Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 131, de 09/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 131 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 129
celebrada el jueves, 9 de marzo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Al Proyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 48.1, de 25 de enero de 1994 (número de expediente
121/000034) (Página 6942)
--Al Proyecto de Ley de Vías Pecuarias. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie A, número 71.1, de 26 de julio de
1994 (número de expediente 121/000057) (Página 6949)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 2/1995, de 17 de febrero, sobre libertad de
amortización para las inversiones generadoras de empleo.
(«Boletín Oficial del Estado», número 43, de 20 de febrero de
1995) (número de expediente 130/000026) (Página 6953)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono, adoptada en la Cuarta Reunión de
las Partes del 23 al 25 de noviembre de 1992. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 162.1, de 19 de
diciembre de 1994 (número de expediente 110/000117) (Página 6961)
--Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América en materia de Cooperación Educativa, Cultural y
Científica, hecho en Madrid el 27 de octubre de 1994. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 157.1, de 2
de diciembre de 1994 (número de expediente 110/000129)
(Página 6961)
--Acuerdo sobre el Transporte Internacional por Carretera
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Lituania, hecho en Vilnius el 6 de julio de 1994.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
158.1, de 2 de diciembre de 1994 (número de expediente
110/000130) (Página 6961)
--Protocolo número 1 al Convenio Europeo para la Prevención de
la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes,
hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1993. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 159.1, de 2
de diciembre de 1994 (número de expediente 110/000131)
(Página 6961)
--Convenio entre el Reino de España y la República de
Venezuela sobre ejecución de sentencias penales, suscrito en
Caracas el 17 de octubre de 1994. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 160.1, de 2 de diciembre de
1994 (número de expediente 110/000132) (Página 6961)
--Acuerdo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo
para la financiación paralela de programas y proyectos de
inversión para la modificación del Convenio del Quinto
Centenario. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
C, número 163.1, de 19 de diciembre de 1994 (número de
expediente 110/000133) (Página 6962)
--Acuerdo formalizado mediante Canje de Cartas de 10 de
octubre de 1994 entre el Reino de España y el Programa de las
Naciones Unidas p de expertos sobre el Protocolo relativo a
los Fondos Marinos, 11 y 12 de octubre de 1994, la Conferencia
de Plenipotenciarios sobre el Protocolo relativo a los Fondos
Marinos, 13 y 14 de octubre de 1994, que se celebrarán en
Madrid (España), y la Reunión de expertos sobre la revisión
del Convenio de Barcelona y sus Protocolos conexos y el PAM,
14 a 18 de noviembre de 1994, que se celebrará en Barcelona
(España). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 172.1, de 23 de diciembre de 1994 (número de expediente
110/000140) (Página 6962)
Solicitudes de creación de una Comisión de Investigación:
--Solicitud, formulada por don Rodrigo de Rato Figaredo y 77
Diputados, de creación de una Comisión de Investigación de las
actividades de la Guardia Civil y las circunstancias en que se
produjo su huida de la justicia durante trescientos cinco
días, así como las actuaciones de todo tipo que culminaron con
su ingreso en prisión (número de expediente 156/000015)
(Página 6963)
--Solicitud, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
creación de una Comisión de Investigación sobre la huida del
ex Director de la Guardia Civil, Luis Roldán, y las cuestiones
que no fueron tratadas por la anterior Comisión de
Investigación (número de expediente 156/000016) (Página 6963)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 92.1, de 5 de diciembre de 1994 (número de
expediente 121/000077) (Página 6986)
Avocación por el Pleno de proyectos de ley:
--Del Proyecto de ley de modificación parcial de la Ley
General Tributaria (número de expediente 121/000077) (Página 6998)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
(Continuación.):
--Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16
de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie A, número 94.1, de 5 de
diciembre de 1994 (número de expediente 121/000079) (Página 6998)
--Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en
materia de recuperación de la nacionalidad. «Boletín Oficial
de las Cortes (número de expediente 121/000080) (Página 7006)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 6942)
Al proyecto de ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
(Página 6942)
Al proyecto de ley de Vías Pecuarias (Página 6949)
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
sociedades de responsabilidad limitada intervienen, en turno
los señores Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); López
Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo señora
Pelayo Duque, del Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
vías pecuarias intervienen los señores Martínez Blasco, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canar Parlamentario Popular, y
Nieto González, del Grupo Socialista.
Se procede a la votación de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de sociedades de responsabilidad limitada, que
son aprobadas.
Asimismo se someten a votación las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de vías pecuarias, que son asimismo
aprobadas.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley (Página 6953)
Real Decreto-ley 2/1995, de 17 de febrero, sobre libertad de
amortización para las inversiones generadoras de empleo
(Página 6953)
El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) explica
las razones que han determinado la promulgación del Real
Decreto-ley. Recuerda que el pasado año pedía ante esta misma
Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 7/1994,
argumentando que la incipiente reactivación que estaba
experimentando nuestro país exigía la adopción de medidas
tendentes a asegurar su continuidad y, si era posible,
favorecer la aceleración de este proceso. A esta misma línea
responde el Real Decreto-ley 2/1995, de 17 de febrero, sobre
libertad de amortización para las inversiones generadoras de
empleo cuya convalidación solicita hoy de la Cámara,
ciertamente en un contexto de reactivación aunque no exento de
dificultades.
El presente Decreto-ley tiene un contenido idéntico al del año
anterior, referido, en sus aspectos temporales, a las
inversiones realiza presente año. En virtud del mismo, los
elementos de los activos fijos materiales nuevos que afectan
al desarrollo de las actividades empresariales y que se pongan
a disposición de las empresas entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1995 gozarán de libertad de amortización, siempre
que la plantilla media total de la empresa se incremente
durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del
período impositivo respecto de la plantilla media de los doce
meses anteriores y que, además, dicho incremento se haga
durante otros 24 meses.
Aclara que no se trata de una medida aislada sino que son
numerosas las medidas incluidas en las leyes de presupuestos
para los años 1994 y 1995 y las
correspondientes leyes de acompañamiento qu han afectado al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los
impuestos de sociedades y sobre sucesiones y donaciones. Con
la promulgación del Real Decreto-ley se han pretendido adoptar
incentivos que fomenten la realización de inversiones en
activos fijos nuevos que lleven aparejados la creación y el
mantenimiento de puestos de trabajo. La norma pretende ser
cauce de una política activa de mejora de competitividad para
nuestras empresas, en la medida en que corrijan el desfase
existente entre oferta y demanda a través de la creación de
puestos de trabajo. Encuentra, por tanto, su justificación en
el deseo de generar un incremento en el nivel de empleo a
través de una política fiscal de incentivos a las inversiones
generadoras del mismo.
Termina solicitando el voto favorable de la Cámara para la
convalidación del Real Decreto-ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del
Grupo Vasco (PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Peralta Ortega, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Costa Climent, del Grupo
Popular, y Perales Sometida a votación, se aprueba la
convalidación del Real Decreto por 298 votos a favor, uno en
contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de tramitar el Real Decreto-
ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia es
rechazada por 128 votos a favor, 179 en contra y dos
abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 6961)
Para fijación de posiciones en relación con el punto 41 del
orden del día intervienen los señores Durán Núñez, del Grupo
Parlamentario Popular, y Palacios Alonso, en representación
del Grupo Socialista.
Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono, adoptada en la Cuarta Reunión de
las Partes del Protocolo de Montreal, celebrada en Copenhague
del 23 al 25 de noviembre de 1992 (Página 6961)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión es aprobado por
306 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América en materia deCooperación Educativa, Cultural y
Científica, hecho en Madrid el de 1994
Sometido a votación el dictamen de la Comisión se aprueba por
307 votos a favor y una abstención.
Acuerdo sobre el Transporte Internacional por Carretera entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República
de Lituania, hecho en Vilnius el 6 de julio de 1994
Sometido a votación el dictamen de la Comisión fue aprobado
por 307 votos a favor y dos abstenciones.
Protocolo número 1 al Convenio Europeo para la Prevención de
la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes,
hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1993
Sometido a votación el dictamen de la Comisión fue aprobado
por 308 votos a favor y una abstención.
Convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela
sobre ejecución de sentencias penales, suscrito en Caracas el
17 de octubre de 1994 (Página 6961)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión fue aprobado
por 309 votos a favor.
Acuerdo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo
para la financiación paralela de programas y proyectos de
inversión para la modificación del Convenio del Quinto
Centenario (Página 6962)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión fue aprobado
por 307 votos a favor y una abstención.
Acuerdo formalizado mediante Canje de Cartas de 10 de octubre
de 1994 entre el Reino de España y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acerca de la reunión de
expertos sobre el Protocolo relativo a los Fondos Marinos, 11
y 12 de octubre de 1994, la Conferencia de Plenipotenciarios
sobre el Protocolo relativo a los Fondos Marinos, 13 y 14 de
octubre de 1994, que se celebrarán en Madrid (España) y la
Reunión de expertos sobre la revisión del Convenio de
Barcelona y sus Protocolos conexos y el PAM, 14 a 18 de
noviembre de 1994, que se celebrará en Barcelona (España)
(Página 6962)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión fue aprobado
por 183 votos a favor, dos en contra y 124 abstenciones.
Solicitudes de creación de una comisión de investigación
(Página 6963)
Solicitud, formulada por don Rodrigo de Rato Figaredo y 77
diputados, de creación de una comisión de investigación de las
actividades de don Luis Roldán mientras fue Director General
de la Guardia Civil y las circunstancias en que se produjo su
huida de la justicia durante 305 días, así como las
actuaciones de todo tipo que culminaron con su ingreso en
prisión.
Solicitud, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
creación de una comisión de investigación sobre la huida del
ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, y las cuestiones
que no fueron tratadas por la anterior comisión de
investigación.
El señor Ramallo García defiende la solicitud formulada por el
Grupo Popular. Expone que en noviembre de 1993, cuando «Diario
enriquecimiento de Luis Roldán, nombrado en 1986 por el
Gobierno presidido por el señor González, Director de la
Guardia Civil, se produce un gran escándalo en la opinión
pública. Las declaraciones de relevantes miembros del
Gobierno, incluido su Vicepresidente, del Partido Socialista y
del Fiscal General del Estado, Eligio Hernández, consideraron
normal, ajustado a la media de los españoles y obtenido de
forma legal el patrimonio de Roldán. En consecuencia, le
prestaron su apoyo y solidaridad ante el ataque periodístico,
hasta tal punto que se daba por hecho que sería nombrado
Ministro del Interior, lo que confirmó posteriormente el
Presidente del Gobierno.
Añade que el Grupo Popular solicitó del Parlamento la creación
de una comisión de investigación para conocer los datos sobre
el patrimoni y la forma y las cifras de contratación de obras,
servicios y bienes de la Guardia Civil. El escándalo de la
opinión pública hizo que la coalición gobernante no se
opusiera a la aprobación de dicha Comisión, lo que se produjo
el 17 de febrero de 1994. El trabajo de la Comisión contribuyó
de forma importante al prestigio de esta Cámara, si bien entre
las principales limitaciones a la investigación con que se
encontró la Comisión fue la incomparecencia del
Vicepresidente, señor Serra, coautor en su día del
nombramiento del señor Roldán para Director de la Guardia
Civil; en segundo lugar, la imposibilidad de celebrar la
segunda compare de Roldán por huida del mismo de la justicia.
La Comisión dio fin a sus trabajos, por criterio de la
coalición gobernante, emitiendo dictamen el 15 de junio de
1994, aprobado por el Pleno de la Cámara el 26 del mismo mes.
El Grupo Popular consideró que la Comisión se cerró en falso,
no sólo por la incomparecencia de Roldán sino porque también
muchas cuestiones quedaron sin investigar o lo fueron de forma
insuficiente. Afirma que de lo investigado por la Comisión se
deducía con toda claridad que el Gobierno sabía, a través del
Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado,
la forma anómala en la que contrataba la Guardia Civil en
tiempos de Roldán y el mal uso de los fondos reservados.
Agrega el señor Ramallo que el 27 de febrero de 1995 se
produce la noticia de la entrega de Roldán en Laos y el 28
pudieron ver la primera rueda de prensa del Ministro, señor
Belloch, en un acto triunfalista, para dar cuenta de una
detención que luego resultó ser entrega voluntaria. Pero a los
nueve días transcurridos desde esa rueda de prensa una noticia
borra la otra, la versión del primer día era desmentida por
los hechos al día siguiente y el oscurantismo del Gobierno
socialista lleva a la opinión pública a estar convencida de la
existencia de un pacto de gobierno fraguado a través de algún
intermediario.
Ante el monumental embrollo urdido por el Gobierno, el Grupo
Popular presentó en el Registro de la Cámara la solicitud de
creación de una comisión de investigación parlamentaria que
hoy defiende ante este Pleno. Su petición trae causa remota en
el voto particular presentado en su día por el Grupo Popular
al dictamen de la anterior Comisión y trae su causa reciente
en los acontecimientos que han rodeado la huida y la entrega
de Roldán.
Pero hay circunstancias nuevas conocidas después del cierre de
la Comisión, como son el conocimiento y constancia de más
noticias sobre las actividades irregulares de Roldán, a la
vista de todo lo cual y teniendo en cuenta que junto a las
responsabilidades penales pueden existir responsabilidades
políticas y de que se trata de un asunto de interés público,
tal cual exige el artículo 52 del Reglamento, pide hoy el voto
favorable para la constitución de una nueva comisión de
investigación sobre las actividades de don Luis Roldán
mientras fue Director de la Guardia Civil y las circunstancias
en que se produjo su huida de la justicia durante 305 días y
las actuaciones de todo tipo que culminaron con el ingreso en
prisión el 28 de febrero de 1995.
Afirma que Roldán no pudo hacer todo lo que hizo sin el
conocimiento de otros, ya que, en ese
caso, estaríamos en manos de un gobierno negligente e
irresponsable que no atiende a sus más mínimas obligaciones.
Señala que e vino a esta Cámara a no aportar nada nuevo,
puesto que no contestó a ninguna de las preguntas que se le
hicieron, aunque se permitió despreciar a quienes están
apoyados por más de ocho millones de votos.
Concluye manifestando que hoy el problema no es Roldán, sino
quien le puso, mantuvo, le dejó huir y le trae de forma
equívoca.
En defensa de la solicitud formulada por el Grupo Mixto
interviene, en primer lugar, la señora Rahola i Martínez,
anunciando que será breve porque no considera útil repetir los
argumentos que permanentemente se han planteado en diferentes
ámbitos y debates, ya que toda la prensa y todos los señores
Diputados conocen perfectamente la película pública. El caso
Roldán esconde múltiples casos en su interior y el caso
político está por explicar, por despejar sus incógnitas más
preocupantes, sus zonas más oscuras. Más allá de la dimensión
penal, que espera que pueda llegar hasta sus últimas
consecuencias, hay una dimensión política que investigar,
aclarar y acotar en sede parlamentaria y, por tanto, despejar
todas sus dudas. Afirma que el caso Roldán es una especie de
bomba retardada, que tiene aún casi todo por explicar, con
daño al debate parlamentario, a la necesaria tranquilidad
parlamentaria y política y a la credibilidad de todos.
Cree que apoyar la creación de esta comisión es hoy una
obligación y una responsabilidad democrática para despejar
cualquier incógnita y para que no haya en ningún momento la
sensación de que se están escondiendo zonas turbulentas.
El señor Mur Bernad manifiesta que ha pasado más de un año
desde que se constituyó la Comisión Roldán y el tema sigue
vigente, incluso más que aquel día. Por eso no debería
sorprender a nadie, a la vista de los acontecimientos, de las
circunstancias y de la novedad que supone que el señor Roldán
estéaquí, que vuelvan a pedir que se constituya formalmente
una nueva comisión para que pueda segu en este tema, que en
absoluto ha prescrito ni terminado y que, por el contrario,
cada día adquiere un mayor protagonismo. Recuerda que la
Comisión de investigación se cerró de forma traumática, que el
Director de la Guardia Civil huyó, pero hoy está de nuevo
aquí, por lo que considera justificada la formación de esta
nueva comisión. Estima que el Gobierno y el Grupo Socialista
deberían ser los más interesados en que este asunto se tratase
en la Cámara y que su oposición a la creación de la Comisión
les va a perjudicar puesto que el Parlamento debería estar
siempre atento a aquello que preocupa a los
ciudadanos.Completa la defensa de la solicitud formulada por
el Grupo Mixto el señor Chiquillo Barber. Expone que los
tribunales son los que tienen ahora el protagonismo y tendrán
que dilucidar las responsabilidades de cada uno, y todos los
ciudadanos demócratas confían en ello, pero independientemente
de las responsabilidades jurídico-penales hay que exigir unas
responsabilidades políticas y ésta es, el Parlamento, la sede
para determinarlas, aclarando 300 días de fuga y 10 días de
engaños. De ahí que considere necesaria la creación de una
comisión para subsanar la falta de información del señor
Ministro en su comparecencia, y en algunos casos sus burlas,
así como para determinar si las fuerzas de la Seguridad del
Estado encontraron a Luis Roldán en Laos o si el señor Roldán
en connivencia con el Gobierno encontraron Laos para desde ahí
entregarse y ponerse a disposición judicial.
La señora Aguilar Rivero defiende la solicitud formulada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que
en nuestro país se están dando una serie de acontecimientos, que
deben ser investigados y aclarados, en torno al caso Roldán,
en relación a su huida, llegada a España, al dinero de los
contribuyentes utilizado en su fuga y estancia en el exterior
y, en definitiva, los acontecimientos que rodean la corrupción
que se ha venido dando en el Ministerio del Interior. Para
aclarar todo se hace necesario e imprescindible que actúe el
Parlamento español, dotándose de instrumentos y mecanismos
suficientes para acometer el reto político que las
circunstancias generadas por el Gobierno demandan con su
ocultación de datos y faltando a la verdad ante los
ciudadanos. Afirma que la intervención judicial en un caso
como el de Roldán no puede ni debe ser, desde su punto de
vista, la excusa política, la coartada, para dejar hibernado y
paralizado el asunto de espaldas al pueblo español. Considera
que ha quedado perfectamente demostrado y acreditado que los
trabajos de este Parlamento no interfieren en la
Administración de Justicia, por lo que no debe ser utilizado
este argumento para negarse a la constitución de la comisión
de investigación. Es conocido que existen cuestiones muy
importantes que necesitan de transparencia y de claridad y que
hay que responder a interrogantes que no se quieren resolver
por quienes tienen la responsabilidad de despejarlos, como es
el Gobierno de la nación, su Presidente y el Ministro
directamente responsable, señor Belloch.
Hay algunas cuestiones pendientes desde hace mucho tiempo que
el Gobierno socialista conoce muy bien y otras, más recientes,
como el espectáculo que ha rodeado la operación Roldán, porque
nadie sabe todavía en este Parlamento cómo se fugó Roldán,
lo que aconteció en torno a su huida y cómo y cuánto dinero de
los contribuyentes se llevó. Pero ocurre que, al igual que no
se conoce cómo huyó, qué ha hecho en su huida y cómo ha
dispuesto de los dineros del contribuyente que se llevó,
tampoco se sabe cómo ha llegado a la prisión. Piensa que el
señor Belloch podía haberles evitado este debate actuando con
claridad y transparencia, pero, dado que ha optado por la
ocultación, es obligación del Parlamento que este caso sea
investigado y convenientemente aclarado.
Añade que, junto al señor Belloch, en la ocultación y en el
silencio le acompaña el Presidente del Gobierno, que es
incapaz de asumir la responsabilidad política que se deriva de
estos acontecimientos, que sabe muy bien que pesan como una
losa en la crisis económica. Hay una serie de preguntas que no
han sido contestadas y, sobre este particular, anuncia que su
Grupo Parlamentario va a seguir insistiendo y formulándolas
como forma de poner en evidencia la actuación de ocultación
del Gobierno. Si no hay nada que ocultar, nada raro, nada
oscuro, nada opaco, constitúyase esa comisión y demuéstrese;
no debería haber inconveniente, si todo estuviese claro, en
constituir la comisión. Si se opta, en cambio, por no
considerar la comisión, hay que pensar que existe algo que
ocultar, tarea en la que se encuentra directamente el Grupo
Socialista con la complicidad incomprensible del Partido Vasco
(PNV) y Convergència i Unió.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Cuesta Martínez. Comienza recordando algo que es
absolutamente obvio, y es que Roldán está en la cárcel porque
lo ha traído el Gobierno socialista, y está a disposición
judicial y va a ser juzgado por todos los delitos respecto de
los que se ejerce una acusación, sin que existan causasde
nulidad ni riesgo de invalidación del proceso, porque ha sido
detenido legalmente y está declarando ante los Tribunales de
Justicia, que es el foro adecuado.
Añade que, si se repasan hoy los medios de comunicación en
relación con la declaración adicional y voluntaria realizada
por el señor Roldán, se observa que la teoría del pacto
también ha quedado superada en una materia en la que, en su
opinión, se han dicho muchos disparates y todavía quedan
muchos por oír.
Anuncia que el Grupo Socialista va a votar en contra de la
constitución de estas comisiones solicitadas porque no queda
claro el objeto de las mismas, como se razona para mantener
dicha postura. Afirma que es la hora de la Justicia, en cuyas
actuaciones el Parlamento no está en condiciones de aportar
nada nuevo, además de que ya se produjo una intensa
investigación con sus conclusiones correspondientes, con
reiteradas decisiones en la línea de rechazar iniciativas como
las que hoy se proponen. Cree, además, que, sobre cualquier
novedad que pueda ir surgiendo existen otros mecanismos de
control parlamentario: las preguntas o las comparecencias en
comisiones, como ya han tenido lugar. Entiende también que
existen razones de seguridad y responsabilidad que aconsejan
no entrar en una investigación sobre las circunstancias que
han permitido la detención de Roldán, ya que sería absurdo
investigar a la propia Policía. Enumera varias de las
actuaciones judiciales en curso, considerando que sería
enredar el pretender que esta Cámara interfiriese en la acción
de los tribunales con un nuevo juicio paralelo a lo que es la
intervención del Poder Judicial.
El Congreso de manera democrática, por mayoría, ya se
pronunció en otro momento aprobando el dictamen de la Comisión
de investigación creada en su día, dictamen que se consideró
había investigado a fondo e intensamente sobre el asunto. Fue
un trabajo serio y riguroso con el que esta Cámara cumplió sus
objetivos, por lo que la iniciativa de hoy es una mera
repetición, un auténtico intento de manipular a la opinión
pública y de ocultar las auténticas necesidades del país. Para
réplica, intervienen los señores Ramallo García y Mur Bernad,
y la señora Aguilar Rivero, duplicando el señor Cuesta
Martínez.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, de Coalición Canaria, y González de
Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV).
Replica la señora Aguilar Rivero, duplicando el señor González
de Txabarri Miranda.
Termina el turno de fijación de posición con la intervención
del señor López de Lerma i López, en nombre del Grupo Catalán
(Converg Sometida a votación la solicitud de creación de una
comisión de investigación presentada por don Rodrigo de Rato
Figaredo y 77 diputados más, es rechazada por 151 votos a
favor y 170 en contra. Asimismo es rechazada, por 149 votos a
favor, 170 en contra y una abstención, la creación de una
comisión de investigación solicitada por los Grupos Mixto e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 6986)
Proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria (Página 6986)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), señalando que
el mismo no constituye una manifestación aislada sino que
forma parte de un conjunto de medidas que pretenden la lucha
contra el fraude fiscal. Expone que la reforma afecta a 41
artículos, tiene carácter parcial y servirá de puente para una
reforma más global que el Gobierno pretende abordar en el
futuro. Es una reforma que pretende luchar contra el fraude a
través de dos vías, como son potenciar el cumplimiento
espontáneo de sus obligaciones por parte de los contribuyentes
y dotar a la Administración de medios más eficaces para
reprimirlo.
También resulta necesario modificar el régimen de infracciones
y sanciones para que, sin merma de su carácter penalizador y
disuasorio, en base a su realismo y racionalismo logre no sólo
una aplicación verdaderamente efectiva, sino también la
aceptación suficiente para disminuir los problemas actuales.
También resulta imprescindible modificar los criterios de
gradación, de suerte que discriminen de manera efectiva a
aquellos contribuyen- tes que evidencien una especial
voluntad de defraudar a la Hacienda pública en relación con
los restantes supuestos de incumplimiento. Paralelamente, se
dota a la Administración tributaria de los instrumentos que
van a contribuir a legislar eficazmente contra el fraude
fiscal en el ámbito de la gestión, inspección y recaudación
tributarias.
Expone a continuación el régimen transitorio
que se establece, procurando favorecer al máximo la seguridad
jurídica y la eficacia en la gestión tributaria, respetando el
principio de la retroactividad de la norma sancionadora más
favorable, informando en este sentido de que se han dado
órdenes a la actual Administración tributaria de suspender la
imposición de sanciones en tanto no se apruebe el proyecto de
ley y de informar a los contribuyentes de la posibilidad de
obtener la aplicación de un régimen sancionador más
beneficioso.
Termina resaltando la necesidad de efectuar una rápida
tramitación parlamentaria del proyecto de ley, rogando que en
la medida de lo posible se actualicen los plazos previstos
para la presentación de enmiendas por el interés de los
ciudadanos en ver aprobadas cuanto antes las medidas
contempladas en esta reforma.
Se suspende la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor Andreu Andreu defiende la enmienda de totalidad del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que
el proyecto de ley, a juicio de su Grupo Parlamentario,
constituye un importante error del Gobierno en la lucha
fraude fiscal, si es que realmente el Gobierno tiene una
estrategia para hacerlo. Los efectos de este proyecto de ley
defendido por el señor Ministro de Economía y Hacienda pueden
significar un incremento sobre la ya enorme bolsa de fraude
fiscal existente en España. Lo que en el fondo conlleva este
proyecto de ley es una rebaja de las capacidades inspectoras y
sancionadoras de la Hacienda pública. Cree que hubiera sido
una buena ocasión para hacer una nueva Ley General Tributaria
en lugar de una reforma de 41 artículos de una ley que data
del año 1963, una reforma-puente que significa un paso atrás
en la lucha contra el fraude fiscal.
A continuación formula críticas contra cinco artículos de la
reforma, que devalúa, en su opinión, la ya escasa capacidad de
la Administración tributaria para luchar contra el fraude y
que son concretamente los artículos 87 y 88, relativos al
régimen sancionador; el 111, sobre inspección de las cuentas
bancarias; el 141, relativo al domicilio del afectado, y el
142, sobre utilización de los materiales que son objeto de la
inspección. Se trata de cinco artículos que generan y
justifican, desde el criterio de Izquierda Unida, como fuerza
política comprometida totalmente en la lucha contra el fraude
fiscal, el mayor rechazo a esta reforma.
Especifica algunas de las críticas que le merecen estos
artículos, que constituyen en su conjunto una reforma de la
Ley tributaria sumamente negativa, por lo que solicita de la
Cámara que esta enmienda de totalidad sea considerada.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Varela Flores, que considera muy oportuna la
iniciativa del Gobierno, razón por la que están ya en
desacuerdo con la enmienda de Izquierda Unida, argumentada
además con generalidad y con alguna conclusión técnicamente
errónea, de lo que deduce que no tienen ninguna razón de fondo
que justifique la pretensión de devolución del proyecto al
Gobierno.
Independientemente de la consideración de que es conveniente
la elaboración de un proyecto de nueva Ley General Tributaria,
tarea a la que no renuncia el Gobierno, no es menos cierto que
se hace urgente la modificación parcial de la misma por
diferentes motivos, cada uno de ellos de importancia
suficiente para justificar por sí solo la modificación parcial
de la Ley. En este sentido, destaca la situación creada tras
la declaración de inconstitucionalidad de las modificaciones
operadas en la Ley General Tributaria, a través de los
Presupuestos Generales del Estado, lo que requiere que
urgentemente se proceda a su regulación a través de un
proyecto de ley específico como el que hoy se somete a debate.
Replica el señor Andreu Andreu, duplicando el señor Varela
Flores.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Costa Climent, del Grupo
Popular.
Sometida a votación la enmienda de totalidad, es rechazada por
ocho votos a favor, 262 en contra y una abstención.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 6998)
Del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria (Página 6968)
El señor Presidente somete la propuesta del Grupo Popular, de
conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento, de avocación
por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto
de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria.
Se aprueba por asentimiento dicha avocación.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas (Continuación)
(Página 6998)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16
de junio, reguladora del Patrimonio Nacional (Página 6998)
En nombre del Gobierno, el señor Ministro de la Presidencia
(Pérez Rubalcaba) presenta el proyecto de ley. Expone que la
Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional, constituyó un
importante hecho político por varias razones. En primer lugar,
porque venía a cerrar una materia que la Constitución había
tratado, pero dejando un mandato abierto al legislador. Esa
Ley de 1982 aportó una legislación, afortunada y respetuosa
con la Constitución, de un conjunto de bienes integrados en el
Patrimonio del Estado, pero afectada a una especial, como es
el servicio del Rey y de la Familia Real. En segundo lugar,
fue un texto absolutamente consensuado y aprobado por 267
votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, mereciendo un
apoyo político como pocas leyes consiguieron en los primeros
años de vigencia de la Constitución.
Añade que el proyecto que ahora presenta a la Cámara contiene
algunas reformas que el Gobierno desearía tuviesen el mismo
asentimiento y unanimidad que el texto de 1982. El motivo de
esta reforma es, por otro lado, que el Gobierno, en conexión
con el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional,
llevaba tiempo valorando la oportunidad de introducir algunos
cambios en la Ley de 1982 que acentuaran la dimensión
medioambiental que el ordenamiento atribuye a las funciones de
este ente público.
Por otro lado, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó,
de forma simultánea, una proposición de ley para someter a la
consideración de esta Cámara que obedecía a una preocupación y
finalidades similares.
La materialización de la iniciativa del Gobierno ha dado lugar
al proyecto de ley que hoy somete a la consideración de la
Cámara, cuyo próposito es acentuar la protección de los bienes
ecológicos dependientes del Patrimonio Nacional proporcionando
instrumentos de tutela y defensa suficientes y adecuados al
propio Consejo de Administración del ente.
El señor López Garrido defiende la enmienda de totalidad del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que,
en su momento, no se tomó en consideración la iniciativa de la
Asamblea de Madrid, presentando a continuación el Gobierno el
proyecto de ley respecto del que hoy piden su devolución por
considerar que empeora de forma clara la filosofía de la
proposición de ley de la Asamblea de Madrid y la extiende al
conjunto de bienes del Patrimonio Nacional que tienen valor
ecológico.
Añade que la proposición de ley se remitía a la fórmula de
protección medioambiental que representa la figura del parque
nacional, condic se dan en el monte del Pardo, para el que se
pedía, por tanto, su declaración de parque nacional. Sin
embargo, en vez de hacer eso el Gobierno envía un proyecto de
ley que convierte al Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional en una especie de superprotector medioambiental,
cuando no es ése el sentido de dicho Consejo de
Administración, ni está preparado para ello ni tiene ningún
tipo de especialización sobre el particular.
Considera que se trata de una regulación un tanto atípica
frente a la fórmula lógica y natural contemplada en la Ley de
1989, todo lo cual justifica, a su juicio, la devolución del
proyecto al Gobierno, a fin de que estos espacios se regulen
conforme a la legislación general existente en España de
protección medioambiental sin crear figurar especiales y
atípicas.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, de Coalición Canaria; Baltá i Llopart, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Gortázar Echeverría, del Grupo
Popular, y Varela Flores, del Grupo Socialista.
Replica el señor López Garrido, duplicando los señores
Gortázar
Echeverría y Varela Flores.
Sometida a votación la enmienda de totalidad debatida, es
rechazada por siete votos a favor, 258 en contra y dos
abstenciones.
Por la que se modifica el Código Civil en materia de
recuperación de la nacionalidad
En nombre del Gobierno, el señor Ministro de la Presidencia
(Pérez Rubalcaba) presenta el proyecto de ley. Expone que la
Constitución Española, en su artículo 11, estableció en sus
tres apartados normas sobre la nacionalidad española, y la Ley
51/1982 modificó en esta materia los artículos 17 a 26 del
Código Civil con la finalidad clara de ofrecer un adecuado
desarrollo legal a los preceptos constitucionales,
necesariamente concisos. Ocho años más tarde, la Ley 18/1990
volvió a dar una nueva redacción a los artículos citados del
Código Civil, respetando las líneas esenciales contenidas en
la Ley de 1982.
Señala que, dada la importancia capital que tiene para cada
país la legislación sobre nacionalidad, por razones de
seguridad jurídica no sería oportuno que normas tan básicas
variasen continuamente en el transcurso de pocos años. No es
éste el propósito del Gobierno, que simplemente intenta
solucionar una cuestión muy concreta como es la relativa a la
recuperación de la nacionalidad española y sus requisitos.
Expone el señor Ministro que entre los requisitos establecidos
en el artículo 26 del Código Civil como reajuste general para
esta recuperación de la nacionalidad había uno previo, como
era el de que el interesado residiese legalmente en España,
que se ha demostrado que en muchas ocasiones resultaba
excesivo y dificultaba o retardaba el derecho de muchos
españoles emigrados a volver a ostentar la nacionalidad
española, a la que continuaban ligados afectivamente y que
habían perdido por circunstancias económicas y laborales para
poder asegurar su estabilidad en el país extranjero en el que
estaban residiendo. Precisamente los sectores sociales
afectados demandaban una modificación del régimen actual y, en
esta línea, el Consejo General de la Emigración adoptó el
acuerdo de valorar positivamente el régimen que establece el
proyecto de ley. Agrega que se han producido posturas
distintas sobre el particular y que, entre las soluciones
posibles, el proyecto del Gobierno, profundamente meditado, ha
optado por una solución intermedia.
Termina explicando algunas de las características del
proyecto.El señor Soriano Benítez de Lugo defiende la enmienda
de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo
Popular.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
la señora Pelayo Duque.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Camp
i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y López
Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto
alternativo presentada por el Grupo Popular, es rechazada por
110 votos a favor, 135 en contra y seis abstenciones.
Se levanta la sesión a las siete y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--AL PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(Número de expediente 121/000034)
--AL PROYECTO DE LEY DE VIAS PECUARIAS (Número de expediente
121/000057)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día: Enmiendas del Senado.
Enmiendas al proyecto de ley de sociedades de responsabilidad
limitada.
¿Grupos que desean intervenir en relación a este proyecto?
(Pausa.)
Enmiendas al proyecto de ley de vías pecuarias.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas al proyecto de ley de
sociedades de responsabilidad limitada.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con el debate de hoy, se cierra el proyecto de ley
de sociedades de responsabilidad limitada, que viene a cumplir
uno de los objetivos largamente perseguidos en la reforma de
las leyes mercantiles y de sociedades.
A su paso por el Senado, este proyecto de ley no ha sufrido
mejoras sustanciales. Sin embargo, no tenemos que poner
objeciones a las modificaciones, que suponen, en principio,
una mejora en la redacción definitiva del texto del proyecto
de ley, al margen de otras modificaciones técnicas, sobre las
que hay dos aspectos que me gustaría reseñar.
Dentro de estas enmiendas aprobadas en el Senado, se han
establecido ciertas garantías estatutarias para la restitución
de aportaciones en la reducción de capital que creemos que son
importantes y se ha dado una nueva regulación a la reelección
de auditores de cuentas, cuestión que también era demandada
por la profesión, después de la experiencia adquirida en los
años que lleva funcionando la Ley de Auditorías.
Por lo que respecta a la primera parte, a las medidas que se
han adoptado con motivo de la reducción del capital social, se
ha creado un nuevo artículo que establece ciertas garantías
estatutarias de aportaciones. Nos parece adecuado este sistema
de protección «a priori» en defensa de los intereses de
acreedores, algo ya puesto de manifiesto desde nuestro Grupo
Parlamentario, si bien no se ajusta a los términos que a este
respecto establecía nuestra enmienda, que pretendía trasladar
a la sociedad limitada el régimen previsto en el caso de
sociedad anónima.
También nos parecen adecuadas la reducción de capital para
compensar pérdidas y la verificación en cualquier caso del
balance que sirva de bas por un auditor de cuentas, lo que
confiere una mayor garantía, desde nuestro punto de vista,
frente a terceros. De la misma forma, creemos oportuna la
modificación del artículo 103 sobre la responsabilidad de los
socios separados o excluidos, en coherencia con la
modificación del artículo 81.
Por los que respecta, como digo, a la reelección de auditores
de cuentas, aprovechando --en este caso que hay que tenerlo
presente-- que el Pisuerga pasa por Valladolid, este proyecto
de ley de sociedades de responsabilidad limitada corrige la
regulación de la reelección de auditores de cuentas,
regulación establecida en Ley de Auditoría, de la misma forma
que, consecuentemente, se modifica el apartado 1 del artículo
20 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Aplaudimos esta modificación, por la que se elimina la
imposibilidad de reelección de los auditores por un período de
tres años una vez concluidos los nueve de contrato.
Existían argumentos jurídicos de derecho comparado, argumentos
técnicos, económicos, de imagen y de independencia que
apoyaban este cambio. Estamos, por tanto, de acuerdo con esta
regulación, y pensamos que, de la misma forma que se ha
modificado esta norma, la ley de Auditoría de Cuentas debe ser
revisada en aquellos aspectos que la práctica mercantil ha
puesto de manifiesto que son necesarios.
Sin embargo, y reconociendo los aspectos positivos que
contempla este proyecto de ley a lo largo de su articulado, se
desprende una permanente obsesión --esto lo he puesto de
manifiesto en repetidas ocasiones y vuelvo a hacerlo-- del
legislador por diferenciar las sociedades de responsabilidad
limitada de las sociedades anónimas, poniendo, a nuestro
entender, una barrera artificial que va en contra de la
realidad empresarial y con planteamientos que no están, desde
luego, refrendados por la práctica mercantil. Se intenta
insistir en la nitidez de la separación entre sociedad anónima
y sociedad de responsabilidad limitada. Para nosotros, la
sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad anónima
pequeña, y esto va a ser así en la práctica, como digo,
mercantil. Esta filosofía queda reflejada en gran parte del
proyecto de ley cuando, por ejemplo, se prohíbe a las
sociedades de responsabilidad limitada la emisión de
obligaciones o bonos en las mismas condiciones que las
sociedades anónimas, sin tener en cuenta que la sociedad
limitada va a abarcar actuales sociedades anónimas de gran
importancia, pequeñas o medianas, pero de gran importancia.
¿Por qué una sociedad limitada de nueve millones de pesetas de
capital tiene que desembolsar la totalidad de capital y una
sociedad anónima de diez millones de pesetas puede hacer
aportaciones parciales? Creemos que esta discriminación no
tiene sentido, y así lo hemos reflejado en nuestras enmiendas.
Lo mismo ocurre al exigir el desembolso total del capital,
que, como digo, no está justificado desde la necesaria defensa
del capital social, la adquisición de acciones propias en las
sociedades anónimas, pretendiendo dar una regulación diferente
a la adquisición de las propias participaciones sociales, sin
que exista razón alguna para esta diferenciación.
Sin embargo, hay aspectos aún más llamativos, que producen
serias dudas desde el punto de vista de la protección de los
intereses de los otros socios y de los acreedores. Se trata de
la participación de expertos independientes en numerosos casos
en la valoración de aportaciones no dinerarias. Aquí, en parte
y como decía antes, se ha mejorado en los supuestos de
reducción de capital social con restitución de aportaciones de
los socios, donde sí se ha comprendido que era necesaria la
participación de un auditor de cuentas pero no en el resto de
los casos; por ejemplo, en los casos de fusión y escisión,
donde no hay participación de auditores externos para la
valoración de esas fusiones y escisiones, y todo ello, desde
luego, con un afán razonable de evitar gastos de
funcionamiento, con lo cual coincidimos, pero sin tener en
cuenta que en estos casos hay que anteponer los intereses de
los socios y de terceros que puedan verse seriamente afectados
por la falta de un rigor en las valoraciones.
Hay que considerar, además que estas operaciones no son
habituales. Una operación de fusión o escisión no es habitual.
Reducir gastos en contra de tener unas
garantías mayores en estas operaciones, creemos que no es
conveniente; sin embargo, así ha quedado en el proyecto de
ley.
Tampoco se entiende por qué el Legislador fija el porcentaje
del 5 por ciento del capital, dotándole de unos derechos,
pretendiendo proteger las participaciones minoritarias.
¿Ustedes se imaginan en una sociedad de 500.000 o de un millón
de pesetas, el poder que está dando a una minoría una
participación de un 5 por ciento que luego, al final y en la
práctica, todos sabemos que no crea más que serios problemas
de funcionamiento en las sociedades? La cuestión es que en
este tipo de pequeñas y medianas empresas esa participación
del 5 por ciento no es una participación significativa que
merezca una protección especial y aislada. En la práctica,
estos derechos que otorgan a estas participaciones no
significativas en el capital, no van a suponer para nosotros
más que distorsiones dentro de la marcha de las empresas. En
definitiva, señor Presidente, señorías, creemos que se ha
perdido una buena oportunidad para haber regulado de forma más
adecuada y acorde con la realidad empresarial, una ley que va
a ser utilizada por un gran número de empresas; una ley que
viene a cubrir esas necesidades que estábamos diciendo que
existían, a la cual se van a acoger miles y miles de empresas.
Yo creo que el tiempo nos va a dar la razón y es posible que
volvamos a debatir en esta Cámara las modificaciones que
nosotros habíamos propuesto desde nuestro Grupo parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Nuestro Grupo Parlamentario apoyó este
proyecto de ley en su trámite anterior en esta Cámara y
también va a votar favorablemente las enmiendas aprobadas en
el Senado; enmiendas que no introducen modificaciones suponen
mejoras técnicas y que, sin embargo, inciden en aspectos que
nos parecen adecuados, interesantes y más progresistas, dentro
de esta regulación de las sociedades de responsabilidad
limitada.
Queremos aprovechar la oportunidad para señalar que esta ley
es muy importante, que va a afectar a un enorme número de
pequeñas y medianas empresas en nuestro país y que, aunque
podían haberse mejorado, desde nuestro punto de vista, alguno
de los extremos de la regulación, creemos que cumple
adecuadamente esa necesidad de un equilibrio dentro de una
sociedad, que no es exactamente una sociedad anónima, que
tampoco es una sociedad colectiva y que tiene que servir para
regular ese aspecto intermedio de las pequeñas y medianas
empresas españolas.
No coincidimos por eso con la definición del anterior portavoz
del Grupo Vasco, en el sentido de que la sociedad de
responsabilidad limitada se trate simplemente de una sociedad
anónima en pequeño. A nuestro juicio, no es así. Una sociedad
de responsabilidad limitada de nueve millones de capital tiene
determinadas restricciones que quizá no tenga una sociedad
anónima y también facilidades que no tenga una sociedad
anónima de diez millones. Pero en ese caso lo lógico sería que
esa sociedad pasase a tener diez millones de capital, se
convirtiese en sociedad anónima y se regulase de otra forma.
De lo que se trata es de poner el listón en un lugar concreto.
Se ha considerado que los diez millones era lo más adecuado,
pero podían haber sido por abajo o por arriba. Lo que está
claro es que una sociedad que quiera tener una regulación
jurídica como la sociedad anónima lo que tiene que hacer es
convertirse en una sociedad anónima.
Hay una flexibilidad adecuada en el régimen jurídico de las
sociedades de responsabilidad limitada. Se ha hecho un
esfuerzo, y en el Senado se ha seguido en esa línea, en que
disminuyeran los costes de transmisiones, de auditorías y
registrales. Esta es una buena línea, en la que se podía haber
profundizado, desde nuestro punto de vista, aún más.
Hay también una defensa de las minorías, aunque quizá no
suficiente para una defensa adecuada de las minorías, y una
tutela adecuada del socio. En este sentido, nos parece
importante --también hay una discrepancia con el Portavoz
anterior-- que se exija una aportación íntegra de las
participaciones sociales. El desembolso íntegro de las
participaciones sociales es una característica que nos parece
que tutela a los socios y, sobre todo, a los acreedores.
En definitiva, nos parece que, con las discrepancias de matiz
que podamos tener y que mantuvimos con las enmiendas
defendidas por nuestro Grupo en el trámite de Comisión y de
Pleno, se ha logrado un aceptable equilibrio y este proyecto
de ley es un paso positivo respecto de la ya vetusta
regulación anterior de las sociedades de responsabilidad
limitada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores diputados, nos encontramos hoy con el último
paso legis a la muy importante, como aquí se ha señalado con
anterioridad, ley de sociedades de responsabilidad limitada,
último paso en relación con esta ley, pero que, espero y
supongo, no será ni mucho menos el último en relación con el
conjunto legislativo societario español,
no solamente porque se prevea en una disposición nueva, en las
enmiendas que ahora debatimos del Senado, que el Gobierno, en
un plazo de tres meses, deba remitir a la Cámara un proyecto
de ley de
modificación de la actual Ley vigente de Sociedades Anónimas
Laborales, junto con la regulación futura de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada Laborales, sino porque
esta ley no resuelve un problema fundamental y básico que, a
nuestro juicio, existe en materia societaria en el Derecho
español, que ya pusimos de manifiesto en el anterior debate en
este Pleno de tratar las enmiendas debatidas en Comisión, cuál
deba de ser la separación, la conceptuación, en definitiva, la
identidad entre las sociedades anónimas, las sociedades de
responsabilidad limitada y los demás tipos sociales hoy
admitidos en el Derecho español: sociedades colectivas,
sociedades comanditarias, simples y por acciones, junto con
las sociedades civiles.
Proponíamos en su día, y sin embargo fue rechazado, que por el
Gobierno se realizase un texto refundido de todo el Derecho
societario español, lo relativo a sociedades anónimas y
sociedades de responsabilidad limitada, que bueno hubiera sido
dadas las remisiones permanentes y los reenvíos que se
producen entre una y otra normativas, entre el texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 y
la nueva ley, cuya fecha, por supuesto, no puedo citarles
porque aún no tiene la firma y la sanción regia.
El Senado, señor Presidente, señoras y señores diputados --y
comienzo con lo que he puesto de manifiesto con anterioridad--
, no establece ni introduce modificaciones de enjundia ni de
sustancia en el proyecto de ley que fue aprobado por este
Pleno meses antes; el Senado, básicamente, establece una serie
de mejoras estilísticas, gramaticales, que incluso --y es
preciso decirlo-- en algunos casos llegan realmente al absurdo
en cuanto a la supuesta mejora de conceptuación de algunos
artículos. Les cito en concreto los artículos 10 y 120 del
proyecto de ley, donde se produce una modificación que
consiste en que exactamente las mismas palabras se ordenan de
manera diferente para decir absolutamente lo mismo. Esto no
significa, ni muchísimo menos, que las enmiendas del Senado
colmaten todas las posibles mejoras técnicas dentro de este
proyecto de ley, en absoluto; se tocan algunos aspectos y
otros no. Por ello podemos decir que es casi todo lo que se
pone, pero no todo lo que se pone es lo que se debería haber
puesto.
Paso, señor Presidente, a analizar nuestro sentido de voto en
relación a las diferentes enmiendas introducidas por el
Senado. Es preciso decir que estamos en presencia de un
proyecto de ley que pasa de 128 a 129 artículos; no solamente
esto, sino que está dividido en once capítulos. Voy a pasar a
analizar las enmiendasintroducidas por el Senado en relación a
los diferentes capítulos de este proyecto de ley.
Respecto al capítulo I se establece una modificación de las
que les hablaba antes, en relación con la prohibición de
prestar créditos, préstamos, asistencia financiera, avales o
garantías por la sociedad a sus socios o administradores, en
que se repite lo ya aprobado por el Pleno del Congreso, en el
sentido de que por la junta general, para cada caso concreto,
se podrá autorizar este tipo de operaciones con
responsabilidad solidaria de los que hubieran votado a favor
del acuerdo. Evidentemente, hemos de estar a favor de esta
enmienda del Senado, puesto que viene a decir lo mismo, y
básicamente he de decir que sí por un supuesto de cortesía de
relaciones interparlamentarias.
En relación al capítulo II, se modifican dos apartados del
artículo 13 del proyecto de ley, los apartados c) y f).
Respecto al apartado c) del artículo 13, he de manifestar que
nuestro grupo va a votar en contra de la enmienda del Senado,
en cuanto no ent se quiera suprimir la adición de «que, salvo
disposición en contrario de los estatutos, el ejercicio social
finalizará el día 31 de diciembre», en la medida que
consideramos que es un avance, no se puede decir que sea muy
importante, pero sí importante dentro de lo que puede suponer
la técnica legislativa, y, por tanto, carece de sentido su
supresión. Fue algo que incorporamos en Comisión y lo
consideramos adecuado para que pueda no figurar en los
estatutos sociales la fecha de cierre del ejercicio social.
Sin embargo, parece adecuada y vamos a votar a favor de la
enmienda del Senado relativa a la modificación que se
introduce en el apartado f), artículo 13, en el sentido de
señalarse que no será necesario que se diga que se disponga
qué administradores concretos tendrán el poder de re sociedad,
puesto que esto es más propio de la constitución en sí misma y
no de los estatutos de la sociedad.
En relación al capítulo III --el primero se refería a
disposiciones generales, el capítulo II a la constitución de
la sociedad y el capítulo III se refiere a las aportaciones
sociales--, estamos en presencia de estas correcciones
gramaticales que les decía al principio, puesto que se pasa a
decir, en el artículo 22, a que es con carácter gratuito o
retribuido a que se ha de realizar gratuitamente o mediante
retribuci exactamente lo mismo, cambiando simplemente los
tiempo adverbiales de las palabras.
En relación al capítulo IV se introducen unas modificaciones
lógicas en cuanto a la remisión de los artículos, es decir, un
cambio en las num artículos que vienen citados en este
capítulo IV, capítulo que se refiere al régimen de las
participaciones sociales, estableciéndose, en relación al
hecho de adquisición de participaciones sociales por la propia
sociedad
en los supuestos establecidos y permitidos por la ley, una
reserva legal obligatoria e indisponible por el importe de las
participaciones amortizadas por su importe nominal durante un
plazo de cinco años a contar de la publicación del acuerdo de
reducción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, salvo
que en este plazo fuesen afianzados o satisfechos todos los
créditos anteriores al acuerdo de reducción. Supuesto
completamente lógico que está en perfecta coordinación con la
misma reserva establecida en el caso de reducción de capital
social con devolución de las aportaciones realizadas por los
socios.
En relación al capítulo V, órganos de la sociedad, se
establecen siete modificaciones, puede decirse algo
importantes, no de gran importancia, pero sí con cierta
enjundia, sobre todo cuatro de ellas. Por una parte, se
establece que los gastos en los supuestos de convocatoria
judicial serán satisfechos por la propia sociedad. Esto no
significa que los administradores no deban responder, en el
supuesto de renuencia a la convocatoria solicitada por los
socios, frente a la sociedad, del gasto que la sociedad deba
anticipar como consecuencia de esta convocatoria judicial.
Asimismo se establece que la presidencia y secretaría de la
junta general, salvo disposición en contrario de los estatutos
y en el caso de consejo de administración, serán llevadas a
efecto por quienes asuman estos puestos dentro de este consejo
de administración, supuesto absolutamente correcto, como en su
día se puso de manifiesto por enmiendas suscritas también por
nuestro grupo parlamentario.
En relación con los órganos de la sociedad, establece unos
supuestos un tanto de libro, y más bien de correcciones
gramaticales, cual es decir de conflicto de intereses, sino en
algunos supuestos de conflictos de intereses. Asimismo prevé
el caso de que las modificaciones estatutarias tengan una
mayoría cualificada estatutariamente establecida, así como
señalar la posibilidad de voto favorable de los acuerdos de
modificación, no sólo en los supuestos de mayoría legalmente
establecida, sino en los supuestos de mayoría legal o
estatutariamente establecida.
En relación con los órganos de la sociedad, se prevé la
posibilidad de regulación del régimen de funcionamiento, no
sólo de los consejeros delegados y en el supuesto de consejo
de administración, sino también de la comisión ejecutiva, en
el supuesto de que existiera, así como los supuestos de
impugnación de los acuerdos del Consejo de administración que
antes no estaba previsto en la regulación legal. Sin embargo,
aquí se queda corto, puesto que sería bueno que se pudiesen
impugnar no sólo los acuerdos del consejo de administración,
sino de los administradores en general, para aquellos
supuestos en que la administración no esté encomendada a un
consejo de administración por esos socios que representen el
cinco por ciento de participaciones en el capital social en un
plazo de treinta días y, en todo caso, en el plazo de un año a
contar desde la adopción del acuerdo. Este es un supuesto
similar y paralelo a lo establecido en relación con las
sociedades anónimas, y nosotros, a diferencia de lo
manifestado por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco,
estamos absolutamente a favor de esta modificación del
artículo 70 del proyecto de ley.
El capítulo VI trata de la transformación, aumento y reducción
de capital social. Por lo que se refiere al aumento de capital
social se prevé --en modificación del Senado y estamos a favor
de esta enmienda de modificación-- un supuesto en el cual se
permite la transmisión del derecho de suscripción o de
adquisición preferente de las participaciones sociales,
estableciendo el mismo régimen que la transmisión en general
de las participaciones sociales. También se tiene en cuenta,
en el supuesto ya no de un aumento, sino de reducción de
capital social en que se prevea la restitución de aportaciones
a los socios, la posibilidad de disposición de la reserva
legal, que ha de constituirse por el mismo importe de la
aportación restituida a los socios por un plazo de cinco años
en que es indisponible, si los créditos de los socios
anteriores al acuerdo de reducción son objeto de satisfacción
o de consignación, supuesto absolutamente lógico y perfecto.
Sin embargo, se establece una nueva adición al nuevo artículo
81 que pasaba como artículo 80 bis); artículo 81 que ha de ser
objeto, entendemos, de interpretaciones, de correcciones, por
cuanto no están claros sus supuestos de aplicación, y bueno
sería que ahora en la Cámara quedase claro y expedito cuáles
han de ser los supuestos de aplicación de este artículo 81
(último momento legislativo, en la medida en que ya no se
pueden introducir enmiendas a las que establece el Senado)
para comprender adecuadamente a qué se refiere este precepto.
Por una parte, este precepto se refiere a que estatutariamente
se puede establecer que, en un plazo de tres meses siguientes
al acuerdo de reducción en su publicación en el «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia del domicilio social, en el
supuesto de que no se conozca el domicilio de los acreedores,
se les puede notificar la reducción con devolución de
aportaciones a los socios, y si en un plazo de tres meses no
se oponen, se puede proceder directamente al abono, a la
reducción del capital social y, lógicamente, a la restitución
de las aportaciones a los socios. ¿Esta posibilidad
estatutaria es en vez de la posibilidad de establecimiento de
la reserva legal indisponible durante cinco años? Nosotros
entendemos que el artículo 81 es alternativo al artículo 80,
en el sentido de que si estatutariamente se prevé la
posibilidad de notificación individual o colectiva a los
acreedores, no ha lugar al establecimiento de la reserva
indisponible durante cinco años del importe de las
aportaciones restituidas en la medida en que es disponible
esta reserva si los socios ven satisfechos
o afianzados sus créditos. Aquí, en el artículo 81 lo que se
hace es dar a los acreedores la posibilidad precisamente de
oponerse al
reembolso a los socios de la sociedad en el supuesto de
reducción de capital social en un plazo de tres meses.
Y también hay un tema importante...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Trocóniz, le ruego
concluya.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sí, señor Presidente,
voy a concluir de la manera más rápida que pueda.
El señor PRESIDENTE: No, breve, más que rápida.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sí, señor Presidente.
Le obedeceré puntualmente.
... en la medida en que también en este artículo 81 se
establece que la participación o el reparto de las
aportaciones a los socios se hará en proporción a su
participación en el capital de la sociedad, salvo que
unánimemente acuerden otro sistema; lo cual es contrario al
sistema establecido de desigualdad de derechos en las
participaciones sociales, en que sí se establece que la cuota
de liquidación será en proporción a la participación en el
capital social, salvo que los estatutos establezcan otro
sistema. Se puede establecer por sistema mayoritario de
modificación estatutaria, frente al sistema de unanimidad que
prevé este artículo 81. Entendemos que no es necesaria la
unanimidad, sino que bastará la mayoría de modificación
estatutaria.
Señor Presidente, en relación con los capítulos VII y VIII,
referidos a las cuentas anuales y a la transformación, fusión
y escisión, las modificaciones no son en absoluto de enjundia,
sino simplemente de numeración del articulado. Y en relación
con el capítulo VIII, nos parece acertada, en base a una
enmienda del Partido Nacionalista Vasco, la supresión de la
palabra «general» después de «balance», con lo cual el
concepto «balance general» queda más preciso diciendo
«balance».
En relación con el capítulo IX, separación y
exclusión de socios, las modificaciones no son en absoluto de
enjundia, simplemente se prevé la posibilidad de separación de
socios voluntarios en el supuesto no solamente de
transformación en los casos que establece la ley, sino también
en agrupaciones de interés económico, así como la modificación
del supuesto de exclusión no solamente de los establecidos en
la Ley, sino también de los establecidos en los estatutos. Por
último, en relación a la disolución y liquidación --
Capítulo X--, se establece, como ya les decía en su artículo
120, el mismo perro con distinto collar.
En relación con el capítulo XI, sociedades unipersonales de
responsabilidad limitada, la corrección que se introduce, por
una parte, en cuanto al título de un artículo es correcta, ya
que el término de autocontratación es más amplio que lo que
artículo. Por otra parte, se introduce una modificación a
mayor abundamiento --lo que abunda no daña, en principio--, en
relación a la mención de la unipersonalidad de la sociedad
para todas las publicaciones que emanen de ésta, legal o
estatutariamente.
Pasamos, señor Presidente, al análisis de las disposiciones
adicionales, finales y transitorias. En relación con las
disposiciones adicionales, se prevé, como ya se ha puesto de
manifiesto, la posibilidad de renovación de la contratación
con el auditor de cuentas anualmente, antes de finalizar el
ejercicio a auditar. Entendemos que estos deseos de
modificación, inclusive en el futuro, tanto en la Ley de
Sociedades Anónimas como en la Ley de Auditoría de Cuentas, de
12 de julio de 1988, en cuanto a la renovación anual no suple
el problema en la medida en que el establecimiento del plazo
para que el auditor lleve a efecto su función entre tres y
nueve años es precisamente para que el auditor goce de
independencia suficiente para poder emitir con libertad y
autonomía su dictamen, lo que no puede producirse en los
supuestos de renovaciones anuales.
Entendemos que, en la medida en que socialmente vaya a
reclamarse --y entendemos, además, que existe en trance de
aprobación una directiva por parte de la Unión Europea sobre
este mismo tema--, se modifique la posibilidad de renovación
anual por un plazo al menos igual al previamente establecido.
Asimismo, y en relación...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Trocóniz, le ruego
concluya.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
concluyo.
En las disposiciones transitorias, hemos de estar también a
favor de la modificación que introduce una reducción en los
derechos de publicació Oficial del Registro Mercantil» de los
acuerdos relativos a la modificación estatutaria, pero no así,
señor Presidente, podemos estar de acuerdo con la enmienda
introducida a la disposición final, relativa a la entrada en
vigor de la ley. La entrada en vigor de la ley realmente tiene
un plazo de tres años, que es el plazo de adaptación a los
estatutos. Reconocemos las buenas modificaciones que introduce
este proyecto de ley en el Derecho societario español, cuales
son la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, los
derechos de separación y exclusión de socios y la posibilidad
de establecimiento de participaciones sociales desiguales, sin
embargo, entendemos que es bueno que la ley entre en vigor a
los 20 días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial
del Estado», como figura en el artículo 2.º del Código Civil,
y no esperar hasta el próximo
1 de junio, en cuanto que no aporta nada y sí restringe esta
demora en su entrada en vigor.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muchas gracias
por su paciencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. Por
el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a fijar la posición de mi Grupo en relación con
las enmiendas del Senado sobre el proyecto de ley de
sociedades de responsabilidad limitada.
Decíamos al comienzo de nuestra intervención en el Pleno del
Congreso de noviembre del año pasado que este proyecto de ley
era importante; valoración que han compartido y comparten en
el día de hoy los distintos portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra. Es un proyecto importante no sólo porque
va a afectar a las organizaciones de las pequeñas y medianas
empresas, es decir, porque va a regular la forma social básica
de nuestra economía, sino también por el esfuerzo codificador,
renovador que representa. Es por ello por lo que mi Grupo se
felicita de este turno de explicación de voto, que nos permite
fijar la posición de nuestro Grupo, no fuera que, urgidos como
estamos por los debates de totalidad que tendremos que
afrontar en el día de hoy, pequemos de desconsiderados hacia
los trabajos de renovación de nuestro Derecho societario. No
insistiré sobre la relevancia del proyecto de ley, pero sí
quisiera recordar, al hilo de algunas intervenciones de
algunos Diputados que me han precedido en el uso de la
palabra, las insuficiencias de la actual Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, apenas 32 artículos, para abordar la
riqueza de la vida de este modelo societario. Muchos autores
han llamado la atención sobre el laconismo de la Ley de 1953.
Algunos afirman que se debió al cansancio del legislador
después de regular la Ley de Sociedades Anónimas en 1951. Esas
insuficiencias, unidas a la reformas introducidas en nuestro
Derecho societario por virtud de la adaptación de nuestra
legislación mercantil a diversas directivas de la Unión
Europea en materia de sociedades, explican la profundidad y la
extensión de la reforma que afecta no sólo a una nueva
regulación de las sociedades de responsabilidad limitada y, en
consecuencia, a la derogación de la Ley de 1953, sino que
también se modifica el Código Civil y la Ley de Sociedades
Anónimas de 1989. El proyecto entró en la Cámara en enero del
año pasado y verá la luz en el «Boletín Oficial del Estado» en
fecha próxima, debiendo entrar en vigor, tal y como se
establece en la disposición final primera y en virtud de una
enmienda del Senado, el día 1 de junio de este año.
Entre las novedades del proyecto destacaría, aunque fuera
brevemente, que el proyecto, recogiendo la crítica doctrinal y
algunas aportaciones jurisprudenciales, introduce novedades
tan importantes como el reconocimiento y la regulación de la
sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, la no
limitación del número de socios, la apertura de capital no
fijando limitación máxima de capital, la regulación de la
adquisición de las propias participaciones --la autocartera--,
la inactividad social, la tutela de terceros y de las minorías
y la transparencia en la actividad societaria.
Durante la tramitación parlamentaria se han modificado unos 60
de los 131 artículos, ahora 129, de que consta el proyecto,
así como algunas disposiciones transitorias, adicionales y
finales. Del conjunto de las modificaciones introducidas,
nuestro Grupo destacaría también aquellas que han tratado de
conseguir la mayor flexibilidad en la regulación de la
sociedad, para que todos los empresarios y las sociedades, de
cualquier cuantía u objeto, encuentren el medio idóneo, el
medio adecuado a sus necesidades, de tal manera que salvo el
esquema caracteriológico definido de la sociedad limitada, que
se ha tratado de preservar, la mayoría de las normas no tienen
un carácter imperativo, sino el de subsidiarias, primando, en
consecuencia, el principio de autonomía de la voluntad.
En cuanto a la cuestión tipológica, ya sabemos, señorías, que
el proyecto, y nuestro Grupo lo ha apoyado, toma partido por
el establecimiento de dos fórmulas jurídicas diferenciadas de
sociedades de capital y, como ha dicho algún jurista, ha hecho
caso omiso de quienes preconizaban el crepúsculo del sistema
dualista. La cuestión tipológica desde la doctrina, señor
Fernández de Trocóniz, es insoluble, por cuanto en esta
materia, como sabe S.S., la cuestión tipológica depende del
cristal con que se mire; si la sociedad de responsabilidad
limitada se mira desde el cristal de las sociedades
personalistas o se mira desde el cristal de las sociedades
capitalistas.
A nuestro juicio, durante la tramitación parlamentaria se ha
mejorado la ley, introduciéndose novedades tales como la
eliminación del principio igualitario de las participaciones
y, en consecuencia, se pueden pactar diferencias entre ellas,
no sólo en el derecho al voto, sino también en el derecho al
dividendo y en el derecho a la cuota de liquidación. Se han
mejorado los mecanismos de transmisión voluntaria y forzosa de
las participaciones, se han mejorado las normas relativas a la
sociedad unipersonal --cuestión delicada-- de responsabilidad
limitada y, por extensión, se ha introducido la
unipersonalidad en un nuevo artículo, el 311, en la Ley de
Sociedades Anónimas, si bien con algunas excepciones para las
sociedades anónimas públicas. Se han introducido enmiendas,
tanto en el Senado como en el Congreso, preocupados como
estamos por obtener un régimen menos costoso --también lo ha
mencionado
algún representante que me ha precedido en el uso de la
palabra--, a efectos de reducir, por ejemplo, los
honorarios de notarios y registradores mercantiles en la
adaptación a que vienen obligadas las sociedades de
responsabilidad limitada como consecuencia de la normativa o,
por virtud de una enmienda socialista en el Senado, se ha
reducido el importe de las publicaciones en el «Boletín
Oficial del Registro Mercantil».
El Senado ha introducido mejoras técnicas notables y algunas
modificaciones de importancia, como las que se refieren a la
reserva del artículo 40, las que se refieren al voto del
artículo 53.3 o aquellas que se contienen en el artículo 70
sobre la facultad para la minoría de impugnación de acuerdos
nulos o anulables que haya adoptado el consejo de
administración, novedad también importante, como la que
mandata, por vía de la disposición adicional séptima, al
Gobierno para que envíe a estas Cortes un proyecto de nueva
regulación de las sociedades anónimas y limitadas laborales.
Mi Grupo, desde aquí, quiere reconocer las inestimables
aportaciones de cuantos colaboraron, tanto desde la Comisión
de Codificación como desde las aportaciones doctrinales o vía
enmiendas que los distintos grupos han presentado a este
proyecto de ley para su mejora. Este es un texto normativo
consensuado; adquiere así dimensión aquella decisión que
adoptara el Gobierno en su momento de no hacer uso de la
delegación legislativa que le permitía la disposición final
primera cuarta de la Ley 19/89, de Sociedades Anónimas.
El señor Fernández de Trocóniz ha puesto en evidencia algunas
diferencias en relación con el proyecto de ley y ha puesto
también en duda la vigencia que va a tener este proyecto de
ley. Nosotros pensamos, señorías, que este es un proyecto de
ley que tiene voluntad de servicio a la sociedad, al tiempo
cambiante que nos toca vivir, que tiene vocación de utilidad
para que sea el mejor instrumento para el desenvolvimiento de
las empresas, y en esa voluntad nuestro Grupo va a votar
afirmativamente las enmiendas que han v Por tanto, vamos a
pedir que se voten favorablemente todas las enmiendas.
Voy a hacer brevemente dos aclaraciones al señor Fernández de
Trocóniz en relación con dos enmiendas porque me parecen
interesantes. La que se refiere al artículo 10 se introduce en
el Senado en virtud de una distinta interpretación que allí se
hizo de la excepción que se contempla en el número 1 en
relación con el número 2. Es verdad que el artículo 13 vuelve
otra vez al texto que se contenía en el proyecto de ley
rechazando la enmienda que aceptamos del Grupo Popular en la
tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Pero si S.S. se detiene a leer el artículo 13 completo
comprenderá por qué el Sena a la redacción originaria y es que
el artículo 13 en su comienzo dice: en los estatutos se hará
constar al menos la fecha del cierre del ejercicio social. La
adición que se contenía en la enmienda del Grupo Popular lo
único que hacía era añadir confusión y es por eso por lo que
el Senado ha vuelto al texto original.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señoras y señores
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
--PROYECTO DE LEY DE VIAS PECUARIAS (Número de expediente
121/000057)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley
de vías pecuarias.
Para fijar la posición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el señor Martínez Blasco tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, el
Senado nos remite este proyecto de ley con una bomba de
relojería. Se han introducido distintas modificaciones que
mejoran sustancialmente el texto remitido por el Congreso,
pero ha aparecido un artículo 10 que señala que las
comunidades autónomas podrán desafectar del dominio público
los terrenos de las vías pecuarias cuando consideren que no
son adecuadas para el tránsito del ganado o no son
susceptibles de otros usos. Señorías, esta es una bomba de
relojería. Si esto se aprueba tal cual se ha remitido por el
Senado ya no habrá más vías pecuarias en nuestro país.
El Congreso, tanto en la exposición de motivos como en el
texto, señala que las vías pecuarias son un legado que hemos
recibido, único en Europa, que ya no se usa exclusivamente
para el tránsito del ganado, pero que puede ser usado como
corredor ecológico en nuestro país, como auténticos corredores
ecológicos vertebradores del territorio. Es decir, esta Cámara
había señalado que aunque no sean necesarias ya las vías
pecuarias, las cañadas, cordeles o veredas, para el uso del
ganado, nuestro país decide conservarlas como legado
histórico-cultural con fines ecológicos. Bien, pues este texto
que fue remitido por el Congreso vuelve ahora del Senado
diciendo que las comunidades autónomas pueden desafectar del
dominio público, los terrenos de las vías pecuarias si
consideran que ya no son adecuados para el tránsito del
ganado. Ya sabíamos que algunas de estas cañadas no eran
adecuadas, que no se usan para el tránsito del ganado, pero a
pesar de ello considerábamos que eran bienes de dominio
público. Además, en el segundo párrafo de este artículo 10 se
señala que los terrenos desafectados tendrán la condición de
bienes patrimoniales de las comunidades autónomas. Es decir,
van a ser enajenables, van a ser embargables. Señorías, el
juego de estas dos cláusulas (que las comunidades autónomas
que consideren que son inadecuadas las cabañeras
pueden desafectar el uso público y que, además, esos terrenos
pasarán a ser bien patrimonial de la comunidad
autónoma) puede hacer que se pierdan definitivamente las
cabañeras.
En los últimos años --sobre todo desde el siglo pasado-- han
sido atacados y ocupados ilegalmente los terrenos de estas
vías pecuarias, pero creía nuestro Grupo, y así nos hemos
comportado en la tramitación de este proyecto, que había una
intención de mantenerlas e incluso de recuperarlas y que para
eso se les daba el carácter demanial, eran bienes de dominio
público, en todo caso, para poderlas defender de las
ocupaciones ilegales. Por tanto, si ahora se dice que una vez
desafectadas --y como premio a la desafectación-- las
comunidades autónomas podrán consider propios y, por tanto,
podrán enajenarlas, podrán parcelarlas, podrán darlas para el
cultivo, para lo que quieran, evidentemente, no sólo hemos
puesto el apremio a las comunidades autónomas para que hagan
la desafectación sino que hemos desprotegido las cabañeras,
una vez que se produzca esa desafectación. Porque, como se
señala en uno de los artículos, los terrenos ya desafectados o
que en lo sucesivo se desafecten son bienes patrimoniales.
¿Cómo vamos a poder defender las cabañeras, las veredas o los
cordeles si consideramos que son bienes patrimoniales y, por
tanto, los desprotegemos del carácter demanial?
Por tanto, señorías, consideramos que esta inclusión del
artículo 10 que remite el Senado es una auténtica bomba de
relojería. De nada sirve que digamos que queremos conservar el
patrimonio histórico con el carácter de corredor ecológico si
a continuación decimos que las comunidades autónomas, si
consideran que son inadecuadas para el tránsito de ganados...
Eso ya lo sabíamos, señorías, ya sabíamos que en muchos casos
son inadecuadas para el tránsito de ganado, pero a pesar de
ello queríamos conservar este legado histórico único en
Europa.
Por consiguiente, señorías, nuestra propuesta es que esta
enmienda introducida por el Senado sea votada en contra, por
lo que señor Presidente, formalmente pedimos que se vote
separadamente el texto introducido por el Senado en el
artículo 10.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente todas las
enmiendas que nos llegan del Senado al proyecto de ley de vías
pecuarias. Voy a significar en el voto aquellas enmiendas
sustanciales que vienen del Senado, dadoque en su inmensa
mayoría las demás contemplan mejoras técnicas, gramaticales o
de léxico exp En primer lugar y fundamentalmente queremos
destacar lo que es el reconocimiento a la defensa de un
patrimonio con elementos culturales valios largo de los siglos
de historia, se han ido de alguna manera situando en el medio
ambiente; que son las vías pecuarias.
Por tanto, en la enmienda que viene del Senado al artículo
3.º, relativa a los fines, nos parece muy positivo que junto
al elemento en sí mismo de la vía pecuaria se hayan reconocido
aquí los elementos ambientales o culturalmente valiosos. Digo
esto porque como nosotros vamos a apoyar también la enmienda
al artículo 10, de la desafectación, queremos destacar que
esto se ha de tener muy en cuenta --cualquiera que sea la
Administración que tenga que hacer una desafectación, dado que
puede ser que la vía pecuaria no cumpla ya una finalidad
específica-- porque aquí sí tendrá el amparo del artículo 3.º
cuando existan elementos ambientales o culturalmente valiosos,
de la finalidad originaria, que era el tránsito de ganado en
la vía pecuaria, en los cordeles y veredas.
También nos parece positivo en la enmienda que viene del
Senado al artículo 10 que haya prevalecido la sensibilidad
hacia las competencias que VIII de nuestra Constitución y los
respectivos estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas en este caso afectadas por vías pecuarias y que se
haya introducido que es la Administración específica de las
comunidades autónomas la competente en caso de una posible
desafectación de la vía pecuaria.
La enmienda al artículo 13, apartado 1, supone una
armonización. En el proyecto original aprobado en su momento
en el Congreso de los Diputados, antes de su remisión al
Senado, ahora se introduce un equilibrio con la Administración
actuante. Nosotros lo consideramos también positivo, no
obstante el predominio que el artículo 10 da a la comunidad
autónoma.
Entre estas enmiendas con modificaciones a nuestro juicio
sustantivas introducidas en el Senado está finalmente, señor
Presidente, la formulada al artículo 16, cuando en su segundo
párrafo reconoce de manera explícita, con carácter excepcional
y para uso específico y concreto, que las comunidades
autónomas podrán autorizar la circulación de determinados
vehículos o determinados usos de esas vías pecuarias.
Todas las demás, como he dicho, señor Presidente, de carácter
técnico, las votaremos también favorablemente. Nada más y
muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, después
del debate en la Comisión de Agricultura,
tras el posterior debate en el Senado, viene nuevamente a esta
Cámara el
proyecto de ley de vías pecuarias para nuestro pronunciamiento
sobre las enmiendas incorporadas precisamente en la Cámara
Alta.
Señorías, en el trámite de Comisión, así como en el del
Senado, el Grupo Popular ha presentado una serie de enmiendas
que sistemáticamente han sido rechazadas por los Grupos de la
mayoría. Nos llega aquí el proyecto de ley con una serie de
enmiendas admitidas, exclusivamente aquellas que ha presentado
el Grupo Socialista. Salvo una --y ahí coincidimos con el
portavoz de Izquierda Unida--, no afectan al fondo del
proyecto de ley, sino tan sólo modifican algunos aspectos
formales y otros de menor importancia. Por tanto, vamos a
votar unas enmiendas a un texto de un proyecto de ley muy malo
técnicamente, que no aporta nada sustancial al desarrollo
ganadero y que, indefectiblemente, causará problemas entre las
administraciones públicas y los administrados.
Más explícitamente, para el Grupo Popular, de este proyecto
saldrá una ley auténticamente chapucera, inviable e
inconveniente, ya que en el aspecto jurídico y desde el punto
de vista técnico adolece de graves defectos que en su momento
señalamos y que ahora nos obligan a no apoyar ni el texto del
proyecto de ley ni las enmiendas que ahora vamos a votar. En
el aspecto jurídico, debo recordar la magistral
intervención de mi compañero señor Bueso Zaera, que a nuestro
entender probó de manera inapelable cómo en el Título I se
contenían verdaderos disparates, tales como cargarse de un
plumazo la fe pública registral --definida así en el artículo
34 de la Ley Hipotecaria-- y, en consecuencia, se cargaba de
un plumazo la protección del tercero hipotecario.
No sólo se conforma esta ley con declarar, mediante el
deslinde de las vías pecuarias, la titularidad demanial, sino
que la resolución de aprobación del deslinde será --así lo
dice la ley-- título suficiente para rectificar las
situaciones jurídicas registrales contradictorias y, asimismo,
será título suficiente para que la comunidad autónoma pueda
inmatricular estos bienes de dominio público, erigiéndose la
Administración de esta manera en juez y parte de la cuestión,
en flagrante contradicción con el principio de fe pública
registral.
Es decir, que hasta ahora lo que publicaba el Registro de la
Propiedad era cierto mientras no se rectificase,
correspondiendo esta rectificaci exclusivamente a los
tribunales ordinarios. A partir de ahora, y por obra y gracia
de esta ley, el principio de fe pública registral queda en
parte abolido o cercenado. Desde luego, curiosa manera,
señorías, de hacerse las leyes por parte del Grupo Socialista,
que es quien apoya este proyecto de ley.
Coincidimos, lo reitero, con el portavoz de Izquierda Unida en
la barbaridad que supone el artículo 10 en cuanto a la
desafectación de los terrenos que hoy son vía pecuaria --y,
por tanto, dominio público-- para unos determinados usos.
Señor Presidente, las enmiendas a este proyecto de ley que
ahora tenemos que votar no corrigen ni palían un gravísimo
defecto que mi Grupo ya señalaba en la Comisión y
posteriormente en los debates del Senado, y es que los usos
complementarios de las vías pecuarias son absolutamente
inaceptables e inadecuados. Efectivamente, en el Título II de
este proyecto de ley se explican una serie de usos
complementarios de ocio y deportivos, con sus correspondientes
instalaciones, que podrán no tener mucha importancia en
algunos tramos de los miles de kilómetros que supone la red de
vías pecuarias, pero que en otros muchos son un auténtico
censo insoportable y un peligro evidente.
Las vías pecuarias han estado y deben seguir estando para el
tránsito ganadero y, por tanto, la circulación indiscriminada
de personas con otros fines complementarios supondrá graves
defectos que ahora señalaremos. Por cierto, el interés
desmedido en estos usos suplementarios o complementarios y
sustituir el fin primero y último de las vías pecuarias, que
es el tránsito ganadero, con un interés desmedido por parte
del Grupo Socialista de que transiten por ahí las personas,
para nosotros es inexplicable salvo --y lo digo en tono menor-
- que lo que se busque sea transformar a las personas
simplemente en semovientes con dos patas.
Pues bien, decía que este proyecto de ley adolece de defectos
gravísimos en cuanto a los usos complementarios, como son el
que se perturba la actividad cinegética, y todos sabemos la
notable importancia en su doble vertiente tanto deportiva como
económica. Se abren vías de penetración de enfermedades
animales y epizootias en general. En las zonas arboladas se
incrementa de manera temeraria el riesgo de incendios en
primavera y verano. Se propiciará --así lo entendemos y así lo
manifestamos-- una notable alteración del equilibrio biológico
en los ecosistemas más sensibles. Si en las vías pecuarias se
quieren hacer unos corredores ecológicos, como se ha dicho en
Comisón y en el Senado, hagamos una ley distinta a ésta, sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, y
hagamos un estudio de qué tramos de vías pecuarias pudieran
dedicarse eventualmente al ocio y al deporte.
En conclusión, señorías, el Grupo Popular no apoyará en la
votación las enmiendas aprobadas en el Senado y que aquí se
nos remiten, porque ent no son dignas de apoyarse, como
tampoco el proyecto de ley, al que nos oponemos claramente.
Además de todo lo argumentado en la Comisión y en el Senado,
nuestro Grupo entiende que es una ley innecesaria; que invade
las competencias ya transferidas a las comunidades autónomas;
que desde el punto de vista jurídico, como he dicho antes, es
una verdadera chapuza; que puede dar lugar a numerosos
conflictos de dominio; y que es perjudicial para la caza, para
la sanidad ganadera,
para la protección de la naturaleza y para la prevención de
incendios forestales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
consumir un brevísimo turno para, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, indicar, en primer lugar, nuestro
voto favorable a las enmiendas que ha introducido el Senado y
que, desde nuestro punto de vista, vienen a enriquecer el
texto que fue remitido por esta Cámara y, en segundo lugar,
que no han cambiado sustancialmente el contenido del mismo.
Quiero manifestar nuestra satisfacción por la aprobación de
esta ley, satisfacción, en primer lugar, por el apoyo
amplísimo recibido por parte de los grupos parlamentarios que
componen ambas Cámaras a este proyecto de ley. Sin duda --y en
esto lamento no coincidir con el portavoz del Grupo Popular--,
han contribuido dos cosas. Primero, el texto enviado por el
Gobierno que, a pesar de lo que acabamos de oír, era un buen
texto, que ha sido enriquecido en el trámite parlamentario de
esta Cámara y del Senado y, segundo por la voluntad
manifestada por la mayoría de los grupos parlamentarios desde
el inicio de la tramitación por llegar a acuerdos que se han
producido, evidentemente, a lo largo de la tramitación
parlamentaria.
En segundo lugar, señorías, quiero manifestar nuestra
satisfacción por lo que significa la ley. La ley es una pieza
básica para la conservación y protección de un patrimonio
público único y excepcional. Estamos hablando, señorías, de la
protección de 125.000 kilómetros de caminos rurales,
utilizados tradicionalmente como vías pecuarias, que vienen a
representar más de 400.000 hectáreas del terreno rústico
público, lo que significa prácticamente el 1 por ciento de la
superficie de la España peninsular. De eso estamos hablando.
Para lograr este objetivo el proyecto de ley, la ley que vamos
a aprobar dentro de un momento, garantiza, desde nuestro punto
de vista, la consideración de las vías pecuarias como bienes
de dominio público, imposibilitando las ocupaciones de interés
privado y eliminando el amplio margen de discrecionalidad
administrativa que amparaba a la a partir de hoy derogada Ley
22/1974.
Por otro lado, la ley asigna a las vías pecuarias
tres funciones esenciales. La primera, la consideración de
rutas --que es lo que han sido tradicionalmente-- por las que
ha venido discurriendo el tránsito ganadero. Esta, según la
ley, debe seguir siendo su función prioritaria. En segundo
lugar, deben servir como soporte a otros usos compatibles y
complementarios con su naturaleza y sus fines y relacionados
especialmente con el turismo rural: senderismo, cabalgada,
cicloturismo, etcétera. En tercer lugar, la función de
corredor ecológico protegido, aspecto este muy relevante y
esencial para las migraciones de un importante número de
especies silvestres existentes en nuestro país. En cuarto
lugar, la ley crea la red nacional de vías pecuarias como
elemento fundamental para la conservación y protección de las
más importantes cañadas que componen nuestra red de vías. Y,
finalmente, establece --y creo que también es una razón
importante para apoyar este proyecto de ley-- un durísimo
régimen sancionador para aquellas acciones u omisiones que
atenten contra la conservación o protección de este rico
patrimonio público.
Por toda esta serie de razones y por muchas más que hemos
expuesto en el trámite parlamentario que se ha efectuado en la
Comisión de Agricultura de esta Cámara y creemos que es una
ley que va a servir para proteger --como decía al comienzo de
mi intervención-- un rico patrimonio histórico que hemos
heredado a lo largo de siglos, de forma que se va a hacer
compatible la protección y la conservación con usos nuevos,
propios de la sociedad en que vivimos, pero teniendo siempre
presente que el objetivo final es que el uso prioritario siga
siendo el que han tenido tradicionalmente, que es el de servir
como corredores, como rutas de tránsito, para el ganado en su
traslado de un lugar a otro.
Por estas razones --insisto-- y por las expuestas en trámites
anteriores, el Grupo Parlamentario Socialista va a poyar el
conjunto de la ley y va a votar favorablemente todas y cada
una de las enmiendas que se han introducido en el Senado. Nada
más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de sociedades de
responsabilidad limitada.
Enmiendas al artículo 13 c) y a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 173; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas restantes, excepto las que se refieren a la
exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 303.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el
siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 173; en
contra, dos; abstencione
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al proyecto de ley de vías pecuarias. Enmienda al
artículo 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 164; en contra, nueve; abstenciones,
131.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas al proyecto de ley de vías pecuarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 173; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 2/1995, DE 17 DE FEBRERO, SOBRE LIBERTAD DE
AMORTIZACION PARA LAS INVERSIONES GENERADORAS DE EMPLEO
(Número de expediente 130/000026)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/1995, de 17
de febrero, sobre libertad de amortización para las
inversiones generadoras de empleo.
Para explicar en nombre del Gobierno las razones que han
determinado la promulgación de este Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
Señoras y señores Diputados, el pasado año ante esta misma
Cámara pedía la convalidación del Real Decreto-ley 7/1994
argumentando que la incipiente reactivación económica que
estaba experimentando nuestro país exigía la adopción de
medidas tendentes a asegurar su continuidad y, si posible,
favorecer la aceleración de dicho proceso. A esta misma línea
responde el Real Decreto-ley 2/1995, libertad de amortización
para las inversiones generadoras de empleo, cuya convalidación
solicito hoy de SS.SS., es cierto que en un contexto de
reactivación económica aunque no exento de dificultades.
El Real Decreto-ley 2/1995 tiene un contenido idéntico al del
Real Decreto-ley 7/1994, referido en sus aspectos temporales a
las inversiones r presente año. En virtud del mismo, los
elementos del activo fijo material nuevos, afectos al
desarrollo de actividades empresariales, que se pongan a
disposición de la empresa entre el 1.º de enero de 1995 y el
31 de diciembre de este mismo año, gozarán de libertad de
amortización siempre que la plantilla media total de la
empresa se incremente, durante los veinticuatro meses
siguientes a la fecha de inicio del período impositivo,
respecto a la plantilla media de los doce meses anteriores y
que, además dicho incremento se mantenga durante otros
veinticuatro meses. Se podrán beneficiar de la libertad de
amortización, al igual que lo previsto para el año 1994, por
un importe de inversión de 15 millones de pesetas por cada
persona de incremento promedio de plantilla. Evidentemente, no
se trata de una medida aislada. Son numerosas las medidas que
se han incluido en la Ley de Presupuestos de los años 1994 y
1995 y en las correspondientes leyes de acompañamiento, que
han afectado al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Me gustaría establecer con alguna precisión mayor cuál es el
contenido de este Real Decreto ley. Se ha observado que, en
determinados sectores económicos, las inversiones en activos
fijos nuevos no siempre van acompañadas del deseado y
correlativo incremento en el empleo. Por ello, se ha
pretendido, dentro del marco fiscal al que nos estamos
refiriendo, adoptar incentivos que fomenten la realización de
inversiones en activos fijos nuevos que lleven aparejados la
creación y el mantenimiento de puestos de trabajo.
El incentivo fiscal concedido consiste en la libertad de
amortización para aquellas inversiones en activos fijos
materiales nuevos, afectos al desarrollo de la actividad
empresarial, que se pongan a disposición del sujeto pasivo
durante el ejercicio de 1995 y con las condiciones de
mantenimiento en el tiempo a que he hecho anteriormente
referencia. Este régimen de libertad de amortización
beneficiará también a los elementos encargados por la empresa
en virtud de un contrato de ejecución de obra durante el año
de referencia, siempre que su puesta a disposición de la
empresa sea anterior al 31 de diciembre de 1996, y a los
elementos de activo fijo construidos por la propia empresa. La
cuantía de la inversión es, como he dicho, de 15 millones y el
total se calculará multiplicando los 15 millones por el
mencionado incremento de plantilla. Se establece, además, una
serie de incompatibilidades para
la aplicación de este incentivo, tendentes a no duplicar
beneficios fiscales sobre las mismas inversiones. Se trata,
por tanto, de un incentivo fiscal complementario de los
establecidos en el conjunto de normas a las que me he referido
anteriomente.
Los efectos de este Real Decreto-ley en relación con las
pequeñas y medianas empresas serán, pués, doblemente
favorables. Por una parte, se han visto favorecidas por los
efectos del Real Decreto-ley 3/1993, referente a las
denominadas normalmente vacaciones fiscales; por otra, por el
antecedente inmediato del Real Decreto-ley 2/1995, que es el
Real Decreto 7/1994, que en su día planteamos en esta Cámara y
del que el actual es continuación.
Resulta reseñable, asimismo, la aplicación del Real Decreto-
ley a los empresarios individuales sujetos pasivos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De esta
forma, y en la medida en que éstos sean capaces de generar
empleo a través de inversiones productivas, se verán también
favorecidos por las medidas contenidas en la norma que nos
ocupa. Por otro lado, las normas que contiene el Real Decreto-
ley resultan perfectamente enmarcables en el ámbito de los
principios inspiradores de la reforma del Impuesto sobre
Sociedades, cuyo proyecto de ley acaba de aprobar el Consejo
de Ministros. De esta forma, de acuerdo con los principios
inspiradores del mencionado proyecto, los incentivos fiscales
contenidos en el Real Decreto-ley se han establecido con un
carácter temporal y localizado y resultan aplicables a todas
las pequeñas y medianas empresas, con independencia de la
forma jurídica que adopten.
Como conclusión de las anteriores consideraciones debe
resaltarse que el Real Decreto-ley 2/1995 pretende ser cauce
de una política activa de mejora de competitividad para
nuestras empresas, en la medida en que corrija el desfase
existente entre oferta y demanda, a través de la creación de
puestos de trabajo. La norma encuentra, por tanto, su
justificación en el deseo de generar un incremento en el nivel
de empleo, a través de una política fiscal de incentivos a las
inversiones generadoras del mismo.
Estos son, a grandes rasgos, señoras y señores Diputados, la
finalidad y los elementos que considero más reseñables de la
norma cuya convalidación se somete a esta Cámara y para la que
pido el voto favorable de SS.SS., lo que hago desde el
convencimiento de su oportunidad y de su eficacia para
consolidar y acelerar la reactivación de la que, sin duda, se
está beneficiando nuestra economía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en
nombre de Coalición Canaria, fijo nuestra posición para la
convalidación de este Real Decreto-ley sobre libertad de
amortización para las inversiones generadoras de empleo, al
que quiero dar un voto de apoyo positivo. No podía ser menos,
en congruencia, con la posición que aquí mantuvimos cuando, en
el pasado ejercicio de 1994, votamos también favorablemente la
convalidación del Real Decreto-ley 7/1994, que venía a incidir
en la libertad de amortización en las empresas que mantuvieran
el empleo o generaran nuevos puestos de trabajo.
Si tratamos de ser consecuentes con el ciclo económico y la
situación en el momento actual de la economía española en su
correlación con el am y con las economías relacionadas con
terceros países, tendríamos que verlo también positivo.
Yo quiero decir aquí que es una medida que va a traer, de
alguna forma, una compensación a la situación en la que las
empresas, se encuentran actualmente, lo cual tuvimos ocasión
de debatir ayer con el señor Ministro de Economía y Hacienda,
aquí presente, con motivo de su comparecencia para explicar
las causas de la nueva paridad de la peseta. Porque habíamos
dicho y habíamos sometido a crítica, recogiendo palabras
dichas por el propio señor Ministro de Economía y Hacienda
semanas atrás, que una elevación de los tipos de interés no
era de recibo ni beneficioso para las empresas y la economía
española en estos momentos. Que si esta devaluación o
realineamiento de la peseta en sectores como las empresas
turísticas y las empresas exportadoras es positivo, en cambio,
ese vino quedaba aguado con la medida del Banco emisor, del
Banco de España, de subir los tipos de interés, porque el
empresario no iba a poder hacer frente a unos costes
financieros.
Este Real Decreto-ley puede compensar, en cierta medida, lo
que aquí se introduce respecto al Impuesto sobre Sociedades y
al Impuesto sobre la Personas Físicas, esas desilusiones que
una subida de los tipos de interés en los costes financieros
produce en la apetencia de las empresas de ir al crédito
bancario o de las entidades financieras. Lo juzgamos positivo
porque al menos, tiene un efecto de compensación del efecto
negativo que provoca la subida de los tipos de interés.
Además, en el artículo 1.º del Real Decreto-ley que estamos
defendiendo se habla de los elementos del activo fijo material
nue incidencias mejores porque son precisamente esos elementos
del activo fijo material nuevos lo que el empresario tiene que
adquirir normalmente por vía del crédito y ese crédito es el
que se le encarece por la decisión del Banco de España.
Esperemos que, por el momento,
sea la última en este ejercicio económico y no siga
recalentando el precio del dinero al subir los tipos de
interés.
Desde el punto de vista de Coalición Canaria, esta medida, que
es bien recibida por el sector empresarial en todo el
territorio nacional, en Canarias es doblemente positiva, dados
nuestro régimen económico y fiscal y las actuaciones que se
realizan sobre las empresas, en virtud de las competencias,
por las leyes correspondientes derivadas del Estatuto de
autonomía, del Gobierno autónomo de Canarias. Por eso,
aprovechando aquí la presencia del señor Ministro, queríamos
indicar la conveniencia de que estas medidas en el ámbito de
Canarias sean también complementarias con la aplicación de los
beneficios empresariales que se contemplan en las dos leyes
vigentes en este momento, tanto en la relativa a los aspectos
fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias como en la
relativa a los aspectos económicos, y queremos incentivar al
señor Ministro y al Gobierno a la aprobación de un texto
refundido de estas dos normas que no genere inseguridades
jurídicas en los empresarios, y también, como no podía ser
menos, para acabar estos debates contenciosos, pedimos que se
apruebe cuanto antes el reglamento que desarrolle el régimen
económico y fiscal de Canarias, para que el empresario
canario, se encuentre con este Real Decreto-ley y sus
beneficios --por eso lo apoyamos--, y, al mismo tiempo con que
existe una normativa económico-fiscal solucionada y
clarificada en el marco de Canarias, sin ambigüedades ni
ausencias de seguridad jurídica, con la aprobación del
reglamento que desarrolla el régimen económico y fiscal, que
es donde se tienen que insertar también, en su aplicación por
el empresario y por las autoridades competentes hacendísticas
del Estado y de la Comunidad Autónoma, estos beneficios.
No me extiendo más, señor Ministro, porque usted entiende
perfectamente la razón y es obvia. Ratifico aquí que
consideramos positivo para la empresa y la economía españolas
en este momento la convalidación del Real Decreto-ley y la
votaremos favorablemente.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar brevemente la posición de nuestro Grupo
Parlamentario con respecto a la convalidación de este Real
Decreto-ley, que vuel las medidas contempladas en el Real
Decreto-ley 7/1994, de 20 de junio del año pasado. En aquel
entonces nuestro Grupo Parlamentario votó favorablemente su
convalidación y, consecuentemente, vol estas medidas, pero
tenemos las mismas objeciones que ya expusimos entonces y que,
por tanto, hoy son válidas. Todo lo que contribuya a generar
empleo debe ser apoyado, este creo que es un principio
incuestionable, sobre todo en las actuales circunstancias y
con las altas tasas de paro que tenemos. Pero a partir de aquí
se puede entrar en un debate sobre cuáles son las medidas más
eficaces y adecuadas para generar creación de empleo, puestos
de trabajo, y a este respecto no creo que incardinar el
beneficio empresarial que evidentemente produce una medida
como la que posibilita poder amortizar libremente el activo
fijo material nuevo con la creación obligatoria de empleo, sea
un medio eficaz o al menos en la dimensión que se pretende.
Por cierto, a este respecto me permito aprovechar esta
reflexión para pedir al señor Ministro que nos explique y
valore los efectos constatados que ha producido la aplicación
del Real Decreto-ley del año pasado, puesto que la
introducción de este Real Decreto que hoy convalidamos dice,
entre otras cosas: La experiencia positivaderivada del Real
Decreto-ley 7/ disposición. Es decir, esa experiencia positiva
supongo que estará contrastada y valorada. Me gustaría saber
si existen algunos datos al respecto.
Pues bien, como decía, de cualquier forma y al margen de que en su
contestación el señor Ministro rebata mis argumentos,
consideramos que las condiciones que se establecen suponen un
freno importante para cumplir sus objetivos, frente al
beneficio que se obtiene con la aplicación de esta medida. Que
se tenga que producir un incremento neto de plantilla
manteniéndolo durante dos años, la limitación de que se
aplique sólo para inversiones de activos fijos materiales
nuevos, las incompatibilidades con otros beneficios y otras
limitaciones que establece el Real Decreto representan unas
condiciones muy limitativas para su aplicación.
Esta medida ¿a quién viene bien? Esta medida viene bien para
aquellos proyectos empresariales que ya estaban previstos y
fundamentalmente para las empresas de nueva creación.
Pero hay muchos proyectos de inversión en empresas cuyo
problema precisamente es el redimensionamiento de su
plantilla, tienen proyectos de inversión, pero tienen
problemas con el redimensionamiento de su plantilla. Me estoy
refiriendo, por ejemplo, al gran número de empresas de
sectores industriales y de empresas en procesos de
reconversión, que no se van a poder acoger a esta medida,
empresas cuyo mérito es poder mantener el empleo que tienen y
poder sobrevivir. Por tanto, consideramos que el Real Decreto
es muy limitativo y que este es un tema que habrá que debatir
y estudiar largamente, sobre todo con motivo de la reforma
del Impuesto sobre Sociedades que vamos a tener ocasión de
tramitar en esta Cámara.
Pero, señorías, señor Ministro, la creación de empleo vendrá
por las necesidades que tengan los sectores productivos y de
servicios. Esto vendrá a través de un crecimiento económico
suficiente. No se puede crear artificialmente empleo. El
empleo y los puestos de trabajo vendrán dados por las
necesidades del sector productivo. Lo que hay que hacer es
incentivar la producción, incentivar las inversiones, que las
empresas puedan desarrollarlas y, a través de esto vendrá,
consecuentemente, al generación de empleo. Esta es nuestra
forma de pensar y esta es la reflexión que quería hacer con
motivo de la convalidación de este Real Decreto-ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, hace menos de un año, en la
defensa de la entonces proposición no de ley sobre libertad de
amortización para las inversiones generadoras de empleo, tuve
la ocasión de reiterar que la salida de la crisis pasaba,
inexorablemente, por el fomento de la economía productiva. Si
los hechos nos daban entonces la razón, hoy la confirman aún
más. Los últimos informes disponibles demuestran con claridad
que la recuperación del consumo interno y de la inversión,
precisamente los dos indicadores que hace un año señalábamos
como los más reticentes a reflejar la superación de la crisis,
hoy es una realidad. Justamente, los datos señalados ayer por
el Instituto Nacional de Estadística, que recogían los datos
de la contabilidad nacional, reflejaban que el aumento de la
inversión desde el año 1993 al año 1994 ha pasado del menos el
10,6 por ciento, al 2 por ciento en incremento para el año
1994, con un aumento cualitativo de casi un 13 por ciento de
inversión de incremento de bienes de equipo y formación bruta
de capital fijo, con una tendencia positiva del 5,4 por
ciento, el último trimestre del año 1994, lo cual demuestra la
tendencia positiva de la evolución a la inversión hacia bienes
de equipo y formación bruta de capital fijo.
Es sabido que en 1994 la actividad industrial creció por
encima del nivel general de la economía, con un incremento del
7 por ciento respecto al año anterior, y en el mismo período
las exportaciones de productos industriales tuvieron un alza
del 26 por ciento en términos reales. Las empresas están al
78,5 por ciento de su capacidad productiva, lo que las sitúa a
sólo cuatro puntos de su pleno nivel de rendimiento. Además,
este proceso de reactivación económica resulta netamente
percibido por los empresarios, que ven aumentar su cartera de
pedidos y reducir su volumen de stocks. En síntesis, los
empresarios confían en la continuidad de este proceso
expansivo.
Tal como ya dije en su día, nuestra responsabilidad como
políticos y representantes de los ciudadanos, nos obliga a
cuestionarnos de qué manera podemos contribuir al asentamiento
de una fase expansiva de nuestra economía. Todos debemos
coincidir, señorías, en que nuestro primer deber es
proporcionar estabilidad y confianza en las instituciones,
pero este deber nos obliga a la búsqueda de soluciones y a la
adopción de todas aquellas medidas de estímulo económico,
susceptibles de consolidar la incipiente pero perceptible
recuperación económica. Una de estas medidas fue, en su día,
el Decreto-ley en el que se plasmó la proposición no de ley
relativa a la libertad de amortizaciones, cuya prórroga y
convalidación ahora se debate.
Es cierto que aún es pronto
para calibrar exactamente los efectos, de dicha medida, sin
duda beneficiosos, como ya nos adelantaba el señor Ministro en
su intervención, pero no se nos oculta la más que favorable
valoración en los ámbitos empresariales. Tanto es así que esta
Cámara, en el pasado debate sobre el estado de la nación y en
aras al fomento de la economía productiva, aprobó la
pertinencia de la prórroga de amortización anticipada para
inversiones generadoras de empleo para el año 1995. Medidas
como la indicada son las que refuerzan la confianza del sector
empresarial y contribuyen a generar estabilidad. Cuando en
momentos como el presente los indicadores económicos
proporcionan claros síntomas de recuperación, es innegable que
las empresas, los inversores y los ciudadanos en general
siguen pendientes de cualquier señal institucional a favor de
la economía productiva. Una medida como la adoptada constituye
un poderoso incentivo que puede inclinar la balanza, no sólo
hacia nuevas inversiones sino también hacia inversiones que
generen empleo. Cabe recordar el contenido del Libro Blanco
sobre política industrial para España y las primeras
observaciones debidas a este debate iniciado.
Desde Convergència i Unió hemos insistido en que urgía un
cierto cambio de valores económicos, de tal manera que se
comprenda que la economía la condición indispensable para
cualquier tipo de desarrollo económico o social; un sector
productivo sano se desarrolla mediante el aumento de la
inversión, la búsqueda de la competitividad, la apuesta por
los sectores emergentes y un decidido afán de innovación
tecnológica, pero tales objetivos, que supongo compartidos por
todas las fuerzas políticas, no pueden limitarse a simples
declaraciones de intenciones sin contenido real y práctico --
por aquello de que fe sin obras no vale nada--. Por tanto,
existe la perentoria necesidad de dotar de contenido todas las
proclamas a favor de la economía productiva.
Señorías, sigue quedando mucho por hacer. Sin ir más lejos, la
inversión en investigación y desarrollo supone sólo un 0,85
por ciento del producto industrial bruto, cuando la media
europea supera el 2 por ciento de dicha cifra, nada
comparable, es verdad, a
algunos países asiáticos que destinan a investigación y
desarrollo aproximadamente el 5 por ciento de su producto.
Téngase en cuenta que la elevación de las cantidades
destinadas a amortización comporta facilitar a nuestras
empresas una mejor adaptación a los grandes y rápidos avances
tecnológicos que se producen en la actualidad, con la salvedad
--y también me gustaría clarificarlo-- de que bien es verdad,
tal como señalaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco,
que a veces estas innovaciones tecnológicas coartan la
necesidad de equilibrar o aclimatar la plantilla de las
diferentes compañías a las necesidades tecnológicas. Regular y
coartar con criterios obsoletos la capacidad de adaptación de
nuestras empresas supone no sólo hipotecar su competitividad
futura sino la del conjunto nacional. Tratamientos
informáticos, bienes de equipo de tecnología avanzada son
algunos de los ejemplos de inversiones cuya amortización real
ha de efectuarse con mayor rapidez que la prevista en las
todavía vigentes --espero que por poco tiempo, a raíz de la
reforma del Impuesto sobre Sociedades-- tablas del impuesto de
amortizaciones en el vigente Impuesto sobre Sociedades, si se
desea pertenecer a una economía competitiva y avanzada.
En todo debate a propósito de la política industrial española
surge la referencia a los vicios estructurales de nuestra
economía. No existe comentario que no aluda a las dificultades
de financiación de nuestras empresas, a la pobreza de los
recursos propios y a la necesidad inevitable de acudir a la
financiación externa. Pues bien, nadie ignora que el
tratamiento fiscal de las amortizaciones es uno de los
mecanismos legales que más pueden influir en las decisiones de
inversión de los agentes económicos. Una de las mayores
preocupaciones de las empresas radica, como es lógico, en
optimizar su capacidad de inversión mediante el mayor uso
posible de recursos propios, evitando así la necesidad de
recurrir a la financiación externa, normalmente demasiado
gravosa para nuestras compañías. La libertad de amortización
ha permitido, y permite, a las empresas desplazar hacia
períodos futuros el pago de impuestos sobre beneficios
generados en los períodos en los que se realiza la inversión,
con lo que todos los recursos generados por la empresa pueden
destinarse absoluta y exclusivamente al pago de las
inversiones efectuadas. La bondad de esta medida conlleva que
se solicite la convalidación de dicho Decreto-ley y su
prórroga, por cuanto se trata de una medida de estímulo cuya
conservación siguen exigiendo las actuales circunstancias. Se
trata, en suma, de ayudar a las empresas a invertir con
capitales propios y a generar mayor empleo, es decir, a
anticipar decisiones de inversión que aún hoy podrían
mantenerse entre dudas.
Hace un año indicaba que no convenía malbaratar una
oportunidad, para demostrar al país que nuestro objetivo
prioritario es trabajar en favor de la economía y del empleo.
Desde Convergència i Unió hemos demostrado que somos capaces
no sólo de proporcionar estabilidad sino también seriedad y,
cosa no menos importante, eficacia. Y serena y eficaz, decía
entonces y mantengo ahora, es toda medida que aliente fundada
esperanza a nuestras empresas, favorezca a nuestros ciudadanos
y ayude a crear puestos de trabajo. Por todos estos motivos
nuestro Grupo va a votar favorablemente la convalidación de
dicho Real Decreto-ley.
Muchas gracias, señores Diputados, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Discutimos un Real Decreto-ley que establece la libertad de
amortización para las inversiones generadoras de empleo y que
es continuación del Real Decreto-ley 7/1994 y en alguna medida
del Real Decreto-ley 3/1993. En todas las intervenciones se ha
puesto de manifiesto que se trata de una medida menor en orden
a la creación de empleo. Se prevé exclusivamente la libertad
de amortización para las inversiones generadoras de empleo.
Todos los grupos somos conscientes de que la creación de
empleo depende fundamentalmente de otras políticas más
ambiciosas que las que se contienen en este Real Decreto-ley.
Qué duda cabe que en ese sentido el diseño general de la
política económica o la propia política industrial tienen
mucha más incidencia en la creación de empleo que una medida
como la que se contiene en este Real Decreto-ley.
Relativizada, por tanto, la importancia de esta medida en
orden a la creación de empleo, en nuestra opinión debe
relativizarse también la incidencia de la misma como medida
eficaz, contestando de alguna forma a una reciente
intervención que ponía de manifiesto la eficacia de este tipo
de medidas. Si, efectivamente, esta medida no es nueva, ya que
tiene precedentes más o menos precisos en años anteriores,
tendremos que reconocer que, o bien hemos asistido a una
destrucción verdaderamente impresionante de empleo en el año
1993 y más o menos destrucción/creación de empleo en el año
1994 y, por tanto, que no aparece un resultado
especialmenteeficaz, o incluso --y sería la opinión de nuestro
Grupo--en la medida en que el Real Decreto-ley establece como
una condición que estas inversiones generadoras de empleo
deben ir acompañadas de un incremento de la plantilla en los
24 meses siguientes a la adquisición de
los bienes, posiblemente no haya habido tiempo material para
evaluar la incidencia real en la creación de empleo de este
tipo de medidas desde que en estos términos o parecidos se
viene aplicando en nuestro país.
Por tanto, señor Presidente, señorías, relativicemos el valor
y la eficacia de este tipo de medidas. Nosotros creemos que
son otras las que nos tienen que permitir un diseño global de
una política económica al servicio de la creación de empleo y
de una política industrial que, en nuestra opinión, tiene que
hacerse con criterios selectivos y no genéricos, como aquí nos
encontramos. Sería bueno diseñar determinados sectores
productivos industriales en los que nuestro país puede
resultar competitivo, y no establecer medidas que por su
carácter genérico resultan al cabo poco eficaces al no poder
permitir la concentración de esfuerzos y recursos, siempre
escasos, en aquellos sectores en los que nuestro país tiene
perspectivas de futuro.
Dicho todo esto y sin perjuicio de que de cara al futuro
consideramos que sería bueno atar con más precisión, en menos
lapso temporal, la rela inversión y la paralela creación de
empleo, que actualmente permite un lapso temporal de 24 meses,
en nuestra opinión excesivo, sí que quisiéramos decir que esta
medida tiene como objetivo específico dar un determinado
beneficio fiscal, el de la libertad de amortización, a unas
inversiones que generen empleo, porque se trata de crear
empleo, no se trata de mejorar la situación de las empresas en
sus beneficios o en su competitividad. Se ha hecho referencia,
por parte de algún parlamentario que me ha precedido en el uso
de la palabra, a que hay empresas que tienen problemas de
plantilla y que invertir a lo mejor les agudiza esos problemas
de plantilla porque les sobra más plantilla. Pero, señorías,
eso, en definitiva, es pensar en una política económica que no
se plantee el problema del paro en nuestro país, porque si nos
preocupamos de ese tema y todas las inversiones que hagan las
empresas, aunque destruyan empleo, buenas son y tienen
beneficios fiscales, lo lógico y normal sería establecer más
adecuadamente y con más rigor los porcentajes o las tarifas
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, de cara a conseguir articular alguna
política económica que piense en la creación de empleo.
Por tanto, señorías, a nosotros nos parece que esta medida, en
este contexto y con esta filosofía, no es de las que nosotros
consideramos más adecuada para combatir el empleo, pero no
hemos hecho turno en contra y tampoco vamos a votar en contra
de la misma.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Costa
Climent.El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en estos momentos la economía
española está iniciando un nuevo ciclo de crecimiento
económico inspirado fundamentalmente en el clima de
recuperación de la economía internacional. El producto
interior bruto experimenta tasas de variación positivas,
aunque inferiores a las registradas en los restantes países de
la Unión Europea, y la formación bruta de capital en bienes de
equipo comienza a despegar en el segundo trimestre de 1994.
Sin embargo, este reciente cambio de tendencia de la inversión
en bienes de equipo no permite interpretaciones demasiado
optimistas. Por un lado, destaca el bajo volumen de inversión
en bienes de equipo correspondiente a 1994, que únicamente
alcanzó el 80 por ciento de la inversión realizada en 1989. En
segundo lugar, interesa destacar la crisis política del actual
Gobierno, una crisis que introduce incertidumbre que afecta
negativamente en de los agentes económicos, que no confían en
la política económica del Gobierno y tampoco
confían en las posibilidades que le ofrece el apoyo
parlamentario de Covergència i Unió. Adicionalmente, señoras y
señores Diputados, la actual estructura de endeudamiento de
las empresas españolas las hace mucho sensibles a las
variaciones en los tipos de interés, y en este sentido, la
subida de tipos de interés de la deuda pública, resultado de
la incapacidad del Gobierno para corregir el endeudamiento
público y de la prima de riesgo que exigen los inversores
extranjeros, se ha trasladado a todos los mercados financieros
en general y no contribuye, desde luego, a mejorar el
crecimiento de la inversión en nuestro país.
En este contexto, señor Presidente, un contexto de
incertidumbre política, un contexto que se caracteriza por la
crisis política del actual Gobierno, resulta cuando menos
discutible que un instrumento de estas características, como
la libertad de amortización, pueda tener la eficacia y la
incidencia que debería tener en un proceso de apuntalamiento
del proceso inversor.
Sin embargo, mi Grupo Parlamentario, como no podía ser de otra
forma, votará favorablemente a la convalidación de este Real
Decreto-ley; vota porque, en nuestra opinión, un incentivo de
estas características permite anticipar y concentrar en un
determinado marco temporal la puesta en marcha de nuevos
proyectos de inversión. Permite mejorar también la
capitalización de las empresas y, en consecuencia, su
capacidad para financiar mayores tasas de inversión.
Finalmente, aunque sea de forma reducida, permitirá contribuir
a reducir ese factor de incertidumbre que la actual crisis
política introduce en las decisiones de los agentes
económicos. Sin embargo, señor Presidente, si bien es cierto
que mi Grupo Parlamentario va a votar favorablemente la
convalidación de este Real Decreto-ley, quiero manifestar que
no comparte plenamente su contenido, especialmente en lo
correspondiente a los condicionantes que se establecen para su
aplicación.
Este Real Decreto-ley, en la medida en que condiciona la
aplicación del incentivo de la libertad de amortización a la
realización de nuevas co tener una eficacia y una incidencia
muy limitada. Ya se lo dije, señor Ministro, cuando se
convalidó en esta Cámara el Real Decreto-ley de 20 de junio de
1994. Ustedes, con este Real Decreto-ley se superan a sí
mismos, consiguen convertir en ineficaz y en inoperante algo
que es objetivamente bueno, consiguen covertir en inoperante
un instrumento como la libertad de amortización, que puede ser
positivo y razonable en el actual contexto económico. Por
ello, mi Grupo Parlamentario solicitará la tramitación de este
Real Decreto-ley como proyecto de ley para poder incorporar
enmiendas, enmiendas que contribuyan a mejorar este incentivo
fiscal, a dotarlo de mayor eficacia y a que pueda contribuir a
recuperar o a consolidar el crecimiento de la inversión
productiva en nuestro país. Sin embargo, antes de señalar,
aunque sea de forma concisa, las causas y las razones por las
que vamos a solicitar la tramitación de este Real Decreto-ley
como proyecto de ley, quisiera efectuar dos valoraciones
generales en cuanto a la oportunidad, el momento y la
incidencia de esta medida.
En primer lugar, señor Ministro, la aprobación de este Real
Decreto-ley evidencia que carecen de un plan de actuación en
materia de política tributaria. ¿Cómo puede el Gobierno
considerar como una medida de política económica de
extraordinaria y urgente necesidad, en febrero de 1995, la
prórroga de un régimen que podía haber acordado a lo largo de
la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado? Creo, como le he dicho, que
carecen de un plan serio a medio plazo en materia de política
tributaria y que adoptan medidas en función de intereses
políticos y cuando les interesa en cada momento concreto. En
segundo lugar, esta medida constituye un artificio
publicitario de su Gobierno, un artificio publicitario que es
un engaño a los ciudadanos por la falta de eficacia de este
incentivo, sino también, señor Presidente, por las
informaciones que han transmitido a los medios de comunicación
a lo largo del mes de febrero ¿Cómo puede el Gobierno decirle
a los ciudadanos españoles que este Real Decreto-ley va
costarle a la Hacienda pública 200.000 millones de pesetas?
¿Cómo puede el Gobierno decirle a los ciudadanos españoles que
este Real Decreto-ley constituye una contribución a la
economía productiva de 200.000 millones de pesetas?
Señor Ministro, debería conocer las declaraciones que hizo el
Secretario de Estado de Hacienda en esta Cámara el pasado mes
de octubre. La primera de ellas, que esta cifra no constituye
un gasto fiscal en sentido estricto, porque esta medida no es
más que un diferimiento, es decir, no va a suponerle a la
Hacienda pública más que un diferimiento o un coste financiero
en la recaudación de los impuestos y, en segundo lugar, lo que
también manifestó su Secretario de Estado de Hacienda es que
esta cifra resulta demasiado elevada. ¿Sabe usted, señor
Ministro, en cuánto cuantificó su Ministerio el régimen de
libertad de amortización que solicitó el Partido Popular para
1994? En 150.000 millones de pesetas ¿Sabe usted que ese
régimen de libertad de amortización no estaba condicionado a
la realización de nuevas contrataciones y que, por lo tanto,
podían beneficiarse de él la totalidad de las empresas que
operan en este país? ¿Sabe usted, además, que, de acuerdo con
esa propuesta, el régimen de libertad de amortización no era
incompatible con la deducción por inversiones?
Resulta sorprendente, señor Ministro, que no se pongan ni
siquiera de acuerdo dentro de su propio Ministerio con las
estimaciones que realizan señor Ministro, tampoco resulta
sorprendente que los mercados internacionales no le presten
ninguna credibilidad a las estimaciones de su Ministerio. Voy
a hacer referencia muy rápidamente, señor Presidente, a las
cuatro razones principales por las que mi Grupo
Parlamentario va a solicitar la tramitación de este Real
Decreto-ley como un proyecto de ley. En primer lugar, con esta
medida se superan a sí mismos en esa constante batalla que
mantienen por dotar de una mayor complejidad a nuestro sistema
tributario. Ustedes van a pedir a ese pequeño comercio, a ese
artesano o a ese industrial, que es quien realmente puede
beneficiarse de esta medida, en primer lugar, que efectúe un
análisis de la evolución de sus niveles de empleo durante un
período de cinco años y, en segundo lugar, que en ocasiones
someta un mismo elemento del activo fijo material a dos
regímenes de amortización: por una parte, el régimen de
libertad de amortización, en la medida en que la inversión
pueda beneficiarse de esta medida fiscal y, por otra parte, el
régimen ordinario de amortización en la parte correspondiente
que no puede beneficiarse de este incentivo fiscal.
En segundo lugar, ustedes convierten en discriminatorio un
incentivo fiscal sin ninguna justificación posible. En nuestra
opinión, la aplicaci fiscal no puede condicionarse a la
realización de nuevas contrataciones. Fomentar y favorecer el
proceso inversor es crear empleo; toda inversión crea empleo.
¿Es que una inversión que tiene como finalidad evitar que se
reduzcan los niveles de empleo en una empresa no contribuye a
crear empleo en nuestro país a nivel global? Una inversión que
tiene como finalidad mantener unos puestos de trabajo, ¿no
contribuye a mejorar los niveles de empleo en nuestro país? Lo
que están haciendo con esta medida es introducir un nuevo
incentivo
discriminatorio, que va a afectar principalmente a las
empresas de nueva creación o a aquellas que pongan en marcha
una nueva actividad, que son las empresas que coyunturalmente
realizan nuevas contrataciones. De nuevo ustedes, con esta
medida, están discriminando a las empresas existentes en favor
de las empresas de nueva creación.
En tercer lugar, ustedes --el Gobierno-- declaran incompatible
el régimen de libertad de amortización con la deducción por
inversiones. Es decir, el Gobierno lo que da a las empresas
españolas con una mano se lo está quitando con la otra. Les
ofrece un incentivo fiscal que consiste en diferir el pago de
impuestos, pero, por otro lado, les está quitando un incentivo
fiscal del que puede beneficiarse cualquier inversión en
activo fijo material.
En cuarto lugar, ustedes, con la regulación que introduce este
decreto-ley, están penalizando a aquellas empresas que se
acogen a la libertad que, sin embargo, no llegan a cumplir
los compromisos de mantenimiento de la plantilla que asumen
como consecuencia de este decreto-ley. ¿Por qué lo hacen? Es
muy difícil --y creo que coincidirá conmigo el señorMinistro--
asumir un compromiso de mantenimiento de empleo o de
realización de nuevas contrataciones en un plazo de cuatro
años, es muy difícil sobre todo teniendo en cuenta las
incertidumbres que existen en este momento en la situación
económica. ¿Qué es lo que hace el decreto-ley cuando un
contribuyente no puede cumplir con sus compromisos de
mantenimiento de la plantilla? Tiene la obligación de ingresar
en Hacienda la parte de la cuota íntegra correspondiente a la
libertad de amortización aplicada más los intereses de demora,
pero pierde la oportunidad de haberse beneficiado de la
deducción por inversiones, con lo cual...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya
terminando, por favor.
El señor COSTA CLIMENT: Termino ya, señor Presidente.
Con lo cual ustedes están penalizando al contribuyente que no
pueda contribuir con sus requisitos de mantenimiento del
empleo, en la medida en a un coste adicional, a una sanción
encubierta de 750.000 pesetas por cada 15 millones de pesetas
de inversión.
Este decreto-ley que se convalida en la sesión de hoy, si no
es tramitado como proyecto de ley no va a constituir más que
una medida de cosmética política, un artificio publicitario,
pero en ningún caso una medida eficaz para contribuir a
mejorar los niveles de inversión en nuestro país. Ustedes,
señor Solbes, devalúan, o quizá debiera decir realinean, la
libertad de amortización con este decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.El señor VICEPRESIDENTE
(Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Por el Grupo Socialista, el señor Perales tiene la palabra.
El señor PERALES PIZARRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser breve, porque ya el señor Ministro y otros
portavoces han desarrollado el contenido del decreto que
discutimos y han mencionado las consecuencias positivas de su
aplicación. Por tanto, hago uso de la palabra para manifestar
la posición favorable del Grupo Socialista a la convalidación
del Real Decreto-ley sobre libertad de amortización para las
inversiones generadoras de empleo.
Nuestro Grupo quiere destacar el acierto repetido de esta
medida, prorrogada del ejercicio anterior, y que tuvo su
origen en una iniciativa del Grupo Catalán. Estamedida es un
incentivo más para la inversión y colabora a generar un mejor
clima en el para la inversión y para la creación de empleo.
La libertad de amortización es un instrumento que ya ha sido
utilizado por los Gobiernos socialistas. Se aplicó dentro del
conjunto de medidas adoptadas en el denominado decreto Boyer.
Hay que señalar que tuvo una magnífica acogida entre los
empresarios y que se consiguieron buenos frutos para las
inversiones en bienes de equipo.
No es, desde luego, una medida aislada, sino que se enmarca en
el contexto de un paquete de medidas destinadas a mejorar, en
especial, las condiciones de las pequeñas y medianas empresas
orientadas a la economía productiva y que nosotros entendemos
que van a favorecer la reactivación de la economía española,
por lo que es muy conveniente en estos momentos de franca,
clara y no negada por ningún grupo recuperación económica.
Porque la libertad de amortización constituye, como todos han
aceptado, un instrumento eficaz para estimular las decisiones
de inversión de los empresarios; porque permite optimizar la
capacidad de inversión mediante el máximo uso posible de sus
recursos propios, intentando en algunos casos evitar la
financiación externa; porque esta libertad, como ha dicho el
portavoz del Grupo Catalán, permite retrasar el pago impuestos
de beneficios, dedicando estos recursos a pagar las
inversiones realizadas; porque además debe seguir produciendo
una mejora notable de la productividad en nuestras empresas y,
consiguientemente --lo que para nosotros tiene una enorme
importancia--, permitir un aumento y un incremento del empleo
en las empresas. De manera que no es una medida que afecta
sólo a las empresas de reducido tamaño, pero, qué duda cabe,
que son éstas las que generan, como es evidente, el mayor
número de empleos en cualquier economía moderna. También es
verdad que supone un esfuerzo extraordinario de los
contribuyentes españoles, que
aportan 200.000 millones de pesetas para hacer que las
empresas mejoren sus niveles de beneficio y para hacer que las
mismas dediquen mayores
recursos a la creación de empleo y a la mejora de su actividad
productiva y su situación económica.
Negar eso, decir que es un artificio sólo tiene una
demostración: acudir a la práctica y hacer un ejercicio de
encuesta entre los empresarios que se han visto afectados por
esta medida en el ejercicio anterior. Decir, asimismo, que
exigir como requisito la creación de empleo es hacer más
complejo el entramado tributario y que convierte en
discriminatorio este incentivo fiscal es, desde luego, una
acusación irrisoria, porque lo que es necesario es reconocer
que esta medida de libertad de amortización trabaja en la
dirección de crear empleo, que es el gran objetivo de la
política económica del Gobierno socialista y de otros grupos,
como se ha manifestado hace un momento. Es evidente que nadie
puede desmentir las buenas cifras de la contabilidad nacional
en el cuarto trimestre de 1994. El crecimiento interanual de
2,8, el crecimiento del 5,4 en la formación bruta de capital,
el crecimiento del consumo, el crecimiento de la demanda
interna y el crecimiento global de la inversión ponen de
manifiesto la recuperación clara de la economía española.
Decir, asimismo, que la medida tiene efectos disuasorios es
contraponer dos concepciones de la política económica. Una,
que admite que cualquier medida fiscal es disuasoria de la
actividad económica. Hay una posición de política económica
que nadie reconoce explícitamente pero que se fundamenta en la
aceptación de que cualquier medida fiscal se convierte,
inevitablemente, en una medida disuasoria de la actividad
económica. Esa concepción de la política económica ha sido
siempre contrapuesta --y en este caso también-- a la
concepción de que hay medidas fiscales de justicia que tienen
efectos positivos para la economía con carácter general y que
de ninguna manera ahuyentan la actividad económica, sino que
se convierten en una distribución justa de la riqueza y en un
factor innovador y de creación de la misma.
Por último, señor Presidente, he de decir, que muchas de las
mejoras técnicas de tributación de las empresas, que se han
exigido por parte de algunos portavoces, se podrán estudiar en
la tramitación del Impuesto sobre Sociedades que esta Cámara
tendrá que discutir.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Perales.
Vamos a pasar a la votación sobre convalidación o derogación
del Real Decreto-ley que se ha sometido a debate. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 2/1995, de 17 de febrero,
sobre libertad de amortización para las inversiones
generadoras de empleo.Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 298; en contra, uno; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación correspondiente a la solicitud de tramitar como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia el Real
Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 128; en contra, 179; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS
QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, ADOPTADA EN LA CUARTA REUNION DE
LAS PARTES DEL PROTOCOLO DE MONTREAL, CELEBRADA EN COPENHAGUE
DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 1992 (Número de expediente
110/000117)
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA EN MATERIA DE COOPERACION EDUCATIVA, CULTURAL Y
CIENTIFICA, HECHO EN MADRID EL 27 DE OCTUBRE DE 1994 (Número
de expediente 110/000129)
--ACUERDO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA
ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE LITUANIA, HECHO EN VILNIUS EL 6 DE JULIO DE 1994
(Número de expediente 110/000130)
--PROTOCOLO NUMERO 1 AL CONVENIO EUROPEO PARA LA PREVENCION DE
LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES,
HECHO EN ESTRASBURGO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1993 (Número de
expediente 110/000131)
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
VENEZUELA SOBRE EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES, SUSCRITO EN
CARACAS EL 17 DE OCTUBRE DE 1994 (Número de expediente
110/000132)
--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PARA LA FINANCIACION PARALELA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION PARA LA MODIFICACION DEL CONVENIO DEL QUINTO
CENTENARIO (Número de expediente 110/000133)
--ACUERDO FORMALIZADO MEDIANTE CANJE DE CARTAS DE 10 DE
OCTUBRE DE 1994 ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) ACERCA DE LA
REUNION DE EXPERTOS SOBRE EL PROTOCOLO RELATIVO A LOS FONDOS
MARINOS, 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 1994, LA CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS SOBRE EL PROTOCOLO RELATIVO A LOS FONDOS
MARINOS, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 1994, QUE SE CELEBRARAN EN
MADRID (ESPAÑA), Y LA REUNION DE EXPERTOS SOBRE LA REVISION
DEL CONVENIO DE BARCELONA Y SUS PROTOCOLOS CONEXOS Y EL PAM,
14 A 18 DE NOVIEMBRE DE 1994, QUE SE CELEBRARA EN BARCELONA
(ESPAÑA) (Número de expediente 110/000140)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales.
¿Desea algún grupo intervenir en relación con alguno de los
puntos englobados en este apartado? (El señor Durán Núñez pide
la palabra.)
El señor DURAN NUÑEZ: Gracias, señor Presidente. Seré muy
breve.
Sobre el punto 41, que es el acuerdo acerca de la reunión de
expertos sobre el Protocolo relativo a los fondos marinos,
etcétera, queremos rep en Comisión, en el que decíamos que
cualquiera de SS.SS. poco avezado podría haber pensado que
vamos a votar algo muy importante sobre los fondos marinos,
sobre el control de las acciones marítimas, etcétera. De
hecho, ya se comentó en Comisión que lo que vamos a aprobar en
este momento es una reunión de expertos sobre el Protocolo
relativo a los fondos marinos de 12 de octubre de 1994 en
Madrid y otra reunión de expertos sobre la revisión del
Convenio de Barcelona y protocolos anexos del 14 al 18 de
noviembre de 1994. Todo esto trae consigo nada menos que la
aprobación de gastos ya realizados, porque supongo que el
Gobierno español ya los habrá pagado, que son dos veces
350.000 dólares de los Estados Unidos, dos veces 210.000
dólares de los Estados Unidos, billetes de avión en clase
económica, dietas y gastos para señores delegados de Albania,
Argelia, Bosnia, Comunidad Europea, Croacia, Chipre, Egipto,
Eslovenia, España, Francia, etcétera, y nada menos que
importantes gastos en grapas, cuadernos rayados, bolígrafos,
cuadernos lisos de tamaño A-5, frascos de líquido corrector
10, gomas de borrar, etcétera, de mucho menos monto que los
350.000 dólares y los 210.000 dos veces, pero con un dato muy
importante: que se traen, señor Presidente, a Comisión el 22
de febrero de 1995 y al Pleno del Congreso de los Diputados el
9 de marzo de 1995. Creo que esta es una situación, señor
Presidente, que no se puede repetir. El Congreso de los
Diputados es una institución seria que representa a los
españoles y tiene que autorizar los gastos antes de que éstos
se produzcan. Nuestro Grupo no va a votar negativamente,
porque nunca lo hacemos en tratados y convenios que atañen al
Reino de España, pero tampoco, señor Presidente, podemos votar
a favor. Nosotros nos vamos a abstener en este caso una
abstención negativa, podríamos decir, una abstención de aviso
para pedir, señor Presidente, que una situación como ésta no
se repita.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Durán. (Rumores.--El señor
Palacios Alonso pide la palabra.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Palacios.
El señor PALACIOS ALONSO: Muy brevemente, señor Presidente,
con independencia del gasto en bolígrafos que haya podido
haber en est importante es que se ha tratado de una
convocatoria en España, con responsabilidad presupuestaria
también de España, a los efectos de estudiar cuestiones de
suma trascendencia para los fondos marinos y muy especialmente
los de nuestro entorno. Específicamente a aquellos que
conciernen al Mediterráneo, señor Presidente, señoras y
señores Diputados se les ha prestado la mayor atención en
estas jornadas y creemos que, al margen de la dilación en la
presentación de este acuerdo, su trascendencia supera las
cuestiones colaterales que han sido referidas. Por ello vamos
a votar a favor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacios.
Vamos a proceder a las votaciones de los dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono, adoptada en la Cuarta Reunión de
las Partes del Protocolo de Montreal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 306; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América en materia de cooperación educativa, cultura y
científica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 307; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo sobre el transporte internacional por carretera entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República
de Lituania.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 307; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Protocolo número 1 al Convenio europeo para la prevención de
la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela
sobre ejecución de sentencias penales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo
para la financiación paralela de programas y proyectos de
inversión para la modificación del Convenio del Quinto
Centenario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 307; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo formalizado mediante canje de cartas de 10 de octubre
de 1994 entre el Reino de España y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambienteacerca de la reunión de expertos
sobre e Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 183; en contra, dos; abstenciones,
124.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
SOLICITUDES DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION:
--SOLICITUD, FORMULADA POR DON RODRIGO DE RATO FIGAREDO Y 77
DIPUTADOS, DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION DE LAS
ACTIVIDADES DE DON LUIS ROLDAN MIENTRAS FUE DIRECTOR GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL Y LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJO SU
HUIDA DE LA JUSTICIA DURANTE TRESCIENTOS CINCO DIAS, ASI COMO
LAS ACTUACIONES DE TODO TIPO QUE CULMINARON CON SU INGRESO EN
PRISION (Número de expediente 156/000015)
--SOLICITUD, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, DE
CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA HUIDA DEL
EX DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL, LUIS ROLDAN, Y LAS CUESTIONES
QUE NO FUERON TRATADAS POR LA ANTERIOR COMISION DE
INVESTIGACION (Número de expediente 156/000016)
El señor PRESIDENTE: Corresponde debatir a continuacion, en
cumplimiento de lo convenido en la Junta de Portavoces y el
acuerdo de en el orden del día dos nuevos puntos, las
solicitudes de creación de comisión de investigación
formuladas por Diputados del Grupo Popular y por los Grupos
Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, para la defensa de la solicitud de creación
de una comisión de investigación de las actividades de don
Luis Roldán mientras fue Director General de la Guardia Civil
y las circunstancias en que se produjo su huida de la justicia
durante trescientos cinco días, así como las actuaciones de
todo tipo que culminaron con su ingreso en prisión, formulada
por don Rodrigo de Rato Figaredo y 77 Diputados, tiene la
palabra el señor Ramallo. (Rumores y protestas.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en noviembre de 1993 la denuncia
por «Diario 16» del gran e inexplicable enriquecimiento de
Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil, nombrado en
1986 por el Gobierno presidido por el señor González, a
propuesta de los señores Serra y Barrionuevo, ministros
respectivamente de Defensa e Interior, produjo un gran
escándalo en la opinión pública.
Las declaraciones de relevantes miembros del Gobierno,
incluido su Vicepresidente, del Partido Socialista y del
Fiscal General del Estado, el también socialista don Eligio
Hernández, consideraron normal, ajustado a la media de los
españoles y obtenido de forma legal el patrimonio de Roldán.
En consecuencia, le prestaron apoyo y solidaridad ante el
ataque de los periodistas Irujo y Mendoza --ataque entre
comillas--, hasta tal punto de que se daba por hecho que a su
vuelta de París, donde se encontraba, sería nombrado Ministro
del Interior, lo que confirmó posteriormente el Presidente del
Gobierno, señor González.
La información que a través del Parlamento, solicitó mi Grupo
Parlamentario del Gobierno a fin de conocer los datos del
registro de renta y patrimonio de Roldán así como la forma de
contratación y las cifras de contratación tanto de obras como
de servicios y bienes de la Guardia Civil, en el período que
fue director de la misma el señor Roldán, motivó que
pidiéramos una comisión de investigación al Pleno de esta
Cámara.
El estado de la opinión pública y el escándalo creado llevaron
a la coalición gobernante a no poder oponerse. La aprobación
se produjo el 17 d 1994, tras la fundada defensa de mi
compañero señor Baón.
El trabajo de la Comisión, que constituyó, señorías, un modelo
a imitar y contribuyó de forma importante al prestigio de esta
Cámara, se articuló a través de comparecencias y solicitudes
de documentación. Entre las principales limitaciones a la
investigación se encontró la incomparecencia, por veto de la
coalición gobernante, del Vicepresidente señor Serra, coautor
en su día del nombramiento de Roldán como Director General de
la Guardia Civil. Otra limitación fue la imposibilidad de
celebrar la segunda comparecencia de Roldán por huida del
mismo de la justicia. Esa comparecencia había sido acordada de
forma unánime por la Comisión y sería el comienzo y el cierre
de las comparecencias en la misma.
La Comisión dio fin a sus trabajos --vuelvo a repetir que por
criterio de la coalición gobernante--, emitiendo dictamen el
15 de junio de 1994, que fue aprobado por el Pleno el día 26
del mismo mes. La mayoría no aceptó la inclusión del voto
particular del Grupo Popular, que exigía, por una parte, la
responsabilidad política del Presidente del Gobierno y de
varios de sus ministros y ex ministros y, por otra, la
continuación de los trabajos de la Comisión, por entender que
la misma se cerraba en falso, no sólo por la incomparecencia
de Roldán, sino también por muchas cuestiones que quedaron sin
investigar o que lo fueron de forma insuficiente.
De lo actuado por la Comisión de investigación se deducía con
toda claridad que el Gobierno sabía, a través del Tribunal de
Cuentas y de la In del Estado, la forma anormal en la que
contrataba la Guardia Civil en tiempo de Roldán y del mal uso
de los fondos reservados. Quedó igualmente claro que el
Gobierno, con González a su cabeza, había nombrado, y es lo
importante, Director General de la Guardia Civil a quien ya,
desde el desempeño del cargo de Concejal en Zaragoza, había
mostrado su afición a hacerse rico como fuera, conducta que
continuó al frente de la Delegación del Gobierno en Navarra
desde 1982. Es decir, el hoy ausente Presidente del Gobierno,
de forma irresponsable, sin la más mínima información, puso en
manos de quien resultó ser este personaje, hoy en prisión, no
sólo la seguridad de los españoles, y con ello secretos de
Estado que luego amenazó con desvelar, sino también, y esto es
muy importante, el prestigio de un cuerpo con 150 años de
gloriosa historia, y puso también en riesgo una parte
importante del gasto público que los españoles pagamos con
nuestros impuestos.
Es imposible, señorías, que el Gobierno y su Presidente no
conocieran las andanzas de Roldán, es imposible pensar, en un
país serio, que los s información, que hasta parece que han
espiado a algún presidente de Gobierno y luego lo han
difundido, sólo supieran de Roldán que tenía afición a tomar
copas, sólo supieran de Roldán esa afición, pero es el hecho
cierto, como que hoy es jueves, que Felipe González le nombró,
le mantuvo durante siete años al frente de la Guardia Civil,
le apoyó cuando dimitió y aún no ha explicado de forma
suficiente su huida, dejando a los ciudadanos españoles
avergonzados y a la Comisión de investigación y a los jueces
sin la posibilidad de culminar sus trabajos, ya que el señor
Roldán podía haber puesto de manifiesto ante la misma la mucha
basura que tenía almacenada y que hoy comenzamos a conocer. El
27 de febrero de 1995 se produce la noticia de la entrega de
Roldán en Laos y el 28 pudimos ver la primera rueda de prensa
del Ministro Belloch, también ausente --poco interés tiene--,
que, presentada como un acto triunfalista, sirvió para dar
cuenta de una detención que luego resultó ser entrega
voluntaria y de la que todos los españoles, repito, de la que
todos los españoles bien nacidos nos alegramos entonces y nos
seguimos alegrando, a pesar de todo lo inexplicado y de las
falsedades que hemos ido conociendo en torno a este asunto.
Parece que, en vez de haber transcurrido sólo nueve días desde
la primera rueda de prensa del biministro
Belloch, hubiera pasado mucho más tiempo. Una noticia borra la
otra. La versión del primer día era desmentida por los hechos
al día siguiente, y el oscurantismo del Gobierno socialista ha
llevado a la opinión pública a estar convencida de la
existencia de un pacto del Gobierno con Roldán, fraguado a
través de algún intermediario. Hoy, las encuestas publicadas
manifiestan cómo una gran parte, casi un 70 por ciento, del
pueblo español, incluidos muchos votantes socialistas, la
mayoría, piensan lo que nosotros estamos diciendo. De la
posibilidad de morir de éxito, el Ministro señor Belloch ha
pasado a la evidencia de morir de ridículo; lo grave es que el
ridículo del señor Belloch es hoy, ante el mundo, el ridículo
de todos los españoles.
El Grupo Popular, de forma responsable, esperó, y tan sólo el
día 1, cuando tuvimos conciencia del monumental embrollo
urdido por el Gobierno, con conocimiento del Presidente del
mismo, presentó en el registro de esta Cámara la solicitud de
creación de una comisión de investigación parlamentaria, que
es la que hoy tenemos el honor de tramitar ante este Pleno y
en este turno.
Nuestra petición, señorías, trae causa remota en el voto
particular presentado en su día por mi Grupo al dictamen de la
anterior Comisión y trae su causa reciente en los
acontecimientos que han rodeado la huida y la entrega de
Roldán. En efecto, trae causa en la terminada Comisión de
investigación, porque aquélla tenía una asignatura pendiente
que fue solicitada por todos sus miembros: la segunda
comparecencia de Roldán. Y tiene causa también en que nuestra
opinión de que la Comisión de Investigación se había cerrado
en falso ha quedado confirmada con la realización, por orden
del Ministerio del Interior, de una investigación interna en
la Guardia Civil. Es decir, la Guardia Civil se investiga a sí
misma pero el Gobierno y la mayoría que lo apoya entendieron
que este Parlamento no podía seguir investigando. No cabe duda
de que nos asiste la razón.
Pero hay circunstancias nuevas conocidas después del cierre de
la Comisión. Primero, el conocimiento y constancia de más
noticias sobre las actividades irregulares de Roldán, tanto en
la contratación de obras, bienes y servicios como en el uso y
apropiación, por parte suya y de otros, de fondos reservados,
y también la participación de Roldán en la consecución de
informes ilegales sobre ciudadanos, informes, al parecer,
encargados por alguna muy alta autoridad del Gobierno, hoy
también ausente. Segundo, la realización de una entrega a las
autoridades por parte de Roldán que nadie desde el Gobierno ha
sabido aún explicar y que ha puesto en riesgo que al huido
sólo se le pudiera perseguir por algunos delitos y no por la
totalidad de los cometidos.
A la vista de todo ello y teniendo presente que, junto a las
responsabilidades penales, pueden existir responsabilidades
políticas y que se trata de un asunto de interés público, tal
cual exig de esta Cámara, pedimos hoy, señorías, el voto
favorable para la constitución de una comisión de
investigación que tenga por objeto, como ha dicho el
presidente, investigar las actividades de don Luis Roldán
Ibáñez mientras fue su director general y las circunstancias
en que se produjo su huida de la justicia durante 305 días y
las actuaciones de todo tipo que culminaron con el ingreso en
prisión del señor Roldán el 28 de febrero de 1995.
Señoras y señores Diputados, vamos a intentar fundamentar de
forma coherente los diferentes contenidos de esta comisión de
investigación, que, si cuando la presentamos era necesaria, a
la vista de lo que estamos conociendo, se hace mucho más
necesaria. Primero, se trata de investigar la conducta de don
Luis Roldán Ibáñez mientras fue director general de la Guardia
Civil. La anterior Comisión investigó la utilización de los
fondos presupuestarios asignados a la Guardia Civil mientras
fue su director el señor Roldán. Queda claro que hoy
políticamente, es decir, en sede parlamentaria, no sólo había
que investigar dicha cuestión, sino también la actividad total
de Roldán, de la que se derivan evidentes responsabilidades
políticas no sólo para él sino también para otras personas.
Señorías, Roldán no pudo hacer todo lo que hizo sin el
conocimiento de otros, Roldán no pudo hacer solo todo el mal
que hizo a la Guardia Civil y a España. Si lo hizo, estamos en
manos de un Gobierno negligente e irresponsable que no atiende
a sus más mínimas obligaciones. Quizás haya sido la
consecuencia de haber tomado desde que ustedes ganaron
legítimamente con una mayoría enorme las elecciones de 1982 la
administración con una concepción partidista, poniendo al
frente de parcelas importantes de la misma a personas no
dignas de confianza, faltas de preparación y cuyo único aval
era la militancia socialista.
Segundo, circunstancias en que se ha producido la huida de la
justicia de Roldán durante 305 días. A los interrogantes que
se produjeron a su huida, por negligencia al menos del
Gobierno, hay que añadir hoy la evidencia contrastada de que
el ex ministro, también hoy ausente, señor Asunción, faltó a
la verdad al mantener de cara a la opinión pública y decir que
le constaba que Luis Roldán no se había marchado del país el
29 de abril y al afirmar de forma tajante que el Ejecutivo
tenía localizado a Luis Roldán y que éste se encontraba en
Galicia.
El señor Belloch afirmó en su primera rueda de prensa, el día
1 de marzo --entre comillas--: «El día 24 de abril, horas
antes de la desaparición definitiva de Roldán». Otra cita: El
último movimiento de Roldán en España lo situamos a primeras
horas de la mañana del día 25 de abril. A partir de este
momento perdemos totalmente la pista de Luis Roldán. Es decir,
Roldán no
se fuga el 29, sino que Roldán se les va el 25, y ustedes han
tenido ese dato bien oculto y lo conocían porque el señor
Belloch dio cuenta de él. Desde el 25 al 28 de abril el
Gobierno tiene a Roldán sin controlar y desprotegido, por lo
que no fue cierta la información que el Gobierno dio
entonces a través del Ministro, señor Asunción.
No es, por tanto, temerario que haya quienes opinen --y yo me
encuentro entre ellos-- que el Gobierno no hizo nada para
evitar la fuga de Roldán pues no de otra forma se puede
entender desde el sentido común que una persona como Roldán y
en sus circunstancias de aquel momento se le tuviera
incontrolado y sin protección durante cuatro días. ¿O es que
ahora, señorías, sí es lógico darle una protección
extraordinaria a Roldán a través de la policía, que lleva al
Gobierno a tener que dar cuenta a esta Cámara de la
sustitución de quien normalmente custodia y vigila a los
presos, que es la Guardia Civil, por la policía? ¿Es lo que ha
ocurrido con el señor Roldán, que está en la cárcel de Brieva?
Antes de su fuga, Roldán podía andar libremente, no había
ningún problema para su seguridad personal; hoy le ponen toda
la seguridad. Contesten a esa pregunta de por qué ocultaron su
huida durante los cuatro días, porque es muy grave que ustedes
supieran que se había escapado y el Ministro mintiera a esta
Cámara, y el Gobierno se haya hecho solidario de esa mentira.
Es muy importante, importantísimo --lo vuelvo a repetir--, que
Roldán esté en la cárcel, pero lo importante es que no se
hubiera escapado, porque eso era lo normal cuando hay un
Gobierno normal y con sentido común. Nos hubiéramos ahorrado
desprestigio, crispación, ridículo y mucho dinero de los
contribuyentes. El señor Asunción dijo que se le detendría en
tres meses, pero al final han sido más de diez meses. No cabe
duda que es un dato que confirma el gran empeño que el
Gobierno puso en detenerlo rápidamente.
Tercero, actuaciones de todo tipo, que culminaron con el
ingreso en prisión de Roldán el 28 de febrero de 1995. Desde
la noticia de la entrega de Roldán, han sido tres las
comparecencias del señor Belloch, Ministro de Justicia e
Interior, ante la opinión pública. La primera rueda de prensa
fue una aparición triunfalista en la que el superministro,
como ustedes le consideran, ocultó injustificadamente datos
fundamentales que cambiaban totalmente la situación de hecho.
La segunda rueda de prensa se produce cuando el periódico «El
Mundo» publica datos que el Ministro Belloch ocultó, de forma
dolosa, en su comparecencia del día anterior. Belloch pasó de
la arrogancia a la crispación y al insulto al pueblo español.
La tercera comparecencia, que es la que debía haber sido
primera, ante esta Cámara soberana, donde el Gobierno debe dar
cuenta de sus actos, se produce el día 7 ante la Comisión de
Justicia e Interior.
Señorías, Belloch vino a esta Cámara a no aportar nada nuevo,
a no ser que por nuevo se entienda la constatación de que se
ha convertido en un ciudadano prepotente, lejano del diálogo
demo tomado el relevo al señor Guerra --también ausente-- en
el papel de insultador oficial del Partido Socialista. Belloch
no ha contestado a ninguna de las preguntas que se le
hicieron, pero, eso sí, se permitió despreciar, en un gesto al
menos poco democrático, a quienes estamos apoyados por más de
ocho millones de votos. Nos importa poco, ausente señor
Belloch, porque la credencial para estar aquí no la otorga
usted, la otorga el pueblo español. Mire las encuestas y deje
de discutir liderazgos, porque lo que está discutido es el
liderazgo de su Partido, su propio Partido y la gestión que
han hecho, señor Belloch. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.) Belloch, repito, no dijo nada nuevo, pero,
cuando se quiere saber qué ha pasado con los fondos
reservados, se nos alega lo de siempre: el secreto de los
mismos, es decir, la barrera para que no me coja el toro. Y se
dice que se destruyen los documentos; por cierto, los que
interesan. Cuando se quiere saber las circunstancias de la
captura de Roldán, se alega la razón de Estado para no dar un
solo dato, y esa razón de Estado, señorías, es una sinrazón
democrática, porque lo que hay que hacer es informar con
veracidad, informar de la verdad, que es lo que el Gobierno no
ha hecho.
Es oportuno recordar hoy aquí las palabras del ex presidente
del Gobierno señor Suárez, que supo dimitir en beneficio de
España. Tome nota, señor González, lea el «Diario de
Sesiones». Palabras que pronunció el pasado 17 de enero, en
presencia de los Reyes de España, en Toledo, con ocasión de la
entrega del I Premio Alfonso X el Sabio. En las prácticas
políticas, señorías, debe exigirse un mínimo moral, que no
admite excepciones, porque el fin no justifica los medios. El
señor González, cuando estaba en la oposición, era muy dado a
citar al profesor Giménez Fernández, que no sólo fue profesor
de él sino también de muchos de los que nos sentamos en esta
Cámara. Y decía el señor Giménez Fernández: Las cosas públicas
públicamente han de ser tratadas, porque si no corren el
riesgo de convertirse en clandestinas y la clandestinidad --
terminaba el profesor Giménez Fernández-- es incompatible con
la democracia.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Termino, señor Presidente.
El silencio culpable de Felipe González, la negativa del señor
Belloch a contestar las más elementales preguntas y sus
insultos a la oposición y a los ciudadanos, no hacen sino
añadir crispación a una situación política, económica y social
insostenible. El problema, señorías, no es Roldán. El problema
es quien le puso, le
mantuvo, le dejó huir y nos le trae de forma equívoca. El
problema es don Felipe González.
Señorías --y voy terminando de verdad, señor Presidente--, yo
era parlamentario de la mayoría cuando quienes hoy apoyan al
Gobierno y miembros del Gobierno eran oposición, y les vi, les
oí actuar y les sufrí, insultándonos, descalificándonos y
mintiendo con un único objetivo (Un señor Diputado pronuncia
palabras que no se perciben.) --se lo demostraré luego--:
alcanzar el poder, sin importarles lo que con su conducta, en
momentos difíciles de la transición a la democracia, ponía en
riesgo.
He hecho un ejercicio mental para saber cuál sería la actitud
del Partido Socialista si Luis Roldán hubiera sido militante
del Partido Popular: le hubiéramos hecho director general de
la Guardia Civil, le hubiéramos mantenido, dejado escapar y
recuperado de la forma en que lo ha sido. La contestación es
obvia. Saben ustedes cuál es.
Los españoles necesitan, señorías, claridad y transparencia,
para poder recuperar la fe en las instituciones y superar la
crisis, que, al fina pueblo español. Hoy nosotros les pedimos
sus votos para poder poner claridad donde sólo hay oscuridad.
Señor Presidente, ante la evidencia de un Presidente del
Gobierno, señor González, que no gobierna, que sólo quiere
mantenerse en el poder, ante la evidencia de un Gobierno que
no existe, ante la evidencia de que el Gobierno no controla ni
sus propias actuaciones, ante la evidencia de un Presidente de
Gobierno que es incapaz de asumir por sí y para sí sus
responsabilidades, ante la evidencia de un notario mayor del
reino que falta a la verdad, ante la evidencia de una
situación de inseguridad general y de ridículo internacional
de España, yo les pido su voto para que, al menos, esta Cámara
cumpla su deber controlando al Gobierno y con ello traiga algo
de confianza a quienes nos han puesto aquí, señorías, los
ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
¡Silencio, señorías!
Para la defensa de la solicitud formulada por los Grupos Mixto
e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de creación de una
comisión de investigación sobre la huida del ex director de la
Guardia Civil, Luis Roldán, y las cuestiones que no fueron
tratadas por la anterior Comisión de Investigación, tiene la
palabra, en primer lugar, la señora Rahola, por el Grupo
Mixto.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser breve, porque comparto mi tiempocon mis
compañeros del Grupo Mixto y voy a ser breve también porque no
creo que sea útil repetir los argumentos que permanentemente
hemos planteado en diferentes ámbitos y en diferentes debat
repetir la película tortuosa de los hechos; creo que no hace
falta. Toda la prensa y todos nosotros conocemos al dedillo,
como mínimo, la película pública.
El caso Roldán es un caso que esconde múltiples casos en su
interior, que probablemente esconde los enigmas más graves de
esa gran olla a pres de los truenos que ha sido,
desgraciadamente, Interior estos últimos años. Y Roldán, el
tema Roldán, el caso político Roldán, está por explicar; están
por despejar sus incógnitas más preocupantes, sus zonas más
oscuras, esa alegría frenética y temible con que el dinero
público se pudo gastar en el paraíso de las tinieblas.
Más allá de su dimensión penal, que esperamos que pueda llegar
a sus últimas consecuencias, hay una dimensión política que
hay que investigar, aclarar, acotaren sede parlamentaria y,
por tanto, sus dudas.
Señorías, todos tendríamos que estar igualmente preocupados
porque ninguna de las incógnitas de este caso quedara sin
despejar. No aclarar el caso Roldán; dejar incógnitas
importantes, dudas fundamentales entre los ciudadanos, en la
clase política y en esta sede; cerrar una Comisión
parlamentaria en falso, como se cerró; permitir que Serra no
respondiera a algunas de las graves preguntas que hay que
formularle, que se escapó de la Comisión, y miren ustedes,
como el Guadiana, vuelve, vuelve y vuelve a reaparecer Serra
implicado en el caso Roldán; permitir también que un Ministro
haga, como hizo durante una semana, el ridículo más espantoso:
venir a una Comisión, como la de Justicia e Interior, y no
responder a ninguna pregunta ni a las preguntas teóricamente
más sencillas, más claras. En fin, permitir, permanentemente,
que el caso Roldán sea un caso abierto; que tenga preguntas
claves gravísimas; que ponga en cuestión todo el trabajo de
todo el Ministerio del Interior durante muchos años; que
implique a diferentes ministros; que pueda implicar también el
hecho de que con los fondos reservados se ha hecho,
literalmente, lo que se ha querido y que Roldán es una especie
de bomba retardada, que tiene aún todo, casi todo, por
explicar, todo ello no hace sino daño al debateparlamentario,
a la necesaria tranquilidad parlamentaria y política y, por
tanto, hace Yo, señorías, he dicho que seré breve y lo voy a
ser. Yo creo que hoy apoyar esta Comisión es una obligación
democrática y una responsabilidad democrática. Lo es porque es
el arma, es el instrumento, en ámbito parlamentario, para
poder despejar cualquier incógnita, para que no haya en ningún
momento la sensación de que se están escondiendo zonas
turbulentas, de que se están escondiendo incógnitas
importantes producidas en estos años.
Yo pienso que hoy quien más interesado tendría que estar en
votar a favor de una comisión como ésta es el
Partido Socialista, precisamente quien más interesado tendría
que estar. En todo caso, desde la oposición, el acto de pedir
hoy una comisión de investigación y, por tanto, intentar que
se contesten las preguntas políticas del caso político Luis
Roldán, que también existe y es de una gran importancia y una
gran gravedad, es un acto de responsabilidad para que esta
Cámara no pierda credibilidad, para que nosotros, en tanto que
representantes populares, no perdamos credibilidad y para que
indiscutiblemente no haya sensación de que permanentemente, a
través de los votos y a través, por tanto, de la reedición de
una mayoría absoluta, se está intentando esconder aquellos
aspectos que podían ser muy graves.
Todos hablamos de sosiego. El sosiego pide investigación, pide
respuestas; la tranquilidad, la estabilidad piden respuestas;
quien desestabiliza, quien crea intranquilidad, quien crea
profunda erosión de la credibilidad es quien no da las
respuestas y no quien hace las preguntas. Por ello, para que
las preguntas se puedan formular en sede parlamentaria y para
que puedan tener respuesta, pedimos hoy, en esta sede, que el
caso político Roldán tenga respuesta política y trato
político, en sede parlamentaria; repito, por responsabilidad
democrática y porque algunos estamos interesados en restituir,
a través de la transparencia, la credibilidad política.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero recordar que fue el 27 de
febrero del año pasado cuando se debatió y se constituyó aquí
la Comisión Roldán. Parece que fue ayer, ha pasado más de un
año y el tema sigue tan vigente o más, tan candente o más, tan
interesante o más que aquel día. Y quiero aquí reivindicar el
papel de la Comisión de investigación del caso Roldán, que
demostró su validez, y la aportación que desde la Comisión se
hizo al tratamiento de todo este asunto. Por eso no debería
sorprenderse nadie de que los que conocimos de cerca todo el
trabajo que se hizo en la Comisión Roldán como miembros de la
misma, a la vista de los acontecimientos, de las
circunstancias y de la novedad que supone que el señor Roldán
esté aquí, volvamos a pedir que se abra la comisión Roldán,
que se constituya formalmente una nueva comisión, para que
pueda conocer, para que pueda seguir en este tema, que en
absoluto ha prescrito, que en absoluto ha terminado y que cada
día parece que tiene un mayor protagonismo.
Señorías, ustedes recuerdan que la Comisión se cerró de forma
traumática, ya que el investigado se nos fue, con aquellas
consecuencias de todos conocidas, empezando por la dimisión
del Ministro del Interior, que llegó y se encontró con que a
los pocos días la persona más importante que tenía que vigilar
y a la que tenía que dedicar una mayor atención se marchó.
Voló el pájaro, pero el pájaro parece que ha vuelto otra vez a
la jaula, y precisamente por eso, porque el pájaro está otra
vez aquí, es por lo que pedimos la apertura, la formación de
esta nueva comisión. La comisión debe abrirse, debe
constituirse. Señorías, se cerró con Roldán ausente, debe
abrirse con Roldán presente, yo creo que esto daría claridad
al asunto. El tema sigue vigente, como ustedes saben, más que
nunca, no ha prescrito, se agudiza, está en la opinión
pública, en los ciudadanos, en los medios de comunicación,
este es un tema que preocupa de verdad, y por eso debe
preocupar también al Parlamento, debe ser aquí, en este
Parlamento, donde reivindiquemos este asunto y así evitaremos
que se pueda manipular incluso desde fuera ante la opinión
pública. El Parlamento es el lugar idóneo para este y para
muchos debates.
No podremos evitar que Roldán haga de francotirador, que haga
de «vedette», que nos siga tomando el pelo, que diga lo que
quiera decir en uso de expresión, y sería triste que los
Diputados no pudiéramos preguntarle aquellas cuestiones que
nos interesan a todos. No es posible, señorías, que solamente
Roldán pueda hablar en su propio beneficio, intoxicando a la
opinión pública, diciendo lo que le convenga, y que nosotros,
los representantes de la soberanía popular, ni siquiera
tengamos la oportunidad de preguntarle en aquellas cuestiones
que son fundamentalmente políticas, además de las
responsabilidades personales y penales que en este asunto
pueda haber.
Por eso, el Parlamento, señorías, no puede quedar al margen.
Y, señores del Gobierno, señores del Grupo Socialista, ustedes
son los más interesados en que este asunto se trate aquí, en
que este asunto se reconduzca en el Parlamento, en que sea la
comisión, con un trabajo reglado, donde exista la igualdad de
oportunidades para todos, la que trate este asunto. Porque no
van a evitar ustedes que el señor Roldán siga hablando en su
beneficio, porque el hecho de que se opongan a la creación de
esta comisión les va a perjudicar. No van a poder ustedes
evitar que el señor Roldán les abra una nueva crisis, no van a
poder evitar que el señor Roldán tire de la manta y tire de la
manta a través de los medios de comunicación, en lugar de
hacerlo aquí, donde todos podríamos fijarle las normas y el
terreno de juego.
Por todo ello, señorías, creo que es razonable la petición que
varios grupos parlamentarios hacemos para que se constituya
esta comisión de investigación, sobre todo, señorías, porque
el Parlamento debe estar siempre atento a aquello que preocupa
a los ciudadanos. No tenemos ninguna duda de que va a tener un
juicio justo, un juicio amplio, un juicio que no va a tener
ningún privilegio --esperamos que no lo tenga--, donde pague
todas las culpas que tenga que pagar y, sobre todo, algo muy
importante para el pueblo español: que restituya los dineros
que se llevó. No es suficiente con que pague con los
beneficios penales que le sean de aplicación, sino que
devuelva el dinero que se llevó. Porque, señorías, a estas
alturas, hay algo que Roldán ya no podrá devolver a este país,
ni a la Guardia Civil, Roldán ya no podrá devolver el honor
que robó y el honor que se llevó.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Finalmente, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, el
señor Ministro de Justicia e Interior, en su primera
comparecencia en el Parlamento, comentaba que el Gobierno ni
engaña, ni ha sido engañado en todo lo relativo a la
entrega/detención de Luis Roldán. Esto, efectivamente, se
tendrá que dilucidar ante los tribunales. Ellos son los que
ahora tienen el protagonismo y en los que confiamos todos los
ciudadanos demócratas del Estado español; ellos son quienes
concluirán determinando las responsabilidades de cada uno. No
obstante, y para recuperar la credibilidad perdida con la
clase política, es necesario exigir responsabilidades, aparte
de jurídico-penales el Parlamento, la sede para determinarlas.
Hay que aclarar 300 días de fuga y 10 días de engaños. De ahí
que, desde Unión Valenciana, igual que otros grupos del Grupo
Parlamentario Mixto y otros grupos parlamentarios,
consideramos necesaria la creación de esta comisión de
investigación que desvele cuál ha sido el origen de la
documentación que el señor Ministro, en primera comparecencia
ante los medios de comunicación, ocultó, que desvele si ha
habido o no fraude de ley. Una comisión de investigación en la
que se dé cuenta de si su Goberno, y principalmente el
Presidente del Gobierno, estaba al tanto de todas y cada una
de las actuaciones y negociaciones; una comisión que determine
de dónde procedía el señor Roldán, previamente a su
detención/entrega en Laos; una comisión donde se subsane la
falta de información del Ministro en sus comparecencias y, en
algunos casos, burlas; en definitiva, una comisión de
investigación que determine si las Fuerzas de Seguridad del
Estado encontraron a Luis Roldán en Laos, o si el señor
Roldán, en connivencia con el Gobierno, encontraron Laos para
desde allí entregarse y ponerse a disposición judicial. ¿Hubo
pacto? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto nos va a costar?
Sí, el señor Roldán está detenido y precisamente ayer declaraba de
forma voluntaria, mal que les pese, y por temor de su
integridad física ante la Justicia, pero nosabemos cómo y en
qué circunstancias y si va a seguir hablando.
La operación de su detención, orquestada desde el Ministerio
de Justicia e Interior, ha puesto en duda el cumplimiento del
principio de legali prófugo va a aprovecharlo en su defensa
con toda legitimidad.
Sea lo que sea los españoles desconfían de las actuaciones
resultantes en el proceso de investigación para la detención
del señor Roldán. De ahí la solicitud de esta comisión de
investigación que intente aclarar o, por lo menos, intente dar
luz a tanto oscurantismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya considera que en nuestro país se ha dado toda una
serie de acontecimientos que deben ser investigados y
aclarados, acontecimientos que rodean al caso Roldán en
relación a su huida, a su llegada a España, al dinero de los
contribuyentes, que indebidamente ha utilizado en esa fuga y
en esa estancia en el exterior; en definitiva, acontecimientos
que rodean la corrupción en sí misma que se ha venido dando en
el ministerio del Interior.
Para ello, más diría que para aclarar todo esto, se hace
necesario, imprescindible, que actúe el Parlamento español,
que actúe dotándose de instrumentos y mecanismos suficientes
para acometer el reto político que las circunstancias
generadas por el Gobierno, con su ocultación de datos y
faltando a la verdad ante los ciudadanos, demandan.
Esta Cámara debe de tener el papel político y el protagonismo
que le pertenece porque, señorías, a los jueces hay que
dejarlos actuar. Desde s tienen su función en un Estado social
y democrático, de Derecho, como el nuestro, pero la
intervención judicial en un caso como el de Roldán no puede ni
debe ser, desde nuestro punto de vista, la excusa política, la
coartada, para dejar hibernado, paralizado, de espaldas al
pueblo español, a este Parlamento nuestro. Ha quedado
perfectamente demostrado y acreditado que los trabajos de este
Parlamento no interfieren en la administración de justicia,
sino que son de utilidad en un clima de colaboración para con
la referida administración.
Por tanto, señores del Grupo Socialista, de Convergència i
Unió y del Partido Nacionalista Vasco, consideramos que no
puede, por falaz, ser ut argumento para negarse a la
constitución de esta comisión de investigación. Esgriman, si
quieren, políticamente la sinrazón, pero no se escuden en otro
poder,
como es el judicial, para negar el papel político que le
corresponde sólo y exclusivamente al Parlamento español.
Saben muy bien SS.SS. que hay cuestiones importantes, muy
importantes --hay que decirlo--, que necesitan de
transparencia y de claridad y que responder a interrogantes
que no se quieren resolver, de ninguna de las maneras, por
quienes tienen la responsabilidad de despejarlos: el Gobierno
de la nación, su Presidente Felipe González y, cómo no, el
Ministro directamente responsable, el señor Belloch. Es decir,
está pendiente de clarificación, señores del Grupo Socialista,
todo lo que ustedes y sus aliados han sombreado, han
escondido, han ocultado para que no salga o, como en estos
días, se llevan, se han traído o se han llevado de Laos. Todo
eso está pendiente de resolver y de aclarar y ustedes siguen
negando esta posibilidad; cuestiones, algunas, pendientes, y
ustedes lo saben muy bien, desde hace ya bastante tiempo y
otras más recientes con el espectáculo que ha rodeado la
operación Roldán, porque nadie sabe todavía, en este
Parlamento español, como se fugó Roldán, nadie sabe todo lo
que aconteció en torno a la huida de quien fue Director
General de la Guardia Civil, nadie sabe cómo y cuánto dinero
de los contribuyentes se llevó. Podríamos decir en estos
momentos que el señor Roldán, por su irresponsabilidad,
señores del Gobierno, con el dinero de los españoles se ha
tirado por ahí un año sabático, ha estado un año prácticamente
huido. En ese sentido lo mismo que no se sabe cómo huyó, qué
ha hecho en su huida y cómo ha dispuesto del dinero de los
contribuyentes que se llevó, tampoco se sabe cómo ha llegado a
la prisión.
Tenemos una novela por entregas que nos ha ofrecido el señor
Ministro de Justicia e Interior ocultando datos --los
españoles saben muy bien que ha ocultado datos, que los ha
engañado, y así lo han manifestado en las encuestas de las que
han sido objeto-- y una sucesión de preguntas que le hemos
venido formulando respecto de las cuales guarda
permanentemente silencio y no responde. El señor Belloch podía
habernos evitado, incluso, el debate que tenemos hoy en esta
sede parlamentaria, con claridad y con transparencia, pero,
como ha optado por la ocultación, es obligación del Parlamento
hacer que este caso sea investigado y convenientemente
aclarado.
Junto con el señor Belloch en la ocultación y en el silencio
le acompaña el Presidente del Gobierno, señor González, que es
incapaz de asumir la responsabilidad política que se deriva de
estos acontecimientos y que sabe muy bien el Gobierno
socialista que están pesando como una losa en la crisis
económica. En ese sentido hay toda una serie de preguntas que
ya le anticipo que, hasta que no sean contestadas, mi grupo
parlamentario va a seguir insistiendo y formulándolas, por lo
menos como forma de poner en evidencia la actuación de
ocultación del Gobierno; preguntas sencillas y fáciles como:
¿quién ha elaborado los documentos que han resultado ser
falsos? ¿Quién los ha hecho? ¿Con qué intención se han hecho
esos documentos? ¿Por qué se ha elegido Laos para la
operación? ¿Ha habido pacto? ¿En qué consiste el pacto que ha
podido haber? Hemos sabido, cuando menos, el pacto falso, no
sabemos cuál es el verdadero. ¿El señor Paesa, ha sido el
intermediario de la operación? ¿Qué ha recibido a cambio? Es
verdad que se le ha levantado últimamente el bloqueo de una
cuenta bancaria, pero ¿se le ha pagado con fondos reservados?
¿Cuánto se ha gastado en la operación Roldán? ¿Por qué se
están ocultando los datos por parte del Gobierno de la Nación,
del señor Belloch y del Presidente del Gobierno, don Felipe
González?
Es una cuestión fácil de resolver, señores del Grupo
Socialista, de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista
Vasco. Si no hay nada que ocultar, si no hay nada raro, si no
hay nada oscuro, si no hay nada opaco, constituyamos la
comisión y demuéstrenlo. La carga de la prueba es suya, porque
ustedes son los que han generado la sombra y la duda. No
tendrían que tener inconveniente, si todo estuviera claro, en
constituir la comisión. Sería una oportunidad extraordinaria
para ponernos en evidencia a los grupos parlamentarios que la
estamos proponiendo. ¿Van a malograr esta oportunidad o son
conscientes de que hay cosas que callar y que ocultar y por
eso no quieren constituir esta comisión que haría posible que
el Parlamento recobrara su protagonismo político?
Si ustedes optan por no constituir la comisión, hay que pensar
que nunca les parece bien investigar porque hay que ocultar, y
en esa ocultación se encuentra directamente el Grupo
Parlamentario Socialista. Pero a nosotros nos parece
incomprensible la complicidad en esa ocultación del Partido
Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió.
Investiguemos la huida de Roldán, los 305 días que estuvo por
ahí con el dinero de todos, su llegada a España, y démosle
claridad nosotros desde este Parlamento español, porque
tenemos la obligación de hacerlo, sencillamente porque tenemos
la obligación de hacerlo. El Parlamento no puede ni debe
inhibirse hasta que nos enteremos por los medios de
comunicación de todo el entramado de todo lo que ha pasado. La
situación que tenemos exige responsabilidad, exige serenidad y
sosiego, y eso se consigue, desde luego, no huyendo ni
cercenando la posibilidad de investigar, sino recobrando el
protagonismo político el Parlamento español y respondiendo al
reto que las circunstancias nos demandan. En este sentido, si
es verdad lo que el portavoz del Grupo Socialista dijo en la
Comisión de Justicia e Interior, es decir, que su Grupo está
interesado en la lucha contrala corrupción, y lo digo incluso
sin sonreír, demuéstrenlo, señores del Grupo Socialista dijo
en la Comisión de Justicia e Interior, es decir, que su Grupo
está interesado en la lucha contra la corrupción, y lo digo
incluso sin sonreir, demuéstrenlo, señores del Grupo
Socialista, votando las constitución de la Comisión. Es fácil,
tienen la oportunidad de
acompasar las palabras con los hechos. De lo contrario,
quedará claro que son sólo eso, palabras, y que no hay detrás
de esas palabras voluntad política de actuar. No llegamos a
comprender la vocación demostrada de manera permanente, aunque
algunos Diputados se enfaden, de Convergència i Unió de ser
cómplice en la encrucijada en la que está el Partido
Socialista Obrero Español en relación a la corrupción. Tampoco
llegamos a comprender la complicidad del Partido Nacionalista
Vasco, aunque bien es verdad que nos tiene acostumbrados a
darnos una de cal y otra de arena. Su rotundidad en el debate
del estado de la Nación queda ahora totalmente dilapidada
después de que el señor Ardanza haya hecho la oportuna visita
a Madrid y haya logrado el pacto después de la presión, al
menos verbal, en ese debate del estado de la Nación.
Por eso vamos a pedirles a todos los Diputados y Diputadas y a
los grupos parlamentarios un ejercicio de responsabilidad
política y una apuesta decidida por los intereses objetivos y
por los deseos manifestados de los ciudadanos que quieren y
demandan transparencia, que quieren y demandan claridad, que
quieren que se desvele todo lo que haya en torno a la
operación Roldán, y que, además, están ya cansados de tanto
escándalo. Por eso esperamos también un ejercicio de
responsabilidad para que hagamos posible, a través de él, que
este Parlamento sea de verdad la expresión de la soberanía
popular. Por último, señorías, no pueden olvidar una cuestión,
y es que, el señor Roldán tiene una cita pendiente con el
Parlamento español; con nuestros votos podemos hacer que la
cumpla. Ahora mismo, el señor Roldán está en manos de la
justicia, pero no le demos la oportunidad de que siga fugado
de este Parlamento nuestro. Votemos favorablemente la Comisión
de investigación y démosles a los ciudadanos la respuesta que
se merecen.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, estaba
yo hoy, esta mañana, muy integrado por conocer la evolución de
las nuevas teorías y ver cuál iba a ser hoy la nueva teoría
que se iba a aplicar al caso Roldán. La verdad es que a veces
uno tiene la tentación de preguntarse: ¿pero no estaba muerto
el señor Roldán? (Rumores.--Un señor Diputado: Ahí, ahí, señor
Ramallo.)
Señor Presidente, señorías, creo que empieza a darse una
cierta hipertrofia del discurso investigador de la Guardia
Civil. Lo de hoy creo que empieza a ser un tanto esperpéntico,
que intenta convertir al Parlamento en una especie de
caricatura. Creo que algunos, sobre todos los integrantes del
frente del «no», están instalados en una especie de permanente
orgía de comisiones de investigación. La repetición de algunos
argumentos es tan notoria ya que ab Tengo que recordarles algo
que es absolutamente obvio: Roldán está hoy en la cárcel
porque lo ha traído un Gobierno socialista; está hoy en la
cárcel, mal que les pese a algunos de ustedes; está a
disposición judicial; va a ser juzgado por absolutamente todos
los delitos respecto de los que se ejerza una acusación y
dirija el procedimiento la juez instructora; no hay causas de
nulidad ni riesgo de invalidación del proceso porque ha sido
detenido legalmente; está declarando y, además, queremos que
siga declarando porque siempre hemos dicho que el mejor lugar
para que el señor Roldán declare es ante el poder judicial,
ante los tribunales españoles. ¿Qué mejor garantía tiene
nuestro sistema, qué mejor garantía tienen los ciudadanos que
la de que el señor Roldán declare y tire de las «mantas» que
quiera, de las que se ha llevado a casa y de las que diga
tener? Nosotros creemos que ése es el foro adecuado de sus
declaraciones, el foro de la Administración de Justicia.
Pero, en fin, si algunas de SS.SS. repasan hoy los medios de
comunicación se encontrarán con que parece que el señor Roldán
ya ha elegido un juzgado muy concreto para realizar una serie
de declaraciones adicionales y voluntarias que creo que ponen
de manifiesto una vez más la solidez de las teorías de la
oposición, porque, con lo que hoy reflejan algunos medios de
comunicación, la teoría del pacto también ha quedado superada.
Por eso digo que en la mañana de hoy mi Grupo tenía un
tremendo interés por conocer cuáles iban a ser los nuevos
recursos dialécticos y, sobre todo, cuáles iban a ser las
nuevas teorías ingeniosas que se iban a aplicar en el caso que
hoy nos ocupa.
Señor Presidente, señorías, en esta materia se han dicho
tantos disparates que alguno a veces tiene la tentación de
usar la frase aquella que, hombre de verdad, nos recuerda,
sobre la que nos insiste y repite con cierta frecuencia el
señor Aznar: algunos tienen todo el día de hoy para dimitir de
sus responsabilidades, porque se han dicho tantos disparates y
quedan por oír todavía tantos disparates...
Mi Grupo Parlamentario va a votar hoy en contra de la
constitución de esta comisión o de estas comisiones de
investigación que se proponen, porque no quedan claros los
objetos de las mismas, por varias razones que sintéticamente
voy a intentar resumirles. En primer lugar, porque entendemos
que es ya la hora de la justicia. Hay actuaciones judiciales y
el Parlamento no está en condiciones de aportar nada nuevo en
este asunto, dada la eficacia y la independencia que tiene el
poder judicial. Además, ya se produjo, y lo saben SS.SS., una
intensa investigación con todas sus conclusiones. No se puede
decir con rigor que la huida del señor Roldán ha impedido o ha
dejado inconclusas las comisiones y el trabajo de la comisión
de investigación. Eso no es riguroso.
Esta casa, este Parlamento, esta Cámara ha trabajado a fondo
y, escuchando algunas intervenciones, lo único que
encontraba era una mera repetición de lo que fueron los
discursos en defensa de los votos particulares cuando esta
Cámara debatió el dictamen de la Comisión que investigó la
gestión del ex Director General de la Guardia Civil. Aquí
parece que algunos no respetan el contenido de las
resoluciones democráticas de esta Cámara, porque sobre esta
materia ha habido reiteradas resoluciones y pronunciamientos,
ha habido decisiones en la línea de rechazar iniciativas como
la que hoy se nos propone, porque la Cámara ya hizo su
trabajo; por cierto, un trabajo que todos los intervinientes
han resaltado como riguroso, un trabajo que ha permitido
entrar en una dinámica muy profunda de investigación.
Además, señor Presidente, creemos que sobre cualquier novedad
que pueda ir surgiendo existen otros mecanismos de control
parlamentario. Por ej alguien ha hablado de si en la Dirección
General de la Guardia Civil se han realizado informes
internos; sobre esa cuestión ya se han planteado hasta
preguntas parlamentarias y ya han sido respondidas y ha habido
comparecencias en el ámbito de la Comisión de Justicia e
Interior para hablar de estas cuestiones. Es decir que la
Comisión de investigación no es en sí un único instrumento,
sino que hay otros instrumentos de control, y de hecho, sobre
esta materia que nos ocupa, la Cámara ha venido trabajando y
lo seguirá haciendo.
También hay razones de seguridad y de responsabilidad que
aconsejan que no entremos en una investigación sobre cuáles
son las circunstancias permitido la detención del señor
Roldán. ¿Es que queremos también investigar a la Policía? En
esta orgía investigadora parece que a algunos sólo les
interesa hacer una investigación de los propios
investigadores. Creo que es un absoluto absurdo.
Aparte de que, señor Presidente, mi Grupo no cree en la
sinceridad de la propuesta de los que hoy defienden, una vez
más, la necesidad de una comisión de investigación. Estamos
ante una nueva maniobra, una maniobra más para variar la
realidad, para esconder la realidad. Se pretende, quizá por
carencia de un discurso programático, focalizar la atención de
la Cámara para que este país se olvide de cuáles son sus
auténticos problemas, las auténticas prioridades y las
auténticas necesidades. Mi Grupo no va a contribuir a
manipular la realidad, no va a manipular lo que son las
prioridades de los españoles y, por supuesto, no va a entrar
en la dinámica electoralista como hacen algunos, que,
olfateando ya la campaña de las elecciones municipales, lo
único que les anima es, con un argumento jesuítico y falaz,
intentar focalizar la atención con una falsa y burda
investigación, que, por otro lado, ya se ha realizado.
Decía, como primer argumento, que es la hora de la justicia, y
es verdad. Algunos parece que, en su impaciencia, pretenden un
atajo a la propia acción de la justicia. Ahora parece que
algun en interferir la propia acción de los tribunales, en
superponerse a la acción de los tribunales con iniciativas
como la que hoy nos ocupa. Incluso algunos están instalados
objetivamente en la estrategia de los abogados defensores del
señor Roldán, alguno de los cuales, por cierto, ha ocupado
responsabilidades políticas al frente del Partido Popular en
una provincia.
Yo quiero recordarles que el Juzgado número 16 de Madrid está
instruyendo la causa del señor Roldán. Se han hecho públicas
las actuaciones practicadas hasta el momento. Obran a
disposición de la juez las conclusiones de esta Cámara y las
propias del informe interno de fiscalización que ha realizado
la Dirección General de la Guardia Civil. Los policías que
detuvieran al señor Roldán han comparecido ante la juez del
Juzgado número 16 durante el día 7 y la madrugada del día 8,
tras un interrogatorio de siete horas y media, produciéndose
una testificación muy minuciosa; incluso, según han reflejado
los medios de comunicación y algunos de los abogados que han
intervenido en la causa, las explicaciones de los policías han
sido amplias y han mantenido la versión del Ministro de
Interior y Justicia en su comparecencia ante este Parlamento.
El Juzgado número 43 de Madrid, por resolución de la Audiencia
Provincial, está investigando todo lo relativoa los fondos
reservados. La Audiencia Nacional puede acabar investigando la
falsificación de los documentos con los que se acompañó la
detención del señor Roldán; existen iniciativas en la
fiscalía. El juzgado de guardia de Madrid en la noche del 7 al
8 ha recibido una denuncia de los abogados del señor Roldán,
en la que se pide que se investigue la falsedad de los
documentos gracias a los cuales se entregó el ex Director
General de la Guardia Civil. La denuncia hace mención a una
trama de las autoridades españolas, se dice, con la finalidad
de que Roldán se pusiese en manos de la policía española. ¿En
qué quedamos? ¿De qué estamos hablando? Hay actuaciones
judiciales de todo tipo y algunos pretenden que esta Cámara se
convierta en un juzgado de guardia. Seamos serios, señor
Presidente, seamos serios, señorías.
Yo creo que es enredar el pretender que esta Cámara interfiera
en la acción de los tribunales y es contribuir objetivamente a
la estrategia defensora de los abogados del señor Roldán el
intentar que esta Cámara se ponga en clave de un nuevo juicio
paralelo a lo que es la intervención del Poder Judicial.
Decía anteriormente que el Congreso, de manera democrática,
por mayoría, se pronunció ya en otros momentos en contra de
una comisión de invest cuando aprobó el dictamen de la
Comisión que investigó la gestión del ex director general de
la Guardia Civil. Se consideró que su dictamen había
investigado a
fondo, que era muy interesante para esta
Cámara, que había llegado al fondo de la cuestión y que, por
tanto, la Comisión no había dejado sus trabajos de manera
inconclusa, sino todo lo contrario; la Comisión habría
cumplido los objetivos de la Cámara. Ya se produjo, por tanto,
una intensa investigación.
¿Quieren algunas de SS.SS. que les recuerde los trabajos que
realizó en su momento la Comisión Roldán? En los escritos de
solicitud se dice que es imprescindible una segunda etapa, una
segunda comparecencia del señor Roldán proque la comisión ha
quedado inconclusa, dicen algunos en la fundamentación de su
escrito. La fuga, se dice, impidió conocer cuántos hechos y
actividades trató aquél de ocultar con la fuga misma. Nada más
lejos de la realidad. El propio señor Roldán compareció ante
esta Cámara y ante la Comisión durante más de ocho horas el
día 5 de abril. Más de 70.000 folios de documentación de todo
tipo, expedientes, informes, proyectos, obras, contratos,
etcétera. Más de setenta comparecencias realizadas, alguna por
cierto, señor Presidente --y esta Cámara tiene que hacerse
también la autocrítica--, ha servido de entrenamiento para lo
que luego se ha dicho en los juzgados a la hora de investigar
la trama de comisiones, que a nosotros nos preocupa mucho; hay
que investigar la trama de las comisiones y el papel que ha
tenido Roldán a la horade relacionarse con determinadas
empresas de construcciones. Algunas de las actuaciones en el
juzgado, parece que más bien ha servido de entrenamiento a
algunas personas.
En el dictamen de la Comisión no hay nada que permita deducir
que se hayan condicionado las conclusiones de la misma a una
nueva comparecencia Roldán. Lean ustedes el dictamen porque no
aparece nada que permita deducir que la Comisión ha quedado
inconclusa porque el señor Roldán no ha comparecido por
segunda vez; todo lo contrario: el señor Roldán está hoy a
disposición judicial, este Parlamento ha investigado, fíjense
ustedes, sobre contratos de obras, servicios y suministros,
sobre la gestión presupuestaria, sobre los gastos
extrapresupuestarios, sobre los fondos reservados, sobre los
informes de la Inspección General de la Administración del
Estado, sobre las auditorías internas, sobre los viajes,
dietas y otros gastos, sobre la actividad y situación
económica del propio señor Roldán, sobre sus cuentas
corrientes, su patrimonio, la información tributaria,
documentación entregada por el Banco de España, entidade
Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué queremos más?
¿En qué la huida de Roldán ha impedido el trabajo investigador
de esta Comisión?
Ha habido un trabajo riguroso y serio y esta Cámara ha
cumplido sus objetivos y, por tanto, la iniciativa que hoy se
nos plantea es una mera repetición, una mera actitud
monotemática, un auténtico intento de manipular a la opinión
pública y de ocultar cuáles son las auténticas necesidades de
este país.
Existen, además, decía, señor Presidente, otros mecanismos de
control parlamentario. Es cierto; esta Cámara esta semana ha
conocido, analizado por la vía de lo que son las
comparecencias en la Comisión de Justicia e Interior la
información del Ministro sobre todo lo que se puede contar en
relación a la detención del señor Roldán. Pero es que, además,
se ha venido también a insistir en que existe un informe
interno de la Dirección General de la Guardia Civil que haría
aconsejable que esta Cámara volviera a investigar sobre el
tema Roldán. Pero si ese informe es el cumplimiento del
mandato que el propio Parlamento ha dado al Gobierno:
investiguen ustedes y depuren responsabilidades. Se les ha
pedido eso. El Gobierno ha abierto esa investigación, ha hecho
la inspección interna, ha depurado las responsabilidades,
existe una serie de expedientes administrativos abiertos en el
ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil y,
entonces, se nos dice: por todo ello, que se vuelva a
constituir la comisión para investigar. ¡Pero si lo que está
haciendo al Gobierno es precisamente cumplir los
requerimientos en esa materia! Creo que aquí hay una serie de
planteamientos absolutamente absurdos.
También hay razones de seguridad y de responsabilidad que nos
tienen que llevar a oponernos a que se investiguen las
circunstancias de la detención del señor Roldán. Parece que su
ingreso en prisión ha molestado a una serie de personas, a una
serie de grupos que hoy comparecen en la Cámara pretendiendo -
-después de desarrollar de manera delirante todo tipo de
teorías, de absurdos y de bobadas, como muy bien ha dicho el
Presidente del Gobierno en la sesión de ayer-- entrar ahora en
una investigación de los propios policías investigadores. Creo
que esto es un absoluto absurdo, y, además, también existen
actuaciones judiciales sobre estos aspectos. Estoy convencido
de que, de alguna forma, una investigación en esa línea lo
único que pretende, objetivamente, es ayudar a la estrategia
de los abogados defensores del señor Roldán, que están muy
interesados en intentar buscar algún mecanismo de nulidad de
actuaciones. Nosotros no vamos a contribuir a esa dinámica que
intente forzar nulidad de actuaciones en el caso Roldán.
Porque ¿cuáles serían los efectos, los mecanismos y las
iniciativas de trabajo de esta comisión de investigación?
¿Pediríamos la comparecencia del capitán Khan? ¿Pediríamos
investigar a los investigadores y a la propia Policía
Judicial? ¿Pediríamos también la posibilidad de que el
Parlamento viajara por los 16 países por donde se han buscado
pistas del señor Roldán? ¿Se quiere pedir la comparecencia de
las autoridades de Laos, Tailandia, Italia, etcétera? ¿Que nos
proyecten el video? ¿Analizar técnicamente si el video es
correcto o no? ¿Analizar la documentación del caso, con
calígrafos? ¿Pedir a Laos la validación de la
verificación de los documentos por la cual se declaran falsos
los documentos que acompañaron al detenido? ¿Pedir una
comparecencia de los viajeros del vuelo Tailandia-Roma del
pasado 27 de febrero?
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: ¿Que declaren desde un medio de
comunicación quién les ha dado las fotocopias de esos
documentos? Creo que esta comisión también debería pedir algo
muy importante, probablemente está en el ánimo del señor
Ramallo, que al Parlamento se envíe --creo que esto es
fundamental-- un informe de varios forenses --no sea que tenga
sus riesgos-- para que nos acrediten la autenticidad del señor
Roldán (Risas.) Creo que es fundamental también ponerlo en
conocimiento de esta comisión.
Señor Presidente, señorías, creo que no es serio el
planteamiento que el frente del no nos está haciendo en la
mañana de hoy, en su delirante y lamentable teoría de pedir
que se entre en temas que creo que requieren una mayor
seriedad que la que se ha puesto de manifiesto en las
intervenciones. No es serio.
Yo me quedo con una frase que, si algunas de SS.SS. fueran
responsables, debería ser suficiente para que esta Cámara no
entrara en la investigación de cuáles fueron las
circunstancias de la puesta a disposición de la justicia del
señor Roldán. Esta frase --dicha por el propio Ministro de
Justicia e Interior cuando relataba la compleja investigación,
la necesidad de moverse en distintos escenarios-- era la de
que aportar excesivos datos podría significar poner en peligro
real la vida de personas. Yo, con una afirmación así de un
ministro, me siento responsable --todo lo responsable que
algunas de SS.SS. no lo son-- y, por tanto no parece que sea
lo responsable, en términos de responsabilidad de Estado, que
esta Cámara entre a investigar ahora cuáleshan sido las
técnicas y pesquisas policiales de investigación que han
permitido que el G ponga a disposición de la justicia al señor
Roldán.
No creo, señor Presidente --y con esto acabo-- en la
sinceridad de la propuesta. Parece que ha molestado que Roldán
esté detenido. Yo creo que algunos sólo quieren el
folklorismo, que algunos sólo quieren hacerse una foto con el
Señor Roldán. ¡Si es que perdían a veces, no sé lo que había
que perder, para hacerse una foto por los pasillos de esta
casa cuando vino el señor Roldán! Me parece, señor Presidente,
que el folklorismo no es bueno para una institución como el
Congreso de los Diputados.
Se ha cumplido un objetivo prioritario de la política criminal
del Gobierno. Roldán está en la cárcel porque lo ha traído un
gobierno socialista; se le ha detenido a través de una gestión
del propio Gobierno socialista; está a disposición judicial;
no hay limitación en la actuación de la juez; va a ser juzgado
por todo; no hay causas de nulidad ni riesgo de invalidación
del procedimiento ni pacto ni secuestro ni detención ilegal ni
nada. Hay, simplemente, un ciudadano español que está puesto a
disposición de los tribunales para que asuma sus
responsabilidades por su comportamiento corrupto para que sea
enjuiciado. Es en este momento la hora de la justicia, es
precisamente la justicia la auténtica garantía --y no esta
Cámara-- para exigir que caiga todo el peso de la ley para que
se depuren las responsabilidades criminales que la conducta
corrupta ha podido generar.
Lo contrario yo creo que es incurrir en una manipulación y,
sobre todo, en una auténtica frivolidad. Nada más y muchas
gracias, señor Presidente. (El señor Ramallo García pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta. El señor Ramallo
pide la palabra.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señorías.
Señor Cuesta, no me ha defraudado usted. Están diciendo lo
mismo desde hace muchos días y están haciendo lo mismo desde
hace muchos días y muc tiempo: proteger y amparar la
corrupción y no dejar que este Parlamento investigue.
Seamos serios. Usted lo ha dicho muchas veces, también ahora
desde esta tribuna. Pero para ser serios hay que hablar desde
un grupo serio y ustedes en este momento no lo están siendo.
(Rumores.--Varios señores diputados:¡Venga, hombre!)
Dice usted que yo tengo que ir al forense y traer el
certificado. Usted, su Grupo y su Presidente de Gobierno lo
que no tienen que hacer es decir que se dicen idioteces y
estar manipulando lo que se ha dicho.
Yo le voy a leer lo
que yo he dicho. Puede que en alguna ocasión alguna cosa haya
salido mal. ¡Miren ustedes las que han dicho! Hay gente que
¿está vivo o está muerto Roldán? Al 50 por ciento; puede ser
que esté con unos buenos zapatos de hormigón en el fondo del
mar. Yo esa imputación no se la puedo hacer al Gobierno. ¿Se
ha enterado, señor Cuesta? ¿Se ha enterado de cómo manipula?
En «La Vanguardia»: La apuesta de Ramallo es que está vivo y
negociando en un país extranjero para que se le conceda la
extradición por un delito menor y disponerse a disfrutar del
dinero que nos ha robado a todos. ¡Señor Cuesta, he dicho y he
manifestado que está vivo y que lo iban a traer ustedes como
lo han traído, con un pacto! Y no me pregunte quién es el
capitán Khan, pregúnteselo al inefable señor Belloch, que, por
lo que se ve, ha escrito una novela que se llama «Desde Laos
con corrupción». (Rumores.)
Miren «El Periódico» de Albacete dice que este parlamentario
se mostró convencido de que el fugitivo está
vivo y a la espera de llegar a un ac a fin de entregarse en un
país en el que se le pueda extraditar sólo por un delito
menor.
Si quiere, le sigo leyendo, porque está usted faltando a la
verdad y atentando contra la dignidad de un Diputado de forma
reiterada. Y es que cree el ladrón que todos son de su
condición. (Rumores.)
¿Por qué sigue intentando que el parlamento no investigue?
¿Por qué hablan con lengua falaz, cuando dice el señor Belloch
que no tiene miedo a largue y ustedes impiden que venga a sede
parlamentaria?
¡Y no me venga ahora a decir que la comisión de investigación
es incompatible con la investigación judicial! Esta Comisión
se aprueba el 17 de una querella tramitándose desde noviembre
del año anterior. La Comisión del señor Conde también ha
funcionado con un sumario judicial abierto. Se buscan excusas
y se insulta cuando no se tienen razones.
Usted, hoy, a mí --yo no lo esperaba de usted, señor Cuesta, y
de su seriedad; de la persona que tiene al lado, sí-- me ha
insultado porque ha faltado a la verdad, porque yo no puedo
imputar a este Gobierno que haya matado al señor Roldán. No se
lo puedo imputar. Lo que sí puedo decir es que hoy ustedes lo
tienen que proteger. ¿Por qué? ¿Qué nos tendrá que contar? No
ha contestado usted a ninguna de las preguntas, Dígame:
¿cuándo se escapó Roldán? ¿El 25 o el 29? ¿Estuvieron ustedes
ocultando la huida del señor Roldán?
Mire señoría, no es que yo quiera aguarle la fiesta, pero le
voy a leer algunas cosas, porque ustedes no tienen legitimidad
para pedir responsabilidad a nadie. Ustedes nombraron a
Roldán, le mantuvieron, les huyó estando gobernando y lo traen
de mala manera. Ustedes amparon y mantuvieron a Rubio. Ustedes
habían nombrado y mantuvieron a Carmen Mestre. Ustedes
montaron Filesa. Ustedes pusieron a Sancristóbal y Vera y
están en prisión y llevan a Sancristóbal a la televisión. ¿Van
a llevar también al señor Roldán a la televisión? Ustedes
regalaron Galerías Preciados a Gustavo Cisneros. No quiero
seguir porque no hace falta.
Ustedes no tienen legitimidad porque ustedes no dejan que se
investiguen los fondos reservados, que es lo que tiene que
investigar esta comisión que pedimos. De verdad, tenemos que
llegar al final.
Mire lo que decía cuando eran oposición algún ilustre Diputado
que se sienta en esta Cámara y que está presente: El Gobierno,
señoras y señores Diputados, no tiene credibilidad porque
ampara, tolera y protege la corrupción.
¿Se ha enterado de lo que decía en el año 1980 el que luego
fue Vicepresidente del Gobierno? ¿Se ha enterado de que
ustedes decían: Es pedir lo imposible que termine la
corrupción y el robo? ¿Es pedir lo imposibleä que no se robe
más desde el Gobierno el bolsillo de los ciudadanos?
Entonces estábamos en un momento difícil de la transición a la
democracia. ¡Lo que querían era el poder! ¡Ya sabemos para qué
lo querían! Para instalarse como en su propia casa, no dar
cuenta de los fondos reservados, no dar cuenta ahora de las
actividades.
¡Y no hable usted de muertos, por favor! ¡No
hable usted como cita de autoridad del señor Belloch! Sería
cita de autoridad el señor Belloch, si acaso cuando era juez,
porque ahora mejor no citarlo. Ya no se va a decir mientes
como un tal; se va a decir mientes como un cual. Cuando era
juez sí sirve la cita; ahora, no, porque ha habido un muerto.
Pero ha habido un muerto como consecuencia de una
investigación en la Guardia Civil y habría que investigar,
pero esa Comisión acredita --la coordinó el señor Belloch en
la Guardia Civil-- que aquí se había cerrado en falso.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Voy acabando.
Mire, no hay un frente del no. Lo que ustedes habían montado
era la cooperativa de Laos. ¿Justicia? ¡Claro que sí! Y es
compatible que la justicia esté investigando y esté
instruyendo un sumario con lo que aquí pasa.
¿El pacto superado? Pues mire las encuestas que salen hoy lo
que les dan: que el 60 por ciento de los españoles cree que ha
habido pacto y el que todavía les votaron a ustedes en la
últimas elecciones también.
Por otro lado, no vengan otra vez a decir que hay falta de
liderazgo en mi partido, ¡Lo grave es que hay falta de
liderazgo en el Gobierno y E bancarrota por culpa de ustedes!
En este partido no hay falta de liderazgo, téngalo usted
presente. En este partido lo que hay son unas encuestas que
están dando que estamos ganando y en ese partido lo que hay es
mucho nervio porque muchos de ustedes dicen: ¿Y ahora qué
hacemos?
Señoría, ¿que no queda claro el objeto? Pues habrá que
investigar qué ha pasado con Roldán, por qué se fue y cómo lo
han traído. ¿Maniobras?
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Me queda un segundo, señor
Presidente.
¿Es la hora de la justicia? Lo que es es la hora de una
justicia que va a poder actuar tardíamente y que ustedes han
intentado maniatar a través de un pacto con el capitán Khan.
¿Políticamente al juez? ¡Desde luego! Al juez políticamente,
no; al juez para instruir y para fallar en justicia.
Políticamente ha sido aquí.
Dicen que se produjo una intensa investigación. No compareció
el señor Serra, que es al autor de toda la partitura y parece
que hoy dicen que lo es también de la remisión a un periódico
de ese papel que les trae a ustedes a maltraer y que ha
motivado que el señor Roldán... Porque el pacto no se rompe y
¡claro que hay pacto! Lo único que ocurre es que el pacto no
se cumple con el señor Roldán y va a «largar», pero porque se
lo han quitado. El señor Belloch lo quería cumplir, lo que
pasa es que no ha podido porque alguien ha largado el papel.
(Rumores.)
Yo creo --y con esto termino, señor Presidente-- que hay algo
que queda meridianamente claro y es que ustedes le tienen
miedo a la verdad. Y el que algo oculta es porque algo teme y
ustedes están llenos de temor. En estos momentos me viene a la
memoria una cita de un viejo militante socialista, don Ignacio
Sotelo, que decía lo siguiente. «El silencio es la ley férrea
de las mafias, la de los hombres libres es buscar la verdad,
por alto que sea el precio que por ello se ha de pagar». Y
ustedes no dejan que la representación soberana del pueblo que
está en este Parlamento investigue qué es lo que ha sido
Roldán. Porque el caso Roldán no es Luis Roldán, el caso
Roldán es Felipe González, que lo puso, lo mantuvo, lo dejó
huir y lo trae de esta manera. (Rumores y protestas.)
Señorías, España está podrida de arriba abajo de corrupción y
hace falta un cirujano, que es el pueblo, y un bisturí, que es
el voto del pueblo, que ponga a cada uno en su sitio.
Señores de Convergència, no tapen más lo que están tapando,
dejen que el pueblo se pronuncie, porque esta nación que es
España no aguanta más la sensación --y salgan ustedes a la
calle-- que tiene la ciudadanía. Señor López de Lerma, usted
dijo en las conclusiones de la Comisión que lo conocido
producía náuseas. Lo intuido mucho más. Pues bien, lo intuido
es lo que queremos que hoy se investigue. Provoquemos el
vómito, porque es necesario un gran vómito para que España se
dé cuenta de que no queremos eso.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos y protestas.--El
señor García-Arreciado Batanero: Un cólico te va a dar.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
¡Silencio, señorías!
Siguiendo el orden de las intervenciones, por el Grupo Mixto,
el señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el turno de réplica del Grupo Mixto voy a
intentar contestar al representante del Grupo Socialista, don
Alvaro Cuesta, al que querría felicitar por su intervención,
porque la verdad es que lo tenía usted difícil. Yo creo que le
tendrán que reconocer el valor de salir aquí a defender una
postura difícilmente defendible.
Usted ha empezado su intervención como siempre se hace en
estos casos: cuando no hay argumentos para la defensa lo mejor
es un buen ataque. Y usted no ha dejado títere con cabeza. Las
proposiciones que procedentes de distintos grupos
parlamentarios, incluso con distintos argumentos, hemos traído
aquí, usted las ha metido todas en el mismo saco, en el mismo
cajón y las ha intentado vapulear con los mismos argumentos.
Debería, señor Cuesta, haber hecho el ejercicio de diferenciar
los argumentos de unos y de otros, porque creo que han sido
distintos, y usted lo sabe.
Permítame que le diga, con respecto, que sus argumentos pecan
de antiguos y de inmovilistas. Señor Cuesta, usted apela a que
esto se cerró aquí hace bastantes meses, mientras que el
problema sigue vivo, el problema subsiste y cada día es más
problema; el señor Roldán va, viene, habla y hablará y usted
aquí está intentando silenciar el asunto, dar carpetazo, dice
que esto ya ha terminado, etcétera. Todos ustedes saben
perfectamente --o deberían saber-- que este es un asunto que
sigue vivo y muy vivo, sobre todo si recordamos quién es el
sujeto autor de este desaguisado, un «vivo», según la
terminología popular.
Señor Cuesta, usted olvida que la realidad es tozuda y usted
hoy aquí ha podido argumentar una especie de película de
ciencia-ficción que nada tiene que ver con la realidad. Pero
la realidad es tozuda y usted lo sabe. Como no ha podido
rebatirnos los hechos --los hechos que hemos ido desgranando
aquí uno a uno--, S.S. se ha limitado a hacer juicios de
intenciones. Pero al hacer esos juicios de intenciones no ha
podido evitar caer en la tentación de hablar de la Comisión
Roldán, Comisión Roldán en la que compartimos aquellos largos
y, a mi juicio, interesantes trabajos, y ha tenido incluso que
hablar de ella cuando los trabajos de esa comisión son
secretos, si es que a estas alturas queda ya algo secreto en
este asunto.
Señor Cuesta, usted no puede llegar a frivolizar el trabajo de
la Comisión Roldán hasta el punto de llegar a hablar de las
fotos. Yo creo que es una manera de huir, de escaparse de la
realidad y de dar un tratamiento muy poco serio a lo que sí
fue un trabajo serio y riguroso, que precisamente quedó
interrumpido traumáticamente porque se escapó el sujeto que
era objeto de la investigación y que, como usted sabe, estaba
citado para una comparecencia que no pudo tener lugar porque
ustedes no tuvieron la precaución de asegurarse de que no se
fugara. Evidentemente, quedó inconcluso aquel trabajo,
quedaron abiertas muchas interrogantes y sería muy razonable
volver otra vez sobre el asunto.
Yo creo que la creación de esta comisión tiene sentido y tiene
contenido, a pesar de que ustedes no lo quieren ver. Existen
demasiadas zonas d este proceso. Los 305 días que ha
permanecido huido
el señor Roldán, no sé si con la connivencia, con el
conocimiento, con el apoyo o con el asesoramiento de ustedes o
de algunos de ustedes, plantean al menos 305 preguntas; desde
cómo se fue, con la ayuda de quién, por el error de quién,
dónde ha estado, quién le ha protegido, qué ha hecho, dónde
están los documentos que tenía y que dice que se llevó, dónde
está el dinero que ha desaparecido... ¿A usted le parece poco
todas estas dudas que le acabo de
plantear? Ustedes podrán oponerse a la creación de la
comisión, pero lo que no podrán evitar es que el señor Roldán
hable, y, por lo que ha empezado a decir, me temo que va a
hablar de manera muy grave y perjudicial para ustedes, y a lo
mejor nos enteramos del papel que jugó el señor Serra, que no
quiso venir a la comisión a declarar, o como mínimo a
participar aportando sus conocimientos, comparecencia que
ustedes impidieron al igual que otras muchas cosas. Por tanto,
no se apropie usted del trabajo de la Comisión puesto que si
ésta funcionó, y creó que sí lo hizo, en gran medida, fue
gracias al trabajo de los grupos que pedimos su creación, a
pesar de la labor de obstrucción que, a veces, llevó a cabo el
Grupo Socialista.
Señor Cuesta, para terminar, ustedes pueden hoy ganar aquí la
batalla de la votación, pueden evitar que se constituya esta
comisión, lo que no van a poder evitar son las consecuencias
del caso Roldán, si no al tiempo, y el tiempo nos dará la
razón a los que hoy pedimos aquí la creación de esta comisión.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con absoluta tranquilidad por parte de nuestro Grupo
Parlamentario, queremos responder al planteamiento que ha
hecho en esta tribuna el representante del Grupo Socialista.
Señor Cuesta, vamos a poner cada una de las cosas en su sitio.
En primer término: el señor Roldán es un producto del Partido
Socialista Obrero Español. (El señor Marcos Merino: Que
vosotros vais a defender.)
El señor PRESIDENTE: Señor Marcos Merino, le llamo al orden.
La señora AGUILAR RIVERO: Ustedes saben muy bien que la
Comisión Roldán hizo, sin duda, un buen trabajo, un trabajo
serio y riguroso, en el que unos grupos parlamentarios hicimos
bastante más esfuerzo que otros, pero también sabe
perfectamente --y no ha aludido a ello-- que a esa comisión le
quedó trabajo pendiente, unas veces porque no pudo adentrarse
en algunos temas, y otras veces porque ustedes, con sus votos,
lo frustraron, ya que no les interesaba, entre otras cosas,
que a la Comisión viniera el Vicepresidente del Gobierno,
señor Serra. Por ello, con premeditación y de manera
apresurada, la cerraron en falso para que no pudiéramos seguir
investigando.
Estos son hechos objetivos ocurridos en la Comisión. Hay que
reconocerlo y simplemente decir que en su momento hubo una
opción política para que no se siguiera investigando en la
comisión de trabajo denominada Comisión Roldán. En este
sentido, no nos valen las verdades a medias. Dígalas usted
completas porque si no estaría globalmente faltando a la
verdad. Hay acontecimientos --y usted lo sabe perfectamente--
que merecen respuesta parlamentaria y no sólo judicial
El discurso que usted ha formulado para oponerse a la creación
de la Comisión de investigación es el mismo que vienen
repitiendo desde que el señor Belloch montó el espectáculo
después de la detención del señor Roldán. Usted apela a la
seguridad y a la responsabilidad. Yo le digo que detrás de
esos dos términos, detrás de esas dos palabras se están
escondiendo para no dar datos, para ocultar la verdad, para
ocultar la realidad de todo lo que ha pasado, porque
mecanismos, como se suele decir, haberlos haylos, y si hubiera
habido voluntad política de que los grupos parlamentarios
conociéramos todo lo que ha concurrido en la operación Roldán,
hubieran echado mano de esos mecanismos: desde la Comisión de
Secretos Oficiales, pasando por la reunión con los portavoces
de los grupos parlamentarios y otros mecanismos, que están
perfectamente reglados y regulados, y que ustedes no han
utilizado. Y no los han utilizado no por seguridad y por
responsabilidad, sino justamente por lo contrario: por la
irresponsabilidad que en este tema están mostrando.
En ese sentido también usted aludía en su intervención a que cree que
la propuesta que formulamos por parte de nuestro Grupo
Parlamentario no es sincera, que esconde tras de sí una
maniobra. Mire, señor Cuesta, aquí el único que ha maniobrado,
que ha enturbiado toda la operación ha sido el Ministro de
Justicia e Interior, el señor Belloch. El señor Belloch,
inmediatamente después de la detención del señor Roldán, con
una ambición desmedida, quiso vender de manera en una rueda de
prensa, y ha fracasado, porque, al final, al día siguiente,
dejaron prácticamente al señor Belloch en entredicho sus
propias palabras dichas en aquel escenario montado por él
mismo, cuando salieron unos documentos que luego han resultado
ser falsos. Son ustedes los que han enturbiado toda esta
operación. Ahora dicen: Lo importante es que el señor Roldán
está en este país y está en la cárcel. Nosotros celebramos
eso, pero nos hubiera gustado que no se hubiera escapado. Fue
poca diligencia y poca responsabilidad por parte del Gobierno
el que se diera esta situación. Nosotros estamos
satisfechos de que esté preso y de que pueda ser juzgado por
todos los delitos, pero ¿quién ha enturbiado la operación?
¿Quién la ha embrollado? El señor Ministro de Justicia e
Interior. Por eso, esa operación, que todavía hoy, aquí, en
sede parlamentaria, no ha tenido explicación, debe tenerla en
el ámbito de una comisión de investigación para que el
Parlamento juegue el papel político que le pertenece y que le
corresponde.
Y no tiene usted mucha legitimidad para hablar de la
interferencia con la justicia. Tiene mala memoria, señor
Cuesta, porque, desde luego, en los últimos tiempos,
destacados dirigentes de su partido, incluso miembros de su
Grupo Parlamentario, han dado una clase permanente y habitual
de lo que significa interferir en la administración de
justicia, y lógicamente no se puede ahora apelar a esa no
interferencia cuando se practica. Nosotros sí que, desde la
coherencia, hemos dejado a los jueces trabajar, porque sabemos
que lo van a hacer perfectamente y porque estamos convencidos
de que hay que poner en práctica la independencia judicial
para no hacer tambalear nuestro Estado social y democrático de
Derecho, donde esa es una de las reglas principales y
fundamentales del juego.
Ahora bien, ustedes...
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
Ahora bien, ustedes se quejan de la judicialización de la
política y de que son los medios de comunicación los que
determinan, los que marcan la agenda política; pero, para que
esto no ocurra, hay que darle el protagonismo necesario al
Parlamento, que es lo que ustedes están permanentemente
negando y vuelven a negar ahora: que se tendría que constituir
la comisión de investigación para dar transparencia y claridad
a lo que hoy está en la total opacidad. Los jueces tienen su
función y nosotros, insisto, no dudamos de que la van a
cumplir bien, pero el Parlamento tiene la suya y ustedes,
justamente, lo que quieren evitar es la intervención del Poder
Legislativo y devaluar el papel político que corresponde al
lugar donde se residencia la soberanía popular, es decir, a
esta Cámara parlamentaria.
Por último, señor Presidente, señorías, lo que pretendemos con
nuestra propuesta es ser, como siempre, coherentes. Nuestro
Grupo Parlamentario precisamente por su lucha contra la
corrupción y por su apuesta decidida por la transparencia y la
claridad en todas y cada una de las cuestiones de la vida
política. Ese es el objetivo que perseguimos con esta
propuesta de comisión de investigación, que nos permitiría,
sin duda alguna, conocer muchas cosas que este Parlamento
debiera saber y que hoy se nos están ocultando para que
desconozcamos y no podamos actuar. Nosotros, desde nuestra
apuesta decidida por la transparencia y por la claridad, le
decimos, señor Cuesta, que tiene aún la oportunidad de
rectificar en su turno siguiente y, si no tienen nada que
ocultar, si de verdad detrás de esta operación no hay nada,
nada raro, nada oscuro, nada opaco, aprueben la constitución
de la comisión. Le retamos políticamente para que en esa
comisión lo demuestren; vengan a esta Cámara, se lo expliquen
y se lo cuenten.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor Cuesta, tiene S.S. la palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, ¡vaya
pacto que ha habido! Yo creo que es más el pacto que se ha
puesto de manifiesto aquí con algunos planteamientos, porque
desde luego la teoría de que Roldán está en España, en la
cárcel, en virtud de un pacto, a la vista de por dónde van las
deposiciones realizadas ayer por el señor Roldán en la
Audiencia Nacional, de las que tiene la primicia un medio de
comunicación en España, empieza a caerse ya. La teoría del
pacto está clara. Probablemente mañana se inventen otra nueva
teoría.
Señor Ramallo, lo que sí quiero dejar claro es que yo no
quería hacerle a usted falsas imputaciones. Ningún Diputado de
mi Grupo ni yo mismo, en mi intervención anterior, le he hecho
ninguna falsa imputación. En el Pleno del 23 de junio de 1994,
usted afirma: «Un presunto delincuente que usted, como
Ministro de Justicia, entre otros, dejó escapar». Eso lo dijo
usted en el Pleno del 23 de junio de 1994. (El señor Ramallo
García: Y lo sigo diciendo.) En la comparecencia del señor
Ministro de Justicia e Interior ante la Comisión de Justicia e
Interior, dice: «Ustedes han dejado escapar a Luis Roldán,
quizá porque les interese más tenerlo lejos y huido que cerca
y en la cárcel». Está en los Diarios de Sesiones de esta
Cámara. (El señor Ramallo García: Lo dije, sí; lo dije y lo
mantengo.--Rumores.)
Yo tengo aquí un teletipo --no es una documentación mía-- de
la Agencia Efe, Madrid, 1 de diciembre, y se titula: Ramallo,
hay una posibilidad de que Roldán esté en el fondo del mar. Y
se dice: Hay una posibilidad de que le hubieran puesto unos
buenos zapatos de hormigón y esté en el fondo del mar haciendo
compañía a los peces de algún mar, por la isla Margarita.
Existe un 50 por ciento de posibilidades de que esté vivo y un
porcentaje igual de que esté muerto. (El señor Ramallo García
asiente y enseña un papel.--Fuertes protestas.)
Yo creo, señor Ramallo, que, aparte de ser una
irresponsabilidad, de provocar indebidamente alarma social en
España (Rumores y protestas.), de ser una actitud intolerable
en un representante político (Nuevas protestas.--El señor
Amate Rodríguez: ¡Vergüenza te tenía
que haber dado!, dirigiéndose a un Diputado del Grupo
Popular.), lo que pone de manifiesto es que si se constituye
la comisión que ustedes piden, es verdad que, probablemente,
nos encontraríamos con un escrito del Grupo Popular pidiendo
informe de los forenses para que certificasen sobre la
autenticidad del señor que está recluido en el Centro
Penitenciario de Brieva.
Señorías, yo no me he inventado nada, y no quiero ofender,
pero la realidad es tozuda. Aquí ustedes han puesto en marcha
todo tipo de sucesivas e incoherentes teorías y, por supuesto,
sin ninguna responsabilidad.
En el Pleno del 11 de mayo de 1994, el señor Aznar le dice al
presidente del Gobierno: «Es natural que podamos pensar, y que
buena parte de la sociedad pueda pensar, que no estamos ante
un simple caso de incompetencia y que, tal vez, pueda existir
algo más». (Protestas.) Es decir, una ve la dinámica de
arrojar permanentes sombras de sospecha. Y yo digo que,
probablemente, lo que hoy yo debería exigir en esta tribuna,
parafraseando al señor Aznar, cuando, con el aplomo del hombre
de verdad, nos reta a algunos para que asumamos
responsabilidades políticas, es que se aplicasen ustedes esas
bravatas de su líder político cuando nos da toda una tarde,
unas horas, acaso diez minutos, para presentar dimisiones. Yo
creo que aquí hay un ejercicio de incoherencia política que ha
realizado, fundamentalmente, la derecha española desde una
concepción de absoluta irresponsabilidad política. (Protestas
y rumores
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!
Señor Ramírez, le llamo al orden.
El señor CUESTA MARTINEZ: Yo voy a hablarle con seriedad. La
Comisión Roldán ha tenido un trabajo brillante en esta Cámara,
un trabajo muy intenso. Ha llegado a conclusiones y ha
evaluado una muy importante documentación. Y es falso lo que
usted nos ha dicho en esta tribuna. Es falso, por ejemplo, que
la Comisión Roldán no haya entrado en el análisis de fondos
reservados. Pero, ¡si hasta sobre esa cuestión se le preguntó
al señor Roldán! Si se leen ustedes el dictamen, hay tres
páginasque hablan del funcionamiento de los fondos reservados
y de la dinámica operativa de lo en la propia gestión de la
Dirección General de la Guardia Civil. Pero, ¡si también se
entró en eso, señor Ramallo!
Hay una voluntad real de transformación política cuando en
esta Cámara ya se ha aprobado un nuevo marco regulador que
permite que el Parlamento tenga todavía mejores instrumentos
de control. Por tanto, es falso que la Comisión haya dejado de
investigar o de analizar determinados temas. Ha entrado
absolutamente en todos los aspectos de la gestión
presupuestaria de la Dirección General de la Guardia Civil; ha
cubiertoabsolutamente todos sus objetivos; y ha hecho
recomendaciones, desde el punto de vista democráticamente el
resultado de la votación de esta Cámara, y esta Cámara decidió
que en ese frente, en el frente parlamentario, se había hecho
la investigación y que era ya la hora de los tribunales de
justicia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
Tribunales de Justicia que nosotros siempre hemos respetado y
cuya independencia nunca ha sido agredida por ningún miembro
del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.) A veces, lo
defensa de la independencia del Poder Judicial son los que más
la violentan de manera decidida. Ustedes han cambiado el
nombre de una causa criminal en este país y le han puesto el
nombre de un juez; ustedes han protestado cuando un juez llama
a declarar a algún miembro o a algún dirigente del Partido
Popular. La independencia del Poder Judicial se violenta
cuando se jalea al propio Poder Judicial. La independencia del
Poder Judicial también se violenta cuando, desde el propio
seno del Poder Judicial, a algunas personas, en coordinación
con el Partido Popular, intentan decirles, desde el propio
Consejo General del Poder Judicial, lo que tiene que hacer
algún juez en causas determinadas. Eso sí es una violación
real de la independencia del Poder Judicial. (Protestas.--El
señor Fernández-Miranda y Lozana: ¿Quién dice eso? ¿Quién?)
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, concluyo.
Es la hora de la justicia. Hay varios órganos jurisdiccionales
interviniendo e investigando en todas las vicisitudes que
rodean la gestión del de la Guardia Civil, hay una causa
criminal abierta en el Juzgado 16, hay otra en el 43, hay
varias causas abiertas en la Audiencia Nacional y, por tanto,
es una irresponsabilidad pretender que desde la Cámara se
violente y se usurpe la independencia del Poder Judicial para
intentar hacer un aprovechamiento político e irresponsable de
un tema que preocupa a los ciudadanos, que tiene en la sede
judicial el ámbito adecuado de su resolución. Esta Cámara ya
ha hablado, esta Cámara ya ha investigado, y lo que produce
vómito, señor Ramallo, son algunas posturas políticas, algunas
irresponsabilidades, algunas manifestaciones, algunas
calumnias
y, sobre todo, algunas maniobras que sí se
convierten en un auténtico ataque a la independencia del Poder
Judicial.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--El señor Ramallo García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, tiene la palabra.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, este Diputado
entiende que es de aplicación el artículo 71 del Reglamento,
porque el señor Cuesta vuelve a introducir inexactitudes que
implican juicios de valor sobre mi persona o mi conducta.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, no tiene la palabra. El
debate está agotado.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, que conste en acta
mi protesta. (Rumores.--La señora Martínez Saiz: Es la hora de
la verdad.--Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Que vergü
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, usted conoce perfectamente
cuáles son los turnos del debate. En uso de esos turnos SS.SS.
utilizan la munición dialéctica del calibre que tienen por
conveniente. No utilicen subterfugios para hacer uso de turnos
adicionales que no están en el Reglamento. (Varios señores
Diputados desde los bancos del Grupo Socialista: ¡Muy bien!)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, y
con gran brevedad.
Coalición Canaria, que ya dio el voto favorable, en su día, a
la constitución de la denominada Comisión Roldán, quiere
expresar su posición en este debate. Nosotros entendemos que,
si afortunadamente es la hora procesal de la justicia --porque
Coalición Canaria se congratula de que por fin Luis Roldán
esté entregado ante la justicia para ser juzgado de todos los
delitos que se le imputan--, también sigue permanentemente
abierta la puerta de la hora de las responsabilidades
políticas ante este Parlamento. Queremos distinguir
perfectamente las dos responsabilidades: la penal --que siga
su curso, para eso están los tribunales-- y la política --que
para eso está esta Cámara--. Quiero recordar que el objeto que
tuvo la Comisión, ya finiquitada de investigación, fueron los
fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la
Guardia Civil mientras fue Director don Luis Roldán, es decir,
la gestión y aplicación de aquellos créditos destinados en los
Presupuestos Generales del Estado a los distintos proyectos de
inversión y a otro tipo de gastos. Pero lo que se solicita
ahora por los grupos proponentes es una responsabilidad
política, a juicio de Coalición Canaria, ocurrida a raíz de
los hechos, de su fuga ante aquella Comisión y ante la
justicia española, porque Roldán se fugó de dos instancias:
del Poder Judicial y de la Comisión que le tenía citado para
cerrar su comparecencia.
Por ello, nosotros entendemos que este capítulo nuevo tiene
que ser conocido y escrito por una nueva comisión de
investigación. Por esa razón, Coalición Canaria, siempre en la
línea consecuente de votar a favor de comisiones de
investigación que aclaren responsabilidades políticas para
bien del sistema democrático, para bien del Gobierno que alega
que no tiene una implicación en la responsabilidad, para bien
de ese sosiego nacional, va a votar favorablemente las
propuestas presentadas por los diversos Grupos --Popular,
Izquierda Unida y Mixto-- de crear esta comisión de
investigación a los efectos indicados en las mismas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, hemos seguido con atención este
largo y ya tedioso debate sin posturas prefijadas y con
espíritu abierto, intentando ver las nuevas razones que
pudieran sostener al Grupo Popular, al Grupo de Izquierda
Unida y a algunos miembros del Grupo Mixto, para poder tomar
una posición en relación a estas comisiones de investigación
que se proponen en el día de hoy.
Es verdad, señor Presidente que, tal como va el debate, no
sólo cada grupo va proponiendo lo que, en su justo proceder y
entender, cree razonable sino que dice, además, lo que va
hacer el vecino. Yo quiero dejar constancia, señor Presidente,
de que no es ésta la postura del Grupo Vasco, sino que hemos
venido a atender las razones, a ver qué nuevos argumentos, qué
nuevos datos aportaban el señor Ramallo y la señora Aguilar, y
nos hemos encontrado con más de lo mismo. Nos hemos encontrado
con que este tipo de hacer oposición no hace más que repertir,
como un disco rayado, las razones que, una y otra vez en esta
Cámara, a través de los medios de comunicación, venimos oyendo
y sosteniendo. Esa es la impresión, señor Presidente, de un
Diputado que ha intentado seguir con atención el debate y el
contraste que ha realizado con los demás Diputados de su
propio Grupo.
Sabe bien el señor Almunia que esta postura es así. El Grupo
Vasco ha venido a ver qué nuevas razones, qué nuevos
argumentos tenían los grupos proponentes, ha venido a escuchar
y a tomar postura aquí mismo. Y nos hemos encontrado con que
los propios grupos... Es así, señor Ramallo, créaselo. Ya veo
que no se lo cree. (Risas.)
Nos hemos encontrado, repito, con que los grupos proponentes
no dicen sólo lo que ellos opinan, sino que opinan sobre lo
que opinamos los demás. Por eso, yo quisiera dejar constancia
de este tema, señor Presidente.
Porque uno se queda extrañado en el debate, su capacidad de
sorpresa todavía encuentra nuevos umbrales hacia arriba. Señor
Ramallo, señora Agu puede no compartir sus criterios, sin que
uno sea corrupto, cómplice, mercader, fenicio, opaco,
ilegítimo, antidemocrático...? ¿Se puede no compartir sus
criterios?
Los he ido apuntando, señor Ramallo, de su
intervención y de la de la señora Aguilar. Vamos a ser serios.
¿Se puede, con autonomía, tomar posiciones propias y decir lo
que están ustedes diciendo? ¡Es que llevan más de 305 días
diciendo lo mismo! Ante esas razones, no existe ninguna nueva
para que estas comisiones de
investigación que se proponen puedan abrirse otra vez.
A la señora Aguilar sólo le ha faltado decir que Roldán es
nacionalista y que, además, está a favor del derecho de
autodeterminación. Yo creo lo demás.
Hablando de complicidades, señora Aguilar, lo que nos podía
explicar es qué hace su Grupo Parlamentario en el Parlamento
Vasco de la manita de Herri Batasuna en la investigación y en
el análisis de todos estos datos. Esa es la complicidad,
señora Aguilar. Usted que está hablando de complicidades haría
bien en explicar cuáles son las complicidades de Izquierda
Unida-Ezker Batua en el Parlamento Vasco con relación a estos
temas. (El señor Frutos Gras pronuncia palabras que no se
perciben.--La señora Aguilar Rivero pide la palabra.--
Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor González de Txábarri, continúe.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: He visto, señora
Aguilar, que ha estado usted fuera. He dicho, y se lo repito,
que he ido tomando nota de los adjetivos que ha ido poniendo
en su intervención, referidos a los grupos nacionalistas de la
Cámara, cuando todavía no habíamos fijado nuestra posición.
Ese es el respeto que le merece el debate político.
Señora Aguilar, lo vuelvo a decir ante la Cámara: el Grupo
Nacionalista Vasco, ante el debate de hoy, no había adoptado
postura. (La señora Aguilar Rivero hace gestos negativos.)
¡Usted me va a decir a mí lo que pensamos nosotros! ¿Qué
ciencia infusa le adorna, señora Aguilar? ¿Le vale la palabra
de tres Diputados y del señor Albistur cuando decimos que
hemos venido a escuchar si existían nuevos argumentos? ¿Le
vale? A lo largo de su intervención me he molestado en tomar
los adjetivos calificativos que ha ido enumerando y se los
vuelvo a repetir: A ver si se puede no compartir sus criterios
sin ser corrupto, cómplice, mercader, fenicio, ilegítimo,
antidemocrático y opaco. ¿Se puede no compartir sus criterios?
Señor Presidente, para el Grupo Vasco es prioritario el
esclarecimiento sin reservas del caso Roldán con todas las
consecuencias, con todas. A renglón seguido, queremos afirmar
que la transparencia en el caso Roldán no puede subordinarse a
otro tipo de objetivos políticos que, aunque legítimos, no
compartimos, y no pasa nada más. No por eso somos corruptos,
cómplices, fenicios, ilegítimos y antedemocráticos. ¿Pero en
qué país vivimos?
De lo oído en el debate, se podría concluir que para los
grupos parlamentarios proponentes es prioritario socabar los
cimientos de Gobierno socialista y, a dichos efectos, Roldán
supone la coartada perfecta. Pero la perspectiva del Grupo
Vasco, señorías, es completamente la contraria. En la actual
coyuntura de turbulencias políticas y económicas, nosotros
entendemos que es más preciso que nunca un Gobierno sólido y
estable. La crítica que hacemos al banco azul vacío es que no
vemos nervio, que no vemos músculo en un Gobierno que, en
estas circunstancias, precisamente en éstas, debiera de
reaccionar, pero cada uno en su sitio, asumiendo cada uno sus
propias funciones.
Queremos dejar bien claro que, a la
vista de lo oído en las intervenciones de esta mañana, no
compartimos en ningún caso esta estrategia de zafarrancho de
combate, porque son los jueces --por lo visto hay que volver a
repetirlo-- los que en este Es de esta Cámara, tienen
herramientas y procedimientos de investigación, y Roldán ha
sido puesto a disposición judicial. A este Gobierno se le
escapó, y este Gobierno lo ha traído (El señor Ramallo García:
Se le escapa) Es verdad que no son secundarias las
circunstancias, los modos y maneras de la entrega, detención,
extradición --¡Dios sabe ya qué!-- en las coordenadas del
Estado de Derecho en que intentamos vivir.
Creo, señor Presidente, que la postura del Grupo Vasco con
relación a estas circunstancias quedó meridianamente clara en
la intervención que e realizó ante la Comisión de Justicia e
Interior, con rigor y brillantez. A los efectos de lo que hoy
nos ocupa, queremos dejar bien claro que un solo día,
señorías, un solo día, de la juez Ferrer o del juez Garzón
tiene mayor incidencia que tres meses de comisión de
investigación a humo de pajas. Esto no es casual ni gratuito,
esto es así. Vamos a ser serios. Los que queremos que la
Justicia actúe con independencia y con rigor lo queremos
porque ahí están los procedimientos y las herramientas de
trabajo.
No desaprovecharé la ocasión, señor Presidente, para dirigirle
el testimonio de un Diputado que últimamente ha tenido que
estar en bastantes comisiones de
investigación y que se encuentra con las manos vacías, con sus
preguntas ante comparecientes mudos que no quieren decir nada,
porque estas comisiones de investigación valen para lo que
valen y no valen para los efectos que se están pretendiendo en
el día de hoy. Y es así porque este Parlamento lo ha decidido
así, tampoco nos vamos a flagelar.
Queda, por ello, meridianamente claro, a estas alturas de la
función, señor Presidente, que estas dinámicas de las
comisiones de investigación mucho ruido, han generado mucha
alarma social, han generado mucha palabra gruesa, mucha
hipótesis, mucha descalificación, pero a los efectos
prácticos, señor Ramallo, pocas nueces, poco fundamento, poco
rigor y poca seriedad. Esa es mi impresión. (El señor Ramallo
García: Eso es democracia.)
El país se encuentra convertido, al final, en un culebrón
entre lo que pasa y lo que se novela. El Grupo Vasco lo que
quisiera tener es que pasa y ante lo que se novela. Yo les
reconozco, señorías, que, a la vista de los acontecimientos,
produce verdadero sonrojo releer las declaraciones a la prensa
de algunas de SS.SS. en los últimos 350 días. No entendemos
por ello razonable, en esta experiencia, abrir nuevas vías en
esta dirección. No nos parece razonable que la línea de
actuación de futuro pase por seguir fomentando precisamente la
sobrecarga de interpretaciones, las sospechas, los juicios de
intenciones, las acusaciones generadas desde distintos
ámbitos, obviando en muchos casos lo fundamental, que el
prófugo está en la cárcel y a disposición de la justicia sin
reservas. Si alguien teme que el señor Roldán tire de la
manta, será el Grupo Socialista. A mí que me registren. Puede
decir lo que quiera del Partido Nacionalista Vasco, por mucho
que la señora Aguilar piense lo contrario. Es precisamente en
el entorno del Gobierno Socialista y del Grupo Socialista
donde algún temor deba haber. Pero querer extender ese temor a
los grupos nacionalistas, señorías, explíquenmelo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señor Ramallo.
Señor González de Txábarri, le ruego concluya.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Da la impresión, señor
Presidente, de que la acción del Gobierno se reduce a un solo
Ministerio, al de Interior; que la acción del control de esta
Cámara se reduce a un solo Ministerio, el de Interior; que
toda la acción política del Estado gira en torno a un
Ministerio, el de Interior. En el Grupo Vasco entendemos,
señor Presidente, que ya es hora de decir basta a esta
dinámica infernal. Ya es hora de acometer las labores
legislativas y de control del conjunto de la acción de
gobierno con mayor equilibrio y con actuaciones con mayor
perspectiva de futuro.
No sólo los ciudadanos del Estado, la
comunidad europea y la comunidad internacional están
observando esta situación política en España con absoluta
perplejidad. ¿Cómo es posible que hayan sucedido cosas tan
graves? ¿Cómo es posible tanta superficialidad en el
tratamiento de temas tan graves?
Tenemos la certeza, señor Presidente, de que en esta Cámara se
han trastocado, se han invertido los valores y que andamos
desorientados, con el pie cambiado.
En este cúmulo de circunstancias --para terminar, señor
Presidente-- tengo que reconocer que ya tengo pereza mental
con relación a estos temas. No hagamos del señor Roldán,
además de un lince, un héroe porque el astuto Roldán no se lo
merece. Es un reo de la justicia. Instemos de verdad a los
jueces a que procedan con rectitud y con prontitud en la
aplicación de la ley.
Señorías, a la vista del debate, Roldán no se merece que se
abra una nueva comisión de investigación. Roldán se merece
años y años en la sombra. Roldán se merece que existan
procedimientos y sentencias que le hagan devolver hasta la
última peseta que robó. Roldán sólo se merece la pena más
severa para un ex cargo público que se burló de cuantos
controles parlamentarios y administrativos debió conocer.
Hasta ahí, señorías, está dictaminado con rigor y suficiencia
por la Comisión Roldán. Nada más y muchas gracias. (La señora
Aguilar Rivero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, hemos sido
directamente aludidos en la intervención del señor González de
Táxbarri... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! Señorías, les ruego guarden
silencio.
Señora Aguilar, continúe.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, le decía que nos
consideramos directamente aludidos en la intervención del
señor González de Txábarri... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Es que no la oigo. Por favor, señorías,
les ruego guarden silencio, porque es imposible entender lo
que la señora Aguilar intenta decir. Les ruego guarden
silencio.
Señora Aguilar, puede usted continuar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, le decía que ha
habido una alusión directa a nuestro Grupo Parlamentario en la
intervención del señor González de Txábarri, y quisiéramos
hacer uso de un turno por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señor González de Txábarri, hay, desde luego, dos cuestiones
que nos gustaría dejar suficientemente claras, porque en esa
tribuna usted acaba de faltar a la verdad, y eso necesita de
una rectificación. Usted sabe muy bien, perfectamente bien,
que la mejor manera de luchar contra ETA, entre otras, es
aclarar el tema del GAL, y usted sabe muy bien que en el
Reglamento del Parlamento Vasco hacen falta al menos 15 firmas
para presentar una propuesta y que para ello fue presentada
por dos grupos parlamentarios y apoyada por otros dos grupos
parlamentarios, por Unidad Alavesa y por Eusko Alkartasuna.
Por tanto, déle a este Parlamento español toda la información
y no se guarde parte de ella, porque eso equivale a falsear la
verdad y a hacer imputaciones que no tienen ningún sentido ni
ninguna razón.
Hay otra cuestión. Usted sabe muy bien que por parte del
Partido Nacionalista Vasco se ha lanzado una propuesta de
diálogo para encontrar una problemática específica del
terrorismo que vive el País Vasco, en la que estamos otros
partidos políticos, convencidos de que el diálogo es el camino
y es la forma, y creo que tiene la obligación política y
moral, cuando ha hecho referencia a nuestro Grupo
Parlamentario, de reconocer cuál es la realidad y, desde
luego, de no distorsionarla a través de su intervención.
De cualquier forma, con su pronunciamiento de voto y con la
intervención que ha realizado, lo único que ha hecho es darnos
la razón en la crítica que formulábamos al Partido
Nacionalista Vasco, porque no hemos sido nosotros, sino su
portavoz, el señor Anasagasti, quien ha reprobado al señor
Belloch.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
El señor González de Txábarri tiene la palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Entiendo, señora Aguilar, que los Diputados en esta Cámara
están suficientemente informados sobre la situación política
en el Estado, y a los efectos de la información que ha dado
usted, es información pública e información que está en todos
los medios de comunicación. Lo que a este Diputado le
sorprende, señora Aguilar, es que usted, no sólo hoy, tiene
bastante costumbre de ir diciendo en sus intervenciones cuáles
son las tomas de posiciones de los grupos contrarios, y además
alguna ciencia infusa le debe adornar, porque lo dice con toda
seguridad, y no sé si advierte que algunos Diputados nos
observamos entre nosotros con sorpresa por entender que a lo
mejor usted tiene alguna conexión en los grupos nacionalistas,
en nuestro casoen el Partido Nacionalista Vasco, para disponer
de información de la que nosotros no dispo como Grupo
Parlamentario, gozamos de una ampliaautonomía, tomamos las
decisiones en grupo teniendo en cuenta los datos que van
apareciendo en el debate, y quisiera que en ese sentido tomara
buena nota en el día de hoy de que eso es así.
Yo le sigo preguntando lo mismo, señora Aguilar: ¿Se puede
discrepar de sus criterios sin que uno sea corrupto, cómplice,
ilegítimo? Ese es el debate. Usted ha dicho de nosotros todo
eso en su intervención, y no creo que precisamente atendiendo
a criterios de verdad pueda realizarlo de esa manera. Yo creo,
señora Aguilar, que es una práctica parlamentaria deplorable
el anteponer su propia versión a la versión del Diputado que
fija la posición de su propio Grupo. Yo lamento esa costumbre
parlamentaria. Creo que no enriquece en nada el debate
parlamentario. Usted, señora Aguilar, hablaba de complicidad.
Desde la perspectiva del País Vasco, le quisiera llamar la
atención en el sentido de que el dato que ha tocado usted es
correcto y es exacto, pero es verdad que en relación a estos
temas, como observador y como agente en la política del País
Vasco, observo complicidad precisamente entre el Grupo de
Izquierda Unida Ezker Batua y el de Herri Batasuna. Esa es mi
opinión. La podré decir, señora Aguilar. (La señora Aguilar
Rivero pide la palabra.--Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de
Txábarri.
Señora Aguilar, S.S. ha consumido dos turnos en el debate con
el señor González de Txábarri y el señor González de Txábarri
ha consumido dos turnos. Su señoría ha consumido un turno en
defensa de la moción y un turno de réplica a la intervención
del señor González de Txábarri. El señor González de Txábarri
ha intervenido en su turno de fijación de posición y en la
contestación a su réplica. El debate está concluido.
Tiene la palabra el señor López de Lerma, por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). (Rumores.)
Silencio, señorías. (Continúan los rumores.)
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
¡Señora Plá, señor Asunción, señor Frutos! Señora Aguilar, no
tiene la palabra. (La señora Aguilar Rivero: No se puede
consentir.)
Señora Aguilar, no tiene la palabra. Su señoría ha tenido
oportunidad de decir lo que creía pertinente. (Rumores.)
¡Señor Castells, le llamo al orden! ¡Señor Frutos, le llamo al
orden! (Fuertes rumores.)
Señorías, ¡guarden silencio! (Rumores.) ¡Guarden silencio!
Continúe, señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, voy a tratar, si ustedes me lo permiten,
claro, d Grupo Parlamentario respecto de las dos propuestas de
creación de una comisión de investigación relativas a las
actividades del señor Roldán Ibáñez mientras fue Director
General de la Guardia Civil, circunstancias en que se produjo
su huida del país, su estancia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
Señorías, les ruego guarden silencio.
¡Señor Castells, señor Frutos! Les ruego ocupen sus escaños.
(Fuertes rumores.)
Les ruego guarden silencio. Algunas de SS.SS. tienen interés
en poder oír lo que va a decir el señor López de Lerma.
Cuando quiera, señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Si
no, me retiro y no pasa nada.
Decía, señor Presidente, que voy a tratar de fijar la posición
de nuestro Grupo Parlamentario respecto de las dos
iniciativas, las dos propuestas de creación de una comisión de
investigación relativas a las actividades del señor Roldán
Ibáñez cuando fue Director General de la Guardia Civil, las
circunstancias en las que se produjo su huida del país, su
estancia en paradero desconocido y las actuaciones de todo
tipo que culminaron con la puesta a disposición de la justicia
española el 28 de febrero último, según rezan resumidamente
las dos propuestas que ahora estamos debatiendo.
Voy a tratar de hacerlo, señorías, desde el respeto a las
iniciativas que debatimos y, naturalmente, desde el respeto a
lo que aquí representa cada cual, porque la discrepancia, al
menos para nosotros, es constitutiva del pluralismo político,
y la tolerancia es, además, esencia del parlamentarismo. Ello
no obsta, claro está, señor Presidente, para que rechace de
plano todo cuanto se ha dicho, que es bastante, que es mucho,
que es lamentable, todo cuanto se ha dicho o simplemente se ha
insinuado sobre el quehacer de nuestro Grupo Parlamentario; y
no sólo aquello que bordea por fuera, claro está, la cortesía
que debería guiar las palabras que aquí se pronuncian, sino
también aquello que aparece como injusta imputación, aunque
haya sido dicho con formal y aparente corrección. De
complicidad, señora Aguilar, ninguna. Lo que ocurre es que
quizá le sepamal la detención del señor Roldán porque fenece
su repetitivo, cansado y aburrido discurso ¿Cuál es nuestra
actitud respecto de las propuestas que hoy nos hacen los
Grupos Parlamentarios Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y Mixto? No diré que nos produzcan sorpresa, pues
las iniciativas estaban más que cantadas, se intuían, se veían
venir cuando la pasión, que no la razón, domina el escenario
político y, más todavía, cuando lo espectacular, la
escenografía parlamentaria, el salir en pantalla, la cuota de
pantalla, puede y gana a la eficacia o a la eficiencia que
deberían pretender conseguir propuestas como las que ahora
mismo tratamos y debatimos en este hemiciclo. (Rumores.)
Vamos a ver, señorías, ¿hubo o no hubo comisión de
investigación para tratar de poner en claro la gestión de los
fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la
Guardia Civil mientras fue su responsable el señor Roldán?
(Rumores.) Obviamente, sí. Hubo comisión de investigación. La
hubo a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, defendida en
aquella ocasión por el señor Baón; la hubo con el apoyo
unánime de todos los demás grupos y, además, se trabajó con
intensidad, con rigor y con seriedad, en palabras de la señora
Aguilar; con eficacia, en expresión del señor Mur; cumpliendo
estrictamente el mandato del Pleno de la Cámara, según aseveró
desde esta misma tribuna el señor González de Txábarri; dando
cabal respuesta a la demanda social existente, en cumplida
manifestación del señor Olarte; y, por supuesto, mostrando
todos orgullo por el trabajo realizado, en feliz y contundente
expresión del señor Ramallo.
Por tanto, señorías, hubo comisión, hubo investigación y hubo
resultado, y este resultado, por lo dicho aquí en la sesión
del 23 de junio de 1994, por lo comentado fuera por algunos de
nosotros y por destacados periodistas y, sobre todo, por lo
conocido de la actuación judicial, este resultado fue
altamente positivo. Por lo que tuvo de denuncia, claro que sí,
tuvo mucho de denuncia, y, sobre todo, por lo que tuvo de
constructivo, es decir, de capacidad de impulsar reformas
legales --por ejemplo, las relativas a fondos reservados; por
ejemplo, las relativas a contrataciones públicas; por ejemplo,
las relativas al propio fortalecimiento de la capacidad
investigadora de esas comisiones parlamentarias-- o de sugerir
notables cambios en el proceder de la mismísima Dirección
General de la Guardia Civil, como se están llevando a cabo, y
que parece ser además que ahora son criticados, cuando fue un
acuerdo unánime de esta Cámara.
Aquella, señor Presidente, señorías, fue una comisión que, en
acertadas palabras de una de sus más diligentes miembros, la
señora Aguilar hizo --leo textualmente-- «un trabajo positivo
política y socialmente hablando», y que, además, emitió un
dictamen asumido por unanimidad de la Cámara, de todos
nosotros,
en 148 de sus 149 páginas y en 21 de sus 22 conclusiones; un
dictamen que recibió el calificativo de bueno por parte del
señor Ramallo, cosa que le honró y le sigue honrando, señor
Ramallo, porque era y es conocida la discrepancia que su Grupo
mantenía respecto de las responsabilidades políticas; no
obstante, le honra que usted apelara al calificativo bueno
para calificar el dictamen.
Por tanto, señorías, nuestro Grupo Parlamentario no comprende,
no llega a entender por qué debe reabrirse hoy una
investigación que recibió de quienes la llevamos a cabo, y ahí
está el «Diario de Sesiones» y ahí están las hemerotecas para
comprobarlo, calificativos como rigurosa, ejemplar, eficaz,
útil, seria, sustancial e importante. ¿Que se quedaron cosas
en el tintero? No seré yo quien se atreva, señorías, a negar
esa posibilidad. Pero tampoco seré yo quien se atreva a decir
que lo actuado y nada es lo mismo, como parece deducirse de
algunas palabras aquí pronunciadas; que lo conocido es menos
que lo ignorado o que la deficiencia, como hoy se pretende
hacer creer, acompañó a la investigación. Lo diré de otra
manera, señorías, nada de lo publicado después de haber
concluido sus trabajos la llamada Comisión Roldán me es ajeno
o me resulta desconocido, ni tan siquiera lo noticiado a
partir de un sumario judicial abierto. Nada, absolutamente
nada me ha situado en una posición de incomodidad respecto de
lo investigado, sabido y conocido, lo cual, señorías, no es
obstáculo para reafirmarme en una idea, que al Gobierno o le
faltaron los reflejos o le sobraron complicidades, y
desgraciadamente, la Comisión no pudo ni constatar ni, menos,
depurar, es cierto, pero sí que deberá ocupar y preocupar a la
imparable, afortunadamente, acción de la justicia, porque en
ello nos jugamos, ni más ni menos, la profunda confianza que
los ciudadanos deben tener en sus representantes, en sus
gobernantes y en sus instituciones. (Rumores.)
España, señor Ramallo, no está podrida de arriba abajo.
Afortunadamente no lo está (Rumores.) seguro que no lo está, y
se lo dice un Diputado nacionalista catalán, de éstos a los
que siempre se nos observa con desenfocada lupa, según desde
qué bancos, por ejemplo los suyos. Quizás España esté harta de
tanta batalla inútil, de tanta descalificación innecesaria y
de tanta innecesaria e irresponsable agresividad verbal, como
la de hoy mismo. Quizás España está ávida, esté necesitada, le
urjan opciones ilusionantes y no propuestas desmoralizantes,
que sólo desánimo siembran allí donde debería crecer la
esperanza en una alternancia siempre consustancial con la
democracia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Posiblemente esté ávida de
todo ello, señor Ramallo, señorías, señorPresidente, pero en
todo caso me niego a creer que España esté podrida de arriba
abajo, ni a ustedes les conviene decirlo. No nos gusta, nunca
le ha gustado a nuestro Grupo la política de tierra quemada.
Nunca la hemos practicado, nunca la confirmaremos y nunca la
vamos a alentar, porque quien sale perdiendo al final es el
país, son los ciudadanos, son nuestros electores.
Ahora voy a retomar, lógicamente, el hilo de mi fijación de
posición, porque las propuestas de los Grupos Popular,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto no sólo
pretenden reabrir la Comisión conclusa, sino, como aquí se ha
puesto de manifiesto, investigar la fuga, la captura del señor
Roldán y además conocer sus andanzas por medio mundo.
Yo me pregunto, señor Presidente, señorías, ¿con qué medios?
¿Con qué instrumentos? (Rumores.) ¿Con el Reglamento? Seamos
rigurosos, señorías, ¿va a aparecer por el Congreso de los
Diputados el señor Paesa, pongamos el caso? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
Señorías, por última vez les ruego que guarden silencio y
permitan que los Diputados que quieren seguir la intervención
del señor López de Lerma puedan hacerlo. Ruego ocupen sus
escaños.
Puede continuar cuando quiera.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Me
preguntaba, señor Presidente, con qué medios vamos a
investigar la fuga y la captura del señor Roldán y además
conocer de sus andanzas por medio mundo, y si lo íbamos a
hacer sólo con el Reglamento en la mano, porque creo que
debemos ser rigurosos, ¿va a aparecer, decía, el señor Paesa
por aquí, porque parece ser que es importantísimo? ¿Llamaremos
al señor Ministro del Interior de Laos, para que nos cuente
aquí lo que no ha podido o querido explicar allí?
¿Interrogaremos a los periodistas que sí supieron localizar al
señor Roldán días después de su huida para que nos digan aquí
lo que el secreto profesional les impidió contar a la juez?
Señorías, por favor, seamos posibilistas, seamos posibilistas
que, como saben --supongo-- algunos de ustedes, es un término
cercano al rigor y a la seriedad con que debemos hacer
nuestros planteamientos políticos.
Afortunadamente para todos, nuestra Constitución --nuestra
querida Constitución-- templa pretensiones estériles, y ésta
que debatimos hoy lo es, es estéril, porque si el Parlamento
tuvo su momento, ahora es tiempo para la justicia. Lo dijimos
y lo votamos todos, además, se lo recuerdo. Votamos lo
siguiente: Dése traslado al Ministerio Fiscal de todo lo
conocido y de todo lo actuado, ya que encontramos --dijimos
todos nosotros-- indicios racionales de criminalidad en las
actuaciones del señor Roldán. Y dijimos y votamos más,
señorías. A la vista de lo conocido --se dice en el dictamen y
en el acuerdo-- no descartamos la existencia de indicios de
criminalidad referidos a la actuación de otras personas. Lo
expresó acertadamente el señor Olarte al afirmar --y le cito
textualmente-- que no podemos hurtar a la autoridad judicial
el conocimiento de unas labores importantes, de un trabajo
importante que ha realizado la Comisión, sino que, por el
contrario, tenemos que coadyuvar --decía el señor Olarte-- con
el Poder Judicial en la tramitación de dicho procedimiento. Y
lo remató muy sensatamente el propio señor Ramallo --y le cito
textualmente--. Queremos --dijo-- que el Parlamento constate
lo que es un hecho --hacía referencia a que el señor Roldán
solo no podía haber hecho todo lo que aparecía como hecho--,
porque con toda seguridad habrá más --decía el señor Ramallo--
, que la Comisión de investigación, por la limitación de
tiempo y de medios, no ha podido determinar y que, en su
caso --afirmaba entonces--, deberá determinar el Tribunal de
Cuentas y los tribunales de justicia. Que lo hagan ellos,
concluyó el señor Ramallo. Pues eso, que lo hagan ellos. Lo
dijo el señor Ramallo. (El señor Ramallo García: «Rebus sic
stantibus».)
Que lo hagan los tribunales de justicia, con más y mejores
medios que nosotros y, sobre todo --me van a permitir decirlo-
-, con mayor se sin presiones, sin suspicacias. El Parlamento,
repito, tuvo su tiempo y, además, lo utilizó correctamente,
con eficacia. Posiblemente --como ha decho el señor González
de Txábarri-- como nunca lo había hecho mediante una comisión
de investigación. Pero ahora, teniendo como tenemos,
afortunadamente, el señor Roldán a buen recaudo, ahora es
tiempo para la justicia, para esclarecer hechos, para
delimitar responsabilidades, las que sean, señorías, para
imponer penas, si es preciso, y para hacer todo ello con el
rigor que demandan nuestras leyes, para hecerlo, además, con
la lealtad de este Parlamento al equilibrio institucional que
contempla la Constitución. No habrá, señorías, señor
Presidente, mayor lealtad hacia la justicia que aquella
derivada del respeto a su independencia y del acatamiento de
sus decisiones. Ni habrá mejor ejemplo para la sociedad que la
abstención del Parlamento, justo cuando la justicia se dispone
a dictar veredicto.
Ya lo dijo Montesquieu en su famoso tratado «Del espíritu de
las leyes», hace ya un montón de años: a la autoridad suprema
del Legislativo corresponde moderar la ley en favor de la
propia ley. Y al menos en eso está nuestro Grupo
Parlamentario.
Nada más, señor Presidente y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma. Vamos a
proceder a las votaciones.Votación relativa a la solicitud de
creación de una comis Rato y 77 Diputados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 151; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud.
Solicitud de creación de una comisión de investigación
formulada por los Grupos Mixto e Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY GENERAL
TRIBUTARIA (Número de expediente 121/000077)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de
totalidad correspondiente al proyecto de ley de modificación
parcial de la ley General Tributaria.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, comparezco hoy para la
presentación del proyecto de ley de modificación parcial de la
Ley General Tributaria. El proyecto no constituye una
actuación aislada, sino que forma parte del conjunto de
medidas que pretenden la lucha contra el fraude fiscal, de
acuerdo con otras medidas como el proyecto de ley orgánica de
reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad
Social y el proyecto de ley órganica de contrabando.
La reforma afecta a 41 artículos, tiene carácter parcial y
servirá de puente para una reforma más global que el Gobierno
pretende abordar en el futuro.
La reforma pretende luchar contra el fraude a través de dos
vías: potenciando el cumplimiento espontáneo de sus
obligaciones por parte de los contribuyentes y
dotando a la Administración de medios más eficaces para
reprimirlo.
En un sistema como el nuestro, basado en la autoliquidación,
hay que propiciar al máximo la presentación y realización de
esas declaraciones y liquidaciones que constituyen, en nuestra
opinión, la vía más eficaz para mejorar el funcionamiento del
sistema. Con ello pretendemos ir a un sistema más consensuado,
que genere menos litigiosidad, de forma que contribuyamos
también a una aceptación social del mismo.
Resulta necesario también modificar el régimen de infracciones
y sanciones para que, sin merma de su carácter penalizador y
disuasorio, en base a su realismo y racionalidad, logre no
sólo una aplicación verdaderamente efectiva sino también la
aceptación suficiente para disminuir los problemas a los que
he hecho referencia.
También resulta imprescindible modificar los criterios de
gradación de las sanciones, de suerte que discriminen de
manera efectiva a aquellos que evidencian una especial
voluntad de defraudar a la Hacienda pública en relacción con
los restantes supuestos de incumplimiento.
Paralelamente se dota a la Administración tributaria de
instrumentos que van a contribuir a luchar eficazmente contra
el fraude fiscal en el ámbito de la gestión, inspección y
recaudaciones tributarias. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.). Se regula, igualmente, la
obligación de las entidades financieras de facilitar el origen
y destino de los movimientos en cuentas corrientes.
Este conjunto de medidas posibilita, a nuestro juicio, el
cumplimiento de las medidas contenidas en el programa de lucha
contra el fraude, aprobado recientemente por el Gobierno, y
coonstituye un eslabón en el proceso de acercamiento de la
Administración al contribuyente para una mejor implantación
del sistema tributario.
¿Cuáles son, brevemente, los elementos fundamentales del
contenido? Podría sintetizarlos en los siguientes. En primer
lugar, coordinar el régimen de infracciones y sanciones
tributarias con la regulación del delito fiscal. En segundo
lugar, favorecer el cumplimiento espontáneo de las
obligaciones tributarias mediante una adecuada regulación de
los recargos por ingresos fuera de plazo. En tercer lugar,
atemperar las sanciones tributarias en línea con los países de
nuestro entorno para conseguir una aplicación más consensuada
de la normativa tributaria. En cuarto lugar, dotar a la
Administración tributaria de los instrumentos necesarios que
le permitan luchar eficazmente contra el fraude en el momento
actual. Y por último, incorporar a la reforma los preceptos de
la Ley General Tributaria vigente que han sido objeto de
regulación por leyes de presupuestos, de acuerdo con el
criterio establecido por el Tribunal Constitucional. Como
complemento de la reforma de la Ley General Tributaria,
mediante disposición adicional, se modifican determi
procedimiento económico-administrativo que afectan,
esencialmente, a la suspensión de la ejecución de los actos
impugnados y a la supresión de trámites de carácter repetitivo
en el procedimiento de resolución de las reclamaciones.
Para finalizar la descripción de los aspectos puntuales de la
reforma, quisiera señalar que la articulación del régimen
transitorio constituye, sin duda, uno de los problemas
principales de la reforma, porque en las situaciones
transitoria es donde el principio de igualdad se puede ver más
comprometido. En la regulación del régimen transitorio se ha
procurado favorecer al máximo la seguridad jurídica y la
eficacia en la gestión tributaria, respetando el principio de
la retroactividad de la norma sancionadora más favorable. Por
ello en disposición transitoria se establece que, en tanto los
actos de imposición de sanciones no se afirmen, se plicará el
nuevo régimen sancionador, en el supuesto de que dicho régimen
resulte más beneficioso que el vigente en la actualidad. Para
facilitar el cumplimiento de esta norma, la Directora de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dado órdenes a
los servicios de la Agencia de suspender la imposición de
sanciones en tanto no se apruebe el proyecto y de informar a
los contribuyentes de la posibilidad de obtener la aplicación
de un régimen sancionador más beneficioso. Por último, la
disposición final determina la fecha de la entrada en vigor de
la ley y su aplicación a las infracciones que se cometan a
partir de dicha fecha, así como los recargos que se devengen a
partir de la misma, cualquiera que sea la fecha del devengo de
los tributos o hechos imponibles con los que guarda relación.
Lo expuesto pone de relieve la necesidad de efectuar una
rápida tramitación parlamentaria de este proyecto. Yo le haría
un ruego a este Pleno para que, en la medida de lo posible, se
agilizaran los plazos previstos para la presentación de
enmiendas, ya que pensamos que, con carácter general, existe
un importante interés por parte de los ciudadanos en ver
aprobadas cuanto antes las medidas contempladas en esta
reforma.
No quisiera terminar, sin embargo, sin aludir someramente a
alguna de las modificaciones que en el proceso parlamentario
se proyectan introduc particular en los que afectan a las
competencias de mi Departamento. En efecto, se ha venido
detectando en los últimos tiempos una opinión generalizada
favorable al restablecimiento de la eficacia vinculante de las
contestaciones a las consultas formuladas ante la
Administración. El Ministerio es sensible a esta demanda
justificada en razones de seguridad jurídica. Por ello se está
trabajando en esta dirección, si bien, como es lógico,
limitando los supuestos en los que se produce la vinculación
de la Administración a aquéllos de especial relevancia en los
que la determinación previa del
régimen tributario aplicable constituye una garantía esencial
para el correcto complimiento de las obligaciones tributarias
que determina y condiciona, evidentemente, la actuación
posterior de la Administración. Especial relieve adquiere este
caso cuando afecta a una pluralidad de contribuyentes, como es
el relativo al lanzamiento de nuevos productos financieros o a
las modificaciones de los sistemas que afectan a la previsión
de la empresa. Este esquema quedaría incompleto si no
reforzásemos de manera general el derecho del contribuyente a
obtener información de la Administración sobre el alcance de
sus obligaciones en materia tributaria y el contenido de sus
derechos, lo que nos proponemos llevar a cabo mediante la
reforma complementaria del artículo 96 de la Ley General
Tributaria.
Con estas mejoras y aquellas otras que, sin duda, se
introducirán en la tramitación parlamentaria, esperamos dar
respuesta a las recomendaciones del informe de la Unidad
Especial de Lucha contra el Fraude, contenidas también en el
programa de medidas aprobadas por el Gobierno, y reforzar el
papel de la Ley General Tributaria como instrumento normativo
al servicio del contribuyente. No se nos oculta, sin embargo,
que en supuestos de especial gravedad, debe reforzarse el
papel de la Administración, pero siempre tratando de
aprovechar y utilizar previamente los mecanismos ya
existentes. En este sentido, la adecuada coordinación de la
información disponible y su aprovechamiento al máximo
constituyen, la piedra angular de la eficacia administrativa
en la lucha contra el fraude. Confío, pues, que la Ley General
Tributaria, cuya reforma parcial se somete a la consideración
de las Cámaras, cumpla su papel y desarrolle los cometidos
para los que ha sido concebida.
Muchas gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
A este proyecto de ley ha sido presentada una enmienda de
totalidad de devolución por parte del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa pe será defendida a las cuatro de
la tarde, cuando se reanude la sesión de este Pleno.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
Se renuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se reanuda
la sesión.
Al debate de totalidad del proyecto de ley de modificación
parcial de la Ley General Tributaria se ha presentado una
enmienda de devolución po Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, no quiero iniciar mi intervención, una vez que el
Grupo Pa Unida-Iniciativa per Catalunya recobra el turno de
palabra en este Pleno, sin negar algunas de las imputaciones
realizadas anteriormente en otros puntos, y a las que no hemos
tenido ocasión de responder, sobre nuestras relaciones con
Herri Batasuna, que nos han parecido gravísimas. Son otros
grupos parlamentarios los que tendrán que explicarlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, la
Presidencia, en el momento oportuno del debate, ha dado la
palabra a la portavoz de su Grupo y ha expresado, con relación
a esta cuestión, todo lo que ha creído oportuno. Por lo tanto,
cíñase al tema.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley de modificación parcial constituye, a
juicio de mi Grupo Parlamentario, un importante error del
Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, si es que
realmente el Gobierno tiene una estrategia para este asunto.
Los efectos de este proyecto de ley, que ha defendido el
ausente Ministro de Hacienda, pueden significar un incremento
sobre la ya enorme bolsa de fraude fiscal existente en España.
Nosotros imaginamos que el Gobierno no desea esta
consecuencia, pero no es capaz de resistir a las importantes
presiones políticasque, desde determinados sectores
financieros, recibe para rebajar las capacidades inspectoras y
sancionadoras de la Hacienda pública. En el fondo, lo que este
proyecto conlleva, en última instancia, es una rebaja de esas
capacidades inspectoras y sancionadoras.
Si bien el Gobierno ha demostrado durante mucho tiempo ser
poco sensible con las libertades civiles, como lo muestran
numerosos proyectos de ley traídos a esta Cámara, es curiosa
la conciencia escrupulosa que, sobre la intimidad fiscal y
financiera, ha surgido en el seno del Gobierno; una intimidad
fiscal y financiera que no es, a nuestro criterio, el derecho
a la intimidad recogido en la Constitución Española.
Hubiera sido una buena oportunidad hacer una nueva ley general
tributaria, porque no hay que olvidar que estamos ante una ley
que data de 1963, que sufrió una reforma en el año 1985. Esta
nueva reforma de 41 artículos el Ministro de Hacienda la
planteó en el momento en que estuvo presente esta mañana en
esta Cámara, diciendo que era únicamente como un puente para
una futura reforma más amplia, y nos hubiera parecido más
oportuno que se hubiera contemplado de una sola vez, haciendo
una auténtica ley general tributaria de nuevo cuño, que no
significase, como nosotros consideramos
que significa en este momento, un la lucha contra el fraude
fiscal.
Para no ser excesivamente prolijos en nuestra intervención,
fijaremos nuestra crítica sobre cinco artículos que, a nuestro
juicio, devalúan se escasa capacidad que tiene la
Administración tributaria para luchar contra el fraude. Son
fundamentalmente los artículo 87 y 88, que se refieren al
régimen sancionador; el 111, que se refiere a la inspección de
cuentas bancarias; el 141, que se refiere al domicilio del
afectado, y el 142 referido a la localización de los
materiales que son objeto de la inspección. Estos cinco
artículos son los que generan y justifican, --desde el
criterio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es
una fuerza política comprometida totalmente en la lucha contra
el fraude fiscal, como una manera fundamental para luchar
contra el déficit público--, justifican, repito, el mayor
rechazo por parte de mi Grupo Parlamentario, a su
modificación.
En cuanto a las infracciones y sanciones, es de destacar la
enorme contradicción que significa la propia exposición de
motivos, cuando indica que el régimen de sanciones actualmente
en vigor supuso un importante avance sobre el que contemplaba
la Ley de 1963. Y si esto es así ¿por qué se cambia? ¿Porque
era demasiado avanzado este régimen sancionador de la Ley?
Nosotros no lo creemos así, no creemos que fuese un régimen
excesivamente avanzado. Porque el actual sistema no resulta lo
suficientemente disuasorio para la infracción, y aunque ha
supuesto un incremento notable en la cuantía de las sanciones,
que en el caso de las más graves ha pasado de una media del 25
o el 50 por ciento al 145 por ciento, incluso con este
incremento de la sanción media el defraudador importante, el
que está bien asesorado, el que nos interesa, este
defraudador, a pesar de todo ello, tiene pocas posibilidades
de ser descubierto por la enorme complejidad que tiene la
inspección tributaria, y un riesgo pequeño de sanción. Incluso
en los fraudes descubiertos la esperanza de evasión fiscal,
según vaticinan y analizan los expertos, es altísima; en
algunos casos, esta esperanza de evasión fiscal llega hasta el
75 por ciento.
Y si esto es así con el actual régimen de
sanciones ¿qué es lo que sucederá si éste se rebaja en un 50
por ciento, si ya la sanción máxima no es un 300 por ciento
sobre lo defraudado a Hacienda sino, como máximo, un 150 por
ciento? ¿A quién beneficia esta medida? Desde luego, esta
medida no beneficia ni a los trabajadores ni a aquellos cuyo
salario depende de una nómina, téngalo bien seguro. Esos pagan
religiosamente y les da igual que las sanciones sean del 150,
del 300 o del 500 por ciento, porque incluso ni capacidad
tienen de ser defraudadores.
Esto favorece a los defraudadores profesionales. A quienes en
el actual sistema les merece la pena, desde posiciones
éticamente reprobables, defraudar porque el peligro es
asumible, les merecerá mucho más la pena hacerlo de ahora en
adelante, porque el peligro se reduce a la mitad.
Les llamo la atención --también quisiera llamársela al señor
Ministro, pero me es imposible-- sobre el absurdo de eficacia
fiscal que esta modificación pretende en su exposición de
motivos, ya que, según el razonamiento de que por bajar las
sanciones la eficacia fiscal aumentaría, la cumbre de la
eficacia fiscal sería la sanción cero. Esa sería la mayor
eficacia fiscal posible desde el razonamiento que se nos
plantea en este proyecto de ley.
Tampoco nos parece serio ni razonable el argumento de la
situación en otros países, donde la represión del fraude se
confía fundamentalmente al ámbito penal, tipificando el delito
fiscal como delito de conducta y no como delito de cuota. Por
cierto, que para tener la posibilidad de ser un delincuente
fiscal en España hay que tener todo un «status», por lo menos
hay que tener unos ingresos de 15 millones de pesetas; si no
tienes esos ingresos, no puedes ser un delincuente fiscal.
Permítanme decirles que es conmovedor el comentario de la
exposición de motivos que considera la posibilidad de
atemperarse en las sanciones t para conseguir una aplicación
más consensuada de la normativa tributaria. Nos parece
realmente algo tierno con los defraudadores fiscales, porque
¿puede creer alguien que un defraudador, el cual intenta no
pagar la cuota, está dispuesto a consensuar dicha cuota y la
sanción por más leve que ésta fuese? ¿Realmente alguien puede
pensar esto, salvo desde una concepción absolutamente benéfica
de un defraudador fiscal?
Esta modificación del régimen de sanciones justifica ya, según
el criterio del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya devolución de este proyecto de ley al
Gobierno, porque supone un sustantivo paso atrás en la lucha
contra el fraude y, además, en un momento en que para luchar
contra el déficit público el Gobierno dice estar dispuesto a
todo. ¿A todo? Parece que sólo a vender participación en
empresas, a eso es a lo que parece que fundamentalmente está
dispuesto el Gobierno en su lucha contra el fraude.
Pero son más los aspectos que merecen la crítica de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Uno de ellos es la protección
excesiva que significa el artículo 113 en relación con las
cuentas bancarias, que para cada movimiento se requiere una
autorización y se posibilitan protecciones a ingresos que no
se declaran, sin que quepa aquí justificación alguna sobre la
intimidad del sujeto pasivo, porque lo que se obtine en el
análisis de las cuentas son solamente flujos monetarios, y,
además, si se considera que los funcionarios inspectores que
actúan sobre esta materia están actuando lesivamente en contra
del sujeto pasivo de la inspección, hay mecanismos
legales para recurrir contra estos inspectores fiscales.
También nos parecen extraordinariamente negativas las
modificaciones que plantean en los artículo 141 y 142 del
proyecto de ley que hoy nos trae el Gobierno a esta Cámara y
que en su momento defendió el Ministro de Hacienda ante este
Pleno, aunque no ha considerado oportuno oír lo que le
planteamos en nuestra enmienda a la totalidad.
La actual redacción sólo condiciona la obtención del
mandamiento judicial para la inspección cuando se trate del
domicilio particular de cualquier español o extranjero. Ahora,
en el artículo 141. se cambia este concepto del domicilio
particular por el del domicilio del afectado. Este cambio
puede tener una enorme trascendencia en el proceso de
inspección fiscal, porque no hay una facultad legal directa
para poder inspeccionar, y solamente hay dos posibilidades
para realizar la inspección: una, el consentimiento del
inspeccionado y, otra, una autorización judicial previa. Desde
luego, ninguna de las dos es creíble para poder realizar una
inspección que sea razonable, porque ¿cómo va a dar el
consentimiento el inspeccionado en el momento en que la
inspección le empieza a parecer preocupante o lesiva? en el
momento en que el inspeccionado considera que la inspección le
es lesiva, puede tener la facultad de dar la orden de que el
inspector abandone la inspección. La puede dar, y en ese
momento producirse un ínterin entre que da la orden de que el
inspector abandone la inspección y obtine la correspondiente
autorización judicial para hacer desaparecer el conjunto de
las pruebas. Este es un aspecto que nos parece de bastante
sentido común, por lo que no compredemos de ninguna de las
maneras cómo se ha podido plantear en el proyecto de ley. De
igual manera, tampoco se puede dar una autorización judicial
si no existen indicios mínimos para que se pueda dar. Es
decir, un juez no va a dar autorización judicial si no se han
obtenido ya indicios, en una comprobación previa, para que se
pueda inspeccionar hasta el final.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es absolutamente
incomprensible el nuevo marco jurídico que plantea este
artículo 141.2. Lo hace en una situación que era legalmente
pacífica, cuando no había ninguna sentencia del Tribunal
Supremo que hubiera denegado las competencias que daba la
vigente Ley General Tributaria, y las propias sentencias del
Tribunal Constitucional tampoco negaban estas posibilidades
inspectoras. Para nosotros, repito, esta normativa que nos ha
planteado este proyecto de ley es incomprensible desde
cualquier punto de vista.
El señor ANDREU ANDREU: Termino, señor Presidente.
Van a tener una colaboración importante en el futuro para que
pueda continuar siendo un azote en nuestro país.Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para turno en contra, por el Grupo Socialista, el señor Varela
tiene la palabra.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, comenzaré
diciendo que nos parece muy oportuna la iniciativa del
Gobierno y po desacuerdo con la enmienda de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en la que se afirma que no se
justifica la presentación de este proyecto y lo argumenta con
generalidades y con alguna concreción totalmente errónea, de
las que yo no deduzco ninguna razón de fondo que justifique la
pretensión de devolución de este proyecto al Gobierno.
Independientemente de la consideración de que es conveniente
la elaboración de un proyecto que contenga una nueva ley
general tributaria, es decir, de una reforma total de la Ley -
-tarea a la que, como se afirma en la memoria, no renuncia el
Gobierno--, se hace urgente la modificación parcial de la
misma por diferentes motivos, pero todos ellos con la
importancia suficiente como para justificar, cada uno por sí
solo, esta modificación parcial.
Efectivamente, la situación creada tras las declaraciones de
inconstitucionalidad de las modificadas operadas en la Ley
General Tributaria a t Presupuestos Generales del Estado por
considerar que tales modificaciones no constituyen un
complemento necesario para la ejecución de los Presupuestos, y
por ser la Ley General Tributaria una norma típica del Derecho
codificado, requiere que urgentemente se proceda a su
regularización, es decir, a recoger las modificaciones
realizadas en las leyes presupuestarias hasta 1992 y
tramitarlas a través de un proyecto específico: el que hoy se
somete a debate.
Por otro lado, y aprovechando este momento, parece también
conveniente regular de forma expresa alguna cuestión que ha
sido objeto de sentencias judiciales, incluida la doctrina del
Tribunal Constitucional establecida en la Sentencia del 26 de
abril de 1990 sobre la culpabilidad necesaria para poder
apreciar infracción tributaria en la conducta del obligado, lo
que exige la configuración en la ley de la diligencia en el
cumplimiento como circunstancia exculpatoria. Y si esto
justifica por sí solo la tramitación de una modificación
parcial, no lo hace menos la reforma del Régimen de
infracciones y sanciones, porque, discrepando radicalmente de
la valoración del Grupo enmendante, si la reforma llevada a
cabo por la Ley 10/1985 ha supuesto una mejora notable en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y un incremento
también notable en la cuantía de las sanciones --las sanciones
establecidas no para obtener a través de ellas una mayor
recaudación, sino para combatir precisamente el fraude fiscal-
-, también
tuvo, como consecuencia secundaria, un incremento de la
litigiosidad y de la disconformidad manifestadas a través del
sistema de recursos, lo que produce, a nuestro juicio, un
defecto perturbador en el funcionamiento del sistema
tributario.
Por eso, ahora que se constata que las medidas contra el
fraude discal están dando resultados positivos y que se
dispone de otros instrumentos de control y, por tanto, de
persuación diferentes a las sanciones, más perfeccionados,
como son los informáticos, no puede hacerse otra cosa que
elogiar la iniciativa del Gobierno al pretender favorecer el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias,
atemperando, de esta manera, la cuantía de las sanciones, sin
que ello suponga grandes rupturas conceptuales con el régimen
vigente que, como ya afirmé, ha dado resultados positivos.
Además, esto aproxima, como decía esta mañana el Ministro,
este Régimen al que tienen los países de nuestro entorno de la
Unión Europea.
Dentro de este apartado hay que destacar el tratamiento que el
proyecto hace del Régimen de ingresos extemporáneos
espontáneos al establecer el principio de proporcionalidad
entre la demanda y la cuantía del recargo para favorecer con
ello el pago extemporáneo en los primeros meses.
También a nuestro juicio este tema tiene suficiente
trascendencia no ya para los intereses recaudatorios de la
Administración, sino para los propios contribuyentes. Creo que
de esta forma también se justificaría por sí misma una
modificación parcial, y en el momento oportuno de la Ley
General Tributaria. Creemos que este es un momento oportuno
para hacerlo.
Tampoco nos parece que deba de esperar una nueva ley general
tributaria la necesaria dotación a la Administración de los
instrumentos que precise para hacer más eficaz la lucha contra
el fraude fiscal, potenciando las facultades de los órganos de
gestión a través de la práctica de liquidaciones provisionales
de oficio que posibiliten la realización de controles masivos
con gran apoyo informático.
Una vez expuestas las razones por las que mi Grupo estima que
debe rechazarse la enmienda de devolución, quiero decir que
consideramos conveniente que se aproveche esta reforma para
hacerla extensiva a los procedimientos de gestión tributaria,
de recaudación y de inspección, materias propias de la Ley
General Tributaria, así como que se complemente con la reforma
del procedimiento económico-administrativo, en íntima relación
con los anteriores.
Además de los objetivos fundamentales ya señalados, es
necesario tener en cuenta otras modificaciones concretas, más
o menos técnicas, que actualicen los distintos procedimientos
de acuerdo con las nuevas exigencias del sistema tributario --
modificaciones que sólo enumero, porque tiempo tendremos para
debatirlas en profundidad en los siguientes pasos de su
tramitación--, comenzando por la adaptación de la normativa
vigente a los efectos derivados de la aplicación de la Ley
orgánica de regulación del tratamiento automatizado de datos,
donde, unido a la valoración que hace el señor Andréu sobre
los tratamientos que en el
proyecto se da a los artículos 141.2 y 142, se observan
tremendas contradicciones no sólo con las posturas mantenidas
por su Grupo ante otros proyectos de ley, sino también con las
propias argumentaciones dadas por el señor Andréu durante este
debate.
Nos ha acusado de que somos poco sensibles, por un lado, con
los derechos civiles. Sin embargo, por otro lado, está
defendiendo la política del palo y tentetieso, sin ningún tipo
de miramientos. Lo hace con relación, nada menos, que al
tratamiento que en este proyecto se hace al domicilio y
también a los datos informatizados. Me parece que este Grupo,
hace poco más de dos años, nos acusaba de que la política que
practicaba el PartidoSocialista para la entrada en
determinados domicilios donde se suponía que se estaba
cometiendo un flagrante delito en materia de tráfico de
drogas, era una política de la patada en la puerta. Pues me
parece que la política que ha sostenido precisamente hoy el
señor Andréu en esta Cámara es esa, la política de la patada
en la puerta para facilitar las actuaciones de la inspección
tributaria.
Hay otra serie de temas puntuales, como la configuración de un
procedimiento de comprobación abreviada, la regulación del
aplazamiento y fraccionamiento de pagos, la adaptación del
procedimiento a la supresión de la antigua certificación de
descubierto, el tratamiento de nuevos supuestos de
responsabilidad solidaria en el embargo y, ya en materia de
procedimiento económico-administrativo, la facultad,
importante para los contribuyentes, de suspensión para evitar
perjuicios irreparables, y, cuando no sea posible, aportar la
garantía habitual.
¿No le parece a usted, señor Andréu, materia suficiente para
considerar que este proyecto de ley debe continuar su
tramitación a fin de poder de vista de los diferentes grupos
en temas tan importantes? ¿No cree usted que las
modificaciones propuestas suponen una mejora del sistema
tributario en su doble vertiente? Si lo que le preocupa es que
una reducción de los límites máximo y mínimo de las
infracciones tributarias suponga un aumento del fraude fiscal,
creo que se equivoca. Esas cuantías tuvieron su razón de ser
sobre todo porque los defraudadores detectados o investigados
eran pocos y las sanciones tenían que ser ejemplares. Pero a
medida que el nivel de información de la Administración
tributaria aumenta de manera tan significativa que permite
multiplicar el número de contribuyentes investigados, es
aconsejable reducir la cuantía media de las sanciones, siendo
más eficaz y equitativo un sistema que controle a muchos de
los posibles defraudadores y, por tanto, sancione a muchos,
que otro que, investigando a pocos, haga pagar a los que coja
por aquellos que se le escapan.
Quiero acabar refiriéndome a la Ley General Tributaria como
pieza clave del ordenamiento al que la enmienda de Izquierda
Unida niega su carác sistematizador, no ya ahora, sino desde
su aprobación en 1963, lo que no puede ser compartido, porque
durante su primer período de vigencia guardó perfecta conexión
con las demás leyes tributarias, hasta que en 1977 la Ley de
medidas urgentes de reforma Fiscal rompe con ese esquema,
produciéndose hasta 1985 regulaciones de materias propias de
la Ley General Tributaria en las leyes de los diferentes
tributos, siendo precisamente la Ley 10/1985, que tanto le
agrada por esa subida de sanciones, la que vuelve a configurar
a la Ley General Tributaria como cauce adecuado para esas
modificaciones en el sistema.
Esa es en estos momentos la tendencia, como puede fácilmente
comprenderse, a la vista de este proyecto de ley y también
ante la pretensión de elaboración de un nuevo proyecto que
abarque la totalidad de la misma, a la que no hace renuncia el
Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Varela.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señor Varela,
sinceramente si usted considera que la litigiosidad fiscal va
a bajar porq disminuyan, creo que está viviendo en el país de
las maravillas.
El litigio fiscal va a continuar siendo el mismo, sea la
sanción de 300 o 150, porque va a litigar de igual manera
aquel al que se le impone una sanción por parte de Hacienda.
En ese sentido nosotros consideramos que son absolutamente
erróneas las previsiones que se hacen desde el Gobierno y lo
decimos con toda solemnidad, tal como se desprende de la
defensa que ha hecho el Grupo Socialista, como soporte
fundamental de esta ley. Diría que es más bien al contrario.
El que ahora tenga que abonar como sanción el triple de lo
defraudado, puede jugarse pagar únicamente el 150 por ciento,
estoy absolutamente convencido de ello.
En este caso no hay una posición ideológica, sino de sentido común.
Estoy absolutamente convencido de que con mucha más razón se la va a
jugar y va a cometer fraude fiscal sabiendo que está en juego
el 150 por ciento; ya no se juega el 300 por ciento, sino el
150 por ciento. Sinceramente, nos parece que es hablar de
«Alicia en el País de las Maravillas» que usted nos diga que
con esta normativa se va a reducir la litigiosidad fiscal.
Dice usted algo sobre nuestra posición acerca de la inspección
fiscal. Nosotros, patada en la puerta ni para la inspección
fiscal; patada en la puerta, en absoluto. Estamos en un
proceso leg en el que, por lo visto, lo único que se está
salvaguardando es la intimidad fiscal, porque ustedes fueron
los que apoyaron ese proyecto de la patada en la puerta.
La intimidad personal de la gente en sus viviendas ha sido
atacada severamente por ustedes, y proyectos que limitaban
seriamente la libertad ciudadana han sido apoyados por
ustedes. Sin embargo de pronto, cuando hablamos de esa
«intimidad fiscal» --entre comillas--, que esa sí me parece
que debe ser menos íntima de todas, porque detrás de ella
muchas veces se oculta no cumplir con la obligación como el
resto de la ciudadanía, del pago de impuestos (y ésta para
nosotros sí debe ser, si me permiten la redundancia, la
intimidad menos íntima de todas, la intimidad fiscal), ustedes
se convierten en hermanitas de la caridad y les llama la
atención que pueda llevarse a cabo cualquier tipo de
inspección sobre ellas.
Nosotros no pedimos que se dé una vuelta de tuerca ni nada por
el estilo. Nosotros pedimos que continúe la reforma que se
hizo en el año 1985, sobre la Ley de 1963, y que sigan
actuando los mismos mecanismos que hoy existen que posibilitan
la inspección fiscal; no pedimos más. No hacemos como ustedes
con el proyecto de la patada en la puerta con el que dieron un
paso adelante; no. Nosotros pedimos que las cosas sigan como
hasta ahora porque desde el punto de vista de los
defraudadores difícilmente van a dar facilidades para que se
pueda inspeccionar en los lugares que tienen ubicadas sus
contabilidades. No olvide que donde tienen su contabilidad es
en el domicilio fiscal, no en ningún otro, entre otras cosas,
porque por ley están obligados a tener sus contabilidades en
lo que ellos determinan como domicilio fiscal y no en otro
sitio. Por tanto si ponemos cortapisas para que al domicilio
fiscal se pueda acceder por la Inspección de Hacienda estamos
haciendo un desastre; estamos incluso siendo contradictorios
con lo que la propia ley pide para los servicios de
inspección, y es que tengan como obligación fundamental el
control de la contabilidad de las empresas y sujetos que deban
ser inspeccionados. Vemos contradicciones importantes en el
conjunto de la ley.
No puedo aceptar, de ninguna manera,
las críticas que se hacen a la enmienda a la totalidad que ha
presentado mi grupo. Considero que este país para la lucha
contra el fraude fiscal necesita continuar con ese espíritu
que significó la reforma tributaria de 1985 modernizando, si
se quiere, aquellos aspectos, pero no dando marcha atrás.
En su exposición cuando ha hablado de la conquista que supuso el
aumento sancionador de la ley de 1985 es contradictorio con el
planteamiento que hace al final de que esta rebaja de las
sanciones pueda significar unas posibilidades mayores de lucha
contra el fraude fiscal; no son compatibles esos dos
argumentos.
Independientemente de que podamos tener otros debates en las
enmiendas parciales en los que se verá cuáles son las
alternativas concretas de m parlamentario, consideramos que el
espíritu de esta ley es negativo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, señor
Andreu, veo que está defendiendo de forma reiterada posturas
inmovilistas. Se refiere a la Ley 10/1985, ley, que tiene una
vigencia de diez años y que lógicamente es necesario revisar
para adaptarla a los tiempos actuales mejorando los mecanismos
de los que ha dotado precisamente a la Administración
Tributaria ¿Para qué? Para que el sistema tenga mejor
aceptación por parte de los ciudadanos, porque un sistema
fiscal para que funcione con plenas garantías debe ser
aceptado de la forma más pacífica y asumida posible por parte
de los ciudadanos. Lógicamente este sistema tendrá que tener
mecanismos para obligar a aquellos que incumplen sus deberes
tributarios, pero también habrá que tener en cuenta que la
Administración evoluciona a lo largo del tiempo: que la
Administración de ahora no es la de hace 10 o 20 años; que hoy
existe una serie de mecanismos, una posibilidad de
informatización de los datos de todos los contribuyentes que
permite detectar mejor los posibles fraudes fiscales.
A mí me parece que es por ahí por donde hay que empezar a aplicar
la reforma. ¿Cómo se complementa, por tanto, la reducción de
la cuantía de las sanciones? Con controles masivos, señor
Andreu, como los que se pretenden llevar a cabo mediante un
procedimiento abreviado de comprobación que permita practicar
de forma generalizada, liquidaciones provisionales de los
diferentes tributos. También, por otro lado, estimulando el
pago extemporáneo voluntario disminuyendo y graduando las
sanciones en función del tiempo de demora.
Esto va a incidir en que aquel que defrauda o que comete una
infracción, vamos a suponer y me parece que hay en la sala
presentes muchos Diputados que alguna vez vieron su plazo de
pago voluntario sobrepasado por algún descuido o alguna
negligencia y tuvieron que ser sancionados por la
Administración Tributaria. Cuando esto se produce y existe
voluntad por parte del infractor de regularizar su situación
respecto a la Administración Tributaria, lo lógico es que haya
una graduación de sanciones que incentive, que estimule a que
se ponga rápidamente al corriente, haciendo los ingresos
necesarios con los menores recargos posibles y también con el
menor interés de demora que se produce por el tiempo que pasa
desde que finaliza el plazo de ingreso voluntario.
También hay que tener presente que de esta forma es posible
que los litigios disminuyan. Es cierto que uno litiga cuando
tiene que pagar una gran cantidad; pero cuando la cantidad se
hace menor, suele pagar y callar,
muchas veces, aunque considere que no tiene toda la razón
quién establece un recargo.
Vuelve a hacer hincapié respecto al domicilio y al artículo
141.2. Creo que usted no lo ha leído de forma detenida. Aquí
se introduce el elem autorización escrita del director del
departamento competente caso de que el dueño o morador de la
finca se opusiere a la entrada de los inspectores. Me parece
un requisito que garantiza la situación del contribuyente como
ciudadano, se lo dice alguien que tuvo que hacer en su trabajo
profesional funciones inspectoras y me parece lógico que sea
así.
Cuando se refiere al domicilio del afectado, es decir, al
domicilio en donde reside él y su familia, ese lugar donde hay
que preservar la intimidad del ciudadano contribuyente, en ese
caso, la Administración ha de obtener el oportuno mandamiento
judicial, lo cual entra en colisión con la afirmación que ha
hecho en su primera exposición, cuando decía que nosotros, con
este proyecto de ley, íbamos en contra o éramos poco sensibles
a la defensa de los derechos civiles.
Creo que se ha equivocado, y tendrá tiempo de enmendarlo en el
trámite de Comisión.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Varela.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero también agradecer al señor Presidente que haya evitado
reabrir esta tarde un debate que ha quedado cerrado esta
mañana.
Sin más, paso a fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario respecto a este proyecto de ley de modificación
parcial de la ley General Tributaria.
La reforma de la Ley General Tributaria ha sido largamente
solicitada por nuestro grupo parlamentario en infinidad de
ocasiones. Desde nuestro punto de vista, era una necesidad
urgente, una necesidad encuadrada dentro de las reformas
estructurales que necesita nuestro ordenamiento jurídico y
nuestra economía.
Muchos eran los motivos que reclamaban la necesidad de esta
reforma. Por una parte, la numerosa normativa y la
jurisprudencia que se ha ido ac desde la implantación de la
ley vigente. Por otra parte, la adaptaación a este marco
jurídico tributario de la situación actual de los obligados
tributarios, tanto personas físicas como jurídicas, así como
la tipificación de las sanciones ajustándolas a la realidad
social y a la lucha contra el fraude. Creemos que estos
objetivosestán recogidos en el proyecto de ley que presenta
esta tarde a la Cámara el Grupo Parlamentario Socialista. En
definitiva, la reforma parcial de la Ley General Tributaria es
un esfuerzo, esfuerzo que consideramos positivo, de
acercamiento a la defensa de los intereses del contribuyente.
Reconocida esa necesidad, este proyecto de ley tiene, a
nuestro entender, numerosos elementos distorsionadores y no
adecuados que desde nuestr parlamentario vemos necesario
cambiar, pero no desde la perspectiva de presentar una
enmienda a la totalidad, pues creemos que la devolución de
este proyecto de ley no haría más que retrasar la puesta en
marcha de unas medidas que estimamos son urgentes y
necesarias. Por otra parte, como ha dicho el señor ministro
esta mañana, hay un estudio de reforma de la totalidad de la
Ley General Tributaria que tiene el Gobierno, y confiamos
poder seguir tratando de estos temas en un futuro próximo. Por
otra parte, estamos acostumbrados a que en infinidad de leyes
se vayan regulando otras por la necesidad o urgencia de
algunas medidas que tomar. Por tanto, consideramos apropiado
poder tratar en estos momentos de una reforma parcial de la
Ley General Tributaria, sin abandonar el hecho de que en el
futuro esta Ley tenga que ser reformada en su totalidad o por
lo menos revisada en su totalidad.
Desde luego sí vamos a intentar, desde nuestro grupo
parlamentario, mejorar este texto a través de las enmiendas al
articulado que hemos prese conjuntamente con el señor
Albistur, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas algunas
técnicas y la mayoría de contenido sustantivo. Intentaremos
defender con nuestras enmiendas, como digo, que exista un
equilibrio que conjugue la mayor capacidad de gestión de la
Administración tributaria con la preservación de los derechos
constitucionales de los contribuyentes y con unas medidas de
justicia equitativa y de defensa de sus intereses.
Hay que reconocer que el desarrollo de las figuras
tributarias, el crecimiento del número de contribuyentes y la
complejidad del tráfico mercantil han dejado al descubierto la
incapacidad de esta norma marco para hacer frente a esta nueva
realidad. Era, por tanto, necesario adaptar esta Ley,
corrigiendo y actualizando situaciones entre el contribuyente
y la Administración; era necesario atajar, en la medida que
esta ley permite, el creciente fraude fiscal, si bien
consideramos que este problema, el fraude fiscal, debe ser
combatido a través de normas como el plan de la lucha contra
el fraude que ha elaborado el Gobierno. Sin embargo, existe el
peligro, como decía --y así se ha puesto de manifiesto en este
proyecto de ley--, de cercenar los derechos y libertades de
los contribuyentes con una regulación que, a veces, se
extralimita en los medios puestos a disposición de la
Administración, con los objetivos que debe
alcanzar esta reforma. El embargo preventivo, por ejemplo, o
el precinto de los locales, la entrada en el domicilio, el
registro de los locales o la investigación de cuentas
corrientes, todo ello será objeto de debate y discusión, lo
mismo que el régimen de inspección y sanciones.
En definitiva --por lo menos lo vamos a intentar desde nuestro
grupo parlamentario-- esperamos conseguir que, al final, esta
reforma de la Ley General Tributaria sea una reforma justa y
equilibrada, tanto para la Administración como para el
contribuyente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) valora positivamente la reforma parcial
de la Ley General Tributaria, ya que en ella inciden puntos
importantes, desde nuestro punto de vista, que mejoran
cualitativamente la ya vieja Ley, que viene del año 1963 y que
se reformó en el año 1985, en una serie de cuestiones
orientadas básicamente al incremento sancionador de todas las
infracciones fiscales que se producían dentro de la realidad y
de la jurisprudencia española.
Consideramos que dicha reforma tiene una serie de aspectos
positivos que nosotros valoramos, y por este motivo no vamos a
poder apoyar la enmienda a la totalidad defendida por el
Diputado Andreu, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Entre estas ventajas se reducen sustancialmente las sanciones
a imponer por la presentación de la declaración fuera de
plazo; el proyecto establece un recargo del 20 por ciento --
antes era del 50 por ciento-- y si se presenta después de los
seis meses de haber vencido el plazo existe la posibilidad de
reducirlo al 10 por ciento.
También valoramos positivamente que el límite máximo de la
sanción por infracción grave, pasa del 300 al 150 por ciento
en el proyecto, y en infracciones graves por retención se
reduce el límite mínimo del 150 por ciento al 75 por ciento.
En Convergència i Unió creemos sinceramente que es en esta
iniciativa donde más se puede luchar contra el fraude. Hemos
de tener los pies en el suelo y pensar que es muy difícil que
con sanciones del 300 por ciento las compañías, las sociedades
anónimas, las personas físicas puedan pagar. Hoy la triste
realidad es que con sanciones del 300 por ciento es
prácticamente imposible poder atender dichas deudas
tributarias.
Otra ventaja es que nosotros consideramos que es muy
importante para el contribuyente, para los ciudadanos
españoles, el carácter retroactivo de las sanciones, siempre
que sean favorables con anterioridad a la entrada en vigor de
la ley y que la sanción no sea firme.
A través de las 56 enmiendas que hemos presentado al
articulado, a través del debate en Comisión y posteriormente
en el Pleno, aprovechando las aportaciones de los demás grupos
parlamentarios podríamos mejorar esta reforma parcial de la
Ley General Tributaria. Dentro de las 56 enmiendas que hemos
presentado, hay siete u ocho puntos básicos que son
fundamentales desde nuestro punto de vista, en los que tenemos
que incidir para modificarlos ya que, a nuestro entender,
crearían un marco tributario fiscal mucho más estable.
Con referencia al artículo 107 consideramos importante que
dentro de nuestra legislación fiscal se vuelvan a imponer las
consultas vinculante 1985 eliminó el carácter vinculante de
estas consultas que hoy sólo se mantienen po el capital
extranjero que quiere invertir en nuestro país. Aunque el
proyecto no prevé nada sobre dicha materia, también parece
aconsejable aprovechar la reforma para introducir la figurade
la consulta vinculante con obligac da seguridad jurídica a
todos los actos mercantiles tanto para inversiones en el
interior de España como las que vienen del exterior.
Hemos presentado una enmienda al artículo 81.3 referente a la
interposición de los recursos. En ninguna rama del
ordenamiento jurídico español, mientras no hay sentencia
firme, debe abonarse o avalarse la sanción impuesta. En el
ámbito fiscal para poder entablar recurso debe abonarse o
avalarse la sanción establecida. No se ajusta esta idea a los
principios generales que informan nuestro ordenamiento
jurídico y parece aconsejable modificar esta materia. Por este
motivo hemos presentado una enmienda en el sentido de que
cualquier recurso o reclamación suspenderá la ejecución de la
sanción impuesta, sin necesidad de prestar garantía hasta que
se dicte resolución que ponga fin al procedimiento
administrativo. Creemos que de esta manera también ayudaremos
a que nuestras compañías sean más solventes a la hora de
interponer un recurso contra la Administración.
Respecto al artículo 111, que va orientado básicamente a la
obligatoriedad de la información que han de proporcionar las
personas físicas y jurídicas a la Administración, nosotros
hemos presentado dos enmiendas importantes, tanto en el
sentido de requerimiento individualizado en todos los casos de
sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras
entidades que, por cuenta de sus socios, cobren o paguen
recibos por servicios. Entendemos que en este caso la
información ha de ser individualizada y no generalizada.
También hemos presentado una enmienda... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Sánchez i Llibre.
Por favor, señorías, guarden silencio. Es imposible escuchar
lo que dice el Diputado que está en el uso de la palabra.
(Continúan los rumores.)
Por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Como decía, dentro del artículo 111 hemos presentado una
enmienda dirigida a reforzar el derecho a la intimidad.
También pretendemos limitar l por parte de la Administración
de las cuentas corrientes bancarias de los contribuyentes y
los ciudadanos españoles solamente a los casos de comprobación
o investigación inspectora para regularizar su situación
tributaria, de acuerdo con lo que se apunta en la Sentencia
del Tribunal Constitucional, de 28 de junio de 1994, que va
exactamente en esta misma dirección, en el sentido de que
solamente se podrá inspeccionar o pedir información de las
cuentas corrientes bancarias de los contribuyentes que están
sometidos a una regularización fiscal.
Respecto de la enmienda al artículo 141, la denominada
enmienda de la patada fiscal a la puerta, a la que también se
había referido el diputado señor Andreu, nuestro grupo cree
que es totalmente imprescindible el mandamiento judicial para
que temas tan trascendentales como la entrada forzosa en
fincas o edificios privados, constituyan o no domicilio
personal, así como para proceder a registros de locales para
la búsqueda de documentación. Sin mandamiento judicial expreso
nosotros creemos que no procede dicha entrada por parte de la
Administración, a locales privados, sean o no domicilio fiscal
del contribuyente.
Desde un punto de vista de garantías para suspender el acto
administrativo, proponemos ampliar el proyecto de ley en el
artículo 22, dentro de adicional. Nuestro grupo plantea la
posibilidad en dicha enmienda de ampliar las garantías
actuales que en estos momentos son necesarias e
imprescindibles a través del aval bancario. Consideramos que
para la paralización del acto administrativo, hay que ampliar
no solamente al aval bancario sino a hipoteca, prenda sin
desplazamiento o fianza personal, siempre que sean
económicamente suficientes para garantizar la deuda ya que, en
definitiva, dichas garantías son las que operan no solamente
sujetas al aval bancario dentro del ámbito recaudatorio.
Si nosotros conseguimos esta ampliación en el debate en la
Comisión y, posteriormente, en el Pleno, vamos a ayudar a
Hacienda a poder generar más recursos, vamos a ayudar a la
Administración a poder recaudar más, siempre y cuando podamos
ampliar las garantías hipotecarias, o prenda sin
desplazamiento a las empresas, ya que solamente con el aval
bancario restringimos su capacidad de financiación externa en
las entidades financieras.
Por último, dentro de los capítulos de recargos y sanciones,
hemos presentado unas enmiendas en cuanto a los recargos para
disminuir del 10 al 5 por ciento cuando el contribuyente haya
ingresado dentro de los seis meses posteriores al período
obligatorio de liquidación.
En cuanto a la propuesta de rebajar las sanciones máximas
graves, nosotros proponemos una rebaja del 150 al 125 por
ciento. También planteamos, dentro de las sanciones simples,
limitar la cuantía máxima de las mismas. Creemos,
sinceramente, que posibilitar a la Administración para que
pueda multar por cada infracción simple a una compañía o a una
persona jurídica con 150.000 pesetas, es una cantidad
escandalosa y proponemos una rebaja de 150.000 pesetas a
20.000, en algunos casos, y a 40.000, en otros casos. También
limitamos en nuestra enmienda la posibilidad de poder
incorporar una sanción proporcional al débito no ingresado.
Por todos estos motivos nuestro Grupo, Convergència i Unió, no
podrá votar favorablemente la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pero en el debate en Comisión estaremos
esperanzados ante las aportaciones, algunas coincidentes, que
ha expresado el diputado en su presentación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Costa Climent.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Me gustaría empezar mi intervención haciendo referencia a dos
consideraciones que hacía un ilustre profesor de la Hacienda
Pública sobre los c que plantea la aplicación y la
exigibilidad de los impuestos. La primera consideración es la
necesidad de no olvidar la influencia de la adhesión moral del
contribuyente. La segunda es el error que supone creer que las
sanciones pueden sustituir a la fuerza que imprime a la ley el
convencimiento de su justicia por parte de quien debe
cumplirla. Y parece, señoras y señores Diputados, al margen de
lo que ha hecho el Gobierno a lo largo de estos doce últimos
años, que algún otro grupo parlamentario de esta Cámara
considera y cuestiona la virtualidad y la trascendencia
práctica de estos principios.
El Gobierno ha aprobado en estos momentos un proyecto de ley
de reforma parcial de la Ley General Tributaria,
una Ley que entró en vigor en 1963 y que tiene vías de agua
por todas partes. Esta oferta legislativa del Gobierno
constituye un nuevo reflejo, una nueva muestra de su
incapacidad para acometer las reformas que en materia de
política tributaria exige nuestro país y, en especial, la
reforma del marco de relaciones entre la administración
tributaria y los contribuyentes españoles.
El señor Solbes, Ministro de Economía y Hacienda, manifestó en
esta Cámara, en diciembre de 1993, que el Gobierno estaba
estudiando una reforma global de la Ley General Tributaria
desde el inicio de 1992 y que en 1994 iba a remitir a esta
Cámara esa reforma global. Ha transcurrido todo el año 1994 y
tendrá que transcurrir probablemente 1995 hasta que el
Gobierno remita a esta Cámara la necesaria reforma global del
marco de relaciones entre la administración tributaria y los
contribuyentes. Quizá --como decía esta mañana-- el Gobierno
carece de un programa político en materia de política
tributaria.
Por ello, nos vuelve a proponer un nuevo parche fiscal, otro
retoque al viejo edificio de la Ley General Tributaria,
profundizar en el desguac sometiendo el marco de relaciones
entre la administración y los contribuyentes españoles, con
los objetivos básicos. En primer lugar, corregir un error de
política legislativa, el error en que incurrió el Gobierno en
1985 cuando introdujo un régimen de infracciones y sanciones
totalmente desproporcionado y que se apartaba de los
principios de efectividad e inmediatez en materia de
sanciones. Porque, en contra de lo que ha opinado algún
interviniente desde esta tribuna, es un error entender que
unas sanciones desproporcionadas son un instrumento mucho más
eficaz en la lucha contra el fraude, por una razón: porque
favorece la litigiosidad de nuestro sistema tributario,
favorece que los contribuyentes automáticamente, en el momento
de imponer esa sanción, la recurran, haciendo que la sanción
no sea efectiva, no sea inmediata en un plazo que en muchas
ocasiones puede llegar a los 5, 6, 7 u 8 años. Una sanción que
no es efectiva, una sanción que no es inmediata, es una
sanción totalmente ineficaz en la lucha contra el fraude
fiscal. Y eso parece que no lo llega a comprender algún
interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra. En
segundo lugar, ¿qué hace con este proyecto de ley el
Gobierno? Da una vuelta de tuerca a los mecanismos de control
de los contribuyentes, una vuelta de tuerca que puede resultar
necesaria dentro de un planteamiento global de lucha contra el
fraude fiscal, pero que debe instrumentarse con el respeto a
los derechos y a las garantías de los contribuyentes y que no
puede poner en peligro --como está haciendo el proyecto de
ley-- principios constitucionales como, por ejemplo, la
presunción de inocencia, la inviolabilidad del domicilio, el
derecho a la intimidad o el principio de igualdad.Mi Grupo
Parlamentario no comparte y no suscribe medidas que contiene
el proyecto como que las sanciones sean ejecutivas aun cuando
no se haya puesto fin a la vía administrativa, la
investigación indiscriminada de las cuentas corrientes de los
ciudadanos españoles por parte de la administración tributaria
sin exigir un procedimiento de comprobación o de investigación
específico con respecto a ese contribuyente, que la
administración tributaria pueda proceder a la entrada y al
registro de los locales sin la debida autorización judicial y
sin la presencia de un funcionario judicial. Tampoco
compartimos que la administración tributaria pueda acordar la
intervención de una empresa y se requiera autorización para
desarrollar actos de gestión empresarial y que la
administración tributaria pueda acordar el precinto de locales
y el embargo de bienes y derechos sin la debida autorización
judicial.
Señor Presidente, en contra de lo que manifiesta la exposición
de motivos del proyecto de ley, un proyecto de ley conformista
con la situación actual, nuestro sistema tributario no es
satisfactorio, nuestro sistema, si es que puede calificarse
como sistema la jungla fiscal en la que se encuentra inmersos
los contribuyentes españoles, carece de aceptación social,
como revelan los elevados niveles de incumplimiento fiscal que
existen en nuestro país en estos momentos. Por ello, señoras y
señores Diputados, hoy más que nunca es necesario acometer una
reforma global del marco de relaciones entre la administración
y los contribuyentes, una reforma que adecue nuestros
principios fiscales a la nueva realidad jurídica introducida
por la Constitución de 1978 y que adecue el marco que define
las reglas del juego a las nuevas instituciones introducidas a
partir de la reforma fiscal de 1977.
La actual Ley General Tributaria se basa en un principio: la
absoluta prevalencia de la administración frente al
contribuyente, un principio absolutamente coherente con las
características del régimen en el que fue promulgada y un
principio con el que el Gobierno parece sentirse muy cómodo
dado que en doce años de gobierno no ha sido capaz de adecuar
nuestro marco de relaciones administración-contribuyente a la
realidad jurídica de la Constitución de 1978.
Mi Grupo Parlamentario, dentro de la tramitación de este
proyecto de ley, va a requerir del Gobierno que elabore y
remita a esta Cámara una nueva ley de relaciones tributarias
que incluya un estatuto del contribuyente y que se inspire en
una limit prerrogativas actuales de la administración, en una
mayor igualdad de las partes y en promover una mayor seguridad
jurídica. En definitiva, una ley de relaciones tributarias que
incluya instituciones tan razonables como la presunción de
buena fe del contribuyente, el derecho a que el contribuyente
pueda exigir en cada momento que con carácter previo se le
definan y delimiten todas sus responsabilidades tributarias,
la equiparación
entre el interés que paga la administración al que tienen que
pagar los contribuyentes cuando se retrasan en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales y que además ese pago de
intereses se devengue automáticamente cuando la
administración incurre en algún retraso, el establecimiento de
una cuenta corriente tributaria y de la transacción fiscal en
materia tributaria, la aprobación de un texto refundido de los
impuestos en el primer trimestre de cada ejercicio para dotar
de mayor seguridad jurídica el marco de relaciones entre la
administración tributaria y los contribuyentes.
En cuanto a la enmienda de devolución que ha presentado el
Grupo de Izquierda Unida, mi Grupo Parlamentario no puede
apoyarla y no lo puede ha no coincide realmente en ninguno de
los planteamientos que ha realizado dicho Grupo desde esta
tribuna. No coincide aunque comparte la crítica de que resulta
absolutamente imprescindible en estos momentos acometer una
reforma global de nuestro sistema tributario, una reforma que
sistematice el marco de relaciones entre la administración
tributaria y los contribuyentes. Sin embargo, el Gobierno ha
sido incapaz, después de doce años de responsabilidades
políticas, de acometer esa necesaria reforma global.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular van a perseguir
básicamente tres objetivos. En primer lugar, requerir del
Gobierno la aprobación de ese proyecto de ley que modifique el
actual marco de relaciones entre la administración tributaria
y los contribuyentes españoles. En segundo lugar, un régimen
de infracciones y sanciones dotado de una mayor efectividad,
de una mayor proporcionalidad y de una mayor inmediatez en su
aplicación. Y, finalmente, establecer las garantías necesarias
para que los derechos de los contribuyentes sean respetados
cuando la Administración tributaria pone en marcha sus
facultades de inspección y de comprobación. Porque, señoras y
señores Diputados, creo que resulta necesario salvaguardar los
derechos del contribuyente dentro de un marco de lucha contra
el fraude fiscal.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Vamos a pasar a la votación de la enmienda de totalidad del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto
de ley de modificaci la Ley General Tributaria. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de
modificación parcial de la Ley General Tributaria.
Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el
siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, ocho; en
contra, 262; abstencion
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY
GENERAL TRIBUTARIA (Número de expediente 121/000077)
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular solicita,
de conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento, proponer
al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del
proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria.
¿Acuerda el Pleno recabar la deliberación y
votación de este proyecto? (Asentimiento.)
Queda aprobada la avocación.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
(Continuación.):
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 23/1982, DE 16
DE JUNIO, REGULADORA DEL PATRIMONIO NACIONAL (Número de
expediente 121/000079)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente al
proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16
de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
Para presentar el proyecto de ley, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, la Ley 23/1982, de 16
de junio, reguladora del Patrimonio Nacional constituyó un
importante hecho político por varias razones. En primer lugar,
porque venía a cerrar una materia que la Constitución había
tratado, dejando, sin embargo, un mandato abierto al
legislador. Al instaurarse la democracia en nuestro país
existía una institución, el Patrimonio Nacional, parcialmente
heredera del Patrimonio de la República, y aún antes del
Patrimonio de la Corona, cuyos supuestos jurídicos y políticos
no casaban con la Monarquía parlamentaria. La Ley de 1982
aportó una regulación afortunada y respetuosa con la
Constitución de un conjunto de bienes integrados en el
Patrimonio del Estado, pero afectados a un uso especial, como
es el servicio
del Rey y de la Famial Real. En segundo término, fue un texto
absolutamente consensuado, ya que esta Cámara la aprobó por
267 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones,
recibiendo elogios de los Grupos Centrista, Coalición
Democrática, Socialista y Comunista. En el Senado fue aprobada
por asentimiento. Ha sido, pues, una ley que ha merecido un
apoyo político como pocas leyes consiguieron en los primeros
años de vigencia de nuestra Constitución.
Ahora se enfrenta esta Cámara a un proyecto de ley que
contiene algunas reformas que el Gobierno desearía que
obtuviesen el mismo asentimiento y unanimidad que el actual
texto de 1982. El motivo de la reforma que el Ejecutivo
propone a las Cortes es doble. Por un lado, el Gobierno, en
conexión con el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, llevaba tiempo valorando la oportunidad de
introducir en la Ley de 1982 algunos cambios que acentuaran la
dimensión medioambiental que el ordenamiento atribuye a las
funciones de este ente público. Por otro lado, y de forma
simultánea, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó una
proposición de ley para someter a la consideración de esta
Cámara que obedecía a una preocupación y finalidad similares.
La materialización de la iniciativa del Gobierno ha dado lugar
al proyecto de ley que hoy sometemos a la consideración de
esta Cámara. Ello explica, sin interpretaciones impropias, que
no se tomara en consideración la proposición de la Asamblea
madrileña.
Las funciones de protección medioambiental que
tiene atribuido el Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional deben ampliarse. Así lo ent Gobierno y así lo
entiende el propio Consejo de Administración del Patrimonio.
Pero los bienes de valor ecológico adscritos a Patrimonio
Nacional no están radicados exclusivamente en la Comunidad de
Madrid, no se limitan al monte del Pardo; se extienden también
a otros reales sitios, como el bosque de Riofrío y, dentro de
la Comunidad de Madrid, alcanzan también al bosque de La
Herrería.
Parece, por ello, más útil y más riguroso regular un régimen
de protección medioambiental unificado, coherente y completo,
lo que, a pesar de su buena técnica, no era capaz de ofrecer
la proposición de ley de la Asamblea madrileña, que no puede
lógicamente proponer regulaciones fuera del ámbito territorial
de dicha comunidad.
Ese es, en definitiva, el propósito de este proyecto de ley.
Desde la competencia que tiene atribuida el Estado para
regular los bienes culturales y medioambientales adscritos a
la Corona, acentuar la protección de los bienes ecológicos
dependientes del Patrimonio Nacional, proporcionando
instrumentos de tutela y defensa suficientes y adecuados al
propio Consejo de Administración de este ente. Así se explica
la fórmula flexible por la que se ha optado, un plan de
protección medioambiental, que aprobará el Gobierno, cuya
viabilidad jurídica descansa en la disposicional adicional
tercera de la Ley de Conservación de Espacios Naturales
Protegidos de 1989, que permite aplicar directamente las leyes
estatales específicas que regulan determinados recursos
naturales.
Pueden tener SS.SS. la seguridad de que todos los bienes
ecológicos del Patrimonio Nacional, y muy especialmente el
monte del Pardo, dada su gran importancia medioambiental,
alcanzarán, si cabe, mayor protección y una gestión más
armoniosa y coordinada. Y tengan igualmente la seguridad de
que esa gestión estará abierta a todos los organismos que
tengan responsabilidad en esta materia.
Termino ya, señor Presidente. Si la Ley de 1982 obtuvo el
extraordinario grado de consenso que he señalado a SS.SS.,
esta reforma de la misma el grado de protección medioambiental
para los bienes de Patrimonio Nacional, mediante fórmulas
flexibles y operativas, y en todo caso no excluyentes para
ninguna administración pública, no debería, a juicio del
Gobierno, alcanzar un consenso menor.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Para defender la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López
Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo parlamentario ha presentado una enmienda de totalidad de
devolución de este proyecto de ley, llamado de reforma de la
Ley del Patrimonio Nacional.
A pesar de los esfuerzos del señor Ministro por convencernos
de que ésta es una reforma muy importante, muy conveniente, de
la Ley del Patrimo amplía las posibilidades que tiene hasta
este momento el Consejo de Administración, la verdad es que
viene a dar la razón a la iniciativa de la Asamblea de Madrid,
que aprobó unánimente, es decir, el Grupo Popular, el Grupo
Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, todos, que el monte
del Pardo se convirtiese en parque nacional.
Por razones que explicamos en el debate que hubo en aquel
momento en esta Cámara con motivo de la toma en consideración,
por una capacidad de influencia desmesurada que, al parecer,
tiene este Consejo de Administración del Patrimonio Nacional,
lo cierto es que no se accedió a esta proposición de ley. A
cambio de ello, la respuesta que se dio --y evidentemente no
fue una iniciativa autónoma, sino que fue una respuesta a una
proposición de ley de la Asamblea de Madrid para disculpar a
aquellos grupos que votaron sí a esa proposición de ley en la
Asamblea de Madrid y que luego
votaron no, los mismos grupos, el Popular y el Socialista, en
esta Cámara-- fue presentar rápidamente, deprisa y corriendo,
casi el último día posible, este proyecto de ley que hoy
nosotros enmendamos y pedimos su devolución, porque empeora,
de una forma muy clara, la filosofía de esa proposición de ley
y la extiende al conjunto de bienes del Patrimonio Nacional
que tienen valor ecológico. Es decir, esa mala fórmula la van
a ampliar no sólo al monte del Pardo, sino a los demás bienes
llamados de valor ecológico del Patrimonio Nacional.
La fórmula correcta era --deberían reconocerlo-- la
proposición de ley que aprobó la Asamblea de Madrid, porque
era una proposición de ley que simplemente tomaba nota de que
existe ya en nuestro ordenamiento jurídico una fórmula de
protección medioambiental, que es la figura del parque
nacional. Cuando se dan una serie de condiciones, hay una
declaración de parque nacional, según señala la Ley 4/1989. Y
esas condiciones, a nuestro juicio, y, desde luego, a juicio
de la Asamblea de Madrid, se daban y se dan en el monte del
Pardo, y aquí nadie ha dicho que no se den dichas condiciones:
la existencia de un espacio de interés ecológico especial, un
espacio que afecta al interés general, como es el caso del
monte del Pardo, que es un ejemplo de bosque mediterráneo, una
especie de bosque prácticamente ya desaparecida, casi
inexistente en Europa, que además está cerca de una gran urbe,
como es Madrid, lo que le da un valor histórico especial, que
también está sometido a la posible agresión de estar cerca de
una gran ciudad y que merece ser protegido porque, además, ese
tipo de bosque está específicamente previsto en el anexo de la
Ley 4/1989, Ley que no prevé ningún tipo de excepción. Por
tanto, es absolutamente lógico --y lo único que hace la
Asamblea de Madrid es tomar nota de esa lógica-- que se
convirtiese el monte del Pardo en un parque nacional, porque
para eso se hizo la Ley 4/1989, aprobada por el Parlamento
español, para acoger dentro de ella, como fórmula más adecuada
de protección medioambiental, aquellos espacios naturales que
merezcan esa protección.
En esa Ley 4/1989 figuran los medios de defensa adecuados para
la protección medioambiental, a través de lo que se llama el
plan de ordenación de recursos naturales, que es una fórmula
acuñada, adecuada a otros parques nacionales que existen en
España y que, además, tiene un patronato preparado para ello,
cuyo régimen está pensado para esos espacios naturales, es
decir, hay una especialización en protección medioambiental
que impide amenazas urbanísticas o agresiones a esos espacios
naturales.
Ello hubiera permitido vincular al monte del Pardo a la red de
parques nacionales que hay en Europa, a través de ese programa
llamado «Natura-2000», lo que ya no será posible merced a ese
rechazo que entonces hubo en esta Cámara.
La Ley 4/1989 no ofrece excepciones, no las hay. Cuando hay un
espacio natural que reúne esas condiciones, como es el caso
del monte del Pardo, que es un bosque mediterráneo de altísimo
valor medioambiental, tiene que convertirse, lógicamente, en
un parque nacional, como otros parques nacionales que hay en
nuestro país.
En vez de eso, lo que hace el Gobierno es enviar un proyecto
de ley que convierte al Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional en una especie de superprotector
medioambiental, cuando no es ése el sentido de ese Consejo de
Administración, ni está preparado para ello ni tiene ningún
tipo de especialización para ello. Se trata de una regulación
absolutamente atípica, supuestamente, imaginamos, porque,
desde luego, este proyecto de ley está pensado para el monte
de El Pardo, aunque se extienda a otros bienes del Patrimonio
Nacional, se supone, porque el monte del Pardo está adscrito a
usos de la familia real cuando, además, estaba claro en esa
proposición de ley de la Asamblea de Madrid que no había
ningún problema a que siguiera adscrito a esos usos de la
Familia Real. Como decía, este proyecto de ley supone una
regulación un tanto atípica, que crea toda una serie de
figuras atípicas, como es, por ejemplo, ese plan de protección
medioambiental que se supone que tendría que aprobar el
Gobierno, un plan rigurosamente innecesario cuando existe la
otra figura de plan en la Ley 4/1989 para los parques
nacionales, con un consejo de administración, el del
Patrimonio Nacional, que tendría que ser el que protegiese, el
que elaborase, el que desarrollase y aplicase ese plan, que es
un consejo de administración que no se ha destacado
precisamente por su interés o entusiasmo ecológico y que no
está pensado para ello ni tiene por qué estarlo; es decir,
esto, que además se amplía a otros bienes de valor econlógico
del Patrimonio Nacional, es una fórmula hecha muy deprisa y
corriendo, fórmula para reaccionar frente a la fórmula
propuesta, que es la lógica, la natural, mientras no se
derogue la Ley de 1989, que es la de el monte del Pardo se
convierta en parte nacional, y todo eso con un sentido
político evidente: hacer aceptable que grupos que votaron que
sí en la Asamblea de Madrid tengan que votar que no, como
votaron entonces que no, en esta Cámara.
Sin embargo, no tiene ningún sentido cambiar por esta fórmula
de protección absolutamente atípica y pone de manifiesto que
del dicho al hecho trecho cuando se habla de la protección
del medio ambiente, porque cuando llega el momento ya no es
así. Señalaba muy acertadamente el señor Mardones, recuerdo,
en una muy buena intervención en aquel debate, que cuando en
la práctica no se aplicaba la Ley 4/1989 cuando es necesario
aplicarla, ahí se nota la falta de sensibilidad, se nota en la
práctica, no en la teoría. Veo que el señor Mardones asiente
con la cabeza, recuerda que dijo aquéllo en aquella ocasión,
yo creo que fue una muy buena intervención, ya que en Canarias
tienen una experiencia de parques nacionales, y él mejor que
nadie se daba cuenta de la importancia de que estos bienes de
valor ecológico, sean o no del Patrimonio Nacional, se
integrasen, cuando es necesario, en la figura pensada para
ello, que es la figura del parque nacional y no crear figuras
atípicas, figuras innecesarias, complejas, como son las que se
crean en este proyecto de ley y que, realmente, no sabemos a
qué obedece y cuál será su futuro. En el caso del parque
nacional sí lo sabemos; en este caso, desde luego, no lo
sabemos.
En definitiva, nosotros creemos que todo esto justifica que se
devuelva al Gobierno este proyecto de ley y que los espacios
naturales susceptibles de protección y que estén en el
Patrimonio Nacional se regulen conforme a la legislación
general existente en España de protección medioambiental y no
crear figuras especiales, figuras atípicas. El monte del Pardo
merece ser un parque nacional, ser dirigido por un patronato
pensado para ello, ser organizado conforme a un programa
medioambiental pensado para ello y no con estas figuras
atípicas que aparecen en este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria fija su posición frente a esta enmienda de
totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este proyecto de
ley por el que se modifica la Ley reguladora del Patrimonio
Nacional. Adelanto ya, señor Presidente, que Coalición Canaria
va a dar su voto de apoyo a la enmienda defendida por el señor
López Garrido a este proyecto de ley.
La intervención del portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya me exime de algunos argumentos que ya había expuesto
en esta tribuna debatimos la proposición de ley de la Asamblea
de Madrid al respecto y que fielmente y muy bien ha recordado
el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, don
Diego López Garrido.
Quiero decir a este respecto lo siguiente. En primer lugar, me
parece que este proyecto de ley que trae el Gobierno es una
torpeza y un error, porque parece un proyecto de ley traído
para tapar el agujero de falta de argumentos que dejaron en el
debate de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid, los
argumentos que utilizaron algunos de los oradores que se
opusieron al mismo, concretamente el Portavoz del Partido que
sustenta al Gobierno. Esto no lo debe hacer nunca una ley.
Hubiera sido preferible que a la actual y vigente Ley del
Patrimonio Nacional se le hubiera suprimido el artículo 3,
porque la Ley 23 de 1982, Reguladora del Patrimonio Nacional,
vino, en aque gobiernos de UCD, a tratar de armonizar la
legislación de Patrimonio Nacional, que venía del régimen
anterior, de bienes de uso de la Jefatura del Estado,
segregados del Patrimonio del Estado; curiosa figura jurídica,
porque hubiera sido más lógico que estuvieran dentro del
inventario, de la protección jurídica y del ámbito
jurisdiccional del Patrimonio del Estado y no del Patrimonio
Nacional.
Aceptado eso y teniendo en cuenta la exquisitez con que el
acuerdo unánime de la Asamblea de Madrid trata y reconoce en
el texto de aquella proposición de ley fallida, el escrupuloso
y elegante respeto a los derechos de Su Majestad el Rey y de
la Real Familia en el uso y disfrute de ese bien ecológico,
bien ecológico que estaba conceptuado dentro del Patrimonio
Nacional en la Ley de 1982, en su artículo 3, y que ésta
mantiene recalcitrantemente, extendiendo el concepto de bosque
o monte del Pardo al bosque de Riofrío y al bosque de la
Herrería, pregunto: ¿Qué se trata de hacer con esto que no
parezca que es mantener el entuerto de la figura del artículo
número 3 y de seguir metiendo en la competencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional algo que la Ley
reconoce explícitamente en la competencia del Icona, el
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza? Pues
encomiéndesele al Instituto Nacional para la Conservación de
la Naturaleza, en virtud de la creación por ley del Parque
Nacional del monte del Pardo, lo que tiene por su propia
naturaleza este Instituto y no el Patrimonio Nacional.
Cuando uno hace la lectura detallada, artículo por artículo,
desde la exposición de motivos o prólogo a la Ley del
Patrimonio Nacional de 1982, se da cuenta de que está pensada
exclusivamente para aquellos bienes de disfrute de la Jefatura
del Estado, de Su Majestad el Rey, que son entidades de tipo
palatino, es decir, son palacios, reales sitios, etcétera,
donde hay una conservación artística, cultural, donde se tiene
que hacer una proyección para fines culturales, científicos y
docentes. Cuando esta acción científica y docente se trata de
atender en la legislación española, se la adscribe al
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza; no
nos va a explicar el Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza si aquello es arte barroco o clásico o
pintura del 900, que es lo que hace el Patrimonio Nacional. El
Icona hace una prospección en los parques nacionales --y de
eso tenemos suficiente experiencia en Canarias-- con los
denominados centros de visitantes, a través de los cuales se
ejerce la función cultural, científica y docente, en
correspondencia con universidades, cátedras o institutos de
tipo pedagógico.
Otra cosa que nos preocupa del proyecto de ley del Gobierno es
que, cuando trata de modificar el artículo 3 de la Ley de
1982, mantiene en sus apartados 1 y 2
el texto actual y trae dos nuevos apartados 3 y 4, que hablan
de que el Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, aprobará un plan de protección
medioambiental. Craso error, porque es extraer al Icona y a
los organismos competentes una función específica, señalada y
adjudicada por ley.
Hay algo que me llama la atención para apoyar también la
propuesta, la enmienda que trae el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Ini Catalunya, y es que no se trata sólo de
los beneficios que se derivan de la Ley 4/1989, que es la que
a nuestro juicio debería predominar, sino que el proyecto del
Gobierno dice en su artículo 2.º que el Plan de Protección
Medioambiental del monte del Pardo afectará únicamente a los
terrenos de dicho monte que tengan la calificación de
rústicos. A esto he de señalar dos omisiones muy graves: una,
que el redactor del proyecto ha ido tan deprisa al escribirlo
que cuando habla de la protección medioambiental del monte del
Pardo se olvida de lo que está diciendo seis renglones antes,
donde habla del monte del Pardo, del bosque de Riofrío y del
bosque de La Herrería. ¿Qué pasa? ¿Es que los bosques de
Riofrío y de La Herrería no tienen derecho a esta protección
medioambiental? Punto primero.
Dos, con este proyecto de ley, que trata de corregir la
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el Patrimonio Nacional comete una grave
omisión, un grave error, porque, al no recurrir al uso de la
Ley 4/1989 y a la declaración de Parque Nacional, va a privar
al monte del Pardo de la zona de protección periférica de todo
parque nacional. Esto es muy grave. El proyecto de ley que
trae el Gobierno aquí dice que el plan de protección
medioambiental --lo repito-- afectará únicamente a los
terrenos de dicho monte que tengan la calificación de
rústicos, pero si en la periferia de este monte el
ayuntamiento que sea declara terrenos no rústicos, hace un
cambio de calificación de rústico a urbanizable, estamos
agrediendo al medio ambiente que tiene que proteger eso.
La Ley de Parques Nacionales contempla algo muy importante,
que es la protección periférica de todo parque nacional, es
decir, lo que nosotros llamamos la vulnerabilidad del
preparque. La Ley de Parques Nacionales obliga a tener un
preparque, una zona de protección donde se autorizan usos
agrícol urbanos, y donde puede haber viviendas de tipo
rústico.
Yo me siento verdaderamente preocupado, ya que este proyecto
de ley va a dejar sin ese cinturón protector del preparque y
de la zona perimetral del parque y, con lo que hay aquí en
Madrid, la agresividad va a ser directamente proporcional a la
vulnerabilidad ocasionada por la falta de una declaración del
monte del Pardo como parque nacional, de la que se ve privado.
Además, nos va a privar a los ciudadanos y a la Comunidad de
Madrid de un bien, ya que en ningún caso era privar a la Real
Casa del propio bien de disfrute, que nosotros desde aquí
apoyamos con nuestro mejor sentido de solidaridad. Flaco
servicio también le hacen los autores de este proyecto de ley
a este propio principio de la Real Casa, que se hubiera
sentido mucho más cómoda, mucho más arropada jurídicamente, no
con esto, sino precisamente con un parque nacional.
Por esta razón nosotros apoyaremos la iniciativa de Izquierda
Unida.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al fijar posición, en nombre de mi Grupo
parlamentario, respecto a la enmienda de totalidad al proyecto
de ley reguladora del Patrimonio Nacional, debo manifestar,
desde la brevedad, que las preocupaciones que justifican la
posición del Grupo enmendante nos parece básicamente resueltas
al establecerse nuevos mecanismos de conservación y defensa
del Patrimonio Nacional, así como concretando la
obligatoriedad de la adopción de medidas dirigidas a usos con
fines culturales, científicos y docentes, además de velar por
la protección medioambiental, proveyendo planes específicos
para todos y cada uno de los bienes de valor econógico
afectados, planes que deberá aprobar el Gobierno a propuesta
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y que
sólo por ley podrán adoptarse otras medidas que tiendan a la
desafección de terrenos incluidos en los planes de protección
medioambiental.
Consideramos, por otra parte, que en el proceso de enmiendas
al articulado podrán perfilarse aquellos aspectos del proyecto
que puedan establecer dudas que justifiquen la enmienda de
totalidad presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, basada en una razonable preocupación medioambiental
y por la defensa del patrimonio colectivo. Sin embargo, atrae
nuestra atención que no tenga la Comunidad Autónoma de Madrid,
por razones obvias, el protagonismo de la enmienda. Nuestra
observación se basa precisamente en el hecho competencial,
sobre todo conociendo el acuerdo tomado al respecto por la
Asamblea de Madrid.
No les quepa duda de que nuestro voto se producirá desde el
respeto de mi Grupo a dicha autonomía.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Popular va a apoyar el proyecto de ley que presenta el
Gobierno. Por tanto, se opone a la enmienda a la totalidad que
ha defendido hace unos minutos el señor López Garrido. Lo
hacemos así porque entendemos que la defensa, la protección de
la naturaleza está suficientemente garantizada con la Ley
Reguladora del Patrimonio Nacional y con la modificación que
se nos propone en estos momentos.
Quiero aprovechar esta ocasión para señalar algunos aspectos
del enfoque reduccionista que tiene Izquierda Unida en
relación a los espacios naturales, para quien sólo si es la
Administración pública, y más que la Administración pública,
sólo el Icona el que protagoniza esa protección, considera que
hay garantías suficientes para la conservación de la
naturaleza. Manifiesto claramente la opinión de mi Grupo, que
consiste en que la protección de la naturaleza, lejos de ser
garantizada por el Icona, yo diría que casi es un peligro para
esa protección. De manera que hay otros mecanismos. Desde los
intereses de los propietarios privados, desde los intereses de
las autonomías, desde las figuras de parques naturales,
etcétera, se protege igualmente la naturaleza. En otras
palabras: no tiene por qué ser necesariamente un parque
nacional la única fórmula --como ha manifestado el señor López
Garrido-- para la protección adecuada de un espacio natural.
Esta es una visión reduccionista que no compartimos en
absoluto.
En segundo lugar, hay una contradicción entre las palabras
manifestadas por el señor López Garrido y las defendidas
anteriormente de la defensa de la figura nacional, en el
debate de Picos de Europa, en el que uno de los argumentos
básicos para defender esa figura era la unidad de gestión.
Pues bien, según el proyecto alternativo presentado, en la
orientación del parque nacional tendríamos dos autoridades
paralelas descoordinadas en relación con el monte del Pardo,
de tal forma que tienen ustedes que aclararse realmente
quieren una unidad de gestión, no se puede hacer una propuesta
en la que haya dos autoridades en el mismo espacio, que
tendrían problemas de coordinación y de preponderancia según
qué circunstancias. Ahí hay una contradicción que me
interesaba destacar. No hay tal unidad de gestión en la
propuesta que ustedes hacen.
Por lo demás, no hay contradicción entre la conservación y las
aspiraciones de la Asamblea de Madrid con lo que plantea el
señor López Garrido. En el debate de 29 de noviembre de 1994,
nuestra representante, la señora De Lara, dijo lo siguiente en
relación a este tema: Nosotros entendemos como fundamental en
el tratamiento medioambiental del monte del Pardo su
protección; lo accesorio es la fórmula que enmarque esa
protección. De tal manera, insisto que, lo esencial es que ese
espacio esté protegido, no la fórmula. Lo que ocurre en el
fondo es que ustedes padecen una especie de «parquitis» o
«nacionalitis». Es decir, si no hacen parque nacional de los
espacios naturales no ven la manera de proteger un espacio.
Hay muchas maneras. Realmente no hay que reducirlo todo a los
parques nacionales, porque, desde este punto de vista,
tendríamos unos espacios absolutamente limitados en sus
disponibilidades presentes y futuras.
Señor López Garrido, España tiene dos millones de hectáreas de
áreas protegidas en la red Natura 2000. Eso es casi el 4,5 por
ciento del territorio nacional. No hay ningún país de Europa
que tenga ni esa extensión ni esa proporción, y mucho menos en
esa categoría de limitación. Celebro que en este aspecto el
Partido Socialista no les haya seguido a ustedes en ese
planteamiento rígido del parque nacional y que hayan tenido la
sensatez de adecuarse más a las circunstancias de las
situaciones, evitando aquí un debate como el que tuvimos con
Picos de Europa. Celebro mucho esta coincidencia con el
Gobierno de la Nación. Creo que hay momentos en que conviene
expresar dónde está la sensatez. Desde luego no está con su
obsesión de parque nacional, de ICONA, de planes de
ordenación, de planes sectoriales, etcétera, que implica el
parque nacional, como se puso de manifiesto en el debate sobre
los Picos de Europa.
Para terminar quiero decir que esta preocupación o fiebre de
parques o de «nacionalitis» que tienen ustedes es más bien
debida a querer contentar a una clientela electoral, o a unos
sectores mal informados, en relación con el mantenimiento de
la naturaleza, que a una efectiva conservación de los espacios
por parte de las personas que los han cuidado hasta este
momento con una eficacia extraordinaria. La experiencia
demuestra que aquellos sectores que no han estado bajo el
dominio del Icona son los bien conservados y que la situación
se ha deteriorado cuando ha intervenido este organismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, voy a
fijar la posición del Grupo Socialista, con brevedad, ante la
enmienda presentada por Izquierda Unida a este proyecto de
ley, por el que se modifica la ley reguladora del Patrimonio
Nacional, a fin de dar la mayor de la protecciones a tres
zonas incluidas entre los bienes de ese Patrimonio Nacional.
Una de ellas, el monte del Pardo, que ha sido defendida por la
Asamblea de Madrid el día 29 de noviembre a raíz de la
presentación de un proposición de ley, y que ha sido también
defendida por el Grupo de Izquierda Unida. Por tanto, esta
enmienda que hoy presenta es consecuencia
lógica de la postura mantenida en aquel debate todavía
reciente.
Aquella proposición pretendía la creación de un parque
nacional. Hoy se pretende que la proposición de ley sea
rechazada porque no se considera la vía oportuna para dotar de
protección a unos terrenos que tienen unas caracteristícas
especiales y que nosotros desde el primer momento queremos
dejar constancia de que compartimos ese interés que tiene la
Asamblea de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid,
manifestada a través de sus representantes, de dotar a estos
territorios de la mayor de las protecciones; protección que ya
tiene bastante acentuada. Diría yo que desde 1977 este parque
no ha sufrido ningún tipo de agresiones, a excepción de la
vías de comunicación que ha sido necesario ejecutar con alguna
afectación de parte de su territorio. No podemos comparar la
situación que tiene en estos momentos con la que padeció
durante la pasada dictadura.
Nosotros compartimos ese interés y coincidimos con las
valoraciones aquí efectuadas por los señores López Garrido y
Mardones en torno a las características especiales de estos
lugares afectados. Creemos que existe una coincidencia de
todos en el objetivo de lograr esa máxima protección, pero
existe una diferencia. Y esa diferencia es sólo, como ponía de
manifiesto el señor Gortázar, de carácter instrumental. Es una
diferencia de carácter formal: cómo conseguimos dotar a estos
territorios de la mayor de las protecciones.
La Cámara ya rechazó el día 29 de noviembre una de las
posibles alternativas: la creación del parque nacional, que se
manifestaba como la protección ordinaria a través de la
aplicación de la Ley 4/1989, de protección de la naturaleza,
de la flora y de la fauna silvestre. En estos momentos se
plantea la otra de las alternativas posibles: la creación de
un régimen especial de protección. ¿Por qué este régimen
especial de protección? ¿Por qué nosotros defendemos esa
alternativa? Por el sometimiento de estos bienes del
Patrimonio Nacional a un régimen jurídico propio, como se dijo
aquí por el señor Ministro, consensuado, determinado por la
acepción primordial de uso y servicio de estos bienes,
declarada en la Ley 23/1982; régimen que, como podemos
comprobar y como nadie ha puesto hoy en evidencia, se ha
mostrado eficaz hasta ahora para proteger a este ecosistema.
De todas formas, ya se establece una compatibilidad de usos:
culturales, científicos, docentes, en la ley actual del
Patrimonio Nacional, y el propio artículo 2.º de la propos la
Asamblea de Madrid asumía su afectación primordial al uso y
servicio propio de los bienes del Patrimonio Nacional y la
compatibilidad de ese uso y servicio con otros de carácter
también cultural, científico y docente.
Se manifestaba aquí que no existen excepciones a la Ley de
Conservación de la Naturaleza 4/1989. Esta propia ley, en su
disposición adicional tercera, establece que lo contenido en
ella ha de entenderse sin perjuicio de la aplicación directa
de otras leyes estatales específicas.
Pues bien, señor López Garrido, estamos ante una ley estatal
específica que ya establece que el Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional velará por la protección del ambiente
y el cumplimiento de las exigencias ecológicas. Yo creo que se
ha cumplido satisfactoriamente hasta ahora.
¿Qué se pretende luego con este proyecto de modificación de la
ley reguladora del patrimonio nacional? Reforzar precisamente
esa protección que ya garantiza la actual legislación; esa
protección del monte del Pardo y extenderla, además, a dos
áreas territoriales más: los bosques de La Herrería y de
Riofrío.
Además se trata de incorporar la doctrina del Tribunal
Constitucional, que exige que se tomen todas las medidas
necesarias para preservar las propias de los bienes de
dominio público. ¿Cómo se logra el reforzamiento de esta
protección? Estableciendo, en primer lugar, un plan de
protección medioambiental para cada uno de estos bienes cuya
proposición y elaboración corresponde al Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional y cuya aprobación
corresponde al Gobierno. En segundo lugar, reforzando el
carácter demanial específico de estos bienes, como se pretende
a través de ese nuevo apartado cuarto del artículo 3.º del
proyecto de ley, en donde se afirma que la desafectación se
hará por ley. Además se declara competente para proponer al
Gobierno y ejecutar esos planes al Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional encargado ya de adoptar medidas para
la protección y para el uso y la gestión de estos bienes.
Creemos que de esta manera se evita la existencia de dos
regímenes que actuarían solapadamente sobre estos bienes, como
manifestaba el portavoz del Partido Popular, y, por lo tanto,
también se evita la dependencia para el uso y la gestión de
los mismos de dos órganos distintos que ocasionaría los
problemas lógicos de un solapamiento de funciones.
¿Cuál puede ser luego el problema? Podía venir dado por la
participación de otros organismos con competencias en estas
materias. Aquí se ha me parte del señor López Garrido y por el
señor Mardones de una forma repetitiva el Instituto Nacional
de Conservación de la Naturaleza.
Pues bien, yo no creo que peligre de ninguna manera con la
aprobación de esta proposición de ley la participación de
estos organismos. Creemos participación necesaria, que es una
participación que, en todo caso, tiene que producirse. Ha
manifestado aquí el señor Ministro la posibilidad de que ésta
se lleve a cabo y nosotros creemos que existen instrumentos
jurídicos adecuados para posibilitarla, que son los convenios
de colaboración en los que tiene que participar,
lógicamente, el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, también las comunidades autónomas afectadas y las
universidades.
Yo creo que aquí no acaba el problema, y se refería de una
forma muy específica a ello el señor Mardones. ¿Qué sucede, a
continuación, una vez que existe ya un plan de protección
sobre este territorio concreto? ¿Qué puede pasar en el
entorno? Al entorno debe de dotársele de otros instrumentos
complementarios, competencia de otras administraciones
públicas; otros elementos de protección que tendrán que ser
elaborados y aprobados por las comunidades autónomas de Madrid
y Castilla y León y también, lógicamente, por los municipios
en donde están asentados, porque ellos tienen la competencia
para calificar suelo.
Por tanto, yo no veo que haya aquí un problema de
desprotección al utilizar este mecanismo específico, este
régimen especial que nos proporciona la modificación de la Ley
reguladora del Patrimonio Nacional, y tampoco me parece que
aprobar un parque nacional sea la única y la más completa de
las garantías para la protección de estos lugares, porque
tenemos experiencias en nuestro país que demuestran que alguna
de las zonas que han sido declaradas parque nacional --no
todas, la mayor parte funcionan bien--, ha de una invasión
masiva de visitantes que pone en peligro precisamente la
protección de la flora y de la fauna. Creemos que esta vía
alternativa, que refuerza la situación de la que ya disfruta
hoy el Monte del Pardo, situación que ha permitido considerar
este lugar como uno de los emblemas del bosque mediterráneo,
puede seguir manteniéndose en el futuro con tanta, por lo
menos, o más eficacia que si utilizáramos el instrumento
jurídico de calificación de parque nacional.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
El señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Quería hacer unas breves consideraciones sobre unos argumentos
que han expuesto los señores Gortázar y el portavoz del Grupo
Socialista, en un turno en contra de esta enmienda a la
totalidad.
Para empezar, me parece excesivo situar la sensatez, señor
Gortázar, en quienes no consideran que debe ser parque
nacional el monte del Pardo. Desde luego, entre los insensatos
estaría el señor Ruiz-Gallardón y demás miembros del Grupo
Popular en la Asamblea de Madrid, que espero que no se enfaden
demasiado por este calificativo que usted les ha dedicado esta
tarde, llamándoles a todos ellos insensatos; y también serían
insensatos los miembros del Grupo Socialista en la Asamblea de
Madrid. Yo creo que son personas sensatas, todas ellas, y
demostraron su sensatez, desde luego, al proponer que el monte
del P nacional. No es un tema de «parquitis» o de
«nacionalitis», como lo ha calificado el señor Gortázar en
ingeniosa terminología. Se trata --y es los argumentos
expresados por el portavoz socialista-- de aplicar la
legislación pensada para la protección medioambiental a su
nivel máximo, que es la de parque nacional según la Ley
4/1989.
No ha habido ni una sola razón, porque no puede haberla, para
explicar por qué el monte del Pardo u otros bienes del
Patrimonio Nacional con valor ecológico equiparable, no siguen
la regulación de la Ley 4/1989; ni una sola razón. Ha habido
razones respecto a que por esta vía se podrían conseguir
cosas, pero no ha habido ni una sola razón para justificar que
se desoiga lo que está recogido en la Ley 4/1989. Es una mala
técnica legislativa y política desviarse de las regulaciones
pensadas generalmente para una protección, en este caso,
medioambiental. No es una buena técnica, salvo que haya
razones muy específicas, muy concretas, que se puedan decir,
que justifiquen esa excepción que, en este caso, desde luego,
no se ha dado. Si se produce, como ha señalado el portavoz
socialista, una invasión en algunos parques nacionales, la
fórmula adecuada sería una reforma de la Ley 4/1989, para
proteger aún más esos parques nacionales, para restringir, en
su caso, esa llamada invasión de esos parques nacionales, pero
no crear una figura atípica que no tiene, desde luego, ese
sentido, como la que se establece en esta regulación sobre
bienes con valor ecológico del Patrimonio Nacional.
No hay ningún problema en cuanto a esa supuesta doble
gestión --y con esto termino--, porque en muchos casos
existirá esa doble presencia de instituciones, cuando se trata
de cosas distintas, cuando tienen objetivos diferentes. Sobre
un mismo espacio puede haber distintas competencias,
autonómicas y del Estado central --y podemos poner multitud de
ejemplos--, cuando tratan de distintos temas. La regula 4/1989
prevé un patronato para ocuparse del problema específicamente
medioambiental, pero no significa que ese espacio no esté
sometido a otras autoridades en otras cuestiones que no tienen
que ver.
En definitiva, nos parece que no ha habido ninguna razón para
justificar que se establezca un régimen especial de protección
medioambiental para bienes de indudable valor ecológico,
fundamentalmente el monte del Pardo, que están incluidos en el
Patrimonio Nacional.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Señor Gortázar, tiene la palabra.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, la
Ley 4/1989 no es una biblia obligatoria.
Permite aplicar diversas figuras para los espacios protegidos,
pero no dice que los espacios que tengan características que
les hagan merecedores de ser protegidos tengan necesariamente
que ser parques nacionales. Esto es un exceso interpretativo
por parte de S.S. La Ley 4/1989 no establece esa necesidad y
esa obligación, permite que sean parques nacionales, parques
naturales, reservas, zonas de protección especial, etcétera,
pero no está diciendo que necesariamente tengan que ser
parques nacionales. Esta es una interpretación suya que no se
ajusta a lo que dice la ley. En consecuencia, hay otras
figuras para poder proteger que no son necesariamente ésas.
Una de ellas, esta legislación especial estatal, que es la del
Patrimonio Nacional. Pero hay otras muchas, como establece la
moderna doctrina en esta dirección, por ejemplo, las
directivas de la Unión Europea sobre conservación de la
naturaleza. Los parques nacionales son una figura de
principios de siglo, es algo que no terminan ustedes de
entender y pretenden hacer del territorio nacional un parque
nacional. Esto no es viable ni adecuado en los tiempos que
corren, porque incluso es imposible evitar en torno al monte
del Pardo zonas degradadas, porque está junto a las autopistas
y los ferrocarriles. Ustedes pretenden una figura que no es la
adecuada, igual que les pasa con los Picos de Europa. Son
figuras no adecuadas para lo que ustedes pretenden y lo que
tienen es una obsesión por los parques nacionales que no se
corresponde con la filosofía moderna de protección de la
naturaleza ni con las necesidades de cada lugar.
Hay que adecuarse a cada circunstancia y situación y permitir
una cierta flexibilidad. Por ejemplo, hoy mismo publica la
prensa que se pretende modificar una zona de protección de
aves en Guadalajara para construir una autopista. Con la
filosofía del Partido Socialista y de ustedes de declarar todo
rígidamente protegido, en este país no podríamos progresar, no
podríamos alternar o, de alguna manera, compaginar el
desarrollo sostenible con la conservación de la naturaleza, y
se ven obligados en el Ministerio de Obras Públicas a
modificar lo que hace unos años han declarado como
inmodificable, de tal manera que no seamos tan rígidos. La
propuesta que ha hecho el Gobierno es más que suficiente. Yo
creo que no hay ningún elemento en la Ley 4/1989 que proteja
más que la propuesta que hace el Gobierno. En consecuencia,
señor López Garrido, es mucho más sensato atenerse a este
planteamiento que crear un parque nacional donde realmente no
se dan las características ni las posibilidades para ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Señor Varela, tiene la palabra.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, voy a contestar con
brevedad a las argumentaciones del señor López Garrido, que
vuelve a insistir --lo digo con todo el respeto--, a piñón
fijo, sobre los argumentos dados en su primera intervención.
Insiste en que la legislación pensada para regular la Ley
4/1989, pero cuando se elaboró esa ley, y se aprobó con ella
su disposición adicional tercera, se estaba pensando
precisamente en este tipo de situaciones. Esa disposición
adicional tercera --vuelvo a leerlo-- dice que lo establecido
en ella --en la ley-- ha de entenderse sin perjuicio de la
aplicación directa de otras leyes estatales específicas.
Quizás esta ley, que es posterior a la que rige el Patrimonio
Nacional, estaba pensando precisamente en esa legislación
específica que actúa sobre estos territorios.
En estos momentos, partimos de una situación, y es que la
conservación de la naturaleza, del medio ambiente, de la flora
y de la fauna en estos terrenos es una conservación adecuada.
Tanto es así que ha servido para que, a propuesta del Gobierno
español, la Unión Europea haya declarado al monte del Pardo
zona especial de protección de aves. ¿Qué se hace en estos
momentos? Pues utilizar la misma ley, el mismo régimen
jurídico que está rigiendo sobre estos terrenos, para reforzar
todavía más su carácter protector y poder elaborar, por parte
del consejo de administración y con la aprobación del
Gobierno, unos planes específicos para cada uno de estos
territorios.
Dice el portavoz de Izquierda Unida que se puede exceptuar la
aplicación de la Ley 4/1989 cuando haya razones muy
específicas. Estamos en un c existen razones muy específicas,
precisamente la afectación especial del uso de estos
territorios a la Corona, como todos los bienes del Patrimonio
Nacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
Vamos a proceder a la votación
Enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que solicita la devolución al
Gobierno del proyecto de ley por la que se modifica la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 267; a favor, siete; en contra, 258; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO CIVIL EN
MATERIA DE RECUPERACION DE LA NACIONALIDAD (Número de
expediente 121/000080)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad del Grupo Popular,
de texto alternativo, al proyecto de ley
por la que se modifica el Código Civil en materia de
recuperación de la nacionalidad.
Para presentar el proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de la Presidencia. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, la Constitución
española, en su artículo 11, estableció en sus tres apartados
nor española.
La Ley 51/1982 modificó en esta materia los artículos 17 a 26
del Código Civil, con la finalidad clara de ofrecer un
adecuado desarrollo legal a los preceptos constitucionales
necesariamente concisos. Ochos años más tarde, la Ley 18/1990
volvió a dar nueva redacción a los citados artículos del
Código Civil. Esta última reforma se propuso simplemente, como
expresa su exposición de motivos, acabar con las dificultades
hermenéuticas que había planteado la Ley de 1982, respetando,
desde luego, las líneas esenciales contenidas en la regulación
de ésta.
Dada la importancia capital que tiene para cada país la
legislación sobre la nacionalidad, no sería oportuno, por
razones claras de seguridad jurídica, que normas tan básicas
variasen continuamente en el transcurso de pocos años. No es
este el propósito de la ley cuyo proyecto ha presentado el
Gobierno, el cual, prescindiendo ahora de su disposición
transitoria, intenta solucionar una cuestión muy concreta,
como lo es la relativa a la recuperación de la nacionalidad
española y sus requisitos.
El artículo 26 del Código Civil establece, como régimen
general para esta recuperación, un requisito previo, como es
el de que el interesado en España; requisito que, cuando se
trate de emigrantes o hijos de emigrantes, puede se dispensado
por el Gobierno, mientras que en los demás casos esa dispensa
sólo es posible si concurren circunstancias excepcionales.
Aparte de ello, la recuperación exige su inscripción
constitutiva en el Registro Civil y la declaración, en ciertos
casos, de renunciar a la nacionalidad extranjera anterior. De
estos tres requisitos, el Gobierno ha estimado que el
primero de ellos, es decir, la residencia legal en España o su
dispensa, resultaba en muchas ocasiones excesivo y dificultaba
o retardaba el derecho de muchos españoles emigrados a volver
a ostentar la nacionalidad española, a la que continúan
ligados afectivamente, y que han perdido por circunstancias
económicas y laborales para poder asegurar en general su
estabilidad en un país extranjero en el que están residiendo.
Esta apreciación del Gobierno no es el fruto de un raciocinio
abstracto aislado, sino la comprobación de que los sectores
sociales afectados demandaban una modificación del régimen
actual. El Consejo General de la Emigración, en su reunión de
Madrid en los días 21, 22 y 23 de noviembre de 1994, adoptó el
acuerdo de valorar positivamente el régimen que establece el
proyecto de ley para la recuperación de la nacionalidad
española por parte de emigrantes e hijos de emigrantes que hoy
defiendo en esta Cámara.
Los esfuerzos de este colectivo de españoles para obtener la
reforma legal han tenido su eco también en otros ámbitos, como
lo prueban las distintas iniciativas parlamentarias
presentadas durante este mismo año. Ante la unanimidad de
criterios, en orden a la necesidad de simplificar el requisito
de la residencia legal en España, las discrepancias sólo
pueden surgir en torno a la cuestión del modo de instrumentar
tal modificación. Una posición extrema es la defendida por el
Grupo Popular, en su proposición de ley de 20 de abril de
1994, en el sentido de que se quiere que la residencia en
España quede suprimida en todas las hipótesis de recuperación.
Una postura intermedia fue la adoptada por el Grupo
Parlamentario Socialista, en su proposición de ley de 17 de
febrero de 1994, según la cual se suprimía tal requisito
cuando se tratara de emigrantes o hijos de emigrantes que
hubieran adquirido la nacionalidad de países iberoamericanos,
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
Entre las posibles soluciones el proyecto del Gobierno,
profundamente meditado, ha optado por otra solución
intermedia, cual es la de no exigi legal en España a los
emigrantes o hijos de emigrantes que deseen recuperar la
nacionalidad española que hayan perdido. Se ha estimado que
este criterio es el que está más de acuerdo con el principio
del artículo 42 de la Constitución que, sin distinción de
países de emigración, ordena al Estado que oriente su política
hacia al retorno a España de los trabajadores españoles en el
extranjero. Todas las personas afectadas por el fenómeno
migratorio, tan frecuente desde España al extranjero hace
algunas décadas, deben beneficiarse de la norma, sin que
existan motivos razonables para establecer un trato
privilegiado cuando la emigración se hubiera dirigido a
determinados países.
De otra parte, sólo las personas afectadas directamente por el
movimiento migratorio son, a juicio del Gobierno, las que
deben ver favorecida su nacionalidad. La distinción a estos
efectos entre emigrantes y no emigrantes, tiene motivos
fundados para que situaciones distintas reciban un tratamiento
jurídico también diverso, y no está de más recordar que un
régimen privilegiado de recuperación para los españole que
hubieran perdido la nacionalidad española por razón de
emigración, era justamente el que se establecía en la
disposición transitoria de la Ley 51, de 1982, que funcionó
sin especiales dificultades hasta la Ley de 1990.
Por todo ello es muy razonable que, con relación a los nietos
de emigrantes, la recuperación de la nacionalidad española
requiera un cierto grado de vinculación con España, del que
será índice la vuelta a territorio español, fijando en éste su
residencia legal o, en su defecto, la dispensa de este
requisito cuando concurran circunstancias excepcionales.
El proyecto, por lo demás, mantiene la residencia legal para
estos casos de recuperación ajena al fenómeno migratorio, pero
simplificando los permite, por tanto, que la dispensa sea
concedida, no ya como hasta ahora por el Gobierno en acuerdo
del Consejo de Ministros, sino por el Ministerio de Justicia e
Interior. Ello contribuirá, sin duda, a que el alto número de
dispensas pendientes todavía de resolución disminuya
sensiblemente tras la entrada en vigor de este proyecto de
ley.
Aparte de otros aspectos de detalle, conviene destacar el
contenido de la disposición transitoria única que acompaña al
proyecto de ley. La Ley 18, de 1990, contenía una disposición
transitoria, la tercera, encaminada a que pudieran optar por
la nacionalidad española los hijos de padre o madre que
hubiese sido originariamente español o nacido en España. Esta
opción estaba también sujeta al requisito de que el optante
fuera residente legal en España o hubiera tenido la
correspondiente dispensa del Gobierno. Esta opción, que debía
ejercitarse en el plazo de tres años, se ha ampliado hasta el
7 de enero de 1996 por la Ley 15, de 1993, y está pensada para
beneficiar a aquellas personas que no nacieron españolas
porque su progenitor había perdido la nacionalidad española
antes del nacimiento del optante. En cualquier caso, hay que
destacar que como esta opción se concede a hijos de persona
nacida en España, el optante es, por definición, hijo de
emigrante. Ello justifica que con completa armonía, respecto
de la previsión del artículo 26 del Código Civil, no se exija
tampoco para el ejercicio de la opción la residencia legal en
España, ni tan siquiera la dispensa de este requisito.
Señor Presidente, señorías, con este proyecto de ley el
Gobierno se ha hecho eco de un sentimiento generalizado que
SS.SS. han recogido en sus distintas iniciativas
parlamentarias y ha puesto en instrumento adecuado para ello
con la correspondiente modificación legal.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
A este proyecto de ley ha sido presentada una enmienda de
totalidad de texto alternativo por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Soriano.El señor
SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de
totalidad al proyecto de ley que nos ocupa, con texto
alternativo, derivado de la proposición de ley que ya presentó
nuestro Grupo y que se publicó en el Diario oficial del día 29
de abril, en relación con el proyecto de ley remitido por el
Gobierno y que se publica en el Boletín del día 5 de diciembre
del año 1994.
En síntesis, como ha indicado el señor Ministro, se trata de
modificar el artículo 26 del Código Civil a fin de facilitar
los trámites para recuperar la nacionalidad perdida, que no
tiene por qué ser definitiva. Nuestro ordenamiento concede al
extranjero o al apátrida, anteriormente de nacionalidad
española originaria o derivativa, el derecho a recuperar la
nacionalidad española. Este asunto tiene especial importancia
para aquellas regiones o nacionalidades que por tener grandes
contingentes de emigrantes en países, sobre todo
sudamericanos, a la hora de tratar de recuperar la
nacionalidad española se encuentran con gravísimos
inconvenientes y trámites derivados de los obstáculos que
contempla en la actualidad la legislación.
Como digo, en la actualidad, dicha recuperación depende del
modo en que se hubiera producido la pérdida, bien
voluntariamente, bien en virtud judicial. De ahí que quepa o
la recuperación voluntaria o la recuperación por habilitación.
En cuanto a la recuperación voluntaria, el punto que se
pretende modificar es la exigencia de residencia legal en
España y, para ello, el proyecto del Gobierno sólo exime de
este requisito, como ha puesto de relieve el señor Ministro, a
los emigrantes o a los hijos de éstos.
Como es sabido, el requisito de la residencia legal en España
proviene de la redacción originaria del Código Civil y se ha
mantenido hasta nuestros días, a pesar de las múltiples
reformas que sobre la nacionalidad se han sucedido a lo largo
de estos años. Unicamente fue suprimido tras la reforma de 2
de mayo de 1975, hasta la siguiente modificación operada por
Ley de 13 de julio de 1982, que fue duramente criticada por la
doctrinaya que, entre otras cosas, favorec el abuso de la
doble nacionalidad. Esto provocó que en la reforma del Código
Civil, de 1982, se reinstaurase el mencionado requisito con
carácter aún más riguroso que en su versión precedente, ya que
se exige que la residencia sea legal y continuada en España
durante un año inmediatamente anterior a la petición. La
última reforma, operada por Ley de 17 de diciembre de 1990,
que es el derecho aún vigente, sigue exigiendo el requisito de
la residencia legal, aunque elimine la necesidad de que sea
contínua durante el año anterior a la petición.
Actualmente se requiere, por consiguiente, cumplir el
requisito de la residencia legal en España para recuperar la
nacionalidad española. El término legal significa
que no basta la residencia de hecho, sino que es preciso que
existan las correspondientes autorizaciones o permisos de
residencia, de acuerdo con la normativa sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, contenida en la Ley
de 1 de julio de 1985, lo que motiva la acumulación de
multitud de solicitudes. Como ya se ha indicado, el Código
Civil admite la posibilidad de la dispensa de este requisito
únicamente cuando se trata de emigrantes y, para los demás
casos, sólo si concurren
circunstancias especiales, atribuyendo al Gobierno la facultad
discrecional de otorgar dichadispensa. En la práctica, la recu
de excesiva duración. A obviar estas dificultades se encamina
precisamente el proyecto de ley que contiene las siguientes
novedades.
En primer lugar, se mantiene con carácter general la
obligación de cumplir el requisito de residencia legal en
España. En segundo lugar, se exceptúa de este régimen general
sólo el supuesto de los emigrantes o hijos de emigrantes y, en
tercer lugar, fuera de esta excepción, se mantiene la
necesidad de que el interesado sea residente legal en España,
si bien esta exigencia puede ser dispensada por el Ministro de
Justicia e Interior, siempre que concurran circunstancias
excepcionales.
¿Cuál es la crítica que le merece al Grupo Popular el
contenido del proyecto de ley remitido por el Gobierno? Si
bien con carácter general la iniciativa del Gobierno merece
ser valorada positivamente, consideramos un error seguir
manteniendo el requisito de la residencia legal para los demás
ciudadanos que no hubieran perdido la nacionalidad española
por motivos de emigración, lo que da lugar a una diversidad de
situaciones y de regímenes jurídicos de dudosa admisibilidad.
Además, señorías, se sigue regulando la institución de la
dispensa, con lo que ello comporta de dilación, que
consideramos innecesaria, y, al estar supeditado su
otorgamiento a la concurrencia de circunstancias
excepcionales, vuelve a plantearse la cuestión de si tal
dispensa es reglada o discrecional, así como el problema de
determinar cuáles son tales circunstancias, al ser esta
expresión un concepto ambiguo e indeterminado.
A la vista de estas críticas, ¿cuál es la propuesta del Grupo
Popular? Nosotros consideramos suficiente el cumplimiento de
los siguientes requisitos a fin de facilitar esta recuperación
de la nacionalidad: en primer lugar, la declaración de
voluntad de recuperar la nacionalidad, como es obvio; en
segundo lugar, la renuncia a cualquiera otra que se tuviere,
y, en tercer lugar, la inscripción de la recuperación en el
Registro Civil. En consecuencia, se trata de tres requisitos,
simples y fáciles de cumplimentar. La posición de nuestro
Grupo ha sido siempre favorable a la eliminación del requisito
de la residencia previa en España, y ya en la proposición de
ley de 9 de mayo de 1990, más tarde convertida en la Ley
18/1990, de 17 de diciembre, nuestro Grupo presentó una
enmienda en el Senado en este sentido, y nuestra proposición
de ley de 20 de abril de 1994, a la que me he referido
anteriormente, va en esta misma línea, con el fin de facilitar
el ejercicio del derecho constitucional recogido en el
artículo 11 de nuestra Constitución, que, como ha mencionado
el señor Ministro, establece que ningún español de origen
podrá ser privado de su nacionalidad, añadiendo que la
naturalización en un país iberoamericano no supondrá para los
españoles la pérdida de su nacionalidad de origen.
Por consiguiente, nuestra propuesta va encaminada a suprimir
el requisito de la residencia legal con carácter general, y no
sólo para los emigrantes o hijos de emigrantes, como se hace
en el proyecto del Gobierno, y ello por las siguientes
consideraciones. En primer lugar, porque entendemos que es
necesario hacer efectivo el derecho a la recuperación de la
nacionalidad española de una forma fácil y asequible. En
segundo lugar, porque creemos que se ha de establecer un
régimen general, con independencia del motivo de la pérdida de
la nacionalidad española, a fin de evitar discriminaciones
injustificadas. En tercer lugar, porque el término emigrante
plantea dificultades de interpretación, ya que se discute por
la doctrina si han de considerarse como tales a los emigrados
por razones políticas. En cuarto lugar, porque no tiene
sentido mantener el régimen de dispensa debido a los problemas
que plantea. Y en quinto lugar, porque no conviene seguir
manteniendo conceptos de difícil determinación y que harían de
la dispensa una facultad discrecional del Ministerio de
Justicia e Interior, y así lo justificamos de forma clara en
la exposición de motivos de nuestra proposición de ley, a la
que me remito.
Por tanto, el Grupo Popular ha presentado este texto
alternativo, que espera obtener la aprobación de SS.SS.,
advirtiendo de antemano que, en todo caso, hemos presentado al
mismo tiempo una serie de enmiendas concretas, para el
supuesto de que la enmienda a la totalidad no obtenga el
beneplácito de la Cámara, y que serán recogidas como enmiendas
particulares al texto que en su día se discuta en esta Cámara.
Entre otras razones, entendemos que, dada la urgencia en la
aprobación de este proyecto de ley, convendría, y así lo hemos
introducido en una enmienda, modificar su entrada en vigor
para que, en lugar de ser al cabo de los tres meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», como se dice
en el texto remitido por el Gobierno, se logre su entrada en
vigor inmediatamente, al día siguiente de dicha publicación.
Esperando haber convencido a SS.SS. de la bondad del texto
alternativo que presenta el Grupo Popular y esperando también
que merezca la confianza de esta Cámara, doy por concluida mi
exposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Soriano.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señorías, si alguna
oportunidad tiene la enmienda a la totalidad que ha presentado
el Gr de ley por el que se modifica el Código Civil en materia
de recuperación de la nacionalidad es por el hecho de que nos
permite retomar, en sede plenaria, el debate que ya tuvimos en
el mes de marzo del año pasado a propósito de una iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la misma
materia, por cuanto que, como saben SS.SS., este proyecto de
ley debía tramitarse con competencia legislativa plena en
Comisión. Por tanto, la única oportunidad, a juicio de nuestro
Grupo, es la de permitirnos su debate en el Pleno del Congreso
de los Diputados y reflexionar sobre el íter legislativo que
se ha llevado a cabo en nuestro país a propósito de la
adquisición, pérdida o recuperación de la nacionalidad
española.
Como saben SS.SS., nuestra Constitución, en sus artículos 11 y
42, otorga a los poderes públicos el mandato de desarrollar
políticas de reint nuestros emigrantes, así como el
reconocimiento de la doble nacionalidad para aquellos
ciudadanos españoles que vivan en Iberoamérica, Andorra,
Filipinas y Portugal. En cumplimiento de ese mandato
constitucional, se han ido produciendo sendas reformas en
nuestro Código Civil. Así, la Ley 51/1982, de 13 de julio;
posteriormente la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; y por
último, la Ley 15/1993, de 23 de diciembre. Sería injusto no
reconocer el esfuerzo normativo realizado para favorecer la
recuperación de la nacionalidad de los emigrantes. Así deben
entenderse las novedades legislativas que se han producido en
las tres leyes que he citado.
Sin embargo, es lo cierto que, a pesar del importante esfuerzo
normativo llevado a cabo para facilitar la recuperación de la
nacionalidad española para nuestros emigrantes e hijos de
emigrantes, el requisito que viene rigiendo actualmente de
exigir la dispensa de la residencia se ha convertido, según se
recoge de forma explícita en la exposición de motivos del
proyecto de ley, en un requisito excesivo y dilatorio. De ahí
que el proyecto de ley intente favorecer la recuperación de la
nacionalidad por parte de nuestros emigrantes con la supresión
del requisito de dispensa y por tanto con la desaparición del
requisito de residencia.
La enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Popular, a
nuestro juicio, es una enmienda estadística, por cuanto que,
como saben SS.SS. de ley sólo consta de un artículo, una
disposición final, una disposición derogatoria y una
disposición transitoria, y el texto alternativo que presenta
el Grupo Popular con esa enmienda de totalidad coincide en
aspectos sustanciales, como ha puesto de manifiesto el
representante del Grupo Popular, con el proyecto de ley que ha
remitido el Gobierno. Solamente hay dos diferencias. La
primera es que para el Grupo Popular hay que suprimir el
requisito de residencia para todos los que quieran recuperar
la nacionalidad española, y la segunda, la entrada en vigor,
la vacancia legislativa, Nosotros nos oponemos a estas dos
propuestas del Grupo Popular, si bien pensamos que podrían
haber sido enmiendas parciales al citado proyecto de ley y no
una enmienda de totalidad.
¿Por qué nos oponemos a esas dos propuestas? Nosotros creemos,
señorías, que las normas que regulan la nacionalidad son, para
cada Estado, de una importancia capital por cuanto que afectan
a uno de los elementos sustanciales que conforman el Estado: a
los ciudadanos. Todos los Estados están interesados en saber
quiénes son sus ciudadanos. Como saben SS.SS., los ciudadanos
tienen un estatuto especial según el país, tienen unos
derechos y tienen unas obligaciones. El facilitar la
recuperación, sin más, de la nacionalidad española en los
distintos supuestos que se pueden dar en la vida nos parece
poco prudente y, desde luego, yo no lo calificaría de
peligroso, pero sí diría que no está en la línea de lo que se
reconoce en todos los Estados de la Unión Europea.
Aun reconociendo nuestra tradición histórica --recuerdo aquí,
por ejemplo, las Bases de mayo de 1888, en que la Reina
regente, en nombre de Alfonso XIII, autorizaba al Gobierno a
publicar el Código Civil y, en materia de nacionalidad,
recomendaba la modificación precisa para descartar
formalidades y prohibiciones ya desusadas--, recuperando esa
tradición, el proyecto de ley que estamos abordando facilita
la recuperación de la nacionalidad española para los
emigrantes e hijos de emigrantes. Se establece una vacancia
legislativa, por cuanto que S.S. tiene que reconocer que la
entrada en vigor de este proyecto de ley va a dar lugar a un
esfuerzo importante por parte de las oficinas consulares. Su
señoría tiene que saber que hay alrededor de treinta y tantas
mil peticiones pendientes de reconocimiento de nacionalidad
por parte de emigrantes e hijos de emigrantes. Por tanto,
parece que el Gobierno debe disponer de un tiempo, a efectos
de que pueda organizar los medios necesarios para la entrada
en vigor y la puesta en marcha de las previsiones legales. Por
eso es por lo que se establece esa vacancia legislativa.
En definitiva, señoras y señores Diputados, no creemos que el
proyecto de ley deba merecer una enmienda de totalidad por
parte de ningún grupo rogaría al señor Soriano que retirara la
enmienda de totalidad en nombre del Grupo Popular, en el
entendimiento de que nuestro Grupo está dispuesto, en Ponencia
y en Comisión, a debatir todas las cuestiones que han
planteado, no sólo en la enmienda de totalidad sino en las
enmiendas parciales, así como las enmiendas
que han planteado otros grupos, en la idea de que, entre todos
los grupos, respetando la filosofía del proyecto, busquemos
fórmulas que no nos hagan volver aquí, dentro de equis años, a
retocar el proyecto de ley o la materia de la recuperación,
pérdida o adquisición de la nacionalidad española.
Y con esto termino, señor Presidente, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Pelayo.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Voy a ser muy breve, señor
Presidente.
El Grupo Popular considera, por el contrario, y respetando el
criterio de la Diputada del Grupo Socialista que me ha
precedido en el uso de la enmienda de totalidad obedece a una
filosofía diferente del proyecto que se debate. Una enmienda
parcial se introduce cuando, estando de acuerdo con la
filosofía general, a través de enmiendas parciales se trata de
perfeccionar o completar un determinado proyecto de ley. Sin
embargo, en el proyecto de ley que nos ocupa en estos
momentos, creemos que tenemos un concepto más amplio para
facilitar la recuperación de la nacionalidad, suprimiendo el
requisito de la residencia previa, lo cual implica facilitar
esa recuperación de la nacionalidad, mientras que, por el
contrario, el criterio del Gobierno, defendido por el Grupo
que le sustenta, es más restrictivo, en cuanto se refiere a
obstaculizar o a impedir que, fácilmente eliminando toda clase
de obstáculos, se pueda recuperar la nacionalidad.
Como ya puse de manifiesto en el momento de intervenir
anteriormente, la propuesta del Grupo Popular considera que
debe facilitarse al máximo la recuperación de la nacionalidad,
que no es otra cosa que, para aquellos españoles que habiendo
perdido la nacionalidad, tratan de volver a recuperarla como
dije anteriormente, basta la declaración de voluntad de
recuperar esa nacionalidad, la renuncia a cualquier otra que
se tuviere y la inscripción de esta recuperación en el
Registro Civil. Por consecuencia, consideramos que todo lo que
sea facilitar esa recuperación será bien aceptado y entendido.
En todo caso, nosotros seguimos manteniendo la enmienda a la
totalidad, esperamos obtener la comprensión de la Cámara y, en
el supuesto de no obtener éxito, defenderemos nuestras
enmiendas parciales en el trámite posterior correspondiente en
esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Soriano.
Tiene la palabra la señora Pelayo.La señora PELAYO DUQUE:
Señor Presidente, me da la impresión de que este trámite se ha
convertido en un diálogo de sordos. Le he ofrecido al Grupo
Popular la posibilidad de que discutamos ampliamente la
posición que sostiene en relación con la adquisición, pérdida
o recuperación de la nacionalidad española, tal como está
regulada en nuestro Código Civil, y que la debatamos
ampliamente en Ponencia y en Comisión.
A nuestro juicio, la enmienda de totalidad no tiene sentido, y
las diferencias que sostiene el Grupo Popular tampoco lo
tienen. Por una mínima prudencia a la hora de regular la
recuperación de la nacionalidad española, por parte de
nacionales que la han perdido por diversas razones, nos parece
que la dispensa es un requisito que desde la acción del
Gobierno permite modular e incluso impedir el posible fraude
de ley que pueda haber en la petición de una recuperación de
la nacionalidad. Por eso, creo que aquí estamos discutiendo
aspectos que afectan, repito, a un elemento capital del Estado
que es el de la nacionalidad y el del status de sus
nacionales. Por ello, me gustaría que este detalle no sólo no
se politizara en el mal sentido de la palabra, se utilizara
mal por pudiéramos discutir seriamente, con rigor, en
Ponencia y en Comisión, que son lugares adecuados para este
tipo de discusiones. Por tanto, vuelvo a insistirle sobre la
conveniencia --a efectos de aparecer ante la sociedad española
con un consenso sobre las líneas generales de lo que podría
ser, en relación con los emigrantes, la posición de esta
Cámara-- de que retire la enmienda de totalidad.
Nada más, señor Presidente y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Pelayo.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en
nombre de Coalición Canaria voy a fijar mi posición ante esta
enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular.
Comienzo por decir que después de haber oído las
intervenciones tanto del turno a favor como del turno en
contra, y por las razones que voy a explicar, Coalición
Canaria se va a abstener en esta votación.
En primer lugar, Coalición Canaria entiende los argumentos que
ha expuesto la señora Pelayo de que no parece motivo que un
detalle tan puntual --tan importante, por supuesto, pero tan
puntual-- en el texto articulado, dentro del artículo 26 del
actual Código Civil, sea objeto de una enmienda de totalidad;
no va al fondo de todo el proyecto de ley sino a un aspecto
parcial y puntual, aunque importante. Por tanto, creo que en
los trámites de Ponencia y Comisión debe ser objeto de un
amplio debate la enmienda que se haya presentado al respecto,
y si esta enmienda se presenta por el Grupo Popular, que sepa
ya que Coalición Canaria se la va apoyar, porque entendemos
que no es hoy día muy lógico un servicio burocratizado al
máximo --y en este caso paso a compartir los argumentos que ha
dado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Soriano-- y estamos a favor de que se suprima el requisito de
la residencia legal en España.
¿Y por qué decimos esto de no exigir el requisito de la
residencia legal en España? Porque aunque la señora Pelayo
dice bien, ya que reproduce lo que es el texto del proyecto
del Gobierno, de que se podrá, con lo que se dice aquí de la
dispensa que haga el Ministerio de Justicia, modular la
demanda, lo que ocurre es que la demanda está muy
burocratizada --como dice el señor Soriano-- y se dan un
lapsos de tiempo para que el Ministerio de Justicia --hoy de
Justicia e Interior-- responda que no son de recibo para la
paciencia del ciudadano que habiendo tenido en su día, por
origen, la nacionalidad española la ha perdido y ahora trata
de recuperarla.
Pero yo estoy pensando en unos que fueron españoles muy
próximos al territorio canario, son los saharauis, los
saharauis que tuvieron la nacio española cuando aquello fue
incluso provincia española, el Sahara occidental español. Con
el texto de este artículo que nos trae el Gobierno ningún
saharaui que tuvo en un momento determinado la nacionalidad
española la puede recuperar ahora. Tendría que ser solamente
residente legal en España, pero a uno que estuviera en los
campamentos de Tinduf le es absolutamente imposible. Porque,
además, ni siquiera puede acogerse a la cláusula que viene a
continuación de que este requisito no será de aplicación, como
dice el proyecto del Gobierno, a los emigrantes ni a los hijos
de los emigrantes. Los saharauis nunca fueron emigrantes. Por
tanto, ésta es mi primera reserva.
La segunda reserva para la abstención es que tanto la enmienda
de totalidad del Grupo Parlamentario Popular como el texto del
proyecto del Gobierno coinciden en una cosa común, respecto a
la cual Coalición Canaria tiene que hacer valer aquí su
opinión. Me refiero a lo que se dice en el número 2, letra b),
en la que se dice que no podrán recuperar o adquirir la
nacionalidad española, sin previa habilitación otra vez
concedida discrecionalmente por el Gobierno, los que hayan
perdido la nacionalidad sin haber cumplido el servicio militar
español. Yo no sé si, con la Constitución en la mano, esto es
o no es constitucional. Yo tengo mis dudas, pero en cualquier
momento, por una postura política, lo rechazo. En cuanto a
excluir del derecho a obtener la nacionalidad a quien no haya
cumplido el servicio militar español obligatorio en este
momento, veremos qué pasa, porque yo desearía, como la señora
Pelayo, que no volvamos a hablar de una modificación del
Código Civil en materia de nacionalidad en los próximos años,
pero si en los próximos años, por los avatares que sean, por
las exigencias de un ejército profesional terminamos en España
con la supresión del servicio militar obligatorio, habría que
volver a traer aquí esta ley para suprimir esta letra b) del
número 2 del artículo 26 del Código Civil. Porque, además, si
aquí se hace referencia a los que hayan perdido la
nacionalidad sin haber cumplido el servicio militar español o
la prestación social sustitutoria, y yo pregunto: ¿por qué
eliminamos también aquí a los objetores? El objetor que haya
pasado por la circunstancia de objeción y se haya declarado
insumiso, veamos el caso de un insumiso que haya sido juzgado
por los tribunales de justicia, haya sido condenado y haya
cumplido la pena. ¿El insumiso que haya cumplido la pena
tampoco puede adquirir la nacionalidad española? Me vuelvo a
situar en el campo de la Constitución y de los derechos
fundamentales que otorga nuestra Constitución.
Tampoco sé por qué razón se mantiene el endurecimiento de esa
facultad discrecional del Gobierno, ya que dice: no obstante,
la habilitación no será precisa cuando la declaración de
recuperación se formule por varón mayor de 50 años. Si las
reglamentaciones militares actuales eximen a partir de los 30
años del cumplimiento del servicio militar, ¿por qué un
ciudadano que habiendo sido español y por las circunstancias
que hayan sido perdió su nacionalidad, para recuperar la
nacionalidad tiene que esperar a tener 50 años para poderse
acoger a esa cláusula de habilitación? Señores, con la
Constitución en la mano, yo diría que hasta con el reglamento
militar, esto me parece muy dudoso.
Quería hacer aquí estas reflexiones desde un punto de vista de
fijación de posición y de mensaje político, porque esto, desde
luego, creo que debe ser objeto de una amplia reconsideración
por el Grupo proponente, por el Gobierno cuando esto se
discuta en la Ponencia y en la Comisión, y si viene a Pleno,
por supuesto, y en esa ocasión volveremos a exponer nuestros
argumentos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley remitido por el Gobierno pretende
introducir mayores facilidades para recuperar la nacionalidad
para aquellos esp hubieren perdido esta condición, suprimiendo
el requisito de residencia legal en el territorio español, y
la propuesta del Grupo Popular en su enmienda a la totalidad
consiste en suprimir en todos los supuestos el requisito de
residencia legal en España para poder recuperar
la nacionalidad. Es decir, la propuesta del Grupo Popular no
contradice el texto presentado por el Gobierno, sino que va
más allá, en un planteamiento que hemos podido escuchar y que
obviamente nos lleva a pensar que la técnica parlamentaria
mejor en este caso hubiese sido mediante enmiendas al
articulado, como hemos presentado los otros grupos
parlamentarios. Estaría justificada esta enmienda a la
totalidad con texto alternativo si el Grupo Popular estuviese
presentando realmente un planteamiento totalmente distinto,
con mecanismos diferentes, sin solución posible respecto al
texto del Gobierno, y no es así. Creemos que lo que pretende
el Grupo Popular es un mayor abundamiento en la línea de
facilidades de recuperación de nacionalidad que plantea el
Gobierno.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado dos enmiendas, una
de carácter técnico, a la disposición transitoria del
proyecto, y otra orientada samente una previsión para
aquellas mujeres españolas que hubiesen perdido la
nacionalidad por razón de matrimonio aplicando normas
preconstitucionales. Nos parecen dos elementos con los que
sería interesante modificar y adicionar al proyecto de ley,
pero formarán parte del trabajo en la Ponencia, igual que
formaría parte del trabajo en Ponencia y Comisión esta
enmienda a la totalidad que presenta hoy el Grupo Popular si
la formulara como enmienda al articulado.
Por ello, anunciamos nuestro voto en contra de la propuesta
del Grupo Popular, con la intención de que, en los trabajos en
Ponencia y Comisión, podamos realizar una modificación del
artículo 26 del Código Civil en su plenitud, como se ha
anunciado aquí por los distintos portavoces, para que este
tema no venga otra vez a la Cámara en las circunstancias en
que ha venido las tres últimas veces. Esta es la tercera vez
que tratamos este tema, con lo cual se demuestra una cierta
improvisación o que falla alguna cosa, pero para corregir eso
hemos de encontrar el mecanismo de resolución final a través
de los trabajos en Ponencia y en Comisión, para lo que creemos
que es válido el texto que ha presentado el Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario va a abstenerse en la votación de esta
enmienda de totalidad del Grupo Popular en relación con este
proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de
recuperación de la nacionalidad, por motivos muy parecidos a
los que ha expuesto anteriormente el señor Mardones, con quien
esta tarde nuestro Grupo Parlamentario tiene una especial
sintonía. Por tanto, eso me exime de utilizar algunos de los
argumentos empleado el voto de abstención.
Aunque es cierto que el texto alternativo que propone el Grupo
Popular se acerca más a las enmiendas al articulado que
nuestro Grupo ha planteado a este proyecto de ley que al
proyecto del Gobierno, hay cosas con las que, sin embargo, no
estamos de acuerdo. Además, nos parece una enmienda de
totalidad un tanto atípica, porque no se trata de un texto
alternativo que cambie la estructura, una alternativa política
distinta, y, aunque solamente fuera por una economía procesal
o economía parlamentaria, valdría la pena seguir con el texto
del Gobierno como punto de partida para aceptar o no en la
Ponencia las enmiendas presentadas al articulado por los
grupos parlamentarios. También es cierto que esta enmienda
alternativa se acerca algo más al planteamiento de nuestro
Grupo Parlamentario respecto de este proyecto de ley.
El proyecto de ley intenta hacer más fácil --y es una línea
que compartimos-- la recuperación de la nacionalidad. Conviene
dejar claro que estamos hablando de españoles que han perdido
su nacionalidad, no es puramente un tema de adquisición de
nacionalidad sino de que aquellos que, habiendo perdido su
nacionalidad española, quieren recuperarla. Acertadamente,
este proyecto de ley facilita a los emigrantes y a los hijos
de emigrantes esa recuperación de la nacionalidad. ¿Cómo lo
facilita? No exigiendo una residencia legal, de tal forma que
emigrantes o hijos de emigrantes que hayan perdido su
nacionalidad, aunque no sean residenteslegales, podrían
recuperar fácilment sin necesidad de ese engorroso trámite de
la dispensa que está realmente retardando mucho esa
recuperación de nacionalidad.
Sin embargo, no entendemos por qué no se suprime para todo el
mundo, no sólo para emigrantes o hijos de emigrantes, lo de la
residencia legal en España. El señor Mardones, muy
acertadamente, ha puesto el caso de los saharauis. Es un caso
realmente muy bien traído, tiene mucha fuerza ese argumento, y
sólo por eso ya merecería la pena cambiar ese artículo 26 del
proyecto, en su apartado 1, y suprimir lo de la residencia
legal.
La verdad es que no entendemos por qué se sigue manteniendo --
y es un acierto de la enmienda del Grupo Popular suprimirlo--
el requisito de residencia legal. ¿Por qué a un español que ha
perdido su nacionalidad y que quiere recuperarla no se le
permite hacerlo casi automáticamente y se le exige venir a
España a residir legalmente? Realmente no tiene justificación
ninguna. Por eso nuestro Grupo ha presentado una enmienda al
articulado --no le hemos querido dar la entidad de enmienda a
la totalidad-- que suprime este requisito.
También coincidiendo con el señor Mardones en lo que él decía,
nos parece que es absolutamente injustificable
que no pueda recuperar o adquirir nacionalidad, salvo que el
Gobierno discrecionalmente lo decida así (a expensas, por
tanto, de la decisión discrecional del Gobierno), quien haya
perdido la nacionalidad sin haber cumplido el servicio
militar. Es decir, no quien haya perdido la nacionalidad por
una sanción, que es a lo que se refiere el artículo 25, una
sentencia firme o por haber entrado a servir a un ejército
extranjero, no por una sanción, repito, o por un acto --vamos
a llamarle-- condenable, sino simplemente porque cuando perdió
la nacionalidad dio la casualidad de que no había cumplido el
servicio militar voluntaria o involuntariamente. Nos parece
que también es un requisito completamente innecesario porque
en el momento en que recupere la nacionalidad podría
perfectamente, en su caso, hacer el servicio militar o
eximírsele.
Así que entendemos que el proyecto de ley --y aprovechamos la
ocasión de este trámite de totalidad para decirlo así-- es
claramente insuficiente en la línea que hay que seguir de
hacer mucho más fácil la adquisición de la nacionalidad
española, ya que estamos en un momento en el que hay una
fuerte presencia inmigratoria en nuestro país, hay un problema
de inmigración muy importante, y creemos que una vía adecuada
de regulación es facilitar la adquisición de nacionalidad como
forma de integración. Digo esto porque el problema de la
inmigración no es un problema puramente formalista, es un
problema de integración social, y no hay forma más clara de
integración que la de tener los derechos de la nacionalidad o
los derechos políticos. Eso es una forma de integrar a los
inmigrantes en nuestro país.
Quiero aprovechar también la ocasión para señalar que esta
modificación del Código Civil tendría que ir seguida de una
modificación de la propia forma en que está regulada la
nacionalidad en nuestro país. El sistema de nacionalidad
previsto en el Código Civil está fundamentándose todavía en el
predominio del principio del «ius sanguinis» propio de un país
de emigración. Sin embargo, la atribución de nacionalidad
basada en el «ius soli» está todavía muy poco desarrollada en
España cuando aquí hay un cambio sociológico evidente. Ya no
somos un país de emigración, sino que somos un país de
inmigración; por tanto, parece lógico que en una futura
reforma del Código Civil hubiera un cambio en este sentido y
se facilitasen más las fórmulas de adquisición de nacionalidad
por medio del principio del «iussoli» y no tanto del «ius
sanguin que valorar mucho más el elemento de vinculación real
con España para la adquisición automática de la nacionalidad y
no, como ahora sucede, que hay un predominio evidente del
principio del «ius sanguinis», que es un principio ya obsoleto
porque obedece a un país que ha sido fundamentalmente de
emigración.
También habría que facilitar una adquisición derivada de la
nacionalidad por residencia, con las gradaciones oportunas, y
preferentemente a l iberoamericanos o países que tuvieran
vinculaciones histórico-lingüísticas con las nacionalidades
que existen en España. Así como, naturalmente, todo el asunto
de los asilados, refugiados, inmigrantes hay que tenerlo en
cuenta en esta futura reforma de la nacionalidad.
Es un cierto paso --claramente insuficiente, pero podremos
mejorarlo en el trámite de Ponencia y Comisión-- el que se da
en esta enmienda a la totalidad, coincidiendo con otras
enmiendas al a de economía procesal, quizá sería más
conveniente seguir en la línea del proyecto de ley.
Teniendo en cuenta que coincidimos en algunas cosas con esta
enmienda, nuestro Grupo Parlamentario no va a votar en contra,
pero sí se va a abstener.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
Vamos a pasar a la votación de la enmienda de totalidad del
Grupo Popular. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad, con texto
alternativo, presentada por el Grupo Popular al proyecto de
ley por la que se modifica el Código Civil en materia de
recuperación de la nacionalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 110, en contra, 135; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.