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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 57, de 10/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 57 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE V. BEVIA PASTOR,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión Plenaria núm. 56
celebrada el jueves, 10 de marzo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley por la que se adapta
la legislación española en materia de entidades de crédito a
la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen
otras modificaciones relativas al sistema financiero. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 23.1, de 13
de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000009)
(Página 2759)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la
Ocupación. (Procedente del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de
diciembre.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 41.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente
121/000030) (Página 2763)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 2759)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se adapta
la legislación española en materia de entidades de crédito a
la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen
otras modificaciones relativas al sistema financiero (Página 2759)
Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del
Senado a este proyecto de ley intervienen los señores Zabalía
Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Michavila Núñez, del Grupo
Popular, y Martín Mesa, del Grupo Socialista.
Sometidas a votación, se aprueban las enmiendas del Senado al
proyecto de ley por 280 votos a favor, uno en contra y nueve
abstenciones.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Página 2763)
Proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la
Ocupación. (Procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de
diciembre.) (Página 2763)
En defensa de las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya interviene el señor Peralta Ortega,
manifestando que en el momento en que termina la discusión en
esta Cámara sobre el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de
Fomento de la Ocupación no cabe pensar, desgraciadamente, que
el mismo haya sido mejorado durante su tramitación
parlamentaria. Por el contrario, su Grupo entiende que se han
producido modificaciones negativas de especial entidad a lo
largo de esta tramitación. Por tanto, si el Real Decreto-ley
les mereció en su día una valoración negativa, hoy esa
valoración tiene más argumentos de refuerzo. El primero de
ellos es que, tratándose de una disposición que contiene
medidas urgentes de fomento de la ocupación, hasta el momento
no cabe pensar que haya dado lugar a un resultado
especialmente satisfactorio, ya que durante el mes de enero el
paro creció en nuestro país como no lo hacía desde hace ocho
años. De ahí la dudosa eficacia de esta disposición
legislativa. Se les dice que el paro crece porque los
ciudadanos creen que hay reactivación económica y se apuntan
en las oficinas de empleo, pero en tal caso la percepción de
los ciudadanos sobre la reactivación económica debió ser
extraordinaria cuando en el año 1993 se produce un incremento
del paro tan espectacular. A su juicio, se trata de un
argumento absurdo que pone de manifesto a qué tipo de
manifestaciones se ve obligado a recurrir el Gobierno cuando
ha entrado en una dinámica de medidas cada vez más inconexas
y, presumiblemente, cada vez más ineficaces. El Grupo de
Izquierda Unida es partidario de que se adopten medidas
urgentes de intervención en relación con el mercado laboral
porque éste se encuentra en una situación muy deteriorada,
situación que se mantiene al día de hoy como consecuencia del
período de recesión por el que atraviesa nuestra economía, al
igual que la de otros países. Sin embargo, no cree que las
soluciones sean las que se contienen en la norma que ahora
debaten, alejada de lo que dice nuestra propia Constitución al
establecer muy claramente que para corregir las desigualdades
y las distorsiones del mercado laboral lo que procede es la
intervención pública. En cambio, el Real Decreto-ley lo que
hace en materia de empleo es legalizar la intervención
privada, justamente lo contrario de lo que prevé la filosofía
constitucional. Se legalizan las agencias privadas de
colocación y las empresas de trabajo temporal cuando ni
siquiera existe un cuerpo normativo que regule detalladamente
estas entidades que ya pueden estar funcionando. Pero aún más
preocupante es que esa solución por la que apuesta el Real
Decreto-ley no garantiza la eficacia, ya que en los contados
países en que funcionan las agencias privadas de colocación el
paro tiene la misma evolución que en nuestro país, aunque su
gravedad sea menor. Por otro lado, se faculta a estas agencias
para cobrar sus servicios, con lo que el elemento de la
capacidad económica va a ser a partir de ahora un elemento de
discriminación en nuestro país en el acceso al empleo, ya que
las agencias privadas de colocación garantizarán mejores y más
posibilidades de colocación a quienes tengan superior
capacidad económica. Otro aspecto destacable del Decreto-ley
es el contrato de aprendizaje, que la sociedad ha calificado
de manera claramente negativa, a través del cual, por primera
vez en nuestro país, se cobrará por debajo del salario mínimo,
con independencia del sector productivo en que se realice el
contrato. Es un contrato, además, con una protección social
notablemente limitada, en la que el costo de la Seguridad
Social para el empresario es muy bajo, lo cual, si es bueno
para el empresario, es malo para la Seguridad
Social. Consideran que se trata de una norma excepcional,
extraordinariamente grave y que, además, en virtud de las
enmiendas del Grupo Socialista, se ha desnaturalizado el
contrato de aprendizaje durante la tramitación parlamentaria,
con lo que hoy la sociedad tiene motivos para valorar aún más
negativamente ese contrato.
Alude también a los contratos a tiempo parcial y a los
contratos fijos discontinuos que anteriormente tenían
regulaciones absolutamente distintas, convirtiéndose ahora los
contratos fijos discontinuos en una simple especialidad de los
contratos a tiempo parcial y dejando de ser contratos de
carácter indefinido. Se suprimen, además, las limitaciones que
anteriormente existían en relación con los contratos a tiempo
parcial, dando lugar a recortes graves en su protección
social.
Termina reiterando su oposición a la norma objeto de debate,
ya que, a su juicio, perjudica a los colectivos más
desfavorecidos de nuestra sociedad. El señor Olabarría Muñoz
defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), centrando su
intervención en los aspectos del Decreto-ley que resultan más
deficientes, especialmente desde una perspectiva técnico-
jurídica. Señala que este proyecto de ley no va a pasar
precisamente a los anales de la técnica legislativa, ya que
algunos de sus preceptos son los peores que ha visto durante
su trayectoria profesional y universitaria. Por ejemplo,
pretender regular las agencias privadas de colocación, como se
hace en el artículo 1.º, es para nota de suspenso para abajo
y, desde luego, su redactor no aprobaría en ninguna facultad
de Derecho. Otro aspecto de este proyecto es que en cuestión
tan importante como las agencias privadas de colocación priva
en nuestro derecho el monopolio al Inem en materia de
colocación, en contra de una de las esencias caracterizadoras
hasta ahora en nuestro Derecho. Su Grupo pide que el Gobierno
se comprometa en plazo breve a regular en un proyecto de ley
específico el funcionamiento, la naturaleza, las competencias
y el control administrativo de las agencias privadas de
colocación, porque creen en el monopolio de la autoridad
laboral en el ámbito de la contratación.
Por otra parte, se da nueva regulación a los contratos
preexistentes, como, por ejemplo, el contrato de aprendizaje,
que es una figura importante que debe ser introducida en
nuestro Derecho, y se da nueva regulación a los contratos en
prácticas, al contrato a tiempo parcial, etcétera. Pues bien,
también en la regulación de estos contratos se observan
múltiples deficiencias técnico-jurídicas, entre las que
destaca el posibilitar para los contratos de aprendizaje un
salario inferior al mínimo interprofesional, en una
degradación excesiva de las contraprestaciones, rompiéndose el
principio esencial de todo contrato, como es la equivalencia
de las prestaciones de las partes. Piensan que no se puede
reducir el salario mínimo interprofesional, ya previamente
configurado por otra norma diferente.
En materia de protección social se produce también una
degradación, quizá excesiva, de dicha protección, rayana con
algo que veta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
interpretando el artículo 41 de la Constitución, como es el
principio de la irregresividad de las prestaciones.
Finalmente, en materia de disposiciones derogatorias realmente
la falta de técnica legislativa y jurídica es también
clamorosa. Expone algunos ejemplos relativos a dicha falta de
técnica jurídica, para terminar afirmando que no participa de
las esencias de los presupuestos teóricos que justifican este
proyecto de ley. El señor Aparicio Pérez defiende las
enmiendas del Grupo Popular. Considera inevitable referirse a
debates anteriores en relación con esta norma, en los que el
Grupo Popular expresó claramente su posición sobre la misma.
Han tratado de llegar a una oferta real de diálogo y
colaboración para conseguir las mejoras necesarias en el
mercado laboral español pero lamentan que hayan transcurrido
los trámites de Ponencia y Comisión sin que se haya admitido
una sola enmienda de los cinco Grupos Parlamentarios bien
distintos de esta Cámara. El portavoz socialista hablaba de
una forma favorable de los derechos de los trabajadores, de
adoptar las medidas que los tiempos exigen de cara al siglo
XXI y de aceptar la colaboración que les ofrecieran, pero por
enésima vez las palabras no han venido acompañadas de los
hechos. Refiriéndose al contrato de aprendizaje, expone la
postura favorable a su existencia por parte del Grupo Popular,
siempre que se tratara de un contrato homologable a otros
contratos que puedan existir en el seno de la Unión Europea,
que no pierda su propia naturaleza y que cumpla los objetivos
de formación y de inserción social de quienes carecen de
titulación previa. Tiene que tratarse, además, de un contrato
atractivo para las empresas españolas en términos de
cotizaciones y costes salariales, pero, sobre todo, debe tener
un elemento característico que es la claridad y la seguridad
jurídica para quienes lo utilicen. Las enmiendas de su Grupo
iban encaminadas fundamentalmente a conseguir que aquellos
sectores de la sociedad española que con mayor intensidad
sufren el principal problema del desempelo pudieran mejorar
sus expectativas reales, siempre en el contexto de otra serie
de medidas imprescindibles, como el control del gasto público,
la adaptación de la fiscalidad y también del Inem.
Sin embargo, en la discusión del proyecto de ley, que ya se ha
dicho que desde el punto de vista jurídico no es muy
presentable, se han superado los trámites sin mejorar el
contrato de aprendizaje ni otros elementos que consideran
imprescindibles, a algunos de los cuales aludía anteriormente.
Expone el contenido de algunas de sus enmiendas tendentes al
logro de esas mejoras y termina expresando su confianza de que
desde el Grupo Socialista se comprenda la necesidad de cambiar
modos y formas en la actual situación económica y social, ya
que de otro modo no se devuelve la confianza a una sociedad ni
se sientan las bases del futuro.
El señor Mauricio Rodríguez defiende las enmiendas del Grupo
de Coalición Canaria. Destaca la importancia del presente
debate como uno de los de mayor interés en este momento
político, lamentando encontrarse no sólo con la poca atención
de los señores Diputados, sino con la ruptura de bastantes
consensos: del consenso social y del consenso político. Nadie
parece estar totalmente satisfecho de los resultados de este
proyecto de ley ni de otros que vendrán las semanas próximas.
En un momento de crisis económica y social era la oportunidad
de acometer una profunda reforma del mercado de trabajo, pero
también eran necesarias otras reformas fiscales, económicas,
etcétera, que supusieran políticas activas de empleo. Sin
embargo, no han sido capaces de articular un conjunto de
medidas que crearan una política activa de empleo, de
formación y de ocupación ante la crisis de la sociedad
española. Lo único que se ha planteado son unas pequeñas
reformas que pueden llevarnos en la actual realidad social a
la ruptura de determinados equilibrios sociales, con lo que,
al final, más que una reforma puede suponer una mala
componenda.
Consiguientemente, Coalición Canaria espera que este proyecto
de ley no tenga larga vida y que esta Cámara, cuando existan
mejores condiciones de equilibrio social y político, pueda
acometer una reforma estructural y profunda del mercado de
trabajo, junto a otras reformas también necesarias, ya que las
modalidades de contratación que se plantean no ofrecen a su
juicio, ninguna posibilidad que signifique elementos de ayuda
para la productividad y el mantenimiento de los equilibrios
sociales en la sociedad española.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas presentadas relativas al artículo 3, donde observa
unas carencias muy importantes. Desde la óptica empresarial
puede comprender una serie de normativas necesarias, pero no
comprende cómo puede llegarse prácticamente a la explotación
del hombre por el hombre, que es lo que viene a suponer lo
planteado en algunos apartados de este proyecto y que, además,
ello venga de la mano de un partido que se llama socialista y
obrero. Expone el contenido de sus enmiendas relativas a una
serie de circunstancias que consideran imprescindibles en
relación con el contrato de aprendizaje y que desearía que
fueran aprobadas por la Cámara.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, da por defendidas sus
enmiendas números 88 y 89 y pide que se sometan a votación. La
señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, señala que el
proyecto de ley ya ha sido ampliamente debatido en Comisión,
por lo que se limita a solicitar el apoyo de la Cámara para
las enmiendas que ha presentado, que considera que son
fundamentales para evitar que los sectores más discriminados
de la sociedad padezcan el peso de la crisis y, por supuesto,
el peso de la reforma del mercado laboral.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, alude a la similitud
de sus enmiendas con otras presentadas por el Grupo Vasco
(PNV), por lo que procede a la retirada de las mismas y a
exponer su apoyo a las que ha defendido brillantemente el
señor Olabarría. En turno en contra de las enmiendas al
proyecto de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, la
señora Rodríguez Ortega, manifestando que hoy finaliza,
efectivamente, la tramitación parlamentaria de este proyecto
de ley, que ha contado con un amplio debate en el que los
diversos portavoces de los grupos parlamentarios han expresado
sus posiciones y han contado también con la opinión de los
agentes sociales, de representantes de organizaciones
sindicales, empresariales y de personas de reconocida
relevancia y profesionalidad en materia laboral. Añade que en
todos los casos se ha admitido la necesidad de esta reforma
laboral, en cuyos planteamientos han sintonizado, además, con
lo que está siendo la opinión generalizada de mejorar nuestro
mercado laboral. Hay una demanda en ese sentido que tiene que
ser atendida y, a su juicio, está muy bien recogida en este
proyecto de ley.
Con el objetivo de mejorar y modernizar las relaciones
laborales, lo que son los mecanismos de colocación, han
defendido y siguen defendiendo este proyecto de ley,
convencidos además de que es un buen instrumento legal, un
instrumento legal imprescindible para asumir una serie de
retos, una serie de demandas que se les están planteando en
estos momentos en nuestro mercado laboral. Pero si bien han
encontrado bastantes coincidencias en
las necesidades de la reforma, no han encontrado la misma
voluntad y mucho menos la mínima actitud a la hora de
compartir responsabilidades y a la hora de asumir compromisos
por parte de los distintos grupos parlamentarios para que los
contenidos del proyecto de ley incidan positivamente en la
protección y promoción del empleo. Bien es cierto que con
algún Grupo Parlamentario han llegado a importantes acuerdos,
a un nivel de consenso del que se alegran.
Resalta seguidamente algunos de los aspectos más importantes
del proyecto y termina afirmando que para facilitar la entrada
de un número cada vez mayor de personas a nuestro mercado de
trabajo entienden que deberían contar con el apoyo de otros
grupos de la Cámara que deberían compartir estas medidas.
Completa el turno en contra de las enmiendas, en nombre del
Grupo Socialista, la señora Romero López, que expone la
posición de su Grupo Parlamentario en relación con las
enmiendas de los diversos Grupos de la Cámara, y
fundamentalmente en relación con el tema de los contratos de
aprendizaje, remitiéndose en buena parte de su intervención a
los debates habidos anteriormente en Comisión. Replican los
señores Peralta Ortega, Olabarría Muñoz, Aparicio Pérez y
González Lizondo, duplicando las señoras Rodríguez Ortega y
Romero López. Para fijación de posiciones hace uso de la
palabra el señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Se procede a las votaciones de las enmiendas al proyecto de
ley debatidas anteriormente. Una vez realizadas las votaciones
correspondientes a las enmiendas del Grupo Popular, el señor
De Rato Figaredo solicita que por parte de la Mesa se haga un
recuento de todos los presentes para cotejar si se han
producido errores en la votación electrónica, no permitiéndose
entre tanto la incorporación al hemiciclo de los señores
Diputados que en ese momento permanecieran fuera del mismo.
Se producen diversas intervenciones por parte de los
portavoces de los Grupos Parlamentarios en relación con el
tema planteado por el señor De Rato Figaredo, decidiéndose por
el señor Vicepresidente la suspensión de la sesión y la
convocatoria urgente de la Mesa y la Junta de Portavoces. Era
la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
El señor Vicepresidente informa a la Cámara que la Mesa y la
Junta de Portavoces, por unanimidad, han tomado los acuerdos
de, primero, realizar una investigación por si se ha producido
alguna anomalía en las votaciones de este proyecto de ley;
segundo, que por los secretarios de la Mesa se proceda al
recuento nominal de los señores Diputados presentes; tercero,
continuar las votaciones a partir de las enmiendas todavía no
votadas, y cuarto, que si de la investigación realizada por la
Mesa se observan anomalías que pudieran tener trascendencia,
la Mesa adoptaría las consecuencias disciplinarias oportunas
y, en su caso, también decidiría sobre la anulación de votos o
la repetición de votaciones. Se procede seguidamente al
cumplimiento del segundo de los acuerdos adoptados y por el
Secretario de la Mesa se realiza el llamamiento de los señores
Diputados para tener constancia de los presentes. El señor
Vicepresidente da cuenta del resultado del recuento efectuado,
que es de 310 Diputados presentes y 40 ausentes. Informa de
que en las actas de la sesión constarán los nombres de los
presentes y ausentes que se derivan del recuento nominal
realizado.
Seguidamente se procede a las votaciones pendientes en
relación con las enmiendas presentadas al proyecto de ley.
El señor Vicepresidente anuncia que la votación del dictamen
se realizará en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--AL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADAPTA LA LEGISLACION
ESPAÑOLA EN MATERIA DE ENTIDADES DE CREDITO A LA SEGUNDA
DIRECTIVA DE COORDINACION BANCARIA Y SE INTRODUCEN OTRAS
MODIFICACIONES RELATIVAS AL SISTEMA FINANCIERO (Número de
expediente 121/000009)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día: enmiendas del Senado. Enmiendas
del Senado al proyecto de ley por la que se adapta la
legislación española en materia de entidades de crédito a la
Segunda Directiva de Coordinación
Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al
sistema financiero.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para decir que creo que es justo
reconocer, y estimo que por ello nos tenemos que fecilitar,
que este proyecto de ley de adaptación de la legislación
española en materia de entidades de crédito a la Segunda
Directiva Comunitaria concluye con un trámite parlamentario
habiendo alcanzado un alto consenso, consenso que ya se puso
de manifiesto en el trámite del proyecto en Comisión.
Nuestro Grupo Parlamentario presentó 22 enmiendas, que entre
las aceptadas, transaccionadas y alguna retirada se han
reducido a cinco enmiendas no admitidas. Sin embargo, y por
desgracia, el contenido sustancial de alguna de ellas es
importante para nosotros porque tiene relación con la
capacidad competencial de la Comunidad Autónoma Vasca y nos
hubiera gustado que hubiese quedado más plasmada en algunos
aspectos. Me refiero en concreto a nuestra propuesta de
suprimir el inciso final del artículo 43 bis 8 de la Ley
26/1988, por el cual se obliga a las entidades de crédito a
inscribirse en el Registro del Banco de España a los efectos
de lo establecido en los artículos 43 y 43 bis de la Ley.
Entiendo que esta inscripción sería suficiente que se
realizara en los registros de los organismos correspondientes
de las comunidades autónomas que tienen competencias en esta
materia. Si bien es cierto que la redacción de este inciso a
que hago referencia fue mejorada en el trámite de Comisión, no
ha sido tenido en cuenta en el trámite del Senado; es más,
incluso en cierto modo nos hemos visto algo defraudados, dado
que el talante abierto y consensuador del ponente del Grupo
Socialista en el Congreso en el debate correspondiente nos
solicitaba su retirada ofreciéndonos, según palabras
textuales, su más reflexiva consideración, probablemente en la
etapa del Senado.
También propusimos añadir un nuevo párrafo al número uno de la
disposición final, intentando dejar constancia en el texto de
la ley de las competencias de las comunidades autónomas en
esta materia, dado que a lo largo de toda la ley las
referencias hechas, sobre todo al Banco de España, hoy hay que
entenderlas dentro de la distribución competencial
constitucionalmente admisible que, como digo, tienen en este
campo las comunidades autónomas. No ha sido entendido o, más
bien, no ha sido admitido en este tono permanentemente
defensivo de algunos grupos
parlamentarios hacia las reivindicaciones de nuestro Grupo,
reivindicaciones, por otra parte, que no hacen más que
reclamar sus derechos reconocidos constitucionalmente. Pero,
como decía al principio, estimo que esta ley recoge en su
mayor parte los criterios de los grupos parlamentarios de esta
Cámara, por lo que nuestro Grupo apoyará las enmiendas
aprobadas en el Senado. Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias señor Zabalía.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente. Muy
brevemente para explicar el voto afirmativo que el Grupo
Parlamentario Popular va a emitir a las enmiendas incorporadas
en el Senado a este proyecto de ley. Queremos significar
también el espíritu de consenso que ha primado en la
elaboración de los trabajos parlamentarios tanto en el
Congreso como en el Senado. Un proyecto de ley que llegó a la
Cámara con bastantes
deficiencias técnicas. Después del trabajo y de las enmiendas
incorporadas en el Congreso y en el Senado, sin duda ha
mejorado notablemente la eficacia normativa que con el
proyecto se pretendía. En este sentido mostramos la
satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por el hecho de
que se hayan incorporado casi todas las enmiendas de las 34
que presentamos.
La norma que hoy se aprueba supone un importantísimo paso
adelante en la plena liberalización de la libertad de
desplazamiento de capitales en el ámbito comunitario y su
complemento en la libertad de servicios bancarios. Esperamos
que este paso adelante que se ha dado en el servicio bancario
en el ordenamiento español se produzca en otros sectores sin
necesidad del constante impulso comunitario. Queremos mostrar
la
satisfacción por el hecho de que se incorpore esta norma que
dotará de mayor competitividad a un sistema enormemente
necesitado en este momento de insuflar aliento a la economía
española.
Junto con las normas que se incorporan, queremos destacar que,
igual que se está tratando en esta Cámara el proyecto de ley
de autonomía del Banco de España, es imprescindible hacer un
llamamiento a la necesidad de que el Banco de España, dotado
de la capacidad de supervisión sobre entidades que van a
operar en el extranjero, utilice adecuadamente los
instrumentos de
supervisión que esta norma le da y que la futura norma va a
venir a garantizar.
Queremos señalar también la oportunidad de una norma que no
sólo incorpora la normativa comunitaria, sino que también
introduce toda una serie de modificaciones en el ordenamiento
crediticio. En este sentido lamentamos que se haya perdido la
ocasión excelente para racionalizar nuestro ordenamiento
jurídico
en el ámbito del crédito. Quiero recordar que, según el Banco
de España, en este momento existen 600 normas estatales sobre
el ámbito del crédito, 250 circulares y cerca de 300 normas de
comunidades autónomas. Hubiera sido este el momento de dictar
una norma de carácter general, una norma-marco, para
racionalizar ese caos normativo que existe en el ámbito del
crédito. La norma que hoy aprobamos contiene once
disposiciones adicionales, todas ellas muy oportunas, pero
que, sin embargo, vienen a incidir en el desbarajuste
normativo de nuestro sistema de crédito.
Respecto de las enmiendas incorporadas en el Senado, hay que
dar la bienvenida a la institución de los fondos de
titularización de activos, que esperamos sirva para facilitar
la financiación de nuestras empresas, sobre todo de las
pequeñas y medianas, tan necesitadas de un acceso más fácil al
sistema de financiación propia. Asimismo, damos la bienvenida
a la enmienda por la que se suprime el Consejo Superior
Bancario, enormemente oportuna. Aprovechamos la ocasión, en
este momento en el que finaliza la vida de una institución que
tan excelente servicio ha prestado a nuestro ordenamiento del
crédito, para felicitar a aquellas personas que la crearon --
creo recordar que fue Cambó quien diseñó esta institución en
1921--, y aquellas personas que han prestado ese excelente
servicio.
Pensamos --y no podemos dejar de decirlo-- que el Banco de
España, que cuenta con excelentes profesionales, podía haber
estado a la altura de las circunstancias --y así lo podía
haber hecho el Gobierno en su propuesta, a través de la
mayoría socialista, aceptando algunas de estas enmiendas-- e
incluirse en el régimen general de considerar que el silencio
del Banco de España sea un silencio positivo. Cuenta el Banco
de España con técnicos y profesionales excelentes, y no se les
puede cubrir su inactividad bajo la figura del silencio
negativo.
En segundo lugar --es algo en lo que el Grupo Parlamentario
Popular quiere insistir, y así lo hará cuando se trate la ley
de autonomía del Banco de España--, no pensamos que el secreto
necesario que debe amparar las actuaciones y las relaciones
del Banco de España con las entidades supervisadas deba ser un
obstáculo para las Cortes Generales en su tarea de dotar de
mayor transparencia a todas las actuaciones de supervisión.
Quiero recordar que este texto tiene muchas singularidades y
especificaciones relativas a cuándo vence el secreto del Banco
de España y, sin embargo, no se ha incorporado, como se dijo
que se iba a hacer en los trabajos de la Comisión del
Congreso, una enmienda transaccional que permita
explícitamente al Congreso vencer el secreto del Banco de
España. Si las potestades del Banco de España operan con una
cierta discrecionalidad, lo cual es absolutamente lógico, dada
la naturaleza de sus funciones, la contrapartida, el envés de
este privilegio, debe ser la absoluta transparencia y la
remisión de información a las Cortes
Generales. En ese sentido creemos que hubiera sido muy
oportuno especificar que las Cortes tienen el derecho de
vencer ese secreto del Banco de España. No obstante, a pesar
de lo
significado anteriormente, nuestro voto va a ser positivo,
puesto que consideramos muy oportuna la norma que hoy se
aprueba en la Cámara, la liberalización de servicios, que, sin
duda, esperamos redundará en beneficio de todos los
consumidores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Michavila. Por
el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista al objeto
de fijar nuestra posición favorable al proyecto de ley de
adaptación de la normativa financiera española a la Segunda
Directiva de Coordinación Bancaria que viene enmendada del
Senado.
Este proyecto vuelve a la Cámara tras haber sido enmendado en
el trámite parlamentario del Senado, habiéndose conseguido
mejorar sustancialmente, a nuestro juicio, el texto que en su
día aprobó con competencia legislativa plena la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda de esta Cámara. Señorías,
dividiré mi intervención, que pretendo sea breve, en tres
pequeños apartados. Por una parte me referiré a la importancia
que tiene este proyecto de ley; en segundo lugar, pondré
énfasis en señalar el alto consenso alcanzado en la
tramitación del proyecto, y, en tercer lugar, haré referencia,
aunque sea puntual, a los aspectos más relevantes que han sido
introducidos en las enmiendas del Senado.
Respecto al primer apartado (importancia del proyecto),
permítanme que les diga que, con la aprobación de este
proyecto de ley, se da un paso decisivo, eso sí, en el aspecto
formal, de cara a la construcción del mercado único de
servicios financieros y, en última instancia, a la
construcción de la Unión Económica y Monetaria.
Señorías, produce una especial satisfacción el haber
conseguido legislar con un alto grado de consenso lo que puede
ser, como decía anteriormente, un paso definitivo en la
adaptación de nuestra normativa financiera y bancaria a la
legislación
comunitaria.
El mercado de servicios financieros --estoy convencido de
ello--empieza a ser ya una realidad desde el punto de vista
formal y también, en buena medida, en la práctica, ya que,
como muchos opinan, el sistema financiero español y
particularmente el bancario es quizá el sector más convergente
de la economía española.
Aunque el Tratado de Roma había previsto tímidamente la
liberalización de los servicios financieros, la realidad es
que la hoy muy importante integración de los sistemas
financieros europeos se ha conseguido en poco más de una
década.
Permítanme, señorías, que les ponga de manifiesto nuestro
profundo convencimiento (desde luego, indicios hay al
respecto) de que el sistema financiero español y,
particularmente con él, el sector bancario acabarán formando
parte de un sistema europeo integrado, coherente con una
Europa unida.
Como SS.SS. conocen, en el campo de la convergencia normativa,
la Unión Monetaria Europea ha optado por un modelo de
armonización básica o de mínimos, ya que, como es lógico y
ustedes comprenderán, la enorme disparidad de normativas
existentes, así como las conexiones con los aspectos legales y
fiscales, los usos y costumbres diferenciados de cada sistema
financiero, hacían impracticable el que la integración se
realizara a través de una legislación pormenorizada y
exhaustiva. El principio básico --yo no me voy a extender
mucho en esto-- que establece la Segunda Directiva y que hoy
incorporamos con el proyecto de ley que debatimos y, por
supuesto, aprobaremos, es la instauración del denominado
pasaporte comunitario.
Señorías, este proyecto de Ley lo que hace es optar por
incorporar a la legislación financiera y bancaria existente el
contenido de la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, y
ello introduciendo las modificaciones consiguientes en la Ley
de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y no
solamente ahí, sino en catorce leyes, reales decretos
legislativos, reales decretos ya preexistentes. Sin embargo --
y aquí he de compartir la idea expresada por el señor
Michavila, del Grupo Popular--, cada día parece más evidente
que, dada la complejidad de la legislación bancaria hoy
existente, se requiere aprobar una ley que con carácter
general regule el régimen y actividad de nuestras entidades de
crédito. Señor Presidente, quisiera en este momento poner
especial énfasis en destacar el alto nivel de consenso
alcanzado por parte de todos los grupos políticos en todos y
cada uno de los trámites parlamentarios por los que el
proyecto ha pasado --Ponencia y Comisión--, en esta Cámara e
igualmente en el Senado, al cual pienso que no es ajeno el
trabajo serio, riguroso e intenso que inicialmente realizó la
Ponencia de esta Cámara. Es éste, señorías, un proyecto muy
técnico y enormemente complejo. Ya les decía que adapta a la
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria unas catorce leyes
y reales decretos legislativos, desde la Ley de Ordenación
Bancaria de 1946, a la Ley de Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito de 1988, o incluso algunos aspectos de la
Ley del Mercado de Valores, igualmente de 1988.
Señoras y señores Diputados, permítanme que les diga en este
sentido que la indudable calidad técnica del proyecto remitido
por el Gobierno, junto al esfuerzo --¿por qué no?-- de
aproximación realizado por todos los grupos parlamentarios, ha
permitido que el proyecto fuera aprobado por unanimidad en la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda el pasado día 30 de
noviembre, e igualmente haya sido aprobado sin ningún voto en
contra en la sesión recientemente celebrada en el Senado el
pasado día 23 de febrero. Creo que esto merece una
felicitación que todos habremos de compartir. Respecto a la
intervención que realizaba el señor Zabalía, representante del
Grupo Nacionalista Vasco, habré de decirle que, efectivamente,
como este Portavoz se comprometió en la Comisión el día
correspondiente a hacer un esfuerzo de aproximación aún mayor
en el Senado, creo que habrá de reconocerme que este esfuerzo
se ha realizado. Sin embargo, quedan dos enmiendas puntuales
relativas a la no necesidad o sí necesidad de la inscripción
de las entidades en el Registro del Banco de España. Se
comprenderá que en una entidad como el Banco de España que
debe realizar una entidad supervisora, es lógico que las
entidades se inscriban ahí, y, por otra parte, en relación a
la frecuencia y al detalle de las informaciones que las
entidades deban remitir al Banco de España, si el Banco de
España debe supervisar la actuación de las entidades, es
lógico que esté perfectamente normalizada esta información y
esta frecuencia; si no, difícilmente podría llevar a cabo su
misión con informaciones diferenciadas de cada Comunidad
Autónoma. Pues bien, al margen de esto, habremos de reconocer
que se ha
realizado un esfuerzo en el Senado.
Quiero destacar aquí --y ya para terminar-- las
incorporaciones más importantes que se han realizado en el
Senado. Mencionaré únicamente tres: la enmienda a la
disposición adicional quinta, mediante la que se introducen
cuatro nuevos párrafos en los que se regulan extensamente los
llamados fondos de titulización de activos; la enmienda
relativa a la disposición adicional novena, que establece
precisas obligaciones para los registradores mercantiles
respecto a la remisión a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de la cuenta anual y documento complementario de
aquellas sociedades que hubieran infringido normas de la Ley
de Sociedades Anónimas en materia de negocios sobre sus
propias acciones; y, sobre todo, permítanme que me extienda
algo más en la disposición adicional undécima (nueva), por la
cual se establece la desaparición del Consejo Superior
Bancario, así como se establecen reglas básicas para los
efectos que pueda producir esta disolución.
En este aspecto, he de poner de manifiesto que el Consejo
Superior Bancario, que se creó sustituyendo a un organismo
preexistente por la Ley de Ordenación Bancaria
de 1946, ha desarrollado durante un amplio período de tiempo
muy importantes funciones, tanto como órgano consultivo de la
Administración en materia bancaria como funciones de
coordinación y de representación de los bancos en los
distintos aspectos de su actividad profesional. Sin embargo,
señorías, han transcurrido ya muchos años, la legislación
bancaria y financiera española ha experimentado una profunda
transformación y, sobre todo, en estos últimos años se ha
producido un importante proceso de desregulación del sistema
bancario y financiero español. Todo ello ha llevado a la
paulatina desaparición de gran parte de las funciones
consultivas que tenía encomendadas, además de que el nuevo
marco democrático y constitucional ha determinado la aparición
y el desarrollo de organizaciones privadas representativas de
los intereses y para la defensa profesional de las entidades
bancarias.
En consecuencia, si han desaparecido sus funciones consultivas
y su representación la pueden asumir entidades privadas
perfectamente representativas, se entiende que la continuidad
del Consejo Superior Bancario ya no se encuentra justificada,
y ello desde la perspectiva deseable de la simplificación de
la estructura administrativa y de la reducción de costes.
En suma --y ya termino, señor Presidente--, a juicio del Grupo
Socialista, el proyecto de ley por el que se adapta la
legislación española en materia de entidades de crédito a la
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria ha sido mejorado
tras su paso por el Senado respecto a la redacción inicial. De
ahí que manifestemos nuestro pleno apoyo al mismo, no dejando
de reiterar, eso sí, la importancia del proyecto y el alto
nivel de consenso alcanzado.
Eso es todo. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el
que se adapta la legislación española en materia de entidades
de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y
se introducen otras modificaciones relativas al sistema
financiero. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones,
nueve.
El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las
enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA
OCUPACION. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE
DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000030)
El señor VICEPRESIDENTE: Punto VII del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen sobre el proyecto de ley de Medidas Urgentes de
Fomento de la Ocupación, procedente del Real Decreto-ley
18/1993, de 3 de diciembre. Para la defensa de sus enmiendas a
este proyecto de ley, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, discutimos hoy en el Pleno el proyecto de ley
dimanante del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de
medidas urgentes de fomento de la ocupación. Tenemos que
decir, señorías, en el momento en que termina la discusión de
este proyecto de ley en esta Cámara que desgraciadamente el
contenido del mismo no cabe pensar que haya sido mejorado a
través de su tramitación parlamentaria. Por el contrario,
nuestro grupo entiende, y así intentaremos hacerlo ver a lo
largo de esta intervención, que se han producido
modificaciones negativas de especial entidad a lo largo de su
tramitación parlamentaria. Por tanto, si en su día este Real
Decreto-ley nos mereció una valoración negativa, hoy día esa
valoración tiene más argumentos de refuerzo. Uno de ellos,
quizá el primero, sería el de que tratándose de una
disposición que contiene medidas urgentes de fomento de la
ocupación debe entenderse --y es verdad que los datos son
todavía prematuros--, no cabe pensar que haya producido un
resultado especialmente satisfactorio. Alguien, algún
destacado miembro del Gobierno dijo que seguramente en enero
ya se empezarían a ver los resultados de ese Real Decreto-ley
de 3 de diciembre.
Desgraciadamente, señorías --insisto, en que desgraciadamente-
-, la realidad ha venido a poner de manifiesto que en el mes
de enero, en nuestro país, el paro creció como hacía ocho años
que no crecía. Por tanto, cabe pensar que es dudosa la
eficacia de esta disposición legislativa, inicialmente Real
Decreto-ley, y por tanto en vigor, y actualmente proyecto de
ley que tramitamos en esta Cámara. Incluso los datos del mes
de febrero, de los que extrañamente ya se habla de una manera
informal, indican que nuevamente en el mes de febrero el paro
vuelve a crecer. Insisto en que de una manera extraoficial --
no se conocen, públicamente al menos, los datos oficiales--
algún diario de ayer ya
adelantaba como primicia que en febrero el paro crecía en
12.000 personas. Eso sí, se decía que el crecimiento del paro
en este mes se debe fundamentalmente a que ya se empiezan a
vislumbrar signos de
reactivación económica y que eso determina que muchos
trabajadores se apunten en las oficinas de empleo.
Señorías, qué distinta debe ser la percepción de los
ciudadanos de la crisis que atraviesa nuestro país, cuando en
el pasado año 1993 el paro creció tan espectacularmente. Debía
ser que los ciudadanos estaban convencidos de que había una
reactivación económica extraordinaria y eso les llevaba a
apuntarse, por cientos de miles, en las oficinas de empleo,
con un crecimiento espectacular del paro en el año 1993. Es un
argumento realmente absurdo, señorías, y pone de manifiesto el
tipo de argumentos a los que se ve obligado a recurrir el
Gobierno cuando ha entrado en una dinámica de medidas cada vez
más inconexas, cada vez más carentes de filosofía interna y
cada vez, presumiblemente, más ineficaces. Se nos dice que el
paro crece porque los ciudadanos creen que hay reactivación
económica y se apuntan. Si eso fuera así, señorías, el pasado
año 1993 los ciudadanos no hubieran tenido conciencia de una
situación de crisis sino de una
reactivación económica extraordinaria, que les llevaba, a
cientos de miles, a apuntarse en la oficina de paro,
dando lugar a ese crecimiento espectacular del pasado año
1993. Por tanto, señorías, la primera valoración de esta
medida, de esta disposición legislativa, el Real Decreto-ley
hoy vigente, el proyecto de ley que tramitamos, es que cabe
dudar de su eficacia. Queremos decir que nuestro grupo
parlamentario es partidario de que se adopten medidas en
relación con el mercado laboral porque el mercado laboral se
encuentra en una situación bastante --y quiero utilizar
adjetivos no especialmente graves, como sin lugar a dudas
correspondería a la realidad--
deteriorada, muy deteriorada. Cualquier persona que analice
los datos estadísticos que juzgan nuestro mercado laboral
llegaría a esa conclusión. No sólo tenemos un paro por encima
de la media europea, que crece en nuestro país más rápidamente
que en el conjunto de la Unión Europea; no sólo tenemos un
paro que afecta de manera desigual a los colectivos sociales,
con especial incidencia en los más débiles; tenemos también
una precarización como no se conoce en ningún otro país de la
Comunidad Europea. Por tanto, señorías, en este aspecto
nuestro mercado laboral requiere medidas urgentes de
intervención, y nuestro grupo parlamentario, sin lugar a
dudas, era partidario de que se adoptaran esas medidas
urgentes de intervención. Ese deterioro del mercado laboral,
que continúa al día de hoy --he dado anteriormente los datos
del mes de enero y hay que jugar con la hipótesis de los datos
del mes de febrero que algún medio de comunicación ha
publicado--, ese deterioro, señorías, no tiene otra causa, y
es importante decirlo, que el funcionamiento del mercado. Que
no se hable de otra causa motivadora de ese
deterioro gravísimo del mercado laboral en nuestro país. Y
digo que es el mercado porque ese es el mismo elemento
causante en esos otros países en los que se aprecia también
una tendencia a la destrucción de empleo. Por tanto, nuestro
país no difiere de otros en esa tendencia destructora de
empleo. Tiene que haber un elemento común en todos ellos que
explica esa evolución. Ese elemento común, señorías, sin lugar
a dudas, es el funcionamiento del mercado. Hay que decirlo así
de claro: el funcionamiento del mercado, que lleva como
consecuencia unos períodos de expansión económica y unos
períodos de recesión. Nuestro país, junto con otros, atraviesa
un período de recesión, con la particularidad de que como
consecuencia de su historia, de su desarrollo económico, ese
desempleo es particularmente grave. Pues bien, señorías, si
esa es la causa del deterioro actual del mercado laboral, ¿qué
tipo de solución será necesario abordar? En nuestra opinión,
señorías, la Constitución es la norma a la que hay que
atenerse para establecer soluciones. Y la Constitución
española establece muy claramente que para corregir las
desigualdades, las distorsiones del mercado laboral, y más en
una materia tan fundamental como el empleo, lo que procede es
la intervención pública. Esa es la filosofía de nuestra
Constitución. Sin embargo, este Real Decreto-ley lo que hace
en materia de empleo es legalizar la intervención privada.
Precisamente lo contrario de lo que prevé la filosofía
constitucional, que habla de la necesidad de la intervención
pública para corregir las
desigualdades del mercado. Cuando en nuestro país contemplamos
unas desigualdades gravísimas, extraordinarias en un elemento
tan fundamental como el mercado laboral, la opción que adopta
el Gobierno se aleja de esa filosofía constitucional. Se
legalizan las agencias privadas de colocación y se legalizan
las empresas de trabajo temporal. Y eso, señorías en un
contexto de regulación especialmente laxa. En estos momentos
están legalizadas las empresas de trabajo temporal, están
legalizadas las agencias privadas de colocación y no hay
cuerpo normativo que regule detalladamente esas entidades que,
por tanto, ya pueden estar funcionando. Insisto, señorías, la
solución en materia de empleo que adopta este Real Decreto-ley
se aleja de la filosofía constitucional. Si esto, señorías, ya
es especialmente
preocupante, más preocupante aún es que esa solución por la
que apuesta el Real Decreto-ley no garantiza eficacia. En
aquellos contados países en los que funcionan agencias
privadas de colocación, el paro tiene la misma evolución que
en nuestro país. No tiene, efectivamente, la misma gravedad,
pero tiene la misma evolución. Es tan consciente el Gobierno
de que introduce un elemento distorsionador en un factor tan
fundamental como el mercado laboral que se ve obligado, a
través de una enmienda del Grupo Socialista, a decir que esas
agencias privadas de colocación deberán garantizar el
principio de igualdad en el acceso al empleo
y establece que no podrán discriminar por distintos motivos.
Pero hay uno que no aparece, y es el de la capacidad
económica; ese no aparece. Esas agencias privadas de
colocación, por ley, están facultadas para cobrar sus
servicios. Por tanto, señorías, el elemento de capacidad
económica va a ser, a partir de ahora, un elemento de
discriminación en nuestro país en el acceso al empleo. Que no
se diga, señorías, que se trata de proteger a los colectivos
más débiles. No, señorías, las agencias privadas de colocación
van a garantizar mejores y más posibilidades de colocación en
nuestro país a quienes tengan capacidad económica superior.
Esa es la realidad que se impondrá a partir de esta
modificación normativa.
Por tanto, señorías, en materia de colocación, en materia de
empleo, las novedades contenidas en este Real Decreto-ley son,
en nuestra opinión, negativas, no van en la dirección en que
se tendría que avanzar, no van en esa dirección. Sin lugar a
dudas, la creación de empleo en nuestro país depende
fundamentalmente de la política económica que se lleve a cabo.
Es verdad que las disposiciones laborales pueden coadyuvar,
creo que en una parte limitada, en la tarea de creación de
empleo, pero cuando las medidas laborales que se adoptan
dentro de ese escaso margen de maniobra son de un importante
contenido distorsionador, sin lugar a dudas, la valoración
debe ser claramente negativa. Y esa es la valoración que hace
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
relación con las novedades en materia de colocación que se
introducen por el Real Decreto-ley o el proyecto de ley que
tramitamos en esta Cámara.
Otra novedad importante, fundamental, de este Real Decreto-ley
--y comprenderán SS.SS. que en este trámite hagamos
simplemente referencia a los aspectos más destacables, pues
sin lugar a dudas hay otros muchos que no tenemos tiempo
material de tocar--, otro aspecto destacado de este Real
Decreto-ley es el contrato de aprendizaje. Esa ha sido la
percepción de la sociedad, que lo ha calificado de manera
claramente negativa, señorías, en mi opinión fundadamente,
porque en este contrato de aprendizaje ese elemento
distorsionador alcanza un punto culminante. Señorías, la norma
dice hoy: El contrato de aprendizaje tendrá por objeto la
adquisición de la formación teórica y práctica necesarias para
el desempeño de un oficio. Ese es el objeto del contrato de
aprendizaje: la adquisición de la formación teórica y
práctica. Insisto, el objeto de este contrato especial, tan
especial que, como saben SS.SS., se cobra por debajo del
salario mínimo. Por primera vez en nuestro país se cobra por
debajo del salario mínimo, con independencia del sector
productivo en el que se emplee, sea la banca, sea el sector
con el menor valor añadido, recogida de basuras, el que
pensemos, el que menos valor añadido tiene; se cobra igual y
siempre por debajo del salario mínimo. Es un contrato que
tiene una protección social notablemente limitada, en el que
afortunadamente se ha conseguido introducir la protección de
maternidad, porque inicialmente ni siquiera eso, y en el que
el costo de Seguridad Social para el empresario es bajísimo. Y
si eso es bueno para el empresario, no es menos cierto que es
malo para la Seguridad Social ¿Cómo podemos hablar, y de hecho
ya hay quien habla, de lo contrario? ¿Cómo podemos hablar de
preservar el sistema de Seguridad Social si le dotamos de
menores ingresos? Pues éstas, señorías, son algunas de las
características de ese contrato de aprendizaje, claramente
especial, excepcional. No me voy a centrar en eso, sólo quiero
recordarles que esas especialidades deben tener alguna
relación con que el objeto del contrato es, insisto, la
adquisición de la formación teórica y práctica.
Pues bien, señorías, una enmienda del Grupo Socialista, que
hoy forma parte del dictamen de la Comisión, dice: Las
empresas que cumplan sus obligaciones en relación con la
formación deberán abonar al trabajador la diferencia hasta el
salario mínimo o el convenio. Es decir, señoría, que se está
legalizando con esta norma un contrato excepcional,
absolutamente excepcional: retribución por debajo del salario
mínimo, con bajo coste de Seguridad Social, con mínima
protección social. Y todo eso porque se dice que va a tener
como objeto dotar de formación. Pero resulta que la propia
norma dice: Cuando el empresario incumpla esa obligación, lo
único que tiene que hacer es pagar la
diferencia hasta el salario mínimo. Eso sí, se le podrá poner
una sanción. ¿Pero saben ustedes por qué? Por falta grave. ¿Y
quiere que le diga cuál es la cuantía de la falta grave? La
conoce perfectamente: desde 50.000 pesetas hasta 500.000
pesetas, según como se gradúe la sanción. pues bien, si el
contrato de
aprendizaje puede durar hasta tres años, el ahorro empresarial
por no aplicar los sueldos del convenio colectivo, sino los
sueldos del salario mínimo, compensa sobradamente esa multa. Y
no digamos ya el ahorro en Seguridad Social. Si están
preocupados con ese tema modifíquenlo en el Senado. Lo mejor
sería decir lo que es la norma general del Derecho laboral.
Cuando un contrato no se adapta a su objeto es un contrato en
fraude de Ley y se convierte en un contrato ordinario. Esa es
la norma general del Derecho laboral. ¿Por qué aquí
establecemos una disposición excepcional? Se dice: cuando el
empresario recurra a un contrato que tiene un objeto
determinado, y no dote la formación que tiene como objeto ese
contrato, su única obligación es pagar la diferencia hasta el
salario mínimo.
Señorías, esta norma es extraordinariamente grave. Se ha
desnaturalizado en el trámite parlamentario. En virtud de las
enmiendas del Grupo Socialista se ha desnaturalizado
radicalmente ese contrato de aprendizaje. Hoy, sin lugar a
dudas, la sociedad tiene motivos para valorar aún más
negativamente, de manera más descalificadora,
ese contrato de aprendizaje. Por tanto, señorías, el contrato
de aprendizaje hoy, desgraciadamente, está peor que hace uno o
dos meses, cuando era un elemento fundamental de una
importantísima movilización ciudadana que veía con
preocupación la introducción de un contrato de aprendizaje que
hoy ha sido totalmente desnaturalizado.
Quiero recordar, porque en alguna ocasión me lo han dicho
discutiendo este proyecto de ley, que el anterior contrato
para la formación, al que el de aprendizaje sustituye, tuvo
graves problemas de incumplimiento de las obligaciones
formativas. La portavoz del Grupo Socialista me lo decía. Y
eso precisamente --es bueno recordarlo-- dio lugar a que en la
anterior legislatura el Gobierno y los sindicatos pactaran
determinados puntos para la reforma de ese contrato. Este
contrato de aprendizaje, señora portavoz del Grupo Socialista,
se aleja absolutamente de lo que se acordó entonces.
Recuérdelo, que es su obligación. Recuerde lo que se pactópor
el Gobierno con los sindicatos. Recuérdelo porque alguna de
las cosas que allí se pactaron se han
incorporado a la regulación del contrato en prácticas, pero al
de aprendizaje no. En el de aprendizaje se ha ido en la
dirección absolutamente contraria. ¿Y quiere que le diga cuál?
Decir que cuando el empresario incumple sus obligaciones de
formación, que es el objeto del contrato, su única obligación
es pagar la diferencia es una auténtica burla no sólo a los
aprendices, no sólo a la sociedad, sino al Derecho del
trabajo. Porque les recuerdo que la norma general de un
contrato...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, vaya concluyendo.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy terminando, señor Presidente. La
norma general del Derecho laboral es que los contratos en
fraude de ley --y eso es lo que dice el artículo 7.5 de la Ley
de Sanciones, a la que se refiere el aprendizaje-- es un
contrato ordinario. Aquí no, de eso nada. Simplemente pagar la
diferencia hasta el salario mínimo. Insisto, hagan cuentas.
Resulta rentable al empresario el ahorro salarial y en coste
de Seguridad Social y pagar la multa. Eso es lo que están
ustedes legalizando. Aparte del contrato de aprendizaje, que
como ven ustedes es una
auténtica joya, tanta que algún destacado representante de los
grupos que apoyan al Gobierno dijo que era un magnífico día
aquél en el que introducíamos esta norma, cabe destacar de
este Real Decreto-ley la reforma que establece en los
contratos a tiempo parcial y en los contratos fijos
discontinuos. Hasta ahora, señorías, eran dos modalidades
contractuales absolutamente distintas: por una parte, los
contratos a tiempo parcial con su regulación específica y, por
otra parte, los contratos fijos discontinuos, que además se
consideraban indefinidos. La reforma del Gobierno suprime la
modalidad específica de los fijos discontinuos, que son
únicamente una especialidad de los
contratos a tiempo parcial. Es más, los fijos discontinuos
dejan de ser un contrato indefinido. No, pasan a ser como los
contratos a tiempo parcial, que pueden ser temporales o
definidos. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más
preocupante es que esa modalidad general de los contratos a
tiempo parcial, dentro de la cual se incluyen ahora los fijos
discontinuos, se fomenta. Desaparece una limitación que
existía en la anterior normativa y era que, como máximo, la
jornada reducida a tiempo parcial tenía que ser inferior a los
dos tercios de la jornada ordinaria. Cualquier contrato con
jornada inferior a la ordinaria es un contrato a tiempo
parcial; cualquiera, sin ningún límite. Se trata de fomentar,
pero ¡ojo! se trata de fomentar también una menor protección
social de esos contratos. Les voy a poner un caso concreto,
señorías. Hasta ahora un trabajador a tiempo parcial que
trabaja cuatro, cinco horas, cotizaba a la Seguridad Social,
cotizaba al desempleo; cada día que trabajaba una cotización.
Es verdad que la base reguladora para las prestaciones a las
que tuviera derecho se calculaba sobre el sueldo de tres,
cuatro, cinco horas, pero ese día era un día cotizado. Esta
norma establece que las cotizaciones no se contaran por días,
se contarán por horas, con lo cual, señorías, los contratos a
tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos, que se
convierten en una modalidad específica de los mismos, sufren
un recorte gravísimo en su protección social con esta norma. Y
quiero recordar a la portavoz del Grupo Socialista que ella
precisamente, cuando hablamos del decretazo, dijo: ¡Ojo!, a
los fijos discontinuos es verdad que se les recorta protección
por un lado, pero como somos muy conscientes de esa situación
introducimos una norma especial para ellos: el subsidio de
desempleo en los fijos discontinuos tendrá la cotización para
la jubilación. Señorías, con esta norma, con esta reforma se
sientan las bases para que desaparezcan las especialidades de
fijos discontinuos. Es una modalidad más del contrato a tiempo
parcial. Y en todos los contratos a tiempo parcial se sientan
las bases legales de una importante reducción en su protección
social.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, termine, por favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente.
Y esto, señorías, afecta a cientos de miles de trabajadores en
nuestro país, con especial incidencia en zonas geográficas
determinadas: la región de Murcia, la Comunidad Autónoma
Valenciana; en muchas zonas de nuestro país esta modalidad
contractual tiene una especial incidencia.
Por rematar el conjunto de medidas claramente negativas de
este Real Decreto-ley, podríamos hacer referencia a más,
insisto, pero mencionaré las más destacadas. Este Real
Decreto-ley tiene una disposición, artículo 5.º, del siguiente
tenor literal: «Se establecerán programas que fomenten la
contratación por pequeñas empresas de trabajadores perceptores
de prestaciones por desempleo.» Señorías, a partir de ahora,
el Estado no asume el fomento de la contratación de los
trabajadores desempleados; no. Sólo va a fomentar la
contratación de los trabajadores perceptores de prestaciones
por desempleo. A los que no cobran desempleo, a los que están
parados y tienen la desgracia, además, de no cobrar desempleo,
les añadimos que el Estado se desentiende de ellos. Eso lo
dice este Real Decrto-ley, señorías. Eso lo dice hoy, está
vigente ya como Real Decreto-ley; pero el proyecto de ley lo
mantiene, y eso tiene la gravedad, señorías, de que los
colectivos más desamparados de esta sociedad, los que no sólo
sufren el paro, sino que además no tienen protección, a esos
se les añade que el Estado no va a fomentar su contratación.
No me digan, señorías de los grupos que defienden esta norma,
que ustedes pretenden centrar su atención en los colectivos
más desfavorecidos. Como toda la atención que centren sea de
este calibre, ¡aviados van!
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del
Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, va a ser
una breve intervención la de mi grupo parlamentario, porque ya
contextualizada esta reforma del mercado de trabajo a través
de los tres proyectos de ley en el debate de totalidad
recientemente celebrado, ya ubicada esta reforma en un
contexto en que parece que un ciclo histórico está acabando, o
por lo menos sus
paradigmas (sus postulados definidores se están relativizando
en sede académica y ya también en sede extra-académica), el
ciclo histórico del Estado de bienestar, aunque algunos
ideológos se empeñan en un mantenimiento un tanto inútil ya a
estas alturas, donde se relativizan los principios del pleno
empleo, los viejos principios keynesianos del pleno empleo,
que se consideran hoy utópicos, donde resulta muy gravosa la
protección universal de cualquier situación de necesidad con
cargo a los sistemas aseguratorios públicos, donde se empieza
a pensar que el
principio de irregresividad es un obstáculo a la
competitividad de las empresas, la irregresividad tanto de la
cuantía de las pensiones de la protección social como la del
nivel y cuantía de las condiciones de trabajo que van
configurando los convenios colectivos, uno detrás de otro;
como la irregresividad de tracto sucesivo a la que provee la
negociación colectiva. Cuando tantos principios se están
relativizando y cuando vivimos en una crisis económica de
carácter estructural, no en un ciclo bajo de la economía, sino
en una crisis económica con fundamentos
enigmáticos que todavía los expertos en ciencia económica no
terminan de descifrar, no tiene mucho sentido recurrir, señor
Presidente, a debates especiales o específicamente demasiado
especulativos o intelectuales.
Por eso me voy a centrar de forma rápida, de forma breve, de
forma muy puntual, en los aspectos que, de un proyecto de ley
como el que estamos debatiendo en este momento, de medidas
urgentes de fomento de la ocupación, resultan más deficientes,
y más deficientes además, señor Presidente, desde una
perspectiva técnico-jurídica, de la muy deficiente técnica
legislativa, utilizada para la configuración de este proyecto
de ley.
Desde luego, este proyecto de ley, y las señoras portavozas,
en este momento (las señores portavoces, mejor dicho --perdón-
-) del Grupo Socialista lo saben perfectamente (perdón por el
lapsus gramatical, que no ideológico, señor Presidente, las
señoras portavoces lo saben perfectamente); este proyecto de
ley no va a pasar precisamente a los anales de la técnica
legislativa. Yo he tenido que ver muchas leyes, afortunada o
desgraciadamente; las he analizado, he recurrido a exégesis de
preceptos muy complicados en el ejercicio de la profesión y en
su explicación académica en sede universitaria, y tan malos
como algunos de los preceptos de este proyecto de ley, no he
visto ninguno todavía, señor Presidente. Pretender, por
ejemplo, como pretende el artículo 1.º de este proyecto de
ley, regular las agencias privadas de colocación, algo tan
relevante, algo tan novedoso en nuestro Derecho como las
agencias privadas de colocación, como se regula en el artículo
1.º, 2, desde luego es para nota, pero para nota de suspenso
para abajo, señor Presidente. Desde luego, al redactor de este
proyecto de ley no se le puede aprobar en ninguna facultad de
Derecho, ni siquiera en alguna de las que pasan por ser de las
peores del Estado español.
Pretende que las agencias privadas de colocación se pueden
regular de la siguiente manera, señor Presidente: primero, con
una prohibición, lo cual ya vulnera, no sólo los
requerimientos de la técnica legislativa más elemental, sino
incluso lo más elemental de la estética jurídica. Pretender
regular el
funcionamiento de un instituto jurídico nuevo, como las
agencias privadas de colocación, prohibiéndolas inicialmente,
o
prohibiendo una parte de ellas. El artículo 1.º2 del Proyecto
de ley empieza indicando que se prohibirán... Fíjese, señor
Presidente, lo que pretende regular es el funcionamiento y
empieza diciendo el artículo 1.º2 que se prohibirán las
agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro.
Con esta primera prohibición, y con esta guinda de tan
deficiente técnica legislativa utilizada, nos obliga a
recurrir, nada menos que para saber si otras no se prohíben, a
una interpretación «sensu contrario». Luego el funcionamiento
de las agencias privadas de colocación en el Estado español
requiere la exégesis de un precepto que prohíba una parte de
ellas, recurriendo a «sensu contrario» o a «contrario sensu»,
como se quiera decir. Desde luego, esto sí que es para nota,
señor Presidente. Hay que recurrir a una interpretación del
precepto para ver si pueden existir agencias privadas de
colocación. Si las que se prohíben son con ánimo de lucro,
habrá que presumir que las que se permiten, a «sensu
contrario», repito, son sin ánimo de lucro. Segunda guinda de
este precepto. Para regulación de algo tan importante como las
agencias privadas de colocación, que está regulado por ley
específica en todos los países de nuestro contexto, y que
vulnera o priva nuestro Derecho de unas
esencialidades caracterizadoras, como es el monopolio de la
autoridad laboral, el monopolio del Inem en materia de
colocación, se recurre a una regulación tan deficiente como
ésta, lo cual es incomprensible; primero, una prohibición y,
luego, una exégesis a «sensu contrario».
Para terminar de redondear el precepto, desde esta perspectiva
de técnica legislativa que estamos comentando, lo único que
pretende acoger, lo único que pretende configurar es nada
menos que la naturaleza jurídica: los objetivos, la estructura
de funcionamiento, las competencias administrativas para su
autorización, los criterios de control y de tutela
administrativa. Es una autorización administrativa, es la
atribución de una competencia administrativa que se atribuye
al sistema público de empleo, previo convenio entre el Consejo
General del Inem y las entidades que van a realizar o
desarrollar esta función. Es decir, toda la regulación en el
Estado español en este momento en nuestro Derecho de las
agencias privadas de colocación, va a ser lo siguiente: una
prohibición, en primer lugar; una exégesis a «sensu
contrario», para ver si las
contrarias a las prohibidas son admisibles; y, en tercer
lugar, una autorización administrativa. Con este expediente se
pretende regular todo el funcionamiento, toda la naturaleza,
todos los objetivos de algo que priva de una de sus esencias
caracterizadoras, hasta ahora, al Derecho del trabajo: el
monopolio del Inem, el monopolio del Instituto Nacional de
Empleo en materia de colocación, en el ámbito del proceso de
colocación. Desde luego, señor Presidente, lo obvio en este
momento es pedir lo que mi grupo pide en una de sus enmiendas:
que el Gobierno se comprometa --en un plazo además breve, de
seis meses proponemos nosotros-- a regular, en un proyecto de
ley específico, en un proyecto de ley autónomo, el
funcionamiento o la naturaleza, las competencias
administrativas, el control administrativo de las agencias
privadas de colocación. Nosotros no creemos en el monopolio de
la autoridad laboral en el ámbito de la
contratación; nosotros creemos en el funcionamiento de las
agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro, como
predica el precepto, y también de las empresas de trabajo
temporal. Lo que pasa es que la técnica legislativa requiere
también acudir a principios, a convenciones, a requerimientos
que están en el Derecho, que están en el ordenamiento
jurídico, principios generales que no pueden ser vulnerados,
al menos de forma tan grosera. Esta es nuestra opinión.
Continuando con las deficiencias de este proyecto de ley --voy
a acabar rápidamente, señor Presidente--, se regulan contratos
nuevos o se da nueva regulación a contratos preexistentes; se
regula el contrato de aprendizaje, que es una figura
importante y que debe ser introducida en nuestro Derecho, y se
da nueva regulación a los contratos en prácticas, al contrato
a tiempo parcial, al contrato de relevo, etcétera.
En el ámbito de regulación de estos contratos, nos encontramos
también, al margen de las valoraciones político-ideológicas o
jurídicas que nos merezcan, con múltiples deficiencias
técnico-jurídicas. La más característica sería la consistente
en
posibilitar que, tanto para los contratados en prácticas, como
para los que sean contratados a través de un contrato de
aprendizaje, se les pueda abonar menos de lo previsto, para el
caso de los contratos en prácticas en el convenio colectivo
para los trabajadores de su misma categoría profesional y para
los aprendices menos cuantía incluso que la del salario mínimo
interprofesional. Aquí, en primer lugar, nos encontramos con
que esta degradación de los salarios del contratado en
prácticas, hasta el 60 por ciento del salario del convenio, y
del contrato de aprendizaje, hasta el 70 por ciento del
salario mínimo interprofesional el primer año, ya degrada
excesivamente las contraprestaciones, en este caso, la
contraprestación salarial que corresponde al empresario.
Hay un principio esencial en Derecho de todo contrato, no sólo
de los contratos de trabajo, sino también de los contratos
civiles y de los mercantiles, principio esencial reforzado en
el ámbito del contrato de trabajo, por lo menos de todo
contrato de carácter bilateral, de todo contrato de carácter
conmutativo, de todo contrato de carácter sinalagmático; un
principio que es el de la equivalencia de las prestaciones de
las partes. A nosotros nos da la impresión de que esta
degradación del salario nos parece muy intensa, nos parece
cuantitativamente muy amplia y degrada este principio esencial
de todo contrato conmutativo y bilateral. Además, se degrada
en un contrato como el de trabajo, en el que este principio se
refuerza por el carácter
compensatorio, por el carácter indemnizatorio y suficiente que
ha de tener el salario en relación al trabajo prestado por el
trabajador. Luego es un principio esencial de todo derecho
contractual, reforzado en el derecho del trabajo,
el que se degrada en este principio, rebajando la prestación
salarial al 60 por ciento del salario de convenio, para el
contrato en prácticas o, incluso, rebajando el salario mínimo
interprofesional, que por cierto esto requiere una reflexión
adicional.
El salario mínimo interprofesional, en nuestro derecho y por
requerimiento constitucional, es un mínimo de derecho
necesario absoluto, es un mínimo del que dudosamente puede
disponer incluso el legislador; el salario mínimo
interprofesional no es materia disponible por convenio
colectivo ni probablemente por ley. En definitiva, lo que
quiero decir es que una ley no puede reducir el salario mínimo
interprofesional ya previamente configureado por otra norma
diferente. ¿Por qué? Porque este es uno de esos principios, de
esas instituciones que el Derecho del trabajo califica de
derecho necesario absoluto, vinculadas al orden público
laboral, en definitiva vinculadas a los principios e
instituciones que configuran el sistema socio-económico en que
vivimos o defienden su estabilidad. Pero al margen de estas
reflexiones, que un poco atropelladamente tengo que hacer,
señor Presidente, no sólo se vulneran principios esenciales de
todo derecho contractual, y particularmente del Derecho del
trabajo, sino que esta degradación, además, se hace con una
técnica jurídica especialmente deficiente, sumamente
deficiente. Tampoco el artículo 3.º de este proyecto de ley va
a pasar a los anales de la técnica legislativa, y no va a
pasar a los anales de la técnica legislativa porque lo que
dice es una especie de
paradoja, de contradicción en sus propios términos;
insuperable en dicho artículo. Dice algo que parece casi un
chiste. Dice lo siguiente: se podrá pagar al contratado en
prácticas, en defecto de convenio, el 60 por ciento del
salario previsto en convenio (paradójicamente, cuando hablan
de defecto de convenio, luego dicen el 60 por ciento del
salario de convenio) de los
trabajadores de su misma categoría profesional. Si el precepto
habla de defecto de convenio, hay que presumir, en una
interpretación gramatical obvia, que no hay convenio
colectivo, luego entonces ¿cómo puede decir ese mismo precepto
que lo que se paga es el 60 por ciento del salario de
convenio,
presumiblemente inexistente, para los trabajadores de su misma
categoría profesional?
Esta es la interpretación gramatical. Yo sé lo que quiere
decir el precepto; sé que esta es la interpretación gramatical
razonable, pero que el precepto esencialmente quiere decir
otra cosa; el precepto quiere decir que se podrá pagar a los
contratados en prácticas el 60 por ciento de lo previsto en el
convenio colectivo, en defecto de previsión en dicho convenio
colectivo respecto al salario de los contratados en prácticas
precisamente. Eso es lo que seguramente se debe presumir que
quiere decir el artículo 3.º de este proyecto de ley, pero no
lo dice así.
Además, si eso que presumimos que quiere decir es lo que
quiere decir realmente, nosotros todavía manifestamos una
preocupación mayor. ¿Por qué? Porque el defecto de convenio no
existe como figura jurídica, dada la categorización de los
convenios
colectivos que fectúan el artículo 37.1 de la Constitución, el
artículo3.º del Estatuto de los Trabajadores y todo su Título
III. El Convenio no puede disponer de sus propios ámbitos
personales de aplicación, de vigencia; el convenio colectivo,
por su carácter general, por su eficacia general, por su
eficacia «erga omnes», por su carácter normativo y su eficacia
normativa, afecta necesariamente y de forma indisponible
también a todos los trabajadores --a todos sin excepción,
expresión literal del artículo 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores--; a todos los trabajadores ubicados en sus
ámbitos personal, territorial y funcional de aplicación. Lo
que aquí se está previendo es la posibilidad de que un
convenio colectivo disponga de sus propios ámbitos, y el
convenio colectivo no tiene habilitación jurídica suficiente
para ello. El defecto de convenio no existe como concepto
jurídico. En cuanto una persona es contratada por una empresa,
por un empleador, sea con contrato en prácticas, sea con
contrato de aprendizaje, sea con cualquier contrato especial
de inserción en el mercado de trabajo, forma parte del
clausulado del convenio en todos sus ámbitos, sin ninguna
excepción, y no hay defecto de convenio para él, su salario
será el salario de convenio o, por lo menos, para mantener la
equivalencia de prestaciones de un contrato como el de
trabajo, conmutativo, bilateral, y donde la equivalencia de
las prestaciones de la parte es casi algo axiológico en el
mismo, lo que nosotros pedimos es que el salario sea la base
mínima de cotización de la categoría profesional de ese
trabajador.
En materia de protección social, tanto para los aprendices
como para los contratados en prácticas, como el caso del
contrato a tiempo parcial cuando se trabaja menos de 12 horas
a la semana y 48 al mes, se produce una degradación quizás
excesiva de la protección social; se limita la protección
social a cuatro contingencias: accidentes de trabajo,
enfermedad profesional, asistencia sanitaria por contingencias
comunes y fondo de garantía salarial. Esto nos parece una
degradación rayana en el cumplimiento de algo que veta la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional interpretando el
artículo 41 de la Constitución, el principio de irregresividad
de las prestaciones, que ya he tenido la suerte y el honor de
explicar en múltiples ocasiones en esta Cámara y que no voy a
reproducir en este momento. Nos parece que se debe incrementar
--y el propio Grupo Socialista lo presenta así en alguna de
sus enmiendas-- la protección social de estas fórmulas
contractuales a pesar de que son fórmulas contractuales
especiales, casi formativas, de inserción en el mercado de
trabajo.
Ya, por último, en materia de disposiciones derogatorias aquí
realmente la falta de sistemática y técnica
legislativa y jurídica son también, en cierto modo,
clamorosas. En materia de mantenimiento del Decreto de fomento
del empleo 1989/1984 se prorrogan, a través de este proyecto
de ley, aquellos contratos acogidos al Decreto, el 1989/1984,
cuya finalización se produzca entre el 1.º de enero y el 31 de
diciembre de 1994, pero no se deroga este Real Decreto por
este proyecto de ley que desde una perspectiva de corrección
sistemática de ubicación razonable de la cláusula derogatoria
tendría que contenerse también en este proyecto de ley. Sin
embargo, ese Decreto de fomento de empleo se deroga por otro
proyecto de ley diferente, el que reforma el Estatuto de los
Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral.
Algo parecido a esto pasa también con las agencias privadas de
colocación y empresas de trabajo temporal. Se prevé la
existencia, un tanto subrepticiamente, casi clandestinamente,
en este proyecto de ley de fomento de la ocupación, de las
agencias privadas de colocación; sin embargo el funcionamiento
de las empresas de trabajo temporal se envía a otro proyecto
de ley diferente que es donde se debería regular, en nuestra
opinión, también el funcionamiento de las agencias privadas de
colocación. En definitiva, ya para resumir y acabar, señor
Presidente, nosotros participamos de las esencias de los
presupuestos teóricos que justifican este proyecto de ley. Nos
parece buena en términos generales, con las matizaciones y
salvedades que hemos dicho, la articulación de estos viejos
contratos a los que se da nueva regulación; pero nos parece
muy deficiente la técnica legislativa utilizada. Desde luego,
esto no va a pasar a los anales de nada, como antes hemos
comentado, esto va a ser objeto de reflexiones seguramente muy
críticas en ámbitos
extraparlamentarios y probablemente mi opinión será compartida
por otros grupos parlamentarios, y tendríamos que hacer --esta
es una apelación que hacemos humildemente al Grupo Socialista-
-un esfuerzopor mejorar la técnica legislativa y recuperar
algunos aspectos esenciales del Derecho del trabajo que no
tienen por qué perderse, que no gravitan negativamente contra
la competitividad de nuestras empresas y que quizás en este
proyecto de ley son objeto de una excesiva relativización.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Para
defensa de las enmiendas del Grupo Popular, el señor Aparicio
tiene la palabra.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Al iniciar esta intervención resulta prácticamente inevitable
remitirse a los debates que ya hemos tenido sobre lo que en
principio fue un Real Decreto-ley y posteriormente ha sido el
proyecto de ley que pomposamente --y tendré ocasión de entrar
en ello-- se llamaba de Medidas urgentes de fomento de la
ocupación. Lo digo porque posteriormente si en algo se han
deshecho en explicaciones varios representantes socialistas es
en decir que la reforma laboral por sí misma no fomenta la
ocupación, no fomenta el empleo. Precisamente por razones que
supongo de «marketing» político o electoral empezaron por
utilizar este elemento en la primera entrega lo cual creo que
conduce a una mayor confusión.
En los dos debates que ya ha habido con anterioridad yo creo
que la posición del Grupo Popular ha sido absolutamente
idéntica. Hemos tratado de llegar a una oferta real de diálogo
y
colaboración para conseguir las mejoras que sean necesarias y
que sabemos son necesarias en el mercado laboral español. Pues
bien, han transcurrido los trámites de Ponencia y de Comisión
de esta primera entrega y ya podemos hacer un primer balance,
por cierto bastante sencillo: no se ha admitido ni una sola
enmienda a cinco grupos parlamentarios bien distintos de esta
Cámara.
En uno de estos debates decía el portavoz socialista, con gran
énfasis, que en cualquier caso desde el Grupo Socialista
estamos legitimados para decir que nadie ostenta el monopolio
de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y, en
segundo lugar, la importancia del proyecto y el hecho de que
no nos creemos dogmáticos ni monipolizadores de la verdad --
dado que estamos dispuestos a llevar a cabo una reforma útil--
nos obliga a aceptar todas las colaboraciones que se nos
ofrezcan --decía el señor Arnau--siempre que se tenga en
cuenta algo que nosotros también tenemos en cuenta desde el
principio; que ésta es una reforma favorable a los derechos de
los trabajadores y que no se trata de meter el dedo en el ojo
de los trabajadores; de lo que se trata --decía el señor
Arnau-- es de construir el futuro adoptando las medidas que
los tiempos exigen, no las medidas del siglo XIX ni las
últimas que se adoptaron en el año 1980, sino las medidas que
requiere el próximo siglo XXI. Nada más y muchas gracias,
concluía rotundamente. Pues nada más y nada menos, porque por
enésima vez las palabras no han venido acompañadas de los
hechos.
Nuestras enmiendas no iban encaminadas a meter el dedo en el
ojo ni en ningún otro sitio a los trabajadores, siguiendo esta
curiosa metáfora del entonces portavoz socialista; de la misma
manera que tampoco pretendemos irritar las pupilas del resto
de agentes sociales (me temo que en este terreno sí hay quien
tiene verdadera experiencia); nuestras enmiendas iban y van
encaminadas a conseguir que aquellos sectores de la sociedad
española que con mayor intensidad sufren el principal problema
que nos ocupa --el desempleo-- pudieran mejorar sus
expectativas reales, siempre en el contexto de otra serie de
reformas de medidas imprescindibles,
como, por ejemplo, control del gasto público, adaptación de la
fiscalidad, adaptación del Inem.
Por eso --y entro en el fondo de las enmiendas-- pretendíamos
que las agencias de contratación sin fines lucrativos fuesen
objeto de un proyecto de ley propio, para evitar algo tan
pintoresco y extraño como lo que describía, muy acertadamente,
el señor Olabarría, y es que según su propio texto, se afirme
primero con rotundidad que la Ley prohíbe las que tienen fines
lucrativos, pero las otras, las que se supone que van a tener
incidencia en el mercado --porque si no fuesen a ocupar un
papel importante supongo que no las hubiesen traído a
colación-- quedan en su propio texto a expensas de unos
difusos convenios de colaboración y a la opinión --y esta debe
ser una de las grandes innovaciones semánticas-- del servicio
público de empleo.
Se ha dicho --y creo que se ha explicado correctamente-- que
desde el punto de vista del rigor jurídico ni desde un sentido
global que creemos que debería tener la reforma laboral, y
sobre todo la reforma del Inem, no parece muy presentable.
Pretendíamos --y lo mantendremos en cualquier trámite
posterior-- que frente al café para todos los jóvenes de un
contrato de aprendizaje, que es la única posición que hasta
ahora han sabido mantener, es necesario que en ese café para
todos, que no distingue con claridad edades ni cualificación
previa, pueda existir, de un lado, un verdadero contrato de
aprendizaje y, de otro, fórmulas adaptadas al resto de
situaciones que soportan los jóvenes desempleados españoles.
Desde el Grupo Popular estamos
inequívocamente a favor de la existencia de un contrato de
aprendizaje, homologable, por supuesto con otros contratos que
puedan existir en el seno de la Unión Europea, pero que no
pierda su propia naturaleza y que cumpla los objetivos de
formación y de inserción laboral de quienes carecen de
titulación previa. Por supuesto, además, tiene que ser
atractivo para las empresas españolas en términos tanto de
cotización como de costes
salariales; pero debe tener un elemento característico, que es
la claridad y la seguridad jurídica para quienes lo utilicen;
en esto también se ha hecho hincapié hace un instante y me
parece muy importante. Si las leyes no son de alta calidad
política por lo menos que tengan calidad jurídica para que
sean seguras, para que por lo menos sepan a qué atenerse ambas
partes,
lamentablemente en nuestra opinión, los trámites que hasta
ahora llevamos no ha mejorado ni han dotado al contrato de
aprendizaje de esos elementos que creemos imprescindibles.
Insisto que hay que distinguir entre los diferentes casos de
cualificación previa en los jóvenes con fórmulas diferentes y
hay que dejar margen a la negociación colectiva en los
aspectos sectoriales, pero todo ello con unas referencias
claras. De ahí que sigamos pidiendo también con insistencia --
y ya con urgencia-- un catálogo de cualificaciones
profesionales que sirva de guía en este aspecto y en el diseño
de una formación profesional que hoy por hoy en España es
dispersa e ineficiente. Me permito recordar que tienen una
extraordinaria prisa --tal vez por eso utilizaron la fórmula
del Real Decreto-- en lanzar el contrato de aprendizaje. Ese
lanzamiento no tenía tampoco las garantías educativas, las que
ustedes mismos reconocen en el texto, de la existencia previa
o de la existencia simultánea de ese catálogo de
cualificaciones profesionales sobre el cual se pudieran hacer
las afirmaciones de qué profesiones admiten o no el contrato
de aprendizaje y cuáles son los medios y las peculiaridades de
cada uno de los contratos. Desde el Grupo Popular creemos que
los jóvenes han de tener derecho a unos mínimos de estabilidad
en sus empleos, algo que hoy por hoy aparece como
prácticamente imposible ante la opinión pública española y
ante la opinión de nuestros jóvenes, y en esa línea van
encaminadas nuestras enmiendas. Habrán visto que desde el
Grupo Popular tratábamos de incentivar la conversión de empleo
juvenil temporal en empleo juvenil estable y que, desde luego,
distinguíamos el contrato de aprendizaje de otro tipo de
contrato para aquellos jóvenes entre 20 y 26 años que no
pudieran formalizar contratos de aprendizaje ni de prácticas,
con unos incentivos reales, incentivos que, como se ha
definido, van en la línea de lo que ahora parece más sensato:
frente a las subvenciones, las deducciones, bien de cargas
fiscales, bien de cargas de cotización, y en este caso
optábamos por el segundo supuesto.
En nuestras enmiendas hemos definido un modelo de contrato de
aprendizaje mucho más adaptado a las garantías de
cualificación --objetivo irrenunciable-- que necesitan muchos
jóvenes y hemos tratado de situarlo en ese ámbito intermedio -
-aquí también explico claramente la posición del Grupo
Popular--, un ámbito intermedio entre lo laboral y lo docente.
A lo largo de los anteriores debates ya hemos advertido de los
riesgos que
conllevaría no acertar con su definición, por eso creo que
merece la pensa insistir.
Nos alegra que se haya atendido una petición de varios grupos
relativa a la maternidad, que creo era un olvido; igual que
después de haberse repetido por parte de distintas portavoces
socialistas la importancia de la contratación parcial frente
al colectivo de mujeres trabajadoras, se les olvidó. No sé si
es que no lo tenían suficientemente presente. En el apartado
de la contratación a tiempo parcial, que es importantísimo
para el mundo laboral de las mujeres españolas, valoro
positivamente que se haya aceptado la situación de maternidad,
pero en este marco de la contratación a tiempo parcial cabe
también dar solución a un problema real: el problema de la
jubilación. En nuestro modelo proponemos que desde tres años
antes de la edad de referencia hasta tres años después de
esa misma edad puedan realizarse contratos a tiempo parcial
compaginables con la percepción, por supuesto también parcial,
de pensiones de jubilación. Intentamos atender así problemas
económicos y sociales a los que supongo no son ajenas muchas
de sus señorías. En este mismo sentido se expresaba un
cualificado y habitual portavoz socialista, antes Ministro de
Trabajo, y veo que también la propia Ponencia-marco en su
inmediato congreso. Sobra decir que también ha sido rechazada
sin mayores
explicaciones. No sé si eso se llama no monopolístico o
monopolístico en su terminología habitual; desde luego, creo
no es coherencia como se llama esa figura. Tampoco creo que
ahora estemos metiendo el dedo en el ojo --sigo con la
metáfora del señor Arnau-- a los jubilados. Eso quien lo hace
es, en mi opinión, el señor Solbes.
Hasta aquí hemos visto las enmiendas que giran en torno a la
contratación y que, como reconocía el propio Ministro,
hubiesen tenido encaje en un reforma mejor sistematizada del
Estatuto de los Trabajadores. Hemos querido también enmendar
lo que a fecha de hoy siguen siendo aspectos puramente
voluntaristas de este proyecto de ley, puesto que no ha tenido
ningún efecto práctico, salvo el de rotular, como decía antes,
este proyecto por razones de «marketing» político o electoral.
Creo necesario volver a insistir, porque estamos en el
apartado de incentivos, en la necesidad de incentivar la
contratación de los jóvenes desempleados o sujetos a
temporalidad. En España los jóvenes deben tener unas mínimas
expectativas razonables de estabilidad y de acceso al mercado
de trabajo y se está haciendo un planteamiento por el cual
parece que esa famosa dualización de los mercados también
alcanza a los jóvenes y tienen,
necesariamente, que introducirse discriminaciones positivas.
En esa línea, insisto, han ido las enmiendas que ha presentado
el Grupo Popular. Además, nosotros sí creemos en la
solidaridad intergeneracional y tenemos la obligación de
integrar en el mercado laboral a nuestros jóvenes si también
vamos a invocar la solidaridad en el futuro.
En este mismo esquema no podemos ignorar otra gravísima
preocupación hacia quienes constituyen el principal
contingente del paro de larga duración. Me estoy refiriendo,
naturalmente, a los mayores de 45 años, personas que además
soportan
habitualmente cargas familiares y un «handicap» difícil:
carencia de formación y cualificación profesional que facilite
su
reingreso al mercado laboral. Desde el Grupo Popular en
numerosas ocasiones se ha defendido la necesidad de potenciar
políticas activas --entendemos, además, que es una de las
principales carencias y diferencias del sistema español de
protección al desempleo-- en la lucha precisamente contra el
desempleo. Paradójicamente, el escaso esfuerzo de
cualificación profesional de los desempleados en formación
ocupacional --y ahí están a su disposición las cifras-- se ha
concentrado en los sectores de población mejor cualificados.
Por eso ahora pedimos
discriminaciones positivas para este grupo --mayores de 45
años, parados de larga duración-- tan importante en número y
en peso social que creemos que merecen esa discriminación. Por
cierto, y hablando de discriminaciones, ha habido que corregir
en el trámite de Ponencia y Comisión otro gran olvido: la
situación en que quedaban numerosos minusválidos españoles a
los que siempre se les menciona muy ampulosamente en casi
todos los proyectos, y en este también desgraciadamente lo ha
sido, pero se les ignora.
Espero que en el momento en el que estamos no se sigan
discutiendo las cifras oficiales de desempleo, de paro, desde
el propio Gobierno, porque es que el Gobierno es el
responsable de esas cifras oficiales. Sería error sobre error
negar las cifras, y en esas encuestas de población activa
encontramos ya más de un millón de hogares en los que ninguno
de sus miembros trabaja. A mí me parece tan grave que sean
parados de los que se cree como parados de los que no se cree
el Presidente del Gobierno. Y del mismo modo me parecería tan
grave que fuesen parados que no quieren trabajar como que no
pueden trabajar, insinuación que creo se ha hecho varias veces
en un clarísimo deseo de eludir responsabilidades propias.
Insisto, tan grave es si son parados de los que se cree el
Presidente del Gobierno --y es el
responsable de las cifras-- como si son de los que no se cree.
Y tan grave es si son personas que no pueden trabajar como si
son personas que no quieren trabajar. Creo que en uno y otro
caso hay que romper las tendencias actuales con medidas que
sean creíbles y posibles, especialmente en grupos como el que
ya he citado, de mayores de 45 años.
Confío que desde el Grupo Socialista se comprenda la necesidad
de cambiar modos y formas en la actual situación económica y
social. Ese cambio no puede ser el de la intimidación y el de
los amagos fallidos. Así no se devuelve la confianza a una
sociedad ni se sientan las bases del futuro. Sin la
grandilocuencia de la que acostumbran hacer gala --y creo que
ha habido un primer ejemplo literario, incluyendo esas
apelaciones al siglo XXI, en el que creo que, afortunadamente,
no tendrán responsabilidades de Gobierno--deben retomarse la
sencillez y la credibilidad que hoy no tienen ni sus cifras ni
sus supuestos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, la
intervención de Coalición Canaria va a ser muy breve. Estoy
convencido que las señoras y señores
Diputados que prestan muy poca atención, según observo, a las
intervenciones de los anteriores portavoces, agradecerán, sin
duda, la brevedad de la intervención del portavoz de Coalición
Canaria. Quiero decir solamente que sin duda el debate de hoy
es uno de los debates más importantes que podía tener esta
Cámara en este momento político, y lamentablemente hoy nos
encontramos aquí no sólo con la poca atención de SS.SS. sino
con la ruptura de bastantes consensos, del consenso social y
del consenso político. Nadie parece estar totalmente
satisfecho de los resultados de este proyecto de ley ni de
otros que vendrán la semana próxima.
Sin duda alguna, en un momento de crisis económica y social en
la sociedad occidental, era el momento de acometer una
profunda reforma del mercado de trabajo, pero también eran
necesarias otras reformas (fiscales, económicas, de los
sistemas de
formación profesional, etcétera) que plantearan políticas
activas de empleo, porque el Decreto que debatimos en ese
momento se llama precisamente de fomento de la ocupación. Sin
embargo, no hemos sido capaces --al menos desde el punto de
vista de
Coalición Canaria, y de ahí las enmiendas que mantiene hasta
el final-- de articular un conjunto de medidas que crearan una
política activa de empleo, de formación y de ocupación ante la
crisis de la sociedad española: lo único que se ha planteado
aquí son unas pequeñas reformas, pero al final nos
encontraremos con que, si a lo que en el papel se dice se le
aplican unas pequeñas dosis de lo que después son en la
práctica determinadas chapuzas y determinada picaresca, sin
duda en la realidad social, rotos determinados equilibrios
sociales, más que una reforma, pueden suponer una mala
componenda.
Por todo ello, Coalición Canaria espera que este proyecto de
ley no tenga larga vida, que no dure mucho tiempo, para que
esta Cámara, cuando existan mejores condiciones de equilibrio
social y político, pueda acometer una reforma estructural y
profunda del mercado de trabajo junto a otras reformas, puesto
que las modalidades de contratación que se plantean, a nuestro
juicio, no ofrecen ninguna posibilidad de que de verdad
signifiquen un elemento que ayude a la productividad, a la
competitividad y al mantenimiento de los equilibrios sociales
en la sociedad
española. Coalición Canaria presenta sus enmiendas, las
defiende y, sin duda alguna, lamenta que el consenso social
básico para acometer esa reforma laboral profunda que
necesitaba España, así como el consenso político y
parlamentario no se hayan producido en la dosis convenientes
para que los resultados supusieran una reforma laboral y no un
mal remiendo laboral. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Mixto han presentado enmiendas el señor Mur, la
señora Rahola, el señor González Lizondo y el señor Albistur.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor
Mur. (El señor González Lizondo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Si no le importa, podríamos variar el turno de intervenciones
y comenzaría este Diputado.
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias.
Las enmiendas presentadas por Unión Valenciana son seis, todas
ellas relativas al artículo 3, que entendemos que tiene una
serie de carencias muy importantes. Además, tengo que decir
claramente aquí que, bajo la óptica de empresario, puedo
comprender una serie de normativas que entiendo que son
necesarias, como ya dijimos en su día, pero no comprendemos
cómo se puede llegar prácticamente a la explotación del hombre
por el hombre, que es lo que viene a suponer lo planteado en
algunos de los apartados de este proyecto de ley, y que además
ello venga de la mano de un Partido que se llama socialista y
obrero.
Nuestras enmiendas, desde la 21 a la 26, recogen toda una
serie de circunstancias imprescindibles en el apartado del
contrato de aprendizaje. Entendemos que todas ellas tendrían
que ser
aprobadas, ya que las mismas dignificarían no sólo la figura
de la persona en el trabajo sino, al mismo tiempo, la
concepción de un contrato de trabajo, que en definitiva es lo
que significa el contrato de aprendizaje (contratación de
prácticas o de
aprendizaje), que en su literalidad, tal como viene --vuelvo a
repetir-- se acerca muy mucho, en algunos casos, a la
explotación del hombre por el hombre, algo a lo que,
naturalmente, en Unión Valenciana no estamos dispuestos. Nos
gustaría que así lo entendieran SS.SS. y que nuestras
enmiendas fueran aprobadas. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Partido Aragonés he presentado dos enmiendas,
las número 88 y 89. La primera de ellas, al artículo 3, sobre
contratos formativos, es una enmienda de modificación; y la
número 89 es una enmienda a la disposición transitoria
tercera, que trata sobre la vigencia de las disposiciones
reglamentarias.
Al ser dos enmiendas muy concretas en su formulación, las doy
por defendidas y pido al señor Vicepresidente que me permita
que se pasen directamente a votación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mur.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Brevemente, señor Presidente,
porque tengo poco tiempo y porque realmente ya en Comisión
hemos discutido mucho el tema. Sólo deseo pedir el apoyo a las
enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana, de la número
3 a la número 12, excepto la enmienda número 9, que fue
retirada, fundamentalmente porque representan la voluntad de
una
alternativa progresista a la reforma del mercado laboral;
progresista porque, aunque queremos una reforma del mercado
laboral entendemos que es necesaria, lo que no queremos de
ninguna manera es que esa reforma recaiga sobre sectores más
discriminados, tal como está planteado en el proyecto de ley.
En este sentido, entendemos que estas enmiendas son
fundamentales para evitar precisamente que los sectores más
discriminados padezcan el peso de la crisis y padezcan por
supuesto el peso de la reforma del mercado laboral. Entendemos
que hay derechos básicos que estas enmiendas contemplan y que
el proyecto de ley pone en duda, y que estos derechos básicos
son fundamentales si no queremos ir hacia una sociedad mucho
más injusta, mucho más dualizada con sectores de trabajo
privilegiados y amplios sectores profundamente discriminados.
Por tanto, como ya hemos dicho en Comisión y en el debate a la
totalidad, pedimos el apoyo a estas enmiendas para hacer
realmente una reforma del mercado laboral que sea justa y que
no sea discriminatoria, que sea una reforma a favor de una
sociedad más equilibrada y no a favor, tal como está planteada
en el proyecto de ley, de una sociedad mucho más discriminada
y mucho más injusta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
El señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, para manifestar que, por error, se han
incluido las enmiendas número 13 y 14, que equivalen
precisamente a las números 28 y 29 del Grupo Vasco y que en
Ponencia fue ya
manifestado que se asimilaban precisamente a dichas enmiendas.
Lo mismo ocurre con mis enmiendas números 19 y 20, que se
asimilan también a la 30 y 32 del Grupo Vasco. Por lo tanto,
para mayor facilidad, doy por retiradas las enmiendas y se
votarán como han sido brillantemente defendidas por el señor
Olabarría. Con el resto de las enmiendas, sumándome de alguna
forma a las expresiones de los portavoces tanto de Izquierda
Unida como del Partido Popular, lo que se pretende es la
supresión de dichos apartados, de modo que no se restrinja la
protección social del aprendiz y también del contrato a tiempo
parcial, ya que
considero que precisamente estos son los elementos que debemos
introducir para modificar y ajustar a todo derecho y a
justicia los nuevos contratos que se pretenden desarrollar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albistur.
Para un turno en contra, por parte del Grupo Socialista, van a
intervenir la señora Rodríguez y la señora Romero.
Tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, finalizamos efectivamente hoy la tramitación
parlamentaria en esta Cámara del proyecto de ley de medidas
urgentes de fomento de la ocupación, que ha contado con un
amplio debate, debate en el que, no solamente hemos
intervenido los distintos portavoces de los grupos
parlamentarios, expresando nuestro posicionamiento sobre este
tema, sino que, además, hemos contado, tal y como se decidió
en la Comisión de Política Social y Empleo con la opinión de
agentes sociales, de representantes de organizaciones
sindicales, empresariales y de personas de reconocida
relevancia y profesionalidad en materia laboral. Me quiero
referir a este proceso porque en todos estos casos se ha
aceptado y se ha admitido la necesidad de esta reforma
laboral, y en estos planteamientos además hemos sintonizado
con lo que está siendo la opinión generalizada de mejorar
nuestro mercado laboral. Hay una demanda en ese sentido que
tiene que ser atendida y que en mi opinión es muy bien
recogida en este proyecto de ley. Además, con este objetivo de
mejorar y de modernizar las relaciones laborales, lo que son
los mecanismos de colocación, hemos defendido y seguimos
defendiendo este proyecto de ley, convencidos también de que
es un buen
instrumento legal, de que es un instrumento legal
imprescindible para asumir una seriede retos, una serie de
demandas que se nos están planteando en estos momentos en
nuestro mercado laboral. Decía que si bien hemos encontrado
bastantes coincidencias en la necesidad de la reforma, no nos
hemos encontrado con la misma voluntad, y mucho menos con la
misma actitud, a la hora de compartir responsabilidades
y a la hora de asumir compromisos por los distintos grupos
parlamentarios para que los contenidos de este proyecto de
ley, las distintas modalidades de contratación, las medidas de
fomento de empleo o el funcionamiento de las agencias de
colocación sin fines lucrativos, incidan positivamente en la
protección y en la promoción del empleo. Ahí no hemos
encontrado coincidencias, aunque sí es cierto, señor
Presidente, que con algún grupo parlamentario hemos llegado a
importantes acuerdos a un nivel de consenso del que nos
alegramos.
Este proyecto de ley aborda dos temas fundamentales que
afectan de manera decidida a la reforma del mercado laboral:
por una parte, el tema de la colocación y, por otra, las
distintas modalidades de contratos. En mi intervención me
referiré
únicamente a la modificación de estos mecanismos de
colocación, a los aspectos relacionados con la reforma del
Inem, al que se ha hecho referencia por parte de algunos
portavoces
intervinientes, y a la constitución de las agencias de
colocación sin fines lucrativos, aspecto éste que ha levantado
yo entiendo que excesivos recelos por parte de algún portavoz,
y después me referiré a estos casos.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que la
labor de intermediación entre los trabajadores y los
empresarios no se puede seguir manteniendo en estos momentos
con la defensa exclusiva del monopolio del Inem; sistema de
monopolio que, además, está siendo cuestionado por otros
países de nuestro entorno, y vemos cómo en las reuniones que
se están realizando a nivel comunitario éste es un tema de
debate en el que la mayoría de los países de nuestro entorno
europeo coinciden en que no se debe mantener ese monopolio de
los servicios públicos de empleo, al mismo tiempo que exigen
que se contemplen una serie de garantías y de medidas
correctoras, cuya ausencia nos podría llevar a un mal uso de
estas agencias de colocación sin fines lucrativos. Insisto,
señor Peralta, en que éste es un tema que está siendo
debatido, que está siendo asumido en bastantes reuniones de
trabajo que se mantienen a nivel comunitario. Además, en
nuestro caso, entendemos que no se debe seguir manteniendo ese
monopolio porque ha sido más teórico que real en la práctica
cotidiana. Hice referencia a este dato en Comisión y lo vuelvo
a resaltar aquí. Durante el año pasado, en más del 90 por
ciento de los casos, el Inem sirvió únicamente para constatar
la contratación del trabajador previamente elegido, pero no
como el mejor mecanismo para ajustar la oferta a la demanda en
nuestro mercado laboral. Por tanto, la fórmula elegida en este
proyecto de ley entiendo que da cobertura normativa a algo que
viene siendo una práctica habitual en la realidad --tenemos
que acostumbrarnos a dar respuesta desde nuestro proyecto de
ley a esas demandas-- y que contribuye a modernizar estos
mecanismos de colocación y, evidentemente, a dar más eficacia
a los mismos.
El señor Peralta decía que esta medida, en los países en los
que existe --y sabe S.S. que existe en otros países, como
Francia, como Italia, como Alemania--, no ha solucionado
totalmente el problema del paro. No se puede caer en un
planteamiento, en mi opinión, bastante simplista, señor
Peralta, y no podemos reducir los términos del debate a ese
aspecto. Sin duda, contribuirá a mejorar esos mecanismos de
conexión entre trabajadores y
empresarios.
Por tanto, en nuestra opinión, ¿cuál debe ser la función que
debe mantener el Inem? En nuestra opinión, se debe mantener
como un instrumento de solidaridad y debe centrar su función
de
mediación, su función de formación en aquellos colectivos y en
aquellas personas que tienen especiales dificultades por una
serie de características, por razones de edad, por falta de
cualificación o por otras circunstancias, para acceder al
trabajo. En ese caso, se seguirá manteniendo la intermediación
y la colaboración del Inem.
Además, entiendo, señorías, que estaremos de acuerdo en
admitir la complejidad y la diversidad del propio mercado
laboral. Estaremos de acuerdo en aceptar que el abanico de
ofertas de empleo es cada vez mayor, se requiere, al mismo
tiempo, una mayor especialización y una cercanía a las fuentes
de empleo. Por este motivo, los servicios públicos de empleo
no pueden abarcar en su totalidad esta situación, y ésta es
otra razón que nos lleva a legalizar las agencias de
colocación.
Podríamos preguntarnos, señorías, qué significado tiene esta
legalización o si va a suponer una vinculación estricta del
tema de la colocación a las leyes del mercado y a las pautas
de comportamiento del sector privado, que era uno de los
planteamientos en que veía un mayor riesgo el señor Peralta.
Yo entiendo, señorías, que no va a suponer, en modo alguno,
esta posibilidad a la que me refería. Estamos legalizando las
agencias de colocación, que pueden ser de carácter público o
privado, pero que mantendrán un requisito fundamental desde
nuestro punto de vista, y es que no pueden tener en ningún
caso fines lucrativos. Hay algo que al señor Olbarría le
parecía una mala técnica legislativa, un mal instrumento
técnico-jurídico y que desde nuestro punto de vista es
fundamental. ¿Por qué? Porque ponemos énfasis y hacemos
hincapié en que se prohibirán estas agencias privadas o
públicas de colocación con fines lucrativos, y el señor
Olabarría me permitirá que le diga que, en su rigor de
perfección técnico-jurídica, en la enmienda que plantea olvida
precisamente prohibir estas agencias de colocación con fines
lucrativos y se remite al desarrollo de un proyecto de ley
posterior, con una técnica que, en mi opinión, es demasiado
dilatoria en el tiempo, puesto que retrasaría la puesta en
funcionamiento de estas agencias, que son necesarias y que
serán positivas en nuestro mercado laboral; esta autorización
a un proyecto de ley posterior retrasaría, insisto, en el
tiempo tal y como hace el Grupo Parlamentario
Popular y como ha expresado el señor Aparicio en su
intervención. En cuanto a los planteamientos que ha hecho el
señor Peralta, hay un aspecto en el que evidentemente no puedo
coincidir. Le preocupa la existencia de estas agencias de
colocación y que desaparezca el monopolio por parte del Inem.
A mí, señor Peralta, lo que realmente me preocuparía sería la
legalización de las agencias con fines lucrativos, y éste es
un aspecto que no recogemos en nuestro proyecto de ley y al
que nos oponemos sistemáticamente. ¿Por qué? Porque, entre
otras razones, no estaríamos respetando los convenios que
fueron adoptados por la Organización Internacional del
Trabajo, convenios que han sido ratificados por nuestro país,
y, sobre todo, porque si se aceptara la existencia de estas
agencias privadas con fines lucrativos --insisto, cosa que no
aparece en el proyecto de ley--, sí se podría caer en una
situación de discriminación y de desigualdad, que no se
refleja en el caso en el que aparece recogido en este proyecto
de ley. ¿Por qué? Porque estas agencias de colocación se
legalizan, pero, al mismo tiempo, se garantiza toda una serie
de mecanismos de control, de mecanismos
correctores, precisamente por la eficacia y operatividad del
funcionamiento y de los servicios que van a prestar los
trabajadores desempleados demandantes de empleo: que no tengan
fines lucrativos --me he referido a ello con anterioridad-- y
que, además, tengan que disponer del permiso de autorización
por parte del Inem, y ahí recogemos escrupulosamente lo que
son las indicaciones de los convenios números 34 y 96 de la
Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, me parece
que son
mecanismos que ofrecen las suficientes garantías. Con lo que
hemos recogido en nuestro proyecto de ley, se trata, señorías,
de ajustar lo que son nuestras normas legales a las demandas
sociales y a las necesidades del mercado. Por lo tanto,
mantener unas fórmulas que no han dado resultado en estos
momentos supone caer en un cierto inmovilismo que, además de
tener unos matices y un carácter conservador, desde mi punto
de vista, no
contribuiría en abosoluto a la modernización de estos
mecanismos de colocación.
Voy a acabar, señor Presidente, señorías, indicando que desde
el Grupo Parlamentario Socialista defendemos la función
esencial del servicio del empleo, pero que puede ser
articulada por organismos bien de carácter público o bien de
carácter privado y que deben incidir, en mi opinión, en tres
aspectos fundamentales y básicos. Por una parte, deben
facilitar la información acerca de lo que son las
posibilidades y las características del propio mercado de
trabajo; en segundo lugar, deben ejercer esta función de
conexión entre los empresarios y los demandantes de empleo, y,
en tercer lugar, ayudar a los trabajadores a encontrar empleos
convenientes. Señor Presidente, señorías, con este proyecto de
ley estamos dando una respuesta satisfactoria, necesaria y
absolutamente inaplazable a lo que son las necesidades de
nuestro mercado laboral, a lo que están demandando empresarios
y
trabajadores, y no tienen por qué contemplarse como intereses
contrapuestos uno y otro caso siempre que tengamos en cuenta
todas las garantías y todas las medidas de cumplimiento del
principio de igualdad y de no discriminación en aspectos
básicos y fundamentales, como es éste que estamos abordando
del acceso al empleo. Se trata, señor Presidente, señorías, en
definitiva, de facilitar la entrada de un número cada vez
mayor de personas a nuestro mercado de trabajo y entiendo que
para esto deberíamos contar con el apoyo de otros grupos
parlamentarios con los que deberíamos compartir estas medidas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías... (El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¿Para un
turno entero?...)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Romero. Dígame, señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
simplemente quiero preguntar a la Presidencia si se va a
consumir un segundo turno por parte del Grupo Socialista o va
a
completarse escuetamente el exceso que ya se ha producido.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Va a completarse. Lo
que ocurre es que la Presidencia, para una mejor ordenación
del tiempo utilizado por parte de las intervinientes, ha
marcado en el reloj la mitad del tiempo para la señora
Rodríguez Ortega y ahora pasamos a la segunda mitad del
tiempo. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías!
Es un mismo turno, y sólo está hecho así a efectos de
orientación y de distribución del tiempo de las
intervinientes. (Fuertes rumores y protestas.) ¡Silencio,
señorías!
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Por aclarar la situación,
señor Presidente, mi pregunta es si la mitad del turno supone
17 minutos consumidos por la interviniente anterior,
simplemente por hacerlo constar.
El señor VICEPRESIDENTE: La interviniente anterior ha
intervenido durante 12 minutos 42 segundos. (Un
señor Diputado: ¡Toma ya!--Otro señor Diputado: ¡Has hecho el
ridículo!)
Cuando quiera, señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente, gracias,
señorías. Paso a ejercer mi turno en contra respecto a las
enmiendas presentadas en relación con los contratos
formativos, a pesar de que no sea muy del agrado del Grupo
Popular.
(Rumores.)
En primer lugar, voy a hablar de las enmiendas no defendidas
aquí por el señor Peralta, sí defendidas o medio defendidas en
la Comisión, y después pasaré a hablar de por qué al
interviniente del Grupo Popular no le ha interesado mucho
extender su turno. (Nuevos rumores.)
Al señor Peralta quisiera decirle que siempre nos sorprende
que en lugar de hacer una defensa de sus enmiendas haga un
ataque de las nuestras. Ocurrió así en el debate de la
totalidad, donde habló --como le recordé en la Comisión-- del
diálogo social, pero no defendió su texto alternativo, no
defendió sus enmiendas, y, para nuestra sorpresa, cuando
llegamos al debate en Comisión prácticamente la mitad de las
enmiendas por él presentadas ya figuraban en el Real Decreto
de desarrollo de 29 de diciembre y la otra mitad de sus
enmiendas hacían referencia al antiguo contrato de formación.
Señor Peralta, creo que no le gusta mucho leer los reales
decretos, porque pasa exactamente igual con la enmienda que
defiende, referida a los desempleados. Hablamos en la Comisión
de que habrá un nuevo real decreto de desarrollo de todos los
programas que afecten a desempleados colectivos, etcétera,
pero no parece que sea usted muy proclive a leerse esos reales
decretos de desarrollo.
Siento decirle, señor Peralta, que no estamos de acuerdo con
sus enmiendas relativas al antiguo contrato de formación.
Usted sabe, como lo sabemos todos, que el antiguo contrato de
formación no solamente no fomentaba el empleo, sino que,
además, generaba más perversiones de las previstas, no
contenía medidas cautelares, no garantizaba la formación y no
era, por tanto, un contrato adecuado al objetivo para el que
se creaba. En sucesivas
ocasiones denunciamos este tipo de contrato. Al presentar sus
enmiendas, aunque no las defienda aquí, realmente está
defendiendo una norma que surgió en 1984, pero ya han pasado
10 años y la realidad es distinta. Por tanto, tenemos que
tomar decisiones para una nueva etapa que estamos viviendo. No
se trata de una dialéctica nominalista, no se trata de
llamarlo contrato de formación o contrato de aprendizaje. Es
que hay que tomar nuevas decisiones y hay que afrontar, por
primera vez en nuestro país y seriamente, la creación de un
buen sistema de aprendizaje. Pensamos que hay que introducir
algunas garantías, como lo están ya en el proyecto de ley y
como hemos incluido en nuestras medidas cautelares.
Señor Peralta, a pesar de que usted habla de que el texto está
desnaturalizado por las enmiendas socialistas, usted sabe lo
que pretenden. No puede decir que desnaturaliza, no puede
decir que las modificaciones son negativas cuando lo que
pretendemos es que un contrato temporal no pueda ser
acumulable a un contrato de aprendizaje. Es decir, si ha
habido en una empresa un contrato temporal, no puede haber un
contrato de aprendizaje para la misma persona. Usted sabe que
la medida que hemos introducido en otra de las enmiendas es
que un contrato de formación no puede superponerse a un
contrato de aprendizaje, no pueden superponerse los tiempos.
Usted sabe que otra de las medidas que hemos introducido es el
plazo para hacer el repertorio de
cualificaciones, para, de una vez, saber exactamente cuáles
son los perfiles profesionales, los tiempos adecuados, y poder
sentar las bases para lo que tiene que ser un buen sistema de
aprendizaje. Por tanto, no diga que hemos desnaturalizado el
texto. Antes al contrario, hemos introducido medidas que
establecen garantías y crean las condiciones para que ese
contrato de aprendizaje sea realmente el adecuado para
aprender. Lo que ocurre es que tal vez su poca fe, su poca
confianza le lleva a no defender su modelo alternativo. En la
Comisión nos habló de solidaridad a propósito de la protección
social al contrato. Hoy nos habla de que es malo para la
Seguridad Social y se pregunta cómo podemos dotar de ingresos
a la Seguridad Social si la cuota para este contrato es de
3.800 pesetas. Nos parece bien que usted esté preocupado por
la gestión del sistema de la Seguridad Social. Pero ya me dirá
usted cómo casamos un tema con el otro. Me gustaría
explicárselo a usted y a todos aquellos que han hablado de
temas, que es importante tratar aquí, relativos a este
contrato de aprendizaje, que es el protagonista, porque es el
más interesante de lo relativo a los contratos formativos.
La globalidad de las enmiendas insiste, sobre todo, en la
edad, en el salario y en la protección social. Su Grupo no es
el único que mantiene el viejo contrato de formación. Hay
otros grupos que insisten, por ejemplo, en el plan de
formación antiguo, que no garantizaba la formación; en un
tiempo mayor de formación teórica, como si eso fuera
suficiente para garantizar la
formación; y en una serie de temas siempre referidos al
antiguo contrato de formación, pero no indican cómo podemos
establecer un nuevo contrato de aprendizaje que realmente se
adecue a sus objetivos.
Con respecto a la edad y a los otros temas --porque así
respondo a los otros grupos--, en este momento tenemos un
colectivo de desempleo juvenil de más de un millón de jóvenes
que no tienen cualificación, lo cual no quiere decir que no
tengan formación teórica, porque la tienen, porque normalmente
han pasado por un
graduado escolar, por un curso de bachillerato o de formación
profesional, pero no han pasado por la empresa, por lo que
necesitan esa cualificación en la empresa, ocupando puestos de
trabajo con costes empresariales altos. La ley pretende
incentivar el empleo y poner en marcha un buen sistema de
aprendizaje para ese colectivo siguiendo una de las
orientaciones del Libro Blanco de Delors, que conoce usted,
que es desfiscalizar el puesto de trabajo no cualificado. En
ese sentido, un contrato normal tendría 26.000 pesetas de
cuota a la Seguridad Social y este contrato tendría 3.800
pesetas de cuota, de las que 3.500 pagaría el empresario y 300
el trabajador. Dígame usted, en coherencia con esta filosofía,
si es que le preocupa de verdad la gestión de la Seguridad
Social (creo que tenemos que coordinar eso con la solidaridad
porque no podemos hablar de solidaridad sin sentirse ciudadano
y responsable de un país que defiende, como es natural, tener
una buena gestión de sus ingresos y sus gastos), cuando ese
contrato, que cotiza por 3.800 pesetas a la Seguridad Social,
tiene todas las
prestaciones, salvo la de desempleo.
Por solidaridad, nosotros podemos cubrir una serie de
prestaciones con un contrato cuya cotización es de 26.000
pesetas, pero ese contrato de 3.800 no puede llegar a
financiar la diferencia que podría haber si el contrato fuera
de seis meses y tuviera un subsidio de tres meses de
protección por desempleo; no podemos cubrir la diferencia de
aproximadamente 22.000 pesetas, que podría ser la cuota de
esos seis meses, y unas 180.000 pesetas que supondría la
prestación por desempleo. Ahí es donde existe ese handicap
fuerte que es imposible de cubrir. Ya sabe S.S., porque lo
discutimos en la Comisión, que ésa es una de las razones
fundamentales, por no decir la única porque le recordé alguna
más, sobre la prestación de desempleo de este tipo de
contratos.
En cuanto a la edad, quisiera decirle que hemos escogido esa
vía amplia del aprendizaje para incluir a ese colectivo que va
de veinte a veinticinco años, que son más de 400.000 jóvenes
que no tendrían ninguna expectativa de empleo si lo limitamos
a esa edad.
Por lo que se refiere al salario, me gustaría decirle que, por
supuesto, todos estamos de acuerdo en que cada vez los
trabajadores tengan más salario, pero saben que existe una
legislación comparada que da un tratamiento diferencial a los
contratos formativos y que hay que considerar que el
trabajador que inicia un contrato de este tipo tiene que
compatibilizar sus horas de trabajo con sus horas de
formación. Luego, su salario no puede adaptarse a un trabajo
normal. Eso, sin tener en cuenta que muchos de sus compañeros,
que saben ustedes que están negociando convenios colectivos,
tienen salarios mucho más altos ya negociados en convenios
colectivos, porque tienen ustedes buenos sindicatos en algunos
sectores. Con respecto a los otros grupos, me gustaría hacer
algún comentario al Grupo Popular. No presentó una enmienda a
la totalidad, pero en su fijación de posición adoptó un tono
muy agresivo, descalificando y, al mismo tiempo, aceptando. El
señor Aparicio habla de que nadie tiene el monopolio de la
defensa de los derechos de los trabajadores. Por supuesto,
pero hay que ver su texto, sus enmiendas, y lo que aportan a
este proyecto de ley. Ustedes hacen aquí una especie --hay que
adivinarlo, porque tampoco lo defienden muy expresamente
nunca-- de propuesta vergonzante porque, por una parte,
expresan su acuerdo con un contrato de aprendizaje hasta los
21 años, pero, por otra, como no se atreven a decir que sería
bueno en estos momentos adoptar una decisión hasta ese
colectivo de 25 años, escogen una fórmula de 21 a 26 años, que
es una fórmula de contrato temporal, que no es nueva, que es
la fórmula del antiguo contrato temporal que provocaba
rotación en el empleo, cuando usted sabe que es uno de los
contratos que más ha generado el déficit actual. Proponen ese
tipo de contratos con una
bonificación de hasta el 75 por ciento, sin que hablen para
nada, lógicamente, de la prestación por desempleo, porque de
los temas desagradables no les gusta nunca hablar.
Hacen --como digo-- una propuesta vergonzante. Defienden
solapadamente la temporalidad. No lo hacen abiertamente, como,
por ejemplo, el PNV u otros grupos que piensan que la
temporalidad no es mala de por sí, sino que depende de las
circunstancias. Hacen una lectura deficiente del Libro Blanco
de Delors cuando hablan de que hay que reducir las cuotas del
50 por ciento del contrato en prácticas, cuando saben ustedes
que la línea es desfiscalizar los trabajos no cualificados y
no aquellos que están cualificados, como los contratos en
prácticas.
Hacen ustedes una deficiente lectura del Real Decreto-ley de
desarrollo, de 29 de diciembre, porque allí se habla ya del
repertorio y de la certificación que se necesita al término de
este contrato de aprendizaje. Por último y lo que es más
interesante, porque es lo que realmente define su modelo,
eliminan las medidas cautelares, eliminan la limitación de
aprendices en la plantilla, lo cual es muy curioso porque
entra dentro de su filosofía. Sería preferible que lo dijeran
abiertamente y que no defendieran aquí otras alternativas más
confusas o den una explicación algo ligera para no entrar en
profundidad en el tema.
Señor Aparicio, yo le agradezco mucho que la cita la haya
hecho con el señor Arnau, tal vez porque no quería tenerme de
interlocutora, como me tuvo en la Comisión (Protestas.), para
defender aquellas propuestas que le hicimos, para defenderse
de aquellas argumentaciones que le hicimos en la Comisión. Es
una buena fórmula, yo no se lo reprocho. Comprendo que dentro
de la técnica parlamentaria cabe todo (la señora Martínez
Saiz: ¡Eso, eso!), y cabe también al referirse a otro portavoz
para no contestar a las argumentaciones de quien en aquel
momento tenía la palabra. Hablan ustedes de descalificación
jurídica del texto. Si es jurídica, vale. Podrá ser de mala
técnica legislativa, vale. Tampoco quieren entrar en el fondo
del tema. No les interesa entrar. No es un problema de modos y
formas, señor Aparicio, es que ustedes no tienen un modelo
alternativo, es que ustedes tienen una propuesta vergonzante
en este tema y no lo han querido confesar de ninguna manera.
(Protestas en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los
del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Señora Romero, vaya concluyendo. (Varios señores Diputados
desde los bancos del Grupo Popular: ¡Tiempo! ¡Tiempo!)
La señora ROMERO LOPEZ: Voy concluyendo.
Unicamente voy a referirme al portavoz del Grupo Vasco (PNV),
al cual agradezco su exposición. Puede ser que compartamos
algunas de sus opiniones sobre la mala técnica legislativa,
que siempre es mejorable. Las deficiencias jurídicas en las
retribuciones a las que se refiere las compara, como he dicho
antes, con un contrato temporal. Ya dijimos en la Comisión que
hay que comparar las retribuciones con el panorama europeo.
Respecto a Coalición Canaria, lamentamos también, igual que
ellos, que el consenso no se haya producido. Es curioso que en
este debate haya habido mucha más agresividad por parte de los
grupos minoritarios, que no se manifestaron así en la
Comisión. Yo lamento que a S.S. le parezca un remiendo. Lo que
sí quisiera decirle es que es imposible contener la reforma
laboral en un cuadro sinóptico como él ha pretendido. (La
señora Martínez Saiz: ¿Por qué le apaga la luz?--Protestas en
los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE: Un momento, señora Romero.
Señorías, les ruego silencio.
Es la Presidencia, después de hablar con los portavoces y con
los miembros de la Mesa, quien distribuye los tiempos y quien
tiene en cuenta si en un turno de réplica a todos los grupos
se les puede conceder unos minutos más o no. (Protestas.)
Les ruego silencio, señorías.
Concluya ya, señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Voy concluyendo. Al portavoz de
Esquerra Republicana quisiera decirle que su alternativa
progresista es la misma del antiguo contrato de formación. No
hay nada nuevo en esa alternativa y no se puede ir diez años
atrás, hay que ir diez años hacia adelante.
Al representante de Unión Valenciana le quisiera decir que,
desgraciadamente, no me gustaría usar la agresividad. Yo soy
pedagoga. De la explotación del hombre por el hombre, no sé
nada. (Rumores.) Otros tal vez puedan tener más información de
lo que es la explotación del hombre por el hombre. En nuestro
Grupo no hay muchos empresarios que puedan haber tenido
experiencias de ese tipo. (Protestas.--La señora Villalobos
Talero: ¡Sarasola!) Quisiera concluir diciendo que este
contrato, para resumir, se adecua a las necesidades de hoy. No
es posible crear un contrato tipo que fuera el mejor y que
agradara a todos. Es el contrato adecuada a las
circunstancias. Sienta unos mínimos y no hipoteca el futuro,
que es lo importante para crear un buen sistema de
aprendizaje. (Rumores.) Tenemos una deuda con los jóvenes que
tenemos que compensar. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: Un momento, señora Romero.
Señor Hernando Fraile, le llamo al orden.
Concluya ya, señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias.
Comprendo que les duela mi intervención. (Rumores.) Comprendo
que se sientan molestos porque no hayan podido tener en este
tema posiciones valientes. Hubiera sido mejor un contrato
consensuado, qué duda cabe, pero no desesperamos de que
llegaremos a hacer un contrato que satisfaga todas las
necesidades. Para eso hemos propuesto una Ponencia aquí, en el
Congreso, para que podamos estudiar a fondo lo que es la
financiación de la formación profesional en relación con el
empleo, porque, como saben ustedes, no podemos hacer un buen
sistema de aprendizaje sin contar con empresarios y
sindicatos. Para eso hemos propuesto una Ponencia y para eso
seguiremos trabajando en el futuro.
Nada más. Muchas gracias. (Protestas en los bancos del Grupo
Popular.--Aplausos en los del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar un turno de réplica en relación con las razones
vertidas en el turno en contra por las dos Diputadas
socialistas que han ejercido como portavoz de su Grupo en este
trámite. Me decía la primera de ellas, la señora Rodríguez
Ortega, que el monopolio de los servicios públicos de empleo
es un tema que está a debate. Yo no le voy a negar ese dato.
Es verdad que en Europa están a debate muchas
cosas, muchas, por ejemplo, la reducción de la jornada, el
reparto del empleo. Hay muchas cosas a debate en Europa. Lo
que usted calla --y eso es lo importante-- es que esto ya no
está a debate. Esto ya está en vigor en España.
Ustedes han hecho una opción que consiste en replegarse ante
esa ola reaccionaria en este punto concreto y hoy está ya en
vigor en nuestro país la intermediación por las agencias
privadas de colocación. Por tanto, no hable de debate. Ustedes
lo han convertido en una norma hoy vigente, incluida en un
real decreto-ley, sin ningún debate, sin ni siquiera, en
virtud de ser un real decreto-ley, debate en el Consejo
Económico y Social. El otro día lo recordaba el señor Durán,
quien dijo: «No me pregunten de ese tema, ese tema ha sido un
real decreto-ley y no lo hemos
debatido.» Ni siquiera ahí, señora Rodríguez Ortega. No
utilice argumentos tan poco consistentes.
Dice usted además: «Tranquilo, señor Peralta, la legalización
de las agencias privadas no significa darle al mercado la
posibilidad de imponer sus reglas en el tema de empleo.» Ya le
he dicho cómo pueden conseguir eso. Digan que esas agencias no
cargarán ningún coste a los trabajadores, porque, si no, habrá
que pagar para encontrar empleo. En consecuencia, quienes
tengan mayor capacidad económica, tendrán mayor posibilidad de
acceso al empleo. Ustedes han establecido un sistema de
empresas tan peculiar, que no tienen fin de lucro. ¿No sería
posible, en ese sistema de empresas tan peculiar, establecer
que no cargan costes al trabajador? Porque, ¿quién va a
determinar la cuantía de esos costes? El coste puede ser
perfectamente 500.000 o 600.000 pesetas. Depende, entre otras
cosas, por ejemplo, de los sueldos que tengan los empleados, o
de los conciertos que establezcan para proporcionar formación,
etcétera. En definitiva, está claro que con las agencias
privadas de colocación se introduce una distorsión en el
mercado. Quienes tengan capacidad económica, los desempleados
con capacidad económica, tendrán mayor posibilidad de acceder
al empleo. Eso es así. Ha dicho usted, finalmente, que el
funcionamiento del Inem, como monopolio público, era más
teórico que real. Es cierto. Pero eso, señora Rodríguez
Ortega, no nos lo impute usted a nosotros, reprócheselo usted
al banco azul, que son los que han conseguido que el Inem sea
absolutamente ineficaz. Lo han hecho ustedes. ¡Si es lo que
hacen en muchas ocasiones! Restrigen los medios de los
servicios públicos, prestan peores servicios y lo utilizan
como argumento para cargarse los servicios públicos. Se está
haciendo con el Inem; se ha hecho con el Inem. Y,
efectivamente, se ha conseguido que el Inem funcione mal.
Conclusión: hay que cargarse el Inem. Y eso es lo que han
hecho. Pero eso, señora Rodríguez Ortega, en coherencia y en
congruencia, debería usted reprochárselo al banco azul, no a
nosotros, que venimos denunciando esta situación desde hace
años. No a nosotros. Ha terminado usted diciendo que no nos
preocupemos por el Inem, que va a ser un instrumento de
solidaridad que centre su actuación en los colectivos más
desfavorecidos. Ya le he dicho, señora Rodríguez Ortega, cómo
lo va a hacer: el Real Decreto-ley, en su artículo 5.º, dice
que el Estado establecerá programas de fomento de empleo para
los desempleados perceptores de prestaciones, no para los
desempleados en general, sólo para los desempleados
perceptores de prestaciones. Los más desfavorecidos, los
desempleados que no cobran prestaciones, tampoco van a ser
objeto de programas de fomento de la contratación. Para ésos,
¡ni agua! No me diga usted, señora Rodríguez Ortega, que es
que el Inem se va a concretar y se va a centrar en los más
desfavorecidos. Léase usted el Real Decreto-ley y dígame si
eso que dice el artículo 5.º no es verdad, que lo dice
exactamente así. Lo he leído, se lo leí en Comisión y se lo
vuelvo a leer ahora. Eso es así, señora Rodríguez Ortega. Por
tanto, creo que se pueden utilizar argumentos más
consistentes. Estos, desde luego, a nuestro Grupo no les
convence.
Por lo que se refiere a la otra Diputada socialista, la señora
Romero, ya en Comisión hizo usted determinadas referencias
personales a los otros portavoces. Ha dicho usted que, en
técnica parlamentaria, cabe todo. Yo creo que eso no cabe. Yo,
desde luego, no lo voy a utilizar. Le diré más. Used dice: «No
defendió sus enmiendas, o medio las defendió.» Señora Romero,
si hace falta algún Grupo --no digo ya algún Diputado--, que
la defienda a usted, cuente con nosotros. En ocasiones
observamos ataques a usted que nos parecen injustificables. Y
lo digo públicamente. Para defenderla, nuestro Grupo; yo,
personalmente. Pero, ¡échenos usted una mano, señora Romero!
No utilice usted ese tipo de argumentos. No los utilice usted.
¿Cómo dice usted que no me gusta leer los reales decretos? La
voy a decir una cosa: yo soy abogado, y eso forma parte de
nuestro trabajo. No forma parte del trabajo de los pedagogos,
pero sí del de los abogados. Ahora bien, no me pida usted que
me lea un real decreto que dice usted que se va a producir en
el futuro. Los abogados de este país son buenos, pero no
llegamos a eso; a eso no llegamos, señora Romero. Lo más que
leemos son los reales decretos que se publican. Nuestro Grupo,
además, no tiene la posibilidad que tienen otros grupos de que
ustedes les dan los anteproyectos y los discuten o no.
Nosotros, no. Nosotros, sólo cuando se publican en el «Boletín
Oficial del Estado», y yo me los procuro leer.
Lo que ocurre, señora Romero --y creo que es bueno que usted
lo recuerde, porque seguro que lo sabe--, es que los reales
decretos se tienen que ajustar a la ley. Yo le digo lo que
dice la ley y lo que no dice la ley. Porque donde no se diga
eso, los reales decretos tienen manga muy ancha, en este
Gobierno y en otros que puedan venir, señora Romero. Téngalo
en cuenta.
Ha dicho usted que no es verdad que las enmiendas socialistas
desnaturalicen el contrato de aprendizaje. Ha dicho una cosa
que --me ha ocurrido lo mismo que en Comisión-- no he llegado
a entender, por eso, a lo mejor, lo puede explicar. Ha dicho
usted: Las enmiendas socialistas consiguen que no se
superponga el tiempo de un contrato formativo con el tiempo de
un contrato de aprendizaje. Yo no sé, ...creo que es difícil
superponer el tiempo. Admito que me dé usted una explicación
convincente. Yo, la verdad, es que no logro entender cómo se
superpone el tiempo. Yo no me refería a eso, señora Romero. Se
lo repito nuevamente para que me conteste usted. Yo le he
dicho: El contrato de aprendizaje se define en el Real
Decreto-ley como el que tiene por objeto adquirir la
formación. Ustedes introducen una enmienda que dice: Cuando el
empresario incumpla sus deberes de formación (es decir, cuando
el empresario incumpla el objeto del contrato, así de claro),
en lugar de aplicarse la norma general que es que ése es un
contrato en fraude de ley y que, por tanto, se
convierte en un contrato ordinario, usted dice: ¡No, no! Ya ha
dicho usted que eso sería demasiado. Pues ésa es la norma
general del Derecho laboral...
El señor VICEPRESIDENTE : Señor Peralta, vaya concluyendo, por
favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente. El
contrato en fraude de ley se convierte en contrato, ordinario.
Le insisto: es la norma general del Derecho laboral. Usted
dice: «¡No, aquí, no! Aquí el empresario sólo tiene que pagar
la diferencia hasta el salario mínimo.» Pues están ustedes
legalizando una distorsión y una desnaturalización absoluta
del contrato de aprendizaje. De verdad. Eso es así.
Le quiero aclarar alguna cosa que ha dicho usted y que no es
verdad. Dice usted: «El contrato de aprendizaje tiene toda la
protección social, salvo el desempleo...» ¡Qué no es poca
cosa! Señora Romero, además, carece de la prestación económica
por incapacidad laboral transitoria, que tampoco es poco cosa.
También carece de ésa, señora Romero. Un trabajador aprendiz,
a quien el servicio público sanitario dice que no está en
condiciones de trabajar, ni cobra de la empresa ni cobra de la
Seguridad Social. Eso también es real, señora Romero.
Pero, fíjese uste, volviendo a lo que le decía antes, señora
Romero...
El señor VICEPRESIDENTE : Termine, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor Presidente. Han
desnaturalizado ustedes el contrato de aprendizaje, y le han
privado del objeto esencial, que es adquirir la formación.
Pero dice usted (esto es, de verdad, de escándalo): «¡Ojo!
Hemos propuesto una ponencia para que estudie ese tema».
Señora Romero, han creado ustedes un contrato, lo han puesto
en vigor desde diciembre y resulta que el objetivo fundamental
no saben ustedes qué pasa con él. Dice S.S. que va a haber una
ponencia que estudie ese tema. Y los que están contratados en
realidad, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué formación están
recibiendo? Nada de nada, señor Romero. Esa es la realidad. Y
de verdad que resulta un escándalo que ante una norma que está
vigente, que tiene como objeto dotar de formación, digan
ustedes: Ahora vamos a ponernos a estudiar qué formación se
les da. De verdad que es el
reconocimiento más claro de que esta norma es una auténtica
chapuza.
Para terminar --y finalizo, señor Presidente--, me dice usted
que es verdad que los aprendices tienen salarios bajos, pero
que eso ocurre también en Europa. Este domingo pasado, señora
Romero --me imagino que lo leería usted--, publicaba un medio
de comunicación un estudio del salario mínimo español en
relación con los europeos. Nuestro país incumple la directiva
comunitaria de que el salario mínimo tiene que tener un
porcentaje determinado sobre el salario medio, y está muy por
debajo de ese porcentaje. En el aprendizaje, además, por
debajo de ese salario mínimo español ínfimo. Usted ha dicho
una cosa tremenda; ha dicho: como ustedes tienen buenos
sindicatos..., y lo decía refiriéndose a este Grupo. No,
señora Romero, nosotros no tenemos buenos sindicatos, ni
tampoco pensamos que ustedes no tengan sindicatos. Los
sindicatos son los que son y...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, termine ya, por favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya.
Nuestros afiliados trabajan allí y, por tanto, conocen lo que
es la explotación del hombre por el hombre. Pero no me hable
usted de los convenios colectivos. Al cambiarle el nombre al
antiguo contrato de formación por el de aprendizaje han hecho
ustedes que las previsiones de los convenios colectivos no
sirvan para este nuevo contrato que han creado sin consenso
con los agentes sociales. Lo que dicen los convenios
colectivos no vale para nada, porque no es aplicable lo que
decían de los contratos de formación a este nuevo contrato de
aprendizaje.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. Es para
renunciar a este turno de réplica, puesto que mis
argumentaciones no han sido objeto de
contradicción, y como el silencio suele ser habitualmente
negativo en esta Cámara, tengo la impresión de que no van a
ser tomadas en consideración esas argumentaciones. Señora
Romero, no me puedo ofrecer ni a defenderla, y, por cierto, no
sé si es una oferta la hecha por el señor Peralta muy
considerada para sus propias capacidades de autodefensa, que
nosotros consideramos suficientes.
En definitiva, renuncio al turno y hago mías las
consideraciones anteriores, a ver si en este turno de réplica
son objeto de la debida contestación. Gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Aparico.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Romero, me da exactamente igual, se lo aseguro, quien
intervenga por su Grupo Parlamentario, con una única
condición, que efectivamente represente al Grupo, igual que a
usted le tenía que dar exactamente igual quién hablase desde
el Grupo Popular, siempre y cuando represente las posiciones
del Grupo Popular. Nominalizar un debate, intentar llevarlo al
terreno de lo personal, presuponer simpatías o antipatías
hacia las personas no sé si es su forma de pensar y de actuar;
le garantizo que no es la mía, y ya tuve ocasión de decírselo
en la Comisión. Y precisamente por ello, porque creo que
respondí adecuadamente a sus argumentaciones en la Comisión, y
desconociendo quién iba a ser la persona que interviniese por
el Grupo Socialista, he hecho uso de lo que queda finalmente,
de lo que supongo que para el señor Arnau eran en aquel
momento opiniones del Grupo Socialista. Nominalizar los
debates con ese tipo de cuestiones es demostrar simplemente
que carece de otro tipo de argumentos. No sé si lo entenderá o
no, pero veo que se ríe mucho cuando le cuentan las cosas,
cuando se lo explican y cuando las entiende, además.
Vergonzante, que es la palabra que usted ha utilizado con
mucha frecuencia, es ofrecer a los jóvenes condiciones de
trabajo más que discutibles y reservar para el aprendizaje de
puestos directivos a algunos compañeros socialistas contratos
blindados, eso es vergonzante, me parece a mí que bastante
más. Porque para el aprendizaje de algunas funciones
directivas dotar de unas condiciones de privilegio me parece
que no es un buen modelo de aprendizaje, y también es suyo,
por cierto. Vergonzante es que una persona de su Grupo --que
yo entiendo que también es
cualificado portavoz del mismo-- defienda, porque le viene muy
bien, en un debate en televisión la necesidad de fórmulas de
jubilación flexibles y lo lleve incluso a su propia ponencia
marco. Vergonzante es no dar ni una sola explicación política
de por qué se desestima esa enmienda. Creo que eso va en otra
línea, en otra dirección.
Los juicios de valor son peligrosísimos, porque generalmente
tienden a volverse en contra de quien los formula. Nosotros
hemos venido a explicar algo muy sencillo. Hicimos una oferta
leal de colaboración en este Real Decreto, cuando precisamente
el representante de su Grupo se comprometió --y es lo que he
querido decir-- a que en dicho Real Decreto se aceptarían esas
colaboraciones. Hemos hecho el balance en sus justos términos.
No nos duele que no se acepten las enmiendas, pero queremos
que quede constancia de que a cinco grupos de esta Cámara no
se les ha aceptado ni una sola de sus propuestas, salvo una
interesantísima propuesta del Grupo de Izquierda Unida que
proponía sustituir Real Decreto-Ley por proyecto de ley. Esa
es la enmienda que han admitido a otros grupos, enmienda de
alto contenido, de enjundia, sin duda ninguna.
Vuelvo a insistir en la necesidad de que exista un contrato de
aprendizaje en España, de que sea un contrato bien definido
que evite esos riesgos a los que antes se hacía mención, en la
única parte que creo que ha sido correcta. Claro que tenemos
que medir muy mucho si vamos a generar rotación y
temporalidad; claro que lo tenemos que medir. Pero ese es el
esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para no tener que
lamentarnos. También fue un acuerdo unánime el año 1984 la
reforma del Estatuto de los Trabajadores; se logró una
unanimidad o, al menos, un apoyo que no tiene ahora. Admitamos
esos errores porque en sus propios planteamientos no quería
asumir ni una sola responsabilidad. Eso es muy diferente.
Nosotros queremos acertar con el contrato de aprendizaje, pero
no por una cuestión personal; no es cuestión personal del
señor Aparicio, y supongo que no lo será de la señora Romero,
el contrato de aprendizaje. Espero que entienda que es otra
cuestión que compromete a todos los jóvenes
españoles, especialmente a los menos cualificados. Usted si
quiere lo hace cuestión personal; yo, desde luego, hago una
cuestión política importante en la que creo que tenemos que
intentar ser positivos y educados. La utilización de
argumentos extraparlamentarios, desde luego, estarán muy bien
para otros medios, pero no para esta Cámara.
Finalmente le diré que en las fórmulas de incentivación --por
si ha quedado alguna duda--, no sé si las habrá leído o no, se
hablaba de desfiscalizar. Supongo que estará de acuerdo con el
criterio de que, ante un colectivo tan importante como es el
de mayores de 45 años, caracterizado, como le decía, por su
baja cualificación profesional y por la frecuencia de las
situaciones de responsabilidad familiar, hay que proponer una
fórmula de desfiscalización. Si usted quiere una transacción
en estos momentos se la ofrecemos; deje los incentivos
de carácter fiscal y si quiere replantee los temas de
Seguridad Social, lo tiene a su alcance.
Le vuelvo a insistir en que no se trata de cuestiones
personales; se trata de algo tan tremendo como esos cuatro
millones de parados, que, vuelvo a insistir, negará o no
negará el Gobierno, me da exactamente igual, porque al final
también la
responsabilidad estadística es suya, les guste o no. Y querrán
trabajar o no podrán trabajar, pero en cualesquiera de los dos
supuestos es bastante dramático, y ahí sí me gustaría que se
personalizara uno a uno a esos cuatro millones de españoles,
no a este humilde Diputado que le habla.
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora portavoz del Grupo Socialista, señora Romero,
doña Carmen (Risas.), usted ha dicho que no existían
empresarios dentro del Grupo Socialista, dentro del Partido
Socialista. Creo que está usted muy equivocada, y yo creo que
tiene que conocer bastante más que yo a los señores Polanco,
Luzón, Sarasola y García Hermoso, y luego, por qué no,
continuar con toda esa serie de empresarios de industrias del
INI, de Iberia y de Televisión, señor García Candau, que,
además, despilfarran lo que el 75 por ciento del empresariado
español, que somos el pequeño empresario, estamos produciendo.
Yo soy un pequeño empresario y me siento muy orgulloso de
serlo, pero naturalmente no puedo aceptar una norma que,
vuelvo a repetir, está rozando la explotación del hombre por
el hombre. Yo le aseguro una cosa, a muchos empresarios nos
repugna este tipo de contrato, aunque posiblemente a alguno
no, pero no será empresario aquel que lo vea con agrado. Por
mi parte, y por parte del partido que represento, Unión
Valenciana, no lo entendemos así, porque, ya le digo, somos
empresarios que trabajamos. No quiero perder la oportunidad de
nombrarle a otro empresario sobre el que yo a veces me he
preguntado si no habría que contratarle, al señor Luis Roldán,
que en tan poco tiempo ha sido capaz de elevar a límites tan
extraordinarios las economías. Yo me pregunto, insisto, si
algún empresario no tendríamos que pensar en contratarlo
porque a lo mejor podría ser bueno, nos descubriría fórmulas
que no conocemos. Las que yo conozco son las del trabajo,
trabajo y trabajo. (Una señora Diputada del Grupo Popular:
¡Muy bien!)
Pero seamos sensatos, ustedes se han equivocado, no es esta la
forma; había que tomar medidas, pero, insisto, no es esta la
forma. Además, jurídicamente un ilustre compañero mío se lo ha
dicho también, el señor Olabarría, que ha dado una lección
magistral, aportando una serie de datos que nos han
apabullado, y valdría la pena que ustedes le hubieran
consultado para conocer mejor aquello que estaban haciendo.
En definitiva, lamentamos que no puedan aceptar nuestras
enmiendas, que pretendían corregir una serie de malformaciones
concretas de este contrato y de la forma cómo se presenta.
Agradezco que S.S. me lo haya dicho sin acritud, porque yo
también se lo he dicho sin acritud, se lo prometo. Hay
simplemente un intento de fijar las posturas y de fijar quién
es quién. No se puede hacer un retrato robot y decir: un
empresario y un trabajador. No, señoría. Hay de todo en todas
partes, como en la viña del Señor, y hay personas que tienen
el título de empresario, que no se merecen, pero hay otros que
presumen de obreros que, naturalmente, se lo merecen menos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a replicar con brevedad al señor Peralta,
portavoz del Grupo de Izquierda Unida.
En su intervención S.S. no ha cuestionado algo que no puede
cuestionar de ninguna manera, y es que existe un documento de
octubre del año 1992 en el que, efectivamente, se pone de
manifiesto y se ratifica por los responsables de los servicios
públicos de empleo de los doce países comunitarios el
cuestionamiento de estos servicios públicos de empleo --en
nuestro caso el Inem-- como monopolio exclusivo para ejercer
estas labores de intermediación entre trabajadores y
empresarios. Este documento se confirma y ratifica en octubre
de 1992 por los responsables asistentes a esta reunión.
Tampoco parece que quiera S.S. admitir las manifestaciones que
hizo el Presidente del Consejo Económico y Social cuando
compareció en la Comisión de Política Social y Empleo. Se
refirió expresamente a que se había analizado y se había
dictaminado así (no para este proyecto de ley, pero sí para el
dictamen global sobre la reforma del mercado laboral) y se
hacían propuestas de mejora de los mecanismos de colocación y
de formación; expresamente se refirió a este dato que S.S. ha
negado desde la tribuna. Es decir, el Presidente del Consejo
Económico y Social reconoce --y así se dictamina-- que es
necesaria la mejora de estos mecanismos de colocación. Hay
otro argumento más para confirmar la necesidad de legalización
de las agencias de colocación sin fines lucrativos. En el
propio Libro Blanco de Delors sobre crecimiento,
competitividad y empleo también se hace referencia expresa a
lo que se denomina Agencia
Intermedia del Mercado de Trabajo. Se dice que puede estar
relacionada con el sector privado o con los servicios de
empleo; se confirma su validez y existe, además, la
utilización de ese potencial de recursos como guías eficaces y
operativas hacia el mercado laboral formal.
Pero aún hay otro dato más, señor Peralta. Ha hecho
afirmaciones S.S. dándonos a entender que nos cargamos el Inem
o que lo dejamos reducido a un colectivo que, en su opinión,
tiene muy poca importancia, como son los desempleados que
están cobrando prestaciones. Para mi Grupo Parlamentario tiene
mucha importancia ese colectivo, y queremos dedicarle mucha
atención, aunque no solamente a él, pero sí especialmente y
ello se articulará a través del Inem.
Además, le decía, señor Peralta, que ha tenido S.S. tanto
interés en descalificar las iniciativas del Grupo Socialista,
especialmente ésta, la de la Agencia de Colocación, en no
reconocer su conveniencia --le ha negado cualquier posibilidad
de eficacia ya de antemano; ha subido a la tribuna con un
posicionamiento previo, con unos condicionamientos previos
excesivamente rígidos--, que en ese interés de descalificación
ha llamado nada más y menos que reaccionaría a la Organización
Internacional del Trabajo. Creo que su afirmación ha sido
excesiva, desmedida, porque, efectivamente, el Convenio número
96 de la Organización Internacional del Trabajo, en su
artículo 6 --lo voy a leer textualmente para que no quede
ninguna duda de la existencia de este documento--, dice: La
agencia retribuida de colocación, sin fines lucrativos,
deberá, por una parte, poseer una autorización de la autoridad
competente y estará sujeta a la vigilancia de dicha autoridad.
Y, en segundo lugar, no podrá percibir una retribución
superior a la tarifa que haya sido sometida a la autoridad
competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por
dicha autoridad, habida cuenta estrictamente de los gastos
ocasionados.
El texto del apartado del artículo 2 de nuestro proyecto de
ley, del proyecto de ley medidas urgentes de fomento de la
ocupación, es casi una copia literal de la fórmula que se
utiliza en el Convenio 96 de la Organización Internacional del
Trabajo, que entiendo que de forma desafortunada ha calificado
usted de reaccionaria.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE : Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Peralta, comprendo su expresión y, de verdad, le pido
disculpas. Es posible que haya algunos grupos que tengan el
patrimonio de la agresividad y otros tengamos que tener el
patrimonio de la prudencia. (Rumores y protestas.) Puede ser
cierto lo que ha dicho sobre el Real Decreto; tenemos todo el
derecho a opinar aquí sobre cuáles pueden ser las líneas
fundamentales de los futuros reales decretos y no tiene por
qué habérselo leído, lógicamente. Pero sí quería decirle que
ese tema se contemplará, y esperamos que se contemple en la
línea en la que ustedes también han trabajado, por eso hacía
referencia a que lo veremos próximamente en el Real Decreto.
Le pido disculpas, francamente, si es que algún comentario de
ese tipo le ha podido molestar.
Le explico lo que es superponer el contrato de formación,
porque en la Comisión también se habló de ello. Cuando un
contrato de formación no ha terminado su tiempo y ahora puede
surgir un contrato de aprendizaje, no se puede contabilizar el
tiempo del contrato de aprendizaje previsto; es decir, no son
los tres años, sino el contrato de formación --con el tiempo
que llevaba-- más lo que le falte de contrato de aprendizaje.
En eso consiste la enmienda.
Y no es un contrato en fraude de ley lo que comentaba respecto
a la penalización del empresario, es un contrato con un
incumplimiento, pero para eso está la ley de sanciones, que
comprendo que no le guste. Podemos tratar sobre esa ley de
sanciones, pero ése es otro tema que se desvía del contrato de
aprendizaje; es, en general, la ley de sanciones.
Quisiera también darle la razón respecto al salario mínimo,
porque es cierto que el salario mínimo en España es más bajo
que en otros países, pero también es cierto que precisamente
por eso los topes los hemos puesto más altos que en los
contratos formativos que existen en otros países, donde rondan
el 30, el 40 o el 50 por ciento, y aquí hemos puesto de límite
del 70 por ciento, precisamente teniendo en cuenta ese dato
que usted ha dado, pero que lo ha dado a medias. Creo que hay
que intentar siempre decir las verdades en su globalidad, y
sabe, señor Peralta, que en este tipo de sistemas de
aprendizaje que queremos crear confluyen muchísimos factores:
las administraciones autonómicas, empresarios, sindicatos, y
con las leyes no somos capaces de llegar a estructurar ese
sistema, por eso hemos hecho la propuesta de tratar a fondo en
la ponencia todas las
implicaciones que se derivan de la creación de un buen sistema
de aprendizaje. Respecto al Grupo Popular, lo siento, señor
Aparicio, pero no estaba haciendo una personalización, en
absoluto; simplemente que usted había utilizado la táctica de
desviar la atención sobre una propuesta que no había defendido
plenamente, como tampoco la defendió abiertamente en la
Comisión. Ustedes hablan de contrato temporal, pero yo también
puedo decirle que no existe ninguna disposición derogatoria
referida a los contratos temporales, puede ser una
contradicción de las muchas que tiene su Grupo. Estábamos
hablando, sobre todo, de la argumentación de las propuestas.
No pude entrar en la jubilación flexible, no pude entrar en
los contratos para mayores de 45 años por las
exigencias de su Grupo sobre el tiempo, pero cuando usted
quiera vuelvo a hablarle de que la jubilación que usted
plantea es una jubilación que ocasionaría problemas a la
Seguridad Social, y le pedí en la Comisión que hiciera un
estudio de costes. Claro que estamos todos de acuerdo en
establecer medidas para la jubilación flexible, pero hay que
hacer estudios de costes para
acompañarlas, porque pueden estar muy bien, pero hay que
establecer, como digo, un presupuesto para poder hablar de
ellas, teniendo en cuenta que en nuestro país ya existe una
jubilación bastante flexible, pues el 43 por ciento de los que
se han jubilado en 1993 lo han hecho con 60 años. Es decir,
existe ya una cierta jubilación flexible, aunque, por
supuesto, podríamos seguir hablando de ese tema, pero nos
hemos tenido que concentrar en el tiempo.
Y para la desfiscalización de los mayores de 45 años me remito
a lo dicho al señor Peralta.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE : El único Grupo Parlamentario que no
ha intervenido en el debate es el Grupo Catalán (Convergència
i Unió).
Tiene la palabra el señor Hinojosa para fijar su posición.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, mi Grupo aportó una serie de enmiendas,
once en concreto, a este proyecto de ley, y excepto una todas
fueron subsumidas o aprobadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, por lo que se incorporarán al dictamen de la
Comisión.
Coincidimos en temas tan importantes como la introducción de
la maternidad en la ILT; coincidimos en temas tan importantes
como la utilización de la formación ocupacional como elemento
que complemente la formación teórica de los aprendices, y
coincidimos en toda una serie de aspectos que, fruto de un
diálogo fluido, hemos podido plasmar en lo que será este
proyecto de ley, que espero sea aprobado en esta sesión,
aunque somos conscientes de que este aspecto de la reforma que
hoy vamos a aprobar no es suficiente para resolver todos los
problemas que tenemos en el país.
Señorías, mi Grupo está tremendamente preocupado --y así lo
hemos venido manifestando en todas nuestras intervenciones--
por la situación real que vive esa bolsa importante de
personas, 728.000 jóvenes, que no han encontrado todavía su
primer empleo, y fruto de eso, y de que en nuestro programa
electoral lo proponíamos, es lo que nos ha llevado al diálogo
con el Partido del Gobierno para plasmar la inquietud en un
acuerdo concreto y en una forma de contrato de aprendizaje
que, a nuestro juicio, repitiendo las frases que el Presidente
de nuestro Grupo dijo aquí el día 20 del mes de enero, es una
fórmula feliz y por la que hemos de
felicitarnos. Qué duda cabe que para esos 728.000 jóvenes --
estoy hablando de 728.000 jóvenes en el tercer trimestre del
año pasado, probablemente hoy ya sean más-- que no han tenido
ocasión de encontrar su primer puesto de trabajo, ésta es una
buena oportunidad.
Nos preocupa también, y de una manera muy profunda, el
1.020.000 trabajadores que llevan más de dos años en
expectativa de encontrar un puesto de trabajo, que fueron
expulsados de su puesto de trabajo anterior y que no han
encontrado uno nuevo, siendo la mayoría de ellos personas de
40, 45 y más años. Nos preocupa, digo, profundamente, y por
eso creemos que el contrato a tiempo parcial será también un
buen instrumento para mover esa base.
Una legislación que nos ha llevado a no poder frenar la
destrucción de empleo ni a incentivar nuevas políticas de
creación de empleo, una legislación en activo durante una
serie de años que ha permitido esta situación, qué duda cabe
que había que reformarla. Podemos estar en desacuerdo en
algunos matices, pero no en la filosofía ni en el fondo sobre
la necesidad de afrontar esta reforma, porque si no lo hacemos
la situación irá empeorando día a día.
A mi Grupo no se le escapa --lo hemos dicho y lo repetimos--
que ésta no es la única fórmula que existe para resolver los
problemas que tenemos y a los que ya he hecho referencia. Qué
duda cabe que la creación de actividad es un problema
interdisciplinario, qué duda cabe que si no superamos la
situación económica no resolveremos los problemas con una
reforma jurídica de la legislación laboral, pero qué duda cabe
también que sin esta reforma estaríamos dificultando la
posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. Por tanto, mi
Grupo ha trabajado y trabajará en los proyetos que están en
trámite para que la reforma sea una realidad, sin ningún tipo
de duda. En la vida hay que optar, y mi Grupo lo ha hecho, por
la reforma de una manera clara, descarada y concreta; no tiene
que haber ninguna duda de que estamos por la reforma.
Seguramente existirán errores en esta reforma, seguramente
habrá que revisarla dentro de uno o dos años, seguramente
estaremos cometiendo algún error involuntario que ya
corregiremos, pero hoy lo que prima, lo importante, es remover
esa masa de 3.600.000 personas que quieren trabajar y que no
trabajarán si no
afrontamos ésta y otras reformas. Por ello, mi Grupo se
dispone a votar favorablemente este proyecto de ley y a
aportar en futuros trámites todo aquello que nos lleve a la
consecución de un final feliz en esta reforma laboral que hoy
acometemos. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas a
este proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la
ocupación.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana
pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicito la votación separada en tres bloques distintos: en un
bloque, las enmiendas números 84 y 86; en un segundo bloque,
las enmiendas números 61, 64 y 81, y el resto, en otra
votación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Votación de las enmiendas de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, números 84 y 86.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 148; en contra, 154; abstenciones,
cinco.
El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas.
Seguidamente, sometemos a votación las enmiendas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya números 61, 64 y 81.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 22; en contra, 156; abstenciones, 129.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 23; en contra, 276; abstenciones,
siete.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas del Grupo
Vasco (PNV). (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicitamos votación separada en tres bloques: primero, las
enmiendas 27 y 31; en un segundo bloque, la enmienda número
32; y el resto en un tercer bloque. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Comunico al señor Fernández-Miranda
que la enmienda 32 no se mantiene viva. Entonces, serían
solamente las números 27 y 31, por una parte, y el resto, por
otra. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, nosotros pediríamos
votación separada en dos bloques; por una parte, las enmiendas
números 27, 29 y 31, y el resto, en otro bloque.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
En consecuencia, tendremos que votar, por una parte, las
enmiendas 27 y 31, bloque en el que coinciden; la número 29,
por otra y el resto, por otra. Se somete a votación las
enmiendas del Grupo Vasco (PNV), números 27 y 31. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 155.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 27 y
31. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías!
Se somete a votación la enmienda número 29, del Grupo Vasco
(PNV). Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 26; en contra, 156; abstenciones, 126.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 10; en contra, 171; abstenciones, 126.
El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas
las restantes enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Peralta Ortega pide la
palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Pedimos la votación de las enmiendas en dos bloques: por una
parte, las enmiendas 100, 101, 103, 105 y 111 y, por otra
parte, las restantes.
El señor VICEPRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas
del Grupo Popular números 100, 101, 103, 105 y 111.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 155.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
(Rumores.) ¡Silencio, señorías! (Fuertes rumores.)
Se someten a votación las restantes enmiendas del Grupo
Popular. (Varios señores Diputados: ¡Tongo, tongo!)
¡Silencio, señorías! Señorías, ¡silencio! Se somete a votación
las restantes enmiendas del Grupo Popular (Fuertes protestas.)
Comienza la votacion. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 125; en contra, 171; abstenciones,
seis.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes
enmiendas del Grupo Popular. (Fuertes rumores.--Varios señores
Diputados: ¡Tongo, tongo!--Algunos señores Diputados entran en
el hemiciclo.) ¡Silencio, señorías! (Fuertes rumores.--El
señor De Rato Figaredo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Rato.
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, solicito que por
parte de la Mesa se haga un recuento de todos los presentes
para evitar... (Fuertes y prolongados rumores.--Protestas.--
Varios señores Diputados: ¡Fuera, Fuera! ¡Que no entre nadie!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Señor Martínez Noval. (Fuertes rumores.--Protestas.)
El señor DE RATO FIGAREDO: Solicito que por la Presidencia se
proceda al recuento de los presentes para cotejar si se han
producido errores en la votación electrónica (Aplausos.) y
que, mientras se produce ese recuento, los Diputados que estén
fuera en este momento del hemiciclo y lo hayan estado no se
incorporen a las votaciones, que no se van a producir...
(Rumores y
protestas.)
Señor Presidente, es obvio que para saber cuántos estábamos en
el pasado no se pueden incorporar nuevos Diputados. (Continúan
los rumores y las protestas.) Y como no se van a producir
nuevas votaciones hasta que no se haga el recuento, no estamos
impidiendo a nadie votar. (Algunos señores Diputados entran en
el hemiciclo.--Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, ¡silencio!
Ha habido... (Varios señores Dipuados: ¡Fuera, fuera!)
Señorías, silencio! ¡Silencio, señorías!
Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas del
hemiciclo. (Varios señores Diputados: ¡Ahora, ahora!--Fuertes
protestas.--La señora Aguilar pide la palabra.)
Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, puesto que es el
señor Presidente quien tiene la obligación de velar por la
normalidad democrática en esta Cámara, a nosotros nos parecía
imprescindible --lamentamos que nos haya dado la palabra tarde
el señor Presidente-- que las puertas se cerraran cuando el
portavoz del Grupo Popular solicitó (Aplausos.) el recuento de
los presentes en el seno de la Cámara. Se han producido
algunas incorporaciones (Rumores.) y para devolver la
normalidad
democrática a la Cámara esos compañeros deberían de volverse a
ausentar (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.) para
que el recuento de los presentes realmente diera el número
cierto de los que estábamos a la hora de producirse las
votaciones. Por tanto, desde nuestro Grupo, señor Presidente,
le reiteramos la petición de que vele de verdad por la
normalidad, que la
restablezca y que podamos conseguir saber quiénes estábamos
presentes en la Cámara y si ha habido irregularidad o no en
las votaciones que se han producido. Nada más y muchas
gracias. (Aplausos.--El señor González Lizondo pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, en representación
del Grupo Mixto, de los cuatro partidos que estamos presentes:
Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Aragonés, EA-EE y
Unión Valenciana, hacemos nuestra la propuesta de los dos
portavoces que nos han precedido y, naturalmente, aquellos
compañeros que hayan entrado con posterioridad deben abandonar
el hemiciclo; la democracia se tiene que exprear en todos los
sentidos. Muchas gracias. (Rumores y protestas.--Varios
señores Diputados: ¡Otro, otro!--El señor González de Txabarri
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor González de Txabarri (Varios
señores Diputados: ¡Otro, otro!) ¡Silencio, señorías! (La
señora Martínez Saiz pronuncia palabras que no se perciben.)
Señora Martínez,
la llamo al orden. (La señora Martínez Saiz continúa
pronunciando palabras que no se perciben.) Doña Teófila
Martínez, la llamo al orden. (Un señor Diputado: ¡Claro que
sí!) Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Desde el Grupo Vasco queremos sumarnos a lo
manifestado por los portavoces de los Grupos Popular,
Izquierda Unida y Mixto, en el sentido de que existe
presunción de irregularidades. Solicitamos a la Presidencia
que tome las medidas oportunas ante los hechos que todos hemos
podido observar con nuestros propios ojos. (Aplausos.--El
señor Solchaga Catalán pide la palabra.--Varios señores
Diputados: ¡Otro, otro!)
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Solchaga.
El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, por parte de mi
Grupo quiero pedir a aquellos componentes del mismo que hayan
podido entrar después de la solicitud hecha por el señor Rato
en materia de recuento de votos que, si están en la sala, la
abandonen. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Dicho esto, señor Presidente, creo que el recuento de votos
debe recaer sobre la última votación.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡No, no!--Un señor
Diputado: ¡Qué listo eres!--Un señor Diputado: ¡Sí, señor!)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (El señor De
Rato Figaredo pide la palabra.)
Señor Rato, si le permite a la Presidencia que haga una
precisión, tal vez no sea necesaria su intervención; si no,
inmediatamente le daría la palabra. La Presidencia entiende,
señora Aguilar, que en ningún momento aquí se ha alterado la
normalidad democrática, primer punto. (Fuertes rumores y
protestas.) ¡Silencio, señorías!
En segundo lugar, cuando se ha solicitado el recuento por
parte del señor Rato ha sido en el momento de las dos
votaciones de las enmiendas del Grupo Popular.
En tercer lugar, si la Presidencia no había ordenado a los
servicios de la Cámara cerrar antes las puertas es porque
había entendido que no puede incorporarse ningún Diputado ni
Diputada al hemiciclo en el momento en que se está produciendo
una votación, la votación de las enmiendas de un Grupo, y que
entre una y otra votación era posible la incorporación. (El
señor López Riaño: ¡Exacto!--Aplausos.--Protestas.) Por ese
motivo, señora Aguilar, no lo había indicado la Presidencia.
Hechas estas precisiones, y después de conceder la palabra al
señor Rato, la Presidencia está en condiciones de efectuar un
recuento, ver los votos presentes y repetir las dos votaciones
que afectan a los dos paquetes de enmiendas en los que se han
dividido todas las enmiendas del Grupo Popular. (Protestas.)
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, es indudable que,
a partir del momento en que se solicita el recuento de los
presentes, la incorporación de nuevos miembros a la Cámara es
incorrecta... (Varios señores Diputados: Digan los nombres.--
Un señor Diputado: ¡La Señora Balletbó!) ...salvo que
abandonen el hemiciclo, como se ha solicitado.
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor DE RATO FIGAREDO: Si ustedes... (Varios señores
Diputados: ¡Que digan nombres!--Rumores y protestas.) ... si
ustedes se sienten acusados, probablemente es porque tienen
que sentirse. (Fuertes rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, puesto que ha
habido diferencias entre la penúltima votación y la última,
nosotros solicitamos que se haga el recuento de los presentes,
abandonando el hemiciclo aquellos que hayan entrado después
(Varios señores Diputados: ¿Quién?), y solicitamos que se
coteje con las tres últimas votaciones. (Fuertes rumores.--La
señora Aguilar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, en mi intervención
anterior, en nombre de mi Grupo Parlamentario, aludía a la
normalidad democrática de la Cámara, entendiendo que una regla
esencial de la democracia es: un hombre, una mujer, un voto;
un Diputado, una Diputada, un voto.
Posiblemente si recurriéramos al soporte informático de la
Cámara podríamos constatar si esta regla de la democracia ha
sido o no conculcada. (Rumores.) En segundo lugar, nosotros
nos sumamos a la petición última que ha hecho el portavoz del
Grupo Popular, en el sentido de que sean cotejadas las tres
últimas votaciones que han sido realizadas.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.--Varios señores
Diputados: ¡Exacto! ¡Exacto!)
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Aguilar, el recuento se puede
hacer, pero significa una interrupción. Y una interrupción
imposibilitaría precisamente aquello que S.S. decía. (Rumores
y protestas.--Varios señores Diputados: ¡No!, ¡no!)
Por tanto, hecho el ruego que el portavoz del Grupo Socialista
ha indicado, que ha recogido el señor Rato y al que yo me uno,
es decir, si algún miembro se ha incorporado en medio de las
dos votaciones del Grupo Popular... Vamos a ver el número de
presentes en este
momento. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Que salgan!
¡Que salgan! Otros señores Diputados: ¿Quién? ¿Quién?)
Ruego silencio a SS.SS., por favor ¡Silencio, señor Martínez!
El señor González de Txabarri tiene la palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Nos alegramos de la postura manifestada por el
portavoz del Grupo Socialista en el sentido de rogar a los
Diputados de su Grupo que se hayan podido incorporar a la sala
que abandonen el hemiciclo. (Rumores.) Entendemos que la
Presidencia debe ordenar como tal Presidencia para velar por
el correcto desenvolvimiento de las votaciones. (Aplausos,
rumores y protestas.) Creemos que ésa es la función de la
Presidencia y en esos términos debe
desarrollarse.
Solicitamos, en lo que se refiere a las votaciones, que se
repitan también las relativas a las enmiendas que presentaba
el Grupo Vasco a este proyecto de ley. (Fuertes rumores y
protestas.--Aplausos.--El señor Romero Ruiz y varios Diputados
del Grupo Popular: ¡Que hable Roca!)
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra
el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, rogaría a todos mis compañeros, dado que aquí
están también los medios de comunicación, que tuviéramos un
poco de sensatez, prudencia y silencio, como ha demostrado el
señor Solchaga, el señor Rato, por parte del Grupo Popular y
creo que los demásque estamos interviniendo. Por favor, vamos
a
comportarnos como mayorcitos que somos. (Fuertes rumores.)
Pediría, por favor, señor Presidente, que tenga en cuenta que
cuando está considerando las puertas no se refiere solamente a
aquellas dos. (Señalando a las de ambos lados de la Mesa.)
Tenemos detectadas tres personas más que han podido entrar.
Aquí hay más puertas. Por favor, pediría honestidad, que se
marchen todos aquellos señores que han tenido que entrar por
esta puerta (Indicando a la situada en la parte alta del
hemiciclo.) y dejemos el tema absolutamente en sus términos.
No nos obliguen, por favor, a decir los nombres; hagámoslo con
absoluta ética y prudencia.
Además, quiero sumarme a la propuesta del señor Rato, que sean
las tres últimas votaciones las que se reconsideren.
Gracias. (El señor Roca i Junyent pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roca.
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, hablo precisamente
a requerimiento de algunos compañeros del Partido Popular y
del señor Romero, que he oído que reclamaban mi intervención,
para decirles que la norma democrática empieza por la
autoexigencia y, como nuestro Grupo está en su integridad, por
nosotros pueden repetir todas las votaciones que les dé la
gana porque vamos a votar lo mismo desde el principio al
final. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy
bien!)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Los datos de presentes en las votaciones que se han producido
esta mañana han sido los siguientes: En la primera votación,
290 presentes; en la segunda, 307; en la tercera, 307. Estas
tres votaciones corresponderían al bloque de las enmiendas de
Izquierda Unida. (Varios señores Diputados: ¡No! ¡No!) En la
cuarta votación, 306. (El señor Soriano Benítez de Lugo: Los
de sonido dicen que no.--Pausa.)
Perdón, hay una corrección, señorías. (Fuertes rumores y
protestas.) ¡Silencio, por favor, señorías! Espero que ayuden
un poco a la Mesa y a la Presidencia a tratar de entendernos.
Dicen los servicios técnicos que la votación que he mencionado
como primera, en la que había una diferencia con respecto a la
segunda, corresponde a la primera votación de la mañana, la
votación de las enmiendas del Senado. En esa votación, ha
habido 290 presentes. Por lo tanto, la segunda, tercera y
cuarta votaciones corresponderían a los tres bloques en los
que hemos dividido las enmiendas de Izquierda Unida. En la
primera de ellas, que es la segunda votación de la mañana,
había 307 presentes; en la votación tercera, que
correspondería a la segunda de la mañana, había 307 presentes;
en la votación número cuatro, que correspondería a la tercera
votación de las enmiendas de Izquierda Unida, hay 306
presentes. Esas son las votaciones referidas a los tres
bloques en que hemos dividido las enmiendas de Izquierda
Unida.
Respecto a las votaciones del Grupo Vasco (PNV), en la primera
votación había 308 presentes; en la segunda votación, 308
presentes y en la tercera, 307 presentes.
Respecto a las dos votaciones que se refieren a las enmiendas
del Grupo Popular, en la primera de ellas ha habido 308
asistentes y en la segunda, 302 asistentes. (Fuertes rumores.-
-La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Ahí está, cuando hemos
protestado!) Estos son los datos que se aportan. (Fuertes
rumores y
protestas.) Por favor, ¡silencio!
Repito que vamos a solicitar, puesto que yo no conozco los
nombres --si la Presidencia lo hubiera advertido, lo
ordenaría, señor González de Txabarri, pero no lo conozco--,
en la línea apuntada por el señor Solchaga
y por el señor Rato, que si ha habido alguien --no me salen
los números porque en las dos votaciones baja de 308 a 302--
(Fuertes rumores y protestas.) que se haya incorporado, que se
retire. (Los señores Solchaga Catalán y De Rato Figaredo piden
la palabra.) El señor Solchaga tiene la palabra.
El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, intervengo para
pedirle una aclaración de los datos que acaba usted de
exponer. Las dos últimas votaciones --si la memoria no me
engaña-- se han saldado con una diferencia de dos votos.
(Rumores.) Estoy hablando de los que se han apretado, no estoy
diciendo quiénes estaban presentes. 155 a 153. Por tanto, si
en la primera había 308, en la segunda tamién había 308.
(Varios señores Diputados: ¡No, no!)
Señorías, ¿por qué no tratan de dejar, por lo menos, hablar,
al menos desde el punto de vista del registro de esa máquina?
Lo que estamos discutiendo es si en una y en otra votación
estaban los 308 que han aparecido como votos. No nos negamos a
discutir eso y ya hemos hecho la solicitud de que quien no
estuviera o hubiera aparecido después de la solicitud de
recuento se vaya, pero lo que no es posible, en mi opinión, y
por eso pido una aclaración a la Mesa, es que en la penúltima
haya sido 155 a 153, sin ninguna abstención (308) y en la
última con 155/153 sume 302. Es un problema de aritmética,
señor Presidente. (Protestas.--El señor De Rato Figaredo pide
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: En la última votación, señor Solchaga
el resultado ha sido 125 a favor, 171 en contra y seis
abstenciones, que dan un total de 302 presentes, que es lo que
se ha registrado.
Tiene la palabra el señor Solchaga.
El señor SOLCHAGA CATALAN: Para mí es una aclaración
suficiente. Había olvidado esta última votación y creía que
eran las otras dos. (Protestas.--Varios señores Diputados:
¡Ah!)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rato.
El señor DE RATO FIGAREDO: Puesto que hay seis votos de
diferencia entre la última votación y la anterior... (Varios
señores Diputados: ¡Menos, menos!) Me sumo al ruego del señor
Solchaga de que me dejen ustedes hablar, igual que nosotros a
ustedes. Si hay seis votos de diferencia y no hay constancia
de que ningún Diputado haya abandonado el hemiciclo, está
claro que se han producido más votos en la penúltima y
anteriores
votaciones que en la última. Por tanto, mi Grupo solicita que
por la Presidencia no se tengan por votados, salvo que puedan
demostrarlo, la diferencia de personas que no estaban en la
última votación y que sí aparecen votando en la penúltima; que
no se les tenga por votados en todas las votaciones que se
producen a partir de la enmienda de Izquierda Unida y que,
como por los servicios de la Cámara existe un video de esta
sesión, se compruebe algún caso de litigio. Lo que es
indudable es que no aparece que ningún Diputado haya
abandonado el hemiciclo, sino más bien podría entenderse al
contrario y que, por lo tanto, si en la última votación hay
302 Diputados, esos son los Diputados que había, salvo prueba
en contrario, a lo largo de toda la sesión de votación de esta
ley, y cualquier otro nombre que aparezca debe quedar anulado,
aparte de las consideraciones disciplinarias o de otra índole
que el Grupo o la Mesa quieran tomar. (Aplausos.--Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rato, de votación a votación,
igual que S.S. apunta que pueden entrar, pueden salir, ...
(Rumores.) ¡Silencio, señorías! A la Presidencia no le consta
ni que hayan salido ni que hayan entrado. (Rumores y
protestas.) La Mesa va a deliberar. (Pausa.)
Señorías, habíamos indicado que las puertas estuvieran
cerradas. Señorías, la propuesta de la Presidencia, oída la
Mesa, es repetir las dos últimas votaciones. (Fuertes rumores
y
protestas.) Vamos a repetir las tres últimas votaciones. Oída
la Mesa, la Presidencia decide repetir, en primer lugar, la
tercera votación que afectaba al resto de enmiendas del Grupo
Vasco (PNV). (Fuertes rumores y protestas.--El señor De Rato
Figaredo pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Rato.
El señor RATO FIGAREDO: Señor Presidente, no se trata de
repetir una votación. (Fuertes rumores y protestas.) No, no,
perdón. No nos engañemos. No se trata de repetir una votación.
Aquí de lo que se trata es de que si en el momento jurídico
pertinente, que es en las votaciones que se han producido, que
tienen efectos de aprobación o no de determinados artículos de
una ley, ha habido personas que han votado por otras (Varios
señores Diputados: ¡Eso, eso!) y puesto que, señorías, hay una
diferencia de 6 votos entre la penúltima y la última votación,
nosotros solicitamos que se anulen esos 6 votos en todas las
votaciones que se han producido. (Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE:¡Silencio, señorías! (Fuertes rumores
y protestas.)
El señor DE RATO FIGAREDO: Perdón, señor Presidente. Y vuelvo
a repetir los argumentos, salvo que las personas puedan
demostrar su presencia aquí. (Fuertes
protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rato, es imposible, en el caso
de que se hubiera producido, saber de quiénes son esos 6 votos
sin que nadie lo determine. Por lo tanto, a la vista de esto,
oída la Mesa, la Presidencia decide repetir la tercera
votación de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y las dos
votaciones del Grupo Popular. (Fuertes y prolongados rumores y
protestas.) Se someten a votación las enmiendas del Grupo
Vasco (PNV), excepto la 27, la 31 y la 29. (La señora Aguilar
Rivero y el señor Rato Figaredo piden la palabra.)
Tiene la palabra el señor Rato.
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, mi Grupo
manifiesta su disconformidad con la decisión de la Presidencia
y, puesto que no existen garantías de que no haya personas que
se hayan incorporado ahora a esta sala, después de las últimas
votaciones, nos reservamos todos nuestros derechos para
impugnar esta votación. (Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio! (La señora Aguilar Rivero
pide la palabra.) Señora Aguilar, tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, como tiene la
costumbre permanente de mirar siempre a la derecha, no se da
cuenta cuándo, desde la izquierda, le pedimos la palabra
(Rumores.), y hemos estado reiteradamente desde nuestro escaño
solicitándola porque todo este debate surgió con una petición
que el señor Presidente no ha llevado a cabo, y era contar los
presentes. Nosotros creemos que ahí es donde está la clave, y
se ha hecho una petición por parte del portavoz del Grupo
Socialista de que se ausentaran de la Cámara aquellos
Diputados de su Grupo que se hubieran incorporado después de
producirse la votación. Nosotros retomamos este planteamiento
porque creemos que es el único posible para dar luz suficiente
a la situación que se ha producido, y planteamos una segunda
cuestión, señor Presidente. En su momento, a nuestro Grupo se
le excluyó de la posibilidad de estar en la Mesa del Congreso,
pero no creemos que, por ello, en estos momentos, ante una
decisión como la que tiene que tomar la Mesa, debamos ser
discriminados, cuando, en relación a las votaciones de las
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, hay la misma duda,
legítima toda ella, que sobre el resto de las votaciones.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Por eso, solicitamos a
la Mesa, en primer lugar, que lleve a cabo el recuento de los
presentes y, en segundo lugar, que reconsidere su actitud en
relación a producir sólo las tres últimas
votaciones, porque, en los presentes de las enmiendas de
Izquierda Unida que han concurrido en uno de sus bloques,
igual que las del PNV y que las del Partido Popular, deben ser
también repetidas, por recaer sobre ellas la misma duda que
sobre las demás.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!--El señor González de Txabarri Miranda
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor González de Txabarri, tiene la
palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. En el Grupo Vasco quisiéramos sumarnos a las
propuestas
realizadas por la portavoz de Izquierda Unida, que nos parece
que ha resumido magníficamente cuál puede ser la situación, y
rogamos a la Presidencia que, por dignidad democrática, dado
que muchos de los Diputados hemos observado lo que ha
sucedido, tanto en las votaciones como en las incorporaciones
posteriores, que no se obligue a acusar. (Rumores.) Que por
dignidad democrática de las instituciones, seamos, primero,
los Diputados, los representantes del pueblo, no ya mayores,
como decía el señor Albistur, sino demócratas. Y dado que el
ruego formulado por el portavoz del Grupo Socialista (en
nuestra opinión muy acertadamente) no ha sido secundado por
ningún Diputado, y la Presidencia no tiene forma de ordenar a
ningún Diputado... (El señor Sáenz Lorenzo: Sí, sí.) No, no ha
sido seguido por ninguno que se haya
incorporado. Está el que no se ha incorporado. (El señor Sáenz
Lorenzo pronuncia palabras que no se perciben.) Está fuera el
señor Martín Toval, que no se ha incorporado, pero hay otros
Diputados que se han incorporado... (Fuertes protestas.--
Varios señores Diputados del Grupo Popular corean: ¡Balletbó,
Balletbó!) Es así, es así... (Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
La Presidencia...
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señores del Grupo
Socialista, las cosas son como son. (Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (La señora
Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señora
Balletbó, silencio! Señor González de Txabarri, no entre en
discusión.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: En resumen, ...
(Protestas.)
La señora BALLETBO PUIG: Señor Presidente, tenga la
amabilidad... (Fuertes protestas y abucheos.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Señora Balletbó, no tiene la
palabra! (La señora Balletbó Puig pronuncia palabras que no se
perciben, porque se corta la megafonía.) ¡Señora Balletbó, no
tiene la palabra!
Señor González de Txabarri, concluya. (Rumores y protestas.)
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Concluyo, señor
Presidente. En el fondo, lo que quería indicar es que el
resumen que nos ha hecho la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, es muy correcto; nos parece lo
más sensato en este momento. Rogaríamos a la Presidencia y a
la propia Mesa que el procedimiento propuesto por Izquierda
Unida fuese el que se adoptara.
Nada más. Muchas gracias. (Rumores.--La señora Rahola i
Martínez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra
la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señorías, como portavoz del Grupo
Mixto, deseo expresar nuestra preocupación, como demócratas y
como políticos, por el espectáculo que estamos dando a la
ciudadanía, a los periodistas que están aquí delante y a
nosotros mismos: vergüenza e indignación por el espectáculo,
vergüenza e indignación por dos personas que, con nuestros
propios ojos, hemos visto cómo entraban después, y tenemos los
nombres y los daremos. (Rumores.--Protestas.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio!
La señora RAHOLA I MARTINEZ: ... y esperamos que, por dignidad
personal, esto no haga falta. Pero, en todo caso, vergüenza e
indignación porque estos compañeros Diputados no se hayan
ausentado de la sala. (Rumores.) Desde luego, la votación no
se puede hacer en estas circunstancias. Pedimos que se cierren
las puertas y reunión urgente de Mesa y Portavoces, puesto que
no se puede votar en estas circunstancias. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Solchaga tiene la palabra.
(Rumores.)
El señor SOLCHAGA CATALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no tendría mi Grupo inconveniente en votar todas y
cada una de las decisiones que se han tomado hoy en la Cámara;
pero quiero advertirles sobre algo que me parece muy
preocupante. En primer lugar, nada impide a un Diputado, entre
un bloque de enmiendas que se vota y otro, salir o entrar. Por
tanto, deducir que en la última había menos y, por
consiguiente, en todas las demás debía haber menos, es un
salto lógico que no respeta un derecho del Diputado. En
segundo lugar, nada le impide a un Diputado --y tengo una
compañera de mi Grupo que me lo acaba de explicar-- estar
sentado en el escaño, tener la posibilidad de votar y, por
descuido o por cualquier otra razón, no haberlo hecho.
Por tanto, dar ese salto, desde el punto de vista jurídico es
algo que yo ruego al señor Rato que reconsidere. Es decir,
hasta ahora eran 307; como en la última han sido 302 y creo
que no se habrá ausentado nadie, necesariamente faltan seis o
faltan cinco, es, desde el punto de vista de la legalidad de
nuestras
decisiones, muy dudoso. Lo digo con toda franqueza y pensando
en el interés de esta Cámara.
Señoras y señores Diputados, tenemos varias alternativas. El
recuento está abierto y estamos todos dispuestos a someternos
al mismo. Primer punto. Segundo. En un caso verdaderamente
particular --porque estas cosas, los que tenemos experiencia
parlamentaria larga sabemos que se producen con mayor o menor
frecuencia-- el Presidente en funciones en este momento, que
preside este debate, ha consultado a la Mesa y la Mesa ha
llegado a una conclusión, ha hecho una propuesta y --hay una
cosa que yo quiero que consideren SS.SS.-- el señor Rato, y su
derecho le asiste, se ha levantado y ha dicho: No estoy de
acuerdo con esto y me reservo la capacidad de impugnar,
recurrir o hacer cualquier otra acción que en Derecho me
corresponda. Pues, señorías, actuemos también con respeto a
nuestras propias reglas.
O hacemos lo que la Mesa propone o hacemos un recuento, aun
cuando, naturalmente, no tenga por qué haber unanimidad y
respaldo a todo lo que la Mesa propone y cada cual se reserve
sus derechos; pero tratemos de reconducir esto a una discusión
racional, que yo creo que es perfectamente posible, puesto que
nadie se niega a que se pueda votar o a que se pueda recontar.
Pero no tiremos hacia atrás, dando saltos en el vacío que
jurídicamente constituirían precedentes extremadamente
peligrosas a la hora de considerar las votaciones que se hacen
en esta Cámara. Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos en los
escaños del Grupo Socialista.--La señora Balletbó Puig
abandona su escaño y sube a la cabina de megafonía.--Fuertes y
prolongados rumores y protestas.--Abucheos.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Roca, tiene la palabra. (Continúan las fuertes
protestas.) ¡Silencio, señorías!
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, aun cuando es
absolutamente cierto que corresponde al Presidente,
y en su caso oída la Mesa, tomar determinadas decisiones, yo
quisiera sumarme a la petición que ha formulado... (La señora
Balletbó baja de la cabina de megafonía y se dirige al señor
De Rato, dándole una palmada en el hombro.--Abucheos.--Fuertes
protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Balletbó, la llamo al orden.
(Rumores y protestas.) ¡Silencio, señorías!
Señor Roca, continúe.
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, reclamando para el
señor Presidente, y en su caso oída la Mesa, la decisión sobre
cómo debe desarrollarse un Pleno, no obstante, creo que sería
de agradecer que, invitando y ordenando, si S.S. lo estima
pertinente, a que las señoras y señores Diputados no abandonen
el hemiciclo, se suspendiera un momento la sesión para
reunirse la Mesa y los portavoces y que pudiéramos venir aquí
con un acuerdo sosegado, incluso en la disconformidad, pero
sosegado, para que pudiéramos restablecer la normalidad que en
este momento está conduciéndonos a situaciones que no son --
estoy convencido--las deseadas por parte de nadie. (Rumores y
protestas.) Que nadie se ponga nervioso, porque ya tenemos
suficientes dosis de nervios y, por tanto, señor Presidente,
le invito muy formalmente a que usted pueda atender esta
petición. Creo que un momento de sosiego, si lo sabemos
administrar, nos vendrá bien a todos.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca. (El señor
De Rato Figaredo pide la palabra.)
Señor Rato, tiene la palabra.
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, es indudable que
todo este incidente se produce a partir de que el Partido
Popular solicita el recuento de los presentes, que no se ha
efectuado por la Presidencia, y yo quiero recordar las
sugerencias que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, y me
parece que el portavoz del Grupo Vasco, en el sentido de que
nuestra petición del recuento de los presentes se realice.
Segundo, el señor Solchaga ha dicho que nada impide a un
Diputado entrar y salir entre dos votaciones; es indudable.
(Protestas.) Aunque habría diferencias sobre la posibilidad de
que uno pueda entrar y salir --más bien puede salir, pero no
entrar-- durante las votaciones --y los señores Diputados lo
saben--, aquí ha habido... Y consta en actas, y no ha sido
precisamente el portavoz de mi Grupo, aunque hemos sido los
primeros que hemos protestado por la situación, que dignísimos
portavoces de otros grupos parlamentarios han dicho
públicamente, y consta en acta, que han visto a miembros de
esta Cámara que estaban fuera, y puesto que existe un vídeo de
esta sesión y puesto que hay una diferencia de seis votos
entre la última votación y la anterior (seis, no uno ni dos;
el seños Solchaga nos ha contado el caso de una Diputada, yo
no entro ni salgo si ese caso es así, andando o como sea; esa
no es la cuestión, señor Solchaga, seis votos, y se han ganado
y perdido votaciones por menos en esta misma mañana), yo sigo
manteniendo las dos propuestas de mi Grupo: primero, que se
haga el recuento de los presentes; segundo, me sumo a la
petición del señor Solchaga de que abandonen el hemiciclo, no
que hagan un paseo y traten de impresionar a nadie; que
abandonen el hemiciclo si lo tienen que abandonar y, si no,
que no lo abandonen. (Rumores.) Yo no estoy señalando a nadie
ni tengo que darle a nadie palmaditas en el hombro. (La señora
Balletbó Puig: No abandono el hemiciclo, porque no me he
movido de mi escaño en toda la mañana...) (Las palabras de la
señora Balletbó dejan de percibirse porque se corta la
megafonía.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Balletbó, la llamo al orden.
(La señora Balletbó Puig: Tengo derecho a...)
Señora Balletbó, la llamo al orden por segunda vez. (La señora
Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben.)
¡Señora Balletbó!
El señor DE RATO FIGAREDO: Yo, señor Presidente, vuelvo a
plantear, en nombre de mi Grupo el recuento de los presentes.
Me sumo a la petición del señor Solchaga de que abandonen el
hemiciclo aquellos que hayan entrado después de la última
votación y vuelvo a plantear, en nombre de mi Grupo, que salvo
prueba en contrario, los seis votos de personas, de diputados
y diputadas concretos que hay de diferencia entre todas las
votaciones y la última, porque no es entre una votación, es
entre todas las votaciones y la última, sean anulados, salvo
que haya una prueba fehaciente en contrario. (La señora
Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben.) Desde
luego solicito, una vez más, de la Presidencia que de una vez
someta a recuento los presentes; porque esto es inaudito,
señor Presidente. Hace media hora que lo he solicitado.
El señor VICEPRESIDENTE: La Mesa, después de oír a SS.SS.
plantea, por si es pacífico, esta solución, porque de lo
contrario suspenderíamos la sesión y reuniríamos a la Mesa y a
la Junta de Portavoces.
Si es pacífico, sería esta solución. En primer lugar,
constatar, mediante la votación electrónica, el número de
presentes. En segundo lugar, repetir todas las votaciones que
hacen referencia a este proyecto de ley y, en tercer lugar, la
Mesa se reserva la investigación, a través de los vídeos, y
sanción en su caso, de cualquier Diputado
que se haya podido constatar... (Fuertes rumores y protestas.)
Señor Solchaga, ¿le parecen a su Grupo Parlamentario oportunas
estas decisiones? (Rumores.)
El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, mi Grupo
Parlamentario está absolutamente de acuerdo en que se reúna la
Mesa y la Junta de Portavoces, si están todos los demás de
acuerdo (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡La
Mesa, la Mesa!); no tenemos ningún inconveniente, pero si nos
vamos a reunir lo que no acabamos de entender son las otras
dos
propuestas de la Mesa, porque ya, de alguna manera,
predeterminan las conclusiones que pueden salir de la reunión
conjunta de ésta con la Junta de Portavoces.
Por tanto, lo que nosotros suscribiríamos con mucho gusto,
tratando de buscar una salida a esta situación, creo que nada
cómoda para esta Cámara, es que se suspendiera en este
momento, se cerraran las puertas, quedara todo el mundo en el
hemiciclo y pudiéramos, en un salón próximo y en pocos
minutos, llevar a cabo esa reunión que ha propuesto S.S. (El
señor De Rato Figaredo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rato.
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, nosotros
insistimos en que antes se haga el recuento previo de los
presentes por llamamiento nominal de los presentes. (Rumores.)
Segundo, que si el Presidente quiere hacer una oferta como
Presidente en funciones, especifique si tiene el respaldo de
la Mesa o no por votación de la Mesa.
Tercero, vuelvo a insistir en que la posición de mi Grupo no
tenemos por qué reservarla a una reunión de la Mesa y de la
Junta de Portavoces; es que no va a haber ningún elemento
nuevo, y en cuanto a la tranquilidad cada cual tiene que estar
tranquilo con su conciencia; no es un problema de tranqulidad
exterior. Vuelvo a insistir en que se anulen los seis votos de
diferencia. (Rumores y protestas.--La señora Aguilar Rivero
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rato, nada más que una pequeña
observación. El debate lo dirige la Presidencia, oída la Mesa.
Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, nosotros ya no
encontramos razón alguna para que, después de una hora de
debate, todavía por parte de la Mesa no se haya procedido al
recuento de los presentes. (Grandes rumores.--Aplausos.) Eso
ya no tiene razón alguna. Pedimos que se haga de manera
inmediata este recuento y después, si ha lugar, que se reúna
la Mesa y la Junta de Portavoces para poder constatar lo que
ha salido en el tablero electrónico y lo que tenemos en
relación a los presentes en la sala, pero pedimos que se haga
ya el recuento de los presentes. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz quiere
manifestarse? Tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, le ruego que le
dé la palabra a la señora Rahola, que en estos momentos es la
portavoz, puesto que ella ha llevado en un principio el
debate.
El señor VICEPRESIDENTE : Señor González Lizondo, es que me
parecía que S.S. levantaba la mano.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Sí, señor Presidente, yo le hacía
la llamada, pero para que fuera ella la que interviniera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE : Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, en este clima
no vamos a poder tomar decisiones. Me remito al artículo 39
del Reglamento, que dice que si dos grupos de la Cámara
solicitan reunión urgente de la Mesa y Junta de Portavoces,
ésta debe celebrarse.
Señor Presidente, pido tres cosas: primera, por favor, que
inmediatamente se haga un recuento. Como dice la señora
Aguilar, no podemos demorar, de ninguna manera, el recuento.
Segunda, anulación de las últimas votaciones, y tercera,
reunión urgente de la Mesa y Junta de Portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE : Se suspende la sesión. (Varios
señores Diputados: ¡No, no!--Fuertes protestas y pateos.--
Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Nunca se ha visto
esto!--Continúan las tumultuosas protestas y los pateos.)
Se convoca urgentemente la Mesa y Junta de Portavoces.
(Continúan las fuertes protestas y los pateos.--Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Recuento, recuento!
¡Presidencia, Presidencia!--Siguen las fuertes protestas y los
pateos.)
Era la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ocupen sus escaños,
señorías. (Rumores.)
Por favor, guarden silencio.
Señorías, se reanuda la sesión.
Señorías, la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, por
unanimidad, han tomado los siguientes acuerdos. En primer
lugar, que por parte de la Mesa y de los Servicios de la
Cámara se realice una investigación por si se ha producido
alguna anomalía en las votaciones de este proyecto de ley en
el que estábamos al suspender la sesión. En segundo lugar, que
por los Secretarios de la Mesa se proceda al recuento nominal
de los señores
Diputados y señoras Diputadas presentes. En tercer lugar,
continuar la votación a partir de las enmiendas todavía no
votadas, enmiendas que pertenecen a aquellos grupos
parlamentarios que todavía no han sido sometidas a votación.
En cuarto lugar, si de la investigación realizada por la Mesa
se observaran anomalías que pudieran tener trascendencia, la
Mesa adoptaría las consecuencias disciplinarias oportunas y,
en su caso, también decidirá la Mesa sobre la anulación de
votos o la repetición de las votaciones que se han producido
de este proyecto de ley hasta este momento. En consecuencia,
vamos a proceder al segundo de los acuerdos adoptados, que es
la lectura por parte de los Secretarios de la Mesa de los
señores Diputados y Diputadas, para tener constancia de los
presentes.
Realizado el llamamiento por los señores Secretarios,
contestan los siguientes señores Diputados:
ACOSTA CUBERO, José
AGUILAR RIVERO, Rosa
AGUIRIANO FORNIES, Luis Alberto
AGUIRRE RODRIGUEZ, Ramón
AIZPUN TUERO, Jesús
ALBERDI ALONSO, Isabel
ALBISTUR MARIN, Xabier
ALCARAZ MASATS, Luis Felipe
ALEGRE GALILEA, Luis Angel
ALEMANY I ROCA, Joaquima
ALMUNIA AMANN, José Joaquín
ALONSO BUITRON, Conrado
ALONSO CONESA, José Antonio
AMADOR GUILLEN, Eva María
AMATE RODRIGUEZ, José Antonio
ANDREU ANDREU, Jerónimo
ANGUITA GONZALEZ, Julio
ANTICH BALADA, Jaume
ARAGONES MENDIGUCHIA, Carlos
ARIAS-SALGADO MONTALVO, Rafael
ARNAU NAVARRO, Francisco
AROZ IBAÑEZ, Mercedes
ARQUEROS OROZCO, Manuel
ARTILES BOLAÑOS, Carmelo
AZPIROZ VILLAR, José Eugenio
BALLESTEROS DURAN, Rafael
BALLESTEROS MORCILLO, Atanasio S.
BALLETBO PUIG, Anna
BALTA I LLOPART, Pere
BAON RAMIREZ, Rogelio
BARRERO LOPEZ, Jaime Javier
BARRIONUEVO PEÑA, José
BARRIOS CURBELO, María Bernarda
BASSETS RUTLLANT, Julio
BECERRIL BUSTAMANTE, Soledad
BLAZQUEZ SANCHEZ, Feliciano.
BRAVO MARTIN-PINTADO, Valentín
BUESO ZAERA, Leocadio
BURGOS GALLEGO, Tomás
CABALLERO ALVAREZ, Abel Ramón
CABEZAS ENRIQUEZ, Manuel Jaime
CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, Jesús
CAMISON ASENSIO, Felipe
CAMP I BATALLA, Ramón
CAMPO CASASUS, Carmen del
CAMPO PIÑEIRO, Belén María do
CAMPS DEVESA, Gerardo
CARDONA I VILA, Jaume
CARRERA I COMES, Salvador
CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, Angel Mario
CASAS I BEDOS, Jordi
CASTELLS FERRER, Jaume
CAÑIZARES MILLAN, Juan Manuel
CELDRAN VIDAL, Francisco
CERCAS ALONSO, Alejandro
CESAR LENDOIRO, Augusto Joaquín
CHOLBI DIEGO, José
CISCAR CASABAN, Cipriá
CISNEROS LABORDA, Gabriel
CLOTAS CIERCO, Salvador
CORCUERA CUESTA, José Luis
CORTES MARTIN, Miguel Angel
COSTA CLIMENT, Juan
COSTA COSTA, Antonio
COTONER GOYENECHE, Joaquín
COUCE PEREIRO, Manuel
CREMADES GRIÑAN, María del Carmen
CREMADES SENA, Jorge Francisco
CUESTA MARTINEZ, Alvaro
CUEVAS DELGADO, Antonio
CURIEL ALONSO, Enrique Federico
DAVILA SANCHEZ, Carlos Alberto
DIAZ BERBEL, José Gabriel
DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA, Agustín
DIAZ SOL, Angel
DURAN NUÑEZ, Alberto
ELORRIAGA FERNANDEZ, Gabriel
ESCUREDO FRANCO, Angel
ESPASA OLIVER, Ramón
ESTEO PALOMO, Juan Tomás
ESTEVEZ FERNANDEZ, Xerardo Denis
ESTRELLA PEDROLA, Rafael
FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, Blanca
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, Arsenio
FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS, Fernando
FERNANDEZ DIAZ, Elvira
FERNANDEZ DIAZ, Jorge
FERNANDEZ GONZALEZ, María Mercedes
FERNANDEZ MOREDA, Jesús Salvador
FERNANDEZ NORNIELLA, José Manuel
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis Angel
FERNANDEZ SANZ, Matilde
FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, Enrique
FIGUERAS I SIÑOL, Carme
FRUTOS GRAS, Francisco
FUENTES GALLARDO, Francisco
GAMIR CASARES, Luis
GARCIA ESPINOSA, Eduardo
GARCIA FONSECA, Manuel
GARCIA MANZANARES, Blanca
GARCIA RONDA, Angel
GARCIA-ALCAÑIZ CALVO, Elena
GARCIA-ARRECIADO BATANERO, José Jenaro
GARCIA-MARGALLO Y MARFIL, José Manuel
GAYARRE BERMEJO, José Antonio
GIL LAZARO, Ignacio
GILET GIRART, Francisco
GIMENO MARIN, Fernando
GIMENO ORTIZ, Alfredo
GOMEZ ALBA RUIZ, Sergio
GOMEZ DARMENDRAIL, Javier
GOMEZ MARTINEZ-CONDE, Guillermo
GOMEZ VAZQUEZ, Antonio
GONZALEZ BLAZQUEZ, Franco
GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, José Juan
GONZALEZ GARCIA, José Manuel
GONZALEZ LIZONDO, Vicente
GONZALEZ PEREZ, Francisco Antonio
GOROSTIAGA SAIZ, Dolores
GORTAZAR ECHEVERRIA, Guillermo
GRANDES PASCUAL, Luis de
GRAU I SERIS, Josep
GUERRA GONZALEZ, Alfonso
GUERRA ZUNZUNEGUI, Juan Carlos
HERNANDEZ MOLTO, Juan Pedro
HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, Isidoro
HERNANDO FRAILE, Rafael Antonio
HINOJOSA I LUCENA, Rafael
HOMS I FERRET, Francesc
ISASI GOMEZ, Neftalí
IZQUIERDO COLLADO, Juan de Dios
JEREZ COLINO, José
JORDANO SALINAS, Diego
JOVER PRESA, Pedro
LAGO FREIRE, José Ramón
LAGUNILLA ALONSO, Juan Ramón
LANDETA ALVAREZ-VALDES, Antonio
LAPUERTA QUINTERO, Alvaro de
LAZO DIAZ, Alfonso
LEDRO LEON, Manuel de Jesús
LLORENS TORRES, José Ignacio
LOPEZ GARCIA, Felipe
LOPEZ GARRIDO, Diego
LOPEZ MARTIN DE LA VEGA, Rafael
LOPEZ RIAÑO, Carlos
LOPEZ VALDIVIELSO, Santiago
MACIAS SANTANA, José
MADERO JARABO, José
MADRID LOPEZ, Demetrio
MAESTRO MARTIN, María de los Angeles
MANTILLA RODRIGUEZ, Carlos
MARCET I MORERA, Joan
MARCOS MERINO, José Luis
MARDONES SEVILLA, Luis
MARSAL I MUNTALA, Jordi
MARTIN DEL BURGO SIMARRO, Francisco Javier
MARTIN MESA, Antonio
MARTIN TOVAL, Eduardo
MARTIN VILLA, Rodolfo
MARTINEZ BLASCO, José Luis
MARTINEZ CASAÑ, Guillermo
MARTINEZ IZQUIERDO, Efrén Luciano
MARTINEZ LASECA, José María
MARTINEZ MARTINEZ, Enrique
MARTINEZ MARTINEZ, Miguel Angel
MARTINEZ SAIZ, María Teófila
MARTINEZ SANJUAN, Angel
MARTINEZ SIESO, José Joaquín
MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA, Gervasio
MARTINON CEJAS, Antonio
MATO ADROVER, Ana
MAURICIO RODRIGUEZ, José Carlos
MAÑUECO ALONSO, Jesús
MENDEZ MARTINEZ, Constantino
MENDIZABAL GOROSTIAGA, Arantxa
MERINO SANTAMARIA, Antonio
MICHAVILA NUÑEZ, José María
MILIAN MESTRE, Manuel
MOHEDANO FUERTES, José María
MOLINS I AMAT, Joaquin
MONTORO ROMERO, Cristóbal Ricardo
MONTSENY MASIP, María Reyes
MORAGUES GOMILA, Alberto
MORANO MASA, Juan
MORENO DEL CUVILLO, Alfonso
MORENO GONZALEZ, M.ª del Carmen
MORENO MONROVE, Sergio
MORLAN GARCIA, Víctor
MOYA MILANES, Pedro
MUGICA HERZOG, Enrique
MUR BERNAD, José María
MUÑOZ GARCIA, Juan
MUÑOZ-ALONSO Y LEDO, Alejandro
MURCIA BARCELO, Francisco Vicente
NADAL I MALE, Joan Miquel
NAVARRETE MERINO, Carlos
NAVARRO TORNAY, José
NEIRA LEON, Francisco
NIETO GONZALEZ, Jerónimo
NOVELLA SUAREZ, Jorge
NOVOA CARCACIA, María Pilar
NUÑEZ PEREZ, Manuel
OLLERO TASSARA, Andrés
OREJA AGUIRRE, Marcelino
ORTIZ GONZALEZ, Luis
PADILLA CARBALLADA, Julio
PADRON DELGADO, Néstor
PALACIO DEL VALLE LERSUNDI, Loyola de
PALACIOS ALONSO, Marcelo
PARDO ORTIZ, Josefa
PARDO RAGA, M. Carmen
PASCUAL MONZO, José Ramón
PAU I PERNAU, Josep
PELAYO DUQUE, María Dolores
PELLICER RASO, María
PEON TORRE, Francisco Javier
PERALES PIZARRO, Alfonso
PERALTA ORTEGA, Ricardo Fernando
PEREZ GONZALEZ, Froilán Luis
PEREZ MARIÑO, Ventura
PEREZ SEGURA, Lluis Miquel
PEREZ SIQUIER, Joaquín
PEREZ SOLANO, Antonio
PEÑALOSA RUIZ, José Manuel
PEÑARRUBIA AGIUS, José Joaquín
PIQUER JIMENEZ, Luis Carlos
PLA PASTOR, Adela
POSADA MORENO, Jesús María
POZO I ALVAREZ, Joan Manuel del
PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA, Gabino
PUIG I OLIVE, Lluis María de
PULGAR FRAILE, María del Pilar
RAHOLA I MARTINEZ, Pilar
RAJOY BREY, Mariano
RAMIREZ GONZALEZ, Miguel
RATO FIGAREDO, Rodrigo de
RECODER I MIRALLES, Lluis
REDONDO TERREROS, Nicolás
RIOS MARTINEZ, Pedro Antonio
RIVADULLA GRACIA, Mercè
ROBLES FRAGA, José María
ROCA I JUNYENT, Miguel
RODRIGUEZ BOLAÑOS, Tomás
RODRIGUEZ CALVO, María Isabel
RODRIGUEZ ESPINOSA, Eduardo
RODRIGUEZ ORTEGA, Angustias María
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Antonio
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Juan Miguel
RODRIGUEZ VALVERDE, León Máximo
ROMACHO ROMERO, María Inmaculada
ROMERO LOPEZ, Carmen
ROMERO RUIZ, Antonio
RONCERO RODRIGUEZ, Victoriano
ROS MAORAD, José Luis
RUEDA ESPINAR, Ramón
RUPEREZ RUBIO, Francisco Javier
SABATE IBARZ, Francesc Xavier
SAENZ COSCULLUELA, Javier Luis
SAENZ LORENZO, José Felix
SAINZ GARCIA, María Jesús
SANCHEZ DIAZ, María Dolores
SANCHEZ I LLIBRE, Josep
SANCHEZ LOPEZ, M.ª Dolores
SANJUAN DE LA ROCHA, Carlos
SANTOS JURADO, Ramón
SANZ DIAZ, Federico
SANZ ESCALERA, Emiliano
SANZ PALACIO, Salvador
SEDO I MARSAL, Salvador
SEMPERE JAEN, María Teresa
SENAO GOMEZ, José Ignacio
SOLCHAGA CATALAN, Carlos
SOLER NOMDEDEU, Ofèlia
SORIANO BENITEZ DE LUGO, Alfonso
SOTO MARTIN, Fernando
SOUVIRON GARCIA, Federico Javier
SUCH PEREZ, Diego
TOCINO BISCAROLASAGA, Isabel
TORRES GOMEZ, Luis de
TORRES SAHUQUILLO, Gerardo
TRUJILLO ORAMAS, Blas Gabriel
URAN GONZALEZ, Presentación
VALLEJO RODRIGUEZ, Rafael
VALLINA VELARDE, Juan Luis de la
VALLS GARCIA, Francisco Javier
VARELA FLORES, Manuel Guillermo
VARELA PEREZ, Mauro
VAZQUEZ ROMERO, Narcís
VELASCO RODRIGUEZ, Javier
VERA PRO, Juan Carlos
VICENTE GARCIA, María Francisca
VIDAL I SARDO, Pere
VILAFRANCA BOSCH, Adolfo
VILLALOBOS DE PAIZ, Nicolás
VILLALOBOS TALERO, Celia
VILLALON RICO, César
YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, Luis
ZABALIA LEZAMIZ, Jon
ZAPATERO GOMEZ, Virgilio
MIEMBROS DE LA MESA
OLABARRIA MUÑOZ, Emilio
RUDI UBEDA, Luisa Fernanda
APARICIO PEREZ, Juan Carlos
FRIAS NAVARRETE, Milagros
RAMALLO GARCIA, Luis
LOPEZ DE LERMA Y LOPEZ, Josep
TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE, Federico
BEVIA PASTOR, José V.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, efectuado el
recuento de presentes y ausentes, el resultado es el
siguiente: 310, presentes; 40, ausentes.
En las actas de esta sesión constarán los nombres de presentes
y ausentes que se derivan de este recuento nominal que se ha
realizado. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
Vamos a pasar a las votaciones pendientes.
Al tratarse de un nuevo bloque pueden abrirse las puertas
hasta que comience la votación, por si hay algún señor
Diputado o alguna señora Diputada que desee entrar.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández-
Miranda y Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicito votación separada en tres bloques. El primer bloque
comprendería las enmiendas 35 y 46; el segundo, las números
36, 45 y 47 y el tercer bloque, las restantes. Gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas
de Coalición Canaria números 35 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 155. (Al aparecer este
resultado en el tablero electrónico se producen fuertes
rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
(Continúan los fuertes rumores.) ¡Señor Yáñez! ¡Silencio,
señorías! ¡Silencio! Quedan rechazadas las enmiendas números
35 y 46 de Coalición Canaria. (Fuertes y prolongados rumores.)
¡Silencio, señorías!
Enmiendas de Coalición Canaria números 36, 45 y 47.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 24; en contra, 156; abstenciones, 127.
(La señora Sempere Jaén pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Tiene la palabra la señora Sempere.
La señora SEMPERE JAEN: Señor Presidente, simplemente quiero
aclarar que ha habido un fallo. Espero que no se repita, pero,
por si acaso sufro otra anomalía, deseo que conste. En este
viaje... (Fuertes rumores y risas.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Constará en acta
la indicación de la señora Sempere de que ella ha procedido a
la votación y no ha sido registrado.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 22; en contra, 278; abstenciones,
seis.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes
enmiendas de Coalición Canaria.
Enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el señor Mur. (El
señor Peralta Ortega pide la palabra.--El señor Aguiriano
Forniés: ¡Pide perdón!--Fuertes rumores.)
Tiene la palabra el señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, quisiera votación
separada de la enmienda 88.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Votación de la enmienda número 88, del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 26; en contra, 155; abstenciones, 127.
El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la
enmienda 88, del señor Mur.
Sometemos a votación la enmienda número 89, del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, ocho; en contra, 297; abstenciones,
dos.
El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la
enmienda 89, del señor Mur.
Enmiendas de la Diputada señora Rahola, también del Grupo
Mixto. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Queremos solicitar la votación separada de la
enmienda número 9; en otra votación, la enmienda número 12, y
el resto en una tercera.
El señor VICEPRESIDENTE: Comunico al señor Fernández-Miranda
que la enmienda número 9, si la Presidencia no lo tiene mal
anotado, fue retirada por la señora Rahola. En consecuencia,
sería votación de la enmienda número 12 y del resto.
Votación de la enmienda número 12, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, cinco; en contra, 157; abstenciones,
146.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número
12, de la señora Rahola.
Restantes enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 21; en contra, 273; abstenciones,
cinco.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes
enmiendas de la señora Rahola. (Fuertes rumores.)
¡Silencio, señorías!
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo. (El
señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la
palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito votación
separada de la enmienda 26, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Enmienda número 26, del señor
González Lizondo. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 154; abstenciones,
una. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número
26, del señor González Lizondo.
Restantes enmiendas del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 25; en contra, 282; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes
enmiendas del señor González Lizondo.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Mixto, del señor
Albístur.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 27; en contra, 281.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del
señor Albístur. Señorías, la votación del dictamen se hará en
la próxima sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.