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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 101, de 02/11/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 101 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 100
celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



--Preguntas (Página 5195)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas a adoptar en relación a la corrección financiera
negativa (multa), impuesta por la Unión Europea a España por
el exceso de la producción láctea, así como para reestructurar
en profundidad el sector productor lácteo español (número de
expediente 172/000075) (Página 5216)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno respecto
de la reforma de la Administración periférica del Estado y, en
concreto, sobre la desaparición de la figura del Gobernador
Civil (número de expediente 172/000077) (Página 5225)



Página 5190




Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del
Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas
derivados del consumo y tráfico de drogas en España (número de
expediente 173/000056) (Página 5234)
Modificación del orden del día (Página 5242)



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
(continuación):



--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política general de
telecomunicaciones y, en concreto, los objetivos que persigue
la liberalización de la misma y los criterios establecidos en
el concurso para el segundo operador de telefonía móvil
(número de expediente 173/000057) (Página 5242)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
102, de 3 de noviembre de 1994.)



SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas (Página 5195)



Del Diptuado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Piensa el Gobierno aprobar un Real Decreto-Ley
sobre producción de energía eléctrica por instalaciones
hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos
o fuentes de energía renovables? (Número de expediente
180/000769) (Página 5195)



Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuál es la contribución del Gobierno español a la campaña
europea de la juventud contra el racismo, la xenofobia, el
antisemitismo y la intolerancia? (Número de expediente
180/000781) (Página 5196)



Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: Como consecuencia del
dolor e indignación que produce la situación de hambre y
miseria de la mayoría de la humanidad, ha crecido en nuestro
país la conciencia de solidaridad. ¿Cuáles el criterio del
Presidente del Gobierno sobre lo que España puede hacer para
contribuir a paliar esta situación y, en concreto, sobre el
objetivo de llegar al 0,7% del PIB en la Ayuda Oficial al
Desarrollo? (Número de expediente 180/000766) (Página 5197)



Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Cultura: ¿Avala el Ministerio de Cultura el contenido de
todos aquellos libros cuyas ediciones patrocina? (Número de
expediente 180/000776) (Página 5198)



De la Diputada doña Soledad Becerril Bustamante, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuándo piensa el Gobierno remitir a la Cámara un Proyecto de
Ley de grandes ciudades? (Número de expediente 180/000777)
(Página 5199)



Del Diputado don Javier Peón Torre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Industria y Energía: ¿Puede explicar el Sr. Ministro de
Industria y Energía las razones que han motivado el embargo
por parte de la Diputación Foral de Vizcaya de las cuentas
bancarias y terrenos de la Empresa Pública «Altos Hornos de
Vizcaya, S.A.»? (Número de expediente 180/000772) (Página 5200)



Página 5191




Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿En qué datos se fundamenta el Gobierno para afirmar
que la crisis de la construcción naval en España seguirá
empeorando en el futuro? (Número de expediente 180/000774)
(Página 5202)



Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cómo se justifica la supresión por parte de la Compañía
Iberia de los vuelos nocturnos
Tenerife-Madrid-Tenerife, en la nueva programación prevista a
partir del 1 de noviembre de 1994? (Número de expediente
180/000779) (Página 5203)



Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cómo evalúa el Ministro
las conclusiones de la Conferencia de la energía de países
productores y consumidores de energía, celebrada recientemente
en Cartagena? (Número de expediente 180/000792) (Página 5204)



Del Diputado don Pablo Izquierdo Juárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Puede garantizar el Gobierno el correcto proceso de
privatización de empresas públicas dependientes del Patrimonio
del Estado? (Número de expediente 180/000773) (Página 5205)



Del Diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál es la razón por la
que la adjudicación directa es el procedimiento habitual de
contratación de obras públicas y servicios del Estado? (Número
de expediente 180/000780) (Página 5206)



De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de
la aplicación de la reciente Ley de prevención del blanqueo de
capitales y en qué situación se encuentra su desarrollo
reglamentario? (Número de expediente 180/000788) (Página 5206)



Del Diputado don Francisco Arnau Navarro, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: La mejora del clima
social alcanzado por los recientes acuerdos suscritos por el
Gobierno con los sindicatos en pensiones y retribuciones a
funcionarios, ¿qué efectos pueden tener en la consolidación de
la actual recuperación económica? (Número de expediente
180/000789) (Página 5207)



Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué gestiones ha
efectuado el Presidente del Gobierno ante el Consejo General
del Poder Judicial para que en la provisión de plazas de
jueces y magistrados en Euskadi se merite el conocimiento del
euskera y del Derecho Foral Vasco? (Número de expediente
180/000768) (Página 5207)



De la Diputada doña Presentación Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para garantizar la efectiva puesta en
práctica de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo
comprometida por el Gobierno? (Número de expediente
180/000784) (Página 5209)



Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro,
del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Es intención
del Ministro de Justicia e Interior crear una Secretaría
General Técnica para asuntos taurinos? (Número de expediente
180/000785) (Página 5210)



De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: En la reciente interpelación sobre
política del Departamento en materia



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de drogas, el Ministro de Justicia e Interior anunció el
estudio de reformas normativas para mejorar la lucha contrael
narcotráfico. ¿Cuándo se presentarán estas reformas normativas
al Congreso de los Diputados? (Número de expediente
180/000787) (Página 5210)



De la Diputada doña Carmen del Campo Casasús, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué objetivos persigue
el Gobierno con el Proyecto de Ley que modifica el Código
Civil en materia de recuperación de la nacionalidad? (Número
de expediente 180/000790) (Página 5211)



Del Diputado don Ramón Santos Jurado, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué valoración realiza el Gobierno
sobre las dificultades por las que atraviesa el proceso
negociador de pesca entre la Unión Europea y Marruecos?
(Número de expediente 180/000786) (Página 5212)



De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Considera el señor Ministro que es necesario en su
Departamento disponer de «gastos reservados»? (Número de
expediente 180/000771) (Página 5213)



Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las propuestas
de supresión de servicios de ferrocarril provocados por el
Plan Estratégico de RENFE y, en concreto, razones y
condiciones para la supresión del expreso Cartagena-Madrid?
(Número de expediente 180/000783) (Página 5214)



Del Diputado don Carlos Dávila Sánchez, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Es previsible, en un futuro próximo,
la modificación de la normativa comunitaria, referente a los
requerimientos ambientales que deban aplicarse a las
instalaciones de incineración de residuos? (Número de
expediente 180/000791) (Página 5215)



Interpelaciones urgentes (Página 5216)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
a adoptar en relación a la corrección financiera negativa
(multa), impuesta por la Unión Europea a España por el exceso
de la producción láctea, así como para reestructurar en
profundidad el sector productor lácteo español (Página 5216)



En nombre del Grupo Popular explana la interpelación la señora
Fernández Díaz, que comienza refiriéndose a las sanciones
impuestas a España por la Unión Europea por un montante de
205.000 millones de pesetas. Afirma que esta multa, mal
llamada corrección financiera negativa, empezó a fraguarse en
el período del Ministro Romero, al haberse menospreciado
siempre esta actuación comunitaria por los responsables
agrarios españoles. Pero, ante el desarrollo de los
acontecimientos hay, que buscar culpables, que nunca serán los
ganaderos, entendiendo su Grupo Parlamentario que fue la
información interesada la que nos ha conducido a esta
situación.

Se refiere seguidamente a la normativa comunitaria en virtud
de la cual España firmó un compromiso de contingentación de la
producción lechera comercializada por 5.400 millones de kilos,
indicando que desde el principio nuestro país eligió la
fórmula A) para la asignación de cuotas. Menciona el Decreto
2466/86, por el que se establece el procedimiento para
determinar las cuotas de referencia a los productores,
exponiendo a renglón seguido con numerosos datos y cifras el
proceso seguido por el mercado del sector lácteo hasta
desembocar en los excedentes que han motivado la sanción
comunitaria.

Respecto del abandono voluntario y la suspensión temporal de
explotaciones afirma que esta última ha tenido menos éxito en
España que en otros países de la Comunidad. Refiriéndose a las
transmisiones de cuotas, indica que éstas no están reguladas
todavía y pide al señor Ministro que en su intervención dé
garantías de que se van a respetar esas transmisiones o
cesiones.

Enumera una serie de deficiencias en el marco normativo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para adaptarse
a las disposiciones derivadas de la PAC, culpando a diversas
declaraciones de algunos Ministros de no haber contribuido a
clarificar la situación, lo que nos ha abocado a vernos ahora
con esta multa.




Página 5193




Termina la señora Fernández Díaz formulando una serie de
preguntas al señor Ministro sobre quién va a pagar la
supertasa y, en definitiva, la multa de los 205.000 millones
de pesetas, así como sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para reestructurar en profundidad el sector lácteo.

Contesta, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna),
manifestando, en primer lugar, que el sector lechero español
no está pagando ningún tipo de consecuencias negativas de las
negociaciones de adhesión a la CEE por aplicación del régimen
de cuotas. Al contrario, el sector lechero español ha crecido
desde la fijación del riguroso régimen de cuotas establecido
desde 1984. Señala que las cifras de producción utilizadas
para la fijación de la campaña fueron las derivadas de la
estadística disponible en aquel entonces: las correspondientes
a 1983. A su juicio, se habla demasiado de las dificultades
por las que atraviesa el sector y de las consecuencias
negativas de la adhesión, así como de la urgente
reestructuración de las explotaciones y otros aspectos. En
realidad, los precios de mercado han venido evolucionando para
el sector hasta llegar actualmente a cotas nunca alcanzadas y
las estructuras de producción, que en su punto de partida eran
deficientes, han mejorado de forma ostensible, aunque siguen
siendo deficientes en comparación con las de otros países de
la Unión Europea. Respecto a las cuotas de producción, destaca
que desde nuestro ingreso en la Unión Europea han venido
aumentando en un 3 por ciento, al contrario de lo sucedido con
otros países de la Comunidad que las han visto reducidas en un
7 por ciento.

Alude a continuación el señor Ministro a las actuaciones de
carácter inmediato relacionadas con la gestión de la reserva
nacional, mediante la reasignación de cuotas suplementarias a
determinadas categorías de ganaderos y con la regulación de
cuotas entre particulares, informando al respecto sobre los
planes de abandono financiados tanto por los Presupuestos
Generales del Estado como por las comunidades autónomas, a
cuyo efecto aporta numerosas cifras sobre la evolución de las
cuotas. Subraya que para la delimitación del colectivo de
ganaderos que pueden recibir cuota suplementaria se imponen
una serie de condiciones, que enumera a renglón seguido,
indicando que para la valoración de cada uno de los criterios
preferenciales se utilizarán las definiciones de la
reglamentación comunitaria y nacional y especificando las
restricciones referentes al uso que se podrá realizar de la
cuota definitivamente asignada. Por lo que hace a la
regulación de las transferencias entre particulares se seguirá
el principio de máxima flexibilidad con carácter general. Se
aplicará el principio de máxima libertad para las
transferencias de cuota en el territorio de una comunidad
autónoma y limitaciones en las que se hagan entre comunidades
autónomas.

Menciona, por último, una serie de medidas tendentes a la
mejora de las estructuras agrarias, como son las ayudas a
inversiones en planes de mejoramiento de las explotaciones o
los programas de selección y reproducción animal.

Termina el señor Ministro asegurando que el sector lechero se
encuentra en mejores condiciones que en años pasados, sobre
todo respecto a los primeros años de la adhesión a la
Comunidad, anunciando que en esta legislatura va a ponerse en
marcha un programa sectorial para la producción lechera.

Replica la señora Fernández Díaz, duplicando el señor Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política del Gobierno respecto de la
reforma de la Administración periférica del Estado y, en
concreto, sobre la desaparición de la figura del Gobernador
Civil (Página 5225)



Defiende la interpelación, en nombre del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Ríos Martínez, que
comienza recordando una pregunta de su Grupo Parlamentario,
formulada en septiembre de 1993 al señor Ministro, acerca de
si debían mantenerse o no los gobiernos civiles, e igualmente
una comparecencia del mismo para explicar la política general
del Gobierno sobre racionalización y reestructuración de la
Administración General del Estado, en la que anunció dos
proyectos: uno, para simplificar y reagrupar los servicios
periféricos y, otro, para potenciar y dar mayor eficacia a las
delegaciones del Gobierno. En dicha comparecencia manifestó
que las funciones de los gobernadores civiles están quedando
reducidas a las prestaciones del INSS, al orden público, a la
Agencia Tributaria y al servicio de Correos, en tanto que el
Ministro señor Belloch ha afirmado recientemente que los
gobernadores civiles constituyen una pieza básica en la
Administración periférica del Estado, apreciando una
contradicción política entre ambas manifestaciones de dichos
Ministros. Sobre este tema de los gobernadores civiles y de la
Administración periférica cree que deben centrarse en tres
grandes líneas de reflexión, como son, en primer lugar, para
cuándo una reforma de la Administración donde prime la
política de relación



Página 5194




y coordinación entre las Administraciones que marca la
Constitución; en segundo lugar, el tema de si se quiere un
Estado descentralizado o un Estado que vigile y tutele lo que
hacen las Administraciones, que era el papel de los gobiernos
civiles antes de la democracia, y, en tercer lugar, si debe
ser una figura del Gobierno Central o en las comunidades con
varias provincias ha de ser una delegación del propio Gobierno
autónomo en cada provincia. Desarrolla a continuación estos
tres ejes de reflexión, citando numerosas normas legales que
han venido conformando en el tiempo el estatuto de los
gobernadores civiles, así como la figura del delegado del
Gobierno, y destacando la situación creada frente a los
presidentes de las comunidades autónomas en el ámbito
competencial.

Termina el interpelante preguntándose cuándo se va a acabar
con este funcionamiento de las provincias, que nada tiene que
ver con una administración moderna, dinámica y simplificada de
la Administración del Estado. En nombre del Gobierno responde
a la interpelación el señor Ministro para las Administraciones
Públicas (Saavedra Acevedo.) Manifiesta, en primer lugar, que
sobre el objeto de la interpelación se pronunció recientemente
en su comparecencia del 13 de octubre pasado y que se remite,
respecto a esta cuestión, a lo ya sostenido entonces, cuyo
tenor literal consta en el «Diario de Sesiones». Añade que la
reordenación, simplificación y reducción de la Administración
del Estado es un compromiso electoral del Partido Socialista
Obrero Español y uno de los objetivos que se ha fijado el
Gobierno para la presente legislatura, pero no un objetivo
abstracto, sino que sólo puede entenderse dentro del marco de
un esquema global de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado. En tal sentido se ha
pronunciado el Presidente del Gobierno, tanto en el debate de
investidura como en el recientemente celebrado en el Senado
sobre el Estado de las autonomías. Subraya que se trata de un
mandato de esta Cámara al Gobierno de la nación el profundizar
en la racionalización y simplificación de las estructuras de
la Administración del Estado, eliminando duplicidades con las
comunidades autónomas.

Agrega el señor Ministro que la cuestión planteada en la
interpelación, con ser importante, no es el núcleo central de
ninguna reflexión política ni de ninguna iniciativa o proyecto
legislativo diferenciado. La posición del Gobierno acerca de
la denominada reforma de la Administración General del Estado
es una posición propia, bien diferenciada respecto de la de
otros Grupos de la Cámara. Concluye anunciando que antes de
finalizar el actual período de sesiones el Gobierno remitirá a
la Cámara un proyecto de ley de organización y funcionamiento
de la Administración General del Estado, en cuya iniciativa
legislativa se regulará el nuevo esquema de organización
central y periférica de la Administración estatal.

Replica el señor Ríos Martínez y duplica el señor Ministro
para las Administraciones Públicas.

En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra la
señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Mañueco
Alonso, del Grupo Popular.




Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5234)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del
Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas
derivados del consumo y tráfico de drogas en España (Página 5234)



Presenta la moción el señor Robles Orozco, que recuerda la
preocupación, ya manifestada en la interpelación de la semana
pasada, por la situación que está vivienda España a causa del
consumo y el tráfico de drogas, así como por la instalación de
mafias en nuestro país. A ello hay que añadir la situación en
que se encuentra la Secretaría de Estado y las, a su juicio,
desafortunadas declaraciones y confusión del Gobierno que han
producido desorientación e incluso alarma entre amplios
sectores de la población española. Pasa seguidamente a
desarrollar en detalle el contenido de los doce puntos que
integran la moción, para terminar afirmando que lo que ha
pretendido su Grupo es que no se queden, una vez más las
medidas anunciadas en meros brindis al sol, sino que haya un
compromiso firme, no sólo por parte del Gobierno sino también
de esta Cámara, de luchar de formar eficaz contra el
narcotráfico, en plazos y en objetivos, junto con la
ciudadanía española y con el Parlamento. En turno de fijación
de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV), Cardona i Vila, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda
Unida Iniciativa per Catalunya, y Rodríguez Zapatero, en
nombre del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 128
votos a favor, 171 en contra y una abstencións.




Página 5195




Modificación del orden del día (Página 5242)



El señor Presidente anuncia que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, se somete al
Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día de la
presente sesión de la elección para formular propuesta de
nombramiento de cuatro vocales del Consejo General del Poder
Judicial y elección de seis miembros del Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española. Así queda aprobado
por asentimiento.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política general de telecomunicaciones
y, en concreto, los objetivos que persigue la liberalización
de la misma y los criterios establecidos en el concurso para
el segundo operador de telefonía móvil (Página 5242)



El señor Andreu Andreu, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, presenta esta moción
recordando el debate habido el pasado miércoles sobre la
concesión de licencias para el segundo operador de la
telefonía móvil y resaltando que ciertos hechos que se han
producido durante la semana transcurrida avalan la tesis de
que estamos ante un problema de trascendental importancia, en
el cual se están moviendo importantísimos grupos económicos y
de presión en este país.

Explica brevemente los puntos que constituyen la moción y
termina manifestando que la misma va en la línea de asegurar
la transparencia en la concesión del concurso para el segundo
operador de telefonía móvil.

En defensa de las enmiendas presentadas a la moción por sus
respectivos grupos parlamentarios hacen uso de la palabra los
señores Camisón Asensio, del Grupo Popular, y Martinón Cejas,
del Grupo Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Simó
Burgues, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Hace uso de la palabra nuevamente el señor Andreu Andreu en
relación con las enmiendas formuladas a la moción de su Grupo.

Sometida a votación, se aprueba la moción, en los términos
resultantes de la transacción con la enmienda del Grupo
Socialista, por unanimidad. Se suspende la sesión a las nueve
y quince minutos de la noche.




Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO APROBAR UN REAL DECRETO-LEY
SOBRE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR INSTALACIONES
HIDRAULICAS, DE COGENERACION Y OTRAS ABASTECIDAS POR RECURSOS
O FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES? (Número de expediente
180/000769)



El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Punto I del orden del día: Preguntas.

Pregunta número 3, del señor Albistur Marín, que tiene la
palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente del Gobierno, ¿piensa el Gobierno aprobar
un real decreto-ley sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas
por recursos o fuentes de energías renovables?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

El señor Vicepresidente del Gobierno tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, el Gobierno va a regular esa actividad.

Nuestro propósito es redactar una norma que refunda la
existente en un único texto y a la vez desarrollar los
criterios que van a regir las relaciones entre empresas
productoras y empresas distribuidoras. Para ello, señor
Albistur, no es necesario una norma con rango de ley, basta
con un decreto. El proyecto de decreto está en estos momentos
en el Consejo de Estado y después del dictamen el Gobierno
tomará la decisión definitiva sobre su redactado final.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Vicepresidente.

Quisiera transmitirle, con esta pregunta que realizo en nombre
del Grupo Vasco (PNV), que no es sólo un tema político sino
que es un tema que representa todo un interés institucional:
Gobierno, diputaciones y ayuntamientos, más intereses de
inversores en esta materia.




Página 5196




Muchos pensamos que este decreto, cuyo borrador conocemos en
parte, pueda no ser oportuno o, quizá, de dudosa oportunidad,
en un momento en que el proyecto de ley de ordenación del
sistema eléctrico nacional reconoce en su texto el régimen
especial de producción eléctrica, donde se considerarían
incluidas las instalaciones objeto de la propuesta del real
decreto. Pero la preocupación más importante viene por dudar
del respeto que pueda existir en relación a la Ley 82/1980, de
Conservación de la Energía, que, entre otras cosas, optimizaba
los rendimientos de los procesos de transformación de la
energía y regulaba las relaciones --como usted antes ha dicho-
- entre autogeneradores y compañías eléctricas distribuidoras.

Y la preocupación viene, también, del dudoso respeto a las
competencias de las comunidades autónomas en materia
precisamente de autorización de lo que pueden ser licencias de
autogeneración. Desde ese punto de vista, tenemos la intención
de seguir adelante, por todos los procedimientos que la ley y
la Constitución nos permitan y si existe una posibilidad de
diálogo, que hasta ahora no ha existido, para que una
comunidad autónoma dispuesta a tener un importante ahorro
energético y a generar por sí misma la mayor cantidad de
energía posible, pueda tener en ese decreto una voz y la
oportunidad de dialogar y negociar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias,
señor Presidente. Su señoría coincidirá en que un nuevo
decreto que regule estas materias es una norma necesaria,
porque en la situación actual y aplicando la normativa vigente
se ha producido un cierto sobredimensionamiento de las
instalaciones que no se corresponde, precisamente, con ninguna
realidad económica o social, o con el objetivo de fomentar
esquemas de energías alternativas o de ahorro de energía. Por
ello, el Gobierno mantendrá el derecho de los autoproductores
a pasar sus excedentes a la red de servicio público. Además, a
un precio garantizado. Pero definiremos correctamente este
excedente y fijaremos este precio en función, precisamente,
del coste para cada categoría de producción de energía
eléctrica. Con ello es posible, señoría, que el precio
resultante sea en el futuro más favorable para las energías
renovables y para las pequeñas centrales hidráulicas, que
siguen necesitando de una promoción, que para la cogeneración,
aunque seguiremos garantizando la rentabilidad a ese tipo de
actividad. No obstante, si hay reducción de precios para
cogeneración, vamos a hacerlo de manera gradual y escalonada
en un espacio de años.

Su señoría ha pedido diálogo. En nombre del Gobierno le
aseguro que en esta norma vamos a tenerlo abierto con el
Gobierno del País Vasco y con las instancias --porque lo hemos
tenido-- interesadas para que sea una norma que respete mejor
los intereses de todos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUAL ES LA CONTRIBUCION DEL GOBIERNO ESPAÑOL A LA CAMPAÑA
EUROPEA DE LA JUVENTUD CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA, EL
ANTISEMITISMO Y LA INTOLERANCIA? (Número de expediente
180/000781)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Robles
Fraga.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Parece que el señor González me ha dado hoy un plantón y envía
en su lugar al señor Serra. Lamento que no esté el señor
Presidente porque esta pregunta le concierne muy directamente.

Esperando que se reponga pronto de su viaje a Marruecos y de
sus preocupantes declaraciones sobre diversos tipos de
asuntos, me permito preguntar, ¿cuál es la contribución del
Gobierno español a la campaña europea de la juventud contra el
racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, el Gobierno español ha contribuido a la
campaña europea de la juventud contra el racismo, la
xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia, en primer
lugar, constituyendo el Comité español para esta campaña. En
segundo lugar, creando un comité de honor que apoye la
organización y la celebración de la campaña. En tercer lugar,
dotando a esta campaña en los Presupuestos del Estado, y
dentro precisamente de los presupuestos del Instituto de la
Juventud, de una partida de más de 300 millones de pesetas.

Por último, ha ayudado y seguirá ayudando a esta campaña
manteniendo su actitud inequívoca contra la xenofobia, el
racismo, el antisemitismo y la intolerancia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

El señor Robles tiene la palabra.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente, lamento que no haya entendido



Página 5197




bien mi pregunta, lo cual imagino que se debe a la premura con
la que ha preparado la respuesta.

Esta campaña europea se basa en la declaración y en el plan de
acción europeos contra el racismo, la xenofobia, el
antisemitismo y la intolerancia, firmado en octubre de 1992,
en Viena, por el señor González, Presidente del Gobierno
español, uno de cuyos ejes fundamentales es la campaña europea
de la juventud, que está previsto lanzar en Europa dentro
aproximadamente de un mes y medio. Esta campaña, y a eso me
refiero, tiene un presupuesto de 456 millones de pesetas, que
debe ser en parte asegurado por la contribución voluntaria de
los Estados miembros del Consejo de Europa. A este efecto, el
Secretario General del Consejo de Europa se dirigió al
Presidente del Gobierno español, señor González, pidiéndole la
contribución voluntaria del Gobierno español para esta
campaña. Según el primer informe de aplicación elaborado por
el Consejo de Europa, en julio de este año, las contribuciones
voluntarias eran las siguientes: Chipre, 3.480.000 pesetas;
Grecia 2.400.000 pesetas; Noruega, 9.960.000 pesetas; Turquía,
9.600.000 pesetas y España, 1.500.000 pesetas. Es decir, que
en los próximos dos años España contribuye con 1.500.000
pesetas a la campaña europea, que no a la nacional, de la
juventud contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y
la intolerancia. La mitad que Chipre y mucho menos, por
supuesto, que todos los demás.

El Gobierno español está en campaña permanente. Ustedes se
gastan decenas de millones en todo tipo de asuntos, pero
cuando se trata de cumplir un importantísimo compromiso
europeo para hacer frente a gravísimos problemas de
intolerancia, se gastan 1.500.000 pesetas, que permítame
decirle, señor Vicepresidente, no llega ni para pipas. No vale
con el antirracismo de boquilla, no vale con las
declaraciones; vale con lo que uno aporta y con lo que uno
contribuye, y el Gobierno español es el último país, a la cola
de Europa, a la hora de contribuir a esta campaña europea
contra el racismo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

El señor Vicepresidente tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Robles, como le he indicado en mi respuesta, el Gobierno está
colaborando a la campaña europea de la juventud impulsando su
aplicación en España. Para eso ha creado un comité ejecutivo,
en el que sé que S.S. quiso participar en nombre de su
partido. Sin embargo, en ese comité ejecutivo que entregamos a
las organizaciones juveniles no estarán representados
Diputados del Partido Popoular, sino Nuevas Generaciones, que
es a quien corresponde como organización juvenil. Hemos creado
también un comité de honor que presidirá el Presidente del
Gobierno, en el que sí que le vamos a dar cabida --no se
preocupe, señor Robles-- para que pueda seguir desde ahí los
trabajos de nuestra campaña en España y de ayuda a la campaña
europea. Sin embargo, debe usted de reconocer que, aunque
tendrá que haber también aportación privada, hemos dotado
suficientemente la campaña española con más de 300 millones de
pesetas y quizá, si hacemos un esfuerzo, de esa dotación para
la campaña española pueda salir esa contribución adicional
para el Consejo de Europa que usted nos pide. También va a
depender de usted mientras esté en el comité de honor de esta
campaña.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: COMO CONSECUENCIA DEL
DOLOR E INDIGNACION QUE PRODUCE LA SITUACION DE HAMBRE Y
MISERIA DE LA MAYORIA DE LA HUMANIDAD, HA CRECIDO EN NUESTRO
PAIS LA CONCIENCIA DE SOLIDARIDAD. ¿CUAL ES EL CRITERIO DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE LO QUE ESPAÑA PUEDE HACER PARA
CONTRIBUIR A PALIAR ESTA SITUACION Y, EN CONCRETO, SOBRE EL
OBJETIVO DE LLEGAR AL 0,70 DEL PIB EN LA AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO? (Número de expediente 180/000766)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 1, del señor Yáñez-
Barnuevo, quien tiene la palabra.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente, cuando hace una década España comenzaba
la cooperación con el Tercer Mundo, la principal dificultad
era conseguir la comprensión y el apoyo de la opinión pública.

Hoy, diez años después, afortunadamente no sólo hay una
opinión pública que entiende que hay que dedicar recursos a la
ayuda a los países más pobres, sino que exige que cada vez
sean más cuantiosos. Lejos quedan, pues los tiempos en los que
la prensa de la caverna llamaba despectivamente «Felipe el de
las mercedes» al Presidente del Gobierno cada vez que éste
aumentaba la ayuda al desarrollo.

Sin duda las trágicas imágenes de hambre y miseria en la que
vive buena parte de la humanidad, como recientemente se ha
visto en las cadenas de televisión, han contribuido a
despertar la conciencia solidaria en nuestro país. Uno de los
instrumentos, no el único, de contribución al Tercer Mundo es
llegar y superar el 0,7 por



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ciento en AOD. El Gobierno y el Parlamento están realizando en
estos días un esfuerzo especial para acercarnos a dicho
objetivo.

Debemos mantener el ritmo de crecimiento realizado desde 1985
a 1991 para llegar, lo antes posible, a ese objetivo. Siendo,
señor Vicepresidente, la cooperación con el Tercer Mundo,
junto con la política social y de libertades, una de las señas
de identidad del socialismo democrático, ¿cuál es el criterio
del Gobierno sobre el presente y el futuro de la política de
España en la cooperación con el Tercer Mundo?
Señor Vicepresidente, la experiencia europea comparada
demuestra que en los últimos treinta años en los países
avanzados en AOD, especialmente los escandinavos que con
políticas socialdemocrátas son los únicosque han superado el
0,7 por ciento, cuando excepcionalmente la derecha ha llegado
al Gobierno la ayuda oficial al desarrollo ha retrocedido.

Es por ello, señor Vicepresidente, que avanzar ahora en España
en el 0,7 supone ponernos al abrigo de un eventual retroceso
futuro con un gobierno de derechas. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez-Barnuevo.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias,
señor Presidente. Señorías, quiero empezar mi respuesta
diciéndole, señoría, con rotundidad que el Gobierno mantiene
el compromiso de alcanzar un volumen de ayuda oficial al
desarrollo equivalente al 0,7 por ciento de nuestro producto
interior bruto en el año 2000. Estoy convencido de que
coincidimos en ello con la mayoría de la sociedad española y,
muy en concreto, con la mayoría de los jóvenes españoles.

Aparte de las dotaciones presupuestarias consignadas en el
proyecto de presupuestos para 1995, contamos en estos
momentos, y esperamos que con el consenso parlamentario
suficiente alrededor de la misma, con la enmienda presentada
por el Grupo Socialista, para que si existen proyectos
concretos que puedan ser financiados se incrementen las
partidas de forma que lleguemos al 0,50 por ciento del
producto interior bruto en 1995, con lo cual habríamos
recorrido un camino enorme, el que separa de ser país receptor
en los años ochenta a ser un país que es donante en una
proporción mucho más alta que el promedio de la OCDE en 1995.

Para ello necesitamos proyectos susceptibles de ser
financiados y, además, no poner en riesgo la política de
contención del déficit y, por lo tanto, recorte de otros
proyectos que tendrán menos prioridad que la ayuda al
desarrollo. También hemos de plantearnos el problema no sólo
de cantidad, sino de calidad de esa ayuda al desarrollo. Para
ello hemos de reconsiderar las prioridades; hemos de negociar
con los países receptores de nuestra ayuda para que ésta se
acomode a sus procesos internos de desarrollo y, en general,
hemos de potenciar nuestra capacidad como país.

Creo que hemos de hacer un gran esfuerzo de movilización por
parte de la sociedad española para elaborar proyectos y
programas de cooperación al desarrollo, apoyando la actuación
de las organizaciones no gubernamentales. Señorías, el
Gobierno comparte la preocupación de la sociedad que ha
alentado la campaña del 0,7 en relación a la ayuda a los
países que sufren hambre y miseria. Responderemos a ese
compromiso con una voluntad de solidaridad, con una voluntad
de responsabilidad que cuidará, no sólo de la cantidad de ese
dinero, sino de la eficacia con que utilicemos ese dinero de
ayuda al desarrollo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
CULTURA: ¿AVALA EL MINISTERIO DE CULTURA EL CONTENIDO DE TODOS
AQUELLOS LIBROS CUYAS EDICIONES PATROCINA? (Número de
expediente 180/000776)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Gil Lázaro,
que tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

La pasada semana se hizo llegar a todos los Diputados un libro
cuyo contenido supone una clara agresión a los reconocidos
derechos de identidad del pueblo valenciano. Dado que dicho
libro está editado con el patrocinio del Ministerio de
Cultura, preguntamos si avala ese Ministerio el contenido de
todos aquellos libros cuya edición patrocina, y especialmente
éste al que nos referimos y que la señora Ministra a buen
seguro conoce.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. Señoría, lo primero que convendría aclarar
es que el Ministerio de Cultura no patrocina ediciones de
libros. No obstante, quizá el señor Gil Lázaro se refiera a
las ayudas a la edición, que forman parte de la política de
apoyo a un sector tan importante, desde el punto vista



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cultural e industrial en nuestro país, como es el sector del
libro. En este sentido me llama poderosamente la atención la
expresión de la pregunta formulada por S.S. porque entre las
entidades públicas y privadas, editoras de libros, es
tradicional es respeto a lo escrito por los autores, que son
los únicos responsables de los contenidos. Esta costumbre del
sector editorial, basada sin duda en la libertad de opinión y
creación, entronca con el mismo sistema democrático que dentro
del marco legal respeta y favorece el pluralismo de las ideas
y las opiniones. Por tanto, en este contexto, señorías, no
caba hablar de aval sobre los contenidos, pues ello equivale a
intromisión en lo que únicamente es responsabilidad del autor
y, en definitiva, a introducir algún tipo de censura del que
espero que S.S. no sea partidario. Como S.S., además,
verbalmente ha aclarado algo que no había planteado en la
pregunta formulada por escrito, quiero decir también, al hacer
referencia al libro que ha hecho mención y que he tenido la
oportunidad de ver por primera vez esta mañana, que dicho
libro no ha recibido ningún patrocinio del Ministerio de
Cultura. Lo que sucedió es que la Federación Llull recibió en
1992 una ayuda por parte del Ministerio de Cultura, dentro del
apartado destinado a instituciones sin fines de lucro,
editoras de publicaciones de pensamiento y de cultura. Insisto
en que fue en el año 1992 e iba dirigida directamente a la
Federación Llull como institución sin fin de lucro.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, en el libro dice clarísimamente que esta obra
ha sido editada con el patrocinio del Ministerio de Cultura.

Eso es --y no ninguna otra explicación técnica-- lo que van a
entender y a leer todas aquellas personas que tengan la
oportunidad de conocer este texto.

En cuanto a las consideraciones que hace S.S. en torno a
políticas editoriales, ¡naturalmente que suscribimos esos
principios!, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que
desde hace mucho tiempo, su Ministerio, usted misma y todos
aquellos que le han precedido en la titularidad del
Departamento, vienen instrumentando una auténtica política
sectaria en contra de los derechos legítimos de identidad del
pueblo valenciano. Y yo hoy estoy aquí mandatado, en
representación de muchos miles de valencianos, para decirle
que ya está bien. Señora Ministra, ya está bien de que se nos
trate de imponer una personalidad que no es la nuestra; ya
está bien de que ustedes estén desconociendo,
sistemáticamente, los contenidos específicos del Estatuto de
autonomía y el deber constitucional que afecta al Gobierno de
proteger por igual a todas las lenguas y culturas de España y
ya está bien, sobre todo, de que se estén utilizando medios
públicos para esa estrategia de acoso y derribo. Yo hoy le
digo, en nombre de miles de valencianos, señora Ministra --y
conoce perfectamente esa sensibilidad--, que rectifique en esa
política y, sobre todo, que cuando venga S.S. a esta Cámara
diga las cosas exactamente como son. Porque es radicalmente
incierto que S.S. manifieste que este libro lo conoce desde
esta mañana. Amplias reacciones de rechazo ha habido en la
sociedad valenciana como para que usted sepa de qué va este
asunto. En todo caso, si no sabe de qué va este asunto, no
presida S.S. actos en fines de semana que mantienen las mismas
tesis que este libro cuyo Ministerio patrocina. (Fuertes
rumores y protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señoría,
como comprenderá no comparto en absoluto las opiniones que ha
expresado, porque afortunadamente yo también soy valenciana y
conozco el sentir de los valencianos. Si le digo a usted que
yo por primera vez he visto el libro esta mañana, por mucho
que se hayan reproducido en la prensa acusaciones y avisos del
cara a cara tan famoso que íbamos a tener hoy en el Congreso
de los Diputados, le puedo decir lo que le he dicho
anteriormente, que es absolutamente lo cierto. Yo he conocido
el libro esta mañana y esta... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Silencio, señorías.




--DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO REMITIR A LA CAMARA UN PROYECTO DE
LEY DE GRANDES CIUDADES? (Número de expediente 180/000777)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, de la señora Becerril
Bustamante, que tiene la palabra.




La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor Ministro, ¿cuándo tiene
previsto enviar a esta Cámara el proyecto de ley de grandes
ciudades, si es que está previsto?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.

Tiene la palabra el señor Ministro.




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El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

Señora Becerril, como usted sabe, dentro de las previsiones
del pacto local está previsto abordar la problemática de las
grandes ciudades, como también consta en el discurso de
investidura del Presidente. El 27 de octubre, es decir, el
pasado jueves, tuvo lugar la última reunión de la Comisión
Nacional de Administración Local, en la que tanto el
Ministerio para las Administraciones Públicas como la
Federación Española de Municipios y Provincias alcanzaron
aproximaciones importantes. En primer lugar, la FEMP ha
aceptado dar un cambio de enfoque al problema; en lugar de
intentardefinir el propio concepto de gran ciudad en función
del número de habitantes, lo que originaba múltiples problemas
de posibles agravios comparativos, ahora se opta por
establecer un dispositivo adecuado a las demandas dinámicas de
las aglomeraciones urbanas y abierto a la progresiva asunción
de nuevas competencias por los municipios que por sus
características así lo deseen. En segundo lugar, Gobierno y
FEMP coincidieron en emplazar a los grupos políticos para
aclarar sus posiciones respecto a los contenidos del pacto
local, y entre ellos el que nos ocupa, antes de fin de año; no
obstante, si en esa fecha no hubiese pacto local global, no
renunciamos a regular, mediante el proyecto de ley
correspondiente, algunos aspectos que interesan a las grandes
concentraciones urbanas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la señora Becerril.




La señora BECERRIL BUSTAMANTE: La situación de las grandes
ciudades como consecuencia del aumento de población, debido al
éxodo rural y a la llegada de personas de otros puntos
geográficos, se está convirtiendo en un verdadero problema.

Las grandes ciudades en este momento no tienen competencia,
capacidad, ni recursos financieros, no ya para solventar
muchos de los grandes problemas, sino para solventar problemas
básicos de esas poblaciones. Por ejemplo, en materia de
chabolismo, en materia de vivienda, los grandes ayuntamientos,
las grandes ciudades, no pueden ni de lejos intentar
solucionar el problema y la capacidad para erradicar el
chabolismo en este momento es nula. El enfrentarse a un
problema que es una gran reivindicación ciudadana, la
seguridad en las grandes ciudades, en este momento es
absolutamente imposible para los grandes municipios, porque no
tienen las competencias, porque comparten algunas de ellas y
porque no tienen recursos financieros. Lo mismo ocurre en
materia de asistencia social, en materia de capacidad
sancionadora o represiva, puesto que tampoco tienen las
competencias, mientras que los vecinos sí les exigen seguridad
en las calles, hacer frente a actos de vandalismo, a actos
incívicos, etcétera.

En relación a la situación financiera, qué le voy a decir,
señor Ministro. Ni desde el punto de vista del total del gasto
público local --que para este año va a estar en un 14 por
ciento aproximadamente del total del gasto público de todo el
Estado--, ni en cuanto a su participación en los tributos del
Estado, ni en cuanto a las transferencias que va a haber vía
Presupuestos Generales del Estado para el año 1995, la
situación puede ser satisfactoria ni va a serlo. Hay una gran
demanda ciudadana ante los grandes ayuntamientos para que
resuelvan problemas esenciales y básicos y los grandes
ayuntamientos se sienten absolutamente incapacitados en este
momento. Yo urjo al señor Ministro, y aprovecho para urgir a
la Federación Española de Municipios y Provincias y a los
partidos, si es que hay alguno que no hubiera tomado una
decisión, a tomarla pronto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

Comparto con S.S. muchas de las inquietudes que acaba de
expresar. El problema es financiero --ya sabe que siempre hay
una limitación de recursos y que el 1 de agosto pasado se
firmó el protocolo con la Federación Española de Municipios y
Provincias, lo que supone un incremento, como expliqué la
pasada semana, de un 9 por ciento respecto al año 1993--,
pero, de acuerdo con lo expresado por el Presidente de la
FEMP, después de la última reunión la FEMP apoya el
planteamiento que expuse anteriormente y, por consiguiente, va
a tener la flexibilidad adecuada para que cualquier municipio
que se considere en condiciones de asumir esos niveles
competenciales y esos reforzamientos de autoridad, así lo
haga, y afecta a problemas de urbanismo, a problemas de
seguridad ciudadana, a gestión tributaria local, así como a la
justicia municipal de paz, servicios sociales, cultura y
deportes, que son los temas que estamos preparando para
incluir dentro de ese paquete, programa o proyecto de ley que
formaría parte del pacto local.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAVIER PEON TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿PUEDE EXPLICAR EL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL EMBARGO
POR PARTE DE LA DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA DE LAS CUENTAS
BANCARIAS Y TERRENOS DE LA EMPRESA PUBLICA «ALTOS HORNOS DE
VIZCAYA, S.A.»? (Número de expediente 180/000772)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, del señor Peón Torre,
que tiene la palabra.




El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Industria, la semana pasada tuvimos ocasión
de asistir a un episodio lamentable y ejemplo de lo que no
debe ser el funcionamiento normal y leal entre
administraciones públicas de distinto ámbito territorial. La
empresa pública Altos Hornos de Vizcaya vio embargadas sus
cuentas bancarias y terrenos por otra administración pública,
la Diputación Foral de Vizcaya, que pretendía garantizar así
el cobro de aproximadamente 21.000 millones de pesetas que al
parecer son debidos por la empresa del INI a la administración
foral. Señor Ministro, nos parece increíble que todavía hoy
persista el embargo de los terrenos de Altos Hornos de Vizcaya
cuando algunos de ellos están comprometidos en el proyecto de
nueva acería compacta en Sestao y cuando todos sabemos que las
exigencias de la Unión Europea sobre este proyecto nos obligan
a ser especialmente cuidadosos en los plazos de ejecución para
no poner en peligro la viabilidad de la nueva planta.

Señor Ministro, nos parece increíble que se haya podido saber
de forma tan anómala que los gestores de Altos Hornos de
Vizcaya, nombrados por el Gobierno al que usted pertenece,
lleven dos años sin ingresar en Hacienda ni una peseta de las
retenciones de IRPF, que sí aplican y cobran a sus
trabajadores, y que lo mismo ha ocurrido con el IVA, que han
cobrado a sus clientes pero que no han ingresado en la
Diputación Foral.

Señor Ministro, nos parece increíble que se adeude al Fisco
una cantidad superior en más de 4.000 millones a toda la
inversión prevista por la CSI en la nueva acería de Sestao y
que no se haya contemplado el pago de esta deuda en el
conjunto del proyecto.

Por todo ello, señor Ministro, nos gustaría escuchar de boca
del Gobierno las razones que a su juicio han motivado una
medida tan drástica y tan peligrosa como el embargo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

No le he entendido, señor Peón, si está usted en contra de la
Diputación Foral de Vizcaya, en contra del Ministerio de
Industria, en contra de los gestores de Altos Hornos de
Vizcaya o simplemente en contra de todos. En todo caso, como
el texto de su pregunta dice que yo le conteste sobre por qué
la Diputación Foral de Vizcaya ha hecho lo que ha hecho,
lamentablemente he de decirle que no me siento en condiciones
de sustituir a una administración a la cual debo tener y tengo
el máximo respeto institucional. Por lo tanto, creo que ésa es
una buena pregunta para que en el Parlamento Vasco o en las
Juntas Generales de Vizcaya se la dirijan a la Diputación.

Sí le manifestaré, en todo caso, mi perplejidad y, en segundo
lugar, le diré algo que creo que es lo que de positivo tiene
esto, y es que las negociaciones sobre la deuda, teniendo en
cuenta la situación de Altos Hornos de Vizcaya y el plan de
competitividad de la empresa, se han reanudado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Peón.




El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, veo que su respuesta es un ejemplo de lo que
yo temía que iba a ocurrir: la irresponsabilidad.

Usted sabe que hay razones de fondo. Se ha hablado de un
problema de valoración de los terrenos de Ansio. Se ha hablado
también de un problema en cuanto a las negociaciones que se
estaban teniendo con la Diputación Foral de Vizcaya. En
definitiva, es un problema de 21.000 millones de pesetas como
consecuencia del impago por parte de los gestores de Altos
Hornos de Vizcaya de lo que se adeuda a la Hacienda vizcaína.

Señor Ministro, yo no estoy en contra de todo. Estoy en
contra, por supuesto, de la irresponsabilidad, porque usted no
ha dado la auténtica razón. La auténtica razón es la
irresponsabilidad de los gestores de Altos Hornos de Vizcaya,
la irresponsabilidad del Gobierno que mantiene en sus puestos
a estos gestores con sueldos multimillonarios cuando hacen
ostentación de su incapacidad. Y la razón de fondo, señor
Ministro, es la irresponsabilidad de dos administraciones
públicas sustentadas por dos partidos que son socios aquí, en
Madrid, y en el País Vasco...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Señor Peón, no quiero seguir en la línea del ejercicio de la
irresponsabilidad. Me parece que un buen ejemplo es lo que
usted hace. En todo caso, le puedo decir --y ésta es la
posición del Gobierno, del Ministerio de Industria-- que ante
un problema como el de la siderurgia integral, ante un
problema como el de poner en valor la posibilidad de una
industria siderúrgica en Vizcaya, los esfuerzos de las
administraciones públicas, de todas, de la central, de las
autonómicas y de las forales, tienen que ponerse de
manifiesto. Ciertamente, Altos Hornos de Vizcaya debe a la
Hacienda Foral de



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Vizcaya, pero debe todavía más a la Seguridad Social y a la
Hacienda del Estado en su conjunto. En consecuencia, es un
problema para el cual debemos encontrar soluciones con el
esfuerzo de todos, teniendo en cuenta que hay una apuesta
pública y una apuesta de este país por hacer viable una
industria siderúrgica en Vizcaya. Yo espero que, no obstante
sus actitudes, lo consigamos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿EN QUE DATOS SE FUNDAMENTA EL GOBIERNO PARA AFIRMAR
QUE LA CRISIS DE LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA SEGUIRA
EMPEORANDO EN EL FUTURO? (Número de expediente 180/000774)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Fernández de
Mesa, que tiene la palabra para formularla.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿en qué datos se fundamenta el
Gobierno para afirmar que la crisis de la construcción naval
en España seguirá empeorando en el futuro? Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
El Gobierno no ha expresado su posición sobre el sector naval
en esos términos. Por tanto, no sé a qué se refiere que no
esté ya ampliamente contestado en anteriores debates con
miembros del Ministerio de Industria y, en concreto, en un
debate suyo con el señor Subsecretario.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Fernández de Mesa tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, yo le remitiré las declaraciones
del Presidente del Gobierno de diciembre del año pasado en
este sentido y le remitiré el acta de la sesión del 5 de mayo
de este año en la que el Presidente del INI se refiere
exactamente en los términos en los que yo acabo de formularle
la pregunta. Si el Gobierno no está de acuerdo con lo que dice
el presidente del INI, céselo, y si no está de acuerdo con lo
que dice el Presidente del Gobierno, haga usted el favor de
explicarles a quienes comparecen ante la Cámara, como es el
Presidente de AESA y el Presidente de Puerto Real, cuál es el
camino que han de seguir, porque si la AWES de 1992 a 1993
incrementa el 108 porciento la contratación, si ha crecido a
nivel mundial un 63 por ciento entre 1992 y 1993, si los
nuevos pedidos se incrementan en un 1,8 de «gross ton», si los
pedidos de nuevas construcciones de tanques se incrementan en
un 1,9 millones de toneladas y de «bulk carrier» en un 1,8
millones de toneladas, y en España pasamos de la contratación
del 1,93 del año 1992 al 1,37 de este año, algo está pasando,
señor Ministro.

Nosotros hemos propuesto innumerables iniciativas. La última
de ellas, la creación de un fondo de garantía que dio lugar no
exactamente a eso sino al Real Decreto de primas a la
financiación del sector naval. Se ha perdido mucho tiempo, nos
encontramos en el mes de noviembre y hace prácticamente un mes
que se desarrollaba el Real Decreto del mes de abril.

Señor Ministro, creemos que con los datos en la mano hay
posibilidades para que el sector naval en España resurja, y
para ello no queda más que un camino y es apostar y tener
voluntad política para que así sea. Señor Ministro, en este
período que nos queda de ayudas, de primas a la construcción
naval autorizadas por la Unión Europea, pónganse ustedes a
trabajar en el sentido de sacar adelante ese fondo de
garantías recíprocas que haga posible y factible la
contratación para nuestros astilleros.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Agradezco, señor Diputado, sus palabras de ánimo e incluso su
voluntad combativa en este sector. Créame que no es ésta la
que le falta al Gobierno, y buena prueba son algunas de las
medidas que ha adoptado a lo largo de 1994 y algunas de las
que están en este momento en discusión, pero, insisto, nunca
se han expresado ni el Presidente del Gobierno ni ninguno de
los colaboradores o de los responsables del sector naval en
los términos que usted manifiesta en la pregunta. Lo que es
bien cierto es que en el año 1994, señor Diputado, tenemos en
el sector naval aproximadamente el 40 por ciento de la
capacidad de producción que teníamos en el año 1984, y que ese
es un proceso que seguramente va a continuar en el futuro.

Esto no es simplemente pesimismo, simplemente es un esfuerzo
de realismo y también un esfuerzo que debe compaginarse con
los esfuerzos de competitividad de cada una de las empresas y
con la creación de instrumentos



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adicionales como los que se contienen en el Decreto
recientemente aprobado de ayudas al sector naval, unificando
las medidas, o con el proyecto de creación de un mecanismo de
garantías recíprocas como el que usted sugería, o no
necesariamente como el que usted sugería, pero que tenemos la
intención de que pueda estar en vigor a finales del año 1994 o
comienzos del año 1995. Dicho esto, lo que no conviene, más
allá de que se espere un repunte de la demanda, más allá de
que las contrataciones en 1994 son mejores que en 1993 y que
en 1992, es decir algo que difícilmente podrá ser, por lo
menos no seré yo quien lo diga. Creo que tenemos que hacer un
esfuerzo de realismo, y ese esfuerzo de adaptación de las
empresas significa decir que, a pesar de los pesares, todavía
tenemos un exceso de capacidad en relación con lo que es
previsible para el mantenimiento de una actividad a la que yo
le doy tanta importancia o, si usted me lo permite, más que
usted.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿COMO SE JUSTIFICA LA SUPRESION POR PARTE DE LA COMPAÑIA
IBERIA DE LOS VUELOS NOCTURNOS
TENERIFE-MADRID-TENERIFE, EN LA NUEVA PROGRAMACION PREVISTA A
PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1994? (Número de expediente
180/000779)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Soriano
Benítez de Lugo.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.

De forma sorpresiva, en la nueva programación de la Compañía
Iberia se han suprimido los vuelos nocturnos de Tenerife-
Madrid y de Madrid-Tenerife, lo cual ocasiona gravísimos
problemas y perjuicios para la población de Tenerife. Y no me
diga, señor Ministro, que en estos momentos (que supongo que
será su contestación) hay más tarifas minis y hay más vuelos
por Los Rodeos, porque lo cierto es que, saliendo el último
vuelo de Madrid hacia Tenerife a las 19,50, y saliendo el
último vuelo de Tenerife para Madrid a las 19,40, es evidente
que se causan graves perjuicios a los usuarios. ¿Cómo
justifica, señor Ministro, esta supresión de los vuelos
nocturnos con Tenerife?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, ya contesté a esa misma pregunta, hecha por su
Grupo, hace unos meses, antes del verano: ¿por qué se había
producido un cambio? Yo le tengo que reiterar (no haga usted
juicios antes de que yo emita mi respuesta) que en este
momento hay más oferta de vuelos, más asientos y, además, más
disponibilidad incluso para otro tipo de transporte, que es el
de carga. Y los eventuales perjuicios económicos ciertamente
pueden estar claramente compensados por el sistema tarifario,
incluidas las tarifas supermini, que se han puesto en marcha.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Ya suponía yo, señor
Ministro, que esa iba a ser su respuesta. Lo que le indico una
vez más es que sigue sin entenderse por parte del Gobierno lo
que es la lejanía y la insularidad de las Islas Canarias, tal
como lo contempla la Constitución.

Ha de saber el señor Ministro que esto causa gravísimos
perjuicios, puesto que, para coger el último avión de Madrid a
Tenerife por la tarde, hay que salir hacia el aeropuerto a las
cinco y media o las seis, con lo cual se pierde toda la tarde.

Nosotros, concretamente, sin ir más lejos, los Diputados,
cuando tenemos sesión plenaria los jueves por la tarde,
tenemos que quedarnos una noche más en Madrid y no podemos
irnos hasta el día siguiente. Así de simple, porque lo
padecemos directamente. Y a todas aquellas personas que vienen
de conexiones de otras provincias y del extranjero hacia
Canarias se les causa un gravísimo perjuicio que consiste en
tener que dormir una noche más en Madrid, y lo mismo ocurre
viniendo de Tenerife hacia Madrid. Esto es lo que el Gobierno
no comprende, la insularidad y las especiales características
de la lejanía de las Islas Canarias. Y no se trata de un
problema económico, se trata de que hay que compensar esa
lejanía y esa insularidad, porque así lo establece la
Constitución. En consecuencia, no me vale que haya más
tráfico, más vuelos y más capacidad en los aviones. El
perjuicio
se causa a las muchas personas de Canarias que tienen que
pernoctar una noche más en Madrid como
consecuencia de que la Compañía Iberia ha suprimido estos
vuelos que son de especial trascendencia
y que jamás se han suprimido y siguen subsistiendo para Las
Palmas, lo que me parece perfectamente correcto. Pero que a
Tenerife se le hayan quitado los vuelos nocturnos, permítame
señor Ministro que le diga que ocasiona gravísimos perjuicios,
usted lo sabe muy bien, y estos perjuicios deben ser reparados
restableciendo otra vez el vuelo nocturno, de tal forma que
los canarios puedan ir de Madrid a Tenerife y de Tenerife a
Madrid en el último avión nocturno.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Ya me imaginaba que su réplica iba a ir por ahí; lo que no
aventuraba era que iba a tener (si usted me permite que se lo
diga de una manera amable, que no pretende ser hiriente) un
cierto descaro al decir que este es un problema casi personal.

(Rumores.) En este momento, la oferta es un 11 por ciento
superior en asientos y un 60 por ciento superior en carga a la
de la temporada del invierno pasado, que es la consecuencia,
fundamentalmente, de haber sustituido, como ya lo anuncié, por
razones operativas y de mejora del servicio, los viejos
aviones B-727, de 153 asientos, por otros aviones más capaces,
que son los A-300, con 254 asientos, y los B-757, de 200
asientos. Por tanto, no hay ninguna razón para pensar que,
desde el punto de vista de las comunicaciones, se ha
deteriorado la capacidad de comunicación de esa importante
isla y de sus especiales problemas por razón de la
insularidad, sino, en todo caso, señor Diputado, todo lo
contrario.

Que alguno tenga algún problema por el hecho de que
anteriormente viajaba de noche y ahora tiene que viajar de
otra manera, es otra cosa. Seguramente ese análisis lo tenemos
que hacer con toda la programación de todo tipo de
transportes. Pero creo que lo que no pueden hacer a la vez,
señor Diputado, es un discurso sobre la necesidad de ser
rigurosos en el establecimiento de la oferta y de la demanda,
e incluso buscar el mantenimiento, al máximo posible
compatible con el servicio público, de la rentabilidad de las
líneas y, al mismo tiempo, exigir que simplemente lo que se
haga sea, no solamente no asegurar la rentabilidad de las
líneas sino, al mismo tiempo, producir vuelos que puedan ser
profundamente irracionales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO EVALUA EL MINISTRO
LAS CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE LA ENERGIA DE PAISES
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE ENERGIA, CELEBRADA RECIENTEMENTE
EN CARTAGENA? (Número de expediente 180/000792)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Alonso
Conesa.




El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre se celebró en
España, en concreto en Cartagena, la III Conferencia
internacional de la energía de países productores y
consumidores. Dicha Conferencia congregó a representantes de
39 países exportadores y consumidores. En primer lugar,
quisiera manifestar el reconocimiento de las instituciones de
la Región de Murcia, y en especial del Ayuntamiento de
Cartagena, por elegir la Manga del Mar Menor para la
celebración de dicha Conferencia.

Señor Ministro, entre los temas tratados figuran actuaciones
importantes para el futuro mundial de la relación entre la
energía y el medio ambiente, la producción y el consumo de
dicha energía, los precios y las políticas del mercado estable
que garanticen una relación entre países consumidores y
exportadores; también, y de igual manera, se trató el futuro
del gas natural y del gas ciudad en el contexto energético
nacional; por último, las previsiones de la oferta y la
demanda mundial. Son, creo, razones de suficiente importancia
como para conocer el criterio y las conclusiones que, a juicio
del Ministro, tiene la celebración de esta III Conferencia en
España de países productores y consumidores de la energía.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Alonso.

Quiero, en primer lugar, expresarle también, en nombre del
Gobierno, la gratitud del Gobierno por el esfuerzo de
colaboración de las instituciones regionales y locales al
éxito de esta Conferencia internacional. Creo que ha sido un
motivo de satisfacción no para el Ministerio en particular,
sino para España, el haber sido sede de un importante foro
como es éste, el de la Conferencia de países productores y
consumidores de energía, que, a diferencia de las dos primeras
ediciones, en Francia y en Noruega, ha sido capaz de concitar
la presencia de un mayor número de países y con un más alto
nivel de representación y, al mismo tiempo, de configurar a
España como un lugar de diálogo en este marco siempre difícil
de los países y de las necesidades de los productores y de los
consumidores de las distintas fuentes de energía.

No siendo posible hacer un balance de todas las conclusiones
en el escaso tiempo de esta contestación, sí quiero resaltar
que no sólo hemos avanzado en la comprensión mutua de los
problemas respectivos, sino que, al mismo tiempo, hemos
establecido bases para la cooperación también en los
siguientes aspectos. Uno, en materia de transferencia
tecnológica entre los países productores y los consumidores;
dos, poner el gas, que es un problema que importa mucho,
especialmente a España, en un lugar de referencia y de
reflexión en el debate energético mundial; y tres, hacer
posible que



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una experiencia que estaba en este momento languideciendo,
como es la del diálogo entre los países productores y los
países consumidores, en este momento no solamente pueda
continuar mediante la organización de una nueva conferencia en
Venezuela, sino que pueda involucrar a los países de la OPEP
y, especialmente, a un país que importa mucho al resto del
mundo, que son los Estados Unidos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON PABLO IZQUIERDO JUAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PUEDE GARANTIZAR EL GOBIERNO EL CORRECTO PROCESO DE
PRIVATIZACION DE EMPRESAS PUBLICAS DEPENDIENTES DEL PATRIMONIO
DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000773)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Izquierdo
Juárez.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, permítame, para centrar la pregunta, un
ejemplo y tres referencias cronológicas breves. Año 1989: El
Gobierno vende la empresa pública Intelhorce por 2.000
millones de pesetas a dos sociedades que tenían un capital
social que no superaba los diez millones de pesetas. El
contrato de compraventa establecía, además, la aportación
estatal de 5.689 millones de pesetas, que fueron
inmediatamente depositados en una cuenta a favor de General
Textil Española. A los compradores se les concedían tres
plazos para pagar el importe de las acciones.

Año 1992: los compradores no han pagado ni una sola peseta; la
compañía acumula importantes pérdidas y Patrimonio del Estado,
en lugar de denunciar el contrato y pedir daños y perjuicios,
vuelve a recuperar sus acciones por las que paga el precio de
1 peseta.

Año 1994: el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades
Europeas condena en firme al Gobierno de España al determinar
como ilegales e incompatibles con el Tratado de Roma las
ayudas concedidas a Intelhorce para su privatización; le
obliga además a recuperar 4.200 millones de los 5.689
entregados, después de establecer entre otras consideraciones
que el Gobierno de España ha actuado contra las más
elementales normas de la prudencia comercial. Recientemente,
señor Ministro, la compañía ha presentado suspensión de pagos;
Patrimonio del Estado ha anunciado la liquidación de dicha
compañía y la venta de sus activos como nueva fórmula de
privatización.

Señor Ministro, ¿garantiza el Gobierno el correcto proceso de
privatización de empresas públicas dependientes de Patrimonio
del Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, es evidente que el Gobierno garantiza que se cumplen
los requisitos establecidos por las leyes para las
correspondientes privatizaciones, y en el caso de Intelhorce,
como en los demás casos, se ha cumplido el procedimiento de
forma absolutamente estricta. Dicho de otra forma, se contaba
con los informes correctos de la asesoría jurídica, tuvo
participación la Intervención General, y es cierto que el
comportamiento incorrecto de aquellas personas que recibieron
la empresa con posterioridad, ha generado las dificultades con
las que ahora nos encontramos.

Sin embargo, esa propia sentencia de la Comisión de la Unión
Europea, a la que usted hacer referencia, explicita de forma
muy clara que la concesión fue correcta al mejor postor que en
aquel momento se planteó.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Izquierdo tiene la palabra.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Ministro, que en alguno de
los considerandos de la sentencia se establezca que fue dada
al mejor postor, no significa que haya sido una privatización
eficaz ni siquiera correcta; tampoco significa, a nuestro
juicio, que el Gobierno pueda hoy aquí garantizar a la Cámara
que se ha producido un correcto proceso de privatización en
este caso. El Fiscal General del Estado, después de tres años,
ha reabierto un caso por encontrar posibles indicios de
delito. Después de la pasividad y dos años de silencio, como
viene sucediendo desde 1989, cinco años después, señor
Ministro, venimos a tener ahora un escándalo que, quizás,
pueda estar dentro de un escándalo permanente.

Yo creo, señor Ministro, que es muy natural que nos
preguntemos y preguntemos a S.S.,...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Me gustaría hacer dos matizaciones a sus palabras. Primero, lo
que le he dicho sigue siendo válido: el Gobierno garantiza que
se hizo correctamente la privatización desde el punto de vista
de cumplimientos formales. Segundo punto, no plantee S.S. el
problema del Fiscal como algo ajeno a la responsabilidad del
Gobierno. La actuación del Fiscal es consecuencia de una
denuncia realizada por la propia Dirección General de
Patrimonio, responsable de este tema, precisamente por el
incorrecto comportamiento de los anteriores propietarios.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUAL ES LA RAZON POR
LA QUE LA ADJUDICACION DIRECTA ES EL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO? (Número
de expediente 180/000780)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Llorens
Torres, que tiene la palabra.




El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Economía y Hacienda, ¿cuál es la razón por
la que la adjudicación directa es el procedimiento habitual de
contratación de obras y servicios del Estado?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llorens.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Llorens.

Yo haría dos matices a su pregunta: primero, que yo sepa, no
es el sistema habitual. En obras es únicamente el 28 por
ciento y en servicios es el 71 por ciento. Segundo comentario
que le haría: es una forma tan digna de contratación como
cualquier otra, siempre y cuando se cumplan los requisitos,
cosa que habitualmente se hace.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Llorens tiene la palabra.




El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor Ministro.

Yo no sé lo que entiende usted por habitual, pero, a una
pregunta que ha formulado este Diputado por escrito a todos
los ministerios, las respuestas en cuanto al porcentaje de
adjudicaciones directas en obras y servicios del año 1990 al
año 1993 arrojan cifras como las siguientes: en Defensa, el
año 1993, en obras, el 98,74 por ciento de los contratos se ha
realizado de forma directa; en Trabajo, el 100 por cien; en
Justicia e Interior, en servicios, el 100 por cien; en el
Ministerio que usted dirige --supongo que lo debe saber--, el
91,49 por ciento del total de los contratos se ha adjudicado
de forma directa. Yo no sé si usted cree que eso es habitual o
no. Me faltan por contestar los Ministerios de Educación,
Industria, Cultura y Obras Públicas, que no es extraño que no
haya contestado, porque sólo en gabinetes de estudios y
proyectos ha adjudicado de forma directa 9.000 millones a sus
amigos. Señor Ministro, la adjudicación directa es el
procedimiento habitual de contratación, cuando debería ser el
excepcional.

Las consecuencias: Las obras se encarecen porque no hay
competencia; los fondos de cohesión están en peligro porque la
Unión Europea exige la transparencia en los contratos
públicos, y hay mucha más facilidad de corrupción porque
faltan los principios de publicidad, transparencia y
concurrencia en las convocatorias que existen en otros
procedimientos que deben ser los habituales, como son el de
subasta y el de concurso-subasta. Ustedes dicen muchas veces
que no se saben explicar y que, en muchas ocasiones, la
corrupción es debida a causas subjetivas, y estamos de
acuerdo, pero nosotros aquí hemos propuesto muchas veces --y
una de ellas en la Ley de Reforma de Contratos de la
Administración Pública, debatida en este Pleno el 19 de mayo
de 1994-- que cambiaran las circunstancias subjetivas, y
ustedes se negaron...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llorens.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente. Reconozco que me ha dejado
preocupado S.S. por la utilización de esta tribuna para hacer
afirmaciones que me parecen muy graves: decir que el
Ministerio de Obras Públicas ha dado 9.000 millones de pesetas
a sus amigos. Si es cierto y usted lo conoce, llévelo al
juzgado, pero no difame si usted no tiene datos concretos.

Segundo tema: o sus cifras no son correctas o no lo son las
mías, y me temo más bien que las suyas no lo son. El 32,7 por
ciento de obras en el año 1992 y el 28,5 en el año 1993; por
tanto, descenso claro. En suministros, 76,8 en el año 1992 y
71,5 en el año 1993. Le daré algún dato que puede ser
interesante. Para obras --lo tengo calculado--, para
actuaciones de comunidades autónomas y corporaciones locales:
Administración del Estado, 28,5; comunidades autónomas, 38,5;
corporaciones locales, 67,3. Desde luego, no hago
diferenciación por grupos políticos, pero seguramente nos
daría alguna sorpesa.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LOPEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO DE LA APLICACION DE LA RECIENTE LEY DE PREVENCION DEL
BLANQUEO DE CAPITALES Y EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA SU
DESARROLLO REGLAMENTARIO? (Número de expediente 180/000788)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de la señora Romero
López.




La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.




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Señor Ministro, el año 1993 discutimos en esta Cámara una ley
muy importante que pocos países han incorporado a su
ordenamiento jurídico, como es la Ley de prevención del
blanqueo de capitales que se aprobó finalmente en diciembre de
ese mismo año. La mayoría de los sujetos obligados quedaban
bien definidos en esa Ley, y se establecían algunos
procedimientos transitorios hasta terminar el desarrollo
reglamentario, pero otros sujetos obligados quedaron relegados
a ese reglamento y su colaboración está pendiente de la
publicación del mismo. El Grupo Socialista conoce algunas de
las dificultades, pero no todas las que puedan estar surgiendo
para el retraso de este reglamento, y quisiera conocerlas.

Al mismo tiempo, quisiera conocer también cuál ha sido la
colaboración de las entidades financieras y de otros sujetos
obligados que estaban implicados por esta Ley a prestar su
colaboración. Por eso la pregunta que le hace esta Diputada es
qué valoración hace el Gobierno de la aplicación de esta Ley
hasta el momento y para cuándo se tendrá su reglamento.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias. Señora Romero, en primer lugar, la Ley de 1993,
evidentemente, entró en vigor el 30 de diciembre pasado, y en
la misma lo que hacíamos era trasponer la directiva
comunitaria que afectaba a un tema tan importante como es la
prevención del blanqueo de capitales. A partir de ese momento,
se han puesto en marcha especialmente los elementos
administrativos fundamentales para que pudiéramos empezar a
actuar en tan importante sector. Como S.S. conoce, es una ley
que tiene carácter administrativo no sancionador. En ese
sentido, era esencial disponer de una estructura
administrativa que nos permitiese empezar a recibir la
información que las entidades financieras nos podrían
facilitar. La Comisión de prevención del blanqueo de capitales
e infracciones monetarias, presidida por el Secretario de
Estado de Economía, ha entrado ya en funcionamiento y yo diría
que hasta el momento actual la información recibida es
enormemente útil. El Gobierno valora muy positivamente los
resultados. Se han recibido más de cien comunicaciones de
distintas entidades de crédito que se han transmitido al
servicio ejecutivo y algunas han sido remitidas a la fiscalía,
por presentar sospechas de que las actividades objeto de
comunicación estuvieran relacionadas con la comisión de
delitos.

En cuanto a la segunda pregunta que S.S. me plantea, es cierto
que en la ley ya se introducía un mecanismo transitorio que
establecía un sistema que permitía que mientras no entrase en
vigor el reglamento, pudiésemos aplicar ya la norma. Por
tanto, hemos preferido tomarnos algún tiempo más, dado que es
un tema enormemente delicado, conocer correctamente las
opiniones de las distintas asociaciones profesionales que
puedan estar implicados en tal difícil tema e iniciar la
elaboración de un proyecto de real decreto, que espero se
pueda remitir con cierta urgencia al Consejo de Estado. De
acuerdo con las previsiones que en el momento actual
disponemos, nuestra impresión es que dicho real decreto podría
estar en vigor antes de final de año.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: LA MEJORA DEL CLIMA
SOCIAL ALCANZADO POR LOS RECIENTES ACUERDOS SUSCRITOS POR EL
GOBIERNO CON LOS SINDICATOS EN PENSIONES Y RETRIBUCIONES A
FUNCIONARIOS, ¿QUE EFECTOS PUEDEN TENER EN LA CONSOLIDACION DE
LA ACTUAL RECUPERACION ECONOMICA? (Número de expediente
180/000789)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22 del señor Arnau
Navarro.




El señor ARNAU NAVARRO: Queda retirada, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau. Se tiene por
retirada la pregunta.




--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GESTIONES HA
EFECTUADO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL PARA QUE EN LA PROVISION DE PLAZAS DE
JUECES Y MAGISTRADOS EN EUSKADI SE MERITE EL CONOCIMIENTO DEL
EUSKERA Y DEL DERECHO FORAL VASCO? (Número de expediente
180/000768)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 2 del señor
Gatzagaetxebarría Bastida.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Justicia e Interior, ¿qué gestiones ha
efectuado el Gobierno ante el Consejo General del Poder
Judicial para que en la provisión de plazas de jueces y
magistrados en Euskadi se merite el conocimiento del euskera y
del Derecho Foral Vasco?
Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Señor
Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.

En efecto, S.S. conoce que la provisión de plazas de
magistrado constituye no solamente una materia que
está reservada a estatuto legal, es decir, regulada
por la ley, sino que, además, es de competencia exclusiva del
Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de
los jueces. Por tanto, en este sentido no le es posible al
Gobierno realizar intromisiones en las competencias del
Consejo General del Poder Judicial.

Como antiguo vocal del Consejo le diré que hay un acuerdo, un
reglamento en el que el Consejo General trató de regular los
efectos de ese mérito preferente y que en la actualidad está
suspendido como consecuencia de un recurso ante el Tribunal
Supremo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, nosotros le hemos dirigido la pregunta a
usted, puesto que es el responsable político del Gobierno en
sus relaciones con el Poder Judicial. Evidentemente, no es el
Ministerio que usted dirige el Consejo General del Poder
Judicial, pero a nosotros sí que nos gustaría que, por lo
menos, se hiciera alguna gestión sobre esta cuestión ante el
Consejo General del Poder Judicial. Porque, señor Ministro, se
está produciendo un quebrantamiento grave de la legalidad
estatutaria. Es el mismo Consejo General del Poder Judicial,
órgano constitucional encargado de aplicar la legalidad
vigente, el que está conculcando la legalidad vigente, y eso
lo tenemos que criticar y denunciar ante la opinión pública.

El Consejo General del Poder Judicial en este momento, no está
cumpliendo con lo que establece el Estatutode Autonomía del
País Vasco, ni la ley de Amejoramiento de Navarra, ni el
Estatuto de Baleares, ni el de Valencia ni el de Galicia. Por
tanto, señor Ministro, sin perjuicio de que usted no es el
responsable de ello, sí que le requeriríamos para que, por lo
menos, intercediera ante el Consejo General del Poder
Judicial, puesto que no se está teniendo en cuenta que nos
encontramos ante un Estado autonómico donde existe una
realidad plurinacional, una realidad plurilingüística y una
realidad pluricultural. Además, señor Ministro, usted indicaba
que hay un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.

Efectivamente, así es, pero un acuerdo que lo recurrió la
Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación
Jueces para la Democracia, acuerdo que se recurrió al mes de
aprobarse el reglamento y no se ha resuelto. Por tanto,
debería aplicarse la teoría general de la resolución de los
recursos de que el silencio es negativo, y, si es negativo, el
acuerdo debería estar en vigor. Pues ni eso se ha hecho. El
Consejo General del Poder Judicial ha suspendido el acuerdo;
no ha tomado resolución estimando o desestimando
el recurso de reposición de estas asociaciones profesionales
y, por tanto, se está produciendo un grave
quebrantamiento de la legalidad del Estatuto de Autonomía del
País Vasco y de la Ley de Amejoramiento de Navarra.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señoría, a la luz de esta pregunta plantea
usted un problema constitucional de primera magnitud, que es
el de la responsabilidad política del Consejo General del
Poder Judicial, nada menos; un problema que yo espero que
pueda tener su solución en el marco de la reforma integral de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero, hoy por hoy, las cosas están como están, y,
efectivamente, el responsable político del Consejo General del
Poder Judicial no es el Ministro de Justicia e Interior, sino
la propia institución, el propio Consejo General. El Gobierno,
y esta misma Cámara, las Cámaras, han demostrado sobradamente
su sensibilidad sobre el tema que S.S. plantea, y lo han
demostrado muy recientemente, con ocasión de la reforma
urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en que, además
del planteamiento que ya existía, se han añadido dos
supuestosmás en los que debe ser tenido en cuenta el
conocimiento del Derecho Foral y el derecho del euskera o del
idioma propio de la comunidad autónoma de que se trate como
méritos preferentes, en dos supuestos concretos que S.S.

recordará porque se ha aprobado la Ley de Reforma Urgente hace
muy poco tiempo: para el acceso de juristas de reconocida
competencia, como mérito a valorar, entre otros, y, a su vez,
como mérito específico a valorar para los supuestos de
coberturas temporales dentro de los planes temporales de apoyo
a determinados órganos judiciales.

En definitiva, la voluntad política del Gobierno quedó
perfectamente reflejada en su iniciativa prelegislativa; la
sensibilidad del Parlamento ha quedado clara a través de la
aprobación de esas dos reformas. Ciertamente es deseable que
el Consejo General del Poder Judicial asuma sus propias
responsabilidades. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




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--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA PRESENTACION URAN GONZALEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PUESTA EN
PRACTICA DE LA LEY DE INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
COMPROMETIDA POR EL GOBIERNO? (Número de expediente
180/000784)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, de la señora Urán
González.




La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
garantizar la efectiva puesta en práctica de la Ley de
interrupción voluntaria del embarazo comprometida por el
Gobierno y pendiente de presentación en esta Cámara?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente. Señoría, su pregunta, desde mi punto de
vista, es un tanto prematura. El Ministerio de Justicia e
Interior ha terminado ya sus trabajos. Los mismos consistían,
sustancialmente, en adaptar el anteproyecto a las opiniones
reflejadas en alguno de los votos particulares emitidos por
alguno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El proyecto, desde el punto de vista del Ministerio de
Justicia e Interior, está acabado. Fue remitido así a la
Comisión de Subsecretarios. La Comisión de Subsecretarios
también terminó sus trabajos, de suerte que en este momento
sólo falta su estudio por el Consejo de Ministros. Mientras
ese estudio no se verifique no existe todavía, como es
natural, un texto definitivo. Me parece, por ello, prematuro
anticipar qué medidas concretas vamos a adoptar para asegurar,
desde el plano de la gestión, que efectivamente el día que
esté en vigor la Ley se pueda cumplir en todos sus términos.

Sólo puedo decir, en este momento, en esta fase de
tramitación, que desde luego es voluntad política decidida del
Ministerio de Justicia e Interior garantizar que la ley tendrá
posibilidades reales de entrar en vigor y, por tanto, que se
habrán adoptado las medidas complementarias necesarias el
mismo día en que las Cámaras aprueben la referida ley.

Nada más, señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

La señora Urán tiene la palabra.

La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, a pesar de que conocemos que se están haciendo
trabajos todavía para terminar de perfilar el borrador del
proyecto de ley, lo que sí que está claro es que
fundamentalmente esos trabajos no están modificando los
aspectos que para nuestro Grupo son fundamentales de esta ley:
uno son los centros de asesoramiento hacia la mujer y otros el
tema de la gratuidad en la sanidad pública.

Señor Ministro, esta ley, en principio, se supone que se hace
para dar cobertura a todas las mujeres de nuestra sociedad que
se encuentren en una situación especial y que hayan decidido
abortar. ¿Se las va a asesorar? ¿Cómo van a ser estos centros
de asesoramiento? Eso no se perfila en un mes ni en dos, sino
con tiempo. ¿Qué tipo de asesoramiento se va a dar? ¿Cada vez
se va perfilando más ese asesoramiento para que decidan
libremente o es coacción para que no decidan? ¿Qué va a pasar
con el tema de la gratuidad? ¿Se va a mantener que no va a ser
a través de la sanidad pública? ¿Van a continuar dejando a un
sector de la población femenina sin poder acceder a una
interrupción voluntaria del embarazo porque no tengan recursos
económicos? ¿Van a arbitrar otro tipo de recursos? Esa es la
pregunta que le estamos haciendo. Eso no se está modificando
en el proyecto de ley, o en el borrador, o en los trabajos que
están haciendo. Se mantiene desde el primero que nosotros
conocíamos.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.

Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señoría, comprendo su preocupación, y en gran parte la
comparto, pero lo que es evidente es que sólo las Cámaras van
a determinar qué tipo de ley vamos tener y qué naturaleza va a
tener, por ejemplo, el asesoramiento, y qué cobertura va a
tener en el ámbito de la Seguridad Social. Eso lo van a
decidir SS.SS., no el Gobierno; menos aún el Ministerio de
Justicia e Interior.

Lo que sí que es cierto es que estamos tratando de articular
una ley que permita una cosa por encima de todas: que no
exista el riesgo de que sea sometida a un procedimiento, ni
policial ni judicial, y menos aún que corra el riesgo de
entrar en prisión una mujer que ha tomado la seria y libre
decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. Ese es
realmente el propósito del Gobierno, el propósito de este
Ministerio, y ese es el tema central de la ley que en más de
una ocasión he anunciado en esta Cámara.

Las modalidades concretas que deba recibir el asesoramiento,
el que deba o no quedar incluido dentro de las prestaciones de
la Seguridad Social son aspectos que deberán decidir...




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO,
DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES INTENCION
DEL MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR CREAR UNA SECRETARIA
GENERAL TECNICA PARA ASUNTOS TAURINOS? (Número de expediente
180/000785)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Martín del
Burgo Simarro.




El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor Presidente, señor
Ministro, es conocido el interés de su Departamento por un
adecuado tratamiento y defensa legal del espectáculo y fiesta
de los toros. Son igualmente conocidas en esta línea sus
afirmaciones y voluntad de ocuparse y preocuparse de estos
extremos. Parece conveniente, y así lo expresan la sociedad
taurina y la aficionada, un rearme ético para la defensa del
espectáculo en sí y de la fiesta como concepto. Por el
necesario respeto que merecen público, diestro y toro, por su
complejidad, la del mundo taurino, por la defensa de los
valores culturales de la fiesta, por el alcance de la
reglamentación y normativa de sus espectáculos, como garantía
de los derechos de aficionados, según el artículo 34.1 del
Reglamento, que explicita el derecho de los espectadores a
recibir el espectáculo en su integridad, por todo ello vengo
en preguntarle: ¿es intención del Ministro de Justicia e
interior crear una secretaría general técnica para asuntos
taurinos? Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.

Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.

Señorías, efectivamente, la importancia del tema taurino, en
términos generales, determinó ya que, con ocasión de la
reestructuración del Ministerio de Justicia e Interior y en su
Real Decreto de fundación de la estructura del Ministerio de
junio de 1994, se considerara importante elevar el rango
político de la autoridad encargada de ejercer las competencias
del Estado en materia taurina. A tales efectos se atribuyó de
manera directa ya a la Secretaría General Técnica del
Ministerio la responsabilidad política sobre el conjunto de
competencias que en esta materia quedan reservadas al Estado.

Sabe S.S., sin embargo, que existe un proceso de
transferencias iniciado, y que está prácticamente ultimándose,
en el que la mayor parte de ellas pasan a ser competencia de
las comunidades autónomas. Quedan, sin embargo, en el marco
del Gobierno central, las relativas a la Comisión Consultiva
Nacional de Asuntos Taurinos, así como la capacidad normativa.

En uno y otro ámbito, sobre todo, además de la necesaria
coordinación entre los gobernadores civiles en estos temas,
vamos a centrar nuestra actividad.

El primer paso va a ser la reunión en este mismo mes de la
Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos. Es evidente que la
entrada en vigor del reglamento ha generado problemas. Sabe
S.S. también que está recurrida esa resolución ante los
tribunales. Me parece importante que la Comisión Consultiva
Nacional de Asuntos Taurinos examine los problemas derivados
de ese reglamento y tratemos de impulsar desde el Ministerio
de Justicia e Interior, y concretamente desde esa Secretaría
General Técnica, los problemas que ha puesto de manifiesto la
entrada en vigor de la normativa actualmente vigente.

Le aseguro, señoría, que va a ser objeto de atención derecta
no ya sólo por el Secretario General Técnico, que asume la
responsabilidad política en ese tema, sino directamente por el
Ministro que tiene el honor de dirigirles la palabra.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LOPEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: EN LA RECIENTE
INTERPELACION SOBRE POLITICA DEL DEPARTAMENTO EN MATERIA DE
DROGAS, EL MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR ANUNCIO EL ESTUDIO
DE REFORMAS NORMATIVAS PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO, ¿CUANDO SE PRESENTARAN ESTAS REFORMAS NORMATIVAS
AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS? (Número de expediente
180/000787)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, de la Diputada señora
Romero López.




La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.

La semana pasada en esta Cámara el señor Ministro de Justicia
habló de mejoras normativas en la lucha contra el
narcotráfico, mejoras relativas a las limitaciones del
instrumento de la prueba referido a las escuchas telefónicas,
la figura del agente provocador y acerca de la eficacia de los
macroprocesos. Algunas de estas medidas vienen provocadas por
dificultades planteadas en el proceso de la operación Nécora y
otros procesos que pasan más desapercibidos y otros que quedan
por venir y que afectan a la provincia por la que soy
Diputada, Cádiz.




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Los diputados de este grupo parlamentario no queremos dejar
ningún resquicio legal para que la lucha contra el
narcotráfico sea eficaz. Por eso felicitamos la rapidez con la
que se han planteado estas iniciativas y quisiéramos conocer
el calendario de estas medidas, tanto si vienen en un solo
paquete legislativo como si vienen en varios.

Por eso la pregunta es: ¿Cuándo se presentarán estas reformas
normativas en el Congreso de los Diputados?
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero. Tiene la palabra
el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente. Señorías, efectivamente, la
pregunta que plantea es muy importante desde la óptica del
trabajo global de este Ministerio y afecta a un tema central
dentro de sus objetivos.

Con ocasión de una interpelación, tuve ocasión de decir en
esta Cámara que era necesario abrir un proceso de reflexión
sobre posibles medidas legales para mejorar una eficaz,
siempre dentro del marco de las garantías constitucionales,
lucha contra el narcotráfico y en general contra los delitos
organizados, en definitiva, contra las actividades delictivas
que tienen ese sustrato de una organización basada sobre todo
en el lucro sin límites.

Le parece razonable al Ministerio que en este campo, como
viene siendo una tendencia de los gobiernos anteriores, se
logre un consenso sustancial en el marco de la Comisión Mixta
Congreso-Senado. Por tanto, el primer paso por parte del
Ministerio será trasladar a esa Comisión Mixta el conjunto de
preocupaciones que pienso no son sólo de este Ministerio ni
son de un gobierno, sino del conjunto de la sociedad.

Es preciso, efectivamente, lograr una definición explícita de
cuáles son los efectos que se derivan de las pruebas
realizadas con violación de derechos constitucionales
diferenciándolos claramente de los efectos derivados de la
prueba realizada con mero incumplimiento de obligaciones
legales. Es absolutamente imprescindible regular, siempre con
autorización judicial, para qué tipos delictivos concretos es
razonable y proporcionada la medida de intervenciones
telefónicas, con qué requisitos, con qué limitaciones, con qué
efectos. Es preciso fijar el marco normativo en el cual debe
verificarse la necesaria intervención de conversaciones
telefónicas, instrumento imprescindible para combatir la
delincuencia organizada.

Es preciso, igualmente --lo decía entonces-- regular la figura
del agente provocador y, desde luego, regular la figura de la
entrega de capitales procedentes precisamente del blanqueo de
dinero, que a su vez tiene su origen en estos delitos de
narcotráfico.

Este conjunto de medidas, entre otras, deberá examinar, desde
luego, la Comisión Mixta Congreso-Senado, ya sea por
iniciativa del Gobierno, ya sea por su propia iniciativa.

En todo caso, la urgencia de ese tipo de medidas hace
aconsejable fijar un plazo máximo, un límite temporal fuera
del cual el Gobierno tendrá que ejercer su responsabilidad y
presentar las correspondientes reformas. Ese plazo será antes
de julio, en todo caso.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN DEL CAMPO CASASUS, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OBJETIVOS PERSIGUE
EL GOBIERNO CON EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO
CIVIL EN MATERIA DE RECUPERACION DE LA NACIONALIDAD? (Número
de expediente 180/000790)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora Del
Campo Casasús.




La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente. Señor
Ministro, España ya no es un país de emigración, pero lo fue
hasta hace bien poco y todavía hay muchas personas que sufren
las consecuencias de este proceso. Por ello nuestra
Constitución impone al Estado el deber de orientar su política
a favorecer el retorno de los emigrantes. Y por ello también
el Código Civil ha sufrido en los últimos años distintas
reformas que pretenden ajustar la adquisición, pérdida y
recuperación de la nacionalidad española a este mandato
constitucional. Fruto de estas reformas, el Código contempla
ya hoy mecanismos, como la posibilidad de dispensa por el
Gobierno del requisito legal en España, que pretenden
favorecer la recuperación de la nacionalidad por los
emigrantes y sus hijos que han tenido, sin duda, efectos
positivos.

Pese a la intención que llevan estas reformas, la práctica
demuestra, por desgracia, que estas medidas no son aún
suficientes y que en determinados casos perviven obstáculos
para recuperación de la nacionalidad por parte de algunos
emigrantes.

Mi Grupo es consciente de que el Gobierno ha aprobado en los
últimos días alguna medida que incide precisamente en este
problema que hoy contemplamos. Por ello le formulo la
siguiente pregunta: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno con el
proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de
recuperación de la nacionalidad?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.

Señor Ministro, tiene la palabra.




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El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, efectivamente, dentro de la situación de la
emigración española sería perfectamente justo hablar de que
existen dos grandes grupos: por un lado, el de aquellos
ciudadanos españoles que emigraron después de la Constitución
de 1978 --estas personas tienen derecho a hacer compatible su
nacionalidad española con la nacionalidad del país de acogida-
- y un segundo grupo constituido por los que emigraron antes
de la Constitución de 1978 o los nacidos antes del año 1960.

Efectivamente, para ellos se podía producir una situación
injusta, consistente en que serían sometidos a la vieja
legislación y, en consecuencia, a la posibilidad de pérdida de
la nacionalidad española como consecuencia de haber adquirido
la nacionalidad de origen. Tratar de evitar esta
discriminación constituye el eje de la reforma del Código
Civil que contiene el proyecto de el Gobierno y que será
sometida próximamente a las Cámaras.

El proyecto de ley trata, efectivamente, de evitar esa
discriminación y para ello le ha parecido un instrumento
adecuado el eliminar el requisito de residencia legal en
España de quienes acrediten que son españoles de origen. Como
consecuencia de la eliminación de ese requisito, la
recuperación de la nacionalidad española respecto de los que
la hubieran perdido como consecuencia de la legislación
anterior a la Constitución se limitaría a la declaración ante
el registro correspondiente --normalmente consular-- de su
condición de español de origen. Con el acreditamiento de esa
condición sería suficiente para provocar la recuperación
automática de la nacionalidad española. Ello va a provocar,
sin duda, un gran esfuerzo por parte del sistema consular
español en el extranjero, pero creo que con ello el Gobierno
está realizando una verdadera política de Estado,
concretamente la que prefigura el artículo 42 de la
Constitución Española, que obliga a orientar el conjunto de
políticas a un objetivo: lograr que los emigrantes vuelvan a
España.

Nada más, señoría. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAMON SANTOS JURADO, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION REALIZA EL GOBIERNO
SOBRE LAS DIFICULTADES POR LAS QUE ATRAVIESA EL PROCESO
NEGOCIADOR DE PESCA ENTRE LA UNION EUROPEA Y MARRUECOS?
(Número de expediente 180/000786)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Santos
Jurado. Tiene la palabra.

El señor SANTOS JURADO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la relación de España con Marruecos y de la
propia Unión Europea, a pesar de ser una relación de amistad y
de cooperación, no está exenta de dificultades en distintas
cuestiones conocidas por todos. De cualquier forma, voy a
centrarme en esta pregunta en las siempre complicadas
negociaciones sobre pesca con Marruecos.

De hecho, la retirada de licencias por parte del país alahuita
sin que se hubiera extinguido aún el convenio vigente con la
Unión Europea, ha generado nuevas tensiones en el sector
pesquero y, aunque ya las autoridades marroquíes han vuelto a
conceder dichas licencias, también es cierto que se ha
recortado en un año la duración del citado convenio. Por
tanto, es evidente que se inicia antes de lo esperado un nuevo
proceso negociador entre la Unión Europea y Marruecos y en
donde nuestro país juega un papel fundamental en este terreno.

En consecuencia, señor Ministro, ¿qué valoración hace el
Gobierno sobre las dificultades en este proceso negociador
sobre pesca entre la Unión Europea y Marruecos?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santos.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, la importancia del acuerdo de pesca de la Unión
Europea con Marruecos radica en que se trata de unos 600
buques españoles que faenan en el caladero marroquí. Además,
si consideramos que la media de trabajadores es de 15 por
barco, el referido acuerdo genera en torno a 9.000 puestos de
trabajo directos y en torno a más de 40.000 puestos de trabajo
indirectos, y ello en autonomías muy dependientes de la pesca
como son Andalucía, Canarias y Galicia. Desde el punto de
vista comunitario, el acuerdo con Marruecos es el más
importante de los establecidos con terceros países, no
solamente en lo que se refiere a las posibilidades pesqueras
en términos de toneladas de registro bruto o de número de
buques, sino por las especies capturadas, que son de alto
valor comercial en el mercado comunitario, a cuyo
abastecimiento contribuyen de forma notable. Por otro lado,
hay que tener en cuenta que en torno al 90 por ciento de las
posibilidades de pesca del acuerdo están asignadas a la flota
española. Las dificultades del proceso negociador, a las que
se refiere su pregunta, surgieron con motivo de la revisión a
medio plazo prevista en el artículo 15 del acuerdo para el
período 1992-1996; ocasión en la que Marruecos pusode
manifiesto una intención de reducción del esfuerzo



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pesquero, de las posibilidades de pesca, que constituía una
sustancial disminución de las mismas, rompiendo el equilibrio
del acuerdo y desnaturalizando su contenido en lo que se
constituía, sin duda, como una auténticarenegociación de ese
acuerdo. Ante tales demandas marroquíes, absolutamente
inaceptables, la Unión Europea, haciéndose eco de la posición
española, se opuso radicalmente a las peticiones de Marruecos
y se bloquearon las conversaciones para la citada revisión.

Posteriormente, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea celebrado el 28 de septiembre adoptó la decisión de
suspender la aplicación del último año del acuerdo, es decir,
el 1 de mayo de 1995, al 30 de abril de 1996, y el inicio
inmediato de una negociación para la suscripción de un nuevo
acuerdo, al objeto de que no se interrumpa la actividad
pesquera comunitaria en aguas alahuitas; nuevo acuerdo que
iría en el período de 1995 a 1998.

No cabe duda de que las negociaciones de este nuevo acuerdo
van a ser complejas y difíciles, máxime habida cuenta de la
existencia de la fecha límite del 30 de abril. No obstante,
con esta decisión se ha superado uno de los más difíciles
momentos de las relaciones pesqueras con Marruecos, habiéndose
conseguido, por otro lado, frenar las intenciones
reduccionistas de Marruecos durante el período de vigencia del
presente acuerdo, lo que permitirá...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): ... partir de una situación...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): ... más ventajosa en las próximas
negociaciones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO QUE ES NECESARIO
EN SU DEPARTAMENTO DISPONER DE GASTOS RESERVADOS? (Número de
expediente 180/000771)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5, de la señora Martínez
Saiz.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, si S.S. conoce, como el resto de los Diputados
de esta Cámara, que el uso legal de los fondos reservados debe
ser para servicios de información, lucha antiterrorista y
prevención de la delincuencia, ¿considera el señor Ministro
que es necesario en su Departamento disponer de gastos
reservados?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Pues, no.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señora Martínez.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, si grave es que usted piense que no son
necesarios, más grave es que aparezca en los Presupuestos
Generales del Estado para 1995 por primera vez en su
Departamento como gastos reservados, en el programa 512.A, en
la Confederación Hidrográfica del Norte de España, un nuevo
concepto, que no aparece en las demás confederaciones
hidrográficas ni en otros programas, con el mismo concepto que
en el Ministerio del Interior.

Señor Ministro, es gravísimo que no se entere de lo que se
presupuesta en su Ministerio, pero más graves es que no se
haya enterado que estaba presupuestado. Y no me vaya a decir
en su contestación que es un error, porque es muy llamativo,
puesto que ni en 1993 ni en 1994 venía en la Confederación
Hidrográfica del Norte ni en ninguna otra. Sobre todo, señor
Ministro, no tiene justificación que, por haber descubierto
esto el Grupo Popular, usted se sonría, porque es muy grave.

Con lo que está cayendo, con lo que han hecho ustedes con los
fondos reservados y con la falta de transparencia de su
Ministerio y de otros Ministerios, es gravísimo que usted no
se entere, pero más grave es que se refiere en la
Confederación Hidrográfica del Norte un gasto reservado en el
mismo concepto que en los del Ministerio de Justicia e
Interior.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.




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Me sonrió porque no se puede ser tan escandalosa, señora
Diputada. Y no me diga usted cómo la tengo que contestar. La
contestaré como me parezca bien. No me diga usted que no se me
ocurra contestarla diciendo que se trata de un error.

(Rumores.) Señoría, ¿usted que hace? ¿Dicta la pregunta y
condiciona la respuesta? No sea usted escandalosa y vamos a la
realidad de los hechos. En la Confederación Hidrográfica del
Norte, conocido nido de espías (Risas.), donde los gastos
reservados son imprescindibles para conocer la evolución de
las cuencas de los ríos mineros, aparece, bajo la rúbrica
226.08, la ingente cantidad de 2.112.000 pesetas. Esta rúbrica
es la rúbrica de gastos reservados. (La señora Martínez Saiz:
¡Gastos reservados!) 226.08. Estos 2.112.000 pesetas --
alármense, señorías-- es la cantidad presupuestada para la
prestación social sustitutoria en dicho organismo, es decir,
para pagar los gastos de los objetores de conciencia que
vigilan los ríos, que es la rúbrica presupuestaria 226.09. Ha
habido un error mecanográfico. (Varios señores Diputados: ¡Ah,
ah!) ¡Pues claro que sí, señoría! No sea usted ingenua o no
sea usted malévola. ¿Qué cree usted? ¿Que hemos puesto dos
millones de pesetas de gastos reservados en la Confederación
del Norte, para qué? (La señora Martínez Saiz: Usted sabrá.--
Un señor Diputado: ¡No se entera!)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): 226.08 es la rúbrica de gastos
reservados y 226.09 es la correspondiente a los gastos de los
objetores de conciencia. (La señora Martínez Saiz:
¿Reservados?) No, señoría, reservados, no.

Este Ministerio, a través de la oficina presupuestaria, ya ha
dirigido, mucho antes de su pregunta, al Ministerio de
Economía y Hacienda una relación de errores detectados en los
presupuestos con el ruego de que la correspondiente enmienda
los corrija.

De manera, señoría, que seguro que tiene usted cosas más
importantes de las que preocuparse. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¡Silencio, señorías!



--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PROPUESTAS
DE SUPRESION DE SERVICIOS DE FERROCARRIL PROVOCADOS POR EL
PLAN ESTRATEGICO DE RENFE Y, EN CONCRETO, RAZONES Y
CONDICIONES PARA LA SUPRESION DEL EXPRESO CARTAGENA-MADRID?
(Número de expediente 180/000783)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Ríos
Martínez, que tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

La aprobación por parte de Renfe del Plan Estratégico y del
contrato-programa por parte del Consejo de Ministros, han
provocado la propuesta de supresión de servicios. La verdad es
que esto afecta fundamentalmente a territorios periféricos que
tienen servicios deficitarios y que necesitan de ese servicio
para mantener una oferta intermodal a la hora de usar el
transporte. La pregunta va dirigida a conocer cuáles son las
propuestas de supresión de servicios de ferrocarril que están
provocadas por este Plan Estratégico de Renfe y el contrato-
programa y las razones y condiciones de la supresión de los
expresos, en concreto, del expreso Cartagena-Madrid, que se ha
anunciado por el señor Panadero, en la Comisión, como un
cierre sin sustitución y por la propia Presidenta de Renfe.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Señoría, como debe usted saber, hay directivas comunitarias
que obligan a que las actividades de largo recorrido en
transporte ferroviario alcancen un equilibrio económico sin
que puedan recibir subvenciones del Estado. De acuerdo con
esta norma comunitaria, el contrato programa Estado-Renfe
1994-98 prevé el trasvase de tráficos nocturnos a tráficos
diurnos, respondiendo a la demanda de un mercado que solicita
cada vez más servicios diurnos cuando se ofertan en
condiciones razonables de calidad, velocidad, frecuencia,
puntualidad y fiabilidad.

En ese sentido, la relación entre Murcia y Madrid ha pasado de
los tres trenes --un Talgo, un automotor y un expreso-- del
año 1989, a tres Talgos diurnos y un expreso. En esas
circunstancias, el margen de explotación del tren expreso
Cartagena-Madrid se ha deteriorado hasta tal punto que la
continuidad de su circulación gravaría muy negativamente el
resto de los trenes de largo recorrido. Para este tren
nocturno, que superaría en el año 1994 los 200 millones de
pérdidas, con una ocupación media anual del 36 por ciento, se
ha planteado la posibilidad de su supresión, supresión que fue
autorizada, a propuesta de Renfe, por la Secretaría General de
Transportes en fecha reciente, pero que todavía no se ha
suprimido.




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Además de este tren, quiero recordarle que existen tres trenes
Talgo diurnos y, en consecuencia, una implantación de
comunicaciones ferroviarias entre Murcia y Madrid que
satisface la demanda, pero no se ha suprimido todavía. Está
autorizada la supresión y se está en diálogo con las
autoridades territoriales correspondientes antes de proceder
definitivamente a la misma. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, yo creo que el transporte ferroviario de largo
recorrido, sobre todo de lo que pudiéramos llamar regiones
periféricas, tiene la situación de una pescadilla que se
muerde la cola, más oferta mejor calidad y mejor precio puede
llevar a mejor uso. Y Renfe, que pretende ser competitiva, lo
lógico es que buscase ofertas competitivas para que pudiera
ser usado por los ciudadanos de estas regiones.

La pregunta sería: ¿Va a ser sustituido este servicio o
suprimido? ¿Va a ser suprimido por otro servicio diurno
añadido a los que ya existen hoy? Uno de esos servicios que
S.S. ha mencionado con la región de Murcia está subvencionado
y pagado, pero por la comunidad autónoma. Tanto es así que la
señora Presidenta de Renfe dijo: Es un servicio que quiere la
Comunidad de Murcia, pues que lo pague; cuando no lo pague se
suprimirá.

La pregunta es: ¿Va a ser sustituido por otro servicio diurno
o va a ser suprimido este servicio? En cualquier caso, si esa
actuación va a ser igual para otros servicios del resto del
Estado, como puede ser Orense, Cuenca, en donde han surgido
plataformas de defensa del ferrocarril y de mejora del
servicio. Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Ya le digo, la supresión está
pedida por Renfe, autorizada por la Secretaría de Transportes,
no instrumentada, pendiente del diálogo con la Comunidad
Autónoma, pero, en todo caso, estamos convencidos de que los
tres trenes Talgo diurnos que circulan ofrecen una relación
ferroviaria suficiente. Estamos hablando de un tren que pierde
200 millones de pesetas al año y que se llena sólo un 36 por
ciento.

Tenga la seguridad de que Murcia no será agraviada al
respecto. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON CARLOS DAVILA SANCHEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES PREVISIBLE, EN UN
FUTURO PROXIMO, LA MODIFICACION DE LA NORMATIVA COMUNITARIA
REFERENTE A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE DEBAN APLICARSE
A LAS INSTALACIONES DE INCINERACION DE RESIDUOS? (Número de
expediente 180/000791)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Dávila
Sánchez, que tiene la palabra.




El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, me dirijo a S.S. en su condición de Ministro
de Medio Ambiente y en relación con posibles y próximos
cambios en la normativa comunitaria sobre gestión de residuos.

Señor Ministro, si mi información es correcta, en el Consejo
de Ministros de la Unión Europea del 11 de julio pasado se
alcanzó una posición común sobre un borrador de directiva en
el que, entre otras cosas, se daría cumplimiento a dos
compromisos pendientes, desde un punto de vista comunitario,
desde hace años. Uno, la Directiva 89/369, de junio de 1989,
comprometió la pronta fijación de los límites comunitarios de
emisión de dioxinas y furanos en las incineradoras municipales
y, dos, la Directiva 91/689, de 12 de diciembre de 1991,
estableció que el reconocimiento legal, desde un punto de
vista comunitario, de la condición de residuo peligroso se
derivaría de que se encontrase incluido en una lista, cuya
elaboración se ponía en marcha.

Pues bien, señor Ministro, si nuevamente mis informaciones son
fidedignas, parece existir consenso de las presidencias
alemana y francesa para resolver ambos compromisos
comunitarios en el siguiente sentido. Por un lado, los límites
de emisión de dioxinas y furanos se fijarán en 0,1 nanógramos
metro cúbico, el valor que ya está en vigencia en países como
Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y, por otro, la lista
de residuos peligrosos incluirá los residuos generados en las
incineradoras, tanto los sólidos como, por ejemplo, las
cenizas, filtros, el carbón activo o los líquidos, los
efluentes de la depuración de gases de escape, es decir,
señoría, que los residuos sólidos urbanos no serán residuos
peligrosos pero, por el contrario, el producto de su
incineración sí lo será.

Señor Ministro, si su señoría está en condiciones de confirmar
mis informaciones, incluso aunque fuesen sólo en su tendencia,
no en los datos concretos, creo que estaríamos en presencia de
un cambio cualitativo de la viabilidad, tanto ambiental como
económica, de la



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tecnología de incineración en la gestión de residuos de todas
características. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Señoría, en efecto, en la Unión Europea está previsto, a corto
plazo, adoptar de forma definitiva una directiva relativa a la
incineración de residuos peligrosos. El Consejo alcanzó una
posición común sobre esta directiva en el mes de julio de
1993, pero todavía no ha recibido el dictamen preceptivo del
Parlamento Europeo, que esperamos que lo emita durante el mes
de noviembre. Esa norma debe regular la gestión de aquellas
instalaciones donde se incineren residuos peligrosos, cuestión
que en la actualidad no dispone todavía de ningún instrumento
normativo comunitario.

También está previsto modificar, a más largo plazo, las
Directivas 89/369 y 89/429 que regulan la prevención y
reducción de la contaminación atmosférica procedente de
instalaciones de incineración de residuos municipales. Esta
modificación tiene por finalidad regular la incineración de
aquellos residuos industriales que podrían asimilarse a los
municipales, resolviendo a la vez el vacío jurídico existente
en la materia y adaptando el progreso científico y técnico a
los requisitos establecidos por las directivas del año 1989
antes mencionadas.

Esta propuesta está actualmente en fase de anteproyecto y
siendo objeto de debate por un grupo de expertos en el seno de
la Comisión. Esperamos que prontamente resuelva y el Consejo y
el Parlamento puedan aprobar normas comunitarias que definan
claramente los procedimientos y los límites aceptables en
materia de incineración de residuos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACION A LA CORRECCION FINANCIERA
NEGATIVA (MULTA), IMPUESTA POR LA UNION EUROPEA A ESPAÑA POR
EL EXCESO DE LA PRODUCCION LACTEA, ASI COMO PARA REESTRUCTURAR
EN PROFUNDIDAD EL SECTOR PRODUCTOR LACTEO ESPAÑOL (Número de
expediente 172/000075)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día,
interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular
sobre medidas a adoptar en relación a la corrección financiera
negativa (multa), impuesta por la Unión Europea a España por
el exceso de la producción láctea, así como para reestructurar
en profundidad el sector productor lácteo español.

En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora
Fernández Díaz.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, el día 22 de octubre desayunamos los españoles
anunciándonos los medios de comunicación la pócima amarga que
teníamos que tragar, así la define algún medio de
comunicación: El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas
de la Unión Europea aprobó el montante de las sanciones -
-205.600 millones de pesetas-- para España. Señorías, esa
multa, mal llamada corrección financiera negativa, se fragua
en el período Romero y se formaliza en el año 1991.

Lamentablemente, siempre se había menospreciado esta actuación
comunitaria por parte de los responsables agrarios españoles,
hasta que ha llegado la hora de la verdad y la maquinaria
comunitaria se ha puesto en marcha, exigiendo disciplina y
rigor en el cumplimiento de la legislación de la Comunidad.

Puestas así las cosas, señor Ministro, no queda más remedio
que hacer una reflexión y aunque la culpa no tiene padres,
habrá que buscarlos en alguna parte, excepto entre los
ganaderos, por supuesto. El Grupo Popular y esta Diputada en
particular, teniendo en cuenta el desarrollo de los
acontecimientos en los sucesivos gobiernos, entiende que la
desinformación o, mejor dicho, la información interesada nos
condujo a dicha situación.

Con la entrada en vigor del Tratado de Adhesión de España-CEE
el 1 de enero de 1986, la normativa comunitaria se hace
extensiva a España, que firma un compromiso de contingentación
de la producción de leche comercializado por un volumen
garantizado de 5.400 millones de kilos, de los que 4.650
millones corresponden a la venta a industria, 1.500.000
kilogramos inferior al consumo interno.

Nuestro país eligió desde el principio la fórmula A para la
asignación de cuotas, lo que supone que es el ganadero y no el
comprador quien recibe una cantidad máxima de producción. En
noviembre de 1986 aparece publicado en el Boletín Oficial el
Real Decreto 2466/1986, por el que se establece el
procedimiento paradeterminar las cuotas de referencia a los
productores y la aplicación, en definitiva, de la organización
común de los mercados para el sector lácteo para España.

En enero de 1987 se publica la orden por la que se
instrumentan las declaraciones obligatorias para todos los
productores que comercializan leche; unos ganaderos, titulares
de explotación, efectuaron sus declaraciones



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ante el MAPA y otros ante las comunidades autónomas. Durante
1987, los productores que efectuaron declaraciones ante el
MAPA recibieron la comunicación de atribución de la denominada
cuota provisoria. Los datos recogidos a través de estas
declaraciones, según informaciones del MAPA y excluyendo la
mayor parte de Galicia y todo el País Vasco, suponen la
cantidad de 1.023 millones de toneladas, venta directa, más
4.545 millones de toneladas venta a industria, pero teniendo
en cuenta dos grandes zonas de producción, cuyas declaraciones
estaban pendientes de clasificación, y el mayor volumen de
leche que se está produciendo como consecuencia de las
inversiones realizadas en los últimos años, incluso muchas con
subvenciones oficiales, resulta un excedente de producción en
relación a la cantidad global garantizada de aproximadamente
300.000 toneladas de venta a industria. Para la venta directa
la preocupación es menor, al no verse sometida a la supertasa.

(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
En el capítulo de medidas conexas, dentro de las negociaciones
de precios comunitarios, el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación intenta negociar la concesión de 300.000
toneladas extras, bien procedentes de una transferencia de
venta directa a venta a industria o bien mediante el
incremento de la reserva comunitaria. Ambas medidas se
preveían difíciles, porque la Comisión había rechazado
repetidas veces esas propuestas a otros países miembros.

Respecto al abandono voluntario, que se puso en marcha con la
orden ministerial de 5 de noviembre de 1985, la cantidad es de
11.500 millones, que deben distribuirse a lo largo de los
siete años que durase el programa. La acogida entre los
ganaderos en principio fue un éxito; sin embargo, el
desconocimiento de los complejos mecanismos de su aplicación
ha llevado a la paradoja de que muchos ganaderos renunciaron a
la firma una vez concedidas, incluso en la venta directa.

La suspensión temporal ha tenido menos éxito en España que en
otros países de la Comunidad, tal vez porque las cantidades
que se pretendían reducir eran excesivamente elevadas, a pesar
de ser voluntaria para los ganaderos, aunque obligatoria para
el país, poniendo en riesgo los fondos que la Comunidad asigna
a este fin o ver impuesta una reducción obligatoria y lineal a
todos los ganaderos, asunto difícil a la vista de la especial
sensibilidad que ya en numerosas ocasiones ha manifestado el
sector.

Las transmisiones de cuota no están todavía reguladas; la
ligazón de la cuota a la tierra puede plantear dificultades
muy serias por el precio de la misma y por el elevado
porcentaje de explotaciones sin base territorial. Sin embargo,
han sido aceptadas por el Ministerio las transmisiones entre
ganaderos, bien sea por venta, herencia o simple cesión.

Usted nos dirá, señor Ministro, a lo largo de su intervención,
y se lo agradecería esta Diputada, qué garantías tienen los
ganaderos de que se respeten esas cesiones y transmisiones.

Cumplimentada esta fase, la ampliación del régimen de cuotas
se paraliza totalmente, limitando el MAPA prácticamente su
acción a la adaptación y el desenvolvimiento de legislación
propia. En España, a efectos prácticos, el sistema de cuotas,
señor Ministro, no operaba.

Esto obliga a la Comisión Europea en 1991 a tomar la
iniciativa de reclamar al Estado una cantidad próxima a los
200.000 millones de pesetas, como consecuencia de los
excedentes estimados.

El MAPA, sometido a esta presión, decide acordar con las
autoridades comunitarias la puesta en marcha del sistema de
cuotas, a condición de que se revise la cuota española de
venta de leche a industria, ya que, a tenor de los datos de
las declaraciones de los productores en 1987, fue estimada en
500.000 toneladas.

Señor Ministro, hasta aquí muy someramente el examen de las
cuotas en el tramo que va a pagar el Estado. Pero si hacemos
un examen de la gestión del Gobierno a lo largo de las últimas
campañas, nos encontramos con que el MAPA en los meses de
diciembre-enero 1992-93 comunica a los productores la cantidad
de referencia. Esto genera un número de errores tan elevadoque
serán unos 50.000 los recursos de alzada presentados.

El compromiso del MAPA de resolver rápidamente, lo más tarde
en el mes de septiembre de 1993, se tradujo en que al día de
la fecha aún hay agricultores que no han recibido
contestación. Y esto no se lo inventa la oposición, señor
Ministro. Yo tengo una contestación escrita a una pregunta
realizada por esta Diputada. Señor Ministro, ¿no sabe el
Gobierno que los ganaderos al inicio de cada campaña han de
saber lo que han de producir?
En lo que respecta al Plan de abandono nacional voluntario y
definitivo de la producción de leche, regulado por la Orden de
30 de julio de 1993, destinado a la reordenación del sector
lácteo, exigía el abandono de la producción de leche como
fecha límite a 30 de octubre de 1993. Lo cierto es que, por
diversas razones, esta fecha se fue prorrogando sucesivamente,
la última hasta el 31 de enero de 1994; permitían así que
muchos productores continuaran vendiendo leche, perjudicando
de esta forma a los productores que permanecen en el sector.

Las últimas comunicaciones a los productores se produjeron a
mediados de enero de este año, de tal forma que aquellos
excluidos no tuvieron siquiera la posibilidad de poderse
beneficiar de las cesiones temporales de cuota. El MAPA
tampoco publicó a su debido tiempo el marco normativo
necesario para adaptar los decretos 1888/1991 y 1319/1992 a
las nuevas disposiciones derivadas de la reforma de la PAC,
sobre todo en lo relativo al primer ámbito de las
compensaciones y reasignaciones



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de las cantidades de referencia no utilizadas durante la
campaña , así como en lo referente a las transferencias de
cuota ligadas a la tierra por venta, arrendamiento, herencia,
etcétera.

Tampoco se reglamentó el campo normativo relativo al rescate
de cuota para la reserva nacional...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
concluyendo, por favor.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente. Voy
concluyendo. ...proposición no de ley en lo tocante a la
tipificación de los productos prioritarios, así como las
posibilidades de dotar a las comunidades autónomas de
competencias para desenvolver con fondos propios programas de
rescate de cuota y redistribución, según los criterios
definidos por la propia Comunidad. La falta de información
periódica de entregas a nivel del Estado que permita conocer o
estimar las desviaciones de producción con relación a la cuota
garantizada hace que los ganaderos no puedan ajustar su
estrategia productiva a la situación del mercado, creando en
el sector una enorme confusión. Las propias declaraciones de
algunos ministros, del Ministro Solbes, en la campaña gallega,
que concretamente dijo: habrá leche para todos, tampoco
contribuyeron a clarificar la situación. Señor Ministro, hacer
esas declaraciones y ahora venirnos con esta multa, la verdad
es que no me parece de recibo. Esta legislación debió
publicarse antes de la aplicación de las cuotas para permitir
el desenvolvimiento normal del sector. El MAPA publicó el
Decreto 324/1994, de 28 de febrero, por el que se establecen
las normas de la leche y los productos lácteos y el régimen de
la tasa suplementaria, pero aún no se sabe cuándo podrán
alquilar ni vender cuota los ganaderos, señor Ministro.

Posteriormente, una Orden de 30 de marzo de 1994 complementa
las modalidades de aplicación de la tasa suplementaria y de
los productos lácteos. Señor Ministro, ésta es una larga
historia que parece la historia interminable, peros sin
fantasías y con una dura y cruda realidad.

Es imposible resumir, tendremos ocasión de debatir el tema,
pero yo quisiera hacerle --abusando de la paciencia de SS.SS.-
-, señor Ministro, unas cuantas puntualizaciones.

El Ministro Albero, en una comparecencia celebrada el 28 de
febrero de 1994 ante la Comisión de Agricultura, declaraba que
el resultado final de las compensaciones lo estimaba en torno
al 0,6 o al 0,7 por ciento, y que en los meses de junio y
julio se conocería el resultado final del esquema de
compensaciones.

Señor Ministro, pregunto: ¿el Senpa ha realizado las segundas
compensaciones a los productores? ¿Cuándo y cómo el Senpa va a
abrir un período de solicitud de contenido real de materia
grasa para que en la próxima campaña 95-96 los agricultores
puedan tener hecha la compensación real? En este momento los
agricultores --se lo digo sinceramente, y usted lo sabe como
yo-- no saben ni si han de producir, ni si han de vender. Esto
ocurre todos los días en los organismos que representan el
Ministerio; llegan los agricultores con la propuesta de
compraventa de un productor y ellos, por las razones que sea,
quieren deshacerse de la cuota...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández Díaz,
termine, por favor.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Termino, señor Presidente.

Señor Ministro, abrevio mi discurso y me paso al capítulo de
preguntas porque creo que es interesante que se clarifiquen en
este debate. La multa láctea ¿se corresponde, en definitiva,
con los 205.600 millones de pesetas? ¿Quién va a pagar la
supertasa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué plan financiero tiene previsto
el Gobierno para satisfacer la multa? ¿Qué garantías puede
ofrecer el MAPA para que a los ganaderos se les respeten las
transmisiones por venta y arrendamiento presentadas ante el
Senpa en el año 1994? ¿Cuándo saldrá a la luz el campo
normativo relativo al reparto de la reserva nacional, cuándo
se procederá a la reasignación de la misma y con qué
criterios? ¿El Senpa ha realizado las segundas compensaciones
a los productores? ¿Cuándo va a abrir el Senpa un período de
solicitud del contenido real de materia grasa? ¿Para cuándo la
encuesta encargada por el Ministerio, que tiene que contestar
sobre la situación en que se encuentra actualmente el sector y
hacer las correspondientes valoraciones? ¿Qué cantidad de
leche constituye la reserva nacional? ¿Qué parte de esta
cantidad utilizó el MAPA para la resolución de los recursos?
¿Qué hay de cierto en lo que dicen los ganaderos de que la
reserva nacional ya no existe y que se repartió bajo cuerda?
Y, en definitiva, señor Ministro, la base de esta
interpelación: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en
relación con la corrección financiera negativa, multa,
impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la
producción láctea con respecto a la cuota asignada y cuya
garantía asciende a 205.000 millones de pesetas pagaderas a lo
largo de cuatro anualidades de 1995 a 1998? ¿Qué medidas
piensa adoptar el Gobierno para reestructurar en profundidad
el sector lácteo español?
Muchas gracias, señor Ministro. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández. Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Agricultura.




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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.

Espero contar con la flexibilidad de la Presidencia para poder
responder al conjunto de preguntas, sin duda extensas,
importantes, densas, que se han planteado en la intervención
de la interpelante.

En primer lugar quiero dejar bien claro que el sector lechero
español no está pagando ningún tipo de consecuencias
negativas, relacionadas con las negociaciones de adhesión a la
Comunidad Europea, ni por la aplicación del régimen de cuotas;
todo lo contrario, el sector lechero español ha crecido,
cuando en la Comunidad Europea se había instaurado un régimen
riguroso de cuotas desde el año 1984.

Las cifras de producción utilizadas para la fijación de la
campaña fueron precisamente las derivadas de la estadística
disponible en aquellos momentos, las correspondientes al año
1983, y permítame le diga que estoy convencido de que no se
alejaban demasiado de la realidad de aquel año. Además, cuando
en 1986-1987 se puso en marcha (aunque no se culminó) la
aplicación del régimen de cuotas en España, el ganadero pudo
declarar la producción mejor de los años 1983, 1984 o 1985. A
mí me parece que es por lo menos peligroso establecer un
balance a la hora de atribuir responsabilidades en la no
aplicación del régimen de cuotas hasta el período 1992-93,
porque todos podríamos recordar en esa atribución de
responsabilidades algunos llamamientos a la insumisión,
realizados desde diferentes instituciones autonómicas en las
que las responsabilidades están realmente muy repartidas y,
por tanto, difícilmente permiten una atribución clara de
responsabilidades a la hora de ese retraso en la aplicación de
cuotas. Seguramente un retraso en la aplicación de cuotas cuyo
balance, incluida la supertasa, también tenemos seguramente
que realizar de forma ponderada y rigurosa para ver si
efectivamente ha sido, en el balance global del país,
perjudicial o beneficioso.

Creo, señoría, que a veces se habla demasiado de las
dificultades por las que atraviesa el sector, las
consecuencias negativas de la adhesión a la Unión Europea, la
urgente reestructuración y la viabilidad de la explotación y
otros aspectos. La situación real para el sector es que los
precios de mercado para el ganadero han venido evolucionando
desde la aplicación de las cuotas de forma creciente, hasta
llegar en la actualidad a precios como nunca se habían
conocido. Hoy puede hablarse de precios por Kilo de leche
superiores a las 50 pesetas, en ocasiones netamente superiores
a las 50 pesetas, cuando se trate de leche que cumple un nivel
mínimo de calidad.

Por otro lado, las estructuras de producción también han
mejorado ostensiblemente, aunque el punto de partida, es
cierto y hay que reconocerlo, era muy deficiente. Lo que no
cabe duda es que hemos pasado de 300.000 productores de leche,
en 1987, a 145.000, en 1991, y en torno a 127.000, en 1994. A
pesar de todo, seguimos teniendo una estructura productiva
deficiente si la comparamos con los países más competitivos de
la Unión Europea. Sirva como referencia que nuestra dimensión
media, que se encuentra en torno a las nueve vacas por
explotación, es en torno a un tercio de la dimensión media por
explotación en Alemania; en torno a la cuarta parte de la
dimensión media por explotación en Francia; en torno a la
sexta o séptima parte de la dimensión media por explotación en
Holanda; y en torno a la décima parte de la dimensión media
por explotación en el Reino Unido.

La cuota establecida en el Tratado de Adhesión, que usted
misma ha comentado (Tratado de Adhesión y cuota aprobados
también por el Grupo Popular), fue de 5.400.000 toneladas.

Para la actual campaña, y después de haberse reducido la
producción por abandonos, la cuota es de 5.566.950 toneladas.

Por tanto --y esto sí me gustaría destacarlo--, durante estos
años desde nuestro ingreso en la Unión Europea, mientras la
mayoría de los países comunitarios han visto reducida su cuota
de producción en más del 7 por ciento, la cuota asignada a
España ha aumentado el 3 por ciento. Pero si lo valoramos en
términos de entregas a industrias, teniendo en cuenta las
transferencias que se han realizado de entregas directas a
entregas a industria, las cuotas de producción para entrega
por los ganaderos a la industria láctea han aumentado desde
nuestro ingreso en la Unión Europea el 12 por ciento, que se
elevará al 15 por ciento con las 150.000 toneladas adicionales
de transferencia de cuota de entregas directas a cuota de
entregas a industria. Este 15 por ciento de incremento en las
cuotas de entregas lácteas a la industria desde nuestro
ingreso en la Unión Europea contrasta con la disminución del
7,5 por ciento en las cuotas de entrega a industria en países
como Francia, Holanda o Dinamarca.

También quiero dejar muy claro que ningún ganadero productor
de leche en España ha pagado, en ningún momento, la supertasa
derivada de la producción, ni siquiera en la campaña 1992-93
que ya estaban asignadas las cuotas individuales; queda
pendiente, efectivamente, la campaña 1993-94.

Por otro lado, S.S. se interesa por la decisión adoptada por
el Ecofin el pasado 21 de octubre. En dicha reunión se adoptó
una solución definitiva en relación a lo ya establecido el
pasado año por estas fechas, y quiero señalarle que no se
trata de 205.000 millones de pesetas, sino de 183.000 millones
de pesetas. El acuerdo de Ecofin del pasado 21 de octubre deja
como definitiva para España la decisión de liquidación de
cuentas del ejercicio 1989.

Ahora me gustaría referirme con algún detalle, porque
constituían el núcleo de la pregunta de S.S., a las
actuaciones que vamos a abordar con carácter inmediato,



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que son dos. Por un lado, la gestión de la reserva nacional
mediante la reasignación de cuota suplementaria a determinadas
categorías de ganaderos; y, por otro, la regulación de las
transferencias de cuota entre particulares. Sobre la gestión
de la reserva nacional y a la hora de tomar una decisión sobre
la dirección que debe seguir el proceso, nos hemos encontrado
con algunas variables y alternativas, a veces difíciles de
equilibrar y que vienen derivadas, sobre todo, de la propia
estructura del sector en España. La reserva nacional se ha
nutrido de los siguientes componentes: de los planes de
abandono financiados por los Presupuestos Generales del Estado
y de la Unión Europea, con una cifra de 292.000 toneladas, y
de los planes de abandono financiados por las comunidades
autónomas, con una cifra total de 107.000 toneladas. No toda
la cantidad de la reserva nacional procedente de los últimos
abandonos podrá ser utilizada a efectos de reasignación
suplementaria, y esto es así porque en torno a 95.000
toneladas se han destinado a atender los recursos resueltos
positivamente que se presentaron contra la asignación de
cuotas individuales, cuyo número --que conviene recordar, como
usted ha hecho-- superó la cifra de 50.000, es decir, el 33
por ciento del total de ganaderos con cuota.

Para precisar el volumen disponible a efectos de reasignación,
hay que continuar con otro concepto que, aun no tratándose
propiamente de reserva nacional, va a tener en la práctica los
mismos efectos. Se trata del excedente de cuota de venta
directa en relación a la producción en este campo. Se ha
comprobado la evolución regresiva de este tipo de ventas, de
tal modo que la producción real es actualmente inferior en
172.000 toneladas a la cuota global de venta directa
disponible por España y, resultando prudente dejar en la
reserva sin distribuir 22.000 toneladas de dicha cantidad,
vamos a proceder al trasvase de venta directa a venta a
industria de 150.000 toneladas. Por tanto, nos encontraríamos
con 200.000 toneladas de reserva propiamente dicha procedente
de los abandonos y con 150.000 toneladas de trasvase de venta
directa a venta a industria, lo que da un total de 350.000
toneladas. Esta cifra se aproxima al 7 por ciento de la cuota
global disponible por España, lo cual nos va a proporcionar un
amplio margen de maniobra al menos para las campañas 1994-95 y
1995-96, sobre todo teniendo en cuenta que el excedente
producción-cuota en la pasada campaña 1993-94 ha sido inferior
al uno por ciento. Si a esto añadimos el concurrente de
reserva atribuible a los planes de abandono de las comunidades
autónomas, el porcentaje de redistribución, y por tanto de
contribución a la reestructuración del sector, llega a ser del
8,7 por ciento de la cuota global. Para abordar la gestión de
la reserva nacional, en primer lugar vamos a delimitar muy
claramente el colectivo que se va a considerar con derecho a
percepción de cuota suplementaria, para seguir con un sistema
de baremo de puntuación para aplicación de los criterios
prioritarios, así como a la imposición de limitaciones de los
derechos de utilización posterior de la cuota, no sólo de la
suplementaria recibida por reasignación, sino también de las
consideradas definitivas por la Orden de 4 de agosto de 1994.

Para la delimitación del colectivo de ganaderos que pueden
recibir cuota suplementaria, se impondrán algunas condiciones:
que se trate de agricultores a título principal; que tengan
cuota de referencia individual; que no se hayan acogido a
ningún plan de abandono indemnizado definitivo de la
producción; que no hayan vendido su cuota; que hayan producido
una gran parte de la cuota asignada en la última campaña, es
decir, más del 85 por ciento, salvo razones de fuerza mayor; y
que, en el caso de que haya cedido temporalmente parte de su
cuota en dicha campaña, en esa cantidad no sobrepasen cierto
límite, el 15 por ciento. Pero a los ganaderos afectados por
tales circunstancias se les obligará a reponer su producción
antes de que transcurran dos períodos consecutivos de cuota,
cuyo incumplimiento conduciría a la pérdida del suplemento
concedido, que pasaría automáticamente a la reserva nacional.

Una vez delimitado el colectivo de ganaderos con derecho a
reasignación de cuota suplementaria, se aplicarán los
criterios de asignación establecidos en el Decreto 1888, del
año 1981, con un sistema de baremos, de puntuación para cada
uno de ellos, de forma que conduzca a una ordenación por suma
de puntos de los ganaderos que van a componer el colectivo con
derecho a cuota suplementaria. Para la valoración de cada uno
de los criterios preferenciales, se van a utilizar las
definiciones de la reglamentación comunitaria y nacional, para
establecer un sistema sencillo de aplicar. Se considerará que
las explotaciones se encuentren en zonas desfavorecidas,
incluyendo las de montaña; que se trate de jóvenes
agricultores y, a propuesta de las comunidades autónomas, de
agrupaciones de productores agrarios, es decir, SAT,
cooperativas de producción, comunidades de bienes, sociedades
civiles; que los ganaderos cuyos ingresos por la producción de
leche superen el 50 por ciento de los ingresos totales,
valoración que se tendrá en cuenta mediante la declaración de
la renta y la demostración del valor de la leche vendida; que
se hayan realizado planes de mejora acogidos a las condiciones
para las inversiones en los Decretos 1808 y 1887; o que las
explotaciones cumplan algunos de los requisitos sobre
condiciones generales de higiene en las explotaciones de
producción de leche, a efectos de los intercambios
comunitarios. Estos son criterios que se ponderarán mediante
baremos establecidos objetivamente.

Por otra parte, se impondrán también ciertas limitaciones



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a aquellos ganaderos que sean adjudicatarios de cuota
suplementaria, de tal forma que no sean objeto de abandono o
transferencias, salvo, por supuesto, casos de herencias,
recuperando la reasignación la reserva nacional cuando decida
acogerse el ganadero a un abandono indemnizado o vender su
propia cuota individual. Habrá otras restricciones referentes
al uso que puedan realizar de la cuota definitivamente
asignada.

Por otro lado, resulta lógico pensar que las explotaciones de
gran tamaño disponen de otras posibilidades para incrementar
su cuota, bien por el alquiler, para complementar una
determinada campaña, o por compra de cuota en el mercado
libre, como inversión a más largo plazo, pudiendo utilizar
para esto último el apoyo de los créditos contemplados en el
Decreto 1887/1991, a un tipo próximo al 3 por ciento y
amortización a seis o siete años.

El aspecto, sin duda, más difícil de delimitar es el segmento
por tamaño de explotación, al que pretendemos dirigirnos más
especialmente, definido dentro del colectivo que va a recibir
cuota suplementaria; el tamaño mínimo de la explotación que
debe quedar después de la adjudicación. Esto está siendo
objeto de discusión con las comunidades autónomas.

En cuanto a la regulación de las transferencias entre
particulares, vamos a seguir el principio de máxima
flexibilidad con carácter general. Las proposiciones no de ley
aprobadas en este Pleno, en abril de 1994, y en la Comisión de
Agricultura, en septiembre de este mismo año, están
constituyendo una valiosa aportación a la hora de regular
estas transferencias de cuota. Este procedimiento ha sido
aplicado en los países de la Unión Europea más eficaces en la
producción de leche, concretamente, los Países Bajos y el
Reino Unido, y con esta experiencia, el sistema que va a
seguirse en España en las compraventas, con las peculiaridades
propias de nuestro país, es el de aplicar el principio --como
S.S. también ha reivindicado-- de desvincular la cuota
individual de la propia explotación con determinadas
excepciones. Dentro del principio de máxima libertad en las
operaciones de compraventa, las limitaciones serán las
derivadas de la ubicación geográfica de la explotación dentro
del territorio de una comunidad autónoma, con las excepciones
necesarias para no limitar o impedir la reestructuración del
sector.

A la hora de establecer excepciones para transferencias entre
ganaderos ubicados en distintas comunidades autónomas,
consideramos que la compra de cuota ha de tener por objeto la
mejora de las estructuras de producción de leche, y para ello
se exigirán determinados requisitos. En definitiva,
aplicaremos el principio de máxima libertad para las
transferencias de cuota en el territorio de una comunidad
autónoma y limitaciones para las transferencias de cuota entre
comunidades autónomas.

Por otro lado, entre otras medidas en vigor o aplicables se
encuentran el Decreto 1887, sobre mejora de las estructuras
agrarias, en el que, dentro de las ayudas a las inversiones en
planes de mejora de las explotaciones, están incluidas
importantes ayudas a los ganaderos de vacuno de leche, aunque
con la limitación de que el productor disponga de cuota
suficiente para amparar el incremento de la producción. Lo
mismo puede decirse de los programas de selección y
reproducción animal en el campo de la producción de leche para
mejorar la productividad.

Teniendo en cuenta las características de nuestro sector
productivo, las diferencias todavía de competitividad a las
que me he referido, se va a establecer un programa sectorial
para la producción lechera que incluirá las medidas adecuadas
para aumentar la eficacia de las explotaciones, así como la
calidad de los productos y la racionalización de la recogida
de leche. Dicho programa tendrá por objeto reducir los costes
de producción, racionalizar el aprovisionamiento y el empleo
de los medios de producción, mejorar el nivel técnico de las
explotaciones, mejorar las condiciones higiénicas y
tecnológicas para obtener leche de calidad, acorde con la
normativa de la Unión Europea, y fomentar el asociacionismo y
la prestación de servicios y actividades en común, así como el
acondicionamiento y transformación de los productos para su
venta en la misma explotación, y el saneamiento del ganado.

En resumen, podemos asegurar que el sector lechero español se
encuentra en mejores condiciones que en años pasados y, desde
luego, en mejores condiciones que en los primeros años de la
adhesión, pues no solamente puede producir más leche por el
incremento de cuota, sino que además se beneficia de unos
precios más elevados. Por otra parte, dado que el excedente de
producción en relación a la cuota de venta a industria en la
última campaña 1993/94 ha sido realmente pequeño, la supertasa
a pagar, derivada de esta campaña, será también relativamente
pequeña.

Con vistas al futuro, quiero hacer hincapié en la inmediata
reasignación de la reserva nacional, que va a permitir un
margen de maniobra para que el sector, en su conjunto, pueda
desenvolverse en buenas condiciones. Además, va a ponerse en
marcha en esta legislatura un nuevo programa sectorial para la
producción lechera, así como la continuación de la mejora de
las explotaciones y las líneas de mejora genética y sanitaria.

Quiero decirle muy claramente que en ningún caso los ganaderos
españoles, los productores de leche españoles, van a tener que
contribuir a la financiación de la supertasa, de la
liquidación de cuentas aplicada para los períodos 1990/1993,
de acuerdo con la decisión del Ecofin.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora
Fernández Díaz.




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La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Ministro, señorías, aunque sea
un tópico, lamento decirle que su respuesta me ha
decepcionado, probablemente no por culpa suya, señor Ministro
(Rumores.--Un señor Diputado: ¡Por la paella!), sino por sus
antecesores. Todo lo que me ha dicho lo escuchamos
repetidamente en comisión, en esta Cámara, y son declaraciones
de principios y declaraciones de buenas intenciones. Yo
quisiera decirle, señor Ministro, aunque sea reiterativa:
¿usted cree que el MAPA no debía tener en este momento
recursos económicos suficientes para rescatar la leche
necesaria para contribuir a la reordenación el sector? (Un
señor Diputado: Claro que sí.) Es imprescindible, asimismo,
asegurar que los productores que cesen en la actividad se
acojan a programas eficaces de abandono, o bien transferir su
cuota a través del mercado a fin de que puedan percibir las
compensaciones económicas que en derecho les corresponden.

Señor Ministro, yo veo que usted está de acuerdo en la
reordenación del sector, en cuanto a la directiva 42/96, pero,
señor Ministro, que no sean promesas, pónganla en marcha.

Cuando sean de obligado cumplimiento, en el año 1997, estamos
viendo que el sector va a tener que sufrir otra vez las
consecuencias de la demora de su ministerio.

El Gobierno debe poner a disposición del Senpa los medios
materiales y personales necesarios para aprobar con la mayor
eficacia posible la compraventa de cuotas para que los
ganaderos puedan incluir el rescate de cuota en los planes de
mejora; si no de esta forma, señor Ministro, ¿cómo pueden
incentivar a las comunidades autónomas para que hagan sus
planes de abandono? Señor Ministro, ¿cree objetivamente que el
pago de la supertasa, con cargo a los presupuestos nacionales
va a cumplir su cometido? ¿Es consciente el Gobierno del gran
problema social que desencadena el abandono indiscriminado de
las explotaciones lecheras, sin aplicar otras alternativas a
dicha producción? ¿Cree el Partido Socialista que en el año
1985 realizó unas negociaciones nefastas para el sector
lácteo, al acordar el ingreso de España en la CEE, con
1.500.000 toneladas por debajo de la producción real? Señor
Ministro, eso es algo innegable; lo han reconocido todos sus
antecesores y espero, señor Ministro, que usted no me lo
rebata.

Señor Ministro, que seguimos por debajo del potencial
productivo del sector y por debajo del propio autoconsumo es
una realidad; que durante el año 1987 los productores
recibieron las comunicaciones de la llamada cuota provisoria,
quedando excluidos los ganaderos que efectuaron sus
declaraciones ante las comunidades autónomas y a partir de
este momento el sistema de cuotas se paraliza, ¿es una
realidad o no es una realidad reconocida, señor ministro? En
el año 1991 el Mapa sometido a la presión europea, decide
poner en marcha el sistema de cuotas estableciendo los efectos
de atribución de la cuota a la campaña 1991-1992, ajustada
mediante coeficiente de reducción, a mi parecer, señor
Ministro, no demasiado justo. A los ganaderos que tenían cuota
en 1987 se les adjudicó el 90 por ciento de la producción, y a
los que no la tenían el 80 por ciento de la producción. La
cuota se comunica a los ganaderos en los meses de diciembre y
enero de los años 1992 y 1993. Señor Ministro, ¿qué está
pasando con el sector lácteo?
Cuando se comunican las cantidades de referencia y los
ganaderos hacen sus declaraciones, se presentan 50.000
recursos de alzada, ¿no es para pensar que algo está fallando
en el sector? (La señora De Palacio Valle-Lersundi: Están sin
resolver.) El compromiso del MAPA de resolverlo rápidamente no
se cumplió y aún en la actualidad hay agricultores que no han
recibido contestación, señor ministro.

En abril de 1993, señor ministro, cada agricultor debía haber
tenido su cuota de 1991-92, corregida en su caso por el
recurso, pero en la actualidad no se ha cumplido este
compromiso totalmente. En abril de 1994 debería haber estado
regulada la reserva nacional, pero al día de la fecha, aún no
se sabe nada del tema, señor Ministro. Usted seguramente lo
sabrá, porque yo lo veo publicado en las revistas veo,
incluso, los baremos, pero, señor Ministro, publíquelo en el
«Boletín Oficial del Estado», que hace ley y es donde los
ganaderos se pueden beneficiar. (Un señor Diputado: ¡Muy
bien!)
Señor ministro, las empresas lácteas, antes del 15 de mayo,
tenían que haber realizado declaración de los compradores de
leche reconocida en la campaña, con el contenido real de
materia grasa; en cambio tuvieron que realizar esta
declaración con materia grasa estandarizada, ya que el Senpa
no abrió período para poder reclamar el contenido real de
materia grasa.

Los compradores establecen la primera compensación entre los
productores. El Senpa, y me cansaré de repetirlo, señor
ministro, tiene que realizar la segunda compensación antes del
mes de septiembre de cada año y señor ministro, todo esto no
se hace. ¿A qué nos va a abocar esta situación? A que dentro
de un año nos venga otra multa, y esa multa, como decía antes,
van a tener que pagarla los ganaderos y va a ser bastante más
sangrienta para el sector. En cuanto a la compraventa y
alquiler de cuotas, que este año se han ido presentando
solicitudes ante el Senpa, señor ministro, y le repito, porque
no me lo ha dejado claro, los que venden no saben si la
pierden, los que compran, tampoco; hay ganaderos que han
pagado a 68 pesetas/litro y siguen en la incertidumbre. ¿En
qué ley se basó el Senpa para poder recoger esta
documentación?
Señor ministro, termino, pero antes quiero hacer una
referencia a la FNIL. Están diciendo estos días y denunciando
las industrias lácteas, que en general dichas industrias
lácteas se tambalean por las fuertes inversiones



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que tienen para importar, concretamente el 10 por ciento del
consumo nacional. Señor ministro, lamento decirle que no nos
ha satisfecho esta comparecencia; que no nos ha dicho nada
nuevo, nada más son declaraciones de principios, sin fechas,
incluso sin comprometerse con fechas que son de obligado
cumplimiento para usted, porque esta Cámara para el reparto de
la reserva nacional le ha dado una orden en abril, en
septiembre tenía que haberse cumplido, y no se ha cumplido,
señor ministro.

Como conclusión tengo que decirle que nuestro grupo, como
consecuencia de esta interpelación, presentará la
correspondiente moción para que haya un debate amplio en esta
Cámara sobre un sector que está tan necesitado, por una parte,
de que se le ayude hasta donde se pueda; por otra, de que se
legisle; y, por otra parte, de que no tengan por más tiempo la
espada de Damocles sobre la cabeza de si van a pagar, si no
van a pagar, si son ellos los culpables o es culpable el
ministerio.

Señor ministro, el ministerio ha incumplido; el ministerio
tiene que pagar, pero va a pagar con el dinero de todos los
españoles. Lamentablemente lo va a pagar el Gobierno, va a
pagar el ministerio...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández Díaz,
termine, por favor.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Termino, señor Presidente.

El otro día dos diputados de su grupo decían en televisión que
los ganaderos no iban a pagar la multa, que la iba a pagar el
Gobierno. Clarifique, señor ministro, la multa la va a pagar
el Estado con el dinero de todos los españoles, y me gustaría
que me dijera, señor ministro, cómo, cuándo, dónde y en qué
partida.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, sin duda su declaración de que le ha decepcionado mi
intervención es un tópico, como usted misma ha dicho. Es una
frase obligada en todas y cada una de sus intervenciones, que
no sé si responde a un sistema de incentivos o a un sistema de
penalizaciones establecidas dentro de su grupo: por una
decepción, tal prima; por una descalificación, tal otra; por
una petición de dimisión, tal recompensa. Creo que forma parte
del lenguaje político ordinario y, por tanto, lo tomo con toda
la simpatía y, además, agradezco el tono de su intervención.

Respecto de las fechas, por ser concreto, en lo que se refiere
a la orden de convocatoria de la distribución de la reserva
nacional y a la orden que regula las transferencias de cuota,
yo no me atrevo a dar una fecha exacta, porque cuando unas
normas quieren conseguir un amplio consenso y, por tanto, son
objeto de discusión con todas las comunidades autónomas y con
organizaciones agrarias, está uno sometido al propio proceso
de discusión con esos interlocutores. Esta mañana he tenido un
reunión con el Consejero de la Xuntade Galicia sobre este
tema. Con las comunidades autónomas estamos en pleno proceso
de dar la última revisión a estas órdenes, con el fin de que
respondan a las necesidades ampliamente sentidas de nuestro
sector lácteo. Me gustaría, siempre supeditado a estos
objetivos del consenso, que esas órdenes pudiesen ser
publicadas en la primera quincena de noviembre. Ya sé que
hubiese sido deseable que se hubiesen publicado en octubre o
incluso en septiembre. Pero cuando se desea un proceso
participativo que tiene como objetivo integrar criterios de
intereses tan contrapuestos --porque nuestro sector lácteo
tiene estructuras muy diferentes en unas y otras partes del
territorio-- este proceso de consenso es lento y seguramente
no sólo basta el voluntarismo para llevarlo a cabo. Quiero
despejar cualquier incertidumbre sobre el pago de las
liquidaciones, de la supertasa o de las penalizaciones por los
excesos de producción de los últimos años. No van a ser
abonadas por los ganaderos, ni van a ser a cargo de los
agricultores. El proceso que realiza el Feoga es un descuento
en las compensaciones que realiza al Tesoro, pero en absoluto
en detrimento de las aportaciones que el Tesoro realiza para
efectuar todos los pagos obligatorios del Feoga-Garantía. Por
tanto, ni el sector agrario ni los agricultores ni los
ganaderos se van a ver perjudicados como consecuencia de las
deducciones que realiza el Feoga-Garantía, sino que será una
aportación solidaria de todos los españoles hacia el sector
ganadero que ha conseguido un incremento de cuota respecto del
momento de la integración en la Unión Europea. Le agradezco
que no haya negado los datos que le he proporcionado que
reflejan que la cuota de producción láctea española, desde
nuestro ingreso en la Unión Europea, ha aumentado un tres por
ciento, mientras que la cuota de los miembros hasta entonces
de la Unión Europea ha disminuido en más de un siete por
ciento. Por tanto, la posición relativa de los productores de
leche españoles ha mejorado. En lo que se refiere a las
peticiones de la FNIL o de las industrias lácteas, quiero
poner de relieve también que difícilmente se puede atribuir a
la insuficiencia de cuota los problemas de la industria
láctea, cuando las cuotas de entrega de leche a nuestra
industria láctea, desde nuestro ingreso en la Unión Europea,
han aumentado un 12 por ciento. Con la reasignación de cuota
de venta directamente a industria van a aumentar en total un
15 por ciento, mientras que las entregas a la industria
francesa, danesa u holandesa han disminuido



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en un 7,5 por ciento, lo cual quiere decir que la industria
española se ha encontrado en una posición relativa mejor,
respecto del momento en el que entramos en la Unión Europea,
que el resto de la industria láctea europea. La industria
láctea tiene otros problemas, de sobredimensionamiento, de
falta de racionalidad en el proceso de recogida de la leche,
de insuficiente capacidad de negociación con las empresas de
distribución, de falta de dimensión para la producción de
leche líquida, de falta de diversificación hacia otros
productoslácteos de alto valor añadido, etcétera. Pero el
problema de cuota láctea no es el fundamental.

Por supuesto que no comparto, en absoluto, esa calificación de
nefastas respecto de las negociaciones. Ya le he dicho que la
evolución de la cuota láctea española, en relación con la
evolución de la cuota láctea de otros países, ha sido
claramente favorable. Además, quiero dejar algo muy claro.

Para los productores de leche españoles la aplicación del
régimen de cuotas tiene más ventajas que inconvenientes. Es
cierto que tiene el inconveniente de que limita su potencial
de producción porque tienen que ir a la compra de cuota, a la
asignación con la reserva nacional, y no pueden producir lo
que quieran, pero se benefician de un régimen de precios que
se ha notado considerablemente en los ingresos de los
ganaderos en este último año. Por tanto, tiene más ventajas
que inconvenientes porque protege a los más ineficientes
ganaderos de la competencia que pueden proporcionar
explotaciones ganaderas con 60 y hasta con 90 vacas de media
por explotación, como es el caso del Reino Unido.

Los recursos planteados son muchos, es cierto, lógicamente
porque el 33 por ciento de los ganaderos aspiraba a conseguir
más cuota. Además, es una aspiración lógica, en algunos casos
con base jurídica y en otros con menos. Esta presentación de
50.000 recursos ha generado una carga de trabajo que ha
impedido que se pudieran resolver con la celeridad que
hubiésemos deseado. En estos momentos están casi todos
resueltos y han supuesto un incremento de las cuotas asignadas
a los que han recurrido de 95.000 toneladas, como he comentado
en mi intervención.

Usted quiere que los baremos de distribución de la reserva
nacional se publiquen, en lugar de en revistas especializadas,
en el «Boletín oficial del Estado». Lógico, pero cuando se
realiza una distribución del documento de trabajo, de la
primera propuesta elaborada por el servicio técnico del
Ministerio de todas las Comunidades autónomas y a las
organizaciones agrarias para que aporten sus criterios, es
difícil evitar que esos baremos tengan un amplia difusión
porque, entre otras cosas, el objetivo de esa distribución es
que sean conocidos y se puedan recoger los criterios, las
aportaciones y las preocupaciones de los diferentes sectores
afectados, entre otros de las comunidades autónomas.

Sobre la aplicación de las compensaciones entre ganaderos, con
la estimación que realizó el SENPA en el mes de septiembre,
compensadas las declaraciones de unos ganaderos con las
producciones por debajo de su cuota de otros, el resultado es
que la cuota global no se sobrepasó en más de un uno por
ciento. En estos momentos se ha solicitado a la industria
láctea información adicional sobre los listados de las
entregas realizadas por cada uno de los ganaderos, porque se
han encontrado múltiples deficiencias que, a estas alturas, no
conocemos si son de carácter formal o son consecuencia de que
aparecen ganaderos que no tenían cuota asignada y que, sin
embargo, han sido aportados por la industria al SENPA. Las
industrias lácteas están realizando una depuración de sus
listados previa a la liquidación definitiva de la campaña
1993-1994.

Espero que en la primera quincena de noviembre, al mismo
tiempo que la presentación de la orden ministerial sobre la
reasignación de la reserva nacional, se pueda publicar la
orden ministerial referente a las transferencia de cuota entre
ganaderos.

Me parece pertinente, cuando se habla de treinta y tantos
miles de millones de pesetas de penalización por
sobreproducción, aportarles un dato que me parece
particularmente revelador y que es muy poco conocido en
España. En estos momentos el Feoga-Garantía es la principal
contribución al superávit presupuestario de España en sus
relaciones con la Unión Europea. Según la previsión para 1995,
la contribución española al Feoga-Garantía se estima en torno
a 415.000 millones de pesetas y los pagos...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, por
favor.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Gracias, señor presidente.

Y los pagos del Feoga-Garantía en más de 850.000 millones de
pesetas. Por tanto, estamos hablando de un saldo neto de pagos
del Feoga-Garantía para España, sólo en un año, en 1995, de en
torno a los 450.000 millones de pesetas --repito que sólo en
el año 1995-- y de un saldo total en las relaciones entre
España y la Unión Europea de 678.000 millones de pesetas. Por
tanto, los acuerdos del Ecofin referentes a la producción
láctea hay que verlos también en el contexto de la aprobación
de los recursos propios y de un presupuesto comunitario, en
1995, que va permitir un saldo presupuestario como el que les
he comentado para España en sus relaciones con la Unión
Europea. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
en este debate? (Pausa.)



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--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO RESPECTO
DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PERIFERICA DEL ESTADO Y, EN
CONCRETO, SOBRE LA DESAPARICION DE LA FIGURA DEL GOBERNADOR
CIVIL (Número de expediente 172/000077)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al punto 27
del orden del día, interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno respecto de la reforma
de la Administración periférica del Estado y, en concreto,
sobre la desaparición de la figura del Gobernador Civil. Para
la presentación de la interpelación, tiene la palabra el señor
Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, el 29 de septiembre del año 1993 --hace ya más de un
año-- el portavoz de mi Grupo en aquella ocasión, el señor
Ribó, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya le hizo las siguientes
preguntas: ¿Qué vamos a hacer con los gobiernos civiles? ¿Se
deben mantener los gobiernos civiles? No le hago una pregunta
para que mañana me la resuelva, aunque usted sabe que se
podrían suprimir los gobiernos civiles sin tocar ninguna ley
básica porque están establecidos por decreto. También decía en
esa misma intervención: Nos gustaría que pudiera desarrollar
más cuál es la voluntad del Gobierno sobre las transferencias
respecto a la Administración periférica. En aquella ocasión,
hace un año y pico, a la pregunta relativa a los gobiernos
civiles usted contestaba diciendo que la política del Gobierno
iba encaminada a fomentar, reforzar las delegaciones de
Gobierno, esperando a redefinir (usted decía entonces:
Esperemos que no sea peligroso el verbo; parece ser que el
verbo ha sido difícil o mal interpretado) las funciones de los
gobiernos civiles. Como digo, esto se producía hace un año y
pico.

Más reciente, el 13 de octubre de 1994, en una comparecencia
suya para explicar la política general del Gobierno en la que
yo participé, usted venía a decirnos: Quiero anunciarles
también un segundo bloque de actuaciones relativas al impulso
del desarrollo de la segunda fase del plan de modernización y
proceso de racionalización, simplificación y reestructuración
de la Administración General del Estado que venimos
acometiendo. Por tanto, anunciaba usted dos proyectos que iba
a presentar al Consejo de Ministros: uno, para la
simplificación y reagrupación de los servciios periféricos, y
otro, para lograr una mayor eficacia, una potenciación, por
así decirlo, de la delegación del Gobierno. Se le precisó en
esa comparecencia para que usted pudiera matizar cuál era la
figura, cuál era el papel, cuáles podrían ser las competencias
y funciones que tendrían los gobernadores civiles. Usted decía
que no era un problema de si se había planteado la
desaparición o no de los gobernadores civiles, sino
precisamente el de reforzar, girar toda la Administración
periférica en torno a los delegados del gobierno --por tanto,
17 ejes de representación, de gestión y de coordinación--, al
margen de que en cada territorio provincial fuese conveniente
tener una persona, una figura, un gestor o un político al que
ya se había hecho referencia con anterioridad. Usted decía que
las funciones de los gobernadores civiles se estaban quedando
reducidas a las prestaciones del INSS, al orden público, a la
Agencia Tributaria, al servicio de Correos, que está
adquiriendo también el carácter de ente público --decía usted
entonces-- al igual que la Agencia Tributaria. Decía: Nos
encontramos con que las funciones de un gobierno civil son
éstas, por más que queramos que sean otras o algunos quieran
que lo sean.

Fíjese que esto es lo que decía usted como miembro del
Gobierno. Pero el día 31 del mismo mes de octubre, pocos días
después de esto, aparece el nuevo superstar del Gobierno, el
vicepresidente in pectore, el señor Belloch, y dice: Los
gobiernos civiles constituyen una pieza básica de la
Administración periférica del Estado; pieza en que con el
tiempo se van a tener que incrementar las competencias y su
capacidad de coordinación con el conjunto de los servicios que
presta la Administración. Pero es que decía más: No solamente
son responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino
también garantes de los derechos y de las libertades de los
ciudadanos. Yo no sé lo que va hacer un gobernador civil. Yo
no sé para qué están las comunidades, para qué están los
municipios, para qué está un nuevo Estado. Prácticamente iba a
ser un superman de las libertades este gobernador civil. Pero
decía más. Decía a los cuatro nuevos gobernadores civiles que
nombraba: Debéis de ser capaces de movilizar la sociedad civil
de vuestras provincias, tenéis que dinamizar la vida civil --
también les corresponde dinamizar la vida civil-- representáis
al Gobierno y tenéis que ser capaces de transmitir su
política. En suma, yo no sé si nos encontramos ante un
gobierno con una política o ante un gobierno sin política. Me
voy a centrar en lo que debe ser la reflexión en la que nos
encontramos con el tema de los gobernadores civiles y de la
Administración periférica. ¿En qué situación nos encontramos?
¿Cómo ha caminado la política del Gobierno? ¿De qué manera ha
ido a trancas y barrancas evolucionando? Nosotros creemos que
es importante hacernos tres grandes reflexiones. La discusión
del tipo de gobernador civil, del tipo de delegado del
Gobierno, del tipo de Estado central en las comunidades
autónomas debe estar cifrada en tres grandes filosofías o, por
lo menos, tres grandes líneas de reflexión.




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Primera. ¿Para cuándo una reforma en profundidad de la
Administración? Dentro de esa reforma de la Administración,
¿para cuándo una profunda filosofía donde prime la política
civil, la política de relación y coordinación entre
administraciones que marca la Constitución? Por tanto, el
papel y el protagonismo que los entes territoriales
descentralizados, de autogobierno, los presidentes de cada
comunidad van a jugar y para cuándo ese papel no esté
excesivamente mediatizado por Interior. Aquí se ha reformado
hasta el Ejército, pero la política del Ministerio del
Interior ha sido complicadísimo reformarla, y la reforma de la
Administración en profundidad no se ha hecho. Se han hecho
pequeñas reformas. ¿Qué Estado tengo yo para gestionar las
competencias centrales? ¿Qué Estado debo de tener cuando le he
transferido a las comunidades autónomas? ¿Qué Estado debe
haber cuando hay tres pilares de ese Estado: municipio,
comunidad autónoma y Estado central? ¿Por qué mantener
administración periférica desconcentrada? Porque ese es el
pilar de los gobernadores civiles, una desconcentración.

Después me referiré a ello.

El segundo gran tema de reflexión es si queremos un Estado
descentralizado, con autogobierno y autonomía, o un Estado
desconcentrado donde el Estado central vigila, tutela lo que
hacen las otras administraciones. Ese era el papel de los
gobernadores civiles en la época anterior, antes de la
democracia; es decir, tutelaban las otras instituciones,
tutelaban los municipios, tutelaban las actuaciones de las
diputaciones provinciales.

La tercera gran reflexión es si debe de ser una figura del
Gobierno central o en las comunidades donde hay varias
provincias, por ejemplo la andaluza, debe de ser una
delegación del propio Gobierno autónomo en cada provincia, o
debe de ser esa figura una delegación del mismo delegado del
Gobierno y no del Ministro del Interior, que nombra a los
gobernadores civiles. Por tanto, es un problema del papel, de
la función que debe de cumplir. No solamente nombre sino
función que debe de cumplir, y si esa persona de verdad
representa al partido que gobierna y funciona con una
actuación de vigilancia política, o si es una persona que de
verdad ensambla una actuación periférica desconcentrada, que
cada vez debe ser menor y debe hacérsele residir en las
propias comunidades. Estos son los tres grandes ejes de
reflexión que nosotros creemos que debemos plantearnos. ¿Por
qué? Nos encontramos con un estatuto de los gobernadores
civiles que está regulado hoy en España, desde el año 1980,
por un Real Decreto, el 3117. Este es el Decreto, año 1980,
por el que regulamos los gobernadores civiles, donde les
dábamos unas competencias, unas funciones. Por ejemplo, una de
ellas era: El gobernador civil cuidará de difundir, aplicar y
ejecutar en la provincia las disposiciones de carácter general
y transmitir, por vía jerárquica, los mandatos y directrices
que reciba del Gobierno. Repito, año 1980. Después fue
modificado, vía una reforma de la Administración periférica en
el año 1981, Real Decreto 1801, donde ya aparecen los
delegados del Gobierno. Cuando aparecen los delegados del
Gobierno con una estructura de delegación, de secretaría
general, de gabinete técnico, de asesoría jurídica, de
asesoría económica y comisión de coordinación, se decía: Los
gobernadores civiles ejercen la superior dirección y
coordinación de la Administración civil del Estado en la
misma. Eso decía en el año 1981 esta reforma. Con
posterioridad se reguló también por Ley 17/1983 la figura de
los delegados del Gobierno. Pero desde ese año hasta ahora,
¿qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado en España? ¿Tenemos la misma
Administración? Por poner un ejemplo, los estatutos de
autonomía de las comunidades del 143 entraron en vigor en el
año 1982, después de toda esta regulación, y en todos ellos se
recoge, en sus disposiciones, un artículo que dice: La
comunidad autónoma, en el ámbito de su competencia y a través
de sus órganos, velará por garantizar el adecuado ejercicio de
los derechos fundamentales y libertades públicas. Corresponde
a la comunidad autónoma, y aquí al gobernador civil. Esto con
posterioridad, en un estatuto de autonomía después de un
decreto. Y más adelante, todos los estatutos de autonomía
establecen también que al presidente de la comunidad, que lo
es del consejo de gobierno, le corresponde la suprema
representación de la región y la ordinaria del Estado. Por
tanto, representa al Estado.

Respecto a la constitución del Estado, nosotros proponemos un
Estado que tienda a ser federal, el Estado de las autonomías,
lo que queramos, sobre el que hace poco se celebró un debate
en el Senado que marcaba un funcionamiento de ese Estado que
caminara hacia un asentamiento de coordinación de
administraciones, con un Senado que de verdad sea de
coordinación territorial, y resulta que nos encontramos con
una figura que no pega ni con cola, con una Administración
periférica superdotada, excesivamente amplia. Pero es que la
historia de los gobiernos civiles, señor Presidente, señorías,
es muy vieja. Las definiciones también. Desde el funcionario
encargado del mando de una provincia o una circunscripción al
representante del Gobierno de una provincia encargado de
coordinar toda la actividad desconcentrada. ¿Desde cuándo está
regulada esta figura en nuestro país? Al margen de las
regulaciones que teníamos con los corregidores del siglo XVI y
con la figura de los intendentes posteriores al siglo XVIII,
el origen de los gobernadores civiles se encuentra en un
decreto dictado por José I Bonaparte, el 17 de abril del año
1810, que creaba 38 prefecturas iguales a las francesas. De
entonces a acá ha llovido mucho y, desde luego, necesitamos un
funcionamiento distinto y diferente. La regulación en
provincias de nuestro país data del año 1820 y en 1834
aparecen los gobernadores civiles separados (nuestra figura es
distinta de



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la romana o de otras, es más bien bizantina; nuestra figura
separa el poder civil del poder militar), y es precisamente
durante los años 1833 y 1834 cuando se crean los gobernadores
de lo civil y los gobernadores de lo militar. ¿Cuándo vamos a
acabar con ese funcionamiento que nada tiene que ver con una
administración moderna, dinámica, simplificada, capaz de
responder rápidamente al ciudadano, al administrado?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, le ruego
que vaya concluyendo.




El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.

¿Cuál es el objetivo de nuestra interpelación? ¿Por dónde va a
caminar la propuesta del propio Gobierno? ¿Vamos a esperar
otro año más a esas dos propuestas de simplificación de la
Administración y de reducción de la Administración periférica?
¿La regulación va a ser vía delegado del delegado, subdelegado
del delegado o del Ministro del Interior? ¿Cuál va a ser el
futuro de un Estado moderno descentralizado y basado en la
autonomía? O vamos a seguir manteniendo esa figura de
Interior, aunque sea muy importante, pero para eso ya tenemos
jefes locales de la actuación policial.

Nada más, señor Presidente, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro para las Administraciones públicas.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Señor Presidente, señor Ríos, señoras y señores
Diputados, comenzaré por subrayar que la interpelación tiene
por objeto una cuestión sobre la cual me he pronunciado
recientemente, como ha recordado el interpelante señor Ríos,
en cumplimiento de mis obligaciones como Ministro para las
Administraciones Públicas. Lo hice al comparecer el pasado día
13 de octubre ante la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas para exponer el programa de
actuaciones de mi Departamento, en su área de competencias,
para los próximos años. Cada vez que desde entonces se me ha
preguntado por la cuestión que ahora se me interesa me he
remitido, porque así procede, a lo anticipado y sostenido en
ese acto parlamentario y cuyo tenor literal consta en el
«Diario de Sesiones». Aprovecharé la ocasión, pues, para
ratificarme en los planteamientos entonces adelantados.

Es sabido que la reordenación, simplificación y reducción de
la Administración del Estado, especialmente en la estructura
periférica, es un compromiso electoral del Partido Socialista
Obrero Español y uno de los objetivos que el Gobierno se ha
fijado para la presente legislatura. Pero no ha de entenderse
como un objetivo abstracto, autónomo o descontextualizado.

Antes bien, y así lo he subrayado, sólo puede comprenderse
dentro de un marco más amplio: el de la definición de un nuevo
esquema global de organización y funcionamiento de la
Administración general de Estado. Ese es justamente el
sentido, como sin duda recordarán SS.SS., en el que se ha
pronunciado, expresa y repetidamente, el propio Presidente del
Gobierno, tanto en el debate de investidura cuanto,
posteriomente, en el último debate sobre el estado de la
Nación y, más recientemente, en el debate sobre el estado de
las Autonomías, celebrado en la Comisión General de
Comunidades Autónomas.

Pero además de un objetivo del Gobierno se trata igualmente, y
quiero subrayarlo, de un mandato del Parlamento, de esta
Cámara al Gobierno de la nación. Me permitiré recordar que
exactamente en esta línea se pronunció en el último debate
sobre el estado de la Nación en virtud de resolución por la
que se insta al Gobierno a --cito textualmente-- profundizar
en la racionalización y simplificación de las estructuras de
la Administración general del Estado, eliminando duplicidades
con las comunidades autónomas y fomentando fórmulas de
cooperación. Concluye la cita. Asimismo el Pleno del Senado
aprobó, como consecuencia del reciente debate sobre el estado
de las Autonomías, una moción instando al Gobierno a que
remita a las Cortes --cito--, en el curso del actual período
de sesiones, un proyecto de ley que regule la reordenación de
la Administración general del Estado, especialmente la
periférica, para adaptarla a la nueva distribución de
competencias entre las diferentes administraciones públicas,
racionalizando, simplificando y reduciendo las unidades
administrativas. Concluye la cita.

Este es el marco general en el que nos movemos, este es el
encuadramiento obligado desde el que el Gobierno debe enfocar
el cumplimiento de su objetivo programático, y estas son,
consiguientemente, las coordenadas en las que han de
comprenderse las actuaciones anticipadas por este Ministro
ante esta Cámara. La cuestión que se plantea en la
interpelación, con ser importante en sí misma, muy importante,
no es, pues, ni el epicentro ni el núcleo central de ninguna
reflexión política ni de ninguna iniciativa ni proyecto
legislativo diferenciado de sí mismo. Por tanto y muy
sencillamente expuesto, lo que se ha propuesto el Gobierno, en
perfecta sintonía con los compromisos parlamentarios que acabo
de recordar y explicitar, es dotar a la Administración general
de un esquema de organización, tanto central como periférica,
que nos permita alcanzar dos objetivos imprescindibles; dos
objetivos que además se justifican prácticamente por sí solos.

De un lado, flexibilizar las estructuras de la Administración
del Estado para adecuarlas a las características de la demanda
social; y de otro, simplificar y aligerar



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el tejido administrativo con la doble finalidad de reducir
costes y de acomodar aquellas estructuras al actual reparto
competencial.

Desarrollando compromisos previamente contraídos, abordé así
los parámetros a los que responderá el proyecto de ley de
organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado, que se encuentra ya en una fase adelantada de
elaboración. Entre ellos cito textualmente el siguiente:
Necesidad de hacer efectivos los principios de unidad de
acción y eficacia en la ejecución y cumplimiento, en el ámbito
provincial, de las decisiones adoptadas por los delegados del
Gobierno. Para ello debería colocarse la gestión y la
ejecución de todas las directrices impartidas por el delegado
del Gobierno en cada provincia bajo la responsabilidad de un
único gestor o funcionario directivo. La denominación de esta
figura no es cuestión ciertamente determinante. Concluye la
cita.

Este Ministro no ignora la doble perspectiva que reviste la
presencia de la provincia en nuestro ordenamiento
constitucional, consistentemente respaldada por la
jurisprudencia constitucional. Si, de un lado, la provincia es
entidad local con personalidad jurídica propia, constituida
por la agrupación de municipios, por otro es también división
territorial para el cumplimiento de las actividades del
Estado. Así es, así ha sido a lo largo del complejo desarrollo
del Estado constitucional en este Estado autonómico y así va a
seguir siendo en el futuro, si es que depende del Gobierno
socialista. Con todo, señorías, quiero disipar cualquier
género de dudas sobre esta cuestión. La posición del Gobierno
sobre la denominada reforma de la Administración general del
Estado ha sido y es una posición propia, sostenidamente
diferenciada respecto de la de otros grupos políticos de esta
Cámara. Nos hemos comprometido a simplificar y acomodar sus
estructuras a la presente realidad del Estado de las
autonomías, manteniendo, en todo caso, una representación de
la Administración general en el ámbito provincial. Y eso es lo
que vamos a hacer en lo tocante a este punto. Por lo demás, me
van a permitir SS.SS. que les recuerde que en la presente
legislatura sólo dos fuerzas políticas --el PSOE y el PP-- se
han pronunciado en esta línea de mantenimiento de esa
representación provincial y no en la dirección anunciada por
otros grupos que sí han abogado, incluso ante esta Cámara, por
la supresión de la figura del gobernador civil.

Concluyo manifestando que antes de que finalice el actual
período de sesiones el Gobierno remitirá a esta Cámara un
proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado y adoptará los anunciados
acuerdos. En la citada iniciativa legislativa se regulará el
nuevo esquema de organización central y periférica de la
Administración estatal. Les anticipo que en este proyecto del
Gobierno habrá simplificación de estructuras y reagrupamiento
de servicios, así como una representación de la Administración
General del Estado en la provincia. Eso sí, esa representación
tendrá el nivel que se derive de la necesaria redefinición del
papel y actual configuración de los gobernadores civiles.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, estoy convencido que su posición y opinión es la que
usted ha dicho. Es más, estoy convencido de que usted está
comprometido con esa posición. Pero entienda también que a mi
Grupo le quepa la duda de si esa es la posición de los
componentes del Consejo de Ministros. Es verdad que es un
compromiso electoral, pero eso no es ninguna garantía; usted
tendrá que reconocer que tantos compromisos electorales ha
habido que no hemos visto nada de ello. Le voy a leer lo que
usted decía en septiembre de 1993, cuando le preguntó el señor
Ribó, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre los gobernadores civiles. Usted dijo lo siguiente: El
proyecto se presentará el próximo período ordinario de
sesiones. Usted entonces ya anunciaba una ley, era el mes de
septiembre. El siguiente período ordinario hubiese sido enero
o febrero del año 1994, y hemos empezado el siguiente del
siguiente período de sesiones. Por tanto, me gustaría saber
para cuándo van a vernir esas leyes que usted ha anunciado el
otro día y que ahora lo vuelve a hacer. ¿Para cuándo esa
propuesta? En todo lo que usted ha dicho yo coincido. Es
verdad que no es un problema de nombre, de hábito, aunque en
el tema de los gobernadores civiles hay que decir que hay
mucho de simbólico, hay mucho de ejercicio de control de la
ciudadanía, de eso que podíamos decir que tenía toda la
estructura antigua, la herencia romana del «imperium» y el
poder absoluto. Es verdad que la experiencia que hemos tenido
con los gobernadores civiles nos hace decir ahora que es una
figura a superar o, por lo menos a evitar.

¿Cuál es el objetivo de la interpelación? Porque el señor
Ministro no lo ha dejado claro en su comparecencia. El
problema surgió después de que usted hablara, cuando se
hicieron otras declaraciones por parte de miembros del
Gobierno que dijeron: sí, pero. Yo he leído declaraciones de
un superministro que sube como la espuma --cada vez lo veo más
en la posición de poder y no es bueno ni malo--, simplemente
es el que manda en Interior. No creo que el problema de la
Administración periférica tenga soportarse por el Ministerio
del Interior. Me gustaría que pivotase sobre su Ministerio,
que fuese una figura que coordinase la Administración



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periférica o que trabajara a las órdenes del delegado del
Gobierno para las partes no transferidas, y hay muchas que se
podían transferir. Por ejemplo, la seguridad, ¿por qué no
puede estar en manos de las juntas locales de seguridad que
presiden los alcaldes en cada lugar? Las propias comunidades
podían recibir infinidad de asuntos concernientes a la
administración periférica, no solamente el gobernador civil,
usted lo decía muy bien. ¿Cuántos directores provinciales
tenemos? Del Ministerio de Asuntos Sociales, de Política
Territorial, del MOPU, etcétera. ¡Hay tantos directores
provinciales en cada sitio! Permítame que le diga: director
provincial, gobernador civil, no sé si son esos los asesores
que puedan tener cada uno de ellos --que el Decreto de
constitución se lo posibilita a los gobernadores civiles,
pueden tener hasta tres asesores como los Ministros--, el jefe
del gabinete de prensa, la secretaría particular etcétera.

Muchas puestos en cargos que no son necesarios, son superfluos
y se podían reducir. A mí me gustaría oír un compromiso, una
fecha para presentar esas dos leyes, para tramitarlas, para
poder cuantificar lo que eso va suponer. Quisiera oírle decir:
no se preocupen los grupos de la Cámara, que esto va a
significar la resituación del papel del gobernador en estas
nuevas funciones, con este nuevo nombre. ¿Va a ser un
gobernador político o un gobernador profesional? ¿Va a ser
nombrado entre funcionarios de determinado sitio o no va a ser
así? Yo no hago caballo de batalla de esto, pero me gustaría
saber qué rol va a jugar en el concierto de un nuevo Estado,
de un Estado federal donde el protagonismo esté más en manos
de las comunidades que han recibido competencias y de los
propios municipios que de un poder central, que debe coordinar
toda esa función a través de la vía legislativa en el Senado y
funcionar con su propia política desde cada ministerio. Hay
ministros, directores generales, secretarios técnicos,
subsecretarios; hay un aparato tremendo para poder actuar sin
necesidad de estos gobernadores civiles. Por tanto, ¿cuándo se
van a presentar esas leyes? ¿Qué costo va a suponer? ¿Qué
reducción puede significar? Cuando viene una ley, viene una
memoria económica. ¿Se está trabajando ya en esa memoria
económica de valoración de Capítulo 1, de Capítulo 2,
etcétera? Si viéramos algo más tangible, más medible,
podríamos fijar ya la posición de nuestro Grupo. ¿Por qué la
interpelación, si usted ya se posicionó? Fundamentalmente por
una cosa, porque después de conocer cuál es su respuesta a la
interpelación de mi Grupo se puede producir un acuerdo de esta
Cámara, y esta Cámara puede orientar, estimular, impulsar, a
lo mejor por acuerdo unánime, un camino para hacer y que de
algún ministro digan aquello de más bonico callao. Esa podría
ser una fórmula de funcionar en el próximo futuro. En todo
caso, tenga en cuenta que, por desgracia, en un proceso de un
Estado de las autonomías, de un Estado federal como el
nuestro, que se podría haber puesto en marcha desde el
desarrollo de la Constitución, en pleno proceso de transferir
competencias a las comunidades autónomas, el Estado central no
ha reducido por parejo la capacidad del aparato
administrativo, ni siquiera de altos cargos, que, por el
contrario, han crecido. No se ha hecho una reducción; eso sí,
si hemos transferido competencias en sanidad, los médicos han
sido transferidos a otros órganos del Estado, a las
comunidades, igual que ha ocurrido si hemos transferido
competencias de educación, pero al aparato no se ha reducido a
la velocidad que demandaba el nuevo Estado; ése es el problema
angular. Acomodemos a la nueva realidad un Estado moderno y
que esa propuesta tenga fechas concretas. Si usted responde a
eso y esta Cámara se pronuncia e impulsa al Gobierno, nos
habremos beneficiado todos, habremos clarificado la cuestión y
lo que digamos aquí será lo mismo que lo que digamos fuera, a
la prensa, para que no se produzca ese divorcio, ya que una
cosa es prometer y otra dar trigo.

Nada más, señor Presidente. Gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ríos, en este segundo turno quiero responder
más explícitamente a sus demandas y decirle que comparto
muchos de los criterios que ha avanzado en cuanto a las líneas
fundamentales para abordar la reforma de la Administración,
que, naturalmente, no debe quedar reducida a una
reestructuración o simplificación de órganos, sino que también
debe abordar un nuevo planteamiento en las relaciones y
regulación del «status» del personal que trabaja en esta
Administración, el Estatuto de la Función Pública, que, como
saben --lo anuncié también en la Comisión, en la que usted
estaba presente--, queremos abordar a lo largo del próximo
año, una vez concluyan las negociaciones que hemos abierto con
los sindicatos en estos momentos.

Usted decía que las tres líneas de reflexión eran, en primer
lugar, el papel de los tres entes territoriales --local,
autonómico y Administración periférica--, la coordinación, la
simplificación, la concentración; la palabra es, como siempre,
un tema secundario para mí, pero responde a la unificación de
trámites, a la concentración en una ventanilla, como ya hemos
puesto en práctica en Granada, en Zaragoza y próximamente en
Murcia, y que puede servir de experiencia piloto para esa
simplificación y cooperación entre las distintas
administraciones.




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En segundo lugar planteaba si estábamos tratando de una
reforma que tenía como eje la existencia de un Estado
descentralizado o, por el contrario, de una simple
desconcentración, en la que las funciones de los
representantes de la Administración periférica seguían
sometidas a tutela. Sin ninguna duda estamos partiendo de un
Estado descentralizado no sólo administrativamente, sino
políticamente y, en consecuencia, una reforma de la
Administración sólo puede operar en torno a este segundo eje
que usted ha expuesto. Y, en cuanto al tercero, es el tema más
polémico y cuando llegue el proyecto de ley a esta Cámara
tendremos la posición del Gobierno. Yo he reiterado, y lo ha
reiterado también el Ministro portavoz, que es un tema que no
ha llegado aún al seno del Consejo de Ministros, no hay un
proyecto concluido en mi Departamento, y mientras eso no
origine un posicionamiento del Gobierno no cabe definir la
posición acerca de si los gobernadores serán delegados de los
Delegados de Gobierno o las distintas variantes que usted ha
expresado. Usted comprende --y lo ha manifestado aquí-- cuál
fue mi posición, que expresé ante la Comisión de
Administraciones Públicas, y en esa misma posición hoy me
ratifico.

Plantea usted la necesidad, que yo comparto, de adaptar una
normativa como la del año 1980, que está evidentemente en
contradicción con los distintos apartados de los Estatutos de
autonomía que han entrado en vigor a lo largo de los años 1982
y 1983 y que cambian por completo el papel, y la función de
esas representaciones de la Administración periférica a nivel
de provincia. Esto tiene que ser abordado en la futura ley de
organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado, a la que he hecho referencia en varios momentos de mi
intervención.

En cuanto al tema de si ha habido reducción de costes, le diré
que los ha habido, se lo he dicho en alguna ocasión a S.S. y
quiero aquí repetirlo. Las 17 direcciones territoriales que
había del Ministerio de Asuntos Sociales se han unificado con
las correspondientes del Ministerio de Trabajo en esta
legislatura, y posteriormente se han suprimido las direcciones
provinciales de Industria que estaban en las 50 provincias y
Ceuta y Melilla y se han sustituido por 17 oficinas de
industria que, por consiguiente, están residenciadas en las
Delegaciones del Gobierno.

Estos son dos ejemplos a los que cabría añadir también la
referencia que usted ha hecho en el recorrido histórico sobre
la institucionalización de los gobernadores civiles. Ha hecho
referencia a la diferenciación entre Gobierno Civil y Gobierno
Militar, que ya está también aprobado y sustituido, aunque no
se haya puesto en funcionamiento. La denominación de
Gobernadores Militares ha sido sustituida por la de Delegados
de Defensa y, en consecuencia, se está avanzando, a lo mejor
más silenciosamente de lo conveniente, en esa transformación
sin tener que esperar a la ley que aborde en profundidad las
estructuras tanto centrales como periféricas de la
Administración. Por último, el cuarto asunto. He de decir que
no he cumplido la previsión de que fuera en el período de
sesiones febrero-junio del presente año, pero será en el
período de septiembre a diciembre del actual y antes de que
concluya el presente año. Además, en la moción que se aprobó
en el Senado, como consecuencia del debate autonómico, se dice
que sea durante el presente período de sesiones, repito, antes
del 31 de diciembre. Por tanto, antes de esa fecha enviaremos
el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, donde abordaremos los
problemas que usted ha planteado. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Qué Grupos
parlamentarios desean fijar su posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

El 25 de octubre de 1988 y firmado por nuestro portavoz en el
Parlamento catalán Josep Lluis Carod-Rovira, Esquerra
Republicana presentaba una proposición no de ley con este
enunciado: el Parlamento de Cataluña acuerda solicitar al
Gobierno del Estado la supresión de la figura de los
gobernadores civiles para adecuar la estructura administrativa
estatal a la realidad autonómica actual. Una resolución
posterior de abril de 1989 agrupaba la proposición de Esquerra
y la que planteó Iniciativa y asumía por mayoría la demanda.

Sin embargo, como resulta evidente, ni el texto mayoritario
del Parlamento catalán, ni la Constitución que en su artículo
154 otorga al Delegado del Gobierno la función de coordinar y
dirigir la Administración del Estado en cada comunidad, ni el
Estatuto de autonomía, que evidentemente no contempla esta
figura, han sido considerados argumentos de suficiente peso
político.

De esta manera, pues, nos encontramos con que en 1994 aún
tenemos que debatir la supresión de una figura administrativa
que no está ni constitucionalizada y que es evidente que
representa una doble rémora: la rémora de un Estado
centralista, que la estructura autonómica tendría que haber
superado, y la rémora económica y política que representa la
duplicidad de administraciones. Señorías, ¿qué sentido tiene
en un Estado democrático y autonómico una figura cuyas
competencias entran de lleno en las propias de la Generalitat
de Cataluña y de todas las administraciones autonómicas cuyos
estatutos así lo reflejan? Desde la perspectiva económica, es
insostenible mantener un cargo que duplica, complica y, por
tanto, encarece



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y entorpece la Administración. Desde la perspectiva política,
es una burla al pacto autonómico que selló la transición
política y consagró la propia constitución y los Estatutos de
autonomía. Políticamente es injustificable mantener un cargo
que, además, resulta francamente abominable para los que
tenemos memoria histórica. Y desde la perspectiva de la
utilidad, la eficacia y el servicio al ciudadano, es evidente
que los gobernadores civiles son una traba que burocratiza y
complica aún más la Administración. Es una figura
económicamente cara, políticamente injustificable y
socialmente irracional, y no hay ninguna razón ni ninguna
dificultad legal real más allá de la voluntad política de
mantener esta figura para asumir de una vez la asignatura
pendiente de la supresión de la figura de los gobernadores
civiles, asignatura pendiente democrática, económica y
autonómica.

Sin embargo, actualmente, hoy, noviembre de 1994, nos
encontramos no sólo con este debate, de nuevo, que resurge y
resurge como si fuera el Guadiana sin que nunca decidan
resolverlo; no sólo nos encontramos como en 1988 sino quizá
peor. La diferencia con 1988 es que ayer un ministro, el señor
Belloch, redescubría a los gobernadores civiles, pedía un
reforzamiento de esta figura y casi, casi rayaba en la
retórica de otras épocas cuando pedía que fueran los
gobernadores civiles los grandes tuteladores de la vida
social.

Confieso que me resulta imposible entender bajo qué argumentos
políticos, autonómicos, económicos y/o sociales piensa Belloch
justificar la permanencia y consolidación de esta figura. ¿Qué
más competencias de otras administraciones piensa acumular y
duplicar en los gobernadores civiles el señor Belloch? ¿Acaso
estamos ante un proceso regresivo, una especie de
«loapización» de las autonomías a través de esta figura?
¿Están ante una cuestión de nostalgia? Señorías, espero que
sea el Ministro de Administraciones Públicas el que esta vez
enderece el entuerto que el señor Belloch ha creado con sus
declaraciones, porque si no es así, si el ejecutivo socialista
piensa hacer lo que Belloch dice, usted, señor Saavedra,
tendrá que dar muchas explicaciones tanto de sus propias
declaraciones como de la vulneración del pacto autonómico que
ello representa; explicaciones y
decisiones comprometidas las que tendría que dar
y no como hoy mismo, promesas ambiguas y más bien equívocas.

Acabo aquí. Ustedes saben que los gobernadores civiles no
tienen sentido, son una figura cara, francamente antipática y
claramente innecesaria. Asuman, pues, ustedes su
responsabilidad autonómica y acometan de una vez una supresión
que hace años tenía que haberse dado. Mantener a los
gobernadores civiles y, sobre todo, consolidarlos sería alguna
cosa más que un gesto político antiautonómico, sería para
algunas comunidades una estafa histórica.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Vasco en relación con la interpelación que ha presentado
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nuestro grupo
parlamentario es ferviente partidario de la racionalización y
simplificación de la Administración central del Estado en las
comunidades autónomas; pero, juntamente con ello, queríamos
hacer una reflexión primaria: esa racionalización de la
Administración periférica, a nuestro juicio, tiene que ir
ligada a una transferencia de competencias sobre innumerables
asuntos que pueden ser gestionados eficaz y fácilmente por las
comunidades autónomas. Vemos cómo existen organismos
dependientes del Gobierno central en las comunidades
autónomas, como puede ser el Servicio Nacional de Productos
Agrarios, el Forppa o como pueden ser los servicios de
demarcaciones de costas, que son únicamente órganos
administrativos dedicados a la gestión de determinadas
materias fácilmente asumibles en su gestión, en su
organización y en la prestación de sus servicios por las
comunidades autónomas.

Lo que nosotros entendemos es que tiene que haber una ligazón
entre lo que es la simplificación y reestructuración de la
Administración central, las comunidades autónomas y las
provincias, con esta transferencia de competencias sobre
determinadas materias como las que he indicado, a las
comunidades autónomas, y no tiene sentido que, pudiendo ser
gestionadas esas cuestiones por las comunidades autónomas,
siga manteniendo el Gobierno central todavía oficinas
periféricas y órganos administrativos en las mismas.

Lo que el Gobierno central y los poderes centrales del Estado
se pueden reservar es una competencia para establecer la
legislación básica, en su caso, o la regulación general sobre
una determinada materia, pero otorgando la gestión a las
comunidades autónomas. Cuando en un Estado autonómico hemos
avanzado hacia un modelo en el cual las comunidades autónomas
disponen de competencias sobre servicios esenciales para el
ciudadano --como pueden ser la justicia, la sanidad o la
educación--, todavía los poderes centrales del Estado siguen
manteniendo determinadas instancias de poder sobre cuestiones
de segundo o tercer orden, y evidentemente lo que corresponde
en este caso, o en estas materias, a los poderes centrales del
Estado será la coordinación general, bien entre comunidades
autónomas y poderes centrales del Estado y poderes centrales
del Estado-Unión Europea, pero no el día a día, que no tiene
sentido. Por tanto, señor Ministro, nosotros coincidimos en
que tiene que haber una simplificación y racionalización, pero



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ligada a una transferencia a las comunidades autónomas sobre
innumerables temas, como los que he expuesto, y que es de
recibo, a la hora de su gestión, que se hagan por estas
comunidades autónomas.

En segundo lugar, apreciamos una disparidad y una discrepancia
de opiniones en el Gobierno. Usted, cuando recientemente
intervino en la Comisión sobre el Régimen de las
Administraciones Públicas, y siendo rigurosos con su
intervención, dijo que era su opinión, y no la definitiva del
Gobierno, la de que se debería modificar el «status» y la
situación de los Gobernadores Civiles. Por ello nosotros vemos
con preocupación declaraciones como las que ha realizado a
continuación el Ministro Belloch, en las que dice que se va a
reforzar y se va a mantener básicamente la función de los
gobernadores civiles, siendo el representante ordinario del
Estado en la provincia y el que vaya a palpar la realidad de
la provincia en relación a los asuntos que compete gestionar a
los poderes centrales del Estado. Nos preocupan estas
opiniones, viniendo de quien vienen, y nosotros lo que le
pedimos es que haya una clarificación de la postura del
Gobierno. Clarificación de posturas que es necesaria, puesto
que en este momento no sabemos qué es lo que está opinando el
Gobierno, no sabemos lo que está opinando el Grupo
Parlamentario Socialista, si está a favor de la eliminación o
de la modificación del «status» de los gobernadores civiles o
no. Sabemos que el Grupo Popular ha presentado un proyecto de
ley donde mantiene a los gobernadores civiles como simples
funcionarios. Por cierto que el Grupo Popular ha ido cambiando
de opiniones sobre esa cuestión, pero por lo menos ha fijado
una posición en un texto normativo.

Nuestro Grupo Parlamentario reiteradamente ha presentado
iniciativas para la eliminación de los gobernadores civiles, y
así es de recordar que el Parlamento Vasco, el Parlamento de
Aragón, el Parlamento de Valencia, el Parlamento de Cataluña
han pedido la eliminación de este órgano administrativo. Y lo
han pedido por diferentes razones, pero hay una fundamental,
señor Presidente, y es que el gobernador civil, respecto a los
servicios provinciales de los diferentes Ministerios en la
provincia, tiene una autoridad orgánica, pero no tiene ni una
autoridad funcional, ni una autoridad jerárquica. Los
diferentes servicios de los Ministerios en las provincias
dependen, jerárquica y funcionalmente, para la gestión de cada
una de las materias, de los respectivos Ministerios y no están
sujetos a la autoridad del gobernador civil; y cuando surge
alguna duda, cuando surge alguna discrepancia sobre cómo se ha
de actuar en algún ámbito de la esfera pública dependiente de
los poderes centrales del Estado, al final no es el gobernador
civil el que decide, sino que es el representante de ese
Ministerio, ubicado en Madrid, en la Secretaría General
correspondiente del Ministerio correspondiente, el que
establece la directriz administrativa o política al respecto.

Por tanto, no existe esa dependencia funcional, no existe esa
dependencia jerárquica; existe una dependencia denominada
orgánica en el Estatuto de 1980 de los Gobernadores Civiles,
pero que no tiene ninguna incidencia jurídica ni tiene ninguna
incidencia política.

Para finalizar, señor Presidente, no tenemos más que insistir
en los argumentos técnicos y políticos que hemos expuesto
reiteradamente para la supresión y para la modificación del
«status» de la figura del gobernador civil. Nada más y muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Para fijar la posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp i
Batalla.




El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, este tema de debate, como se ha visto en las
intervenciones precedentes, aparece de forma reiterada y es
evidente que, cuando se habla de reforma de la Administración
del Estado en un sentido actual, se está pensando en la
situación que la Administración del Estado en el ámbito
periférico ha de mantener con relación a las comunidades
autónomas. Es decir, desarrollo del Estado de las autonomías y
encaje de la Administración central del Estado son los dos
elementos a estudiar para ver cómo se avanza en la estructura
de un Estado de las autonomías moderno y eficaz, que es el
Estado que el Título VIII de la Constitución señala como la
ordenación que los españoles se han querido dar para una mejor
gestión del bien público.

Pues bien, nuestro Grupo ha insistido muchas veces, y su
posición es conocida y clara, en que la figura de los
gobernadores civiles es una figura a superar, es una figura,
señorías, anacrónica, es una figura que representa un sistema
del pasado que se ha visto superado por el propio desarrollo
del Estado de las autonomías. El portavoz del Grupo Vasco,
hace un momento, daba en el punto neurálgico cuando decía que
los representantes de los ministerios en la Administración
periférica no tienen dependencia, ni jerárquica ni funcional,
de los gobernadores civiles.

¿Qué función tienen los gobernadores civiles? Una función
puramente residual, y cada día más residual. Por consiguiente,
una reforma de la Administración del Estado que quiera ser
rigurosa, creíble, moderna y eficaz lleva consigo la
superación de la figura de los gobernadores civiles. Podemos
decir que sus funciones se han evaporado en la medida en que
el Estado de las autonomías ha ido desarrollándose y las
comunidades autónomas han ido asumiendo funciones. Yo diría,
señorías, que todos ustedes, desde un punto de vista racional,
entienden perfectamente la cuestión tal como se está
planteando: una figura sin contenido. Otra cosa sería si, ya
no desde el punto de vista racional, sino desde el punto de
vista de interés público, conviene o no conviene a algún
grupo. Pero



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estamos convencidos que, desde el punto de vista racional,
cualquiera de SS.SS. ve la figura del gobernador civil como
una figura superada por el desarrollo del Estado de las
autonomías. Por ello, nuestro Grupo entiende que cualquier
reforma de la Administración periférica del Estado, como he
dicho antes, necesita enfocar la desaparición de esta figura.

Cuando vemos las declaraciones que hacen algunos miembros del
Gobierno, nos preocupa ver cómo enfocan esta figura --éste es
sin duda el segundo punto de reflexión--, porque las
manifestaciones que el Ministro Belloch ha hecho este fin de
semana, como mínimo, señor Ministro, producen perplejidad.

Producen perplejidad a nuestro Grupo, pero mucho nos tememos,
señor Ministro, que también le deben producir perplejidad a
usted. Realmente no sabemos cómo entender estas declaraciones,
a menos que el señor Belloch empiece a dibujar un esquema
teórico, que quizá sería estudiable, en el que haya unas
partes del Estado que tienen unas comunidades autónomas con un
grado de desarrollo tal que no necesiten gobernadores civiles,
y haya otras partes del Estado con un desarrollo menor que
necesiten esta presencia provincial --cuya existencia en el
proyecto que presentarían en su momento usted mencionaba
antes-- y que quedaría a resultas de que el propio desarrollo
autonómico de esas comunidades también superase, en un momento
dado, esta figura del gobernador civil. Si fuese éste el
esquema que se está dibujando, sería un esquema a estudiar
porque un elemento a analizar es que en la actualidad de hoy,
en el Estado autonómico, hay realidades distintas en función
de los desarrollos autonómicos que se han ido logrando. Señor
Presidente, señor Ministro, nuestro Grupo entiende, como he
dicho tres veces ya, que ésta es una figura a desaparecer y
que va a caer como fruta madura.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.

Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Mañueco.




El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.

Señoras y Señores Diputados, el Grupo Popular, en esta
interpelación urgente de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, quiere manifestar su posición, como ya han hecho
otros miembros de la Cámara que me han precedido en el uso de
la palabra, en cuanto al contenido sustancial de la
interpelación, que es la desaparición de la figura de los
gobernadores civiles. Nosotros entendemos que hacer así este
planteamiento carece de un contenido profundo, sin examinar lo
que es fundamental y de lo que se ha hablado: de la necesidad
de traer a esta Cámara cuanto antes la ley de organización de
la Administración del Estado. Porque si hablamos de hechos
concretos y aislados, hoy podemos pedir la supresión de la
figura de los gobernadores civiles, mañana la de las
diputaciones provinciales y al día siguiente poner en litigio
otro hecho provincial que trasciende a los acontecimientos
actuales de la Administración. Creo que en lo que todos hemos
mantenido un punto de encuentro es en que es necesario cuanto
antes que venga a la Cámara la ley de organización de la
Administración del Estado. Sobre este asunto, en 1991 hubo una
toma en consideración por parte del Partido Nacionalista
Vasco; en 1992, el Partido Popular también llevó a cabo una
iniciativa; otra vez, en 1993, el Partido Nacionalista Vasco.

Lo que acontece en este momento y toma actualidad, porque
siempre hemos planteado lo mismo, es solicitar del Gobierno de
la nación la ley de la organización de la Administración del
Estado, y siempre hemos encontrado la misma respuesta del
señor Ministro. Y digo que cobra ahora actualidad porque,
debatiendo en Comisión la proposición del Partido Popular, el
señor Ministro hizo unas consideraciones en relación con las
figuras de los gobernadores civiles, y todos nosotros
entendimos que, cuando el señor Ministro para las
Administraciones Públicas hablaba sobre el contenido y la
competencia de los gobernadores civiles, era la palabra del
Gobierno. Cual fue nuestra sorpresa cuando, al día siguiente,
otro señor Ministro se apresura a decir que los gobernadores
no serán así, sino que serán de otra forma, con más
competencia, con más contenido y en otras materias. Por
consiguiente, lo que en este momento el Grupo Popular quiere,
señor Ministro, es que cuanto antes venga esa ley de
organización de la Administración del Estado.

Para aquellos que tratan de vaciar de contenido al Estado en
la periferia, como ellos dicen (palabra que yo creo que
devalúa bastante el sentido de la presencia del Estado en las
provincias), es discutible la figura de los gobernadores, pero
para quien cree que la presencia de la Administración del
Estado es consustancial al ejercicio en sí de todas las
políticas que se llevan a cabo en el territorio nacional, la
figura de los gobernadores civiles tiene necesariamente que
coordinar, aglutinar y defender los intereses del Estado en
cada una de las provincias.

¿Cómo ha de ser esta figura? Nosotros ya hemos manifestado
cuál es nuestro criterio. El portavoz del Partido Nacionalista
Vasco decía en tono simple refiriéndose a la
profesionalización: Ya sabemos que quieren hacer a un
funcionario gobernador. No nosotros queremos que sea de entre
los funcionarios, pero no con carácter de funcionario.

Queremos que sea con carácter de representante del Gobierno no
en un sentido funcionarial, sino en el sentido de la
competencia, la organización y la coordinación, y tendemos a
aglutinar cuál es esa presencia del Estado en las distintas
administraciones, para que tenga contenido la figura del
Gobernador.

Por consiguiente, señor Ministro, aunque usted ha dicho que de
inmediato y que en este período de sesiones iba a traer la
ley, sin embargo, dijo también: si nos da



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tiempo a ello. Yo creo que ya no les va a dar tiempo, que ya
se les ha pasado la oportunidad, que han esperado demasiado.

Creo que ustedes han llegado al convencimiento de que la mejor
política es la que no se hace y la mejor decisión, la que no
se toma y, por tanto, hemos venido divagando sobre si los
gobernadores sí o los gobernadores no y, ahora, parece ser que
cuando está vencido el contenido político de su programa,
dicen que van a traer de inmediato la ley de organización de
la Administración en la periferia del Estado como ustedes
dicen. En cualquier caso, si ustedes la traen será debatida y
razonada por los posicionamientos de nuestro Grupo. Estoy
convencido de que ese criterio que han mantenido el Grupo
Socialista y el Grupo Popular de dar contenido a la presencia
del Estado en la periferia pasa por la figura de un gobernador
civil, coordinado o en relación con el delegado del gobierno
en las comunidades autónomas, con aquellas competencias que,
de acuerdo con su estatuto, sean ejecutables por él, y siempre
en relación de independencia de los delegados del Gobierno que
reconoce la Constitución Española. Hagamos realidad al
desarrollo del artículo 154 de la Constitución y demos
modernidad y eficacia al funcionamiento del estado en todo su
territorio.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mañueco.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
CRITERIOS, MEDIDAS, OBJETIVOS Y PASOS DE LA POLITICA DEL
GOBIERNO PARA AFRONTAR CON REALISMO Y EFICACIA LOS PROBLEMAS
DERIVADOS DEL CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS EN ESPAÑA (Número de
expediente 173/000056)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto tercero del
orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre
criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del
Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas
derivados del consumo y tráfico de drogas en España.

Para la exposición de la moción, tiene la palabra el señor
Robles Orozco. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, señorías, como reza
el título de la moción, ésta es consecuencia de la
interpelación que presentó nuestro Grupo en el Pleno de la
semana pasada, preocupados, motivados y sensibilizados por la
situación que, a nuestro juicio, está viviendo nuestro país en
relación con las drogas en cuanto al consumo, el tráfico y la
instalación de mafias, y --cómo no decirlo también-- porque la
Memoria, como vimos en el Pleno anterior, arroja datos
preocupantes sobre la situación en nuestro país. A eso hay que
unirle la situación en la que está la Secretaría de Estado y
también, a nuestro juicio, las desafortunadas declaraciones
del Gobierno, la confusión del Gobierno, que ha provocado
desorientación, como digo confusión y alarma, por qué no
decirlo también, entre amplios sectores de la población
española. Consecuentemente con estos tres pilares, la moción
trata de deshacer, por una parte el entuerto que, a nuestro
juicio, se ha creado con esta confusión, de devolver la
serenidad al debate político, de afirmarnos en determinados
principios en los que esta Cámara y los diferentes grupos
políticos hemos venido acercando posiciones a lo largo de los
años en los que se ha producido el debate sobre la lucha
contra las drogas, y, fundamentalmente, dotar de medios
materiales y de instrumentos legales para que seamos
operativos, útiles y eficaces, como decía en mi interpelación,
en la lucha contra la droga. Por tanto, como digo, la moción
la hemos centrado específicamente en esos capítulos: primero,
fidelidad a los propios planteamientos que se han ido
elaborando en los informes de la Comisión Mixta y después
ratificando en este Pleno, fidelidad a los principios que esos
informes recogían y que han sido básicamente el consenso de
las fuerzas mayoritarias de esta Cámara; segundo, medios
materiales e instrumentos jurídicos para ser eficaces.

En primer lugar, señorías, tengo que decirles que ustedes
tendrán la rectificación que nuestro propio Grupo ha hecho a
la redacción de la moción y que, por error mecanográfico, no
estaba correctamente transcrita. Se han separado, por tanto,
en el encabezamiento, aunque con la misma literatura, dos
puntos para poder, en su caso, proceder a la votación por
separado. El primer punto se refiere precisamente a ratificar
por este Pleno lo que ya hicimos en el año 1991 y que debería
haber sido innecesario, que es precisamente el informe de la
Comisión Mixta del año 1991; y en segundo lugar, separado de
ese punto, manifestar nuestro rechazo a cualquier política de
legalización del consumo en público del hachís, porque era uno
de los principios recogidos en ese informe y en el que la
inmensa mayoría de las fuerzas de esta Cámara aportaron su
acuerdo para desarrollarlo. Por tanto, dos puntos
fundamentales, a nuestro juicio: ratificar los acuerdos de la
Comisión Mixta y manifestar nuestro rechazo a cualquier
política de legalización.

Quiero decir, señorías, que, a nuestro juicio, la peor forma
de ser leales con los trabajos de la Comisión Mixta es
precisamente no cumplir aquellos contenidos que están
recogidos en el informe. Por tanto, la Comisión Mixta, a la
que hoy seguramente se va a hacer referencia en más de una
ocasión, ya ha elaborado un informe que está



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vigente y que tenemos todos la obligación de cumplir, y tengo
que recordar que no solamente lo aprobó esa Comisión Mixta,
sino el Pleno de esta Cámara, y no me va a valer --lo digo de
antemano-- que me digan que volvamos a ir a la Comisión Mixta
y que pospongamos estos temas a la Comisión Mixta, porque ya
en ella estamos estudiando y trabajando sobre estos temas
porque está vigente el informe que la Comisión Mixta elaboró y
que aprobó este Pleno, y mientras no haya otro informe lo que
está vigente es lo aprobado por esta Cámara y los preceptos en
él contenidos.

Pasando a desarrollar el contenido de la moción, me van a
permitir que desarrolle brevemente los doce puntos que
contempla esta moción y que, básicamente, son los de
desarrollar y cumplir medios materiales y legislativos. El
primer punto en el que no quiero detenerme, porque es un punto
muy conocido en una posición tradicional de nuestro Grupo, es
instar al Gobierno para modificar la legislación penal, a fin
de que los narcotraficantes cumplan íntegramente las penas que
se les impongan, a través de la limitación de determinados
beneficios penitenciarios, tales como los permisos de salida
temporales y la libertad condicional. Saben, señorías, que
hemos presentado en diferentes ocasiones iniciativas en este
terreno, que es para nosotros un principio importante y que
creemos que es un instrumento válido y eficaz para ser
eficaces contra el narcotráfico.

El segundo punto, al que también se ha aludido, precisamente
esta misma tarde, aquí en esta Cámara, es lo que se llama la
Ley del blanqueo de capitales. Señorías, hace más de un año
que esta Ley fue aprobada en la Cámara. La Ley todavía tiene
pendiente el desarrollo reglamentario; tiene pendiente el
desarrollo de la disposición adicional tercera, y tiene
pendiente dar los instrumentos necesarios para que el crédito
extraordinario, del que se dotó esta Cámara para utilizar los
bienes procedentes del narcotráfico contra el narcotráfico, se
pueda utilizar.

Hemos oído, en contestación a alguna Diputada que tiene más
fortuna que yo mismo en conocer alguno de los planes del
Gobierno, la señora Romero, que había unos plazos y unos
planes por parte del Gobierno. Plazos y planes, por cierto,
que permanentemente se incumplen. Y como no queremos que, una
vez más, se incumplan los plazos y los planes del Gobierno,
pedimos precisamente aquí que se comprometa el Gobierno, como
parece ser que así ha sido lo que ha dicho esta tarde el
Ministro, a que antes de que acabe el actual período de
sesiones la opinión pública conozca el reglamento, se proceda
a desarrollar la disposición adicional tercera y se haga
eficaz y efectiva la posibilidad de utilizar el crédito
extraordinario; si no, mucho nos tememos que se quedará, como
siempre, en afirmaciones al aire y vacías de contenido.

El tercer punto, señorías, hace referencia a los medios
humanos y materiales con los que debe de contar la Fiscalía
Especial. Año tras año el Fiscal Especial en la Lucha contra
la Droga nos recuerda en la Memoria, y también a través de
declaraciones públicas, la escasez de medios con los que se
está enfrentando a la lucha contra el narcotráfico. Señorías,
todos los grupos de esta Cámara creo que lo han dicho en algún
momento, pero cuando llega el momento de los Presupuestos
Generales del Estado --trámite en que nos encontramos en este
momento--, año tras año, vemos que la Fiscalía especial sigue
estando mal dotada y sigue habiendo falta de recursos. Y es en
este trámite parlamentario del debate de los Presupuestos
cuando se puede plasmar la voluntad política de dotar con
mayores medios económicos y materiales a la Fiscalía Especial.

Anuncio que, al margen de que esta tarde se apruebe aquí o no
este punto de la moción, nuestro Grupo ha presentado enmiendas
a los Presupuestos Generales del Estado en la línea de dar una
mayor dotación a la Fiscalía Especial. Si ustedes hoy aquí no
lo apoyan, en todo caso, hay unas enmiendas presentadas por
nuestro Grupo, sobre las que esperamos que tengan la ocasión
de reflexionar y apoyar en el trámite de enmiendas a los
Presupuestos.

Otro de los puntos tradicionales sobre el que venimos hablando
todos los grupos permanentemente y que, por cierto, recuerdo a
SS.SS. que estamos obligados a cumplir por la Convención de
Viena, a la que todos hacemos referencia, es precisamente la
tipificación de los precursores. Cuántas veces, señorías, se
nos ha dicho por parte del Gobierno que prácticamente está a
punto de legislarse sobre los llamados precursores. Pues
todavía, al día de hoy, no conocemos ningún proyecto, ni
ningún plan concreto por parte del Gobierno para tipificar los
precursores que, como saben ustedes, son sustancias
imprescindibles para la elaboración de determinadas drogas
elaboradas y que son importantes en la medida en que lo son
para nuestro país y en la medida en que lo son para la
colaboración internacional a través de los propios preceptos
que marca la Convención de Viena de las Naciones Unidas. Hemos
dado un plazo razonable para dos leyes que, se supone, son
desarrollo de esa Convención y que, por tanto, deberían estar
vigentes ya en este período de sesiones.

El punto quinto de la moción hace referencia a un tema
al que le damos especial trascendencia, que es la penalización
como conducta específica de la promoción, creación, dirección,
organización y financiación de organizaciones que actúen
concertadamente con el fin de traficar con sustancias ilícitas
o drogas tóxicas, así como la colaboración directa o indirecta
con algún tipo de organizaciones. Para esto, que es un tema
extraordinariamente complejo, hemos dado el plazo del período
de sesiones próximo. Creemos que no se puede ser más
razonable. Con el retraso con el que nos encontramos, le hemos
dado un plazo razonable al Gobierno. No le estamos urgiendo de
forma que se diga que todo lo que pedimos es para mañana;
decimos que antes de que finalice el próximo período de
sesiones podamos conocer una tipificación en este sentido.




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¿Qué significa esto, señorías? Significa la posibilidad de
hacer en la legislación española lo mismo que han hecho los
italianos, lo mismo que han hecho todos los países de nuestro
entorno, es decir, la tipificación de la asociación ilícita,
algo similar a lo que hicieron con la ley antimafia; en
definitiva, que los miembros que pertenecen a banda organizada
del narcotráfico no queden sin posibilidad de ser encausados y
puedan pagar por los delitos que cometen. La tipificación de
la asociación ilícita es un instrumento extraordinariamente
útil para poder ser eficaces, como digo, contra las mafias
organizadas del narcotráfico.

El sexto punto, tema del que también hemos hablado con mucha
frecuencia, es la regulación de las entregas controladas.

Saben SS.SS. que esta Cámara reguló parcialmente lo que era la
entrega controlada de drogas, pero lo hicimos parcialmente,
porque en aquel momento dejamos sin tipificar y sin regular lo
que es el agente infiltrado, pieza fundamental, por otra
parte, porque normalmente son los agentes infiltrados quienes
realizan las operaciones precisamente de entregas controladas
de droga. Por tanto, hemos dado un paso más, hemos pedido en
este caso que no solamente sea la entrega controlada de
drogas, sino que sea también la entrega controlada de
capitales, y que se regule el estatuto del agente infiltrado,
pieza fundamental en la que, como ustedes saben --los que
profundizan en este tema-- encuentran permanentemente
obstáculos los fiscales y los jueces a la hora de hacer eficaz
esa medida de regulación de las entregas controladas de droga,
que ya tipificamos en esta Cámara. Por tanto, el punto
sexto...




El señor PRESIDENTE: Señor Robles, le ruego concluya.




El señor ROBLES OROZCO: ... regula las entregas controladas de
capitales y también la figura del agente infiltrado.

El séptimo punto, pasaré rápido sobre él porque saben SS.SS.

que es también una posición tradicional del Grupo Popular y lo
hemos explicado en más de una ocasión es la creación del
modelo de policía judicial.

Damos importancia al punto octavo, que, por cierto, fue una de
las propuestas que suponemos vigentes puesto que nadie se ha
preocupado de desautorizar lo que en su día el anterior
Secretario de Estado de Lucha contra la Droga, señor Garzón,
explicó en una Comisión del Parlamento, que fue precisamente
coordinar todos los estamentos que están trabajando contra el
tráfico de droga y contra el blanqueo de dinero, es decir, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también el
servicio de vigilancia aduanera. Se trata, por tanto, de que
una de las vías que el propio Gobierno anunció y que se
comprometió a poner en marcha, se haga eficaz: coordinar, a
través de la Secretaría de Estado, no sólo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, sino incorporar esa labor de
forma eficaz también a los servicios de vigilancia aduanera,
que están demostrando su eficacia y su capacidad, y creemos
que no deben quedar al margen de esta posibilidad.

Noveno punto, muy brevemente: incrementar, como he dicho antes
también, a través de las enmiendas que podemos ahora cursar al
proyecto de ley de Presupuestos, los programas que están
previstos de seguridad ciudadana en materia de drogas.

Señorías, desde el año 1989 al año 1995 la inversión real en
los programas de seguridad ciudadana ha caído un 41 por
ciento. La inversión real en los programas de lucha contra la
droga ha caído en un 16 por ciento. No se puede mantener la
coherencia del discurso de nuestra preocupación y de la
preocupación de otorgar medios materiales suficientes para
luchar contra la droga y la seguridad ciudadana vinculada al
problema de la droga si después, año tras año, en los
Presupuestos Generales del Estado la inversión real a estos
programas disminuye del orden del 41 por ciento y del 16 por
ciento. Coherentemente con eso, y porque estamos en trámite de
debate presupuestario, nuestro Grupo ha presentado también
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, para dar
una mayor dotación a estos dos programas que consideramos
oportunos y que esperamos que SS.SS. hoy aprueben aquí.




El señor PRESIDENTE: Señor Robles, le ruego concluya.




El señor ROBLES OROZCO: El punto décimo, exactamente lo mismo
que en el punto anterior, pero referido a los programas del
propio Plan Nacional en cuanto a la prevención y la
rehabilitación.

En cuanto al punto número 11, el Ministro se olvidó el otro
día, cuando anunció su programa de medidas...




El señor PRESIDENTE: Señor Robles, el turno de defensa de las
mociones es de diez minutos. Evidentemente, si se presenta una
moción con 13 puntos, no se pueden dedicar dos o tres minutos
a exponer cada uno de ellos, sobre todo cuando ha concluido ya
el turno correspondiente.

Le ruego abrevie para concluir.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente, por su
benevolencia. Estoy en el punto número 11.

Como les decía, señorías, se trata de crear una brigada
especial para la lucha contra el blanqueo de capitales. Se
hizo una referencia a la lucha contra el narcotráfico, pero se
olvidó una de las partes más importantes en este momento que
es precisamente la lucha contra el blanqueo.

En el punto número 12 queremos mostrar nuestra máxima
predisposición al diálogo y al consenso con otros grupos
políticos. Conscientes de la dificultad que supone regular
determinados aspectos, proponemos el compromiso de que el
Gobierno comparezca en la Comisión Mixta antes de que finalice
el actual período de sesiones para explicar parte de las
medidas que hoy anunció, para que



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empecemos a hablar y a desgranar temas tan importantes como la
regulación de la figura del arrepentido, la inducción de la
prueba, las escuchas telefónicas o la protección de
denunciantes.

Señorías, y con esto acabo, señor Presidente, lo que ha
pretendido nuestro grupo es que, una vez más, las medidas
anunciadas no se queden en meros brindis al sol, sino que sea
un compromiso firme por parte, no sólo del Gobierno, sino
también de esta Cámara de luchar de forma eficaz contra el
narcotráfico, que no sea una operación de maquillaje y de
estética, lo que hizo el otro día aquí el Ministro, sino un
compromiso firme, en plazos y en objetivos, con la ciudadanía
española, con el Parlamento español. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre de mi grupo para manifestar su oposición
y su voto negativo a la moción presentada por el Grupo
Popular, voto negativo que realizaré en su nombre y no sin
hacer un reflexión previa.

Queremos romper una lanza por el señor López Riaño e indicar
con énfasis nuestro convencimiento de su gran cualificación,
de su notable cualificación para el desempeño del cargo que le
ha sido asignado. Y no sólo de su cualificación y conocimiento
de la materia, de una materia tan compleja, tan
multidisciplinar como la de las drogas, sino de su
sensibilidad y de su interpretación progresista de los
acontecimientos, lo cual le convierten en un candidato idóneo,
seguramente el más idóneo que existe en estos momentos, para
el desempeño de las funciones institucionales que al frente
del Plan General está desempeñando.

Dicho esto, señor Presidente, tenemos que manifestar también
nuestra incomprensión a reflexiones o manifestaciones hechas
anteriormente solicitando su dimisión. Reflexiones y
peticiones legítimas, pero incompresibles analizando sus
fundamentos y presupuestos teóricos, señor Presidente, puesto
que pedir la dimisión de un cargo público por solicitar un
debate sobre una materia opinable...




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, el turno es para fijar
la posición sobre la moción que ha sido presentada.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sí, señor Presidente. La estaba
intentando contextualizar. (La señora De Palacio del Valle-
Lersundi: No se lo ha leído)



El señor PRESIDENTE: Le ruego que se refiera al texto de la
moción o a la intervención del Diputado que la ha presentado.

El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acojo sus pertinentes reflexiones,
señor Presidente, y le indico que nuestro voto negativo se
fundamenta en varias razones de diferentes naturaleza.

El Grupo Popular presenta una serie de propuestas diversas,
heterogéneas, algunas pertinentes y razonables, que nosotros
compartiríamos, otras quizás no tanto, y no presenta algunas
de las propuestas que entendemos que se deben proponer de
carácter multidisciplinar para acometer, para reprimir un
azote social de esta naturaleza. Algunas de las propuestas que
presentan paradójicamente han sido ya objeto de aprobación y
están ubicadas en normas aprobadas por las Cortes Generales
del Estado.

Se han hecho cosas, se han acometido reformas en el
ordenamiento jurídico que en este momento presenta como
novedosas el Grupo Popular en relación, por ejemplo, a la
prevención del blanqueo de capitales, en relación a la
destrucción de la droga decomisada, y algunas otras que el
Grupo Popular no propugna, y que nosotros sí lo hemos hecho en
anteriores debates parlamentarios, que entendemos muy
pertinentes y que debían ser objeto de la debida reflexión.

Por ejemplo, una depuración penal --que ya acomete el nuevo
proyecto del Código Penal-- del tipo penal de tráfico de
drogas; la mejor regulación de la figura de la receptación, de
la figura del arrepentido mediante su incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico; la mejor regulación del decomiso de las
drogas de los narcotraficantes detenidos, a los que, en
nuestra opinión, se les debería decomisar todo su patrimonio o
la parte de la que no puedan justificar su legítima
adquisición. En definitiva, mejoras o propuestas del
ordenamiento jurídico, punitivo particularmente y también
penitenciario, que el Grupo Popular no propone y que nosotros
entendemos que son ineludibles. Por ejemplo, en el ámbito
penitenciario, señor Presidente, la posibilidad de que los
narcotraficantes detenidos cumplan sus penas de privación de
libertad en prisiones alejadas del lugar de la comisión de los
delitos o la existencia --aunque es una cuestión discutible,
nosotros lo hemos propugnado así en debates anteriores-- de
prisiones especiales donde se atienda debidamente a la
reinserción y desintoxicación de los penados por delitos de
narcotráfico. Dicho esto, señor Presidente, tampoco estamos de
acuerdo con la propuesta que el Grupo Popular ha pretendido
extender a otras figuras delictivas, como la del terrorismo,
cual es la exigencia del cumplimiento íntegro de las penas a
los detenidos por delitos de narcotráfico. Entendemos que esto
contradice la esencia, el propio sentido constitucional de las
penas de privación de libertad, que no es otro que la
reinserción social de los delincuentes, de los penados, para
lo cual están previstos beneficios penitenciarios. La
exclusión, la interdicción del derecho al acogimiento a
beneficios penitenciarios supone contradecir la propia esencia



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constitucional de las penas de privación de libertad.

Nosotros entendemos también que se debe propugnar otra serie
de medidas, un mejor ordenamiento de las medidas de
desintoxicación de carácter sanitario, de carácter
terapéutico; mejorar y ordenar las medidas de reinserción
social y en el mercado laboral de los ex toxicómanos o
toxicómanos; medidas metaculturales, como la promoción por las
instituciones de una cultura de la salud a la que repugne el
uso de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas;
una mayor atención también al uso abusivo de las drogas
denominadas legales, asumidas por nuestra cultura, y su
publicidad. En definitiva, el problema de la droga es más
complejo, se desagrega en más propuestas de las que presenta
el Grupo Popular con la pretensión de un cerrado plan que
agote todas las posibilidades de actuación institucional en
distintos ámbitos en esta materia, con las discrepancias que
ya he citado y la insuficiencia de algunas de las medidas, y,
desde luego, señor Presidente, entiendo que me ajusto a los
requerimientos reglamentarios haciendo este tipo de
reflexiones al propugnar que se debata sobre una cuestión,
debate que puede servir de fundamento a consensos sociales que
son absolutamente imprescindibles para acometer
institucionalmente problemas de esta dimensión, de esta
profundidad, pero que no puede servir ni para pedir dimisiones
ni, seguramente, para fundar iniciativas de naturaleza
parlamentaria. Yo comprendo que en el mundo de los expertos
existe lo que se denomina metalenguaje, lo que puede ser
analizado por el denominado analista simbólico, y que hablar
de debatir determinadas cuestiones cuando la mayoría de los
autores están en contra, por ejemplo, de la legalización del
tráfico de cualquier droga, es casi insinuar, analizando el
metalenguaje, que se legalice el tráfico de algunas drogas.

Nosotros estamos en contra de cualquier legalización pero
debatir nunca es malo, debatir no es sólo inocuo, sino útil
para generar consensos sociales que la atención a problemas
tan complejos, tan multidisciplinarios requieren.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición
de nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
en relación a la moción consecuencia de la interpelación
urgente que debatíamos la semana pasada sobre criterios,
medidas, objetivos y plazos de la política del Gobierno para
afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del
consumo y tráfico de drogas en España.

Empezaba y terminaba mi intervención la semana pasada haciendo
referencia a la Comisión Mixta. Me preguntaba en una reflexión
personal y a su vez preguntaba en voz alta cuál era el papel
que debía jugar, para el Grupo Popular y para el propio
portavoz de la misma, el señor Robles Orozco, la Comisión
Mixta. No olvidemos que esta Comisión ya fue creada en la
anterior legislatura y a petición de todos los grupos
parlamentarios. Aquella Comisión emitió un informe con unas
conclusiones en el año 1991, que fueron ratificadas, como era
preceptivo reglamentariamente, por los respectivos plenos de
ambas Cámaras. Por la disolución anticipada de las Cortes no
se elaboraría ningún otro informe por parte de aquella
Comisión. Al inicio de esta legislatura, la Comisión Mixta fue
constituida nuevamente por la petición y la aprobación también
de todos los grupos parlamentarios. La metodología del trabajo
que se acordó por unanimidad también fue la de continuar las
tareas del anterior, empezando por estudiar el grado de
cumplimiento de la Administración en relación a las
resoluciones contenidas en el informe de 1991 por medio de una
serie de comparecencias, tal como se ha venido haciendo hasta
ahora, y, en vista a todo ello, emitir nuevo informe, con unas
resoluciones que, previo debate y aprobación en el seno de la
Comisión, sería remitido a las Cámaras para su aprobación
definitiva. En concreto, en la reunión que tuvo lugar por la
Mesa y los respectivos portavoces el día 11 de octubre se
acordó seguir un esquema paralelo al del anterior informe --el
de 1991--, enriquecido con las comparecencias que se han
celebrado, y tener un borrador para la semana próxima, que
sirviera de base para debatir, de acuerdo con las posiciones,
las demás aportaciones de todos los grupos.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es la Comisión
Mixta el lugar y la sede que en las Cortes se ha dado para el
debate de las cuestiones relacionadas con los problemas de la
droga. Dicho esto, sin querer deslegitimar, naturalmente, la
iniciativa que ahora estamos debatiendo, ni muchísimo menos,
entendemos, en un tema en el que es fundamental el consenso,
que sería bueno, en todo caso, respetar el acuerdo sobre la
ubicación y la metodología a seguir. No hemos querido obviar,
a pesar de ello, el estudio de las propuestas que contiene la
moción. En primer lugar nos propone la ratificación de las
conclusiones adoptadas por la Comisión Mixta en el año 1991.

Punto número 1. Punto número 2: rechazar cualquier política de
legalización del consumo del hachís. Nosotros creemos
imprescindible debatir en el seno de la Comisión la
legalización del consumo del hachís, abrir un debate del que
se hagan eco los medios de comunicación porque así lo hacen
personas autorizadas en el tema, eso sí, hacerlo sin grandes
manifestaciones públicas, con serenidad. La sociedad actual
así nos lo demanda, por lo menos así lo



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entendemos. Y punto número 3: a su vez, instar al Gobierno a
tomar una serie de medidas, además de pedir que comparezca el
Ministro de Justicia e Interior en la Comisión para explicar
los mecanismos por los cuales piensa desarrollar las medidas
legislativas anunciadas en el Pleno de la semana pasada, sobre
todo lo que hacereferencia a la regulación de la figura del
arrepentido, la inducción de la prueba, las interceptaciones
telefónicas y la protección de los denunciantes. Como es
lógico suponer, hay puntos de acuerdo, comoel de modificar la
legislación penal para que los condenados por delitos de
narcotráfico cumplan íntegramente las penas que se les
impongan para citar alguno, como hay otros en los que no lo
estamos tanto. Cierto es también que podríamos presentar una
enmienda alternativa a la totalidad o bien algunas enmiendas
puntuales a algunos aspectos concretos, como podría ser la
cuestión de los plazos, etcétera. No lo hemos hecho porque,
por una parte, tenemos ya en trámite en la Cámara --por tanto,
en puertas-- el nuevo Código Penal que ha de recoger algunas
de las propuestas que se presentan y fundamentalmente por lo
que hemos venido manifestando en relación a los trabajos de la
propia Comisión. Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo
parlamentario entiende que no es el momento ni el lugar más
adecuado para el debate y votación consiguiente de la moción
que presenta el Grupo Popular por lo que hemos expuesto y, en
consecuencia, no vamos a apoyarle.

Quisiera que se entendiera bien nuestra posición. No nos
negamos a debatir; incluso diría más: estaríamos dispuestos a
apoyar algunos aspectos de la misma, precisamente por el
respeto que nos merece una comisión que siempre hemos
reivindicado incluso en aquellos tiempos en los que no fue
aceptada su creación por la mayoría. No entenderíamos ahora,
por tanto, coherente nuestra actitud con la petición de
entonces y, en definitiva, para ser consecuentes con nosotros
mismos.

Permítaseme, señor Presidente, señorías, hacer una invitación
al Grupo proponente de trasladar, tras retirarla de este
trámite, esta moción a la Comisión Mixta en sus mismos
términos o en otros parecidos o bien hacer uso de otra acción
parlamentaria alternativa, que podría ser en la línea en que
va encaminado precisamente el punto doceavo de la moción.

En cierta forma, el propio Ministro de Justicia e Interior
esta misma tarde ponía un plazo máximo de antes del mes de
julio, como algunos de los que propone la moción, en respuesta
a una de las preguntas de esta sesión, pero, eso sí, lo
contestaba diciendo previamente el día que tenía que pasar por
la Comisión, como también entendemos nosotros que debe ser.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vázquez.

El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Mi grupo ha estudiado atentamente la moción que ha presentado
el Grupo Popular y hemos escuchado, también atentamente, la
intervención del señor Robles. Claro está, en una moción que
contiene 12 puntos es difícil no encontrar algunos con los que
se pueda estar de acuerdo. Efectivamente, en algunos de los
puntos que contiene la moción estamos de acuerdo. Sin embargo,
hay dos tipos de consideraciones que nos llevan a no valorar
positivamente esta moción. El primero --ha sido dicho ya por
el portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió-- es que,
sin duda, se produce una interferencia clara con los trabajos
de la Comisión Mixta; Comisión que, por otra parte, todos
decimos que en su seno hay que potenciar y aumentar su
presencia social y su capacidad de transmisión de los debates
que en ella se producen. Esa interferencia vacía de contenido
una buena parte del trabajo de esa Comisión. Por tanto, si
somos coherentes con la idea de aumentar la proyección social
de la Comisión, será a ella a la que deberemos llevar este
tipo de iniciativas, aunque, repito, algunas las podamos
compartir.

Ustedes parten de la idea explicitada en el debate de la
interpelación --y hoy otra vez-- de que hay que ver los
problemas de la droga desde una óptica de ser útiles, eficaces
y realistas. Si hay que ser útiles, eficaces y realistas creo
que estamos --como decíamos el otro día-- más que legitimados
política y moralmente para intentar ver el problema de las
drogas desde una óptica algo diferente. Por tanto, si lo que
ha motivado la interpelación y la moción han sido unas
supuestas declaraciones consideradas como productoras de
alarma social por parte del Grupo Popular --circunstancia que
no compartimos--, nos parece que no es esa la dirección de la
utilidad, de la eficacia y del realismo. Repito, habría que
ser capaces de abrir un debate para, desde la pretendida
eficacia y desde el pretendido realismo, intentar encontrar
soluciones diferentes a las de siempre, porque éstas son las
mismas de siempre.

En la redacción de que yo dispongo insisten ustedes en que el
Congreso manifieste su rechazo a cualquier política de
legalización del consumo de hachís. El consumo privado de
hachís es legal; lo que existe es una sanción administrativa
para el consumo en público. No sé si lo que ustedes pretenden
introducir es una nueva figura delictiva por el consumo de
hachís. En el primer punto de la redacción de que yo dispongo
insisten en que se cumplan íntegramente las penas de los
delitos de narcotráfico. Yo invitaría al señor Robles a que
repase --porque seguro que lo conoce-- la Memoria del año 1993
de la Dirección General de la Policía en temas relacionados
con droga. Verá que, por ejemplo, en heroína, el 85 por ciento
de las detenciones se produce en sujetos a los que se les ha
encontrado 10 gramos o menos de heroína. Es decir, quienes



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llenan las cárceles españolas son los pequeños traficantes que
tienen hasta 10 gramos de heroína. Si no consideramos la
posibilidad, además, de que la cárcel tenga un papel
rehabilitador --que, por otra parte, podría ser el único que
justificara moralmente su existencia--, no entendemos qué
sentido tiene la política penalizadora, una vez más. Creo que
hay que concederle a la cárcel la posibilidad de rehabilitar
al sujeto, aunque sea pequeño narcotraficante. Esa posibilidad
es real y no podemos prescindir de ella.

El Reglamento de la Ley sobre Medidas de Blanqueo de Capitales
ha dicho el señor Ministro de Justicia e Interior esta misma
tarde que estará a disposición de todos antes de que se acabe
el año en que estamos. Podríamos estar de acuerdo en el
aumento de medios humanos y materiales en la Fiscalía especial
para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas,
así como podríamos estar de acuerdo --lo hemos dicho muchas
veces-- en una regulación eficaz y real de todo el tema de
precursores. Pero, señor Robles, la música general de su
discurso tiene un defecto fundamental para nosotros, y es que
es una foto fija. No ven ustedes el problema de las drogas
desde una posibilidad evolutiva. Esa óptica fija les hace
llegar a la idea de que como ya se hizo en el año 1991 un
informe en la Comisión, probablemente no haga falta hacer
otro. Las cosas han cambiado, algunas para bien y algunas para
mal, en lo que es el panorama del tráfico y del consumo de
drogas en nuestro país.

Yo creo que estamos ante una situación muy cambiante. Hay
drogas nuevas que no estaban entonces y que ahora están y los
tipos de consumo han cambiado sensiblemente de entonces a
ahora. Por tanto, es en el contexto de un nuevo informe de esa
Comisión, y en el que cada Grupo podrá mantener aquellos votos
particulares que considere oportunos, donde se deberá volver a
discutir algunas de las propuestas que ustedes hacen aquí,
algunas de las cuales --repito-- las podríamos compartir, pero
no así la música general de foto fija que ustedes utilizan en
el tema de drogas.

Eso y las afirmaciones que inicialmente he hecho, nos llevan a
no poder votar favorablemente su moción.

Nada más y muhas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, señorías, para
manifestar la posición del Grupo Socialista en relación con la
moción del Grupo Popular que está siendo objeto de debate en
estos momentos y que propone un conjunto de medidas sobre la
problemática de la droga.

Inevitablemente hay que hacer una breve referencia a los
antecedentes de este debate, que no son otros que la
polvareda, y la consiguiente interpelación del Grupo Popular,
que inspira alguna declaración política, después de una
comparecencia del Secretario de Estado en la Comisión Mixta,
incluso del propio líder del Partido Popular. Eso es lo que da
lugar a esa interpelación que creo que en aquel momento tenía
una intención de exigencia de responsabilidad política para el
propio Secretario de Estado del Plan Nacional contra la Droga
y que luego, quizá por la falta de eco y por lo apresurado e
irreflexivo de aquella posición, se ha convertido en un
intento de presentación de un programa, a mi juicio, al margen
de las consideraciones que voy a hacer, poco reflexionado. No
podía ser de otra manera, dado lo amplio que es el mismo. No
obstante, el Grupo Socialista, como ese es el antecedente de
esta moción, el antecedente inequívoco desde el punto de vista
político, quiere subrayar en este acto --lo ha hecho algún
Grupo con claridad-- lo que considera que es absolutamente
necesario: ratificar con entusiasmo y cariño el apoyo que al
Grupo Socialista le merece la figura, la personalidad y la
capacidad del Secretario de Estado. Y la incomprensión que al
Grupo Socialista y a cualquier persona --desde luego, a un
portavoz que se suba aquí y, en este caso, a mí personalmente-
- nos pueda producir la exigencia de responsabilidad política
por decir públicamente que hay un debate abierto y que ante
ese debate los poderes públicos no pueden permanecer ajenos.

(La señora De Palacio Valle-Lersundi: El debate lo ha abierto
el Secretario de Estado.) Por sugerir un acto de reflexión,
por sugerir un acto intelectual, resulta extraño que se haya
podido producir esa posición. Nunca el Grupo Socialista
actuará de esa forma, tal como se ha intentado por el Grupo
Popular.

En todo caso, creo que es voluntad del Grupo Socialista, creo
que es voluntad de la mayoría de los Grupos, y que está
acreditada en el trabajo político, especialmente en el órgano
adecuado, que es la Comisión Mixta para el estudio del
problema de la droga, apelar reiteradamente a que el mayor
consenso posible en esta materia es fundamental para una lucha
eficaz contra la lacra social de la droga y para una adecuada
posición parlamentaria ante los ciudadanos respecto a la
problemática de la droga.

Ese consenso ha sido referenciado permanentemente desde su
creación en la Comisión Mixta para el estudio del problema de
la droga. Ese consenso estuvo plasmado durante estos años
básicamente en el informe que en su día emitió y aprobó el
Pleno de esta Cámara en el año 1991. (La señora De Palacio
Valle-Lersundi: Y lo ha roto el Secretario de Estado).

(Señalando al señor López Riaño.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez Zapatero.

¡Señora De Palacio!



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El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Ese consenso, por tanto, debe de
permanecer en la propia Comisión Mixta y, como muy bien sabe
S.S. porque es protagonista activo de esa labor, estamos ahora
en el empeño importante, importantísimo, de elaborar un nuevo
informe donde tengan cabida todas las propuestas que sean
necesarias de todos los Grupos políticos, muchas de las cuales
seguramente están hoy en la moción, muchas de las cuales
queremos discutir con ustedes y con todos los Grupos, porque
seguramente de esa discusión saldrá una posición mucho más
enriquecedora y más fructífera. Pero creemos que se han
equivocado al traer hoy aquí esta moción, seriamente se han
equivocado, que es fruto de un error político del debate que
han querido provocar en torno a las posiciones del Delegado
para el Plan Nacional sobre las Drogas. Se han equivocado,
porque fíjese que contradicción más notable es que el próximo
martes en la Comisión Mixta hay una proposición no de ley de
su Grupo que viene a decir lo mismo que uno de los puntos de
esta moción ¿y si, por ejemplo, el Pleno de hoy se hubiera
manifestado en un sentido y mañana la Comisión Mixta en otro?
¿O es que no ha dicho usted, como portavoz del Grupo Popular,
en más de una ocasión, que el protagonismo esencial, el debate
básico se debe producir en la Comisión Mixta para el estudio
del problema de la droga? Además, creo que con esa posición --
lo ha podido ver claramente en la postura del conjunto de los
grupos políticos de la Cámara-- se hubiera quebrado un trabajo
de debate serio ante lo que es el próximo informe que vamos a
empezar a debatir dentro de unos días. Además, hay que decir,
porque, obviamente, la cortesía parlamentaria así lo impone,
que el Grupo Socialista ha estudiado en profundidad lo que es
el contenido de las 12 o 13 medidas que aquí se proponen,
independientemente de que pensamos que se desvirtúa, en
términos parlamentarios, lo que es una moción, porque más bien
esto es un programa amplio, complejo, prolijo y que toca
aspectos que ciertamente desbordan con mucho lo que es el
estudio, el debate y la posición política ante el problema de
la droga. En esta moción se contienen temas que claramente son
del debate del próximo Código Penal, donde puede haber más o
menos acuerdo. En su momento se producirá lógicamente ese
debate, pero sería, yo creo, un error que en estos momentos
adelantáramos posiciones en las que, por cierto, no existe, a
tenor de lo manifestado aquí por diversos grupos, el consenso
deseable.

Hay cuestiones que afectan a algunas posiciones discutidas,
como se ha puesto de manifiesto, también de fondo, al margen
de la incorrectísima redacción de ese primer punto sobre la
legalización del consumo de hachís, que, en definitiva, no
serían objeto de un debate como el que podemos tener en el
desarrollo de una moción fruto de una interpelación.

Igualmente hay temas que afectan a varias leyes que hemos
abordado en numerosas ocasiones, que están, como ha
manifestado hoy incluso y el otro día en la interpelación el
Ministro, en la intención política del Gobierno de que sean
abordadas y traídas a esta Cámara con la máxima prontitud y
con ello estamos plenamente de acuerdo: la ley del fondo, la
ley de precursores, etcétera; leyes algunas de ellas, como
bien sabe el portavoz del Grupo Popular, complejas desde el
punto de vista técnico y que seguramente exigirán un debate
más amplio que el propio contenido de la moción.

Hay también en su moción cuestiones presupuestarias sin
concreta, sin detallar y sin especificar que no pasan de un
simple deseo, loable sin duda, que todos seguramente podemos
compartir.

Hay cuestiones de una envergadura extraordinaria para que
puedan quedar resueltas en una moción, como es la redefinición
--valga la expresión-- del modelo de policía judicial, que
ciertamente es una cuestión que viene preocupando en muchos
debates, pero que trasciende a lo que es un problema de lucha
contra la droga exclusivamente, que se inscribe en un problema
de modelo policial y de relación entre la administración de
justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado.

Si el Grupo Popular quiere proponer un nuevo modelo de policía
judicial seguramente no podría quedar, ni mucho menos, ni
siquiera avanzado ni apuntado en lo que puede ser el contenido
de esta moción.

Sabe también el portavoz del Grupo Popular que hay otras
materias en el propio contenido de la moción que compartimos
que van a ser objeto seguramente de debate en el informe de la
Comisión Mixta, que van a ser objeto de debate también en esta
Cámara en iniciativas legislativas, pero, básicamente, nuestra
posición contraria en estos momentos al voto favorable a esta
moción parte de esos dos principios que le he explicitado: en
primer término, reforcemos la Comisión Mixta, como se ha
pedido por todos los grupos. Si usted es consciente y si
repasa lo que son los archivos de esta Cámara, el Grupo
Socialista no ha presentado iniciativas --y las tiene,
lógicamente, en su programa electoral, en su propio trabajo
parlamentario-- en otro lugar que no sea en la Comisión Mixta.

Debería ser un compromiso político de todos los grupos si de
verdad queremos que esa Comisión cumpla el papel de referente
social, de dinamizador político y que sea una Comisión Mixta
con la capacidad --como decía antes el portavoz de Izquierda
Unida-- de ver las cosas desde la propia evolución social y no
desde una posición excesivamente petrificada, que es a lo que
en ocasiones tenemos cierta tentación desde el conjunto de las
instituciones del Estado. En segundo lugar, no sólo porque
creemos que es la Comisión Mixta el centro, el núcleo --como
comparte en este tema la mayoría de los Grupos o todos ellos--
, sino también, sinceramente, porque creemos que el contenido



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de la moción es excesivamente amplio. Sería una
irresponsabilidad pronunciarse sobre trece puntos, que muchos
de ellos tienen una envergadura extraordinaria, para tomar una
posición desde el punto de vista social, jurídico o técnico.

Seguramente la mayoría exige un debate más sosegado, donde
incluso puedan participar, como ha instado la Comisión Mixta,
organizaciones sociales y otras voces del mundo científico,
intelectual y profesional que nos puedan ayudar a la difícil
tarea que tenemos encomendada en esta materia.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, le ruego
concluya.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Por último, añadiré simplemente
que además nos ha preocupado que del conjunto de las medidas
que aquí hemos escuchado y leído en la moción hay una mayoría
muy clara de propuestas que tienen un carácter determinado, lo
que habitualmente conocemos como políticas represivas, que
muchas de ellas compartimos, pero sin duda estaremos todos de
acuerdo en que hay una notable ausencia de propuestas --si es
que esto es un programa casi global de lucha contra la droga--
en materia preventiva y rehabilitadora, donde creemos --al
menos desde el Grupo Socialista se cree-- que está la clave de
la lucha contra la droga y sus consecuencias sociales.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.

Vamos a proceder a la votación. (El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicito la votación separada de los dos primeros
párrafos que aparecen bajo el epígrafe «El Congreso de los
Diputados», y que dicen: «Se ratifica en las conclusiones
adoptadas por la Comisión mixta para el estudio sobre el
problema de la droga en 1991 y manifiesta su rechazo a
cualquier política de legalización del consumo de hachís», de
forma separada del resto de los puntos que aparecen numerados
bajo el epígrafe «insta al Gobierno a».

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Votación relativa a los dos primeros
apartados de la moción.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, 127; en contra, 172; abstenciones,
una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los dos apartados.

Votación correspondiente al resto de la moción.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, 128; en contra, 171; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.




MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:



El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara
la inclusión en el orden del día de la presente sesión de la
elección para formular propuesta de nombramiento de cuatro
vocales del Consejo General del Poder Judicial y la elección
de seis miembros del Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española. ¿Acuerda la Cámara la inclusión de
estos puntos en el orden del día? (Asentimiento.) Queda
aprobado.

El tratamiento de estos puntos del orden del día tendrá lugar
entre los puntos cuarto y quinto, una vez que se haya
producido la votación correspondiente a las enmiendas del
Senado.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES
(Continuación):



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y, EN CONCRETO, LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE
LA LIBERALIZACION DE LA MISMA Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN
EL CONCURSO PARA EL SEGUNDO OPERADOR DE TELEFONIA MOVIL
(Número de expediente 173/000057)



El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política general de
telecomunicaciones y, en concreto, los objetivos que persigue
la liberalización de la misma y los criterios establecidos en
el concurso para el segundo operador de telefonía móvil. Tiene
la palabra el señor Andreu. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)



El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, después del debate del pasado
miércoles, en el que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya trajo ante la Cámara uno



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de los temas económicos de mayor actualidad hoy por hoy en
nuestro país y que va a tener mayor trascendencia, como es la
concesión de la licencia para el segundo operador de la
telefonía móvil, se han venido produciendo significativamente
hechos durante esta semana que avalan esa tesis de que nos
encontramos ante un problema de trascendental importancia en
el cual se están moviendo importantísimos grupos económicos y
de presión en este país y en el que consideramos que deben
quedar en perfecta salvaguarda los intereses públicos, tanto
el interés público de los usuarios como el interés público de
las diferentes empresas y entes públicos del Estado que tienen
que ver con las telecomunicaciones en nuestro país.

Entre otras cosas, algo de lo que habló Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en la interpelación del pasado
miércoles fue de la intervención de Retevisión en todo este
proceso, aspecto que, por cierto, el Ministro Borrell obvió en
sus tres intervenciones, no quiso hablar para nada de ello,
cuando para nosotros y yo creo que para todo el mundo
económico y para esta Cámara se entenderá que es de capital
importancia. Se ha podido comprobar que existe una guerra
informativa en estos últimos días por ver cuál de los
operadores es el que tiene una alianza con Retevisión, una
alianza que de ninguna manera se nos quiso hacer explícita en
la anterior sesión, pero que vemos, a través de la prensa,
cómo unos operadores alardean de tenerlo y no sabemos si otros
operadores también lo tienen. Sabemos que eso es fundamental,
no solamente para determinar quién va a ser el que obtenga la
telefonía móvil, sino también para saber quién va a ser el
segundo operador global de telecomunicaciones y, por tanto,
quién va a estar en ese suculento negocio que supone el ocho
por ciento en el año 2000 del producto interior bruto del
Estado.

El primer punto de la moción que presenta Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya consideramos que tiene un sentido de
extraordinaria importancia, porque nosotros en nuestra moción
no solamente pretendemos recuperar esa Ponencia de seguimiento
del Plan Nacional de Telecomunicaciones que ya tuvo lugar en
la anterior legislatura, sino que pretendemos que esa
Ponencia, además, actúe, controle, vigile el proceso de
liberalización que se va a producir, que se está produciendo
ya conforme a los acuerdos que ha tomado el Gobierno y que,
dentro de este proceso de liberalización, se controle muy
específicamente el papel que van a seguir o que están
siguiendo ya empresas públicas, entes públicos y empresas que
sin ser públicas tienen una alta participación por parte del
Estado. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a
Telefónica; me estoy refiriendo a Repsol, por ejemplo, que
está interviniendo en este proceso, comprando acciones de un
operador o de otro; me estoy refiriendo a Retevisión; me estoy
refiriendo a un sinnúmero de empresas que están jugando un
papel de extraordinaria importancia en todo este proceso.

Porque, se está hablando de liberalización, se está hablando
de un segundo operador, pero ¡qué curioso! que muchísimas
empresas públicas, muchísimas entidades bancarias, entidades
de crédito, Cajas de Ahorro, etcétera, están jugando un papel
de extraordinaria importancia, papel que, en última instancia,
está también dirigido por organismos que controla el Gobierno
y todo eso es muy importante que esta Cámara lo conozca y lo
controle.

El segundo aspecto que presenta la moción de Izquierda Unida
se refiere al conocimiento específico que esta Cámara debe
tener cuando se sustancie, cuando se resuelva el concurso del
segundo operador de telefonía móvil. Nosotros consideramos que
esta Cámara debe tener un conocimiento cabal e inmediato de
cómo se resuelve ese concurso, y ese conocimiento nosotros
planteamos en nuestra moción que sea por una rápida
comparecencia del Gobierno ante esta Cámara para que explique
con exactitud cómo se ha entendido que se debe dar ese
concurso y para que dé explicaciones solventes de cómo se ha
entendido cada una de las cláusulas del pliego de condiciones
administrativas.

Nosotros manifestamos en la interpelación el pasado miércoles
que nos preocupaba muchísimo lo abiertos que eran los
conceptos del pliego de condiciones, extraordinariamente
abiertos, lo cual permite, en el caso de que se quiera, un
alto grado de arbitrariedad. No presuponemos que esa
arbitrariedad vaya a existir, no la damos como hecho cierto,
pero sí creemos objetivo manifestar que existe riesgo en ella,
y que esa objetividad de esta manifestación se ve corroborada
con la cantidad de informes, la cantidad de dictámenes, de
informaciones en la prensa, que nosotros ni alabamos ni
dejamos de alabar, pero sí constatamos que se están
produciendo, y se puede decantar hacia un lado o hacia otro la
concesión de este segundo operador.

No vamos a reiterar lo que dijimos en la interpelación, que
nos hubiera gustado una mayor presencia pública, creo que ya
no ha lugar a ello, pero por lo menos sí debemos dejar claro
que consideramos que se deben dar explicaciones cabales de
cómo se ha otorgado ese segundo operador en el momento en que
se haga. Para ello, confiamos en que incluso se traigan los
informes que se elaboren por parte de esa consultora que
manifestó el Ministro que se le iba a encargar el
asesoramiento para la concesión de este segundo operador,
consultora que sabemos que se trata de Lheman Brothers, una
consultora que se supone que tiene experiencia, pero
quisiéramos contrastar perfectamente cómo son sus informes y
cómo se entiende cada una de las cláusulas del pliego de
condiciones. Creemos que la moción que presenta Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya es una moción que va en la
línea de asegurar la transparencia en la concesión de este
concurso, e, independientemente de que se presenten



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enmiendas por parte de otros grupos parlamentarios, su sentido
fundamental debe ser entendido justo por esta Cámara.

Pretendemos por ello su aprobación. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.

A esta moción se han presentado dos enmiendas: una por parte
del Grupo Popular y otra por parte del Grupo Socialista.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, hemos
estudiado con el máximo interés, con todo el detenimiento
posible y con la mejor voluntad esta moción de Izquierda Unida
consecuente a la interpelación de la pasada semana. Esta
moción tiene dos partes completamente diferenciadas: la
primera se refiere a la creación de una Ponencia de
seguimiento para la liberalización de las telecomunicaciones
con el objetivo de elaborar un informe para fijar los
criterios de este proceso. Sinceramente, queremos decir al
ponente de esta moción que nos ha producido cierta extrañeza
su contenido, poque muy recientemente, escasamente mes y
medio, el 13 de septiembre de este año, en el Pleno se debatió
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
la que el ponente, mi compañero de Grupo, don Jesús Posada
Moreno, propuso la creación de una ponencia especial en el
seno de la Comisión de Infraestructuras para el seguimiento de
las actividades relacionadas con la concesión, implantación y
funcionamiento del sistema de telefonía móvil en España,
ponencia semejante a la que hoy propone el Grupo de Izquierda
Unida. Insistimos en que era semejante, porque profundizar en
el análisis de la TMA, la telefonía móvil automática, equivale
a entrar en todo el proceso de las telecomunicaciones, debido
a la interconexión de todo el proceso. No olvidemos que todo
el desarrollo de la telefonía móvil automática tiene que
apoyarse en las redes con las que hay que dotar a las
poblaciones españolas.

En aquella ocasión, el ponente de Izquierda Unida, y también
el del Grupo Socialista, creyeron oportuno oponerse y votaron
en contra, y ahora, hoy, es el propio Grupo de Izquierda Unida
y el mismo ponente el que nos propone la creación de una
ponencia análoga. Tal vez estemos ante una rectificación. Si
es así, nos alegramos, puesto que rectificar es de sabios.

Pero con una diferencia, y es que Izquierda Unida no votó el
13 de septiembre nuestra propuesta de ponencia y hoy el Grupo
Popular sí va a votar esta propuesta de Izquierda Unida,
aunque sólo sea por coherencia política.

Ahora bien, conviene hacer la advertencia de que el Gobierno,
en el punto 21 de su acuerdo reciente del Consejo de
Ministros, advierte que existe ya una comisión «ad hoc» en
esta cuestión. Queremos recordar ahora, a la vista de que, por
lo que veo, estamos todos los grupos de acuerdo con esta
ponencia especial, que el Consejo de Ministros se equivoca,
puesto que esta comisión especial funcionó en la legislatura
anterior, pero ahora no está viva, luego es preciso crearla.

Por eso la propusimos el 13 de septiembre y por eso la
votaremos hoy, como digo, por pura coherencia política.

Yo creo que los grupos hoy votarán que sí, creo que vamos en
esa dirección todos, porque si alguna vez ha sido necesaria
esa comisión específica, hoy lo es más que nunca, pues estamos
en un puntó álgido de la liberalización de las
telecomunicaciones.

En cuanto al punto 2.º, por el cual se propone que instemos al
Gobierno a comparecer ante esta Cámara para explicar todos los
pormenores del concurso de la telefonía móvil automática, nos
parece que es completamente innecesario. Basta usar el
reglamento vigente de la Cámara. Esta misma mañana ha
comparecido el Ministro para estos efectos; no se ha podido
celebrar por razones de tiempo, pero nada impide que, cuantas
veces las Cámara y la Comisión lo estimen oportuno, acuda a
explicar todos los pormenores de este proceso. Por tanto, es
totalmente inoperante que el Pleno inste a este trámite
parlamentario. Por ello, en razón a esta cuestión de lo
innecesario, nosotros hemos presentado nuestra enmienda,
instando a que el Gobierno, tan pronto se resuelva el concurso
del segundo operador de TMA, redacte una auditoría externa e
independiente para ser enviada en el plazo de dos meses a esta
Cámara. Repito: para ser enviada; eso es lo importante, que se
redacte esa auditoría externa pensando que la tiene que
analizar a fondo esta Cámara, naturalmente, a través de la
Comisión pertinente. Entendemos que esta auditoría externa que
proponemos en nuestra enmienda es, por decirlo en tono
gráfico, la madre del cordero para que esta adjudicación sea
objetiva, sea transparente, defienda los intereses nacionales,
tenga eficacia en el futuro en esta adjudicación, y elimine (y
utilizo los aspectos que el propio ponente utilizó durante el
debate de la interpelación) toda tentación de desviaciones de
principios éticos, si es que de verdad queremos una
regeneración ética de nuestro país.

El señor ponente, durante el debate de la interpelación, se
refirió a la opinión que sobre este tema se estaba
desarrollando en diversos medios de difusión nacional;
concretamente se refirió a las editoriales que habían
aparecido en el diario «El Mundo». Posteriormente, este mismo
medio de difusión nacional, justamente el viernes, ha
publicado u editorial que titula con una frase que realmente
produce escalofríos, el título es «El pelotazo de la telefonía
móvil». Argumenta en esta editorial el hecho de que, de los
seis criterios que hay para tomar la decisión, cinco son
totalmente desconocidos y solamente objetivable uno, el de la
aportación



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económica. Luego vemos que aquí hay una ausencia de criterios
objetivos, no es posible el recurso posterior y, por
supuesto --lo que es peor--, no es auditable. Por eso, termina
este editorial anunciando su preocupación por el peligro de
este pelotazo que se puede avecinar. A continuación, yo tengo
que decir que esto es lo que opina la editorial, por supuesto;
pero cuando opina así es porque realmente en la sociedad
española, o al menos en parte de ella, hay un nivel de
preocupación sobre esta cuestión y el propio ponente, señor
Andreu, lo hizo constar en su pasada intervención. Toda esta
preocupación social se eliminaba con esa auditoría externa
independiente, máxime cuando se está dando la circunstancia de
que en lo que va de año hay permanentes contradicciones dentro
del propio Gobierno sobre la materia. Es patente el
enfrentamiento sobre el tema entre el Vicepresidente del
Gobierno y el Ministro de Obras Públicas o entre el Ministro
de Obras Públicas y el de Hacienda, que permanentemente han
estado disintiendo a la hora de fijar sus posiciones.

Nosotros creemos que en esta licitación de la segunda licencia
del GSM --nuestra postura es la de siempre, coherentemente--
había un aspecto fundamental, que era asegurar un marco legal
claro para garantizar la competencia por la cual todos debemos
luchar, el cumplimiento de las obligaciones de servicio y los
términos de la licencia, y que todos los criterios deben o
debieron ser públicos antes del inicio de la licitación, pero
sobre todo que la selección se ha debido efectuar por un grupo
independiente, mediante un proceso auditable y revisable, y
esto es lo que no se hace. Ya que no se hace la selección por
ese grupo independiente, nuestra enmienda va en la dirección
de que por lo menos se haga a través de un proceso auditable.

No aprobar nuestras enmiendas, señorías, señores ponentes, del
Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, equivale a
hacer opaco el proceso y eso solamente puede interesar a
aquéllos que proyecten consumar algo inconfesable. Yo estoy
seguro de que no hay ni un solo grupo en esta Cámara cuyo
objetivo sea esto, pero sinceramente creo que la manera de
demostrarlo es instar al Gobierno a que haga esa auditoría
independiente. Nosotros, durante el debate sobre el estado de
la Nación, ya pedimos que se llevara adelante este tipo de
cuestiones, que fueron aprobadas por esta Cámara. Para
terminar, una vez que se aprobó esto, yo quiero recordar a la
Cámara que efectivamente se aprobó y que aquí estamos ya en el
trámite de aprobar esa ponencia, y ahora tenemos a todos los
grupos, incluso al Gobierno, a la cabeza de la manifestación
de este proceso de liberalización de las telecomunicaciones.

Nos congratula, por supuesto, pero sería una lástima...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camisón,
termine, por favor. El señor CAMISON ASENSIO: Termino, señor
Presidente.

Sería una lástima que ahora, al final, el oscurantismo
prostituyera el proceso, sería una lástima que ese consultor
actual fuera utilizado como coartada. Todos estos temores se
desvanecen creando y haciendo esa auditoría externa, para que
esta Cámara la analice a fondo y podamos sacar consecuencias
creíbles por todos. Eso es todo. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Camisón. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras Diputadas,
señores Diputados, el Gobierno ha decidido una política de
telecomunicaciones para el período transitorio en el que ya
estamos y que dura hasta el año 1998. Será a partir del 1 de
enero del año 1998 cuando todos los países de la Comunidad
entren en una situación de liberalización del sector y, por
tanto, tenemos tres años para adaptar nuestra posición a esa
nueva situación que se dibuja. Lo hemos repetido muchas veces
y quizás no venga mal recordarlo esta noche. Acaso la palabra
más exacta, en lugar de liberalización, sea desmonopolización,
ya que se pretende fundamentalmente acabar con una situación
de monopolio en determinados segmentos del sector, en
determinados segmentos del mercado, aunque también resulta
obvio que en alguno de esos segmentos se va a una situación de
total liberalización, aclarando que liberalización no supone
que no exista regulación, sino, más bien al contrario, que
debe posiblemente aumentarse el nivel de regulación, porque no
debemos olvidar que estamos hablando de unos de los pocos
sectores que han sido considerados por las Cortes como un
servicio esencial. La Constitución prevé la posibilidad de
declarar cierto tipo de servicios como esenciales para la
comunidad y, por tanto, limita lo que se prevé en el artículo
38 de la Constitución sobre la libre empresa; es decir, se
confiere a los poderes públicos una gran capacidad de regular
esos sectores. Esta nueva política, esta nueva situación, nos
va a obligar a una modificación, a una revisión, del actual
plan nacional de telecomunicaciones y para esa revisión, desde
luego, resulta conveniente la constitución de una ponencia en
el seno de la Comisión de Infraestructuras que haga un
seguimiento al nuevo plan nacional de telecomunicaciones y a
toda la política de telecomunicación. Entre los objetivos de
esa política está garantizar el acceso de todos a los
servicios que se consideren esenciales; garantizar a los
consumidores una oferta diversificada, de calidad, a precios
competitivos; ofrecer al



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tejido económico del país un instrumento que le permita ser
competitivo y situar, por último, al sector nacional de las
telecomunicaciones, tanto en la vertiente industrial como en
la de servicios, en disposición de poder competir con
posibilidades de éxito en un mercado abierto.

Buena parte de las intervenciones se ha centrado en la
telefonía móvil automática. El acuerdo del Gobierno y, por
tanto, la política de telecomunicaciones para los próximos
años no se restringe a la telefonía móvil automática. Se
refiere a la telefonía vocal básica, a la telefonía móvil
automática, a la televisión por cable, a la televisión local
hertziana, al alquiler de circuitos y reventa de capacidad
excedentaria, a los operadores y a la regulación desde los
poderes públicos, al desarrollo industrial y tecnológico y,
por último, al propio Plan nacional de telecomunicaciones.

Creo que la ponencia debe prestar atención a todo ese amplio
conjunto de acuerdos que ha adoptado el Gobierno y que
configura cómo debe ser ese período transitorio hasta el año
1998.

Estamos de acuerdo en que el concurso de la telefonía móvil
automática es un concurso de gran importancia económica y
también de gran importancia estratégica para el desarrollo del
sector. Hay un compromiso del Gobierno --es uno de los
acuerdos-- que se resolverá antes del 31 de diciembre, y ya ha
expresado aquí públicamente mi Grupo, y yo hoy lo reitero, que
una vez que el concurso se haya resuelto el Gobierno debe
venir a esta Cámara a explicar por qué se ha dado la concesión
a uno de los candidatos y no a los otros.

Sin embargo, en las intervenciones --en algunas con más
énfasis y en otras con menos-- se deja caer como una sombra de
duda acerca de la limpieza del proceso, y yo pienso que, al
menos los que defendemos las instituciones públicas, el sector
público, no podemos convertirnos en portavoces de aquellos
que, de una forma interesada, sin ninguna duda, están
empeñados y obsesionados en echar sombras de duda acerca de la
limpieza del proceso. No hay derecho a dudar de la limpieza
del proceso. El orden lógico, razonable, al menos en gente de
buena fe, debe ser esperar a que el Gobierno falle, que el
Gobierno venga a explicar y, una vez oídas las explicaciones
del Gobierno, que cada Grupo actúe en consecuencia, pero me
parece que es obligatorio respetar ese proceso lógico, que no
se puede, a mi juicio, enturbiar por dudas injustificadas. El
señor Andreu sigue muy preocupado por cuáles son las posibles
alianzas de Retevisión con alguno de los candidatos. (El señor
Andreu pronuncia palabras que no se perciben.) Retiro lo de
preocupado, lo dejo en interesado, como supongo que muchos de
nosotros, y supongo que el tiempo nos irá aclarando, ya que en
este mundo de las telecomunicaciones, no sólo en España sino
en todo el mundo, las alianzas entre las grandes empresas son
una cosa permanente: alianzas, ruptura de alianzas, nuevas
alianzas... porque estamos en un sector con una gran
movilidad, con grandes expectativas de negocio y, por tanto,
sometido a un cambio muy rápido.

No acabo de entender bien esa idea, también varias veces
repetida, de que aquél que obtenga la concesión del segundo
operador de la telefonía móvil queda en una posición de
privilegio, en una situación excepcionalmente buena, para
alcanzar ser el segundo operador de la telefonía vocal. Yo
creo que no hay relación entre una cosa y otra, ni acabo de
ver claro que vaya a haber un segundo operador de telefonía
vocal. A lo mejor hay diez futuros operadores de telefonía
vocal a partir del 1 de enero de 1998. No está previsto, no es
la idea que haya un único segundo operador de telefonía vocal.

En cualquier caso, ese puede ser un tema, sin duda, de
discusión en la ponencia.

El señor Andreu insiste en que el concurso de telefonía móvil
está impregnado de un alto grado de arbitrariedad a la hora de
su resolución. No es exacto decirlo así. Estoy de acuerdo en
que hay una gran capacidad de apreciación cualitativa de los
distintos factores que hay que apreciar. Permítanme que
telegráficamente intente decir lo que hay que valorar. Hay que
valorar el anteproyecto técnico, complejísimo; hay que valorar
la estrategia comercial de los distintos candidatos; hay que
valorar el plan económico financiero; hay que valorar la
creación de empleo, particularmente el nivel de empleos
permanentes, la cualificación de esos empleos, la promoción de
personas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades
de inserción, los programas de formación propuestos que
especialmente se refieran al sistema de la telefonía digital,
la contribución tecnológica e industrial directamente
relacionada con la telefonía móvil o que pueda tener
incidencia en otros sectores económicos nacionales. Todo eso
exige inevitablemente una apreciación cualitativa. Es
imposible, me parece, diseñar fórmulas matemáticas que
concreten una valoración; es inevitable la valoración
cualitativa, porque estamos valorando o pretendemos valorar
aspectos esencialmente cualitativos.

Lo último que hay que valorar es la aportación financiera al
Tesoro público y el propio señor Andreu, el otro día, decía
que no estaba claro. No sé bien cuál es su nivel de
matemáticas, pero le garantizo que un chico de primero o
segundo de BUP será capaz de hacerlo; al final se trata de un
problema de interpolación lineal o un problema de regla de
tres, como otros preferirían decir. El señor Camisón dice que
la Ponencia que hoy nos pone sobre la mesa Izquierda Unida, se
parece a la Ponencia del Partido Popular. En absoluto. La
propuesta que, en su día, hizo el Partido Popular era tan
grotesca como decir que el Gobierno vaya a una ponencia a
explicar por qué hacía la concesión a uno y no a otro. Intenté



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explicar a su compañero, parece que con poca fortuna, que
nosotros queremos que esa explicación sea pública y que, por
tanto, se haga en la Comisión, no en una ponencia reducida
donde no hay taquígrafos, donde no hay periodistas. La
explicación no hay que hacerla en una ponencia, hay que
hacerla en la Comisión. Su ponencia era una ponencia que,
entre otras cosas, pretendía controlar de antemano al
Gobierno, antes de producirse la concesión. No, el proceso de
control... (El señor De Rato Figaredo: Lo ha entendido) Lo
llega usted a entender, es asombroso. No hubiera pensado nunca
que usted fuera capaz de llegar a entender una cosa de este
tipo porque tiene cierta complejidad procesal.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martinón vaya
concluyendo, por favor.




El señor MARTINON CEJAS: Intento concluir señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En último término el
turno es para defender la enmienda a la moción de Izquierda
Unida.




El señor MARTINON CEJAS: Sí, pero es que algunos
intervinientes no han parado de darle bofetadas a mi Gobierno,
señor Presidente, y me siento obligado a defenderlo.

(Rumores.--Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El Gobierno no
necesita que S.S. lo defienda.




El señor MARTINON CEJAS: Concluyo rápidamente, señor
Presidente, créame. Se trata de que el Parlamento controle al
Gobierno (Un señor Diputado: Para eso está el Parlamento.);
controle los actos del Gobierno. En una palabra los
socialistas proponemos que el Gobierno, una vez que haya
ejecutado el acto de concesión del segundo operador de
telefonía móvil automática, venga a esta Cámara a explicar por
qué se le ha concedido a uno y no a otro. Las enmiendas que
hemos presentado van en esa dirección: La constitución de una
ponencia que haga un seguimiento de la política de
telecomunicaciones y la exigencia al Gobierno de comparecer
ante la Comisión (no ante una ponencia sino ante la Comisión),
para que allí explique por qué se le ha concedido el concurso
a uno y no a otro, en el plazo que razonablemente le parezca
el señor Andreu. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martinón. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Simó. El señor SIMO I
BURGUES: Gracias, señor Presidente.

Para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i
Unió). Vamos a votar sí a la enmienda transaccional que ha
presentado el Grupo Socialista, coincidiendo con el grupo
proponente en la creación de una ponencia en el seno de la
Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, ponencia cuyo
objetivo será proceder al seguimiento de la política de
telecomunicaciones y, en particular, la revisión del Plan
nacional recientemente acordado por el Gobierno. Asimismo, que
la comparecencia del Gobierno para explicar el resultado del
concurso de adjudicación del segundo operador de telefonía
movil se produzca ante la Comisión de Infraestructuras.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Simó.

Señor Andreu, tiene la palabra a efectos de indicar si acepta
o no las enmiendas defendidas por los grupos Popular y
Socialista.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, muchas gracias. Seré
breve explicando lo que usted me solicita.

Quiero manifestar respecto a la enmienda del Grupo Popular que
ha sido la defendida en primer lugar, que mi grupo
parlamentario comprende y comparte el deseo de máxima
transparencia que el Grupo Popular desea con esa enmienda que
presenta; lo que no comprende muy bien mi grupo es la
operatividad de la misma, porque, si nosotros mismos estamos
diciendo que no son objetivables cinco de las seis partes del
pliego de condiciones, se hace compleja esta auditoría que
propone el Grupo Popular. Aún así, compartiendo su deseo,
nosotros no vamos a incluir esa enmienda dentro de nuestra
moción.

Respecto a la enmienda presentada por parte del Grupo
Socialista, visto que entienden mejor la posición que
Izquierda Unida ha mantenido en este aspecto, vamos a ofrecer
una transaccional de dos puntos, transaccional que haré llegar
ahora a la Presidencia. Diría, en el primer punto: El Congreso
de los Diputados acuerda la creación de una ponencia en el
seno de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, para
el seguimiento de la política de telecomunicaciones, en
particular de la revisión del Plan Nacional de
Telecomunicaciones y los procesos de liberalización, tal y
como se contemplan en los acuerdos del Gobierno de 6 de
octubre de 1994.

El segundo punto, con el cual confío que la Cámara entienda
que es oportuno pedirlo, sería: Instar al Gobierno a
comparecer ante la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados en los diez días
siguientes a la resolución del concurso.




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Con ello se emplaza en fecha fija al Gobierno para que dé
explicaciones sobre la resolución del concurso.

Confío que la Cámara apoye la moción, si el Grupo Socialista
acepta esta transaccional.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.

Señor Martinón, ¿la acepta?



El señor MARTINON CEJAS: La aceptamos, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación de la moción de Izquierda Unida. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación
correspondiente a la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en los términos de la transacción
formulada por el señor Andreu en relación con la enmienda
presentada por el Grupo Socialista a la moción.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 292.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.

El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las nueve y quince minutos de la noche.