnicamente, y en otros, más de
fondo, ampliar esa liberalización que hay detrás de este
proyecto, que nosotros aplaudimos y creemos que debe llegar más
lejos.
Por eso --me dirijo a los grupos--, la enmienda al artículo 1.º
supone una clarificación técnica y una aportación de definiciones
que son importantes porque separan lo que es segmento terreno de
segmento espacial. Precisamente, basada en esa propuesta que se
hace en la enmienda al artículo 1.º, se puede presentar una
enmienda al artículo 3.º, que es la que nosotros planteamos, que
nos permite, con una redacción distinta a la que trae el proyecto
de ley y distinta también a la que se da desde el Grupo
Socialista y desde otros grupos, cumplir más adecuadamente las
recomendaciones de la Directiva 94/96, que suponen una mayor
liberalización, y que nosotros recogemos en una enmienda a la
exposición de motivos porque creemos que es interesante que
consten en este proyecto y que recuerdo aquí. Se trata del
reconocimiento mutuo de licencias para la operación y provisión
de servicios por satélite entre todos los Estados-miembros; el
acceso libre y directo a la contratación del segmento espacial
por parte de los operadores de redes de comunicación por
satélite; autorización para la operación de redes de comunicación
por satélite, con criterios de objetividad, transparencia y no
discriminación, y establecer criterios de arbitraje para la
armonización del sector y la resolución de conflictos entre
operadores con la separación de las funciones de regulación y
explotación de las redes por satélite.
En este espíritu, quiero que consideren los grupos, y
especialmente el Grupo Socialista, nuestra enmienda al artículo
6, equipos terminales. Esta enmienda de adición de dos párrafos
que irían después del que contempla el artículo 6, que dicen: «2.
Estos equipos deberán cumplir con las normas técnicas
internacionales para la protección de servicios de
telecomunicación frente a interferencias u otros daños a otras
redes de telecomunicación. La utilización de estos equipos
terminales podrá ser denegada cuando los equipos no cumplan las
especificaciones técnicas que sean de aplicación. 3. La
homologación de un equipo terminal en cualquier Estado miembros
de la Unión Europea, supondrá el reconocimiento por la
Administración española de dicha homologación.» Comprendo que el
resto de las enmiendas suponen un cambio radical de lo que el
proyecto dice, un cambio de filosofía y pueden tener una duda
mayor, pero creo que esta enmienda, adicionada al artículo 6, le
da un tratamiento mejor.
Finalmente, voy a referirme a la enmienda presentada por el Grupo
Socialista número 22 y a la enmienda 29, de Convergència i Unió,
que, aunque no son idénticas, ni mucho menos, tienen una misma
idea: van dirigidas a introducir una nueva disposición adicional
que permite a las entidades concesionarias del tercer canal, a
las televisiones autonómicas, difundir por satélite fuera de su
ámbito territorial.
No se desconoce por el Grupo Popular, y estoy seguro que tampoco
por el resto de los grupos y, por supuesto, por el Gobierno, que
una decisión de este tipo tiene inconvenientes. De esta forma se
está modificando la filosofía que dio lugar a la creación de ese
tercer canal de las televisiones autonómicas, pero --y en esto es
en lo que yo quiero insistir apoyando estas enmiendas-- hay que
tener en cuenta que la tendencia hacia el futuro es que podrá
verse todo desde cualquier sitio. Por tanto, por encima de todo,
debemos defender la libertad del ciudadano para poder conectar
con lo que le parezca. El que sólo pueda verse en una comunidad
autónoma la televisión de esa comunidad es algo que pudo tener su
razón de ser al principio, y por eso están cambiando tanto y tan
rápidamente las cosas, pero hoy por hoy creemos que debe
imponerse el derecho de esas televisiones a emitir por satélite y
el derecho de los ciudadanos a recibir esa emisión, estén donde
estén, probablemente porque tienen unos intereses
afectivos, sobre todo, que les hacen querer estar unidos a su
patria chica. Por eso, aun sabiendo los inconvenientes que puede
haber, aun sabiendo que puede provocar dificultades en la propia
economía de esas televisiones, debemos apoyar el que exista la
posibilidad de que las televisiones lleguen a cualquier sitio.
Termino ya, señor Presidente, diciendo que éste no es nuestro
proyecto. Es un texto muy flojo, como lo prueba el que va a ser
profundamente remodelado en el Congreso, lo que, por otra parte,
es nuestra labor como Diputados. Nosotros lo apoyamos; lo
apoyamos precisamente en ese camino de liberalización, en un
camino que ustedes toman obligados por la Directiva Europea, pero
yo les pediría, después de haberlo dicho muchas veces, que tengan
ustedes, más que nosotros, una conversión total. El camino de la
libertad, el camino de la liberalización es el camino del futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Posadas.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco
(PNV), conjuntamente con el señor Albistur, tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco, conjuntamente con el señor
Albistur, presenta cinco enmiendas a este proyecto que regula los
servicios de telecomunicaciones.
En primer lugar, señorías, quisiera constatar que este proyecto
de ley recoge básicamente, sustantivamente, aquellos aspectos que
ya en el año 1992 el Grupo Vasco presentó ante esta Cámara en
relación a estos servicios de telecomunicaciones por satélite. En
lo sustantivo, que el servicio de telecomunicaciones por satélite
no fuese considerado como un servicio público, que se
liberalizara a estos efectos y que las televisiones autonómicas
pudiesen utilizar estos servicios de telecomunicaciones por
satélite eran contenidos que estaban recogidos el año 1992,
cuando se debatieron en esta Cámara.
En principio, es un proyecto de ley que nos satisface, que recoge
aquellos contenidos que entendemos deben figurar en la
legislación del Estado de cara a la liberalización de estos
servicios y a la prestación consiguiente de los mismos.
Presentamos cinco enmiendas queriendo avanzar más. Creo que lo
que deberíamos lamentar es que, dentro de tres años, nos
encontrásemos en esta Cámara debatiendo, otra vez, un tema
referido a servicios de telecomunicaciones por satélite y
dijéramos que es en ese momento cuando el Gobierno llega a las
posturas que hace tres años manifestamos aquí.
Creemos que se puede dar un cumplimiento más ajustado y adecuado
a la normativa comunitaria relativa a la competencia de los
mercados de terminales de comunicaciones y, en general, a los
servicios de telecomunicaciones. Lo recoge así el proyecto de ley
en su exposición de motivos. Dice que la modificación más
significativa que se debe introducir consiste precisamente en
liberalizar estos servicios, de conformidad con lo recogido en la
Directiva 1994/46 de la Comunidad Europea, para que la prestación
de los servicios de telecomunicaciones que utilicen los satélites
quede liberalizada. Sin embargo, esta liberalización, señorías,
afecta a todo tipo de servicios, sean éstos de difusión o no,
incluyendo a los propios servicios portadores, siempre que se
utilice para su prestación un satélite de comunicaciones.
En nuestra opinión, este proyecto de ley sólo debiera excluir la
liberalización del servicio telefónico básico. Por ello,
planteamos estas cinco enmiendas, en orden a liberalizar también
el servicio portador de los servicios de televisión hertziana,
que utilizan para la prestación de dicho servicio satélites de
comunicaciones, en el convencimiento de que así se da un
cumplimiento más ajustado a lo recogido en la normativa
comunitaria de referencia. ¿Cuáles son las razones, si no, para
que no se liberalice o se retarde la liberalización de los
servicios portadores de los servicios de televisión hertziana?
Esa es nuestra pregunta.
Desde esta perspectiva, la enmienda número 5, con este mismo
objetivo de ajustarse a los contenidos de la Directiva, solicita
suprimir el párrafo primero del artículo 4, salvo la frase: «Lo
dispuesto en la presente Ley no será de aplicación a la
prestación del servicio telefónico básico.» A partir de ahí,
pretender que tampoco sea de aplicación la prestación de los
servicios públicos de televisión regulados en las Leyes 4/1980,
en lo referido a Televisión Española, 46/1983, para los terceros
canales o 10/1988, de Televisión Privada, y, en consecuencia con
el planteamiento, ni a sus servicios portadores ni a la
prestación de los servicios de radiodifusión de forma genérica,
no se ajusta a los contenidos que recoge la Directiva de
referencia.
El artículo 1 dice: «Los servicios de telecomunicaciones para
cuya prestación se utilicen de forma principal redes de satélites
de comunicaciones no tendrán la consideración de servicio
público». Estamos de acuerdo, pero a renglón seguido se afirma:
«y podrán prestarse mediante autorización administrativa»,
autorización que entendemos debiera de suprimirse en un proyecto
de ley que está hablando de liberalización. Si el objetivo
principal de este proyecto de ley es liberalizar determinados
servicios de telecomunicaciones por satélite, parece técnica y
políticamente más correcto que no se neutralice de facto la
propia liberalización vía autorizaciones administrativas, o que
esta decisión nuclear de liberalizar no quede empañada con
cuestiones como la homologación de equipos o el título
administrativo bajo el cual podrán prestarse estos servicios
ahora despublificados, es decir que liberalizamos manteniendo los
mismos niveles de burocracia.
La enmienda número 3, relacionada con el procedimiento de
autorización para la prestación de los servicios
previstos en los artículos 1 y 2, está recogida en lo sustantivo
en una enmienda transaccional que ofrece el Grupo Socialista. Nos
alegramos de esta nueva redacción que recoge el núcleo de la
nuestra y, en consecuencia, señor Presidente, la retiramos.
En conclusión, estamos de acuerdo con el conjunto del proyecto de
ley, que ha sido mejorado con las enmiendas transaccionales
ofertadas por el Grupo Socialista a lo largo del debate, y lo que
sí quisiera manifestar es que ha habido un cambio importante por
parte del Grupo Socialista y del propio Ministerio en aras de
atender las posiciones de los demás grupos parlamentarios,
circunstancia que queremos agradecer muy sinceramente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González
de Txabarri.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, nuestro
grupo parlamentario, como es sabido, ha presentado seis enmiendas
al proyecto de ley por el que se regulan los servicios de
telecomunicación por satélite que paso a defender a continuación,
aunque también aprovecharé mi intervención para referirme de paso
a algunas de las enmiendas que ha planteado el Grupo
Parlamentario Socialista.
Este proyecto --lo dice la propia exposición de motivos del
mismo-- pretende liberalizar las telecomunicaciones que utilizan
el satélite, adecuándolas a una realidad que ha cambiado porque,
de un lado, ha cambiado la legislación comunitaria relativa a la
competencia de los mercados de terminales de telecomunicaciones,
de otro lado es evidente que la tecnología ha evolucionado, y,
por último, porque nuestro mercado de televisión por satélite se
ha visto sorprendido por la masiva llegada de emisiones que
venían desde el extranjero, Por tanto, era necesario acometer
esta reforma. ¿Cuánto va a durar esta reforma? Ciertamente, señor
Presidente, señorías, no creo que nadie esté en disposición de
fijar la validez de este nuevo proyecto en el tiempo, ya que la
evolución tecnológica es algo realmente difícil de prever, como
hemos visto que ha sucedido con la ley que se aprobó en el año
1992.
Nuestras enmiendas van precisamente en la línea del propio
proyecto de ley; es decir, lo que pretenden es dar un paso más en
dicho proceso liberalizador. Así, nuestras enmiendas a los
artículos 1 y 2 van más allá que el proyecto del Gobierno en este
proceso, ya que proponemos suprimir el requisito de la
autorización ministerial para prestar el servicio portador de
telecomunicaciones por satélite que sustituimos por una simple
homologación de las instalaciones de equipos terminales. A
nosotros nos parece incongruente con la liberalización que se
propugna que se deba obtener una autorización que podría ser
negada por simple silencio administrativo o incluso por una
decisión subjetiva de los responsables del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Por el contrario,
entendemos que nuestra propuesta de simple homologación de
equipos está más en consonancia con el objetivo que se persigue
con la reforma. Por lo que se refiere a nuestra enmienda al
artículo 4, con ella queremos explicitar la liberalización de
este servicio excluyendo sólo el servicio telefónico básico. Sin
embargo, nos hemos encontrado con que la enmienda del Grupo
Socialista a este artículo es incluso más restrictiva que el
proyecto de ley porque extiende la limitación a los servicios de
radiodifusión limitación que no se incluía en el texto que nos
remitió el Gobierno. Por tanto, en principio, nuestro grupo
parlamentario se plantearía el votar en contra de esta enmienda.
En la enmienda al artículo 5 proponemos la supresión del mismo
artículo y, por tanto, la simple eliminación del canon por
reserva del dominio público radioeléctrico.
En cuanto a la nueva disposición transitoria segunda que
proponemos, tiene un objetivo muy claro, importante y ambicioso,
un objetivo del todo necesario. En los últimos días se ha
reiterado que no se pueden poner puertas al campo en este ámbito,
y la realidad ha roto el techo que encorsetaba la difusión de
esas televisiones en la Ley del año 1992.
Ya se ha dicho desde esta tribuna que las televisiones autónomas
han quedado excluidas hasta el momento de la gestión de este
servicio y, por tanto, ha sido imposible enviar emisiones por
parte de las televisiones autonómicas más allá del ámbito de sus
comunidades, con independencia de algunas emisiones que han
existido con carácter simplemente experimental. Lograr este
objetivo, que las televisiones autonómicas puedan salir más allá
de su ámbito, nos parece importante, urgente. Existe un público
con una demanda potencial de acceso a esta televisiones, e
intentar impedirlo nos ha parecido siempre absurdo y estéril
porque la propia realidad ha ido haciendo inútil esta prohibición
legal. Para ello nuestra enmienda autoriza expresamente a las
corporaciones públicas que gestionen servicios de radio y
televisión para que autoricen los servicios de telecomunicación
por satélite.
De hecho, señor Presidente, señorías, la posición que defiende
nuestro grupo parlamentario en este aspecto es exactamente la
misma que defendimos en el año 1992, cuando se debatió y aprobó
en la Cámara la Ley Reguladora de las Telecomunicaciones por
Satélite que hoy modificamos. Celebramos, por tanto, que otros
grupos hayan entendido que la realidad exige liberalizar este
acceso y celebramos muy especialmente la presentación de la
enmienda socialista de creación de una nueva disposición
adicional, siempre y cuando se acepten también nuestras enmiendas
a la disposición transitoria segunda y a la derogatoria que
proponemos, porque, si no, entraríamos en una contradicción.
Nuestra última enmienda es a la disposición derogatoria. Además
de la derogación expresa de la Ley
35/1992, de Televisión por Satélite, que ya consta en el texto
del Gobierno, propone que se deroguen los artículos 15 y 16, así
como la disposición adicional primera de la Ley 46/1983,
Reguladora del Tercer Canal de Televisión. Dicha disposición
adicional limita la emisión y transmisión de señales del tercer
canal a las ondas, por lo que su supresión es congruente con el
objetivo que ahora defendía en la enmienda a la disposición
transitoria segunda que propone abrir el satélite a las
televisiones autonómicas. Y la derogación de los artículos 15 y
16 serviría para facilitar las adquisiciones internacionales de
esas cadenas.
Señor Presidente, voy terminando, pero antes quisiera manifestar
mi oposición y también mi sorpresa ante la enmienda del Grupo
Socialista a la disposición adicional quinta que excluye del
ámbito de aplicación de la Ley 25/1994, es decir, la
transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva Comunitaria
de televisión sin fronteras, a las televisiones codificadas
cuando emitan por vía satélite. De aprobarse esta enmienda, las
televisiones que emitan codificadamente quedarían exentas de las
restrictivas normas que impone dicha directiva en relación a la
publicidad, o bien de las normas de protección de la infancia,
que prohíben emitir determinados programas que sean lesivos por
sus contenidos en determinadas horas, antes de las diez de la
noche, o, incluso, quedarían exentas de la limitación que se
introdujo, por una enmienda de nuestro grupo parlamentario, en la
ley de transposición de dicha directiva, que prohibía
expresamente que se puediera emitir publicidad electoral pagada,
es decir, más allá de los espacios reservados a las distintas
fuerzas políticas ante las contiendas electorales. Ello no es de
recibo, ni vemos ninguna explicación lógica a dicha exclusión.
No queremos ser malpensados y caer en la tentación de creer que
esta enmienda se introduce por hacer algún favor a alguien, hecho
que nos parecería sumamente grave. Por tanto, nuestro grupo
parlamentario también votará en contra de esta enmienda.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista y, a la
vez, para turno en contra del resto de las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Señor Presidente, señorías, discutimos hoy, en
trámite de lectura única, una ley que da un paso más en el
impulso de liberalización de las telecomunicaciones que está
realizando el Gobierno, en una labor que creo que ha sido
importante, no sólo por su amplitud, sino también por la
insistencia en conseguir estos objetivos.
La ley que estamos debatiendo liberaliza de forma general
cualquier tipo de telecomunicaciones que se hagan a través del
satélite. Establece algunas excepciones que ha marcado claramente
el señor Ministro, en las que luego entraré al responder a alguno
de los grupos.
La liberalización, aparte de los aspectos técnicos y materiales,
tiene también aspectos económicos que hay que resaltar. En lo que
respecta al sector de los negocios y de los operadores de la
telecomunicación, cuya actividad va especialmente dirigida a
prestar servicio de telecomunicación a las empresas, la
liberalización producirá un efecto beneficioso para los usuarios
al permitir una mayor competencia en los servicios de valor
añadido, consecuencia de la entrada de nuevos agentes en el
suministro de redes de satélites. Asimismo, la posibilidad de
interconectar estas redes de satélites con las reces públicas
para prestar servicio de valor añadido, permitirá abaratar el
coste de estos servicios, hasta ahora afectados por los costes de
los circuitos alquilados de larga distancia.
Por lo que respecta a la televisión por satélite, la importante
desregulación del servicio elimina las limitaciones que los
lentos procesos administrativos y el carácter restrictivo de la
Ley de Contratos del Estado significaban para el desarrollo de
actividad en régimen de concesión administrativa. Es de esperar,
pues, que tenga lugar un importante incremento de la oferta de
televisión por satélite, con el consiguiente aumento en las
actividades asociadas de construcción e instalación de sistemas
de recepción directa.
En cuanto a la televisión terrestre, el efecto de esta
competencia está íntimamente relacionado con las penetraciones de
los nuevos servicios en nuestra sociedad. Hasta ahora, las
experiencias de otros países indican que la progresión de la
penetración es paulatina y que los contenidos no suelen ser de
carácter generalista, lo que implica que la competencia no se
hace a una fórmula de contenidos, aunque indirectamente compite
por el número de horas/telespectador que nuestro país consume.
Por último, la liberalización emprendida tendrá un efecto
dinamizador sobre las actividades de los operadores que hasta
ahora prestaban estos servicios en régimen de monopolio o de
oligopolio, de forma que las pérdidas de cuota de mercado, que
sin duda sufrirán, irán acompañadas por aumento de actividad,
consecuencia del crecimiento global del mercado que esta
liberalización consigue.
Como decía el portavoz del Grupo Popular, la redacción de nuestro
proyecto de ley no es precisamente su principal virtud, pero
indudablemente su estructuración y los conceptos sí lo son. Por
eso, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, algunas
intentando corregir y mejorar técnicamente la ley, otras evitando
algunas reiteraciones, y algunas, como en el caso de la enmienda
transaccional 22 sobre el tercer canal de televisión, tapando
algún hueco que hubo en la redacción. Por tanto, esa acusación
del portavoz del Grupo Popular de que el proyecto tiene defectos
queda claramente superada con la colaboración de los distintos
grupos o la del Grupo Socialista. Pero no puedo aceptar que se
diga que ésta es una ley que llega tardíamente, y no puedo
aceptar que sea una ley que viene forzada. Yo creo que la
voluntad liberalizadora del Gobierno --lo he dicho al principio--
es clara. Hay suficientes proyectos de ley que están en
tramitación, que se han aprobado o que están a punto de entrar en
la Cámara --como la ley del cable, la ley de la telefonía móvil,
del segundo operador de telefonía móvil, la ley de televisión
local por ondas, etcétera--, que demuestran que hay toda una
voluntad y una política de fondo liberalizador que va teniendo su
plasmación en distintos proyectos y que va llegando a la Cámara
según las necesidades o según el plan previsto por el Gobierno.
Hay muchas cuestiones en las enmiendas que plantea el Grupo
Popular. Realmente, no ha planteado una enmienda a la totalidad,
pero lo ha hecho por partes. Tiene su propia estructura de
proyecto de ley y lo plasma en a través de las enmiendas, lo cual
hace bastante difícil el conseguir adaptar su modelo al nuestro.
Pese a eso, nosotros ofrecemos una enmienda transaccional que
pretende incluir un anexo recogiendo algunas de las descripciones
y definiciones que el Grupo Popular plantea en el artículo 1 y
que nosotros consideramos que son más necesarias, porque ustedes
hacen una enumeración muy prolija que pensamos que no es
necesaria a ese nivel. El resto de las especificaciones técnicas
y algunas de las carencias que detecta el portavoz del Grupo
Popular estarían bien recogidas en el reglamento técnico y de
prestación de servicio que la propia ley prevé para su
desarrollo. Por tanto, dentro de nuestra concepción de lo que son
las telecomunicaciones por satélite, con esa enmienda pretendemos
hacer un gesto de integración al Grupo Popular, dado que el resto
de sus enmiendas hacen difícil la transacción.
Respecto a las enmiendas del Grupo Vasco, vamos a aceptar la
enmienda número 2. Creemos que puede ser reiterativa la aparición
de la autorización y que también puede eliminar ese impacto
liberalizador de la redacción y el carácter de servicio público
que tiene el artículo número 1. Por tanto, aceptamos esa enmienda
número 2 del PNV.
Presentamos una enmienda transaccional a la número 3 del Grupo
Vasco, que mantiene su estructura y añade algunos aspectos que
vienen en el artículo, con lo que queda bastante mejor redactada,
mucho más clara y con un orden que hace más inteligible el
artículo.
No estamos de acuerdo con que se saque de la liberalización a
Retevisión. El PNV y Convergència i Unió están de acuerdo con
mantener la telefonía básica dentro del monopolio hasta 1998,
pero se preguntan por qué se mantiene Retevisión. Creo que este
debate toca tangencialmente la cuestión de por qué debe
permanecer Retevisión en el monopolio o en manos del Estado,
porque Retevisión no tiene exclusivamente la finalidad de
transmitir señales por satélite, y si esto es así, no podemos, en
una ley que habla exclusivamente de telecomunicaciones por
satélite, tocar la situación de un operador como es Retevisión,
que presta servicios a la difusión terrenal de televisión y, por
tanto, este proyecto de ley no sería competente para tratar esos
otros aspectos. Es verdad que esto sí puede afectar a la
contribución de intercambio; ese aspecto sí que queda
liberalizado con respecto a Retevisión.
En cuanto al tema del canon, en el que coinciden con el Grupo de
Convergència i Unió, pensamos que hay que compartir el espectro
radioeléctrico, que exige la obligación del canon. Creo que es
necesario. Pensamos que la autorización que se dé debe ser
administrativa, porque el espectro radioeléctrico, aunque se va
aumentado no es algo que sea infinito, y en algún momento puede
haber solicitudes o proyectos que compitan por un mismo espacio,
y esto tiene que tener un procedimiento de autorización
administrativa o de concurso público en el caso de que haya
competencia para ello.
Hemos presentado también una enmienda transaccional a la número
30 de Convergència i Unió, que pensamos que coincide con lo que
la misma pretende. La hemos desarrollado para clarificarla
plenamente y esperamos que sea digna de su atención y de la
aprobación correspondiente. Por tanto, al presentar estas
transacciones, retiramos, en el caso de las enmiendas del Grupo
Popular, las enmiendas números 17, 18 y 19.
Además de estas enmiendas a las que me he referido en la
contestación a los grupos, presentamos dos enmiendas --aparte de
otras varias que tienen un significado de corrección técnica del
proyecto-- que creemos que son importantes y a las que se han
referido algunos de los portavoces en su intervención. La
enmienda 22 del Grupo Socialista, dentro de la liberalización que
plantea el proyecto de ley, incluye a las televisiones del tercer
canal, a las autonómicas. Creemos que con esta enmienda evitamos,
quizás, un olvido o un fallo importante que había en el proyecto
de ley. Creemos que su redacción es la adecuada y que no plantea
ningún problema para que las limitaciones que hay en la difusión
terrenal --limitaciones territoriales o barreras teóricas--
puedan evitarse con el texto de este proyecto de ley, porque lo
no podemos hacer --y es una frase común ya del señor Ministro--
es oponernos a algo que nos va a sobrepasar claramente, y con
esto damos cumplimiento a algunos de los planteamientos que se
han hecho.
Existe una crítica importante por parte del portavoz del Grupo de
Convergència i Unió a nuestra enmienda número 23 que propone una
nueva adicional. Nosotros estaríamos dispuestos a quitar el
término «no codificada» de nuestra enmienda, quedando el segundo
párrafo como sigue: «Además, la programación de carácter
generalista», y seguiría todo ese párrafo como está planteado. No
sé si con esto le damos satisfacción al Grupo de Convergència i
Unió.
Además, hemos presentado unas enmiendas in voce que permiten
mejorar la redacción, porque no sólo es
confusa sino a veces reiterativa. Dichas enmiendas obran en poder
de la Presidencia y de los grupos.
En definitiva, señorías, este es un paso más en el proceso de
liberalización. Es un paso de modernización, de adaptación de
todos nuestros sistemas de telecomunicaciones al sistema
internacional y al sistema europeo, y creo que con la buena
voluntad de todos ustedes, este proyecto seguirá adelante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Díaz Sol.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Celebro que el portavoz del Grupo Socialista reconozca que en
efecto la redacción de este proyecto de ley ha sido francamente
mala. Creo que es una cosa que se ve claramente, es confusa y no
se entiende.
El dice, como es muy lógico, que, en cambio, la estructura de ese
proyecto estaba muy bien hecha y que responde a las ideas que el
Gobierno quería traer a la Cámara. Tengo que decirle, señor Díaz
Sol, que no hay más que mirar los diarios de la Cámara para ver
cuál ha sido la posición sobre la liberalización de las
telecomunicaciones durante muchos años; precisamente porque no he
sido yo el que más ha intervenido en estos temas, puedo con
cierta imparcialidad decir, y creo que todos ustedes que lo han
oído lo saben, que aquí hemos insistido una y otra vez en
liberalizar, y una y otra vez ustedes han hablado de preservar el
monopolio, de no dar pasos en falso, de qué nos deparará el
futuro. Decir ahora que esto es el fruto de su deseo de
liberalizar que han tenido reprimido tantos años me parece fuera
de lugar.
Sí le acepto que nuestras enmiendas parecen realmente formar
parte de un texto más completo en el cual se tocan cada uno de
los artículos y de las enmiendas a la totalidad. Pero no hemos
querido hacer una enmienda a la totalidad precisamente por eso,
porque nos parece, reitero, que es un buen paso, tardío y
obligado, pero un buen paso el que se da en el proyecto de ley y,
por tanto, colaboramos a él.
Acepto la enmienda transaccional que por el Grupo Socialista se
ofrece y admitiendo esa dificultad de integrar algunas de
nuestras enmiendas en el texto del proyecto, vuelvo a insistirle
al señor Díaz Sol en la enmienda número 11, al artículo 6, que es
de adición y que realmente creo que daría una visión mucho más
completa y más liberalizadora de lo que en el propio artículo se
está contemplando.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Posada.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Compartimos las últimas manifestaciones realizadas por el
portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que este proyecto de
ley, en su actual redacción, es un buen paso; podríamos discutir
si es tardío y obligado, pero ahí las matizaciones son mucho más
subjetivas. He manifestado que coincide básicamente con las
enmiendas que en el año 1992 presentamos desde el Grupo Vasco, y
lo recuerda perfectamente el señor García-Arreciado. Desde esa
perspectiva, cuando llega lo que a uno le satisface tiene que
manifestar básicamente esa satisfacción, sin más.
Pero quedan cuestiones pendientes, que deben figurar en el
«Diario de Sesiones» para que, como he dicho en la intervención
anterior, dentro de tres años no nos estemos refiriendo a las
mismas circunstancias. Nosotros no discutimos, señor Díaz Sol,
que exista o no autorización administrativa; si debe existir,
está bien, viva la burocracia, de acuerdo. Pero es que esa
manifestación tiene una trampa, y es que no se conoce en este
Estado cuál es el espacio radioeléctrico; ése es el problema, que
el Ministerio, que asume esa competencia en solitario, al hacer
el solitario se hace trampas a sí mismo e intenta hacérselas al
vecino. Ese es el problema; que el que negocia en el otro lado no
sabe cuál es el espacio radioeléctrico existente, y en todos los
temas que se refieren a comunicaciones nos encontramos con esa
dificultad: una persona, un operador que quiere prestar ese tipo
de servicios se encuentra con que esta serie de manifestaciones
las tiene siempre el Ministerio debajo de la mesa.
No se puede citar, como se dice en la exposición de motivos del
proyecto de ley, la transparencia en este tipo de criterios, que
todos compartimos, si existe un elemento básico de la negociación
que siempre está debajo de la mesa. ¿O está usted en condiciones
de manifestar a los grupos parlamentarios cuál es el espacio
radioeléctrico disponible? Esa es la cuestión. En lo demás, nos
pondríamos de acuerdo en seguida. Siempre que esa carta estuviera
encima de la mesa no se discutiría, desde ninguna perspectiva, si
debe haber autorizaciones administrativas o no. Eso es discutir
si debe haber más o menos burocracia, y como de eso estamos
sobrados, por un poquito más tampoco vamos a discutir demasiado.
Pero ése no es el punto nuclear.
En segundo lugar, quisiera hacer una manifestación en relación a
las televisiones llamadas del tercer canal en el proyecto de ley,
para que conste también en el «Diario de Sesiones». Creo, señor
Díaz Sol, que en el proyecto de ley de televisión por cable hemos
llegado a una redacción adecuada que responde a la problemática
legal que defienden el Grupo Socialista y el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y que satisface la
realidad de facto de las televisiones autonómicas. Lo que no se
puede obviar en un debate de este tipo es que en este Estado
existen una serie de televisiones o de titulares de televisiones
que no se ven
reconocidos en ese título de televisiones del tercer canal. Si no
se ven recogidas ahí y no se amparan en dicha ley para sus
propias emisiones, y no pasa absolutamente nada, es que ahí hay
un problema real, y cuando hay un problema real lo mejor es
arreglarlo y no dejar que se pudra.
Como digo, en el proyecto de ley de televisión por cable se ha
encontrado una redacción que satisface a ambas partes, y esa
redacción dice: las televisiones de titularidad autonómica. Pues
hagamos el esfuerzo de contemplar esa misma redacción aquí,
porque si no los canales de Euskal Telebista 1 y Euskal Telebista
2 no se ven reflejados en la redacción que recoge el proyecto de
ley, y tampoco el Canal 33 de la televisión catalana. Desde esa
perspectiva, entendemos que no es tan difícil encontrar un texto
más genérico que asuma el problema, que lo resuelva y, además,
que no cree nuevos problemas. Por ello, hacemos un llamamiento al
Grupo Socialista para que desde esa perspectiva asuma un texto
que satisface a un número importante de grupos parlamentarios de
esta Cámara, que así lo han suscrito en el proyecto de ley de
televisión por cable.
En lo referido a los temas de liberalización, está claro que en
su momento volveremos a debatir estos temas, la tecnología
volverá a ofrecer otra serie de consideraciones. Yo tengo claro a
qué grupos les dará vergüenza leer el «Diario de Sesiones» de
hoy. Yo les aseguro que lo guardaré y, jocosamente, para
pasárnoslo bien, lo volveremos a rememorar en el momento en que
llegue otra vez una nueva discusión de un tema referido a
telecomunicaciones por satélite. Tengo un cromo más para mi
colección particular.
He anunciado antes, señor Presidente, que hemos retirado la
enmienda número 3. Agradecemos muy sinceramente al Grupo
Socialista el esfuerzo que ha hecho para llegar a posiciones
comunes en los temas que habíamos planteado en nuestras
enmiendas, sobre todo la aceptación de la número 2.
En consecuencia, anuncio, señor Presidente, que el Grupo Vasco
está muy satisfecho con la redacción última que se ha dado a este
proyecto de ley en relación con las consideraciones que he
intentado manifestar y que espero ver recogidas en la
intervención del portavoz socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González
de Txabarri.
Señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré muy breve.
Nosotros mantenemos nuestras enmiendas a los artículos 2 y 3, que
propugnan la supresión de la exigencia de una autorización previa
sustituyéndola por una simple homologación de equipos.
No me voy a extender en ello, porque suscribo totalmente los
argumentos que ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco que me ha prececido en el uso de la palabra. La exigencia
de esta autorización introduce una serie de contenidos de
carácter subjetivo y creo que está suficientemente avalada por
actitudes que mantiene muy a menudo el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que es al que compete la
gestión y el control del espacio público radioeléctrico. Por
tanto, reitero nuestra posición al respecto.
Nos satisface el paso que da adelante esta ley en cuanto abre la
posibilidad de que las televisiones autonómicas accedan al
satélite. He dicho desde la tribuna que es un aspecto que nos
parece fundamental: no se pueden poner puertas al campo.
Entendemos que es una realidad y también un derecho que los
vascos, catalanes o gallegos que vivien fuera de nuestras
fronteras quieran recibir sus televisiones autonómicas, como los
ciudadanos de origen andaluz que viven en Cataluña están
interesados en ver el Canal Sur. Esto hasta ahora, estaba
prohibido. Les he dicho antes que nosotros estamos defendiendo
aquí exactamente la misma posición que en el año 1992. No voy a
resucitar el «Diario de Sesiones» de ese debate parlamentario,
porque creo que estamos hablando en un ambiente ciertamente
distendido, y reproducir algunas de las manifestaciones que se
efectuaron desde los bancos de la mayoría socialista les podrían
hacer sonrojar. Han cambiado muy rápidamente de opinión, lo
celebramos ciertamente.
Nos parece bien la propuesta de transacción a nuestra enmienda
número 30, que nos ofrece el Grupo Socialista; por tanto, la
retiramos. Asimismo, nos parece muy bien que rectifiquen en la
intención que se contenía en su enmienda número 33 de excluir del
ámbito de la trasposición de la Directiva de televisión sin
fronteras a las televisiones que emiten codificadamente. No
encontrábamos ninguna justificación para ello y celebramos que
ustedes tampoco la encuentren y, por tanto, retiren esa
exclusión.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Recoder, no ha
entendido bien la Presidencia. ¿Está de acuerdo S. S. con la
propuesta planteada por el señor Díaz Sol de que en la enmienda
23, a la disposición adicional quinta, se supriman las dos
palabras «no codificada»?
El señor RECODER I MIRALLES: Sí, me refería a ello, señor
Presidente. No sólo estamos de acuerdo, sino que lo celebramos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
Señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, independientemente de que en un debate en el que, sin
lugar a dudas, existen matices y algunas diferencias, hay que
mantener posturas que, aunque se aproximan, conservan los
perfiles de cada grupo, en este caso yo creo que hemos alcanzado
un punto de acuerdo importante sobre este proyecto de ley.
Yo, señor Posada, no he dicho que esté francamente mal el
proyecto, como tampoco habría dicho que estuviera realmente mal -
-que me gusta más que lo de francamente--. He reconocido que
tiene defectos, pero no tantos como para tirarlo a la basura
porque, en definitiva, quitando algunos pequeños retoques, el
proyecto está ahí y ha servido para dar este paso en la
liberalización.
Nosotros comprendemos sus afanes liberalizadores y entendemos que
sean así, pero usted entenderá que, aunque compartamos que es
necesaria la liberalización no somos partidarios nunca de la ley
de la selva que se podría establecer en el campo de las
telecomunicaciones si realmente se llegara a esos niveles de
liberalización tan rápida, sin ningún tipo de control, que podría
provocar a veces más perjuicios que beneficios, pero llevándolo
con una cierta cautela, como lo hacemos nosotros, se consiguen
los mismos objetivos y evitamos que muchas veces se puedan ver
perjudicadas estructuras, intereses que hay que preservar y que
pueden estar en juego con toda legitimidad si se le da un
tratamiento cuidadoso a la hora de la liberalización.
En cuanto a su enmienda número 11, yo creo que tiene usted algo
de razón, pero en este momento yo lo dejaría como está en el
proyecto y me comprometo a que en los trámites posteriores que
tienen que seguir lo estudiemos conjuntamente para ver si
llegamos a un acuerdo.
Yo creo que el tema de la autorización, señor González de
Txabarri, portavoz del Grupo Vasco (PNV), está tratado
prácticamente igual que en la ley de televisiones privadas. En el
proyecto se establece el automatismo de concesión. Sólo cuando
coinciden algunos se abre un concurso público. Por tanto, no es
un tema de burocracia. El problema es, como he dicho antes, que
el espacio radioeléctrico no es infinito y puede haber un proceso
de interferencias, y para eso hay que hacerlo.
¿Dice usted que yo le diga aquí cuál es el espacio radioléctrico?
Es mi primera incursión en el campo de las telecomunicaciones, y
si ya me pide esto, eso sería para nota. Ahora si me dejan unos
cuantos proyectos más, yo le garantizo que a lo mejor se lo
defino algún día en esta Cámara para que lo añada a su colección
de cromos. Le voy a decir una cosa, a partir de ahora me voy a
dedicar yo también a recoger unos cuantos cromos de su Grupo para
que los podamos intercambiar en algún momento, porque yo creo que
no todos estamos exentos de esa cuestión.
El planteamiento que usted hace en cuanto a los titulares de
televisión autonómica me parece razonable, pero le digo lo mismo
que le he dicho al Grupo Popular. Quizás en trámites posteriores
podríamos incorporarlo, porque al acuerdo que han llegado ustedes
con el cable está aún caliente, y a lo mejor no ha habido
posibilidad, con tanta atención que le han prestado ustedes al
cable, de darle el retoque a lo que tenemos.
Yo creo que muchos de los argumentos que he empleado en el tema
de la autorización y en algunas otras cuestiones son válidos para
contestar al Grupo Catalán (Convergència i Unió). Por tanto,
señor Presidente, agradezco a todos su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Díaz Sol.
¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir para fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, nos alegramos de que,
por fin, tengamos una nueva ley que regule los servicios de
telecomunicación por satélite.
Coalición Canaria siempre ha sido partidaria de la liberalización
de los sistemas de telecomunicaciones, y es por algo simple. Una
comunidad insular, cuyo problema es la lejanía, tiene que
resolverlo por la vía del transporte y de las telecomunicaciones,
y de cara a ambos la liberalización es la única que puede llevar
a aumentar la eficacia de todo el sistema. Ya tenemos experiencia
en cómo ha repercutido positivamente en los transportes. Así lo
aprendimos cuando discutíamos el Régimen Económico y Fiscal de
Canarias y pretendíamos que se liberalizaran de forma inmediata
los sitemas de telecomunicaciones para Canarias antes de que
llegue el año 1998. Por tanto, cualquier intento en este camino
será apoyado por Coalición Canaria.
Celebramos las enmiendas transaccionales del Partido Socialista a
las presentadas por otros grupos, porque, indudablemente,
demuestran una voluntad de llegar a acuerdos, pero nos preocupa
lo que dijo el portavoz del Partido Socialista en el sentido de
que el espectro radioeléctrico no es infinito. Llevamos años
oyendo esa frase, y esa frase ha servido para impedir el
desarrollo de las telecomunicaciones, para impedir que pudiera
haber televisiones locales. Parece que hoy, aunque se sigue
diciendo que el espectro radioeléctrico no es infinito, sin
embargo, es bastante más infinito que lo era hace tres años,
cuando en vez de infinito era totalmente finito. Por eso apoyamos
la enmienda presentada por el Partido Socialista que elimina el
canon por uso del espectro radioléctrico. Creo que no hay que
amortizar el espacio y, por tanto, no procede un canon por uso de
espectro radioeléctrico, no hay infraestructuras que amortizar y
parece que no es necesario.
Es evidente en cualquier caso que en materia de
telecomunicaciones los adelantos científicos y de la sociedad van
por delante de los marcos legislativos, que tenemos televisiones
locales en la legalidad, que tendremos televisión vía satélite,
con satélites de uno u
otro país, y que tendremos comunicaciones aunque la legislación
vaya por detrás de la tecnología en la sociedad. Espero que en
esta Cámara seamos capaces de modificar la legislación tantas
veces como sea necesaria para no tener que ir siempre detrás de
los acontecimientos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Finalizado el debate, vamos a pasar a las votaciones
correspondientes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al proyecto de
ley por la que se regulan los servicios de telecomunicación por
satélite.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmienda número 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 287; en contra, 16; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 154; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 129; en contra, 180; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Enmienda número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 183; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votamos las enmiendas 1 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 156; en contra, 156 (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Habiéndose producido empate en la votación,
de acuerdo con el artículo 88 vamos a proceder a una segunda
votación. (Rumores.)
Enmiendas números 1 y 4, del Grupo Vasco(PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 154; en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. (Rumores.)
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 26; en contra, 286.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Se votan las enmiendas del Grupo Socialista números 15, 16, 21 y
23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312;a favor, 182; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Enmienda
número 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 155; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 26; en contra, 286.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas transaccionales. Enmienda transaccional al artículo
tercero en relación con la enmienda número 3, del Grupo Vasco
(PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda transaccional consistente en la creación de una
disposición adicional nueva en relación con la enmienda número
30, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 183; en contra, uno; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 1 en relación con la enmienda número 7 del
Grupo Popular. En relación con esta enmienda, si me permiten SS.
SS. y no hay inconveniente por parte de ninguno de los grupos, me
atrevería a sugerir una modificación en nombre del idioma
castellano y en defensa del mismo. La enmienda tiene un apartado
que dice: Segmento espacial. El segmento espacial de un sistema
de telecomunicaciones por satélite consiste en los satélites y en
las facilidades en tierra que efectúan las funciones de
telemedida, etcétera. Propongo que el texto sea: El segmento
espacial de un sistema de telecomunicaciones por satélite
consiste en los satélites y en las instalaciones y sistemas en
tierra que efectúan las funciones de telemedida, etcétera.
¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda de corrección técnica al título del proyecto, al
artículo 1.3, al artículo 7.1 y 7.2, a la disposición adicional
tercera y a las disposiciones transitoria y derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 312; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda de corrección
técnica.
Votación correspondiente al texto del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor 186; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto de ley.
--INFORME DE LA PONENCIA DE LA COMISION NO PERMANENTE DE
COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO, SOBRE COOPERACION EN EL AREA
DEL MEDITERRANEO (Número de expediente 154/000018)
El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día: Informe de la
Ponencia de la Comisión no permanente de Cooperación y Ayuda al
Desarrollo, sobre cooperación en el área del Mediterráneo. Para
presentar el dictamen en nombre de la Comisión, tiene la palabra
el señor Yáñez. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El Mediterráneo es, con Europea e Iberoamérica, una de las tres
dimensiones fundamentales de la proyección exterior de España.
Por esa razón, la cooperación de la Unión Europea con la ribera
sur del Mediterráneo tenía que estar presente durante la
presidencia española de la Unión Europea, y lo va a estar de
manera destacada y operativa en la Conferencia Euromediterránea
de Barcelona, que se celebrará los próximos días 27 y 28 de
noviembre. Así como el hito fundamental de la dimensión
latinoamericana ha sido estos últimos días la Conferencia de
Bariloche, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
iberoamericanos, en el terreno del Mediterráneo lo será la cumbre
de Barcelona de las fechas que acabo de citar. Y este Congreso de
los Diputados quiso y quiere aportar su contribución y apoyo al
éxito de la conferencia creando, en el seno de la Comisión de
Cooperación y Ayuda al Desarrollo, una ponencia de estudio sobre
el tema, lo que hizo el pasado mes de abril. El resultado de los
trabajos de la misma ha sido su informe y las propuestas de
resolución, que es lo que traemos hoy a este Pleno, tras haber
sido aprobados, por unanimidad, en Ponencia y en Comisión, y
esperamos y pedimos que sea hoy también respaldado con el voto
unánime de sus señorías.
El Mediterráneo ha sido durante siglos una encrucijada de
civilizaciones, cuna de las tres más importantes religiones
monoteístas, arteria de intercambios y caldo de cultivo de
culturas florecientes que han pesado a lo largo de la Historia,
pero también ha sido campo de múltiples conflictos bélicos y de
violencias endémicas. En la actualidad, en el Mediterráneo
encontramos elementos para el optimismo pero también factores de
preocupación. Entre los primeros hay que destacar que, tras el
fin de la guerra fría, el Mediterráneo
ha dejado de ser un lugar de confrontación entre las dos
superpotencias y, poco a poco, los países ribereños recuperan el
protagonismo de su propia región. Por otra parte, una de las
mayores fuentes de tensión internacional en los últimos treinta
años, con repercusiones sobre la estabilidad y la seguridad del
Mediterráneo y del mundo entero --estoy refiriéndome al conflicto
de Oriente Medio--, ha entrado en vías de solución a partir de la
Conferencia de Madrid y especialmente tras los acuerdos de Taba,
ratificados en Washington. También entre los factores de
optimismo juega a favor la voluntad y el deseo, tanto de los
países de la ribera norte como de la ribera sur, de encontrar
fórmulas de acercamiento y de entendimiento como única vía para
el desarrollo sostenido de todos.
Por contra, entre los elementos de preocupación hay que señalar
los profundos desequilibrios políticos, sociales, económicos,
demográficos y medioambientales presentes en los países del
Magreb, especialmente, que han ido generando en los últimos años
una creciente radicalización incluso de terrorismo integrista
como forma de escape o de refugio de las juventudes, de los
jóvenes en particular, ante el desempleo, la pobreza extrema y la
falta de perspectiva de futuro, con el corolario, con la
consecuencia de emigraciones desordenadas que ponen en riesgo la
seguridad y la estabilidad de todas las regiones. El Ministro
Fernández Ordóñez, en la Cumbre de Lisboa, en 1992, cuando
presentó ya entonces un informe sobre el Mediterráneo dijo que
éste era la frontera vulnerable de Europa. Pero, a su vez, los
pueblos de la ribera sur del Mediterráneo ven a Europa como una
fortaleza cerrada y hostil que se resiste a compartir su
prosperidad y donde crece la desconfianza, cuando no el abierto
racismo y la xenofobia, especialmente hacia los vecinos árabes.
Ven a la Unión Europea desentendida del Mediterráneo y ocupada
exclusivamente, en lo que a países terceros se refiere, al este
europeo.
Como creemos que hay que entender la visión del otro, tenemos que
saber que nuestros vecinos del sur están convencidos de que
Europa sólo se acuerda de ellos cuando quiere garantizar la
actividad pesquera en sus caladeros o cuando quiere asegurar, por
ejemplo, su aprovisionamiento energético. Esta es una realidad
para la que es necesaria una respuesta global, consensuada e
innovadora de los países ribereños del Mediterráneo como la que
se pretende con la Conferencia de Barcelona por los veintisiete
países participantes. Se trata de que la cuenca mediterránea
llegue a ser una zona de diálogo e intercambio que garantice la
paz, la estabilidad y el bienestar de quienes viven en sus
riberas. En el modelo de diálogo norte-sur, que tanta literatura
ha producido en los últimos veinte años, en esa tensión norte-sur
del mundo, nuestro sur, el sur de Europa es justamente esos
países de la ribera sur del Mediterráneo, es decir, del norte de
Africa.
Creo que no es exagerado afirmar que es éste el primer intento
serio de la Unión Europea para dotarse de una auténtica
estrategia mediterránea que reciba realmente el nombre de tal. En
ello ha jugado de una manera muy importante la Comisión Europea,
especialmente el Vicepresidente Manuel Marín, que ha sido el
promotor de la idea, y en trabajo muy coordinado el Consejo
Europeo, bajo la presidencia de España, particularmente del
Ministro de Asuntos Exteriores don Javier Solana. Ellos han
conseguido involucrar poco a poco a los socios del centro y del
norte de Europa, para los que, en teoría, el Mediterráneo podría
parecerles alejado de sus intereses. La convicción de que la
estabilidad y la seguridad del Mediterráneo contribuye
decisivamente a la estabilidad y a la seguridad de la propia
Europa, de toda Europa, hizo el resto.
Con los antecedentes de las cumbres de Lisboa, donde ya hubo
debate del Mediterráneo, como cité antes, en 1992, y de Corfú en
1994, el Consejo de Essen, de diciembre de ese mismo año, aprobó
la iniciativa española para organizar la Conferencia de
Barcelona, y la Cumbre posterior de Cannes de 1995 fijó la
cobertura financiera para la cooperación con los países de la
ribera sur, haciéndose así viable la Conferencia de Barcelona con
contenidos reales y potencialidades de futuro. El objetivo de la
misma es establecer, con carácter permanente, una asociación
euromediterránea basada en tres ejes: el diálogo político, la
cooperación socioeconómica y el entendimiento entre culturas.
En el plano de la cooperación política el objetivo es determinar
cierto número de principios e intereses comunes que los socios se
comprometen a promover conjuntamente. Se trata, pues, de
reafirmar la supremacía de las libertades fundamentales, la
construcción del Estado de derecho y de la democracia, la defensa
de los derechos humanos, y todo ello respetando las
peculiaridades de cada cual, de cada país, de cada región, de
cada cultura en materia de costumbres jurídicas, en materia de
cultura política.
En el apartado de la cooperación económica se trata de combinar
dos líneas de acción. Primera, la construcción gradual y realista
de una zona de libre cambio mediterráneo en un plazo medio largo,
de ocho o diez años, y proseguir las transferencias financieras
de la Comunidad Europea a los países del sur. Son dos
instrumentos que van a requerir un considerable esfuerzo por
parte de la Unión Europea, pero éste es el único camino para
conseguir que el área sea más homogénea, desde el punto de vista
económico, y se creen oportunidades laborales y de prosperidad
capaces de contrarrestar la desestabilización demográfica y las
migraciones masivas del sur al norte.
En el tercer apartado, la cooperación cultural, se intenta
estimular una mayor comprensión entre el mundo europeo y el
árabe, superando equívocos por ambas partes de tipo ideológico y
cultural que vienen de muy lejos. En este sentido es
importantísimo acercar las opiniones públicas del norte y del
sur, sobre todo ahora que en suelo europeo --no lo olvidemos--
viven varios
millones de personas de origen árabe en primera o en segunda
generación.
Para conseguir estos objetivos, especialmente para este último,
no basta la relación entre los gobiernos. En realidad no basta ya
para casi nada en las relaciones interacionales el mero
intercambio intergubernamental. Es indispensable involucrar al
conjunto de la sociedad, empezando por los propios parlamentos. A
partir de Barcelona tenemos que establecer mecanismos de diálogo,
de encuentro y de comunicación interparlamentarios con los países
de la ribera norte y sur de ese mar. También los partidos
políticos, los sindicatos, las asociaciones, las universidades,
los empresarios, las organizaciones no gubernamentales, en suma,
lo que se conoce como sociedad civil, deben participar
activamente en la creación de un sólido edificio de cooperación
euromediterránea. No quisiera terminar, señor Presidente, sin
agradecer a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores
que han comparecido ante la Ponencia y que han prestado en sus
comparecencias y fuera de ellas toda la colaboración que ésta les
ha pedido, en especial al embajador Gabriel Busquets, coordinador
de la Conferencia de Barcelona, que ha estado en todo momento a
disposición de los ponentes. En el capítulo de agradecimiento
también quiero hacerlo a los funcionarios de esta casa y, en
particular, al letrado señor Fernández Carnicero, por su
inestimable ayuda en los trabajos de la Ponencia.
Termino con una frase que me parece que sintetiza lo que venimos
diciendo de una manera brillante y literaria, como es su autor
Juan Goytisolo, en su libro «Argelia en el vendaval». Dice:
Aprendamos a respetar, en lo mucho que tiene de respetable, esa
gran civilización contigua a la nuestra y a repudiar aquellos
actos que violan las leyes internacionales y derechos humanos,
tanto si acaecen en el mundo musulmán como en Occidente, en
Bosnia como en Argelia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con este
informe? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Resulta, sin duda, honroso y satisfactorio dentro de la labor
parlamentaria, subir a esta tribuna para realizar una valoración,
personal y también en nombre del Grupo Vasco, sobre el informe
elaborado por la Ponencia para la cooperación en el área del
Mediterráneo, particularmente sobre las reflexiones políticas y
recomendaciones contenidas en dicho informe, que cuentan con el
acuerdo unánime de todos los grupos políticos y parlamentarios
que constituyen esta Cámara.
Quiero destacar, por su valor histórico, el hecho de que el
Parlamento, expresión de la voluntad popular del Estado que
preside la Conferencia Euromediterránea, contribuya como
coadyuvante a institucionalizar las relaciones entre los países
mediterráneos, ampliando el ámbito político de actuación incluso
a las relaciones interparlamentarias y no sujetándolas a las
nuevas relaciones políticas entre poderes ejecutivos de los
Estados, que a menudo resultan interesados e insuficientes para
corregir objetivos de pacificación y desarrollo social, objetivos
que persigue la Conferencia.
Asistimos a un hecho histórico, no sólo por la referencia a la
figura histórica del área y a su influyente patrimonio cultural
sino también porque el área mediterránea reclama en la actualidad
cuidados y tratamientos políticos adecuados, entre los que
destacan un acuerdo solidario entre Europa y países
norteafricanos de cooperación para el desarrollo sostenido y un
acuerdo, también solidario, entre Europa, países árabes,
norteafricanos, palestinos, israelíes y turcos para dar salida a
los conflictos políticos y, en concreto, a los frentes de batalla
que todavía están vivos.
Considero también histórico el momento de la Euroconferencia por
lo que simboliza de solidaridad, pero no me refiero a la
solidaridad entre los países del norte y del sur sino a la
solidaridad interna europea, por cuanto supone la actuación
conjunta y unitaria de una Comunidad Europea ampliada
recientemente y todavía con fuertes intereses dominantes en
Centroeuropa y en la orilla atlántica. Precisamente como miembro
de una comunidad atlántica y como miembro de un partido
nacionalista, con una grave crisis económica en la propia área
donde uno reside y a la que representa y con una necesidad
importante de inversiones en infraestructura y en recuperación
industrial, me siento con autoridad y seguridad para afirmar la
importancia de esta Conferencia y de las reflexiones y
sugerencias que el informe de la Ponencia aporta.
Aunque Europa está, de alguna manera, dividida entre dos orillas,
la atlántica y la mediterránea, hoy por hoy es esta segunda área
la que plantea una problemática de conflicto y desestabilización.
No podemos cerrar los ojos porque la paz y el desarrollo europeo
dependen tanto o más del desarrollo y la paz en la orilla sur del
Mediterráneo que de las incertidumbres que puedan presentarse
actualmente en el este de Europa. Esto, en la historia pasada, ha
sido así y, hoy, vuelve a repetirse en nuestra pequeña historia
actual.
En este sentido, hay que destacar los siguientes puntos del
informe de la Ponencia. En primer lugar, la necesidad de abordar
un programa de desarrollo sostenido mediante el fomento de la
inversión industrial, la mejora de la infraestructura y
productividad agrícola ampliándolo a la infraestructura urbana y
buscando una mejora significativa de la calidad de vida de los
países afectados en el área del sur.
En segundo lugar, prestar una especial atención a los programas
educativos y de formación profesional
con el objetivo de inducir iniciativas de desarrollo locales y
sostenidos en las características de la cultura propia, tratando
de evitar la sangría de recursos humanos que representa una
emigración que, por otra parte, se hace ineludible.
En tercer lugar, es necesario establecer una política de atención
e integración a la emigración proveniente de los países árabes
del Meditarráneo; no puede continuar la actual situación que se
torna cada vez más conflictiva y represora por causa de la
omisión y la inoperancia de los gobiernos europeos, que sobre
todo no anima la integración sino la creación de guetos y
conflictos étnicos cuando es una realidad evidente que los hijos
de los actuales emigrantes son los europeos del mañana, que el
mestizaje es inevitable y que, además, el mejor agente del
desarrollo es precisamente el emigrante, que aporta a la sociedad
con credibilidad los valores nuevos que él ha descubierto e
integrado en la libertad.
En cuarto lugar, la búsqueda urgente de mecanismos de acuerdo y
de intervención internacional para lograr la total pacificación
del área. Existen numerosos pequeños conflictos bélicos que no
merecen la atención por su carácter local pero que mantienen la
potencialidad desestabilizadora de una gran guerra, sobre todo
cuando en ellos están implicadas organizaciones internacionales
como las Naciones Unidas
Finalmente, destacaré también el trabajo en cooperación y armonía
de la Ponencia que ha llevado a la unanimidad y al acuerdo en la
redacción del informe. Por parte del Grupo Vasco, tengo que
reconocer la acogida a nuestra propuesta de impulso a la
pacificación inmediata del área, pero evitando maximalismos y
atendiendo conflictos reales sobre los que volvemos la cara o
escondemos la cabeza como el avestruz. Me refiero al conflicto
del pueblo saharaui con el que el Estado español está
comprometido. La Ponencia ha recogido precisamente la necesidad
de atender el cumplimiento de las resoluciones internacionales y,
en particular, la celebración del referéndum preconizado por
Naciones Unidas en condiciones de libertad. Es una tarea de
dignidad y respeto político a este Parlamento, al Parlamento
Europeo y a los acuerdos internacionales, y por respeto también
al propio pueblo saharaui sobre el que este Estado siempre ha
estado limitando sus deseos y derechos de libertad.
Termino con un párrafo de la Ponencia que me parece significativo
y que, de alguna forma, debe ser objeto de seguimiento por parte
de este Parlamento: La Ponencia comparte el criterio de que la
Conferencia Euromediterránea no debe reducir su virtualidad al
hecho de su celebración. Esto sería un fracaso que marcaría por
muchos años la cooperación entre la Unión Europea y los países
meditarráneos. Habrá de ser más bien un proyecto abierto al
diálogo entre estados y pueblos, entre instituciones de esos
estados y pueblos, con las garantías suficientes para que ese
marco permanezca en el tiempo y se consolide con nuevos proyectos
de cooperación, cuya gestión habrá de ser compartida por todos
los países interesados.
Confiemos en que esto sea así y que desde este Parlamento
contribuyamos a mantenerlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, tomo la
palabra, en nombre de Coalición Canaria, para mostrar también
nuestro apoyo solidario a este trabajo que el señor Yáñez, como
Presidente de la Ponencia, ha presentado hoy ante la Cámara y en
el que los distintos portavoces, como miembros de la misma, hemos
colaborado en un marco grato de consenso hasta llegar a la
elaboración de este documento.
Yo invitaría a todas aquellas señorías interesadas no solamente
por el mundo de la cooperación internacional --en este caso en la
cooperación del marco mediterráneo-- sino también por la armonía
de las relaciones internacionales a ver un trabajo muy bien
sistematizado. Tengo que elogiar tanto a los servicios de la
Cámara como a la dirección que ha llevado el Presidente de la
misma en sistematizar una labor que trata de ser una aportación
en un doble sentido: en primer lugar, para España como país
europeo en la cooperación del Mediterráneo; en segundo lugar,
para mostrar un apoyo parlamentario político y democrático a la
Conferencia Euromediterránea del próximo mes de noviembre en Barcelona.
El señor Albistur hablaba aquí como portavoz de un partido
nacionalista cuyas costas no están bañadas precisamente por el
Mediterráneo, sino por el Atlántico. Coalición Canaria quería dar
este testimonio de vinculación y compromiso porque es un
testimonio de Estado, es por tanto, un testimonio de solidaridad.
En el trabajo de la Ponencia son estos principios de intereses
comunes los que tienen que situar nuestro punto de partida. Para
Canarias estos intereses tienen nombres nobles y solidarios, como
es la paz y la cooperación. Tienen también la llamada de la
inmediatez, ya que somos comunidad autónoma atlántica y una de
nuestras islas orientales está a cien kilómetros escasos de la
costa marroquí y sahariana. Estamos hablando de países de ese sur
del Meditarráneo islámico como es en este caso Marruecos, y se
puede extender en el Magreb hasta Mauritania pasando por el
Sáhara Occidental, al que dedicaré después también una pequeña
pero emotiva reflexión.
A Coalición Canaria, junto con todas las fuerzas democráticas, le
preocupa también la materia, quiere ser partícipe como fuerza
política y se atreve a hacer compromisos como la zona de
librecambio, para que veamos que hay que armonizar las
producciones agrícolas, el comercio, el transporte y los
productos manufacturados, siempre dentro de un orden, porque está
abierta esa polémica --ayer por la tarde lo veíamos aquí con el
tema de frutas y hortalizas en la OCM-- sobre las cautelas y
precauciones, en este caso referidas fundamentalmente por
nuestros productores y agricultores hortofrutícolas, de todo ese
Levante mediterráneo español, de ese sur andaluz español, de
Canarias también por la preocupación de determinados productos
hortofrutícolas del Magreb y, más concretamente, de Marruecos.
El que hayamos introducido un punto número dos, la dimensión
europea de la cooperación mediterránea, es obvio porque estamos
ante un informe de la Ponencia en el que es necesario recordar a
veces muchos de sus capítulos. Aquí está la vertiente europea de
la cooperación meditarránea, porque al final será una cooperación
entre dos grandes semiarcos que cierran por el norte y por el sur
el Mediterráneo. El gran arco norte europeo y el gran arco sur
islámico y de países que están es ese área.
Cuando aquí el Presidente del Gobierno, don Felipe González,
rindió cuentas en diciembre sobre el informe de la Conferencia de
Estrasburgo en 1989, ya empezó, como bien recuerda la Ponencia, a
despuntarse una inquietud de cooperación en el Mediterráneo, zona
preocupante de inestabilidad ante el islamismo. Nosotros cremos
que el Mediterráneo, como bien se señala, no sólo es un nuevo
horizonte para la cooperación internacional. La Ponencia añade
cuestiones que ni siquiera el Parlamento Europeo en sus amplios
informes, estudios y debates, trajo aquí, como es el que, para
dar estabilidad al área, las zonas inestables deben recoger no
solamente recomendaciones puramente europeas, sino también de las
Naciones Unidas, como es el referéndum de autodeterminación para
la paz en el antiguo Sáhara Occidental español, hoy en
reivindicación del pueblo saharaui. Este marco mediterráneo
supera, incluso, un aspecto geográfico territorial y de aquí la
oportunidad de la Ponencia de recordar que en la próxima
Conferencia Euromediterránea de Barcelona el marco puede
extenderse a lo que hoy día es el Tratado ACP --Africa, Caribe,
Pacífico--, a esos terceros países que pueden incluso ser
considerados subsaharianos pero que están generando también una
tensión hacia su norte islámico mediterráneo. Estas reflexiones y
estudios serios de la Ponencia para nosotros son muy importantes.
Qué decir cuando podemos poner en el informe de la Ponencia un
equilibrio de actuaciones entre una política agrícola
mediterránea y una política militar. Ya tenemos los indicios del
euroejército del sur, formado por fuerzas armadas de Portugal,
España, Francia e Italia. Habrá que armonizar para que esto sea
un motivo de concordia y coordinación, y no de amenaza pero
también para hacernos respetar por cualquier país. La Unión
Europea, y en este caso los países euromediterráneos, hablan
invocando un principio de autoridad moral y democrática, pero
también respaldados por unos principios de autoridad para que en
esos foros del futuro Mediterráneo se pueda hablar con propiedad.
Canarias se siente solidaria porque forma parte de un Estado
donde hay una contribución, tanto a problemas agrícolas, como a
problemas de defensa. El famoso eje Baleares-Estrecho-Canarias
está ahí, dentro de los planes y estrategias militares en los que
nos toca poner una contribución, a veces más especial.
Finalmente, y termino, señor Presidente, quisiera decir que,
junto a estas conclusiones sencillas y sistemáticas con que hemos
cerrado nuestro estudio, existen tres objetivos definidos. En
primer lugar, mostrar el apoyo y el acuerdo de este Parlamento,
de todas las fuerzas políticas, democráticamente consensuadas, a
la Conferencia Euromediterránea de Barcelona.
Quisiera también, invocando al Presidente de la Cámara y a la
Mesa (porque se trata, señorías, de una conferencia
intergubernamental, no interparlamentaria), que este trabajo del
Congreso de los Diputados sea allí presentado por la persona y la
institución adecuada, porque es una contribución solamente de
anfitriones. No sólo es el Gobierno español el anfitrión de los
otros países de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, es
también este Parlamento el que se hace solidario con la misma.
Por tanto, pedimos allí un compromiso con la misma.
El segundo punto es importante porque pretende recabar nuestra
labor y nuestro papel parlamentario. El informe que el Ministro
de Asuntos Exteriores, señor Solana, en grata reunión de trabajo
entregó a la Ponencia, por respeto del Poder Ejecutivo al
Parlamento, se limita a recomendar el fomento de contactos entre
parlamentarios. Nosotros tenemos que solicitar de la Mesa de la
Cámara, como hace la Ponencia, el impulso y creación de grupos
parlamentarios bilaterales, que son tan eficaces para estrechar
vínculos de amistad y para lugares de encuentro y compromiso.
Y nuestra tercera y última conclusión, es que Coalición Canaria
también suscribe, porque se siente muy comprometida con este tipo
de contactos en general, todo el diálogo de la sociedad civil a
través de las instituciones. Desde Canarias salen continuamente
representaciones de empresarios, de agricultores, de técnicos y
de funcionarios que van a estos países inmediatos del Magreb por
cuestiones de asesoramiento técnico o de asistencia para la
apertura de mercados de sus propios productos y su intercambio.
Toda esta cooperación en el ámbito de las organizaciones no
gubernamentales en los foros civiles contribuirá a un trabajo muy
eficaz, para que no dejemos que los acontecimientos vayan por
delante de nuestros deseos y se pueda instaurar, si no tomamos
las medidas pertinentes que se recomiendan aquí, una zona de
inestabilidad que terminaría perjudicando a las buenas ideas y
proyectos que aquí se encierran.
Por esta razon, Coalición Canaria se suma con su solidaridad y
trabajo a este informe de la Ponencia que
hacemos nuestro en la parte alícuota de solidaridad política.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER Y MIRALLES: Señor Presidente, señorías, quiero
manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán, en nombre
del cual hago uso de la palabra, al informe que hoy debatimos y
que vamos a aprobar, sobre cooperación en el área del
Mediterráneo, y que ha sido elaborado por la Comisión de
Cooperación y Ayuda al Desarrollo; Comisión que, como saben
ustedes, ha sido constituida por primera vez en esta legislatura
en la Cámara.
Quiero aprovechar la ocasión que me brinda este debate, señor
Presidente, señorías, para señalar la importancia de esta
Comisión, nueva en nuestra historia parlamentaria, que ha
supuesto una importante contribución del Parlamento a las
políticas de cooperación, así como para destacar la necesidad de
su continuidad en próximas legislaturas. De un lado, porque la
creciente preocupación de nuestra sociedad por los problemas del
subdesarrollo así lo exige, y de otro, porque la importancia
creciente de estas políticas demandan la atención especializada
de las Cortes Generales, y ello pensamos nosotros que sólo lo
garantiza la continuidad de la Comisión. Creo que el balance del
trabajo de la Comisión es altamente positivo, y el informe que
hoy aprobaremos es sólo una pequeña pero valiosa muestra del
mismo.
Hecho este paréntesis, quiero también señalar nuestro apoyo
entusiasta a la Conferencia Euromediterránea de Barcelona que,
sin la menor duda, va a constituir un momento muy importante en
las relaciones de la Unión Europea con el área del Mediterráneo.
El Mediterráneo ha sido y es un lugar donde han entrado en
contacto civilizaciones diversas y las tres principales
religiones monoteístas, influenciándose y enriqueciéndose
mutuamente. Ha sido y es una encrucijada de intercambios
culturales, humanos y económicos, como señalaba la declaración de
la primera Conferencia Interparlamentaria sobre Seguridad y
Cooperación en el Mediterráneo, que se celebró en Málaga; combina
los intereses de Europa, el norte de Africa y el cercano y
mediano Oriente. Es y ha sido un punto de contacto, como dijo el
poeta y cantó Llach, es un pont damar brava. Pero también, como
apuntaba dicha declaración, es un lugar de conflictos pasados,
presentes y potenciales, así como de tensiones económicas,
sociales y culturales.
Por todo ello, las relaciones entre los países ribereños en los
diversos ámbitos de interés común deben ser redefinidas de forma
urgente, desde el punto de vista cualitativo, de manera global y
progresiva. La Conferencia Euromediterránea pretende constituir
un hito en la respuesta de la Unión Europea a este reto. Es
cierto que supone también un punto y aparte en la política
mediterránea que la Unión venía desarrollando, una política que
tímidamente se inició en los años 60 con los acuerdos comerciales
con Grecia y Turquía, y que se desarrolló en los 70 con nuevos y
más amplios acuerdos con diversos países de la zona. También es
conveniente destacar y celebrar que esta Conferencia nace del
interés por lograr un reequilibrio en las relaciones exteriores
de la Unión, después de unos años donde la preocupación y los
esfuerzos se han centrado principalmente y por razones obvias en
el este europeo y el Mediterráneo ha permanecido en un cierto
olvido.
También hay que subrayar, ante el escepticismo de aquellos
quienes se dejan arrastrar por el estéril discurso que considera
que este tipo de encuentros de nada sirven, que la Conferencia de
Barcelona asimismo ha de servir para apoyar el notable esfuerzo
financiero que la Unión Europea debe llevar a cabo en los
próximos años en apoyo de su política mediterránea, política
centrada en el desarrollo económico y en la estabilidad política;
conceptos absolutamente ligados e imposibles de lograr aisladamente.
También me parece destacable el cambio que la Conferencia supone
en relación a la que ha venido siendo tradicionalmente la
política de la Unión Europea en el área, que ha primado las
relaciones bilaterales en perjuicio de una consideración global
de la misma área. Hoy, y nuestro Grupo Parlamentario lo celebra,
el convencimiento existente en el seno de la Unión es que es
vital para el desarrollo de la región el considerar los
intercambios y la cooperación en una base interregional.
Barcelona ha de ser, pues, no un gran evento aislado, sino el
inicio de un proceso, un proceso con unos objetivos claros,
aunque algunos de ellos sólo en sus líneas generales y que, por
tanto, habrá que desarrollar y definir cuidadosamente los
próximos años. De entrada, nuestro Grupo Parlamentario piensa que
la Conferencia de Barcelona debiera servir para que la Unión
Europea recuperara la iniciativa política en la región. Somos
conscientes de que esto depende de factores muy diversos, entre
otros y fundamentalmente de la propia voluntad de los países
miembros de la Unión de impulsar una política exterior común y de
dar los pasos que este convencimiento o esta voluntad implicaría.
También somos conscientes de que esta iniciativa parte de una
situación de bajo mínimos, visto el pobre papel desarrollado por
la Unión en la resolución del conflicto de Bosnia, uno de los más
importantes, o seguramente el más importante, que sacude la zona.
Pero como europeístas convencidos que somos, y porque a pesar de
realidades como las de la antigua Yugoslavia, que invitan al
pesimismo, continuamos siendo eurooptismistas, no podemos dejar
de remarcar el deseo de que esta Conferencia consolide la
confianza de la Unión en la posibilidad de desarrollar su propia
política exterior.
No es éste el momento de reflexionar en voz alta, con un mínimo
de profundidad, sobre los grandes y ambiciosos
objetivos de la Conferencia, es decir, en primer lugar, la
definición de un espacio de paz y solidaridad; en segundo lugar,
la construcción de una zona de prosperidad compartida, a través
del apoyo a las reformas económicas, a la modernización de las
economías de esos países, y la constitución de una zona de libre
cambio para el año 2010; en tercer lugar, la cooperación regional
y transfronteriza favoreciendo los intercambios entre las
sociedades civiles.
Pero quizá sí es el momento de poner el acento en que el logro de
estos objetivos o, mejor dicho, para conseguir el objetivo
esencial de desarrollo económico y la estabilidad política, y
teniendo en el horizonte el establecimiento de una zona de
librecambio para el año 2010, debemos empezar desde ahora mismo a
planificar la transición en aquellos de nuestros sectores
económicos que deberán reconvertirse.
No podemos improvisar, porque si lo hacemos el consenso y el
apoyo social a esta política de desarrollo se nos puede ir al
traste, generando en el extremo desde la xenofobia hasta el
rechazo a la emigración. Por tanto, habrá que comenzar a pensar
en el futuro y planificar convenientemente esta transición en
aquellos sectores donde más pronto o más tarde, por el hecho de
incorporar menos valor añadido, vamos a perder competitividad y,
por tanto, se van a desplazar natural y progresivamente hacia los
mismos países objeto de esta ayuda, objeto de esta política de
cooperación o receptores de la cooperación.
No quiero extenderme más, señor Presidente, señorías, pero sí
quisiera, antes de abandonar la tribuna, recomendarles a todos
ustedes la lectura del informe; sobre todo, pedirles su
contribución, desde sus ámbitos de responsabilidad parlamentaria,
para el logro de los objetivos a largo plazo de la Conferencia.
Pero también, señorías, su contribución a la reflexión y a la
búsqueda, con tiempo, de soluciones a los previsibles problemas
que el desarrollo de esta política, que nosotros consideramos
absolutamente imprescindible para la paz y la estabilidad en la
región mediterránea, podría ocasionar en nuestra economía y en el
nivel de vida de muchos de nuestros conciudadanos si no fuéramos
capaces de adelantarnos a los acontecimientos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar por señalar que comparto la práctica totalidad de
la intervención del Presidente de la Comisión, del señor Yáñez,
incluidos los agradecimientos que él ha expresado al importante
apoyo técnico que ha tenido la Ponencia a la hora de elaborar
este informe.
Convendría señalar, aunque ya ha sido dicho, que el espíritu que
ha animado a los ponentes de este informe ha sido absolutamente
constructivo, que hemos sido todos capaces de ser permeables a
las ideas de los otros, de consensuar frases, incluso conceptos,
que acaban configurando un informe en el que todos nos podemos
sentir representados; informe que empieza por señalar --y voy a
intentar enmarcar exclusivamente aquellas partes que me parecen
más significativas-- dos realidades que tenemos que combatir
firmemente. Son dos percepciones, dos visiones de la zona: desde
el norte, la visión del sur como frontera vulnerable, es decir,
como potencial peligro para Europa, en una formulación que a mí
personalmente no me parecía muy afortunada, en tanto que mantiene
algún concepto agresivo, pero que conviene incluirla por lo que
de valor plástico tiene. Hay que combatir esa idea que se tiene
desde el Norte de concebir al Sur como esa frontera vulnerable
que puede significar peligro, peligro que, a su vez, puede
generar miedo y que puede generar --de hecho así ha sido--
xenofobia, racismo, intolerancia, incomprensión hacia el vecino
del Sur.
Por otra parte, tanto desde el Sur como desde el Norte, otra idea
a combatir es la de la Europa fortaleza, Europa encerrada en sí
misma, Europa incapaz de compartir su bienestar o de favorecer el
bienestar de los del Sur. Esas dos concepciones, de Europa
fortaleza, por una parte, y de frontera vulnerable por otra, son
dos concepciones que, repito, hay que combatir desde la
instrumentalización política, cultural, económica, etcétera, que
es probablemente el objetivo central de este informe y de la
Conferencia Euromediterránea que lo motiva.
Se dice en el informe que sería un mal punto de partida vincular
las relaciones euromediterráneas a una vieja política de
equilibrios o de reparto de zonas, entendiendo que se «cede»,
entre comillas, la Europa del Este a los países del Norte y se
«cede», como área de influencia, el Sur mediterráneo a los países
del Sur de la Unión Europea. Esa vieja concepción, que sería
expresión de una especie de colonialismo irredento, no solamente
hay que combatirla, sino arrancarla de nuestras cabezas, porque
no lleva más que al desastre. Desde esas viejas concepciones
neocoloniales que a veces se dejan traslucir en algunas
expresiones, no se llega a una idea de la cooperación que sea
realmente útil para quien la ejerce y para quien la recibe, es
decir, para las dos partes, sino, al contrario, a la generación y
a la agudización de problemas, que es lo que deberíamos combatir.
En el informe de la Ponencia se dice que la cooperación en el
Mediterráneo debe ser una alternativa a medio y largo plazo que
favorezca el entendimiento y la integración económica frente a la
vieja política de intervención, de ordinario tardía e
insuficiente, como, por ejemplo, ha ocurrido recientemente en la
antigua Yugoslavia. La política de cooperación en el Mediterráneo
debe concebirse como complementaria y coherente con las políticas
internas regionales en pro de una
mayor cohesión económica y social de las regiones de la Unión
Europea.
Se establece en el informe la necesidad de que, además de las
instituciones europeas, los Parlamentos nacionales participen de
esta concepción de la cooperación en el Mediterráneo, no
solamente estableciendo debates periódicos sobre este
importantísimo tema, sino incluso generando la posibilidad de
creación de grupos interparlamentarios entre los distintos países
de una y otra parte del Mediterráneo. Sin duda un instrumento que
puede sernos muy útil para limar no pocas incompresiones,
especialmente en los planos culturales.
La Ponencia, en los terrenos económicos, establece el criterio de
compartir la estrategia europea de complementar el actual modelo
de cooperación bilateral con otro de carácter multilateral que
permita contemplar de una forma integrada todos los intereses en
juego, tanto los políticos como los económicos, los sociales y
los culturales, incluso los de seguridad. Debe abrirse una nueva
relación con los países mediterráneos del Sur, fruto tanto de una
equitativa defensa de los intereses legítimos como de un clima --
y eso es muy importante-- de confianza mutua. La cooperación en
el Mediterráneo debe orientarse a intentar satisfacer las
necesidades básicas de la población --la alimentación, la salud,
la educación, el empleo--, tanto en una como en otra parte del
Mediterráneo.
Hay un aspecto del informe especialmente sensible para algunas
zonas de nuestro país en lo que hace referencia a la necesidad de
una política agrícola mediterránea, en la que, obligatoriamente,
la complementariedad de las producciones, la apertura de nuevos
mercados, el desarrollo del comercio agrícola transregional, la
modernización y mejora de las producciones, el respeto del medio
ambiente y la protección de los recursos naturales deben ser la
base de entendimiento entre ambas políticas agrícolas, en el
Norte y en el Sur del Mediterráneo.
En el terreno de la cooperación cultural, sin duda es muy
importante apoyar la difusión de las lenguas respectivas y de las
traducciones de obras literarias y científicas, que pueden
significar un soporte a un auténtico diálogo cultural para con
ello anticiparse a todo el eventual conflicto de civilizaciones y
culturas, que ya es latente.
Ha acabado el señor Yáñez su intervención con una frase del libro
de Juan Goytisolo. No la voy a repetir, la doy por reproducida,
porque expresa en los terrenos de la cooperación cultural una
magnífica reflexión sobre el asunto.
Europa, se dice en el informe, y lo compartimos absolutamente,
debe perder el miedo al mestizaje cultural, que siempre enriquece
y es el principal motor de la tolerancia frente a la maquinación
y la inestabilidad social.
En el terreno de la cooperación militar establecemos la necesidad
de controlar el desarrollo del armamento, de tender a la
disminución del armamento tanto convencional como el estratégico
de destrucción masiva.
Para acabar, señor Presidente, quizá una de las frases contenidas
en el informe puede servir y es la que dice que el Mediterráneo
es un espacio en el que, al localizarse hoy graves riesgos para
la paz y la estabilidad social, no cabe demorar una acción
internacional, que, rompiendo con viejas inercias coloniales y de
ignorancia mutua, asuma el riesgo del diálogo y del encuentro y
que el Mediterráneo siga dando --siguiendo a Brandel-- lecciones
de mesura y armonía.
Sin duda, este informe que puede significar un grano de arena en
el esfuerzo colectivo que todos debemos hacer para que estas
líneas de política de cooperación con nuestro entorno inmediato -
-con el Mediterráneo-- se abran paso, fructifiquen y den los
resultados que todos esperamos, va a necesitar del apoyo de todos
ustedes, de la comprensión, de las reflexiones políticas que aquí
se establecen y de la implementación de los recursos necesarios,
recursos a los que no nos hemos referido, que son, sin duda,
importantes, los destinados por la Unión Europea para esta
cooperación que probablemente en un futuro deberán aumentar, no
desde la perspectiva del subsidio del desarrollo de los demás,
sino desde la real capacitación para que ese desarrollo se
produzca.
Acabo, señor Presidente, saludando al espíritu de todos los
grupos que ha presidido la redacción de este informe, espíritu
que debería ser más frecuentemente utilizado en no pocas
discusiones de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en 1989 es la caída del muro de Berlín. Supuso un gran
cambio en el concierto internacional y en la política mundial, un
hecho de enorme trascendencia, cuyas consecuencias y dimensiones
estamos todavía percibiendo. Supuso el inicio de una etapa de
disensión en la que Europa tuvo que realizar significativos
cambios en su percepción del otro lado. Los países del Este,
hasta entonces adversarios de los del Oeste, iniciaban un nuevo
camino de relaciones económicas, situándose de forma rápida entre
los países demandantes de ayuda internacional y activando
relaciones políticas, sociales y culturales, que están diseñando
un nuevo mundo de enormes posibilidades pero, a su vez, con
enormes interrogantes, y, obviamente, desde entonces la Comunidad
Económica Europea se volcó con su cooperación y ayuda
internacional en favor de estos países.
Pero, a su vez, esta descongelación de la política de bloques
abrió nuevas perspectivas en otras zonas del planeta como en el
Mediterráneo, en las que las tensiones
producidas por el fracaso de los modelos socialista y
nacionalista también aparecen como elementos de inestabilidad,
después de que durante largos años estos países fueran utilizados
como piezas de un ajedrez y en los que la pobreza y el atraso
encontraban su caldo de cultivo y limitaban sus posibilidades de
crecimiento.
Por eso, en la entonces Comunidad Económica Europea, inspirados
por los países del sur europeo, y fundamentalmente por Francia,
Italia y España, se percibió la necesidad de convertir también al
Mediterráneo en zona de interés prioritario para la política
exterior y de cooperación de la Unión, modificando los todavía
vigentes sistemas de cooperación bilateral por otros más amplios.
De esta forma, esta preocupación, que tiene su origen, como ya se
ha dicho aquí, en el Consejo de Estrasburgo de diciembre de 1989
y en las reuniones de Roma de octubre de 1990, se desarrolla en
los consejos de Lisboa de 1992 y Corfú de julio de 1994, siendo
en Essen cuando se decide, al objeto de reforzar las relaciones
entre los países de la Unión y los países mediterráneos no
comunitarios, celebrar la Conferencia de Barcelona, objeto de los
trabajos de la Ponencia que hoy traemos al Pleno. Además, en el
Consejo de Cannes de junio de este año, se venía a aprobar un
paquete financiero que, si bien no respondía a los objetivos
inicialmente marcados por la Comisión, suponen incrementar
nuestra ayuda de forma extraordinaria, convirtiéndonos en los
primeros donantes en la zona.
Resulta evidente, señorías, que los problemas en el área
mediterránea son, sin duda, importantes y que los mismos afectan
no sólo a los países ribereños, sino también al resto de la
Unión, por lo que la política mediterránea debe ser una política
de interés común para los miembros de la Unión, máxime cuando el
número de ciudadanos de la ribera sur y oriental del Mediterráneo
que viven y trabajan en la Unión supera ya los once millones de
personas y los procesos de emigración continúan hasta el punto de
que los conflictos en estos países se trasladan al territorio de
la Unión. No cabe duda que el retraso en el desarrollo, los
desequilibrios económicos, las diferencias sociales, la explosión
demográfica, el elevado índice de paro, el peso de la deuda, el
abandono de la agricultura y el mundo rural, la corrupción de los
regímenes políticos, la falta de libertad o el terrorismo
fanático, son causas de inestabilidad permanente en la zona.
Por su parte, la falta de oportunidades para la mujer en muchos
de los países del Magreb es la causa indudable de altos índices
de natalidad, lo que hace que en la actualidad la población menor
de dieciséis años en esos países alcance el 50 por ciento del
total. El desempleo, además, supera el 35 por ciento, lo que
dificulta su integración en un mundo laboral, provocando
importantes frustraciones que degeneran en la proliferación de
movimientos radicales extremistas, que basan sus teorías de
salvación, personal y espiritual, en acciones violentas y
terroristas, así como en la demonización de Occidente como
causante de todos sus males. Sin duda alguna, la deficiente
formación educativa y la falta de expectativas de muchos de esos
jóvenes es la causa fundamental de ese fanatismo islámico, que no
es más que la forma más palpable de la desintegración social de
esas zonas.
Pero ante esta situación percibida con temor y desconfianza por
muchos ciudadanos de la orilla norte, es necesario que desde la
Unión Europea actuemos de forma decidida, definiendo como fines
prioritarios en el área mediterránea, en primer lugar, el
ordenamiento pacífico de la zona basado en la integración y la
cooperación regional. En segundo lugar, la estabilidad política y
social fundada en el desarrollo sostenible, el respeto de los
derechos humanos y las libertades individuales y políticas y la
pluralidad y consecución de democracias participativas. En tercer
lugar, la consolidación y cooperación económica que reduzca las
diferencias de los índices de desarrollo humano entre los países
del Norte y del Sur, así como entre sus habitantes. En cuarto
lugar, la reducción de los conflictos armados en la zona mediante
la adopción de medidas de tipo preventivo y la cooperación
militar.
Resulta evidente, señorías, que el desarrollo humano es pieza
básica para la estabilidad en la zona. Por ello, hacer del
Mediterráneo una zona de paz es condición elemental para
favorecer un crecimiento sólido base del desarrollo sostenible.
En ese sentido la resolución pacífica de las controversias y la
renuncia a la violencia, el desarrollo y consolidación de
instituciones públicas democráticas, el reforzamiento del Estado
de Derecho, el respeto de las minorías, la lucha contra la
corrupción, el apoyo a sistemas administrativos financieros y
económicos más eficientes o el fomento de plataformas regionales
de acuerdo que favorezcan el diálogo y la confianza mutua, son
elementos claves para el futuro de la cooperación política en la
zona.
Además, para que haya cooperación y desarrollo político se hace
necesaria la cooperación económica, por ello valoramos
positivamente el acuerdo de Cannes. El programa MEDA, junto a los
créditos que por igual cuantía aporte el Banco Europeo de
Inversiones, debe favorecer la creación de empleo, el desarrollo
de proyectos regionales en el ámbito del transporte, las
telecomunicaciones o la energía, la cooperación científica y
tecnológica en materia industrial, el aprovechamiento de la
biotecnología y la iniciativa privada. Este desarrollo económico
debe ir acompañado por el apoyo decidido a la pequeña y mediana
empresa, cuyo crecimiento es esencial para el desarrollo de estas
clases medias productivas que se hacen indispensables en el
desarrollo económico de muchos de esos países lo que, además,
favorecerá un crecimiento equilibrado de sus rentas.
Por su parte, el comercio regional e internacional, en un mundo
tecnológico cada día más abierto, sin duda va a favorecer la
apertura de mercados más limpios
y transparentes, generando importantes ingresos que en el futuro
contribuirán a reducir la factura de la ayuda hacia esos países
del Sur. Mientras tanto, la evaluación y el control, así como la
valoración del impacto de los proyectos que se desarrollen,
constituyen un elemento esencial en el éxito del MEDA.
Otro elemento clave de atraso en estos países es el alto
endeudamiento de alguno de los mismos. A nuestro juicio, los
procesos de condonación y refinanciación de deuda deberían ir
ligados y condicionados a la realización de proyectos de
desarrollo por parte de sus gobiernos en los países favorecidos y
condicionados también al avance de la democracia y los derechos
humanos.
Creemos que el desarrollo económico debe ser respetuoso, por
supuesto, con los derechos ambientales de las futuras
generaciones y que el empleo debe ser ahorrador de los recursos
naturales; por ello, la restauración y protección del medio
ambiente favorecerán el desarrollo sostenible en una zona en la
que el entorno natural y la riqueza del patrimonio histórico-
artístico son la causa de que un tercio del turismo mundial se
dirija todavía a nuestros países.
Por lo que se refiere a la agricultura y la pesca, ya en la
Ponencia defendimos el cambio de la pretendida política de
arbitrajes por una más ambiciosa de complementariedad que
favorezca la utilización racional de los recursos, pero, a su
vez, desarrolle la investigación agrícola, abra nuevos mercados,
favorezca el autoabastecimiento, modernice las explotaciones,
genere una industria de transformación y apoye la gestión,
protección y desarrollo de los recursos marinos e incremente el
comercio regional.
También consideramos que en la Conferencia de Barcelona la
cooperación cultural, social, educativa y formativa constituye en
todos sus aspectos otro elemento fundamental de debate y
conclusión, así como, aun cuando no sea el objeto primordial de
la Conferencia, creemos que la cooperación militar y las
operaciones de mantenimiento de la paz o el control de
armamentos, y más expresamente la lucha contra la violencia
terrorista, la delincuencia organizada y el narcotráfico y la
cooperación policial, son asuntos sobre los que la colaboración y
acuerdos en el área entre los distintos países son prioritarios.
Señoría, los intereses de los países del norte y el sur del
Mediterráneo no son contradictorios, sino complementarios.
Fortalecer los sitemas de colaboración entre los países del
Mediterráneo es uno de los objetivos de la Conferencia de
Barcelona, que no debe ser sólo un encuentro, sino el inicio de
un gran proyecto.
En un mundo cada día más internacionalizado las naciones no
pueden actuar sin unir sus esfuerzos a los de otros, y este
esfuerzo no supone renunciar a la independencia de acción o
soberanía, que debe ser ejercida con decisión, sagacidad y
firmeza, sino combinar esfuerzos e imaginación con otros al
objeto de conseguir mayores éxitos basados en la colaboración y
el diálogo.
En unos momentos en los que el ejercicio tradicional del
liderazgo en el mundo está en cuestión, la Unión Europea tiene la
obligación de ejercerlo en la zona mediterránea, no sólo a través
de la cooperación económica, sino a través de la consulta e
iniciativas basadas en el reparto de responsabilidades y en la
participación plural en la toma de decisiones.
La Conferencia de Barcelona debe configurar un proyecto
constructivo entre vecinos, iguales y desiguales, que la Unión
Europea debe liderar, abierto a países terceros que, por su
presencia e importancia económica, política y cultural en la
zona, no pueden permanecer al margen del desarrollo de un área
geográfica que durante muchos siglos fue el centro de la tierra,
y nunca debe renunciar a volver a serlo de nuevo. Para ello --y
concluyo--, el Mediterráneo «debe dejar de ser considerado como
un mar interior para convertirse en una gran ambición»; la
ambición de todos, una ambición que, sin duda, debe tener su
inicio en Barcelona los próximos días 26 y 27 de noviembre.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cremades.
El señor CREMADES SENA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para manifestar la posición de mi Grupo en
el informe elaborado por esta Ponencia sobre la cooperación en el
área mediterránea.
En primer lugar, quiero destacar el espíritu de consenso y de
colaboración de todos y cada uno de los miembros de la Ponencia,
cosa importante en estos momentos, porque han propiciado un clima
bastante gratificante de trabajo, y la coincidencia en el fondo
ha posibilitado que se limen todas las discrepancias en la forma,
con lo cual hemos podido conseguir traer un texto, un documento
elaborado por unanimidad, que va a reforzar muchísimo más todavía
lo que son los objetivos, que todos y cada uno de nosotros
compartimos.
Por supuesto, me sumo al agradecimiento que los demás grupos y el
propio Presidente de la Comisión han hecho a los comparecientes
en las diversas reuniones, así como a los servicios de esta
Cámara, sin cuyo esfuerzo, de unos y de otros, probablemente
nuestro trabajo no hubiera sido posible.
Creo que no es ocioso destacar algunas obviedades sobre la cuenca
del Mediterráneo, algunas de ellas ya se han mencionado aquí,
como cuna de culturas y civilizaciones milenarias, así como de
las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, como
iniciadora de objetivos y principios que con muchísimas
modificaciones a lo largo de la historia todavía siguen vigentes
en nuestra sociedad, como puede ser: la
democracia, el Derecho, el Estado, el intercambio comercial,
etcétera, y como convergencia de múltiples diversidades de tipo
cultural, religioso, étnico, social y económico. A la vez, es
generadora de una larga historia de coexistencia que todos
conocemos, a veces de coexistencia muy pacífica, que con sus
altibajos ha ido generando un cierto poso de unidad y de
globalidad en su seno. Pero este complejo escenario, señorías, en
el siglo XX viene a convertirse también en un cruce de los dos
vectores que han dominado de alguna manera en la política
internacional del siglo XX: el vector Este-Oeste y el vector
Norte-Sur. El Mediterráneo es frontera del conflicto Este-Oeste y
del conflicto Norte-Sur, lo cual ha propiciado que en el siglo XX
se haya convertido en una zona de un alto y gran valor
estratégico hasta nuestros días. Paralelamente a esta situación
se ha asistido a acontecimientos importantes en estas últimas
décadas: la propia reconstrucción y consolidación de Europa, la
ampliación de esa Europa del Sur, la construcción de la Unión
Europea, la crisis energética del petróleo, el final de la
«guerra fría», superando uno de los vectores que yo citaba
anteriormente, el Este-Oeste, y la mundialización de la economía,
que han afectado de una manera profunda a la zona mediterránea.
El fin de la «guerra fría», de alguna manera, ha dejado al
desnudo el dramatismo de una realidad del tercer mundo y de los
países en vía de desarrollo, del Sur, sin que haya ninguna
justificación de tipo ideológico sobre esta situación que esta
zona del mundo mantiene desgraciadamente.
La propia relación dialéctica, que también se ha apuntado aquí
por algunos intervinientes, de la globalidad y la diversidad en
la cuenca mediterránea, creo que hoy precisamente está mucho más
presente que nunca. Porque nadie puede negar en el Mediterráneo
una diversidad en estos momentos entre la ribera norte y la
ribera sur en cuanto al crecimiento demográfico, al crecimiento
económico, a la disparidad cultural, que provoca grandes
desequilibrios entre la ribera norte y la sur. Pero, a la vez,
son innegables igualmente elementos de globalidad y de unidad
entre ambas riberas, con esa larga tradición de coexistencia y de
intercambio que hacen que en estos momentos Europa no pueda ser
entendida sin su dimensión mediterránea y que, por otra parte,
los países del norte de Africa sean totalmente incomprensibles
sin el ciclo de flujos recíprocos de todo tipo con sus vecinos
del norte. Por lo tanto, esta región está enfrentada en estos
momentos a unos profundos desequilibrios políticos, sociales,
económicos y medioambientales que, de no corregirse, pueden poner
en riesgo la seguridad y la estabilidad en toda la región en un
futuro más o menos cercano.
Es necesario, a mi juicio, superar esa visión que se ha dibujado
aquí, que existe y que a veces va in crescendo, de que desde
Africa se ve Europa como una frontera cerrada. Hay que superar
esa doble visión de ver Europa desde el sur como una frontera
cerrada y desde el norte ver el sur como una frontera vulnerable.
La fortaleza cerrada europea, que desde el sur significa que
Europa no quiere compartir esa prosperidad que tiene, que sólo
está preocupada de una expansión y de una solución hacia el Este
y no hacia el Sur, que sólo se acuerda del Sur cuando quiere
garantizarse la presencia en sus caladeros o para conseguir su
abastecimiento energético, es una visión negativa, es una visión
que, en definitiva, no es capaz de conseguir la propia
solidaridad de los principios que la propia Europa dice defender.
Evidentemente, por esta situación crece la hostilidad, el racismo
y la xenofobia, cada vez con más frecuencia, como respuesta a
estos problemas. Por otra parte, desde Europa no se puede seguir
manteniendo una visión que tiene visos de realidad, que tiene
aspectos de realidad. Hay que superar la visión de ver el Sur
como una frontera vulnerable, donde el fuerte crecimiento
demográfico provoca una fuerte inmigración que no es nada
deseable para los pueblos en estos momentos, sobre todo si, como
se prevé en un futuro, puede ser a niveles mucho más grandes de
los que se dan ya en estos momentos.
El extremismo y el integrismo amenazan los valores occidentales y
crea problemas de narcotráfico, de contrabando, que hay que
corregir, porque esa visión de enemistad no se puede seguir
manteniendo en el futuro.
Esta situación, señoría, requiere una urgente respuesta global
que parta de todos los riesgos y de todos los desafíos que aquí
se han citado, así como de todas las oportunidades y de las
potencialidades que ofrece toda la región meditarránea.
Ese debe ser el objetivo de la Conferencia Euromediterránea de
Barcelona que apoyamos indiscutiblemente: que la cuenca
mediterránea llegue a ser una zona de intercambio y de diálogo en
horizontal y en vertical, mucho más intenso que el que se da en
la actualidad, para garantizar la paz, la estabilidad y el
bienestar de todos los pueblos que viven en sus riberas. Es un
reto difícil y complejo, todos lo sabemos.
Creemos desde mi Grupo que discutir o poner encima de la mesa en
este inicio del camino de la cooperación europea en la cuenca del
Meditarráneo los problemas puntuales y concretos sería introducir
elementos distorsionadores. Se debería contemplar, como así está
señalado en la propia agenda de la Conferencia, desde un punto
global, porque cada uno de los puntos concretos tiene foros
diferentes para poder ser discutidos y resueltos, como los
Acuerdos de Paz de Taba, ya citados aquí, entre Palestina e
Israel.
Pero sí que es posible, desde una perspectiva global, en
Barcelona, iniciar la posibilidad de un diálogo político que
contemple algunos aspectos que todas las partes se comprometan a
respetar y a consolidar profundamente: El respeto a los derechos
humanos y a las libertades, la construcción del Estado de
Derecho, consolidar la democracia, el compromiso de buena
vecindad, el respeto al principio de integridad territorial y el
uso de medios pacíficos para resolver los contenciosos que puedan
ir surgiendo. Todo ello requiere grandes
dosis de tolerancia y respeto mutuo que por parte de algunos
sectores de la sociedad, tanto europea como del norte de Africa,
no se da en estos momentos.
Desde mi Grupo entendemos que la Conferencia de Barcelona y este
camino a iniciar de cooperación y de consolidación del
Meditarráneo para un futuro mucho más optimista que el que
podemos plantear en este momento, debe tener un protagonismo
estrictamente de los pueblos que están implicados en el
Meditarráneo. Desde mi Grupo, quiero destacar este matiz porque
creo que es muy importante. Evidentemente, Europa no puede
contemplar el Meditarráneo con la misma visión que desde otras
áreas del mundo con influencia en el Meditarráneo. Para otras
áreas, el Mediterráneo puede ser --así ha sido y podría seguir
siendo-- un corredor estratégico cuyo único y último objetivo
sería garantizar, en su extremo oriental, una zona de estabilidad
que garantice a la vez, el abastecimiento energético que necesita
el mundo desarrollado en nuestros días.
El señor PRESIDENTE: Señor Cremades, le ruego concluya.
El señor CREMADES SENA: Voy terminando, señor Presidente.
Sin embargo, para Europa, el Mediterráneo no puede ser solamente
eso, sino que además tiene que convertirse en una continuidad de
la propia realidad europea hacia el sur. Asimismo, creemos que
por parte de la Unión Europea se debe asumir el interés común,
que ya está consolidado, y el principio de complementariedad que
haga posible dos cosas fundamentales: la globalidad de la
cooperación de la Unión Europea con estos terceros países del
Meditarráneo y evitar políticas unilaterales de sus miembros que
puedan entrar en contradicción con la política global de la Unión
Europea. Es necesaria una visión política de altas miras, con
grandes dosis de solidaridad, que no sólo está justificada por
principios de justicia y generosidad, sino también de interés
común en hacer este esfuerzo importante. Basta considerar
aspectos como la energía, la emigración, el comercio exterior,
las inversiones y la degradación del medio ambiente para darnos
cuenta de estos intereses. Sólo una visión política miope y
egoísta podría justificar la negación del sentido común en estas
políticas. No se puede negar todo a la vez...
El señor PRESIDENTE: Señor Cremades, le ruego concluya.
El señor CREMADES SENA: Término, señor Presidente, diciendo que
hoy el Meditarráneo es un mar de conflictos, de tensiones y de
recelos y se trata de hacer esfuerzos para convertirlo en un lago
de paz, de colaboración y de entendimiento del que puedan
disfrutar todos y cada uno de los pueblos que habitan sus riberas.
Nada más y muchas gracias por su benevolencia, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cremades.
Vamos a proceder a la votación.
Votación del informe de la Comisión no Permanente sobre
Cooperación y Ayuda al Desarrollo, del informe emitido por la
Ponencia sobre Cooperación en el Area del Meditarráneo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 285.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.