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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 36, de 02/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 36 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 34
celebrada el jueves, 2 de diciembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
(Sesión secreta):
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(número de registro 006714) (Página 1636)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1992:
--Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1992 (número de expediente
260/000001) (Página 1636)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y
la República de Bulgaria, por otra, hecho en Bruselas el 8 de
marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 36.1, de 25 de octubre de 1993 (número de
expediente 110/000030) (Página 1654)
--Tercera Prórroga del Convenio Internacional del Café de
1983, hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 40.1, de 2
de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000036)
(Página 1654)
Declaración institucional:
--Sobre el Día Mundial del Sida (número de expediente
140/000003) (Página 1657)
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:
--Proposición de Ley Orgánica de las Cortes Valencianas, por
la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de
transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de
competencias de titularidad estatal. «Boletín Oficial de las
Cortes
Generales», Serie B, número 4.1, de 7 de julio de 1993 (número
de expediente 125/000004) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 4.1, de 8 de julio de 1993
(número de expediente 127/000004) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica sobre ampliación de competencias
del Estatuto de Autonomía de La Rioja. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 5.1, de 8 de julio de 1993
(número de expediente 127/000005) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto para
Cantabria. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 6.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente
127/000006) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 7.1, de 8 de julio de 1993
(número de expediente 127/000007) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 12.1, de 26 de julio de
1993 (número de expediente 127/000008) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 8.1, de 8 de julio de 1993 (número
de expediente 127/000009) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 13.1, de 26 de julio de
1993 (número de expediente 127/000010) (Página 1657)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 9.1, de 8 de julio de 1993 (número
de expediente 127/000011) (Página 1658)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 10.1, de 8 de julio de 1993
(número de expediente 127/000012) (Página 1658)
--Proposición de Ley Orgánica de reforma de los artículos 10,
11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Asturias. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie A, número 11.1, de 8 de julio de
1993 (número de expediente 127/000013) (Página 1658)
--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 14.1, de 30 de julio de 1993
(número de expediente 127/000014) (Página 1658)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana,
con carácter secreto, para el debate del dictamen de la
Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1992 (Página 1636)
La señora Defensora del Pueblo en funciones (Retuerto Buades)
informa a la Cámara de la gestión realizada durante el año
1992. Alude a su reciente comparecencia en la Comisión Mixta
Congreso-Senado, para formular a continuación algunas
consideraciones previas al contenido sustancial del propio
informe que presenta a la Cámara y de entre las que destaca la
situación especial e inédita que vive la institución el
Defensor del Pueblo, ya que por primera vez se produce la
circunstancia de que quien da cuenta del informe anual de
gestión es un Defensor del Pueblo en funciones. En todo caso
resta importancia a este hecho, ya que a lo largo del período
de interinidad se ha actuado, con mayor o menor acierto, pero
siempre con plena dedicación, convencida de que la situación
de interinidad es el mero mecanismo
administrativo que no rebaja las competencias y atribuciones
que el Defensor del Pueblo tiene ni disminuye la
responsabilidad del titular de la Institución.
Otra circunstancia anómala es que han pasado diez meses desde
que se presentó este informe y casi un año desde que se
realizó, lo que ha dado lugar a la presentación ante la
Comisión Mixta de un anexo actualizado para no limitarse a
tratar casi en el año 1994 de hechos acaecidos en el año 1992.
A continuación se refiere a la consolidación de la
Institución, lo que significa que la misma ha funcionado de
manera absolutamente normalizada, que sigue teniendo las más
altas cotas de confianza ciudadana, que puede ofrecer
resultados de sus actuaciones y que puede demostrar la
eficacia de la misión que constitucionalmente tiene
encomendada.
La existencia de la Institución del Defensor del Pueblo
durante los últimos once años ha supuesto un avance muy
notable en la consolidación de las garantías no
jurisdiccionales para los ciudadanos españoles, tal como prevé
nuestra Constitución. Los derechos no sólo hay que defenderlos
sino también protegerlos y para esa protección los ciudadanos
de a pie buscan fórmulas asequibles, fáciles y próximas a
ellos, y en este sentido se acercan al Defensor del Pueblo y
siguen confiando en la
Institución. Prueba de esta confianza de los ciudadanos son
los más de 19.000 expedientes incoados en el año 1992 y más de
22.000 en lo que llevamos del presente año. Esto le permite
afirmar que el grado de conocimiento del ciudadano hacia la
Institución del Defensor del Pueblo es amplísima, pues según
las encuestas ésta es directamente conocida por el 73 por
ciento de la población, cifra más elevada que las relativas a
otras instituciones y, desde luego, muy superior a lo que
ocurre con el resto de los ombudsman que existen en Europa.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo es una institución
sensible a las variaciones que se producen en la sociedad
española, y los datos así lo confirman, pues cada año acuden
más extranjeros y ciudadanos comunitarios, tanto desde España
como desde el extranjero, incrementándose la tasa de mujeres y
parados que se dirigen a la Institución, así como las personas
con bajo nivel de renta, lo que indica que el Defensor del
Pueblo es un órgano vivo y su informe anual refleja las
variaciones de los problemas de los ciudadanos españoles.
Respecto a la actividad realizada durante el año 1992 reitera
que se recibieron más de 19.000 quejas y se realizaron un
total de 270 actuaciones cerca de diversas instituciones y
organismos, lo que significa un incremento notable sobre la
actividad del año precedente. Expone algunos datos relativos a
las quejas y expedientes en cuestión, sin entrar en un
análisis pormenorizado, que ya consta en la Memoria puesta a
disposición de los señores Diputados. Se limita, por tanto, a
resaltar los casos más significativos, agrupándolos en grandes
bloques relativos a los principios de libertad e intimidad de
las personas, inherentes a la dignidad de la persona,
contenidos en los artículos 1 y 15 a 17 de la Constitución. En
segundo lugar estarían las
actuaciones relativas al artículo 24 de la Constitución, es
decir, la tutela judicial efectiva y los problemas detectados
en el servicio público judicial. En tercer lugar está la
atención a la protección de los derechos en situación de
especial
vulnerabilidad, como extranjeros, minorías marginadas,
situaciones de xenofobia y racismo, enfermos psiquiátricos,
etcétera. En cuarto lugar, la preocupación constante por el
medio ambiente, y un último apartado abarcaría las garantías
eficaces o protección de los usuarios de los servicios
públicos, que comprenderían desde la consecución de una
Administración con criterios de calidad prestacional hasta el
concepto de procedimiento administrativo como garantía.
Alude también a las relaciones institucionales con otros
ombudsman o comisionados parlamentarios autonómicos, que ha
sido muy positivas, y lo mismo
cabe decir de la actuación del Defensor del Pueblo tanto en el
marco europeo como en el marco iberoamericano.
Termina la señora Defensora del Pueblo en funciones reiterando
su opinión de que se hallan ante una Institución consolidada,
que la eficacia de la misma ha sido globalmente buena
quedando, lejos los tiempos de reticencias o las respuestas
imprecisas, aunque el Defensor del Pueblo, como magistratura
de opinión, sigue necesitando de dos apoyos: en primer lugar,
un tipificación del delito de desobediencia en el Código
Penal, aunque no quiere vencer sino convencer, y, por otra
parte, necesita el respeto, el apoyo y la confianza de esta
Cámara. Desde su experiencia de once años en el Defensor del
Pueblo, y desde su absoluta
convicción de la utilidad y del respeto que merece esta figura
institucional, pide una vez más a SS.SS., como lo han hecho
otros defensores y como lo harán los nuevos defensores en el
futuro, la confianza de esta Cámara hacia la figura del
Defensor del Pueblo.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Casas i Bedós, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gil Lázaro, del
Grupo Popular, y Valls García, del Grupo Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 1654)
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y
la República de Bulgaria, por otra, hecho en Bruselas el 8 de
marzo de 1993 (Página 1654)
Tercera Prórroga del Convenio Internacional del Café de 1983,
hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982 (Página 1654)
Para fijación de posiciones en relación con el dictamen de la
Comisión de Asuntos Exteriores intervienen los señores Muñoz-
Alonso Ledo, del Grupo Popular, y Jover i Presa, del Grupo
Socialista.
Sometido a votación el acuerdo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra,
hecho en Bruselas el 8 de marzo de 1993 es aprobado por 283
votos a favor.
Sometida a votación la Tercera Prórroga del Convenio
Internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de
septiembre de 1982, es aprobado por 281 votos a favor.
Declaración institucional sobre el Día Mundial del Sida
(Página 1657)
El señor Presidente propone a la Cámara, de acuerdo con lo
convenido con los portavoces de los grupos parlamentarios, la
aprobación de una declaración institucional con motivo del Día
Mundial del Sida, a cuyo texto da lectura seguidamente.
La Cámara aprueba por asentimiento dicha declaración
institucional.
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 1657)
Proposiciones de ley orgánica (Página 1657)
De las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley
Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la
Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad
estatal.
De Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana.
Sobre ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de
La Rioja.
De Reforma del Estatuto para Cantabria.
De Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
De Reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
De Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
De Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
De Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
De Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.
De Reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía
para Asturias.
De Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor
Ríos Martínez. Comienza señalando que en el caso que les ocupa
podría tener validez el refrán de más vale pájaro en mano que
ciento volando, en tanto en cuanto que estos estatutos de
autonomía van a recibir en su seno mayores competencias y
posibilidades de desarrollo que van a significar mayor
capacidad de autogobierno. Ahora bien, para Izquierda Unida
esta propuesta de reforma de estatutos de autonomía no es
suficiente para el objetivo que se habían marcado
transcurridos ampliamente los cinco años que establece la
Constitución. Pensaban que era importante nivelar la capacidad
de autogobierno de las distintas comunidades autónomas para
que jueguen un papel protagonista en el concierto del Estado.
Sin embargo, con lo que se encuentran es con la culminación de
un pacto político entre dos formaciones políticas, no habiendo
conseguido profundizar en el debate de cada comunidad para ver
de qué medios y capacidades dotaban a cada uno de esos pueblos
y sus respectivos parlamentos.
Reconociendo que en algunos casos se transfieren competencias
importantes, considera que se ha perdido una oportunidad para
poder explicarlo mejor, para examinar cómo se ha funcionado en
cada caso y qué pasos se necesitaría dar en el futuro. Se ha
vuelto a utilizar algo que cree que es contrario a la
filosofía de la autonomía, como es homogeneizar las propuestas
y actuar globalmente sobre todos. Agrega que la propuesta de
Izquierda Unida, por ejemplo, en materia de Sanidad, consistía
en hacer residir en los estatutos, igual que la educación la
materia de la sanidad, para reconocer el derecho que todas las
comunidades autónomas tienen a acceder a la sanidad. A
continuación explica el contenido de las diferentes enmiendas
que mantienen a los diversos estatutos de autonomía sujetos a
modificación, todas ellas encaminadas en general a la
ampliación de competencias de estas comunidades autónomas y al
fortalecimiento institucional de sus parlamentos.
Completa el turno de defensa de las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Martínez
Blasco, que alude concretamente al Estatuto de Autonomía de
Aragón. Señala que Aragón tiene un millón doscientos mil
habitantes, poco más que un barrio de Madrid. Tiene cinco
administraciones con competencias en materia sanitaria y cinco
redes hospitalarias distintas, por lo que, por la propia
racionalidad, proponen la transferencia completa de esta
competencia, con lo que ello supone de aumento de los
recursos. Aun así, se trata fundamentalmente de un problema de
racionalidad. Igualmente reclaman, por el mismo motivo de
racionalidad, mayores competencias en materia de seguridad
pública. Sin embargo, lo que desean en este momento y desde
esta tribuna es que las fuerzas políticas que han llegado al
pacto que ahora se va a aprobar digan lo que vienen diciendo
en Aragón de que esta Cámara va a tramitar la verdadera
autonomía que reclaman los aragoneses y que necesita Aragón,
que es la autonomía plena.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Camp i Batalla, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Cisneros Laborda, del Grupo
Popular, y Mohedano Fuertes, del Grupo Socialista.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que son rechazadas por 13
votos a favor, 257 en contra y 19 abstenciones.
Asimismo se procede a las votaciones de los dictámenes
debatidos anteriormente en relación con las proposiciones de
ley orgánica de reforma de diversos estatutos de autonomía,
que son aprobados con los siguientes resultados:
Proposición de Ley orgánica de las Cortes Valencianas, por la
que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de
transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de
competencias de titularidad estatal: Se aprueba por 283 votos
a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana: Se aprueba por 286 votos
a favor y dos abstenciones.
Proposición de ley orgánica sobre ampliación de competencias
del Estatuto de Autonomía de La Rioja: Se aprueba por 276
votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto para
Cantabria: Se aprueba por 278 votos a favor, uno en contra y
doce abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia: Se aprueba por 279 votos a
favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares: Se aprueba por 276 votos a
favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León: Se aprueba por 278 votos a
favor, once en contra y dos abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha: Se aprueba por 278 votos a
favor y doce abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura: Se aprueba por 279 votos a favor,
once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid: Se aprueba por 279 votos
a favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de reforma de los artículos 10,
11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Asturias: Se aprueba por 279
votos a favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón: Se aprueba por 274 votos a favor y 17 en
contra.
Se levanta la sesión a las doce y cincuenta minutos del
mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana,
con carácter secreto.
DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS
(Sesión secreta):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES
DIPUTADOS (número de registro 006714)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION
REALIZADA DURANTE EL AÑO 1992 (número de expediente
260/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Informe
del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1992. Para presentar el informe, tiene la
palabra la titular en funciones de la institución del Defensor
del Pueblo.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades):
Señor Presidente, señorías, una vez más, el Defensor del
Pueblo acude al Pleno de la Cámara para dar cuenta de la
gestión realizada en el año, en el momento más importante de
su relación durante el período al que se contrae su informe y
por el que se actualiza la relación con las Cortes Generales.
La secuencia de la comparecencia anual del Defensor del Pueblo
se estructura, como SS.SS. bien conocen, en varias fases: la
primera, ante la Comisión Mixta; la segunda, ante los plenos
del Congreso y del Senado, respectivamente y, después, lo que
supone a mi juicio una intervención escalonada, una rendición
de cuentas, con dos objetivos. Aunque estos objetivos se están
perfilando en el tiempo y en el futuro se podrán cambiar con
otras previsiones, en el primero prevalece una visión más
pormenorizada de la gestión realizada por la institución. En
el segundo, se trataría más bien de un informe de síntesis que
permite concretar y conocer una visión global de la actuación
del Defensor del Pueblo, una vez que ha sido contrastada con
lo que pudiéramos llamar una primera lectura de la memoria.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Retuerto. Ruego
silencio a sus señorías.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades):
Gracias por su cortesía, señorías.
De la comparecencia que se celebró hace poco tiempo en la
Comisión Mixta Congreso-Senado se pueden deducir varias cosas.
La primera, una declaración de principios; la segunda, unos
aspectos concretos que SS.SS. hicieron llegar al Defensor del
Pueblo.
En cuanto a la declaración de principios, en la que SS.SS. y
esta Defensora del Pueblo en funciones coincidieron
absolutamente, se deduce, primero, la auténtica consolidación
de la institución; segundo, que representamos una mayor
aproximación al ciudadano; tercero, que es imprescindible una
mayor vinculación con el Parlamento. Eso dijo el Defensor del
Pueblo y ustedes estuvieron conformes. Cuarto, la
consideración del Defensor del Pueblo no solamente como
fiscalizador, sino como modificador de conductas tanto
administrativas como sociales. También se nos pidió que
hiciéramos coincidir los enunciados de la institución con
planteamientos realistas, sobre lo que tengo que decir que si
algo es el Defensor del Pueblo es una institución para los
ciudadanos.
Se añadió que se debía potenciar al Defensor del Pueblo en las
situaciones de conflicto con los poderes públicos. Se nos
preguntaron además diversas cuestiones: cuáles eran los
aspectos de la institución que eran mejorables; qué carencias
se
detectaban; qué potenciales de desarrollo tiene la Ley
Orgánica 3/1981, reguladora del Defensor del Pueblo; si el
Defensor del Pueblo no está supliendo la falta de información
por parte de las Administraciones públicas; cómo se plantea el
Derecho
comunitario, como lo hacen SS.SS. a través de la institución y
las recomendaciones del Defensor; cuáles son las relaciones
del Defensor del Pueblo con los comisionados parlamentarios
autonómicos, que ustedes desconocen; cómo se articula el
principio de coordinación entre diversas Administraciones que
convergen en una misma situación de hecho.
Pues bien, analizando todos estos principios enunciados de
coincidencia y estas cuestiones que SS.SS. exponían al
Defensor del Pueblo, al preparar esta intervención que a la
Cámara le interesa porque pide dación de cuentas a su
comisionado (tengan ustedes en cuenta que la relación
Congreso-Defensor del Pueblo carece de la suficiente
flexibilidad, puesto que la Comisión Mixta Defensor del Pueblo
y la Comisión de peticiones son las que menos se reúnen a lo
largo del año), al preparar, digo, esta intervención pretendo
convencer a SS.SS. de la necesidad del apoyo crítico a la
institución constitucional que en este momento represento.
Si he mencionado la palabra apoyo es porque la institución
está concebida como una magistratura de persuasión, como una
autoritas que está basada en tres factores fundamentales. El
primero, la autoridad que le proporciona el apoyo
parlamentario insustituible para este Defensor del Pueblo y
para los otros ombudsman que en el mundo son garantes de los
derechos constitucionales a la hora de ejercitar sus
funciones. El segundo, por la autoridad que le dan sus propios
planteamientos, basados en rigurosas
interpretaciones técnico-jurídicas según criterios de
constitucionalidad y legalidad, nunca de oportunidad. El
tercero, por el apoyo de la opinión pública. No se olvide que
el ciudadano es el sujeto de la institución y el barómetro de
su
afianzamiento, la confianza que inspire.
Antes de entrar en el contenido sustancial de mi disertación,
quisiera hacer unas consideraciones previas. La primera de
ellas es la de las especiales circunstancias que concurren en
esta comparecencia. La segunda sería la afirmación de la
consolidación y los rasgos que caracterizan a la institución
del Defensor del Pueblo como garantía de los derechos
ciudadanos, imprescindibles en el constitucionalismo moderno.
La tercera sería la definición de la eficacia de la
institución. Y no se olvide que las
instituciones se consolidan por la eficacia de sus resultados.
Paso a desarrollar el punto primero. Es evidente, como
cuestión previa, que nos encontramos en este momento en una
situación especial inédita en la experiencia histórica del
Defensor del Pueblo, desde luego, por lo que yo sé, inédita en
el
parlamentarismo, en las relaciones parlamentarias que existen
en Europa entre el ombudsman y sus respectivos Parlamentos.
Por primera vez se da que quien les habla y quien defiende un
informe anual de gestión sea un Defensor del Pueblo en
funciones. Dije en Comisión --y quiero repetir ahora en el
Pleno de esta Cámara por la relevancia que esto tiene-- que, a
lo largo de este período, he actuado con mayor o menor acierto
pero, en todo caso, con toda dedicación, convencida de que la
situación de
interinidad es un mero mecanismo administrativo que no rebaja
ni las competencias ni las atribuciones que el Defensor del
Pueblo tiene, que implica una situación de continuidad y que,
desde luego, no disminuye la responsabilidad del titular de la
institución que en este momento les habla.
Estén absolutamente seguras SS.SS. de que soy consciente de la
responsabilidad que asumo, y de esa reponsabilidad daré cuenta
al Parlamento en su momento oportuno. No podía ser de otro
modo, porque el ciudadano que acude a él debe ser atendido
cualquiera que sea el momento en que lo haga.
Por otra parte, otra situación anómala es el tiempo
transcurrido: han pasado 10 meses desde que se presentó este
informe y casi un año desde que el informe se realizó. Ante la
Comisión Mixta Congreso-Senado, con objeto de actualizar la
situación del informe presentado en su día, se entregó un
anexo con el fin de hacer un seguimiento, según las pautas que
ustedes nos habían indicado en anteriores comparecencias. Se
nos dijo: «Señor Defensor del Pueblo, no nos importa sólo lo
que dice en este momento, actualice, ¿sigue usted lo que
hace?» Pues bien, presenté una actualización de esas pautas y
criterios que estaban contenidos en la memoria de 1992.
También quiero decirles que pido a SS.SS. excusas de antemano
cuando en mi exposición me refiera a hechos producidos con
posterioridad a diciembre de 1992. No se me reproche después
porque, naturalmente, a lo que me voy a referir figura ya en
el informe de 1992. Es un
seguimiento de quejas actualizadas, pero que tiene relación
con los datos en él contenidos. No hablaré ahora de todo lo
que está en el informe, pero todo lo que diré sí está en él
contenido. Señorías, entiendo que volver, casi en 1994, a
debatir los hechos acaecidos en 1992, en una mirada
retrospectiva absolutamente cuadriculada, sin tener en cuenta
los avances realizados, sería, a mi juicio, un ejercicio de
inmovilismo, convertirnos en estatuas de sal y no demostrar la
operatividad de esta
institución.
Llegados a este momento, y si SS.SS. me lo permiten, quisiera
hacer una reflexión personal. En julio de 1993 acudí a la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, y
allí, entre otros, se planteó que para la moderna definición
de los derechos
humanos era imprescindible tener en cuenta el significado de
lo que son y suponen las potencialidades de las mujeres.
Quiero decirles, señorías, en esta reflexión personal, que ha
sido un orgullo para mí ser la primera mujer en la historia
del
parlamentarismo español que ha ocupado una institución
parlamentaria de defensa de los derechos humanos, aunque sea
interinamente, dado el concepto de interinidad que SS.SS. y yo
compartimos.
Siguiendo en este tono de reflexiones personales, es necesario
y de justicia que en éstas, mis primeras palabras, tenga un
recuerdo para el titular de la institución en el período
anterior, que fue responsable del informe junto con el
adjunto, señor Rovira, y con todo el equipo. Es indudable que
una
institución la componen personas, ideas, imagen y
organización. Es indudable también que una institución se
caracteriza por su supervivencia en el tiempo, pero esa
supervivencia estará en función de la capacidad de
organización y, sobre todo, de la capacidad de movilización
hacia nuevos comportamientos, hacia nuevas exigencias, hacia
nuevos planteamientos. Una institución no es algo inmóvil en
el tiempo; fija unas pautas, pero se acomoda a las realidades
sociales, si no, se queda esclerotizada. Y no es ése el caso
del Defensor del Pueblo.
Si digo que el informe sobre la gestión del Defensor del
Pueblo del año 1992 corresponde al anterior titular, ahora me
corresponde a mí, en este momento, dar cuenta a las Cortes
Generales de la gestión realizada durante aquel año y en el
período hasta ahora comprendido, como lo harán en el futuro
los titulares a quienes corresponda continuar la labor
iniciada por el primer Defensor del Pueblo, don Joaquín Ruiz-
Giménez.
Les voy a hablar del primer punto, la consolidación de la
institución, desde una perspectiva muy breve. Consolidación
significa que la institución ha funcionado de forma
absolutamente normalizada, que sigue teniendo las más altas
cotas de confianza ciudadana, que puede ofrecer resultados de
sus actuaciones y que puede demostrar la eficacia de la misión
que constitucionalmente tiene encomendada. Como SS.SS. y yo
coincidimos en este punto en la Comisión, solamente quiero
decir que el Defensor del Pueblo, en estos once años de su
existencia --lo que, parafraseando al primer astronauta que
pisó la Luna, es quizás un paso muy pequeño en la historia del
hombre, pero muy grande en la historia de la Humanidad--, ha
supuesto un avance muy notable en la
consolidación de las garantías no jurisdiccionales para los
ciudadanos españoles, tal como preveía nuestra Constitución.
Como todo jurista bien conoce, los derechos no solamente hay
que definirlos, sino que también hay que protegerlos, y junto
a los mecanismos clásicos de protección, el control directo
parlamentario y el control jurisdiccional, los ciudadanos de a
pie buscan fórmulas asequibles, fáciles, próximas a ellos, que
alguien sienta sus problemas como suyos. En ese sentido, se
acercan al Defensor del Pueblo y siguen confiando en esta
institución. Por ello, puedo afirmar que el Defensor del
Pueblo es una escuela de ciudadanía, que a través del Defensor
del Pueblo se afianza una cultura de reclamación y que con
esta cultura de reclamación, a través de las peticiones,
quejas y sugerencias que nos llegan, los ciudadanos entienden
que desde el caso singular pueden, además, influir en las
decisiones de gobierno, mejorando las relaciones gobernante-
gobernado, y que el Defensor del Pueblo es un elemento
esencial para entender el constitucionalismo moderno. Lo digo
desde los hechos, que demuestran que el Defensor del Pueblo no
es una institución en declive.
En 1992 se recibieron diecinueve mil setecientos y pico
expedientes; en lo que llevamos de año hemos recibido ya más
de 22.000 expedientes. No me gusta centrarme solamente en las
cifras porque sería un error considerar esta institución
solamente como un instrumento de denuncia y que las denuncias
se miden por el número de reclamaciones. Si repasamos los
debates parlamentarios de la Ley Orgánica 3/1981, nos daremos
cuenta de que todavía quedan en esta Cámara los ecos del
profesor Peces-Barba cuando decía que el Defensor del Pueblo
es un auténtico colaborador de las Administraciones públicas,
que la Administración española tiene una carga de inercia
histórica importante en cuanto a ciertos métodos de
funcionamiento y que en una democracia avanzada como la
nuestra, debe existir una mayor predisposición y una mayor
preocupación por el respeto a los derechos y
libertades de los ciudadanos. Y esto no es incompatible, sino
perfectamente asimilable y coherente con la otra dimensión de
la institución, que busca el mayor proceso de acercamiento de
las Administraciones públicas hacia los ciudadanos.
En la Comisión hablamos también de la vinculación de las
actuaciones del Defensor del Pueblo, vía consolidación del
derecho de petición. En definitiva, consolidación significa
que la institución es una institución de garantías, significa
que es una escuela de ciudadanía y significa, además, ayudar
al
ciudadano a exigir sus derechos, pero le compromete también a
enfrentarse con sus responsabilidades.
Puedo afirmar que el grado de conocimiento de la ciudadanía
hacia la institución del Defensor del Pueblo es amplísimo.
Basándonos en datos sociológicos, las encuestas sociales
demuestran que el Defensor del Pueblo es directamente conocido
por el 73 por ciento de la población española, mucho más que
otras instituciones, mucho más que otros organismos y, desde
luego, muchísimo más que el resto de los ombudsman que existen
en Europa. Si el ámbito de conocimiento lo circunscribimos no
ya a los mayores de 18 años sino, en general, a toda la
población española, nueve de cada diez españoles pueden decir
que existe el Defensor del Pueblo, conocen que existe el
Defensor del Pueblo. El
85 por ciento de los ciudadanos que nos escriben han intentado
antes solucionar su problema de otra forma; el 15 por ciento
lo hace directamente, pero todos han tropezado con alguna
barrera de acceso a las autoridades administrativas
correspondientes, y necesitan un órgano público que les
atienda y no ponga obstáculos formales o informales a nadie.
Esta es la grandeza y el riesgo de la institución. Quiero
decirles en este momento que la institución del Defensor del
Pueblo --y hay que hacérselo conocer a la ciudadanía-- es una
institución de garantía, no es un muro de lamentaciones, no es
una panacea. Por ello, dije en Comisión e insisto, que hay que
acrecentar la cultura de lo que el Defensor del Pueblo
significa.
El Defensor del Pueblo es una institución sensible a las
variaciones que se producen en la sociedad española, y los
datos lo afirman. Cada año acuden más extranjeros y ciudadanos
comunitarios; nos escriben ciudadanos ingleses, franceses, en
su lengua, en español; desde España o desde el extranjero.
Los datos son los siguientes: un 1,4 en el año 1990, un 3,9 en
el año 1993. La tasa de feminización ha aumentado: un 29,9 en
1988, un 43,3 en el año 1993. Se ha incrementado también la
proporción de parados que nos han escrito: un 11,2 en el año
1991, un 16,4 en 1993. Es decir, el Defensor del Pueblo es un
órgano vivo y su informe anual refleja las variaciones de los
problemas de los ciudadanos españoles.
Se confirma también la tendencia que se observaba en los
últimos años a incrementar la proporción de personas con mayor
nivel de estudios. El 48 por ciento de quienes formulan quejas
dicen que sus ingresos en el hogar son menores de cien mil
pesetas
mensuales, y solamente el 14,5 indica que sus ingresos son
mayores de doscientas mil pesetas, lo cual significa la mayor
acumulación de escritos de personas de bajo nivel de renta, lo
que representa que la institución da un plus de garantía en
situaciones de dificultad económica.
No bastaría esto si ustedes no se preguntaran: Muy bien, estos
datos nos interesan, pero, ¿cuál es el índice de satisfacción
de los usuarios de la institución del Defensor del Pueblo?
¿Qué percepción tienen quienes acuden al Defensor del Pueblo
de la atención que han recibido? Depende, señorías, de
factores subjetivos. No puedo darles datos absolutamente
ciertos y matemáticos. En síntesis, aquellos que han generado
expectativas que superan lo que el Defensor del Pueblo puede
cumplir se sentirán siempre insatisfechos, aunque ustedes nos
dieran muchas más competencias. Por eso es importante
incrementar el grado de conocimiento de la institución sin
generar falsas expectativas. No necesitamos más competencias;
necesitamos mejorar los
conocimientos de lo que el Defensor del Pueblo significa.
Además, la satisfacción depende de tres factores que emanan de
la institución, que se le pueden imputar al Defensor del
Pueblo y, con ello, abrir un proceso de autocrítica: la
rapidez de la respuesta, la inteligibilidad del contenido de
la misma y la confianza de que nuestra opinión sea objetiva,
técnica y que interprete adecuadamente la normativa vigente.
Me ciño básicamente al último punto, la confianza. La
confianza depende básicamente de la imagen social del Defensor
del Pueblo. Todas las encuestas, desde las más conocidas hasta
las del Consejo General del Poder Judicial, por citar alguna,
pasando por otras que SS.SS. conoce bien o por algunas
realizadas por nosotros mismos demuestran que los españoles
confían en el Defensor del Pueblo y conocen al Defensor del
Pueblo. Muy pocos españoles, menos del 10 por ciento, ponen
reparos a la necesidad de una institución como ésta. En
definitiva, el Defensor del Pueblo cuenta con un amplísimo
respaldo popular. Pero si el grado de confianza es muy
elevado, no se conoce suficientemente la efectividad y la
eficacia real de sus resultados, soy consciente de ello. Se
sabe que está el Defensor del Pueblo, se sabe quién es el
Defensor del Pueblo, es más, en sólo... once meses --estaba
intentando acordarme de los meses de la interinidad-- un 18
por ciento conoce el nombre de quien ocupa en este momento el
cargo y un 8 por ciento sabe que lo ocupa una mujer, frente al
26 por ciento que todavía piensan en el nombre del anterior
titular. Ahora bien, cuando se les pregunta para qué sirve o
qué
resultados tiene, ahí la respuesta ya no es tan satisfactoria,
y nos obliga a un proceso de reflexión autocrítica y nos
obliga a pensar y a insistir en que hay que hacer hincapié, no
tanto en lo que se empieza, sino en lo que se termina, en los
resultados de la institución del Defensor del Pueblo.
Paso rápidamente, porque el tiempo nos devora, al punto
segundo en el que pretendo hacer a SS.SS. unas breves
reflexiones sobre lo que significa una institución de
garantía. Institución de garantía significa que el Defensor
del Pueblo tiene cada vez una actividad más creciente.
Quisiera reflexionar con ustedes no sobre todas las quejas que
hay en el informe parlamentario, porque ya tienen ustedes la
memoria --la habrán analizado y reflexionarán sobre ella--,
sino sobre algunos puntos que considero de interés, en los que
quiero hacer hincapié desde mi personal apreciación, que creo
que coincidirá con la de esta Cámara.
En cuanto a la actividad creciente a lo largo de 1992 se
recibieron 19.599 quejas, y los 114 expedientes a que dieron
lugar, más las 156 visitas iniciadas a consecuencia de
inspecciones, a centros de menores, a residencias de tercera
edad, a centros de internamientos, a 62 ayuntamientos,
etcétera, suponen 270 actuaciones, lo que significa un
incremento notable sobre el año anterior. La tasa de
admisibilidad ha sido del 51 por ciento frente al 49 por
ciento de quejas que no fueron admitidas. En total se han
admitido más de 10.000 quejas. Inadmisión no significa
rechazo, sino que se le da una información. Quiero resaltarlo
porque el año pasado se
nos dijo en esta Cámara que era preocupante la tasa de
inadmisión del Defensor del Pueblo. Somos conscientes de ello,
pero las quejas no se pueden admitir si no reúnen las
condiciones de admisibilidad que están expresamente tasadas
por la ley. Generar expectativas improcedentes sería
absolutamente demagógico. Podemos actuar en aquello en lo que
entendemos que hay presuntas irregularidades administrativas.
Quiero señalar, además, que la actuación constitucional del
Defensor del Pueblo lo es tanto cuando comprueba que la
actuación de la Administración ha sido regular como cuando
comprueba que la actuación ha sido irregular y la subsana, en
los dos aspectos. El conjunto de quejas
inadmitidas demuestra con claridad que existe en la práctica
una función del Defensor del Pueblo, probablemente difusa pero
no por ello desdeñable, que es la atención al ciudadano que
subjetivamente puede entenderse como una articulación del
derecho de petición.
En cuanto a la resolución de expedientes, se ha subsanado el
41 por ciento, que supone 3.844 expedientes, pequeños y
grandes, desde problemas individuales, como retrasos por una
expropiación forzosa, hasta expedientes de deudas paralizados
por la
Administración. Creo que no es necesario entrar en ello porque
están contenidos en el informe parlamentario. Se ha comprobado
que la actuación de la Administración fue correcta en un 57
por ciento, es decir, en 5.926 expedientes. Unicamente en un
uno por ciento las resoluciones del Defensor del Pueblo y de
las
Administraciones fueron discrepantes.
Para señalar algunos casos significativos, dividiría mi
intervención en cinco grandes bloques. El primero, las
actuaciones llevadas a cabo por la institución en defensa de
los principios de libertad e intimidad de la persona,
inherentes a la dignidad de la persona, contenidos en los
artículos 1, 15, 16 y 17 de la Constitución, como SS.SS. bien
conocen. En segundo lugar, estaría el relativo a la defensa
del artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial
efectiva, y los problemas detectados en el servicio público
judicial. El tercero, sería la atención especial a la
protección de los derechos en especial situación de
vulnerabilidad, de extranjeros, de inmigrantes, de minorías
marginadas, situaciones de xenofobia, y racismo, así como de
los enfermos psiquiátricos y de las mujeres en especiales
situaciones, como, por ejemplo, en el caso del paro. El
cuarto, la preocupación constante por el medio ambiente. No se
nos puede decir que en la institución del Defensor del Pueblo
repetimos todos los años lo mismo y que las quejas son siempre
una
reiteración en los informes parlamentarios, un año detrás de
otros. Significa, señorías, que no se ha leído bien el informe
o que hemos explicado mal el informe en nuestras
comparecencias. Por eso, es importante que vengamos cada vez
más al Parlamento por eso es importante que entiendan que el
Defensor no busca culpables sino soluciones y que no puede
actuar sin la ayuda de su comisionante. El quinto y último
apartado abarcaría las garantías eficaces que a ustedes les
preocupan, como es la protección de los usuarios de los
servicios públicos, que comprenderían desde una consecución de
una Administración con criterios de una prestación de calidad
hasta el concepto de procedimiento administrativo como
garantía.
Abordo el primer punto, el de los derechos y deberes
fundamentales. Quiero decir una vez más que puedo sostener que
en nuestro país los derechos y libertades fundamentales
proclamados en la Constitución son generalmente respetados por
los poderes y administraciones públicas, pero esta afirmación
de carácter general, de la que es de justicia dejar constancia
clara, no debe empañar la importancia de algunas vulneraciones
de carácter puntual y relevante que también se han producido y
de las que han sido víctimas diversos ciudadanos. Hemos
reiterado en otras comparecencias que el Defensor del Pueblo,
por mandato de la Constitución, ha sido y será rigurosamente
beligerante en este terreno. No se ha limitado ni se limitará
a investigar las quejas recibidas, sino que actuará de oficio.
Es más, ésta es una prerrogativa que tiene el Defensor del
Pueblo de España frente a otros ombudsman europeos con
tradición consolidada, como es, por ejemplo, el ombudsman de
Finlandia, procurando estar presente allá donde pueda existir
un riesgo razonable de vulneración, porque tan importante o
más que corregir a posteriori y sancionar esas vulneraciones a
derechos fundamentales es prevenir que éstas no lleguen a
producirse. Llegados a este punto, es obligado señalar los
problemas detectados en las detenciones subsiguientes a una
identificación en el marco de lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de
la Seguridad Ciudadana.
Tal como expresé en la reciente comparecencia ante la Comisión
Mixta, de las quejas contenidas en el informe del año 1992 y
de su seguimiento, hemos observado que las medidas adoptadas
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para identificar a los
ciudadanos pueden haber sido desproporcionadas, han ido más
allá de los límites de la estricta identificación; en otros
casos la potestad sancionadora resolvió un expediente
sancionador con la adopción de una medida no prevista en la
norma citada. Pues bien, para evitar que estos supuestos de
privación de libertad puedan convertirse en detenciones
encubiertas, sin las debidas
garantías, establecidas tanto en la Constitución como en el
Código Penal y en la Ley de Enjuciamiento Criminal, el
Defensor del Pueblo, en el ámbito de las competencias que
tiene atribuidas y desde la práctica, desde los hechos
prácticos que tiene en este momento en tramitación, afirma o
recomienda al Ministerio del Interior que teniendo en cuenta
la reciente y clarificadora sentencia del Tribunal
Constitucional debe impartir instrucciones concretas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para
que las identificaciones que se efectúen al amparo de lo
dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica de Protección
de la Seguridad Ciudadana se atengan a los principios
establecidos por el Tribunal Constitucional.
Otro aspecto importante a señalar son las cuestiones que
afectan al derecho a la intimidad, por una parte, por la
relevancia constitucional del derecho tratado y, por otra, por
la creciente sensibilización de la opinión pública al
respecto. El derecho de la información se ha convertido en los
tiempos actuales en un bien jurídico de enorme relevancia para
múltiples actividades e iniciativas públicas y privadas. El
aforismo «tener información es tener poder» es una verdad en
cierto modo, incuestionable. No han sido pocas las actuaciones
que ha tenido el Defensor del Pueblo en este campo, desde la
presentación del recurso de inconstitucionalidad a la ley
Orgánica de regulación del
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hasta
la investigación de actuaciones concretas practicadas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, policías municipales, ya que
para el esclarecimiento de determinados hechos entienden que
se hace preciso llevar a cabo el reconocimiento físico del
detenido mediante cacheos, desnudos, flexiones, sin existencia
de
instrucciones concretas sobre los límites de estas
actuaciones. Otros aspectos que afectan al derecho a la
intimidad son los relativos a la recogida de datos en
encuestas sanitarias sin control, problemas derivados de la
confidencialidad de la historia clínica, en definitiva,
actuaciones que han sido en no pocas ocasiones corregidas,
como consta también, en el informe parlamentario.
Dejo en un paréntesis el capítulo sobre tutela judicial
efectiva, dada la complejidad y amplitud con las que está
contenido en el informe parlamentario. Solamente quiero decir
que los mayores problemas que tenemos se deben al colapso en
determinados órganos jurisdiccionales y que, como bien se ha
señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una
justicia con retraso no es una auténtica justicia.
El tercer bloque de problemas del que quiero hacer mención
especial ante la Cámara es aquel que se refierea los derechos
en situación de especial vulnerabilidad, como son los menores.
El Defensor del Pueblo es especialmente sensible a proteger
los derechos del menor, y lo hemos hecho ante la reiterada
aparición del menor en los medios de comunicación, en
situaciones que afectan a su intimidad y sobre hechos que
pueden estar incursos en un proceso penal. El Fiscal General
del Estado ha dictado una instrucción, la 2/1993, relativa a
la actitud activa del
Ministerio Fiscal en estos supuestos. Además, ha habido otras
actuaciones, en concreto en relación con las discriminaciones
sufridas por un menor disminuido psíquico al que en su calidad
de tal, se le negó un trasplante de órgano no atendiendo, como
contraindicación, a criterios exclusivamente clínicos sino a
sus circunstancias psicofísicas.
Hemos actuado, también, en el servicio 903 de la Compañía
Telefónica Nacional de España con un resultado satisfactorio
porque la recomendación ha sido aceptada, como SS.SS. bien
conocen. Hemos atendido, además, a otras cuestiones relativas
a derechos de los usuarios de los servicios públicos.
En cuanto al tema de la xenofobia y el racismo, solamente
quiero decirles que en el año 1992 por primera vez en el
informe parlamentario aparecen algunas actuaciones
verdaderamente significativas que no han tenido luego su
continuidad en otras quejas que se han recibido en la
institución. El Defensor del Pueblo insiste en la importancia
de erradicar estas situaciones que a veces no tienen una
respuesta lo suficientemente adecuada en el Código Penal, pero
cuyas consecuencias deben ser observadas y analizadas a través
de los preceptos que están contenidos en el Código Penal. La
respuesta de la sociedad a los actos de xenofobia y racismo no
debe ser una respuesta exclusivamente de los poderes públicos
sino de las instituciones y de la sociedad en conjunto.
En cuanto al importante tema del medio ambiente, es verdad que
hemos recibido cada vez más cuestiones que hacen referencia a
la importancia de la degradación del medio ambiente, y que
vienen de todas las comunidades, como por ejemplo aspectos que
tienen relación con la contaminación acústica, medioambiental,
de aguas, o aspectos nuevos como la protección de las cañadas
reales. Solamente quiero señalarles a ustedes la incidencia
que tiene para el Defensor del Pueblo el Derecho comunitario
que lo hemos hecho valer en un aspecto muy importante como es
la protección a la información en materia medioambiental, en
relación con la Directiva 90/313 de la Comunidad, que
establece los derechos de libre acceso y la forma en que la
Administración debe actuar al respecto. Se deben ponderar los
intereses en juego, las
restricciones cuando sean informaciones que afecten a datos de
tipo económico y confidencial, pero debe haber la posibilidad
de libertad de acceso en cuanto al interés general que el
medio ambiente representa.
En cuanto al último punto, el relativo a la protección de los
consumidores y usuarios o derechos de los usuarios, más bien
de estos últimos, de los derechos de los usuarios porque
abarca a los usuarios de los servicios públicos en general,
solamente enumero: la instrumentalización necesaria de los
derechos de los usuarios de la sanidad, la necesidad del
consentimiento
informado, la calidad de la prestación sanitaria --contenidos
todos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad--; la
necesidad de notificación individualizada a los asegurados de
las compañías que estén incursas en procedimientos de
liquidación; los problemas derivados de los procesos
recaudatorios en los embargos de cuentas corrientes, que han
dado lugar a numerosas quejas, no sólo por las deficiencias en
el procedimiento de
notificación, sino también porque las administraciones
públicas no tienen en cuenta que hay cantidades que son
inembargables; los problemas reflejados en las quejas
motivadas por los
procedimientos administrativos, como una garantía o como un
plus de garantía para la Administración; los problemas de los
retrasos administrativos en puntos sensibles de atención
ciudadana, como son listas de espera, prestación social
sustitutoria, la objeción de conciencia, retrasos en los
procesos de indemnizaciones por el procedimiento
expropiatorio; insuficiencias presupuestarias como
justificación de la falta de eficaz respuesta administrativa
en determinados supuestos, como es en el caso de prótesis
ortopédicas o de reintegro de gastos por usos ajenos a la
Seguridad Social.
Hablé de la incidencia del Derecho comunitario a raíz de una
pregunta en la Comisión y les decía que la institución es, por
fin, una institución de resultados. Los resultados son no
solamente los que provienen de los datos individuales sino
también los que proceden de la aceptación de las resoluciones
y recomendaciones del Defensor del Pueblo por parte de las
administraciones públicas. En este año se han aceptado más de
112 recomendaciones y sugerencias (solamente en 27 casos se ha
dicho que no y el resto están en este momento en tramitación),
y algunas con importante relevancia, tanto económica como por
las modificaciones normativas que suponen. Además de estas
recomendaciones, ha habido en general una buena respuesta por
parte de las Administraciones públicas. No hay actuaciones
claramente entorpecedoras. Afortunadamente, son pocas, pero
aunque constituyen una excepción, no pueden pasarse por alto.
Muchas veces no es que las administraciones no contesten, sino
que en sus contestaciones están más preocupados en decir lo
que a su juicio es el Defensor del Pueblo que en entrar a
investigar el contenido exacto de la reclamación. Esto se
produce sobre todo en las compañías detentatarias de servicios
públicos. Por eso en relación con las previsiones contenidas
en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo,
es decir, con calificarlo como una actitud hostil o
entorpecedora, dada la indeterminación jurídica de estos
conceptos y dada también la escasa operatividad que supone
haber puesto en conocimiento de la Cámara en otras ocasiones
la actitud de determinadas administraciones que no han
contestado al Defensor del Pueblo, esta Defensora entiende que
deberían mejorarse los mecanismos en el marco de la ya
necesaria reforma de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
Quiero afirmarles, además, que las relaciones institucionales
con los otros ombudsman o comisionados parlamentarios
autonómicos han sido muy positivas y se han afianzado. Dedico
un recuerdo emocionado al Sindic de Greuges catalán, señor
Rahola, y damos la bienvenida al nuevo Sindic de Greuges de la
Comunidad Autónoma Valenciana y a los nuevos nombramientos de
Justicia de Aragón y del nuevo Sindic de Greuges.
Las relaciones institucionales han supuesto un importantísimo
avance en el reflejo de la institución del Defensor del Pueblo
tanto en el marco europeo como en el marco iberoamericano. A
instancias del Defensor del pueblo se celebró en Madrid una
conferencia con todos los ombudsman de los países que componen
el marco de la CSCE sobre el problema de los mecanismos no
jurisdiccionales de protección de los derechos fundamentales,
conferencia que se celebró en el Senado. He de resaltar la
importancia de las relaciones con Iberoamérica, los convenios
firmados con Guatemala y El Salvador y, asimismo, la
proyección con Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. En Europa
señalo con esperanza la creación del nuevo Defensor del Pueblo
Europeo prevista en el artículo 138 del Tratado de Maastricht,
que será un símbolo emblemático de la ciudadanía de la Unión.
Señorías, finalizo esta intervención en primer lugar pidiendo
excusas por el exceso en la misma, pero afirmando que éste es
el momento más importante en la vida de la institución, y pido
por ello su benevolencia, señor Presidente, señorías, si me he
extendido demasiado en la explicación de lo que la institución
ha hecho y de sus resultados durante el período al que se
refiere el informe. En segundo lugar, solamente quiero decir
tres cosas: es una institución consolidada, la eficacia de la
institución ha sido globalmente buena, están lejos los tiempos
de reticencias o las respuestas imprecisas, pero el Defensor
del Pueblo como magistratura de opinión, como auctoritas
necesita dos apoyos: en primer lugar, una tipificación del
delito de desobediencia en el Código Penal, aunque no queremos
vencer sino que queremos convencer, pero necesitamos este
apoyo, y, por otra parte, necesitamos el respeto, necesitamos
el apoyo, necesitamos la confianza de esta Cámara.
Concluyo como terminé en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Se
decía en mi vieja Universidad de Salamanca que enseña bien
quien distingue bien. Como estoy absolutamente convencida,
desde la experiencia de once años en la institución del
Defensor del Pueblo, de la utilidad y del respeto que merece
esta figura institucional, desde este convencimiento, pido a
SS.SS. una vez más, como lo han hecho otros defensores, como
lo harán nuevos defensores en el futuro, la confianza de esta
Cámara a la figura del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Retuerto.
¿Grupos que deseen fijar su posición en relación con el
informe que acaba de ser efectuado? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, a la vista del informe que hoy nos reúne
aquí y de la exposición que nos acaba de hacer la Defensora
del Pueblo en funciones, la señora Retuerto, complemento
protocolario de la que realizó extensamente ante la Comisión
correspondiente en fechas recientes, hace una valoración
específica sobre lo que ha sido el informe de la actividad de
la institución en 1992, que llega con retraso, debido, como
saben SS.SS., a la disolución de las Cortes por la
convocatoria de las pasadas elecciones generales. Nosotros
queremos hacer una valoración positiva de lo que es el décimo
informe que llega a esta Cámara, y en verdad que la evolución
ha sido francamente favorable y positiva desde los siguientes
puntos de vista, empezando por los generales para entrar, al
final, en la valoración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En primer lugar creo que es importante que dispongamos de un
documento que haga la radiografía o refleje la patología de
esa relación permanente, siempre conflictiva o compleja, entre
el ciudadano de a pie, el administrado, y la Administración.
Creo que el resultado de este décimo informe es francamente
positivo desde el punto de vista de lectura democrática y de
funcionamiento de unos y de otros. Por un lado, las cifras de
recursos ante la intitución tienen ya una estabilidad que da
idea de una cultura del uso de la institución del Defensor del
Pueblo, de lo que debemos congratularnos. De otro lado --y eso
se olvida muchas veces--, es de enjuiciar el funcionamiento y
el
comportamiento de los servidores públicos, de los funcionarios
y de los cargos de la Administración, en la medida en que se
deduce de este informe, no tanto del uso que el ciudadano hace
de la institución como del talante positivo, del
comportamiento eficaz de la Administración, salvo esas
contadas excepciones en porcentajes que no son llamativos,
aunque sí deben de ser analizados, lo que comporta
precisamente ese talante positivo del funcionario y de la
Administración. En este caso, en este talante positivo tengo
que englobar mi reconocimiento a todos los funcionarios que
trabajan en la propia institución del Defensor del Pueblo,
porque a su celo y a su eficacia se debe
precisamente, como cordón umbilical entre el ciudadano
recurrente y la Administración pública correspondiente, ese
nexo de unión; si no funcionara con esa eficacia, verdadero
exponente de un talante positivo, aquí se podría reflejar otro
tipo de patología. Quiero destacar también que la institución
del Defensor del Pueblo se debe analizar, para nosotros, en
dos comportamientos, uno pasivo, de recepción de la propia
queja que manda el
ciudadano, pero hay otro que va tomando incremento --y quiero
seguir felicitando y estimulando a la institución y a sus
máximos representantes--, que es de actuación que yo llamo
activa, es decir, a iniciativa propia. No se han quedado
solamente en sus despachos oficiales, sino que han ido a
inspeccionar hospitales, cuarteles, centros públicos,
prisiones, donde está el componente humano del ciudadano que
recurre a la institución del Defensor del Pueblo. No es
fortuito ni puro accidente que, cuando vemos el resumen de las
actividades de la institución, nos encontremos con hechos que
es necesario destacar aquí, que el 95,39 por ciento de las
quejas se han formulado por personas físicas. Ese pequeño
porcentaje que queda, un 5 por ciento escaso, es hecho por
personas jurídicas, colectivos, sindicatos, etcétera, que
pueden ser englobados ahí. Es importante destacar esto porque
si no no podríamos justificar muchas veces por qué ese
comportamiento de talante activo positivo de la figura del
Defensor del Pueblo, visitando hospitales, cuarteles o
prisiones, por poner unos ejemplos, donde está ese porcentaje
de personas físicas recurrentes. Quiero destacar también, y
sobre esto es necesario una meditación política, tanto de los
grupos
parlamentarios, los Diputados, como de los altos cargos de la
Administración --y me refiero fundamentalmente a los cargos
políticos, que deberían tener muy en cuenta las reflexiones y
los datos que se aportan en el informe del Defensor del
Pueblo--, que cuando la realidad estadística nos dice cuál es
el estrato social o económico de las personas físicas que
recurren, nos estamos dando cuenta de que la mayoría son
precisamente personas que, a veces, no pueden pagarse un
abogado de un bufete, ni siquiera mediano, para entablar una
consulta o una queja a la
Administración. El hecho de que el 48,1 por ciento declare
tener ingresos económicos mensuales inferiores a las 100.000
pesetas nos está dando ya, en esa patología de la persona
física
demandante, un dato a considerar.
Cuando nosotros entramos en las causas de inadmisión,
reconforta saber --porque ha sido objeto de crítica, y lo
acaba de recordar la señora Retuerto, en anteriores debates
del informe del Defensor del Pueblo ante esta Cámara--, que lo
que se ha
resuelto, proporcionalmente a la información del «promovente»,
sigue estando en cotas altas, en este caso, en 1992, en el
35,9 por ciento, pero las causas de inadmisión, no solamente
porque ya fueron resueltas sino por no apreciarse indicios de
irregularidad administrativa, están en el 32,21. Esto también
es importante, porque el Defensor del Pueblo no puede ser un
fiscal de la Administración pública, no es su papel, y esto
conviene dejarlo bien claro. Si hay un órgano de control del
Gobierno es precisamente este Parlamento, no es el Defensor
del Pueblo; es nuestro comisionado y ese comisionado está
obligado a
trasladarnos aquí los cuellos de botellas, las deficiencias
administrativas, para que los grupos parlamentarios, en su
derecho individual reglamentario y constitucional, o la
Cámara, en su derecho de conjunto, sea el órgano de control
del Gobierno; es el que tiene que poner en la tribuna al
Ministro de turno, al alto cargo de turno, para que
responda de las deficiencias o de la patología, como
acertadamente señala este informe. Hay que ir dejando las
cosas claras en el devenir y en la andadura de los informes
del Defensor del Pueblo.
Y yo quisiera hacer en este momento un reconocimiento a las
seis instituciones coadyuvantes, a los comisionados
parlamentarios autonómicos, que hasta el momento de hacerse el
informe de 1992, que es el que estamos analizando, era propio
de seis comunidades autónomas. Pues bien, la Comunidad
Autónoma de Canarias ha sido la segunda en emitir y tramitar
quejas ante la institución del Estado del Defensor del Pueblo,
que ha recibido a través del Diputado del Común de Canarias
171 expedientes, frente a los 196 del Defensor del Pueblo
Andaluz, que ocupa el primer puesto, y el Sindic de Greuges,
de Cataluña, con 101. Eso quiere decir que, por porcentaje de
población tutelada o cubierta, la Comunidad Autónoma de
Canarias, el Diputado del Común, ha hecho un trabajo eficaz y
lo ha canalizado hacia la institución del Defensor del pueblo,
situándose prácticamente en el número uno de los
comisionados parlamentarios autonómicos.
A esto debemos añadir una curiosa estadística que se deduce de
aquí en términos generales: que aquellas comunidades autónomas
--como estas seis que lo tienen en el momento de este informe
de 1992-- que han actuado ante el ciudadano flexionan a la
baja y a la resolución positiva las quejas de los ciudadanos.
Yo interpreto que en las comunidades autónomas con comisionado
de su Parlamento los ciudadanos se encuentran doblemente
asistidos, porque pueden recurrir a la figura estatal del
Defensor del Pueblo, en Madrid, para entendernos y, al mismo
tiempo, en su comunidad autónoma, pueden recurrir a su propio
comisionado, su defensor en las distintas aceptaciones
terminológicas: el Ararteko, el Justicia de Aragón, el Valedor
do Pobo, el Sindic de Greuges, el Diputado del Común o el
Defensor del Pueblo Andaluz. Tienen, por tanto, una doble vía
institucional, ser atendidos, y no solamente de una manera
positiva, y también ver resueltas sus peticiones. Al mismo
tiempo, el ejemplo que ha dado la institución del Defensor del
Pueblo a nivel estatal, a iniciativa propia, de ir a visitar
centros, lo están siguiendolos respectivos comisionados de
esas seis comunidades autónomas, que están visitando también
las dependencias más o menos
conflictivas, los puntos neurálgicos de donde sale el mayor
porcentaje de ciudadanos que utilizan la institución del
Defensor del Pueblo. Por tanto, lo valoro positivamente.
Si, además, vemos --en el caso de Canarias-- que las quejas
por cien mil habitantes son de un 99,40, mientras que la media
nacional es del 49,82, se demuestra que allí se da un mayor
grado de uso de la institución y que encuentran reforzado este
criterio con respecto a la demanda y la queja de otras partes
de España. Termino, señor Presidente, porque el análisis podía
ser muy pormenorizado, pero creo que hay suficientes datos
para poder ver la relación de los colectivos que recurren a
dicha institución. De todas formas, quiero destacar que,
dentro de las seis áreas de recepción de estas quejas que ha
hecho la institución del Defensor del Pueblo, el primer lugar
lo ocupa la función pública, con las administraciones
educativa y de cultura; el segundo, el trabajo, la seguridad
social y la sanidad y el tercero, la justicia y la
administración económica. Estos son datos que nos deben hacer
reflexionar y valorar políticamente. Y en este orden de ideas,
con aquel primer principio de reconocimiento que se hacía, yo,
a la hora de emitir un juicio del informe del Defensor del
Pueblo para 1992, junto a una valoración positiva y como
estímulo para los grupos políticos y la administración de esta
Cámara, quiero rendir un homenaje al Defensor del Pueblo
titular, señor Gil Robles, que es artífice en gran parte, con
todo su equipo de colaboradores, de este informe, estimulando
a los grupos parlamentarios para que no sigamos en vacío
institucional de la figura titular del Defensor del Pueblo y
que pronto el que se decida democráticamente esté ocupando
esta tribuna con el informe de 1993.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Voy a efectuar una intervención
breve desde el escaño, impulsada por razones de cortesía
parlamentaria, puesto que mi Grupo no tiene ninguna reserva
mental relevante que aportar al informe presentado este año
por el Defensor del Pueblo.
Señor Presidente, siguiendo las teorías hellerianas del
Estado-organización, podemos considerar al Defensor del Pueblo
como una institución de contrapoder, de las que la doctrina
alemana calificaba como instituciones de contrapoder. Se
partía,
conceptualizando la teoría del Estado de la proposición
inevitable, de que la soberanía reside en el pueblo. El pueblo
se auto-organiza políticamente a través de la elaboración de
una constitución, una constitución, en la que se estructura
materialmente su organización política y se proclaman los
derechos fundamentales y libertades públicas, de la que son
titulares subjetivamente todos los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo, como institución de contrapoder, es un
órgano que, de forma mediata, de forma no directa, debe
tutelar y debe garantizar la eficiente vigencia de estos
derechos fundamentales y libertades públicas, básicamente en
el Estado español que proclama el Título I de la Constitución.
Debe velar también por otra cosa igualmente relevante: el
regular funcionamiento de los poderes públicos del Estado,
fundamentalmente
de la Administración o de las administraciones públicas del
Estado y, de forma muy singular, en el Estado español, debe
contribuir a la interdicción de la arbitrariedad que tan
enfáticamente proclama el artículo 9.2 de la Constitución y ha
precisado de forma igualmente enfática la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.
Dicho todo esto, señor Presidente, y desde esta perspectiva,
nosotros discrepamos de la opinión mayoritaria manifestada por
otros portavoces con frecuencia en las comparecencias del
Defensor del Pueblo, consistente en afirmar que el informe
anual del Defensor del Pueblo constituye una especie de
radiografía de la situación de vigencia y eficiencia real de
los derechos humanos, de las libertades públicas y derechos
fundamentales que consagra la Constitución. Nosotros
entendemos que esto no es así, que esto no puede ser una
eficiente radiografía de la situación de disfrute de los
derechos y libertades públicas, puesto que hay otros
instrumentos institucionales, de acceso más directo, de
legitimación más directa, para buscar precisamente esta
eficiencia, esta tutela de los derechos y libertades públicas.
En primer lugar, la jurisdicción, como es obvio, en sus
distintos órdenes; el Tribunal Constitucional, para las
vulneraciones u obstáculos a los derechos y libertades
públicas proclamados entre los artículos 9 y 24 de la
Constitución, tal como proclama el artículo 53 de la propia
Norma fundamental, y también la
jurisdicción contencioso-administrativa, para la especial
protección, previsto en la ley procedimental específica, de
los derechos fundamentales. Luego hay que considerar
necesariamente al Defensor del Pueblo como una especie de
institución
subsidiaria de tutela de los derechos humanos, de tutela de
las libertades públicas y derechos fundamentales que consagra
la Constitución, si bien podría considerarse a la institución
del Defensor del Pueblo y a su informe anual como una
referencia parcial, no suficiente, no universal, de los puntos
más oscuros, de los puntos menos protegidos, de los puntos más
negros del Estado de Derecho. Dicho todo esto, señor
Presidente, nosotros vamos a hacer nuestras proclamaciones
atinentes al informe anual presentado. En primer lugar,
proponer que se deben incrementar los medios humanos,
materiales, los medios físicos que
implementen la eficiencia de esta institución, aunque nos
hemos encontrado con la sorpresa de que la Defensora del
pueblo lo considera no necesario; luego, en este momento,
formalmente, retiramos esta propuesta, que considerábamos
nosotros
especialmente pertinente, no sin decir que la señora Defensora
del Pueblo ha coincidido con la voluntad del legislador en el
ámbito presupuestario, porque tampoco había en los
Presupuestos consignaciones para incrementar esta eficiencia
desde la
perspectiva de los medios humanos y materiales. Esta
paradójica coincidencia, desde nuestra perspectiva, nos hace
retirar e incluso no proclamar formalmente esta propuesta.
En segundo lugar, nos gustaría decir, señor Presidente, que
nosotros estamos muy satisfechos con el funcionamiento y con
el control que de esta institución ha realizado la actual
Defensora del Pueblo, particularmente desde una perspectiva:
su gran espíritu y su gran talante de colaboración con sus
instituciones homónimas en las comunidades autónomas donde
existe: con el Ararteko, con el Sindic de Greuges, con el
Justicia de Aragón, con el Defensor del Pueblo andaluz,
etcétera. Y esto, ¿qué acredita, señor Presidente? Algo que
para nosotros es casi paradigmático: que la diversidad nunca
es obstáculo para la eficacia. Ojalá que en otros ámbitos de
la vida pública pudiese ser aplicable con tanto énfasis, con
tanta claridad este
principio que proclamamos.
Nos ha gustado mucho también en la intervención de la señora
Retuerto esa inspiración humanista, esa impronta humanista que
ha caracterizado su discurso. Nosotros somos un partido que
nos hemos distinguido, durante cien años de existencia
prácticamente, por la proclamación de los valores humanistas,
en el sentido más amplio, en el sentido más aristotélico del
término.
Nos gusta, desde esta perspectiva, además, que se enfaticen
estos valores en un momento, en una coyuntura histórica en la
que, lamentablemente, asistimos a una genuina crisis de los
valores de la generosidad, de los valores de la nobleza,
crisis que se está enseñoreando peligrosamente de nuestra
sociedad. Hay que proclamar enfáticamente esos valores. Por
ello nos parece muy pertinente que la señora Defensora del
Pueblo lo haya hecho así. Nos gusta, asimismo, la proclamación
que hace la Defensora del Pueblo, que intenta que esta
institución, la institución que ella dirige, que ella preside,
se convierta en una especie de
instrumento de participación ciudadana también, creando y
propiciando la extensión de esta cultura de la reclamación no
sólo contra la injusticia, no sólo contra la arbitrariedad,
sino incluso contra la mera irregularidad.
Y, por último --para terminar, señor Presidente, y ser
congruente con la promesa de brevedad que por enésima vez
vuelvo a
incumplir, por lo cual le solicito disculpas--, quiero indicar
que, para contribuir, desde la perspectiva de nuestro Grupo,
al incremento de la eficiencia en el funcionamiento de esta
institución, vamos a proponer expresamente que en el próximo
proyecto de Código Penal --que pronto se debatirá en esta
Cámara-- se tipifique como delito, tal como solicita la
Defensora del Pueblo, la no colaboración con la institución,
la
obstaculización, las actitudes obstruccionistas a los
requerimientos de la institución, que, aunque han minorado su
importancia, y realmente lo ha hecho con pertinencia en sus
aspectos cuantitativos, no se debe minorar su importancia en
los aspectos cualitativos, porque hay administraciones
públicas que no sólo no colaboran o no responden; hay
administraciones públicas
que ni siquiera acusan recibo de las reclamaciones del
Defensor del Pueblo.
Por estas razones, nosotros manifestamos nuestro apoyo a la
institución y también --como ha hecho el portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra-- manifestamos nuestro deseo
de que, si se va a proceder a una designación de un nuvo
Defensor del Pueblo, se haga con la máxima diligencia posible.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, señorías, estamos
ante el décimo informe que el Defensor del Pueblo presenta a
esta Cámara. Han pasado ya diez años desde la primera
comparecencia de don Joaquín Ruiz-Giménez, primer Defensor del
Pueblo.
En las primeras intervenciones, el interés del Defensor del
Pueblo y de todos los grupos parlamentarios se centraba en
consolidar y arraigar en la sociedad española una institución
que definía nuestra Constitución, pero que era nueva para
nuestros ciudadanos. La labor no era sencilla y era, y de
hecho sigue siéndolo, apasionante. Había dos obstáculos
iniciales a salvar: en primer lugar, que la opinión pública
entendiera el sentido de la institución como primer paso para
confiar en ella y, en segundo lugar, que la Administración se
acostumbrara a
rectificar, en su caso cuando las recomendaciones del Defensor
del Pueblo lo aconsejara. Salvar estos obstáculos era labor
difícil y tenía un requisito indispensable, el rigor y la
profesionalidad de las personas que encarnaban la institución.
En este momento, señor Presidente, quiero recordar la labor de
don Joaquín Ruiz-Giménez y de sus adjuntos iniciales, don
Alvaro Gil Robles y doña Margarita Retuerto, que supieron dar
a la institución el talante, rigor y profesionalidad que con
el tiempo han hecho posible que la institución del Defensor
del Pueblo sea hoy una institución querida por la sociedad
española.
La continuidad en esa línea del anterior Defensor del Pueblo,
don Alvaro Gil Robles y, actualmente, de doña Margarita
Retuerto, que ha ejercido su responsabilidad, superando la
interinidad que la incapacidad de esta Cámara podía haber
provocado en la
institución, son elementos fundamentales para que el resultado
del informe de 1992 sea, a juicio del Grupo Parlamentario
Catalán, altamente satisfactorio. Es, en definitiva, el
resultado de un esfuerzo continuado a lo largo de once años.
Para nosotros, el aspecto más destacable del informe de 1992,
es el alto grado de aceptación que han tenido entre las
distintas administraciones públicas las recomendaciones del
Defensor del Pueblo.
Recuerdo que en los primeros años de funcionamiento de la
institución eran frecuentes las críticas que los distintos
grupos parlamentarios hacíamos a la poca receptividad por
parte de la Administración a las recomendaciones del Defensor
del Pueblo. Hoy, en el informe que estamos analizando, se han
invertido los datos estadísticos, hay más receptividad que
obstrucción. Pero, a pesar de esa valoración positiva del
nivel de respuesta de las administraciones a las
recomendaciones del Defensor del Pueblo, es conveniente que
consideremos la posibilidad, como se sugiere en el informe, de
tipificar como delito la desobediencia y la obstrucción a la
labor del Defensor del Pueblo. En todo caso, esta tipificación
requeriría a nuestro juicio, el consenso de todos los grupos
parlamentarios. Por nuestra parte, quede el compromiso de que,
como mínimo, nos parece interesante que nos lo planteemos.
Queremos también destacar, en este trámite parlamentario, la
estrecha y fructífera relación del Defensor del Pueblo con sus
homónimos de las comunidades autónomas. Las jornadas de
coordinación que periódicamente se realizan entre Defensores
del Pueblo son convenientes para un mejor cumplimiento de su
cometido desde el respeto, como siempre ha sido, al ámbito
competencial de cada uno. Por otra parte, las conclusiones de
estas jornadas deben constituir elementos de reflexión en esta
Cámara de aspectos de nuestra vida colectiva que deben ser
mejorados.
A título de ejemplo, quisiera citar que en las últimas
jornadas de coordinación entre Defensores del Pueblo, el
pasado mes de septiembre, el Sindic de Greuges de Cataluña,
don Antón Cañellas, presentó una ponencia sobre problemas
relativos a la situación jurídico-asistencial del menor de
edad, que ponía de manifiesto las importantes necesidades que
en este campo tiene nuestra legislación. Aprovochemos, pues,
el trabajo y las reflexiones que se nos sugieren para mejorar
nuestro ordenamiento jurídico. En el informe que hace pocos
días la Defensora del Pueblo nos hizo en la Comisión, como ha
hecho hoy ante el Pleno, destacaba como importante el
mecanismo de participación ciudadana que significa la
institución del Defensor del Pueblo. Nos parece especialmente
importante hoy esta reflexión. No cabe duda de que el trabajo
del Defensor del Pueblo y el alto grado de aceptación que sus
sugerencias han tenido en la Administración pública están
ayudando a generar la necesaria confianza que debe existir
entre la ciudadanía y sus instituciones. Aquel ciudadano que
ha presentado una queja, y ésta se ha resuelto
satisfactoriamente, sabe que su participación ha conseguido
resolver para él y para todos los que tenían el mismo
problema, una situación anómala. Este mecanismo de
participación es, por tanto, importante y coindimos con el
Defensor del Pueblo en destacarlo.+
Diez años ya es tiempo suficiente para que podamos hacer
balance de la consolidación de la institución y analizar
aquellos aspectos que son susceptibles de mejora.
Al Grupo Parlamentario Catalán le interesa más en estos
momentos este aspecto de búsqueda de consenso para lograr un
impulso democrático que entrar en el trámite de hoy a analizar
pormenorizadamente aquellas deficiencias del funcionamiento de
las administraciones públicas que señala el detallado informe
que nos ha sido presentado. Qué duda cabe de que más allá del
consenso necesario para elegir un nuevo Defensor del Pueblo es
posible perfeccionar el funcionamiento de una institución que
ha demostrado, a los once años de su puesta en marcha, que
hace aportaciones positivas para mejorar la relación entre los
ciudadanos y la Administración y que, además, se consolida
como un válido instrumento de participación.
En esta línea de aportar ideas que puedan ser útiles para dar
un nuevo impulso o aprovechar mejor el trabajo de la
institución, nuestro Grupo Parlamentario sugiere que quizá
habría que
establecer una relación mucho más estrecha entre esta Cámara,
a través de la Comisión Mixta, y los trabajos del Defensor del
Pueblo. Sería desaprovechar un buen trabajo limitarnos al
trámite parlamentario anual de la presentación del informe y
no
profundizar más, sectorizando las comparecencias y estudiando
las causas que originan muchas de las quejas de los
ciudadanos. Tenemos la obligación en estos momentos, señorías,
tras once años de funcionamiento de la institución, de hacer
un esfuerzo más, que ayude, por la parte que corresponde al
Parlamento, a
consolidar, aún más si cabe, la institución entre nuestros
ciudadanos. Creo que el ejemplo que hemos dado durante los
últimos once meses de ser incapaces de llegar al consenso
imprescindible para designar al Defensor del Pueblo no debemos
reproducirlo en la relación que hoy tiene la Comisión Mixta
con la institución y debemos, por supuesto, intensificar mucho
más esta vinculación entre la institución y la Cámara. Nuestro
Grupo lo dijo en la Comisión, lo dice hoy en el Pleno y vamos
a intentar lograr el consenso necesario entre las demás
fuerzas políticas para que, como mínimo, pueda haber unas seis
o siete comparecencias del Defensor del Pueblo al año y
podamos seguir de una forma más intensa desde la Comisión los
importantes trabajos y conclusiones a los que llegue la
institución.
A mí me hubiese gustado que hoy hubiesen compartido muchos más
Diputados y Diputadas la comparecencia del Defensor del
Pueblo; las circunstancias en las que, por nuestra
incapacidad, se ha obligado a trabajar a la institución
merecían quizá más atención por nuestra parte. A ver si
sabemos dar este impulso que, repito, señorías, es nuestra
obligación constitucional.
Por último, señor Presidente, quiero agradecer el emocionado
recuerdo que el Defensor del Pueblo ha tenido para el
fallecido Sindic de Greuges de Cataluña, Francesc Rahola, que,
para todos aquellos que le conocieron, fue un vivo ejemplo de
fidelidad a unas ideas durante toda su vida.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías, por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nuestra intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos
gustaría resaltar algo que ha dicho la Defensora del Pueblo
adjunta y es que las instituciones se consolidan por su
eficacia. En este sentido es en el que nosotros vamos a hacer
un
reconocimiento a la institución y al informe que nos presenta,
a lo que decía ella en la Comisión donde, por cierto, tuvo una
intervención más sosegada que la de hoy en el Pleno de la
Cámara, que los quejosos que se habían dirigido a la
institución del Defensor del Pueblo habían tenido un mayor
volumen de efectividad que otras veces. Es decir, se había ido
consolidando
paulatinamente la institución, en función del trabajo que ya
venía realizando. Se ha montado una Institución que, en un
principio, cuando se puso en marcha hace diez años, no
sabíamos qué papel podía jugar y paulatinamente se ha ido
ganando ese espacio en lo que pudiéramos llamar triple
relación: por un lado, un sistema democrático, que tiene un
control parlamentario en el que el Ejecutivo rinde cuentas o
es controlado y, por otro lado, con una Administración de
justicia que responde a las actuaciones irregulares que pueda
haber.
Pues bien, el Defensor del Pueblo ha abierto una vía de
relación entre la Administración y el ciudadano y en la
defesnsa de los derechos del propio ciudadano.
Vaya, por tanto, nuestro reconocimiento a esa institución, en
su conjunto, y a su coraje, al trabajo sobre el terreno, a la
búsqueda de la realidad de las quejas del ciudadano. Y, por
qué no decirlo, también vaya nuestro reconocimiento a la
Defensora del Pueblo en funciones, que, estando interina, ha
mantenido con dignidad el protagonismo de esta institución. Y
digo interina en exceso, más bien por dificultades de los
grupos parlamentarios en esta Cámara que por la propia
institución.
En segundo lugar, ella hacía referencia a que el Defensor del
Pueblo había sido una escuela de ciudadanía, una especie de
educación para la reclamación. En este sentido, del informe
del Defensor del Pueblo que nos presentó en la Comisión y que
tienen SS.SS. a su alcance y ha sido presentado esta mañana
aquí, desde nuestro punto de vista deberíamos sacar tres
conclusiones. Primero, que el Defensor del Pueblo, a pesar de
la aparición de nuevos defensores del pueblo en cada
comunidad autónoma, no ha reducido el número de referencias
con los ciudadanos, sino que se ha mantenido, en el año 1992,
el número de personas que se han dirigido a esta institución,
en relación con 1991. A pesar de esa distribución de tareas,
se ha mantenido el número de recursos de los ciudadanos.
Decía ella que la institución es bastante conocida y
prestigiada por los ciudadanos, según la encuesta del CIS y es
verdad, pero también decía que no era suficientemente conocida
qué misión, qué tarea debe cumplir el Defensor del Pueblo. La
segunda conclusión que nos gustaría sacar es que existe un
escaso conocimiento de la Administración. Fíjense que de las
9.489 quejas que no han sido admitidas, casi el 35 por ciento
estaban dirigidas al Defensor del Pueblo solicitando
información: ¿A qué
Administración me tengo que dirigir? ¿Dónde puedo solucionar
este problema? Hay que invertir más desde la propia
Administración en una información exhaustiva de cómo está
organizado el Estado, cómo está organizada la Administración,
en sus distintas
vertientes.
La tercera conclusión es que tenemos una Administración que
todavía no ha dado espacio, no ha dado suficiente valoración a
las reclamaciones o quejas de los ciudadanos en su propio
seno. Deberíamos intentar aplicar en la política, en la
actuación institucional, aquel viejo lema que aplicamos a la
sanidad: más vale prevenir que curar después. Introduzcamos
mecanismos dentro de la Administración para que, en el
procedimiento
administrativo, el ciudadano pueda reclamar ante la
Administración antes de la vía contenciosa y pueda encontrar
una solución. Que se establezca un diálogo, que no sea una
figura la que abra la buena relación, esas 3.800 quejas
subsanadas que han tenido como interlocutor al Defensor del
Pueblo. Nosotros creemos que todavía, por desgracia, la
institución del Defensor del Pueblo no llega a sectores de la
población que no usan esta figura y que precisamente son los
sectores más débiles de la población, esos vectores de la
población que apenas tienen relación con las administraciones,
que viven en una situación económica muy débil, en una
situación social de poca inserción. Por eso deberíamos abrir
también la Administración, y esta institución a ese vector.
Por último, solicitaba que se
introdujera como delito en el Código Penal no responder al
Defensor del Pueblo, mayor eficacia en los consejos y en las
indicaciones a la propia Administración cuando tiene que ir a
la Administración de justicia; mayor relación con el
Ministerio Fiscal en la consecución de lo que se plantea, no
en la recepción de la queja, en la que hay un importante de
buena relación. Permítanme, señorías, que les haga tres
comentarios sobre los que hoy debiéramos estar reflexionando
aquí. La institución del Defensor del Pueblo en sí; la propia
Administración central, aunque brille por su ausencia la
presencia del Gobierno, y, por último, la relación en esta
Cámara y el papel de esta Cámara en la relación de la
institución que elegimos como Defensor del Pueblo.
Nosotros creemos que la institución del Defensor del Pueblo se
ha volcado en profundizar en la micropolítica, en profundizar
en los pequeños problemas administrativos, aunque esos
pequeños problemas hacen la grandeza de la política. Se ha
centrado en esa conexión multinuclear en cada uno de los
frentes de la realidad de la propia Administración, tanto en
la defensa de los derechos de los ciudadanos como en la
defensa ante la actuación de la propia Administración; pero
creemos que donde hay más
limitaciones en la figura del Defensor del Pueblo ha sido
cuando hemos llegado a la macropolítica, cuando hemos llegado
a la gran actuación de la política. Es ahí donde el peso y la
exigencia del Defensor del Pueblo se ha reducido ante el
Gobierno de la propia nación. Por desgracia, tenemos que decir
que, en esa relación, el papel del anterior Defensor del
Pueblo, el señor Gil-Robles, ha tenido una limitación
importante: el ejemplo del no recurso de inconstitucionalidad
a la Ley de Seguridad Ciudadana, que, por cierto, después el
Tribunal Constitucional ha dado la razón. Ahí, en esa medida
preventiva, en esa defensa de las leyes y de la actuación del
poder con los ciudadanos, esa actuación no ha sido rigurosa y
a nosotros nos llevó a no respaldar su elección para la
continuidad como Defensor, del señor Gil-Robles. En todo caso,
creo que estas realidades macropolíticas debieran jugar un
protagonismo nuevo en la figura del Defensor del Pueblo para
elevarse, para poder ver el bosque y no que el árbol tape al
propio bosque. ¿En qué lo decimos? Pues en algo que decía la
propia Defensora del Pueblo, hace apenas unos meses en
Luxemburgo, cuando hablaba del papel que deben de tener los
defensores del pueblo: hay nuevas actuaciones de las
administraciones --Sanidad, Educación, Transportes,
Comunicación-- que deben resolverse no desde la acción
individual, sino desde la colectiva. Como es natural, dice, es
necesario pagar el precio no sólo de sostener esas
administraciones portadoras de
servicios, sino también de los errores y arbitrariedades de
sus servidores o funcionarios en el ejercicio de la
competencia. Es decir, las nuevas grandes políticas, la gran
política pública debe ser una tarea de defensa de la propia
actuación del Defensor del Pueblo.
Considera mi grupo que hoy estamos en condiciones de entrar en
una nueva etapa de la figura del Defensor del Pueblo; creemos
que debemos darle mayor empuje a esta institución, que está
suficientemente consolidada para poder tener un mayor peso
dentro de la dinámica de la propia relación entre ciudadanos y
poder. Creemos que el Defensor del Pueblo ante el poder
central no debe ir a la zaga en esa relación tan dubitativa
entre el Gobierno, sino precisamente a la vanguardia;
debe estar al frente, debe ser incluso imprudente. ¿Por qué?
Para lograr una mayor eficacia ante las grandes políticas.
Para eso que está en cuestión ahora, eso que se llama el
Estado de bienestar, eso que se llaman las grandes conquistas
sociales, que pueden estar en peligro, necesitamos una
posición fuerte. Por eso, señorías, creemos que el mayor
impulso democrático no se da en reuniones aparte, se da
utilizando las instituciones para hacer frente a las propias
obligaciones que debemos tener los grupos parlamentarios.
Vayan por delante aquí, en la Cámara, dos propuestas de mi
grupo, dos propuestas para trabajar de cara a esta
institución: Primero, fortalecer el marco legal que respalda a
esta institución; reformar la Ley del Defensor del Pueblo para
hacer más efectivas y más obligatorias las recomendaciones.
Fíjense SS.SS. que de 19.000 quejas, 112 son las
recomendaciones aceptadas por las propias administraciones.
Hay que hacer más efectivas las recomendaciones. Incluso
cuando se hacenefectivas, no tienen eficacia, y se dilata en
el tiempo la ejecución de esa reclamación. Después me referiré
a algunas de ellas en lo que es, por ejemplo, la actuación del
Ministerio del Interior; por ejemplo, el fallecimiento de diez
reclusos en nuestras propias cárceles; por ejemplo, ese uso
abusivo de nuestras Fuerzas de Seguridad, con 44 quejas por
malos tratos recibidos de los propios cuerpos de seguridad del
Estado. En suma, un marco legal nuevo. Segundo, nombrar por
consenso amplio el equipo que va a dirigir el Defensor del
Pueblo, equilibrio en su conjunto para que tenga un respaldo
total de la Cámara y un funcionamiento más dinámico con
nuestra propia realidad.
La segunda gran reflexión sería: ¿qué detecta el Defensor del
Pueblo en el funcionamiento de la Administración? Señorías,
hay suficientes actuaciones para poder leer dentro del propio
informe y sería bueno que pudiéramos realizar esa lectura,
porque nosotros debiéramos responder como grupos y el Gobierno
como Gobierno. Nada más empezar dice el Defensor del Pueblo:
Durante 1992 la sociedad española se ha visto afectada por
hechos de marcado significado discriminatorio o racial,
producto de ciertas actitudes xenófogas. Más adelante y, sobre
la actuación de investigación dentro de los Cuerpos de
Seguridad del Estado, el Defensor del Pueblo dice: Se sigue
observando que las
investigaciones internas, iniciadas por los superiores de los
agentes denunciados, no siempre son lo amplias que debieran de
ser. Y ante esto, ¿qué hace el Gobierno? ¿Qué hacen los
Ministros? ¿Qué hacen los distintos grupos parlamentarios?
Tenemos una radiografía de la propia Administración en la
parte de ciudadanos que se han quejado, no en la parte de
ciudadanos que ya han actuado ante la propia Administración.
Por último, señorías, ¿cuál es nuestra visión, nuestra opinión
sobre la crítica a la relación de esta Cámara con la figura
del Defensor del Pueblo? Nosotros creemos que debiéramos
realizar, y así lo vamos a anunciar a partir de ahora, un
seguimiento a este informe en la tarea parlamentaria durante
todo un año. Lo haremos como grupo en el control y en la
exigencia de actuación del Gobierno y también en la mayor
comparecencia, dentro no solamente de la Comisión Mixta
Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo sino
también en todas las demás
comisiones.
Debemos introducir dinámicas en el Parlamento que faciliten
conocer, profundizar en esto que va descubriendo, en esto que
va planteando, en esta orientación que debe dar el Defensor
del Pueblo a la propia Administración. Por tanto, nosotros
creemos, según el informe, que es perfectamente valorable por
toda la Cámara con compromisos de actuación hacia las
administraciones, hacia nosotros mismos y hacia la propia
institución del Defensor del Pueblo.
En todo caso permítanme SS.SS., incluso dada la hora, que
termine haciendo referencia a una poesía de mi paisano, del
poeta Vicente Medina, poeta que escribió esta poesía desde la
lejanía, desde Santa Fe, Argentina, dentro de un bloque de
poesías que es «La Cansera» y dirigida a la sequía. Me
gustaría traerla aquí por la sequía que puede significar esta
reflexión. Referido a esta necesidad de agua, a esta necesidad
de impulso decía: Te pues esenganar, que naica alantas no
suspires ni ruegues y, si no quiés venirte de vacío, ya lo
sabes, no vayas a la fuente ¡que tié la sierra las entrañas
secas lo mesmo que las tien algunas gentes! Esperemos que no
seamos nosotros.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Desde nuestro punto de vista el informe del Defensor del
Pueblo merece ser analizado desde una doble consideración
básica; en primer lugar, desde lo que significa como expresión
de la naturaleza y el sentido de la institución; y, en segundo
lugar, desde lo que significa como expresión de nuestra
realidad social.
Desde la primera de las acepciones el informe es reflejo de
una institución que actúa como instrumento de garantía
orientado a evitar que la Administración se haga presente, o
pueda llegar a hacerse presente en las relaciones sociales
actuando con cierto sentido de «imperium» como elemento de
contribución al perfeccionamiento democrático mediante su
labor de defensa de los derechos invididuales y de las
libertades públicas, como magistratura de opinión
independiente que, desde un compromiso estrictamente
institucional y fuera del debate político, trata de sugerir o
motivar las iniciativas o rectificaciones a desarrollar
para evitar cierta desintonía entre el ordenamiento de
principios constitucionales u ordinarios y la realidad; y,
finalmente como un factor de amparo directo frente a la
desprotección de los sectores sociales más débiles, que son
quienes de manera
principal solicitan su intermediación.
Desde la segunda de las acepciones el informe representa para
nosotros un diagnóstico, reflejo del camino que resta por
hacer para la plena determinación de esa sociedad democrática
avanzada que nuestra Constitución propone construir desde la
aplicación efectiva de los valores de la justicia y de la
libertad.
Pues bien, el Defensor, como comisionado de las Cortes
Generales, ha comparecido esta mañana ante el Pleno de la
Cámara y nos ha aportado, en su discurso y en su informe, no
sólo la referencia de su labor sino algo que implícitamente
está en ella, es decir, la posibilidad de extraer unos
diagnósticos que a nosotros nos corresponde interpretar para,
desde ahí, elaborar unas
conclusiones políticas amplias y orientar, mediante
iniciativas y medidas concretas, todo aquello que es necesario
para que su trabajo institucional tenga una adecuada
culminación, tanto en el ámbito legislativo como en el
gubernamental.
Orientar esas medidas implica previamente, como nosotros
decíamos, valorar el informe en lo que éste da de sí, para
determinar cuál es el grado real de fehaciencia de los
derechos y libertades en el quehacer cotidiano de nuestra
sociedad y cuál es el grado de adecuación con que el conjunto
de las
administraciones dan cumplimiento a su deber de servicio a los
intereses generales desde el sometimiento pleno a la ley y al
derecho y a los principios instrumentales de eficacia,
jerarquía, descentralización y coordinación. En este contexto,
y
trascendiendo de la casuística que aporta el informe, pero
encontrando nuestras raíces precisamente en esa casuística,
que es el elemento de valor, nosotros entendemos que del
citado informe se desprenden ciertas llamadas de atención en
relación con el estado de los derechos fundamentales y
principios
esenciales de toda sociedad democrática en lo que concierne a
nuestra actualidad.
En primer lugar, que urge acentuar en la sociedad española
mecanismos que aseguren la no discriminación por motivos
raciales y que impidan el avance de actitudes xenófobas y en
ello, desde luego, hay que recabar una conducta coherente al
conjunto de las administraciones y de sus agentes.
En segundo lugar, que urge resaltar el valor constitucional de
la libertad para exigir que cualquier situación que impere
privación de la misma se instrumente siempre desde el más
absoluto respeto a las garantías procedimentales y responda a
causa acorde a la proporción de la medida.
En tercer lugar, que urge reclamar, una vez más, el necesario
equilibrio en el binomio libertad-seguridad, de modo que
ninguno de los derechos fundamentales pueda quedar en la
práctica irregularmente subordinado a los fines de la
prevención y persecución de los delitos.
En cuarto lugar, que urge poner fin a ciertos riesgos a los
que sigue sometido el derecho a la intimidad, especialmente en
el ámbito del secreto de las comunicaciones telefónicas y del
tratamiento informático de los datos de carácter personal. Y,
en quinto lugar, que urge intensificar todos los esfuerzos
precisos para resolver la muy deficitaria realidad que hoy
atañe el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso
sin dilaciones indebidas, porque sin ello, sin duda quiebra el
Estado de derecho.
La referencia a esos derechos fundamentales no puede
concluirse, desde nuestro punto de vista, sin una mención al
estado real de los derechos básicos de naturaleza económica y
social, porque la debida efectividad de éstos es la que
permite medir el índice auténtico de presencia de esos valores
de justicia y de libertad, que son el cimiento desde el que se
construye el respeto a la dignidad individual, y ese respeto a
la dignidad individual es en esencia la razón fundamental de
ser de la institución cuyo informe hoy conocemos.
Desde luego, la realidad nos dice que el derecho de todos los
ciudadanos al trabajo, a una vivienda digna, a una sanidad
pública ágil y eficaz, a la protección suficiente cuando se
alcanza la tercera edad o a disfrutar de unos servicios
acordes con lo que se da como contribución al sostenimiento de
las arcas públicas, es un aspecto sustancialmente deficitario
que pone en riesgo muchas cosas, pero que, esencialmente,
quiebra el mandato constitucional de la procura de un orden
social y económico justo y, desde esa quiebra, no se garantiza
a todos la igualdad de oportunidades ni una digna calidad de
vida, que es también una razón instrumental que da forma a la
institución en el conjunto de nuestro entramado jurídico.
Nosotros no utilizamos estas conclusiones como un elemento
acusador contra nadie, sino como una evidencia que surge de
las entrelíneas inspiradoras del informe y que conforman la
clave sin cuyo reconocimiento no se logrará cambiar las cosas.
Y cambiar muchas cosas resulta también imprescindible en lo
que concierne a la actitud y a la
operatividad de la Administración, a pesar de que, como el
informe reconoce y nosotros tampoco tenemos ningún
inconveniente en reconocerlo, muchas cosas ya se han cambiado.
Pero a pesar de que muchas cosas ya se han cambiado, sigue
haciendo falta clarificar el lenguaje administrativo para que
los ciudadanos entiendan lo que la Administración les dice, y
hace falta simplificar el procedimiento y que la
Administración sea la primera interesada en cumplir con ese
procedimiento por lo que éste conlleva de garantía para los
derechos del ciudadano. Hace falta que esa Administración
trate al ciudadano como tal, en su
consideración de tal, y no como muchas veces ha señalado el
informe, a través de una irregular concepción del mismo, en la
que prevalece una especie de condición de súbdito más que su
respeto a esa auténtica condición de ciudadano. Hace falta que
la Administración se exija a sí misma idéntico rigor en el
cumplimiento del ordenamiento vigente que el que le demanda al
ciudadano; hace falta que esa Administración sepa ordenary
aplicar bien los recursos materiales de que dispone porque, en
definitiva, esos recursos materiales de los que la
Administración dispone son recursos del ciudadano. Y hace
falta, en suma, que la Administración comprenda que no es un
fin en sí misma y, por tanto, que sea capaz de acomodar sus
actos a una verdadera finalidad de servicio con lo que eso
supone, y supone,
principalmente, tener por cierto que la Administración, como
instrumento, es patrimonio de todos y no pieza privativa de
nadie.
No vamos a pormenorizar sobre menciones singulares del informe
porque excederíamos del tiempo disponible --ya lo hicimos en
Comisión--, pero no hay que olvidar que esa pormenorización
hay que hacerla a partir de este mismo momento, en que el
informe ya ha sido presentado al Pleno, y a lo largo de todo
este próximo año, permanentemente presentes en el debate
parlamentario y en el debate político. Desde luego, esa va a
ser tanto la intención como el compromiso de mi grupo. Mirando
hacia la propia realidad interior de la institución, justo es
reconocer que la situación de interinidad no ha mermado la
dedicación ni la vocación de todo el equipo del Defensor.
Justo es reconocer que la institución goza de un crédito
consolidado entre nuestra ciudadanía, y justo es también
reconocer que la introducción de esta institución en nuestro
sistema ha permitido que el ciudadano pueda alzar la voz por
sí mismo para, ejerciendo así su parte individual, su cuota de
soberanía, desde la cultura de la reclamación, pueda encontrar
también instrumentos frente a situaciones de injusticia o
frente a situaciones de arbitrariedad. Nosotros consideramos
que el mejoramiento de esa realidad interior de la institución
a efectos de garantizar la mejor presencia de esa institución
en su trabajo en el conjunto social pasa, desde luego, porque
atendamos sus más inmediatas necesidades, y en eso estamos
convencidos que habrá siempre un amplio consenso entre todos
los grupos de la Cámara. Hace falta, desde nuestro punto de
vista, que el Gobierno recupere la costumbre de contestar en
documento único y por escrito, al informe anual del Defensor
del Pueblo. Hace falta, desde luego, una mayor vinculación
entre la institución y el Parlamento y el desarrollo de todas
las posibilidades que la Ley Orgánica del Defensor contempla
para el ejercicio de los
cometidos de esta institución. Se ha dicho aquí, y es cierto,
que probablemente ha faltado un mayor grado de comunicación
entre institución y Congreso de los Diputados y Senado en el
ejercicio constante de las tareas de la institución. Tengo que
recordar que mi grupo parlamentario, desde hace muchos años,
viene insistiendo en la necesidad de que se produzcan
comparecencias específicas al margen de la preceptiva
comparecencia anual, y también tengo que recordar, porque
estoy seguro que esa ya es una situación del pasado, que hasta
la fecha, cada vez que mi grupo planteó esa iniciativa y esa
orientación de sentido, se encontró con, al menos,
inconvenientes, cuando no son respuestas negativas por parte
de otros grupos.
Hace falta, como se ha dicho aquí, y nosotros también llevamos
planteándolo desde hace años, tipificar el delito de
desobediencia al Defensor del Pueblo, no sólo porque la
obediencia debida al Defensor es causa imprescindible para
poder dotar de eficacia al trabajo de la institución, sino
porque en la experiencia de estos años hemos visto, por
desgracia,
demasiados casos en los que la desobediencia se ha
instrumentado como descortesía o como desplante. En
definitiva, ni pensando en la institución, ni pensando en los
ciudadanos, ni pensando en la naturaleza de comisionado de
estas Cortes Generales que la institución tiene, nosotros
podemos permanecer pasivos frente a esa situación.
Hace falta, desde luego, reforzar la contribución del Defensor
a la articulación del derecho de petición, precisamente por lo
que antes señalaba, es decir, por esa concepción de la
institución del Defensor del Pueblo como un elemento de
ejercicio individual de la soberanía de todos y cada uno de
los ciudadanos que pueden reclamar, frente a situaciones de
vacíos normativos, injusticias o arbitrariedades.
Hace falta acentuar la capacidad de relación entre el Defensor
y el poder judicial que para satisfacción de todos nosotros es
hoy por hoy una relación satisfactoria en sus términos
generales, pero que tiene que ser mucho más perfilada para
poderla hacer precisamente mucho más operativa.
Hace falta especializar determinados ámbitos del trabajo de la
institución, recogiendo el sentido de algunas de las
propuestas formuladas recientemente en las VIII Jornadas de
Coordinación entre los Defensores del Pueblo, tanto estatal,
como autonómicos, donde se decía que hacía falta que en la
institución, en una futura revisión de la Ley Orgánica, se
previera la figura de un adjunto especializado en el tema de
la defensa del menor, precisamente en relación con la
propuesta que mi Grupo presentó ayer mismo a los medios de
comunicación para que, efectivamente, pueda existir no sólo
esa figura del adjunto especial que proteja los derechos del
menor, sino, en una proyección mucho más amplia, que proteja
también los derechos y la realidad de la familia. Hace falta,
desde luego, informar mejor a la ciudadanía sobre el alcance
de las posibilidades de la institución, precisamente para que
la institución no se tenga
que ver forzada a esas situaciones que se traducen en los
informes anuales de no estimar determinadas reclamaciones que
le llegan porque no entran dentro de su ámbito competencial.
Aunque en la generosidad de la propia institución se obvie ese
asunto, nosotros entendemos que hace falta potenciar la propia
capacidad operativa y material de la institución para hacer
mucho más ágil y satisfactoria su capacidad de comunicación y
de respuesta al ciudadano.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que tenemos una
institución perfectible, cómo no, una institución que debe ser
desarrollada, cómo no, para poder cumplir mucho mejor sus
previsiones
constitucionales; pero una institución que ha dado en estos
diez años de experiencia respuesta al fin y a los objetivos
esenciales que determinaron su inclusión en nuestra Carta
Magna.
Nosotros creemos, además, que en este momento la institución,
desde un punto de vista intelectual, tiene tres importantes
retos de proyección histórica, al margen del cumplimiento
estricto de lo que son sus finalidades operativas.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente.
El reto de vertebrar desde su perfecta comunicación con los
comisionados autonómicos la defensa de los derechos y
libertades en nuestro país, precisamente también desde el
respeto a esa realidad autonómica; el reto de configurarse
como una institución capaz de ejercer un magisterio en
Hispanoamérica, precisamente en aquellos pueblos que tienen de
una manera mucho más necesaria que recuperar sus vías de vida
social democráticas y respetos a la cultura esencial de los
derechos humanos; y, desde luego, tiene un reto importante en
lo que va a ser la configuración de esa institución europea
del Ombudsman prevista también
precisamente en el ordenamiento institucional del Tratado de
la Unión y que, frente a aquellos que dicen que esa Unión
Europea o ese proyecto europeo es solamente un proyecto
economicista, permitirá garantizar que es un proyecto para las
libertades y para la cultura de los derechos del hombre.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que, en suma, la
institución tiene que seguir siendo esa escuela de ciudadanía,
que es lo mismo que decir escuela de libertad, y que por ser
escuela de ciudadanía y escuela de libertad, al final tiene
sentido y sentido último como elemento de respeto a lo que es
el hombre en el conjunto de las relaciones sociales, tanto en
su dimensión particular o íntima como ser humano, como en su
dimensión social y económica de ciudadano. Desde luego, desde
el Grupo
Parlamentario Popular para conseguir esos objetivos,
procuraremos siempre, como lo hemos hecho hasta ahora,
contribuir lealmente con la institución. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Socialista, el señor Valls tiene la palabra.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, como es
lógico suponer, mi intervención esta mañana aquí tiene que
coincidir en gran parte con los puntos y opiniones que tuve
ocasión de verter en la Comisión Mixta Congreso-Senado con
motivo de la
comparecencia de la señora Defensora del Pueblo días pasados.
Igual que en aquella ocasión, quisiera empezar mi intervención
expresando la gratitud de mi grupo y la mía propia al señor
Gil-Robles por la labor desempeñada al frente de la
institución del Defensor del Pueblo los últimos cinco años.
Pensamos que la labor del señor Gil-Robles globalmente ha sido
positiva y en tal caso nuestro grupo quiere agradecerle su
dedicación a lo público, su dedicación a lo de todos, su
dedicación, en definitiva, a la comunidad política que diría
Aristóteles. Pensamos que en los tiempos que corren toda
aquella persona que en defensa de la comunidad, de nosotros,
sacrifica su tiempo, a veces su
tranquilidad, debe tener ese reconocimiento. Por tanto, hoy
como ayer le mostramos nuestro reconocimiento. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Al afrontar este trámite, pensé que la manera más adecuada de
hacerlo era, como dije en la Comisión, con un cierto
distanciamiento; distanciamiento que no significa alejarse de
la problemática que nos ocupa, de los problemas que plantea la
institución, sino tratar de verlo con una perspectiva;
perspectiva que en este caso concreto se puede enlazar con que
dentro de pocos días se cumplen 15 años de la promulgación de
la Constitución, de que nuestro pueblo tuvo la suerte de
otorgarse esta Carta Magna, y 10 años de la labor desarrollada
por el Defensor del Pueblo. Desde esa perspectiva, pienso como
demócrata, como Diputado, como jurista que debemos
felicitarnos. Desde el Grupo Socialista pensamos que la labor
ha sido positiva, pensamos que ha sido beneficiosa para la
sociedad y, por tanto, pensamos que ha cumplido con la misión
para la cual se pensó, primero, estableciéndolo en el artículo
correspondiente de nuestra Constitución y, después, con la Ley
Orgánica del Defensor del Pueblo que nuestro grupo, junto con
otros grupos de la Cámara, tuvo la satisfacción y el orgullo
de presentar en la misma.
Decía que ha sido positiva porque pensamos que la labor del
Defensor del Pueblo, la institución del Defensor del Pueblo ha
arraigado magníficamente en la sociedad española; y ha
arraigado sobre todo por un motivo, porque el Defensor del
Pueblo no puede arraigar
más que en una sociedad democrática, sólida y estabilizada y,
afortunadamente, la realidad sociopolítica de España es la de
una sociedad democrática, sólida y estabilizada. En segundo
lugar, ha arraigado porque la institución se ha revestido, ha
conseguido una auctoritas que le da la confianza de los
ciudadanos y de las ciudadanas. La institución tiene ese plus
no sólo legal, sino de psicología social --podríamos decir--,
que hace que el ciudadano tenga esa confianza y, por tanto, le
otorgue esa auctoritas. ¿Por qué? Como dije en la Comisión
Mixta, creo que se debe
fundamentalmente a dos cosas. Una, porque la institución ha
funcionado a pleno rendimiento, inclusive en circunstancias de
--yo diría-- normalidad normal, como las actuales, en las que
el titular no ha sido nombrado todavía. Por ello mi Grupo, al
igual que hacía al principio, quiere expresar en este momento
su reconocimiento y su gratitud a la señora Retuerto, al señor
Rovira y a todos aquellos que trabajan en el equipo del
Defensor del Pueblo. Esta confianza se la ha ganado por
funcionar a pleno rendimiento, por el celo que pone la
institución, el equipo que tiene la institución, en
desarrollar y tratar de llevar a buen puerto todas las quejas
que recibe de los ciudadanos y todas las misiones que tiene
encomendadas, tanto en la Constitución como en la Ley
Orgánica. Además, señorías --no sería justo olvidarlo--,
también tiene reconocido ese prestigio por la colaboración que
recibe de todas las administraciones y quiero decir, señorías,
de todas las administraciones, porque, muchas veces, algún
representante de algún grupo de la Cámara cuando habla de la
Administración se cree que está hablando sólo de lo que se
denomina Administración central. El Defensor del Pueblo tiene
que tener colaboración, tiene que obtener respuesta de la
Administración municipal, de la Administración autonómica y de
la Administración central. Pues bien, precisamente por la
colaboración que le prestan estas tres administraciones
también se ha incrementado la afectación positiva del Defensor
del Pueblo por los ciudadanos. Creo que esto es lo más
importante y a mi Grupo, coincidiendo con algún que otro
portavoz anterior, no nos importa tanto el número de quejas
que haya habido como la respuesta que se le haya dado, porque
pensamos que la labor fundamental del Defensor del Pueblo es
conseguir que, en aquellos casos que sea de justicia, se dé
una respuesta justa a las peticiones de los ciudadanos; en
definitiva, lograr la solución de un posible conflicto que
pueda haber entre un ciudadano y alguna parte de la
Administración.
Dije al principio que pensamos que la institución ha
arraigado. Creo que sí. Y ha arraigado porque se desarrolla en
una sociedad democrática estable y en una sociedad democrática
avanzada, una sociedad democrática en la que los ciudadanos
son plenamente conscientes de sus derechos y en la que la
Administración, al igual, es también consciente de que está
para servir a todos los ciudadanos. En ese contexto es en el
que quiero analizar la respuesta recibida por parte de los
ciudadanos a las demandas del Defensor del Pueblo. Señorías,
de un total de 10.372 actuaciones, el Defensor del Pueblo ya
declaró como incorrectas 5.925
peticiones; es decir, casi el 57 por ciento se declararon
incorrectas por haber sido correcta la actuación de la
Administración. Pero es más, del resto de las peticiones,
3.844 han sido subsanadas por parte de la Administración, lo
cual nos da que de esas 10.372 reclamaciones o quejas, entre
las que ya eran plenamente concordes a derecho y las
subsanadas por la Administración, hay un 94 por ciento de
demandas, de quejas con respuesta positiva. Nos da un altísimo
porcentaje de situaciones en que la Administración ha sabido
adecuarse a las demandas, a las expectativas de los
ciudadanos, bien porque la había hecho ab initio, bien por la
intermediación del Defensor del Pueblo. Pero como ha habido
algún preopinante que ha querido dedicar la mayor parte de su
crítica --yo creo que de una manera errónea--a la
Administración central, debo decir que la respuesta de la
Administración central en los dos casos anteriores que he
analizado es todavía superior a la de todas las
administraciones, puesto que si en un caso era del 94 y pico
por ciento, en el caso de la Administración central es casi
del 98 por ciento. Por ello debemos felicitarnos y, poco a
poco, con la evolución que están siguiendo los debates
posteriores a la datio de cuentas del Defensor del Pueblo en
esta Cámara, con la evolución que están sufriendo desde el año
1983, debemos convertir este acto en lo que verdaderamente
marca la ley, un acto en el que hay que examinar si se cumplen
por parte del alto mandatario de las Cortes Generales, que es
el Defensor del Pueblo, aquellas misiones que tiene que
cumplir; es decir, la defensa de los derechos del Título I, la
supervisión de la Administración y la datio de cuentas como
alto comisionado de esta Cámara. Desde el punto de vista del
Partido Socialista, del Grupo Socialista, estas tres misiones
la institución del Defensor del Pueblo las cumple
sobradamente. Por tanto, no debemos hacer de este acto una
lucha de buenos y malos en los que unos representan todo lo
malo, como aquello que se nos decía ayer, en otro foro, como
conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno, que
sería la Administración y el Grupo Parlamentario que más o
menos la apoya, y, por otra parte, los buenos, que están por
sacar todos los defectos que pueda tener esta Administración.
Por nuestra parte, señor Presidente, únicamente nos resta
alentar al Defensor del Pueblo a que siga realizando esas
visitas importantes a
determinados centros de nuestro país, que siga protegiendo los
derechos de los más débiles y, repitiendo lo que dije en
Comisión, que ponga la institución especial énfasis en vigilar
la defensa de los derechos de los menores. Por último, quiero
destacar la gran colaboración de la institución
del Defensor del Pueblo con los defensores del pueblo de las
distintas comunidades autónomas. Pienso que de ahí lo único
que va a salir es una labor de enriquecimiento que, en
definitiva, va a redundar en beneficio de los ciudadanos.
También quiero alabar la labor de patronazgo u orientativa
que, tanto por el trabajo legislativo como por la experiencia
de la institución del Defensor del Pueblo, estamos realizando
en los países de
Iberoamérica.
Termino mis palabras como empecé, reconociendo al señor Gil-
Robles su labor y a todo el equipo del actual Defensor del
Pueblo, con la señora Retuerto y el señor Rovira a la cabeza,
la laboral que han realizado en el último año. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y
LA REPUBLICA DE BULGARIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE
MARZO DE 1993 (Número de expediente 110/000030)
--TERCERA PRORROGA DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE
1983, HECHO EN LONDRES EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1982 (Número de
expediente 110/000036)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizadas las
intervenciones sobre el informe del Defensor del Pueblo
correspondiente a la gestión realizada durante el año 1992,
pasamos al punto octavo del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. ¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su
posición respecto a cualquiera de los dos dictámenes? (Pausa.)
El Grupo Parlamentario Popular quiere fijar su posición con
respecto al dictamen que aparece en el orden del día con el
número 35 y también el Grupo Socialista. Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
(Rumores.) Un momento, señor Muñoz-Alonso. Señorías, por
favor, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición de mi Grupo en relación con
este Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas, ahora Unión Europea, y los Estados
miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por la
otra, y anticipo ya que mi Grupo va a votar a favor de que se
conceda la autorización solicitada por el Gobierno en relación
con este Acuerdo europeo, y lo va a hacer por razones ya
expuestas en la Comisión y que voy a sintentizar aquí
brevemente.
Señorías, el Acuerdo que abordamos es una pieza más en el
proceso de reconstrucción de Europa, de reconciliación de
Europa consigo misma después de un largo período de división
que sumió a millones de europeos en la desesperanza del
totalitarismo comunista, privándoles de la libertad y
excluyéndoles de la prosperidad.
Se trata, en suma, de un acuerdo similar a los firmados con
otros países de Europa central y oriental, aunque adaptado a
las circunstancias peculiares de Bulgaria, que explican las
dificultades de tramitación de este Acuerdo y el retraso con
que ha llegado a nuestra Cámara. Más allá de los aspectos
estrictamente comerciales que tienden a la libre circulación
de mercancías, trabajadores, servicios y capitales y que
fortalecen la cooperación económica, financiera y cultural,
este Acuerdo está concebido como un instrumento para facilitar
y garantizar el éxito de la transición de Bulgaria a la
democracia pluralista y a la economía de mercado. En esa
línea, uno de los aspectos más importantes del Acuerdo es el
establecimiento de un diálogo político regular, aspecto que se
aborda en el título I del mismo. A través de ese diálogo
político regular se quieren fortalecer las relaciones entre la
Comunidad y sus Estados miembros y Bulgaria, y en esa línea se
crea cun consejo de asociación a nivel ministerial entre las
partes, así como una Comisión parlamentaria de asociación
formada por Eurodiputados, Diputados del Parlamento Europeo, y
por parlamentarios de Bulgaria. Pero vamos a referirnos,
aunque sea muy brevemente, a las
peculiaridades de Bulgaria. Se trata --y creo que es
importante tenerlo presente-- de un pequeño país que, hasta la
desintegración de la URSS y de Yugoslavia, y la división de
Checoslovaquia, era, junto con Albania y Hungría, uno de los
países más pequeños de esta zona. El actual mosaico que es en
el momento presente Europa central y oriental hace que
Bulgaria sea un país más en el conjunto de pequeños países.
Bulgaria fue el país del bloque soviético donde se llevó más
lejos el modelo estaliniano y las prácticas del socialismo
real. Como
consecuencia, la economía de Bulgaria fue siempre en aquel
período una economía satélite en la órbita de Moscú y motivada
por los intereses de la gran potencia. Asimismo, en Bulgaria
se pudieron comprobar los excesos de la burocratización y del
dirigismo total en todos los aspectos de la vida económica.
Añadamos a ello una tradición de caciquismo que, como dice el
profesor Dragomir Dragonov de la Universidad de Sofía y, al
mismo tiempo, Diputado en la Asamblea, existía antes de la
etapa
comunista, se fortaleció durante la etapa comunista y ha
seguido incluso después de la etapa comunista. El desastre
económico de aquel período explica, por ejemplo, que Bulgaria
haya sido deficitaria durante muchos ejercicios económicos en
productos agroalimentarios. Eso mismo explica también que,
cuando se produce el colapso del CAME o COMECON, Bulgaria sea
uno de los países que más dificultades tiene en adaptarse a la
nueva situación. Al mismo tiempo, la guerra del Golfo plantea
problemas muy serios a Bulgaria, ya que recibía petróleo
habitualmente de Irak, y la guerra de Bosnia no ha hecho sino
agravar esa
situación. Bulgaria enviaba el 85 por ciento de sus
exportaciones a países del COMECON; de ellos, el 65 por ciento
a la URSS. A la vez recibía un 53 y pico de importaciones
también procedentes de la URSS. Todo esto explica que cuando
se llega a la nueva situación, y cuando Rusia exige que se le
paguen sus
exportaciones en divisas fuertes, Bulgaria se encuentre en una
situación realmente muy grave.
A pesar de eso, los dirigentes búlgaros establecen un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional y aplican, a partir de
1990 y sobre todo de 1991, unas medidas de austeridad que
intentan sacar a Bulgaria de la situación en que se encuentra.
Consecuencia de esta buena disposición de las autoridades
búlgaras fue que el Fondo Monetario Internacional elogió esta
política en varias ocasiones y concedió a Bulgaria un préstamo
de 550 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Club de París,
el club de los acreedores, estableció un aplazamiento de los
2.000 millones de dólares de deuda búlgara en un período de
diez años. A pesar de todas estas circunstancias, lo cierto es
que la economía búlgara ha pasado por una etapa muy seria. El
producto nacional bruto cayó en el año 1991 un 23 por ciento -
-otras estadísticas hablan de un 16 y pico-- y en 1992 un 20
por ciento. La inflación ha llegado al 330 por cien. El paro
ha pasado del 10 por ciento en el año 1991 al 15 por ciento en
1992 y se espera que en 1993 acabe con no menos del 17 por
ciento. La deuda pública exterior no baja de los 10.000
millones de dólares. Todo esto ha creado tensiones, incluso
más recientemente, en relación con el plan establecido con el
Fondo Monetario Internacional, ya que el Gobierno búlgaro
quiere que su déficit público llegue al 8 ó al 10 por ciento
del producto nacional bruto y el Fondo Monetario Internacional
pone dificultades en este sentido.
No puede extrañar que con este panorama económico los
ciudadanos búlgaros vivan sumidos en la inquietud, no vean
resultados inmediatos en la política de austeridad. Confiaron,
quizás ingenuamente, en que el establecimiento de la
democracia por sí solo iba a resolver los problemas, sin darse
cuenta de que la democracia era el marco obligado para la
solución de esos problemas, pero no la varita mágica para
resolverlos de un golpe. Así, nos encontramos con una encuesta
de hace unos meses según la cual el 69 por ciento de los
ciudadanos búlgaros está
insatisfecho con la situación económica y el 25 por ciento
espera que su propio nivel de vida baje en los próximos meses.
Quizá se explica también esto por la supervivencia de la
mentalidad estatista propia de la etapa comunista. Un ejemplo
puede ser el escaso éxito que han tenido las privatizaciones
que ha querido poner en marcha el Gobierno. No olvidemos
tampoco --y es un dato impresionante-- que un 61 por ciento de
los ciudadanos de Bulgaria vive por debajo del salario mínimo.
Además, en estos momentos, una parte importante de los
ciudadanos búlgaros, que supera el 40 por ciento según las
encuestas, tiene como máxima preocupación la guerra, porque
temen que la guerra de Bosnia de alguna manera pueda llegar a
afectarles también.
Con este panorama, entendemos que el Acuerdo que se presenta
ahora al Pleno de la Cámara es un elemento esencial no sólo
para Bulgaria sino también para la estabilidad futura de
Europa y que va a servir para ayudar a Bulgaria a convertirse
en un anclaje, en Europa central oriental, de estabilidad
política. En un informe reciente sobre Bulgaria, aparecido
concretamente el mes pasado, se dice que considerando los
progresos de Bulgaria hacia la democracia y la reforma
económica, en una región que se tambalea por la guerra y la
violencia étnica y en una región marcada por la intransigencia
de las viejas elites, es extraño que Occidente no haya
intentado explotar a Bulgaria como un aliado político,
cultivándolo como una isla de estabilidad democrática en los
Balcanes. Quizá se explica esto por la desconfianza que ha
provocado la peculiar evolución política de Bulgaria, con una
oposición democrática muy débil y con un viejo Partido
Comunista que se transforma en Partido Socialista búlgaro. Al
mismo tiempo, en Bulgaria han existido problemas con la
minoría turca, que alcanza aproximadamente el 10 por ciento de
la población, aunque debe decirse que los problemas con la
minoría turca están prácticamente resueltos en este momento.
Las elecciones celebradas en 1990 y 1991, según los
observadores internacionales, han sido elecciones libres y,
por tanto, han sido una garantía de la buena voluntad de
Bulgaria para avanzar por la vía democrática. Bulgaria ha
apostado claramente por los valores democráticos occidentales
y en el propio Acuerdo expresa su voluntad de llegar a
integrarse en la Unión Europea. El futuro de Europa occidental
depende en buena medida de lo que suceda en Europa central y
oriental. En ese sentido creo, señorías, que debemos ser
generosos con estos países y entendemos que este Acuerdo va en
la buena dirección.
Terminaré señalando que en el Acuerdo se defienden, se
garantizan los intereses nacionales de España. Hay un
protocolo, el
Protocolo V, que comprende una serie de disposiciones
especiales --se dice-- con el fin de tener en cuenta las
medidas y
compromisos enumerados en el Acta de Adhesión de España a la
Comunidad Europea.
Por todo ello, nuestro Grupo dará su voto favorable a la
autorización solicitada. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, buena parte de los argumentos que pensaba aportar
aquí para justificar nuestro voto favorable al dictamen de la
Comisión de Exteriores en relación con este convenio han sido
ya aportados por el Diputado que me ha precedido en el uso de
la palabra y, además, lo ha hecho tan bien que solamente
quiero afirmar que estoy absolutamente de acuerdo con el
contenido total de su intervención.
Quiero añadir algunas cosas para que quede bien claro cuál es
nuestra posición al respecto. Como aquí se ha dicho, este es
uno más de los vigentes convenios de asociación que la
Comunidad Europea ha firmado con los antiguos países del Este;
es, si no me equivoco, el cuarto. Ha sido precedido por
convenios con Polonia, con Hungría, con Rumanía y será seguido
previsiblemente por otros similares con la República Checa y
con la República Eslovaca. En ese sentido, el Acuerdo de
asociación se ajusta a un formato ya bastante conocido. Tiene,
por una parte,
disposiciones de naturaleza económica y también otras más
importantes, creo yo, de naturaleza política. Entre las
disposiciones de naturaleza económica encontramos muchas,
fundamentalmente las dirigidas a la creación de una zona de
libre comercio y de libre cambio tras un período transitorio
y, por tanto, en el acuerdo existen capítulos sobre la libre
circulación de mercancías, libre circulación de trabajadores,
libre
prestación de servicios, libertad de establecimiento, normas
sobre libre circulación de capitales, sobre competencia y, en
conjunto, sobre todo normas sobre cooperación económica que
sin duda serán muy útiles para apoyar la reestructuración
económica de Bulgaria y para apoyar su proceso de transición
siempre difícil, siempre complicado, de una economía
centralizada a una economía de mercado.
Pero también encontramos, señor Presidente, disposiciones de
naturaleza política, porque éste es un acuerdo mixto;
disposiciones de naturaleza política cuya principal y mayor
virtualidad es la de colocarse en la perspectiva de una
posible, hipotética futura integración de este país en la
Comunidad. Desde este punto de vista, yo querría resaltar
sobre todo las
disposiciones del convenio que se refieren al establecimiento
de un diálogo político --fundamentalmente artículos 2, 3 y 4--
entre las partes contratantes, entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, de un lado, y la República de Bulgaria,
por otro; diálogo político cuyos objetivos están muy claros en
el convenio. Por una parte, consolidar el acercamiento entre
la Comunidad y Bulgaria, apoyar los cambios políticos y
económicos que se están produciendo en ese país y contribuir a
la creación de nuevos vínculos de solidaridad y nuevas formas
de cooperación. Todo ello en la perspectiva de facilitar --se
dice-- la plena integración de Bulgaria en la comunidad de
naciones democráticas y el progresivo acercamiento entre ella
y la Comunidad. Desde este punto de vista, se crean una serie
de instrumentos que ya han sido aquí mencionados: un consejo
de asociación que actuará a nivel ministerial, un consejo
parlamentario de asociación que actuará a nivel parlamentario
y, sobre todo --esto creo que es todavía más importante--, se
prevé la celebración de reuniones periódicas, al más alto
nivel, entre el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente
de la Comisión de las Comunidades por un lado y el Presidente
de la República de Bulgaria por otro, para hacer efectivo este
diálogo político.
Seguramente, la mayor novedad que encontramos en este contexto
de contenido político del convenio está en el artículo 6.
Antes no se había dado una exigencia similar en ninguno de los
acuerdos de asociación que se habían firmado con antiguos
países del Este. Me refiero a la exigencia del respeto a los
principios
democráticos y a los derechos humanos, tal y como quedaron
establecidos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de
París por una nueva Europa. Tanto es así que se dice que este
respeto a derechos humanos y a principios democráticos será un
elemento esencial de la presente asociación, de manera que su
violación será, por supuesto, causa suficiente para la
denuncia del convenio. Yo creo que aquí encontramos toda una
serie de datos, una serie de circunstancias que nos permiten
justificar
claramente el apoyo favorable a la ratificación.
Una última apreciación, señor Presidente, y con ello acabo. La
Comunidad Europea ha sido con la República de Bulgaria
posiblemente más exigente que con otros países de la antigua
comunidad de países comunistas; más exigente no sólo porque el
acuerdo de asociación ha llegado más tarde, no solamente
porque se exige una cláusula democrática que a los otros no se
les exigía, sino también porque el proceso de ratificación se
está retrasando. Si mis informaciones no son malas, somos el
segundo o el tercer país de la Comunidad que ratifica ya este
convenio. Y la realidad es que esta situación ha creado en
algunos sectores de la República de Bulgaria una cierta
sensación de agravio comparativo; agravio comparativo que se
ve todavía más reforzado por el hecho de que, por razones que
no vienen al caso, el acuerdo interino que preveía el artículo
125 y que permitía la puesta en marcha ya, sin esperar a la
ratificación, de algunos aspectos de política comercial, ese
acuerdo interino, repito, todavía no ha podido entrar en vigor
y con ello se están causando daños importantes a la economía
de Bulgaria que, además, está teniendo que sufrir muy
directamente el peso del cumplimiento
escrupuloso de las sanciones a la antigua Yugoslavia, a Serbia
y Montenegro, que ha impuesto el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
Por tanto, señor Presidente, creo que estos son argumentos que
justifican la rápida aprobación de este convenio. Con ello
deseo decir muy claramente que, por parte de España, no existe
la más mínima reticencia a esta asociación de la República de
Bulgaria con las Comunidades Europeas y deseamos todo tipo de
éxitos a la República de Bulgaria en su proceso de transición
a la economía de mercado y a su plena integración en la
comunidad de naciones democráticas. Nada más, señor
Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jover.
Finalizado el debate sobre los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, vamos a
pasar a las votaciones correspondientes. (Pausa.--El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de los dictámenes de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales. Acuerdo
Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República de Bulgaria, por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votosemitidos, 283; votos a favor, 283.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votacicon sobre Tercera Prórroga del Convenio Internacional
del Café de 1983. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votosemitidos, 281; votos a favor, 281.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
--SOBRE EL DIA MUNDIAL DEL SIDA (Número de expediente
140/000003)
El señor PRESIDENTE: Señorías, con motivo de la celebración
del Día Mundial del Sida, de acuerdo con lo convenido con los
portavoces de los grupos, propongo la aprobación de la
siguiente declaración:
«Ante la dimensión humana y sanitaria que alcanza esta
pandemia, el Congreso de los Diputados solicita de las
respectivas
Administraciones y demanda de cuantas instancias se relacionen
con esta problemática, profundizar en la defensa de la
dignidad y de los derechos humanos de las personas afectadas.
Considera además esta Cámara que la sociedad en su conjunto ha
de
manifestarse desde la plena solidaridad, rechazando toda
discriminación que suponga marginación o maltrato de las
personas que sufren la enfermedad.
Igualmente, estima que deben identificarse tanto las medidas
de educación sanitaria de la población como las preventivas
generales, con especial atención a los jóvenes y a las
mujeres, facilitándoles los conocimientos y medios precisos
para su protección efectiva contra la infección.
Esta Cámara manifiesta su apoyo y su solidaridad con los
afectados y con todos aquellos que en los diversos ámbitos,
como la investigación, el trabajo social o la acción
sanitaria, vuelcan desde hace tiempo su actividad y dedicación
profesional a luchar contra la enfermedad, difundir medidas
preventivas y propiciar la calidad de vida de los afectados.»
¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.--Aplausos.)
Queda aprobada.
DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de las Cortes Valencianas, por la
que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto,
detransferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de
competencias de titularidad estatal. (Número de expediente
125/000004)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana. (Número de expediente
127/000004)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA sobre ampliación de competencias
del Estatuto de Autonomía de La Rioja. (Número de
expediente127/000005)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto
paraCantabria. (Número de expediente 127/000006)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia. (Número de expediente
127/000007)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares. (Número de expediente
127/000008)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León. (Número de expediente
127/000009)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha. (Número de expediente
127/000010)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura. (Número de expediente 127/000011)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Número de expediente
127/000012)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de reforma de los artículos 10,
11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Asturias. (Número de expediente
127/000013)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. (Número de expediente 127/000014)
El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día.
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas.
Dictámenes relativos a proposiciones de leyes orgánicas: de
derogación de la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de
transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana, de
competencias de titularidad estatal y de reforma de los
Estatutos de Autonomía de la
Comunidad Valenciana; de ampliación de competencias del
Estatuto de Autonomía de La Rioja; de Reforma del Estatuto
para Cantabria; de Reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia; de Reforma del Estatuto de Autonomía para
las Islas Baleares; de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León; de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha; de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura; de Reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid; de Reforma de diversos artículos de la
Ley Orgánica 7/1981, de Estatuto de Autonomía para Asturias; y
de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Se han
mantenido enmiendas a estas iniciativas legislativas por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Ríos. (Rumores.)
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. (Continúan
los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Ruego guarden
silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Podría valer este refrán de «vale más pájaro en mano que
ciento
volando», en tanto en cuanto que estatutos de autonomía van a
recibir en su seno --no por ley de delegación-- competencias,
posibilidades de desarrollo que, en función de la discusión y
de la negociación que tengan con la Administración del Estado,
van a significar mayor capacidad de autogobierno. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Pero lo cierto y verdad es que para Izquierda Unida esta
propuesta de reforma de estatutos de autonomía, que proviene
de las distintas asambleas, no es suficiente para el objetivo
que nos habíamos marcado a los cinco años, en un principio, de
desarrollo de la Constitución y ya a una evolución muy
posterior. Creía Izquierda Unida, y por eso ha presentado
enmiendas para incorporar ampliación de competencias, tanto a
nivel exclusivo como de desarrollo legislativo y ejecución
como de ejecución, que se abría la posibilidad de equiparar
las comunidades del artículo 143 a las comunidades del
artículo 151. Pensábamos que era importante nivelar la
capacidad de autogobierno de las distintas comunidades
autónomas para que jueguen un papel protagonista en el
concierto del Estado. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido
una culminación de un pacto, es decir, hemos tramitado un
pacto político entre dos formaciones políticas, pero no hemos
logrado profundizar en el debate en cada comunidad, no se ha
entrado con calor, con rigor a ver de qué medios, de qué
capacidades
dotábamos a cada uno de estos pueblos y a cada uno de esos
parlamentos y, en realidad, nos hemos dicho: «Bueno, ya es un
paso importante, mantengámonos aquí; ya vendrán tiempos
mejores para dar un nuevo paso.»
Es verdad que hacemos residir en los estatutos de autonomía
estas competencias y es verdad que algunas de ellas pueden
significar un apoyo importante, pero creo que hemos perdido
una oportunidad para poder explicarlo mejor, para haber
contactado de abajo hacia arriba, parlamento a parlamento,
comunidad a comunidad, haciendo una especie de reflexión sobre
qué autonomía hemos tenido, cómo ha funcionado la
Administración del Estado en sus distintos niveles y qué pasos
necesitaríamos dar en el próximo futuro. Esta reflexión de qué
hemos hecho, cómo hemos administrado la
autonomía hasta ahora y cómo la podemos administrar a partir
de ahora, no se ha realizado con la suficiente autonomía en
cada sitio, ha estado homogeneizada. Hemos vuelto a utilizar
algo que creemos que es contrario a la filosofía de la
autonomía, que es homogeneizar las propuestas, actuar
globalmente sobre todas. Nosotros queremos huir de ese
concepto maniqueo que podría llevar a decir que una
administración es buena porque está cercana a nosotros o que
una administración es mala porque es la del Estado. Digo esto
para pararme en una de las competencias que ha sido el centro
fundamental de la discusión, la gran discrepancia que nosotros
hemos mantenido a nivel competencial con las fuerzas
mayoritarias que han respaldado esta reforma de los estatutos
de autonomía, el tema de la sanidad.
¿Es bueno tener la sanidad en cada una de las comunidades o es
bueno que lo gestione la Administración Central porque tiene
más capacidad, porque tiene más
recursos, porque puede actuar en un proceso de reforma?
Señorías, la propuesta de Izquierda Unida era hacer residir en
los
estatutos, igual que la educación, el tema de la sanidad.
¿Para qué? Para reconocer el derecho que todas las comunidades
autónomas tienen a acceder a la sanidad. No entramos en la
evolución que debe seguirse en la negociación de las
transferencias; tanta dificultad como puede tener la sanidad
la va a tener el Inserso. No se les escape a SS.SS. que la
situación en la que se encuentra el Inserso, la dotación de
recursos, la forma de gestión que tiene, va a ocasionar
complicaciones en la negociación de las transferencias sitio a
sitio. Por tanto, la propuesta de Izquierda Unida no es decir:
«Estando a nivel central está mejor o estando a nivel
autonómico está mejor». Decimos: «Posibilitemos el derecho de
cada comunidad a asumir, cuando ella lo crea oportuno, en la
negociación con la
Administración central, los recursos para gestionarlos».
Creemos que es posible ir a un nivel mayor de autonomía.
¿Cuáles son las enmiendas que mantenemos para su discusión?
Izquierda Unida va a apoyar la propuesta de reforma del
Estatuto del País Valenciano y va a plantearse la anulación de
la Ley Orgánica. Izquierda Unida propone dos grandes bloques
de
enmiendas. Por un lado, a los estatutos de Baleares, de
Aragón, de Asturias y de Madrid, presentamos unas enmiendas a
estas reformas dirigidas a colocar en la discusión del
articulado, del techo competencial de cada una de estas
comunidades, los
estatutos que habían sido aprobados por sus propias asambleas
antes de este pacto autonómico de febrero de 1992. Hemos
intentado, por tanto, respetar las voluntades de esos
parlamentos y transponerla en enmiendas concretas para que las
Comunidades Autónomas de Baleares, de Aragón, de Asturias o de
Madrid puedan expresarse, porque se ha hablado mucho del
centralismo de Madrid, pero sobre Madrid también recae la
necesidad de autonomía, porque no tiene la capacidad de poder
proyectar su propio recurso de autogobierno de manera
diferenciada con otras comunidades que puedan estar alejadas
del propio centro. Por tanto, hemos presentado un bloque de
enmiendas a estos estatutos planteando como sustitución a lo
que viene de cada comunidad las anteriores reformas de
estatutos aprobadas por esos parlamentos.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria no hemos
presentado ninguna enmienda, entendiendo que la mayor crítica
que hacíamos, el rechazo que hacíamos a esta reforma era el no
poder hacer frente a la realidad que Cantabria tenía con la
posibilidad de una disolución. No era un problema de discusión
de
competencias, no era un problema de dotarla de más o menos
competencias --que tenga las que quiera asumir, las que vea
que está en condiciones de asumir en cada momento esa
Comunidad Autónoma--, el problema era la imposibilidad en un
momento en que se plantea una moción de censura o un debate de
investidura que no culmina con un Presidente elegido por
mayoría de ese
Parlamento, de disolver y convocar al pueblo para que
solucione lo que las fuerzas políticas no pueden realizar.
Enmienda que hemos mantenido para los demás estatutos de
autonomía, pero en el caso de Cantabria hacemos esa
diferencia.
Por otro lado, hemos presentado un bloque de enmiendas
concretas a los estatutos de Rioja, de Murcia, de Extremadura,
de Asturias, de Castilla y León y Castilla-La Mancha, que van
dirigidas fundamentalmente a ampliar el nivel de competencias
exclusivas, no solamente las que propone el pacto PSOE-PP y
que han sido tramitadas desde cada una de las comunidades y a
las que se ha dado el visto bueno en el dictamen de la
Comisión.
Ustedes me podrán decir que no hemos logrado este nivel, pero
tampoco es tan importante el volumen de competencias que
quedan fuera. Pues, señorías, todas las competencias que
proponemos incorporar a estos estatutos de autonomía ya están
recogidas en otros estatutos. Inclusive algunas de ellas no
están en estatutos del 151 solamente; están en estatutos de
otro nivel. Por ejemplo, proponemos incorporar como
competencia exclusiva la investigación científico-técnica.
Proponemos incorporar como competencia exclusiva sanidad e
higiene, que ahora mismo está como desarrollo legislativo y
ejecutivo. Proponemos incorporar como competencia la
ordenación farmacéutica. Proponemos incorporar como
competencia exclusiva las asociaciones en el ámbito
territorial de la Comunidad, que en algunos sitios, como
Andalucía y
Valencia, aparece como exclusiva y en otros como desarrollo
legislativo. Proponemos incorporar la competencia en materia
de montes y aprovechamiento, servicios forestales y vías
pecuarias. Proponemos incorporar instituciones públicas de
protección y tutela de menores. Proponemos incorporar como
competencia exclusiva las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación. Proponemos también incorporar como competencia
exclusiva los colegios profesionales. En suma, estamos
planteando un volumen de competencias que ya tienen otras
comunidades del 151, que inclusive ya tienen incorporadas
comunidades del 143, mejoradas, por así decirlo, y que creemos
que puede significar un avance importante para las comunidades
del 143.
Por otro lado, proponemos incorporar como exclusivas,
agrupando las de índole económica, competencias vitales para
algunas comunidades, por ejemplo la de Murcia: la competencia
en comercio interior. Incorporamos la competencia de
desarrollo legislativo en lo relativo a consumo; sin embargo,
no incorporamos comercio interior como competencia y ya hay
comunidades que la tienen. La realidad del comercio en cada
una de las comunidades es muy diferente, no es igual, no es
homogeneizable. Nosotros creemos que hay comunidades
que pueden tener esa competencia y regular todo ese comercio
interior para evitar las competencias o actuar como, por
ejemplo, Cataluña, que ha tenido un recurso ante el Tribunal
Constitucional. O, por ejemplo, competencias que los estatutos
de autonomía daban con carácter diferido, como la posibilidad
de desarrollo y ejecución de planes establecidos por el Estado
para reestructuración de sectores industriales; por ejemplo,
de programas genéricos para estimular la gestión de
actividades productivas; por ejemplo, para programas de
actuación referidos a comarcas deprimidas; por ejemplo, la
participación en la gestión del sector público en cada una de
las comunidades. Por tanto, planteamos facilitar la gestión
dentro de los estatutos de autonomía también en esta
vertiente.
Proponemos otras enmiendas, señorías, que hacen referencia a
una especificación que creemos que ha sido objeto más bien de
un olvido o quizá consecuencia de la evolución de alguna
sentencia del Tribunal Constitucional o inclusive del devenir
que el nivel estatutario ha tenido a la hora de incorporar
nuevas leyes. Por ejemplo, proponemos la incorporación de
ordenación del litoral junto con la competencia de urbanismo,
que tienen otras comunidades autónomas, como Cataluña,
Andalucía o Valencia. Es verdad que hay una sentencia del
Tribunal Constitucional que dice que al hablar de urbanismo
nos referimos a todo, pero luego viene la discusión de a quién
compete la ordenación del litoral si no está explicitado. En
todo caso, lo que abunda no daña. Otras veces hemos traspuesto
a las leyes sentencias del Tribunal Constitucional; hagámoslo
a los estatutos de autonomía. Creemos también que sería bueno
tener capacidad de administración local en cada comunidad. Se
transfieren actuaciones en recursos pesqueros, sin embargo, no
se incrementa la competencia en los puertos pesqueros,
manteniendo la Administración central el control o la
actuación en los puertos comerciales. Se transfieren a las
comunidades para
desarrollo legislativo y de ejecución competencias
en puertos deportivos, en puertos de recreo, pero no en
puertos pesqueros. Nosotros creemos que si se da la
competencia en materia de recursos pesqueros hay que dar
también la competencia en puertos pesqueros.
Junto a estas enmiendas proponemos incrementar las
competencias que hacen referencia a mayor capacidad de
desarrollo legislativo y de ejecución. Proponemos mantener
como competencias de las comunidades autónomas algo que los
estatutos de autonomía establecían: la capacidad de regular
consultas populares vía referéndum. Esta desaparece como
competencia diferida que tenían los estatutos de autonomía y
creemos que sería bueno mantenerla. Por ejemplo, algo que ha
estado en el centro de la discusión ayer y otros días es el
tema de las instituciones penitenciarias. Creemos que es
bueno. Hay un proceso equivocado que en Europa se dio
anteriormente, que era la concentración de actuaciones, de
servicios --institucionalización de los propios ciudadanos--.
Lo hacíamos con los enfermos psíquicos, lo hacíamos con la
tercera edad, los hacíamos con las minusvalías; concentrábajos
inversiones, centralizábamos actuaciones y, sin embargo, la
dinámica progresista en Europa ha ido al revés:
desinstitucionalizar y descentralizar, acercando comarcalmente
estas actuaciones. Creemos que el servicio penitenciario es
una de las actuaciones a descentralizar y, junto con ello, la
Administración de justicia, el régimen jurídico y
responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma,
la expropiación forzosa, la reserva al sector público de
recursos y servicios esenciales, la ordenación del crédito y
la banca y la protección del medio ambiente.
Por último, proponemos también incorporar otras competencias a
nivel de gestión de ejecución.
Creemos que sería bueno, por tanto, que las comunidades
autónomas, de las cuales hoy reformamos los estatutos de
autonomía, tuviesen competencias de ejecución --es decir, el
Estado mantiene la capacidad de organización, de ordenación
legislativa y de plasmar las políticas de base-- a nivel de
vertidos industriales y contaminantes --la gran lacra que
tenemos hoy en todas y cada una de las comunidades--, puertos
y
aeropuertos, nombramientos de agentes de Cambio y Bolsa y la
ordenación del transporte. En suma, señorías, hemos mantenido
enmiendas que defendimos en cada una de estas comunidades, que
creemos que de verdad equipara, eleva el techo competencial de
las distintas comunidades autónomas y puede ampliar eso a lo
que hoy se renuncia. En todo caso, la evolución autonómica en
el devenir del tiempo va a tener una actualización o una
recesión en función de lo que queramos hacer.
Creemos que es importante que la evolución que tengamos a
partir de ahora sea fortalecer institucionalmente los
parlamentos. No hay más autogobierno si no hay más parlamento.
Por eso, otro bloque de enmiendas va dirigido a dar más
competencias a los parlamentos, a reducir el presidencialismo
de las comunidades autónomas, a descentralizar hacia los
municipio competencias que hoy residen en las propias
comunidades y en el propio Estado; a dotar de capacidad de
funcionamiento a los parlamentos y, sobre todo, que las
comisiones mixtas sean plurales.
En todo caso, señorías, y utilizando el mismo poeta de esta
mañana, Vicente Medina, espero que mi tono y la intervención
no tenga nada que ver con el contenido. Como él decía en un
poema que se titulaba «Allá lejicos»: «De mi tierra no hay que
ver tan solamente la cáscara, áspero es el coco y tiene dulce
el agua.» Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Martínez
Blasco tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para defender específicamente las
enmiendas correspondientes al Estatuto de Autonomía de Aragón
pero no porque los aragoneses queramos más que nadie, sino
incluso porque es una piedra de toque para el modelo de
Estado.
Aprovecho que está el señor Ministro presente. Aragón que
tiene 1.200.000 habitantes --casi como un barrio de Madrid--,
tiene cinco administraciones en materia sanitaria, cinco
administraciones con hospitales. Hay ayuntamientos que tienen
hospitales, hay hospitales de las diputaciones provinciales,
hay hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón, hay
hospitales del Insalud y hay hospitales del Ministerio de
Defensa. Esos además de los de la Cruz Roja, la Iglesia
Católica y los privados. Cinco redes hospitalarias para
1.200.000 habitantes.
¿Es que los aragoneses no nos conformamos con lo que tenemos
cuando reivindicamos el tener la competencia del Insalud? No
es un problema de racionalidad en el modelo del Estado. En
estos momentos ya es el 54-56 por ciento del Insalud el que
está transferido. La propia racionalidad exige la
transferencia completa. Evidentemente, eso supondrá un
incremento mayor de los recursos, pero sobre todo, insisto, es
un problema de
racionalidad. Cuando nosotros reclamamos competencias en
administración local en materia de seguridad pública, insisto,
es por un problema de racionalidad. Son los problemas más
sentidos por los ciudadanos.
He subido especialmente a esta tribuna, en este momento, para
reclamar aquí a los padres de esta criatura (que es el pacto
autonómico, que ahora vía modificación de los estatutos se
trae a la Cámara) que digan en esta tribuna del Congreso de
los Diputados lo que se está diciendo allí, en Aragón, y es
que éste es un trámite formal y que, una vez que esta
modificación esté en el «Boletín Oficial del Estado», hay un
compromiso de todas las fuerzas (lo hay ya, en Aragón se dice
así, y quiero que se diga aquí, en esta Cámara, por parte del
Grupo Socialista y por parte del Grupo Popular, los padres de
esta criatura) para que esta Cámara tramite la autonomía que
reclaman los aragoneses, que es la autonomía reclamada en las
calles en los años 92 y 93, que es la autonomía que, insisto,
todas las fuerzas políticas allí señalan y es la autonomía,
sobre todo, que necesita Aragón. No queremos la autonomía del
artículo 151, nos bastaría con la del 143 mejorada. En todo
caso, queremos la autonomía plena. Y el sentir de los
aragoneses en la calle en cuanto a la autonomía plena
significa que ésta no es la autonomía plena. Creo que nadie ha
demostrado lo que se dice a veces de que esto equipara las
autonomías del artículo 143 con las del 151. Pero, en
cualquier caso, como se pide en Aragón, pediría a los grupos
mayoritarios, a los padres de esta criatura, que aquí en esta
tribuna se comprometan a que, por lo menos para Aragón, éste
sea un trámite formal y que, una vez esté en el «Boletín
Oficial del Estado», asumen el compromiso de que Aragón pueda
obtener la plena autonomía.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Martínez Blasco.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en nombre del Partido Aragonés para
fijar la posición en este trámite y, fundamentalmente, para
reiterar lo que tantas veces hemos dicho en esta tribuna,
hemos dicho en las Cortes de Aragón, hemos dicho en las
campañas electorales, hemos dicho desde el primer día y en
todos los sitios. La reforma que hoy se somete aquí a debate y
votación es, a nuestro juicio, una reforma corta (lo que allí,
en Aragón, quizá con un gran sentido del humor, se ha dado en
llamar la reformita) porque, como ustedes saben, esta reforma
no va a igualar a la Comunidad Autónoma de Aragón con otras
comunidades autónomas.
Y tengo que recordar aquí los argumentos que di en el Pleno
del 24 de septiembre de 1992, cuando ya se trajo la Ley
Orgánica de Transferencias a las Autonomías del artículo 143,
manifestando que aquello era un paso, un tímido paso,
evidentemente
incompleto. Y si aquella Ley hubiera surtido los efectos que
se dijeron en aquel momento, hoy, casi un año después de su
aprobación, hubiéramos visto la virtualidad de aquella Ley.
Después, y consecuencia de ese pacto autonómico de febrero de
1992 suscrito sólo entre el Partido Socialista y el Partido
Popular, se dijo que había que incorporar a los propios
estatutos de autonomía aquellas competencias que se iban a
transferir, dándoles un mayor rango legal. Yo no sé si es un
mayor rango leal, lo que sí ha sido es un entretenimiento
durante un año más. La prueba es que fue en diciembre del año
pasado cuando se aprobó la Ley Orgánica y estamos en
diciembre, un año más tarde, volviendo sobre lo mismo, bien es
verdad que para incorporarlo al ordenamiento jurídico de las
comunidades autónomas. En cualquier caso, nosotros no estamos
conformes con este aparente avance autonómico.
Tengo que reiterar, y le doy por reproducido, lo que hemos
dicho aquí tantas y tantas veces, lo que dijimos ya en el
Pleno del 28 de septiembre de 1993, cuando defendimos una
enmienda a la totalidad del proyecto que hoy aquí se trae a
debate. Me estoy centrando, como no podía ser de otra manera,
en el Estatuto de Autonomía de Aragón. No es porque no le dé
la importancia que
tienen al resto de estatutos que hoy se tratan de una manera
acumulada, como si todos fueran en el mismo vagón, como si la
autonomía tuviera que ser para todos igual, como si todos los
del artículo 143 formáramos una especie de pelotón donde no
hay identidades diferenciadas, donde no hay singularidades y
donde hay una serie de territorios que tienen sus
especificidades, sus vías de acceso, y el resto, todos los
demás --todos los demás menos el de Canarias, que todavía no
ha venido, señor Ministro, y espero que sea precisamente el
punto de arranque de un nuevo proceso de reforma porque éste
no nos gusta--, en un paquete, acumuladamente, y el de
Aragón --no sé si será casualidad-- en el último punto del
orden del día de hoy. Todos juntos, vamos a ver si los
terminamos --si lo terminan ustedes, los firmantes del pacto--
, pasan al Senado y van al «Boletín Oficial del Estado»,
porque nuestro Partido tiene ganas, y por eso no ha mantenido
ninguna enmienda parcial, de que esto sea ya una ley, porque
existe el compromiso político, en Aragón cuando menos, de que
todos los partidos, Partido Socialista, Partido Popular,
Izquierda Unida y Partido Aragonés, tan pronto como este
avance se haya conseguido y esté en el «Boletín Oficial del
Estado», traeremos aquí un texto que está discutido en Aragón
y casi redactado, que es un avance sustancial, un texto que
nos da a los aragoneses la autonomía que la Constitución nos
reconoce y que nuestro pueblo necesita y que, además, España
también necesita. Cuando desde Aragón pedimos una autonomía
plena no lo hacemos sin España ni contra España, lo hacemos
porque queremos formar parte de un Estado autonómico fuerte,
homogéneo, bien dotado, que no duplique tantas y tantas
competencias como aquí se han puesto de relieve hace un
momento, que hacen al Estado caro e ineficaz. Creo que es
bueno que nosotros no participemos en este simulacro. Le
decimos que cumplan sus compromisos ahora, aprobando aquello
que acordaron en el pacto autonómico y, después, trayendo la
verdadera reforma en profundidad, porque, señorías, yo tengo
que decir, una vez más, que en Aragón estamos cansados de
esperar. La buena organización del Estado de las autonomías es
fundamental para poder salir de la crisis. Ustedes saben que
estamos en un momento histórico importante; estamos en una
integración europea que nos está exigiendo una clara
definición de nuestra
organización del Estado. Y no es posible integrarnos en Europa
con eficacia, no es posible integrarnos en Europa con
plenitud, mientras no tengamos nuestra propia organización
interna
culminada, una organización que debe ser eficaz, que no debe
superponer servicios, que debe estar siempre al servicio de
los ciudadanos y que en un momento de crisis debería ser mucho
más barata de lo que es en este momento. De ahí que nuestro
Partido vaya a apoyar en este trámite las enmiendas que ha
mantenido el Grupo de Izquierda Unida, porque nos parece un
avance.
Evidentemente, no hay que despreciar nada, pero no hemos
querido ser cómplices de que se pueda decir en Aragón que con
lo que hoy votamos aquí ya tenemos la autonomía plena, que
somos iguales que los catalanes, que los vascos, o que los
andaluces, porque eso no es cierto y todas SS.SS. lo saben
perfectamente. Lo que ocurre es que luego, en el discurso
político, es fácil ser imprecisos, ser inexactos, y decir:
«Aragón ya tiene la autonomía igual que los demás». Eso no es
cierto, lo hemos demostrado más de una vez y de ahí que
nosotros vayamos a votar que no.
Quiero que queden claras las razones políticas por las que
vamos a votar que no. Vamos a votar que no porque prometimos
al pueblo aragonés luchar por su plena autonomía y hacemos
honor a la palabra dada. Vamos a votar que no porque creemos
en las
disposiciones de la Constitución más que en los arreglos entre
los partidos. Vamos a votar que no para que los aragoneses que
nos votaron sigan confiando en nosotros, en que no les vamos a
mentir ni a quebrantar los compromisos que asumimos. Vamos a
votar que no por la dignidad política de nuestro Grupo. Vamos
a votar que no porque actuar al dictado del poder central es
lo contrario de ser autonomistas. Vamos a votar que no porque
no queremos sentir la vergüenza de haber vuelto la espalda a
los intereses de la tierra que representamos, ni defraudar
tantas y tantas esperanzas como se han depositado en el
proceso
autonómico. Vamos a votar que no porque no queremos ser
responsables ni colaboracionistas de las iniquidades que el
poder central está cometiendo con el pueblo más leal de
España. Vamos a votar que no porque para nosotros la plena
autonomía es un ejercicio sincero de participación democrática
y no un simple cartel electoral. Vamos a votar que no porque
creemos en la verdad de esa plena autonomía hecha de
libertades y de
responsabilidades, y no creemos en las delegaciones más o
menos impuestas. Vamos a votar que no porque cuando más nos
necesita Aragón es cuando otros lo abandonan. Vamos a votar
que no porque somos seres libres, capaces de participar en la
administración de nuestro futuro y de responder de lo que
administramos; ése es el principio de la autonomía, ejercerla
con responsabilidad .
Vamos a votar que no porque si los aragoneses no defienden las
libertades y los intereses de Aragón, ¿quién lo va a hacer por
nosotros? Vamos a votar que no porque no creemos que sea
lícito falsear la Constitución de todos convirtiendo un Estado
de autonomías en un Estado de discriminaciones. Vamos a votar
que no porque queremos que cada uno de los nuestros se sienta
identificado con lo que hacemos aquí, en esta Cámara. Vamos a
votar que no porque el amor que sentimos por Aragón es mucho
más grande que el temor que algunos sienten por Madrid.
(Rumores.--Protestas.). Vamos a votar que no porque nos gusta
trabajar por Aragón. Vamos
a votar que no porque a nosotros nos lo exige nuestra
conciencia, porque Aragón es una tierra milenaria y no tiene
edad para someterse a dictados. Vamos a votar que no para no
participar en el gran minué de la política del Gobierno
central y de sus satélites ocasionales. Vamos a votar que no
porque si votáramos que sí traicionaríamos nuestro
pensamiento, el que siempre defendimos en las Cortes
Constituyentes, en todas las
legislaturas, en las Cortes de Aragón, en Aragón, en Madrid y
en todos los sitios. Vamos a votar que no, señorías, por
coherencia política, pero estaremos siempre colaborando con
aquellos que quieran colaborar con nosotros.
En el momento que traigamos aquí, fruto del consenso de las
fuerzas políticas aragonesas, la verdadera reforma, seremos
los primeros en colaborar con el resto de los grupos; consenso
que ya ofrecimos y que no fueron capaces de ofrecer el Partido
Popular y el Partido Socialista cuando firmaron los pactos
autonómicos de febrero de 1992, que --reconózcanlo al menos--
son el punto de partida y la única razón de ser que tiene el
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo aquí. Nada más y
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente, señorías.
Con este trámite la Cámara va a dar luz verde a las reformas
estatutarias de todas esas comunidades que accedieron a la
autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y que
verán, a partir de ahora, aumentado su nivel competencial y su
volumen de gestión, si bien con un retraso de más de cinco
años del plazo en que constitucionalmente hubieran podido
hacerlo.
Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha llega, y es
innegable que estas reformas representan una profundización
del Estado autonómico.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente los
dictámenes que se someten a su consideración, como lo ha hecho
en la tramitación parlamentaria de los mismos. Pero nuestro
voto favorable no tiene su origen, ni viene motivado, por
acuerdo o pactos autonómicos entre partidos, sino que su razón
está en el respeto a los acuerdos unánimes o mayoritarios
adoptados por las respectivas asambleas parlamentarias como
expresión de la voluntad de cada una de las comunidades
autónomas que han instado estas reformas. De igual modo,
nuestro Grupo no contempla estas reformas como un final de
trayecto, sino como una etapa más en un proceso abierto y
dinámico en el contexto amplio que establece la Constitución
en aras a la construcción del Estado autonómico, que es como
decir la construcción del Estado moderno, que ha de permitir,
desde la diversidad, trabajar para la globalidad. Hoy han sido
las comunidades del artículo 143, para las cuales reclamamos
su derecho en el futuro a avanzar sin necesidad de que
previamente haya pactos que condicionen sus acuerdos, puesto
que ha de aceptarse de forma normal la heterogeneidad como
principio. La Constitución parte del reconocimiento del
principio de la heterogeneidad en función de las distintas
realidades que existen en España. Es hora de que se recupere
ese principio, que era al que auténticamente aspiraba el
legislador constitucional en el Título VIII, y que se supere
el clima político que ha favorecido una determinada lectura en
el desarrollo y en la interpretación de ese Título VIII de la
Constitución; lectura y clima político tendentes a rebajar el
techo competencial autonómico y que ha desplazado el criterio
de la heterogeneidad por el de la
homogeneización. Nuestro Grupo siempre ha mantenido que la
generalización autonómica no ha de significar homogeneización,
puesto que la autonomía descansa en el ejercicio de la
diferencia, y por ello hablamos de autonomía política y no de
determinada descentralización administrativa.
La generalización autonómica no puede, pues, ignorar que en
España hay varias nacionalidades que aspiran a una autonomía
amplia y a un alto grado de diferenciación. Lo escribía el
señor Herrero y Rodríguez de Miñón, hoy hace exactamente 15
días, en un artículo publicado en la prensa. Decía: «La
autonomía sirve para algo que no puede cifrarse en cantidades,
porque se refiere a una cualidad: el reconocimiento de la
diferencia.» Igual que el portavoz de mi Grupo Parlamentario,
el señor Roca, decía ante esta Cámara hace ya tiempo: «Si no
hay homogeneización, nada impide, sino al contrario, el
tratamiento diferente de lo que es diferente en un marco común
que delimite la eficacia y la garantía de la acción del
Estado.»
En definitiva, señorías, como ha mantenido siempre nuestro
Grupo, pensamos que racionalizar no quiere decir, de ninguna
manera, uniformar el ámbito competencial, que el diseño del
modelo de Estado autonómico no implica la uniformidad
competencial entre todas las comunidades autónomas y que el
principio de
singularidad y diferencia, al lado de otros principios, tienen
que presidir el día a día de la construcción del Estado
autonómico.
La aprobación definitiva de estas reformas estatutarias va a
comportar, sin lugar a dudas, un salto cualitativo de suma
importancia, a lo que estamos convencidos ha de seguir un
nuevo impulso autonómico hacia las comunidades históricas en
la línea de considerarlas como la administración ejecutiva en
cada territorio. Ello va a contribuir a la modernización de la
Administración en su conjunto y al perfeccionamiento de la
construcción jurídico-política de España como un Estado
moderno en el que se acepten con normalidad
las identidades político-históricas innegables que en él
conviven. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con su venia, señor Presidente,
señor Ministro. Se lamentaba en Comisión el señor portavoz de
Izquierda Unida de que quizás este debate del conjunto de
proposiciones de ley orgánica que derogan la Lotrava y
reforman los estatutos de autonomía de Aragón, Asturias,
Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana no estaban
alcanzando la profundidad y el calor que su naturaleza
merecía. Sería petulante presumir que esta modesta fijación de
posición sirviera para suplir aquella supuesta carencia de
profundidad, pero intentará al menos compensar, desde la
perspectiva del Grupo Popular, aquella hipotética falta de
temperatura cordial, subrayando la enorme significación que
para nuestro Partido encierra esta ocasión parlamentaria.
Permítanme, pues, dar las gracias a todos los compañeros de mi
Grupo, ponentes de las respectivas proposiciones de ley de
reforma y, de manera singular, a mi compañero Jorge Fernández
al haberme delegado este turno, obligadamente unitario por
motivos de razonable economía parlamentaria.
Permítaseme también recordar que desde el X Congreso de
Sevilla del Partido Popular, en marzo de 1990, el desbloqueo
del
desarrollo autonómico, por medio de un gran acuerdo
interpartidario, se erigió en una de las más obsesivas
prioridades de trabajo de José María Aznar y de nuestro
Partido, tenazmente impulsado desde su responsabilidad
específica, primero por Juan José Lucas, después por nuestro
compañero Mariano Rajoy. De suerte que nos sentimos
legítimamente orgullosos de haber sacado de la melancolía del
pantano parlamentario en el que se encontraban remansadas las
distintas iniciativas emanadas de los parlamentos autonómicos,
que empezaban a acumularse en esta Casa. Nos sentimos
orgullosos de proporcionar este serio y sustantivo impulso a
la contrucción del Estado de las autonomías, meramente incoado
o proyectado como posibilidad dispositiva en el diseño de la
Constitución.
Nos asiste una razonable y legítima satisfacción por haber
podido recorrer este itinerario de deasarrollo constitucional
en leal y franco entendimiento con el PSOE, y deploramos muy
sinceramente que el tercer y restante partido político de
ámbito nacional presente en esta Cámara no se integre en este
acuerdo.
Honradamente estimo que las objeciones que hemos tenido
ocasión de escucharle en las distintas fases de tramitación de
estas proposiciones no revisten, en mi modesta opinión,
entidad bastante como para justificar la grave decisión
política de quedarse fuera del acuerdo.
Acogemos también con alegría el voto favorable de aquellas
formaciones nacionalistas que se lo dispensen, interpretando
que ese voto se produce desde el compromiso y no desde el
desentendimiento, desde el interesamiento real y no desde la
ajenidad. Concretamente, nos gustaría poder interpretar, por
ejemplo, que el voto favorable anunciado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) supone una
saludable rectificación de aquel juicio que mi ya viejo y
excelente amigo, Miguel Roca, dispensaba, en julio de 1992, a
las conversaciones entre el PSOE y el PP, calificándolas como
una tertulia y, en consecuencia, a su fruto, al pacto
autonómico, motejándolo de papelín. Cuando les hablaba de
orgullo --termino deliberadamente enfático--, estaba queriendo
decir... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden
silencio, por favor.
El señor CISNEROS LABORDA: Estaba queriendo decir que el PP
tiene las espaldas... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Cisneros. Ruego a SS.SS. que guarden silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Estaba queriendo decir que el PP tiene las espaldas lo
suficientemente anchas como para poder cargar sobre ellas los
eventuales costes de alguna cantinela de quienes pretenden una
igualación geométrica de jardín francés de los modelos
competenciales de las distintas autonomías, que ni es la
solución que la Constitución sugiere ni se compadece con la
realidad profunda de la España plural.
Este trámite parlamentario, por supuesto que sí --se puede
decir explícitamente--, culmina un proceso jalonado por la
firma del acto autonómico entre las dos principales fuerzas
políticas de ámbito nacional el 28 de febrero de 1992, por la
promulgación de la Ley Orgánica de transferencia de
competencias mediante el empleo de la fórmula del artículo
150.2 de nuestra Constitución, con la estilización y certeza
suministradas por la ya copiosa jurisprudencia constitucional
y, en fin, por la tramitación de las proposiciones de ley de
reforma estatutaria emanadas de los parlamentos territoriales
que hoy se culmina en este Congreso para albergar los nuevos
bloques competenciales.
Ha querido el azar del calendario hacer coincidir casi este
debate con el quiceañero cumpleaños constitucional. Créanme
SS.SS. si les digo que estas reformas estatutarias
pueden ser la más gentil y eficaz forma de conmemorar la
efeméride, porque, en opinión de mi Grupo, y frente a la
objeción explícita o subyacente en algunas intervenciones de
este debate o en el precedente de la Ley de transferencias,
esta iniciativa no empobrece ni recorta ni desfigura las
previsiones constitucionales, primero y fundamentalmente
porque vienen, como vino la Constitución, avaladas por un
amplísimo consenso político y de ahí mi lamento inicial de que
no lo sea aún mayor en razón de la posición anunciada de
Izquierda Unida.
En segundo lugar, porque no es constitucionalmente correcto
invocar mayores o menores grados de legitimidad constitucional
o democrática en razón del procedimiento elegido, porque las
reformas son expresión libre de la voluntad de amplísimas
mayorías de las cámaras regionales y porque sólo el acuerdo
político previo, que obviamente no suplía ni podía suplir
estas imprescindibles iniciativas parlamentarias, sólo este
acuerdo permite garantizar la articulación racional y
coherente del proceso y establecer los adecuados mecanismos de
cooperación. La evocación del fundamento constitucional
inmediato de estas iniciativas me permite fijar con la mayor
concisión posible, señor Presidente, la posición formal del
Partido Popular sobre el estado de la cuestión del desarrollo
del Título VIII en este exacto momento.
Primero, es obvio que este acuerdo, efectivamente, no cierra
ni culmina las posibilidades de desenvolvimiento estatutario
de las comunidades concernidas. Sin embargo, y con las muy
razonables excepciones que puedan venir derivadas del Estado
del proceso en alguna comunidad autónoma concreta --como el
propio debate ha puesto de manifiesto esta mañana-- apostamos,
claramente, por la estabilidad. Van a producirse
transferencias importantísimas de competencias, funcionarios y
recursos. Como el Presidente fundador del Partido Popular
manifestó en su reciente discurso de investidura en Galicia:
Hay mucho camino por andar en pos de la suficiencia
financiera, de la eliminación de perturbadoras redundancias
administrativas, de mejora y perfeccionamiento de las
instancias multilaterales de coordinación y cooperación. Es
por ahí, señor Ministro, por donde el Partido Popular piensa
que se debe progresar en este momento, permitiendo que la
audaz apuesta constitucional por el Estado de las autonomías
cobre sosiego y sedimentación, y aún más a la vista del
impacto indiscutible que sobre esta construcción va a
significar la naciente Unión Europea. La única tarea, con la
excepción aludida, manifiestamente inaplazable en el
tratamiento autonómico es, sin duda, el Estatuto de las
ciudades de Ceuta y de Melilla. El Partido Popular está exento
de cualquier tic, nostalgia o resabio centralista. Nuestra
apuesta por el desarrollo del Título VIII es tan intensa como
sincera, porque para nosotros es la expresión jurídica del
pluralismo real y de la diversa percepción que de la común
identidad española se produce por parte de los distintos
pueblos que participan de ella y no, desde luego, la ocasión
para ningún tipo de exaltación fundamentalista de la
diferencia. Segundo, es tan injusto tratar desigual lo igual,
como igual lo desigual. Hay realidades geográficas como la
insularidad, culturales como el bilingüismo, históricas como
la foralidad o el concierto económico, que alcanzan la
categoría de
significativos hechos diferenciales propios de unas
comunidades españolas y no de otras. Sería atentatorio contra
la realidad profunda del ser nacional español pretender
ignorarlas, como sería impensable su artificiosa o imposible
generalización. El núcleo de la cuestión consiste en evitar
que el reconocimiento de estos hechos diferenciales pueda
llegar a traducirse en desigualdades efectivas entre los
distintos ciudadanos del Estado, sea cual sea la comunidad en
la que vivan.
En la convicción de que la defensa del hecho diferencial es
también una forma de integración y cohesión de la común
realidad nacional española, el Partido Popular, desde luego,
no otorga automáticamente a los partidos nacionalistas o
regionalistas el beneficio gratuito de suponerles más
acendrados defensores o mejores garantes de la especificidad
de sus pueblos. Concluyo, señorías, parafraseando aquella
noble cita de Cambó que aseguraba querer para Cataluña la
libertad y para España, la grandeza. Pues bien, bajo el amparo
de la Monarquía constitucional y
parlamentaria que libremente nos otorgamos todos, todos los
pueblos de España disfrutan de libertad. No estaría de más que
todos pensáramos ahora también en la grandeza de España. El
Partido Popular, desde luego, está comprometido en ello, pero
acepta y solicita, porque es consciente de la magnitud de la
empresa, el concurso de todas las colaboraciones por encima de
legítimos antagonismos ideológicos y en la esperanza plena de
la leal integración de las fuerzas políticas de base
territorial. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.
El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista no puede dejar de
congratularse de los términos por los que se ha llevado esta
discusión parlamentaria de las proposiciones de ley orgánica
de reforma de los estatutos de autonomía de diez comunidades
autónomas. De lo que no podemos dejar de contratularnos es de
que, una vez superados los cinco años establecidos en el
artículo 148.2 de la Constitución y en los estatutos de
autonomía, cerremos en este acto
parlamentario una etapa trascendental de la decisión de las
Cortes Generales accediendo a la reforma y a la adecuación de
los estatutos de autonomía del artículo 143. Reforma que se
inició, efectivamente, en los acuerdos autonómicos, en el
pacto
autonómico de febrero del año 1992, que continuó con la Ley
Orgánica de diciembre de 1992, y que siguió con las
proposiciones de ley discutidas y aprobadas en cada comunidad
autónoma a lo largo de 1993.
Yo no quiero, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
desconocer, ni siquiera querría que pudiera parecer un
desmerecimiento el dar a este acto parlamentario, a este
cierre de debate del Congreso, un sentido más positivo de la
importancia de la deliberación y las votaciones que vamos a
celebrar esta mañana, que un sentido de impugnación de las
únicas enmiendas que se han presentado en este debate
parlamentario, que son las del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Precisamente quiero darle ese
sentido positivo a un debate parlamentario que ha dado
respuesta a un problema capital de la organización del Estado,
que es precisamente el aumento de la capacidad de autogobierno
de nuestras comunidades autónomas, dando
cumplimiento precisamente a una previsión constitucional y a
las previsiones de los estatutos, con una, no digo unanimidad,
sino con una amplia mayoría y consenso, que es precisamente lo
que ha permitido este desarrollo estatutario sin conflictos de
mayor orden.
El tono de estos debates, quitando alguna intervención un poco
desabrida, la propia sustancia misma del debate, prueba que la
discusión de la adecuación y la reforma de los estatutos de
autonomía ha llegado al Congreso precisamente en el momento
oportuno. Todos los problemas políticos, señor Presidente,
señores Diputados, tienen un punto de madurez; antes de llegar
a ese punto de madurez están ácidos y después se pudren.
Precisamente las reflexiones y las discusiones a las que hemos
asistido durante estos meses en esta Cámara, el lapso de
cierto tiempo, hacen que haya madurado en cada cual su
sentimiento de su propia responsabilidad y que todas las
cuestiones hayan llegado aquí a su grado de sazón, que es
precisamente en el que se encuentra en este momento de la
deliberación.
Nuestra Constitución, nuestra Monarquía constitucional y
parlamentaria han cambiado totalmente nuestro sistema político
y han venido a dar satisfacción a distintos tipos de
aspiraciones, aspiraciones de diferente calidad. El sistema
político adoptado por la Constitución define y garantiza las
libertades de los ciudadanos, pero, además, la Constitución
contiene tales bases para organizar el Estado español que
permite resolver, en una fórmula armoniosa y de cooperación,
problemas que han sido siempre históricos en España. Como don
Manuel Azaña decía sobre las divergencias históricas
peninsulares, habría que hablar de las divergencias históricas
de España. Precisamente en esa armonía y cooperación es como
se ha producido el desarrollo estatutario de estas comunidades
autónomas del artículo 143. Ampliación de competencias sin
duda alguna de una gran
importancia, aunque muchas de ellas no han sido nombradas y
han sido obviadas en el debate parlamentario de este Pleno: la
educación en todos sus tramos, la agricultura, la industria,
el Inserso, etcétera. ¿Es que no es relevante, por ejemplo,
para comunidades autónomas como la de Baleares, con problemas
hidráulicos importantes, la transferencia en recursos
hidráulicos? Ha habido estatutos de autonomía que no han
tenido ninguna enmienda como, por ejemplo, el Estatuto de
Autonomía de Valencia y tampoco el de Cantabria, aunque haya
una aspiración compartida por todos nosotros en que lo que más
une en relación no con este Estatuto sino con esta Comunidad
es el relevo y la sustitución del Presidente de su Comunidad.
Yo creo que es exagerado --no creo que le moleste al señor
Ríos que le diga que es excesivo, porque no tiene nada de
particular que los hombres de talento también exageren, y al
señor Ríos le conozco hace muchos años y es una persona de
talento-- cargar la fuerza de su discurso en determinados
rasgos, facciones o relieves precisamente para darles una
preeminencia frente a la fisonomía general que tiene el
articulado de todas estas
proposiciones de ley, aunque, como decía, no es raro que haga
estas exageraciones. Sin embargo, lo realmente importante de
estas proposiciones de ley que vamos a aprobar ahora y de esta
importantísima ampliación de competencias y de capacidad de
autogobierno es la fisonomía general de todas las competencias
que se transfieren a estas comunidades autónomas. Y no es,
señor Mur, un ejercicio de entretenimiento de las Cortes
Generales. Yo creo que se podía haber «entretenido» usted en
presentar alguna enmienda. No hubiera sido ocioso, si se está
en desacuerdo y se va a hacer un discurso como el que se ha
hecho esta mañana aquí, al menos «entretenerse», entre
comillas, en hacer alguna
enmienda. Hacer un discurso de ese calibre sin haber
presentado una sola enmienda nos recuerda que la ociosidad y
la falta de «entretenimiento», entre comillas, es lo realmente
grave a la hora de mantener ese tipo de posiciones políticas.
Señor Ríos, lo importante es la fisonomía y el contenido de
estas
proposiciones de ley, que tienen un carácter verdaderamente
histórico en lo que se refiere a la equiparación, no voy a
decir igualación, pero sí equiparación con los estatutos de
autonomía de la llamada vía rápida. Por cortesía, no por
impugnación, porque quiero darle ese sentido positivo a este
acto
parlamentario, por cortesía le voy a decir por qué razón no
estamos de acuerdo, aunque ya hemos impugnado sus enmiendas en
Comisión. No estamos de acuerdo porque hay un grupo de
enmiendas que, desde nuestro punto de vista, nada tienen que
ver con las transferencias.
Me refiero a la ampliación de los períodos de sesiones de las
asambleas, retribuciones o dietas de los Diputados de las
asambleas regionales, etcéteras. Voy muy deprisa, señor Ríos,
pero creo que lo entenderá. En segundo lugar, porque en
relación con algunas de las transferencias que se plantean
esas comunidades todavía no tienen suficientemente consolidada
su estructura de servicios y están en un panorama francamente
deficitario, y hay otras enmiendas que no hace falta
aceptarlas porque son particularismos de competencias mucho
más globales y mucho más generales encuadradas en ella y que
están recogidas en la reforma de los estatutos. Y, señor
Martínez, no me gusta esa diferencia de la ley formal, de si
esto es una ley formal o un acto formal. Nunca me ha gustado
esa diferencia entre lo formal y lo real, y entre la
democracia formal y la democracia real. Esto no es una ley
formal, es una ley, una ley con todas sus consecuencias y con
todas sus consecuencias y con toda la trascendencia histórica
que tiene, lo cual no quiere decir que el pueblo español, que
es un pueblo vivo, un pueblo adulto con muchas experiencias
históricas y con muchas esperanzas, piense que estas leyes u
otras cualesquiera van a mantenerse inamovibles o rígidas toda
la vida. Eso sólo pasaba con las Leyes
Fundamentales del Movimiento. Y si ustedes en Aragón tienen un
compromiso de abrir un debate entre las distintas fuerzas
políticas, ustedes lo abrirán y ustedes llegarán a sus
consecuencias, porque lo que estamos aprobando hoy no es ni
más ni menos que el deseo de la mayoría de la soberanía
popular en esas comunidades autónomas, sin que nadie pueda
arrogarse de manera tan osada la representación de una mayoría
que no se ostenta en una determinada comunidad autónoma.
Para acabar, señor Presidente, tengo que decir que hoy
culminamos en el Congreso --y cerrarán definitivamente el
Senado y las Cortes Generales-- una obra de buen gobierno, hay
que decirlo sin complejos y decirlo con claridad, una obra de
buen gobierno que permite llevar a cabo el desarrollo de las
competencias y de las atribuciones de estas comunidades
autónomas en cooperación entre las distintas comunidades
autónomas y en cooperación entre las fuerzas más importantes,
exceptuando una, y lo lamentamos, de España. Por lo tanto, hay
que felicitarse de esa obra de buen gobierno que, precisamente
por no haber sido conflictivo, no ha tenido esa transisión a
la sociedad que debería tener, que es la de que uno de los
males históricos de nuestro país lo estamos superando después
de la Constitución de 1978 en un clima de absoluta
pacificación y de entendimiento entre las fuerzas políticas
más importantes y entre las comunidades históricas y aquellas
que no fueron históricas. En definitiva, señor
Presidente, señoras y señores Diputados, esa obra de buen
gobierno tiene un doble fin, un fin orgánico y un fin
político, porque, por una parte, señor Presidente, conseguimos
avanzar en la solución de un problema capital del Estado
español y, por otra, señor Presidente, que todos los españoles
se sientan a gusto dentro de España y de su Estado. Muchas
gracias. (El señor Mur Bernad pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, ¿a qué
efectos pide la palabra?
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, he sido aludido
personalmente. Me gustaría responder. (Protestas en los
escaños del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías,
por favor. Señor Mur, esta Presidencia, que ha estado
perfectamente atenta a las palabras pronunciadas aquí por los
diferentes intervinientes, no ha visto ni ha ponderado ninguna
alusión a S.S. No tiene la palabra, señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, no tiene la
palabra.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, he sido aludido
nominalmente y me gustaría aclarar una imputación. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Esta Presidencia
repite que no ha constatado en absoluto ninguna alusión a
S.S.No tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, me remito a...
(Protestas en los escaños del Partido Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡No tiene la palabra,
señor Mur! Pasamos a la votación de los dictámenes que han
sido discutidos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 13; en contra, 257; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación relativa al dictamen de la proposición de ley
orgánica de las Cortes Valencianas, por la que se deroga la
Ley Orgánica 12/1982, de transferencias a la Comunidad
Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289: a favor, 283; en contra, dos; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 286; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica sobre ampliación de
competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 276; en contra, diez; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto para Cantabria. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 278; en contra, uno; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 276; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291: a favor, 278; en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 278; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291: a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma de los
artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de
Estatuto de Autonomía para Asturias. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291: a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291: a favor, 274; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.