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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 41, de 28/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 41 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 39
celebrada el martes, 28 de diciembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para dar a conocer el conjunto de medidas de
reforma del mercado laboral (número de expediente 210/000007)
(Página 1879)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:
--Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas
Urgentes de Fomento de la Ocupación («Boletín Oficial del
Estado», número 292, de 7 de diciembre de 1993) (número de
expediente 130/000007) (Página 1879)
Enmiendas del Senado:
--Al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994 (número de expediente 121/000013) (Página 1927)
--Al Proyecto de Ley de medidas fiscales, de Reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo (número de expediente 121/000014) (Página 1927)
--Al Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para
financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto
808/1987, de 19 de junio (número de expediente 121/000005)
(Página 1928)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para dar a conocer el conjunto de medidas de
reforma del mercado laboral (Página 1879)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley (Página 1879)
Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas
urgentes de Fomento de la Ocupación (Página 1879)
El nombre del Gobierno interviene el señor Ministro de Trabajo
y Seguridad Social (Griñán Martínez), solicitando la
convalidación del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes de
Fomento de la Ocupación, cuyo contenido ya conocen los señores
Diputados. Se trata de acomodar la norma a la realidad y
nuestra realidad actual no es otra que la insistente presencia
de un desempleo de tal magnitud que convierte el problema del
paro en el primer problema nacional, constituyendo su solución
el objetivo prioritario del Gobierno. El Decreto-ley no es,
por supuesto, una pieza separada o que pueda analizarse en sí
misma, sino que forma parte de un conjunto global y
equilibrado que intenta responder, también de manera global y
equilibrada, a dicha situación de elevadas tasas de
desocupación. Es consciente de que la ley por sí misma no crea
riqueza, por lo que no quieren despertar falsas ilusiones que
en nada constribuirían a solucionar nuestros problemas. Pero
aunque el derecho no cree riqueza, piensa que sí puede
entorpecer su creación y de ahí que su intención sea el ayudar
a aliviar de cargas innecesarias a nuestro mercado de trabajo,
remover obstáculos y favorecer que la ocupación se produzca.
Precisamente por ello está convencido de que con la reforma
del mercado de trabajo se va a permitir que todo empleo
posible llegue a ser un empleo real.
Añade el señor Ministro que nos encontramos ante una crisis de
carácter estructural que aflige básicamente al mundo más
desarrollado, con un aumento del paro de larga duración, así
como del paro juvenil, situándose en un nivel que compromete
la cohesión de nuestra sociedad. Ante esta situación no hay
ningún remedio milagroso pero tampoco cabe la resignación. Hay
que actuar, pero sin caer en algunas tentaciones que podrían
convertir en un problema mayor aquel que se pretende
solucionar. Hay que afrontar la crisis que atravesamos, pero
siendo
conscientes de que no cabe una salida a la misma sin renuncias
y sacrificios. Se trata de ir a una apuesta decidida por el
empleo, que es tanto como decir una apuesta decidida por ganar
cada vez mayores márgenes de competitividad sin romper nuestro
sistema de solidaridad y de redistribución del poder. El
objetivo, por tanto, es actuar al servicio del empleo y, en
esta dirección, constata que no basta con el crecimiento
económico o con pasar de una fase depresiva del ciclo a una
fase expansiva sino que es necesario, además, que ese
crecimiento sea capaz de generar ocupación, para lo que hay
que remover los obstáculos que hoy les impiden traducir el
crecimiento económico en creación de empleo.
En el caso del mercado de trabajo español se producen unas
rigideces que dificultan aún más el objetivo propuesto,
manifestándose en su funcionamiento dos problemas básicos como
son, por una parte, el que es insensible, en lo que es el
proceso de formación de las rentas, a la realidad económica,
con un crecimiento superior de los costes laborales unitarios
a lo que es la evolución de los precios y, por otra parte, es
también especialmente rígido en sus condiciones de adaptación
a las circunstancias concretas de cada momento, siendo las
consecuencias de uno y otros defectos un volumen de empleo
inferior al posible y, por otro lado, un
elevado nivel de despidos o de no renovación de contratos, con
daños siempre sobre el empleo.
Ante la realidad descrita proponen una reforma laboral que no
tiene otra justificación que la creación de empleo, cumpliendo
con ella los compromisos y las propuestas contenidas en el
programa electoral socialista. Para su consecución propusieron
un pacto social por el empleo, a cuyo efecto se celebraron
numerosas reuniones, sin que resultara posible llegar al
mismo, no correspondiéndole a él identificar culpables, aunque
responsables de que no se haya llegado al pacto en este caso
son todos. Sin embargo, era y es obligación del Gobierno
decidir cuándo la vía del diálogo empieza a resultar estéril,
y de ahí que a la vista de las circunstancias optasen por
traer la reforma directamente al Parlamento. En este Decreto-
ley se incluyen algunas de las reformas a las que se
comprometió personalmente ante la Cámara el pasado mes de
septiembre, reformas que
completarán en el anteproyecto de ley que próximamente
aprobará el Gobierno y cuyo conjunto constituye la denominada
reforma del mercado de trabajo. Se trata de medidas que no
admiten más dilaciones, siendo obligación del Gobierno
ponerlas en
funcionamiento.
Agrega el señor Ministro que, junto al Decreto-ley que
presenta ahora a la Cámara, ésta aprobará hoy también la Ley
de
Presupuestos para 1994, así como la Ley de Medidas Fiscales,
de Reforma de la Función Pública y Protección por Desempleo,
normas todas ellas que contienen políticas, estrategias y
medios dirigidos a suprimir los desequilibrios de nuestra
economía y a incentivar políticas activas de fomento de la
competitividad. Pero para conseguir los efectos deseados de
creación de empleo estas políticas económicas necesitan unas
políticas de apoyo, una de las cuales es la política de
relaciones laborales y reforma del mercado de trabajo.
Considera que existen razones específicas y de urgencia que
justifican la utilización por el Gobierno de la habilitación
contenida en el artículo 86 de la Constitución, porque no es
posible dejar abierto un marco de expectativas y un cuadro
transitorio de contratación que pudieran seguir
repercutiendo negativamente sobre el empleo. El Gobierno ha
querido evitar la situación de parálisis contractual que se
produciría hasta el momento en que quedara completada la
reforma si esta parte de la misma, contenida en el Decreto-
ley, se tramitase como ley ordinaria.
Alude seguidamente al contenido concreto del Real Decreto-ley,
explicando las principales medidas que en el mismo se
establecen y que, unidas al proyecto de ley de reforma del
Estatuto de los Trabajadores que próximamente estará ante la
Cámara, tratan de dar respuesta solidaria a quienes intentan
infructuosamente encontrar un puesto de trabajo. Por ello,
pide a la Cámara la convalidación del Decreto-ley sometido a
la misma.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley
interviene, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el señor Peralta Ortega. Considera que era de
todo punto imprescindible que este Congreso debatiera el
conjunto de medidas de reforma del mercado laboral promovido
por el Gobierno y que tanta conmoción ha causado en la
sociedad española, debate que resulta tanto más necesario ante
las limitaciones que implica la opción gubernamental por la
vía del Real Decreto-ley, en unos casos, y por la urgencia en
otros. Izquierda Unida entiende que este debate debe servir
para conseguir un mejor conocimiento por los ciudadanos de ese
conjunto de medidas de reforma laboral a través del análisis
pormenorizado de las mismas por los distintos partidos
políticos que han obtenido representación parlamentaria. Desde
esa voluntad, van a dejar al margen el análisis de otros
aspectos de la política económica que inciden de manera
sustancial en la creación de empleo, centrándose
fundamentalmente en la reforma del mercado laboral. En
relación con el Decreto-ley 18/1993, la primera consideración
a formular es que la forma excepcional de legislar elegida por
el Gobierno reduce no sólo el debate parlamentario sino
también el social al excluir la participación del Consejo
Económico y Social. La justificación dada por el Gobierno
sobre una posible menor contratación no es aceptable porque no
se corresponde con la realidad. Por otra parte, si observan
los precedentes, recuerda que el Estatuto de los Trabajadores
en el año 1980 fue tramitado como ley ordinaria, sin que el
Gobierno se acogiese entonces a la vía del decreto-ley.
En cuanto al contenido de la norma presentada a la Cámara,
destaca sintéticamente el establecimiento, en primer lugar, de
las bases de una reforma profunda de los servicios de
colocación en la dirección de una clara privatización de los
mismos, sin que previamente se adoptase ninguna medida de
mejora del Inem, algunas de ellas exigidas además por la
legislación vigente. En segundo lugar, destaca el incremento
de la precarización laboral que se va a producir, olvidándose
el Gobierno de alguna de las más importantes ofertas
electorales socialistas y generalizando los contratos a tiempo
parcial, la reducción retributiva del contrato en prácticas y,
sobre todo, la introducción del contrato de aprendizaje, que
supone desandar la reforma que se llevó a cabo en 1980 cuando
dicho contrato se reemplazó por el de formación. Se trata
también de un
contrato de aprendizaje que se caracteriza por su
extraordinaria amplitud, que no va acompañada de garantías
reales sobre la formación ni de continuidad en la empresa.
Otro aspecto muy grave de la reforma es la clara puesta en
cuestión de los principios del sistema de Seguridad Social
español, de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 41 de la Constitución española.
Estas principales medidas a que termina de aludir, junto a
otras de indudable importancia contenidas en el Decreto-ley,
no cree que vayan a contribuir a la creación de empleo y sobre
todo no parece que vayan a contribuir a reinsertar
laboralmente al parado, que a esa desgracia añade la de no
tener protección, realidad ésta que es cada día más abundante
en nuestro país. Por todo ello, Izquierda Unida va a votar en
contra de la convalidación del Real Decreto-ley, claramente
convencidos de las razones que tienen para adoptar esta
postura y atentos sin duda a las que expongan quienes la
defiendan. Termina señalando el señor Peralta que un Gobierno
que gana las elecciones con el compromiso del pacto social a
los tres meses da prácticamente por cerrado el diálogo sobre
los temas planteados y acomete una reforma del mercado laboral
mucho más ambiciosa que la que dio lugar a la huelga general
del 14 de diciembre, el famoso plan de empleo juvenil, en
contra de la opinión de los sindicatos, haciendo previsible
una reacción similar a la de entonces Izquierda Unida
comprende y apoya explícitamente las peticiones de los
trabajadores, considerando que esta reforma no sólo es
precipitada sino que va claramente contra el criterio de los
sindicatos. Entienden, pues, que la ruptura del diálogo social
no es responsabilidad de los sindicatos y sí del conjunto de
medidas tan ambiciosas emprendidas por el Gobierno de acuerdo
con las fuerzas nacionalistas conservadoras y que constituyen
en su conjunto una reforma desequilibrada, claramente
orientada a favorecer al empresario en perjuicio del
trabajador, lo que nos aleja del modelo europeo. Contesta el
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez), replicando el señor Peralta Ortega. Duplica el
señor Ministro. Para fijación de posiciones intervienen la
señora Villalobos Talero, del Grupo Popular, y los señores
Roca i Junyent, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), y Mauricio Rodríguez,
del Grupo de Coalición Canaria; la señora Rahola i Martínez y
los señores Mur Bernad, Albistur Marín y González Lizondo,del
Grupo Mixto, y el señor Navarro Tornay, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, por 317 votos a favor,
22 en contra y dos abstenciones. Asimismo se aprueba la
tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, por el
procedimiento de urgencia, por 341 voto a favor.
Enmiendas del Senado (Página 1927)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994
(Página 1927)
Proyecto de ley de medidas fiscales, de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo (Página 1927)
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Arias-Salgado
Montalvo, del Grupo Popular, y Almunia Amann, del Grupo
Socialista. Se procede a las votaciones de las enmiendas del
Senado a los dos proyectos de ley.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario,
por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para financiar los
compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de
19 de junio (Página 1928)
Para fijación de posiciones intervienen los señores Vidal i
Sardo, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez,
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Madero
Jarabo, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo
Socialista.
Sometidas a votación, se aprueban las enmiendas del Senado al
proyecto de ley por 305 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de
la tarde.
Se abre la sesión a las nueve y cinco de la mañana.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO:
--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO, PARA DAR A CONOCER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE
REFORMA DEL MERCADO LABORAL (Número de expediente 210/000007)
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:
--REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (Número de expediente
130/000007)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Tramitación acumulada de los puntos
I y II, comparecencia del Gobierno para dar a conocer el
conjunto de medidas de reforma del mercado laboral y
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/1993, de 3
de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
presento para convalidación por SS.SS. el Real Decreto-ley de
medidas urgentes de fomento de la ocupación. En este trámite
me dispongo a hablarles también, según lo acordado por la
Cámara, del marco en el que se inscribe el Real Decreto-ley,
que es el marco de la reforma global del mercado de trabajo.
No pretendo, por consiguiente, ceñirme a una explicación
formal del contenido de la norma, ya publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» y conocida por todos ustedes. El derecho
está siempre a disposición de la realidad y por eso es la
realidad de lo que se trata y aquello que nos interesa conocer
y comprender; comprender y, en cada caso, también en éste,
tratar de transformar a través del derecho. Nuestra realidad
no es otra que la insistente presencia de un desempleo de tal
magnitud que convierte a este problema --el problema del paro-
- en el primer problema nacional y a su solución en el
objetivo prioritario del Gobierno. Por supuesto que este
Decreto-ley no es una pieza separada, no es una pieza que
pueda contemplarse o analizarse en sí misma; forma parte de un
conjunto global y equilibrado que intenta responder, también
de manera global y equilibrada, a los efectos producidos por
un mercado de trabajo cuya escasa sensibilidad con el empleo
se manifiesta en la imposibilidad de explotar adecuadamente
nuestros yacimientos de trabajo, de tal manera, señorías, que
a menudo parece que el empleo funciona como si fuera una
variable
independiente del desarrollo, pues se mantienen tasas elevadas
de desocupación aun en los momentos de crecimiento económico.
Soy consciente de que la ley por sí misma no crea riqueza. No
quiero despertar falsas ilusiones que en nada contribuirían a
solucionar nuestros problemas. No se va, claro que no, a
resolver el problema del paro al día siguiente de la plena
aplicación de este Decreto-ley. Sí pienso, en cambio, que
aunque el derecho no cree riqueza sí que puede entorpecer su
creación. De ahí que nuestra intención sea precisamente ayudar
a aliviar de cargas
innecesarias a nuestro mercado de trabajo, quitar lastre a la
creación de empleo, remover obstáculos, favorecer que la
ocupación se produzca, todo lo cual, señorías, no es poco.
Precisamente por eso estoy convencido de que con la reforma
del mercado de trabajo se va a permitir que todo empleo
posible llegue a ser un empleo real. Pondremos, digámoslo así,
el crecimiento al servicio del empleo.
Hablaba de la realidad y de la necesidad de conocerla en toda
su amplitud, más allá de cuáles sean sus manifestaciones más
perniciosas, de la conveniencia de saber dónde estamos en cada
momento y cómo hacer para modificar los elementos indeseables
de la realidad. Algunos, señorías, están a nuestro alcance;
otros van a requerir, sin duda, un acción combinada de tipo
internacional. Estamos, como les decía, ante una crisis de
carácter estructural que aflige básicamente al mundo más
desarrollado. Vivimos, señorías, de manera cada vez más
acuciante, el encuentro en tiempo real de dos fases históricas
del capitalismo: un capitalismo emergente, un capitalismo casi
de manual, con enorme capacidad de acumulación y prácticamente
ningún elemento redistributivo que, gracias a la difusión de
la tecnología y a la libre circulación de capitales y
productos, compite, y compite agresivamente, con un modelo de
capitalismo maduro, basado en la libertad de sindicación, en
la negociación colectiva, en la protección social, en la
conservación del medio ambiente y en la igualdad de trato
entre hombre y mujer. Las consecuencias de esta nueva
situación de competencias, que se ha producido además en un
mundo de cambios geopolíticos bruscos, han sido
convenientemente definidas por personas más cualificadas que
quien les habla. Solamente les diré que, entre otras muchas,
la que más nos preocupa es el aumento del paro en Europa y,
sobre todo, el aumento del paro de larga duración, del juvenil
y la frustrante lentitud con la que
el consenso cultural sobre la igualdad de trato entre hombre y
mujer se traslada al campo del empleo. Para la Europa del
Espacio Económico Europeo el shock es dramático por cuanto que
supone una crisis de identidad que afecta al nervio mismo del
pacto político y cultural con el que se establecieron los
mayores períodos de paz que ha conocido el viejo continente.
Lo acaban de decir en Bruselas los Jefes de Estado y de
Gobierno de los Doce.
El actual nivel de desempleo, con todos sus efectos directos e
indirectos, compromete la cohesión de nuestra sociedad. No hay
un remedio milagroso, pero tampoco cabe la resignación. Hay,
por tanto, que actuar, pero sin caer en alguna de las
tentaciones que podrían convertir en un problema mayor aquel
que precisamente pretendemos solucionar. En primer lugar, hay
que huir de
cualquier tentación de retorno al proteccionismo, porque
además de insularizar inútilmente nuestra economía, llevaría
al
empobrecimiento irremediable a miles de millones de seres
humanos que habitan los países más pobres del mundo. En
segundo lugar, hay que escapar a fórmulas cuya fascinación
inmediata nos conduciría de la euforia a la desesperación; me
refiero a políticas expansionistas que agravarían el problema
del paro en la medida en que un déficit incapaz de ser
financiado y una inflación fuera de control son siempre los
impuestos que acaban pagando los más débiles. En tercer lugar,
deberíamos huir de cualquier tentación de arruinar el modelo
de bienestar que ha acompañado a Europa durante el último
medio siglo. Eso sería socialmente inaceptable y políticamente
insostenible. Pero siendo así las cosas, no cabe tampoco
considerar que afrontar la crisis que atravesamos y encontrar
una salida a la misma pueda hacerse sin renuncias ni
sacrificios. De lo que se trata, señoras y señores Diputados,
es de conservar un modelo, restableciendo ese consenso tácito
de la postguerra europea, mediante una apuesta decidida por el
empleo, que es tanto como decir una apuesta decidida por ganar
cada vez mayores márgenes de competitividad sin romper el que
es nuestro sistema de solidaridad y de
redistribución del poder.
El objetivo es, por tanto, el empleo, actuar al servicio del
empleo. En esta dirección constatamos que no basta con el
crecimiento económico; no basta con pasar de una fase
depresiva del ciclo a una fase expansiva; no basta tan sólo
con hacer crecer nuestra capacidad de producir o de distribuir
bienes y servicios; es necesario, además, que ese crecimiento
sea capaz de generar ocupación. Para ello tenemos que remover
los
obstáculos que hoy nos están impidiendo traducir los
crecimientos en creación de empleo. Hay, sin duda, que
invertir en educación, en formación, en calidad, en
investigación y desarrollo, en comercialización, en defender
la libre competencia, pero junto a ello hay también que
moderar el crecimiento de las rentas; hay que ir reduciendo
los costes indirectos sobre el empleo,
básicamente sobre el empleo del personal menos cualificado;
hay que flexibilizar los sistemas de relaciones laborales y
hay que consolidar racionalmente los sistemas de solidaridad
social. En nuestro caso, en España, los objetivos citados
resultan incluso más acuciantes dada nuestra elevada tasa de
desempleo. El mercado de trabajo español presenta unas
características peculiares que, sin tener una naturaleza en lo
fundamental diferente a la que tienen la generalidad de los
mercados laborales del continente, lo hacen, sin embargo,
particularmente rígido en algunas de sus respuestas. Al hilo
de las reflexiones que hace el libro blanco sobre el empleo se
señala que las rigideces del mercado de trabajo, causantes en
gran parte del paro estructural europeo, revelan
especificidades institucionales, legales o contractuales,
propias de cada país. En esa línea argumental se pone de
manifiesto, en el libro Blanco, digo, cómo España, creciendo a
un ritmo superior al de sus socios, mantuvo en la fase alta
del ciclo un nivel medio de desempleo en torno al quince o
dieciséis por ciento, en tanto que, en el mismo período y
creciendo menos, el Reino Unido, Francia o Bélgica se
mantenían en el nueve por ciento y otros países comunitarios
en algo más o algo menos de la mitad de esa cifra.
Es lo cierto que en su funcionamiento el mercado de trabajo
español manifiesta básicamente dos problemas. Por una parte,
es insensible, en lo que es el proceso de formación de las
rentas, a la realidad económica. Así, podemos ver que en los
últimos quince años, con una sola excepción, el nivel de los
costes laborales unitarios ha sido indefectiblemente superior
a la evolución de los precios. En estas circunstancias, las
empresas han tratado de restablecer sus condiciones de
competitividad, o simplemente estabilidad, o bien contratando
menos personal del que podrían haber contratado o bien no
contratando o bien despidiendo personal, según cuales fueran
las circunstancias concretas de cada una de estas empresas. El
Libro Blanco, señorías, hace un comentario que nos debería
llevar a la
reflexión. Dice así: En la mayoría de los países europeos el
producto del crecimiento económico ha sido absorbido
principalmente por las personas que permanecían empleadas,
mientras que muchos desempleados han sido excluidos. La
economía española constituye el ejemplo más sorprendente.
Entre 1970 y 1992 --señala el Libro Blanco--la economía
española creció un 103 por ciento, pero en 1992 la tasa de
empleo era de hecho un 0,3 por ciento inferior a la de 1970.
En otros países europeos, y en ese mismo período de
crecimiento de la producción y del empleo, éste fue
respectivamente el siguiente: Alemania el 70 y el 11 por
ciento; Francia el 77 y el 6 por ciento; Italia el 85 y el 18
por ciento; el Reino Unido el 51 y el 3 por ciento; en España,
insisto, el 103 y el menos 0,3 por ciento.
Además de esta particular insolidaridad con quienes están en
paro, el mercado de trabajo español es también particularmente
rígido en sus condiciones de adaptación a las circunstancias
concretas de cada momento. Dicho de otra forma, las empresas
españolas han venido utilizando reiteradamente la institución
del despido para adaptarse a los momentos difíciles ante la
imposibilidad, o ante la dificultad, de poder utilizar otros
instrumentos de adaptación como pudieran haber sido la
distribución del tiempo de trabajo, el descuelgue salarial, la
modificación en la composición del salario o de las
condiciones de trabajo, la movilidad funcional o la movilidad
geográfica. La consecuencia de uno y otro defecto --del
anterior y de éste-- ha sido, por una parte, un volumen de
empleo inferior al posible y, por otra, un elevado nivel de
despidos o de no renovación de contratos; en uno y otro caso
el daño se ha ejercido siempre sobre el empleo.
Esta, como decía al comienzo de mi intervención, es nuestra
realidad, pero es cierto también que el conocimiento de los
problemas no origina automáticamente la solución de los
mismos, hay que conocer y hay que responder a estas dos
preguntas: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Temo, en verdad, que la
respuesta a la primera pregunta no vaya a ser excesivamente
original, porque no se trata en realidad de ninguna novedad.
Ya hace meses que el Gobierno lo dijo en un documento que
remitió al Consejo Económico y Social y, después, el programa
electoral del Partido Socialista definía --y por cierto que lo
hacía con bastante precisión--aquello que había de hacerse. No
deseo a estas alturas repetir pormenorizadamente aquellos
compromisos, pero quizás no viniera mal recordar algunos de
ellos: reformar el Inem, promover los contratos a tiempo
parcial, mejorar las oportunidades de
inserción laboral de los jóvenes introduciendo la figura del
aprendiz, dotar al mercado de trabajo de una mayor
flexibilidad, impulsar la sustitución de las ordenanzas
laborales, incorporar al ordenamiento jurídico la regulación
de las empresas de trabajo temporal, impulsar y apoyar una
nueva dimensión y un nuevo contenido de la negociación
colectiva, estimular la aplicación de nuevas formas de
determinación de los salarios, adaptar el ordenamiento
jurídico español al comunitario, etcétera. Queremos que el
empleo, señorías, sea el objetivo prioritario. La reforma
laboral que proponemos no ha de tener otra justificación que
el empleo --y con ello también cumplimos nuestro compromiso--
y las propuestas del programa electoral forman, como no podía
ser de otra manera, el núcleo esencial de la reforma. Tan
importante como saber aquello que se quiere hacer es decidir
también cómo llevarlo a cabo. Propusimos e hicimos un pacto
social por el empleo y también en el programa se decía: los
interlocutores sociales han de contribuir a la solución de
este problema, por lo que consideramos la necesidad de un
amplio pacto social para el empleo, puesto que la repercusión
del crecimiento está condicionada por la evolución de las
rentas. Así lo intentamos hacer. Esta fue la primera decisión
que adoptó el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Tomó
posesión el 14 de julio y, a los trece días, se celebró la
primera reunión formal con los máximos representantes de la
CEOE, de Cepyme, de UGT y de Comisiones Obreras, y desde ese
27 de julio hasta el 26 de noviembre se han celebrado más de
treinta reuniones formales. Pensamos que para crear empleo hay
que mejorar la competitividad de nuestras empresas y para ello
dijimos que es imprescindible moderar la evolución de los
salarios; propusimos un pacto de rentas, pero no un pacto de
rentas cualquiera, sino de duración trienal, que produjera
durante esos tres años una moderación salarial y que
generalizara la relación entre incremento salarial y realidad
concreta que en cada momento está viviendo la empresa, es
decir, condiciones de adaptación. Un pacto de este estilo
necesitaba, para tener efectos positivos sobre el empleo,
contar con dos requisitos. Necesitaba, en primer término, un
cobijo específico, que es el que nosotros denominamos
negociación colectiva articulada: articular la negociación en
ámbitos relacionados pero diferentes, acuerdo interconfederal,
convenio sectoriales, convenios de empresa; es decir, cohesión
sin duplicidad en la negociación. Pero además, y esto es
esencial, necesitaba que ese pacto se aplicara sobre un
territorio
específico, es decir, sobre un mercado de trabajo flexible y
solidario con el empleo. Había que promover la ocupación,
había --y permítanme que lo diga así-- que forzar la ocupación
y había que mantener la ocupación existente. No termina aquí
nuestra ambición. Todo lo dicho tendría muy poco interés si no
fuéramos capaces de garantizar nuestros sistemas de protección
social, en especial pensiones y desempleo. Garantizar su
permanencia exige apostar por la coherencia funcional de
nuestra protección, y ello nos lleva a asegurar la relación
entre el objeto y el presupuesto y a impedir que el propio
crecimiento inercial y perezoso del gasto conlleve en
ocasiones un futuro dudoso o incluso nos pudiera llevar, en un
futuro inmediato, a la quiebra del sistema. En síntesis, esto
es lo que queremos hacer y también cómo queríamos hacerlo. El
pacto no ha sido posible. No me corresponde --tampoco cuadra
con mi carácter--identificar culpables.
Responsables, en cualquier caso, lo seremos todos. Las cosas
en esta vida nacen, se desarrollan y mueren; hay un tiempo
para todo, también para el pacto hubo un tiempo y también dejó
de haberlo. No se avanzaba, no se conseguía acuerdo y el
tiempo pasaba. Lo malo es que no pasaba inocentemente, el
anuncio de reformas de nuevos contratos, el anuncio de nuevas
medidas, había concluido por favorecer una cierta situación de
espera, se había generado una
situación de expectativas, y las expectativas no resueltas son
por sí mismas y por sí solas paralizantes. Obligación del
Gobierno es decidir cuando la vía del diálogo empieza a
resultar estéril; así lo decidió y fundamentalmente, pienso
yo, por dos cosas: porque era consciente de que un pacto
tripartito para el empleo ya no era posible, y continuar
significaba engañar y engañarse, y porque la situación de
incertidumbre y de
expectativas generaba más paro, justamente lo contrario del
objetivo que perseguíamos con el acuerdo. Así las cosas,
optamos por traer la reforma directamente al Parlamento. Les
recuerdo que ya en septiembre este Ministro que ahora les
habla se comprometió con todos ustedes a traer a la Cámara una
serie de reformas. El compromiso se está cumpliendo. En el
Real Decreto-ley para el que ahora pedimos su convalidación se
incluyen algunas de las medidas que entonces anuncié. En el
anteproyecto de ley que próximamente va a aprobar el Gobierno
se incluyen las restantes. Su conjunto constituye la reforma
del mercado de trabajo. Es cierto que aún podría ser posible
un acuerdo de rentas, que era sin duda nuestro objetivo
inicial y que forma parte, además, de la autonomía de
negociación de empresarios y sindicatos; un pacto que, entre
otras cosas, sería muy importante para la creación de empleo.
Es cierto también que cualquier acuerdo, cualquiera, entre
empresarios y sindicatos sobre las materias incorporadas a la
reforma del mercado de trabajo podría incluirse en los
proyectos de ley si así lo tiene a bien la Cámara. Pero las
medidas no admiten más dilaciones y nuestra obligación es
ponerlas en funcionamiento.
En el día de hoy SS.SS. van a aprobar la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1994 y la Ley de Medidas Fiscales y
de Reforma de la Función Pública y la Protección por
Desempleo. Ambas leyes contienen políticas, contienen
estrategias, contienen medios dirigidos a superar los
desequilibrios de nuestra economía y a incentivar políticas
activas y de fomento de la
competitividad. Pero para conseguir los efectos deseados de
creación de empleo, estas políticas económicas necesitan,
además, de unas políticas de apoyo. Una de ellas --y no
precisamente de las menos importantes-- es la política de
relaciones laborales, cuya adaptación trata de conseguirse con
la reforma del mercado de trabajo. El Real Decreto-ley que
proponemos convalidar hoy es una pieza, la inicial, de esta
reforma. Hay razones específicas, de urgencia que justifican
la utilización por el Gobierno de la habilitación contenida en
el artículo 86 de la Constitución. No se trata únicamente de
dar el primer paso en el orden de
prioridades al que antes hice referencia. No se trata tan sólo
de actuar inmediatamente sobre el primer objetivo, que es
promover el empleo incidiendo en el ingreso en el mercado de
trabajo. El uso de la habilitación constitucional se justifica
básicamente porque no es posible dejar abierto un marco de
expectativas y un cuadro transitorio de contrataciones que
pudiera seguir repercutiendo negativamente sobre el empleo. En
definitiva, el Gobierno ha querido evitar la situación de
descanso de los contratos o la parálisis contractual que se
produciría hasta el momento en que quedara completada la
reforma si esta parte de la misma se hubiera tramitado como
ley
ordinaria. Ordenado en dos capítulos, el Real Decreto-ley
aborda los elementos esenciales del ingreso en el mercado de
trabajo: la colocación y la contratación. Las medidas
incluidas en el Capítulo I están dirigidas a alcanzar una
mayor agilidad de los procesos de intermediación en los
mercados de trabajo y una mayor y mejor adecuación de la
contratación temporal a la naturaleza, en ocasiones variable,
de los diferentes procesos productivos. La nueva regulación
permite a los empresarios contratar
directamente a los trabajadores sin necesidad de solicitarlo
en las oficinas de empleo. La gestión de la colocación
permitirá la colaboración de otras instituciones y la
utilización de los servicios de las empresas de trabajo
temporal, cuya actividad queda así autorizada para su
inmediata y necesariamente posterior regulación legal. El Inem
dirigirá su actividad de intermediación con carácter
preferente a los colectivos que realmente necesitan su
intervención, para garantizar la igualdad de oportunidades en
el derecho de acceso al trabajo. Las medidas abordadas en el
Capítulo II están destinadas a mejorar la inserción laboral de
los jóvenes, a potenciar las funciones de contratación a
tiempo parcial y a estimular las posibilidades de contratación
laboral de los desempleados. Los principales destinatarios de
los contratos que contiene el Capítulo II son los jóvenes y,
fundamentalmente, los jóvenes sin formación o los jóvenes sin
experiencia profesional. Sus dificultades para incorporarse al
mundo del trabajo están fundamentando su marginación y están
teniendo efectos perturbadores en el equilibrio social. Esa
incorporación, señorías, difícilmente se va a producir si sus
contratos tienen que someterse, como único esquema, al esquema
tradicional del tiempo indefinido, porque, ciertamente,
compiten con desventaja sobre otros trabajadores mejor
formados y con experiencia.
Por tanto, hay que favorecer la primera inserción en el mundo
laboral vinculándola a los contratos formativos, bien sean de
aprendizaje o de prácticas, pues ellos pueden facilitar el
ingreso de los jóvenes de 16 a 25 años en el trabajo, de los
cuales en la actualidad más de un millón están desocupados. El
contrato de aprendizaje trata de dar salida a aquellos jóvenes
que por diferentes motivos no han cubierto la formación
adecuada prevista en el sistema educativo, facilitándoles la
adquisición de la formación teórica y de la práctica requerida
para el desempeño de un oficio o de un puesto de trabajo
cualificado. Su duración será entre seis meses
y tres años, con la posibilidad, sin duda, de duraciones
diferentes a través de convenios sectoriales, atendiendo a las
peculiaridades de cada sector y también de los puestos de
trabajo que se vayan a ocupar. En materia de retribuciones se
estará a lo dispuesto en la negociación colectiva,
estableciendo al mismo tiempo una previsión legal mínima, que
se fija en un porcentaje --en 70-80-90 por ciento
respectivamente, durante los años primero, segundo y tercero
de su vigencia-- del salario mínimo interprofesional
correspondiente a la edad del trabajador en atención a la
formación que va a recibir, limitando el tiempo de trabajo al
85 por ciento del máximo legal.
Para fomentar la contratación, la cotización efectiva a la
Seguridad Social será un tanto alzado: 3.780 pesetas
mensuales, de las que 3.500 estarán a cargo del empleador.
Para preservar su carácter formativo y para evitar también la
posible
utilización fraudulenta, se han previsto una serie de
cautelas, tales como la reserva de un tiempo global mínimo
para la
formación teórica del 15 por ciento en la jornada, prever un
número máximo de aprendices por empresa en función de las
plantillas, impedir la concatenación de contratos y la
sustitución de empleo. La causalidad de este contrato es, como
ya he dicho, su carácter formativo, y en este sentido los
agentes sociales, como gestores de la fundación para la
formación continua, podrán destinar parte de los 37.000
millones de pesetas, que el Estado transferirá una vez
aprobados los
Presupuestos Generales del Estado para 1994, a la formación de
aprendices. Junto a ello, la utilización, y también para estos
fines, de las escuelas-taller y casas de oficio, así como los
programas de garantía social del Ministerio de Educación y
Ciencia, serán complemento de la enseñanza teórica del
aprendiz a la enseñanza práctica del oficio, que se producirá
trabajando en la empresa.
Con relación al contrato de trabajo en prácticas, el Real
Decreto-ley introduce una serie de modificaciones respecto de
su anterior regulación. Así se determinan con precisión las
titulaciones habilitantes para concertar el contrato,
limitándolas a los títulos universitarios o de formación
profesional de grado medio o superior, o los títulos
oficialmente reconocidos como equivalentes. Se modifican
asimismo las
duraciones mínima y máxima, de tres meses y tres años
respectivamente, de estos contratos que fijaba la normativa
anterior, fijándolas ahora en seis meses y dos años, pues una
mínima práctica profesional no parece que pueda adquirirse en
períodos inferiores a seis meses y dos años es un período
máximo razonable para conseguir el rendimiento adecuado de un
trabajador formado. La negociación colectiva de ámbito
sectorial podrá determinar, dentro de los límites mínimo y
máximo establecidos, la duración de los contratos así como la
retribución de los trabajadores en prácticas, sin que, en su
defecto, pueda ésta ser inferior al 60 o 75 por ciento durante
el primero o segundo año de vigencia del contrato,
respectivamente, del salario que corresponda al trabajador que
ocupe un mismo o equivalente puesto de trabajo. La mejora de
los mecanismos de inserción laboral no queda completa sin
potenciar el rendimiento de fórmulas
contractuales que, como el contrato a tiempo parcial, es de
uso generalizado en los Estados miembros de la Unión Europea.
Para ello, el Real Decreto-ley realiza una serie de
modificaciones respecto de la legislación anterior. La primera
de ellas es que introduce el cómputo anual en la jornada de
trabajo, de tal manera que el trabajador puede entenderse
contratado a tiempo parcial cuando preste servicios durante un
determinado número de horas al año inferior al considerado
como habitual en la
actividad de que se trate. Cuando dicha actividad sea fija y
se repita periódicamente, el trabajador se entiende contratado
a tiempo parcial con carácter indefinido, manteniéndose así
sin merma alguna en los derechos de los trabajadores la figura
de los fijos discontinuos.
La segunda es que valora aquellas actividades que, por su
escasa duración, pueden entenderse como marginales y no
constitutivas de medio fundamental de vida, considerando como
tales aquellas que tienen una duración inferior a 12 horas a
la semana o 48 al mes. No obstante, el trabajador que realice
esas actividades quedará protegido frente a las contigencias
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, además de
la protección social común de carácter universal. El Real
Decreto-ley contempla, por otra parte, la realización de
programas específicos a determinar anualmente, destinados a
fomentar por pequeñas empresas la contratación de trabajadores
desempleados que tengan serias dificultades para
reincorporarse a la vida activa. Se prevé además, como medida
transitoria de contención, la prórroga, por un período de
dieciocho meses, de los contratos temporales de fomento de
empleo, que vayan agotando su duración máxima a lo largo de
1994. El Real Decreto-ley se completa con una serie de
disposiciones tendentes a regular el derecho transitorio, la
vigencia de disposiciones reglamentarias a las habilitaciones
precisas para que el Gobierno, en uso de la potestad
reglamentaria, pueda contemplar o desarrollar lo previsto en
esta norma. De especial significación es la remisión, por
razones de seguridad jurídica, a los beneficios previstos para
la conversión de la contratación en práctica y de formación en
contratos indefinidos a los nuevos contratos formativos que se
crean en este Real Decreto-ley. Solicito, por consiguiente,
señorías, su voto favorable para la convalidación del Real
Decreto-ley número 18 de este año, de medidas urgentes de
fomento de la ocupación, del que ya he anunciado que no es
pieza separada
de la reforma del mercado de trabajo. Una reforma cuyo
objetivo nuclear es el empleo y que tiene en la negociación
colectiva el eje básico de adaptación de cada unidad
productiva a las circunstancias económicas del momento.
Queremos promover, proteger y mantener el empleo. Queremos dar
respuesta a los problemas de los jóvenes que buscan empleo, a
los problemas de sus familias, a los trabajadores que temen
perder su empleo, a los desempleados y a las pequeñas empresas
que básicamente componen el tejido productivo de España. Con
esta reforma queremos también eliminar los defectos de nuestro
mercado de trabajo, su insolidaridad con quienes tratan
inútilmente de incorporarse al mismo. Queremos que la
reactivación económica se ponga al servicio del empleo, un
empleo que además responda a las que son nuestras señas de
identidad socioculturales: la libertad sindical, la
negociación colectiva y la protección social. Lo hacemos,
además, como antes señalaba, en un contexto de crisis de
competitividad de los sistemas económicos más desarrollados y
en una fase histórica imprevisible e inaprensible desde las
maneras clásicas de interpretar los acontecimientos, su
evolución o sus consecuencias.
El Libro Blanco habla de cambio de escenarios. De cambios
geopolíticos, de cambios demográficos, de cambios tecnológicos
y de cambios financieros. A este tiempo generalizado de
mudanzas hay que añadir también, señorías, los aún más
acelerados cambios ocurridos en nuestra Historia más reciente.
Todo ello nos obliga a un permanente esfuerzo de adaptación.
De ahí que pretendamos una reforma del mercado de trabajo que
lo adapte a la realidad de la economía de nuestro país, a la
economía real y a los problemas reales de todos los españoles.
No pretendemos tan sólo un mercado de trabajo que se adapte a
la crisis. Queremos que sea un mercado de trabajo capaz de
adaptarse también a todas las fases y a todas las
circunstancias económicas. Por eso
pretendemos que el eje básico de la reforma sea precisamente
la negociación colectiva, sea el diálogo y la adaptación en
cada empresa y en cada sector económico.
Frente a la desregulación normativa, que se apoya en la
supresión de los mínimos estatales y frente a la desregulación
convencional, que pretende sustituir la negociación colectiva
por los contratos individuales, propugnamos un sistema
articulado de mínimos estatales inderogables y de mínimos
estatales disponibles por la negociación colectiva.
Próximamente vamos a presentar en esta Cámara el proyecto de
ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores. Como antes
les decía, parte de ese proyecto, que sistemáticamente deberá
incorporarse en el futuro al texto de la ley de reforma, es el
Real Decreto-ley número 18 de este año por el que el Gobierno
adopta medidas urgentes de fomento de la ocupación. Uno y otro
configuran la reforma del mercado de trabajo que propone el
Gobierno. Se trata de reformar para favorecer la creación de
empleo, haciendo adaptable nuestro sistema de relaciones
laborales a las circunstancias económicas de cada momento. Se
trata de hacer que todo empleo posible llegue a ser un empleo
real. Se trata, señoras y señores Diputados, de dar respuestas
solidarias a quienes tratan infructuosamente de encontrar un
puesto de trabajo.
En nuestra sociedad no hay desigualdad más irritante que la
que produce el paro. La solidaridad entre quienes tienen una
ocupación y quienes tienen dificultades para encontrarla es,
sin duda, la mejor garantía, la más necesaria para corregir
este problema del desempleo.
Pretendemos mantener y promover el empleo defendiendo el
modelo sociocultural que ha conseguido los períodos más
amplios y fructíferos de paz en el continente europeo; ese
modelo de diálogo y de compromiso, de libertad y de
responsabilidad, de solidaridad y de igualdad de
oportunidades. Por ello y para ello abordamos esta reforma,
por ello y para ello pedimos la
convalidación de este Real Decreto-ley, primer paso de la
misma. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, tiene
la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señorías, debatimos
de forma conjunta la comparecencia solicitada por nuestro
Grupo para que el Gobierno explicara el conjunto de medidas de
reforma laboral y, simultáneamente, la convalidación del Real
Decreto-ley de 3 de diciembre de este año. Permítame, señor
Ministro, que, a la par que celebro su comparecencia en esta
Cámara, me felicite por la iniciativa de mi Grupo
Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, de
solicitar la misma. Era, sin lugar a dudas, de todo punto
imprescindible que el Congreso debatiera el conjunto de
medidas de reforma del mercado laboral promovido por el
Gobierno y que tanta conmoción ha causado en la sociedad
española, debate general que resulta tanto más necesario ante
las limitaciones del mismo que implica la opción gubernamental
por la vía del Real Decreto-ley, en unos casos y por la
urgencia, en otros.
Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña opina que este debate
debe servir para conseguir un mejor conocimiento por los
ciudadanos de ese conjunto de medidas de reforma laboral, y
ello a través del análisis pormenorizado de las mismas por los
distintos partidos políticos que han obtenido representación
parlamentaria. Desde esa voluntad de Izquierda Unida-
Iniciativa per Cataluña, vamos a dejar al margen el análisis
de otros
aspectos de la política económica que inciden de manera
sustancial en la creación de empleo y vamos a centrarnos
fundamentalmente en la reforma del mercado laboral.
Nos parece el método más adecuado, señorías, no perdernos en
divagaciones abstractas con referencias genéricas a la
creación de empleo, a la solidaridad, al modelo social, sino
intentar partir de lo concreto, de la realidad concreta, tanto
de la realidad socioeconómica, como de la realidad legal. A
partir de ese análisis pormenorizado de la realidad concreta,
poder establecer criterios generales sobre la reforma global
que tengan así ese fundamento de la realidad y que no puedan
parecer apriorismos, oposiciones ideológicas o partidistas.
Por ello, señorías, comenzaremos esta intervención en
representación de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña
analizando el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre,
norma ya aprobada por el Gobierno y en trámite parlamentario.
En relación con este Real Decreto-ley, la primera
consideración debe versar acerca de la procedencia de esa
forma excepcional de legislar que es el Real Decreto-ley,
legislación que, como todas SS.SS. saben, aprueba el Ejecutivo
y que, como antes indicábamos, reduce no sólo el debate
parlamentario, sino también el social al excluir la
participación del Consejo Económico y Social. La justificación
dada por el Gobierno a esta opción relativa a que al
contemplarse reformas de modalidades contractuales se podían
producir unas expectativas que incidieran en una menor
contratación, no es aceptable. No es aceptable porque sólo una
parte del Real Decreto-ley contempla esas medidas de reforma
laboral. No es aceptable tampoco porque no se corresponde con
la realidad. Conviene recordar que en el pasado mes de
noviembre, si bien es cierto que se producía un incremento
sustancial del paro, más de 50.000 personas, el propio
Ministerio de Economía destacaba como aspecto positivo un
incremento de las colocaciones, por tanto, en la realidad no
se producía ese efecto de paralización, y tampoco es aceptable
esa opción porque las anteriores reformas de las modalidades
contractuales... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Peralta.
Continúe, señor Diputado.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Decía, señorías, que tampoco es aceptable la opción por el
Real Decreto-ley por cuanto los precedentes de reformas de
modalidades contractuales --y véase, por ejemplo, el Estatuto
de los
Trabajadores en 1980, o la reforma de ese Estatuto en 1984--
se tramitaron como proyectos de ley. Políticamente, señorías,
y al margen de otras consideraciones, no es, en opinión de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, acertada la opción
por el Real Decreto-ley, ya que, sin lugar a dudas, hubiera
resultado más oportuna la tramitación ordinaria de esta norma
que tiene un contenido variado y de singular importancia en
todas sus partes. Veamos este contenido. De una manera
sintética podemos destacar los siguientes aspectos. En primer
lugar, el establecimiento de las bases de una reforma profunda
de los servicios de colocación en la dirección de una clara
privatización de los mismos. Señorías, no se ha adoptado
ninguna medida de mejora del Inem, ni siquiera aquellas que
vienen exigidas por la legislación vigente como, por ejemplo,
el traspaso del abono de las
prestaciones de desempleo al INSS; ni siquiera ésa, que viene
exigida por la Ley de Presupuestos del año 1992. Por contra,
se legalizan ya mediante este Real Decreto-ley las agencias
privadas de colocación y las empresas de trabajo temporal. Y
si ya es grave esta legalización que entraña --piensenlo,
señorías-- un grave peligro para la igualdad en el acceso al
trabajo sin discriminaciones y para la gratuidad del mismo, no
es menos grave que el desarrollo posterior en cuestiones tan
importantes que afectan a derechos fundamentes, se deje en
manos de reglamentos del Gobierno o de convenios del Inen, sin
Intervención del Parlamento, como autoriza la disposición
final primera del Real Decreto-ley. En segundo lugar, del
contenido de este Real Decreto-ley destaca el incremento de la
precarización laboral que va a producir. Sin lugar a dudas,
señorías, el Real Decreto-ley se olvida claramente de algunas
de las más importantes ofertas electorales del Partido del
Gobierno. No se restablece el principio de causalidad, de
ninguna manera. No desaparecen los contratos de fomento del
empleo. Asistimos a una prórroga, nuevamente de su duración.
No desaparece el contrato de
lanzamiento de nueva actividad. En definitiva, no se
simplifican las modalidades contractuales. Antes al contrario,
de todo esto de lo que se habló tanto antes y durante las
elecciones, hoy, una vez celebradas las mismas, nos
encontramos con que se agrava más el actual panorama
legislativo mediante la generalización de los contratos a
tiempo parcial, la reducción retributiva del contrato en
prácticas y, sobre todo, la introducción del contrato de
aprendizaje. Este último, por la trascendencia que el Gobierno
pretende darle --se ha hecho referencia en la intervención del
señor Ministro a la existencia de un millón de jóvenes a los
que va destinado--, merece, sin lugar a dudas, un análisis
detallado. La reintroducción --hay que decirlo-- del contrato
de aprendizaje supone, señorías, desandar la reforma que se
llevó a cabo en 1980, cuando se remplazó el contrato de
aprendizaje, ya entonces considerado obsoleto, por el contrato
de formación. Este nuevo contrato de aprendizaje se
caracteriza por una extraordinaria
amplitud. Es aplicable a todo tipo de empresas en relación con
todos los trabajadores menores de 25 años que no tengan la
titulación requerida para el trabajo en prácticas. Esta
amplitud llega al extremo de que no está limitado a quienes no
hayan trabajado con anterioridad. Basta simplemente con que
tengan menos de 25 años, aunque hayan trabajado antes ocho
años. Piensen ustedes, señorías, por ejemplo, en un taxista,
que lleve
trabajando seis años con el correspondiente carné. Si pierde
el empleo, a los 24 años puede ser contratado, pero ahora como
aprendiz, porque tiene menos de 25 años. O en el mensajero de
una pequeña o mediana ciudad, que después de seis años de
estar trabajando pateándose la ciudad se la conoce
perfectamente, es un auténtico especialista en esa profesión;
pues a los 24 años, siempre que no haya cumplido 25 años,
puede ser contratado como aprendiz para esa misma actividad. O
piensen ustedes en un empleado de banca que pierde su trabajo.
Si tiene menos de 25 años puede ser contratado como aprendiz
administrativo en una empresa cualquiera.
Esta amplitud del contrato de aprendizaje se extiende también
a su duración: nada menos que tres años, lo que dura en
nuestro país una carrera de grado medio. El contrato de
aprendizaje puede durar tres años e incluso más si los
convenios colectivos así lo establecen. Señorías, no parece
realmente adecuado que un país que tiene establecida la
mayoría de edad penal a los 16 años y política y civil a los
18 años, establezca un aprendizaje que puede durar hasta los
28 años de edad de una persona. Señorías, ésa es un
contradicción difícilmente admisible en la cultura de este
país. Toda esta amplitud va acompañada de la inexistencia de
garantías reales sobre la formación y, además, de una
importante reducción retributiva, al referirse, por primera
vez en nuestra historia, a porcentajes de sueldo notoriamente
inferiores al salario mínimo interprofesional. Si éste era el
techo mínimo retributivo, por primera vez en nuestro país se
plantean retribuciones por debajo de ese techo mínimo y en
porcentajes importantes: 30, 20 y 10 por ciento, en los años
primero, segundo y tercero respectivamente.
Todo ello, señorías, sin obtener ninguna garantía de
continuidad en la empresa. Al cabo de esos tres años de
durísimas condiciones laborales el trabajador irá, con
seguridad, por la lógica del mercado y del interés
empresarial, como se ha puesto de
manifiesto hasta ahora con la excesiva rotación de los
contratos temporales, al paro y, además, sin protección, como
veremos seguidamente.
Tercer aspecto muy grave de la reforma de este Real Decreto-
ley es la clara puesta en cuestión de los principios del
sistema de Seguridad Social español de acuerdo con los
criterios
establecidos en el artículo 41 de la Constitución española.
Les recuerdo que ese artículo proclama que los poderes
públicos mantedrán un régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad,
y especialmente en caso de desempleo. Pues bien, señorías,
¿qué relación guarda con esas previsiones constitucionales la
disposición de este Real Decreto-ley que establece que los
contratos de aprendizaje y los de tiempo parcial de escasa
jornada carecen de protección por desempleo o de protección
económica en caso de enfermedad o accidente no laboral cuando
se ha constatado por parte de los organismos públicos del
Estado la realidad del paro o de la incapacidad para el
trabajo? La ausencia de protección económica para esos casos
evidentes de necesidad no guarda ninguna relación con los
principios constitucionales de un Estado social de Derecho,
sino más bien con la voluntad de obligar al trabajador a
prestar servicios en unas condiciones indignas. Señorías, todo
esto no es un invento del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; esto es parte del contenido
concreto de este Real Decreto-ley, que a su vez es parte, como
decía el Ministro, de la reforma laboral global.
Pero no termina aquí lo destacable de este Real Decreto-ley.
Podemos añadir también la reducción y discriminación de los
incentivos a la contratación; a partir de ahora, legalmente,
se destinará sólo a las pequeñas empresas y para los
trabajadores perceptores de la prestación por desempleo.
Incluso se anuncia algo más, se anuncia la entrega al
empresario que contrate a un perceptor de la prestación por
desempleo del importe de la prestación económica del
trabajador, con lo cual claramente se sientan las bases
legales de compra del trabajo.
Señorías, no parece que con estas medidas se vayan a crear más
empleo y sobre todo no parece que se vaya a contribuir a
reinsertar laboralmente al parado, que a esa desgracia añade
la de no tener protección, y esta realidad cada día es más
abundante en nuestro país. Ayer, un medio de comunicación
destacaba que, como consecuencia de la aplicación práctica del
decretazo y de las otras medidas de recorte del desempleo, la
tasa de cobertura del paro en nuestro país, en lo que va del
año 1993, ha caído seis puntos, del 69 al 63 por ciento.
Efectivamente, de los más de tres millones y medio de parados
casi dos millones cobran alguna prestación, mientras que un
millón y medio de españoles no tienen trabajo y no tienen
protección.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego concluya.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy terminando, señor Presidente.
Esos ciudadanos cada día van a tener más difícil su
reinserción laboral.
Por todo ello, señorías, nosotros vamos a votar en contra de
este Real Decreto-ley, claramente convencidos de nuestras
razones y atentos sin duda a las que expongan quienes lo
defienden. Pero decía el señor Ministro que este Real Decreto-
ley es el buque insignia de todo el paquete de reforma
laboral. Y es así. El análisis de este Real Decreto-ley nos
puede hacer una idea de por dónde va el conjunto de esa
reforma laboral, que, lógicamente, debería partir del
reconocimiento de la realidad, como decía el Ministro. El
señor Ministro ha dado algunos datos sobre la realidad del
mercado laboral de nuestro país. Voy a completarla con otros.
Tenemos, como él ha dicho, una tasa de paro
desconocida en Europa: tres millones y medio de parados, con
una aceleración en la destrucción de empleo insólita, más de
500.000 parados en este año; con unos niveles de
temporalidad --a eso no ha hecho referencia el señor Ministro-
- desconocidos, casi el 40 por ciento de la población activa;
con una siniestralidad y condiciones de salud también calladas
por el señor Ministro, sin lugar a dudas porque no se
trasponen las directivas comunitarias sobre esas materias muy
lejos de esas directivas; y con unos niveles de protección
social notablemente inferiores a la medida comunitaria. Un
reciente informe de la Comisión dice que nuestra protección
social dista cinco puntos de la media comunitaria. Parece, por
tanto, que la reforma a emprender debería ir dirigida a
garantizar mayor seguridad para los trabajadores, que es un
aspecto de la seguridad jurídica, una mejor defensa de la
salud de los trabajadores, un reforzamiento de sus derechos,
en definitiva, una mayor corresponsabilidad y participación de
los mismos en las empresas y en la economía.
Pero no es esa, señorías, la dirección de la reforma general.
Esta reforma general del mercado laboral, en cuanto a su
fundamentación conceptual, nos parece, por una parte, alejada
de los esquemas constitucionales y, por otra, incoherente.
Alejada de los esquemas constitucionales porque éstos prevén
una
intervención pública con el objetivo de equilibrar la
subordinada posición de la realidad socioeconómica de los
trabajadores. La voluntad del Gobierno de eliminar esa
intervención pública no va a dar lugar, precisamente, a un
mayor equilibrio de los
trabajadores en relación con los empresarios. Y aquí es
oportuna la referencia a las ordenanzas laborales. Es verdad
que las ordenanzas laborales proceden del franquismo, pero,
precisamente por eso hay que recordar que eran normas
laborales mínimas, propias de una dictadura de claro carácter
antisocial. Hoy se pretende dejarlas sin efecto a cambio de
nada, en la confianza de que eso facilitará la negociación
colectiva. Y del estado de la misma en nuestro país le voy a
dar dos datos. Sectores tan importantes y con beneficios como
la banca no tienen convenio colectivo en el año 1992 ni en el
año 1993. Telefónica, con beneficios, al día de hoy no tiene
convenio del año 1993. ¿Ustedes creen que los empresarios van
a estar dispuestos a negociar algo cuando tienen el compromiso
del Gobierno de quitarles toda esa norma? Ese, señoría, es el
fundamento
filosófico de esta reforma; suprimir la intervención pública
y, al suprimirla, lógicamente, se verá más claramente la
diferencia que existe en la realidad de nuestro país entre
empresarios y trabajadores. Pero, además...
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego concluya.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy terminando, señor Presidente.
Pero, además, es incoherente. ¿Cómo se puede decir que se
potencia la autonomía de las partes cuando se introducen
nuevas fórmulas contractuales ajenas a las previstas en la
contratación
colectiva? ¿Por qué no se ha optado por reformar el contrato
de formación en lugar de crear un nuevo contrato desconocido
en los convenios colectivos en estos momentos, el contrato de
aprendizaje? ¿Por qué se alargan los períodos de prueba? ¿Por
qué se impone la referencia a la cláusula de descuelgue
salarial en los convenios? ¿Por qué se suprime la
participación de los sindicatos en los expedientes de crisis
en la medida en que desaparecen la mayor parte de los mismos?
Finalmente, ¿por qué para los empleados públicos se desconoce
su derecho a la
negociación colectiva y se impone por ley la reforma de sus
condiciones laborales y la congelación salarial?
El método de llevar a cabo esta reforma laboral es
precipitado, en primer lugar un Gobierno que ganó las
elecciones con el compromiso del pacto social, a los tres
meses prácticamente da por cerrado el diálogo sobre esos temas
planteados y acomete una reforma del mercado laboral mucho más
ambiciosa que la llevada a cabo en toda la década de Gobierno
socialista y mucho más ambiciosa que la que dio lugar a la
huelga general del 14 de diciembre, aquel famoso Plan de
empleo juvenil. Con esos
antecedentes, abordar esta reforma laboral tan amplia contra
la opinión de los sindicatos era, sin lugar a dudas, contar
con hacer previsible una reacción similar. Desde luego,
nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
comprendemos y apoyamos explicítamente las peticiones de los
trabajadores. Es una reforma no sólo precipitada, sino
claramente contra el criterio de los sindicatos. Hay que
recordar ahora que los empresarios han apoyado explícitamene
esta reforma laboral, y es significativo que los expertos del
Consejo Económico y Social se hayan limitado a hacer una
valoración global de la misma, sin entrar a
analizarla en detalle, en unos casos por la falta de
oportunidad --era un Decreto-ley que no pasaba por el CES--, y
en otros por la falta de tiempo, al haber optado el Gobierno
por la urgencia. Esta precipitación, esta falta de
acuerdo con los sindicatos no puede imputarla el Gobierno a
que tuviera bloqueada su capacidad de gobierno. Se aprueban
unos presupuestos en los que, desde el punto de vista social,
como muy significativo, se recorta la inversión. Pero en el
terreno social el Gobierno ha llevado a cabo ya medidas
importantes: ha
reformado el desempleo, ha reformado la función pública, ha
reformado el sistema de cálculo de la revalorización de
pensiones. Todo ello lo ha llevado a cabo el Gobierno antes de
dar por roto el diálogo social. Por tanto, no es la
responsabilidad de los sindicatos. El contenido de esta
reforma laboral, finalmente, es, sin lugar a dudas, amplísimo,
como no se había llevado a cabo hasta ahora. Tradicionalmente
se había optado por flexibilizar o bien el acceso al trabajo o
bien la salida, los despidos, pero ahora, señorías, se opta
por
flexibilizar el acceso, se opta por flexibilizar la propia
vida de la relación laboral y finalmente también su extinción.
Se flexibiliza de manera notable el acceso, se incrementa la
precarización en nuestro país, se flexibiliza la propia vida
de la relación laboral, se prevé la polivalencia funcional. El
trabajador no sólo estará obligado a las funciones de su
categoría, sino a las de categoría superior e inferior, en
definitiva a las equivalentes definidas en términos genéricos.
Se permite la movilidad geográfica. Se flexibiliza la jornada
laboral. Se flexibiliza también, señorías, la extinción de la
relación laboral. Para ello se abarata de manera notable el
despido. Se amplían, en efecto, de una manera notoria las
causas de despido objetivo, indemnizables de una manera mucho
más baja que el despido improcedente. Se excluye también la
mayor parte de las autorizaciones administrativas en los
expedientes
colectivos, y, además, se amplían las causas, con lo cual,
nuevamente, se abarata la mayor parte de los ceses. Faltaba
abaratar el coste del propio trabajo...
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego que concluya en
un minuto.
El señor PERALTA ORTEGA: Faltaba abaratar el coste de trabajo;
para ello se suprime el recargo de horas extraordinarias. En
fin, como guinda, finalmente, se reduce la preferencia de las
deudas de los trabajadores. Una reforma tan ambiciosa pone de
manifiesto políticamente, señorías, que el acuerdo del
Gobierno con las fuerzas nacionalistas conservadoras tiene
aquí su verdadero meollo, en el carácter conservador en
política socioeconómica y no en el desarrollo autonómico. Es
una reforma desequilibrada, claramente orientada a favorecer
al empresario en perjuicio del trabajador, y ello no
desarrolla la Constitución y nos aleja del modelo europeo.
Conviene recordar --y nosotros lo compartimos plenamente-- lo
que dice recientemente la Comisión de la
Comunidad Europea: Nada indica que los países que han reducido
la importancia relativa de sus transferencias sociales hayan
tenido más éxito en la exportación. No hay ninguna relación
clara entre elnivel de protección social y la tasa de
desempleo. Un desarrollo equilibrado y coherente de la
economía y de la protección social no pone en peligro la
competitividad de un país ni la creación de empleo. Son
afirmaciones de la Comisión de la Comunidad Europea que
nosotros compartimo plenamente. En
definitiva, señorías, esta reforma es ineficaz para el
objetivo que se pretende: crear empleo. El propio Gobierno ha
reconocido que inicialmente va a producir un incremento del
paro, y hay que decir, señorías, que cuando nuestro país tiene
los niveles de paro que tiene, como decía alguien en relación
con el paro, los experimentos, ni con gaseosa. Por todo ello,
señorías --y termino mi intervención--, podríamos dar
alternativas concretas de Izquierda Unida, que las hemos
expuesto en ocasiones anteriores: unos mayores niveles de
inversión, una política industrial basada en criterios
modernos de competitividad, fondos de inversión, avanzar en el
reparto del trabajo, pero, señorías --y termino--, nos parece
que lo políticamente relevante en estos momentos es transmitir
a la sociedad la idea de que ante una crisis tan grave como la
que hay, se necesita la acumulación de los esfuerzos de toda
la sociedad, como se ha dicho recientemente y lo
compartimos, pero eso sólo se puede conseguir --y hay que
dejarlo bien claro-- con la participación y con el acuerdo de
todos los agentes sociales, y no un acuerdo sólo de rentas que
dé por buena esta reforma; un acuerdo sobre toda la reforma
laboral. Esa es la invitación que hace Izquierda Unida a todas
las partes, pero especialmente al Gobierno, que es quien ha
dado por roto ese diálogo. Esa, señorías, es la garantía
segura de que nuestro país superará la crisis. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
El señor Ministro de Trabajo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO (Griñán Martínez): Gracias, señor
Presidente. Permítame, señor Peralta, que comience con un
pequeño capítulo de rectificaciones, muy breve, pero, eso sí,
para poner los datos exactos en los términos reales y no en
los términos que usted pretende atribuir. Hablaba, por
ejemplo, de que la
cobertura del paro está en los momentos más bajos de su
historia, cuando hoy mismo, es decir, en diciembre de 1993,
está en el momento más alto de su historia. Hoy tenemos un 76
por ciento de cobertura de desempleo, que coincide --insisto
en esto-- con la cifra mayor que se ha producido jamás en
cobertura de la
protección por desempleo. Hablo siempre de cobertura respecto
al paro registrado, que es como históricamente se ha venido
manteniendo.
Tampoco he dicho en ningún momento que el Decreto-ley fuera
buque insignia de nada, sino sencillamente una medida que
precede a la reforma global del mercado de trabajo y
necesariamente la precede por la forma de decreto-ley en
atención a las circunstancias de urgencia que he explicado en
esta tribuna y que eran fundamentalmente en relación con la
parálisis contractual y los daños en el empleo que se podían
producir en el caso de que se hubiera tramitado como ley
ordinaria. Tampoco voy a entrar en todas y cada una de las
afirmaciones que ha hecho sobre la reforma del mercado de
trabajo, porque todas y cada una de ellas las vamos a poder
ver con mayor detenimiento cuando aprobemos el proyecto de ley
y se discuta en esta Cámara. Entonces podremos hacerlo incluso
por referencia a artículos concretos, a letras concretas, a
palabras concretas y a expresiones concretas que se digan en
ese proyecto de ley y no sencillamente a lo que usted pueda
opinar. Quiero hacer una referencia a algo que usted ha dicho
respecto a la reforma del mercado de trabajo. Usted ha dicho
que nos aleja del modelo europeo. Le puedo decir que si algún
ciudadano de Europa le oye a usted en la tribuna esta mañana
hablar en los términos en que lo ha hecho, seguramente no
reconocería nada de lo que está diciendo como patrimonio o
acervo de su sistema de relaciones laborales, absolutamente
nada. Es decir, no hay intervencionismo público en la realidad
europea y comunitaria en ningún país. Por consiguiente, si
nosotros suprimimos algún género de intervencionismo público,
lo único que hacemos es equipararnos a un modelo europeo,
aparte de que no creo que haya un modelo europeo de relaciones
laborales sino que hay varios sistemas de diferentes países.
En todo caso, parece que esa es una afirmación que se
compadece muy poco con la realidad y que tendríamos que
analizar en casos concretos. Hace no muchas semanas, vine de
una reunión en Bruselas de Ministros de Trabajo en la que
aprobamos una directiva sobre tiempo de trabajo. Estamos
hablando de leyes, no de negociación colectiva, porque estamos
hablando de una reforma del mercado de trabajo que va a
incorporar a la ley una serie de derechos de los trabajadores.
Por consiguiente, hablamos de leyes. Pues en esa directiva de
23 de noviembre de 1993 sobre tiempo de trabajo se prevé que
de ninguna manera la duración máxima de la jornada semanal
pueda superar las 48 horas. Eso dice la directiva que acabamos
de aprobar, pero es que Irlanda, Italia, Holanda, Alemania y
Portugal tienen por ley 48 horas de jornada máxima legal;
nosotros, 40. Reino Unido y Dinamarca no tienen ninguna
limitación legal. Eso se acaba de aprobar en una directiva, 48
horas a la semana por ley, y España tiene 40; por
consiguiente, mucho más avanzado que cualquier ordenamiento
comunitario. En cuanto a las horas extraordinarias, se prevé
su limitación. España tiene un tope, 80 horas, no se pueden
hacer más de 80 horas al año. Ese tope es diferente en otros
países: en Bélgica, se tienen 260 horas de tope; en Irlanda,
240; en Portugal, 160; en Grecia, 150; en Francia, 130; en
Holanda y Luxemburgo, 1,5 a 3,5 al día. Por tanto, en todos
esos países la realidad es distinta a la de España. En cuanto
a descansos, en la directiva se prevé que entre jornada y
jornada tiene que haber como mínimo 11 horas; nosotros
tenemos, y vamos a mantener, 12 horas. En vacaciones, la
directiva prevé cuatro semanas; en España se dice 30 días,
igual que en Dinamarca y en Francia. Pero legalmente en
Holanda son cuatro semanas, en Portugal de 21 a 30 días, en
Bélgica y en Grecia 24 días y en Alemania 18 días, en Irlanda
13 días. Festivos: España tiene 14, Alemania 9, más uno por
Länder; Holanda 6, Irlanda 8, Luxemburgo y Bélgica 10, Grecia
13, Francia 11 y Portugal 12. Estamos hablando de ley y de una
reforma legal en la que, si la medimos en los términos que
usted pretende hacerlo con la realidad europea, saldríamos con
una ventaja enorme sobre cuál es la realidad legal en los
diferentes países de la Europa comunitaria. Eso es algo que
debiera conocer cuando habla de que nos aleja del modelo
europeo. ¿De qué modelo europeo nos aleja? ¿De cuál? No sé a
cuál se refiere S.S. En cuanto a contratos temporales,
prácticamente en todos los países europeos existe la
posibilidad de hacer contrato temporal por libre disposición
de las partes, es decir, en Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Reino
Unido y Países Bajos, basta que se pongan de acuerdo un
empresario y un trabajador para hacer un contrato temporal. No
hay ninguna determinación en favor de la
contratación indefinida, no hay ninguna limitación a la
contratación temporal. En Alemania, por ejemplo, están
permitidos los contratos de fomento de empleo; en Italia,
también, por convenio colectivo. Quiere decirse que la
realidad europea no es la que usted dice. Usted podrá decir:
no me gusta la reforma del mercado de trabajo, se aleja de mis
opiniones, se aleja de lo que yo concibo que es una reforma
del mercado de trabajo. Pero no diga lo que no es cierto, no
diga que se aleja de un modelo europeo, a menos que usted
entienda por modelo europeo lo que son sus propias reflexiones
y lo que es su propia voluntad, no lo que es la realidad del
modelo europeo.
Esas cosas las podríamos llevar a todos los términos, porque
ha hablado de abaratar el despido, pero si yo le digo cuáles
son los términos de los costes de los despidos en Europa --y
no se los voy a decir--, usted convendrá que en España son los
más caros de toda Europa, sin duda. O si me habla de
autorizaciones administrativas o intervenciones públicas,
dígame usted en qué país, salvo Holanda, se tiene autorización
administrativa para despidos colectivos. Había uno, que era
Francia, y fueron los propios sindicatos, la CGT, la que pidió
que se suprimiera la autorización administrativa,
fíjese usted por donde. Fue el propio sindicato, la CGT, el
que pidió que esa autorización administrativa declinara. Por
consiguiente, ¿cuál es el modelo europeo? ¿De dónde nos
estamos alejando con la reforma del mercado de trabajo? Para
conseguir competir en este mundo en que vivimos, necesitamos
una serie de cosas: no vulnerar nuestro modelo, sin duda, el
modelo de libertad sindical --negociación colectiva-- al que
no hay que tener miedo de ninguna manera, y necesitamos
flexibilizar nuestras relaciones laborales, porque una norma
estatal que no sea disponible, que sea absolutamente
inderogable, no se acomoda bien con la necesidad de adaptación
que pueda tener una empresa. Porque no es lo mismo, señoría,
una empresa de seguros, que una empresa de construcción, que
una empresa de la madera o que una empresa de diferente
actividad industrial; cada una de ellas necesitará sus propias
normas. Y deje S.S. que sean los acuerdos entre las partes,
los acuerdos entre empresarios y sindicatos, la negociación
colectiva, partiendo de unos mínimos que, como le he dicho,
son superiores a los mínimos legales que se fijan en otros
países europeos, los que creen ese marco de relaciones
laborales.
Habla también del aprendizaje, pero también convendría saber
cómo es el aprendizaje en los diferentes países de Europa. Por
consiguiente, si hace usted algunas reflexiones sobre coste,
sobre precio, sobre Seguridad Social, sobre protección social,
sobre edad, sepa usted también cómo es el aprendizaje en los
diferentes países europeos. Entonces verá que no nos alejamos
tanto del modelo europeo. Dice usted que una persona hasta los
28 años va a poder estar en aprendizaje en España. Y ¿qué
ocurre en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido y en
Holanda? ¿Hasta qué edad pueden estar? Hasta los 50. No hay
límite de edad. No hay ningún límite de edad en esos países en
el contrato de aprendizaje. En Portugal 24, en Italia 32, en
Bélgica, 30, ¿cuál es el límite de edad? Nosotros 25. ¿En
dónde nos alejamos también aquí del modelo europeo?
Dice usted que la retribución es inferior al salario mínimo.
En Portugal es el 45 por ciento del salario mínimo; en
Dinamarca la de convenio, como aquí, pero luego el convenio,
fíjese usted, fija el 42 por ciento en término medio del
mínimo del sector; en Alemania dice: retribución adecuada, y
¿qué fijan los convenios? El 30 o el 40 por ciento del salario
inferior del sector
correspondiente; en el Reino Unido la del convenio; en Francia
empieza el primer año con el 25 por ciento del salario mínimo;
en Holanda el 51 por ciento del salario mínimo. En protección
social sabe usted que por lo que se refiere a la contributiva,
en muchos países europeos, si no es con un nivel determinado
de rentas, no se adquiere derecho a la prestación
contributiva, por ejemplo, en Alemania, 530 marcos al mes; si
se gana menos de 530 marcos al mes, no se tiene derecho a la
protección contributiva. Por consiguiente, señoría, diga usted
lo que quiera de la reforma; diga que no le gusta, diga que a
usted le gusta un modelo de relaciones laborales que se
fundamente en lo que fije el Estado, que a usted le da lo
mismo lo que hagan la negociación sindical, que la negociación
sindical es irrelevante, diga eso, pero no diga que ese es el
modelo europeo, porque ese no es el modelo europeo. Por tanto,
cualquier cosa menos esa. No son palabras cuando decimos que
lo que pretendemos es adaptar el sistema de relaciones
laborales a las circunstancias económicas que se viven en cada
momento. Fíjese usted que, tozudamente, la realidad nos
demuestra que en España, a pesar de que tenemos los costes más
altos de despido, se produce un volumen mayor de despidos que
en otros países europeos. Esa es una realidad tozuda, a pesar
de los mayores costes por despido que hay en España. Esa
realidad se fundamenta en que, entre otras cosas, nuestras
empresas tienen serias dificultades para utilizar esquemas
diferentes a lo que es la institución del despido para
adaptarse a las circunstancias concretas de cada momento. Así
vemos que a una empresa le da casi lo mismo prácticamente
despedir que modificar unas condiciones de trabajo porque
tiene que seguir los mismos trámites y, a lo mejor, los mismos
costes. Si hablamos de la movilidad funcional, usted me está
hablando de las ordenanzas de trabajo y me dice que son los
mínimos del franquismo. Mire usted, no son los mínimos del
franquismo, son los mínimos gremiales. ¿Usted se ha leído las
ordenanzas de trabajo? Sin duda, porque trabaja en esto. Por
ejemplo, usted se va a la de madera --y estamos hablando de
movilidad funcional--y tenemos que en la de madera hay en
serrerías, 20 categorías; en muebles, 18 categorías; al mismo
tiempo, barnizado, pulimento, cesterías, sillas de enea,
billares, pianos, cepillos,
carpintería metálica, 17 categorías; tonelería, 13 categorías;
chapas, tableros y contrachapados, 25 categorías, de las que
algunas, como el oficial de segunda, se subdivide en 14, en
función, eso sí, de las máquinas que cada uno maneja; puertas
planta, hormas, abarcas, almadreñas, 18 categorías, que
incluyen despuntador de primera y de segunda, lijador de
primera y de segunda; persiana, 13 categorías, etcétera. Esos
son los derechos mínimos; eso, señoría, es una barbaridad, y
es lo que no permite de ninguna manera, muchas veces, la
adaptación de una empresa. Estamos viviendo un mundo en el que
la polivalencia funcional es la mayor condición de adaptación
que puede tener una empresa sin tener que utilizar el
perjuicio para un trabajador, que es el despido. ¿Cómo podemos
permitir la polivalencia funcional? ¿Cómo podemos permitir esa
movilidad funcional con ordenanzas de tal jaez? ¿Esos son
mínimos? No son mínimos, señoría, y usted lo sabe.
Aprovecho para decirle que en la reforma del Estatuto se fija
un plazo, y si en el mismo no se llega a un acuerdo de
derogación de ordenanzas de trabajo habrá un arbitraje. Por
consiguiente, gana tendrán los dos (empresarios y sindicatos)
de llegar a este acuerdo, porque si no habrá un arbitraje de
la comisión consultiva de convenios. Por tanto, no es como
usted dice, como otras muchas cosas no son como usted dice.
Habla usted, por ejemplo, de que no se restablece la
causalidad. Sí se restablece la causalidad, lo que pasa es que
es verdad que se mantienen figuras como las del contrato de
lanzamiento de nueva actividad. Pero, ¿qué quiere que le diga,
señoría? El artículo 15 del Acuerdo Económico y Social, un
acuerdo firmado entre empresarios y sindicatos, decía: Las
partes firmantes han podido constatar que la nueva normativa
sobre contratos de la Ley 32/1984
introduce innovaciones positivas, como la modalidad por
lanzamiento de nueva actividad. Lo dicen y reconocen
empresarios y sindicatos y yo lo mantengo, que es una
modalidad, una
innovación que consideran que es positiva.
Por consiguiente, señoría, lo que pretendemos hacer con la
reforma del mercado de trabajo no es solamente un ejercicio,
un discurso brillante, ni tampoco decir palabras. Lo que
estamos tratando de hacer es acomodar nuestra realidad, la
realidad de hoy, a otra, que es la realidad europea, y que
necesariamente tiene que competir en desventaja con países de
otro entorno geográfico. Para eso, para preservar nuestro
modelo de libertad sindical, negociación colectiva y
protección social, tenemos que introducir elementos de
adaptación, en primer lugar, en la moderación de las rentas,
que es fundamental aunque a usted le parezca que menos, es
importantísima la moderación de las rentas; en segundo
término, ganar en flexibilidad en nuestro sistema de
relaciones laborales.
Yo celebro, señoría, haber escuchado --y ha de reconocer que
usted también lo dijo, no todo su grupo-- alabanzas al pacto
social y a la necesidad del mismo; está bien que esto sea así.
Aunque también he de reconocer que tan favorable opinión
habría sido mucho más útil si, por ejemplo, se hubiera
sustentado exactamente igual allá por julio, allá por agosto,
cuando el pacto comenzaba su andadura y venía obligado a
sortear
acusaciones del jaez siguiente: «es un instrumento para
humillar a los trabajadores y para empobrecerlos». Acusaciones
que, como usted sabe, alcanzaron tal intesidad que hasta por
la propia dirección de un sindicato se llegó a hablar de un
frente
antipacto, y me parece que quien llevaba la batuta en ese
frente antipacto se sentaba cerca de usted, en sus propios
bancos. No está mal que se cambie de opinión y se hable de la
necesidad de un pacto, yo estoy convencido de esa necesidad y
por eso lo hemos intentado, pero le insisto, ¿de qué pacto
hablamos? ¿A qué pacto nos queremos referir? Hablamos de un
pacto tripartito, porque solamente de esa manera, un pacto
Gobierno, sindicatos y
empresarios, solamente ese pacto puede ser capaz de generar
empleo. Los sindicatos, señoría, no pueden convertirse en
elementos de legitimación o deslegitimación política, porque
eso se compadece muy mal, se compadece poco con lo que es la
necesaria autonomía sindical. Es verdad que muchas veces se
oyen algunas reflexiones que ponen al movimiento sindical al
servicio de determinados intereses partidistas. Usted
recordará que cuando empezamos el pacto social hubo quien
dijo, primero, que no había que hacer el pacto social; cuando
el pacto social no iba bien, hubo quien dijo que había que
hacer una huelga general, y cuando ya se convocó la huelga
general hubo quien dijo que había que formar un bloque, un
frente después de la huelga contra el Gobierno. Flaco servicio
hacen a los sindicatos esas estrategias, porque de lo que se
trata con ello no es de servir a los
objetivos sindicales, sino de servirse de ellos en su lucha
contra el Gobierno. Nosotros creemos tan profundamente en la
autonomía sindical que cuando empieza la negociación de un
pacto sabemos que éste puede ser posible o puede no serlo
precisamente porque entendemos y respetamos esa autonomía
sindical. Y en ese respeto a la autonomía sindical sabemos que
habrá momentos en que los sindicatos no tienen por qué
compartir las opiniones del Gobierno.
La respetamos profundamente, insisto de nuevo aunque no la
compartamos, porque creemos profundamente en lo que es esa
autonomía sindical. Sobre el Real Decreto-ley ya le he
comentado que lo que pretendemos en las medidas que en él se
contienen, básicamente en el aprendizaje, es aproximarnos a la
realidad europea. Es lo cierto que cuando regulamos el
contrato de aprendizaje estamos mirando a muchos países que
tienen esta figura ya reconocida. Es lo cierto también que a
lo mejor no es ese modelo perfecto con todas las virtudes del
mundo, pero que luego no sirve para nada porque nadie lo
utiliza, es el modelo de contrato necesario para insertar a
miles y miles de jóvenes que no tienen otra oportunidad de
hacerlo; es el contrato necesario, lógico y adecuado para la
realidad, porque lo que no se puede es hablar en teoría, no
haciendo ningún caso a cuál es la situación real sobre la que
estamos actuando. El contrato de aprendizaje no significa
desandar ninguna reforma; significa adaptar nuestras
instituciones a la realidad exacta, insisto en esto, del
mercado.
Por otra parte, ya le he dicho que esas reducciones
retributivas o esas reducciones de las que usted habla de
protección social --que por cierto están prácticamente en
todas las realidades comunitarias-- se hacen siempre a
disposición, por un lado de la negociación colectiva, y, por
otro, manteniendo todos los niveles de protección social,
salvo los contributivos de desempleo,
pero no los otros sobre los que el trabajador tiene pleno
derecho. Le recuerdo que en formación no se tiene derecho a la
jubilación, no se cotiza ni se devengan esos períodos para el
derecho a la jubilación. Por consiguiente, lo hemos
sustituido, porque nos parece que hay que empezar la carrera
de Seguridad Social desde el principio, y hemos eliminado la
prestación contributiva por desempleo. En definitiva (insisto
en esto, señoría, y ya termino), la reforma del mercado de
trabajo sólo persigue que nuestra realidad económica sea la
que pueda permitir que las empresas utilicen los instrumentos
más adecuados para mejorar sus márgenes de competitividad, y a
partir de ese margen de competitividad poder generar empleo.
Necesitamos que cada unidad productiva de este país tenga unos
elevados márgenes de competitividad, o, dicho de otra manera,
que esté establecida establemente, valga la redundancia, en el
mercado. Para ello tenemos que poner a disposición de
empresarios y sindicatos una parte sustancial del derecho del
trabajo, que hasta el momento era absolutamente inderogable y
que producía una capacidad de adaptación de las empresas a las
circunstancias concretas de cada momento. Si repara en el
cómputo del tiempo de trabajo, es decir, la anualización del
mismo, si repara en la ordenación del salario, si repara en la
flexibilidad, en lo que es la
polivalencia funcional, o repara en la modificación de
condiciones de trabajo, se dará cuenta de que precisamente
esos son instrumentos a disposición de los agentes sociales
para que, a partir de esa disposición, puedan adaptarlos a la
realidad concreta de cada sector y de cada empresa, que es, en
definitiva, de lo que se trata si lo que queremos es que se
cree empleo en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Ministro, señorías, decía al
comienzo de mi intervención que en esta comparecencia de
usted, solicitada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya junto con el Grupo Mixto, era nuestra voluntad
que este debate contribuyera a un mejor conocimiento de las
medidas concretas de reforma, y nos parecía que ese método de
analizar dichas medidas concretas de reforma era el más
adecuado y más respetuoso con el grado de madurez cívica de
nuestros ciudadanos, cosa que han demostrado con su
responsabilidad y con su
independencia de criterio, no sólo político sino también
social, en momentos claves de los años de democracia de
nuestro país, y que además se acredita mediante la voluntad
firme de nuestro pueblo de superar las dificultades,los
problemas cotidianos desde los valores de un Estado social de
Derecho que proclama la Constitución. Señor Ministro, no me
parecen coherentes con ese tipo de análisis determinadas
manifestaciones que ha realizado usted relativas a nuestro
Grupo. Desde luego, descarto --y creo que lo ha hecho usted--
que nosotros tengamos alguna
responsabilidad en la ruptura de ese diálogo social que usted
reconocía que decidió el Gobierno en su momento y por las
razones que usted ha dicho. Si alguien es responsable en estos
momentos de esa ruptura del diálogo social en nuestro país,
señor
Ministro, está en el Gobierno, y no voy a hurgar hacia qué
lado, si más hacia la derecha o más hacia la izquierda de ese
Gobierno; no voy a entrar en esto. Pero quien decidió romper
dicho diálogo social, insisto en que usted lo ha dicho, fue el
Gobierno por las razones que ha expuesto y frente a las que
nosotros nos hemos manifestado. Eso que quede claro, señor
Ministro. No intente trasladar la pelota de su responsabilidad
a ninguna otra fuerza política ni a ninguna otra entidad,
máxime en un tema como este. Ha centrado usted en su
intervención lo que en alguna medida es discutible --insisto
en que en ese tema no voy a entrar-- en la referencia a cuál
era el modelo europeo. Mire, señor Ministro, la historia de
Europa, ¡qué le voy a contar a usted!, es muy conflictiva, muy
larga. Cuando se habla de un modelo europeo no se puede hablar
de países que no tienen constitución, de países en los que las
leyes tienen un peso determinado. Hay que tener en cuenta,
señor Ministro, que la democracia en Europa tiene tradición de
muchas décadas, de siglos, pero en lo más reciente como poco
cincuenta años, una vez que se terminó la Segunda Guerra
Mundial. Lógicamente, el papel de la legislación ha quedado
notablemente superado por la contratación colectiva y por la
autonomía de la partes. Esa, señor Ministro, no es
desgraciadamente la historia de nuestro país, que hasta el año
1977 no tenía democracia, y al no tenerla no tenía sindicatos
ni tenía contratación colectiva que mereciera ese nombre. Por
tanto, señor Ministro, comparar la ley en unos países con una
larga tradición democrática, con una larga tradición de
contratación colectiva, frente a un país como el nuestro, en
el que esas tradiciones desgraciadamente son muy cortas y no
han podido dar todavía su resultado, es un método falaz. Señor
Ministro, cuando se habla del modelo europeo se habla del
modelo estadístico general, y ahí no ha hecho usted ninguna
referencia. Usted sabe, lo acaba de decir un informe de la
Comisión Europea, que el gasto de protección social en nuestro
país, al margen de lo que digan las leyes, la realidad, es el
21 por ciento del producto interior bruto, frente al 26 por
ciento de la media europea. Esa es la realidad, repito del
modelo social europeo, señor Ministro. Utilicemos esas
comparaciones. Incluso aquí aparecía la relativa a la pensión
de jubilación media desde el año 1980 al año
1991 sobre porcentajes del PIB por habitante. ¿Sabe usted lo
que pone de manifiesto esa estadística, señor Ministro? Que
España es prácticamente el único país en el que se ha
producido una disminución, esos son los datos que aparecen en
ese informe, ese es el método de comparación adecuado, señor
Ministro, porque lo otro nos lleva a las peculiaridades de
cada país. Ha dado usted algunos datos concretos, señor
Ministro. Decía, por ejemplo, que en horas extraordinarias hay
países que no tienen límites. No es menos cierto, señor
Ministro, que buena parte de esos países tienen un nivel de
paro extraordinariamente inferior al nuestro, con lo cual el
problema tiene una trascendencia también
infinitamente distinta. Pero no es menos cierto, señor
Ministro, que la reforma que ustedes plantean consiste en
quitar el sobreprecio de las horas extraordinarias. Dicen
ustedes que así no tendrá aliciente el trabajador para
hacerlas. ¿Resulta que las horas extraordinarias se hacen por
voluntad del trabajador, señor Ministro? No. A lo mejor usted
no ha tenido necesidad de
hacerlas. Se hacen porque el empresario quiere que se hagan, y
cuanto más baratas se las pongan al empresario, más interés
tendrá en que se realicen. Esa es la realidad del mercado,
señor Ministro, y se funciona así.
Decía usted, señor Ministro, que la contratación temporal es
libre en Europa. ¿Por qué no se utiliza, entonces, como se
hace en España? ¿Por qué tenemos unos porcentajes en nuestro
país notablemente superiores a los europeos? A lo mejor es que
los sistemas modernos de productividad y de competitividad no
se basan, como pretende hacerse en nuestro país, en la
precarización y en el bajo coste de la mano de obra, y son más
competitivos esos países europeos. Apostar, como se hace aquí,
por precarizar aún más el mercado laboral son modelos de
competitividad
inadecuados no sólo en el marco de la Unión Europea, sino en
el marco de un mercado mundial cada día más libre, como el que
va a crear el GATT.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego que concluya.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino enseguida, señor Presidente.
Me decía usted, señor Ministro, que quiere potenciar la
autonomía de las partes y que pretende quitar normas
indisponibles. Señor Ministro, le recuerdo que las ordenanzas
laborales son normas disponibles desde el año 1980. No
confunda usted a nadie, señor Ministro. Las ordenanzas
laborales, desde el Estatuto de los Trabajadores, están a la
disposición de la partes para
sustituirlas cuando quieran. Y si hacía usted, señor Ministro,
alguna referencia a que en el AES se defendía el contrato de
lanzamiento de nueva actividad, ¿por qué, señor Ministro, no
admite usted que si esas normas siguen vigentes es porque las
partes quieren que sigan vigentes? ¿Por qué no, señor
Ministro? Porque han tenido años para sustituirlo si hubieran
querido, y parece ser que no lo han hecho. Pero eso no es
respetar la autonomía, según usted. Sin embargo, defender el
lanzamiento de nueva actividad (a pesar de que los expertos
que usted o el Ministerio contrataron en su día dijeron que
había que suprimirlo y que algún antecesor suyo en el cargo
dijo que lo haría, aunque ahora dicen que no), todo eso, señor
Ministro, como restablecer la causalidad, eran ofertas
electorales que ustedes hacían.
Dice usted, finalmente, señor Ministro, que se pronuncia por
un pacto social, pero al día de hoy, el pacto social que usted
ofrece es única y exclusivamente un pacto de rentas.
Ustedes parten de un Real Decreto-ley ya vigente y en
tramitación parlamentaria, de un proyecto de ley cuyos
detalles últimos no son conocidos, y por eso, a lo mejor,
señor Ministro, ha podido haber alguna pequeña imprecisión en
mi intervención, y sólo queda repito, el pacto de rentas.
Señor Ministro, nosotros nos pronunciamos por un auténtico
pacto social. Ese pacto de rentas que usted dice
desgraciadamente en la realidad no es posible. En la realidad
sí es posible un diálogo amplio con los sindicatos y con los
empresarios sobre todos los temas. Ahí está, señor Ministro,
la experiencia de los últimos meses: ha sido posible, se
habían producido avances y, desgraciadamente, en un momento
determinado, y por decisión exclusiva del Gobierno, se
terminó; por decisión, insisto, exclusiva del Gobierno se
terminó. Y ello, señor Ministro, para optar por una reforma
claramente desequilibrada a favor del empresario, no en la
línea de avanzar en una mayor democracia industrial, con una
mayor participación y con una mayor
información de los trabajadores, y no le quiero dar datos
europeos en esa materia. Esta reforma no va en la línea,
repito, de reforzar los derechos de los trabajadores, sino en
la línea de debilitar su seguridad jurídica y sus derechos, y
en una línea que el propio Gobierno, a través de destacados
representantes, ha reconocido que, de entrada, va a crear más
paro. Esto, señor Ministro, desde una posición sensata, no ya
progresista, desde una posición sensata, le insisto, es
inaceptable. Con el paro en nuestro país, experimentos ni con
gaseosa.
Gracias. (El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Griñán Martínez, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
El señor Ministro de Trabajo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Peralta, lo dije en mi primera intervención y lo digo en
la tercera: el Gobierno acepta la parte de responsabilidad que
puede haber tenido en que no se haya conseguido un acuerdo, y
no tiene por qué aceptar tampoco mucha más. Desde luego, no
trata de descargar en ningún grupo político la responsabilidad
de que ese acuerdo no se haya producido, para nada, lo
intenta.
Yo no sé cuáles son las fuentes de autoridad que S.S. utiliza
cada vez que mide una variable, cualquiera que sea, relativa
al gasto social o relativa a cualquier otra cuestión del mundo
laboral. Ahora nos dice que la pensión media en España ha
perdido valor, y dice que eso lo ha leído no sé dónde. Lo ha
leído de alguien que ignora los datos de la realidad, porque
lo cierto es que todas las pensiones medias se aumentaron un
284,5 por ciento en los últimos diez años, lo cual supone un
39,3 por ciento de ganancia de poder adquisitivo. El
porcentaje de ganancia en lo que se refiere a las jubilaciones
supone un 37,4 y el porcentaje correspondiente a las
jubilaciones en la totalidad del sistema asciende al 40,2 por
ciento. Es decir, en el régimen general han alcanzado un 37,4
por ciento, y en el conjunto del sistema se ha llegado al 40,2
por ciento. Por consiguiente, yo no sé de dónde toma usted los
datos, pero es lo cierto que el poder adquisitivo de la
pensión media del sistema se ha incrementado un 40 por ciento
en términos reales en los últimos diez años. Tampoco es el 21
por ciento, porque ese 21 por ciento era en 1991: en 1993 es
más del 23 por ciento, y le puedo decir que no hay ningún país
comunitario que haya incrementado su porcentaje de gasto
social en los últimos seis años salvo España. Por
consiguiente, los datos que usted ha indicado no se compadecen
con la realidad. Habla también de que la contratación temporal
existe en Europa, pero que se utiliza menos, y pregunta por
qué. Yo se lo voy a decir: porque aquí los costes del contrato
fijo por tiempo indefinido son mucho más altos; porque el
contrato por tiempo indefinido tiene una mayor dureza que en
Europa, y porque los costes del despido en el caso de este
tipo de contrato son muy superiores, casi cinco veces
superiores a la media comunitaria. A lo mejor es por eso por
lo que se utiliza, además de por otras razones, como la
particularidad de nuestra estructura económica con una amplia
implantación del sector servicios.
Habla de un pacto sólo de rentas. Nosotros hemos dicho dos
cosas: el pacto de rentas todavía es posible y, además, es lo
primero que pedimos. Nosotros nos sentamos para un pacto de
rentas que consiguiera moderar el crecimiento de las mismas
adecuándolo, según la articulación de la negociación
colectiva, a cada una de las unidades productivas. Eso lo
dijimos el primer día y lo decimos ahora, luego no hemos
cambiado; el pacto de rentas sigue siendo absolutamente
necesario. Pero le añado otra cosa más. Si desde aquí en
adelante hubiera algún acuerdo entre empresarios y sindicatos
sobre cualquiera de los puntos de la reforma del mercado de
trabajo, el Grupo Socialista, sin duda, pediría que se
incorporara a la legislación que vamos a tramitar en esta
Cámara. Con eso reproduciríamos el consenso del que ustedes
hablan, con el que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores.
Por cierto, que dicen ustedes --y lo dijeron por carta-- que
la reforma del mercado de trabajo obliga a cambiar contenidos
de la legislación laboral defendidos, pactados y aprobados en
los difíciles años de consolidación del sistema democrático.
Es decir --añaden--, se tienen que introducir modificaciones
en uno de los ejes que han vertebrado el consenso en horas
difíciles para España. Eso lo han dicho ustedes por carta. Yo
le voy a decir lo que manifestaban ustedes del Estatuto de
Trabajadores, al que se opusieron frontalmente. Ustedes
decían, entre otras cosas que el Estatuto de los Trabajadores
es una porquería; que no estaban prácticamente de acuerdo en
nada; ustedes decían textualmente que el Estatuto es el
refrito de las viejas leyes franquistas, con algunos retoques;
ustedes decían que el Estatuto no sería acogido más que con
hostilidad por los trabajadores de este país; ustedes decían
que el Estatuto rebajaba los techos que la clase obrera de
este país había conquistado bajo el franquismo, y decían
muchas cosas más, lo dijeron en esta Cámara y consta en el
«Diario de Sesiones». Sin embargo, ahora dicen: Vamos a tratar
de romper ese consenso, que era tan necesario en unas horas
difíciles para España. Naturalmente que lo era, de forma que
el Grupo Socialista apoyó el Estatuto de los Trabajadores
después de que, en su tramitación, se hubiera obtenido un
acuerdo, el llamado AMI, entre la CEOE y la UGT. Y si se
vuelve a producir ahora ese acuerdo, volverá a introducirlo
dentro de esta reforma del mercado de trabajo; claro que sí.
Esta es la historia, y la historia no se puede falsificar,
como tampoco los datos. Los datos son los que son, responden a
una realidad, y la historia a una sucesión. Y la sucesión de
hechos demuestra que ustedes estuvieron contra el Estatuto de
los Trabajadores. Así las cosas, no me preocupa nada, en
absoluto, su oposición a esta reforma, porque estoy seguro que
dentro de unos años --los que sean--, cuando el gobierno que
sea apruebe una reforma nueva del Estatuto de los
Trabajadores, ustedes dirán que esta reforma fue
consensuada.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.-
-El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Peralta, tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Ministro.
Yo le insisto en que voy a hacer un debate que pretendo que
sea instructivo, y no le voy a recordar la historia de su
Grupo cuando hablaba no ya del Estatuto de los Trabajadores,
que tiene la importancia que tiene, sino de instituciones
mucho más elevadas que el Estatuto de los Trabajadores, de
instituciones internacionales, de la OTAN, por ejemplo, o del
terrorismo (Rumores.); no voy a entrar en esto. La historia,
señoras y señores Diputados, es la que es y ahí está.
Yo le voy a hablar, señor Ministro, de la reforma laboral, y
le tengo que decir que, así como usted manifiesta una nula
preocupación por nuestra posición --y ya la ha manifestado
antes en relación con las posiciones de los sindicatos y por
eso rompieron el diálogo social--, nosotros sí que estamos
preocupados; muy preocupados, y yo creo que esa preocupación
la comparte la ciudadanía española, la de pensar dónde se
lleva el mercado laboral de nuestro país con esta reforma.
Sólo quiero darle un dato, señor Ministro. Decía usted que en
Europa no se utiliza la contratación temporal quizá porque en
España el coste de los fijos es elevado. Si eso fuera cierto,
señor Ministro, la introducción en nuestro país de la
contratación temporal debía haber incrementado los fijos de
plantilla, y ha producido lo contrario: una sustitución
creciente de los fijos por contratos temporales. Por tanto,
señor Ministro, incidir más en esa dirección es agravar la
situación en nuestro país. Los datos que yo le he dado, señor
Ministro, tienen la fuente de autoridad de seguir con atención
lo que se dice. Yo le he ofrecido una cifra de evolución de la
pensión media de jubilación sobre el producto interior bruto
por habitante. Esos datos, señor Ministro, son reales,
compatibles con el aumento que usted dice, pero, en
definitiva, en relación con la variable de producto interior
bruto por habitante, sigue siendo cierto que en España se ha
producido la evolución que yo le he indicado. Nada más y
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
El señor Ministro tiene la palabra, por un minuto.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Menos quizá, señor Presidente.
Señor Peralta, el Grupo Socialista sí puede cambiar de opinión
a lo largo de la Historia. Lo que no hace nunca es falsificar
la Historia. (Protestas.--El señor Alcaraz Massats, señalando
los bancos del Grupo Popular: ¡Mira qué contentos están!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.--Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.
(Rumores.) Un momento, señora Villalobos. (Pausa.)
Ruego silencio a sus señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señora
Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, Presidente.
El Real Decreto publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de diciembre, llamado, eufemísticamente, medidas urgentes
de fomento de la ocupación, tiene una exposición de motivos
que yo creo que aclara muchísimo parte de la discusión que se
ha tenido en esta Cámara a lo largo de esta mañana, y en la
que se lee que «la gravedad de la situación económica y su
incidencia en el mercado de trabajo conceden prioridad a la
necesidad de acometer, de manera decidida y urgente, la
reforma de las relaciones laborales con el objetivo de luchar
contra el paro y potenciar nuestra capacidad generadora de
empleo». (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Esa es la exposición de motivos del Real Decreto cuya
convalidación se trae hoy aquí a la Cámara en este trámite
parlamentario. La verdad es que cuando una lee la exposición
de motivos de este Real Decreto tiene la sensación de que
estamos hablando de otro país o de otro Gobierno. Da la
sensación de que desde el 6 de junio hay otro partido que ganó
las elecciones y que plantea una reforma laboral distinta de
la sostenida por el Gobierno anterior, el Gobierno del señor
González. Sin embargo, cuando una analiza y se da cuenta de
que es todo lo contrario, de que es el señor González, el
mismo Gobierno del señor
González, el que plantea ahora esta reforma laboral, parece
cuando menos curioso analizarlo, porque, desde luego, si hay
alguien que se ha opuesto, en estos últimos años, a que se
produjera en España la necesaria reforma de las relaciones
laborales, ese ha sido el Gobierno del señor González.
Si analizamos lo que ha ocurrido en los países de la Unión
Europea, donde las tasas de paro se sitúan en este momento en
medias del 10 por ciento, recordando que Alemania está en el
9, pero que hace un año estaba en el 4 por ciento; cuando
vemos que al resto de los países de la Comunidad Europea, con
tasas, insisto, de desempleo del 10 por ciento, se les
encienden todas las luces rojas de la economía, empiezan a
intentar buscar programas de choque y los ponen en marcha para
salir de la situación de crisis, resulta que en España no
hemos hecho absolutamente nada hasta ahora. Esta es la primera
medida que empezamos a discutir en esta Cámara. Quiero
recordar al Gobierno que cuando ellos accedieron al poder
España tenía una tasa de paro del 17,5 por ciento. Ni en los
mejores momentos de la economía, en el período de 1988 a 1990,
hemos conseguido superar las tasas de paro del 16 por ciento.
Ante esto, el Gobierno,
¿qué ha hecho en estos años? La verdad es que se ha negado
sistemáticamente a aceptar las profundas reformas del sistema
que contribuyan a frenar el incremento del paro y a la
creación del empleo. Quiero recordar aquí, porque a mí tampoco
me gusta falsear la Historia, según frase un tanto especial
del señor Ministro de Trabajo, que en el año 1986, en esta
Cámara, siendo Ministro de Economía el señor Solchaga, hoy
portavoz del Grupo Socialista, hubo un debate, en aquel mes de
octubre, sobre el empleo irregular y la situación del paro en
España. Yo recomiendo a los miembros de esta Cámara que
revisen aquellos debates de 1986. En aquel momento la tasa de
paro en España estaba en el 19,5 por ciento. En aquel debate
se sacó una serie de
conclusiones, resoluciones aprobadas por unanimidad en esta
Cámara, se pusiera en marcha programas que hicieran posible
romper la dinámica del paro en España y que hicieran posible
un concierto, una concertación con los agentes sociales para
salir de la crisis. De aquel debate nació un informe, el
informe Lluch, a instancias de los Ministerios de Trabajo y de
Economía. Aquel informe tenía como nombre: «El paro,
magnitudes, causas y remedios.» Este informe fue debatido en
esta Cámara en 1988 y en él se daban una serie de medidas
concretas para las reformas laborales y económicas que nuestro
país necesitaba para
enfrentarse con la situación de desempleo y de crisis
económica. En aquel momento teníamos un millón de parados
menos de los que tenemos hoy. Aquel momento era el adecuado,
desde nuestro punto de vista, para enfrentarse con esas
reformas laborales, hoy imprescindibles. Sin embargo, ¿qué
hizo el Gobierno? Este informe, sus consecuencias, sus
resultados duermen el sueño de los justos desde 1986. Pero es
que aquí también tengo las diferentes resoluciones traídas a
esta Cámara por el Grupo Parlamentario Popular en el último
año para agilizar,
flexibilizar y adaptar el mercado de trabajo español a las
necesidades reales de nuestra economía. Y en aquel momento --
solamente voy a dar un dato--, en el año 1992, teníamos una
tasa de paro del 17,5. Cuando fue presentada la siguiente
moción por el Grupo Popular en noviembre de 1992, teníamos ya
el 20,1 por ciento de paro. Pues el Gobierno ha esperado a
tener el 24 por ciento de paro para darse cuenta de que eran
necesarias unas reformas pedidas en esta Cámara desde hace
tres años. Y no le quiero recordar al señor Griñán cuáles eran
las respuestas del Gobierno y del Grupo Socialista cuando
pedíamos esa necesaria adaptabilidad del mercado de trabajo a
esas nuevas realidades que ya estaban surgiendo en Europa y
donde ya se estaba tomando medidas para poder enfrentar ese
futuro. Aquí, mientras tanto, se nos llamaba catastrofistas;
se nos decía que queríamos mantener aquí tesis de determinados
grupos económicos que, por lo visto, eran como diablos; que
queríamos romper el consenso social que había funcionado hasta
ese momento y que el señor González de una forma bastante
precaria había conseguido
mantener. Pues ahora han cambiado las tornas; ahora ustedes
son los adalides de esa reforma. Y yo le digo una cosa, señor
Griñán: me parece que es importante enfrentarse con esa
reforma; me parece importante que, por fin, el Gobierno haya
tomado en cuenta, cuando menos, el traer a esta Cámara, aunque
sea sólo eso, el Real Decreto para que nos expresemos ahora
quí, donde hay que hablar, en la Cámara, sobre las reformas
necesarias en nuestro mercado de trabajo. Pero, ¡cuidado! con
cuatro millones de parados en el primer trimestre de 1994.
Y deben reconocer el señor Griñán y el Gobierno que es un
momento especialmente delicado para abordar estas cuestiones,
porque la situación del empleo en España en este momento es de
destrucción de 560.000 puestos de trabajo netos anuales y el
incremento del paro de 750.000 personas, también en términos
anuales. Con este escenario debe convenir conmigo el señor
Griñán que es bastante más complicado y difícil poder abordar
estas reformas que en 1988, 1989 y 1990. En un momento de
crecimiento económico hubiera sido mucho más fácil, en un
escenario mucho más positivo, abordar estas reformas que hoy
se plantean aquí. Por lo tanto, estas reformas planteadas hoy
aquí van a producir, cuando menos, un mayor nivel de
crispación y de rechazo social que el que hubieran planteado
en aquellos momentos. Pero es que no solamente se hace tarde,
en un momento especialmente difícil, como decía antes; es que,
además, se hace sin el deseado consenso necesario para
enfrentarse con esta reforma. Todos los españoles y todos los
miembros de esta Cámara recuerdan cómo el señor González, a lo
largo de la última campaña electoral, basaba no solamente las
reformas laborales necesarias en este país en el consenso
social, sino que basaba toda la salida de la crisis, desde la
discusión de los Presupuestos de 1994 hasta las políticas de
rentas, el precio del dinero, la política industrial, todo,
todo el modelo económico, en el consenso social, en el pacto
social por el empleo, según las declaraciones publicadas a lo
largo de la campaña.
¿Y qué ha ocurrido con el pacto social por el empleo? ¿Dónde
está ese llamado consenso social que el señor González
garantizaba que él iba a conseguir traer a esta Cámara? La
discusión en esta Cámara de este Real Decreto representa el
fracaso de ese consenso social. Porque, señor Griñán, el
consenso no se hace enunciando el número de reuniones que se
han tenido con los agentes
sociales. El consenso no se hace instándoles a los agentes
sociales cada una de las medidas que ustedes van a trasladar
al Consejo Económico y Social o al «Boletín Oficial del
Estado». Eso no es consenso. Eso se puede llamar informar, se
puede llamar intentar vestir el santo, pero en ningún caso es
consenso. Usted sabe, señor Griñán, que el consenso lleva
consigo una
cultura diferente de las que ustedes han llevado a cabo a lo
largo de estos últimos seis meses. El consenso se hace con la
cesión de todos los miembros de esa mesa de parte de sus
planteamientos, para encontrar un planteamiento común. Puedo
decirle, señor Griñán, que en ningún caso el Gobierno ha
ejercido la función de buscar ese punto de encuentro, sino
simplemente ha ejercido la función de informar y de crispar
cada vez más ese consenso social.
Usted sabe, señor Griñán, que esta reforma va a afectar a algo
muy sensible, que es la vida interna de las empresas. Usted
aquí hoy ha hecho una elaboración --que yo llamaría un
catálogo de buenas intenciones-- de hacia donde va la reforma.
Porque, sinceramente, a mí me parece que no es respetar esta
Cámara enumerar aquí ese catálogo de buenas intenciones de un
proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores
que se supone que ustedes van a aprobar en el Consejo de
Ministros de esta semana. Me parece más lógico que en esta
Cámara discutamos proyectos de ley ya plasmados y remitidos a
la Cámara que sigamos un catálogo de buenas intenciones que
usted haya podido plantear hoy aquí.
Porque, señor Griñán, usted ha hablado aquí con la fe del
converso. Me llamaba realmente la atención y pensaba en los
debates que hemos tenido en esta Cámara a lo largo de estos
tres años sobre esta necesaria adaptabilidad del mercado de
trabajo. Usted habla del respeto a la autonomía de las partes;
usted habla de la importancia de la negociación colectiva;
usted habla de la importancia del consenso social; usted habla
de la política de la cooperación frente a la política de la
confrontación. Pero, señor Griñán, es que usted está haciendo
exactamente todo lo contrario de lo que dice. Ustedes han
cambiado de opinión cada cinco minutos. Es que eso no
contribuye a que aquí, en esta Cámara, podamos pensar hoy que
lo que usted acaba de decir vaya a ser plasmado realmente como
articulado en esa reforma del Estatuto de los Trabajadores que
veremos en la Cámara y que discutiremos, punto por punto,
cuando hayamos analizado cuál es el contenido real y podamos
verlo aquí de nuevo, pero ya como proyecto de ley, insisto, no
como catálogo de intenciones del Gobierno socialista, que de
pronto ha descubierto el nuevo capitalismo, de pronto ha
descubierto la realidad europea, de pronto ha descubierto la
libertad, señor Griñán; la libertad y la corresponsabilidad
que, por lo visto, para ustedes eran valores perseguibles,
pero en ningún caso la base fundamental de un buen marco de
relaciones laborales. Y porque está afectando a las relaciones
internas de las empresas, usted sabe igual que yo, señor
Griñán, que las relaciones laborales dentro de las empresas
son muy sensibles, porque los trabajadores y los empresarios
están obligados a entenderse y a negociar a través de la
negociación colectiva y de la propia contratación y, desde
luego, con estos incrementos de la crispación social, con esta
necesaria negociación después del 27 de enero de la huelga
general, yo creo que usted está metiendo mucha más leña al
fuego de la crispación social que la que desde nuestro punto
de vista debería haber puesto el Gobierno para atenuar esta
crispación, lógica, por otra parte, cuando se está discutiendo
el marco general de las relaciones laborales.
Yo creo que lo que se consiguió en el Estatuto de los
Trabajadores del año 1980 fue algo más que lo que usted ha
dicho hoy aquí, señor Griñán. En aquel momento, en el año
1980, cuando se discute en esta Cámara el Estatuto de los
Trabajadores que acababa con un sistema de relaciones
laborales caótico --quiero recordar aquí las huelgas y la
situación de la negociación colectiva de los años 1978 y 1980
en nuestro país--, ese Estatuto de los Trabajadores que nace
del fruto del consenso, pero no sólo del consenso exclusivo de
los agentes sociales, señor Griñán, sino del consenso de un
Gobierno de la UCD, de centro derecha, con un Partido
Socialista entonces en la oposición, con un acuerdo con un
sindicato que demostró niveles de madurez y de racionalidad
muy por encima del resto, que fue la UGT, y de una
organización empresarial, la CEOE, que a lo largo del debate
parlamentario fueron capaces de plasmar ese acuerdo, acuerdo
que no contemplaba todo lo que querían todos, pero sí era un
lugar de encuentro, como me hubiera gustado que hubiera sido
esta nueva reforma que se plantea hoy aquí y que tenemos
planteada a lo largo de este trimestre. Ese es el consenso que
yo creo que hay que recuperar; no se puede liquidar el
consenso, señor Griñán, diciendo que si los sindicatos y la
CEOE llegan a un acuerdo al margen del Gobierno, al margen de
los partidos políticos, ustedes les van a hacer la concesión
de trasladarlo a la normativa. Si usted cree en la autonomía
de las partes, si usted cree en la necesidad de darle fuerza
al convenio colectivo, convendrá conmigo en que el no aceptar
ese acuerdo sería ir en contra de la propia ley.
Creo que tenemos que ir mucho más lejos y que el momento
histórico que vive nuestro país exige a los partidos políticos
y a esta Cámara un compromiso mayor. Por eso yo llamo al Grupo
Socialista y al Gobierno a que intentemos buscar ese consenso
a lo largo de este debate parlamentario, debate que tiene que
ser sosegado, racional y sin demasiados prejuicios dogmáticos
o ideológicos. Aquí se tiene que conseguir ese consenso que,
insisto, se consiguió en el ochenta. Resulta paradójico que
ese mismo partido que fue capaz de conseguirlo en el ochenta
sea el que está poniendo obstáculos para conseguirlo en 1994.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando,
señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Sí, señor Presidente.
Esta reforma que hoy discutimos aquí llega tarde, como decía
antes, sin ese consenso y, además, está aislada. Me parece,
señor Griñan, que el método que usted ha elegido de que sea
por decreto-ley no se corresponde con el contenido real del
Decreto ni con las necesidades reales de la reforma laboral.
Creo que ante esa necesidad de sosiego, de tranquilidad, de
entender lo que es la reforma global, hubiera sido mucho más
lógico, desde mi punto de vista, que el Gobierno hubiera
traído a esta Cámara la reforma del Estatuto, un nuevo
Estatuto de los Trabajadores, acompañado del resto de las
leyes de las que debería ir
acompañado: la ley de reforma del INEM, la ley de la Seguridad
Social y la ley de empresas de trabajo temporal, que hubieran
dado a la sociedad idea del montante global de esa reforma y
de hacia dónde va, ya que en este momento sigue planteándose
la incertidumbre sobre cuál va a ser al final el resultado de
las relaciones laborales después de todo este planteamiento de
las diferentes leyes que el Gobierno está trayendo a esta
Cámara. Además, como recogía el informe del año 1988 «El paro:
magnitud, causas y remedios»: «La gravedad del problema del
paro requiere un conjunto amplio de medidas para combatirlo
que se refuercen mutuamente. Sin ese esfuerzo conjunto,
medidas aisladas pueden ser insuficientes e incluso
contraproducentes.» Señor Griñán, desde nuestro punto de
vista, esta reforma del mercado laboral, que no es la panacea
de todas las reformas, debería ir acompañada de unas reformas
estructurales en la política económica, en la política
industrial y en la política fiscal mucho más profundas, que
realmente hagan romper la dinámica del desempleo, que se ha
instaurado en la sociedad española.
Ahora, si el señor Presidente me lo permite, quisiera hacer
una serie de puntualizaciones concretas sobre el Decreto que
hoy nos trae aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Brevemente, señora
Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Sí, señor Presidente.
Me gustaría dejar claro a la Cámara y al Gobierno que para el
Partido Popular, para el Grupo Parlamentario Popular es
importante dejar claro desde el principio que somos defensores
de una reforma laboral, de una reforma que nos adapte a las
necesidades del mercado y al resto de los países de la
Comunidad, pero no de cualquier reforma y no a cualquier
precio. Por eso creemos que es necesario una mejor adaptación
a las cambiantes condiciones del mercado de trabajo, unida a
una mejor defensa de los intereses de los trabajadores. Si la
reforma global planteada por el Gobierno va por este camino,
tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Popular; en caso
contrario, le anuncio que no lo tendrá.
Quiero decir, muy brevemente, que el contenido de este real
decreto refleja, desde nuestro punto de vista, incoherencia e
improvisación. El Gobierno, insisto, ha ido cambiando
paulatinamente los criterios a traer en este Real Decreto:
desde los contratos de formación hasta las medidas de fomento
de la ocupación. El señor Griñán ha hecho aquí una alabanza de
lo que es el modelo de contrato de aprendizaje planteado en
este Real Decreto. Señor Griñán, llame usted a las cosas por
su nombre. Usted puede llamar a este contrato contrato de
inserción para jóvenes en búsqueda de un primer empleo, puede
llamar a esto un contrato temporal de fomento del empleo con
costes de Seguridad Social bajos para el empresario, pero no
le llame usted contrato de aprendizaje, porque no lo es. Usted
alababa hace un momento el modelo de contrato de aprendizaje
del resto de los países de la Comunidad y hablaba en concreto
del alemán. Ojalá este Real Decreto recogiera el contrato de
aprendizaje alemán y no el modelo que ustedes han elegido.
Porque si realmente usted creyera que éste es un contrato de
aprendizaje, ¿por qué tantas
limitaciones? ¿Por qué ustedes, en el Real Decreto que va a
regular y desarrollar los contratos de aprendizaje, ponen
tantos límites; límites a la contratación en el número de
trabajadores por cada empresa y límites en la utilización de
este propio contrato? Si realmente es un contrato de
aprendizaje, ¿por qué no deja usted a la negociación de las
partes la utilización de este contrato en cada una de las
empresas? ¿Por qué no deja usted que el tiempo de utilización
de este contrato esté en relación con el programa nacional de
formación profesional y el catálogo de cualificaciones
profesionales, que es al que realmente debería estar unido
este contrato de aprendizaje? ¿Por qué no refleja usted lo que
la propia LOGSE contempla sobre las prácticas en formación de
los trabajadores en la empresa? ¿Por qué rompe usted la
dinámica negociada con los agentes sociales en el acuerdo de
formación continua? ¿Por qué se inventa usted un contrato
diferente de lo que es realmente un contrato de aprendizaje?
Por ello, señor Presidente --y voy finalizando--, y por otras
causas, nosotros entendemos que este Real Decreto debe ser
tramitado en la Cámara como proyecto de ley, porque es
necesario introducir enmiendas que completen y aclaren lo que
es el contrato de aprendizaje, el contrato en prácticas, las
modalidades de contratación en pequeñas y medianas empresas
que simplemente aparecen anunciadas en este Real Decreto, pero
que en ningún caso se remiten a reglamentos posteriores ni se
dice tampoco qué tipo de contratos y qué tipo de ayudas va a
tener esta contratación. Señor Ministro, si se aprueba el Real
Decreto el 7 de diciembre y en esos momentos se está
discutiendo en el Senado el proyecto de ley de Presupuestos
para 1994, ¿por qué no aprovecha ese trámite para introducir
las
modalidades de contratación en las pymes y no hurta usted ese
debate a la Cámara, como está haciendo en este momento, cuando
mañana o pasado apruebe usted la utilización de estos
contratos y no pueda ser debatido en esta Cámara porque será
simplemente un reglamento? ¿Usted cree que ésa es la forma de
buscar el consenso y de buscar apoyos parlamentarios para esta
reforma laboral? Creo, señor Griñán, que ha perdido usted una
gran oportunidad para conseguir ese consenso social y
parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Villalobos,
termine ya, por favor.
La señora VILLALOBOS TALERO: Voy concluyendo, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un minuto, señora
Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Un minuto, señor Presidente. En
conclusión, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la
tramitación de este Real Decreto como proyecto de ley, como no
podía ser menos, para presentar todas las enmiendas que
considere oportunas y que considere que mejoran el texto para
conseguir el objetivo final de adaptar nuestro mercado de
trabajo a las necesidades reales de nuestra economía y a las
necesidades de la competitividad interna de la empresa, pero
desde un concepto global, señor Griñán. No lo vamos a hacer ni
con miedos
ideológicos, ni con sentido dogmático, ni pensando que unos
son los buenos y otros son los malos, sino buscando que el
conjunto de la empresa salga ganando, y estoy convencida,
señor Griñán, que si usted quiere lo mismo que queremos
nosotros, aunque tengo ciertas dudas porque usted es
socialista y yo no y, por tanto, es imposible que usted pueda
llevar a cabo esta reforma que necesita nuestro país, lo que
sí le puedo decir es que vamos a permitir que se tramite y se
convalide este Real Decreto para que sea después transformando
en proyecto de ley, porque no queremos poner obstáculos a la
reforma, no queremos poner obstáculos a que se debata en esta
Cámara esta reforma, pero sí vamos a exigir al Gobierno lo que
ya ha reconocido el señor Griñán, que se va a tramitar como
proyecto de ley que se unirá a lo que será la segunda parte de
la reforma y que conseguiremos al final un nuevo Estatuto de
los Trabajadores. Esa será la última oportunidad, señor
Griñán, para conseguir el consenso.
A mí me gustaría pedir sosiego y racionalidad al Grupo
Parlamentario Socialista para afrontar las necesidades reales
de nuestra empresa y de nuestra economía. No se trata de
pelear en contra de los sindicatos ni en contra de la
patronal; se trata de conseguir que este país salga de la
crisis, que este país consiga crear empleo y que consigamos
tener un modelo de
relaciones laborales basado en la cooperación y no en la
confrontación que haga posible que definitivamente seamos lo
que tenemos que ser: un país equiparable a los más
desarrollados de la Comunidad. Muchísimas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Roca.
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados. Como se ha dicho...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Roca, por favor. Señorías, guarden silencio y ocupen sus
escaños. (Pausa.) Cuando quiera.
El señor ROCA I JUNYENT: Como se ha dicho, podíamos señalar
que esta reforma del mercado laboral llega tarde. Hubiera sido
mucho mejor poderla acometer en la época de crecimiento
económico, en la época en que teníamos tasas positivas y en la
que, por tanto, los costes de una implantación de un nuevo
sistema de relaciones laborales hubieran podido ser menores.
No obstante, es ahora el momento en que se produce esta
reforma que tendremos que hacer compatible con un momento de
recesión económica, es decir, más difícil de aplicar, pero, a
la vez, más urgente y más necesario. Por ello, nuestro Grupo
adelanta que va a votar favorablemente a la convalidación de
este Real Decreto-ley porque estimamos que la urgencia es
incuestionable, que su carácter imprescindible no tiene ningún
tipo de duda y que el hecho de que llegue tarde, lo máximo que
puede hacer, es reforzar la voluntad de recuperar el tiempo
perdido.
Nos queda poco tiempo para poder compartir con los demás
países europeos un momento de recuperación económica que
indefectiblemente va a producirse. Y en este tiempo de
recuperación económica España tiene que estar en las
condiciones óptimas para poder favorecer su propia
competitividad. Para ello es imprescindible, como hemos venido
solicitando desde hace mucho tiempo, esta reforma del mercado
laboral. Por consiguiente, no podemos dejar de convalidar,
sino que además hemos de expresar nuestra satisfacción de que
la reforma se produzca. Se viene a dar satisfacción a algo que
veníamos reclamando y por ello la tardanza no puede excusar
nuestra satisfacción. Entre otras razones, porque el problema
se centra, señorías, en la necesidad de que traslademos al
conjunto del país que en el tema del paro no pueden adoptarse
posiciones ambiguas. El tema del paro requiere una gran acción
de solidaridad de toda la sociedad. El tema del paro no
es saber cómo se va a hacer más fácil esta contratación o más
difícil este despido o cómo se van a introducir conceptos de
movilidad funcional o geográfica, sino que el tema fundamental
es cómo vamos, por un lado, a mover la bolsa del paro, a no
crear fijeza en el paro; estamos tan obsesionados con la
fijeza en el empleo que lo que hemos conseguido hasta la fecha
es fijar a la gente en el paro y ésta es la peor de las
fijaciones en un mercado laboral. Hay que mover la bolsa del
paro en España y hay que dar respuesta a la gente que no tiene
puestos de trabajo y a las familias que viven inmersas en el
drama que ello
representa.
Se hacía mención, hace pocos momentos, a que hemos de
acercarnos a este tema desde la perspectiva de la sensibilidad
empresarial. Voy a decir que no. Nos hemos de acercar a este
tema con la perspectiva de la sensibilidad social y acometer
la reforma es hoy la única política de progreso posible en
España. Estamos haciendo con la reforma la política de
progreso que el país demanda, a veces poco comprendida porque
hay muchos que intentan que no se comprenda, pero es la
política de progreso que el país demanda. Si no hay reforma
del mercado laboral no vamos a crear puestos de trabajo.
Incluso con la reforma --seamos sinceros--pueden existir
dificultades; sin la reforma vamos a crear más paro; con la
reforma existe la posibilidad esperanzada de crear más puestos
de trabajo. Esto es lo que ahora hemos de acometer. Señorías,
el trabajo ha pasado a ser en Europa, en cierto modo en todo
Occidente, pero, en todo caso, en Europa y en España de una
manera muy clara, un recurso escaso y, por tanto, habremos de
esforzar la imaginación para introducir mecanismos que
permitan una redistribución eficaz de este recurso. Pero no
por el concepto de la redistribución generalizada que se
acompaña acto seguido por una pérdida de la capacidad
adquisitiva de los propios trabajadores, sino por mecanismos
nuevos que permitan introducir en el mundo del trabajo a gente
que hoy no lo puede hacer. Esto es lo que hace el Real
Decreto-ley, y por esto lo apoyamos. Se introducen nuevas
modalidades de contratación, y se hacen, por ejemplo, en el
campo de los contratos formativos. En estos contratos
formativos se pretende olvidar un porcentaje de los muchos que
se han dicho: sólo el 21 por ciento de los jóvenes no
titulados encuentran hoy un puesto de trabajo; sólo el 21 por
ciento. Y, ¿vamos a discutir el contrato de aprendizaje?
¿Vamos a ponerle límites a un contrato absolutamente
imprescindible para que muchos jóvenes puedan encontrar un
puesto de trabajo que no lo encontrarán si no hay el contrato
de aprendizaje? ¿Qué fórmula alternativa se propone? ¿Alguien
ha propuesto alguna fórmula en esta Cámara o fuera de ella que
permita sustituir la eficacia del contrato de aprendizaje?
Nadie. Frente a ello, lo único que se ha dicho --ya diremos
algunas de las expresiones que se han utilizado-- son
barbaridades, pero no se ofrece ninguna solución alternativa,
y entretanto muchos jóvenes, muchos jóvenes sin titulación, no
pueden acceder al mundo del trabajo. ¿Qué vías se proponen?
Ninguna. Esta es una vía eficaz. Lo deseamos. En todo caso,
hay una diferencia entre nuestra posición y la de otros;
nosotros deseamos que esto funcione, otros seguramente deben
desear que no funcione para decir que ellos tenían razón. En
todo caso, si se crean puestos de trabajo por esta vía, que
nadie se apunte dentro de un tiempo la fórmula; habrá que
reconocer que la fórmula fue la de los que la estuvimos
defendiendo. Puede ser que nos equivoquemos, que no sea
suficientemente eficaz, lo lamentaríamos; pero nadie está
proponiendo fórmulas alternativas. En el contrato de formación
en prácticas, ¿cómo vamos a discutir hoy una realidad de
nuestra sociedad, en la que un ínfimo porcentaje, no más allá
del 10 por ciento de los jóvenes que tienen un título se
colocan en sus puestos de trabajo en función de este propio
título, porque no han podido tener el acceso por la vía de un
período de prácticas, que es obstativo en la legislación
actual, y por ello se quedan en otro tipo de trabajos que nada
tienen que ver con su propia formación? Esto es lo que ahora
se pretende evitar. Por tanto, contrariamente a lo que haya
podido flotar en el ambiente hasta ahora, yo les tengo que
decir que para nosotros, y me gustaría que lo fuera para toda
la sociedad, hoy es un muy buen día. Muchos padres tienen que
saber que a partir de hoy sus hijos podrán encontrar un puesto
de trabajo. Muchos jóvenes tienen que saber que a partir de
hoy se les abre un mercado de trabajo que hasta ahora tenían
cerrado. Hoy es un buen día, y es un buen día para muchas
mujeres que por la vía del contrato de tiempo parcial podrán
incorporarse a un puesto de trabajo. Muchas mujeres que se
veían obligadas a compatibilizar ciertos trabajos domésticos
propios del
mantenimiento de la familia, y que no podían acceder a un
puesto de trabajo porque quería decir una dedicación íntegra
al mismo, hoy saben que, por la vía del contrato de tiempo
parcial, se abre una vía positiva. También es un buen día para
ese colectivo importante de nuestra sociedad. Por tanto, esta
es una reforma urgente, necesaria y positiva.
¿Será suficiente? Se ha dicho que esta reforma no será
suficiente. Evidentemente, podría no serlo si no fuera
acompañada de unas medidas fiscales que, en parte, se han
introducido; si no fuera acompañada de una reducción de los
tipos de interés, que en parte se está consiguiendo pero que
necesitamos profundizar en ello; si no fuéramos capaces de que
se produjera una gran contención del déficit, que lógicamente
este año sólo va a apuntarse tímidamente, pero algo se avanza;
pero, sobre todo, esta reforma no será suficiente si no
trasladamos a la sociedad la confianza en la propia reforma,
si no trasladamos a la sociedad un espíritu animado
y de confianza en su propio futuro, porque lo que hoy está
dañando la valoración de muchas reformas que puedan
introducirse es el clima general psicológico que pesa como una
losa encima de la capacidad de superación de la crisis. Si a
este país no le decimos que podemos ir adelante y que tenemos
ahora unos
instrumentos que pueden ser insuficientes, que pueden ser
parciales, pero que en su globalidad definen una política que
permite iniciar con garantías la recuperación, no lo
conseguiremos. Sobre todo, ¿cómo podemos perjudicar esta
reforma? ¿Cómo la podemos hacer realmente insuficiente? La
podemos hacer insuficiente diciendo algunas de las cosas que
se han dicho. Hay mucha voluntad de hacer que la reforma
fracase. Hoy estoy satisfecho porque aquí nadie se ha atrevido
a decir --no sé por qué--que los contratos de aprendizaje son
unos contratos basura. Lo que es una basura es decir esto,
porque es desanimar al país, es desanimar a los jóvenes, es
decirles que van a insertarse en el mundo del trabajo por una
vía degradada, y esto no es verdad. Van a insertarse en el
mundo del trabajo como se insertan en Europa, van a insertarse
para realizarse, van a insertarse de una manera que hoy no
pueden hacerlo. Decir que estos son contratos basura, es
realmente jugar con los sentimientos de la gente y herir la
sensibilidad y la dignidad de las personas. Decir, por
ejemplo, estas otras cosas que a veces se dicen y que hemos
oído, como que esta reforma laboral nos va a igualar con
Marruecos. ¡Será por esto que los marroquíes quieren ir a
cualquier otra parte de Europa, entre ellas España, para ver
si pueden ganarse la vida! No se puede decir esto. No podemos
estar calificando una reforma con la frivolidad con que se
está haciendo. ¿Se puede decir que se van a reducir los
estímulos a la creación de puestos de trabajo? ¿Quién va a
crear puestos de trabajo en España? ¿Quién los va a crear? Las
pequeñas empresas. ¿Quiénes deben ser los destinatarios de las
ayudas? Las pequeñas empresas. ¿Para qué colectivos? Los que
no tienen trabajo, los que están parados. Esto es lo que se
debe hacer. Dicen: ¿y nadie más? Muchos de ustedes, señorías,
saben que, desgraciadamente, en el mundo de las grandes
empresas será difícil crear más puestos de trabajo. No nos
engañemos --ustedes lo saben, todos lo sabemos--, quienes van
a crear puestos de trabajo en el futuro en Europa y en España
van a ser las pequeñas empresas. ¿A quién hemos de ayudar? A
las pequeñas empresas. En este país que destinamos dos
billones de pesetas para la cobertura del paro es bueno que
podamos desviar parte de este dinero para poder incrementar el
empleo, y pueda decirse que cuando alguien que está en
situación de paro usted lo contrata y lo introduce en el
mercado de trabajo, esta subvención que dábamos por la vía del
subsidio pueda ser una subvención para un empleo. Esto es
positivo y nadie puede decir lo contrario. Estamos ayudando a
mover la bolsa del paro. Se han dicho muchas cosas y creo que
esto es lo que puede hacer daño a la eficacia de la reforma.
Voy a terminar acercándome, en todo caso muy rápidamente al
final de mi intervención para que el Presidente no me llame la
atención, diciendo una cosa. Esta Cámara, como representación
única y soberana de la voluntad popular, tiene derecho a hacer
una apelación a la responsabilidad de todos, a nuestra propia
responsabilidad. Hace pocos días se celebraba en Bruselas una
cumbre comunitaria y allí gobiernos de signo democristiano
conservador, socialdemócrata, socialista, todos eran capaces
de ponerse de acuerdo alrededor de un programa para la
reactivación de la economía y la lucha contra el paro. ¿No lo
podemos hacer en España? ¿Sólo nos podemos poner de acuerdo en
Europa? ¿No es posible ponerse de acuerdo aquí? Supongo que
nadie nos intentará decir que existen modelos alternativos. No
hay modelo alternativo a éste. No existe en Europa ni en
Occidente y, si me permiten, ni en el mundo
civilizado. No lo hay. Si alguien quiere decir que lo hay, que
nos ponga un ejemplo. No lo hay. La única vía de progreso es
esta. La humanidad quiere progresar, España quiere progresar,
y podemos progresar. ¿Por qué nos resistimos a aceptar lo que
los demás nos reconocen internacionalmente? España es un país
que tiene dificultades económicas muy serias, tiene déficit
económicos muy importantes, pero es un país con gran calidad
de vida. Alguien decía: no hemos incrementado suficientemente
nuestros gastos sociales. Seamos sinceros y digamos al país
una verdad como un templo: la dificultad de España no es
incrementar los gastos sociales, sino saber, además, cómo los
vamos a poder financiar en los próximos años. No queremos
renunciar a seguir progresando, no queremos renunciar a seguir
incrementando nuestro gasto social, pero lo queremos hacer de
tal manera que las futuras generaciones hereden no hipotecas,
sino bienestar. Esta es también nuestra solidaridad y nuestra
forma de interpretar la solidaridad. Hoy, señores Diputados --
y termino--, es un buen día. Hemos iniciado una reforma que
nos acerca a Europa, que nos acerca a la política del
progreso, que abre las vías para que jóvenes, mujeres,
determinados colectivos, puedan incorporarse al mundo del
trabajo, pero falta que todos nosotros seamos capaces de
hacerlo bien: nosotros en esta Cámara, los empresarios
asumiendo también sus responsabilidades. Ya tienen el marco
necesario para iniciar la creación de empleo. Que no se crean
que dentro de un tiempo podrá mejorarse más, porque no es
verdad; ni con la tramitación de este Decreto-ley como
proyecto de ley podrán introducirse mejoras sensibles ni
modificaciones
sustanciales, porque se está haciendo lo que se puede hacer y,
por tanto, que no esperen a partir de primeros de enero; que
empiecen a contratar, lo pueden hacer.
Al mundo de los sindicatos simplemente una reflexión. Esta es
la reforma que se puede hacer, es la reforma que podemos hacer
en una óptica y en una perspectiva europea, no podemos hacer
más. El otro día, un líder sindical decía: esta huelga que
está convocada va a ser más difícil que la del 14 de
diciembre, porque en aquella época las cosas iban bien. Si
iban bien, ¿se tenía que hacer la huelga? La huelga del 14 de
diciembre fue un ejercicio democrático, se podía hacer; la que
esté convocada es un
ejercicio democrático, para eso luchamos muchos, para que esto
se pudiera hacer, pero ¿va a servir a España? ¿El día
siguiente será mejor? (El señor Romero Ruiz: ¡Claro!) Pues
nosotros creemos sinceramente que no. Hoy sí; hoy, con la
reforma, estamos iniciando un proceso que será bueno para el
futuro de nuestro país. (El señor Romero Ruiz: Para la derecha
catalana.) Señor Romero, yo no represento a la derecha
catalana. (El señor Romero Ruiz: Sí.) No, si me permite usted,
yo no la represento (Un señor Diputado: Es una sorpresa.),
entre otras razones porque es un concepto mucho más amplio de
lo que usted puede llegar a
comprender jamás. (Risas.--Aplausos.) Por otra parte, lo único
que le tengo que decir es que en este momento lo que hago en
esta Cámara es representar a una parte de todos los ciudadanos
españoles, y no me lo niegue usted, porque si me lo niega,
quiere decir que no sabe nada de nada.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.--El señor Romero Ruiz
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro de Trabajo, se acomete uno de los debates, sin
ninguna duda, más relevantes de esta legislatura. Las tres
reformas que usted ha explicado, una articulada en forma de
Real decreto-ley y otras dos en forma de proyectos de ley, que
serán debatidos previsiblemente durante el mes de enero, a
pesar de su discreción formal, a pesar de su discreción
terminológica, incorporan reformas de profundo contenido. Mi
grupo tiene la convicción, señor Ministro, de que cuando se
aprueben estas reformas, las dos relativas o atinentes al
Estatuto de los Trabajadores y cuando se convalide este Real
decreto-ley (y le anuncio nuestro voto favorable a la
convalidación del Real decreto-ley sin ninguna reserva mental,
sin ningún tipo de condición) se va a entender, en el Estado
español, de la misma manera que está sucediendo en otros
países de nuestro contexto socioeconómico, de una manera
diferente, de manera sustancialmente diferente la forma de
articular las relaciones de producción económica. Vamos a
comprender y entender de forma diferente también las propias
esencias del derecho del trabajo, porque estamos relativizando
alguno de los elementos esenciales, casi axiológicos del
derecho del trabajo, su carácter tuitivo, entre otros, la
irregresividad a algunas de sus normas, etcétera. Esto hay que
decirlo
normalmente, hay que decirlo sin rasgarse las vestiduras,
señor Ministro, como algún otro grupo parlamentario ha hecho,
como si esto fuese la quintaesencia del mal o algo parecido,
porque esto se está haciendo en todos los países de nuestro
contexto. ¿Qué está sucediendo en el fondo, señor Ministro?
Está sucediendo algo que ustedes son renuentes a decir, pero
que nosotros decimos sin ningún tipo de condicionamientos sin
ningún tipo de perturbación mental: estamos asistiendo al
final de un ciclo histórico; estamos asistiendo al final del
Estado del bienestar. Esto aquí nadie lo dice. Algunos
doctrinarios se aferran a una especie de respeto residual, al
concepto; algunos doctrinarios de su propio Partido, alguno de
sus opinadores o ideólogos de su propio Partido cuando
elaboran documentos y realizan jornadas de reflexión, se
aferran a un concepto cuya revisión se está produciendo
inequívocamente en todos los países occidentales, en todos los
países más avanzados, en los países más progresistas, y dicen
que no es que el Estado del bienestar esté acabando (a pesar
de que estamos relativizando sus postulados definidores), que
lo que hay que hacer es reformular. Eso es lo que algunos
dicen, acogiéndose a una especie de doctrinarismo
democraticista o de respeto residual a la institución. Lo que
hay que hacer es reformular el Estado del bienestar. Señor
Ministro, usted sabe perfectamente como yo que en el fondo,
cuando un concepto como el del Estado del bienestar, como la
«welfare state», que tiene unos perfiles conceptuales tan
claros debe ser objeto de
reformulación, lo que estamos diciendo, esta es una reflexión
eufemística, es que hay que crear conceptos nuevos. Hay que
crear, en el fondo, modelos nuevos de articular las relaciones
de producción; y modelos nuevos para articular el desarrollo
económico en un contexto de crisis económica cuya etiología es
muy compleja.
Esta crisis económica es de carácter estructural, todos los
expertos en economía lo dicen. No es sólo un ciclo bajo de la
economía, de las fases de crecimiento económico, no es una
crisis cíclica, es una crisis de naturaleza estructural muchos
de cuyos fundamentos son enigmáticos, y los expertos en
economía no terminan de disipar, pero también, hay que decirlo
con toda claridad, cuyos fundamentos son, muchas veces,
terriblemente prosaicos, de apego, de aferramiento a ciertos
derechos adquiridos que están perturbando
gravemente la competitividad y hay que remover.
Estos proyectos de reforma que se presentan por el Gobierno
contribuyen parcialmente a remover algunas de estas rigideces,
algunos de estos obstáculos de derechos adquiridos, de
conceptos, de postulados definidores del Estado del bienestar,
que están perturbando gravemente la competitividad, que están
haciendo desertar masivamente a los empresarios y que, sobre
todo, están provocando el mal que hay que corregir por encima
de todos los demás: unas cifras de desempleo verdaderamente
dramáticas. ¿Por qué digo que está acabando el ciclo del
Estado del bienestar, y por qué se dice en otros países, donde
parece que pronunciar ciertas palabras tiene un carácter menos
tabú, tiene un carácter menos comprometido intelectualmente
ideológica o doctrinalmente? Lo digo porque estamos
relativizando los postulados definidores del Estado del
bienestar; estas reformas también están
relativizando parcialmente estos postulados definidores del
Estado del bienestar.
El objetivo keynesiano del pleno empleo en este momento es una
utopía, todo el mundo lo proclama como tal. El pleno empleo no
puede considerarse desde una perspectiva de reflexión
intelectual. Ya con cierta precocidad, que hay que alabar, la
propia Constitución española se adelantó a esta pulverización
del postulado definidor del Estado del bienestar, del pleno
empleo keynesiano, primero con un artículo 40 bien pacato,
donde sólo exigía a los poderes públicos una orientación de su
política económica destinada al pleno empleo; con una
ubicación del derecho al trabajo en el anodino artículo 35 que
no está ni siquiera en el capítulo segundo, que es el relativo
a los derechos fundamentales. Luego ya ni la Constitución
tipificaba el derecho al trabajo como un derecho fundamental,
como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos. Y, sobre
todo, otro de los postulados, la democracia industrial, la
participación de los trabajadores en la empresa, se ubicó en
la Constitución española en el sistemáticamente anodino
artículo 129 que a nada compromete prácticamente. Se
relativiza el concepto del pleno empleo o el postulado del
pleno empleo; se relativiza también en todos los países, por
las dificultades económicas, por los requerimientos de la
crisis, el otro gran postulado definidor del Estado del
bienestar, que es la protección universal ante todas las
contingencias, ante todas las situaciones de necesidad con
cargo a los regímenes públicos de Seguridad Social. En este
contexto se enmarcan las reformas de la prestación de
desempleo, y otras reformas llamadas eufemísticamente de
racionalización de la protección del sistema público de
Seguridad Social y lo que han hecho es incrementar los
períodos de carencia para gozar del derecho a las pensiones.
Se relativizan también, y por eso estamos hablando del fin de
un ciclo histórico, los postulados no paradigmáticos, los
postulados secundarios definidores del Estado del bienestar,
señor Ministro. En este momento en lo único que parecen estar
de acuerdo los expertos económicos, lo único que parecen
comprender es que las viejas doctrinas económicas no sirven
para definir la etiología de esta crisis, ni las fórmulas de
resolución, las fórmulas de acometimiento de los problemas de
esta crisis. En este momento los expertos económicos hablan
del enigma diabólico, del enigma perverso, que consiste en
afirmar que las fórmulas clásicas de actuación contra las
situaciones bajas del ciclo económico no son relevantes, no
son importantes. En este momento el enigma perverso, el enigma
diabólico es algo así como afirmar que la descapitalización de
las economías, que no pueden recurrir como instrumento de
apoyo financiero al ahorro nacional, se compensa mediante el
recurso al ahorro extranjero, a las inversiones extranjeras, a
los capitales extranjeros, lo cual requiere, a su vez, unos
tipos de interés altos,
competitivos con los países concurrentes en ese mercado
internacional de capitales. Eso también exige un compromiso de
mantenimiento de la paridad de la moneda, porque si no, para
los inversores extranjeros, para los capitales
internacionales, las inversiones no son rentables, y eso
provoca u obstaculiza a su vez. Este es el enigma perverso,
este es el enigma diabólico, el desarrollo económico, el
crecimiento económico, el dinamismo de la economía.
Si a esto se añade una mala configuración de la negociación
colectiva, que provoca altos costes unitarios por trabajador,
nos encontramos con el resultado que nos estamos encontrando,
por ejemplo, en el Estado español, más de tres millones de
desempleados, y más de tres millones de desempleados (el
empleo siempre es el gran derrotado en la cruenta batalla que
se está desarrollando en el campo económico) que, además,
afectan de forma desigual a los distintos segmentos de
población. Para corregir esta segmentación del desempleo, esta
afectación del desempleo desigual a los distintos segmentos de
población, se establecen medidas como las que se incorporan en
el Real decreto-ley que estamos comentando en este momento,
medidas de
estimulación de determinadas fórmulas contractuales que
pretenden reconducir la escasa oferta de empleo existente a
determinados colectivos de trabajadores con especiales
dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Por eso
nosotros estamos de acuerdo con lo que se articula en el Real
decreto-Ley. Estamos de acuerdo con la nueva configuración del
contrato en prácticas; estamos de acuerdo con la integración
en este Real decreto-ley del contrato de aprendizaje; estamos
de acuerdo con la nueva configuración de los contratos a
tiempo parcial y del contrato de relevo; y estamos de acuerdo,
señor Ministro, a pesar de que este Real decreto-ley acomete
una operación de cirugía jurídica dudosa, incluso
constituciolnamente dudosa, hay que decirlo con claridad. En
este momento usted sabe cuál es el sistema de integración de
la relación laboral. Las normas jurídicas se integran a través
de las previsiones del artículo 3.º del Estatuto de los
Trabajadores de la siguiente manera:
Las normas estatales articulan el primer bloque de regulación
y configuración de la relación laboral, y este primer bloque,
que tiene la condición de norma mínima, es objeto de mejora en
el nivel o cuantía de las condiciones de trabajo que articulan
las normas de origen estatal a través de los convenios
colectivos. Luego la relación laboral se integra por normas de
origen estatal, es decir, normas heterónomas, y normas
autónomas o autonómicas que son los convenios colectivos. De
esta
integración, que afecta a todos los trabajadores de todas las
empresas ubicadas en los ámbitos personal, territorial y
sectorial de aplicación de los convenios, a todos los
trabajadores de todas las empresas, este Real decreto-ley
excluye una parte de ellos, excluye del contenido del
Convenio, por lo menos en sus aspectos salariales, a los
trabajadores que se contratan a través del contrato de
prácticas, o a los
trabajadores que se contratan a través del contrato de
aprendizaje. ¿Por qué? Porque los aspectos salariales de esos
trabajadores no son los previstos en el convenio colectivo.
Estamos desestructurando el sistema de integración normativa
del artículo 3.º del Estatuto de los Trabajadores, y alguna
previsión de esta naturaleza probablemente se hubiera tenido
que contener en este Real decreto-ley. No se contiene, sin
embargo. Estamos desestructurando este sistema de fuentes de
la relación laboral, cuya fuente completiva es el convenio
colectivo, la negociación colectiva como usted sabe,
excluyendo del ámbito del clausulado de los convenios
colectivos a determinados trabajadores, a los cuales se les
puede pagar, para el caso del contrato en
prácticas, el 60 por ciento con salario de convenio y para el
caso de los contratos de los aprendices, de los trabajadores
contratados a través del contrato de aprendizaje, el 70 por
ciento del salario mínimo interprofesional. Pues bien, esta
operación de cirugía jurídica dudosa, no voy a decir que
atenta o contradice el artículo 37.1 de la Constitución que
consagra el principio de autonomía colectiva, pero sí afecta
al sistema de estructuración, de integración normativa del
derecho del trabajo que admite, y también es uno de los
postulados axiológicos, que todos los trabajadores están
afectados o protegidos por los convenios colectivos, apartando
a parte de ellos del clausulado salarial de los convenios
colectivos. A pesar de que esta operación es dudosa, señor
Ministro, vamos a votar a favor del decreto. No nos importa
que este Real decreto-ley cree un mercado dualizado con
trabajadores dentro del convenio en todos los aspectos,
incluido el salarial, y con trabajadores fuera de convenio,
aunque sean sólo aspectos salariales. Lo que no queremos,
señor Ministro, y usted lo ha comentado antes, es un mercado
de trabajo dualizado entre trabajadores con empleo y
trabajadores sin empleo. Como estimamos que éste puede ser un
elemento sugestivo, un elemento de atracción para los
empresarios, para contratar a trabajadores que tienen
especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo,
vamos a votar que sí a estas nuevas fórmulas contractuales,
aun con esa degradación de las condiciones contractuales
previstas en materia salarial.
De todas formas, señor Ministro, yo no lo he entendido --la
señora Villalobos lo ha comentado antes-- no sé si ustedes son
partidarios de transformar este Real decreto-ley en un
proyecto de ley. A nosotros nos parece muy pertinente que se
haga así y que este Real decreto-ley se debata como proyecto
de ley. ¿Por qué? Porque usted, que es un laboralista fino y
experto, sabe algo que es difícilmente cuestionable desde una
perspectiva dogmática, y es lo siguiente: Los aspectos básicos
del contrato de trabajo son esas materias que se denominan
derecho del trabajo, materias de derecho necesario absoluto
cuyos aspectos sustanciales no son determinables por los
particulares de forma convencional, individual ni colectiva,
cuyos aspectos esenciales deben ser regulados por los poderes
públicos. También el proceso de colocación, es decir, el
sistema de conexión de la oferta y demanda de trabajo es una
materia de derecho necesario absoluto cuya regulación
corresponde en exclusiva a los poderes públicos. Luego, normas
de esta entidad o naturaleza requieren, por lo menos, ser
articuladas a través de un proyecto de ley con el
correspondiente debate parlamentario. Nosotros propugnaríamos
esto.
Acabo rápidamente, señor Presidente, pero espero también un
cierto talante flexible por su parte porque estamos
discutiendo reformas de una terrible magnitud conceptual y no
fáciles de sintetizar en los aspectos siquiera más relevantes.
En cuanto a las demás reformas, señor Ministro, también
tenemos una posición conceptual o intelectualmente favorable a
los grandes principios filosóficos inspiradores de los dos
proyectos de ley que van a ser objeto de debate el próximo mes
de enero; sin embargo tenemos también algunas reservas
mentales. Nosotros comentábamos, al iniciar esta intervención,
que estamos acabando un ciclo
histórico, el ciclo del Estado del bienestar, porque no sólo
se están relativizando conceptualmente los grandes postulados
definidores del Estado del bienestar, la política tendente al
pleno empleo o el pleno empleo y la protección universal de
todo tipo de contingencias ante todo tipo de situaciones de
necesidad sino porque se está relativizando, esta reformas
están
relativizando incluso los paradigmas secundarios, los
paradigmas no fundamentales definitorios del Estado del
bienestar. ¿A cuáles me refiero? En primer lugar, por ejemplo,
al de la democracia industrial, al de la participación de los
trabajadores en el seno de las empresas. Ustedes sabe que una
de las grandes
transacciones sociales del Estado del bienestar, la denominada
genéricamente democracia industrial, consistía en que los
poderes públicos negociaran con los sindicatos una especie de
contrato social que consistía en que los sindicatos
renunciaban a la revolución, transitan hacia una sociedad
estratificada, no de clases y, a cambio de ello, el principio
de libertad de empresa en el seno de la economía de mercado se
iba a relativizar con la función social de la propiedad. Se
iban a limitar, en definitiva, tanto las facultades derivadas
de la propiedad de los medios de producción con cargo a los
empresarios, a través de un derecho del trabajo tuitivo, de un
derecho del trabajo protector de los trabajadores y de una
negociación colectiva que iba a ir suponiendo adquisiciones
progresivas de los trabajadores, convenio tras convenio
colectivo, relativizar la propiedad de los medios de
producción, la propiedad de empresa en el seno de una economía
de mercado, atendiendo a otro precepto, también
constitucional, el artículo 33: la función social de la
propiedad. Esto ha supuesto en el derecho del trabajo una
limitación, un encorsetamiento de las facultades de dirección
del empresario, de la facultades de variación del poder de
dirección del empresario, que con el advenimiento de las
crisis económicas se ha considerado lesivo para la capacidad
productiva del país, lesivo para el tejido industrial. Lo que
se propone en estas reformas es el genuino rescate del poder
de dirección del empresario de la auténtica propiedad de los
medios de producción, muy encorsetada por un derecho del
trabajo tuitivo, por un derecho del trabajo protector, en
definitiva la actuación del empresario no como facultad de la
creación de empresa, sino como función con la pretensión de
crear empleo. Para conseguir esto, ¿qué hay que hacer? Hay que
acometer reformas como la que usted está acometiendo; hay que
elaborar un derecho del trabajo mucho más flexible; hay que
acabar con las rigideces estructurales del derecho del
trabajo; hay que acabar con uno de los principios definidores
del derecho del trabajo, que es el de la
irreversibilidad de las consecuciones que a través de las
negociaciones colectivas iban consiguiendo los trabajadores. A
través de la negociación colectiva los trabajadores iban
gestionando las mejoras de la clase trabajadora y aquello que
iban logrando se consideraba por los juristas, se consideró
por los legisladores, se cosideró por todo el mundo
irreversible, objeto de irreversibilidad. La irreversibilidad
no sólo afectaba a la protección de la Seguridad Social --eso
tiene consagración constitucional en el artículo 41--,
afectaba a todas las
adquisiciones a través de los convenios colectivos de los
trabajadores. Algunas de estas adquisiciones en estos momentos
se consideran lesivas, perjudiciales para el tejido
productivo, para la capacidad de mantenimiento de las
empresas, se considera que provocan deserciones empresariales
y que provocan desempleo. Por eso se rescata...El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, le ruego
concluya.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Termino inmediatamente, señor
Presidente.
...Se rescata un ordenamiento del trabajo más flexible --
flexibilidad en la cual estamos de acuerdo--,
flexibilidad en materia de movilidad geográfica, flexibilidad
en materia de movilidad funcional, flexibilidad en materia de
derecho al puesto de trabajo (el principio del Estado del
bienestar consistente en hablar de la estabilidad en el empleo
se sustituye por otro más relativo que es el de continuidad en
el empleo), flexibilidad que acomete esta reforma en los
artículos 22, 23, 24 y 34 hasta 40, flexibilidad en materia de
jornada, flexibilidad en materia de la estructura del salario,
de regulación en materia de las horas extra, etcétera. Esto es
muy pertinente dentro de estos principios axiomáticos que
comentábamos de rescate del poder de control y de dirección de
los empresarios, muy encorsetado en un Estado del bienestar
próspero económicamente, con una situación casi de pleno
empleo. En materia de negociación colectiva, señor Ministro --
voy acabando ya, señor Presidente--, tenemos algunas reservas
mentales de más entidad. Se crea, en la reforma del Título III
del Estatuto de los Trabajadores, un nuevo diseño de la
estructura de la negociación colectiva, en el cual nosotros
vemos como efecto inmediato una pérdida del poder de las
burocracias sindicales y patronales. ¿Por qué le digo una
pérdida del poder de las burocracias, de los aparatos de los
sindicatos y de los patrones? Porque a lo que se tiende en
esta reforma del Título III, en el ámbito de la negociación
colectiva, es a dar al sistema de negociación colectiva una
mayor versatilidad, una mayor atomización a través de los
nuevos cristerios de
legitimación para los convenios colectivos que se prevén; un
mayor ajuste de los convenios colectivos a las necesidades
particulares de las empresas. Esto, de alguna forma, dificulta
la previsión del artículo 83.2 del Estatuto de los
Trabajadores, que habla de convenios de ámbito de Estado, que
habla de acuerdos interprofesionales, que han sido el
instrumento tradicionalmente utilizado por los interlocutores
a través de sus aparatos, a través de sus burocracias. Yo no
me atrevo en este momento a calificar cuál es la virtualidad o
la pretensión de estas medidas y realmente ese es el efecto
inmediato que nosotros percibimos. En cuanto a lo demás,
estamos conceptualmente de acuerdo con el nuevo diseño de la
negociación colectiva. Entendemos que la negociación colectiva
se debe ajustar a las necesidades de las empresas, pero no
debería perder de vista, señor Ministro, que también los
acuerdos interprofesionales han cumplido funciones importantes
en este país, funciones que han, de alguna forma, compensado
la onerosidad y las dificultades que el ejercicio empresarial
tiene en un contexto de crisis
¿Cómo? A través de cláusulas de productividad que se han
pactado en los acuerdos interprofesionales, por ejemplo, a
través de cláusulas de paz laboral que se han pactado también
en los acuerdos interprofesionales, que si bien tenían
carácter
obligatorio para los sindicatos, es decir que sólo eran deuda
de actividad, tenían, sin embargo, siempre contenido normativo
para los empresarios, eran deudas de resultados, con lo cual
siempre se acababa con la justicia contractual, con la
conmutatividad de la negociación colectiva. Al margen de esta
circunstancia, eran importantes también las cláusulas de paz
laboral, se han podido pactar negociando los interlocutores
sociales con las autoridades económicas y monetarias
incrementos salariales no susceptibles, por su dimensión, de
crear tensiones inflacionarias. Parece, señor Ministro --y
desmiéntame si no es sí-- que se renuncia a todo eso, al
instrumento del acuerdo interprofesional, no sé con qué
pretensiones y quizás debería ser objeto de una más ponderda
reflexión. Por último --y con esto le prometo que acabo, señor
Presidente--, la parte más relevante de la reforma es la
relativa a los despidos. Señor Ministro, también se incluye
cierta regresividad en materia de despidos, porque
evidentemente el Estatuto de los Trabajadores en el artículo
4.º crea un derecho del trabajador respecto al empresario,
tras el contrato de trabajo, a tener ocupación efectiva. Este
es el contenido del artículo 4.º Pero también la legislación
laboral ha previsto siempre fórmulas para acabar o para
extinguir contratos que provocaban problemas económicos en las
empresas cuando esos contratos no se podían extinguir de forma
voluntaria o mediante mecanismos disciplinarios. En este
momento lo que se hace es incrementar esas posibilidades
extintivas de contratos por causas económicas o tecnológicas,
introduciendo dos más, es decir, aumentanto la legitimación
para extinguir contratos de trabajo, las llamadas cláusulas
organizativas o productivas. Señor Ministro, estamos de
acuerdo también con esta parte de la reforma, y estamos de
acuerdo con algo muy importante, que es el mantenimiento de la
competencia de la autoridad laboral para la resolución de los
despidos colectivos. De esto no hubiésemos hecho cuestión, la
Directiva de 17 de febrero de 1975 no prevé un procedimiento
administrativo para la resolución de los expedientes de
regulación de empleo, de los despidos colectivos, y nos parece
más flexible y mejor el sistema de la Directiva. Además, usted
lo sabe como yo, el sistema de doble competencia,
administrativa y judicial, es una herencia democratizada del
pasado autoritario, de un Derecho ordenancista y franquista.
Sin embargo, en mi Grupo Parlamentario hemos hecho una
reflexión práctica, señor Ministro, y le diré, por ver un
ejemplo también paradigmático, que el expediente de regulación
de empleo de la Seat...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría,
termine ya.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo con estas palabras, señor
Presidente.
... el expediente de regulación de empleo de la Seat nosotros
preferimos que se negocie por el Gobierno catalán con la
empresa Volkswagen, o por cualquier gobierno con la empresa, y
que esta delicada función no se atribuya a los jueces del
orden social.
Señor Ministro, señor Presidente, estas reformas nos crean
algún reparo de naturaleza conceptual. Se acometen operaciones
de cirugía jurídica delicadas, como la de transformar derecho
necesario en derecho dispositivo; derecho dispositivo que va a
ser objeto de mutación a través de la negociación colectiva y
con el tiempo, estoy convencido de ello, señor Ministro, a
través de contratos individuales de trabajo. Esta es la gran
virtualidad y este es quizá el gran reparo jurídico de esta
reforma:
transformar derecho necesario en derecho dispositivo. Pero,
señor Ministro, aunque pensamos que las relaciones de
producción tras estas reformas van a ser diferentes, que el
papel de los
interlocutores sociales tras estas reformas van a ser
diferentes, que el papel del orden jurisdiccional tras estas
reformas va a ser diferente, nosotros lo que queremos es que
sea diferente la situación del empleo en este país, y por el
empleo nosotros apostamos también por estas reformas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, realizaré una intervención muy breve para
fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria, que va a
votar «no» a la convalidación de este Decreto. Entendemos que
el Decreto que se trae a la Cámara, como bien ha dicho el
señor Ministro, es parte de un conjunto de normas que va a
significar una reforma de las relaciones laborales en este
país. En primer lugar, nos hubiese gustado, y todavía hay
tiempo, que este Decreto se convirtiera en un proyecto de ley
que se discutiera conjuntamente con la reforma del Estatuto de
los Trabajadores. El señor Ministro ha dicho aquí que las
propuestas que se traen en el Decreto, que luego se
completarán con las otras medidas
laborales, son las que ha defendido el Partido Socialista en
su programa; los famosos contratos de aprendizaje, de
formación, de inserción laboral, de reforma del Inem,
etcétera. Para que nuestra posición quede clara, queremos
decir que estamos de acuerdo en que es necesario reformar
el sistema de relaciones laborales de este país, que era
necesario hacer frente a esa reforma; pero el problema es que,
tal como se presenta, tenemos serias dudas de que se consigan
los objetivos políticos y sociales que se plantean por el
Gobierno. Creemos que el contrato de aprendizaje, el contrato
a tiempo parcial, los contratos de prácticas y la reforma del
Inem son medidas que debían haberse estudiado, y nosotros
estamos
dispuestos, si hay alguna posibilidad, a negociar con el
Gobierno el perfeccionamiento y el desarrollo de esas medidas,
pero tenemos dudas sobre los problemas de la edad, los 25
años, tenemos dudas sobre las remuneraciones salariales en los
contratos de aprendizaje, tenemos dudas sobre el sistema de
despido y sobre los controles al sistema de despido, tenemos,
naturalmente, graves dudas, por no decir una duda muy grande,
sobre el tema de la reforma del Inem que sigue siendo un
instrumento burocrático y la vía que ha elegido el Gobierno no
nos parece la mejor de las soluciones.
El problema que está planteado aquí, en nuestra opinión, es
que cualquier clase de medidas, incluso de medidas que pueden
entenderse aisladamente positivas, tienen un sentido y un
significado en un marco social y político como el que vivimos
y pueden provocar desde el entusiasmo con que el señor Roca ha
defendido estas medidas hasta la resignación con que el Grupo
Socialista y sus portavoces parece que las aceptan.
He oído decir al señor Roca que es el entusiasmo de la
sensibilidad social lo que hace a este día un día especial
para la democracia española y para el progreso de este país.
Nosotros no coincidimos en absoluto con esta afirmación porque
creemos que el encadenamiento de medidas de contratos de
aprendizaje --que son positivas para la inserción de los
jóvenes en las empresas--y, al mismo tiempo, medidas de
despido que facilitan el posible despido de miles de
trabajadores (y todo eso dentro de una política económica que
todavía no es de recuperación en el contexto económico
español) podría conducir al sacrificio de una generación de
españoles y su sustitución por otra generación de españoles.
¿Qué va a ocurrir con los trabajadores de 25 a 45 años, por
decir una generación, que en los últimos meses han perdido su
puesto de trabajo? ¿Qué ocurre con esos 500.000 trabajadores
que están esperando una reactivación económica para
incorporarse a las empresas? ¿No ocurrirá, cuando se produzca
la reactivación económica, que serán sustituidos simplemente
por contratos de aprendizaje y ocuparán su lugar jóvenes que
necesitan un puesto de trabajo? Hay que mantener el equilibrio
entre la incorporación de los jóvenes y la estabilidad en el
empleo. El conjunto de medidas que se aplican, de la forma que
se aplican y el modelo con que se aplican ¿van a lograr la
incorporación de los jóvenes y no la sustitución por el
ejército de parados que se ha creado a lo largo de los últimos
dos años? Tenemos estas serias dudas porque da la impresión de
que con esta reforma laboral lo único que se quiere plantear a
este país es que la crisis de la productividad y de la pérdida
de
competitividad de España se ha debido sólo y exclusivamente a
los costes laborales, y se condena esencialmente a todo ese
grupo de trabajadores que han perdido el empleo en los últimos
años como los culpables principales y responsables de la
crisis económica de España. Es como esos entrenadores, que
ahora están de moda precisamente en Cataluña, que cada vez que
pierden un partido le echan la culpa a sus jugadores y los
mandan al banquillo. ¿No será mejor pactar entre todos, como
se ha planteado aquí, un conjunto de reformas laborales
negociadas y en diálogo con los agentes sociales para
conseguir, de alguna manera, que los efectos de esta crisis no
afecten al delicado equilibrio de relaciones sociales que hay
en este país?
Nos preocupa muchísimo el que el Estado democrático y social
de derecho sea un equilibrio de relaciones, de contrapesos
difícil, delicado. ¿No podría ocurrir que, aplicando estas
medidas laborales, algunas parcialmente aceptables,
estuviéramos
rompiendo una de las columnas vertebrales de ese Estado social
y democrático de derecho, el equilibrio de las relaciones de
fuerza, que son las relaciones sociales en la sociedad? ¿Es
que lo único que nos preocupa, lo más dramático, según ha
dicho el señor Ministro, la contradicción social más grave en
este país, es, por lo visto, la de trabajadores con empleo y
los
trabajadores en desempleo, siendo ésa una contradicción social
importante? ¿Es que las otras contradicicones sociales de las
rentas, de las clases y de los grupos sociales no siguen
siendo tan dramáticas o más que ésa?
Por tanto, señorías, nosotros anunciamos aquí, en septiembre -
-y quedó reflejado en las actas de los debates de esta Cámara-
-, que lo que se llamó el pacto social iba a fracasar, que el
planteamiento que hacía el Gobierno del pacto social (que, en
nuestra opinión, fue poco una negociación y mucho más una
representación para buscar una justificación posterior)
conducía inevitablemente al fracaso. Hoy no podemos alegrarnos
aquí de ese fracaso. Hubiéramos preferido un debate
parlamentario, con la participación de todos los grupos
parlamentarios, buscando los puntos de coincidencia y los
consensos necesarios para la reforma del mercado laboral, del
mercado de trabajo español, que es necesaria, pero manteniendo
los equilibrios y contrapesos a que vengo haciendo referencia
para impedir que las relaciones de fuerza, en las relaciones
sociales provoquen desequilibrios graves y peligrosos para la
sociedad y el progreso económico de este país. Creemos que
hubiese sido mucho más interesante que el señor Solbes y el
señor Griñán hubiesen negociado con los grupos parlamentarios
todas estas reformas, paralelamente a la
negociación del pacto social que hicieron con los sindicatos y
con los empresarios. Hoy vienen aquí a presentarnos un hecho
consumado,
en el que nuestro Grupo, por lo menos --supongo que otros
grupos sí--, no ha podido ni siquiera opinar sobre algunas
correcciones que hubieran de alguna manera mejorado el texto y
logrado que el nivel de contestación social fuera menor,
porque también la contestación social tiene un coste y unos
efectos perniciosos sobre la estabilidad y el progreso del
país. Hubiéramos
preferido, por tanto, entrar en ese proceso negociador, porque
no sabemos muy bien, apenas seis meses después de unas
elecciones, las relaciones entre el Partido que gobierna, que
conquistó la mayoría social, y el bloque social que le votó y
lo mantiene en este momento; si de verdad quiere seguir
representando a la mayoría social que le votó para hacer cosas
distintas a las que hace. No sabemos tampoco muy bien cuál es
la mayoría parlamentaria que sostiene a este Gobierno; no
sabemos muy bien si el impulso democrático se negocia con un
lado de la Cámara, las reformas sociales y económicas con otro
lado de la Cámara y las reformas de carácter civil, como la
ley del aborto u otra, se van a negociar con otro lado de la
Cámara; no sabemos muy bien, entonces, cuál es la mayoría
social que sostiene al Gobierno y, sobre todo, la mayoría
parlamentaria que quiere construir este Gobierno. Nosotros
creemos que, siendo un tema tan importante para el país,
seguro que habría sido posible --y a lo mejor todavía hay
tiempo-- lograr el consenso social en la reforma del mercado
laboral necesaria. Creemos que el método utilizado por el
Gobierno no ha sido el adecuado y que el diálogo y la
negociación hubieran sido mucho más útiles. Por todas estas
razones, planteamos nuestro «no» a la convalidación del
Decreto y pedimos, si es posible, que en la tramitación de las
leyes el Gobierno abra un proceso de diálogo y negociación con
los grupos parlamentarios, con los grupos políticos y, al
mismo tiempo, con los agentes sociales. Todavía hay tiempo
para la negociación. El señor Griñán dijo que el tiempo de la
negociación se había acabado. Para nosotros no ha empezado. No
sabemos qué quiere decir con que «se ha acabado». Por lo
visto, sólo es posible negociar si empresarios y trabajadores
se ponen de acuerdo --según ha dicho-- y nos presentan medidas
que, en ese caso, el Gobierno apoyaría. Eso que propone el
señor Griñán es
absolutamente imposible. El pacto ¿con quién es? ¿Con el
Partido Popular, que va a convalidar el Decreto, o con el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que lo apoya
entusiásticamente en este día memorable, con un poco de
inocencia cuando dice que no es desde la sensibilidad
empresarial, sino desde la sensibilidad social, que es el
progreso de este país el que está pidiendo este Decreto?
Señoría, su atención es escasa (y podría entender muy bien que
el derecho a escuchar es un derecho que tiene cada Diputado),
pero es difícil explicar los razonamientos cuando el derecho a
hablar se limita de esta forma, con ese diálogo permanente que
tienen las señorías en este momento en sus escaños.
Seguramente la culpa es del orador, porque, como se decía en
una vieja frase, cuando los feligreses mueven el trasero y
parlotean, seguro que el predicador no ha logrado tocarles el
corazón.
Por tanto, señorías, la propuesta de Coalición Canaria es
seguir negociando en el proceso y en el proyecto que se abre a
partir de ahora. Creo que hay cosas que se pueden corregir y
que pueden mantener el equilibrio social necesario en el país;
una política de progreso que incorpore a los jóvenes a los
puestos de trabajo, pero que no cree una guerra antre
trabajadores con empleo y trabajadores en desempleo. Es
posible lograr eso que se ha llamado el cambio, el movimiento
en las bolsas de desempleo, pero de forma equilibrada y
responsable, y no estamos seguros de que, con las medidas que
se proponen, eso se vaya a conseguir. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías,
estamos ante un Decreto-ley muy importante, estamos ante una
reforma del mercado laboral, que entendemos que es necesaria y
que tiene que hacerse, y estamos ante lo que entendemos desde
Ezquerra
Republicana que es un Decreto-ley bueno en algunos aspectos,
pero pésimo en aspectos clave. Quisiera que mi intervención
fuera positiva en ese punto en que entendemos que es bueno,
pero muy dura, muy crítica, en los aspectos que consideramos
negativos. Bien el Decreto-ley en el sentido en que agiliza,
por ejemplo, el Inem en el capítulo de colocación. Bien en los
contratos formativos, puesto que limitan la titulación y la
reducen a la enseñanza reglada. Bien en algunos aspectos del
contrato a tiempo parcial, puesto que ayuda a flexibilizarlos,
pero en algunos aspectos de contrato a tiempo parcial, no en
otros. Pero muy mal este Decreto-ley, muy mal, en algunos
artículos que consideramos que no sólo son antisociales, no
sólo son discriminatorios, sino que realmente precarizan el
mercado laboral y ayudan a aumentar el sector de trabajadores
discriminados. Muy mal el artículo 2.º de cesión de
trabajadores, puesto que se abre una puerta para que el
empresariado --déjemelo decir en términos populares-- haga lo
que quiera. Estamos cargándonos la relación laboral directa,
estamos destrozando un mercado en el que había negociaciones,
en el que había sindicación, en el que había negociación
directa con el empresariado y vamos hacia una situación mucho
más precaria. Hace falta además ver cómo se regularán las
empresas de colocación temporal, pero es de temer que sea un
puente hacia la precarización y la pérdida de derechos.
Muy mal el contrato de aprendizaje. Se ha hablado de contrato-
basura. A mí me gusta más llamarlo contrato-Dickens. Es un
contrato de explotación de la juventud, es un contrato
discriminatorio, es un contrato impresentable para la
juventud. Estamos hablando de poder ganar 40.000 pesetas hasta
los 25 años. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Rahola. Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Estamos hablando de que un
trabajador, hasta los 25 años, pueda estar ganando 40.000
pesetas al mes, sin prestaciones sociales, sin derecho al
paro, sin derecho a la Seguridad Social. Estamos hablando,
pues, de un contrato de aprendizaje que no parece que
incentive la entrada de la juventud en el mercado laboral,
sino que lo que va a hacer va a ser ayudar a explotar a la
juventud en ese mercado laboral. Vamos, señorías (o, como
mínimo, con este proyecto de ley así lo parece), hacia la
dualización del mercado laboral. Vamos hacia unas clases
trabajadoras que estarán bien cualificadas, tendrán trabajos
fijos estables, que serán la minoría, y hacia otras clases que
tendrán cualificación baja, condiciones salariales muy
diferentes, sin cobertura social, casi sin derechos. Se ha
hablado aquí de que se había de revisar el Estado del
bienestar. Bien, pero es que el Estado del bienestar no ha
llegado de ninguna manera a las cotas que el Estado del
bienestar tiene en una Francia o en una Alemania. Aquí estamos
desmontando la casa antes de tenerla completa. El señor Roca
decía hace un momento que era un buen día, por ejemplo, para
las mujeres. Señor Roca, ser mujer, ser joven y no estar bien
cualificada va a ser una auténtica discriminación con este
contrato de aprendizaje que se plantea. Va a ser realmente
discriminatorio. No es un buen día, de ninguna manera, para
las mujeres, ni tampoco para la juventud. Voy a ser muy breve
pero no quiero dejar de decirlo. Señorías, entiendo el
entusiasmo del señor Roca hoy ante este Pleno, casi era más
entusiasta que el propio Ministro. Entiendo el entusiasmo del
señor Roca porque su pacto de legislatura...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, su
intervención es para fijar la posición con relación al Real
decreto-ley.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: La fijo, señoría, y voy acabando.
Entiendo su entusiasmo, puesto que al no conseguir aumentarlo
en el Gobierno de Cataluña y al no conseguir conceptos
políticos reales para Cataluña, lo único que ha conseguido es
este proyecto de ley, esta reforma del mercado laboral, que no
defiende los intereses de Cataluña, sino, en todo caso, de una
clase social. Ha dicho también que hacía falta
responsabilidad. Es cierto. Hace falta responsabilidad. La
responsabilidad política es no permitir la precarización del
mercado laboral, la responsabilidad política es no permitir
reducir las prestaciones sociales, la
responsabilidad política es no permitir la dualización del
mercado laboral, posibilitando que amplias capas de la
población sean las más discriminadas, la responsabilidad
política y social es no cargar la crisis en los sectores más
discriminados. Esto es responsabilidad social y esto es
sensibilidad social. Este proyecto de ley, en cambio, en
aspectos fundamentales es
antisocial, es derechista, es discriminatorio.
Acabo aquí. Se ha dicho en esta Cámara que hoy era un buen
día. Es cierto, hoy es el día de los Inocentes, pero este
proyecto de ley no es una inocentada, es una broma pesada.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, pero quiero fijar la posición del Partido
Aragonés en este debate. Voy a comenzar agradeciendo la
comparecencia del señor Ministro que nos ha permitido conocer
los planes que tiene el Gobierno y, de alguna manera,
debatirlos aquí, en el Parlamento, aunque este debate sea,
quizá, el inicio de debates más largos y más profundos sobre
esta cuestión. Nosotros vamos a dar un apoyo crítico a la
convalidación del Real Decreto-ley y vamos a pedir también que
se tramite como proyecto de ley para poder aportar mediante
las enmiendas alguna
sugerencia al mismo. A nuestro juicio, las medidas llegan
tarde y son escasas pero es lo que hay en este momento y más
vale algo que nada.
Es lamentable que no se haya conseguido un mayor apoyo, sobre
todo de los agentes sociales, y por eso deberían ustedes,
señores del Gobierno, hacer mayores esfuerzos en este sentido.
Es bueno también que se reconozca que la situación es grave,
así lo hace el preámbulo de Real Decreto-ley, y las medidas
que
necesariamente habrá que adoptar son mucho más amplias que las
que se contienen en este Real Decreto-ley. Incluso me
atravería a decir que trascienden a las que se pueden hacer en
la reforma del mercado de trabajo. Es un conjunto de medidas
que sobrepasa la competencia del señor Ministro de Trabajo y
que, a nuestro juicio, afecta a la totalidad del Gobierno.
Todos tenemos la obligación de colaborar en las soluciones que
permitan resolver el problema más grave que tiene planteado en
este momento la sociedad española, pero para resolver
esta situación debemos subordinar muchas de nuestras
iniciativas, pensando en los más de tres millones de parados,
algunos con graves problemas derivados de esta precaria
situación.
Dicho esto, señor Ministro, es al Gobierno a quien le
corresponde proponer iniciativas. La responsabilidad es suya,
tanto por lo que han hecho hasta ahora para llegar a esta
situación como por lo que hagan a partir de ahora o lo que
dejen de hacer.
Posiblemente, lo más grave sea las carencias en la política
laboral que han llevado hasta este momento. Nosotros, no
obstante, estamos dispuestos a colaborar, tanto con las
aportaciones como con la crítica. Creemos que los ciudadanos
así lo esperan de todos nosotros y creo, sobre todo, que así
lo merecen. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señor Ministro,
señorías, cuando Izquierda Unida nos propuso la posibilidad de
adosar nuestra firma como Grupo Mixto para la comparecencia
del Gobierno nos pareció que el tema... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Albistur. ¡Silencio!, señorías. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor ALBISTUR MARIN: Decía que cuando Izquierda Unida nos
propuso la posibilidad de acompañar nuestra firma a su
solicitud de comparecencia del Gobierno nos pareció que
merecía la pena apoyar la iniciativa y el Pleno de hoy lo está
confirmando, porque nos encontramos ante la propuesta más
significativa, después de la aprobación del Estatuto de los
Trabajadores, que se trae a esta Cámara. Estas medidas, como
otras medidas
laborales, aparecen en el marco político del Estado y están
apareciendo yo creo que demasiado habitualmente bajo la
estricta y excesiva protección de la ley. En las relaciones
laborales no se ha producido transición política alguna, por
eso llegan, a mi juicio, sin su contenido más importante que
es la credibilidad, credibilidad por los resultados y
credibilidad por su posibilidad de aplicación. Estas medidas
llegan a este Parlamento sin resultado de una negociación, sin
acuerdo con los representantes de los trabajadores, pero con
la engañosa aceptación de la representación empresarial en la
que ha predominado más la libertad de despido que la
flexibilidad en la contratación adecuada al ciclo económico, a
la demanda y a la estrategia de desarrollo.
A mi modo de entender, hay vías cortas con un intento de
resolución de problemas también a corto plazo, como pueden ser
la reducción de costes, o seguir empeñados en un sistema de
contratación que garantiza un empleo privilegiado de cada vez
menor número de trabajadores y bloquea la transparencia del
mercado laboral. Esta reforma laboral se hace también con
precipitación. Se ha debatido excesivamente con los agentes
sociales y económicos y se ha hurtado un debate necesario para
obtener un consenso en esta Cámara, que ahora se nos anuncia
para el próximo mes. No voy a manifestar la pretenciosidad de
decir que se pueden aportar soluciones distintas a las
propuestas. Toda reforma por decreto es la mejor que se pueda
obtener, pero por negociación quizá hubiera sido la más
adecuada. Sin embargo, la reforma plantea propuestas que no
son desconocidas para esta Cámara ni tampoco para la economía
española. Se barnizan de nuevo métodos ya propuestos con otros
nombres en épocas anteriores y en crisis precedentes. Se
redescubren métodos de contratación que se aplicaron en épocas
de desarrollo económico distintas a las actuales en las que
emplear era una necesidad. Hoy día emplear o generar empleo es
prácticamente un castigo y está casi
penalizado.
Ni esta reforma ni la ley van a solucionar este problema si no
es con la creación de un consenso social de necesidad entre
sindicatos, empresarios y grupos políticos de generación de
empleo. Esta reforma puede ser eficaz --y no voy a pretender
decir lo contraio-- sobre todo si el Gobierno, que ha tomado
la iniciativa, comienza de inmediato la aplicación de medidas
de seguimiento y control. Si no hay consenso y hay una
propuesta a través de un Decreto-ley yo concluyo que hay
intervencionismo, a pesar de lo que aquí anteriormente se ha
discutido. Y como tal, en coherencia, se debe continuar para
garantizar el buen fin de los objetivos que persiguen estos
textos legales que se presentan para su convalidación.
Señor Ministro, yo propongo, en primer lugar, que de inmediato
se reconvierta este Real decreto-ley en proyecto de ley. En
segundo lugar, que se reinicie el diálogo social, cortado
precisamente hasta este Real decreto-ley, no para debatir de
nuevo, pero sí para buscar y garantizar la mejor aplicación de
las medidas y su extensión al mayor número de trabajadores,
prestando, sobre todo, una especial atención a los más
jóvenes. En tercer lugar, en el marco de estas mismas
negociaciones, en el marco también del Consejo Económico y
Social y tomando como ejemplo el Consejo de Relaciones
Laborales del País Vasco, realizar un eficaz seguimiento de la
aplicación de esta reforma en la negociación colectiva,
impulsando a las partes a manifestar una voluntad de
contratación... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya, señor
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Sí voy a terminar, señor
Presidente, pero haciendo un esfuerzo para ver si puedo llegar
a entenderme yo mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Albistur. Señorías, guarden silencio.
El señor ALBISTUR MARIN: Solamente voy a pedir el esfuerzo
para leer las últimas tres propuestas, pasaremos enseguida a
la votación. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un minuto, señor
Albistur. Cuando quiera, puede continuar.
El señor ALBISTUR MARIN: En tercer lugar, solicito al Gobierno
el control de la eficacia de la iniciativa privada de las
agencias de contratación, siendo rigurosos en evitar y anular
cualquier manipulación que se produzca en el mercado laboral.
En cuarto lugar, reitero la necesidad de que los Ministerios
de Trabajo y Educación y Ciencia, junto a las comunidades
autónomas con competencias, inicien una reforma decidida sobre
la formación profesional reglada y la formación ocupacional.
Finalmente, el inicio urgente de la reforma del Estatuto de
los Trabajadores. Ha cambiado el contexto económico y social,
ha cambiado incluso el contexto político con la incorporación
a la Unión Europea, se han consolidado las centrales
sindicales y las organizaciones empresariales y se han creado
órganos de encuentro, como, en el caso del País Vasco ya
citado, el Consejo de Relaciones Laborales o el Consejo
Económico y Social, en el Estado. Esta modificación profunda
debe ser prioritariamente el resultado de una larga y rigurosa
negociación entre las partes y este mismo Parlamento. Es una
tarea urgente e inmediata.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. El señor González Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, hoy tenemos ante nosotros la convalidación de un
Real Decreto-ley que, sinceramente, esperábamos desde hace
mucho tiempo en Unión Valenciana y que, lamentablemente, ha
llegado con un retraso muy importante. Tras las largas
negociaciones que ha sostenido el Gobierno con los distintos
interlocutores sociales: sindicatos y empresarios, el Gobierno
lanza un real decreto justificado en la urgente necesidad de
dar respuesta a quienes se encuentran en situación de
desempleo para no dejar abierto un marco de expectativas que
pudiera repercutir desfavorablemente en el empleo, cuando en
realidad esta urgencia se debe a la inexistencia de tal
acuerdo.
Este Real decreto-ley supone un intento frustrado de subsanar
el problema de la inserción de los jóvenes en el aparato
productivo, el problema de abrirse un camino profesional, al
tiempo que es fruto de la plasmación en el «Boletín Oficial
del Estado» de una serie de decretos sobre regularización del
mercado laboral que, por otro lado, señor Ministro, han
conducido a una huelga general para el primer mes de 1994.
Unión Valenciana considera que estas medidas no son
suficientes al tiempo que llegan tarde, haciéndose necesaria
la adopción de un paquete integral de medidas que sienten de
una vez por todas las tan necesarias bases de
competitividd para nuestra economía. Lo que resulta lamentable
es haber llegado a esta conclusión. Pensamos que de haber
gestionado eficientemente los recursos, de haber incrementado
las infraestructuras públicas, de haber negociado mejor la
entrada en Europa, quizá no hubiera hecho falta llegar a
adoptar estas medidas. Unión Valenciana considera que, además
de la creación de las agencias privadas de colocación, se
deberían traspasar las competencias del Inem a aquellas
comunidades que lo solicitaran. Ya lo hemos dicho muchas
veces; algún día nos harán caso. Por otro lado, sería deseable
el incremento del tiempo dedicado a formación teórica del
contrato de aprendizaje y un incremento de sus coberturas
sociales, al tiempo que la retribución, tanto en el contrato
en prácticas como de aprendizaje, no debería ser inferior al
salario mínimo interprofesional.
Los constantes retoques sobre la política económica aplicada
están destrozando las expectativas de los agentes sociales,
creándose un marco de incertidumbre importante. Basta recordar
el plan de competitividad, el decretazo, el plan de ajuste del
señor Solchaga, la reforma del régimen jurídico, la Función
Pública y el desempleo, todo ello sin olvidar la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. Por ello,
consideramos que estas medidas son insuficientes. Las medidas
no deben ser coyunturales y deben incluir nuevos
comportamientos a seguir por parte del sector público, entre
otros: reforma fiscal, módulos, IAE, que penalizan en estos
momentos la creación de empleo; generalización de las
vacaciones fiscales a todas las empresas; deducción para
beneficios invertidos; fomento de la exportación, con traspaso
del ICEX a las comunidades, como por ejemplo la valenciana,
que lo soliciten; racionalización de los recursos públicos
primando inversiones en infraestructuras públicas, incremento
de la innovación tecnológica, ya que España es actualmente uno
de los países que menos recursos destina a esta labor y,
naturalmente, la disminución del gasto público. No pueden
pretender hacer creer que la culpa de la situación actual es
sólo de un año. La culpa es de 12 años de despilfarro
y demagogia, y ésta es una crisis estructural. Si transforman
ustedes el Real decreto-ley en proyecto de ley, contarán con
nuestro voto. Naturalmente, he querido que todo esto figurara
en el «Diario de Sesiones» porque está claro que al Ministro
le importa poco lo que se pueda decir aquí. A la vista está
cuál es su atención, como no sea a esos grupos privilegiados
que cuentan con los votos necesarios para concederle su ley.
Muchas gracias por su atención a los señores Diputados, y
lamento, señor Ministro, que no se haya enterado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Socialista, tienen la palabra el señor
Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, a la hora
de fijar la posición del Grupo Socialista sobre el conjunto de
la reforma laboral, no sólo y exclusivamente sobre el Real
decreto-ley, a mi Grupo le interesa decir, en primer lugar,
que con esta reforma laboral estamos cumpliendo nuestro
programa electoral del pasado 6 de junio; esta es su primera
legitimación. Un programa electoral que decía, entre otras
cosas, que era necesario corregir los desajustes dentro del
mercado de trabajo por estar incidiendo negativamente en la
creación de empleo, y que añadía lo siguiente: «Nos proponemos
realizar una reforma del mercado que pretendemos cuente con el
apoyo suficiente de sindicatos y de empresarios y que tenga
como criterios, entre otros, el de dotar al mercado de trabajo
de una mayor flexibilidad para facilitar la adaptación de las
empresas a los cambios técnicos o a las condiciones del
mercado, facilitándose la movilidad de los trabajadores.»
Hasta 11 criterios, algunos de los cuales han sido apuntados
aquí por el señor Ministro en su primera
intervención, incluía el programa electoral.
No ha sido posible hasta la fecha contar con el apoyo sindical
a esta reforma laboral, pero no ha sido por falta de esfuerzo
por parte del Gobierno, o por falta de ductilidad en la
negociación, en la que se han presentado propuestas que
facilitaran el acuerdo. Incluso un proyecto de ley que, como
ustedes saben, hacía incompatible la indemnización por despido
con la prestación por desempleo, llegó a modificarse en el
Senado en virtud precisamente de esa ductilidad, de esa
flexibilidad llevada a cabo en la negociación, y todo ello a
petición de los sindicatos. No voy a entrar a analizar de
quién es la culpa, sería un esfuerzo inútil hacerlo esta
mañana, pero seguramente esta reforma laboral impone una nueva
cultura, que ha sido difícil que trascendiera a algunas
inercias sindicales.
La reforma laboral que hoy planteamos y debatimos es
fundamentalmente una reforma de la negociación colectiva. El
convenio colectivo es para el trabajador, señorías, más
importante que la ley; para la adaptación de empresas y
sectores al ciclo económico, el convenio colectivo es un
instrumento de flexibilidad. Derechos que antes eran
disponibles o no lo eran, lo van a ser a partir de esta
reforma; poderes que no tenían empresarios y trabajadores, van
a tenerlos ahora. ¿A qué vienen, por tanto, algunas
resistencias? ¿A qué vienen algunos
prejuicios? ¿Al hecho de que el Estado se retira en la
fijación de algunas condiciones laborales? ¿Al hecho de que el
Estado rebaja algunos mínimos? La preferencia por el Estado,
en algunos casos, no debe servir para eludir la
responsabilidad de otras instituciones. La Ley de Libertad
Sindical que aprobamos y regulamos establece también los
criterios de responsabilidad y el esfuerzo por parte de los
sindicatos y de los empresarios a la hora de convenir y a la
hora de modificar las condiciones laborales establecidas. Los
agentes sociales deberían aceptar el reto de ejercitar su
propia autonomía, porque las relaciones laborales en España,
según esta reforma y según esta ley, serán las que quieran los
empresarios y los sindicatos. Por lo demás, el objetivo que
persigue esta legislación es socialmente justo, porque va
orientado a proteger el empleo existente y a promover nuevos
empleos mediante la flexibilidad --como he dicho
anteriormente-- del convenio colectivo, mediante instrumentos
como el contrato de aprendizaje, el contrato a tiempo parcial
o el contrato de relevo, y mediante nuevos agentes de
intermediación laboral, como las nuevas agencias de colocación
o las empresas de trabajo temporal. No hay aquí ninguna
contradicción. Contradicción puede haberla cuando se dice que
no se está de acuerdo con la huelga, pero se está a favor de
los huelguistas; contradicción puede haber en algunas
afirmaciones hechas aquí por la representante de la derecha,
pero no en este caso por parte del Grupo Socialista;
contradicción puede haberla con afirmaciones hechas por el
representante de Izquierda Unida diciendo que esto va en
contra de los derechos de los
trabajadores cuando a lo que va, precisamente, es a proteger
el empleo existente y a promover nuevos empleos. El Grupo
Socialista, por ello, está a favor de esta reforma laboral,
del Real Decreto-ley cuya convalidación votaremos
favorablemente, y de los dos anteproyectos de ley que han sido
remitidos al Consejo Económico y Social, ya informados por el
mismo.
Por otra parte, apoyamos la tramitación del Real Decreto-ley
como proyecto de ley, sin perjuicio de que vamos a mantener en
su integridad el esquema de contratación del Real Decreto-ley.
De lo contrario, estaríamos en contradicción con lo que
queremos que este Real Decreto-ley promueva: el empleo y,
especialmente el de los jóvenes. Que tengan, por tanto, claro
los empresarios que en el Real Decreto-ley el Grupo Socialista
sólo aceptaría modificaciones menores. No dejamos
abierto el marco de expectativas, no dejamos abierto el modelo
porque, precisamente, para cerrarlo el Gobierno ha optado por
la vía del decreto-ley. Hay quien ha querido ver hoy mismo y
en algunas publicaciones, en las exigencias de flexibilidad,
una excusa para reducir las garantías de los trabajadores. Sin
embargo, lo que justifica la razón de la flexibilidad está en
el cambio experimentado en los actuales sistemas productivos.
La demanda, por ejemplo, de electrodomésticos no se parece en
nada a la demanda del mismo producto de los años 50 o 60. El
consumidor busca hoy el aparato de calidad, a ser posible
diferenciado del que compra su vecino y con mayores
prestaciones que el aparato que sustituye. Se trata ya de una
demanda de reposición. El consumo es muy cambiante según el
momento, es más dinámico. El modelo fordista de grandes
producciones en serie, hechas por trabajadores poco
cualificados, ha entrado en crisis. Todo el mundo coincide en
que el nuevo sistema productivo requiere series de producción
cortas y versátiles adaptadas a la demanda. Ello se traduce,
por tanto, en el mundo de las
relaciones laborales en la necesidad de trabajadores más
cualificados, polivalentes, que no se van a encerrar en su
puesto, en su maquinaria, en su sección o en su tarea
repetitivamente realizada.
¿Se trata ahora de dejar todo al albur del mercado? ¿Se trata
de eliminar toda intervención del Estado? ¿Se trata, incluso,
de debilitar a los sindicatos, que para algunos son fuentes de
rigidez? ¡No! Ni muchísimo menos. Desde nuestro punto de
vista, la intervención sigue siendo necesaria, pero debe ser
distinta, de modo que no se trata de desregular, sino, como
alguien ha dicho, de reregular. Esa nueva regulación nosotros
la
identificamos en esta reforma con un mayor protagonismo de los
agentes sociales a través, precisamente, de los convenios
colectivos. Por ejemplo, cuando se deja en manos de los
agentes sociales la fijación del precio de las horas
extraordinarias, limitándose la ley a establecer un mínimo de
retribución igual al valor de la hora ordinaria y a disponer
que se compensen en descanso a falta de pacto, no estamos
desregulando, sino que partimos, en primer lugar, de que no es
solidario realizar horas extraordinarias cuando existe un
desempleo elevado. Y, en este país, señorías, el año pasado se
llegaron a realizar 64 millones de horas extraordinarias.
En segundo lugar, pensamos que deben ser trabajadores y
empresarios quienes con responsabilidad y según la situación
de la empresa o del sector, regulen o establezcan un precio
superior a la hora ordinaria. Creemos que ésta es la mejor
forma de atender el interés general y la mejor forma de
repartir el empleo. No se trata de desregular, ni mucho menos,
como hemos llegado a oír hoy, de dotar al empresario de
facilidades para despedir. El nuevo modelo, basado en una
mayor inversión en formación de trabajadores polivalentes,
conduce precisamente a dotarles de mayor estabilidad en el
empleo, entre otras causas porque sólo con estabilidad puede
recuperarse la fuerte inversión que se realiza en formación.
Otra cosa es que en las empresas, junto al colectivo de
trabajadores polivalentes, trabajen otros colectivos, con
contratos a tiempo parcial o procedentes de empresas de
trabajo temporal con contratos temporales para atender,
fundamentalmente, las variaciones en cantidad de la demanda.
En suma, señorías, el nuevo modelo debe conducir a aumentar la
cantidad o el número de trabajadores empleados y también la
calidad del empleo. Debe asegurar para los nuevos tiempos la
cantidad y la calidad del empleo. No es cierto que el modelo
que dejamos atrás garantice o proteja mejor los derechos de
los trabajadores, porque conduce al paro o a la economía
sumergida, y no cabe mayor desprotección que la del paro o la
de la economía sumergida.
Es necesario, como persigue el Comité Económico y Social de la
Unión Europea, conciliar la necesaria eficacia y
competitividad de las empresas con la exigencia de equidad y
protección de los trabajadores. Esto es, además, lo que
persigue el Libro Blanco sobre crecimento, competitividad y
empleo, y lo que se practica en los países de nuestro entorno
a los que queremos aproximarnos. La aproximación a los modelos
belga, francés o alemán, por ejemplo, no parece que pueda ser
calificada razonablemente de regresiva. Por ello, ciertas
prevenciones sobre la empresa y su eficacia pueden equivaler,
como dicen los empresarios alemanes, a serrar la rama del
árbol en que están sentados los
trabajadores.
Garantizar los derechos de los trabajadores --decíamos en el
debate de la totalidad del 1 de marzo de 1984-- no equivale a
mantener rígida e indefinidamente determinados y sacrosantos
principios jurídicos-laborales, que pudieron ser válidos en un
contexto económico y social también rígido, exento de
mutaciones, exento de afanes innovadores y exento también del
agobiante problema del paro. Tampoco se trata de claudicar
ante la
realidad, sino que es necesario, en primer lugar, introducir
la política de empleo en el marco de las relaciones laborales,
como aconseja la OIT y la doctrina laboralista más
progresista. Poner a disposición de las partes nuevos
contratos y nuevos
instrumentos que los agentes sociales puedan utilizar o
regular en el ejercicio de su libre autonomía. Y, en tercer
lugar, promover, como hicimos en 1984, nuevas conductas
sociales, que ésa es una de las funciones del Derecho. Hoy
sabemos que aquella reforma de las modalidades de 1984 dio
lugar a un importante aumento en el empleo, bien es cierto que
acompañado del
crecimiento económico de los años 1985 a 1990, porque no somos
tan ilusos como para pretender sustituir las respuestas
económicas con respuestas jurídicas, ya que la mejor política
de empleo sigue siendo una buena política
económica. No confiamos en las meras declaraciones jurídicas.
Por ejemplo, en España, en el marco de la política laboral
paternalista y exenta de libertad del régimen de Franco, la
ley y la jurisprudencia se decantaron formalmente por los
contratos indefinidos, sin embargo, ello no impidió la salida
de un millón de emigrantes hacia países con fastuosas
declaraciones formales, pero con posibilidades de empleo para
nuestros trabajadores. Si la reforma del Estatuto de 1984
salió bien, ésta, que se basa en los mismos principios, no
tiene por qué salir mal, si bien el nuevo modelo se debe ir
construyendo a medida que se vaya utilizando. Hubiéramos
querido, en la tarea de implantar el modelo, en definitiva, de
construir el futuro, que hubieran participado con sus
alternativas los sindicatos. No ha sido posible y a buen
seguro que se han puesto todos los medios. Pero a falta de
consenso con ellos, el Gobierno no podía dejarse ganar por los
acontecimientos y aplazar por ello la construcción del futuro.
En cualquier caso, desde el Grupo Socialista estamos
legitimados para decir que nadie ostenta el monopolio de la
defensa de los derechos de los trabajadores. Y en segundo
lugar, la importancia del proyecto y el hecho de que no nos
creemos ni dogmáticos ni monopolizadores de la verdad, nos
obliga, dado como estamos dispuestos a llevar a cabo una
reforma útil, a aceptar todas las colaboraciones que se nos
ofrezcan, siempre que se tenga en cuanta algo que nosotros
también tenemos en cuenta desde el principio: que ésta es una
reforma favorable a los derechos de los trabajadores, que no
se trata de meter el dedo en el ojo de los trabajadores. De lo
que se trata es de construir el futuro adoptando las medidas
que el futuro exige, adoptando las medidas no ya del siglo
XIX, ni las últimas del año 1980, sino las medidas que
requiere el próximo siglo XXI.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arnau.
Señorías, finalizado el debate, vamos a pasar a la votación
sobre la convalidación del Real decreto-ley de medidas
urgentes de fomento de la ocupación. (El señor Presidente
ocupa la
presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de
medidas urgentes de fomento de la ocupación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 317; en contra, 22; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley para el
procedimiento de urgencia del Real decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341: a favor, 341.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como
proyecto de ley.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1994 (Número de expediente 121/000013)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN
JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR
DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado, en primer lugar, a
los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994 y de medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de
la Función Pública y de la protección por desempleo. ¿Grupos
que desean fijar su posición en relación con estas enmiendas?
(Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio y
ocupen sus escaños.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con el trámite parlamentario de hoy termina el
proceso que durante los dos últimos meses nos ha ocupado
debatiendo los Presupuestos Generales del Estado para el año
1994; dos meses de infructuosos esfuerzos por convencer a los
partidos que apoyan estos presupuestos de las necesarias
alternativas que para los grupos de la oposición es
imprescindible recoger si deseamos que estos presupuestos sean
el instrumento básico de política económica en las actuales
circunstancias. Al final, no ha sido posible introducir alguna
modificación sustancial, los
presupuestos estaban cerrados de partida a través de los
acuerdos alcanzados entre el Partido Socialista y la coalición
catalana de Convergència i Unió. Salvo algún guiño de buena
voluntad, admitiendo pequeñas enmiendas que, por lo que
respecta a nuestro Grupo Parlamentario, se resumen en
proyectos culturales y deportivos por importe de 500 millones
de pesetas aproximadamente, y algunas enmiendas de contenido
más técnico que económico, los
proyectos de ley del año 1994 --me estoy refiriendo tanto al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado como al
proyecto de ley de medidas financieras que lo acompaña--
quedan prácticamente como entraron en esta Cámara. Ya lo
dijimos en el debate de totalidad, estos son los presupuestos
del Gobierno, no son nuestros presupuestos, y del mismo modo
que justificamos la no presentación de una enmienda a la
totalidad, adelantamos nuestro voto en contra si no se
recogían en el trámite
parlamentario, al menos, los cambios más sustanciales que
íbamos a proponer. Así, pues, nuestro Grupo Parlamentario
presentó, tanto en el Congreso como en el Senado, todo un
conjunto de enmiendas que han pretendido aportar mejoras que
van desde la racionalización del gasto público y la contención
del déficit, pasando por una mayor y más profunda reforma
fiscal, intentando frenar las consecuencias que las medidas
sobre tributación y cotización social van a suponer para
ciertos colectivos de desempleados, según el texto del actual
proyecto de ley, hasta el reflejo en estos Presupuestos de
compromisos del Estado adquiridos en su día sobre inversiones
en las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra. De todo
ello, poco o
prácticamente nada se ha conseguido. En el fondo, lo que está
pasando es que la evolución del déficit presupuestario en este
año de 1993 y su vertiginosa trayectoria ascendente, según los
datos aportados la semana pasada por el Secretario de Estado
de Hacienda en la Comisión de Presupuestos, rebasa los tres
billones de pesetas --me refiero al déficit de caja, no al
financiero--. Esta evolución, decía, tiene atadas las manos al
Gobierno para poder tomar decisiones que incentiven el ahorro,
tanto público como privado, e impulsen decididamente la
inversión productiva, única fórmula para crear empleo.
Mientras tanto, el escenario macroeconómico no presenta un
cambio positivo con respecto al contemplado en estos
presupuestos. El último informe de la OCDE no es nada
optimista con respecto al Estado español, ya que prevé un
crecimiento de la economía española del 0,8 por ciento para
1994 frente al 1,3 por ciento previsto por el Gobierno, lo
que, entre otras cosas, tendrá como consecuencia alcanzar una
tasa de desempleo del 23,8 por ciento para el próximo año,
mientras que el déficit público llegará al 7 por ciento del
producto interior bruto, hoy por encima del 6,4 por ciento
contemplado como objetivo por el Gobierno. En este contexto me
pregunto, señor Ministro, señores del Gobierno, si el
escenario macroeconómico que han fijado como punto de partida
para la elaboración de estos presupuestos está variando
negativamente antes de que entren en vigor, ¿qué podemos
esperar en el año que estrenamos dentro de unos días? ¿Cómo va
a ser posible alcanzar estos objetivos? ¿Qué garantías de
cumplimiento podemos tener sobre estos presupuestos? Estos
presupuestos, señorías, no responden a los retos
principales de una política de Estado que pueda enfrentarse a
la crisis y sentar la confianza y las bases para superarla,
consolidando un modelo de Estado votado por los ciudadanos y
único esquema de convivencia compartido por los distintos
pueblos del Estado; Un presupuesto que, en definitiva, no
incorpora aspectos tales como la modernización de la economía
y creación de un contexto competitivo para seguir dando por
válido el modelo de convergencia con la Comunidad Económica
Europea, ya superado por la realidad de los acontecimientos;
que no contempla medidas para adaptar los presupuestos al
nuevo Libro Blanco del
crecimiento económico del Plan Delors. En este apartado vamos
a esperar el resultado final de la reforma del mercado de
trabajo que ha presentado hoy el Gobierno a esta Cámara;
reforma que ha sido rechazada por los agentes sociales y que,
sin embargo, necesita de un amplio consenso tanto social como
político, por lo que pedimos al Gobierno que abandone
definitivamente posturas inmovilistas, que dialogue, que
negocie, que consensúe posturas, que haga, en definitiva,
todos los esfuerzos necesarios para lograr que esta reforma
sea aceptada mayoritariamente.
Tampoco contemplan estos presupuestos la reforma fiscal
necesaria que estamos demandando permanentemente. Se han
incluido aspectos tributarios, fundamentalmente en el proyecto
de ley financiera, pero han sido escasos y superficiales: Una
incentivación de los planes de ahorro popular en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en detrimento de los
planes de ahorro en los fondos de inversión inmobiliarios; un
sucedáneo de vacaciones fiscales; unas exenciones objetivas en
el Impuesto sobre el Patrimonio con una regulación incompleta;
unas escasas novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido o
sobre bienes inmuebles para centros concertados; o del
Impuesto de Actividades
Económicas. A cada uno de estos impuestos opusimos las líneas
fundamentales de las normas forales vascas, indudablemente
mejores y más adecuadas en estos momentos de una total falta
de inversión productiva y que queremos hacerlas extensivas a
todo el Estado. Esperamos una profunda reforma de la
fiscalidad española urgentemente y, en especial, de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, de la Ley General Tributaria y, en
general, una mejora sustancial de la tributación empresarial.
No observamos que se hayan acometido en estos proyectos de ley
la reorientación necesaria del gasto público hacia la
inversión productiva, adecuando el Plan Director de
Infraestructuras a los compromisos prioritarios en el tiempo
para la integración territorial y económica (me estoy
refiriendo concretamente a la cornisa cantábrica, al arco
Atlántico, a los ejes europeos), modificando el Plan
Energético Nacional o acometiendo dotaciones necesarias para
atender los procesos de
reconversión inacabados y suprimiendo o reduciendo los gastos
superfluos que no corresponden a la política económica
deseada. Echamos en falta un mayor compromiso en la
construcción europea que contemple la asistencia y
colaboración de las comunidades autónomas; una mejora en la
ampliación del Estado del bienestar y de la cohesión social.
Para finalizar, no observamos las necesarias medidas para la
modernización de la Administración pública, a través de la
revisión de todo el Presupuesto, bajo la aplicación del
principio de subsidiariedad, al objeto de suprimir todo
organismo y actuación que afecte a las acciones de
instituciones de nivel inferior o de la propia iniciativa
privada; a través de la reducción del gasto consecutivo y, en
especial, de ciertos ministerios; a través de la supresión de
estructuras periféricas. Y no sigo enumerando medidas,
señorías, para no extenderme demasiado. En definitiva, si
consideramos este presupuesto para 1994 como la llave de la
política del Gobierno para la totalidad de la legislatura, no
me queda más remedio que señalar que el resultado final del
mismo no responde a los retos planteados por la sociedad,
alejándonos de una posible superación de la crisis, lejos, al
parecer, de un pacto social; alejándonos de una posible
convergencia con Europa; alejando a nuestras empresas de la
imprescindible competitividad; alejando a los distintos
pueblos, naciones y regiones de un modelos autonómico que haga
posible su compromiso de convivencia. Por todas estas razones,
nuestro Grupo Parlamentario rechaza estos presupuestos, pero
ofrece su
colaboración para abordar una negociación seria y rigurosa en
favor de un compromiso estable, de futuro, que permita
gobernar con el apoyo mayoritario de esta Cámara. Esta es,
señorías, nuestra postura resumen a estos presupuestos
Generales del Estado para 1994.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para anunciar la posición de nuestro Grupo en
relación con las enmiendas que provienen del Senado a estos
dos proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994 y de medidas fiscales y financieras que lo acompañan.
Nuestro Grupo va a dar nuestro voto favorable a dichas
enmiendas por entender que cada una de ellas individualmente
constituye un paso positivo en la dirección que difiende
nuestro Grupo de la revisión de la política económica.
Globalmente, estos
presupuestos y la ley que los acompaña son, a nuestro juicio,
un primer paso necesario en el cambio que debe introducirse
dentro de la política económica en España. Es un primer paso,
no es un paso definitivo, es un primer paso, repito, en una
dirección que es en la que nosotros entendemos debe continuar
y en la que debe profundizarse a lo largo de los próximos
meses.
En estos presupuestos se da un primer compromiso de contención
del gasto público, un primer compromiso de reducción del
déficit público, moderado pero un compromiso en esta
dirección. Se introduce un aspecto muy importante y novedoso,
que son medidas destinadas al fomento de la actividad
económica productiva, medidas principalmente fiscales y
presupuestarias, repito, dirigidas a permitir, a facilitar, a
mejorar la inversión y a conseguir el incrememto de
competitividad de la economía
productiva. Entendemos que en sí mismas todas estas medidas
son positivas en esa dirección para conseguir este objetivo y
repito y reitero que deben continuar dando paso a otras de
naturaleza equivalente y similar a lo largo de los próximos
ejercicios presupuestarios.
Estos son, señorías, unos presupuestos que se aprueban también
en un contexto de crisis, de recesión económica, pero que se
adoptan en un marco en donde ya se han producido también
paralelamente impulsos, cambios introducidos en elementos
fundamentales que han definido la política económica en estos
últimos años. Señorías, los tipos de interés deben reducirse,
y a la altura del debate en que nos encontramos en estos
momentos podemos constatar que ha habido ya un proceso de
reducción de los tipos de interés en la economía española,
reducción que debe continuar, que debe trasladarse a los
productos financieros en el mercado, pero en el contexto en
que estamos realizando este debate de presupuestos, uno de los
elementos, pilar básico de la revisión de la política
económica, ya ha empezado también a dar sus primeros
resultados. Hay otro aspecto fundamental de la política
económica, que es la normativa laboral, sobre la que ha estado
debatiendo esta Cámara anteriormente, que es también uno de
los elementos del trasfondo de los Presupuestos Generales del
Estado que estamos ahora debatiendo en este último trámite, y
ambas cuestiones, ambos ejes de actuación de politica
económica (reducción de los tipos de interés, hacer más barato
el dinero en nuestra realidad económica, y modificar el marco
de la normativa laboral), pueden constituir unos elementos
básicos necesarios para afrontar una posibilidad de
recuperación en este ejercicio 1994. Junto con estos
presupuestos y aquellas medidas que se incorporan, dirigidas,
como he dicho, a mejorar la actividad económica productiva,
todo ello puede permitir avanzar y mejorar, no retroceder, en
la situación de la economia en España. Por estas razones,
señor Presidente, la posición de nuestro Grupo en relación con
las enmiendas introducidas en el Senado será favorable, porque
repito y reitero
lo que he expresado al principio de la breve reflexión y es
que todas ellas vienen a completar algunas que ya hemos
incorporado en el trámite del Congreso de los Diputados,
medidas fiscales, medidas presupuestarias, que constituyen
todas ellas ese eje de actuación, de revisión de la política
fiscal y presupuestaria en la dirección que he apuntado. Por
esto, señor Presidente, nuestro Grupo, y sin alargar más en
las explicaciones, anuncia que va a dar su voto favorable a
estas enmiendas en este trámite de aprobación final de estas
dos leyes en estos momentos. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, nos
encontramos en este punto del orden del día en lo que
pudiéramos llamar la tramitación de la segunda inocentada del
día,
inocentada por el día y por lo que significan las
modificaciones que ha introducido la segunda lectura que ha
realizado el Senado de una propuesta presupuestaria que ya era
baja y alejada de la realidad, según la opinión de nuestro
Grupo Parlamentario. La realidad nos va a llevar, para no caer
en la contradicción de la historia a la hora de mirarla, a
defender hoy una posición contraria a casi el 90 por ciento de
las enmiendas que se han introducido en el Senado (después
propondré una votación separada puesto que hay algunas
enmiendas que vamos a votar
afirmativamente). Querría dejar claro, sin embargo, que
nuestra oposición hoy a este proyecto de presupuestos no va a
estar reñida con que mañana, después de ser aprobado, seamos
los primeros en exigir su cumplimiento permanentemente. Es
perfectamente posible oponerse y tener una opinión diferente
en la tramitación de una ley y, una vez que ésta es cuerpo que
nos obliga a todos, exigir que se cumpla. Lo digo para las
revisiones que puedan venir y las evoluciones posteriores que
podamos tener en esta Cámara.
La segunda lectura que se ha realizado en el Senado ha
introducido enmiendas o modificaciones no en función de un
análisis o de una valoración territorial que le podría
corresponder a esa Cámara, sino que ha profundizado, ha
incrementado la filosofía que tuvo la tramitación de estos
presupuestos en esta Cámara en la primera fase. Es decir, ha
evolucionado más en una actuación de defensa o de distribución
de recursos, en función de intereses particulares de las
fuerzas que respaldan este proyecto, que en actuaciones
planificadas, programadas, que obedezcan a intereses generales
de todo el territorio. Me gustaría hacer esta valoración
porque se intenta vender la idea de que unos grupos están
defendiendo el interés general de España por encima de
intereses particulares y que otras fuerzas estamos defendiendo
unos intereses, por la idea maniquea, que no obedecen al
interés general. Pues bien, algunas de las enmiendas que se
han introducido en el Senado han
obedecido al pacto entre los grupos que respaldan estos
presupuestos y al Gobierno más que a una actuación planificada
o programada. Por tanto, reclamo también para las posiciones
de Izquierda Unida la defensa del interés general del país, la
defensa de los intereses de la gente más desfavorecida, puesto
que si no estaríamos jugando con un doble rasero a la hora de
valorar nuestras propuestas. Se nos decía también entonces que
algunos propuestas de Izquierda Unida eran propuestas de
campanario, que traímos propuestas que eran para quedar bien
en cada una de nuestras circunscripciones. Miren SS.SS. por
dónde les voy a leer algunas de las enmiendas introducidas en
el Senado para ver si éstas son de campanario y si han tocado
la campana. Por ejemplo, a un módico precio de relación barato
el apoyo de Coalición Canaria se la logrado con una
modificación, en la Sección 13, de 20 millones para un juzgado
en Arrecife; de 20 millones para la Audiencia provincial de
Las Palmas; de 20 millones para acondicionar el litoral de
Fasnia; de 20 millones para el paseo marítimo del Puerto del
Rosario; de 10 millones para el paseo marítimo de la costa de
Morro Jable; 20 millones para la rehabilitación del Teatro
Real de La Laguna. ¿Son o no enmiendas de campanario? Lo que
pasa es que están propuestas por un Grupo que va a dar el
apoyo a lo que significan las propuestas del propio Gobierno.
También ha habido intereses pagados para el otro socio, para
Convergència i Unió. Por ejemplo, se han introducido 300
millones de pesetas para el desvío de la N-340, entre Vendrell
y
Tarragona; 50 millones para financiar el Teatro municipal de
Balaguer, eso sí, municipio gobernado por Convergència i Unió;
29 millones para el Auditorio de Tortosa; 500 millones, para
infraestructuras ferroviarias metropolitanas en Barcelona; y
han declarado ampliables los créditos en el anexo II, el 16G
para ferrocarriles de la Generalitat. ¿No sería también
defender los intereses del Estado el apoyo a los ferrocarriles
en Andalucía, en Murcia o en Castilla-La Mancha? ¿Acaso no es
también defender los intereses generales del Estado proponer
que se haga
ordenación del litoral en otras comunidades autónomas? ¿O sólo
hay intereses generales para lo que queremos? Miren ustedes,
no nos gusta ser agoreros, pero el apoyo de Convergència i
Unió y de Pujol hoy están representando el respaldo de la CEOE
al Gobierno. Esta organización está provocando hoy el mayor
trasvase de votos de la izquierda a la derecha y está siendo
el puente de oro para la entrada al Gobierno de la formación
de la derecha. Por tanto, no nos engañemos en los pactos que
se hacen aquí. Sepamos por dónde estamos caminando; no vayamos
a plantearnos un viejo o falso dilema.
Pero también me gustaría entrar a considerar la valoración que
el Ministro de Economía hizo ayer apuntando una perspectiva
optimista. Izquierda Unida es una fuerza optimista, en las
posibilidades que tiene España, en las posibilidades que
podríamos tener si pusiéramos los recursos para poder hacerlo.
No somos optimistas sobre los presupuestos que el Gobierno
trae aprobados desde el Senado. La verdad sea dicha, hay dos
posiciones ahora de ver el optimismo: el optimismo de Leibniz,
que dice que el universo que tenemos es el mejor de los
posibles, o la posición que tenía Voltaire en El Cándido.
Nosotros nos quedamos con la segunda. Pero, en todo caso,
fíjense en qué enmiendas se han admitido en el trámite del
Senado. Por un lado, se han flexibilizado las exenciones
fiscales, y por tanto el gasto fiscal, en el Impuesto de
Sociedades, facilitando en el año 1994 que puedan incorporarse
a exenciones del 95 por ciento las empresas desde todos los
momentos en que se puedan constituir en el año 1994. Por otro
lado, también se incrementan las exenciones fiscales en la Ley
del Patrimonio, puesto que el 25 por ciento de propiedad de
las acciones que tenga cada uno de los sujetos pasivos que
están en esa sociedad puede reducirse o se ha reducido al 20
por ciento, y al mismo tiempo, en ese trámite parlamentario en
el Senado, se ha introducido una enmienda que viene a producir
que a los trabajadores se les incorpore el 0,5 por ciento en
lo que es su carga, su pago por el desempleo; es decir, se
mantiene lo que pagaba la empresa para el desempleo en el 6,2
por ciento y se eleva del 1,1 al 1,6 la carga por
desempleo a los trabajadores. Se vuelve a plantear el dilema
de que la realidad del desempleo tiene que correr a cargo de
las espaldas de los trabajadores. Parece que el problema del
empleo no es el problema de la empresa; es el problema del
trabajador, y se le hace pagar en recursos a una realidad
determinada. ¿Es esa la filosofía moderna? ¿Es esa la
modernidad que se nos quiere traer en la discusión sobre la
mejora de este texto
presupuestario? Nosotros creemos que no es así, que estos
presupuestos se han quedado durmiendo el sueño de los justos
en su tramitación y olvidándose de los compromisos que el
Gobierno podía adquirir con todo el Estado, con las fuerzas
más dinámicas. Pero hay también enmiendas que se han
introducido en el Senado que vienen a demostrar que estos
presupuestos no estaban bien elaborados; parecía que estaban
hechos deprisa y corriendo, y nos hemos encontrado con mejoras
técnicas y olvidos o errores materiales que significaban, por
ejemplo, haberse olvidado de introducir a los ex presidentes
del Tribunal Constitucional, que en este momento nada más que
hay uno, con nombre y apellidos. Se habían olvidado de la
Fundación Spain-92, un nombrecito en inglés puesto en los
presupuestos para promocionar la imagen de España en el
exterior. Hace falta promocionar la imagen de España en el
exterior. Se ha introducido también una enmienda en los
presupuestos del Ejército del Aire, porque, fíjense por dónde,
se les había olvidado el combustible para los aviones: 3.000
millones para combustible sacados de lo que eran actuaciones
logísticas. Se habían olvidado de los 19.000 millones de
pesetas para que Correos pagara a Renfe. Se habían olvidado de
10 millones de pesetas para sueldos de altos cargos en el
programa 511-D. Se habían olvidado de 135 millones para las
inundaciones del 89. Se habían olvidado de la protección del
medio natural. Se habían olvidado de 8.000 millones para el
ferrocarril en Madrid.
Por tanto, señorías, el presupuesto estaba plagado de errores
materiales, y se ha utilizado el trámite del Senado para
introducir enmiendas que, eso sí, a veces estaban textualmente
calcadas, las de Convergència y el Grupo mayoritario, de
muchas páginas; se han pasado las enmiendas y se han
presentado, eso sí, conjuntamente, como buenos amigos.
¿Quiere decir esto, señorías, que el trámite del Senado no ha
tenido la incorporación de algunas enmiendas que consideramos
positivas? Sí que ha habido cosas positivas, han lavado la
imagen en algunos temas, y por eso voy a referirme a algunas
de las enmiendas que nos parecen positivas. Por ejemplo, vamos
a pedir la votación separada de la enmienda mediante la cual
se
introducen 50 millones para programas de cooperación y
desarrollo, para instituciones sin ánimo de lucro. Se
introducen también 200 millones para el programa 800-X, que es
la Agencia Española de Cooperación; nos parece positivo.
Hablamos de 250 millones, cuando la diferencia hasta el 0,7
por ciento, que vienen a ser unos 420.000 millones, sobre
80.000 que tenemos, es bastante más grande, pero, en fin,
aunque sea un pasico de hormiguilla, bien dado está, lo vamos
a apoyar, nos parece positivo ese pasico de hormiguilla.
También se proponen 100 millones para la promoción de la
mujer, en la Sección 27; lo vamos a apoyar. También se
proponen 900 millones de pesetas en el ICEX y quiero recordar
que en el trámite del Congreso se rechazó una enmienda a
Izquierda Unida que proponía 500 millones más para el ICEX.
Sin embargo, en el Senado se han aceptado 900. Aquí se
rechazó, en el Senado para otra formación se ha podido
aceptar. Vamos a aceptar también el incremento de 10 millones
de pesetas para asociaciones de vecinos. En suma, se han
introducido algunas mejoras en el texto del proyecto de ley de
presupuestos al igual que en la ley de acompañamiento o en la
ley bastón que propone el Gobierno. En todo caso, señorías,
creemos que podía haberse tenido otro nivel de actuación, se
podía haber llegado a otro nivel de encuentro. No vale decir
que solamente se ha hecho lo posible, que no había manera de
tener otra actuación distinta. No es así porque al principio,
en el mes de septiembre, los propios sindicatos aportaron una
tabla de propuestas para la tramitación
presupuestaria, y el Gobierno ha preferido escorarse, aliarse
con sectores que representan a unos intereses determinados en
lugar de hacerlo con las propuestas que hacían las
organizaciones sindicales y que éstas aprobaron en el mes de
septiembre: un mayor crecimiento apoyado en el incremento de
la demanda interior y el mantenimiento de la protección
social; un esfuerzo inversor hasta el 5 por ciento, que no se
ha respetado; una política industrial activa que se oriente
hacia la reindustrialización en lugar de hacia el
desmantelamiento de industrias que existen actualmente; una
mejora de la competitividad equiparando los recursos de I+D a
lo que viene a ser la media comunitaria; un equilibrio de las
rentas del empleo con fondos de inversión, capitalizando los
recursos que los trabajadores ponen encima de la mesa;
fomentar y repartir el empleo; contener el déficit público
pero facilitando una evolución favorable de la
recuperación económica y salvaguardando la cohesión social. En
suma, había otras propuestas sobre la mesa. El Grupo
mayoritario, los grupos que respaldan al Gobierno, prefirieron
entrar por otra senda. Ha habido otros caminos, ha habido
otras posibilidades de encuentro que hubieran facilitado la
relación con la sociedad y otro equilibrio en esta Cámara para
comprometernos todos. En todo caso, esas vías no se han
aceptado, no se han considerado como positivas. Señorías, en
la tramitación de los presupuestos, en las enmiendas
introducidas en el sentido de lavar la cara a estas
propuestas, a uno sólo se le ocurre echar mano y releer lo que
fue una buena novela en este país, la novela picaresca. Hay
muchas, al menos tres de ellas. Yo me voy a referir solamente
a una, al «Guzmán de Alfarache», de Mateo Alemán. Al final de
su primer libro, entrando en el capítulo III, cuando Guzmán se
va a Italia y es burlado, dice: «Para los aduladores no hay
rico necio ni pobre discreto, porque tienen anteojos de larga
vista con que representan las cosas mayores de lo que son.
Verdaderamente se les puede llamar polillas de la riqueza y
carcomas de la verdad». Izquierda Unida no va a ser aduladora,
no va a plantear adulación, al revés, vamos a ser críticos, y
no crean que estamos presentando complicaciones a la
tramitación de los presupuestos, que nos estamos marginando;
no, Izquierda Unida con esta posición no aduladora está
haciendo algo sencillísimo: ponerles el espejo de la realidad
que viven unos sectores de la población. Por tanto, no se
cabreen con la gente que pone el espejo, como la madrastra de
Blancanieves, porque lo que están viendo ustedes es a ustedes
mismos.
Nada más, señor Presidente. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arias-
Salgado.El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente,
señorías, una primera valoración de las enmiendas aprobadas
por el Senado a los Presupuestos Generales del Estado, a los
que me voy a referir en primer término --lo haré con
posterioridad a la llamada ley complementaria--, una primera
valoración, repito, es
eminentemente cuantitativa. A los Presupuestos Generales del
Estado, en el Senado, se han aprobado aproximadamente unas 110
enmiendas y han supuesto un pequeño incremento de gasto
público de 36.000 millones. Más importante es la valoración
desde la perspectiva cualitativa que como toda valoración de
este tipo requiere, naturalmente, un punto de referencia, y
éste es la situación crítica por la que atraviesa la economía
española. Desde esa perspectiva principalmente tendríamos que
juzgar las enmiendas aprobadas por el Senado, y sobre ellas --
con excepción de alguna muy significativa--podría aplicarse el
calificativo, parodiando el título de una famosa novela, de la
insoportable levedad de las enmiendas aprobadas por el Senado
en relación con la situación crítica por la que pasa nuestra
economía. Así lo pone de relieve un análisis del contenido
somero de esas
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
Aproximadamente unas 40 son puras correcciones técnicas,
adaptaciones formales o modificaciones como consecuencia de la
variación de cifras al aprobarse algunas cuantitativas o
meramente contables. A estas enmiendas, en su inmensa mayoría,
les daremos el voto afirmativo.
En segundo lugar, hay enmiendas que representan nuevas
dotaciones o altas y bajas en los capítulos de inversiones,
son unas treinta y cinco y también he de anunciar que daremos
nuestro voto a favor de la mayor parte de las mismas, no de
todas. El resto de las enmiendas aprobadas por el Senado se
pueden clasificar en tres grupos: las que pretenden tener un
cierto alcance fiscal, las que son en relación con los entes
territoriales y las técnicas y de gestión presupuestaria. Las
enmiendas de alcance fiscal son pequeñas. Vamos a votar a
favor de todas aquellas que suponen una cierta mejora en el
tratamiento fiscal, mejora a nuestro juicio claramente
justificada. Se trata de incrementos de deducciones o de
rebaja de los tipos a producciones audiovisuales,
inversiones en activos fijos materiales adquiridos en régimen
de «leasing», cerveza sin alcohol, etcétera. Estas enmiendas
aprobadas por el Senado reflejan intereses legítimos, y de ahí
nuestro voto afirmativo. Pero desde el punto de vista de lo
que es una política fiscal, desde el punto de vista de lo que
correspondería hacer en la grave situación de crisis por la
que atraviesa la economía española, son meros retoques que
apenas tienen consecuencia más que en relación con los
estrictos y legítimos intereses contemplados por las
enmiendas.
Por el contrario, votaremos negativamente --porque a nuestro
juicio son desaconsejables desde la perspectiva a la que me
estoy refiriendo predominantemente-- el incremento del cinco
por ciento de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica. En un momento en que el sector de los
vehículos de tracción mecánica requeriría una menor carga
fiscal, resulta que en los Presupuestos Generales del Estado
se introduce una enmienda que permite directamente el
incremento de las cuotas relativas a este impuesto. También
vamos a votar en contra del incremento del 0,5 por ciento del
tipo de cotización a cargo del trabajador para hacer frente a
la contingencia de desempleo. En esta
circunstancia económica que vivimos nos parece absolutamente
negativo aumentar la fiscalidad sobre el empleo, y esto es una
forma de incrementar la carga fiscal sobre dicho empleo y a
cargo del trabajador. A nuestro juicio, no solamente es una
enmienda inconveniente, sino que en el fondo, es una enmienda
que en la situación económica actual puede calificarse
abiertamente de reaccionaria. En relación con las entidades
territoriales, hay tres enmiendas que suponen apoyo directo a
las mismas. También vamos a votar a favor de ellas. La primera
es positiva para los ayuntamientos, y tiene como objetivo que
las entregas a cuenta de la participación en los ingresos del
Estado se hagan efectivas por pagos mensuales en lugar de
trimestrales. Igualmente vamos a votar a favor de la enmienda
que supone un apoyo directo a las corporaciones locales, a las
que un nuevo apartado en el artículo ochenta y seis, que se
introduce por la vía de enmienda en el Senado, garantiza la
percepción de su participación en los ingresos del Estado, aun
cuando no haya podido practicarse la liquidación definitiva en
la fecha prevista. Son garantías de que se producirán las
transferencias a los ayuntamientos, incluso en el caso de que
el Estado no haya sido capaz de hacer la
liquidación definitiva en la fecha prevista. Finalmente,
también vamos a votar a favor de la enmienda que contempla a
todas las administraciones públicas, incluido el Estado, y que
supone una rebaja del tipo de IVA para los contratos de
bienes, servicios y suministros.
Votaremos negativamente las enmiendas que dicen introducir un
sistema de corresponsabilidad fiscal. La enmienda al artículo
noventa y cinco, números 6 y 7, regula un procedimiento que se
denomina de aplicación para la corresponsabilidad fiscal y que
recoge el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
acuerdo que no supone ningún tipo de corresponsabilidad
fiscal, por eso nosotros vamos a votar en contra, porque no
hay en esa cesión del 15 por ciento, insisto, ninguna
auténtica y verdadera corresponsabilidad fiscal.
De la misma manera votaremos en contra de la enmienda al
artículo ciento tres, que establece los órganos de
participación de las comunidades autónomas en la gestión del
IRPF. Es un órgano llamado a ser inoperante y que, desde
luego, no contempla, en términos reales, la verdadera gestión
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo
que tampoco, en el puro plano de la gestión, hay la más mínima
corresponsabilidad. No hay nada más que analizar las
competencias que se asignan a este órgano para comprender que
ni en el terreno de la decisión ni en el terreno de la gestión
se introduce la corresponsabilidad fiscal. Pero es que,
además, en este último caso se hace una auténtica chapuza
técnica, y es que se cuelga la regulación del órgano de la
Comisión Mixta ni más ni menos que de la Ley de Presupuestos
del año 1990, que es la que introdujo la Agencia Estatal
Tributaria. Colgar la regulación de la gestión de la llamada
corresponsabilidad fiscal en la gestión del IRPF de una Ley de
Presupuestos del año 1990 es, desde el punto de vista técnico,
un procedimiento absolutamente rechazable, porque la Ley de
Presupuestos del año 1990 ha decaído temporalmente y quedan
unos preceptos sueltos vigentes que están incorporados al
ordenamiento jurídico; colgar la regulación, insisto, de la
corresponsabilidad de una Ley de Presupuestos del año 1990 no
paece que sea
precisamente un procedimiento técnicamente riguroso. De ahí
también nuestro voto en contra.
Respecto a lo que podríamos denominar control técnico y
gestión presupuestaria, votaremos negativamente a la facilidad
que se otorga para autorizar una generación de crédito en caso
de que la Agencia Tributaria tenga mayores ingresos por más
recaudación de la prevista. Es una forma excesivamente
flexible y fácil esta autorización que se contempla para
producir una generación de crédito, que es contraria, a
nuestro juicio, a lo que debe ser el rigor de la mayor rigidez
en la disciplina presupuestaria. Y vamos a votar también en
contra, sin entrar en el fondo de la cuestión, de la
incorporación de tres nuevos créditos ampliables. Señor
Ministro, por si fueran pocos los que ya iban en el proyecto
que aprobó el Congreso de los Diputados, se introducen tres
nuevos créditos ampliables, que son, como el señor Ministro
sabe muy bien, mecanismos por los que se descontrola y se
dispara con facilidad el gasto corriente.
En cambio, votaremos positivamente la enmienda que determina
el envío a las Cortes de una mayor información en relación con
los avales y créditos concedidos por el ICO de los que sea
responsable subsidiario el Tesoro Público. En relación con la
llamada ley complementaria, señor Ministro, vamos a dar
también nuestro voto afirmativo a la mayoría de las enmiendas,
con algunas excepciones. Nosotros mantenemos la posición
defendida aquí en relación con el Impuesto sobre el
Patrimonio. Nos vamos a abstener en las medidas que podrían
denominarse de reforma laboral y de las prestaciones de
desempleo, y vamos a votar favorablemente las medidas
de reforma administrativa, salvo en una de ellas en que nos
abstendremos, teniendo en cuenta, no obstante, que la
configuración de la reasignación de efectivos que contemplan
las medidas de reforma administrativa podría resultar
inconstitucional. Pero en conjunto la ley introduce mejoras en
ese planteamiento y, por consiguiente, las vamos a votar
positivamente.
Concluyo, señorías, señor Presidente, con el último capítulo,
que sería la valoración económica de los presupuestos a los
que hoy damos el paso definitivo en las Cortes. ¿Qué es lo que
se deduce de las enmiendas aprobadas por el Senado tanto a los
presupuestos como a la ley complementaria? Que el Gobierno
sustancialmente considera que sus presupuestos son
inmejorables. Eso es lo que se deduce de unas enmiendas
fundamentalmente de detalle y de escasa entidad. Sin embargo,
desde la presentación del proyecto de Presupuestos a las
Cortes se han producido, por lo menos, estos tres hechos. Ha
habido un empeoramiento de algunos de los indicadores
importantes de la situación económica, se ha
realizado un incumplimiento de las previsiones hechas para el
presente ejercicio económico --el señor Ministro ha dado ayer
una rueda de prensa que refleja la revisión de esas
previsiones-- y, por último, se percibe la imposibilidad
creciente de cumplir las previsiones para el año 1994.
En ello coinciden cuatro informes, no se trata sólo de la
crítica o de la posición que pueda aquí manifestar el Grupo
Parlamentario Popular. Se ha producido el Informe de la
Comisión de Bruselas; se ha producido el Libro Blanco de
Delors y los acuerdos del Consejo de Bruselas; se ha producido
el informe trimestral del Instituto Nacional de Estadística, y
se ha producido el Informe de la OCDE. En estos cuatro
documentos importantes --uno de perspectiva más general, los
otros de perspectiva más coyuntural-- se deducen por lo menos
estas dos cosas: la necesidad de un cambio, o al menos de un
cierto cambio, en la política económica del Gobierno, y la
conveniencia y la urgencia de haber
introducido ya algunas modificaciones en los Presupuestos
Generales del Estado.
No voy a entrar en las previsiones incumplidas relacionadas
con el Ejercicio de 1993. Hemos tenido recientemente una
sesión en la Comisión de Presupuestos con el Secretario de
Estado y son muchos los datos que ya ponen de relieve la
dificultad de cumplir previsiones, algunas de ellas hechas en
el mes de septiembre del presente año. Por consiguiente, de
ahí cabría sacar una primera conclusión, y es que la
credibilidad de estos Presupuestos, precisamente basada ya en
un incumplimiento de previsiones hechas para este ejercicio en
el mes de septiembre, es prácticamente nula. Además, el señor
Ministro no ha contribuido a dar mayor credibilidad a estos
Presupuestos al variar ayer el cuadro macroeconómico. En el
debate de totalidad que hubo en esta Cámara, así como en los
sucesivos trámites de debate de
enmiendas, se puso de relieve por parte del Grupo
Parlamentario Popular que el cuadro macroeconómico en que se
apoyaban estos presupuestos era poco creíble. El señor
Ministro ha dado ayer una rueda de prensa en la que mantiene
un dato que no comparte nadie de los que han analizado la
situación de la economía española, que es un crecimiento del
1,3 del producto interior bruto para el ejercicio de 1994. Ha
rectificado las previsiones para el año 1994 manteniendo esa
cifra de crecimiento del producto interior bruto, pero con dos
singularidades: prevé una más lenta
recuperación de la inversión y prevé un menor incremento del
consumo público. Señor Ministro, yo no entiendo cómo con una
recuperación más lenta de la inversión y con un menor
crecimiento del consumo público se puede mantener la misma
cifra de
crecimiento del producto interior bruto prevista con un
escenario macroeconómico distinto.
Por eso decía, señor Ministro, señorías, que todo este
conjunto de circunstancias, la misma modificación de una parte
importante del cuadro macroeconómico dos meses y medio después
de haber presentado estos Presupuestos, el mismo cambio de
esas
previsiones en tan breve período de tiempo, les restan
credibilidad. Querría concluir, señor Presidente, diciendo
que, a mi juicio, estos Presupuestos tienen cinco fallos
graves. Primer fallo, insisto en él, el cuadro macroeconómico
es
difícilmente creíble y difícilmente sostenible. Será
extraordinariamente complicado que la economía española pueda
crecer el 1,3 por ciento el próximo año. La OCDE estima,
llegando muy por lo alto, entre el 0,8 y el uno por ciento de
crecimiento del PIB.
Segundo fallo. El Gobierno no hace en estos Presupuestos un
esfuerzo serio y riguroso de reducción del déficit público.
Plantearse medio punto de reducción cuando se va a llegar casi
al 7,5 en el presente ejercicio es no hacer un esfuerzo
suficiente. Además, esa voluntad de reducir en medio punto el
déficit en realidad no es una voluntad real, porque hay
inexactitudes, hay imprecisiones, por así decirlo, en estos
Presupuestos que reflejan que en última instancia no se
propone ninguna reducción.
El señor PRESIDENTE: Señor Arias, le ruego que concluya.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Concluyo, señor Presidente.
Hay variaciones de pasivos financieros que están
infravaloradas, se introducen activos financieros ficticios,
como los préstamos al Insalud, por ejemplo, y se utiliza una
técnica de asunción de deudas de entes públicos que,
finalmente, es un procedimiento para diferir el afloramiento
del déficit, pero, en definitiva, son déficit. Con estas tres
circunstancias la voluntad de reducir
el 0,5 por ciento el déficit del conjunto del sector público
se hace realmente, por así decirlo y valga el juego de
palabras, irreal. En tercer lugar, el Gobierno renuncia en
estos
Presupuestos, y ya tuve ocasión de insistir en ello, a
fortalecer los mecanismos formales de contención del gasto. Es
un error que pagará.
En cuarto lugar, el Gobierno inicia un proceso errático de
reducción del gasto social, en lugar de haber cogido el toro
por los cuernos con valentía y empezar a configurar un sistema
de protección social financieramente viable.
Y, finalmente, no hay un apoyo decidido, ni en los
Presupuestos ni en la ley complementaria, a la economía
productiva.
Señor Ministro, la ejecución de estos presupuestos será
azarosa, sin duda ninguna, y tendremos sesiones de control que
así lo revelarán. No son unos Presupuestos que puedan generar
confianza y, por tanto, no ayudarán a salir de la crisis. No
se trata de moverse entre el optimismo y el pesimismo, de lo
que se trata es de generar confianza, y la confianza se genera
no desde el optimismo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Arias.
Señor Neira, le llamo al orden.
Cuando quiera puede continuar, señor Arias.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Ministro, la confianza
en la política económica del Gobierno y en los Presupuestos se
genera desde el rigor, y el rigor es algo que no existe en
estos Presupuestos Generales del Estado. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a explicar en este turno la
posición del Grupo Socialista en relación a las enmiendas del
Senado a los dos proyectos de ley que estamos debatiendo, y
también haré una valoración, como han hecho los portavoces de
otros grupos, al conjunto de las medidas que conforman los
Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio de
1994 y de la ley de medidas urgentes de carácter fiscal en
materia de función pública y en protección por desempleo.
Empiezo por decir que el Grupo Socialista va a votar
afirmativamente todas las enmiendas aprobadas por el Senado a
ambas leyes, con la excepción de la introducción de dos
apartados, 6.º y 7.º, al artículo setenta y cinco del proyecto
de ley de presupuestos, para los cuales pediremos votación
separada y votaremos en contra.
Creemos que, frente a la opinión que han expresado algunos
otros portavoces (y coincidiendo con la manifestada por otros
grupos), el Senado ha introducido mejoras de cierta
importancia en ambos proyectos de ley, y no se trata de
mejoras que contradigan las ya incluidas por el Gobierno en
los proyectos que envió a esta Cámara o por el Congreso en el
debate que tuvimos durante los meses de octubre y noviembre,
sino que se trata de mejoras de cierta importancia que avanzan
en el mismo sentido, en la misma orientación que el proyecto o
los proyectos del Gobierno y que las enmiendas aquí votadas en
este Pleno del Congreso de los Diputados. Se perfecciona la
redacción en el proyecto de
presupuestos para 1994 de la corresponsabilidad fiscal, tal y
como fue acordada en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera entre el Gobierno y la mayoría de las comunidades
autónomas allí presentes; se avanza más de lo que lo hacía el
proyecto y las enmiendas del Congreso en apoyos fiscales a lo
que hemos dado en llamar economía productiva; se introducen,
por ejemplo, apoyos fiscales de cierta entidad para el
arrendamiento financiero, o para la industria cinematográfica,
o para determinados sectores económicos; se introducen mejoras
que van a contribuir al saneamiento de las haciendas locales y
a paliar la delicada situación con la que se enfrentan muchas
corporaciones locales para hacer frente a sus obligaciones de
gasto y a sus
compromisos; se mejora el cuadro de exenciones en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para algunas pensiones,
como las de guerra; se ofrecen más recursos para la
cooperación al desarrollo, y un largo etcétera en el que no me
voy a detener porque ya ha sido evocado por diferentes
portavoces en el día de hoy para expresar su apoyo o no a las
enmiendas. Nosotros apoyamos todas, como he dicho, salvo las
dos excepciones a que me he referido al comienzo. Lo más
importante es que, abundando y profundizando en las
orientaciones del proyecto y del texto que salió de este
Congreso, se mantienen los elementos esenciales de los
Presupuestos y, por tanto, de la política presupuestaria para
el año 1994.
El volumen de ingresos y gastos, como ha reconocido el
portavoz del Grupo Popular, es sustancialmente idéntico. Se ha
producido un leve incremento, menor que el que ha calculado
dicho portavoz del Grupo Popular, pero en todo caso se ha
producido ese cierto incremento de ingresos y gastos
simultáneamente, en torno a 15.000 millones de pesetas, en el
trámite del Senado, con lo cual el déficit público previsto se
mantiene en la misma cuantía del proyecto que salió de esta
Cámara. Además, hemos tenido ocasión, en la reunión de la
Comisión de Presupuestos celebrada la semana pasada,
de ver cómo las estimaciones de ejecución de los Presupuestos
para el año 1993, que el Gobierno había hecho acompañar al
proyecto de ley se confirman con los datos últimos
disponibles, que son el cierre del mes de noviembre; por
tanto, a 30 o 31 días del cierre definitivo del ejercicio del
año 1993, las previsiones que el Gobierno hacía en verano para
el cierre del ejercicio se confirman, lo cual supone una base
sólida de partida para reforzar la credibilidad en cuanto al
cumplimiento de las previsiones de estos Presupuestos en
recaudación por impuestos y por ingresos del Estado, en
general, y en cuanto a la evolución de sus partidas de gasto.
Esa confirmación de las previsiones de ejecución del año 1993,
que refuerza la credibilidad en cuanto al cumplimiento en sus
términos de los Presupuestos para el año 1994, viene además
acompañada, en contra de la opinión que acaba de ser expresada
por el orador precedente, de la confirmación de que las
previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno para el
ejercicio del año 1994 se confirman, frente a lo que parecía
deducirse, repito, de la intervención anterior. El Ministro de
Economía ha comunicado ayer un levísimo retoque a la baja en
una parte de la inversión, la relativa a la construcción, que
no llega a ser compensada totalmente con una cierta mejora --
tampoco grande-- de las expectativas en inversión en bienes de
equipo, y una mejor previsión, en cuanto a su contribución al
crecimiento --frente a lo que interpretaba el portavoz del
Grupo Popular--, del consumo público, que disminuye, pero
disminuye, según las últimas previsiones, algo menos de lo que
está previsto que disminuya en el cuadro macroeconómico que
acompaña al proyecto de presupuestos.
Por tanto, si todas sus conclusiones en cuanto a la
credibilidad o no de que la economía española pueda crecer
ligeramente por encima del uno por ciento en el ejercicio de
1994 se basan en esos argumentos, créame, señor Arias-Salgado,
que debiera revisarlas, porque las premisas en las que las
basaba no estaban bien recogidas de la prensa o de los medios
de comunicación, que ayer trasladaron fielmente lo que el
Ministro de Economía dijo en su rueda de prensa. Lo que sí es
cierto es que, siendo creíbles los Presupuestos y siendo
creíbles las previsiones económicas en las que se enmarcan, y
no otra cosa hacen, décima arriba décima abajo, previsiones
macroeconómicas de entidades internacionales o de otros
organismos privados españoles que hacen sus proyecciones y
estimaciones sobre cuál va a ser el comportamiento de las
principales variables de la economía española en el año 1994;
siendo cierto eso, también lo es que para enfrentar la
realidad económica actual, para superar la recesión, para
incentivar la inversión, para mejorar las
posibilidades de nuestra economía en cuanto a la creación de
empleo, hay alternativas que se han ido exponiendo por parte
de su Grupo, por parte del Grupo de Izquierda Unida y por
parte de otros portavoces a la política económica que subyace
y que está dentro del proyecto de Presupuestos y de la ley de
acompañamiento.
El problema de esas alternativas, a nuestro juicio --y por eso
apoyamos el proyecto de Presupuestos del Gobierno--, es que, o
bien generan más déficit porque proponen más gasto del
previsto en el proyecto de Presupuestos, o bien generarían más
déficit porque quieren reducir los ingresos. Por una u otra
vía, por la vía que ustedes proponen o por la vía que se nos
propone desde el otro lado del hemiciclo, la conclusión, en
términos
presupuestarios --no en otros, a los que también me podría
referir, pero no lo haré por falta de tiempo--, sería unos
presupuestos con más déficit, que no ayudarían, sino que
entorpecerían las posibilidades de nuestra economía para que
se cumplan esas estimaciones de giro, de punto de inflexión en
la evolución de la actividad, de inicio de una fase de
recuperación, de reactivación de la inversión y, a través de
la exportación, que ya está mejorando, y de la inversión, que
esperamos que se empiece a recuperar a lo largo del ejercicio,
nuestra economía recupere una senda de crecimiento que le
permita generar empleo. Para conseguir ese punto de inflexión
lo mejor no es aumentar el déficit por una u otra vía, sino
corregirlo, y no drásticamente, sino como puede corregirse un
déficit público en un momento de crecimiento económico cero o
incluso negativo, como en el que estamos ahora, en que se
reduce más el déficit estructural, como hace este proyecto de
Presupuestos, pero se deja una parte de esa reducción al
servicio del aumento lógico en momento de recesión del déficit
coyuntural, que en cuanto la economía recupere su ritmo de
crecimiento, por el juego de los estabilizadores automáticos,
desaparecerá y nos situará en una estructura de equilibrio
presupuestario mayor de la que teníamos al inicio de esta
fase, lo que nos permitirá aguantar mejor, a través de ese
equilibrio presupuestario, unos tipos de interés bajos que
favorezcan la inversión y las posibilidades de aprovechar la
fase de recuperación para reducir parte del endeudamiento a
que nos hemos visto obligados a apelar en esta fase recesiva.
Además, si como hacen estos Presupuestos y la ley de
acompañamiento esa política prudente de reducción sensata del
déficit presupuestario se acompaña de incentivos selectivos a
la inversión productiva, a la economía productiva, de medidas
que traten de paliar las consecuencias de la crisis sobre los
sectores más desfavorecidos, manteniendo gastos hasta el
límite financieramente posible para paliar las consecuencias
de la crisis o para mantener el sistema de protección social y
la financiación de los servicios públicos y de los bienes
públicos de carácter social; si además se contienen aquellos
gastos hasta llegar a una reducción importante de muchas
partidas en todas las de gasto no prioritarias,
no ligadas a los objetivos anteriores, creemos que estos
Presupuestos y las medidas que los acompañan sí van a
contribuir, no como único instrumento, pero sí como un
instrumento eficaz e importante --en una economía donde el
sector público ya tiene un peso sustancial, entre el 45 y el
50 por ciento--, al
cumplimiento de nuestras previsiones y, por tanto, al inicio
de una fase de recuperación. Y no sólo me quiero referir a
esta estrategia, que apoyamos, sino también, y muy brevemente,
al modo en que se ha llegado a este resultado final. Se ha
llegado a través del diálogo, para lo que se ha hecho un
esfuerzo
importante, como ha sido puesto de manifiesto por los
portavoces de otros grupos que nos han acompañado en la
búsqueda de zonas de entendimiento y conincidencia, en la
superación de aparentes discrepancias. Y no hemos percibido,
no sabemos percibir, en el resultado final de nuestros debates
en el Congreso o en el Senado, esas enmiendas que no tendrían
justificación de existir sobre esas modificaciones de créditos
que deban responder a no sé qué territorio o a no sé qué
interés particular. Si miran ustedes los Presupuestos en los
créditos de inversión verán que hay inversiones en Murcia y en
Barcelona, en Galicia y en Canarias, en el País Vasco y en
Andalucía, en cualquier parte de España. Si miran los
Presupuestos del Capítulo IV verán que hay subvenciones
culturales, subvenciones para políticas sociales o políticas
de aseguramiento de una provisión de servicios públicos de
carácter social por igual para todos los ciudadanos de nuestro
país, vivan donde vivan, pertenezcan a la comunidad a la que
pertenezcan. No sé por qué iba a ser buena su enmienda que
votamos en el Congreso para iniciar la obra de la autovía
Albacete-Murcia e iba a ser mala una enmienda similar y de
parecida cuantía para mejorar la carretera de El Vendrell; no
sé por qué iba a ser bueno el auditorio en el País Vasco y
criticable el teatro en Balaguer. Creo que hay que hacer
críticas más serias, más de fondo cuando se está en un debate
de la ley más importante de todo el ejercicio en términos
económicos, como es éste al que asistimos ahora. (Un señor
Diputado: ¡Muy bien, Joaquín!) Ese diálogo lo querríamos
extender más allá de la aprobación de estos Presupuestos. Los
Presupuestos son
importantes, pero no son todo, y cuando se quierenmejorar las
condiciones de la economía española para crear empleo, cuando
se quiere superar la recesión, cuando se quiere encontrar una
nueva senda de crecimiento, además de los Presupuestos hay
otros instrumentos y hay políticas que hacer más allá de las
leyes y de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos.
Hay reformas estructurales --esta mañana hemos debatido una de
enorme importancia--, hay que mejorar expectativas de los
agentes económicos, hay que despejar incertidumbres y hay que
generar confianza, y a ello se puede y se debe contribuir
tanto desde el acuerdo con estos Presupuestos como desde el
desacuerdo con ellos. En vez de ennegrecer el horizonte de
nuestra sociedad, yo les pediría a los que no van a votar
favorablemente estos Presupuestos, que van a salir adelante
con el apoyo de la mayoría de esta Cámara, que contribuyesen
con nosotros, que sí los apoyamos, a mejorar las expectativas
y a aumentar la confianza de nuestra sociedad, que tiene
derecho a tenerla, para superar esta crisis. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Caldera Sánchez-
Capitán pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Deseamos solicitar votación separada de los apartados sexto y
séptimo, que podrían votarse en un solo acto, del nuevo
artículo setenta y cinco. Por otra parte, dado que vamos a
votar ambos textos normativos, advertido error en la
disposición final segunda de la denominada Ley de
acompañamiento, en la que se indica que la citada Ley entrará
en vigor el día 1 de enero de 1994, salvo la disposición
adicional, sin indicar cuál de ellas es, y que, a nuestro
juicio, según las enmiendas presentadas en el Senado e incluso
el texto de las disposiciones adicionales, debe ser la
decimocuarta, porque es la única que tiene plazo concreto,
rogaríamos que este hecho sea comprobado por los servicios de
la Cámara y sea corregido y ajustado en lo
pertinente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana, pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos votación separada en los siguientes
bloques.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, su Grupo ha
hecho llegar a la Mesa las votaciones que desea se efectúen
separadamente; yo indicaré las que constan, y si incurro en
algún error o si su Grupo desea hacer alguna modificación,
hágamelo saber y así evitaremos su reiteración.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Perfecto, señor
Presidente. Tan sólo introduciría una modificación, si es el
momento de hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Si es una modificación sobre las
precisiones que han hecho llegar a la Mesa, puede hacerlo.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: En la votación
correspondiente al Título VI querríamos introducir un tercer
bloque por separado que comprendería el artículo setenta y
cinco, nuevo, en su totalidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. (El
señor Homs i Ferret pide la palabra.)
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Para solicitar también por parte de nuestro Grupo, en relación
con el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras que
acompaña a la Ley de Presupuestos, la votación separada de dos
disposiciones: la disposición adicional decimoctava y la
disposición adicional decimonovena. Ambas disposiciones, señor
Presidente, se podían votar conjuntamente por parte de nuestro
Grupo.
Nada más y muchas gracias. (El señor Zabalía Lezamiz pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, desde el Grupo
Parlamentario Vasco solicitamos votación separada conjunta de
las enmiendas del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado número 1.295, 1.313, 1.382, 1.387, 1.402, 1.411 y
1.413.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, perdone. Su señoría se
está refiriendo a la enumeración de enmiendas del Congreso.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Sí.
El señor PRESIDENTE: En este momento estamos votando el
contenido de las enmiendas introducidas por el Senado. La
referencia que necesitamos para ordenar la votación es la de
los artículos, secciones o disposiciones a las que se refieren
estas enmiendas.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: No tengo, en este momento, las
enmiendas del Senado. Lo siento.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Zabalía (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, hemos hecho llegar a
la Presidencia la petición de separación de doce enmiendas de
la Ley de Presupuestos y ocho enmiendas de la Ley Fiscal para
votar por separado de las demás. Ahora ha hecho una propuesta
de agrupación de dos disposiciones adicionales el Grupo de
Convergència i Unió, la 18 y la 19, y nosotros tenemos votos
diferentes. Si se agrupan no podríamos votar lo que queremos o
nos tendríamos que abstener. Ha agrupado las disposiciones
adicionales 18 y 19. Pedimos que se separe, en todo caso, la
votación de las dos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio durante
las votaciones y presten la máxima atención. Hay diferentes
solicitudes de votación separada. Favoreciendo esta votación
mediante agrupaciones por bloques, hemos intentado armonizar
estas votaciones. Al anunciar las enmiendas que van a ser
objeto de votación, les ruego indiquen si es correcta la
armonización o si hay alguna corrección a introducir. (Pausa.)
Votaciones correspondientes a enmiendas introducidas al Título
primero de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 179; en contra, 162; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los Títulos II.. (Rumores.) Señorías, les ruego
guarden silencio. No caben rectificaciones de errores en las
votaciones. Por tanto, les ruego colaboren para que no se
produzca.
Enmiendas a los Títulos II, III y V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 321; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al Título VI, artículos setenta y tres y setenta y
cinco... Perdón, artículo setenta y tres, porque el señor
Fernández-Miranda ha solicitado la votación separada del
setenta y cinco, apartado nueve. Por tanto, votación relativa
a las enmiendas del artículo setenta y tres. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 175; en contra, 164; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo setenta y cinco, apartado nueve.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 193; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo setenta y cinco, apartados sexto y
séptimo. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 166; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos sesenta y dos, uno m); setenta, uno,
uno; setenta y cuatro, ochenta y seis, uno, y ochenta y seis,
cinco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 342.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 323; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas correspondientes al Título VII. Enmiendas al
artículo noventa y cinco del Título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 174; en contra, 166; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas al
artículo noventa y cinco. Restantes enmiendas del Título VII
que no han sido objeto de votación anteriormente, como es el
caso de las enmiendas al artículo ochenta y seis que se han
votado anteriormente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 322; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Título VIII. Enmiendas al artículo ciento tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 176; en contra, 164; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al Título IX. Enmiendas al artículo ciento cuatro,
punto 9, del Título IX. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 323; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al resto del Título IX.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 178; en contra, 162; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a las disposiciones adicionales vigésimo séptima y
vigésimo octava y a la disposición transitoria quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 340; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al resto de disposiciones adicionales y
transitorias. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 322; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los Anexos I y II. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 174; en contra, 166; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al Anexo III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 323; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la Sección 13, concepto 226.07, programa 14.2.c);
a la Sección 17, al primer párrafo y al programa 513.d); a la
Sección 18, a la aplicación 18.01.410, del Consejo Superior de
Deportes; a la Sección 22, al programa 912.b), concepto 740, y
programa 121.c), concepto 22.607, y a la Sección 24, créditos
del Ministerio de Cultura. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 176; en contra, 146; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al resto de la Sección 22 y a las Secciones 12, 27 y
29. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 341.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas a las secciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 321; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda, en el apartado Entes y Sociedades, a la Sociedad
Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 176; en contra, 165; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas a Entes y Sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 323; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 336; a favor, 171; en contra, 163; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas al
preámbulo.
--AL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL
REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR
DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las enmiendas al
proyecto de Ley de Medidas Fiscales de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo. Enmiendas al artículo 3, disposición adicional
nueva vigésimo primera y disposición adicional séptima,
antigua octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 176; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la disposición adicional nueva decimonovena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 182; en contra, 159; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 14, 30, 34, 38, 40 y 41 y
disposición adicional duodécima. La numeración se refiere a la
que resulta del texto aprobado por el Senado. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 174; en contra, 28; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 34, del texto del Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 189; en contra, once; abstenciones,
142.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 5.º 2; 11.2-i); 28.4; disposición
adicional octava y disposición transitoria cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 342; a favor, 342.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas a este proyecto de ley, excepto las del
preámbulo. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, queda pendiente la
adicional decimoctava.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón, señor Homs, hay que votar la
adicional decimoctava y la decimonovena.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, la decimonovena ha
sido votada ya.
El señor PRESIDENTE: También tiene razón, señor Homs.
Vamos a votar la decimoctava.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 340; a favor, 304; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al preámbulo de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 340; a favor, 340.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas a este proyecto de ley.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 341; a favor, 322; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO
EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 22.483.000.000 DE PESETAS, PARA
FINANCIAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO EN EL MARCO DEL REAL DECRETO
808/1987, DE 19 DE JUNIO (Número de expediente 121/000005)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley
sobre concesión de un crédito extraordinario para financiar
los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto
808/1987, de 19 de junio. (El señor Fernández-Miranda y Lozana
pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Pido la palabra para
fijación de posición.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean fijar posición sobre
las enmiendas del Senado. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Vidal
tiene la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente. El
Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha sido muy beligerante
durante el largo proceso de aprobación de este proyecto de ley
de concesión de un crédito extraordinario para financiar los
compromisos adquiridos por el IRYDA respecto a los
agricultores, al amparo del Real Decreto 808/1987, por el que
se realizaron mejoras estructurales de modernización de sus
explotaciones agrícolas y ganaderas. Nuestros objetivos han
sido: Primero, solicitar e insistir en la aprobación y
habilitación de este crédito. Segundo, velar para que fuera de
cuantía suficiente a fin de sufragar los compromisos de
subvención y crédito que cubriera el importe de todos los
expedientes tramitados en plazo y forma, así como aquellas
cantidades avanzadas por las
comunidades autónomas en espera de que la Administración
central estuviera en condiciones de hacer frente a sus
obligaciones. Y tercera, para que en el caso probable de que
la cuantía del crédito extraordinario resultare insuficiente
se comprometiera, por acuerdo de estas Cortes, la tramitación
de otro crédito extraordinario con cargo al presupuesto de
1994, hasta la total liquidación de la deuda contraída.
Hoy regresa del Senado el Proyecto de ley complementado con
2.000 millones de pesetas sobre la cuantía inicial y sin
modificar la precaución de posible insuficiencia
transaccionada por nuestro grupo en el trámite de Comisión en
el Congreso. Conclusión. Pienso que hay motivos para dejar
constancia de nuestra
satisfacción por las mejoras introducidas en el texto aquí y
en el Senado y porque su contenido económico está más acorde
con la cuantía
real necesaria, que evitará nuevas demoras en la percepción de
las subvenciones por parte de los agricultores.
Por todo ello, hemos querido dejar constancia de nuestro voto
favorable y de nuestra satisfacción.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente. La
enmienda que ha introducido el Senado cuantifica en 2.000
millones de pesetas lo que fue la aceptación de una enmienda
del Partido Popular en el trámite del Congreso.
Este proyecto de ley de crédito extraordinario viene a hacer
frente a obligaciones de hace años con los agricultores por el
Decreto 808/1987, que fue sustituido por otro decreto ante el
uso o abuso que estaban haciendo algunas comunidades en la
tramitación de las peticiones. Cierto y verdad es que se va a
hacer frente hoy a obligaciones que encaminaron a los
agricultores a inversiones en reforma de estructuras agrarias,
orientadas y subvencionadas desde la Comunidad Europea,
inversiones que se hicieron con créditos que no han sido
cubiertos al día de la fecha y que están significando un costo
financiero importante para los agricultores, que pidieron
créditos en torno al 16 por ciento y están ya pagando por
encima del 20 y el 24 por ciento.
Por tanto, la enmienda del Senado viene a cuantificar en una
cifra determinada la variación que se produjo entre la
aprobación del Decreto 808 y lo que ha sido la concesión de
ayudas de algunas comunidades que, a pesar de haber sido
suprimido, siguieron dando concesiones a determinados
agricultores que las solicitaron. Por tanto, la posición de
nuestro grupo va a ser favorable a la enmienda del Senado y a
este crédito
extraordinario que viene a pagar, con retraso, inversiones que
hicieron los agricultores en la reforma de estructuras
agrarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, el señor Madero tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este Real Decreto 808 fue derogado hace tres años y,
sin embargo, el Ministerio de Agricultura, a través del IRYDA,
no ha atendido todavía las obligaciones reconocidas con
agricultores y comunidades autónomas, tal como han señalado
los anteriores intervinientes. Se trata, por tanto, señor
Presidente, de que aquellos agricultores que deben percibir
una ayuda la reciban cuanto antes, pues las inversiones a que
se
comprometieron las hicieron y después de tres años no han
recibido la ayuda a que se hicieron acreedores, con el
quebranto económico que ello les ha supuesto. En los
anteriores trámites parlamentarios de Comisión y Pleno
entendemos que se mejoró notablemente el texto de este
proyecto de ley, al presentar el Grupo Popular unas enmiendas
que fueron incluidas en el texto transaccional que el Grupo
Socialista nos ofreció y que,
finalmente, merecieron la aceptación unánime de todos los
grupos. Pues bien, está mejora consistió fundamentalmente en
que quedaban incluidas en el crédito extraordinario todas las
obligaciones reconocidas por el Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario y, por tanto, obtendrían la ayuda
correspondiente todos los agricultores y ganaderos que desde
hace esos años,
concretamente tres, tenían derecho a ello.
Ahora, señorías, el Senado nos remite el proyecto de ley con
unas enmiendas que nuestro grupo anuncia que acepta y votará
afirmativamente. Tales enmiendas, se ha dicho hasta la
saciedad, consisten en la ampliación por 2.000 millones de
pesetas de la cuantía total del crédito y ello nos parece
realista y positivo. Nos merece estos calificativos porque ya
hemos señalado en diversas ocasiones que la cuantía del
crédito nos parecía insuficiente para atender las obligaciones
contraídas. Por tanto, bienvenida sea la citada ampliación del
crédito, si bien en realidad, desde el mínimo rigor exigible,
la cantidad exacta del crédito nos la debía haber
proporcionado el propio IRYDA y el Ministerio de Agricultura,
simplemente sumando aquellas
cantidades que se deben y que no se han pagado aún. Pues bien,
después de un año parece que no hay nadie en el IRYDA
dispuesto a hacer esa suma o, mejor dicho, parece que el señor
Ministro no tiene mucho interés en conocerla y cerrar este
capítulo
adecuadamente.
En todo caso, y para no demorar más el cobro de las ayudas
reconocidas, reiteramos nuestro voto favorable al texto del
proyecto de ley que nos remite el Senado con la enmienda antes
citada, incluyendo esa adición de 2.000 millones de pesetas en
la cifra final del crédito, quedando así definitivamente
cerrado lo concerniente al Real Decreto 808/1987, que tantos
beneficios produjo al campo y a los agricultores. Dicho lo
anterior, señor Presidente, señorías --y termino--, entiende
este Diputado y su grupo que es momento de hacer partícipe a
esta Cámara de la decepción de los agricultores y ganaderos
por la desaparición de este Real Decreto 808/1987.
Difícilmente se entiende que se derogue una norma que tuvo
plena aceptación y eficacia. Parece el juego de los
despropósitos de la administración socialista, que retira un
instrumento económico y financiero que gozó del beneplácito
del sector y que produjo indudables beneficios al campo
español. Pero esta decepción es todavía mayor si se tiene en
cuenta que la supresión de este apoyo se produce en
unos momentos críticos para la agricultura y ganadería
españolas. Efectivamente, como sabe la Cámara y el señor
Ministro que nos escucha, nuestros profesionales de la
agricultura y la ganadería están atravesandounos momentos
difíciles, haciendo auténticos esfuerzos para adaptarse a la
nueva normativa comunitaria. A partir de ahora también tendrán
que hacer unos sacrificios complementarios para seguir siendo
competitivos en el nuevo marco que definen los acuerdos del
GATT.
Pues bien, cuando los agricultores necesitan el apoyo del
Ministerio es cuando éste da por cancelado un instrumento que
sirvió bien al campo. Por ello, aprovechamos la ocasión para
instar al Gobierno para apoyar a unos profesionales que se ven
obligados a luchar muchas veces y a competir en clara
inferioridad de condiciones respecto a sus homólogos de los
demás países de la Unión Europea. Finalmente, señor
Presidente, señorías, deseo ratificar nuestro voto afirmativo
a las enmiendas que han sido aprobadas en el Senado y que
mejoran sustancialmente el texto del proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario al IRYDA.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
Por el Grupo Socialista, el señor Padrón tiene la palabra.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señorías, yo creía
que el tema de este crédito, que tratamos en este hemiciclo,
creo que es la sexta o séptima vez este año, no iba a originar
debate. Lamento que vuelvan otra vez a levantarse cañas, en
este caso contra el Ministro de Agricultura por la supresión
en su momento, en el año 1991, mejor dicho, no supresión sino
sustitución, de este decreto-ley.
De todas maneras, quiero manifestar que el Grupo Socialista en
Comisión, antes de salir de esta Cámara, ya había presentado
una enmienda que corregía los posibles defectos y atendía las
reclamaciones de los agricultores.
También quiero reiterar, porque parece que hay que decirlo
igual que en la Biblia, setenta veces siete, que las
cantidades han sido pagadas y adelantadas ya mediante un
anticipo del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario a las
diferentes comunidades autónomas y que, por tanto, si los
agricultores no han podido percibir ese dinero es porque no lo
han pagado las comunidades autónomas, pero las transferencias
están hechas por parte del IRYDA a las diferentes comunidades,
de acuerdo con los créditos aprobados.
Nada más, señor Presidente, porque creo que esto no da lugar a
mayor debate. Quiero manifestar que el Grupo Socialista
apoyará estas enmiendas que suponen un incremento de gasto de
2.000 millones de pesetas. Deseo que se sepa, porque
efectivamente todos hablamos de reducir el déficit pero luego
todos queremos incrementar el gasto. Estos 2.000 millones de
pesetas que van a los agricultores, esperamos que al menos les
sirvan para que en fin de año puedan comprar turrón.
Nada más. Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a las enmiendas del Senado al proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario para
financiar compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 305.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del
Senado. Aunque tarde, nunca lo es demasiado para desearles un
Feliz Año 1994.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.