CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 51 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 50
celebrada el jueves, 24 de febrero de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

(Sesión secreta):



--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(números de expedientes 4/000071; 4/000111; 4/000202;
4/000228; 4/000178; 4/000267; 4/000244; 4/000105 y 4/000106
(Página 2458)



Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:



--Canje de Notas Constitutivo del Acuerdo entre España y
Tailanda sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte
aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del
Reino de Tailandia, de 6 de septiembre de 1979. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 41.1, de 8
de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000034)
(Página 2458)
--Convenio entre el Reino de España y la República Argentina
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
de su Protocolo Anejo, hecho en Madrid el 21 de julio de 1992.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
42.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente
110/000035) (Página 2458)
--Acuerdo Marco de Cooperación Cultural, Científica y Técnica
entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania,
firmado en Ammán el 21 de enero de 1993. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie C, número 43.1, de 8 de noviembre
de 1993 (número de expediente 110/000037) (Página 2458)

Página 2450



--Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural
y Educativa entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática Popular, hecho en Argel el 5 de abril de 1993.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
44.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente
110/000038) (Página 2458)
--Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el
Reino de España, la República Francesa y el Principado de
Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en
Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie C, número 45.1, de 23 de
noviembre de 1993 (número de expediente 110/000039) (Página 2458)
--Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude
y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado «ad
referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 46.1, de 23 de
noviembre de 1993 (número de expediente 110/000040) (Página 2458)
--Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo
Económico integrante del mismo, firmado «ad referendum» en
Madrid el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 47.1, de 23 de noviembre de 1993
(número de expediente 110/000041) (Página 2459)
--Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República Oriental del Uruguay y Anejo, así como
el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado en Madrid
el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 48.1, de 23 de noviembre de 1993
(número de expediente 110/000042) (Página 2459)
--Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de
Inversiones entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de abril de 1992. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 49.1, de 23
de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000043)
(Página 2459)
--Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra
relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en
Madrid el 23 de julio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 50.1, de 23 de noviembre de 1993
(número de expediente 110/000044) (Página 2459)
--Acta por la que se modifica el Protocolo sobre los Estatutos
del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de
Gobernadores para crear un Fondo Europeo de Inversiones,
firmada en Bruselas el 25 de marzo de 1993. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 62.1, de 21 de
diciembre de 1993 (número de expediente 110/000056) (Página 2459)



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley sobre suscripción por España de acciones de
capital de la Corporación Financiera Internacional. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 29.1, de 22
de octubre de 1993 (número de expediente 121/000015) (Página 2467)
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 10.475.298.000 pesetas, para compensar los
déficits de explotación de los ferrocarriles de vía estrecha
(FEVE) correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
38.1, de 7 de diciembre de 1993 (número de expediente
121/000024) (Página 2468)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de medidas urgentes para la cinematografía.

(Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre).

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
44.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000027)
(Página 2468)



Avocación por el Pleno de proyectos de ley:



--Del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
cinematografía. (Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de
10 de diciembre). «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 44.1, de 4 de enero de 1994 (número de
expediente 121/000027) (Página 2483)



Página 2451



--Del Proyecto de Ley de responsabilidad civil por los daños
causados por productos defectuosos. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 40.1, de 20 de diciembre de
1993 (número de expediente 121/000026) (Página 2483)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

(Continuación):



--Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 45.1, de 4
de enero de 1994 (número de expediente 121/000031) (Página 2483)
--Proposición de Ley de modificación de la Ley de Bases de
Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las
Comunidades Europeas. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 34.1, de 24 de septiembre de 1993
(número de expediente 122/000024) (Página 2504)



Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:



--Real Decreto-Ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se
acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y
una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.

(«Boletín Oficial del Estado», número 36, de 11 de febrero de
1994) (número de expediente 130/000013) (Página 2505)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto, para el debate del dictamen de la
Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.

Se reanuda la sesión con carácter público.




Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 2458)



Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se
acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y
una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora
(Página 2458)



Se pospone el debate sobre este punto del orden del día ante
la ausencia de miembros del Gobierno para presentar el Real
Decreto-ley.




Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales (Página 2458)



Canje de notas Constitutivo del Acuerdo entre España y
Tailandia sobre modificación del Acuerdo sobre transporte
aéreo entre el Gobierno del Reino de Es-paña y el Gobierno del
Reino de Tailandia, de 6 de septiembre de 1979 (Página 2458)



Convenio entre el Reino de España y la República Argentina
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
de su Protocolo Anejo, hecho en Madrid el 21 de julio de 1992
(Página 2458)



Acuerdo Marco de Cooperación Cultural, Científica y Técnica
entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania,
firmado en Amman el 21 de enero de 1993 (Página 2458)



Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y
Educativa entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática Popular, hecho en Argel el 5 de abril de 1993
(Página 2458)



Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el
Reino de España, la República Francesa y el Principado de
Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en
Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993 (Página 2458)



Página 2452



Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude
y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado «ad
referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992 (Página 2458)



Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo
Económico integrante del mismo, firmado «ad referendum» en
Madrid el 23 de julio de 1992 (Página 2459)



Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República Oriental del Uruguay y Anejo, así como
el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado en Madrid
el 23 de julio de 1992 (Página 2459)



Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de
Inversiones entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de abril de 1992 (Página 2459)



Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra
relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en
Madrid el 23 de julio de 1993 (Página 2459)



Acta por la que se modifica el Protocolo sobre los Estatutos
del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de
Gobernadores para crear un Fondo Europeo de Inversiones,
firmada en Bruselas el 25 de marzo de 1993 (Página 2459)



Para fijación de posiciones en relación con los puntos 40 y
45, sobre el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación
entre el Reino de España, la República Francesa y el
Principado de Andorra y el Estatuto del Copríncipe Episcopal,
intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria, y Molíns i Amat, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); la señora Rahola i Martínez, del Grupo
Mixto, y los señores Espasa Oliver, del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa perCatalunya; Milián Mestre, del
Grupo Popular, y Puig i Olivé, del Grupo Socialista. Se
procede a las votaciones de los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores.

Se aprueba el dictamen relativo al Canje de Notas Constitutivo
del Acuerdo entre España y Tailandia sobre la modificación del
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno del Reino de Tailandia, de 6 de
septiembre de 1979, por 296 votos a favor. Se aprueba el
dictamen sobre Acuerdo Marco de Cooperación Cultural,
Científica y Técnica entre el Reino de España y el Reino
Hachemita de Jordania, firmado en Ammán el 21 de enero de
1993, por 295 votos a favor y una abstención.

Se aprueba el dictamen relativo al Convenio Marco de
Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa entre el
Reino de España y la República Argelina Democrática Popular,
hecho en Argel el 5 de abril de 1993, por 298 votos a favor.

Se aprueba el dictamen sobre el Tratado de Buena Vecindad,
Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República
Francesa y el Principado de Andorra, hecho en Madrid y París
el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de
1993, por 295 votos a favor y dos abstenciones. Se aprueba el
dictamen relativo al Convenio entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir
el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado
«ad referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992, por 292
votos a favor y dos abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo al Tratado General de
Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República
Federativa del Brasil y del Acuerdo Económico integrante del
mismo, firmado «ad referendum» en Madrid el 23 de julio de
1992, por 295 votos a favor.

Se aprueba el dictamen relativo al Tratado General de
Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República
Oriental del Uruguay y Anejo, así como el Acuerdo Económico
integrante del mismo, firmado en Madrid el 23 de julio de
1992, por 295 votos a favor y una abstención.

Se aprueba el dictamen relativo al Acuerdo para la Promoción y
Protección Recíprocas de Inversiones entre el Reino de España
y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de
abril de 1992, por 297 votos a favor. Se aprueba el dictamen
relativo al Acuerdo entre el Reino de España y el Principado
de Andorra relativo



Página 2453



al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23
de julio de 1993, por 295 votos a favor y una abstención.

Se aprueba el dictamen relativo al Acta por la que se modifica
el Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de
Inversiones y se faculta al Consejo de Gobernadores para crear
un Fondo Europeo de Inversiones, firmada en Bruselas el 25 de
marzo de 1993, por 295 votos a favor y una abstención.




Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Página 2467)



Proyecto de ley sobre suscripción por España de acciones de
capital de la Corporación Financiera Internacional (Página 2467)



Para fijación de posiciones intervienen los señores Milián
Mestre, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo
Socialista.




Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 10.475.298.000 pesetas, para compensar los
déficits de explotación de los ferrocarriles de vía estrecha
(FEVE) correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990
(Página 2468)



No produciéndose fijación de posiciones por parte de ningún
Grupo Parlamentario en torno a este proyecto de ley, se
procede a las votaciones de los dictámenes de Comisiones.

Sometido a votación el dictamen relativo al proyecto de ley
sobre suscripción por España de acciones de capital de la
Corporación Financiera Internacional, es aprobado por 294
votos a favor y una abstención. Asimismo es aprobado el
dictamen relativo al proyecto de ley sobre concesión de un
crédito extraordinario para compensar los déficits de
explotación de los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)
correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990, por 297
votos a favor.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 2468)



Proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía.

(Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre)
(Página 2468)



En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Popular interviene el señor Cortés
Martín, manifestando que en el debate de convalidación del
Real Decreto-ley ya dijeron que el cine español necesitaba
menos política y, en cualquier caso, otra política. También
dijeron y reiteran ahora que el deseo del Partido Popular es
que el cine español cuente con un marco legal favorable y
estable que le permita salir de la terrible crisis a que le
han llevado once años de política socialista. Este es el
sentido del texto alternativo que presentan hoy a la Cámara,
señalandoque, a diferencia del Decreto-ley, fruto de
negociaciones bilaterales nocturnas, es un texto que han
consultado con todos los sectores del cine y, como
consecuencia de esas conversaciones, recoge muchas medidas que
el Gobierno no incorporó a su propuesta, incluso después de
haber sido anunciadas por la propia señora Ministra de
Cultura.

Agrega que el texto de su Grupo supone una ley de fomento al
cine español, para lo cual no se quedan en las cuotas y las
subvenciones sino que van más allá, con medidas
incentivadoras, estímulos fiscales, desgravaciones, medidas
favorecedoras del crédito y otras de fomento que no son
necesariamente económicas y que figuran en el texto escrito,
por lo que hace gracia a SS.SS. de la enumeración de las
mismas. Junto a dichas medidas piden una regulación del
control de taquilla, para que sea posible una correcta
protección de todos los derechos en juego, y una concreción
para el cine español de la Ley de Defensa de la Competencia,
para impedir prácticas que vulneran en este sector la libre
competencia. Destaca como diferencias fundamentales, entre
otras muchas, en relación con el proyecto del Gobierno las
cuestiones relativas a las licencias de doblaje y a las
subvenciones, al considerar que ambas han sido las causas
esenciales de la crisis del cine español y los dos
instrumentos que más ha usado el Gobierno para intentar el
sometimiento del sector. Corregir la tendencia de los últimos
once años exige liberar al cine español de la servidumbre del
poder, y eso es precisamente lo que pretenden suprimiendo las
licencias de doblaje y cambiando las subvenciones del proyecto
por ayudas automáticas. Termina señalando que el texto
alternativo presentado por su Grupo plantea otra política que
tiene confianza en el sector, que vigila el buen uso del
dinero de los contribuyentes y que concede a los espectadores
la libertad de elegir. Cree que ésta es la política que el
cine español necesita y espera que cuente con el apoyo de la
mayoría de la Cámara. En turno en contra interviene, en nombre
del Grupo Socialista, el señor Clotas i Cierco, manifestando



Página 2454



que, a tenor de la intervención que acaban de oír, cuesta
creer que el Grupo Popular haya reflexionado sobre el tema que
les ocupa esta mañana, calificando la intervención en cuestión
de charlotada, sin que haya expuesto ningún argumento nuevo a
los ya expresados recientemente en esta misma tribuna con
motivo del debate sobre el Decreto-ley. Presentan una
catastrofista situación del cine español, que achacan a una
política a la que el enmendante tampoco es capaz de presentar
ninguna alternativa, dedicando escasos minutos a la defensa de
lo que es el motivo de este debate, es decir, la enmienda de
totalidad del Grupo Popular. Agrega que se trata de una
enmienda que para el Grupo Socialista y para la inmensa
mayoría del sector cinematográfico merece tres calificativos,
como que es una propuesta deficiente, insuficiente e
imprudente. Insuficiente, porque en lugar de abordar los
problemas inaplazables de nuestra cinematografía y, sobre
todo, poner de acuerdo nuestra legislación con la comunitaria,
se dedica a otras cuestiones, y deficiente e imprudente porque
en realidad lo que hace el Grupo Popular es recoger algunas
normas, ya presentadas por la señora Ministra y que incluso
están en el proyecto en trámite, introduciendo algún cambio
sin saber por qué, realizando una especie de refrito, con el
objetivo de suprimir las licencias de doblaje.

Concluye manifestando que el Grupo Socialista, naturalmente,
se opondrá a la enmienda del Grupo Popular, en lo cual se
siente apoyado por la Cámara y, sobre todo, por el sector
cinematográfico, que apoya el proyecto de ley presentado por
el Gobierno en cuanto que contiene medidas inaplazables que
deben sostener para ayudar al cine español y también para
poner nuestra legislación al día con la legislación
comunitaria.

Replica el señor Cortés Martín, duplicando el señor Clotas i
Cierco. Para fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por
alusiones del señor Alcaraz Masats, hace uso de la palabra el
señor Robles Fraga.

Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad del
Grupo Popular por 125 votos a favor, 172 en contra y dos
abstenciones.




Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 2483)



Del proyecto de ley de medidas urgentes para la
cinematografía. (Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de
10 de diciembre). El señor Presidente informa que la Mesa de
la Cámara ha acordado, de conformidad con el artículo 49.1 del
Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación
y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes para
la cinematografía. Se aprueba por asentimiento dicha
avocación.

Proyecto de ley de responsabilidad civil por los daños
causados por productos defectuosos.

El señor Presidente informa también que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces, ha acordado igualmente proponer al Pleno la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de
ley de responsabilidad civil por los daños causados por
productos defectuosos.

Se aprueba por asentimiento dicha avocación.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

(Continuación) (Página 2483)



Proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 2483)



Presenta el proyecto, en nombre del Grupo Socialista, el señor
Ministro de Justicia (Belloch Julbe). Señala que no va a
realizar un examen pormenorizado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial cuya modificación propone a la Cámara porque los
señores Diputados la conocen bien, como lo demuestran las
enmiendas parciales que han presentado buen número de grupos
parlamentarios y que son una garantía de que el proyecto de
ley saldrá mejorado de la Cámara, dado que, en sus grandes
líneas, dichas enmiendas son perfectamente asumibles por el
Gobierno, ya que, efectivamente, tienden a mejorar el
proyecto. Desea dar las gracias a los grupos enmendantes que,
aceptando el pacto de Estado ofrecido por el Gobierno, han
contribuido de manera directa a crear las propias líneas
maestras de la reforma, por lo que espera que consideren que
esta ley es también suya. A continuación procede a exponer
algunas de las líneas centrales del proyecto, afirmando que
encaja dentro de una de las orientaciones fundamentales de la
política del Gobierno en materia de justicia, cual es iniciar
el proceso de transferencia de competencias desde el Poder
Ejecutivo al Consejo General del Poder Judicial. Entre tales
transferencias menciona, en primer lugar y en concreto, un
viejo tema que ha sido durante muchos años



Página 2455



polémico, cual es la competencia para la selección de jueces y
magistrados, vieja y legítima aspiración del Consejo General.

El proyecto supone, asimismo, introducir mejoras en el propio
mecanismo de selección fijado ya normativamente. Expone
esquemáticamente el contenido de estas mejoras, para pasar
seguidamente a un segundo bloque de temas que plantea la
presente Ley y que tienen una incidencia directa e importante
en el funcionamiento diario y cotidiano de los tribunales. Se
trata concretamente del conjunto de medidas que procuran
limitar la movilidad excesiva de jueces y magistrados en el
ejercicio de su función jurisdiccional.

A continuación expone a la Cámara el contenido de la figura
del Juez Adjunto que se introduce en el proyecto de ley,
manifestando que, por un lado, se concibe como uno de los
períodos
obligatorios del proceso formativo inmediatamente posterior a
la oposición, con pretensión además de que sea extenso en el
tiempo, procurando garantizar que un juez o magistrado no vaya
directamente de la oposición al ejercicio de la función
jurisdiccional sino que pase un período extenso de tiempo
practicando su oficio con otro juez. Al mismo tiempo existe
otra posibilidad, que prevé la ley, de uso alternativo del
juez adjunto en planes de ayuda y de urgencia frente a
situaciones de crisis.

Por otro lado se modifica y mejora el régimen de magistrados
suplentes, de jueces sustitutos y de provisión temporal, a
través de una serie de medidas que garantizan que todo el
proceso tiene que estar especialmente motivado en una posición
de absoluta igualdad respecto a los magistrados titulares.

Como punto central de la reforma destaca la modificación en
profundidad del régimen disciplinario de jueces y magistrados,
ya que parece evidente que la sociedad reclama un mayor rigor
en el control de las conductas de aquéllos. No puede existir
ni independencia ni responsabilidad sin un adecuado régimen
disciplinario. En este sentido, la reforma se orienta a un
mayor rigor en la exigencia de las responsabilidades
disciplinarias a través de diversos
instrumentos o mecanismos. Se extiende en la exposición de las
medidas disciplinarias previstas en el proyecto de ley,
aludiendo seguidamente a otra serie de cuestiones contempladas
en el proyecto, como es la potestad reglamentaria externa del
Consejo General del Poder Judicial. Concluye mencionando la
autonomía presupuestaria del Consejo General en los términos
que son razonables, es decir, la capacidad de elaborar el
proyecto correspondiente para su unión a los Presupuestos
Generales del Estado, la capacidad para fijar directrices de
ejecución y su fiscalización antes de remitirla al Tribunal de
Cuentas.

Afirma que se hallan ante una reforma que es urgente y, al
mismo tiempo, de gran calado político, al permitir al Consejo
General del Poder Judicial tener los instrumentos necesarios
para que pueda asumir sus responsabilidades, así como
garantizar que no puedan existir comportamientos impunes por
parte de jueces y magistrados.

En cuanto a la enmienda de totalidad del Grupo Popular, el
Gobierno, ciertamente, desea decir que les parece la expresión
política de una soledad buscada de propósito, en una actitud
manifiestamente hostil por parte de ese Grupo a colaborar con
el resto de esta Cámara en la realización de este pacto de
Estado en materia de Justicia. Se atrevería a pedirles que
abandonen su soledad.

En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Popular interviene el señor Trillo-
Figueroa Martínez-Conde, manifestando que mal comienzo ha
tenido el Ministro de Justicia con su apelación final al Grupo
Popular aludiendo a la hostilidad y soledad que demuestra con
su texto alternativo. Coinciden con el señor Ministro en que
la materia del proyecto es de Estado y necesita un tratamiento
de consenso. Dice el señor Ministro que hay que reformar la
selección y formación de los jueces y también están de acuerdo
en que hay que reformar el régimen disciplinario, el régimen
de los suplentes, sustitutos y de provisión temporal, y cómo
no van a estar de acuerdo si ya en 1985 se lo dijeron a su
antecesor, el señor Ledesma. Por tanto, completamente de
acuerdo en la necesidad de la reforma y también en que se
trata de una reforma parcial y urgente. Precisamente por ello
han presentado el texto
alternativo, porque la reforma es demasiado parcial para ser
de Estado y demasiado urgente para merecer un pacto. Pregunta
en qué ha participado el Grupo Popular, que representa a ocho
millones doscientos mil españoles, en la redacción de este
proyecto para que se hable ya de soledad y de exclusión de un
pacto. El texto alternativo que presentan no va buscando la
confrontación sino el diálogo, incluso al entendimiento pero
para ello hay que venir con otras actitudes a esta Cámara, que
es donde se hacen los pactos de Estado y no fuera de ella.

Al Grupo Popular le parece muy bien que se devuelvan al
Consejo General las competencias que le sustrajeron
precisamente
gobiernos anteriores de don Felipe González, como son la
selección, formación, perfeccionamiento, potestad
reglamentaria e incluso diría que se le diese la disciplinaria
sobre los agentes; todo esto les parece muy bien. Pero también
habrán de hablar de la composición de ese Consejo, porque,
sino, se puede producir un efecto perverso al tratarse de un
órgano que, por su sistema de elección, según todas las
encuestas, está desprestigiado,



Página 2456



por lo que si se le añaden nuevas competencias sin tocar su
composición el desprestigio puede ser mayor.

El propio Tribunal Constitucional aconsejó, en la sentencia
dictada en su día, la sustitución del actual sistema de
elección, como todos los señores Diputados conocen.

Pregunta por qué sostienen un sistema de elección que va
contra el sentido común, contra el sentir de la ciudadanía,
contra el de la mayoría de los jueces y el de la opinión
pública. Esto le ha llevado al Grupo Popular a presentar una
alternativa, que es volver al sistema de 1980. Podría decirse
que no les gusta, como se ha dicho muchas veces en la Cámara,
y el Grupo Popular quiere anunciar que está dispuesto a
cualquier otra fórmula que respete el contenido de la
Constitución y el mandato del Tribunal Constitucional, pero,
en reciprocidad, piden que acepten que sobre este tema hay que
volver a hablar, que no se cierren en el mantenimiento de ese
sistema, que está desprestigiado y dañando el crédito del
Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir la
independencia y la confianza de los españoles en el gobierno
de sus jueces. Apunta, además, algunas correcciones,
propugnando una mayoría reforzada para la adopción de
determinados acuerdos que son trascendentes, y añade más, como
es que se traiga aquí a los candidatos para evitar problemas
de responsabilidad política de los vocales del Consejo, como
el surgido recientemente, evitando que sea el único gobierno
de un poder del Estado que no dilucida su responsabilidad ante
nadie. El segundo gran capítulo de la alternativa del Grupo
Popular se refiere a la consecución de jueces profesionalmente
competentes, que tengan prestigio profesional, cuestión en la
que el Gobierno y la oposición tienen el mismo objetivo y en
la que han de coincidir necesariamente. Sobre este particular,
hay que reformar el sistema de selección y de formación y
considera muy bueno que el Ministerio de Justicia deje de ser
el responsable, asumiendo esta tarea el Consejo General. Sin
embargo, es una condición necesaria pero no suficiente. En
relación con este sistema de selección alude al elevado
porcentaje de jueces no reclutados por el sistema de oposición
y termina resaltando la omisión en el proyecto de ley de algo
tan importante como es el derecho a la indemnización por error
judicial y el anormal funcionamiento de la Administración de
Justicia. Está vigente una regulación que tacha de
insuficiente y defectuosa y de ahí que propongan un sistema de
reparación del error judicial, ampliando la
restrictiva doctrina legal del Consejo General del Poder
Judicial, estableciendo un procedimiento específico al efecto.

Finaliza el señor Trillo reiterando que su alternativa
pretende el encuentro. Quieren jueces independientes,
competentes y responsables, en lo que está seguro que habrán
de coincidir con los demás Grupos parlamentarios. En turno en
contra interviene, en representación del Grupo Socialista, el
señor Barrero López, que expone su postura contraria al texto
alternativo presentado por el Grupo Popular. El Grupo
Socialista, al apoyar las medidas urgentes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, no hace otra cosa en este momento que
apoyar una medida del Gobierno que el Partido Socialista
presentó, bajo el epígrafe del impulso democrático, a los
electores el 6 de junio y que, lógicamente, tiene la
obligación de ejecutar como consecuencia del contrato con la
sociedad en esa fecha. Una de las primeras medidas del impulso
democrático es precisamente ésta, mediante la cual se aumenta
el nivel de competencias del Consejo General del Poder
Judicial, el nivel de competencias en la selección de jueces,
en la capacidad presupuestaria, en la capacidad de
reglamentación externa y en la capacidad disciplinaria
fundamentalmente.

Asimismo ratifica su Grupo la oferta de pacto que el Ministro
de Justicia presentó a esta Cámara en sesión de la Comisión de
Justicia celebrada a mediados de octubre. En ella, el Ministro
ofrecía a todos los Grupos parlamentarios un pacto de Estado
en materia de justicia y piensan que era lógico también esa
vía del diálogo y consenso en relación con las medidas
urgentes que ahora contemplan, reivindicadas desde hace tiempo
por las asociaciones y el Consejo General, con independencia
de que, en trámites parlamentarios posteriores, se esfuercen
en el perfeccionamiento de las mismas.

Ocurre, sin embargo, que la inmensa mayoría de los Grupos
parlamentarios ha respondido a esta oferta de pacto, seria y
no partidista, con sus aportaciones, pero no así el Grupo
Popular, por lo que allá él con su responsabilidad política,
al margen de las cosas que pueda decir en esta tribuna con un
doble lenguaje. Pregunta que si la inmensa mayoría de las
aportaciones que hace el Gobierno vienen pactadas, qué camino
le queda al Grupo Popular para presentar un texto alternativo.

Parece lógico que sólo podía apoyarse en aquellas cuestiones
que han sido objeto de expresas reservas por determinadas
asociaciones de carácter profundamente conservador para hacer
ver al pueblo español que su texto alternativo tenía algún
significado, difícil camino, máxime cuando todos conocen que,
en muchas ocasiones, ignoran si representan de verdad a unos
votos concretos, a una parte al menos de la soberanía o
exclusivamente a un gremio, una corporación o una asociación.




Página 2457



En cuanto al texto alternativo del Grupo Popular, dice que se
fundamenta, de acuerdo con las reservas de esas asociaciones,
en cuatro puntos fundamentales, como son, primero, la
designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial;
segundo, el régimen de los magistrados suplentes; tercero, los
sistemas de elección, y, por último, los temas disciplinarios.

Expone algunas consideraciones en torno a dichos cuatros
puntos fundamentales, sobre los que, por lo demás, han
debatido ampliamente en la Cámara, calificando al texto
alternativo del Grupo Popular de innecesario, además de
corporativistas, razones por las que no pueden votar a favor
del mismo.

Replica el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde, duplicando el
señor Barrero López.

Para fijación de posiciones, intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición
Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora
Aguilar Rivero, del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Sometida a votación, se rechaza la
enmienda de totalidad del Grupo Popular por 119 votos a favor,
169 en contra y una abstención.




Proposición de Ley de modificación de la Ley de Bases de
Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las
Comunidades Europeas (Página 2504)



El señor Costa Costa, en nombre del Grupo Socialista, da por
defendida la enmienda en sus propios términos y la somete al
debate subsiguiente en el próximo trámite en la Cámara.

Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto
alternativo, es aprobada por 287 votos a favor y uno en
contra.




Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 2505)



Real Decreto-Ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se
acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y
una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora
(Página 2505)



El señor Presidente recuerda que queda pendiente del orden del
día la convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.

Pregunta a la Cámara si aprueba que pasen a debatir ahora este
punto.

El señor Fernández-Miranda y Lozana, en nombre del Grupo
Popular, manifiesta que aceptan la modificación del orden del
día en esta ocasión, pero advirtiendo que les parece una falta
de consideración y de respeto muy importante hacia la Cámara
el hecho de que un Ministro del Gobierno no esté presente en
su momento para la defensa de una iniciativa del mismo. De ahí
que consideren excepcional esta modificación, que, si se
repite en ocasiones futuras haría que el punto del orden del
día afectado tuviera que verse en otra ocasión.

En nombre del Gobierno, el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) comienza
expresando sus más sentidas disculpas a la Cámara por no haber
podido estar presente a la hora en que había sido convocado
para defender el Decreto-ley. Lo siente, sobre todo cuando es
uno de los ministros que con más dedicación y continuidad
asisten al Parlamento, cosa que hace con muchísimo gusto.

En relación con el Decreto-ley, manifiesta que la persistencia
de las adversas condiciones climatológicas actuales
recomienda, con carácter de urgencia, adoptar medidas que
ayuden a paliar los efectos producidos por la sequía. El
trienio 1991-1993 es, sin género de dudas, el más seco del
presente siglo en la mayor parte del centro y del sur de la
península, afectando
fundamentalmente a las cuencas del Guadiana, Guadalquivir sur,
Segura y Júcar, además de Baleares. Las precipitaciones se han
producido de forma muy desigual, provocando inundaciones en la
mitad norte de España, pero manteniendo a la mitad sur y a
Baleares en una situación de sequía en ocasiones peor a la del
año pasado. Frente a esta situación, ante la que nada puede
hacer el Gobierno, es necesario adoptar una serie de
actuaciones correctoras, entre las que figuran el Decreto-ley
para la moratoriaen el pago de las tarifas de agua y una
transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.

Justifica la moratoria para las tarifas de utilización del
agua en las dificultades económicas que supondría para los
agricultores el abono conjunto y simultáneo de todas las
exacciones pendientes en el primer ejercicio en el que se
modifique la actual situación climática, y la segunda de las
medidas contempladas en el Decreto-ley, en el hecho de que el
embalse del Almanzora constituye una
importantísima fuente de recursos para combatir la aridez de
aquella zona. Se justifica el trasvase en la situación actual
en que se encuentra la cuenca del Segura, que califica de
dramática. Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra
los señores Andreu Andreu, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Arqueros



Página 2458



Orozco, del Grupo Popular, y Amate Rodríguez, del Grupo
Socialista. Sometida a votación, se aprueba la convalidación
del Real Decreto-ley, por 251 votos a favor.

Se levanta la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de
la tarde.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto.




DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS
(Sesión secreta.)



--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES
DIPUTADOS (Números de expedientes 4/000071, 4/000111,
4/000202, 4/000228, 4/000178, 4/000267, 4/000244, 4/000105 y
4/000106)



Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.




Se reanuda la sesión con carácter público.




CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:



--REAL DECRETO-LEY 2/1994, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
ACUERDAN MORATORIAS EN LAS TARIFAS DE UTILIZACION DEL AGUA Y
UNA TRANSFERENCIA DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL ALMANZORA
(Número de expediente 130/000013)



El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día,
convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.

Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se
acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y
una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.

(Pausa prolongada al no encontrarse ningún miembro del
Gobierno en el banco azul.--Rumores y fuertes protestas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Continúan los
rumores y las fuertes protestas.)



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, nuestro
grupo desea fijar su posición.

El señor PRESIDENTE: Vamos a aguardar a que el Gobierno esté
en condiciones de presentar el Decreto-ley y después pasaremos
a los turnos de fijación de posiciones. (Rumores.) Silencio,
señorías. (Continúan los rumores y las protestas.) ¡Señorías,
guarden silencio!
En cualquier caso, el tiempo de la Cámara debemos utilizarlo
en beneficio de nuestro trabajo.

Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. (Rumores.)



DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:



CANJE DE NOTAS Constitutivo del Acuerdo entre España y
Tailandia sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte
aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del
Reino de Tailandia, de 6 de septiembre de 1979. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 41.1, de 8
de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000034)
CONVENIO entre el Reino de España y la República Argentina
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
de su Protocolo Anejo, hecho en Madrid el 21 de julio de 1992.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
42.1, de 8 de noviembre de 1993. (Número de expediente
110/000035) ACUERDO Marco de Cooperación Cultural, Técnica,
Científica y Técnica entre el Reino de España y el Reino
Hachemita de
Jordania, firmado en Ammán el 21 de enero de 1993. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 43.1, de 8
de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000037)
CONVENIO Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y
Educativa entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática Popular, hecho en Argel el 5 de abril de 1993.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
44.1, de 8 de noviembre de 1993. (Número de expediente
110/000038)
TRATADO de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el
Reino de España, la República Francesa y el Principado de
Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en
Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie C, número 45.1, de 23 de
noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000039.)
CONVENIO entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude
y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado «ad
referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 46.1, de 23 de
noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000040.)



Página 2459



TRATADO General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo
Económico integrante del mismo, firmado «ad referendum» en
Madrid el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 47.1, de 23 de noviembre de 1993.

(Número de expediente 110/000041.)
TRATADO General de Cooperación y Amistad entre el Reino de
España y la República Oriental del Uruguay y Anejo, así como
el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado en Madrid
el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 48.1, de 23 de noviembre de 1993.

(Número de expediente 110/000042.)
ACUERDO para la Promoción y Protección Recíprocas de
Inversiones entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de abril de 1992. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 49.1, de 23
de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000043.)
ACUERDO entre el Reino de España y el Principado de Andorra
relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en
Madrid el 23 de julio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 50.1, de 23 de noviembre de 1993.

(Número de expediente 110/000044.) ACTA por la que se modifica
el Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de
Inversiones y se faculta al Consejo de
Gobernadores para crear un Fondo Europeo de Inversiones,
firmada en Bruselas el 25 de marzo de 1993. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie C, número 62.1, de 21 de
diciembre de 1993. (Número de expediente 110/000056.)



El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales.

¿Desea algún grupo intervenir en relación con alguno de estos
dictámenes?



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, tengo
una duda: ¿La Presidencia puede alterar --lo pregunto a
efectos de conocimiento-- el orden del día sin consulta previa
al Pleno?



El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Fernández-Miranda...

(Rumores.) Silencio, señorías.

La Presidencia, en este momento, y dadas las características
del punto séptimo del orden del día puede hacer dos cosas:
proponer, por razón del buen desarrollo de la sesión de esta
mañana, lo que ha propuesto o suspender la sesión. (Rumores.)
Señorías...

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, dejamos
en manos del buen juicio de la Presidencia continuar con la
sesión.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicitamos turno para
fijación de posición en los puntos 40 y 45: Tratado de Buena
Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la
República Francesa y Andorra y respecto al Estatuto del
Copríncipe Episcopal.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene
la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

En la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando se vieron los
acuerdos y tratados que vienen al Pleno hoy, se acordó por
todos los portavoces una intervención en Pleno y no en la
Comisión. El Grupo de Coalición Canaria lo secundó y lo
interpreta para destacar una relevancia de lectura política
especial.

(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Vamos a hacer conjuntamente el turno de fijación de posición
en el Tratado referente a la vecindad, amistad y cooperación
con el Principado de Andorra y en el Estatuto del Copríncipe
Episcopal. Los vamos a votar favorablemente. Creemos que la
tradición secular de las relaciones que han tenido a través de
la Mitra de Urgel el Estado español con respecto al Principado
de Andorra y su equivalente del Copríncipe, por parte de la
República Francesa su Presidente, aconsejan en este pequeño
enclave, hoy en día país reconocido por las Naciones Unidas,
el reconocimiento de España, que no era sencillamente una
correlación diplomática con el acuerdo de las Naciones Unidas,
sino hacer inmediatamente un tratado de buena vecindad,
amistad y cooperación que tan
necesario es hoy.

La defensa de intereses comunes geográficos, comerciales y
culturales, en razón también de su lengua, hablada en
Cataluña, por tanto, una lengua oficial dentro del Estado
español,
aconsejan llevar adelante, con todas las consecuencias
positivas y favorables, el apoyo a este Tratado que aquí nos
reúne. Y con respecto al Acuerdo --y termino, señor
Presidente--, es de significar, nosotros también lo vamos a
apoyar favorablemente con nuestro voto, que si se ha hecho
este reconocimiento del
Copríncipe Episcopal, el correspondiente --digamos-- a la
Mitra de Urgel, el Estado español, de acuerdo con sus
principios que inspiran las leyes de protección a las
personas, a las dignidades y autoridades de cualquier otro
país, con más razón teniendo su residencia el Copríncipe
Episcopal y en este caso Obispo de la Seo de Urgell en
territorio



Página 2460



español, debe otorgar el protocolo de protección y de
dignificación de su importante labor.

Por estas razones, señor Presidente, Coalición Canaria votará
a favor de este Tratado y de este Acuerdo.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la
palabra el señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. Como
observarán SS.SS., el hecho de intervenir en el Pleno todos
los grupos parlamentarios en el momento de convalidar con
nuestro voto estos dos tratados, un Tratado y un Acuerdo con
el
Principado de Andorra, ya marca una cierta singularidad
respecto a la forma normal de tramitarse este tipo de tratados
y acuerdos. Ha sido deseo de todos los grupos parlamentarios
marcar esta singularidad. De hecho, es un tratado con el
Principado de Andorra y el mismo Principado es un caso
singular a nivel mundial, que entendemos que nos afecta muy
particularmente a todos por su proximidad física y
territorial, por el hecho de que uno de los copríncipes sea un
connacional; a algunos, además, porque esa proximidad física
le ha hecho, incluso, convertirse en paisaje familiar y a
otros por la proximidad cultural y por la identidad
lingüística.

Este Tratado trilateral entre el Principado de Andorra, la
República francesa y el Reino de España, de buena vecindad,
amistad y cooperación, trae causa en la nueva Constitución
andorrana de 1993. Trae causa directamente por cuanto, en su
disposición adicional primera, la Constitución andorrana
mandata al Consell General y al Govern, con la asociación de
los
coprinceps, para negociar con los gobiernos de España y
Francia la firma de un tratado internacional para establecer
el marco de las relaciones con los dos estados vecinos, sobre
la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad
territorial de Andorra. Y trae causa en la Constitución
andorrana
indirectamente también, porque la nueva Constitución propicia
el Tratado.

Es bien cierto que el respeto a un Estado soberano, no permite
injerencias incómodas, pero no es menos cierto también que la
persistencia de un ordenamiento jurídico digamos que
excesivamente tradicional no facilitaba la conclusión de un
Tratado como el actual.

La nueva Constitución, al residenciar la soberanía en el
pueblo, en lugar de en los copríncipes, bautizando ella misma
su régimen político como Coprincipat parlamentari e
incorporando a su ordenamiento jurídico, por primera vez, los
principios del Derecho internacional público, universalmente
reconocidos, o proclamándose como un Estado independiente de
Derecho,
democrático y social, ese Estado, que no es nuevo pero con una
nueva Constitución, puede y debe conseguir su objetivo de
obtener de los estados vecinos, España y Francia, el Tratado
de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación ya firmado y que hoy
procederemos, con nuestro voto, a ratificar.

Igualmente, señor Presidente, ratificaremos hoy el acuerdo
relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal. Así como el
primero de los tratados significa, de hecho, el reconocimiento
de la personalidad internacional de Andorra, el segundo regula
el Estatuto del Copríncipe como persona internacionalmente
protegida en territorio español, en tanto que Jefe de Estado
de Andorra.

Estoy seguro, señorías, de que todos compartimos hoy un mismo
sentimiento de satisfacción por el Tratado firmado. Hacemos
votos para que seamos capaces de implementarlo con toda su
potencialidad y para que el común interés se imponga siempre
frente a los intereses divergentes que posiblemente existirán
también. Nuestro Grupo Parlamentario, al tiempo de felicitarse
con toda la Cámara, se compromete hacia el futuro para que así
sea.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Paator): Gracias, señor Molins.

Señora Rahola, durante un minuto, tiene la palabra.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Vicepresidente.

Sólo dos palabras, primero, para expresar, evidentemente,
nuestra adhesión a los dos acuerdos. Segundo, para decir
también que quisiera que en este hemiciclo y en este «Diario
de Sesiones» quedara escrita nuestra felicitación, ya que se
habla del Estatuto del Copríncipe, al Copríncipe de Andorra,
que tanto ayudó a la soberanía de Andorra y, finalmente, como
gesto simbólico, si me lo permite el Vicepresidente, unas
palabras en catalán, puesto que, si Andorra ha podido hablar
catalán en la ONU, entiendo que la manera de felicitar a
Andorra es hablando catalán también en este hemiciclo: «Moltes
felicitats Andorra per ser a l''ONU, per tenir Estat, per
tenir sobirania, per poguer utilitzar aquest idioma a aquell
foro, i tota l''esperança perque tot vagi molt bé, perque
tingueu una gran projecció, i perque ajudeu a projectar la
nostra cultura al món.»
Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, si
desea que figuren esas palabras en el «Diario de Sesiones»
debe traducirlas o pasar la traducción.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, vamos a votar en un solo acto dos tratados
importantes: el Tratado de Amistad entre



Página 2461



la República Francesa, el Reino de España y el Principado de
Andorra y el Estatuto del Copríncipe. Les anuncio que votando
este Estatuto del Copríncipe van a crear ustedes una segunda
Santa Sede en el mundo; va a ser el segundo lugar sagrado con
poder temporal y vamos a tener el inmenso honor de tener
radicada esta nueva Santa Sede en España. Por lo tanto, el
tema es importante y creo que merece la atención de todos.

Nosotros vamos a votar favorablemente este tratado de amistad
porque viene a culminar una trayectoria, ciertamente larga,
protagonizada fundamentalmente por el pueblo andorrano, que ha
terminado en una Constitución democrática y en un Estado
plenamente de Derecho. Quizás valdría la pena recordar algunos
hitos muy rápidamente. En 1866, Guillem d''Arenys Plandolit
consigue por primera vez el voto para los cabezas de familia;
en 1933 se proclama una efímera Repúblia Andorrana; en 1981,
se da fin, de alguna forma, al coprincipado absoluto, que era
una reliquia de poder feudal y como buena reliquia un ejemplo
vivo del poder terrenal de la iglesia que durante tantos
siglos había detentado en Europa --recuerden ustedes el Sacro
Imperio Romano-Germánico-- tantos otros imperios teocráticos,
en Andorra --y quizá no lo sabíamos-- lo teníamos aquí, al
alcance de la mano y vivo hasta 1981, pero el pueblo andorrano
se ha ido dotando de mecanismos; ha acudido a las fuerzas
políticas francesas, españolas, al Consejo de Europa, a
asociaciones laicas de todo tipo y ha conseguido finalmente,
en un proceso autoconstituyente, con la colaboración de los
copríncipes francés y eclesiástico, el Obispo de la Seu
d''Urgell, dotarse de una Constitución plenamente democrática,
aunque, eso sí --lo comentaré después, cuando hable del
Estatuto del Copríncipe-- con alguna «ayuda», poniendo muchas
comillas a esta palabra, por parte del copríncipe episcopal.

Lo veremos después.

Esto ha permitido unas elecciones plenamente democráticas con
un sistema proporcional. La elección de 28 «sindics», 28
representantes de la soberanía popular, dos de los cuales nos
están escuchando, nos honran con su presencia y les quiero
saludar desde aquí, un «sindic» o Presidente del Parlamento,
un «cap de govern» y un Gobierno, Gobierno que inmediatamente
ha establecido este Tratado de Amistad y buena vecindad con
Francia y España, Gobierno que ahora ostenta la representación
internacional del Estado soberano que es Andorra.

Por lo tanto, Andorra ha pasado en muy pocos años, de un
coprincipado feudal a un coprincipado parlamentario con la
soberanía residiendo en el pueblo. Y de esto todos nos hemos
de felicitar.

Andorra ha ingresado como país número 184 en Naciones Unidas;
Andorra pertenece también a otras asociaciones internacionales
y España --y lo ha dicho-- igual que la República Francesa,
facilitará el ingreso de Andorra en todos los organismos
internacionales en los que este nuevo Estado soberano quiera
participar, quiera estar y necesite de alguna forma la ayuda
de España. Por cierto, en recientes votaciones en Naciones
Unidas el voto del representante andorrano no ha sido la
primera vez que lo ha ejercido demasiado favorable a los
intereses de España. Hablando del Estatuto del Copríncipe,
señoras y señores
Diputados, con esta declaración de inviolabilidad de la
persona, como corresponde al Derecho internacional, e
inviolabilidad de los edificios donde el Copríncipe episcopal
ejerce como Jefe de Estado de Andorra, como decía antes, vamos
a crear una pequeña Santa Sede, una pequeña imagen de lo que
son los Estados
Pontificios, unos estados pontificios, muy pequeños pero, al
fin y al cabo, existentes en España.

Y aquí se nos presenta a nuestro Grupo, ya que parece que
otros grupos no quieren abordar este tema, al menos cuatro
cuestiones problemáticas. Porque, señorías, recuerden ustedes
que el Copríncipe es tres cosas a la vez, es Obispo de la
Iglesia Católica, Jefe de Estado de un Estado soberano,
Andorra, y es ciudadano español. Y a nosotros se nos presentan
algunos
problemas cuando queremos casar estas tres personalidades de
esta institución y de esta persona: ciudadano español, Obispo
de la Iglesia Católica, Jefe de Estado de un Estado soberano.

Sobre la Iglesia Católica no me voy a pronunciar, no es ésta
la sede. Sin embargo, nos gustaría conocer, porque no se
conoce, si la dispensa que prevé el Derecho Canónico reformado
del 76 obra en poder de este Jefe de Estado al que vamos a
reconocer como inviolable. Como ciudadano español sí que nos
preocupa. Y lo había dicho en la Comisión de Asuntos
Exteriores este Diputado que les habla; otros Diputados de la
Cámara habían presentado mociones e iniciativas para ayudar
desde fuera, respetando siempre exquisitamente la soberanía
del pueblo andorrano, a la promoción de los derechos humanos
como los teníamos en España. Por ejemplo, la libertad
sindical, que en España es plena, también la queríamos para
Andorra, puesto que, como saben ustedes, más de 30.000
españoles trabajan en Andorra. Los derechos fundamentales de
la persona, como el derecho a la libre interrupción del
embarazo, poner los medios que se quieran para evitar la
procreación, ligadura de trompas, vasectomía, que en nuestro
país están despenalizados algunos Diputados creían que también
era bueno que los tuviesen en Andorra.

En este sentido, habíamos presentado proposiciones no de ley.

El punto de anclaje era en qué medida un ciudadano del Estado
español, sujeto a un ordenamiento consitucional que permite
estas posibilidades, podía, como Jefe de Estado de otro
Estado, impedir aquellas mismas posibilidades. Esta era
nuestra preocupación y por eso habíamos planteado alguna
cuestión.




Página 2462



Aunque esto es algo que estamos seguros que los andorranos
sabrán superar, nos preocupa la persistencia en el Código
Penal andorrano, preconstitucional, de algunas normas que no
casan demasiado con su actual Constitución. Nos precoupa
también una ley de nacionalidad muy restrictiva, una ley de
nacionalidad que impide de forma muy importante el acceso a la
nacionalidad de los residentes en Andorra y que, cuando lo
consigue, pueden convertirse después, por razones que no voy a
explicar por cuestión de tiempo, en apátridas si pierden la
nacionalidad andorrana, porque no se permite la doble
nacionalidad, cuando, en cambio, el copríncipe español y
francés sí la tienen. Esta es una contradicción importante que
valdría la pena señalar. Es un país donde el Registro Civil
aún es eclesiástico. Los ciudadanos de Andorra, señorías, si
quieren casarse civilmente ¡oh, gran paradoja! deben ir a la
Seo de Urgell, no pueden hacerlo en Andorra, porque no está
reconocido el matrimonio civil, no está reconocido el registro
civil de los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio.

Estas son cuestiones por las que creemos que el pueblo
andorrano va a mejorar, va a progresar. En Andorra, por
ejemplo --no sé si eso le produce envidia al Gobierno--, está
permitido el despido absolutamente libre, cosa que, según los
parámetros del Consejo de Europa y de otras instituciones
democráticas europeas en las que Andorra va a integrarse
plenamente, no es la mejor situación para aplaudirla. Hechas
estas reservas, señorías, lo fundamental es que el pueblo
andorrano se ha dotado de una Constitución democrática, que se
ha convertido en un coprincipado parlamentario y que ha
elegido libremente a dos copríncipes, un copríncipe laico, el
Presidente de la República Francesa, y un copríncipe
eclesiástico, el Obispo de la Seo de Urgell.

Este Diputado, que ha señalado repetidas veces su pasión por
la simetría, cree sinceramente que sería mucho más simétrico
que el copríncipe español fuese también una persona laica y
absolutamente simétrico respecto al francés. El francés es el
Jefe del Estado, como SS.SS. saben, y a buen entendedor,
sobran más palabras.

Insisto --no quisiera ser tergiversado--, ésa es la opinión de
un grupo parlamentario --no sé si será la opinión de otros
grupos parlamentarios--, pero esto depende estrictamente de la
voluntad y las soberanías de los andorranos.

Cuando hacemos esta propuesta, además de la voluntad
profundamente laica que nos anima, nosotros creemos que el
ideal hoy de un Estado democrático es la total y plena
separación de los poderes terrenales respecto de los poderes
supraterrenales, de los poderes eclesiásticos. Esta es la
razón fundamental que nos mueve a mostrar perplejidad en la
persistencia, por parte de la Iglesia católica, de un anclaje
de una personalidad como de la un obispo a la vida terrenal,
con los peligros que esto conlleva. Ustedes saben que la
corrupción en el caso de los eclesiásticos tiene un nombre
precioso, se llama simonía. Un eclesiástico sometido al
peligro, debido al anclaje terrenal, del pecado de simonía a
nosotros nos produce una cierta preocupación y, en la medida
de lo posible, quisiéramos contribuir desde nuestra modesta
posición a la salud de todas las almas y, en primer lugar, a
las de la Iglesia católica y a las de sus jerarquías.

Termino citando tres aspectos que el Ministro de Asuntos
Exteriores también señalaba en su primer viaje a Andorra. Son
tres aspectos en los que, desde la amistad, desde la
colaboración de España con Andorra, vamos a ser muy
beligerantes. Me refiero, en primer lugar, a los aspectos de
paraíso fiscal que pueda tener Andorra. Esto, según el
artículo 4.º del Tratado de Amistad, podría convertirse en un
acto de inamistad hacia los intereses legítimos de los
ciudadanos españoles, de los contribuyentes españoles. Es
evidente que quienes cometan el delito serán los españoles que
utilicen Andorra como paraíso fiscal, pero no es menos cierto
que en un Tratado de amistad y buena vecindad éste es un tema
en el que nosotros vamos a exigir el más estricto
cumplimiento. En segundo lugar, está el tema de la asociación
y libertad sindical para los trabajadores que trabajan en
Andorra. Son 30.000 los españoles que trabajan en Andorra y
para ellos, desde el respeto a la soberanía pero también desde
la firmeza y los compromisos de este Tratado que...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Espasa, vaya
concluyendo, por favor.




El señor ESPASA OLIVER: Voy a terminar.

Desde la firmeza y los compromisos de este Tratado --digo--
que vamos a ratificar vamos a seguir con la mayor vigilancia
que estos trabajadores españoles o de otras nacionalidades,
incluso portugueses, tengan libertad de asociación y de acción
sindical. Y, finalmente y en tercer lugar, señorías estamos
muy satisfechos de la elección que han hecho los andorranos
para poner una lengua española como lengua oficial del Estado.

Estoy seguro que la sagacidad de SS.SS. les habrá permitido
darse cuenta que cuando hablo de lengua española me estoy
refiriendo al catalán.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, señorías, vamos a
prestar el consentimiento, mediante esta resolución de nuestra
Cámara, a la obligatoriedad de unos reconocimientos y
compromisos inherentes al Tratado de buena vecindad, amistad y
cooperación entre



Página 2463



el Reino de España, la República Francesa y el Coprincipado de
Andorra, cuya previa autorización por las Cortes Generales se
requiere, según nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo,
ratificaremos a la vez el Acuerdo relativo al Estatuto del
Copríncipe Episcopal, de naturaleza política, al igual que el
Tratado trilateral, dada la relevancia del reconocimiento del
Obispo de La Seu d'Urgell como Jefe de Estado del Principado
de Andorra, con todos los privilegios e inmunidades inherentes
en este Acuerdo.

Ni que decir tiene la importancia simbólica de un acto
parlamentario como éste para un maravilloso país pirenaico,
Andorra, al que consideramos hermano desde las profundidades
medievales de la historia cuando fundamentó su personalidad,
consolidó su identidad cultural, gemela con la de Cataluña y
la de aquellos países, regiones o nacionalidades que comparten
su misma lengua, y adquirió sus bellas tradiciones de Gobierno
que le han permitido sobrevivir a cualquier apetencia vecina a
lo largo de los siglos hasta alcanzar su soberanía plena y su
reciente reconocimiento ante la comunidad internacional como
Estado 184 de la
Organización de las Naciones Unidas, el 28 de junio
de 1993.

Como españoles y copartícipes de su misma cultura, fe y
tradiciones, nuestro Grupo Parlamentario quiere mostrar su
satisfacción en este momento por la ratificación que vamos a
otorgar a ambos instrumentos jurídicos, al tiempo que
felicitamos al pueblo andorrano por el reconocimiento
internacional de su plena soberanía y por la Constitución que
a sí mismo se ha dado, umbral de esa plenitud democrática de
los derechos de su
ciudadanía. Este Tratado, de aplicación provisional desde la
fecha de su firma el 1 y 3 de junio en Madrid, París y Andorra
La Vella, supone el cumplimiento estricto del mandamiento
formulado por la disposición adicional primera de la
Constitución del Principado de Andorra, refrendada por el
pueblo andorrano el 14 de marzo de 1993 y promulgada por los
copríncipes el 29 de abril del mismo año. En ella se establece
textualmente el mandato al Consell General y al Govern para
negociar con España y Francia un tratado internacional
trilateral, y cito textualmente, «para establecer el marco de
las relaciones con los dos Estados vecinos sobre la base del
respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial
de Andorra». Es cita textual traducida. El pueblo andorrano
quiso así explicitar su voluntad de
entendimiento con ambos Estados vecinos, y cito textualmente,
«buscando la garantía del estatuto territorial y de la no
dependencia política respecto de uno solo de estos Estados
vecinos», a la vez que imponía, textualmente, «las condiciones
de su representación internacional y del estatuto
internacional de sus copríncipes».

Los representantes del Obispo y Copríncipe en el proceso de
elaboración y redacción de la nueva Constitución del
Principado, secundados en este punto por los representantes
parlamentarios de Andorra, persiguieron principalmente un
doble objetivo: primero, evitar que un tratado de esta
naturaleza no supusiera un decantamiento político o una
dependencia institucional de Andorra respecto al Estado
francés, de modo análogo con lo que históricamente ocurrió con
el Principado de Mónaco respecto a la misma Francia, con la
República de San Marino respecto a Italia o, en menor medida,
con Leichtenstein respeto a Austria primero y luego respecto a
Suiza. Un decantamiento de esta naturaleza habría supuesto
para el Estado francés un sutil mantenimiento de su vieja
teoría de Andorra como entidad dependiente de Francia. La
primera formulación de redacción por parte de los
parlamentarios andorranos alude sin ambigüedades a este riesgo
cuando fija el objetivo de reconocer, textualmente, «la no
dependencia política respecto de uno solo de los Estados
vecinos». En segundo lugar, establecer un equilibrio con
relación a ambos Estados vecinos de Andorra, lo cual implica
para España respecto a la situación anterior los principales
avances
siguientes: la presencia directa del Estado español mediante
sus servicios diplomáticos y consulares en el Principado; la
legitimación en el ejercicio delegado de la representación
exterior del Principado (en la situación anterior Francia
reivindicaba para sí cualquier ejercicio de la representación
exterior de Andorra considerando el Principado como un
territorio dependiente de su Estado); la garantía y respeto de
los intereses españoles fundamentales que pudieran verse
afectados desde Andorra; la paridad de trato frente a España y
Francia. Conviene subrayar que la disposición adicional
primera establece que el Tratado trilateral que se mandata
debe negociarse con los Estados vecinos con la asociación de
los copríncipes. Esta intervención excepcional de los
copríncipes en la negociación del Tratado trilateral fue
exigida tanto por el Obispo Copríncipe como por los
parlamentarios andorranos, por todo su pueblo, todos ellos
conscientes de la trascendencia del mismo en la configuración
de la nueva realidad política e institucional de Andorra. Por
otra parte, aquella intervención era consecuencia lógica de
los principios formulados por el texto constitucional que
proclama a los copríncipes como garantía de la independencia
de Andorra. Por lo que se refiere al acuerdo relativo al
Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de
julio de 1993, que consta de un preámbulo y seis artículos, es
un instrumento jurídico imprescindible para regular el
Estatuto de Copríncipe Episcopal como persona
internacionalmente reconocida y protegida, habida cuenta de su
condición de Jefe de Estado andorrano y de su residencia en
España.

Hemos transcrito anteriormente la propuesta originaria de la
disposición adicional primera por parte de los parlamentarios
andorranos. Su tenor es importante



Página 2464



para conocer los orígenes y los objetivos del acuerdo sobre el
Estatuto del Copríncipe Episcopal. Originariamente, los
representantes del pueblo andarrano propusieron que el Tratado
trilateral proclamara el estatuto internacional de los
copríncipes. Desde su punto de vista, la cuestión afectaba no
solamente al Obispo de Urgel, sino también al otro Copríncipe,
que querían ver, en cuanto Copríncipe de Andorra, mejor
diferenciado de la alta magistratura que encarna dentro del
Estado francés, y evitar así la confusión tradicional por lo
que al francés se ha venido haciendo desde el terreno
político, jurídico y doctrinal. Pero este planteamiento fue
rechazado por los representantes del Copríncipe francés,
alegando que en el Derecho francés estaba perfectamente
definido el Estatuto del Presidente de la República y, a su
vez, Copríncipe de Andorra. Ello no obstante, manifestaron
comprender las razones de la propuesta andorrana para
establecer el Estatuto del Copríncipe Episcopal en una
negociación bilateral con España simultánea a la del Tratado
multilateral. Esta posición fue manifestada por Francia a los
representantes del Estado español en el curso de la
negociación del tratado trilateral.

Quiero destacar en este sentido que, aunque los representantes
parlamentarios de Andorra no habían logrado una definición del
Estatuto del Copríncipe francés, como tal y desligado de su
condición de Presidente de la República, no obstante, y
precisamente por ello, vieron la importancia de definir el
Estatuto del Copríncipe español episcopal, en este caso
ciudadano español, bilateralmente con España por dos razones
fundamentales. La primera, se obviaba así el desequilibrio o
asimetría entre los copríncipes de Andorra, que la política,
la jurisprudencia y la doctrina francesas tendían a modificar
para atribuir en exclusiva al Copríncipe francés competencias
institucionales esencialmente andorranas, fundándose en el
argumento capcioso de que sólo él era Jefe de Estado mientras
que el Obispo era un mero ciudadano español. Y, segunda,
aunque afortunadamente la jurisprudencia española cuenta ya
con precedentes que reconocen al Obispo de Urgel su condición
de Copríncipe de Andorra, no obstante, ello ha sido posible
solamente tras el planteamiento previo ante las jurisdicciones
españolas (planteamientos por cierto aberrantes en el fondo,
pero suficientes a menudo para instrumentar campañas en los
medios de comunicación) de litigios sobre actos del Obispo en
el ejercicio de su autoridad como Copríncipe de Andorra. Esta
experiencia ha parecido en Andorra como un menoscabo de sus
instituciones soberanas y como un elemento que pudiera alentar
constantemente la teoría de la desigualdad y de la asimetría
de sus jefes de Estado, contrariamente a lo que establece la
letra y el espíritu de la Constitución democrática del
Principado. Finalmente, quisiera subrayar el carácter político
que, por su naturaleza, posee tanto el Tratado trilateral como
el Acuerdo sobre el status del Copríncipe Episcopal según
nuestra
Constitución. La naturaleza de este tratado posee un carácter
político el que se encuentra comprendido en el ámbito del
artículo 94.1.a) de la Constitución española, si bien la
categoría puede deducirse de su contemplación bien desde una
perspectiva interna, la del Derecho constitucional, bien desde
una perspectiva externa, la de la comunidad internacional. De
este modo, tendrán carácter político todos aquellos acuerdos
que supongan un compromiso grave o estable para la política
exterior española y también aquellos que tienen una especial
relevancia para la comunidad internacional, ya sea por la
importancia fundamental para ésta de los temas regulados en el
tratado, ya sea porque, como ocurre en el caso presente, el
Tratado tiene una significación política básica para definir
la posición de un Estado o grupo de Estados desde el punto de
vista jurídico internacional. Desde ambos enfoques puede
afirmarse, pues, la naturaleza política de nuestro Tratado.

Cabe señalar, por último, señorías, la importancia que el
reconocimiento del Principado de Andorra como Estado soberano
posee para la definición de su estatuto internacional, sobre
todo cuando el reconocimiento se lleva a cabo por los dos
Estados vecinos, España y Francia, en un mismo instrumento
jurídico, y cuando la organización política del Principado,
hasta la entrada en vigor de la Constitución, reviste
peculiaridades con
importantes repercusiones en el Derecho internacional. Debe
subrayarse la trascendencia de la posibilidad contemplada en
este tratado de que el Principado de Andorra solicite de
España o de Francia que se haga cargo de la protección de los
intereses y de la representación diplomática del Principado
frente a terceros Estados, conferencias u organizaciones
internacionales. En consecuencia, son compromisos fehacientes
que España adquiere versus Andorra en un Estado amigo, vecino
y plenamente soberano, con vínculos históricos con España de
entrañable tradición y que ahora vamos a refrendar. Muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Milián. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De
Puig.




El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, señorías, la causa
que nos trae hoy aquí para este tema es el hecho de que ese
«pequeño país del Pirineo», como llamaba Pla a Andorra, se ha
convertido en los últimos años, en los últimos meses
prácticamente, en un pequeño Estado en el Pirineo. Cuando el
Consejo de Europa hace unos pocos años recomendaba un cambio
de la situación política e institucional



Página 2465



en Andorra parecía imposible que se pudiera producir este
cambio. Incluso en Andorra hubo reacciones contrarias a un
cambio que podía parecer, a la vista de lo que habían sido los
últimos 800 años, un cambio revolucionario. Sin embargo, en un
proceso ejemplar, los andorranos pactaron un cambio político e
institucional decisivo, aprobaron una Constitución, han sido
reconocidos en el Derecho internacional, están ya presentes en
Naciones Unidas, y los Estados vecinos y no vecinos hemos
reconocido este nuevo Estado soberano... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor De
Puig. Por favor, señorías, guarden silencio.




El señor DE PUIG I OLIVE: Lo que nos trae aquí hoy es la
aprobación de un Tratado y de un Acuerdo. El Tratado
trilateral entre España, Francia y Andorra, por el cual se
produce un Acuerdo de buena vecindad, que, en realidad, es el
acto más solemne e importante que realiza España con relación
a este proceso andorrano que acabamos de citar. El Tratado
trilateral se trata del documento por el cual España y Francia
reconocen a Andorra como Estado soberano, por el cual
establecen relaciones diplomáticas, por el cual se comprometen
a facilitar la presencia de Andorra en los organismos e
instituciones internacionales, y, además, por el cual, frente
a terceros Estados u otras
organizaciones internacionales, se comprometen España y
Francia a facilitar a Andorra esa presencia en el caso de que
no puedan llegar a ser miembros de pleno derecho. Además, por
este Tratado, los andorranos, en cualquier país donde se
encuentren y tengan necesidad de ayuda diplomática, podrán
acudir al Consulado de la Embajada de España o al Consulado de
la Embajada de Francia para que sean defendidos sus intereses.

El Tratado supone igualmente un compromiso de información
bilateral en todo lo que pueda concernir a los andorranos. Ese
Tratado tiene una importancia, como se ha dicho aquí, decisiva
en un sentido. Había como un uso establecido por el cual,
puesto que había una asimetría entre los Jefes de Estado de
España y Francia, parecía que un cambio político en Andorra se
podría dar una situación parecida a la de Mónaco; es decir,
Francia, cuyo Jefe de Estado es a la vez Copríncipe, es quien
detenta las relaciones internacionales de Andorra. Ese aspecto
fue barajado, fue elemento de discusión, pero justamente este
Tratado establece una total simetría en la conducta del Estado
español y del Estado francés en cuanto a las relaciones
internacionales de Andorra; por tanto, es un avance importante
que nos afecta y que compete al Estado español. Hemos apoyado
la institucionalización de Andorra como Gobierno y como
Estado, naturalmente sin interferir en las decisiones que han
tomado los andorranos. No debemos nosotros decidir por los
andorranos, aunque se ha oído aquí esta mañana algún
comentario que podía incidir a pensar que estamos hablando de
las decisiones que deben tomar los andorranos. No es éste
nuestro papel. Nuestro papel es tratar a Andorra como un
Estado soberano y no incidir en aquello que pueden ser
elementos de discusión y de debate en el seno de Andorra. Sin
embargo, sí tenemos la mayor voluntad de cooperación con
Andorra, país vecino en el cual viven 30.000 españoles, país
con el que compartimos importantes elementos de civilización y
de cultura, y donde sus ciudadanos reclaman también el apoyo y
la cooperación de España. Por esa razón, mi Grupo
Parlamentario está absolutamente de acuerdo en apoyar el
Tratado trilateral.

Por otra parte, nos llega el Acuerdo entre España y Francia en
torno a la situación personal del Obispo de la Seo de Urgel,
Copríncipe de Andorra, que, según el Derecho internacional,
debe tener garantizada su seguridad y debe ser persona
internacionalmente protegida. Lo que hace el Acuerdo
fundamentalmente es garantizar la libertad, la dignidad e
impedir toda posibilidad de atentados contra su persona; la
inviolabilidad personal, la inmunidad penal y civil de los
delegados del Copríncipe cuando actúen como tales, proteger
sus residencias, sus locales, archivos y la libre circulación,
en realidad, a lo que obliga el Derecho internacional, es
decir, a garantizar la protección en razón de su rango de Jefe
de Estado. Con ello cumplimos una exigencia del Derecho
internacional, aunque añadimos que en la actitud del Estado
español y en este Acuerdo hay una voluntad de cooperación. No
sólo cumplimos con una exigencia, sino que deseamos proteger y
garantizar la seguridad del Jefe de Estado de Andorra que vive
en territorio español. Eso debemos hacerlo al margen de que
sea un obispo --en este caso éste, en otra ocasión puede ser
otro-- y al margen de cualquier otra consideración con
respecto al futuro institucional de Andorra. Son los
andorranos los que deciden quiénes son sus copríncipes. Se
puede opinar de todo y se puede opinar sobre todo, se pueden
defender posiciones personales, pero a nosotros como Estado y
como Congreso de los Diputados no nos compete inmiscuirnos en
torno a esa Jefatura de Estado, a ese
Coprincipado; ni siquiera nos compete valorar el papel del
Obispo, estemos o no de acuerdo con sus criterios sociales,
políticos o confesionales.

Me ha sorprendido, una vez más, el señor Espasa cuando se ha
pronunciado tan dispuesto a trabajar por la salvación del alma
del señor Obispo --ya lo hizo en Comisión--. A mí no deja de
sorprenderme esta obsesión por lo espiritual del representante
de Izquierda Unida. Creo que invierte claramente los términos.

Es el señor Obispo quien debe estar preocupado por la
salvación del alma del señor Espasa. (Risas.) En cualquier
caso, también comprendo el gran trabajo que le esperaría



Página 2466



en ese campo al señor obispo... (Risas.) Sea como fuere,
nosotros, que somos mucho más temporales, lo que venimos a
decir aquí es que tenemos la mejor opinión del señor Obispo y
sabemos que existen, como nunca, unas muy buenas relaciones
entre el Copríncipe Episcopal y el Gobierno español, y en esa
actitud de respeto y buena opinión nos vamos a mantener.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De
Puig. Finalizado el debate sobre dos dictámenes, los que
aparecen con los números 40 y 45 del orden del día, vamos a
pasar a la votación de los diferentes puntos del apartado
VIII, Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios
internacionales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas a dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. Canje de notas constitutivo del Acuerdo entre
España y Tailandia sobre la modificación del Acuerdo sobre
transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno del Reino de Tailandia.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 296.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Convenio entre el Reino de España y la República Argentina
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
de su Protocolo anejo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 294.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acuerdo marco de cooperación cultural, científica y técnica
entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y
educativa entre el Reino de España y la República Argelina
Democrática Popular. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 298.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación entre el
Reino de España, la República Francesa y el Principado de
Andorra. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 295; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude
y la evasión fiscal, y su Protocolo anejo. Comienza la
votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 292; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Tratado general de cooperación y amistad entre el Reino de
España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo
económico integrante del mismo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 295.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Tratado general de cooperación y amistad entre el Reino de
España y la República Oriental del Uruguay y anejo, así como
el Acuerdo económico integrante del mismo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de
inversiones entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 297.




Página 2467



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra
relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Acta por la que se modifica el Protocolo sobre los estatutos
del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de
Gobernadores para crear un fondo europeo de inversiones.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY SOBRE SUSCRIPCION POR ESPAÑA DE ACCIONES DE
CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (Número de
expediente 121/000015)



El señor PRESIDENTE: Punto IX noveno del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.

Proyecto de ley sobre suscripción por España de acciones de
capital de la Corporación Financiera Internacional.

¿Desea algún grupo intervenir en relación con este punto?
(Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir brevemente para explicar que este es un proyecto de
ley de los que yo denominaría de puro trámite, ya que se trata
de atender obligaciones internacionales adquiridas de facto en
1960, año en que España ingresó como miembro de la Corporación
Financiera Internacional. Desde aquel entonces, nuestra nación
ha acudido regularmente a las sucesivas ampliaciones de
capital realizadas por la Corporación, habiendo suscrito hasta
el día de hoy 20.928 acciones del capital de esta institución.

En
consecuencia, con esta comunidad internacional siempre fuimos
coherentes para atender las necesidades de países en
desarrollo, ejerciendo en un grado moderado de cooperación el
principio de solidaridad internacional, que honra tanto al que
lo ejerce como al que recibe los medios facilitados por tales
mecanismos. Así pues, se trata de dotar de recursos para
implementar los
programas de inversión de esta Corporación Financiera
Internacional, institución vinculada al Banco Mundial y
expandida, a su vez, a todas las actividades durante la década
de los años noventa.

Las instituciones financieras de carácter supranacional
amplían este capital cada cierto número de años, con el
objetivo de mantener el peso de sus actividades crediticias en
los países donde se actúa, que habitualmente acostumbran a ser
países en desarrollo. En el caso que nos ocupa, se amplía su
capital en 1.000 millones de dólares, unos 140.000 millones de
pesetas. Tal y como suele ser habitual, España acude a esta
ampliación aceptando el total de las acciones que le han sido
ofrecidas, es decir, 16.098, lo que representa un 1,61 por
ciento del total ampliado y un volumen de 2.254 millones de
pesetas. Este
porcentaje está en línea con el de otros países de nuestro
entorno. Por ejemplo, 24,76 por ciento Estados Unidos; 5,6 por
ciento Alemania; 0,81 por ciento Dinamarca; 3,54 por ciento
Italia; 2,44 por ciento Holanda, etcétera.

Nuestro Grupo quiere subrayar que un elemento de curiosidad lo
constituye el que se habilite, en el artículo3.º del proyecto
de Ley, al Banco de España para hacer efectiva esta ampliación
de capital. La curiosidad relativa reside precisamente en que,
con la próxima promulgación del estatuto de autonomía del
Banco de España, éste ya no podrá hacerse cargo de tal
desembolso, sino que deberá ser el propio Tesoro el que
directamente lo realice. En definitiva, no existe por nuestra
parte trasfondo político alguno en esta ampliación, ni por el
carácter de la institución ligada al Banco Mundial ni por la
cuota de España en esa
suscripción de capital, que parece estar en línea con nuestro
peso relativo en el contexto mundial y europeo, ni por el
volumen que representa dicha ampliación de capital, alrededor
de 2.250 millones de pesetas. En este sentido, pues, me
refería a que nos encontramos ante un proyecto de ley de
clásico trámite para atender nuestras ya lejanas
responsabilidades internacionales, que venimos cumplimentando
desde el 10 de marzo de 1960.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, una breve
explicación para ratificar lo manifestado en la Comisión de
Economía y Hacienda la semana pasada.

Ante la demanda y peticiones de países en vías de desarrollo,
la Junta de Gobierno del Fondo Multilateral de Inversiones
decidió una ampliación de capital de



Página 2468



1.000 millones de dólares, mediante la cual se ofrece a España
la participación de 16.098 acciones. La demanda viene motivada
por peticiones de países en vías de desarrollo que promuevan
actividades económicas para salir de esa situación. En este
sentido, está previsto que en el próximo decenio se inviertan
más de 26.000 millones de dólares para zonas de Suramérica,
Africa y Asia. La participación de España va a significar una
ampliación de su accionariado en esta Corporación, de forma
que va a mantener un 1,61 por ciento del capital, con los
mismos derechos de voto. Mediante esta medida de la
Corporación, el Banco Mundial promueve acciones para
desarrollar países en situación de grave crisis económica,
social y política.

Por todas estas razones, señor Presidente, el Grupo Socialista
apoya esta participación de España, que va a significar un
volumen de 2.254 millones de pesetas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.




--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO
POR IMPORTE DE 10.475.298.000 PESETAS, PARA COMPENSAR LOS
DEFICIT DE EXPLOTACION DE LOS FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA
(FEVE) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS DE 1989 Y 1990 (Número
de expediente 121/000024)



El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre concesión de un
crédito extraordinario por importe de 10.475.298.000 pesetas
para compensar los déficit de explotación de los ferrocarriles
de vía estrecha, correspondientes a los ejercicios de 1989 y
1990. ¿Algún grupo desea intervenir en relacióncon este punto?
(Pausa.) Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a
estos dictámenes. Votación relativa al proyecto de ley sobre
suscripción por España de acciones de capital de la
Corporación Financiera Internacional. Comienza la votación.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 294; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
para compensar los déficit de explotación de los ferrocarriles
de vía estrecha (FEVE), correspondientes a los ejercicios de
1989 y 1990.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 297.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE)
(Número de expediente 121/000027)



El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Debates de
totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad
correspondiente al proyecto de ley de medidas urgente para la
cinematografía, procedente del Real Decreto-ley 19/1993, de 10
de diciembre. Se ha presentado una enmienda de totalidad de
texto alternativo por el Grupo Popular. Para su defensa tiene
la palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, en el debate de
convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de la
cinematografía dijimos que el cine español necesitaba menos
política y, en cualquier caso, otra política. También dijimos,
y lo reiteramos ahora, que el deseo del Partido Popular es que
el cine español cuente con un marco legal favorable y estable,
que le permita salir de la terrible crisis a que le han
llevado once años de política socialista. Ese es el sentido
del texto que hoy presentamos a la Cámara, enmienda
alternativa al raquítico y continuista Decreto-ley del
Gobierno. A diferencia de este Decreto-ley, fruto de
negociaciones bilaterales y nocturnas, nuestro texto ha sido
consultado con todos los sectores del cine y, fruto de esas
conversaciones, se recogen muchas medidas que el Gobierno no
incorporó al suyo, incluso algunas que fueron anunciadas por
la Ministra de Cultura --ausente en este debate, demostrando
una vez más su talento y su talante parlamentario--, que en
uno de sus más sonoros ridículos (algunos de sus más
impulsivos colaboradores, que contaron con la ayuda de los
actuales responsables de la Sociedad General de Autores en
aplicación del viejo do ut des, están poniendo en peligro la
sociedad al ponerla con tanto descaro al servicio de la
estrategia electoral y clientelar del PSOE) anunció algunas
medidas que le echaron abajo cuando las llevó al Consejo de
Ministros. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Nuestro texto, señor Presidente, es una ley de fomento al cine
español. Por eso no nos quedamos en las cuotas y las
subvenciones, sino que vamos más allá con medidas
incentivadoras, estímulos fiscales, desgravaciones,
exenciones, medidas favorecedoras del crédito y otras medidas
de fomento que no son necesariamente económicas: enseñanza del
cine, formación de profesionales,



Página 2469



conservación del patrimonio cinematográfico español y un largo
etcétera, que figuran en el boletín, y hago gracia a SS.SS. de
la enumeración. Junto con estas medidas, pedimos una
regulación del control de taquilla, para que sea posible una
correcta protección de todos los derechos en juego y una
concreción para el cine español de la Ley de Defensa de la
Competencia para impedir las prácticas que vulneran en este
sector la libre competencia y que son cínicamente esgrimidas
por quienes no usan los instrumentos que les da la Ley de
Defensa de la Competencia para impedirlas y así decir que es
necesaria la intervención y proteger al sector. Los
socialistas, señor Presidente, por propia iniciativa son
incapaces de ir más allá de las cuotas y
subvenciones, porque si para el socialismo controlar a la
sociedad en todas sus expresiones es un principio esencial,
para los estrategas electorales del socialismo español, en
estos momentos crepusculares, controlar a sectores
presumiblemente influyentes es un requisito de supervivencia.

Poco importa que esta política haya hundido al cine español.

El único hundimiento que les preocupa es el de su Partido, y
para evitarlo todo vale. Me interesa, señor Presidente,
destacar dos diferencias de nuestro proyecto con el del
Gobierno de entre las muchas que hay. Me refiero a las
licencias de doblaje y a las subvenciones por proyecto. Ambas
han sido las causas esenciales de la crisis del cine español,
pero también es verdad que han sido los dos intrumentos que
más ha usado el Gobierno para intentar el sometimiento del
sector. Corregir la tendencia de estos once años exige liberar
al cine español de la servidumbre del poder, de éste y del que
venga, y eso es lo que pretendemos suprimiendo las licencias
de doblaje y cambiando las subvenciones por proyecto por
ayudas automáticas. La Ministra de Cultura, cuya ausencia
sigue siendo clamorosa en este debate, siguiendo la consigna
gubernamental al uso dijo que con el Decreto-ley pretendía
europeizar y liberalizar el sector. Pues bien, señor
Presidente, las licencias de doblaje son una aberración que
sólo existe en España, y es de tal categoría que cuesta
explicarla a los extranjeros sin que siquiera la mayoría de
los españoles supiera que existía. Este debate ha tenido la
ventaja de dar a conocer a muchos españoles algo que todavía
hoy no se acaban de creer: que en España, a finales del siglo
XX, para doblar una película, para traducir una película hace
falta una licencia, hace falta un permiso del Gobierno, como
en otros tiempos hacía falta para traducir un libro. (La
señora Ministra de Cultura entra en el hemiciclo.) Esta es la
europeización: mantener algo que no existe en ningún país de
la Unión Europea ni fuera de ella.

Parece, señor Presidente, que al Gobierno le falla de momento
el reloj y que no es la puntualidad una de las virtudes de sus
miembros. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) En
cualquier caso, saludamos la presencia de la señora Ministra
de Cultura que, probablemente, incluso viene dispuesta a
hablar en este debate y a explicarnos algunos extremos
(Rumores.), porque si lo de la europeización que decía la
señora Ministra que se lograba con estas medidas ha quedado
claro, lo de la
liberalización es ya para nota. El talante y el talento
liberalizador de la señora Ministra de Cultura le ha llevado a
crear una cuota más, lo que sin duda llenará de alborozo la
sensibilidad socialista de las bancadas de la izquierda, pero
abundará aún más en el hundimiento de un sector. Señor
Presidente, si el buen sentido de la Cámara no lo remedia, en
España tendremos, además de licencias de doblaje y cuotas de
pantalla, la cuota Alborch de espectadores. (Rumores.) Esta
cuota consiste en que para obtener una licencia de doblaje no
basta con distribuir una película española, ahora comunitaria,
sino que hará falta, además, que la película distribuida
obtenga en taquilla unos ingresos brutos de 20 millones de
pesetas para la primera licencia y de 50 millones para la
segunda licencia, siendo necesario en este caso que haya sido
traducida al menos a dos lenguas oficiales españolas.

Conviene que conozca la Cámara, para que tenga criterios antes
de pronunciarse, que de las 39 películas subvencionadas por el
Ministerio de Cultura en 1990 --manejo datos oficiales--, con
2.000 millones de pesetas, 17 no se han llegado a estrenar y
sólo 10 de las 39 han ingresado más de 20 millones en
taquilla, y de esas 10 sólo seis han obtenido más de 50
millones. La misma proporción en 1991, con 33 películas
subvencionadas, 17 no estrenadas y sólo nueve con ingresos de
taquilla superiores a 20 millones, es decir, con capacidad de
generar una primera
licencia. Es algo tan disparatado que incluso viniendo de un
ministerio que hace cosas (El señor Robles Fraga: Pocas.),
como el Ministerio de Cultura, nos tiene que sorprender.

Queremos pensar --y hemos reflexionado sobre ello-- y ver a
qué puede deberse una medida tan absurda y tan disparatada. Se
nos ha ocurrido, dándole a la imaginación, que puede deberse a
una de estas posibilidades. La primera es que, siendo una
norma de imposible cumplimiento, se sabe ya que no se va a
cumplir, va bien de cara a determinada galería y puede servir
para meter a alguien el miedo en el cuerpo. Avala esta
hipótesis el hecho de que el Ministerio haya suspendido el
programa de informatización del control de taquilla, única
forma de conocer la verdad sobre la recaudación de las
películas españolas. Otra posibilidad es que se pretenda el
desabastecimiento de películas no
comunitarias, pero sinceramente no encontramos la razón para
ello, aunque sin duda será uno de los efectos de esta medida
si la Cámara no lo remedia. Puestos a echarle imaginación,
puede ser que la Ministra de Cultura --y aquí nos lo aclarará-
- sea un agente infiltrado al servicio de una potencia
extranjera, aunque comunitaria, eso sí (Risas.), que en
cualquier caso será la principal beneficiaria



Página 2470



de esta medida, porque ya hemos visto que con las películas
españolas no se alcanzan los efectos que podría pensar, sin
duda de buena fe, la señora Ministra, pero desconociendo los
datos, que por eso se los facilito ahora y seguro que de su
promesa de ser una buena parlamentaria los rectificará en la
tribuna y podremos aclarar cuáles son estas razones.

(Aplausos.) Como verá, señora Ministra, no puede quejarse del
número de fans que tiene en los bancos del Grupo Popular y
creo que esta vez no debía dejarnos con la miel en los labios.

(Aplausos.)
Puede también, señor Presidente, que esta medida sea la
condición de un pacto parlamentario, pero si es así no se
tratará de defender el cine, sino de dotar de más instrumentos
a
determinadas políticas de normalización lingüística, y
entonces también conviene que la Cámara y el cine, al que se
le ha dicho que esto es para ayudarle, lo sepan.

Finalmente, y es la hipótesis más verosímil, una medida tan
incomprensible a primera vista dejará de serlo cuando se
conozca la sorpresa que probablemente tenga preparada la
Ministra de Cultura, cuya audacia e imaginación todos
conocemos. (Rumores.) Se debe tratar --dejen a la pobre señora
Ministra que se exprese porque, si no, limitan su libertad de
expresión--. (Un señor Diputado: De pobre, nada.--Rumores.),
se debe tratar de un sistema incentivador revolucionario, de
la asistencia de
espectadores a las películas subvencionadas por el Ministerio
de Cultura. Se trataría, en definitiva, de repartir a todos
los españoles un carnet de cine y crear, por supuesto, un
cuerpo ad hoc de inspectores en los cines, con contratos
laborales y con méritos de servicios que llegarían a
consolidar la posición, que sellarían el carnet a los
espectadores que fuesen a ver alguna de las películas
subvencionadas por el Ministerio de Cultura. La razón de que
la señora Ministra no haya dado a conocer todavía esta medida
es que está esperando a los resultados del congreso del
Partido Socialista, porque no se sabe cómo utilizar este
carnet. Si ganasen en este congreso las tesis que podríamos
llamar Corcuera, lo que ocurriría es que el carnet podría ser
requerido por la autoridad en cualquier momento por la calle y
el español que no reuniera los sellos que se haya determinado
reglamentariamente sería oportuna y severamente sancionado.

(Rumores.) Si, por el contrario, ganasen aquellos que son
partidarios de llegar al socialismo por vía de impuestos, el
carnet con sus sellos se adjuntaría a la declaración de la
renta y daría ventajas fiscales para los que hubieran cumplido
con estas medidas incentivadoras de la señora Ministra. (Un
señor Diputado: ¡Buena idea!) Una medida así, señor
Presidente, no se puede tomar mucho más en serio, porque
cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia y un informe
publicado por el propio Ministerio de Cultura han dicho que
las licencias de doblaje son causa de las dificultades de
distribución de las películas españolas, que llegue la
Ministra de Cultura y diga que si no quieres taza, tazón y
medio, y además establece una cuota de espectadores, se nos
ocurre --y nos creemos en el deber de informar a la Cámara--
que conozcan estas consecuencias antes de que adopten una
decisión al respecto. Junto con las licencias de doblaje, cuya
supresión inmediatamente solicitamos, el cambio en el sistema
de concesión de las subvenciones es también para nosotros un
requisito esencial de una nueva política
cinematográfica. Las subvenciones por proyecto introducidas
por los socialistas han tenido efectos perversos en el cine
español, malgastando buena parte del dinero de los
contribuyentes que se ha destinado al cine; ahí está la
relación de películas que ni siquiera se llegan a estrenar
contando con generosísimas
subvenciones. Se ha desmantelado una industria que existía y
ahora se toma nota de qué es lo que más se echa en falta en el
actual panorama cinematográfico español. Se han encarecido
enormemente los costes de producción y, al perderse la
referencia de los espectadores, se ha alejado a éstos de las
salas
cinematográficas, principal dificultad del cine español en
estos momentos. Los datos demuestran que muchas subvenciones
se han dado a personas que las merecían, pero con la misma
contundencia demuestran que la arbitrariedad y el amiguismohan
campado a sus anchas por los pasillos del Ministerio de
Cultura y de la calle de Ferraz. Fijándonos sóloen los últimos
tres años, de las 39 películas subvencionadas en 1990 sólo
seis han obtenido unos ingresos en taquilla iguales o
superiores a la subvención recibida; sólo siete de 33 en 1991
y otras siete, pero esta vez de 32, en 1992. Estos son los
datos; emplazo a la señora Ministra de Cultura a que dé otros
y, si es posible, que los dé en la tribuna parlamentaria y
podamos debatir. Y si no, emplazo al Grupo Socialista, si le
importa el cine español, a que analice estos datos y vea
cuáles son las consecuencias de la política que se ha
defendido durante estos diez años, y si tienen de verdad un
compromiso con el cine español, actúen en coherencia y
rectifiquen la posición que han venido manteniendo hasta
ahora. Hemos reflexionado, señor Presidente, hemos estudiado
el asunto y lo hemos hablado con mucha gente que también lo ha
estudiado con seriedad y rigor. Frente a las subvenciones por
proyecto concedidas arbitrariamente por el Ministerio,
coincidimos con la mayoría de los productores españoles en que
lo que necesita el sector es un sistema de subvenciones
automáticas, como sin duda conocerán todos los que hayan leído
el informe de la Fundación Procine, que lo dice en su
frontispicio. «El cine español tiene que recuperar a su
público y a sus directores, actores y demás artistas y
técnicos». Les sobra talento para ello, pero deben poner ese
talento al servicio del público y no de lo que



Página 2471



el más ilustre de nuestros directores vivos ha calificado como
las covachuelas del Ministerio de Cultura.

Las subvenciones automáticas también pueden ser anticipadas --
así lo recoge nuestro texto-- pero los anticipos deben ser
tales y no como ocurre ahora que se dan tarde y a fondo
perdido, incluso a las películas que no llegan ni a estrenarse
y a las que se vuelve a dar al año siguiente una nueva
subvención. Junto con las subvenciones automáticas nuestro
texto incluye unas medidas a las que damos mucha importancia.

Se trata de incentivos fiscales a la producción que se
contemplan en la disposición adicional segunda.

Reconozco ante la Cámara --y verá, señora Ministra, que la
queremos bien--que el copyright pertenece a S.S. Se trata de
una de las medidas que S.S. presentó a bombo y platillo en la
Sociedad General de Autores y que luego le echaron abajo en la
mesa del Consejo de Ministros. Esta sí es una medida
incentivadora en serio, pero si la deducción se establece en
la ley, todo el que haga cine se podrá beneficiar de ella sin
más requisito que hacer cine, es decir, sin tener que obtener
y deber el favor al Ministerio. Por esto, el compromiso
adquirido solemnemente por la señora Ministra...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cortés, vaya
concluyendo.




El señor CORTES MARTIN: Voy concluyendo, señor Presidente. El
compromiso adquirido solemnemente por la señora Ministra no se
pudo mantener y, en ese momento, ya aprendió muy bien la
lección de que no se es ministra de cultura de un gobierno
socialista para fomentar el cine español, sino para
controlarlo, y así no se puede establecer una deducción en la
ley. Finalmente, señor Presidente, la tramitación casi en
paralelo de la Ley de
incorporación de la directiva comunitaria de televisión hace
que traslademos a esa norma, por mejor sistemática
legislativa, todo lo referente a coproducción con
televisiones. Pero, a su vez, hemos incorporado a nuestro
proyecto de ley de fomento de la cinematografía algo que se
recoge en la Directiva Comunitaria para Televisión, en el
artículo cinco, en el sentido de que las cuotas que protegen
al cine comunitario deben favorecer
preferentemente al cine español. Así decimos que el 50 por
ciento de la cuota de pantalla deberá dedicarse a la
exhibición de obras cinematográficas en expresión originaria
española, al tiempo que, atendiendo al auténtico hecho
diferencial de España en la Unión Europea, que consiste en
formar parte de la comunidad
Iberoamericana, se dice que todas las obras cinematográficas
en expresión originaria española tendrán el mismo tratamiento
que se les otorga a las obras cinematográficas comunitarias.

Mantenemos, señor Presidente, en nuestro texto la actual
regulación de las cuotas de pantalla, pero decimos que esa no
es la solución para el cine español. Liberalizamos otras
medidas y vamos a ver si es posible que avancemos como lo
están haciendo los demás países de la Unión Europea en el
sentido de suprimir estas cuotas y de irlas reduciendo. Ese es
el objetivo del sector. Ese es también nuestro objetivo y así
lo expresamos en nuestro proyecto de ley.

Termino, señor Presidente. Deseamos el marco estable para el
cine español. Es la única forma de tener una industria, de que
ésta se cree y no un grupo de amigos que son muy hábiles a la
hora de llegar al Ministerio. El sector debe conocer, en todo
momento, cuáles son las condiciones en las que van a tener que
actuar en los próximos años, que no pueden depender del
decreto que en cada momento decida la ministra o el ministro
de turno. Esas
condiciones deben figurar en una ley, y así lo recogemos,
porque el Real Decreto-ley del Gobierno no alcanza los mínimos
y mantiene, reforzándolas, las medidas que han hundido al cine
español.

Nuestro proyecto plantea otra política que tiene confianza en
el sector, que vigila el buen uso del dinero de los
contribuyentes y que concede a los espectadores la libertad de
elegir. Es ésta la política que el cine español necesita. A lo
mejor no es la que conviene a la estrategia electoral del
Partido Socialista, pero esta Cámara, señor Presidente, está
para defender los intereses generales de España, de su
industria y de su cultura y no los intereses electorales de un
grupo, aunque tenga la mayoría en estos momentos en la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en
contra, tiene la palabra el señor Clotas.




El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, a tenor de la intervención que acabamos de oír
cuesta creer que el Grupo Popular haya reflexionado sobre el
tema que nos ocupa esta mañana (Rumores.) Sinceramente, pienso
que el portavoz del Grupo Popular hoy se ha superado a sí
mismo --no creo que le ofenda lo que voy a decir porque voy a
usar un término cinematográfico-- y nos ha hecho una auténtica
charlotada. (Rumores.) Una auténtica charlotada, con agentes
secretos, con carnés, con nigerias, una auténtica charlotada,
sin añadir un solo argumento a los ya expresados hace poco en
esta misma tribuna con motivo del debate sobre el Decreto-ley,
presentando esa catastrófica situación del cine español que --
según él-- se debe a una política a la que él tampoco es capaz
de presentar una alternativa, y no ha dedicado más que escasos
minutos a defender lo que es el motivo de este debate, que es
la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular.

Esa enmienda a la totalidad, señorías, para el Grupo
Socialista, y creo que para la inmensa mayoría del sector



Página 2472



cinematográfico, merece tres calificativos. Es una propuesta
deficiente, es una propuesta insuficiente y es una propuesta
imprudente, y voy a tratar de explicar por qué utilizo estos
tres adjetivos, a la vez que voy a tratar de explicar el
contenido de una enmienda, algo en lo que se ha molestado muy
poco el señor Cortés.

Es una propuesta insuficiente porque lejos de hacer lo que
hace el proyecto de ley hoy en curso y que se pretende
enmendar, que es tratar aquellos temas inaplazables, sobre
todo por la
necesidad de poner de acuerdo nuestra legislación con la
comunitaria, en lugar de limitarse a esto, el texto del Grupo
Popular trae otros temas. Pero no crean ustedes que con eso
han traído a esta Cámara una ley completa del cine o de lo
audiovisual --como ha dicho, por cierto, en la prensa, no lo
ha dicho aquí--; no, no lo hace. Y es tan consciente de que no
lo hace que reduce prácticamente a una proposición no de ley
su propuesta, cuando la disposición adicional segunda nos dice
que en un año el Gobierno tiene que traer aquí una ley del
cine o de lo audiovisual. Por tanto, lo que ha hecho cuesta un
poco calificarlo. No es una ley del cine y tampoco son las
medidas urgentes e inaplazables que el Gobierno está
legislando en este momento.

Es deficiente, señorías --y lo vamos a ver con un rapidísimo
repaso de los temas que incluye esta propuesta--, porque en
realidad lo que ha hecho el Grupo Popular es recoger algunas
normas presentadas ya por la señora Ministra, algunas de las
que están en el proyecto actualmente en trámite, introduciendo
algún cambio, otros temas que le han parecido que se podían
tratar, sin saber muy bien por qué, porque a la vez hay otros
que no trata, y con todo esto ha hecho una especie de refrito
que tiene sobre todo un objetivo --y no lo ha ocultado--, que
es la supresión de las licencias de doblaje, y me referiré
luego a esto.

¿Qué contiene esta enmienda de totalidad al proyecto de ley,
que, como he dicho, es deficiente, insuficiente e imprudente?
Contiene, en primer lugar, una pretendida modificación del
sistema de subvenciones, que yo sinceramente creo que el señor
Cortés lo ha explicado mal porque no conoce bien el tema. Lo
que han hecho no es nada nuevo ni distinto de lo que existe;
simplemente lo que han hecho es apoyarse en el sistema de lo
que se llamó subvenciones anticipadas, que es lo que existió
en este país hasta la llamada reforma Semprún y que el propio
Grupo Popular atacó muchísimo porque consideró que se prestaba
a políticas de amiguismo y de ventajas más o menos
inconfesables. Vuelven al sistema de las subvenciones
anticipadas con una gran irresponsabilidad porque lo hacen sin
ningún rigor, porque me gustaría que el Grupo Popular me
explicara en virtud de qué se van a conceder esas
anticipaciones, cómo sabemos el éxito que puede tener en
taquilla una película. Además, hay otro dato curioso y es que
han suprimido, entre los requisitos para conceder esos
anticipos, el que se refiere a la calidad artística del
producto, que parece que eso no interesa nada al Grupo
Popular.

En lo que se refiere a la cuota de pantalla, que no es una
técnica obsoleta o que se está abandonando, sino que es la
técnica que la Unión Europea está aconsejando para la
televisión y para el cine, el Grupo Popular pretende ir
extinguiéndola y lo dice claramente en uno de los artículos
finales de su propuesta. Señorías la cuota de pantalla no es
un invento español, es un invento inglés; existe desde el año
27 en Gran Bretaña, hasta que la señora Thatcher --seguramente
muy admirada por el señor Cortés-- anuló la cuota de pantalla
y se acabó el cine inglés. (Risas en el Grupo Popular.) Eso
hace muy poco tiempo y no se rían porque es así (El señor
Robles Fraga: Y se acabó el cine español.) Y se acabó el cine
inglés en los términos en que consideramos que un cine debe
existir. Quiero decir que entró en una decadencia fatal, como
sabe todo el mundo, en número de espectadores, de películas,
etcétera. (El señor Robles Fraga: ¡Cómo se puede decir eso!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Clotas, un
momento. Señor Robles Fraga, le ruego guarde silencio.




El señor CLOTAS CIERCO: El control de taquilla que pretenden
introducir en la ley existe en España desde el año 64, lo que
pasa es que, naturalmente, quedó obsoleto por los avances
tecnológicos y hoy lo que se plantea es la informatización del
mismo y es verdad que lo ha dicho aquí el señor Cortés. Está
previsto que el programa acabe este año, en diciembre de 1994,
con un número de salas --no recuerdo si son setecientas y
pico--que aseguran un control superior al 90 por ciento.

Respecto a la defensa de la competencia, su propuesta hace una
cosa muy rara porque repite uno o dos preceptos de la ley, con
lo cual se presta también a una lectura bastante singular; es
decir, puede ser que los demás preceptos de la Ley de Defensa
de la Competencia no deban ser tenidos en cuenta para el tema
del cine. No sé lo que quiere decir el Grupo Popular cuando
repite en su texto algún precepto.

También deberíamos hacer una alusión a lo que ha dicho el
señor Cortés en cuanto a la cuota, que es una de las novedades
que introduce la propuesta del Grupo Popular, que incluso
sería positiva si fuera posible. Dice la propuesta que un 50
por ciento de la cuota se reservará al cine originariamente en
español. Señor Cortés, esto es lo que no nos permite la
Comunidad. Estamos haciendo una ley con urgencia para
adaptarnos a la legislación de la Comunidad y ustedes están
introduciendo en su texto algo que a mí no me disgustaría, si
fuera posible, pero que la Comunidad no nos lo permite. Por
tanto, una de las pocas novedades, por decirlo así, positivas
de su propuesta resulta que parece que



Página 2473



no es posible introducirla y es bastante paradójica en el
momento procesal en el que estamos.

Podría referirme a otros aspectos. Me quiero referir
finalmente a la supresión de las licencias de doblaje, porque
en base a la supresión de las licencias de doblaje, y en base
a esa política de ir eliminando la cuota, califico de
imprudente y de
irresponsable esta propuesta del Grupo Popular. Si hoy el
Gobierno aplicara esas políticas, daríamos un golpe de muerte
al cine español.

El único argumento que tiene el Grupo Popular para oponerse a
las licencias de doblaje, que no son un invento socialista,
señorías, sino algo que viene funcionando con cambios
importantes en su reglamentación desde el 46, las licencias de
doblaje que, contrariamente a la información que le han dado
al señor Cortés, hoy interesa en muchos foros internacionales
como una solución para proteger los cines nacionales, esas
licencias de doblaje, como digo existen desde el 46. Lo único
que puede decir el Grupo Popular contra ellas --lo ha dicho
muchas veces-- es que sólo existen en España. Señor Cortés, no
me parece un argumento presentable. ¿No hemos inventado nada a
lo largo de la Historia los españoles? Algunas cosas sí
(Risas.), habremos inventado las licencias de doblaje. Señor
Cortés, no valen risas. No hay un solo productor, no hay un
solo creador en España en el ámbito audiovisual que les apoye
en este tema (Risas.) No se rían porque me parece no hay
motivo para reírse. No hay un solo creador, lo que pasa es que
ustedes no han hecho una ley pensando en los creadores, al
revés, la han hecho de espaldas a los creadores, la han
querido hacer pensando en la industria, y tampoco la han hecho
pensando en la industria, la han hecho pensando en la parte
mercaderil y más impresentable de la industria. Esta es la
verdad.

Señorías, quiero terminar. Me ha tocado hacer algo que
correspondía al portavoz del Partido Popular, explicar la
enmienda de totalidad que nos ha presentado hoy. Quiero acabar
diciendo que el Grupo Socialista, que naturalmente se opondrá
y votará en contra de esta propuesta del Grupo Popular, se
siente apoyado en esta Cámara --sobre todo en el sector
cinematográfico-- y está de acuerdo con el proyecto de ley que
el Gobierno ha presentado, que son las medidas inaplazables
que debemos aprobar en este momento para ayudar al cine
español y también, como he dicho antes, para poner nuestra
legislación al día con la legislación comunitaria. Creemos que
esas son las medidas y esa es la política que puede favorecer
a un cine que, contrariamente a lo que dice el Grupo Popular,
no está en situación desastrosa. Voy a terminar, señor
Presidente, con un solo dato, para que se demuestre con
claridad que la política que está llevando a cabo el Gobierno
socialista no es esa política que dice el señor Cortés, ni
mucho menos, sino una política que tiene el respeto de los
foros internacionales, aunque no se haya enterado el portavoz
del Grupo Popular.

Mire usted, el gobierno francés, que no puede ser puesto en
duda como ejemplo, gasta diez veces más dinero público en
proteger su cine que nosotros --nosotros estamos en unos tres
mil y pico millones y ellos en treinta y cinco mil-- y
consiguen apenas tres veces más taquilla que nosotros;
nosotros estamos más o menos en el 10 por ciento, ellos están
en el 25 o el 30 por ciento. Lo consiguen con tres veces más
películas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan diez veces
más dinero para conseguir un resultado, más o menos, tres
veces superior. Por tanto, no podemos decir seriamente que el
cine español, que ocupa con dignidad un cuarto o quinto lugar
en el mundo y que, junto con el italiano y con el francés, ha
sobrevivido a una competencia terrible, como la que hacen las
«majors» americanas, sin respetar esa libertad de mercado
ideal que aquí presenta el Grupo Popular y que no existe,
porque somos nosotros, con nuestra legislación, los que
intentamos que haya esa igualdad de posibilidades en el
mercado para los cines nacionales. Este cine, que consigue
unos
resultados muy dignos, no merece los calificativos que se han
vertido aquí muchas veces.

Una última palabra. El Grupo Popular nos ha dicho también
muchas veces que él está por la libertad de opción de los
espectadores. Nosotros también, y quiero contestar a una
imagen, que es absolutamente tramposa, esgrimida aquí algunas
veces por los portavoces del Grupo Popular. No se trata de que
los lectores --por poner la comparación que se ha puesto aquí-
- puedan leer a Cela o a otro escritor. No se trata de eso. No
se trata de que lean a Cela o a otro escritor. Se trata de que
en las librerías esté Cela y eso es lo que con su política,
con la legislación que trae a esta Cámara pretende el Partido
Socialista y el Gobierno socialista: que en los cines de
España se pueda ver también cine comunitario. (La señora
Martínez Saiz: ¡Para que no vaya nadie!) Gracias, señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Clotas.

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, quiero que conste en
acta mi agradecimiento a los que diseñan la estrategia
parlamentaria del Grupo Socialista que impide a la señora
Ministra de Cultura subir a la tribuna, porque, ciertamente,
para un portavoz al que incluso le gusta la brega
parlamentaria, el tener a un contrincante como el señor Clotas
le pone las cosas demasiado fáciles. (Protestas.) Yo vengo con
miedo por tenerme que medir con la señora Ministra de Cultura,
pero tenerlo que hacer con el señor Clotas me lo pone



Página 2474



demasiado fácil, sobre todo cuando se argumenta que se trata
de estudiar y hablar con rigor. (Protestas.) Antes de que
vociferen SS.SS. les voy a dar un dato para que vean el rigor
que tiene el señor Clotas en sus expresiones. Señor
Presidente, éste es un libro del Ministerio de Cultura. El
señor Clotas ha dicho que se ha acabado el cine británico con
la política de la señora Thatcher. Leo el cuadro 9.1, en la
página 197: Producción cinematográfica europea 1980-1990.

España: 1982, 146 películas; 1990, 47; variación, -151 por
ciento. Gran Bretaña: 1982, 45 películas; 1990, 53; variación,
+82,8 por ciento. Este es el rigor del señor Clotas. El señor
Clotas lleva mucho tiempo queriendo ser Ministro de Cultura y
castiga al Ministerio de Cultura no leyéndose su propia
documentación, pero la Cámara no tiene la culpa de los
problemas personales que tienen en el Grupo Socialista.

(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Protestas en los
bancos del Grupo Socialista). Estos son los datos del
Ministerio y si ustedes no tienen una fluida comunicación y al
señor Clotas le ocultan esta documentación, ¡qué le vamos a
hacer! Esta Cámara se merece más respeto y más rigor.

El señor Clotas, señor Presidente, lleva once años defendiendo
la misma política, y su coherencia le honra, pero lo que ya es
más difícil, sin embargo, es estar orgulloso de los resultados
de la misma. Los datos se dieron con detalle en el anterior
debate, pero quizá no esté de más refrescar la memoria de
SS.SS. Durante los diez años en que el señor Clotas y el Grupo
al que pertenece han estado defendiendo la política
cinematográfica española, los espectadores han pasado de 176
millones a 78. El número de salas --ésas sobre las que
argumenta que no hay librerías donde puedan estar los autores-
- al amparo de esta brillante política, que ahora dicen que no
quieren cambiar, ha pasadode 4.096 a 1.773. Sigo manejando
datos del Ministerio. (El señor Robles Fraga: ¡Muy bien!)
Sólo les voy a dar un dato más para describir la década
prodigiosa. De 146 películas, el año pasado no se llega a 50.

Estos son los datos de los que ustedes pueden estar muy
orgullosos. Pueden incluso satisfacerse mutuamente, pero no
pretendan que a nosostros nos satisfaga, porque a nosotros nos
preocupa el cine español. Tenemos confianza en el cine
español. Creemos en su capacidad. Criticamos y con datos --con
datos que además ustedes han dado-- su política, no la
capacidad del cine español que incluso contando con ustedes en
el Gobierno ha logrado hacer muy buenas películas, ha logrado
reconocimientos individuales grandes, pero los datos son los
que están y lo que pide el sector es lo que pide. Pide
subvenciones automáticas, no subvenciones por proyecto. Y la
señora Ministra, que dijo que iba a cambiar
revolucionariamente las subvenciones, lo que ha hecho ha sido
aprobar una serie de órdenes ministeriales diciendo que se
concedían más de 1.000 millones de pesetas, todos ellos por
proyecto que tenía que valorar un comité que nombraba la
señora Ministra de Cultura. Esta es la arbitrariedad contra la
que queremos ir.

Insuficiencia. Hombre, insuficiencia la del Real Decreto-ley
que contempla cuatro medidas. El nuestro, por lo menos, aunque
sólo sea a peso, contempla dieciséis artículos. Por lo tanto,
me parece que no es el grupoque defiende el proyecto quien
puede estar más legitimado para hablar de insuficiencia. Las
licencias de doblaje. Yo no sé cómo pueden defenderlas tanto
cuando en el propio proyecto dicen que sólo durarán cinco
años. No serán tan buenas. Si las licencias son tan buenas,
manténganlas para siempre. Ustedes mismos saben que es
insostenible. Yo no he citado a Nigeria, lo ha hecho usted, se
lo agradezco, lo hice en el anterior debate. Es el único
ejemplo que tenemos. Pero que no se nos diga además que lo que
se pretende es europeizar. Y ya, las carcajadas que se pueden
oír son tremendas si se dice que es un sistema que se está
estudiando allende nuestras fronteras. ¡Pues, bien va la cosa!
Sistema de ayudas, cómo se puede controlar. Es evidente,
haciendo lo que ustedes han impedido que se haga: con el
control de taquilla. Eso lo contempla nuestro proyecto de ley.

Que se instale el control de taquilla. El Gobierno ha retirado
los créditos para la informatización de las taquillas en estos
Presupuestos. Así figura en el «Diario de Sesiones» cuando yo
mismo, en nombre del Grupo Popular, se lo pregunté al
Subsecretario de Cultura y dijo que era un proyecto que se
había suspendido y que se iba a intentar ver si la iniciativa
privada podía acudir. Lo que pasa es que ustedes no quieren
que se controle la taquilla para que el cine siga en sus
manos, sometido a su arbitrariedad.

Y en cuanto a la cuota española --ya, señor Presidente, es lo
último que voy a decir--, que dice que es contraria al Derecho
comunitario, será exactamente igual para el cine que para la
televisión. Nos hemos limitado, señor Presidente, a decir
literalmente lo mismo que se dice en lo que el Gobierno llama:
transposición de la directiva sobre la coordinación de
disposiciones legales reglamentario-adminitrativas de los
Estados miembros relativos al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva. Pues bien, en este texto de
incorporación de la legislación comunitaria a la legislación
española se dice: El 50 por ciento del tiempo que se reserva,
a que se refiere el número anterior, se dedicará a su vez a la
emisión de obras europeas en expresión originaria española.

Esto mismo lo decimos para el cine, y manifestamos, como aduce
también el sector, que las cuotas de pantalla no es un buen
sistema, que es el que hay, y nosotros lo mantenemos, pero
decimos que debe de ser superado. Lo están superando en otros
países europeos, precisamente, además, por esta cuestión
comunitaria; precisamente por eso. Pero ése es otro debate.




Página 2475



Nuestro texto dice que se mantiene en los mismos términos en
que está planteado ahora. Pero ya creíamos que había pasado
eso que dijeron ustedes al principio de su llegada al poder
del uso alternativo del Derecho. Utilizar el uso alternativo
del Derecho para la televisión, sí, pero lo que ahora se dice
de que también sería de aplicación al cine, no, simplemente
porque se nos ha ocurrido a nosotros. Esto, lo único que
demuestra es que ustedes han cambiado muy poco.

Afortunadamente, las cosas sí van a cambiar. Usted, señor
Clotas, me ha aludido de una forma muy elogiosa, porque créame
que en un debate cinematográfico
cualquier comparación con Charlot, con un genio como él, es un
elogio. (Rumores.) Aquí, lo que pasa es que el viento se va a
llevar muchas cosas, va a quedar el cine español, se va a
llevar muchas cosas y mientras tanto hay algunos, no muchos,
pero algunos, porque ustedes lo permiten y porque ustedes lo
alientan, que, como en la película de Woody Allen, cogen el
dinero y corren.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.--
Protestas.--Los señores Muñoz García y Novella Suárez
pronuncian palabras que no se perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Clotas.




El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, el Grupo Socialista
tiene toda la documentación, todos los datos, como supungo que
todos los grupos de la Cámara, ya que estamos en un sistema
democrático en el que los datos no se ocultan y en el que la
información de los datos está al servicio de todos. Pero hay
algo peor que no tener los datos, es manipular con ellos o no
entenderlos, que es lo que reiteradamente ocurre con el
portavoz del Grupo Popular. (Rumores.) Porque el que el
portavoz del Grupo Popular venga aquí y nos explique, con esa
mezcla de ingenuidad, por llamarlo de alguna manera, y
malignidad (Rumores.), que ha decrecido el número de salas
cinematográficas y de espectadores, es algo que se puede decir
aquí, en Estados Unidos, en
Cochinchina y donde sea, porque en este tiempo (parece que
ellos no se han enterado) ha entrado el vídeo en los hogares,
las programaciones de cientos de películas por semana en los
distintos canales de televisión y, naturalmente, la oferta ha
cambiado de tal modo que es evidente que en España, como en
todas partes, ha disminuido el número de espectadores en las
salas cinematográficas y el número de salas. Ese es un dato
irrelevante si no se explica todo lo que lleva consigo, lo que
es en otras partes y con elementos comparativos. Por tanto, el
señor Cortés utiliza un dato que, a pesar de todo, es
irrelevante. Yo le diría lo mismo del cine inglés. Como
tampoco sabe mucho de estos temas, nos da un dato del cine
inglés, pero hemos de conocer lo que eran los datos anteriores
del cine inglés, y él ha de saber que hoy hay mucho cine, que
no es realmente inglés, que pasa por cine inglés, como
desgraciadamente ha ocurrido con alguna película, y ha sido
muy notorio también con Holanda, etcétera. Por tanto, hay una
mayor debilidad en el cine inglés desde las reformas de su
admirada Margaret Thatcher, que todo el sector del cine inglés
está de acuerdo, menos, naturalmente, el señor Cortés, que nos
quiere traer aquí la reforma de la señora Thatcher, cuando yo
creo que incluso la propia señora Thatcher debe haber
reconocido que eso no ha ido muy bien para el cine inglés.

Vamos a ver; hay alguna cosa más. Señor Cortés, es verdad lo
que usted dice respecto a la trasposición de la directiva, es
verdad. Pero, mire usted, en Derecho las cosas no son tan
sencillas. Lo que la Comunidad nos habilita para la
televisión, no nos lo habilita para el cine. Por tanto, lo que
usted hace es una apuesta muy improbable que yo le digo que la
Comunidad no va a aceptar, y por ello acabo diciendo lo mismo
que dije antes: este refrito, este no proyecto alternativo,
esta enmienda que saca cosas de donde puede y más o menos las
ensambla sin que respondan a una actitud seria y responsable
sobre el cine español, ha incluido una norma que no estaría
mal para el cine español si fuera posible y jurídicamente
legal, cosa que el Grupo Socialista duda y creo que la
Comunidad va a dudar más que nosotros. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, al fijar su posición aquí, quiere hacerlo
desde un punto de vista lo más reflexivo posible, dentro de un
pragmatismo lo más posibilista para ayudar a nuestra industria
cinematográfica. Probablemente, ante el proyecto que trae hoy
aquí el Gobierno, lo que nuestro Parlamento transformó en
proyecto de ley como resultado de haber hecho la convalidación
previa del Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la
cinematografía, nosotros creemos que hay que aprovechar este
tiempo, aprovechar el texto del Gobierno, aprovechar también
el texto alternativo que trae el Grupo Popular, llevarlo por
vía de enmiendas y enriquecer algo tan importante que ni puede
ser objeto de un tratamiento ya legal por vía de urgencia ni
por falta de
reflexión de todos los intrumentos jurídicos, técnicos,
legales, económicos (incluidos los fiscales y financieros, en
el mejor sentido de la palabra) para ayudar y potenciar, no
solamente a un sector productivo industrial, sino a un soporte
cultural. Por esa razón, Coalición Canaria, entendiendo que
hay factores positivos en ambos documentos, se va a



Página 2476



abstener en la votación de la enmienda del Grupo Popular, va a
desear que muchas de sus inteligentes y sugerentes iniciativas
se canalicen por la vía de enmiendas y se lleven sobre el
soporte del proyecto del Gobierno. Coalición Canaria,
predicando con el ejemplo, ha presentado 23 enmiendas al texto
del proyecto, y lo hacemos teniendo presentes varias
cuestiones. Por empezar, por una no menor. Cualquiera de los
sectores o subsectores
empresariales, económicos, intelectuales, artísticos que
intervienen en el mundo del audiovisual y de la
cinematografía, tienen un componente de un valor expreso
específico que,
separándolo del conjunto lo hace una distorsión y lo hace
perfectamente incomprensible en su funcionamiento. De ahí que
nosotros hayamos dirigido enmiendas, y no nos gustan los
proyectos en que se carga la función de la sanción sobre las
salas de distribución. En todo ese mundo, si alguien es
merecedor de determinadas sanciones, no podemos terminar con
uno solo de los sectores que hay ahí. Pero esto sería lo de
menos, porque podemos arreglar perfectamente el capítulo de
sanciones y a quién tienen que ir dirigidas y cómo, porque hay
algo de lo que tienen que darse cuenta los productores de
películas y los
distribuidores, y es que sin salas de cine no habrá proyección
de películas.

Esto que parece una obviedad es donde está una de las
circunstancias actuales de la crisis del mundo del cine: el
cierre de salas de exhibición que ha ido produciendo
determinadas distorsiones en todo el proceso mercantil que
soporta el sistema. Queremos películas de calidad, de alta
calidad; queremos, incluso dentro del marco de este proyecto
de ley --lo que ahora diré--, películas que sean un soporte
cultural de la identidad de los distintos pueblos de España,
como de todo el Estado español, como de la unidad europea, a
la que también haré referencia aquí. Ese cine español y
europeo, inserto en esas coordenadas
fundamentales, junto a una buena calidad de películas y que,
al mismo tiempo que tengan calidad artística, tengan
rentabilidad comercial, porque si no estamos rizando otra vez
el rizo de lo imposible, y necesitamos tanto al intermediario
de la
distribución como a las salas de exhibición cinematográfica.

Las salas también tienen que tener el requisito de la calidad,
porque a veces estamos pensando que la calidad solamente tiene
que estar en lo que está sobre el soporte del celuloide; la
calidad de la película es importante, pero para el espectador
también el sentarse en una butaca cómoda, en una sala que
reúna condiciones de seguridad, etcétera, es muy importante.

Una buena película desde una silla de madera dura se
transforma en una película inaguantable y una película
regular, en una sala de condiciones comodísimas para el
espectador, en que el exhibidor sabe que puede invertir allí
un capital para tener una sala del máximo nivel de calidad, es
importante.

Por tanto, mucha atención a todos los eslabones de la cadena
del mundo cinematográfico, que no termina cuando el directoor
y la productora le ponen el rótulo final a la cinta del
celuloide. Ahí empieza ahora otro proceso que es el que hace
su accesibilidad al público, su rentabilidad comercial y, por
supuesto, toda la evaluación, con todos los premios, con todos
los Oscar, con todos los Goya, con todos los premios de la
crítica que se le quiera dar a cualquier film.

Nosotros entendemos que el proyecto de ley que salga de esta
Cámara tiene que ser lo más perfecto posible también, y yo
diría, con un símil, hacerle, señora Ministra, un buen guión a
este proyecto de ley. Eso es importante. Si somos capaces con
nuestro esfuerzo parlamentario, con las enmiendas, de poner un
instrumento en manos de toda esa cadena: de los artistas, de
las productoras, de los directores, de los distribuidores y de
los exhibidores, etcétera y, por tanto, del público, y hacemos
un buen guión, que es nuestra obligación de legisladores, eso
será positivo para el día de mañana. No olvidemos, señorías,
que estamos hablando aquí también de un factor competitivo
frente a eso que en el proyecto se llama terceros países, que
es la potente industria cinematográfica de los Estados Unidos
de Norteamérica.

Hay otra cosa que hay que hacer aquí y creo que perfeccionando
el texto del proyecto de ley, que es ir más a un cine de
coproducción, a un cine europeo, porque, si no se entendería
el proyecto que aquí se pretende. Quiero recordarles a SS.SS.

que ha tenido entrada en esta Cámara el Convenio Europeo sobre
Coproducción Cinematográfica, verdadero documento inteligente
e interesante, hecho por el Consejo de Europa, que viene a
definir qué se debe de entender, con unas definiciones
culturales, y llamo la atención de esto. El informe del
Consejo de Europa y la propuesta aprobada ya, el Convenio
Europeo sobre Coproducción Cinematográfica, no hace tanto
invocaciones a política
proteccionistas, en el sentido estricto de la palabra, sino un
llamamiento a la responsabilidad de los gobiernos y de los
parlamentos nacionales para legislar posteriormente las
medidas de apoyo a la cinematografía de tipo fiscal, etcétera,
concretarlas y no dejarlas en esa especie de situación etérea,
en música celestial, que trae el artículo 3.º del proyecto del
Gobierno.

Ese fomento de las empresas y de las actividades audiovisuales
no puede ser una voluntariedad puramente retórica de la
Administración pública; tiene que ser una concreción en
medidas que están en el índice. Pero hay que concretarlas,
porque cada uno de los factores de la producción, tanto el
productor de la película, los distribuidores, como los
exhibidores tienen que tener tangiblemente a su alcance
administrativo qué se entiende por inversión pública, qué
medios de apoyo fiscal, cuáles van a ser esas medidas
fiscales, cuál es la promoción exterior o interior, en qué
soporte de colaboración



Página 2477



de las distintas administraciones públicas o de los distintos
sectores financieros o económicos implicados tienen que estar.

Pero fíjense, señorías, si el tema es importante que el propio
Consejo de Europa define en el preámbulo del Convenio Europeo
de Coproducción Cinematográfica este listado de valores
fundamentales. Primero, que la finalidad del Consejo de Europa
es conseguir una unión más estrecha y salvaguardar ideas y
principios del patrimonio común europeo. Considerar, además,
que es necesario desarrollar las metas del Convenio Cultural
Europeo que va a ser soporte de la cinematografía de
coproducción. Y, después, llevar hacia adelante todo lo que es
un principio, en el sentido de que debe considerarse como
prioritario en esta coproducción cinematográfica en cuanto
instrumento de creación y de expresión de la diversidad
cultural a escala europea. Como pronto tendrán a su
disposición el texto, me ahorro seguir leyendo más
actuaciones.

Si hay que concretar las medidas que se contemplan de una
manera muy genérica en el artículo 3, vemos esta deficiencia
en el proyecto que ha traído el Grupo Popular, que debería
aprovechar la ocasión para desarrollar este listado de apoyos
y de
incidencias con el argumento que nos aporta el Consejo de
Europa, las ideas propias emanadas de los distintos sectores
del mundo de la cinematografía, lo que haga la Administración
en este momento y lo que como valor político, cultural y de
empleo desarrolle el Parlamento para encontrar, como digo, un
buen texto de ley, un buen guión para el mismo. Vamos a
esperar al debate en Comisión para enriquecer el texto con las
enmiendas, y las hay muy interesantes entre la del Grupo
parlamentario Popular, que puedan cubrir esas deficiencias o
insuficiencias, que decía el señor Clotas. Me quiero quedar
sólo con estos dos calificativos que son puramente numéricos o
cuantitativos. No entro en ninguna valoración de tipo
peyorativo dentro de la legitimidad del lenguaje
parlamentario, sino que pretendo cubrir y complementar todas
esas deficiencias que están en este momento en uno y otro
proyecto.

Por esta razón y en la línea de no intervenir de una manera
polémica ni sesgada, el Grupo de Coalición Canaria va a
abstenerse desde estos principios que he dicho.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Para la fijación de la posición del Grupo Vasco,
PNV, tiene la palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señorías, de cara a este texto alternativo que ha
presentado el Grupo Popular, el Grupo Vasco quisiera
manifestar las siguientes consideraciones. En un primer nivel,
valorar la exposición de motivos que presenta el Grupo Popular
en su texto alternativo porque coincidimos en las dos
principales apreciaciones que se realizan en dicha exposición
de motivos. Por una parte, porque con el texto que presenta el
Grupo Popular se intenta poner el énfasis en aquellas medidas
que incentivan la creación y
consolidación de una infraestructura industrial
cinematográfica que sea competitiva y de calidad, frente a
aquellas otras medidas dirigidas a la intervención del mercado
y a un excesivo y no bien orientado proteccionismo que en los
últimos años ha demostrado su ineficacia. Nos parece que es
una línea de actuación bien correcta y bien definida y con
ocasión de la convalidación del Real Decreto-ley manifestamos
que era uno de los focos de atención en los que insistía el
Grupo Vasco: que se debe tender a la creación de una
infraestructura industrial sólida, que es, indudablemente, una
de las principales y más graves carencias de la cinematografía
española. Sin embargo, al examinar el
articulado de la ley se observa que este objetivo, bien
manifestado en la exposición de motivos, no encuentra medidas
que se puedan distanciar significativa y pertinentemente del
texto propuesto por el Gobierno.

Entendemos, tal y como ha manifestado anteriormente el
portavoz de Coalición Canaria, señor Mardones, que a partir de
enmiendas al articulado se puede llegar a un punto de
equilibrio entre el texto propuesto por el Gobierno y el texto
que presenta ahora como enmienda a la totalidad el Grupo
Popular, porque del examen del texto articulado que presenta
el Grupo Popular se deriva que el texto propuesto es
integrable en el proyecto de ley a través de estas enmiendas,
se admite el esquema básico del proyecto del Gobierno; se
mantienen las cuotas de pantalla, aun
flexibilizándolas, con lo que estamos de acuerdo; se suprimen
las cuotas de distribución; se mantiene la posibilidad de
sanción; en definitiva, el esqueleto de lo que es el texto
alternativo coincide básicamente con el texto propuesto por el
Gobierno. En nuestra opinión, nos encontramos ante un problema
de equilibrios entre distintos intereses de distintos agentes
implicados en el mundo de la cinematografía y desde esta
perspectiva haríamos un llamamiento al Gobierno, al Grupo
Socialista a que intentara acercar posturas. Entendemos que es
razonable el proyecto de ley que se presenta, es insuficiente,
pero es positivo en su
conjunto, y que a partir de dicho esquema básico, en lo que
son las enmiendas que se pueden presentar, y nosotros lo vamos
a hacer, por los distintos Grupos Parlamentarios, se pude
llegar a un nuevo punto de equilibrio, corrigiendo la
tendencia que manifiesta el proyecto de ley hacia los
intereses de los creadores y de las productoras; existen otros
intereses legítimos,



Página 2478



existen otra serie de consideraciones que hay que tener en
cuenta. También hay que tener en cuenta, desde la acción
cultural, el tema de la normalización lingüística, y en este
punto discrepamos básicamente de la propuesta que realiza el
Grupo Popular en su texto alternativo. Da la impresión, señor
Cortés, de que la Arcadia lingüística del Partido Popular es
monolingüe. (El señor Cortés Martín hace signos negativos.)
¿Es la lengua vasca española? ¿Para un vasco francés también?
(El señor Cortés Martín: No le quepa la menor duda.) Hay que
mantener un cierto rigor en las propias consideraciones. El
monolingüismo, desde el punto de vista cultural, es un
empobrecimiento y desde esa perspectiva el texto propuesto por
el Gobierno es mucho más rico, mucho más avanzado, por lo
menos para los que creemos más en el plurilingüismo o que el
futuro se basa en el plurilingüismo que en un monolingüismo.

Cuando se dice que el estado natural de las lenguas es uno,
uno se pregunta cuál es ese estado natural. Coincido con la
señora Rahola cuando decía en una intervención anterior que
hay que valorar el propio esfuerzo que se realiza para hablar
en castellano y quisiera que SS.SS. lo valoraran. Uno no está
ni para hacer amenazas ni para hacer guerras, pero les puedo
largar en mi propia lengua natural todo lo que quiera, pero no
está el señor Gatzagaetxebarría y hablaría sólo para mí y
acepto que es ridículo en esta Cámara, pero vamos a ser serios
en los temas lingüísticos en un momento en que este tema está
muy de actualidad y vamos a ser rigurosos en los
planteamientos. Por ello, insisto en que desde la postura del
Grupo Vasco hay que intentar encontrar nuevos equilibrios
entre los intereses de los creadores, de los productores,
entre la problemática de los receptores de la obra
cinematográfica e indudablemente también entre los exhibidores
que juegan su propio mundo industrial en el momento de exhibir
el cine. Por ello, el Grupo Vasco va a presentar siete grupos
de enmiendas a este proyecto de ley en busca de este
equilibrio. Va a plantear que la fijación de la cuota de
pantalla se haga en la proporción de cuatro por uno; que la
modificación de la disposición final primera del Real Decreto
19/93 se haga en el sentido de limitar la vigencia de la cuota
de pantalla al mismo tiempo en que se limita la cuota de
distribución cinematográfica; que se flexibilice el
cumplimiento de la cuota de pantalla; que se disminuya, por
excesiva, la tabla de sanciones propuesta en el Real Decreto,
porque se podría dar el caso, señora Ministra, de que algún
exhibidor pudiera tener mayores multas que Mario Conde por lo
de Banesto, lo cual, a todas luces, es excesivo y
desproporcionado.

Entendemos que hay que flexibilizar las obligaciones de los
exhibidores en aras de que pueda mantener el grado de libertad
debido por el cumplimiento de las prescripciones legales; que
hay que facilitar el acceso a la obra cinematográfica a los
ciudadanos cinéfilos de pequeñas y medianas poblaciones y, en
último lugar, que hay que ser más respetuoso con el marco
competencial en el que se integran estas medidas de fomento de
la cinematografía.

Entendemos desde el Grupo Vasco que una interpretación harto
generosa de las competencias que al Estado atribuye el
artículo 149.1.13 de la Constitución pudiera justificar una
regulación adecuada de las cuotas de pantalla y de
distribución
cinematográfica como las contenidas en los artículos 5 y 6 del
proyecto, pero, no obstante, no tienen cabida las competencias
estatales, la previsión contenida en el párrafo segundo de la
disposición adicional del proyecto, ya que, una vez
establecida la cuota de pantalla y distribución, el concretar
dentro de las de ámbito comunitario en qué medida pueden o no
ser cubiertas por producciones en lenguas propias distintas
del castellano; aquí tiene una consideración rigurosa, señor
Cortés, lenguas propias distintas del castellano, es una
facultad competencial de las autoridades autonómicas, pero en
ningún caso del Gobierno del Estado. En consecuencia, señor
Presidente, el Grupo Vasco va a votar en contra del texto
alternativo propuesto por el Partido Popular, por entender que
a partir del proyecto del Gobierno se puede encontrar un punto
de equilibrio distinto, tal y como he definido en esta
intervención. Confiamos, además, señor Clotas, en que el Grupo
Socialista sea capaz de integrar las propuestas que se
realizan por los distintos Grupos, mediante enmiendas al
articulado, en aras de un equilibrio más satisfactorio para
todos los agentes implicados en el mundo de la cinematografía.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Cortés
Martín pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri. Tiene la palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, el artículo 72.2
dice que cualquier Diputado podrá pedir durante la discusión
la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a
la ilustración de la materia de que se trate.

En este sentido, señor Presidente, solicito a la Presidencia
que por los servicios de la Cámara se dé lectura, a los
efectos de ilustrar un punto de la intervención del portavoz
del PNV, en la que hablaba de presumible monolingüismo en
nuestro texto, de los puntos 1, 2 y 3 del artículo 5 de
nuestro texto alternativo. Lo decimos para que se vea que no
hay tal monolingüismo, sino que se dice: «cualquier lengua
oficial española» en tres ocasiones y «expresión originaria
española» en otras dos.




Página 2479



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cortés.

Como es un texto distribuido a todos los miembros de la
Cámara, con la referencia que su señoría hace a qué puntos son
aquellos a los que se han acogido, entiende la Presidencia que
es suficiente. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Que lo lea!)
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.

Señorías, al fijar la posición en nombre de mi Grupo
Parlamentario en relación con el texto alternativo presentado
por el Grupo Popular al proyecto de ley de medidas urgentes
para la cinematografía, se hace difícil alejarse del debate
que ya se produjo en torno al proyecto del Ejecutivo que
entonces consideramos de obligada tramitación.

La unidad de mercado, consecuencia inmedita de la creación de
la Unión Europea, la liberalización de mercados
internacionales surgida del Gatt, que ha posibilitado la
cláusula de excepción cultural para proseguir el
proteccionismo institucional con que a lo largo de medio siglo
se ha distinguido al sector, su importancia como instrumento
de comunicación social, son conceptos de inevitable
reiteración. Asimismo, es inevitable la convicción compartida
por cuantos intervinieron en el anterior debate respecto a
que, sin protección institucional, la producción
cinematográfica de este país corre un evidente peligro y, con
él, peligra la cultura que representamos los integrantes de
esta Cámara, la diversidad dentro de la misma, que nos
enriquece, y la diversidad que nos afecta directamente como
ciudadanos de la nueva unión política. La diversidad cultural
europea ha hecho sonar la alarma y, frente a la liberalización
generalizada impulsada, ha inventado el concepto de la
excepcionalidad cultural, al que nos hemos acogido sin la más
mínima duda. Una cuestión distinta es si el texto legal tras
el que vamos a escudarnos es uno u otro, pero existe acuerdo
común sobre la necesidad del mismo.

Establecida esta premisa --que, como decíamos, recuperamos del
debate anterior--, corresponde fijar nuestro criterio sobre el
texto alternativo que el Partido Popular ha traído a debate.

Lógicamente, mi Grupo Parlamentario fija posición desde el
apoyo que dimos con nuestros votos al proyecto que ahora,
desde la oposición, se quiere sustituir. Aquél no era,
lógicamente, nuestro proyecto, pero globalmente nos pareció
adecuado para hacer frente a la situación. Posiblemente, el
texto alternativo hubiera podido servir de base al trámite
iniciado y con la presentación de enmiendas podríamos entre
todos mejorarlo. Ello sería todavía posible si se tomaran en
consideración enmiendas al articulado, como han propuesto los
portavoces del Grupo Vasco (PNV) y de Coalición Canaria. De
entrada, nos parece loable el objetivo de consolidar una
infraestructura cinematográfica competitiva, ya que ese es el
primerísimo problema de nuestro sector audiovisual. Si no
fuera así, no sería necesaria esta iniciativa legislativa.

Desgraciadamente, nuestro cine ha vivido el sistema de
protección surgido de la utarquía en 1942, con más intención
de control e instrumentalización política que de promoción;
sólo una «gran industria» --entre comillas, pero queremos
precisarlo; en el sentido de calidad lo decimos también--
surgió de la política proteccionista, la del doblaje, que hizo
posibles algunas maravillas artísticas que a menudo
posibilitaron una grotesca manipulación política de los textos
traducidos, según las conveniencias de la autoridad censora
del momento. La calidad alcanzada, sin embargo, condiciona
ahora sobremanera el texto de ley, por cuanto nuestros
espectadores se han habituado a las versiones dobladas,
configurándose una realidad hoy escasamente reconducible. Ello
sucede hasta el punto de que al fondo de los textos
legislativos está el tema del doblaje, hoy extraordinariamente
útil a la industria cinematográfica
extranjera, especialmente la norteamericana, muy sensible ante
las medidas proteccionistas adoptadas. Pretende llevar nuestro
cine hacia una abierta competitividad; lo que en el fondo se
pretende es crear una situación de autoinmolación, gracias a
que los hábitos proteccionistas del pasado han mantenido vivo
un cine subvencionado y no nos han permitido vislumbrar si
hubiera sido posible su subsistencia de otra manera.

Desde esta dimensión juzgamos la pretensión de suprimir las
cuotas de distribución, la flexibilización de las cuotas de
pantalla, la supresión de ayudas por proyecto potenciando la
relación económica desde los resultados de taquilla. Son
medidas todas ellas que, junto a la posible aportación del
mecenazgo a la promoción del cine, deberán ser consideradas
transcurridos los años de vigencia de la Ley que se pretende
sustituir. Porque, sin avanzar por este camino, vaticinamos un
desastre para nuestro cine, pero también para el resto del
cine europeo.

Es por ello que no nos parece mal que el proyecto del PP
parezca impulsado por criterios muy industriales, pero nos
preocupa la obsesión de una excesiva dimensión empresarial, en
detrimento del hecho cultural, hasta el punto de que la
calidad y el valor artístico parecen obviarse. Nos preocupa
mucho más esta cuestión que otras que se refieren a cierta
falta de sensibilidad
autonómica e, incluso, de respeto a la diversidad cultural, a
la que ha hecho también referencia el portavoz del PNV, debate
que sigue vigente, pero que debe hallar su solución definitiva
el día en que este país desvincule para siempre la necesidad
de
convivencia de los mecanismos de acceso al poder, cuestión que
resolveremos, entre todos, al margen de esta ley. Sin embargo
que perdamos nuestra capacidad de interpretación de la
realidad,



Página 2480



incluso la capacidad de juzgar nuestra propia historia, es
algo que nos preocupa profundamente.

Ya dijimos en el debate anterior que momentos como éste
señalan la importancia que, para algunos colectivos, tiene la
cultura como identidad. Lo hemos dicho siempre, en defensa de
la cultura autóctona de nuestra comunidad, y lo repetimos
ahora porque es el conjunto de nuestras culturas lo que
peligra. Ello nos preocupa mucho más allá del propio debate
parlamentario, del juego del poder y del contrapoder, del
Gobierno y la oposición. Nos preocupa hasta llevarnos a la
solicitud de un ejercicio de responsabilidad política.

Para acabar, señor Presidente, permítame una referencia
anecdótica a un film que personalmente me parece, en este
caso, relevante. Como muchos de los que integramos esta Cámara
fui observador interesado de cuantos documentos literarios se
referían a nuestra Guerra Civil, cuando más perseguidos por la
dictadura, mejor que mejor. Uno de dichos textos fue la novela
de Ernest Hemingway «Por quién doblan las campanas» que leí y
releí, como tantos de los presentes. El día que llegó, también
perseguida, la versión cinematográfica a nuestras pantallas,
acudí apresuradamente a su estreno. ¡Qué profunda decepción
que, por otra parte, ya se apuntaba en la propia novela! Un
héroe de película del oeste, salvador de patriotas españoles
en el que los españoles no podíamos identificarnos,
interpretado por Gary Cooper, servía a los intereses de la
industria cinematográfica sin base y sin rigor cultural. Ni la
mirada maravillosa de Ingrid Bergman, en el papel de una
ingenua guerrillera autóctona, podía salvar la manipulación
que se hacía de aquel espacio fundamental de nuestra historia
contemporánea. Sería lamentable que, al final del camino,
nuestro hecho social perdiera su capacidad propia de
expresión.

Señor Presidente, señora Ministra, señorías, permítaseme una
caricatura de la situación que debatimos. Yo diría que en
estos momentos puede que estén tocando las campanas por
nuestro cine, por el conjunto de nuestra dimensión
sociocultural, si aplicamos criterios exclusivamente,
empresariales, no obstante la necesidad de aplicar criterios
de sensibilidad empresarial por respecto a la realidad
estructural de nuestro cine.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.

Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Después de este presunto duelo de titanes entre el señor
Cortés y el señor Clotas, habría que bajar de nuevo el debate
al rigor de sus términos reales, que pueden ser en principio
teóricamente los mismos en que se produjo el debate anterior,
sólo
teóricamente, porque a partir del debate de hoy se habla de la
posibilidad, desde la derecha nacionalista --PNV y
Convergència i Unió--, de un nuevo punto de equilibrio sobre
el texto del PSOE y a partir de las enmiendas que ellos han
presentado. La
situación, por tanto, es diferente en ese matiz, en cuanto que
el Partido Popular ha radicalizado su posición hasta extremos
que no conocíamos en otros proyectos de ley. Quiere decir esto
que, si el Partido Socialista Obrero Español acepta las
enmiendas parciales que aquí han propuesto tanto Convergència
i Unió como el PNV, el texto del Gobierno sufre un claro giro
a la derecha y un claro giro al proteccionismo del cine
norteamericano y a la desprotección del cine europeo y del
cine español, con lo cual se va a producir la situación
surrealista de que el único grupo que en esta Cámara va a
defender el texto del proyecto de ley del Gobierno va a ser el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el único, y
ya lo veremos cuando lleguen las enmiendas parciales. ¿Cuál es
nuestra posición, teniendo en cuenta
retrospectivamente la situación? Nosotros estamos defendiendo,
en primer lugar, la cultura europea y la cultura estatal,
incluidas, claro está, las culturas vaca, gallega, catalana,
etcétera, y de otra parte estamos defendiendo la necesidad de
una industria cinematográfica que tiene ahora su momento de
inflexión: o empezamos ahora a sentar las bases de una
industria cinematográfica española o tiramos la toalla.

Solamente recuerdo al señor Cortés un dato: las cuotas de
pantalla están ocupadas en un 91 por ciento por el cine
norteamericano en este país; datos de la Unión de Actores. Si
se aprobara la enmienda del Grupo Popular, llegaríamos al 100
por ciento de cuota de pantalla del cine norteamericano, con
lo que eso significa, con las consecuencias que trae a nivel
cultural y a nivel industrial; renunciaríamos a la industria
cinematográfica, cosa que es verdad no se ha conseguido en
Inglaterra. Lo que sí se ha conseguido en Inglaterra ha sido
que suba la cuota de pantalla de los Estados Unidos al 95 por
ciento, eso sí es verdad. Por tanto, que se digan todas las
cosas, que se diga la verdad y toda la verdad y nos dejemos de
intercambios electoralistas en un momento muy complicado para
la cultura y la cinematografía españolas. Nuestra posición (y
ahora retomaré el tema de la coyuntura política que vivimos,
muy deslizante, muy resbaladiza, como se va a ver a la hora de
discutir las enmiendas parciales en torno a este proyecto de
ley) es, naturalmente, en principio, defender la excepción
cultural respecto a los acuerdos tremendamente liberalizadores
del GATT, acuerdos que todavía no se han cerrado, se cerrarán
el día 15 en Marrakech, siguen abiertos en el momento que se
está produciendo una enorme ofensiva de las
distribuidoras, de las «majors» norteamericanas, como se ha
visto hace unos días en Berlín, o como se vio en Ginebra, a
través de las declaraciones



Página 2481



del señor Jack Valenti, el representante directo y genuino de
las multinacionales norteamericanas, apoyado por los
distribuidores españoles, uno de los cuales, el señor
Saralegui, ha hecho declaraciones muy específicas en Berlín
hace tres o cuatro días. Por tanto, está en peligro incluso
este proyecto de mínimos respecto a la excepción cultural de
cara a los acuerdos de libre-cambismo mundial --por
consiguiente, a favor siempre de los Estados Unidos-- del
GATT, que se va a firmar el día 15 de abril, en Marrakech.

Nosotros vamos a defender la industria cinematográfica en un
momento que las distribuidoras norteamericanas --son datos
oficiales, señor Cortés-- ocupan el 91 por ciento del mercado
nacional español, el 91 por ciento del mercado estatal.

Nosotros estimamos que la industria cinematográfica española
es
potencialmente impulsora del crecimiento económico, se podrían
crear a medio plazo 4.000 o 5.000 puestos de trabajo, en un
momento que el 65 por ciento de los actores españoles --
catalanes, vascos, gallegos, etcétera-- está en paro. Pensamos
que la industria nacional debe alcanzar como mínimo el 25 por
ciento de la cuota de mercado, estamos en el 9 por ciento de
la cuota de mercado, y no se olviden las cifras en este debate
de titanes disfrazados de cifras que no se correspondían con
la realidad. Naturalmente, pedimos que la inversión pública
actúe como incentivadora, como propulsora o maquinaria de esta
situación.

Hay también un elemento esencial para el desarrollo y
consolidación de la industria audiovisual en este país, que es
el tema de la inversión de las televisiones públicas y
privadas; tema que vamos a ver a fondo en la transposición de
la directiva televisión sin fronteras, pero que,
indudablemente, también tiene que verse aquí a corto plazo
cuando se refundan todas las leyes audiovisuales en ese macro
decreto que nos ha anunciado el Ministerio de Cultura.

Nosotros pedimos un plazo de tres meses en una de las
enmiendas que hemos interpuesto al proyecto de ley del Partido
Socialista Obrero Español, del Gobierno del PSOE, apoyado
también por Convergència i Unió.

En este sentido, consideramos que las cuotas de pantalla están
dentro de las medidas necesarias para empezar a sentar la
primera piedra de la industria cinematográfica española. La
cuota de mercado está en el nueve por ciento, señorías. A
veces aquí se han dicho cosas casi antipatrióticas, y cuando
hablo de Patria, hablo de todas las patrias. Estamos en el
nueve por ciento de la cuota de mercado. Con medidas de este
corte como las que se plantean aquí vamos al cero por ciento
de cuota de mercado, así de claro. Esa es nuestra posición,
también lo es de la Unión de Actores y de los siguientes
organismos que le voy a leer, señor Cortes: es la posición de
la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales; de
la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de
España; de Procine, que usted ha citado aquí, señor Cortés; de
la Sociedad General de Autores de España; es la posición de
Artistas intérpretes, Sociedad de Gestión de España; de la
Asamblea de Directores, Realizadores Cinematográficos
Audiovisuales de España; de la Asociación Profesional de
Directores de Arte, de Cine y de Televisión; de la Entidad de
Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales de España; y
es la posición de la Unión de Actores.

El texto alternativo representa la posición de las
multinacionales norteamericanas, digámoslo claramente.

(Rumores.) ¿Legítima? Claro, legítima totalmente, pero
sorpresiva en el PP. ¿Por qué es sorpresiva en la táctica del
PP, no digo en la estrategia? Hasta ahora, el Partido Popular
solía hacerle al PSOE una especie de pase de raqueta, lo
pasaba por la derecha para terminar en la izquierda, como
ocurrió en el tema del PER y en otros temas, como el del
mercado laboral o cualquier declaración que se haga desde esta
tribuna. De pronto esta táctica se ha roto y aparece directa,
clara nítidamente un posición superliberal, extraliberal,
tremebundamente liberal, que afecta a la cultura nacional.

Ustedes no están defendiendo la cultura nacional. Yo sí en
este caso. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.) Además con
contradicciones tan serias, no sólo legales, no sólo porque no
son europeístas, que no se corresponden con la directiva
europea respecto a la cuota del mercado del 50 por ciento al
cine español dentro de la cuota comunitaria, como se ha dicho
aquí, sino absolutamente demagógicas. Si van a ampliar la
cuota de mercado de los Estados Unidos del 91 al 98 por
ciento, ¿cómo piden que el 50 por ciento del cine comunitario
sea español? Eso es demagógico. No es posible, no sólo por
razones legales, sino por razones de producción industrial. Ya
no habría que producir cine español ni vasco ni catalán ni
gallego, no habría sitio, no habría lugar si se quitan las
cuotas de pantalla y las licencias de doblaje. No podríamos
tener sitio industrial ni,
consecuentemente, sitio cultural. Eso hay que decirlo así.

Porque salga en algunos periíodicos que, efectivamente, en
función de canales de televisión tienen que emitir 270
películas
norteamericanas al año, no vengan aquí a disfrazar esos
intereses particulares con la defensa que no hacen de la
cultura nacional, de los intereses nacionales y de la
protección necesaria para la industria cinematográfica
española. Su posición es legítima, pero más liberal que la de
la señora Thatcher, mucho más.

Digamos las cosas por su nombre. (Un señor Diputado: Tú si que
necesitas licencia de doblaje.) Lo mismo que nosotros no vamos
a poder apoyar las enmiendas matizadamente liberales de
Convergència i Unió y del PNV al proyecto del Gobierno, aunque
el PSOE las acepte, lo cual, a nuestro juicio, va a ser
lamentablemente, y ya daremos nuestro dictamen político sobre
esta situación,



Página 2482



no podemos aceptar la posición del Partido Popular porque nos
parece que confunde intervenir la cultura con proteger la
cultura. Nosotros vamos en la dirección de proteger,
incentivar la cultura y ustedes van en la posición de
intervenir en la cultura, pero a favor de la cultura
norteamericana, que, repito, afecta ya al 91 por ciento de la
cuota de mercado.

Termino hablando un poquitín, señor Presidente, de la
coyuntura...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muy brevemente.




El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente.

Los representantes de las multinacionales norteamericanas,
cuyo portavoz más eminente en Europa ha sido hasta hace pocos
días el señor Jack Valenti, y los representantes de la
distribuidoras españolas están echando un pulso a esta
situación, han dejado de comprar películas españolas estas
últimas dos semanas. ¿No lo sabían? (Un señor Diputado: No.)
¿No lo sabe usted? ¿Por qué no defiende aquí el cine español
en la cuota de mercado y lo tengo que defender yo? (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Alcaraz. (El señor Robles Fraga pronuncia palabras que no se
perciben.)



El señor ALCARAZ MASATS: ¿El señor Fraga me va a dar lecciones
de democracia a mí? ¡Señor Fraga, por favor! ¡Por favor!
(Fuertes y prolongados rumores y protestas.) ¡Tela marinera!
(El señor Robles Fraga pronuncia palabras que no se perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles Fraga, le
llamo al orden. Silencio, señorías, por favor. (El señor
Ollero Tassara pronuncia palabras que no se perciben.)
Continúe y finalice, señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: El señor Ollero me llama fascista.

(Continúan los rumores.) Es lamentable que no pueda llamar
liberal al Grupo Popular.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya, señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Ustedes coinciden mucho con
propuestas liberales del Grupo Socialista, lo hemos dicho
muchas veces, pero la propuesta que hoy traen aquí no es
patriótica. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, tiene
que terminar. El señor ALCARAZ MASATS: Hay un boicot al cine
español en las últimas cuatro semanas. No se están comprando
películas españolas por el distribuidor español Saralegui, en
combinación con Jack Valentí y las «majors» norteamericanas.

Han dicho que están esperando que salga el proyecto de ley de
este Parlamento para ver si este boicot lo llevan a su extremo
máximo. Usted lo sabe, señor Cortés, ¿por qué no lo ha dicho
aquí? Vamos a defender...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.

Vamos a defender el mercado nacional con todas sus variantes
autonómicas, vamos a defender la posibilidad de una industria
cinematográfica, vamos a enfrentarnos a ese intento de copar
por los norteamericanos al 100 por ciento la cuota de mercado;
y déjenme hablar, señores de la derecha civilizada, a los que
ya les sobra el adjetivo. (Rumores y --protestas.--Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
(El señor Robles Fraga pide la palabra.)
Señor Robles Fraga, ¿a efectos de qué solicita la palabra?



El señor ROBLES FRAGA: Por alusiones, señor Presidente.

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.

Para el uso estricto por alusiones, tiene la palabra por un
minuto.




El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, el uso genético de
las ideologías políticas sólo lo han hecho en la historia de
Europa los fascistas y los nazis.

Cuando el señor Alcaraz todavía se está quitando el polvo del
muro de Berlín, que le cayó encima porque no sabía que iba a
caer.. (Rumores y protestas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles Fraga,
tiene que limitarse exclusivamente al contenido de la alusión
y no adoptar otro tono en su intervención.




El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, si la reflexión
histórica sobre la ideología que provocó el muro de Berlín
molesta a alguien en esta Cámara no es a los representantes
del Grupo Popular (Rumores.), que defendimos muy dignamente la
libertad cuando otros se amparaban detrás de ese muro.

(Continúan los rumores.)



Página 2483



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.

Este no es un turno sobre teoría política, señor Robles.

Cíñase exclusivamente a la alusión o le retiro la palabra.




El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, en esta Cámara, decía
Ortega, que se puede venir a hacer tres cosas: el tenor, el
jabalí o el payaso. Me temo que el señor Alcaraz ha confundido
lo que hay que hacer aquí dignamente para defender la
libertad. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Rumores y protestas.--El señor Alcaraz Masats pide
la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, los
turnos por alusiones no tienen réplica.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, no es réplica es
que he sido aludido (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! No tiene
réplica, señor Alcaraz. La alusión ha sido de S.S. y ya ha
contestado.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, permítame una
cuestión de orden.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay cuestión de
orden.




El señor ALCARAZ MASATS: ¡Señor Presidente, le pido una
cuestión de orden!



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sobre qué, señor
Alcaraz (La señora Martínez Saiz: Ya está bien de que
abuséis...)



El señor ALCARAZ MASATS: He sido nombrado por mi nombre en
relación... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se
perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha sido contestado a
una alusión que S.S. ha hecho, señor Alcaraz.

No hay más turnos; se ha terminado el debate.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, también he sido
nombrado por ideología y por grupo parlamentario (Fuertes
rumores.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay palabra, señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, que conste en acta
mi protesta por esta forma de interpretar el Reglamento.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo, constará
en acta, señor Alcaraz.

Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad, de texto
alternativo, del Grupo Popular, al proyecto de ley de medidas
urgentes para la cinematografía procedente del Real Decreto-
ley 19/1993, de 10 de diciembre. Comienza la votación.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 125; en contra, 172; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA,
PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE
(Número de expediente 121/000027)



El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara ha acordado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del
Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación
y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes para
la
cinematografía.

¿Acuerda el Pleno recabar la deliberación y votación final de
este proyecto de ley? (Asentimiento.)
Queda aprobado.




--PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS
CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS (Número de expediente
121/000026) El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado igualmente proponer al Pleno la
avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley de
responsabilidad civil por los daños causados por productos
defectuosos.

¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.)
Queda aprobada la avocación.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
(Continuación): --PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE
REFORMA LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE



Página 2484



JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente 121/000031)



El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente al
proyecto de ley orgánica por el que se reforma la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Para la presentación de este proyecto de ley, en nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

(Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.--
Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus
escaños. (Los señores Diputados continúan abandonando el salón
de sesiones.--Continúan los rumores.)
Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia,
señor Presidente.

Señorías, tengo hoy el honor de comparecer ante ustedes para
presentar la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. No voy, desde luego, a realizar un examen
pormenorizado de su articulado, por la obvia razón de que
SS.SS. lo conocen, y además lo conocen bien, como demuestran
las enmiendas
particulares que ha presentado buen número de grupos
parlamentarios, desde el Grupo Parlamentario Socialista al
Grupo Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo Vasco (PNV)
y el Grupo de Coalición Canaria, enmiendas que me anticipo a
decir garantizan no sólo la evidencia de que SS.SS. han
estudiado atentamente el texto sino la ya seguridad de que el
texto saldrá de la Cámara mejor de lo que entró, dado que en
sus grandes líneas son perfectamente asumibles por el Gobierno
pues tienden, efectivamente, a mejorar el proyecto.

También quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que
aceptando el pacto de Estado ofrecido por el Gobierno han
contribuido, de manera directa, a crear las propias líneas
maestras de la reforma y que, por tanto, sin perjuicio de que
tengan observaciones particulares que realizar, dignas en la
mayor parte de los casos de ser atendidas, quiero esperar que
consideren esta ley también suya, porque es una ley de todos
los grupos parlamentarios que han aceptado la oferta de pacto
de Estado en materia de justicia. Sin más, voy a entrar en
alguna de las líneas centrales de esa ley. Encaja dentro de
una de las orientaciones fundamentales de la política del
Gobierno en materia de justicia, cual es iniciar el proceso de
transferencia de competencias desde el Poder Ejecutivo al
Consejo General del Poder Judicial. Era una de las líneas
maestras que indiqué con ocasión de la presentación del
programa para esta legislatura. Se concreta en aspectos
centrales. En primer lugar, en un viejo tema que ha sido
durante años polémico, cual era el de la competencia para la
selección de jueces y magistrados. Era una vieja y legítima
aspiración del Consejo General del Poder Judicial concentrar
las competencias de selección y formación como consecuencia de
estimar que se trata de un proceso único en el que es
simplemente artificioso tratar de establecer cortes o
separaciones con distintas competencias y con distintas
responsabilidades. Como consecuencia de ello, el programa del
Partido Socialista recogió expresamente el ampliar las
competencias del Consejo en materia de selección y de ahí que
el Gobierno, en cumplimiento y ejecución de ese programa,
presente este aspecto central de la reforma urgente de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Supone asimismo introducir mejoras en el propio mecanismo de
selección fijadas ya normativamente. El mecanismo general, sin
perjuicio de los supuestos del tercer y cuarto turno, a que
luego me referiré, supone una oposición libre y un amplio
período de prácticas a través de la creación de la figura del
juez adjunto que, sin duda, constituye una de las novedades
del proyecto de mayor interés.

En materia de tercer turno se introducen también
modificaciones. Concretamente, se pretende que deje de ser
meramente un concurso para pasar a ser un concurso-oposición,
con la pretensión de unir las ventajas inherentes al concurso,
es decir, que entren profesionesjurídicas y profesionales
ajenos al mundo de lo judicial para evitar los efectos
endogámicos de la profesión pero que, sin embargo, esté
combinada con las ventajas de la
objetividad que implica también la oposición. Asimismo, por
una simple observación de realismo y dada la oferta que en
esta materia existe, se reduce del marco anterior de que cada
tres plazas se reservaba una a que de cada cuatro plazas se
reserve una. Se mejora también el cuarto turno, manteniéndose
para él en toda su pureza el sistema de concurso de méritos y
lo único que se hace es introducir modificaciones, mejoras que
garanticen mejor la objetividad y la seriedad del proceso de
selección. Se establece asimismo un adecuado sistema --así lo
entiende el Gobierno-- de pruebas de especialización.

Un segundo bloque de temas que plantea la presente ley tiene
una incidencia directa e importante, en opinión del Gobierno,
en el funcionamiento diario y cotidiano de los tribunales. Me
refiero al conjunto de medidas que tratan de limitar la
movilidad excesiva de jueces y magistrados en el ejercicio de
su función jurisdiccional. Al efecto se ha introducido una
serie de medidas entre las que destacaría aquí la
imposibilidad de acceder a la jubilación voluntaria cuando han
transcurrido tres años de ejercicio efectivo de la función,
sin más excepción que el cuidado de los hijos o la posible
presentación a un proceso electoral. Se ha limitado también



Página 2485



la posibilidad de acceder al concurso de plazas vacantes de
modo que a partir de la aprobación de esta ley, si SS.SS. así
lo consideran, sería necesario dos años para poder concursar
en el supuesto de traslado forzoso y tres años en el supuesto
de que la plaza se hubiera convocado como consecuencia de un
destino voluntario y se faculta al Consejo General del Poder
Judicial para no sacar a concurso las plazas y vacantes que
entienda --nadie mejor que el Consejo para ello, pues tiene
todos los datos-- que pueden ser cubiertos por los mecanimos
de jueces
sustitutos, de magistrados suplentes o de jueces en provisión
temporal.

En definitiva, se da instrumentos reales para que el Consejo
pueda realizar una verdadera política judicial en este
terreno. Decía que se introduce la figura del juez adjunto y
con una misión doble. Por un lado, se concibe como uno de los
períodos obligatorios del proceso formativo inmediatamente
posterior a la oposición, con pretensión, además, de que sea
extenso en el tiempo. Se trata de garantizar que un juez o
magistrado no vaya directamente de la oposición al ejercicio
de la función
jurisdiccional, sino que pase un período de tiempo extenso
practicando su oficio con otro juez, con otro magistrado, de
suerte que realice funciones de cooperación y ayuda
manteniendo, eso sí, toda la responsabilidad del ejercicio de
la función judicial, como es natural, en el titular. Pero, al
propio tiempo, existe otra posibilidad que prevé la ley de uso
alternativo del juez adjunto en sustitución --en ocasiones,
con ventaja--
respecto de otras modalidades como la del juez sustituto o el
juez de provisión temporal, para intentar realizar, como es
imprescindible en la política judicial, planes de ayuda, de
urgencia frente a situaciones de crisis. Se modifica y mejora
el régimen de magistrados suplentes, de jueces sustitutos y de
provisión temporal a través de una serie de medidas que
garantizan que todo el proceso tiene que estar especialmente
motivado, que tiene una posición de absoluta igualdad respecto
de los magistrados titulares, lo cual es imprescindible y un
dato fundamental para la seguridad jurídica y, por otro lado,
en un claro criterio de mostrar la preferencia no sobre
criterios de mera antigüedad o de mera posición de permanencia
en el tiempo en determinados puestos de trabajo; el criterio
central pasa a ser el de la aptitud demostrada.

Se establece asimismo una nueva causa de pérdida de la
condición de juez, concretamente, la condena por delito doloso
que lleve consigo pena privativa de libertad no superior a
seis meses, sin perjuicio de que he visto enmiendas que tratan
de ampliar ese marco; SS.SS. decidirán en su momento. Un punto
central de la reforma lo constituye, sin duda alguna, la
modificación en profundidad del régimen disciplinario de
jueces y magistrados. Tanto desde un punto de vista conceptual
como desde un punto de vista político, parece evidente que la
sociedad demandaba un mayor rigor en el control de las
conductas de los jueces y magistrados. Esa necesidad estaba
recogida en el programa del Partido Socialista y también se
trata de llevarla a esta ley de la forma que nos ha parecido
más coherente. Está claro, desde un punto de vista doctrinal,
que no hay independencia sin
responsabilidad; está claro, desde un punto de vista político,
que no se trata de dos conceptos distintos sino exactamente
del mismo concepto: uno presupone el otro y sin el uno no
puede existir el otro. No puede existir ni independencia ni
responsabilidad sin un adecuado régimen disciplinario. La
reforma se orienta --y hay que decirlo con toda claridad-- a
un mayor rigor en la exigencia de la responsabilidad
disciplinaria de jueces y magistrados. Ello se verifica a
través de diversos instrumentos o mecanismos. Por un lado, en
lo relativo a la mejor descripción típica de las propias
conductas que pueden constituir el ilícito administrativo; por
otro lado, verificando una ampliación notable del catálogo de
faltas muy graves y graves, respectivamente.

En cuanto a las faltas muy graves, por ver el dato, si en la
actualidad están descritas, en la Ley Orgánica, cinco, el
proyecto que se somete a consideración de SS.SS. las amplía
hasta un número de trece. En el caso de las faltas graves, se
pasa de diez, actualmente previstas, a quince, que se proponen
en el proyecto.

Además, se introduce, para garantizar ese rigor, una
modificación importante del régimen de prescripción, tanto de
lo relativo al cómputo del «dies a quo» como a los propios
mecanismos de interrupción de la prescripción. También se
amplían los plazos de la prescripción. Concretamente, en el
caso de las faltas graves, pasa de ser seis meses a un año y
en el de las faltas muy graves, pasa de uno a dos años.

Al propio tiempo, se incrementa el régimen de sanciones
previsto para esas conductas. Alguna de ellas desaparece
porque ya carece de contenido, como es la represión privada,
que, en realidad, era un viejo fósil de la Ley del 70; otras
se mantienen en sus propios términos, como la advertencia, la
suspensión, la
separación, normales, en definitiva en el régimen
administrativo sancionador en general. Pero donde se
introducen modificaciones y de importancia es en dos
sanciones. Por un lado, en la pena de multa que, de una
cuantía máxima anual de 50.000 pesetas, pasa a una cuantía de
500.000 pesetas. Por otro lado, respecto del traslado forzoso.

El traslado forzoso, una medida que puede ser muy útil para
determinado tipo de conductas ilícitas,
administrativamente hablando, sin embargo, al carecer de
regulación concreta, de hecho, se había convertido en
inaplicable. El modelo que propone la ley garantiza la
posibilidad de que los órganos disciplinarios del Consejo
hagan uso de esa medida cuando la estimen pertinente.




Página 2486



Entre las faltas muy graves, creo que es conveniente subrayar
alguna de ellas, aunque las conozcan en su texto, para fijar,
de algún modo el planteamiento global del Gobierno en la
valoración de su importancia. Nos parece fundamental el
mantenimiento de la falta muy grave del incumplimiento del
deber de fidelidad constitucional, pese a que conozco
perfectamente la posición en contra del Grupo Popular, que
articula a través de su enmienda a la totalidad con texto
alternativo. Me parece que debe
mantenerse --así lo entiende el Gobierno-- porque tiene todas
las garantías desde el momento en que, para ello, es necesario
que se declare en sentencia firme. Ese quebrantamiento del
deber de fidelidad constitucional parece no sólo una falta muy
grave, sino la más obvia y la primera. Qué menos que exigir a
nuestros jueces ese deber de fidelidad a nuestro texto
constitucional y exigirlo con la sanción correspondiente de
una falta muy grave.

También se convierte en falta muy grave la afiliación a
partidos políticos o sindicatos, el desempeño de cargos o
trabajos al servicio de los mismos, el abuso de la condición
de juez para obtener tratos favorables o de favor en cualquier
ámbito o el incumplimiento del deber de sigilo, lo que en
estos tiempos parece particularmente útil y necesario. El
retraso negligente en la tramitación de las causas, la
ausencia por más de un número determinado de días del puesto
de trabajo.

Entre las graves se configura el abuso de autoridad frente a
funcionarios, frente a las partes, frente a los clientes, a
los usuarios, en definitiva, del servicio público de justicia,
el incumplimiento de horario o la no asistencia a los juicios
y a las vistas.

Con este aspecto que, en opinión del Gobierno, es el aspecto
central junto con el de selección de jueces y magistrados hay
otros temas que también merecen una, por lo menos, cita
genérica. Me refiero a la articulación de medidas de apoyo
judicial, posibilitando la utilización de las nuevas
tecnologías y
permitiendo la adscripción en régimen de apoyo en juzgados en
situación de crisis de jueces sustitutos, de jueces de
provisión temporal o magistrados suplentes.

Un aspecto, desde el punto de vista del Gobierno, también
importante es el de la actividad informante del Consejo
General del Poder Judicial como órgano constitucional. Se
amplía esa facultad de informe ya no sólo a leyes procesales y
orgánicas, sino también a leyes penales y a aquéllas que
tengan aspectos jurídico-constitucionales afectante a la
tutela judicial o a los derechos fundamentales.

Se establece una posibilidad, siempre que el Reglamento de las
Cámaras correspondiente lo permita, de que también las Cortes
Generales o las Asambleas legislativas de las comunidades
autónomas puedan, si lo consideran pertinente, recabar
informes del Consejo sobre proyectos, proposiciones de ley u
otro tipo de actividad parlamentaria.

El penúltimo punto que quería destacar ante SS.SS. es el de la
potestad reglamentaria externa del Consejo General. En este
campo, la ley se limita a reproducir la doctrina del Tribunal
Constitucional en la materia, que, como saben, al margen de
los aspectos que tienen reserva de ley orgánica y que no
pueden ser objeto jamás de facultad reglamentaria, todo lo
relativo al Estatuto del Juez, sin embargo, posibilita que los
aspectos que técnicamente se conocen como de administración de
la
Administración de Justicia, los aspectos secundarios y
periféricos al núcleo duro de la función judicial, puedan ser
objeto de normativa y reglamentación para dar de nuevo
instrumentos al Consejo para realizar de manera plenamente
satisfactoria su función constitucional.

Finalmente, se reconoce autonomía presupuestaria del Consejo
en los términos que son razonables, es decir, la capacidad de
elaborar el proyecto para su unión a los proyectos generales
del Estado, la capacidad para fijar directrices de ejecución y
de su fiscalización ante de remitirla, como es obvio, al
Tribunal de Cuentas.

Se trata --con esto termino el resumen de la presentación de
esta ley-- de una reforma que es urgente pero, al mismo
tiempo, de un gran calado político. Supone, nada menos, que
resituar en el lugar que, ha considerado correcto el Gobierno,
a la vista del esquema constitucional, el papel, el rol del
Consejo General del Poder Judicial. Supone permitirle tener
los instrumentos
necesarios para que pueda asumir sus responsabilidades. Supone
garantizar que no puedan existir comportamientos impunes
tampoco de parte de jueces y magistrados.

En definitiva, ése sería el resumen político central de la ley
que presento ante sus señorías.

Si me permiten, voy a hacer un breve comentario, para
terminar, respecto de la enmienda a la totalidad y texto
alternativo. Muy breve porque la hemos recibido hace muy pocos
días y no ha habido manera de hacer una valoración integral;
supongo que la harán los grupos parlamentarios. Desde el
Gobierno solamente queremos decir una cosa en este tema: Nos
parece la expresión política de una soledad buscada de
propósito. Constituye una actitud, por parte del Grupo
Popular, manifiestamente hostil a colaborar con el resto de
grupos de esta Cámara en la realización de ese pacto de Estado
en materia de justicia. Desde el Gobierno me atrevería a
pedirles que abandonen su soledad.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular.

Para su defensa tiene la palabra el señor Trillo.

El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente,
señorías, el Ministro de Justicia ha



Página 2487



presentado ante el Congreso un proyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial para el que reclama el tratamiento
de Estado y, consecuentemente, pide un pacto de tal
naturaleza. Mal comienzo, para tal propósito, señor Belloch,
su apelación final a la soledad de mi Grupo, y a la hostilidad
con que interpreta nuestro texto alternativo. Pero, a pesar de
ello, coincidimos con usted en que la materia es de Estado y
necesita un tratamiento de consenso.

Dice usted que hay que reformar el Consejo General del Poder
Judicial, la selección y formación de los jueces; también
estamos de acuerdo; que hay que reformar el régimen
disciplinario, que hay que reformar el régimen de los
suplentes, sustitutos y provisión temporal. Pero cómo no vamos
a estar de acuerdo si en 1985 se lo dijimos a su antecesor el
señor Ledesma. Completamente de acuerdo en la necesidad de esa
reforma. También estamos de acuerdo, fíjese, en que ésta es
una reforma parcial y urgente. Precisamente por eso hemos
presentado el texto alternativo, porque es demasiado parcial
para ser de Estado y demasiado urgente para merecer un pacto
de esa magnitud.

¿En qué ha participado un Grupo Parlamentario que representa a
8.200.000 españoles en la redacción de ese proyecto para que
se hable ya de soledad y de exclusión de un pacto de Estado?
¿Qué oportunidades de participación hemos tenido? Estamos
confortablemente acompañados por 8.200.000 españoles, que
supongo que al señor Ministro de Justicia no le serán
indiferentes al regular una materia de Estado para la que
quiere un pacto de tal naturaleza. Con todo, señor Ministro,
he de decirle que, sumando las discrepancias, no han sido
suficientes para que le hayamos hecho una enmienda de
totalidad, de devolución, y sumando las coincidencias, hemos
encontrado que no eran tantas como para no hacerle un texto
alternativo. Pero es un texto alternativo, señor Ministro, y
usted lo sabe, que no va buscando la confrontación, va
buscando el diálogo. Si lo prefiere, como los diálogos pueden
atascarse o bloquearse, nuestro texto va buscando incluso el
entendimiento. Pero para eso hay que venir con otras actitudes
a una Cámara que es donde se hacen los pactos de Estado, no
fuera de la Cámara, por respetables y bellos que sean los
paradores donde el señor Ministro se reúne no con
parlamentarios del Partido que apoya a su Gobierno ni del
Partido que reúne a 8.200.000 a pactar reformas en materia de
Justicia. Por tanto, voy a subrayarle, señor Ministro, en
nuestra alternativa lo que consideramos que lo es en el
sentido más usual de la expresión. El Diccionario de María
Moliner dice muy claramente lo que es una alternativa. Es,
parece que en botánica y en biología, aquello que se superpone
por los huecos donde no hay nada, donde no hay nada crecido,
donde no hay una respuesta suficiente. Y ¿cómo no vamos a
afrontar como urgente, como necesario, el sistema de elección
de los miembros del Consejo General del Poder Judicial cuando
se afronta la reforma de dicho Consejo en el texto del
Gobierno?
Señor Ministro, no se trata de un empecinamiento de mi
Partido. No se trata de repetir siquiera aquí los argumentos
teórico-políticos, que desde Montesquieu a Dahrenforf podrían
justificar que, en pura aplicación de la división de poderes,
el Consejo no fuera una simple emanación del Parlamento. No
pretendo hacer eso. Se trata de reflexionar al hilo de lo que
usted plantea. A nosotros nos parece muy bien que se devuelvan
al Consejo las competencias que le sustrajeron precisamente
gobiernos anteriores de don Felipe González: la selección, la
formación, el
perfeccionamiento, la potestad reglamentaria, e incluso
decimos más, désele la disciplinaria sobre los oficiales y
agentes. A nosotros eso nos parece muy bien, pero también
habrá que hablar de la composición de ese Consejo, porque si
no puede producirse un efecto perverso. Si resulta que un
Consejo al que todas las encuestas (y a usted le gustan al
menos tanto como a mí los sondeos de opinión) entre los
ciudadanos, y entre los propios jueces, la opinión pública o
publicada, consideran que este órgano, por su sistema de
elección, está desprestigiado, si usted a ese mismo órgano,
sin tocar su composición, le añade nuevas competencias, puede
estar produciendo un efecto perverso y abundar en el
desprestigio que ese órgano tiene.

Pero le voy a decir más, señor Ministro. El Tribunal
Constitucional, y creo que todas SS.SS. lo saben señaló en la
sentencia que convalidó en parte el sistema vigente que
existía el riesgo de que los partidos trasladaran al órgano de
gobierno del Poder Judicial la fuerza parlamentaria que
tuvieran en las Cortes por este sistema, el vigente, el que
ustedes no quieren tocar. Dijo que era un riesgo probable y
por ello aconsejó en esa sentencia la sustitución de ese
sistema.

Y bien, señor Ministro, señorías: ¿alquien puede en esta
Cámara decir, sin hipocresías, que ese riesgo que señaló el
Tribunal Constitucional no se ha verificado en las dos
ocasiones en que esta Cámara y el Senado han tenido
oportunidad de integrar el Consejo General del Poder Judicial?
Permítanme recordarles los titulares de algunos periódicos con
motivo de esas dos
renovaciones. Hablando claramente. Gobierno y oposición se
reparten el Poder Judicial. (Renovación de 1985, primera con
arreglo al sistema vigente). El PSOE controlará más de los
tres quintos del Consejo General del Poder Judicial. No se
preocupen que hay para todos: Los vocales del Grupo Popular
votarán a Sainz de Robles. En la de 1990: El PP sienta en el
Poder Judicial al sector más derechista de la judicatura. Hay,
en efecto, para todos. También los hay, y lo saben SS.SS.,
para las minorías nacionalistas de esta Cámara que han
participado en ese proceso.




Página 2488



Y, señor Ministro: el responsable de la justicia en España no
puede ignorar un párrafo de la sentencia de 1986 del Tribunal
Constitucional, decisivo a estos efectos, que dice: Si se cae
en ese riesgo (en el que le acabo de leer que hemos caído ante
la opinión pública), se estará actuando contra la Constitución
española, se estará actuando contra el espíritu y la finalidad
de la norma prevista en la Constitución. Pues se puede decir,
señor Ministro, que estamos actuando contra la Constitución
española, estamos actuando contra el espíritu y la finalidad
de esa norma. Pero es que es más: tocados por ese pecado
original de la procedencia parlamentaria o de grupo, los
vocales son luego denominados como los vocales del Grupo
Popular o los vocales del Grupo Socialista, y usted, que ha
sido vocal en ese Consejo y que ha procurado, como otros
muchos vocales de ese Consejo, huir de esas etiquetas con su
propia actuación recta, sabe que no estoy diciendo mentiras,
sabe que así es, que, lo quieran o no, les persigue la
maldición de origen, y son ustedes grupo
parlamentario dentro del Consejo General del Poder Judicial,
con lo cual, parlamentarización «ab initio»,
parlamentarización de funcionamiento y contrariedad de lo
querido por el constituyente y señalado y recordado por el
Constitucional. Entonces, ¿por qué hemos de seguir manteniendo
la mayoría de esta Cámara, en contra del sentido común, un
sistema que pugna con el sentir de la ciudadanía, con el de la
mayoría de los jueces, y usted lo sabe tan bien como yo, con
el de la opinión pública y publicada? Nosotros hemos
presentado una alternativa: el sistema del 80. Podrá decirse:
no nos gusta. Se ha dicho muchas veces en esta Cámara. Pues,
señores de la mayoría: el Grupo Popular quiere anunciar que
está dispuesto a cualquier otra fórmula que respete el
contenido de la Constitución y el mandato del Tribunal
Constitucional, pero en reciprocidad les pedimos que acepten
que sobre este problema hay que volver a hablar, que no se
cierren en el dogmatismo de que ese es un sistema intacto,
porque ese sistema está desprestigiado y está dañando el
prestigio del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto
como decir la independencia y la confianza de los españoles en
el gobierno de sus jueces.

Apuntamos algunas correcciones. Nosotros queremos que haya una
mayoría reforzada para que se adopten determinados acuerdos
que son trascedentes. Por ejemplo, que exista una mayoría de
dos tercios en el seno del Consejo para la propuesta de
nombramiento de dos magistrados constitucionales; para el
nombramiento del Presidente y Presidente del Tribunal Supremo;
una mayoría cualificada para los Presidentes de Tribunales
Superiores, para el ejercicio de la potestad reglamentaria.

¿Qué vamos buscando? Integración en un Consejo de20,
integración de voluntades, que no haya la dispersión y la
atomización en los procedentes del Grupo Popular, los
procedentes del Grupo
Socialista. Y añadimos más, tráiganse aquí a los candidatos.

Hace unas semanas ha surgido un problema de responsabilidad
política de uno de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, ha surgido una responsabilidad por el ejercicio de
sus funciones, no precisamente jurisdiccionales, en los que
muchos jueces, muchas Juntas han entendido que se estaba
conculcando la
independencia de una Juez.

¿Dónde responde el Vocal? ¿Dónde responde el Consejo? ¿Quién
dilucida la responsabilidad política? No lo sabemos. Si
hubiera un sistema electivo lo dilucidarían sus electores; si
fuese un sistema parlamentario, que vengan aquí y lo
expliquen; pero tiene que haber una responsabilidad de ese
gobierno de los jueces; es el único gobierno de un poder del
Estado que no dilucida su responsabilidad ante nadie. Eso no
puede ser. Vengan aquí y vengan aquí para ser promovidos, como
en el sistema anglosajón de «hearing», una audiencia en la que
constate la concurrencia de sus circunstancias profesionales,
no aquéllas que están vedadas por el derecho a la intimidad,
pero sí las que configuran una carrera que les da mérito para
ser vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Segundo gran capítulo de nuestra alternativa. Es una
tradición, incluso de nuestra literatura, la añoranza del buen
juez. Y estoy seguro que en la consecución de jueces
profesionalmente
competentes, que tengan prestigio social, el Gobierno y la
oposición tienen el mismo objetivo y han de coincidir
necesariamente.

Pues bien, usted ha dicho que hay que reformar el sistema de
selección y de formación y que el Consejo General del Poder
Judicial ha hecho un esfuerzo en los últimos años. Y es
cierto. Pero no ha dicho algo que han afirmado en esta Cámara
en Comisión los Presidentes del Consejo en sus dos últimos
mandatos. El señor Hernández Gil dijo que la situación era tal
en los últimos años, después de la reforma Ledesma del 85, que
podía considerarse objetivamente degradada; y el señor Sala,
el actual Presidente, dijo que, siendo más de la mitad de los
jueces que componen actualmente la plantilla judicial en
España, de carrera, nuevos jueces de los últimos años, no
había podido acometerse con suficiente garantía la selección
inicial y la formación posterior de los jueces y magistrados
españoles. ¿Qué soluciones damos a eso? Señor Ministro, en
primer lugar, coincidimos --bienvenida sea la del proyecto--
en que, como la responsabilidad en no pequeñamedida era del
actual titular de la selección, el
Ministerio de Justicia, es muy bueno que el Ministerio de
Justicia deje de ser el responsable y asuma el gobierno de los
jueces el Consejo General del Poder Judicial, la selección y
la formación. Pero esto es una condición necesaria, que no
suficiente.




Página 2489



Selección. Probablemente SS.SS. sabrán que en España, aunque
la Constitución habla del principio del mérito y capacidad, no
es el sistema de oposiciones el único sistema que rige el
ingreso en la carrera judicial. Es cierto que saben todas
SS.SS. que hay un tercero, un cuarto turno. Lo que
probablemente ignoran los que no estén en la vida diaria de lo
judicial es que hay, además del sistema de oposición, hasta 12
procedimientos distintos a la oposición para ingresar en la
carrera judicial, para ejercer funciones jurisdiccionales;
está el tercer turno; está el cuarto turno para magistrados;
está el quinto turno del Tribunal Supremo; está el turno
autonómico; están los suplentes; están los sustitutos; están
los de provisión temporal; y ahora encima el proyecto crea los
adjuntos, que son, además, funcionarios en prácticas. Y todos
estos señores ponen sentencias. Dirán: obedece a aquella
filosofía, exhumada por cierto por el señor Ledesma, de leyes
y fórmulas más que pasadas de 1870 y de 1882, que, por cierto,
un gobierno liberal-conservador dejó sin vigencia hasta que el
señor Ledesma le dio por recuperar esos escombros, y dirán,
bueno, es un sistema complementario que permite incorporar a
la judicatura a personas con formación jurídica en otros
ámbitos que es bueno que puedan tener esa oportunidad cuando
lo decidan, tras haber desarrollado una experiencia
profesional. De acuerdo. Es un poder del Estado y no puede
estar integrado exclusivamente por personas que han tenido la
oportunidad de hacer una oposición en su primera edad. No
vamos a discutir el principio. Hay ejemplos que demuestran
que, efectivamente, hay jueces y magistrados dignos y
competentes que han accedido por el tercer y cuarto turno;
pero de ahí a que de los 3.000 jueces en España, 430 lo sean
por el tercer y cuarto turno, nos parece un exceso.

Pero es que hay más, es que al paso que vamos, van a ser más
los de tercer y cuarto turno que los de oposición. Usted lo
sabe, señor Belloch, porque esto sí es de su etapa. Este año
se han convocado para el cuarto turno 50 plazas, para
oposición y tercer turno 120, de forma que habrá 80 de
oposición y 90 de tercer y cuarto turno. Le hemos dado la
vuelta al sistema. Ahora resulta que el acceso, el del
principio del mérito y capacidad en forma de oposición, antes
denostada, ahora asumida también por el Gobierno de Felipe
González, es el sistema excepcional frente al tercer y cuarto
turno.

Por razones de tiempo no puedo detenerme, señor Ministro, en
todo lo que hace referencia a los jueces y magistrados
suplentes, sustitutos y de provisión temporal, pero sí quiero
que la Cámara sea consciente de que junto a algo más de 3.000
jueces de carrera, que la Constitución española dice que han
de ser de carrera, existen en la actualidad más de 1.100
jueces y
magistrados suplentes, sustitutos y de provisión temporal. Sin
ningún dramatismo, es una cifra escalofriante.

Nosotros...

El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, le ruego concluya.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente.

Señorías, pretendemos que esos turnos se restrinjan, el
tercero por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
entre cero y una plaza de cada diez del tercer turno; entre
cero y una de cada seis el llamado cuarto turno; y que,
además, se amplíe el nivel de exigencia. Lo digo con todo
respeto y, además, con cierta nostalgia, no se puede
considerar jurista a un licenciado en Derecho con seis años de
ejercicio. Eso lo ha visto muy bien el proyecto de S.S. que
suprime aquello que hizo el señor Ledesma. Se le puede
considerar licenciado en Derecho con seis años. Vamos a
llevarlo hasta diez años al menos que ya empezará a ser un
jurista y ya habrá tenido tiempo de hacer otras cosas, además
de fracasar a lo mejor en las oposiciones y colarse por ese
turno. Y en el cuarto turno, vamos a prolongar el nivel de
exigencia y a llevarlo a 15 años como jurista para ser
magistrado, y vamos a dejarlo en manos del Consejo; vamos a
permitir que ese
concurso, como, efectivamente, sí hace en ese punto el
proyecto, sea un concurso serio y una selección seria en la
Escuela Superior de la Magistratura, que es simplemente una
cuestión semántica y nos parece más precisa para el objetivo
del proyecto de ley.

Termino, señor Presidente, con un último punto, si S.S. tiene
la condescendencia de permitírmelo, porque creo que es de
general interés. Entre los distintos aspectos de nuestro texto
alternativo hay uno que suple una omisión que todavía no me
puedo explicar, viniendo precisamente de un Gobierno que
integra a algunas personalidades progresistas como sin duda lo
es el Ministro de Justicia que avala el proyecto. La
Constitución española, dando un paso gigantesco en lo que
había sido una tradición liberal de gran raigambre que
defendieron Beccaría y entre nosotros Jovellanos con aquello
del delincuente honrado, reconoció el derecho a la
indemnización por error judicial y anormal funcionamiento de
la administración de la justicia, y en una interpretación ya
muy limitada de la Constitución española los artículos 292 y
siguientes de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial
establecieron los requisitos, difícilmente el procedimiento, y
una serie de dificultades para que los españoles pudieran
resarcirse, por ejemplo, de haber estado en prisión cuando no
eran culpables de un delito o de haberse tirado esperando,
dicho sea en román paladino, a lo mejor once o doce años a la
resolución de su causa.

Como quiera que esa regulación es insuficiente y es
defectuosa, nos hemos tomado la molestia de preguntar al
Gobierno en cuántas ocasiones, de los millones de resoluciones
definitivas que se hacen en los últimos años de vigencia de la
Ley Orgánica del Poder Judicial,



Página 2490



se ha fallado a favor de un español para indemnizarle por
error judicial. Y el Gobierno ha contestado a mi compañero
señor Padilla que entre millones de resoluciones firmes, han
resultado resoluciones estimatorias 119, desde 1985 hasta la
fecha; en las que pueden computarse en cinco o seis millones,
las resoluciones habidas, 119; no 119.000, ni siquiera eso,
119. Consecuencia, proponemos un sistema de reparación del
error judicial ampliando la restrictiva doctrina legal del
Consejo General del Poder Judicial, abierta, hay que
reconocer, por el Consejo de Estado en sus dictámenes,
establecemos un procedimiento específico sugiriendo que en el
funcionamiento anormal al menos se incluyan los retrasos que
superen, fíjense, al menos en veinte veces el tiempo normal
del despacho del procedimiento, que es un parámetro que parece
comúnmente aceptado, que se indemnice el extravío o pérdida de
los bienes que se depositan en los juzgados y
tribunales, que se pague como anormal funcionamiento la
prisión preventiva cuando se haya prolongado por un tiempo
superior al establecido en la ley y, en fin, cualquier otra
lesión en los bienes, derechos o intereses del justiciable,
que es al final el que merece el trato, el ciudadano. No vaya
a ser que ocurra al final que ni siquiera en un famoso caso
como el de Sacco y Vanzetti aquí tuviéramos oportunidad de
indemnizar tras tal fracaso judicial.

Termino, señor Presidente, ahora sí, para decir, en síntesis,
como decía al principio que la nuestra es una alternativa que
pretende el encuentro, señor Ministro, que quiere jueces
independientes, competentes y responsables, en lo que estamos
seguros que habrán de coincidir los restantes grupos
parlamentarios. Hubo un tiempo en la España democrática en que
se pudo hacer el consenso, en que se afrontaron las cosas de
otra manera, en que hubo un Consejo General independiente,
molesto para el poder ejecutivo, pero elegido de entre y por
jueces y magistrados, en el que en los sondeos de opinión
tenían más prestigio los jueces y magistrados, que están
además sufriendo injustamente las consecuencias de ese
desprestigio. Hubo un tiempo en que el centro-derecha gobernó
este país y llamó a un pacto de Estado para la justicia y
obtuvo una respuesta
satisfactoria.

Mire, para no provocar otro debate ideológico, un liberal
converso, que creo que es de común aceptación, el profesor
Dahrendorf, ha dicho que el tema más urgente de la agenda
política para los noventa es la reconstrucción de las
instituciones del Estado de Derecho. Pues bien, si ustedes
quieren que reconstruyamos entre todos lo que sólo ustedes, el
Gobierno de don Felipe González, unilateralmente rompió, no se
lo vamos a volver a recordar. Estamos dispuestos a trabajar
por el Estado de Derecho.

Muchas gracias. (Varios señores Diputados desde los bancos del
Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor Trillo. ¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, el señor Barrero tiene la palabra.




El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, señoras y
señores Diputados, desde esta tribuna mi Grupo, y yo en su
nombre como portavoz, quisiera manifestar su postura contraria
al texto alternativo presentado por el Grupo Popular al
proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica
del Poder
Judicial. No es otra mi función desde esta tribuna y como
consecuencia de ello, señor Trillo, voy a intentar limitarme a
criticar el texto que han presentado, ligeramente bien es
cierto, a la vista del tono moderado de su intervención, tono
yo diría poco creíble, es decir, el tono de aquel que
considera poco creíbles los razonamientos que da desde esta
tribuna, no sin antes advertir de alguna cuestión previa. El
Grupo Parlamentario Socialista, al apoyar las medidas urgentes
de la Ley Orgánica del Poder Judicial --medidas urgentes y
concretas--, no hace otra cosa en este momento que apoyar una
medida del Gobierno y una medida, además, que el Partido
Socialista presentó bajo el epígrafe del impulso democrático
frente a los electores el 6 de junio y que tenemos la
obligación, lógicamente, de ejecutar como consecuencia del
contrato con la sociedad en esa fecha. Por tanto, una de las
primeras medidas del impulso democrático, a través de las
cuales este Gobierno es consecuente con el
compromiso formal del 6 de junio, es ésta mediante la cual se
aumenta el nivel de competencias en el Consejo General del
Poder Judicial, el nivel de competencias en la selección de
jueces, en la capacidad presupuestaria, en la capacidad de
reglamentación externa, en la capacidad disciplinaria
fundamentalmente.

También ratificamos como Grupo la oferta de pacto que el
Ministro de Justicia presentó a esta Cámara en sesión de la
Comisión de Justicia e Interior celebrada hacia mediados de
octubre. En ella el Ministro ofrecía a todos y cada uno de los
grupos un pacto de Estado en materia de justicia, entendiendo
que merecía la pena evitar aquellas aristas que tuviéramos
cada Grupo Parlamentario, propias de su ideología, y
conducirnos todos por la senda más fácil del consenso en
aquello en lo que pudiéramos tener una vía fácil de diálogo.

Parecía lógico que esa vía de diálogo, que también el Ministro
de Justicia ha abierto con otros colectivos --como hace el
Grupo Popular--, como asociaciones judiciales, asociaciones
fiscales, asociaciones de colegios profesionales, asociaciones
de abogados, colegios de abogados, al plantear exclusivamente
en estas medidas urgentes aquello en lo que hay cuasi
unanimidad de todas las asociaciones y, desde luego, del
Consejo General del Poder Judicial, que ha venido
reivindicándolas



Página 2491



desde hace tiempo, parecía lógico, repito, que esa vía de
diálogo serviría también para que el Partido Popular mostrara
su apoyo, su consenso, matizado sin duda en el transcurso del
trámite parlamentario que después conlleva la tramitación de
toda ley, pero que mostraran su ánimo de esforzarse en apoyar
medidas que lo único que precisan y lo único que quieren es
que la
Administración de justicia recupere el cariño de la sociedad a
través de medidas que la hagan más eficaz, más transparente,
más responsable. Pero no ha sido posible, señoras y señores
Diputados. Es cierto que la inmensa mayoría de los grupos han
respondido a esta oferta de pacto seria, no partidista, con
una aportación importante a través de cada uno de sus
portavoces. No así el Grupo Parlamentario Popular. Allá él con
su
responsabilidad política, al margen de las cosas que se puedan
decir en esta tribuna con un doble lenguaje.

El Partido Popular, por otra parte, al ofrecer un texto
alternativo obligado, toda vez que no quería impulsar el
consenso, se ha visto sometido a un estrecho camino, a un
estrecho campo de batalla para poder ofrecerlo. Si la inmensa
mayoría de las aportaciones que hace el Gobierno vienen
pactadas, ¿qué camino le queda, por tanto, al Grupo Popular
para presentar un texto alternativo ante la soberanía popular,
de acuerdo, por otra parte, en su mayoría, con el texto del
Gobierno? Sólo aquellas cuestiones que han sido objeto de
expresas reservas por determinadas asociaciones de carácter
ideológico profundamente conservador; es decir, sólo
determinadas reservas y de carácter político que han tenido a
bien expresar, incluso en medios de comunicación, la
Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación
Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales. No quedaba
otro camino para hacer llegar al pueblo español aquí
representado que su texto alternativo tenía algún significado.

Difícil camino, por otra parte, porque todos conocemos en el
fondo que en muchas ocasiones quien está en esta tribuna no se
sabe muy bien si representa de verdad a unos votos concretos,
a una parte al menos de la soberanía popular o exclusivamente
está representando a un gremio, a una corporación o a una
asociación. El texto alternativo, señoría, que me complazco en
criticar políticamente se fundamenta de acuerdo con las
reservas de estas asociaciones, en cuatro puntos
fundamentales. En primer lugar, en la designación de vocales
del Consejo General del Poder Judicial, un viejo fantasma que
tiene un claro recordatorio en este Parlamento, como
consecuencia de la reiteración en su presentación, en contra
de la inmensa mayoría, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, en segundo lugar, en el régimen de los magistrados
suplentes; en tercer lugar, en los sistemas de elección, otro
viejo fantasma del Grupo Parlamentario Popular y de los
sectores más corporativos de la magistratura, sistemas de
elección delos denominados por tercer y cuarto turno; y, por
último, alguna breve alusión a los temas disciplinarios.

Designación de los vocales. No hay que hacer un esfuerzo
pequeño, señor Trillo, para volver a reiterar, no sé si por
quinta, por sexta, por séptima vez, los viejos argumentos que,
desde hace siete u ocho años, no ya mi Grupo, sino todos los
grupos venimos exponiendo, como consecuencia además de la
capitalización por la soberanía popular de una enmienda de un
Grupo pequeño, y no de la actitud de don Felipe González, sino
de la enmienda de un Grupo pequeño, cuyo portavoz en aquella
época era don Juan María Bandrés. Por tanto, es algo
reiterativo, es anual o al menos bianual volver a debatir
sobre el tema de la elección. No hay en este tema originalidad
alguna. El señor Trillo nos plantea otra vez que, frente a la
decisión soberana de la inmensa mayoría del Parlamento, el
Grupo Popular, y al parecer por razones urgentes, necesita
imperiosamente que volvamos a las andadas, que volvamos a 1980
y que intentemos que las asociaciones profesionales de la
magistratura recuperen su poder político mediante la elección
de 12 vocales para el Consejo General del Poder Judicial. En
este tiempo nada, al parecer, ha variado, en este tiempo, al
parecer, no hay una realidad distinta, no se han escuchado las
voces de los distintos grupos parlamentarios que ya en esta
Cámara se han pronunciado de manera reiterada, sino que
volvemos otra vez a una vieja obsesión de una de las
asociaciones más corporativas, más duras y más conservadoras
de la magistratura que tiene en esto, al parecer, una especie
de objetivo definitivo, sin el cual no cabe descanso alguno.

Siguen pensando SS.SS., nadie sabe por qué, que la legitimidad
de aquellos vocales del Consejo General del Poder Judicial,
tercer Poder del Estado, que nace del Parlamento y, por tanto,
de la soberanía popular, es una legitimidad menor que aquella
que nace de las asociaciones profesionales de los jueces. No
es posible que se entienda por parte de un Grupo Parlamentario
concreto que, aun a efectos de corporativismo, si de
corporativismo estuviéramos hablando, se pueda sustituir el
corporativismo que puede haber en esta sala, que viene elegida
por más de 20 millones de personas, por el corporativismo de
la elección a través de 3.300 jueces y magistrados; no es
posible que se entienda eso. Y no es posible que se entienda,
por lo tanto, de conformidad con el mandato constitucional
(éste sí, interpretado correctamente) de que la justicia emana
del pueblo y que los jueces sólo la administran, pero que
emana del pueblo, que se entiende consecuentemente que el
artículo 1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda decir
cosa distinta.

Qué ocurre, señorías, porque hay que empezar a profundizar a
base de calcular cuáles son los motivos o las intenciones que
avalan esta propuesta, a nuestro entender descabellada y a
nuestro entender, datos objetivos, que procuró una no muy
feliz vivencia en el Consejo General



Página 2492



del Poder Judicial durante los años ochenta, comobien saben
SS.SS. El corporativismo de quien quiere que sigan siendo
3.300 jueces los que elijan a un Poder del Estado sólo tiene
una trampa, pero ésta es importante. Tiene la trampa que
aparece en el texto alternativo, de acuerdo con la cual para
ser elegido hay que formar parte de una asociación profesional
de jueces o ser avalado por el 2 por ciento de los electores.

La trampa está ahí, perfectamente moldeada, a través de dos
paredes: una, es
necesario pertenecer a una asociación, y es necesario,
obviamente, o es conveniente que esa asociación sea la
mayoritaria o alguna de las mayoritarias, aquellas que tienen
un talante profundamente conservador, las que no creen que
este Parlamento tenga legitimidad suficiente para elegir al
tercer Poder del Estado, igual que elige al primero, al
Ejecutivo, y al segundo. Por tanto, si se mantiene, como
mantienen también los miembros del Grupo Parlamentario
Popular, la elección de otros ocho miembros por el Congreso y
por el Senado y si, según parece vaticinarse --con cierta
benevolencia, bien es cierto--, el Grupo Parlamentario Popular
no tendría menos de un 30 por ciento de esta Cámara en
sucesivas elecciones, tenemos que en un futuro Consejo General
del Poder Judicial los vocales estarían en un 30 o un 40 por
ciento elegidos en buena medida bajo los parámetros del Grupo
Parlamentario Popular --que, por cierto, no ha
renunciado a ese derecho en las últimas elecciones del
Consejo--más un 75 por ciento a través de las asociaciones
profesionales, que tan caras les son a nuestros queridos
compañeros del Grupo Parlamentario Popular. Esta tiene que ser
la única razón, no puede haber otra, la razón de los números,
porque no es viable ni es defendible desde esta Cámara que una
legitimidad sea mayor que otra, ni es defendible que una
legitimidad sea siquiera igual a otra, no lo es en absoluto,
señorías.

Hay otra cuestión que me parece que merece la pena poner de
manifiesto, no sin antes advertir --yo estoy seguro de que el
señor Trillo lo ha dicho movido por la dialéctica, en el
fragor de la batalla, con un tono bien es cierto que moderado-
- que quizá debería pensar el señor Trillo que frases como la
de «origen maldito», destinadas a definir el origen
parlamentario de algunos jueces y que usted ha expresado con
anterioridad en esta tribuna, tal vez no sean las frases más
brillantes que se puedan decir desde esta tribuna
parlamentaria. Segunda cuestión, repito, selección de jueces y
magistrados, otro viejo fantasma de SS.SS. que casa
perfectamente con el primero de ellos, con el corporativismo,
el gremialismo y la endogamia a que hacen referencia a la hora
de designar vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Haré alguna crítica. Señorías, no entendemos nosotros, pero
estoy seguro de que lo entenderemos en el trámite
parlamentario correspondiente y posterior a éste, que incluso
en el sistema libre de oposición planteen en este momento una
nueva composición del tribunal, de acuerdo con la cual se
elimina un catedrático de los dos que existen en el tribunal -
-alguien lo definiría nuevamente como endogamia, pero, como ya
he repetido mucho la palabra, yo no lo voy a hacer-- y se pone
un único tribunal que debe, sin duda con un gran esfuerzo y
con una gran eficacia, conocer del examen de más de 3.500 o
4.000 opositores, como sabe S.S. que ocurre en estos casos.

Más jueces en la composición del tribunal, tribunal único para
poder examinar a estos opositores, es una de las aportaciones,
sin duda
brillantes, que hacen ustedes en su texto alternativo.

Turno de acceso a juristas. No es cierto en absoluto que en su
día, cuando como consecuencia de la labor de los ponentes,
entre los cuales me encontraba, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial se decidió un tercer y cuarto turno para que juristas
de
reconocida competencia accedieran a la carrera judicial, se
hiciera por medidas exclusivamente coyunturales. Es decir, no
era porque en ese momento se necesitaran jueces. Eso era un
plus a los motivos reales del porqué de la elección para la
función judicial de otra sensibilidad. Le voy a recordar tres,
señor Trillo: uno,...




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, le ruego concluya.




El señor BARRERO LOPEZ: Lo haré inmediatamente, señor
Presidente. Uno, lograr una extracción de los jueces más
acorde con la realidad en la que vivimos y no una endogamia
exclusiva y excluyente que creo que todos, hasta ustedes,
señorías,
tendríamos que intentar evitar. Dos, otra razón: facilitar a
cualquier persona por méritos propios, como consecuencia de su
competencia como jurista, el acceso, que supone un enorme
honor, a la función judicial, independientemente de su
capacidad económica, de su capacidad laboral o de sus
problemas familiares, porque bien sabemos todos, señorías, que
una gran parte de los que accedían a la oposición o judicatura
era jóvenes que habían terminado la carrera y que se podían
permitir --lo cual es plausible-- el lujo de permanecer dos o
tres años estudiando con el fin de conseguir acceder a la
carrera de juez. (Rumores.) Hay muchas personas que no han
tenido esa posibilidad y sí tienen esa vocación y han
demostrado, a través de su capacidad jurídica en la
universidad, en el juzgado, que son capaces de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado con absoluta corrección. Tercer motivo,
señor Trillo, porque sí queríamos que en el carrera judicial,
que se cooptaba fundamentalmente por la vía de oposición del
estudiante y por la vía de la memorización, tuviera también en
su seno sectores con distinta sensibilidad jurídica, es decir,
sectores que proceden de otro tipo de funcionarios o de la
universidad.




Página 2493



Quisiera hacer, ya con mucha brevedad, señor Presidente,...




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor BARRERO LOPEZ: Quisiera hacer alguna consideración ya
muy rápida de algunos de los problemas que veo --algunos nada
más-- en su texto alternativo.

Cuarto turno. Rápidamente voy a señalar los problemas, señor
Trillo. En primer lugar, las normas del concurso que ustedes
plantean no permiten ni siquiera que se oiga, que se escuche
al Ministro de Justicia, al Ministerio de Justicia. En segundo
lugar, no hay si siquiera un tiempo mínimo de convocatoria de
las plazas de magistrado, por lo cual pueden no convocarse
durante el tiempo que el Consejo General del Poder Judicial
estime oportuno. Elimina, además, la capacidad para expresar
el número de vacantes que considera correcto el Ministro de
Justicia, el Ministerio de Justicia, y también elimina, por lo
tanto, la disponibilidad presupuestaria que va anexa a estas
plazas. Dicho de otra manera, con este texto alternativo, y
concretamente con este artículo, de un plumazo --no sé si éste
era su objetivo, señor Trillo--, nos quita a este Parlamento
la posibilidad de controlar el capítulo 1 del Ministerio de
Justicia, que pasa directamente al Consejo General del Poder
Judicial.

Termino, señor Presidente, ahora ya sí, advirtiendo de algunas
cosas que nos han merecido una cierta atención a la hora de
leer su texto alternativo. La responsabilidad disciplinaria:
es cierto que la mayoría de los tipos que presenta el proyecto
han sido aceptados y admitidos por S.S., por el Grupo
Parlamentario al que representa, pero hay tres cuestiones que
nos producen una cierta desazón, señor Trillo. Primero,...




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, es que anuncia tres
cuestiones más. Le ruego resuma. Termine en un minuto.




El señor BARRERO LOPEZ: Muchas gracias, señoría.

Voy a mencionar las tres cuestiones de manera sumaria. En
primer lugar, eliminan de la potestad disciplinaria, como
falta muy grave, el deber de fidelidad a la Constitución. A
ver quién entiende esto. Lo tienen todos los funcionarios,
señor Trillo. ¿Qué menos que lo tengan aquellos que tienen
como móvil en su función jurisdiccional velar por la
Constitución de una manera más profunda que cualquier otro? En
segundo lugar, eliminan el número 7 del artículo 417, de
manera que quien tiene un pariente en un tribunal o alguna
persona con la que es incompatible, aunque lo sepa, no es
sancionado con la potestad disciplinaria ni tipificado para
ser sancionado disciplinariamente. Tercero y último, señor
Presidente: Elimina la falta que consiste en la abstención
injustificada, con lo cual permiten que algún juez se abstenga
sencillamente porque no quiere ver el asunto. Ponga esto en
relación con el artículo 221, apartado 3, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Y termino, ya sí, señor Presidente, con alguna calificación.

Yo le agradezco profundamente, señor Trillo, pues nos
conocemos desde hace años, el tono moderado. Yo lo achaco a
que no tenía posibilidad de defensa de su texto alternativo.

¿Y por qué? Porque su texto alternativo, señores, es
innecesario; es
innecesario porque no es urgente, además. Momento habrá, si
usted quiere, de hablar del tema de elección de vocales del
Consejo General del Poder Judicial. No tiene un tono amplio.

Tiene que tener un tono moderado en su discurso porque es
reiterativo, señoría. Es reiterativo porque es la quinta vez
que hablamos de lo mismo, de la elección de vocales del
Consejo General del Poder Judicial. Y es, y lo he dicho y creo
haberlo demostrado una vez más, señor Trillo, endogámico y
corporativista. Aquellos --y yo creo que ustedes también-- que
representamos a la sociedad, y no a un gremio, no podemos
votar a favor de su texto alternativo. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.

El señor Trillo tiene la palabra.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente,
señorías, no esperaba yo que ésta fuera la respuesta a una
oferta coherente con lo que decía ser un pacto de Estado.

Sinceramente creo, señor Barrero, que después de muchos años,
en efecto, ha caído usted en aquello de preparar la
intervención antes de escuchar al que justifica una
proposición, porque no ha
contestado al texto alternativo, se ha metido en las enmiendas
parciales y ha utilizado una serie de argumentos propios, en
efecto, de cuando se debatía, con apelaciones a la vigencia o
muerte de Montesquieu, el Consejo General y no a los
argumentos que yo he suministrado desde esta tribuna. Pero
permítanme, señorías, señor Presidente, que rechace algunos de
esos
argumentos, con toda cordialidad, para no perder el tono. El
problema del Consejo General del Poder Judicial, en la fórmula
que nosotros proponemos, no es un problema de corporativismo.

Dejen eso del corporativismo, de verdad. Es como si yo
pretendiera que el señor Ministro de Justicia, por ser un
destacado dirigente de una prestigiosa asociación de jueces y
magistrados, estuviera aportando corporativismo al Gobierno de
don Felipe González. Es absurdo. Los argumentos son de ida y
vuelta, señor Barrero. Por tanto, no es así. El señor Ministro
de Justicia es destacado dirigente de Jueces para la
Democracia, como lo fue el señor Ledesma, y no por eso habrá
visto S.S. que ningún miembro de mi grupo ni de grupo alguno
haya llamado al Gobierno de



Página 2494



don Felipe González corporativista o que ejerza representación
corporativa. No. No es un problema de corporativismo.

El sistema que nosotros proponemos es el sistema --ya que S.S.

se empecina en volver al pasado-- que propusieron ustedes, el
Partido Socialista Obrero Español, en las Constituyentes,
porque algunos compañeros de escaño que entonces tuvieron la
fortuna de estar en las Constituyentes recordarán que la
redacción final del artículo 122 la proporcionó precisamente
el señor Peces-Barba, ponente del Partido Socialista Obrero
Español. Pero no es sólo eso. El proyecto alternativo que el
Grupo Parlamentario
Socialista presenta a la hora de confeccionar una ley que
regule el Consejo General del Poder Judicial reproduce
exactamente el texto que nosotros les hemos presentado ahora,
fíjense, el mismo, el proyecto alternativo del año 1980, que
está en el Boletín de la Cámara. Pero es más. Cuando don
Fernando Ledesma manda la Ley Orgánica del Poder Judicial a
esta Casa en 1983, recordarán SS.SS. que el proyecto contenía
la misma fórmula que nosotros pretendemos ahora y que a usted
le parece tan corporativa. No voy a apelar a la coherencia. Lo
que digo simplemente, señor Barrero, es que si hay que mirar
hacia atrás miremos todos y justifiquen por qué entonces se
consideraba un modelo idóneo y por qué ahora no se considera.

Porque eso de que es cosa del Partido Popular y de su grupo
parlamentario la desconsideración, el desprestigio del Consejo
General del Poder Judicial en su origen y en su funcionamiento
no me lo he inventado yo. Tengo aquí el último baremo
elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en el seno
de la judicatura y fuera de ella. Le puedo dar incluso alguna
encuesta, que no sé cómo me ha llegado, del CIS. ¿Sabe cuál es
la valoración de los españoles del Consejo General entre el
puesto uno y el puesto treinta? El puesto veintisiete, señor
Barrero, y eso ha ocurrido del año 1985 aquí. Y el baremo del
Consejo General dice: La encuesta realizada en 1987 permitió
ya comprobar cómo, tras el cambio de sistema para la elección
de sus vocales, se originó en buena parte de la judicatura una
desafección respecto de la institución que se manifiesta en
una apreciación en 1983 (vigente el sistema que a ustedes les
gustaba y ya no les gusta) del 3,13 del 2,5 ya en 1987, y así
sucesivamente en 1990 y en 1992. La tengo a su disposición,
señor Barrero.

El problema es más de fondo. No es un problema de
corporativismo o no. Nosotros no defendemos a ninguna
asociación. No me parece que sea el tono para una asociación -
-sea del signo que sea, sobre todo si es la mayoritaria-- los
calificativos que ha empleado S.S.: retrógrado, conservador en
el sentido más
peyorativo, todas estas denominaciones, porque yo he tenido la
delicadeza de referirme a la que es, desde luego, mucho más
próxima a algunos miembros de su grupo con todo respeto, el
que merecen todas las asociaciones que están en la
Constitución y en las leyes, señor Barrero. ¿O es que tendría
yo que pensar que a ustedes no les conviene el sistema
electivo porque temen que esa asociación mayoritaria sea la
que gane las elecciones? No voy a caer en eso. Medítelo S.S. A
lo mejor es que usted está con unos recelos y unas defensas
que nadie le está planteando. A las elecciones se concurre
libremente. Las asociaciones hacen su propaganda, sus
candidaturas y por sistema proporcional, que es lo que
proponemos --cosa que a S.S. no le ha destacado de diferencia
con el del 80-- se elige. ¿Y sabe lo que se elige? No se elige
al Poder Judicial. Pido al señor Ministro que se lo explique
al señor Barrero. El señor Ministro sabe muy bien y, desde
luego, señor Barrero, muchos miembros de esta Cámara también,
que no se elige al Poder Judicial, ni por esta Cámara ni por
los jueces y magistrados en el caso de nuestra fórmula, como
usted ha dicho. El Poder Judicial es la potestad de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado. Lo deciden, lo ejercen los jueces y
tribunales, cada uno de ellos. El Consejo General es
simplemente el órgano de Gobierno de los jueces en relación a
nombramientos, régimen disciplinario, etcétera, pero no ejerce
jurisdicción, nunca ejerce poder judicial, señor Barrero. No
estamos eligiendo por corporaciones a un poder del Estado. No
es así. Y además hay una diferencia básica, que comentaba con
mis compañeros de escaño, que ustedes no han entendido nunca y
que puede que esté en la raíz del modelo. Pero creo que usted
convendrá conmigo en que en un sistema parlamentario, que es
el nuestro, a diferencia de un sistema asambleario, el
Parlamento elabora las leyes, pero no lo hace todo como en el
sistema asambleario. De esta forma, el Parlamento elabora una
ley que da tanta legitimidad democrática a quienes actúan con
arreglo a esa ley como si lo hiciera el propio Parlamento. Así
es. Eso es así y no se puede negar. Y si hay un sistema
remitido por el artículo 122 de la Constitución Española a la
Ley Orgánica y la Ley Orgánica dice que serán elegidos de
entre y por jueces y
magistrados, es tan democrático como que lo designe el
Parlamento. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. No
juegue usted con la terminología. Eso es tan claro y meridiano
que no merece mayor comentario.




El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, le ruego concluya.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente.

Solamente para dos precisiones respecto del sistema de
selección, formación, perfeccionamiento y alguna alegría que
se ha permitido sobre nuestras enmiendas particulares, muy
brevemente.

No creo que decir que el sistema de oposiciones sea un sistema
endogámico contribuya, de verdad, a devolver



Página 2495



el prestigio a la magistratura. Creo que es injusto. Creo que
reproduce los recelos que motivaron aquella errática reforma
del señor Ledesma; tan errática que el señor Belloch la tiene
que corregir en el proyecto que nos han traído. Creo que ese
tipo de planteamiento, señor Barrero, es el que no se tiene
que invocar para hacer un consenso y un pacto de Estado. Ni
ése ni este que dice que hay que cambiar el sistema de
selección de jueces porque las oposiciones permiten el
predominio sociológico de la derecha en la magistratura. Es
necesario --dice-- abrir el Poder Judicial a valoraciones y
sentimientos de la sociedad. ¡Cómo si la oposición no los
abriera! Es el programa 2.000 del Partido Socialista el que
hace esa apreciación, y parece que S.S. aún no se ha
desprendido de él, cuando hay otros muchos miembros de su
grupo que ni siquiera quieren oír hablar de semejante
programa. Señor Presidente, termino con una referencia a una
falta muy grave que figura en el proyecto para nosotros
innecesaria, superflua. Dice el proyecto en el artículo 417
que son faltas muy graves: una, el incumplimiento consciente
del deber de fidelidad a la Constitución, establecido en el
artículo 5.º1 de esta ley, cuando así se aprecie en sentencia
firme. En primer lugar, técnicamente ya el precepto deja algo
que desear, porque no me imagino cuál es el incumplimiento
inconsciente de la Constitución por un juez o un magistrado.

El incumplimiento consciente, sí. Pero si lo que quiere decir
es doloso, con mala fe, de dolo malo, si está apreciado por
sentencia firme, ¿cómo vamos a ponerlo como la primera de las
faltas graves? Además, señor Barrero, eso pugna con el propio
régimen disciplinario y su concepción. Es algo que no añade
nada. O es delito o simplemente no merece la pena que esté
ahí.

Señor Presidente, termino diciendo, como al principio, que
lamento que el señor Barrero, en nombre del grupo mayoritario,
del que tendría que haber aceptado nuestra propuesta de
entendimiento, haya antepuesto a los juicios los prejuicios.

Se ha hablado de trampas; se ha hablado de endogamia. Usted ha
hablado de retroceso; usted ha hablado de retrógrados, y no es
ése el lenguaje para un pacto de Estado. Insisto, una vez más,
en que ustedes han hecho uso de sus prejuicios más que de su
juicio. Así, no me extraña que mis compañeros hayan tenido que
suspender las conversaciones sobre el impulso democrático.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.

Recuerdo a SS.SS. que estamos en el debate de totalidad.

Ténganlo en cuenta en la medida en que pueda ayudar a sus
intervenciones. Tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: A la mía la va a ayudar, señor
Presidente, porque voy a intervenir con mucha brevedad.

No parece que el tono del señor Trillo se haya elevado
excesivamente, sin duda porque su nivel de convencimiento
tampoco parece que siga excesivamente elevado.

El señor Bandrés --yo lo he dicho en esta tribuna-- fue el
autor de la enmienda a través de la cual hoy el Parlamento
español elige a todos los vocales del Consejo General del
Poder Judicial. Lo único que eso significa, señor Trillo, es
que cuando enmienda parte de un portavoz, aunque lo sea de un
grupo pequeño, pero es correcta a juicio de los demás grupos,
a excepción del de usted, evidentemente es aplaudida y
aprobada. Por tanto, nada cambia que el primer texto, en los
años ochenta, del Grupo Parlamentario Socialista, fuera de
otra manera. El Grupo Parlamentario
Socialista tiene la obligación --y usted también debería
tenerla-- de hacerse eco de aquellas enmiendas que sean
positivas para hacer más fácil la Administración de justicia,
su eficacia, etcétera, por lo que no tiene que asustar a nadie
que el Grupo Socialista y tantos otros, ya en aquellos años,
aprobaran aquella enmienda; enmienda que ahora además
defendemos porque nos la creemos de verdad. Y no es cierto,
señor Trillo, la consecuencia que la elección parlamentaria
pueda tener a efectos de prensa, porque determinados
partidos --especialmente el suyo-- y
determinadas asociaciones se empeñen en que en los medios de
comunicación no se sobrevalore esta decisión. No tenemos la
culpa de que eso pueda tener un porcentaje, aunque sea menor,
en el hecho de que en los sondeos aparezca la Administración
de justicia como algo poco querido por la sociedad. Pero no
creo yo que la medida que usted propugna, que sean elegidos
por los propios jueces y fundamentalmente por las asociaciones
profesionales de los jueces, aumente el crédito del Consejo
General del Poder Judicial ante la sociedad. Más bien creo yo,
señor Trillo, que ese crédito se aumentará cuando seamos
capaces de revalorizar las instituciones, que esa sí que es
una
obligación de todoslos que representamos al pueblo, y no nos
empeñemos --también desde algún grupo político-- en
minusvalorarlas de manera continuada y habitual y hacer
después gala de determinados sondeos donde se refleja esa
minusvaloración que hemos ayudado a que exista.

Por lo tanto, señor Trillo, también impulso democrático
significa que todos ayudemos a que las instituciones puedan
ser cada vez más queridas por la sociedad, porque es
fundamental que la sociedad crea y quiera a sus instituciones.

Ayuda poco, a mi entender siempre, el texto alternativo que
usted presenta. Por tanto, ayúdenos usted en este impulso
democrático porque es la primera ley que viene a la Cámara
consecuencia de ese impulso y que tiene como objetivo --
insisto una vez más-- la revalorización de una institución
fundamental para el Estado; ayúdenos, al menos, a partir de
este



Página 2496



momento con enmiendas positivas que nuestro grupo estará
dispuesto, sin duda alguna, a aceptar, como aceptamos la del
señor Bandrés. Pero nos tememos muy mucho que en algunos
temas, en aquellos que porque tenían aristas el Ministro de
Justicia no ha traído a esta Cámara buscando el consenso --y
que usted ha traído porque las tiene-- sea muy difícil que el
impulso democrático se consiga porque tenga que pasar la
reválida de lo que usted diga y no el normal consenso de los
grupos parlamentarios, excluido el suyo, que sí están de
acuerdo en que este es un buen ejemplo de impulso democrático
y que podamos ejecutar desde hoy en este Parlamento. Yo, señor
Presidente, no voy a entrar en el tema de selección. No somos
nosotros --que tenemos, insisto, un contrato con la sociedad
desde el 6 de junio porque en nuestro programa hablábamos del
impulso democrático--los que no queremos seguir en él. Otros
partidos sí son sensibles a apoyar ese impulso. No juegue con
el doble sentido de la palabra que permite, de un lado, decir
que quienes no tiramos del carro somos nosotros y a la vez
poner en ese camino piedras suficientes para que este impulso,
al menos por su parte, no pueda ser posible. Allá cada uno,
señor Trillo, con su
responsabilidad.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

He de empezar por felicitarnos del procedimiento seguido por
el Ministro de Justicia en la elaboración del anteproyecto que
presentó al Consejo de Ministros consensuando previamente esta
reforma con las asociaciones judiciales, trabajando
conjuntamente con ellas, de donde resulta un texto, fruto del
consenso, equilibrado y a nuestro modo de entender moderado.

Llama, sin embargo, la atención el carácter urgente y parcial
de esta reforma, que esperamos se complete necesariamente con
otra reforma más profunda de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que esperamos sea tramitada en breve a fin de
abordar cuestiones como competencias transferibles a
comunidades autónomas que la reforma que ahora nos ocupa no
llega a tratar. Entrando en el contenido de la presente
reforma, hay también que felicitar al Ministro de Justicia
porque precisamente una de sus primeras iniciativas
legislativas --tal vez la primera-- se dirija a reformar la
Ley Orgánica del Poder Judicial, en aras a delimitar
competencias entre el Poder Ejecutivo y el Consejo General del
Poder Judicial, particularmente atribuyendo a éste todas las
competencias en materia de selección de jueces, cuestión ésta
que ya había sido reivindicada por el hoy Ministro de Justicia
cuando ocupaba el cargo de vocal del Consejo.

En el tema de selección de jueces y magistrados consideramos
acertado se continúe con el mantenimiento de los llamados
tercer y cuarto turnos; esto es, con el reclutamiento de
jueces y magistrados de entre juristas de reconocida
competencia. Animamos a que ello continúe así en el futuro,
dando sobre todo
facilidades para acceder mediante concurso de méritos
comprobados y no endureciendo las condiciones de dichos
concursos. En efecto, la razón de ser de los tercer y cuarto
turnos no debe obedecer únicamente a necesidades de
reclutamiento masivo de jueces, sino a la bondad de la
incorporación a la carrera judicial de juristas competentes,
formados y experimentados en diversas facetas del trabajo
jurídico que enriquecen, sin duda, al propio Poder Judicial.

Por ello no podemos atender, y sobre todo pedimos que no se
atiendan, al menos en un próximo futuro, las voces que claman
por su supresión y que, en la elaboración del texto de
reforma, tanto se han dejado oír en este sentido.

Tampoco podemos pasar por alto una breve referencia al sistema
de selección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial que, a nuestro entender también acertadamente, se
mantiene inalterado, pese a las voces que desde siempre han
pretendido su modificación. Consideramos plenamente ajustada
al espíritu constitucional y a la legitimidad democrática la
elección de los vocales del Consejo General por este
Parlamento, pero recordamos los matices que el Tribunal
Constitucional hizo y que otras muchas voces, incluida alguna
asociación judicial, como usted conoce, también hacen. En
particular queremos destacar el abandono y definitivo
destierro del sistema de reparto por cuotas, cuidando la
transparencia en la elección de vocales, así como un examen de
los candidatos por esta Cámara. Es de esperar que en breve
tengamos ocasión de ajustarnos a tales principios y, en
consecuencia, aprovecho la oportunidad para reclamar, además,
que urgentemente se proceda a la cobertura de las cinco
vacantes existentes en el Consejo, de las cuales la última es
precisamente la suya, señor Ministro.

Conocemos, ya en otro orden de cosas, que no ha sido fácil
llegal al texto de consenso en materia de régimen
disciplinario de los jueces, y comprendemos su dificultad y la
posición de las asociaciones judiciales, toda vez que un
endurecimiento de tal régimen disciplinario debe darse
únicamente desde la óptica del necesario pleno respeto del
Poder Judicial al marco
constitucional y desde la óptica del correcto y eficaz
cumplimiento del servicio público que, no lo olvidemos, tan
bien desempeña la Administración de justicia y el propio Poder
Judicial.

Otras consideraciones ajenas a las expuestas no justificarán,
de ningún modo, un mayor rigor en la descripción y
determinación de tipos disciplinarios. De ahí



Página 2497



que también nos alarmáramos por las noticias que, allá en el
pasado mes de octubre, tuvimos sobre el documento de trabajo
en esta materia, máxime cuando recordamos una desafortunada y
ya en su momento respondida, intervención, procedente del
Partido en el Gobierno, que en mayo de 1993 reclamaba un mayor
control de los jueces; alarma lógica en todo demócrata
convencido que considera que no hay mayor garantía del
ejercicio eficaz y pleno de los derechos fundamentales y
libertades públicas de los ciudadanos que el disponer de un
Poder Judicial claramente independiente. Sabemos del carácter
urgente de esta reforma y consideramos también urgente abordar
el proceso de transferencia del personal al servicio de la
Administración de justicia a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por lo que consideramos que se pierde una ocasión de
dar una muestra de voluntad política en esta materia al no
reformar, eliminando, el carácter de cuerpos nacionales que la
vigente ley atribuye a dicho personal. En este sentido,
manifiesto que apoyaremos las enmiendas del Grupo Vasco en
materias que afectan a una conclusión de las transferencias de
competencias en materia judicial, cuyo ejercicio se puede
considerar modélico. Sabemos que, con una voluntad política,
ese escollo es salvable, pero consideramos que podría haberse
utilizado esta reforma para haberlo abordado.

Pese a todo y dado que, como hemos indicado al inicio,
esperamos a la mayor brevedad encontrarnos discutiendo en esta
Cámara un nuevo proyecto de reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, no hemos procedido a enmendar el que ahora se
nos ha presentado sino que, por el contrario, manifestamos,
aunque con las
salvedades citadas, nuestro apoyo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías,
necesariamente tenemos que remontarnos a la comparecencia del
señor Ministro ante la Comisión de Justicia e Interior el
pasado día 6 de octubre, hace tan sólo cuatro meses
aproximadamente, en la que hizo una oferta, a la que mi grupo
parlamentario respondió congruentemente, en el sentido de que
la solución de los grandes temas que atañen a sus
responsabilidades tienen que darse a través de un auténtico
pacto de Estado. Nosotros no sólo hemos mantenido con el señor
Ministro y sus colaboradores un contacto frecuente y
provechoso en tal sentido, sino que hoy nos
congratulamos de la intervención del señor Ministro que a
priori reconocía la bondad de las enmiendas presentadas en
términos generales, sin la menor discriminación de los
distintos grupos parlamentarios, y expresaba su talante
positivo a dar cabida a las preocupaciones trasladadas, a
través de las enmiendas respectivas, por los grupos
parlamentarios en el proyecto que en definitiva se convierta
en ley después de su correspondiente tramitación.

Coherentemente con aquel deseo que ya le expresamos en su
comparecencia en la Comisión, coherentemente con los trabajos
verificados desde entonces y no tan sólo respecto a este
proyecto de ley, y con la oferta de diálogo, de consenso y de
entendimiento expresada al principio de su intervención por el
señor Ministro, perseveramos en ello y nos congratulamos de
haber conseguido con él ese diálogo que, por supuesto,
Coalición Canaria no ha logrado con el resto de los
componentes del Ejecutivo.

El señor Ministro, en aquella comparecencia, señalaba como
grandes bloques de actuación en estos años la coordinación de
la actividad normativa del Ministerio, la reforma procesal,
las transferencias a las comunidades autónomas y al Consejo
General del Poder Judicial. Creemos que se distinguió
perfectamente lo urgente, de lo que lo era menos, de la
necesidad de dar respuesta a los problemas que la sociedad del
Estado español tiene en su conjunto planteados respecto a un
funcionamiento anormal ¡por qué no! de la Administración de
Justicia, porque en ésta la
normalidad y la eficacia es lo que debiera primar. Y hemos
visto además, por encima de todo, un talante en el Ministerio
proclive a un diálogo con las comunidades autónomas, acaso
porque no en balde pasó años de su vida en el ejercicio de sus
funciones en dos comunidades autónomas y sabe lo que son las
peculiaridades y nuestras reivindicaciones. El señor Ministro
hablaba de que había cierta crisis de legitimación y no de
legitimidad, que teníamos que dar respuesta a una pregunta y
teníamos que dar soluciones desde esta Cámara a qué es lo que
deben ser los jueces, qué es lo que debe ser el Poder
Judicial. Si el Poder Judicial debe estar integrado
exclusivamente por quienes lo componen o se tiene que producir
alguna integración más y, por supuesto, alguna
reestructuración funcional de mayor cabida. Sabemos que no es
precisamente este el momento para entrar en disquisiciones
sobre cuál deba ser el contenido de lo que se ha dado en
llamar --término que nosotros consideramos que no es
especialmente afortunado--la Oficina Judicial, pero sí creemos
que es preciso concebir toda la actividad judicial como una
gran empresa que, para organizarla, es necesario saber lo que
se quiere hacer. Hoy hemos analizado, con la premura que las
escasas horas nos han posibilitado, el texto alternativo en
que consiste la enmienda de totalidad del Grupo Popular, en el
que existen tres grandes bloques. En primer lugar, cuál debe
ser la
composición, los orígenes y la formación del Consejo. Estamos
en una línea de sintonía en lo esencial con cuanto expresó el
señor portavoz socialista, precisamente por nuestro temor al
corporativismo y porque creemos que si por algo ha resultado



Página 2498



estigmatizado el Consejo del Poder Judicial ha sido no por
culpa o responsabilidad de los grupos políticos minoritarios,
sino precisamente porque los grupos mayoritarios quisieron en
su día repartirse la tajada del poder judicial y
estigmatizaron, a través de la reproducción de aquellos
sentimientos políticos que motivaban las designaciones, las
confrontaciones, la
trascendencia de las mismas y, en definitiva, provocaron un
deterioro notable de la idea purísima de la Administración de
justicia que debe tener toda nuestra sociedad.

Tenemos pánico al corporativismo. Y creemos que hoy, cuando se
hablaba de hipocresía y demás, no somos precisamente nosotros
ni otros grupos los responsables de que la situación siga en
un bloqueo pernicioso e inadmisible que tan sólo está
transmitiendo frustración a todas las capas de nuestra
sociedad.

Otro bloque, que constituye un número de artículos notable del
texto articulado que presenta el Grupo Popular, es el relativo
a la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia
de las actuaciones de la Administración de justicia, y creemos
que ése no es el planteamiento ortodoxo de la cuestión. La
Administración de justicia es Estado y creemos que
precisamente, sin perjuicio de que se contemplen ahí unas
pinceladas que puedan ser importantes y, a lo mejor,
imprescindibles, debe ser otro el marco general. Porque hay
que reconocer que el tercer bloque no es otra cosa, en muchas
ocasiones, que un mero trasunto de lo que se contiene ya en el
proyecto, en otras ocasiones, mejoras técnicas y, en algunas
otras, por qué no, algunas discrepancias en conceptos
filosóficos, muy atendibles, pero que evidentemente podían
haberse producido con absoluta normalidad por el trámite de
las enmiendas.

Necesitamos una justicia ágil, rápida, eficaz, prestigiosa y
prestigiada, evidentemente. Creemos que es imprescindible, por
encima de todo, tratar de dar solución a las reivindicaciones
del Consejo General del Poder Judicial en coherencia con lo
que ya ha expresado al respecto el Tribunal Constitucional, y
por eso expresamos nuestra conformidad, en primer lugar, con
la necesidad que existía de residenciar de manera amplia, y no
generosa sino justa, las competencias que ahora quedan en el
Consejo, con que es preciso acometer, sin duda, una reforma
urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con que, en
este caso, la prioridad que se ha dado a esta cuestión, que
era fundamental, no empece para que se mantenga el criterio de
urgencia que ya explicitó el señor Ministro,
comprometiéndose --no sé si podrá cumplir ese compromiso-- a
traer a esta Cámara en el año 1994 algo tan gordo, tan
importante como es la reforma en su conjunto de la Ley
Orgánica. Estamos de acuerdo en la necesidad de atribuir al
Consejo General las competencias en materia de la selección de
los miembros de la carrera judicial, sin duda. Estamos en
desacuerdo absoluto con el tercer turno. Coalición Canaria
quiere expresar terminantemente que no está de acuerdo ni
mínimanente con el tercer turno. Y así como reconocemos que el
cuarto turno ha sido extraordinariamente provechoso y que
juristas de
prestigio han accedido a los órganos jurisdiccionales por el
cuarto turno, no ocurre lo mismo, por una serie de
disfunciones, con el tercero, que recuerda aquel cuarto turno
o puerta falsa tan famosa de la época republicana. Además, hay
que poner de manifiesto cómo las excelencias intelectuales de
un jurista pueden fracasar cuando se plantea la realidad
diaria de lo que es la llamada Oficina Judicial, lo que es la
Administración de justicia en los órganos jurisdiccionales
unipersonales. Y de ahí, precisamente, el hecho de que se
hayan producido fracasos que, depués de meditar profundamente
la cuestión, hagan que Coalición Canaria no esté por la vía
del tercer turno. Estamos de acuerdo también con la necesidad
de establecer una impronta y actuar radicalmente y con rigor
en el régimen disciplinario, en los poderes reglamentarios que
era preciso atribuir al Consejo, en todo lo relacionado con la
provisión de las vacantes, suplencias, etcétera, y, por
supuesto, con la autonomía presupuestaria. Creemos que, en
primer lugar, era preciso tratar de mejorar el texto, sin
perjuicio de la lealtad que hemos querido mantener en este
diálogo positivo que hemos tenido con el Ministerio, y de ahí
que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, no se haya reducido al
ángel siseñor, o al amén que, en ocasiones ocurre tanto en
materia de consenso. Hemos presentado más de medio centenar de
enmiendas; hemos presentado 65 enmiendas precisamente porque
coincidimos con la voluntad expresada por el señor Ministro de
mejorar el proyecto de ley que ha sido remitido a esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.




El señor OLARTE CULLEN: Termino enseguida, señor Presidente.

Con la supresión del tercer turno, hemos recobrado una cierta
tranquilidad al ver cómo configura el proyecto el llamado juez
adjunto, aunque yo no sé si ahí se habrá producido un cierto
frenazo en las ilusiones que en su momento pudiera abrigar el
señor Ministro, pero, evidentemente, ha situado la cuestión en
el proyecto de manera que da satisfacción a la pretensión de
Coalición Canaria, y nos da tranquilidad.

Hemos valorado positivamente que se recojan las sugerencias
que en su día hicimos a propósito de la cuestión autonómica,
pero eso no ha sido obstáculo para que hayamos querido seguir
profundizando en la misma y hayamos, por tanto, propuesto, a
través de distintas enmiendas, la posibilidad del recurso de
revisión por parte de los tribunales superiores de justicia,
aunque el



Página 2499



Estatuto en concreto de una comunidad no lo contemple (pero
que no ponga reparos, por no contemplarlo precisamente la ley
orgánica), y hemos establecido además una serie de conceptos
atinentes al tema autonómico que creemos son de notable
importancia.

Finalmente, señor Presidente, hemos puesto un cuidado muy
especial en el régimen disciplinario y creemos que en eso no
se ha profundizado adecuadamente. Hemos puesto un cuidado
especial, y por la vía de las enmiendas tenemos que tratar de
corregir distintas disfunciones. En primer lugar, nos oponemos
al traslado forzoso por una razón: si en alguna carrera no
debe producirse como sanción el traslado forzoso, opina
Coalición Canaria que es precisamente la judicial. Se va a
estigmatizar al poder mismo, lo van a conocer y lo van a
soportar los ciudadanos de aquel lugar donde vaya destinado el
juez, trasladado forzosamente, y no es igual, con todos
nuestros respetos, trasladar al clásico funcionario de los
manguitos de un lugar a otro que a quien está investido de la
augusta tarea y la función de ejercer la
Administración de justicia.

Creemos que en el Archipiélago Canario, donde tantas y tantas
vacantes hay, íbamos a ser el colector de los sancionados, y
si bien es cierto que en algunas ocasiones, como ocurrió con
don Miguel de Unamuno y los famosos y prestigiosos demócratas
del contubernio de Munich, tuvimos la satisfacción y el honor
de poder compartir momentos importantes de nuestra vida con
ellos, no siempre ha ocurrido así en el proceso de los
funcionarios castigados, que normalmente se solían remitir por
la vía de un confinamiento (o como se le llamase) al
Archipiélago Canario, y eso nos preocupa profundamente.




El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.




El señor OLARTE CULLEN: Termino ya, señor Presidente.

Por todo ello, en definitiva, precisamente por considerar que
en sus líneas generales el proyecto remitido por el Gobierno
es extraordinariamente aprovechable, es extraordinariamente
mejorable también y que podemos entre todos mejorarlo, es por
lo que no podemos adherirnos, de ninguna manera, a la enmienda
de totalidad con texto alternativo que propone el Partido
Popular. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Trillo, manifiesto en nombre de mi Grupo Parlamentario que
vamos a votar en contra de su enmienda de totalidad con texto
alternativo, no sin felicitarle, porque el Grupo Popular ha
hecho un esfuerzo notable en la articulación de un texto
alternativo, bien documentado jurídicamente, ajustado a los
requerimientos técnicos-jurídicos de rigor en esta materia,
pero de cuya filosofía discrepamos, de cuyos presupuestos
teóricos
discrepamos, de cuyos principios axiológicos, con un tono
quizá un tanto pedante, discrepamos también.

La presentación por el Grupo Popular, en todo caso, de un
texto articulado alternativo nos permite contrastar dos
filosofías, dos maneras de entender --reproduciendo el tenor
literal del artículo 122 de la Constitución-- la forma de
organización, funcionamiento y gobierno de los jueces y
magistrados. Esto sí que es un debate de Estado, la naturaleza
jurídica de este debate es de Estado. Estamos hablando de uno
de los más relevantes principios
organizativos del orden convivencial y democrático. No es
discutible que esta sea una materia de Estado, lo que pasa es
que, señor Trillo --y se lo digo con toda amabilidad y con
todo respeto, con el mismo tono amable que usted ha utilizado
en su exposición--, nos parece desorbitada la pretensión de
que el fundamento del presupuesto teórico de su texto
alternativo sea nada menos que regenerar las instituciones del
Estado de Derecho. Me imagino que no se atribuirán ustedes la
iniciativa o la exclusiva en el espíritu regenerador de las
pretendidamente degradadas instituciones democráticas del
Estado de Derecho. Esta pretensión nos parece absolutamente
desorbitada e injusta por lo que tiene de sectaria y de
exclusión de todos los demás grupos parlamentarios. Ustedes no
pueden pretender atribuirse ningún tipo de prerrogativa
monopolística en exclusiva en esta materia. Pero esta
iniciativa permite, como decía, señor Presidente, señor
Ministro, contrastar dos formas de entender la organización,
funcionamiento y gobierno del estatuto jurídico de los jueces
y magistrados; la forma de entender la relación entre los tres
poderes del Estado, siquiera parcialmente, porque tanto el
proyecto de ley presentado por el Gobierno, como su texto
alternativo, acometen una reforma de naturaleza parcial, no
global, de las materias atinentes al Poder Judicial, las
formas de entender las competencias del Consejo General del
Poder Judicial; dos modelos en los cuales --como le he
comentado-- nos aproximamos más al Gobierno, que perfila el
Estado con un proyecto de ley técnicamente muy correcto, algo
perfectible; si admite nuestras enmiendas, señor Ministro,
será casi perfecto el proyecto de ley que ustedes han
presentado. Es una perspectiva técnica de una rigurosa
articulación de las materias que estamos regulando en este
proyecto de ley. Se lo digo sin ninguna vanidad. Usted sabe
que nuestras enmiendas complementan uno de los aspectos peor
tratados, menos finamente tratados por el proyecto de ley
elaborado por sus técnicos y presentado por el Gobierno.




Página 2500



Nosotros discrepamos de la filosofía del Grupo Popular en esta
materia, y hemos escuchado atentamente su intervención, yo la
he escuchado atentamente, señor Trillo, y usted sabe que yo no
hablo de oídas, usted sabe que yo poseo su texto alternativo
hace algún tiempo y que lo he podido estudiar, y discrepamos
por las siguientes razones, y se las voy a particularizar sin
hacer ningún tipo de reflexión ideológica susceptible no de
crear escándalo, como usted decía antes, sino meramente, ya a
estas horas de la mañana, de alterar este tono pacífico, cuasi
familiar, del debate que estamos haciendo. En primer lugar,
ustedes acometen la reforma de algo que entendemos nosotros
que adolece de cierta extemporaneidad, de cierto problema de
temporalidad; acometen la reforma de los artículos 111, 112,
115 y 116, en sus números 1. En definitiva, acometen la
reforma por considerar ustedes pretendidamente urgente una
regulación nueva de esta materia: el sistema de selección y de
designación de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial. Nosotros
entendemos que es extemporáneo en este momento regular esta
materia, y no decimos que no se tenga que hacer. Incluso --si
no han transcrito mal los medios de comunicación sus palabras-
-, yo he oído algunas reflexiones del propio Ministro bastante
críticas al sistema vigente en este momento de selección de
vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha llegado
usted a utilizar unas expresiones como problemas de
legitimación, que no de legitimidad, que sería verdaderamente
grave, pero sí de
legitimación, en el funcionamiento del Consejo General del
Poder Judicial. Creo que se tiene que acometer, pero usted
sabe, señor Trillo, que en este momento no se puede acometer
esta reforma porque falta suficiente consenso político, falta
el suficiente consenso social y falta, sobre todo, el
suficiente consenso profesional.

En esta materia no es que no estemos de acuerdo los grupos
parlamentarios (que por cierto estamos dando un espectáculo
que empieza a cantar un poco no pudiendo llegar a acuerdos
sobre cuestiones tan de Estado como ésta), es que tampoco
están de acuerdo los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, y no están de acuerdo los jueces y magistrados sobre
cuál es el sistema idóneo para proveer esta designación, la
forma de cubrir la cobertura de estas vacantes, ni están de
acuerdo los
profesionales del Derecho, ni está de acuerdo la Academia, ni
están de acuerdo los profesores universitarios. Esta materia
se tiene que sedimentar, hay que buscar elementos de consenso,
y tenemos, sobre todo, y esta es la apelación que mi Grupo
modestamente puede hacer --apelación que hacemos públicamente-
-, que buscar o articular o asumir todos los elementos de
flexibilidad intelectual para llegar a un acuerdo que nos
posibilite un legítimo,
constitucionalmente, y un eficiente funcionamiento del sistema
de designación de vocales del Consejo General del Poder
Judicial. Esta es una responsabilidad de todos, de ustedes y
de todos los demás grupos que tenemos asiento en esta Cámara
en este momento. Es una responsabilidad colectiva y
compartida, y si las cosas nos salen mal, también la
responsabilidad es de todos. Por eso mi Grupo, a través de mi
persona, hace una apelación al rigor, a la reflexión y a la
caracterización de estas materias como problemas de Estado que
deben ser objeto de un consenso social, político y profesional
amplio.

De todas formas, el sistema que ustedes proponen tampoco nos
gusta y se lo voy a decir con honestidad palmaria. No nos
gusta casi nada, aunque algunas cosas también son pertinentes
y relevantes. Para empezar, en la parte de vocales del Consejo
General del Poder Judicial que corresponde designar tanto al
Congreso como al Senado utilizan una locución que no es neutra
ideológicamente, una locución bien reveladora. Utilizan la
expresión de quince años de trabajo efectivo. Esta es la
expresión que resulta pertinente subrayar --y usted sabe por
qué le digo que resulta pertinente subrayar--de trabajo
efectivo en cualquier profesión jurídica, tanto para la parte
que corresponde designar de vocales al Congreso como al
Senado, a los ocho vocales que se extraen por este
procedimiento.

En cuanto al procedimiento de selección de los de procedencia
judicial, que se designan a través de un mecanismo endógeno
dentro del mundo judicial, tampoco nos gusta el procedimiento
que articulan. Sobre todo no nos gusta, y ha sido ya comentado
por el señor Barrero y por otros portavoces, el sistema de
asignar legitimación en esta materia, en nuestra opinión tan
desproporcionada, a las asociaciones profesionales de jueces y
magistrados. Otras materias de su texto alternativo que nos
generan recelos siguiendo capítulo a capítulo, por orden
correlativo, serían las nuevas atribuciones que otorgan al
Consejo General del Poder Judicial. No nos gusta nada que le
concedan también atribuciones al Consejo General del Poder
Judicial en materia disciplinaria, la competencia en relación
al régimen disciplinario atinente a oficiales y a agentes
judiciales. Nos parece que es una competencia no atribuible al
Consejo General del Poder Judicial, y tampoco al Ministerio de
Justicia en exclusiva, ha de ser al Ministerio de Justicia y,
en su caso, a las comunidades autónomas que ostenten
competencia en esta materia.

Siguiendo con otras cuestiones relevantes de su texto
alternativo, le diré que no nos gusta la desconfianza que
parece rezumar en cuanto al procedimiento de selección de los
denominados



Página 2501



tercer y cuarto turno. Se ve claramente que el redactor de
este proyecto, probablemente usted mismo, desconfía, anda con
el brazo muy encogido cuando realiza la articulación que debe
ser la que sirva de fundamento a la provisión de vacantes de
jueces y magistrados a través de los denominados tercero y
cuarto turno. Se ve que rezuma desconfianza en esta materia,
como también se ve esa desconfianza en el sistema de provisión
de jueces y magistrados para determinada asociación
profesional, en concreto la Asociación Profesional de la
Magistratura, cuando establecen, por ejemplo, que cuando el
Gobierno manifiesta que se puede reservar un cuarto de las
plazas totales para provisión por estas vías, ustedes limitan
estas plazas a la décima parte. Y cuando el Gobierno establece
seis años de ejercicio profesional para poder acudir a este
procedimiento de acceso a la judicatura, ustedes establecen
diez años de ejercicio profesional. Nosotros no tenemos ningún
tipo de renuencia, de reserva mental respecto al tercer y
cuarto turno y entendemos mejor la articulación que provee el
proyecto de ley presentado por el Gobierno.

Otras materias que no nos gustan de su texto alternativo.

Regulan --y me corregirá si no es así, señor Trillo-- una
escuela superior de la Magistratura, algo parecido al sistema
francés, copiado con cierto mimetismo, un Centro Superior de
Estudios de la Administración de Justicia. Pero nos da la
impresión de que no terminan de cerrar bien la regulación,
aunque las competencias son importantes, son formativas y son,
incluso, para la
configuración de las bases para la promoción de juez a
magistrado, entre otras cuestiones importantes. Entiendo que
esta parte de su texto debía de estar mejor articulado.

En materia disciplinaria, por acabar rápidamente, porque ya
veo que el tiempo se me va agotando peligrosamente, le voy a
decir algo, señor Trillo, que nos ha provocado auténtica
perplejidad, como se la ha provocado al portavoz socialista,
señor Barrero. ¿Cómo han excluido ustedes de las faltas graves
la conducta consistente en el incumplimiento de la fidelidad
constitucional? Me gustaría una respuesta específica a algo
que es terriblemente llamativo y espectacular. ¿Cómo no puede
concebirse como falta grave nada menos que el incumplimiento
del deber de fidelidad constitucional, con una regulación que
ya en el texto del Gobierno, incluso, está muy edulcorada
porque en borradores anteriores que yo conocía el perfil de
esta conducta sancionable, constitutiva de infracción, era
mucho más específico, mucho más duro y mucho más garante de la
fidelidad constitucional que es tan debida a los jueces y
magistrados como a cualquier otra persona sin ninguna
excepción? Resulta chocante esta omisión en su texto.

El texto presentado por el Gobierno es perfectible también y
estas perfecciones las vamos a acometer, quizá de forma más
prolija, en trámites posteriores, señor Ministro. Es
perfectible sobre todo en el aspecto que en que menos finos
han sido los redactores de este proyecto, en el ajuste del
proyecto de ley a los requerimientos del bloque de
constitucionalidad. ¡Ojo!, esto provoca un genuino problema de
constitucionalidad a este proyecto de ley, el ajuste al
sistema competencial previsto y configurado por el Título VIII
de la Constitución y los estatutos de
autonomía en la materia que es objeto de regulación por este
proyecto de ley, y este ajuste se puede cumplimentar
perfectamente a través de la aceptación de nuestras enmiendas,
sin ninguna petulancia se lo digo, señor Ministro. En materias
tan relevantes como resolver el viejo problema, el viejo
conflicto, también constitucional, de la catalogación o
configuración de los cuerpos del personal al servicio de la
justicia, el artículo 454.2. Ustedes no han tenido --no quiero
utilizar epítetos valorativos-- pero, quizás, el coraje de
afrontar la regulación de un problema que está creando
importante conflictividad entre comunidades autónomas y la
Administración central del Estado. Usted sabe que hay una
sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 56/90, que
establece que si bien en su actual configuración, en su actual
tenor literal, no es
inconstitucional el artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, indica el fundamento jurídico séptimo de esta
sentencia que hay otras fórmulas u otros sistemas
constitucionalmente posibles. Nosotros, en nuestras enmiendas,
les proponemos el que consideramos pertinente y el que mejor
se ajusta a los
requerimientos del bloque de constitucionalidad. Entendemos
que no deben ser catalogados, configurados los cuerpos del
personal al servicio de la justicia como cuerpos nacionales,
porque eso impide la eficiencia de la denominada cláusula
subrogatoria contenida en muchos estatutos de autonomía, el de
Euskadi, el de Canarias, el de Cataluña y algunos otros, y el
ejercicio de competencias materiales, administrativas sobre el
personal al servicio de la justicia, y nosotros, cuando
hablamos de personal al servicio de la justicia, no se engañe,
señor Ministro, nos referimos a todo el personal, nos
referimos a los secretarios judiciales, a los médicos forenses
y a los oficiales, agentes y auxiliares judiciales, nos
referimos a todos sin ninguna
excepción. Nos gustaría que se resolviera ese problema.




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Hay otra serie de problemas
competenciales que usted conoce, los hemos comentado en alguna
ocasión; usted conoce nuestras enmiendas, que si son
pertinentemente resueltas posibilitará que mi Grupo se adhiera
a este importante proyecto de ley sin ningún tipo de reserva
mental, señor Ministro, y este es un requerimiento no de
nuestro Grupo Parlamentario, tampoco de la regeneración de las
instituciones del Estado de Derecho, como decía el señor
Trillo, es un requerimiento de la consolidación, de la
estabilización política de un poder del Estado, y esa no es
una cuestión baladí.

Gracias, señor Presidente.




Página 2502



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Camp i
Batalla tiene la palabra.




El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo tomó la opción en el momento de presentar
enmiendas al articulado que no se correspondería ahora con una
votación favorable a la enmienda a la totalidad que presenta
el Grupo Popular. Por consiguiente, no les extrañe que anuncie
ya desde este momento nuestro voto contrario a la iniciativa
del Grupo Popular.

Nuestras enmiendas al articulado parten del llamamiento que
hizo el señor Ministro en la Comisión de Justicia e Interior
el día 6 de octubre, en la que planteó un esquema en el que en
líneas generales coincidimos. El pedía la construcción de una
Administración de justicia de calidad, ágil, rápida, eficaz.

Utilizó un término muy expresivo, una justicia no abrumada,
decía el señor Ministro, y ciertamente este es un esquema
atractivo, por el cual vale la pena trabajar. Decía también el
señor Ministro que era necesario el establecimiento de un
nuevo modelo competencial en dos líneas: a través de dar más
competencias al Consejo General del Poder Judicial y a través
también de dar más competencias a las administraciones
territoriales autonómicas. Nos comentaba que se seguiría un
camino a través de dos plazos: esta primera reforma que hoy
estamos debatiendo y una segunda ya anunciada. Por
consiguiente, esto nos llevó a una serie de contactos que
motivan el hecho de que nuestro Grupo Parlamentario vea
suficiente el documento del Gobierno para trabajar en él.

También es evidente que las enmiendas que hemos presentado
pretenden mejorar este proyecto y consideramos que enmiendas
presentadas por otros grupos parlamentarios pueden mejorarlo y
mucho.

La enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular es
inadecuada, podíamos decir, en un sentido positivo. Es
inadecuada porque lo que pretende en buena parte lo puede
conseguir a través de enmiendas al articulado y quizás también
porque el núcleo político central de la enmienda, que es el
proceso de designación y selección de vocales del Consejo
General, como se ha dicho aquí, requiere de un clima, de una
metodología que seguro que no se consigue a través de la
enmienda a la totalidad. Este tema, señorías, es el que a
nuestro Grupo más le preocupa, y yo no voy a entrar en este
turno, después de este largo debate, en el detalle de puntos
concretos ni de la enmienda de totalidad ni del proyecto; está
la referencia de las enmiendas parciales que hemos presentado
y a ellas me remito. Como decía el señor Presidente de la
Cámara hace un momento, estamos en un debate de totalidad y
nuestro Grupo pretende simplemente fijar un punto de interés,
hacer un ruego en este caso a los grupos mayoritarios.

Nuestro Grupo Parlamentario siempre ha manifestado la
necesidad de garantizar más independencia en la selección y
elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. El
modelo de elección vigente no nos entusiasma y creemos que ha
de ser perfeccionado en la línea de reforzar su independencia.

Pero coincidirán conmigo, señorías --como decía antes-- en que
no es a través de una enmienda a la totalidad como vamos a
conseguir eso, ni lo vamos a conseguir tampoco de forma
estable y
suficiente a través de un acuerdo de simple mayoría. Se
requiere un acuerdo de «quorum» cualificado en la Cámara. El
Grupo Socialista, y en su caso el Gobierno, ha de favorecer
este acuerdo y el Grupo Popular debe tener voluntad de llegar
a ese acuerdo. Aquí se oyen muchas veces apelaciones al
consenso y a la buena voluntad de todos, pero que no se
corresponden después con el largo camino de fracasos que se
producen en las
negociaciones que son conocidas. Es evidente que cuando se
habla a menudo de lealtad constitucional ésta conlleva la
voluntad de que las instituciones funcionen; pero para que las
instituciones funcionen tiene que haber voluntad política. Por
ello, hay una obligación institucional de los grupos
mayoritarios de llegar a un acuerdo. Mi Grupo no les pide que
se pongan de acuerdo ahora en los nombres --mejor si se ponen
de acuerdo en los nombres y en el mecanismo actual--, pero lo
que sí parece indefendible es que no se pongan de acuerdo, y
con ustedes el conjunto de la Cámara, no nos pongamos de
acuerdo en el método, en la fórmula de selección y de elección
de vocales. Esto no lo entendería, de ninguna forma, el
conjunto de la ciudadanía.

Nuestro Grupo está dispuesto a colaborar, a través de este
proyecto de ley, a través de los ámbitos de discusión que se
puedan establecer en la construcción de una nueva fórmula de
selección y designación de los vocales del Consejo General del
Poder Judicial en la línea de reforzar su independencia. Creo,
señorías, que esta es una necesidad de todos, puesto que
nuestra credibilidad quedaría en entredicho si exigimos una
justicia de calidad, eficaz y rápida, que garantice de forma
efectiva la tutela judicial y, sin embargo, no somos capaces
de llegar a acuerdos en un tema tan básico, tan esencial, como
es la
composición del órgano de gobierno de la judicatura. La
justicia de España, señorías, tiene demasiadas urgencias como
para que no se llegue a acuerdos sobre ella.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, por
parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya queremos comenzar nuestra intervención planteando al
Partido Popular, en primer



Página 2503



lugar, que lógicamente sus objetivos y los nuestros son
totalmente distintos. Desde nuestro Grupo queremos, a partir
de la situación actual, mejorar y avanzar a través del
diálogo. Ustedes pretenden volver al pasado. Están planteando
en el texto que hoy traen a debate en este Parlamento, en
primer lugar, el politizar la justicia. Pretenden sustraer la
capacidad de decisión al Parlamento, lugar en el que se
residencia la soberanía popular, simplemente para trasladarlo
a otro lugar y potenciar claramente el corporativismo con él.

Plantean, además, un sistema de ingresos y ascensos claramente
subjetivo y arbitrario. Limitan totalmente el tercer y cuarto
turnos, haciendo una regulación restrictiva, porque, en
definitiva, lo que ha ocurrido, señores del Partido Popular,
es que a ustedes lo único que les interesa de la reforma
parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la elección
de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la
selección y ascenso y el régimen disciplinario. No les
interesa más. Lógicamente, parece, por las palabras que el
señor Trillo, en nombre del Partido Popular, ha pronunciado en
su primera intervención, que al Partido Popular comienza a
preocuparle algo que le tenía que parecer normal, y es que,
desde los grupos de la oposición, queramos y sepamos dialogar,
y no sólo eso, sino, además, acordar, concretar ese diálogo
para avanzar y para mejorar. Es posible que lógicamente le
preocupe por la posición del Grupo mayoritario de la
oposición, que lo único que hace es impedir, obstaculizar la
concreción de ese diálogo y contribuir, muy decididamente con
ello, a la lamentable situación en la que hoy se encuentran
diversos y distintos órganos institiucionales, entre ellos el
propio Consejo General del Poder Judicial. Tenemos, por parte
de nuestro Grupo, que mostrar la sorpresa y, a la vez, la
decepción que nos causa su enmienda de totalidad. Porque,
sencillamente, señores del Partido Popular, esto no es un
texto alternativo. Se ha utilizado esta vía, que, lógicamente,
no vamos a dudar de que sea legítima, para producir un debate
político en la Cámara, pero, desde luego, lo único que ustedes
han hecho no es hacer un texto alternativo, sino introducir
enmiendas parciales, y ustedes lo saben. Ello por no
adentrarnos, incluso, a analizar la propia conformación
técnica de la enmienda que han presentado. Es una enmienda a
la totalidad que ustedes han denominado así, claramente
contradictoria, porque han copiado del texto del Gobierno una
buena parte, que está impregnado de una filosofía
diametralmente opuesta a la que el Partido Popular quiere
introducir en esta reforma parcial de la Ley Orgánica General
del Poder Judicial. En ese sentido, se lo voy a
demostrar. Señores del Partido Popular, han hecho una enmienda
a la totalidad que engloban en diez artículos referidos cada
uno de ellos a otros tantos de la ley Orgánica del Poder
Judicial, con tres disposiciones adicionales, tres
transitorias, una derogatoria y dos finales. De los diez
artículos en los que se concreta su enmienda a la totalidad,
tres son completamente una copia calcada prácticamente del
proyecto de reforma parcial del Gobierno. Hay otros dos que
mantienen la línea del texto del Gobierno, y lo único que
hacen es modificarlo ligeramente en alguna cuestión puntual,
que no sustancial.

Hay una diferenciación en el artículo 10 de ustedes, que desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no compartimos, en
cuanto a establecer dos elementos diferenciados: la Escuela
Superior de la Magistratura, por un lado, y el Centro de
Estudios de la Administración, por otro. Lógicamente, hay un
artículo 1.º en su enmienda a la totalidad que se refiere al
sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder
Judicial. En ese texto ustedes plasman una filosofía
claramente en
contraposición con la que postula el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Ustedes plantean una
posición claramente corporativa, un mayor peso de los jueces y
magistrados, en detrimento del Parlamento. Nosotros, desde el
sistema parlamentario actual, vamos a contribuir con nuestras
enmiendas parciales a mejorar, pero, desde luego, nuestra
posición es totalmente contraria a la filosofía que usted
imprime en su texto a la elección de vocales del Consejo
General del Poder Judicial.

En el artículo 2.º de su texto, en las atribuciones del
Consejo General del Poder Judicial, ustedes añaden dos más
simplemente, nada sustanciales, nada significativas.

En el artículo 3.º sí merece la pena, para nuestro Grupo
Parlamentario, detenernos, porque introduce, dentrode la
lógica de cuotas, mayorías cualificadas absolutamente para
todo, y nosotros creemos precisamente que el Partido Popular
ha planteado esta filosofía, sin duda, también mediatizados
por la situación actual. Han podido ustedes comprobar, señores
del Partido Popular, cómo, ante un Gobierno que ha renunciado
a la obligación de gobernar, de dirigir, de gestionar un
proceso, pueden utilizar indebidamente, al margen de los
intereses generales de nuestro país, sus votos para
obstaculizar, para paralizar y para impedir, en definitiva, la
normalidad constitucional e institucional. Por tanto, sean
coherentes a la hora de invocar, en este ámbito parlamentario,
los millones de votos que tienen, y pónganlos al servicio de
nuestro país y del conjunto de la ciudadanía, y hagan posible,
por consiguiente, que, levantando el veto que en estos
momentos tienen, se genere la normalidad suficiente a nivel
institucional. No vengan, pues, a invocarnos intereses
generales del país cuando permanentemente, con su actitud de
oposición, los están olvidando. Se puede, pues, también
plantear que la mayoría cualificada en estos momentos está
siendo indebidamente
utilizada, no para obligar, desde la necesidad de esa mayoría
cualificada, al diálogo, al acuerdo y a dar un mayor respaldo
al órgano que tenemos que elegir, sino



Página 2504



para vetar su regularización, y lógicamente, por parte del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no vamos a entrar, en relación al texto, sabiendo
la aplicación que de su filosofía hace, porque tenemos la
prueba en este momento, en la lógica que plantean, en primer
lugar, del cuoteo y, en segundo lugar, de mayorías
cualificadas para todo, a las que, sin duda, por nuestra
parte, en las enmiendas parciales vamos a acompañar de
mecanismos que impidan el ejercicio de veto, la utilización
indebida de la necesidad de esa mayoría cualificada y, por
ende, de la regularización de los órganos, sencillamente
porque no queremos deteriorar la democracia.

En su artículo 4.º, cuya filosofía no compartimos, en absoluto
--incluso les diría que nos preocupa--, dejan entrever los
criterios de subjetividad y arbitrariedad que impulsan en este
terreno sus propias propuestas, y nos causa más sorpresa aún
lo que plantean, en relación a su enmienda, en el artículo 6.º
Es totalmente restrictivo, y pudiéramos encontrarnos con una
situación peculiar después de la redacción que ustedes
plantean en su --llamado por ustedes-- texto alternativo, y es
que un magistrado condenado a pena de prisión por delito
doloso no perdiera la condición de tal, sencillamente porque
dicen ustedes, señores del Partido Popular, que no cometió el
delito en el ejercicio de sus funciones. Es decir, podemos
encontrarnos ante la situación de que un magistrado que haya
asesinado o haya violado siga ejerciendo sus funciones de
magistrado, con la redacción que ustedes han propuesto. Sería
ciertamente curioso que en algún momento un ciudadano pudiera
decir que el magistrado que tiene que dictar la sentencia en
su caso fue aquel que fue condenado por violar a tal o cual
ciudadano. Sería curioso y, por tanto, nos sorprende
totalmente la intención y la redacción que han dado a este
artículo en concreto.




El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.




La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.

Pretende separar la condición de ciudadano de la condición de
magistrado y situar a los magistrados en un lugar preferencial
en relación al resto de la ciudadanía, que por comisión de un
delito con pena de prisión le supone habitualmente la pérdida
de su puesto de trabajo. No entendemos realmente este
planteamiento, igual que también --y lo ha dicho ya algún
Grupo Parlamentario en esta tribuna-- nos causa sorpresa y no
deja de ser, valga la redundancia, sorprendente el que hayan
quitado la lealtad constitucional necesaria de los magistrados
de la redacción del llamado texto alternativo. Creemos que han
utilizado un mecanismo reglamentario, sin duda, para provocar
un debate político en torno a un tema importante, cual es la
reforma parcial de la Ley Orgánica General del Poder Judicial,
pero no sigan diciendo que han presentado una enmienda a la
totalidad con texto alternativo, sencillamente porque no es
cierto.

Nuestro Grupo --y concluyo con esto--, el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no está de acuerdo
totalmente con la reforma del Gobierno en su conjunto, pero
por ello hemos utilizado la vía política adecuada, la de las
enmiendas parciales, con un objetivo: el de mejorar el texto
inicial partiendo de que compartimos la filosofía global. Por
tanto, al igual que el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, consideramos que seguramente la mayoría de nuestras
enmiendas van a ser aceptadas porque están motivadas, porque
son propuestas razonables, porque son propuestas eficaces que,
en definitiva, vienen a mejorar globalmente el texto que se
nos ha presentado por parte del Gobierno, y ello lo hacemos,
como siempre, en el ejercicio responsable de oposición y,
lógicamente, con el objetivo de mejorar el texto del Gobierno,
pero, desde luego, en ningún caso de volver atrás, como
pretenden ustedes, señores del Partido Popular. Nada más y
muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.

Vamos a proceder a la votación.

Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular
al proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 119; en contra, 169; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.




--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE BASES DE
DELEGACION AL GOBIERNO PARA LA APLICACION DEL DERECHO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (Número de expediente 122/000024)



El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad subsiguiente a la
enmienda de totalidad de texto alternativo planteada por los
Grupos Socialistas, Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y
Coalición Canaria a la proposición de ley de modificación de
la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación
del Derecho de las Comunidades Europeas.

¿Algún grupo desea intervenir en relación con este punto?
(Pausa.)



Página 2505



Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.

Simplemente deseo decir que damos por defendida la enmienda en
sus propios términos y la sometemos al debate subsiguiente en
el próximo trámite de esta Cámara.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.

Vamos a proceder a la votación de la enmienda de totalidad.

Enmienda de totalidad de texto alternativo a la proposición de
ley de modificación de la Ley de Bases de Delegación al
Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades
Europeas. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 287; en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda de totalidad.




CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:



--REAL DECRETO-LEY 2/1994, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
ACUERDAN MORATORIAS EN LAS TARIFAS DE UTILIZACION DEL AGUA Y
UNA TRANSFERENCIA DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL ALMANZORA
(Número de expediente 130/000013)



El señor PRESIDENTE: Queda pendiente del orden de día, como
recuerdan SS.SS., el punto séptimo, referente a convalidación
o derogación de Reales Decretos-Leyes. Recuerdan la propuesta
de la Presidencia de debatir en un momento posterior de la
sesión este punto. ¿Aprueba la Cámara que pasemos a debatir
este punto? (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.) Tiene la palabra, señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Popular quisiera
decir que aceptamos la modificación del orden del día en esta
ocasión, pero poniendo de manifiesto que nos parece una falta
de consideración y de respeto muy importante hacia esta Cámara
el hecho de que un Ministro del Gobierno no esté presente para
la defensa de una iniciativa de él mismo.

Queremos decir también que hay que considerar excepcional esta
modificación y que, si sucede en ocasiones futuras, el
correspondiente punto del día tendrá que verse en otra
ocasión. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

En nombre del Gobierno, para explicar las razones que han
determinado la promulgación del Real Decreto-Ley 2/1994, de 4
de febrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas
de utilizacicon del agua y una transferencia de caudales en la
cuenca del Almanzora, tiene la palabra el señor Ministro de
Obras Públicas.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoras y señores Diputados...

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, señoras y
señores
Diputados. Debo empezar mis palabras presentado a la Cámara
mis más sentidas disculpas por no haber podido estar esta
mañana presente a la hora en la que había sido convocado para
defender este Decreto-ley. Créanme que lo siento, sobre todo
siendo como soy uno de los Ministros que con más dedicación y
continuidad asiste al Parlamento, cosa que hago, por cierto,
con muchísimo gusto. Les ruego que acepten mis disculpas.

Señorías, la persistencia de las adversas condiciones
climatológicas actuales recomiendan adoptan, con carácter de
urgencia, medidas que ayuden a paliar los efectos producidos
por la sequía. El trienio 91-92, 92-93, 93-94... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro. Señorías,
ruego guarden silencio. Ocupen sus escaños y, en su caso,
deambulen con diligencia.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Este trienio, decía, es, hasta
el momento, sin ningún género de dudas, el más seco del
presente siglo en la mayor parte del centro y del sur de la
Península, afectando, fundamentalmente, a las cuencas del
Guadiana, Guadalquivir sur, Segura y Júcar, además de
Baleares.

Las reservas actuales en el conjunto de estas cuencas son sólo
el 17 por ciento de la capacidad total de embalse de las
mismas, mientras que el año pasado, ya muy seco, suponía el 19
por ciento y la media de los últimos cinco años el 33 por
ciento.

Las precipitaciones se han producido de una forma muy
desigual, lo que ha provocado inundaciones en la mitad norte
de España, pero manteniendo a la mitad



Página 2506



sur y a Baleares en una situación de sequía, sin mirar a la en
ocasiones peor a la del año pasado.

Frente a esta situación, ante la que nada puede hacer el
Gobierno, es necesario adoptar una serie de actuaciones
correctoras --aprobar un real decreto-ley para la moratoria en
el pago de las tarifas de aguas, un real decreto para la
gestión de los recursos hidráulicos, al amparo del artículo 56
de la Ley de Aguas, trasvasar 25 hectómetros cúbicos desde la
cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, ejecutar obras de
emergencia frente a la sequía y otras frente a las
inundaciones-- y financieras. Lo más urgente era poner en
vigor el real decreto-ley que es objeto de esta intervención,
ya que la situación económica de muchos regantes afectados por
la sequía hace extremadamente difícil que puedan afrontar el
pago de la tarifa del uso del agua. Asimismo, por requerir
rango de ley, se ha introducido en este Real Decreto una
autorización para trasvasar a la cuenca del Segura diez
hectómetros cúbicos para compensar el déficit de riego. Estas
medidas las propone el Gobierno en virtud de los títulos
competenciales que le atribuyen los artículos 149.1.1 y
149.1.22 de la Constitución.

En primer lugar, la moratoria en el pago de la tarifa de uso
del agua se hace para reducir los efectos derivados de la
sequía, facilitando y facultando a los agricultores a demorar
el abono de la tarifa de uso del agua, y este Real Decreto-ley
constituye la continuación de otros dos promulgados
anteriormente.

La persistencia de las desfavorables condiciones hizo que el
Decreto-ley 8/1993, de 21 de mayo, prorrogase hasta el año
1994 tanto el pago de la tarifa del año 1993 como los importes
aplazados para este año provenientes del año 1992.

Finalmente, y refiriéndonos siempre a las cuencas en que
persiste la condición de sequía, este Real Decreto vuelve a
prorrogar el abono hasta el próximo año 1995.

No hay todavía definición sobre la tarifa del año 1994, porque
entendemos que es prematuro, antes de que llegue la primavera,
tomar medias, pero eso no excluye que, de confirmarse la
actual situación, tengamos que procedeer, asimismo, a la
prórroga de la tarifa del año 1994.

El Gobierno es consciente de las dificultades económicas que
supondría para los agricultores el abono conjunto y simultáneo
de todas las exacciones pendientes en el primer ejercicio en
el que se modifique la actual situación climática, que alguno
será. Por ello, el artículo 1.º del Decreto-ley 2/1994 ya
establece que el Ministerio determinará, a partir de 1995, el
sistema de amortización plurianual de las deudas acumuladas.

Saben SS.SS. que estas tarifas no se pagan por disponer del
agua con la que se riega. Si así fuera, simplemente habría que
no aplicarlas, porque, si no hay agua con la que regar, no hay
por qué exigir el pago de una exacción. Pero la exacción en
cuestión no graba el uso del agua, no es un precio del agua,
es la repercusión plurianual de las amortizaciones de las
obras de infraestructura necesarias para regular los cauces y
poder suministrar agua. No es, por tanto, un precio del agua
en términos de pesetas por unidad consumida, sino una cuota de
amortización de pesetas por año, en función de las inversiones
efectuadas --que efectuadas están--, independientemente de que
haya o no agua.

La segunda medida es la relativa al trasvase de caudales desde
la cuenca del Almanzora a los regadíos meridionales de la
cuenca del Segura, puesto que hoy el embalse del Almanzora
constituye una importantísima fuente de recursos para combatir
la aridez de esta zona. Este embalse fue concebido como un
elemento de redistribución de recursos propios y permite ahora
también enviar excedentes del Almanzora en un sentido
contrario al tradicional, que es precisamente lo que autoriza
este Real Decreto-ley. Es decir, proponemos trasvasar hacia
los regadíos meridionales de la cuenca del Segura --en la
comarca del Pulpí, donde hay 4.500 hectáreas hortofrutícolas
de gran valor económico-- un cierto volumen de agua a través
de una conducción que fue construida en el año 1993 como obra
de emergencia y que ha costado 700 millones de pesetas, con
una longitud de 35 kilómetros, capaz de elevar el agua hasta
225 metros de diferencia de cota. Hemos invertido 700 millones
de pesetas en poder efectuar este trasvase
intercuencas y ahora, que hay agua acumulada en la cabecera de
este ministrasvase y hemos acabado las obras que hacen posible
trasvasar, acudimos a la Cámara para solicitar la
correspondiente autorización legislativa, hasta que el Plan
Hidrológico Nacional consolide esta posibilidad, en el sentido
Almanzora-Segura; trasvase que se produce por la situación
actual en que se encuentra la cuenca del Segura, que ha
recibido 56 hectómetros cúbicos, que son 12 menos de los que
recibió el año pasado, que fue el más seco de toda su
historia; que tiene unas existencias de sólo 100 hectómetros
cúbicos --112, en el mejor de los casos--con un embalse muerto
del 75 por ciento, es decir, 30 menos que hace un año.

Estos datos dan idea, dramática, pero real, de la actual
situación hidrológica, ya que, a diferencia del año anterior,
no se ha podido facilitar ningún volumen para riego, hasta
este momento, y hemos tenido que recortar los caudales
ecológicos en un 50 por ciento.

Con independencia del trasvase fijo para el abastecimiento de
estos 10 hectómetros cúbicos que se hace mensualmente del Tajo
al Segura, en el presente año no se ha trasvasado nada para
riego y hay que indicar que las modernas técnicas de regadío
no permiten interrumpir el suministro de agua durante
intervalos de tiempo prolongados, entre otras cosas porque el
abono se realiza a través del propio sistema de riego.

Otro problema acuciante en estos momentos es el de los agrios.

El limón y la naranja tardía necesitan de forma



Página 2507



inmediata un riego que les permita alcanzar la medida
necesaria para que puedan ser comercializados y compromete aún
más el mercado internacional, con la consiguiente pérdida de
puestos de trabajo que se produciría, si no somos capaces de
suministrar este volumen mínimo imprescindible para que los
frutos alcancen la dimensión mínima necesaria para que puedan
ser objeto de comercialización internacional.

Por ello, para cubrir mínimamente las necesidades, hemos hecho
una evaluación del orden de 25 hectómetros cúbicos en el
trasvase Tajo-Segura que se enviarán mediante el procedimiento
ordinario, es decir, por decisión adoptada por la Comisión
central de explotación del acueducto, sin necesidad siquiera
de acuerdo de Consejo de Ministros, porque no se dan,
afortunadamente, las circunstancias excepcionales que
requerirían la intervención del Consejo.

La cabecera del Tajo tiene reservas suficientes para que sea
la Comisión de Trasvase quien pueda tomar esta decisión, pero
hoy es posible trasvasar los 10 hectómetros cúbicos porque el
embalse de Almanzora está lleno y porque la previsión del
Gobierno hizo que el año pasado construyésemos este trasvase
de 35 kilómetros de longitud, 220 metros de diferencia de cota
y 700 millones de inversión. Porque existe la infraestructura
física y porque existe la capacidad en cabecera, podemos
trasvasar 10 hectómetros cúbicos desde el Almanzora a la
cuenca baja del Segura, que es fundamentalmente en lo que
consiste la autorización que a través de este Real Decreto-ley
el Gobierno traslada a las Cámaras en lo que es un elemento
emblemático, iniciático de una política de trasvases de agua
de una cuenca a otra de España a veces en pequeñas cantidades,
a veces en grandes volúmenes, a veces desde cerca, a veces
desde lejos para contribuir a vertebrar el territorio de la
nación española en torno a lo que es uno de sus elementos
básicos de identidad y de progreso: el agua. El agua,
propiedad común de todos los españoles que a través de este
Decreto-ley y mediante las inversiones necesarias la ponemos
al servicio del interés general esté situado donde este, a lo
largo y a lo ancho de nuestra geografía.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición en este debate?
(Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Andreu
tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señorías,
simplemente para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este Decreto-ley
y urgiendo, en cualquier caso, al Gobierno a fin de que avance
los estudios del Plan Hidrológico para que no sea una continua
aprobación de decretos-ley la que vaya solucionando problemas
de esta
naturaleza.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Andreu. Por el Grupo Popular, el señor Arqueros tiene la
palabra.




El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, señorías, para
fijar la postura y posición del Grupo Popular respecto al Real
Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se acuerdan
moratorias en las tarifas de utilización del agua y una
transferencia de caudales en la cuenca del río Almanzora
(Almería), a los regadíos meridionales de la cuenca
hidrográfica del Segura, hasta 10 hectómetros cúbicos, desde
el embalse de Almanzora. Señorías, el mundo al revés. Resulta
paradójico que desde Almería, la
provincia más meridional, más sedienta y la más desértica de
la Península Ibérica, comprendida en la Cuenca hidrográfica
del Sur, se quiera transferir agua, 10 hectómetros cúbicos, a
la Cuenca hidrográfica del Segura, cuando lo lógico debería
ser todo lo contrario.

La provincia de Almería necesita el doble de agua de la que
tiene. La media de la dotación de agua de Almería es inferior
a 600 metros cúbicos por habitante y año cuando la media,
considerada como aceptable, oscila entre los 1.100 y 1.300
metros cúbicos.

En los últimos diez años la Administración ha sido incapaz de
controlar la demanda del agua, lo que ha provocado
sobreexplotación de los acuíferos del litoral, como son los de
Campo de Níjar y Campo de Dalías. El déficit hídrico de la
provincia de Almería es de 226 hectómetros cúbicos al año.

Todos estos datos son expuestos por ingenieros y expertos en
la materia y son necesarios, por tanto, los trasvases de agua
de otras cuencas excedentarias a la del Sur y muy especial y
particulamente a Almería, trasvases que deberán ser
considerados en el Plan Hidrológico Nacional esperado desde
hace más de ocho años en esta Cámara, prometido reiteradamente
y no cumplido por los gobiernos socialistas. El embalse del
Almanzora, para conocimiento de SS.SS., tiene las siguientes
características más importantes. Su capacidad es de 168
hectómetros cúbicos;
actualmente el agua embalsada es del orden de 135 hectómetros,
lo que supone un porcentaje del 83 por ciento de su capacidad
total; su ejecución comenzó en el año 1981 y la obra se
terminó administrativamente en 1990. Quedan pendientes de
ejecutar las conexiones y gran parte de la infraestructura de
riego de su zona regable.

El pantano de Almanzora tiene, además, como ha dicho el señor
Ministro, una función reguladora hiperanual, un ciclo de
varios años, por lo que se infrautiliza



Página 2508



dicho embalse, ya que, por trasvases de la dotación global
prevista en el Plan Hidrológico Nacional, de 110 hectómetros
cúbicos, esa función reguladora podría tener hasta dos ciclos
anuales, con los consiguientes beneficios para la agricultura
al ser regados los campos sedientos de la provincia de
Almería. El cupo asignado actualmente a Almería del trasvase
Tajo-Segura es de 15 hectómetros cúbicos anuales destinados a
regadíos, más una dotación sin definir para consumo humano,
que Almería tiene cifrada en unos 10 hectómetros cúbicos
anuales. La media
trasvasada de 1984 a 1990, desde el Tajo-Segura, ha sido de 7
hectómetros cúbicos al año. Esta cifra está extraída de los
datos que vienen en el proyecto de directrices del Plan
Hidrológico de la Cuenca del Segura. Es noticia que los
embalses del Segura están al 13 por ciento de su capacidad y
han trasvasado, en estas fechas y desde el 13 de enero de este
año, 10 hectómetros cúbicos hacia las Tablas de Daimiel, que
no se ha dicho, pero ese agua se ha perdido en el camino, no
ha llegado a Las Tablas y piden que se envíen cinco
hectómetros cúbicos más; no han llegado porque se han
rellenado acuíferos secos intermedios. La cantidad asignada
para Almería, en un principio de 200 hectómetros cúbicos, se
ha reducido en el proyectado Plan Hidrológico Nacional y se ha
dejado en 100 hectómetros cúbicos, porque otros 100
hectómetros cúbicos son para Las Tablas de Daimiel, lo que
demuestra que don José Bono, que se negaba al trasvase desde
el Tajo a la cuenca del Segura, es más eficaz y luchador que
don Manuel Chaves, todavía Presidente de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

El déficit hídrico de la provincia de Almería ha sido siempre
secular, muy preocupante, pero hoy día es alarmante, como se
manifiesta constantemente por los agricultores, sindicatos,
asociaciones empresariales, industriales y vecinos de
numerosas poblaciones. Este déficit y esta necesidad tienen
traslado no sólo a la agricultura extensiva e intensiva, de la
que Almería es claro exponente, sino que también se refiere al
consumo humano, como es el ejemplo de la sociedad Gestión de
Agua del Levante Almeriense, S.A., Galasa, participada
mayoritariamente por la Diputación de Almería, de gobierno
socialista, que vende a doce pueblos del bajo Almanzora agua
cara y de muy escasa y dudosa potabilidad, según ha
manifestado el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente
en contestaciones parlamentarias, al superar el agua los
niveles máximos establecidos de sulfatos, por lo que se
necesita un tratamiento químico-físico intensivo. Esta
comunidad de doce pueblos del bajo Almanzora, a la que habrá
que sumar la población de Albox, de unos 12.000 habitantes,
gobernada por un alcalde de Izquierda Unida, ha solicitado
entre 7 y 10 hectómetros cúbicos de agua potable procedente
del Tajo-Segura y, hasta la fecha, no ha habido contestación a
la petición. Dicho trasvase lo tiene que autorizar la Junta de
Explotación de Trasvases, con sede en Murcia, ¡claro ejemplo
de solidaridad! La provincia de Almería necesita urgentemente,
y no para el año 2012 ni para el 2020, las tan deseadas
demandadas obras
hidráulicas como son las presas de Canjáyar, en el río
Andarax, y la del Cholo, en el río Nacimiento, así como el
trasvase del pantano del Negratín al río Almanzora, reclamado
por este Diputado en todos los presupuestos generales del
Estado desde diciembre de 1986 hasta este último. Que se
cumplan las
dotaciones asignadas a la provincia de agua del trasvase Tajo-
Segura y que al pantano de Benínar lleguen los excedentes --
subrayado-- del río Guadalfeo y del futuro embalse de Rules;
que el pantano de Benínar sea impermeabilizado, recoja las
aguas de la vertiente oriental de la Alpujarra y abastezca de
aguas a la vega de Adra, al campo de Dalías y a la población
de Almería capital. El Grupo Popular, tanto en el Senado,
mediante una moción del día 22 de septiembre de 1993, por la
que se instaba al Gobierno de la nación para que remitiera a
las Cortes un proyecto de ley sobre sequía, como en las dos
Cámaras reclamando el Plan Hidrológico Nacional así como a
través de otras
iniciativas parlamentarias, lleva dos años buscando soluciones
globales y no parcheos, como es este Real Decreto.

Sobre el Real Decreto 8/1993, referente al pago de las tarifas
de utilización de agua diferido hasta 1994 y que ahora se
pretende diferir hasta 1995, hay que puntualizar y preguntar:
¿Se ha cumplido su finalidad y objetivo? ¿Cuánto ha gastado el
Gobierno de la nación en la mejora del abastecimiento de la
ciudad de Almería? Según datos que tengo el ayuntamiento ha
invertido 120 millones y la Junta de Andalucía ha
presupuestado 850 millones de pesetas. ¿Y el Gobierno central?
¿Cuánto ha invertido en obras de interés general para la
provincia,
contempladas en el citado decreto y en el anexo que se
comentan? Y en cuanto a la transferencia de 10 hectómetros
cúbicos de agua que se decreta es hasta los regadíos
meridionales de la cuenca hidrográfica del Segura, quiero
pensar, con ingenuidad no exenta de cierta suspicacia, que se
trata de abastecer de agua y regar los campos de Pulpí, los de
Guiraos de Cueva de la Almanzora, El Saltador y Huércal-Overa,
todos en la provincia de Almería, con lo que habrán de
construirse conductos y tuberías que lleven agua de una cuenca
a otra, porque no están terminados, señor Ministro. Como
representante del pueblo almeriense y en prueba de
solidaridad, propongo a mi grupo parlamentario el voto
afirmativo a la convalidación del Real Decreto-ley, a la vez
que demando del Gobierno Socialista que proteja a la provincia
de Almería, tan necesitada no sólo en períodos preelectorales;
que cubran las necesidades hídricas de Almería a la mayor
prontitud y en el siglo



Página 2509



XX; y a los almerienses les pido y ruego que sean graciosos en
la medida que otras regiones lo sean con nosotros, con
Almería, tierra seca pero hermosa y generosa.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Arqueros. Para fijar la posición del Grupo Socialista, el
señor Amate tiene la palabra.




El señor AMATE RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, muy brevemente, casi telegráficamente, seguro que
me lo agradecerán, porque no estamos debatiendo el Plan
Hidrológico Nacional ni haciendo un debate de todas las
necesidades que tiene la provincia de Almería en temas
hidráulicos; hemos venido exclusivamente a convalidar este
Real Decreto, que dice lo que dice, y no todas las demás
necesidades, que es verdad que la provincia de Almería tiene.

Veníamos, como decía, a convalidar este Real Decreto-ley
2/1994, de 4 de febrero, por el que se conceden moratorias en
la
utilización del agua que se transfiere, y se transfieren 10
hectómetros cúbicos de agua desde el embalse del Almanzora
hasta los regadíos meridionales de la cuenca hidrográfica del
Segura. Me van a permitir SS.SS., señor Presidente, que en
este trámite de fijación de posiciones manifieste mi
satisfacción personal, como Diputado almeriense, la de mis
compañeros de circunscripción y la de mi grupo por este Real
Decreto y por lo que esto supone, satisfacción que tiene su
justificación en varios motivos, a cual más importante. Por
una parte, porque se amplía un año más la moratoria en el pago
de las tarifas del precio del agua debido a la persistencia de
las adversas condiciones climatológicas actuales en algunas
regiones y que afectan fundamentalmente a agricultores de 60
pueblos de las provincias de Madrid, Cuenca, Toledo y, sobre
todo, de Cáceres; agricultores que necesitan esta moratoria
debido a la precariedad por la que están atravesando sus
explotaciones agrarias. Satisfacción también porque pensar
hace unos años que desde Almería se podría trasvasar agua a
otra cuenca era una utopía imposible de soñar. En este caso,
como también en otros, la utopía ha sido una idea prematura
que se ha convertido ya en una hermosa realidad.

El pantano de Cuevas de Almanzora es hoy una realidad. El agua
allí acumulada, esos 135 hectómetros cúbicos de los que se ha
hablado, es otra hermosa realidad. Las obras de emergencia que
se realizaron el pasado verano, a las que ha hecho referencia
el señor Ministro, hacen posible que se pueda efectuar este
trasvase desde la cuenca hidrográfica del sur a la cuenca
hidrográfica del Segura, son otra realidad. Y lo más
importante, en un tema tan delicado como es el agua, que
tantas pasiones despierta, que enfrenta a pueblos vecinos, a
comunidades e incluso a familias, la solidaridad que han
demostrado los regantes del embalse del Almanzora es quizá lo
más positivo que se ha producido desde la promulgación de este
Real Decreto-ley.

Señor Presidente, el Diputado que me ha precedido en el uso de
la palabra ha empezado su intervención diciendo: el mundo al
revés, en vez de venir agua de la cuenca del Segura a la
provincia de Almería sale agua de Almería hacia la cuenca del
Segura. La verdad es que no se ha dado cuenta de que la cuenca
del Segura, la zona meridional de la cuenca del Segura también
es provincia de Almería. Es decir, no sale agua de Almería
para irse a otra provincia, que tampoco nos hubiera importado
a los almerienses, si nos sobrase agua darla a otras
comunidades que lo necesiten; lo que hemos hecho en esta
ocasión, a través de las obras de emergencia, ésas que ha
reseñado el señor ministro que se terminaron el verano pasado,
es dar agua a una zona de Almería que se estaba secando desde
otra zona también de la provincia. Señor Presidente, con estos
10 hectómetros cúbicos que se van a trasvasar se van a poder
regar más de 4.500 hectáreas en la zona de Pulpí, en la
provincia de Almería, y otras 550 hectáreas en la zona de los
Guiraos, de Guazamara, en Cuevas de Almanzora, también en la
provincia de Almería. En total, son más de 5.000 hectáreas de
tierra fértil y muy productiva que, de no haberse efectuado
las obras necesarias, por valor de 700 millones de pesetas,
seguramente ahora estaríamos lamentando la pérdida de cosechas
y consiguiente desempleo.

Hasta ahora estas zonas estaban complementado su
abastecimiento con dotaciones del trasvase Tajo-Segura, que al
extenderse la sequía han tenido que suprimirse. Por este
motivo el Gobierno socialista ha aprobado este Real Decreto-
Ley, que nosotros vamos a apoyar sin ningún problema. Señor
Presidente, señorías, Almería es seguramente la provincia más
deficitaria de agua de toda España, y quizá por ello allí
sabemos apreciarla, valorarla y sacarle rendimiento. Existe un
estudio del Ministerio de
Agricultura en el que se dice que Almería es la provincia
española que más rentabilidad saca, consigue por litro de agua
consumido en regadío.

Como somos deficitarios en agua, siempre hemos tenido que
apelar a la solidaridad de otras cuencas limítrofes para
satisfacer nuestras necesidades, la verdad es, tengo que
reconocerlo, sin mucho éxito hasta el momento, pero tampoco
desesperamos, y sería grotesco por nuestra parte que
estuviéramos solicitando
solidaridad de otras cuencas y no fuéramos solidarios entre
nosotros mismos cuando pueblos vecinos lo necesitan. Por este
motivo, cuando en el Almanzora tenemos agua, es justo que se
atienda a otras zonas que se encuentran en graves dificultades
a causa de la prolongada sequía. Sólo así estaremos
legitimados para exigir equidad con Almería.




Página 2510



Somos conscientes de que ésta es una situación excepcional,
que lo lógico es que la situación actual no dure mucho; lo
normal es que Almería sea receptora de agua de otras cuencas.

Por eso, señor Presidente, señor Ministro, esperamos el Plan
Hidrológico Nacional como agua de mayo. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Amate.

Vamos a pasar a la votación, una vez finalizado el debate
acerca de la convalidacion o derogación de este Real Decreto-
ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real-Decreto-ley 2/1994, de 4 defebrero, por el
que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del
agua y una transferencia de caudales en la cuenca del
Almanzora.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 251.




El señor PRESIDENTE: Queda probada la convalidación.

¿Desea algún grupo que se someta a votación la tramitación
como proyecto de ley del Real Decreto-Ley convalidado?
(Pausa.) Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.