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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 74, de 19/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 74 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 73
celebrada el jueves, 19 de mayo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:
--Real Decreto-Ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se
regula la obligación de comunicación de determinados datos a
requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de
Investigación. («Boletín Oficial del Estado», número 103, de
30 de abril de 1994) (número de expediente 130/000016)
(Página 3717)
--Exclusión de un punto del orden del día (Página 3723)
Enmiendas del Senado:
--Al Proyecto de Ley por el que se establece el régimen
jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, a
fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al
medio ambiente. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 33.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de
expediente 121/000019) (Página 3723)
--Al Proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
35.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de expediente
121/000021) (Página 3723)
--Al Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 43.1, de 4 de enero de 1994 (número de
expediente 121/000033) (Página 3723)
--A la Proposición de Ley sobre modificación de los Aspectos
Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
actualización de los Puertos Francos. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 9.1, de 16 de julio de 1993
(número de expediente 125/000008) (Página 3723)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Primer Protocolo relativo a la interpretación por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio
sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales,
abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en
Bruselas el 19 de diciembre de 1988. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 89.1, de 14 de marzo de
1994 (número de expediente 110/000067) (Página 3740)
--Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de
Inversiones entre el Reino de España y la República de Corea,
hecho en Seúl el 17 de enero de 1994. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 85.1, de 7 de marzo de 1994
(número de expediente 110/000077) (Página 3740)
--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la
República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
86.1, de 7 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000078)
(Página 3740)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Corea
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la Renta, hecho en Seúl el 17 de
enero de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 87.1, de 7 de marzo de 1994 (número de
expediente 110/000079) (Página 3740)
--Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo
número 112 sobre traslado de personas condenadas, celebrado en
Estrasburgo el 21 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 88.1, de 7 de marzo de 1994
(número de expediente 110/000080) (Página 3740)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Honduras sobre modificación del
Convenio de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
95.1, de 21 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000083)
(Página 3740)
--Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho
en Londres el 27 de noviembre de 1992. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 96.1, de 21 de marzo de
1994 (número de expediente 110/000085) (Página 3740)
--Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y
Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal (XV Congreso de la UPAEP), hecho en Montevideo el 23
de junio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 97.1, de 25 de marzo de 1994 (número de
expediente 110/000087) (Página 3740)
--Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la
República de las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de
noviembre de 1990. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 98.1, de 25 de marzo de 1994 (número de
expediente 110/000088) (Página 3740)
--Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo
Internacional de indemnización de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1971, hecho en Londes el 27
de noviembre de 1992, así como Declaración que formulará el
Gobierno español. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 99.1, de 25 de marzo de 1994 (número de
expediente 110/000089) (Página 3740)
--Convenio Europeo número 70 sobre el Valor Internacional de
las Sentencias Penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de
1970, así como Reservas y Declaración que España va a formular
en el momento de la Adhesión. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 105.1, de 15 de abril de 1994
(número de expediente 110/000090) (Página 3740)
--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Intenacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 106.1, de 15 de abril de 1994 (número de
expediente 110/000091) (Página 3740)
--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 107.1, de 15 de abril de 1994 (número de
expediente 110/000092) (Página 3740)
--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Rumania al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 108.1, de 15 de abril de 1994 (número de
expediente 110/000093) (Página 3740)
--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 109.1, de 15 de abril de 1994
(número de expediente 110/000094) (Página 3740)
--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 110.1, de 15 de abril de 1994 (número de
expediente 110/000095) (Página 3741)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 56.1, de 14 de marzo de 1994 (número de expediente
121/000042) (Página 3742)
Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
relación con el Informe elaborado por la Ponencia Especial
para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo
Rural (PER) y el subsidio agrario:
--Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca,
en relación con el Informe elaborado por la Ponencia Especial
para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo
Rural (PER) y el subsidio agrario (número de expediente
154/000005) (Página 3764)
Comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas
de las infraestructuras en España, programadas en un marco
temporal que se extiende hasta el año 2007:
--Comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas
de las infraestructuras en España, programadas en un marco
temporal que se extiende hasta el año 2007 (número de
expediente 200/000001) (Página 3781)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 3717)
Real Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula
la obligación de comunicación de determinados datos a
requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de
Investigación (Página 3717)
Presenta el Real Decreto-ley y explica las razones que han
llevado al Gobierno a su promulgación el señor
Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). Expone que
con fecha 20 de abril de este año, y con ocasión del debate de
política general sobre el estado de la Nación, esta Cámara
acordó potenciar el papel de las comisiones de investigación
eliminando los obstáculos que impidieran acceder a la
información que éstas precisan y modificando la normativa que
pueda dificultar el funcionamiento eficaz de tales comisiones.
Agrega que con fecha 21 de abril el Gobierno aprobó el Real
Decreto-ley 5/94, que se publicó en el «Boletín Oficial del
Estado» al día siguiente. Ha sido una reacción rápida del
Gobierno referida a estos extremos que permitía un efecto
instantáneo sobre algunas informaciones que ya habían sido
requeridas por comisiones de investigación. Justificada, por
tanto, la urgencia por la propia decisión de la Cámara, se
pide ahora la convalidación del Real Decreto-ley.
Señala el señor Ministro que es ésta la primera propuesta
normativa que tiene el honor de presentar desde que asumió
nuevas responsabilidades en el Gobierno y, con la frialdad que
da la distancia en el tiempo, recuerda la crispación que flotó
en el espacio político y las presiones que cayeron sobre el
Gobierno para la entrega de los datos tributarios,
específicamente las declaraciones de renta de determinadas
personas, a una comisión de investigación. Pese a ese clima,
el Gobierno entendió que le correspondía mantener la serenidad
y por ello adoptó una posición que resultaba impopular y,
sobre todo, de muy fácil instrumentalización política, pero
que era obligada por razones de principio. Ninguna urgencia
coyuntural permitía soslayar el respeto a los derechos
fundamentales de la persona y el estricto cumplimiento del
principio de legalidad. Cree, y siempre ha defendido, que el
Estado de Derecho responde básicamente al principio de
legalidad y descansa sobre ese principio y que la unidad
política no puede en ningún caso justificar su quiebra. El
país, nuestro sistema constitucional, puede sobrevivir a casi
todo y permite un inmenso abanico de soluciones, pero lo que
no puede permitir y lo que no se puede quebrar son los
derechos fundamentales de la Constitución. Ese es el principio
de legalidad, ése es el límite de las democracias
parlamentarias y ésa es su fuerza.
Agrega el señor Ministro que en estos tiempos en que las
corrientes autoritarias planean sobre algunas zonas de Europa
cree que es conveniente recordar que nuestros valores, los que
comparte esta Cámara en su conjunto, no pueden decaer nunca y
si no decaen podremos encarar el futuro con confianza, estemos
donde estemos.
Afirma que el Real Decreto-ley constituye una expresión obvia
de la necesidad de conciliar las urgencias de la coyuntura
política con el estructural deber de no vulnerar los derechos
de la persona y la normativa existente. Para ello se regula
específicamente el acceso de las comisiones de investigación a
los datos obrantes en la Administración Tributaria, acceso,
que en opinión del Gobierno, venía vedado por la propia
regulación fiscal. No obstante, quedaría muy reducida la
información para estas comisiones si se limitara el acceso a
la Administración Tributaria y de ahí que se amplíe la
obligación de facilitar información a las entidades de
crédito, entidades aseguradoras y sociedades de valores y de
otra índole financiera que puedan ser depositarias o
conocedoras de datos que sean significativos para el trabajo
de las comisiones de investigación. Este requerimiento de
información tiene su causa en el artículo 76 de la
Constitución, que ciñe las investigaciones a cualquier asunto
de interés público.
Concluye el señor Ministro señalando que con esta normativa se
realiza el primer y, en opinión del Gobierno, único paso que
se puede articular por vía de urgencia para proporcionar datos
que faciliten el trabajo a las comisiones de investigación.
Una regulación más amplia de esta materia no puede hacerse,
obviamente, en el marco de un decreto-ley y de ahí que
próximamente será presentado a la Cámara un proyecto de ley
modificativo de la Ley Orgánica 5/84, de 24 de mayo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Romero Ruiz, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Ramallo García, del Grupo Popular, y Cuesta
Martínez, del Grupo Socialista.
Por alusiones, interviene el señor Ramallo García.
En votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley
por 298 votos a favor.
Asimismo en votación se rechaza su posterior tramitación como
proyecto de ley por 129 votos a favor y 169 en contra.
Exclusión de un punto del orden del día (Página 3723)
El señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.1 del Reglamento y a petición de todos los Grupos
de la Cámara, somete a la decisión del Pleno la exclusión del
orden del día de la presente sesión el debate de totalidad del
acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de España, Francia,
Marruecos, Portugal y la Comunidad Económica Europea para la
protección de las Costas y de las Aguas del Atlántico del
Nordeste contra la
polución, Anexos, Acta final y dos Resoluciones firmados en
Lisboa el 17 de octubre de 1990.
Se aprueba por asentimiento esta modificación del orden del
día.
Enmiendas del Senado (Página 3723)
Al proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico
de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, a
fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al
medio ambiente (Página 3723)
Al proyecto de ley de Autonomía del Banco de España (Página 3723)
Al proyecto de ley por el que se regulan las empresas de
trabajo temporal (Página 3723)
A la proposición de ley sobre modificación de los Aspectos
Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
actualización de los Puertos Francos (Página 3723)
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley
por el que se establece el régimen jurídicode la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los
posibles riesgos a la salud humana y al medio ambiente,
intervienen, para fijación de posiciones, el señor Vázquez
Romero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Popular, y el
señor Palacios Alonso, del Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
Autonomía del Banco de España intervienen, para fijación de
posiciones, los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco
(PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Andreu Andreu, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Martín Villa, del Grupo Popular, y Hernández Moltó,
del Grupo Socialista.
Respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el
que se regulan las empresas de trabajo temporal intervienen,
para fijación de posiciones, los señores Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Fernández Díaz, del Grupo
Popular, y Barrionuevo Peña, del Grupo Socialista.
En cuanto a las enmiendas del Senado a la proposición de ley
sobre modificación de los Aspectos Económicos del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos
Francos hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Romero Ruiz, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cabrera Pérez-
Camacho, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo
Socialista.
Finalmente, se procede a las votaciones de las enmiendas del
Senado a estos cuatro proyectos de ley.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 3740)
Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la
Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la
firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19
de diciembre de 1988 (Página 3740)
Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de
Inversiones entre el Reino de España y la República de Corea,
hecho en Seúl el 17 de enero de 1994 (Página 3740)
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República
de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994 (Página 3740)
Convenio entre el Reino de España y la República de Corea para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la Renta, hecho en Seúl el 17 de
enero de 1994 (Página 3740)
Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo
número 112 sobre traslado de personas condenadas, celebrado en
Estrasburgo el 21 de marzo de 1993 (Página 3740)
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Honduras sobre modificación del
Convenio de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966
(Página 3740)
Adhesión de España al Protocolo de 1992, que enmienda el
Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho
en Londres el 27 de noviembre de 1992 (Página 3740)
Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y
Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal (XV Congreso de la UPAEP), hecho en Montevideo el 23
de junio de 1993 (Página 3740)
Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la
República de las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de
noviembre de 1990 (Página 3740)
Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo
Internacional de indemnización de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1971, hecho en Londres el 27
de noviembre de 1992, así como Declaración que formulará el
Gobierno español (Página 3740)
Convenio Europeo número 70 sobre el Valor Internacional de las
Sentencias Penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970,
así como Reservas y Declaración que España va a formular en el
momento de la Adhesión (Página 3740)
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980 (Página 3740)
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980 (Página 3740)
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Rumania al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980 (Página 3740)
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1980 (Página 3740)
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980 (Página 3741)
No existiendo petición de palabra por parte de ningún Grupo
Parlamentario para fijación de posiciones sobre estos
convenios, se procede directamente a la votación de los
mismos.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Primer
Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la Ley
aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma
en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de
diciembre de 1988, por 311 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen relativo al
Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de
Inversiones entre el Reino de España y la República de Corea,
hecho en Seúl el 17 de enero de 1994, por 310 votos a favor,
uno en contra y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Tratado
de extradición entre el Reino de España y la República de
Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994, por 310 votos a
favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Convenio
entre el Reino de España y la República de Corea para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la Renta, hecho en Seúl el 17 de enero de
1994, por 312 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la
Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo
número 112 sobre traslado de personas condenadas, celebrado en
Estrasburgo el 21 de marzo de 1993, por 310 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Canje de
Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Honduras sobre modificación del Convenio de doble
nacionalidad de 15 de junio de 1966, por 311 votos a favor y
una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Adhesión
de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho en
Londres el 27 de noviembre de 1992, por 312 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Quinto
Protocolo modificatorio de la Constitución y Resoluciones de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (XV
Congreso de la UPAEP), hecho en Montevideo el 23 de junio de
1993, por 310 votos a favor y uno en contra.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Convenio
Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República
de las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1990,
por 306 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Adhesión
de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional
de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1971, hecho en Londres el 27 de noviembre de
1992, así como Declaración que formulará el Gobierno español,
por 308 votos a favor y dos abstenciones.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Convenio
Europeo número 70 sobre el Valor Internacional de las
Sentencias Penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970,
así como reservas y Declaración que España va a formular en el
momento de la Adhesión, por 310 votos a favor y una
abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la
declaración de aceptación por parte de España de la Adhesión
de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980, por 311 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980, por 312 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Rumania al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980, por 310 votos favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión
de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1980, por 310 votos a favor y 2
abstenciones.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la
Declaración de aceptación por parte de España de la Adhesión
de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980, por 309 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3742)
Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Página 3742)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Expone que se
trata de un proyecto de gran trascendencia, para lo que basta
con recordar la importancia de la actividad contractual de las
Administraciones públicas, como también es necesario resaltar
la trascendencia de los procedimientos administrativos y los
esfuerzos que se vienen realizando para un mejor
funcionamiento de las distintas Administraciones públicas y su
adaptación
a las nuevas demandas de una sociedad moderna.
Cree que pocas veces se habrá sometido a debate de esta Cámara
un proyecto de ley tan estudiado, cuya demanda sea tan unánime
y que trate de plasmar en un sólo texto, naturalmente
complejo, un equilibrio integrado a través de principios tan
diversos y algunos tan claramente contradictorios como el
rigor y la exigencia en los procedimientos y la flexibilidad y
la adaptación a situaciones sobrevenidas, contradicciones
entre publicidad y transparencia, por una parte, y celeridad y
simplificación de los procedimientos administrativos, por
otra, entre la garantía simultánea de las exigencias que los
compromisos supranacionales de nuestro país imponen y la
posibilidad de iniciativa que nuestra Constitución consagra a
las comunidades autónomas. Agrega el señor Ministro que la
búsqueda de estos equilibrios está sometida, sin embargo, a
dos grandes restricciones: una, derivada del espectro de
contratos que cubre el proyecto, y que abarca desde los
realizados por un pequeño municipio a los que realizan los
potentes órganos de la Administración general del Estado o de
alguna comunidad autónoma, y, por otra parte, la exigencia de
una indudable demanda social e institucional para revitalizar
los instrumentos inspiradores de la contratación
administrativa, como, por ejemplo, la publicidad, la
transparencia, la eficiencia, la concurrencia y la no
discriminación.
Reconoce que estos principios están presentes, con la
importancia que requiere la legislación actual, y han
funcionado como vectores inspiradores de la ley en todo
momento. Añade el señor Ministro que en los últimos años se ha
generado una importante preocupación en amplios sectores de
nuestra sociedad en relación con los controles y garantías
suficientes para asegurar la transparencia y la objetividad en
las actuaciones administrativas, prohibiendo la arbitrariedad
en las decisiones de contratación y limitando al máximo las
posibilidades de actuaciones irregulares, sancionándolas con
rigor si éstas se produjeran.
Afirma que el proyecto que hoy se presenta a la Cámara no
ignora esta demanda social y encauza debidamente estas
exigencias, que está seguro que comparten los señores
diputados, sin perjuicio de entender que no deben atribuirse a
una ley de contratos públicos más posibilidades en la lucha
contra las actividades deshonestas que las que efectivamente
le puedan corresponder. Una ley por sí sola no basta, ya que
es absolutamente imprescindible que al mismo tiempo se realice
un esfuerzo por parte de la sociedad para generar una nueva
cultura de contratación, la búsqueda de una mayor conciencia
fiscal y promover una ética privada de la contratación que no
contamine la ética pública que regula y postula esta ley.
Reconoce que se trata de un texto suceptible de ser
enriquecido y matizado, en cuyo sentido están abiertos a su
modificación, aunque sin importantes alteraciones
estructurales en los términos de las resoluciones adoptadas
por esta Cámara en el debate sobre el estado de la Nación.
Recuerda también el señor Ministro que el proyecto es
suficientemente conocido por los señores diputados, ya que fue
objeto de debate y discusión en la Cámara en la legislatura
anterior, y precisamente el texto dictaminado por la Comisión
es el documento básico del que se ha partido para reiniciar la
nueva tramitación tras la disolución de las Cortes.
En cuanto a los objetivos del proyecto menciona, en primer
lugar y como principal, el garantizar una mayor publicidad y
transparencia en la contratación administrativa. En segundo
lugar, la ley supone un avance en el proceso de trasposición
de las directivas comunitarias sobre contratación normativa
comunitaria que queda plenamente incorporada en este proyecto.
Asimismo destaca como gran objetivo del proyecto la
determinación del núcleo de legislación básica en cumplimiento
del mandatodel artículo 141.1.18 de la Constitución,
acomodando así nuestra legislación a la realidad competencial
que nace con la promulgación de nuestra norma fundamental. Un
nuevo objetivo del proyecto sería la resolución de las
deficiencias puestas de manifiesto en la aplicación de la
legislación actual, con atención a las nuevas necesidades
surgidas posteriormente, lo que se consigue a través de las
numerosas modificaciones de la normativa anterior. Por último,
resalta la incorporación a la ley de disposiciones dispersas y
la agrupación sistemática de la legislación sobre contratación
pública, poniéndose especial cuidado en el establecimiento de
un? único y completo sobre contrataciones administrativas.
Alude, por último, a las razones por las que algunosgrupos
piden la devolución del proyecto al Gobierno, manifestando que
si tal devolución se produjese se perdería la oportunidad de
perfeccionar un texto que en su estructura básica tiene pocas
alternativas y, además, dicha devolución sería en gran parte
estéril, al obligar al Gobierno a regular mediante decreto-ley
los aspectos incluidos en las directivas europeas, cuya
incorporación a nuestro Derecho debería haberse producido ya.
Tiene la convicción de que el Gobierno ha remitido a la Cámara
un texto útil y de alta calidad técnica, que debe servir de
fundamento para alcanzar una ley operativa y eficiente que
satisfaga las inquietudes
de la sociedad y, al mismo tiempo, asuma las referencias
comunitarias.
En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo de Coalición
Canaria interviene el señor Mauricio Rodríguez, recordando que
en su momento, al hablar de impulso democrático, se ofrecía
una ley de contratos de las Administraciones públicas con un
amplio consenso y la presentación en este momento de tres
enmiendas de devolución al proyecto del Gobierno reflejan el
fracaso en el diálogo político, en un momento en que se está
produciendo un deterioro grave de las instituciones
democráticas. Afirma que la ley que les ocupa es una de esas
leyes en las que todos tienen que pactar para acabar con las
corruptelas, los abusos de poder, los tráficos de influencias,
la información privilegiada, etcétera, que son las grandes
enfermedades del sistema democrático actual. Sin embargo, se
han vistoobligados a presentar una enmienda de devolución ante
la ausencia total de cualquier clase de diálogo, en un debate
que no es de carácter técnico sino esencialmente político.
Califica de insuficiente al proyecto del Gobierno al no
contener las medidas necesarias para alcanzar la objetividad
en la adjudicación de los contratos y no ser suficiente en
materia de transparencia y control, razones por las que se han
visto obligados a presentar esta enmienda pidiendo la
devolución del proyecto al Gobierno.
El señor Martínez Blasco defiende la enmienda de totalidad del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que
no se trata de reproducir el debate habido en diciembre del
año 1992 con ocasión del anterior proyecto y sí de preguntar
si el que ahora se presenta a la Cámara responde a la
inquietud social que actualmente existe y si se puede mejorar
en su tramitación parlamentaria. Destaca la importancia del
proyecto por el volumen económico a que afecta y la falta de
confianza de los ciudadanos en la forma en que se viene
realizando la contratación administrativa, ante lo cual no
cree suficiente con la trasposición de algunas directivas
comunitarias o la realización de algunos ajustes técnicos,
puesto que el problema que existe no es de carácter técnico y
sí eminentemente político. Considera que el proyecto no
satisface las demandas e inquietudes de los ciudadanos, máxime
cuando su ámbito de aplicación se reduce excesivamente.
Otra razón para pedir la devolución del proyecto es que es
insuficiente para resolver el problema del gasto público, para
lo que es preciso contar con un abanico de medidas más amplias
que las contenidas en el proyecto. En la práctica se han
cometido irregularidades, abusos de los instrumentos previstos
en la Ley, pero se trata de problemas que están más o menos
detectados, aunque sobre este particular sí es mejorable la
normativa vigente.
Alude también al tema competencial, sobre el que cree que
sería más acertado seguir una técnica distinta a la elegida
por el proyecto de ley, y a los sistemas de contratación, que
asimismo deben perfeccionarse, si bien cree que todas las
deficiencias e insuficiencias observadas en el proyecto lo
hacen difícilmente subsanable a través de simples enmiendas
parciales, y de ahí la enmienda de totalidad presentada por su
Grupo. Aclara, sin embargo, que la presentación de esta
enmienda no significa que consideren que la Ley no es
necesaria, pues, antes al contrario, creen que es urgente, si
bien una ligera demora en su tramitación podría servir para
corregir un texto que en su redacción actual no arregla
sustancialmente las cosas.
El señor De la Vallina Velarde defiende la enmienda de
totalidad del Grupo Popular. Reconoce que dos de las
finalidades fundamentales del proyecto de ley pueden entender
que se han cumplido por el mismo, como son el desarrollo
constitucional a través de legislación básica y la acomodación
del ordenamiento interno al ordenamiento comunitario europeo,
pero no así la tercera y fundamental finalidad del proyecto,
que es devolver a la contratación administrativa las
necesarias garantías y los controles jurídicos preventivos que
aseguren la legalidad en la actuación de todo el sector
público y el recto uso de las potestades públicas en la
gestión patrimonial por parte de las autoridades y órganos de
las administraciones, garantías y controles que han ido
debilitándose, cuando no suprimiéndose, a través de diversa
técnica jurídica, a partir de 1982 en que los socialistas
acceden al poder.
Afirma que los principios y el espíritu a que responde el
proyecto no garantizan la debida transparencia y concurrencia
ni aseguran que la actuación del poder venga determinada por
la persecución del interés general, cuando en estos momentos
deben ser extremadamente cuidadosos en la regulación de esta
materia ante los escándalos e irregularidades que diariamente
ponen de manifiesto los medios de comunicación. Desde este
punto de vista, considera al proyecto abiertamente rechazable,
ya que, a través de él, nuestro ordenamiento jurídico no
dispondrá de un instrumento válido y eficaz para la
regeneración de la vida pública, y, antes al contrario, abre
la puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios sectores de
la actuación pública. Por tanto, el proyecto les merece la
misma valoración que el que fue remitido por el Gobierno en la
anterior legislatura y que no llegó a ser aprobado por la
Disolución de las Cortes.
Consiguientemente, entonces como hoy, el Grupo Popular formula
una enmienda de totalidad, solicitando su devolución al
Gobierno. Alude a continuación a la legislación vigente en
materia de contratación en el sector público y a la huida del
Derecho que se produce en los últimos años para dar paso a la
arbitrariedad, el capricho y el abuso en el manejo de los
fondos públicos, situación a la que les ha llevado la política
legislativa del Gobierno socialista y ante la que, si se
quiere poner coto a prácticas abusivas del poder, es necesario
extender la regulación de los contratos a todos aquellos
negocios jurídicos en que intervienen algunas entidades que no
tienen la consideración de administraciones públicas, pero que
son creadas, dependientes y financiadas por el poder público.
Esto sin embargo, no lo hace el proyecto y de ahí que rechacen
el espíritu y los principios que lo presiden y también la
justificación de la enmienda de totalidad. Desde una dimensión
política entienden que, en las actuales circunstancias, la
necesidad de someter a controles jurídicos preventivos toda la
contratación del sector público se justifica por sí sola.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Varela Flores, que
comienza agradeciendo el tono de los distintos enmendantes,
que cree que es el preludio de un amplio acuerdo para dotar a
las administraciones públicas de este instrumento que es el
proyecto de ley, que ha de ser eficaz para resolver los
problemas que hoy demandan los servicios, así como para tratar
de paliar las desviaciones que en la actualidad, y
anteriormente, se han producido en estas materias. Destaca la
importancia del proyecto de ley por la materia que regula y
por la extensión de los sujetos afectados y el gran volumen de
la contratación administrativa, que representa cientos de
miles de millones a lo largo del año, para dar satisfacción a
las demandas de los ciudadanos. Ello trae como consecuencia
inmediata la necesidad de establecer un sistema de
contratación que garantice el control de los órganos gestores
del gasto público, el derecho a la libre concurrencia e
igualdad de los contratantes y que posibilite la actuación
eficaz de las Administraciones públicas en la consecución de
los objetivos que tienen asignados. La necesidad de la nueva
ley cobra además especial importancia por el debate político
del momento, que gira en torno a los casos de corrupción, que
en gran medida están relacionados con la gestión del gasto
público y, por tanto, con los contratos de las distintas
administraciones para realizar sus inversiones. Añade el señor
Varela que una ley de la trascendencia y complejidad de la
presente, cuya elaboración requiere años de trabajo, ha de
tener vocación de permanencia en el tiempo y no puede resultar
viciada por un falso debate. Afirma que el proyecto es
adecuado a las necesidades reales de la materia que regula y
que, a pesar de ser bueno desde el punto de vista técnico y de
desarrollar con rigor los principios básicos que lo inspiran,
es lógicamente mejorable, y así lo pretende el Grupo
Socialista con la presentación de enmiendas el articulado, y
cree que todos los Grupos pueden participar también en esta
disposición abierta a la consideración de sus propuestas para
la mejora del texto.
Contesta seguidamente a algunos de los argumentos expuestos
por los enmendantes, resaltando los principios básicos del
proyecto de ley y especialmente el complejo sistema de
garantías que representa, señalando que no pueden dejarse
llevar por una dinámica oportunidad en un falso planteamiento
que supondría colapsar el funcionamiento de las
Administraciones públicas e impedir el eficaz funcionamiento
de los servicios, en perjuicio de los ciudadanos, obligando a
una pronta modificación del nuevo texto para asumir las
necesidades de la realidad una vez remita el anormal clima hoy
reinante. Cree, en todo caso, que en el debate en Comisión
pueden profundizar en algunos aspectos importantes del
proyecto y llegar entre todos a acuerdos para hacer posible
que la ley salga mejorada y pueda reconducir situaciones que
todos consideran urgente atacar.
Replican los señores Mauricio Rodríguez, Martínez Blasco y De
la Vallina Velarde, duplicando el señor Varela Flores.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), y Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Sometidas a votación, se rechazan las enmiendas de totalidad
debatidas por 144 votos a favor y 164 en contra.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
relación con el Informe elaborado por la Ponencia Especial
para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo
Rural (PER) y el subsidio agrario (Página 3764)
Presenta el dictamen de la Comisión el señor Roncero
Rodríguez. Recuerda que el pasado 22 de febrero el Pleno de la
Cámara aprobó, con el apoyo de
todos los Grupos parlamentarios, la creación de una Ponencia
especial en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca al objeto de estudiar la reforma del actual sistema de
empleo rural, marcando un plazo de dos meses y medio para
concluir su informe. El plazo se cumplió el día 7 del
corriente mes, la Ponencia cumplió su trabajo el 3 de mayo y
el informe fue aprobado por la Comisión el día 9 de mayo,
primer día hábil después de la conclusión del plazo previsto
en el acuerdo plenario.
Explica a la Cámara las reuniones celebradas por la Ponencia y
la labor desarrollada por la misma hasta llegar al informe
adoptado, de mutuo acuerdo por parte de todos los Grupos, sin
hacer necesaria votación alguna, explicando seguidamente los
aspectos más destacados del citado informe. Facilita numerosos
datos sobre la evolución del Plan de Empleo Rural a lo largo
de los últimos 10 años, mencionando asimismo los problemas
detectados en el sistema para su mejora y modificación, y
afirmando que, a la vista de estos problemas, el informe
ofrece unas conclusiones como líneas generales de posibles
vías de modificación y unas recomendaciones encaminadas a la
mejora de la gestión administrativa y de control, así como al
establecimiento de una regulación que permita promover
trabajos o servicios de colaboración social y un desarrollo a
fondo de la formación ocupacional rural, para mejorar un
sistema imprescindible que dignifique a los trabajadores de
Andalucía y Extremadura y que contribuya al desarrollo de
ambas Comunidades. En defensa de los votos particulares
presentados por sus respectivos Grupos intervienen los señores
Jordano Salinas, del Grupo Popular, y Alcaraz Masats, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno en contra de los votos particulares interviene el
señor Martín Mesa, en nombre del Grupo Socialista.
Replican los señores Jordano Salinas y Alcaraz Masats,
duplicando el señor Martín Mesa.
Por alusiones, hace nuevamente uso de la palabra el señor
Jordano Salinas.
Para fijación de posiciones interviene el señor Baltá i
Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a las votaciones de los votos particulares
presentados, así como a los diversos puntos y apartados del
dictamen de la Comisión, que son aprobados.
Comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas
de las infraestructuras en España, programadas en un marco
temporal que se extiende hasta el año 2007 (Página 3781)
El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles) expone que el Consejo de
Ministros, en su reunión del pasado 4 de marzo, aprobó el Plan
de Infraestructuras 1993-2007, y decidió su remisión a las
Cortes Generales. El Plan había sido sometido a la
consideración de las comunidades autónomas durante la anterior
legislatura y constituye en España la primera planificación de
carácter global y estratégica del sistema básico de
infraestructuras y del uso del equipamiento de nuestro
territorio. El Plan Director viene a cumplir una necesidad que
se deriva, en primer lugar, de las propias características de
las infraestructuras, cuya concesión, diseño y construcción
requieren largos períodos de tiempo y exigen cuantiosas
inversiones, tienen larga vida útil y son estrechamente
dependientes del entorno. Por ello, es necesario contar con
una visión a medio y largo plazo de las necesidades y
problemas que pueden presentarse en materia de
infraestructuras, pues una política de inversiones apoyada
únicamente en el análisis a corto plazo corre el riego de ser
errática y poco eficiente. Agrega que no hay que dejarse
influir por la coyuntura económica ni por las circunstancias
presupuestarias, que son cambiantes, sino que hay que decidir
políticas de inversiones persistentes, y en este sentido las
críticas relativas a la excesiva duración del Plan no tienen
razón de ser. Por otro lado, un plan director enuncia
directrices, dejando las actuaciones concretas para los planes
sectoriales a más corto plazo. En este aspecto, tampoco tienen
sentido las críticas recibidas por la falta de concreción del
Plan. Este pretende una planificación flexible y dinámica,
susceptible de hacer frente a los rápidos cambios que se
suceden en nuestro entorno político y económico. Sin embargo,
esos cambios no anulan el valor ni la utilidad de una
planificación estratégica y, por el contrario, aumentan su
interés, ya que no tendría sentido concebir esta planificación
como un marco rígido e inamovible. Otro rasgo del Plan
Director es su carácter de instrumento descentralizado que
pretende la actuación coordinada de las distintas
Administraciones públicas.
Agrega el señor Ministro que la política de infraestructuras
debe concebirse como un instrumento de la competitividad. En
este sentido, el Plan se apoyaen cuatro líneas maestras, como
son: la superación de los condicionantes que la posición
periférica de España representa dentro del espacio europeo,
consolidar
un sistema de ciudades que articule el territorio y que
difunda el desarrollo, promover una gestión racional de los
recursos naturales y asegurar una correcta conservación de los
valiosos recursos ambientales del territorio español dentro de
una estrategia de desarrollo sostenible que preste especial
atención a los impactos ambientales más agudos.
A continuación alude al importante esfuerzo inversor realizado
desde mediados de los 80 para superar nuestro déficit
histórico en infraestructuras, lo que ha permitido resolver
dos grandes problemas, como son los estrangulamientos crónicos
de los que adolecía la red básica de transportes españoles y
absorber el rápido crecimiento de demanda que se produce como
consecuencia del comportamiento expansivo de nuestra economía.
Se refiere el señor Ministro al desarrollo de estas
inversiones a lo largo de los años hasta alcanzar los 18,7
billones de pesetas a invertir en los 15 años de duración del
Plan,
rechazando las críticas realizadas a dicho esfuerzo inversor
que permite actuarcomo motor de nuestro crecimiento económico.
Se trata de un Plan que desarrolla un conjunto de retos y
exigencias, una vez superadas las carencias más cruciales de
nuestra economía, mejorando la calidad y eficacia de nuestro
sistema de comunicaciones.
Expone algunas líneas relativas a las actuaciones
fundamentales en materia de autopistas, ferrocarriles, puertos
y aeropuertos, áreas metropolitanas y política de aguas,
plasmada en el Plan Hidrológico Nacional, y termina afirmando
que el Plan plasma la geografía que deseamos que España tenga
en los primeros años del siglo futuro. Lo importante ahora es
saber si la sociedad española comparte esta ambición, en cuyo
caso habrá que poner los medios necesarios para ello, en
primer lugar seguir haciendo el esfuerzo fiscal
imprescindible, a la vez que se pide la necesaria contribución
a los más beneficiados por estas obras.
En nombre del Grupo Popular, el señor Posada Moreno manifiesta
que se encuentran ante un Plan que aparece y desaparece y que
algunos Diputados lo escuchan por cuarta o quinta vez,
adquiriendo todo su vigor cuando se acercan las campañas
electorales. Añade que para el Grupo Popular las
infraestructuras, su futuro, su implicación en la
competitividad de la economía y en la cohesión social y
territorial son factores de enorme importancia, considerando
necesario planificar y hacerlo para un plazo de 10, 15 o 20
años. Sin embargo, no creen que este Plan Director sea el
instrumento adecuado, aunque no lo descalifican genéricamente.
Después del tiempo, esfuerzo y dinero invertidos en él tiene
utilidad como documento de trabajo, pero ni remotamente cumple
lo que debe exigirse a un Plan de esta naturaleza a 15 años
vista. Afirma que el Plan les merece poca credibilidad y que
los precedentes del Gobierno socialista son para echarse a
temblar. Por ejemplo, el Plan de Transporte Ferroviario
1989/2000, debatido en el Congreso durante meses, quedó
absolutamente vacío de contenido a los seis meses de
aprobarse, cuando el Gobierno decidió por sorpresa el cambio
del ancho de vía y el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Considera que quizás el defecto mayor del Plan sea su
financiación, pues se trata de una carta a los Reyes Magos o
una visión benéfica de una organización no gubernamental. Si
se contempla el precedente del Plan de Carreteras, concluido
dos años después de lo previsto, y los enormes cambios en su
financiación, en este momento, con unos proyectos mucho peor
definidos y mucho más complicados, puede preverse que los 18
billones de que se habla puedan ascender a cifras cercanas a
los 30 billones, ante lo cual la financiación prevista
resultaría tremendamente escasa. Entiende, por otra parte, que
sin reducir drásticamente el gasto corriente no puede
mantenerse el esfuerzo inversor y sucede, además, que regiones
como Extremadura o extensas zonas del Noroeste no reciben el
trato adecuado que permite su desarrollo económico sostenido.
Alude a las grandes líneas y objetivos del Plan que pueden y
deben consensuarse entre las fuerzas políticas, señalando que
su Grupo diseñará un Plan que no sea arma arrojadiza entre
partidos o territorios, que no provoque enfrentamientos y que
sea, en definitiva, el auténtico Plan Director de
Infraestructuras que España necesita.
Replica el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (Borrell Fontelles), duplicando el señor Posada
Moreno y el señor Ministro.
Por último, intervienen los señores Andreu Andreu, en nombre
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Sedó i
Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Martín
Menis, del Grupo de Coalición Canaria, y Roncero Rodríguez,
del Grupo Socialista. El señor Presidente manifiesta que, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento
y teniendo en cuenta la previsión resultante de las
manifestaciones de los portavoces en la Junta de Portavoces
celebrada esta semana, se levanta la sesión.
Eran las ocho de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 5/1994, DE 29 DE ABRIL, POR EL QUE SE
REGULA LA OBLIGACION DE COMUNICACION DE DETERMINADOS DATOS A
REQUERIMIENTO DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE
INVESTIGACION (Número de expediente 130/000016)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Entramos en el punto quinto del orden del día: convalidación o
derogación de reales-decretos leyes. Real Decreto-ley 5/1994,
de 29 de abril, por el que se regula la obligación de
comunicación de determinados datos a requerimiento de las
Comisiones
Parlamentarias de Investigación.
Para la presentación del Real Decreto-ley y explicar las
razones que han llevado al Gobierno a su promulgación, tiene
la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del señor Presidente. Señoras y señores Diputados,
con fecha de 20 de abril de este año y con ocasión del debate
de política general sobre el estado de la Nación, esta Cámara
acordó potenciar el papel de las comisiones de investigación
eliminando los obstáculos que impidieran acceder a la
información que éstas precisen y modificando la normativa que
pueda dificultar el funcionamiento eficaz de esas comisiones
de investigación. Con fecha 21 de abril el Gobierno aprobó el
Real Decreto-ley 5/1994, que se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» al día
siguiente. Ha sido, piensa el Gobierno, una reacción rápida,
referida a aquellos extremos que permitían un efecto
instantáneo sobre algunas informaciones que ya habían sido
requeridas por las comisiones de investigación. Por ello,
justificada su urgencia por la propia decisión de la Cámara,
se pide la convalidación del Real Decreto-ley mencionado.
Este Real Decreto-ley es la primera propuesta normativa que
tengo el honor de presentar a SS.SS. desde que asumí nuevas
responsabilidades en el Gobierno. Desde el principio de
legalidad, eje común del Ministerio recién creado, puede tener
sentido, en mi criterio, alguna reflexión sobre la polémica
que en su día surgió sobre la procedencia de entregar o no los
datos, sobre el supuesto obstruccionismo del Gobierno y, en
particular, sobre la posición institucional que, según creo,
corresponde asumir al Poder Ejecutivo en áreastan sensibles a
los derechos y libertades fundamentales como son las áreas de
Justicia y de Interior.
Espero que, ya con la frialdad que da la distancia en el
tiempo, recordarán SS.SS. la crispación que flotó en el
espacio político y las presiones que cayeron sobre el Gobierno
para la entrega de los datos tributarios, específicamente las
declaraciones de renta, de determinadas personas a una
comisión de investigación. Pese a ese clima, el Gobierno
entendió que le correspondía mantener la serenidad, por cuanto
una mínima reflexión
evidenciaba... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, disculpe.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
...evidenciaba, repito, que estábamos ante un problema nuevo,
que tenía implicaciones no sospechadas sobre los derechos de
la persona que no estaban resueltas por la normativa hasta ese
momento existente. Por ello se adoptó una posición que,
efectivamente, resultaba impopular y, sobre todo, de muy fácil
instrumentalización política, pero que era obligada por
razones de principio. Ninguna urgencia coyuntural permite
soslayar el respeto a los derechos fundamentales de la persona
y el estricto cumplimiento del principio de legalidad.
Creo, y siempre he defendido, que el Estado de Derecho
responde básicamente al principio de legalidad y descansa
sobre el principio de legalidad y que la lucha política no
puede, en ningún caso, justificar la quiebra de ese principio;
que los Gobiernos puedan caer, que las elecciones se pueden
ganar o perder, pero que el Estado de Derecho, como expresión
de la comunidad, no es negociable, no es transable.
El fundamento del Estado de Derecho, SS.SS. lo saben, es algo
tan sólido como aparentemente difuso: no es otro que los
derechos de las personas, los derechos fundamentales que
irradian sobre todo el ordenamiento y se enraizan en el
principio de legalidad. Si se rompe esta relación, no estamos
vulnerando la ley, estamos quebrando la base misma del Estado
de Derecho. El país, nuestro sistema constitucional, puede
sobrevivir a casi todo y permite un inmenso abanico de
soluciones; lo que no se puede quebrar son los derechos
fundamentales de la Constitución, es el principio de
legalidad. Ese es el límite de nuestra cultura, el límite de
las democracias parlamentarias, y esa es su fuerza, hasta el
punto de que la expresión más trivial de su defensa, la más
pequeña de sus manifestaciones es, a su vez, el eje de todo
nuestro sistema.
Señorías, en estos tiempos en que las corrientes autoritarias
planean sobre algunas zonas de Europa, creo que no es obvio,
sino conveniente, recordar que nuestros
valores, los que comparte esta Cámara en su conjunto, no
pueden decaer nunca. Y, si no decaen, podremos encarar el
futuro con confianza, estemos donde estemos.
Este Real Decreto-ley constituye una expresión obvia de la
necesidad de conciliar las urgencias de la coyuntura política
con el estructural deber de no vulnerar los derechos de la
persona y la normativa existente. Para ello se regula
específicamente el acceso de las comisiones de investigación a
los datos obrantes en la Administración tributaria, acceso
que, en opinión del Gobierno, basada en el informe del
Servicio Jurídico del Estado, venía vedado por la propia
regulación fiscal. No obstante, quedaría muy reducida la
información significativa para las comisiones de investigación
si el acceso se limitara a la Administración tributaria. Por
eso se amplía la obligación de facilitar información a las
entidades de crédito, entidades aseguradoras, sociedades de
valores y demás tipos de sociedades de índole financiera que
puedan ser depositarias o conocedoras de datos que sean
significativos para el trabajo de las
comisiones de investigación. Este requerimiento de información
tiene su causa en el artículo 76 de la Constitución, que ciñe
las investigaciones a cualquier asunto de interés público. En
esta misma línea y en el lógico desarrollo, el artículo 44 del
Reglamento de la Cámara limita la comparecencia informativa y
documental, como no podría ser de otro modo, a la
investigación en asuntos públicos. De ahí que las peticiones
de información se restrinjan al ámbito de las personas que
desempeñaren o hubieren desempeñado cargos públicos o que
participaren en sociedades definidas, por decirlo en términos
generales, como públicas. Sin este concreto punto de conexión
se estaría excediendo la
dimensión material posible de un Real Decreto-ley. El propio
marco constitucional, la propia naturaleza jurídica de lo que
significa un real decreto-ley determina la exigencia, a su
vez, de dos condiciones reflejadas en el texto.
La primera, que para que deba facilitarse la información sea
preciso que exista un nexo entre el objeto de la investigación
y el desempeño de cargos públicos. Si no estuviera esa
previsión, existiría el riesgo cierto de implicar una
intrusión en la vida privada de las personas y en su
intimidad. Ese nexo impide semejante intrusión. La segunda es
el carácter necesario de esa información, para los fines que
persigue la propia comisión, apreciado por ella. Se requiere,
en definitiva, una relación directa que justifique el acceso a
los datos, una solicitud precisa y no una cuestión genérica o
abstracta.
Con esta normativa se realiza el primero y, en opinión del
Gobierno, el único paso que se puede articular por vía de
urgencia para facilitar datos, para facilitar el trabajo a las
comisiones de investigación.
La regulación amplia de esta misma materia mediante la
modificación, a su vez, de la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de
mayo, de comparecencias ante las comisiones de investigación
del Congreso y del Senado, es una labor de preparación
legislativa que no puede hacerse, obviamente, en el marco de
un real
decreto-ley, y que próximamente será presentado a la Cámara
por el Gobierno mediante el correspondiente proyecto de ley
orgánica, modificativa de la mencionada 5/1984.
Señorías, este Real Decreto-ley, para el que se solicita ahora
su convalidación, es, o quizá mejor habría que decir debiera
ser, una buena noticia para todos, porque han prevalecido la
razón, los derechos de la persona, la ley sobre la coyuntura
política. Cuando la ley, cuando la razón cede a la pasión, la
justicia puede tener la tentación de trasladar su sede de la
ley a la calle. Señorías, todos estamos obligados a evitar la
ley de la pasión, es un deber para todos consolidar en este
país la pasión por la ley, la pasión por el principio de
legalidad. En todo caso, ese y no otro es el profundo sentido
del Ministerio de Justicia e Interior recién creado. Ese es
nuestro trabajo y nuestra responsabilidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Para fijar nuestra posición favorable a la convalidación de
este Real Decreto-ley que ha presentado el señor Ministro de
Justicia e Interior.
Nosotros estuvimos de acuerdo, hace ya un par de semanas, con
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
que instaba al Gobierno a regular el acceso, por parte de
comisiones parlamentarias de investigación, de materias que no
estaban a su alcance, como las que ha señalado acertadamente
el señor
Ministro. De acuerdo con aquella posición de nuestro Grupo, en
coherencia con los argumentos que avalaron nuestro voto, hoy
también vamos a convalidar este Real Decreto-ley sabiendo que
es un paso adelante en favor de las comisiones de
investigación parlamentaria de esta Cámara, como anteayer lo
fue la toma en consideración de la apertura de las comisiones
de investigación a la luz de la sociedad.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señorías, intervengo
para anunciar el voto favorable del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al
Real Decreto-ley que ha presentado el Ministro de Justicia e
Interior. En la Comisión solicitamos datos y documentos que se
nos negaron en algunas entidades bancarias y financieras;
otras, sin embargo, enviaron los movimientos de las cuenta
bancarias del señor Roldán. Se volvieron a solicitar después
de la aprobación por el Consejo de Ministros de este Real
Decreto que hoy debatimos y prácticamente en este momento han
llegado ya todos los datos solicitados.
La sociedad española no entendía cómo un inspector de Hacienda
o un agente del poder judicial accedían, en cumplimiento de
sus tareas y responsabilidades, a los datos bancarios y una
Comisión de Investigación Parlamentaria no podía hacerlo. Eso
no se entendía por la sociedad española. Y no era un problema
de coyuntura o de crispación, sino un problema de sensatez, de
sentido común. ¿Cómo es posible que el poder ejecutivo y el
poder judicial puedan acceder a determinados datos y que los
representantes del Parlamento no puedan hacerlo cuando aquí
reside la soberanía popular?
Se necesitaba un Decreto de estas características, que
nosotros saludamos como positivo y consideramos que es una
buena noticia para el trabajo parlamentario y para el
fortalecimiento de la democracia, con las cautelas que aquí se
plantean, que son las siguientes. Se trataba de remover
obstáculos para el mejor cumplimiento de nuestros trabajos;
los datos de la renta, de patrimonio y de las entidades
financieras en general, cuando se tratase de un cargo público
o fuese condición imprescindible para lograr el objetivo
concreto de la investigación emprendida, y en este caso se
trataba --coincidía-- del señor Roldán, un alto cargo público;
un nexo, un objetivo con lo investigado: el manejo de los
presupuestos, sus cuentas privadas, su patrimonio, sus
propiedades. Por tanto, se trataba de algo muy relacionado con
la necesidad de acceder en este campo concreto a estos datos.
Hay que respetar los derechos y las garantías de las personas
en un Estado de Derecho, donde deben imperar los derechos
constitucionales del investigado y de cualquier compareciente.
Digo esto porque se ha levantado una especie de campaña
claramente injusta y miserable diciendo que no se ha tratado
bien a los comparecientes, a los que --quiero informar a sus
señorías-- no sólo se les servía un zumo de naranja, un café y
unas galletas, sino que podían venir acompañados de su
letrado; (Rumores.) se les recordaba que la Comisión de
Investigación Parlamentaria no era un tribunal, que estaban
colaborando con el Parlamento, que a nadie se agredió y que a
todo el mundo se le respetó la plenitud de sus derechos.
(Continúan los rumores.) Otra cosa es que el Gobierno hoy esté
lamentando la creación de una Comisión que ha logrado
esclarecer muchas irregularidades en beneficio de la
democracia, de la propia Guardia Civil y de los que hoy
critican métodos claramente democráticos, parlamentarios y
constitucionales.
Muchas gracias,.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
La Comisión llamada «Roldán» comienza sus trabajos, señor
Ministro, el día 1 de marzo de este año. Debido a las
necesidades investigatorias de esta Comisión, se va poniendo
de manifiesto la necesidad de que documentación que ya
habíamos pedido el 9 de marzo, y que no llegaba, pudiera ser
remitida y esto tuviera alguna vía de solución.
Desde nuestro Grupo entendíamos que el artículo 111 de la Ley
General Tributaria no era de aplicación --ni lo es-- a lo que
son las declaraciones de renta y patrimonio. Pero yo no voy a
suscitar hoy aquí esa polémica, sí podría hacerlo, porque el
documento que mandan desde el Gobierno, desde el Ministerio de
Justicia, tiene fecha 22 de abril, y, curiosamente, al
hablar --y le ruego que la lea luego-- de la excepción del
número 6, dice: Los datos, informes o antecedentes obtenidos
por la
Administración Tributaria..., sólo podrán utilizarse para los
fines de ella. Se trata lo siguiente: Conforme a lo dispuesto
en el artículo 1.º, que son sólo los datos obtenidos por los
bancos o por los profesionales de la fe pública o cualquier
otro. Pero no es ánimo polémico el que me trae hoy aquí, sino
simplemente poner las cosas en su sitio. Y poner las cosas en
su sitio quiere decir, como ha dicho el señor Romero, que
hemos encontrado dificultades.
Una dificultad es que, a una petición de documentación del día
9 de marzo, se contesta por el Gobierno el 22 de abril. Sólo
dos meses después, no son muchos, pero son muchos cuando una
comisión tiene de vida tres meses y se quiere acabar dentro de
plazo y a uña de caballo.
Señor Ministro, el día 5 de abril, en una reunión de trabajo,
que, por tanto, no es secreta, este Diputado le dijo a la
Comisión que pidiéramos al Gobierno que, con toda urgencia,
mande un decreto-ley que sea de aplicación y que derogue los
efectos del artículo 111 al objeto de que se pueda investigar.
En la Comisión, y en la transcripción, que es lo que tengo
aquí, no se me hizo caso. Hubiéramos andado bastante tiempo,
hubiera sido una iniciativa que ni siquiera hubiera necesitado
de lo que ha habido, que ha sido, posteriormente, una
resolución de la Cámara en los debates sobre el estado de la
Nación, que, curiosamente, es de fecha 20 y el Grupo
Socialista el día 26 se arroga la paternidad de eso
y con una proposición no de ley le dice al Gobierno que haga
lo que había acordado la Cámara en su conjunto tan sólo seis
días antes.
Pero, pasando de ahí, yo quisiera centrarme en algo que es
importante y que S.S. aludía. Quiero referirme al principio de
legalidad y por ello, señor Presidente, pedir, desde ya, que
se tramite este decreto-ley como ley para que podamos
enmendarla y, sobre todo, para que podamos hacer con esta ley
lo que hay que hacer para que cumpla, a nuestro juicio, el
principio de legalidad que hoy no lo cumple. Porque en pocas
ocasiones se ha encontrado esta Cámara, a la hora de legislar,
en una situación tan paradójica como la que nos plantea la
ampliacion de los poderes de las comisiones de investigación,
que el decreto-ley, que el señor Ministro ha presentado,
pretende. Paradójica porque, de una parte, es apremiante el
interés de alguna de las
comisiones de investigación, como hemos dicho en esta Cámara,
para acceder a determinados datos patrimoniales de los sujetos
de investigación en aras de clarificar los hechos y de depurar
las consiguientes responsabilidades políticas que de ello se
deducen, y que es la misión que el Pleno le encomendó a la
Comisión, y, de otra parte, ello ha de hacerse con la
prudencia que requiere el tratamiento de toda incidencia en
los ámbitos de la privacidad de los ciudadanos. Eso es lo que
explica que su compañero de Gobierno, el señor Ministro de la
Presidencia, criticara la posición de mi Partido que yo me
honro hoy defender. No nos entendió lo que queríamos decir. Yo
espero que hoy usted, experto en justicia y juez, entienda lo
que decimos, porque lo que queremos es que esta ley sea una
ley que merezca el respeto de todos y también de los jueces.
No es ningún miedo, ni nada que ocultar teníamos, sino la
difícil conjugación de la prudencia que ha de acompañar a las
normas de carácter general, con el afán de conseguir el máximo
de claridad sobre los asuntos que estamos investigando. Un
equilibrio que nos lleva a votar favorablemente --ya se lo
adelantamos-- la convalidación de un decreto-ley, que, en
puridad, debería ser ley, y a proponer su convalidación como
tal y la adición de algunas enmiendas en el trámite posterior.
Este Decreto-ley debe ser tramitado como ley ordinaria, tanto
por las materias a las que afecta cuanto por la homogeneidad
del cuerpo normativo en el que se integra. No he de recordar a
la Cámara que el deber de comparecer ante las comisiones de
investigación del Congreso se articula en nuestro Derecho por
una ley y, además, una ley de carácter orgánico.
Pero, con ser eso ya un indicio de la debida homogeneidad
formal de la norma que se nos presenta, es, sin duda, su
contenido el que exige indubitadamente su tramitación como
ley.
La ampliación de deberes adicionales que afectan a ámbitos que
normalmente en la vida ciudadana están cubiertos por la
privacidad, como es el acceso a las cuentas y datos de quienes
han desarrollado un cargo público, es materia conexa con
algunos derechos fundamentales que merecen, por tanto, su
regulación en forma de ley. Incluso aunque esta obligación se
presente en el texto de la norma como una vinculación directa
para las entidades que pudieran tener tales datos y sólo
indirectamente para los particulares que confiaran los datos a
tales entidades, porque, al final, se está creando una nueva
forma de vinculación de la actividad patrimonial de los cargos
públicos con las comisiones de investigación que sólo puede
ser afrontada por una ley, entendemos, formal. La forma de
decreto-ley es verdad que ha venido a resolver --y lo
comprendemos, lo aceptamos, y así lo pedimos incluso en la
Comisión--, de forma más rápida la urgente necesidad que
tenían y tienen algunas comisiones de investigación de esta
Cámara para acceder a datos patrimoniales de quienes han
ejercitado cargos públicos; pero esa urgente necesidad debe
ser asumida por el legislador ordinario para quitar a la norma
su excepcionalidad y darle carácter de estabilidad y de
garantía permanente de las competencias de las comisiones y
del nuevo vínculo que se establece con ellas de los ciudadanos
que han desempeñado cargos públicos y de las entidades que
tengan en su custodia datos, informes, antecedentes o
documentos.
Su tramitación como ley permitirá, además, a nuestro grupo,
enmendar adecuadamente la normativa que hoy se convalida;
enmendarla para adicionar, para sumar junto a los altos
cargos, aquellos particulares que, vinculados con los altos
cargos objeto de eventual investigación por relación familiar
o análoga relación de afectividad, puedan haber sido
utilizados como testaferros próximos para ocultar lo
ilícitamente obtenido por el alto cargo durante el ejercicio
del mismo.
No es éste un caso de laboratorio ni una mera hipótesis, es un
aspecto real y tan reciente en el ánimo de todos que no quiero
tener que recurrir en este trámite legislativo a la cita de
los nombres de personas que han utilizado así a sus familiares
y que, si no se acepta esta adición que proponemos, podría
conseguir de esta forma burlar el objetivo de este decreto-ley
poniendo el patrimonio de sus familiares y su privacidad como
escudo de sus abusos. Es decir, hay que poder investigar a
quienes son conexos con el investigado, pero eso hay que
hacerlo con las debidas garantías, y de esas vamos a hablar.
Naturalmente que al no estar esos terceros sujetos al especial
vínculo que une al que desempeñe o ha desempeñado un cargo
público con la investigación parlamentaria, será razonable que
para el acceso a las cuentas de tales terceros o familiares
tenga que mediar, señor Ministro de Justicia y de Interior, la
autorización judicial correspondiente. Ahí es donde lo
decíamos y ahí es donde nos tergiversó, y no digo más, el
señor Ministro de la Presidencia cuando dijo que teníamos
miedo. Miedo a nada; lo que queremos es hacer las cosas bien.
Hay que investigar a los altos cargos, a los que lo han sido,
pero también hay que investigar a ciudadanos que nada tienen
que ver con nosotros, y al decir nosotros el Grupo Popular
también quiere incluir en esta normativa a los diputados, a
los que lo han sido, a los que lo somos, y a los senadores, a
los que lo han sido y a los que lo son ahora, porque
entendemos que también tenemos que tener un trato distinto, no
igual al de los ciudadanos, en estas comisiones de
investigación. Por tanto, este decreto-ley, permítanme, viene
cojo, hay que adicionarlo, hay que tramitarlo como Ley.
Con estas precisiones, que nos gustaría ver ya asumidas por el
grupo mayoritario de la Cámara como un compromiso de la
mayoría, vamos a dar nuestro apoyo a la convalidación del
decreto-ley, un decreto-ley que viene a colmar una laguna por
impulso de quienes hemos decidido desarrollar la labor de
investigación que nos encomendó el Pleno, y hacerlo con la
seriedad y el rigor, con la eficacia que el propio encargo del
Pleno del Congreso nos merece. Al empujar ese adelanto en los
trabajos de investigación de una comisión hemos conseguido, no
sólo luchar contra la corrupción, sino al tiempo, como hoy se
demuestra, luchar por el derecho y por la eficacia de la Ley.
Tomen buena nota quienes durante tantos años han negado la
eficacia de las comisiones de investigación y han cerrado con
su mayoría la posibilidad de su creación. Las comisiones de
investigación son necesarias a la función de control que la
Constitución da a los diputados, también a los del grupo del
Gobierno, y evidentemente necesitan de instrumentos. Hasta
ahora ustedes negaron las comisiones y también los
instrumentos. Hoy las comisiones están vigentes, esperemos que
los instrumentos sean los debidos. Con ello cuenta el Grupo
Popular y ustedes cuentan con nuestro voto y esperamos que se
tramite como ley este Decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, mi grupo
también se felicita hoy por la convalidación de este Real
Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, en cuya virtud se regula
la obligación de comunicación de determinados datos a
requerimiento de las comisiones parlamentarias de
investigación. Creemos que es una pieza clave para que el
Parlamento cumpla su función de control, y es, asimismo, una
medida cualitativamente
trascendental en la lucha contra la corrupción.
En los últimos años hemos discutido en esta Cámara sobre
supuestos en los que procede políticamente la creación de una
comisión de investigación. Hemos discutido criterios sobre
cómo debe constituirse una comisión de investigación, si a
iniciativas de una minoría de la Cámara o por acuerdo
mayoritario de esta Cámara; pero si somos sinceros, desde 1977
en esta Cámara ningún grupo, y sobre todo los grupos
conservadores, planteó la
ampliación competencial de las comisiones de investigación.
Fue mi grupo parlamentario, ya en 1979, quien planteó más
instrumentos para las comisiones de investigación. En 1984
esta Cámara, por iniciativa del Gobierno socialista, da un
paso cualitativo reforzando las competencias de las comisiones
de investigación, convirtiendo en delito el incumplimiento de
la obligación de comparecer ante las mismas, a través de la
Ley 5/1989, de 24 de mayo, que regulaba las comparecencias
ante las comisiones de investigación.
En los últimos años hemos impulsado, asimismo, medidas
importantes de control y prevención de la corrupción:
legislación electoral, regulación de las incompatibilidades de
Diputados y Senadores. Por cierto, cuando en este país
gobernaban los representantes del centro-derecha, se producía
la paradoja de que una misma persona podía cobrar incluso
hasta cinco ingresos o cinco sueldos procedentes de la función
pública. No había obligación de declarar, no había
transparencia y control
patrimonial de aquellos que representaban funciones de
responsabilidad política. Qué decir de la regulación de las
incompatibilidades o de la legislación de altos cargos, de la
incriminación, en 1991, en coincidencia con el sentir de toda
la Cámara, de nuevos tipos delictivos, como el tráfico de
influencias o como el tráfico de información privilegiada. Por
imperativo de esta Cámara se han producido en los últimos
tiempos importantes resoluciones parlamentarias, una de ellas
la derivada del debate del estado de la nación, propuesta en
la que, a iniciativa de mi grupo, la Cámara acuerda potenciar
el papel y las competencias de las comisiones especiales de
estudio y de las comisiones de investigación, eliminando los
obstáculos que impidan acceder a la información que éstas
precisen. También la proposición no de ley a iniciativa de mi
grupo, de la que se da cumplimiento a través de este Real
decreto-ley, reforzando los ámbitos competenciales de las
comisiones de investigación y, sin perjuicio de la anterior,
también la necesidad de reformar el Reglamento.
Efectivamente, señorías, el sistema ofrecía límites, límites
derivados de la aplicación del principio de legalidad, límites
derivados del artículo 111 de la Ley General Tributaria. Los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la administración
tributaria sólo pueden utilizarse para los fines tributarios
encomendados al Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos
de delito. Si algo ponen de manifiesto los acuerdos
parlamentarios, tanto del debate del estado de la nación, como
a través de la aprobación de la proposición no de ley, o a
través de este Real Decreto-ley que hoy convalidamos,
es que el marco legal existente hacía que las comisiones de
investigación no pudieran acceder a determinados datos
derivados de las cuentas corrientes, del patrimonio, o de la
declaración de la renta de las personas que fueren objeto de
investigación política. Por tanto, era aplicación del
principio de legalidad y no obstaculización, como algún
interviniente ha querido ratificar o afirmar en esta tribuna.
Ha sido aplicación del principio de legalidad y nosotros
estamos cumpliendo, también, en aplicación de ese principio de
legalidad, una iniciativa que intenta remover esos obstáculos,
porque esos límites se derivaban de la Ley General Tributaria
y de una ordenación económica que subyace en el marco que
regula todo lo concerniente al mercado financiero.
Pero secreto bancario, derecho a la intimidad, no son, como
muy bien dice la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional en la sentencia 110/84, derechos ilimitados, no
existen derechos ilimitados aun admitiendo como hipótesis que
el movimiento de cuentas bancarias esté cubierto por el
derecho a la intimidad. Este --dice el Tribunal
Constitucional-- tiene sus límites por la necesidad de
proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales,
sino también otros bienes constitucionalmente protegidos. La
Ley puede autorizar intromisiones por imperativos de interés
público que son los supuestos que nos ocupan con la regulación
tasada y concreta que se hace a través de este Real Decreto-
ley. Pero, señorías, entramos en una esfera que, como muy bien
indica la jurisprudencia constitucional, tiene conexión con el
derecho a la intimidad, derecho a la intimidad que no es
ilimitado. Que esta Cámara remueva determinados obstáculos
ampliando la competencia de las comisiones de investigación
nos lleva necesariamente a reforzar nuestro compromiso de
responsabilidad política en el funcionamiento de esta Cámara,
nos lleva a reforzar también los mecanismos de secreto en
relación a estos documentos que sí afectan, entran y están en
clara conexión con el derecho a la intimidad. El conocimiento
de las cuentas corrientes, dice nuestro Tribunal
Constitucional, puede ser necesario para proteger un bien
constitucionalmente protegido que es la distribución
equitativa del sostenimiento de los gastos públicos, por razón
de interés general, por razón de interés público, pero debe
darse un deber de sigilo porque el secreto bancario no puede
tener otro fundamento que el derecho a la intimidad del
cliente y la intimidad del cliente, como derecho ilimitado que
cede ante el interés general o el interés público, debe ser
contemplado con una especial responsabilidad por parte de esta
Cámara.
El contenido de este Real Decreto-ley nos parece satisfactorio
porque tasa claramente los supuestos en que debe aplicarse y
porque amplía el ámbito competencial de las comisiones de
investigación. En aplicación de este Real Decreto-ley las
comisiones que están sustituidas en esta Cámara, la Comisión
de investigación que estudia la gestión del ex Director
General de la Guardia Civil ya tiene, ya ha recibido
documentación
importante que le permite llegar a conclusiones en lo que será
el dictamen que va a ser sometido al Pleno y a la
consideración del Congreso. Esto demuestra, señorías que no ha
habido
obstruccionismo, sino aplicación del principio de Legalidad.
No ha habido, como se ha dicho por un interviniente, una
propuesta de que el secreto bancario o el acceso a los datos
patrimoniales se regulará a través de un Real Decreto-ley
propuesto en la Comisión llamada Roldán; ha habido una
expresión en ese sentido que luego no se formalizó por ningún
grupo parlamentario, el único grupo parlamentario con el apoyo
de otros que lo formalizan es el Grupo Parlamentario
Socialista en el debate del Estado de la nación y en el debate
de la proposición no de ley, de 26 de abril del presente año.
No obstante, por cuanto que desarrolla un mandato
parlamentario, creemos importante que este Decreto-ley se
tramite como proyecto de ley, para poder ser enriquecido y
mejorado, para dar también una garantía a los ciudadanos de
que se va a preservar y de que por esta Cámara se va a hacer
un uso legítimo, tasado, estricto y con respeto escrupuloso a
los derechos derivados de la
Constitución española.
Debe ser, por tanto, enriquecido a través del impulso y de la
tramitación parlamentaria.
Creemos, señor Presidente, señorías, que estamos ante un paso
irreversible. Aquí no va a pasar, señor Ramallo, como en
Galicia o como en algunos ayuntamientos, que cuando la derecha
llega deroga las medidas o reglamentos de transparencia en el
funcionamiento de las instituciones. (Rumores y protestas en
los bancos del Grupo Popular.) Esto va a ser irreversible pero
va a ser irreversible fundamentalmente, señor Presidente,
señorías, porque la derecha no va a llegar a gobernar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--Rumores y protestas en los bancos del Grupo
Popular.--El señor Ramallo García, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, por una alusión muy
directa a mi persona (Varios señores diputados: ¡No!) y a mi
partido. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La Presidencia ha concedido la palabra al señor Ramallo para
que conteste a la alusión directa que ha hecho el señor Cuesta
y a estos solos efectos tiene la palabra para un breve turno.
El señor RAMALLO GARCIA: No se a qué viene la alusión; nadie
ha dicho absolutamente nada que tuviera que ver con lo que ha
expresado. Su especialidad es salirse del tema para atacar a
mi grupo y, mire señor Cuesta, en diez años ustedes han
modificado la legislación de España para que sea posible la
corrupción que hay ahora, ¿quiere más? (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.--Rumores y protestas en los bancos del
Grupo Socialista.--El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
En la palabra por alusiones no hay debate. Se concede la
palabra al aludido sin ulterior debate. (El señor García-
Arreciado Batanero pronuncia palabras que no se perciben.--
Rumores.)
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, por el artículo
73.1 del Reglamento. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, he concedido la palabra al
señor Ramallo por alusiones, que es lo que ha hecho S.S.,
aludir al señor Ramallo, y en el turno por alusiones, señor
Cuesta no hay debate posterior. (Rumores.)
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación
de comunicación de determinados datos a requerimiento de las
Comisiones Parlamentarias de Investigación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 298.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 129; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley.
EXCLUSION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
El seño PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.1 del Reglamento y a petición de todos los grupos
de la Cámara, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del
orden del día de la presente sesión del debate de totalidad
del Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de España,
Francia, Marruecos, Portugal y la Comunidad Económica Europea
para la protección de las Costas y de las Aguas del Atlántico
del Nordeste contra la polución.
¿Aprueba la Cámara esta modificación? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--AL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN
JURIDICO DE LA UTILIZACION CONFINADA, LIBERACION VOLUNTARIA Y
COMERCIALIZACION DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE, A
FIN DE PREVENIR LOS POSIBLES RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AL
MEDIO AMBIENTE (Número de expediente 121/000019)
--AL PROYECTO DE LEY DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA (Número
de expediente 121/000021)
--AL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL (Número de expediente 121/000033)
--A LA PROPOSICION DE LEY SOBRE MODIFICACION DE LOS ASPECTOS
ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y
ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS (Número de expediente
125/000008)
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Enmiendas del
Senado.
Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto
número 34. (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto
número 35. (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto
número 36. (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto
número 37. (Pausa.)
Vamos a proceder a la fijación de posición de los grupos que
lo han solicitado, en relación con las enmiendas del Senado a
estos proyectos de ley y una vez concluidas las fijaciones de
posición, procederemos a las votaciones correspondientes. (El
señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, por
inadvertencia quizá no haya tomado S.S. nota de que mi grupo
también quiere intervenir en el punto 35.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se
establece el régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles
riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Esta ley que nos ocupa llega oportunamente a esta Cámara como
trasposición de normativas de la Unión Europea, con el objeto
de regular una actividad que tiene una creciente importancia
y, hoy por hoy, consecuencias difíciles de prever y evaluar.
Las enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presentó al proyecto de ley iban dirigidas a intensificar las
cautelas, las medidas de seguridad, la agilidad en la
intervención por parte de la Administración, y pretendían
evitar la dispersión de competencias. La enmienda más
importante que presentaba Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, desde nuestro punto de vista, y que no ha sido
aceptada, pretendía elevar el rango del organismo de
coordinación y control,
haciéndolo dependiente directamente del Parlamento español, a
imagen y semejanza del Consejo de Seguridad Nuclear, por
ejemplo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) El objetivo perseguido era que las competencias
de las diferentes administraciones estuvieran coordinadas y
subordinadas a una autoridad única con capacidad de
intervención rápida y ágil. Insistimos en que esta ley regula
aspectos en gran parte
insuficientemente conocidos, por lo que será preciso observar
muy atentamente su adecuación práctica a los objetivos que
pretende conseguir, evitando, en la medida de lo posible, que,
como, por desgracia ocurre con cierta frecuencia, sean los
desastres que puedan producirse los que obliguen «a
posteriori» a modificar las normativas.
A pesar de todo esto, señor Presidente, mi grupo va a votar
favorablemente este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor
Presidente.
Señorías, tengo el honor de subir a la tribuna para expresar
la posición del Grupo Popular en un proyecto de ley por el que
se establece el régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, a fin de prevenir riesgos para la
salud humana y para el medio ambiente.
Señorías, este proyecto de ley emana de dos Directivas del
Consejo de las Comunidades Europeas, la 90/219, de 23 de abril
de 1990, relativa a la utilización confinada de
microorganismos modificados genéticamente, y la 90/220, del
mismo día, sobre liberación intencional en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente. Este proyecto de ley,
señorías, es una síntesis de dos normativas, y esta síntesis,
este mezclar churras con merinas, valga la expresión, mezclar
organismos con
microorganismos, ha propiciado que en una ley tan corta se
haya formado cierta confusión que haya merecido la
presentación de tantas enmiendas --62 en el Congreso y 85 en
el Senado--, por cierto, ninguna del Grupo Socialista, que se
ha limitado a admitir un texto discutiblemente traducido y
deficientemente refundido, en el que hay lagunas graves.
La trascendencia de esta ley es palpable. Señorías, la
tecnología genética en el mundo actual tiene mucho que ofrecer
en campos tan variados como la industria o la agricultura,
pero no debemos ignorar los serios riesgos potenciales de
estas técnicas, por ejemplo la del ADN recombinante. Quiero
traer a esta Cámara las palabras nada más y nada menos que de
Alan E. H. Emery y de Robert F. Mueller cuando nos alertan
sobre el control de estas técnicas, por ejemplo, en la
producción de cadenas microbianas que contrarrestan los
vertidos de crudo y los desechos plásticos que tanto se
reclamaron en la Guerra del Golfo, sin considerar las serias
consecuencias potenciales que irían acompañando a esta
tentativa. Si las cadenas microbianas obtenidas escapasen,
causarían más problemas de los que solucionarían.
Señorías, estos temas, hoy por hoy, tienen y no lo neguemos,
más consecuencias teóricas que prácticas, y esto nos
salvaguarda temporalmente. No obstante, el interés
considerable que estos temas suscitan hace que autoridades
tales como el Consejo para la Manipulación Genética, de Gran
Bretaña, y el Instituto Nacional de la Salud, en Estados
Unidos, hayan marcado unas pautas muy estrictas para la
investigación en este campo. Sin embargo, se trata sólo de
unas pautas que a veces no se cumplen, y en atención a ello se
proponen técnicas para minimizar los riesgos biológicos en
cuanto a contenedores físicos y biológicos. A ello tienden los
países más avanzados y España debería tender también.
En estos casos, el objetivo es asegurarse de que los
microorganismos no salen del laboratorio y se clasifican desde
el C-1, contención mínima, al C-4, contención máxima, en
atención a las técnicas que se estén utilizando. Este tipo de
contención es el que se utiliza en los laboratorios
relacionados nada más y nada menos que con la guerra
bacteriológica, como resulta en el Proton Down, de Gran
Bretaña, y en el Camp Detrick, de
los Estados Unidos. Señorías, estamos aprobando una ley que
implica la seguridad nacional. Así, se han establecido también
en otros países grandes medidas de seguridad. Nuestro grupo
observa en esta ley lo que podríamos llamar frivolidad a la
hora de clasificar organismos de alto riesgo y de bajo riesgo
según quién los utilice, sin tan siquiera respetar la
clasificación que a este efecto se hace en la directiva
comunitaria como grupo uno y grupo dos, mucho más explícita en
los anexos 2 y 4, respectivamente, de la directiva 90/219, de
23 de abril. Las aclaraciones en este tipo de materias no
sobran nunca. Algunas enmiendas nuestras fueron admitidas en
Ponencia, mejorando considerablemente el texto en materias
tales como responsabilidad del usuario y precisando términos
en lo que a veces sólo era dar consejos. En esta materia las
leyes, señorías, no se pueden limitar solamente a dar
consejos. No nos parecen correctos algunos controles
propuestos y echamos en falta otros en una materia tan
delicada.
Por otra parte, señorías, como esta ley deberá ser utilizada
en muchos casos por profanos en la materia y estas materias
son muy complejas, nosotros notamos la falta de una mayor
flexibilidad en la admisión de algunas enmiendas porque, al
ser una ley eminentemente técnica, cualquier matiz y
aclaración facilitaría su aplicación. En atención a esto,
nuestro Grupo hubiera deseado una mención de exclusión expresa
sobre el ser humano para evitar malentendidos, porque aunque
queda explícita de manera clara y detallada en el anexo de la
Directiva comunitaria 90/219, letra e, 117/7, este anexo no se
incorpora de manera clara en el texto para el profano, aunque
sí lo advierte el experto a lo largo de toda la ley. Pero
desgraciadamente, y por supuesto porque no es necesario, los
jueces y los abogados desconocen en su mayoría estas materias
y una mayor claridad es siempre deseable. Nosotros la echamos
de menos en esta ley.
Señorías, no entendemos el empecinamiento en no admitir
enmiendas como la relativa a la confidencialidad. La
confidencialidad en estos temas es fundamental, ustedes sabrán
por qué, pero estamos hablando de confidencialidad industrial,
de confidencialidad en la investigación, de no abrir
expectativas ante investigaciones médicas que nunca son
deseables y en último caso de seguridad nacional.
Esta normativa, dictada en abril de 1990, establecía en su
artículo 23 que los Estados miembros aplicarían estas
disposiciones legales reglamentarias y administrativas antes
del 23 de octubre de 1991 e informarían de las disposiciones
legales que se adoptaran a la Comunidad Europea. El Gobierno
nos la envía con cuatro años de retraso. ¡Ha llovido, ha
llovido y bien! Ya veremos para cuándo y cómo salen los
reglamentos. Señorías, no podemos no sólo perder una vez más
el tren de la historia, sino el tren de la ciencia y el del
desarrollo. El Gobierno tiene su responsabilidad en esto.
De otra parte, vemos que las normas emanadas de esta directiva
están destinadas a evitar riesgos. Cito textualmente la
directiva: Los microorganismos pueden reproducirse y
extenderse atravesando fronteras nacionales y afectando a
otros Estados miembros. Y sigo con la cita textual: Resulta
necesario
establecer medidas comunes para la evaluación y reducción de
los riesgos potenciales. El apartarnos del espíritu de las
directivas comunitarias traspasando competencias a comunidades
autónomas sin valorar sus recursos científicos en materias tan
graves que dependen de la Administración general del Estado,
según la norma comunitaria y que consta en la misma exposición
de motivos de la ley, nos parece cuando menos una ligereza o
el pago del peaje del extraño matrimonio que mantienen ustedes
con sus socios. Yo quiero advertir desde esta Cámara, que
representa a todos los ciudadanos, la alta responsabilidad que
contrae el Gobierno socialista con ello. Espero, por el bien y
la salud de España, que no tengamos que lamentarnos de
accidentes derivados de esa ligereza y de esas incompetencias.
En resumen, esta ley sale tarde, sale confusa y llena de
imprecisiones, pero España no puede perder una vez más el tren
del desarrollo científico y necesita con urgencia un marco
jurídico que no tenemos en esta materia en los primeros
albores del siglo XXI. Por ello vamos a votar favorablemente
este proyecto de ley, con el ánimo de que en el futuro
inmediato el gobierno del Partido Popular tendrá que mejorarla
y a ello dedicaremos nuestro mejor esfuerzo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández de Capel.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Palacios.
El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a ser muy breve porque, en definitiva, se trata
de mostrar la satisfacción por el hecho de que llegue a esta
Cámara una ley consecuencia de la trasposición de dos
directivas aquí citadas. Quiero destacar la importancia de
esta ley y poner de manifiesto que se ha llegado a un punto de
encuentro, en los trabajos previos realizados en comisiones y
también en el Senado, que tiene que llenarnos de satisfacción
a todos porque muestra el esfuerzo y la voluntad de llevar los
proyectos al mejor cauce y con las menores discrepancias.
Señor Presidente, esta es una ley verdaderamente importante.
Sin duda alguna, algunos temores de los que aquí se han
manifestado no se corresponden con la realidad. El artículo 26
de la nueva ley hace referencia a las cautelas de
cofidencialidad y, por otra parte, el artículo 30, en todos
sus términos, deja a las atribucionesy competencias del Estado
cuanto se refiere a la liberación,
comercialización y utilización confinada de estos
microorganismos manipulados genéticamente, aunque en
situaciones de urgencia o excepcionales, como afortunadamente
hemos llegado a una enmienda transaccional al artículo 30.4,
las comunidades autónomas juntamente con el Gobierno abordarán
las medidas oportunas.
Señor Presidente, he de decir en nombre de mi Grupo --y con
ello termino-- que vamos a aceptar las enmiendas en los
términos en que vienen del Senado, pero vamos a enmendar al
enmendante in voce, si la Presidencia lo permite, en lo que
concierne fundamentalmente al título de la ley, enmendado en
el Senado en cuatro palabras en su parte final, puesto que
seguramente por los duendes de imprenta se ha dejado una
palabra perdida. Por tanto, el título de la ley termina
diciendo así: ... para la salud humana y para el medio
ambiente. Por otra parte, señor Presidente --y con esto
termino definitivamente--, quiero decir que salvo esta
enmienda transaccional al artículo 30.4, acordada por todos, y
las enmiendas al artículo 14 y a parte de la exposición de
motivos que vienen condicionadas por estanueva formulación,
las demás son enmiendas menores relativas a errores de signos
gráficos o a cambios de expresiones o a erratas que ya
salieron del Congreso hacia el Senado.
Señor Presidente, proponemos que si es posible se voten todas
las enmiendas, tal y como vienen del Senado, en bloque.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Palacios. Entiende la Presidencia que la indicación que hace
con respecto al título es una cuestión meramente técnica y de
redacción y los servicios de la Cámara la adecuarán.
Vamos a pasar al turno de intervenciones de los grupos
parlamentarios que han solicitado fijar posición con respecto
al proyecto de ley de autonomía del Banco de España.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
En este trámite parlamentario final sobre el proyecto de ley
de autonomía del Banco de España, voy a centrarme en tres
puntos relacionados con el debate y el trámite de enmiendas
(Rumores.), puesto que la opinión global sobre el proyecto de
ley ya ha sido...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Zabalía.
Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños,
por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que, puesto que nuestra opinión global sobre este
proyecto de ley ha sido suficientemente expuesta en Comisión y
en Pleno, me voy a centrar en tres aspectos a los que quiero
hacer
referencia. En primer lugar me referiré a un hecho que me
gustaría destacar y es que nuestro Grupo Parlamentario
presentó y defendió, entre otras, una enmienda que fue
aprobada en el trámite del Congreso, sobre los principios
generales,
correspondiente al artículo 7.º del capítulo II, que trata de
las finalidades y funciones del Banco de España. Dimos una
nueva redacción al número 2 de este artículo 7.º, con la sola
oposición del Grupo Socialista. Sin embargo, esta redacción ha
sido modificada en el trámite de Ponencia del Senado, foro en
el que no tiene participación nuestro Grupo Parlamentario, por
lo que al haber sido incorporada al texto remitido por el
Congreso al Senado nuestro Grupo, lógicamente, no presentó
enmienda alguna. Esta incorporación en la Ponencia y el no ser
discutida en Comisión han conseguido que se haya obviado la
enmienda de nuestro Grupo, aprobada en su día en esta Cámara.
Espero que SS.SS. retomen el acuerdo reflejado en el Pleno y
mantengan nuestro texto al número 2 del artículo 7.º
En segundo lugar, nuestra enmienda 14, que hace referencia a
la letra a) del artículo 9.º, sobre instrumentación de
política monetaria, fue debatida y aprobada por el Pleno del
Senado. Espero que se mantenga la postura de los grupos
parlamentarios que apoyaron esta enmienda nuestra.
En tercer lugar, quisiera destacar el hecho del rechazo
definitivo a la participación directa de los representantes de
las comunidades autónomas, con competencias en esta materia,
en los órganos de gobierno del Banco de España. Ni la
propuesta de la creación de un comité consultivo, con
representación
autonómica, ni la participación de representantes de la
comunidad autónoma en el consejo de gobierno y en la comisión
ejecutiva han sido posibles. Nos hemos quedados solos, como
siempre, en defender los derechos emanados de la Constitución
y los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, y
es que el
centralismo sigue estando demasiado arraigado en esta Cámara,
pero espero que algún día cambie.
Nada más. Señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Brevemente también quiero manifestar nuestra aceptación de las
enmiendas que ha introducido el Senado en este proyecto de
ley, con las siguientes observaciones.
En primer lugar, en cuanto al artículo 7.º y a la enmienda que
se incorpora al número 2, quiero manifestar que nuestro Grupo
ya se abstuvo en esta Cámara en la redacción que se dio por no
parecerle adecuada a lo que debe ser la interpretación
correcta de las directrices comunitarias. Tampoco nos parece
del todo acertada la redacción dada por el Senado, por lo cual
vamos a mantener nuestra posición de abstención en esa
corrección. La segunda observación va dirigida al artículo
9.º2.a), que hace referencia a la inmovilización de los fondos
que el Banco de España debe administrar para poder ejecutar
las funciones de su política monetaria. Nos parece que la
redacción que se plantea es más adecuada que la que habíamos
elaborado en el Congreso de los Diputados. Sí creemos que los
fondos inmovilizados deben materializarse en depósitos en el
Banco de España, pero también en otros instrumentos emitidos
en el sistema económico, y por eso nos parece acertada la
redacción que incorpora el Senado. En cuanto al número 3,
quiero hacer observar que ya expresamos nuestra duda sobre lo
que se dispone en dicho precepto, por cuanto se dice que el
Banco de España podrá decidir el uso de otros métodos
operativos de control monetario que considere adecuados, pero
no se dice cuáles. Se dice que estos métodos sólo podrán
imponer obligaciones a entidades o personas distintas de las
entidades de crédito cuando el Gobierno o el Ministerio de
Economía, por la vía de autorización reglamentaria, así lo
establecieran. Esos otros métodos no sabemos cuáles son y
tampoco sabemos cuáles serían esas obligaciones ni quién sería
el destinatario de las mismas. Una autorización tan genérica
creo que no es buena. Aunque entiendo cuál es el fondo de ese
precepto, creo que esta redacción no ha sido afortunada en
cuanto al propósito que persigue y que generará algunas dudas
interpretativas en su ejecución final.
Por último, señor Presidente, quiero expresar que este
proyecto de ley incorpora una novedad importante en cuanto que
se
introduce un mecanismo de gestión de los patrimonios del
gobernador y el subgobernador del Banco de España. Creo que es
una buena propuesta que se materializó en el Senado por
nuestro Grupo Parlamentario y que podía ser un buen precedente
para otras leyes el someter a un cierto control los
patrimonios de las personas que asuman responsabilidades al
frente de instituciones del Estado.
Con todo, señor Presidente, y manifestando que en otros
aspectos de naturaleza autonómica sí se han dado algunos pasos
importantes, aunque no se ha podido alcanzar una buena
interpretación de lo que sería una mejor adecuación de los
órganos de gobierno del Banco de España a la estructura del
Estado, nuestro Grupo, señor Presidente, va a votar a favor de
las demás enmiendas.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida el señor Andreu tiene la
palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
En términos generales mi Grupo Parlamentario aceptará las
enmiendas que se han aprobado en el Senado, y digo en términos
generales porque aceptaremos todas ellas excepto la que se
refiere al artículo 9.2.a).
Creemos que en el Senado se han producido mejoras importantes
en este proyecto de ley, fundamentalmente la que se refiere al
artículo 7.2, en el cual se liga de una forma menos
evanescente de lo que se produjo en el proyecto de ley tal y
como salió de esta Cámara la relación entre el Gobierno y el
Banco de España. Aun cuando la redacción no regula cómo debe
ser el apoyo que el Banco de España debe prestar a la política
económica del
Gobierno, al menos se reconoce claramente la relación que debe
existir entre ellos y el claro apoyo a esa política económica
que, entre otras cosas, consideramos que es prácticamente de
sentido común.
Debemos felicitarnos porque se regulen de una forma más
taxativa las incompatibilidades de los cargos del Banco de
España y muy fundamentalmente las posibilidades de inversión
en Bolsa que tengan el gobernador y los diferentes cargos.
Este hecho es de desgraciada actualidad. Probablemente, si
hubiera existido en su momento una ley en la que se regulara
la naturaleza de este tipo de relaciones, no nos
encontraríamos con casos como el que tenemos actualmente del
Gobernador del Banco de España y sus actuaciones en Bolsa.
En resumen, consideramos que el conjunto de las enmiendas va a
significar una mejora importante del proyecto de ley, por lo
que lo votaremos a favor, excepto la enmienda que hemos
anunciado al artículo 9.2, según la cual los fondos
inmovilizados no tendrían que ubicarse en el Banco de España y
que nosotros consideramos que es un hecho que hace perder la
razón de ser a los fondos inmovilizados, que votaremos en
contra. Repito que consideramos en términos generales que sale
mejorado el proyecto de ley tal y como ha venido del Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular el señor Martín Villa tiene la palabra.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, nuestro Grupo va a
votar en su conjunto favorablemente las enmiendas aprobadas
por el Senado con dos excepciones, y lo hace así porque cree,
como han dicho representantes
de otros grupos parlamentarios, que el Senado ha mejorado, en
algunos aspectos de forma muy importante, el proyecto tal como
salió del Congreso. Votaremos en contra dos enmiendas del
Senado. Una a la que se ha referido el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, en relación con los principios generales
de actuación del Banco, en coherencia con lo que hicimos en
esta Cámara. También votaremos en contra la enmienda del
Senado al artículo 9.1, letra a), porque entendemos que el
Banco de España, y sólo él, debe instrumentar los medios
necesarios para drenar la liquidez del sistema.
Nos abstendremos en aspectos en los que ni nos gustaba la
redacción del dictamen aprobado por el Pleno de esta Cámara,
ni nos gustan las enmiendas planteadas por el Senado, y que se
refieren fundamentalmente a la supervisión de las entidades de
crédito. Hemos entendido y seguimos entendiendo que el Tratado
de la Unión Europea no obliga a que los bancos centrales sean
las autoridades de supervisión financiera. Nosotros no
intentábamos negar esa posibilidad al Banco de España, pero
entendíamos entonces y entendemos que algo ha cambiado en la
naturaleza jurídica y en la actuación del Banco con
posterioridad a esta ley y que, por tanto, algo debía cambiar
también los aspectos relacionados con la supervisión
financiera y por ello
prudentemente debiéramos ir a unos cambios en relación con la
situación actual.
Nos abstendremos también en la votación relativa a unos
aspectos que no afectan a la esencia de la autonomía del Banco
de España, pero que creemos supone una grave distorsión en la
organización administrativa del Estado. El consejo de
administración del Banco tiene un gobernador, un
subgobernador, unos consejeros y dos consejeros natos, que son
el Director del Tesoro y Política Financiera y el
Vicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores. Del
mismo modo que la ley, acertadamente, establece un sistema de
responsabilidades distintas para los consejeros natos del
resto de los miembros del consejo, no es aceptable para el
Grupo que, sin embargo, el sistema de retribuciones sea el
mismo. De ahora en adelante habrá un conjunto de directores
generales de la Administración del Estado cuyas retribuciones
serán señaladas en el marco de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y la Ley de Presupuestos y habrá
uno, el Director del Tesoro y Política Financiera, cuyo
sistema de retribuciones, extrañamente, será designado a
propuesta del consejo del Banco de España. Exactamente igual
ocurre con el Vicepresidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. El Vicepresidente de la Comisión es
Vicepresidente de la Comisión y sólo en virtud de eso es
consejero del Banco de España; el Director del Tesoro es
Director del Tesoro y en virtud de eso es consejero del Banco
de España. Se están trastocando los temas jurídicos y
administrativos, a nuestro juicio, en forma grave, no grave en
relación con la autonomía del Banco, pero sí en relación con
la organización de la Administración del Estado. Supongo que
habrá ocasiones en otras leyes, quizá en la próxima de
Presupuestos Generales del Estado, para resolver este error,
grave error, a nuestro juicio, tanto de esta Cámara como del
Senado.
En definitiva, señor Presidente, nosotros mostramos nuestra
satisfacción por que el Senado en sus enmiendas haya aceptado
nuestras propuestas en torno al control presupuestario del
Banco de España, tanto en la formulación del presupuesto como
en la aprobación del balance y muy especialmente en que las
Cámaras conozcan el balance concreto de operaciones
específicas que el Banco de España directamente o a través del
Fondo de Garantía de Depósitos pueda intervenir. En este
momento concreto, y según información del señor Ministro de
Economía y Hacienda, a los españoles la operación Banesto nos
puede costar del orden del presupuesto de tres o cuatro
departamentos ministeriales a los que hicimos referencia en el
debate del Congreso. Que esto pasara sin conocimiento de las
Cámaras, dsede luego, nos parecía un grave error que la
enmienda del Senado ha resuelto. Ha habido algunas
declaraciones --algunas se han atribuido al Gobernador del
Banco de España-- en el sentido de que este tipo de cosas
atentaba contra la autonomía. La autonomía es para la política
financiera, para la política monetaria, pero si la autonomía y
las decisiones no van acompañadas de un conocimiento y de una
censura por parte de las Cámaras es una autonomía sin
responsabilidades, puede ser una autonomía irresponsable, que
supongo que el Gobernador del Banco de España no pretende y
que nosotros no debemos tolerar.
En todo caso, saludamos muy positivamente esta mejora
sustancial que ha introducido el Senado con sus enmiendas, del
mismo modo que estamos de acuerdo con el portavoz del Grupo
Catalán
(Convergència i Unió) en la mejoría muy importante que supone
el sistema establecido de administración de los bienes
privados de los componentes del consejo del Banco de España.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
Villa.
Por el Grupo Socialista, el señor Hernández Moltó tiene la
palabra.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para reconocer también el trabajo realizado en el
Senado en este segundo trámite de aprobación de la Ley de
autonomía del Banco de España. Pensamosque se ha cumplido
fielmente la función encomendada al Senado. En cuanto
corresponde a la Ley que nos ocupa, es obvio que ha habido
mejoras tanto en el ámbito del control de la información, de
la coordinación económica, de la cuestión competencial como en
temas
de carácter administrativo y legal. Por tanto, nos tenemos que
felicitar por el trabajo realizado.
Obviamente, como consecuencia de este reconocimiento, nuestro
grupo va a apoyar todas las enmiendas que vienen del Senado a
excepción hecha de la referida al número 2.a) del artículo 9,
ya que entendemos que la redacción que se ha venido a dar a la
inmovilización de los fondos que mediante el establecimiento
de los coeficientes de caja podrá utilizar el Banco de España
no mejora el texto que se elaboró en el Congreso y puede
perturbar una de las funciones básicas que tiene el Banco de
España como autoridad monetaria de regular la base monetaria
del país y, en consecuencia, puede disminuir y debilitar esa
función imprescindible en la política monetaria. Consideramos
que el texto del Congreso, en el que se contempla la
obligatoriedad de materializar esos fondos inmovilizados en
depósitos en el Banco y la competencia exclusiva del Banco de
España en la emisión de instrumentos, refuerza mucho más ese
principio de autonomía y le añade eficacia.
Asimismo, no en términos de enmienda pero sí como referencia
aclaratoria, pensamos que habría que añadir--repito que no
pretendemos presentar una enmienda, pero sí lo señalo como una
necesidad de clarificación por lo que puede suponer de
contradicción en dos apartados de la ley-- una frase en la
enmienda introducida por el Senado en el número 2 del artículo
4, cuando hace referencia a la función que el consejo de
gobierno del Banco de España debe tener para aprobar los
presupuestos, ya que donde dice los presupuestos, al inicio
del artículo y en clara consonancia con el artículo 21.1.g) de
esa misma ley, tendría que hablar de la propuesta del
presupuesto de gastos, con lo que también estamos proponiendo
la conveniencia de reforzar la referencia al artículo 21
introduciendo lo que se señala en el número 1 g) para que no
haya dudas de lo que quiere decir el texto.
El artículo 30 es el único en el que no aparece
ningúnencabezamiento del texto. Nosotros consideramos que
habría que citar la referencia a la que hace mención el
artículo y debería estar encabezado de la siguiente manera:
Régimen
aplicable a los directores generales y al secretario. Con esta
propuesta pretendemos simplemente una mejora técnica del
texto. Estas serían nuestras aportaciones en cuanto a las
mejoras técnicas y en relación con las enmiendas. Sin embargo,
al margen de la pura intervención mecánica y administrativa,
creo que es una buena oportunidad para hacer una referencia y
felicitarnos por la aprobación definitiva de esta ley y el
momento en el que se hace. Un momento en el que el hecho de la
puesta en marcha de la autonomía del Banco de España para el
diseño y la ejecución de la política monetaria redundará
indiscutiblemente en un efecto positivo en la estabilidad de
precios del país. También será una aportación importante en la
decidida lucha del Gobierno contra el déficit público. En
definitiva, entendemos que es un paso más para mejorar ese
marco económico, ese marcolegislativo que permita la
consecución de una estabilidad económica y que, por tanto,
redunde en un mayor y mejor crecimiento económico. Con el paso
que hoy damos, sin duda alguna nos incorporamos a un club de
países en el que se ha producido una causa-efecto,
empíricamente constatada en los últimos años. Cada vez que se
ha dado un paso en este tipo de instituciones de bancos
centrales para la autonomía de la política monetaria,
indefectiblemente se ha producido también un impacto positivo
en la estabilidad económica, en la estabilidad en los precios
y en la disminución en el déficit público de esas
administraciones.
Estoy convencido de que este gesto que hoy hace el Parlamento,
este gesto que hoy culmina el proyecto del Gobierno, tendrá
una evidente lectura positiva, tanto en los mercados
interiores como en los mercados exteriores, en la medida en
que es un paso decisivo por la apuesta por un modelo de
política económica, por la apuesta también por la Unión
Europea, a cuyas puertas nos vemos para celebrar las próximas
elecciones.
Sería injusto concluir este debate sin que el Congreso de los
Diputados aprovechara una ocasión como ésta para (precisamente
siendo consciente del debate y de la situación que, en este
momento, tenemos en distintas actividades parlamentarias, una
de ellas una comisión de investigación que hace referencia a
antiguos cargos de ese Banco de España) a efectos desde luego,
del «Diario de Sesiones», pero también de conocimiento de la
opinión pública, en la votación definitiva, afirmar y
reafirmar el reconocimiento y la confianza que deposita en una
institución tan trascendental para la vida económica y
política española como es el Banco de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernández Moltó.
Las indicaciones que S.S. ha planteado, en la medida que sean
meras correcciones técnicas, serán tenidas en cuenta por los
servicios de la Cámara para efectuarlas.
Pasamos a la intervención de los diferentes grupos que han
solicitado fijar posición con respecto a las enmiendas del
Senado referidas al proyecto de ley por el que se regulan las
empresas de trabajo temporal.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Va a ser una intervención breve, desde el escaño, la que va a
hacer mi Grupo Parlamentario.
Este proyecto de ley ha quedado muy bien concebido, muy bien
configurado; es un proyecto de ley redondo. Algunas de sus
dificultades originarias han podido ser rectificadas, tanto en
su debate en el Congreso, como posteriormente en su debate en
el Senado y, particularmente, lo que constituyen los dos
bloques de enmiendas de mayor relevancia para mi Grupo
Parlamentario, señor Presidente.
En primer lugar, originariamente el proyecto de ley no
reconocía competencias autonómicas en relación a las
competencias administrativas, valga la redundancia,
importantes, prolijas, que se contienen en este texto sobre el
funcionamiento de las empresas de trabajo temporal. Estas
empresas son empresas que no funcionan de forma libre; su
sistema de constitución y de funcionamiento posterior es un
sistema de libertad tutelada, vigilada de forma muy extensa
por la Administración, y se atribuyen todas las competencias a
la Administración central del Estado, a la autoridad laboral,
ignorando las competencias de aquellas comunidades autónomas
que poseen título competencial en materia de ejecución de la
legislación laboral del Estado, y particularmente la de
Euskadi, que en el artículo 12 de su Estatuto de Autonomía
prevé específicamente esta competencia. Esto se ha podido
corregir en el debate en el Congreso. Las competencias en
materia de autorización administrativa, las relativas a la
constitución de las garantías financieras, las relativas al
registro público y constitutivo, las relativas a la remisión
de la información obligatoria, que estas empresas deben
remitir a la autoridad laboral, y las relativas a la potestad
disciplinaria, a la aplicación del régimen de sanciones en
fracciones, han sido también reconocidas a las comunidades
autónomas con competencia de ejecución de la legislación
laboral del Estado, y con esto quedan culminadas las
aspiraciones jurídico-políticas de mi Grupo en este ámbito.
Y en el Senado se ha logrado otra cosa muy importante, señor
Presidente, que es corregir la otra gran disfunción que este
proyecto de ley contenía originariamente, cual es la
discriminación de un tipo peculiar de socieddes, las
sociedades cooperatias, sociedades dilectas y queridas
especialmente por mi Grupo Parlamentario. Se obstaculizaba, a
través del contenido de las previsiones originarias de este
proyecto de ley, el
funcionamiento de las sociedades cooperativas como empresas de
trabajo temporal, como empresas cuyos socios trabajadores, o
socios de trabajo, pudieran ceder estos socios a otras
empresas usuarias de forma temporal. Este es el funcionamiento
esencial de toda empresa de trabajo temporal. Afortunadamente,
esto también ha sido objeto de la debida corrección en el
Senado. En este momento, se ha superado la dificultad derivada
del límite porcentual máximo de contrataciones laborales que
se permite a las sociedades cooperativas en su legislación
específica, de forma y manera que, a partir de ahora, las
sociedades
cooperativas, cuando funcionen como empresas de trabajo
temporal, podrán contratar más del 10 por ciento de
trabajadores en relación a sus socios trabajadores o de
trabajo y también, lo que es más importante, se ha previsto
que, cuando las cooperativas funcionen como empresas de
trabajo temporal, las relaciones entre la sociedad y sus
socios trabajadores o de trabajo se regulará por la
legislación cooperativa, no por la legislación laboral o por
otras diferentes.
Con esto, prácticamente se resuelven los problemas de
discriminación que se contenían originariamente en el proyecto
de ley en relación a las sociedades cooperativas; problemas de
discriminación o discriminaciones que vulneraban no sólo el
principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 14
de la Constitución, sino otro precepto constitucional, el 129,
que mandata a los poderes públicos del Estado promocionar las
sociedades cooperativas a través de una legislación adecuada.
Esta no sólo era, señor Presidente, una legislación nada
adecuada, sino que era obstaculizadora del funcionamiento de
las sociedades cooperativas en este ámbito.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que la ley está
bien concebida, se ajusta a los requerimientos del Convenio 96
de la OIT, ya ratificado por el Estado español, y el
mantenimiento de la prohibición contenida en los artículos 42
y 43 del Estatuto de los Trabajadores, el mantenimiento de lo
que se denominaba entonces cesión ilegal de trabajadores,
cesión ilegal de mano de obra, la prohibición de un instituto,
consistente en contratar trabajadores para cederlos
temporalmente a otra empresa usuaria de los mismos, resultaba
absolutamente extemporánea en el Estado español. Esta ley,
bien concebida, repito, incorpora un tipo de empresas, que
funcionan de forma regular en los países de nuestro contexto
socioeconómico y que tienen cierta virtualidad, si bien
discreta, señor Presidente, en el ámbito del fomento o de la
creación del empleo. Aunque esta participación en la creación
del empleo sea discreta, en este ámbito, señor Presidente, no
estamos en condiciones de desechar nada.
Por esta razón, remover las dificultades, las prohibiciones
legales y, sobre todo, la avidez, de la cual el señor
Barrionuevo es gran conocedor, sin ninguna duda, en la
persecución y
represión antaño de esta práctica, la de la cesión ilegal de
trabajadores, a la que proveían, primero, los inspectores de
trabajo, en segundo lugar, la autoridad laboral y, por último,
la jurisdicción del orden social, resultaba ya francamente
ridícula, señor Presidente. Por lo tanto, esta ley es un
elemento de modernización --ése es el calificativo que se le
ocurre a mi Grupo Parlamentario-- de nuestras relaciones
laborales en este ámbito.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo va a votar
favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado por
entender, como ha dicho el anterior interviniente, que mejoran
sustancialmente el texto que salió del Congreso en su momento.
La ley que vamos a aprobar es una pieza más, señorías, dentro
de las distintas piezas de la reforma laboral. Este texto
viene a regular, en definitiva, una actividad que, habiendo
estado prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores, venía realizándose de una manera normal, entre
comillas --estaba teóricamente prohibida, pero ha venido
funcionando normalmente durante estos últimos años--, de
manera que no solamente tenemos empresas de trabajo temporal,
sino asociaciones, a nivel de comunidades y a nivel estatal,
de empresas que se dedican a esta actividad.
El texto legal que hoy vamos a aprobar lo que hará será
delimitar y enmarcar la actividad de este tipo de empresas.
Nosotros, como Grupo, somos partidarios de auspiciar y apoyar
todo proyecto empresarial que permita crear actividad, por
tanto crear empleo, y remover esta situación de los parados de
larga duración. Se ha dicho en la calle, en la prensa y en
esta Cámara que la actividad de este tipo de empresas puede
prestarse a diferentes clases de abusos. Eso podría ser cierto
si no hubiese este texto legal que hoy vamos a aprobar y si no
hubiese la confianza en los sindicatos, que deben actuar a
nivel de empresa para ser
vigilantes en el estricto cumplimiento de los preceptos de los
distintos artículos de esta ley. Existen también los jueces de
lo social para evitar cualquier abuso en la aplicación de esta
Ley.
Por otra parte, si hasta ahora han venido actuando
positivamente estas empresas, mi Grupo considera que no hay
razón para pensar que cambiarán de actitud ahora que tendrán
un texto legal al que acogerse para su funcionamiento.
Por todo esto, señor Presidente, mi Grupo votará
favorablemente todas las enmiendas y el texto, tal como he
anunciado al inicio de mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
He preferido utilizar la tribuna, en lugar del escaño, para
defender la opinión del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ante las enmiendas
que el Senado ha presentado a esta Ley por la que se regulan
las empresas de cesión de trabajo temporal.
Me gustaría empezar con lo que pudiera ser una retahíla de
adverbios como los que utiliza el portavoz del PNV, que ha
defendido más duramente esta proposición, todo lo que es la
reforma; esta es la hermana menor de la reforma laboral, el
coletazo que nos queda para terminar esa arquitectura laboral
que el Gobierno ha presentado. A mí me gustaría decir que,
conceptual, axiológica y paradigmáticamente, nuestro Grupo ve
empeorada en el trámite del Senado esta ley. La ve empeorada
porque las enmiendas que el Senado ha introducido van a
generar en el mercado laboral dos tipos de trabajadores. Nos
vamos a encontrar con que en el mercado, cuando una persona
vaya a trabajar a una empresa usuaria, si esa empresa se
dedica, por ejemplo, a la fontanería, a la construcción, los
trabajadores que estén haciendo el mismo trabajo pueden no
cobrar el mismo salario y, además, no tener las mismas
obligaciones o las mismas
relaciones en cuanto a material, en cuanto a infraestructuras
que le pueda ceder la empresa.
En el debate celebrado en el Pleno de esta Cámara, el Grupo
Parlamentario Socialista se comprometió a modificar el
artículo que hacía referencia fundamentalmente a esa
posibilidad de utilización que en las empresas usuarias
tendrían los
trabajadores que, siendo cedidos por una empresa de trabajo
temporal, iban a realizar su esfuerzo allí. Lo que pasa es que
estamos acostumbrados a que aquí se nos diga una cosa, como
pasó con la Ley de Televisión, y que después se haga otra cosa
totalmente distinta. No es lógico que si los trabajadores de
una empresa tienen unas posibilidades, los trabajadores de esa
misma empresa, aunque no sean fijos, aunque sean cedidos, no
puedan tener las mismas condiciones. Es verdad que las tienen
en cuanto a transporte, en cuanto a utilización de
instalaciones, pero no las tienen en cuanto a vestuario, en
cuanto a material y, sobre todo, y lo más importante, en
cuanto a salario.
Las enmiendas del Senado fundamentalmente vienen a intentar
corregir algo que nosotros habíamos estado intentando
incrementar: las condiciones para la autorización
administrativa. Estas empresas se dice que han sido ilegales,
pero en este país han venido funcionando en los últimos cuatro
o cinco años sin que hayan sido perseguidas totalmente desde
la propia Administración. Es más, son empresas que han estado
facturando en torno, las más sencillas, a 60 millones de
pesetas o 300 millones de pesetas, empresas que se han
dedicado a utilizar la falta de trabajo como beneficio, a la
hora de obtenerlo como actividad económica.
Pues bien, las enmiendas del Senado introducen reducciones de
las exigencias para conceder la autorización administrativa.
Las enmiendas al artículo 2, apartado a), reducen las
obligaciones en cuanto a lo que debieran cumplir las empresas
a nivel de poder solicitar la inscripción, la autorización
administrativa. Se reduce, por tanto, que deban tener
instalaciones adecuadas y plantillas necesarias; se generaliza
y se dice que deben tener las obligaciones que sean necesarias
para poder cumplir su objeto social.
La misma enmienda introduce en el apartado b) que estas
empresas, además, puedan ceder sus datos y sus trabajadores a
empresas, a agencias de colocación sin fines lucrativos,
estableciendo una relación lucrativo-no lucrativo algo absurda
en una actuación de regulación de estas empresas, que creemos
que debieran ir precedidas de una actuación de servicio
público previo, desde el Inem, de servicio desde el interés
público, prestado en la recolocación desde la propia
Administración y no desde el propio interés particular, puesto
que va a desregular la actividad que tienen los trabajadores y
la actividad que tienen los propios sindicatos, favoreciendo
la relación que puede tener el propio empresario.
Por último, introduce también una modificación parareducir las
obligaciones que tendrían que haber cumplido con anterioridad.
Antes, en la propuesta originaria que salió del Congreso,
tenían que haber tenido cubiertas sus obligaciones salariales
y con la Seguridad Social y, sin embargo, aquí, en esta nueva
propuesta, se quitan las obligaciones laborales. Es decir, lo
que aquí introdujimos en nuestro debate ha sido modificado y
quitado en el Senado y las empresas ya pueden no tener
cumplidas sus obligaciones laborales, aunque sí tengan
cubiertas las fiscales y las sociales. Por tanto, creemos que
esta es una introducción que hace el Senado que empeora la
propia ley.
Por último, me gustaría referirme a algo que valoraba
positivamente el portavoz del PNV y que nosotros consideramos
que empeora el proyecto de ley.
Señoría, introducir por la puerta falsa una adicional tercera
que viene a decir que las cooperativas debidamente
constituidas e inscritas podrán tener la misma relación que
las propias
empresas, cuando en el apartado 2 se dice que se ajustarán a
la legislación laboral, lo que está facilitando es quitar y
cargarse todas las obligaciones para obtener la autorización
administrativa; están quitando los requisitos que deben
cumplir. Cómo a una cooperativa, a un trabajador asociado, va
a exigírsele que tenga cubiertas sus obligaciones de Seguridad
Social, sus obligaciones fiscales. Se está buscando una puerta
falsa para utilizar, no desde la forma que lo defendían antes,
no desde la forma de que haya cooperativas que puedan destinar
su trabajo a esta realidad, sino para vulnerar las
obligaciones y reducir las exigencias administrativas para
este tipo de trabajo. Pero es que, además, va a hacer más
difícil el control de la propia Administración. Cómo va a
controlar la propia Administración el porcentaje de
trabajadores, no de la cooperativa, son empleados de la propia
cooperativa, cómo se va a buscar si cumple o no cumple los
requisitos de exigencia que las propias empresas tenían que
tener, según la propia ley.
Nos parece que esta es una puerta abierta a un uso fraudulento
de lo que puede ser el papel de las cooperativas. Y
experiencia tenemos en muchos sectores, en el de la
construcción, etcétera. Por tanto, creemos que no es positiva
esta introducción que hace el propio Senado.
Y es que hay más. Nosotros creemos en esta reforma laboral,
sin tener que oponernos, porque no nos hemos opuesto a que se
regule; al final viene a bendecir lo que ya está; esto ya está
funcionando, malamente podemos decir que no funciona, si es
real. Busquemos la articulación legal.
Nosotros hemos hecho dos críticas: una, no se ha hecho al
mismo tiempo la reforma de actuaciones que en este país han
favorecido esta situación, la reforma del Inem y la reforma de
la
subcontrata; las empresas que, al final, tienen los
trabajadores, mientras que la que se queda con la contrata es
la que se lleva el propio beneficio, o la agrupación de
empresas. Además, esta ley nos intenta equiparar a Europa por
un camino malo. No utiliza verdaderamente lo que es la
experiencia europea para articular una buena ley española.
Hace un recorte de cada una de las legislaciones, pero sobre
todo, que es en lo que yo he querido centrar mi intervención,
ni las enmiendas del Senado, ni el trámite del Congreso ha
evitado que en una empresa pueda haber trabajadores con dos
relaciones. No se cumple ese requisito de a igual trabajo,
igual salario; no se cumple ese requisito de a igual trabajo,
iguales condiciones del trabajo. No se va a cumplir. Va a
haber mucha discusión y mucha confrontación con la
introducción de estas empresas.
Me gustaría citar tres ejemplos de tres legislaciones europeas
que nosotros hemos bordeado. Hemos hecho un camino hacia
Europa con recortes, con una especie de igualación a la
mínima, según las experiencias que teníamos en cada uno de los
países. Señoría, en Holanda, los trabajadores que son cedidos
por una empresa, después de la reforma del año 1991, cuando
llegan a la empresa usuaria gozan de las mismas condiciones de
trabajo que los trabajadores de esa empresa usuaria. Todos,
incluidos los salariales. Aquí no. En Alemania, por ejemplo,
en los contratos de duración los trabajadores tienen
indemnización entre cada uno de los espacios cedidos. Son
cedidos tres meses, hay unos espacios de no cesión de 25 días
y vuelven a ser cedidos tres meses. Es verdad que la reforma
posterior facilita contratos de seis meses, inclusive
contratos mayores. Por tanto, reciben salario entre los
períodos no ejercidos
como relación de cesión y, además, tienen protección de
despido. Aquí hemos puesto una indemnización por doce
días/año; en Francia, por ejemplo, tienen el 15 por ciento del
salario recibido.
En suma, ustedes nos quieren igualar a la baja con Europa. La
canción europea de ustedes es de mínimos, no es de máximos. Es
verdad que vamos de hermanos menores. Lo cierto y verdad es
que iniciamos una regulación. Y aquí se decía que, por fin,
nos equiparamos al convenio de la OIT. Aquí estamos bordeando
convenios de la OIT, el 45, por ejemplo, que ha sido reparado
por nuestro propio país. Estamos haciendo un proceso sin, de
verdad, haber puesto los recursos para que las
Administraciones de intereses públicos, como servicio público
de colocación, que debe cumplir el Inem, se hayan cubierto. Es
decir, estamos regalando a lo privado, al beneficio
particular, lo que debiera ser una obligación de lo público y
del interés general.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Finaliza hoy la tramitación parlamentaria del último proyecto
de ley de las tres leyes que conformaban lo que comúnmente
hemos denominado reforma laboral o reforma del mercado de
trabajo, en este caso el proyecto de ley por la que se regulan
las empresas de trabajo temporal.
La verdad es que hemos de felicitarnos. Yo creo que hacemos
básicamente una buena regulación de este tipo de empresas,
hasta ahora en una situación que yo no he querido calificar a
lo largo de toda la tramitación parlamentaria de ilegalidad,
pero sí de alegalidad, una situación muy «sui generis», en
nuestro país. La verdad es que todos sabemos que estas
empresas estaban operando al margen de la ley en nuestro país,
dando empleo a un volumen de trabajadores sensiblemente
importante. Algunas estadísticas aluden a en torno a 200.000
trabajadores como los que están prestando sus servicios en
empresas usuarias por cuenta de empresas de trabajo temporal.
Y aprobar una ley que diera naturaleza jurídica plena a esa
realidad social, que ya estaba actuando en el mercado de
trabajo, es bueno en sí mismo.
Creemos, además, que en la tramitación parlamentaria, tanto en
el Congreso como en el Senado, hemos mejorado el proyecto de
ley que fue remitido por el Gobierno, y por ese motivo nuestra
valoración y, en consecuencia, el voto será, como digo, en
líneas generales, favorable, inclusive a las enmiendas que han
sido incorporadas en el Senado, con algunas excepciones que no
hacen sino confirmar la regla general de valoración positiva
que en relación con este proyecto de ley, insisto, ha hecho
nuestro Grupo.
¿Cuáles son esas excepciones? En primer lugar, la referida al
artículo 2, que alude a la autorización administrativa, los
requisitos que las personas físicas o jurídicas que quieran
constituir una empresa de trabajo temporal deben cumplir, lo
que deben presentar a la autoridad administrativa competente,
en virtud del ámbito geográfico, para que concedan esa
autorización a las empresas de trabajo temporal, para que
puedan operar en el respectivo territorio.
En el proyecto de ley, tal como había salido del Congreso,
decíamos que uno de los requisitos para poder disponer de la
autorización administrativa era que esas personas físicas o
jurídicas únicamente se dedicaran a la actividad costitutiva
de empresa de trabajo temporal. En el Senado ha sido incluido
un nuevo párrafo, en virtud del cual se les autoriza a que eso
sea así sin perjuicio de que, complementariamente, puedan
colaborar con agencias de colocación, sin fines lucrativos,
cediendo su base de datos.
En su momento volveremos sobre la aparente paradoja que
significa que podamos hablar, señor Barrionuevo, de empresas
privadas que no tengan ánimo de lucro, porque me parece que es
consustancial a una empresa privada que tenga ánimo de lucro.
No es ahora el momento procesal y parlamentario adecuado. Sí
que nos parece inoportuna esa adición por parte del Senado, en
la medida en que establece una confusión entre las empresas de
trabajo temporal y las agencias privadas de colocación, que
creo que no es bueno para unas ni para otras. En todo caso, no
es buena esa confusión para las empresas de trabajo temporal,
que tienen una actividad sensiblemente distinta de la que
eventualmente tendrán las agencias privadas de colocación.
Además, la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal
puedan ceder, sin la autorización de los trabajadores que
están incluidos en sus bases de datos, estos datos a agencias
privadas de colocación, podría violar, a nuestro juicio, lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 5/1992, que regula el
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal,
donde se
establece que esos datos, precisamente para garantizar la
intimidad de las personas, no puedan ser cedidos a terceros
sin la autorización expresa de los afectados. Creemos que, al
haber introducido, insisto, esta autorización en la ley, puede
violarse lo dispuesto en esta ley específica, que regula de
forma
específica este aspecto de la cuestión y, en consecuencia,
nuestro voto será negativo en el trámite correspondiente. Ya
saben SS.SS. que, en el trámite de debate en Comisión y en el
Pleno del Congreso, nosotros fuimos críticos especialmente con
dos aspectos de esta ley. Son esas excepciones a las que antes
aludía: la del asunto de la garantía financiera y la de la
retribución, que corresponde
a los trabajadores que, siendo contratados por las ETT, van a
ser cedidos a empresas para que, bajo el poder direccional
que, como empresas, tienen las empresas usuarias, puedan
realizar allí sus actividades.
En cuanto a la garantía financiera, hemos hablado antes de que
ya hay una realidad social --porque es la realidad la que nos
dice que hay muchas empresas que ya están actuando en estos
momentos en nuestro país-- sobre la cual contrastar lo que
vamos a legislar nosotros, para ver si es oportuno y adecuado.
En definitiva, toda reforma laboral tiene un objetivo no diré
que único, pero sí básico, que es el de adaptar nuestra
legislación a la realidad social de este momento, de tal
suerte que podamos facilitar el empleo y la incorporación al
mercado de trabajo de personas que ahora, por diversas
circunstancias, están excluidas de ese mercado de trabajo.
Pues bien, el 80 por ciento, aproximadamente, de las empresas
de trabajo temporal que operan en nuestro país tienen un
volumen de negocio que está en torno a los 60 millones de
pesetas. Pedirles una garantía financiera equivalente a 25
veces el salario mínimo interprofesional vigente en cada
momento significa que, a ese SMI del año 1994, estamos
hablando de cifras de entre 20 y 22 millones de pesetas. Los
costos financieros son elevados para este tipo de empresas.
Lógicamente, no así para la minoría de empresas de carácter
multinacional o no que tiene un volumen de negocio superior a
los 200 millones de pesetas. Aun con las reformas que
introdujimos en el trámite en este Congreso en relación con
esas garanías financieras, que sin duda van a minorar los
costos
correspondientes, nos sigue pareciendo una cifra excesiva.
Habernos movido en torno a diez veces el SMI, que
solicitábamos nosotros, o inclusive quince veces el salario
mínimo
interprofesional, como algún grupo pidó en el trámite
correspondiente en el Senado, hubiera mejorado este aspecto de
la cuestión. Por eso mismo, en la correspondiente enmienda al
apartado 3 del artículo tercero, que se ha introducido en el
Senado, votaremos en contra, para dejar constancia expresa del
mantenimiento de nuestra crítica a este aspecto puntual de la
regulación que se hace en este proyecto de ley.
Por último, segunda cuestión crítica que nuestro Grupo
político manifestó a lo largo de toda la tramitación
parlamentaria: es el asunto de la retribución. Creemos
sinceramente que es malo el que, en lugar de decir que la
retribución a la que tendrán derecho los trabajadores que sean
contratados por empresas de trabajo temporal para prestar sus
servicios en las empresas ususarias, que, en defecto del
convenio colectivo de las ETT, sea el convenio colectivo del
sector, se haya establecido que sea el convenio colectivo de
la empresa usuaria. Saben ustedes que eso, en la práctica,
dificulta las actividades de las empresas de trabajo temporal,
porque es lógico y razonable que los
trabajadores prefieran ir destinados a aquellas empresas en
las que, para un trabajo igual, para una función equivalente,
van a tener mayor salario. Eso distorsiona las actividades de
las empresas de trabajo temporal. Si, en lugar de decir que en
defecto del convenio de las empresas de trabajo temporal, el
convenio aplicable sería no el de la empresa usuaria, sino el
del sector, hubiéramos resuelto el problema. Quiero creer que
las empresas de trabajo temporal, aunque es su problema, se
preocuparán rápidamente de negociar con las centrales
sindicales más representativas un convenio --un convenio que
sea el suyo--que pueda ser susceptible de aplicarse a los
trabajadores que contraten. En todo caso, nos parece que si lo
hubiéramos hecho como nosotros proponíamos en nuestras
enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado,
sinceramente la ley hubiera quedado bastante redonda.
No obsta el mantenimiento de estas enmiendas la valoración
global positiva que hemos manifestado en relación con el
proyecto de Ley y celebramos que, una vez aprobada
previsiblemente esta ley en la votación correspondiente, el
mercado laboral español, la legislación laboral española se
habrá adaptado mejor a la legislación que en estos momentos
está vigente en la Unión Europea. En consecuencia, habremos
dado un paso adelante en la homologación de nuestras
estructuras legales, con ese espacio socioeconómico y político
del que ya formamos parte, y
facilitaremos de verdad que más personas, más trabajadores se
incorporen de forma activa al mercado de trabajo, cosa que, en
estos momentos, fundamentalmente nos demanda la sociedad, como
cuerpo legislador del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández Díaz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señor Presidente, señorías, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de los dos ponentes
que hemos intervenido en la elaboración de este proyecto de
ley, quisiera decir que, a pesar de algunas apariencias, este
proyecto de ley es el que ha suscitado menos controversia de
los que componen el paquete de medidas legislativas que se
encuadran dentro de la rúbrica de reforma laboral. Ya fue así,
lo hemos mencionado, expresamente reconocido por los
representantes sindicales en su dictamen en el Consejo
Económico y Social y también es reconocido así, a pesar de la
intervención, a mi modo de ver excesivamente rigurosa, en
nombre del Grupo de Izquierda Unida, del señor Ríos, que
reconoce que no hay oposición de su Grupo a que exista una
regulación de las empresas de trabajo temporal, si bien ha
manifestado su discrepancia respecto a aspectos concretos de
esta ley, en lo que, reitero, a mí me ha parecido que ha sido
en exceso riguroso.
En todo caso, creo que está claro que esta ley permite
reducir, y en muchos casos evitar, los riesgos inherentes a la
actividad de cesión de trabajadores de empresas con carácter
temporal. Esa cesión de trabajadores, que ha sido vista con
gran recelo por nuestra legislación y anteriormente por otras
legislaciones creo que se reduce, repito, cuando no se evita,
con esta regulación, regulación en la que vamos en el mismo
barco que la mayoría de los países de la Unión Europea; somos
el décimo país que va a introducir una regulación de estas
empresas y también, a pesar de lo que se ha dicho, nuestra ley
puede encuadrarse dentro del conjunto de leyes diríamos
continentales más garantistas de esta actividad empresarial.
Todos los grupos han visto recogidas enmiendas, y sus
aportaciones han mejorado, sin duda, el proyecto que fue
enviado inicialmente por el Gobierno. Pasó así en el debate en
esta Cámara, igualmente ha pasado así en el debate en el
Senado y en las Enmiendas que hoy debatimos. Todas o casi
todas las enmiendas del Senado están también en esa línea de
mejora del proyecto tal como fue debatido y votado en esta
Cámara. Hay una sola excepción, a la que ya anunciamos que
nuestro Grupo se opondrá, que es la relativa al artículo
2.1.b). Esta enmienda nos parece que no es conveniente su
aceptación por razones en todo simétricas a las expresadas por
el portavoz del Grupo Popular. Nos parece que una de las
virtudes de esta ley es la de que permite una separación
conceptual y jurídica entre la actividad de las empresas de
trabajo temporal y la de las agencias de colocación, que
podría verse algo confundida con la redacción de esta
enmienda, y también expresamos ciertas dudas respecto a la
utilización de datos personales, datos informáticos, que
afectan a los trabajadores de las empresas de trabajo temporal
tal y como está recogida la protección de estos datos en la
legislación general vigente en nuestro país.
Finalmente, señor Presidente, señorías, quisiera referirme a
las oposiciones que se mantienen por el Partido Popular a
algunos aspectos y también por Izquierda Unida a algún otro.
En lo que se refiere a las oposiciones que mantiene el Partido
Popular, pienso, con toda sinceridad, que son oposiciones
menores, porque han manifestado su conformidad con las líneas
generales del proyecto. Pero incluso en esas oposiciones
quisiera decirle que, a nuestro modo de ver, es una garantía
atendible, suficiente, la de exigir un depósito que avale la
solvencia, en la mayor medida posible, de las empresas de
trabajo temporal, que es, repito, una de sus oposiciones.
En cuanto a la aplicación de convenio sectorial a las empresas
usuarias, será la regla en la mayor parte de los casos, pero
en los que no fuera así, existe la posibilidad, a la que se ha
referido el ponente del Partido Popular, de un convenio de las
empresas de trabajo temporal que podría salvar esas
dificultades de aplicación diferente de normativa o de
convenios a los trabajadores, según la empresa en la que
presten sus servicios. Referente a las oposiciones que
mantiene el Grupo de Izquierda Unida a algún aspecto concreto,
sí quisiera darle, por lo menos, una explicación respecto a un
punto concreto que ha manifestado el señor Ríos y al que soy,
en alguna medida, sensible y también responsable, es el de la
expresión de «derechos suplementarios» de los trabajadores de
las empresas de trabajo temporal en empresas usuarias.
El proyecto de ley que vamos a votar recoge algunos de estos
derechos en el artículo 17, pero aspectos que habíamos
comentado que deberían de ser, a su modo de ver, también de
mención expresa, nuestro criterio, y el del Ministerio de
Trabajo, debo manifestarlo, es que están ya recogidos en el
artículo 16.2. Cuando hablábamos, por ejemplo, de prendas de
trabajo, el criterio generalizado --y hay incluso
jurisprudencia judicial y podríamos decir administrativa en
ese sentido-- es que está recogido dentro de la rúbrica de las
obligaciones de protección en materia de seguridad e higiene
en el trabajo. Aspectos como el uso de las prendas de trabajo
están dentro de ese epígrafe, y hay una mención genérica a la
obligación global, en materia de seguridad e higiene, de la
empresa usuaria con respecto a los trabajadores de la empresa
de trabajo temporal.
Así que, señorías, señor Presidente, como resumen y
terminación de mi intervención diré que vamos a votar
favorablemente todas las enmiendas introducidas por diversos
grupos en el Senado, con la única excepción, ya mencionada, de
la del artículo 2.1 b) y por las razones expuestas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la fijación
de posiciones de los grupos parlamentarios con respecto a las
enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre modificación de
los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de
Canarias y actualización de los puertos francos.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria, después del estudio que ha realizado de las
enmiendas que proceden del Senado, va a votar favorablemente a
las mismas. Hay una indicación que tengo que hacer porque nos
parece que hay una repetición de un párrafo que es exactamente
igual, pero lo dejamos para que lo vean los servicios
técnicos. Queremos resaltar fundamentalmente nuestro apoyo a
la modificación que se produce en el artículo 12,
porque pensamos que era necesario introducir las operaciones
que están exentas del arbitrio correspondiente y que también
se dijeran las excepciones a esta exención. Si no se exceptúan
determinadas operaciones, fundamentalmente relativas a los
buques deportivos o de recreo, podía haber una impertinente
escapatoria de las mismas en detrimento de la propia hacienda
canaria, de su Comunidad Autónoma.
Creemos que la enmienda al artículo 14, que es de carácter
técnico, hace aclaración de una serie de efectos timbrados --
impresos, boletos o cupones-- que era necesario detallar por
seguridad jurídica de los que manejan los citados materiales.
Lo mismo decimos para el apartado 14 del artículo 27. La
enmienda que se propone al nuevo artículo 21 --anterior
artículo 19 del texto que aprobamos aquí-- es una regulación
semántica, fundamentalmene para dar introducción a la palabra
«regularización», que nos parece más correcta en su alcance
gramatical, y por tanto conceptual, en la materia del Derecho
que regula.
La introducción en el artículo 3, que viene a modificar el
artículo 75.2 de texto de la Ley de 1991, creemos que también
está en correlación con la primera enmienda del Senado, ya que
era preciso matizar aquí qué es lo que queda exento del
arbitrio, la producción y elaboración en las islas de bienes
destinados al avituallamiento de buques... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Mardones.
Guarden silencio, señorías.
Puede continuar, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Consideramos una mejora que se aclare con exactitud en el
texto qué es lo que queda exento, y en casos que son de
aceptación política generalizada, como la navegación marítima
internacional, la asistencia, los efectos de pesca costera y
de altura, así como el perteneciente a las armadas de guerra
de los países miembros de la Unión Europea.
Hago una observación a los servicios de la Cámara, porque la
enmienda del Senado dice «los pertenecientes a las armadas de
los Estados miembros de la Comunidad Europea», y el nombre
correcto es «Unión Europea» después del Tratado de Maastricht.
Se refiere a la Unión Europea y no a la Comunidad Europea,
como sigue arrastrando aquí la enmienda del Senado. Después de
Maastricht, repito, se llama Unión Europea y no Comunidad
Europea.
Las últimas enmiendas son puramente técnicas y dan una
concreción a los aspectos del texto remitido por el Congreso.
Por todo ello, señor Presidente, votaremos a su favor.El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por
los servicios de la Cámara se atenderá la corrección técnica
que S.S. ha planteado. Por el Grupo Catalán de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muy brevemente, para
comunicar la posición favorable de nuestro Grupo en relación
con todas las enmiendas que ha incorporado el Senado a este
proyecto de ley. También para manifestar nuestra satisfacción
respecto a que esas modificaciones se hayan alcanzado con el
consenso de la cuasi mayoría de todos los grupos
parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que se han producido una
serie de mejoras técnicas y de contenido con las enmiendas del
Senado a este proyecto de ley, pero nosotros tenemos una serie
de objeciones que ya las planteamos a su paso por esta Cámara.
Teniendo en cuenta nuestras discrepancias, sobre todo por el
papel que se asigna en materia de puertos a este régimen
especial, y por no contemplar las ideas que expusimos en su
día, a propuesta de Izquierda Unida Canaria, adelantaremos
nuestra abstención global al resultado de este debate.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Gracias, señor Presidente. El
Grupo Parlamentario Popular va a apoyar las enmiendas que
vienen aprobadas por el Senado. Ello es así porque para nada
se contradice el espíritu de las mismas con lo pactado en su
día por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de
Economía y Hacienda, actuando con competencia legislativa
plena.
Pienso que las Cortes han dado un paso muy importante al
impedir que se consolide la práctica de modificar las
disposiciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
mediante el Decreto-ley. La postura de nuestro partido ha sido
siempre opuesta a tal práctica, y nos felicitamos de que el
Decreto-ley de modificación del IGIC, que es uno de los
aspectos más fundamentales del REF, se haya tramitado como
proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia. Esa va a seguir siendo nuestra
postura en el futuro. Sólo en aquellos casos en que la
excepcionalidad del momento o la razón justifiquen el decreto-
ley, puede vulnerarse la garantía institucional establecida en
la disposición adicional tercera de la Constitución. El mejor
aval de que esta práctica se perpetúe es hacer que aun en esos
casos se tramite dicho decreto-ley como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
En otro orden de cosas, tenemos que manifestar nuestro temor
respecto a que los tipos del IGIC sigan en aumento, incluso
porque el Tribunal Constitucional puede llegar a un
pronunciamiento negativo, al atentar, en cuanto a la
imposición sobre el consumo, contra los principios
estatutarios contenidos en el artículo 45 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, que como todos conocemos se integra en
el denominado bloque de la constitucionalidad.
Por último, señorías, lamento que el alto grado de consenso
que se ha alcanzado en cuanto al Impuesto General Indirecto
canario no se haya plasmado también en cuanto a la
constitución económica de las islas, es decir, en cuanto a la
Ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. Nuestro Partido, el más votado en Canarias en las
últimas elecciones, lo ha intentado. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cabrera. Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente. En
primer lugar, quería hacer unas precisiones. En el orden del
día figura este punto 37 como proposición de ley sobre
modificación de los aspectos económicos del régimen fiscal de
Canarias. Yo creo que hay un error en la confección del orden
del día, que ha llevado también a enunciarlo así en este
trámite, puesto que es el proyecto de ley por el que se
modifica la Ley 20/1991.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Padrón, si
permite a la Presidencia un momento, le diré que se ha
distribuido un anexo que corrige este error precisamente en la
línea que apunta su señoría.
El señor PADRON DELGADO: Muy bien.
Luego, señor Presidente, querría proponer, antes de expresar
la opinión del Grupo Socialista con respecto a las enmiendas
del Senado, dos correcciones técnicas, de conformidad con
otros grupos políticos y de la lectura del «Diario de
Sesiones» del Senado.
En la página 13 del documento para el seguimiento de las
sesiones, en donde vienen las enmiendas del Senado, figuran
los números 39 y 40 como apartados, y como consecuencia de las
enmiendas introducidas en el Senado a los apartados 35 y 36
son idénticos. Por tanto, se entiende, de la lectura de este
«Diario de Sesiones» y de las enmiendas del Senado, que los
apartados 39 y 40 quedarían suprimidos de este proyecto de
ley.
Por otra parte, señor Presidente, en la disposición
derogatoria se ha omitido también la expresa derogación que
convendría efectuar del Decreto-Ley 21/1993, de 29 de
diciembre, que ha dado lugar, en su tramitación como proyecto
de ley, a lo que ahora estamos debatiendo.
Por lo demás, señor Presidente, el Grupo Socialista va a dar
la conformidad a las enmiendas del Senado, manifestando
también la satisfacción por el grado de apoyo que han tenido,
y que se va a reflejar en la votación subsiguiente, por parte
de los
diferentes grupos políticos. Yo creo que en esta modificación,
que en su momento fue explicada, puesto que esto viene de un
Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el 29 de diciembre y como
consecuencia de adaptar estos aspectos fiscales que se aplican
en Canarias a ciertas modificaciones de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido y a una serie de correcciones
consecuencia de aclaraciones con respecto a la compatibilidad
en la aplicación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, así como también la precisión de
aquellas
operaciones que realizan las instituciones públicas, la
precisión técnica consiguiente para sujetar o no todas estas
operaciones; yo creo, repito, que en su tramitación, tanto en
la convalidación del Decreto-Ley como luego en la conformidad
de todos los grupos para su tramitación como proyecto de ley,
ha habido un amplio consenso, y por tanto no cabe más que
manifestar el agrado y la satisfacción porque esta
modificación se haya hecho, aun con cierto retraso, pero a
partir de hoy tiene completa vigencia. Por todo ello, señor
Presidente, manifestamos el apoyo a las enmiendas del Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.
Las indicaciones que ha planteado S.S., en la medida en que
son simplemente errores técnicos, serán tenidas en cuenta por
los servicios de la Cámara y corregidas, en su caso.
Finalizada la fijación de posiciones de los diferentes grupos
con respecto al punto sexto del orden del día, vamos a pasar a
la votación de las enmiendas del Senado con relación a los
cuatro proyectos de ley que este apartado recoge. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley
por el que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria
y comercialización de organismos modificados genéticamente, a
fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al
medio ambiente. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos votación separada de las enmiendas al
artículo 2,c) y al artículo 30.4.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a los artículos 2,c)
y 30.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 183; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de autonomía del Banco
de España. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
El señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de la enmienda al artículo 7.2 y
de la enmienda al artículo 9.3.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs. (El señor Andreu
Andreu pide la palabra.)
El señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de la enmienda al artículo 9.2, a). (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Fernández-Miranda tiene la
palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos tres bloques independientes de
votación. El primero, las enmiendas al artículo 7.2 y al
artículo 9.2.a). Un segundo bloque con las enmiendas a los
artículos 7.4, 7.6, 23.1,f), 25.4, d) y 27. El resto en un
tercer bloque.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al artículo 7.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 168; en contra, 123; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al artículo 9.2, a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 26; en contra, 284; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senado al artículo 9.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 288; en contra, uno; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado a los artículos 7.4, 7.6, 23.1, f),
25.4, d) y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 176; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 305; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se regulan
las empresas de trabajo temporal. (El señor Fernández-Miranda
y Lozana pide la palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicito votación separada de las enmiendas a los
artículo 2.1, b), 3.3 y 11.1, a).
Gracias, señor Presidente. (El señor Ríos Martínez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señor Ríos, tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, solicito la votación
de estas enmiendas agrupándolas en tres bloques. En uno, las
enmiendas presentadas al artículo 2.1, letras a), b) y c), al
artículo 19.3, letra b), y a la disposición adicional tercera;
en otro, las enmiendas al artículo 2.2, las enmiendas de
adición al artículo 3, apartados 3 y 4, y las presentadas a
los artículos 10 y 11.1 y 11.2; las restantes en otro último.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo también pide votación separada de la enmienda del
Senado al artículo 2.º1.b), teniendo en cuenta que se refiere
al inciso «sin perjuicio de que complementariamente puedan
colaborar con agencias de colocación sin fines lucrativos,
cediendo su base de datos.» Concretamente esto es lo que
solicitamos como votación separada.
El señor PRESIDENTE: Enmienda del Senado al artículo 2.º1.b).
La enmienda del Senado consiste precisamente en la
introducción de la expresión a que ha hecho referencia el
señor Caldera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 16; en contra, 294; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Senado al artículo 3.º3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 182; en contra, 128; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 11.1.a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 165; en contra, 132; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Señor Ríos, si no le he entendido mal, su solicitud de
votación separada se refería a la votación separada de las
enmiendas al artículo 11, puntos 1 y 2. El punto 2 no tiene
enmiendas del Senado y la enmienda al punto 1 la acabamos de
votar. Por tanto, no hay votación separada y «a posteriori»
del artículo 11. Enmiendas al artículo 2.º1, letras a) y c);
artículo 19.3.b), y disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 293; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 2.2, 3.4 y 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 295; en contra, tres; abstenciones,
13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre modificación de
los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de
Canarias y actualización de los puertos francos. (El señor
Olarte Cullen pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, ha enunciado mal el
título del proyecto, no son los aspectos económicos, sino los
aspectos fiscales exclusivamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón S.S., he leído la
documentación de la que dispongo, pero, efectivamente, el
mensaje motivado del Senado se refiere ya sólo a aspectos
fiscales.
Enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 299; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--PRIMER PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERPRETACION POR EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO
SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,
ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980, HECHO EN
BRUSELAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 1988 (Número de expediente
110/000067)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE
INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COREA,
HECHO EN SEUL EL 17 DE ENERO DE 1994 (Número de expediente
110/000077)
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE COREA, HECHO EN SEUL EL 17 DE ENERO DE 1994
(Número de expediente 110/000078)
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COREA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN SEUL EL 17 DE
ENERO DE 1994 (Número de expediente 110/000079)
--REFORMULACION DE LA DECLARACION ESPAÑOLA AL CONVENIO EUROPEO
NUMERO 112 SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, CELEBRADO EN
ESTRASBURGO EL 21 DE MARZO DE 1993 (Número de expediente
110/000080)
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICADE HONDURAS SOBRE MODIFICACION DEL
CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 15 DE JUNIO DE 1966 (Número
de expediente 110/000083)
--ADHESION DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE
DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1969, HECHO
EN LONDRES EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1992 (Número de expediente
110/000085)
--QUINTO PROTOCOLO MODIFICATORIO DE LA CONSTITUCION Y
RESOLUCIONES DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y
PORTUGAL (XV CONGRESO DE LA UPAEP), HECHO EN MONTEVIDEO EL 23
DE JUNIO DE 1993 (Número de expediente 110/000087)
--CONVENIO BASICO DE COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE LAS SEYCHELLES, HECHO EN MADRID EL 15 DE
NOVIEMBRE DE 1990 (Número de expediente 110/000088)
--ADHESION DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION DE UN FONDO
INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION DE DAÑOS DEBIDOS A
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1971, HECHO EN LONDRES EL 27
DE NOVIEMBRE DE 1992, ASI COMO DECLARACION QUE FORMULARA EL
GOBIERNO ESPAÑOL (Número de expediente 110/000089)
--CONVENIO EUROPEO NUMERO 70 SOBRE EL VALOR INTERNACIONAL DE
LAS SENTENCIAS PENALES, HECHO EN LA HAYA EL 28 DE MAYO DE
1970, ASI COMO RESERVAS Y DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR
EN EL MOMENTO DE LA ADHESION (Número de expediente 110/000090)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION
DE MONACO AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25
DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000091)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION
DE MAURICIO AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25
DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000092)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION
DE RUMANIA AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25
DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000093)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION
DE BURKINA FASSO
AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE
1980 (Número de expediente 110/000094)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION
DE POLONIA AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25
DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000095)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios
internacionales.
¿Desea algún grupo fijar posición sobre algunos de los puntos
incluidos bajo este apartado del orden del día? (Pausa.) Vamos
a proceder a la votación de los mismos.
Primer protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la
ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de
inversiones entre el Reino de España y la República de Corea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 310; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República
de Corea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y la República de Corea para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fisical en
materia de impuestos sobre la renta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo
número 112 sobre traslado de personas condenadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Honduras sobre modificación del
Convenio de doble nacionalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y
Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 310; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la
República de las Seychelles.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 306; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo
internacional de indemnización de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, así como Declaración que
formulará el Gobierno español.
Comienza la votacion. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 308; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio Europeo número 70 sobre el valor internacional de las
sentencias penales, así como reservas y declaración que España
va a formular en el momento de la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión
de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión
de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión
de Rumanía al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.El señor
PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión
de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 310; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de Aceptación por parte de España de la adhesión
de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS (Número de expediente 121/000042)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto noveno del orden del
día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate
de totalidad correspondiente a las enmiendas de este carácter
que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley de
contratos de las administraciones públicas.
Para la presentación del proyecto de ley, en nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y
Hacienda. (Rumores.)
Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio y ocupen
sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo el honor de presentar y
someter al debate de esta Cámara el proyecto de ley de
contratos de las administraciones públicas. Es un proyecto de
gran trascendencia, suficientemente conocido por sus señorías.
Yo creo que es oportuno
recordar la importancia de la actividad contractual de las
administraciones públicas como elemento esencial en el
desarrollo de gran número de políticas públicas, pero también
que la regulación de los procedimientos administrativos tiene
una gran trascendencia, desde el punto de vista de los
esfuerzos que se vienen realizando, para un mejor
funcionamiento de las distintas administraciones públicas y de
su adaptación a las nuevas demandas que éstas requieren en una
sociedad moderna.
Rara vez, creo yo, se habrá sometido a debate en esta Cámara
un proyecto de ley que haya sido tan estudiado por SS.SS.,
cuya demanda sea tan unánime. Trata de plasmar en un solo
texto, que evidentemente tendrá que ser complejo, un
equilibrio integrado a través de principios tan diversos, y
algunos de ellos
claramente contradictorios, como el rigor y la exigencia en
los procedimientos, y la flexibilidad y la adaptación a
situaciones sobrevenidas; contradicciones entre publicad y
transparencia, por una parte, y celeridad y simplificación de
los procedimientos administrativos, por otra, entre la
garantía simultánea de las exigencias que los compromisos
supranacionales de nuestro país imponen, y el espacio de
iniciativa que nuestra Constitución consagra a las comunidades
autónomas.
La búsqueda de estos equilibrios está sometida, sin embargo, a
dos grandes restricciones: una, derivada del espectro de
contratos que cubre el proyecto, y que abarca desde los
realizados por un pequeño municipio, a los que se realizan por
los órganos potentes de la Administración General del Estado,
o de alguna comunidad autóma.
Por otra parte, soy consciente de que es una ley que
inicialmente se concibió para cumplir unas exigencias
concretas de las Comunidades Europeas y para dar una envoltura
más técnica, más correcta, a una serie de preceptos dispersos,
o simplemente obsoletos, y que cobran estos días una especial
relevancia al existir una indudable demanda social e
institucional para revitalizar los elementos inspiradores de
la contratación administrativa. Estoy pensando en la
publicidad, la
transparencia, la eficiencia, la concurrencia y la no
discriminación.
Es justo reconocer que estos principios están presentes, con
la importancia que requiere la legislación actual, y han
funcionado también como vectores inspiradores de la ley en
todo momento. En los últimos años se ha generado una
importante preocupación social en amplios sectores de nuestra
sociedad sobre las
posibilidades de nuestra norma contractual, en relación con
controles y garantías suficientes para asegurar la
transparencia y objetividad en las actuaciones
administrativas, prohibiendo la arbitrariedad en las
decisiones de contratación y limitando almáximo las
posibilidades de actuaciones irregulares,
sancionándolas con rigor si éstas se produjeran.
El proyecto que hoy se presenta no ignora esta demanda social
y encauza debidamente estas exigencias, que estoy seguro
comparten SS.SS., sin perjuicio de entender que no deben
atribuirse a una ley de contratos públicos más posibilidades
en la lucha contra las actitudes deshonestas que las que
efectivamente le puedan corresponder. Una ley, desde luego, no
basta y, aunque este texto regula un conjunto de relaciones
económicas con los proveedores de las administraciones, es
absolutamente imprescindible que, al mismo tiempo, se realice
un esfuerzo por parte de la sociedad para generar una nueva
cultura de la contratación, que inscriba estas relaciones en
un esquema fluido de actuaciones que no distorsione el
espíritu de la ley. Se trataría, de una forma análoga, de la
búsqueda de una mayor conciencia fiscal, de promover una ética
privada de la contratación que no contamine la ética pública
que regula y postula esta ley.
En todo caso y antes de describir brevemente los grandes
objetivos del proyecto de ley, quiero recordar que el Gobierno
concibe el texto como un esfuerzo para sistematizar y ordenar
el gran número de problemas, cuya solución debe quedar
enmarcada en la ley. Es una estructura legal susceptible de
ser enriquecida y matizada. En este sentido, es un texto
abierto que permite ser modificado, sin importantes
alteraciones estructurales, en los términos de las
resoluciones adoptadas por esta Cámara en el debate sobre el
estado de la nación o en otros aspectos que complementen la
línea de actuación que dichas resoluciones plasman de forma
sintética.
El proyecto, inserto en un escenario tendencial de una mayor
apertura de los mercados públicos, del aumento de la
competitividad y de la productividad de empresas y
administraciones y del reforzamiento de las garantías de
objetividad y transparencia en la contratación pública, es
conocido suficientemente en sus aspectos básicos por SS.SS.,
especialmente en lo que se refiere a los objetivos que
pretende, a la instrumentación de las medidas que contiene
para alcanzarlos y a las diferencias sustanciales que presenta
en relación con la vigente Ley de contratos.
Ello es así porque el proyecto fue ya objeto de debate y
discusión en esta Cámara, con ocasión de su anterior
tramitación parlamentaria, especialmente en el seno de la
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas. Su
texto, dictaminado por la Comisión, es el documento básico del
que se ha partido para reiniciar la nueva tramitación por
parte del Gobierno tras la disolución de las Cortes Generales.
Los objetivos técnicos de este proyecto de ley son, por tanto,
los mismos que presidieron la elaboración de aquel
antecedente, que ya conoce esta Cámara, sin perjuicio de las
mejoras, a las que posteriormente me referiré,
y que se han introducido, tanto por el citado dictamen de la
Comisión como por observaciones de distinta procedencia, entre
ellas destacadas las emitidas por el Consejo de Estado en su
propio dictamen.
¿Cuáles son los objetivos principales que pretendemos? En
primer lugar, y es el objetivo principal del proyecto de ley,
garantizar una mayor publicidad y transparencia en la
contratación administrativa. Ello se traduce en una serie de
medidas, entre las que podrían destacarse algunas más
significativas. Así, por ejemplo, la conveniencia de la
participación de órganos colegiados en los procesos de
adjudicación ha hecho aconsejable extender la existencia de la
mesa de contratación en todos --en todos los supuestos, digo--
e, incluso, en el procedimiento negociado que sustituye a la
antigua contratación directa. Esta generalización de los
órganos colegiados permite la presencia de funcionarios
especializados, especialmente en el asesoramiento jurídico y
en el control y fiscalización, lo que supone una garantía de
regularidad y de transparencia.
En segundo lugar, merece citarse la declaración expresa de las
posibilidades de abstención y recusación de los funcionarios
intervinientes en la contratación administrativa, y la
exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y
del personal al servicio de las administraciones públicas,
derivada de las actuaciones en esta materia.
Desde el punto de vista de los particulares, el tercer
elemento que me gustaría destacar en este punto, se regulan de
forma más detallada las causas de prohibición de contratar y
de suspensión de clasificaciones, así como sus respectivos
efectos, como medio de impedir el acceso a los contratos
públicos a aquellas personas que, por sus conductas
anteriores, no son merecedoras de la confianza que la
realización contractual con las administraciones públicas
implica.
Se incorporan como causa la condena por sentencia firme, por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por
delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo, y se
mantienen las originadas por delitos de cohecho, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones
prohibidas de los funcionarios, etcétera. Se amplía la
duración de la prohibición para contratar a ocho años, en los
casos de existencia de condena mediante sentencia firme. Se
clarifica, además, el procedimiento para la declaración de las
prohibiciones, así como sus efectos. Por otra parte, pueden
destacarse dos importantes medidas relacionadas con la
necesaria transparencia sobre los contratos. Por una parte, se
generaliza la publicidad de las adjudicaciones y, en segundo
lugar, se potencia notablemente el registro de contratos al
que se califica expresamente de público, para permitir el
conocimiento de todos los contratos celebrados por las
administraciones públicas y sus adjudicatarios.
En relación con la selección de contratistas, se mantiene la
subasta y el concurso como formas normales de adjudicación. El
procedimiento negociado, que anteriormente se denominaba
adjudicación directa, se caracteriza por su excepcionalidad y
se establecen supuestos tasados para su utilización, de
acuerdo con la normativa comunitaria en la materia. Se
generaliza la
publicidad de las licitaciones y sólo se admiten determinadas
excepciones para algunos supuestos específicos del
procedimiento negociado.
El segundo gran objetivo, además de la publicidad y la
transparencia, es avanzar en el proceso de trasposición de las
directivas comunitarias sobre contratación, y ello en un doble
sentido: por una parte, superando las deficiencias existentes
en algunos extremos concretos y puntuales de la adaptación que
ya se realizó en 1986 y, por otra, incorporando plenamente
tres nuevas directivas cuya integración en nuestro Derecho
estaba pendiente. Me refiero a las directivas que afectan a
los
contratos de obra y suministro, a las que afectan a contratos
de servicios y a las referencias del Acuerdo sobre el espacio
económico europeo y, finalmente, la denominada de sectores
excluidos, que afecta a la contratación en los sectores de
agua, energía, transportes y telecomunicaciones.
Puede afirmarse que en este proyecto de ley la normativa
comunitaria en materia de contratación queda plenamente
incorporada a nuestro ordenamiento, y ello es de la máxima
importancia en cuanto a su aplicación efectiva, ya que se
considera un instrumento decisivo para la realización del
mercado único europeo.
Los aspectos regulados en estas normas se refieren básicamente
a procedimientos, formas y criterios de adjudicación, así como
a las reglas de participación, publicidad, plazos y
notificaciones, pudiendo destacarse algunas modificaciones
importantes en relación con la normativa actualmente vigente
en esta materia. Por ejemplo, en lo relativo a procedimientos
y formas de adjudicación, se incorporan las normas relativas a
los procedimientos restringidos generalizándolas a todos los
contratos. La antigua contratación directa, que no exigía
publicidad, pasa, como he dicho anteriormente, a denominarse
«procedimiento negociado», y se distinguirán, de conformidad
con las directivas, supuestos de procedimiento negociado con
publicidad comunitaria previa y sin dicha publicidad,
fijándose las causas que habilitan la utilización de dichos
procedimientos. En materia de publicidad, plazos y
notificaciones, se establece la obligación de preinformación o
anuncio generalizado de los contratos cuya celebración se
prevea en el ejercicio. Se
prescriben plazos más amplios de la publicidad en los
distintos procedimientos de licitación. Se fija la obligación
de notificar a los licitadores que lo soliciten en el plazo de
15 días los motivos del rechazo de su candidatura o de la
oferta y el nombre del adjudicatario. Asimismo, la obligación
de notificar el resultado de las licitaciones y publicar la
adjudicación,
extremo primero que no existía en la Ley de Contratos y con
carácter limitado el segundo.
El tercer gran objetivo, además de los de transparencia,
publicidad y adaptación comunitaria, es el de determinar el
núcleo de legislación básica en cumplimiento del mandato del
artículo 141.1.18 de la Constitución, acomodando así nuestra
legislación a la realidad competencial que nace con la
promulgación de nuestra norma fundamental. Para ello, el
artículo 1.º del proyecto determina el ámbito de aplicación
subjetiva de la Ley, con lo que ésta se inicia afirmando su
carácter básico, estableciéndose en la disposición final
primera los artículos que no tienen carácter de básicos y
reconociendo en la disposición final segunda las
especialidades organizativas de las distintas administraciones
públicas.
El principio general, en relación con las materias que deben
ser consideradas básicas, es establecer un común denominador
normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en
condiciones de igualdad, los intereses generales a partir de
los cuales puede cada comunidad autónoma introducir las
peculiaridades que estime convenientes y oportunas.
Por tanto, se trata de garantizar plenamente los principios
esenciales de la contratación pública para todas las
administraciones, y así, como ha afirmado el Tribunal
Constitucional, la normativa básica en materia de contratación
administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de los
fines de interés general, proporcionar las garantías de
publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica
que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte
de las administraciones públicas.
Cuarto objetivo: resolver las deficiencias puestas de
manifiesto en la aplicación de la legislación actual, con
atención a las nuevas necesidades surgidas posteriormente.
Este objetivo se consigue a través de numerosas modificaciones
en relación con la normativa anterior, de mayor o menor
entidad, y a lo largo de todo el texto del articulado.
En muchos casos es reflejo esta modificación de observaciones
recibidas a lo largo de la tramitación, tanto en el
anteproyecto, como en el anterior proyecto presentado, por
parte de
organizaciones privadas, gestores públicos u organismos
específicos.
No es ajeno al Gobierno la preocupación de agilizar y
simplificar los procedimientos de contratación, a la que
respondían muchas de las observaciones, y el proyecto que se
presenta recoge también algunas medidas concretas que
responden a este interés, sin perjuicio de mantener, al mismo
tiempo, los controles jurídicos y económicos financieros
convenientes que garanticen la actuación objetiva de la
Administración, el respeto a la libre concurrencia de los
contratistas y a los principios
presupuestarios y financieros esenciales.
En este sentido, se adoptan modificaciones que afectan a la
admisión de la posibilidad de una garantía global; la
consagración expresa de los derechos del contratista, en
relación con el pago del precio del contrato y de las
posibilidades y garantías que le asisten en caso de
incumplimiento por parte de la Administración; se extiende la
revisión de precios a todo tipo de contratos, siempre que
excedan de una determinada
temporalidad, y hay otra serie de medidas que afectan a la
imposibilidad de declarar desierta la subasta en caso de bajas
temerarias cuando existen postores en los que no concurra esta
circunstancia, o la limitación de la duración del contrato de
gestión de servicios públicos a un plazo determinado.
Ultimo objetivo: la incorporación a la ley de disposiciones
dispersas y la agrupación sistemática de la legislación sobre
contratación pública. Se ha puesto un especial interés, a lo
largo de su preparación y tramitación, en cuidar los aspectos
técnicos y en establecer un cuerpo normativo único y completo
sobre contrataciones administrativas. En ese sentido, el
proyecto se configura como una nueva estructura, con una parte
general más amplia, aplicable directamente a todos los
contratos, abordando cuestiones que antes se recogían en la
regulación del contrato de obras, que regían, con carácter
supletorio, para el resto de contratos y otra especial con las
características propias de cada uno de los diversos tipos de
contrato. Esta nueva sistemática unifica el tratamiento de los
aspectos sustanciales de la contratación y permite incorporar
a su texto diversas
disposiciones que, con posterioridad a la vigencia de la Ley
de Contratos del Estado, han venido regulando aspectos
esenciales de la contratación.
Entre las normas sobre contratación administrativa que,
encontrándose dispersas, se incorporan ahora al proyecto,
pueden detectarse las referentes a las siguientes materias:
revisión de precios, contratación en el extranjero, contratos
de asistencia con empresas consultoras o de servicios,
contratos para la realización de trabajos específicos y
concretos no habituales, normas sobre clasificación,
et cetera. El resultado de estos principios es que el texto
en su conjunto refleja un nuevo equilibrio en la contratación
administrativa, articulando un nuevo sistema de relaciones de
la Administración con el
contratista.
Este nuevo esquema de relaciones en el que las
administraciones refuerzan la aplicación de los principios de
transparencia, publicidad y no discrecionalidad, al tiempo que
asumen plenamente sus obligaciones para con los contratistas,
debe sentar las bases para que los proveedores de la
Administración se instalen en una cultura análoga de
transparencia y cumplimiento sin distorsiones de sus
obligaciones contractuales.
Necesariamente tengo que referirme a los planteamientos de
tres grupos parlamentarios que proponen la devolución al
Gobierno del texto del proyecto de ley.
Quiero entender que los razonamientos que soportan esta
pretensión reflejan --y me atrevo a resumirlos de forma
sistemática o de forma sintética-- la dificultad que
expresamente he reconocido de simultanear una agilización y
flexibilización en los procesos administrativos con el
incremento de medidas de control.
En la práctica constituye casi una tautología que mayor
flexibilidad es equivalente a mayor discrecionalidad y mayores
controles a menor agilidad. Por tanto, al margen de estas
antinomias, persiste la invitación del Gobierno a buscar,
entre todos los grupos parlamentarios, los equilibrios
cuantitativos y cualitativos que conviertan la arquitectura
legal del proyecto de ley en un ámbito habitable para las
Administraciones y que refleje, al tiempo, las demandas
sociales.
En lo que concierne particularmente al conjunto de
justificaciones que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya articula para devolver el
proyecto de ley al Gobierno, tengo que entender que el núcleo
de su argumentación es compatible con el desarrollo de las
resoluciones que se aprobaron con ocasión del debate del
estado de la Nación y respecto a las cuales el Presidente del
Gobierno asumió el pasado día 11 en esta Cámara un compromiso
en el sentido de que serían tramitadas como enmiendas del
Grupo Parlamentario
Socialista.
Las transformaciones del texto que se pretenden son posibles
en los términos generales que se presentan y su concreción
habrá que determinarla de acuerdo con otros grupos de la
Cámara.
En todo caso, es mi deber constatar las consecuenciasque la
devolución del texto tendría. Por un lado, se perdería la
oportunidad --y destaco en estos momentos el término
oportunidad-- de perfeccionar un texto que en su estructura
básica tiene pocas alternativas. No olvidemos que debe seguir
las pautas marcadas por las directivas comunitarias y las
arraigadas referencias de nuestro Derecho administrativo.
Además, devolver el texto sería en gran parte estéril, pues se
estaría obligando al Gobierno a regular mediante un real
decreto-ley los aspectos incluidos en las directivas cuya
incorporación a nuestro Derecho debía haberse producido ya en
marzo de 1992 para los contratos de obras y suministros y en
julio de 1993 para los contratos de servicios. No creo que
ninguna de estas dos consecuencias sean deseables. Por tanto,
reitero mi convencimiento de que el texto va a ser enriquecido
sustancialmente a su paso por las Cámaras y que es conveniente
que así sea por la sensibilidad política que las Cámaras deben
trasladar, así como por la conveniencia de incorporar
opiniones de aquellos Diputados y Senadores con experiencia o
responsabilidades directas en la gestión de las
Administraciones autonómicas o locales.
Expreso también la convicción del Gobierno de que ha remitido
al Parlamento un texto útil, de alta calidad técnica, a la que
no son ajenos el dilatado proceso de tramitación de la ley,
los esfuerzos de la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas que funcionó en esta Cámara la
pasada legislatura y el duplicado esfuerzo del Consejo de
Estado.
Este texto, complementado por el desarrollo en detalle de las
resoluciones que con ocasión del debate del estado de la
Nación aprobó esta Cámara, debe servir de fundamento para
alcanzar una ley operativa y eficiente que satisfaga las
inquietudes que en la sociedad se detectan, pero creo que, al
mismo tiempo, asume las referencias comunitarias que además
debe permitirnos no alejar, por razones de excesivo rigor
técnico en la contratación administrativa, a las
Administraciones españolas de los
beneficios que como clientes deben obtener del gran mercado de
compras públicas que se está fraguando en la Unión Europea.
Toda esta explicación yo creo que debería permitirme pedir a
SS.SS. su voto favorable para un proyecto de norma que estoy
seguro puede ser mejorado, pero que es, indudablemente, una
magnífica base para resolver un problema ya antiguo y que yo
creo que su resolución se plantea ya como urgente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Enmienda de
totalidad del Grupo de Coalición Canaria. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, desde
el punto de vista de Coalición Canaria, nos parece una pena
que, con la sensibilidad enorme que hay en este país sobre los
temas de la degradación del sistema político democrático y
sobre los temas específicamente de la corrupción, el debate de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas tenga un
desierto de escaños vacíos que reflejen la falta o la carencia
de pasión de SS.SS. sobre un tema esencial, si de verdad se
quiere hacer frente a los problemas de la corrupción.
Verdaderamente, esta mañana los medios de comunicación nos han
obsequiado con unas declaraciones del señor Serra, no
Vicepresidente del Gobierno, sino Presidente de una
constructora, de Cubiertas, que de una manera clara y
contundente nos dice que las empresas constructoras han pagado
miles de millones para la financiación de partidos políticos y
que eso es una práctica generalizada en este país, y no sólo
de las empresas
constructoras diría yo.
Ante un hecho tan grave como ése, resulta lamentable una
cierta insensibilidad para el debate de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, porque el señor Roldán no es
sólo el problema de los fondos reservados, sino que es un
problema de contratos de administraciones públicas, porque los
problemas de la degradación de la vida democrática en este
país, en este mayo tumultuoso, tienen mucho que ver con los
controles,
con la eficacia de los controles y con la transparencia en las
adjudicaciones de las administraciones públicas. Y no estoy
hablando de sospechas, estoy hablando de hechos, de
declaraciones de parte, que comprueban un hecho que todos
conocemos. Por eso, cuando el Ministro viene aquí, después de
hace unos meses, a hablarnos, el Partido Socialista y el
Gobierno de la Nación, del impulso democrático (que otros
grupos políticos con mucho más rigor han calificado de
regeneración democrática, porque parecía que lo del impulso
era simplemente continuar un camino que ya habíamos empezado,
y regeneración era dar marcha atrás y corregir errores
gravísimos que han deteriorado el sistema democrático), cuando
se puso en marcha el problema del impulso democrático resulta
que, entre otras cosas, nos ofrecieron la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas para lograr un amplio consenso. Y
hay que decir aquí que la presentación de tres enmiendas de
devolución, que siempre se rechazan en nombre de la agilidad,
de la rapidez del procedimiento político, reflejan el fracaso
en el diálogo político, porque en este país se está
produciendo no sólo una batalla tremenda entre el Gobierno y
la oposición --por otra parte, legítima-- en la lucha por el
poder a través de la vía democrática, sino que paralelamente,
y desgraciadamente, esa lucha legítima está produciendo un
deterioro gravísimo de las instituciones democráticas. El
Gobierno no termina de entender que hay que separar la acción
de Gobierno, en la que las mayorías tienen que funcionar, de
los consensos democráticos para aquellas cuestiones que lo que
establecen son reglas, mecanismos para fortalecer el sistema.
Y esta Ley no es precisamente de esas leyes de acción de
Gobierno, son leyes en las que todos tenemos que pactar el
acabar con las corruptelas, el acabar con la corrupción, el
acabar con la arbitrariedad, con los abusos de poder, con los
tráficos de influencia, con la información privilegiada,
etcétera, que son las grandes enfermedades del sistema
democrático actual.
Por todas estas razones, le decimos al Ministro que hemos
presentado una enmienda de devolución, una enmienda a la
totalidad, porque no ha habido ninguna clase de diálogo,
porque este no es un debate de gestores, porque este no es un
debate de técnicos, porque este es un debate político
esencial. De lo que se trata en este país no es de la caza, de
la cacería de los culpables, que, por supuesto, hay que
hacerla, porque si no se generaría un problema de impunidad,
sino de establecer medidas serias, alternativas, para acabar
con la situación de crisis política y moral en la que está
metido este país desde hace varios meses y que no son nada
buenas para los intereses del Estado.
Por todo ello, nuestro grupo pide al Gobierno que retire, si
no que vote o se abstenga en esta enmienda y en las restantes
enmiendas que compartimos, porque aquí venimos hablando en el
desierto desde hace meses, de que hay que lograr un gran
consenso sobre un conjunto de medidas que fortalezcan el
sistema
democrático. Ese consenso no se produce. El diálogo entre los
diferentes partidos está envenenado. Hay por una parte, la
lucha legítima por mantenerse en el poder, desde las mayorías
y las prisas, desde la oposición, por llegar a ese poder,
también legítimo, siempre que sea por la vía democrática. Pero
hay que separar aquellos espacios, aquellos terrenos, aquellos
temas que pueden lograrse en los consensos y hay que lograr
que esta Cámara se apasione, cosa que no se ha logrado. --Se
han ido todos, la mayoría de los Diputados--. Aquí hay no sé
si el veinte por ciento de los diputados, a los que yo
felicito por estar en este debate cuando parece mucho más
interesante oír las palabras de ayer porque había un Pleno
tremendo, lleno hasta la bandera, cuando se preguntaba al
señor Serra por los temas de Roldán y hoy no reflexionamos
sobre las palabras del otro Serra, del
Presidente de Cubiertas, sobre la financiación ilegal de
partidos políticos.
Hay una Comisión creada para estos asuntos, esperemos que
tenga el mayor éxito, pero debe haber un consenso, no sólo
buscar los acuerdos cuando se necesitan mayorías cualificadas,
sino que incluso cuando se tiene mayoría suficiente hay que
buscar diálogo y consenso, si son sinceros, para resolver
estos problemas. Nosotros creemos que el proyecto de ley que
se nos presenta tiene mejora, sin duda, pero es insuficiente.
No logra las medidas necesarias para alcanzar la objetividad
en la adjudicación de los contratos, adjudicación que hay que
hacer siempre en base a precios, a calidad, a plazos de
ejecución. No es suficiente en cuanto a transparencia y
controles y no hay contradicción, si sabemos usar la
experiencia y la imaginación para que los máximos y los más
severos controles tengan que estar en contradicción con la
eficacia y la agilidad del procedimiento y, por tanto, la
simplificación del procedimiento. No estamos pidiendo un
proyecto que burocratice las decisiones y, por tanto, las haga
oscuras, las convierta en esto que tanto está de moda ahora,
que son las decisiones opacas. Pedimos la mayor transparencia,
el mayor control, un régimen de sanciones duras para empresas
que no cumplan con los requisitos de los contratos con el
Estado o con las administraciones públicas, en general.
Por todas estas razones --y sin ánimo de extenderme--, hemos
presentado una enmienda a la totalidad de devolución y nos
ofrecemos para dialogar, si alguien quiere dialogar, y si el
griterío que hay en este país deja espacio, tiempo, serenidad
y sosiego para dialogar de verdad sobre proyectos que mejoren
la vida democrática y refuercen las instituciones. El
Parlamento de España tiene, a mediados y a finales de 1994,
una oportunidad histórica, única, para reforzar su prestigio
y, por tanto, reforzar al sistema democrático. El Parlamento
de España no ha sido precisamente, dentro del juego
de las instituciones de este país, el que tenga mayor nivel de
prestigio por sus actuaciones y por sus iniciativas, pero le
ha caído una enorme responsabilidad, en un momento de
deterioro del Gobierno y, desgraciadamente, también de los
partidos, en general, de la oposición, en un momento de
deterioro de la vida política española, y es necesario que el
Parlamento recupere su iniciativa. La iniciativa parlamentaria
tiene que estar basada en la lucha política en las acciones de
Gobierno y en los grandes consensos para reforzar el sistema
democrático. Las dos cosas no se están consiguiendo
adecuadamente y por eso la presentación de esta enmienda es,
de hecho, un acto de protesta y de denuncia frente a la acción
del Gobierno y de los grupos que le sustentan por su falta de
diálogo y de responsabilidad en un tema tan importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, no se
trata, evidentemente, de reproducir el debate de diciembre de
1992 con ocasión del primer proyecto sobre Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y, por tanto, voy a tratar de
responder a dos tipos de preguntas.
¿Responde este proyecto de ley remitido por el Gobierno a la
inquietud social? La segunda pregunta a la que hacía
referencia el señor Ministro es: ¿se puede mejorar en el
trámite
parlamentario? ¿Cuál es la razón de una enmienda de totalidad
de devolución?
Estamos hablando, evidentemente, de un tema muy importante, no
sólo porque la contratación de las Administraciones Públicas
se refiera a entre nueve o quince puntos del producto interior
bruto, si tenemos o no en cuenta las empresas públicas, sino
porque, efectivamente, una de las quiebras del sistema de
confianza en lo público es precisamente por el tema de la
contratación, por tanto la razón económica del volumen del que
estamos hablando, pero también la razón de la confianza
política en estos momentos.
Los ciudadanos no confían en que sea trigo limpio lo que se
está haciendo con la contratación pública, y aprovechando que
no confían en la contratación empiezan a apuntar más arriba y
apuntan a lo público, apuntan a las instituciones, etcétera,
nos meten a todos en el mismo saco. Por eso es muy importante
el hacerse la pregunta de si, como ha dicho el señor Ministro
(inicialmente era para transponer directivas comunitarias,
después vio la conveniencia de ordenar sistemáticamente una
serie de preceptos), es un problema técnico el de este
proyecto de ley. ¿Hay que hacer ajustes técnicos, mejorar
instrumentos sólo? Yo creo, señorías, que no es un problema
técnico el de este proyecto de ley. Como se ha dicho ya desde
esta tribuna, es un problema eminentemente político: ser
capaces, este Parlamento, de dar respuesta a la inquietud de
la sociedad de que cuando las Administraciones Públicas, los
gestores públicos administran varios billones de pesetas de
todos los ciudadanos lo hacen con transparencia, con
objetividad y, sobre todo, con eficacia. Yo creo, de verdad,
señorías, que este proyecto no satisface las necesidades de
los ciudadanos.
Hay un primer problema que yo creo que es fundamental y es de
raíz, que es una de las razones por las que nosotros creemos
que no es cuestión de mejorar artículo a artículo el proyecto,
y es a quién va a afectar este proyecto de ley.
Las directivas comunitarias, señorías, se llaman: directivas
de los contratos públicos; de los contratos públicos de obras,
de suministros, de servicios, de telecomunicaciones, de agua;
contratos públicos. Este es un proyecto de ley que habla de
contratos de las Administraciones Públicas, pero no sólo eso,
sino que, fundamentalmente dentro de los contratos que hacen
las Administraciones Públicas, se refieren sólo a los
contratos administrativos. Por tanto, es una ley de los
contratos
administrativos de las Administraciones Públicas. Señorías, si
ese casi ya no es el problema. La mayor parte del gasto
público del sector público se hace fuera de las
Administraciones
Públicas, pero, además de hacerse fuera de las
Administraciones Públicas, se hace fuera de los contratos
administrativos de las Administraciones Públicas; las
compraventas, todas esas empresas que hemos creado para hacer
desde las cárceles a cualquier otra cosa, son todo empresas
fuera de la Administración Pública; empresas privadas con
capital más o menos público, empresas interpuestas. Eso es lo
que ha salido en los temas de Renfe; son sociedades
instrumentales interpuestas. Por ahí es por donde va el gasto
público. Las administraciones públicas, dentro de los
contratos administrativos, se están quedando cada vez con una
parte menor del gasto público. La primera advertencia es que
este proyecto de ley no satisface la necesidad o la inquietud
social porque reduce excesivamente su ámbito.
Es verdad que en la resolución del día 20, a propuesta
precisamente del Grupo Socialista, se pedía que se abriese el
abanico del ámbito de aplicación de esta Ley de Contratación
de las administraciones públicas; por tanto, lo primero que
pediríamos es que no fuera Ley de Contratos de las
administraciones públicas, sino Ley de los contratos públicos,
los haga quien los haga con dinero público; ley de los
contratos públicos y no ley de contratación de las
administraciones públicas.
Hay una segunda razón. Se intenta resolver un problema del
gasto mediante instrumentos en la ley de contratación, y eso
es insuficiente, señor ministro. Nos ha prometido su
ministerio, no sé cuantas veces, un Libro
Blanco del gasto público. Hay que tener una concepción más
global del gasto público, porque la contratación es una de las
fases importantes como la presupuestación o la planificación
de los objetivos. Uno de los elementos fundamentales que la
propia administración ha detectado es que faltan objetivos y,
si faltan objetivos, es muy difícil evaluar si los contratos
tienen sentido o no. La presupuestación y la planificación son
otros elementos, y también el control. Por tanto, señor
Ministro hace falta que la ley de contratos esté en un abanico
más amplio de medidas que afecten a todo el trayecto del gasto
público; todo ese trayecto es imprescindible que se contemple
porque si no las medidas, además de ser parciales, serán
insuficientes.
Los problemas que se han detectado en la práctica, que
fundamentalmente han sido por irregularidades, por
ilegalidades, pero a veces simplemente por abuso de
instrumentos previstos en la ley, son fácilmente detectables.
Hay una mistificación entre los órganos que analizan los
procedimientos de contratación y los órganos que deciden la
contratación; hay un proceso, la desvirtuación de unos
mecanismos, que en principio eran lógicos, al permitir los
reformados permitir las ampliaciones, de tal forma que las
alteraciones en los costes finales de los contratos vienen
fundamentalmente por esta vía. Se ha podido hacer una baja,
más o menos temeraria, pero después se recupera mediante el
procedimiento de los reformados. El problema de las
subcontrataciones donde incomprensiblemente alguien que ha
hecho la baja del 15 por ciento en una obra, subcontrata con
otra empresa que, a su vez, subcontrata con otra empresa, y
hasta una cuarta empresa. Teóricamente todas tienen ganancia,
pero, al final, es difícilmente comprensible cómo se puede
ejecutar la obra por el precio pactado. El truco está en la
opresión sobre los elementos, fundamentalmente los
trabajadores, de esa tercera o cuarta empresa subcontratista.
Por tanto, los problemas están más o menos detectados.
Los órganos unipersonales que pueden decidir. Existían juntas
de compras, comisiones informativas, pero el órgano ejecutor
se puede apartar de la decisión porque es meramente
informativa. Todo esto estaba detectado. Nosotros reconocemos,
en ese sentido, que es perfectamente mejorable la ley, sobre
todo en uno de los elementos que además el Gobierno señala
explícitamente y es que no recoge las directivas comunitarias.
La Directiva comunitaria 665, de 1989, sobre coordinación de
los procesos y de los recursos, para nosotros es fundamental.
¿De qué sirve, como dice el Ministerio en la memoria que
acompaña a la ley y en la propia exposición de motivos, que
exista una jurisdicción
contencioso-administrativa que, cinco años después de haberse
producido el contrato irregular, diga que el contrato es
irregular, que se vulneraron todos los principios de
procedimiento, que no existía consignación presupuestaria,
pero que, como la obra está hecha, hay que abonarla en base a
los principios del derecho civil? ¿De qué sirve eso? Claro que
tenemos en este país una jurisdicción contencioso-
administrativa, a expensas, por cierto, de que se hagan los
tribunales
provinciales, pero existe una jurisdicción
contencioso-administrativa que, al final, termina el proceso -
-o incluso el propio Tribunal de Cuentas--, pero tres, cuatro
o cinco años después. Eso no es lo que pedía la directiva 665.
Lo que pide es un instrumento ágil, eficaz, para impedir que
el contrato irregular se produzca, no para decirlo cuatro o
cinco años después.
Nosotros proponemos instrumentos administrativos, o si se
quiere incluso jurisdiccionales para ese problema de la
agilidad, de la eficacia. En nuestro país existen instrumentos
de la
Administración, desde los jurados provinciales de expropiación
hasta los tribunales económico-administrativos, incluso los
tribunales de la competencia, que permitirían establecer unos
mecanismos eficaces y ágiles para resolver este tipo de
problemas. Este paquete de recursos, como el Gobierno
reconoce, no se ha integrado en esta ley, entre otras razones
porque dice que no hace falta en España trasponer la directiva
665, de 1989. Nosotros creemos que es uno de los instrumentos
fundamentales, porque los problemas están detectados, pero hay
que evitar que, como los gestores muchas veces saben, tres,
cuatro o cinco años después de estar hecho el contrato, va a
decir un tribunal que está mal hecho pero hay que pagarlo y
aquí paz y allá gloria. Hay que evitar que algunos gestores
caigan en la tentación de saltarse la legislación en estos
momentos en vigor.
Otra de la cuestiones que a nosotros nos permite decir que es
difícilmente reconvertible el proyecto de ley a través de
enmiendas parciales es el tema competencial, el tema básico de
esta ley. La técnica seguida por el Ministerio de hacer un
primer libro de consideraciones de tipo general y un segundo
libro en relación con los diferentes tipos de contrato
perfecciona la técnica anterior, pero creemos que en estos
momentos sería preferible otra técnica, y que en un primer
libro estuviese la parte básica y después estuviese la parte
de desarrollo para la Administración central --que es la que
puede legislar este Parlamento--, y probablemente también para
la Administración local. Esta es una ley, señorías, hecha en
el Ministerio de Economía y Hacienda o en el Ministerio de
Administraciones Públicas pensando fundamentalmente en la
Administración central, que llega a desarrollos reglamentarios
(se reconoce que se han introducido en la propia ley textos
que antes estaban en el Reglamento de contratación) y, por
tanto, llega a desmenuzar, a concretar con todos los
pormenores, la materia para la
Administración central --para la Administración autonómica,
como es una ley básica, ya se desarrollará--, pero hay un
déficit en este país en materia de Administración local.
Se han conjugado dos elementos que, a nuestro modo de ver, han
sido tremendamente perniciosos en la contratación local: de
una parte, los límites para la adjudicación directa han sido
extraordinariamente altos --el juego de los límites para la
contratación local estaba muy alto-- y, de otra parte, otro
fenómeno, introducido sobre todo en el texto refundido,
atribuía al alcalde la totalidad de la contratación en la
corporación local. Por una serie de mecanismos que fueron
desde la Ley de Bases de Régimen Local, sobre todo el texto
refundido, en estos momentos los alcaldes, órganos
absolutamente unipersonales, pueden contratar todo en las
administraciones locales. El conocimiento de los 8.000
municipios de nuestro país y de su situación técnico-
administrativa hace pensar que tienen dificultad para hacer
constituir esas juntas de contratación hacer los informes
técnicos sobre las ofertas y las propuestas; por tanto, hay
una insuficiencia radical en esta Ley, que está pensada para
administraciones que pueden tener juntas informativas de
contratación, que pueden tener servicios técnicos que evalúen
una serie de cuestiones, respecto a la Administración local.
Esa insuficiencia debería ser cubierta, a nuestro modo de ver,
además de ese libro que entra en los distintos tipos de
contratos, en otro libro que entrase en las peculiaridades de
contratación de diferentes entidades, de diferentes
administraciones, de diferentes empresas que, como he dicho
antes, deberían sujetarse a este tipo de contratos públicos.
Señorías, estoy intentando dar razones. Si solamentefuesen
elementos puntuales de mejora de instrumentos; que los órganos
de contratación sean siempre colegiados y no unipersonales,
como señala una de nuestras enmiendas parciales; cosas que se
pueden mejorar como que los baremos en los concursos sean
objetivos, que esté motivada la resolución, que la apertura de
plicas y el debate de las mesas de contratación puedan ser
públicos para que pueda establecerse una mejor transparencia,
si fueran todos esos instrumentos efectivamente, cabrían en el
trámite de desarrollo parlamentario de este proyecto de ley.
Hay elementos fundamentales o, como decían los escolásticos,
el objeto formal, la posición en la que nos colocamos de
contemplar todo lo público, todos los contratos públicos y no
sólo los contratos administrativos de las administraciones
públicas; al contemplar de diferente forma la distribución de
competencias entre las diferentes administraciones; de atender
a las
peculiaridades, puesto que abrimos el proyecto de ley a muchos
más sectores de lo que es el sector público globalmente en
nuestra economía, por ende, debemos inmediatamente atender las
peculiaridades de cada uno de estos segmentos del sector
público, fundamentalmente de la Administración local.
Todas esas razones, señor Ministro, señorías, nos hacen pensar
en la dificultad de que mediante enmiendasparciales se pueda
modificar sustancialmente, como nosotros entendemos que se
debe hacer, para atender la demanda social preocupada por la
gestión de esa partetan importante del gasto público, la que
se hace a travésde la contratación. También es muy importante
la que se hace a través de la transferencia, de la subvención;
también es muy importante la que se hace directamente a través
de los salarios, que supone entre nueve y quince puntos del
producto interior bruto, pero los ciudadanos están preocupados
por cómo se gestiona esa parte del producto interior, por cómo
se está gestionando en lo concreto y creemos que este proyecto
de ley no satisface esa preocupación y, por tanto, pedimos la
devolución al Gobierno.
Eso no significa, señorías, señor Ministro, que nosotros
pensemos que no es necesaria esta ley. Es una ley necesaria en
ese marco más global; es urgente pero uno o dos meses de
demora no van a alterar la situación, porque, en definitiva,
este proyecto no arregla las cosas, no las varía ni modifica
sustancialmente ni tampoco las desarregla. Es, como se ha
dicho, excesivamente continuista tanto respecto al proyecto de
1992 como a la
legislación vigente en estos momentos, aunque la sistematice.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor De la
Vallina.
El señor DE LA VALLINA VELARDE: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, la nueva regulación de los contratos de
las
administraciones públicas, cuyo importante proyecto, como
subrayaba en la presentación del mismo el señor Ministro de
Economía y Hacienda, es hoy sometido al conocimiento y debate
de la Cámara, viene exigida por un triple orden de
consideraciones. En primer lugar, para dar cumplimiento en
este punto a las previsiones constitucionales contenidas en el
artículo
149.1.18.ª, que atribuye al Estado la competencia sobre la
legislación básica en materia de contratos y concesiones
administrativas, con el significado y alcance que esta
legislación básica tiene en nuestro sistema de fuentes del
Derecho y al que no es preciso referirse en este momento. En
segundo término, para acomodar, como también ha sido apuntado
esta mañana, nuestro derecho a la normativa comunitaria
europea, incorporando al ordenamiento español el contenido de
Directivas comunitarias sobre contratos de obras, servicios y
suministros, cuya inobservancia en no poco número de ocasiones
(inobservancia por parte de las administraciones públicas
españolas), viene ocasionando perjuicios para el Estado
español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y,
en tercer lugar, y fundamentalmente en nuestra opinión, para
devolver
a la contratación administrativa las necesarias garantías y
los controles jurídicos preventivos que aseguren la legalidad
en la actuación de todo el sector público y el recto uso de
las potestades públicas en la gestión patrimonial por parte de
las autoridades y órganos de las administraciones; garantías y
controles preventivos que han ido debilitándose, cuando no han
sido suprimidos, a través de diversas técnicas jurídicas a
partir de 1982 en que los socialistas acceden al poder.
Las dos primeras finalidades que quedan apuntadas (desarrollo
constitucional a través de legislación básica y acomodación
del ordenamiento interno al ordenamiento comunitario europeo)
puede entenderse que son cumplidas por el proyecto de ley
remitido a la Cámara o que, en su caso, son susceptibles de
ser alcanzadas a través de enmiendas singulares al articulado.
Muy al contrario sucede en lo que se refiere a las debidas
garantías y controles jurídicos que deben establecerse sobre
la actividad contractual del sector público. Los principios y
el espíritu a que responde el proyecto no garantizan la debida
transparencia y concurrencia ni aseguran que la actuación del
poder venga determinada por la persecución del interés
general. En estos momentos a nadie se le oculta que es
necesario ser extremadamente cuidadoso en la regulación de
esta materia ya que de nuevo en esta primavera han vuelto a
florecer con fuerza escándalos e irregularidades y a diario
los medios de comunicación se refieren a temas
directamente conectados con la contratación pública.
No pretendo contribuir a la alarma social motivada por los
abusos de poder y corruptelas que alcanzan a centros y
organismos claves y vitales de la organización del Estado;
pero es lo cierto que si no se hubieran suprimido garantías y
controles jurídicos, la situación sería muy diferente. Lo
ponía de manifiesto
recientemente un autor que no creo resulte sospechoso para los
bancos socialistas, me refiero al ex presidente del Tribunal
Constitucional, el profesor Tomás y Valiente, cuando hace
pocas fechas atribuía la situación de deterioro y crisis del
poder entre otras causas a la supresión de los necesarios
controles preventivos. Tenemos que convenir que en ningún
campo esos controles se hacen más necesarios que en la gestión
patrimonial del sector público y, desde este punto de vista,
el proyecto resulta abiertamente rechazable para el Grupo
Popular. Con este proyecto de ley el ordenamiento jurídico no
dispondrá de un instrumento válido y eficaz para la
regeneración de la vida pública, antes al contrario, abre la
puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios sectores de la
actuación pública. Este proyecto nos merece por ello la misma
valoración que el proyecto remitido por el Gobierno en la
anterior legislatura y que por disolución de las Cámaras, como
también ha sido recordado esta mañana, no llegó a ser
aprobado. Por eso, hoy como entonces, el Grupo Popular formula
enmienda de totalidad, solicitando la devolución del proyecto
al Gobierno, enmienda cuya fundamentación paso seguidamente a
exponer.
La contratación administrativa desde los orígenes del Estado
democrático de derecho, desde la implantación del llamado
régimen administrativo, queda sometida a una regulación
específica de la que es un primer exponente, ya en el pasado
siglo, el Real Decreto de 27 de febrero del año 1852, dictado
y aprobado en la llamada década moderada, a través del cual se
establecían garantías y controles precisos para lograr que el
poder público sea un honesto contratante, como se puede ver en
la exposición de motivos de dicho Real Decreto.
Para comprender debidamente el rechazo que se postula del
proyecto de ley que hoy debatimos, a efectos de justificar que
los principios y el espíritu del proyecto no son, en nuestra
opinión, los que deben presidir una regulación de los
contratos del sector público, es conveniente tener presente
que la ausencia de esos necesarios controles preventivos, de
esas garantías jurídicas necesarias en la contratación
administrativa, la ausencia de las mismas puede manifestarse
por una doble vía. En primer lugar, en relación a los
contratos administrativos propiamente dichos, aquellos que
regula directamente la ley, por no resultar en ese caso
conveniente, adecuada, la regulación de los sistemas de
selección y adjudicación de los contratos, por permitir la
elección del contratista por la Administración sin mayores
condicionamientos, por hacer posible los reformados y
revisiones del contrato y, en general, por ser mínimas las
exigencias legales acerca del contenido de los expedientes de
contratación que garanticen la concurrencia y publicidad que
tiene que presidir esta actuación de las administraciones
públicas.
Desde este punto de vista y en relación a este tipo de
contratos, a la regulación específica de los contratos
administrativos, he de reconocer que el proyecto, en alguna
medida, mejora el remitido por el Gobierno en la anterior
legislatura, en cuanto recoge enmiendas formuladas por
distintos grupos, entre otros el Grupo Popular, a dicho
proyecto de ley en esa anterior
legislatura. En todo caso, las garantías y controles debidos
para esos contratos, que siguen teniendo para la ley la
consideración de administrativos, pueden y deben ser
perfeccionadas y
completadas por vía de enmiendas singulares. En ese sentido,
en relación a reforzar esas garantías, no se justificaría una
enmienda de totalidad, una enmienda de devolución como la que
en estos momentos postulo.
Existe una segunda vía a través de la cual las garantías de la
contratación en el sector público quedan desvirtuadas,
permitiendo actuaciones arbitrarias y corruptas del poder.
Para ello se utilizan, ciertamente, procedimientos
jurídicamente más sutiles. Lo que antes eran administraciones
públicas dejan de serlo por voluntad del legislador y, en
consecuencia, sus contratos
ya no quedarán sometidos a las reglas de la contratación
administrativa, la huida que en este caso se produce del
derecho administrativo se convierte --hay que decirlo lisa y
llanamente--en una huida al Derecho, para dar paso al reino de
la arbitrariedad, del capricho, del abuso en el manejo de
fondos, que siguen siendo fondos públicos.
Esto es lo que viene sucediendo, en los últimos años, a través
de las leyes de presupuestos, cuando no mediante regulaciones
específicas en sectores concretos de la actividad
administrativa, que van a dejar de ser gestionados por
entidades que hasta entonces tenían la consideración de
administraciones públicas, para pasar a ser las
correspondientes organizaciones, sometidas al derecho privado
y, en consecuencia, por lo que ahora interesa (puesto que
ciertamente la cuestión tiene otros muchos e
importantes efectos en otros ámbitos), los contratos de esas
organizaciones, que hasta en esto las reformas presupuestarias
eran de administraciones públicas, dejan de estar sometidas a
la regulación jurídico-administrativa.
Esto es lo que ha sucedido --conviene recordarlo-- con
determinados servicios que tradicionalmente eran prestados
incluso por direcciones generales de departamentos
ministeriales, como sucede con Correos y Telégrafos, Ley de
Presupuestos de 1991; con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, leyes de presupuestos de 1991, 1992
y 1993; con Aeropuertos españoles y navegación aérea, Ley de
Presupuestos de 1990, y con los puertos del Estado, en virtud
de la Ley específica de noviembre de 1992. También con Renfe,
aunque en este caso la configuración de Renfe como entidad de
derecho público sometida al derecho privado es anterior a la
década socialista; y lo que es más importante, o lo que es
peor, con una serie de sociedades de gestión de actividades
administrativas, por decisiones, por acuerdos del Consejo de
Ministros, tal como ha sucedido con la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, o con la Gerencia de Infraestructuras de
Defensa que maneja, no lo olvidemos, el importantísimo fondo
inmobiliario procedente de acuartelamientos e instalaciones
militares, situados tradicionalmente en el centro de las
ciudades y que hoy son desplazados fuera de ellas.
Esta situación a la que nos ha llevado la política legislativa
del Gobierno socialista, aparte de posibles perfiles de
inconstitucionalidad no puede dejar de ser tenida en cuenta a
la hora de regular la contratación del sector público. Si
queremos de verdad controlar la gestión patrimonial del sector
público, si queremos que la contratación efectuada por las
diversas administraciones quede sometida a las debidas
garantías, si queremos poner coto a prácticas abusivas del
poder, no basta con que la ley regule los contratos de las
administraciones públicas (tal es el título de la ley, como ha
sido subrayado en la defensa de la enmienda de totalidad de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), sino que es
necesario extender la regulación de los contratos a aquellos
negocios jurídicos en que intervienen esas entidades que
aunque legalmente no tienen la consideración de
administraciones públicas, son entidades instrumentales
creadas, dependientes y financiadas por el poder público.
Esto es lo que no hace el proyecto, no sé si consciente o
inconscientemente, puesto que a esta cuestión básica y
fundamental no se ha referido directamente en su presentación
el señor Ministro de Economía y Hacienda. Es más, el proyecto
en relación a las sociedades estatales y demás entes públicos
sometidos al derecho privado ni siquiera les impone las
mínimas e insuficientes exigencias que para ellas hoy se
contienen en la reglamentación de los contratos del Estado.
La actuación de esas entidades instrumentales ha de venir
presidida también por la legalidad y no por la libertad y ello
hay que decirlo, en palabras del profesor García de Enterría,
no por un prurito de jurista, como alguien pudiera creer, sino
por exigencia indeclinable de principios democráticos propios
de un Estado de derecho, porque por debajo de la vestidura de
esas personificaciones al levantarse el velo de la persona
jurídica de que habla la doctrina anglosajona, hoy recibida
por nuestra jurisprudencia, nos encontramos, lisa y
llanamente, con actuación sustancialmente pública. Por eso
rechazamos el espíritu y principios que presiden el proyecto
de ley que hoy debatimos y de ahí la justificación de la
enmienda de totalidad que en estos momentos defiendo.
Hay que ir a la regularización de todos los contratos
públicos. De poco serviría que la contratación de las
administraciones públicas ofrezca garantías contra el abuso de
poder y mecanismos disuasorios de tales abusos, si por la vía
de esos entes
instrumentales, por la vía del discutido y discutible artículo
6.º de la Ley General Presupuestaria amplios sectores de la
contratación, cuya dotación en última instancia es netamente
pública, quedan íntegramente sometidos a la regulación
jurídico-privada, donde lógicamente esas garantías son
desconocidas. Por ahí se entra, ya lo he apuntado, en el reino
de la arbitrariedad y del abuso. Un empresario o persona
privada puede dilapidar, si quiere, su patrimonio, favorecer a
sus amigos o correligionarios, asumir los riesgos que desee,
elegir como quiera a sus contratistas, pero un poder público,
en el sentido material que utiliza la Constitución y que
excluye cualquier camuflaje convencional autodecidido, no
puede hacer nada de eso porque se lo prohíben los principios
democráticos de un Estado de derecho que hoy consagra la
Constitución Española.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Vallina, le ruego concluya.
El señor DE LA VALLINA VELARDE: Voy concluyendo, señor
Presidente.
Si queremos, de verdad, regenerar la vida pública en todos los
ámbitos --como estoy seguro de que intenta toda la Cámara--,
si queremos poner fin a actuaciones irregulares y abusos de
poder, esos contratos de sociedades estatales o de entidades
públicas sometidas al Derecho privado, heredadas y
dependientes del poder público, financiadas con fondos
públicos, han de quedar sometidas, en lo que se refiere a la
preparación y adjudicación del contrato, a la llamada zona
común de la contratación pública, a las mismas normas que la
contratación de las administraciones públicas.
El sentido y la justificación de esta enmienda de totalidad,
el pretender que la ley regule no sólo los contratos de las
administraciones públicas sino también todo contrato cuya
sustancia última sea pública, es lo que puede acercarnos, de
verdad, al Derecho comunitario europeo, donde existe una
regulación uniforme de la contratación pública. En alguna
medida quiero pensar que el Grupo Socialista, después de la
remisión del proyecto a la Cámara, se ha acercado al punto de
vista que defendemos, sin duda motivado por los escándalos que
últimamente se han producido en materia de contratación y que,
por ello, está dispuesto a rectificar principios y el ámbito
de competencia de este proyecto de ley. Me baso para ello --no
sé si un tanto ingenuamente-- en la propuesta de resolución
que presentó el Grupo Socialista en el pasado debate sobre el
estado de la Nación --aunque en el último momento entiendo que
no fue aprobada-- en la que ciertamente se acercaban a algunos
de los postulados que fundamentan la enmienda que hoy
defiendo.
Señor Presidente, señorías --y con ello termino--, entiendo
que la enmienda de totalidad ha quedado suficientemente
justificada desde el punto de vista técnico-jurídico. Desde
una dimensión política, desgraciadamente, en las actuales
circunstancias, la necesidad de someter a controles jurídicos
preventivos toda la contratación del sector público se
justifica por sí sola. Si queremos de una vez por todas luchar
contra las graves
manifestaciones de corrupción, si se quiere dirigir el
esfuerzo a regenerar la vida pública, hay que reconocer que no
basta con proclamar la voluntad política para ello, sino que
es necesario contar con el marco jurídico adecuado que impida,
en el futuro, el bochorno en que ha caído el Gobierno de la
nación en estos momentos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Vallina.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Empiezo por agradecer el tono manifestado en la intervención
de los tres portavoces de los grupos que han presentado
enmienda de totalidad a este proyecto de ley. Un tono que creo
que es el preludio de un amplio acuerdo para dotar a las
administraciones públicas de este instrumento que ha de ser
eficaz para resolver los problemas que hoy demandan los
servicios, así como para tratar de paliar las desviaciones que
en la actualidad y
anteriormente se han producido en este tipo de materias.
El proyecto de ley que hoy debatimos tiene una extraordinaria
importancia, señor Mauricio. Creo que no está presente en la
Cámara...
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Varela, está presente y está
ocupando su escaño.
El señor VARELA FLORES: Perdón. Nadie niega la importancia de
este proyecto por varias razones. Por la materia que regula:
son los contratos de las administraciones públicas; por la
extensión de los sujetos afectados: la Administración del
Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los
ayuntamientos, los organismos autónomos, entes de Derecho
público, por tanto, un amplísimo campo que da origen a otra de
las razones de la importancia de este proyecto: el gran
volumen de la contratación pública que, a través de miles de
contratos, logra la inversión de cientos de miles de millones
a lo largo del año para dar satisfacción a las demandas de los
ciudadanos. Esto trae como consecuencia inmediata la necesidad
de establecer un sistema de contratación que garantice el
control de los órganos gestores del gasto público, que
garantice el derecho a la libre concurrencia e igualdad de los
empresarios contratantes y que posibilite la actuación eficaz
de las administraciones públicas en la
consecución de los objetivos que éstas tienen asignados.
Pero si la actualización de la regulación de esta materia, que
es compleja y dispersa, de sistemática poco adecuada,
modificada por las directivas de la Comunidad Económica, es en
sí misma necesaria, hoy cobra especial importancia por el
debate político del momento, que gira en torno a los casos de
corrupción, casos que en gran medida están relacionados con la
gestión del gasto público y, por tanto, con los contratos que
celebran las
distintas administraciones para realizar sus inversiones. Por
ello es lógico que esta cuestión esté presente no sólo en el
debate de las enmiendas de totalidad sino también, si éstas
son rechazadas, en el debate en la Comisión de Régimen de
Administraciones Públicas del articulado.
No se puede negar la evidencia de la preocupación social que
han generado los distintos casos de corrupción en las
distintas administraciones, y esto es importante por
incumplimiento o fraude en la aplicación de las normas que
regulan actualmente la contratación pública.
Por tanto, es un debate que tiene contenidos políticos de gran
calado y que no pueden ser eludidos tras la afirmación de la
importancia técnica de la ley, como afirmaba el señor
Martínez. Precisamente eso hace necesario que su análisis y
discusión en esta Cámara se realice con la serenidad
suficiente para elaborar una ley que logre los objetivos
deseados, que sea reflejo de la sensibilidad social y política
del momento en que es aprobada y que sirva como instrumento
capaz para posibilitar la gestión de las administraciones
públicas. Por eso yo discrepo del señor Mauricio, que pide
pasión. La pasión a veces lo que puede hacer es enturbiar la
razón, la serenidad con que un tema de tan gran calado tiene
que ser tratado en esta Cámara.
Esta ley debe tener vocación de permanencia en el tiempo. Una
norma de su trascendencia y complejidad, cuya elaboración
requiere años de trabajo, como ha señalado el señor Ministro,
no puede resultar viciada por un falso debate. Todos los
grupos políticos aquí representados han presentado propuestas
de resolución tras el pasado debate del estado de la Nación, y
el Pleno ha aprobado varias que se refieren a este proyecto de
ley y que habrán de ser recogidas en la ley resultante
eliminando la duda que el señor De la Vallina acaba de
manifestar respecto a este tema. Todos los grupos políticos
urgen hoy, como urgían en la anterior legislatura, la
presentación del proyecto que dé lugar a modificaciones,
muchas de ellas importantes, en la regulación de los contratos
públicos.
Este proyecto, adecuado a las necesidades reales de la materia
que regula, a pesar de ser bueno desde el punto de vista
técnico y de desarrollar con rigor los principios políticos
que lo inspiran, es lógicamente, como todo, mejorable. Y si
así lo pretendemos con la presentación de enmiendas al
articulado por parte del Grupo Socialista, como ya habíamos
hecho con el proyecto debatido en la anterior legislatura,
creo que los demás grupos pueden participar también de esta
disposición abierta a la consideración de sus propuestas que
lleven a la mejora de este texto. Por tanto, estamos
dispuestos a aceptar esa petición, formulación u ofrecimiento
de diálogo que comentaba el señor Mauricio.
El sistema español de contratación pública, señor De la
Vallina, que establece el proyecto y que rige en la
actualidad, tras las modificaciones experimentadas desde 1986,
no es singular, sino que resulta del traslado a nuestro
Derecho interno de las distintas directivas comunitarias que
regulan los contratos públicos para el conjunto de países de
la Comunidad Europea. Por eso no se puede afirmar, como usted
ha hecho, que los cambios introducidos en los últimos años en
la Ley de Contratos del Estado supongan la quiebra de un
sistema de garantías que funcionara adecuadamente con
anterioridad, cuando las directivas comunitarias han sido
elaboradas para fortalecer precisamente las garantías, y no
para lo contrario.
Señor Martínez, habrá que decir en qué puntos concretos el
proyecto se desvía del mandato que las directivas suponen,
según los artículos 100 y 189 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea; cuáles son esos puntos en los que
no se respeta este mandato de necesario cumplimiento e
incorporación de la directiva europea en nuestro Derecho
interno. Yo creo que tenemos que ir incluso más allá del
Derecho comunitario en el reforzamiento de esas garantías de
transparencia y de
objetividad, y el proyecto va en esa dirección que, como dije,
puede ser mejorado por las enmiendas de los grupos, y a ello
les invito.
Hay un tema importante que han tocado también los señores
Martínez y De la Vallina. Se trata de la ampliación del
ámbito. Creemos que se debe proceder a su ampliación subjetiva
incorporando los entes públicos que, en interpretación de las
directivas comunitarias, recomienda la Comisión de la
Comunidad Europea, y sometiendo además a los principios de
publicidad y concurrencia a aquellas empresas y sociedades que
no incorporan las directivas comunitarias. En este sentido de
ampliación del ámbito presentaremos la correspondiente
enmienda al proyecto. Si este es el motivo de su enmienda de
devolución, señor De la Vallina, creo que puede retirarla.
Usted ha citado Correos, Aeropuertos, Renfe, estos entes así
como la Agencia Tributaria, por ejemplo, que usted no ha
citado, tendrán cabida dentro de ese ámbito que todos deseamos
ampliar.
Respecto a la competencia, el señor Martínez hablaba de que
sería necesaria una técnica diferente que separe los
correspondientes apartados; es decir, uno que regule las
contrataciones de la Administración general del Estado, otro
que regule las
contrataciones de las comunidades autónomas, y otro que regule
las contrataciones de las entidades locales, de las
diputaciones y de los ayuntamientos. Nosotros creemos que la
técnica llevada a efecto es una técnica más depurada, es una
técnica mejor defendible que ésta, porque la contratación
administrativa es materia básica, según el artículo 149.1.18
de la Constitución, y, por tanto, debe estar contenida en un
único cuerpo legal. De todas formas, las atribuciones de los
órganos de las
administraciones locales, alcaldía, órgano de gobierno o
pleno, son materia que debe regularse --como lo está en este
momento--en otro tipo de norma, en normas específicas como la
Ley de Bases de Régimen Local y las posteriores que la
desarrollan.
Otro de los objetivos del proyecto, sin duda importante, es el
de la agilización. Si en cada modificación de la legislación
de los procedimientos administrativos, de todo tipo, y en los
judiciales, está siempre presente el objetivo de lograr la
simplificación de los mismos que permita alcanzar los
resultados con el menor número de trámites posibles, superando
engorrosas prácticas burocráticas y dilatorias y tardando el
menor tiempo posible, en esta ley su logro trae como
consecuencia
una mayor eficacia y, posiblemente, una mayor eficiencia en la
gestión de los servicios públicos. Pero la simplificación que
en alguna medida logra el presente proyecto encuentra siempre
un límite: este es el mantenimiento de las garantías
necesarias, que precisamente son el origen de los
procedimientos reglados por las leyes y que se colocan en el
sistema de valores políticos de nuestra sociedad y, sobre todo
hoy, en plano superior al de la necesaria agilidad, incluso en
plano superior al de la eficacia. Los tiempos demandan control
y estamos dispuestos a dar satisfacción a tal exigencia, sin
duda, pero ello requiere la tramitación de expedientes, de
plazos, convocatorias, publicidad, notificaciones,
resoluciones motivadas y otros requisitos que el proyecto,
creo que de forma satisfactoria, recoge.
Precisamente son esos requisitos presentes en el procedimiento
de la contratación administrativa, o mejor, esos distintos
procedimientos son los que garantizan otro de los importantes
objetivos del proyecto, el de una mayor transparencia y
objetividad. Es necesario establecer, como logra el proyecto,
un punto de equilibrio. La ley tiene que establecer un sistema
de garantías completo, pero además tiene que posibilitar la
realización de aquello que regula. Se norma para establecer el
cauce que debe seguir la contratación administrativa, el
procedimiento a cumplimentar como garante de la objetividad en
el ejercicio de los poderes públicos, pero ha de hacerse con
el rigor necesario, con objetividad, si se quiere no impedir
la fluidez que precisa el enorme volumen actual de los
contratos de las administraciones públicas. Por ello, no
podemos dejarnos llevar por una dinámica oportunista que
sugiere planteamientos frívolos y demagógicos para satisfacer
la voracidad del momento, porque este falso planteamiento
colapsaría el funcionamiento de las administraciones públicas,
impediría el funcionamiento de los servicios en perjuicio
único de los ciudadanos, y su aceptación irresponsable como su
planteamiento obligaría a una
prontamodificación para asumir las necesidades de la realidad
una vez remitido el anormal clima hoy reinante.
Otras materias están reguladas en diferentes leyes y pueden
ser utilizadas en este debate, como se ha hecho, señor
Martínez. Me parece correcto, pero creo que ello no debe
servir para
distorsionar el valor del proyecto que debatimos ni para
justificar la devolución del mismo. Estas materias deben
seguir reguladas por otras normas diferentes a esta ley,
aunque no niego la necesidad de la modificación de alguna de
ellas, pero no justifican, desde luego, la devolución del
proyecto. Me refiero, por ejemplo, a una petición de
regulación del proceso
contencioso-administrativo porque, si no, sería difícil la
aplicación del control en materia de contratación pública. Es
posible y es necesario. Este es un debate que ya hemos tenido
usted y yo con motivo de la reforma de las plantillas de las
administraciones públicas, en el mes de diciembre del pasado
año. Es ciertoque es necesario acometer, y así también lo
recogen las resoluciones aprobadas tras el debate del estado
de la Nación, una serie de modificaciones, de reformas, que
permitan tener una justicia mucho más ágil para detectar y
sancionar estas prácticas abusivas que pueden cometer algunos
desaprensivos en materia de contratación pública. También ha
mencionado a los órganos colegiados, las mesas de
contratación, las juntas de
contratación. Yo creo que hoy se contemplan con carácter
general. Todos los contratos han de celebrarse con mesas de
contratación, con órganos colegiados, y éstos han de
incorporar a las mismas asesores jurídicos y también
interventores. Esto nos lleva a afirmar que se ha profundizado
mucho en materia de transparencia y en el establecimiento de
controles adecuados en la contratación administrativa.
Me gustaría dar respuesta razonada a otras cuestiones
planteadas. Creo que el tiempo no lo permite, pero en el
debate en Comisión podremos profundizar y llegarentre todos a
acuerdos importantes para hacer posible que este buen proyecto
salga mejorado y realmente pueda reconducir situaciones que
todos consideramos urgente atajar.
Quiero terminar diciendo que es cierto que en la contratación
administrativa se producen actuaciones corruptas, siempre
aisladas, y que éstas deben evitarse con todos los medios
legales posibles de un régimen democrático, pero deben tener
claro que ello se lleva a cabo por actuaciones desviadas de
quienes contratan, del órgano contratante en cada caso, con la
utilización de figuras jurídicas en fraude de ley, como puede
ser el recurso a la urgencia para justificar la contratación
directa cuando es falsa. Ni la ley vigente ni el contenido del
proyecto autorizan tales prácticas desviadas, y cuando éstas
se producen están incurriendo sus autores en delitos
tipificados y
sancionados en nuestro Código Penal. Es cierto que una ley de
procedimiento como la que estamos tratando puede tener mayores
o menores posibilidades para quienes quieran situarse al
margen de la misma e incurrir en conductas prohibidas, pero no
podemos creer que cualquier norma de este tipo, por estricta
que sea, tenga en sí misma la virtualidad de hacerse respetar.
Este proyecto de ley de contratos de las administraciones
públicas es uno de los instrumentos que cabe utilizar para
luchar contra la corrupción; hay otros que están siendo
potenciados. Por ello, creo que la devolución a nuestros
ciudadanos de la confianza en el sistema no puede demorarse,
señor Mauricio. La tramitación de este proyecto tiene hoy una
justificada ausencia.
Perfeccionémoslo entre todos en el debate en Comisión, pero no
lo sometamos de nuevo a un retraso injustificado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valera.
Tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente, ya que me ha aludido
reiteradamente el portavoz del Grupo Socialista, simplemente
por cortesía parlamentaria para intentar explicarle mejor mi
intervención anterior, que por lo visto no le ha gustado. En
primer lugar, la idea que yo quería plantear es que ésta no es
una ley de trámite normal, sino que se tramita en este
Parlamento en un momento político y social concreto y que
debería haber tenido, por parte de esta Cámara, la
consideración política no de un debate técnico --con toda la
importancia de los argumentos técnicos necesarios e
imprescindibles para hacer una buena ley--, sino el gran
relieve político de la batalla de este Parlamento, la
iniciativa de que el Parlamento de España, en un momento
crítico de la vida política española, en un momento de
deterioro del sistema democrático, debería haber cogido esta
ley como emblemática de la voluntad de todos los partidos
políticos de lucha contra la corrupción. No es casualidad que
el Grupo Socialista, el Gobierno haya ofrecido esta ley como
uno de los puntales básicos de lo que llamó impulso
democrático.
Desgraciadamente, lo presentaron como una maniobra de
marketing hacia la opinión pública y desde entonces no ha
habido ni una sola solicitud de diálogo para intentar
consensuar esta ley. Por tanto, primer fracaso (estoy hablando
de política y no de elementos técnicos, a los que luego me
referiré): tres enmiendas a la totalidad. ¿Es simplemente la
voluntad de los partidos de la oposición venir aquí a
presentar la enmienda para hacer el discurso? Si ustedes creen
eso, nosotros bastantes silencios hemos tenido en esta Cámara,
y yo en particular; muchísimos silencios y muy poco tiempo he
utilizado cada vez que me toca intervenir. Sólo intento, desde
la limitación de nuestro
pensamiento, exponer posibilidades y posiciones necesarias
para llegar a ese consenso. No se nos ha preguntado, no se ha
preguntado a ningún grupo sobre esa propuesta. Si algún grupo
no estaba dispuesto a ese diálogo, el diálogo del Gobierno lo
hubiese puesto en evidencia. Pero en este caso quien ha
quedado en evidencia es el propio Gobierno. Porque una ley,
por muy buena que sea, es como una planta, hay que plantarla.
Las leyes como ésta necesitan el consenso democrático, una
voluntad política, no sólo la perfección técnica, y este
proyecto tiene muchas cosas muy discutibles técnicamente. Lo
que hace falta es la voluntad política y dentro de ella la
pasión, las buenas pasiones. Ha dicho, por lo visto, que
venimos aquí apasionados. Precisamente soy uno de los que
interviene en esta Cámara que me parece que nunca me he
apasionado. Señor representante del Grupo
Parlamentario Socialista, hay bajas pasiones y buenas
pasiones. Hay ideales y hay actitudes de degeneración
política, que todos debemos combatir, enlas que
desgraciadamente se está incurriendo repetidamente en los
últimos tiempos.
Por tanto, nuestra posición es --repito-- que es necesario un
gran acuerdo para sacar adelante esta ley. Se nos dice que a
partir de ahora, en Ponencia y en Comisión habrá diálogo. Lo
dudo porque, hasta ahora, cada vez que nos han propuesto ese
diálogo, al menos en la experiencia parlamentaria que yo
tengo, no lo ha habido y, cuantas más veces nos lo repiten en
los debates a la totalidad de proyectos de ley, más
recalcitrante actitud se tiene luego a la hora de abrir el
diálogo. No hay diálogo cuando se viene con las posiciones
prefijadas, con los discursos ya hechos, cerrados. Nosotros no
adoptamos esa actitud. Por consiguiente, el debate de esta ley
merecía una consideración política mucho más importante, un
gran acuerdo político de todos los grupos parlamentarios, un
gran consenso previo, y presentarla ante el país, ante la
sociedad española, como la voluntad de este Parlamento de
acabar con una página negra que ha habido en los últimos meses
de la vida política española, y empezar una nueva; cortar la
página de los borrones y empezar una página limpia, y
contestar hoy --que nadie lo ha hecho-- a unas declaraciones
de un alto representante de la empresa española que dice que
casi todos los partidos políticos españoles han recibido miles
de millones de las empresas constructoras. Deberíamos estar ya
tomando iniciativas con el Fiscal del Estado porque hay
corruptores y corrompidos. Quien corrompe, el actor de la
corrupción es precisamente ese empresario que paga comisiones
para adjudicaciones de carácter ilegal o de carácter no
objetivo en la contratación pública.
Por todo ello, lo que pido es un poco de pasión en la lucha
por la dignidad de este Parlamento, en la lucha por la
transparencia en la acción pública y en la Admistración
pública, en la lucha por la objetividad, en la lucha por la
serenidad, pero hay que luchar todos juntos para que la ley de
contratos de las
administraciones públicas o de contratos públicos en general,
como han dicho otros portavoces, tenga el carácter de
saneamiento de la vida política y moral española que en este
momento se necesita. Yo creo que en este momento son
necesarias las buenas pasiones, la altura política y no dejar
que estos asuntos queden en manos, como ha dicho alguien
recientemente, de contables, de técnicos, de funcionarios
burócratas que no tienen sensibilidad para que las leyes
respondan a la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego concluya.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Las mejores leyes de los mejores
expertos, si no tienen una relación con la sociedad y con el
momento en que viven, no sirven para nada, se quedan en papel
mojado. Y esta ley se quedará en papel mojado si no hay un
gran acuerdo,
de todos los grupos parlamentarios, de luchar no sólo por una
buena ley, sino para que se aplique con energía y con firmeza.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, el señor
Varela nos ha confirmado la necesidad de la enmienda de
totalidad. Creo que no estamos hablando de lo mismo. El
problema de los contratos públicos no es un problema de
trámites, por lo menos no es el problema fundamental. El
problema de los contratos públicos es que cada vez hay menos
gasto público afectado por la ley de contratos de las
administraciones públicas.
Su señoría dice: Bueno, pues ampliaremos los entes. No es
problema de los entes. Señorías, he dicho que la legislación
comunitaria en sus propios términos ya expresa la diferencia a
la que yo me refería. La legislación comunitaria habla de
Directiva de los contratos públicos. Por ejemplo: Esta
directiva se aplicará a las entidades contratantes que sean
poderes públicos o empresas públicas --todas las empresas
públicas-- o, sin ser poderes públicos ni empresas públicas,
sus actividades se refieren a temas de interés público.
Ese es el ámbito más amplio. Entre ese ámbito tan amplio de la
legislación comunitaria y el que el proyecto del Gobierno
establece, las administraciones públicas, e incluso dentro de
las administraciones públicas sólo las contrataciones
administrativas, evidentemente el paso que ha dado S.S. de
incluir los entes públicos es insuficiente.
No es un problema de incluir un ente más o menos. Es un
problema de que la sociedad está sensibilizada de que los
recursos públicos los administre una Administración netamente
pública, los administre una empresa pública, una empresa
privada de capital público, de mayoría de capital público; los
administre quien los administre deben estar bien
administrados.
El problema de esta ley no es que queramos que las empresas
públicas entren por el Derecho administrativo. No. Queremos
que las empresas públicas entren en la ley de contratos
públicos. La ley de contratos públicos tiene elementos
administrativos, los de funcionamiento de las
administraciones, y elementos no administrativos, los de la
Ley de Contratos Públicos. Todos los recursos públicos, a la
hora de contratarse, deben someterse a una ley de contratos
públicos, sean administraciones o no lo sean. Eso es lo que
hay en la sensibilidad social. No es un problema
exclusivamente de las Administraciones.
Señor Varela, dice usted: hemos puesto que todos los órganos
de contratación sean colegiados. Su Señoría ya había retirado
previamente a la Administración local, porque dice que eso es
otra legislación. Yo se la he recordado aquí. La legislación
local vigente en estos momentos permite que el alcalde haga
todo tipo de contrataciones, sin ningún tipo de límite,
etcétera. Ese no es un órgano colegiado. Aun más, le he
advertido que la Administración local tiene dificultades para
hacer esos órganos colegiados técnicos.
Por tanto, si aceptan que deben incluirse todos los órganos
colegiados, en todas las Administraciones, deberá modificarse
en lo relativo a la Administración local.
El problema del mecanismo jurisdiccional. No es que la
Administración jurisdiccional española no funcione, ya lo he
dicho, pero tampoco se resolvería creando un mecanismo
especial en la jurisdicción contencioso-administrativa; el
volumen de los contratos es tan grande que nosotros creemos
que sería difícil esa vía. En todo caso, la hemos dejado
abierta: o mecanismos administrativos o mecanismos
jurisdiccionales. Y ahí está el incumplimiento con las
directivas comunitarias, señor Varela. Dice el artículo 2 de
la 665, del año 1989, que los estados miembros velarán para
que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos
de recurso tengan los instrumentos necesarios, primero, para
adoptar lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia
medidas provisionales para corregir la infracción o para
impedir que se causen otros perjuicios. He estado pidiendo
instrumentos ágiles y eficaces y por eso dice esta misma
Directiva en su apartado 2 del artículo 2 que los poderes
establecidos en el artículo 1 podrán conferirse a organismos
específicos.
Nosotros estamos solicitando que se establezcan mecanismos
ágiles y eficaces, que no supone dejar al lado la jurisdicción
contencioso-administrativa, que resuelve dentro de tres,
cuatro o cinco años, sino que impida, que evite.
Efectivamente, eso tiene que ver con los antiguos controles
previos, pero no es exactamente lo de los controles previos.
Se busca un instrumento que sea eficaz, que sea colegiado, que
sea ágil; en una de nuestras enmiendas estará diseñado. He
puesto ejemplos que existen en la Administraci non española,
tanto en los tribunales económico-administrativos, en los
tribunales de competencia, como en los jurados provinciales,
órganos administrativos que
realmente pueden cumplir esta función. Incluso los jurados de
expropiación están presididos por un magistrado que tiene una
serie de elementos de garantía.
Por tanto, señorías, ...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Blasco le ruego concluya.
El señor MARTINEZ BLASCO: Sí, señor Presidente.
... la intervención en contra el Grupo Socialista nos ha
ratificado en la conveniencia de una posición diferente
global, de todo el proyecto de ley. No es un problema
de ampliar los entes, uno más, uno menos; es un problema de
que estamos hablando del gasto público que afecta a todos los
contratos públicos, los haga quien los haga, que tiene
elementos administrativos y elementos no administrativos;
estamos hablando de una definición de competencias entre
ayuntamientos y comunidades autónomas, pero con la diferencia
sustancial de que las comunidades autónomas pueden legislar y
en los ayuntamientos hay que hacerlo desde aquí. Y, sobre
todo, estamos hablando de medidas que eviten, que prevengan
esas irregularidades, en las que yo ya he reconocido que los
elementos particulares y concretos podrán ir con enmiendas
parciales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
El señor De la Vallina tiene la palabra.
El señor DE LA VALLINA VELARDE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, de su intervención, señor Varela, retengo lo que
S.S. me dice acerca de que, por vía de enmienda, se pueden
salvar las objeciones que sirven de fundamento a la enmienda
de totalidad que esta mañana he defendido en representación
del Grupo Popular. En mi primera intervención ya puse de
manifiesto que hay dos vías a través de las cuales se produce
esa situación de falta de garantías. La primera, la que afecta
a las debidas garantías que debe regular el expediente de
contratación de aquellos negocios jurídicos directamente
regulados por la Ley --contratos de obras, servicios,
suministros y demás--; efectivamente, por vía de enmienda,
entiendo que puede y debe mejorarse esa regulación, establecer
las debidas garantías. Pero hay un segundo ámbito, que es el
que he intentado poner de manifiesto en mi primera
intervención, y que es lo que en última instancia fundamenta,
justifica la enmienda de devolución, que entiendo que no puede
resolverse fácilmente por vía de enmiendas singulares, porque
afecta a los principios y al espíritu del proyecto, a la
concepción del proyecto; afecta --como dice el Reglamento de
la Cámara a la hora de regular las enmiendas de totalidad-- al
espíritu, a los principios del proyecto. Y es toda la
regulación de ese amplio sector público que queda al margen de
esta ley, como consecuencia de esa política legislativa
errónea que, en estos últimos años, se ha producido y que nos
ha conducido a la situación en que estos momentos nos
encontramos.
En todo caso, señoría, tomo buena nota de las palabras para,
en su momento, recordárselas y para ver si, efectivamente, en
los trabajos en ponencia --si es que la Cámara no acepta el
rechazo que tres grupos parlamentarios han formulado esta
mañana-- y en Comisión podemos salvar esta ley que, tal como
se presenta, vuelvo a repetir, es ampliamente rechazable.
En todo caso, mantenemos nuestra enmienda de totalidad como
expresión del rechazo que nos produce la situación a la que se
ha llegado en la gestión patrimonial pública que afecta como
he puesto de manifiesto en mi primer intervención, a centros
claves y vitales de la organización del Estado. Queremos que
el
ordenamiento jurídico disponga del marco adecuado, de los
instrumentos precisos para restablecer aquellos controles
jurídicos que una errónea y permisiva política legislativa ha
suprimido en materia de contratación y que nos ha conducido a
la situación en que nos encontramos.
Espero que, efectivamente, ese propósito de enmienda, que, en
alguna medida, S.S. ha manifestado esta mañana, sea una
realidad. Ya es hora de ello, y creo que les queda poco tiempo
para poder hacerlo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Vallina.
Señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Paso a dar respuesta a las intervenciones de los tres
portavoces en el orden en que se han producido.
Comienzo, por tanto, a responder al señor Mauricio, del Grupo
Canario, diciéndole que nosotros hemos reconocido desde el
primer momento que éste no es un debate más. Hemos dicho que
se trataba de un proyecto de ley muy importante. También hemos
dicho que no podíamos sustraer el debate político diciendo que
se trataba de una ley técnica, exclusivamente de contenido
técnico. Y creo que en mi anterior intervención, como ha hecho
también algún otro portavoz, he entradoprecisamente a hacer
esas consideraciones de carácter político. Me parece que hemos
tocado temas de fondo, de gran calado, quizá no en el sentido
que le hubiera gustado al señor Mauricio, pero creo que sí se
está produciendo un debate político que yo estimo positivo y
que puede posibilitar llegar a acuerdos posteriores, porque el
impulso democrático se logra a través de los trabajos en esta
Cámara.
Cuando usted se queja de que no hubo diálogo con su Grupo
político, no sé qué consideración le merece a usted el
Parlamento. No sé cuál es el concepto que tiene su Grupo de
esta Cámara, porque me parece que precisamente donde debe
producirse el debate político y donde debe empezar el diálogo
entre las distintas fuerzas políticas es aquí. No creo que
deba ser antes. Es el Parlamento el lugar llamado a establecer
ese clima de diálogo necesario para llegar a entendimiento en
leyes de esta transcendencia.
Usted dice que se necesita consenso y yo lo reclamo. Creo que
el tema en sí mismo lo reclama. A partir de ahora, en los
trabajos sucesivos, podemos establecer ese clima que nos
permita llegar a acuerdos. No lo dude.
Es una postura sincera, es una postura abierta a las
modificaciones que todos los grupos quieran realizar a este
proyecto que, en principio, como digo, es bueno; acomete la
resolución de los problemas que se plantean en esta materia,
sirve para dar satisfacción a la expectativa pública que
existe sobre el mismo, pero que, además, puede ser mejorado.
Nosotros lo vamos a intentar a través de nuestras enmiendas y
sigo insistiendo en que los demás grupos políticos deben
hacerlo. Es posible obtener un respaldo unánime o, por lo
menos, ampliamente mayoritario en la tramitación de esta ley.
Estoy de acuerdo en que debe utilizarse la pasión en elementos
tan importantes como la lucha por la transparencia en la vida
pública de nuestra sociedad. En ese sentido, le agradezco que
usted sea apasionado y no le quepa la menor duda de que mis
compañeros y yo somos tan apasionados que vamos a acometer una
reforma en profundidad, reforma que no figura únicamente en
las resoluciones aprobadas por esta Cámara tras el debate del
estado de la Nación, sino que está también recogida en nuestro
programa electoral presentado a la sociedad en las elecciones
del pasado año.
Señor Martínez, usted dice que no es un problema de trámites y
vuelve a insistir en que es un problema de ámbito; y vuelve a
mencionar otra vez las directivas comunitarias como si este
proyecto de Ley se apartara de ellas, las incumpliera. Yo creo
que no es así. Las directivas comunitarias son un mandato
imperativo para que sean incluidas en nuestro derecho interno.
Esa transposición, a veces, tiene defectos y pienso que en el
actual proyecto de ley existe, de hecho, una transposición
equivocada de esas directivas. Las vamos a mejorar. Le he
dicho que íbamos a presentar una enmienda para someter a
distintos entes que no figuran hoy en el proyecto al ámbito de
aplicación subjetiva de esta ley. Por lo tanto, sus dudas en
este sentido deben quedar despejadas. Los entes que he
mencionado en mi anterior intervención eran simplemente a
título de ejemplo, a pesar de que eran ejemplos de gran
relevancia por la cantidad económica que representan.
A mí me parece que usted está equivocado cuando dice que los
alcaldes contratan directamente todo lo que quieren. Creo que
se trata de un error. Los alcaldes están, lógicamente,
sometidos a un procedimiento como los demás órganos de
contratación pública. Le pediría que en este tipo de materia
sea usted un poco más riguroso.
En cuanto al último tema planteado, tengo que confesar que me
ha dejado confuso. Se refiere a esos controles no judiciales,
que dice que no deben ser previos, pero no aclara cómo deben
ser; no lo ha aclarado aquí y yo no he intuido a qué se está
refiriendo. Especifíquelo usted más. Trate de hacerlo a través
de las enmiendas para los debates en Comisión.
Señor De la Vallina, usted dice que una de las dos vías que
afectan a las garantías puede resolverse a través de las
enmiendas al articulado, pero que hay una, que es la que
afecta a los principios y al espíritu del proyecto, que no
puede resolverse, que tendría que solucionarse en una sesión
como la que se está llevando a cabo. Esa vía es la del ámbito.
Le vuelvo a reiterar las palabras que acabo de pronunciar
dirigidas al señor Martínez. Estamos dispuestos a ampliar el
ámbito que viene recogido en el artículo 1.º del proyecto de
ley. Lo vamos a ampliar en la dirección que le he comentado.
De todas formas, agradezco su actitud constructiva y yo creo
que no va a haber traba alguna para este tipo de materia que
para los dos grupos políticos que han intervenido en última
posición es tan importante; también lo es para el nuestro,
porque se trata de recoger estrictamente el contenido y el
espíritu de una directiva comunitaria. Por lo tanto, señorías,
arreglemos lo que está mal y demos confianza a la sociedad,
empezando, lógicamente, por aprobar este instrumento que viene
siendo demandado desde largo tiempo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Simplemente voy a decir que a esta ley no hemos presentado
enmienda a la totalidad porque consideramos que debe ser una
ley mejorable dentro del trabajo de la Ponencia y que, además,
consiga el mayor consenso posible dentro de este Parlamento,
en un momento que, pese a haber estado durante dos años
parada, como consecuencia de los avatares que este Parlamento
y la política ha sufrido, es de oportunidad para manifestar el
interés que tienen todos los partidos políticos representados
en este Parlamento en la transparencia y la claridad en la
Administración.
Llega en un momento en el que ha existido un largo debate
sobre el control y la eficacia del gasto público. Como parece
existir unanimidad en la necesidad de la reducción del déficit
público, a lo que esta ley puede contribuir de forma eficaz,
consideramos que se puede llegar a ese consenso.
Queremos manifestar también que apoyaremos aquellas enmiendas
que van a ser presentadas a través del Grupo Vasco que tiendan
fundamentalmentalmente a mejorar la transparencia de la
contratación y a eludir los miles de vericuetos que en la
actualidad existen, bajo, diríamos entre comillas «el buen
fin», pero que acaban convirtiendo a la Administración en un
túnel, en un pozo, lleno de problemas, entiendo siempre por
buen fin el logro de la agilidad, la eficacia, la contratación
competitiva. No tiene por qué la Administración pagar más caro
que los privados. Deben existir siempre controles
y transparencia, pero acordes con un servicio rápido al
ciudadano.
En segundo lugar, hay que lograr una mayor sensibilidad
autonómica en la propia ley, respetando las competencias
incluidas en los estatutos, no tratando de modificarlos
creando conflictos con las comunidades autónomas que son
competentes en la materia. Y también introducir una mayor
sensibilidad y respeto a la autonomía local, aunque
introduciendo, valga la expresión, rigor.
Finalmente, quisiera sumarme a las palabras del parlamentario
de Coalición Canaria, José Carlos Mauricio, en relación a la
escasa sensibilidad manifestada por esta Cámara en los
momentos en que estamos debatiendo e investigando la
corrupción. Era un momento para que, si verdaderamente estamos
interesados en la lucha y en la erradicación de la corrupción,
estuviéramos trabajando con unanimidad, sobre todo, para
lograr un importante consenso en torno a la mejora de esta
ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Economía y Hacienda, desde el
Grupo Vasco queremos efectuar un análisis ponderado y justo
del proyecto de ley que hoy debatimos. Por ello, inicialmente
queremos indicar que en el proyecto de ley hay aspectos con
los que estamos de acuerdo y otros con los que mostramos
nuestra disconformidad, pero desde una posición política
constructiva y esperanzada de llegar a un suficiente grado de
consenso en la plasmación final del texto legal.
En principio, cabe señalar que el proyecto de ley, ahora
sometido a debate, supone un avance en relación a la situación
anterior porque, aunque el texto actualmente en vigor
representó la primera regulación armónica de la contratación
administrativa y superaba el carácter fragmentario e
incompleto de la legislación anterior, era necesaria una
revisión a fondo del mismo que no era posible llevarla a cabo
mediante reformas parciales, sino que justificaba la
promulgación de un nuevo texto legal.
En efecto, determinadas circunstancias obligaban a la ya
citada revisión. Por un lado, dar respuesta a las dificultades
y necesidades puestas de manifiesto en los largos años de
aplicación de la normativa anterior, introduciendo aquí los
criterios jurisprudenciales y doctrinales consagrados en esta
materia. Por otro lado, era aconsejable la refundición en un
único texto de la normativa básica sobre contratación, y no
sólo por razones de técnica legislativa.
Es de obligada referencia señalar que la adhesión de España a
la hoy denominada Unión Europea supuso la asunción de una
serie de disposiciones en materia de contratación pública que
obligaban a la necesaria adecuación de nuestro ordenamiento
jurídico a las mismas. En este sentido, el actual proyecto de
ley recoge las directivas más recientes emanadas de los
órganos de la Unión Europea.
Asimismo, era necesaria la adecuación del texto legala la
actual estructura jurídica de nuestro ordenamiento, de manera
que, de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad
integrado por la Constitución y los estatutos de autonomía, la
legislación sobre los contratos administrativos supusiera la
regulación básica aplicable en la materia, la regulación
mínimamente uniformeque exige como presupuesto inexcusable los
principios de igualdad, libre concurrencia, principios que, en
último término,
constituyen la razón de ser de una regulación general para el
conjunto del Estado.
Otra cuestión es el carácter, a nuestro juicio, excesivamente
uniformista del texto, ya que se ha procedido a la regulación
de lo básico con una interpretación claramente expansiva de lo
que se entiende por tal, incluyéndose aspectos que, a nuestro
entender, desbordan la garantía de los principios
anteriormente citados y reducen el ámbito de la potestad
normativa de las comunidades autónomas con competencias
legislativas en la materia.
Queremos señalar nuestras discrepancias en relación a temas
como la justificación de la solvencia económica, financiera,
técnica o profesional del contratista, la clasificación de
contratistas, la remisión de datos estadísticos a la comisión
o la revisión de precios, cuestiones en las que se deja poco
margen de maniobra o de actuación a las comunidades autónomas.
En otros casos, por otro lado, no puede entenderse el carácter
básico de algunos preceptos de claro carácter procedimental o
de ejecución. Señorías, si estudiamos el sistema de
distribución de
competencias en materia de contratación administrativa
observamos que existe un reparto competencial entre los
poderes centrales del Estado y algunos poderes autonómicos. Y
decimos algunos porque no todas las comunidades autónomas
disponen de competencia en la materia. Por ello, esta visión
del proyecto de ley de universalidad, de uniformidad en su
ámbito aplicativo, puede estar cercenando las potestades
normativas de estas comunidades autónomas en la medida en que
impide un desarrollo normativo material a estas comunidades
autónomas.
El proyecto de ley y más en concreto los artículos declarados
como no básicos en la disposición final primera parten de la
tesis de una homogeneidad o igualdad competencial de las
comunidades autónomas en materia de contratación
administrativa, cuando ello no es así, pues el bloque de la
constitucional distingue, a nuestro juicio, cuatro niveles
competenciales.
En primer lugar, estarían las comunidades autónomas que no
tienen ningún tipo de competencia en materia de contratación
administrativa, como Cantabria, Castilla-La Mancha y Canarias.
En segundo lugar, las comunidades autónomas que no tienen
competencia específica en materia de contratación
administrativa y que sólo disponen de potestades de desarrollo
legislativo y ejecución sobre especialidades del régimen
jurídico administrativo, que no es susceptible de ser
entendido como un título competencial específico. En este
segundo grupo, tendríamos a las comunidades autónomas de
Asturias, La Rioja y Murcia. En tercer lugar, las comunidades
autónomas que tienen competencias de desarrollo legislativo y
ejecución en la específica materia de contratos
administrativos, como son Cataluña, Galicia, Andalucía,
Baleares y el País Vasco. Por último, tenemos a la Comunidad
Foral de Navarra. Navarra tiene un mayor nivel competencial,
tiene un plus que supera al resto de las competencias de las
restantes comunidades autónomas. Y es que Navarra tiene
competencia exclusiva en materia de contratos administrativos,
debiendo respetar únicamente la Comunidad Foral de Navarra los
principios esenciales de la legislación básica. Este matiz es
muy importante, en la medida en que no sólo desarrolla y
ejecuta lo básico la Comunidad Foral de Navarra, sino que
puede realizar una regulación propia en su ámbito territorial,
respetando los principios que se infieran de la normativa
básica.
A la vista de esta pluralidad de niveles competenciales
autonómicos, lo que el proyecto de ley no puede hacer es
otorgar un tratamiento uniforme a todas las comunidades
autónomas. Para las comunidades autónomas con competencia
específica en la materia, sus potestades normativas y
ejecutivas alcanzan mucho más de lo que la disposición final
prevé como no básico, que principalmente es la creación de
órganos consultivos de
contratación, establecimiento de juntas de compras, creación
de servicios de asesoramiento jurídico, establecimiento de
oficinas de supervisión de proyectos o previsión de una figura
como los directores de obra, y estas previsiones, que se
consideran como no básicas, en definitiva, podrían ser
desarrolladas, reguladas y normadas por las comunidades
autónomas, no en base al título competencial de desarrollo
legislativo y ejecución en la materia de contratación
administrativa, sino dentro de la potestad de autoorganización
que las comunidades autónomas tienen, en la medida en que son
órganos de organización y de funcionamiento de los servicios
administrativos de las comunidades autónomas. Señorías, la
potestad legislativa en el título competencial de contratos
administrativos tiene que permitir la regulación sobre el
registro de contratistas, criterios propios para la
clasificación de los mismos y la solvencia técnica de los
licitadores, otros tipos de modalidades contractuales y la
regulación del procedimiento administrativo de contratación,
puesto que este procedimiento es de los que se definen por el
Tribunal Constitucional como procedimiento administrativo
especial, en contraposición al procedimiento administrativo
común hace dos años regulado por esta Cámara en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, no obstante, y sin
perjuicio de las consideraciones de orden competencial que
hemos indicado, respecto de las cuales hemos presentado
enmiendas al articulado, esperando que el texto legal quede
mejorado, queremos manifestarle que se ha producido un avance
a la hora de integrar en un único texto las normas con rango
de ley relativas a la contratación administrativa, algunas de
las cuales se localizan actualmente en el reglamento general,
aun cuando son más propias de un texto legal, y otras son
recogidas en normas dispersas, tales como las referentes a la
revisión de precios, los contratos celebrados con empresas
consultoras o de servicios o los
celebrados para la realización de trabajos específicos y
concretos no habituales.
Asimismo, se ha procedido a la modificación de la estructura
de la ley, de tal manera que ya no se toma el contrato de
obras como referencia fundamental para la regulación de los
restantes contratos administrativos, sino que, de forma más
coherente, se han sistematizado en una parte general de
aplicación común a toda la contratación administrativa y una
parte especial con la regulación de las particularidades
propias de cada uno de los diversos contratos administrativos.
Como aspecto novedoso del proyecto de ley, desde el Grupo
Vasco señalaríamos, entre otras, la posibilidad de prestar
garantías globales, la inclusión de la categoría de los
contratos menores, la posible implicación de la Administración
en la responsabilidad por daños y perjuicios a terceros como
consecuencia de la ejecución del contrato, la figura del
contrato de concesión de obras públicas, la refundición de la
actualmente dispersa regulación sobre los contratos de
adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos y
sistemas para el tratamiento de la información, así como la
automaticidad en el devengo de intereses por la falta de pago
en el precio.
Otras materias apenas si sufren variación con respecto a la
legislación anterior, como, por ejemplo, las prerrogativas de
la Administración por razones de interés público, o la
modificación del contrato, desviaciones y reformados, salvo el
establecimiento en el contrato de obras de comisiones de
arbitraje para fijar los precios de las nuevas unidades de
obra no aceptadas por el contratista. Sin embargo, pese a las
referidas virtudes iniciales del proyecto, donde deberá
demostrarse, sin lugar a dudas, la validez del texto que ahora
examinamos es en la aplicación misma de la norma, examinando
si, de
una manera eficiente, logran conseguirse, aunque sea en parte,
los principales objetivos que se persiguen con su aprobación y
que, a nuestro entender, se podían sintetizar en los
siguientes. Primero, la publicidad y transparencia en la
contratación pública, respetando los principios de igualdad y
libre concurrencia. Es por ello que en los diferentes
procedimientos de selección del contratista --procedimiento
abierto o restringido en sus modalidades de concurso o
subasta; procedimiento negociado, antiguamente conocido como
contratación directa-- el conocimiento de la voluntad de
contratación de la Administración o, dicho de otra manera, los
criterios para la selección del contratista, deben estar
concretados y objetivados en aras a evitar comportamientos
arbitrarios, fraudulentos y, en definitiva, contrarios al
espíritu perseguido por la ley. Por eso nos preocupa que
respecto al procedimiento negociado el proyecto de ley no fije
un mecanismo de objetivación suficiente de la voluntad de
contratar de la Administración mediante la figura de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que quedan
excluidos del procedimiento de negociación directa.
Igualmente, es necesario limitar la casuística en la que es
aplicable el procedimiento negociado mediante la reducción de
cuantías y supresión de algunos supuestos, así como el
establecimiento de mesas de contratación en estos
procedimientos, cuando únicamente se ha previsto para los
procedimientos abiertos y para los procedimientos
restringidos.
En definitiva, es necesario corregir mediante enmiendas las
previsiones que el proyecto de ley contiene sobre la
utilización del procedimiento negociado, sobre todo las
relativas a la excepción que se realiza en el proyecto de ley
de los principios de publicidad y concurrencia.
En segundo lugar, la determinación del ámbito de aplicación de
la ley, que a nuestro juicio debe comprender, además de las
diferentes administraciones públicas, los organismos autónomos
y demás entes y sociedades instrumentales de las mismas o en
los que las administraciones públicas dispongan de una
participación mayoritaria.
En tercer lugar, nos parece interesante el paso dado en cuanto
a la regulación expresa del plazo de pago del precio de la
contratación administrativa, así como la aplicación de la
automaticidad del devengo de intereses en caso de demora, sin
perjuicio de estimar, por parte de nuestro Grupo, que el texto
todavía puede ser mejorado en la discusión parlamentaria. En
cuarto lugar, la necesidad de conjugar la transparencia en la
contratación con la agilización y simplificación de trámites
de carácter burocrático en el marco de las políticas de
modernización de las administraciones públicas.
Hoy en día es urgente racionalizar y mejorar el funcionamiento
de la Administración, tal y como demanda la sociedad y los
ciudadanos. Sin embargo, la racionalidad no debe ser por sí
sola un valor absoluto cuanto se trata de configurar un
procedimiento administrativo, por más que sea uno de los
principios
inspiradores a cuya realización han de encaminarse siempre
todos los esfuerzos.
No debemos olvidar que el proceso de racionalización
administrativa viene delimitado por los principios políticos y
jurídicos que están consagrados en el ordenamiento y también
por las exigencias políticas y sectoriales de nuestro tiempo.
Hoy en día, la actuación de la Administración se apoya en un
principio fundamental, que es el de legalidad de la actuación
administrativa, es decir, el imperativo de someterse a
procedimientos reglados y objetivados que impidan cualquier
tipo de decisiones arbitrarias.
Finalizo, señor Presidente, manifestando que esta realidad es
aún más patente en el campo de la contratación administrativa,
donde no debemos olvidar que cualquier medida de modernización
y racionalización debe ser aplicada sin menoscabo de la
objetividad y transparencia y de los principios de igualdad y
libre
concurrencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que el proyecto de
ley que se plantea en estos momentos, como ya se hizo en la
anterior legislatura, tiene un doble cauce. En primer lugar,
aquellas cuestiones que se plantean en el hemiciclo, con las
oposiciones a la globalidad que ya en su momento se expresaron
también por parte de Izquierda Unida y por el Grupo Popular,
en las que hay una serie de consideraciones que acostumbran a
ser importantes para el planteamiento de la propia ley, y
otras que han supuesto una demora notable en la entrada en
vigor de su contenido. Es cierto, señor Ministro, que sería
prudente por nuestra parte, en el momento de expresar nuestra
posición ante este proyecto de ley, que señaláramos
exactamente cuáles son los criterios que pretendemos que se
incorporen en el trámite de ponencia. Pero también es cierto,
señor Ministro, que muchas veces el contenido de la ley, y en
este caso especialmente el contenido que ha explicado usted,
ha tenido otro tratamiento por parte de aquellas personas y
partidos que han decidido presentar enmiendas a la globalidad.
Es evidente que se está buscando mayor objetividad, mayor
transparencia, mayor claridad, mayor pureza en la tramitación
procesal de la ley, mayor pureza en la
contratación, mejores garantías de cada uno de los elementos
que intervendrán más adelante en las contrataciones
administrativas. Pero también es evidente que si hay personas
que mostramos nuestro acuerdo en que el proyecto de ley siga
adelante, que sea tramitado y que en lo posible se incorporen
los criterios que queremos establecer a través de las
enmiendas; insisto, si aceptamos lisa y llanamente el proyecto
de ley, como ocurrió la anterior vez cuando hablábamos del
mismo tema, sin contradecir las exposiciones que se realizan a
los planteamientos de lucha contra toda su globalidad, parece
ser que intentamos o bien ocultar algo, o bien aceptar una
situación actual, o simplemente que nuestro criterio no está
definido.
Señores Diputados, todas y cada una de las infracciones que se
han realizado en este tiempo, con las denuncias que mis
compañeros han hecho, han sido infracciones a la ley
establecida, infracciones realizadas por personas físicas, en
actitud
política, en actitud empresarial o en actitud individual, pero
siempre ha existido, repito, una infracción a la ley.
Existe una ley de contratos, existe una ley de régimen de las
administraciones, existen multitud de normas que han servido
de base para detectar actitudes contrarias por determinadas
personas que hoy se traen a colación.
Parece ser que en este Congreso subir al estrado y no hablar
de la corrupción, no hablar de Roldán o no hablar de cosas que
están a la orden del día ya no es prudente, ya no demuestran
toda la capacidad política; intentar solamente hablar del
contenido legislativo de una ley ya no tiene importancia.
Yo sigo insistiendo en que es muy probable que si esta ley se
hubiera aprobado antes de junio, cuando el Gobierno, con
criterios políticos, decidió disolver las Cortes, a lo mejor
alguna de las faltas de transparencia, de objetividad, alguna
de las faltas de pureza en la contratación de la que hoy
estamos hablando quizás no se hubieran traído a colación.
Quizá es responsabilidad del Gobierno el que esta ley no
hubiera entrado en vigor con anterioridad y quizás es
responsabilidad de los demás el no aceptar la urgencia en
aquel momento y que la tramitación de la ley fuera mucho más
rápida.
Pero hoy tenemos una ley aquí en la que el señor Mauricio, de
Coalición Canaria, dice que falta objetividad en la
adjudicación. La objetividad en la adjudicación no es un
problema de la ley, sino de las personas que la determinan,
sea como sea dicha ley. Es un problema personal, es un
problema de personas físicas, si usted quiere es un problema
de cargos políticos, pero no es un problema legal.
El señor Martínez tiene obsesión total con los alcaldes de los
ayuntamientos. Yo creo que tiene una obsesión total con los
alcaldes de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque
están diciendo que los alcaldes sostienen un poder
unipersonal. Señor Mauricio, le deseo que sea alcalde de su
pueblo para que vea lo limitado del poder personal que usted
tiene.
Llega un momento en que parece ser que la responsabilidad no
es una responsabilidad posible y honesta de los demás, tiene
que ser todo complicado. Hablen ustedes de las personas,
hablen de las infracciones que comete tal o cual alcalde. Es
el mismo problema que nos planteamos en urbanismo; por el
hecho de que no se publique en su totalidad un plan de
urbanismo y se anuncie que existe su tramitación en el
ayuntamiento, el alcalde ya no actúa con pureza en esa
tramitación. Esto es simplemente increíble o es, quizá, que
ustedes confían en no tener ningún alcalde más. Permítame, en
el espacio de tiempo que me queda, señor Ministro, fijar la
posición respecto al contenido de su proyecto de ley. Creo que
hay que remarcar que el texto reúne la existente dispersión
normativa de las disposiciones de rango inferior --revisión de
precios, clasificación de empresas de consulta o de servicios-
-, así como los preceptos del Reglamento General de
Contratación del Estado.
Por otra parte, también creo que es correcto indicar que la
ordenación sistemática que efectúa el proyecto, en una parte
general y en otra especial, deriva en mejoras sustanciales en
la aplicación de la futura ley.
También creo que son significativas y correctas, aunque quizá
insuficientes, cuestiones como aquellas que se plantean en
relación a la capacidad de las empresas para contratar. Como
creo que es oportuno el hecho de que las comunidades autónomas
empiecen a tener sus propios registros de contratos. La
garantía global que cubra la totalidad de los contratos que un
mismo empresario pueda realizar con las diferentes
administraciones públicas es positiva.
Se incorporan por primera vez los contratos menores y se
simplifican los trámites para la remisión de los mismos al
Tribunal de Cuentas y a la Junta consultiva de contratación
administrativa.
Creo que es positivo el hecho de que se establezcan formas
ordinarias de adjudicación. También creo que es positivo el
planteamiento que se realiza respecto a la mesa de
contratación. Creo que es bueno, el planteamiento, como
novedad, de la cesión de contratos y de la subcontratación.
Era inevitable la
incorporación de toda la normativa que la Comunidad Económica
Europea estaba planteando en sus directivas.
Creo que el tema de la gestión de los servicios públicos
también es positivo, sobre todo la restricción en la concesión
a los 75 años. Estos temas son altamente significativos. Como
también lo es, aunque falta retocarlo bastante, el concepto de
los contratos menores, los cuales se clasifican solamente por
su cantidad, a efectos de potenciarlos. Los contratos por
trabajos específicos y concretos, no habituales, creo que es
importante
que se determine que sólo pueden ser con personas físicas.
Sin embargo, también hay --y creo que en el trámite de
ponencia se podrán determinar-- aspectos negativos. Se limita
la competencia de las comunidades autónomas en este tema, y se
lo ha recordado mi compañero del Partido Nacionalista Vasco.
Por ejemplo, este proyecto ataca, en algunos preceptos, lo que
son las competencias establecidas por las comunidades
autónomas. También creo que el proyecto tiene que atemperar la
posición dominante de los constructores hacia suministradores
y subcontratistas. Entre paréntesis, deseo dejar constancia de
que, aunque civilmente lo considero complicado, algún trato
tendría que establecerse respecto a aquellas personas que
contratan con las grandes entidades, que a su vez lo hacen con
la Administración. Me refiero, insisto, a la posición de los
suministradores y los subcontratistas.
Creo que se tiene que reforzar el derecho de las constructoras
frente a la Administración, esencialmente en el tema que hace
referencia al pago y a las cuestiones presupuestarias. Creo
que este tema es muy mejorable. También creo que habría que
plantear algunos aspectos referentes a cuestiones específicas
de
suministradores con la Administración, por ejemplo, todo lo
que hace referencia a las publicaciones. Igualmente se debe
intentar atemperar los efectos negativos derivados de las
prerrogativas de la Administración como parte contratante con
las empresas. Intentaremos que con nuestro voto --que irá en
el sentido de que el proyecto continúe y sea tramitado en
ponencia-- las numerosas enmiendas que hemos planteado puedan
ser incluidas.
Sin embargo, me gustaría dejar constancia, al menos, de una
cosa en la que creo. Ya podemos realizar cuantas leyes ustedes
deseen; ya podemos limitar las capacidades de todas aquellas
personas que intervienen en la contratación administrativa; ya
lo podemos realizar todo; mientras el ser humano que
objetivamente tenga que decidir sobre planteamientos
económicos no adquiera la honestidad necesaria, hagan ustedes
todas las leyes que quieran que el país puede continuar igual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación relativa a las enmiendas de totalidad que postulan la
devolución al Gobierno del proyecto de ley de contratos de las
administraciones públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 144; en contra, 164.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
--DICTAMEN DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA,
EN RELACION CON EL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA ESPECIAL
PARA ESTUDIAR LA REFORMA DEL ACTUAL SISTEM DEL PLAN DE EMPLEO
RURAL (PER) Y EL SUBSIDIO AGRARIO (Número de expediente
154/000005)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Punto X del orden del día: Dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en relación con el informe
elaborado por la ponencia especial para estudiar la reforma
del actual sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el
subsidio agrario.
Para la presentación del dictamen de la Comisión tiene la
palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, como
todos ustedes conocen, el pasado 22 de febrero del presente
año, con motivo del debate de una moción consecuencia de una
interpelación del Grupo Popular sobre el Plan de Empleo Rural
y en los términos de una transacción propuesta por dicho Grupo
a una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Pleno de la
Cámara aprobó, con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, la creación de una ponencia especial en el
seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con
participación de todos los grupos parlamentarios, al objeto de
estudiar la reforma del actual sistema conocido como PER, Plan
de Empleo Rural, que incluye, como es sabido, el subsidio
agrario, el propio Plan de Empleo Rural y la formación
profesional ocupacional rural, marcando un plazo de dos meses
y medio para concluir su informe. Ese plazo cumplió el 7 de
mayo; la ponencia cumplió su trabajo el 3 de mayo con la
aprobación por la propia ponencia de este informe, que fue
aprobado en Comisión el pasado 9 de mayo, el primer día hábil
después de la conclusión del plazo previsto en el acuerdo del
Pleno. La ponencia celebró su primera reunión de trabajo el
mismo día de su constitución, el 10 de marzo, y posteriormente
ha celebrado diez reuniones más hasta concluir los trabajos.
Estas primeras reuniones estuvieron dedicadas al
establecimiento de las reglas internas de funcionamiento, del
método de trabajo, fuentes de documentación e información,
etcétera.
Una de las características a destacar y que interesa a la
ponencia en su conjunto poner de relieve es la
complementariedad de las propuestas efectuadas por los grupos
parlamentarios para la ordenación de los trabajos, por lo que
no ha sido necesario efectuar votación alguna para establecer
el calendario de reuniones, las relaciones de documentación
solicitada y de autoridades y personas llamadas a comparecer,
así como el plan general de trabajo. Es decir, han sido
propuestas complementarias adoptadas de mutuo acuerdo y, como
decía, sin llegar en ningún momento a votación alguna para
establecer este sistema de trabajo y las propias
comparecencias. Se ha utilizado abundante documentación
facilitada tanto por los servicios de la Cámara como por la
propia Administración y los señores comparecientes,
documentación que figurará en anexos al informe.
La estructura del informe se divide, pues, en varios apartados
que vienen a abordar, de acuerdo con el objeto del mismo
aprobado en el pleno, el marco normativo vigente del sistema
de protección integrado, conocido como PER, el análisis y la
evolución del mismo, el control y la inspección de su
funcionamiento, la evaluación global del sistema y la
identificación de sus
problemas. Por último, el informe plantea unas conclusiones
con una valoración del sistema en su conjunto y con la
recomendación al Gobierno y a los agentes sociales de líneas
generales de actuación para la reforma y las modificaciones
pertinentes que puedan mejorar la situación actual del sistema
PER.
Voy, muy brevemente, a destacar algunos aspectos de estos
apartados del informe. En cuanto al marco normativo, hay que
destacar sus antecedentes y evolución histórica. El
antecedente principal se encuentra de una manera reglada en la
Ley 41/1970, del denominado empleo comunitario. Este sistema
es sustituido en 1984 por lo que fueron las bases del actual
sistema, donde se introducían los tres elementos fundamentales
del mismo: el subsidio, el Plan de Empleo Rural y la formación
ocupacional rural. Después de varios retoques a lo largo de
los años 1987 a 1989, en 1990 y tras un acuerdo del Gobierno
con los sindicatos, se produce una reforma más profunda que
tiene como
características principales que viene a introducir algunos
aspectos más rigurosos en cuanto a los tratamientos
diferenciados por edades de los beneficiarios, al tratamiento
de las rentas familiares y de las incompatibilidades en la
percepción del subsidio y a la mayor protección de los
trabajadores de más edad. También, como una novedad
importante, se contempla la creación de los consejos
comarcales para colaborar en la gestión del sistema.
En cuanto al análisis en la evolución del sistema integrado,
conocido como PER, la ponencia estima como relevantes algunos
datos que conviene destacar para un conocimiento generalizado
de los mismos que permita afrontar con objetividad y con rigor
la valoración que pueda hacerse del Plan de Empleo Rural.
Estos datos se refieren a la composición y estructura de los
beneficiarios. Es de destacar que el número de beneficiarios
es una cifra media de 239.000 mensuales a lo largo de estos
diez años, cifra que, después de un pico importante en el año
1989, cercano a los 300.000 trabajadores, en el año 1993 está
estabilizada en 223.000 perceptores, es decir, una cifra
estable cercana a la media de los diez años.
También es conveniente destacar la distribución por edad y
sexo de los beneficiarios del subsidio agrario, que supone que
los menores de 25 años en 1993 son inferiores al 17 por
ciento, exactamente un 16,7 por ciento, y, por tanto, los
mayores de esa edad son un 83,3 por ciento. En cuanto a la
distribución por sexos, en el año 1984 había un 10,65 por
ciento de mujeres y en el
año 1993 aproximadamente la mitad. En esa estructura se
refleja una estabilidad en el número y una distribución por
sexo y edades que tiene un marcado carácter protector de los
colectivos más necesitados, de las personas de mayor edad, y
que no ha conducido a la inamovilidad profesional de las capas
jóvenes, puesto que su porcentaje ha disminuido hasta esa
cifra del 16,7 por ciento, y que además ha contribuido a la
incorporación de las mujeres al trabajo y al sistema de
protección.
Hay otros datos estadísticos referentes al gasto público en el
subsidio REASS que conviene también destacar porque pueden
contribuir a eliminar esa imagen deformada que se puede tener
del Plan de Empleo Rural o de regiones subsidiadas, como en
ocasiones se ha podido decir, de Andalucía y Extremadura.
Estos datos son que el gasto público en el subsidio agrario ha
pasado de 42.000 millones en el año 1984 a 100.000 millones en
el año 1993. Eso significa un aumento interanual del 15,4 por
ciento o un factor multiplicador de 2,5 veces, mientras que si
se compara con los sistemas de protección por desempleo
generales en el país, su evolución ha sido que se ha
multiplicado por más de 3,7 veces, pasando de 580.000 millones
en 1984, a 2,12 billones en el año 1993, con un incremento
interanual de casi el 30 por ciento, es decir, con una
diferencia de incremento de 14 puntos
aproximadamente. Esto quiere decir que en el subsidio agrario
ha habido una contención del gasto importante, ya que hay, por
una parte, una estabilización de sus perceptores, como decía,
y, por otra, una estabilización del gasto muy significativa,
especialmente si se tiene en cuenta la situación después de la
reforma acordada con los sindicatos en el año 1990. Si se
tiene en cuenta el período 1990-93, después de esa reforma, se
pasa de 95.000 millones en el año 1990, a 100.745 millones en
el año 1993, es decir, un incremento sólo de un 1,9 por
ciento, una cantidad de gasto prácticamente controlada y
estabilizada. Hay otros datos que voy a ahorrar a SS.SS., pero
que también pueden contribuir a afirmar que no se corresponde
con la realidad esa posible imagen de subsidiación
que puede haberse transmitido en algunos ámbitos sobre
Andalucía y Extremadura. Por ejemplo, el gasto por parado es
menor en 12 puntos en Andalucía y Extremadura que en el resto
del país. El gasto por parado en el subsidio agrario ha
sufrido en estos años de vigencia un incremento mucho menor
que el resto del gasto por parado de los demás subsidios. Por
tanto conviene desterrar esa imagen y conviene atender a estos
datos objetivos y estadísticos de la realidad que no avalan
precisamente esa imagen. Quizá la forma más gráfica de medir
la importancia de la protección al colectivo de trabajadores
eventuales agrarios es comparar la tasa de cobertura de la
protección por desempleo en Andalucía y Extremadura teniendo o
no en cuenta el impacto de subsidio agrario. Si tenemos esto
en cuenta, el subsidio agrario aporta en la actualidad sólo la
séptima parte de la cobertura por desempleo, en la perspectiva
ampliada que estamos utilizando de todos los sistemas de
protección, frente a casi la mitad que aportaba el subsidio
agrario en el año 1984. Son, señor
Presidente, señorías, datos importantes que pueden
objetivamente romper esa imagen deformada de subsidiación y de
excesiva, entre comillas, protección, que han podido acuñarse
respecto a la situación de un colectivo como el de los
trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura.
La evolución de lo que es en sí el Plan de Empleo Rural ha
tenido en estos diez años características importantes, también
alguna imagen deformada, puesto que se habla de una cifra que
es real, es un dato objetivo, pero que conviene evaluar en sus
justos términos, y que es que se ha invertido en el Plan de
Empleo Rural o en obras afectadas al Plan de Empleo Rural una
cantidad aproximada de un billón de pesetas. Conviene
distinguir y aclarar que de este billón de pesetas los
convenios INEM-corporaciones locales suponen aproximadamente
160.000 millones de pesetas, es decir el 16 por ciento de esas
inversiones, y que ese 16 por ciento ha producido el 90 por
ciento de los casi dos millones de contratos que se han
realizado en estos diez años en el sistema. El 84 por ciento
de las inversiones restantes se reparten aproximadamente entre
340.000 millones de pesetas de la
Administración central y medio billón de pesetas de las
administraciones autonómicas. Conviene aclarar estos datos
porque esa cantidad importante del 84 por ciento de obras
afectadas a administraciones autonómicas y a Administración
central ha producido la cantidad no despreciable del 10 por
ciento de los contratos en el Plan de Empleo Rural; sin
embargo, no se puede asimilar la cantidad global sin tener en
cuenta estas diferencias y lo que realmente han significado
las contrataciones a través de los convenio Inem-corporaciones
locales.
También es un dato significativo a destacar en el Plan de
Empleo Rural que sólo el 25 por ciento de los beneficiarios
del subsidio acceden al mismo mediante jornadas realizadas por
el Plan de Empleo Rural, cuando antes de las últimas reformas,
ya citadas reiteradamente, y del acuerdo con los sindicatos en
1990 esa cifra casi se triplicaba y era de alrededor del 70
por ciento. Este es un dato positivo de la evolución que ha
supuesto las reformas y la gestión del Plan en los últimos
años.
El tercer elemento del sistema era y sigue siendo el programa
de formación profesional ocupacional rural. El informe no hace
una valoración positiva de los efectos y del funcionamiento de
este sistema, puesto que no se ha aprovechado convenientemente
la rentabilidad de las inversiones, que han sido altas y que
por ejemplo en los tres últimos años han supuesto alrededor de
38.000 millones de pesetas, pero, como decía anteriormente, la
valoración que el informe hace no es positiva porque no ha
supuesto mejoras en la cualificación de los trabajadores ni ha
producido lo que cabría esperar de la rentabilidad de una
inversión de este tipo.
El informe aborda a continuación, después de esta descripción
del desarrollo de los elementos del sistema, la evolución que
ha sufrido el control y la inspección de la gestión del mismo.
La descripción se hace con bastante detalle y en ella se
abordan los métodos de actuación directa a cargo de la
Inspección de Trabajo, así como también los controles
indirectos que realiza el Inem como órgano gestor del sistema.
Aquí cabe destacar, en relación con las impresiones que
podrían haber trascendido respecto a posibles situaciones de
fraude generalizado, que tanto los datos de la propia
Inspección de Trabajo, en sus controles directos, como los
datos de los controles indirectos del Inem, hacen ver --y así
se manifiesta en el informe-- que los porcentajes de
irregularidades son mínimos con respecto al total de
inspecciones realizadas y, estadísticamente, no son
significativos para poder hablar de fraude generalizado, ni de
fraude superior a otros sistemas de protección.
En cuanto a la evaluación global del sistema, el informe
distingue dos partes, destacando, en primer lugar, los efectos
positivos que el sistema de protección integrada de los
trabajadores eventuales agrarios, conocido como PER, ha tenido
en Andalucía y Extremadura; y en segundo lugar, identifica los
problemas que el sistema ha tenido y tiene en su aplicación,
con el objeto de recomendar la introducción de las
modificaciones que puedan mejorar el propio sistema y su
gestión.
Como aspectos positivos, hay que tener en cuenta el componente
de elevada equidad social que ha tenido el subsidio y el
sistema PER en su conjunto, al incidir, con sus aportaciones,
directamente en las rentas de los trabajadores eventuales
agrarios en Andalucía y Extremadura. Hay que tener en cuenta
también que se ha conseguido fijar la población al territorio
en estas dos comunidades autónomas, registrándose por primera
vez, desde 1986, un crecimiento positivo de la misma. También
se han mejorado infraestructuras básicas y calidad
de vida en la población rural con la formación bruta de un
capital fijo muy importante en estas infraestructuras de
carácter esencialmente básico.
Sin embargo, como decíamos anteriormente, conviene identificar
los problemas del sistema para su mejora y modificación. Entre
esos problemas, el informe distingue entre los relativos al
subsidio (los problemas del Plan de Empleo Rural en sí) y los
problemas de la formación. En lo relacionado con el subsidio,
el informe constata que existe un deficiente conocimiento del
mercado de trabajo de los trabajadores eventuales agrarios,
tanto en lo que respecta a los trabajadores en sí, es decir, a
la demanda de los trabajadores por encontrar trabajo, como a
la oferta de la producción agraria por zonas geográficas, por
explotaciones y por épocas del año, constatando asimismo que
el marco normativo procedimental de las relaciones laborales
de los trabajadores eventuales agrarios no es el adecuado y
que está caracterizado por una cierta opacidad por los
sistemas de contratación que se producen. Por otra parte, la
normativa reguladora del subsidio, en su configuración actual,
obliga a unos procesos administrativos de especial
complejidad. A la dispersión, relativa fiabilidad y dificultad
de acceso de información precisa para comprobar los requisitos
de obtención y permanencia en el subsidio se añade la
insuficiente
coordinación entre organismos con información relacionada con
las posibles incompatibilidades, así como las dificultades
ocasionadas en relación con la confidencialidad de la
información. Finalmente, cabe señalar la mentalidad del
colectivo afectado, que progresivamente ha devenido en
considerar que el subsidio es un derecho explotable al máximo,
llegando a estimar que algunas de las prácticas seguidas para
tener derecho al mismo son admisibles, no existiendo
conciencia de comisión de fraude. En relación con el PER, el
informe constata y destaca que no se obtiene el máximo
aprovechamiento posible de los fondos
disponibles porque no se ha potenciado convenientemente un
enfoque integral de inversiones del PER, es decir, convenios
Inem-corporaciones locales, con otros recursos del propio PER
correspondientes a proyectos de otras administraciones
públicas o de los propios municipios, y tampoco se ha
promovido la conexión con el desarrollo local y la promoción
de empresas públicas mancomunadas de ámbito comarcal, ni con
la necesaria participación e integración con otros programas,
como
escuelas-taller, casas de oficio, iniciativas locales de
empleo, etcétera, de manera que todos los programas se
potencien entre sí y mejoren la eficacia de los proyectos. La
selección de los trabajadores también se ha constatado que se
efectúa con unos criterios no totalmente homogéneos y
básicamente orientados a complementar salarialmente las
rentas. Ello ha limitado las posibilidades de cualifica-ción
profesional de los trabajadores por la reducida duración de su
participación en los trabajos. En lo que se refiere a la
formación ocupacional rural, es todavía muy escasa la
vinculación de la programación de esa formación a la
consecución de un empleo, bien en el sector agrario o en otros
sectores productivos, lo que desincentiva la participación en
la misma ante la situación de no poder alcanzar las jornadas
necesarias. La coordinación entre las distintas
administraciones que imparten formación en el medio rural debe
ser sustancialmente mejorada.
Por último, el informe, a la vista de esta identificación de
problemas, ofrece unas conclusiones como líneas generales de
posibles vías de modificación. En primer lugar, antes de esas
conclusiones-recomendaciones, hace una valoración global del
sistema, que la ponencia estima como positiva; valoración
global positiva, primero, por la necesidad, dada la situación
de desempleo estacional y la especial precariedad que padecen
los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y
Extremadura, por la necesidad --digo-- de la existencia de un
sistema de
protección específico para los mismos. En segundo lugar, el
sistema integrado de protección vigente ha tenido efectos
sociales y económicos en el ámbito rural de Andalucía y
Extremadura que merecen esa valoración global positiva. En
esta valoración global el informe quiere destacar y constatar
también que las mejoras y cambios significativos introducidas
en la gestión y control del sistema a lo largo de la vigencia
del mismo no permiten hablar, como decía antes, de la
existencia de fraude generalizado, pero, no obstante, se
detecta la existencia de algunos fraudes que conviene
desterrar, y por ello se hacen recomendaciones para el
perfeccionamiento del sistema en su conjunto.
Estas recomendaciones se refieren, en primer lugar, a un mejor
conocimiento del mercado de trabajo de forma que se proceda a
establecer las condiciones necesarias para la definición de un
procedimiento de acceso al sistema de protección que ajuste
los requisitos exigidos con carácter general a cada realidad
comarcal (Un señor Diputado: ¡Tiempo!) teniendo en cuenta la
necesaria movilidad de los trabajadores, y exigiendo además
para ello un adecuado conocimiento del mercado de trabajo,
recomendándose la cuantificación, cualificación y localización
geográfica y temporal de los requerimientos o demandas de
trabajadores eventuales agrarios, y también la cuantificación
y cualificación de la oferta de las explotaciones agrarias.
Se recomienda, a continuación, el establecimiento de criterios
claros y homogéneos, así como mecanismos de control sobre la
inscripción, la permanencia y la baja, en el censo del Régimen
Especial Agrario. Se aborda una siguiente conclusión respecto
a la mejora...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor
Roncero, por favor.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
...respecto a la mejora del conocimiento de los días
trabajados, al perfeccionamiento de los consejos comarcales
como órganos de participación institucional y social en la
gestión del sistema y a la reordenación de los proyectos PER
hacia proyectos que confluyan con otros recursos públicos,
como decíamos antes, para que garanticen, más que la cobertura
de trabajo temporal, la creación de empleos estables inducidos
en ámbito de actividad óptima en el mundo rural. También se
abordan mejoras de gestión administrativa y de control y,
finalmente, se propone el establecimiento de una regulación
que permita promover trabajos o servicios de colaboración
social y un desarrollo a fondo de la formación ocupacional
rural.
Este es, señorías, el informe, muy resumido, que ha hecho la
ponencia en estos dos meses y medio de trabajo. Finalmente,
quisiera agradecer las aportaciones de todos los
comparecientes y su espíritu constructivo en todos los
trabajos de la ponencia, así como el clima de cordialidad y
sosiego en que se han
realizado éstos, que ha permitido llevar a buen término estos
trabajos. También deseo agradecer la inestimable colaboración
y asistencia prestada por los Servicios de la Cámara.
Esperamos que estas líneas de actuación que el informe
recomienda sirvan para facilitar el necesario consenso entre
las
administraciones concernidas y los agentes sociales, de forma
que se mejore un sistema imprescindible, que dignifique a los
trabajadores de Andalucía y Extremadura y que contribuya al
desarrollo de ambas comunidades.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Al dictamen de la
Comisión de Agricultura sobre este informe se han mantenido
votos particulares presentados por parte del Grupo Popular y
por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para la defensa de los votos particulares presentados por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANOS SALINAS: Gracias, señor Presidente.
La primera parte del informe que ha sido objeto de exposición
por el representante del Grupo Socialista es compartida por
nuestro Grupo, puesto que recoge el trabajo realizado por la
ponencia, de un lado y, de otro, los datos estadísticos y
económicos que a lo largo de estos diez años de aplicación del
sistema se han producido.
La opinión discrepante de nuestro Grupo --y hay que añadir que
de la postura inicial del Grupo Socialista se ha pasado a otra
más moderada, que recoge buena parte de las observaciones que
se han hecho al funcionamiento del sistema-- se mantiene a los
apartados relativos a la evaluación del sistema y a las
conclusiones.
En cuanto a la evaluación del sistema, la valoración conjunta
de los tres elementos del sistema de protección de los
trabajadores eventuales del campo es negativa para nuestro
Grupo, porque ni ha resuelto el paro estructural ni ha
capacitado a los
trabajadores para dirigirse a especialidades agrícolas o hacia
otros sectores productivos ni ha generado infraestructura
productiva en las zonas agrarias. No obstante, habría que
plantearse --y eso lo hacemos en el primer punto del voto
particular que mantenemos-- si debe o no continuar un sistema
especial para los trabajadores eventuales del campo en
Andalucía y Extremadura.
En este aspecto hay que decir con claridad, ante las críticas
provenientes de otras zonas de España, que el fracaso
histórico de la industrialización en Andalucía y en
Extremadura, que convirtió a ambas regiones en abastecedoras
de mano de obra y de capital para el desarrollo económico de
otras regiones de España y de Europa, es la raíz del atraso
económico de ambas comunidades y ha provocado la existencia de
un paro estructural de gran magnitud. Unido este fracaso
industrial histórico al hecho de que el sector agrario no
puede ya generar más empleo, entendemos que se hace
obligatorio mantener un sistema que, de un lado, tiene que dar
cobertura social a poblaciones desempleadas en estas zonas y,
de otro, tiene que tender a la generación de empleo estable y
a la cualificación profesional, principalmente de los jóvenes.
Debe decirse, y creo que es conclusión unánime de todos los
grupos, que los núcleos rurales andaluces y extremeños han
mejorado gracias a la obra acogida a los convenios
Inem-corporaciones locales, si bien esta obra no ha servido
para resolver carencias de infraestructura, como
electrificación rural, caminos, depuración de aguas
residuales, etcétera, y, por otra parte, la obra en sí ha
resultado costosa y con un ritmo de ejecución muy lento.
Es verdad que el sistema conjunto de protección ha servido
para mantener a la población en el mundo rural, tanto en
Andalucía como en Extremadura, y este dato lo consideramos
positivo. Ha servido para garantizar un mínimo vital a
personas que no podrían haberse acogido a otro sistema de
protección o que no habrían podido encontrar otras fuentes de
ingresos, cuando ya han finalizado en España los grandes
ciclos migratorios. Sin embargo, en el debe del sistema hay
que decir que se ha generado un fraude. De un lado, un fraude
por necesidad, motivado por la exigencia de un mínimo de 60
jornadas trabajadas en zonas en las que ha sido muy difícil
alcanzar ese nivel; de otro lado, un fraude penal originado
por la facilidad de acceso al sistema y el nulo o muy reducido
control administrativo durante muchos años.
Y no todo lo calificado como fraude por necesidad tiene
carácter altruista. El control ejercido sobre determinados
ayuntamientos por la Inspección de Trabajo, en situaciones de
abuso manifiesto, ha permitido enjuiciar por los tribunales
conductas en las que, alejándose los regidores públicos de una
labor humanitaria, han obtenido un lucro personal a costa,
precisamente, de los ciudadanos más humildes de sus
municipios.
Objetivamente hay que decir --también con claridad-- que el
nivel de fraude de este sistema especial no está demostrado
que sea superior al de otros sistemas especiales de la
Seguridad Social e incluso al fraude en el régimen general.
Pero lo cierto es que el sistema en su conjunto ha alcanzado
cotas de desprestigio muy altas y que difícilmente la
sociedad, en general, va a entender que se mantengan el
sistema actual sólo con ligeros retoques. Por otra parte, el
sistema se ha inclinado por un carácter regresivo del
subsidio, es decir, a más jornadas trabajadas se reduce el
nivel de prestación. Evidentemente, el trabajador no ha tenido
incentivo alguno para trabajar más y en muchos casos --y lo
pone de manifiesto la parte expositiva del informe-- el
trabajo realizado por encima de los 60 días o ha sido opaco o
se ha acreditado a nombre de un tercera persona, el cónyuge,
los hijos o algún otro familiar.
Puede pensarse --y así lo ha manifestado algún sindicato-- que
un sistema de incentivos que, reducido a términos muy simples,
sería a mayor trabajo acreditado mayor subsidio rompe el
espíritu de dificultad o dificulta a los menos capaces para
encontrar trabajo, que acapararían los más activos. Pero lo
cierto es que tampoco puede admitirse una situación, como la
actual, que produce falta de trabajadores en épocas de cosecha
en zonas en las que hay perceptores del subsidio, y que, de
otro lado, produce que quien supera las 60 jornadas se vea
doblemente penalizado: por una parte con la reducción del
subsidio y, por otra, situándose a la cola en la lista de
perceptores de obras del PER.
La formación ocupacional, que era otro de los puntos básicos
del sistema, a nuestro modo de ver, no ha funcionado. Lo único
que ha funcionado, aunque sólo esté relacionado colateralmente
con el sistema, han sido las escuelas-taller, pero con un
número muy reducido de alumnos. Ni la selección de
especialidad ni el nivel alcanzado en ellas han servido para
obtener una cualificación profesional, y, en muchos casos, los
cursos no han tenido relación alguna con la mano de obra que
demandaban los sectores productivos ni con el desarrollo
económico de las comarcas. Sin embargo, lo más preocupante del
sistema en su conjunto, a nuestro entender, es que ha
propiciado que se introduzca en el mundo rural de Andalucía y
Extremadura una cultura de inactividad que ha bloqueado, en
buena medida, las iniciativas de desarrollo y ha desactivado
el afán de trabajar.
En otro orden de cosas, los esfuerzos de las distintas
administraciones no se han conjuntado. Tengamos en cuenta que
intervienen, de hecho, sobre todo en los convenios de obras
del PER, todas las administraciones: unas, aportando
financiación de mano de obra y otras, aportando financiación
de materiales. Y parece que es necesario avanzar en esa
conjunción de esfuerzos y en la buena relación entre las
administraciones; en el
intercambio de datos entre las mismas y, a nuestro entender,
también en este aspecto, en dar entrada, como ofertantes de
proyectos, a la iniciativa privada, siempre que se trate de
obras que, si bien son de propiedad privada, sean de interés
general y, por supuesto, con arreglo a un catálogo
preestablecido y con criterios de publicidad y libre
concurrencia.
Hay que reconocer que la inexistencia de un censo de
trabajadores eventuales agrarios condiciona la efectividad del
sistema, y que se han incluido en el sistema de protección
personas que nada tenían que ver con el mundo del paro
agrícola y que, sin embargo, han tenido la oportunidad de
beneficiarse del subsidio.
Coincidimos con el informe en que las normas han sido poco
claras, que han faltado instrucciones concretas y que se han
aplicado criterios heterogéneos en distintas provincias e
incluso en distintas comarcas dentro de una provincia.
El voto particular que mantenemos contiene 11 conclusiones. La
primera, en relación con la exposición que he hecho, es que el
alto número de trabajadores que hay en el mundo rural, en
Extremadura y en Andalucía, precisa de la existencia de un
sistema de protección específico. Pero deben separarse los
conceptos de parado rural y parado agrícola, ya que el parado
rural no es un parado del sector agrícola, sino del sistema
económico en su conjunto, que tiene una incapacidad
estructural para ofrecerle un puesto de trabajo. Esta
distinción entre parado rural y agrícola conlleva la necesidad
de realizar un censo de trabajadores eventuales agrarios.
El criterio de acceso al sistema no puede ser exclusivamente
la realización de 60 jornadas en los doce meses anteriores. Se
ha planteado, y se está planteando hoy en día por los
sindicatos del campo en Andalucía, la necesidad de eliminar
totalmente el número de las 60 jornadas necesarias. Nosotros
no somos partidarios de esa eliminación porque, si no se
establece otro criterio para la entrada en el sistema, se
generarían mayores problemas que los que tratan de evitarse.
Pero también es evidente que consideramos que el límite de las
60 jornadas tiene que ser flexible,
atendiendo a las posibilidades reales de trabajo en cada
comarca y también a las circunstancias climatológicas que
afectan a las producciones agrícolas.
Creemos que para que funcione el reparto de trabajo hay que
atender a criterios más amplios en ese reparto y a una
movilidad geográfica de los trabajadores. Y para que la
movilidad geográfica de los trabajadores
pueda ser efectiva, las administraciones tienen que contemplar
un sistema de compensaciones en los gastos de transporte para
facilitar esa movilidad.
Por otra parte, creemos que el cobro del subsidio agrario --
habría que añadir porque así lo está estudiando el Ministerio
de Trabajo-- y el cobro de otro subsidio debe estar vinculado
a la realización de actividades sociales de interés
comunitario, con dedicación a tiempo parcial a trabajos
demandados por los ayuntamientos y organizaciones privadas de
interés social, pero discrepamos en los principios de la
propuesta que en este mismo sentido se hace en el informe de
la Ponencia. El informe configura la dedicación de una
actividad social a cambio del subsidio como un castigo que se
aplica a aquellos trabajadores que han rechazado ofertas de
empleo. Para nosotros debe ser otro concepto el que rija en
esta materia. No se trata de castigar a nadie. Se trata de
intentar romper la cultura de inactividad e introducir el
principio de que quien recibe algo de la sociedad debe dar
algo a la sociedad a cambio de ese dinero que percibe. Hay
actividades muy amplias que pueden desarrollar los
ayuntamientos, que ahora no lo hacen por falta de medios o por
no contar con los mecanismos adecuados, y que permitirían
cubrir objetivos de interés social.
En cuanto a la Formación Profesional, proponemos para los
trabajadores de menos de 25 años la obligación de que la
reciban. No podemos situar a una persona de más de 16 años
como parado agrícola y decirle que va a estar percibiendo un
subsidio hasta que se jubile. Una persona de menos de 25 años,
que tiene capacidad y ha recibido una formación primaria, para
mantenerse en el sistema de protección debe estar dispuesta a
recibir formación profesional tanto para especialidades
agrícolas como para trabajar en otros sectores productivos.
Proponemos también un sistema de prejubilaciones para los
mayores de 55 años en determinadas zonas en las que es
imposible alcanzar el nivel de las 60 jornadas de trabajo. La
solución a estos trabajadores no pasa por la ficción actual
del sistema de mantener un subsidio indefinido, sino por
acometer una auténtica reconversión en el sector agrícola, que
ya se ha hecho en otros sectores, pero que no se ha hecho en
el campo. Hay que admitir que la política agraria comunitaria
significa menos población activa en el campo, y eso requiere
un plan de reconversión para sacar personal activo del campo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano, vaya
concluyendo.
El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor Presidente.
También nos referimos a la incapacidad laboral transitoria.
Creemos que su regulación actual no resuelve el sistema.
En cuanto a la reordenación de los proyectos del PER,
coincidimos con las propuestas del informe respecto a buscar
un ámbito superior al existente, incluso proyectando obras
plurianuales, pero creemos que se debe dar entrada a la
iniciativa privada en la oferta de proyectos de interés
general, tal y como lo
expresamos con anterioridad; proyectos que serían
subvencionados en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad
Social y a los salarios del personal no cualificado que se
emplee.
Coincidimos también en la propuesta sobre modificación del
funcionamiento de los distintos organismos del Ministerio de
Trabajo y en el criterio de potenciar los consejos comarcales
del INEM, pero creemos que deben potenciarse y crearse los
consejos locales, sobre todo para asumir funciones de control
de la realización efectiva de las obras y de la permanencia de
trabajadores en el sistema.
La mayoría de las propuestas que hemos hecho no son inventadas
por nuestro Grupo, sino recogidas por las distintas
iniciativas que a la Comisión han llevado los expertos
económicos, los alcaldes, los representantes de sindicatos y
de empresarios agrícolas.
Creemos que con nuestras propuestas se puede configurar una
nueva fórmula de subsidio, que supere al desprestigio actual
del sistema, facilite una mayor información sobre el mismo y
reduzca un baldón que se ha establecido en la mayor parte de
la sociedad española sobre el mundo rural de Andalucía y
Extremadura. No planteamos un sistema idéntico al del Partido
Socialista y entendemos que nos separamos bastante de él. De
todas formas, la valoración conjunta de los trabajos de la
Comisión es positiva y creemos que ha quedado documentación e
información para poder configurar en su día un sistema justo,
que permita al final que el parado agrícola tenga el mismo
trato, desde el punto de vista del subsidio, que el parado de
cualquier otro sector, que no reciba una limosna ni un dinero
a cambio de ninguna actitud personal, sino que reciba un trato
de justicia en el pago. Creemos que los problemas no se
arreglan con ligeros retoques, como pretende el Grupo
Socialista, ni tampoco elevando el PER al cuadrado, como
pretende el Grupo de Izquierda Unida, sino afrontando una
reforma en profundidad y configurando un sistema distinto al
actual.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Jordano. Para la defensa de los votos particulares de
Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, cuando empezamos a
trabajar en esta Ponencia, hace cerca de tres meses,
subyacían, y subyacen, dos temas fundamentales que, en grado
de matiz, se han empezado a solucionar o han empezado a
experimentar un cierto giro. Subyacía, y subyace, el problema
político de fondo, el desprestigio de comunidades autónomas
como Extremadura y Andalucía, en cuanto que se han utilizado
conceptos como tierra subsidiada, atravesada por el fraude de
los braceros, tierras del sur que viven del trabajo que hace
el norte, e incluso en otros tiempos se llegó a decir que
andaluz es aquel que no puede ser otra cosa. Conceptos basados
fundamentalmente en el desconocimiento histórico y político de
estas tierras y
singularmente, en este cso, en el desconocimiento absoluto de
qué son y cómo funcionan el PER y el subsidio.
También puede funcionar aquí --no digo que haya funcionado en
absoluto en la Ponencia-- una cierta inquina, reminiscencia de
la antigua alianza entre terratenientes andaluces y las
grandes burguesías vasca y catalana. Subyace, y subyacía
también, un problema económico estructural, el singular atraso
económico de Andalucía en función, no de su cultura
improductiva ni nada de esto, en función del papel que le ha
tocado jugar a la
agricultura en el sistema productivo español, cada vez más
retrasado, por supuesto, en función de la política económica
que se plantea y el papel que se le ha asignado jugar a
Andalucía en el seno del Estado español; papel dependiente,
papel subordinado, que desde 1980 empezamos a romper al
conquistar en la calle, como ustedes saben, la autonomía
plena.
Esta Ponencia del PER y el subsidio, que ha pasado un poco
desapercibida, no para los andaluces y extremeños, desde
luego, ha tenido una enorme importancia, fundamentalmente
política, porque consecuentemente, como veremos, las
resoluciones que se plantean aquí consisten en un
mantenimiento esencial del sistema. Es una política dedicada a
restañar los brotes fáciles e injustos de crítica, aunque
desde luego permanezca pendiente el tema económico de fondo.
Hay un dato político importante a tener en cuenta en esta
nueva fase respecto al PER y al subsidio, dato político que,
aunque sólo fuese por este tema, ya esta Ponencia tiene una
importancia, a nuestro juicio, bastante subrayable. El Partido
Popular acepta el sistema, el Partido Popular
introduce enmiendas de matiz, alguna importante, como la
iniciativa privada, pero acepta el sistema del PER, el
subsidio y el fondo ocupacional. Se supera, por tanto, la
etapa del voto cautivo y otra serie de temas que espero que no
renazcan el 13 de junio. Este es un dato político de enorme
importancia a favor de la valoración de un sistema
absolutamente necesario.
El segundo dato es que el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
ni siquiera introduce enmiendas de matiz y acepta el sistema
completo del PER y el subsidio por razones de solidaridad, que
no vamos a agradecer sino a valorar políticamente como un giro
de enorme importancia en la situación de cara a Andalucía. En
todo caso, junto al Partido Socialista Obrero Español aparece
una coincidencia muy preocupante en Convergència i Unió y en
el Partido Popular, que distancia enormemente los discursos
con el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es la
necesidad urgente --según ustedes-- de establecer un censo en
función de criterios tecnocráticos, de cruzar datos en
ordenadores, que no tienen ningún contenido en función de los
datos esenciales que hay que manejar, que es la necesidad
social y los datos humanos de cómo se confunde en Andalucía el
mundo agrario y el mundo rural, que se intentan separar para
reducir drásticamente el censo y, consecuentemente, la partida
a percibir por Andalucía. No son, como se ha publicado,
150.000 millones de pesetas anuales, sino 150.000 millones de
pesetas en los últimos diez años. Esa es la realidad, todo lo
demás son obras adscritas al PER que nada tienen que ver con
el campo, como son los temas de la cárcel de Jaén, de la
cárcel del Puerto de Santa María, de la autovía o del centro
de alto rendimiento de Sierra Nevada. Se le pone la etiqueta
PER porque si algún obrero del campo cae allí, por casualidad,
ese jornal le cuenta para acceder al subsidio, pero nada más.
No somos una tierra subsidiada. Se ha demostrado esto en la
Ponencia. También es un dato de enorme importancia. Hay datos
que están sobre la mesa que nos van a servir a todos, después
de las votaciones que se van a producir en este Congreso, para
defender el prestigio de tierras como Extremadura y Andalucía.
El régimen especial agrario para obreros eventuales tiene un
incremento interanual, en los últimos años, del 15 por ciento,
mientras el resto de los sistemas de protección ha crecido el
29 por ciento. El nivel de fraude en el subsidio es del 6,5
por ciento, con 100.000 controles anuales, muy por debajo del
fraude en el resto de los sistemas de subsidio y de
protección. Se ha pasado de 300.000 perceptores en 1989 a
223.000 --un 27 por ciento menos-- en 1993. La cantidad del
PER ha descendido este año un 10 por ciento, y si se cuentan
las consecuencias del Decreto de la sequía, un 25 por 100,
tanto en Extremadura como en Andalucía.
Por otra parte, hay un dato esencial que hay que tener en
cuenta. El convenio Inem-ayuntamientos, que es lo que se llama
PER en Andalucía y Extremadura, existe en todas las
comunidades
autónomas de España. Lo que pasa es que no se llama PER y que
es un poquito más bajo. Pero ese convenio Inem-ayuntamientos,
repito, existe absolutamente en todas las comunidades
autónomas. Por descontado, como aquí se ha dicho, la cobertura
de protección, quitando subsidio agrario, está muy por debajo
de Baleares, de Cataluña, de Madrid, de Valencia.
y, complementando el dato con el subsidio agrario, estamos,
incluso, por debajo de la media nacional.
Es necesario, por razones históricas, políticas y de justicia
social, el PER y el subsidio, y es necesaria, en este momento,
la reforma que nosotros planteamos y que al parecer no va a
ser aceptada. Por razones históricas, porque hay una
transferencia del sector primario tremenda en la historia de
Extremadura y Andalucía a otros sectores. Estoy hablando de
emigración, de despoblamiento rural y de pobreza. Es una de
las interpelaciones que introducirá el Grupo de Izquierda
Unida para la próxima semana.
Con dinero público hemos pagados en este país reconversiones
de sectores públicos y privados, como el de la banca, y nunca
hemos acordado el impacto de dinero público necesario para
acometer la reforma agraria en Andalucía, la reconversión
agraria integral moderna del siglo XXI que necesita Andalucía.
Siempre que en este país se ha hablado de reforma agraria --ya
lo he dicho otra vez--o ha habido un pronunciamiento militar o
un golpe de Estado, mientras que se han hecho las
reconversiones en todos los niveles, públicos o privados, con
impactos tremendos de dinero de todos los españoles.
Por lo tanto, vamos a defender el PER y el subsidio, pero no
como sustitutivo de esta necesidad de la reconversión
integral, del plan integral de reforma, de la reforma agraria
integral, sino teniendo en cuenta que es un sistema de
protección no para creación de empleo estable, pero sí
absolutamente necesario por razones políticas, históricas,
repito, y de justicia social. En este sentido Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya ha hecho un discurso concreto, fajado
con la realidad, para transformar el sistema del PER y el
subsidio. Son 11 puntos que voy a detallar brevísimamente ante
SS.SS.
El primero, supresión inmediata del requisito de las 60
peonadas, 60 jornales, para acceder al subsidio,
fundamentalmente porque no son posibles. El campo andaluz da
10 jornales al año por persona. Por lo tanto, como decía el
Guerra --me refiero al torero, no al político--, lo que no
puede ser no puede ser y, además, es imposible.
La prueba está en que los jueces ya no condenan a los
jornaleros, porque saben que no es posible el requisito de las
60 peonadas que, en todo caso, se convierten en peonadas de
bolígrafo, en simples firmas. Por tanto, hay que reducirlas
muchísimo, según parece por la posición de algún Grupo. En
nuestro caso pedimos la supresión inmediata porque se hace en
función de un estado de necesidad; un estado de necesidad
agudizado por la política agraria comunitaria, que habría que
renegociar de inmediato, por la sequía, por la mecanización y
por un PDR (Plan de Desarrollo Rural) que nos anuncian en
Andalucía que no tiene como elemento nuclear, como elemento
fundamental la agricultura, sino otra serie de medidas
económicas que no concuerdan con la naturaleza ni con la
cultura ni con la historia andaluzas.
Segundo punto. Pedimos la creación de las comisiones locales
de empleo para que la participación de los agentes sociales a
pie de obra, la participación de la Administración sea la que
pueda establecer el censo real, un censo humano, un censo
fundado en lo que los jueces basan la absolución de los
jornaleros: en el estado de necesidad, y no en otras
prioridades tecnocráticas que son imposibles de cumplir y que
como única consecuencia traerían la reducción drástica del
censo y, con ello, la reducción de las partidas para el
convenio Inem-Ayuntamiento, 11.900 millones este año. Estas
comisiones locales tendrían una virtualidad política de enorme
importancia, que sería transferir el poder que hoy tienen los
empresarios para firmar las peonadas, sean reales o falsas,
para conceder las cartillas de la Seguridad Social, incluso
para conceder la baja por enfermedad. Ese poder que ahora
tienen en sus manos se transferiría a las comisiones locales
de empleo, a los sindicatos, al Inem, a los ayuntamientos como
una parte representativa de esas comisiones locales, cosa que
a nivel político nos parece de una importancia fundamental.
Tercer punto. Creemos que hay que subir el PER. Son 11.900
millones de pesetas este año para Extremadura y Andalucía.
Ello supone siete jornales al año por persona, por persona de
las que intervienen, porque a veces --y un alcalde del Partido
Popular lo expresó en la Ponencia-- cuando se empieza por la A
y se termina por la Z los pagos tardan dos años otra vez en
volver a los que cobran los jornales del PER. Por tanto, hay
que subir la cantidad de percepción en el PER prácticamente al
doble cada mes porque la situación actual, máxime con la
sequía, es de gran precariedad.
Cuarto punto. Pensamos que hay que subir la percepción de
subsidio al salario mínimo interprofesional. Actualmente se
cobra un 70 por ciento. Son 30.000 millones de pesetas, pero
me parece que no es ninguna barbaridad hablar de que, como
mínimo, se necesita el SMI para poder vivir incluso en
Extremdura y en Andalucía.
En quinto lugar, pensamos que hay que eliminar el requisito de
la unidad familiar que limita injustamente a los perceptores.
En sexto lugar, pensamos que hay que establecer una economía
productiva de base comarcal. Por lo tanto, hay que darle una
potencia y una capacidad planificadora al Consejo Comarcal.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya
concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Además, sería un factor clave para que no hubiera un reparto
político de los fondos respecto al resto de los pueblos, tal y
como se viene actuando en los momentos presentes.
Pensamos que hay que quitar al PER la adscripción de grandes
obras que no generan realmente jornales para el PER y que
luego aparecen titulares como aquellos de que este año van
140.000 millones de pesetas al PER de Andalucía cuando no es
cierto; son obras que simplemente llevan la etiqueta PER. La
formación ocupacional seria hay que adaptarla a las
necesidades y demandas del mundo rural.
En noveno lugar, pensamos que hay que restablecer, reeditar,
hay que prorrogar de inmediato el decreto de la sequía,
configurando una mesa para que la distribución del agua y de
los fondos sea justa, porque suponen cuatro o cinco mil
millones. La mesa de la sequía, así como el decreto de la
sequía, tienen consecuencias directas respecto al PER y al
nivel de vida de andaluces y extremeños. Y, además, si se
prorroga el decreto de la sequía, yo ya lo anuncio aquí, señor
Presidente, no contarían los 60 jornales para este año. Para
el año 1995 sí, pero los sindicatos tendrían que negociar con
la Administración lo que queda de 1994 de cara a quitar el
requisito de las 60 peonadas. No contarían sino los jornales
de 1992, los 60, si se prorroga el decreto de la sequía, lo
que nos parece de una enorme importancia.
En décimo lugar, hay que potenciar las iniciativas comarcales
y locales de empleo. Y, en último lugar, la propuesta número
11, habría que ir ya a elecciones sindicales. Esta medida
consuena con la necesidad de representantes auténticos en las
comisiones locales o en los consejos comarcales y también con
elecciones a cámaras agrarias.
Pensamos que esta ponencia no ha sido espectacular. Ha sido
una ponencia tapada por otras comisiones, otras iniciativas,
otros debates mucho más espectaculares; pero ha sido una
ponencia que ha afectado a doscientas mil familias,
fundamentalmente
extremeñas y andaluzas, en una zona que tiene en este momento
dos millones y medio de pobres.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz. Para un turno en contra, tiene la palabra el señor
Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, debo comenzar, en nombre del
Grupo Socialista, poniendo de manifiesto el gran provecho
obtenido por el trabajo realizado por la ponencia durante los
más de dos meses en que ésta ha desarrollado las tareas que le
encomendó el acuerdo plenario del pasado día 22 de febrero.
Trabajo provechoso que se ha concretado en el informe que se
debatió y dictaminó en la Comisión de Agricultura el pasado
día 9 de este mismo mes de mayo, y que hoy se somete a la
aprobación de este Pleno.
Mantenemos que el trabajo realizado ha sido beneficioso por
múltiples razones: en primer lugar, por el amplio debate y
contraste de opiniones que los ponentes hemos realizado, tanto
internamente, en la ponencia, como con los múltiples
comparecientes que han ido dejándonos sus informes y sus
puntos de vista durante las varias sesiones celebradas, lo
cual, además, nos ha permitido tener un conocimiento mucho más
profundo, mucho más riguroso, sobre la realidad socioeconómica
del mundo rural andaluz y extremeño, sobre la incidencia que
el sistema integrado del PER ha tenido sobre esa realidad,
sobre los defectos, susceptibles de mejorar, indudablemente,
que tiene el subsidio REA, que tiene el Plan de Formación
Ocupacional Rural, o que tienen las inversiones adscritas al
PER, así como sobre las posibles vías de solución.
En segundo lugar, digo que los trabajos de la ponencia han
sido beneficiosos porque hemos podido contrastar la muy alta
valoración que los diferentes comparecientes, yo diría que la
totalidad de los comparencientes, tiene sobre el sistema
integrado de protección de los trabajadores eventuales
agrarios de Andalucía y Extremadura. Sindicatos, alcaldes,
inspectores de trabajo, técnicos, expertos y profesores
universitarios,
Administración central y autonómica, presidentes de cajas de
ahorros, etcétera, así nos lo han puesto de manifiesto.
Y ya que, como reconoce el propio informe, pueden concretarse
los efectos beneficiosos en múltiples facetas, ustedes me
permitirán que yo resuma aquí algunos en concreto.
Señoras Diputadas, señores Diputados, se ha producido --creo
que esto es indudable-- una reanimación del ciclo económico
como consecuencia de las importantísimas inversiones
realizadas en Andalucía y Extremadura. Se ha conseguido --y a
mi juicio esto es tremendamente importante-- fijar la
población al territorio. Hoy quizá se pueda hablar de un mayor
nivel de paro en Andalucía o en Extremadura, pero podemos
hablar de una mayor población; probablemente, si en otras
comunidades autónomas el nivel de paro es menor, sea
precisamente porque no han logrado retener la población a su
propio territorio.
En tercer lugar, se han mejorado las infraestructuras y la
calidad de vida de la población, en virtud de las múltiples
obras y de los múltiples servicios llevados a cabo al amparo
del Plan de Empleo Rural, y en definitiva el subsidio agrario
ha supuesto un elemento de protección adicional que ha
permitido aproximar la cobertura a la media nacional. En
resumidas cuentas, señorías, el PER, tal y como ha señalado
recientemente un portavoz de uno de los sindicatos
mayoritarios,
es un sistema erosionado en su imagen, pero un sistema que hay
que dignificar, que no tiene sustitución posible, sólo --y en
ello estamos-- mejoras.
En efecto, señor Presidente, hoy son cada vez menos los que se
atreven a criticar generalizadamente al PER; hoy son cada vez
menos los que hablan indiscriminadamente de los efectos
perversos del sistema integrado de protección; hoy son cada
vez menos los que hablan de Andalucía y de Extremadura como
comunidades subsidiadas. En suma, señoras y señores Diputados,
si el PER no existiera habría que inventarlo, pero como ya
existe, lo que hemos tratado en la Ponencia ha sido
precisamente de mejorarlo, y ello nos da base para entrar en
el tercer bloque de las consideraciones por las que hemos
calificado de provechoso el trabajo de la Ponencia.
El sistema integrado PER puede y debe ser mejorado, y además
completado con planes específicos de creación de empleo
estable. La Ponencia ha identificado exhaustivamente los
problemas hoy existentes y, a partir de ahí, aporta
soluciones, que no son otras, a nuestro juicio, que las
contenidas en el capítulo de conclusiones, y puesto que ya han
sido aquí ampliamente expuestas por el portavoz de la
Ponencia, señor Roncero, yo no voy a repetirlas. Sí quiero
resaltar su amplitud, la amplitud de las propuestas de
reforma, que inciden en aspectos diversos, tales como, por una
parte, el acceso al sistema. Se pretende definir un
procedimiento de acceso al sistema que ajuste los requisitos
exigidos con carácter general a cada realidad comarcal: mejora
del conocimiento de los días trabajados, perfeccionamiento de
los consejos comarcales, reordenación de los proyectos del
PER, mejora de la gestión administrativa y de control,
promoción de servicios de utilidad social, incluyendo entre
los que deben efectuar estos servicios a los trabajadores
eventuales agrarios perceptores del subsidio de desempleo. En
definitiva, señorías, el PER se va a mejorar, pero, lo que
también es importante, se va a mejorar, igual que se hizo en
1990, mediante acuerdos entre Gobierno y sindicatos. Aquí debo
remitirme a las declaraciones efectuadas tanto por el
Secretario General de Empleo, señor Marcos Peña, como por los
sindicatos UGT y Comisiones Obreras sobre la eminente apertura
de una mesa de negociación.
Señor Presidente, los grupos parlamentarios Popular e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mantienen votos
particulares en sus propuestas alternativas de conclusiones a
las que ahora voy a referirme. Respecto de las propuestas de
Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Alcaraz tenía
preconcebidas varias ideas que ni las comparecencias, ni las
informaciones obtenidas durante los trabajos de la Ponencia,
ni tan siquiera las declaraciones recientes de los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT nos han confirmado. Una de sus
propuestas, señor Alcaraz, es la eliminación de las 60
peonadas. Señor Alcaraz, los distintos grupos, de una u otra
forma, hemos manifestado que éste es un tema que habrá que
modificar. Incluso el Gobierno y los sindicatos coinciden en
que habrá que rebajar el número de peonadas actualmente
existentes; pero eliminarlas ya, de golpe, supone...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Martín Mesa.
¡Silencio, por favor, señorías! (Pausa.)
Puede continuar.
El señor MARTIN MESA: Decía que eliminarlas ya, de golpe,
supone improvisar, supone convertir la prestación en pura y no
contributiva, supone incrementar los costes y, además, no
garantiza en absoluto el control de los posibles fraudes. Les
proponemos, señor Alcaraz, lo siguiente: Elabórese un censo de
trabajadores, conózcase la realidad y, a partir de ahí,
defínase un procedimiento de acceso que ajuste los requisitos
exigidos con carácter general a la realidad de cada una de las
comarcas de Andalucía y de Extremadura.
Piden la equiparación con el salario mínimo interprofesional.
A usted no se le escapa que ello supondría un incremento del
33 por ciento del gasto actual. Señor Alcaraz, la situación
actual de la economía española no nos permite realizar
incremento de gasto de carácter indiscriminado.
Comisiones locales es otra de las peticiones de Izquierda
Unida. Permítame que le diga que, en absoluto, son garantía de
un mejor control del sistema. ¿Cómo se constituirían estas
comisiones en los múltiples pequeñísimos municipios de
Andalucía y Extremdura? Señor Alcaraz, reforcemos el papel de
los consejos comarcales, reforcemos el papel del Inem; para
ello hemos incluido en Comisión un mandato en el sentido de
que hay que reforzar los mecanismos de intervención del Inem
en la gestión de la oferta y demanda de empleo y de la
contratación.
En cuanto a incrementar los fondos PER, sólo voy a recordarle
el compromiso que usted conoce, adquirido por el señor Marcos
Peña en nombre del Gobierno, para prorrogar el decreto de la
sequía. Creo que el discurso de la disminución de fondos para
este año hay que empezar a abandonarlo.
En relación a las propuestas del Partido Popular debo
manifestar la contradicción, a nuestro juicio, existente entre
el preámbulo de la propuesta del Grupo Popular, en la que
reiteradamente se habla de los aspectos negativos del PER, y
el tenor de sus propuestas. Señor Jordano, pienso que hay que
dejar de hablar de la cultura de la inactividad y, sobre todo,
creo que hay que dejar de hablar de relaciones entre PER y
drogodependencia. Usted mismo ha recordado que no está
demostrado que el fraude del PER sea superior al de otros
regímenes.
El Partido Popular propicia dar entrada a la iniciativa
privada. Señor Jordano, no han podido, durante todo el
trámite, ponernos ejemplos convincentes sobre esos que ustedes
llaman proyectos de interés general, aunque de iniciativa
privada, y que de otra forma no podrían realizarse. Es una
propuesta que no podemos aceptar por su misma ambigüedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín, le ruego
vaya concluyendo, por favor.
El señor MARTIN MESA: Voy concluyendo, señor Presidente.
En cuanto a la flexibilidad creemos que con la enmienda
técnica introducida en Comisión daremos suficiente
satisfacción a esta pretensión.
Dicen también que el PER no ha creado empleo estable. Esta es
una de sus críticas al sistema. Ya se lo hemos comentado por
activa y por pasiva. El PER nunca ha pretendido ser un
instrumento de creación de empleo estable, sino un elemento de
corrección de estados de necesidad. Lo decía antes, y le
repito ahora:
mejoremos el sistema completándolo con planes específicos de
creación de empleo estable.
Termino ya, señor Presidente, señalando aquellos hechos que
parecen haber sido probados durante los trabajos de la
Ponencia, a juicio de nuestro Grupo. El PER no se debe
sustituir sino mejorar. El PER no admite críticas
descalificadoras de carácter global. No existe mayor fraude
que en otros sistemas. Señoras y señores Diputados, dejemos ya
de hablar de fraude del PER. El PER, además, es indispensable
para los miles de jornaleros y jornaleras andaluces y
extremeños. El PER, como decía
anteriormente, señoras y señores Diputados, de no existir
tendríamos que inventarlo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
Mesa.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Ante todo, tengo que decirle al señor Alcaraz que el Partido
Popular no ha aceptado ahora el sistema. Creo que usted se
deja llevar por ideas fijas y lo que le pediría es que
exhibiera un sólo documento elaborado por el Partido Popular
en el que se pida directa o indirectamente la eliminación del
sistema de subsidio agrario en Andalucía y en Extremadura; no
va a encontrar ese documento.
El representante del Grupo Socialista ha hecho diversos
planteamientos, y uno de ellos, el básico, el que ha sido la
guía de su exposición, ha sido que si no existiera el PER
habría que inventarlo. La verdad es que el PER nace por un
fracaso. El PER nace porque los sectores secundario y
terciario no son capaces de absorber la mano de obra que queda
parada en el sector primario cuando empieza a mejorar la
agricultura y a
reconvertirse. Por tanto, decir que habría que inventar el
sistema si no existiera es admitir estructuralmente un paro en
el campo de Andalucía y en Extremadura muy superior al de los
núcleos urbanos, y no creo que ese sea el deseo de nadie; el
deseo será acabar con ese paro estructural. Evidentemente, no
se pueden resolver los problemas estructurales pura y
simplemente acudiendo a sistemas de subsidio, sino acudiendo a
sistemas que, a más largo o más corto plazo, produzcan la
generación de empleo estable, porque lo que hace falta en el
mundo rural en Andalucía y en Extremadura es empleo, y empleo
estable.
Si todos los sistemas que utilizamos, si todo el dinero
público que podemos utilizar en formación, cualificación
profesional, en mejora de infraestructuras, a la larga puede
producir empleo estable, será un dinero bien utilizado. Si el
sistema no se orienta en esa dirección, tendremos lo que pasa
ahora. Un obrero del campo sin cualificar hace diez años ha
estado acogido al sistema de subsidio agrario, ha trabajado en
obras del PER y, diez años después, sigue siendo un obrero
agrícola sin cualificar ni para otras actividades del campo o
de la ganadería ni para actividades de otros sectores, y ése
es el fracaso que hay que afrontar.
En cuanto a ligar la cultura de la inactividad y la droga, yo
le recomiendo que se relea las actas de las distintas
comparecencias y verá que quien ha ligado en ellas la cultura
de la inactividad y la presencia de la droga en el mundo rural
ha sido don Diego Cañamero (que lo tienen que conocer bien
ustedes ahora por los últimos incidentes electorales que han
tenido lugar en
Andalucía), Secretario General del Sindicato de Obreros del
Campo de Andalucía, que es el que ha dicho: «No se puede crear
una cultura, a la gente de nuestros pueblos y del mundo rural,
de vivir eternamente de limosna. A un chaval con dieciséis
años no se le puede inculcar la cultura de que por vida tiene
solamente un subsidio. Eso está creando una cierta situación
en nuestros pueblos de apatía generalizada en el mundo rural,
de desencanto en los políticos, en lo social, en la
disciplina; eso está introduciendo incluso hasta la droga en
nuestros pueblos, pueblos pequeños, incluso está llegando
fuertemente la droga, con una preocupación alarmante». Quien
dice esto es el Secretario General del Sindicato de Obreros
del Campo. Evidentemente, podremos estar o no de acuerdo con
sus actitudes --con sus actitudes políticas no estoy en modo
alguno de acuerdo--, pero habrá que entender que el Secretario
del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía algo debe
saber de lo que pasa en el mundo rural, máxime
cuando él ha sido alcalde, y precisamente la gran preocupación
por el sistema actual es la cultura de la inactividad que
produce.
Yo le pido al Grupo Socialista que vaya al mismo ritmo que va
el Ministerio de Trabajo. Cuando nosotros hablamos de un
límite flexible de las sesenta jornadas, hablamos antes de que
el Ministerio de Trabajo ya ha acordado con los sindicatos
introducir un sistema flexible en la apreciación de las
sesenta jornadas necesarias. Cuando nosotros planteamos
vincular percepción de subsidio a una prestación a favor de la
comunidad, a favor de los ayuntamientos o de entidades de
interés social, da la casualidad de que el Ministerio de
Trabajo actualmente está preparando una normativa que, para
todo tipo de subsidio, va a vincular la percepción de ese
subsidio con el trabajo de interés social. Por tanto,
coincidan con nosotros, al menos, en lo que ya ha coincidido
el Ministerio de Trabajo.
Para terminar, señor Presidente, y en relación a lo que
ustedes no logran entender --y lamento la reducida capacidad
que tengo para explicarme--, es decir, qué es una obra privada
de interés general, lamento que no lo entiendan porque ya la
propia
administración autonómica en Andalucía está aplicando ese
sistema. En el Plan Infoca, de prevención de incendios, el
Iara paga los jornales que se emplean en la limpieza de montes
privados, porque se entiende que no tiene ningún sentido
limpiar sólo montes públicos y dejar sin limpiar los montes
privados, puesto que, cuando se produzca el incendio, las
llamas no van a distinguir entre monte público y privado. Por
tanto, es de interés general que también los montes privados
se limpien, y para eso se les da ayuda a los propietarios.
Creo que esta fórmula tan sencilla, que ya se está aplicando
por una
administración regida por el Partido Socialista, puede servir
para que se enteren ustedes de qué es lo que pretendemos
cuando hablamos de obras privadas de interés general.
Nada más, señor Presidente. (Algunos señores Diputados del
Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Jordano. Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señor Jordano, cuando se aprobó en esta Cámara, hace unos tres
meses, la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que ha dado paso a esta Ponencia, se aprueba en
función de que ustedes retiran un documento, en torno al cual
tenemos un debate, en los pasillos, el señor Arenas y yo, que
prácticamente pide quitar de enmedio el PER y el subsidio y
meter a fondo la iniciativa privada. Usted me ha pedido algún
documento en función del discurso que ustedes han cambiado y
que, desde luego, nosotros valoramos positivamente, como así
lo hemos manifestado desde la tribuna. El discurso de ustedes
ha girado radicalmente y, de hecho, el discurso que mantienen
es muy parecido al discurso elaborado, manteniendo el sistema
tal cual, sin admitir ninguna rectificación, por el Partido
Socialista Obrero Español. En segundo lugar, la posición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --que allí, en
tierras calientes, es Convocatoria por Andalucía o Izquierda
Unida en Extremadura-- no acepta que haya una cultura de la
inactividad, porque eso es tanto como retomar el viejo eslogan
de la derecha de que hay muchos vagos, que no es que haya
paro, sino que no quieren trabajar; llega esa conclusión y
nosotros no estamos de acuerdo en eso de ninguna manera. Sin
embargo, estamos absolutamente de acuerdo con la campaña a
favor del prestigio del PER y de la reforma del PER que van a
lanzar los sindicatos y, singularmente, que yo sepa,
Comisiones Obreras y UGT.
Respecto al planteamiento que ha hecho el representante del
Partido Socialista, señor Martín Mesa --porque el señor
Roncero se ha limitado a leer la parte descriptiva,
fundamentalmente los cinco primeros puntos, con los que sí
estamos de acuerdo--, quiero decirle que en las
comparecencias, casi todos, estaban de acuerdo en que no es
posible cumplir el requisito de las 60 peonadas, y aquí hay
testigos que pueden corroborar la afirmación que yo hago. Por
lo tanto, ese planteamiento que nosotros teníamos desde el
principio se ha corroborado en la Ponencia, como se ha
corroborado que es muy difícil hacer un censo, especialmente
si se separan artificialmente el mundo agrario, que es parte
fundamental, pero no lo único, de algo más amplio que es el
mundo rural y que nos llevaría a una reconversión quizás
homologable a la reforma del mercado laboral que se acaba de
aplicar para todos los sectores en el campo de Andalucía;
nosotros no estaríamos de acuerdo con el censo.
Todo esto avala la necesidad de lo que hemos planteado como,
por ejemplo, las comisiones locales de empleo, donde se
integren los agentes sociales, la administración al nivel que
sea --desde luego los ayuntamientos que son parte de la
administración y no deben admitir ninguna tutela de otras
administraciones--, con el fin de realizar un censo humano, a
pie de obra, conociendo a la gente, no expulsando a ese 51 por
ciento de mujeres que hay ya en el censo, como se ha expulsado
a una gran parte de la juventud para el acceso al subsidio
agrario en Andalucía y Extremadura. Por ello nos corroboramos
en la idea de que junto a la
planificación basándose en el orden comarcal, una ordenación
del territorio diferente a la que se hace en el PDR es
absolutamente necesaria de cara a un censo humano, no
tecnocrático, en una población con dos millones y medio de
parados, con una gran necesidad social,
planificación que reduciría de manera drástica los perceptores
y, consecuentemente, el dinero anual que va desde aquí allí,
que es muy poquito: este año 11.900 millones para Andalucía y
Extremadura.
Celebro lo que se acaba de decir por parte del representante
del Partido que sustenta --iba a decir soporta-- al Gobierno
respecto a que se va a prorrogar el decreto de la sequía. Pues
bien, lo saludamos, lo celebramos, pero aquí se va a votar en
contra. Si se lo quiere apuntar el señor Marcos Peña, de
acuerdo; no nos importa que hoy lo voten en contra, pero que
mañana se apruebe en el Consejo de Ministros porque tiene
consecuencias muy importantes. La primera: que no cuentan las
peonadas este año. Esto hay que anunciárselo a Andalucía desde
aquí, desde el Congreso, quien ha trabajado en la Ponencia, no
mañana desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Desde aquí hay que decir: Extremeñas y extremeños, andaluces y
andaluzas, este año no cuentan las 60 peonadas. Es más, se ha
anunciado también --y lo celebramos-- que va a haber una
negociación con los sindicatos a partir de ahora, después de
que tenga lugar aquí la votación respecto del dictamen y de
los votos particulares de la Ponencia, que si llegan a las
posiciones de Izquierda Unida --o cercanas--acabarían con las
60 peonadas, que sí conducen a crear una sensación de fraude,
que no es fraude real ni así se sanciona en los juzgados
porque no es posible, y ello nos llevaría a una situación
absolutamente nueva. Por lo tanto, aquí hay una novedad que
hay que anunciar desde el protagonismo del Congreso,
protagonismo que todos estamos ganando, y es, primero, que se
prorroga el decreto de la sequía; segundo, que no cuentan este
año las peonadas (contarían las del año 1992, no las de 1993);
y, tercero, que, de cara al año 1995, se abre una negociación
con los sindicatos para reflexionar por qué no son posibles
las 60 peonadas. Me parece que la Ponencia ha tenido un cierto
éxito.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente. Voy a ser
breve. Desde luego, debo saludar la diferencia de clima, la
diferencia de posiciones, que es más importante todavía, entre
aquel debate crispado que protagonizó el señor Arenas, por
cierto, hoy inasistente, y el debate que ha tenido lugar en la
Comisión, en este Pleno y en la Ponencia. Yo celebro, señores
del Partido Popular, que ustedes hayan cambiado radical y
sustancialmente sus posiciones. Confío en que este cambio sea
sincero.
Señor Jordano, ustedes parten de la base de aceptar el sistema
probablemente no digan explícitamente otra cosa, pero algunas
sonrisas en sus bancos cuando yo hacía afirmaciones desde la
tribuna sobre que habría que crearlo si no existiera parece
que no concitan la unanimidad de su Grupo. En cualquier caso,
señor Jordano --se lo hemos dicho por activa y por pasiva--,
el sistema del PER no ha tenido nunca el objetivo de crear
empleo estable, es un subsidio para solventar situaciones de
necesidad. En la Ponencia dijimos, y lo he dicho hoy aquí
explícitamente, que a partir de este momento también vamos a
dirigir las subvenciones del PER a financiar proyectos que
permitan crear empleo, vamos a completar el PER con el PDR o
con aquellos planes que pretendan crear empleo estable.
Señor Jordano, usted dice, y dice bien, que la referencia a
que la droga entró en los pueblos de Andalucía a través del
PER es una afirmación realizada por el Secretario General del
SOC, sin embargo, recortes de prensa como el de «El Ideal» del
martes 10 de mayo lo ponen en su boca. Dicen que usted
aseguraba que el sistema de subsidio agrario entraba en los
pueblos de Andalucía a través del sistema PER y, desde luego,
usted no lo ha
desmentido. Cuando usted no lo ha desmentido no sabemos si es
que lo comparte. De cualquier forma, creo que de la cultura de
la inactividad y de la droga a través del PER, se lo decía
antes y se lo reitero, hay que dejar de hablar ya.
Señor Jordano, la limpieza de montes públicos del plan Infoca
ya se hace. Los ejemplos que ustedes han puesto reiteradamente
en la Ponencia en absoluto nos permiten aceptar ni comprendar
cuál es la vía que ustedes pretenden para la iniciativa
privada. Señor Alcaraz, dice usted que es imposible cumplir
las 60 peonadas. Pero si esto lo dice el Gobierno; esto lo
dicen los sindicatos Comisiones Obreras y UGT; esto lo decimos
los ponentes socialistas de la Ponencia. Estamos de acuerdo,
lo que no compartimos en absoluto es eso de decir: quítense
mañana las 60 peonadas. ¿Y ahora qué? No; hagamos un censo,
conozcamos la realidad, tengamos un conocimiento exacto de las
producciones, de las necesidades de trabajo de las
distintascomarcas y, a partir de ahí, flexibilicemos el
sistema.
No tiene por qué ser un censo tecnocrático. No le tenga usted
miedo a los censos, señor Alcaraz: un censo democrático. Un
censo es conocer una realidad. Esto es lo que proponemos en la
Ponencia y esto es, tengan ustedes la seguridad, lo que se va
a realizar. El decreto de la sequía. Usted se ha tirado dos
meses y pico diciendo que los fondos se reducían porque este
año no había decreto de la sequía. Ya tiene usted la
declaración expresa del Gobierno: va a haber decreto de la
sequía. Sin embargo, aquí estamos tratando de incluir las
reformas estructurales del sistema PER; el decreto de la
sequía es coyuntural. ¿Cómo vamos a meter en un sistema
estructural un decreto de sequía cuando igual el año que viene
--¡ojalá sea así!-- llueve todos los días y se desbordan los
pantanos? Va a haber fondos para la sequía, va a haber fondos
para peonadas en el sistema PER, pero no podemos incluirlo
comouna reforma estructural. Nosotros, señores de Izquierda
Unida, pensamos que la sequía no es estructural, sino
meramente coyuntural.
En cualquier caso, y con ello termino, señor Presidente, hay
algo importante, y por eso yo comenzaba mi intervención hoy
diciendo que la Ponencia había sido provechosa: se ha
reconducido desde los perversos, a mi juicio, objetivos que la
crearon hacia unas líneas de reforma que van a ser
precisamente las que sirvan de esqueleto a las negociaciones
que el Gobierno y los sindicatos van a realizar. Desde luego,
unas reformas consensuadas y en la línea de lo que la propia
Ponencia ha dictaminado.
Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. (El señor Jordano
Salinas pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, he sido objeto de
una alusión, a la que quisiera responder de forma muy breve.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene usted tres
minutos exclusivamente para contestar a la alusión.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Mire, señor Martín, las noticias de prensa hay que leerlas no
sólo por los titulares, sino por el contenido de las mismas.
Hay un acta que recoge la totalidad de lo que se ha dicho en
la Comisión de Investigación del PER y de esa acta le he leído
textualmente las palabras del señor Cañamero. Imagino que, si
usted ha preparadoun poco el trabajo, se habrá leído también
las palabras del señor Cañamero, y en función de eso me
sorprende que saque aquí ahora una información transmitida por
una agencia, no haya leído la precisión que se hizo en el
mismo día a esa misma agencia y pretenda desviar la atención.
Léase lo que ha dicho el secretario del Sindicato de Obreros
del Campo y no se crea todo lo que dice la prensa. (Risas.--
Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Perdón, en otras
materias...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano, por
favor, tiene la palabra exclusivamente para contestar a la
alusión, no para hacer ninguna contradicción, que no hay
ningún turno de contradicción.
El señor JORDANO SALINAS: Simplemente le quería decir al señor
Martín que en otras materias desconfía totalmente de cualquier
información y en esto que parece que le puede convenir, a su
entender, toma literalmente lo que está mal expresado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señorías, al fijar posición en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán sobre el dictamen de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca respecto al informe
de la Ponencia especial para estudiar la reforma del actual
sistema del Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario, quiero
recalcar el encargo específio de análisis y estudio del que ha
partido la tarea desarrollada por los ponentes. Permítanme,
ante todo, una breve referencia al espíritu crítico, pero
altamente
constructivo, con que, desde una grata cordialidad, se ha
afrontado en el seno de la Ponencia la recogida de los datos
en los que finalmente se ha basado el informe.
Podría decirse que el análisis se ha hecho desde la
coincidencia en cuanto a la convicción de que existe una
problemática en torno a las soluciones planteadas para mitigar
el desempleo crónico de los trabajadores eventuales agrarios
de Andalucía y Extremadura. La discrepancia, sin embargo, ha
surgido en el momento de las conclusiones o, dicho de otra
manera, cuando se ha contemplado la cuestión desde la óptica
particular de los integrantes de la Ponencia, que ha originado
el tono del debate de hoy.
La coincidencia que recoge el informe nos habla de la
ambigüedad del sistema adoptado, que lo sitúa entre la opción
de proteger al desempleo y la del fomento del mismo,
estableciendo ciertos agravios comparativos que, al plantear
la ayuda desde la
contraprestación de trabajo comunitario, esporádico y muy poco
reglado, permite aprovechar las fisuras del sistema en
beneficio de la picaresca, siempre insolidaria, cuando
precisamente se trata de sacar beneficio de la solidaridad. A
esta evidencia, comprobada comparecencia tras comparecencia,
hay que añadir la escasa rentabilidad técnica, económica y
social de las obras realizadas, llegándose a marginar, de
hecho, las de estricto interés agrícola, como ha mencionado el
portavoz del Grupo Popular, señor Jordano, así como también la
falta de capacidad organizativa de instituciones y organismos
implicados, por una descoordinación entre los mismos,
habiéndose llegado a la constatación de negligencias en cuanto
al control y vigilancia de los requisitos exigidos para
recibir los beneficios previstos. El informe explica con
precisión la evolución de los mecanismos de protección para
dar salida a la diversidad de situaciones que han surgido
durante el proceso. El objetivo fundamental de PER: generar
empleo inmediato y temporal a través de obras destinadas a
resolver un conjunto de déficit estructurales del sector
agrario, como ya he adelantado, es definido, en el texto que
debatimos, como un buen plan para mejorar las infraestructuras
de los municipios andaluces y extremeños.
Hemos conocido la variación a la baja del porcentaje de
ocupación de desempleados eventuales agrarios en obras de
régimen de contratación y la modificación de las modalidades
de contrato, al objeto de una mayor vinculación de los
trabajadores a los proyectos o la incorporación al PER de
programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
El proceso seguido en las sucesivas reformas precisa las
prioridades para los empleados sin ningún tipo de prestación
económica, o en función de la edad de los beneficiarios, las
rentas o las responsabilidades familiares, promoviendo el
subsidio indefinido a los mayores de 52 años. En otro segmento
social, se atiende la problemática de los jóvenes,
intensificando su protección y el lógico seguimiento tutelar
en la aplicación de las ayudas que les han sido concedidas.
No considero necesario entrar en más detalles, señorías, para
justificar el voto favorable al dictamen por parte de mi Grupo
Parlamentario. Hemos querido participar en la Ponencia desde
la dimensión constructiva que deseamos para nuestras
intervenciones. Nuestro voto tiene el sentido de apoyo a la
autocrítica y de soporte a las medidas que cabe adoptar en pro
de la corrección de ciertos errores, dignificando el sistema,
como ha dicho el señor Martín Mesa.
Otros ponentes, por su presencia y por su representación
política directa de las dos comunidades afectadas y ,por
tanto, poseedores de un conocimiento más inmediato de la
cuestión, han llevado la discusión de las conclusiones a la
confrontación. La distancia que me otorga el ser Diputado por
Barcelona me concede una visión distinta del problema, pero,
al mismo tiempo, la presencia en mi circunscripción de un
millón largo de andaluces y extremeños, hoy ciudadanos de
Cataluña de pleno derecho, obliga a un ejercicio de
responsabilidad que hemos transmitido con la presencia activa
en la Ponencia, donde hemos reiterado la preocupación por una
escasa o casi inexistente rentabilidad del PER en la
imprescindible promoción de la economía productiva, puesto que
se ha observado una casi inexistente incidencia en ese
sentido. Asimismo, nos preocupa el poco impacto positivo que
sobre el problema han tenido los programas desarrollados de
formación profesional, por lo que se ha planteado la necesidad
de un plan de desarrollo económico para Andalucía y no menos
imprescindible para Extremadura, plan que, no obstante, en
opinión de algunos comparecientes, profundos estudiosos del
tema desde la propia Universidad andaluza, no parece presagiar
la erradicación del problema de los jornaleros, que constituye
un hecho social insólito en Europa.
Los comparecientes nos han dado infinidad de ocaciones para la
reflexión en torno a las causas que han hecho imprescindible
una economía subsidiada y en torno al peligro de la
acomodación a la cultura de la inatividad que puede resolver
la vida en tiempo presente y condenar a los jóvenes de ahora
al paro en tiempo futuro. Eso es lo peor que le podría suceder
a Extremadura y Andalucía, porque, entre otras cosas, se
habría perdido la potencialidad creativa que hay en esas
gentes que ayer emigraban y que hoy viven o malviven del
subsidio.
La reflexión, señorías, me ha llevado a pensar en los
andaluces y extremeños de Cataluña o de cualquiera de las
comunidades desarrolladas en el Estado. Les hablaré de lo que
conozco bien. (Rumores.) A menudo, se ha cometido un grave
error sobre la aportación de andaluces y extremeños al
desarrollo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, por favor,
señor Baltá.
Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.)
Puede continuar, señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Hablaba del error que se ha cometido a menudo sobre la
aportación de andaluces y extremeños al desarrollo de mi
Comunidad. Siempre, desde un lejano conocimiento de la
realidad, se piensa en ellos como mano de obra y se desconoce
con qué facilidad e importancia numérica se han incorporado al
tejido empresarial como
productores de riqueza, creando pequeñas, medianas y más que
medianas empresas, porque han tenido la posibilidad de
desarrollar la capacidad de liderazgo que llevaban dentro, en
realidad muy distante de la supuesta subordinación a la
burguesía catalana a la que se ha referido el Portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Alcaraz, a
quien me satisface recordar que la presencia activa del Grupo
Parlamentario Catalán en la Ponencia es un acto de compromiso
con la solidaridad del conjunto del Estado hacia unas
comunidades a las que no se sacará del subdesarrollo con
discursos que
confunden la solidaridad con la inactividad subvencionada,
sino con la seriedad y el trabajo que en Cataluña han hecho
gala esos andaluces, como el señor Alcaraz ha dicho, que no
podían ser otra cosa. Allí se les ha acogido con los brazos
abiertos, conscientes de que tienen que ser fieles a la tierra
que les vio nacer y a los que se les ha otorgado la plenitud
de una nueva ciudadanía, donde, entre otras cosas, hallaron
trabajo, el derecho a elegir con quién querían trabajar y la
posibilidad de sentirse
realizados personal y profesionalmente, como sus compañeros de
Iniciativa per Catalunya sin duda le pueden explicar, mucho
más allá de los baremos de justicia social que han dejado
desde la historia la negativa realidad que juntos, ustedes y
nosotros, pretendemos enmendar.
Señorías, las conclusiones de la Ponencia son básicamente una
reflexión sobre la especificidad del sistema
de producción que requieren las zonas afectadas. Las regiones
subsidiadas, como nos ha «recordado» --entre comillas-- el
Portavoz socialista, señor Roncero; la consideración global
sobre la necesidad del PER, la conveniencia de medidas contra
la picaresca con el manejo y la contrastación adecuada de los
datos en poder de diferentes organismos para evitar
disfunciones que posibilitan el fraude, desde una cierta
insconsciencia colectiva del mismo; la potenciación de las
estructuras de coordinación y control, la racionalización de
los criterios de planificación de los proyectos realmente
útiles al conjunto del ámbito rural, rigor en la selección de
los beneficiarios del PER, el desarrollo de una adecuada
formación ocupacional, etcétera, reflexiones todas ellas que
debieran ser consideradas por el ejecutivo. Pero permítanme,
señorías, una reflexión final sobre un proverbio tan conocido
que preferiría que no fuera necesario recordarlo ahora, pero
es imprescindible; es aquel que contrapone dos actitudes, la
de enseñar a pescar a la de regalar los peces, cuestión que en
los objetivos teóricos del plan se interpreta correctamente.
Sin embargo, desde su aplicación práctica, uno tiene la
sensación de que existe una sociedad más interesada en la
comodidad de lo segundo que en la dificultad de lo primero.
Señorías, juntos debemos celebrar, sin embargo, la
coincidencia de todos los ponentes en que desde el Ejecutivo
se debe apostar por el desarrollo que permita la superación de
una mentalidad social anclada en la Historia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate,
vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al dictamen
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación
con el informe elaborado por la Ponencia especial para
estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo
Rural y el subsidio agrario. (El señor Alcaraz Masats pide la
palabra.)
El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, pedimos que se
voten separadamente los puntos seis, evaluación del sistema, y
siete, conclusiones, relativos a la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Vamos a votar, en primer lugar, los votos particulares.
Votos particulares del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 113; en contra, 171; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares.
Votos particulares del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicito votación separada de los puntos 1 y 5 del
apartado de conclusiones y del apartado de propuestas, los
números 5, 7, 8, 9, 10 y 11, y el resto en otro bloque.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Puntos 1 y 5 del epígrafe conclusiones y
puntos 5, 7, 8, 9, 10 y 11 del epígrafe propuestas, de los
votos particulares del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 127; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Restantes votos particulares del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 11; en contra, 274; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares.
Votación correspondiente al dictamen en sus apartados 1 a 5.
(El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Perdón, señor Presidente,
¿en estos apartados están incluidas las conclusiones?
El señor PRESIDENTE: Sí.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Apartados 1 a 5, ambos inclusive, del
dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 175; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Apartados 6 y 7 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 166; en contra, 122; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--COMUNICACION DEL GOBIERNO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 196 Y 197 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, SOBRE EL ENFOQUE ESTRATEGICO DE LAS LINEAS BASICAS
DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA, PROGRAMADAS EN UN MARCO
TEMPORAL QUE SE EXTIENDE HASTA EL AÑO 2007 (Número de
expediente 200/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto duodécimo del orden del día:
comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso, sobre el
enfoque estratégico de las líneas básicas de las
infraestructuras en España, programadas en un marco temporal
que se extiende hasta el año 2007.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, en su reunión del pasado 4 de marzo el Consejo de
Ministros aprobó el Plan Director de Infraestructuras
1993-2007 y decidió su remisión a las Cortes Generales. El
Plan Director de Infrestructuras había sido sometido a la
consideración de las comunidades autónomas durante la anterior
legislatura y, después de un largo proceso de consulta y
debate, que fue interrumpido por el proceso electoral de la
primavera de 1993, fue finalmente aprobado por el Consejo de
Ministros en lo que constituye la primera vez que en España se
acomete una planificación de carácter global y estratégico del
sistema básico de
infrestructuras y del uso y del equipamiento de nuestro
territorio. Por eso, el Plan Director se presenta como un
instrumento básico de la política territorial desde la
perspectiva europea y como marco general de la planificación
estratégica del territorio. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) El Plan Director viene a
cumplir una necesidad que se deriva, en primer lugar, de las
propiascaracterísticas de las infraestructuras, cuya
concepción, diseño y construcción requieren largos períodos de
tiempo y exigen cuantiosas inversiones, tienen largas vidas
útiles y son estrechamente dependientes del entorno.
Por todo ello, es imprescindible contar con una visión a medio
y a largo plazo de las necesidades y de los problemas que
pueden presentarse en materia de infraestructuras. Una
política de inversión apoyada únicamente en el análisis a
corto plazo corre el riesgo de ser errática y poco eficiente.
No hay que dejarse influir por la coyuntura económica ni por
las circunstancias presupuestarias, que son cambiantes, y hay
que definir políticas de inversión contumaces, persistentes,
que busquen objetivos tendenciales, por más que en la
coyuntura la realidad pueda fluctuar en torno a esta línea
tendencial. La revisión periódica y la realización permanente
de planes o esquemas directores de infraestructuras es una
práctica habitual en los países de nuestro entorno. La propia
Unión Europea ha definido y aprobado esquemas directores a
nivel europeo para las carreteras, los ferrocarriles y el
transporte combinado. Por ello, las críticas que ha recibido
el PDI relativas a su excesiva duración no tienen razón de ser
si entendemos el carácter estratégico del plan y las prácticas
que mucho tiempo antes que nosotros países con los que nos
queremos homologar han venido desarrollando. Por el
contrario, un enfoque global y a largo plazo como el del PDI
nos debe permitir superar las limitaciones que representarían
procesos de planificación apoyados exclusivamente en ópticas
sectoriales, porque es imprescindible asegurar la eficacia de
la política de infraestructuras y su viabilidad financiera,
buscando, repito, un carácter global y estratégico que a lo
largo del Plan Director se basa en tres rasgos
característicos: en primer lugar, señorías, estamos ante un
plan director, y los planes directores enuncian directrices, y
no podemos pretender que éste defina en detalle ni la
programación temporal ajustada a las actuaciones concretas que
más tarde unos planes sectoriales a más corto plazo deberán
desarrollar. Pero no podemos renunciar a tener directrices a
medio plazo, y por eso la crítica que también ha recibido el
Plan Director de falta de concreción debe considerarse
subsanada si desde ahoramismo entendemos que del plan director
deben derivarse planes sectoriales para cada modo de
transporte, para cada tipo de infraestructuras definidos en
espacios temporales más cortos.
El Plan Director pretende una planificación flexible y
dinámica. Planificación, palabra caída en desuso y que, sin
embargo, usan aquellos agentes económicos dotados de gran
capacidad de
actuación, como son las empresas multinacionales y los
gobiernos conscientes de su responsabilidad para hacer frente
a los rápidos cambios que se suceden en nuestro entorno
político y económico. Esos cambios no anulan el valor ni la
utilidad
de una planificación estratégica, sino que, al contrario,
aumentan su interés.
Pero no tendría sentido concebir esta planificación como si
fuera un marco rígido e inamovible, sino que, debe asumir las
incertidumbres que pesan sobre cualquier escenario de
previsión, admitir la volatilidad de cualquier conjunto de
hipótesis y, sobre todo, determinar mecanismos de revisión
continuada y sistemática de las mismas. Se inscribe en la
lógica de la planificación que enunció en su día Monet, cuando
dijo que el plan era el antiazar, pero que obviamente no
pretendía ni podía suprimir las incertidumbres.
Por eso, un plan que no pueda adaptarse a la evolución de su
entorno, por causas exógenas y también por la propia actuación
endógena de los agentes económicos y sociales, no sería útil;
pero sería mucho más inútil pretender renunciar a cualquier
intento de plasmar nuestras ambiciones en proyectos que
ofrecer a la sociedad,para que sea ésta quien decida
asumirlos, modificarlos y, en su caso, desarrollar el esfuerzo
necesario para conseguirlo. El tercer rasgo director del PDI
es su carácter de instrumento descentralizado que pretende la
actuación coordinada de las distintas administraciones
públicas. En España, la Administración central del Estado es
el protagonista de ya sólo un tercio de la inversión pública.
Ninguna política territorial puede concebirse aisladamente
desde el centro; debe integrar y coordinar las propuestas que
surjan de los centros de decisión territoriales, y éstos,
junto con la Administración central, deben ser capaces de
compartir la responsabilidad que entre todos tienen de la
ordenación territorial y la política urbanística.
Señorías, el Plan es un plan de estrategia del territorio, en
un momento, además, en el que la acción desde las
infraestructuras sobre la política territorial es una de las
pocas políticas que todavía pueden ejercer los poderes
públicos en el contexto de la Unión Europea y en una situación
mundial de libre movilidad de los factores productivos.
Ante una fiscalidad que tiene que adaptarse a la globalización
de la economía, ante una movilidad infinita de los factores,
de las pocas cosas que les quedan todavía a los gobiernos es
la política del territorio, la política de equipar al
territorio para hacerlo competitivo y para atraer bases
fiscales y centros de creación de valor añadido, que puede
conseguirse si orientamos la política de inversión al servicio
de la creación de las externalidades positivas que los agentes
económicos, públicos y privados, van a exigir cada vez más a
los territorios donde asientan su actividad.
Desde esta concepción de la política de infraestructuras como
un instrumento de la competitividad, el Plan se apoya en
cuatro líneas maestras: superar los condicionantes que la
posición periférica de España representa dentro del espacio
europeo, consolidar, un sistema de ciudades que articulen el
territorio y que difundan el desarrollo, promover una gestión
racional de los recursos naturales y asegurar una correcta
conservación de los valiosos recursos ambientales del
territorio español, dentro de una estrategia de desarrollo
sostenible, que preste especial atención a los impactos
ambientales más agudos, pero que no impida el desarrollo
imprescindible del equipamiento que necesitan zonas muy
importantes en nuestro territorio para escapar a la
desertificación y a la marginalidad territorial. Ello se
inscribe en un momento histórico especialmente significativo,
porque forzoso es reconocer, señorías, que desde mediados de
los ochenta España ha superado notablemente el déficit
histórico que de infraestructuras tenía, ya que nuestro país
se ha embarcado en un esfuerzo inversor sin precedentes en
nuestra historia económica, que resiste la comparación con
cualquier país de la OCDE, puesto que el objetivo de inversión
que hemos conseguido en los últimos años no ha sido superado
por ningún país de la OCDE, salvo Japón, y no durante tanto
tiempo. Desde mediados de los ocheta hemos alcanzado, y
superado a veces, ese cinco por ciento de inversión pública
que se ha convertido en un elemento paradigmático de la
propuesta electoral del Partido que sustenta la acción del
Gobierno en las pasadas elecciones. Y el Ministerio de Obras
Públicas está gestionando en este momento en torno al 1,2 por
ciento del producto interior bruto, duplicando el esfuerzo que
efectuaba a mediados de los años ochenta, que representa uno
de los mayores y más estables motores del crecimiento
económico, y hoy, sin duda, uno de los elementos más
importantes de la reactivación económica a la que estamos
asistiendo.
Este esfuerzo nos ha permitido resolver dos grandes problemas:
los estrangulamientos crónicos de los que adolecía la red
básica de transportes española y absorber el rápido
crecimiento de demanda que se produjo como consecuencia del
comportamiento expansivo de nuestra economía, aunque no
siempre con la suficiente rapidez. Hemos soportado, por
ejemplo, demoras en la satisfacción de la demanda en
telecomunicaciones, consecuencia, sin duda, de la visión miope
y malthusiana de los que, en su día, impidieron a Telefónica
efectuar el esfuerzo inversor necesario para anticiparse a la
misma, pero que hoy ha sido afortunadamente superada gracias,
a un esfuerzo inversor extraordinario, que naturalmente ha
tenido que ser financiado por los «cash-flow» producidos por
las correspondientes tarifas.
Detrás de todo esfuezo inversor hay un esfuerzo de
financiación. Eso es algo que quizá sea necesario recordar
frente a la cultura de la gratuidad. Este esfuerzo de
financiación puede provenir de impuestos o de precios; de
ninguna otra cosa. Y otro de los elementos característicos del
Plan Director es plantear a la sociedad
española los términos concretos en los que esta disyuntiva se
presenta, para que sea la decisión libre de la sociedad quien
determine cómo se debe mantener el esfuerzo y de qué manera
tiene que ser financiado.
Otra de las críticas que ha recibido el Plan Director ha sido
el exceso de inversión que representa. Estos 18,7 billones de
pesetas a invertir a lo largo de los próximos 15 años han sido
calificados como una cifra faraónica alejada de cualquier
realidad viable. Sus señorías, que habrán estudiado, sin duda,
el contenido del Plan Director, sabrán ya a estas alturas que
de los esfuerzos presupuestarios pretendemos obtener
aproximadamente el 70 por ciento de estas magnitudes, lo cual
quiere decir una inversión media sobre los presupuestos del
Ministerio de Obras Públicas del orden de los 880.000 millones
de pesetas al año, que resulta de proyectar al 2,5 por ciento
anual acumulativos los presupuestos de 1993 y repartirlos, de
forma estable, a lo largo de estos 15 años; suponiendo, eso
sí, que esa tasa de crecimiento, en términos reales del PIB,
se puede mantener en términos medios a lo largo de este
período de tiempo.
¿Es esta una hipótesis ambiciosa o, por el contrario, carece
de realismo? Les puedo decir, señorías, que si la economía
española no es capaz de crecer a esta tasa a lo largo de este
período, el problema no será cómo financiar el PDI; tendremos
otro mucho más grave de inestabilidad social como consecuencia
de la ruptura de los vínculos que se produciría en una
sociedad amenazada por altísimas tasas de paro.
Esta es una buena ocasión también para recordar la relación
dialéctica que existe entre inversión y crecimiento. El
crecimiento permite financiar la inversión, pero la inversión
permite actuar como motor del crecimiento. No hay crecimiento
sin inversión ni inversión sin crecimiento. El Plan Director
pretende conjugar ambas variables de una forma armónica y
estable, partiendo de hipótesis razonables de lo que es capaz
de crecer nuestra economía y de qué forma este esfuerzo
inversor es capaz de contribuir a este esfuerzo de
crecimiento.
El Plan Director desarrolla un conjunto de retos y exigencias,
una vez superadas las carencias más cruciales de nuestra
economía. Pretende mejorar la calidad y la eficacia de
nuestros sistemas de comunicación. Pretende internalizar los
criterios ambientales en los procesos de diseño, construcción
y explotación de infraestructuras, y desarrollar la equidad
espacial y social, reduciendo los desequilibrios
interregionales. De alguna forma, oponerse a la lógica del
mercado, porque si abandonamos la geografía española a la
lógica del mercado, su territorio se despoblará, ya que la
población y la actividad tenderán a concentrarse, de forma
profundamente ineficiente en el largo plazo, en territorios
cada vez más reducidos. Esta es también una buena definición:
la política territorial es el conjunto de acciones que los
poderes públicos desarrollan para impedir que el mercado, y
sólo el mercado, determine la geografía de los territorios, y
que la equidad entre los territorios y quienes los habitan
tengan también una manifestación a través de la acción
política de sus responsables. Mejorar la competitividad de los
territorios, sin duda alguna, seleccionando las actuaciones en
base a su rentabilidad, no sólo económica sino también social.
Analizar la rentabilidad estricta de cada proyecto de
inversión para evitar que éstas sean sobredimensionadas, que
es la forma más eficiente y directa de crear paro, y
estableciendo las prioridades territoriales que nos permitan
acompasar el
desarrollo de los territorios en función de sus necesidades y
sus potenciales.
El Plan pretende lanzar también un amplio debate social acerca
de la financiación de las infraestructuras, para que la
cultura de la financiación presupuestaria no sea la única en
un país que tiene que enfrentarse con graves problemas de
equilibrio en su hacienda pública, y que no puede reposar
únicamente en el esfuerzo fiscal o en el endeudamiento de sus
administraciones las formas de financiar el imprescindible
esfuerzo inversor que el plan propone.
El PDI plantea invertir 18 ó 19 billones de pesetas que
reparte entre un conjunto de programas, de los cuales tres
cuartas partes corresponden a infraestructuras de transporte,
interurbano y urbano, el 12 por ciento del total a los
recursos hídricos y aproximadamente el resto se reparte en
partes iguales entre lo que podríamos denominar
infraestructuras ambientales y
actuaciones urbanísticas.
Permítanme SS.SS. unas muy breves pinceladas sobre cada uno de
estos elementos característicos del Plan Director, cuyo
resumen sería inútil pretender efectuar en el breve plazo de
tiempo del que creo puedo disponer.
En materia de transporte interurbano, señorías, la carretera
se ha configurado como el modo básico del sistema, es el que
debe garantizar el acceso a todo el territorio, salvo,
obviamente, a las islas, y los restantes modos de transporte
deben actuar como modos especializados, proporcionando una
oferta de transporte de calidad, pero reducida a los segmentos
de demanda y a los ámbitos territoriales en los que presente
ventajas comparativas.
No podemos confiar en un ferrocarril que al estilo del siglo
XIX pretenda llegar a todos los rincones del país. Sería
profundamente ineficiente el términos de relación
coste-beneficio. Por el contrario, la ya extensa y
crecientemente eficiente red de carreteras de la que el país
está dotado, nos permite confiar en ella para alcanzar los
11.000 kilómetros de autopistas a finales del Plan y otros
1.400 kilómetros de vías de conexión que deben cerrar la red
que hemos ido construyendo a lo largo del primer Plan General
de Carreteras.
Puedo anunciar a SS.SS. una muy buena noticia. A finales del
año 1995 España tendrá 8.000 kilómetros de autopistas y
autovías, los mismos que tiene Francia hoy,
entre la red estatal y la red autonómica, no los 7.000
kilómetros de los que veníamos hablando. Insisto, a finales
del año 1995 habremos alcanzado los 8.000 kilómetros entre el
conjunto de las administraciones públicas, lo cual nos situará
entre el cuarto o el quinto lugar del mundo por la longitud de
la red de vías de gran capacidad que tendrá este país. Sea
éste un buen ejemplo de lo que hemos conseguido hacer en las
fechas recientes como buen punto de apoyo para cultivar este
esfuerzo inversor, que debe plasmarse en los accesos a
Galicia, a Andalucía oriental, los cierres de la Nacional-III
y de la Nacional-II, la Ruta de la Plata, la nueva salida
hacia Europa desde Levante, el eje diagonal Irún-Fuentes de
Oñoro a través de Aragón, el eje del Cantábrico y el cierre
del conjunto de elementos que mallan la red, con trayectorias
e itinerarios de menor intensidad.
El ferrocarril en el país se enfrenta, sin duda, a un reto
político de modernización que le permita pasar de un modelo
ferroviario obsoleto, lastrado por una concepción decimonónica
en el sistema de transportes y cada vez menos atractivo para
la demanda y más descapitalizado, a un ferrocarril
especializado, capaz de atender con eficacia la movilidad
urbana y el recorrido de largas distancias, buscando un
equilibrio entre los costes financieros, sociales y
ambientales que pueden hacer de ese transporte un modo
competitivo en esas zonas donde sus características le hacen
especialmente adecuado.
El ferrocarril, señorías, sustituyó a la diligencia. Llegó a
los pueblos de España antes que la carretera y el automóvil.
Por eso está grabado en nuestro subconsciente como el
instrumento que nos permite romper el aislamiento. Pero lo que
en su día fue una forma supereficiente de movilidad hoy no lo
es, y tenemos que reconvertirlo para conseguir que lo siga
siendo allí donde todavía puede serlo: en las grandes
emigraciones cotidianas de nuestras áreas metropolitanas y en
las distancias inferiores a 500 kilómetros en corredores de
gran intensidad de tráfico, que vertebran el territorio, y
quizá no más allá de eso, donde el avión sigue teniendo la
ventaja comparativa que no puede
olvidarse.
Por eso, el Plan Director apuesta por los ejes estructurantes
en alta velocidad en Sevilla-Madrid, Zaragoza-Barcelona-
frontera francesa, en la comunicación con Valencia y Albacete,
en la variante norte del Guadarrama, en la «y» griega vasca y
en la prolongación a velocidades entre 200 y 220 kilómetros
por hora a otros ámbitos del territorio, donde el crecimiento
exponencial de los costes, en función del relieve para
alcanzar velocidades más altas, debería hacernos abandonar la
utópica pretensión de colocar toda la red en unas velocidades
que ni siquiera en países más llanos en relieve y más ricos en
renta se pretenden
conseguir.
Es quizás importante insistir en ello. Una red ferroviaria de
alta calidad se concibe como una red capaz de circular a 200
kilómetros por hora, que puede tener puntas que alcancen los
300, pero no debería ser un objetivo razonable mallar el
territorio con velocidades que nuestro relieve no soporta y
que nuestra economía tampoco. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Por otra parte, la evolución tecnológica del
transporte
ferroviario arroja una sombra de incertidumbre acerca de la
manera en que las futuras vías de alta velocidad deberán ser
construidas. ¿Seguirá siendo la rueda raíl impulsada por
motores eléctricos de alto voltaje el transporte ferroviario
de
principios del próximo siglo? ¿O estaremos ya embarcados en
trenes de levitación magnética, donde ni la rueda ni el raíl
caracterizarán todavía este modo de transporte? Este es el
caso, por ejemplo, de la experiencia alemana en los
ferrocarriles de Hamburgo-Berlín, que de tener éxito cambiaría
radicalmente los planteamientos con los cuales estamos
abordando la estrategia ferroviaria.
Al ferrocarril le ocurre como a las telecomunicaciones: la
incertidumbre tecnológica es tal que muchas de las decisiones
que están dibujadas en el Plan Director están supeditadas a la
evolución de una tecnología, de su viabilidad económica y de
su impacto social.
En puertos y en aeropuertos seguiremos consolidando una red
que es ya de las más eficientes de Europa. Podemos decir con
orgullo que España tiene hoy una de las redes aeroportuarias
más baratas en sus costes y más eficientes en su
funcionamiento de todos los países europeos. Que hemos batido
el año pasado todos los récord de puntualidad en el tráfico
aéreo, y que las inversiones que estamos programando en el
sistema aeroportuario, más de 100.000 millones de pesetas al
año, deben permitirnos disponer, en el horizonte del próximo
septenio, de una red aeroportuaria que no solamente sirva para
dar plena satisfacción a los transportes interiores y a las
conexiones europeas, sino que haya
constituido, en dos o tres grandes aeropuertos
intercontinentales, los «hubs» europeos en la comunicación con
los Atlánticos Norte y Sur.
También España tiene una excelente red de puertos. La falta de
comunicaciones en las zonas perimetrales de nuestras costas ha
hecho que históricamente crezcan muchos puertos, que tienen
hoy todos ellos «cash-flows» positivos, y que les permiten
financiar inversiones de 50.000 millones de pesetas al año en
la creación de otra de esas redes que articulan un territorio
que debe continuar siendo, entiendo, un activo de una política
estatal, no al servicio únicamente del territorio donde se
sitúan, sino del conjunto del territorio de la economía
española,
vertebrándolo y actuando de una forma coordinada.
El papel que están jugando en este terreno los entes públicos
de puertos y aeropuertos es notable, y más notable es
decirles, señorías, que no le cuestan ni una peseta al
contribuyente, ni le costarán, porque el esfuerzo inversor en
el transporte aéreo y en el transporte marítimo
seguirá siendo financiado exclusivamente por sus usarios. No
podemos decir lo mismo de las infraestructuras ferroviarias,
porque por mucho que hagamos siempre referencias utópicas a
las inversiones privadas, deben saber SS.SS. que ninguna
inversión ferroviaria en alta velocidad arroja unos parámetros
de rentabilidad financiera suficientes para pensar que puede
ser un inversorprivado que busque rentabilizar su capital
quien acometa estas inversiones. Estas inversiones solamente
tienen lógica desde el punto de vista del efecto de difusión
de actividad económica y de articulación del territorio que
son capaces de hacer. Yo diría incluso que para ir de Madrid a
Barcelona de una forma rápida y eficiente ya hemos inventado
el avión; que un tren de alta velocidad que circule entre esos
dos puntos tiene más valor para articular un sistema de
ciudades intermedias que evite que la trayectoria entre estas
dos grandesciudades se convierta en un desierto, que para
comunicar, al estilo del saltamontes, dos grandes polos de
desarrollo separados entre sí por un espacio vacío.
Por tanto, es por el interés no solamente económico, sino
sobre todo de geopolítica o social, por lo que tenemos que
abordar inversiones que nunca serían financiadas por la
iniciativa privada, porque no tienen la rentabilidad necesaria
para ello, y eso es predicable de casi todas las autovías que
estamos construyendo y de las que el Plan Director contempla,
porque los ratios de rentabilidad financiera, con el alto
esfuerzo inversor que nuestro relieve exige y con los tráficos
poco densos que hay en las zonas intermedias del territorio --
lo que se ha denominado la corona central del desierto
español--, alejan la inversión de una rentabilidad que tienen
las que se hacen en las llanuras centroeuropeas a lo largo de
ríos densamente poblados.
El medio urbano tiene una especial importancia en el PDI.
Conocen SS.SS. las actuaciones previstas, que tienen valor
simbólico en algunas áreas metropolitanas: delta del
Llobregat, Bilbao-Ría de Ornil, el cinturón verde de Oviedo,
Valencia-Intermodal, el triángulo Tarragona-Reus-Val o Elche-
Alcoy, la operación Barajas, la operación Campamento, zonas
estratégicas, áreas de
oportunidad, ocasiones para una acción de Estado que estamos
desarrollando y que seguiremos proponiendo a las
administraciones competentes.
Pero también propone el Plan actuaciones en noventa y seis
ciudades en las que vive el 65 por ciento de la población
española, y en ellas proponemos actuar invirtiendo más de dos
billones de pesetas, de manera que sea esa red de ciudades de
tamaño medio lo que más acerque nuestra geografía y nuestra
forma de vida a las europeas.
Finalmente, la política de aguas. No voy a insistir en ella
porque va a ser objeto de un plan específico, quizá el primero
en llegar al Parlamento, y que, a diferencia de los demás, se
da todavía un plazo mayor que el propio Plan Director: el Plan
Hidrológico Nacional, que va a ser presentado al Consejo
Nacional del Agua el próximo día 25 como el último paso previo
del intenso debate social que ha tenido lugar y que en el Plan
Director avanzamos únicamente en lo que son sus líneas
directrices. Es evidente que el agua es uno de los recursos
estructurantes de nuestra geografía y que su reparto de
formaeficiente en todo el territorio es una prioridad absoluta
de un Gobierno que pretenda trabajar no desde una perspectiva
estrictamente solidaria, sino simplemente racional, para dotar
de la potencialidad necesaria a los territorios que dependen
críticamente del agua para ella, sin causar perjuicio alguno a
aquellos que tienen la suerte de disponer de superávit que
pueden ser adecuadamente utilizado mediante las oportunas
inversiones.
Saben de sobra SS.SS. que el Plan ha sido reconsiderado en la
segunda parte de su elaboración; que hemos puesto más el
énfasis en el ahorro, en la reutilización y en los incrementos
de regulación en las cuencas para garantizar su
autosuficiencia, recurriendo a los imprescindibles, creemos,
trasvases solamente en aquellos casos en que lo sean. Por
cierto, el Consejo de Ministros aprobará mañana el inicio de
las obras del trasvase entre el Guadiaro y el Majaceite para
suministrar agua a la Bahía de Cádiz, que es un ejemplo local
pero significativo de lo que puede y debe hacer una política
de trasvases a gran escala. La defensa contra las
inundaciones. Saben SS.SS. que las pérdidas materiales que
causan las inundaciones en España son de 80.000 millones de
pesetas al año y que, por tanto, una política de lucha contra
las inundaciones debe tener en el Plan Hidrológico un papel
tan importante como el de la garantía de suministro y
regulación.
Las costas, preservar un patrimonio natural que es también la
materia prima de nuestra primera industria, el turismo; las
infraestructuras ambientales para recuperar la red obsoleta y
el abandono de infraestructura de transporte, que pueden
ofrecer a los 280 millones de europeos, cada día más
preocupados por el turismo verde y por el contacto con la
naturaleza, una red verde que articule el país y que sea un
motor para el crecimiento del turismo en el interior; los
planes de eliminación de residuos sólidos y depuración de
aguas residuales; todo ello completa los más de dos billones
de pesetas que creemos imprescindible invertir en lo que es
política de infraestructuras, pero que igualmente cabría
calificar como políticas del medio ambiente. Hemos alcanzado
ya en España un nivel europeo en lo que a generación de
residuos se refiere; cada español produce un kilo de residuos
urbanos al día. Pero no hemos alcanzado, ni con mucho, la
capacidad de tratar estos residuos de forma que cree empleo,
ahorre materias primas y propicie un desarrollo
sostenible en la
producción y el consumo que debe integrarse en cualquier
política progresista en la escena urbana y en la política de
inversiones. Todo ello, señorías, es lo que constituye el
esfuerzo de reflexión que a lo largo de más de dos años hemos
desarrollado en este documento; un documento que pretende ser
la geografía de una ambición o, si ustedes lo prefieren, la
ambición de una geografía, la geografía que deseamos que
España tenga en los primeros años del próximo siglo, la que
creemos que debe tener, la que nos gustaría que tuviera. Lo
importante ahora es saber si esa ambición es compartida por la
sociedad española; si ese mapa que creemos que España debería
presentar cuando nos adentremos en el siglo XXI es el que
queremos que tenga. Y si lo queremos, señorías, habrá que
poner los medios necesarios para ello; habrá que seguir
haciendo el esfuerzo fiscal imprescindible para que sea un
criterio de equilibrio territorial y solidaridad el que
impulse el desarrollo de las infraestructura; habrá también
que pedir contribución a los más directamente beneficiados por
ellas; habrá que programar en el tiempo, de una forma tozuda y
persistente, voluntarista y ajena a cualquier abandono, el
mantenimiento del esfuerzo que hemos iniciado en la década de
los ochenta, que está transformando, de forma acelerada y
evidente, la geografía de nuestro país, y que desearíamos
impulsar hacia mayores cotas de bienestar y progreso, como el
Plan Director de Infraestructuras que he tenido esta tarde el
honor de presentar a SS.SS. ofrece, como elemento de debate,
reflexión, decisión y guía de la acción política a este
Gobierno y a los que le sucedan.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, señorías, hemos oído
al señor Ministro presentar nuevamente el Plan Director de
Infraestructuras.
Para algunos Diputados de su Grupo será la cuarta o la quinta
vez que lo escuchan. Estamos ante un plan que aparece y
desaparece, se silencia durante meses y adquiere todo su vigor
cuando se acercan las campañas electorales. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.--Rumores.)
Pero es evidente para el Grupo Popular que las
infraestructuras, su futuro, su implicación en la
competitividad de la economía y en la cohesión social y
territorial son factores de enorme importancia. Es preciso
planificar y es necesario hacerlo en un plazo amplio, diez,
quince, veinte años. Pero, señor Presidente, no creemos que
este Plan Director de Infraestructuras sea el instrumento
adecuado. No quiere ello decir que descalifiquemos
genéricamente el Plan. Después del tiempo, del esfuerzo y del
dinero invertidos tiene, sí, una utilidad como documento de
trabajo, pero ni remotamente cumple con lo que debe exigirse a
un plan de esta naturaleza a 15 años vista.
Este Plan nos ofrece poca credibilidad. Los precedentes del
Gobierno Socialista son para echarse a temblar. (Rumores.) El
Plan de Transporte Ferroviario 1989-2000, debatido en el
Congreso durante meses, quedó absolutamente vacío de contenido
a los seis meses de aprobarlo, cuando, por sorpresa, el
Gobierno decidió el cambio del ancho de vía y el tren de alta
velocidad
Madrid-Sevilla.
Ahora y mientras se presentaba este Plan leemos en la prensa
que en el delta del Llobregat se van a invertir 400.000
millones de pesetas en los próximos años. En primer lugar, me
alegro
sinceramente de esta decisión, pero ¿está contemplada en el
Plan Director? ¿Es un desarrollo de éste o estamos ante la
situación habitual de hacer planes sobre el papel y decidir
sin tenerlos en cuenta? (Un señor Diputado: No lo sabe.) Pero
quizás el defecto mayor del Plan es su financiación. Se ha
dicho por el señor Ministro reiteradas veces que no
preguntáramos por ello, que no era ésa la finalidad del Plan.
¿Pero cómo no va a serlo? Acumular infraestructuras que serían
deseables, unas con proyecto y otras sin él, no es labor de un
Gobierno ni el resultado es un plan director. Es una carta a
los Reyes Magos, una visión benéfica de una organización no
gubernamental. Lo que constituye un plan director, su esencia,
es establecer prioridades que puedan financiarse con los
recursos que se prevé que puedan destinarse. Eso es un plan
director y eso exige decisión
política. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
Si observamos el precedente del primer Plan de Carreteras
1984-91, que ha tenido un desarrollo físico notable, se ve que
concluido hace unos meses (dos años después) sus cambios de
financiación han sido 800.000 millones, luego 1,5 billones y
al final tres billones. (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!)
Si ahora estamos ante unos proyectos que están mucho peor
definidos, son mucho más complicados y en algún caso no son
más que una raya en un mapa, podemos prever que esos 18,7
billones pueden ascender a una cifra más cercana a los 30 que
a los 20 billones.
(Rumores.)
Frente a ello, la financiación resulta tremendamente escasa.
Los más de cinco billones extrapresupuestarios están muy mal
definidos. No se incentiva apenas la inversión privada y
parece un sarcasmo, dada su situación actual, contar con una
financiación significativa de las corporaciones locales e
incluso de las comunidades autónomas. Pero es que tampoco los
13,2 billones de financiación presupuestaria del Ministerio
parecen seguros. Y no porque no pueda lograse un crecimiento
de la economía del 2,5 por ciento anual, sino porque el
objetivo de inversión pública parece muy difícilmente
compatible con la política del Gobierno socialista. Sin
reducir drásticamente el gasto corriente no puede mantenerse
el esfuerzo inversor. Esto lo hemos repetido bastantes veces.
(Un señor Diputado: ¡Muchas!) Nuevamente oímos voces que
hablan de limitar ya en este año la inversión pública y si no
en el próximo. Son voces que provienen del Ministerio de
Economía, lo que hace la cuestión bastante grave.
Además este Plan es inercial. Plantea obras, pero no ataca los
problemas que deben condicionar las decisiones del futuro.
¿Debe haber autopistas de peaje o libres o seguimos
desdoblando carreteras? ¿Cuál es el papel del ferrocarril?
¿Hay que suprimir servicios? ¿Puede compatibilizarse un tren
de alta velocidad con velocidades medias de 40
kilómetros/hora? ¿Puede reducirseel medio ambiente a los
efectos del impacto ambiental? Pero, sobre todo, ¿contribuye a
la vertebración y cohesión del territorio nacional? ¿Disminuye
las diferencias entre las diversas regiones y entre los
espacios urbanos y rurales? En su comunicación el Gobierno
afirma que sí, pero nosotros creemos que no es así. (Rumores.)
Un plan de 15 años tiene que considerar unos mínimos de
accesibilidad, de dotaciones para todo el territorio y eso, a
nuestro juicio, no se cumple. Regiones como Extremadura,
extensas zonas del noroeste no reciben un trato adecuado que
permita un desarrollo económico sostenido. Un plan director de
infraestructuras a 15 años tiene que ser un factor esencial de
la integración de España como nación y eso sólo puede lograrse
en conjunción con las comunidades autónomas. No hay otro
camino. ¿Tarea enormemente difícil? Ciertamente, pero
absolutamente necesaria.
Dice el señor Ministro que se ha trabajado con ellas, que en
lo compatible se han respetado sus deseos, peroeso no basta. Y
cito un ejemplo de mi comunidad autónoma. No puede
considerarse que el desdoblamiento de la N-122, que es la
unión de Portugal y el valle del Ebro, apoyada ayer por el
Presidente Soares, sea una carretera de interés regional de
Castilla y León, como dice el Ministerio. Puedo citar muchos
más casos, y de comunidades autónomas gobernadas por
socialistas.
Hablemos, por ejemplo, del tema de puertos. El martes, vimos
aquí cómo los puertos no pueden ser tratadosde acuerdo con la
Ley de Puertos y hay que ir a una progresiva entrega de
transferencia a comunidades autónomas de varios de ellos.
¡Cómo no van a intervenir las comunidades autónomas en lo que
se prevé hacer! Y en transporte urbano, esta falta de acuerdo
con comunidades autónomas y corporaciones locales es mucho más
grave porque afecta radicalmente a la viabilidad de las
actuaciones. Es preciso integrar las planificaciones, es
necesario un proceso interactivo en el que, desde el
principio, participen las comunidades autónomas, con visión de
Estado, ciertamente, y conscientes de la escasez de los
recursos que no permitan afrontar todas las infraestructuras
deseables, por convenientes que sean. Por eso tiene tanta
importancia la financiación posible, como señalaba antes, para
poder plantear un reparto que sea aceptado por todos. Porque
un plan director de
infraestructuras que quiera trascender en el tiempo, que
aspire a ser un referente permanente para los agentes
sociales, no puede ser ni un catálogo de obras ni la decisión
de un Gobierno con una vida de pocos años, quizás de pocos
meses. Tiene que ser mucho más. (La señora Fernández Sanz: ¡No
lo creas!--Rumores.)
Una parte importante de este Plan es el capítulo hidráulico.
Señalaba yo en septiembre de 1993, en la Comisión de
Infraestructuras, que no existía el consenso social adecuado
para llevarlo adelante. Pues bien, hace apenas dos meses que
con motivo de una moción que se aprobó por unanimidad en esta
Cámara, como consecuencia de una interpelación de la señora De
Palacio, esta parte del Plan sufrió una profunda remodelación.
Junto con el Plan Hidrológico Nacional, hay que enviar a esta
Cámara un plan agrario de regadíos que precisará la cantidad
de agua necesaria, otro que estudiará la viabilidad de cada
trasvase, la financiación del plan, el balance de la
aplicación hasta ahora de la Ley de Aguas, un plan director de
depuración y saneamiento de aguas y otros estudios de diverso
tipo. Ello no supone, en absoluto, una paralización de las
actuaciones en materia
hidráulica; todo lo contrario. Se está ejecutando el Plan de
obras hidráulicas 1994-95, puede actuarse ya en obras de
saneamiento de interés general y puede ponerse en marcha ese
plan, tan demandado desde el Grupo Popular, de pequeñas obras
de reparación de canales de riego, ejecutados por
confederaciones hidrográficas en cooperación con comunidades
autónomas, que tendría un gran efecto económico multiplicador
en la actividad y en el empleo.
¿Qué es entonces lo que ha ocurrido? Que la intervención del
Congreso de los Diputados ha transformado ese Plan hidráulico,
que ponía su acento en los trasvases entre cuencas, en otro
plan que esta Cámara discutirá y establecerá, que incita al
ahorro y al uso racional del agua. Pues bien, el Grupo Popular
cree que éste es el camino. Este Plan Director de
Infraestructuras que ahora se presenta, cuando se discuta en
el Congreso y en el Senado, debe sufrir profundas
transformaciones que lo conviertan en un plan estable con
proyección de futuro, en un proceso sosegado de concertación
que analice a fondo no tanto los detalles del documento como
los principios que deben darle vida. Para ello es necesario el
esfuerzo de todos los grupos, de los partidos de ámbito
estatal y de los que, teniendo su
representación en una comunidad autónoma, quieren --estoy
seguro--, al mismo tiempo que defender legítimamente los
intereses de su comunidad, participar en este gran empeño de
diseñar el futuro de nuestra nación.
Porque a través de los grupos de esta Cámara se oirá también
la voz de los grupos parlamentarios de las comunidades
autónomas, unos en el Gobierno y otros en la oposición, pero
que deben participar activamente si queremos que el Plan
Director de Infraestructuras sea un proyecto nacional. No
esperamos, sin embargo, identidad de criterios. Las
infraestructuras no son neutrales políticamente hablando,
siempre habrá diferencias en prioridades o en ritmos o en
formas de financiación, pero los grandes temas, como los
niveles mínimos de infraestructuras que deben garantizarse, el
esfuerzo financiero que será preciso hacer, el diseño de la
red de transporte terrestre que tenemos capacidad de dotarnos,
el tratamiento diferenciado y específico que deben recibir
Baleares y Canarias, la utilización del agua como bien escaso
y valioso, el medio ambiente como factor esencial, pueden y
deben consensuarse entre las fuerzas políticas.
El señor PRESIDENTE: Señor Posada, le ruego concluya.
El señor POSADA MORENO: Gracias, señor Presidente. Así
diseñaremos un plan que no sea arma arrojadiza entre partidos
o entre territorios, que no provoque enfrentamientos, que sea,
en fin, el auténtico Plan Director de Infraestructuras que
España necesita.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Posada.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Estaba turbado S.S. porque no sabía si el Plan Director de
Infraestructruras incluía la operación del delta del Llobregat
y se exclamaba de que, al mismo tiempo que presentábamos un
plan director de infraestructuras para los quince próximos
años, estuviésemos de una forma colateral programando cosas
específicas para Cataluña en el delta del Llobregat, lo cual
demuestra que la lectura de S.S. no ha sido excesivamente
profunda, porque en la página 226 y en las páginas 261 a 264
tiene usted descrita con lujos y detalles la operación del
delta del Llobregat, que está perfectamente incluida en el
Plan Director. (El señor Michavila Núñez: Está todo hecho.--
Rumores.) Por tanto, este elemento de preocupación debe quedar
resuelto para S.S. porque lo que ya hemos comprometido con la
Comunidad Autónoma de Cataluña y con los municipios afectados
no es sino el desarrollo natural de lo que prevé el Plan
Director; igual, por cierto, que hemos hecho con Bilbao-Ría
2000 y el cinturón verde de Oviedo, que también están
contemplados aquí. Por tanto, no se preocupe S.S., los
desarrollos que estamos ejecutando son los que se derivan --
como les decía-- de un plan director que sólo pretende
establecer directrices.
Señoría, su discurso ha sido retórico. Dice que hay que hacer
el plan director que España necesita. Sí, señoría. No diría yo
lo contrario, no diría que hay que hacer el que no necesita,
pero me he quedado sin saber en qué consiste el que usted
propone. De momento lo único que he aprendido es que por una
parte dice que hay demasiada inversión y a continuación señala
aquellas
inversiones que no están y que deberían estar; es decir, que
hay demasiadas, pero usted sugiere que pongamos un poco más,
lo cual me parece razonablemente discutible, pero tendrá usted
que ser coherente, y o me dice qué quiere usted borrar para
poner o tendrá usted que reconsiderar el criterio inicial de
que hay demasiada inversión programada. Es posible que haya
demasiada. Dígame usted cuánta cree que podemos hacer y, en
consecuencia, recórteme los objetivos de inversión para que
sea coherente. Porque si se limita a decir que hay demasiada,
pero no me dice cuánta debe haber ni trata de ajustarme
objetivos con recursos, su discurso es el típico discurso de
la oposición: que no propone nada y simplemente se opone a lo
que el Gobierno propone, que es a fin de cuentas lo que
ustedes saben hacer. Están muy entrenados para ello y veo que
tendrán oportunidades de seguir ejerciéndolo. (Rumores.--
Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--El señor Posada
Moreno pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Posada.
Silencio, señorías.
El señor POSADA MORENO: No sé, señor Ministro, si traía usted
la respuesta preparada o no me ha atendido mientras yo hablaba
o no ha comprendido lo que he dicho. (Rumores y protestas.) Si
algo he señalado en mi discurso es precisamente que el Plan
Director no puede ser una acumulación de inversiones, que es
lo que ustedes han hecho. Esto es lo que no conduce a nada.
Esto es lo que lleva a decir a las comunidades autónomas:
Dígame usted qué quito, coja una goma, borre y ponga usted
otra cosa. Así no se hace un plan director.
El plan director empieza --como he señalado y recalcado--
previendo, primero, qué financiación hay. Indudablemente hay
muchísimas infraestructuras --la mayoría de las aquí recogidas
y otras no recogidas-- que son muy necesarias, que son muy
convenientes. Pero esa es la política, elegir; si no, un
colegio de ingenieros también podría decir todo lo que España
necesita. Ese es el plan. Por eso lo que yo he planteado es
que ese plan difícilmente lo puede hacer un gobierno que tiene
una vida escasa. Ese es un plan que debe hacer la Cámara.
Tiene que haber una actuación desde la ponencia para
establecer criterios políticos porque, vuelvo
a decir lo mismo, acumular inversiones --que he dicho que son
de más de 20 billones-- y prever que la financiación no
llegará más que a 13 billones, no es más que causar en
nuestros conciudadanos una sensación ilusionada para luego
sufrir una decepción profunda. Esa previsión sólo puede
hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas, a las que
hay que marcar, lo primero --vuelvo a insistir en ello--, la
escasez de recursos. No se les puede decir: ¿Qué es lo que
quieren ustedes? Hay una escasez de recursos y habrá que
destinar una cantidad de esos recursos a cada uno de los
capítulos.
Y decir que tenemos una gran ambición que nos desborda, y
poner en el papel muchas autopistas, no conduce a nada si no
hay dinero para pagarlas. Por tanto, lo que yo pido es una
cosa racional, que no sea electoral, que no haya que irla
vendiendo por ahí diciendo: Vamos a hacer todo esto; y no se
sabe si se va a hacer en el 2015 ó en el 2040. No. Vamos a
hacer una cosa racional que sea, en efecto, la que España
necesita, que estoy convencido de que también usted quiere que
sea la que España necesita. Pero lo que aquí ha presentado no
lo es. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Posada.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): De eso se trata, obviamente. Se
trata de presentar el Plan a la Cámara para recoger lo que los
grupos políticos tengan que decir. Si no fuera así, no lo
hubiéramos mandado al Parlamento. No es el plan de un
Gobierno, tiene que ser un plan consensuado políticamente.
Para eso estamos aquí, señoría, y para eso seguiremos
trabajando en Comisión, donde tendrá usted oportunidad de
hacer lo que hoy no ha hecho: decir en qué difiere usted en lo
concreto de los planteamientos que hacemos.
Naturalmente que las cosas tienen ideología. Todo tiene
ideología, las infraestructuras también; unos hacemos unas y
otros harían otras o no harían algunas. Ya sabemos, por
ejemplo, que ustedes no hubieran hecho el tren de alta
velocidad
Madrid-Sevilla. (Rumores.) Es una diferencia sustancial.
Conviene recordarlo porque de cuando en cuando... (Rumores y
protestas.) No se enfaden.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): No se enfaden. Esa puede ser una
diferencia ideológica y una prioridad distinta a la hora de
programar infraestructuras. (Rumores.) Pero, señorías...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
El tema tiene interés por sí mismo. Yo les rogaría que no lo
amenicen. (Risas.)
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Vamos a tener ocasión de tratarlo, sin duda alguna, porque
ahora no hay tiempo para entrar en el pormenor de muchas de
las decisiones que el Plan Director plantea. Simplemente
permítame recordarle que el Plan Director propone una cifra
concreta de inversión, no mucha inversión. No, mucha inversión
no; 18,7 billones. Mucho es un adjetivo calificativo; 18,7 es
una cifra. No me diga que el Plan propone mucha inversión,
porque yo no sé qué es mucho o poco para usted; el Plan
propone 18,7. ¿Usted cree que hay que poner más de 18,7 ó
menos? Esa es la discusión que me interesa tener y tendremos
ocasión de ello en la Comisión. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Andreu. (Rumores.--Varios señores
Diputados cruzan palabras entre ellos.)
Silencio, señorías. Señor Ramírez, silencio.
Tiene la palabra, señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, a Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya le satisface que en el Congreso de los Diputados se
hable de plan, se hable de prever inversiones, de prever
actuaciones públicas a un tiempo largo. Nos parece bien y nos
satisface que hable el Gobierno, así como que otros portavoces
pidan más plan, lo cual creo que es motivo de satisfacción y
puede ser un camino de encuentro. Desde luego, Izquierda Unida
viene batallando continuamente en este Congreso precisamente
por la necesidad de más plan; más plan en aspectos como éste,
el de infraestructuras.
Aparte de esto y de que consideramos que hay elementos
positivos en la exposición del señor Ministro y en las
generalidades que se han planteado dentro del documento, como
es la intermodalidad, y de que se haga el esfuerzo de
conseguir un documento en el cual se planteen conjuntamente
los diferentes modos de transportes y otras infraestructuras,
considerando y valorando como positivo ese esfuerzo, nosotros
tenemos una serie de sugerencias y de desavenencias con el
espíritu que se plantea en este documento. En primer lugar, el
propio acto político al que estamos
asistiendo, que quizá sea un acto político muy devaluado, muy
protocolario, en el que no hay resolución política y que, por
tanto, no es un acto con contenido político y administrativo
sólido, que pospone a otro momento que esta Cámara
tome resoluciones con respecto al Plan y que puede ser caldo
de cultivo para que se entienda esto como un acto
propagandístico en vísperas de unas elecciones. Pero en fin,
con todo y con eso, que también vale en política, nos
satisface hablar del Plan. En cualquier caso, hablando de
infraestructuras de acceso al territorio, creemos que el
debate no consiste en este momento, como planteó en alguna
ocasión el Ministro, en ver qué es lo que hay que borrar y qué
es lo que hay que poner. Para nosotros en este momento el
debate consiste en saber si el resultado que viene en este
Plan, el resultado final de accesibilidad al territorioque se
plantea en este documento lo podemos considerar positivo o no.
Yo desde luego tengo que manifestar, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, que el resultado no nos satisface. Vemos un
documento en el que, en las propias figuras que se plantean en
él, el territorio del Estado queda francamente dividido y muy
jerarquizado. Los documentos plantean que nos vamos a
encontrar con una mitad del noreste de España que va a tener
un grado de accesibilidad bastante notable y otra parte del
Estado, que va desde Galicia a Murcia prácticamente, que se
encuentra en una situación bastante inferior en cuanto a
accesibilidad, tanto en accesibilidad carretera como en
accesibilidad ferroviaria, y eso en los propios documentos que
plantea el Plan Director de Infraestructuras que nos trae aquí
el Ministro en nombre del Gobierno. Nosotros consideramos que
el resultado final que se plantea en este Plan no es
satisfactorio. Creemos que vamos a tener, en última instancia,
un Estado francamente dividido en accesibilidad viaria y
ferroviaria y también francamente dividido en posibilidades de
desarrollo económico. Y el problema en ese momento no es si
hay que poner una carretera más o una carretera menos, una vía
de ferrocarril más o una vía de ferrocarril menos, sino que
probablemente el esfuerzo que haya que hacer entre el Gobierno
central, las autonomías y los ayuntamientos debe tener un
contenido bastante diferente.
Otro aspecto que para nosotros es preocupante, sobre los
sistemas de comunicación, es la jerarquía que se plantea entre
la
carretera y el ferrocarril. Para nosotros no están
justificadas debidamente las propuestasque se hacen por parte
del Plan Director de Infraestructuras. Insiste el Ministro en
que nuestro ferrocarril es decimonónico y deja entender que
pedir más ferrocarril es casi una antigualla. Nosotros
consideramos que es un planteamiento bastante incorrecto.
En primer lugar creemos que este documento tiene mucho de
manual --hay una serie de análisis que nosostros compartimos,
que parecen interesantes-- pero pocas propuestas. En lo que
tiene de manual no es aprovechado, por ejemplo, el análisis
que se realiza sobre la repercusión medioambiental de los
diferentes medios de transporte. No se utiliza a la hora de
tomar decisiones sobre los medios de transporte. Por ejemplo,
en este análisis se señala que el ferrocarril tiene un impacto
medioambiental infinitamente menor que la carretera, y la
prueba es la situación actual del ferrocarril español. El
ferrocarril español mueve el 6 por ciento de viajeros en el
conjunto del Estado y consume el 2,8 de energía. Tenemos ahí
una relación de 1 a 3 en consumo de energía. Energéticamente
el ferrocarril es un elemento de mucho más futuro que la
carretera y, sin embargo, la planificación que se hace es
absolutamente carretera. La planificación que se hace dedica
cinco billones 700.000 millones de pesetas a inversiones en
carretera --si no recuerdo mal-- y unos tres billones de
pesetas al ferrocarril, de los cuales la mitad están
destinados al tren de alta velocidad, que es precisamente el
que tiene mayor consumo energético. Desde luego, no nos
parecen unas propuetas coherentes con el análisis
medioambiental que incluye el documento. Nosotros pensamos que
en España se consume muchísima energía en transporte ya que
representa el 42 por ciento del total de energía
consumida, mientras que en Europa se consume apenas el 30 o el
31 por ciento. Por ello no podemos permitirnos el lujo de
plantearnos un sistema de transporte tan antieconómico, en lo
que al gasto energético se refiere. Este es un elemento que
analiza bien el Plan Director de Infraestructuras, pero a la
hora de las resoluciones lo aplica mal; lo aplica mal porque
tiene una confianza absoluta en el transporte por carretera, y
desde luego las propuestas de mi Grupo Parlamentario van a ir
en el sentido de modificar ese orden de prioridades.
Nosotros no solamente tenemos una visión onírica del
ferrocarril, como parece expresar aquí el señor Ministro, y
una visión decimonónica y casi cinematográfica de nuestras
primeras
películas. No. Nosotros pensamos que el ferrocarril sigue
siendo un elemento de futuro. ¿Que problamente tiene
incógnitas? Sin duda. Tiene incógnitas y hay muchísimos
componentes tecnológicos que probablemente nos podrán plantear
unas tecnologías u otras en el ferrocarril, pero, desde luego,
nosotros no podemos compartir la filosofía de este Plan
Director por la cual el transporte por carretera sale
absolutamente jerarquizado de forma prioritaria.
También nos parece preocupante que sea tan débil el documento
en lo que respecta a los criterios de financiación, y la poca
seguridad que se tiene en ellos. Bien es cierto que ha
expuesto una cifra (18,7 billones), pero esa cifra no es
cierta, no lo es en el sentido de que no hay un compromiso por
parte del Estado para efectuar esa inversión. Y no es que
nosotros queramos arrancar ese compromiso para poner en un
aprieto al Gobierno, sino que consideramos que es lógico y
está dentro de la buena práctica planificadora el adquirir
compromisos
de financiación. Esto es lo que le pedimos a un ayuntamiento
cuando redacta un plan general; a un ayuntamiento le pedimos
que adquiera un compromiso de financiación, se lo pedimos y
luego, si no lo cumple, políticamente es responsable. Creo que
no sería nada negativo que el Gobierno adoptara esos
compromisos de financiación porque es lo que haría diferente a
este documento, que pasaría de ser un manual a un documento de
contenido político. Como manual lo podemos aceptar, sobre todo
en los elementos analíticos, pero como documento de contenido
político nos parece pobre, por una parte, y discutible por
otra, como he dicho anteriormente.
En cuanto al Plan Hidrológico, aquí solamente se reflejan una
serie de elementos muy indicativos. En cualquier caso, esos
elementos indicativos a nosotros nos preocupan en el sentido
de que no se hace un análisis crítico de los consumos. Se
analiza que los consumos en España son muy superiores al resto
de la media Europea, pero no se plantea de una forma nítida
cómo se pueden moderar esos consumos, cómo se puede ahorrar,
cómo se puede llevar una política de aguas que plantee más
iniciativas en el ahorro de agua que en la inversión en
infraestructuras. Son una serie de interrogantes que este
documento plantea al conjunto de la Cámara.
El debate fundamental del Plan Director de Infraestructuras no
creo que se cierre, ni muchísimo menos, en este debate que,
repito, creo que tiene más de protocolario que de auténtico
debate en el cual se puede discutir, votar y tener en cuenta
iniciativas. Nuestro Grupo Parlamentario va a estar en el tajo
para conseguir racionalizar lo más posible este Plan y lograr
que plantee un desarrollo sostenible para nuestro país, ya
que, a nuestro juicio las directrices que emanan, hoy por hoy,
de este Plan no presentan un desarrollo sostenible. Al igual
que Prieto hizo un Plan Hidrológico cuya ejecución se ha
pospuesto 40 o 50 años, creemos que el documento que de aquí
salga debe plantear unas directrices que sean sostenibles y
llevaderas durante futuras generaciones. En ese sentido van
encaminados los
esfuerzos de mi Grupo Parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO Y MARSAL: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, hoy presenta usted formalmente a esta Cámara el Plan
Director de Infraestructuras. Aun cuando, según el orden del
día, estemos en un debate sobre el enfoque estratégico de las
líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas
en un marco temporal que se extiende hasta el año 2007, en
realidad hoy se procede a la presentación formal del PDI en el
Pleno de la Cámara.
El debate de esta tarde, al menos desde el punto de vista del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), debe
llevarnos a una intervención de tipo generalizado y global que
sirva para fijar la línea básica de cuál va a ser nuestra
posición final a lo largo del que será el verdadero debate en
ponencia y Comisión con resoluciones finales a presentar en
Pleno; debate que creemos que no tiene que ser único, que será
un debate prolongado en el tiempo, con muchos debates
encadenados. Esperamos que sea un debate extenso porque la
amplitud del PDI lo requiere, que sea fructífero, positivo en
razonamientos y actitudes y, cómo no, con un alto grado de
consenso. Así, pues, será entonces cuando nuestro Grupo
entrará más en detalle y concreción respecto a los puntos del
PDI que hoy nos preocupan, aunque algunos de los cuales citaré
a lo largo de mi intervención.
De toda maneras, quisiera, en primer lugar, fijar unas
premisas que condicionan y aclaran nuestra posición, una
posición
pragmática respecto al plan de trabajo a seguir en el estudio
a fondo del PDI.
Primero, el Plan Director de Infraestructuras ya ha sido
objeto en esta Cámara de diversas discusiones previas a la de
hoy. Así, hablamos del PDI al final de la anterior
legislatura, y en ésta, en concreto en Comisión, el 21 de
septiembre de 1993,
posteriormente, el 2 de noviembre de 1993 y también dentro del
debate sobre el Plan Hidrológico de hace unas pocas semanas, y
el 27 de abril en la presentación en el Senado.
En segundo lugar, el 21 de septiembre, en Comisión, usted,
señor Ministro, definía el PDI como un plan deslizante. Aquí,
nosotros quisiéramos que se concretase qué se entiende por
plan
deslizante, porque entonces se hablaba del 1993 al 2007 --
quince años--, y creemos que hay que concretar una fecha
final: si es deslizante, pero acabará el 2007, fijo, o será un
plan de 1994, año actual, y acabaría el 2008, o, en todo caso,
si va dentro del presupuesto de 1995, acabaría en el 2009,
porque usted ha dicho esta tarde que los 18,7 billones se
gastarán a lo largo de los próximos quince años. Por lo tanto,
concretemos si el plan acaba en el 2007, el 2008 o el 2009. Es
quizá algo de índole menor, pero que hay que definir muy bien
en el estudio.
En tercer lugar, está muy claro que en estos momentos el Plan
Director de Infraestructuras es un plan del Gobierno. Después
del debate total, el futuro del PDI dependerá del consenso; en
sus líneas y magnitudes básicas, debería producirse un amplio
pacto, si es necesario, un pacto de Estado. El PDI resultante
y sus desarrollos parciales por actuaciones --lo que llama
usted o debemos llamar planes sectoriales-- deberían ser una
respuesta que pueda soportar bien las diversas legislaturas
comprendidas en el espacio de tiempo previsto para la duración
del plan, con lo que quiero decir también que pudiera soportar
las posibles alternancias, si las hubiere, que en la gestión
del mismo se produzcan.
En cuarto lugar, nosotros en estos momentos no hacemos
comentarios al Plan Hidrológico porque, como
ya se ha dicho aquí en otras intervenciones, ha quedado
desgajado de todo el conjunto, como consecuencia de lo que se
aprobó el 22 de marzo en una moción en este Pleno.
También nos preocupan los plazos, pero no tanto como pueda
parecer. La rapidez y la urgencia son elementos
distorsionadores. Es necesario que la ponencia y la Comisión
puedan trabajar tranquila y eficazmente. Los planes-puente
permiten hacerlo así. Sabemos que tenemos los planes-puente de
carreteras de 1994-1995; el de obras hidráulicas de 1993-94,
éste quizás es el que está más justo como plan-puente en las
fechas que usted nos citó en Comisión y tenemos constancia de
ello; el plan de costas hasta 1997; el PTF hasta 1995. En
realidad, los planes-puente permiten el deslizamiento en las
fechas iniciales del plan, lo que nos permite jugar para que
tengamos un trabajo continuado en ponencia y Comisión del
desarrollo de los planes sectoriales que el Ministerio deberá
hacer, pero lógicamente esta Cámara debe conocer y estudiar.
El Plan Director de Infraestructuras, creo yo, ha entrado en
la Cámara dentro de las fechas fijadas en Comisión el día 2 de
noviembre de 1993. Usted tiene suerte en la oportunidad,
porque se dice que viene aquí en un momento electoral, en plan
propagandístico, pero yo, dentro del pragmatismo que nuestro
Grupo tiene siempre, creo que hay que decir que está dentro de
plazo. En la sesión del 2 de noviembre, como le decía, le
pedía que aplazase la presentación no sólo del Plan Director
de Infraestructuras sino también del Plan Hidrológico
Nacional, y después de todo el debate, en la última página del
«Diario de Sesiones», figura su última intervención que dice:
«Señores Diputados, me han convencido ustedes». Se refería a
mí y al apoyo que tuve sobre este tema precisamente del señor
Posada. Y quedamos en que la Cámara dispusiera del PDI «a
finales del primer trimestre del próximo ejercicio»; y añadía
su intención y deseo de que fuera antes. Esta intención y
deseo no han podido ser, pero prácticamente el Plan Director
ha entrado en la Cámara dentro de lo que podríamos considerar
el plazo, aunque se haya pasado en quince días.
Otro tema que nos preocupa es la financiación. Usted nos habló
en Comisión sobre la financiación, no ya tanto de la
preocupación de mantener el crecimiento en las tasas previstas
en el PDI del 2,5 ó 3 por ciento anual, sino de que un 70 por
ciento era aportación de los Presupuestos Generales del
Estado, un 10 por ciento podía ser de recursos de sociedades
del Estado y el 20 por ciento por mecanismos
extrapresupuestarios. Sobre este 20 por ciento se ha hablado
poco y tendremos que trabajar en ello. Entrando en lo que
básicamente nos preocupa del PDI, he de ser repetitivo al
incidir nuevamente en lo que ya se ha dicho en Comisión e
incluso hace pocos días por el portavoz de nuestro Grupo en el
Senado. Nos preocupa, señor Ministro, que todo el plan se
mantenga en la línea de ser un dibujo final deseable, que al
quererlo definir como esquema vemos que no llega a ello, por
moverse en una especie de utopía más que en una realidad.
Habrá que trabajar en esos conceptos respecto al plan y, en
concreto, respecto a los recursos disponibles para llevar a
buen fin todo su desarrollo.
A veces, en la redacción del PDI se observa claramente una
intención de programa, con cuantificación y concreción
precisas en algunas actividades, confusión por tanto entre
programa y planificación. Usted ha sacado el concepto obsoleto
de la palabra planificación. Creemos que hay que planificar,
pero otra cosa sería programar, entrando más en detalle. Está
fuera de toda lógica comprometer recursos financieros a quince
años, tan concretos como en algún punto se quiere. Al no
existir un modelo territorial adecuado, lleva a dudar de las
previsiones a tan largo plazo. Se intenta proponer una
estrategia de ordenación del territorio, y no debe pasar por
alto que es competencia de las comunidades autónomas la
temática de planificación territorial y que además debe
considerarse que no se ha definido ningún modelo ni ninguna
directriz en referencia a la ordenación del territorio de todo
el Estado.
Toda esta temática autonómica, municipal, de diputaciones, sé
que preocupa al señor Ministro y a los redactores del PDI. Así
se ve en las palabras del señor Ministro en la presentación
del plan en el Senado y hoy aquí. Lo que no sabemos es si el
sentido de su preocupación y de la nuestra van en la misma
dirección y, por lo tanto, podrán llegar en algún momento a
encontrarse de una forma positiva. Esperémoslo. El plan, en
algunos conceptos, va más allá de la ordenación del territorio
y puede llegarse, conjuntamente con las figuras antes citadas
de esquema y
programa, a una mezcla heterogénea de difícil justificación,
poco creíble, con suficientes indefiniciones, pero, eso sí,
dejando abiertas muchas posibilidades. El análisis de los
cuatro
objetivos que usted ha relatado nos lleva a creer de forma
positiva en todo el plan. Podría extenderme más, pero tiempo
habrá para ello durante el trabajo en ponencia y Comisión y en
los posteriores trabajos que el PDI requiera.
Lo interesante para nuestro Grupo va a ser, y es, que el
resumen de diagnosis de intenciones, de declaración de
principios, de recopilación de propuestas, que son el
verdadero contenido del Plan Director de Infraestructuras, se
transforme en sucesivos documentos sectoriales que permitan
llevarlo a buen fin, lo que esperamos y deseamos. Ello tiene
coincidencia con la voluntad del señor Ministro, por lo que
veo reflejada en los últimos párrafos de su intervención de
réplica en el Senado. Usted nos decía: No puedo estar de
acuerdo con quienes han pedido que procure que esta edición
del PDI sea la última. Que no sea la última, señor Ministro;
que haya las que tenga que haber; que trabajemos y que vayamos
adaptando en un buen pacto sobre el PDI todo lo que se consiga
por el consenso de todos los grupos de esta Cámara.
Para terminar, quiero decirle, señor Ministro, que nuestro
Grupo tiene mucho interés en este debate y que hará todo lo
posible para obtener el alto grado de consenso del que he
hablado antes, e invito a todos los portavoces de los demás
grupos a que el espíritu de consenso positivo sea el principio
básico de nuestro trabajo y debate. Si no es así, el plan no
podrá ser --como se decía aquí-- un plan para todo el Estado,
sino que seguirá siendo un plan del Gobierno, lo que, desde
nuestro punto de vista, no sería nada positivo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna, en representación del Grupo Vasco, para
efectuar unas consideraciones generales y también de
naturaleza concreta sobre el documento del Plan Director de
Infraestructuras que el Gobierno ha sometido a la
consideración de los grupos de esta Cámara.
Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, desde el Grupo Vasco hemos asistido con interés al
cambio de filosofía en el tratamiento de la planificación de
las
infraestructuras que se ha operado en el Gobierno central,
reflejando también la integración de los diversos
departamentos ministeriales que se realizó en 1991 en el
Ministerio que usted dirige. Apreciamos el esfuerzo que se ha
realizado en la
coordinación de los diferentes modos de transporte, llevado a
cabo por un documento marco cuya credibilidad, a nuestro
juicio, tan sólo está empañada por lo largo de su plazo, 14
años, y las indeterminaciones en cuanto a su calendario,
financiación, así como su ejecución, sujetos a los inciertos
avatares políticos de los próximos lustros.
Un instrumento, una figura, como el Plan Director de
Infraestructuras no tiene reflejo o amparo en el ordenamiento
jurídico en materia urbanística o de ordenación territorial.
Por tanto, el Plan Director de Infraestructuras no es un
instrumento de ordenación territorial o urbanístico previsto
en nuestra legislación. A lo sumo, podríamos concebirlo como
una figura sectorial del Plan de ordenación nacional, previsto
en la Ley del suelo y ordenación urbana, pero sólo a los
efectos del desarrollo de las infraestructuras, porque esta
figura, prevista en la Ley del Suelo y régimen urbanístico,
abarca, además del desarrollo de las infraestructuras, la
ordenación general de la economía. Nosotros coincidimos con el
señor Ministro en que un plan director debe contener unas
directrices que, en muchos casos, deben ser complementadas por
planes sectoriales, especializados y competentes, por razón de
la materia que vayan a desarrollar. En ese sentido, estaríamos
de acuerdo en que no puede
pormenorizar o concretar en exceso las determinaciones que en
el mismo se contemplan.
El punto de partida del que surge el Plan Director de
Infraestructuras, que es la necesidad de que exista una
coordinación entre los distintos tipos de infraestructuras y
una concepción integral del transporte, nos parececorrecto.
Señor Ministro, conviene recordar que la competitividad de
nuestra economía, en unos momentos de internacionalización y
de apertura de los mercados, depende también, en buena medida,
de la
disponibilidad de infraestructuras físicas: carreteras,
ferrocarriles, puertos y aeropuertos, para el transporte
rápido y a precios baratos de nuestros productos hasta los
mercados de destino. La importancia del transporte para el
adecuado
desenvolvimiento de la actividad económica y social es
manifiesta, al intervenir en todos los estadios del proceso de
producción, desde la recogida de materias primas hasta la
distribución de productos terminados. Por ello, siendo
conscientes de la importancia de contar con un transporte
eficiente, somos partidarios de su planificación multimodal, a
fin de evitar disfuncionalidades. El transporte se sustenta
territorialmente en infraestructuras, las cuales, dado su
carácter de elementos estructurales del espacio, constituyen
uno de los elementos básicos en el desarrollo de un país, y,
por tanto, su correcto desarrollo tiene una indudable
repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos.
Señor Ministro, desde el Grupo Vasco al analizar el Plan
Director de Infraestructuras nos vamos a referir a las
infraestructuras del transporte donde la política
gubernamental ha estado enfocada sobre cuál es la
consideración del transporte como modo
repartido, eso sí, en sus diferentes vertientes, carretera,
ferrocarril, transporte aéreo y marítimo. Con esta referencia
previa cabía esperar un posicionamiento claro del Ministerio
que usted dirige en una determinada cuantificación porcentual
en cada modo en el total, y ello según sus criterios políticos
en materia de transporte y de las posibilidades reales para
alcanzar tales objetivos. Este reparto modal preestablecido se
transformaría en objetivos sectoriales sobre las
infraestructuras respectivas que soportan el sector, pero,
señorías, esto no es así. El Plan Director de Infraestructuras
ha preferido responder a la
extrapolación de las cifras de los últimos años como expresión
inequívoca de una demanda no manipulada por los dirigismos de
las políticas específicas y trabajar con la certeza de un
reparto modal, inevitable por su grado de consolidación en el
transporte estatal. En definitiva, se constata la victoria de
lo que es sobre lo que debería ser, es decir, lo que es ahora
con las cifras de demanda y las infraestructuras actuales y lo
que debería
ser en función de la concepción ideológica del transporte. Al
no existir criterios de modificación del transporte actual, la
carga política del Plan Director de Infraestructuras decrece
sustancialmente, convirtiéndose en una mera resolución de
problemáticas técnicas de insuficiencias, con recursos escasos
y una voluntad unificadora y un continuismo de las tendencias
actuales.
Señorías, vamos a analizar el plan presentado a la Cámara y
los distintos instrumentos y objetivos que contiene. En
materia de ferrocarriles había curiosidad por conocer el
tratamiento que el plan iba a otorgar al transporte
ferroviario ligado al Estado no sólo a través de sus
infraestructuras sino de la empresa que prácticamente ha
monopolizado la explotación hasta la actualidad. Parecía un
momento muy oportuno para definir el nuevo transporte
ferroviario en la Península tomando conciencia de que su parte
de responsabilidad dentro de la movilidad total ha variado
sustancialmente a lo largo del presente siglo y muy
especialmente en las tres últimas décadas con el desuso del
tren, de las cargas fragmentadas hacia la carretera, la
aparición del tren de alta velocidad como un modo casi no
ferroviario y, finalmente, con la aparición de directrices
europeas tendentes a la eliminación de las subvenciones a
determinados servicios.
En este sentido, el Plan Director de Infraestructuras se
limita a detectar y resolver ciertas carencias endémicas de la
red de ferrocarriles y a responder con rigor a las demandas de
la red europea de alta velocidad. El resto de los trazados
sigue ofreciendo una infraestructura ferroviaria como la
actual, manteniendo la misma capacidad potencial de la red y
sin que les afecten la constancia de que dicho transporte
languidece en su demanda. Este planteamiento obliga en cierta
medida al
continuismo en la política ferroviaria actual y mantiene a
Renfe como sociedad explotadora en una comprometida situación
económica, sólo solventada por la participación del
contribuyente a través de las aportaciones de los Presupuestos
Generales del Estado al gasto corriente de la empresa. Tampoco
parece que se estén consiguiendo logros importantes con la
indudable mejora de la gestión empresarial por parte de Renfe,
que presencia con inquietud las consecuencias de las
privatizaciones de las entidades operadoras en el transporte
ferroviario de Europa, la futura prohibición de subvenciones y
la compatibilidad de sus servicios con los de otros agentes
explotadores.
Existe también un sentimiento generalizado que se centra en la
consideración de reservar el transporte ferroviario para las
cercanías, los largos recorridos de alta velocidad y los
transportes de cargas completas. Sin embargo, y como queda
dicho, no hay en el documento ningún posicionamiento concreto
a este respecto. No obstante, en materia ferroviaria hemos de
señalar que la preocupación por la solución a los deficientes
accesos desde Bilbao y San Sebastián a la meseta y al resto de
Europa ha coincidido en el tiempo con un nuevo posicionamiento
europeo ante el ferrocarril y el replanteamiento de esta
infraestructura a nivel estatal. Queremos expresar que el Plan
Director incluye una nueva red ferroviaria en el País Vasco
que responde a las necesidades de infraestructuras indicadas y
por lo que mostramos nuestra satisfacción.
Señor Ministro, de una forma esquemática queremos también
realizar unas consideraciones sobre los diferentes aspectos
que contiene el plan en materia de ferrocarriles. Queremos
mostrarle nuestra preocupación ante la posible tentación de
considerar este plan como el documento representativo del
total de las
infraestructuras del Estado y no como el del Gobierno central
en sus propias competencias, lo que podría tener importantes
consecuencias ante ayudas económicas del exterior a los
programas de infraestructuras del conjunto del Estado,
pensando que lo que se va a hacer en infraestructuras en
España es únicamente lo que se plasma en el Plan Director
presentado por el Gobierno a la Cámara. Queremos expresarle
nuestra consideración positiva a la filosofía de una
planificación de infraestructuras que responda a un concepto
integral del transporte estatal concretada
posteriormente en sus correspondientes desarrollos
sectoriales. Quiero remarcarle el especial significado del
Plan Director de Infraestructura en el País Vasco, donde una
competencia tan importante como la de planificación de
carreteras corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca.
Consideramos muy acertada la inclusión en el plan de los
compromisos que en materia de ferrocarriles y aeropuertos
fueron acordados por el Gobierno central y el Gobierno vasco.
Nos parece positiva la disposición expuesta en el plan de
concertar actuaciones con las
administraciones públicas vascas en materia de transporte
intermodal, cuya competencia corresponde a las mismas. Estamos
de acuerdo con la inclusión, dentro del listado de actuaciones
del plan intermodal de transporte a Bilbao, del epígrafe
«Futuro convenio metro Bilbao», que podría suponer la
reconsideración de la negativa del Gobierno central a
participar directamente en la financiación del metro y en la
retirada de las acciones
judiciales en trámite.
Consideramos de gran importancia la división del plan en
etapas, obligadamente yuxtapuestas, que permitan
«periodificar» las actuaciones, marcar criterios de
priorización y establecer condicionantes de vecindad para las
planificaciones que son competencia de las instituciones de
las comunidades autónomas. Reflejamos nuestra preocupación
ante la falta de referencia al desarrollo de las
planificaciones infraestructurales, que son competencias de
las comunidades autónomas, que podrían estar explicitadas, a
nuestro juicio, en un anexo de este Plan Director de
Infraestructuras.
Por ello, señor Ministro, quiero señalar que, sobre la base de
la fundamentación expuesta, los aspectos que, a nuestro
juicio, habría que corregir en el Plan Director y sin
perjuicio de que posteriormente sean debatidos en ponencia,
serían los siguientes. El tramo ferroviario Miranda de Ebro-
Vitoria no se encuentra incluido en la «Y» vasca ni en los
planes de actuaciones estructurales hacia Euskadi. Parece
claro que dicho tramo no se debe diferenciar, en cuanto a sus
características, del tramo Valladolid-Miranda de Ebro, por lo
que sus parámetros se deberán mejorar para elevar su velocidad
de diseño a 200 kilómetros por hora.
En el listado de actuaciones del plan intermodal de
transportes, se hace mención a la línea 1 del metro de Bilbao
y no a la totalidad de su construcción, que incluye dos líneas
y la posibilidad de una tercera. Hay que indicar que la puesta
en servicio de la línea segunda del metro podía hacer
innecesaria una importante parte del listado de actuaciones,
que están condicionadas por el mantenimiento del servicio de
cercanías de Renfe entre Bilbao y Santurce. Por igual motivo,
en el apartado de tendencias se debe decir que la construcción
de las dos líneas del metro puede propiciar un cambio en el
sistema de transporte. Procede recordar también que las
competencias planificadoras en la ordenación del territorio
corresponden a las comunidades autónomas, quienes ostentan la
responsabilidad en la resolución de la problemática en las
áreas metropolitanas, si bien se coincide sustancialmente con
las tendencias, problemas y
estrategia para la concertación que se incluyen en el
documento. En materia de puertos, señalaríamos las siguientes
consideraciones. Cuando el Plan Director, entre uno de los
objetivos modales, habla de la planificación y gestión de los
puertos, generando éstos los recursos necesarios para
conseguir su equilibrio económico-financiero, ello no coincide
con los referentes que se marcan para carreteras y
ferrocarriles, respecto de los cuales se señala que su
eficiencia no puede ser medida en términos económicos-
financieros, sino que deben incorporar el conjunto de los
costes que implican. Nosotros consideramos que el transporte
marítimo y los puertos son también infraestructuras básicas,
que reflejan un adecuado balance desde la perspectiva de los
costes sociales, por lo que este objetivo previsto en el plan
debiera corregirse.
Entre los objetivos modales de los puertos, se habla de la
especialización de puertos-base de contenedores en el
Mediterráneo y ninguno en el Golfo de Vizcaya o en la costa
gallega, por lo que planteamos la inclusión del puerto de
Bilbao como base de contenedores. Compartimos parcialmente el
objetivo referente al desarrollo de la navegación de cabotaje
en el marco de la liberalización, no por la influencia que
pueda tener laliberalización, sino porque no ha existido una
suficiente y adecuada política de potenciación del transporte
marítimo. Incidimos en la inconveniencia de presuponer que la
situación competencial y administrativa de los puertos de
Bilbao y Pasajes se mantendría en el plazo de horizonte del
plan. Asimismo, en cuanto al puerto de Bilbao, consideramos la
necesidad de que el Plan Director prevea el estudio e
implantación de una zona de actividades logísticas, una ZAG,
caracterizada por la captación de tránsito internacional,
actividad que ya se viene
desarrollando en este puerto.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego que
concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, voy
concluyendo.
En materia de aeropuertos, nos parece positivo que el Plan
Director prevea las actuaciones que actualmente están en
marcha y que forman parte de los compromisos en
infraestructuras asumidas por el Gobierno central y la
Comunidad Autónoma Vasca en 1989.
En lo que concierne a costas y protección del litoral, hay que
señalar que la aplicación de la Ley de Puertos y Marina
Mercante está llevando a algunos puertos a desafectar del uso
portuario áreas de infraestructuras que anteriormente se
incluían dentro de los puertos, por lo que correspondía a los
mismos su
conservación y mantenimiento. Estas zonas desafectadas de las
áreas portuarias, al ser dominio público estatal, pasan a ser
gestionadas por la Dirección General de Costas del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pero no
ocurre lo mismo en cuanto a su conservación, mantenimiento y
acondicionamiento, pues la práctica diaria nos está reflejando
que se intenta compartir estas obligaciones con los
ayuntamientos del litoral, aspecto que no ocurría cuando el
área en cuestión formaba parte de la entidad portuaria, por lo
que estimamos que este objetivo debería plasmarse de alguna
manera en el plan con carácter prioritario a otras actuaciones
a ejecutar en el litoral español.
El Plan Director de Infraestructuras, en lo relativo a los
recursos hídricos, expone un programa presupuestario de tres
billones, repartidos casi de manera igualitaria, para
incrementar los recursos hidráulicos y mejorar la calidad del
agua. En este punto, destacaríamos los 521.000 millones
destinados a la conservación, mantenimiento y seguridad de las
infraestructuras actuales y futuras. Así, nos parece positivo
que tanto en las cuencas hidrográficas del norte como en la
del Ebro se prevea la implantación del sistema automático de
información hidrológica. Señorías, los recursos hídricos son
escasos y muchas las demandas a satisfacer. Esto plantea el
problema de la adecuada asignación de un bien escaso entre la
multitud de sus usos alternativos. Es evidente que la economía
de mercado, guiada por la ley del máximo beneficio o de la
competencia perfecta, no asegura el deseado
equilibrio ni la equidad en el reparto del agua. Esto
demuestra la necesidad de una planificación hidrológica que
compense las imperfecciones del mercado allí donde se
produzcan. En este sentido, nos parece conveniente que el Plan
Director contemple una programación de los recursos hídricos,
que necesitará ser desarrollada por un plan especial
sectorial, como es el Plan Hidrológico previsto en la Ley de
Aguas.
De todas maneras, señor Ministro, el Grupo Vasco le efectúa
las siguientes precisiones. La tarifación del agua debería
incluir los costes económicos, sociales y ambientales que
conlleva su manejo. En cuanto al uso del agua en los regadíos,
como finalidad de mayor consumo, es preciso garantizar un uso
más eficiente. Es también preciso establecer y desarrollar
actuaciones para prevenir la contaminación del agua y mejora
de su calidad. Por último, debo indicar que es precisa una
planificación especial integradora del ciclo del agua que
afronte las relaciones entre aguas superficiales y aguas
subterráneas, así como la magnitud y modo en que las
actividades humanas afectan a la cantidad y calidad del agua.
Finalizo, señor Ministro, expresando que, desde la
coincidencia en algunos casos y la discrepancia en otros, el
Grupo
Parlamentario Vasco afronta el debate del Plan Director de
Infraestructuras desde una posición constructiva y de
colaboración, con la esperanza puesta en llegar a un alto
grado de consenso en la plasmación definita del Plan.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, señorasy señores
Diputados, en primer lugar, he de indicar que Coalición
Canaria está de acuerdo en la necesidad de contar con un plan
de
infraestructuras a largo plazo, 15 años o incluso podrían ser
20. Nos parece adecuado, además, que ese plan se tramite como
un plan director. Asimismo, consideramos que no sólo es
necesario sino totalmente imprescindible, para que no se
convierta en papel mojado, que se cumplan dos condiciones.
Primera, que se realicen planes sectoriales que lo
desarrollen, con los mismos plazos de vigencia, para que sean
comparativos (nos parece más adecuado que la circunstancia
actual, donde el Plan Hidrológico es a 20 años y el Plan
Director a 15), y con alcances similares para todas las
actuaciones en los diferentes sectores. Segunda, que como
desarrollo de los planes anteriores se confeccionen programas
de actuación prioritarios, con plazos de vigencia de cinco
años, y en base a ello elaborar los Presupuestos Generales del
Estado. Así acabaríamos, indudablemente, con lo que pueda
haber habido de improvisación --que creo que la hay--, con la
falta de sistematización y priorización, ejecutando obras
muchas veces de interés cuestionable y dejando de hacer otras
más necesarias, y algunas veces ejecutando obras --hablo de
épocas anteriores-- que al concluir no han servido
absolutamente para nada --en Canarias hay algunos casos
sangrantes de ello--, incluso, muchas veces, ejecutando obras
cuyo único fin ha sido el carácter electoral. Me gustaría
hacer tres comentarios generales al documento del PDI. Creemos
que la primera parte, dedicada al análisis general de la
información y a la justificación de los criterios y objetivos,
resulta suficientemente exhaustiva y riguroso desde el punto
de vista de un documento de planificación de
inversiones. La segunda parte, referente a las propuestas de
actuación en cada uno de los grandes capítulos de inversión,
resulta tremendamente heterogénea y desigualmente
estructurada. Se pone claramente de manifiesto la
multiplicidad de autores, según la directriz común, sobre el
alcance de la documentación a incorporar. Es llamativa la
insuficiencia de datos en las actuaciones de costas, mientras
que se alcanza un nivel de gran detalle en otros apartados,
como son las actuaciones concertadas de transporte y urbanismo
en grandes ciudades. Estos dos casos pueden considerarse como
extremos en la heterogeneidad del conjunto.
Y, por último, echamos de menos en general la justificación de
las actuaciones desde el punto de vista de los modelos
territoriales singulares, como pueden ser las comunidades
insulares, en las que no se valoran suficientemente factores
como la dependencia del sector turístico o la especificidad de
los sistemas en transportes internos, totalmente diferentes al
resto de la España continental, o la fragmentación del
territorio o sus propias fragilidades.
Antes de entrar a analizar las diferentes secciones, quiero
hacer un comentario, señor Ministro. En su comparecencia en
Comisión, a petición propia, cuando explicaba el plan
director, le indicaba este Diputado que Canarias era un
territorio diferente y aislado, que conoce perfectamente el
Ministro, con marcos competenciales diferentes y que, por
tanto, se necesitaba tener una visión específica del problema
canario. El Ministroafirmó al respecto: Canarias tiene que
tener un capítulo específico en el plan director, porque es un
problema disjunto del territorio, y así estamos concibiendo un
capítulo especial, aunque ya estamos actuando en Canarias en
muchos frentes, especialmente en materia hidráulica.
La realidad es que se le ha tratado con los mismos criterios
que a la España continental y, aunque he de reconocer que se
habla del caso canario en muchas de las secciones y capítulos,
al no haber un tratamiento conjunto en un capítulo especial,
cada vez que entramos en el análisis nos encontramos con que
el caso insular
se intenta tratar con los mismos criterios de la política
continental o, al final, hay que buscar una salida para ese
caso específico, pero no dentro de un modelo global para un
territorio totalmente diferenciado.
Parece claro que en el caso de las infraestructuras es
necesario un modelo para la España continental y un modelo
diferente para la España archipielágica, por una consideración
pura, exclusiva y sencilla como es la diferenciación
geográfica. Esto hace que, cuando vayamos a estudiar y resumir
el texto del PDI, nos encontremos con que tenemos que ir
continuamente entrando en el análisis global y en el análisis
genérico.
Me parece que ahí se pueden sacar cinco o seis conclusiones
importantes de la introducción. Que se está sustituyendo la
idea de competitividad entre empresas por competitividad entre
espacios físicos, y de ahí la importancia de dotar a estos
espacios de la necesaria infraestructura. Totalmente de
acuerdo. En el caso canario, que vive del turismo y que la
movilidad es su esencia, la infraestructura es un pilar
básico.
Cuanto menor es el nivel de dotación de un territorio, mayor
es el efecto de las inversiones en infraestructuras sobre la
actividad económica. En Canarias la aplicación de este
principio justifica las altas tasas de retorno que pueden
obtenerse de las inversiones públicas en esta materia.
También destaca el estudio el alto número de empleos generados
por la inversión en ferrocarriles y en carreteras. Cada 4,5
millones de pesetas produce un empleo. La ausencia de
inversión ferroviaria en Canarias debería de ser sustituida
con la misma en carreteras o en transporte público
alternativo.
La inversión en infraestructuras es la principal vía de que
dispone el sector público para promover el incremento de renta
y el empleo --totalmente de acuerdo-- y también para promover
la productividad de una región. Es el único recurso público
que puede modificar ciertamente la acción de gobierno.
Canarias tiene la más alta tasa de paro y seguirá teniéndola
porque aunque crezca la población ocupada más crece la
población activa. Igualmente, el impacto de la inversión en
infraestructuras, la menor inversión en Canarias y el concepto
de que las áreas de transporte inciden en la competitividad
mediante el parámetro tiempo nos parecen elementos
fundamentales para poder elaborar un modelo.
Cuando entramos en la organización general del PDI, nos
encontramos con que de los 18,7 billones de pesetas, en
transporte interurbano se va el 56 por ciento; en transporte
medio urbano, el 19; en obras hidráulicas, el 12; en
infraestructuras ambientales, el 10; en actuaciones en costas,
el 2; en investigación y desarrollo, el 1. Es un plan de
inversiones fundamentalmente del Ministerio. Y estos
porcentajes no sabemos, porque no hay suficiente
documentación, si son una tendencia de las actuaciones que se
vienen realizando o se justifican con los criterios del modelo
que se elige. Desde luego, estos porcentajes, por ejemplo, en
el territorio canario no serían en absoluto los que podrían y
deberían estatuirse. En el caso de las carreteras, las vías de
gran capacidad absorben la parte del león, casi el 50 por
ciento del gasto previsto. El gasto de acondicionamiento de la
red viaria es el 15; ese es modesto. Sin embargo, el gasto de
conservación y explotación es importante: 113.000 millones de
pesetas, el 31 por ciento; a más de cinco millones de pesetas
por kilómetro y año. La cifra es importante. Hay que
presuponer, si la comparamos, que el Gobierno de Canarias
habría de destinar la totalidad de su presupuesto de
inversiones en carreteras a labores de conservación y
explotación para poder alcanzar esas cantidades.
Nos parece acertado el esfuerzo en materia de vías de gran
capacidad que vaya destinado a completar la red de autovías y
autopistas desarrolladas en el primer plan de carreteras y que
sean los itinerarios perimetrales los que tengan preferencia.
Y una idea de la ambición del PDI en materia de carreteras la
da que, en principio, fija 8.000 vehículos/día el horizonte en
el que hay que pensar en desdoblar carreteras. Incluso, cuando
se llega a los 5.000 vehículos/día, postula que se estudie la
capacidad o su posible inclusión en un programa de
desdoblamiento. Si hemos de tener en cuenta que en Canarias
sufrimos tramos con cerca de 40.000 vehículos/día, que no sólo
no están desdoblados, sino que no se podrán desdoblar en los
próximos diez años, y que las carreteras insulares de pequeña
circulación están soportando 5.000 vehículos/día, con anchos
de seis metros y sin arcenes, vemos que tenemos una gran
necesidad de infraestructura.
Cuando se trata de los ferrocarriles (y para intentar, por la
hora, darme cierta prisa), vemos que el 50 por ciento del
gasto está dedicado a la alta velocidad. Alta velocidad que
consume casi mil millones de pesetas por kilómetro, contra 500
millones de pesetas por kilómetro de autopista. Si vuelvo a
comparar eso con el convenio de carreteras firmado en
Canarias, si le damos el mismo plazo de vigencia, nos daremos
cuenta de que el convenio es el 2,7 por ciento sobre los 5.470
millones de inversión total en carreteras, y si sumáramos
carreteras y ferrocarril, ya que en Canarias no se invierte en
ferrocarril, sólo sería el 1,7 por ciento frente a nuestro 4
por ciento de población. Lo que destaca es que
necesitamos, con los mismos parámetros que está midiendo el
PDI, mucha mayor inversión en carretera.
Está claro que en puertos y aeropuertos nos parece bueno el
criterio de autofinanciación, pero es que, en el caso canario
(y vuelvo a compararlo), la autofinanciación para nosotros es
la autofinanciación del cien por ciento del transporte de
pasajeros entre la península y Canarias y el cien por ciento
del transporte de mercancía, contra criterios que sólo
significan del 3 al
8 por ciento en viajeros y el 30 por ciento en mercancías de
promedio en la España peninsular.
Por tanto, hemos de destacar en este campo que para nosotros
gran parte de las carreteras y los ferrocarriles son nuestros
puertos y aeropuertos, por lo que parte de la financiación
podría ir a los fondos de cohesión y podría no repercutirse y
amortizarse para lograr abaratar nuestros costes de entrada y
salida, que es nuestra única vía para permitir el desarrollo y
la llegada de los turistas.
En infraestructura urbana y en transporte hemos de decir que
la sistematización del plan creemos que es más bien confusa.
Habla de grandes áreas metropolitanas, áreas metropolitanas
medias y subsidiarias (el que conozca bien nuestra tierra sabe
claramente que hay dos áreas, no sólo Las Palmas-Telde, sino
que hay que incluir Las Palmas-Telde y Santa Cruz-Laguna) y
ciudades de más de 50.000 habitantes.
En definitiva, creemos que la infraestructura urbana de
transporte, con los planes intermodales, obedece más a la
tendencia actual y a los datos que están hoy en el Ministerio,
que se deducen básicamente de las actuaciones con las cuales
se va encontrando el Ministerio en ferrocarriles y en
carreteras al encontrarse con las grandes ciudades, que
realmente a un diagnóstico de cuál es la situación en cada uno
de los casos y en las diferentes ciudades españolas.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya.
El señor MARTIN MENIS: Señor Ministro, en el caso de costas,
se ofrece una distribución de los recursos económicos que se
dedican a tres programas de inversión y de donde prácticamente
no podemos extraer nada. Creo que ahí se demuestra dónde se
planifica y dónde no; en el caso de costas la planificación es
muy corta. Habría que hacer unas consideraciones finales, pero
como el tiempo se me acaba lo único que me gustaría decir es
que se está pensando en desdoblar cuando se pase de 8.000
vehículos/día. Hay ya partes de toda la red que no son del
Ministerio, que son las redes de las comunidades autónomas, de
los municipios, que están con índices muy superiores, y no
podremos resolver de ninguna forma los problemas si no las
integramos en un plan director de ámbito estatal.
Como conclusión, me gustaría reflejar, en primer lugar, la
necesidad de dar un tratamiento similar, con esquemas
similares y con igual grado de profundización, a las
diferentes secciones de todo el estudio; la necesidad de
revisar cada uno de los sectores analizando si ese «mix» es el
adecuado o hay que cambiarlo --desde luego, en el caso canario
creemos que hay que hacerlo--, la necesidad de realizar los
planes sectoriales y de programas de inversión a cinco años y,
en cualquier caso, reconocer que, si no hubiera habido un PDI,
no tendría lugar aquí esta discusión, y aunque sólo fuera por
esto, que no lo es, indudablemente, sería un hecho muy
positivo tener un PDI. En el caso canario, simplemente diré
que creemos que es necesario un capítulo específico del plan
director para Canarias, elaborado en conexión con la Comunidad
Autónoma; es necesario elaborar una política en las
inversiones para fomentar el transporte público, adaptado a la
especificidad canaria, y quizás hay que empezar a pensar en
alternativas al tren, en sistemas de transporte público nuevos
que permitan resolver los gravísimos problemas que se producen
en un territorio fragmentado como el nuestro, incluir en el
PDI las áreas metropolitanas de Las Palmas y Santa
Cruz-Laguna y pensar que nuestro bajo tanto por ciento de
participación en los presupuestos en carreteras y ferrocarril
hay que suplirlo en otros sectores estratégicos para el
desarrollo de Canarias, y los fondos de cohesión están que ni
pintados para Canarias, ya que las infraestructuras en
transporte y medio ambiente son los dos grandes problemas que
tiene un territorio insular para su población y para su
desarrollo.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya.
El señor MARTIN MENIS: Termino, señor Presidente.
Nuestros puertos y aeropuertos pueden tener una parte de
inversión con cargo al Estado y otra de autofinanciación.
Podríamos conseguir precios más bajos, más competitividad y
una excelente calidad, que deben ser las bases del desarrollo
del futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, nuestro Grupo en este momento
procesal, que estima que es por analogía similar al de un
debate de totalidad en esta Cámara, quiere hacer esa analogía
real, es decir, hacer un debate de totalidad, una fijación de
posición sobre el plan director de infraestructuras y la
comunicación que el Gobierno ha enviado a la Cámara.
En ese sentido, por esa analogía, debemos pronunciarnos por la
necesidad, oportunidad, conveniencia, principios y espíritu
del documento que tenemos en nuestras manos y que es lo que
nos ocupa. En este caso, al ser un plan, esos principios u
objetivos son las líneas estratégicas generales que el propio
clan contiene, y desde luego ninguno de los intervinientes ha
dudado de la necesidad, de la conveniencia o de la oportunidad
de una planificación a medio y largo plazo en nuestro país.
Por tanto, esa primera condición de este debate de totalidad
está cumplida, puesto que hay esa necesidad, es conveniente y
es oportuno. Hay algunas discrepancias sobre si es oportuno o
no. Ha sido puesto de manifiesto que está en el momento
preciso, según los acuerdos y las propias previsiones y
promesas a la Cámara, y por tanto consideramos que es
necesario, oportuno y conveniente que las Cámaras --antes lo
hizo el Senado, ahora el Congreso-- debatan este plan en esta
analogía de un debate de totalidad.
Como decía, es una necesidad de planificación reclamada por
parte de todos los sectores desde hace tiempo; reclamada desde
sectores políticos, sindicales, empresariales, organizaciones
no
gubernamentales, ecologistas, ambientales, etcétera, que ha
llegado en este momento después de previas planificaciones
sectoriales de urgencia, que han abordado las necesidades y
los estrangulamientos más urgentes que tenía nuestro país para
absorber las demandas brutales que se habían producido en
pocos años. Después de reorganizaciones administrativas
convenientes para poder llegar a este momento, se ha producido
la presentación de un documento. Esas reorganizaciones son por
todos conocidas: la fusión de los Ministerios de Obras
Públicas y Urbanismo con Transportes y Telecomunicaciones, lo
que ha dado lugar al Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. Hay algo muy importante, que es la creación
en ese Ministerio de un organismo interno de planificación,
que en principio fue la Secretaría General de Planificación y
Concentración Territorial y que ahora es la Secretaría de
Estado de Obras Públicas y Política Territorial. Esto es algo
muy importante para el devenir de los acontecimientos y para
el propio nacimiento del documento planificador que tenemos.
El PDI es un documento básico de planificación, un marco de
referencia, un marco de directrices y, por tanto, director,
como decía el señor Ministro, para desarrollo de las
infraestructuras de competencia estatal. Además, es un
instrumento de coordinación de la Administración del Estado y
de cooperación y concertación con otras
administraciones. Ello en el contexto y posibilidades
financieras de nuestra economía.
En un contenido muy sintético del documento podemos ver cómo
se reflejan los principios y el espíritu del mismo. El
documento hace, en un principio, un poco de historia reciente.
Se refiere al esfuerzo inversor realizado, que ha sido algo
que no tiene parangón en la historia de las obras públicas, y
en este caso fundamentalmente el de las carreteras en nuestro
país.
Posteriormente hace un diagnóstico de la situación actual o
estado de la cuestión. Se refiere a los problemas que quedan
por resolver; hace una previsión de inversiones para el
horizonte temporal del plan; es decir, prevé el esfuerzo
inversor necesario y plantea unas estrategias de actuación con
inciencia territorial en función de los recursos disponibles,
que son los apartados de estrategia y actuaciones en los
diferentes sectores que el plan contempla.
Finalmente, el plan también tiene una importante llamada a la
concertación con otros agentes públicos y sociales; primero,
en la definición y desarrollo de actuaciones concretas, con
planes sectoriales concretos y, segundo, en la distribución,
muy importante también, de la financiación del propio plan.
Es fácil reconocer, en esta descripción de síntesis del
contenido del documento, la doble vertiente que toda labor
planificadora debe tener: una parte expositiva o de
diagnóstico en la situación de partida, y una parte de
pronóstico, que es la situación a la que se quiere llegar.
Esto lo hace el documento --en nuestra opinión muy
acertadamente-- sin un carácter cerrado y estático, sino, como
había dicho el Ministro al inicio de su intervención, con un
carácter dinámico y como resultado de un conjunto de
actuaciones coherentes que se integran en un proceso
programado en un plazo y con una determinada envolvente
financiera. Y todo ello para afrontar los retos y exigencias a
medio y largo plazo que el plan y la propia comunicación del
Gobierno correctamente define. Entre ellas cabe destacar el
desarrollo, muy importante para nuestro Grupo, de la actividad
espacial y social, orientado a reducir diferencias
interregionales entre espacios urbanos y rurales.
No quepa la menor duda, como se ha afirmado aquí, que las
infraestructuras también tienen ideología. El señor Posada
también lo reconocía y efectivamente es así. El AVE ha sido
una inversión de amplio contenido, de equilibrio territorial
respecto al sur, como hemos dicho muchas veces, que ha sido
muy discutido, pero nosotros hemos apostado fuertemente por
ese equilibrio territorial del AVE. Quiero recordar aquí,
señor Posada, aunque usted no lo decía, que alguien de su
Grupo decía que el AVE se hubiera hecho con el Talgo,
refiriéndose, quizá, a los últimos anuncios de las pruebas
Talgo que, usted reconocerá conmigo, entre paréntesis, no
tiene nada que ver con lo que es la alta velocidad, y ni
siquiera con lo que está siendo, como decía el señorMinistro,
el avance tecnológico de la alta velocidad, donde ya se está
llegando a los trenes sin sustentación vía-ruedas, sino con
levitación magnética. Por mucha velocidad que pueda alcanzar
un tren arrastrado con locomotora de gran potencia, no parece
que sea la alternativa a un tren de alta velocidad automotor.
Está todavía muy verde ese sistema, aunque haya hecho pruebas
con éxito y deseamos esos éxitos de Talgo para su competencia
nacional e internacional. Seamos serios cuando planteamos esas
cosas. No lo digo por usted que sé que lo es, pero ha sonado
alguna voz de su Grupo en ese sentido.
También se ha hecho referencia, por poner algún otro ejemplo,
a muchas autovías de las realizadas en el primer
plan de carreteras. Por citar mi tierra, la autovía de
Extremadura y las previstas en la N-630 son autovías de
equilibrio territorial, autovías de solidaridad que, desde
luego, la iniciativa privada no había hecho o no sabemos cómo
se harían. Está la propuesta, por ejemplo, del Partido Popular
de hacer una autopista, la 630. No sabemos quién la haría, qué
iniciativa privada la haría y qué posibilidades económicas
tendría la economía extremeña de poder utilizar autopistas de
peaje para poder ser más competitiva.
Por tanto, creemos que es muy importante este principio del
plan de desarrollo, de la equidad espacial y social para
reducir diferencias entre espacios urbanos y rurales. Para
nosotros es algo importante y debemos precisar y mantener en
el documento claramente.
También está el principio de la necesaria mejora de la calidad
y eficiencia de nuestras infraestructuras, como elementos
sustanciales de la calidad de vida, y todoello para contribuir
a algo que el señor Andreu también mencionaba, que es
contribuir a un posible desarrollo y un deseable desarrollo
sostenible que tenga en cuenta las infraestructuras, así como
los equipamientos ambientales, para hacer frente al gran reto
de lograrla
competitividad del territorio de un país periférico como el
nuestro. En un país en la situación del nuestro conseguir la
competitividad del territorio es algo tan importante o más que
alcanzar la competitividad de nuestras empresas.
Para nosotros el debate deberíamos procurar centrarlo
fundamentalmente en dos elementos muy importantes. Uno, la
concertación, la necesaria concertación territorial y, otro,
la financiación del plan.
En cuanto a la concertación territorial, debemos recordar, y
el plan hace una llamada en ese sentido, que nuestra
organización territorial del Estado, nuestra legislación del
régimen de las Administraciones públicas, fija el principio
básico de
cooperación de las Administraciones, algo inherente al modelo
de organización territorial del Estado. Decir cooperación
significa el ejercicio de competencias propias de cada
Administración. A veces se habla de coordinación como sinónimo
de cooperación, pero coordinación lleva la facultad de decidir
en supuestos de concurrencia competencial contradictoria. Es
conveniente tener en cuenta todos estos aspectos y hay que
recurrir a la
cooperación y concertación en todo aquello que sea posible
para llegar a la coordinación y la prevalencia de actuaciones
de una Administración sobre otra sólo cuando la cooperación
falla o no es suficiente. Entonces habrá que dar al desarrollo
sectorial del plan el instrumento jurídico adecuado para que
esa coordinación pueda hacerse de acuerdo con el ordenamiento
constitucional del Estado. Es decir, habrá que hacer planes
sectoriales que tengan carácter de ley, como será el caso del
Plan Hidrológico, que será un plan que ejercerá coordinación
sobre las restantes administraciones cuando la concertación no
sea posible. Sería deseable la concertación pero, cuando no
sea posible, su carácter de ley hará posible esa coordinación
en el sentido jurídico, que es al que me estoy refiriendo.
Otro elemento, como decía, para desarrollar en posteriores
sesiones que tengamos de análisis del plan en su posterior
debate en esta Cámara, es el de la financiación, y ello por el
carácter abierto que el plan hace; un carácter abierto que
además --el señor Ministro también se ha referido a ello--
intenta --y de ello habla el plan-- cambiar la cultura de la
financiación y establece posibles estrategias para cambiar esa
cultura de financiación y para el marco financiero del propio
plan. Se refiere a recursos presupuestarios ordinarios,
naturalmente; a recursos limitados y selectivos al
endeudamiento para evitar que en momentos determinados
insuficientes recursos corrientes puedan retrasar actuaciones
prioritarias. Se refiere igualmente, en tercer lugar, a la
promoción de la participación de otras Administraciones
(participación activa, económica, tanto en comunidades
autónomas como entes locales); al aprovechamiento de los
fondos estructurales y de cohesión; a posibles plusvalías
generadas en el proceso de ejecución de la planificación y a
una mayor participación de usuarios y beneficiarios.
Son temas abiertos que el plan plantea y pone ejemplos en
temas como suficiencia de autofinanciación en puertos y
aeropuertos, posibilidades de autofinanciación en
infraestructuras
hidráulicas, financiaciones extrapresupuestaria en las
prolongaciones de alta velocidad ferroviaria, financiaciones
de particulares o de usuarios o beneficiarios en el caso de
actuaciones urbanas, etcétera. En opinión de nuestro Grupo,
estos son los debates importantes en este momento procesal, de
totalidad, de fijación de posiciones sobre la filosofía en los
principios de un plan como éste. Este debate, y su
continuación, debe permitir la fijación de un marco estable
inversor en nuestro país, en este tema de las
infraestructuras, o sea, un sistema operativo que, además de
ordenar y facilitar el debate
presupuestario anual, permita planificar adecuadamente la
innovación tecnológica, la formación de recursos humanos y la
gestión financiera de las empresas españolas, lo cual
incrementará, sin duda, su competitividad.
El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, le ruego concluya.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Concluyo, señor Presidente.
En este sentido, el PDI merece por parte de nuestro Grupo una
valoración altamente positiva, porque evidencia voluntad
política para afrontar los retos planteados, identifica
necesidades con una vocación integradora, propone actuaciones
en un período concreto e incluye
su valoración basada en la experiencia nacional e
internacional de infraestructuras similares, señala de forma
abierta fuentes de financiación --como decía--, incorpora
dosis de realismo, traducidas en un esfuerzo presupuestario
posible y congruente con nuestra economía y con las
capacidades reales y potenciales de nuestro sector de la
construcción y, por consiguiente, permite las previsiones a
este sector y ayuda al establecimiento de las estrategias
empresariales del mismo. Señor Presidente, señor Ministro,
señorías, termino con esta valoración global altamente
positiva sobre la necesidad, oportunidad, conveniencia y
líneas estratégicas generales del plan director de
infraestructuras. Nuestro Grupo se felicita de este inicio de
andadura parlamentaria del PDI, hace unas semanas en el Sena-
do, hoy en esta Cámara, y ofrece su voluntad sincera y amplia
de colaboración para conseguir un gran acuerdo político,
social y territorial en torno a este importantísimo
instrumento para nuestro desarrollo, la competitividad de
nuestro territorio y nuestra convergencia con Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 197, y teniendo
en cuenta la previsión resultante de las manifestaciones de
los portavoces en la Junta de Portavoces celebrada esta
semana, se levanta la sesión.
Eran las ocho de la tarde.