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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 83, de 23/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 83 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 82
celebrada el jueves, 23 de junio de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 6/1994, de 27 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos
por la sequía. «Boletín Oficial del Estado», número 127, de 28
de mayo de 1994 (número de expediente 130/000017) (Página 4185)
Enmiendas del Senado:
--Proyecto de Ley de responsabilidad civil por los daños
causados por productos defectuosos. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 40.1, de 20 de diciembre de
1993 (número de expediente 121/000026) (Página 4193)
--Proyecto de Ley de reforma del artículo 54 de la Ley del
Registro Civil. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 53.1, de 18 de febrero de 1994 (número de
expediente 121/000040) (Página 4193)
--Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de
Enjuiciamiento Criminal con el fin de posibilitar la efectiva
destrucción de la droga decomisada. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 46.1, de 3 de diciembre de
1993 (número de expediente 122/000035) (Página 4193)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
39.1, de 7 de diciembre de 1993 (número de expediente
121/000025) (Página 4194)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 37.1, de 22 de octubre de 1993 (número de
expediente 122/000028) (Página 4215)
Votación de conjunto:
--De la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley de Enjuiciamiento criminal con el fin de posibilitar la
efectiva destrucción de la droga decomisada (Página 4222)
Dictámenes de Comisiones de Investigación:
--Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la gestión de
los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de
la Guardia Civil, mientras fue Director General don Luis
Roldán (número de expediente 152/000001) (Página 4222)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 4185)
Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la
sequía (Página 4185)
El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles) explica, en nombre del Gobierno,
las razones que han llevado a la promulgación del Real
Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión
del pasado 27 de mayo, una vez que constataron la existencia
de un déficit pluviométrico durante el primer cuatrimestre del
presente año que oscilaba entre un 45 y un 75 por ciento
respecto a la media de los últimos 20 años y que afecta a
diversas zonas agrarias españolas. Informa que, según las
mediciones efectuadas a finales del pasado mes, tenemos en
este momento nuestros embalses con un índice de ocupación del
36 por ciento, si bien exis-ten grandes diferencias entre
ellos, ya que mientras los de la cuenca del Duero alcanzan el
80 por ciento los de la cuenca del Segura sólo están ocupados
en un 12 por ciento de su capacidad. El déficit de
precipitaciones y de reservas, acompañado de un régimen
térmico elevado, ha generado ya una sequía que ha afectado
principalmente a cereales y pastos, y en regadíos ha impedido
que se ponga en explotación un número importante de hectáreas
en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Segura.
La situación de sequía descrita ha hecho inevitable adoptar
una serie de actuaciones como la aprobación de un Real
Decreto-ley en febrero para establecer una moratoria en el
pago de las tarifas de agua, un Real Decreto para gestionar
los recursos hidráulicos, autorizar el trasvase de 25
hectómetros cúblicos desde la cabecera del Tajo a la cuenca
del Segura y ejecutar una serie de obras de emergencia contra
la sequía y contra las inundaciones.
Respecto al Real Decreto-ley que en este momento presenta a la
Cámara, las medidas en él contenidas tienen los siguientes
objetivos: primero, neutralizar el riesgo de que la sequía
pueda llegar a afectar a las estructuras productivas de las
explotaciones y no ya a las cosechas; segundo, posibilitar la
obtención de recursos financieros alternativos a los ingresos
no obtenidos hasta un montante
de 100.000 millones de pesetas, en forma de créditos y bajo
interés; tercero, anticipar la percepción de ayudas llegadas a
la política agraria común en el caso de los cultivos herbáceos
de secano, y, finalmente, reducir gastos de carácter fiscal y
laboral en las explotaciones afectadas. Expone también la
distinta repercusión de las medidas en el ámbito comunitario,
en el ámbito nacional y en el de cada comunidad autónoma,
señalando que el coste total de las mismas asciende a un total
de 50.000 millones. Espera que el Decreto-ley sea convalidado
por la Cámara para poder instrumentar con la diligencia
necesaria las ayudas contenidas en el mismo y las diversas
medidas previstas.
No produciéndose turno en contra de la convalidación del Real
Decreto-ley, para fijación de posiciones intervienen los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV);
Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Urán
González, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
señores Ramírez González, del Grupo Popular, y López García,
del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba la
convalidación del Real Decreto ley, por 299 votos a favor.
Asimismo se somete a votación su tramitación como proyecto de
ley, siendo rechazado por 124 votos a favor, 168 en contra y
dos abstenciones.
Enmiendas del Senado (Página 4193)
Al proyecto de ley de responsabilidad civil por los daños
causados por productos defectuosos.
Al proyecto de ley de reforma del artículo 54 de la Ley de
Registro Civil. A la proposición de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de
posibilitar la efectiva destrucción de la droga decomisada.
Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del
Senado al proyecto de Ley de responsabilidad civil por los
daños causados por productos defectuosos intervienen los
señores López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; Cartagena Travesedo, del Grupo Popular, y
Mohedano Fuertes, del Grupo Socialista.
Se procede a la votación de las enmiendas del Senado a estos
proyectos del ley.
Debates de Comisiones sobre iniciativas legislativa (Página 4194)
Proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general
(Página 4194)
El señor Cortés Martín defiende las enmiendas del Grupo
Popular. Comienza señalando que el Partido Socialista no ha
tenido ya la posibilidad de impedir que en España se
desarrolle un derecho previsto en el artículo 34 de la
Constitución, trayendo finalmente un proyecto de ley a la
Cámara que dista de ser bueno pero que en todo caso es mejor a
que no hubiese nada, y desde luego mejor que los proyectos
remitidos en la legislatura anterior, que produjeron auténtico
pánico en todo el mundo fundacional. Se presenta finalmente un
proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales, pero
se hace con desgana y con desconfianza y, consiguientemente,
se hace mal. Recuerda que al inicio de la tramitación del
proyecto de ley se ofreció por parte del Gobierno y del Grupo
Socialista el consenso en la tramitación de esta Ley para que
saliese el marco estable para las fundaciones.
El Grupo Popular, como otros grupos de la Cámara, apoyaron ese
acuerdo, que ya habían pedido en anteriores legislaturas,
señalando que era bueno que las fundaciones dispusiesen de un
marco estable puesto que no podían estar sometidas a la
incertidumbre de si el régimen de la próxima legislatura o del
próximo ejercicio presupuestario iba a ser mejor o peor del
que tenían. Afirma que sin ese marco estable se retraerá la
actividad de las fundaciones, la actividad de las entidades
filantrópicas o sin ánimo de lucro, porque tendrán miedo para
dedicar sus recursos y esfuerzos a algo que mañana puede
encontrarse en peores condiciones o que puede ser cambiado de
manera radical por una nueva mayoría, obligándoles a que
esperen tiempos mejores.
Por todo ello, el Grupo Popular ofreció el consenso y, en
prueba de su voluntad, retiraron los textos alternativos que
habían presentado tanto para fundaciones como para incentivos
fiscales. En este momento, después de los trámites de Ponencia
y Comisión, tienen que decir que, a pesar de que se han
aceptado muchas enmiendas, tanto de su Grupo como de otros, el
texto del dictamen no lo consideran en modo alguno de
consenso. Con ello quiere decir que en su próximo programa
electoral mantendrán la modificación de la misma en cuestiones
esenciales porque consideran que las fundaciones no disponen,
a menos que se modifique el actual texto, de una normativa
aceptable para lo que entienden que exige la Constitución: que
sea un régimen de libertades, de fomento y de estímulo a las
fundaciones.
Entrando en la defensa de las enmiendas, aclara que de las
cuarenta aceptadas al Grupo Popular veinticinco son
estrictamente de cambio de nombre de los programas o de
redacción, lo que demuestra que la ley, además de ser mala de
fondo, está mal redactada, sin que la aceptación de estas
enmiendas pueda presentarse como un avance en el acuerdo que
se había ofrecido por parte del Gobierno y del Grupo
Socialista.
A continuación se refiere a los aspectos que considera
centrales de las casi doscientas enmiendas presentadas y que
hacen referencia a la existencia de un protectorado único para
todas las fundaciones de ámbito estatal residenciadas en el
Ministerio de Justicia e Interior, protectorado único que debe
quedar regulado en la Ley.
También considera esencial que quede nítido en la ley que las
fundaciones cuyo ámbito de actuación exceda al territorio de
una comunidad autónoma sean libres para elegir el protectorado
al que quieren someterse, no quedando condicionadas por el
domicilio de sus órganos rectores a tener un protectorado
autonómico o estatal.
Por otra parte, desean que se favorezca desde la misma ley el
que sean fundaciones rentables y no aquello que se llamó en
nuestra historia las manos muertas, para lo que se les pide
que no se les oblique a tener destinado el 70 por ciento de
las rentas que obtengan a los fines de interés general.
Critica, por otro lado, el artículo 67 del proyecto donde se
establece que en los Presupuestos Generales de cada año se
presentaran una serie de actividades que se consideren
prioritarias y que, por lo tanto, tendrán una sobreprima en
los beneficios fiscales que se reciban por dedicarse a ellas.
Entiende que se trata de un peligroso dirigismo que tiene que
evitarse.
Finalmente solicitan, a través de una serie de enmiendas, que
se simplifiquen los trámites a los que el proyecto de ley
somete a las fundaciones, desde una profunda desconfianza del
Gobierno en ellas.
Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Popular el
señor Costa Climent, aludiendo a las actividades de las
fundaciones que deben justificar un régimen de fondos
especiales para las entidades sin ánimo de lucro. Aclara que
si los particulares asumen la realización de actividades de
interés general a costa de su propio patrimonio, el Estado
dispondrá de una mayor cantidad de recursos públicos para
hacer frente a otras finalidades.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Grupo Popular es
partidario de establecer como principio general un régimen de
tributación en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades
sin ánimo de lucro que establezca como principio la exención
de las rentas que puedan obtener estas entidades como
consecuencia de la gestión de su patrimonio y que van
directamente destinadas al cumplimiento de sus fines, puesto
que entiende que para el Estado es mejor desgravar que
subvencionar, y es obligación de los poderes públicos apoyar
de forma activa la puesta en marcha y el mantenimiento de las
actuales entidades de interés general. Considera que el
sometimiento a tributación de estas entidades podría vulnerar
el principio constitucional que exige un apoyo por parte del
Estado al mantenimiento y realización de estas actividades.
Sobre esta idea expone seguidamente el contenido de las
principales enmiendas de su Grupo, que reflejan las distancias
que les separan del resto de los grupos de la Cámara que
puedan apoyar el proyecto de ley y demuestran, por tanto, la
falta de consenso en unas cuestiones tan trascendentales.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, defiende sus propias
enmiendas, así como las de su compañera de grupo señora
Rahola, con gran parte de las cuales coinciden sus
apreciaciones, renunciando a hacer referencia explícita a las
mismas al haber sido ya defendidas con anterioridad en
Comisión. De manera genérica quiere dejar constancia de su
valoración favorable al esfuerzo de consenso realizado en esta
ley por parte de todos los grupos políticos, que al final han
podido introducir enmiendas para mejorar el texto
sustancialmente, sobre todo en lo que afecta a aspectos
fiscales. También se felicita por el acercamiento que el
proyecto tiene al Derecho comparado europeo, solicitando en
este momento un último esfuerzo de consenso, precisamente en
el tema fiscal, para mejorar y garantizar una vocación de
permanencia y de atención a las demandas societarias.
El señor Alcaraz Masats defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Considera que con el
proyecto de Ley sometido a debate se da, por fin, un marco
jurídico a las más de seis mil fundaciones que hasta ahora se
regían por la Ley de Beneficencia de 1849, considerando dicho
marco jurídico como relativamente adecuado, por lo que sólo
mantienen la enmienda número 17, al artículo 38. A su juicio,
el Consejo Superior de Fundaciones aquí establecido no puede
ser un órgano de carácter consultivo y el mismo debe estar
integrado por representantes paritarios elegidos por la
Administración general del Estado y las fundaciones.
El señor Baltá i Llopart defiende las enmiendas del Grupo
Catalán (Convergència i Unió). Expone que, finalmente, llega a
este nivel parlamentario un texto legal para la regulación del
mecenazgo, cuya aprobación definitiva significará un
instrumento
de gran importancia para la revitalización de las fundaciones
y de las asociaciones que sean declaradas de utilidad pública.
Se refiere después a las enmiendas de su Grupo no incorporadas
al dictamen y que tienden a evitar un intervencionismo
perturbador, máxime cuando algunas comunidades autónomas como
Cataluña disponen ya de legislación de fundaciones propia
dentro de sus competencias. En este sentido desearían que se
evitase la invasión de espacio jurídico competencial,
intentando pulir algunas aristas del proyecto.
Alude a algunas otras enmiendas concretas, como las números
112 y 113, y termina compartiendo con otros grupos la voluntad
de impulsar un proyecto de mecenazgo, que es una auténtica
innovación frente a la antigüedad y arcaísmo de las leyes
vigentes en materia de fundaciones y asociaciones.
Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) el señor Homs i Ferret, refiriéndose a
las treinta y cuatro enmiendas que mantienen al Título II del
proyecto de ley, respecto del que manifiestan se ha producido
un largo y a veces tenso debate en Comisión sin que fuera
posible llegar a acuerdos completos, aunque sí a
aproximaciones importantes. De ahí que, al igual que otros
grupos parlamentarios que le han precedido, considere que el
texto del dictamen en materia fiscal no es el que desearían
ver plasmado finalmente en la ley, al considerarlo
insuficiente para alcanzar de forma adecuada los objetivos que
persigue la propia ley.
Concluye mencionando los aspectos más destacados de las
treinta y cuatro enmiendas que su grupo mantiene a este
Título.
El señor Olarte Cullen defiende las enmiendas del grupo de
Coalición Canaria, exponiendo el contenido de la número 35, al
artículo 38.2; número 38, al artículo 52, y números 39, 39 bis
y 40 a las disposiciones adicionales cuarta, sexta y novena.
El señor González de Txábarri Miranda defiende las enmiendas
del Grupo Vasco (PNV). Señala que mantienen nueve enmiendas al
proyecto de ley con cuatro objetivos determinados, como son,
por un lado, adecuar el tipo de gravamen al que deberá
someterse a estas fundaciones, reduciendo el 20 por ciento
previsto al 12 por ciento. En segundo lugar, se trataría de
ampliar los sujetos que pueden acogerse al proyecto de ley.
Como tercer objetivo proponen que se concreten algunas de las
actividades de interés general que se prevén en el proyecto de
ley y, por último, que se suprima uno de los artículos que, en
su opinión, rompen la neutralidad del conjunto del proyecto de
ley, concretamente el artículo 67.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley
interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Nieto
González, manifestando que más que un turno en contra va a
realizar una oferta de enmiendas transaccionales y fijar la
posición de su Grupo respecto a las enmiendas que se mantienen
vivas que, a su juicio, no son muchas.
Coincide con otros intervinientes en que se trata de un
proyecto de ley importante, y precisamente en consideración a
esa importancia han trabajado todos los grupos intentando
buscar el mayor consenso posible. Se han acercado posiciones
con voluntad de consenso para hacer un buen texto que, a ser
posible, dure tanto como la legislación centenaria a la que
trata de sustituir. Agrega que fruto de ese consenso están
debatiendo en este momento un dictamen de la Comisión de
Educación que fue aprobado sin ningún voto en contra. Fruto
también de esa voluntad de consenso fueron los largos debates
en Comisión y la aceptación de 136 enmiendas, que hacen que el
dictamen elaborado en Pleno aparezca muy mejorado con respecto
al texto inicial. Si a ello se une que el proyecto remitido
por el Gobierno incorporaba buen número de propuestas de los
grupos parlamentarios realizadas en la anterior legislatura,
se comprenderá que ya desde el primer momento se encontraban
con un buen texto de partida con el que trabajar con el
espíritu de consenso mencionado por otros intervinientes.
Señala también que el dictamen aprobado por la Comisión, con
las incorporaciones que ahora se realizan como consecuencia de
las enmiendas transaccionales que van a presentar, dará lugar
a un texto legal que desarrolle el artículo 34 de la
Constitución de una forma equilibrada, actualizando la
legislación sobre la materia dispersa en numerosos textos, en
algunos casos centenarios. Por último, destaca los aspectos
más importantes del proyecto e insiste en el deseo de
aprovechar este último trámite en el Pleno para mejorar el
dictamen a través de las enmiendas transaccionales que ahora
presentan.
Completa el turno en contra de las enmiendas al proyecto de
ley, en nombre del Grupo Socialista, el señor García Ronda,
que expone el contenido de las enmiendas transaccionales de su
Grupo en relación con el Título II del proyecto sobre
incentivos fiscales. Al mismo tiempo desea dejar constancia de
que por fin la sociedad española va a disponer, de la mano del
Gobierno socialista, de una ley que no se había hecho
anteriormente, a pesar de todos los años que otros gobiernos
han tenido para hacer una ley similar a ésta que recogiese,
por fin, todo lo que atañe a las fundaciones.
Replican los señores Cortés Martín, González de Txábarri
Miranda y Homs i Ferret, duplicando los señores Nieto González
y García Ronda. Se procede a la votación de las enmiendas
anteriormente debatidas, así como a la del texto del dictamen,
que es aprobado.
El señor Presidente informa que, habiéndose solicitado por dos
grupos parlamentarios, la Presidencia somete al Pleno la
retirada del orden del día del debate de totalidad del
proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria.
Se aprueba por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 4215)
Proposición de ley por la que se modifica el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (Página 4215)
El señor Martínez Blasco defiende la enmienda de totalidad de
texto alternativo presentada por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Comienza señalando que en un Estado
de Derecho, así lo dice nuestra Constitución, no puede haber
una norma jurídica de carácter general que esté vigente sin
estar publicada. El artículo 9.3 de nuestra Constitución
garantiza la publicidad de las normas, como no podía ser de
otra manera en un Estado de Derecho. Así lo determina también
el Tribunal Constitucional en sentencia de 1989.
Consiguientemente, no es suficiente con que la norma sea
pública sino que debe estar publicada. Así lo establece,
igualmente, la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo
70.2, pero he aquí que la proposición de ley que ahora
discuten propone que haya unas normas de carácter general que
no se publiquen en ningún boletín oficial, publicándose sólo
la noticia de que ha sido aprobada la norma. En este sentido,
según la proposición, las normas urbanísticas no es necesario
publicarlas de forma completa en el boletín oficial de la
provincia, sino que basta con publicar el anuncio de su
aprobación y que la tienen a su disposición los ciudadanos en
el ayuntamiento.
Afirma que el contenido de este texto supone un retroceso
gravísimo, que están seguros que ni el propio Tribunal
Constitucional va a tolerar, ya que dicho Tribunal, al igual
que el Supremo, se ha pronunciado sobre el particular, no
permitiendo tamaño ataque a la Constitución. De ahí que
consideren preferible, como proponen en su enmienda de
totalidad, dividir entre aquello que es exclusiva competencia
municipal, que se mantiene tal como está, y desarrollar,
especificando cuáles son, los documentos de cada uno de los
instrumentos urbanísticos, que se deben publicar en todo caso
en el boletín oficial correspondiente.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene el
señor Nadal i Malé, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
manifestando que cuando se planteó por la Federación Catalana
de Municipios y la Asociación Catalana de Municipios la
posibilidad de modificar el artículo 72, en lo que hacía
referencia a los planes urbanísticos, no pensaban que una
cuestión eminentemente ténica pudiera dar lugar a un debate en
el que el señor Diputado enmendante hablase en un principio de
ocultismo, después de una necesidad de legalidad y, por
último, llevase el tema a planteamientos constitucionales.
Sobre este particular le aclara que su Grupo, al promover esta
iniciativa, nunca pensó en crear una norma que atacara la
Constitución. Cree que el señor Diputado ha llegado a un punto
en el que ya no sabe cómo defender este empecinamiento rotundo
y constante contra esta simple modificación. Agrega que la
distinción que realiza el enmendante entre la publicación y la
noticia es absolutamente errónea e inevitable, ya que en
absoluto están planteando que se publique simplemente una
noticia sino que, cumplidos todos los trámites legales
necesarios, se publique en el boletín la existencia y puesta a
disposición de esa norma, rechazando que se pretenda
ocultismo, ir contra la Constitución o realizar hechos
ilegales. Replica el señor Martínez Blasco, duplicando el
señor Nadal i Malé. Para fijación de posiciones intervienen el
señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); la
señora Martínez Saiz, del Grupo Popular, y Antich i Balada,
del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 17 votos
a favor, 172 en contra y 127 abstenciones.
Votación de conjunto (Página 4222)
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de
Enjuiciamiento Criminal con el fin de posibilitar la efectiva
destrucción de la droga decomisada (Página 4222)
Realizada la votación de totalidad, se aprueba la proposición
de Ley Orgánica por 314 votos a favor y una abstención.
Dictámenes de Comisiones de Investigación (Página 4222)
Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la gestión de
los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de
la Guardia Civil mientras fue Director General don Luis Roldán
(Página 4222)
El señor López de Lerma i López expone el dictamen de la
Comisión. Comienza aludiendo a la metodología de trabajo
desarrollada por la Comisión de Investigación, creada por
acuerdo plenario de 17 de febrero último, a lo largo de los
meses en que ha estado funcionando, en los que se practicaron
73 comparecencias durante 163 horas de sesión y se realizaron
importantes aportaciones de documentación por diversos
organismos, dando todo ello como resultado el dictamen de 149
folios de que disponen los señores Diputados, elaborado por
una ponencia creada a este fin por la propia Comisión, en el
que se recoge un resumen de los hechos más destacables que se
han conocido a través de esa documentación y esas
comparecencias antes citadas, así como 22 conclusiones
relativas a los ámbitos jurídico-penal y jurídico-
administrativo, enjuiciamiento político de lo acontecido y
recomendaciones de «lege ferenda». A juicio de este Presidente
de la Comisión se trata de un buen dictamen, que no obstante
tiene sus limitaciones, entre otras, lógicamente, las
derivadas del propio encargo de este Pleno del Congreso de los
Diputados en relación a un suceso que tiene más facetas que
las derivadas del propio objetivo de la investigación
parlamentaria.
A continuación, el señor López de Lerma expone un resumen del
dictamen en cuestión.
El señor Presidente anuncia que los turnos a favor de los
votos particulares y el debate correspondiente a los mismos se
producirá en la reanudación de la sesión a las cuatro de la
tarde.
Se suspende la sesión a la una y cincuenta minutos de la
tarde. Se reanudar la sesión a las cuatro y cinco minutos de
la tarde. La señora Aguilar Rivero defiende el voto particular
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza
destacando el grave error y el desacierto total que, a juicio
de su Grupo Parlamentario, supone el que por parte de los
Grupos Vasco (PNV), Catalán (Convergència i Unió) y Socialista
se haya decidido políticamente a cerrar en falso esta
Comisión, posibilitando con esa actitud que la denominada
«Comisión Roldán» no responda de forma satisfactoria a las
expectativas que había generado en el conjunto de la sociedad.
Han aparecido en los últimos días nuevos e importantes datos y
con esta decisión de cerrar la Comisión han evitado que sean
investigados cuando los mismos merecían ser aclarados.
Seguramente, con esa decisión desean evitar que se adentre en
el ámbito de los fondos reservados, ya que los datos en
cuestión se relacionan precisamente con tales fondos. Piensan
que precisamente debería ser el Partido Socialista el primer
interesado en que no quedara ninguna sombra de duda y, sin
embargo, ha optado por la opacidad frente a la imprescindible
transparencia y claridad. Se han escondido permanentemente
detrás de la frase de que el señor Roldán no tiene
credibilidad porque está fugado de la Justicia, en lugar de
demostrar con pruebas que no es cierto lo que denuncia el
señor Roldán, en una muestra más de ser un Gobierno
desconcertado, a la defensiva y en muchos momentos
desaparecido.
Sin embargo, la Comisión ha conseguido, hasta donde ha podido,
realizar un trabajo positivo, política y socialmente hablando,
demostrando, a pesar de las dificultades con las que se ha
encontrado, las circunstancias acaecidas en la Dirección
General de la Guardia Civil durante el tiempo en que fue
director don Luis Roldán.
Agrega que al presentar este voto particular su Grupo
Parlamentario ha querido ser realista y coherente con los
hechos demostrados, no queriendo practicar, como otros grupos,
la ocultación. Estando de acuerdo con los hechos relatados,
que demuestran una serie de circunstancias ocurridas durante
la etapa del señor Roldán al frente de la Guardia Civil, de
las que se derivan unas responsabilidades políticas, que son
las que precisamente los Grupos Socialista, Vasco y Catalán no
quieren asumir.
Alude a la actuación del señor Roldán en materia de esos
fondos reservados, inversiones en obras de acuartelamientos e
ingresos presupuestarios detectados, gestionados y controlados
directamente por el propio señor Roldán, existiendo una
absoluta opacidad que comporta la correspondiente
responsabilidad que el Gobierno tiene que asumir, aunque no
esté dispuesto de ninguna manera a reconocer. Los datos son
suficientemente importantes y relevantes como para que el
Partido Socialista y el Gobierno en su conjunto vengan a decir
que nada de esto conocían, ya que su responsabilidad es igual
por acción que por omisión. Concluye afirmando que, por acción
u omisión, por connivencia y complicidad o por incompetencia,
hay distintas y diversas responsabilidades que han demandado a
través de su voto particular y que van
desde la propia responsabilidad del ex Director, pasando por
los ex Ministros del Interior: Barrionuevo, por proponer al
Consejo de Ministros la designación del señor Roldán; del
señor Corcuera, por ratificarle en su caso y por las
irregularidades cometidas durante su mandato; del señor
Asunción, por no investigar cuando ya había datos más que
preocupantes y por no vigilar al señor Roldán, permitiéndole
su evasión de la Justicia y que encima parece que se ha
dedicado a destruir pruebas; del Secretario de Estado señor
Vera, por acción y omisión en sus obligaciones de vigilancia y
control; del ex Ministro de Hacienda señor Solchaga, al que, a
través de la Intervención General, llegaron informes
especiales sobre irregularidades manifiestas en la forma de
contratación de obras; del ex Ministro de Defensa y hoy
Vicepresidente del Gobierno, señor Serra, que designó, como el
señor Barrionuevo, al señor Roldán para su nombramiento en el
Consejo de Ministros, y también como máximo responsable de la
gestión del Cesid; del Ministro de Defensa, García Vargas, por
evidente negligencia en la actuación de los servicios de
inteligencia; del señor Alonso Manglano, Director del Cesid,
por su falta de control y exigencia de vigilancia sobre los
subordinados; del ex Fiscal General del Estado, que se negó a
investigar las irregularidades cometidas, claras y
manifiestas, conduciendo todo ello a que invoque en este acto
el artículo 8.º de la Constitución, en el que se delimita y
recoge expresamente la responsabilidad del Gobierno como
máximo responsable político.
El señor Olarte Cullen defiende el voto particular de
Coalición Canaria. Afirma que la conducta de Roldán, dada la
importancia del puesto que ha ocupado durante muchos años, ha
causado un enorme perjuicio a diversas instituciones, siendo
la responsabilidad de quienes en su día lo designaron y a lo
largo de muchos años no fueron capaces de reaccionar con un
mínimo de acierto ante los reparos y advertencias del Tribunal
de Cuentas.
Afirma que la Comisión de Investigación ha dado cabal
respuesta a la preocupación existente y a su Grupo le
satisface respaldar todo su trabajo. Creen haber sido capaces,
al margen de discrepancias puntuales importantes, de actuar en
absoluta conexión con las inquietudes ciudadanas. A su juicio,
ha existido una grave responsabilidad política que cabe
achacar de forma fundamental al Gobierno de la nación, y
también al Grupo Socialista que ha respaldado con su silencio
y dado una conformidad tácita a una cantidad de dislates
inadmisibles producidos a lo largo de los últimos años.
Termina haciendo referencia al contenido expreso de los tres
votos particulares de su Grupo Parlamentario.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, expone el voto
particular presentado al dictamen de la Comisión. Considera
inconcebible que el señor Roldán pudiese hacer solo todo lo
que hoy conocemos, y lo que ignoramos, que seguramente será
todavía más, sin contar con la complicidad activa o pasiva de
unos y otros, lo cual demuestra la gravedad de los hechos.
Entiende que no pueden dar por cerradas las conclusiones
porque todavía desconocen muchas cosas y tienen la impresión
de que les aguardan aún grandes sorpresas y novedades. Si una
sola persona con tan altas y graves responsabilidades puede
hacer todo esto sin que nadie se entere, les hace dudar de
muchas cosas y le sorprende que los sucesivos Gobiernos y
administraciones no hubieran detectado tales hechos. Considera
ridículo que el prófugo señor Roldán sea el único responsable
político de todo lo que ha ocurrido, lo cual supondría cerrar
en falso la Comisión, y de ahí la presentación de este voto
particular.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende su voto
particular. Sin entrar en los términos concretos del listado
de graves irregularidades cometidas por don Luis Roldán,
porque el dictamen de la Comisión es explícito, sí quiere
decir claramente que éste no pudo actuar solo y que hacía
falta una red de complicidades, una jerarquía de alianzas
notables para conseguir desde comisiones en adjudicaciones de
obras hasta desvío de fondos reservados. Afirma que Roldán
llegó donde ya había suciedad, se instaló en la suciedad y la
potenció porque el entorno ministerial en el que estaba
también la potenciaba y ésta es la primera y una de las más
graves responsabilidades del Partido Socialista.
Agrega que han cerrado en falso la Comisión a pesar de los
esfuerzos de la oposición y de todo lo nuevo que está
surgiendo con las graves informaciones que llegan de Suiza, no
consiguiendo que el dictamen consensuado reflejara las
responsabilidades políticas gravísimas que existen en este
caso. De ahí que no pueda sino expresar el ridículo que siente
ante un dictamen que señala a don Luis Roldán como único
responsable político.
Menciona una serie de cargos que, en su opinión, tienen clara
responsabilidad, con especial mención del señor Serra, cuya
huida de la Comisión considera que es el inicio del fracaso de
la propia Comisión al quedarse sin respuestas claves. El señor
Ramallo García defiende el voto particular del Grupo Popular.
Señala que la Comisión ha puesto de manifiesto que don Felipe
González y su Gobierno, de forma consiguiente por negligencia,
han dejado actuar a su libre albedrío a un Director General de
su confianza que hacía una vida irregular,
que se dedicaba a extrañas operaciones mercantiles, que
realizaba extraños viajes al extranjero --que ahora van
teniendo explicación en las cajas secretas de Suiza-- y que
presuntamente se ha enriquecido y ha enriquecido a otros con
el cobro de comisiones millonarias en la adjudicación de
contratos de la Guardia Civil y la utilización con fines
inexplicables de los fondos reservados. Por otro lado, el
Gobierno socialista ha dejado en manos de quien hoy resulta
ser un indeseable secretos de Estado que amenaza con desvelar.
Consiguientemente, es lógico que los españoles se pregunten
qué Presidente de Gobierno tenemos si es incapaz de detectar
esta grave realidad y ponerle remedio que ha puesto la
seguridad del Estado en manos de un prófugo como es el señor
Roldán y que es incapaz de asumir por sí y para sí una sola
responsabilidad política.
Seguidamente expone el contenido de los diez apartados en su
voto particular. Concluye señalando que hoy espera la
ciudadanía española que la Comisión siga funcionando y que
llegue a la depuración de la totalidad de las
responsabilidades políticas, haciendo si no flaco favor el
Grupo mayoritario y los que le apoyan a la credibilidad de la
Cámara. En todo caso, el escándalo va a seguir en la calle y
la sospecha va a permanecer.
Para turno en contra de los votos particulares interviene el
señor Cuesta Martínez, en nombre del Grupo Socialista. Expone
que el dictamen que hoy debaten es un buen modelo de
funcionamiento del Parlamento en su misión controladora del
poder político. Cree que deben valorar el trabajo que se ha
realizado y huir de retóricas negativas, retóricas derrotistas
que pueden producir un efecto perverso en la sociedad
española.
Se ha puesto de manifiesto mediante esta investigación un caso
de corrupción política grave. Se ha atacado a un pilar
sensible del Estado como es la seguridad y ello no sólo les
provoca bochorno sino también indignación; ha supuesto la
Comisión también un modelo de vitalidad de nuestra democracia
y de cooperación del Parlamento con la acción de la Justicia.
Agrega que en España hay que decir con rotundidad que no
existe corrupción generalizada, que el sistema democrático
funciona y es capaz de depurar responsabilidades, debiendo
decirse claramente a los ciudadanos que el período democrático
español es la época menos corrupta y más limpia de toda
nuestra historia y la lucha contra la corrupción es una
empresa en la que su Grupo y esta Cámara están comprometidos.
Seguidamente, el señor Cuesta Martínez procede a exponer la
posición del Grupo Socialista en relación con los votos
particulares defendidos anteriormente, contestando a algunas
de las manifestaciones de los intervinientes. Termina
reafirmándose en sus palabras de que la lucha contra la
corrupción no puede implicar bulas ni excepciones, que es un
ejercicio de defensa de la democracia y que están decididos a
esa lucha, de lo que el dictamen de la Comisión es un buen
ejemplo.
Replican las señoras Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Rahola i Martínez, del Grupo
Mixto, así como el señor Ramallo García, del Grupo Popular,
duplicando el señor Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y
Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a la votación de los diversos votos particulares
presentados, así como a la del dictamen de la Comisión, que es
aprobado.
Se levanta la sesión a las siete y veinticinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 6/1994, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS
POR LA SEQUIA (Número de expediente 130/000017)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día:
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/1994, de 27
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar
los efectos producidos por la sequía. Para explicar, en nombre
del Gobierno, las razones que le han llevado a la promulgación
de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro
de Obras Públicas.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, comparezco ante SS.SS. con el fin de
presentar a la Cámara el Ral Decreto-ley 6/1994, por el que se
han adoptado medidas urgentes destinadas a reparar los efectos
producidos por la sequía, para su convalidación... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Decía que me proponía presentar a la Cámara el Real Decreto-
Ley 6/1994, por el que se han adoptado medidas urgentes
destinadas a reparar los efectos producidos por la sequía,
para su convalidación de acuerdo con el artículo 86.2 de
nuestra Constitución.
Este Real Decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros
en su reunión del pasado 27 de mayo, una vez que constatamos
la existencia de un déficit pluviométrico durante el primer
cuatrimestre del presente año, que oscilaba entre un 45 y un
75 por ciento respecto a la media de los últimos 20 años y que
afecta a diversas zonas agrarias españolas.
Para que SS.SS. tengan cabal conocimiento de la situación
actual y de su dificultad, puedo informarles que, con las
mediciones efectuadas a finales del pasado mes, tenemos en
este momento en nuestros embalses un índice de ocupación del
36 por ciento, que oscila entre unas cuencas claramente bien
dotadas, con superávit, cuyos embalses están llenos en
proporciones que llegan a alcanzar el 80 por ciento, en el
caso del Duero, o el 78 por ciento, en el caso del Ebro, y
otras cuencas que no llegan a tener el 12 por ciento de sus
embalses, como es el caso del Segura, o del 17 por ciento, en
el caso del Guadalquivir. En su conjunto, este déficit de
precipitaciones y de reservas, acompañado de un régimen
térmico elevado, ha generado una sequía que ha afectado el
secano, principalmente a cereales y pastos, y en regadíos ha
impedido que se ponga en explotación un número importante de
hectáreas, porque hemos tenido que reducir drásticamente las
dotaciones de agua para riego en las cuencas del Guadalquivir
y del Guadiana y, a través de la cuenca del Tajo, en la del
Segura. Esta situación de sequía ha hecho inevitable adoptar
una serie de actuaciones; aprobar un Real Decreto-ley en
febrero para establecer una moratoria en el pago de las
tarifas de agua; aprobar un Real Decreto para gestionar los
recursos hidráulicos, al amparo del artículo 56 de la Ley de
Aguas; autorizar el trasvase de 25 hectómetros cúbicos desde
la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura; ejecutar una
serie de obras de emergencia contra la sequía y contra las
inundaciones, porque, paradójicamente, también sufrimos
inundaciones al mismo tiempo que sequía, y financiar un
conjunto de obras de emergencia. El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación realizó por su parte un seguimiento de la
situación creada y, una vez constatado el mantenimiento de la
grave situación, se consideró necesario adoptar medidas
urgentes complementarias, al no tener lugar en esta primavera
precipitaciones suficientes y agravarse la sequía que afectaba
a diversos cultivos.
Según el análisis de las repercusiones de esta sequía sobre
las explotaciones agrarias y sobre el empleo, las medidas
adoptadas en el Real Decreto-ley que presento a SS.SS.
persiguen los siguientes objetivos: primero, neutralizar el
riesgo de que la sequía pudiese llegar a afectar a la
estructura productiva de las explotaciones, no ya a las
cosechas, sino a la propia estructura productiva; en segundo
lugar, posibilitar la obtención de recursos financieros
alternativos a los ingresos no obtenidos hasta un montante de
100.000 millones de pesetas, en forma de créditos a bajo
interés; en tercer lugar, anticipar la percepción de las
ayudas ligadas a la política agraria común, en el caso de los
cultivos herbáceos de secano; y, finalmente, reducir gastos de
carácter fiscal y laboral en las explotaciones afectadas y
regular las condiciones requeridas a los trabajadores agrarios
eventuales, para que el menor empleo causado por la sequía no
repercuta en sus prestaciones por desempleo.
Quisiera diferenciar, señorías, los tres ámbitos de actuación
a los que se refieren los objetivos indicados: el ámbito
comunitario, el ámbito nacional y el ámbito de cada comunidad
autónoma. En el ámbito comunitario, en el cual se trata de
obtener apoyo y flexibilidad en la aplicación de los regímenes
de ayudas de la PAC; en el ámbito nacional, en el que
pretendemos instrumentar medidas generales u horizontales que
permitan alcanzar los objetivos reseñados en las zonas
afectadas; en el ámbito de cada comunidad autónoma, en el que
éstas deberán establecer medidas específicas que puedan ser
apoyadas desde la Administración del Estado, pero en el
ejercicio de sus competencias y responsabilidades.
Las explotaciones que serán beneficiarias de estas medidas
deberán estar situadas en los territorios afectados
determinados por el Ministro de Agricultura, por el de Obras
Públicas o por el de Trabajo, de acuerdo también con sus
respectivas competencias. Para beneficiarse de estas medidas,
las explotaciones de secano deberán haber sufrido a causa de
la sequía unas pérdidas medias de cosecha en los cultivos o
aprovechamientos ganaderos de más del 50 por ciento de la
producción normal y, en los regadíos, las explotaciones
deberán estar afectadas por una reducción de más del 50 por
ciento de los caudales de agua habitualmente disponibles.
Permítanme que resuma para cada uno de los objetivos que he
señalado anteriormente el contenido de las medidas adoptadas
para su consecución. En cuanto al objetivo A), obtención de
financiación alternativa a los ingresos no obtenidos a través
de las producciones, el Real Decreto-ley establece, en sus
artículos 5 y 6, las siguientes medidas: bonificación por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de hasta tres
puntos de los tipos de interés de los préstamos que se
concedan a los afectados en el marco de los convenios con las
comunidades autónomas, hasta un montante máximo de 100.000
millones de pesetas, cuyo coste se evalúa en 10.000 millones
más una cuantía similar a la que harán frente las comunidades
autónomas.
En segundo lugar, anticipos de las ayudas ligadas a la
política agrícola común, correspondientes a los cultivos
herbáceos. Y me gustaría recordar a sus señorías que en la
pasada campaña estas ayudas ascendieron a más de 100.000
millones de pesetas.
En tercer lugar, agilizar los trámites para el pago de las
indemnizaciones correspondientes al seguro integral de
cereales, cuyo coste está evaluado en unos 3.000 millones de
pesetas, a los que deberán añadirse otros 12.000 millones en
concepto de siniestralidad.
En lo que respecta al segundo objetivo, evitar los efectos
sobre la estructura productiva agraria, el Real Decreto-ley
hace referencia al mismo en su artículo 2, donde habla del
suministro de agua a la ganadería extensiva cuando se hayan
agotado las fuentes de suministro habituales, habiéndose
previsto destinar 500 millones de pesetas, ampliables, para
suplir esta carencia. Para reducir los flujos de gasto de las
explotaciones, en los artículos 3 y 4 se establece que tanto
las explotaciones de secano como las de regadío se
beneficiarán de medidas fiscales y laborales.
En lo que se refiere a las medidas fiscales, se trata de
condonar las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la
antigua contribución rústica, correspondientes al presente
ejercicio, así como de los servicios y recargos legalmente
autorizados. Esta condonación alcanzará una cuantía de 5.000
millones de pesetas.
En las medidas laborales se propone condonar el pago de la
cuota por jornadas teóricas de la Seguridad Social
correspondiente al presente ejercicio, condonación que
alcanzará un coste de otros 6.000 millones de pesetas. Además,
señorías, en las explotaciones de regadío se establece una
moratoria del pago de las tarifas de utilización de agua y del
canon de regulación correspondiente al ejercicio económico en
las explotaciones de regadío, cuyo coste será de unos 1.500
millones de pesetas.
La moratoria en el pago de la tarifa de utilización de agua se
hace para reducir los efectos derivados de la sequía, facilita
y faculta a los agricultores, como beneficiarios de las
infraestructuras hidráulicas construidas por el Estado, a
demorar el abono de la tarifa de utilización del agua --en
este sentido, este Real Decreto-ley es continuación de otros
tres promulgados anteriormente, el Decreto-ley de 22 de mayo
de 1992, prorrogado hasta los años 1993 y 1994--, según los
casos el abono de las tarifas correspondientes a 1992, para
toda una serie de cuencas afectadas por la sequía.
La persistencia de las desfavorables condiciones climáticas
hizo, a su vez, que el Decreto-ley de 21 de mayo de 1993
prorrogase hasta 1994 el pago de la tarifa de 1993, como el de
los importes aplazados hasta 1993 provenientes de 1992.
Finalmente, como les decía, en febrero pasado, otro Real
Decreto-ley volvió a prorrogar el abono de todas las
cantidades arrastradas de los años 1992 y 1993 hasta el
próximo 1995.
Como medida complementaria al aplazamiento hasta 1995 del pago
de la tarifa de utilización de agua y del canon de regulación
correspondiente al ejercicio de 1994, se autoriza a las
confederaciones hidrográficas del Guadiana, Guadalquivir,
Segura, Sur y Júcar a concertar operaciones de crédito durante
1994 por un importe de 2.000, 2.800, 200, 150 y 150 millones
respectivamente. Como consecuencia de esto, queda modificado
el anexo III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1994 y, a fin de que se concierten las operaciones de
crédito, se habilita un importe de 500 millones de pesetas
para pagar los correspondientes intereses.
Finalmente, para paliar los efectos negativos sobre el empleo
agrario de carácter eventual en las áreas afectadas, el Real
Decreto-ley contiene una disposición adicional, por la cual se
establece la regulación de las condiciones requeridas a los
trabajadores agrarios eventuales en los que pueda incidir la
disminución de la actividad productiva de las explotaciones de
las áreas referidas, a efectos de que puedan obtener
prestaciones por desempleo. En este sentido, el Real Decreto-
ley exime del requisito de alcanzar, a efectos del subsidio de
desempleo, las sesenta jornadas realmente cotizadas,
convalidando a estos efectos las jornadas no realizadas y sí
reconocidas, con motivo del Real Decreto-ley de medidas para
paliar la sequía del año 1993. Y, además, es de señalar las
modificaciones introducidas en el Plan de Empleo Rural para
1994, alcanzando los créditos para la financiación de
proyectos de inversión, a fin de contratar trabajadores en
paro, a 17.096 millones de pesetas.
Para terminar, señorías, el Real Decreto-ley contiene un anexo
que relaciona una serie de obras, catalogadas de interés
general, con el problema de la sequía. Su ejecución
contribuirá, sin duda, a evitar la necesidad de actuaciones
urgentes como la que nos ocupa.
En resumen, el coste de estas medidas, tanto en lo
concerniente a ayudas directas como a lo que se deja
de percibir por condonación o moratorias, asciende a un total
de 50.000 millones de pesetas.
Señorías, espero que la explicación del contenido de este Real
Decreto-ley y de los argumentos que avalan su promulgación,
que son los señalados en su preámbulo, hayan servido para
justificar a SS.SS. la adopción de las medidas urgentes por el
Gobierno y que, por lo tanto, sea convalidado hoy, haciendo
así posible instrumentar, con la diligencia necesaria, las
ayudas contenidas en el mismo y las medidas propuestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a fijar la posición de nuestro Grupo
respecto a la convalidación del Real Decreto-ley que
debatimos.
La sequía generalizada que ha invadido el campo español los
últimos tiempos ha hecho preciso, a nuestro juicio, que se
adoptaran las medidas de carácter extraordinario que el
Gobierno en su día adoptó y que hoy se someten a la
consideración de la Cámara para su convalidación definitiva. A
nuestro Grupo Parlamentario le parece oportuno que se hayan
establecido mecanismos de moratoria en cuanto a las tarifas y
al canon de los recursos hídricos; también mecanismos de
condonación en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social
y al Impuesto local sobre bienes Inmuebles. Pero consideramos
que el Gobierno también podía haber considerado estos
mecanismos de condonación no sólo en tributos de naturaleza
local, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sino también
en un tributo como el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, puesto que, en definitiva, es una parte importante
que asimismo deben abonar nuestros agricultores. Por eso,
entendemos que, en ese sentido, pueden quedarse cojos los
aspectos que contiene el Real Decreto-ley que debatimos hoy.
No obstante, estamos de acuerdo con otros aspectos que en él
se contienen, como pueden ser la transferencia de créditos
extraordinarios a la entidad estatal de seguros agrarios para
la cobertura de seguros de esta índole, las obras hidráulicas
que se prevé realizar, tanto para la modernización de regadíos
como para la mejora del abastecimiento del agua, donde nos
parecen necesarios los créditos extraordinarios que se
habilitan al efecto. Y, en tercer lugar, el adelanto de los
fondos del Feoga-Garantía en cuanto a medidas de la política
agrícola comunitaria relativa a los cultivos herbáceos,
también nos parece oportuno.
En definitiva, señor Presidente, y termino con ello, quiero
manifestar que la medida legislativa adoptada por el Gobierno
nos parece oportuna y, además, necesaria y, por lo tanto,
vamos a votar positivamente la convalidación del Real Decreto-
ley 6/1994, de 27 de mayo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo muy brevemente
también, desde el escaño, para fijar la posición del Grupo
parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto al Real
Decreto-ley 6/1994, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños producidos por la sequía.
Nuestro Grupo parlamentario considera que existe realmente una
situación de emergencia, causada por la grave sequía que
afecta a amplias zonas del país durante el presente año
agrícola y cuyos efectos se suman a la ya acaecida en años
anteriores, especialmente en 1992 y 1993, para los que también
fue imprescindible habilitar créditos extraordinarios.
Esta intensa sequía ha producido importantes pérdidas en
producciones agrícolas de secano y de regadío, reduciendo e
impidiendo el aprovechamiento de los regadíos de las cuencas
hidrográficas, especialmente del Guadiana, del Guadalquivir,
del Segura y del Júcar, aunque este año, en mayor o menor
medida, la sequía ha afectado a otras zonas de Castilla,
Aragón e incluso interior de Cataluña, donde si no han sido
afectados los regadíos, sí lo han sido los secanos. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Esta
situación ha hecho necesaria la adopción de medidas urgentes
en beneficio de las empresas agrarias y ganaderas para que
puedan compensar las cosechas perdidas y especialmente salvar
sus estructuras productivas y, por lo tanto, garantizar su
continuidad, como, por ejemplo, los suministros de agua y de
cereales, pienso subvencionado o medidas de sostenimiento de
unos ingresos mínimos y de reducción de los gastos fiscales y
laborales para agilizar las prestaciones por desempleo, o bien
líneas de crédito a interés reducido en tres puntos,
moratorias y exenciones en el pago de las tarifas por
utilización de aguas y en los impuestos de bienes inmuebles,
rústicos, etcétera. Algunas de estas ayudas constituyen un
avance de las ayudas previstas en la política agraria común y
en el Seguro integral de cereales, pero las dotaciones
presupuestarias del Real Decreto van dirigidas a financiar
todo ese conjunto de medidas para compensar a las distintas
administraciones y organismos del Estado por
los beneficios e indemnizaciones que otorguen o por las
recaudaciones que dejen de percibir y para financiar las obras
hidráulicas que, en el propio Real Decreto, son declaradas de
interés general y que se supone que han de contribuir, en
parte, a que en otras anualidades disminuyan los daños por la
sequía y, por lo tanto, la cuantía de los reales decretos y de
los créditos extraordinarios para repararlos.
Por todo ello, por las razones de justificación de la
situación de emergencia real producida por la sequía,
apreciando la pertinencia de la urgencia, la necesidad de
todas las medidas propuestas y contando con el informe
favorable del Consejo de Estado, Convergència i Unió votará
favorablemente la aprobación del presente Real Decreto-ley y
sus créditos extraordinarios por una cuantía de 50.000
millones de pesetas.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo de manera breve y desde el escaño para decir que
vamos a apoyar con nuestro voto favorable el Real Decreto en
favor de los agricultores, que están padeciendo una situación
tan sumamente mala por la sequía. Nosotros queríamos apuntar
al Ministro que siempre hemos defendido que este tipo de
decretos debía tener una modulación para que pudieran ser
favorecidas aquellas explotaciones agrarias familiares que
están en peores condiciones y que los recursos que se puedan
establecer para paliar las repercusiones que la sequía está
originando en este tipo de explotaciones pudieran ser mayores.
No es así, pero, de todas las formas, vamos a apoyar este Real
Decreto y, además, vamos a solicitar que no se tramite como
proyecto de ley, por la urgencia y la necesidad de los
agricultores de nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar sí a la convalidación
de este Real Decreto y eso no excluye que pidamos su urgente
tramitación como proyecto de ley en esta Cámara, por intentar
rellenar y dar contenido al fin que debía perseguir este Real
Decreto, que no alcanza en ningún momento, señor Ministro,
para paliar los efectos de la sequía.
El Gobierno le ha destinado a usted para presentar este Real
Decreto, allá el Gobierno, porque yo le voy a pedir que me
explique los alcances, contenidos y fines que se persiguen con
el Real Decreto, que no se contemplan en ningún momento, y
que, para nuestro Grupo, no solucionan las circunstancias que
concurren en la sequía de 1994, sequía que ha alcanzado, señor
Ministro, un valor de cerca de 300.000 millones de pesetas.
Tenemos la tercera sequía. En la exposición de motivos, señor
Ministro, nos hubiera gustado contemplar, de alguna forma, la
liquidación que el Gobierno hacía de los anteriores dos Reales
Decretos que habían regulado la sequía en España, liquidación
que el Gobierno obvia porque bien sabe que ambos reales
decretos han sido un fracaso, no han podido aplicarse. Los
agricultores y ganaderos, que, teóricamente, estaban
protegidos, han sido incapaces de articular las medidas que
teóricamente se habían aprobado en su favor, medidas que
nuevamente se contemplan aquí y que no se regulan, no se
aclaran, no se especifican sus fines y, por lo tanto, en 1994
tampoco servirán para alcanzar los fines propuestos.
Señor Ministro, dice el preámbulo del Real Decreto que se
están llevando a efecto gestiones para la distribución de
cereal-pienso entre los ganaderos. ¿Dónde, cuándo, con qué
cuantía, a qué precio? señor Ministro. Dice el preámbulo que
se está haciendo y le ruego que me conteste exactamente qué
cantidades, qué precio y en qué regiones se está distribuyendo
cereal-pienso a los ganaderos afectados por la sequía.
El artículo 1.º dice: Finalidad: pérdida media de cosecha de
cultivos. ¿Qué es pérdida media de cosecha de cultivos? ¿Qué
cantidad de referencia tomamos: la cantidad de referencia
establecida por la política agraria común, la cantidad
establecida en los seguros agrarios, la declaración del
agricultor o ganadero o el informe de la Administración? ¿Cuál
es la cosecha media, señor Borrell, para determinar la zona
beneficiada por la declaración de sequía? Porque esa
explicación que se contiene en el artículo 1.º no significa
nada. Y, por lo tanto, un mes después de aprobado el Real
Decreto, eso sí, pocos días antes de las elecciones al
Parlamento Europeo, no sabemos aún las zonas, la determinación
del tipo de agricultor o ganadero que está beneficiado, porque
no ha sido regulada todavía la determinación de la llamada
cosecha media. El Real Decreto nos dice: se condona el pago
del Impuesto de Bienes Inmuebles. ¿En qué zonas, señor
Ministro? ¿Cómo pueden ustedes valorar esta condonación en
millones de pesetas si no tenemos determinadas las zonas?
Segundo, ¿cómo pueden determinar la cantidad, si ustedes no
han comunicado a las administraciones locales y a las
diputaciones provinciales que
no cobren ese Impuesto? ¿Cómo puede producirse, en el caso
concreto de mi provincia, que la Diputación provincial de
Albacete haya adelantado el cobro de este impuesto seis meses,
señor Ministro, precisamente para que, en el supuesto de que
estuviera dentro del ámbito de aplicación de este Real
Decreto, ya haberlo cobrado, y que sean los agricultores, a
través de un proceso largo de mecanismo legal, los que el año
que viene a lo mejor estén recibiendo la devolución de ese
impuesto? ¿Cuándo han escrito ustedes, cuándo han oficiado,
cuándo han comunicado a las administraciones locales que no
pongan a cobro el impuesto? El impuesto se ha puesto al cobro,
señor Ministro, porque ustedes no han determinado las zonas,
no han determinado el tipo de agricultor y ganadero que se
puede beneficiar y, por tanto, no puede usted, en este
momento, decirnos aquí que la condonación del impuesto
significa tantos miles de millones de pesetas que no se van a
cobrar y que, ustedes van a tener que pagar a las
administraciones locales. ¿De dónde le sale a usted esa
cuenta, señor Ministro? Dígalo usted. Dígame las zonas, dígame
las provincias que no van a cobrar el Impuesto de Bienes
Inmuebles y le aceptaré la cuantificación, sino, será una
declaración demagógica de las tantas a que nos tiene
acostumbrados su Ministerio y su Gobierno.
Dice su Real Decreto: ayudas hasta 100.000 millones de pesetas
con un tres por ciento. ¿Qué tipo de agricultor va a poder
pedir esas ayudas, señor Ministro? ¿Está delimitada la cuantía
y modulaciones? ¿Pero cómo pueden ustedes poner una cantidad y
valorar incluso esa cantidad, los intereses que van a pagar,
si no están determinados los sujetos activos que se van a
poder beneficiar de ese Real Decreto? A mí me extraña que
otros grupos parlamentarios le hayan concedido al Gobierno un
cheque sin cuantía, mejor dicho, sin fondos (Rumores.), porque
no hay dinero en el presupuesto. ¿Cómo le han podido firmar a
ustedes en blanco un real decreto que no significa nada, señor
Borrell? (Fuertes rumores.) Dice el real Decreto: vamos a
anticipar el pago de las ayudas de la PAC. ¿Con qué soporte
presupuestario, señor Ministro? ¿Dónde está el soporte
presupuestario del pago del adelanto de las ayudas de la PAC?
¿En el anexo, en el aumento de ingresos o en el presupuesto de
gastos? ¿Dónde cuantifican ustedes esa acción, señor Borrell?
¿Van a ser todos los cultivos herbáceos? ¿Solamente van a ser
los cereales? ¿Plazo para pagar? ¿Cuantía? ¿Modulaciones?
¿Todos los agricultores ubicados en qué zonas? Señor Ministro,
no sabe, no contesta. (Rumores.) No lo sabe. (Rumores y
protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Espero, señor Ministro, que ahora
venga a esta tribuna y aclare todas las dudas que le estoy
planteando, porque el Decreto no hay por dónde cogerlo.
(Rumores.) No tiene ningún soporte. No tiene cuantificación
presupuestaria. Solamente ustedes han sumado 2.500 millones de
pesetas, que son el adelanto a Enesa, el pago de las acciones
que el Iryda va a realizar para abastecimiento de agua, y unos
mínimos intereses. El resto, señor Ministro, las cuantías, las
cifras, son pura invención demagógica del Gobierno antes de
las elecciones al Parlamento Europeo.
Dice el real Decreto que se van a posibilitar créditos
extraordinarios en favor de Enesa por valor de 1.500 millones
de pesetas. ¿Sabe, señor Ministro, lo que debe Enesa en este
momento? ¿Lo sabe? (Un señor Diputado del Grupo Parlamentario
Popular: No.) No lo sabe. Ni ustedes tampoco (Señalando los
bancos del Grupo Socialista.), que es lo más grave. Ni el
Partido Socialista, ni el Grupo Parlamentario Socialista, ni
el Ministro que el Gobierno nos ha mandado hoy aquí. (Rumores
y protestas.) Por tanto, señor Ministro, con 1.500 millones de
pesetas... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: ... con 1.500 millones de pesetas
no tiene Enesa para pagar ni el 20 por ciento del dinero que
debe a los agricultores. Por tanto, esto no sirve para nada.
Señor Ministro, el tercer decreto que en España pretende
regular la situación de sequía estructural que sufrimos, no
tiene nada más que el contenido demagógico que se hizo el día
28 de mayo. Por consiguiente, espero, señor Ministro, que en
una segunda intervención de S.S. conteste a las concretas
preguntas que le acabo de hacer, porque, si no, el decreto
será como los anteriores, no servirá para nada.
¿Sabe, señor Ministro, que en anteriores decretos se
concedieron moratorias de préstamos que habían recibido los
agricultores y ganaderos, y que cuando fueron a la entidades
bancarias a ejercitar ese derecho reconocido en el real
decreto, las entidades bancarias les dijeron que no habían
recibido instrucciones del Gobierno y que, por tanto, no
podían conceder la moratoria teóricamente establecida en un
real decreto? Así, señor Ministro, no se puede intentar paliar
los efectos de una desastrosa sequía.
Mientras ustedes no planteen oficialmente ante las
instituciones comunitarias que España tiene y sufre una sequía
estructural, no coyuntural, que se definan nuevos objetivos en
la acción comunitaria (igual que ha obtenido Finlandia, que
acaba de integrar en la Comunidad más de seis millones de
hectáreas, teóricamente árticas, para que haya una acción
independiente, enérgica, de las instituciones comunitarias
cuando se actúe en este sentido); mientras ustedes sean
incapaces, en el Real Decreto, de atender toda la geografía
nacional
no se conseguirá nada. Han excluido las heladas, han excluido
las lluvias torrenciales que han producido desastres
agronómicos en Extremadura y en Castilla y León. Ustedes
solamente aprobaron un real decreto pensando en sus efectos
electorales (por supuesto, escasos), de cara a las elecciones
del Parlamento Europeo, y hoy intenta el señor Ministro, en
una brevísima intervención parlamentaria, convencernos de las
bondades del mismo. Señor Ministro, nosotros vamos a solicitar
su tramitación como proyecto de ley, y en ese trámite vamos a
intentar rellenar, mejorar y poner el instrumento legal al
servicio de los agricultores que están sufriendo la sequía, no
lo que acaban de hacer ustedes con este bodrio de Real
Decreto.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor López García.
El señor LOPEZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para
expresar nuestro apoyo a la convalidación del Real Decreto
6/1994, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los efectos producidos por la sequía. La escasez
de lluvia, que es evidente que desafortunadamente viene
presentándose en España de una manera frecuente y cíclica, ha
ocasionado una sequía particularmente acusada en una zona
amplia del territorio nacional que se orienta en dirección
sureste-nordeste, afectando fundamentalmente a las cuencas del
Guadiana, Guadalquivir sur, Segura, Júcar y al sistema
Entrepañas-Buendía de la cuenca alta.
El trienio 1991-1994 es, como hace poco ha señalado el
Ministro Borrell en esta Cámara, el más seco del presente
siglo en la mayor parte del centro y sur de la península. Esta
situación de marcado déficit en las precipitaciones ha
ocasionado dificultades de distinta naturaleza a las que el
Gobierno, desde nuestro punto de vista, ha venido haciendo
frente de manera eficaz y continuada, tratanto en lo posible
de minimizar los efectos más indeseables. Además de las
medidas contenidas en el Real Decreto que hoy se somete a
convalidación, y a las que posteriormente me referiré de forma
breve al haber sido objeto de análisis por parte del señor
Ministro, el Gobierno ha adoptado otras decisiones a lo largo
del año 1994 con idéntico propósito de combatir los efectos de
la sequía y que complementan lo contenido en el Decreto.
Decisiones entre las que cabe destacar, a nuestro juicio, las
siguientes. En primer lugar, la aprobación del Real Decreto
2/1994, de 4 de febrero, por el que se acordaban moratorias en
las tarifas de utilización de aguas, estableciéndose un
sistema de amortización plurianual a partir del año 1995 para
la deuda acumulada por los aplazamientos de los años 1992 y
1993. En esa misma disposición se acordaba la transferencia de
recursos, hasta un máximo de 10 hectómetros cúbicos de la
cuenca del río Almanzor, en Almería, con destino a los
regadíos meridionales de la cuenca hidrográfica del Segura.
En segundo lugar, la transferencia de 35 hectómetros cúbicos a
través del trasvase Tajo-Segura, autorizado por acuerdo del
Consejo de Ministros del pasado 4 de mayo.
En tercer lugar, las actuaciones tendentes a lograr una
aplicación de las ayudas a las rentas previstas en la política
agraria común, adecuada a las excepcionales circunstancias por
las que atraviesan los secanos y regadíos de las zonas
afectadas. Debo señalar en este punto que el Gobienro, en esta
misma dirección, en la reunión de los ministros de Agricultura
de la Unión Europea celebrada en el mes de enero pidió el
establecimiento de un mecanismo automático de respuesta a
catástrofes naturales, entre las que, obviamente, entra la
sequía.
Quiero hacer notar aquí también que no son exactas las
afirmaciones vertidas desde algún grupo en el sentido de no
haber obtenido respuesta positiva por parte de la Comunidad
respecto a las peticiones efectuadas en los años 1992 y 1993
por el Gobierno español. Tenemos que decir que en el año 1992
se sobrepasó la superficie de girasol, siendo compensada, y en
1993 se compensaron superficies base de los planes de
regionalización, y esto como respuesta positiva a las
peticiones efectuadas.
Junto a los aspectos antes mencionados, y dada la entidad
económica y social del problema que nos ocupa, su repercusión
sobre las empresas agrarias afectadas y el mundo rural en el
que se enmarca, creemos que eran oportunas y urgentes las
medidas contenidas en el Decreto que hoy el Gobierno presenta
a la Cámara y cuyos objetivos básicos ya ha reiterado el señor
Ministro. Pensamos que otro aspecto destacable de las medidas
contenidas en el Decreto son las condiciones a requerir a los
trabajadores eventuales agrícolas, lo que puede afectar a la
disminución de la actividad productiva a efectos de que puedan
obtener prestaciones por desempleo complementando las peonadas
necesarias a las personas afectadas.
El Grupo Socialista comparte con el Gobierno la necesidad y
urgencia en la adopción de las medidas que contempla el
Decreto, una vez trancurrido el mes de abril y la primera
quincena de mayo sin mejora de la situación en lo que al
régimen de ayudas se refiere y no por razones estrictamente
electorales, como señala el señor Ramírez en su exposición,
razonamiento que ya hicieron también el año pasado cuando se
tramitó el Real Decreto. Se trata de unas circunstancias
puramente
lógicas y técnicas, que es cuando es posible evaluar los
efectos de la sequía, al final del mes de abril o mayo, cuando
se ha producido el resultado de lo que se puede esperar
razonablemente como ciclo de lluvia.
El Decreto contiene nuevas medidas de apoyo a las
explotaciones agrícolas y ganaderas respecto a lo contenido en
el Decreto de sequía del año 1993. Aceptamos, naturalmente,
que puedan existir puntos de vista que maticen o incluso se
contrapongan a lo propuesto por el Gobierno en este Real
Decreto y en las medidas complementarias ya citadas. Somos
conscientes, al mismo tiempo, del problema estructural que
supone la escasez de agua, justamente en muchas de las zonas
con mejores condiciones de temperatura para el cultivo y donde
la renta agraria tiene una gran importancia para la población.
El ámbito de resolución de este problema de manera definitiva
pensamos ha de hacerse en el contexto del Plan Hidrológico
Nacional. No obstante, el Gobierno viene trabajando de forma
intensa en estos años en una mejora de la regulación en las
cuencas construyendo embalses, en políticas de ahorro
incentivando a la modernización de los riegos existentes con
el objetivo de ahorrar agua, en la depuración y reutilización
de aguas residuales y, desde luego, si estas medidas son aún
insuficientes --y como antes se ha mencionado--, en el
trasvase de recursos de cuenca excedentaria a cuenta
deficitaria, en una visión solidaria de lo que ha de ser una
de las políticas de equilibrio territorial y uso racional de
un bien escaso en nuestro país como es el agua.
Desde el Grupo Socialista pensamos que, sustantivamente, el
planteamiento efectuado por el Gobierno es correcto y atiende
las razonables demandas de los titulares de explotaciones y
trabajadores eventuales agrícolas, al tiempo que da un paso
más en la mejora de determinadas infraestructuras, lo que nos
irá permitiendo optimizar el uso de los escasos recursos
hidráulicos disponibles en algunas zonas de España.
Señor Presidente, voy a finalizar haciendo dos o tres
consideraciones. En primer lugar, debo decir que las medidas
establecidas en el Decreto sólo pretenden paliar los efectos
de la sequía y no abrir un debate sobre la idoneidad o no de
algunas medidas de la política agraria común o sobre el Plan
Hidrológico Nacional.
En segundo lugar, que el Gobierno y el Partido Socialista han
mantenido una posición seria y coherente en relación con los
temas del agua en España, incluso cuando ha sido necesario, en
algún momento, decir algo que a algún interlocutor no le
gustaba oír; posición que no es posible decir que todos los
partidos políticos, ya que algunos, a veces con demasiada
frecuencia, hacen planteamientos distintos, con mensajes
selectivos, en función de qué piensa que le gustaría escuchar
al interlocutor que tienen enfrente. Unas declaraciones
efectuadas recientemente por algún líder del Partido Popular
creo que son prueba palmaria de esto. Decía: «Ya se sabe,
España es como es, media España seca, media España húmeda:
aquí llueve, allí no llueve. Hay que dejar las cosas tal como
las ha hecho la madre naturaleza». Este planteamiento, para
ser coherente, se supone que también lo sostendrá cuando hable
con otros colectivos, como, por ejemplo, los agricultores, que
es el asunto que hoy nos ocupa. Yo me felicito de que en los
planteamientos sobre los fondos comunitarios, el señor Ramírez
sea hoy también vehemente y enfático; en eso coincidimos,
afortunadamente. Hace algún tiempo, por las manifestaciones
hechas por alguno de sus dirigentes cuando se discutía la
constitución de los fondos de cohesión y su dotación, parece
que no era ésa la posición del Partido Popular. Entiendo que
es mejor interpretar que evolucionan favorablemente en lo que
es la defensa de los intereses nacionales, los interpretan así
mejor, sin ninguna duda. Por último, quiero decir al señor
Ramírez que yo espero, después de la intervención que ha
hecho, que el próximo año las condiciones climáticas mejoren,
y que el Gobierno no se vea en la necesidad de promulgar un
decreto sobre sequía, aunque estoy convencido de que este que
debatimos será para beneficio y satisfacción de los
agricultores y ganaderos; no tenemos ninguna duda sobre ello,
ni nosotros ni el Gobierno; pero tengo alguna vacilación de
que lo sea para el Partido Popular, que, en algunas ocasiones,
manifiesta posiciones no excesivamente entusiásticas cuando se
trata de aspectos que son positivos, y esto, desde luego,
siempre que ellos no son protagonistas de esas mismas
situaciones positivas.
Confío, por tanto, en que hoy, con el apoyo de la mayoría de
la Cámara, se pueda convalidar el Decreto que se somete a
votación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate,
señorías, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos
producidos por la sequía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 299.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación.(Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 124; en contra, 168; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS
CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS (Número de expediente
121/000026)
--PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DEL
REGISTRO CIVIL (Número de expediente 121/000040)
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CON EL FIN DE POSIBILITAR LA EFECTIVA
DESTRUCCION DE LA DROGA DECOMISADA (Número de expediente
122/000035)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día,
enmiendas del Senado. ¿Desea algún grupo intervenir en
relación con alguno de los proyectos de ley enmendados por el
Senado? (Pausa.)
¿Intervenciones en relación con el punto número 36, proyecto
de ley de responsabilidad civil por los daños causados por
productos defectuosos? (Pausa.) ¿Intervenciones en relación
con el proyecto de ley de reforma del artículo 54 de la Ley
del Registro Civil? (Pausa.)
¿Intervenciones en relación con la proposoción de ley orgánica
por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con
el fin de posibilitar la efectiva destrucción de la droga
decomisada? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo va a apoyar la mayoría de las enmiendas
aprobadas por el Senado en relación con este proyecto de ley,
pero no así las dos que se refieren al artículo 12, sobre
prescripción... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, un momento.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Continúe, señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas que ha introducido el Senado en relación con la
prescripción de la acción contra los daños que puedan
producirse por productos defectuosos significa una pérdida de
seguridad jurídica en cuanto a la posición del perjudicado, y
por eso nuestro Grupo Parlamentario va a rechazarlas. En
cuanto al primer párrafo porque el comienzo de la fecha de la
prescripción, según el dictamen del Congreso de los Diputados,
se produce en el momento en que hay un perjuicio sufrido por
el perjudicado, y el Senado, sin embargo, considera que el
comienzo de la prescripción debe ser el momento en el que se
conció o hubiera debido conocerse el defecto. Esto introduce
un elemento de ambigüedad y de incertidumbre que nos parece
que claramente empeora la redacción del Congreso de los
Diputados. Por ello mantenemos la redacción que salió de esta
Cámara. En cuanto al segundo párrafo, el Senado introduce una
fórmula diferente de prescripción para acciones que no son las
previstas en esta ley de la que aparece en la legislación
general establecida en el Código Civil. La redacción es
sumamente confusa. No se sabe exactamente a qué se refiere el
Senado cuando habla de otras acciones. No está previsto
claramente el supuesto de hecho al que se refiere este párrafo
segundo que introduce el Senado, y nos parece, por tanto, que
también empeora, en este caso, la redacción aprobada por esta
Cámara. Por consiguiente, nuestro Grupo Parlamentario votará a
favor de las enmiendas del Senado, excepto las dos que se
refieren al artículo 12 del proyecto de ley. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cartagena.
El señor CARTAGENA TRAVESEDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo, siguiendo casi lo que ha dicho el señor López
Garrido, va a mantener una posición afirmativa respecto a las
enmiendas, con exclusión de las que aluden al artículo 12, en
sus puntos 1 y 2, y ello sencillamente porque creemos que no
aportan ni contenidos jurídicos sustantivos, ni, desde luego,
para nada claridad a la redacción que ya salió del Congreso de
los Diputados. Creemos que el ejercicio que han realizado en
el Senado respecto a este artículo 12 viene a confundir los
términos y a cruzar situaciones que teóricamente son de
difícil esclarecimiento y en el ejercicio práctico podrían
tener no pequeñas dificultades para el ejercicio de lo
jurisdiccional.
Por consiguiente, reafirmo que nuestro voto sólo será distinto
en los artículos 12.1 y 12.2.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cartagena.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.
El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, en el texto que nos ha remitido el Senado se
han introducido algunas enmiendas a los artículos 1, 3, 5, 7,
9, 10 y 12. La mayoría de ellas son enmiendas fundamentalmente
de carácter gramatical, conceptual, que evidentemente mejoran
el texto que fue aprobado en su momento por el Congreso de los
Diputados.
Sin embargo, se introducen dos enmiendas al artículo 12,
apartados 1 y 2, que van más allá de la pura corrección
gramatical o de la depuración conceptual que se hace para los
artículos anteriores, y que, coincidiendo en esto con lo que
han manifestado los demás grupos, señor Presidente, pensamos
que no contribuyen a aumentar la seguridad jurídica de esta
ley, ya que introducen algunos elementos de confusión.
Fundamentalmente pensamos que aquella enmienda que se refiere
al artículo 12.2, no es ningún hallazgo legislativo, porque
añade una confusión, puesto que no sabemos a qué tipo de
productos se refiere. Por tanto, somos partidarios, y así lo
manifestaremos, a la hora de la votación coincidiendo con el
resto de los grupos que ya lo han expuesto, de votar
favorablemente a todas las enmiendas aprobadas por el Senado,
excepto a las dos que se refieren al artículo 12, apartados 1
y 2, donde votaremos en contra, defendiendo, por tanto, el
texto tal y como fue aprobado por el Congreso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Caldera Sánchez-
Capitán pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, en
relación con el proyecto de ley de responsabilidad civil por
daños causados por productos defectuosos, solicito votación
separada de las enmiendas del Senado presentadas al apartado 1
del artículo 12 y el apartado 2 del artículo 12. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Si es posible, le agradecería que me diga primero el número
del artículo y después el apartado.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Artículo 12, apartados 1 y
2. Pueden votarse conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de responsabilidad
civil por daños causados por productos defectuosos.
Votamos las enmiendas el artículo 12, apartados 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, ocho; en contra, 293.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma del
artículo 54 de la Ley del Registro Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas por
unanimidad. Enmiendas del Senado a la proposición de ley
orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, con el fin de posibilitar la efectiva destrucción de
la droga decomisada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 304.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas por
unanimidad.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES Y DE INCENTIVOS FISCALES A LA
PARTICIPACION PRIVADA EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL
(Número de expediente 121/000025)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: dictámenes
de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen
relativo al proyecto de ley de fundaciones y de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés
general.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Cortés.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, dieciséis años
después de la aprobación de la Constitución, que, en su
artículo 34, establece que el derecho de fundación debe ser
regulado por una ley, nos encontramos en estos momentos ante
la culminación de la primera fase de la tramitación en el
Senado de un proyecto de ley de fundaciones y de incentivos
fiscales. Esto ocurre, señor Presidente, porque ya el partido
socialista no tiene posibilidad de impedir que en España se
desarrolle uno más de los derechos de libertad contemplados en
la Constitución.
Haciendo de la necesidad virtud, se trajo a la Cámara un
proyecto que dista mucho de ser un proyecto bueno, pero que es
mejor a que no hubiese nada y mejor, desde luego, que los
proyectos que, en último extremo, se trajeron en la
legislatura pasada que produjeron auténtico pánico en todo el
mundo fundacional, en todos aquellos que queríamos que las
fundaciones contasen con un marco favorable en España y que no
queríamos que las fundaciones estuviesen, como estaban,
controladas, por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Sociales
por la entonces Ministra del ramo, que las usaba como un
instrumento más de su acción para aquellas acciones en las que
no tenía presupuesto suficiente. Ahora, ya digo, el Partido
Socialista no tiene capacidad de impedir que en España haya
una ley de fundaciones y de incentivos fiscales. Se hace, pero
se hace a desgana, y lo que se hace a desgana y sin confianza,
se hace mal.
Al inicio de la tramitación se ofreció por parte del Gobierno
y por parte del Grupo Socialista el consenso en la tramitación
de esta ley para que saliese un marco estable para las
fundaciones. Nosotros, señor Presidente, como otros grupos de
la Cámara, apoyamos este acuerdo, como lo habíamos pedido
también en otras ocasiones en pasadas legislaturas, cuando
eran rechazadas nuestras iniciativas por quienes entonces
tenían la mayoría absoluta. Decíamos que era bueno que las
fundaciones dispusiesen de un marco estable, tanto porque las
fundaciones, que son entidades con vocación de permanecer y de
poder actuar a medio y largo plazo, no podían estar sometidas
a una incertidumbre de si el régimen de la próxima legislatura
o del próximo ejercicio presupuestario iba a ser mejor o peor
del que tenía.
Nos interesa mucho insistir que no queremos que las
fundaciones piensen que inmediatamente después de esta
legislatura o de esta mayoría pueden tener un régimen
distinto, ni mejor, ni peor, porque en cualquiera de los dos
casos, la actividad de las fundaciones, la actividad de las
entidades filantrópicas o sin ánimo de lucro se retraerá,
tanto si piensan que puede venir un régimen mucho peor porque
tendrán miedo para dedicar fondos, esfuerzos y recursos a algo
que mañana puede encontrarse en peores condiciones, como si se
sabe que la actual legislación, siendo muy mala, va a ser
cambiada de manera radical por una nueva mayoría, en cuyo caso
también se retraerán y esperarán tiempos mejores. Por eso
ofrecimos el consenso, y en prueba de nuestra voluntad
retiramos, señor Presidente, nuestros dos textos alternativos
que habíamos presentado tanto a fundaciones como a incentivos
fiscales.
En este momento, después del trámite de Ponencia y del paso
por la Comisión, tenemos que decir que, a pesar de que se han
aceptado muchas enmiendas, tanto de nuestro Grupo como de
otros grupos de la Cámara, el texto tal y como está ahora,
señor Presidente, no es un texto que nosotros consideremos de
consenso, en modo alguno. Quiero decir con esto que en nuestro
próximo programa electoral mantendremos la modificación del
mismo en cuestiones esenciales, porque, a menos que se cambie,
y quedan trámites, tanto en la sesión de hoy como en el Senado
y cuando vuelva aquí, en última instancia, el proyecto del
Gobierno, en estos momentos no estimamos, en modo alguno, que
sea un texto aceptable para lo que nosotros consideramos que
exige la Constitución que sea un régimen de libertad, de
fomento y de estímulo a las fundaciones.
De las cuarenta enmiendas aceptadas del Grupo Popular,
veintinco son estrictamente de cambio de nombre de los
epígrafes o de redacción. Eso lo único que demuestra es que la
Ley, además de ser mala de fondo, estaba mal redactada, pero,
en modo alguno, puede presentarse como que se ha avanzado en
el acuerdo que se había ofrecido por parte del Gobierno y del
Grupo Socialista. Voy a referirme, señor Presidente, en esta
intervención, que compartiré con el señor Costa, a los
aspectos estrictamente sustantivos de la ley, que, como bien
se sabe, es el fruto de dos proyectos distintos: uno el
sustantivo de fundaciones y otro el del régimen fiscal de los
incentivos a todas las entidades sin ánimo de lucro.
Me referiré, señor Presidente, a cinco puntos sólo de las casi
200 enmiendas que presentamos y que consideramos centrales
para que el acuerdo sea posible. En primer lugar, señor
Presidente, pedimos en nuestras enmiendas que haya un
protectorado único para todas las fundaciones de ámbito
estatal; un protectorado único residenciado en el Ministerio
de Justicia e Interior, para evitar precisamente el que cada
ministerio tenga su protectorado y que, en vez de dedicarse al
estímulo, a la ayuda y al control, evidentemente, de que las
fundaciones cumplan con sus obligaciones de actividades de
interés general, se dediquen, como se han venido dedicando
algunos --no todos, ciertamente, pero sí muchos--, a usar las
fundaciones como una longa manus del Ministerio y para que se
hiciese a través de las fundaciones aquello para lo que el
Ministerio no
contaba; con recursos o con medios humanos o materiales, o
simplemente quería hacerlo porque parecía más lúcido y así se
pretextaba que se colaboraba con la sociedad civil.
Esa es nuestra idea sobre el papel que debe tener el
protectorado, por lo que un protectorado único que quede
regulado en la ley. En estos momentos eso se remite al
reglamento, pero queremos que, si tiene que haber un marco
estable, que se regule en la ley el protectorado único
residenciado en el Ministerio de Justicia e Interior.
En segundo lugar, y relacionado con el protectorado, nos
parece esencial que quede nítidamente definido en la ley
también que las fundaciones cuyo ámbito de actuación exceda al
territorio de una comunidad autónoma, sean libres para elegir
el protectorado al que quieren someterse y que no queden
condicionadas por el domicilio de sus órganos rectores a tener
un protectorado autononómico o estatal. Queremos que las
fundaciones sean libres, porque esto servirá también para que
los propios protectorados se esfuercen en prestar el mejor
servicio a las fundaciones. Será un buen estímulo para que los
protectorados, en lugar de controlar, hostigar o dirigir a las
fundaciones, se esfuercen en facilitarles la vida y cumplir la
auténtica misión de estímulo que la Constitución, al reconocer
el derecho de fundación como un derecho de libertad y obligar
a los poderes públicos a servir la causa de la libertad,
asigna a los protectorados. Esto en modo alguno queda claro en
el texto del Gobierno ni en las enmiendas que se han ido
incorporando, y nuestra enmienda 436 es muy nítida en este
punto y hacemos de ella una de las cuestiones centrales de
nuestra última posición sobre el proyecto de ley del Gobierno.
En tercer lugar, señor Presidente, y que refleja una distinta
concepción sobre las fundaciones que se puede tener en esta
Cámara, queremos que se favorezca desde la misma ley --y algo
se dirá también en los aspectos fiscales de la norma-- el que
sean fundaciones rentables y no aquéllo que se llamó en
nuestra historia las «manos muertas.» Para eso pedimos que no
se obligue a las fundaciones a tener que destinar el 70 por
ciento de las rentas que obtengan a los fines de interés
general, sino que se obligue a las fundaciones a que tengan
que destinar, cuando menos, un dos por ciento de su patrimonio
contado en un período de cinco años, para que puedan también
acometer proyectos de más larga envergadura, de más largo
alcance.
En estos momentos, señor Presidente, estamos viendo cómo
existen en España fundaciones que, contando con un enorme
patrimonio, no dedican una sola peseta a las actividades de
interés general, por una razón muy sencilla: dicen que no
producen dividendos esas acciones que tienen. Si ese
patrimonio estuviese bien administrado y sirviese
prioritariamente a cumplir fines de interés general y a ser
destinado a la atención de esos fines que tiene la fundación y
no a facilitar la autocartera de determinadas instituciones,
es evidente que sería posible que se sirviese al interés
general. Por eso planteamos en la enmienda que sea el dos por
ciento del patrimonio, como cantidad mínima, la que tiene que
destinarse y no un porcentaje elevado de las rentas, porque
una fundación mal administrada o una fundación que tiene mal
distribuido su capital o que, por la propia mecánica que
quieren darle sus administradores, no reparte dividendos o no
procura las rentas de su patrimonio, podría estar convertida
en una auténtica mano muerta si lo que se considera como
primera finalidad de las fundaciones es servir a fines de
interés general.
Cuarto punto. El artículo 67 del proyecto de ley establece uno
de los puntos que fueron objeto de mayor polémica en la
anterior legislatura y también lo siguen siendo en ésta. Se
dice que el Gobierno, en el proyecto de presupuestos generales
de cada año, presentará una serie de actividades que se
considerarán prioritarias y que, por tanto, tendrán una
sobreprima en los beneficios fiscales que se reciben por
dedicarse a ellas.
Consideramos que este es un acto, primero; de un peligrosísimo
dirigismo que creemos que se tiene que evitar; segundo, no es
la misión de la ley de presupuestos, que es una ley anual,
convertirse en esta ley-tranvía, donde todo se puede acabar
metiendo; en tercer lugar, una ley de presupuestos, que es una
ley, por su propia naturaleza, anual, impide que se favorezcan
actividades que, si se quieren favorecer, tienen que ser
actividades a largo plazo y, por tanto, cuando se quiere
favorecer, por ejemplo, la restauración del patrimonio --y no
el ayudar a una determinada localidad porque hay una coyuntura
política, parlamentaria o conmemorativa que quiere que se
favorezca esto--, si se quieren hacer de verdad proyectos a
largo plazo, debe quedar regulado directamente en la ley, y
por eso proponemos que se concedan esas mayores ventajas
fiscales a los museos nacionales, a los archivos y bibliotecas
nacionales, al patrimonio nacional, a las bibliotecas públicas
y privadas y a las reales academias; pero que quede reflejado
en la ley y no al albur de lo que en cada momento decidan las
mayorías cambiantes. Y lo digo también para todas las señoras
y señores diputados, porque, si no, cada año, todos
recibiremos muchas presiones de cada uno de los municipios de
nuestras distintas circunscripciones para que ese año se
incluyan enmiendas en los presupuestos puramente de
campanario, para decir que se favorezca la restauración de tal
monumento o de tal conmemoración en tal o cual sitio.
Pido que se reflexione sobre esta posibilidad y, desde luego,
consideramos que es ineficaz, dirigista y un reconocimiento
paladino de que los incentivos que se conceden en el conjunto
de la ley no son suficientes y son cicateros. Pero sobre esto,
en el siguiente turno, sobre las cuestiones fiscales, hablará
el señor Costa.
Ultimo punto, señor Presidente. Pedimos en una serie de
enmiendas --cerca de cincuenta enmiendas de las doscientas que
hemos presentado-- que se simplifiquen los trámites a los que
el proyecto de ley somete a las fundaciones. Desde una
profunda desconfianza parte el proyecto del Gobierno hacia las
fundaciones, a las que se quiere tener controladas doblemente,
tanto por los distintos protectorados de los ministerios como,
sobre todo y principalmente, por el Ministerio de Hacienda y
la Agencia Tributaria. Pedimos que se simplifiquen los
controles y que estos controles que se tienen que ejercer se
ejerzan de verdad. Por eso hablamos de un protectorado único,
para que se pueda contar con personal suficientemente
especializado y que no se pretexte por la Agencia Tributaria -
-a menos que ejerzan ellos el control, no sólo el fiscal, sino
muchas veces también el sustantivo-- que los distintos
ministerios, como tienen unos protectorados muy pequeños, no
tienen personal especializado para poder ejercer este control
necesario, sin ninguna duda, de que las fundaciones, por un
lado, atiendan al interés general y, por otro lado, cumplan
con las obligaciones fiscales, por mucho que éstas deben ser
más generosas para las actividades de interés general que para
las actividades estrictamente privadas.
Estos son, señor Presidente, los puntos centrales de nuestras
enmiendas a la parte sustantiva del proyecto de ley del
Gobierno, que reitero, a menos que se modifique el texto, tal
y como está en estos momentos --y quedan trámites para ello--
que nuestra opinión no puede ser favorable al mismo y
anunciamos que, al estar lejos de un texto de consenso,
incluiríamos en nuestro próximo programa electoral puntos
concretos de reforma de las fundaciones. Creemos que las
fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro son
imprescindibles para articular una sociedad pujante, sana, con
confianza en los individuos y en los grupos sociales, y con
este proyecto, en los términos en que está en estos momentos
redactado, esto queda muy lejos de lograrse. Por tanto, señor
Presidente, espero que en este trámite pueda recuperarse esa
voluntad de consenso que se anunció desde la tribuna tanto por
el Ministro que presentó el proyecto en nombre del Gobierno
como por los portavoces socialistas, y si no, nuestro voto
global, señor Presidente, no podrá ser favorable en estos
momentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cortés.
Señor Costa, tiene la palabra.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el artículo 34 de la Constitución
Española establece como un derecho fundamental el derecho de
fundación. Este reconocimiento constitucional del derecho de
fundación obliga al legislador no sólo a preservar su
contenido esencial, sino también a crear el marco jurídico
adecuado para poder incentivarlo y hacer efectivo su ejercicio
por parte de los ciudadanos. Este reconocimiento
constitucional tiene dos vertientes: en primer lugar, una
social, pero también una de indudable contenido y
trascendencia económica; una vertiente de contenido y
trascendencia económica que se pone de manifiesto en dos
aspectos, que son aquellos que voy a destacar aquí en estos
momentos y que son los que deben justificar el régimen fiscal
aplicable a las entidades sin ánimo de lucro.
En primer lugar, si los ciudadanos y los particulares asumen
la realización de actividades de interés general y la asumen a
costa de su propio patrimonio, el Estado dispondrá de una
mayor cantidad de recursos públicos para hacer frente a otras
finalidades. Pero, además, si la realización de esas
actividades de interés general por parte de los ciudadanos
exige la utilización de unos recursos económicos, cualquier
detracción que pueda hacer el Estado de esos recursos
económicos minorará la capacidad de actuación de los
particulares y, por lo tanto, el volumen de los servicios que
los propios particulares pueden prestar en beneficio de la
colectividad. Teniendo en cuenta esas circunstancias --y ya lo
anticipo aquí-- mi Grupo Parlamentario es partidario de
establecer como principio general un régimen de tributación en
el Impuesto sobre Sociedades para las entidades sin ánimo de
lucro que establezca como principio el régimen de exención de
las rentas que puedan obtener las entidades sin ánimo de lucro
como consecuencia de la gestión de su patrimonio y que van a
destinar al cumplimiento de sus fines, porque, en opinión del
Grupo Parlamentario Popular, señor Presidente, para el Estado
es mucho mejor desgravar que subvencionar, es mucho mejor
reducir la fiscalidad de unas entidades que financiar
directamente la realización de actividades de interés general.
Y teniendo en cuenta esa circunstancia, la obligación de los
poderes públicos es apoyar de forma activa la puesta en marcha
y el mantenimiento de las actuales entidades de interés
general. El sometimiento a tributación de estas entidades
podría vulnerar el principio constitucional que exige un apoyo
y un celo por parte del Estado al mantenimiento y a la
realización de actividades dentro del ejercicio del derecho de
fundación. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario opina que la
larga marcha que llevan las entidades de interés general en la
búsqueda de un régimen fiscal adecuado para el tratamiento de
sus actividades va a tener que continuar, porque el régimen
fiscal que introduce este proyecto de ley es un mero reflejo
del régimen fiscal que hemos tenido vigente hasta estos
momentos con unos retoques cosméticos, y no se adecúa a los
regímenes fiscales que establece la práctica totalidad de los
países de nuestro entorno. Por eso, señor Presidente, voy a
hacer referencia
a las principales enmiendas que ha planteado nuestro Grupo
Parlamentario y que reflejan, por un lado, las distancias que
separan al Grupo Parlamentario Popular del resto de los grupos
de la Cámara que puedan apoyar este proyecto de ley y, por
otro, la falta de consenso en unas cuestiones tan
trascendentales y tan importantes que afectan a nuestro modelo
de sociedad. Para ello me referiré, en primer lugar, a las
enmiendas que hemos presentado al régimen fiscal en el
Impuesto sobre Sociedades y, en segundo lugar, a las enmiendas
que hemos presentado al régimen fiscal de las aportaciones de
los particulares a las entidades de interés general.
Las enmiendas presentadas por mi Grupo Parlamentario al
régimen fiscal de las entidades de interés general en materia
de Impuesto sobre Sociedades tienen como finalidad generalizar
la aplicación del régimen de exención a la totalidad de las
rentas que pueda obtener una entidad sin ánimo de lucro y que
va a destinar al cumplimiento de fines de interés general. De
esta exención quedarían únicamente excluidas aquellas rentas
que pueda obtener una fundación o una asociación declarada de
utilidad pública, en la medida en que deriven del ejercicio de
una explotación económica que no coincida con su objeto o con
su finalidad específica.
Estas enmiendas tienen como finalidad equiparar nuestro
régimen fiscal de las fundaciones en el Impuesto sobre
Sociedades a los establecidos en la práctica totalidad de los
países de nuestro entorno y establecer un régimen fiscal que
elimine las distorsiones que el proyecto de ley introduce en
el actual marco jurídico para la tributación de las
fundaciones; distorsiones a las que me voy a referir y que son
la consecuencia del modelo de liquidación por el que opta el
proyecto de ley.
El proyecto de ley declara exentas determinadas categorías de
renta de forma total o parcial. En segundo lugar, establece
que, para determinar la base imponible del Impuesto en la que
se integran las rentas no exentas, no resultan deducibles los
gastos imputables a las operaciones exentas, es decir, los
gastos propios de la entidad. En tercer lugar, somete a
tributación la base imponible así determinada a un tipo de
gravamen del 20 por ciento.
En nuestra opinión, este modelo es criticable; y lo es porque
lo que debe justificar la concesión de un régimen fiscal más
favorable para una entidad de interés general es la finalidad,
los fines que persiguen esas entidades, pero nunca las
categorías de renta a través de las cuales puede financiarse
esa entidad para hacer frente a sus fines propios.
De acuerdo con esto, el proyecto de ley introduce básicamente
dos distorsiones. En primer lugar, discrimina determinadas
fundaciones frente a entidades mercantiles y, en segundo
lugar, opta por un modelo de fundación, opta por una fundación
que se financia preferentemente por donativos y por las
generosas aportaciones de los recursos públicos, pero no por
aquellas fundaciones que disponen de suficiencia patrimonial
para acometer con independencia el cumplimiento de los fines
para los que fueron constituidas. Discrimina a las entidades
de interés general frente a las entidades mercantiles, porque
aquellas entidades de interés general que realizan una
actividad deficitaria, que tienen que cubrir en ocasiones con
rentas, por ejemplo, del capital mobiliario, y que van a tener
un déficit o una situación de explotación en la que no tengan
un resultado positivo en el ejercicio, van a estar sometidas a
tributación porque el tipo de gravamen que establece el
proyecto de ley gira sobre los ingresos brutos, es decir, sin
deducción de gastos, en lugar de sobre los rendimientos netos,
que es como se establece el régimen del Impuesto sobre
Sociedades, aplicable con carácter general a las entidades
mercantiles. Discrimina entre las fundaciones, porque opta por
la fundación-renta frente a la fundación-capital; porque
penaliza a las fundaciones dotadas de una suficiencia
patrimonial para hacer frente al cumplimiento de sus fines con
la gestión de los recursos que obtienen de su propio
patrimonio. Las penaliza frente a aquellas entidades que viven
preferentemente de los donativos de sociedades benefactoras o
de la generosidad de los presupuestos públicos, y las penaliza
porque, mientras los rendimientos que obtienen las entidades
de interés general que disponen de una autonomía patrimonial
suficiente están sometidos a tributación, los rendimientos que
perciben, vía donaciones o vía subvenciones las entidades que
carecen de una autonomía patrimonial, no están sometidos a
tributación y, además, constituyen gasto deducible para la
entidad donante. Pero, en segundo lugar, además de establecer
un modelo en el Impuesto sobre Sociedades que discrimina
claramente a las fundaciones frente a las entidades
mercantiles, en función del tipo de rentas a través de las
cuales se gestione, y que discrimina entre las propias
fundaciones, también en función del tipo de rentas a través de
las cuales se gestionan o se financian, el proyecto de ley no
incentiva suficientemente las aportaciones que puedan realizar
los particulares o las empresas privadas para financiar las
actividades de interés general. Las enmiendas que presenta mi
Grupo Parlamentario a este bloque de artículos del proyecto de
ley tienen como finalidad principal incentivar de forma más
decidida esas aportaciones para que las entidades de interés
general, para que las fundaciones, para que las asociaciones
declaradas de utilidad pública, puedan disponer de una
autonomía patrimonial y no dependan en cada momento del
altruismo de una sociedad benefactora o del altruismo de la
Administración del Estado o de cualquier otra administración
territorial.
Por eso, no compartimos este bloque en materia de tributación.
No lo compartimos, en primer lugar, porque
introduce una limitación injustificada con respecto a los
bienes en los cuales puede materializarse la donación para que
exista derecho a la deducción. Establece unos límites de
deducción que no incentivan suficientemente la realización de
aportaciones a las entidades de interés general y establece un
criterio para determinar la base de la deducción, es decir, el
importe del incentivo fiscal, que no resulta razonable y que
introducirá distorsiones. El proyecto de ley establece como
base para determinar el incentivo fiscal el valor de
adquisición de los bienes donados. Por lo tanto, tomando como
base el valor de adquisición de los bienes donados, la
deducción o el incentivo fiscal no guardará relación con el
esfuerzo patrimonial que realice el donante. No tendrá el
mismo incentivo fiscal una persona que pueda donar un inmueble
que ha adquirido...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya
concluyendo.
El señor COSTA CLIMENT: Concluyo ya, señor Presidente.
No tendrá el mismo incentivo fiscal una persona física que
haya adquirido un inmueble hace veinte años y lo done que una
persona física que done un inmueble que ha adquirido hace
escasamente unos meses.
Finalmente, introduce también una limitación injustificada
porque declara de aplicación el límite del 30 por ciento de la
base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para limitar la posibilidad de deducciones o
aportaciones a entidades de interés general.
Nuestro Grupo Parlamentario, y lo digo para concluir, señor
Presidente, no puede apoyar este proyecto de ley. No lo puede
apoyar porque apuesta por un modelo de fundación, porque
apuesta por una fundación que vive del protectorado público o
privado, porque penaliza a las fundaciones que disfrutan de
una autonomía patrimonial para hacer frente a sus fines,
porque no crea el marco jurídico adecuado para incentivar y
promover la realización de actividades de interés general y,
en definitiva, señor Presidente, porque desconfía del papel de
la sociedad civil en la realización de actividades de interés
general. Quiero manifestar aquí, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, que desde luego, si este proyecto de ley sale
adelante, si este proyecto de ley se aprueba sin algunas
modificaciones que nosotros consideramos sustanciales, será
una ley socialista, pero no será una ley de toda la sociedad
española. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Enmiendas del Grupo
Mixto, presentadas por la señora Rahola. Serán defendidas por
el miembro del Grupo Mixto señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. En
principio, para defender las enmiendas presentadas, dentro del
Grupo Mixto, por el Grupo de Esquerra Republicana, con las
cuales coincide gran parte de las apreciaciones que voy a
hacer a continuación. Sin hacer referencia explícita a ellas
porque ya han sido defendidas suficientemente en Comisión, sí
diré de forma genérica, para recoger el espíritu en ellas
incluido, que en principio hay que valorar favorablemente el
esfuerzo de consenso realizado en esta ley por todos los
grupos políticos, que al final han podido introducir enmiendas
para poder mejorarla sustancialmente, fundamentalmente en lo
que afecta a los aspectos fiscales, a los que me referiré más
adelante, porque me parece que son los que nos están acercando
con mayor realidad a la propia realidad, valga la redundancia.
También nos felicitamos por el acercamiento que el proyecto
tiene al Derecho comparado europeo en cuanto que contiene, en
primer lugar, una regulación unitaria de las funciones;
reconoce un sistema normativo para su constitución, cosa que
de alguna forma entendemos que es necesario para regular su
buen funcionamiento, y su control sobre todo; admite las
fundaciones de interés familiar, tema que es cada vez más
novedoso y que puede ser impulsado e incentivado de forma
eficaz, y da entrada a la fundación empresa, de la que estamos
verdaderamente necesitados y al ejercicio de actividades
empresariales por las fundaciones, cosa que de hecho viene
sucediendo en la sociedad española de forma cada vez más
activa.
Dentro de todo este hecho y en relación precisamente al tema
fiscal que decía anteriormente, queremos solicitar un último
esfuerzo de consenso en una ley tan importante --tenemos que
tener en cuenta que estamos a 145 años de la primera ley que
aparece en la historia de la legislación de las fundaciones en
España--y que se produce en un momento histórico para poder,
de alguna forma, afrontar el futuro, un futuro que es
necesario afrontarlo a través, precisamente, de instituciones
como las fundaciones y que yo diría que debe tener una
vigencia no sé si de 145 años, pero sí una vocación de
permanencia, a pesar de las voces, que aquí han dicho que
intentarían plantear su modificación. Yo diría que tendría que
realizarse su modificación pero siempre encaminada a mejorar y
a garantizar, precisamente, una vocación de permanencia y de
atención a las demandas societarias.
También queríamos solicitar un último esfuerzo al grupo
político del partido del Gobierno en cuanto a la ampliación de
los sujetos que puedan acogerse el proyecto de la ley. En ese
sentido pensamos que se debería dar paso a la presencia de las
entidades privadas,
como universidades privadas, academias de la lengua, Cáritas y
otro tipo de fundaciones similares no contempladas
suficientemente en esta ley, y acomodar el tipo de gravamen a
la función social que realizan estas fundaciones. No considero
que, como se dice en la exposición de motivos, se obtenga un
régimen fiscal ventajoso. Un régimen fiscal ventajoso se
obtendría con un tipo real del 10 o el 12 por ciento, mucho
más próximo a lo que podía ser la finalidad que buscan todo
este tipo de asociaciones.
Por lo tanto, esperamos que en su trámite en el Senado o en el
próximo proyecto de presupuestos, como está contemplado en la
disposición final cuarta, pueda modificarse esta propuesta de
un tipo real del 20 por ciento si hoy no pudiera llegarse a un
acuerdo en esta sala.
Y ya dentro del régimen competencial y en relación
precisamente a las competencias correspondientes a las
comunidades autónomas, queremos valorar de forma positiva la
fórmula adoptada aunque el régimen proyectado no responda
exactamente al derecho histórico foral en el caso de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, o en otras comunidades
también históricas, en la forma de constitución de las
fundaciones y en la consideración de prevalencia de la
voluntad del fundador para definir el régimen de
funcionamiento de la fundación, el destino de su propio
patrimonio fundacional y, en los casos de disolución, las
decisiones que puedan ser tomadas por los fundadores. Nada más
y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bevía Pastor): Para la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
De una parte, con esta ley se da por fin un marco jurídico a
las más de 6.000 fundaciones que hasta ahora se regían por la
Ley de Beneficencia de 1849. Nos parece un marco relativamente
adecuado con respecto al cual vamos a mantener una sola
enmienda, la enmienda número 17, que al final defenderé. De
otra parte, en esta ley bifronte y a través de la teoría del
mecenazgo se le empieza a prestar una mayor atención a la
cultura, estimulando la respuesta, la potencialidad de la
sociedad civil, protegiendo sin intervenir la actividad
cultural, la dinámica propia de la cultura.
Por lo tanto, esta ley supone unos gastos o, por mejor
decirlo, supone una disminución en la recaudación, en los
ingresos, es decir, una inversión indirecta del Estado en
cultura haciendo que predomine la lógica cultural sobre la
fiscal. Sin embargo, y en esto no coincidimos, claro está, con
la intervención última del señor portavoz del Partido Popular,
no se puede reducir impuestos de manera indiscriminada sin
que, además, exista un control democrático formalmente
reglado, en el cual en absoluto interviene el protagonismo de
la sociedad civil.
Nosotros, en definitiva, consideramos que se trata de una ley
aceptable, de una ley que supera problemas anteriores que
afectaban a muchísimas fundaciones, que afectaban al
funcionamiento mismo de la iniciativa cultural, aunque
mantenemos la enmienda número 17 al artículo 38. Es decir,
para nosotros el Consejo Superior de Fundaciones no puede ser,
como en el proyecto de ley, un órgano de carácter consultivo.
Para nosotros debe sustituir al protectorado; debe asumir las
funciones del protectorado que están ejercidas por la
Administración central del Estado de manera exclusiva.
Pensamos que el Consejo Superior de Fundaciones debe estar
integrado por representantes paritariamente elegidos de la
Administración General del Estado y de las fundaciones.
Creemos que esto es lo más correcto y por eso mantenemos la
enmienda número 17 al artículo 38. De todas formas, saludamos
el espíritu constructivo que ha habido a lo largo del debate
de esta ley, ley que repito, nos parece, en definitiva,
aceptable. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Alcaraz. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra, en
primer lugar, el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, al
iniciar esta intervención de mi Grupo Parlamentario respecto
al proyecto de ley de fundaciones e incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general,
concretamente para defender las enmiendas que quedan vivas
tras su debate en Comisión, deseo constatar que, finalmente,
llega a este nivel parlamentario un texto legal para la
regulación del mecenazgo, cuya aprobación definitiva
significará, sin duda, un instrumento de gran importancia para
la vitalización de las fundaciones y las asociaciones que sean
declaradas de utilidad pública, en lo que mi Grupo ha venido
insistiendo desde que impulsó el primer proyecto de ley de
mecenazgo hace más de un decenio. Al título primero del
proyecto de ley presentado ahora por el Gobierno corresponden
las enmiendas de mi Grupo que no han conseguido la aceptación
del Grupo mayoritario, vinculándolas al contexto de la
pretensión de desarrollar el artículo 34 de la Constitución,
que se hubiera producido desde el respeto a la realidad
competencial del Estado de las autonomías, estableciendo una
regulación de las fundaciones acorde con el objeto de la
creación de cada una de ellas, unificando criterios en cuanto
al régimen jurídico aplicable, garantizando
el derecho constitucional de fundaciones, evitando un
intervencionismo, sobre todo perturbador cuando respecto al
particular ya han legislado algunas autonomías, especialmente
Cataluña, que fue la primera comunidad en aprobar, desde sus
competencias, su propia Ley de Fundaciones.
Es, desde esta misma dimensión, por lo que, dando un salto por
encima del Título II, que defenderá mi compañero Françesc
Homs, en nuestra enmienda 173 al apartado 4 de la disposición
adicional decimotercera insistimos en introducir el órgano
correspondiente de las comunidades autónomas en el momento
jurídico de la declaración de utilidad pública para las
asociaciones a las que se otorgan los derechos previstos en
esta ley para las fundaciones.
Debiéramos evitar la invasión del espacio jurídico
competencial. Comprenderán SS.SS. nuestra especial
sensibilidad al respecto, aun reconociendo el diálogo que ha
presidido el debate en Comisión --al que se ha referido algún
otro portavoz--, que quizá debiera proseguir en el trámite del
Senado para acabar de pulir algunas aristas del texto. No
podemos evitar la referencia específica que se hizo sobre la
necesidad registral de las fundaciones extranjeras, para la
que mi Grupo mantiene la conveniencia de que se efectúe en el
registro que corresponda al domicilio de la fundación en el
territorio del Estado. El Capítulo III del Título I, referido
a los órganos de gobierno de las fundaciones, ha centrado la
capacidadd de enmienda de mi Grupo, aceptada por otros grupos
al reconocer con sus votos favorables el hecho de que la
denominación «patronatos» sea única para el órgano de gobierno
de las fundaciones o la posibilidad de diferenciar el cargo de
secretario del patronato en cuanto a la conveniencia de
incorporar una figura técnica e incluso profesional para la
gestión. Pero siguiendo en esta línea, no ha tenido la misma
suerte nuestra enmienda 97 al apartado 6 del artículo 13, que
pretende favorecer la aceptación del cargo de patrón, el cual,
cuando menos, no debiera representar dispendio, aun
manteniendo, insistimos, la gratuidad de la pertenencia al
patronato. Nos mueven razones de equidad, sobre todo cuando sí
ha sido aceptada nuestra enmienda que introduce una nueva
dimensión al plantear la posibilidad de que alguien sea un
gestor profesional en el seno del patronato, que debe mantener
la presencia no compensada de sus integrantes, pero sin
conllevar dispendios de ninguna clase.
En el Capítulo VIII, dedicado al protectorado y al registro de
fundaciones, han quedado para este trámite un par de
enmiendas. La enmienda 112 pretende añadir un artículo 35 bis,
clarificando que las fundaciones de competencia estatal sean
las que desarrollen su actividad en todo el territorio del
Estado. Se nos ha replicado en Comisión argumentando criterios
conceptuales perfectablemente contrastables al analizarlos
desde el conjunto del Estado o desde la constitucionalidad de
las estructuras autonómicas. Nuestra intención al mantener
este criterio no es otra que la de evitar, como en tantas
otras ocasiones en que insistimos en poner el acento
autonomista, futuros conflictos competenciales. La enmienda
113 al artículo 39 pretende modificar el apartado a) del
mismo, con el fin de introducir entre las funciones del
Consejo Superior de Fundaciones, en cuanto a informar,
asesorar y dictaminar, quién tiene la competencia legal de
solicitarlas. Mi Grupo las concreta en su enmienda en las
entidades representadas en el propio Consejo o en estas Cortes
Generales. Sencillamente, insistimos sobre el particular,
manteniendo un criterio que nos parece asimilable por el texto
que debatimos.
Señorías, al poner término a mi intervención, dando paso a la
de mi compañero Françesc Homs, se hace necesaria una
referencia a tantas otras intervenciones de este portavoz, en
nombre de mi Grupo, en defensa de los distintos textos que
hemos venido presentando, e incluso dando soporte al proyecto
que fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, y defendido
desde esta misma tribuna por el Diputado autonómico, señor
Juli Sanclimens expresando la preocupación de la sociedad
catalana por impulsar un proyecto de ley cuyo objetivo es la
dinamización de la sociedad civil, a la que consideramos
básica en el proyecto de sociedad que hemos defendido
históricamente.
Celebramos hoy compartir con otros grupos la voluntad de
impulsar un proyecto de mecenazgo que es una auténtica
innovación, sobre todo frente a la antigüedad y arcaísmo de
las leyes que han venido rigiendo el espacio jurídico de las
fundaciones y las asociaciones. Nosotros no creemos que haya
que esperar nuevos momentos y otras sensibilidades
legislativas. Este es el momento de una ley de mecenazgo que
será de gran utilidad para nuestro país.
Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
El señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, en este segundo turno de nuestro Grupo, en la
defensa de nuestras posiciones en este Título II, de
naturaleza tributaria, de este importante proyecto de ley que
regula el mecenazgo.
Señorías, quisiera, antes que nada, expresar la satisfacción
por la posibilidad que tenemos esta mañana de celebrar este
debate sobre la futura ley de mecenazgo. Esta no es una ley de
menor trascendencia; todo lo contrario. Creo que esta es una
ley muy importante, es una ley que tiene una gran
significación política y social, y lo entiendo así por dos
razones básicas y fundamentales:
el destinatario de esta ley es un colectivo de nuestra
sociedad muy importante, que ha ido creciendo a lo largo de
los últimos años de forma muy significativa. Hoy, las
fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro que
desarrollan actividades de interés general, sin perseguir
ningún lucro en ello, son una realidad muy viva en nuestra
sociedad y a través de sus funciones y sus actividades se
desarrolla un importantísimo papel de naturaleza social en
nuestros tiempos. Por esa razón, es importante que regulemos
esta ley, cuyo destinatario es un colectivo de entidades y de
personas que desarrollan unas funciones y unas actividades muy
loables, muy importantes, y de trascendental interés social.
En segundo lugar, entiendo que esta es una ley política y
socialmente importante y trascendente por la insistencia que
esta Cámara y los grupos políticos de esta Cámara hemos puesto
para que se regule finalmente una ley que incentive las
actividades de interés general. Han sido muchos los debates
que han precedido al de hoy, en los que todos los grupos hemos
alcanzado, a su término, el compromiso político de que esta
Cámara llegara en algún momento a poder dictaminar una ley que
incentive realmente la aportación de recursos privados a las
entidades de interés general, sin ánimo de lucro, fundaciones
y asociaciones. Y hoy estamos celebrando este debate. Por eso,
señorías, este debate y esta ley hoy tienen para nosotros una
significativa trascendencia.
Señorías, quiero indicarles que, a lo largo de los últimos
años, nuestro Grupo, en todas las iniciativas que ha ido
planteando, ha ido defendiendo la conveniencia de que la
regulación de una ley que incentive las actividades de las
entidades que desarrollan sin ánimo de lucro funciones de
interés general, se realice mediante un marco tributario que
canalice y estimule la aportación de recursos hacia estas
entidades. Este es el ámbito más esencial. El régimen jurídico
ya ha sido regulado en algunas comunidades autónomas, ya
existía un marco jurídico que permitía la constitución y la
existencia de estas entidades, pero lo que no existía, lo que
no era una realidad eran los mecanismos fiscales que deberían
estimular la canalización de recursos de la sociedad civil,
cuando esta sociedad civil, libremente, aporta recursos hacia
estas entidades. Y este es el Título II que estamos ahora
debatiendo y considerando. Nuestro Grupo concluye analizando
la literalidad del contenido de este título II en estos
momentos. Este no es el título fiscal que nosotros entendemos
que debería contemplar esta ley. Hoy todavía no es éste el
marco tributario que deberían tener las entidades, ni el marco
incentivador tributario que debería darse a las aportaciones
que realicen las personas físicas y jurídicas cuando concedan
bienes materiales o dinerarios a las entidades que realicen
actividades de interés general.
Este título, que regula el régimen fiscal de estas entidades
sin fines lucrativos, es, a nuestro juicio, insuficiente para
alcanzar de forma adecuada el objetivo que persigue la ley. Es
un título en cierto modo cicatero, nada fácil de interpretar
en algunos artículos y para supuestos determinados, para
ciertas situaciones específicas de asociaciones sin ánimo de
lucro o de fundaciones, este título podría llegar a ser
penalizador en lugar de incentivador. Por tanto, este título
necesita una reflexión importante para adecuarlo, para que
pueda en realidad cumplir la función básica que tiene:
incentivar toda la actividad que desarrollan estas entidades
sin ánimo de lucro e incentivar la aportación de la sociedad
hacia estas entidades y hacia estas actividades de interés
general.
Mantenemos, señorías, 34 enmiendas en este título. Hemos
tenido a lo largo de la tramitación en esta Cámara muchas
oportunidades de debatir y discutir las muchas enmiendas que
hemos planteado. Ha sido muy largo y arduo el debate que hemos
tenido en torno a esta ley, señorías; no ha sido fácil, nada
fácil. La Ponencia no alcanzó ningún acuerdo, sobre ninguna
enmienda de ningún Grupo Parlamentario, por la tensa discusión
y el tenso debate que ha precedido en todo momento la
discusión en esta Cámara en torno a las distintas posiciones
de los grupos parlamentarios. En la Comisión se alcanzó un
primer acuerdo, una primera aproximación entre todos los
grupos parlamentarios, que dio como resultado la incorporación
de un largo paquete de enmiendas, muchas de ellas importantes
y que permitió, al final, una abstención de todos los grupos
que discrepaban todavía sobre el contenido de esta ley, pero
sin ningún voto en contra al contenido de la misma. Sin duda
un paso significativo políticamente. No obstante, señorías,
como he indicado, este título tributario fiscal no es la
regulación tributaria que este Grupo, en nombre del cual les
dirijo la palabra en estos momentos, y algunos otros que me
han precedido entendemos que deberían tener las aportaciones
que hagan las personas jurídicas y físicas a este conjunto de
entidades sin ánimo de lucro. No voy a detenerme en cada una
de estas 34 enmiendas, señorías, y a fundamentarlas, porque
todos los portavoces de los distintos grupos conocen
sobradamente todos los argumentos que, durante muchos días y
largas discusiones, hemos mantenido en torno a estos temas,
pero sí voy a priorizar algunos y voy a indicar a la Cámara, y
al Grupo Parlamentario Socialista de forma especial, cuáles
serían los elementos claves y básicos en los que debíamos
concluir hoy un acuerdo para poder terminar con un marco
fiscal tributario adecuado, mínimamente adecuado, para nuestro
Grupo Parlamentario. De estas 34 enmiendas, señorías, hay 10
que hacen referencia a la necesidad de regular un régimen
tributario adecuado a las aportaciones del arte contemporáneo
y a las aportaciones de arte a las entidades sin
ánimo de lucro y a las fundaciones, un tema sin duda muy
complejo, muy difícil. El proyecto de ley lo regula
adecuadamente cuando el arte está claramente identificado en
los registros públicos, en los que queda constancia del valor
y de la identificación de las obras de arte, pero cuando se
trata de arte contemporáneo, no referenciado y no identificado
en los registros públicos, hay una gran dificultad de
cuantificación y valoración. Por lo tanto, la norma fiscal que
hoy estamos debatiendo no resuelve adecuadamente lo relativo a
aportaciones de obras de arte y lo que es el régimen fiscal
aplicable a las fundaciones y asociaciones que administran hoy
actividades relativas al arte. Este es un tema pendiente. No
sé si vamos a poderlo resolver, pero sería la voluntad de mi
Grupo que a lo largo del trámite en el Senado pudiéramos
alcanzar una solución final en torno a esta problemática.
De las restantes 24 enmiendas, señorías, voy a hacer solamente
referencia a 14 de ellas, que podían quedar resumidas en seis
elementos básicos en torno a los que mi Grupo Parlamentario
quisiera indicar que, si alcanzáramos un acuerdo final en
todos esos temas, estaríamos en condiciones, señorías, de
invertir nuestra posición en estos momentos e incluso retirar
la totalidad de nuestras enmiendas a este proyecto de ley.
¿Cuál es la primera cuestión? El artículo 42, señorías. El
artículo 42, en su punto 2, establece uno de los requisitos
que se deben cumplir para poder acogerse a este marco fiscal:
«No se considerarán entidades sin fines lucrativos, a los
efectos de este Título, aquellas cuya actividad principal
consista en la realización de actividades mercantiles.»
Señorías, cualquier actividad que lleve como contrapartida una
retribución, es una actividad mercantil. Las fundaciones y las
asociaciones hacen infinidad de actividades cuya consecuencia
es la obtención de un ingreso, de una retribución dineraria.
Podría interpretarse, por esta vía, que están desarrollando
principalmente una actividad mercantil. Este podría ser el
caso de una fundación que realiza prestación sanitaria o una
fundación que lleve a cabo, por ejemplo, determinadas
actividades sociales cuya realización conlleve la entrega de
una, digamos, aportación de recursos dinerarios. Si no se
interpreta el alcance de ese concepto principal de actividad
mercantil, estaremos dejando un margen muy abierto a una
posible interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de
esta ley. Por ello, las enmiendas números 120 y 121 de nuestro
Grupo plantean la posibilidad de matizar e interpretar qué
entiende el legislador cuando dice que no se puede desarrollar
una actividad principal que tenga esta connotación de
actividad mercantil.
La segunda problemática que entendemos que ha de resolverse,
señorías, es la determinación de la base imponible que deben
realizar las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones y
las asociaciones. En la determinación de la base imponible,
señorías, debe permitirse la posibilidad de deducir todos los
gastos que realicen estas entidades en el cumplimiento de los
fines que persiguen las mismas. En la ley se tributa por los
ingresos efectivos, no se tributa por los rendimientos netos
y, cuando se detemina la base, no se permite la posibilidad de
deducir todos los gastos que estas entidades efectúen para la
realización cumplimiento de sus fines. Si no entendemos de
forma distinta los mecanismos de determinación de esta base,
podríamos llegar a la conclusión que si la actividad de
interés general que desarrollan fundaciones y asociaciones la
realizara una sociedad anónima, podría tener como resultado
una base imponible negativa, mientras que si la realiza una
fundación, podría tener una base imponible positiva,
incidiendo, por tanto, más la tributación en una fundación que
en una sociedad anónima. Por ello entendemos, señorías, que
debe variar el criterio que hoy contempla el proyecto de ley y
permitir la posibilidad de deducir todos los gastos que
realicen las entidades relacionadas e identificadas con los
fines que persiguen las mismas.
El tercer aspecto que nuestro Grupo entiende que debería
revisarse es reducir el tipo impositivo, señorías. El Gobierno
ha planteado una ley en la que el tipo impositivo es del 20
por ciento. Todas las fundaciones y asociaciones sin ánimo de
lucro deberán tributar por los ingresos no exentos el 20 por
ciento de dichos ingresos, a pesar de que sus funciones sean
las de realizar actividades de interés general y, muchas
veces, actividades sociales de alto valor e interés general; a
pesar de ello, se les exigirá la tributación de un 20 por
ciento, lo cual consideramos, señorías, inadmisible. Nuestro
Grupo cree que o se reduce el criterio de la determinación de
la base imponible o se reduce el tipo impositivo. Planteamos,
en nuestra enmienda número 137 al artículo 53, la reducción
del tipo impositivo a un tipo básicamente poco significativo,
como existe en la mayoría de los países de Europa, así como la
posibilidad de incorporar un tipo básico del 2 por ciento. El
Gobierno propone el 20 por ciento; nosotros planteamos el 2
por ciento. No estamos alejados de lo que es hoy el tipo medio
aplicable en la mayoría de los países de la Comunidad. No
estamos proponiendo nada desorbitado. Es lo que prácticamente
se aplica hoy en la mayoría de los países de naturaleza
equivalente a la nuestra, países occidentales desarrollados.
Si el Grupo Parlamentario Socialista aceptara llegar a una
transacción sobre ese tipo impositivo, sin duda, estimularía
la inversión de la posición política que nuestro Grupo tiene
en estos momentos. El límite asumible por parte de nuestro
Grupo sería el de un 10 por ciento. Si llegáramos a concluir
un acuerdo entre todos los grupos y a situar el tipo
impositivo en el 10 por ciento, nuestro Grupo, señorías, se
plantearía incluso retirar todas las enmiendas y dar paso a un
consenso con todos los grupos de esta Cámara.
El cuarto problema, señor Presidente, es revisar todo lo
relativo a las aportaciones que realicen las personas, las
empresas, las entidades a las fundaciones y asociaciones. Hoy,
el tipo de deducción que se permite en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas es del 15 y del 20 por ciento,
en función de la naturaleza de la aportación. Si la aportación
se hace mediante una sociedad, una empresa, la deducción
permite un 35 por ciento. ¿Por qué señorías, hemos de permitir
que las aportaciones de las empresas conlleven una deducción
del 35 por ciento y las aportaciones de las personas físicas
sólo un 15 o un 20 por ciento? Nuestro Grupo entiende que
deberíamos de incrementar los tipos hoy deducibles, y nuestra
enmienda plantea, asimismo, elevarlos hasta un 25 por ciento;
no el 35 que tienen las personas jurídicas sino un 25 por
ciento, que nos aportaría una aproximación a lo que es hoy el
tipo medio aplicable en España en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Si el Partido Socialista estuviera
predispuesto a alcanzar un acuerdo de aproximación en ese
punto, llegando a una posición intermedia, nuestro Grupo
plantearía la retirada de todas las enmiendas a este proyecto
de ley.
El quinto aspecto, señorías, es el de permitir la
compatibilidad de las deducciones. Cuando una persona aporta
un recurso a una entidad y, luego, aporta recursos a una
actividad de interés general, debe permitírsele la
compatibilización de los límites que hoy se aplican.
El límite del 1 por mil sobre las cifras netas o el 0,5 por
mil en el caso de aportar a actividades de interés general
deben poder ser compatibles, señorías. Si no, estamos
restrigiendo excesivamente el campo de aplicación de las
posibilidades de que las entidades jurídicas y las personas
físicas aporten recursos a estas entidades.
Por último, hay unos aspectos ya de orden menor, no de amplia
aplicación sino de aplicación sectorial a realidades de estas
entidades, y me refiero a las fundaciones laborales. Algo
deberíamos decir de las fundaciones laborales. Hoy son una
realidad en nuestra sociedad, existen, y nada mencionamos de
ellas; deberíamos expresar alguna cuestión, deberíamos decir
en alguna disposición que las fundaciones laborales también
podrán ser entidades que se acojan a ese título de normas
tributarias. También las asociaciones deportivas. No las que
hoy son entidades cerradas cuyos destinatarios son sólo y
exclusivamente sus asociados. No defendemos esta posibilidad;
defendemos simplemente que si la naturaleza de la asociación
es de carácter deportivo, como dice y permite el proyecto de
ley, y cumple todos los requisitos que la ley indica, esta
asociación deportiva pueda acogerse a este marco tributario
favorable que incorpora el proyecto de ley. Y como hoy están
reguladas por una ley sustantiva que es la Ley del Deporte, lo
que planteamos es que prevalezca, en la declaración de
utilidad pública, la ley que estamos regulando y no la Ley del
Deporte, que es más restrictiva para la calificación de
entidad sin ánimo de lucro.
Por último, señorías, nuestro Grupo tiene un conjunto de
enmiendas que van destinadas a los aspectos más formales de la
tramitación, tanto de la declaración de utilidad pública como
de la obtención de la aplicación del marco tributario de esta
ley, aspectos más administrativos que deberían ser objeto de
revisión y que deberían permitirse, más ágiles, más
transparentes, más operativos, para hacer efectiva una pronta,
rápida y fácil aplicación de esta ley.
En esos temas, señorías, nuestro Grupo hoy prioriza nuestras
discrepancias. Estas son nuestras discrepancias: definir el
concepto y alcance de actividad mercantil, definir un mejor
criterio para poder permitir la deducción en la base
tributaria de los gastos que realmente se realicen para la
consecución de los fines, permitir una reducción del tipo
impositivo, incorporar un incremento de las deducciones que se
puedan aplicar cuando se aportan recursos a las fundaciones y
a las asociaciones, permitir la compatibilidad de las
aportaciones cuando se hacen a actividades de interés general
o a entidades, y, por último, reconocer la posibilidad de la
existencia de las fundaciones laborales y de que las entidades
de carácter deportivo se puedan acoger al marco tributario de
esta ley.
Si el Partido Socialista nos ofrece una aproximación en estos
temas, si se puede llegar a un 10 por ciento del tipo
impositivo, incrementar un punto más las deducciones,
posibilitar esa facultad de compatibilizar los límites o
incluso resolver el problema de la aplicación de esta ley a
las asociaciones de carácter deportivo, nuestro Grupo
retiraría todas las enmiendas y sin duda estaríamos llegando a
un importante acuerdo político en esta Cámara sobre uno de los
temas legislativos más importantes y de mayor incidencia en la
sociedad en nuestros tiempos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, hemos
mantenido para la correspondiente defensa en este Pleno
diversas enmiendas que voy a considerar brevemente. En primer
lugar, la enmienda número 35 al artículo 38.2, con un texto
que comprende simplemente la integración de representantes de
las comunidades autónomas con competencias específicas en el
Consejo Superior de Fundaciones, y es tal su claridad y su
motivación que creemos estamos relevados de seguir insistiendo
en su fundamentación.
En segundo término, con la enmienda 38 al artículo 58 se
propone la creación de un nuevo apartado en este precepto en
virtud del cual las exenciones previstas en los dos apartados
que preceden se extiendan a las sociedades incluso mercantiles
cuando la totalidad de su capital esté suscrito por una
Administración pública, su objeto social o finalidad
específica sea la realización de actividades culturales y
deportivas y destinen a ello la totalidad de su presupuesto.
Se justifica obviamente en la necesidad de otorgar el mismo
tratamiento a los entes a través de los cuales la
Administración o las administraciones intervienen en la
sociedad el ejercicio de su acción de fomento de las artes y
del deporte. Consideramos que la influencia de diversos
factores motivan que estos entes adopten distintas formas
incluida la societaria, hecho que no puede ni debe, de ninguna
manera, ser causa de un distinto tratamiento en perjuicio de
ellos, que sería opuesto a lo que en esencia constituye el
espíritu mismo de la ley, máxime teniendo en cuenta que tales
sociedades rara vez obtienen beneficio por sus actividades y
que, en el caso de que así fuera, no se repartirían tales
dividendos, sino que el importe sería reinvertido en el
cumplimiento de su objetivo social.
A la disposición adicional cuarta del proyecto, señorías,
hemos formulado nuestra enmienda número 39. Es una enmienda de
adición, en virtud de la cual tratamos de incluir a las Cajas
de Ahorro, por lo que respecta a su obra benéfico-social,
entre las entidades a las que resulte de aplicación el régimen
previsto en los artículos 59 a 68 de este proyecto de ley,
mediante la redacción del precepto que proponemos, al final
del cual se establece que las Cajas de Ahorro, en relación con
su obra benéfico-social estrictamente, disfrutan del régimen
previsto en los artículos 59 a 68 o deben disfrutar, en unión
del Estado, de las comunidades autónomas, corporaciones
locales y otras entidades que se expresan clara y
exhaustivamente en el precepto.
Para nosotros, además de las fundaciones y asociaciones que se
regulan en el proyecto de ley, existen otras entidades de
singular importancia y de evidente carácter social, como son
las Cajas de Ahorro, que destinan por precepto legal expreso
sus excedentes a la formación de reservas y a la financiación
de obras sociales, pese a que en los últimos tiempos,
evidentemente, por una normativa que ha venido propiciada por
la Administración y, desde luego, por el Banco de España, se
haya tratado de recortar, a nuestro juicio disparatadamente,
esta posibilidad que en el pasado tanto y tan positivamente
caracterizó a las Cajas de Ahorro y a lo cual sería muy
importante retornar en medida no despreciable. Las actividades
desempeñadas por las Cajas de Ahorro en el ámbito social,
pues, son totalmente similares a las protegidas en este
proyecto de ley, y sus fines son igualmente cívicos,
deportivos, culturales, científicos, etcétera. El desempeño de
tales actividades sociales tiene unos resultados económicos
absolutamente deficitarios --quien conozcan mínimamente el
resultado de cualquier ejercicio de una Caja de Ahorros lo
sabe-- y es precisamente por el impacto económico, por esa
carga económica tan difícil y por ese lastre tan importante
que tienen cuando se dedican intensamente y con sentido de
responsabilidad a la obra benéfico social. En suma, realizan
múltiples actividades de forma gratuita o a cambio de
aportaciones meramente simbólicas, y, puesto que en el ámbito
de actuación de su actividad social las Cajas cumplen
plenamente todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
normas del proyecto --no nos estamos inventando para ellas
nada nuevo--, se entiende que debe aplicarse el mismo régimen
fiscal previsto en esta disposición para determinadas
entidades, entre ellas y en cuanto a los actos concretos
objeto de tal protección, si cabe ortodoxamente esta
expresión, a los donativos o donaciones que las mencionadas
entidades perciban con destino a sus obras sociales --son
donaciones rigurosamente finalistas para la atención de estas
obras sociales--, así como a los convenios de colaboración que
puedan celebrar para los mismos fines.
Asimismo, hemos formulado una enmienda, la 39, bis, a la
disposición adicional sexta. Es una enmienda de adición
consistente en incluir las Cajas de Ahorro, siempre en
relación con su obra benéfico-social, entre las entidades a
las que se aplica el régimen de beneficio previsto en el
artículo 58 del proyecto de ley que nos ocupa. Por eso,
proponemos incluir un texto en virtud del cual se establezca,
dentro del epígrafe sexto, el régimen tributario de la Iglesia
católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades
religiosas, así como de otras entidades. Se trata de
posibilitar la aplicación de los beneficios del precepto a las
que me vengo refiriendo.
En la actualidad existen, pues, determinadas entidades que
realizan una actividad humanitaria benéfico-social y de hondo
contenido social que no es dable que la Cámara desconozca y,
precisamente por ello, es por lo que se solicita, se reitera,
y machacamos incluso con exageración, la necesidad de que
disfruten de un tratamiento fiscal favorable; lo han venido
disfrutando en otros órdenes e incluso lo disfrutaban en los
supuestos, y sin necesidad de referirse a la obra benéfico-
social, de la llamada justicia gratuita cuando existía en todo
su rigor y se aplicaban precisamente a las Cajas los
beneficios de la justicia gratuita.
Finalmente, señor Presidente, y con ello termino, también
defendemos, y someteremos a votación, nuestra enmienda número
40, que es la 227, a la disposición adicional novena. Tratamos
con ella de modificar el artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27
de diciembre, adicionando un texto en virtud del cual se cree
un apartado nuevo (d) dentro del punto 1 de dicho artículo 5
de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, estableciendo la inclusión de las sociedades
incluso en forma mercantil cuyo capital esté suscrito
totalmente por una administración pública, su fin y objeto
esté constituido por la realización de actividades culturales
y deportivas e inviertan en ello la totalidad de su
presupuesto.
La necesidad de otorgar el mismo tratamiento a los entes a
través de los cuales la Administración interviene en la
sociedad en el ejercicio de su acción de fomento de las artes
y del deporte es la razón de ser de nuestra enmienda. La
influencia de diversos factores motivan que estos entes dopten
distintas formas, incluida la societaria, y tal hecho no
puede, de ninguna manera, ser causa de un distinto
tratamiento, que sería opuesto a lo que en definitiva y en
síntesis constituye el espíritu de la ley, máxime teniendo en
cuenta que tales entidades, tales sociedades, como decía antes
con ocasión de mi intervención sobre aspectos colaterales al
que trato en este momento, obtienen beneficios por sus
actividades y, en el caso de que así fuera, como hemos dicho
anteriormente, no se repartirán dividendos, sino que el
importe sería reinvertido en el cumplimiento de su objeto
social.
Nada más. Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. El Grupo Vasco mantiene todavía a este proyecto de
ley nueve enmiendas con cuatro objetivos determinados. Por un
lado, adecuar el tipo de gravamen al que quiere someterse a
estas fundaciones y reducir el 20 por ciento de tipo de
gravamen previsto al 12 por ciento, presentando para ello
fórmulas novedosas y modernas. En segundo lugar, ampliar los
sujetos que puedan acogerse a este proyecto de ley. Como
tercer objetivo nos proponemos que se concreten algunas de las
actividades de interés general que se prevén en este proyecto
de ley. En cuarto lugar, que se suprima uno de los artículos
que, en nuestra opinión, rompe la neutralidad del conjunto del
proyecto de ley, concretamente el artículo 67. Estas
enmiendas, señor Presidente, tienen por objeto hacer más
atractiva la realización de aportaciones a entidades que
tengan como última finalidad la realización de actividades de
interés general.
Desde el Grupo Vasco entendemos que las propuestas recogidas
en este proyecto de ley, tanto desde el punto de vista de
tipos de gravamen, como por los sujetos que se pueden acoger
al mismo, deben ser ampliadas en el primer caso y explicitadas
y determinadas en el segundo. Desde esta convicción, y
contemplando las disposiciones recogidas en el proyecto de
ley, el Grupo Vasco mantiene para su defensa en este Pleno
nueve enmiendas tendentes a mejorar las condiciones fiscales
de las fundaciones, a ampliar los sujetos que puedan acogerse
a dichas desgravaciones y a concretar las actividades que se
denominan en este proyecto de ley de interés general. Se
propone, en consecuencia, señorías, incentivar que el
patrimonio de estas entidades esté constituido por activos del
tipo de los recogidos en el artículo 50.1. Se propone para
ello una fórmula novedosa de sustituir el 30 por ciento de los
intereses explícitos e implícitos, derivados de la cesión a
terceros de capitales propios de la entidad, por el 40 por
ciento, de forma que éstos no se computen para la
determinación de la base imponible a la hora de calcular los
rendimientos e incrementos de patrimonios gravados.
De aceptarse esta fórmula, las fundaciones limitarían su
tributación a un 12 por ciento real, siempre que se mantenga
el tipo impositivo en el 20 por ciento, tal y como se recoge
en el proyecto de ley. El Grupo Vasco, entiende razonable
establecer, cuando menos, este nivel de tribuación para las
fundaciones. Acabamos de oír la intervención del portavoz del
Grupo Catalán en el sentido de que se podría rebajar o hacer
una oferta al Grupo Socialista de rebaja de este 20 por ciento
al 10 por ciento, circunstancia que también compartimos,
aunque creemos que la propuesta que realiza el Grupo Vasco en
sus enmiendas 40 y 42 es más razonable y más moderna, en el
sentido de plantear que las fundaciones puedan desgravar más
por inversiones que por gasto real; sin embargo, comprendemos
que la propuesta que realizaba el señor Homs desde esta
tribuna puede plantear una serie de alternativas que favorecen
el control y la labor de las propias fundaciones. En caso de
que esa enmienda transaccional se mantuviera por parte del
Grupo Socialista y se ofertara formalmente desde esta tribuna,
anuncio al señor Presidente que el Grupo Vasco retiraría las
enmiendas 40 y 42, aun entendiendo que la propuesta que
realizamos desde el Grupo Parlamentario Vasco debiera merecer
la consideración de SS.SS., porque se mantiene el tipo de
gravamen previsto en el proyecto de ley, se mantiene la
relación de rendimientos exentos, se amplía, como he indicado,
la reducción de la base imponible del 30 al 40 por ciento de
los intereses y se incorpora a esta reducción del 40 por
ciento los incrementos o disminuciones de patrimonio por
transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones
representativas de capital social o patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva. Entendemos que así se
permite compensar pérdidas en los dos ejercicios
inmediatamente anteriores, lo que hace posible en estos
supuestos la devolución del impuesto satisfecho
correspondiente a explotaciones económicas.
Esta propuesta que realizamos desde el Grupo Vasco señorías es
una propuesta intermedia entre las tesis del Gobierno y del
Grupo Catalán y la propuesta
hecha por el Grupo Popular, que pretende mejorar el
tratamiento tributario de estas entidades sin fines lucrativos
desde la idea de que no es posible, por razones de equidad y
de mantenimiento de la libre concurrencia, desfiscalizar los
rendimientos de las actividades empresariales realizadas por
estas entidades. Por ello consideramos que el tipo de gravamen
del 20 por ciento para estos rendimientos debería quedar tal y
como está recogido en el proyecto de ley, dejando las
posibilidades de reducir el tipo propuesto para intereses y
rendimientos del capital mobiliario. Debe partirse de la base
de que el proyecto no propugna un control previo de la
delimitación y determinación del interés general, por lo que
debe evitarse, a toda costa, la desfiscalización de los
rendimientos de las actividades empresariales de estas
entidades. Por ello y desde este planteamiento, señor
Presidente, la propuesta que se realiza tiene además la
virtualidad de incentivar que el patrimonio de las entidades
sin fines lucrativos se materialice en obligaciones, deuda
pública o en participaciones en instituciones de inversión
colectiva que tributarían en dicho caso al 12 por ciento. Ello
permite, en consecuencia, que la entidad destine su esfuerzo
más al cumplimiento de sus fines desde la órbita del gasto que
a la consecución de ingresos por la vía de explotaciones
económicas.
Dentro del segundo objetivo anunciado, señor Presidente, el
artículo 67 del proyecto de ley entendemos que debe
suprimirse, porque plantear que cada año los Presupuestos
Generales del Estado puedan recoger un proyecto estrella que,
de alguna forma, determine sustancialmente los ingresos que
puedan destinarse desde el mundo empresarial a actividades de
uso general representa una posibilidad de excesivo
intervencionismo del Estado en este tipo de actividades. Es
preferible mantener la homogeneidad en el tratamiento de todas
las actividades que son objeto de potenciación por parte del
Estado incrementando para todas ellas, si es preciso, los
porcentajes, tal y como hemos planteado en la intervención
anterior, de deducción establecidos en la ley, sin necesidad
de que el propio proyecto de ley o los Presupuestos Generales
del Estado de cada año puedan decir cuál es el mejor de los
proyectos. En consecuencia, señor Presidente, entendemos que
este artículo 67 rompe la neutralidad del proyecto de ley en
exceso. En tercer lugar, con las enmiendas que presentamos a
este proyecto de ley creemos que es necesario ampliar,
concretando y determinando, las actividades que puedan ser
consideradas de interés general. Por ejemplo, en la enmienda
54 pensamos que es importante en el contexto de un Estado
plurilingüe dar una especial relevancia a las actividades de
normalización lingüística que no están explícitamente
recogidas en este proyecto de ley. Algún día llegará en que la
normalización lingüística de las lenguas minoritarias del
Estado pueda ser recogida en alguno de los proyectos de ley
que esta Cámara dictamine. Cerrar los ojos a la evidencia no
conduce más que a crear mayores problemas, a que desde la
marginalidad se intente dar solución a estos temas y, en
consecuencia, hacemos un llamamiento, en éste y en otros
proyectos de ley, a que esta Cámara entienda que los proyectos
de normalización lingüística deben también ser asumidos desde
los poderes del Estado y que no son problemas de algunas
comunidades autónomas empeñadas en objetivos de normalización
de lenguas «minorizadas». Para terminar, señor Presidente, un
cuarto conjunto de enmiendas tienen como objetivo ampliar el
régimen previsto en la ley a otros agentes de la vida
sociocultural que merecen, cuando menos, desde nuestro punto
de vista, una igual consideración desde el poder público que
las recogidas nominalmente en el proyecto de ley. El que las
universidades privadas, las reales academias de la lengua,
organizaciones como Cáritas, ciertas ONG --organizaciones no
gubernamentales--, fundaciones laborales o deportivas o
incluso las obras sociales de las cajas de ahorro no puedan
acogerse a este proyecto de ley, cuando se pueden acoger la
universidad pública, centros de investigación públicos o la
Cruz Roja, es reflejo de una mentalidad más propia del siglo
XIX que de un país que está entrando en el siglo XXI.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txábarri. Para un turno en contra, en primer
lugar, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías.
Voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para fijar la posición de nuestro Grupo --que no turno en
contra, porque va a haber alguna propuesta que no sea en
contra, sino de oferta de enmiendas transaccionales--sobre las
enmiendas que aún se mantienen vivas, que no son muchas sino
pocas. Este proyecto de ley --lo han dicho otros grupos-- es
importante y, como tal, lo hemos abordado todos los grupos
parlamentarios en el debate previo a este trámite en el que
nos encontramos. Fruto de esa consideración de la importancia
de este proyecto de ley ha sido que hemos trabajado, por parte
de todos los grupos, intentando buscar el mayor consenso
posible. Nos hemos acercado al proyecto de ley que vemos en
estos momentos en la Cámara con voluntad de acordar, con
voluntad de consensuar, con voluntad de hacer un buen texto
que dure, a ser posible, lo mismo que ha durado la legislación
a la que queremos sustituir con este proyecto de ley, que es
una legislación, como SS.SS. saben, centenaria.
Fruto de este consenso estamos debatiendo en este momento un
dictamen de la Comisión de Educación y Cultura que fue
aprobado sin ningún voto en contra. Ninguno de los diputados
presentes en la Comisión se opuso al dictamen que se elaboró.
Las causas por las cuales llegamos a este dictamen de consenso
en la Comisión son varias. Quisiera citar, al menos, dos. En
primer lugar --lo decía algún Diputado que me ha precedido en
el uso de la palabra-- fue un trabajo largo y laborioso en la
Comisión, que siempre --insisto-- persiguió el acuerdo.
Conseguimos, a lo largo de los trámites de Ponencia y
Comisión, la aceptación de 136 enmiendas --son muchas, puesto
que al proyecto se han presentado aproximadamente
cuatrocientas-- que, desde luego, hacen que el dictamen que
aprueba la Comisión aparezca muy mejorado, con respecto al
proyecto que entró en la misma.
En segundo lugar, otra de las causas que me gustaría citar es
el propio contenido del proyecto de ley que fue remitido en su
día por el Gobierno. Este proyecto de ley, señorías, fue el
resultado --como ustedes saben-- de la fusión de dos textos
que decayeron al ser disueltas las Cortes Generales el pasado
año al ser convocadas las elecciones. Por un lado, el proyecto
de ley de fundaciones y, por otro, el proyecto de ley de
incentivos fiscales a la participación privada en actividades
de interés general.
El proyecto que envió el Gobierno incorporaba un buen número
de propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, que se
habían sugerido en el debate al que acabo de hacer referencia
de la pasada legislatura y que, como digo, el Gobierno, al
enviar el proyecto a esta Cámara, había incorporado en parte.
Por tanto, era un buen texto para trabajar sobre él con este
espíritu de acuerdo, con este espíritu de consenso.
El dictamen aprobado por la Comisión, señorías, más las
incorporaciones que realicemos en este trámite en el que nos
encontramos --vamos a presentar varias enmiendas
transaccionales-- nos darán un texto legal que desarrolla el
artículo 34 de la Constitución, que reconoce el derecho de
fundación para fines de interés general, de forma equilibrada.
Por otro lado, como decía al comienzo de mi intervención, se
actualiza la legislación sobre la materia, dispersa entre
numerosos textos y en algunos casos centenaria, al momento que
estamos viviendo; y, adecuándola, por último, el proyecto que
vamos a aprobar estimula la iniciativa privada para la
realización de actividades de interés general, a través de un
régimen fiscal atenuado, que incentiva este tipo de
actividades. Señorías, si me lo permiten, yo destacaría, como
aspectos más importantes del proyecto de ley, los siguientes.
Se definen las fundaciones como organizaciones constituidas
sin ánimo de lucro, que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado de modo permanente su patrimonio a la realización de
fines de interés general. Se prevé la posibilidad de que las
fundaciones ejerzan actividades mercantiles o industriales. Se
exige que una determinada proporción --el 70 por ciento
decimos en el proyecto de ley-- de las rentas y cualquiera
otros ingresos que obtenga la fundación serán destinados a la
realización de sus fines. Con esto creo contestar a una de las
enmiendas que planteaba como básica el portavoz del Grupo
Popular. Nosotros creemos que debe mantenerse esta proporción
en el texto porque es más clara y contribuye mejor a lograr
los fines de las fundaciones que la propuesta que realiza el
Grupo Popular. Otro de los aspectos que me gustaría destacar
es la regulación del protectorado. El protectorado que se
dibuja en la ley es un protectorado, por decirlo de alguna
forma, de nuevo diseño, de nuevo cuño, puesto que, aparte de
perseguir las funciones que son las más clásicas, las
tradicionales de cualquier protectorado --tutelar, proteger a
la fundación--, pretende también --yo creo que lo va a
conseguir, así queda reflejado en la ley-- realizar una
función de apoyo, de impulso y de asesoramiento, que es desde
luego muy necesaria para las pequeñas y medianas fundaciones.
Quisiera también de esta forma contestar a una de las
enmiendas del Grupo Popular en este sentido.
Por otro lado, el registro de fundaciones, señorías, se
configura como constitutivo de la fundación y como momento de
publicidad frente a terceros, y pasa a depender de un solo
departamento ministerial, en este caso, del Ministerio de
Justicia e Interior.
Se crea un consejo de fundaciones como órgano consultivo, del
que forman parte representaciones de las diversas
administraciones, también de las comunidades autónomas --lo
comento como respuesta a una de las enmiendas defendidas por
el Grupo de Coalición Canaria--, al que se le dota de una
función de asesoramiento. Con esto quiero responder también a
una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
planteaba que el consejo de fundaciones debería ir más allá,
debería ser el órgano que sustituyera al protectorado.
Nosotros creemos que deben existir los dos órganos: el
protectorado, para ejercer la función que le es propia, y el
consejo de fundaciones, como un órgano de encuentro de las
fundaciones y las administraciones públicas, como un lugar de
reflexión, de intercambio de opiniones; como un órgano
consultivo, en último extremo. Se estimula fiscalmente, a
través de esta ley, la participación de la iniciativa privada
en la realización de actividades de interés general,
utilizando diversas vías. Igualmente se modifican los
requisitos que las asociaciones deben reunir para ser
declaradas de utilidad
pública y, en consecuencia, ser beneficiarias del régimen
fiscal previsto en este proyecto de ley. Modificamos, por lo
tanto, la actual Ley de Asociaciones en lo que se refiere a
las asociaciones declaradas de utilidad pública.
Señorías, nuestro objetivo --y con esto voy a terminar mi
intervención-- ha sido lograr una ley lo más consensuada
posible, como ya lo hicimos --quisiera resaltar esto-- en los
trámites de otras grandes leyes referidas a temas culturales -
-la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley de Propiedad
Intelectual--, que, desde luego, fueron objeto de un profundo
y amplio debate en esta Cámara, llegándose, después en ese
debate, a un consenso importante en los diversos grupos
parlamentarios. En esta ley hemos conseguido también un
consenso importante por parte de los diversos grupos que
conforman la Cámara. ¿Por qué intentar una ley consensuada de
esta forma? Por una razón que a nosotros nos parece muy
sencilla. Queríamos que no existiese ninguna limitación, que
la ley no impusiera ninguna limitación, ningún corsé a la
iniciativa social y que, por el contrario, estimulara todas
aquellas iniciativas que la sociedad civil quiera poner en
marcha. Para ello creemos que las fundaciones, las
asociaciones declaradas de interés social deben cumplir bien
los fines de interés general para los que fueron creadas, sin
las menores trabas, sin las menores cortapisas. Hemos
intentado --espero que lo hayamos conseguido--incorporar a la
ley todos los estímulos que hemos encontrado y hemos procurado
también eliminar todas las trabas detectadas en el texto que
fue remitido a la Cámara.
Para seguir en esta línea queremos aprovechar este último
trámite, cual es el Pleno en el que nos encontramos, para
presentar varias enmiendas transaccionales. Yo me voy a
referir solamente a una y el resto las expondrá mi compañero
de Grupo Parlamentario, señor García Ronda, que son aquellas
que se refieren al Título II, sobre los incentivos fiscales.
La enmienda transaccional que presentamos --que entrego en
este momento a la Presidencia-- se refiere a la disposición
adicional decimotercera, relativa a las asociaciones
deportivas. Proponemos un texto sobre una enmienda del Grupo
Catalán, la 181, que diga lo siguiente: «Las asociaciones
deportivas que cumplan con lo establecido en la disposición
adicional decimotercera de esta ley podrán ser declaradas de
utilidad pública, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.» Creemos que de esta
forma se beneficia también a un mundo asociativo muy rico, muy
importante, cual es el mundo asociativo relacionado con la
actividad deportiva. No queremos que esta ley sea una
cortapisa para las asociaciones deportivas, sino justamente
todo lo contrario.
Respecto al resto de las enmiendas, salvo que en la réplica de
los grupos insistan en alguna de ellas, me remito a los
argumentos que di en la Comisión y, por tanto, anuncio que
nuestro voto será en contra de todas las que se mantienen
vivas, excepto en aquellas que están afectadas por las
transaccionales que estamos ofreciendo y que son varias.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nieto.
Tiene la palabra el señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, complemento
la intervención de mi compañero el señor Nieto sobre el
proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales.
He de decir --quiero decirlo bien alto y sin ninguna timidez--
que esta ley, por fin, está en la sociedad española de la mano
del Gobierno socialista. No se había hecho anteriormente, con
todos los años que otros gobiernos han tenido, los decenios y
hasta las centurias, una ley similar a ésta que recogiese todo
lo que atañe a las fundaciones. (Rumores.) Eso lo saben sus
señorías aunque protesten o aunque traten de acallar la verdad
de mis palabras en este momento. (Rumores.)
Quiero recordar, por otra parte, que también de la mano del
Gobierno y del Grupo Socialista llegaron a esta Cámara la Ley
de Propiedad Intelectual y la del Patrimonio Histórico, que de
alguna manera tienen una cierta conexión con ésta. Si esta ley
ha tardado un poco en su tramitación y en los aspectos previos
a su tramitación, es, como sus señorías no ignoran, porque era
enormemente dificultosa en su ensamblamiento. Enormemente
dificultosa porque las tendencias eran muy distintas, porque
hemos atendido a muchísimos de los grupos que iban a verse
afectados positivamente por ella. Había que hacer --y así se
ha hecho--unas modificaciones, que yo calificaría de
sustanciales, a lo largo de todo el proyecto de ley.
No puedo dejar de decir que existe siempre una necesidad de
equilibrio en todas las leyes fiscales, no sólo para el sector
al que afecta, pues cada vez que se elabora una ley de índole
fiscal ha de contemplarse el conjunto del sistema fiscal y el
conjunto de la sociedad para ver cómo afectan las cosas que
son favorables para un sector en su, a veces, carácter
desfavorable para el resto de los sectores de los
contribuyentes. En este sentido, no es fácil hacer una ley
como ésta, que supone realmente un avance importantísimo para
las entidades que son fundaciones o de utilidad pública.
Creo que ha habido un enorme esfuerzo --lo puedo decir porque
he sido testigo de ello cotidianamente-- por parte del
Ministerio de Economía y Hacienda, de la Secretaría de Estado
de Hacienda y de la Dirección General de Tributos en esta ley,
que han puesto todo su interés y su saber técnico para llegar
a donde estamos llegando en este momento en este trámite.
He de referirme muy leve y generalmente a las intervenciones
de SS.SS., porque así lo han hecho también, ya que estimo que
el debate sobre las enmiendas en concreto se hizo en Comisión
con toda la argumentación de que éramos capaces quienes
interveníamos en él y que contemplaba todo lo que era
interesante para aquellos que estuviesen afectados en el
futuro por esta Ley.
El Grupo Popular habla de eliminar distorsiones. Precisamente
el esfuerzo ha estado en eliminar distorsiones, no ya dentro
de la ley sino, como acabo de decir, en el conjunto del
sistema fiscal. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas he de decirle que se ha llegado a las más
altas deducciones posibles, dentro del conjunto de este
sistema fiscal, por lo que atañe a donativos y ayudas a
fundaciones y a otras entidades similares. Respecto a las
deducciones para las empresas, darán satisfacción a SS.SS.
unas modificaciones, que pasaré a la Mesa al término de mi
intervención, que compatibilizan los límites establecidos en
el proyecto de ley, de manera que las diversas formas de ayuda
puedan ser consideradas de una manera yuxtapuesta y no se
limiten unas a otras. No voy a entrar en su argumentación,
pero quiero decirle al señor Costa que mire bien las
modificaciones hechas en los artículos 50 y 51 a lo largo de
los debates que hemos tenido y verá que prácticamente hemos
dado satisfacción al fundamento de sus enmiendas.
Dice, por fin, que saldrá una ley socialista y no para la
sociedad. Yo creo que va a salir una ley para la sociedad.
Aunque fuera socialista, no dudamos de que, si es una ley
socialista será la mejor posible porque esa es nuestra
voluntad; no me gustaría que apellidara como leyes peores a
aquellas que son socialistas pues, a nuestro juicio, son de
las mejores. En este caso, ustedes mismos y los otros grupos
de la Cámara van a aceptar este acuerdo, este consenso
generalizado, de lo cual yo me alegro mucho. Quiero decir que
no se trata aquí de tener controversias infinitas de tipo
político, sino de ayudar a que entidades como éstas tengan
realmente una virtualidad y una posibilidad de funcionamiento
que sea bueno para toda la sociedad española. La intervención
del señor Albistur ha sido de aceptación en lo que le atañe,
aunque del resto del Grupo Mixto no puedo saber realmente cuál
es su pensamiento. Por otra parte, el representante de
Izquierda Unida ha dicho que es una ley aceptable, de lo cual
yo me alegro. También es de subrayar --yo lo hago así-- que
debe haber una preocupación por ese equilibrio fiscal al que
antes me he referido.
El representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha
destacado la dilatación del debate, como antes he señalado yo
también. Creo que eso es bueno. Es una de las leyes en las que
yo he intervenido a lo largo de estos años que ha sido más
debatida, tanto dentro de la propia Cámara como en los lugares
donde nos reunimos con objeto de ir comunicando nuestro
pensamiento. Con referencia a sus enmiendas, le
posibilitaremos su retirada dando satisfacción a sus muy
razonables pretensiones. Creo que no se trataba de
«desfiscalizar», porque distorsionaría, pero sí de dar un
tratamiento especial, muy especial, de tipo tributario a este
tipo de entidades.
Al representante de Coalición Canaria sólo quiero decirle dos
cosas. En cuanto a la disposición adicional cuarta --se
refería a ella cuando hablaba de nuevo de la Iglesia-- he de
remitirle a la propia ley en donde está muy claro que todas
aquellas asociaciones que están dentro de la Iglesia y de las
diversas iglesias que tienen convenios con el Estado están
perfectamente protegidas por esta ley. Por lo que se refiere a
la disposición adicional novena, donde sigue pretendiendo que
las sociedades, aunque tengan forma mercantil siempre que sean
de capital de administraciones públicas, estén en la misma
situación que otras, he de decirle que es una pretensión un
poco exagerada. Si S.S. se alejase de conexiones que yo
encuentro muy normales pero que quizá distorsionan un poco una
visión objetiva, se daría cuenta de que es muy lógico lo que
pretendemos, que el proyecto de ley se mantenga tal como está.
Respecto a la intervención del portavoz del Grupo Vasco (PNV),
quedará perfectamente satisfecha su pretensión de que la
exención de intereses aumente del 30 al 40 por ciento cuando
yo le explique a continuación la enmienda al tipo que
contempla el artículo 53, porque en vez del 12 por ciento se
va a llegar a un siete por ciento con la deducción del 30 por
ciento. Manteniendo la deducción del 30, en lugar de pasar al
40 por ciento y modificando el tipo, es como vamos a tratar de
transaccionar, con lo cual yo espero que retire sus enmiendas.
Repito algo que es bueno y que quiero subrayar. Creo que es
positivo que la Ley de Presupuestos pueda dar una lista de
actividades que sean importantes especialmente para ese año.
Se lo digo porque yo que soy de su misma Comunidad Autónoma y
vasco como S.S., creo que en ocasiones quizá podamos lograr
que en la Ley de Presupuestos del Estado se integren entre
esas actividades especialmente contempladas algunas de las que
a nosotros particularmente nos interesan. Yo, desde luego,
pondré mi esfuerzo, por lo que de mí dependa, en próximas
leyes de presupuestos.
Ha habido un apunte del señor Homs en cuanto a las
aportaciones de obras de arte contemporáneo y me voy a fijar
fundamentalmente en algo que ha dicho. Eso ofrece unas enormes
dificultades. Es muy difícil de articular, mientras que no lo
es con respecto a aquellas obras de arte que ya forman parte
del patrimonio histórico o que tienen mucha antigüedad. Sus
señorías lo comprenderán. Las enmiendas que ahora mismo pasaré
a la Mesa, consisten en lo siguiente. La modificación del
artículo 53, en el que se rebajará el tipo del 20 al 10 por
ciento. Ello, desde luego, en una transacción con la enmienda
137 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
En el artículo 59 proponemos la modificación del número 2,
subiendo la deducción del 15 al 20 por ciento, de tal manera
que queden iguales los tres puntos que contempla el artículo
59. Esta es una transacción a las enmiendas 143 del Grupo
Catalán (Convergència i Unió)
y 369 del Grupo Popular. Por fin, proponemos tres enmiendas a
los artículos 63, 68 y 70 que, en realidad, tienen una
redacción igual porque los límites de deducción contemplados
en cada artículo es compatible con lo establecido en los otros
dos artículos. Estas son tres enmiendas transaccionales con
las enmiendas 149 y 156, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y con las números 378, 387 y 400, del Grupo Popular
que, supongo, aceptará y que retirará estas enmiendas a las
que afectan las transaccionales que acabo de expresar. Me
alegro de que haya habido --creo que así se reflejará en la
votación-- un amplio acuerdo político que va a ser para la
sociedad civil, en ningún modo sólo para la parte
superestructural de ella que es la política, sino, repito,
para el conjunto de la sociedad civil. Es muy conveniente que
haya un acuerdo y un consenso lo más general posible. De esa
manera, estarán también mucho más satisfechas las entidades a
las que va a afectar positivamente, como antes he dicho, este
proyecto de ley, que espero que pronto, tras su paso por el
Senado y su vuelta definitiva al Congreso, se convierta cuanto
antes en ley. He de decir por mi parte que ese acuerdo general
dará satisfacción a muchos y en concreto a esta señoría que
les habla, después de tanto batallar por llegar a acuerdos y
por convencernos unos a otros de lo que es mejor para la
sociedad española. Nada más y muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Antes de conceder un
turno de rectificación o de réplica quiero repasar cuáles son
las enmiendas transaccionales presentadas.
En primer lugar, hay una enmienda transaccional que afecta a
la disposición adicional decimotercera nueva y que pretende
transaccionar con la enmienda 181 del Grupo Catalán.
En segundo lugar, existe una propuesta de enmienda
transaccional que afectaría al artículo 53, y que, según los
papeles que tengo aquí, es enmienda transaccional no sólo con
la 137 del Grupo Catalán, sino con las enmiendas números 40 y
42, del Grupo Vasco (PNV). Otra propuesta de enmienda
transaccional es la realizada a dos enmiendas: la 143 del
Grupo Catalán, y la 369 del Grupo Popular.
Entre las últimas indicadas por el señor García Ronda, está la
propuesta transaccional con las enmiendas 149 y 156, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y las números 378, 387 y 400,
del Grupo Popular, que supondría la adición de un nuevo
párrafo al artículo 63. Hay otra transaccional con las
enmiendas 146 y 149, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
y las mismas del Grupo Popular --378, 387 y 400--, que
añadiría un nuevo párrafo tras el párrafo segundo del artículo
68.
Finalmente, hay otra transaccional, exactamente con las mismas
enmiendas del Grupo Catalán y del Grupo Popular, que
consistiría en la adición de un nuevo párrafo al artículo 70.
Estas son las enmiendas transaccionales presentadas a la Mesa.
Para un turno de rectificación o de réplica tiene la palabra
el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, no habrá tal turno
porque los argumentos han quedado bien claros.
Simplemente quiero decir que parece que hay un excesivo
interés del Grupo Socialista, que va más allá de la realidad,
en decir que ésta es una ley que se ha consensuado; no se ha
consensuado. Las enmiendas que se han aceptado son enmiendas a
cuestiones menores. Es verdad que se ha mejorado enormemente
con respecto a los proyectos de la legislatura pasada.
Seguimos en estos momentos con un mal texto. Quedan otros
trámites en los que, a lo mejor, se puede mejorar, pero en
este momento, señor Presidente, no vamos a votar
favorablemente el dictamen y, por tanto, no se diga que no hay
ningún voto en contra. No lo votamos porque consideramos que
no es bueno. Y reitero lo que hemos dicho: si el texto no se
modifica de una manera sustancial, el Grupo Popular mantendrá
en su programa electoral, como propuesta, modificaciones
radicales en el actual proyecto, porque consideramos que con
este régimen que se configura, tal y como está en la
tramitación del proyecto, las fundaciones en España no
dispondrán de un buen marco legal.
En cuanto a las enmiendas transaccionales presentadas, señor
Presidente, nosotros no vamos a retirar nuestras enmiendas.
Vamos a votar sí a las enmiendas transaccionales, que no se
impiden por nuestra parte, puesto que son transaccionales a
enmiendas del Grupo Popular y a enmiendas de Convergència i
Unió. Las votaremos afirmativamente porque suponen una mejora
respecto a un texto muy malo, pero no retiramos nuestras
enmiendas que reiteraremos en el Senado y recordaremos que son
las posiciones que tiene el Grupo Popular en una ley con la
que no estamos de acuerdo. Por tanto, nos abstendremos en la
votación global del texto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Olarte tiene
la palabra.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, en razón de lo
manifestado por el primer interviniente del Grupo Socialista
sobre nuestra enmienda número 221, consideramos que,
efectivamente, queda clara la integración de los
representantes de las comunidades autónomas en el Consejo
Superior de Fundaciones. Por tanto, la reivindicación que
formulábamos de una u otra manera la estimamos satisfecha y no
tenemos obstáculo ninguno, consecuentemente con ello, en
retirar nuestra enmienda 221, solicitando que, por el
contrario, se sometan
a votación las siguientes, porque las explicaciones que nos ha
dado, en cuanto a la impugnación de la razón de ser de las
mismas, el segundo interviniente del Grupo Socialista, no nos
han convencido en absoluto. Se ha pasado de puntillas sobre la
necesidad de tutelar adecuadamente, diría yo, la función
benéfico-social de las Cajas de Ahorro. No sabemos si esto
constituye un eslabón más en esa cadena de despropósitos en
virtud de la cual desde distintas instancias, inclusive el
Banco de España, se viene recortando la posibilidad de que las
Cajas de Ahorro puedan dedicarse como antaño a la obra
benéfico-social, tan sólo se miran otras rentabilidades y no
las sociales, y nosotros, por supuesto, nos oponemos
totalmente a ello, por cuya razón defendemos absolutamente las
restantes enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
El señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Quiero manifestar la satisfacción del Grupo Vasco
por las transaccionales planteadas. En consecuencia, quiero
anunciar la retirada de las enmiendas 40 y 42 del Grupo Vasco
a los efectos de la votación. Creemos que ha existitdo un
esfuerzo de consenso en torno a esta ley. Discutíamos en la IV
Legislatura si se anteponía el carro o los bueyes. Ha sido una
discusión que, tanto en ponencia como en Comisión, ha venido
realizándose con vivacidad. Nosotros entendemos que se ha
aprovechando la oportunidad para poner tanto los bueyes como
los carros en su sitio. Nos parece que el esfuerzo que se
realiza en el Pleno de hoy en el aspecto fiscal es importante,
sustancial y digno de ser subrayado. Nosotros mantenemos dos
tipos de enmiendas y reitero mis argumentos, señor Presidente,
porque no he encontrado razones suficientes en la respuesta
dada por los portavoces socialistas. Creemos que debe haber
sujetos de la actividad privada que deben estar expresamente
reconocidos en este proyecto de ley. No llegamos a comprender
por qué, por ejemplo, los centros de investigación de las
universidades públicas pueden estar acogidos a este tipo de
gravamen que ahora se establece en el 10 por ciento y no lo
pueden hacer las universidades privadas, que no tienen ningún
tipo de afán de lucro.
Yo quiero oír al portavoz socialista que explique que estas
universidades, en su opinión, tienen afán de lucro; que lo
diga en esta Cámara. Que digan que universidades como la
Universidad de Deusto, en el País Vasco, tiene afán de lucro y
que, por ello, no puede acogerse a este proyecto de ley.
Quermos oír también argumentos de por qué actividades como las
de la normalización lingüística, muy importantes en
comunidades autónomas como la vasca, la gallega o la catalana,
no pueden estar expresamente reconocidas en este proyecto de
ley y que se tenga todavía este miedo escénico a aceptar que
éste es uno de los problemas graves que tiene este Estado: el
reconocimiento de su hecho plurilingüístico y pluricultural.
Y, en tercer lugar, señor Presidente, la enmienda que está
destinada a la supresión del artículo que permite que los
proyectos de ley de presupuestos generales del Estado de cada
año puedan recoger un proyecto estrella para cada uno de los
ejercicios. Indudablemente, yo anoto las observaciones
realizadas por el señor García Ronda, en el sentido de buscar
la máxima colaboración a la hora de diseñar y elegir dichos
proyectos estrella, pero yo lo que quisiera es que el señor
García Ronda me argumentara por qué él entiende que ese
artículo no rompe la neutralidad. Si los agentes económicos y
empresariales tienen todos los años un proyecto estrella que
va a estar considerado con un tipo de gravamen más bajo que el
que hoy aprobamos aquí, evidementemente, el dinero se va a
dirigir allí donde va a encontrar más rentabilidad, y, si es
un producto estrella, van a encontrar también muchas más
repercusión los intereses de esa empresa o ese perceptor de
dinero.
Entendemos que, en aras al consenso, estas tres
consideraciones deben ser tenidas en cuenta: la ampliación de
los sujetos que puedan acogerse a este proyecto de ley, las
actividades de interés general que, más allá del interés
general, deben ser consideradas, señor Presidente, como temas
fundamentales de Estado, como el de la normalización
lingüística de las lenguas minoritarias de este Estado, y que
el proyecto conserve un nivel de neutralidad debido para que
no nos encontremos, después de hacer todo esto, con que el 80
por ciento de los recursos que se puedan destintar a
actividades de interés general vayan a ser recogidos y
remitidos a ese proyecto estrella que el Gobierno irá
proponiendo todos los años en cada uno de los proyectos de ley
de presupuestos generales del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri. Señor Homs, tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Quisiera, en primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario
Socialista su actitud abierta de diálogo y de oferta de
transacción para aproximar las distintas posiciones que hemos
mantenido los grupos parlamentarios en torno a eta ley.
En segundo lugar, quiero responder a la oferta transaccional
de las seis enmiendas que nos propone el Partido Socialista en
este debate. En principio, quisiera manifestar que estoy
totalmente de acuerdo con la redacción que nos proponen de la
disposición adicional tercera nueva, por la que se
transacciona con la enmienda
181 de mi Grupo que se permita a las asociaciones deportivas
que cumplan los requisitos que establece esta ley poder
acogerse a los beneficios que se establecen en la misma. Por
consiguiente, señor Presidente, retiro la enmienda 181.
Quiero también manifestar que aceptamos la transacción,
segunda que se nos plantea, a nuestra enmienda 137, al
artículo 53, por la que se nos propone reducir el tipo
impositivo del 20 por ciento que contempla el proyecto de ley
hasta el 10 por ciento. Este es un punto importante en el
debate que estamos manteniendo. Deben tener ustedes presente
que hoy en la sociedad el tipo aplicable es del 25 por ciento
y la resultante de esa transaccional va a permitir un tipo
impositivo del 10 por ciento. Las asociaciones sin ánimo de
lucro, las fundaciones que realicen actividades de interés
digamos general, y que lo realicen bajo las condiciones y
requisitos que establece esta ley, es decir, sin ánimo de
lucro, van a tener que soportar sólo la tributación de ese
tipo del 10 por ciento. Sin duda un gran paso, una gran
decisión, de trascendencia política y social que adoptaremos
en esta Cámara esta mañana. Señor Presidente, también
aceptamos la tercera enmienda transaccional a la enmienda
número 143 de nuestro Grupo, al artículo 59.2, por la que
elevamos el tipo de deducción del 15 al 20 por ciento para
todas aquellas aportaciones que se hagan a las fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro. Una enmienda fundamental por
lo que tiene en sí misma de estimulación de la aportación de
recursos privados hacia estas entidades sin ánimo de lucro.
Aceptamos, señor Presidente, la cuarta, la quinta y la sexta
enmiendas transaccionales a nuestras enmiendas 147, 149 y 156
de nuestro Grupo, a los artículos 63.2, 68 y 70, por las que
se hacen compatibles los límites a las deducciones del 10 por
ciento de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del
5 por ciento de la base imponible o del 0,5 por mil del
volumen de ventas y del 1 por mil de su volumen de ventas,
cuando las aportaciones se hacen a entidades, en el primer
supuesto, o a actividades, en el segundo.
Sin duda, son seis enmiendas de trascendental importancia, que
las valoramos de forma muy positiva y, por la incidencia que
tienen, señor Presidente, permiten a nuestro Grupo anunciar la
retirada de todas las enmiendas que hoy tenemos a este
proyecto de ley, y en este trámite. En consecuencia, señor
Presidente, quiero expresarles, señoras Diputadas, señores
Diputados, la satisfacción de nuestro Grupo de poder formular
en este trámite un acuerdo de esa naturaleza. No es esta ley
toda la ley que desearíamos, no tiene esta ley todos los
elementos que nosotros desearíamos, no hemos alcanzado un
acuerdo sobre todo lo que nosotros planteábamos en esa ley,
pero sí hemos llegado a un consenso --y en ese sentido quiero
constatarlo, y discrepo de la intervención del Grupo
Parlamentario Popular--, sí se ha consensuado en ese trámite,
para poder alcanzar un acuerdo con todos los grupos, que
valoramos de forma positiva. Es verdad que hay aspectos que
quedan pendientes, por ejemplo, como ya se ha mencionado
anteriormente, el régimen fiscal aplicable a las aportaciones
del arte o también, como ha expresado el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, el relativo a las universidades privadas y
a las entidades lingüísticas, aunque quiero mencionar que, si
estas entidades son fundaciones o son asociaciones sin ánimo
de lucro, podrán acogerse al régimen tributario de esta Ley,
aunque no se mencione específicamente en la misma.
Quiero concluir esta breve intervención, señor Presidente,
reiterando nuestra valoración política por ese acuerdo. Hoy,
sin duda, estamos en el punto, digamos, último de la
tramitación en el Congreso de los Diputados, en el que esta
ley es el triunfo, yo diría, de la sociedad civil; no es el
triunfo de ningún grupo parlamentario. Con el esfuerzo de
todos los grupos, alcanzamos lo que es la voluntad de la
sociedad civil, hoy, tener un marco jurídico y tributario que
favorezca una realidad muy importante y que defiende en
nuestros días, que son las entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan actividades de interés general.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Señor Nieto, tiene la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, tomo la palabra,
muy brevemente, para manifestar el desacuerdo con la
intervención del portavoz del Grupo Popular en el sentido de
decir que no ha habido acuerdo en esta ley. Ha habido un
esfuerzo importante por parte de los diversos grupos políticos
para llegar a un texto acordado, que es el que vamos a aprobar
dentro de unos momentos. Es verdad que no se han incorporado a
este texto todas y cada una de las propuestas de los diversos
grupos parlamentarios; de la misma forma, hay que reconocer
que tampoco se ha mantenido a ultranza el texto enviado por el
Gobierno a la Cámara. Ha habido un acuerdo a través del cual
hemos llegado a un texto de síntesis, que establece un régimen
jurídico regulador de las fundaciones y un sistema de
incentivos fiscales para las fundaciones y asociaciones sin
ánimo de lucro, desde mi punto de vista, lo suficientemente
flexible como para favorecer la iniciativa social en este
campo y hacer posible que las actividades de interés general
puedan ser más fáciles a partir de este momento de lo que
venían siendo hasta el momento presente.
En este sentido, y coincido con el último interviniente, el
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), hoy es un
buen día, hoy es un gran día para esta Cámara, al haber
aprobado una ley de estas características.
Para terminar, quiero decir una cosa. Al mismo tiempo que he
manifestado esa discrepancia con el portavoz del Grupo
Popular, quisiera mostrarle mi coincidencia y agrado por oírle
decir que llevarán a su programa electoral algunas de las
cuestiones que no han sido recogidas en este proyecto de ley o
que, desde su punto de vista, regularán de una forma más
adecuada una futura ley de fundaciones. Desde luego, me alegro
de oír al representante del Grupo Popular decir esto, porque,
de una vez por todas, vamos a saber qué opinan, en este
sentido como en otros. Es bueno que hagan un programa para que
los ciudadanos sepan qué piensan ustedes tanto en esta
cuestión como en otras muchas, de las que hablan mucho, pero
que trasladan muy poco al papel para decir exactamente cuáles
son sus propuestas de actuación o programáticas.
Por tanto, ¡ánimo! Hagan ustedes estas cosas, que así nos
enteraremos de lo que opinan.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nieto.
Señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para contestar a alguna cosa puntual que me
parecería descortesía no responder, en cuanto que, además, se
me ha interpelado directamente.
Respecto a las universidades privadas --y las tres cuestiones
que voy a contestar las ha expuesto el señor González de
Txábarri--, no me puede negar S.S. que tienen notorias
diferencias con las universidades públicas; no diga que es
igual. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
García Ronda. Silencio, por favor, señorías.
Cuando quiera, señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Gracias.
Decía, señor Presidente, que es evidente que hay notorias
diferencias entre universidades públicas y privadas; no vamos
a explayar aquí todas la diferencias, pero es evidente que las
hay y en el terreno que nos concierne. Las hay en cuanto a
gestión económica, tanto en ingresos como en gastos, las hay
en las tasas cobradas a las personas que acceden a ellas.
Podríamos hablar, y éste sería un debate completamente
distinto, de la universidad pública y la universidad privada.
No sé si algún día habrá que abordarlo. Sin embargo, el hecho
es que, por el momento, no se puede decir que sean
asimilables, como S.S. pretende.
Los aspectos de los proyectos lingüisticos, etcétera.
Naturalmente que consideramos, cómo no, una riqueza todas las
lenguas que se hablan en España y que deben ser protegidas.
Tampoco se le oculta a S.S. que el esfuerzo que hacemos, en
concreto, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, es muy grande
en este terreno con referencia a nuestra lengua propia, unas
de las dos lenguas que allí se hablan; creo que es enorme. No
se lo voy a cuantificar yo ahora, porque también tendría que
explayarme y decirle partidas, pero usted lo sabe bien. En ese
sentido, creo que nosotros, como socialistas, estamos
coadyuvando a ello desde el Parlamento Vasco, desde el
Gobierno, y las diputaciones vascas, que compartimos con
ustedes. Y si, en algún momento, fuera necesario hacer algún
esfuerzo especial por esto, ¿por qué no plantearlo?
En cuanto a que cualquier proyecto estrella puede romper la
neutralidad, no, señor González de Txabarri. La neutralidad
estricta pero aceptada, pedida por la sociedad española,
recogida por nosotros, parlamentarios, y que hoy aquí estamos
aprobando, también rompe, en cierto sentido, la neutralidad
estricta, pero nos parece necesario para que una serie de
proyectos se lleven a cabo, porque son buenos para nuestra
sociedad. Y creo que el que haya, en un momento determinado y
a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado, algún
proyecto especialmente contemplado, no será malo, ni mucho
menos.
Reitero la oferta que le he hecho en mi intervención anterior.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Ronda. Finalizado el debate del dictamen de la Comisión, vamos
a pasar a la votación. (El señor Cortés Martín pide la
palabra.--Rumores.)
Un momento, señorías.
Señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Quiero corresponder a la alusión que
me ha hecho el señor Nieto, estrictamente... (Rumores y
protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no ha habido
ninguna alusión. Ha habido una afirmación en el turno de
réplica.
No tiene la palabra, señor Cortés. (Fuertes rumores.)
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; a favor, 128; en contra, 184; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 317; a favor, cuatro; en contra, 169; abstenciones,
144.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 17, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, que entiendo que es la única que queda viva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 317; a favor, 17; en contra, 292; abstenciones,
ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) han sido
retiradas y están pendientes de votación las transaccionales
presentadas en relación con algunas de ellas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 317; a favor, nueve; en contra, 168; abstenciones,
140.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco, excepto las que han sido retiradas
en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, ocho; en contra, 179; abstenciones,
129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas transaccionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 317; a favor, 314; en contra, uno; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, 188; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen, excepto la
exposición de motivos, que se somete a votación seguidamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 317; a favor, 185; en contra, dos; abstenciones,
130.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la
Comisión.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DE LA LEY ORGANICA 11/1983,
DE 25 DE AGOSTO, DE REFORMA UNIVERSITARIA (Número de
expediente 121/000051)
El señor PRESIDENTE: Habiéndose solicitado por dos grupos
parlamentarios, la Presidencia somete al Pleno la retirada del
orden del día del debate de totalidad del proyecto de ley de
actualización de la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
La votación de totalidad correspondiente al carácter orgánico
de la proposición de ley por la que se modifica la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con el fin de posibilitar la efectiva
destrucción de la droga decomisada, tendrá lugar
inmediatamente después de la finalización del siguiente punto
del orden del día.
--PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 70.2
DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE
REGIMEN LOCAL (Número de expediente 122/000028)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad de iniciativa
legislativa correspondiente a la proposición de ley por la que
se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. A esta proposición
se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto
alternativo.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, ¿puede
una norma jurídica, una disposición de carácter general tener
vigencia sin estar publicada? Evidentemente, esta es una
pregunta retórica en un Estado de derecho. En los Estados de
derecho --así lo dice
nuestra Constitución-- no puede haber una norma jurídica de
carácter general que esté vigente sin estar publicada; no sólo
sin ser pública, sino sin estar publicada. El artículo 9.3 de
nuestra Constitución garantiza la publicidad de las normas; no
podía ser de otra forma, repito, en un Estado de derecho. Por
eso, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1989,
dice que el requisito de esa publicidad es que se haga en un
instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y
de su contenido.
Por tanto, señorías, no es suficiente con que la norma sea
pública, sino que el contenido de la norma debe estar
publicado, así como el de todas las normas que vinculan con
carácter general a los ciudadanos, sean con rango de ley, sean
reglamentos, sean ordenanzas; todas las normas con carácter
general. La Ley de Bases del Régimen Local, aprobada en 1985,
en su artículo 70.2 exije que todas las normas de carácter
general sean publicadas en su contenido completo en los
boletines oficiales de la provincia, puesto que habla de
Administración local. Pero he aquí que la proposición de ley
que ahora estamos discutiendo propone que haya unas normas de
carácter general que no se publiquen en ningún boletín, que
solamente se publique en el boletín la noticia de que ha sido
aprobada esa norma. Es algo así, señorías, como si el Boletín
Oficial del Estado dijese que se ha aprobado una Ley de
Fundaciones y que el que la quiera consultar que venga a esta
Cámara, donde la tiene a su disposición. Tan grave como todo
eso.
La ley lo decía bien claro: todas las normas, todas las
ordenanzas, las de tráfico, las fiscales, las urbanísticas de
las administraciones locales, para que entren en vigor tienen
que estar publicadas de forma completa en el Boletín Oficial
de la Provincia, pero esta proposición dice que las normas
urbanísticas no es necesario publicarlas de forma completa en
el Boletín Oficial de la Provincia, sino que basta con
publicar el anuncio de su aprobación y que la tienen en el
ayuntamiento a disposición de los ciudadanos. Cuando se aprobó
el decreto legislativo 1/1992, del texto refundido de la
legislación del suelo, es cierto que se provocó alguna duda.
Todos sabemos que la materia urbanística es una materia
compartida, y como la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 se
refería a la obligación que tienen las administraciones
locales de publicar sus normas, pero hay instrumentos
urbanísticos, por ejemplo los planes generales, en los que la
aprobación definitiva no corresponde a las administraciones
locales, sino a las comunidades autónomas, hubo dudas sobre si
la publicación de las normas que eran aprobadas por una
autoridad distinta de la municipal entraba dentro de la
vigencia de la Ley de Bases de Régimen Local. Esa duda
existió.
Es cierto que, al principio, hasta 1991, en que una sentencia
intentó concordar sentencias anteriores contradictorias, se
dijo que la ley de Bases de Régimen Local no podía obligar a
autoridades supramunicipales, en este caso a las comunidades
autónomas, que tenían competencia en la aprobación del
planeamiento general municipal. Pero como ya dijimos en el
debate de toma en consideración, sería auténticamente matar
moscas a cañonazos si porque ha habido problemas de
interpretación de la norma, concluyésemos, como dice la
proposición de ley que ahora debatimos, que es preferible que
no se publiquen las normas y que se publique sólo la noticia
de su aprobación.
La enmienda de totalidad que nuestro Grupo ha presentado a
esta proposición de ley intenta resolver, de una vez por
todas, las dudas de la siguiente forma. En primer lugar,
residenciar en el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local todo aquello que se refiere a la estricta competencia
municipal; todas las normas y ordenanzas (fiscales, de
policía, de tráfico, las que sean) que aprueban los entes
locales. Eso en el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local. Después, llevar al artículo 124 del texto refundido de
la legislación en materia del suelo, de legislación
urbanística, todo lo que se refiere a la publicación de las
normas urbanísticas. Creemos que así se resuelven las dudas
suscitadas en la aplicación de la Ley de Bases de Régimen
Local sobre si esta ley obligaba también a las comunidades
autónomas, puesto que eran las encargadas de la aprobación de
instrumentos de planeamiento. En ningún caso ponemos en duda
el principio constitucional del artículo 9 de que las normas
que obligan con carácter general para que estén en vigor deben
ser publicadas en su contenido completo. Simplemente
resolvemos un problema práctico de dudas suscitadas, a lo
largo de la ejecución, especialmente después de la publicación
del texto refundido de la legislación del suelo en materia
urbanística sobre lo que son normas. Nosotros en la enmienda
de totalidad hemos desglosado qué son normas en urbanismo. Son
normas en urbanismo las normas de los planes directores
territoriales, las normas de los planes generales, las
disposiciones de las normas complementarias a que se refiere
el artículo 74.2, d), las normas que hay en los planes
especiales, etcétera. En resumen, vamos desarrollando qué
documento normativo es el que se debe publicar. Señorías, no
es sólo que las normas urbanísticas establezcan los derechos y
los deberes de los ciudadanos en esa materia, sino que, en
conjunción con el reglamento de disciplina urbanística, las
normas urbanísticas de los municipios llevan a establecer
cuestiones disciplinarias. Son muchos los planes generales,
las normas subsidiarias, las delimitaciones de suelo urbano
que, completando el reglamento de disciplina urbanística,
establecen normas disciplinarias. Por tanto, sería una
auténtica aberración, y desde nuestro punto de vista
anticonstitucional, retroceder ahora a etapas
anteriores de la Constitución y decir que unas normas de
carácter general, en este caso unas normas urbanísticas, no es
preciso publicar su contenido en el Boletín Oficial, sino que
es suficiente, como dice la proposición de ley, publicar la
noticia de su aprobación.
Creemos que ese sería un retroceso gravísimo. Estamos seguros
de que el Tribunal Constitucional no lo va a tolerar, como no
lo han hecho los pronunciamientos que ha habido, insisto,
tanto del Tribunal Supremo en la sentencia de 1991 concordando
sentencias contradictorias anteriores, como el propio Tribunal
Constitucional en la sentencia que he dicho, en la que se
refirió a cómo se deben publicitar las normas con un
instrumento de difusión general con su contenido --la
sentencia 179 de 2 de noviembre de 1989--. Estamos seguros,
insisto, de que el Tribunal Constitucional no permitirá tamaño
ataque contra la Constitución.
Por eso, señorías, creemos que es preferible, como propone
nuestra enmienda de totalidad, dividir, para resolver los
problemas, entre aquello que es exclusiva competencia
municipal, que se mantiene tal cual está, y desarrollar,
especificando --porque no lo hizo el texto Refundido de la Ley
de Suelo-- qué son las normas, cuáles son los documentos de
cada uno de los instrumentos urbanísticos que se deben
publicar, en todo caso, en el boletín oficial correspondiente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que cuando se planteó por la Federación y la
Asociación Catalana de Municipios la posibilidad de modificar
el artículo 70.2 para mejorar la calidad burocrática de los
ayuntamientos en lo que hacía referencia a los planes de
urbanismo, y de la misma manera en que todos los grupos
políticos que están representados en estas asociaciones
convinieron en la necesidad de hacerlo así, incluso aquellos
representantes de su propio grupo político, jamás --se lo digo
de verdad--, jamás habría pensado que una cuestión
eminentemente técnica pudiera sugerir a S.S. un debate en el
que en un principio hablaba de ocultismo, en una segunda parte
insistió en una necesidad de legalidad y que finalmente está
llevando a planteamientos constitucionales.
Cuando su señoría lo lleva a planteamientos constitucionales
no me queda más remedio que decirle una cosa: si el Tribunal
Constitucional establece que la norma que propuso este Grupo
afecta al artículo 9 de la Constitución, no crea S.S. que no
se aceptará, porque jamás se intentó, por parte del Grupo
Parlamentario que represento, crear una norma que atacara a la
Constitución. Yo creo que su señoría ha llegado a un punto en
que ya no sabe cómo defender este empecinamiento rotundo y
constante que tiene contra esta simple modificación. A partir
de este momento se trata, simplemente, de tirarle piedras a la
luna para ver si la toca. Probablemente, si pone la piedra
dentro de una nave espacial le garantizo que puede llegar a la
luna, y, si es así, no se preocupe, no nos quedará más remedio
a todos nosotros, que hemos actuado con bastante buena fe para
mejorar los trámites burocráticos de los ayuntamientos, que
aceptar su planteamiento.
Ahora bien, la distinción que usted practica entre la
publicidad y la noticia es absolutamente errónea e
inaceptable. Nosotros no estamos planteando, ni con mucho, que
se publique simplemente una noticia (una modificación de una
norma urbanística está contemplada en diferentes momentos y
normativas), se trata de que, cumplidos todos los trámites
legales necesarios, se publique en el boletín su existencia y
puesta a disposición, con aquellas bases genéricas del
planteamiento para que el ciudadano las pueda conocer.
Usted puede decir que desea que esto sea así; que
fervientemente está convencido de que esto debe ser así, pero
lo que es evidente es que no puede decir que pretendemos
ocultar, que prentedemos ir contra la Constitución o estamos
intentando realizar hechos ilegales.
En su discurso anterior, que tuve el placer de releer, hablaba
de ocultismo, hablaba de alcaldes, y yo le dije que si usted
no defiende a sus alcaldes, quizá lo tenga que hacer yo, y con
mucho gusto. Y a partir de este momento usted ya no vuelve a
hablar de la responsabilidad de los alcaldes, ni de los
ayuntamientos, ni de la responsabilidad de los concejales,
sino que se dedica a plantear el artículo 9 de la
Constitución.
Sería muy bueno que primero corrigiera todo lo que dijo
respecto a los alcaldes en sus anteriores razonamientos,
porque alcaldes suyos están proponiendo la norma que estoy
tratando de defender. Y esto lo oculta usted basándose en el
artículo 9 de la Constitución, cuando este artículo 9, en su
apartado 3, garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
y la publicidad de las normas. En ningún momento se ha
planteado, con la modificación del artículo 70, apartado 2, la
modificación de la publicidad. Simplemente estamos
estableciendo, una y otra vez, que un plan general de
urbanismo tiene difícil publicación de la manera en que usted
lo pretende, que es imposible corregir, ver y establecer las
minucias que se determinan en función de los planes, de los
apartados, los sectores y los PERI que se establecen dentro de
una apreciación de un plan. Y ahora, cuando usted no sabe cómo
salir en defensa de los alcaldes que representa o que tendría
que representar, está planteando el tema desde un punto de
vista constitucional.
No estamos hablando en estos momentos, y con esto concluyo, de
un tema técnico, y ya no voy a entrar más en cuestiones
técnicas porque estamos perdiendo el tiempo. Usted lo que
quiere es politizar este tema, y cuanto más lo politice, más
está poniendo en coyuntura y en dificultad a sus alcaldes.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señorías, si los alcaldes de
Izquierda Unida o de Iniciativa per Catalunya dicen que
prefieren no publicar las normas, los alcaldes de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya están equivocados. Nadie ha
dicho aquí que se publiquen los planes generales, ni lo dije
en el debate de la toma en consideración, ni lo he dicho aquí.
He dicho que se publiquen las normas urbanísticas.
Sus señorías saben, porque está en la legislación del suelo,
que los planes generales --los planes parciales también--
están compuestos de una serie de documentos: unos son los
planos, otro es la memoria, otro es el estudio económico-
financiero, otro es el programa de etapas y otro son las
normas. Nadie ha dicho que se deban publicar la totalidad de
los documentos de los planes de urbanismo. Ningún tribunal, ni
este diputado desde esta tribuna durante esta legislatura, ni
en el debate de la legislatura pasada, han dicho que se deban
publicar los planes generales. He dicho, y así se especifica
en nuestra enmienda de totalidad, que se publiquen las normas
utilizando la terminología específica que para cada uno de los
instrumentos de planeamiento utiliza el texto refundido de la
Ley del Suelo, las normas urbanísticas. ¿Por qué? Porque son
normas tan normas como las de tráfico, como las normas
fiscales. He dicho que, de acuerdo con el Reglamento de
Disciplina Urbanística, a veces tienen elementos
disciplinarios. Y no se puede consentir, en un Estado de
derecho, que haya normas de alcance general que no estén
publicadas en un boletín oficial. No es suficiente con que
esté publicada la noticia de que están aprobadas. Y S.S. no lo
ha dicho hoy, pero en el Diario Oficial del pasado 26 de abril
figura: «exigir sólo la publicación de la aprobación». Está en
la página 3.283. Por tanto, aquí sí se ha defendido el
publicar exclusivamente la noticia de la aprobación. Y eso es
lo que la proposición hace, porque ha eliminado toda
referencia a la obligatoriedad de publicar las normas
urbanísticas, de acuerdo con el régimen general.
Probablemente, las señorías que no están escuchando se hayan
perdido en el origen de esta guerra, que, efectivamente, puede
parecer guerra. Hubo municipios --yo no me atrevo a decir
alcaldes-- que, a pesar de que lo establecía así la
legislación, no publicaron las normas de sus planes de
ordenación. Se solicitaron licencias de obras en determinados
predios que estaban incapacitados por el plan para
construirse, el ayuntamiento denegó la licencia y cuando
fueron a los tribunales el recurrente dijo: «Este plan que el
ayuntamiento pretende esgrimir no es válido porque no cumplió
la aprobación definitiva». Efectivamente, los tribunales, uno
tras otro, fueron diciendo: «Como el ayuntamiento no cumplió
la publicación completa de las normas, el plan no está en
vigor y, por tanto, este señor tiene derecho a una licencia de
obras en tal zona verde». Estos son los casos concretos de
todas las sentencias. ¿Forma de resolver el problema? Según su
señoría, los alcaldes dijeron: «Cambiemos la norma. Que no sea
necesario publicar las normas urbanísticas en los boletines
oficiales». Y yo les digo que no es esa la solución. Tan no es
esa que efectivamente, he dicho y mantengo que va contra la
Constitución Española. La solución es publicar las normas. Y
si en los tribunales, --también ha ocurrido en la doctrina--
ha habido duda de qué es lo que hay que publicar, como S.S.
acaba de decir aquí, incluso referido a los planes generales
que nadie ha citado, qué contenidos, qué documentos completos
son los que hay que publicar en los boletines oficiales, la
enmienda a la totalidad específica: en los planes
territoriales, las normas, y es uno de los epígrafes; en los
planes generales, esto; en los planes parciales, esto; en las
delimitaciones de suelo urbano, esto; en los planes
especiales, esto; y así, todo arreglado. En cualquier caso --
insisto, señorías--, me parece que en estos momentos sería un
gravísimo paso atrás el pretender que no se publiquen algún
tipo de normas ¿Y por qué en el debate no he reproducido las
cuestiones anteriores? Precisamente porque están bien frescas
en el «Diario de Sesiones».
Yo creo, repito, que va contra la Constitución. Evidentemente
es un intento de ocultar. Porque su señoría dice: «Es que las
normas, con el conjunto de los planes, están a disposición de
los ciudadanos en los ayuntamientos». Eso no es suficiente. Yo
se lo dije el otro día y usted me retó a que citara
ayuntamientos. El Ayuntamiento de mi ciudad que es la quinta
de España, no tiene todavía, desde 1986 que se aprobó el plan
general, editados y a disposición de los ciudadanos todos los
documentos de la aprobación definitiva del Plan General de
1986. De ahí hacia abajo hay muchos municipios que,
efectivamente, tienen enormes dificultades para tenerlos,
aunque sólo sea por la razón que he esgrimido de que la
aprobación definitiva de los planes generales no es
competencia municipal, sino de las comunidades autónomas. Por
eso, y termino señorías, resolvamos de una vez el tema, pero
no contra la Constitución, no diciendo que no hay obligación
de publicar unas normas. Resolvámoslo aclarando que en el
texto refundido de la Ley en materia urbanística, que afecta a
las administraciones
locales y también a las comunidades autónomas, está
residenciado qué es lo que se debe publicar, que son todas las
normas, todo lo que con carácter general obliga a los
ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Señor Nadal, tiene la palabra.
El señor NADAL I MALE: Muy brevemente, señor Presidente.
Seguimos dando vueltas al mismo tema, y no sé exactamente cuál
es el estado urbanístico de la quinta ciudad de España. A lo
mejor es Valencia; no sé. Creo que en estos momentos es un
tema que, en todo caso, le concierne a usted como Diputado de
la provincia.
Lo que sí quiero decirle es que los planteamientos que usted
ha realizado vuelven a ser políticos en tanto que no ha sido
capaz de justificar, en genérico, la ofensa que realizó
hablando sin contenido y sin base de la mayoría de los
ayuntamientos del Estado español. A partir de este momento, y
de la interpelación que se le hizo, usted desvía la cuestión y
la plantea en términos constitucionales. Este es el tema.
Cuando el Tribunal Constitucional lo decida todos lo
acataremos. Mientras tanto, sepa usted que tanto los
ayuntamientos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
como los socialistas, como los de Convergència i Unió o como
los del Partido Popular, que insisten en la necesidad de
solucionar este problema, lo hacen en un intento de ahorrar
burocracia, de economizar y, sobre todo, con una buena fe que
usted se atreve a discutirles. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco sobre el debate de
totalidad que estamos teniendo en la sesión de hoy. La verdad
es que nuestro Grupo Parlamentario muestra su extrañeza en
función del tono que ha adquirido el debate sobre esta
cuestión entre el Grupo proponente y el Grupo enmendante de
totalidad. Nos parece que estamos sacando las cosas
excesivamente de quicio. Entendemos que la proposición de ley
de Convergència i Unió tiene buena intención. Dijimos también
en el debate que hubo para su toma en consideración que quizá
no hayan acertado adecuadamente en cuanto a la redacción del
texto, pero coincidimos con el objetivo que entendemos que
pretende Convergència i Unió. No obstante, repito, creemos
que, efectivamente, no se ha dado la redacción más acertada al
texto que plantea el Grupo proponente. Respecto a la enmienda
a la totalidad, coincidimos con la argumentación que ha
efectuado el señor Blasco, como no podía ser de otra manera;
con todo su soporte argumental relativo a la publicidad y las
normas no podemos decir más que estamos plenamente de acuerdo,
puesto que eso, evidentemente, tiene que ser así. Y tiene que
ser así, porque como ya lo manifestamos en el debate para su
toma en consideración, a nuestro juicio una interpretación
integradora y completa del ordenamiento jurídico nos lleva a
la conclusión de que no existe un vacío legislativo, de que no
existe un vacío normativo en la materia y no existe porque si
interpretamos armónicamente la Ley del Suelo en su artículo
124, con el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, evidentemente toda normativa, como se
decía, de una corporación local debe tener su publicación en
un boletín oficial para que la misma tenga una eficacia «erga
omnes», para que pueda ser aplicado a los particulares y, en
definitiva, para que se constituya en derecho positivo creador
de obligaciones y derechos en las relaciones entre la
Administración y los particulares.
Por tanto, no creemos que exista un problema de tanta
envergadura como se ha suscitado, insisto, en el debate entre
el Grupo proponente y el Grupo enmendante de totalidad.
Señorías, lo que nosotros entendemos es que el Grupo
enmendante de totalidad, a través de las enmiendas al
articulado y, también con las enmiendas de otros grupos
parlamentarios, quizá pueda plasmar en el texto definitivo de
la proposición de ley que se apruebe en su día el espíritu y
la finalidad que se persigue y con la cual nosotros
coincidimos, que no es otra que la de que se respeten los
principios de legalidad, de publicidad y de seguridad
jurídica, en el que todos estamos de acuerdo y en el que, como
se decía también, toda normativa, toda acción de una
corporación local que sea constitutiva de derecho positivo, en
cualquiera de las materias, en tráfico, en materia fiscal, en
materia de servicios sociales o, en este caso, en materia
urbanística, tiene que se publicada en los boletines oficiales
correspondientes para que pase a integrar el ordenamiento
jurídico positivo.
Por ello, haríamos un llamamiento a la responsabilidad de los
diferentes grupos parlamentarios para que lleguemos a un
acuerdo sobre este tema y para que podamos, en definitiva,
llegar a ese consenso respetando la seguridad jurídica, los
principios de legalidad y publicidad, que es lo que queremos
garantizar en las relaciones Administración local-ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, todos los
argumentos que se han dado y se quieran dar, tanto por el
Grupo proponente como por los grupos parlamentrios que en
debates anteriores apoyaron esta proposición de ley, no se
sostienen, y menos el aumento de la calidad burocrática, ante
la posibilidad de que, con su aprobación, aumente la
discrecionalidad y la falta de transparencia a la hora de
poner en vigor las normas urbanísticas que, señorías, como
todos sabemos, influyen de forma determinante en la calidad de
vida futura de los ciudadanos en general y, en su desarrollo
posterior, mueven importantes intereses económicos. No
quisiera hoy repetir los argumentos que dimos en las
intervenciones anteriores, tanto del señor Fernández como de
mí misma, demostrando que, en muchas ocasiones, había sido a
través del urbanismo donde más prácticas corruptas se habían
dado últimamente en nuestro país. Señorías, no nos engañemos,
el artículo 70 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local
vino a establecer una garantía jurídica importante de los
ciudadanos frente a corruptelas y arbitrariedades municipales
al exigir la publicación de los planes de urbanismo. Dado el
carácter de normas jurídicas que presentan los planes
urbanísticos, su publicación, señorías, para que adquiera
eficacia, era una consecuencia obligada, derivada de los
principios propios de un Estado de Derecho. Dicho precepto ha
dado lugar a un línea jurisprudencial hoy día perfectamente
definida y de aplicación constante y uniforme. A ella se ha
llegado después de diversas sentencias contradictorias, que
hicieron necesario el pronunciamiento definitivo por parte de
la Sala de Revisión del Tribunal Supremo.
Por ello, señorías, no parece oportuno que las Cámaras vengan
ahora a alterar sustancialmente la actual regulación, que
puede considerarse una importante conquista en la lucha por la
sumisión plena de la administración al Derecho. Señorías, el
texto alternativo presentado por Izquierda Unida tiene como
finalidad, como ha dicho su Portavoz, establecer la
obligatoriedad de la publicación en los boletines oficiales
correspondientes de las normas y ordenanzas de los planes
urbanísticos, haciendo depender de tal publicación la
ejecución de los planes. La finalidad perseguida por Izquierda
Unida coincide con las enmiendas parciales presentadas por mi
Grupo, aunque se basa técnicamente en fórmulas distintas.
En nuestras enmiendas, señorías, solicitamos expresamente la
necesidad de la publicación de todas las partes y documentos
integrantes de los instrumentos de planificación que contengan
normas jurídicas y delimiten los derechos y obligaciones de
los propietarios del suelo.
En la propuesta alternativa presentada por Izquierda Unida se
enumeran los documentos concretos que deben ser objeto de
publicación, pero se excluye la publicación de los planos, que
en esta materia son los que definitivamente delimitan los
derechos y obligaciones de los propietarios y pueden permitir
el fraude de que los ayuntamientos distraigan hacia otros
documentos del plan, distintos a aquellos que han de ser
objeto de su publicación, parte de la normativa que
conceptualmente todos queremos que reciba la publicidad
necesaria a través de su publicación en el Boletín.
Señorías, en términos estrictamente jurídicos, coincidimos en
la finalidad que persigue la propuesta de Izquierda Unida,
pero no estamos de acuerdo con que se excluya la planimetría
básica. Por tanto, en este trámite, señorías, nos vamos a
abstener, esperando que, dada la gravedad de la propuesta, en
trámites sucesivos se acepten enmiendas parciales de otros
grupos parlamentarios, enmiendas que nos permitan, al menos,
la publicación de la normativa urbanística básica. Señorías,
nosotros creemos, estamos seguros, que hay ciudadanos y
administradores que actúan de muy buena fe, pero como también
en los últimos años se han dado demasiados casos que
contradicen esta opinión, creemos que estas Cámaras deben de
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a tener la mejor
información y a poderse defender con documentos publicados y
no con opiniones o informaciones dadas desde los ayuntamientos
que luego vulneren los derechos de estos ciudadanos.
Señor portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), yo sé
de la buena intención de muchos de los funcionarios y de
muchos de los políticos responsables en las administraciones
locales y en las comunidades autónomas, pero hay demasiados
ciudadanos que, debido a una mala información, luego los
ayuntamientos pueden actuar sobre ellos expropiándoles sus
propiedades por no haber cumplido, por ejemplo, con
obligaciones y puede haber otros ciudadanos, promotores o
sociedades que tengan intereses urbanísticos que se beneficien
precisamente de esa falta de información o de esa información
no clara. Nosotros con nuestras propuestas y con nuestras
enmiendas queremos evitar que eso se produzca.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna de nuevo a fijar la posición del
Grupo parlamentario Socialista en relación a la enmienda de
totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya a la proposición de ley del Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) por la que se modifica el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases de
Régimen Local.
El año pasado, cuando se presentó esta proposición de ley por
el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que, por
cierto, dicho sea de paso, ha sido mejorada respecto a su
texto anterior, fue el Grupo Popular quien presentó su
enmienda de totalidad. Ahora es Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Parece que haya un cierto reparto de papeles cuando
ustedes, estos dos Grupos, atacan a los restantes Grupos de la
Cámara, que somos mayoría en número de Grupos y en número de
Diputados. ¿Es que de verdad creen que sólo esos dos Grupos
son poseedores de la verdad? Nosotros somos más humildes y
pensamos que la verdad es más plural, es de todos, incluso
alguna vez también suya, de todas SS.SS., pero reconozca, por
favor, que nosotros, alguna vez al menos, también podemos
tener la razón.
Su enmienda, señores de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no nos parece mal, pero no la creemos apropiada. En
primer lugar, porque aprovechar una proposición de ley que
propone la modificación puntual de un aspecto como es la
publicación de las normas urbanísticas municipales para
modificar todo lo relacionado con la publicación urbanística,
afectando, por tanto, además de a la Ley referida 7/1985, al
Real Decreto legislativo 1/1992, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Suelo, no nos parece una buena
técnica legislativa. Si, una vez modificada la Ley 7/1985, se
ve conveniente hacerlo también con el Real Decreto, hagámoslo
también en otro trámite parlamentario, pero no es éste.
Además, hay otro argumento importante. La aprobación de su
enmienda, señores de Izquierda Unida, sólo serviría para
demorar nuevamente la aprobación de esta modificación: abrir
un nuevo período de exposición pública, presentación de
enmiendas. No nos parece apropiado, pero respetamos su
opinión. Pero vayamos al fondo de la cuestión: publicidad, a
la que tanto se ha referido, y publicación. ¿Qué dice la
Constitución? Porque, claro, todo el mundo hace referencia a
ella, pero no se ha leído expresamente el artículo 9.3, que
dice: «La constitución garantiza el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas...» Repito:
«la publicidad de las normas», no la publicación en los
boletines; esto no lo dice la Constitución. Señora Martínez,
la Constitución habla de la publicación de las normas y la
publicación en los boletines es una de las muchas formas
posibles de publicidad, no la única ni la exclusiva.
¡Reconózcalo, por favor! Por tanto, en ese sentido parece que
basar todos sus argumento única y exclusivamente en los
preceptos de la Constitución no es real. Hay otras posibles
formas de atender lo que dice la Constitución, que es la
publicidad; hay otras.
Veamos, sinceramente, a nivel municipal, cuáles son los
trámites que obliga a cualquier figura urbanística (plan
general, normas subsidiarias). Normalmente, y aquí, en esta
Cámara, hay bastantes alcaldes y supongo que la mayoría hemos
pasado estos trámites, hay hasta una documentación prelimar,
que a veces incluso supone una información adicional a los
ciudadanos. Pero, por lo menos, los trámites seguros son: la
aprobación inicial, la exposición pública en boletines, la
aprobación provisional y otra nueva exposición pública. Y
usted sabe, y supongo que también muchos de los alcaldes y
otros diputados de la Cámara, que esto requiere mayoría
absoluta y aprobación por el pleno municipal. Por tanto, no se
diga que sobre las normas urbanísticas, cuando van después a
la Comisión Provincial de Urbanismo, obtienen la aprobación
definitiva, además de otra exposición, hay ocultismo.
Sinceramente, creo que es querer tergiversar la realidad. No
hay cuando hay, por lo menos, de siete a ocho trámites
normalmente de información a los ciudadanos. Desde que se
empiezan a elaborar unas normas, incluso de figuras más bajas
de un plan parcial, pasan bastantes meses y, por lo tanto,
todas las personas interesadas tienen derecho y posibilidad
real de información. Los ciudadanos no van a ver los
boletines, y esto lo saben ustedes; a lo que van es a
consultar muchas veces las normas o la figura urbanística que
sea y, sobre todo, a hablar con los técnicos municipales, que
son los que mejor les pueden informar y asesorarles. Sobre
todo, lo que solicitan son certificados, certificados de
calificación urbanística, y esto nada tiene que ver con todo
lo que está esgrimiendo S.S.; esto se lo facilitan todos los
ayuntamientos, sean del color que sean.
En este sentido, nos parece apropiada la obligación que se
recoge en el texto de la proposición de ley ofrecido por
Minoría Catalana, en el sentido de que, tal como allí dice,
las administraciones públicas con competencias urbanísticas
deberán tener a disposición de los ciudadanos que lo solicitan
copias completas del planeamiento vigente en su ámbito
territorial, porque esto es lo que normalmente requieren los
ciudadanos. En cambio, nos parece, no sé cómo calificarlo,
pero al menos diciendo que no han consultado con sus alcaldes,
que la propuesta en una enmienda parcial del Grupo Popular,
que añade a esta obligación la de facilitar fotocopias de toda
la documentación a todos los vecinos, es ilógica. Si acerca de
esto la señora Martínez lo hubiera hablado con el alcalde de
Madrid o con la alcaldesa de Valencia, seguro que no se
hubiera atrevido a ponerlo en una enmienda, porque no sabe el
costo que esto representaría.
Resumo, pues, nuestra posición y les reitero a los dos grupos
que hablen más frecuentemente con sus alcaldes porque
posiblemente no harían afirmaciones como las que se han hecho
en este caso y tampoco cometerían estos errores.
Nuestra posición resumida es: no a la enmienda de totalidad de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por los argumentos
expuestos anteriormente; sí a la mejora de la proposición de
ley mediante enmiendas, como ya han planteado otros Grupos,
entre otros el Grupo Parlamentario Vasco y también nuestro
Grupo, quien ha presentado enmiendas parciales. Es evidente
que buscaremos que en ulteriores trámites pueda llegarse a un
acuerdo lo más amplio posible. No a la demagogia, no a las
obligaciones que no se pueden cumplir; sí a la información, sí
a la publicidad de las normas y sí, por supuesto, a la
Constitución. Por todo ello, votaremos en contra de la
enmienda de totalidad. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la enmienda de totalidad de texto
alternativo, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, a la proposición de Ley por la que se modifica el
artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, 17; en contra, 172; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
VOTACION DE CONJUNTO:
--DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CON EL FIN DE POSIBILITAR LA
EFECTIVA DESTRUCCION DE LA DROGA DECOMISADA
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al
carácter orgánico de la proposición de ley por la que se
modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de
posibilitar la efectiva destrucción de la droga decomisada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 314; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de Ley
Orgánica.
DICTAMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--DICTAMEN DE LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA GESTION DE
LOS FONDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE
LA GUARDIA CIVIL, MIENTRAS FUE DIRECTOR GENERAL DON LUIS
ROLDAN (Número de expediente 152/000001)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate correspondiente
al punto número 44; dictamen de la Comisión de Investigación
sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la
Dirección General de la Guardia Civil, mientras fue Director
General don Luis Roldán.
Tiene la palabra el señor López de Lerma para exponer el
dictamen de la Comisión.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
en fecha 17 de febrero último, y a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, en concreto de 77 de sus señores
Diputados, este Pleno acordó la creación de una comisión de
investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios
asignados a la Dirección General de la Guardia Civil en
tiempos del señor Roldán Ibáñez, especificándose que su objeto
(y lo cito textualmente) era la gestión y aplicación de los
créditos destinados a los distintos proyectos de inversiones y
a otro tipo de gastos.
La Comisión, constituida doce días más tarde, formalizó el
plan de trabajo requerido por el artículo 52, apartado 2.º, de
nuestro Reglamento mediante dos instrumentos investigadores:
la solicitud de diversa documentación y la tramitación de
numerosas comparecencias.
Esta metodología fue desarrollada a lo largo de los tres meses
siguientes, registrándose aportaciones de documentación por
parte del Gobierno (por cierto, la más numerosa), la Dirección
de Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados, el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España, el Registro Civil de Zaragoza, la Intervención General
del Estado, la Intervención Delegada del Ministerio del
Interior, el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Madrid,
el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y 23 entidades bancarias y Cajas de Ahorro, así como
por parte también de los Grupos Parlamentarios Popular e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de algunos de los
numerosos comparecientes. Asimismo, se practicaron 73
comparecencias a lo largo de 163 horas de sesión. El dictamen,
de 149 folios, de que disponen SS.SS., elaborado por una
Ponencia creada a este fin por la propia Comisión y que,
contando con la presencia de todos los Grupos Parlamentarios,
tuvo en la señora Aguilar y en los señores Baón y Cuesta a sus
principales redactores, recoge lo acontecido en el seno de la
Comisión de Investigación de acuerdo con el plan de
trabajo aprobado, un resumen de los hechos más destacables que
se han conocido a través de esa documentación y esas
comparecencias antes citadas y, finalmente, 22 conclusiones
relativas a los ámbitos jurídico-penal y
jurídico-administrativo, enjuiciamiento político de lo
acontecido y recomendaciones «de lege ferenda».
Se trata, entiende este Presidente, aunque a SS.SS. les
corresponde juzgarlo, de un buen dictamen y que, siéndolo,
tiene sus limitaciones, entre otras, lógicamente, las
derivadas del propio encargo del plenario del Congreso de los
Diputados en relación a un suceso que, a la vista está, tiene
más facetas que aquellas derivadas del propio objeto de la
investigación parlamentaria. A modo de resumen, y con la
posibilidad cierta de errar en la obligada síntesis, la
Comisión ha conocido lo siguiente:
Primero. Que en el nombramiento del señor Roldán, como
Director General de la Guardia Civil se produce la difusión de
un currículum académico totalmente falso.
Segundo. Que en la gestión presupuestaria realizada por el
señor Roldán aparece como cierto lo siguiente: a) Un notable
cambio en la gestión y control de los fondos reservados, tanto
los asignados a la Dirección General de la Guardia Civil por
las Cortes Generales como respecto de los librados por la
Secretaría de Estado de Seguridad, que pasan a ser
administrados, personal y directamente, por el Director
General. La Comisión ha constatado deficiencias en el
seguimiento de esos fondos, hasta el punto de que el sistema
utilizado no hace posible el control del Director General
sobre cualquiera de sus subordinados ni tampoco del
responsable del Ministerio respecto del propio Director
General. Diríase que, aun habiéndose detectado mecanismos
objetivos de control en según qué casos y en según qué
momentos, porque así se ha visto a lo largo de la
investigación, la confianza personal aparece como el único
comprobante del gasto hecho.
b) Un abuso reiterado de los mecanismos legales de
contratación directa de obras y servicios, por razones de
urgencia o de seguridad, que aparecen como meros justificantes
administrativos ante la realidad de sospechosas concertaciones
previas entre la Dirección General de la Guardia Civil y
determinadas empresas. c) Un persistente incumplimiento de las
recomendaciones emanadas del Tribunal de Cuentas, así como de
la Intervención General del Estado, relativas tanto a la
necesidad de reducir la aplicación de la contratación directa
para incrementar la concurrencia general como a la no
utilización de conceptos jurídicos indeterminados, por
ejemplo, los usados sobre urgencia, seguridad y confianza, en
la contratación directa de obras y servicios.
d) Un «sui generis» procedimiento de designación de técnicos,
practicado de manera directa y personal por el señor Roldán
Ibánez, que presupone una irregular concertación, y además
sospechosa concertación, repleta de amiguismo y de
arbitrariedad.
e) Un alto grado de obsolescencia de los servicios gestores de
la Dirección General de la Guardia Civil, donde la exclusiva
formación militar y policial de quienes los dirigen no parece,
a la luz de la Comisión, la más idónea para el cometido real
de los mismos.
f) La existencia de ingresos y gastos totalmente irregulares,
por darse más allá de la realidad presupuestaria aprobada por
las Cortes Generales, haste el punto de que no se halla
uniformidad en las cuentas bancarias abiertas en las
comandancias de la Guardia Civil, no existe ningún órgano
central que tenga un conocimiento exacto de las cuentas
bancarias abiertas en la Dirección General y, en algunas de
esas cuentas, se desconozca también tanto la procedencia de
sus fonfos como el destino dado a los mismos.
g) La sospechosa entrega de 77,5 millones de pesetas por parte
de la Imprenta-Escuela de la Asociación Pro-Huérfanos a la
Dirección General de la Guardia Civil, en el trienio
1991-1993, concretamente la Secretaría de despacho del
Director General, realizada en metálico y contra recibo sin
firma, bajo el concepto «Víctimas del terrorismo», sin que
existan normas reguladoras de esas transferencias ni se
encuentre documento alguno que peticione esas entregas en el
seno de la Dirección General de la Guardia Civil. Añado que la
Comisión ha conocido, además, que el señor Rodán era quien
administraba personalmente esos fondos, por lo que la
Dirección General carece de documentación que avale el destino
que dio a los mismos.
h) La discrecional, por lo tanto alejada de la norma que
regula su concesión, forma de proceder del señor Roldán Ibánez
en relación con su facultad de proponer la Cruz con distitivo
rojo, expresión cualificada de la Orden del Mérito de la
Guardia Civil, para premiar, junto a titulares de conductas
heroicas, en muchos casos con resultado de muerte o
mutilaciones psicofísicas, a miembros de la Guardia Civil que
no reunían todos los requisitos normados, alegando, por
ejemplo, --cito textualmente--, capacidad de trabajo o,
también, discreción y reserva, cuando el procedimiento exige
ineludible riesgo de perder la vida. Cabe señalar, además, que
este tipo de recompensa lleva aparejada una pensión vitalicia
del 15 por ciento sobre el sueldo del empleo que en cada
momento tenga asignado el galardonado.
i) El uso inadecuado, abusivo y presumiblemente delictivo de
las indemnizaciones por razones de servicio, tales como
dietas, gastos de viaje e indemnización por residencia, por
parte del señor Roldán y varios de sus colaboradores directos,
previstas en los Presupuestos Generales del Estado y reguladas
por el Real Decreto 236/1988 y por anuales acuerdos del
Consejo de Ministros. Y, por último, la existencia de un grupo
de guardias
civiles, formados por el CESID, adscritos a la Oficina de
Relaciones Informativas y Sociales de la Dirección General,
pero sin cualificación periodística o de relaciones públicas
alguna, que operaban a las órdenes directas del señor Roldán y
al margen de los responsables del servicio de información, es
decir, de la Subdirección General de Operaciones. Tercero, que
en relación con la actividad económica del señor Roldán
Ibáñez, ajena en principio a su cargo de Director General de
la Guardia Civil, la Comisión ha constatado lo siguiente:
a)El incumplimiento de la obligación de declarar sus
actividades no sólo como Director General de la Guardia Civil
sino tambien en su época de Delegado del Gobierno en Navarra.
b)El incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes y
patrimonio, conociéndose sólo la realizada en fecha 8 de
diciembre de 1993, referida al momento de cesar como Director
General de la Guardia Civil. c)La dificultad de encontrar una
explicación coherente respecto de las variaciones observadas
en las declaraciones realizadas por el señor Roldán en
relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
al Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 1986 a
1992 y su traducción en el incremento patrimonial. En otras
palabras: los datos no casan.
d)El conocimiento de operaciones bancarias con ingresos muy
superiores a los oficialmente declarados por el señor Roldán
durante el ejercicio de su cargo, que la Comisión sólo puede
poner de relieve dada la naturaleza parlamentaria de sus
trabajos y el objeto específico de la investigación
practicada. e)La existencia de una sociedad aparentemente
patrimonial denominada «Europe Capital, S.L.», constituida en
febrero de 1990 mediante un capital de 2,5 millones de pesetas
y que en diciembre de 1993, es decir, tres años más tarde,
disponía de un capital totalmente suscrito y enteramente
desembolsado de 77,5 millones de pesetas, administrada hasta
noviembre de ese año por el señor Esparza Martín, Director
Comercial de una empresa constructora perteneciente a un grupo
que contrató obras con la Dirección General de la Guardia
Civil por un importe conocido de 17.000 millones de pesetas en
el período 1987/1993, duplicando así el volumen total del
siguiente contratante con la citada Dirección General, según
se dice y se puede leer en el propio dictamen elaborado por la
Comisión.
La adquisición por el señor Roldán, en 1986, de una finca de
21 hectáreas de secano en el término municipal de Mequinenza,
en Zaragoza, por un importe de 1,5 millones de pesetas, que se
ve beneficiada por importantes inversiones, probablemente
entre 25 y 30 millones de pesetas, hasta transformarla en
finca de regadío. Debe decirse, además, que en las
declaraciones relativas al Impuesto sobre el Patrimonio
siempre figura el precio histórico, es decir, este millón y
medio de pesetas, pero en la única declaración de bienes
patrimoniales exigibles para altos cargos realizada al término
de su mandato, en 1993, el propio señor Roldán le asigna el
valor de 33 millones de pesetas.
g)La existencia de adquisiciones de inmuebles varios por parte
del señor Roldán y de personas allegadas al mismo mediante
fondos de origen incierto y sospechoso, a tenor de
manifestaciones producidas en el seno de la Comisión. Todo
ello, señorías, lleva a los comisionados a someter a
consideración del Pleno del Congreso de los Diputados un total
de 22 conclusiones, que paso seguidamente a exponerles de
forma resumida y agrupada, rogando, eso sí, benevolencia en el
uso del tiempo por parte del señor Presidente. Primero. La
Comisión considera que de las declaraciones recibidas y de los
documentos estudiados se deducen indicios razonables de
criminalidad de las actuaciones del señor Roldán Ibáñez y de
otras personas, así como indicios de que ha podido existir
menoscabo de caudales y efectos públicos constitutivo de
responsabilidad contable respecto de la gestión de los fondos
presupuestarios otorgados por las Cortes Generales a la
Dirección General de la Guardia Civil en el período que va
desde octubre de 1986 a noviembre de 1993, por lo que propone
al Pleno que se dé traslado al Ministerio Fiscal de toda la
documentación y actuaciones obrantes, con el fin de depurar
cuantas responsabilidades pudieran existir; todo ello,
naturalmente, sin perjuicio de las comunicaciones ya
producidas por acuerdo de la Mesa de la Cámara a instancias de
la propia Comisión.
Segundo. En el orden jurídico administrativo, la Comisión ha
constatado que el señor Roldán Ibáñez incumplió la Ley
25/1983, de 25 de diciembre, reformada por la Ley 9/1991, de
22 de marzo, al no realizar en plazo la declaración de
actividades, incumplir la obligación de declarar sus bienes y
patrimonios y no respetar en la práctica el régimen de
incompatibilidades en ella establecido. Tercero. La Comisión,
al detectar la generalización de la contratación directa
basada en razones que no se justifican en la práctica y al
comprobar el caso omiso que se hizo de las recomendaciones
emanadas del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General
del Estado, afirma que existen serios indicios de que esta
forma de adjudicación se dirigió a fines distintos de los
queridos por el legislador, concretamente al objetivo de
favorecer determinadas empresas, máxime al haberse observado
signos de concertación previa de las ofertas. La sospecha,
basada en la documentación obrante y en los testimonios
recogidos, se extiende también a encargos hechos a
profesionales de la arquitectura que podrían incluso suponer
ilícito penal.
Cuarto. Al conocer la existencia de ingresos y gastos, tanto
en los servicios centrales como en los periféricos
de la Dirección General de la Guardia Civil, ingresos y gastos
que son absolutamente atípicos por extrapresupuestarios y
siempre realizados al margen de la legislación vigente, la
Comisión entiende que se trata de una práctica contraria a los
principios rectores de la Hacienda Pública, de la que pudieran
derivarse responsablidades.
En virtud de todo lo expuesto, y sobre todo esas conclusiones
referidas a los ámbitos jurídico-penal y jurídico-
administrativo, la Comisión propone al Pleno la reprobación de
la conducta del señor Roldán Ibáñez y de su gestión política,
presupuestaria y administrativa al frente de la Dirección
General de la Guardia Civil. La Comisión entiende además que
los comportamientos irregulares observados se debieron en
parte a las insuficiencias objetivas de los sistemas de
gestión y de control, así como la concentración de la toma de
decisiones en la persona del Director General, sobre todo en
cuanto a la disponibilidad directa de medios y de fondos, por
lo que se hacen las siguientes propuestas. Primera. Se propone
reformar la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para reforzar las normas de publicidad de las
licitaciones y adjudicaciones, garantizar plenamente la
transparencia de la contratación, otorgar el carácter público
al actual Registro de Contratos e incorporar el Derecho
comunitario europeo.
Segunda. Que las apelaciones a las razones de urgencia,
secreto o seguridad en la contratación administrativa sean
plenamente justificadas en los respectivos expedientes. Se
estima conveniente además llevar a cabo la creación de un
sistema específico de clasificación de empresas para la
contratación de obras, suministros y servicios que deban
basarse en razones de seguridad. Tercera. La articulación de
un régimen especial de incompatibilidades para autoridades y
funcionarios que intervengan en la toma de decisiones
relativas a la adjudicación de contratos.
Cuarta. La puesta en marcha de la oficina presupuestaria
prevista en la Ley de Presupuestos de 1990 no tanto, aunque
también, para informar sobre la documentación que sirve de
base a las propuestas presupuestarias que nos hace el Gobierno
como para realizar el correspondiente seguimiento de su
ejecución. Quinta. La modificación de la correspondiente
normativa referida a la Intervención General del Estado, con
el fin de introducir garantías de cumplimiento de sus
recomendaciones por parte del órgano gestor y de la relativa a
cobros y pagos exteriores realizados con la exportación, con
el objeto de esteblecer mayores controles sobre la
justificación contable en relación con la opacidad fiscal en
ciertos gastos efectuados en el exterior. Sexta. En relación
con la existencia de fondos extrapresupuestarios, la Comisión
considera necesario que los mismos sean ingresados en el
Tesoro Público, formalizándose posteriormente los oportunos
expedientes de generación de crédito. Por otra parte, se
propone instar al Gobierno a corregir la inexistencia de
sistema alguno de control efectivo de la correcta utilización
del crédito presupuestario relativo a la provisión de gastos
para el desplazamiento del personal de la Dirección General de
la Guardia Civil. Séptima. Con el objetivo de mejorar la
gestión de sus servicios centrales, la Comisión propone instar
al Gobierno a llevar a cabo una modernización de las técnicas
de gestión de la Dirección General de la Guardia Civil, así
como una mejora de la capacidad técnica profesional,
optimizando los recursos materiales y humanos, potenciando a
la vez una transformación de plantillas que implique una mayor
dotación de funcionarios civiles especializados, delimitando
mejor las funciones administrativas, técnicas y de gestión del
gasto respecto de las más específicas y propias de la Guardia
Civil como instituto integrante de la Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Octava. La Comisión constata con innegable agrado que con
antelación a la discusión de este dictamen, pero precisamente
gracias al impulso de sus trabajos, ya se ha procedido a la
reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para dar
publicidad a las comisiones de investigación, a la reforma de
la legislación vigente para regular la obligación de comunicar
determinados datos de ámbito privado en las comisiones de
investigación y a la regulación específica de los fondos
reservados, mediante el correspondiente encargo al Gobierno.
Señor Presidente, señorías, al finalizar este trámite de
presentación sintetizada del dictamen elaborado por la
Comisión de Investigación que he tenido el honor de presidir,
debo hacer constar tres cosas: Primera. Habiéndose hecho un
buen trabajo --al menos yo creo que se ha hecho un buen
trabajo--, no puede decirse que el mismo sea perfecto y vaya a
ser comprensible de todo este asunto. Las limitaciones
derivadas del objeto a investigar; la gestión de los fondos
presupuestarios, porque así fue propuesto por el Grupo
Parlamentario Popular y aprobado unánimemente por la Cámara;
las limitaciones humanas y materiales que acompañan a toda
investigación parlamentaria; las deficiencias de los propios
instrumentos investigadores y los diversos escenarios a
investigar, algunos de ellos ciertamente muy alejados
geográficamente de la sede parlamentaria en que se
desenvuelven los trabajos, todo ello produce la sensación --o
quizá la certeza-- de que habiéndose trabajado mucho y bien,
no todo lo conocido es exactamente todo lo existente. De ahí
que en el propio dictamen se recoja la sugerencia de reforzar
los medios de las futuras comisiones de investigación, para
así garantizar mucho mejor el cometido que nos otorga el
artículo 76 de nuestra Constitución. Segunda. La existencia de
discrepancias en el ámbito de la responsabilidad política,
derivadas de cuanto
se ha puesto de manifiesto y evidenciadas en los votos
particulares, no pueden disimular, y menos eclipsar, la
realidad de un consenso en torno al resto del dictamen, como
no podría ser de otra manera, a partir de la voluntad
inequívoca de todos los comisionados a participar activamente
en la investigación, recoger imparcialmente lo conocido y
sacar sus conclusiones con la mirada puesta en el futuro. Aquí
es donde este presidente debe agradecer no sólo la confianza
mostrada por los comisionados en el momento de ser elegido,
sino la leal colaboración que le han presentado todos y cada
uno de los miembros de la Comisión, singularmente en los
momentos --que los ha habido-- en los que el desacuerdo
aparecía. Mi gratitud, por tanto, por ese auxilio y, sobre
todo, por la consideración con que me han distinguido mis
compañeros. Y tercera. Señorías, lo investigado y lo conocido
da náuseas; todavía más lo sospechado, que deberá perfilarse
en el ámbito judicial. Estamos ante un asunto que, siendo
cierto, siendo real, más parece producto de la imaginación
puesta al servicio de lo novelesco; pero, lamentablemente, no
lo es. Es auténtico, existe, es algo verídico, tangible. A
partir de aquí es tremendamente fácil el uso indiscriminado
del diccionario para hacer imputaciones de todo tipo hacia
terceros y muy fácil también, demasiado fácil, señorías,
extender malévolamente la mancha de la soschecha generalizada.
Pero este país, un país sorprendido inicialmente, interesado
después por conocer y, finalmente, aborreciendo lo
descubierto, este país, repito, señorías, necesita saber que
la inmundicia no cubre sus instituciones políticas, sino que
lo hace la honradez y la moralidad. Este país necesita saber
que su tejido social, el económico, el político, el
jurisdiccional, el profesional, el cultural, el financiero,
todo el tejido social, el institucional, es sano y que el
quiste cuando surge, se detecta y se extirpa, aunque produzca
más de un sonrojo, pero se detecta y se extirpa. Este es un
país sano, aunque cueste decirlo con hechos como éste u otros,
y cueste aún más, compréndanme, señorías, decirlo desde aquí
en trámites como éste, pero éste es un país sano. Por eso, es
preciso añadir además que se debe actuar sobre la base de la
afirmación, en ningún caso desde la frustración, la crispación
y, menos todavía, la desmoralización.
La gente, los ciudadanos, necesitan creer, señorías. Necesitan
creer en sus instituciones, en sus políticos, en sus jueces,
en el conjunto del país. Necesitamos saber construir la serena
confianza de que la sociedad tiene base, responde, que sus
instituciones funcionan, que éste es un país libre. Es preciso
transmitirles ese mensaje ante tanto desconcierto y tanta
insatisfacción; si me permiten, ante tanta zozobra.
Ya sé, señorías, que este dictamen aparecerá como algo
comedido o cabal ante los ojos de unos y como algo
insustancial o exiguo para otros. Lo sé, soy muy consciente de
ello, pero ninguna obra humana aparece nunca como completa y
definitiva, no aparece nunca como perentoria. En todo caso, me
atrevo a decir que éste es un dictamen digno; digno por lo que
tiene de denuncia y digno por lo que tiene de constructivo,
pero a ustedes, señorías, les corresponde juzgarlo con sus
votos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Los turnos a favor de los votos particulares y el debate
correspondiente a los mismos se producirán en la reanudación
de la sesión, que tendrá lugar a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continuamos con el debate del dictamen de la Comisión de
Investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios
asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras
fue Director General don Luis Roldán. Pasamos al debate de los
votos particulares.
Voto particular del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, antes de
comenzar mi intervención quiero felicitar, en nombre de mi
Grupo Parlamentario, al Presidente de la Comisión por el
trabajo que ha realizado en la presidencia de la misma y por
el tono que ha utilizado en el día de hoy al exponer el
dictamen de la Comisión ante el Pleno del Parlamento, dictamen
que, por otra parte, salvo lo que respecta a las
responsabilidades políticas, es producto del esfuerzo del
conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara y del
conjunto de los comisionados que hemos formado parte de la
Comisión Roldán. Quiero comenzar mi intervención, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, manifestando que nos parece un grave error, un
desacierto total que por parte del Partido Nacionalista Vasco,
de Convergència i Unió y del Partido Socialista Obrero Español
se haya decidido políticamente cerrar en falso la Comisión.
Nos parece que con su decisión y con su actitud están
posibilitando que la denominada Comisión Roldán no responda de
forma totalmente satisfactoria a las expectativas que había
generado en el conjunto de la sociedad. Saben perfectamente
SS.SS., y aún mejor los comisionados, que mi Grupo
Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, siempre ha optado por concluir los trabajos de
la Comisión. Ni formaba ni en estos momentos forma parte de
nuestra estrategia dejar abierta sine die la Comisión Roldán.
Cierto es que han aparecido en los últimos tiempos nuevos
datos, importantes todos y cada uno de ellos, y ustedes con su
decisión de cerrar la Comisión han evitado que sean
investigados. Desde nuestro punto de vista merecían ser
aclarados y con su decisión han cortado de raíz la posibilidad
de, en torno a esos datos que han aparecido en los últimos
tiempos, llegar hasta el final. Acaso es porque no quieren el
Partido Socialista Obrero Español y sus aliados hablar, llegar
a ahondar, que nos adentremos en el ámbito de los fondos
reservados, y son precisamente datos en relación a fondos
reservados de carácter importante los que han surgido en los
medios de información y en distintos ámbitos en los últimos
tiempos. Se trataba, pues, por su parte de no adentrarse en la
gestión del Director General de la Guardia Civil, señor
Roldán, de los fondos reservados. Parece que la intención
política, en estos momentos, es desviar todos y cada uno de
los trabajos que ha realizado la Comisión a lo que pueden ser
comisiones obtenidas por las contrataciones de obras
ajudicadas de forma directa, y nosotros creemos que había que
entrar hasta el final en lo relativo a los fondos reservados,
y esa es precisamente la posibilidad, la oportunidad que con
su actitud política ustedes han negado. En este sentido,
nuestro Grupo considera que debía ser precisamente el Partido
Socialista Obrero Español el primer interesado en que no
quedara ni una sombra de duda y, sin embargo, ustedes han
optado por la opacidad frente a la imprescindible
transparencia y claridad. Se han escondido permanentemente, a
lo largo de todo este tiempo, detrás de la frase de que el
señor Roldán no tiene credibilidad porque es un fugado de la
justicia, en lugar de demostrar con pruebas que no es cierto
lo que denuncia el señor Roldán. No han aportado ni una sola
prueba que demuestre que Roldán falta a la verdad. Curioso y
significativo este dato cuando han tenido todas las
oportunidades para demostrar que se faltaba a la verdad por
parte de Roldán. No han tomado este camino. Siempre, siempre
han estado amparados, huidos tras la misma frase. Convendrán
conmigo, señorías, en que es una muestra más de un Gobierno
desconcertado, a la defensiva y en muchos momentos, más de los
debidos, desaparecido. Con su actitud y con su ineptitud están
amparando la corrupción misma. Ahora bien, a pesar de su
decisión de cerrar en falso la Comisión para que deje de
investigar, la proipia Comisión, no exenta de dificultades y
de obstáculos, ha conseguido, hasta donde ha podido, hacer un
trabajo positivo política y socialmente hablando. La Comisión
del caso Roldán ha sido la primera que se ha constituido sin
que hubiera mayoría en esta Cámara. Pero además se constituyó
en una coyuntura política en la que prácticamente a diario
surgía un nuevo escándalo de corrupción. Con esta Comisión se
daba la oportunidad de generar confianza en el Parlamento
español, de forma que los ciudadanos supieran y constataran
que aquí, lugar en el que se residencia la soberanía popular,
hay mecanismos, hay instrumentos para luchar contra los
corruptos y contra la corrupción, aunque cierto es que todos
los grupos políticos no han tenido ni tienen la misma
voluntad, ni persiguen en este tema los mismos objetivos. Los
nuestros, los del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya están claros. Lo hemos dicho
con rotundidad en múltiples ocasiones. Queremos contribuir a
expulsar de la vida pública a los corruptos. Queremos
desterrar la corrupción misma. Queremos hacer prevalecer la
ética, la claridad, la transparencia, la honradez y la
honestidad como valores necesarios. Y queremos ¡cómo no! dar
credibilidad a las instituciones democráticas ante la
sociedad, acercándolas en su gestión y en su actuación a los
ciudadanos. En definitiva, lo que pretende mi Grupo es
defender la democracia misma y hacer la democracia
participativa.
Así las cosas, comenzó sus trabajos la Comisión no exenta de
dificultades e impedimentos, no sin padecer, de principio a
fin, en los momentos políticos cruciales de la misma, la
alianza permanente del PNV, Convergència i Unió y Partido
Socialista Obrero Español; alianza siempre concebida, siempre
materializada para impedir, nunca para dinamizar y nunca para
ir más allá, como ha necesitado en muchos momentos la Comisión
Roldán. A pesar de todas las dificultades, la Comisión se ha
abierto paso en sus trabajos parlamentarios y ante el propio
pueblo español y hemos conseguido, al día de hoy, poder
demostrar las circunstancias acaecidas en la Dirección General
de la Guardia Civil durante el tiempo en que fue director don
Luis Roldán. Hemos trabajado --y hay que decirlo en este
Palamento-- con intensidad, con rigor y con seriedad. Se han
producido en la Comisión 73 comparecencias. Hay que decir en
este momento de nuestra intervención que se han impedido
algunas, entre ellas la más significativa políticamente
hablando, la del señor Serra, que ha estado fugado de la
Comisión, ausente (Protestas.), dando la sensación de querer
esconder y esconderse. ¿Por qué no venía el señor Serra a la
Comisión? ¿Por qué la negativa con reiteración? ¿Qué es lo que
ha pretendido el señor Serra ocultar a la Comisión? Son
interrogantes que ineludiblemente, en el día de hoy, hay que
plantear ante este Parlamento español.
Se ha solicitado por parte de la Comisión documentación y, a
pesar de querer hacer con ella en su momento el Gobierno de la
nación una operación de imagen pública enviando furgonetas y
furgonetas de documentos, hay que decir en el día de hoy que
alguna documentación importante ha llegado tarde e incompleta
y otra documentación igualmente importante no ha llegado
nunca a la Comisión. Y ello porque a la hora de la verdad no
se ha contribuido desde el Gobierno lo necesario. Era la
manifestación de la duda permanente de un Gobierno que no
quería claramente obstruir, pero que tenía la preocupación
permanente, el temor de adónde íbamos a llegar en la Comisión
Roldán. Era la mezcla permanente de la contradicción misma,
que ha quedado clara, mostrada por el Gobierno de la nación.
Durante las reuniones de la Comisión se han producido
consecuencias políticas en razón de los trabajos de la
Comisión y del trabajo que han hecho --y hay que decirlo en
honor a la verdad-- los medios de información. Hay que decir
con rotundidad que no es que se hayan asumido por parte del
Gobierno ni del Partido Socialista Obrero Español
responsabilidades. La prueba está, clara y evidente, en que a
la hora de llegar a las conclusiones políticas en el dictamen
el PSOE, Convergència i Unió y Partido Nacionalista Vasco han
negado incluso hasta los hechos ya producidos y, por ende, la
realidad. Es decir, han negado la realidad misma en el sentido
de que ya se habían producido consecuencias que devenían del
trabajo de la Comisión Roldán. Por eso lo que ha sucedido en
cuanto a dimisiones se refiere, insisto, desde nuestro punto
de vista, no es porque haya habido asunción alguna de
responsabilidad política por parte del Partido del Gobierno,
sino como consecuencia del trabajo de la Comisión, de los
medios de información y de la propia presión social.
Dimisiones como la de Corcuera y la del señor Asunción han
sido producto, pues, del trabajo de la Comisión y de las otras
dos causas a las que me he referido.
También ha habido consecuencias de carácter legal, en el
sentido de que se ha producido durante el trabajo de la
Comisión un Real Decreto-ley por parte del Gobierno con la
obligación de comunicar determinados datos a las comisiones de
investigación y se ha producido también una reforma del
Reglamento. Se ha colaborado desde la Comisión --y el
Parlamento debe conocerlo-- directamente con la justicia,
aportando datos, aportando documentación y sabiendo
perfectamente en la Comisión cuál era nuestro espacio, cuál
era nuestro lugar de trabajo. Se ha desmostrado en la propia
Comisión toda una serie de hechos que sustentan las
conclusiones y de los que se derivan responsabilidades
políticas de mi Grupo, lógicamente, a través del voto
particular presentado y que defiendo en estos momentos ha
exigido. Las responsabilidades políticas, señorías, que
demandamos en nuestro voto particular con planteamientos
concretos van en total sintonía con los hechos demostrados con
el trabajo de la Comisión. Somos, pues, a la hora de presentar
este voto particular simplemente, por una parte, realistas y
por otra parte coherentes. No queremos practicar, como otros,
la ocultación. Y ahora que precisamente debatimos el dictamen
de la Comisión queremos actuar, como siempre desde la
izquierda, con responsabilidad y con claridad. No nos vamos a
sumar a la pantomima que otros proponen --PSOE, Convergència i
Unió y Partido Nacionalista Vasco--, que quiebra la coherencia
con el dictamen en lo que a hechos probados se refiere.
(Rumores.) Con las responsabilidades jurídico-penales y las
responsabilidades jurídico-administrativas estamos de acuerdo,
con los hechos relatados también, pero de esos hechos
relatados, que demuestran toda una serie de circunstancias que
han concurrido en la etapa del señor Roldán al frente de la
Dirección General, se derivan unas responsabilidades políticas
que son precisamente las que ustedes no quieren asumir. Por
eso nos han obligado, ante su falta de coherencia, a presentar
un voto particular para situar las cosas en sus justos
términos. Hay que dejar con claridad en cuanto a hechos se
refiere --porque así lo ha comprobado y demostrado la Comisión
Roldán-- que el señor Roldán ha sido el primer civil que ha
accedido a la responsabilidad de la Dirección General. Por
tanto, se veía desde el Partido Socialista Obrero Español como
un nombramiento de especial significado político e histórico y
buscaron a una persona de confianza política suya, a una
persona que se le conocía por su actividad partidaria y por su
actividad política. En ese sentido propusieron al señor Roldán
para su nombramiento el 13 de marzo de 1986 y lo propusieron
al alimón, y por tanto con igual responsabilidad, el señor
Barrionuevo, entonces Ministro del Interior, y el señor Serra,
entonces Ministro de Defensa. Ya en el momento del
nombramiento, la Oficina del Portavoz del Gobierno dio un
currículum del señor Roldán que no habían verificado
previamente las personas que lo habían propuesto y que resultó
ser falso. Digamos que fue el primer patinazo. Una vez que el
señor Roldán accedió a la Dirección General comenzó, entre
otras funciones, a realizar la oportuna gestión presupuestaria
que se sustentaba en tres pilares fundamentales: el uso de
fondos reservados, las inversiones en obras de
acuartelamientos y los ingresos extrapresupuestarios
detectados. En relación a los fondos reservados, esa materia
de la que el Partido del Gobierno y el propio Gobierno no
quieren hablar, en la que no quieren adentrarse, en esta
Cámara unánimemente hemos convenido ya que han de ser fondos
reservados pero no incontrolados, y a tal efecto este
Parlamento ya se ha pronunciado unánimemente, insisto. Pero
hay que decir algunas cuestiones en torno a los fondos
reservados. En primer lugar --cuestiones que ha demostrado
plenamente el trabajo de la Comisión--, que han estado
totalmente incontrolados y en manos de unos cuantos. Que se
han producido en relación a los fondos reservados importantes
modificaciones en su cuantía, alcanzándose un notable
incremento --hablamos de más de 4.000 millones de pesetas-- y
ello con aquiescencia total del Ministro del Interior
correspondiente, al detraerse de
partidas básicamente de inversiones y llevarlas a fondos
reservados. Que el señor Roldán cambió el sistema de gestión y
control de los fondos reservados y que se le consintió;
sistema de gestión y control que pasó a controlar directa y
personalmente el propio don Luis Roldán. Que nada más llegar a
la Dirección General gastó, de diciembre a marzo, 106 millones
de pesetas no se sabe en qué pero que no sorprendió en ningún
momento que ocurriera tal hecho. Que los fondos reservados
llegaron a la Dirección General por dos vías: por vía
presupuestaria y por conducto de la Secretaría de Estado, y
que eran precisamente estos fondos reservados que llegaban por
conducto de la Secretaría de Estado, a través del señor Vera,
totalmente incontrolados. Que existió poca claridad en el
empleo de los fondos reservados. Ha habido una absoluta
opacidad que ustedes, por acción o por omisión, han permitido
para que luego sucediera lo que ha ocurrido. Que han manejado
fondos reservados el Ministro del Interior, el Secretario de
Estado para la Seguridad del Estado y el propio Director
General. Y que el sistema que se instaura y que el Ministro
correspondiente consiente impide el control de los fondos
reservados --eso lo reconoce el propio Tribunal de Cuentas-- y
ello, qué duda cabe, comporta consentimiento y
responsabilidad, que es la que ustedes tienen que asumir y no
están dispuestos, de ninguna de las maneras, a reconocer. Por
tanto, hay que decir con claridad que en relación a los fondos
reservados pudo dárseles cualquier destino, pudieron servir
para pagar sobresueldos en el ámbito del Ministerio porque se
buscó, de propósito, un sistema para que no hubiera control --
a pesar de que hablamos, señorías, de varios miles de millones
de pesetas--, y se ha demostrado también por la Comisión que
el destino en cuantía para el narcotráfico y el terrorismo ha
sido exiguo. En relación a las adjudicaciones de obras y
contratos, el Tribunal de Cuentas señala y ha señalado también
el Ministerio del Interior como el ámbito donde concurren
múltiples irregularidades, entre ellas, solicitar ofertas
antes de estar aprobadas las condiciones económicas y
jurídicas del contrato a que se referían esas ofertas. Es
evidente y clara la irregularidad, la anomalía, la ilegalidad.
Han consentido ustedes durante siete años que todas las obras
se adjudicaran de forma directa en la Dirección General,
aunque para no faltar a la verdad hay que decir que esto es
costumbre, es habitual en el ámbito de la Administración
pública a partir de su forma y manera de gobernar. Se han
alegado razones que luego han devenido en falsas. Las
adjudicaciones no han alzando apenas el 1 por ciento de baja.
Se podía pensar incluso que por los elementos, por cómo
planteaban todas y cada una de las adjudicaciones concurrían
en la adjudicación misma signos de concertación previa, y esto
ha ocurrido durante siete años. Ha habido advertencias de la
Intervención General del Estado, hay una concentración de
empresas en la adjudicación y hay una designación a dedo y una
concentración de los técnicos que tenían que realizar los
proyectos.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Creo que quedan absolutamente claras las irregularidades que
con su forma de gobernar han comportado y que se han
materializado de forma evidente y clara en el ámbito de la
Dirección General.
Igualmente, en relación a los fondos extrapresupuestarios, la
Comisión --y hay que decirlo en este foro parlamentario-- ha
conocido la existencia de ingresos y gastos no previstos en
los presupuestos asignados a la Dirección General de la
Guardia Civil. Hay también otros aspectos importantes que
referenciar que ustedes han conocido y han silenciado, y que
si no los han conocido por ineptitud e ineficacia tienen
exactamente la misma responsabilidad. Aspectos como, por
ejemplo, las condecoraciones dadas, en un número
significativo, no en virtud de lo que prevé la ley sino en
razón de amiguismo; cuestiones como los viajes, las dietas y
otros gastos que han ocasionado el señor Roldán y sus
colaboradores; gastos inadecuados, gastos abusivos que han
comportado una conducta presumiblemente delictiva.
Hay que decir también que la Comisión ha podido llegar hasta
el final en lo que respecta a las actividades económicas del
señor Roldán, que vienen presididas por el incumplimiento de
la obligación de la declaración de actividad, por el
incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes y
patrimonio, por un incremento patrimonial sustancial por
importantes ingresos en metálico, pero nada de esto, ni
individual ni sumadas todas y cada una de las circunstancias a
las que yo me acabo de referir han llamado la atención del
Gobierno ni de los distintos ministros que conforman el propio
Gobierno.
Ha quedado perfectamente demostrado que el señor Roldán
conformó una sociedad limitada, Europe Capital, de mera
tenencia de bienes, que es prueba irrefutable de la conducta
corrompida del investigado. Pero es que en la misma etapa, el
señor Urralburu, el señor Aragón y señor Esparza, ligados
todos y cada uno de ellos entre sí por relaciones políticas,
de amistad y comerciales, conformaron también sociedades
limitadas con el mismo objeto social que nunca se llegó a
desarrollar, pero que sí les sirvió para comprar, entre otras
cosas, bienes a una empresa, Promociones Roteñas, heredera de
Sierra Comendador, tremendamente beneficiada en la
adjudicación de obras en la etapa del señor Roldán y, además,
uno de los que compraba era el director
comercial de la empresa que las construía --Hasa-Huarte,
Huarte-Hasa, el señor Esparza--, que era el administrador del
señor Urralburu, del señor Roldán y del señor Aragón.
Nos parece que estos datos son suficientemente importantes y
suficientemente relevantes para que el Partido Socialista
Obrero Español y el Gobierno en su conjunto vengan a decirnos
que nada de esto conocían y que lo ignoraban todo. Señores del
Gobierno, la responsabilidad es igual por acción que por
omisión. Hay que concluir y decir con nitidez que Roldán no
pudo actuar solo y que es imposible que no se supiera nada en
el ámbito del Ministerio del Interior, donde funcionan los
servicios de información; en el ámbito del Ministerio de
Economía, a donde hizo llegar la Intervención General del
Estado su informe especial; en el ámbito del Ministerio de
Defensa, por las competencias que tiene sobre la Dirección
General de la Guardia Civil, a través del propio Cesid, y por
la fiscalización que de todo ello había hecho el Tribunal de
Cuentas. No se puede alegar, pues, ignorancia en todas y cada
una de estas materias y, por tanto, insisto, por acción o por
omisión, por connivencia y complicidad o por incompetencia,
hay distintas y diversas responsabilidades que hemos demandado
a través de nuestro voto particular, responsabilidades que van
desde la propia responsabilidad del ex Director General, don
Luis Roldán, cuya actitud al frente de la Dirección General ha
quedado clara y expresa, y que pasa por los Ministros del
Interior: el señor Barrionuevo, que tiene responsabilidad por
haber hecho la propuesta al Consejo de Ministros para la
designación del señor Roldán que, insisto, se le conocía, no
se puede alegar que no sabía quién era el señor Roldán. El
señor Corcuera, porque ratificó a Roldán en su cargo y porque
con las múltiples irregularidades cometidas durante su mandato
ha tenido una actitud totalmente negligente al no investigar,
al no conocer nada de lo que concurría en la etapa del señor
Roldán; tuvo, pues, una actitud negligente al no llevar a cabo
los mínimos controles y verificaciones. El señor Asunción, en
primer lugar, porque no investiga cuando ya había datos
públicos más que preocupantes, cuando él llega al Ministerio
del Interior; en segundo lugar, porque no controla, no ha
vigilado a don Luis Roldán y ha coadyuvado de forma directa a
la posibilidad de evasión de la acción de la justicia, y
porque, además, ahora parece resultar que encima se ha
dedicado a destruir pruebas de importancia en todo lo que
respecta al caso Roldán.
Del Secretario de Estado, Director de la Seguridad del Estado,
señor Vera, por acción y también por omisión en sus
obligaciones de vigilancia y de control. Del Ministro de
Hacienda, al que a través de la Intervención General del
Estado le llegaron los distintos informes especiales que
habían emitido en cuanto a la irregularidad manifiesta en la
forma de contratación de obras en la Dirección General de la
Guardia Civil, el señor Solchaga, que en aquel moomento no
actuó de ninguna manera para evitar que estas cosas siguieran
sucediendo en el ámbito de la Dirección General.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
Del ex Ministro de Defensa, hoy Vicepresidente del Gobierno,
don Narcís Serra, que designó, quiera él o no, con el señor
Barrionuevo, a Roldán para que fuese nombrado por el Consejo
de Ministros para el cargo de director general y, además,
porque en su etapa de Ministro de Defensa y, por tanto, máximo
responsable de la gestión del Centro Superior de
Investigaciones para la Defensa, el Cesid, se da el hecho, a
la vista de las declaraciones efectuadas por los distintos
comparecientes, de que no existió percepción alguna, lo que
evidencia una actitud negligente por falta de control y de
vigilancia del señor Serra, al que ustedes, señores del
Partido Socialista Obrero Español, ya se han guardado mucho de
evitar que viniera a la comisión para informar de todo lo que
conoce el señor Serra y de sus relaciones habituales y
cotidianas con el señor Roldán.
También, del Ministro de Defensa que sucedió al señor Serra,
don Julián García Vargas, porque ha habido, igualmente, una
evidente negligencia observada en la actuación de los
servicios de inteligencia, que no detectaron, o que si
detectaron no advirtieron, las irregularidades cometidas por
el señor Roldán; responsabilidad que ha de hacerse
inexcusablemente extensiva a don Emilio Alonso Manglano,
Director General del Centro Superior de Información de la
Defensa, por su falta de control y exigencia de vigilancia
sobre subordinados, si no por la situación de desconocimiento.
Es difícil creerse que el Cesid, que el señor Serra, que el
señor Corcuera no tuvieron conocimiento en su momento; pero,
insisto, si no lo tuvieron, en manos de quién estábamos y en
manos de quién seguimos estando. Responsables son,
exactamente, en la misma magnitud y en igual intensidad.
Y del Fiscal General del Estado, afortunadamente ya ex Fiscal
General del Estado, que ha venido claramente a devaluar lo que
era una institución como la Fiscalía General del Estado, a
estar al dictado del Gobierno de la nación. Fue precisamente
por eso por lo que se negó a investigar las irregularidades
cometidas en la etapa del señor Roldán, que eran claras y
manifiestas. Concluyo con una cuestión que a nosotros nos
parece de absoluta claridad. En un caso como el del señor
Roldán, que hace responsables de todo lo que ha ocurrido a
tres Ministros del Interior, a dos personas que han pasado por
el Ministerio de Defensa, hoy uno Ministro de Defensa y otro
Vicepresidente del Gobierno,
a un Fiscal General del Estado, a un Director General del
Cesid, hay que decir que una situación generada como esa, que
un Gobierno que ha actuado de tal manera, tiene una persona
directamente responsable: el señor González Márquez.
(Rumores.) El cúmulo de ministros implicados, en mayor o menor
medida, en los hechos investigados, los altos cargos
responsables por acción o por omisión, de que por parte del
Gobierno no se advirtiera de forma inmediata y se pusiera coto
a las irregularidades, o incluso a los posibles delitos
cometidos por el que fuera Director General de la Guardia
Civil, don Luis Roldán, unido al hecho de que dichos actos
fueron cometidos en un dilatado período de tiempo --hablamos
de siete años-- sin que por parte del Gobierno se haya sido
capaz, no sólo de advertir la mala gestión, que era clara y
manifiesta, sino de propiciar la falta de actuaciones cuando
determinadas luces de alarma fueron encendidas (les avisaron,
se lo dijo el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del
Estado y ustedes no hicieron ningún caso); en ese sentido...
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
Todo ello conduce, de manera inevitable, a que invoquemos en
este acto la Constitución Española, el artículo 108 de la
Constitución, en el cual se delimita, se recoge expresamente,
la responsabilidad política del Gobierno: «El Gobierno
responde solidariamente en su gestión política ante el
Congreso de los Diputados».
Es por ello que el Presidente del Gobierno, como máximo
responsable del mismo, como coordinador de las funciones y de
la acción de los demás miembros del Gobierno, resulta
responsable políticamente de los hechos investigados. El señor
González Márquez es el que propone, en virtud también de la
propia Constitución Española, el nombramiento de los demás
miembros del Gobierno. El señor González Márquez, como
Presidente del Gobierno, resulta políticamente responsable de
la gestión, de las irregularidades y de los presuntos delitos
cometidos por el señor Roldán en su etapa al frente de la
dirección general. (Rumores.) Termino diciendo...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora AGUILAR RIVERO: Comprendo que no les guste a ustedes
(Continúan los rumores.) estar escuchando los resultados del
trabajo de una comisión. Lo lamento; pero lo que yo aquí he
relatado son, a pesar de ustedes, hechos probados por el
trabajo de una comisión que se debía a este Parlamento y al
conjunto del pueblo español. Con ese objetivo hemos trabajado
y hay que decir con claridad que la línea política del
Ministerio del Interior ha sido un fiasco; no se han hecho las
reformas necesarias en el mismo y es la asignatura...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, un momento.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo enseguida, señor
Presidente. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto, señora Aguilar.
¡Silencio, señorías!
La señora AGUILAR RIVERO: Decimos y reiteramos que la política
del Ministerio del Interior es la asignatura pendiente del
Gobierno, en la etapa de la democracia; que en la situación
actual de Roldán, huido, ustedes han actuado con negligencia
total, y que la corrupción es una consecuencia de su política
y del talante con que han ejercido y ejercen el poder,
careciendo, antes y ahora, de voluntad de transparencia, no
explicando nada, manteniéndola y no enmendándola, a pesar de
que saben que están equivocados, y que de todo esto,
lógicamente, hay un responsable máximo, don Felipe González,
lamentablemente el Presidente del Gobierno de la corrupción,
porque no sabe, porque no puede o sencillamente porque no
quiere.
Nada má y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.--
Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Votos particular del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria quiere adherirse también a cuanto se acaba de expresar
anteriormente, y en gran parte a la intervención de doña Rosa
Aguilar, al igual que a las expresiones de satisfacción por el
trabajo realizado por la comisión y, de manera muy especial,
por el rigor y el acierto con que el señor Presidente de la
misma ha dirigido los trabajos de la comisión, cosa que no
sólo hemos podido constatar por compañeros de nuestro grupo
parlamentario sino por ser opinión generalizada por lo que
respecta a otros grupos parlamentarios presentes en la misma.
La conducta del señor Roldán, dada la enorme importancia del
puesto que ha ocupado durante muchos años, ha causado un
gravísimo perjuicio a diversas instituciones. Perjuicio que se
ha producido en virtud de una generalización absolutamente
injusta pero que está ahí. No es responsabilidad nuestra; es
responsabilidad suya, de quienes en su día le designaron y de
quienes, a lo largo de muchos años, no fueron capaces
de estudiar, de analizar ni de reaccionar con un mínimo de
acierto ante las objeciones, ante los reparos y las
advertencias del Tribunal de Cuentas, sino que contribuyeron,
por la comisión indiscutible de la culpa «in vigilando» a que
el desenlace se produjera.
Es el caso que el Parlamento español --y esto hay que
reconocerlo-- ha hecho un esfuerzo importante, pese a las
acusaciones que durante tanto tiempo ha recibido de
institución lenta, de institución incapaz de reaccionar, de
acuerdo con las demandas más apremiantes de la calle. En este
caso hay que reconocer que la comisión ha dado cabal respuesta
a esa preocupación y a nosotros nos satisface respaldar todo
su trabajo y sus conclusiones.
En estos momentos, afortunadamente creemos haber sido capaces,
al margen de discrepancias puntuales e importantes que se han
puesto de manifiesto en la anterior intervención y que se
producirán en otras, de actuar con absoluta conexión con las
inquietudes ciudadanas a que me refiero. Durante muchos años
diversos grupos parlamentarios, señor Presidente, han venido
reclamando al Gobierno modificaciones importantes en el
régimen de contratos del Estado, en las competencias de la
Intervención General, en el funcionamiento de este Congreso y
de sus comisiones de investigación. Durante mucho tiempo mucho
se ha expresado y se ha escrito al respecto: papel mojado. Por
supuesto, no ha sido responsabilidad de Coalición Canaria
entonces inexistente como fuerza política del arco
parlamentario español, ni de otros grupos parlamentarios que
no han tenido la menor coautoría o complicidad en tal dislate.
Durante mucho tiempo el Gobierno, al igual que el grupo que le
ha apoyado, los diferentes gobiernos socialistas han sido
reticentes a la necesidad de aceptar las medidas
imprescindibles que era preciso establecer. Con diversas
excusas y justificaciones absolutamente inadmisibles se ha
retrasado la puesta en marcha de tales reformas que para todos
los demás eran urgentes, imprescindibles e inaplazables. Sirva
como ejemplo que ya en el debate del estado de la nación de
hace dos años el Presidente del Gobierno se comprometió a una
reforma urgente de la Ley de Contratos como una medida
imprescindible para combatir la corrupción, y miren ustedes
cuánto se tardó, qué esfuerzo y qué apremio fue preciso
realizar por otros grupos parlamentarios para que fuera una
realidad. Este mismo Pleno ya aprobó en 1990 la puesta en
marcha de la oficina presupuestaria que ahora se reclama en
una de las conclusiones, me parece que en la duodécima, de la
comisión. Así podríamos seguir desgranando algunas de las
conclusiones que se incluyen en el informe.
Esta es, a nuestro juicio, con otras que ya han sido señaladas
y que compartimos, una grave responsabilidad política que cabe
achacar de manera fundamental al Gobierno de la nación, y hay
que achacarla también al Grupo Socialista que tiene que ser el
palo que aguante la vela correspondiente, porque no en balde
el Grupo Socialista ha respaldado y con su silencio ha dado
conformidad tácita a una cantidad de dislates absolutamente
inadmisibles que se han producido a lo largo de los últimos
años. En realidad, no existen grandes innovaciones en las
propuestas que hace la Comisión, prácticamente todas ellas
habían sido consideradas en el pasado reciente como
convenientes por distintos grupos de la oposición, incluso
habían contado con el apoyo de la mayoría, pero, sin embargo,
jamás existió la voluntad política de ponerlas en marcha con
urgencia.
La gran virtud del informe de la comisión es que pone con toda
claridad y contundencia, con rotundidad absoluta ante la
opinión pública como un dramático caso práctico las
insuficiencias subjetivas por falta de voluntad y la objetivas
por inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos
adecuados de contratación y de control para garantizar el uso
ortodoxo y transparente de los caudales públicos. De ahí que
la necesidad de proceder a urgentes e inmediatas reformas
legislativas y administrativas, como se propone en el informe
de la comisión, ya no admite la menor medida dilatoria, y yo
aconsejaría al Gobierno y al Grupo Socialista que no actúen a
remolque de las iniciativas de los demás --recientemente se
vio un caso de éstos-- sino que, por el contrario, recuperen
una capacidad de reacción que en los últimos tiempos desde el
Presidente del Gobierno de la nación hasta el último miembro
del Gobierno se ha perdido y sean capaces de reaccionar en
beneficio de una sociedad a la que en su conjunto, con
abstracción del pensamiento de cada cual, ustedes también
están en la obligación de servir.
La credibilidad del Gobierno de la nación, tan gravemente
dañada por el comportamiento del señor Roldán, y no únicamente
del señor Roldán sino de otros dirigentes públicos que están
en la mente de todos, tiene su última oportunidad en la
celeridad con que se afronten estas reformas que se solicitan
por la comisión en sus conclusiones. Quiero hacer una especial
apelación a la responsabilidad que en estos momentos tan
delicados se tiene precisamente porque nosotros, esta Cámara,
y muchas veces predicando en el desierto, hemos hecho honor a
nuestras responsabilidades no sólo con la investigación que se
ha desarrollado, sino con el rigor y la crudeza con que en
muchas ocasiones hemos expuesto los hechos y la racionalidad
de nuestras propuestas. Creo que es poco exigir simplemente
ese calendario específico y urgente de aplicación de las
reformas propuestas, particularmente necesario por lo que se
refiere a la disposición de fondos presupuestarios de la
guardia civil. Tampoco vamos a detenernos en el daño causado a
esa institución porque precisamente es un tema que diría está
agotado por la reiteración y la coincidencia con que nos hemos
expresado al respecto todos los grupos parlamentarios. Por
eso, consideramos
urgente e inaplazable que el señor Belloch, Ministro de
Justicia y ahora con las responsabilidades de Interior, dé la
cara adecuadamente reaccionando, como antes decía, con un
comportamiento que nosotros vamos a vigilar celosamente a
propósito de las medidas que tiene que proponer.
Parece especialmente difícil, señorías, que sobreviva
Montesquieu día tras día a las distintas circunstancias con
que la aplicación práctica de la política se encuentra en su
camino histórico. La división de poderes, principio
indiscutible como el de legalidad y sustento, con otros, de
ese Estado de derecho del que, por fortuna, disfrutamos, nos
ha llevado a la necesidad de emitir los votos particulares que
hemos presentado y tras los cuales no se esconde
exclusivamente una reforma de contenido técnico-jurídico; al
contrario, existe un fondo netamente político, existe la
necesidad de delimitar con todo rigor, el espacio que debe
ocupar en el ejercicio de su soberanía esta Cámara y el que
debe ocupar el Poder Judicial.
Entre el Poder legislativo y el judicial no sólo no deben
producirse chispazos de incomprensiones y chispazos que, en
definitiva, alteran la convivencia normal y pacífica que, en
beneficio del Estado español, deben tener tales poderes y que
no se ha dado precisamente por parte del Ejecutivo en años
atrás; por el contrario, nosotros tenemos que evitar que
existan esas sombras de penumbra entre compartimentos que
deben ser estancos, sin perjuicio del principio fundamental de
solidaridad y de colaboración general entre los mismos. Por
eso precisamente, nosotros, animados del propósito de
compaginar la ortodoxia con el rigor político, hemos formulado
nuestros votos particulares. Creemos que esta Cámara tiene que
realizar una autoexigencia permanente de cuidado y rigor, no
sólo en los pronunciamientos sino en los comportamientos. Sabe
esta Cámara que nosotros hemos actuado críticamente con
distintas disfunciones y comportamientos del Poder judicial;
sabe que nosotros criticamos en su día con rigor a la
autoridad judicial instructora del proceso criminal contra
Roldán, precisamente porque no tomó las medidas
correspondentes y con urgencia para determinar su situación
patrimonial en la pieza de responsabilidad civil
correspondiente y, sobre todo, su situación personal. Fue
preciso que se anticipase el Fiscal General del Estado,
solicitando del juzgado la retirada del pasaporte, cosa que
lamentablemente se filtró y que evidentemente, a nuestro
entender, fue una de las causas de que se produjera esa fuga,
de la que tan sólo puede responsabilizarse, de manera directa
y primordial, al Gobierno. El retraso a que nos referimos, los
errores y las ligerezas en la transmisión de datos, que debían
permanecer absolutamente en el rigor del secreto sumarial, al
igual que en los recientes tiempos la citación de Mariano
Rubio para comparecer en el procedimiento judicial el mismo
día que esta Cámara, en uso de un derecho y un deber al mismo
tiempo, establecidos en la Constitución, le había citado para
recibir la información correspondiente en la comisión de
investigación, constituye una falta de colaboración que, desde
aquí, Coalición Canaria no quiere silenciar, no debe
silenciar, no puede silenciar.
Por eso, animados precisamente de ese propósito y con el mismo
rigor con que criticamos estas disfunciones, estos errores de
la autoridad judicial, exactamente igual queremos hacer una
llamada a la cordura y a la racionalidad por parte de nosotros
mismos, distinguiendo lo que debe ser una comisión de
investigación de lo que debe ser la tramitación de un proceso
criminal. Nosotros no podemos ni siquiera utilizar expresiones
que en el léxico común y con una antigüedad en la historia de
más de cien años se han acuñado precisamente como el soporte
fáctico intelectual en virtud del cual el juez de instrucción
dicta su auto de procesamiento. Por eso nosotros desde el
primer momento hemos estado en total desacuerdo con la
expresión y aunque somos responsables también, porque se formó
en virtud de una voluntad de Coalición Canaria, creemos que es
preciso rectificar la expresión con esa contundencia de la
existencia de indicios racionales de criminalidad que tan sólo
puede utilizar la Administración de justicia en la instrucción
de un proceso criminal para dictar a continuación el auto de
procesamiento. Esto es un dislate tan grande como si la
comisión hubiese dictado una sentencia para depurar las
responsabilidades de Luis Roldán y, además, creemos que tiene
un fondo político de primerísima magnitud para que sepamos
cuál es el espacio acotado dentro del cual nosotros, al igual
que acotado lo tiene el Poder Judicial, tenemos que
comportarnos.
Hoy en los pasillos, previamente a la intervención del
portavoz de Coalición Canaria algún grupo parlamentario nos
expresaba algunas dudas algunas preocupaciones respecto a la
literalidad del primero de nuestros votos. Nosotros,
precisamente porque queremos compaginar la declaración que se
contiene en la primera de las conclusiones con la ortodoxia de
lo que establece el artículo 76 de la Constitución española y
profundizando en nuestro deseo de ofrecer a la Cámara una
fórmula que en su literalidad sea aceptable por todos y que en
su contenido se caracterice no precisamente por la
heterodoxia, hemos elaborado una enmienda transaccional que
sometemos a la consideración de SS.SS. Hago entrega de copia
literal de dicha enmienda y, al mismo tiempo, creo que en
beneficio de esta Cámara, del prestigio de todos nosotros,
debemos profundizar en su literalidad y en su sentir.
Dice así: Entendiendo la comisión que se han producido por
parte de Luis Roldán y otras personas múltiples
y gravísimas infracciones de diversa índole del ordenamiento
jurídico, procede dar traslado del resultado de la
investigación en unión de la transcripción literal de todas
las comparecencias producidas y documentación recibida al
Fiscal General del Estado en orden al ejercicio por el
ministerio público de las acciones penales pertinentes (hay
otras que no son exclusivamente las que han motivado el
procedimiento criminal que hoy se sigue en uno de los juzgados
de Madrid), remisión que se hará en igual forma y con el mismo
contenido a la autoridad judicial que viene instruyendo el
correspondiente procedimiento criminal por hechos imputados a
Luis Roldán. Esto es por una razón obvia, porque el artículo
76 de la Constitución no contempla el supuesto de que
constituida la comisión de investigación existiese ya un
procedimiento judicial en marcha; por eso no podemos hurtar a
la autoridad judicial el conocimiento de unas labores
importantes, de un trabajo importante que ha realizado la
Comisión , sino que, por el contrario, tenemos que coadyuvar
con el Poder judicial en la tramitación de dicho
procedimiento.
También hemos propuesto, señorías, otro voto particular, el
voto particular a la conclusión segunda que establece
literalmente lo siguiente: Que ante la posible existencia de
menoscabo de caudales o efectos públicos constitutivos de
responsabilidad contable en relación con la gestión de los
fondos públicos asignados a la Dirección General de la Guardia
Civil durante la etapa en que fue Director General Luis
Roldán, se entenderá dentro de las acciones de posible
ejercicio por el Ministerio Fiscal, además de las penales a
que me refiero en el voto anterior, la exigencia de
responsabilidad contable ante los órganos competentes del
Tribunal de Cuentas de acuerdo con lo prevenido en los
artículos 46 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo, del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas, señorías, no tiene exclusivamente una
función fiscalizadora. Tiene una función jurisdiccional en
virtud de la cual dicta sus sentencias y con gran rigor en
cuanto a los responsables subsidiarios y solidarios, entre los
cuales no figura el señor Roldán exclusivamente sino del señor
Roldán para abajo y para arriba también. Esa es, evidentemente
una posibilidad con la que cuenta el Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.
El señor OLARTE CULLEN: Termino ya, señor Presidente.
Digo simplemente que hay algo que es preciso destacar de una
manera muy importante. La función jurisdiccional del Tribunal
de Cuentas está tan preservada de cualquier alteración o
disfunción por ministerio de la ley que incluso se posibilita
la coetaneidad en la tramitación del procedimiento
correspondiente, aunque esté tramitándose también una causa
criminal. Creemos que esto es lo ortodoxo y por ello,
precisamente, compatibilizando la ortodoxia formal con el
rigor político de fondo, es por lo que hemos planteado hoy
nuestros dos votos particulares, en unión del tercero, cuya
defensa no hacemos porque por su justificación se ve
claramente que se trata de no incidir en los errores y en la
heterodoxia de la conclusión primera. Por eso es por lo que no
necesitamos entrar en una mayor defensa del mismo. Muchas
gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Votos particulares del Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor
Mur. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MUR BERNAD: Intervengo en este debate para defender
el voto particular que en nombre del Partido Aragonés he
presentado al dictamen que estamos debatiendo. Empezaré
diciendo que las circunstancias en las que se discute este
dictamen sobre la gestión de los fondos presupuestarios de la
Dirección General de la Guardia Civil, mientras fue Director
General don Luis Roldán, convierte este debate en cuasi
surrealista, apropiado quizá para la Noche de San Juan, por
aquello de la magia, del fuego y del aquelarre, ya que, a mi
juicio, estamos hablando de un fantasma, del fantasma Roldán,
que seguramente revolotea por los tejados de esta Cámara
asombrado por la que se ha montado con sus actuaciones, que ha
sido el objetivo del trabajo de esta Comisión. Porque,
señorías, la ausencia del principal implicado, la ausencia de
Luis Roldán, huido, escapado, escondido, fugado, acechante,
desaparecido o como lo quieran usteden denominar devalúa este
debate ante la opinión pública, que no lo entiende, ni quizá
sabrá apreciar el trabajo realizado por la Comisión --trabajo
realizado con rigor, dedicación, interés y ejemplaridad-- si
aquí, después de este debate, no pasa nada y sobre todo, si no
aparece el principal implicado, don Luis Roldán. Para la
opinión pública pasar algo significa no sólo detener a don
Luis Roldán, juzgarlo, que cumpla sus penas, que devuelva los
fondos que tan ilícitamente acumuló, que pida perdón a los
miles de guardias civiles y a sus familias, a los que tan
gravemente ha herido en su dignidad personal y en su honor
como profesionales. Pasar algo, señorías, significa modificar
muchas cosas en este país para que no se den facilidades a los
tramposos, a los indignos, a los irresponsables, a los
aprendices de delincuentes, algunos, por cierto, con nota
bastante alta.
Hay que legislar con rigor, sin posibilidad de
interpretaciones interesadas, controlar mejor los actos
económicos y los administrativos, ser exigentes con los
conceptos, como el de interés público, razones de urgencia,
razones de seguridad, adjudicación directa que, como se
demuestra en la investigación, han servido para facilitar el
cúmulo de tropelías y de corrupciones cometidas. Se ha de
constatar cómo el exceso de burocracia no es ninguna garantía
para el mejor control. En teoría se controla todo, se conoce
todo; en la práctica, el control y la responsabilidad se
diluyen, de alguna manera se difuminan en el tiempo y en el
espacio. Si no cómo se explica, señorías, la amplitud de los
hechos analizados por la Comisión y la persistencia en el
tiempo, siete o diez años, según como se midan, y desde un
puesto de tanta relevancia política como tenía el Director
General de la Guardia Civil, con una estructura tan
jerarquizada y con tantos requisitos formales.
¿Alguien a estas alturas puede pensar que todo lo que ha hecho
don Luis Roldán --lo que conocemos y lo que ignoramos, que
seguramente será todavía más-- lo hizo solo sin contar con la
complicidad, activa o pasiva, de unos y de otros? ¿Superman
Roldán, como habrá que llamarle, podía hacer tantas cosas al
mismo tiempo y engañar a tantos y burlar a tantos durante
tanto tiempo? Parece inconcebible, señorías.
Todo lo anterior creo que demuestra la gravedad de los hechos.
Lo ocurrido yo creo que ha puesto en dificultades la creencia,
incluso, de los mecanismos del Estado de Derecho y ha supuesto
un terremoto político de consecuencias hoy todavía
imprevisibles. No podemos dar por cerradas las conclusiones,
porque todavía desconocemos muchas cosas y tengo la impresión
de que aún nos aguardan grandes sorpresas y novedades.
El caso Roldán, lo que supone, lo que le rodea, su desarrollo
y su final, hoy inconcluso, ha generado desconfianza,
irritación, temor, y la constatación de que aquí y ahora
cualquier cosa, por grave y exagerada que parezca, es posible.
Porque, si una persona con tan altas y graves
responsabilidades en temas de seguridad, de lucha
antiterrorista, de represión del narcotráfico, del
contrabando, puede hacer todo esto sin que nadie se entere,
nos hace dudar de muchísimas cosas. ¡Cuántos fracasos
policiales, cuántos éxitos de los narcotraficantes, cuántos
atentados terroristas, que han costado vidas, no son la
consecuencia directa del comportamiento incontrolado del señor
Roldán y de la dedicación a las cuestiones a las que no debía
dedicarse! Es inconcebible que haya tenido que saltar a la
opinión pública el caso Roldán, que se haya constituido la
comisión de investigación, que se hayan visto tantos hechos,
tantos documentos, que hayan testificado o comparecido tantas
personas, para llegar a las conclusiones que hoy traemos al
debate y en el dictamen y que creo que son obvias, y sorprende
que el Gobierno, los sucesivos Gobiernos y las
administraciones, no lo hubieran detectado y lo hubieran
reformado antes. Sin embargo, creo que para algo habrá servido
el trabajo de esta Comisión. A partir de ahora, debe haber
menos facilidades, menos agujeros, más temor a ser
descubierto, menos prepotencias, menos miedo, incluso, a las
comisiones de investigación, que han demostrado, como ésta, su
interés y su eficacia. Quiero aprovechar la ocasión para hacer
explícito reconocimiento a los servicios de la Cámara, que han
facilitado con su trabajo el de los comisionados; un trabajo
intenso y extenso, por el cúmulo de documentos y de personas
con las que hemos tenido que trabajar. Igualmente, quiero
hacer público reconocimiento al trabajo de los medios de
comunicación que, con el interés y la difusión del trabajo de
esta comisión, creo que le han hecho un gran servicio a la
comisión y al esclarecimiento de los hechos.
Pero, señorías, sería ridículo que el prófugo Luis Roldán
fuera el único responsable político de todo lo que aquí ha
pasado. Eso sería dictaminar a medias, eso sería cerrar en
falso esta comisión. Por eso hemos presentado un voto
particular, para resaltar la responsabilidad política del
señor Serra, para resaltar la omisión en sus responsabilidades
y en el control que tuvo mientras fue el máximo responsable
del Cesid; un Cesid que nos ha dejado perplejos en cuanto a su
incapacidad para conocer, para detectar, para controlar tantas
y tantas cosas como hemos sabido que han ocurrido a lo largo
del tiempo. Y, una de dos, o el señor Serra no cumplió con su
obligación ni con su responsabilidad, puesto que a él era a
quien el Cesid daba todas las informaciones y, por tanto, hizo
algo, que fue la dejación de sus responsabilidades, o, todavía
peor, si conoció algunas de las cuestiones que hemos ido
sabiendo y las ocultó, cometió, yo creo, un grave pecado de
omisión al no ponerlas de manifiesto en el sitio donde tenía
que hacerlo.
Hay que reformar el Cesid. Creo que no sería mucho pedir que
el Gobierno envíe un proyecto de ley para reformar el Centro
Superior de Información de la Defensa, para que haya un
control parlamentario, para que no todo lo conozca el Gobierno
y, por tanto, toda la responsabilidad recaiga sobre él. La Ley
de Secretos Oficiales creo que tampoco es adecuada y el
control parlamentario de la misma todavía menos, porque, como
SS.SS. saben, ha dejado fuera a un grupo parlamentario de esta
Cámara, con una gravísima discriminación a los diputados que
formamos parte del Grupo Mixto; y aprovecho también la
oportunidad para ponerlo de manifiesto.
Señorías, termino diciendo que el trabajo de la Comisión,
aunque nos parezca insatisfactorio, aunque nos parezca
incompleto, creo que en el fondo ha resultado útil. Creo que
si esto sirve para que los ciudadanos tengan una mayor
confianza en las instituciones, para que este Parlamento
recobre también la confianza de los ciudadanos en su labor de
control al Gobierno y a todas las actuaciones de los altos
cargos del Estado, el trabajo habrá valido la pena. Y si por
el trabajo de la
Comisión logramos convencer al señor Roldán de que se entregue
a la Justicia, de que venga y dé cuenta de todo lo que ha
cometido y que responda no sólo políticamente, sino también
penalmente lo que decidan los tribunales, esta Comisión,
señorías, podrá dar por bien empleado el enorme trabajo que ha
realizado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Voto particular de la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señorías, quiero empezar
subrayando la buena labor, el buen talante y la excelente
disposición de Josep López de Lerma, que consiguió crear un
excelente clima de trabajo. Todo empezó con un titular de
prensa, con el trabajo de investigación de tres periodistas de
«Diario 16», que publicaron, en solitario y ante nuestra
incredulidad, una información sorprendente: El Director
General de la Guardia Civil --nada menos que el Director de un
Cuerpo que tiene el honor como divisa, ese hombre cabal,
admirado por Corcuera y mimado por Serra-- podría haberse
enriquecido de manera sustancial a costa de su cargo. A partir
de ese momento empezó la crónica de lo que sería el mayor
escándalo político desde la transicción y el acontecimiento
que mayor alarma social ha creado después del 23-F. Con ese
titular de prensa y con el trabajo posterior de otros medios
de comunicación nacía lo que sería un indiscutible éxito
periodístico y con ello la constatación de un grave fracaso
político. La crónica posterior la conocemos sobradamente: los
términos del escándalo, sus dimensiones, el nacimiento de la
comisión de investigación, la esgrima política que ha
generado, las dimisiones que ha provocado y la terrible
tensión, social y política que ha comportado.
No entraré en los términos concretos del listado de graves
irregularidades que cometió Luis Roldán, porque el dictamen de
la comisión es explícito, pero un apunte sí que me parece
fundamental. Luis Roldán no pudo actuar solo. Hace falta una
fuerte red de complicidades, una jerarquía de alianzas
notables, para conseguir desde comisiones en adjudicaciones de
obras hasta desvío de fondos reservados. ¿Quién enviaba los
fondos? ¿Quién los entregaba en mano? ¿Quién los controlaba?
¿Quién sabía necesariamente cómo se desviaban? ¿Había doble
línea, una línea oficial y una oficiosa, de fondos para
sobresueldos? ¿Puede alguien creer realmente, más allá de los
actos de fe o de las consignas políticas, que el Director
General de la Guardia Civil puede amasar, peseta a peseta, una
fortuna considerable y hacerlo sin que ningún dinero engrase
por el camino a otras personas? Roldán llegó donde ya había
suciedad, se instaló en la suciedad y potenció la suciedad, y
la potenció porque el entorno ministerial en el cual estaba
también la potenciaba. Esa es la primera responsabilidad
política del Partido Socialista y una de las más graves que
podemos imputarle desde la izquierda: que no limpió las tripas
del Estado (Rumores.), no hizo esa limpieza de estómago que la
democracia necesitaba; bien al contrario, se acomodó en las
ventajas indiscutibles que le reportaban las cloacas del
Estado. Recordemos, si no, la vergüenza del GAL y señalemos
las incógnicas de los fondos reservados. Que quede claro y que
nadie se llame a engaño: Por mucho esfuerzo gubernamental que
se haga para dejar solo a Luis Roldán, en su propia miseria,
Roldán no pudo, desde ninguna lógica, estar solo. Por ello
resulta importante lo que Roldán pueda decir, aunque lo diga
desde la ilícita e inmoral condición de fugado, porque sabe,
porque estuvo siete años en la Dirección General, porque gozó
de la confianza estrecha del Ejecutivo, porque manejó las
tripas del Estado, porque él conoce como nadie los nombres
propios que conforman esa red de complicidades en la
corrupción.
Quienes ahora se escandalizan porque la oposición pedimos que
se investiguen las acusaciones de Luis Roldán, que se
escandalicen primero por ellos mismos. Fueron ellos, fueron
ustedes, quienes pusieron un falsificador de títulos
académicos en la Dirección General, quienes lo ratificaron,
quienes permitieron durante todos estos años un abuso cuyas
dimensiones aún no alcanzamos en toda su magnitud. Fueron
ustedes quienes despidieron a Roldán con los mayores elogios -
-hombre cabal, recordamos-- y fue a ustedes a quienes se les
escapó. También son ustedes quienes impiden que Serra cumpla
con su deber parlamentario de dar explicaciones y quienes
impiden que la Comisión continúe trabajando. Son ustedes
quienes la cierran en falso con la ayuda de esa trilateral del
poder que conforma la nueva mayoría.
No se escandalicen tanto y practiquen menos ese juego perverso
de la doble moral; no se escandalicen tanto y tengan la
valentía de permitir que la comisión continúe investigando,
quizá entonces tendrán motivos reales para sentirse
avergonzados.
Hemos cerrado en falso la comisión, a pesar del esfuerzo de la
oposición; esa trilateral del poder ha obligado a cerrarla con
fracaso, porque sabemos que sólo hemos arañado ese huevo de la
serpiente que teníamos que investigar. Con todo lo nuevo que
está surgiendo, con las imputaciones en fondos reservados, con
las graves informaciones que llegan desde Suiza, sólo la
voluntad política de dar carpetazo al escándalo puede
justificar que esta Comisión no continúe investigando. Y
cerrado en falso, porque no hemos conseguido que el dictamen
consensuado reflejara las responsabilidades políticas
gravísimas que existen en este caso. En este punto no puedo
sino expresar el ridículo que siento ante un dictamen que ha
conseguido la extraordinaria hazaña de señalar a Luis Roldán y
sólo a él como responsable político.
Aparte de este monumento a Perogrullo, gracias nuevamente al
rodillo del poder, ni tan sólo hemos conseguido señalar como
responsables políticos a los dos ministros que precisamente
dimitieron por su responsabilidad política. Señorías, si yo
fuera Corcuera o Asunción y leyera este dictamen, exigiría
volver a mi cargo. ¿Por qué los han hecho dimitir si después
evitan tipificarlos como responsables? ¿Por un acceso de
alegría, por un ataque de compromiso político momentáneo del
cual se han arrepentido? Tengo sensación de ridículo. ¿Por qué
Corcuera tiene graves responsabilidades políticas en este
caso, y así lo refleja el voto particular que presentamos?
Barrionuevo, Corcuera y Antonio Asunción son, pues, los tres
primeros responsables políticos que señalamos. En los dos
primeros, porque decidieron que Roldán ocupara su cargo, y en
el caso de Asunción, fundamentalmente, por el escándalo de la
huida. Pero los tres porque hace falta mucha incompetencia en
el cargo de un Ministro del Interior, mucha y grave dejación
de responsabilidad mucha omisión de su responsabilidad y
control para que Roldán hiciera durante años lo que hizo,
especialmente durante la época Corcuera, la época en que se
produce prácticamente todo; la época de la opulencia,
podríamos decir.
Interior, al completo, tanto el Ministro como sus servicios de
información, de quienes también pedimos responsabilidades; o
fueron ciegos, mudos y sordos, como esos monos de Gibraltar,
que viven su felicidad autista, o forman parte de esa red de
complicidad de la corrupción que he señalado.
Puesto que no podremos investigar, no lo podremos saber; no
podremos saber si estamos ante un «crack» de responsabilidad,
ante una incompetencia de extremos esperpénticos o ante una
permisividad cómplice. En todo caso, sólo puede ser una cosa o
la otra, y las dos son extremadamente graves.
Responsabilidad política de Emilio Alonso Manglano y a este
protagonista de la designación ilegal que ha sido Eligio
Hernández. En el primer caso, porque Manglano con todos sus
recursos, sus aparatitos de control, miles de hombres,
centenares de ellos en la Guardia Civil, sólo tuvo tiempo de
descubrir, parece ser, una cierta aficción copera del señor
Roldán.
El nivel de incompetencia que ha demostrado el Cesid sólo es
equiparable al problable nivel de silencio cómplice que está
protagonizando. En todo caso, los Servicios de Información y
de Seguridad del Estado, en este caso, han parecido de
opereta. Eligio Hernández es casi el personaje simpático de la
crónica; sólo decir de él que, probablemente, su designación
ilegal le debió incapacitar para dedicarse al cargo. ¿Cómo
entender, si no, que al Fiscal General del Estado se le
pasaran por alto todos los graves escándalos de corrupción que
estamos viviendo? ¿Todos? ¿Ni uno sólo detectó? ¿Y ni tan sólo
fue capaz de actuar cuando ya habían sido detectados por la
prensa? Ministros, el Cesid, Servicios de Información,
Fiscalía General, prácticamente todos los mecanismos de
control de un Estado de Derecho han fallado, señorías, o peor
aún, se han inhibido, y han permitido.
Retiraremos del voto particular la inculpación a la
Intervención general del Estado, puesto que entendemos que, a
pesar de que tenían que haber actuado con más celeridad, sus
cuatro informes especiales son casi lo único que existe de
control de todos los años de barbaridades en la Dirección
general. Pero debemos hacer notar que su grado de implicación
en el control de las irregularidades ha sido a todas luces
tenue.
Llegaron unos ministros de Defensa, especialmente Serra, y es
aquí donde las implicaciones se disparan. Evidentemente, tanto
Serra como García Vargas tienen responsabilidad política,
puesto que su grado de implicación en un cuerpo militarizado
como el de la Guardia Civil es grande. Además, como es
innecesario recordar, son los responsables últimos del Cesid
y, por tanto, también fracasan en su obligación de detectar y
controlar lo que estaba ocurriendo. Pero Serra es el principal
implicado, primero, porque comete dos veces el mismo pecado;
es él quien pone y quien ratifica a Roldán. Segundo, porque
hay múltiples cabos sueltos de implicación política de Serra
con Roldán, que no hemos investigado porque Serra no ha
cumplido con su obligación de venir a la Comisión. Si Roldán
es el fugado de la Justicia, Serra es claramente el fugado del
Parlamento. Y, tercero, como actual Vicepresidente del
Gobierno, tiene también mucho que responder. ¿Cuándo nos
explicará Serra con qué asiduidad despachaban él y Roldán?
¿Cuándo hablará del informe Crillón? ¿Qué sabía a través del
Cesid? ¿Qué tiene que decir de las acusaciones de sobresueldos
a través de fondos reservados? ¿Cómo; cuándo, de qué manera
funcionaba la trituradora? Serra es el hombre que sale...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Voy concluyendo, señor
Presidente. Serra sale en todas las fotos de esta película,
pero a la hora de responder es el habitante de las sombras. Su
huida de la comisión es el inicio del fracaso de la comisión,
porque nos quedamos sin respuestas claves y su responsabilidad
es la más grave. Serra tenía que saber; si no supo, que dimita
por incompetente; si supo, que dimita por corresponsable.
No hemos llegado con nuestro voto particular a Felipe
González, puesto que entendemos que no tuvo gestión política
directa respecto a Roldán más allá de la que por ósmosis
contiene su cargo; pero quede claro que es el responsable
ético de la situación y que su responsabilidad política
tendría que producirse a través
de su propia conciencia. No cambió las estructuras del Estado,
a pesar del cambio y del cambio del cambio que le llevó al
poder; no limpió a fondo, no depuró, sino que ha permitido el
enquistamiento y la consolidación de una corrupción que lo
está minando todo. Roldán y los «roldanes» que lentamente van
apareciendo son el producto de su propio fracaso, monstruos
engendrados en la propia savia (Rumores.) ¿Responsabilidad
política? Mucho peor que eso. Felipe González tiene la grave e
implacable responsabilidad moral de lo que está ocurriendo y
es eso, la inmoralidad, lo que está hundiendo a la izquierda.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
¡Silencio, señorías!
Voto particular del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor
Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, sean mis primeras palabras para agradecer al señor
López de Lerma su buena presidencia de la Comisión. Ya lo dije
en esta misma tribuna: Si hay algo que afearle, lo haré. Lo
que hay que afearle, evidentemente, no pertenece a la
Presidencia de su señoría, sino a la disciplina de su Grupo
Parlamentario; por eso hoy yo estoy defendiendo un voto
particular en contra de lo que su señoría ha aprobado con su
voto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor RAMALLO GARCIA: Hay quien no entiende que lo cortés
no quita lo valiente.
Vayamos con lo valiente. Consumo el turno en nombra de mi
compañero Rogelio Báon y en el mío propio, como miembros ambos
del Grupo Popular, para defender el voto particular a las
conclusiones del dictamen emitido por la denominada comisión
Roldán. Y es lo cierto que lo hago, señorías, con orgullo,
perplejidad y pena. Orgullo, por haber sido mi Grupo el que el
12 de febrero presentó en el registro de la Cámara la petición
de creación de esta comisión de investigación. Orgullo,
igualmente, por haber conseguido, tras el brillante debate
realizado por mi compañero Rogelio Báon, que se aprobara la
creación de la comisión que hoy rinde sus cuentas y que desde
el 1 de marzo ha estado investigando este enojoso y para
nosotros repugnante asunto. Y orgullo, igualmente, por el
trabajo realizado por la mayoría de los comisionados, que con
nuestro esfuerzo hemos devuelto una parte del prestigio
perdido por el Parlamento por los ataques del Grupo
Socialista, en principio en solitario, y cuando lo
necesitaron, porque las urnas así lo decidieron, con la
colaboración de socios de ocasión en el pasado reciente.
Perplejidad, por dos razones. La primera, porque desde el
Gobierno se está intentando, señor Belloch, manipular a la
opinión pública para que olvide el hecho trascendental que
hace nacer esta comisión, cual es que don Luis Roldán ha sido
desde 1983 hasta 1993, primero, Delegado del Gobierno en
Navarra y, después, primer Director General no militar de la
Guardia Civil. Por ser socialista, por expresa dación de
confianza del Presidente del Gobierno y de su Gobierno y por
ignorancia inexcusable por parte del Gobierno de los presuntos
delitos que hace tiempo venía cometiendo y de los que usted
ayer hacía memoria. Ahora parece que todo se olvida, que el
señor Roldán es un ciudadano al que nunca dieron su confianza
los socialistas y que es alguien desconocido que pasaba por la
calle, entró en la Guardia Civil e hizo lo que hizo. En
segundo término, perplejidad, pero no sorpresa, señor Belloch.
Ya no sorprende usted a casi nadie por la doctrina expuesta
ayer en esta Cámara de que en este Grupo estamos sirviendo de
cómplices de la estrategia de un presunto delincuente que
usted, como Ministro de Justicia, entre otros, dejó escapar.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.)
Es una nueva teoría por la que el señor Belloch me considera
cómplice necesario en la estrategia de un presunto delincuente
con olvido de que si este presunto delincuente existe y ha
podido delinquir es por la complicidad necesaria de un
gobierno que le nombró, le mantuvo y del que usted forma parte
hace ya bastante tiempo. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Rumores.--Varios señores diputados: ¡Oh!)
Usted, señor Belloch, hacía ayer mención a mi salud
intelectual. No tengo duda, cualquiera que haya estado en la
comisión sabe perfectamente de dónde ha tomado el dinero el
señor Roldán y má gente que Roldán: de los contratos de obra,
de los fondos reservados, de dinero que había en la imprenta
de la Guardia Civil y que con el presunto destino de las
víctimas del terrorismo salía en efectivo y no se sabe dónde
ha llegado. De muchas partes. No me valoren tan poco, porque
tengo una buena salud intelectual. (Varios señores Diputados:
¡Oh!--Rumores y pateos.--Aplausos.) Con la misma confianza con
que usted lo hacía, con la que opinó de mi salud intelectual,
déjeme que yo opine de su salud democrática y ética, ya que lo
que se deriva de las imputaciones que usted hizo ayer tiene
muy poco que ver con el sentido de la democracia. (Continúan
los rumores.) No es manera de imputar delitos que uno
provoca...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Ramallo, el debate relativo a las preguntas orales
urgentes que se tramita en esta Cámara tuvo lugar ayer. No es
este el momento para continuar este debate.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, no estoy
debatiendo. Es que se sustanciaba de dónde se había
llevado el dinero el señor Roldán. Yo estoy intentando decir
qué pensamos. De cualquier forma, acabo con esto, señor
Presidente.
Simplemente quiero decir al señor Ministro, ya no sólo de
Justicia sino de Interior, que me parece que usted ha abdicado
de los principios que mucho tiempo defendió y que ahora está
ejerciendo de paragüero del Presidente del Gobierno para
taparle de la corrupción. (Rumores.--Protestas y aplausos.) De
ahí mi tercera sensación. Pena, señor Presidente, porque con
seguridad se aprobará en este trámite el fin de esta comisión
y esa finalización prematura cortará de raíz ese renacer en la
opinión política y pública de la ilusión en el Parlamento.
Dejaremos, señor Presidente, de ser punta de lanza en la lucha
contra la corrupción, y una vez más el Parlamento se
trasladará a la calle y a los medios de comunicación, porque
aquí la mayoría tiene un único objetivo, como decía la señora
representante del Grupo de Izquierda Unida doña Rosa Aguilar:
aparentando que luchan ustedes contra la corrupción, hacer que
el Parlamento no la investigue.
Esta comisión ha puesto de manifiesto algo que yo quiero dejar
para la historia en el «Diario de Sesiones», y es que don
Felipe González y su Gobierno, de forma consciente o por
negligencia, han dejado actuar a su libre albedrío a un
Director General de su confianza que hacía una vida irregular,
que se dedicaba a extrañas operaciones mercantiles, que
realizaba extraños viajes al extranjero --que ahora van
teniendo explicación en las cajas secretas de Suiza-- y que
presuntamente se ha enriquecido y ha enriquecido a otros con
el cobro de comisiones millonarias, en la adjudicación de
contratos de la Guardia Civil y con la utilización con fines
inexplicados de los fondos reservados. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!--Rumores.)
El Gobierno socialista ha dejado en manos de quien hoy resulta
ser --ayer lo decía usted-- un indeseable secretos de Estado
que amenaza con desvelar. Los españoles nos preguntamos, y lo
hacemos con legítimo derecho: ¿Qué Presidente del Gobierno
tenemos, como siempre ausente de esta Cámara, que es incapaz
de detectar esta grave realidad y ponerle remedio? ¿Qué
Presidente de Gobierno tenemos, llamado don Felipe González,
que ha puesto la seguridad del Estado en manos de un prófugo,
que es el señor Roldán? ¿Qué Presidente de Gobierno tenemos
que es incapaz de asumir por sí, para sí y en sí mismo una
sola responsabilidad política?
La Guardia Civil, señorías, no ha nacido ayer. Nació hace 150
años y algunos --lo he dicho en esta Cámara y lo vuelvo a
repetir hoy-- hemos creído reconocer en ella la misma esencia
del Estado de Derecho, obedeciendo y respetando la legislación
vigente en cada momento. Algunos socialistas dicen que la han
descubierto ahora. (Rumores.) Yo la conocí, como otros desde
que tengo uso de razón. Nunca la temí. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.
El señor RAMALLO GARCIA: La respeté y la admiré, y hoy afirmo
ante esta Cámara, expresión de la soberanía popular, que esa
Guardia Civil --que, día a día, a cambio de un salario exiguo
pero con la compensación de unos ideales, da su sangre por
España-- nada tiene que ver con el presunto delincuente que
ustedes pusieron para dirigirla y que, cuando la justicia lo
reclama, de forma negligente, han dejado escapar por acción u
omisión.
De lo actuado por la Comisión queda claro que don Felipe
González y su Gobierno han puesto en riesgo el prestigio
adquirido a lo largo de 150 años de esa gran institución, que
es la Guardia Civil. Lo siento. Don Felipe González lo que
toca últimamente lo mancha.
Sin más, señorías, quiero agradecer a los servicios de la
Cámara su ayuda en este trabajo. Hemos trabajado, como han
dicho otros comisionados, a uña de caballo. (Risas.) Nadie
podrá decir que ha habido un solo obstáculo por parte de
ninguno de los comisionados que han asistido a la Comisión en
el trabajo de la misma. No ha habido horas para comer, no ha
habido ocasiones u horas para cenar. (Protestas.) Creo que las
palabras de agradecimiento al servicio de letrados y también a
quienes, dignamente, desde otros puestos más bajos, han
ayudado a esta Comisión merece la pena que conste en Acta.
Quizá para alguno de ustedes esos son trabajos que no
importan. (Un señor Diputado: ¡Cómo que no!) Señor Presidente,
el voto particular que presentamos tiene diez apartados. En el
primero, constatamos las limitaciones a la tarea
investigadora, limitaciones que vienen en cuatro apartados; la
primera, por falta de colaboración --ya se ha dicho aquí-- en
ocasiones, obstrucción del Gobierno al retrasar la remisión de
documentación básica y de sencilla elaboración a la Comisión,
quedando, al cierre de la misma, pendiente de envío,
documentación por parte del Gobierno. Ahí está pendiente la
valoración, conforme de la Ley de Tasas, de los Inmuebles del
señor Roldán. Seguramente, en el Juzgado esté. Aquí, que es de
donde depende el Gobierno, todavía no ha llegado. La
aplicación del Impuesto del IVA a los contratos que ha hecho
la Guardia Civil. Tampoco llegó.
Señorías, ha habido poco deseo por parte del Gobierno de
ayudar a la Comisión. Es cierto que, cuando hablábamos de
cuentas corrientes bancarias fue después de la presencia aquí
del Presidente del Gobierno cuando llegaba un escrito de dos
folios, en el que decía que no se podían enviar. Quede
constancia en Acta de que eso es así.
El Pleno del Congreso debe constatar la incomparecencia de
determinadas personas ante la Comisión por el voto de la
mayoría, evidentemente, y lo respetamos, pero que quede
constancia, y ya se ha dicho hasta la saciedad, que si don
Narcís Serra no ha venido --como hoy tampoco viene-- es porque
algo tiene que ocultar, porque no se nos alcanza qué miedo le
da ir a una comisión de investigación al señor Vicepresidente
del Gobierno. ¿Es que está para algo o está para adorno?
Porque otros vicepresidentes han ido a algún sitio. Este, a lo
que se ve, no sirve absolutamente, al menos en esos
menesteres, para nada. Señores Diputados, señoras Diputadas,
hubiera sido bueno que hubiera venido el Teniente que
coordinaba el grupo Oris, el grupo Omega o grupo Pata Negra,
como ustedes quieran llamarle. Era conveniente saber por qué
había un grupo que funcionaba por sí --lo hemos constatado y
ha habido testimonios-- que hacía algo más que estaba
trabajando en investigación sólo para el Director General de
la Guardia Civil. Pero no ha sido posible, porque se ha
acabado la Comisión, porque nos han cercenado ustedes las
comparecencias. Hubiéramos querido que hubieran venido, y así
lo solicitamos, quienes llevaban el dinero desde la imprenta
de huérfanos de la Guardia Civil, en maletines, señor Ministro
de Justicia --manera buena de llevar a finales del siglo XX el
dinero de un centro oficial a otro--, a la Dirección General
de la Guardia Civil. Y ¡Dios sabe dónde está ese dinero!
Setenta y siete millones y medio en nombre de las víctimas del
terrorismo. Pero, a lo que se ve, da igual. (Rumores.) Hubiera
sido bueno que hubieran comparecido --y no ha habido tiempo,
han cerrado-- en la Comisión las dos personas que fueron
esposas del Director General de la Guardia Civil. Hubiéramos
sabido eso que hoy le imputa la Juez y hubiéramos podido
determinar más responsabilidades. No ha sido posible.
Tercera limitación. El Pleno del Congreso constata que la
negativa de la mayoría a solicitar el movimiento de cuentas
corrientes de determinados altos cargos, que lo fueron y que
ya no lo son, arroja sombras innecesarias de sospechas sobre
la honorabilidad no cuestionada de ciertas personas que mi
Grupo no pone en cuestión. La han puesto ustedes, porque si
hubieran mandado las cuentas, quizá la información que ha
venido en algunos periódicos no tendría sentido, pero ustedes
sabrán por qué no apoyan determinadas cuestiones que se piden
desde la oposición.
Por último, convendrán con nosotros que es una limitación
importantísima que el que fue Director General de la Guardia
Civil, porque ustedes, señores socialistas, lo quisieron, haya
huido y no haya podido comparecer en la propia Comisión. Y el
Presidente es testigo de cómo se planifican los trabajos de la
Comisión, con la comparecencia del señor Roldán al principio
de la misma y una comparecencia prevista al final. No ha
podido ser.
Un segundo bloque, dentro de lo que es el voto particular, es
el reconocimiento a los medios de comunicación. Es de
justicia, o al menos así lo cree mi Grupo, que este Pleno del
Congreso de los Diputados constate y agradezca la sustantiva
aportación de hechos y testimonios obtenidos por los equipos
de investigación de diferentes medios de comunicación, que han
tenido especial relación y relevancia con la materia
investigada.
Es lo cierto que el Gobierno se enteró de lo del señor Roldán
por los periódicos y no es menos cierto que cada día seguimos
teniendo información desde los periódicos. Menos mal que no
aprobaron ustedes la ley mordaza, porque si no no nos
enteramos ni por los periódicos. Al menos podemos seguir
leyendo periódicos. (Protestas.)
Señor Presidente, el tercer apartado, en sintonía con el
dictamen de la propia Comisión, y aprovecho para decir que es
un dictamen asumido, salvo lo que no asumimos, porque es bueno
pero incompleto, en el que hemos trabajado, sobre todo, como
Ponente, el señor Baón, y los demás en las comparecencias con
nuestro trabajo, que, evidentemente, necesita ser completado.
Así, cuando se habla de contratación --fíjense--, son 70.000
millones de pesetas los que la Guardia Civil ha contratado en
estos años, sólo en acuartelamientos; con ese 10 por ciento
que se puede dejar en el exterior, son hasta 7.000 millones de
pesetas, que pueden estar en cualquier caja fuerte de por ahí.
Me refiero a las órdenes del Ministerio de Hacienda de los
años 1986 y 1988 que permitían hacer eso y que es una
normativa que hay en otros países, pero sobre la que hay
controles, señores del Gobierno, mientras que aquí, a lo que
se ve, no los hay y desde mi Grupo se ha pedido que se
complete. (El señor Vicepresidente, Serra i Serra, entra en el
hemiciclo.--Aplausos y rumores.--Un señor Diputado: ¡Ahí
está!)
Queremos que, de forma literal, el Pleno del Congreso constate
la existencia de algo de lo que no se van a extrañar, está
aprobado por todos: Una irregular concentración y no menos
sospechosa concertación de encargos guiados por el amiguismo y
la arbitrariedad, que, en algunos casos, podrían suponer
incluso ilícito penal.
Permítanme que eso, que es lo que dice el propio dictamen,
pero no las conclusiones, nosotros lo elevemos a la Categoría
de conclusión, porque debe serlo, pero que lo ampliemos. Y les
voy a decir a ustedes por qué, después de leerles el texto que
proponemos: Esta conducta en relación con la contratación y la
responsabilidad que de la misma pudiera derivarse, se hace
mucho más grave por el hecho de que el órgano de contratación,
en muchos casos por su cuantía, no fue la Dirección General de
la Guardia Civil, sino el titular de la Secretaría de Estado
de Interior --era entonces el señor Vera y en otros contratos
necesitó la autorización del Consejo de Ministros.
La responsabilidad por estos contratos no termina en el
Director General de la Guardia Civil. Esos acuerdos los
aprueba o el Secretario de Estado o el Consejo de Ministros. Y
les voy a leer a ustedes lo que dijo en Comisión el señor
Secretario de Estado: «Es decir, yo, señor Vera, me limitaba a
firmar, porque, además, no tenía aparato de gestión
administrativo para controlar el contenido de los contratos.
Confiaba, eran dos órganos de la Secretaría de Estado,
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en
quien yo tenía depositada mi confianza. Por tanto, era como mi
aparato de gestión. Es decir, que no tenía por qué creer una
cosa distinta».
¿No? Pues sí tenía que creer una cosa distinta, señores de la
mayoría y señores que la apoyan. Porque ha resultado que esos
contratos se hacían sin que hubiera concurrencia y a lo que se
ve, pagando comisiones por parte de los que se le daban los
Contratos. Por tanto, hay una responsabilidad grave de quien
esto hizo.
Señor Presidente, no cabe duda de que tiene que haber un
especial apartado en el que se reconozca por este Pleno y se
constate que no se ha podido verificar la entrega de dinero en
efectivo para fines de víctimas del terrorismo que con esta
finalidad había salido desde la imprenta del Colegio de
Huérfanos de la Guardia Civil. Señorías, éste es el recibo que
este Diputado aportó a la Comisión y quien me lo había dado
vino y lo advero con su presencia. Hoy debe ya estar, a través
del fiscal, en el juez.
A veces, es preciso limitar la sonrisa, porque en lo que decía
esta mañana el señor Presidente de la Comisión tiene razón;
náuseas es lo que dan algunas cosas, señores Diputados.
Dirección General de la Guardia Civil, Secretaría de Despacho:
He recibido de la imprenta-escuela de la Asociación Pro
Huérfanos de la Guardia Civil la cantidad de 15 millones de
pesetas --son 15 millones de pesetas, señor Serra, 15 millones
de pesetas, con destino a las víctimas del terrorismo--.
Madrid, 11 de febrero de 1992. Hay un sello que dice:
«Secretaría de Despacho de Su Excelencia». Su excelencia era
don Luis Roldán. Iban con un maletín y se lo llevaban. ¿No le
dijo a usted, señor Serra, ninguna de las veces que se veían,
qué financiaba con esto? ¿No se enteraba usted tampoco de
esto? Qué pena que no se hubiera enterado.
Señores Diputados, condecoraciones. Yo agradezco al seño
Presidente de la Comisión que haya hecho mención... (Un señor
Diputado: Agua.) Agua va a hacer falta, pero para que se lave
alguno, señor Diputado. (Rumores.) En un apartado, nosotros
pedimos algo que evidentemente no puede quedar en la letra del
informe y que no pase a ser lo que es acuerdo de esta Cámara.
Porque no se puede decir en el tocho del dictamen que se ha
constatado que se daban las condecoraciones de forma
irregular. Tiene que ser que el pleno de los Diputados
constata que el señor Roldán Ibáñez, como Director General de
la Guardia Civil, prodigó su facultad de propuesta de
concesión de la Cruz de dicho cuerpo con distintivo rojo, para
premiar, junto a titulares de conductas heroicas, en muchos
casos con resultado de muerte y mutilaciones psicofísicas, a
miembros de la Guardia Civil que no reunían todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable. No he hecho,
señor López de Lerma, nada más que traer el texto del
dictamen, pero dándole una mayor consideración, dándole la
consideración de que las condecoraciones que se conceden
cuando se pone en riesgo la vida, y que para eso son, no se
transformen, como se han transformado, en una forma de
agradecer favores o en dar a alguien un sobresueldo para toda
la vida con el presupuesto de todos los españoles. Y eso lo
tiene que constatar esta Cámara de los Diputados, no otro
sitio. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, la primera
intervención fueron 31 minutos, me parece que me he pasado en
cinco. Yo me he hecho la misma idea.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, a la señora Aguilar le he
llamado la atención exactamente en el mismo momento en que lo
hago a S.S.
El señor RAMALLO GARCIA: Entonces, vamos bien, señor
Presidente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Lo cual no significa que necesariamente
tenga S.S. que tener una intervención de la misma extensión
que la señora Aguilar.
El señor RAMALLO GARCIA: No es necesario, voy a intentar que
sea más corta, pero, al menos, igual tampoco pasaría nada;
estoy convencido. Me tengo que referir a la ineficacia de los
servicios de inteligencia y de información de los organismos
encargados de la defensa y seguridad del Estado. El Pleno del
Congreso constata la inhibición del Cesid en la investigación
y denuncia de la actuación de don Luis Roldán Ibáñez como
Director General de la Guardia Civil. Aun a riesgo de que se
diga otra vez que no soy digno de ser Diputado, ni siquiera
Vicepresidente. El señor Manglano dijo que se veía cada seis
meses con el Director General. Y hay otro compareciente, que
es el señor De la Torre, que era el jefe de gabinete, que dice
lo siguiente: He visto muchas veces al señor Manglano en la
Dirección General, porque cuando yo volvía todos los días de
tomar café, que salía fuera, él salía de la Dirección General.
Quede para el «Diario de Sesiones».
Pero lo que queda para el «Diario de Sesiones» es que no son,
creo, unos servicios de inteligencia serios o de
información. Han consentido que esto ocurra y que el Gobierno
no se haya enterado. Y si el Gobierno se ha enterado y no ha
puesto coto, peor me lo ponen ustedes.
Posibles actuaciones extralegales en el ámbito de la
seguridad. El Pleno del Congreso --no sólo debe quedar en el
dictamen como información-- constata la existencia en la
Oficina de Relaciones Informativas de la Dirección de la
Guardia Civil de un grupo de guardias civiles que, con
anterior destino en el Cesid, han estado al servicio exclusivo
del señor Roldán Ibáñez, con misiones específicas, que no han
podido ser aclaradas por la Comisión. Decían que el señor
Serra lo podía haber aclarado; es pena que S.S. no haya ido;
no le dejaron ir, ya lo sabemos. (Rumores.)
Señor Presidente, en el apartado octavo pedimos la adición de
una conclusión segunda bis al dictamen. Cualquier persona que
haya asistido, aunque sea de oyente, a lo que ha sido el
asunto Roldán desde su iniciación tendrá que convenir que lo
que ha ocurrido no lo ha podido hacer una persona sola, que es
imposible de toda imposibilidad que eso ocurra y que lo haga
una sola persona. Por tanto, al Pleno del Congreso le pedimos
que constate algo que creo que debe ser un sentimiento común:
que las gravísimas irregularidades en la gestión de la Guardia
Civil, habidas mientras que era su Director General el señor
Roldán Ibáñez, no pudieron realizarse por una sola persona,
sino que tuvieron que existir cautores, cómplices y
encubridores. Hoy parece que una persona ha ingresado en la
cárcel en prisión provisional por uno de estos conceptos.
Queremos que el Parlamento constate lo que es un hecho, porque
con toda seguridad habrá más, que la Comisión de
investigación, por la limitación de tiempo y medios no ha
podido determinar y que, en su caso, deberán determinar el
Tribunal de Cuentas y los tribunales de justicia. Que lo hagan
ellos, pero que aquí digamos ya que eso va a haberlo, porque
tengan la seguridad de que va a haberlo.
Hay una enmienda de sustitución a las responsabilidades
penales, y con esto voy acabando, señor Presidente. (Rumores.)
El Grupo Popular --y, en su nombre, lo hacemos el señor Baón y
yo--, damos cuenta al Congreso de los siguientes antecedentes
con el fin de pedir una declaración del mismo. Teniendo en
cuenta la naturaleza excepcional del cargo de Director General
de la Guardia Civil, instrumento esencial del Estado español y
garantía básica del orden público y de las libertades y
derechos de los españoles, teniendo en cuenta, por tanto, que
la Dirección General de la Guardia Civil ni jurídica ni
políticamente puede considerarse como mero órgano
administrativo de los Ministerios de Interior y Defensa, sino
como un pilar fundamental de la organización del Estado, de la
que es responsable el Presidente del Gobierno de la Nación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, apartado 2.º,
en relación con el artículo 97 de la Constitución, teniendo en
cuenta, igualmente, que de los trabajos de investigación de la
Comisión se ha acreditado, y el señor Presidente esta mañana
los ha resumido creo que de forma magistral, primero, que por
el Gobierno no se llevaron a cabo las mínimas comprobaciones
del currículum académico ni sobre la idoneidad para el cargo
del señor Roldán. Que hay indicios razonables de que el señor
Roldán durante su mandato se ha enriquecido ilícitamente,
incluso en el ejercicio de la delegación del Gobierno en
Navarra. Que el señor Roldán durante su mandato ha incurrido
en irregularidades administrativas muy graves, que ha
realizado actuaciones con claros indicios de ilegalidad en su
gestión, especialmente en el ámbito patrimonial. Teniendo en
cuenta, igualmente, que el señor Roldán ha utilizado los
fondos reservados asignados a la Dirección General de la
Guardia Civil para fines no sólo distintos de los que
razonablemente reclama la seguridad del Estado, sino también
ilegítimos, previsiblemente con desviación de poder. Que el
señor Roldán en el ejercicio de su cargo despachaba
regularmente con los Ministros de Interior y de Defensa y
mantenía --suponemos-- la lógica relación jerárquica y
funcional con el Vicepresidente del Gobierno, como responsable
y coordinador de los diferentes servicios de información del
Estado. Teniendo en cuenta que en la fecha de redacción del
presente escrito, de este voto particular, el señor Roldán
continúa --ya hace cerca de dos meses-- fugado de la justicia,
fuga que ha producido --creo que estaremos de acuerdo-- la
máxima alarma social. Y teniendo en cuenta, finalmente, que la
Constitución española contempla las comisiones parlamentarias
de investigación como instrumento de control de la actuación
del Gobierno al objeto de determinar, en su caso, las
responsabilidades políticas, el Grupo Popular pide al Congreso
que apruebe la siguiente declaración:
Primero, que ha existido muy grave negligencia en el
nombramiento de don Luis Roldán Ibáñez como Director General
de la Guardia Civil por haberse hecho, sin la información
adecuada, que era de fácil acceso y siempre exigible por la
importancia que la organización estatal, la Dirección General
de la Guardia Civil, tiene para la seguridad del Estado, el
orden público y los derechos y libertades de los españoles.
Teniendo en cuenta el artículo 108 de la Constitución, de esta
negligencia son responsables: el Gobierno en su conjunto, el
Presidente del Gobierno y quienes eran Ministros del Interior
y de Defensa en el momento del nombramiento del señor Roldán.
Segundo, que ha existido, como mínimo, negligencia igualmente
muy grave por mantener en la delegación del Gobierno en
Navarra en el puesto de Director General de la Guardia Civil
durante tres y siete años respectivamente al señor Roldán
Ibáñez, sin haber ejercido una necesaria y exigible
supervisión sobre su actuación,
haciendo caso omiso de las sugerencias sobre actividades
ilícitas y sobre las irregularidades denunciadas por la
Intervención General del Estado. En esta negligencia son
responsables el Presidente del Gobierno, Vicepresidente del
Gobierno, Ministros del Interior y de Defensa en los años en
los que ha estado el señor Roldán.
Tercero, que ha existido negligencia, asimismo, muy grave, por
la pasividad que han demostrado los órganos competentes en el
ámbito político, una vez conocidos y hechos públicos los
primeros indicios del enriquecimiento ilícito del señor Roldán
y del mal uso...
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Estoy acabando, señor Presidente. ...
De fondos reservados de la Dirección General de la que era
titular. Igualmente, responsables el Presidente del Gobierno,
el Gobierno, Vicepresidente, a título singular, y Ministro del
Interior y Defensa en estos momentos.
Por último, en cuanto a esta responsabilidad, ha existido
también negligencia muy grave en la actuación de los órganos
políticos y administrativos, que deberían haber impedido que
el señor Roldán pudiese escapar de la acción de la justicia y
disponer de los bienes y efectos que ha utilizado para ello
sin que se hubieran cursado las imprescindibles instrucciones
a la Fiscalía y a las autoridades policiales. Ahí son
responsables quien era Ministro del Interior, que ya ha
dimitido; el Fiscal, que ha dimitido, no, que ha sido cesado
por el Tribunal Supremo, a lo que se ve, y el actual Ministro
de Interior, antes sólo de Justicia, que no excitó el celo del
Fiscal General del Estado. Esta muy grave negligencia
continuada ha puesto en riesgo la seguridad del Estado español
y, por tanto, señor Presidente, nosotros hacemos una última
petición al Pleno de la Cámara. Se han apreciado y aparecido
en el transcurso de la investigación datos sobre
irregularidades diversas que superan los límites del mandato
que recibió la Comisión; se han denunciado públicamente en los
medios de comunicación otros usos ilegales del dinero público.
Procede que la Comisión, y es lo que pedimos, reanude sus
tareas para continuar investigando, con el fin de completar su
informe y, por ende, evitar en el futuro la repetición de
situaciones como la investigada.
Señor Presidente, hoy la ciudadanía espera que esta Comisión
siga funcionando, espera que se llegue a la totalidad de
depuración de responsabilidades políticas. Y es lo cierto que
el Grupo mayoritario que apoya al Gobierno, con quienes le
apoyan la gobernabilidad, no está por que esta Comisión
continúe abierta. Flaco favor van a hacer ustedes a la
credibilidad de esta Cámara. Señor López de Lerma, estoy muy
de acuerdo con lo que usted ha dicho esta mañana en esta misma
tribuna. Lo investigado y lo conocido da náuseas, es cierto,
da náuseas, pero las responsabilidades que ustedes exigen, el
voto mayoritario que ustedes dan, no responde a la náusea que
crea eso. Ustedes simplemente piden que esta Cámara diga que
el señor Roldán ha obrado mal, que hay que reprobar al señor
Roldán. Lo primero que hay que hacer es encontrarle, eso para
empezar. En segundo término, hay una condena de alguien que ha
dimitido antes, pero, ya que no quieren condenar al Gobierno,
al menos dejen que la Comisión trabaje, dejen que cumpla esta
Cámara con una de las funciones primordiales que tiene, que es
controlar la acción de Gobierno. Es cierto que se ha puesto la
imaginación al servicio de lo novelesco, porque parece de
novela, pero es una novela escrita por un Gobierno socialista
de España que ha permitido durante muchos años que el señor
Roldán fuera Director General de la Guardia Civil.
Dicen que la inmundicia no cubre las instituciones políticas.
Estoy de acuerdo con usted, pero si nosotros cerramos hoy esta
Comisión va a parecer que eso es así. Dicen ustedes que si
seguimos investigando va a haber una sospecha generalizada; da
igual que cerremos la Comisión, el escándalo va a seguir en la
calle y la sospecha va a estar ahí. Claro que España es un
país sano; si no fuera un país sano España --me gusta mucho
decir España a mi país, que es España--, ¿ustedes creen que
iba a aguantar lo que está cayendo? (Rumores.) ¡No les
importará que diga España! (Protestas.) ¿Ustedes creen que le
iba a importar o iban a hacer algo? (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Si me dejan, concluyo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor RAMALLO GARCIA: Tiene razón usted, señor López de
Lerma, los ciudadanos necesitan creer, pero para ello tenemos
que darles motivos. ¿Ustedes creen que pueden --y valga la
redundancia-- creer en algo los ciudadanos si mañana van a
seguir leyendo en el periódico que el escándalo Roldán
continúa y esta Cámara se da por satisfecha con lo que hoy les
presentamos?
Es un dictamen digno, sí, señor Presidente de la Comisión,
pero no son unas conclusiones acordes con ese dictamen. Por
ello, nosotros presentamos este voto particular y por ello ya
dije al principio que iba a acabar con una palabra: tristeza.
Se pierde una ocasión histórica de devolver a esta Cámara el
rigor que tenía. Recuerdo cuando hace bastante tiempo, 12 años
--ya
quedamos pocos de entonces por aquí--, era concretamente el 30
de noviembre de 1982, alguien decía desde esta tribuna: Me
imagino que ahí, en el centro del hemicilo, unos cuantos
ciudadanos han penetrado hoy desde la calle. Me esfuerzo por
verlos, por mirarlos. ¿Quiénes son? ¿Pueden ser un ama de casa
camino del mercado, un empleado de banca, un botones de hotel
o un universitario? Les veo y me pregunto: ¿Qué piensan de
nosotros? ¿Siguen nuestros debates? ¿Les ilusionamos o les
desencantamos? ¿Hacemos lo mejor para su futuro, que es el de
nuestros hijos? Esto es el debate de investigación de don
Felipe González en el año 1982. Hoy está ausente. Que pregunte
hoy en la calle. El día 12 le han contestado.
Señorías, hoy no creo que piensen muy bien de nosotros, sobre
todo haciendo cosas como la que ustedes van a votar. ¿Los
debates, seguirlos? Si luego son estériles. ¿Los ilusionamos o
los desencantamos? Creo que estamos desencantando a la
ciudadanía. ¿Hacemos lo mejor para el futuro, que es el de
nuestros hijos? Seguramente, sí, poniendo a gente como Roldán
al frente de la Guardia Civil. Muchas gracias. (Fuertes
aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
¿Turno en contra de los votos particulares? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en una
espléndida reflexión sobre la democracia y el poder invisible,
exclama Norberto Bobbio: Nada pueda permanecer confinado en el
espacio del misterio. Añade, a continuación, como una
redundancia: Se puede definir el Gobierno de la democracia
como el Gobierno del poder público en público. Pues bien, el
trabajo de la Comisión y el dictamen que hoy debatimos creo
que es un buen modelo de funcionamiento del Parlamento en su
misión controladora del poder político. Debemos poner en valor
el trabajo que se ha realizado y huir de retóricas negativas,
de retóricas derrotistas que pienso que pueden producir un
efecto perverso en la sociedad española.
Quiero, además, en este contexto, como Diputado de la Comisión
y miembro del Grupo Parlamentario Socialista, también sumarme
a la felicitación y al agradecimiento por el papel jugado por
el Presidente de la Comisión y, cómo no, por los propios
servicios de la Cámara.
Se ha puesto de manifiesto, mediante esta investigación, un
caso de corrupción política grave que ha atacado a un pilar
sensible del Estado, como es la seguridad, y ello no sólo nos
provoca bochorno, sino, también, indignación. Ha supuesto,
asimismo, esta Comisión un modelo de vitalidad de nuestra
democracia y de cooperación del Parlamento con la acción de la
justicia, aunque asimismo habría que plantearse la reflexión
de cómo mejorar los cauces de cooperación entre poderes y de
impedir que una Comisión pudiera, en algún momento, interferir
o perjudicar los trabajos de la acción de la justicia. En
España, hay que decirlo con rotundidad, no existe corrupción
generalizada, señor Ramallo. El sistema democrático funciona y
es capaz de depurar responsabilidades. Hay que decirle
claramente a los ciudadanos que el período democrático español
es la época menos corrupta y la más limpia de toda nuestra
historia. Lamento no haber escuchado una frase, en este
sentido, por parte de la portavoz de Izquierda Unida.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) La lucha contra
la corrupción es una empresa en la que mi Grupo y esta Cámara
están comprometidos. La libertad no puede existir en medio de
la corrupción. La democracia no podría resistir en un clima de
corrupción. Luchar contra la corrupción es luchar por la
conservación de la democracia, y el modo de hacerlo no puede
ser otro que aquel que no use dos varas de medir, señor
Ramallo. No se pueden usar dos varas de medir. Aquí, nada ni
nadie tiene bula en el tema de la lucha contra la corrupción.
Para luchar contra la corrupción es preciso vigorizar --algo
que se viene haciendo y creo que ese mensaje debe ser
transmitido también hoy por la Cámara--los instrumentos de
control, los instrumentos de lucha contra la corrupción. El
control social es uno de los instrumentos más importantes y,
dentro de él, el representado por la prensa ocupa un lugar
preponderante. Y sin que la prensa deba marcar el camino ni
predeterminar el comportamiento de las instituciones, es
legítimo y saludable, en términos democráticos, que excite la
acción del Parlamento.
Es verdad que a veces también hay contradicciones importantes
respecto del papel de la prensa y de sus motivaciones. En un
libro titulado «Capitalismo contra capitalismo» Michel Albert
nos habla del clima que sobre la prensa francesa han
denunciado los profesionales del aquel país. Nos dice este
autor que la dictadura del dinero se extiende actualmente a
los medios mismos. Los periodistas ya hace tiempo que
denuncian la incomodidad que reina en su profesión. Cuando la
información sólo es una mercancía sometida a las estrictas
leyes del mercado, cuando un medio está más preocupado por
vender lectores a sus anunciantes que informaciones a sus
lectores, la deontología está rápidamente en peligro de
naufragar. (Varios señores Diputados en los bancos del Grupo
Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Las amenazas contra la libertad de información no sólo vienen
del campo político, más bien hoy vienen fundamentalmente del
campo económico y del dinero. Cada uno sabrá quién en nuestro
país incurre en esos
comportamientos, pero en todo caso, y hecha esta reflexión,
quiero felicitar y agradecer públicamente el papel de los
profesionales de la prensa en esta tarea de saneamiento de la
democracia. La libertad de prensa y el papel de los
profesionales es un mecanismo valiosísimo e imprescindible, y
en el caso que nos ocupa también lo ha sido.
Otro control importante es el control público, el control
administrativo y penal, y hemos de reconocer que se ha
avanzado mucho en los últimos tiempos en nuestro país en el
campo de una política de impulso democrático. Les voy a
excusar del listado de avances producidos en los últimos
tiempos, pero no me podrán negar ustedes que esta Cámara es
corresponsable de importantes medidas que han incrementado los
instrumentos de control, los instrumentos de que se dota el
Estado democrático para luchar contra la corrupción. Y se ha
vigorizado de forma cualitativa. Por supuesto, esta Comisión
ha tenido un importante papel, pero también el Gobierno
socialista, también la gestión que se ha venido realizando en
los últimos tiempos por el Grupo Parlamentario Socialista.
Finalmente, el control parlamentario debe cumplir su papel y
con los trabajos de esta Comisión se han reforzado, en efecto,
los mecanismos de control de nuestro sistema.
En los últimos años se inició un proceso de modernización en
la seguridad del Estado. Existían --y esa reflexión también
tenemos que hacerla todos cuando analizamos estos supuestos--
unos condicionantes derivados esencialmente del modelo de
transición política que ha vivido nuestro país, y poco a poco
se ha ido --a pesar de sufrir a veces las consecuencias de ese
proceso de transición política-- mejorando la estructura, la
profesionalidad de nuestra seguridad interna, la lucha contra
el terrorismo, y ello ha sido una obra colectiva de nuestra
democracia.
La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986
fue en esta perspectiva un hito importante, cuyo desarrollo se
ha venido realizando con la ejemplar dedicación de nuestra
Policía y de nuestra Guardia Civil. El caso de corrupción que
hemos investigado y las graves irregularidades de todo tipo
cometidas por el que fuera Director General de la Guardia
Civil, don Luis Roldán, ha empañado la imagen de un proceso
modernizador que debe seguir adelante a pesar de todo.
Debe quedar muy claro que lo que hemos venido actuando es esta
Cámara no puede, bajo ningún concepto, interpretarse como un
proceso contra la Guardia Civil, ni ésta debe sentirse
afectada por la corrupción del señor Roldán. Y tampoco debe
servir de excusa para aquellos que intenten detener el proceso
inevitable de avance de modernización, de profesionalización
de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en desarrollo de
la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 1986.
A muchos demócratas nos ha producido indignación y
frustración, a esta Cámara también, y a mi Grupo Parlamentario
más si cabe, porque se ha defraudado una confianza política
que en su día se otorgó y por lo que hemos pagado un alto
precio.
Dicho esto, quiero resaltar lo oportuno y acertado del
dictamen de la Comisión y el valor altamente constructivo para
el propio sistema de sus conclusiones. Lo que resalta
fundamentalmente, con independencia que de que se han buscado
muchas cosas, pero lo que de manera indubitada --y ahí queda
el reto para el Poder Judicial-- ha podido encontrar esta
Comisión es un comportamiento corrupto imputable, por muchas
vueltas que le demos, directamente a lo que ha sido la gestión
del ex director general, porque es ahí, en ese ex director
general donde se residencian conductas tipificables, como un
uso fraudulento de la Ley de Contratos o como signos de previa
concertación con otros, pero no necesariamente del ámbito
político. Las ayudas para la previa concertación, desde el
punto de vista de la adjudicación de contratos, se pueden
obtener lógicamente desde esferas externas a la acción de la
Administración. Y hay una esfera externa muy clara que en
estos momentos está señalada por el propio Poder Judicial: el
socio del señor Roldán y las implicaciones que ese socio tenga
con determinadas empresas que han contratado para la Dirección
General.
Ha habido amiguismo y arbitrariedad, ha habido un incremento
patrimonial injustificado, ha habido indicios de defraudación
política y fiscal, ha habido insuficiencias objetivas en el
sistema de control y en el funcionamiento de la Dirección
General de la Guardia Civil, y la Comisión, haciendo un
ejercicio fundamental en lo que es un sistema democrático, que
es transformar, buscar el criterio positivo, sacar las
enseñanzas transformadoras buscando el potencial del futuro,
en sus conclusiones nos da, nos presenta un abanico de medidas
que pueden ser un buen instrumento para este Gobierno y que,
sobre todo, pueden ser un buen instrumento para la
colectividad del sistema democrático español, para todo el
Estado democrático, un buen instrumento de trabajo y de
reflexión para todos los grupos parlamentarios, una reforma de
la Ley de Contratos del Estado que mi Grupo, que mi Gobierno
ha presentado hace tiempo, una reforma en todo lo concerniente
a la revisión de la normativa en medidas de ayuda a la
exportación, el reforzamiento de las incompatibilidades y del
régimen sancionador en los altos cargos, una nueva regulación
de los fondos reservados, el funcionamiento de la Inspección
General de la Administración del Estado propiciando algún
complemento en su acción fiscalizadora previa. Modernización,
en suma, de las técnicas de gestión de la Dirección General de
la Guardia Civil con una optimización de recursos,
delimitación de funciones con separación entre las
administrativas, técnicas y de gestión de las más específicas
y propias de la Guardia Civil. Y estas conclusiones no pueden
generar a ningún demócrata español la más mínima frustración,
porque tienen una gran posibilidad, una virtualidad de
transformación de futuro, y pueden, efectivamente, ser unos
grandes instrumentos para reforzar nuestro sistema
democrático. Los votos particulares se han centrado
fundamentalmente en el concepto de responsabilidad política, y
yo creo que aquí se han producido importantes errores en esta
materia a la hora de su enfoque y justificación. Es precisa
una reflexión general en este tema. No se puede aceptar la
dialéctica de la responsabilidad indiscriminada, objetiva y en
cascada. De aceptar esa dialéctica, cualquier cosa que ocurra
en el ámbito de la Administración puede proyectarse
políticamente contra el ministro del ramo, y una vez
instalados en semejante teoría, como muy bien se ha llegado a
escribir, podemos recorrer el organigrama administrativo en
sentido horizontal o vertical y endosarle la citada
responsabilidad política a quien mejor nos cuadre, y hay mucho
de eso en el discurso, en los contenidos argumentales que
algunos de los autores de los votos particulares han expresado
en esta tribuna: búsqueda de la responsabilidad para encajarla
en quien mejor nos cuadre, con serias imputaciones. Antes
hablaban de que cerrar en falso esta Comisión era arrojar
sombras de duda. Las sombras de duda serán siempre arrojadas
porque la conducta temeraria permanente de intervenciones como
la que hizo en esta tribuna la portavoz de Izquierda Unida son
ejemplo claro y contundente de una dinámica permanente de
arrojar, sin la más mínima duda, sombras y sombras de sospecha
de manera injustificada. (Rumores y protestas en los bancos
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.--Varios
señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Hay que huir en esta materia de hipocresías; hay que huir de
hipocresías porque no podemos, decía al principio, usar dos
varas de medir, no podemos exigir por determinados hechos una
responsabilidad en cascada que se extiende ampliamente y
esconder la cabeza cuando alguien es aludido en alguna
sentencia del Tribunal Supremo por hechos que afectan también
a la gestión concreta que tiene una responsabilidad en los
ámbitos de la derecha. (Rumores.)
Con carácter general, uno es responsable políticamente cuando
realiza él mismo la acción incorrecta o cuando la realizan
otros cumpliendo órdenes o siguiendo directrices de uno. Si
quienes dependen jerárquicamente de uno realizan por su cuenta
una conducta incorrecta, no es sólo políticamente responsable
si al conocerlo lo consiente.
En cuanto a la responsabilidad, es preciso analizar la
posición subjetiva de los altos cargos, porque se está
predicando de altos cargos, y los altos cargos de la
Administración vienen definidos en la Ley 25/1993, de 26 de
diciembre, que expresa claramente la naturaleza de esos altos
cargos. Son nombrados por el Consejo de Ministros,
efectivamente, y así lo reconoce la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, pero tienen responsabilidades
propias, tanto de dirección de sus centros administrativos
como de fiscalización de los servicios a su cargo, artículo 15
también de la Ley de Régimen Jurídico del Estado que no se
puede desconocer.
La responsabilidad de los altos cargos sólo es transmisible
hacia arriba cuando el alto cargo ha actuado siguiendo
directrices expresas del Ministro, lo que habrá que acreditar
en cada caso, ya que los artículos 15 y 16 de la Ley de
Régimen Jurídico establecen la presunción de esa propia
autonomía. Los directores generales, se dice, tendrán las
siguientes atribuciones: dirigir, gestionar los servicios,
vigilar y fiscalizar.
Conviene también analizar cómo opera el concepto de
responsabilidad solidaria que establece el artículo 108 de
nuestra Constitución, al que han apelado como fundamento los
autores de los votos particulares. El 108 de nuestra
Constitución no está en el espacio, está coordinado y en un
contexto, contexto que sirve de marco referencial para hacer
la interpretación jurídica. Pues bien, el 108 está en el
título V de nuestra Constitución, que regula las relaciones
entre el Gobierno y las Cortes.
¿Cabe en el Derecho español la exigencia de responsabilidad
sin romper la relación de confianza otorgada por el Congreso
de los Diputados? La respuesta parece tajante a tenor del
artículo 113.1 de la Constitución: «El Congreso de los
Diputados puede exigir la responsabilidad política del
Gobierno mediante la adopción por la mayoría absoluta de la
moción de censura.» Pero de eso, algunos no quieren hablar
porque también les genera algún tipo de obligaciones en cuanto
a exposición de alternativas.
De esta forma, la previsión del artículo 108 conecta
directamente con el artículo 113, y asimismo con los artículos
112 y 114 de nuestra Constitución cuando habla de la cuestión
de confianza.
La exigencia de responsabilidad, por tanto, requiere
necesariamente pasar por los procedimientos
constitucionalmente establecidos para exigirla, que no son
otros que la moción de censura y la denegación de confianza.
En términos formales o procedimentales no se puede ignorar,
bajo ningún concepto, que la regulación constitucional de la
responsabilidad gubernamental sólo se puede suscitar con miras
a la puesta en marcha de la moción de censura, si es
iniciativa de la Cámara, o de la denegación de confianza, si
es el Gobierno el que la pide.
A mayor abundamiento de cuanto hemos afirmado, es preciso
también, y a ello me voy a referir a continuación, entrar en
algunas inexactitudes que han sido vertidas y que figuran en
la fundamentación de estos votos particulares.
Se insiste mucho en las irregularidades denunciadas por la
Intervención General del Estado --efectivamente se han
producido esas denuncias--, y de ahí se intenta predicar una
responsabilidad política en cascada y amplia. Pues es falso,
repito, es falso. El propio dictamen lo desmiente. Léase la
página 88 del dictamen cuando nos explica los mecanismos que
tiene la función interventora en la fiscalización de la
actividad y de la gestión del gasto, y cuando se dice que los
informes de fiscalización de la intervención a quien se
remiten es al órgano gestor. Pero es que en la propia página
88 del dictamen, que ha sido asumido por unanimidad en la
comisión, se dice que el Ministro de Economía y Hacienda, por
ejemplo, no es nunca el destinatario de estos informes. Además
añade: En el período comprendido entre 1986 y abril de 1994,
la Intervención General de la Administración del Estado
remitió al Ministro de Economía y Hacienda cuatro informes
especiales relativos a la gestión de la Dirección General de
la Guardia Civil, de conformidad con el artículo 146 de la Ley
General Presupuestaria, y como ha tenido conocimiento la
Comisión, pues obran entre la documentación que ha sido
remitida al Congreso, en dichos casos se iniciaron los
procedimientos correspondientes.
Eran cuatro informes especiales que denunciaban cuatro delitos
o cuatro irregularidades en el ámbito territorial de la
Dirección General de la Guardia Civil respecto de los que se
practicaron las responsabilidades judiciales correspondientes.
Por tanto, ha habido un cumplimiento por los órganos
gubernamentales, y no por el órgano gestor, de las
recomendaciones de la Intervención General del Estado.
Se ha predicado un concepto de responsabilidad objetiva, y
aquí se han vertido conceptos a mi juicio muy peligrosos desde
el punto de vista democrático cuando se fundamenta el voto
particular en la --se dice-- negligencia de los Servicios de
inteligencia de este país y cuando se desconoce también el
organigrama de lo que es la Guardia Civil dentro e insertada
en el Estado español. Se hacen responsables a una serie de
ministros, a un vicepresidente del gobierno, etcétera,
desconociendo cuál es el marco regulador de la Guardia Civil.
Ya desde su creación ha tenido una doble dependencia del
entonces Ministro de la Guerra y de la Gobernación allá en
1844. Los debates producidos después de la promulgación de la
Constitución de 1978 sobre la definición de la Guardia Civil
quedan definitivamente zanjados en dos leyes orgánicas y otras
disposiciones jurídicas ordinarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: Las leyes orgánicas --me referiré a
la última que desarrolla la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad-- establece y residencia en el Ministerio del
Interior de manera excluyente todo lo concerniente a los
servicios relacionados con la seguridad ciudadana, así como
sus retribuciones, destinos, acuartelamientos y material. El
Ministro de Defensa, en cambio, dispone sobre el régimen de
ascensos. Ambos, conforme al artículo 14, conjuntamente
proponen al Gobierno el nombramiento del Director General del
Cuerpo. Pero la Dirección General de la Guardia Civil es un
centro directivo del Ministerio del Interior, y si los
enmendantes se hubieran leído y examinado esta adscripción de
competencias y dependencias entre ambos Ministerios, no
podrían, bajo ningún concepto, haber llegado a conclusiones
como las que recogen en los votos particulares.
Ante este examen competencial debe afirmarse, por tanto, que
no existe ningún elemento, ya sea jurídico o de otra
naturaleza, para atribuir negligencia por culpa «in vigilando»
al Ministro de Defensa en sus relaciones con el ex director
general de la Guardia Civil, don Luis Roldán, en su
comportamiento con la gestión de los fondos presupuestarios
asignados a la Dirección General. Más graves me parecen las
consideraciones que intentan imputar omisión, una negligencia
en el funcionamiento del Cesid, porque desconocen cuáles son
los objetivos del Cesid. Hace muchos, muchísimos años que en
este país la misión de los Servicios de información y de
inteligencia no es espiar a los políticos. Yo prefiero que
haya una negligencia con tal de que no se vulnere ese criterio
constitucional fundamental, con tal de que no se meta a los
políticos bajo sospecha permanente y sean objeto de una acción
incontrolada de los servicios de información. Por tanto, no se
puede exigir negligencia, porque la misión del Cesid no es
investigar a los altos cargos. La misión del Cesid está
claramente regulada y encomienda funciones relativas a la
seguridad interna y externa del Estado, pero nunca misiones de
investigación de los responsables políticos. Y me parece un
atentado a la democracia pretender que el Cesid investigue a
los políticos, a los ministros y a los altos cargos. Me parece
un cruel, un tremendo atentado a la democracia y un error
inmenso en el planteamiento del voto particular, tanto de
Izquierda Unida como del Grupo Popular. Se ha hablado de los
fondos reservados, y es verdad que la Comisión y esta Cámara
ha reconocido un funcionamiento un tanto complejo en la
gestión de los fondos reservados, pero no olvidemos que ese
funcionamiento también se produce en un marco normativo, y la
Comisión en ningún momento ha podido constatar que se haya
violentado ese marco normativo, que pasa, fundamentalmente,
porque: uno, los fondos reservados no tienen justificación
contable; dos, los fondos reservados están sometidos a la Ley
de Secretos Oficiales; tres, los fondos reservados también
tienen una vinculación a efectos presupuestarios y de
fondos reservados, no se pueden transferir partidas a otras
partidas, y, cuatro, porque en los fondos reservados, cuando
se produce la ampliación de partidas, se produce también un
conocimiento, es verdad que «a posteriori» pero público, del
Parlamento, ya que constan en la liquidación final del
presupuesto. A pesar de todo, esta Cámara y la propia Comisión
coinciden en una necesidad objetiva de reforzar los controles
en el funcionamiento de los fondos reservados, pero es una
necesidad de la democracia, es una necesidad de reformar un
marco legal que es muy anterior a 1978, fecha de aprobación de
nuestra Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego que concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: Se ha hablado también de una
responsabilidad objetiva del Gobierno, y aquí se han deslizado
conceptos a mi juicio muy peligrosos, porque de manera también
errónea se han hecho afirmaciones que tienen que merecer
necesariamente una réplica.
Se ha intentado hacer responsable, en uno de los votos
particulares, incluso criminalmente, al Gobierno de la nación
por sus competencias en la aprobación de determinados
contratos del ámbito de la Dirección General de la Guardia
Civil. Pues bien, nos leía el señor Ramallo las declaraciones
del señor Vera en la Comisión. Yo voy a ser más preciso aún,
porque el señor Ramallo ha omitido un dato importante.
En la página 790 de las transcripciones de las cintas, el
señor Vera, simultáneamente al momento en que reconoce la
ausencia de un aparato burocrático administrativo en la
Secretaría de Estado porque ese no es su cometido, dice: «toda
obra que me llega a la firma viene previamente firmada,
previamente fiscalizada por el Interventor General del
Estado». Dígalo también. No extendamos infundadamente
responsabilidades.
Además, la Ley, y esto no lo podemos ignorar, exige acuerdo
del Consejo de Ministros autorizando la modificación de
determinados contratos cuando se superan los límites en estos
contratos o los créditos respectivos a los mismos en
ejercicios posteriores. Por tanto, cuando el Consejo de
Ministros, señor Ramallo, haya autorizado un contrato, también
le corresponde autorizar, en su caso, la resolución y
modificaciones del mismo.
La competencia interventora de la fiscalización previa de
aprobación de gastos corresponde a la Intervención General del
Estado, entre otros casos cuando el gasto deba ser aprobado
por el Consejo de Ministros (Decreto 1.124/1978 y Resolución
de la Intervención General del Estado de 1983). En estos
casos, tomen buena nota, la fiscalización previa no es la
cautelar; es una fiscalización previa plena que hace la
Intervención General del Estado; es decir, todo lo aprobado en
Consejo de Ministros llevaba la fiscalización completa, plena
de la Intervención General del Estado y, por tanto, no cabe
deducir tampoco responsabilidades de ese tenor.
Se habla de falta de colaboración y obstrucción del Gobierno,
y esa no es la sensación subjetiva que ha podido tener esta
Comisión. Es radicalmente falso decir que ha habido una falta
de colaboración o un obstruccionismo por parte del Gobierno en
los trabajos de esta Comisión. Existen centenares de
expedientes, más de 70.000 folios, y no se quejen por el envío
de furgonetas, porque responden a la documentación que fue
solicitada a iniciativa de cada uno de los grupos
parlamentarios. El señor Ramallo ha citado sólo dos documentos
que finalmente no han llegado. Pues bien, uno de ellos forma
parte de la inspección fiscal de la Agencia General Tributaria
respecto del señor Roldán y está en poder de los juzgados.
¿Cómo va a estar en poder de la Cámara si ha sido requerido
por el Poder Judicial?
Están hablando ustedes de que se ha producido una insuficiente
investigación en el destino de los fondos de la imprenta de
Huérfanos. Por cierto, según el «ABC», siempre han llegado a
su destino; por tres veces lo ha dicho ese periódico. No sé
qué pasa con ese tema de los fondos de la imprenta de
Huérfanos. En todo caso, la Comisión ha constatado
irregularidades importantes en esa materia, ha tenido dos
comparecencias de gran utilidad y ha tenido una documentación
que permite que esta Comisión pueda deducir también
actuaciones y, por tanto, remita esta documentación (y así lo
ha propuesto) a conocimiento de la juez de instrucción.
Por consiguiente, tampoco en esta materia se está cerrando en
falso la Comisión. Ha habido ya una investigación exhaustiva.
La Comisión, señor Presidente, señorías, no se cierra en
falso: se cierra en plazo y con los deberes cumplidos. La
tarea epistolar no debe condicionar los trabajos del
Parlamento. Hay un señor que tiene aficiones a ejercer de
corresponsal en prensa extranjera de un medio de comunicación,
y ustedes pretenden recogerlo para justificar sobre ello la
ampliación del funcionamiento de los trabajos de esta
Comisión. Pues no; no tiene el más mínimo sentido exigir,
sobre la base de determinadas informaciones epistolares, la
ampliación de los trabajos de la Comisión, porque se refieren
además, a materias que han sido investigadas, y aquí también
hay que ser sinceros y hay que decirle a la Cámara lo que ha
hecho la Comisión.
Sobre los fondos reservados se han producido varias
actuaciones, muy importantes actuaciones, no sólo en la
Comisión de investigación, también en la Comisión que tiene
acceso a los secretos oficiales de esta Cámara. Pero en unas
diez comparecencias, incluidas las de personal del entorno
directo de gestión de la Dirección General de la Guardia
Civil, incluida la comparecencia
del señor Roldán, se ha preguntado por la existencia de
sobresueldos a cargo de los fondos reservados. La Comisión no
ha podido constatar la existencia de esos sobresueldos, pero
ha investigado sobre ello, porque antes de las últimas cartas
en periódicos ya se habían producido también filtraciones que
de alguna forma orientaron o influyeron en los trabajos de la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, tengo
que decir, para finalizar, que se está trabajando intensamente
en la búsqueda del señor Roldán. Que se están poniendo en
marcha medidas correctoras importantes. Por ejemplo, la
instrucción 1/1994, de la Secretaría de Estado de Interior,
acerca de la contratación administrativa a realizar en el
ámbito de sus competencias, un buen ejemplo también de
funcionamiento para reforzar los mecanismos de fiscalización.
Retornando a mis primeras palabras, la lucha contra la
corrupción no puede implicar excepciones ni bulas; es un
ejercicio de defensa de la democracia. Donde la corrupción se
generaliza, o triunfa el corruptor o las dos cosas a la vez, y
nosotros vamos a impedirlo. Debe saber la sociedad que en
España no hay sitio para los corruptos, no hay más sitio que
la cárcel. Estamos decididos en esa lucha contra la
corrupción, sea de quien sea y provenga de donde provenga. No
va a haber, ya digo, dos varas de medir, y este dictamen es un
buen ejemplo. Señor Presidente, señorías, la democracia no
admite, a pesar de algunas alarmas, un poder invisible.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señora Aguilar, tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, en
relación a la posición contraria al voto particular que ha
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, expresada aquí por el portavoz del
Grupo Socialista, por parte nuestra nos gustaría manifestar
algunas cuestiones que, en estos momentos, nos parecen
absolutamente imprescindibles. Se ha hablado en algún momento,
por parte del portavoz del Grupo Socialista, de que hemos
generado con nuestra intervención sombras de duda sobre lo que
ha acaecido en la etapa del señor Roldán al frente de la
Dirección General de la Guardia Civil. Lo cierto y verdad es
que lo que hemos hecho, por parte de nuestro Grupo, en esta
tribuna, es constatar, con claridad, con realidad y con
rotundidad, los hechos demostrados por la propia Comisión con
su trabajo. El problema que existe aquí es que el Grupo
Socialista, que habla del trabajo positivo que ha realizado la
Comisión, no quiere... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, un momento.
Señorías, ruego guarden silencio.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Decía que el problema que subyace en este debate es que el
Grupo Socialista, que valora positivamente el trabajo de la
Comisión, no quiere asumir su resultado. Las sombras de duda
son su propiedad, señor portavoz del Partido Socialista Obrero
Español, como consecuencia de la política que han venido y que
continúan practicando. En este sentido, nosotros, lo único que
queremos es que se asuma la realidad, y asumir la realidad
pasa por asumir los propios hechos que describe la Comisión en
el dictamen que a tales efectos han emitido. Lo que deben
ustedes hacer en estos momentos es asumir su responsabilidad
política en todo lo que ha ocurrido y acontecido en la
Dirección General de la Guardia Civil en la etapa del señor
Roldán. No pretendan ocultar más. Asuman la realidad, asuman
su responsabilidad política y rectifiquen de una vez para que
comencemos a trabajar en otro, lógicamente, espacio político,
a todas luces en estos momentos necesario en el ámbito de la
lucha contra la corrupción.
Decía el señor portavoz del Grupo Socialista que el sistema
democrático es la época más limpia de toda la historia de
España y que se sorprendía de que, por parte de esta portavoz,
no se hubiera hecho mención a ello. ¡Faltaría más!
Precisamente para eso luchamos por la democracia y por la
libertad. De lo que ahora hablamos es de otra cosa, y es que
nos preocupa que esa historia de España, ustedes, con su
responsabilidad y con su irresponsabilidad a la hora de
actuar, la están machacando, la están perjudicando. Están
ustedes, no asumiendo sus responsabilidades políticas,
perjudicando al propio sistema democrático y a las
instituciones democráticas, las están alejando, las están
aislando, las están desprestigiando ante los ciudadanos, y eso
precisamente es lo que nosotros, hablando de la realidad,
constatando hechos que se han podido ya demostrar con el
trabajo de la Comisión, pretendemos evitar. Nosotros queremos
un sistema democrático fuerte, unas instituciones cercanas a
los ciudadanos, lógicamente, una democracia participativa, y
esos son precisamente los conceptos que ustedes no comparten.
No nos hagan más brindis al sol, señor portavoz del Grupo
Socialista, y vamos a hablar de la realidad misma, de las
conclusiones que devienen del trabajo que ha realizado la
Comisión Roldán y del propio dictamen que, conjuntamente, en
todo, salvo en esas conclusiones políticas, hemos redactado.
Yo creo que ha tenido un lapsus mental en su intervención
cuando hablaba del impulso democrático. Creo que sería mucho
más correcto y mucho más honrado hablar del atasco
democrático. No existe tal impulso; han sido ustedes incapaces
de administrar; han frustrado cualquier oportunidad de diálogo
de verdad para que se hubiera producido ese impulso
democrático. No es cierta, pues, la alusión que a él hacía, y
a las pruebas y a los hechos me remito. En ese sentido, se
hablaba también de que hay más mecanismos de control en estos
momentos, y hay que decir que se falta a la verdad si sólo se
manifiesta una parte del todo. Y en este caso, en estos
momentos, hay más mecanismos de control, sí, es cierto pero no
porque el Gobierno haya asumido su responsabilidad y haya
tomado la iniciativa para que haya más mecanismos de control,
sino porque el propio Gobierno y el Partido que lo sustenta
han ido en todo este tema, básicamente en todo lo que respecta
a la lucha contra la corrupción, forzados por la situación,
detrás de los acontecimientos, siempre han pretendido actuar
cuando desde la oposición les hemos forzado y cuando los
escándalos han sido ya un hecho de tal tamaño que la sociedad
demandaba esas alusiones, y así y todo no ha habido en ningún
momento por parte del Partido del Gobierno iniciativa alguna
para luchar contra la corrupción. A todas y cada una de las
iniciativas surgidas han ido ustedes forzados, porque hemos
venido a hacer propuestas en positivo, creyéndonos lo que
realmente hacemos, luchando decididamente contra la corrupción
los grupos de la oposición, en este caso el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
Lamentablemente, nos hemos encontrado con un Gobierno que no
tiene ninguna iniciativa ni ninguna voluntad de verdad de
cambiar sustancialmente las cosas en lo que a la
transparencia, a la claridad, a la honradez y a la honestidad,
como valores para que primen en las instituciones públicas, se
trata. En este sentido, hay que decir que no tienen
credibilidad...
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Sí, sí, concluyo, señor Presidente.
No tienen credibilidad con lo que ya están diciendo porque no
asumen la realidad. No se puede manifestar desde esta tribuna,
después de todo lo que dice el dictamen que conjuntamente
hemos redactado, que aquí sólo hay un responsable y que el
único corrupto es Roldán. Aquí ha habido una ineficacia, una
ineptitud, cuando no una connivencia y una complicidad del
Partido del Gobierno y del Gobierno mismo con todo lo que ha
ocurrido. Asuman de una vez por todas su responsabilidad,
rectifiquen en su política y entonces podremos decir que
estamos fortaleciendo el sistema democrático y las propias
instituciones democráticas. (Fuertes rumores.)
Lamentablemente...
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar...
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señora Aguilar, el turno es de cinco minutos. Su señoría lleva
más de la mitad del turno en exceso consumido. Le ruego
concluya, sobre todo teniendo en cuenta la extensión del
primer turno que han tenido sus señorías.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, es que ha habido
algunas manifestaciones que a nosotros nos parecen
especialmente graves. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Aguilar. ¡Silencio,
señorías! Es evidente que no se puede subir a la tribuna con
la posibilidad de decir todo lo que uno quiere decir, sino en
el turno que está establecido reglamentariamente lo que se
puede decir. Le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente,
diciendo, por la alusión que se ha hecho directamente a
nuestro Grupo, que, en todo caso, señor Portavoz del Grupo
Socialista, atenta contra la democracia quien establece
mecanismos sin control para el uso indebido de fondos
reservados, para comisiones de obras; que atenta contra la
democracia quien designa a un director general de la Guardia
Civil como el señor Roldán; quien, por acción u omisión, es
partícipe de la situación actual. Esta situación la han creado
ustedes, no nosotros. Asuman, de una vez por todas, su
responsabilidad y no la nieguen más. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Tiene la palabra la señora Rahola. (Fuertes rumores.)
¡Silencio, señorías!
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Nada de lo que ha dicho el señor Cuesta en referencia a
medidas concretas de actuación me parece refutable, puesto que
todo es sensato y políticamente necesario. Señoría, su
discurso sería impecable si no hubiera pasado nada, si no
tuviéramos un fugado, un escándalo gravísimo, múltiples
dificultades para investigar, el bloqueo de la presencia de
Serra en la Comisión, el bloqueo para que la Comisión continúe
investigando, a pesar de las nuevas y graves imputaciones,
tocando algunas de estas imputaciones a altos cargos. Señoría,
no se puede hablar como si no hubiera pasado nada, como si
ustedes fueran un Gobierno con credibilidad que trabajan para
mejorar una situación ya sana. Bien al contrario: estamos ante
una situación gravísima que no sólo necesita medidas de
mejora, sino, sobre todo, esclarecer lo que ha ocurrido. No
nos diga, señoría, que no hay responsabilidades políticas.
Fallan todos los mecanismos de control, constatamos una
situación de absoluta indefensión en la que se ha colado
prácticamente de todo. ¿Y no hay responsables políticos? ¿De
quién es entonces la responsabilidad?
Señorías, si quieren comprometerse contra la corrupción no nos
hable de los nuevos mecanismos de control, que bienvenidos
sean, sino de por qué han fallado los que ya había, quiénes
son los responsables de que fallaran, quiénes han sido los
cómplices. Ustedes están dando carpetazo a la investigación, y
esa es la clave. Abran la Comisión, ayuden a investigar y no
nos vengan con floridas retóricas que lo único que hacen es
intentar tapar lo que ha ocurrido. Rectifiquen, pues; pongan
los instrumentos para poder investigar a fondo y entonces
podremos creerles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con toda brevedad.
Señor Cuesta, yo comprendo el esfuerzo que usted ha hecho. La
verdad es que la tarea que usted ha llevado, prácticamente en
solitario, por su Grupo, y le honra, es difícil. ¿Usted sabe
lo que hubiera sido en cualquier otro país democrático que el
Director del servicio equivalente de la Guardia Civil hubiera
hecho lo que ha hecho el señor Roldán y estuviera prófugo de
la justicia? ¿Usted cree que todavía seguiría estando el mismo
Presidente del Gobierno? Sinceramente le digo a usted que no.
Señor Cuesta, siento gran perplejidad. Llevo las seis
legislaturas de la democracia entre el Senado y el Congreso;
les he visto a ustedes hace oposición. ¿Qué hubiera sido si
hubieran estado ustedes en la oposición con un Director
General de la Guardia Civil presunto delincuente, huido de la
justicia, con un Gobernador del Banco de España en libertad
provisional, con la Directora del BOE como está y con todo lo
que está cayendo? Le honra el trabajo que usted ha hecho. Pero
no equivoquemos las cosas, señor Cuesta.
El señor Roldán es prófugo, claro que sí, pero no incurra
usted en las mismas vaciedades del señor Ministro, antes de
Justicia y ahora, por sus méritos, de Justicia e Interior, en
contradicción con todo lo que había pensado antes el señor
Belloch. La documentación que tiene don Luis Roldán no la
tiene por prófugo, la tiene por haber sido Director General de
la Guardia Civil, por haber gozado de la confianza de don
Felipe González. No la tiene por ser prófugo, la tiene a pesar
de ser prófugo. Nosostros no aceptamos el papel de ser
cómplices de nadie, pero no olvide que por una denuncia en la
prensa de un enriquecimiento del señor Roldán estamos hoy aquí
reunidos; no olvide nunca eso. Posiblemente --y no me gustaría
que fuera así--, haya que hacer otra Comisión de Investigación
si llega a probarse que las cartas que han ido a la
trituradora decían la verdad.
Pero nosotros la verdad es que no estamos por la vía de ser
delincuentes de nada, más bien han sido encubridores, desde el
Gobierno Socialista, del señor Roldán. Con eso le contesto a
lo que usted dice respecto a que nosotros queremos que se
espíe a los cargos públicos. No se equivoque, señor Cuesta. Si
ha parecido que hemos dicho eso, en nombre de mi Grupo le digo
que no; yo no lo he dicho. Tiene que haber un contrapeso de
poderes, de servicios de inteligencia o de información para
que no haya un monopolio de uno solo. En países como España,
donde porque la elección de los cargos se hace directamente y
no es como en Estados Unidos, donde se somete a un chequeo a
la persona que va a estar, y se entra hasta en su vida
privada, la persona que elige a un cargo le está transmitiendo
su confianza, y ésa es la que nosotros demandamos. Y no hable
de espiar, porque todavía no duerme el sueño de los justos,
pero está ahí, alguna historia de espionaje a partidos
políticos. Hubiéramos hecho bien en llegar al final para saber
por qué existe el «informe Crillón», por qué existe el grupo
«pata negra», porque, a lo mejor, no sólo tenían el fin digno
y loable de luchar contra el terrorismo o contra el
narcotráfico, que era su obligación, sino que, a lo peor, lo
que estaban era recabando informes de otras fuerzas políticas.
Tenemos legítimo derecho a pensarlo. Y no se enfade. Haber
dejado que hubiéramos investigado.
En cuanto a fondos reservados, lo que hay es lo que hay. Con
los fondos reservados en estos años ha ocurrido lo que nunca
antes: han aumentado su cuantía de forma desorbitada. Ha
habido transferencias de créditos de unas partidas a otras y,
según decía últimamente, en el último medio año se han gastado
muchos menos fondos reservados.
Ha habido comparecencias en Comisión en las que se nos ha
dicho que se gastaba bien poco dinero de los
fondos reservados. Parece que ha ido a alguna parte, a algún
sitio. Usted nos viene con la ley y nos quiere hacer creer que
todo ha funcionado. Pues si todo ha funcionado, ¡vaya si no
llega a funcionar! Porque, evidentemente, aquí lo que ha
ocurrido es que no ha funcionado absolutamente nada y por eso
es por lo que el señor Roldán está huido y con unas suculentas
cuentas, parece, en el extranjero.
Señor Cuesta, yo, repito, comprendo su postración, comprendo
lo difícil que es llegar a su situación y tener que explicar
todo. No voy a entrar en la polémica de si hay más corrupción
ahora o antes.
Hay la que hay. Usted tiene su opinión y los españoles tienen
la que tienen. No voy a entrar en ese debate porque lo creo
innecesario.
Ha dicho usted que el señor Vera decía una cosa o la otra. Es
cierto que dice --y tengo la ficha entera-- lo que usted
señalaba. Yo me quería referir a que está hablando de que es
persona de su confianza y que, por tanto, firma en barbecho. Y
quien firma en barbecho porque el que le pone el papel es de
su confianza también tiene que incluirse en las
responsabilidades políticas.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego que concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Acabo inmediatamente, señor
Presidente, con una cita que ha hecho referida al asunto del
dinero del colegio de huérfanos y al «ABC». Me parece bien que
lea toda la prensa, pero haga caso también en otras cosas que
no le gustan a este periódico. (Risas.)
Pero no voy por ahí. Yo no sé si el «ABC» ha dicho eso o no.
Lo que sé es que con su voto, con el mío y con el de toda la
Comisión el asunto del dinero que salió del colegio de
huérfanos con un presunto destino a las víctimas del
terrorismo ha ido al fiscal, porque entendemos que hay un
presunto delito, un delito en el que, además, ha usado el
nombre de las víctimas del terrorismo. ¿Le parece a usted
poco?
Por tanto, me parece que no se trata de hablar de un periódico
o de otro. Todos los periódicos se equivocan. Si ése ha puesto
eso, se habrá equivocado. Pero usted no se equivocó al dar el
voto para que el juez entienda que el señor Roldán ni le
importó siquiera el nombre de las víctimas del terrorismo. Eso
sí, luego iba a los entierros para especular con ello.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo. ¡Silencio,
señorías! Tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, empiezo por esta
última alusión del señor Ramallo. Yo creo que me ha
malinterpretado. Usted imputaba como una de las causas del
cierre en falso de la Comisión el no haber detectado o el no
haber investigado sificientemente sobre el problema de los
fondos provenientes del colegio de huérfanos. Yo lo que he
dicho desde la tribuna es que la Comisión ha investigado --
¡claro!, con mi voto, con el suyo, por unanimidad-- y ha
encontrado datos suficientes para remitir las actuaciones al
Ministerio Fiscal porque había hecho una indagación concreta.
Por tanto, no hay un cierre en falso. Abunda en mi argumento:
no hay cierre en falso, porque hemos investigado a fondo.
Me he sentido siempre apoyado por mi Grupo y me sigo sintiendo
apoyado por mi Grupo. Agradezco, no obstante, su preocupación
por una soledad que no existe. Quiero decirle también que
hemos seguido muy atentamente los fallos y las deficiencias
que se han podido dar en el Reino Unido sobre determinados
escándalos que afectan al corazón o al epicentro de los
aparatos de seguridad de esos países. Ahí no hemos visto,
porque no existe una relación ni un hecho directo que permita
una imputación, una dimisión del Presidente del Gobierno.
Fondos reservados. Han merecido el objeto de la investigación
de esta Comisión hasta donde pudo llegar y hasta donde el
marco legal lo permite. Pero no es cierto que vaya en desdoro
del tema que haya ocupado y publicado un medio concreto de
comunicación. Quiero decir, exclusivamente sobre la polémica
de la existencia o no de sobresueldos a cargo de los fondos
reservados, que esta Cámara tiene que saber, que la Comisión
sobre este asunto ha investigado, ha preguntado; que al
primero que le ha preguntado ha sido al señor Roldán, y el
señor Roldán, en la comparecencia en la Comisión, negó la
existencia de esos fondos. ¿Dónde hay que creer al señor
Roldán? ¿En lo que diga en una carta o en un periódico o lo
que había dicho en la Comisión? Ha podido mentir en los dos
sitios, pero, en todo caso, ha habido una tarea de
investigación en torno a ese problema de si han existido o no
sobresueldos a cargo de los fondos reservados. ¿Y cuál ha sido
la conclusión? A la vista de todos los testimonios deducidos,
no ha podido constatar o comprobar, no ha podido concluir la
Comisión que han existido sobresueldos a cargo de los fondos
reservados, y eso hay que decirlo honestamente, y porque eso
sea la realidad de nuestra investigación no podemos concluir
que esta Comisión esté cerrando en falso.
Señora Aguilar, ¿le parece a usted poca forma de asumir el
problema político suscitado por el señor Roldán, y como hay
que asumir los problemas, con una óptica constructiva, con
unas medidas profundas, con unas medidas estructurales que van
al corazón del sistema democrático, que permiten dotarnos de
más y mejores
instrumentos de profundización de nuestra democracia? ¿Por qué
está usted empeñada en que sólo se asumen responsabilidades si
nos ponemos en una acera y echamos mano de un cubo y arrojamos
barro a todo el que pase por ahí, porque ese es el concepto de
la responsabilidad en cascada e indiscriminada, que parece
mentira, sobre todo, que sea una tesis defendida por un
partido progresista que se dice de izquierdas? (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) Venimos trabajando en el
impulso democrático. Yo llegué a esta Cámara con 27 años de
edad, y cuando entré en esta Cámara había Diputados que tenían
varios sueldos del erario público simultáneamente, y esa ley
quien la modificó y la rectificó fue el Grupo Parlamentario
Socialista. He ahí un impulso democrático, he ahí un ejemplo
de regeneración del sistema, he ahí una serie de paquetes
legislativos. (Aplausos--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!-
-Rumores.) Señor Presidente, señorías, hablemos de futuro.
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, quisiera
finalmente hacer una invitación... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor CUESTA MARTINEZ: ... a esta Cámara. Es muy positivo
que por unanimidad se apruebe este dictamen porque hay que
ponerlo en valor. Hay que seguir ratificando e informando al
pueblo español que la corrupción no es generalizada, que
nuestro sistema está sano, que las instituciones funcionan,
que ahora es la hora de los jueces, que la Comisión ha acabado
su trabajo. El caso sigue abierto, pero es la hora de los
jueces. (Protestas.--Aplausos.) Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Para fijar la posición, en nombre del Grupo Vasco (PNV) tiene
la palabra el señor González de Txabarri. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Desde el Grupo Vasco (PNV) quisiéramos manifestar,
en primer lugar, nuestra satisfacción tanto por el desarrollo
de los trabajos como por el contenido, por el fondo y la forma
del dictamen que se presenta hoy al Pleno en relación a esta
Comisión de Investigación sobre la gestión de los fondos
presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia
Civil mientras fue Director General don Luis Roldán.
Entendemos, señorías, que la Comisión ha realizado un trabajo
serio, un trabajo riguroso, cumpliendo estrictamente el
mandato del Pleno de la Cámara. Ni más ni menos.
El dictamen que se presenta a la Cámara en el día de hoy es
fruto de dicho trabajo. Desde las coordenadas establecidas por
el acuerdo del Pleno: investigar la gestión y la aplicación de
los créditos destinados a los distintos proyectos de
inversiones y a otro tipo de gastos, realizados por la
Dirección General de la Guardia Civil en la época en que fue
Director General don Luis Roldán. Concluyendo sus trabajos a
los tres meses de su constitución, tal y como se decidió, se
ha emitido por la Comisión un dictamen serio y riguroso,
redactado, en nuestra opinión, en claves políticas de un
Estado de Derecho moderno. Quisiéramos manifestar, por tanto,
nuestra satisfacción por el trabajo en equipo llevado a cabo y
felicitar al Presidente, señor López de Lerma, por la
ecuanimidad y por la habilidad en la dirección de este trabajo
en equipo. Asumimos también, señorías, la crítica de quienes
afirman que la redacción de este dictamen ha recurrido en
exceso a fórmulas de diplomacia vaticana; que el dictamen es
denso y farragoso, sin que posibilite avanzar un centímetro
más allá de lo que la Comisión ha podido verificar y probar.
Entendemos que la seriedad de los trabajos de la Cámara así lo
exigían más allá de vendavales políticos y de
superficialidades populacheras. Por ello entendemos que la
Comisión Roldán ha concluido sus trabajos al dictaminar con
suficiencia sobre los aspectos sustanciales objeto de
investigación.
Evidentemente, el dictamen apunta sobre líneas de
investigación que escapan al marco de actuación y
posibilidades de un Comisión parlamentaria de investigación.
Escapan por su magnitud las conexiones con el narcotráfico, la
venta internacional de armas y escapan también, por no ser
objeto de la investigación solicitada, temas como el de la
aplicación del plan ZEN. El que lea el dictamen ha de ser
consciente de que toda la zona del Estado que la Guardia Civil
llama el Norte queda fuera de los trabajos de esta Comisión y
que igualmente las circunstancias, y consecuencias de la
guerra sucia que conocemos en el País Vasco, donde merece
especial atención el tema del GAL, escapan también, por nor
ser objeto de la investigación solicitada, aunque en los
trabajos de la Comisión, colateralmente, han ido apareciendo
todos estos aspectos. Como ha aparecido también la
interrelación de la gestión de la Dirección de la Guardia
Civil con la Secretaría de Estado para la Seguridad, el Cesid
y el propio Ministerio del Interior. Son aspectos, señorías,
que quedan fuera del dictamen. Es, por decirlo de alguna
manera, el defecto del dictamen; es una circunstancia en
defecto, que no en falso.
Por otra parte, en exceso, podemos considerar que la
semipublicidad que han conocido los trabajos de esta
Comisión no han ayudado ni al rigor de los mismos ni al
análisis más reposado de las circunstancias políticas que
sobre los mismos concurrían. Ha podido perjudicar, además, a
derechos de terceros, que se han visto implicados en la
investigación de forma a veces inexacta, a través de
informaciones aparecidas en los medios de comunicación social
sin suficiente contraste. Señorías, en el Grupo Vasco
entendemos que no se ha realizado una investigación
exhaustiva, ni la Comisión contaba con medios ni plazos ni
procedimientos debidos para ello, ni las magnitudes de lo
investigado exigía la exhaustividad para redactar las
conclusiones ante la gravedad de lo suficientemente probado.
Por ello entendemos que es una investigación suficiente --una
investigación suficiente, que no exhaustiva-- para dictaminar
sobre la gestión del señor Roldán al frente de la Dirección
General de la Guardia Civil. Entendemos, señor Presidente, que
es suficiente por demoledora.
Los hechos probados y verificados por la comisión y aceptados
por unanimidad de sus miembros reflejan la gravedad de una
gestión presidida por la impunidad en todos y cada uno de los
frentes abiertos: contrataciones fraudulentas, uso indebido e
incontrolado de fondos reservados, adjudicaciones a
profesionales a dedo sin más criterio que el amiguismo, fondos
extrapresupuestarios opacos a la intervención del Estado,
cobros de comisiones, absoluta descoordinación de los
servicios de inteligencia, a los que además se encomiendan
labores de ámbito privado. Para qué seguir.
Aun con todo, señor Presidente, sí quisiéramos subrayar desde
el Grupo Vasco la reprobación que nos merece la utilización
interesada que se realiza en la gestión del señor Roldán de la
lucha antiterrorista. La lucha antiterrorista se ha usado como
coartada para actuar en fraude de ley y para enriquecimiento
personal del señor Roldán y sus secuaces. Hemos constatado,
señorías, que el axioma «contra ETA vale todo» está vitalmente
enraizado en ciertos ámbitos de los Cuerpos de Seguridad del
Estado.
El análisis que la Comisión realiza en relación a la gestión
del señor Roldán al frente de la Dirección General de la
Guardia Civil y que se refleja en el dictamen es, en
consecuencia, en nuestra opinión demoledor. Ello no obsta,
señorías, a que el futuro aporte nuevos datos, nuevas pruebas.
En dicho supuesto esta Cámara, el Gobierno, el Poder Judicial
tendrán que saber reaccionar conforme a los principios del
Estado de derecho. El caso Roldán, evidentemente, no está
cerrado.
Teniendo siempre presente este tipo de consideraciones, desde
el Grupo Vasco entendemos que estas comisiones de
investigación no podrán cumplir ni con su fin genérico, ni con
las resoluciones específicas que esta Cámara les encomienda,
si por parte de ciertos grupos de la oposición, antes de
comenzar los trabajos de las mismas, se tienen escritas ya de
antemano las conclusiones en relación a las responsabilidades
políticas, determinando y condicionando básicamente tanto el
trabajo de la Comisión de investigación como la valoración
global del dictamen a emitir. Desde esta perspectiva quisiera
subrayar, señorías, ante las acusaciones que se han hecho por
portavoces en turnos anteriores, que el Partido Nacionalista
Vasco está con el rigor, con la utilización de criterios y
procedimientos democráticos, en el respeto de los derechos
humanos incluso de los inculpados. En este camino, señorías,
siempre encontrarán al Partido Nacionalista Vasco; jamás en la
chabacanería, en el populacherismo, en el reparto
indiscriminado de responsabilidades sin pruebas fehacientes,
sin ton ni son, como quien realiza una alineación. Quien haga
la política en estas coordenadas que asuma sus propias
responsabilidades. Jamás encontrará al Partido Nacionalista
Vasco en ese camino, porque tampoco en política vale todo,
señorías. Entendemos, al contrario, que en esta Comisión hemos
sido rigurosos en el método de trabajo, prudentes al constatar
los hechos probados y exquisitos a la hora de señalar las
responsabilidades políticas.
Señor Vicepresidente, es usted el único miembro del Gobierno
presente y a usted me tendré que dirigir. Ahora que esta
Cámara va a proceder a aprobar este dictamen, quisiera
manifestarle un ruego en nombre del Partido Nacionalista
Vasco: que desde el Ministerio de Justicia e Interior se
recoja el guante que supone este dictamen; que el rigor, la
prudencia y la exquisitez que han presidido los trabajos de
esta Comisión de investigación sean criterios válidos también
para el propio Gobierno, para que la justicia, a partir de
este dictamen y de los trabajos de esta Comisión, investigue a
fondo los hechos y circunstancias recogidos en el dictamen,
los califique y actúe con celeridad conforme a Derecho, y
también para que se arbitren en la Dirección General de la
Guardia Civil los mecanismos y procedimientos oportunos para
exigir las responsabilidades debidas a la luz de este
dictamen.
Señor Vicepresidente, el Ministerio del Interior debe
sintonizar con las necesidades de seguridad de una sociedad
moderna que está harta de prepotencias y que exige, en primer
lugar, a las Fuerzas de Seguridad del Estado que sean
respetuosas con la legalidad vigente y con los principios de
un Estado moderno de Derecho, fundamentado en la convivencia
comunitaria y en el exquisito respeto a los derechos humanos.
Señor Vicepresidente, esta Cámara concluye ahora sus trabajos
con este dictamen. Es un dictamen abierto, un dictamen abierto
en sus manos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán es
favorable al dictamen de la Comisión de investigación sobre la
gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección
General de la Guardia Civil mientras fue Director General don
Luis Roldán. Y lo es por la metodología seguida y por el
contenido del informe final. Ha sido una Comisión totalmente
abierta en cuanto a su funcionamiento, sin que por parte de
ninguno de los grupos representados se haya mantenido la
postura de entorpecer la investigación correspondiente. Por
cierto, señora Aguilar, la alianza a que usted ha hecho
referencia ni es tal alianza ni mucho menos ha entorpecido las
investigaciones. Salvo en el caso de una comparecencia, sólo
una, la del señor Serra, ha habido unanimidad total. Por
tanto, de ninguna manera se puede entender que ello haya
paralizado o entorpecido los trabajos. Desde el primer día en
esta Comisión se aceptó cursar todas las peticiones de
comparecencia, así como la documentación precisa para un buen
estudio e investigación. Bien es cierto que hubo problemas en
el transcurso del tiempo, ya fuera en la tramitación o en la
posibilidad de obtención de algunos documentos, pero como tal
Comisión existió siempre el criterio, que además se aplicó, de
reiterar todas las peticiones. Es cierto que al final hubo
discrepancias en la necesidad de nuevas comparecencias, pero
las hubo por entrar en el terreno de las posibles
responsabilidades políticas --esta es otra cuestión--, no
tanto por complementar la labor de la Comisión que ha hecho,
dentro de sus propias limitaciones, un trabajo duro, intenso y
extenso, con toda profundidad y que, por tanto, ha cubierto
como mínimo --yo creo que más allá--, su objetivo final, el
que se pretendía en el momento de la constitución.
Debería añadir, por tanto, que el tema en sí, su trascendencia
y el impacto final, por su gravedad, por el personal, por
tratarse del Cuerpo de la Guardia Civil, por el sinfín de
noticias y acontecimientos que se han ido produciendo en el
transcurso de los trabajos, ha sido un tema principal durante
este período de tiempo. Pudiera ser que en algún momento --yo
no lo creo, pero por si acaso--haya dado la sensación de que
todo ello quedaba falto de rigurosidad. No es cierto. Y por si
acaso hubiera quedado así, no tengo ningún reparo, ninguno, en
dejar constancia en este Pleno del buen hacer de la Comisión
que --yo también lo digo--, con nuestro Presidente al frente,
ha sido un buen hacer durante todo el período de su
funcionamiento.
Por otra parte, creo --y así lo cree el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió-- que el contenido del informe es amplio,
correcto, significativo y que además se ajusta a los fines
para los que se creó la Comisión, que no eran otros que los
solicitados por el Partido Popular: la gestión y aplicación de
los créditos destinados a los distintos proyectos de inversión
y a otro tipo de gastos realizados por la Dirección General de
la Guardia Civil durante el período que estuvo al frente don
Luis Roldán.
En base a estos fines para los que se creó la Comisión, este
es un buen informe, del que, por cierto, de sus 149 páginas
148 fueron aprobadas por unanimidad y de sus 22 conclusiones
21 fueron votadas a favor. Estas conclusiones ya han sido
comentadas por el señor López de Lerma en su calidad de
Presidente de la Comisión, por tanto nada tengo que añadir a
las mismas: reprobación del señor Roldán, indicios de
criminalidad, responsabilidad contable, incumplimientos,
problemas fiscales, contrataciones, fondos reservados,
falsedades, etcétera. Quedan, señoras y señores Diputados, dos
cuestiones que merecen por mi parte unos comentarios al
margen: la Comisión ha cerrado en falso --algunos
intervinientes lo han dicho-- y responsabilidades políticas.
Vayamos por partes. La Comisión no puede haber cerrado en
falso si resulta que el dictamen recoge todas, absolutamente
todas, las aportaciones de los grupos y ha sido votado
favorablemente salvo una sola conclusión, la décima. La
Comisión no puede haber cerrado en falso y por tanto debería
continuar porque, como tal Comisión y de acuerdo con el objeto
de su creación, ha hecho mucho más de lo que podía hacer y
mucho más incluso de lo que debía hacer. Pedir su continuidad,
y así se ha hecho, no es más que hacer un mal uso de los fines
para los que fue creada y un mal uso de los trabajos
realizados. Tanto los acontecimientos pasados como los que se
van sucediendo ya no corresponden a la propia Comisión, yo
diría incluso que ya no corresponden ni siquiera a este ámbito
parlamentario, sino que son de otras instancias con más medios
y cobertura legal suficientes para llegar no sólo al fondo de
la cuestión sino al final de la misma.
Por último, la cuestión de responsabilidades políticas. Antes
de nada, señoras y señores del Grupo Socialista, el caso
Roldán, quieran o no, va a marcar parte de su trayectoria
política. Son ustedes mismos, por tanto, quienes deben
intentar encajarlo dentro de esta trayectoria, y no sólo esto
sino diluirlo dentro de ella. Es un caso tremendamente serio,
tremendamene preocupante, de una gran trascendencia, que
detecta al mismo tiempo graves fallos de gestión y sobre todo
graves fallos de control. Por tanto, sí hay responsabilidad
política, sin duda. El alcance de la misma, señorías, se ha
convertido en el caballo de batalla de estos últimos días. No
voy a rehuir, en absoluto, dejar constancia de la posición del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al respecto.
Nunca hemos rehuido estas responsabilidades, ahora tampoco.
Nuestra posición es la siguiente y la conocen ya. Creemos que
las responsabilidades ya han sido asumidas, primero, por el
reconocimiento público de los fallos cometidos; segundo, por
las dimisiones que ya se han producido; y tercero, porque
en el fondo de todo no somos nosotros ni esta Cámara, sino que
va a ser la propia sociedad quien va a hacer las valoraciones
finales sobre este asunto. No nos parece, por tanto, que se
deba ir más allá. Esta es una posición que puede no ser
compartida --no lo es-- y que incluso puede ser cuestionada --
y lo es--. No obstante, esta posición, que a nosotros nos
parece suficiente, no tiene por qué comportar imputaciones
fuera de lugar. Ni tapamos ni tenemos nada que ocultar ni
interés alguno en que otros oculten. Que cada uno juegue
políticamente sus armas como mejor le parezca, pero que se
haga dentro de un mínimo de responsabilidad.
Esto es todo, señoras y señores Diputados. Tal como indicaba
al comienzo de mi intervención, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió se muestra favorable al dictamen de la
Comisión.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votación correspondiente a los votos particulares del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienzo la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 127; en contra, 169; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares.
Votos particulares del Grupo de Coalición Canaria. (El señor
Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicito
votación separada del número 3.
El señor PRESIDENTE: El voto particular 3.º a la conclusión
décima. El voto particular 1.º del Grupo de Coalición Canaria
que se somete a votación es el que se contiene en la redacción
transaccional ofrecida por el señor Olarte en el curso de su
intervención.
Votos particulares 1.º y 2.º, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, uno; en contra, 295.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares.
Voto particular 3.º, a la conclusión décima, del Grupo de
Coalición Canaria. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 170; en contra, 112; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el voto particular.
Voto particular del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 128; en contra, 168; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Voto particular de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 126; en contra, 170; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Votos particulares del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 127: en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares.
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicito votación separada de la conclusión
décima.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Votación correspondiente a las conclusiones del dictamen de la
Comisión, excepto la conclusión décima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 296; en contra, uno. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente a la conclusión décima del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 171; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la conclusión décima.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.