Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 47, de 16/02/1994
PDF





CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 47 V Legislatura
RESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 46
celebrada el miércoles, 16 de febrero de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



--Preguntas (Página 2233)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas previstas por el Gobierno para que las inversiones del
Plan de Empleo Rural redunden en iniciativas de creación de
empleo estable, y contribuyan al desarrollo y la creación de
riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (número
de expediente 172/000028) (Página 2261)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de
la intervención sobre la sociedad «PSV», en base a la vigente
Ley de Cooperativas (número de expediente 172/000030) (Página 2270)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
48, de 17 de febrero de 1994.)



Página 2228




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas (Página 2233)



Del Diputado don Rafael Ballesteros Durán, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿En el desarrollo del
Título III de la LOGSE se verá la conveniencia de que las
Administraciones Educativas deleguen a los Municipios parte de
sus competencias y la creación de las juntas locales de
Educación de Adultos? (Número de expediente 180/000235)
(Página 2233)



De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está
desarrollando el Ministerio de Educación y Ciencia para dar
cumplimiento al Real Decreto 564/1987, de 15 de abril, por el
que se regula la acción educativa en el exterior? (Número de
expediente 180/000240) (Página 2233)



Del Diputado don Luis Angel Alegre Galilea, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuáles son los motivos
por los que ese Ministerio ha impuesto al Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad de La Rioja el adelanto de
elecciones a Rector, sin haberse cumplido por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia los compromisos de
financiación adquiridos por el Gobierno? (Número de expediente
180/000279) (Página 2234)



Del Diputado don José Cholbi Diego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia: ¿Cuándo piensa el Sr. Ministro cambiar
los criterios para admitir aspirantes a los módulos de
Formación Profesional Superior desde la Formación Profesional
de Segundo Grado, según la denuncia que hasido admitida por el
Defensor del Pueblo? (Número de expediente 180/000280)
(Página 2236)



Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuándo tiene
previsto el Gobierno publicar el Decreto que desarrolla el
título del deporte de alto nivel correspondiente a la Ley
10/1990 del Deporte? (Número de expediente 180/000281)
(Página 2237)



Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Ministerio de
Educación y Ciencia la modificación de algunos de los
criterios para la obtención de becas, de manera que éstos no
sean discriminatorios para los agricultores y mundo rural?
(Número de expediente 180/000286) (Página 2238)



De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Ministerio de Educación y Ciencia del Programa de Educación
Compensatoria en las distintas áreas de actuación en que ésta
se lleva a la práctica? (Número de expediente 180/000290)
(Página 2239)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente ante el desastre ecológico producido por la rotura de
la Balsa de Alpechín, ubicada en el término municipal de
Baeza, en la provincia de Jaén? (Número de expediente
180/000262) (Página 2240)



De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Qué criterios sigue el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para seleccionar



Página 2229




a los miembros de las Comisiones de Expertos? (Número de
expediente 180/000272) (Página 2241)



Del Diputado don Joan Miquel Nadal i Male, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
finalización de las obras de adecuación de la carretera N-420
a su paso por la provincia de Tarragona? (Número de expediente
180/000283) (Página 2242)



Del Diputado don Miguel Angel Cortés Martín, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuál es el contenido del acuerdo sobre ayudas a la
cinematografía que, según algunos medios de comunicación, se
ha alcanzado entre la Sra. Ministra de Cultura y el Portavoz
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Número de
expediente 180/000269) (Página 2243)



Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas estudia tomar el Gobierno para poner en práctica
la Declaración y el Plan de acción de lucha contra el racismo,
la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia adoptada en
la Cumbre de Viena de Jefes de Estado y de Gobierno del
Consejo de Europa, el 9 de octubre de 1993? (Número de
expediente 180/000277) (Página 2244)



Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
explicar el Gobierno cómo debe interpretarse la afirmación
hecha por el Ministro del Interior según la cual la Guardia
Civil debe suplir su carencia actual de medios suficientes
aplicando la imaginación? (Número de expediente 180/000270)
(Página 2245)



De la Diputada doña Luisa Fernanda Rudi Ubeda, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro del Interior: ¿Qué criterios utiliza ese
Ministerio para asignar protección policial a ciudadanos
españoles? (Número de expediente 180/000271) (Página 2246)



De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está
desarrollando y cuáles tiene previsto desarrollar el
Ministerio del Interior en asistencia policial a mujeres?
(Número de expediente 180/000289) (Página 2247)



Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿De
qué forma ha defendido el Gobierno español ante la Comisión
Europea la erradicación definitiva de volantas pelágicas, a
partir del día 1 de enero de 1994, de acuerdo con el mandato
unánime de este Congreso de los Diputados en sesión del 26 de
octubre próximo pasado? (Número de expediente 180/000273)
(Página 2248)



De la Diputada doña María Dolores Sánchez Díaz, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado
el Gobierno para abaratar el dinero para las inversiones que
efectúe el sector agroalimentario, de acuerdo con la evolución
del mercado durante 1994? (Número de expediente 180/000288)
(Página 2250)



Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las razones
por las que Hacienda retrasa la devolución de declaraciones
por IRPF una vez finalizado el plazo previsto? (Número de
expediente 180/000275) (Página 2250)



Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula



Página 2230




al Gobierno: ¿Ha influido sobre las decisiones del Gobierno en
política de personal sanitario el convencimiento de que los
médicos españoles han mantenido una actitud «antiservicio
sanitario público»? (Número de expediente 180/000276) (Página 2251)



Del Diputado don Francisco Souvirón García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las razones por las que se viene denegando el
reconocimiento del capital seguro de vida a los mutualistas de
la Administración Local tras su integración en el Régimen
General de la Seguridad Social? (Número de expediente
180/000282) (Página 2252)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
repercusión del convenio firmado entre el Ministerio de
Justicia y la Iglesia Católica para la realización de la
prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia?
(Número de expediente 180/000284) (Página 2254)



De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el
Gobierno transponer la directiva comunitaria sobre
multipropiedad? (Número de expediente 180/000285) (Página 2255)



Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV), que formula al Gobierno: ¿Tiene conocimiento el
Ministro sobre la estrategia del Grupo REPSOL en relación a la
factoría alavesa General Química, ubicada en Lantarón y, en
concreto, sobre el proceso de consolidación de balances
iniciado en esta empresa susceptible de minorar la capacidad
recaudatoria de la hacienda Foral de Alava? (Número de
expediente 180/000265) (Página 2255)



Del Diputado don Manuel García Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿No es intención del
Gobierno el informar a las Cortes Generales de la venta de la
empresa pública ENAGAS a Gas Natural SDG antes de la firma de
la operación, dada la dimensión e importancia estratégica que
tiene la misma para el sector público y la política energética
de nuestro país? (Número de expediente 180/000266) (Página 2256)



Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué posición y gestiones
realiza el Gobierno acerca de la situación y futuro de la
factoría automovilística «Santana Motor», de Linares (Jaén)?
(Número de expediente 180/000267) (Página 2258)



Del Diputado don José Antonio Gayarre Bermejo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Por qué razón no
ha suspendido el Gobierno el cobro de las jornadas teóricas de
la Seguridad Social a los agricultores? (Número de expediente
180/000278) (Página 2259)



Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el
proyecto de ley que debe suprimir la cotización por peonadas
teóricas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social? (Número de expediente 180/000287) (Página 2260)



Interpelaciones urgentes (Página 2261)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
previstas por el Gobierno para que las inversiones del Plan de
Empleo Rural redunden en iniciativas de creación de empleo
estable y contribuyan al desarrollo y la creación de riqueza
en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (Página 2261)



Defiende la interpelación, en nombre del Grupo Popular, el
señor Arenas Bocanegra, pretendiendo



Página 2231




que el Gobierno les informe sobre las decisiones que tiene
previstas para abordar políticas de creación de riqueza y
empleo en las comunidades de Andalucía y Extremadura, porque
es público y notorio que en estas dos comunidades se ha
aplicado un sistema de política asistencial, un sistema de
subsidios que ha tenido, en su opinión, consecuencias
francamente negativas en lo que significa el empleo estable y
la creación de riqueza en esas comunidades.

Expone el señor Arenas que si se suman las percepciones del
subsidio especial agrario a lo largo de los últimos 10 años en
las dos comunidades autónomas citadas, unidas a las
denominadas inversiones a través del Plan de Empleo Rural, se
comprobará que han supuesto cerca de dos billones, cifra que
de poco ha servido para la creación de empleo, puesto que en
estos dos años
prácticamente se ha duplicado el paro en aquellas comunidades.

Se trata de cifras que le causan tristeza porque, al final, en
el tan traído y llevado debate del Estado del bienestar,
cuando una sociedad tiene más pasivos que activos se está
cuestionando el sistema de protección social, el sistema de
apoyo a los más débiles.

Pero el asunto es más grave si se tiene en cuenta que se
hallan ante un sistema al que algunos destacados socialistas
han calificado como perverso. En efecto, según la encuesta de
población activa del tercer trimestre de 1993, Andalucía y
Extremadura tienen 176.000 parados agrarios y, sin embargo, en
esas mismas fechas perciben el subsidio del Plan de Empleo
Rural 231.000 personas.

Por otra parte, se habla del Plan de Empleo Rural cuando el
plan es todo menos rural, puesto que consiste exclusivamente
en que inversiones que ya tiene proyectadas el Estado o las
comunidades autónomas para construcción de viviendas, obras
hidráulicas, realización de carreteras, etcétera, se asignen
al Plan de Empleo Rural. Tampoco se trata de ningún plan de
formación profesional ocupacional en el campo, en cuanto que
no existe esa formación para acceder a los puestos de trabajo.

Agrega el interpelante que, según documentos de la propia
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, se
reconoce que el PER ha generado importantes efectos perversos,
hablando de la necesidad de evitar que la política asistencial
se
convierta en un factor de bloqueo de las iniciativas de
desarrollo, porque se puede dar la paradoja de que, dentro de
unos años, Andalucía y Extremadura se despierten del trágico
sueño de que han estado consiguiendo subvenciones para
desarrollarse.

En relación con las inversiones previstas para el año 1994,
pide al señor Ministro que explique a la Cámara por qué en
Andalucía se produce un incremento del 34 por ciento mientras
que en Extremadura es de sólo el 7 por ciento, cuando la tasa
de paro es incluso más alta en Extremadura que en Andalucía.

Pide asimismo al señor Ministro que justifique las
indicaciones que han hecho a los inspectores de Trabajo para
que no investiguen el PER ni los fondos del mismo. Igualmente
considera obligado que el señor Ministro aclare ante la Cámara
la denuncia formulada por un dirigente socialista diciendo que
los fondos del PER son utilizados en los congresos del Partido
Socialista.

Termina señalando el señor Arenas que nadie cuestiona la
necesidad de las políticas asistenciales y de subsidios, pero
lo importantes es que esas políticas vayan solventando los
problemas estructurales que tienen las sociedades.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social (Griñán Martínez), informando al señor Arenas
y a la Cámara que en Andalucía, hoy, hay más gente trabajando
de la que había cuando empezó a funcionar el PER,
concretamente del orden de 300.000 trabajadores ocupados más
que entonces. También desea desmentir ante la Cámara algunas
afirmaciones del
interpelante como, por ejemplo, la de que el Ministerio de
Trabajo dio instrucciones a la Inspección para que no
controlara el PER, algo que no ha ocurrido ni durante su época
de Ministro ni en ninguna otra. Están a disposición de señor
Diputado las instrucciones de la Inspección de 1987, de las
que él ha hablado, para demostrar que dichas afirmaciones no
tienen fundamento. Destaca la importancia del PER para muchos
miles de familias españolas, reconociendo la existencia de
distintos puntos de vista sobre el mismo, si bien piensa que
el interpelante trata de utilizar simplemente los elementos
negativos que el PER pueda tener para, con ellos, ocultar los
muchos mayores efectos beneficiosos conseguidos con este
sistema. Y ello es así porque, al hablar del PER, se han
acostumbrado a olvidar sus fundamentos, su razón de ser, su
naturaleza más profunda. Con ello se olvida también que el
sistema ha servido para romper las tendencias históricas que
agravaron siempre la situación de regiones como Andalucía y
Extremadura, condenando a su población a la
emigración y al despoblamiento rural, y sobre todo se ha
terminado con la humillación histórica del campesino andaluz y
extremeño, poniendo a miles de personas en condiciones
económicas, sociales y culturales de las que nunca
disfrutaron. En lugar de una tierra de emigración Andalucía es
hoy una tierra de inmigración.

Expone a continuación algunos datos relativos a los
beneficiarios del PER y su evolución en los últimos años y,
reconociendo que el Plan puede tener



Página 2232




problemas y que hasta se han producido efectos perversos en su
funcionamiento, dichos efectos se van a corregir y a tratar de
solucionar, manteniendo un Plan que ha conducido a devolver la
dignidad a muchos cientos de miles de personas y que ha
servido para cambiar la faz de los pueblos andaluces. Si bien
se puede mejorar con las opiniones y apreciaciones de todos,
cree que el Plan no merece una descalificación global.

Replica el señor Arenas Bocanegra, duplicando el señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz
Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la
intervención sobre la sociedad «PSV», de acuerdo con la
vigente Ley de Cooperativas (Página 2270)



Defiende la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor
Andreu Andreu. Señala que se trata de una interpelación que
quizás ha tardado demasiado tiempo en llegar a la Cámara,
seguramente porque se refiere a un asunto bastante nebuloso
del que se tenía poca información real y, ante una situación
que de ser manipulada de forma arbitraria que podría crear
alarma social, han preferido demorar su presentación. Sin
embargo, el anuncio de la interpelación ya ha dado sus frutos,
puesto que ha servido para que el Gobierno exprese su voluntad
de intervenir, aunque hasta ahora no ha intervenido,
quedándose simplemente en un anunciado compromiso político.

En este momento se desconoce cuál va a ser la actuación
concreta del Gobierno en relación con esta intervención, por
lo que conviene que éste la aclare ante la Cámara dada la
importancia que tiene para los afectados. En todo caso, cree
necesario que se aclaren algunas manifestaciones, que califica
de absolutamente irresponsables, por parte de miembros del
Gobierno al decir que la intervención tiene sus límites y que
no se va a utilizar nada de dinero público, dando lugar a un
alarmismo social y resaltando la contradicción de esta postura
con otras actuaciones del Gobierno como, por ejemplo, respecto
a Banesto, donde en un solo día se habla de la existencia de
problemas y se procede a la intervención del Banco, anunciando
la utilización de todos los recursos legales para impedir que
ese problema siga adelante. Desearía que el Gobierno aclarara
esta distinta postura ante un asunto que también tiene
extraordinaria importancia,
tranquilizando de paso a los cooperativistas al decirles que
la intervención se realizará sin límites, al igual que ha
sucedido en otras operaciones, como la citada de Banesto.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social (Griñán Martínez), manifestando que algunas
de las afirmaciones del interpelante son absolutamente
equivocadas y erróneas, no correspondiéndose con ninguna
realidad. Si lo que desean todos es solucionar el problema de
los cooperativistas deben poner el empeño en conseguir esa
solución y flaco favor les harían tergiversando los hechos e
imputando al Gobierno
responsabilidades que en absoluto le corresponden.

Explica a continuación la secuencia de los acontecimientos y
lo que ha hecho el Gobierno, esperando que el señor Andreu
tome buena nota. Entre otras cosas, afirma que el Gobierno no
ha intervenido nada, aunque sí ha mantenido una grave
preocupación por el problema y, sobre todo, ha prestado su
colaboración para ayudar a buscar una salida positiva a la
crisis de la
cooperativa, porque un número importante de ciudadanos tienen
comprometidos sus ahorros y sus esperanzas de tener una
vivienda en esta cooperativa. Alude también a las reuniones
mantenidas con representantes de los cooperativistas y a las
actuaciones emprendidas para encontrar la mejor salida posible
ante una mala gestión, de la que tendrán que responder los
responsables ante los tribunales, porque lo que el Gobierno
desea es la mayor claridad en este asunto.

Termina expresando su convencimiento de que se está en el buen
camino, faltando sólo que los elementos con los que están
trabajando se perfeccionen en acuerdos concretos de
segregación de cooperativas y de atribución patrimonial a cada
una de las promociones, junto a un acuerdo de solidaridad
entre todos los cooperativistas para que se pueda terminar,
por fin, construyendo las viviendas, que es lo que todos
desean.

Replica el señor Andreu Andreu, duplicando el señor Ministro
de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez).

Para fijación de posiciones intervienen el señor Mur Bernad,
del Grupo Mixto, y la señora Martínez Saiz, del Grupo Popular.




Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.




Página 2233




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON RAFAEL BALLESTEROS DURAN, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN EL DESARROLLO DEL
TITULO III DE LA LOGSE SE VERA LA CONVENIENCIA DE QUE LAS
ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS DELEGUEN A LOS MUNICIPIOS PARTE DE
SUS COMPETENCIAS Y LA CREACION DE LAS JUNTAS LOCALES DE
EDUCACION DE ADULTOS? (Número de expediente 180/000235)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Entramos en el punto IV del orden del día: Preguntas. Tiene la
palabra el señor Ballesteros Durán para formular la pregunta
número 8.




El señor BALLESTEROS DURAN: Señor Presidente, señor Ministro,
la LOGSE, en su artículo 54.3, señala que las administraciones
educativas podrán establecer convenios de colaboración con las
corporaciones locales para el desarrollo de la educación de
las personas adultas.

Por otra parte, es un hecho sobradamente conocido que, incluso
con anterioridad a la promulgación de esta ley, muchos
ayuntamientos han asumido con sus propios medios, recursos y
presupuestos programas de educación de personas adultas en sus
distintas facetas, alfabetización, educación básica, cultura
general, formación ocupacional, idiomas, etcétera, como una
necesidad social y como un servicio más a los ciudadanos. Los
ayuntamientos han apostado claramente por asumir parte de esas
competencias, siempre que vengan acompañadas de los
consiguientes recursos, como lo demuestran las resoluciones
del V Congreso de la FEMP. Incluso, algunos ayuntamientos se
han organizado ya en asociaciones, por ejemplo la FEUP, con el
fin de mejorar la calidad de estos servicios que prestan.

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los municipios la oferta
educativa, a distancia y presencial, reglada y no reglada,
para personas adultas sigue descoordinada y dispersa. Creemos
que para superar estas dificultades y deficiencias se debe
contar con un instrumento que planifique, coordine, gestione y
evalúe las acciones que se emprendan en el entorno
territorial, sea el municipio, la mancomunidad, la comarca o
la provincia, para lo que se debe implantar y potenciar la
creación de juntas locales para la educación de adultos
presidida por el alcalde y donde participen todos aquellos que
se interesen por esta actividad. La pregunta, señor Ministro,
es la siguiente: ¿Cuáles son las previsiones de su Ministerio
en este sentido?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballesteros.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, señoría, la LOGSE, en su Título III, aborda
específicamente la educación de las personas adultas y
establece que para garantizar la formación y el desarrollo
profesional y personal de los adultos las administraciones
educativas
colaborarán con las otras administraciones públicas con
competencia en esta materia. Así, pues, señoría, es posible y
es bueno que los ayuntamientos, que sin duda tienen mucho que
decir respecto de la educación de adultos, colaboren en estas
funciones como complemento de las actividades sociales que los
propios municipios vienen realizando. Es más, la propia LOGSE
prevé la posibilidad de establecer convenios de colaboración
con las corporaciones locales y de desarrollar programas y
cursos para atender estas necesidades. En esta línea, el
Ministerio de Educación y Ciencia viene suscribiendo convenios
de colaboración, para esta materia, con ayuntamientos y
diputaciones provinciales; convenios que tenemos la convicción
de que constituyen el instrumento más adecuado para la
resolución de los problemas de la educación de personas
adultas. Continuaremos, señoría, potenciando la firma de estos
convenios de colaboración.

Hay que destacar, también, que el Departamento, consciente del
importante papel que en la materia desempeñan las
corporaciones locales, estableció, mediante una orden
ministerial, la
posibilidad de crear las juntas locales de educación de
adultos a que S.S. se ha referido. Estas juntas locales
responden a un nuevo modelo, que tiene como finalidad no sólo
favorecer la obtención del título de graduado escolar para las
personas que, en su momento, no pudieron conseguir el
beneficio social de una educación básica, sino, también,
impulsar y dinamizar una oferta educativa de carácter más
amplio que satisfaga las necesidades personales, culturales y
profesionales de las personas adultas, en un determinado
municipio. Estas juntas locales cumplen una función de
complemento, sin duda importante, a la actividad que
desarrollan las juntas provinciales de educación.

Desde las direcciones provinciales de este Ministerio se viene
desarrollando una labor de difusión, que queremos intensa,
para que los ayuntamientos promuevan la creación de estas
juntas, a las que damos desde el Departamento mucha
importancia.

Gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA QUE FORMULA AL



Página 2234




GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES ESTA DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REAL DECRETO
564/1987, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA ACCION
EDUCATIVA EN EL EXTERIOR? (Número de expediente 180/000240)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, de la señora Novoa
Carcacia, que tiene la palabra.




La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la LOGSE consagra el derecho de todos los
ciudadanos a la educación; derecho que también ampara a los
españoles residentes fuera de nuestro territorio, y que
encuentra su concreción en la política educativa que en el
exterior desarrolla su Ministerio.

El artículo 3.1 del Real Decreto 564/1987, de 15 de abril,
determina que la acción educativa española en el exterior
incluirá la promoción y la organización de enseñanzas regladas
del sistema educativo español dirigidas a algunos españoles y
extranjeros; enseñanzas de determinadas áreas del sistema
educativo español que completen las propias del sistema
educativo de otros países dirigidas a alumnos españoles y
extranjeros. Por último, enseñanzas de lengua y cultura
españolas dirigidas a alumnos españoles escolarizados en
sistemas educativos de los países donde residen. Así pues,
señor Ministro, esta acción educativa no sólo persigue atender
las necesidades educativas de esa población española no
residente en España, sino hacer proyección de nuestra lengua y
nuestra cultura, objetivos ambos que han de ser relevantes
dentro de la acción política.

No obstante, existe una tendencia en esta Cámara a centrar la
atención en el funcionamiento del sistema educativo dentro de
nuestro propio territorio, desplazando a segundo plano el
interés por la labor de su Ministerio en el exterior. Por ello
le pregunto: ¿Qué actuaciones está desarrollando el Ministerio
de Educación para dar cumplimiento al Real Decreto 564/1987,
de 15 de abril, por el que se regula la acción educativa en el
exterior?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, en efecto, el Decreto a que se ha referido de 1987
acometió la reforma de la red educativa en el exterior. Este
marco legal ha sido condicionado posteriormente por la
promulgación de la LOGSE e incluso por algunas otras leyes,
como por la que crea el Instituto Cervantes en 1991. Pues
bien, estas disposiciones legales, junto a la experiencia
acumulada por la aplicación de esa disposición reglamentaria a
la que refiere S.S., hicieron aconsejable efectuar ciertas
modificaciones que se llevaron a la práctica a través del Real
Decreto 1027/1993, que tiene la misión de ampliar las
posibilidades de acción educativa en el exterior,
flexibilizando estructuras y
funcionamiento de los centros, porque los requerimientos de la
acción educativa en el exterior son muy variados y están en
permanente evolución.

Los objetivos que se pretenden alcanzar dentro de un marco más
amplio de la promoción y difusión de la cultura y lengua
españolas y de la cooperación internacional, básicamente diría
a S.S. que son los siguientes. En primer lugar, la promoción y
organización de las enseñanzas del sistema educativo español a
través de centros propios y de centros mixtos. En segundo
lugar, apoyar la enseñanza de la lengua y cultura españolas en
los sistemas educativos extranjeros. En tercer lugar,
favorecer los intercambios en el ámbito educativo y de
investigación. En cuarto lugar, mantener los vínculos
culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el
exterior.

Para ello, el Departamento está llevando a cabo una serie de
acutaciones en diferentes ámbitos. Por referirme a las que
considero de más entidad, estarían por una parte la
reorganización de los centros docentes que son titularidad del
Estado español y de la enseñanza que se imparte en los mismos
para atender a la población no universitaria, teniendo en
cuenta las adaptaciones al país en que radique cada centro.

Hay centros, en este caso de titularidad mixta, y secciones
españolas o bilingües en centros de titularidad de otros
Estados u organismos internacionales.

La promoción de programas de apoyo y reforzar la atención
educativa a través de equipos de asesores técnicos de nuestras
embajadas o convenios, como el que existe desde 1992 con el
Instituto Cervantes, completan el planteamiento de la acción
educativa en el exterior del Ministerio de Educación y
Ciencia. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON LUIS ANGEL ALEGRE GALILEA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUALES SON LOS MOTIVOS POR
LOS QUE ESE MINISTERIO HA IMPUESTO AL PRESIDENTE DE LA
COMISION GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EL ADELANTO DE
ELECCIONES A RECTOR, SIN HABERSE CUMPLIDO POR PARTE DEL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA LOS COMPROMISOS DE
FINANCIACION ADQUIRIDOS POR EL GOBIERNO? (Número de expediente
180/000279)



Página 2235




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Alegre
Galilea.




El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señor Ministro,
¿cuáles son los motivos por los que ese Ministerio ha impuesto
al Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de La
Rioja el adelanto de elecciones a rector, sin haberse cumplido
por parte del Ministerio los compromisos de financiación
adquiridos por el Gobierno?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alegre.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha considerado que debe
darse fin a la situación transitoria prevista en la ley de
creación de la Universidad de La Rioja y que debe darse pie a
la normal elección de los cargos académicos y al
funcionamiento de la institución universitaria riojana.

A este efecto, ha instruido al Presidente de la Comisión
Gestora --que es nombrado, como sabe S.S., por el Ministro-- a
que abra un proceso electoral para el momento en que se
cumplen los dos años de la creación de la universidad, que
parece un plazo prudente.

A partir de este momento, los órganos rectores de la
Universidad serán los que la comunidad universitaria y no el
ministerio designe. Pero el hecho de que la Universidad pase
de la fase provisional a la de plena normalidad y uso de su
autonomía no implica, bajo ningún concepto, que se abandone
cualquier
compromiso de financiación que se hubiera asumido por parte
del Ministerio de Educación y Ciencia.

Estos son los compromisos adquiridos: los que se desprenden de
la Ley de creación de la Universidad, los que se desprenden de
los Presupuestos Generales del Estado y de la responsabilidad
del Gobierno en el sostenimiento de una universidad que nace
de nuevo.

Gracias, señorías, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Alegre tiene la palabra.




El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señor Ministro, yo
creo que no se puede entender como funcionamiento normal que
el día 21 de enero de 1994 se renueve una gestora y que el día
24 --es decir, tres días después-- se anuncien para marzo
elecciones democráticas para una nueva gestora y,
paralelamente, se prometan transferencias universitarias para
primeros del año 1995. Yo más bien entiendo, señor Ministro,
que todo eso es una carrera de despropósitos.

Cuando ustedes hablan de las 17 universidades de competencia
del Estado, creo que sería mucho más correcto hablar de 16
universidades y de una casa de tócame Roque, que es en lo que
ustedes, en definitiva, han convertido la Universidad de La
Rioja.

En esa mal llamada Universidad, señor Ministro, falta ciencia
y sobra conciencia; pero, entiéndame, conciencia política en
exceso. Digo que falta ciencia, porque las cátedras, por
ejemplo, salen con los perfiles que poseen los amigos; porque
por falta de presupuesto no se pueden realizar tesis; porque
no se dan los mínimos necesarios para hacer el más
rudimentario plan de investigación; porque no hay biblioteca.

Los laboratorios, los pocos que existen, están en barracones y
en casetas
prefabricadas; se suprimen Departamentos; se crean y se
suprimen vicerrectorados al azar, señor Ministro. Yo creo que
así no se genera ciencia.

Pero es más, lo que sobra es conciencia política en exceso;
conciencia política que en la universidad no se precisa. Las
gestoras del Ministerio se ponen y se quitan por quincenas;
sus miembros entran y salen de ellas como Pedro por su casa.

Ante el anuncio de elecciones democráticas, créame, señor
Ministro, que tenemos candidatos tapados y oficiales,
pertenecientes a las diversas familias de renovadores, de
guerristas, de integradores y hasta de síntesis.

En una palabra, señor Ministro, la universidad en estos
momentos está sumida en el caos y en un desconcierto absoluto,
y todo ello --y eso me congratula-- porque dicen que los
compromisos no tienen por qué ir paralelos a la transferencia.

Lo que sí es cierto es que cuando ustedes, o sus antecesores,
desfilan por La Rioja, prometen...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alegre. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, tenga en cuenta que solamente se instruye al
Presidente de la Comisión Gestora, que, como digo, es nombrado
por el Ministro de Educación y Ciencia y no es elegido por el
claustro universitario, a partir del momento en que la
normalidad vuelve con el nombramiento de la Comisión Gestora,
que se produce en el mes de enero en su plenitud.

A partir de este momento, la Universidad podrá gestionarse
como quiera, con arreglo a los principios de autonomía
universitaria que están incluidos en la Ley de Reforma
Universitaria en estos momentos vigente.

El proceso de transferencias que se abre para nada tiene por
qué tocar los compromisos de financiación que están adquiridos
y que la propia Comunidad asumirá en la medida en que
participe, una vez que adquiera



Página 2236




la plena competencia sobre la gestión universitaria, de los
gastos del Estado.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta, señoría, que ya
para 1994 --y por poner un ejemplo--, se ha incrementado un 9
por ciento la subvención que en 1993 disponía la Universidad
de La Roja, además de otro conjunto de inversiones que S.S.

conoce y que le puede constar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE CHOLBI DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO PIENSA EL SEÑOR MINISTRO CAMBIAR
LOS CRITERIOS PARA ADMITIR ASPIRANTES A LOS MODULOS DE
FORMACION PROFESIONAL SUPERIOR DESDE LA FORMACION PROFESIONAL
DE SEGUNDO GRADO, SEGUN LA DENUNCIA QUE HA SIDO ADMITIDA POR
EL DEFENSOR DEL PUEBLO? (Número de expediente 180/000280)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Cholbi
Diego, que tiene la palabra.




El señor CHOLBI DIEGO: Gracias, señor Presidente.

¿Cuándo piensa el señor Ministro cambiar los criterios para
admitir aspirantes a los módulos de Formación Profesional
Superior desde la Formación Profesional de Segundo Grado,
según la denuncia que ha sido admitida por el Defensor del
Pueblo? Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cholbi.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárea Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, está próxima la publicación de una orden ministerial
que regula el proceso de admisión de aspirantes a los módulos
experimentales de nivel 3 o, en su caso, a los ciclos
formativos de Formación Profesional, en la cual se recogerán
las
indicaciones que en su día el Defensor del Pueblo hizo al
Ministerio de Eudcación y Ciencia.

Además de lo anterior, hay que resaltar que, con fecha 2 de
noviembre pasado, la Dirección General de Formación
Profesional de mi Departamento aprobó una instrucción sobre
criterios de admisión de alumnos en los módulos profesionales
experimentales de nivel 3, que clarifica, a instancias del
Defensor del Pueblo, los criterios establecidos sobre la misma
cuestión en las instrucciones anteriores, que dan lugar a la
petición del Defensor del Pueblo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Cholbi tiene la palabra.




El señor CHOLBI DIEGO: Gracias, señor Presidente.

Como usted sabe, señor Ministro, en las instrucciones del día
16 de junio de 1992, de la Dirección General de Formación
Profesional reglada y Promoción Educativa, se incumplían los
artículos 11.1 y 20.2 de la LODE, provocando como consecuencia
que numerosos alumnos de Formación Profesional de Segundo
Grado no hayan podido acceder a los mencionados módulos de
Formación Profesional. Así de claro, señor Ministro. Las
normas que aplicaba el Ministerio establecían que para acceder
a dichos módulos se debía seguir un orden de preferencia,
discriminando muy claramente a los titulados de Formación
Profesional de Segundo Grado. Ante la denuncia a que usted ha
hecho referencia, que fue presentada a la Oficina del Defensor
del Pueblo, se entiende que las disposiciones contemplan
criterios de admisión a determinadas enseñanzas de Formación
Profesional que
contradicen las prescripciones que en dicho punto contiene la
Ley Orgánica Reguladora del Dereho a la Educación, y al mismo
tiempo recomienda a ustedes, señor Ministro, la admisión de
alumnos para cursar módulos del nivel 3.

Ante esta situación, cientos de estudiantes de FP de Segundo
Grado han sido rechazados. Sé que ustedes han mandado una
circular con fecha 2 de noviembre, pero incluso no ha llegado
a muchos centros y a muchas delegaciones del Departamento.

¿Qué medidas adoptará frente a un Director General que
incumple e interpreta leyes como la LODE y la LOGSE, que
configuran todo el ordenamiento educativo? De nuevo, señor
Ministro, la Formación Profesional ha sufrido un agravio, y es
consecuencia de que ustedes, así de sencillo, repito, no creen
en ella y, al mismo tiempo, ponen al frente de la Dirección
General a personas carentes de la mínima sensibilidad hacia
estas tareas. Por tanto, deben cesar estas personas y dar paso
a otras que crean en la Formación Profesional, que le den
consistencia y que refuercen este sistema.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cholbi.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

En efecto, señoría, en el curso 1992/1993 se promulgan unas
instrucciones del Ministerio que establecen un determinado
orden de preferencia, que sería explicable por lo demás, pero
que causa un cierto efecto, que S.S. ha puesto de manifiesto,
no querido por el Departamento, para el ingreso en estos
módulos profesionales.




Página 2237




El Defensor del Pueblo se dirige a nosotros, estableciendo que
los criterios ya están fijados específicamente en la LOGSE y
que no hay por qué hacer interpretación suplementaria alguna.

Como consecuencia de ello, la propia Dirección General que
emitió las instrucciones anteriores remite unas nuevas
instrucciones que recuerdan la obligatoriedad de los criterios
previstos en la LOGSE y que determinan que sólo en caso de
empate, por así decirlo, es decir, con carácter
complementario, queden en vigor los criterios de la
instrucción del año anterior. De todas maneras, señoría,
igualmente, por parte de la propia Dirección General se
solicita a las direcciones provinciales del
Departamento que revisen las reclamaciones de los alumnos no
admitidos, por si en algún supuesto obedeciera al
incumplimiento de los criterios generales de la LODE y
normativa complementaria, en cuyo caso las direcciones
provinciales tienen obligación de informar al alumno de su
derecho, que pudiera haber sido
vulnerado.

Con esto, señoría, yo creo que se resuelve el problema.

Próximamente se dictará una orden ministerial y, como prueba
de la importancia que concedemos a los programas de Formación
Profesional del Departamento, muy pronto pediré, como ayer
anunciaba en la Comisión de Educación y Cultura de esta
Cámara, una comparecencia para explicar el programa de
Formación
Profesional que pretendo desarrollar a lo largo de los
próximos tres años.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO TIENE PREVISTO
EL GOBIERNO PUBLICAR EL DECRETO QUE DESARROLLA EL TITULO DEL
DEPORTE DE ALTO NIVEL CORRESPONDIENTE A LA LEY 10/1990 DEL
DEPORTE? (Número de expediente 180/000281)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Carreño
Rodríguez-Maribona.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, la Ley
del Deporte, de octubre de 1990, dedica un título y seis
artículos al deporte y al deportista de alto nivel. La tutela,
pero también deseo de control, de federaciones y deportistas
desde esta ley por parte del Consejo Superior de Deportes
supone derechos, pero también obligaciones, para el ejercicio
de aquéllos. Aunque se ha desarrollado gran parte de la ley,
se ha desaprovechado el año 1992, olímpico, como gran
oportunidad para la definición del deportista de alto nivel y
los derechos que como consecuencia de ello tienen. Ha
transcurrido el año 1993, en que, según
compromiso adquirido por el Gobierno en esta Cámara, se
complementaría el desarrollo de la Ley del Deporte, sin
cumplir dicho compromiso. Es un Decreto, este del deporte de
alto nivel, que, además, de no suponer incremento del gasto
público, regula derechos laborales, facilidades en estudios y
titulaciones, cumplimiento del servicio militar o civil
sustitutorio,
compatible siempre con la actividad deportiva. Subsanará, por
ejemplo, la discrecionalidad existente, hasta ahora, en algo
en que el señor Ministro tiene sobrada experiencia: la
autorización para simultanear el servicio militar con la
práctica deportiva, gestión a la que se dedican importantes
cargos del Consejo Superior de Deportes y supongo de Defensa.

Pregunto, por ello: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno
publicar el decreto que desarrolla el Título VI del deporte de
alto nivel correspondiente a la Ley 10/1990 del Deporte?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Con su permiso, señor Presidente.

Señoría, como ya tuve oportunidad de indicar en mi primera
comparecencia en la Comisión de Educación de esta Cámara, la
culminación del desarrollo de la Ley del Deporte constituye un
programa a desarrollar por mi Departamento, objetivo básico en
esta legislatura.

De los 15 reales decretos previstos para el desarrollo de la
ley del Deporte, 12 ya estaban promulgados, está prevista
próximamente la aprobación de otros tres, que se encontraban
en distintas fases de elaboración, uno de ellos, el de los
deportistas de alto nivel a que S.S. se refiere.

Pues bien, estoy en condiciones de decir a S.S. que
actualmente se encuentra ultimado el borrador del proyecto de
real decreto, muy dificultoso en su elaboración, sus anexos
también, en los que se fijarán los criterios objetivos para
determinar los
deportistas que, en cada modalidad deportiva, tendrán derecho
a acceder a las medidas especiales previstas en el propio real
decreto para los deportistas de alto nivel. En cumplimiento de
las prescripciones legales, espero tener este borrador para
remitir a las entidades y colectivos deportivos interesados a
lo largo del próximo mes de marzo y luego, después que estas
entidades formulen las observaciones pertinentes, se podrá
enviar al Consejo de Estado y otros trámites preceptivos para
que, probablemente, en el tercer trimestre del presente año
pueda estar en el «Boletín Oficial del Estado».

Gracias, señor Presidente.




Página 2238




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Carreño.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias.

Me alegro de que, al fin, en el año 1994 parece que va a salir
definitivamente este decreto. Supongo que también
paralelamente, y dado que es complemento ineludible del mismo,
se apruebe también el decreto de regulación de las
titulaciones deportivas que permitirán el acceso de
deportistas de alto nivel, primero, al estudio y, segundo, al
ejercicio de una actividad
extradeportiva.

Por cierto, quiero hacer una sugerencia. La Ley del Deporte
prevé la reserva de un cupo adicional de plazas de los
deportistas de alto nivel, nada menos en los INEF y en los
centros
universitarios. ¿Por qué elimina esta ley algún deporte, por
ejemplo, gimnasia, ya que la edad de los deportistas de alto
nivel es incompatible con los estudios universitarios, y por
qué no extiende, modificando la ley, a todos los centros
educativos aquel derecho?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, el decreto al que nos referimos es aparentemente
sencillo, pero es muy complicado en su elaboración.

Intervienen los intereses de muchos departamentos. Ha citado
S.S. el
Departamento de Defensa, podría decirse que Justicia, Trabajo
y Seguridad Social, con muchas implicaciones, aparte de la
enorme disparidad de modalidades y pruebas deportivas que
existen en nuestro deporte. En estos momentos, sabe S.S. muy
bien, existen 151 modalidades olímpicas, 147 modalidades no
olímpicas, con muchas pruebas todas ellas, lo cual hace muy
difícil establecer parámetros, objetivos de común aplicación a
todos ellos. Esto, y no cuestiones relativas a falta de
trabajo, es lo que ha provocado que, hasta este momento, no
esté en condiciones de comprometer la publicación del real
decreto.

No obstante, S.S. también conoce que hay una serie de
cuestiones que están solucionadas aun sin que la Ley del
Deporte se haya desarrollado en esta materia de deportistas de
alto nivel. Por ejemplo, está elaborada una relación anual de
deportistas de alto nivel, por medio de la actuación
conjunta...




El señor PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo. Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA LA MODIFICACION DE ALGUNOS DE LOS
CRITERIOS PARA LA OBTENCION DE BECAS, DE MANERA QUE ESTOS NO
SEAN DISCRIMINATORIOS PARA LOS AGRICULTORES Y MUNDO RURAL?
(Número de expediente 180/000286)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Pau i
Pernau.




El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, me
permitirán SS.SS. que antes de formular la pregunta explique
brevemente su motivación.

El Ministerio de Educación y Ciencia establece los criterios
con carácter general que determinan de manera objetiva la
concesión de becas. Uno de ellos es el nivel de renta,
primando
naturalmente aquellas más bajas de manera que se pueda
garantizar el acceso a los distintos niveles educativos de
todos los ciudadanos con voluntad y capacidad para hacerlo.

Otro criterio es el del patrimonio familiar del solicitante,
que si bien es un principio general que puede y debe ser
aceptado, por las mismas razones expuestas anteriormente, en
la práctica origina cierta discriminación sobre algunas
familias agrarias cuyo patrimonio nominal en ocasiones puede
considerarse elevado pero que no se corresponde con su nivel
real de renta; patrimonio, además, que es imprescindible para
desarrollar su actividad y que por distintas circunstancias,
que ahora es difícil explicar, se viene desvalorizando e
incluso en ocasiones le falta un mercado real con que
realizarlo.

A las naturales dificultades, pues, del mundo rural para
acceder a los distintos niveles educativos, sobre todo a los
superiores, se añade ésta que entendemos puede superarse con
disposiciones que tiendan a corregir este criterio general de
valoración del patrimonio agrario.

Incluso me permitiría sugerir algunas como es que a partir,
por ejemplo, de la ley de acompañamiento actual se introdujo
en la Ley del Patrimonio una excepción para los patrimonios
vinculados a exportaciones productivas; o también con la
introducción, a partir de la aprobación de medidas que
establezcan la figura de agricultor a título principal, que
estos agricultores o estas familias tengan la posibilidad de
no valoración del patrimonio a estos efectos.

En este sentido, reconociendo el esfuerzo del ministerio, sí
me interesaría conocer si el ministerio tiene en estudio la
posibilidad de modificar alguno de estos criterios de manera
que no sean discriminatorios para el mundo rural y las
familias agrícolas.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.

Señor Ministro.




Página 2239




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

El Ministerio de Educación, señoría, viene llevando a cabo una
política encaminada a garantizar la igualdad de todos los
ciudadanos en el ejercicio al derecho a la educación con el
fin de compensar las desigualdades socioeconómicas que
pudieran producirse entre nuestros estudiantes.

Se ha realizado un esfuerzo importante para que el sistema y
el procedimiento de concesión de becas y otras ayudas al
estudio tenga en cuenta las peculiaridades de los colectivos
menos favorecidos por razones económicas, culturales, o por
razones de carácter geográfico.

En este sentido, conoce S.S. que, junto con los criterios de
aplicación general para todos los alumnos, la situación
económica familiar y el rendimiento académico son los
criterios generales, según se sabe, se han tomado en
consideración aquellas
especificidades del mundo rural que deban tener incidencia
sobre el sistema de becas. En concreto, se establecen unos
umbrales de renta neta, aplicables a todos los solicitantes de
becas, que para el curso 1993-94 ha quedado establecido en 3
millones de pesetas de ingresos netos para una familia-tipo
española de cuatro miembros, y unos umbrales, señoría, de
patrimonio agrario que para esta misma familia de cuatro
miembros alcanza, para este curso, la cantidad de 14.400.000
pesetas. Es decir, cualquier estudiante perteneciente a una
familia del sector agrícola-ganadero, que tenga una renta neta
no superior a los 3 millones de pesetas y cuyo patrimonio
agrícola, es decir, tierra, ganado, maquinaria, no supere los
14.400.000 pesetas, pueda ser
beneficiario de cualquier modalidad de beca de las existentes.

Anualmente las convocatorias de becas han venido elevando
estos umbrales de renta y patrimonio, con el fin de irlos
adaptando a la realidad socioeconómica del sector agrario, lo
que ha venido produciendo un incremento en el número de
becarios procedentes de familias del mundo rural español. Por
citar un dato, señoría, mientras que en el curso 1990-91,
64.000 alumnos becarios eran procedentes del mundo rural, hoy,
en el curso 1992-93 estos alumnos son 72.999.

En cualquier caso es una cuestión dinámica, siempre estamos
estudiando el perfeccionamiento del sistema y tomo nota de lo
que S.S. ha indicado en su intervención, como de cualesquiera
otras cuestiones que en esta Cámara pudieran serme sugeridas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE
FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA DEL PROGRAMA DE EDUCACION COMPENSATORIA EN
LAS DISTINTAS AREAS DE ACTUACION EN QUE ESTA SE LLEVA A LA
PRACTICA? (Número de expediente 180/000290)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, de la señora Novoa
Carcacia.




La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la educación como servicio público que
garantiza el acceso a la formación y a la cultura es en la
acción política uno de los principales instrumentos de
corrección de las
desigualdades. No obstante, existen factores sociales,
económicos culturales, geográficos, o de otra naturaleza, que
actúan como distorsionadores de ese principio de igualdad de
oportunidades y hacen que muchos de nuestros niños y jóvenes
presenten
problemáticas varias ante el sistema educativo; entiéndase
dificultades de integración escolar, abandono escolar
prematuro, etcétera; en definitiva, síntomas de una
inadecuación del sistema educativo a las necesidades
pedagógicas de estos alumnos. Para responder a estas
situaciones, que no por ser minoritarias dejan de ser
importantes, el Ministerio de Educación desarrolla el Programa
de Educación Compensatoria, y la LOGSE, en su artículo 63,
determina que los poderes públicos desarrollarán las acciones
de carácter compensatorio en relación a las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en situación de
desventaja respecto al resto de la población. Es por ello,
señor Ministro, que le formulo la siguiente pregunta: ¿qué
valoración hace el Ministerio de Educación del Programa de
Educación Compensatoria en las distintas áreas de actuación en
que éste se lleva a la práctica?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

En su decenio largo de existencia el Programa de Educación
Compensatoria ha supuesto un esfuerzo por desarrollar una
política de igualdad de oportunidades en el campo educativo
español y ello a través de la compensación de las
desigualdades con que determinados colectivos acceden y
permanecen en nuestro sistema educativo, por razón de su
origen económico o social. Tal como estableció el Real
Decreto, al que se ha referido S.S., sobre educación
compensatoria, se crearon una serie de
estructuras de apoyo a la escuela rural destinados a superar
las condiciones de aislamiento en que se desarrolla la
actividad educativa, tanto para alumnos, como para profesores,
en estas escuelas unitarias o incompletas.




Página 2240




Hoy la orientación hacia los agrupamientos escolares, más allá
de las dificultades del aislamiento de estas pequeñas
escuelas, y la unificación de las redes de centros de
profesores y recursos en una sola --ya he informado en esta
Cámara sobre el caso--tratan de sintetizar las experiencias
anteriores. También, y en el ámbito de los grupos sociales
desfavorecidos, se desarrollaron distintas experiencias y se
crearon las llamadas aulas
ocupacionales como modelos de escolarización muy flexibles
para aquellos grupos de alumnos que habían abandonado, sin la
madurez cultural, ni las certificaciones académicas
requeridas, la escolaridad básica y, por consiguiente, no
podían acceder al mundo del trabajo. Se desarrolla un plan de
atención a las minorías étnicas y culturales que ha tenido
como efecto la incorporación de muchos alumnos gitanos a
centros ordinarios de la red pública, como sin duda S.S.

conoce. Se impulsan programas de atención para la población
infantil de origen emigrante, iniciados a partir de una
experiencia del curso 1987-88, con la población portuguesa de
la provincia de León, que más tarde se extiende a otros
trabajadores emigrantes.

Se han puesto en marcha programas relativos a la atención
educativa de los hijos de trabajadores itinerantes. La LOGSE
ha permitido, sin embargo, la adopción de una nueva
perspectiva sobre el caso. Sin poder extenderme más sobre la
cuestión, le indicaré, señoría, que en el documento titulado
Centros
Educativos y Calidad de la Enseñanza, que he publicado
recientemente, se han incluido una serie de medidas
directamente relacionadas con la compensación de las
desigualdades en materia de educación, que pretenden
identificar líneas de acción
inmediata relacionadas con las diferentes áreas que ha
indicado S.S. y también con otras que van apareciendo como
necesidades nuevas.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE ANTE EL DESASTRE ECOLOGICO PRODUCIDO POR LA ROTURA DE
LA BALSA DE ALPECHIN, UBICADA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
BAEZA, EN LA PROVINCIA DE JAEN? (Número de expediente
180/000262)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, de la señora
Rodríguez Ortega.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Obras Públicas, la producción agrícola
basada en el cultivo del olivar y la fabricación de aceite
supone el mayor factor de creación de riqueza en la provincia
de Jaén y nos sitúa a la vanguardia, no sólo en nuestros país,
sino en otros países de nuestro entorno europeo. Este hecho,
sin duda positivo, se ha visto enturbiado por un grave
accidente medioambiental producido el día 2 de febrero, al
romperse una balsa de alpechín de la Empresa Oleícola de Jaén,
Sociedad Anónima, ubicada en el término municipal de Baeza. La
rotura de esta balsa provocó la filtración de unos cinco
millones de litros de alpechín de los que aproximadamente la
mitad llegaron hasta el arroyo Matadero, que es un afluente
del Guadalquivir, y el resto inundaron zonas de olivar.

Entre las medidas que se tomaron está la del cierre cautelar
de la empresa, que curiosamente había sido apercibida de
cierre, y se inició por parte de la Confederación Hidrográfica
del
Guadalquivir la tramitación de un expediente administrativo
del que se puede derivar una sanción económica de 100 millones
de pesetas para la empresa responsable.

Entiendo, señor Ministro, que en situaciones como ésta, junto
a las medidas correctoras se deben adoptar, otras de carácter
preventivo. Además, entiendo también que la prevención en este
caso debe pasar por un proceso de modernización de las
almazaras, de la fábrica de aceite, y por la implantación de
sistemas ecológicos para la fabricación y elaboración del
aceite.

Esta medida, por otra parte, cuenta ya con el apoyo económico
de la Administración y, en algunos casos, con la
cofinanciación comunitaria, que subvenciona hasta el 50 por
ciento de los proyectos de transformación tecnológica. La
extensión de estos sistemas evitaría accidentes como el
ocurrido, desgraciadamente, por la rotura de la balsa de
alpechín, ubicada en Baeza, que ha motivado la pregunta que
formulo al señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y que aparece en el orden del día con el número
10.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Señoría, desde el primer momento, ante la rotura del dique de
contención de la balsa de alpechín objeto de su pregunta, se
adoptó un conjunto de medidas para corregir los efectos de la
misma. Se construyeron azudes de tierra para contener los
lodos que pudieran llegar al cauce; se extrajeron estos lodos
mediante bombeo a cisternas y el transporte posterior a otras
balsas --esta operación fue realizada por la Confederación del



Página 2241




Guadalquivir-- hasta que se produjo la rotura de los
anteriores azudes por las lluvias caídas durante el fin de
semana. Se produjeron desembalses para aumentar la dilución en
el río, del pantano del Tranco se soltaron 250.000 metros
cúbicos y desde la presa de Mengíbar se soltaron otros 250.000
metros cúbicos durante seis horas, hasta conseguir una
dilución del 2 por 10.000. Se repitieron estas operaciones
durante todo el fin de semana para conseguir mantener la
dilución en unos límites aceptables.

Se han estado tomando muestras de calidad de las aguas en un
conjunto de puntos y el laboratorio de la Confederación señala
que la calidad que se obtiene del agua es ya la misma que
existía antes de producirse la ruptura de la balsa, por lo que
se ha decidido continuar con el ritmo semanal habitual de toma
de muestras. No se aprecian síntomas de alarma en el río,
tales como efectos nocivos sobre los peces o destrucción de
flora.

Se ha iniciado el correspondiente expediente sancionador, por
la Confederación del Guadalquivir, en aplicación de la
legislación vigente, sin menoscabo de las competencias
atribuidas a otros órganos de la Administración. Puedo
asegurar que las medidas adoptadas garantizan que no vayan a
producirse repercusiones tóxicas, pudiendo haber variado
únicamente durante los primeros días algunas características
del agua y del contenido de oxígeno disuelto.

Tengo a su disposición unas gráficas que indican la
composición del agua y el oxígeno disuelto en la misma en
distintos momentos del tiempo y en distintos lugares del
cauce. La tramitación del expediente sancionador puede dar
lugar a la imposición de multas a las empresas responsables de
los hechos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE
CRITERIOS SIGUE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y
MEDIO AMBIENTE PARA SELECCIONAR A LOS MIEMBROS DE LAS
COMISIONES DE EXPERTOS? (Número de expediente 180/000272)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, de la señora Martínez
Saiz.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué criterios sigue el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes para seleccionar a los miembros de las
comisiones de expertos?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Criterios de carácter multidisciplinar en lo profesional y de
pluralidad en lo político.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señora Martínez Saiz.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en los últimos años y durante su mandato al
frente del Ministerio, se han nombrado tres comisiones de
expertos; una, para el Plan de Vivienda 1992-95, la de
urbanismo y la última, la de medio ambiente, donde en los
últimos días se han introducido cambios por las denuncias y
presiones razonables de sindicatos, ecologistas y asociaciones
de vecinos. Señor Ministro, si hoy repasamos la composición y
los fines para los que se creó la comisión de expertos asesora
en la elaboración del Plan de Viviendas 1992-95, podemos
asegurar, en contra de lo que usted ha afirmado aquí hoy, que
la elección de alguno de estos supuestos expertos se debió más
a criterios de afinidad y utilidad política que a cualquier
otro mérito.

Si nos fijamos en parte de los componentes de aquel grupo, no
es de extrañar que la gestión gubernamental no haya sido ni
esté siendo acertada y eficaz para el conjunto de los
ciudadanos españoles. Señor Borrell, la verdad es que no
estuvo usted muy acertado, ya que en estos momentos las
empresas, algunas de ellas públicas, de las que varios de
estos expertos eran responsables o las gestionaban, han
suspendido pagos o han quebrado y, en otro caso, significa uno
de los más grandes escándalos de la era socialista, y ya es
difícil superar sus propios récord. Me refiero, señor
Ministro, además del responsable de SGV, al caso de don Carlos
Sotos, responsable máximo de PSV-IGS. Sería conveniente,
señoría, que, para tranquilidad de esta Cámara y de los
ciudadanos en ella representados, nos aclarara si usted conoce
lo que el experto señor Sotos aportó o se llevó de la comisión
o del Ministerio. Yo espero que no aportara mucho de los
conocimientos profesionales que ha aplicado en PSV-IGS y que
han llevado a que más de 20.000 familias de trabajadores en
este momento no tengan ahorros ni tengan casa, después de
haber confiado en un proyecto social de viviendas que
supuestamente es lo que allí formó el señor Sotos, porque no
se le conoce ser experto de ninguna otra cosa. Lo que al
parecer sí se llevó fue una información privilegiada que luego
utilizó convenientemente, al unir la campaña de la cooperativa
con la del Gobierno en el plan de viviendas en todos los
medios de comunicación.




Página 2242




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez Saiz.




La señora MARTINEZ SAIZ: La verdad, señor Borrell, que, como
lince, para los expertos no tiene usted precio.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, siempre me sorprenderá
usted. No sé dónde hay empresas públicas situadas en difícil
situación. ¿Dónde está la empresa pública? (La señora Martínez
Sáiz: Y la SGV ¿qué?) No es una empresa pública. ¿Qué es una
empresa pública? Su señoría demuestra un desconocimiento
(Rumores.) tan profundo de lo que es una empresa pública...

(Rumores.)
Espero que tenga usted ocasión de contestarme cuando lo desee.

¿En qué es una empresa pública PSV o IGS, en qué; a ver, en
qué? (Rumores.) ¿Qué quiere usted decir cuando manifiesta que
se llevó el señor Sotos tras su presencia en la Comisión? ¿Por
qué tiene usted esa maledicencia subterránea? (Protestas.)
¿Por qué no se atreve usted a decir las cosas que piensa, si
es que piensa alguna? (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio (Rumores.)
¡Silencio! (Continúan los Rumores.)



El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Eso es faltar a la
cortesía parlamentaria.




El señor PRESIDENTE: ¡Señor Herández-Sito!



El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): El señor Sotos fue nombrado
miembro de esta Comisión en un momento en el que era
responsable de un proyecto de construcción de viviendas
(estamos hablando de 1991), el proyecto estaba... (Rumores.)
¡Me quieren ustedes dejar hablar! El proyecto estaba en sus
inicios, constituía, sin ninguna clase de dudas, un operador
importante en el mundo del cooperativismo para construir
viviendas, y su participación en la comisión fue, como para el
resto de los expertos de la misma, sin ninguna
contraprestación, excepto los gastos relativos a la
realización de las reuniones, que corrían a cargo del
Ministerio.

La posterior evolución de IGS y PSV nada tiene que ver con la
participación de Carlos Sotos en el comité de expertos, cuyos
trabajos han sido publicados y gozan de un prestigio
importante que ha contribuido, sin ninguna duda, al éxito del
plan de viviendas, a pesar de sus profecías negativas al
respecto. Pero IGS y PSVnada tienen que ver con la comisión de
expertos, con el plan de viviendas, ni son empresas públicas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL NADAL I MALE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO EN RELACI'ON A LA
FINALIZACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA CARRETERA N-420
A SU PASO POR LA PROVINCIA DE TARRAGONA? (Número de expediente
180/000283)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de don Joan Miquel
Nadal, que formulará el señor Sedó i Marsal.




El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el 15 de diciembre, en respuesta a pregunta de
un Diputado del Grupo Socialista, usted nos daba una serie de
datos sobre las obras a ejecutar en los tramos pendientes de
la nacional 420, en la provincia de Tarragona; nos daba una
serie de datos, como decía, de distintos tramos de la misma y
con unas fechas muy aleatorias. Nos decía que existía el tramo
Riudecols-Reus, al que dedicaban 700 millones y que se
terminaría
definitivamente el próximo mes de enero. Esto lo decía usted
en diciembre, a un mes vista, y este plazo no se ha cumplido,
ya que no está terminado el tramo, aunque no es muy grave
porque no le falta mucho.

También nos decía que el tramo Gandesa-límite de la provincia
se acabaría el verano de 1994, así como el Gandesa-Mora, pero
que dejaban cosas en medio. En el Gandesa-Mora dos puentes y,
en todo caso, se olvidaba usted de decir que en el tramo
Falset-Mora existe un tramo de doce metros de ancho, que pasa
a dieciséis en un momento dado, pero a la unión de los dos
tramos de doce y dieciséis metros le falta un puente, que
actualmente tiene cuatro metros y medio.

Nos hablaba, asimismo, de toda una serie de obras que se iban
a hacer allí. Por tanto, nosotros le hacemos la pregunta en
los términos siguientes: ¿qué previsiones tiene el Gobierno en
relación a la finalización de las obras de adecuación de la
carretera nacional 420 a su paso por la provincia de
Tarragona? Tenga en cuenta, señor Ministro, que es una obra en
la cual, para 100 kilómetros, llevamos más de siete años con
tramos en obras y verdaderamente es insufrible circular por
esa carretera. Nosotros, lo que en el fondo pretendemos con
nuestra pregunta es obtener una información de plazos viables
y un calendario real de la finalización de estas obras.




Página 2243




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, continúa la ejecución de las obras en los tramos
Gandesa-Mora d''Ebre y Gandesa-límite con la provincia de
Teruel, sin que hayan variado las previsiones para su
terminación, que se sitúan en el verano y finales de 1994
respectivamente. Por otra parte, tal como anuncié en
diciembre, la Dirección General de Carreteras entiende que las
obras del tramo Riudecols-Reus están terminadas, a falta
únicamente de algunos remates. Este tramo está ya en
funcionamiento y los trabajos que quedan pendientes de
acondicionamiento de aceras e instalación eléctrica deben ser
ejecutados por el ayuntamiento, al ser de su
competencia por discurrir este tramo por zona urbana.

La única novedad, respecto a mi información de diciembre, es
la relativa al puente del Ametllé, que está funcionando con
normalidad en el tramo ya terminado entre Mora y Falset. La
solución prevista inicialmente de ensanchar el puente
manteniendo las características técnicas de sus accesos está
siendo objeto de reconsideración, ya que esta obra resultaría
deficiente y rompería la uniformidad técnica del resto del
tramo,
constituyendo una causa fundamental de accidentes. Por ello,
estamos estudiando una nueva solución que mejoraría las
características técnicas de seguridad vial del puente y sus
accesos, manteniendo al mismo tiempo la uniformidad de todo el
tramo. Salvo esta pequeña circunstancia, que afecta a un tramo
muy concreto, seguramente al mismo al que usted hacía
referencia, y respecto a la información de diciembre,
mantenemos los plazos previstos de terminación de las obras
durante 1994.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MIGUEL ANGEL CORTES MARTIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL ACUERDO SOBRE AYUDAS A LA
CINEMATOGRAFIA QUE, SEGUN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACION, SE
HA ALCANZADO ENTRE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA Y EL PORTAVOZ
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA I UNIO? (Número de
expediente 180/000269)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Cortés
Martín.




El señor CORTES MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Los medios de comunicación han informado que el pasado día 8
la señora Ministra de Cultura y el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) llegaron a un
acuerdo sobre concesión de subvenciones a la cinematografía.

¿Podría el Gobierno informar a la Cámara del contenido de
dicho acuerdo?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. La reunión mantenida el pasado día 8 con el
señor Roca, en su calidad de Presidente de la Delegación
Catalana de la Comisión bilateral de Cooperación, se enmarca
en un contexto de cierta polémica suscitada en el seno del
sector
cinematográfico de Cataluña sobre la territorialización del
Fondo de Ayudas a la Cinematografía. Consideramos que aclarar
este tema y además intentar introducir pacificación sobre el
mismo era objeto de esta reunión y que debía tomarse en
consideración. Pues bien, tanto el señor Roca como yo
coincidimos en la
decisión, que además ya se había adoptado en la Comisión Mixta
del Ministerio de Cultura y la Consellería de Cultura de la
Generalitat de Cataluña, el pasado día 14 de enero, en el
sentido de considerar que el fondo de protección a la
cinematografía no era fragmentable. El acuerdo, pues, señor
Cortés, ha sido ratificar que el fondo no admite
territorialización porque en esta época de crisis en la que,
además, el sector de la
cinematografía atraviesa también una crisis específica, deben
optimizarse los recursos disponibles. Por tanto, se considera
recomendable que el fondo siga siendo un fondo nacional.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, no se sabe qué
extraño maleficio se apodera de los sucesivos inquilinos del
Ministerio de Cultura que la obsesión por ocultar lo que pasa
allí se apodera incluso de personas tan locuaces como la
señora Ministra (Risas.), y el que hayamos tenido que llegar a
esta sesión para que se nos diga simplemente que lo que se ha
acordado es la no territorialización, cuando salieron diciendo
que se había logrado un acuerdo, con grandes sonrisas por
parte de ambos miembros, nos da que pensar.

En cualquier caso, en el debate del proyecto de ley de ayudas
a la cinematografía tendremos ocasión de ver cuáles son las
distintas posiciones. Quizá la señora Ministra no nos quiere
decir más porque el apoyo tan necesario



Página 2244




para un Gobierno débil es inconveniente para un Gobierno que
dice defender los intereses generales sin discriminaciones
territoriales, que se pueden conseguir por una vía automática
o por una vía de hecho.

En cualquier caso, señor Presidente, tal y como hemos tenido
ocasión de repetir varias veces a la señora ministra, en
Comisión y en Pleno, vamos a ayudar a la señora ministra para
que pueda ser realidad su compromiso de revisar completamente
el sistema de subvenciones para que las ayudas públicas no
sigan siendo como hasta ahora, porque después de decir que se
va a revisar
completamente lo único que hace es más de lo mismo,
manteniendo exactamente los mismos criterios que han permitido
la
discrecionalidad, favorecer a los amiguetes y ahora parece que
el grupo de las personas que se puede discriminar
favorablemente se puede llegar a ampliar.

Nosotros vamos a plantear en ese debate (y allí tendremos
ocasión de ver cuál es el alcance de este acuerdo), que las
ayudas a la cinematografía se concedan de manera automática y
que no se concedan a los amigos del Gobierno del que forma
parte la señora ministra ni por acuerdo con otros grupos, sino
a aquellos que obtengan el respaldo del público. Esta es la
cuestión clave. En la medida en que después de esa reunión se
dijo que lo que se había logrado era un acuerdo para que
entrasen a formar parte no la territorialización de las ayudas
sino una presencia
territorial en la comisión que decide sobre estas ayudas, al
final el resultado puede ser el mismo.

En cualquier caso, señor Presidente, está muy próximo el
debate y allí veremos cuál es la realidad.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas
gracias, señor Presidente.

Querría insistir en este momento en que el Ministerio de
Cultura, y por tanto la ministra, es la primera interesada en
que las ayudas a la cinematografía vayan a apoyar los mejores
proyectos del cine español, y en ello estamos trabajando. Me
parece que hacer este tipo de acusaciones «a priori», cuando
todavía no hemos nombrado la comisión que va a potenciar estas
ayudas supone unos prejuicios sobre los que no me parece
oportuno entrar en este momento.

Hemos de tener en cuenta que estamos en un Estado autonómico,
que estamos en un Estado plural en lo cultural y que, por
tanto, también desde el Ministerio de Cultura tenemos que
tener en cuenta esta realidad y contribuir al diálogo con las
administraciones autonómicas. Además, en el sector de la
cinematografía tenemos que ayudar a que este diálogo tenga una
mayor entidad en aquellas áreas que tiene un mayor peso
también la industria cinematográfica.

Muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS ESTUDIA TOMAR EL GOBIERNO PARA PONER EN PRACTICA
LA DECLARACION Y EL PLAN DE ACCION DE LUCHA CONTRA EL RACISMO,
LA XENOFOBIA, EL ANTISEMITISMO Y LA INTOLERANCIA, ADOPTADA EN
LA CUMBRE DE VIENA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL
CONSEJO DE EUROPA, EL 9 DE OCTUBRE DE 1993? (Número de
expediente
180/000277)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Robles
Fraga.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para poner en práctica
la declaración y el plan de acción de lucha contra el racismo,
la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia, adoptada en
la cumbre de Viena de octubre del año pasado?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Señor Vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, como usted bien sabe, en la declaración y plan de
acción, acordada en octubre de 1993, en Viena, aparte de una
llamada a los medios profesionales de comunicación para una
información responsable sobre esos temas y acordar una serie
de estudios que permitan el conocimiento más profundo de esos
fenómenos, se acordaron tres líneas de acción que afectan a
los Gobiernos de los Estados miembros. La primera de ellas
pretende el lanzamiento de una campaña de sensibilización
ciudadana; la segunda, diversas medidas dedicadas a reforzar
las garantías legales y de todo tipo contra cualquier forma de
discriminación; y la tercera, la creación de un comité de
expertos.

Puedo asegurar a S.S. que, en las tres acciones propuestas,
diversos ministerios están trabajando en este momento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Tiene la palabra el señor Robles.

El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente, me alegra verle aquí, sobre todo después
de que ayer el Grupo Socialista votara en



Página 2245




una Comisión de este Congreso sobre su no comparecencia en un
tema de gran importancia como es el de las escuchas. Pero no
me voy a referir a eso. Su presencia quizá eclipse a alguno de
sus ministros, pero no aclara mi preocupación, aunque desde
luego su respuesta ha sido mejor que la que dio la Ministra de
Asuntos Sociales la semana pasada cuando dijo que este tema le
preocupaba mucho pero no demasiado. Ha sido también mejor que
lo que decía el Gobierno en el mes de diciembre cuando, en
respuesta a una pregunta de una Senadora socialista, decía que
el racismo y el nazismo en España eran cuestiones
insignificantes.

La verdad es que ha pasado ya bastante tiempo desde octubre y
urgen medidas rápidas y eficaces de lucha contra los fenómenos
graves de racismo, intolerancia, nazismo y antisemitismo en
nuestro país. Me gustaría saber quién representará a España, y
con qué instrucciones, en este comité de expertos. Espero que
no sea quien dijo que el racismo y el nazismo en España eran
algo insignificante, o como por ejemplo el señor Eligio
Hernández, cuya actuación y diligencia en este asunto es
parecida a la que está desempeñando en asuntos de su directa
responsabilidad. Señor Vicepresidente, es una vergüenza que
España sea refugio de nazis que publican y distribuyen su
basura ideológica. Todos los Diputados de esta Cámara,
incluyéndole a usted, hemos recibido este libro infecto
publicado y distribuido en España; es una vergüenza nacional y
europea que debe mover a una mayor agilidad y eficacia en la
acción de su Gobierno. Es un deber no solamente de solidaridad
europea sino también un deber comprometido por el Gobierno en
Viena y en los numerosos convenios firmados por el mismo.

Nuestro Partido, que considera que éste es un tema urgente, no
quiere que se espere a la próxima reforma del Código Penal y
por eso ha presentado una proposición de ley organica de
reforma del Código Penal para la creación del delito de
apología del genocidio. Se trata de desarrollar, ya sin más
espera, las medidas legales contra el racismo en todas sus
formas, mediante la creación de este delito de apología del
genocidio. Hay que acabar con la vergüenza de que España sea
el único país europeo en el que no hay trabas legales que
impidan la difusión de estas ideologías, una de cuyas formas
más graves es la negación del holocausto. Sin duda es un deber
que tenemos con una parte importante de nuestra historia, es
un deber moral con el pueblo judío y es un deber muy
importante que creo que debemos asumir todos en esta Cámara
con las comunidades sefarditas españolas. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señoría,
déjeme decirle que, en relación con las líneas de actuación,
el Ministerio de Asuntos Sociales está poniendo en práctica
las primeras campañas de sensibilización de la sociedad frente
al racismo y la xenofobia, que, como pide el Acuerdo de Viena,
van a ir dirigidas básicamente a los jóvenes, y que incluirán
no sólo el Acuerdo de Viena sino también, por ejemplo, el
pasaporte antirracista que ha pedido el Parlamento Europeo en
su sesión del 2 de diciembre, así como también colaborará con
el Consejo de Europa en la preparación de los actos
conmemorativos del Año de la Tolerancia que se celebrará en
1995.

El Ministerio de Asuntos Sociales también está creando el foro
de inmigración, donde estarán representadas las
administraciones, diversas instituciones, organizaciones no
gubernamentales y los mismos inmigrantes para que puedan hacer
oír su voz en defensa de sus intereses y para que expresen sus
opiniones respecto a todas las medidas que les afecten. A este
foro adjuntaremos un observatorio permanente de la inmigración
para que nos ayude a conocer la problemática, las
características y la evolución del fenómeno migratorio.

Además, señorías, en el Código Penal no sólo incluiremos la
circunstancia de agravante específica sino la tipificación del
delito de actuaciones y conductas xenófobas y racistas. Déjeme
decirle que, en la lucha contra el racismo y la xenofobia,
estaremos unidos, y estoy seguro que todos podemos colaborar,
porque todos queremos una España más solidaria en una Europa
más solidaria y una España más tolerante en una Europa más
tolerante.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR EL GOBIERNO COMO DEBE INTERPRETARSE LA AFIRMACI'ON
HECHA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN LA CUAL LA GUARDIA
CIVIL DEBE SUPLIR SU CARENCIA ACTUAL DE MEDIOS SUFICIENTES
APLICANDO LA
IMAGINACION? (Número de expediente 180/000270)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15 del señor Gil Lázaro.

Tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

¿Puede explicar el Gobierno cómo debe interpretarse la
afirmación hecha por el Ministro del Interior según la cual la
Guardia Civil debe suplir su carencia actual de medios
aplicando la imaginación?



Página 2246




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, en el discurso de toma de posesión del nuevo Director
General de la Guardia Civil pedía a los miembros de ese Cuerpo
esfuerzo, trabajo e imaginación, entre otras cosas
naturalmente, para un desempeño de lo que es el trabajo de
unos servidores públicos como son miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

Indudablemente, el carácter generoso con el que los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han
dedicado y se dedican al ejercicio de sus cometidos está fuera
de toda cuestión. Sin embargo, señor Ministro, nosotros
tenemos la sensación de que en sus palabras subyace una
especie de
reiteración del mensaje subliminal con el que nos tiene ya
acostumbrados a actuar el Gobierno en otro orden de cosas.

Siempre las consecuencias negativas de los actos fallidos del
Gobierno son responsabilidad de reparación de todos los demás,
menos del propio Ejecutivo. Y la realidad nos dice, señor
Ministro, que por el momento la imaginación no llena los
depósitos de gasolina, la imaginación no repara las
condiciones infrahumanas de habitabilidad de muchos de los
cuarteles, y desde luego la imaginación no es moneda de curso
legal para poder adquirir suministros, vehículos y dotaciones
técnicas.

Yo creo que lo que hay que plantear estrictamente es que el
ejercicio de la imaginación le corresponde al Gobierno y
particularmente, como responsable y titular del Departamento,
le corresponde a su señoría. Ha de desarrollar S.S. la
imaginación para que efectivamente los programas
presupuestarios se acomoden a las necesidades del Cuerpo; ha
de desarrollar S.S. la
imaginación para que efectivamente las dotaciones materiales
de que disponga el Cuerpo sean acordes a las misiones que han
de desempeñar; y ha de desarrollar S.S. la imaginación
naturalmente para que ese futuro nuevo despliegue territorial
de la Guardia Civil se acomode a los recursos y medios
presentes y a los que se van a poder adquirir en el futuro más
inmediato; y, sobre todo, también ha de desarrollar S.S. la
imaginación para que la moral operativa de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y particularmente de la
Guardia Civil no se sienta mermada, viendo las restricciones
que han de soportar, mientras que en otros ámbitos de la
Administración el derroche y el gasto inútil ha sido una nota
constante.

Yo creo, señor Ministro, además, que ha de desarrollar S.S. la
imaginación para que casos tan recientes como inexplicables
conversiones de hombre pobre en hombre rico en función del
ejercicio de máxima responsabilidad al frente de la Guardia
Civil no se vuelvan a repetir.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

Es evidente, señoría, que usted cuela aquí lo que supone un
repaso de una interpretación subjetiva de algo que el Gobierno
está haciendo, de lo que naturalmente el Gobierno se ha
responsabilizado, y lleva adelante los programas que tiene
previstos. El Gobierno tiene una gran sensibilidad con todos
los problemas que conciernen a la seguridad ciudadana y, ¿cómo
no?, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, pero tal vez tengo
que lamentar que debía pedirle a usted también más imaginación
para hacer las preguntas, y menos zafiedad a la hora de
exponerlas en un tema que me parece a mi, señoría, que está
más que explicado. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA LUISA FERNANDA RUDI UBEDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUE CRITERIOS
UTILIZA ESE MINISTERIO PARA ASIGNAR PROTECCION POLICIAL A
CIUDADANOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000271)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora Rudi
Ubeda.




La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué criterios utiliza su Ministerio para
asignar protección policial a ciudadanos españoles?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

Son criterios que vienen determinados por la necesidad de
prestar seguridad a ciertas personas, a unas con carácter
permanente, a otras con carácter eventual, en función de los
riesgos que lo que es la investigación



Página 2247




o lo que es naturalmente la seguridad de estas personas
pudiera determinar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la señora Rudi.




La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.

Desde luego, señor Ministro, me da la sensación que no tenía
usted esta tarde mucho ánimo de aclarar las cosas.

Hace unos meses, usted no era Ministro todavía, surgió algún
escándalo en los medios de comunicación con respecto a la
escolta policial prestada al señor Sarasola, que en algún caso
se dijo que la tenía porque era amigo del Presidente del
Gobierno de la Nación. En este caso, yo me voy a referir a un
servicio de escolta que durante cinco meses se ha estado
prestando a un Diputado regional de las Cortes de Aragón,
concretamente al señor Gomáriz que, con su voto tránsfuga, el
dio el gobierno a un compañero suyo de Partido, en estos
momentos Presidente del Gobierno autónomo. A mí me gustaría
saber, señor Ministro, si todas las personas que presentan
denuncias por haber sido amenazadas son protegidas, porque la
argumentación que se ha dado en Zaragoza ha sido que este
señor, en el mes de septiembre, presentó una denuncia en la
Comisaría Superior de Policía diciendo que había sido
amenazado. Cuando la semana pasada surgió el escándalo en la
prensa, el actual Delegado del Gobierno, señor García de la
Riva, textualmente dijo que no consideraba necesaria la
escolta policial permanente al señor Gomáriz, si bien añadió
que ésta fue solicitada antes de que él accediera al cargo,
por lo que --y son frases textuales de su Delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón-- «tendré que
hablar con el Jefe Superior de Policía para conocer los
motivos por los que cuenta con esa protección». Pero es que,
además, señor Ministro no sé si usted sabe cómo se ha venido
prestando esa protección. Se ha venido prestando con un coche
camuflado de los que utiliza la policía, que llevaba como
chófer a un policía nacional y el Diputadonacional protegido
iba sentado en el asiento delantero. Yo, desde luego, no
entiendo de técnicas de protección, pero considero muy difícil
que un señor que va conduciendo pueda ejercer la protección
policial del señor al que teóricamente deba de proteger. Más
bien, señor Ministro, da la sensación de que esto es una
«prebenda», entre comillas, que se le ha querido dar al
Diputado que, con su voto, le dio el Gobierno a un compañero
suyo de Partido.

La policía, en varias ocasiones, según declaraciones de
representantes de los sindicatos, había intentado, a lo largo
de estos cinco meses, retirar la escolta, pero parece ser que
hasta ahora, insisto, hasta que no ha salido en los medios de
comunicación, no se le ha conseguido retirar. Esta escolta,
señor Ministro, va a cargo de todos los españoles. Había un
compañero suyo del anterior Gabinete que decía que los
ministros eran bienes de Estado. Yo no sé si para el señor
Marco el señor Gomáriz es un bien de la Comunidad Autónoma.

Puede que sea un bien para asegurar su escaño o su cargo en el
sillón de
Presidente de la Comunidad. Le aseguro que para los aragoneses
y para el resto de los españoles no es ningún bien de Estado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias. Señoría, ya antes expuse que las escoltas se prestan
por los factores de riesgo que se puedan producir a las
personas, unas con carácter permanente, otras con carácter
temporal. Yo dudo que el Jefe Superior de Policía haya
establecido una escolta que no sea necesaria y confío en la
profesionalidad de aquellas personas que, bajo su
responsabilidad, tienen que tomar estas determinaciones, y las
hay de todo signo político. Me da la impresión que su
irritación viene más condicionada por la actuación política de
la persona a la cual se le presta una protección que por la
objetividad con la que se debe prestar. Señoría, el Ministerio
del Interior prescinde de matices
políticos y de otro tinte que pudieran tenerse en cuenta a la
hora de establecer unas escoltas. Se prestan en función de las
necesidades objetivas que estas personas requieren. Por lo
tanto, señoría, creo que hace aquí unas apreciaciones que
ponen en duda la profesionalidad de aquellos que tienen bajo
su competencia y su oficio el decir cuándo sí y cuándo no
deben prestar esa seguridad a ciertas personas.

Tengo que decirle que hay numerosas escoltas que se prestan
así temporalmente y tengo que lamentar que trate, de forma
torticera, de llevar a ese punto de confusión lo que es, sin
duda, una escolta prestada con objetividad, con razones de
profesionalidad, por el Jefe Superior de Policía y que en ese
sentido se ha prestado.

Nada más, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES ESTA
DESARROLLANDO Y CUALES TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL
MINISTERIO DEL INTERIOR EN ASISTENCIA POLICIAL A MUJERES?
(Número de expediente 180/000289)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, de la señora Novoa
Carcacia.




Página 2248




La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro del Interior, los delitos contra los derechos y
las libertades de la mujer, especialmente las agresiones
sexuales y los malos tratos, sean éstos de naturaleza física o
psicológica, tienen hoy una importancia destacada, tanto por
su frecuencia como, a veces, por su silencio. En la afloración
de estos delitos, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un
importante papel, en tanto que profesionales relacionados con
la seguridad, con la protección y con el aseguramiento del
libre ejercicio de los derechos de las personas. Hoy nadie se
atreve a discutir que la mujer, en muchos aspectos de su
consideración social, de su vida y de su integridad física y
moral, se ve todavía
sociológicamente desprotegida, en tanto que en el seno de
nuestra sociedad perviven todavía muchos prejuicios. El cuerpo
policial, como institución inmersa en esta realidad social, no
es ajeno a este modo de proceder y la mujer puede sentir la
desprotección desde el momento mismo en que acude a presentar
una denuncia a la inspección de guardia. No cabe duda de que
una realidad de esta naturaleza actúa como inhibidor de la
voluntad de la víctima, permitiendo que muchos de estos
delitos nunca lleguen a denunciarse.

Por estas razones, señor Ministro, esta Diputada atribuye una
gran importancia a los servicios de atención policial a
mujeres y es por ello por lo que formulo la siguiente
pregunta: ¿Qué actuaciones está desarrollando y cuáles tiene
previsto
desarrollar el Ministerio del Interior en asistencia policial
a mujeres?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

El Ministerio del Interior viene desarrollando desde hace ya
años una especial atención a la mujer víctima de determinados
tipos de delitos de los que es objeto por su condición
femenina, como son los delitos contra la libertad sexual o la
violencia en el seno familiar o en el marco de las relaciones
de pareja,
conocidos como malos tratos. Esta atención tiene por finalidad
no sólo facilitar la denuncia de estos delitos, sino también
orientar a esas mujeres hacia los servicios sociales de ayuda
que existen, tanto en el Instituto de la Mujer como en las
comunidades autónomas o las corporaciones locales.

La atención policial a las mujeres que sufren malos tratos o
agresiones sexuales ha mejorado hasta el punto de que en
determinadas comisarías se han establecido servicios
especiales de atención, integrados por funcionarias
cualificadas, para llevar a cabo las diligencias policiales en
estos casos.

Actualmente funcionan grupos de policía judicial de atención a
la mujer, integrados en su totalidad por mujeres policías, en
las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Santander
y Málaga. También hay que tener en cuenta que en las
plantillas donde aún no se han implantado estos servicios de
atención especial están pendientes de su implantación,
teniéndolos ya previstos en Las Palmas, Cádiz, Sevilla, Palma
de Mallorca, Zaragoza, Oviedo y otras ciudades. También se
está tratando de crear nuevos servicios de atención a la mujer
en la comisaria policial de Alicante y se espera que entren en
funcionamiento de forma inmediata.

Ahora bien, también es preciso tener en cuenta que la creación
de nuevos grupos está condicionada por dos circunstancias, que
son, por un lado, naturalmente, la presupuestaria y, por otro,
también la formación de mujeres policía, así como una adecuada
coordinación, que todavía hay que intensificar, con los
servicios públicos en las diferentes instituciones públicas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION:
¿DE QUE FORMA HA DEFENDIDO EL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA
COMISION EUROPEA LA ERRADICACION DEFINITIVA DE VOLANTAS
PELAGICAS, A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE 1994, DE ACUERDO CON
EL MANDATO UNANIME DE ESTE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN SESION
DEL 26 DE OCTUBRE PROXIMO PASADO? (Número de expediente
180/000273)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Fernández
de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿de qué forma ha defendido el
Gobierno español ante la Comisión Europea la erradicación
definitiva de volantas pelágicas a partir del día 1 de enero
de 1994, de acuerdo con el mandato unánime de este Congreso de
los Diputados, en sesión del 26 de octubre próximo pasado?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.




Página 2249




Señorías, en el Consejo de Pesca celebrado los días 20 y 21 de
diciembre pasado la Comisión Europea optó por no presentar una
propuesta derogando la utilización de redes de malla a la
deriva de hasta cinco kilómetros de longitud. En este Consejo
y a pesar del interés manifestado por determinados Estados
miembros España no admitió que se pudiera materializar una
continuidad de la prórroga. Por ello, a partir del 1 de enero
de este año, salvo que se presente por la Comisión una nueva
propuesta y ésta sea adoptada por mayoría cualificada, las
únicas redes autorizadas son las de dos kilómetros y medio, de
acuerdo con el Reglamento 345/92. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Ministro, pero ése no es el acuerdo
de esta Cámara del día 26 de octubre. El acuerdo de la Cámara
del 26 de octubre es el de la erradicación total y definitiva
de las volantas pelágicas, votado incluso por su propio Grupo
Parlamentario, el Socialista, y no es de recibo que un
eurodiputado socialista defienda en el Parlamento Europeo,
bastante después de este acuerdo, en el apartado segundo, que
opina que, a partir del día 1 de enero del año 1994 y por un
período de tres años, debería concederse una nueva excepción
relativa a la utilización de redes de malla a la deriva de más
de 2,5 kilómetros, sobre todo para los franceses.

Señor Ministro, sabe usted tan bien como yo y como todos los
españoles que la flota pesquera española está atravesando por
uno de los momentos más duros; que desde Galicia las flotas
congeladoras no saben lo que va a pasar con Argentina, con las
Malvinas o con Namibia y sus negociaciones; que desde las
flotas del norte y de los túnidos no saben qué es lo que va a
pasar con la erradicación de las volantas pelágicas. Y los
pescadores españoles son bastante más cautos en sus
intervenciones de lo que lo han sido los franceses, por
razones mucho más nimias, hace unos días en Francia. Y quiero
decirle, señor Ministro, que este Parlamento, esta Cámara en
España ha de tomar una determinación para prohibir
definitivamente la importación de productos pesqueros en este
país que está prohibido capturarlos a los productores y a los
pescadores españoles. Es intolerable que estemos importando
capturas que aquí se prohíben a nuestros pescadores. Señor
Ministro, yo quiero terminar diciendo que hay que hacer mayor
fuerza ante la Comunidad Europea, ante el Parlamento Europeo,
al unísono, defendiendo lo que en esta Cámara hemos apoyado
absolutamente todos los grupos políticos, y eliminar de una
vez y definitivamente del Tratado de Adhesión ese período
transitorio del año 2002 para pesca que tiene fijado España.

Está tratando ahora el Parlamento Europeo, y pretende hacerlo
antes de que termine el período de sesiones y se
disuelvan las Cámaras, de que en el mes de marzo la ampliación
pueda ser definitiva, que entre Noruega. Si a partir del día
1.º del año 1995 entran otros países, a partir de esa misma
fecha, señor Ministro, estamos dispuestos a pedir y a exigir
que se termine el período transitorio de pesca que está fijado
en el año 2002 para los pescadores españoles, que está
arruinando a un sector del que, usted sabe, viven medio millón
de familias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

El señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene
la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

Como S.S. sabe, España viene manteniendo en todos los foros de
la Unión Europea y básicamente en el Consejo de Ministros la
misma posición, y con anterioridad al acuerdo de esta Cámara,
la misma posición que por unanimidad se adoptó en esta Cámara.

Además, la hemos venido manteniendo en una situación, si no en
solitario por lo menos de gran dificultad en el marco del
Consejo. Como le decía a S.S., en este momento sólo se puede
pescar con redes de 2,5 kilómetros y esperamos el resultado de
la próxima propuesta. El Parlamento Europeo, como también sabe
S.S., ha planteado una propuesta que va más allá incluso del
Reglamento 345, que se puedan utilizar sólo las volantas
pelágicas de 2,5 kilómetros en las doce millas. Nos parece que
ése es un paso adelante que estoy convencido de que esta
Cámara respalda, pero, por otra parte, es innegable la
dificultad que tiene la negociación en el marco comunitario.

Hace dos semanas el Comisario de Pesca ha estado en Madrid, y
uno de los elementos fundamentales sobre los que hemos estado
debatiendo ha sido sobre éste; para nosotros es una cuestión
fundamental no sólo que no se prorrogue la derogación de los
cinco kilómetros, sino que se proceda a la eliminación de
estas volantas. ¿De qué forma se va a hacer? Permítame S.S.

que lo deje para el marco de la
negociación, entre otras cosas porque será necesario jugar con
muchos elementos y sobre todo conseguir que tengamos un
horizonte claro de eliminación de estas redes de malla a la
deriva. En cuanto a la valoración con respecto al mercado,
creo que hemos de ser cautos y prudentes, porque
indudablemente la prohibición española nos la hemos dado
nosotros mismos y es un ejemplo que estamos dando a los demás
países.




Página 2250




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO
EL GOBIERNO PARA ABARATAR EL DINERO PARA LAS INVERSIONES QUE
EFECTUE EL SECTOR AGROALIMENTARIO, DE ACUERDO CON LA EVOLUCION
DEL MERCADO DURANTE 1994? (Número de expediente 180/000288)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, de la señora Sánchez
Díaz.




La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Agricultura, ¿qué medidas ha adoptado el
Gobierno para abaratar el dinero para las inversiones que
efectúe el sector agroalimentario, de acuerdo con la evolución
del mercado durante el año 1994?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Díaz.

El señor Ministro de Agricultura tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, el sector agrario ha dispuesto durante el transcurso
de los años 1992 y 1993 de una bonificación de intereses de
los préstamos necesarios para financiar las inversiones en
modernización de sus explotaciones, de tal manera que el
interés resultante para el agricultor ha quedado en esos años
dentro de la banda del 4 al 7 por ciento, en función del tipo
de agricultor y de la situación de la explotación. Teniendo en
cuenta que el precio del dinero ha descendido especialmente en
los últimos meses de 1993, el Gobierno aprobó el 21 de enero
de 1994 un nuevo Real Decreto que modifica el Real Decreto
18/1987, por el cual se repercuten al agricultor los efectos
positivos de reducción de los tipos de mercado. De esta forma,
con un interés del 10,25 por ciento a suscribir en los
convenios para 1994, la nueva banda de interés resultante al
agricultor para financiar sus
inversiones se sitúa entre el 3 y el 4 por ciento. Quiero
resaltar que son tipos de interés prácticamente negativos, el
3 por ciento es un tipo de interés negativo. Igualmente, el
Gobierno mediante el Real Decreto-ley 1/1994, de 21 de enero,
que se convalidó recientemente por este Congreso de los
Diputados, ha dispuesto la reducción del tipo de interés que
los
agricultores han de satisfacer al IRYDA por los préstamos que
fueron concedidos por dicho organismo, es decir, créditos
vivos ya y concedidos. Esta reducción rebaja al 9 por ciento
el interés a pagar por el agricultor en los préstamos que
tenían tipos superiores al 9 por ciento, lo que significa una
reducción media superior a dos puntos porcentuales, de la cual
se van a
beneficiar un total de 22.500 agricultores. Además, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concederá a
las inversiones de la industria agroalimentaria una ayuda, en
forma de
bonificación de intereses en operaciones de crédito, hasta un
máximo de seis puntos. Para ello, el Gobierno ha modificado el
Real Decreto por el que se fomenta la mejora de las
condiciones de transformación y comercialización de los
productos agrarios y pesqueros. Para instrumentar estas
ayudas, el Ministerio de Agricultura establecerá los
correspondientes convenios con entidades de crédito, públicas
o privadas, y con cooperativas agrarias que tengan sección de
crédito. Estas entidades podrán conceder préstamos, con un
plazo de amortización de cinco años, incluido uno de carencia,
por un importe que podrá llegar a cubrir el 80 por ciento de
las inversiones y gastos
subvencionables.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.

SR. MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LAS RAZONES
POR LAS QUE HACIENDA RETRASA LA DEVOLUCION DE DECLARACIONES
POR IRPF UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO PREVISTO? (Número de
expediente
180/000275)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Peñarrubia
Agius.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las que Hacienda
retrasa la devolución de declaraciones por el Impuesto de la
Renta, una vez finalizado el plazo previsto?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, en primer lugar, le diré que Hacienda no retrasa la
devolución de declaraciones. En el plazo previsto se han
devuelto el noventa y seis y pico por ciento, quedando
pendientes un tres un poco largo por ciento. Siempre que no se
ha producido la devolución responde



Página 2251




a una causa justificada. En general, suele ser disconformidad
en los datos, falta del domicilio que exige que, al no ser
conocida la cuenta bancaria, no se haga por transferencia sino
por talón, etcétera. Hay una serie de razones que exigen un
período de tiempo mayor y, por supuesto, esas son las que se
discuten y se devuelven en un momento posterior. Muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Peñarrubia.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, esperaba esa respuesta porque es la única
posible para justificar lo injustificable, y lo injustificable
es que se retrasen 50.000 millones de pesetas que afectan a
casi 400.000 contribuyentes. Resulta curioso que Hacienda, que
se muestra tan inflexible a la hora de exigir el cumplimiento
de los plazos por parte del contribuyente, sea menos exigente
cuando se trata de lo contrario, es decir, de cumplir sus
propios plazos. Señor Ministro, pocos se creen las razones que
ha dado para justificar el retraso, y menos quienes conocen un
poco cómo funciona la Administración de Hacienda en nuestro
país. Los contribuyentes españoles tienen la sensación de que,
con demasiada frecuencia, sus derechos son olvidados y, sobre
todo, tienen la certeza de un mal funcionamiento de la
Administración de Hacienda. Ejemplos de ello le puedo dar
muchos y documentados, señor Ministro. Es frecuente que las
administraciones de Hacienda carezcan de impresos de un
determinado modelo días antes, incluso horas antes de
finalizar el plazo fijado para su presentación. Sobre este
particular el Diputado que le habla hizo una pregunta en la
anterior legislatura. Es frecuente también, señor Ministro que
los contribuyentes reciban, en numerosas ocasiones,
requerimientos intimidatorios sobre determinados conceptos
tributarios, reclamando documentos que habían sido presentados
en tiempo y forma, obligando a demostrar, bajo amenaza de
sanción, que el error era de Hacienda y, en ningún caso, del
contribuyente. Dispongo de fotocopia de una de estas perlas,
señor Ministro. Los ciudadanos están cansados de que se les
moleste pidiendo obviedades. De eso tengo otro ejemplo.

Quienes quieren cumplir con Hacienda se encuentran
desorientados y desasistidos con el cambio de criterio de
normas y hasta de impresos, no de un ejercicio a otro sino
dentro de un mismo año fiscal, unas veces por decisión de la
propia Administración y otras por sentencia de los tribunales,
como ha ocurrido
recientemente.

Con estos antecedentes, señor Ministro, no puede resultar
extraño que la inmensa mayoría de los contribuyentes a los que
se les ha retrasado la devolución y que tengan derecho a la
misma, cuando la vayan a cobrar lo van a hacer sin los
intereses de demora que legítimamente les corresponde...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Si lo que S.S. quiere decirme es que todos los servicios son
mejorables, le contesto que sí, incluido el de Hacienda. Si lo
que quiere poner de relieve es que funciona muy mal, le diré
que no. El tres por ciento de casos en que se plantea algún
tipo de discusión me parece un porcentaje bastante razonable,
sobre todo si estamos hablando de ocho millones y medio de
devoluciones, que tienen que ser procesadas en un período
relativamente corto de tiempo.

Las razones a las que he hecho referencia son las que
normalmente se aplican. ¿Que puede haber algún caso aislado en
que pueda producirse alguna dificultad adicional? Es posible,
pero, por supuesto se puede corregir. Me preocupa mucho esa
referencia que hace S.S. a que modificamos la situación
durante un cierto período de tiempo, bien por decisión de la
Administración o por sentencias de los tribunales. ¿Es que me
está proponiendo S.S. que no apliquemos las sentencias de los
tribunales? Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿HA INFLUIDO SOBRE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN
POLITICA DE PERSONAL SANITARIO EL CONVENCIMIENTO DE QUE LOS
MEDICOS ESPAÑOLES HAN MANTENIDO UNA ACTITUD «ANTISERVICIO
SANITARIO PUBLICO»? (Número de expediente 180/000276)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Fernández-
Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, ¿ha influido sobre las decisiones
del Gobierno en política de personal sanitario el
convencimiento de que los médicos españoles han mantenido una
actitud «antiservicio sanitario público»?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Señora Ministra.




Página 2252




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

El Gobierno, señor Diputado, nunca ha pensado que los médicos
españoles hayan mantenido una actitud «antiservicio sanitario
público». Y, por tanto, difícilmente ha podido influir esa
actitud en las decisiones del Gobierno. Muy al contrario, el
Ministerio considera al personal médico como un pilar
fundamental del sistema sanitario público y somos conscientes
de la
dedicación y la entrega que este personal desarrolla.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Señor
Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, sus afirmaciones deberían ser
tranquilizantes, pero, lamentablemente, no son creíbles. Y no
son creíbles porque hay médicos, hay diplomados en enfermería,
hay profesionales de la sanidad, incluso trascendiendo a los
medios de comunicación, que se sienten perseguidos, que se
sienten discriminados por las actuaciones de las autoridades
sanitarias. Estas denuncias, que han llegado incluso a nuestro
Grupo parlamentario, se ven ratificadas por declaraciones de
personas relacionadas con el mundo de la sanidad, con
responsabilidades incluso dentro de la política sanitaria,
como es el señor La Mata, responsable del Partido Socialista
de Sanidad y, además, Director General de Planificación,
Formación e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid,
que tiene a bien declarar textualmente en los medios de
comunicación: En el Partido Socialista teníamos un análisis
muy simple: los médicos son de derechas. En las últimas
elecciones, el 60 por ciento votó al PP y, por tanto, según
pensábamos, iban a hacer una política «antiservicio sanitario
público». Y afirma: En el PSOE, nos equivocamos al creer que
podíamos ir contra los médicos.

Señoría, estas declaraciones suponen el reconocimiento, que yo
denuncio en esta Cámara esta tarde, de que el socialismo
español ha perseguido por razones políticas, por razones
ideológicas, a los médicos españoles que trabajaban en la
sanidad pública y, además, respondiendo a una consigna
preestablecida. Y tienen ahora la desfachatez de reconocer que
se han equivocado, como consecuencia, sin duda alguna, de los
resultados de su política y de los resultados electorales.

(Rumores.)
¿Ha colaborado S.S., en los meses que lleva como Ministra, en
esta persecución política? ¿Lo han hecho sus altos cargos, el
señor Temes, Director General del Insalud, o el señor Conde,
Subsecretario del Ministerio, que sí pertenecen al Partido
Socialista Obrero Español, con el cual usted colabora?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. Señora
Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, la mayoría de los médicos españoles trabaja en
el sistema sanitario público y más del 70 por ciento lo hace
voluntariamente de forma exclusiva.

En la labor de control del Gobierno que S.S. desempeña
trayendo a colación declaraciones de responsables sanitarios
que, tal como acaba de leer, analizan o valoran actitudes y
consideraciones respecto a la consideración que en el PSOE se
haya podido hacer de la posición ideológica de los médicos,
asegura S.S. que son difíciles de contestar. Son difíciles de
contestar desde la seriedad y desde la racionalidad.

Las imputaciones que S.S. permanentemente está haciendo a los
responsables del Ministerio de Sanidad, basadas en no sé qué
figuraciones, me confortan en la medida en que demuestran que
no tiene S.S. argumentos concretos para venir aquí a pedir
explicaciones sobre la política sanitaria. Yo no he colaborado
en mi gestión al frente del Ministerio a ninguna política de
las que S.S. enuncia aquí. Y lo que sí puedo es darle cuenta
de los trabajos que estamos realizando sobre el estatuto-marco
del personal sanitario, sobre la ley de ordenación de las
profesiones sanitarias, temas serios que afectan al personal
sanitario, y recomendarle que si conoce, tiene y recibe en su
Grupo
parlamentario denuncias de médicos y cree S.S. que están
fundadas, me las remita, que con mucho gusto, y como es mi
obligación, las atenderé.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO SOUVIRON GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE SE VIENE DENEGANDO EL
RECONOCIMIENTO DEL CAPITAL SEGURO DE VIDA A LOS MUTUALISTAS DE
LA ADMINISTRACION LOCAL TRAS SU INTEGRACION EN EL REGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente
180/000282)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Souviron
García, que tiene la palabra.




El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Presidente, señor Ministro,
¿cuáles son las razones por las que se viene denegando el
reconocimiento de la prestación capital seguro de vida a los
mutualistas de la Administración local tras su integración en
el Régimen General de la Seguridad Social?



Página 2253




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souviron.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Señor Presidente, señoría, debo distinguir dos
situaciones para responder a su pregunta. Primera, la de los
mutualistas...




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, si se dirige a la
Presidencia o a la tribuna se le oirá mejor, incluso el señor
Diputado, aunque esté a su espalda.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

Decía, en primer lugar, que hay que distinguir dos
situaciones. Una, la de los mutualistas acogidos antes de la
integración del colectivo en el Régimen General de la
Seguridad Social, es decir, el 1 de abril de 1993, que tenían
adquirido el derecho al capital seguro de vida o su rescate, a
los que la Seguridad Social ha reconocido, a todos, la
prestación, y otra es la situación del resto de los
mutualistas a quienes, a partir de dicha fecha --1 de abril de
1993--, se les aplica plenamente el Régimen General de la
Seguridad Social en el que no existe el capital seguro de
vida. En segundo lugar, quiero subrayar que el sistema actual
es mucho más amplio y más generoso que el del antiguo régimen
de la Munpal.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Souviron tiene la palabra.




El señor SOUVIRON GARCIA: La verdad es que, por hacer un
pequeño resumen, desde la propia Ley creadora de la Munpal, se
reconoció la prestación del capital seguro de vida como una
prestación independiente, que se contempla en el propio
estatuto, que desarrolla, a su vez, la ley de origen. La
propia Ley Reguladora del Régimen Local no altera para nada el
asunto y desembocamos así en el célebre Real Decreto 480, de
1993, en el que, al integrar la Munpal en el régimen de la
Seguridad Social, se ignora totalmente esta prestación.

Evidentemente, como usted ha dicho, los mutualistas que
después de esta fecha tenían el derecho adquirido a acceder a
la
prestación, se han visto sin ella.

La verdad es que, por ser gráfico y visto desde fuera, nos da
la impresión, señor Ministro, de que el Gobierno, teniendo en
una mano la Munpal y en otra la Seguridad Social, hubiera
hecho un extraño juego de ilusionismo, por el cual, al pasar
la Munpal de una mano a la otra, ha hecho perder ante nuestra
propia vista la prestación a que venimos refiriéndonos.

Queremos incluso pensar y tener la esperanza de que esto sea
así, porque querrá decir que el Gobierno, en algún momento, va
a sacar de la ancha manga de la Seguridad Social la prestación
y la va a poner a disposición de sus legítimos propietarios,
que son, precisamente, quienes han estado cotizando toda la
vida para acceder a ella.

En este caso, sin duda, el Gobierno podría ponerse una de esas
amplias medallas que algún ilusionista saca en la televisión,
mientras los pensionistas podrían tomarse un vaso de agua para
reponerse del susto. Pero, desde luego, a lo que no están
dispuestos los pensionistas es a ponerse la medalla de la
resignación. Este Grupo parlamentario, cuya voz cada vez se
oye más en la Cámara, como usted sabe, va a evitarlo en lo
posible. Señor Saavedra, no tengo que recordarle que es usted
el Ministro de las Administraciones Públicas, por tanto, de
los funcionarios públicos y, en consecuencia, de los
funcionarios de la
Administración local, y espero que vele por sus derechos.

Soluciones hay. La Comisión liquidadora que está en marcha,
podría poner un fondo especial, como el que ya se estableció
para los funcionarios que, en situación similar, dependientes
de la Seguridad Social, se incluyeron en el Régimen General y
no habría discriminación con respecto a los funcionarios de la
Administración local.

Eso es lo que espero, señor Ministro, de su figura jurídica y
de su sensibilidad política. Cualquier otra respuesta no la
comprenderíamos, desde luego, en el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souviron.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

Señor Souviron, primero, quede claro que la integración de los
funcionarios de la Munpal en el Régimen General de la
Seguridad Social fue unánimemente solicitada por los
integrantes del colectivo.

Segundo, que el régimen de cobertura de la Munpal era inferior
en número y cuantía a las prestaciones de la Seguridad Social.

Por ejemplo, la incapacidad laboral transitoria, que no existe
en la Munpal. Tercero, la integración se efectuó por
imperativo de lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen
Local.

Y, cuarto, el Real Decreto mencionado por S.S. se hizo una vez
obtenido el acuerdo de todos los sectores interesados:
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio para las
Administraciones Públicas, organizaciones sindicales con
representación en la Administración local, la Federación
Española de Municipios y Provincias y la propia mutualidad. El
citado acuerdo se produjo en torno a la obtención de tres
objetivos: uno, respeto escrupuloso de los derechos pasivos
reconocidos o en vías de adquisición; dos, equiparación de los
afiliados a la Munpal con los de la Seguridad Social en cuanto
al nivel y cuantía de las



Página 2254




prestaciones y, tres, garantía de la estabilidad financiera
del sistema gestionado por la Munpal. Por consiguiente, no es
cuestión de sacarse de la manga del Régimen General de la
Seguridad Social una nueva prestación, por cuanto que no
existe ni hay ninguna duda jurídica al respecto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA
REPERCUSION DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y LA IGLESIA CATOLICA PARA LA REALIZACION DE LA
PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA?
(Número de expediente 180/000284)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de la señora
Rodríguez Ortega.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Justicia, desde que en el mes de marzo de
1989 se produjo la primera incorporación de objetores de
conciencia a la prestación social sustitutoria, se ha venido
realizando por parte del Ministerio de Justicia una labor y un
esfuerzo
importantísimos para conseguir que se incremente
progresivamente el número de plazas ofertadas a los jóvenes
objetores. Esta labor debe estar encaminada fundamentalmente a
la incorporación cada vez más rápida y ágil de los objetores a
un puesto de prestación social. Además, esta necesidad de
conseguir una gestión cada vez más ágil de la prestación
social viene motivada por el hecho de que aumenta
progresivamente la cifra de jóvenes que se declaran objetores
y que, por tanto, están a la espera de realizar la prestación.

Esta situación ha provocado que cada vez se esté abriendo más
el abanico de conciertos entre el Ministerio de Justicia y
distintas administraciones. Además de con los ayuntamientos,
las
diputaciones provinciales y comunidades autónomas, se están
elaborando programas, en muchos casos bastante novedosos, con
otras entidades como Icona y Cruz Roja y con movimientos
asociativos, sin olvidar tampoco los programas de carácter
humanitario y de cooperación internacional, como el que ha
hecho que recientemente se incorpore un número importante de
jóvenes a una labor realmente humanitaria y necesaria también,
por otra parte. En este esfuerzo por conseguir el aumento del
número de plazas, se ha firmado, recientemente y por primera
vez, un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Iglesia
Católica, con el ánimo de abrir la oferta de plazas a
organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Iglesia que
están llevando a cabo una labor sin duda muy importante de
voluntariado social. Sobre este último aspecto, formulo al
señor Ministro de Justicia la pregunta, que, literalmente,
dice: ¿Cuál es la repercusión del convenio firmado entre el
Ministerio de Justicia y la Iglesia Católica para la
realización de la prestación social sustitutoria de los
objetores de conciencia?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del Presidente. Señoría, señorías, efectivamente, ha enmarcado
usted la pregunta dentro de las actuaciones que está
realizando el Gobierno a través del Ministerio de Justicia en
este campo tan complicado y difícil como es el de la
prestación social
sustitutoria.

En particular, se refiere S.S. al convenio firmado en enero
con la Conferencia Episcopal. El Gobierno valora muy
positivamente ese acuerdo, por diversas razones, y se las diré
de menor a mayor. La menor, aunque pueda parecer paradójico,
alude a que es previsible un incremento notable de plazas y,
por tanto,
incrementaremos la oferta ante esa demanda que, como S.S. ha
dicho, no para de crecer. Es un dato importante, puesto que,
en definitiva, a partir de ese convenio-marco, se pone en
marcha un conjunto de convenios bilaterales con el conjunto,
muy numeroso --S.S. lo conoce--, de instituciones de la
Iglesia que se dedican a labores que podrían encuadrarse en el
marco de la prestación social. Aunque no sea riguroso en este
momento hablar de cifras --habrá que esperar al resultado de
ese convenio--, ciertamente se puede decir que va a ser
cuantioso. Hay un segundo motivo importante, que se engloba en
una política más amplia de
convenios. Usted ha aludido a una serie de ellos, hay otros
importantes. En los próximos días, firmaremos un convenio
cuantitativa y cualitativamente importantísimo con el
Ministerio de Educación; poco tiempo después lo haremos con el
Ministerio de Sanidad y también mantenemos una colaboración
muy eficaz con el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero la
razón más importante de todas, en opinión del Gobierno, está
más bien en que es un signo manifiesto de las relaciones
particularmente positivas de colaboración entre el Gobierno y
la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha comprendido que
debe contribuir solidariamente a la solución de un problema de
Estado y hacerlo dentro de un marco muy concreto, el de
garantizar la libertad ideológica de los objetores, la
neutralidad de la prestación social sustitutoria y la libre
autonomía de las propias entidades colaboradoras. Nada más.

Muchas gracias.




Página 2255




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL
GOBIERNO TRANSPONER LA DIRECTIVA COMUNITARIA SOBRE
MULTIPROPIEDAD? (Número de expediente 180/000285)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 de la señora Pelayo
Duque.




La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.

En nuestro país han sido diversos sectores y corporaciones
públicas los que han venido demostrando su preocupación por la
falta de regulación legal de un fenómeno que ha aparecido en
toda la geografía turística española y que ha dado lugar a
numerosas quejas basadas no sólo en la falta de regulación,
sino también en la indefensión en que se encontraban algunos
usuarios. Se trata del sistema conocido por vacaciones a
tiempo compartido o multipropiedad y que dio lugar, en la
anterior legislatura, a una iniciativa del Grupo parlamentario
Socialista.

La decisión del Gobierno de no remitir a la Cámara un proyecto
de ley hasta que no se apruebe por la Comisión Europea una
directiva comunitaria en la que se ha venido trabajando desde
hace algunos años no ha sido sólo una decisión prudente, sino
que creo que era la adecuada, a efectos de regular en nuestro
país, de manera ya normalizada, este fenómeno tan preocupante.

España es, además, el primer país europeo receptor en «time-
sharing» y el segundo del mundo. Eso habla ya de la
importancia del tema y de la cifra que baraja. Por ello,
conocida la existencia de un anteproyecto y también el que en
fecha próxima se pueda aprobar por la Comisión Europea una
directiva, pregunto al Gobierno cuándo piensa transponer esa
directiva al Derecho interno español.

Nada más, señor Presidente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del Presidente. Señoría, señorías, efectivamente S.S. ha
aludido al proceso de creación de la directiva comunitaria
dentro del marco de la Comunidad. En el mes de noviembre del
año 1993 se llegó a un acuerdo de principio sobre alguno de
los extremos esenciales en los que había discusión: la
cuestión lingüística, lo cual es usual, por otro lado, en el
marco de la Comunidad Europea; el problema de su entrada en
vigor y también el problema del período de reflexión.

Posteriormente, se realizó un borrador, que pasó, como es
costumbre en la Unión Europea, a los expertos juristas y
lingüistas, que el 3 de este mes de febrero han elaborado ya
un proyecto de toma de posición común, que refleja el punto de
partida inicial, y que el próximo mes tendrá que examinar, ya,
por tanto, bajo Presidencia griega, la aprobación de la
directiva comunitaria. Realizado ese proceso, SS.SS. saben que
el paso siguiente será la ratificación por el Parlamento
Europeo. He hecho este marco porque sólo así se puede
comprender la actividad prelegislativa del Gobierno en este
campo.

Efectivamente, la iniciativa parlamentaria, que existió en
este sentido en la legislatura anterior, se paralizócomo
consecuencia de iniciarse el proceso prelegislativo,
llamémoslo así, en el ámbito de la Unión Europea. La idea era
muy clara, era lograr que, en definitiva, no hiciéramos un
texto normativo que debiera ser inmediatamente adaptado a
través de la técnica de la
transposición de directiva comunitaria. El procedimiento de
tramitación simultánea del proceso prelegislativo a nivel
interno y del proceso prelegislativo a nivel de Unión Europea
podría aparentemente ser retardatario. La realidad, desde el
punto de vista del Gobierno, es, efectivamente, la contraria.

Como estamos trabajando al mismo tiempo, de suerte que el
borrador se va adaptando a las sucesivas reformas que se
inician o que se provocan en el seno de los organismos
europeos, podremos
seguramente ser uno de los primeros países, si no es el primer
país, que logre la transposición de la directiva comunitaria,
porque estamos trabajando de manera paralela. De suerte que,
aprobada que sea, bastará el período de consultas horizontal y
los informes preceptivos para que pueda convertirse en
anteproyecto primero, en proyecto después y, finalmente, que
SS.SS. pueda tomar la decisión que les corresponde como poder
soberano. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO
(PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE CONOCIMIENTO EL
MINISTRO SOBRE LA ESTRATEGIA DEL GRUPO REPSOL EN RELACION A LA
FACTORIA ALAVESA GENERAL QUIMICA, UBICADA EN LANTARON Y, EN
CONCRETO, SOBRE EL PROCESO DE CONSOLIDACION DE BALANCES
INICIADO EN ESTA EMPRESA SUSCEPTIBLE DE MINORAR LA CAPACIDAD
RECAUDATORIA DE LA HACIENDA FORAL DE ALAVA? (Número de
expediente 180/000265)



Página 2256




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Olabarría
Muñoz.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señor Ministro de
Industria, ¿conoce la política industrial, la política
empresarial del grupo Repsol, en relación a la factoría
General Química, ubicada en la localidad alavesa de Lantarón
y,
particularmente, su política de consolidación de balances?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Sí, señor Diputado, el Ministro de Industria conoce esa
política.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Olabarría tiene la palabra.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, nos satisface
sobremanera tan eficiente cumplimiento de sus funciones de
conocimiento y diligencia administrativa.

En todo caso, quizá se me olvidó a mí preguntarlo, además de
su consciencia sobre esa política nos gustaría conocer también
cuál es su opinión, sobre todo porque la política de
consolidación de balances supone un quebranto para la
capacidad recaudatoria de la Diputación Foral de Alava. Y
cuando hablamos de quebranto, de disminución de la capacidad
recaudatoria de la Hacienda Foral de Euskadi, estamos hablando
de quebrantar también o perturbar los sutiles equilibrios
económico-financieros que subyacen en el concierto económico,
y esa no es una cuestión baladí. Hace falta más que
conocimiento, hace falta también responsabilidad y acción
cuando estamos hablando de estas cuestiones.

La política de consolidación de balances del grupo Repsol, en
relación a General Química, consiste en un quebranto de la
capacidad recaudatoria en materia de Impuesto de Sociedades,
puesto que ya el sistema de liquidación de este impuesto se
hace a través de la cifra relativa de negocios, con lo cual ya
la imputación a la liquidación se hace en la Administración
Tributaria del Estado, no en la Administración Foral Alavesa.

Es la primera cuestión que nos preocupa, señor Ministro.

En materia de IVA, las transacciones internas entre el grupo
Repsol, por una parte, y la propia factoría General Química,
están suponiendo que la cantidad soportada en materia de IVA
por esta factoría es superior ya a la cantidad que esta
empresa puede repercutir; otro nuevo quebranto a la capacidad
recaudatoria de la Diputación Foral Alavesa.

Y, en materia de IRPF, la situación es mucho más lamentable,
desgraciadamente, señor Ministro, porque estamos hablando de
una reducción de plantillas que afecta a 118 trabajadores que
están en este momento empleados en esta factoría, y eso supone
una minoración de la capacidad recaudatoria de la Hacienda
Foral a través de este impuesto, pero algo mucho más
lamentable, señor Ministro, eso supone pérdida de puestos de
trabajo y puede suponer también, a la postre, pérdida de
tejido industrial en Alava, donde no estamos sobrados, como
usted bien sabe, señor Ministro. Nosotros le pedimos que
actúe, que las decisiones estratégicas del grupo Repsol no
resulten lesivas para la capacidad financiera, para la
capacidad recaudatoria, pero sobre todo que no contribuyan a
minorar el tejido industrial de Alava y el tejido industrial,
por ello, de Euskadi. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Olabarría, está usted bastante mal informado. El grupo
Repsol lo único que hace es cumplir la ley. Como dice el Real
Decreto 1414/1977, de 17 de junio, si, después de concedido el
régimen de declaración consolidada, la sociedad dominante
lograra el control sobre una o varias sociedades, será
obligatoria su inclusión en el grupo en el siguiente
ejercicio.

Esto es lo que ocurre con esa sociedad. Por tanto, está
cumpliendo estrictamente la ley, como es su obligación,
obligación de cumplimiento de la ley que es perfectamente
compatible con el régimen de concierto económico, con el cual
esto está perfectamente articulado. En segundo lugar, le
quiero decir que esa sociedad en este momento no está
contribuyendo en absoluto a la Hacienda Foral, entre otras
cosas porque no hace sino arrojar pérdidas, pérdidas que,
naturalmente, significan el no ingreso en la Hacienda Foral.

En el momento en el que haya beneficios, como está generando
un crédito fiscal, se consolidará con las pérdidas actualmente
existentes y, en el futuro, esa empresa, tributará,
naturalmente, por cifra relativa de negocios, como corresponde
a otras empresas también que están en cifra relativa de
negocios en el territorio foral.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MANUEL GARCIA FONSECA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿NO ES INTENCION



Página 2257




DEL GOBIERNO EL INFORMAR A LAS CORTES GENERALES DE LA VENTA DE
LA EMPRESA PUBLICA ENAGAS A GAS NATURAL SDG ANTES DE LA FIRMA
DE LA OPERACION, DADA LA DIMENSION E IMPORTANCIA
ESTRATEGICA QUE TIENE LA MISMA PARA EL SECTOR PUBLICO Y LA
POLITICA ENERGETICA DE NUESTRO PAIS? (Número de expediente
180/000266)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor García
Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.

Mi pregunta, señor Ministro, que no le sonará a nueva, es
relativa a si usted tiene ya prevista la fecha, si ésta va a
ser inmediata o, en todo caso, antes de que se cierre la
negociación, de comparecer ante esta Cámara para explicar la
venta de Enagás a Gas Natural.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor García Fonseca, con mucho gusto compareceré, explicaré y
daré todas las explicaciones tan pronto como esa operación se
produzca, no antes. He tenido ocasión de informar
públicamente, y a ustedes también, en la propia Comisión de
Industria y en otros momentos de intervenciones
parlamentarias, sobre un proceso que se está gestando, un
proceso que hasta ahora se ha traducido en un protocolo
exclusivamente y no en una venta, en un protocolo de
intenciones, en el cual se pone de manifiesto que las partes
firmantes del presente documento, Gas Natural y el INH,
reconocen la complejidad de la valoración de Enagás, que
requiere tener en cuenta, entre otros factores, sus
compromisos nacionales e internacionales, su régimen tarifario
y el marco regulatorio en que se desarrollará su actividad.

Este es un proceso que está en curso. Tan pronto como este
proceso dé lugar a algún tipo de decisión tendré muchísimo
gusto en explicar más allá de lo que públicamente ya he tenido
ocasión de transmitir. Pero sí le pido, señor García Fonseca,
que no se haga usted eco de todas las especulaciones que a
veces se hacen algunos grupos financieros sobre valores o no
valores. Me parece que este es un proceso en el que la Cámara,
naturalmente, tendrá que tener la información procedente y
tendré muchísimo gusto en dársela no sólo con toda
cordialidad, sino con todo lujo de detalles. Pero, cuando esto
se produzca. Todavía no se ha producido.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Siento mucho su respuesta, señor
Ministro. Yo le había entendido, a propósito de la
interpelación donde yo incluí este tema porque me pareció de
la máxima urgencia e importancia, que sí nos iba a dar una
información, pero previa, a la toma de decisión final. A
nosotros nos parece que la importancia y los interrogantes que
el asunto suscita así lo requiere.

Y no es que quiera dar crédito a especulaciones de no sé qué
empresas financieras, aunque me encuentro tan inerme que me
resultaría fácil dar crédito a cualquier especulación. Porque,
efectivamente, contra lo que usted acaba de indicar, nosotros
no hemos recibido información ninguna sobre Enagás. Es más,
ese protocolo al que ha hecho referencia ahora, mi Grupo
parlamentario lo ha solicitado hace tiempo y se nos ha dado la
callada por respuesta, señor Ministro.

Y el tema cada vez nos suscita mayores y más graves
interrogantes. Y no son especulaciones, a no ser que usted
entienda por tal las declaraciones que la prensa recoge en
boca de usted mismo. Al final, se dice que el precio del
gasoducto del Magreb, que algo tiene que ver con esto, va a
ser financiado en base a las tarifas, en base al consumidor, y
después el grupo de gasística resultante se hará cargo de la
gestión española del EMPL en el Magreb. Es decir, que aquí,
señor Ministro, se empieza al revés de como sucede en la
naturaleza, el pez pequeño se come al grande. En vez de
absorber o integrar Enagás a Gas Natural, sucede exactamente
al revés. En segundo lugar, en cuanto a especulaciones de
precios, señor Ministro, la primera
especulación proviene de una declaración suya en el mes de
octubre cuando hablaba de 100.000 millones de pesetas. Ahora
parece, según sigue la curva descendente, que la van a
regalar. En tercer lugar, no sólo la regalan, sino que los
aspectos lesivos que pudiera tener, sobre todo los aspectos
que requieren fuertes inversiones públicas, fortísimas, que no
se conocen, puesto que el Plan Energético nacional habla de
110.000 millones y ahora ya se habla de 400.000...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muy brevemente.

Señor García Fonseca, lamento que se sienta insatisfecho.

Cuando quiera saber lo que yo opino sobre lo que vale,
pregúntemelo a mí. No haga caso a todo lo que lee, porque no
todas las cosas que lee responden a lo que yo pienso o,
incluso, a veces, a lo que yo digo.

En segundo lugar, tendré muchísimo gusto en darle todos los
detalles que quiera, si usted lo solicita. Por mi parte, los
he dado en la Comisión de Industria y los



Página 2258




volveré a dar tan pronto como pueda dar nuevos detalles sobre
un proceso que está en curso, insisto. Lo que uno no puede,
señor García Fonseca, es hacer frente a las especulaciones de
unos y de otros. Pero créame que tienen ustedes toda la
información básica. Y el protocolo, si no lo ha recibido, que,
desde luego, es público y notorio, tendré muchísimo gusto en
remitírselo esta misma tarde.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASAT, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE POSICION Y GESTIONES
REALIZA EL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACION Y FUTURO DE LA
FACTORIA AUTOMOVILISTICA «SANTANA MOTOR» DE LINARES (JAEN)
(Número de expediente 180/000267)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASAT: Gracias, señor Presidente.

Ministro, le pregunto por la posición concreta hoy, después de
las entrevistas que han tenido y de las gestiones que están
realizando de cara al futuro de «Santana Motor» en Linares
(Jaén).

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
El Ministerio de Industria viene haciendo, y yo mismo, en
particular, gestiones desde hace meses. Hay preocupación e
interés por el presente y especialmente por el futuro de
Santana. Lo que le puedo decir en este preciso momento es que
me siento profundamente preocupado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASAT: Desde luego, hoy no parece su día,
señor Ministro. La crisis de «Santana Motor» sería para Jaén
un golpe similar o superior a lo que ha sido el de Seat para
Barcelona. Quiero recordarle que Jaén posiblemente es una de
las últimas provincias en renta familiar de España y que con
el cierre de Santana perdería un 20 por ciento del empleo
industrial de la zona, es decir 2.400 trabajadores.

Pues bien, en este entorno las declaraciones de un alto cargo
del Ministerio, señor Moltó, son frívolas, demuestran poco
sentido del deber y se alinea con una empresa que no tiene una
actuación presentable, se alinea con la empresa presionando
desde esa trinchera frente a los trabajadores. Ha dicho que
Suzuki tiene derecho a retirarse de Andalucía si no se siente
cómoda. ¿Suzuki también tiene derecho a retirarse cómodamente
cuando no cumple acuerdos en función de los cuales ha obtenido
dinero público? Hace un año se decía desde el Gobierno
andaluz, el señor Chaves, que había que firmar aquel trato,
aquel acuerdo; se firmó porque si no supondría una
auténticatragedia. Pasan pocos meses y ya no le sirve a
Suzuki. Los trabajadores han cumplido el laudo a fondo, ha
aumentado la productividad y la empresa no cumple nada, recibe
el dinero público y ahora dice que posiblemente se vaya y el
señor Moltó dice que es plenamente comprensible porque la
empresa no se siente cómoda.

¿Qué política de industria era la de su antecesor, que decía
que la mejor política de industria es la que no existe? Le
faltó decir que el mejor Ministro de Industria es el que no
existe y el que no cobra. Eso es lo que siempre ha faltado a
la hora de no hacer una política con auténtica responsabilidad
nacional. Tanto en Nissan como en Fujitsu, como ahora en
Suzuki, ustedes están dando dinero, la empresa se va y ustedes
se ponen de parte de la empresa contra los trabajadores.

Responda seriamente a esta situación, que va a dejar a una
comarca seriamente deprimida y a una provincia como Jaén la va
a dejar prácticamente abocada a la tragedia. No lo tome a
frivolidad, señor Ministro, como ha hecho en la primera
respuesta. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Seguramente, señor Alcaraz, el mejor Diputado que habla de
política industrial no es usted. Lamento decírselo porque me
parece que en sus palabras hay un profundo desconocimiento de
la situación y una atribución de responsabilidades a los
demás. Mire, si al contestarle he sido bien lacónico es porque
sé lo que estoy diciendo y, como estoy profundamente
preocupado por eso y he hecho gestiones para resolverlo, como
ha llegado un momento, en el que quizás haya que tomar
decisiones, es por lo que tengo que decirle solamente lo que
le estoy diciendo. Ayer estuve reunido con los directivos de
Suzuki, lo mismo que el Secretario de Estado ha estado reunido
en Japón hace poco con los directivos de Suzuki, y hace unos
pocos meses también tuve la ocasión de hablar y preocuparme,
lo mismo que otros dirigentes públicos de la Junta de
Andalucía, para resolver un problema. Si le digo lo



Página 2259




que le digo es porque, no solamente se preocupa usted, con
algunas expresiones frívolas y a mi juicio demagógicas,
quienes nos estamos preocupando por garantizar el futuro,
estamos tratando de hacer lo que somos capaces de hacer en una
empresa que tiene una mayoría de capital japonés, en la cual
hay pérdidas reiteradas durante bastantes años y una situación
crítica en este momento. No le diré más, señor Alcaraz. Usted
puede expresarse como quiera, pero éste es un problema que le
preocupa a usted y me temo que a mí me tiene que preocupar
todavía más que a usted.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GAYARRE BERMEJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:
¿POR QUE RAZON NO HA SUSPENDIDO EL GOBIERNO EL COBRO DE LAS
JORNADAS TEORICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS AGRICULTORES?
(Número de expediente 180/000278)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Gayarre
Bermejo. Tiene la palabra.




El señor GAYARRE BERMEJO: Gracias, señor Presidente.

¿Por qué razón no ha suspendido el Gobierno el cobro de las
jornadas teóricas de la Seguridad Social a los agricultores?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Por una razón jurídica fundamental; que no existe norma alguna
que permita aplazar el cobro de las jornadas teóricas a los
agricultores. Otra cosa es el compromiso del Gobierno, como
consecuencia de moción aprobada en esta Cámara, que se llevará
a cabo en breve plazo, de sustituir el sistema de cotización
por jornadas teóricas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Gayarre.




El señor GAYARRE BERMEJO: Me alegro mucho que por lo menos
reconozca que hay que cambiarlas.

Las jornadas teóricas son, en realidad, un impuesto camuflado
que grava la tierra en función de su potencial productivo y no
de que se contraten más o menos trabajadores por cuenta ajena.

Es un cálculo teórico realizado burocráticamente hace muchos
años desde los despachos y sin conexión con la realidad. Como
primer fruto de la marcha agraria, el año pasado por estas
fechas, el Consejo de Ministros acordó remitir a esta Cámara
un proyecto de ley por el que se suprimían las jornadas
teóricas. No sé exactamente si fue un juego de palabras en
boca del señor Solbes, entonces Ministro de Agricultura, para
callar a los agricultores llegados de toda España. Me indigna
la frivolidad manifiesta de este señor, que engañó a todas las
organizaciones sindicales y agrarias y encima no se inmuta
absolutamente nada, porque no se puede crear futuro en base a
datos engañosos. No debe el Gobierno hablar de competitividad
y jactarse de progresismo cuando tiene previsto segar el arroz
a mano, o la recolección de productos a pagos por obreros
manuales que demuestra el impuesto de las jornadas teóricas.

¿No se da usted cuenta, señor Ministro, de que para vivir en
libertad hay que ser libre? ¿Cómo pueden los agricultores
dignificar la profesión, aumentar las producciones, cuando en
lo básico su propia Seguridad Social está comprometida
teóricamente con pagos arcaicos que lejos de estimularnos nos
hace sentirnos tercermundistas?
Señor Ministro, usted sabe muy bien las razones por las cuales
la agricultura debe dar un salto cualitativo. La no supresión
de las jornadas teóricas son una losa que daña en su
proporción y nos aleja rápidamente de ese paraíso que ustedes,
los
socialistas, nos están prometiendo continuamente en Europa y
en el Estado de bienestar. También sabe que urge muchísimo su
supresión. Son muchas las hectáreas abandonadas, las
cantidades de barbecho, la supresión de la cuota láctea, la
mecanización de zonas viticultoras con cosechadoras modernas,
las granjas en progreso; en una palabra, todos aquellos
cultivos que la reforma de la PAC nos ordena. ¿Qué razón...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.




El señor GAYARRE BERMEJO: ¿Eh?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre. (Risas.)
Señor Ministro de Trabajo, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Creía yo que estábamos hablando de Seguridad Social y que, por
consiguiente, estábamos hablando de unos ingresos que tiene la
Seguridad Social agraria para hacer frente a parte de sus
obligaciones. ¿Son impuestos? Sí, la Seguridad Social se puede
financiar por cotizaciones... (El señor Gayarre Bermejo: ¡Si
está segando arroz a mano!)



El señor PRESIDENTE: Señor Gayarre. (El señor Gayarre Bermejo
pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señor Gayarre!



Página 2260




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Señor Gayarre, parece el tenor. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Gayarre, es el turno del señor
Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Gayarre, insisto en que cuando se habla de las jornadas
teóricas se está hablando de una fuente de ingresos que tiene
un régimen como el especial agrario de la Seguridad Social,
cuyas cifras debieran mover también a la reflexión a su
señoría. El régimen especial agrario de la Seguridad Social
ingresa 183.000 millones de pesetas y gasta un billón 538.000
millones de pesetas. ¿Y sabe usted cómo se enjuga la
diferencia entre lo que ingresa y el gasto? Se enjuga a través
del sacrificio de todos los españoles que no trabajan ni viven
del régimen agrario ni del sector agrario: es decir, por
impuestos de los ciudadanos normales que trabajan en otros
sectores, por el régimen general de la Seguridad Social,
etcétera. Usted puede decir: Vamos a detraer parte de los
ingresos. Y me parece muy bien. Pero dígame también qué gasto
retiramos cuando detraemos esos ingresos, o qué otros
impuestos subimos, o qué otras cotizaciones subimos, porque es
lógico que tengamos que mantener, como mínimo, ese equilibrio
financiero que permita pagar las pensiones hoy, mañana y
pasado mañana.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO APROBAR EL
PROYECTO DE LEY QUE DEBE SUPRIMIR LA COTIZACION POR PEONADAS
TEORICAS EN EL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL? (Número de expediente 180/000287)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Pau i
Pernau, que tiene la palabra.




El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, mi
pregunta tiene una cierta relación con la anterior y tiene su
origen en la voluntad, ya expuesta por el Gobierno, de
sustituir la cotización por peonadas teóricas en el régimen
especial agrario de la Seguridad Social por otro sistema más
objetivo y menos discriminatorio para la explotación familiar
agraria. A finales de la pasada legislatura el Gobierno aprobó
un proyecto en este sentido que no pudo tramitarse por la
disolución
anticipada de las Cámaras. Este proyecto suscitó la lógica
expectación y esperanza de muchos agricultores que,
lógicamente, esperan la resolución de un viejo contencioso
histórico que tiene ya un valor casi más emblemático que real,
porque si bien es cierto que el precio de estas peonadas
teóricas ha estado congelado desde 1978, es cierto también que
la actualización de los valores catastrales ha generado un
aumento de las mismas y este tipo de peonadas teóricas castiga
el tipo de agricultura familiar y la agricultura más
competitiva. Dado que la voluntad del Gobierno ya se expresó
en el momento en que aprobó este proyecto de ley, interesaría
conocer si el Gobierno tiene previsto aprobarlo nuevamente y
cuándo piensa remitirlo a la Cámara para su tramitación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro de Trabajo, tiene la
palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

También creo que he contestado anteriormente a la pregunta, al
tener identidad material lo que formula S.S. con lo
anteriormente formulado. Sabe que en noviembre pasado se
constituyó en el Senado un grupo de trabajo para analizar
precisamente el sistema de financiación del régimen agrario;
ya está empezando sus trabajos, y esperamos que en este mismo
primer trimestre, o como máximo en abril, podamos presentar el
proyecto de ley a esta Cámara, en el sentido no solamente de
suprimir las jornadas teóricas, sino también de incorporar
fuentes de financiación en el régimen especial agrario, como
antes decía, que permita su estabilidad de futuro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Pau.




El señor PAU I PERNAU: Gracias, señor Presidente, y gracias,
señor Ministro, por su información.

Creo que es interesante conocer que el sector agrario está de
acuerdo en que hay que financiar un sistema público de
Seguridad Social, en que el actual sistema de Seguridad Social
es un sistema deficitario, y hay que reconocer que el sector
agrario ha contribuido histórica y globalmente a través de su
participación a los fondos que hay actualmente y a la riqueza
nacional. En este sentido yo creo que sería conveniente una
modificación que tendiera a una cotización por peonadas
teóricas, de manera que no se gravasen aquellas explotaciones
a las que por tener actividades más extensivas se les atribuye
un número de peonadas reales que no se corresponde con las
peonadas que efectivamente se ejercen por parte del agricultor
a título principal. Lógicamente nosotros estaríamos de acuerdo
con esta propuesta, siempre y cuando este sistema antiguo
quede exento.




Página 2261




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA QUE LAS INVERSIONES DEL
PLAN DE EMPLEO RURAL REDUNDEN EN INICIATIVAS DE CREACION DE
EMPLEO ESTABLE Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO Y LA CREACI'ON DE
RIQUEZA EN LAS COMUNIDADES DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA (Número
de expediente 172/000028)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del
día: Interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular
sobre medidas previstas por el Gobierno para que las
inversiones del Plan de Empleo Rural redunden en iniciativas
de creación de empleo estable y contribuyan al desarrollo y la
creación de riqueza en las comunidades de Andalucía y
Extremadura.

En nombre del Grupo proponente de la interpelación tiene la
palabra el señor Arenas.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subo a la tribuna para defender una interpelación
del Grupo Parlamentario Popular que pretende que el Gobierno
nos informe de cuáles son las decisiones que tiene previstas
para abordar políticas de creación de riqueza y de empleo
estable en las comunidades de Andalucía y Extremadura; y digo
en las comunidades de Andalucía y Extremadura porque es
público y notorio que en estas dos comunidades se ha aplicado
un sistema de política asistencial, un sistema de subsidios,
un sistema que explicaremos en esta intervención, que ha
tenido, en opinión del Grupo Parlamentario Popular,
consecuencias francamente negativas en lo que significa el
empleo estable y la creación de riqueza en estas comunidades.

(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, señorías, porque el Ministro de Trabajo, en
el Senado, respondiendo a una pregunta del Grupo Parlamentario
Popular, anticipó en noviembre de 1993 que el Gobierno tenía
un nuevo proyecto para creación de empleo estable en Andalucía
y Extremadura y que lo pondría en marcha en el año 1994. La
verdad es que ya estamos en el mes de febrero y desconocemos
cuál es la intención del Gobierno y las políticas alternativas
que tiene diseñadas.

Señorías, estamos hablando de un sistema que tiene su
perfeccionamiento --entre comillas-- en el año 1984. En ese
año, tras un real decreto de diciembre de 1983, se diseña un
sistema para abordar lo que entonces se conocía como paro
obrero, lo que hoy ya no se denomina así según los
intervinientes socialistas, sino que se califica como
desempleo, con menos dureza. Ese sistema descansa en tres
pilares fundamentales: un subsidiopor desempleo a favor de los
trabajadores eventuales agrarios, al amparo de un régimen
especial agrario de la Seguridad Social; un plan de empleo
rural, que como explicaré lo único que tiene de rural es la
denominación, en absoluto su aplicación; y un plan de
formación profesional ocupacional. Pues bien, si sumamos lo
que son las percepciones del subsidio especial agrario a lo
largo de estos diez años, desde 1984 hasta 1994, en estas dos
comunidades, Andalucía y Extremadura, y sumamos también las
denominadas inversiones a través del Plan de Empleo Rural,
llegaríamos a la conclusión de que esta suma ha supuesto en
los últimos diez años cerca de dos billones de pesetas, señor
Ministro. Dos billones de pesetas, señorías, en unas cuantías
que empiezan en el año 1984 en 42.000 millones para la
percepción del subsidio; en 44.000 millones para el Plan de
Empleo Rural, y que en el año 1994 suponen, en el primer
capítulo, 112.000 millones y en el segundo capítulo 137.000
millones.

Señorías, ustedes dirán que con esta inversión importante se
ha creado empleo en Andalucía, se ha creado empleo en
Extremadura. No creo que a finales de este siglo se pueda
hablar de riqueza y de pobreza si no es, exclusivamente, al
amparo de un parámetro: sociedadesricas aquéllas que tienen
capacidad de crear empleo; sociedades pobres aquéllas en las
que se incrementa
permanentemente el paro. Señorías, en Andalucía en el año 1983
había 453.000 parados; en el año 1993, 855.000 parados, según
la encuesta de población activa, tercer trimestre de 1993. En
la Comunidad extremeña, señorías, en 1983 había 58.000
parados; en el año 1993, tercer trimestre, según la encuesta
de población activa, había 117.000 parados, 59.000 más que en
1983. Señor Ministro, ¿qué tiene que decir el Gobierno diez
años después? Señor Ministro, ¿qué tiene que decir el Gobierno
después de una inversión y un coste de dos billones, que
supone prácticamente duplicar el paro en Andalucía y
Extremadura?
Pues señorías, a mí estas cifras no me producen, en absoluto,
satisfacción, me causan tristeza. Puede haber quien aspire a
una sociedad que tenga como objetivo la cobertura con el
subsidio de desempleo y puede haber otros que aspiremos a una
sociedad en la que el único objetivo sea la creación de
puestos de trabajo y no nos quedemos en el subsidio. Señorías,
las sociedades hoy vienen definidas en su composición
sociológica y laboral por las que tienen personas activas, por
aquellas que tienen un incremento de lo que son los pasivos en
la sociedad. Y al final, señor Ministro, en el tan traído y
llevado debate del Estado de bienestar, cuando una sociedad
tiene más pasivos que activos se está cuestionando el sistema
de protección social, se está cuestionando el sistema de apoyo
a los más débiles. Para
entendernos cuando no hay empleo, cuando no hay



Página 2262




empresas que tengan beneficios, al final siempre se acude a
recortar las pensiones, las prestaciones farmacéuticas, las
prestaciones sanitarias, a congelar los sueldos de los
funcionarios o a recortar las prestaciones por subsidios de
desempleo. Ese es el final de aquellos que defienden,
patrocinan y amparan sociedades en las que predominan los
pasivos frente a los activos.

Pero es más grave el asunto, señorías. Algunos destacados
socialistas han calificado este sistema como perverso;
documentalmente así está calificado. Fíjense, paradojas de la
vida. Señor Ministro, según la encuesta de población activa
del tercer trimestre de 1993, en Andalucía y Extremadura hay
176.000 parados agrarios; sin embargo, en esa misma fecha
perciben el subsidio del régimen especial agrario, 231.000
personas (El señor Guerra Zunzunegui: ¡qué barbaridad!) ¿Cómo
es posible, señor Ministro, que un sistema diseñado
expresamente para los trabajadores del campo esté por encima
de las 50.000 personas que se autodeclaran, en la encuesta de
población activa, como trabajadores del campo? Pero es que,
señorías, se nos habla del Plan de Empleo Rural, que parece
que quiere fomentar el empleo rural. Ese plan es todo menos
rural. Que sepan que ese plan consiste, exclusivamente, en que
inversiones que ya tiene proyectadas el Estado, que ya tiene
proyectadas la Comunidad Autónoma, se asignan al Plan de
Empleo Rural. Y fíjense lo que tenemos que aceptar que se
califique como Plan de Empleo Rural: básicamente los
presupuestos de obras públicas. Se entiende como Plan de
Empleo Rural la construcción de viviendas, la reforma de
edificios judiciales, las reformas en los centros
penitenciarios, las obras hidráulicas, la realización de
carreteras, los accesos a los puertos, las variantes, la
construcción de polideportivos, las modificaciones en oficinas
de la Seguridad Social. Eso es lo que se nos dice que es el
Plan de Empleo Rural, cuando lo que de verdad significa es una
inversión --y así hay que reconocerlo--que estaba
presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado y que
se vincula políticamente al Plan de Empleo Rural. Además,
señorías, la tercera pata --si se me permite la expresión--
del diseño de los socialistas en esta materia es un plan de
formación profesional ocupacional en el campo que presenta el
siguiente balance. Por lo pronto, generaciones de jóvenes
andaluces que no tienen formación profesional para competir en
el mercado de trabajo de España y de Europa; en este momento,
37.000 jóvenes andaluces y extremeños reciben la percepción
del subsidio. Nosotros, señorías, estamos investigando
permanentemente, al lado del Ministerio de Trabajo, para
conocer realmente qué ofertas de trabajo son rechazadas porque
no existe cualificación profesional --sabemos de qué estamos
hablando--, sin embargo, ha sido imposible obtener esos datos
referidos a Andalucía y Extremadura. Pero, sorpréndase, cuando
uno atiende a ocupaciones con más de 500 ofertas genéricas de
empleo rechazadas, que al final tienen índices superiores al
25 por ciento de no cobertura, uno se encuentra con las de
dependiente manipulador de alimentos, camarera de piso,
ordenanza de oficina, camarero, cocinero, aprendiz, peluquero,
conductor de camiones, e incluso en algún caso se produce un
mayor número de ofertas que de demandas como sucede con las de
albañil, encargado de obras públicas, ayudante de obra o
revestidor de cubiertas. Esta situación de no
aceptación de ofertas de empleo se produce porque se carece
absolutamente de la formación profesional suficiente para
acceder a esos puestos de trabajo. Eso sí, el PER permite que
la
construcción de viviendas, túneles, accesos a puertos y obras
delicadas se desarrollen con mano de obra agraria, no
especialmente cualificada, en lo que significa el sector de la
construcción. Señor Ministro, tiene usted que responder, y
tiene que hacerlo además porque brillantemente, como siempre,
nuestra compañera la Diputada Celia Villalobos defendió en la
Cámara que la percepción del subsidio de desempleo en el
régimen general estuviera condicionada a no rechazar acciones
formativas, y el Grupo Parlamentario de la mayoría aceptó esa
enmienda. Sin embargo cuando, con la misma brillantez, la
Diputada Villalobos plantea en la Cámara que la percepción del
subsidio de los eventuales agrarios esté condicionada a la
acción formativa, la mayoría parlamentaria dice sencillamente
que no. ¿Es que la aspiración del Grupo Parlamentario
mayoritario --no lo puedo creer-- es que no tengamos una
sociedad andaluza con formación profesional para competir? ¿Es
que están satisfechas SS.SS. de que tantos jóvenes andaluces
no estén formados para competir? Explique, señor Ministro,
como miembro de ese Grupo
Parlamentario, las razones que les llevaron al rechazo de esa
propuesta. Y mientras tanto, señorías, nosotros, el Grupo
Parlamentario Popular, con el sambenito de que somos los que
decimos no al PER, somos los que decimos no a las políticas
solidarias. Pues bien, señorías, documentos de la Consejería
de Agricultura de la Junta de Andalucía en mi poder, y que
conoce especialmente bien el señor Griñán porque antes fue
Consejero de la Junta de Andalucía, dicen lo siguiente del
PER: La política asistencial ha generado importantes efectos
perversos. Dicen estos documentos que hay que evitar que la
política asistencial se convierta en un factor de bloqueo de
las iniciativas de desarrollo. También dicen --atiendan,
señorías-- que se puede dar la paradoja de que, dentro de unos
años, Andalucía y Extremadura se despierten del trágico sueño
de que han estado consiguiendo subvenciones para
subdesarrollarse. Nunca he leído conclusiones más contundentes
que éstas que tienen su origen en una
administración pública que actualmente está dirigida por los
socialistas. Además, señor Ministro, cuando iniciamos este año
1994, ustedes plantean desde el Consejo de Ministros...




Página 2263




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arenas, vaya
concluyendo, por favor.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Voy concluyendo, señor Presidente.

Ustedes plantean desde el Consejo de Ministros que han
incrementado el PER. Ya he explicado antes lo que es el PER:
inversiones previstas destinadas al PER. ¿Me puede explicar
por qué en Andalucía el incremento es del 34 por ciento y en
Extremadura del siete por ciento? ¿Cuáles son las razones
objetivas? Cuando incluso la tasa de paro es más alta,
señorías, en Extremadura que en Andalucía. ¿Qué les ha movido
a esa especial solidaridad con Andalucía? ¿Qué les ha movido a
discriminar a Extremadura en este año 1994? Yo creo que es muy
importante, porque aquí no funciona la intuición, funciona,
señorías, la respuesta del señor Ministro; no lo que intuimos,
sino lo que nos explique el señor Ministro.

Voy terminando. El señor Ministro me parece que
profesionalmente es inspector de trabajo, y de los buenos,
dicen sus compañeros. ¿Cómo es posible que ustedes indiquen a
los inspectores de trabajo que no investiguen el PER ni estos
fondos? ¿Eso puede ser y es válido en un Estado de derecho?
Explíquelo ante la Cámara. En el año 1987 se había dado esa
instrucción: los inspectores no toquen el PER, no investiguen
los inspectores. ¿Usted cree que puede haber algo más
contradictorio que decirle a una función inspectora que no
investigue, que no inspeccione. Tranquilícenos y díganos que
al menos desde que usted es Ministro esa orden o esa
indicación no sigue en vigor. Señorías y señor Ministro,
últimamente se ha producido la denuncia de un dirigiente
político que creo que usted debe aclarar en la tribuna, por el
bien de la Cámara y por el bien de los fondos públicos que no
proceden del bolsillo de ningún dirigente socialista sino
siempre, gobierne González o gobierne Aznar, de los impuestos
de los españoles. Un dirigente socialista ha dicho que los
fondos del PER son
utilizados en los congresos del Partido Socialista. Suba a la
tribuna, desmiéntalo rotundamente y, si puede, también
apórtenos testimonios de que ese dirigente socialista está
arrepentido de su afirmación o es una afirmación que no tiene
sentido. Usted se ríe pero el asunto tiene mérito. Es Diputado
socialista y si usted está afiliado al PSOE de Andalucía, su
secretario general; usted es Diputado por Córdoba. Señoría,
termino diciendo que creo que el debate esta tarde va a ser
importante, que creo que nadie cuestiona la necesidad de las
políticas asistenciales y de subsidio, pero que lo importante
es que esas políticas
asistenciales y de subsidio vayan solventando los problemas
estructurales que tienen las sociedades, que tienen las
comunidades.

Recientemente, un compañero suyo de Gabinete, el Ministro
Albero, ha dicho textualmente: el PER admite perversiones para
las que no estaba diseñado. Señor Ministro, aparte de
perversiones, 402.000 parados más en Andalucía, 59.000 parados
más en
Extremadura. Sepa que este Grupo parlamentario tiene
alternativas a la situación, pero nos parece de cortesía
esperar a la moción que será consecuencia de esta
interpelación para expresarlas ante la Cámara. Muchas gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar a la
interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Señor Arenas, le hago algunas observaciones en datos que sin
duda, cuando los escuche y los pueda comprobar, aceptará.

Aceptará, por ejemplo, que hoy en Andalucía hay más gente
trabajando de la que había cuando empezó a funcionar el PER,
hay más población ocupada; hay del orden de 300.000
trabajadores ocupados más que entonces. Eso es algo que puede
usted mirar también en la encuesta de población activa, que
calla, pero que existe. También en Extremadura.

En segundo lugar, yo no voy a hablar de arrepentimientos
ajenos --pregúnteselo a quien tuvo esa intervención--, pero sí
le digo, desmintiendo algunas de las afirmaciones que usted ha
hecho, que de ninguna manera --y eso sí quiero dejarlo claro
desde el principio-- el Ministerio de Trabajo dio, no en mi
época, en ningúna época, instrucciones a la Inspección para
que no
controlara el PER. Es más, usted ha hablado de 1987, y en 1987
--aquí están las instrucciones de la Inspección-- las
instrucciones de la Inspección dicen: primera, comprobar que
las jornadas certificadas por los ayuntamientos para causar
derecho a la prestación por desempleo corresponden a jornadas
efectivamente trabajadas, comprobando asimismo si el
trabajador cumple cada mes con la obligación de declararlas en
la Oficina de Empleo.

Segunda, comprobar que las jornadas certificadas por la
empresa, etcétera, etcétera. Esas son, y están a su
disposición, las instrucciones de la Inspección de 1987, año
al que se ha referido S.S. Es posible, es muy posible,
señoría, que al referirnos, como ocurre ahora con esta
interpelación, al PER tengamos una
dificultad inicial para abordar una cuestión como ésta, de
tanta importancia para miles de familias españolas. Y digo
esto no porque usted y yo podamos adoptar distintos puntos de
vista --cosa que sin duda nos ocurre-- ni
tampoco se lo digo porque, con frecuencia, traten ustedes de
utilizar simplemente los elementos negativos, que puede
tenerlos, del PER para, con ellos, ocultar los mucho mayores
efectos beneficiosos conseguidos con este sistema.




Página 2264




No se lo digo por esto, o al menos no se lo digo solamente por
esto. Se lo digo sobre todo, señor Arenas, porque al discutir
del PER se acostumbra a olvidar cuáles son sus fundamentos, se
olvida su razón de ser, se olvida su naturaleza más profunda.

Se olvida con ello, y se olvida precisamente a pesar de ello,
que es un sistema que ha roto las tendencias históricas,
tendencias históricas que agravaron siempre la situación de
regiones como Andalucía y Extremadura, como son la condena a
la emigración, el despoblamiento rural, el hacinamiento urbano
y, sobre todo, fíjese bien, señor Arenas, ha terminado con la
humillación histórica del campesino andaluz y extremeño,
poniendo a miles de personas en condiciones económicas,
sociales y culturales de las que nunca antes disfrutaron.

(Rumores.) Y eso tiene usted que reconocerlo porque es un
hecho cierto. (Continúan los rumores.) Solemos hacer una
interpretación aproximada de los problemas... (Continúan los
rumores.) Señorías, si ustedes me permiten, yo intervengo y
ustedes intervienen. Eso es el turno de la
democracia.

Que afectan y han afectado al campo español, olvidándonos de
los cambios estructurales que su reconversión ha producido en
nuestro país. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se
perciben.) No, demagogia no, señoría. Se trata sencillamente
de ver las tasas de emigración que tenían Andalucía y
Extremadura y las que tienen ahora; se trata, por ejemplo, de
que Andalucía perdió 300.000 hombres y mujeres del año 1974 a
1980 y que del año 1980 a 1990 ha superado el 40 por ciento
del incremento de la
población en España; Andalucía ha aumentado su población
(Rumores.), ha cambiado su tendencia histórica (Continúan los
rumores.), hoy es una tierra de inmigración, hoy no es una
tierra de emigración, hoy es una tierra de inmigración.

(Aplausos.--Protestas) Señorías, ese es un dato que también
hay que
contrastar.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro. ¡Silencio!, señorías. (Continúan los rumores.)
¡Silencio!, señorías, por favor.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Le agradezco, señor Presidente, poder seguir en el
uso de la palabra. En 1964, el sector agrícola, porque hay
cosas que también se olvidan, constituia el 9,4 por ciento del
producto bruto español y empleaba a cuatro millones y medio de
trabajadores. Esto era, proximamente, el 36 por ciento del
empleo total. Treinta años más tarde, el sector agrícola
supone
solamente el 4,9 por ciento del PIB y emplea a poco más de un
millón de trabajadores, lo que representa un 10 por ciento de
la población ocupada. Pues bien, este proceso de reconversión
(que se ha producido, si usted quiere, en un período de tiempo
largo, pero atendiendo a los ciclos históricos, más bien
corto) ha conducido, también históricamente, a esos problemas
dramáticos que acabo de relatarles y hacerles referencia. Y
algo, entre otras cosas, que se llama PER y también un buen
montón de políticas activas, de políticas de desarrollo
regional, de políticas locales, de políticas de iniciativas
locales de empleo, ha contribuido a evitar que esto siguiera
pasando. Y se lo digo y se lo repito, entre 1974 y 1980 se
vieron obligados a abandonar solamente Andalucía, que usted
conoce tan bien, 265.535 personas. Mire usted el último censo
de población y verá que Andalucía ha crecido --como antes le
decía-- el 42 por ciento de lo que ha crecido la población
total española, y no por una elevada tasa de natalidad sino
porque han vuelto emigrantes, porque han retornado emigrantes,
porque ha ampliado sus expectativas y sus perspectivas.

(Rumores y protestas.) Usted se ha encargado de decir en qué
consiste el PER, y lo ha dicho bien. Consta de tres grandes
patas y una de ellas es el subsidio. Pero estos tres elementos
que componen lo que se conoce como protección del desempleo
agrícola han cumplido adecuadamente su función. El subsidio
agrario en Andalucía y en Extremadura ha manifestado unas
líneas de tendencia que ya me gustaría a mí que las
mantuvieran también en la prestación por desempleo del Régimen
General.

En primer lugar, el análisis del número y estructura de los
beneficiarios le podría poner de manifiesto --si se empleara
en mirarlos-- que el subsidio conserva un marcado carácter
protector de aquellas personas que están más necesitadas, y se
daría cuenta de que el 82 por ciento pertenece, precisamente,
a los grupos de más edad. Se daría cuenta también de que el
subsidio no ha conducido a la inmovilidad profesional ni a
retener a la
población más joven en el sector agrario, sino que, muy al
contrario, ha permitido un trasvase ordenado de esa población
más joven del sector agrario, que se mueve en el medio rural,
a los sectores secundario y terciario. Y sólo el 17 por ciento
tiene menos de 25 años. Sin embargo, el dato más
representativo, señoría, que a veces se olvida pero que es muy
cierto, es que el gasto real de desempleo agrario, tras unos
primeros años de crecimiento, se ha situado por debajo de lo
que es el crecimiento del conjunto de las prestaciones por
desempleo, e incluso ha decrecido. Hay un dato que es muy
elocuente: mientras que el número de perceptores por desempleo
en los últimos cuatro años se duplicó, el número de
perceptores del subsidio agrario disminuyó, en ese mismo
período de tiempo, un treinta por ciento. Algo habrá pasado,
señoría, algo habrá pasado. (El señor Arenas Bocanegra: Que
están parados.) No, hay un 30 por ciento menos de perceptores
del subsidio agrario en los cuatro últimos años, un 30 por
ciento menos, mientras que en el Régimen General se han
duplicado. En cuanto a formación ocupacional, S.S. debe
saber --o debiera saberlo--que, por ejemplo, en Andalucía



Página 2265




solamente el año pasado funcionaron en el medio rural 233
escuelas taller, que formaron a 10.424 jóvenes del medio
rural; y que en Extremadura fueron 58, con una formación --
solamente el año pasado-- de 2.500 jóvenes. Quiere esto decir
que ese segundo pilar en el que se asienta el PER ha
funcionado adecuadamente. Ha formado y lo ha hecho no
solamente en tareas agrícolas sino que ha formado también en
otros trabajos, lo que ha permitido, insisto, que ese trasvase
histórico de población del sector primario a otros sectores se
produjera sin las secuelas que usted conoce de emigración, de
suburbios urbanos, etcétera. Ha
permitido un desarrollo rural que usted debiera conocer, como
andaluz.

Y es verdad --pero no se pueden decir dos cosas
contradictorias al mismo tiempo-- que se han dedicado muchos
miles de millones de pesetas a inversiones en el medio rural.

Es cierto, sin duda lo es. Pero no se puede decir, después de
dar ese dato como si fuera escalofriante, que son simplemente
inversiones que ya están recogidas en los presupuestos. No
puede maximalizar el dato y luego dejarlo minimizado. Una cosa
u otra, pero no las dos al mismo tiempo. Y es verdad que se
han incorporado al Plan de Empleo Rural muchas inversiones en
el medio rural, muchas, muchísimas, con una serie de jornales
para estas personas, y que el Plan de Empleo Rural ha cumplido
con esa función histórica, que a usted puede no gustarle. Y le
añado --y no le añado mucho más-- que es verdad que el Plan de
Empleo Rural tiene problemas. Y también le puedo reconocer que
se han producido en su
funcionamiento --como usted dice o como me ha leído-- efectos
perversos. No le digo que no. Vamos a corregirlos, vamos a
mejorarlos, vamos a tratar de solucionarlos, pero no
convirtamos esa anécdota en categoría porque el Plan de Empleo
Rural es un sistema, insisto, que ha conducido a devolver la
dignidad a muchos cientos de miles de personas que no la
tenían, y usted lo sabe; que ha cambiado la faz de los pueblos
andaluces, y usted lo sabe; y que ha cambiado muchas cosas
históricas y muchas tendencias negativas que existían en
Andalucía y en Extremadura. Por consiguiente, estamos
dispuestos a hablar, y lo vamos a hacer con la Junta de
Andalucía --eso es lo que yo decía en el Senado--, de un plan
de desarrollo rural que tiene preparado la Junta de Andalucía
y también lo hará la Junta de Extremadura, plan de desarrollo
rural que no va a substituir al Plan de Empleo Rural, que va a
convivir con el Plan de Empleo Rural en la medida en que,
hasta que no se produzcan los efectos que se persiguen con el
plan de desarrollo rural, será necesario mantener esa
redistribución de rentas para aquellas personas que más lo
necesiten. Pero, en todo caso, S.S. sabe --se lo he dicho
muchas veces y lo digo ahora otra vez más-- que si nosotros,
todos, aportamos lo que son nuestras opiniones, nuestras ideas
y nuestras propuestas, podremos mejorar el Plan. Lo que no
merece este sistema, y se lo digo desde ahora mismo, es una
descalificación global. Insisto, es un sistema que ha
contribuido a solucionar muchos problemas. ¿Que tiene
capacidad de ser mejorado? Sin duda, lo vamos a hacer, y lo va
a hacer
precisamente el Gobierno socialista en colaboración con los
gobiernos de Andalucía y de Extremadura.

Muchas gracias (Desde los escaños del Grupo Socialista: ¡Muy
bien! ¡Muy bien!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para consumir un turno
de réplica, tiene la palabra el señor Arenas.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, con toda la
brevedad que pueda. He de decirle, señor Ministro, que hoy me
ha
decepcionado profundamente, me ha decepcionado S.S. porque me
tiene acostumbrado al debate tranquilo y sereno, y no sé si es
que las cifras que yo he ofrecido resultan escalofriantes para
un ministro que en teoría es de trabajo o si le afecta su
anterior condición de Consejero de la Junta de Andalucía, pero
el caso es que ha pasado algo para que usted no conteste a mi
pregunta e, incluso, para que parte de su intervención
constituya un mítin difícil de mejorar. Señor Ministro,
responda de su gestión, que ya no vale acordarse de la etapa
anterior. ¡Que no! ¡No busquen más coartadas! ¿Quién ha tenido
toda la
responsabilidad en Andalucía, en Extremadura y en España de
1984 a 1994? ¡Ustedes, señor Ministro! ¡Qué habla usted del 74
ahora! ¿Toda la vida buscando coartadas anteriores? ¡Que eso
ya no tiene sentido! Usted ¿qué quiere decirnos? ¿Que ustedes
son buenos porque había otros antes que eran peores? ¡Si ése
no es el asunto! Mire usted, el sistema de política
asistencial y de subsidios no lo han inventado los socialistas
en España. Lo inventó un gobierno, Unión de Centro
Democrático, y se llamaba empleo comunitario, y a través de
ese sistema se intentaba ser solidario con esas comunidades y,
además de eso, se atendía a la necesaria paz social en
Andalucía y en Extremadura.

Mire, señor Ministro, las dos cuestiones que no descubrió
Unión de Centro Democrático, pero que sí han descubierto
ustedes --eso no lo descubrió UCD--han sido el aprovechamiento
electoral del sistema; lo han descubierto ustedes. El
aprovechamiento electoral interno del sistema. Y, mire, si el
señor Sanjuán no rectifica, en nuestra moción pediremos la
creación de una comisión de investigación para que se aclare
el tema. Una comisión de investigación. (Desde los escaños del
Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos.)
Señor Ministro, para crear empleo y riqueza hemos perdido diez
años en Andalucía --diez años duros, señor Minsitro--, a lo
largo de los cuales hemos soportado el mensaje de que los
subsidios los daban exclusivamente



Página 2266




los socialistas. He oído alguna vez que salían del bolsillo de
dirigentes de los socialistas. ¡Felipe te da los subsidios!
¡Aznar te quita los subsidios! Y uno recuerda la campaña
electoral, señorías: Aznar va a quitar las pensiones. Después
se recortaron las pensiones, se han recortado las prestaciones
farmacéuticas, las sanitarias y se ha congelado el sueldo de
los funcionarios. ¡No patrimonialicen ustedes lo que son
políticas asistenciales para los débiles, que proceden de los
impuestos de los contribuyentes andaluces y españoles!
El Plan de Empleo Rural no es un plan de desarrollo rural. Y
como usted me ha admitido que el PER tiene algunos efectos
perversos, yo le voy a admitir una cuestión que es obvia: en
infraestructuras los municipios de Andalucía han mejorado.

Pero yo quiero: industria, turismo interior, defensa del medio
ambiente, planes de forestación, y formación profesional en
esos municipios; no solamente que mejoren las calles, las
aceras, que también es necesario. Esa es la filosofía distinta
de ustedes y de nosotros.

Usted, señor Ministro, dice: El señor Arenas maneja los datos
de una manera... Señor Ministro, en Andalucía --sépanlo,
señorías--en el año 1983 había 1.555.000 andaluces trabajando.

De lo que presume el señor Ministro es de que, después de 10
años, en este momento hay en Andalucía 1.684.000 andaluces
trabajando. ¿Presume de la creación de 100.000 empleos en
Andalucía? Por qué no dice, señor Ministro, que frente a esa
creación de empleo en Andalucía (que somos más los andauces,
señor Ministros, que no nos quedamos atascados en el 83),
frente a esa gran victoria que a usted le satisface, Andalucía
tenía 450.000 parados y hoy tiene 855.000. (Protestas en los
bancos del Grupo Socialista.) Eso es así. Pero el señor
Ministro, además, dice: Que cuco es el señor Arenas que no da
los datos. ¿Por qué no ha dado usted el de Extremadura? No lo
ha dado. ¿Le digo por qué no ha dado el de Extremadura? Porque
es doloroso. En Extremadura en el año 1994 trabajan incluso
menos extremeños que en el año 1983. En el año 1983, 298.000,
y en el tercer trimestre de 1993, 291.000. Trabajan 5.000
extremeños menos. ¿Cómo es concebible que una sociedad en
progreso, diez años después tenga 59.000 parados más y
trabajen 5.000 personas menos? ¿De qué presume, señor
Ministro?
Dice el señor Ministro que ha habido años en que han
descendido los perceptores del REA. Señor Ministro, lleva
usted razón. También le tengo que decir que del año 92 al 93,
no sé por qué, 30.000 más. De 201.000 a 231.000. Habla usted
de que hay más empleo en la agricultura. Según mis datos, ha
dicho eso. (El señor Ministro hace signos denegatorios.)
Entonces aprovecho para decir lo contrario. Señorías, el
empleo agrario en Andalucía y en Extremadura ha descendido. En
el año 1984, 167.000 parados agrarios, y en el año 1994,
176.000. Son los datos.

Dice el señor Ministro: No hay ninguna orden a la Inspección
de Hacienda para que no se meta en estos asuntos. Señor
Ministro, apelo al «Diario de Sesiones» para decirle que no
dije
«instrucción» sino «indicación». ¿Y sabe por qué dije
«indicación»? Porque, señoría, hay un sumario tristísimo en
este momento en un pueblo que se llama Padul, en la provincia
de Granada. Ni más ni menos que el Delegado Provincial de
Trabajo en Granada, el año 1987, ratifica ante el juez (ante
el juez, señor Ministro, aquí hay responsabilidad política,
allí hay responsabilidad judicial), ratifica ante el juez la
siguiente expresión: Hay escaso control de la Inspección de
Trabajo, a la que en su momento se había indicado --se había
indicado--debía abstenerse de entrar a comprobar los temas
derivados del PER en los ayuntamientos. (Rumores.) Está aquí.

Usted sabe que una cosa es una instrucción escrita, que la
trae aquí, y otra cosa es la indicación, que es distinto. El
Delegado de Trabajo de Granada el año 87 no era un hombre del
PP ni era tampoco un hombre de UCD. Y dijo esto ante el juez y
lo ha ratificado.

Claro, señorías, que se habla de la humillación de los
andaluces. ¿Usted sabe, señor Ministro, la humillación que
significa para un alcalde que ve PSV, Banesto, Roldán, «BOE»,
Cesid, y ese alcalde se ve ante los tribunales por firmar
peonadas falsas? ¿Usted sabe la humillación que supone para un
trabajador andaluz buscar a un empresario o a un alcalde para
que le firme una peonada? Eso es humillación. Y este sistema,
señorías, se pongan como se pongan, con todo el respeto al
Estado de Derecho y a la legalidad, es un sistema que está
humillando y, en cierto modo, se está aprovechando de las
necesidades y de la pobreza de muchos andaluces.

Quiero terminar, señor Presidente, diciendo que el señor
Ministro ha hecho referencia al Plan de Desarrollo Rural de
Andalucía. Señorías, el Plan es éste. Aquí está el Plan. (El
señor Arenas lo muestra a la Cámara.) Y fíjense, señorías --y
es duro--, lo que dice parte del Plan, no entero --le doy
fotocopias a quien tenga interés--: constituye un gravísimo
lastre para el
desarrollo económico de la región. Esta cultura se sustenta en
la generalización de un sistema de protección social que, al
ir sin contraprestación alguna por parte de los beneficiarios,
está teniendo efectos perversos entre los colectivos
potencialmente más dinámicos de la sociedad andaluza. Hay que
modificar el PER para evitar que se convierta en un factor de
bloqueo de
iniciativas de desarrollo. Ni todos los parados rurales son
agrarios ni la agricultura andaluza puede absorberlos en su
totalidad.

Gran problema del PER --destacado--: efectos perversos del
subsidio de desempleo agrario vinculado al PER y de otros
sistemas de subsidio.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arenas, termine
ya. Concrete su señoría.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Termino inmediatamente, señor
Presidente.




Página 2267




Estas son, señorías, algunas de las conclusiones.

Si nos vamos a la entidad financiera más importante de
Andalucía, Unicaja --y termino de verdad, señor Presidente--,
neutral, por supuesto, dice: incapacidad del PER para generar
estructuras productivas. Dice: fraude generalizado. Dice:
desarrollo de una conciencia --¡y qué duro esto!, ¿eh? Yo no
estoy de acuerdo, lo dice Unicaja-- de vivir sin trabajar. Yo
nunca fomentaré una conciencia de vivir sin trabajar. Y los
andaluces, señor
Ministro, quieren trabajar para vivir; no quieren vivir sin
trabajar. Trabajar para vivir.

El Consejero de Agricultura --y termino con dos palabras-- ha
dicho textualmente, señorías: El objetivo fundamental del PER
era y sigue siendo generar empleo inmediato y temporal. El
señor Ministro habla de que el PER genera empleo estable. Si
usted está orgulloso de lo que han hecho con Andalucía con
este sistema, yo le digo que mi orgullo está en la Andalucía
que mantiene el subsidio a quien lo necesita, pero que nunca
pierde la aspiración de ser una sociedad rica y hoy, a finales
de este siglo, una sociedad rica tiene que ser siempre una
sociedad de empleo, señor Ministro. Muchas gracias. (Rumores.-
-Fuertes aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñan
Martínez): Gracias, señor Presidente. Lamento su decepción,
señor Arenas. Si usted interpreta mi tono como elevado,
permítame decirle que ha sido para poder hacerme oír, porque
normalmente ese Grupo suele escuchar bastante más en silencio.

(Rumores.--La señora Villalobos Talero: Es que están muy
solitos.) Y se permite, por ejemplo, que la gente pueda
hablar...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro. ¡Señorías, ruego que guarden silencio! De lo
contrario, la Presidencia tendrá que adoptar otras medidas.

(Continúan los rumores.)



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Señor Presidente, no hay problema, yo puedo elevar
la voz, a pesar de que luego...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, no se
preocupe, que el mantenimiento del orden depende de la
Presidencia exclusivamente.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): En todo caso, usted ha estado en el Parlamento
andaluz y en este Parlamento, señor Arenas. Yo también, pero
yo no confundo el uno con el otro, sé distinguir lo que es el
Parlamento andaluz y lo que es el Parlamento nacional y sé qué
discurso es para uno y qué discurso es para otro. Y sé qué
temas conciernen al Gobierno andaluz y qué temas conciernen al
Gobierno estatal, y sé, como no me tengo que presentar
candidato a Presidente de la Junta de Andalucía, lo que tengo
que decir en esta Cámara. (Aplausos.--Protestas.) Luego
hablamos en privado usted y yo, pero ahora déjeme hablar en
público. Señor Arenas, yo no utilizo como coartada, no me
interesa utilizar como coartada el pasado, pero sí me interesa
comparar el momento que se vive en un país con aquello que se
vivió en otras épocas. Y si yo tengo que comparar lo que ha
ocurrido en España entre 1984 y 1994 con lo que ocurrió antes,
bien comparado está, porque a veces con esa comparación se
puede comprobar, como antes le decía, aunque le duela, que se
han roto muchas tendencias, entre otras, la emigración de los
andaluces. (Rumores.)
Usted, sin embargo, utiliza el pasado para revitalizar a UCD.

Pero se olvida de un dato, fíjese usted qué curioso: no está
usted hablando de UCD; está usted hablando del franquismo.

(Rumores y protestas.--La señora Martínez Saiz: ¡Antiguo, que
eres un antiguo!) ¿Por qué? Le voy a dar el dato. Perdóneme,
señor Arenas, escúcheme. Usted dice que UCD creó el empleo
comunitario. El empleo comunitario se creó en el año 1971 (El
señor Arenas Bocanegra: ¡Qué barbaridad!), y en el año 1971 no
gobernaba la UCD, a menos que usted asuma también ese año
1971. Sí, señor Arenas. El empleo comunitario es del año 1971.

(El señor Arenas Bocanegra pronuncia palabras que no se
perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arenas, guarde
silencio, por favor. (Rumores.)



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Puede usted coger el «Boletín Oficial del Estado» y
mirarlo. (Rumores y protestas.)
Me habla usted de la creación de empleo en el medio rural. En
el medio rural hay que crear empleo, pero ya le digo desde
ahora mismo que en Andalucía y en Extremadura no se va a crear
empleo agrícola; se va a crear empleo en el medio rural, que
son dos cosas distintas, porque aún hay excedentes en el
sector agrario en una y otra comunidad autónoma. Por cierto,
ha aumentado también la población ocupada en Extremadura.

Es verdad que hay instrumentos para la creación de empleo y
hay instrumentos que son, sencillamente, para la protección
del desempleo y que son dos elementos que tienen que convivir,
que no son alternativos ni uno tiene que sustituir al otro.

Tenemos que mantener esas iniciativas o políticas activas, que
son capaces de generar empleo. Pero lo que no vamos a hacer es
coger los recursos para proteger a los desempleados y pasarlos



Página 2268




a beneficio de las empresas para que creen empleo. Eso, que es
lo que dice usted en su propuesta, según yo he leído, no lo
vamos a hacer, porque ya los hay, no porque nos parezca mal;
porque ya los hay. (Rumores.) A nosotros nos parece muy bien
una política de oferta que haga que se redistribuyan recursos
y vayan a la iniciativa privada para crear empleo. No estamos
contra eso. Lo que no queremos es que el PER se despoje de lo
que es su propia sustancia y se convierta en elementos que se
dirija a esa inversión privada, porque para eso hay ya otras
iniciativas; para eso, señorías, tienen ustedes todos los
fondos estructurales, tienen ustedes los incentivos
regionales, tienen los incentivos para la transformación
agraria. (Rumores.)
Señoría, que se hayan gastado en los últimos cuatro años,
315.000 millones de pesetas del Feder en Andalucía y
Extremadura, debe ser algo; que el 40 por ciento de los
recursos que se invierten por el Estado del fonso social
europeo sea en Extremadura y en Andalucía, querrá decir algo;
que el 31 por ciento de los recursos del Feoga vayan a
Andalucía y Extremadura, querrá decir algo; que el mayor
volumen de incentivos regionales vayan a Andalucía y
Extremadura, querrá decir algo. (Rumores.) ¡Claro que quiere
decir algo! (Fuertes rumores.) Ahora; ustedes quieren que
también el PER vaya para crear iniciativas empresariales. No,
señor. El PER está para proteger a esas personas que todavía
no han encontrado un empleo. (El señor Sanz Escalera: Ni lo
encontrarán.--Rumores.) Y tendremos que hacer convivir los dos
sistemas: un sistema dinámico de protección y de promoción del
empleo, y un sistema de protección de los desempleados.

Señor Arenas, tiene usted en la mano un documento en el que me
gustaría que pasara a la página 6. Ese documento que usted me
ha leído de un director provincial; pase usted a la pagina 6.

Se lo voy a leer yo también para que lo conozcan todas SS.SS.,
no solamente usted.

Fíjese lo que dice ese director provincial (Rumores.): «Ante
la situación y consideraciones expuestas, se estima necesario
mantener --mantener-- la línea de control del subsidio de
desempleo agrario iniciada en la provincia de Granada que se
está ejecutando de acuerdo con las instrucciones y directrices
recibidas por los servicios centrales». (Rumores.) Lo dice
este documento, señor Arenas. Hay que leérselo todo, hasta el
final has de ver, ya lo sabe usted (Risas.) y, por
consiguiente, si usted lo hubiera leído, habría visto que ese
mismo director provincial dice que hay que continuar con las
instrucciones recibidas de mantener la vigilancia e inspección
sobre el subsidio. (Rumores.) Y el documento que aquí tengo,
señor Arenas, a su disposición, para su enriquecimiento
cultural y para que usted lo pueda entregar a sus compañeros
de partido, son las instrucciones de 1987 de la Inspección,
por escrito, selladas, en ese año. Y se dice lo que se dice.

(Rumores.)
Señoría, termino como empecé. Pero voy a terminar también
haciéndole preguntas, porque me da la impresión, cuando sigo
atentamente su discurso, que entre tanta retórica y tanta
anécdota, algo tienen que saber los españoles sobre lo que
ustedes piensan. Por ejemplo, ¿son ustedes partidarios de
mantener el subsidio agrario? (Desde los bancos del Grupo
Popular: Sí.) ¿Son ustedes partidarios de mantener los
convenios Inem/corporaciones locales? (Desde los bancos del
Grupo Popular: Sí.) ¿Son ustedes partidarios de mantener los
acuerdos de 1990 con los agentes sociales? (Desde los bancos
del Grupo Popular: Sí.) ¿Son ustedes partidarios de mantener
el Plan de Formación Ocupacional? (Desde los bancos del Grupo
Popular: No.) ¿Son ustedes partidarios de seguir con las
escuelas-taller y casas de oficio en el medio rural? (Desde
los bancos del Grupo Popular: Sí.) ¿Sí? Pues, sencillamente,
son ustedes partidarios de seguir con la magnífica política
desarrollada por el Gobierno
socialista. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--
Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos que deseen
fijar su posición en este debate? (Rumores y protestas.--
Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.

Cada vez que en esta tribuna hemos hablado del PER --y hay
tres o cuatro debates ya en legislaturas anteriores--, mi
Grupo ha intervenido con la mayor prudencia posible en este
tema, porque se nos hace difícil justificar que en algunas
zonas agrícolas, con un índice importante de paro, el PER no
les llegue también a estos ciudadanos del Estado. Hemos
entendido las razones que había para hacerlo en unas
determinadas zonas geográficas del Estado y no queremos entrar
en la discusión a fondo del tema. De lo que ha dicho el
interpelante, nos quedamos con una cosa que nos parece
importante y con la que coincidimos, que es la necesidad
imperiosa de utilizar aquellos recursos públicos que sean
necesarios para la creación de empleo, no para la
subsidiación del desempleo. Nuestro Grupo ha dicho en otras
ocasiones y en otros debates que estamos por el esfuerzo
económico para la creación de empleo, no para hacer políticas
de otra naturaleza, como es la subsidiación del desempleo.

No vamos ahora a cuestionar el PER. Simplemente hemos
escuchado con atención la fotografía que nos ha hecho el
interpelante y la réplica del señor Ministro, y hemos de decir
con honestidad que en este momento no tenemos elementos de
juicio suficientes para comprometernos en una línea o en otra.

Vamos a esperar a ver qué nos dice el Grupo proponente la
semana próxima, y ahí adoptaremos nuestra postura definitiva
respecto



Página 2269




al PER, siguiendo nuestra elemental prudencia en este tema.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Yo creo que en este tema --tema delicado donde los haya--
habría que empezar a decir la verdad de una puñetera vez,
desde la base de que entre todos tengamos cuidado con
Andalucía, con su imagen y su prestigio, que ya ha empezado a
sufrir. Hay aquí
intervenciones ambiguas que están apoyadas, indudablemente, en
una falta de comprensión de lo que es Andalucía, que nosotros
podemos ampliar jugándonos su imagen o prestigio a los dados o
a los votos. Por tanto, nosotros partimos en nuestra
intervención de pedir que se tenga cuidado con Andalucía
cuando se toque este tema, en el que no se dice la verdad, o
por lo menos toda la verdad.

Primer punto, señor Ministro y señor Arenas, no hay más dinero
para Andalucía en 1994. No es cierto todo lo que se ha
publicado, incluso en primeras páginas. No hay más dinero para
Andalucía en salarios reales del Plan de Empleo Rural. Eso sí,
se realiza una jugada típica de trampa electoral; se ponen,
bajo el rótulo del PER, una serie de inversiones ya previstas
de antemano, tanto en los Presupuestos Generales del Estado,
cuanto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza o
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se les pone
simplemente a esas inversiones
previstas la pegatina PER, sola, simple y llanamente. Por
ejemplo, vamos a ver las obras dedicadas al PER: reforma del
centro penitenciario del Puerto de Santa María o Jaén; obras
de la autopista Bailén-Jaén, o más cínica aún la calificación
del PER para obras de altísimo contenido técnico, como el
centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, o el nuevo
parador de turismo de Ronda.

Por tanto, no hay ni un duro más para el PER. Hay inversiones
previstas a las que se les pone la pegatina PER y no hay una
subida ni del 25, ni del 30, ni del 34, como se ha dicho. No
hay una lluvia de millones para Andalucía, señorías, hay una
lluvia de pagatinas, de rótulos PER para Andalucía, eso es lo
que hay, con fines electoralistas. Y, efectivamente, aparece
una especie de bula rural para que ciertos trabajadores se
empleen en estas obras, muchos de los cuales no tienen
preparación tecnológica para hacerlo, para que este jornal les
cuente y así alcanzar las 60 peonadas, condición para poder
tener el subsidio agrario. Ese es el problema. Siempre se
confunde PER con subsidio agrario y se sigue mintiendo o
diciendo las verdades a medias, en contra del prestigio de
Andalucía, e, incluso, con aseveraciones durísimas como
aquella de que Andalucía no trabaja y vive de lo que trabaja
el norte, y cosas por el estilo.

En segundo lugar, los salarios reales del PER. Esto no lo ha
dicho el señor Arenas y se le ha escapado una oportunidad de
oro. Los salarios reales para Andalucía disminuyen fuertemente
este año. El convenio Instituto Nacional de Empleo-
corporaciones locales (que es donde van los salarios reales,
es decir, el que va a los ayuntamientos donde hay una lista,
te colocan, cobras el salario y te sirve para computar las 60
peonadas del subsidio) baja este año. El año pasado teníamos
13.124 millones. Por ahí se habla de 140.000 millones, 120.000
millones, etcétera. ¡Pero qué historia es ésta, parece
carnaval cuando se habla del PER y del subsidio en Andalucía!
El año pasado --repito-- teníamos 13.124 millones, que
aumentaron el 27 de mayo por razones de la sequía en un total
de 1.580 millones más, es decir en 1993 teníamos 14.704
millones de salarios reales INEM-corporaciones locales para el
PER. Este año tenemos 11.925 millones. Esto es lo que hay que
denunciar y no se ha hecho en esta tribuna. No se dice toda la
verdad, ni por el señor Ministro tampoco, que se lo han puesto
como a Francisco VII. Hay un 25 por ciento menos, teniendo en
cuenta la inflación respecto al PIB; un 20 por ciento en
cifras absolutas, dedicadas al PER; es decir, uno de cada
cuatro trabajadores del PER del año pasado no va a poder
trabajar este año. Vamos a dejarnos de demagogias.

¿Cuál es el problema de fondo? Pues que todos para alcanzar el
subsidio tienen que conseguir 60 jornales. Y ahí hay un
sistema perverso de poder político, de poder económico, hasta
de derecho de pernada, a la hora de alcanzar los 60 jornales.

Este es el problema, no el otro. No el que ciertas comunidades
autónomas digan que Andalucía se lleva el dinero del norte. No
es verdad. En el norte o en otros sitios hemos pagado la
reconversión industrial, textil, naval. Aquí nadie ha pagado
la reconversión agraria. Y cuando empezamos la reforma
agraria, que ha dicho el Tribunal Constitucional que es
válida, contra un recurso del Partido Popular, el Partido
Socialista Obrero Español se ha venido abajo y la ha metido de
nuevo en el cajón y está aprobada la ley. Nadie ha hecho la
reconversión del sector agrario en Andalucía. Nadie ha hecho
la reforma agraria. En el resto de los países de Europa se
hizo en el XIX, ahora habría que hacerla mucho más moderna,
adecuada al tema de Europa (nosotros hablamos de reforma
agraria integral, porque es participativa y habla también de
los mercados de la exportación), y todo el mundo empieza a
hablar mal de Andalucía porque recibe una especie de sopa boba
que no se corresponde con los números reales, señorías. El
problema de fondo es el control electoral y político del
dinero a partir del cual tú tienes que conseguir



Página 2270




60 jornales para que te den el subsidio. ¿En qué consiste el
subsidio en un sector laboral que no tiene derecho al seguro
de desempleo? El subsidio consiste en 30.000 pesetas
mensuales. Eso, aunque lo llamemos subsidio, no lo es en una
zona donde nadie ha reconvertido aquello, eso es un salario
social simplemente. Se ha inventado un sistema de control
político a partir del cual hay una dependencia sicológica,
política, económica y de poder, eso es cierto. Ahí está el
problema, no en el dinero que se recibe. Hay una distribución
provincial de los fondos y se hace no daltónicamente; el poder
debe ser daltónico, no debe haber distinción de colores. La
distribución provincial se hace aumentando el dinero al color
correspondiente, a la diputación provincial o al centro
provincial que lo distribuye. Esta fue la denuncia de don
Carlos Sanjuán a la hora de hablar de elecciones internas de
cara al congreso de Málaga.

Hay una discriminación clara en las listas del PER. El alcalde
correspondiente te puede discriminar por razones de color
político también, de oportunidad, por cómo te portes. Puede
haber listas negras: tú entras en el PER, tú no...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, le
ruego termine.




El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.

Hay un gran poder de los firmantes --esto tampoco se ha dicho
aquí--, un neocaciquismo de empresarios que están firmando
falsas peonadas, a veces hasta las cobran, y no han juzgado a
ninguno; a los jornaleros, sí, a los alcaldes, sí, a los
empresarios a ninguno, y son responsables de firmar peonadas
falsas. Eso tampoco se dice aquí.

Tengo que decir que el sistema conlleva también otra
corrupción muy seria, ésta que se ha denunciado aquí y que
nosotros
planteamos. Vamos a unas comisiones locales de empleo;
quitamos los 60 jornales, que es la dependencia política y
electoral, y esa comisión local de empleo ve quién es de
verdad tabernero y quién es de verdad obrero agrícola o está
dedicado al tema rural. ¿Por qué no vamos a esas comisiones
locales de empleo? Porque no se quiere. Las venimos planteando
desde hace un montón de años, incluso anteriormente con el
empleo comunitario, que
efectivamente se creó en los últimos años del franquismo y que
se decía que era una inversión después de la UCD para comprar
orden público. Ahora no se puede comprar ni orden público
porque hay una distribución que conlleva una dependencia, es
cierto, electoral.

Nosotros creemos que hay que ir a criterios objetivos,
comisiones locales de empleo, comisiones comarcales; que no
distribuyan las provincias como lo hacen, no de manera
daltónica, sino viendo siempre muy bien los colores que le
interesan, el dinero que va; y hay que ir a la inversión
productiva y a la reforma agraria integral. Hemos pagado
reconversiones textiles e industriales. ¿Por qué no hacemos la
reforma agraria en Andalucía, cuando el Tribunal
Constitucional dice que por razones de utilidad pública se
puede y se debe hacer? Estoy hablando de una reforma muy
moderna, muy europea. Sin embargo, se está reduciendo a
Andalucía a ser un asilo, un orfanato y un sitio de camareros,
una gran extensión de camareros, y no estamos de acuerdo.

Termino, señor Presidente. Hay que tener cuidado con
Andalucía. No juguemos con su imagen por razón de votos; no.

Andalucía ha dado dos millones de emigrantes y es muy
trabajadora y muy culta, con la cultura de la paz; una
Andalucía que siempre ha
reaccionado masiva pero no violentamente; una Andalucía que
nunca ha chantajeado con separatismos de ningún tipo, que su
lema fundamental es: por sí, por España y por la humanidad.

Pero no juguemos con su prestigio; no hablemos de sopas bobas
y cosas por el estilo, porque hay que decir de ahora en
adelante
absolutamente toda la puñetera verdad, que no se ha dicho
hasta ahora.

Muchas gracias.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA A LAS PREVISIONES ACERCA DE
LA
INTERVENCION SOBRE LA SOCIEDAD PSV, EN BASE A LA VIGENTE LEY
DE COOPERATIVAS (Número de expediente 172/000030)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de la interpelación urgente del Grupo Popular, pasamos al
punto 37 del orden del día, que es interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la
intervención sobre la sociedad PSV, en base a la vigente Ley
de Cooperativas.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, esta es una interpelación que quizás ha tardado
demasiado en llegar a la Cámara, es una interpelación que
quizás ha debido presentarse mucho antes, pero la naturaleza
de este problema es que era un asunto bastante nebuloso del
que se tenía poca información veraz y real por parte de los
diferentes grupos parlamentarios; una situación que, además,
manipularla de una forma arbitraria podría crear alarmismo
social. Porque son muchas las personas y las familias
implicadas en este asunto de la PSV, es por lo que este Grupo
parlamentario ha tardado un tiempo en traer esta interpelación
a la Cámara.




Página 2271




Es una interpelación que, en cualquier caso, ya ha tenido sus
frutos, es una interpelación que ha sido importante hasta el
momento. Porque no hay que olvidar que esta interpelación, que
se dice que se va a presentar el jueves, se anuncia a los
medios de comunicación y el viernes el Presidente González
manifiesta la voluntad del Gobierno de intervenir en el asunto
de la PSV. Recalco claramente que manifiesta la voluntad,
porque hasta ahora no ha intervenido. Ha manifestado
claramente su voluntad y, por lo tanto, hay un compromiso
político de intervenir en la cuestión de la PSV, pero hasta
ahora eso no está sustanciado.

Hoy día todavía no se ha publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» cuáles son los términos de la intervención del
Gobierno y no sabemos ni los tiempos, ni los plazos, ni la
celeridad con que se va a producir esta intervención. Por lo
tanto, conviene que el Gobierno aclare en esta tribuna cómo va
a ser esa
sustanciación, porque hasta ahora mismo lo único que sabemos
es la expresión de esa voluntad. Creemos que eso es
extraordinariamente importante para los afectados. No echen en
saco roto la inquietud que tienen los afectados sobre este
tema, quienes todavía no conocen exactamente en qué términos
se va a producir la intervención del Gobierno.

Lo primero que le preguntaría al Gobierno es la duración.

Cuándo se va a producir la intervención, cuándo se va a
producir la segregación de parcelas, cuándo se van a
desbloquer los créditos hipotecarios. Porque, señores del
Gobierno, no es lo mismo que se desbloqueen los créditos
hipotecarios hoy a que lo hagan dentro de quince días o dentro
de meses. No es lo mismo que la intervención se haga
inmediatamente a que haya que esperar «sine die». Eso lo deben
saber porque conocen este asunto desde hace muchísimo tiempo,
desde, al menos, cuando los diferentes bancos públicos que
concedían créditos a la PSV se negaron a seguir
concediéndoselos. A partir de ese momento, por lo menos,
sabían lo que estaba pasando en la PSV y pudieron decidir que
intervenían en el asunto. Ya lo conocían desde finales de
1992; pero oficialmente, por lo menos, lo conocen ustedes
desde julio de 1993. Ustedes saben desde entonces que la
sociedad cooperativa PSV tiene problemas importantes para
seguir adelante, que tiene problemas en su propia estructura y
en su organización interna. Sin embargo, no hacen
absolutamente nada, no utilizan los recursos que les da la Ley
de cooperativas y dejan que el problema se prolongue en el
tiempo. Creo que es urgente que nos digan ya cuándo se va a
solucionar ese problema, cuándo se van a segregar las
diferentes promociones de la PSV y cuándo se van a desbloquear
los créditos hipotecarios.

Otro elemento que también es importante, y que hoy tiene el
Gobierno la oportunidad de aclarar desde esta tribuna, es si
la intervención que se haga va a ayudar a la totalidad de los
cooperativistas, tanto a los de la PSV como a los de IGS.

También puede aclarar algunas manifestaciones que a mi juicio
son absolutamente irresponsables por parte de algunos miembros
del Gobierno. Por ejemplo, el haber dicho que esta
intervención tiene límites, que esta intervención va a
significar que no se utilice nada de dinero público. Creo que
esa es una manifestación absolutamente irresponsable. Además
de irresponsable, que pienso que crea auténtico alarmismo
social, es una manifestación que se da de bruces con
actuaciones del Gobierno recientes, como la que ha habido en
Banesto.

Quiero recordar que, si bien el Gobierno ha tardado por lo
menos siete meses desde que tiene conocimientos oficial de la
situación de PSV y ha anunciado su voluntad de intervenir, sin
embargo, en el asunto de Banesto, una mañana se difundió que
existían problemas y la misma tarde ya estaba decidida la
intervención, ya estaba decidido quién iba a ser el nuevo
Presidente de Banesto y el Banco de España había utilizado
todos los recursos legales para impedir que el problema
siguiera adelante. Qué diferencia de actuación. Aquí hemos
tardado por lo menos siete meses; siete meses en los que ha
intervenido el Gobierno en todos sus
estamentos.

Ha intervenido el Gobierno, a través del Vicepresidente, con
reiteradas reuniones con miembros de la Unión General de
trabajadores, ha intervenido el Gobierno exigiendo a la Unión
General de Trabajadores que hiciera una serie de operaciones
para tener garantías de que la intervención hipotética del
Gobierno, porque nunca se decidía a hacerlo, iba a tener las
máximas garantías.

El Gobierno ha exigido que se quiten los administradores de
IGS, el Gobierno ha puesto un administrador concreto y, sin
embargo, no ha intervenido. Digo el Gobierno, pero especifico
aún más, el Presidente del Gobierno, que es quien mejor conoce
este caso y que llega a tener una entrevista con el Secretario
General de UGT el 22 de diciembre, en la cual decide una
estrategia en el asunto de IGS y PSV, una estrategia por la
que se le concede por parte del Instituto de Crédito Oficial
9.200 millones de pesetas de crédito; que tienen que ser
avalados con el patrimonio histórico de UGT. El dinero de ese
crédito no va a solucionar el problema de los 15.000
cooperativistas, que es el que genera alarma social, porque ya
en esa época estaban los cooperativistas en la calle; ya en
esa época el problema gordo de PSV e IGS era que había 15.000
familias que veían peligrar lo que era la mayor inversión de
su vida. Sin embargo, el Gobierno dice: Les damos un crédito,
se lo da el ICO, pero este crédito no va a solucionar el
problema de la PSV. Este crédito va a solucionar el problema
del ahorro hipotecario de la IGS, no va a solucionar el
problema del alarmismo social. Quisiera que el Gobierno
explicara el porqué de esa actitud, como también quisiera que
explicara cómo es posible que la Dirección General de
Cooperativas, que



Página 2272




está obligada, por el artículo 151 de la Ley de Cooperativas,
a hacer un seguimiento de las diferentes cooperativas, después
de varios años no se haya dado cuenta de los enormes problemas
de gestión por los que estaban pasando en la sociedad
cooperativa PSV. Como también pregunto al Gobierno cómo es
posible que no hubiera detectado que existían problemas dentro
de IGS,
concretamente dentro de su sociedad de ahorro hipotecario.

¿Cómo es posible eso? ¿Es que no tiene mecanismos de
inspección este Gobierno ni los tiene el Banco de España?
Ya el Banco de España nos planteó un problema cuando dejaron
mucho que desear los mecanismos de inspección en el caso
Banesto, pero es que parece que aquí tampoco existen
mecanismos de inspección. Quisiera que el Gobierno aclare por
qué pide que esos 8.000 millones de pesetas vayan a solucionar
el problema de los depósitos de la sociedad de ahorro
hipotecario y no el de los diferentes cooperativistas de PSV,
lo que hubiera cortado inmediatamente la alarma social.

Creo que este tema es importante, porque desde luego cabría
pensar que es un posición política voluntaria del señor
González, que incluso ve con satisfacción ese movimiento en la
calle para desprestigiar tantos años de trabajo del Secretario
General de UGT. ¿Es eso? Porque eso sería gravísimo. ¡Eso
sería gravísimo! ¿Cómo puede tardar el Presidente del Gobierno
tanto tiempo en manifestar esa voluntad de intervención?
Entiendo que hay nebulosas importantísimas sobre la actuación
del Gobierno en todo este proceso. Las hay desde su principio,
porque nadie puede pensar que esta operación nace sin ningún
tipo de aval. ¿Es que nadie recuerda cómo era aquella
propaganda PSV 460.000 viviendas, que la ligaba directamente
con el plan de viviendas del Gobierno, y el Gobierno nunca
dijo nada en contra de eso? ¿Alguien olvida eso? Como lo que
he manifestado antes: la actuación del Ministerio de Trabajo,
Dirección General de Comercio, como la actuación del Banco de
España, como la
actuación del propio Presidente del Gobierno. Además de todas
estas situaciones que el Gobierno tiene oportunidad de aclarar
aquí, lo más importante (aunque yo creo que también hubiera
sido bueno que el Presidente del Gobierno aclarara estos
extremos) es que usted tranquilice a los cooperativistas en el
sentido de que inmediatamente se va a producir una
intervención del Gobierno, que yo creo que no es una
intervención ortodoxa, porque la Ley de Cooperativas dice
claramente que es el Consejo de Ministros el que puede
designar quiénes son los interventores. Parece que va a ser el
juez y de rebote... Bueno, da igual. No vamos a poner pegas
legales. Aquí el tema es que se arregle el problema de los
cooperativistas.

Usted tiene la oportunidad hoy de tranquilizar definitivamente
a los cooperativistas, de decir que va a ser una intervención
sin límites, que no van a existir límites que no están
poniendo para otras operaciones como la de Banesto y que
supone muchísimo más dinero; y puede también usted
tranquilizarles diciendo que inmediatamente se van a segregar
las promociones y desbloquear los diferentes créditos
hipotecarios. Tiene usted aquí esta oportunidad, yo confío que
no la desaproveche.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar en
nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Tengo la oportunidad también, señor Andreu, de que, si usted
me escucha, pueda darse cuenta de que algunas de las
afirmaciones que hace son absolutamente equivocadas, erróneas,
y no se corresponden con ninguna realidad. Si lo que queremos
todos es solucionar el problema a los cooperativistas, debemos
poner el empeño en eso, en solucionar el problema de los
cooperativistas, porque a lo mejor flaco favor se les hace
tergiversando los hechos e imputando al Gobierno
responsabilidades que no le corresponden en absoluto. A lo
mejor la responsabilidad en este caso no está en el Gobierno,
y eso es lo que interesa conocer. Lo único que le digo --y se
lo voy a decir para que usted tome nota-- es cuál ha sido la
secuencia de los acontecimientos y lo que ha hecho el Gobierno
en este tema. No voy a decir más que lo que ha hecho el
Gobierno, nada más que eso, y espero que usted tome nota. Y,
entre otras cosas, el Gobierno no ha intervenido nada; me
refiero a que no ha intervenido IGS para nada ni ha nombrado a
ningún administrador. Y le aclaro una cosa: el crédito que
usted dice (insignificante, 10.000 millones de pesetas) se da
para solucionar unos problemas de deuda que tiene IGS en los
créditos de ahorro-vivienda y que si no se hubieran pagado la
situación era quiebra. ¿Y usted sabe lo que significa quiebra
de IGS por esos 10.000 millones? Significa quiebra de la PSV,
porque IGS es la administración de PSV. Por consiguiente, esos
10.000 millones subvinieron a una necesidad inmediata, que se
había planteado ya, y precisamente con ese crédito,
devolviendo y reintegrando el dinero a los cuentacorrentistas
que habían hecho esa imposición, se pudo solucionar un
problema de quiebra, que estaba solicitada, como usted sabe.

Pero, insisto, le voy a dar secuencia de acontecimientos y
usted puede pensar a partir de ahí lo que quiera.

La cooperativa PSV, que está intervenida (luego leeré el texto
de la intervención que ha hecho el Gobierno; está intervenida
por acuerdo del Consejo de Ministros del viernes pasado), es
un proyecto de promoción de viviendas impulsado por la Unión
General de Trabajadores, constituida a primeros de junio de
1988. Fue inscrita como tal el 18 de agosto de 1988 en



Página 2273




el registro de la entonces Dirección General de Cooperativas y
Sociedades Laborales. Esta cooperativa contrató desde el
principio, en régimen de caja única, la gestión,
administración y asesoramiento del proyecto a la empresa IGS,
que a su vez estaba y está participada por el propio
sindicato. De acuerdo con aquel contrato IGS se comprometía a
desarrollar todas y cada una de las fases del proyecto:
gestión del suelo, gestión urbanística, construcción de
viviendas y actividades
complementarias y se reservaba a cambio la adjudicación de los
locales comerciales de las distintas promociones, así como el
cobro de un determinado porcentaje del precio de las
viviendas, en concepto de gestión.

La cooperativa ha mantenido, desde su constitución en 1988
hasta mediados de julio de 1993, una actividad societaria
normal; es decir, se han celebrado las preceptivas asambleas
generales y se han celebrado en los plazos que determina la
ley.

Pregunta usted qué conocíamos, en el año 1992 o en julio de
1993. ¿Sabe usted lo que ocurrió en julio de 1993? El día 10
de julio de 1993 se celebró una asamblea general de la
cooperativa y esa asamblea general, que, como digo, se celebró
el 10 de julio de 1993, aprobó las cuentas auditadas del
ejercicio 1992 y designó los miembros del consejo rector de la
cooperativa. Por
consiguiente, una situación absolutamente legal en el
funcionamiento societario de la cooperativa.

Es verdad que a partir de un momento determinado,
fundamentalmente a partir de noviembre, se producen
acontecimientos que inducen a un determinado nivel de
intervenciones públicas, que es cuando se paralizan las obras
en ejecución y los proyectos en curso.

El 26 de noviembre, el Director General del INFES --no de
Cooperativas, que no existe-- se reúne con un interventor para
tratar sobre la problemática de la cooperativa y el 2 de
diciembre lo hace con el presidente y el vicepresidente del
consejo rector y con representantes de las asociaciones de
socios cooperativistas que por aquellas fechas se estaban
constituyendo en las promociones de la Comunidad de Madrid. De
estas reuniones iniciales se obtiene el compromiso por parte
de INFES, y por tanto del Ministerio de Trabajo, en rueda de
prensa conjunta con miembros del consejo rector de la
cooperativa, de asesorar a ésta en la ejecución de un proyecto
de escisión que favoreciera la creación de cooperativas más
pequeñas y adaptadas a cada
promoción, entendiendo que así se podría hacer más viable el
objeto social de la cooperativa. Se hace conjuntamente;
además, como digo, hay una rueda de prensa conjunta del órgano
gestor de la cooperativa y de los responsables del Ministerio
de Trabajo y se crea una comisión interministerial en la que
participan tres Ministerios: Economía, Trabajo y Obras
Públicas, precisamente para pilotar, juntamente con la gestora
de la cooperativa, con el consejo rector, este proceso de
segregación de la cooperativa en cooperativas más pequeñas.

Le confieso que hay un problema inicial, el de la caja única y
gestora única, porque para poder segregar en pequeñas
cooperativas se tiene que atribuir a cada promoción lo que es
su patrimonio, lo que son los recursos de esa promoción, y eso
no está hecho, por el principio, como antes decía, de caja
única. La contabilidad de la cooperativa, en régimen de caja
única, es aprobada por la asamblea general en julio de 1993,
se pide su actualización y se somete a intervención y
fiscalización para poder conocer el estado real de las cuentas
de la cooperativa y, simultáneamente, para con el apoyo de la
Administración poder iniciar ese proceso de segregación de la
cooperativa en otras cooperativas o promociones, como usted
quiera llamarles, más asequibles para el fin que se pretende
conseguir.

En ese preciso momento se produce una petición de declaración
de quiebra de IGS, compañía gestora de la cooperativa, que es
levantada precisamente para la propia IGS a través de 10.000
millones de pesetas, que se aplican precisamente a subvenir el
pasivo de la sociedad y, a partir de ahí, como consecuencia de
la suspensión de pagos de IGS se produce también la suspensión
de pagos de la cooperativa PSV.

El departamento de Trabajo, ante la nueva situación, se vuelve
a reunir inmediatamente con el Secretario de Organización y
administración de UGT --este último sabe usted que, además, es
vicepresidente de la cooperativa--para analizar los últimos
acontecimientos y ver las medidas más convenientes a adoptar.

Esta comisión interministerial ha venido trabajando desde ese
momento junto con la propia administración de la cooperativa,
con el consejo rector, y su función ha sido intensificar las
actuaciones de apoyo y asesoramiento para buscar una salida a
la crisis de la cooperativa, siempre dentro del marco de una
cooperativa que ya está intervenida judicialmente,
precisamente por la suspensión de pagos. El grupo de trabajo
se ha reunido sucesivamente con representantes de las
asociaciones de socios cooperativistas, con la coordinadora
que los agrupa, con cada una de las asociaciones
individualmente consideradas, con
organizaciones representativas del cooperativismo de
viviendas, con gestoras de este sector, con entidades
financieras y con los interventores judiciales nombrados por
el juez en la suspensión de pagos.

Con esta explicación he venido a señalar cómo se ha
manifestado la preocupación, sin duda grande, del Gobierno y
sobre todo su colaboración para ayudar a buscar una salida
positiva a la crisis de la cooperativa, porque un número
importante de ciudadanos tienen comprometidos sus ahorros y
sus esperanzas de obtener una vivienda en esta cooperativa. En
cuanto a la suspensión temporal de los órganos sociales y el
nombramiento de administradores provisionales, es una medida,
sin duda, de especial trascendencia,



Página 2274




y así lo dice la propia Ley de Cooperativas. Adoptarla en el
momento que usted dice, era imposible; era imposible adoptar
una intervención de la cooperativa en julio, agosto o
septiembre por la sencilla razón de que la cooperativa, a
través de su asamblea, había aprobado las cuentas de la
cooperativa y había renovado su consejo rector. Era imposible
legal y materialmente intervenir la cooperativa; no podía
hacerse legalmente de ninguna manera, no lo pedía nadie --ni
usted, señoría, que dice que llega tarde esta petición--; no
lo había pedido nadie, porque no se podía legalmente. Pero no
solamente eso, sino que simultáneamente a ello, se producen --
ya con posterioridad a la suspensión de pagos-- nuevas
circunstancias derivadas precisamente del hecho mismo de la
suspensión de pagos. Así, por providencia de 1.º de febrero,
el magistrado-juez decide suspender y sustituir el consejo
rector de la cooperativa, y se dirige al Ministro de Trabajo
para que concrete si puede aplicar el artículo 152.1.c) de la
Ley de Cooperativas, entre otras cosas --y este es el motivo
fundamental de la petición-- porque se da la circunstancia de
que para ratificar el auto de suspensión de pagos se necesita
que éste sea ratificado por la asamblea de socios, y todo el
proceso de constitución de las asambleas iba a demorar la
solución de los problemas por lo menos cuatro o cinco meses.

Ante esa situación, y teniendo en cuenta las dificultades de
constituir este proceso asambleario, se pregunta si el
Gobierno puede intervenir de manera que se suspenda la
actuación de la propia asamblea de socios, es decir, de la
representación máxima de los cooperativistas. Eso es lo que se
pide: la sustitución de la representación máxima de los
cooperativistas que, insisto, habían tenido una asamblea en
julio de 1993. El Ministerio de Trabajo, después de reunirse
con los cooperativistas, les consulta lo que propone el juez,
y ellos ven razonable que en ese momento se pueda sustituir la
asamblea por una intervención o por unos administradores en la
medida que de no hacerlo se iba a retrasar todo el proceso en
el que desde octubre-noviembre estamos trabajando con la
cooperativa, que es el proceso, como le digo, de segregación.

Se produce, por consiguiente, ese acuerdo del pasado Consejo
de Ministros, que suspende temporalmente todos los órganos
sociales de la
Cooperativa PSV, Promoción Social de Viviendas. Segundo,
atribuye a los administradores que sean designados por el juez
(a los que ya el juez, como usted sabe, ha decidido suspender
y sustituir el consejo rector) las funciones de todos los
órganos
societarios, también de la asamblea, para que esos
administradores inmediatamente puedan ratificar la suspensión
de pagos. Y tercero, la suspensión de órganos sociales y la
intervención administrativa terminan el mismo día en que el
juzgado dicte el auto previsto en el artículo 8 de la Ley de
Suspensión de Pagos, es decir, se llegue al convenio de
acreedores. En ese convenio de acreedores en su momento,
estarán expuestas las quitas o esperas correspondientes.

Recuerde que acreedores son los cooperativistas, y habrá que
decir a los cooperativistas en ese momento cuál es la quita
que le
corresponde como consecuencia de la minoración patrimonial que
ha sufrido su patrimonio. En ese momento serán los
cooperativistas los que tendrán que decidir.

El magistrado-juez, ha nombrado cuatro administradores totales
de la cooperativa, y una vez que ha dictado el auto, a que se
hace referencia que lo dicte en el acuerdo del Consejo de
Ministros, terminará esta suspensión temporal con el objeto,
insisto, de que sean los socios los que decidan el proyecto de
viabilidad que ya estará elaborado, señoría. El proyecto de
viabilidad, el proceso de segregación, el proceso de obtención
de créditos y el proceso de puesta en funcionamiento de las
distintas promociones estará ya puesto en marcha, se llegará
al convenio de acreedores con todo eso puesto en marcha,
reestableciéndose entonces el funcionamiento democrático y
normal de los órganos de la cooperativa. Esta es la
intervención y ésta es la salida positiva a la crisis de la
cooperativa que se ha adoptado. Para ello, se van a
intensificar todos los esfuerzos, y todas las colaboraciones
que de verdad persigan el buen fin de la operación, todas esas
colaboraciones serán bien recibidas. También le quiero decir
que, de la misma manera que el Ministerio de Trabajo, a través
del INFES; el Ministerio de Obras Públicas, a través de
Vivienda; así como el Ministerio de Economía, han estado
colaborando con el Consejo Rector de la Cooperativa
inequívocamente, día a día, reuniéndose y dando la cara la
Administración ante los propios cooperativistas, de esa misma
manera va a colaborar con los administradores designados para
que se consiga el buen fin de la operación, que ya le digo
cuál es. El buen fin de la operación es conseguir que cada una
de las promociones pueda tener su vida independiente y que
ello pueda dar lugar a que las obras que ahora mismo estén
paralizadas continúen y que las no iniciadas se inicien. No sé
si S.S. sabe Derecho, pero lo que sí sabe es que cuando hay un
proceso de suspensión de pagos por la «par conditio
creditorum», por el tratamiento igual a todos los acreedores,
puede haber problemas en este proceso de segregación. Es
verdad que no todos los cooperativistas de todas las
promociones están a la misma distancia de alcanzar el fin
social que persigue la cooperativa, dado que unos tienen
prácticamente la vivienda terminada y otros todavía no han
visto comenzar la construcción de la misma; por consiguiente,
será necesario obtener también previamente el acuerdo de todos
los cooperativistas para que ellos sepan que, aun cuando estén
más cerca de alcanzar el objeto social, se van a solidarizar
también, en lo que es el convenio de suspensión de pagos, con
todos los cooperativistas. Todo



Página 2275




esto se va a realizar mano a mano con los administradores y de
común acuerdo con los propios gestores de la cooperativa,
señor Andreu. Por consiguiente, estoy convencido que con esta
intervención, y no sólo con ella sino con todas las gestiones
previas a la misma, se está en el buen camino. Solamente hace
falta que los elementos sobre los que estamos trabajando se
perfeccionen en acuerdos concretos de segregación de
cooperativas, de determinación de cuál es cada una de esas
promociones, de la atribución patrimonial a cada una de las
promociones y ese acuerdo de solidaridad entre todos los
cooperativistas para que por fin se puedan construir esas
viviendas, que es lo que sin duda todos deseamos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para turno de réplica,
tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, estoy seguro que usted
se ha guardado la réplica, porque yo no me puedo creer que
usted se vaya de esta tribuna sin aclarar a los
cooperativistas de la PSV y a toda la sociedad que el Gobierno
está dispuesto a intervenir sin límites para solucionar este
problema. No me lo puedo creer, por tanto, me imagino que la
verdadera respuesta me la dará luego.

Señor Ministro, no juguemos a meternos en un debate jurídico
porque hasta ahora, que yo sepa, para ser Diputado no se exige
ningún título, ni siquiera el de Derecho. Lo que yo sí sé,
como Diputado, es que la gente en la calle está absolutamente
angustiada con este tema, lo sé, y desde luego, en lo que he
podido estudiar de este asunto, veo que hay recursos y hay
posibilidades legales por parte del Gobierno para que la
actuación hubiese sido mucho más rápida, mucho más inmediata y
mucho más clara, dando muchísimas más garantías a todos los
cooperativistas, de las que hasta ahora han venido siendo. No
hay que ser ninguna lumbrera para saberlo, no hay que ser
García de Enterría, basta con saber leer y con ejercer
simplemente como Diputado; basta con hablar con los
cooperativistas en la calle. Eso es lo que hay que hacer. Aquí
no se viene a sacar ningún título de Derecho, señor Ministro.

También quiero decirle una cosa que me parece importante, y
quiero hacerlo para que no diga que escondemos nada. Señor
Ministro, a toda la izquierda, por lo menos a la izquierda que
se siente vinculada a los sindicatos, este tema nos duele y
nos hace daño porque sabemos que es un tema duro para los
sindicatos. Por lo menos a la izquierda nos duele; luego que
cada uno se pronuncie como crea oportuno, pero este tema a la
izquierda nos duele. Sabemos que ha habido una mala gestión de
IGS, sabemos que ha habido una mala gestión de PSV, y tienen
que responder esos señores; tendrán que responder ante los
tribunales; tendrán que responder de los problemas que haya
habido. Desde luego nosotros ni muchísimo menos vamos a parar
eso; todo lo contrario, queremos la mayor claridad. Pero yo
aquí vengo a controlar al Gobierno, le digo al Gobierno que ha
tenido posibilidades de arreglar eso, y desde luego usted no
me ha negado ninguna de las citas que le he hecho. Hay un
informe de UGT, que es público, en el que viene punto por
punto cada una de las reuniones, quiénes han intervenido por
el Gobierno,
Presidente, Vicepresidente, fechas, etcétera. Usted
seguramente lo conocerá como yo. Si usted puede negar alguno
de esos
extremos, niéguelo. Aquí se ve claramente que el Gobierno
conoce esto desde hace mucho tiempo y tuvo posibilidad de
intervención. Yo solamente le pido eso; no vengo aquí a hacer
una intervención parlamentaria brillante. Usted sabe que hay
una alarma social importantísima en la calle y que, desde
luego, con las
explicaciones que usted ha dado no soluciona nada,
sinceramente. No vengo a atacar al Gobierno por atacarlo, ni
muchísimo menos; pero con esa explicación usted no tranquiliza
a nadie.

Dígame, señor Ministro, ¿había dinero para Banesto? ¿Alguien
puso algún límite en el dinero para Banesto? ¿Por qué tardó
horas el tema de Banesto y por qué éste lleva meses? ¿Es más
complejo éste aún? ¿Es más complejo contablemente en su
estructura empresarial? En el tema de Banesto vemos que se
decidió la intervención en cuatro horas, ha pasado mes y pico
y ya parece que el tema está encarrilado. En éste, sin
embargo, llevamos meses y meses. Usted me permitirá, señor
Ministro, que yo piense que hay trasfondo político detrás de
esto, me permitirá que lo piense y que lo manifieste; pero,
aparte de eso, que ya lo he manifestado y no lo voy a
reiterar, me parecería muy grave que se jugara con 15.000
cooperativistas para hacer jugadas de billar político. Me
parecería muy grave.

Por tanto, señor Ministro, para aclarar esto ante la sociedad
española, para que no quede ninguna duda, yo le solicito que
dé la respuesta de verdad, que diga aquí que no va a haber
límite en esa intervención, que no va a haber ni siquiera
límite de dinero público, aunque ese dinero se recupere, por
supuesto, pero que no va a haber límite de ningún tipo y que
se van a solucionar los problemas de todos los
cooperativistas, los que son
acreedores y los que son deudores. El lío es impresionante,
usted lo sabe bien, y no vamos a meternos aquí a discernir
jurídicamente cómo es el lío, unos están en PSV y otros están
en IGS y me parecería un mal servicio a este Parlamento que
usted intentara enredarlo en marañas jurídicas cuando el
problema es bastante claro y bastante diáfano. Aclare, por
favor, tranquilice a los cooperativistas y dígales que éste es
un problema que evidentemente en su origen no era del
Gobierno, probablemente, aunque ya le he dicho aquello de la
PSV y las 460.000 viviendas, pero, en fin, vamos a dejarlo.




Página 2276




Este problema no era en origen, pero hay una economía social
que también necesita la protección del Estado y del Gobierno
que la lleva y que tiene unas responsabilidades legales,
responsabilidades marcadas por la ley que no se las inventa
nadie, que están en la Ley de Cooperativas, que ustedes no han
hecho hasta ahora honor a ellas y confío que de ahora en
adelante usted pueda decir en esta tribuna que va a solucionar
el problema y que no se va a quedar ni un cooperativista sin
casa y que el problema se va a arreglar en unos plazos cortos
e inmediatos. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.

Señor Ministro. (El señor Romero Ruiz pronuncia palabras que
no se perciben.)



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

¿Decía usted, señor Romero? (El señor Romero Ruiz vuelve a
pronunciar palabras que no se perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, guarde
silencio, por favor.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Señor Andreu, ¿cómo no le voy a admitir que hay un trasfondo
político en esto, después de oírle? Claro que se lo admito; es
que le acabo de oír. Por eso que le acabo de oír, sé que hay
un trasfondo político en todo esto. Fíjese que usted ha
terminado diciendo lo que yo sabía que iba a decir; que hay
que exigir responsabilidades a los gestores de PSV y de IGS.

Claro, me parece muy bien; claro que hay un trasfondo político
en esto y cada vez nos vamos dando más cuenta los que sabemos
de esto. Pero le voy a decir algo que es importante: yo no le
exijo a usted saber Derecho, pero sí que no haga afirmaciones
que contradigan la ley, porque la ley es la democracia, la ley
es la que nos manda a todos; por consiguiente fuera de la Ley
no hay nada, hay el caos, y para eso no hace falta ser
jurista, para eso hace falta ser simplemente persona sensata y
demócrata. Siendo persona sensata y demócrata, sabrá S.S. --
que sin duda lo sabe--que las intervenciones se pueden hacer
en entidades privadas cuando están autorizadas por la ley y en
los términos que la ley lo autorice. La intervención no es
como usted quiera. ¿Qué es eso de intervención ilimitada?
¿Intervención ilimitada porque usted lo quiere? Pero, ¿dónde
está eso? (El señor Romero Ruiz:
¡Banesto!)
Cuando se interviene una entidad financiera se hace con
arreglo a la ley y aquí no hay una ley que permita una
intervención ilimitada. ¿Pero qué cosas está usted diciendo?
La Ley de Cooperativas lo único que permite es sustituir
órganos sociales por administradores que nombra el Gobierno, y
eso se ha hecho. ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué es eso de
intervención ilimitada? ¿Qué quiere usted que le diga, que el
Gobierno va a hacer las casas? No; no las va a hacer, se lo
digo claramente. Le diré que sí va a colaborar. ¿Qué hay que
decírselo a los cooperativistas? A ellos sí. A usted, ¿por
qué? (Rumores.) A los cooperativistas se lo está diciendo el
Ministerio, lo mismo que le ha dicho a usted, lo que pasa es
que ellos lo han entendido, porque ellos defienden sus
intereses, no necesitan a nadie que les defienda. Le digo a
usted lo que ha hecho el Gobierno, y eso mismo se ha dicho a
los cooperativistas. Ahora usted dice que además a los
cooperativistas hay que decirles esto otro. ¿Por qué? Hay que
decirles lo que va a hacer el Gobierno, y lo que va a hacer el
Gobierno es colaborar a resolver un problema en el que otros
parece no quieren colaborar para resolverlo, sino precisamente
para enredarlo. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Mur tiene la palabra.




El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a fijar la posición del Grupo Mixto sobre esta
interpelación, a nuestro juicio tan oportuna y, sobre todo,
tan importante después de las palabras del señor Andreu, que a
nosotros también nos han alarmado, porque cuando ha dicho
dinero sin límite la verdad es que, con el apasionamiento que
le caracteriza al señor Diputado, creo que ha llevado esto a
una situación casi límite. Creo que el tema es suficientemente
importante y afecta a gran número de personas. Hablo por los
que están en este asunto en Zaragoza, donde también la PSV
extendió sus tentáculos
constructores, bien es verdad que todavía no ha entregado
ninguna vivienda. Hay, como es lógico, la inquietud y la
zozobra de todos aquellos que se ven en una situación no
deseada y con poca seguridad de cómo va a acabar este asunto.

Lo primero que diríamos es que este tema necesita más
claridad, lleva mucho tiempo en los medios de comunicación,
pero no hay clarificación por parte de quien lo puede hacer,
en este caso desde las responsabilidades del Gobierno aunque
el señor Ministro nos ha aclarado algo esta tarde y de alguna
manera nos ha tranquilizado porque le hemos oído decir con
buen criterio que en una situación como ésta, por excepcional
que sea, no puede obviarse el cumplimiento de la ley, no se
pueden tomar medidas que no sean generalizables ante
situaciones parecidas o igualmente importantes o graves, que
las hay, las ha habido y las habrá. Por



Página 2277




tanto, señor Ministro, ahí estamos totalmente de acuerdo. Sin
embargo, le diré que el Gobierno, ante la magnitud social del
problema, ha estado lento, ha parecido que estaba indiferente,
probablemente tenía criterios contrapuestos, y es que
posiblemente el asunto PSV-UGT sea mucho más que un fiasco
inmobiliario. No voy a ahondar en esta cuestión porque creo
que para los efectos, para la solución del problema y para lo
que quieren saber las personas, los ciudadanos que están
pendientes de su vivienda, de cómo se resuelve el problema
planteado en PSV, no tiene importancia. Esto me parece que no
tiene importancia y por tanto es un debate en el que no quiero
entrar. Evidentemente, algún día se sabrá toda la verdad de lo
que ha ocurrido. No lo duden, no se pueden ocultar, a nuestro
juicio, errores que han perjudicado a tanta gente. Yo creo que
son muchos los
perjudicados a los que se les niega alto tal elemental como
una vivienda y a los que se les ha frustrado una esperanza que
pusieron en un sistema que yo quiero reivindicar. Alguna
experiencia profesional tengo en la gestión de cooperativas y,
la verdad, creo que se ha hecho un flaco servicio al sistema
cooperativo, al sistema cooperativo de viviendas, y eso
tenemos que reivindicarlo desde aquí. El sistema, como otro
cualquiera, no es malo en sí mismo sino que puede ser malo en
función de quién lo gestione, y ahí es donde me gustaría hacer
hincapié. Cuando se habla de PSV, de la cooperativa de
viviendas y de los cooperativistas, creo que no se puede
olvidar a IGS que, según el señor Ministro ha dicho, fue con
quien se contrató la gestión, el asesoramiento y el desarrollo
de la cooperativa de viviendas. Todas las cooperativas, si
tienen cierta importancia, suelen buscar una gestión
profesionalizada, en quien confían y a quien encomiendan todos
los trabajos complejos de una promoción de viviendas.

Realmente aquí los confiaron a IGS y me parece que si alguna
responsabilidad hay que buscar, primero es en la gestora.

¿Quién es la gestora, cómo ha actuado, cuánto dinero ha
cobrado, quiénes son los responsables, qué responsabilidades
van a tener a partir de ahora? No podemos fijarnos solamente
en los
cooperativistas y en la PSV siendo ellos, en definitiva, los
últimos destinatarios de los esfuerzos que todos hagamos. Es
verdad, lo que importa es que los cooperativistas, al final,
acaben teniendo la vivienda prometida, pero tampoco hay que
olvidar que aquí hay un intermediario que se llama IGS, que
posiblemente tendrá que responder de lo que ha hecho, como
tiene que responder cualquier profesional al que se encarga
algo y luego fracasa. Desde luego, el fracaso no puede ser más
sonoro, más estrepitoso y más perjudicial.

El señor Ministro dice que vamos a hacer todo lo posible por
ayudar, pero la primera pregunta que me haría y que le haría
es si, con los datos que conoce, los problemas planteados
tienen solución, porque me da la impresión de que algunos
están tan mal planteados que no tienen solución, a pesar de
que PSV intentó, por su finalidad social gozar de ciertos
privilegios. Yo puedo decir aquí que el Ayuntamiento de
Zaragoza procedió a la
recalificación de terrenos, que se negaron a promotores
privados, precisamente porque se trataba de PSV y porque tenía
una
finalidad social. Pero aquello está sin recalificar, no tiene
ninguna urbanización y, desde luego, esas viviendas tardarán
años en poder ser construidas. Por tanto, no creemos falsas
expectativas porque el problema es más grande desde el punto
de vista práctico y urbanístico de lo que puede ser incluso
desde el punto de vista financiero. No todo se puede arreglar
con dinero. Creo que en esto hay que ser muy realistas; no se
pueden lanzar mensajes que en este momento pueden levantar
expectativas agradables a aquellos que tienen la necesidad de
oír alguna palabra de esperanza, pero a los que no podemos
decepcionar por segunda vez.

Por tanto, espero que el Gobierno haga lo que debe, que es
hacer cumplir la Ley, que medios tiene; con la Ley en la mano,
intervenir la cooperativa, sus órganos rectores y sus órganos
gestores y, a partir de ahí, aplicar la ley y que pase lo que
tenga que pasar. Si después, por la finalidad social, por la
amplitud del problema, se tienen que adoptar algunas medidas
excepcionales, siempre dentro de la Ley y parecidas a las que
se han tomado en situaciones similares, nosotros seremos los
primeros en apoyarlas porque creo que la finalidad y las
personas así lo merecen, pero antes depúrense las
responsabilidades y aclárese el papel que cada uno ha jugado
aquí. Por favor, señor Ministro, le voy a hacer una reflexión
que tal vez se sale un poco de la interpelación, pero hoy he
leído en un medio de comunicación que uno de los
administradores que han sido
nombrados va a cobrar 50 millones de pesetas de sueldo. Si eso
es cierto, me parece que mal empezamos a remediar los
problemas, fijando sueldos multimillonarios a los
administradores que tienen que solucionarlos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
la señora Martínez Saiz tiene la palabra.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para dar
nuestra opinión, ante esta Cámara, sobre este grave problema
que Izquierda Unida ha traído hoy a debate; grave problema que
de verdad nos tiene desde hace tiempo muy preocupados.

Señorías, señor Ministro, el único objetivo de una cooperativa
de viviendas es facilitar el acceso a la propiedad de una
vivienda en condiciones más favorables de



Página 2278




las que ofrece el mercado libre y a unos precios mucho más
bajos. Estamos seguros de que éste era el objetivo de UGT
cuando respaldó, en junio de 1988, la constitución de la
promotora social de viviendas como entidad cooperativa y no
como una sociedad mercantil.

Este proyecto social sin ánimo de lucro, al final y en virtud
de la forma de gestionar y de invertir las aportaciones de los
socios cooperativistas, se ha visto convertido, de momento, en
un gran fraude por parte de los responsables de PSV e IGS, a
más de 20.000 familias que, de momento, no pueden disponer de
sus ahorros ni de unas viviendas esperadas desde hace mucho
tiempo. La intención de los responsables de la sociedad
gestora IGS y, en concreto, de su máximo responsable, don
Carlos Sotos, al hacer frente a la compleja gestión de una
cooperativa tan amplia como PSV con más de 250 promociones,
está claro, ha quedado
suficientemente claro que no era exclusivamente la de
proporcionar viviendas dignas y más baratas que las del
mercado libre. Si hubiera sido así, señorías, no hubieran
utilizado más de 18.000 millones de peseta antes de finales de
1992, dinero de los cooperativistas, en hacer operaciones
empresariales e inmobiliarias que nada tenían que ver y nada
tienen que ver con la promoción pública de viviendas, señor
Ministro, porque a ver si aprende un poco de construcción de
viviendas sociales como Ministerio de Trabajo. No tenía nada
que ver con esa construcción de viviendas sociales, el único y
el principal objetivo de las cooperativas de viviendas.

Porque, señorías, IGS invierte en el proyecto turístico de
Calviá 4.692 millones. ¿Cómo es posible que los auditores no
se den cuenta de que eso no tiene nada que ver con comprar
terrenos para construir viviendas sociales? ¿Qué pasa con los
informes de esos interventores? ¿Qué pasa con la tutela del
Ministerio de Trabajo? ¿Cómo es posible que se consienta que
se inviertan casi 2.000 millones en comprar terrenos en Madrid
para hacer urbanizaciones de lujo? Lo que pasa es que el señor
Sotos y los gestores de IGS se quisieron convertir con el
dinero de los cooperativistas en especuladores y promotores
privados engañando a los cooperativistas, y eso el Gobierno lo
sabía, porque tenía la obligación de saberlo, porque compró
terreno para especular, engañó a UGT de buena fe, engañó a los
cooperativistas y se ha ido de rositas a su casa. Porque si
eso lo llega a hacer un promotor privado, no sé lo que hubiera
pasado, pero la ley hubiera caído sobre él, y el señor Sotos,
que todos los que estamos aquí sepamos, está en su casa junto
con otros gestores muy tranquilamente. Y no se puede consentir
un Gobierno que engaña a los cooperativistas anunciando un
plan de viviendas 92-95 por parte de PSV, como ha dicho el
señor Andreu y como yo he dicho esta tarde al Ministro de
Obras Públicas, en la
televisión pública diciendo: plan de viviendas del Gobierno,
460.000 viviendas, PSV. Y ahora resulta que nadie sabe
absolutamente nada, y el señor Sotos era considerado por el
Gobierno y por el señor Borrell un experto en política de
vivienda social.

Señor Ministro, señorías, hace falta tener mucha desvergüenza
política, porque ahora los que no tienen la vivienda son esos
cooperativistas que han aportado 40.000 millones de pesetas,
pero resulta que IGS-PSV tiene en patrimonio del suelo y en
activos más de 60.000 millones de pesetas. Y ahí viene la
quiebra, el negociete especulativo del señor Sotos y compañía.

Y resulta que ahora todos tenemos que hacernos cargo de eso.

Señor Ministro, un poco más de seriedad, porque no se puede
jugar con los trabajadores ni con el resto de los españoles.

Se puso en duda la honestidad de muchos empresarios privados a
la hora de gestionar el suelo, y se ha utilizado suelo público
de los ayuntamientos y de las comunidades a precio muy barato
y no se ha aplicado la Ley del Suelo vigente al no gestionar
ese suelo en los tiempos adecuados. Señor Ministro, ¡ya está
bien, ya está bien! Y luego, encima, el Gobierno ajusta
cuentas con UGT porque se opone a su política laboral teniendo
este asunto en suspenso desde junio que se detecta --una cosa
rarísima-- hasta ahora, porque en el informe de las
auditorías, el de 1992 incluido, todo estaba perfecto, y
resulta que ahora nos enteramos, y el Gobierno lo tiene en
suspenso hasta que el señor González quiere y le da la gana,
tiene en vilo a muchas familias. No hay derecho, porque, ¿sabe
usted los intereses de esos cuatro o cinco millones de pesetas
de esos cooperativistas? ¿Lo sabe usted? Pues calcúlenlo, que
para calcular las propuestas económicas de otros grupos,
incluido el mío, se las pintan ustedes.

Ahora, lo que hace falta es que ustedes no pierdan el tiempo y
les digan a los cooperativistas lo que les va a costar su
vivienda, dónde está el terreno, por cuánto lo pueden vender.

Es decir, un plan de saneamiento de esa cooperativa que diga
cuándo van a disponer de sus viviendas y que el Gobierno se
comprometa a tutelar esa gestión para que los cooperativistas
estén seguros de que la van a tener. Todo lo demás son
palabrerías, señor Ministro, porque aquí las viviendas se
hacen con ladrillos, y las cooperativas --eso que ahora
propone el Gobierno a los gestores--, cuando pasan de 50 a más
se gestionan como empresas, con unos gastos de gestión
importantes, como las grandes constructoras, y si no que se
repasen los sueldos de los empleados y de los gestores de IGS
y de PSV. Nos llevaremos una gran sorpresa. En 1992 se habían
gastado 7.000 millones en esas empresas del Grupo IGS-PSV, que
no se habían invertido en suelo, que no se habían pagado
licencias.

Es más, señor Ministro, el señor Borrell y don Julio
Rodríguez, Presidente del Banco Hipotecario, saben que en una
reunión en Sevilla promovida por el Ministerio de Obras
Públicas...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Martínez, vaya
concluyendo.




Página 2279




La señora MARTINEZ SAIZ: Sí, señor Presidente, pero esta
«perla» no me la quiero olvidar.

En una reunión para decir cómo iba a funcionar el Plan de
Vivienda 1992-1995 donde estaban los expertos del Gobierno y
responsables de otras comunidades, el señor Sotos echó en cara
al Presidente del Banco Hipotecario que, debido a su política
de financiación y como él no tenía todavía las licencias de
muchas promociones, le estaba estrangulando su política
financiera. El señor Borrell y la señora Narbona no pueden
decir que eso no lo sabían, porque lo sabían y lo oyeron todos
los que allí estaban, señor Ministro. Finalmente, espero de la
responsabilidad, que hasta ahora no ha demostrado este
Gobierno, que escuche a los expertos de verdad en política de
vivienda social y dé los pasos necesarios para que, lo antes
posible, sepan los cooperativistas y los españoles dónde está
su dinero, dónde están esos suelos, y se dejen de engañar a
los demás, porque sólo queda de todo eso la foto de la esfera
armilar, donde estaban ilustres socialistas que también sabrán
a qué jugaban, sólo queda la foto de la esfera armilar. Yo no
he encontrado nunca, en una cooperativa de construcción de
viviendas, que haya beneficios para hacer un proyecto de una
esfera armilar, porque se pretende que las viviendas salgan
baratas y no subvencionar o financiar proyectos de alguna
manera patrocinados por gobiernos socialistas. Lo que tenían
que haber hecho ustedes es procurar que IGS y PSV, gestionadas
por ilustres socialistas, hubieran hecho viviendas y no
proyectar esferas armilares, de lo que no hay nada más que
proyectos y una foto, señor Ministro. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.) (El señor Andreu Andreu pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, ¿para
qué solicita la palabra? ¿Es para alusiones? ¿Es una réplica?



El señor ANDREU ANDREU: No es una réplica, es para pedir su
amparo, porque el señor Ministro ha dicho...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Según el Reglamento,
el señor Ministro ha tenido una intervención tasada a
continuación de la suya y no hay ningún turno más.




El señor ANDREU ANDREU: ¿Permite usted, señor Presidente? El
señor Ministro ha dicho que iba a leer un acuerdo del Consejo
de Ministros, que no ha leído. Solicito su amparo para que se
le solicite al Gobierno ese acuerdo. (El señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Griñán Martínez: Está en el
«Diario de Sesiones».)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay ningún turno,
señor Andreu. Es un debate tasado el de la interpelación. El
Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y diez minutos de la noche.