CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 27 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 25
celebrada el martes, 16 de noviembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:



Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 27.1, de 1 de octubre de 1993. (Continuación) (número
de expediente 121/000013) (Página 1033)
--Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 28.1, de 11 de octubre de 1993 (número de expediente
121/000014) (Página 1084)
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 27.1, de 1 de octubre de 1993. (Continuación) (Página 1127)
--Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 28.1, de 11 de octubre de 1993. (Final) (Página 1129)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
28, de 17 de noviembre de 1993.)

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SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.




Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 1033)



Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994. (Continuación) (Página 1033)



Título VI (Página 1033)



En defensa de las enmiendas del Grupo Popular interviene el
señor García-Margallo y Marfil. Expone que las modificaciones
en las normas tributarias que el Gobierno piensa introducir
para el ejercicio de 1994 se han escindido en dos proyectos de
ley: primero, el tradicional título de normas tributarias
incluido en el proyecto de Presupuestos y que motiva su
intervención en este momento; segundo, el proyecto de ley que
contiene un conjunto de normas de vocación más permanente que
se incluyen en la llamada Ley de acompañamiento.

Consiguientemente, cree que tiene poco sentido comentar las
normas tributarias del proyecto de ley de Presupuestos de
forma independiente a las comprendidas en el otro proyecto de
ley. Aun así, va a intentar centrarse exclusivamente en las
normas contenidas en el proyecto de Presupuestos, respecto de
las que lo primero y más importante que tiene que decir es que
el Gobierno socialista les tiene acostumbrados en esta materia
a ir parcheando los aspectos que le parecen más importantes y
que le pueden proporcionar una recaudación mayor, sea cual sea
su coste en términos de equidad y de apoyo a la economía
productiva.

Esa constante no se ha roto en este Presupuesto, en el que se
proponen algunas medidas de relativa importancia para el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, por
primera vez desde 1978 se van a gravar las prestaciones por
incapacidad permanente, total o parcial, y también por primera
vez quiere el Gobierno que estén sujetas a gravamen las
prestaciones por desempleo. Probablemente nada tendrían que
objetar, desde el punto de vista teórico, a esta medida, pero
sí tienen que hacerlo cuando el Gobierno elige este momento
para realizar esa modificación, al mismo tiempo que abre
brechas importantes en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por
otra parte, el Gobierno sabe que en el momento de presentar la
declaración de la renta estos desempleados no van a alcanzar
los mínimos necesarios para declarar, por lo que no van a
estar sujetos de verdad al impuesto, con lo que lo único que
se está haciendo es establecer una obligación de retención
para anticipar dinero gratuitamente al Tesoro a cargo de las
prestaciones por desempleo.

La tercera de las innovaciones también se incardina en esta
corriente de ir recaudando fondos de donde sea y al coste que
sea, sin tener en cuenta la capacidad económica de los
perceptores de rendimientos. Así, no se va a ir a la escala
que este Parlamento aprobó en la Ley 18/1991, del Impuesto
sobre la Renta, pretendiendo que estas escalas comprendiesen
un abanico entre el 18 y el 50 por ciento en 1993, ya que se
vuelve a la escala anterior a la Ley de 1991, introducida
torticeramente por un Decreto-ley. Esta falta de actualización
del Impuesto sobre la Renta no sólo tiene efectos negativos en
el área familiar sino extraordinariamente nocivos desde el
punto de vista de la equidad, con grave perjuicio para los
pensionistas y en general para los más débiles, cuando
paralelamente se establecen determinadas deducciones para las
sociedades.

Concluye afirmando que se ha esquilmado de tal manera el
sistema tributario a lo largo de estos once años que el
sistema fiscal ya no sirve para nada, ni para recaudar con
justicia ni para utilizarlo como mecanismo de estabilización,
como mecanismo de reacción y de corrección. En esta situación,
las enmiendas que su Grupo presenta son aquellas posibles para
mejorar un presupuesto que es hijo de una política económica
que no les gusta y que nos ha llevado donde nos ha llevado.

Han intentado hacer unas enmiendas de mínimos, unas enmiendas
que puedan ser apoyadas por los demás grupos parlamentarios.

Explica a continuación el contenido fundamental de las mismas.

El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que, al
proceder a la reforma de la política impositiva del país, el
Gobierno adopta una actitud regresiva, no haciendo pagar más a
los que más tienen y menos a los que menos tienen sino al
contrario. Las propuestas que se presentan en los
presupuestos, y concretamente por lo que se refiere al IRPF,
van a suponer una subida en frío de los impuestos, al no
deflactar la tabla del IRPF y que las rentas del trabajo
tengan que hacer frente a todo lo que se va a dejar de
recaudar de las sociedades, a las que se va a cobrar 439.000
millones menos. Izquierda Unida pretende decir al Gobierno y
al Grupo Socialista dónde pueden conseguir los ingresos que
necesitan sin tener que acudir a esa política de recortes
sociales, como por ejemplo en las pensiones.

En cuanto a los impuestos locales, el Gobierno no ha sido
capaz de modificar la participación de los



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ayuntamientos en la fiscalidad del Estado para que puedan
hacer frente a sus deudas y, en cambio, se introduce un
incremento del catastro del 3,5 por ciento, en una política de
parches que no hace frente verdaderamente a la necesaria
reforma fiscal. Seguidamente expone el contenido de las
enmiendas de Izquierda Unida, quedando a la espera de conocer
la postura del Grupo Socialista sobre las mismas.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas presentadas, que entiende que se apoyan en una serie
de criterios que figuraban en los programas electorales de
algunos de los partidos que actualmente apoyan al Gobierno y
que hacen referencia a un aumento de la inversión, fortalecer
la formación profesional, incentivar el ahorro y moderar y
adecuar a la baja los impuestos. Termina dando lectura a sus
enmiendas números 126, 127 y 212.

El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV), manifiesta
que las medidas fiscales contempladas en estos Presupuestos y
en el proyecto de ley que los acompaña son altamente
insuficientes, desde su punto de vista. La situación de crisis
generalizada, particularmente en el sector industrial, exigía
la adopción de otras medidas fiscales por parte de la
Administración pública de cara a conseguir la reactivación
económica y el empleo. Aun reconociendo el escaso margen de
maniobra como consecuencia del déficit público, considera que
deben adoptarse medidas de apoyo que devuelvan al sector
privado el protagonismo económico y actúen de motor de la
reactivación económica. Piensa asimismo que las pequeñas y
medianas empresas deben ser el objeto central de las medidas
fiscales, ofreciéndoles incentivos fiscales para la inversión
y la creación de empleo. Analiza a continuación las
modificaciones fiscales contempladas en los Presupuestos,
lamentando que en las mismas se pretenda no sólo consolidar
los ya muy elevados tipos de impuestos sobre la renta sino
aumentar la presión fiscal efectiva con medidas como la
inclusión del desempleo. Entienden que una buena técnica
tributaria exige, por lo menos, deflactar las tarifas en la
inflación esperada y actualizar las deducciones. Expone
seguidamente sus enmiendas relativas al Impuesto de
Sucesiones, donde observan algunas novedades importantes, así
como en relación con el IVA, esperando que estas enmiendas
merezcan la aceptación de esta Cámara y del Gobierno.

En representación del Grupo de Coalición Canaria defiende las
enmiendas presentadas el señor Mardones Sevilla. Manifiesta
que mantienen las enmiendas números 1.216 y 1.217, destinadas
a perfeccionar aquellas lagunas, ausencias o deficiencias que
existen en la norma tributaria específica para Canarias.

En turno en contra de las enmiendas al Título VI interviene,
en nombre del Grupo Socialista, el señor García Ronda. Señala
que no va a realizar un análisis pormenorizado de las
enmiendas defendidas a este título porque ya en Comisión
tuvieron ocasión de debatirlas ampliamente, por lo que
intentará contestar a lo que le ha parecido más granado de los
discursos de esta mañana.

Comenzando por el Partido Popular, su portavoz ha insistido en
el tema del gravamen a las prestaciones por desempleo,
respecto de lo que ha dicho inicialmente que nada tenía que
objetar, a pesar de lo cual ha añadido una serie de
consideraciones sobre el particular. Está de acuerdo con el
enmendante en que en la mayoría de los casos quienes reciban
estas prestaciones no alcanzarán los mínimos que les
obligarían a tributar, por lo que cualquier retención que haya
se les devolverá en el momento de hacer la declaración de la
renta, que les saldrá negativa.

En cuanto a la escala del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, cuestión a la que han aludido varios
enmendantes, considera lógico que haya habido que retrasar la
puesta en vigor de la nueva escala, habida cuenta de las
circunstancias económicas del momento, que obligan en
ocasiones a tener la flexibilidad suficiente como para
adaptarse a las mismas, sobre todo cuando se trata de algo que
no supone una cuestión sustancial, como es el asunto de las
tarifas.

Respecto al Grupo de Izquierda Unida señala que siempre tratan
de llevar la cuestión a lo que pudieran ser principios
ideológicos, pero él no va a entrar a discutir en este momento
sobre qué es progresivo o regresivo. Simplemente tiene que
decir que considera que progresivo en este momento es ser
realista, ayudar a que la actividad económica se levante, y es
regresivo empecinarse en mantener las cosas como están, sean
cuales sean las circunstancias en que se hallen inmersos.

Sobre este particular, cree que el enmendante ha adolecido en
parte de este empecinamiento, de este inmovilismo en
determinadas líneas.

A Coalición Canaria tiene que decirle que no considera
necesario modificar la cuestión tal como hoy está planteada y
que no añadiría nada nuevo al propio régimen de Canarias la
aceptación de estas enmiendas.

En cuanto al señor González Lizondo y al Grupo Vasco (PNV), se
limitan a pedir, al igual que otros grupos parlamentarios,
menos impuestos, con lo que, por desgracia, sus enmiendas no
cumplen la



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necesidad de conjugar recaudación con incentivación de la
actividad económica.

En definitiva, como ya tuvo ocasión de decir en Comisión,
parece que unos y otros enmendantes simplemente querían
ponérselo difícil al Gobierno, un Gobierno que ha de actuar, y
hoy más que nunca, con realismo, con eficacia, endeudando lo
menos posible a la nación, teniendo en cuenta la capacidad
económica, la neutralidad fiscal y la distribución de recursos
posibles.

Replican los señores García-Margallo y Marfil, Ríos Martínez,
González Lizondo, Zabalía Lezamiz y Mardones Sevilla,
replicando el señor García Ronda.




Título VII y Secciones 32 y 33 (Página 1052)



El señor Rajoy Brey defiende las enmiendas del Grupo Popular,
manifestando que han pedido la devolución al Gobierno de esta
normativa sobre financiación de las corporaciones locales
sencillamente porque lo que dice el proyecto de presupuestos
no es verdad, habida cuenta de que la normativa para
determinar la participación de las corporaciones locales a
partir del año 1994, según establece la Ley de Haciendas
Locales, aún no se ha aprobado, con lo que las cantidades que
figuran en estos Presupuestos las establece el Gobierno en
base a los criterios que el mismo estima convenientes. Además,
son cantidades provisionales, ya que la fijación definitiva de
las mismas depende de una norma legal que en su día tiene que
aprobar esta Cámara. No le parece que esta sea una forma sería
de gobernar, ya que lo lógico sería plasmar en el proyecto de
ley las cantidades que corresponden a las normas legales
previamente aprobadas, puesto que en otro caso, como va a
ocurrir aquí, lo aprobado es papel mojado.

Tampoco pueden aceptar esa cifra establecida a ojo por el
Gobierno, porque la misma en ningún caso supone aumento
respecto de la establecida para 1993. Añade que esta forma de
gobernar es la que ha provocado una parte de los gravísimos
problemas de nuestras corporaciones locales y que se han
puesto de manifiesto en la última reunión de la Federación
Española de Municipios y Provincias celebrada en La Coruña,
donde muchos señores, algunos Diputados de esta Cámara, han
dicho todo lo contrario de lo que van a votar hoy aquí. Le
gustaría que el Gobierno explicase cómo unas corporaciones
locales pueden planificar sus actividades para el futuro y
aprobar sus presupuestos si en esta fecha aún no conocen, ni
siquiera aproximadamente, qué es lo que van a recibir del
Estado en concepto de participación en los tributos estatales
para el año que viene. Por si fuera poco, tampoco saben si se
va a cambiar y cómo será la fórmula que en su día se apruebe.

Lógicamente, su Grupo no puede aprobar una cifra que se les
dice que se fijará cuando esta Cámara apruebe los criterios
legales para establecerla, porque lo consideran poco serio.

Añade que todas las enmiendas parciales presentadas a este
título responden a lo que lleva dicho hasta este momento y
pretenden lisa y llanamente establecer un sistema claro sobre
la financiación de las corporaciones locales para el año 1994,
previendo, además, que si el Gobierno no aprueba el nuevo
sistema se aplique el antiguo, contemplado en la Ley de
Haciendas Locales.

Alude a algunas de las enmiendas concretas referidas a la
financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas,
manifestando que en la financiación de estos entes
territoriales no deberían existir discrepancias entre los
grupos políticos, porque no es un tema de fuerte contenido
ideológico ni de gran carga política, pero siempre se
encuentran con una inoperancia del Gobierno que les impide
llegar a un entendimiento.

El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señalando que no
sería bueno, en asuntos como el que les ocupa, pasar de
puntillas sobre una realidad que afecta al funcionamiento del
Estado en su vertiente más cercana a los ciudadanos, haciendo
aparecer a los entes municipales y regionales como
derrochadores de recursos y poco ajustados en la
administración de los mismos, sin plantearse de verdad cómo
deben participar en los ingresos del Estado las distintas
administraciones que lo componen. Su Grupo cree que la
participación de estos entes territoriales en los ingresos del
Estado no es ajustada, no habiéndose conseguido una buena
distribución de los impuestos, de manera que de cada cien
pesetas recaudadas puedan llegar 25 a los entes locales, otras
25 a las comunidades autónomas y las 50 restantes para atender
los servicios que presta la Administración central.

Añade que tampoco se ha logrado que los españoles que viven en
los distintos lugares geográficos reciban la misma calidad de
servicios, ni se ha hecho el esfuerzo necesario para superar
viejos desequilibrios a fin de situar a todos cara al futuro
en idénticas situaciones para ejercer su libertad y sus
posibilidades de desarrollo. En este sentido, muestran su
discrepancia con la propuesta y distribución de fondos que
plantea el proyecto, entendiendo que hay que comprometer más
al Estado para que, por ejemplo, en inversiones en
infraestructura se invierta el 50 por ciento en las regiones
más desfavorecidas,



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permitiendo corregir los actuales desequilibrios.

Explica el contenido concreto de las enmiendas más importantes
a este título y secciones concordantes, así como las
modificaciones presupuestarias que entrañan para conseguir los
fines anteriormente reseñados, esperando que merezcan la
aceptación de la Cámara.

El señor Martín Menis defiende las enmiendas del Grupo de
Coalición Canaria, señalando que a través de las mismas
pretenden corregir una situación de agravio comparativo en
relación con el resto de ayuntamientos y diputaciones del
Estado. Si nadie discute la grave situación por la que
atraviesan estos entes territoriales, debe tenerse también en
cuenta que los ayuntamientos y cabildos canarios pasan por una
situación especial que les sitúa en peores condiciones que los
restantes entes locales del Estado. Los elevados costes de los
servicios que prestan los municipios del archipiélago,
indudablemente más caros que en el resto del Estado, cree que
les hacen acreedores, como ha ocurrido a lo largo de la
historia, a alguna fórmula de financiación propia para
permitirles prestar esos servicios con una calidad similar a
la existente en el resto del Estado.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas presentadas, la primera de las cuales va encaminada
a que el área metropolitana de la ciudad de Valencia sea
considerada como tal en los Presupuestos Generales, dando por
finalizada la pertinaz marginación con que se viene tratando a
dicha área en relación con las de Madrid y Barcelona.

La segunda enmienda, presentada a la Sección 33, pretende la
devolución de la misma en cuanto que discrimina nuevamente a
la Comunidad Valenciana, que ha sufrido unas bajadas
importantes en los Fondos de Compensación Interterritorial.

El señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), da
por defendida su enmienda número 1.195, remitiéndose
expresamente a la argumentación expuesta en el debate de
Comisión.

El señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), pide que se mantengan las enmiendas de su Grupo a
efectos de votación.

En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente,
interviene, en representación del Grupo Socialista, la señora
Aroz Ibáñez. Comienza expresando su acuerdo con el portavoz
del Grupo Popular en el sentido de que en la financiación de
los entes locales y las comunidades autónomas no debería haber
discrepancia entre los Grupos de la Cámara. Desde el Grupo
Socialista comparten esta manifestación, pero para poder
llegar a un acuerdo sería necesario que el Grupo Popular
realizase un diagnóstico más riguroso de los problemas con que
se enfrentan y unas manifestaciones más ajustadas en relación
con el proyecto de Presupuestos para 1994. Sobre éstos en
concreto tiene que reiterar lo que han venido diciendo desde
el Gobierno y desde el Grupo Socialista a lo largo de los
debates previos en torno a que los presupuestos del Título VII
y de las correspondientes secciones 32 y 33, que contienen los
créditos destinados a las corporaciones locales y las
comunidades autónomas, son los derivados de las normas legales
relativas a su sistema de financiación. Rechaza también que
exista ninguna indefensión en torno a las cantidades que van a
percibir dichos entes territoriales, citando al efecto cifras
concretas que figuran en el proyecto de ley.

Formula otra serie de consideraciones en torno a la fijación
del nuevo sistema de financiación de estos entes y a las
negociaciones sobre el particular, rechazando que exista
ninguna situación de incumplimiento por parte del Gobierno.

Añade que buena parte de las argumentaciones anteriores,
referidas al portavoz del Grupo Popular, son también
aplicables a algunas de las objeciones planteadas por el
representante de Izquierda Unida.

Finalmente expone la postura del Grupo Socialista en relación
con las enmiendas concretas defendidas por los representantes
de los diversos grupos parlamentarios en relación con este
título y secciones.

Completa el turno del Grupo Socialista el señor Padrón Delgado
para contestar a las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria,
anunciando que se va a estudiar el problema planteado para ver
si en sucesivos trámites se encuentran fórmulas que permitan
atender estas peticiones.

Replican los señores Rajoy Brey, Ríos Martínez, González
Lizondo y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando la señora Aroz
Ibáñez.




Título VIII (Página 1069)



El señor Fernández-Miranda y Lozana da por defendidas las
enmiendas del Grupo Popular, remitiéndose a lo expuesto por su
compañero señor Núñez en el debate del Título III.

El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a través de las
cuales pretende la reordenación de organismos autónomos y
entidades públicas que el Gobierno se autoriza para realizar
durante el próximo



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ejercicio en base a unas pretendidas razones políticas. Su
Grupo cree que la supresión de un organismo autónomo o de
cualquier entidad pública, empresa pública u organismo
comercial debe debatirse en esta Cámara. En todo caso, como no
es su deseo poner obstáculos a la toma de decisiones por el
Ejecutivo, solicitan que, una vez adoptada la decisión
correspondiente por el Consejo de Ministros, se tramite en
esta Cámara para que todos los grupos políticos puedan
expresar su opinión y obtener cualquier tipo de información.

Otra de las enmiendas hace referencia a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y concretamente a su modo de
funcionamiento y resultados.

En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Pérez González. Recuerda que el año anterior fue
también encargado de dar respuesta a las enmiendas presentadas
a este título y cree que las enmiendas defendidas hoy por el
señor Ríos son similares a las planteadas el año anterior, por
lo que tratará de no repetir más allá de lo necesario los
argumentos entonces expuestos. Respecto a la supresión o
transformación de organismos públicos no debe tener temor el
señor Ríos porque al final del artículo noventa y siete se
establece la dación de cuentas del Gobierno. Además, nada
obsta para que, en aras a libertad de la Cámara y de los
Grupos Parlamentarios, se reclame esta información cuando se
estime conveniente. Respecto a la última enmienda del señor
Ríos señala que su planteamiento es genérico y hablan de
reflexionar sobre el sistema de actuación, cuando más que
reflexionar habría que estudiar cuál ha sido la práctica y la
operatividad de la Agencia de Administración Tributaria.

En consecuencia, considera que no procede aceptar ninguna de
las enmiendas de Izquierda Unida.

Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Pérez
González.




Título IX (Página 1072)



El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que comprenden los
números 1.341 a 1.348. Alude al difícil momento por el que
atraviesa la Seguridad Social como consecuencia de la crisis
económica, que está produciendo un importante proceso de
destrucción de empleo que conlleva la pérdida del número de
cotizantes a la Seguridad Social y, simultáneamente, el
incremento del número de beneficiarios de las distintas
prestaciones. Consiguientemente, se está produciendo una
situación de dificultad financiera de la Seguridad Social,
habiéndose producido diversas posiciones que plantean como
objetivo prioritario el recorte de prestaciones, mientras que
la postura de Izquierda Unida es dar prioridad a la dotación
de recursos suficientes para la Seguridad Social. Dicha
filosofía se encuentra detrás de todas sus enmiendas a este
título, con el fin de dotar a la Seguridad Social de los
medios adecuados y, posteriormente, plantear las adaptaciones
que sean adecuadas a la situación de crisis.

El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), manifestando que se trata de dos
enmiendas que fueron objeto de prolijo debate en Comisión, por
lo que no dedicará mucho tiempo a su defensa. A través de
estas enmiendas se pretende, en primer lugar, que a los
directivos y empresarios de pequeñas y medianas empresas se
les dé opción para permanecer dentro del régimen de la
Seguridad Social sin que, como ocurre en estos momentos, se
les dé de baja de oficio pasando al régimen de autónomos. Otra
pequeña disfunción que pretenden corregir afecta a los
trabajadores directivos y empresarios también afiliados al
régimen de autónomos de la Seguridad Social y que tengan entre
los 49 y 55 años. Esta Ley de Presupuestos les impide que
puedan optar a algo que anteriormente podían hacer
legítimamente si lo deseaban, es decir, acudir a la base
máxima de cotización prevista en el régimen de autónomos de la
Seguridad Social.

En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Cercas Alonso, que considera bien argumentadas las
enmiendas del Grupo Vasco (PNV), por lo que es propósito del
Grupo Socialista que sean objeto de debate y, en su caso, de
transacción, a la vista de las soluciones que se puedan
ofertar sobre el particular.

Anuncia que su Grupo votará a favor de la enmienda 1.201 y
ofrecerá una transacción respecto a la número 1.200 cuyo texto
hará llegar a la Mesa. En cuanto a las enmiendas de Izquierda
Unida no van a poder aceptarlas, no porque no estén de acuerdo
con la filosofía expresada por el señor Peralta sino porque,
en todo caso, es el momento, no de recortar derechos a los
trabajadores, sino de acudir a subvenir las necesidades
financieras del sistema para que éste pueda seguir cubriendo
sus finalidades protectoras, que es su razón de ser. Pero,
estando de acuerdo con esta filosofía, cree que las enmiendas
presentadas conducirían a un camino equivocado para la
resolución de estos problemas.

Replican los señores Peralta Ortega y Olabarría Muñoz,
duplicando el señor Cercas Alonso.




Página 1029



Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas a lo
largo de la sesión de la mañana, así como al texto
correspondiente a los Títulos VI, VII y Secciones 31 y 32, y
Título VIII y IX, que son aprobados.




Se suspende la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de
la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos
(Página 1078)



El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que abarcan los
números 1.350 a 1.384, centrando su intervención en aquellas
que considera más relevantes. Comienza refiriéndose al tema de
las indemnizaciones en favor de los represaliados políticos,
sobre el que ya se pronunció este Parlamento en la anterior
legislatura, y solicita concretamente que se sustituya la
fecha de 31 de diciembre de 1990 por la del 31 de diciembre de
1994, como plazo máximo para la presentación de solicitudes,
abriendo al efecto un nuevo plazo con carácter excepcional
para la presentación de aquéllas.

Otras enmiendas se refieren a temas relacionados con la
igualdad, planteando al efecto la creación de una Secretaría
de Estado para la mujer y un fondo de garantía para pensiones
alimentarias, que constituye una necesidad evidente. El
Gobierno ha manifestado ya en alguna ocasión su posición
favorable a este fondo e Izquierda Unida cree que es el
momento de hacer realidad tal propósito.

Alude a algunas otras enmiendas encaminadas a avanzar en la
línea de igualación de derechos como, por ejemplo, en favor de
las parejas de hecho, y al establecimiento de cláusulas en
favor de los minusválidos en las ofertas públicas de empleo,
destacando, por último la que hace referencia a que la
retribución de personal de reemplazo en el servicio militar
tenga la adecuación que se preveía en la Ley vigente.

El señor Fernández-Miranda y Lozana da por defendidas en sus
justos términos las enmiendas del Grupo Popular, solicitando
que sean sometidas a votación posteriormente.

El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV), da igualmente
por defendidas las enmiendas presentadas y solicita que sean
sometidas a votación.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, interviene en
relación con las enmiendas presentadas a estas disposiciones,
remitiéndose a los argumentos empleados en el debate en
Comisión, que siguen siendo plenamente válidos. No obstante,
tiene especial interés en hablar en relación con la enmienda
presentada a la disposición adicional para la consecución de
un acuerdo económico como modelo de financiación de la
Comunidad Autónoma Valenciana, modelo al que aspiran y que es
el que en estos momentos tienen ya dos comunidades autónomas.

Se trata de la concertación económica que da realidad al
Estado de las autonomías. Considera que no es casualidad que
sistemas similares se estén utilizando actualmente en los
países más avanzados del mundo, como Estados Unidos, Canadá,
Suiza o Alemania. Se trataría de conciertos económicos
solidarios y generalizables a todas las comunidades autónomas
que lo deseen, considerando que la recuperación económica de
la Comunidad Valenciana depende de manera determinante de la
modificación y del sistema de financiación actual.

Finalmente alude a la enmienda 138, relativa a los
damnificados por la rotura de la presa de Tous en el año 1982,
resaltando que al cabo del tiempo transcurrido, se encuentran
todavía pendientes de un juicio o de unas indemnizaciones que
no han llegado. Cree que es el momento de reparar estos daños,
para lo que pide el voto a favor de su enmienda.

El señor Martín Menis, en nombre del Grupo de Coalición
Canaria, defiende en primer lugar la enmienda 1.228,
postulando una disposición adicional nueva para que los fondos
del Instituto Nacional de Empleo sean repartidos de acuerdo
con criterios objetivos que proponga el propio Gobierno para
evitar lo que viene sucediendo, por ejemplo, en los
ayuntamientos de la isla de Tenerife donde, según el color
político de los correspondientes ayuntamientos, la cantidad de
pesetas por habitante percibidas varía ostensiblemente.

Asimismo mantiene y da por defendida la enmienda 1.229, por la
que pretenden añadir una nueva disposición adicional.

El señor Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, retira el voto particular formulado.

En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente
interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor
Jerez Colino, que comienza agradeciendo a los enmendantes el
tono de sus intervenciones. Empezando por el final, señala al
representante de Coalición Canaria que el tema del reparto de
los fondos del Inem más bien parece un comportamiento
específico que se da en las islas, ya que entiende que la
distribución general de estos fondos se hace con carácter
objetivo y con arreglo a disposiciones previas sobre el
particular. Si existe alguna situación que no se ajusta a este
sistema



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es bueno hacer la denuncia de la situación concreta.

En cuanto a las restantes enmiendas, que parece que se dan por
defendidas, simplemente ha de decir que no pueden ser
admitidas. Así, por ejemplo, el señor González Lizondo está
repitiendo sistemáticamente una enmienda sobre el sistema de
financiación a la manera foral cuando sabe perfectamente que
es imposible admitirla en estos momentos, y no ya por voluntad
de esta Cámara sino del propio pueblo valenciano, que en su
momento se pronunció claramente en favor del sistema de
financiación de la LOFCA.

Respecto al viejo tema de Tous sería bueno que los análisis
fuesen completos y no hablar simplemente de lo negativo. En
este sentido podrían mencionarse las importantísimas
inversiones realizadas en la zona, que superan los 120.000
millones de pesetas. También conoce el enmendante que el
Gobierno ha expresado su mejor voluntad para atender a los
damnificados.

Respecto a Izquierda Unida le permitirán que haga una
contestación general, ya que el conjunto de enmiendas
presentadas a estas disposiciones o bien implican aumento de
gastos o disminución de ingresos. Con independencia de que las
intenciones sean buenas, la realidad es que no pueden asumir
estas enmiendas en las circunstancias por las que atravesamos
en estos momentos.

Respecto al Grupo Popular señala que asumen una transacción en
relación con la enmienda 392, que espera que sea aceptada por
el propio Grupo Popular. Por otra parte, aceptan la enmienda
número 400, de adición a la disposición adicional 17, apartado
1.3.

Replican los señores Peralta Ortega, González Lizondo y Martín
Menis, duplicando el señor Pérez Colino.




Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo (Página 1084)



Título I y disposiciones concordantes (Página 1084)



El señor García-Margallo y Marfil defiende las enmiendas del
Grupo Popular, señalando que este debate constituye la segunda
parte del que han tenido esta mañana. Reconoce que ha
entendido muy poco la argumentación del portavoz socialista
esta mañana para rebatir lo que él expuso en nombre del Grupo
Popular, afirmando que toda la filosofía que se puede
encontrar en los textos que el Gobierno ha remitido a la
Cámara es la de extraer dinero de donde puedan, con la máxima
rapidez y la máxima facilidad posible, rompiendo así la línea
de menor resistencia del contribuyente. Esta mañana el Grupo
Socialista, con la complicidad y colaboración de los Grupos
que apoyan al Gobierno, ha decidido que las prestacines por
incapacidad permanente y por desempleo tributen por primera
vez en España en el Impuesto sobre la Renta, a sabiendas de
que no están sujetas a pagar el impuesto definitivamente. Se
les va a exigir un ingreso a cuenta de una obligación que no
existe, exclusivamente para sacarles el dinero y devolvérselo
varios meses después sin intereses. También han decidido que
no se puede actualizar la tarifa del Impuesto sobre la Renta y
las deducciones familiares atendiendo a las variaciones de los
precios, lo que supone un aumento de la presión fiscal,
especialmente para las clases menos favorecidas. Completan la
faena estableciendo que aquellas 500.000 pesetas que un
español pudiese obtener de vender sus participaciones en una
institución de inversión colectiva, que antes no pagaban
impuesto, ahora lo van a pagar.

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio afirma que si su
grupo hubiese propuesto algún día lo que este Gobierno propone
en el proyecto de ley habría que escuchar los discursos que
harían los socialistas sobre el interés del Grupo Popular de
favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres. El Gobierno
socialista declara la exención del Impuesto sobre el
Patrimonio en favor de aquellas personas que tengan acciones
en determinadas sociedades de carácter familiar, formulando
una definición de las mismas que implica que cualquiera que
sea el capital o las participaciones estarán exentas del
impuesto.

Respecto al Impuesto al Valor Añadido establecen una medida
que califica de cómica, frente a todo lo cual el Grupo Popular
formula unas enmiendas que ya esta mañana calificaba de
mínimas en una situación difícil de déficit público y con
espíritu de sacar a este país de la crisis y no crear al
Gobierno más dificultades que las que él mismo se crea.

Termina explicando el contenido concreto de algunas de sus
enmiendas.

Por alusiones, interviene el señor Homs i Ferret, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), replicando el señor García-
Margallo y Marfil.

El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que la
propuesta que les presenta el Gobierno y el Grupo Socialista
ha defendido en el trámite de Comisión, viene a decir que para
estimular



Página 1031



el empleo hay que introducir medidas que incentiven a las
empresas, a través de exenciones fiscales o determinados
apoyos en los impuestos de Sociedades, del Patrimonio y del
IVA. En esta ley se proponen unas exenciones fiscales respecto
de las que Izquierda Unida afirma que hay que reducirlas y
limitarlas a políticas concretas y no aplicarlas
indiscriminadamente. No considera positiva esta Ley de
acompañamiento, pues no va a significar más empleo, más
recuperación de la inversión y sí menos recaudación para las
arcas del Estado. Concluye explicando el contenido de las
enmiendas de su Grupo a este primer título del proyecto de
Ley.

El señor Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas del Grupo
Vasco (PNV), afirmando que al debatir las medidas fiscales en
dos proyectos de ley distintos se está produciendo una
duplicidad argumental en lo que se refiere a la política
tributaria del Gobierno a corto plazo. Añade que, después de
pasar el trámite de Comisión, teme que este debate va a ser
estéril, a pesar de lo cual insiste en sus argumentos para
tratar de conseguir que las medidas que se aprueben tengan un
contenido asumible por todos.

Insiste en lo manifestado por la mañana en el sentido de que
el Gobierno pretende pasar de puntillas por los impuestos
sobre la Renta, de Sociedades, del Patrimonio y de Bienes
Inmuebles, hasta el punto de que cree que lo que está haciendo
es mucho ruido y pocas nueces. No obstante, reitera su
posición sobre estos impuestos, aludiendo al contenido de las
enmiendas de su Grupo Parlamentario, aun a sabiendas de lo que
le va a contestar el portavoz socialista.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, da por defendidas
las enmiendas presentadas, sobre las que afirma que ya se
debatió con amplitud en Comisión.

En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor García Ronda, coincidiendo con otros intervinientes
en la imposibilidad de evitar una remisión a las
argumentaciones puestas de relieve en la sesión de la mañana.

Consiguientemente, para evitar ser reiterativo intentará
limitarse a fijar la posición del Grupo Socialista en relación
con las enmiendas formuladas por los diversos Grupos
Parlamentarios.

Replican los señores García-Margallo y Marfil, Martínez
Blázquez y Zabalía Lezamiz, duplicando el señor García Ronda.




Título II y disposiciones adicionales y transitorias
concordantes (Página 1101)



El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular,
manifestando que una primera aproximación al Título II de este
proyecto de ley denota que el Gobierno, de forma vaga,
fragmentaria e inoportuna, además de técnicamente deplorable,
acomete la urgente tarea de llevar a cabo la reforma
administrativa que España viene demandando desde la
consumación de la primera fase de transferencias y traspasos a
las comunidades autónomas. Añade que antes de afrontar la
reforma del régimen funcionarial, que tan torpemente se
intenta, la Administración del Estado debería proceder a una
reestructuración de su aparato orgánico, a fin de determinar
el tamaño ideal de su estructura orgánica y la mejor
ordenación de ella para cumplir los fines generales y
específicos.

Califica de máquina de liquidar funcionarios o instrumento de
reconversión salvaje al Título II del proyecto de ley, ante el
que cabe preguntarse por las razones que han llevado al
Gobierno a su elaboración. Quizá se deba a la angustia que
ocasiona en el ánimo del Gobierno las dimensiones de la carga
financiera que representa el importante volumen de personal
infrautilizado, o puede tratarse de una mera operación de
despiste encaminada a demostrar a las centrales sindicales que
están dispuestos a dar el primer paso adelante para asumir las
obligaciones y sacrificios que exigen aquéllas en la
negociación ante el pacto social. Puede tratarse también de un
globo sonda para poner a prueba las reacciones de los
funcionarios ante la posibilidad de adoptar en el futuro las
medidas que ahora anuncian como inminentes.

Respecto al pretendido ahorro con estas medidas, afirma que la
Ley puede resultar carísima y hasta casi ruinosa para las
arcas del Estado, al regular hasta seis supuestos de
percepción de retribuciones sin contraprestación laboral.

Pregunta si se puede pedir el voto favorable a la Cámara para
un proyecto de ley que es una pura incógnita y un puro
derroche de medios. En cuanto a los planes de empleo,
constituyen el segundo defecto grave del proyecto por la
indeterminación con que se diseñan, tras los reiterados
fracasos en los planes de reforma y modernización
administrativa que con gran despliegue de medios
propagandísticos ha intentado llevar a cabo el Gobierno, sin
lograrlo. Otro motivo de su oposición al proyecto lo justifica
el procedimiento utilizado al echarse mano de un proyecto de
ley donde se mezclan medidas de orden fiscal, de protección
para el desempleo y de función pública, cuando una cuestión de
esta trascendencia debería merecer un tratamiento legal
autónomo.




Página 1032



Termina haciendo una breve referencia a las enmiendas
parciales al articulado, pretendiendo que las medidas que se
proponen sean lo menos dañinas posible.

El señor Martínez Blasco defiende las 38 enmiendas que el
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado a
este título del proyecto de ley, destacando el contenido de
algunas de ellas, principalmente las relacionadas con los
planes de empleo, que es una novedad del proyecto de ley que
no les disgusta, como ya dijeron en Comisión, aunque a través
de sus enmiendas pretenden concretar el contenido del proyecto
en algunos aspectos. Termina defendiendo la enmienda número
26, de totalidad al Título, en cuanto que se trata de un
proyecto que quiere dejar las manos libres a los
administradores para reducir plantillas y abaratar los costes
de la reestructuración. Considera que lo más oportuno sería
que este Título II se excluyera de la Ley, que no es
imprescindible, ni necesario ni conveniente de cara a los
Presupuestos de 1994.

El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del
Grupo Vasco (PNV), calificando de sorpresiva la actitud del
Gobierno al plantear una modificación importante del régimen
de la función pública con esta urgencia e inmediatez, sin
acompañar el dictamen del Consejo Superior de la Función
Pública, con lo que puede ponerse en tela de juicio su
legalidad, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.

Agrega que se trata de una ley que se viene a unir a una
normativa ya muy dispersa y con la que se trata de modificar
en un 90 por ciento la Ley aprobada el pasado mes de abril.

Entiende que lo procedente sería realizar una regulación
global del personal al servicio de las administraciones
públicas en vez de continuar con reformas parciales que
parchean puntualmente la normativa general de la función
pública.

Respecto a la nueva figura de los planes de empleo, a su Grupo
le parece bien que éstos existan, pero ha de ser con la
garantías debidas para que esta figura sea efectiva.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, da por defendidas
sus enmiendas.

En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Varela Flores. Comienza refiriéndose al señor Núñez,
que, a diferencia del resto de los enmendantes, ha hecho una
exposición descalificadora de todas las reformas de la función
pública realizadas en los últimos diez años sin que
paralelamente proponga nada alternativo. Ha tratado toda la
reforma realizada de vaga, fragmentaria, inoportuna, torpe,
fracasada y confusa, sin encontrar nada bueno en el trabajo
hecho, que personalmente piensa que ha consistido en adaptar
la función pública española a las necesidades de una
Administración moderna. Le preguntaría si conoce realmente el
proyecto que tiene el Partido Popular para la función pública
a la vista de su permanente afán destructivo. Cree llegada la
hora de que empiecen a plantear algo constructivo, alguna
propuesta de carácter alternativo.

Reitera que las modificaciones realizadas a lo largo de estos
años han ido encaminados a adaptar las nuevas estructuras
administrativas a los servicios que demandan los ciudadanos,
si bien dichas modificaciones no son suficientes en el tiempo,
ya que en cada momento han de continuar adaptándose a las
necesidades del servicio, y en el presente caso vienen
determinadas por una política restrictiva en cuanto al gasto.

Alude a continuación a los planes de empleo como elemento
justificativo del proyecto de Ley, y con los que se pretende
dotar a la Administración del instrumento legal para que pueda
abordar la reestructuración necesaria, asignando con
objetividad los recursos humanos disponibles y determinando
las necesidades de nuevas incorporaciones a través de la
oferta pública de empleo. Explica las características de
dichos planes y las nuevas situaciones administrativas que se
crean, y termina mostrando la oposición del Grupo Socialista a
las enmiendas a este Título del proyecto de Ley.

Replican los señores Núñez Pérez, Martínez Blasco y
Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando el señor Varela Flores.




Título III y disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales concordantes (Página 1115)



La señora Villalobos Talero defiende las enmiendas del Grupo
Popular, manifestando que las modificaciones que se producen
en materia de protección por desempleo hubieran necesitado un
ámbito más sosegado que el de una Ley de acompañamiento de los
Presupuestos. Si a ello se une que en el trámite de Comisión
se han aprobado enmiendas a la Ley de Seguridad Social que
afectan a cuestiones totalmente diferentes a la protección por
desempleo, y que impiden al resto de los Grupos plantear
iniciativas en torno a esta situación, el problema se agrava
aún más.

A continuación se refiere al contenido de las enmiendas
presentadas por su Grupo, no sin reconocer que posiblemente
todo lo que están discutiendo hoy aquí sea tiempo perdido.




Página 1033



El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, destacando la máxima
importancia del tema que les ocupa, siendo la posición de
Izquierda Unida de oposición clara y rotunda el proyecto de
Ley por muchas razones. En primer lugar, porque se produce un
recorte muy importante en los niveles ya bajos de protección
por desempleo de nuestro país y que afectan además a una
cantidad sensiblemente inferior al número de desempleados.

Otra razón de peso para esta oposición es el informe elaborado
por el Consejo Económico y Social, informe bastante
equilibrado y del que significativamente el Gobierno prescinde
prácticamente en su totalidad. En tercer lugar está la propia
incorrección de las modificaciones contenidas en el proyecto
de Ley, resultando sorprendente que en un nivel de grave
recesión de nuestra economía se pretenda con estas medidas
incidir aún más deprimiendo el consumo. Pero el error más
palmario y grave es el establecimiento de la incompatibilidad
de las prestaciones por desempleo con las indemnizaciones, que
la propia realidad ha puesto de manifiesto, obligando al
Gobierno a rectificar, aunque la previsión normativa sigue
estando en el texto del proyecto.

Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Frutos Gras, haciendo
referencia a las números 84 y 85, propugnando unos Títulos IV
y V nuevos, sobre fondos de inversión obligatoria, con el
exclusivo objetivo de crear empleo, así como en relación a las
jubilaciones y horas extraordinarias, que en este momento se
están haciendo de forma desmesurada en el conjunto de un
mercado español en recesión y crisis.

El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo
Vasco (PNV), a las que califica de naturaleza parcial y
específica. Se trata concretamente de enmiendas a los
artículos 28, 31 y 34, exponiendo el contenido de las mismas.

En turno en contra de las enmiendas defendidas interviene, en
nombre del Grupo Socialista, el señor Arnau Navarro,
manifestando que su Grupo Parlamentario ha tenido muy en
cuenta el artículo 41 de la Constitución, que ordena a los
poderes públicos garantizar prestaciones sociales suficientes
en situación de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Contesta, por otro lado, a quienes han calificado de pobre a
nuestro sistema de protección por desempleo, afirmando que, a
la vista de los datos, éstos nos indican que se trata de uno
de los más generosos de los países de la Unión Europea. Expone
algunas características del proyecto, afirmando que el mismo
no discrimina a nadie ni afecta negativamente a los derechos
subjetivos de nadie, y reforma en cambio el régimen jurídico
de la protección por desempleo, perfeccionándolo en la medida
en que se hace más solidario y que obliga a los trabajadores a
buscar activamente empleo, y protege a éstos así como a los
cotizantes y a los contribuyentes, por lo que lógicamente
contará con el apoyo del Grupo Socialista.

Replican la señora Villalobos Talero y los señores Peralta
Ortega y Frutos Gras, duplicando el señor Arnau Navarro.




Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994. (Continuación.) (Página 1127)



Votación de las disposiciones adicionales, transitorias y
finales y anexos.

Se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas en
relación con estas disposiciones, así como al texto del
dictamen sobre las mismas, que es aprobado.




Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de Protección por Desempleo
(Final.) (Página 1129)



Se procede a las votaciones de las enmiendas formuladas a este
proyecto de Ley y debatidas a lo largo de la sesión de la
tarde, así como al dictamen correspondiente a los diversos
títulos y disposiciones que integran el proyecto de Ley, que
es aprobado.




Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos
de la noche.




Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.




DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1994 (Continuación) (Número de expediente 121/000013)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Debate correspondiente al Título VI.

Enmiendas del Grupo Popular. El señor García-Margallo tiene la
palabra.




Página 1034



El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías,
las modificaciones en las normas tributarias, que el Gobierno
piensa introducir para el ejercicio de 1994, se han escindido
en dos proyectos de ley destinados a constituir dos cuerpos
jurídicos independientes: el tradicional título de normas
tributarias, que acompaña al proyecto de ley de presupuestos,
que constituye el objeto de mi intervención en este momento;
y, en segundo lugar, un conjunto de medidas, de vocación más
permanente, de contenido más estructural, que, por imperativo
de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, se incluye en
lo que se llama ley de acompañamiento.

Tiene poco sentido pues, comentar las normas tributarias del
proyecto de ley de presupuestos de forma independiente a las
que se incluyen en el llamado proyecto de ley de
acompañamiento o de medidas financieras urgentes; sin embago,
en un esfuerzo de contención mental y verbal, voy a intentar
centrarme exclusivamente en estas normas tributarias, sin
perjuicio de que cuando hablemos de las más permanentes en el
otro proyecto de ley, tenga necesariamente que referirme a
alguna de las observaciones que voy a hacer aquí.

La primera y más fundamental es que el Gobierno socialista nos
tiene acostumbrados en materia tributaria a ir parcheando poco
a poco aquellos aspectos que le parecen más importantes, y
siempre son los más importantes aquellos que les pueden
proporcionar una recaudación mayor, más rápida y más simple,
sea cual sea su coste en términos de equidad y en términos de
apoyo a la economía productiva. Esa constante no se ha roto en
este presupuesto, no se ha roto en la ley de medidas de
acompañamiento, sean cuales sean los padrinos y madrinas que
este proyecto de ley, de forma inédita respecto a la
experiencia anterior, tenga en estos momentos.

En el Impuesto sobre la Renta, el proyecto de ley de
presupuestos nos propone algunas medidas, esas sí, de relativa
importancia. Por primera vez desde el año 1978, establece que
se van a gravar en el sistema tributario español las
prestaciones por incapacidad permanente total o parcial. Por
primera vez, desde el año 1978, quiere el Gobierno que estén
sujetas a gravamen las prestaciones por desempleo. Si
probablemente nada haya que objetar desde un punto de vista
teórico a esta medida, si el impuesto fuese sintético de
verdad, si el impuesto gravase de verdad las rentas de todos
los perceptores de riqueza o de rendimientos, si el Impuesto
sobre la Renta fuese, de verdad, un impuesto general y no un
impuesto sectorial destinado a gravar fundamentalmente
aquellas rentas más detectadas, nada habría que objetar; pero
sí hay que objetarlo cuando el Gobierno elige precisamente
este momento para gravar las prestaciones por incapacidad y
las prestaciones por desempleo, al mismo tiempo que abre
brechas de agua importantes, como veré a lo largo de la ley de
acompañamiento, en un impuesto tan significativo y tan
emblemático, desde la teoría de la izquierda, como es el
Impuesto sobre el Patrimonio.

Y mucho más importante hay que objetar que ustedes no están
aquí modificando el sistema fiscal con un criterio de
generalidad. Al gravar las prestaciones por desempleo sabe el
ponente del Grupo Socialista, que es experto en estas materias
y, sobre todo, sabe el Gobierno, que esas prestaciones por
desempleo al final, cuando haya que presentar la declaración
para el impuesto, no van a alcanzar los mínimos exentos, los
mínimos necesarios para declarar, y no van a estar sujetas de
verdad al impuesto; lo único que ustedes están haciendo es
establecer una obligación de retención para anticipar dinero
para financiar gratuitamente al Tesoro a cargo de las
prestaciones por desempleo.

La tercera de las innovaciones (la primera es el gravamen de
las prestaciones por incapacidad, y la segunda de las
prestaciones por desempleo) se incardina también en esta
corriente de ir recaudando fondos de donde sea, al coste que
sea, y sin tener en cuenta la capacidad económica de los
perceptores del rendimiento. Introducen ustedes en este
proyecto de ley dos medidas esencialmente perversas: en primer
lugar, establecen ustedes que la escala del Impuesto sobre la
Renta no va a ser la escala que este Parlamento aprobó en la
Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta; que, desde luego, no
van ustedes a obedecer el mandato establecido en esa misma Ley
e introducido por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la
disposición adicional octava, que decía algo así --y el verbo
es puramente adjetivo-- que las escalas del impuesto
convergerán en el año 1993 a una escala-tipos que se
establecerá entre el 18 y el 50 por ciento. Van ustedes a
volver a la escala anterior a la Ley 18/1991, que
torticeramente introdujo este Gobierno por Decreto-ley.

Leyendo estos días la última obra del que fue compañero
nuestro, Ramón Tamames, recordaba que el Plan de Convergencia
del Gobierno, presentado a esta Cámara en abril de 1992, decía
que había que hacer un esfuerzo de contención fiscal para
favorecer, para fomentar el ahorro familiar que se había
venido por los suelos. Ese compromiso se concretaba en una
reducción de los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta,
que habían subido en España cuando no habían subido en ninguno
de los otros países de Europa. Ese compromiso duró exactamente
tres meses, porque en el mes de junio donde dijeron digo,
dicen Diego, lo cual introdujo un factor de extraordinaria
incredulidad, porque, dice Tamames, ¿cómo se puede confiar en
planes plurianuales que no duran escasamente ni doce semanas?
Pero no actualizar el Impuesto sobre la Renta no tiene sólo
efectos en el ahorro familiar, y me remito aquí a los
brillantísimos discursos de todos los representantes



Página 1035



de la oposición y muy especialmente a los del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), a quien en estos momentos pido el voto
para la enmienda que estoy defendiendo. Tiene efectos
extraordinariamente nocivos desde el punto de vista de la
equidad. Recordará probablemente el señor García Ronda que en
el fragor de la campaña electoral uno de los debates más
candentes, y por cierto más torticeramente llevados por el
representante del Partido que apoya al Gobierno, fue el tema
de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. He hecho un
ejercicio numérico, teniendo en cuenta la escala y el
incremento que ustedes proponen para las pensiones y sólo el
coste fiscal para un pensionista que tenga una pensión de
100.000 pesetas y dos hijos a su cargo, sólo el coste derivado
de la no actualización de la tarifa le supone en términos
reales una pérdida, para el año 1994, de 2.500 pesetas. Tenga
en cuenta S.S. que no estoy cuestionando aquí si el incremento
que ustedes proponen del 3,5 por ciento en las pensiones se
compadece o no con el incremento que va a sufrir la inflación,
de cuya evolución, por cierto, tenemos hoy los datos más
recientes; estoy centrándome simplemente en el coste que
supone la no actualización de la tarifa para este colectivo al
que ustedes decían proteger especialmente.

Llevados por este paroxismo, por la protección de los más
débiles, no tienen ustedes dinero --sí lo tienen para otras
cosas, como veremos en la ley de acompañamiento-- para
actualizar las deducciones en materia familiar.

Si la capacidad económica, si la equidad del sistema, si la
protección de los más débiles, si la adecuación del sistema
fiscal a los que más ganan, como dice la Constitución, es el
primero de los ejes que vertebran cualquier reforma fiscal, el
segundo en esta mini-reforma fiscal que ustedes quieren
introducir era el apoyo a la economía productiva. Aquí en el
Impuesto sobre Sociedades hemos desgranado con especial
atención las medidas que ustedes y sus socios han introducido
en este proyecto de ley. Establecen un pomposo título, un
título que no está mal, un título que va en la dirección
adecuada. Hablan ustedes de deducciones para fomentar el
ahorro, la inversión o relanzar la economía productiva y salir
de la crisis. Establecen un aumento en las deducciones a
aquellas sociedades españolas que hagan un esfuerzo de
internacionalización, que hagan un esfuerzo para crear
filiales o establecimientos fuera, que hagan un esfuerzo para
comprar acciones en sociedades extranjeras, que hagan un
esfuerzo de publicidad y propaganda para ganar fuera las
cuotas de mercado que dentro hemos perdido, y hacen ustedes un
esfuerzo, que no está mal, en otro título que es cuando hablan
ustedes de formación profesional.

Pero cuando vemos los topes, lo que ustedes estiran de capa
para realizar este loable objetivo y preguntamos cuánto están
ustedes dispuestos a sacrificar para relanzar la economía
productiva, nos dice el Secretario de Estado, que supongo en
este caso intentará ser lo más generoso posible en sus
apreciaciones, que esto cuesta, en términos de sacrificio
recaudatorio, 5.000 millones del año 1995. Si SS.SS. que
apoyan al Gobierno creen que la crisis española que estamos
viviendo, que el paro que está sufriendo España, que la
situación de competitividad en la economía española se va a
arreglar recaudando 5.000 millones menos del año 1995 en
economía productiva, o no tienen ustedes idea de la magnitud
de la crisis, o realmente están en una quiebra técnica que les
impide utilizar el sistema fiscal para cualquier objetivo
propio de lo que es una política fiscal y presupuestaria. Han
esquilmado ustedes de tal manera el sistema tributario a lo
largo de estos once años, que el sistema fiscal ya no sirve
para nada; no sirve para recaudar con justicia, ni para
utilizarlo como mecanismo de estabilización, como mecanismo de
reacción, como mecanismo de corrección.

En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido, de Impuesto
sobre Actividades Económicas y de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles las modificaciones que se introducen son tan
menores, tan pacatas que me permitirá S.S. que no haga aquí
comentario alguno.

¿Qué hace el Grupo Popular en este momento? En primer lugar,
quiero advertir que de la lectura de las enmiendas que
presentamos a este proyecto de ley conjuntamente con las
enmiendas que presentamos a la ley de acompañamiento, no se
deduce en absoluto cuál es la filosofía ni el programa fiscal
del Partido Popular, que fue presentado a las elecciones y que
íntegro se mantiene. Las enmiendas que estamos presentando
aquí son aquellas posibles para mejorar un presupuesto que es
hijo de una política económica que no nos gusta y que nos ha
llevado a donde nos ha llevado. Se ha intentado hacer unas
enmiendas de mínimos, unas enmiendas que puedan ser apoyadas,
que puedan ser corroboradas y ratificadas por los grupos
parlamentarios de esta Cámara, teniendo en cuenta que España
atraviesa una situación de déficit no casual, no heredado de
la naturaleza, sino heredado de la gestión que la política
socialista ha llevado a lo largo de estos años.

¿Qué es lo que mi Grupo propone? En materias de escala propone
no que cumplan ustedes su promesa, que incorporaron al texto
legal en la disposición adicional octava, para hacer converger
--como dijeron sus socios en aquel momento-- los tipos del
Impuesto sobre la Renta al 50 por ciento, reduciendo todos y
especialmente los que afectan a las rentas más bajas, no tan
siquiera que reduzcan ustedes a menos de lo que se establecía
en la Ley, sino simplemente que vuelvan a la escala de la Ley
18/1991 que tiene el récord histórico de ser la única escala
que yo conozco en cualquier sistema fiscal del mundo que no
estuvo vigente nunca. Vuelvan ustedes a esa escala para evitar
los daños a las economías más modestas a las que me he
referido anteriormente.




Página 1036



Hagan ustedes un esfuerzo, no tan grande como quieren hacer en
el Impuesto sobre el Patrimonio para determinadas fortunas,
pero estírense un poco en materia de deducciones familiares.

En segundo lugar, si de verdad les preocupa --y estoy seguro
de que les preocupa-- el problema de la economía productiva,
hagan ustedes un pequeño esfuerzo, aumenten los porcentajes
para aquellas empresas que inviertan en activos fijos, para
aquellas empresas que se dediquen a aumentar su cuota de
mercado en el exterior, y hagan un esfuerzo serio en materia
de capital humano, porque llevan una temporada que cada vez
que acuden a un foro público o a un medio de comunicación y no
se les ocurre nada más, hablan ustedes de capital humano, pero
cuando se trata de plasmar en medidas concretas los incentivos
y los apoyos al capital humano, establecen una deducción del 5
por ciento, que girará exclusivamente sobre la diferencia en
más de un ejercicio respecto a otro.

En tercer lugar, limitan la formación profesional a capacitar
a la gente para hacer aquello que seguían haciendo. Dicho de
otra manera, ustedes están de acuerdo en que esa deducción
opere para un curso de contabilidad de costes, si se le da a
un contable, pero no para un curso dado a ese mismo contable
para que acceda a una función distinta. Hablan ustedes de
movilidad funcional, hablan de reasignación forzosa de los
funcionarios públicos por ucase, y cuando se trata de
favorecer la movilidad funcional a través de medidas de
incentivo, de medidas de apoyo, que es como se hace en la
economía de mercado, se descuelgan ustedes con una deducción
que no va a tener ninguna operatividad.




El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, le ruego concluya.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Sí, señor Presidente.

En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido, si les
preocupa, como creo que les preocupa, el problema del turismo,
les pedimos que modifiquen el tipo que afecta a hoteles y
restaurantes, para evitar esas seudocalificaciones
artificiales por motivos fiscales; esa pérdida de
competitividad y calidad exterior exclusivamente para eludir
un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido caprichoso donde
los haga. En segundo lugar, pedimos que se establezca el tipo
super-reducido del 3 por ciento para las comunicaciones con
aquellas islas cuya única y exclusiva vía de comunicación es
la marítima.

En tercer lugar --ya sé que no lo entendió en Comisión, señor
García Ronda, espero que lo entienda en Pleno--, no tiene el
menor sentido que en las adquisiciones intracomunitarias, que
han sustituido al concepto de importaciones, quien compra en
un país de la Comunidad tenga que pagar el impuesto en el
momento que compra, y tenga que esperar al trimestre siguiente
para deducirse ese mismo impuesto. Eso es una forma de
financiación torticera, es una forma de financiación tramposa,
es una forma de financiación que no se corresponde con la
filosofía ni con lo dispuesto en las directivas de la
Comunidad. Señor Presidente, termino. Probablemente lo más
importante en la mini-reforma fiscal que estamos introduciendo
en este proyecto de ley y en la ley de acompañamiento sea el
método chapuza tras chapuza, cambio sobre el cambio, en
definitiva, falta de objetividad, falta de visión global de lo
que es un sistema fiscal. En segundo lugar, las medidas que
ustedes proponen inciden de nuevo en las economías más
débiles, en las prestaciones de desempleo, en las prestaciones
de incapacidad, en quienes tienen deducciones familiares que
no ven actualizadas y en quienes han de pagar una escala del
Impuesto sobre la Renta que no tiene en cuenta la evolución de
los precios y que tiene los efectos que he dicho sobre todo
tipo de rentas. He puesto un ejemplo, porque sé que fueron los
ejemplos que ustedes le prepararon a su Secretario general
para la campaña electoral, en materia de pensionistas.

En tercer lugar, señor García Ronda, convendrá conmigo que
sacrificar 5.000 millones del año 1994 para salir de la crisis
económica que España está padeciendo es una broma que ni este
Parlamento ni la opinión pública merecen.

Hago un llamamiento al resto de las fuerzas políticas, y muy
especialmente a aquellas que defendieron la necesidad de
adecuar los tipos impositivos a la evolución de los precios;
aquellas que defendieron en otro tiempo, cuando éramos todos
oposición material y formal, la necesidad de reducir los tipos
para fomentar el ahorro, para que en este momento, si sus
compromisos se lo permiten, apoyen lo que en todo momento
defendieron.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.

Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Ríos tiene la
palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, alguien
había dicho alguna vez al grupo mayoritario de la Cámara que
acertaban cuando cambiaban de posición. Pues bien, en el caso
que vamos a discutir ahora, en los impuestos, en la política
impositiva del país, no es así, es al revés: ustedes se hacen
más regresivos cuando cambian.

Como no me gusta adjetivar voy a decir las razones por la que
nosotros vemos que ustedes, con estas propuestas que nos hacen
de modificaciones en tres actuaciones impositivas (los
impuestos directos --IRPF y sociedades-- y algunos impuestos
locales), no hacen frente de verdad a lo que debiera ser una
política fiscal



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progresiva y, además, no hacen recaer la aportación a las
arcas del Estado para hacer las políticas que éste necesita
haciendo pagar más a los que más tienen y menos a los que
menos tienen, sino todo lo contrario.

A nosotros, por tanto, nos hubiera gustado que el debate no se
hubiese situado como pasó en la Comisión (sé que los tiempos
son complicados, eso de tiempos modernos es muy difícil verlo
venir sin poder torearlo bien y, además, es legítimo, ustedes
lo pueden hacer) entre un discurso, según ustedes, liberal-
conservador, que defiende el partido mayoritario de la
oposición, y una posición liberal-progresista, que puede
defender estas propuestas. Me gustaría que a la palabra
liberal no le añadieran ustedes progresista o conservador,
porque es liberal y se define sola. Me hubiese gustado que
ustedes no hubiesen entrado por esa definición de liberal,
sino por mantener principios, por mantener líneas de actuación
que les hubiesen acercado a lo que ustedes han estado
defendiendo, a las bases sociales a las que pidieron el voto
hace apenas seis meses, para así no equivocarnos y no separar
lo que es, lo que decimos cuando pedimos el voto de lo que
hacemos cuando nos han votado y estamos aquí como padres de la
patria para intentar hacer el bien en todas las actuaciones.

¿Qué pretendemos nosotros? Miren ustedes, la propuesta que nos
traen en la ley de presupuestos en lo que se refiere al IRPF
va a significar no una bajada de los impuestos, sino una
subida, pero una subida en frío, que, al no deflactar la tabla
del IRPF, va a significar que las rentas del trabajo tengan
que hacer frente a todo lo que ustedes van a facilitar de
gasto fiscal a las empresas, a las sociedades. Esto es
sencillísimo, la presión fiscal se produce con los impuestos
directos más los indirectos dividido por el PIB. Si bajamos
los impuestos de las sociedades --vamos a cobrar 439.000
millones menos-- para que inviertan, aunque no sé cómo lo
vamos a hacer, porque esa teoría ya la han aplicado durante
muchos años; les hemos facilitado ingresos y luego no sé cómo
han invertido, pero la realidad es que la estructura
productiva está como está. En cuestión de IVA tenemos la
realidad que tenemos. Díganme ustedes sobre quién va a recaer
la carga de la recaudación en este país. Pues sobre el IRPF,
sobre las rentas del trabajo; esa subida en frío de la
capacidad impositiva, de la presión fiscal, va a recaer sobre
esas rentas.

¿Qué pretende Izquierda Unida? Decirles dónde podrían
conseguir ingresos, reducir esa política que ustedes han
abierto a diestro y siniestro para buscar recortes, por
ejemplo, en las pensiones. Les voy a demostrar cómo han
modificado la Ley del año pasado para separar a algunas
personas que están recogidas como inválidas y que no puedan
estar exentas dentro de este año; cómo ustedes podrían también
declarar exentas o incorporar algunas deducciones de las
rentas del trabajo, de la parte social más desfavorecida; y
cómo ustedes podían liberalizar, reducir el gasto fiscal de
esas deducciones que están planteando para la sociedad y en
algunas que nosotros, en concreto, consideramos que es
injusto.

Por último, sobre los impuestos locales. Ustedes no han sido
capaces de modificar la participación de los ayuntamientos en
la fiscalidad, ustedes no han sido capaces de hacer frente a
la deuda, pero ponen aquí un incremento del catastro del 3,5
por ciento, sin entrar a hacer frente a toda la posibilidad
que pudiera haber después de aquella discusión para ajustarlo,
ponerlo en marcha, etcétera. Es decir, sus propuestas,
permítanme que se lo diga, son parches que no hacen frente de
verdad a una reforma del sistema fiscal --no haría falta, no
es aquí donde debería hacerse--, ni siquiera orientan el
camino de una política fiscal más progresiva, ni siquiera eso;
es decir, se trata de una política fiscal que se mueve al
vaivén, son pequeños parches al socaire y en función de la
lluvia que me cae: si cae granizo implanto una medida, si cae
agua o si cae chipichipi, ya veremos cómo escampa.

¿Cuál es el objetivo de nuestras enmiendas? Nosotros
proponíamos igual que estaba el año pasado, que el Gobierno
tenga en cuenta para declarar exenta la participación en el
IRPF, junto con la gran invalidez que ponen este año, la
incapacidad permanente absoluta que ustedes han reducido y ya
no va a poder ser declarada exenta dentro de la propuesta que
ustedes hacen. Nosotros proponíamos que se incorporara, que se
tuviese en cuenta, que no tuviese que hacer esa declaración.

Miren ustedes por dónde nosotros creemos que ustedes podrían
recaudar dinero. Usted me dirá que está sacado de un sitio
excesivamente estirado, que además puede obedecer a algo por
lo que ya se está cotizando; pero como ustedes han descubierto
para el socialismo y el bienestar social el juego y han
aparecido juegos y apuestas por todos los lados, nosotros
decimos: ¿Por qué no declarar exenta a efectos de la
declaración de impuestos solamente una parte de los premios
que se obtienen por los distintos juegos? ¿Por qué no se
declara que no está exento y por tanto que cotice? A quien le
haya caído un premio de equis millones no le va a costar mucho
aportar al Estado, si está subiendo; ahora, mal va a ver usted
a un señor a quien le están conteniendo el salario y después
se lo baja vía retención del Impuesto sobre la Renta. La gente
alegre que obtiene premio puede aportar al Estado.

Por tanto, les decimos: reduzcan ustedes el 20 por ciento, eso
lo sugerimos aunque estaríamos dispuestos a discutir otros
porcentajes para que no estuvieran exentos de cotizar los
premios de lotería, de las apuestas, los premios de la
Organziación Nacional de Ciegos, de las distintas apuestas
organizadas por las comunidades, de los sorteos de la Cruz
Roja. Ahí tenemos una posibilidad de ingresos. Además, como lo
han hecho ustedes, hay premios todos los días, sábados,
domingos, acumulados, coincidentes, reincidentes; han
conseguido



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ustedes poner en marcha dos, tres loterías, todo lo que
ustedes quieran. Ahí tendríamos posibilidades de ingreso. Es
verdad que ya cotizan, que el Estado obtiene beneficios de
eso, pero estoy hablando de los premios, no de la recaudación
en su conjunto, y es una posibilidad, es una fórmula para
obtener ingresos.

La propuesta que nosotros hacemos con nuestras enmiendas es
intentar deflactar el 3,5 de la inflación previsible hacia la
tabla de la declaración del IRPF, tanto si se hace individual
como si se hace en su conjunto. Nosotros creemos --ya se lo he
explicado antes-- que hay que evitar que ustedes estén bajando
los recursos en circulación a la gente que vive de su propio
salario. Pero es más, ¿cómo van a incentivar el ahorro, cómo
van a plantear una dinámica determinada si no hacen que la
presión fiscal no recaiga sobre los que siempre han estado
pagando, sobre los que tienen nómina? En este país hay quien
no tiene nómina y también quien puede actuar sobre otro tipo
de realidad fiscal. Por tanto, nosotros creemos que es
prioritario que la tabla sea deflactada en el mismo porcentaje
que tiene la inflación. ¡Fíjense ustedes que ya tenemos dos
años acumulados! La del año pasado, que fue del 4,5 por ciento
(ya veremos dónde termina la inflación, porque a esta
velocidad que llevamos ya estamos en el 4,3 y ustedes
establecieron una previsión de 4,5), más la de este año, que
está en casi 8 puntos. Yo no le pido para 8 puntos, sino
estamos pidiendo el 3,5 de este año. Lo pasado pasado está,
pelitos a la mar. Vamos a lo de ahora, vamos a ver cómo
pudiéramos actuar. Bien, ustedes prefieren otra realidad
distinta. Nosotros consideramos que eso, desde luego, no es
progresismo, tal cual nosotro lo vemos, será liberalismo.

Otro bloque de enmiendas va dirigido a incorporar reducciones
que se han hecho en el IRPF otros años, por ejemplo, el
rendimiento del trabajo dependiente. Nosotros podríamos
proponer aquí: ¡Hombre! en señores que tienen buenos sueldos,
y podríamos entrar en esa demagogia. No proponemos eso,
proponemos a sujetos pasivos que están en ingresos inferiores
a un millón de pesetas y a sujetos pasivos que están en
ingresos inferiores a 1.800.000 pesetas; proponemos a la gente
más débil del sector productivo para que puedan reducir de su
declaración estos rendimientos del trabajo productivo.

Por tanto, hasta esas 30.000 pesetas, según sean personas con
ingresos inferiores de un millón a 1.800.000 pesetas. Por
tanto, lo que estamos consiguiendo con esta enmienda, con esta
propuesta, es un mejor tratamiento fiscal para esas rentas del
trabajo que hoy en día desde mi punto de vista, están
excesivamente presionadas mientras otras están viviendo una
especie de paraíso fiscal que no se corresponde con el
momento. Mal ejemplo, y hay que predicar con el ejemplo; por
las obras vamos a conocer las cosas, no por las palabras.

Otra propuesta nuestra iba dirigida a incrementar las
deducciones por gastos de custodia, y les voy a leer cuáles
serían los objetivos: hasta el 15 por ciento en 50.000
pesetas para servicio y cuidado de ancianos y minusválidos,
algo que las personas con medios no necesitan pero las que
tienen menos medios sí; la asistencia a menores en escuelas
infantiles; el servicio y cuidado a los menores a domicilio...

En suma, estamos circunscribiendo estas deducciones no a todos
los que declaran a Hacienda, sino a los que ingresan menos de
tres millones de pesetas. Por tanto, volvemos a decir que
mejoramos el tratamiento fiscal hacia los sectores más
desfavorecidos. Me gustaría, por lo menos, que usted
reconociera que le suena la música, aunque la letra le pille
con el paso cambiado, porque si no, no venimos de donde
venimos --podemos venir de otro sitio-- y la conversión de
Pablo de Tarso, como buen recaudador de hacienda, puede haber
sido en otro sitio, distinto al que pudiera haber sido.

Después, proponemos medidas sobre lo que es el Impuesto sobre
Sociedades que ustedes nos presentan en el proyecto de ley.

Ustedes proponen declarar exentos y reducir los tipos a
determinadas sociedades y nosotros proponemos suprimir estas
reducciones o incrementar los porcentajes que ustedes
establecen a algo muy importante. ¡Fíjese usted qué sociedades
son a las que ustedes quieren conceder las exenciones!
Sociedades de fondos de inversión inmobiliaria, a esas
instituciones de inversión colectiva tributando al 7 por
ciento y al 1 por ciento los fondos de inversión inmobiliaria.

Nosotros proponemos que se suprima. Pero sabiendo que estamos
cantando para alguien que no nos quiere oír como sabemos que
no hay peor sordo que el que no nos quiere oír, decimos: Como
eso no va a ser, así, le hacemos otra propuesta, para que vean
que queremos acercar posiciones y ofrecemos manos, que
queremos llegar a acuerdos, a puntos de encuentro en la
izquierda, mirando a la sociedad que queremos mirar. Y le
digo: Pues, entonces, a las sociedades de los fondos de
inversión inmobiliaria, en lugar de ponerle el 1 por ciento,
súbanle ustedes al 26 por ciento. Y dirán ustedes: ¡Hombre,
qué bárbara es esta propuesta! Pues es la mismilla que tienen
ustedes para las cajas rurales, para las sociedades de
crédito. ¿Van a tener mejor tratamiento los fondos de
inversión inmobiliaria que las cajas rurales y que las
entidades de crédito?



El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy bien, señor Presidente.

Creo que sería positivo que actuaran desde otra óptica.

Las otras enmiendas van dirigidas --con esto termino mi
intervención-- a reducir las exenciones que establecen en el
artículo setenta hasta el 25 por ciento



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a determinadas actuaciones: la apertura de sociedades, los
establecimientos en el extranjero, a la participación en
sociedades extranjeras; toda esa actuación en lugar de al 25
por ciento, al 20 por ciento. Tampoco va a dejar de invertirse
por eso. No se van a acoger solamente por esta actuación. Le
estoy reduciendo el gasto Fiscal. Me tendrían que estar
ofreciendo laureles por esta propuesta que reduce el gasto
fiscal del Estado. Eso sí, a los sectores que pueden pagarlo,
no a los que no pueden pagarlo.

Las otras enmiendas van dirigidas --nosotros consideramos que
no es oportuno-- a suprimir ese incremento del 3,5 por ciento
del catastro que ustedes proponen a las corporaciones locales
para que puedan actuar en esos bienes inmuebles. Nosotros
creemos que no está en condiciones de hacerse. En todo caso,
estúdiese, hágase una propuesta más rigurosa y después veremos
hasta dónde puede llegar, porque a lo mejor el 3,5 es corto
para algunas propuestas, a lo mejor es largo para otras.

No sé si habrá logrado explicar cuál es el objetivo, la
propuesta o las orientaciones a estos parches impositivos que
ustedes proponen, pero si no lo he logrado no será por no
haberlo intentado. En todo caso, arrieros somos y nos vamos a
volver a ver dentro de poco en la réplica.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, desde el Grupo Mixto, por parte de Unión Valenciana,
hemos presentado una serie de enmiendas que entendemos que
llevan detrás de sí esa serie de criterios que figuraban, por
lo menos, en los programas de algunos de los partidos que
están apoyando actualmente al Gobierno, tales como aumentar la
inversión, fortalecer la formación profesional, incentivar el
ahorro y moderar y adecuar a la baja los impuestos.

La enmienda 126 propone que el 15 por ciento del importe de
las inversiones que se realicen en: «Activos fijos materiales
nuevos y de segunda mano homologados, afectos al desarrollo de
la actividad empresarial de la entidad, sin que se consideren
como tales los terrenos» u «la edición de libros y la
producción cinematográfica que permitan la confección de un
soporte físico, previo a la producción industrial seriada».

Entendemos que aumentar en 10 puntos la deducción por
inversiones en activos fijos materiales, habida cuenta de la
constante caída de esta magnitud en los últimos años, forma
parte de una medida coherente al cien por cien. La enmienda
127 habla de la modificación del artículo setenta, subapartado
cuatro, que entendemos que debía quedar redactado como sigue:
«Los sujetos pasivos podrán deducir el 15 por ciento de la
diferencia existente entre los gastos de formación profesional
de su personal deducibles fiscalmente en el ejercicio y los
correspondientes al ejercicio precedente, minorados ambos en
el importe de las subvenciones recibidas para la realización
de dichas actividades e imputadas, a efectos fiscales, como
ingreso de cada ejercicio».

También proponemos aumentar en 10 puntos la deducción por
inversiones en formación profesional. La formación profesional
está hoy en día en boca prácticamente de todos los partidos
políticos, de todos los parlamentarios, pero la realidad es
que no estamos haciendo, según nuestro criterio, aquello que
debíamos. La formación profesional es una gran posibilidad
para nuestro país y creemos que no se están tomando las
medidas oportunas.

La enmienda 130 es relativa a la reforma del Impuesto sobre
Actividades Económicas, y en ella modificamos la Ley
Reguladora de Haciendas Locales 39/88, de 28 de diciembre,
referida a la escala del Impuesto sobre Actividades Económicas
en los siguientes términos: Municipios hasta 5.000 habitantes;
entre 5.000 y 20.000; 20.000 y 50.000; 50.000 y 100.000 y más
de 100.000, llegando a un máximo de 1.8 lo que se puede
aplicar a este Impuesto.

Pretendemos disminuir los coeficientes a aplicar por parte de
los ayuntamientos sobre la cuota municipal del Impuesto sobre
Actividades Económicas, demostrada también la gran necesidad
en nuestro país de fomentar esta inversión, y este Impuesto
sobre Actividades Económicas está teniendo actualmente unos
gravámenes fuera de lo normal.

Hay otra enmienda correspondiente precisamente al mismo
impuesto pero en aquello que representa a las diputaciones
provinciales. Lamentablemente, la voracidad recaudatoria de
algunas diputaciones provinciales las hace responsables en
gran medida del incremento de presión fiscal derivado de la
aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Determinadas diputaciones están aplicando el 40 por ciento,
que es el máximo autorizado por la ley, lo cual nos parece una
subida francamente excesiva. Proponemos que el máximo que se
pueda aumentar sea el 20 por ciento. Reducir a la mitad este
impuesto en el recargo de las diputaciones provinciales nos
parece asimismo totalmente coherente.

Por último, la enmienda 212 trata de disminuir la presión
fiscal directa con la intención de fomentar el ahorro y la
demanda agregada. Señorías, estamos atravesando --se ha
discutido mucho aquí y se viene planteando por parte de todos
los grupos políticos-- los graves problemas que tiene la
sociedad. Estamos de acuerdo en que si no hay unas
inversiones, si no aumentamos la inversión, si no fomentamos
el ahorro, naturalmente será muy difícil que podamos salir de
este



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marasmo en el que nos hemos hundido. Me gustaría que los
grupos que están apoyando al Gobierno en estos Presupuestos
entendieran que las enmiendas que presenta Unión Valenciana en
este título VI son de una total coherencia y que, por tanto,
pueden ser aprobadas por todas sus señorías.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, con este título VI entramos en una de las materias
más esperadas de los Presupuestos Generales del Estado para
1994. Bien es cierto que las medidas fiscales contempladas en
este proyecto de ley hay que complementarlas con las recogidas
en el proyecto de ley de acompañamiento. Sin embargo, hay que
adelantar que son altamente insuficientes, desde nuestro punto
de vista.

Esta expectativa que teníamos sobre las medidas fiscales es
consecuencia de la situación de crisis generalizada,
particularmente en el sector industrial, que exige la adopción
de medidas fiscales por parte de la Administración Pública del
Estado. Las medidas fiscales, junto a un posible pacto social
y a una mejora imprescindible en las condiciones de la
financiación de las empresas, deben tener como objetivo
conseguir la reactivación económica y el empleo. A pesar de
que el margen de maniobra está restringido por el déficit
público, deben adoptarse medidas de apoyo que devuelvan al
sector privado el protagonismo económico y actúen de motor de
la reactivación económica.

Desde la reforma tributaria de 1978 ha habido un proceso de
recorte continuo de apoyo a la inversión empresarial, salvo en
los dos últimos años en los que se han establecido algunos
incentivos a la exportación y a la investigación y desarrollo.

Por otra parte, en los últimos 14 meses se han adoptado tres
decretos-leyes de medidas urgentes, con efectos económicos
contrapuestos. El primer decreto-ley supuso un aumento
importante de la presión fiscal en el Impuesto sobre
Actividades Económicas y en el Impuesto sobre la Renta; el
segundo concedió bonificaciones y rebajas fiscales en el
Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta; y
el tercero ha vuelto a aumentar la presión fiscal en impuestos
especiales.

La política fiscal se ha utilizado, por tanto, en función del
ciclo político electoral, con medidas cambiantes, sin tener
como objetivo la creación de un marco de apoyo que incentive
la inversión y reactivación económica. A nuestro juicio, debe
adoptarse un conjunto de medidas fiscales que colaboren a un
cambio en las expectativas de los empresarios. Las pequeñas y
las medianas empresas deben ser el objeto central de las
medidas fiscales, ofreciéndoles incentivos fiscales a la
inversión y creación de empleo. El efecto anuncio y el cambio
de actitud de la Administración son tan importantes como las
medidas concretas que se proponen. Por tanto, aunque las
medidas de incentivos tienen un horizonte temporal limitado,
sus efectos deben ser de largo alcance y, simultáneamente,
debe transmitirse la idea de un pacto de no agresión en el
sentido de que no se incrementará la presión fiscal a medio
plazo. Es necesario adoptar medidas de apoyo y transmitir
credibilidad fiscal si queremos que las pequeñas y medianas
empresas actúen como elemento dinamizador de la economía y de
la creación de empleo.

En este orden de cosas, el Gobierno ha remitido dos proyectos
de ley, uno el que corresponde a la ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1994 y el otro un nuevo proyecto de
ley de medidas tributarias --ya es el tercero del año, si
tenemos en cuenta los dos anteriores decretos-leyes de medidas
urgentes financieras y tributarias. Dentro de este proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado destacamos las
modificaciones que se introducen en la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. Existen unas exenciones en
el artículo nueve que suponen algunas modificaciones. Se
suprime la exención relativa a las prestaciones por desempleo
reconocidas por la respectiva entidad gestora. Se limitan las
exenciones relativas a las prestaciones reconocidas por la
Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente a
la absoluta o gran invalidez. Se limitan las exenciones
relativas a las pensiones por inutilidad o incapacidad para el
servicio de los funcionarios de las administraciones públicas
cuando el grado de disminución física o psíquica sea
constitutivo de una gran invalidez.

Por lo que respecta a la tarifa del Impuesto, la escala
individual y la escala conjunta vigentes para 1994 coinciden
con las vigentes en el ejercicio 1993. Los artículos sesenta y
cuatro y sesenta y seis del proyecto de ley determinan con
vigencia exclusiva para 1994 dichas escalas.

Por lo que respecta a las deducciones, se actualiza la
deducción por invalidez a 52.000 pesetas; se actualiza
asimismo la deducción por alquiler, pasando el requisito de la
base imponible en tributación individual a 3.000.000 de
pesetas --antes era de 2.000.000--. No se ha utilizado el
mismo coeficiente de actualización en la tributación
individual que en la conjunta, ya que de haberse utilizado el
mismo, el requisito de la base imponible en la tributación
conjunta debería ser de 5.250.000 pesetas.

En relación con el Impuesto sobre la Renta, este proyecto de
ley de presupuestos generales no contempla disposiciones de
importancia, si exceptuamos la sujeción



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al impuesto de las prestaciones por desempleo. Pero no debemos
olvidar que esta disposición supone «de facto» un recorte en
la cuantía de las prestaciones por desempleo. Está bien, desde
el punto de vista de equidad, que se sujeten a tributación.

Más discutible es que se recorten de hecho las prestaciones
por desempleo.

Por otra parte, las modificaciones del Impuesto sobre la Renta
para 1994 no contemplan determinadas medidas fiscales que han
sido solicitadas recientemente por el Grupo Nacionalista
Vasco. En primer lugar, la deflactación de las tarifas en la
inflación esperada y la actualización de las deducciones. Ello
hace que graven plusvalías meramente monetarias, debidas a la
inflación, lo que implica un aumento de la presión tributaria
en este Impuesto.

El Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de medidas
presupuestarias urgentes, elevó transitoriamente las escalas y
retenciones inicialmente previstas en la Ley 18/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La
Ley de presupuestos para 1993 consolidó esta situación con una
escala que va del 20 al 56 por ciento, tipo de gravamen
marginal para rentas de 9.500.000 pesetas. En consecuencia, no
se está cumpliendo con el mandato de la disposición adicional
octava de la Ley 18/1991, de 6 de junio, que establece que
deberían aprobarse nuevas escalas del impuesto para el período
impositivo de 1993 con tipos aplicables entre el 18 y el 50
por ciento. Este proyecto de ley de presupuestos pretende no
sólo consolidar los ya muy elevados tipos del Impuesto sobre
la Renta en España, sino mediante la inclusión del desempleo,
aumentar la presión fiscal efectiva. Los tipos marginales del
Impuesto sobre la Renta, como todo el mundo sabe, son de los
más elevados de Europa. Por otra parte, el Gobierno ha
devorado el margen de maniobra que le permitía la directiva
europea de armonización de tipos de IVA. Este balón de oxígeno
proporcionado por las directivas europeas sobre el IVA y los
impuestos espaciales se está consumiendo en una paralela
reducción de la imposición personal directa. Una buena técnica
tributaria exige, por lo menos, deflactar las tarifas en la
inflación esperada y actualizar las deducciones.

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, hay algunas
novedades importantes. El pago a cuenta en el Impuesto sobre
Sociedades ha sufrido una modificación: se introduce la
posibilidad, a opción del sujeto pasivo, de realizar pagos a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades sobre la parte de la base
imponible del período de tres, nueve u once primeros meses de
cada año natural, determinada según las normas de la Ley
61/1978. Esto resulta interesante para el sujeto pasivo en
aquellas situaciones en que las sociedades tienen resultados
económicos inferiores a los períodos anteriores, puesto que
tributan de forma más acorde con la situación económica real
de las empresas.

En cuanto a la deducción por inversiones, creación de empleo y
gastos de formación profesional, también existe una serie de
medidas: se incrementa la deducción por inversiones a las
exportaciones a un 25 por ciento --antes era del 20 por
ciento--; se introduce la deducción por gastos de formación
profesional consistente en un cinco por ciento de la
diferencia existente entre los gastos de formación profesional
del personal deducibles fiscalmente en el ejercicio y los
correspondientes al ejercicio precedente, minorados ambos en
el importe de las subvenciones recibidas para la realización
de dichas actividades e imputadas a efectos fiscales como
ingreso en cada ejercicio. Se incrementa, por otra parte, el
límite conjunto de la deducción al 35 por ciento de la cuota
líquida del ejercicio, salvo en las deducciones por
inversiones en exportaciones y en gastos de formación
profesional que permanecen en el 25 por ciento.

Respecto a las deducciones, hay que señalar que permanece la
deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos
en el cinco por ciento y, por otra parte, la deducción por
creación de empleo sólo alcanza a la experimentada por la
plantilla de trabajadores minusválidos contratados por tiempo
indefinido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1981.

Ahora bien, si el Gobierno tiene una preocupación por la
reactivación de la actividad económica y la inversión, debería
incrementar la deducción por inversión en activos fijos
materiales nuevos y extender la deducción por creación de
empleo a todo tipo de trabajadores con un contrato laboral
indefinido. En este orden de cosas están nuestras enmiendas
1.205, 1.206 y 1.207. Opinamos que la supresión del incentivo
a la creación de empleo por la Ley 22/1992, de 30 de julio, no
fue oportuna en una coyuntura adversa de destrucción de empleo
y así lo manifestamos en el debate de Presupuestos Generales
del Estado del año pasado. El Gobierno debería rectificar y
volver a establecer la deducción por creación de empleo a todo
tipo de trabajadores con contrato laboral indefinido. En
cuanto a la deducción por gastos de formación profesional en
un cinco por ciento, estamos de acuerdo en que se inicie de
una vez el apoyo fiscal a la formación profesional. Es
necesario, no obstante, definir con precisión reglamentaria la
formación profesional. La cuestión de la formación de capital
humano es uno de los grandes retos a abordar si queremos tener
unas empresas competitivas; la formación del trabajador y su
vinculación a los objetivos de la empresa es imprescindible si
queremos avanzar en la calidad de nuestras relaciones
industriales y de los bienes y servicios producidos.

Dentro del capítulo de normas fiscales, nuestro Grupo ha
presentado unas enmiendas en el tratamiento fiscal de los
centros de enseñanza y, genéricamente, en los servicios que
estos centros ofertan a la sociedad. En una



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coyuntura en la que existe en la Cámara un consenso
generalizado en favorecer una legislación fiscal que tienda a
reforzar el protagonismo de la sociedad civil, nos encontramos
con un articulado referido a los centros docentes cicatero y y
caduco. A los efectos de favorecer el protagonismo de la
sociedad civil, el Grupo Vasco propone una serie de enmiendas,
entre las cuales destacamos la exención del Impuesto de Bienes
Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas para todos
los centros educativos, concertados y no concertados, y la
exención del IVA a las obras de rehabilitación y adaptación
que exige la Logse a los centros educativos. Otro grupo de
enmiendas complementarias tienen el objetivo de no excluir del
IVA a las actividades de alojamiento y alimentación en las
residencias de estudiantes, dado que los servicios
complementarios a la enseñanza, si son ofertados directamente
por los centros de enseñanza, están exentos de este impuesto.

No se puede, por tanto, discriminar en función del sujeto que
realiza el servicio. Con respecto a estas enmiendas hay que
señalar que no hay reducción de los ingresos en las propuestas
recogidas en estas enmiendas porque, hasta la fecha no se han
aplicado a los centros de enseñanza estas previsiones
fiscales. Por aplicación de la disposición transitoria
segunda, número 2, de la Ley 39/1981, que regula las haciendas
locales, éstas están exentas del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. Lo mismo ocurre en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en el Impuesto de Radicación, donde los centros de
enseñanza tenían una bonificación del 95 por ciento. Luego,
como decimos, estas medidas que nosotros proponemos en las
enmiendas presentadas no incurren en reducción de ingresos en
estos impuestos. Por estas razones, esperamos que estas
enmiendas presentadas por el Grupo Nacionalista Vasco merezcan
la aceptación de esta Cámara y del Gobierno. Nada más y muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor García Ronda. (El señor Mardones Sevilla pide
la palabra.) Un momento, señor García Ronda, porque hay unas
enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria mantiene vivas para este trámite de Pleno
las enmiendas números 1.216 y 1.217 al título VI del texto
articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 1994. En este capítulo referido a la
fiscalidad, dedicado fundamentalmente a la norma tributaria,
Coalición Canaria hace la observación de que estas dos
emiendas citadas, que parecen escasas, están destinadas a
perfeccionar aquellas lagunas, ausencias o deficiencias que
existen en la norma tributaria específica para Canarias, razón
por la cual, para nosotros, la lectura de los artículos
dedicados al IVA y a determinados tipos de impuestos, por no
ser de vigencia ni de aplicación en Canarias, no motivan
ninguna dedicación de análisis y enmiendas al mismo. Hemos
querido mantener estas dos enmiendas, en primer lugar, porque
creemos que, andando el tiempo, la posición que en estos
momentos viene en los textos, tanto de la propuesta del
Gobierno como en otros, va a desaparecer. En cuanto a la
negociación que se tenga que hacer en el futuro marco de la
Ley de Bases Económicas del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias y la racionalización de las actuaciones de
determinadas empresas públicas en el área competencial del
Archipiélago, basándonos en la prudencia, en el sentido común
y en lo que es no hacer futurología pero sí hacer estimaciones
de futuro sensatas, llegará un día, no muy lejano, en que
hayan desaparecido los motivos que hoy nos traen aquí con
nuestras enmiendas.

La enmienda 1.216, que se refiere al artículo setenta y ocho -
-que precisamente el texto del Gobierno dice que son
disposiciones particulares en relación con Canarias--, trata
de suplir, señorías, lo que nosotros consideramos que fue algo
improcedente en el texto de la Ley 38/1992, de Impuestos
Especiales. En aquel momento, este Diputado defendió una
enmienda respecto al denominado Impuesto Especial sobre
determinados medios de transporte, conocido en el argot como
Impuesto de Matriculación de Vehículos Automóviles. El propio
Gobierno central entendía que el rendimiento de este Impuesto,
como se dice en el artículo 74 de la mencionada Ley, era para
la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que el Ministerio
de Economía y Hacienda, en sus servicios fiscales, se
reservaba la gestión, liquidación, recaudación, inspección y
revisión, que quedaba en la competencia de la administración
tributaria del Estado. Esto era difícil de explicar política,
fiscal y administrativamente en Canarias, donde ya hay una
administración hacendística --y celebro que esté asistiendo a
este debate y escuche mis palabras el propio Ministro de
Economía y Hacienda, señor Solbes, para racionalizar este
tema--. Es muy difícil explicar cómo una administración
autonómica que gestiona, recauda y distribuye toda la
inspección fiscal de determinadas figuras impositivas en
Canarias, con la madurez funcionarial que tiene, se vea hoy
día abocada a una situación verdaderamente pintoresca, por
llamarla de alguna manera, y es que la administración fiscal
del Estado, que lleva la gestión y administración de todo el
impuesto, una vez que lo tiene recaudado se lo entrega a la
Comunidad Autónoma Canaria para que ella haga la aplicación
correspondiente, de acuerdo con las normas presupuestarias al
respecto. Esto se planteó y en su día, en el año 1992, cuando
el Parlamento



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autónomo de Canarias tuvo que informar el proyecto de ley a
que me he referido de Impuestos Especiales por las referencias
que hacía a Canarias en razón de la Constitución y del propio
Estatuto de Autonomía de Canarias para que esto se hiciera
así. ¿Qué pretende nuestra enmienda? Racionalizar todo el
proceso fiscal, pero desde una óptica puramente intelectual y
también política, es decir, que sea explicable lo que tiene
que ser consecuente y congruente: que tiene la finalidad del
destino del impuesto recaudado tenga también la capacidad.

Porque si no parecería que estamos todavía en una situación de
tutelaje, como ocurría en el año 1982 al iniciarse la vigencia
del Estatuto de Autonomía de Canarias. Nuestra enmienda viene
a completar lo que en su día se pidió para que el artículo 74
de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales referido,
precisamente al Impuesto de Matriculación en Canarias, sea no
solamente el rendimiento, como ya decía el título mencionado
de la citada ley, sino también la competencia en la gestión,
liquidación, recaudación, inspección y revisión. Y vuelvo a
repetirlo porque, si se quiere añadir un argumento más, que
éste sea el del sentido común.

La segunda enmienda que defiendo, la 1.217, tiene también una
lectura de recionalidad fiscal en Canarias. Va dirigida al
artículo 80, correspondiente a las tasas que recauda por
servicios aeroportuarios el Ente Público AENA. Señorías,
cuando en la disposición tres, referida a los derechos
aeroportuarios en los aeropuertos nacionales correspondientes
a los vuelos nacionales, nos encontramos con que se eleva la
cuantía de las tasas de aterrizaje hasta la cantidad que
resulte de la aplicación del coeficiente 1.03 a la cuantía
exigible durante 1993, y siguiendo con la lectura de los
distintos apartados de este mismo artículo nos encontramos que
cuando se trate de vuelos intracomunitarios, es decir de la
hoy Unión Europea, se baja la repercusión del derecho
aeroportuario de las tasas de despegue y aterrizaje de
aeronaves, que en el leguaje corriente es solamente de 0,90,
hay que hacer una reflexión, y es que no hay comunidad
autónoma en el Estado español que tenga mayor número de
aeropuertos que la Comunidad Autónoma Canaria, por un secilla
razón, por su carácter archipielágico, por su dispersión
geográfica. Por tanto, la movilidad de los ciudadanos en
Canarias, que dependen del trasporte aeronáutico con el uso
verdaderamente continuado --no digo esporádicamente a lo largo
del año sino continuado semanalmente-- se van a ver obligados
a sufrir una repercusión en el precio del billete en sus
desplazamientos por ser vuelos nacionales entre las islas. Yo
pediría al Grupo Parlamentario Socialista que meditase sobre
este tema para no someter a una sobrecarga fiscal a los
ciudadanos de Canarias que tienen que utilizar el transporte
aeronáutico con esta facilidad. Vean ustedes, por ejemplo, qué
tratamiento fiscal da Francia a sus ciudadanos de los
territorios nacionales de Guayana, Martinica o Guadalupe.

Porque, si estamos hablando aquí del coste de la insularidad,
que recoge nuestra propia Constitución, si estamos hablando
aquí de los compromisos que desde el 1 de noviembre, con la
entrada en vigor de la Unión Europea y del Tratado de
Maastricht, hay que aplicar a las regiones ultraperiféricas,
vamos a hacerlo tangible, vamos a hacerlo bueno, vamos a darle
credibilidad. No parecería que el transporte nacional que
existe en largas distancias dentro del territorio peninsular,
que tiene que tener una adecuación a las tasas aeroportuarias,
por el uso que tiene que hacer el ciudadano español de
Canarias de sus vuelos nacionales dentro del archipiélago, se
vea sometido, por un efecto de traslación multiplicadora, a
esta repercusión en las tasas.

Señorías, no creo que exista ningún problema, porque no se
trata de que nosotros pretendamos reducir al organismo
autónomo Aeropuertos Españoles los ingresos que tiene.

Precisamente en el trámite de información en Comisión el señor
Abejón, Presidente del ente Aeropuertos Españoles, entre los
datos que nos facilita nos dio la cuenta de resultados --pongo
nada más que la de 1992-- de los aeropuertos de Tenerife, Gran
Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y vimos que todos ellos son
excedentarios; es decir, recaudan más por ingresos
aeroportuarios que los gastos que genera el mantenimiento, las
operaciones, las amortizaciones y otras implicaciones en
inputs que tengan que tener en su cuenta de explotación. Por
tanto, no creo que vaya a haber aquí ningún detrimento.

Incluso en la estimación para 1994 que realiza el organismo
autónomo y la cuenta de resultados, en la previsión de cierre
para 1993, siguen siendo excedentarios en la recaudación de
ingresos aeroportuarios. Estas son las motivaciones, señorías,
por las cuales Coalición Canaria entiende que estas dos
enmiendas merecen ser objeto de reflexión por parte del
Gobierno y del grupo mayoritario, a los que pediríamos su
consideración y, por tanto, su apoyo. Nada más. Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Para turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la palabra
el señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, subo a la
tribuna para consumir este turno en contra de las enmiendas
presentadas por diversos grupos de la oposición y que han
defendido SS.SS. --yo diría-- con tranquilidad, con sensatez y
con seguridad; una seguridad que no quiere decir que sea la de
la razón. No voy a hacer un análisis pormenorizado porque ya
en Comisión tuvimos ocasión de debatir estas mismas enmiendas,
pero sí voy a responder a lo que me ha parecido más granado de
sus discursos de esta mañana.




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Empezando por el Grupo Popular, he de contestar concretamente
a su insistencia en cuanto a los gravámenes cuando se trata de
prestaciones por incapacidad o desempleo. Su señoría ha dicho
que nada hay que objetar y luego ha hecho unas consideraciones
que no objetaban nada a ese nada hay que objetar. En efecto,
la mayor parte de quienes reciben estas prestaciones no
alcanzarán los mínimos que les obligaría a tributar y, desde
luego, cualquier retención que haya S.S. sabe que se devuelve,
es decir, que es objeto de devolución en el momento de hacer
la declaración correspondiente, que será negativa.

Su señoría también ha hablado de la escala del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, tema que se ha repetido en
varios de los grupos enmendantes. Ha querido hacer una frase
ingeniosa, que en efecto no le ha salido mal, y ha dicho
aquello de que es la única tarifa que no ha entrado en vigor,
a pesar de que teóricamente lo está. Llamo a S.S. a la
consideración de que es lógico que haya habido que retrasar de
alguna manera esa puesta en vigor, que haya habido que atender
a las circunstancias del momento, porque, como S.S. bien sabe,
las circunstancias económicas son suficientemente rápidas y
normalmente más rápidas que la legislación que tratamos de
poner en marcha, y en ocasiones hay que tener una flexibilidad
suficiente como para adaptarse a esas circunstancias que son
más importantes que el mantenerse en una legislación, sobre
todo cuando no se trata de una cuestión sustancial, cuando se
trata de unas tarifas que hay que atemperar a esa realidad. En
cuanto a su referencia al señor Tamames como si fuera un
oráculo, el señor Tamames no está presente y no voy a decir
nada que él mismo pudiera controvertir. Posiblemente piense en
varios años porque, a lo mejor, tiene la reminiscencia todavía
de cuando defendía ardua y ardorosamente planes quinquenales.

También he de decirle que la ayuda a las empresas no se mide,
como él ha tratado de hacer, en rebajas de recaudación. ¿Pero
qué ayuda es ésta que solamente supone 5.000 millones de
gasto? Puede no suponer nada en su conjunto, como cifra neta,
y sin embargo haber una legislación que realmente ayude a las
empresas. Este es el caso. Si, además, sólo cuesta cinco mil
millones pero realmente sirve para ayudar a las empresas,
tanto mejor. Lo digo sin nigún rebozo. Ahora bien, si tuviera
que costar más, costará más. Creo que no debemos atarnos a esa
cuestión de que, como cuesta poco, ya no sirve para nada. Yo
creo que S.S. lo tiene bastante fácil dado el Grupo en el que
está y se limita a oponerse. Pienso que los contribuyentes
menos reflexivos agradecerán, en efecto, su discurso
relativamente fácil. El Grupo de Izquierda Unida siempre trata
de llevar la discusión a lo que pudieran ser principios, a lo
directamente ideológico. No voy a entrar en la discusión de
qué es progresivo y qué es regresivo. Yo considero --y se lo
digo claramente, señoría-- que progresivo en este momento es
ser realista, ayudar a que la actividad económica se levante;
es progresivo el conocimiento exacto de la situación y obrar
con arreglo a ese conocimiento. Y es regresivo empecinarse en
mantenella y no enmendalla, sean cuales sean las
circunstancias en las que estamos inmersos. Creo que S.S. ha
adolecido, en parte, de este empecinamiento, de este
inmovilismo en determinadas líneas. Sí quiero puntualizar
algo. Le agradezco la buena voluntad de alguna de sus
enmiendas pero que está mal dirigida. Reflexione sobre ello.

Por ejemplo, en el tratamiento del Impuesto sobre Sociedades,
cuando se queja de que las entidades de inversión colectiva se
favorecen en esta ley, he de decirle que tenga en cuenta lo
que en esas cantidades hay de doble imposición si realmente se
les hace tributar con las cuantías con las que S.S. pretende.

En cuanto al asunto del juego, usted mismo lo ha dicho. El
Estado gana en el mismo hecho de que exista ese juego
autorizado. Por tanto, creo que está dada previamente la
tributación a la consecución de los premios. Creo que no es
necesario molestar más al que los consigue. Ya han pagado
previamente el que los consigue y el que no los consigue.

Unicamente quiero decir a S.S. --como conoce mi gusto por la
precisión histórica-- que no era Pablo de Tarso el recaudador
sino Mateo el Evangelista.

En cuanto al Grupo de Coalición Canaria, quiero decir al señor
Mardones que consideramos que es competencia del Estado este
Impuesto sobre vehículos. Creo que tampoco es necesario --y
menos hoy por hoy-- modificar esta cuestión. Creo que no
añadiría nada al propio régimen de Canarias y no me parece
realmente importante como para que nos detengamos en ello y
aceptemos una enmienda sobre ello. Comprendo que la hayan
presentado, pero no creo que tenga demasiada importancia como
para atenderla.

En cuanto a la otra enmienda, las tasas de aeropuertos, el
sistema viene establecido por exigencias de la propia norma
comunitaria. También le diré que puede ser controvertido por
S.S. y preguntar ¿y por qué en vez de un 0,90 un 0,75?
Naturalmente que se puede discutir. Tenga en cuenta S.S. que
el retoque a determinados impuestos que no tienen una
incidencia tan directa y que no tienen por qué desfavorecer la
actividad económica --y yo estoy seguro de que no lo hacen--
no tiene gran importancia y quizá hay que hacerlo muy a pesar
nuestro en ocasiones. Tampoco me parece de suficiente
importancia, aunque también comprendo el planteamiento de su
enmienda.

No he oído a ningún grupo (y dejo Unión Valenciana y el
Partido Nacionalista Vasco porque han defendido sus enmiendas
concretamente; lo tratamos en Comisión y algo diré sobre ellas
en lo que me resta de tiempo en esta intervención) que animase
al Gobierno a luchar contra el fraude fiscal. Dejo ahí la
cuestión. No trato de hacer de ello ninguna polémica.

Simplemente



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les digo que nos gustaría ver que SS.SS. azuzaban a que se
luchase adecuadamente para evitar el fraude fiscal.

Estudiando de nuevo las enmiendas una por una, me he dado
cuenta de que hay una gran homogeneidad dentro de cada grupo y
aun de unos con otros. Voy a hacer un breve resumen que abarca
la totalidad de estas enmiendas agrupadas por similitudes y
verán cómo tengo razón.

Las enmiendas que presenta el Grupo Popular se resumen en lo
siguiente: rebajar la tarifa del IRPF, rebarjar el IVA,
incrementar las deducciones por IRPF e incrementar las
deducciones por Impuesto de Sociedades. En total, siempre
menos impuestos. El Grupo de Izquierda Unida resume el
capítulo de menos impuestos en lo siguiente: baja en la base
liquidable del IRPF, incremento en las deducciones por
trabajo, incremento en otras deducciones del IRPF --ya las he
especificado--, rebaja en la actualización de los valores
catastrales --no sé bien por qué y esta enmienda me ha
extrañado más que otras-- y una rebaja en algún punto del
Impuesto de Actividades Económicas. También tiene --es el
único grupo que ha propuesto esto-- algo acerca de incremento
de impuestos: incremento de impuestos en los premios por
sorteos, incremento de tributación en las entidades de
inversión colectiva, incremento del Impuesto sobre Vehículos,
rebaja en las deducciones por inversión, rebaja en las
deducciones por formación profesional y rebaja en los límites
de deducción del Impuesto de Sociedades.

El Grupo de Unión Valenciana propone lo siguiente: rabaja en
la tarifa del IRPF, congelación del Impuesto de Bienes
Inmuebles, incremento de deducciones en Impuesto sobre
Sociedades, rebaja en el Impuesto de Actividades Económicas,
incremento de deducción de inversiones para quienes están en
estimación objetiva. En total, menos impuestos.

El Grupo del PNV propone: rebaja en la tarifa del IRPF, rebaja
en el Impuesto de Bienes Inmuebles, rebaja en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, incluida la hostelería de centros de
enseñanza, incremento en las deducciones del IRPF, incremento
en el límite del IRPF por deducciones e incremento en
incentivos del Impuesto sobre Sociedades, tanto para
inversiones como para formación profesional, para empleo, en
el caso de inversiones por «leasing», etcétera. Además, están
las dos enmiendas que tiene el Grupo de Coalición Canaria que
son, digamos, un poco externas a estas tendencias. Como ven
SS.SS., tres grupos piden menos impuestos: el Grupo Popular,
PNV y Unión Valenciana. Izquierda Unida también pide menos
impuestos cuando se trata --primero lo supuse y luego no me
cupo la menor duda-- del IRPF que puede afectar a sus
presuntos votantes, pero pide más impuestos en sectores de
tributación que apenas les afectan electoralmente, o así
seguramente lo pensarán y quizá también lo pensamos los demás,
lo digo con claridad y no quiero que a SS.SS. les irrite esa
verdad, aunque nada más sea por aquello de que la verdad es
siempre revolucionaria, que dijo un tal Antonio Gramsci, y no
está mal que nos quede, al menos a ustedes y a nosotros,
señorías, algo revolucionario, siquiera sea la verdad. Pero,
¿qué ocurre con el conjunto de las enmiendas? Que, por
desgracia, no cumplen la necesidad de conjugar recaudación con
incentivación de la actividad económica. Unas, porque suponen
una rebaja excesiva para los ingresos presupuestarios, que lo
sentirían en una cifra realmente fuerte y que, sin embargo,
apenas afectaría positivamente a cada contribuyente, que
también hay que tener en cuenta esto. No podemos forzar la
máquina de los beneficios para el contribuyente, por otro
lado, porque ya están en la ley de presupuestos y en la otra
ley que la acompaña, que veremos a continuación, aquellos que
pueden coadyuvar a impulsar la actividad económica sin que
ocasionen una caída perniciosa en los ingresos fiscales. Y
otros (la rebaja de tarifa del IRPF, incrementos de
deducciones, rebajas en impuestos de bienes inmuebles, no
actualización de valores catastrales) no tendrían incidencia
en ese posible incremento de actividad económica, son simples
rebajas de impuestos que no coadyuvarían al impulso a la
actividad económica y sólo favorecerían rentas individuales, a
mi juicio, sin ningún efecto para la comunidad española.




El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruego concluya.




El señor GARCIA RONDA: Concluyo enseguida, señor Presidente.

Tampoco podemos, en aras de una justicia tributaria que no veo
nada clara, impedir estímulos a lo que en este momento es
prioritario: el relanzamiento económico por vías de inversión
y de mejora de la formación profesional, por ejemplo, entre
otras. En el debate de Comisión dije, señorías, que parecía
que unos y otros enmendantes simplemente querían ponérselo
difícil al Gobierno; un Gobierno que ha de actuar --y hoy más
que nunca-- con realismo, con eficacia, endeudando lo menos
posible a la nación, teniendo en cuenta la capacidad
económica, la neutralidad fiscal y la distribución de recursos
posible. Unos por la derecha (nos entendemos bien con esta
terminología aunque sea demasiado esquemática) dicen que
rebajemos los impuestos a todo el mundo; otros dicen que se
los rebajen a los de su grupo social o a los del sector en el
que se mueven, y ambos parecen olvidar la realidad actual.

Unos, en la derecha o junto a ella, porque a pesar de sus
discursos se evaden o no quieren ver que no podemos prescindir
de ingresos necesarios que incrementarían ese déficit contra
el que reclaman. Ustedes hablan del déficit continuamente y
achacan éste al



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Gobierno, a la política pasada, etcétera, y, sin embargo, lo
que están pidiendo en definitiva y como resultado de sus
enmiendas es que se aumente. Otros, en la izquierda,
desorientados pero en la izquierda, ciegos ante la necesidad
de apoyar a las empresas y ofuscados por una fotografía que ya
está, a mi juicio, amarillenta de las empresas como centros de
explotación de trabajadores, cuando hoy día hay muchas,
muchísimas que tienen pérdidas y otras apenas llegan al umbral
de rentabilidad. Yo llamo a SS.SS. para que despierten de esa
imagen que no es más que un sueño que repiten machaconamente,
y un mal sueño en definitiva. Despréndase de ese sueño y
vengan a la realidad. No estamos, como bien saben SS.SS., con
la captación de la realidad que, sin duda, les acompaña y que
supera con mucho los discursos de mera oposición que están
haciendo como para permitirnos relajos, halagos, etcétera.

Estamos para caminar con sensatez, con realismo, con
equilibrio, sabiendo qué objetivos tenemos y el primero es el
del resurgir económico de España, tras un paso realmente
penoso por una recesión, a cuya salida poco puede ayudarnos
nadie si no nos ayudamos a nosotros mismos, y con solidaridad,
poniendo cada uno sus esfuerzos y tal vez hasta sus
sacrificios personales, laborales, monetarios, etcétera, de
los que no me gustaría excluir tampoco a esos negocios y a
esas compañías que parece que nunca participan de los sudores
del país.




El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruega concluya.




El señor GARCIA RONDA: Ahora mismo concluyo.

Dicha ya la palabra solidaridad voy a referirme, por fin, a la
de responsabilidad, a la que llamo a todas SS.SS. y a todos
los grupos de la Cámara, porque creo que es la mejor virtud
que podemos ejercer en este momento. Y, señorías, no está
acorde con ella el que se entretengan en intentos de
modificación que no conducen a nada positivo desde el punto de
vista de la colectividad, como ya he señalado anteriormente.

Sobra todo sectarismo contra el Gobierno y más todavía en lo
que se refiere a este título VI, que trata de las necesidades
tributarias y la política que se ha de hacer para incentivar
desde el campo fiscal. En esa virtud de la responsabilidad a
la que yo les llamo, señorías de los grupos enmendantes,
pidiéndoles que den su voto favorable al texto de este título
VI, tal como lo va a hacer el Grupo Socialista. Nada más.

Muchas gracias, señorías, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.

El señor García-Margallo tiene la palabra.El señor GARCIA-
MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías, son muchos los
años que llevo en esta Cámara y son muchos los discursos que
he oído a los portavoces del Grupo Socialista, y aún así no
pierdo la esperanza de que alguna vez --no es éste el caso--
se responda a las cuestiones que planteo desde esta tribuna,
no a cuestionees que yo no he planteado y que vienen bien al
portavoz de turno del Grupo Socialista para montar su
discurso. He señalado, en primer lugar, que el primer defecto
de las modificaciones fiscales que se introducen en el
proyecto de ley de presupuestos y las que se van a introducir
en el proyecto de ley de acompañamiento son perversas, no
tanto por su naturaleza como el sistema empleado. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.) El Grupo
Socialista ha sido incapaz de concebir una reforma total del
sistema tributario, una reforma global del sistema tributario
que aglutine todos los tributos del sistema, incluidas las
cotizaciones a la Seguridad Social, cobrados por todos los
niveles de Gobierno que son sujetos activos de la relación
tributaria. Como probablemente luego dirá mi compañero Mariano
Rajoy, al carecer ustedes de esta visión de conjunto, parchean
al hablar de la financiación de las comunidades autónomas,
parchean al hablar de la financiación de las corporaciones
locales, a las que les niegan las transferencias desde Madrid
y les dan como toda agua unos pozos que están secos porque
seco está el Impuesto sobre Bienes Inmuebles después del
desastroso paso del señor Borrel a través del catastro, y seco
está el Impuesto sobre Actividades Económicas que carece ya de
futuro y ha sido condenado en la Comisión Europea.

En el campo del sistema tributario estatal, intentando
circunscribir la discusión a un terreno más concreto para
lograr una contestación de S.S. (prescindo ya de una visión
global del sistema), introducen ustedes modificaciones
parciales que vienen inspiradas exlcusivamente por un deseo
recaudatorio. No se trata de mejorar la capacidad del sistema,
ni se trata de que el sistema fiscal ayude a poner en marcha
la economía productiva; se trata de sacar dinero de donde lo
haya. Ahí S.S. por primera vez ha reconocido algo importante,
ha reconocido que gravar las prestaciones por incapacidad
permanente total o parcial, que gravar las prestaciones de
desempleo no responde a una necesidad lógica. Su señoría dice
que la mayoría de los perceptores de estas prestaciones no van
a estar obligados a pagar el Impuesto sobre la Renta cuando
haya que hacer la declaración, que es el único impuesto que
hay que pagar y es el único que responde a la capacidad de
pago, porque la retención no es más que un pago a cuenta de
una obligación definitiva. Y cuando ustedes saben que no hay
obligación definitiva, establecer un pago a cuenta es una
exacción, una financiación gratuita. Carlos I recurría a los
banqueros alemanes para



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financiarse y ustedes recurren a los que reciben las
prestaciones de desempleo y a los que reciben la prestación
por incapacidad permanente. Créame, señor García Ronda, desde
el punto de vista de la ejemplaridad del sistema fiscal,
carece de precedentes que el mismo año que ustedes establecen
normas excepcionales, singulares, particulares, para quienes
son titulares de los mayores patrimonios de este país,
establezcan ustedes simultáneamente, el mismo día, la
obligación de declarar a cuenta, que es la única obligación
que van a tener, en prestaciones de desempleo y prestaciones
por incapacidad. Carece de sentido que este mismo día se
nieguen ustedes a actualizar las deducciones familiares, y
carece de sentido que no cumplan ustedes sus compromisos en
materia de la escala sobre la renta. Ustedes sacaron el
Impuesto sobre la Renta negociando con el Grupo de
Convergència i Unió y con el Grupo del Partido Nacionalista
Vasco, prometiéndoles --y les obligaron a incluirlo en la ley-
- que iban ustedes a reducir los tipos, el año 93, a una
escala entre el 18 y el 50 por ciento. No sólo no han hecho
eso, sino que ni siquiera han mantenido la escala del 53 por
ciento, para bajar a la escala del 56 por ciento. Y créame que
cuando hubo una referencia al tipo marginal no es porque sea
el tipo marginal el que más preocupa a este Grupo
Parlamentario, sino porque la reducción en la escala afectaba
a todos los niveles de renta y especialmente a las más bajas.

Engañaron ustedes a los grupos que les apoyaron en esa reforma
y están engañando a los grupos que les van a acompañar en esta
ley de presupuestos. Con la no modificación de la escala --y
me remito al famoso debate televisivo entre el candidato del
Partido Popular y el Secretario General del Partido
Socialista-- y no teniendo en cuenta las previsibles
alteraciones en materia de inflación, sólo por razones
fiscales, ustedes, a un pensionista que cobre cien mil pesetas
y con dos hijos a su cargo, le van a incrementar su presión
fiscal, van a disminuir su renta disponible y van a dejarle
dos mil pesetas menos para vivir todos los años. Acuérdese del
escándalo que esas declaraciones produjeron. Tengo el cuadro a
su disposición y puedo demostrar que, sea cual sea la pensión
que ustedes elijan, sean cuales sean las circunstancias
familiares que ustedes escojan, sean las que sean las
circunstancias económicas concurrentes en un pensionista, con
su no actualización de la escala, con no tener en cuenta el
índice de los precios al consumo, están ustedes penalizando a
los pensionistas, sólo por esa razón, en dos mil pesetas.

Luego dice una cosa harto pintoresca a estas horas de la
mañana. Me dice que los incentivos fiscales no pueden medirse
en términos de sacrificio recaudatorio. Señor García Ronda,
cuano uno elige el incentivo fiscal y no el gasto
presupuestario, o la subvención de interés, o cualquier otra
técnica de incentivo, lo que se está es dando un abaratamiento
de la factura fiscal, una ventaja fiscal si se adopta en un
determinado comportamiento. Es obvio que la adopción de ese
determinado comportamiento, que sin esa ventaja fisal no se
haría, depende de la ventaja que esto ofrezca. Recuerde S.S.,
a quien tanto gustan los cuentos, lo del burro y la zanahoria;
si no hay zanahoria, no hay comportamiento que se desea
promocionar. Que usted me diga que todo el sacrificio que el
Gobierno socialista puede hacer en este terreno para salir de
la crisis en la que estamos, para relanzar la economía
productiva, para favorecer el ahorro, la inversión, la
internacionalización de las empresas españolas y los gastos de
formación profesional, el desarrollo del capital humano, son
cinco mil millones de pesetas del año 1995 es pura, lisa y
llanamente decir que no están ustedes en condiciones, porque
han llevado al Estado a una quiebra técnica, de hacer el menor
esfuerzo en materia fiscal para conseguir los objetivos
propuestos. Es pura, lisa y llanamente reconocer que con la
política de esquilmación permanente que han hecho ustedes a lo
largo de los once años, el sistema fiscal ya no es un
instrumento hábil para conseguir los objetivos que se
propone...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García-Margallo,
vaya terminando.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Voy terminando, señor
Presidente. No sirve para los objetivos que se porponen, no
tienen ustedes política de corrección de la coyuntura, ni
política de estabilización, porque están ustedes en los
límites máximos de presión fiscal. Saben ustedes que los tipos
máximos y mínimos en toda Europa han bajado desde 1984, cuando
ustedes los han subido. Saben ustedes que ya no tienen margen
de maniobra en este tema. Saben ustedes que están capeando el
temporal sin que les quede ya ni el tormentín, ni vela de
respuesto con el que salir a flote. Por eso están ustedes en
la filosofía árabe de su Secretario General, en el fatalismo
clásico de su Secretario General de esperar a que escampe
porque ustedes ni tienen tienda, ni tienen abrigo, ni tienen
paraguas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Ríos, por el Grupo de
Izquierda Unida.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, tengo que
reconocer que con usted es una delicia debatir. Y digo que es
una delicia debatir, aunque en parte de su intervención ha
tenido errores de redundancia, y no es bueno. Ese término de
S.S. misma es excesivamente expletivo o redundante.




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Yo creo que usted nada en un concepto maniqueo permanente, en
un egocentrismo tremendo, en una división del mundo de buenos
y malos. Yo creo que su educación tuvo que llevarle
permanentemente a buscar a los malos y buscar a los buenos. Su
problema es que cree que los buenos son el Gobierno, y
después, como los filisteos vienen por todos los lados, todos
los demás son malos. Piensa que el objetivo que tienen los
demás es ponérselo difícil, impedir que el Gobierno avance y
se le olvida que los grupos políticos estamos representando a
ciudadanos concretos con problemas concretos. Y, para
redondear toda su faena, dice: fíjense ustedes si son majos
estos de Izquierda Unida, que piden bajar los impuestos a los
suyos. Y usted me ha citado a Gramsci, y yo le voy a citar el
refranero español: cree el ladrón que todos son de su
condición. (Rumores.) Es que manda narices que defender la
bajada de los impuestos a los sectores más débiles de la
población sea que S.S. entiende que buscamos reducir los
impuestos a los nuestros. ¿Pero quién son los nuestros y los
vuestros? ¿Se han repartido ya España? ¿Han repartido ustedes
como si esto fuera una mesa de cartas? No ridiculice usted así
las propuestas y respóndame: ¿Por qué es malo reducir las
propuestas concretas que hemos hecho a las personas que
ingresan menos de tres millones de pesetas? ¿Por qué es malo
deflactar las rentas del trabajo? ¿Por qué es bueno subir la
presión fiscal en frío a las rentas del trabajo? ¿Por qué es
bueno eximir o reducir la presión fiscal a determinadas
figuras impositivas directas de las sociedades? Respóndame
usted a eso, porque si no, usted está llevando a una discusión
equivocada, falsa, algo así como los teóricos y los realistas,
otra división que ha hecho usted. Nosotros vivimos
excesivamente en el inmovilismo --ha dicho usted al final de
la frase; creía que no la terminaba de decir--; excesivamente
teórico, dialéctico y, al final, inmovilista. Nosotros nos
queremos mover, pero ustedes cada vez que se mueven lo hacen
para el mismo lado; si es que llevan un plano inclinado a una
velocidad tremenda, si es que dejan sin espacio a la derecha a
esta velocidad, si es que no es posible que ustedes sigan así.

Remítanme ustedes a otro tipo de realismo y, en todo caso,
remítanme ustedes a la ventana que me lleva a hacer posible lo
necesario, y nos pondremos de acuerdo. Háganme pragmático para
concretar propuestas que signifiquen apoyar a la sociedad que
necesita salir adelante. Y en ese sentido extenderemos la
mano, estaremos de acuerdo. Yo le acepto una corrección
histórica, porque, además, es buena, lo de San Pablo. Es
verdad, era San Mateo el recaudador. A San Pablo se le
desconocía la profesión. No sería un sujeto tributario, según
su posibilidad de actuar, no sería de esa posible actuación.

Yo creo que nuestras enmiendas pueden estar mal dirigidas,
pueden no ser exhaustivas en todas las propuestas que hayamos
podido realizar en todas las vertientes en la posición
impositiva. Ahora bien, las hemos cifrado en tres vertientes.

Impuestos del IRPF. Es verdad, queremos representar a las
rentas del trabajo. Pero yo le considero a usted un hombre
brillante, ilustrado y preparado, y sé que conoce muy bien
cuál es nuestra base electoral, y sabe usted que nosotros no
hemos crecido por los sectores más débiles de la población
electoralmente, usted sabe que nosotros hemos crecido por
sectores intermedios y por la pequeña y mediana empresa, lo
sabe usted, porque forman un condominio y conocen las
informaciones del CIS; porque tienen información. Sabemos cuál
es nuestro electorado. Pero aquí, señorías, aunque no se lo
crean ustedes, nosotros no hemos traído intereses de
electorado. Ustedes, para aprobar estos presupuestos, sí, y
han aceptado enmiendas en determinados sitios exclusivamente
para pagar factura a sus electorados territoriales. Nosotros
no hemos traído esas propuestas. Intentamos proyectar nuestro
programa, es verdad que matizado, tamizado por las propuestas
que ustedes hacen. No hemos planteado retirar este título,
sustituirlo por uno nuevo. No. Nos hemos limitado a precisar
sus propuestas. Eso sí, permítannos seguir defendiendo la
utopía de que esto es mejorable, de que estamos en una finca
manifiestamente mejorable y a nivel impositivo también. Y
permítanme una reflexión para el final; no me gusta ser
futurista, no me gusta andar por el futuro, pero en la
liquidación del presupuesto nos vamos a ver. Y yo le puedo
asegurar a ustedes que han conseguido la cuadratura del
círculo, la cuadratura, menos déficit público, menos impuestos
e incrementan los gastos dos billones. Ya veremos cómo
ingresan ustedes lo que tienen previsto ingresar. Eso sí, lo
pueden hacer con más multas y recargos, lo pueden hacer
metiendo la cuchara donde tienen que meterla o lo pueden hacer
sobre las costillas de los de siempre. Yo le pediría que lo
hicieran sobre la gente, si es posible, que más medios tiene.

No demonizo la empresa, no lo ridiculice, no hemos dicho:
«¡Oh, los empresarios sangrantes!» No. Si aquí no estamos
hablando de los empresarios; si aquí hablamos del Gobierno y
del Grupo que tiene que aprobar y las leyes que damos y los
instrumentos de que nos dotamos para recaudar. Les hemos
dicho: reducir las exenciones que ustedes plantean, porque no
van a generar empleo, no lo van a generar. Y ustedes mismos lo
saben. Si ya han aceptado que a final de año tendremos el 23,7
por ciento de desempleo. Lo han aceptado. Si es que ustedes
están en una angustia vital de las macrocifras esa angustia de
decir: déficit público, reduce; reduce tipos de interés;
genera inversión, salimos de la crisis. Los mejores círculos
macroeconómicos los tenía Francia; la verdad es que no les
deseo a ustedes que les pase lo que en Francia.

Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.




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El señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señor García Ronda, usted acusa a distintos grupos de la
oposición y dice que el Partido Nacionalista, PP, Unión
Valenciana, inclusive Izquierda Unida, solamente quieren bajar
impuestos y que quieren recaudar menos. No, no es así, lo que
pretendemos es enseñarles cómo se pueden hacer las cosas bien
hechas. Usted no puede cifrar el beneficio única y
exclusivamente diciendo: como ha cerrado un número de
empresas, como hay una serie de problemas, a los que quedan
les voy a aumentar. No. No son esos los números. Los números
son: voy a crear más sujetos impositores para que así toquemos
a menos. Si es muy sencillo. De verdad, es muy fácil.

Cuando se habla de reactivar la economía, no solamente se
tiene que decir, se tiene que poner medidas y hasta ahora las
medidas de ustedes no sirven para reactivar la economía ni
fomentar el empleo. Subir la gasolina porque hacen falta más
impuestos no redunda absolutamente para nada en una generación
de mayor cantidad de puestos de trabajo. Ni mucho menos.

Recaude usted mejor. Intente usted crear nuevas empresas.

Intente usted que haya menos parados. Reactive usted la
economía de este país. Procure usted no que haya cada vez
menos gente que tribute, sino que haya mayor cantidad de
sujetos que tributen menos. Si es muy fácil. Es muy fácil. Es
que ustedes cogen las teorías equivocadas. Las teorías
normalmente las plantean al revés, no sé por qué. Confío,
señor García Ronda, que en su próxima intervención nos diga
otra cosa un poco más nueva. Lo que nos dijo en la Comisión y
lo que nos ha dicho aquí, lamentablemente, estoy convencido de
que no forma parte de su cosecha, forma parte de la doctrina a
que le obligan, usted es bastante más inteligenete. En fin,
espero poderle escuchar nuevamente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Zabalía tiene
la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor García Ronda, yo voy a salir en su defensa, porque sé lo
mal que tiene que estar pasando estos días defendiendo algo
que usted no cree, porque usted entiende de impuestos. Tiene
que ser difícil, desde luego, tomar posturas de defensa en
algo en lo que usted no está en absoluto de acuerdo, me atrevo
a decir, porque, en caso contrario, mis dudas serían en otro
entorno. A las enmiendas presentadas por nuestro Grupo nos
contestó en la Comisión de Presupuestos y no ha hecho
directamente demasiada alusión, pero ha dicho tantas cosas que
serían motivo de una réplica mucho mayor que en la defensa de
las enmiendas.

Usted decía que no hemos hecho alusión al fraude fiscal. Hay
que tener en cuenta que hay otro proyecto de ley donde hay
medidas fiscales de más contenido y que tienen que ser
debatidas. Allí está recogido el fraude fiscal. Pero, de
cualquier forma, ¿usted cree, señor García Ronda, que nosotros
tendríamos que advertir al Gobierno que tiene que perseguir el
fraude fiscal? ¿Es que no es algo que tiene que hacer sin que
nadie se lo diga? Hablaba de la homogeneidad que tenemos todos
los grupos parlamentarios con respecto a las medidas fiscales.

Eso tiene que hacerles reflexionar. Si todos los grupos
parlamentarios de diversa índole ideológica coincidimos en
algo, creo que es un motivo de reflexión para el Gobierno.

Usted dice que nosotros pretendemos rebajar los impuestos. No
es cierto eso, no pretendemos rebajar impuestos. Lo que
pretendemos es establecer una política fiscal que procure una
situación de incentivación a la actividad productiva, que
genere riqueza, porque de ahí vendrán mayores impuestos. De la
generación de la riqueza. En caso contrario, ustedes van a
seguir intentando compensar la rebaja de impuestos por la
recaudación, debido a la crisis económica, a través del
mantenimiento o el aumento de la presión fiscal. Necesitan más
impuestos, la actividad económica no procura mayor
recaudación, por tanto, tenemos que o mantener la política
tributaria o aumentar la presión fiscal. Es la única forma de
recaudar más. ¿Por qué? Porque en la reducción del gasto
público ustedes tampoco han hecho un esfuerzo. Ese es un
planteamiento excesivamente peligroso. Si ustedes no tienen la
valentía de hacer una política fiscal de acuerdo con lo que en
estos momentos necesita la sociedad y, sobre todo, el sistema
productivo, mal les veo en el futuro para intentar recaudar lo
suficiente para poder compensar el incremento de gastos
públicos que van a tener durante el año 1994. No me voy a
referir a nuestra enmienda sobre «leasing», a la que usted ha
hecho referencia, porque, como usted sabe, no ha sido aceptada
ni siquiera a debate. Por tanto, poco podemos decir de eso.

Tampoco me ha contestado sobre nuestras enmiendas relativas a
la fiscalidad de Educación, no sé si porque da por hecho que
están aceptadas o simplemente porque no le interesa hablar de
la fiscalidad en centros docentes. Ha hablado también de
prioridades que tiene el Gobierno sobre la incentivación a la
actividad económica. Esto para nosotros es una contradicción,
porque, por una parte, establecen unas medidas que no
incentivan en absoluto la actividad económica y, por otra, son
uno de sus objetivos.

Dice que hay que tener realismo que hay que ser eficaces, que
nos olvidamos de la realidad



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actual. Señor García Ronda, la realidad actual es una realidad
provocada, entre otras cosas, por ustedes, por su política
económica y fiscal de los últimos años. Ese es el motivo de
que estemos en este momento en esta realidad. Por tanto,
ustedes, culpables de la realidad, tienen que ser los que
saquen a este país de la situación en que nos encontramos. Le
voy a decir más. Las medidas que por lo menos el Grupo
Parlamentario Vasco ha propuesto son medidas que están
recogidas en las políticas fiscales de otros países europeos,
son medidas que estamos aplicando en el País Vasco. No estamos
pidiendo nada que no pueda ser, de alguna forma, contrastado
con lo que se está haciendo, en política fiscal y tributaria,
dentro de los países más avanzados de Europa.

Señor García Ronda, no me queda más que decir, vuelvo a
repetirlo, que creo que usted, en el fondo, coincide con que
estas medidas fiscales deberían ser aplicadas. Tienen ustedes
el problema del déficit público, y lo que yo le tengo que
decir es que el déficit público lo deben combatir de otra
forma, como usted sabe; combatir el fraude fiscal
definitivamente y ser muy rigurosos en los gastos públicos.

Ahí es donde tienen que actuar ustedes. Pero no pongan como
medida, la más cómoda y la más fácil, establecer una política
fiscal que vaya nuevamente en contra de lo que en estos
momentos necesitan la sociedad y el sistema productivo.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Lamento, señor García Ronda, que no haya captado en estas dos
enmiendas la petición de una sensibilidad hacia el tema
canario en lo fiscal, pero sobre todo en lo competencial.

Enmienda 1.216, es verdaderamente difícil de explicar, y, por
tanto, exige una racionalización, el sistema fiscal canario en
el caso concreto, por ejemplo, del impuesto sobre los
vehículos, automóviles, camiones, etcétera. ¿Por qué? Con las
disposiciones que existen actualmente, un vendedor de
automóviles se ve obligado a tener que entenderse con tres
administraciones fiscales: la del Estado, por esto que ustedes
traen aquí y mantienen empecinadamente con respecto al
artículo 74 de la Ley de 1992, de impuestos especiales. Si hay
un destinatario, que es la comunidad autónoma, del rendimiento
del impuesto, es decir, el huevo, ¿cómo es que se mantiene el
fuero en la competencia fiscal administrativa del Estado, de
la hacienda pública del Gobierno central? En segundo lugar, el
vendedor se encuentra con que automáticamente tiene que hacer
frente al impuesto de liquidación municipal de circulación de
vehículos. Ese vehículo se ve sometido también, como objeto de
importación, a las competencias fiscales que tiene la
comunidad autónoma canaria en razón de la ley, ya aprobada en
esta Cámara en 1991, de los aspectos fiscales del régimen
económico y fiscal de Canarias.

¿No sería mucho más racional que toda esta conceptuación
procedimental de un impuesto cuyo rendimiento ya está
reconocido que va destinado a la comunidad autónoma canaria,
única en todo el Estado español que lo tiene, estuviera dentro
de su ámbito competencial? Pues, señorías, no hagamos
distorsiones verdaderamente atípicas.

Y al ritmo que se lleva en la crisis del sector del automóvil
la recaudación de este impuesto me parece que tampoco se está
pidiendo ninguna tasa de aumento de trabajo.

Con respecto a la 1.217, señor García Ronda, nosotros no vamos
a poder votar ningún artículo que discrimine o penalice
fiscalmente a los canarios en este sentido. Cuando Iberia se
planteó en España crear compañías aeronáuticas de tercer
nivel, salió la empresa Binter y fue Canarias la pionera. En
verdad es la única que viene funcionando en toda España con un
concepto integral de compañía de tercer nivel. ¿Por qué?
Porque, al estudiar el mercado interno canario, encuentra que
el ciudadano de Canarias en los vuelos interinsulares es,
estadísticamente, el de mayor tasa de habitualidad en toda
España. De todos los ciudadanos del Estado español los que más
habitualmente, a lo largo de un ejercicio económico de un año,
emplean el transporte por avión son los ciudadanos que habitan
en el archipiélago canario. Como, al final, lo que tendrá que
hacer la compañía que expide el billete es repercutir el
aumento de tasas aeroportuarias en el billete, le puedo decir,
señor García Ronda, que, con las nuevas disposiciones de la
Comunidad Económica Europea, el Gobierno canario tiene que ser
consecuente, impulsar una política de cielos abiertos en el
archipiélago y que entre en competencia frente a Binter
cualquier compañía de bandera nacional o de la Unión Europea,
para que se pueda abaratar. Si ya van a tener que pagar todas
la misma tasa aeroportuaria en la zona de más hábito de
transporte aéreo por la dispersión geográfica del
archipiélago, que, al menos, haya una competencia libre de
empresas aeronáuticas de tercer nivel para que se consiga
reducir la repercusión en los billetes.

Esta postura se la tendrán que pensar los consejos de
administración de Iberia y de Binter para racionalizar este
tema. Lo único que pedimos es sentido común y que, al menos,
dentro del archipiélago juegue la misma norma que entre los
países dentro de la Unión Europea. No es que la Unión Europea
obligue al Gobierno español a tener unas tasas aeroportuarias
superiores a las que existen en despegues y aterrizajes en
aviones



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que vuelen dentro del espacio aeronáutico de la Comunidad
Económica Europea, hoy de la Unión Europea. Sencillamente es
una cuestión de aplicación de unas normas de ingreso por una
entidad autónoma. Prueba de ello es que tiene que aplicar unos
coeficientes de aumento sobre 1993 inferiores a los nacionales
para cuando la aeronave despegue o aterrice en un aeropuerto
de la Comunidad Económica Europea.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Tiene la palabra el señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, voy a
tratar brevísimamente de contestar, si es que puede ser,
porque seguramente darían lugar a otro debate algunos de los
temas que han reabierto sus señorías. En primer lugar,
empezando por el final, lo más cercano y lo más breve, el
señor Mardones, de Coalición Canaria, hablaba del fuero y por
qué se mantiene. Comprenda que se mantiene por una cuestión de
sistemática fiscal, fundamentalmente. Ya le he dicho antes que
no es una cuestión de forcejeo en este sentido, sino una
cuestión de sistemática fiscal.

En segundo lugar, en cuanto a las tasas de aeropuertos, su
señoría ha hecho algunas consideraciones válidas, que, desde
luego, yo comprendo en algún sentido y desde el punto de vista
del contribuyente o del viajero canario. También le digo que
no es éste el último momento procesal de la ley de
presupuestos y que, a lo mejor, hay lugar a reflexionar sobre
lo que S.S. ha dicho. Y sí, por fin, le digo que no se puede
quejar de la consideracicon que este Parlamento ha tenido
siempre con Canarias. Sin decir que les hemos mimado, sí puedo
decirle que dedicamos muchísimo tiempo a Canarias, como
realmente tiene necesidad, por un lado, y se merece, por otro.

En cuanto al señor Zabalía, del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), me dice que no puedo estar de acuerdo con lo que el
Gobierno plantea. Yo lo que no puedo tener son posturas en
abstracto y, por lo tanto, me tengo que atener a la realidad
presente. Y el hecho de que me gustasen o no me gustasen más
otras cosas no tiene nada que ver con este debate. Tengo que
mirar la realidad como es y decir qué es lo que se puede hacer
en primer lugar. En este sentido, estoy de acuerdo con el
Gobierno: ¿Qué se puede hacer: esto o esto otro? Su señoría
hará algunos matices con respecto a ello y podremos estar en
desacuerdo, pero, realmente, la línea general que el Gobierno
plantea en estos presupuestos me parece correcta. Se toman
medidas. Claro que se toman medidas, en estos presupuestos y
en la ley que los acompaña; claro que se toman medidas en el
sentido de favorecer la actividad productiva. Ahora, también
le digo que una cosa es la valentía a la que se ha referido y
otra es la imprudencia. Quizá aquí nos movemos en un terreno
dificultoso pero el político, por su propia naturaleza, tiene
que caminar --quizá ésa es su misión--por él casi siempre.

Al señor González Lizondo, de Unión Valenciana, le digo
también que se han tomado medidas. Le agradezco sus elogios
personales. Cuando habla de doctrina venida, que me dan otros
y que yo asumo, le digo que no. Probablemente es el momento en
que menos doctrinario soy. En estos momentos económicos de
España y en esta ley de presupuestos probablemente me he
despojado de cualquier doctrina que tenga, precisamente en
aras de acomodarme a ago que veo como inevitable, y que hay
que hacer; hay que ceñirse a la realidad. Qué más quisiera yo
que tener más utopía, como ha dicho alguien. Probablemente la
tengo dentro tanto como el que más, pero comprendo que en
estos momentos no es posible sacarla a relucir, casi ni hablar
de ella.

En cuanto al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor
Ríos me dice que yo he pensado siempre en buenos y malos. No,
en absoluto he sido maniqueo. Además, creo que, con el paso
del tiempo, uno se va haciendo, si se quiere hasta más
ambigüo, y no en el sentido peyorativo. Lo de bueno y malo
está entremezclado casi siempre. En cuanto a que cree el
ladrón que todos son de su condición, yo se lo tomo como
metáfora y hasta admito lo de que yo pueda ser el sujeto
ladrón; pienso que el buen ladrón en todo caso. (Risas.) Por
otro lado he oído otra metáfora del burro y la zanahoria por
parte del señor García-Margallo y el burro parece que eran los
empresarios, digo yo también que será puramente metafórico, y
nosotros los que le damos la zanahoria. Dejando aparte esto
refranes, sigo con el señor Ríos. Creo que es un poco
demasiado suspicaz. Incluso ha aludido a que yo he repetido
señorías. No, no, en absoluto. Lo he hecho por mera corrección
parlamentaria y, desde luego, no me aleja personalmente de él
ni de ninguna de sus señorías el hecho de que así les llame.

Estamos en un trámite determinado, estamos en el hemiciclo y
creo que es correcto que nos llamemos así; no he intentado
ridiculizar nada. Otra cosa es que no esté de acuerdo y que lo
haya controvertido. No he ridiculizado nada, ni a su señoría
ni a ninguna de sus otras señorías que han presentado
enmiendas. Pienso que el trámite es suficientemente serio y el
momento también como para que nos entretengamos en ridiculizar
y en hacer farsas. No, no, en absoluto le he ridiculizado. Las
he tomado absolutamente en serio. Creo que si he hablado de
inmovilismo es porque pienso que hay algo de eso. Me he
referido, por si acaso S.S. no se ha dado cuenta, a que
también tienen que hacer sacrificios aquellos que no los hacen
habitualmente y que parece que siempre se benefician de
cualquier



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circunstancia que haya en el país. No vamos a entrar en el
debate de quiénes son, etcétera, porque creo que estará de
acuerdo S.S. con quiénes son y podemos hablar de ello.

Si no tomamos medidas, yo creo que sería mucho peor el asunto
del déficit todavía y lo del paro. La tasa de paro también
sería peor. Estamos tratando de hacer precisamente que sea
menor,aunque crezca. Más crecería si no se tomasen esas
medidas. Y ya debatiremos sobre el cumplimiento de los
presupuestos en su día, y yo estoy seguro de que S.S. debatirá
porque, además, tiene coraje y carácter para debatir.

Yo creo que Pablo sí era un sujeto tributario, en cuanto que
era ciudadano romano, también se lo aclaro, porque por ese
mismo hecho era sujeto tributario de otra manera que los
ciudadanos judíos, naturalmente. En cuanto al Grupo Popular,
señor García-Margallo, le tengo que decir que en estos
momentos no se trata de reformar la totalidad del sistema
tributario. Tenga paciencia S.S. porque el año que viene
espero, estoy seguro, que se nos traerá aquí, en primer lugar,
una modificación de la Ley General Tributaria y,
correlativamente con ella, y a partir de ella, una serie de
modificaciones que darán lugar a un sistema tributario
mejorado, sin duda.

No engañamos a nadie. No hemos engañado a nadie. Lo que ocurre
es que somos unos políticos sensibles a la realidad cambiante.

No hemos engañado a nadie. Pero, si las circunstancias han
cambiado, nosotros debemos tenerlas en cuenta y lo he repetido
aquí seis o siete veces. Ahora, si usted dice: Como no se ha
cumplido aquello que ustedes dijeron, entonces cambian. Pues,
sí, cambiamos; hemos tenido que cambiar determinadas cosas; no
hemos podido cumplir determinadas cosas, pero, ¿por qué? En
aras de hacerlo mejor precisamente para el país que ha
cambiado o cuyas circunstancias han cambiado también.

En cuanto a que es pintoresco por la mañana, ya le diré lo del
gasto fiscal por la tarde. Ya hablaremos por la tarde, o no sé
si mañana por la mañana, de la cuestión del gasto fiscal como
válido o no o como medida o parámetro para medir la ayuda a la
actividad económica.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
vaya terminando, por favor.




El señor GARCIA RONDA: Ahora mismo termino, señor Presidente.

Tal como me dice un querido compañero de escaño, la verdad es
que ha hecho usted un poco de Robin Hood aquí, y no es lo que
le va; más bien tenía que estar usted en el lado de Juan Sin
Tierra, que, como sabe usted, era el soberano contra el que
luchaba Robin Hood. (Risas.) Lo digo por lo de sin tierra.

(Risas.)
En cuanto a la esquilmación a la que ha aludido, yo creo que,
en primer lugar, no existe en nuestra política, ni en nuestra
política fiscal y me temo que no existe ni en el Diccionario
de la Real Academia, pero no se lo aseguraré para no pecar de
aseverativo. Lo comprobaremos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Ronda. Finalizado el debate del Título VI, iniciamos el de las
enmiendas presentadas al Título VII, junto con las Secciones
32 y 33.

A este Título se han presentado enmiendas por parte del Grupo
Popular. Tiene la palabra el señor Rajoy.




El señor RAJOY BREY: Gracias, señor Presidente.

Señores Diputados, voy a defender conjuntamente nuestras
enmiendas al Título VII y a la Sección 32, en donde se plasman
los criterios del Gobierno sobre financiación de los entes
territoriales. Las enmiendas son de devolución de la totalidad
del Título VII, de sus Capítulos I y II, y de la Sección 32.

Además, hemos enmendado de supresión, de modificación o de
adición, según los casos, diversos artículos del título. Y voy
a distinguir en mi exposición, para una mayor claridad, las
enmiendas que hacen referencia a la financiación de las
corporaciones locales de las enmiendas sobre financiación de
comunidades autónomas.

Pues bien, hemos pedido la devolución al Gobierno de la
normativa sobre financiación de las corporaciones locales,
lisa y llanamente, para que se me entienda, porque lo que dice
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado es mentira o,
dicho de una manera más suave, no es verdad, y voy a intentar
explicarlo con la mayor claridad posible. La actual Ley de
Haciendas Locales establece, en sus artículos 112 y 125, las
normas para determinar la participación de las corporaciones
locales en los tributos del Estado para el quinquenio
1989-1993, pero las normas para determinar esa participación
en años sucesivos --el primero de esos años es 1994-- no se
han aprobado a fecha de hoy, con lo cual las cantidades que
figuran en este proyecto de Presupuestos las establece el
propio Gobierno en base a los criterios que él mismo estima
conveniente. Además, son cantidades provisionales, como el
propio proyecto de Presupuestos reconoce al señalar en sus
artículos 81.2 y 82.4 que las liquidaciones definitivas se
harán conforme a los criterios que se determinen en su día. Es
decir, esta cifra que figura en los Presupuestos no es que no
responda a criterio alguno, sino que, además, no es verdad
porque la fijación de las mismas depende de unas normas
legales que en su día tiene que aprobar esta Cámara. Esto, a
mí al menos, no me parece una forma seria de gobernar. Creo
que lo lógico es plasmar en el proyecto de Presupuestos las
cantidades



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que corresponden a esas normas legales previamente aprobadas,
porque, si no, como va a ocurrir en este caso, lo aprobado es
papel mojado. Dicho de otro modo: lo que posiblemente se
apruebe hoy en la Cámara no es verdad o, si quieren ustedes,
es mentira o, si quieren ustedes, no vamos a aprobar nada. A
mayor abundamiento, no podemos aceptar esta cifra establecida
a ojo por el Gobierno, porque el propio Gobierno en el
proyecto nos dice que de momento se aumenta la participación
de las corporaciones locales en un porcentaje respecto de la
cantidad que estas corporaciones recibían al año anterior y,
como es sabido, la fijación de la participación de las
corporaciones locales en los tributos del Estado del año 1993
se hizo después de que el Gobierno derogara en la Ley de
Presupuestos la Ley de Haciendas Locales pactada con la
Federación Española de Municipios y Provincias; ley que, por
otra parte, derogó con efectos retroactivos; ley del año 1993,
de aplicación para los años 1990 y 1991; ley que, por
supuesto, hemos recurrido al Tribunal Constitucional y que
provocó un pintoresco debate en esta Cámara a principios del
año 1993, fecha en la que estábamos discutiendo qué deberían
recibir los ayuntamientos en el año 1990.

Por si ello no fuera suficiente, la cantidad que se fija en
los Presupuestos en ningún caso supone aumento respecto de lo
que se fija para el año 1993, porque el proyecto de
Presupuestos de 1993 habla de 549.000 millones y se refería al
95 por ciento de la participación. Ahora se habla del cien por
cien de la participación, de 597.000 millones de pesetas, con
lo cual, si sumamos a la cantidad del año pasado el índice de
devolución previsto por el Gobierno, resulta que sale una
cantidad mayor que la que se prevé en el proyecto de
Presupuestos del año 1994.

Esta forma de gobernar, y hay que decirlo con absoluta
franqueza, junto con otras habilidades del Gobierno, como el
famoso «catastrazo» o la regulación del Impuesto sobre
Actividades Económicas, es la que ha provocado buena parte de
los problemas gravísimos de nuestras corporaciones locales y
que se han puesto de manifiesto en la última reunión de la
Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada en
La Coruña.

Le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. Muchos
señores, algunos de los cuales son Diputados en esta Cámara,
han dicho el último fin de semana en la ciudad de La Coruña
todo lo contrario de lo que van a votar en el día de hoy en
esta Cámara.

Voy a hacer una pregunta que creo que es muy oportuna. A mí me
gustaría que el Gobierno explicase cómo puede una corporación
local planificar sus actividades para el futuro y aprobar sus
presupuestos si a fecha de hoy, que es la fecha en la que la
ley le obliga a presentar su proyecto de Presupuestos, no
sabe, ni siquiera aproximadamente, qué es lo que va a recibir
del Estado en concepto de participación de tributos del Estado
para el año que viene y, además, y por si ello fuera poco,
tampoco sabe si le van a cambiar la fórmula que en su día se
apruebe, como le han cambiado la fórmula en el último
quinquenio mediante esas leyes que el señor Solchaga
acostumbraba a traer a esta Cámara y que teníamos que
recurrir, en algunas ocasiones --como hicimos-- al Tribunal
Constitucional, que, como ustedes saben fallará dentro de diez
o doce años, y falle lo que falle ustedes también se darán
cuenta de cuáles son los efectos que se van a producir.

Lógicamente, nosotros no podemos prestarnos a esto, y lo digo
con absoluta franqueza. Es decir, nosotros no podemos aprobar
nada o no podemos aprobar una cifra que se nos dice se fijará
cuando esta Cámara apruebe los criterios legales para fijarla,
porque esto es muy poco serio. No tiene nada que ver con la
forma de gobernar de un Gobierno que tenga un mínimo de
conciencia de lo que es un gobierno y, consiguientemente,
sintiéndolo mucho, no vamos a apoyar el proyecto de
Presupuestos en este título y en esta sección.

Todas las enmiendas parciales que presentamos a los artículos
ochenta y uno, uno; ochenta y uno, dos; ochenta y dos, uno, y
ochenta y dos, cuatro, como responden a lo que he dicho hasta
ahora --no los voy a explicar en este momento--, pretenden,
lisa y llanamente, establecer un sistema claro sobre la
financiación de las corporaciones locales para el año 1994 y,
además, prevemos que, si el Gobierno no aprueba el nuevo
sistema, se aplique el antiguo, el que estaba en la Ley de
Haciendas Locales. Además, presentamos otra serie de enmiendas
parciales --sólo voy a referirme a algunas, a las que me
parecen más importantes-- que pretenden, lisa y llanamente,
que el Gobierno gobierne o que el Gobierno gobierne bien. Y
ustedes lo van a entender. Al artículo ochenta y tres, uno,
presentamos una enmienda. Dice este precepto que las entregas
a cuenta se abonarán a los ayuntamientos trimestralmente.

Nosotros decimos que el abono a los ayuntamientos se produzca
mensualmente para evitar los muchos problemas de tesorería y
para evitar, en suma, una pérdida de ingresos, porque no es lo
mismo que estos ingresos se abonen a las corporaciones locales
mes a mes que se abonen trimestre a trimestre y, en muchas
ocasiones, con retraso. Sigue diciendo este precepto que las
entregas a cuenta que hace el Gobierno a los ayuntamientos o a
las corporaciones locales, en general, son entregas a cuenta
que se hacen observando la última liquidación definitiva
practicada. Nosotros decimos que las entregas a cuenta se
hagan considerando la liquidación del año 1993, que habrá de
hacerse dentro del primer trimestre del año 1994, porque la
última liquidación definitiva practicada, en muchas ocasiones,
es una liquidación que se ha hecho del ejercicio del año 1990,
porque no hay una liquidación definitiva del ejercicio



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del año 1991 y 1992. Y, lógicamente, esta manera peculiar y
pintoresca de funcionar de este Gobierno, también genera
problemas de tesorería a las corporaciones locales y un grave
perjuicio económico a las mismas. Al artículo ochenta y tres,
dos, hemos presentado una enmienda en relación con el resto de
las corporaciones locales en el mismo sentido que la del
artículo ochenta y tres, uno, al que acabo de hacer
referencia. Presentamos otras enmiendas, que no voy a
detallar, y que a buen seguro conoce el portavoz o la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, a los artículos ochenta y
cuatro y ochenta y ocho. En suma, ¿qué es lo que pedimos al
Gobierno en relación a la financiación de las corporaciones
locales? Primero, que fije las reglas del juego. En este
momento no hay reglas de juego, es decir, no sabemos cuáles
son los criterios para fijar la participación de los
ayuntamientos o de las corporaciones locales, en general, en
los tributos del Estado del año que viene, simplemente porque
no hay criterios, como muy bien dice el Gobierno, en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no lo digo yo.

El Gobierno dice que no hay criterios y que cuando se fijen
dirán en los presupuestos que se van a aprobar ahora qué es lo
que van a recibir las corporaciones locales, lo cual --vuelvo
a insistir-- no me parece serio, ni a mí ni a ninguno de los
presentes.

Segunda petición que le hacemos al Gobierno: que cumpla las
leyes que el propio Gobierno aprueba. Creo que es una petición
sensata y razonable, es decir, que no haga lo que hizo en el
último quinquenio que aprobó una ley de Haciendas Locales y
luego la derogó en la Ley de Presupuestos, pero como la Ley de
Presupuestos solamente puede surtir efecto para el año
presupuestario, hizo una ley con efecto retroactivo para los
años 1990 y 1991. Por tanto, no es mucho pedir, es una
petición razonable: le pedimos que cumpla sus propias leyes.

En tercer lugar, le pedimos que abone la participación que les
corresponde a los ayuntamientos, con arreglo a los
presupuestos, en tiempo y forma. Creo que esto es lógico; a
todo el mundo le gusta que se le pague en tiempo y forma. A un
asalariado le gusta que se le pague a fin de mes; pues a las
corporaciones locales también les gusta que el Gobierno les
pague en tiempo y forma, porque, de lo contrario, tienen que
pedir créditos de tesorería, reciben menos ingresos y eso
supone que los proveedores cobran más tarde, genera problemas
a las empresas, etcétera. En cuarto lugar, le pedimos que
pague lo que le corresponde, que también es una petición muy
sensata y muy razonable, motivo por el que hemos presentado
una enmienda pidiendo que las entregas a cuenta se calculen
teniendo en cuenta la última liquidación definitiva
practicada, pero que sea la liquidación del año de que se
trate, es decir que no se está refiriendo el abono de las
entregas a cuenta a la liquidación de ejercicios
presupuestarios anteriores a tres o cuatro años. Por tanto,
las peticiones que hace el Grupo Popular son muy razonables, y
como yo entiendo que los señores Diputados son todos muy
razonables, particularmente los del Grupo Socialista, estoy
seguro que van a aprobarlas. Vuelvo a insistir en que se fijen
unas reglas del juego, que se cumplan, que se pague a tiempo y
que se cumpla la legislación vigente; creo son unas peticiones
muy sensatas, a las que nadie puede oponerse.

En cuanto a la enmiendas referentes a la financiación de las
comunidades autónomas, son menos importantes, pero también
tienen su trascendencia. En principio no estamos en un
desacuerdo tan global en materia de financiación de
comunidades autónomas como en materia de financiación de
corporaciones locales, porque aquí sí que hay un sistema de
financiación de las comunidades autónomas, que se ha aprobado
el 20 de enero de 1992, aunque se aprobó con retraso, pues
debía haberse aprobado en el año 1991. En cualquier caso, yo
siempre firmaría un retraso de veinte días, porque los
retrasos habituales en el funcionamiento del Ministerio de
Economía y Hacienda son de dos o tres años. Hay un modelo de
financiación que este Partido político ya aprobó en su día;
sin embargo, hemos enmendado de totalidad al capítulo del
Título VII, referido a las comunidades autónomas, lisa y
llanamente porque el Gobierno no cumple sus compromisos;
pedimos que los cumpla, y me voy a explicar. En esa reunión
del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero de
1992, el Gobierno se comprometió a que el 1 de enero de 1993,
es decir, hace once meses, entrarían en vigor una serie de
normas que hacían referencia a los siguientes temas: en primer
lugar, una asignación para la liberación de servicios mínimos
en el territorio nacional, que está prevista en el artículo 15
de la Lofca; la Lofca es una Ley que entró en vigor en el año
1980. Es decir, el Gobierno ha dicho que el 1 de enero de 1993
había asignación para liberación de servicios mínimos y no la
hay; ya no la había en el presupuesto de 1993, pero es que
tampoco la hay en el presupuesto para 1994. Hay que decir otra
cosa, y es que estamos hablando de una Ley del año 1980 que
lleva trece años sin cumplirse en lo que se refiere, al menos,
a su artículo 15. En segundo lugar, se iban a establecer
fórmulas de corresponsabilidad fiscal, compromiso que debía
tener su traducción en estos presupuestos. Yo he leído
atentamente los presupuestos y no hay nada que haga referencia
a ese asunto, con lo cual, una de dos, o yo no he leído
atentamente los presupuestos --pero, si eso es así, nadie en
esta Cámara se ha leído atentamente los presupuestos-- o es
que es verdad que no hay nada referido a corresponsabilidad
fiscal y, por tanto, el Gobierno ha incumplido, una vez más,
sus propios compromisos. Lo único que sabemos de la
corresponsabilidad fiscal es esa famosa fórmula que se sacó de
la



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manga el señor Ministro de Economía y Hacienda aquí presente y
que, como el propio Ministro de Economía y Hacienda sabe,
aunque, como es natural, no lo iba a reconocer --yo, en su
caso, tampoco lo haría, dicho sea de paso--, es una fórmula
que no resuelve ningún problema en absoluto, es provisional y
precisamente lo único bueno que tiene esa fórmula es que es
provisional, lo cual no deja de ser ciertamente curioso.

Por último, tampoco hay una sola palabra referida a la
financiación de la Sanidad, que es otro de los temas que,
según el Gobierno, estarían resueltos en enero de 1993.

Lógicamente, no podemos dar nuestro apoyo a este capítulo
porque hay un incumplimiento claro por parte del Gobierno de
sus propios compromisos. Lo único que pido --que también es
una petición muy sensata-- es que el Gobierno cumpla sus
propios compromisos.

Además, hay una serie de enmiendas, que no voy a detallar, de
menor importancia, aunque también tienen cierta tendencia, sin
duda, y que hacen referencia a lo que hemos dicho antes: hay
que gobernar bien. Por tanto, hay que aprobar los presupuestos
en su día, hay que hacer la liquidación en su momento, hay que
cumplir sus compromisos y estas enmiendas que presentamos a
los artículos noventa y dos, noventa y dos, cuatro, etcétera,
son unas enmiendas que van, fundamentalmente, en esta línea.

Señor Presidente, ya voy a terminar, pero antes quisiera hacer
una última afirmación. En la financiación de las corporaciones
locales y de las comunidades autónomas no debía haber
discrepancias entre los grupos políticos, no debía haberlas,
porque no es un tema de fuerte contenido ideológico ni de gran
carga política, pero, con absoluta franqueza, nosotros, que
siempre hemos intentado buscar el consenso en este tipo de
asuntos, nos encontramos con que no creemos que sea la falta
de voluntad del Gobierno, sino, en muchas ocasiones, su
inoperancia la que nos impide llegar a un entendimiento. En
cualquier caso, el Grupo Popular está dispuesto --y ya lo
demostramos en su día al firmar el Pacto Autonómico-- a llegar
a algún entedimiento en materia de financiación de las
corporaciones locales, que, aunque a la mayoría de la gente le
trae sin cuidado, como muy bien sabe el señor Ministro de
Hacienda, es un tema no menor.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rajoy.

Para defender las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en este
título VII hemos unido la discusión sobre entes territoriales,
correspondientes a la sección 32, y sobre el Fondo de
Compensación Interterritorial. No sería bueno, aunque hemos
tenido debates en esta Cámara sobre la financiación del
crédito extraordinario y sobre temas puntuales de la vida
municipal, pasar de puntillas por una realidad, por una
realidad que está haciendo vivir el funcionamiento del Estado
en su vertiente más cercana a los ciudadanos, y sería injusto
hacer aparecer ante la ciudadanía la vida municipal y regional
como derrochadora de recursos y poco ajustada a la
administración, sin plantearnos de verdad cómo debe participar
en los ingresos del Estado las distintas administraciones que
lo componen. Por eso, nuestra posición, tanto en la
financiación de las comunidades autónomas como de los propios
ayuntamientos --aunque es verdad que en el tema municipal la
sección 32 solamente en su capítulo IV hace frente a esa
aportación de la vida municipal-- es la de no pasar de
puntillas sobre lo que es nuestra propia voluntad. Nosotros
creemos que la participación que se hace de los ingresos del
Estado no es ajustada y que no se ha logrado todavía un
sistema que nos haga partícipes de lo que pagamos todos los
españoles, vivamos donde vivamos, para, por un lado, recibir
mejores servicios de la vida local y coordinar los esfuerzos
territoriales en la comunidad autónoma, y, por otro lado, de
las actuaciones del Estado. No hemos conseguido que esos
impuestos estén bien distribuidos y que, de cada 100 pesetas
que paguemos, puedan llegar 25 pesetas para los servicios
locales, 25 para los servicios de la comunidad autónoma y las
50 restantes para lo que nos presta la Administración central.

Y digo que no se ha logrado el acuerdo que solucione todos
estos problemas porque en este país, los españoles, vivamos en
un sitio o en otro, no recibimos la misma calidad en los
servicios ni se ha hecho el mismo esfuerzo para superar viejos
desequilibrios que, dotando de infraestructuras y de medios a
los distintos pueblos, les sitúe, cara al futuro, en la misma
posibilidad de ejercer su propia libertad, su propia
posibilidad de desarrollo. Y es ahí donde nosotros discrepamos
de la propuesta y la distribución que el propio Estado ha
planteado, ya que, por un lado, congela --ésta es una
discusión que hemos tenido antes--, en la misma cuantía de
1993, el Fondo de Compensación. Es verdad que ese fondo se
actualizó como consecuencia del pacto que se produjo en enero
de 1992, y es verdad que la cuantía que hay ahí es un
incremento sobre lo que existía en años anteriores, pero lo
cierto y verdad es que la política regional que el Estado
central plantea se ha visto congelada en las mismas pesetas,
cuando el valor de las pesetas de 1994 no va a ser ni
muchísimo menos el mismo que el de las pesetas de 1993; sin
embargo, son las mismas pesetas, aunque sean de distintos
años. Nosotros creemos que no debe ser así, e incluso hay que
comprometer más al Estado para que, en la inversión que vaya a
hacer en infraestructuras, piense en invertir el 50 por ciento
en las regiones más desfavorecidas para corregir sus
desequilibrios



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y el otro 50 por ciento en todo el resto del Estado. No
estamos pidiendo, por tanto, que haya una actuación que
favorezca a esas regiones, sino que el Estado tenga en cuenta
a las mismas con políticas regionales. Por tanto, estamos
proponiendo que en la Sección 32 se incremente la cuantía a
157.000 millones de pesetas para caminar hacia el 45 por
ciento de lo que es el esfuerzo inversor del Estado, es decir,
pasar del 36,8 por ciento al 45 por ciento. Y se me puede
responder que en el acuerdo al que llegamos se habló del 35
por ciento; se me puede decir lo que quieran. Aquí estamos
viendo cómo año a año, señorías, actualizamos las leyes que
teníamos antes para adecuarnos a los recursos de ingresos y
los gastos, pero año a año. Acabamos de ver cómo hemos
adecuado el IRPF, cómo adecuamos el Impuesto sobre Sociedades,
cómo adecuamos los impuestos locales, lo hemos visto ahora
mismo. Lo adaptamos a la coyuntura del momento, al devenir del
tiempo, según la realidad de cada momento. ¿Por qué no hacerlo
también en la discusión de los fondos para corregir
desequilibrios territoriales? ¿Por qué no hacer frente a ello?
Se me puede decir que es que hoy lo prioritario es otra cosa.

Aquí hay quien ha establecido una prioridad distinta:
estabilidad de Gobierno, estabilidad política que garantiza
después todo lo demás y nosotros creemos que no es verdad, que
eso es tener una política miope, que eso es actuar como el
avestruz y es creer que salir hoy bien significa de verdad
crear el encuentro en la sociedad que facilite el futuro, y
eso no es así.

Solamente con una actuación integrable en el territorio, con
una situación de poder descentralizado y con actuación de
recursos para ejercer sus competencias, mínimamente aceptadas,
solamente así, con un poder cercano al ciudadano y dotado de
medios y con una política que ordene el territorio de forma
integrada, estaremos sentando las bases de una forma de
gobernar permanente y duradera, con independencia del partido
que se siente en el sillón; si no no estamos creando bases
para que eso se pueda producir así, estamos actuando en la
coyuntura del día a día, pero no estamos caminando hacia esa
realidad. Ese es el objetivo de nuestras enmiendas a nivel del
Fondo de Compensación y a nivel de lo que es la financiación.

Proponíamos que a los ayuntamientos fuesen dos actuaciones
concretas: 100.000 millones de pesetas para lo que es el
incremento, para lo que puede ser toda la viabilidad de
participación en los ingresos del Estado, para incrementar la
participación en los ingresos del Estado.

Yo voy a mojarme en algo que ha salido a discusión. La
participación en el IRPF, tal y como está propuesta para la
financiación de las Corporaciones Locales, no es ajustada,
porque los munipios de mayor capacidad de renta llevarán la
mayor capacidad de recursos. No es posible si no se plantea lo
mismo que decíamos para las comunidades autónomas: elementos
correctores. Los municipios chicos, de poca población, nunca
recibirán los mismos recursos para hacer frente a los mismos
servicios que tienen que prestar. Por tanto, proponemos para
la vida municipal y para la vida regional una actuación
coordinada. No estamos en contra de que se incremente la
capacidad de recursos por participación en los ingresos del
Estado, por cualquiera de las vías (en el caso de las
comunidades, el 15 por ciento), siempre y cuando se pongan en
marcha actuaciones de fondo para nivelar los servicios y
hagamos frente a la deuda que tenemos. Ahora estamos hablando
de la de sanidad, que está aplazada e incluso está
dificultando transferencias que se están haciendo a algunas
comunidades, pero pronto vamos a discutir de otras; por
ejemplo, del transporte; por ejemplo, otros servicios. Y
cuando hablemos del INSERSO, hablaremos también del INSERSO.

Vamos a hablar de muchos déficit a nivel de cada una de las
realidades. Por tanto, estamos proponiendo que en los recursos
de este año se plantee un mayor incremento en la participación
de los ingresos del Estado hacia los municipios en 100.000
millones y hacia las comunidades en menor medida: proponemos
una cifra de 10.000 millones de pesetas. Por otro lado,
estamos proponiendo que a los municipios vayan 50.000 millones
de pesetas para superar el déficit, como aportación de este
año. Las situaciones históricas no se superan de golpe y
porrazo. No es lógico plantear, esto de repente, pero sí
progresivamente y tomando las riendas desde el momento en que
podamos iniciar esa actuación. Es verdad que este proyecto de
ley puede salir de la Cámara sin aceptar estas enmiendas; es
verdad que podemos salir de aquí sin aceptar que esto hoy
pueda ser necesario incorporarlo en los presupuestos, pero les
aseguro que fuera de aquí se van a producir encuentros, se
están iniciando encuentros que después van a reconducirse o a
créditos extraordinarios o a actuaciones de modificación que
se harán por la puerta falsa de este Parlamento, y ese vicio
es el que queremos evitar; esa manera de actuar desde el poder
es la que queremos evitar. Hay que actuar de otra manera
distinta. Debemos conseguir un funcionamiento diferente y hay
posibilidades si se admitieran las distintas enmiendas.

Por otro lado, nuestra enmienda 1.329 va dirigida a garantizar
que los pagos trimestrales de la participación en los ingresos
del Estado de los ayuntamientos se ejecuten cuando se tienen
que producir.

La enmienda 1.330 al artículo ochenta y ocho, b), pretende
adelantar, para agilizar los trámites, el plazo que se
concede, a los ayuntamientos hasta el 30 de junio,
adelantarlo, decía, al 31 de marzo para suministrar la
información relativa a las corporaciones locales.




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La enmienda 1.331 que se ha presentado al artículo ochenta y
nueve hace referencia a las retenciones a practicar a los
ayuntamientos. Ustedes proponen que esas retenciones a los
ayuntamientos se puedan realizar como máximo por un importe
equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignada a la
respectiva corporación. Nosotros creemos que eso es excesivo y
proponemos reducirlo al 25 por ciento. Por la misma razón
proponemos, en el mismo artículo y más adelante, que donde
habla del 25 por ciento, se pueda reducir al 15 por ciento,
garantizando así una menor retención de la que proponen
ustedes para esta actuación.

Por último, las enmiendas 1.334 y 1.335, que hacen referencia
al Fondo de Compensación, las doy por defendidas.

Nosotros creemos que con estas reflexiones --porque en algunos
casos se trata de enmiendas a la totalidad y si se aceptaran
como tales significaría devolver esta sección y debatirla de
nuevo-- el objetivo es facilitar la discusión sobre estos
temas, poder llegar a encuentros en las propuestas puntuales
y, si no, al menos facilitar el debate que comience ahora.

Anteriormente decía que siempre y cuando el planteamiento vaya
sobre la filosofía del territorio integrado, siempre y cuando
se tienda a recuperar la dinámica de esa era de los
ayuntamientos, de esa era de la descentralización, de esa era
de acercar el poder de los ciudadanos en la decisión y
ejecución con nítidas competencias estaríamos a favor; en la
medida que esto no sea así, nosotros estamos dispuestos a
plantear respuestas en la ordenación y financiación del poder
que puedan significar un equilibrio político suficiente con el
respaldo también suficiente. Aquí me van a permitir SS.SS. que
les diga que nosotros sí estamos participando en el poder,
estamos siendo poder; en el caso local, ejerciéndolo
directamente o en relación, y en el caso de las comunidades,
facilitando gobernabilidades en algunas de ellas. Esa
participación en el poder, para bien o para mal, parece que va
a ser creciente en el devenir del tiempo, y hay eventos
entremedias que van a situar la vida política española, antes
que en las generales, en otra dinámica. Facilitemos que eso se
pueda producir así, recuperando una dialéctica que teníamos
siempre en la era de 1977 a 1979, y que hoy vemos truncada,
puesto que el equilibrio político y territorial se está
ejerciendo en otra dinámica distinta que nosotros creemos que
no es la que España necesita.

Nada más, Presidente; nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Martín.El señor
MARTIN MENIS: Señor Presidente, señorías, a este título
Coalición Canaria ha presentado cuatro enmiendas que van
dirigidas, fundamentalmente, a remediar una situación de
agravio comparativo que creemos existe en relación al resto de
los ayuntamientos y diputaciones del Estado. No hay discusión
sobre la grave situación que están atravesando los
ayuntamientos de todo el país, y las conclusiones de la
Federación Española de Municipios son buena prueba de ello.

Pero dentro de esta situación creemos, y tenemos razones para
ello, que los ayuntamientos y cabildos canarios tienen una
situación especial y están en peores condiciones que el resto.

No hay duda de los elevados costos de los servicios que
prestan los municipios en unas islas fragmentadas --siete--
donde la cultura, el deporte, las ayudas sociales y las
infraestructuras son --y está admitido sin discusión en todos
los ámbitos-- más caras que en el resto del Estado. Por ello,
a lo largo de la historia surgieron los arbitrios como una
fórmula de financiación interior, propia, para poder intentar
prestar unos servicios de calidad similar. Pero, ¿qué ha
pasado? Esa fórmula histórica que permitió a los ayuntamientos
canarios establecer unos arbitrios ha tenido como
contrapartida una reducción en la participación de los fondos
del Estado, luego lo que se incrementa por un lado se pierde
por otro.

Hay una sentencia reciente, de 1981, de la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 2.736/1991, que da la razón a los
ayuntamientos canarios. Cuestiona la forma y el fondo, y
respecto a la imposición indirecta no encuentra cobertura
legal para la limitación en la participación correspondiente
al IRPF, como tampoco en lo concerniente al rendimiento de las
tasas en juegos de azar. Literalmente, dice: Con otras
palabras, no se encuentra cobertura legal de ningún tipo, ni
siquiera la que se podría haber derivado de una remisión por
real decreto no llevada a cabo, que permita establecer por
orden ministerial la limitación que se impugna: tomar como
criterio para evaluar el índice de participación de los
municipios canarios en el Fondo Nacional de Cooperación
Municipal, en lo que a los impuestos indirectos se refiere, el
17 por ciento de su población de derecho y no el cien por
cien, limitación que, por otra parte, para nada se contiene en
los Reales Decretos-leyes 34/1977 y 3/1981. Aun en la
hipótesis de que por real decreto se operase una remisión al
artículo 123.1 del Real Decreto 2.350/1986, no cabría entender
operante dicha limitación respecto de la participación
correspondiente al IRPF, como tampoco, sin la conveniente
justificación, en lo que concierne al rendimiento de la tasa
sobre juegos de azar, que tampoco se menciona en el último
Real Decreto citado. Más adelante sigue diciendo dicha
sentencia: Se trata, en definitiva, de comprobar si el
Reglamento limita



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injustificadamente las posibilidades y facultades contempladas
por la ley, imponiendo medidas incongruentes o
desproporcionadas con la finalidad de aquélla o adoptando
previsiones objetivamente irrazonables o generadoras de
resultados manifiestamente injustos. En avenencia con lo que
decimos --continúa-- este Tribunal no aprecia, a la vista de
las pruebas obrantes en autos, de la naturaleza de la
imposición directa --nos referimos en concreto a la
participación que corresponda en los ingresos del Fondo
Nacional de Cooperación Municipal por el IRPF y régimen
jurídico de la tasa sobre rendimientos de los juegos de azar--
circunstancia alguna que justifique dicha restricción.

Creemos que esta sentencia da apoyatura legal, ya que es el
resultado de un juicio iniciado durante 1981 y todos conocemos
el retraso con que funciona la justicia. Estamos ante un
problema que ha venido a esta Cámara reiteradamente durante
muchísimos años y que está relacionado con la historia de los
puertos francos canarios, con unos privilegios de la época de
Carlos III --que no eran tales privilegios--, cuando les daban
a los cabildos canarios potestad para poner impuestos y pagar
su propia defensa. Los arbitrios, de entrada, eran arbitrios
para ayudar a superar las condiciones de insularidad, y el ITE
era un ITE reducido en algunos casos, que recaudaba el Estado.

En este momento, al haberse cambiado el régimen económico-
fisal por la entrada en la Comunidad Económica Europea, el
Estado sigue reteniendo su parte proporcional del ITE. Cuando
ese ITE se transfiere, una parte del mismo, como es el caso de
los recientes acuerdos, es para hacer una inversión que el
Estado está dejando de hacer.

Creemos que en Europa se ha reconocido --está claro que con la
ayuda del Gobierno central-- la insularidad; se ha reconocido
en el Poseican; se ha reconocido cuando se ha permitido un
impuesto general indirecto diferenciado; se ha reconocido
cuando se admite Canarias como región ultraperiférica, pero la
inercia sigue dirigiendo el comportamiento en los
presupuestos. Hay acuerdos de ayuntamientos de todos los
colores políticos pidiendo que se corrija esta situación; hay
acuerdos de todos los cabildos, de todos los colores políticos
pidiendo corregir esto. Después hay una circunstancia todavía
menos entendible, a la cual obedece la última enmienda de esta
serie, enmienda que se refiere a la participación de los
cabildos canarios en unos fondos que se distribuyen entre
diputaciones y cabildos para los gastos sanitarios que se
hacen en concurrencia con la Seguridad Social. ¿Cómo se
determinan estos gastos? Estos gastos se determinan en el año
1988 mediante una auditoría que hace el Ministerio de
Hacienda, auditoría que se hace a todas las diputaciones y
cabildos y donde se obtienen las cifras que están aportando de
sus presupuestos para aquellos gastos sanitarios que están
sustituyendo a los que deben ir con cargo al Estado. Ahí no
está incluida la psiquiatría, de la que se están haciendo
cargo los cabildos y las diputaciones, sino aquellos gastos
que son concurrentes con la Seguridad Social. Se audita,
vuelvo a repetir, a todas las diputaciones y cabildos, pero
cuando se van a distribuir esos fondos, auditados previamente
por el Ministerio de Hacienda, se reparten los fondos
completos a todas las diputaciones, y a los cabildos canarios
sólo se les da el 70 por ciento. Ahí se crea, además, un
agravio comparativo entre unas instituciones insulares y
otras: aquellas que no prestan servicio sanitario porque lo
hace el Servicio Nacional de Salud, el Insalud, no tienen que
aportar ninguna parte; en cambio, aquellas otras que prestan
servicio sanitario tienen que aportar el 30 por ciento de los
déficit que se producen por un gasto sanitario que, como desde
el propio Ministerio de Hacienda se ha admitido, tiene que ser
pagado con cargo a los Presupuestos del Estado. La situación
aquí es doblemente difícil. Lo que ocurre con estos gastos en
concurrencia con la Seguridad Social es una buena prueba de
que el 30 por ciento de la imposición indirecta y el 70 por
ciento de la total que se abona a los ayuntamientos y cabildos
canarios es un criterio que no tiene ninguna justificación,
que viene de una forma inercial desde los Presupuestos y que
hay que corregir. Estimamos que no hay ninguna causa que
justifique porque la participación de los ayuntamientos y
cabildos canarios en los fondos del Estado se hace en un
porcentaje menor. Los mayores ingresos que pudieran tener por
los impuestos propios históricos que se realizan en Canarias
(participación cada vez más pequeña) es una participación que
históricamente ha sido para compensar los mayores costos de la
insularidad, los costos de la lejanía, los costos mayores de
los servicios que prestan los ayuntamiento, y esos costos,
indudablemente, son reales y se pueden determinar. Por tanto,
sería de justicia acabar con una discriminación y que
figuraran los ayuntamientos y los cabildos canarios como
ayuntamientos y diputaciones de régimen común.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor
González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente. Voy a
defender dos enmiendas. Una referente al Título VII y otra a
la Sección 33. En primer lugar, en la enmienda 129, al Título
VII, solicitamos que el área metropolitana de la ciudad de
Valencia sea considerada como tal en los Presupuestos
Generales del Estado, dando ya finalización a esa pertinaz
marginación que se viene haciendo con nuestra área
metropolitana.




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Son ya cinco presupuestos distintos en los que esta enmienda
ha aparecido, en ocasiones presentada por Unión Valenciana, y
en otras acompañada también por enmiendas de otros grupos
políticos.

Señorías, hace aproximadamente tres o cuatro años se me decía
que no se podía convalidar el área metropolitana de Valencia
porque estaban cercanas a desaparecer las subvenciones para el
área metropolitana de Madrid y la extinta área metropolitana
de Barcelona. No ha sucedido así; se mantienen y se
mantendrán. Y ya se me contestó en la Comisión por parte de la
Portavoz del Grupo Socialista que cuando venga a discusión el
proyecto de ley de ciudades antiguas se apoyará, al mismo
tiempo que se decía que no se podía abrir la espita para que
fueran saliendo las áreas metropolitanas. Las áreas
metropolitanas, señorías no se forman de la noche a la mañana,
es completamente imposible. No es de recibo que se diga
precisamente ese argumento. Un área metropolitana, en estos
momentos, en España única y exclusivamente la tiene Madrid,
Barcelona y Valencia, y es lógico y no se puede argüir que la
han solicitado Zaragoza, Sevilla y Bilbao, porque no disponen
de un millón y medio de habitantes que vivan alrededor de un
sólo núcleo. No tienen el problema de una ciudad que tiene que
estar pagando servicios a una serie de habitantes de
ayuntamientos colindantes que vienen a gestionar y,
naturalmente, utilizan los servicios que da el ayuntamiento de
esta ciudad.

No entiendo esa pertinaz ignorancia, ese intento de continuar
aferrados a una defensa numantina que no tiene lógica, y en
algún momento tendrán que reconocerlo. Pero está claro que en
muchas ocasiones esa lógica o la verdad está en función de la
fuerza política que se tenga. Yo espero que esto cambie en
cualquer momento. Respecto a la enmienda número 205, a la
Sección 33, habla de la devolución de esta Sección en cuanto
que discrimina nuevamente a la Comunidad Valenciana, que ha
sufrido unas bajadas en los fondos de compensación
interterritorial que en la última ocasión se elevan al 60 por
ciento.

También en Comisión, la misma portavoz me dice que hemos
sobrepasado unas centésimas la media nacional. Desconocimiento
total del área metropolitana de Valencia; desconocimiento
total de la Comunidad Valenciana; desconocimiento de cuál es
la situación en la que se encuentra una de las unidades
productivas más importantes de todo el Estado, y, por
supuesto, ganas de que esto no se recupere. Se está viendo hoy
que las medidas del Gobierno son única y exclusivamente
hablar, hablar y hablar de crisis, pero no ponerla en
práctica.

Señorías, que se haya reducido desde el año 1991 a 1993 de
15.000 millones a 5.000 millone de pesetas la participación en
la Compensación Interterritorial, cuando además figuramos en
Europa como una región de acción preferente --porque
indudablemente lo estamos necesitando--, es ignorar la
realidad de un pueblo, en esta ocasión el pueblo valenciano;
ignorar la realidad de Alicante, de Castellón y de Valencia.

Por tanto, yo rogaría que se volviera otra vez sobre sus
pasos; que se viera que, efectivamente, hay razones objetivas
que obligan a hacer esta serie de modificaciones y que se
tuvieran en cuenta. Desconocerlas es seguir en la misma
política de siempre: desconocer la realidad de una parte del
Estado a la que única y exclusivamente se le busca para
tributar, tributar, y tributar. Confiemos en que esas
tributaciones las sigamos haciendo porque podamos, pero al
paso que vamos me da la impresión de que, no ya por deseo sino
por imposibilidad, no lo vamos a poder realizar. Muchas
gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. Para defender las enmiendas del Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Brevemente, para hacer referencia a la enmienda 1.195 de
nuestro Grupo, que la voy a dar por defendida, remitiéndome,
en bloque, a la argumentación expuesta por parte de este Grupo
Parlamentario en el debate en Comisión. Nada más y muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gatzagaetxebarría.

Por último, enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

(Pausa.) Quedan decaídas.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, pido la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: No están decaídas nuestras
enmiendas. Pedimos que se mantengan para su votación.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Se mantienen, por tanto para votación.

Para un turno en contra, tiene la palabra la señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Socialista quisiera iniciar mi
intervención coincidiendo con las palabras que expresaba el
portavoz del Grupo Popular cuando señalaba que en la
financiación de los entes locales y



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de las comunidades autónomas no debería de haber discrepancias
entre los grupos de esta Cámara.

Es evidente que desde el Grupo Socialista compartimos esa
manifestación, pero para poder llegar a ello sería necesario
que el Grupo Popular realizase un diagnóstico más riguroso de
los problemas a los que nos enfrentamos y realizase unas
manifestaciones más rigurosas en relación con el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 que estamos
debatiendo. Tengo que reiterar lo que hemos venido diciendo
desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista a lo largo de
los debates previos, en el debate de totalidad y en Comisión,
y es que los presupuestos del Título VII, de los entes
territoriales, y sus correspondientes Secciones 32 y 33, que
contienen los créditos destinados a las corporaciones locales
y a las comunidades autónomas, son derivados de las normas
legales, tanto por lo que se refiere al sistema de
financiación de las corporaciones locales como al de las
comunidades autónomas. Lo reiteramos, señor Rajoy, en este
debate. En el caso de las corporaciones locales, se realiza,
como sabe muy bien, la prórroga del sistema de determinación
de las cantidades a cuenta con el método que se ha venido
aplicando en el quinquenio 1989-1993. Estamos, por tanto,
aplicando un método que está dentro de la legalidad. Es verdad
que lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales fue corregido,
pero lo fue por una ley y, por ello es un método que está
dentro de la legalidad.

Su señoría introduce confusión y tergiversa lo que propone el
proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1994. Dice que
hay una indefinición respecto a las cantidades que se van a
cobrar como cantidades a cuenta. No es verdad. Hay unas
cantidades concretas, y si es necesario se las leo.

Participación, que es el 95 por ciento de una cantidad
provisional, en los tributos del Estado, de los ayuntamientos,
de unos 597.000 millones de pesetas; una cantidad prevista
para la liquidación de 1993, que es crédito ampliable, de
82.000 millones; unas cantidades correspondientes también para
las diputaciones que son 345.000 y 51.000 millones. Su
señoría, no puede venir aquí a decir que hay una indefinición
respecto a las cantidades que van a cobrar las corporaciones
locales o las comunidades autónomas. Usted introduce confusión
y tergiversa las cosas cuando dice que la propia ley señala
que ya se verá a través de la negociación cuáles serán los
criterios. Señor Rajoy, está hablando la ley de los criterios
de liquidación, pero estos criterios de liquidación deberán
aplicarse en la ley de Presupuestos de 1995 y en las
cantidades que se consignen en ella. Por tanto, está
tergiversando lo que dice el proyecto de ley de Presupuestos
de 1994, ya que habla de las liquidaciones a cuenta cuando se
remite a los acuerdos que puedan producirse en este sentido.

Insisto en que las cantidades presupuestadas tienen un
carácter provisional, y que la aplicación del acuerdo deberá
corregir estas cantidades, pero en el ejerciciode 1995. Es
evidente que se va a iniciar la negociación con la Federación
Española de Municipios y Provincias --que es una condición
necesaria para una ley que debecontar con un consenso de las
corporaciones locales-- con un cierto retraso, pero no podemos
olvidar que ha habido una incidencia, ajena a los deseos del
Gobierno, que ha sido la disolución de las Cortes en el mes de
abril de 1993. En cualquier caso, yo creo que no estamos fuera
de plazo, porque la negociación se va a iniciar de manera
inmediata; además, insisto, tendrá aplicación con efectos de
1.º de enero de 1994. Por lo que se refiere a las comunidades
autónomas, aquí yo creo que hay que poner de manifiesto esa
falta de rigor de una manera todavía más clara que la citada
al principio, porque el señor Rajoy sabe perfectamente que su
Grupo Parlamentario, su Partido ha dado apoyo al método de
participación en los ingresos del Estado y a la Ley del Fondo
de Compensación Interterritorial, que son los criterios que se
aplican en la determinación de los créditos presupuestarios de
esta ley que estamos debatiendo. Por tanto, no se entiende
(desde luego mi Grupo no lo entiende), que se produzcan
enmiendas de totalidad a un proyecto de ley que recoge, que
implementa los acuerdos que su Grupo ha suscrito.

Por razones de calendario no se incluye el acuerdo de
corresponsabilidad fiscal que tuvo lugar el 7 de octubre de
1993 respecto a la participación de las comunidades autónomas
en el 15 por ciento del IRPF recaudado en su territorio. Este
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede
ser incorporado al ordenamiento jurídico mientras no se haya
producido el acuerdo de las comisiones mixtas respectivas,
como muy bien sabe su señoría. Por tanto, estamos a la espera
de que esto se produzca, y en el momento en que se haya
acordado se incorporará, vía enmienda, a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, o bien a través de una
disposición propia al ordenamiento jurídico.

Me parece obvio tener que insistir en cosas que el señor Rajoy
sabe mejor que esta portavoz, y es que el acuerdo de
corresponsabilidad fiscal no tiene efectos financieros para
1994. Por ello no hay una razón para cuestionar las cantidades
que se plantean aquí invocando la falta de incorporación de
este acuerdo, porque las diferencias que se puedan producir en
la implementación del mismo por desviaciones en el
comportamiento del IRPF, tendrán lugar en el ejercicio de
1995. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y
de las comunidades autónomas que lo han suscrito es que el
sistema de corresponsabilidad se aplique a partir del 1 de
enero de 1994, y en principio con una vigencia de dos años. Se
aplicará, por tanto, rigurosamente el acuerdo adoptado. El
señor Rajoy decía que la mejor virtud de este acuerdo es que
tiene una duración limitada. Yo creo que es un buen acuerdo.

Es



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un acuerdo que más adelante veremos --y con satisfacción-- que
también será apoyado por el Partido Popular, estoy convencida
de ello, porque sé que las comunidades gobernadas por dicho
Partido Popular lo están valorando en este momento, y tengo
confianza en que lo suscriban las que no lo hicieron en su
momento; por tanto, no insistiré más en esta cuestión.

En cuanto al desarrollo del artículo 15 de la LOFCA, es cierto
que vamos también con retraso, que no se ha podido concretar.

Se hizo un encargo, dentro del propio Consejo de Política
Fiscal y Financiera, a un grupo de trabajo que se creó para
que presentara una propuesta. El propio grupo de trabajo
reconoció su incapacidad para avanzar más allá de ciertas
conclusiones y recomendaciones para implementar una respuesta
concreta. La decisión del Consejo, no del Gobierno, ha sido
que se realice un encargo a un grupo de expertos para
determinar cuáles son los servicios que hay que considerar con
carácter fundamental, cuál es el nivel medio de estos
servicios que hay que garantizar en todo el territorio del
Estado y cuál va a ser la fórmula de financiación de las
diferencias que se puedan producir. No creo que estemos en una
situación de incumplimiento del Gobierno. No es voluntad del
Gobierno que no se cumplan los plazos, es un problema real que
se plantea para resolver una cuestión muy compleja y esperemos
que a través del informe que se va a elaborar se pueda avanzar
para corregir las diferencias que en la prestación de
servicios pueda haber en el conjunto del Estado. Me he
referido, fundamentalmente, a las argumentaciones que ha
expuesto el portavoz del Grupo Popular, pero en buena medida
creo que he respondido también a algunas de las objeciones que
planteaba el portavoz de Izquierda Unida. Tengo que insistir,
señor Ríos, comoya hemos dicho en otros debates, que estamos
aplicando las normas que hacen referencia tanto al sistema de
financiación de las corporaciones locales como de las
comunidades autónomas y que sus objeciones en el sentido de
mejorar las dotacionees que figuran en el proyecto de ley
desvirtuarían dichas normas, que llegan a esta Cámara con el
acuerdo de todas las comunidades autónomas, no solamente con
el acuerdo del Gobierno del Estado. Unión Valenciana también
ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 33,
relativa a las consignaciones presupuestarias para el Fondo de
Compensación Interterritorial, que contestaré dentro de las
enmiendas particulares que ha planteado el señor González
Lizondo.

Paso a contestar ahora las enmiendas parciales del Grupo
Popular. Tiene una serie de enmiendas, las números 371, 373,
374, 375, 377, 381, que son de supresión de distintos
artículos del Capítulo I, en coherencia con la argumentación
que hacía con carácter general de supresión del capítulo y,
por tanto, no voy a insistir en ellas. Algunas de las que no
hacen referencia a estas cuestiones tampoco han sido
defendidas y me limitaré entonces a contestar a las que sí ha
hecho referencia el portavoz del Grupo Popular. La enmienda
número 378 es una enmienda clásica, en la que propone que las
entregas a cuenta, en lo que se refiere a los ayuntamientos,
se realicen con carácter mensual, en lugar del carácter
trimestral que tienenen este momento. Mi respuesta también
será clásica, señor Rajoy, porque se ha venido diciendo en
debates presupuestarios anteriores y, por tanto, le diré lo
mismo que en su día le dijeron los otros portavoces del Grupo
Socialista. Una cosa es poder hacer las entregas a cuenta de
las comunidades autónomas o de las diputaciones, y otra
hacerlo con los municipios, que son 8.000, que tienen unas
incidencias y una documentación a preparar para un número tan
elevado de entes locales que, con los medios actuales, sería
difícil que pudiera realizarse mensualmente en tiempo y forma.

En relación con las enmiendas números 379 y 380, se propone
fijar como base para las entregas a cuenta el año 1994 la
liquidación definitiva de 1993; y como plazo de dicha
liquidación definitiva el primer trimestre de 1994. Entiende
nuestro grupo que es un plazo insuficiente para disponer de la
información de base requerida. Hay un problema para disponer
en ese plazo del índice de evolución que va a predominar y,
además, hay que tener presente que estas dificultades se ponen
de manifiesto también en el acuerdo que hay para la
liquidación definitiva de las comunidades autónomas, que se ha
fijado en el tercer trimestre del año. Creo que este plazo es
razonable y que debería incorporarse también dentro de los
acuerdos, de las normas que regulen el próximo método de
participación en los ingresos del Estado para el quinquenio
1994-1998.

En cuanto al devengo de intereses de demora, es también una
propuesta clásica de su grupo...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señora Aroz,
vaya concluyendo.

La señora AROZ IBAÑEZ: Sí, gracias, señor Presidente.

Entendemos que no se puede admitir automáticamente por cuanto
se quebraría el principio de disponibilidad de fondos y el
plan de pagos que el Estado debe establecer necesariamente con
arreglo al artículo 117 de la Ley General Presupuestaria. El
Grupo Socialista entiende la motivación, que es agilizar las
liquidaciones, mejorar la gestión de los pagos, y lo comparte,
pero creemos que esta no es la vía.

Creo que con estos argumentos he contestado a las enmiendas
particulares que ha defendido el señor Rajoy.




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Con relación a las enmiendas del Capítulo II, creo que, de
alguna manera, se pueden dar por contestadas, porque también
hacen referencia tanto a las transferencias a cuenta como a
las liquidaciones. Solamente quisiera corregirle un error.

Usted dice que la liquidación definitiva de 1994 debería
hacerse en el primer trimestre de 1995, y en este sentido
invoca el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Creo que hay un error, porque el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera es que sea en el tercer
trimestre.

En relación al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, hay una serie de enmiendas particulares que hacen
referencia a las cantidades que ya he mencionado; en cualquier
caso, no fueron aceptadas por el Gobierno y ni siquiera
deberían haberse discutido.

Otras enmiendas hacen referencia a los plazos de entrega de la
información para subvención, transporte, etcétera. No voy a
pormenorizar, señor Ríos, porque ya hablamos de ello en
Comisión; en todo caso, me remito, para no alargar el debate,
a lo dicho en ese trámite.

En relación con las enmiendas de Coalición Canaria, pediría
benevolencia, señor Presidente, y unos minutos más para que mi
compañero de Grupo, el señor Padrón, pueda responder.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, su tiempo
ha pasado en más de tres minutos.




La señora AROZ IBAÑEZ: Brevísimamente contestaré a Unión
Valenciana. No ha hablado hoy de la enmienda referente al
concierto económico, lo celebro. En cuanto a la enmienda
número 129, en relación a la financiación del Consell
Metropolitano de L''Horta, Valencia, me remito a lo dicho en
Comisión; creo que no es necesario reiterarnos en todos los
debates. En relación al Fondo de Compensación Interterritorial
tengo interés en decir alguna cosa. Creo que el señor González
Lizondo tiene unos errores de concepto muy graves cuando habla
de federalismo fiscal, cuando habla del concierto, etcétera;
pero también tiene unos errores muy graves en las matemáticas.

Señor González Lizondo, el Fondo de Compensación
Interterritorial, para la Comunidad de Valencia, no ha
descendido el 60 por ciento; ha pasado de 6.575 millones, en
el año 1993, a 5.778 millones, en el año 1994; es un descenso
del 12 por ciento en relación al año 1993. Este descenso, como
usted sabe, tiene una justificación positiva, que es el
incremento superior de la renta por habitante de la Comunidad
Valenciana en relación a las otras comunidades incluidas en el
fondo. Como le dije, es una buena noticia para los ciudadanos
de Valencia, porque eso quiere decir que se están aproximando
a la renta media de la Comunidad Europea. No es la única
comunidad cuya participación desciende en el fondo, también lo
hacen Andalucía, Cantabria, Castilla-LaMancha y Extremadura, y
es una buena noticia para los ciudadanos de estas comunidades
autónomas. En cuanto a los 7.000 millones a que usted hacía
referencia, quiero decirle que mire las leyes y los acuerdos
que se adoptan y que afectan tanto a su comunidad. Los 7.000
millones a que usted hace referencia son la compensación
transitoria que se desgajó del Fondo y que fue incorporada a
la financiación incondicionada de la Comunidad Valenciana.

En relación al Grupo Vasco (PNV), el Grupo Socialista va a
presentar una enmienda transaccional a la número 1.195,
añadiendo un nuevo párrafo final al artículo noventa y cinco
con el siguiente texto: En las comunidades autónomas sujetas a
régimen de concierto o convenio, la valoración del coste
efectivo se realizará conforme a sus propias normas. Espero
que dé satisfacción a la argumentación planteada por el
portavoz de dicho grupo. Nada más y muchas gracias, señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, si es tan
amable, haga llegar el texto de la enmienda transaccional a la
Presidencia. Para turno de réplica...




El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, pido la palabra, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para contestar a
las enmiendas de Coalición Canaria.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene que ser
extraordinariamente breve, un minuto.




El señor PADRON DELGADO: Un minuto es un minuto, no tiene más
allá de 60 segundos, señor Presidente. (Risas.)
Las enmiendas de Coalición Canaria, defendidas por el señor
Martín, pretenden la elevación del porcentaje de participación
de los ayuntamientos y cabildos canarios en el fondo de
cooperación municipal, Capítulo II. Efectivamente, desde
1983-1984 --ha hecho referencia a esa sentencia del Tribunal
Supremo-- participaban con el 17 por ciento. Por enmiendas
sucesivas en leyes de presupuestos ese porcentaje se elevó al
31 por ciento. La razón de ese 31 por ciento es que Canarias
tiene una imposición indirecta «sui generis». Por ejemplo,
para el año 1993 el IGIC, el APIM, el impuesto sobre
carburantes, etcétera, constituyen un montante bastante
importante, según los datos que tenemos nosotros. Y suponen
que la participación de los ayuntamientos canarios en el
Capítulo II es mayor que la de los ayuntamientos de régimen
común. Dicho esto, y teniendo en cuenta las resoluciones
aprobadas en las asambleas de la FEMP, tanto en Zaragoza como
en La Coruña, en la subcomisión de política económica, fiscal
y financiera de la Comisión



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Nacional de Administración Local se va a estudiar el tema,
para ver si en sucesivos trámites o bien en ese informe de
criterios que ha de aportar la subcomisión para la
participación de los ayuntamientos en los fondos estatales se
encuentran fórmulas que permitan un incremento en el
porcentaje, actualmente establecido en el 31 por ciento. El
Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista están dispuestos
a estudiarlo. Por tanto, decimos no a la enmienda. Seguimos
estudiando el tema y, por supuesto, estaremos a la espera de
esas negociaciones entre Gobierno y la FEMP. Nada más, señor
Presidente, y muchas gracias por su amabilidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.

Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Rajoy.




El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente. Seré
breve y me ajustaré al tiempo que establece el Reglamento.

Voy a contestar a la intervención de la señora Aroz. Intentaré
hacerlo punto por punto, aunque es muy posible que de algunos
de los temas a que se ha hecho referencia en su intervención
no haya podido tomar buena nota. Hace una afirmación general
en el sentido de que es bueno que haya coincidencia entre el
mayor número de fuerzas políticas y de partidos en todo lo que
se refiere a los asuntos territoriales. Entiendo que es una
afirmación general que no solamente se refiere a la
financiación de los entes territoriales, sino a todos los
demás asuntos. De hecho, yo creo que el Partido Popular a lo
largo de los últimos años ha acreditado cierta capacidad para,
a pesar del Partido Socialista, llegar a entendimientos en
temas territoriales. Pongo por ejemplo el pacto autonómico, el
acuerdo de financiación de las comunidades autónomas
1992-1996, al que usted ha hecho referencia; el Fondo de
Compensación Interterritorial; esta sección 33; ya con
anterioridad a los estatutos de autonomía, etcétera.

La labor de la oposición no solamente es ayudar a resolver los
grandes problemas que tiene planteados la nación, sino que
también tiene la obligación de decir al Gobierno lo que hace
mal. Es la obligación de un partido que está en la oposición.

Si la oposición no dice al Gobierno lo que hace mal, ¿para qué
sirve la oposición? Entonces, lo que yo he pretendido en mi
exposición es decirle al Gobierno qué hace mal y, además, no
solamente le he dicho eso, sino que le he dicho también cómo
se tienen que hacer las cosas bien. Por tanto, yo creo que no
se me debe contestar diciendo que tengo poco rigor, que soy
confuso o, lo que es peor, que tergiverso las cosas. Fíjese
usted lo que le he dicho al Gobierno. Primero, que fije las
reglas del juego, pero eso es lógico. Si el sistema para
calcular la paticipación de las Corporaciones locales en los
tributos del Estado termina en diciembre de 1993, tiene que
haber un sistema para 1994 y años siguientes, y no lo hay.

Entonces, yo le digo al Gobierno que lo lógico es que este
sistema ya estuviera fijado con anterioridad. Usted dice que
yo tergiverso porque sí hay cifras en los presupuestos.

¡Hombre, cómo no va a haber cifras en los presupuestos! Si no
hubiera cifras en los presupuestos, ¿de qué estaríamos
hablando aquí? Desde luego no estaríamos hablando de
presupuestos.

Lo que yo he dicho es que las cifras son mentira o dicho más
finamente, que las cifras no son verdad, y usted misma lo ha
reconocido, y ¿sabe por qué lo ha reconocido? Porque ha dicho
que son cifras provisionales. Un presupuesto no debe ser
provisional porque si todo lo que dice el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado que estábamos debatiendo
aquí es provisional --luego muchas veces la historia hasta ahí
demuestra que es cierto--, ¿qué estamos debatiendo y, sobre
todo, qué vamos a votar aquí? Algo provisional, porque yo no
sé qué procedimiento se va a utilizar para fijar la
participación de las Corporaciones Locales en los tributos del
Estado. Puede ser un procedimiento que provoque que las
Corporaciones reciban mucho más de lo que dice el proyecto de
ley de presupuestos, algo más, o incluso menos; es decir, está
muy complicado. Estamos aprobando algo provisional, lo cual no
me parece serio. Segunda petición: ¿qué le pedimos al
Gobierno? Es sensato que cumpla lo que acuerda. Por eso hemos
criticado al anterior Ministro de Hacienda, señor Solchaga,
aquí presente, que modificara el anterior sistema de
financiación de las corporaciones locales en la Ley de
Presupuestos y luego en una ley, a la que le da efectos
retroactivos y que hemos tenido que recurrir al Tribunal
Constitucional. Luego le pedimos al Gobierno que pague a
tiempo. El Gobierno tiene que pagar a tiempo, en los plazos
que establece la ley --es una petición sensata-- y, además,
que pague lo que tiene que pagar. Son cosas absolutamente
lógicas. Sobre todo pedimos seriedad, porque usted habla aquí
de que, como ha habido elecciones generales, no podemos
disponer del nuevo modelo, en el año 1993 hemos discutido en
esta Cámara --me parece que usted no era aún Diputada-- la
participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado
de los años 1990 y 1991: pero es que en noviembre de 1993 --es
decir, este mismo mes--, en esta tribuna, yo mismo he tenido
que venir aquí a discutir un crédito extraordinario para pagar
a las Comunidades Autónomas unas cantidades que se le debían
del año 1992, que ya se le habían pagado. Entonces, ¿qué
hacemos aquí? Estamos discutiendo que se pague a las
comunidades autónomas lo que ya se les ha pagado y si decimos
no ¿qué pasa? ¿Que tienen que devolver las comunidades
autónomas



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todo lo que se les ha pagado? Por eso, pedimos un poco de
seriedad en el planteamiento de estos temas, que, por otra
parte, con mucho gusto, estamos dispuestos a pactar y llegar a
entendimientos.

En cuanto a la financiación de las comunidades autónomas, a
usted le ha parecido muy mal, o así me ha parecido entender,
que hayamos enmendado de totalidad este capítulo porque
nosotros hemos votado a favor el sistema de financiación para
el quinquenio 1992-96 y, además, hemos estado de acuerdo con
el Fondo de Compensación. Es verdad. Nosotros no hemos
enmendado la Sección 33 y no vamos a votar a favor las
enmiendas de devolución que hay en ese sentido. Tampoco
discutimos el sistema de financiación del quinquenio 1992-96.

¿Qué hemos dicho? Que hay muchos temas de ese acuerdo 1992-96
que no se han cumplido y, por ello, nosotros valoramos como
algo necesario decirle al Gobierno que tiene que cumplir sus
compromisos, y presentamos una enmienda de totalidad.

Usted nos ha hablado de las corresponsabilidad fiscal; del 15
por ciento. Yo no voy a discutir aquí si el acuerdo es bueno o
es malo. Simplemente digo que el acuerdo es malo y, además,
que estoy convencido de que el señor Ministro de Hacienda sabe
que es malo, que usted sabe que es malo y que los señores del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) también saben que es malo.

En cualquier caso, yo no voy a discutir este asunto. Vuelvo a
insistir en que ya se debatió en otras ocasiones. Sí presento
una enmienda de devolución porque no hay ninguna asignación
para la nivelación de servicios mínimos del artículo 15 de la
LOFCA. Fíjese usted lo que ha dicho. Ha dicho que se ha creado
un grupo de trabajo que ha acreditado su incapacidad para
decir qué es la nivelación de servicios mínimos. Pero ¿qué
está diciendo usted? ¿Que el actual señor Ministro de Hacienda
y el anterior, eran unos incapaces? Yo entiendo que usted no
está haciendo esa afirmación y en el supuesto de que la
estuviera haciendo, que, ya digo, no creo que la esté
haciendo, yo estaría en contra de esa afirmación, porque no
creo que sean unos incapaces, el actual ni el anterior
Ministro de Hacienda.

Lo que sí constato es que hay un artículo en la LOFCA que
habla de nivelación de servicios mínimos en el territorio
nacional, que es un instrumento de solidaridad que pretende
que todos los ciudadanos tengan un nivel de servicios mínimos
razonable, similar, no digo igual, algo parecido y que aquí no
hay nada, desde el año 1980, pero además hay un compromiso del
cual lo único que sabemos ahora, por lo visto, es que el
Gobierno ha nombrado a unos señores que son incapaces. ¿Qué
quiere usted que haga yo? ¿Que le diga que estoy de acuerdo
con eso que ha dicho y que, por tanto, no enmiende de
totalidad el Capítulo II de este Título VII? Comprenderá que
aunque el Partido Popular tenga intención de hacerlo --que la
tiene-- no puede, porquetal y como está redactado este
apartado del título de los presupuestos no podemos apoyarlo.

Por tanto, y con ello ya termino mi intervención, son temas en
los que se puede y se debe llegar a acuerdos. De hecho, como
usted muy bien ha señalado, el sistema de financiación de las
comunidades autónomas y la Sección 33 han contado con el apoyo
del Grupo Popular, pero el Gobierno, como todos los gobiernos,
tiene también una serie de obligaciones y la oposición, cuando
no las cumple, tiene que decirle que lo está haciendo mal. Eso
es lo que le decimos sintiéndolo mucho. A nosotros nos
gustaría que lo hiciera bien, porque eso iría en beneficio de
España y del interés general. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rajoy.

Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, poco
tiempo ha dedicado a rebatir nuestras propuestas la portavoz
socialista. Yo comprendo que cuando no se han dado argumentos
y se intenta decir que vale lo dicho para otro se pueden
cometer algunos deslizamientos.

Me gustaría hacerle una reflexión. He intervenido en este
debate de presupuestos en varias secciones y con ustedes me
hago un lío. No se sabe cuándo acierta uno. Hace poquito en
los impuestos yo decía: no modifiquen la norma, ustedes me
contestaban: no es usted realista. La realidad nos lleva a la
norma. Ahora que yo me hago realista y les digo que modifiquen
la norma para hacer frente a la realidad, me dicen: hombre,
no, es que la norma que tenemos pactada no la podemos
modificar. A ver si se aclaran y yo puedo ser más coherente,
como usted me ha pedido. Aquí he intentado ser realista, ver
qué recursos manda el Estado a las comunidades; ver qué
recursos manda el Estado a los municipios; qué realidad tienen
los municipios y trasladarlo a los presupuestos. Ese ha sido
mi esfuerzo; ese ha sido mi interés y ahora ya no se me pide
realismo; ahora ya se me dice: normalizar, ir a lo que está
pactado. Voy a hacer otro comentario. No abusen ustedes de la
estadística, porque es una ciencia poco objetiva. La
estadística es la fórmula para camuflar las diferencias. Le
voy a poner un ejemplo: Si usted come dos pollos y yo como
uno, la estadística dice que la media es uno. (Rumores.) Le
voy a llevar a otro ejemplo, al de la enfermedad. Yo voy al
médico y me dice: no se preocupe usted que de esta enfermedad
el 90 por ciento sana, pero mira por donde me va a pillar a mí
el 10 por ciento restante del 100 por ciento. Para financiar,
para aportar recursos hay que hablar de actualizar a cada una
de las realidades diferentes para así poder corregirlas. Eso
es lo que hemos hecho



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nosotros y por eso hemos mantenido una modificación del Fondo
de Compensación, para mejorar lo diferente, porque en otro
caso no se mejora lo diferente. De eso partíamos todos, de
corregir desigualdades, de corregir diferencias, de acercar el
poder a los ciudadanos, etcétera. Eso es lo que acercaba
posiciones en unos casos y facilitaban en otros. Ahora se han
trasladado los argumentos. No nos diga que no hemos sido
coherentes. Nosotros sí hemos sido coherentes. Estos señores
habrán tenido una relación (Señalando los escaños del Grupo
Popular.); nosotros hemos mantenido siempre la misma posición.

No diga tampoco que respaldamos el modelo de financiación. No
lo respaldamos. Nosotros ya adoptamos entonces, lo mismito que
estamos cantando ahora, una posición moderada, de mano
tendida; no fuimos con unas posiciones absolutos. No, no.

Estuvimos diciendo que ese sistema que ustedes dicen que han
definido para el período 1992-1996 no es para tal período, y
lo está demostrando la realidad. Estamos en 1994, dándonos una
prórroga para poder concretar algo que se tenía que haber
hecho en 1992. El sistema de financiación que definíamos para
el período de cuatro años debiera haber hecho frente a cosas
que se han ido deslizando de 1993 a 1994 y se deslizarán de
1994 a 1995; es decir, va a haber elementos de la financiación
de las comunidades autónomas que no van a ser efectivos más
que para un tramo muy pequeño de ese período de financiación;
no hay un sistema de financiación global para ese período de
cuatro años.

Le decíamos: ¿dónde está la nivelación del servicio? La
primera comisión iba a terminar en junio de 1993. ¿Terminó?
No. Ahora se nos dice que para 1994 va a terminar esa
discusión del fondo de nivelación. Pero, ¿se ha basado en la
autonomía financiera? La autonomía financiera es: más
impuestos cedidos para que tengan más ingresos. Habría que ver
cómo se ha avanzado en las comunidades del artículo 143 y cómo
se ha avanzado en otras para ver si hemos hecho crecer a todas
las comunidades con los mismos instrumentos. ¿Se ha avanzado
en más corresponsabilidad fiscal porque les hemos transferido
el 15 por ciento? Hemos dicho que el sistema del 15 por ciento
es neutral y usted me respondió a mí en Comisión --ahora a lo
mejor es distinto--lo siguiente: No se líe, el 15 por ciento
no dice nada más ni nada menos que lo que ustedes recibían por
participación en los ingresos del Estado lo reciben así o se
lo vamos a dar por el porcentaje del 15 por ciento y, por
tanto, el sistema es neutral para 1994. Ya lo sé muy bien; por
eso quienes lo apoyaban pedían dos años, porque en 1995 la
cuestión va a variar. Va a ser más beneficioso para unos que
para otros; por eso --no sé si usted se habrá percatado de
ello-- lo han exigido más unas comunidades que otras. Así no
se ha explicado. Se han establecido unos porcentajes de
diferencia. Usted sabe tan bien como yo que la
corresponsabilidad fiscal ni siquiera es eso. Es la capacidad
de producir norma propia; ésa es la corresponsabilidad fiscal
y también participar en la Agencia fiscal y tributaria.

También es verdad que es participar ahí. Si les da facultad de
que gestionen impuestos y en ellos participa cada comunidad,
ellas mismas se van a encargar de ser más eficaces en la
recaudación. Así, se ha demostrado en las transferencias de
ingresos que ustedes han hecho a distintos sitios. Eso es
verdad y no se lo voy a discutir. Por tanto, señorías, lo que
intento exponer con mayor o menor realismo es que cuando
hablamos de la financiación del Estado es necesario abordar
los criterios de actuación para la financiación de los
municipios, y la financiación del Estado la debatimos hoy en
los Presupuestos Generales. ¿Que no está madura alguna
discusión? Lo acepto, pero no diga que nuestras propuestas no
formarían un cuerpo de propuestas, a lo mejor sin cuantificar
definitivamente, que facilitaría la incorporación de las
discusiones que se producen. Lo que he dicho es que, como
fuerza de oposición, en la financiación y en el funcionamiento
de las comunidades autónomas no me gusta que favorezca la
relación bilateral del Gobierno con cada comunidad autónoma ni
del Gobierno con cada municipio. Además, me gustaría
participar en la discusión global, facilitando los raíles que
ponemos para ese nuevo Estado en su nueva financiación, en su
nueva distribución competencial. Si no se hace así y se hace
fuera de aquí, no estamos potenciando esto que es en un
sistema democrático la representación de todo un pueblo.

En todo caso, señor Presidente --y con esto concluyo--,
creemos que nuestras enmiendas acercarían este criterio.

Insisto en que es un criterio que acerca posiciones entre lo
que representa históricamente su grupo y lo que representa el
nuestro, y se lo dice alguien que estuvo gobernando cuatro
años en un municipio de mi región, en colaboración con el
Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que eran otros
tiempos; hoy miran ustedes para otras caras.

Nada más, señor Presidente, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Señor Martín.




El señor MARTIN MENIS: Las palabras de don Néstor Padrón creo
que justifican nuestro razonamiento. Entiendo lo difícil que
es para él defenderse y no apoyar la enmienda que presenta en
este momento Coalición Canaria. El mismo indica que se ha
pasado del 17 al 31. ¿Por qué no el 45, el 63, el 82 o el 100
por ciento? No hay ninguna razón para esa menor participación.

Si la imposición indirecta canaria al sistema especial era
para resolver los problemas de la insularidad, no puede
sumarse la participación en los tributos del Estado



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y la participación en los tributos del Estado y la
participación indirecta para que den la misma cantidad, porque
entonces, ¿para qué toda esta complicación? Históricamente, la
participación de las corporaciones locales canarias es un
tributo propio, el arbitrio de entrada de mercancías, era para
compensar las condiciones de insularidad y las de lejanía. Y
así está en la exposición de motivos del Régimen Económico
Fiscal del año 1972 que dice que el tener unos arbitrios y
unas exenciones especiales no obsta para que el Estado
invierta lo mismo en gastos corrientes e inversión, cosa que
después no ha venido ocurriendo. Ahí es donde está el
problema. Cuando se habla de un gasto sanitario --y el señor
Padrón no me ha contestado a esa enmienda-- que se deriva de
una auditoría realizada por el Ministerio de Hacienda, para
pagar a las diputaciones y cabildos que prestan asistencia
sanitaria en concurrencia con la Seguridad Social la
diferencia entre sus ingresos y gastos, después de auditar que
el gasto es correcto, ¿por qué se exceptúa a unos sí y a otros
no? ¿Por qué los cabildos canarios participan sólo en el 70
por ciento como si fueran una diputación, cuando ni todos los
cabildos canarios prestan asistencia sanitaria en concurrencia
con la Seguridad Social y cuando lo que se pretendía era que
ese diferencial que se producía entre las diputaciones y
cabildos que prestaban asistencia sanitaria y los que no la
prestaban no gravara especialmente a unas provincias y a otras
no? El razonamiento es tan claro que no hay una sola
justificación, y es tan claro que durante un tiempo se
contemplaron en los Presupuestos del Estado mil millones de
pesetas y, después, 500 millones de pesetas para compensar esa
diferencia, millones que después se quitaron. Si nos
centráramos en discutir si el Impuesto General Indirecto (o el
APIM, que tiene que desaparecer por las condiciones de
adhesión a la Comunidad Económica Europea) baja la imposición
indirecta y nos quedáramos a cero y, al final, el sistema
perjudicara a los ayuntamientos canarios, llegaríamos a la
conclusión de que sería un sistema perverso y absurdo. Por
tanto, esperamos, como ha dicho don Nestor Padrón, que se
estudie rápido en esta Comisión y que, incluso, con una
fórmula progresiva, en poco tiempo, en pocos años, los
ayuntamientos canarios se igualen al resto de los
ayuntamientos de España. Nos gustaría saber si eso se puede
acelerar, de forma que quizá en el Senado pudiera haber alguna
enmienda transaccional, es decir, que si no se aprobara en
junio, pudiera ser aprobada en septiembre. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González
Lizondo, tiene la palabra.

El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero decirle que la enmienda de
la financiación autonómica la discutiremos en el trámite de
las enmiendas a las disposiciones adicionales, naturalmente.

No se me ha olvidado. Cómo se me puede olvidar una cosa tan
importante. Es completamente imposible.

Señora Aroz ¡Qué papelón le están haciendo hacer! En el año
1991, en esta misma Cámara, un ilustre Diputado valenciano me
dijo, porque protesté sobre que los Fondos de Compensación
Interterritorial se desgajaban, sobre la compensación
transitoria: Si está todo ahí, no te preocupes. Yo le
contestaba: Es que eso nos lo quitaréis. En aquel entonces el
señor Solchaga era Ministro de Economía y Hacienda. Y usted
hoy me lo dice: No tiene nada que ver, una cosa son los 7.000
millones de pesetas de la compensación interterritorial y, por
tanto, no tiene nada que ver. Yo le digo que todo eso formaba
parte del Fondo de Compensación Interterritorial. Es el 60 por
cien lo que han bajado. Es decir, nos daban 15.000 millones de
pesetas y nos dan ahora 5.000 millones, y no tiene vuelta de
hoja. Por eso digo: ¡Qué papelón! Consulte usted al señor
Solchaga, pero desgraciadamente es cierto, sin embargo, alguna
otra se le ocurrirá. Ustedes son pertinaces. Creo que en la
próxima campaña electoral el eslogan podría ser ese: «Pertinaz
en el error, Partido Socialista Obrero Español» (casi cae en
verso). Y así se mantienen ustedes. Además, hay una cosa que
no se puede aceptar. Usted me dice: tienen que ser rigurosos.

Señoría, somos todos rigurosos, todos los que estamos aquí
somos rigurosos. Ustedes son los que, quizá, en el rigor no
tienen precisamente su mejor virtud, porque a ustedes se les
está muriendo un enfermo y no se enteran, y se les muere. Y
cuando ustedes los tengan ya muertecitos, poco les van a poder
sacar. (El señor Valls García: Los enterramos.) Esa es la
auténtica realidad, enterrarlos, efectivamente, no tendremos
otra solución.

Lamento que le hagan hacer a usted estos papelones, porque
creo que no está usted en esta onda, pero en fin, lógicamente
obligan mandos, hay que hacer lo que sea necesario y usted
está obligado a hacer el papelón que ha hecho hoy, pero ¡qué
vamos a hacer! En definitiva, creo que usted ha tenido hoy una
suerte importante: le ha salvado el reloj, porque no tenía ya
ningún argumento que poder dar. Ya ve usted en el tono que se
lo digo, y se lo digo, además, preocupado de verdad, porque no
me gustaría oír a los portavoces de cualquier fuerza política,
sean del Partido Socialista o de cualquier otro, conceptos o
criterios que no fueran claros o razones objetivas, pero,
naturalmente, como creo que no las tienen, han de ser eso,
pertinaces en su error. Continúen ustedes que van bien.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




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El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, quiero
indicar que el Grupo Parlamentario Vasco acepta la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Socialista, en el
sentido que viene a aceptar la argumentación expuesta en su
día por este Grupo respecto a que en el título VII del
Proyecto de ley de presupuestos, artículo noventa y cinco,
había que diferenciar el régimen de traspasos en cuanto a
medios materiales, medios financieros y medios personales
establecido en el proyecto de ley de presupuestos, donde se
preveían los criterios objetivos a los que se deberían adaptar
los reales decretos que efectuaron los traspasos
correspondientes a las comunidades del artículo 143 de la
Constitución. No obstante, a través de la enmienda
transaccional, se admite la existencia de regímenes
específicos de financiación, vía convenio con Navarra o vía
concierto en el caso del País Vasco.

Creo que el texto queda claramente mejorado, por lo que el
Grupo Parlamentario Vasco acepta la transaccional propuesta
por el Grupo Socialista. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Tiene la palabra la señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente, intentaré
responder con brevedad.

En primer lugar quisiera decirle al portavoz del Grupo Popular
que, ¡cómo no!, el Grupo Socialista entiende y reconoce la
labor que tienen que hacer los grupos de la oposición, pero
creo que hay una diferencia en la manera de ejercer la
oposición: hay grupos que no aspiran a gobernar y que, por
tanto, pueden permitirse el lujo de ser poco rigurosos, y
otros, los grupos de los partidos que aspiran a gobernar, que
tienen el deber de ser rigurosos. La intervención inicial y la
réplica del Grupo Parlamentario Popular creo que ponen de
manifiesto una posición que no está en consonancia con lo que
podían ser los deseos de ser una alternativa de Gobierno y de
manifestar posiciones responsables.

En cualquier caso, el Grupo Socialista quisiera aprovechar
este turno de réplica para hacer algunas consideraciones
generales sobre los temas que se han planteado, no para hacer
reiteraciones sobre cuestiones que hemos debatidos
exhaustivamente. Nuestro Grupo comparte el deseo que expresaba
el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el
sentido de que el debate presupuestario pueda significar una
contribución a los debates abiertos en relación con los temas
sobre los que estamos reflexionando.

En relación con la financiación local hay que tener muy
presente que estamos en vísperas de una revisión de la Ley de
Haciendas Locales y, aunque afecta solamente a una pieza
financiera de las corporaciones locales, yo creo que es
importante destacar la predisposición de nuestro Grupo, en
consonancia con la posición avanzada por el Gobierno, para
hacer una reflexión más amplia que consideramos necesaria
sobre el balance que arroja la Ley de Haciendas Locales ya
que, a la vista de los problemas que se han manifestado
claramente estos días, podemos convenir en que no es un
balance satisfactorio. Ahora bien, nuestro Grupo entiende que
sería un error enfocar esta reflexión, como entendemos que
viene haciendo el Grupo Popular, exclusivamente sobre una de
las piezas del sistema de financiación de las corporaciones
locales, que es la participación en los tributos del Estado.

Esta pieza financiera representa un 30 por ciento
aproximadamente de los ingresos de estas administraciones
públicas y los problemas de las haciendas locales se derivan
en una mayor proporción de un funcionamiento no satisfactorio
de los tributos propios, que es la pieza fundamental, y sobre
esta cuestión hay que reflexionar. La fuente de financiación
principal recae sobre unos impuestos que son inelásticos y que
sólo se compensan con un incremento de la presión fiscal, y
esto, como SS.SS. saben, tiene un coste. Además ha habido unos
problemas en el desarrollo de lo dispuesto para el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y para el Impuesto sobre Actividades
Económicas suficientemente conocidos.

El Grupo Socialista entiende, por tanto, que hay que afrontar
todos los problemas, así como la cuestión de las atribuciones
competenciales a las corporaciones locales, que es la vía,
señor Ríos, para avanzar en esta distribución ideal del gasto
que nos hemos fijado del 50, 25, 25, que no puede venir de la
mano del recurso a los Presupuestos Generales del Estado sino
de una distribución competencial reconocida a las comunidades
autónomas y con recursos financieros suficientes para atender
a esas competencias. Además, hay que mejorar, corregir y
perfeccionar el mecanismo de participación en los tributos del
Estado para conseguir una participación estable en la misma.

Al Grupo Socialista le parece que centrar la valoración
crítica de la situación actual, como ha venido haciendo el
Grupo Popular, en los problemas derivados de la modificación
de la Ley de Haciendas Locales en relación con la definición
del parámetro del gasto equivalente, que ha estado presente en
todos los debates que hemos tenido en esta Cámara sobre esta
cuestión, es una fijación obsesiva del Grupo Popular, que es
limitativa en la comprensión de los problemas que afectan a
las corporaciones locales y que además supone una cierta
elusión de las responsabilidades del Partido Popular en esta
Cámara y fuera de ella, porque no se puede defender
permanentemente, señor Rajoy, como ha hecho el Grupo Popular,
el incremento de los ingresos de las corporaciones locales y
después poner todo tipo de obstáculos en esta Cámara y fuera
de ella al desarrollo de los tributos propios de las
corporaciones locales.




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La solución a los problemas de estas administraciones públicas
no pasa por reclamar el recurso sistemático a los Presupuestos
Generales del Estado; yo creo que es preciso tener en cuenta
que estamos ante unas administraciones que tienen un grado de
corresponsabilidad fiscal elevado, que hay que seguir
desarrollando su sistema de financiación con un equilibrio
entre la autonomía financiera del gasto y el mantenimiento de
esta corresponsabilidad fiscal y que, por tanto, debemos
entrar en una reflexión sobre los problemas fundamentales, que
son los que afectan a los tributos propios de las
corporaciones locales.

El Grupo Socialista considera --y creo que en ello coincide
con todos los grupos de la Cámara-- que resolver los problemas
que afectan a los municipios y mejorar su sistema de
financiación es una cuestión decisiva en los próximos años,
porque estamos ante unas administraciones públicas que prestan
unos servicios en nuestro país y que además contribuyen de una
manera decisiva a mejorar la calidad de vida de nuestros
pueblos y ciudades. En este punto, el Grupo Socialista
considera que deben acometerse las reformas que van a llevarse
a cabo e invita a todos los grupos de la Cámara a buscar un
consenso para que esta ley cuente con un respaldo mayoritario
y sea una ley que, además de resolver los problemas, logre una
gran legitimidad entre nuestros conciudadanos.

En cuanto a las comunidades autónomas, no voy a insistir en
algunas de las cosas que ya hemos comentado sobre si hay
incumplimientos o no, o sobre la incapacidad del grupo de
trabajo. Yo quiero decir en relación el artículo 15 de la
Lofca que las dificultades de su implementación son
reconocidas por el propio Grupo Popular. Yo quiero recordar
que en el debate de la Ley de Presupuestos de 1993, el Grupo
Popular presentó una enmienda para implementar el artículo 15
de la Lofca, pero no fueron capaces de plantear una enmienda
concreta, colaborar en esa tarea propia de un partido
oposición que quizá quiere ser alternativa y gobernar en
nuestro país; no fueron capaces de presentar una propuesta que
ayudase a resolver las dificultades que plantea --como usted
sabe muy bien-- el desarrollo del artículo 15 de la Lofca.

Porque, primero, hay que determinar qué servicios son
fundamentales. Segundo, hay que analizar cuál es el nivel que
se ha alcanzado en todas las comunidades y, después, ver cómo
nos acercamos a la media en todas las comunidades. No es una
tarea fácil. No es problema de incapacidad del grupo de
trabajo, es el reconocimiento de que no ha sido posible
conseguir estas concreciones y el recurrir a los expertos no
me parece que sea en menoscabo del grupo de trabajo y de la
actividad que ha realizado.

Al portavoz de Izquierda Unida, que le gusta bastante hablar -
-creo que lo ha hecho en varias ocasiones-- de que el sistema
de financiación de las comunidades autónomas tiene
desequilibrios, yo quisiera hacerle algunas reflexiones. Creo
que no se puede enjuiciar el sistema de financiación de las
comunidades autónomas sin hacer un análisis de lo que ha
pasado en nuestro país en estos años. Hemos pasado en diez
años de un Estado totalmente centralista a un Estado
descentralizado, con un nivel de descentralización del 25 por
ciento para las comunidades autónomas, que es un nivel de
gobierno nuevo, que alcanza en este año en los presupuestos
del Estado dos billones de pesetas. Ahora bien, esta
descentralización de recursos no ha podido seguir el mismo
ritmo en la definición del modelo de la hacienda autonómica y
no hay que escandalizarse por ello, porque los países que
estamos tomando como referencia en este modelo de
descentralización del gasto y de creación de unos modelos de
haciendas subcentrales de niveles medios de gobierno, llevan
veinte años en este proceso y continúan perfeccionándolo. Yo
creo que lo que tenemos que hacer en España es ver si
caminamos en la buena dirección; no lo rápido que vamos, sino
si vamos en la buena dirección. Yo creo que caminamos en la
buena dirección, señor Ríos, porque todos los pasos que se han
dado están hechos a partir de la Lofca, de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, que está
demostrando que es una buena ley. Yo creo que es muy
importante destacar, cuando hablamos de esta Ley, que es una
Ley fruto del consenso...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, vaya
terminando.

La señora AROZ IBAÑEZ: ...y, por tanto, yo creo que hay que
seguir avanzando en ese consenso que nos marca la propia
Lofca.

Comprendo que su Grupo pueda desmarcarse del acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque ustedes no
gobiernan en ninguna comunidad autónoma, pero todas las
comunidades autónomas de nuestro país han suscrito el acuerdo
del 20 de enero de 1992 y no creo que sea esta Cámara --aunque
tiene soberanía para ello-- la que tenga que modificar un
sistema que es de consenso para seguir desarrollando todo el
sistema de financiación de las comunidades autónomas que,
además de ir en una línea de mejorar la suficiencia
financiera, mantiene un principio importantísimo que es la
solidaridad. Se pone en duda si lo que se aplica es la
corresponsabilidad fiscal. Cuando llegue a esta Cámara la
propuesta de la incorporación del acuerdo sobre el IRPF
tendremos ocasión de debatir qué es o qué no es la
corresponsabilidad fiscal. Yo quiero decir que estamos
aplicando un sistema que funciona en países federales como
Alemania, como Canadá; en cualquier caso, son unos primeros
pasos. Estamos ante un sistema más razonable y positivo del
que hemos tenido hasta ahora porque se va a combinar



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la autonomía en el gasto con la corresponsabilidad fiscal y la
asunción de mayores responsabilidades en la gestión de los
recursos de estas administraciones públicas en relación a sus
administrados. En relación al Fondo de Compensación
Interterritorial son los mismo criterios sobre la base, señor
Ríos, de los acuerdos que se toman en el Consejo por todas las
comunidades autónomas, en las que lamentablemente ustedes no
gobiernan. Finalmente, el Grupo Socialista quiere expresar,
una vez más, la valoración muy positiva de las normas por las
que se rige el sistema de financiación de las comunidades
autónomas, que son las normas que se aplican en estos
presupuestos, que tienen --insisto-- un amplio consenso y por
esta razón, teniendo en cuenta que estas consignaciones
presupuestarias responden a esas normas de gran consenso, el
Grupo Socialista considera que estos presupuestos deberían
merecer el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Quiero
hacer una brevísima consideración en relación a la
intervención del portavoz de Unión Valenciana. No voy a
insistir en lo que he dicho, pero por si no lo ha entendido,
quiero repetirle que cuando he hablado de esos 7.000 millones
en relación a la financiación incondicional me estaba
refiriendo a la incorporación en la participación en los
ingresos del Estado. Le pediría, señor González Lizondo, que
mañana, con tranquilidad, se leyera el «Diario de Sesiones»,
para que se avergüence de su intervención y de la ignorancia
que manifiesta en relación a los asuntos de la Comunidad
Valenciana. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, voy a utilizar un
minuto de sesenta segundos para contestar a la réplica del
señor Martín, de Coalición Canaria. Quiero manifestar que, de
acuerdo con los datos que nosotros tenemos, facilitados por la
Dirección de Planificación Económica de la Comunidad Autónoma,
la aplicación de la imposición indirecta en el año 1993 está
suponiendo un incremento bastante notable --más de 15.000
millones de imposición indirecta-- con respecto a años
anteriores. En cambio, en los ingresos del Estado del capítulo
II para el año 1993, en los conceptos que nutren ese capítulo
II, la participación de impuestos en la Comunidad Autónoma es
casi insignificante, no obstante, se participa en el 31 por
ciento. Dicho esto, y tal como manifesté anteriormente, el
Gobierno y el Grupo Socialista estará al tanto de esas
conversaciones entre Gobierno y la FEMP, a través de la
Subcomisión de Política Económica, Fiscal y Financiera, para
que esos acuerdos adoptados, que dicen que los ayuntamientos
canarios deben participar en un porcentaje superior, aunque no
especifica si incrementando la dotación del Fondo o
detrayéndolo de la aportación común, en esos acuerdos, que han
de plasmarse en una norma legal que ha de aprobar esta Cámara,
el Grupo Socialista está dispuesto y va a estudiar un
incremento de la participación de los ayuntamientos canarios.

No se preocupe, señor Martín, porque la disminución del APIM
empezará a partir del año 1996. Por tanto, hay tiempo de
resolver este tema para incrementar esa participación. Nada
más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
del título VII, junto con el de las secciones 32 y 33, vamos a
pasar a debatir las enmiendas presentadas al título VIII.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández-
Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, damos
por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
al título VIII, tal y como puso de manifiesto el señor Núñez
en el debate del título III. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda. Tiene la palabra el señor Ríos, por el
Grupo de Izquierda Unida, para defender sus enmiendas al
título VIII.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve
puesto que mantenemos tres enmiendas a este título que tiene
tres capítulos. Nuestras enmiendas van encaminadas a dirigir
la reordenación de organismos autónomos y entidades públicas,
que el Gobierno se propone realizar durante el próximo
ejercicio, en base a unas pretendidas razones políticas.

Nosotros creemos que la supresión de un organismo autónomo o
de cualquier entidad pública, una empresa pública o un
organismo comercial, debiese debatirse en la Cámara, puesto
que hace referencia de manera importante a los objetivos que
el Gobierno ha planteado a la hora de proponer y aprobar los
presupuestos. En todo caso, nuestro objetivo no es oponernos a
ello, no queremos poner piedras o granicos de arena a la
maquinaria de la toma de decisión del Ejecutivo, sino que esa
decisión, una vez planteada y aprobada por el Consejo de
Ministros, venga a esta Cámara para ser tramitada y podamos
ser conocedores de la misma todos los grupos políticos y así
dar nuestra opinión antes de tomarse la decisión y no después,
puesto que podemos obtener cualquier tipo de información.

La segunda enmienda pretende incorporar al Capítulo II,
artículo noventa y ocho, que habla del Instituto



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de las Fuerzas Armadas y propone la compensación económica que
favorece el Real Decreto 1.751 del Instituto de la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, al final del segundo párrafo, lo
siguiente: «...respetando en todo caso los derechos de tanteo
y retracto de los inquilinos y arrendatarios». En cualquier
caso, lo que pretende la enmienda es, puesto que la viviendda
ha podido ser cedida a una determinada persona, una garantía
para los inquilinos que puedan encontrarse ahora mismo en las
viviendas del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

La última enmienda hace referencia al artículo 100,
concerniente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Nosotros creemos que habría que meditar más sobre
cual va a ser el sentido y cómo va a funcionar, y no nos
parece bien que, vía presupuestos, de rondón, se nos metan
estas actuaciones. En todo caso, nosotros entendemos que
cualquier actuación de este tipo se puede medir en función de
resultados, y siempre que se utilizan los resultados echamos
manos a mediciones estadísticas. Como antes no me ha salido
bien el ejemplo que he puesto referente a la estadística, voy
a poner otro más ajustado. El primer ministro de la Reina
Victoria, Disraeli, decía que había tres formas de mentir:
una, la mentira pequeña y cotidiana; dos, el perjurio, mentir
ante la ley; y tres, la estadística. Dicho sea esto con el
respeto que nos merecen los profesionales de la estadística,
que son los primeros que reconocen esto. De todos modos, es
verdad que sí funciona para medir parámetros intermedios de
cualquier actuación. Esperemos que el funcionamiento de esta
Agencia Estatal de Administración Tributaria nos pueda
demostrar lo distante que ha sido la realidad de las dudas que
tenemos en un principio acerca de esta puesta en marcha, no
por la puesta en marcha en sí, sino por la forma en que se va
a producir. Estos son los objetivos de nuestras enmiendas, que
nosotros damos por defendidas y, en función de la defensa que
haga del propio dictamen de la Comisión el portavoz del grupo
mayoritario, podremos precisar mejor nuestra posición en la
réplica.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Para un turno en contra, en nombre del Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Pérez.




El señor PEREZ GONZALEZ: Señor Presidente, creo que el hecho
de que el Grupo Popular defendiera sus enmiendas en el Título
III va a dar una cierta facilidad en esta larga sesión de
presupuestos.

Aprovecho también la oportunidad para dar respuesta a
Izquierda Unida, esta vez en exclusiva, porque es el único
Grupo que mantiene enmiendas. El año pasado estuve encargado
de este título y me parece que las enmiendas que acaba de
defender el señor Ríos ya fueron planteadas en el ejercicio
anterior. Voy a tratar de no repetir mis argumentos más allá
de lo necesario. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En cuanto a su enmienda 1.336 y la supresión del artículo
noventa y siete, he oído del señor Ríos palabras diferentes,
incluso complementarias, de la justificación que hacen en la
enmienda. Por eso, parece innecesario tener que acudir aquí al
amparo constitucional, a la legalidad que tiene el Gobierno
para poder transformar o suprimir organismos. A pesar de todo,
creo que se siguen manteniendo reticencias, sobre todo en lo
que hace al control parlamentario de esta facultad que la ley
otorga al Gobierno. No tenga temor el señor Ríos, porque al
final del precepto, en el artículo noventa y siete, se
establece esa dación de cuentas del Gobierno. Además, como ya
se ha expuesto en otras peticiones de información y control,
nada obsta para que, en aras de la libertad que tiene la
Cámara y los propios grupos, se reclame cuando sea
conveniente. Creo que está explícita la voluntad del Gobierno,
en esta materia tan importante, de ser sometido al control, de
poder presentar un plan en tiempo oportuno y que esta Cámara
lo conozca suficientemente.

La segunda cuestión, que tiene que ver con el Instituto de la
Vivienda de las Fuerzas Armadas, también fue planteada el año
pasado. Me parecía que ésta era una petición que tenía su base
y era digna de ser estudiada. Debo decir al señor Ríos que
esta petición, en lo que tiene que ver con los inquilinos que
puedan estar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, no es
de aplicación. Por tanto, estando a favor del derecho de
tanteo y de retracto, y estando el Instituto de la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, como el primero, al cumplimiento de esos
derechos, cuando no se da esa sujeción a la Ley de
Arrendamientos Urbanos este derecho no entra en ese ámbito de
aplicación. A la segunda parte de su enmienda, en la que hace
la petición de que no se exceda de los precios máximos de la
VPO, he de decirle que, respecto a las viviendas que tienen
esa naturaleza jurídica, el Gobierno y el Instituto de la
Vivienda de las Fuerzas Armadas están al cumplimiento de ese
precepto, como no podía ser de otra manera.

En lo que se refiere a la última enmienda, la 1.340, su
planteamiento es bastante genérico porque en su motivación
dicen que hay que reflexionar sobre este sistema. Pues bien,
además de reflexionar, hay que estudiar en firme cuál ha sido
la práctica y el operativo de la Agencia, porque no es la
primera vez que se aplica. Debo decirle que el comportamiento
es satisfactorio. Por tanto, en uso de esa facultad que tienen
los entes públicos para realizar estas actuaciones, que se
hacen buscando motivos de mayor eficacia y economía como se
explicitan en su enmienda, se consiguen mayores grados de
eficacia y economía. Por tanto, esta es la reflexión, en este
ámbito donde están ustedes, que yo les traslado.




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Y concluyo, porque se deriva de mi explicación, que no procede
aceptar ninguna de las tres enmiendas de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.

El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Brevemente, señor Presidente, la
argumentación que ha dado el Grupo mayoritario se ha
circunscrito, por lo menos, a las iniciativas. Me tengo que
alegrar de que por primera vez esta mañana podamos discutir en
función de razonamientos que se dan a propuestas concretas.

Por primera vez estamos haciendo política en el sentido más
estricto de la palabra: solución de problemas concretos.

Usted nos dice que en la primera propuesta --que es
tradicional, la hemos hecho otros años-- el objetivo está
cubierto puesto que cualquiera que sean las propuestas que
haga, bien transformando un organismo, suprimiéndolo o
refundiendo algunos, el Gobierno dará cuenta, a las Cortes de
las medidas tomadas, según diceel texto de la ley. Pero,
fíjese, dará cuenta, ¿cuándo? ¿Cuándo ya esté en marcha?
¿Cuándo ya esté hecha la modificación presupuestaria? Porque
aunque parezca que no estamos hablando de números, sí hablamos
de números: hay que trasvasar recursos, hay que modificar
actuaciones, etcétera. Nuestra propuesta garantizaría que la
discusión de esa adecuación se hiciese previamente a que se
tome la decisión, a que se ponga en funcionamiento. Conforme
está en el texto del Gobierno podría venir a los tres meses, a
los seis o a los ocho, cuando estimara oportuno. Usted, muy
hábil --lo que le caracteriza--, dice: Ustedes lo pueden pedir
también, cualquier grupo puede tomar la iniciativa
parlamentaria para que esto se pueda cumplir. Muy bien, la
estamos tomando ya. Si por ley está obligado nos ahorramos
gastar después nuestras iniciativas parlamentarias. En la
segunda enmienda me dice usted una especie de sí, pero. La
propuesta es buena, la iniciativa en parte puede ser asumida
pero, de todas formas ya está. Por un lado, no tendremos
ninguna posibilidad en el sentido de que los que estén
acogidos al régimen general no van a poder acogerse y, por
otro lado, las actuaciones al VPO, ésas sí. Yo le revierto la
situación. Lo que abunda no daña; si esto está y se recoge
tampoco perjudica. En todo caso, sería motivo, para
transaccionar, matizar las cosas, porque yo acepto que puedan
ser matizadas, no para no aceptarlas. Lleva usted razón en la
parte final, cuando hablamos de la puesta en marcha de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si nos agarramos
a la terminología tal cual está podemos llegar a una
conclusión equivocada. Nosotros decimos que antes de ponerla
en marcha, antes de hacer funcionar lo que ustedes nos
proponen aquí como una sociedad estatal o un ente público,
debiéramos profundizar más en cómo hacerlo y en qué realidad.

Usted dice: Ya hemos estudiado, tenemos unas experiencias
piloto, queremos comprometernos en mayor eficacia y mayor
economía, y podremos hacerlo de partida. Yo acepto ese
argumento, pero usted entiende que lo que nosotros queríamos
decir es que no lo hagamos ya y ahora --argumento que se ha
utilizado para muchas cosas--, profundicemos, y no pasa nada
porque se ponga en marcha en el mes de febrero o en el mes de
marzo. Ustedes se han autorizado en el punto 1.º para poder
hacerlo. En cualquier caso, nuestro objetivo es facilitar
niveles de conocimiento mayor, niveles de concreción mayor que
nos posibiliten apoyar la puesta en marcha, pero además usted
sabe que hay otros sistemas que se van a ver afectados en la
puesta en marcha de la Agencia Tributaria, incluida la
participación en ella de determinadas administraciones que no
son solamente la del Estado. Espero haber dado las razones
suficientes para mantener nuestras propuestas, que no quiere
decir que sean de confrontación sino de acercamiento en la
opinión que tiene nuestro Grupo a las propuestas del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

El señor Pérez tiene la palabra.




El señor PEREZ GONZALEZ: Observo que el representante de
Izquierda Unida ahora no ha tenido que hacer alusión a las
estadísticas, por fortuna, porque además le oí en la tribuna
que a él le tocaba la parte del enfermo, que es la peor parte.

Por tanto, me congratulo de que no tenga que apelar nuevamente
a este ejemplo. En cuanto a la tercera enmienda, parece que en
el grado de reflexión se mueve la cuestión.

Sobre la primera, respecto de plazos y formas hay un hecho muy
relevante que tiene que ver con este título VIII y son los
compromisos del programa de Maastricht. Debo decir al señor
Ríos que ya se presentó este documento, en uno de cuyos
apartados más importantes, como es el de la reducción del
número de organismos públicos, se da cuenta con largueza de
las acciones emprendidas y se cuantifica el grado de
transformación, supresión, desaparición de organismos,
economía, etcétera. Está en la voluntad del Gobierno seguir
rindiendo cuentas sobre el Plan de Convergencia. Por tanto, si
en los meses de febrero y marzo de 1993 obra ese documento, es
previsible que sea así también en 1994 y que suscite en la
Cámara, en las Comisiones o en el Pleno, todos los debates
necesarios. Por consiguiente, ninguna preocupación en exceso
porque estas garantías no se cumplan.

Respecto de la enmienda que tiene que ver con el Instituto de
la Vivienda de las Fuerzas Armadas, estos derechos no se
mueven en el aire, sino que los propios inquilinos afectados
ya interpusieron un recurso a la



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sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó el 16 de marzo
de 1992 que nunca han sido de aplicación, en las cesiones de
uso de las viviendas militares, esos derechos de tanteo y
retracto. No es una cuestión en abstracto, sino concreta, y
existe sentencia del Tribunal Supremo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Habiéndose retirado la enmienda número 1.226, del Grupo de
Coalición Canaria, pasamos al debate correspondiente al título
IX.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra el señor Peralta. Recuerdo a
SS.SS. que la ordenación del debate se refiere sólo al Título
IX, con exclusión de la Sección 60.




El señor PERALTA ORTEGA: Agradezco, señor Presidente, ese
recordatorio y sobre la base del mismo voy a defender las
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya correspondientes a los números 1.341
a 1.348.

Parece oportuno, señor Presidente, explicar la filosofía que
se encuentra tras este conjunto de enmiendas presentadas por
nuestro Grupo y que en este momento defiendo. Todas SS.SS.

conocen perfectamente que la Seguridad Social atraviesa un
momento difícil. Como consecuencia de la crisis económica,
estamos asistiendo a un proceso de destrucción de empleo que
conlleva una pérdida del número de cotizantes a la Seguridad
Social y, simultáneamente, un incremento en el número de
beneficiarios de las distintas prestaciones de la misma. Ello
está produciendo una situación de dificultad financiera a la
Seguridad Social y en torno a la misma se han producido
distintas posiciones; posiciones que plantean como objetivo
prioritario recortar prestaciones de la Seguridad Social y
posiciones, como la de nuestro Grupo, que plantean como
objetivo prioritario dotar a la Seguridad Social de los
recursos suficientes. Esta es, señorías, la filosofía que se
encuentra tras este conjunto de enmiendas que, por una parte,
pretenden adecuar las bases de cotización en el año 1994 a lo
que es la previsión de salarios reales en dicho año 1994. En
este sentido, hay que profundizar en ese proceso que se conoce
en la jerga sindical como destopar las bases máximas de
cotización de la Seguridad Social, para conseguir que las
mismas se acerquen a los salarios reales. El segundo bloque de
enmiendas de nuestro Grupo va dirigido a conseguir que las
horas extraordinarias tengan unos tipos de cotización
adecuados a la realidad de una situación de empleo, gravemente
difícil en nuestro país, que hace más difícilmente asimilable
la realidad de estas horas extraordinarias. Por tanto,
planteamos un incremento de los tipos de cotización sobre las
horas extraordinarias. Finalmente, señorías, pretendemos que
el tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial se eleve
en el año 1994, en el que previsiblemente este organismo va a
sufrir la crisis de empleo que de manera tan dramática estamos
sufriendo en el año 1993. Hay que tener en consideración que
al Fondo de Garantía Salarial se llega una vez que se han
tramitado las reclamaciones frente a las empresas y se ha
producido la declaración judicial de insolvencia de las
empresas, es decir, con retraso en relación con la destrucción
de empleo. Por tanto, es previsible que sea en el año 1994
cuando el Fondo de Garantía Salarial acuse directamente el
impacto de destrucción de empleo que estamos viviendo de
manera tan aguda en este año. Pretendemos que en el año 1994
el Fondo de Garantía Salarial esté dotado de los recursos
adecuados para poder atender --insisto-- las obligaciones que
legalmente tiene asignadas, que recuerdo a SS.SS. que sólo son
una parte de las deudas contraídas por los empresarios en
relación con los trabajadores. Estas son las enmiendas que
presenta nuestro Grupo. Celebramos que esta filosofía de
fondo, planteada por el Grupo de Izquierda Unida, que es dotar
inicialmente a la Seguridad Social de los medios adecuados y,
posteriormente, plantear las adaptaciones que sean correctas y
adecuadas a la situación de crisis sea aceptada finalmente por
el Gobierno, a tenor de las posiciones planteadas por el mismo
a finales de la semana pasada en que retiró parte de sus
medidas de recorte al desempleo y planteó, simultáneamente, un
incremento del tipo de cotización para el desempleo. Nos
parece que ese cambio en la posición del Gobierno va en la
línea correcta. Por tanto, celebramos que se produzca ese
acercamiento a lo que han sido las posiciones de Izquierda
Unida. Desearíamos que en estos puntos concretos que no hacen
referencia al tema del desempleo también se produjera ese
acercamiento y pudiéramos votar conjuntamente estas enmiendas.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor
Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Mi Grupo ha presentado a este bloque sistemático dos enmiendas
que fueron objeto ya de debate prolijo en Comisión, y no voy a
destinar, señor Presidente, mucho tiempo a la defensa de las
mismas. Se pretende corregir dos disfunciones, señor Cercas,
que incorpora el artículo ciento uno, número cuatro, de la ley
de presupuestos. Estas disfunciones consisten, en primer
lugar, que a los empresarios, directivos sobre todo de
pequeñas y medianas empresas, afiliados al régimen de
autónomos de la Seguridad Social --sabe usted que el número
cuatro se titula Régimen General y Régimen



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de Autónomos--, a los cuales la Administración de la Seguridad
Social desafilia ex officio, desafilia contra su voluntad,
desafilia del régimen general unilateralmente y les afilia
obligatoriamente al régimen de autónomos, no se les aplique a
estos trabajadores afiliados a este régimen especial, a estos
directivos y empresarios de pequeñas y medianas empresas la
limitación de opción, la limitación de bases de cotización que
incorpora, a su vez, el número dos del mismo artículo ciento
uno. Lo contrario es incorporar una reforma de la protección
de este colectivo de trabajadores regresiva. No voy a dar la
paliza a SS.SS. sobre el concepto de regresividad, que
reiteradamente nuestro Grupo defiende en esta institución,
Congreso de los Diputados, pero me gustaría que lo
considerasen. Se trata de una enmienda cuantitativamente casi
irrelevante y que corrige una disfunción que puede tener
incluso problemas de constitucionalidad y que afecta sobre
todo, señor Cercas, a empresarios, directivos de pequeñas y
medianas empresas que vienen siendo objeto de una situación de
recesión económica de desempleo tan profunda como ésta de
especial consideración.

La segunda disfunción que mi Grupo pretende corregir afecta a
los trabajadores, directivos y empresarios también afiliados
al régimen de autónomos de la Seguridad Social que tengan
entre 49 y 55 años. Esta ley de presupuestos --el artículo
ciento uno, número cuatro-- impide a estos trabajadores entre
49 y 55 años que opten por algo por lo que legítimamente
podían optar anteriormente, hasta la vigencia en su caso de
este precepto, artículo ciento uno, número cuatro, que opten
si ellos quieren, si así lo desean, por la base máxima de
cotización prevista en el régimen de autónomos de la Seguridad
Social. Entendemos que de alguna forma la expropiación, la
interdicción de este derecho que les correpondía hasta ahora -
-derecho, por otra parte, legítimo que no suponía
cuantitativamente un mayor gasto para la financiación del
sistema-- supone también una reforma regresiva y que, además
de regresividad puede incidir en otro problema de
constitucionalidad diferente, el de retroactividad;
retroactividad que en este momento veta la propia Constitución
en su artículo 9.3 en cuanto a los derechos que resulten menos
favorables, a los derechos más limitativos. Señor Presidente,
estas son las dos enmiendas que presenta nuestro Grupo
Parlamentario. Entendemos que por la sensibilidad del Grupo
Socialista podemos tener fundadas expectativas de que sean
objeto de la adecuada y ponderada consideración. Son enmiendas
sin repercusiones notables cuantitativamente en los gastos de
financiación del sistema de Seguridad Social, y son enmiendas
que atienden a la singular situación de directivos, de
empresarios, de trabajadores de pequeñas y medianas empresas
cuya capacidad de resistencia, desde la perspectiva del
empleo, a los envites de la rescisión económica debe ser
objeto de una consideración muy ponderada por esta
institución.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.

Terminaba su intervención el señor Olabarría señalando que
tenía fundadas expectativas de que las dos enmiendas del Grupo
Vasco, PNV, fuesen bien recibidas por el Grupo Parlamentario
Socialista, y no se equivocaba en este sentido. El señor
Olabarría decía --y decía bien-- que sus enmiendas estaban
bien argumentadas, y es posición de nuestro Grupo que lo
razonable sea objeto de debate y sea objeto de apoyo o, en su
caso, como diré ahora, de transacción cuando veamos que las
soluciones que se pueden ofertar por la vía de la transacción
son más funcionales, incluso, para lo que pretende el propio
Grupo enmendante. Así, señor Presidente, anuncio ya, desde
ahora, que el Grupo Parlamentario Socialista votará
afirmativamente la enmienda 1.201, defendida por el señor
Olabarría, y que a la enmienda 1.200 ofrecemos una transacción
que haré llegar a los servicios de la Mesa, a los letrados,
para que pueda ser conocida por la Cámara. Consiste
básicamente nuestra posición en defender, de fondo, el
concepto que pretende amparar la enmienda del Grupo Vasco, en
el sentido precisamente de dar la oportunidad, en un plazo
razonable de tres meses, para que aquellas personas que van a
tener la necesidad de elegir una base de cotización que en el
tramo último de su disponibilidad lo puedan hacer. Esto lo
votaremos afirmativamente. En cuanto a la enmienda de
transacción ofreceremos la posibilidad al Grupo Nacionalista
Vasco de que en el «Boletín Oficial del Estado» vea cubierta
su expectativa de que los directivos de estas empresas, que
son llevados de oficio al régimen de trabajadores autónomos,
puedan mantener las bases de cotización que tenían en el
régimen preexistente. Creemos que la redacción de la enmienda
del Grupo Nacionalista Vasco incluso va mucho más allá porque
les puede permitir un derecho superior al que traían del
régimen de inicio, y de ahí la transacción. En todo caso,
tengo la impresión de que ya conocen algo esta enmienda de
transacción y que tenemos una identidad de propósito y de
soluciones técnicas. En cuanto a las enmiendas que plantea
Izquierda Unida, no vamos a aceptarlas, pero no porque no
estemos de acuerdo con la filosofía que ha expresado el
portavoz de este Grupo, señor Peralta. También nosotros
creemos que la Seguridad Social está en unas situación difícil
y que justamente en situaciones como la actual



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no es momento de recortar derechos a los trabajadores sino, en
todo caso, de acudir a subvenir las necesidades financieras
del sistema para que pueda seguir cubriendo las finalidades
protectoras, que son su razón de ser. Lo que ocurre es que,
aun estando de acuerdo con esta filosofía, nos parece que sus
enmiendas nos conducirían a un camino equivocado en la
resolución de estos problemas. En primer, lugar, no nos parece
que estas enmiendas supongan ninguna mejora para el gran
objetivo común, creo, de todas las fuerzas de la izquierda en
Europa y en España: la generación de empleo, en cuya base
estará la resolución precisamente de los problemas
financieros. Sinceramente creemos que incrementar la carga
contributiva que tienen las empresas españolas, en este
momento, en el sistema de la Seguridad Social no es funcional
para la creación de empleo. Pensamos además, señor Peralta,
que si esta razón no fuese suficiente, lo cierto es que sus
enmiendas tendrían consecuencias quizá no queridas por su
propio Grupo Parlamentario, puesto que junto a la indudable
mejora de los recursos del sistema, en unas cifras en todo
caso modestas, acarrearía en paralelo obligaciones para el
sistema de la Seguridad Social, de modo que la ecuación coste-
beneficio no estaría tan claramente en la dirección del
beneficio, tal como ha expresado S.S. Respecto a las otras dos
enmiendas que se refieren a incrementar el tipo de cotización
por las horas extraordinarias, le daría, señor Peralta,
argumentos parecidos a los que tuvimos ocasión de comentar en
Comisión. No voy a ser reiterativo, pero comprenda S.S. que en
lo que se refiere a las horas extraordinarias de carácter
urgente, por razones de fuerza mayor, no parece congruente que
se penalice precisamente cuando esas horas extraordinarias
nada tienen que ver con el reparto de empleo, que parece ser
la base de la justificación de sus enmiendas. Respecto a la
generalidad de horas extraordinarias, telegráficamente le diré
que la capacidad recaudatoria es muy escasa (puede usted verlo
en el Informe económico-financiero) y que, por otra parte, en
este momento creo que hay foros más adecuados donde este tipo
de debates, que sí tienen alguna relevancia en cuanto que se
incardinan en el debate general del reparto de trabajo
disponible, podrían tener lugar con una tranquilidad mayor,
con una posición mucho más rica de matices, y no le oculto que
nuestro Grupo vería con enorme satisfacción también que en
nuestro sistema de relaciones laborales se produjeran muchas
menos horas extraordinarias de las que en este momento se
realizan. Pero créame, señor Peralta, que deberá ser
conseguido por otras vías más sofisticadas que la del mero
incremento de la cotización a la Seguridad Social.

En cuanto al tipo del Fondo de Garantía Salarial, también
coincido con su preocupación, pero le reitero lo que ya le
comentamos en Comisión. Nos parece que es una preocupación
lógica pero quizás prematura, puesto que el Fondo de Garantía
Salarial aún está en un equilibrio económico-financiero que
hace no deseable incrementar su cotización, al menos, desde el
punto de vista de que sea necesario para que cubra con la
finalidad de protección que hoy el ordenamiento jurídico le
reserva.

Nada más. Mucha gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Cercas, por su razonada contestación a las
enmiendas presentadas por nuestro Grupo. Comenzando por la que
ha comentado en último lugar, la del Fondo de Garantía
Salarial, quisiera decirle al señor Cercas que en las
comparecencias de altos cargos de la Administración para
tratar la ley de presupuestosya se nos reconoció que este
propio año 1993 posiblemente el Fondo de Garantía Salarial
termine el ejercicio con déficit; para el próximo año 1994 es
previsible, por el mecanismo de funcionamiento de este
organismo, con retraso en relación con la destrucción de
empleo, que ese déficit se pueda incrementar. De ahí, por
tanto --insistimos--, la pertinencia de una enmienda concreta
de nuestro Grupo que hace referencia sólo al tipo de
cotización de cara al Fondo de Garantía Salarial y de un
incremento que va del 0,4 por ciento al 0,6 por ciento, por
tanto, con una influencia muy relativa sobre el costo de la
mano de obra e indirectamente sobre el empleo.

En relación con las horas extraordinarias, celebro que el
Grupo Socialista se manifieste cercano a las posiciones de
nuestro Grupo en relación con el debate en torno al reparto
del trabajo, que es efectivamente el fondo que justifica este
tipo de enmiendas. Quisiera precisar al portavoz socialista
que hace referencia a las horas extraordinarias motivadas por
necesidades urgentes y en este sentido dice que no parece
oportuno gravar esas horas extraordinarias. Las enmiendas de
nuestro Grupo, señor Cercas, hacen referencia a todas las
horas extraordinarias, unas y otras. Por tanto, no nos parece
que referirse sólo a las urgentes sirva para desmontar la
pretensión de nuestro Grupo en relación con las horas
extraordinarias. Finalmente, cuando hablamos de destopar las
bases máximas de cotización es evidente, señor Cercas, que con
esto sí que se produciría una mayor carga de cotización social
para las empresas. Pero, ojo, empresas que en este momento,
como consecuencia de ese tope de la base máxima, no pagan
sobre una parte de los salarios que retribuyen a los
trabajadores. En ese sentido terminaríamos con una
discriminación que tienen esas empresas de que una parte de su
carga salarial no cotiza



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a la Seguridad Social. Lo que haríamos simplemente sería
igualarlas al conjunto de empresas que pagan por toda su
nómina a la Seguridad Social y dotar de más recursos a la
Seguridad Social. También estamos hablando de una parte de
retribuciones que cabe pensar, lógicamente, que es pequeña y
de una parte de retribuciones cuya incidencia en las
prestaciones es a su vez muy pequeña, porque nuestro Grupo,
como ya tuvo ocasión de recordar al señor Cercas, mantiene los
topes máximos de prestaciones.

Por todo ello, señor Presidente, insisto en que nuestroGrupo
vería con particular agrado que la coincidenciaen filosofía
que afirma el Grupo Socialista se tradujera también en la
coincidencia en votar estas enmiendas. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Intervengo para manifestar, en primer lugar, en nombre de mi
Grupo, que aceptamos la transacción que nos ofrece el Grupo
Socialista. Y en segundo lugar, a modode conclusión, para
manifestar nuestra satisfacción al comprobar que nuestras
expectativas eran verdaderamente tan fundadas en cuanto a las
posibilidades de aceptación de esta enmienda. Simultánea y
simétricamente, señor Presidente, mostrar nuestra desazón
porque otras enmiendas de mi Grupo con igual fundamento
intelectual y conceptual no han sido objeto de la misma
consideración. Gracias, señor Presidente



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.

Quiero decir al señor Olabarría que no le quepa la menor duda
de que si esas otras enmiendas hubieran estado tan bien
fundamentadas también habrían sido objeto de aceptación por el
Grupo Socialista.

Al señor Peralta quiero decirle que aunque en este trámite, y
en este momento, el Grupo Parlamentario cuya representación
ostento en este debate no cree oportuno ni coherente que
produzcamos esas subidas de tipo, puesto que creemos que no
apoyaría en nada la finalidad última que pretende su Grupo, no
le debe llevar a dudar que, en un momento determinado, si
hubiera necesidad de dotar bien sea el Fondo de Garantía
Salarial, bien sea la Seguridad Social, con recursos
adicionales para que mantuviese el nivel de protección
actualmente existente, no le quepa la menor duda, repito,
señor Peralta, de que o ustedes apoyarían iniciativas en este
sentido del Gobierno o del Grupo Socialista o nosotros no
tendríamos ningún inconveniente en apoyar tales iniciativas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.

Concluido el debate de esta sección, vamos a proceder a las
votaciones de las secciones debatidas a lo largo de la mañana.

Votaciones correspondientes al Título VI.

Enmiendas del Grupo Popular al Título VI. (El señor Fernández-
Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos que las enmiendas que corresponden a
la deflactación de la tarifa de la declaración de la renta,
que son las números 358 y 360, se voten separadamente del
resto.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas 358 y 360, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 335; a favor, 165; en contra, 166; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.)
Restantes enmiendas del Grupo Popular. ¡Silencio, señorías!
Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 142; en contra, 172; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda pide la
palabra.)
El señor Fernández-Miranda tienen la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos votación de las enmiendas números
1.309, 1.310, 1.312, 1.322, 1.324 y 1.325 en un bloque,
separadas del resto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Enmiendas números 1.309, 1.310, 1.312, 1.322, 1.324 y 1.325,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 160; en contra, 175; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 335; a favor, 18; en contra, 310; abstenciones,
siete.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 335; a favor, 141; en contra, 175; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 336; a favor, 149; en contra, 171; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández-
Miranda pide la palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos la votación separada de las enmiendas
1.217 y 1.216.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, ¿solicita
votación separada de cada una de las dos enmiendas?
(Asentimiento.)
Votación relativa a la enmienda número 1.216, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 335; a favor, 12; en contra, 172; abstenciones, 151.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1.217, del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 336; a favor, 150; en contra, 171; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación correspondiente al dictamen del Título VI.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 173; en contra, 159; abstenciones,
cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votaciones correspondientes al Título VII y a las Secciones 32
y 33. Enmiendas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 145; en contra, 175; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos votación separada de la enmienda 1.530
y luego el resto.




El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda 1.530 del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 336; a favor, 19; en contra, 173; abstenciones, 144.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 161; en contra, 176; abstenciones,
dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 150; en contra, 172; abstenciones, 17.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.

Comienza la votación (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, cuatro; en contra, 181; abstenciones,
152.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 1.195,
del Grupo Vasco (PNV), referida a su vez al artículo noventa y
cinco del texto articulado. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones,
151.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) a la Sección
32. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 23; en contra, 297; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación correspondiente el dictamen del Título VII y de las
Secciones 32 y 33. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide
la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito votación
separada del texto del dictamen de las Secciones 32 y 33.




El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al dictamen del
Título VII. Entiendo, señor Fernández-Miranda, que las dos
Secciones se pueden votar conjuntamente.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Separadamente.




El señor PRESIDENTE: Título VII.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 170; en contra, 163; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votación correspondiente al dictamen de la Sección 32.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 177; en contra, 161.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Dictamen de la Sección 33.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 317; en contra, 17; abstenciones,
tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votaciones correspondientes al Título VIII.

Enmiendas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 147; en contra, 173; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 17; en contra 175; abstenciones, 145.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación relativa al dictamen del Título VIII.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 177; en contra 145; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votaciones correspondientes al Título IX.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 20; en contra, 175; abstenciones, 143.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1.201 del Grupo Vasco (PNV). (El señor Peralta Ortega
pide la palabra.) Señor Peralta.




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El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

En relación con las enmiendas 1.200 y 1.201, creemos que se
han hecho ofertas de transacción por parte del Grupo
Socialista y no conocemos su texto.




El señor PRESIDENTE: El texto concreto en el que se contiene
la transacción explicada durante la intervención del señor
Cercas es del siguiente tenor: Añadir un párrafo al número
dos, del apartado cuatro, del artículo ciento uno, con la
siguiente redacción: Cuando el alta en el Régimen especial de
trabajadores por cuenta propia o autónomos se haya practicado
de oficio por la Administración de la Seguridad Social como
consecuencia de una baja de oficio en un régimen de
trabajadores por cuenta ajena, el interesado podrá optar entre
mantener la base por la que venía cotizando con anterioridad o
por la base que resulte de aplicar las normas generales
establecidas en el Régimen de autónomos.

Enmienda 1.201 del Grupo Vasco (PNV.).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 338; en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Risas.).

Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 1.200 del
Grupo Vasco (PNV.).

Comienza la votación (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 320; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación relativa al dictamen del Título IX.

Comienza la votación (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 319; en contra, tres; abstenciones,
16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Debate correspondiente a las disposiciones adicionales,
transitorias, finales y anexos. Enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Peralta.

El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, permítanme que, en aras a la brevedad, defienda
desde el escaño las enmiendas de nuestro Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, presentadas a las
disposiciones adicionales, transitorias y finales. Es
tradición en el debate parlamentario de los presupuestos
generales que este apartado funcione como un cierto cajón de
sastre donde se recogen las distintas posiciones de los grupos
parlamentarios en temas que tienen incidencia presupuestaria.

Por tanto, señorías, nuestro Grupo, en relación con este
apartado, ha presentado las enmiendas que van desde la número
1.350 a la 1.384, y voy a defenderlas centrándome en aquellas
que en estos momentos consideramos más relevantes.

En primer lugar, hay un tema que tuvo resolución en la
anterior legislatura, precisamente en el trámite de los
Presupuestos Generales del Estado, cual es el tema de las
indemnizaciones en favor de los represaliados políticos.

Nuestro Grupo manifestó entonces su disconformidad con
determinados criterios restrictivos que se contenían en su
regulación. En estos momentos, en la discusión del proyecto de
ley relativo a los presupuestos del año 1994 presentamos una
enmienda por la que creemos que debe procederse a la supresión
de aquellos aspectos que, en nuestra opinión, resultan más
hirientes de aquella normativa que en su día aprobó el
Parlamento como es la exigencia de 65 años de edad al 31 de
diciembre de 1990 y la exigencia de que el plazo máximo de
presentación de las solicitudes fuera precisamente el de 31 de
diciembre de 1990 y planteamos su sustitución por el de 31 de
diciembre de 1994. Nos parece que la posición que mantenemos
en relación con esta normativa es equilibrada y tiende a
eliminar, por una parte, aspectos de esa regulación que están
hoy sometidos al Tribunal Constitucional mediante diversos
recursos de inconstitucionalidad planteados por tribunales
superiores de justicia de distintas comunidades autónomas, y,
por otra pretende abrir el plazo de presentación de
solicitudes que, de una manera excepcional en nuestro conjunto
normativo en el Derecho español, se estableció en un plazo tan
corto como el de 31 de diciembre de 1990, teniendo en cuenta
que la Ley de Presupuestos del año 1990 se aprobó a mitad de
ese año. También tenemos enmiendas sobre temas relacionados
con la igualdad. Por lo que se refiere a la mujer, proponemos
la creación de una Secretaría de Estado para la Mujer, la
creación de un fondo de garantía para pensiones alimentarias,
compromiso al que reiteradamente ha aludido el Gobierno que
hasta la fecha no ha sido objeto de plasmación real y que
constituye una necesidad evidente. Muy recientemente nos
encontrábamos con noticias que hablaban de que un porcentaje



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muy elevado de las pensiones alimenticias resultaban
incumplidas, y este es un tema que merece una solución de
carácter político, sin perjuicio de su tratamiento a nivel
judicial. El Gobierno ha manifestado ya en alguna ocasión su
posición favorable al fondo de garantía de pensiones
alimenticias y nuestro Grupo pretende que, en esta ley de
presupuestos, se contenga la previsión para que su viabilidad
sea una realidad normativa en el próximo ejercicio. En el
mismo sentido, apuntamos la necesidad de que, por parte de
esta Cámara, se emplace al Gobierno para avanzar y continuar
en la línea de igualación de derechos en favor de las parejas
de hecho. Relacionado con el tema de las ofertas públicas de
empleo, pedimos en este apartado que las cláusulas
discriminatorias en favor de minusválidos sean objeto de una
modificación, de tal manera que tengan posibilidad de acceder
a las ofertas de empleo público, ya que la Administración
pública debe considerarse la destinataria principal de las
obligaciones de empleo de estos colectivos especialmente
dificultados para el acceso al empleo.

Y, finalmente, entre otras enmiendas que consideramos de
interés destacar, está la que hace referencia a que la
retribución del personal de reemplazo en el servicio militar
tenga la adecuación que se preveía en la ley vigente. En los
dos últimos ejercicios, en el del año 1993 y en las
previsiones de 1994, se deja sin efecto lo que en su día
aprobó esta Cámara y, en nuestra opinión, ésta no es la mejor
solución. Estas y otras enmiendas relativas a la exención de
las cantidades que se abonan por los fondos de promoción de
empleo constituyen el núcleo más importante del conjunto de
enmiendas que defiende nuestro grupo y para el que solicita su
voto a favor. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Enmiendas del Grupo Popular. El señor Fernández-Miranda tiene
la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Las damos por defendidas en sus justos términos
para votarlas posteriormente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Zabalía tiene la
palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, el Grupo Vasco
también da por defendidas estas enmiendas y solicita que se
sometan a votación.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

Enmiendas del Grupo Mixto. El señor González Lizondo tiene la
palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el grupo de enmiendas que hemos presentado a las
disposiciones adicionales y finales está defendido en Comisión
y creo que los argumentos allí empleados podrían ser válidos
para darlo por defendido. Pero hay una enmienda muy especial
para la que tengo que tomar la palabra, por lo menos en cuanto
a que es preciso que quede su espíritu reflejado en el «Diario
de Sesiones». Me estoy refiriendo a la enmienda 132 a la
disposición adicional relativa a la creación de un acuerdo
económico como modelo de financiación de la Comunidad
Valenciana. Este modelo al que aspiramos y que deseamos es el
mismo que en estos momentos tienen ya dos comunidades
autónomas, lo que, además, nos parece muy bien y, al mismo
tiempo, nos gustaría que no solamente fuera ampliado a la
Comunidad Valenciana sino a aquellas otras comunidades que
también lo consideraran oportuno. Se trata de la concertación
económica, concertación económica que da realidad al Estado de
las autonomías. Los economistas más prestigiosos de la
Hacienda pública defienden la tesis del federalismo fiscal,
tesis por la que los gobiernos subcentrales, en nuestro caso
comunidades autónomas, gestionan sus propios recursos y
realizan la asignación más eficiente de los bienes y servicios
públicos posibles. No es casualidad que sistemas similares
sean los que actualmente están utilizando los países más
avanzados del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Suiza o
Alemania. Desde la óptica de un partido nacionalista como
Unión Valenciana, que aspira a mejorar el nivel y calidad de
vida en Alicante, Castellón y Valencia, Unión Valenciana
pretende la adopción de los conciertos económicos para nuestra
Comunidad, conciertos económicos solidarios y generalizables a
todas aquellas comunidades que los deseen. Por lo tanto, la
recuperación económica de la Comunidad Valenciana depende de
manera determinante de la modificación del sistema de
financiación actual. Sólo de esta manera se podría llevar a
cabo una política económica, valenciana de una manera correcta
y se podrá llevar a cabo la realización de las competencias
transferidas con suficiencia financiera. Supone un menor gasto
burocrático y una menor duplicidad de gestión. Señorías, ésta
es una enmienda que se plantea en estos momentos desde un
grupo minoritario, un grupo que no tiene el respaldo del
partido que sustenta al Gobierno, pero al que al menos le
gustaría tener el respaldo del resto de las minorías, que
entendieran que estamos sencillamente solicitando aquello que
ya tienen otros españoles, aquello que ya se da dentro del
Estado, en la que la Comunidad Valenciana no ha podido entrar.

Es nuestro deseo



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incorporarnos a ese vehículo necesario para que la Comunidad
Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) pueda
verdaderamente tener opción auténtica y real a su autonomía.

También quiero hacer mención especial a la enmienda 138,
relativa igualmente a los damnificados de las inundaciones
derivadas de la rotura de la presa de Tous, en nuestra
Comunidad, en el año 1982. Hace 11 años de ello y una cantidad
enorme de personas afectadas por esta horrible inundación se
encuentran todavía en estos momentos pendientes de un juicio o
de unas indemnizaciones que no han llegado. Las
indemnizaciones previstas para los damnificados por la rotura
de la presa de Tous, fijadas en 19.000 millones de pesetas, no
han tenido en cuenta la actualización de los valores desde la
fecha en que se produjo la inundación, en octubre de 1982 y
han resultado de todo punto insuficientes. Por otra parte, se
debe indemnizar a damnificados de poblaciones como Sellent,
Cárcer, Sumacárcel, Alcántara y demás damnificados excluidos.

Establecemos un credito de 30.000 millones de pesetas que debe
dotarse presupuestariamente en la misma cuantía de los
créditos FAD, previstos en el proyecto de presupuestos para
1994.

Creo que si en esta Cámara se ha defendido ya varias veces
algún tema con justicia es precisamente éste de Tous, respecto
al cual me gustaría que la sensibilidad de SS.SS. entendiera
que una noche aciaga, hace ya 11 años, una serie de pueblos
quedaron destrozados totalmente, sus habitantes perdieron sus
enseres, perdieron sus tierras. Hoy en día algunos de estos
pueblos continúan siendo pedregales, tal como los dejó la
riada, la pantanada que se produjo, y esperan por lo menos la
sensibilidad de SS.SS. para reparar aquello que en otras
partes del Estado español fue reparado en pocos meses. Han
pasado 11 años, señorías. Naturalmente, solicito su voto a
favor de esta enmienda.

Muchas Gracias, señor Presidente, y doy por defendidas el
resto de las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el
señor Martín.




El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente hay una enmienda, la
1227, que no procede votarla porque fue aceptada en Comisión.

La enmienda 1228 pretende añadir una disposición adicional,
para que los fondos del Instituto Nacional de Empleo, que se
reparten entre las entidades públicas y privadas de las
distintas comunidades autónomas para el fomento y la gestión
de empleo, sean repartidos de acuerdo con criterios objetivos
que proponga el propio Gobierno. ¿Por qué? Simplemente
porque --y es un caso puntual aunque estamos analizándolo en
las diferentes islas y en las diferentes comunidades-- nos
podemos encontrar con el caso curioso de que, por ejemplo, en
la isla de Tenerife, en los ayuntamientos gobernados por el
PSOE la cantidad de pesetas recibida por habitantes sea de
671, y en los ayuntamientos de otro color político de 288; eso
era en el año 1985. En el año 1986, los ayuntamientos del PSOE
pasan a tener 612 pesetas por habitante y los otros
ayuntamientos a 200. Y así sucesivamente, y se van separando,
de manera que en los últimos años vemos que en pesetas por
habitante son 2.900 contra 775; o en el año 1989, que son
1.408 contra 189; o en el año 1990, que son 1.362 pesetas
contra 408. Nos parece que eso no es bueno para nadie, que lo
que hace falta es fijar criterios objetivos, que lo haga el
propio Gobierno, pero que, una vez se fijen esos criterios,
que indudablemente deben estar ligados a la tasa de desempleo,
se repartan entre las comunidades autónomas y, dentro de
ellas, entre los ayuntamientos, repito, con criterios
objetivos. Mantenemos nuestra enmienda 1229, con la que
pretendemos añadir una disposición adicional vigesimoséptima
(nueva), dándola por defendida. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.

Voto particular del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en relación con enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió. (El señor Peralta Ortega pide
la palabra.)
El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, en este acto
retiramos ese voto particular.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

¿Turno en contra de las enmiendas defendidas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, en
principio he de manifestar el reconocimiento por la actitud de
todos los Diputados que han intervenido, por su tono; quizá la
hora de la tarde en la que estamos se presta más a situaciones
tranquilas, y no podía por menos de agradecérselo a las
señorías que están presentes, porque no cabe duda que la hora
también merece un espacio, aunque sea corto, de
agradecimiento.

Empezando por el final diría a los miembros de la Coalición
Canaria, que mantienen una enmienda sobre los fondos del Inem,
que yo creo que más que proponer un texto que no tendría
sentido, más parece una acusación de comportamientos dentro de
las islas. Yo creo que, señorías, independientemente de que no
dudo de los datos que dan ustedes, me parece que la
distribución de fondos del Inem es objetiva, entendiendo



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por objetiva la que se hace con arreglo a unas disposiciones
previas ajustadas a ella. Si existe alguna situación que no se
ajusta es bueno que se produzca la denuncia sobre la situación
concreta. Quizá S.S. tiene una vivencia dentro de la propia
situación de estructura del Gobierno canario que se puede
prestar a direcciones de este tipo, pero yo le digo desde aquí
que, sin introducir ninguna enmienda en esta dirección, no
cabe duda que los repartos del Inem se han hecho, se hacen y
se harán de manera objetiva, con criterios jurídicos
anteriores que, lógicamente, han sido meditados. Por tanto, no
tenga cuidado S.S. que se va a hacer con arreglo a esos
criterios.

En cuanto a las demás enmiendas, que parece que se pueden dar
por defendidas, creo interesante que se ajusten a esos textos,
aunque, sinceramente, no pueden ser admitidas.

Yo creo que el representante de la Unión Valenciana está
haciendo ya una tradición de una enmienda sobre el sistema de
financiación a la manera foral, por decirlo en lenguaje
coloquial, e imagino yo que en todas las contestaciones
siempre se andará en lo mismo, señor González Lizondo. Es un
problema de la Constitución, de los estatutos, es un problema
que usted conoce perfectamente y que lo trae aquí no sé si por
esa singularidad de su carácter de ir diciendo cosas que nadie
puede imaginarse que se puedan decir, pero, de todas maneras,
usted sabe como yo que es imposible su admisión en estos
momentos, y no es una cuestión de voluntad menor o mayor de
esta Cámara; es que la voluntad del pueblo valenciano, cuando
le tocó en su momento expresarse, fue clarísimamente a favor
de un sistema de financiación, el de la LOFCA, y en esa idea
se está. Por tanto, es extraño que usted, portavoz del pueblo
valenciano, nos diga esto cuando su propio pueblo, de una
manera tan unánime y tan rotunda, lo ha expresado.

Y nos trae usted, no sé si porque le gusta a usted mantener
las costumbres, el viejo tema de Tous. Sería bueno que, cuando
nos referimos al tema de Tous, se hablara de lo que se ha
hecho para intentar marcar el panorama tal y como es, porque
creo que es una necesidad que los análisis sean completos, por
lo menos le da fuerza; el que estemos hablando siempre de lo
negativo, parece que no, y debiera ser bueno que se dijera a
quien no conoce esa zona que allí se está haciendo un conjunto
de tres embalses, con una inversión superior a 50.000 millones
de pesetas, que en los pueblos aguas abajo ha habido
inversiones importantísimas de reposición de toda la red de
canales, y usted sabe que las inversiones ahí superan los
120.000 millones de pesetas. Sobre el tema de los
damnificados, que usted conoce bastante mejor que yo, sabe
también que el Gobierno ha expresado su mejor voluntad --
incluso a través del Gobierno Civil, en momentos en los que
aún no se había producido esa situación de volver a empezar
con todo el esquema jurídico-- de intentar recoger todas las
necesidades que se podrían dar, abriendo plazo tras plazo para
que pudieran ir allí. En ningún caso los que no estuvieran
amparados en la primera parte han quedado fuera de amparo, por
idea precisamente del Gobierno y, como usted sabrá, hubo un
acuerdo conjunto en el Senado que se está en disposición de
cumplir y en cumplimiento. Otra cosa es que después queden
algunos damnificados, que quizá no se presentaron en ninguno
de los momentos, que sean objeto de estudio por esta Cámara a
petición de nuestro Grupo, del suyo o de cualquier otro con
sensibilidad hacia ese tema de la presa de Tous, que
efectivamente todos sentimos y que fue, como usted sabe, un
fallo de una presa con unos problemas no buscados por este
Grupo político que en estos momentos me digno representar. Por
lo tanto, con una sensación de que quizá le quitamos a usted
alguna cosa, no podemos asumir ninguna de las dos enmiendas.

Izquierda Unida me va a permitir que le haga una contestación
general, puesto que en el conjunto de este cajón de sastre --
tiene muchísima razón--que suponen las disposiciones
adicionales, transitorias, finales y anexos, creo que su Grupo
ha hecho una división deseable por cualquiera que esté metido
en azares políticos, que es separar los ingresos de los
gastos. En todo el conjunto de sus enmiendas --y las que me
expone no son excepción-- que hablan de números, o bien
aumentan gastos o bien disminuyen ingresos. No me atrevo a
decir si ésa es la tónica en todas las enmiendas que
introducen, pero comprenderán que con esa situación sí nos
marcan intenciones. Yo le diría que si aquí tuviéramos que
defender intenciones y adherirnos a ellas, estaríamos muy
cerca de usted. Qué más quisiéramos en el Gobierno que
intentar remediar todas las necesidades sin tener en cuenta lo
que se ingresa y lo que se ha gastado con anterioridad ni
preferencias de gastos. Le tengo que decir, de manera general,
que no podemos entrar en esa aceptación. Una cosa son
intenciones y otras soluciones. El Gobierno tiene que dar
soluciones y, al dar soluciones, tiene que decir lo que le
hemos dicho en Comisión, que no podemos asumir esas enmiendas
que nos presenta en las circunstancias en las que estamos en
estos momentos. Yo sé que ustedes tienen una idea de solución
global distinta a la que nosotros podamos tener, pero sepa
usted que sería intención en cualquier socialista remediar
todos esos problemas que expone usted, pero cara a las
soluciones, a la hora de gobernar, no pueden ser asumidas --y
se lo digo desde aquí-- las enmiendas que usted nos presenta.

Respecto al Grupo Popular, aunque ha dado por defendidas sus
enmiendas, le decíamos en Comisión que es nuestra intención, y
sigue siéndolo, asumir en lo posible



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aquellas enmiendas que supongan aumento o mejora del control
presupuestario. Poníamos dos excepciones...




El señor PRESIDENTE: Señor Jerez, un momento.

El turno que está consumiendo S.S. es de réplica. La
intervención del señor Fernández-Miranda ha sido muy brillante
pero tiene poco que replicar. No le quiero impedir que pueda
consumir un turno haciendo alguna alusión a las enmiendas del
Grupo Popular, pero no un turno de réplica porque no han sido
defenidas argumentalmente sino sólo a efectos de mantenerlas
para su votación.




El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, quizás mi tono
pudiera parecer de réplica, lo dudo, pero era porque tenemos
una transacción y una aceptación.




El señor PRESIDENTE: Continúe con su intervención.




El señor JEREZ COLINO: Quiero decir que estamos en esa misma
idea y que, por lo tanto, asumimos una transacción --esperemos
que sea aceptada por el Grupo Popular-- con su enmienda 392,
que dice que durante los meses de febrero de 1994 y 1995, el
Gobierno informará a las Cortes Generales sobre los resultados
del seguimiento de objetivos previstos en la disposición
adicional primera, en 1993 y 1994, respectivamente.

Habíamos dicho que estos plazos no eran válidos. Nosotros les
proponemos --y si ustedes lo aceptan se produciría la retirada
de esta enmienda-- que en lugar de que esa información se
produzca en los meses de febrero se diga que tendrá lugar en
el segundo trimestre, lo que yo creo que nos permitiría
cumplir el objetivo de control y además entrar en una
situación de realismo a la hora de poder ejercer ese control.

Por último quiero decirles que aceptamos la enmienda 400, que
es una adición a la adicional decimoséptima, apartado uno.3,
en el que se propone otro ejercicio de control. Ese añadido
dice: «El Ministro de Cultura dará inmediata cuenta a las
Cortes Generales del otorgamiento del compromiso del Estado y
del contenido del acuerdo al que se refiere el presente
artículo». Con esto parece que mantenemos la línea de que nos
interesa, como a todos los grupos de esta Cámara, el control
presupuestario. Muchas, gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez y disculpe por haber
alterado el curso de su intervención.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Estoy convencido, señor Presidente, de que aunque el portavoz
socialista haya replicado a mi intervención no por eso ésta ha
dejado de ser menos brillante. (Risas.) Partiendo de esta
base, yo quisiera decirle al portavoz del Grupo Socialista que
creo que ha situado exactamente el punto de discrepancia. Es
verdad, tal como usted ha dicho, que no cabe duda de que las
cosas se ven de forma distinta desde su Grupo y desde el
nuestro, a tenor de las enmiendas que nosotros hemos
planteado. Sentado este punto de partida, que justifica
evidentemente que nosotros vayamos a mantener estas enmiendas
y que, previsiblemente, a tenor de sus manifestaciones,
ustedes vayan a votar en contra de ellas, sin embargo es
oportuno que yo le llame la atención sobre que su contestación
no da respuesta a la realidad de las necesidades que nuestro
Grupo pone de manifiesto con sus enmiendas. Algunas de estas
necesidades, como usted ha dicho, han sido objeto de
soluciones parciales, al menos desde nuestro punto de vista,
en anteriores iniciativas legislativas, como el caso de los
represaliados políticos, como el caso de la equiparación de
las parejas de hecho, etcétera, y, sin lugar a dudas, la
incidencia presupuestaria en buena parte de las enmiendas de
nuestro Grupo (aunque qué duda cabe que todo tiene incidencia
presupuestaria), en concreto, por ejemplo, en éstas a las que
yo hago referencia, la incidencia presupuestaria --digo-- es
puramente puntual y claramente limitada. Por tanto, permítame,
señor portavoz del Grupo Socialista, que desde la diversidad
de posiciones que mantenemos, que yo creo que es legítima y
que es enriquecedora para un debate desde la izquierda, llame
su atención sobre la necesidad de que reconsideren buena parte
de estas enmiendas con el objetivo de ver las que pueden votar
a favor.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.

El señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señor portavoz del Partido Socialista, mire usted, yo le
agradezco mucho su tono y sus recomendaciones. Hay una cosa
que usted ha dicho: usted sabrá más que yo. Efectivamente yo
sé bastante más que usted, por lógica. Soy valenciano y
conozco la historia del Estatuto de Autonomía y conozco la
historia, al igual que la conoce usted, de la Constitución
española. A mí me gustaría que me dijera usted exactamente las
razones para que la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón
y Valencia), el Reino de Valencia, no figure dentro de las
comunidades históricas. Yo se lo voy a decir a usted. Yo sí
tengo una razón: no estaba presente el peso político, y
naturalmente fueron históricas aquéllas que supieron estar
allí en ese momento y reclamar lo que consideraron oportuno.

Desde luego, tachar a nuestra



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Comunidad, tachar al Reino de Valencia, cuyo título aún está
vigente, no está derogado, tacharla de no histórica
demostraría un desconocimiento total de la auténtica historia,
de la historia real, no de la historia política que yo por
supuesto no creo que S.S. desconozca. Otra cosa son los
postulados políticos que se puedan tener. Luego entonces, no
accedimos a aquello que quisimos, porque además yo recuerdo
las grandes manifestaciones por el Estatuto de Autonomía donde
se reclamaba el 151, y nos colocaron el que les dio la gana: y
luego, para arreglarlo, nos pusieron la Lotrava e intentaron
que la autonomía valenciana accediera a cuotas de poder lo más
altas posibles, pero la realidad es que de un borrón dijeron:
ustedes no son históricos porque nos da la gana. Y los
diecisiete siglos o veinte o los que sean con anterioridad,
ésos no cuentan y no valen absolutamente para nada. No vale un
siglo XV, un siglo XVI de Oro, no vale toda una cultura, no
valen toda una serie de hombres que han demostrado lo que
significaba la valencianidad. Eso no valió. Y ahora usted me
dice: eso es imposible porque significa modificar la
Constitución. Pues mire usted, la Constitución se puede y se
debe de mejorar y se debe y se puede rectificar cuando sea
necesario, y no pasa absolutamente nada. Hemos tenido una
modificación hace poco y no pasa nada. Si un documento es
injusto, y la Constitución lo es con mi pueblo, se rectifica y
no pasa absolutamente nada. Se lo digo además con toda la
cordialidad del mundo. Emplee usted los argumentos políticos
que considere oportunos, pero de verdad, no tienen ustedes
razones históricas de peso, no tienen ustedes ningún argumento
real válido, es sencillamente político; no hay otro. Esos
empléelos, pero no emplee ningún otro porque de verdad no
puede hacerlo. Respecto a Tous, sus palabras también son muy
bonitas, pero la realidad es que ahí están los hechos que no
demuestran lo que usted está diciendo. Usted me dice que
aquello prácticamente está terminado, que las inversiones son
muy grandes, que se ha repuesto. Mire usted, se ha repuesto lo
que se ha repuesto, ya se lo he dicho antes. Hay campos que
son auténticos pedregales. Y sobre el tema que usted ha
comentado, yo le diría que de color, bien, pero como el
submarino de Gila, no flota; la realidad es que no flota, la
realidad es que allí siguen sumergidos toda una serie de
campos que están totalmente destrozados y las inversiones en
Tous y en las otras presas, en Bellús en Escalona, están
retrasadas en el tiempo y ya tenían que estar terminadas. La
realidad es que se han tomado unas medidas que yo más bien
diría cortas, cortísimas por parte del Gobierno, que no
recogen ni mucho menos no solamente aquello que desean, sino
aquello que en justicia se les tenía que haber dado.

Hay una cosa de la que yo me he alegrado en el fondo, y es que
usted me dice que hay posibilidad de recoger todo aquello que
quede desperdigado, aquello que no haya sido acoplado. Mire
usted, hay mucho; ya le he nombrado antes varios pueblos:
Alcántara, Sellent, los he nombrado antes. Mucho tendremos que
trabajar aquí. Bueno, pues, qué quiere que le diga. Está claro
que no lo van a votar, está claro que lo van a votar en
contra, y en la discusión del presupuesto del año que viene,
si Dios quiere y estoy aquí y si no se han convocado
elecciones nuevas, volveré a presentar estas enmiendas porque,
lamentablemente, ninguna de las dos se habrá cumplido. Ojalá
me equivoque y no las tenga que volver a presentar.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Martín Menis.




El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.

Quiero decirle al portavoz del Partido Socialista que los
datos que hemos suministrado proceden del propio Ministerio a
petición de nuestro grupo parlamentario en el Senado. Al
haberse pedido ya de todas las Islas, los de algunas tenemos
otras y obedecen a la misma tónica. Hay algo que parece claro,
que los fondos del INEM deben de responder claramente en su
distribución a un criterio prioritario por encima de todos,
que es el número de parados, y a ese criterio no están
obedeciendo. Lo que sí me parece que es razonable es que no
debiera ser necesario, deben ser instrucciones de Gobierno,
porque esas distribuciones deben ser objetivas. Nosotros las
hemos presentado porque los datos que tenemos de cinco años,
suministrados por el propio Ministerio, no dan esa relación
con el número de parados. Si colocamos los datos, en vez de
por el color político, por el número de parados, vemos una
enorme discordancia con un resultado que debiera ser
homogéneo. Por tanto, nosotros los mantenemos. Lo que sí
esperamos es que el Ministerio y el Gobierno corrijan esa
situación que nosotros, en principio, venimos detectando y
denunciando desde hace mucho tiempo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.

Tiene la palabra el señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: Muchas gracias, señor Presidente.

Por ir de final al principio, quiero decir al representante de
la Coalición Canaria que yo no creo que esas dudas que usted
manifiesta, y que me argumenta con datos, tengan un apoyo real
sobre una disposición que provenga del Gobierno. No sé si
habrá algún momento en que, en una aplicación concreta, no
exista eso así.




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Pero, por la misma regla de tres, en esa situación de duda yo
le podría a usted decir que el Gobierno canario distribuye de
manera desigual entre sus pueblos, en función del Gobierno,
los fondos que asigna. Y usted se indignaría y contestaría
diciendo que no es cierto, y sería lo que yo le digo frente a
lo que usted me dice. Yo creo que no es ese el debate que
debemos mantener aquí. No cabe eso que usted añade, porque
está incluido en el espíritu y en la norma, y además en la
letra, de lo que se está reflejando, y sus dudas, desde aquí,
del conocimiento general que pueda tener me parece que no
tienen fundamento, salvo el caso concreto que pudiera existir.

Siempre en la aplicación de una buena norma puede existir
alguna laguna o algún incumplimiento. Ese sería el tema, pero
no es cambiar la norma y, por tanto, le vamos a seguir
diciendo que no.

Al señor González Lizondo tengo que decirle que yo creo que
sigue un poco el principio de: diga lo que quiera, que yo le
contestaré lo que me dé la gana. Porque aquí nadie ha dudado
de la historia de Valencia, ni lo que usted pide es un agravio
comparativo sobre qué zona de España tiene más historia,
porque eso sería objeto de un debate absolutamente distinto.

Yo le he dicho otra cosa distinta a lo que usted me responde.

Siempre tiene la costumbre de salir por aquellos cerros que a
usted le interesaría. Aquí nadie duda de la gran historia de
Valencia, de los grandes valores de Valencia. ¿Cómo vamos a
dudar de eso? Mucho menos los que conocemos Valencia, no digo
yo como usted, pero la conocemos. No nos entre usted por esos
derroteros, de verdad, señor González Lizondo. Aquí no se duda
nada. Blasco Ibáñez decía: No sea que el exagerar las penas
sea el principio del olvido. Y me da la impresión de que con
tanto elemento puntual de pena hacia Valencia se olvida usted
de Valencia. Fíjese usted qué cosa tan seria le digo en el
lenguaje más amable que puedo. Pero, de verdad, no sea que
estemos haciendo que los debates que planteamos con usted
intenten hacer de alguna cierta demagogia virtud, y eso me
parece que es muy difícil que se consiga. Conteste usted y
responda a aquello que yo le he dicho y estaré o no de
acuerdo, pero estaremos hablando en los mismos términos.

Por último, señor González Lizondo, en la presa de Tous,
juntamente con las peticiones (porque evidentemente hay
problemas ahí, ¿cómo no se los voy a reconocer a usted?),
debiera decir que el conjunto de las tres presas, y usted lo
sabe, son 350 hectómetros cúbicos frente a menos de 100 o 110
hectómetros cúbicos que tenía la primitiva presa; que se va a
una solución definitiva del problema, y ese reconocimiento
tiene que hacerse, porque, luchando por los plazos más
cercanos o no, lo importante es que la solución que se ha
previsto es la definitiva para el problema, y ese es el primer
reconocimiento. ¡Qué más quisieran muchos territorios de
España con problemas de inundaciones decir que se va a
soluciones definitivas! Y yo voy por ahí. Pero usted, cuando
haga el discurso, no vaya tanto a la pena, que ya le digo que
es el principio del olvido; vaya usted a un análisis real de
lo que pasa en su tierra, y entonces nos entenderemos todos.

A Izquierda Unida tengo que decirle que lo siento, pero no
podemos aceptar sus enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
¿Señor Fernández-Miranda?



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, no sé
si es el momento de decir si se acepta o no la transaccional.




El señor PRESIDENTE: Puede aprovechar el momento.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Pues bien, esperando
además hacerlo con la misma brillantez que S.S. consideraba en
mi intervención anterior, quiero decir que aceptamos la
enmienda transaccional del Grupo Socialista y retiramos, por
tanto, la enmienda número 392. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Concluimos así el debate relativo a las disposiciones
adicionales, finales y transitorias y anexos del texto de la
Ley de Presupuestos.




--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN
JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR
DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al debate del
proyecto de ley de Medidas Fiscales y de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo.

Vamos a debatir, en primer lugar, el Título I y las
disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y novena,
por su coherencia en la materia a la que se refieren con el
contenido de este Título I.

Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor García-
Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías,
señor García Ronda, el debate que iniciamos en este momento
constituye la segunda parte del que hemos tenido esta mañana.




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Iniciaba mi parlamento matutino señalando que el Gobierno se
ha visto obligado a escindir las normas fiscales aplicables
para 1994 en dos cuerpos legales: el proyecto de ley de
Presupuestos y el proyecto de ley que vamos a discutir en esta
tarde. Confieso que he entendido muy poco de las
argumentaciones que S.S. ha utilizado esta mañana para rebatir
las que yo mismo había expuesto. Pero, por fortuna, he podido
en la tarde releer un artículo que publicó Unamuno, en 1931,
que se llamaba «Qué sé yo». Como S.S. es aficionado también a
la literatura, le recordaré el pasaje inicial de ese artículo.

Cuenta que el autor de la Biblia en España, George Borrow,
tuvo una conversación, en Córdoba, con un sacerdote que había
sido inquisidor. Y le decía el sacerdote: Supongo que, a pesar
de ser usted inglés, sabrá que el Santo Oficio castigaba por
delitos de brujería, judaísmo y ciertos descarríos carnales. Y
preguntaba don Jorgito: «¿Qué opina usted de la brujería?
¿Existe en realidad ese delito?» Contesta el sacerdote: «Qué
sé yo. La Iglesia tenía poder de castigar por algo que fuese
real o irreal y tenía que ejercer esa facultad para demostrar
que el poder existía.» Toda la filosofía, si filosofía se
puede encontrar en los textos que ustedes han remitido a esta
Cámara, estriba en extraer dinero de donde puedan, con la
máxima rapidez y con la máxima facilidad posible, rompiendo
así la línea de menor resistencia del contribuyente.

Esta mañana su Grupo Parlamentario, con la complicidad y la
colaboración de los grupos que apoyan al Gobierno, han
decidido que las prestaciones por incapacidad permanente y que
las prestaciones por desempleo tributen por primera vez en
España en el Impuesto sobre la Renta, sabiendo como saben --y
S.S. lo ha reconocido-- que la mayoría de los que perciben
estas prestaciones no están sujetos a pagar el impuesto
definitivamente. Se les va a exigir un ingreso a cuenta, un
pago a cuenta de una obligación que no existe, exclusivamente,
para sacarles el dinero y devolvérselo 24 meses después sin
intereses. Y su Grupo Parlamentario, exclusivamente con la
colaboración del Grupo Catalán (Convergència i Unió), ha
decidido que no se pueda actualizar la tarifa del Impuesto
sobre la Renta y las deducciones familiares a las variaciones
de los precios, lo que supone un aumento de la presión fiscal,
especialmente para las clases menos favorecidas. Quiero
recordar ahora, porque lo traeré a colación cuando hable de
las modificaciones que ustedes introducen en el Impuesto sobre
el Patrimonio, que esto se traduce, para hablar de los
pensionistas, tema caro donde los haya para su Secretario
General, sobre todo en campaña electoral, en que, por razones
fiscales absolutamente artificiales, ustedes van a extraer a
cada pensionista que tenga una pensión de 100.000 pesetas y
doshijos a su cargo, 2.000 pesetas anuales, aparte de lo que
se les detraiga por no tener en cuenta la inflación. En esta
Ley completan ustedes la faena estableciendo que aquellas
500.000 pesetas que un español pudiese obtener de vender sus
participaciones en una institución de inversión colectiva, que
antes no pagaban impuestos, lo van a pagar. Pero dicen
ustedes: salvo que en el ejercicio 1993 y 1994 esas 500.000
pesetas se dediquen a un plan de ahorro popular. Los planes de
ahorro popular estaban previstos en la Ley 18/1991, no se han
desarrollado hasta ahora y no se desarrollan en esta Ley, con
lo cual ustedes dicen al españolito de a pie que ha creído en
las promesas del Gobierno, que ha creído que era verdad que
había que fomentar el ahorro, que había que participar en las
instituciones de inversión colectiva, que ese medio millón de
pesetas con los que pagaba el colegio de los niños o los
gastos de casa, que hasta ahora no pagaba, el impuesto no van
a pagar siempre que invierta en un plan de ahorro popular que
no existe porque no está reglamentado. Lo único que dice el
Grupo Popular es: No me quite usted el traje diciendo que me
ponga otro, cuando en el armario no hay ninguno. Espere usted
a que se desarrolle el plan de ahorro popular para aplicar
esto.

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, yo podría hacer
aquí el discurso más fácil de toda la legislatura. Si mi Grupo
hubiese propuesto algún día lo que este Gobierno está
proponiendo en ese proyecto de ley, habría que ver los
discursos que ustedes harían, siempre tan refinados y tan
matizados, sobre nuestro interés de favorecer a los ricos y
perjudicar a los pobres. En el Impuesto sobre el Patrimonio
ustedes dicen que no quieren que paguen este Impuesto los
bienes afectos a una explotación agrícola o a una empresa
mercantil. Es exactamente lo que mi Grupo ha dicho siempre y
que torcidamente ha sido interpretado aquí por el portavoz del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), en aquel momento don
Miguel Roca, diciendo que contradecíamos nuestra postura.

Hasta ahí de acuerdo, con una salvedad. Dejan ustedes fuera de
esa exención a los profesionales, a los chicos y chicas que
acaben la universidad y pongan un despacho o un laboratorio.

Esos no tienen derecho a la exención, a la que sí tienen
derecho los empresarios y los agricultores. De acuerdo, pero
señalando que existe aquí una omisión importante.

En segundo lugar dicen: Y vamos a declarar exentos del
Impuesto sobre el Patrimonio, no van a pagar este Impuesto,
aquellas personas físicas que tengan acciones en determinadas
sociedades de carácter familiar. Y definen ustedes esas
sociedades de carácter familiar como aquellas en las que el
titular tiene el 25 por ciento del capital, y deriva el 50 por
ciento de sus ingresos del trabajo personal o del trabajo
profesional, sin límite alguno, como establece el impuesto
sobre las grandes fortunas francés del que ustedes han copiado
todo menos eso. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cual sea el



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límite de las participaciones que una persona física tenga,
sea cual sea el capital de la sociedad en que esas
participaciones representan el capital, estarán exentas del
pago del impuesto. Hemos preguntado y pregunto ahora, ¿qué
tipo de sociedades son esas? ¿A quién beneficia esta exención?
¿Cuál es el costo fiscal que ustedes hacen en este tema? Les
diré luego que si quieren modificar el Impuesto sobre el
Patrimonio, yo les voy a decir como se hace bien, pero no esta
chapuza que ustedes presentan aquí, justo en el momento en que
van a gravar las prestaciones por desempleo y por incapacidad
permanente.

Establecen luego en el Impuesto sobre el Valor Añadido una
medida absolutamente cómica. Dicen ustedes que el español, el
empresario o el profesional que pasa una factura y no la
cobra, tiene que ingresar el Impuesto sobre el Valor Añadido,
y para recuperar ese Impuesto que ha ingresado, pero jamás ha
cobrado de su cliente, tiene que esperar a que haya una
suspensión de pagos, una declaración previa y, además, una
autorización administrativa. ¡Largo me lo fía el Gobierno
socialista! ¿Qué es lo que mi Grupo propone? Advierto de
entrada que lo que aquí voy a decirle, como lo que he dicho
esta mañana, son unas posturas de mínimos en una situación
difícil de déficit crónico a que ustedes han llegado; pero con
el espíritu de sacar a este país de la crisis con el espíritu
de no crear más dificultades al Gobierno de las que él mismo
se ha creado con el propósito de no seguir tirando de la
cuerda que el Gobierno ha puesto al cuello de España a lo
largo de once años --insisto--vamos a hacer unas propuestas de
mínimos, las que pueden dulcificar, de alguna manera, un
presupuesto malo, hijo de una política perversa, y que nos ha
llevado a la situación en la que hoy estamos.

¿Qué es lo que nosotros proponemos en el Impuesto sobre la
Renta? Algo tan sencillo como decir: Si quieren afectar a los
españoles que han creído de verdad en la voluntad del
Gobierno, en la Ley 18/1991, cuando les brindaron, para
fomentar el ahorro, las instituciones de inversión colectiva,
indicándoles que las primeras 500.000 pesetas que obtengan
cuando vendan sus participaciones no van a pagar, y ahora
dicen que eso será así siempre que las inviertan en plan de
ahorro popular, traigan ustedes los planes de ahorro popular y
después aprueben la exención. Pongan ustedes en el armario el
nuevo traje antes de desnudar a los españoles del que tenían y
que ustedes habían ofrecido.

¿Qué es lo que nosotros decimos en el Impuesto sobre el
Patrimonio? Decimos: empresas individuales, primer capítulo, y
conste que lo vamos a votar a favor. De acuerdo, como hemos
propuesto siempre que los bienes afectos a una actividad
agrícola o a una actividad empresarial no paguen el Impuesto
sobre el Patrimonio, porque creemos que hay que distinguir
entre bienes que se dedican a crear riqueza y bienes que se
dedican a otras necesidades, pero amplíelo usted a los
profesionales y dé satisfacción a esos universitarios que
empiezan su vida con enormes dificultades y a los que privan
ustedes de los beneficios que van a dar a esas participaciones
de las que voy a hablar. Al hablar de las participaciones (y
créame S.S. que sabemos uno por uno a quién beneficia sin
límite de ningún tipo o superando el límite que nosotros vamos
a establecer), no llegan a mil las familias que se van a
beneficiar de esa exención. Y nosotros lo que decimos en este
momento en que es necesario recurrir a los desempleados y a
quien cobra una incapacidad para financiar el presupuesto,
cuando no están obligados a pagar el impuesto; en este momento
en que ustedes no pueden actualizar la tarifa del Impuesto
sobre la Renta para atender las necesidades mínimas, en que
dicen ustedes que hay que combatir el fraude fiscal, es que
siguen con un tipo marginal que no tiene parangón con el que
existe en Europa. Permítame que les cite, y también a sus
socios, al Presidente del Partido Popular de Cataluña, al que
cité el otro día en Comisión, cuando dice que establecer un
tipo del 56 por ciento y decir después que se es contrario al
fraude fiscal es una perversidad digna de Gilles de Rais; es
algo así --dice Alex Vidal-Quadra-- como condenar las
relaciones prematrimoniales para decir a continuación
dogmáticamente que el infierno existe. En segundo lugar, si
estamos de acuerdo --y estábamos todos de acuerdo, el señor
Homs el primero-- en que los tipos marginales penalizaban el
ahorro y hacía usted magníficos discursos estableciendo la
correlación entre el aumento de la presión fiscal y la
disminución del ahorro familiar; y decía usted, cuando era
oposición material y oposición formal, que había que reducir
los tipos marginales si queríamos tener ahorro, que era el
motor de la economía productiva; y decía usted, y decía yo, y
coincidíamos, en contra del señor Zabalza entonces, que
teníamos que tener un sistema fiscal competitivo si no
queríamos que nuestros ahorros y nuestras empresas se fuesen
al exterior; y decía usted --cierto también--, que el no
deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta era una
injusticia que penalizaba la equidad y determinaba la
progresividad en frío y en salto --yo no sé si han contraído
ustedes matrimonio o esponsales, que decían que era en las
partidas la promesa que hacen los hombres que quieren contraer
matrimonio--, no sé si en este momento va a tener usted que
aplicar el «favor family» para defender el vínculo y va a
tener usted que seguir votando en contra de mis enmiendas que
recogen gran parte de su programa electoral, sus discursos,
mucho mejor estructurados que los míos, y sus razones, mucho
más convincentes que las mías. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



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En materia del Impuesto sobre el Patrimonio he dicho, porque
no lo he hecho nunca, y siempre he dicho lo mismo desde esta
tribuna, y diré lo mismo cuando sea el portavoz del gobierno
popular que no voy a hacer demagogia sobre este tema.

(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Lo único que les
digo a ustedes en este momento de crisis económica, en este
momento en que no se puede hacer ningún sacrificio
recaudatorio, ni siquiera actualizar la tarifa al IPC, en este
momento en que hay que gravar a los desempleados y al que
cobra una prestación por incapacidad permanente, ¿qué les
parecería a ustedes si estableciésemos para esos titulares,
personas físicas, de participaciones en sociedades un límite
de 250 millones de pesetas? Declarar exentos 250 millones de
pesetas, que quiero decir, con las reglas que establece el
artículo que el Gobierno ha traído y que ustedes apoyan, que
estamos hablando de sociedades de un capital de mil millones.

No estoy hablando aquí de exonerar a la pequeña y la mediana
empresa. Lleguemos a ese acuerdo, establezcamos ese límite de
que hasta los 250 millones se regule la exención, que a partir
de ese momento trabaje como mínimo exento; que quien tenga mil
millones tribute sobre 750 millones, ya que no me parece
exagerado en unos momentos de dificultades como las que
tenemos.




El señor PRESIDENTE: Señor García Margallo, le ruego concluya.




El señor GARCIA MARGALLO Y MARFIL: Si tanto les preocupa el
Impuesto sobre el Patrimonio, ¿por qué no pensamos en esos
españoles que tienen su patrimonio en una vivienda modesta?
¿Por qué no nos preocupamos de elevar el mínimo exento que
está en estos momentos en 15 millones de pesetas a 25 millones
de pesetas, para que este beneficio de Papa Noel que quieren
ustedes establecer para determinados partícipes en grandes
sociedades afecte también al pequeño ahorrador, a la pequeña
familia que no tiene más patrimonio que la vivienda familiar?
Si tanto les preocupa esto, ¿por qué no aceptan ustedes
nuestra enmienda en el Impuesto sobre Sucesiones en la que
usted y yo, otrora más felices tiempos, coincidíamos?
(Dirigiéndose al señor Homs.) ¿Por qué establecemos que el
Impuesto sobre Sucesiones no se liquide cuando se herede una
pequeña o una mediana empresa o una explotación mercantil
mientras se siguen ejerciendo esas actividades para evitar que
quien hace eso tenga que vender para pagar, que se cierren y
que sucumban más pequeñas y medianas empresas y mandemos más
españoles al día a engrosar esa cola que ustedes han situado
en 3.200 al día?
¿Por qué no establecemos para el Impuesto sobre el Valor
Añadido...? Y no me diga el señor García Ronda que desconfío
de la Administración, porque sí, desconfío. Lo que nosotros
decimos es que cuando se preste un servicio a la
Administración Pública el Impuesto se pague, no cuando la
factura se gire, sino cuando la factura se cobre, porque da la
causalidad que en estos momentos en el sector sanitario, por
ejemplo, según me informa mi portavoz, señor Fernández-
Miranda, se tarda más de dos años sin cobrar. Porque en estos
momentos la Administración no paga o paga tarde y mal. Tiene
poca gracia que quien no ha cogrado de la Administración sí
tenga que ingresar el impuesto.

Me dice el señor García Ronda que en estos momentos --me lo
dijo en Comisión-- de dificultades financieras es justo que el
Estado se financie con lo que no es suyo; que es justo que se
financie con retenciones que no se van a ingresar jamás porque
va a haber que devolver 24 meses después sin intereses; que es
justo que se financie con un Impuesto sobre el Valor Añadido
pagándole a la Administración, cuando la Administración no ha
pagado ni el Impuesto, ni el principal hasta dos años después.

En materia de Impuestos sobre Actividades Económicas --y
termino, señor Presidente-- lo que ustedes hacen es una broma.

No se les puede decir a los ayuntamientos que como todo alivio
lo que se baja es el mínimo del coeficiente de población y el
índice de situación. Los ayuntamientos no tienen un céntimo
porque ustedes pagan tarde y mal y, por tanto, tienen que
extraer el Impuesto sobre Actividades Económicas de donde
pueden. Lo que hay que bajar son los coeficientes máximos, lo
que hay que hacer es estructurar un impuesto sobre actividades
económicas que no siga penalizando el empleo. Por eso pedimos,
señor Presidente, que se modifique la tributación en este tema
y en el de estimación objetiva para no seguir penalizando y
castigando al que crea puestos de trabajo y emplea mano de
obra.

Señor Presidente, hemos pedido también que la estimación
objetiva...




El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, está S.S.

brillante en sentido diferente al del señor Fernández-Miranda,
pero le ruego concluya.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Coincido con S.S. en todo.

Señor Presidente, termino diciendo que pedimos una
modificación radical del programa de pequeñas y medianas
empresas, y eso, señores del Grupo de Convergència i Unió, del
Grupo del PNV, de Unión Valenciana, de todos los grupos de la
Cámara, con excepción del partido Socialista, fue apoyado en
la anterior legislatura. No dudo que en este momento las
circunstancias son mucho más graves que entonces y, por tanto,
las razones para votar a favor mucho más imperiosas. Si
seguimos perdiendo el tiempo; si seguimos sin aplicar la
terapia que estamos propugnando, serán ustedes responsables



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de las empresas que se destruyan, de los puestos de trabajo
que desaparezcan en este período.

Muchas gracias. (Varios señores Diputados desde los bancos del
Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.

El señor Homs tiene la palabra.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, pido la palabra para
un turno de alusiones que el señor García-Margallo ha dirigido
a mi persona.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.




El señor HOMS I FERRET: Voy a ser muy breve porque hemos
tenido muchas ocasiones, en trámites parlamentarios y también
en los pasillos, para irnos transmitiendo el señor García-
Margallo y yo nuestras posiciones sobre las modificaciones
fiscales que se introducen en estas dos leyes. El señor
García-Margallo siempre ha dicho que todasestas
modificaciones, individualmente consideradas, constituyen un
avance, una rectificación de aspectos que hasta ahora
conjuntamente hemos criticado y hemos propuesto al Gobierno su
revisión, que algunas de estas cuestiones se introducen en
unas leyes en este país y que cada una de estas modificaciones
es en sí misma positiva. Puede aceptarle que, en conjunto,
podrían ser insuficientes. Coincidimos en todo aquello que
todavía no se ha revisado, estamos absolutamente de acuerdo y
nuestros programas electorales recogen que hay otros aspectos
de naturaleza fiscal que tienen también que ser sometidos a
revisión. A lo largo de la legislatura, vamos a insistir en
todos los temas que ahora no se afrontan, pero debemos señalar
que las modificaciones que se encuentran en esta ley de
presupuestos y en la ley de acompañamiento son positivas.

Señor Presidente, me alegro de observar que la posición del
Grupo Popular en cuanto a la modificación que se hace
introduciendo una exención en el Impuesto de Patrimonio ha
variado. Ya no discrepan sobre la medida en sí, porque
coinciden con ella y con su alcance, lo único que plantean es
una limitación. Han cambiado de posición, porque en esta misma
Cámara le escuché al portavoz y Presidente de su Grupo
criticar la naturaleza de la medida, no la limitación. Creo
que ahora, en su intervención, usted ha expuesto que hay una
valoración positiva de la medida, pide que se limite, pero
estima que en sí misma la medida es positiva. Coincido con
usted en que la medida es positiva. Si todas estas medidas que
hemos alcanzado son en sí mismas positivas, señor Presidente.

La rectificación del sistema de pago a cuenta del Impuesto de
Sociedades, ¿es buena o no es buena? ¿Lo proponían ustedes o
no lo proponían ustedes? Ahora se hace. La posibilidad de
deducir el IVA para las empresas que están en un proceso de
quiebra o de suspensión de pagos, es una revisión que nos
hemos hartado usted y yo de trasladarla a los debates de los
presupuestos. Ahora finalmente se hace. ¿Es buena o no es
buena? El hecho de que se introduzcan diez puntos de deducción
en cuota para las inversiones, ¿es bueno o no es bueno? El
hecho de que ahora revisemos el tratamiento de los activos que
se incorporan en las actividades económicas y se les declare
exentos del Impuesto de Patrimonio, ¿es bueno o no es bueno?
Usted dice que pongamos un límite. Pero, ¿es bueno o no es
bueno? Así haríamos una lista de todas estas modificaciones
tributarias que en sí mismas son positivas, aunque reconozco
que globalmente pueden ser insuficientes. No le quepa a usted
la menor duda de que vamos a continuar --si usted quiere,
conjuntamente-- reflexionando sobre los aspectos que no se
introducen en estas leyes y que todavía deben ser objeto de
una revisión en el marco fiscal. Usted sabe perfectamente que
en todo lo que hemos estado hablando, coincidimos; en todolo
que hemos estado planteando en esta ley, coincidimos. Usted
está de acuerdo. Si lo que le dice a usted su portavoz o su
Grupo es que salga a la tribuna y nos critique porque ahora
toca criticarnos, pues muy bien. (Varios señores Diputados de
los bancos del Grupo Popular: ¡No!) Sé exactamente que usted
coincide conmigo en que todo lo que hemos incorporado en sí
mismo es positivo, es un avance; puede ser insuficiente, pero
es un avance.

Quiero decirle que continúo coincidiendo con usted en todos
aquellos aspectos que no hemos afrontado y que en un futuro
inmediato, porque la legislatura es muy larga, vamos a
intentar rectificar. (La señora Villalobos Talero pronuncia
palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, por favor, guarde
silencio.




El señor HOMS I FERRET: Ustedes desde la oposición y nuestro
Grupo Parlamentario desde el compromiso de cambiar
efectivamente las cosas, que es como nos encontramos en estos
momentos.

Muchas gracias, señor Presidente. (El señor García-Margallo y
Marfil, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Señor García-Margallo, le concedo la palabra porque el señor
Homs no ha consumido un turno de alusiones, sino, realmente,
de réplica a su intervención. Tiene la palabra.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Gracias, señor Presidente.

Yo sí me he sentido aludido.




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El señor PRESIDENTE: No, replicado.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Homs, realmente ha
hecho usted una intervención entrañable por lo que implica de
defensa de la virginidad. Yo le avisé, señor Homs, en la Ley
del Impuesto sobre la Renta, de que le estaban llevando al
jardín y me decía usted: «No, es que bajamos el tipo del
Impuesto sobre la Renta; es que los tipos en 1993, en la
disposición adicional octava, van a converger» --lapsus
freudiano-- «al 50 por ciento; es que se van a desarrollar los
planes de ahorro popular y es que va a haber determinadas
exenciones para las instituciones de inversión colectiva.» Ni
una sola de las promesas que a usted le hicieron, y que
candorosamente me transmitió usted en el pasillo para ver si
yo le acompañaba también en su aventura nocturna, se han
cumplido. Yo le digo que en estos momentos le vuelven a llevar
a usted al jardín y que usted sigue, con un color sonrosado y
cándido, explicando que 5.000 millones del año 1995 es lo que
este país necesita para salir de la crisis productiva; que una
modificación en el Impuesto sobre el Patrimonio es lo que este
país necesita para salir de la crisis; y que ha conseguido no
sé qué en el Impuesto sobre Actividades Económicas para no sé
qué actividad concreta, en qué pueblo concreto, de una región
concreta. Mire usted, así no se va a ningún lado.

Lo que dijo el señor Aznar, Presidente y portavoz de mi Grupo,
está aquí escrito; y lo que yo he dicho en la Comisión escrito
está. He dicho siempre que estábamos a favor de exonerar del
Impuesto sobre el Patrimonio los bienes afectos a actividades
empresariales y a explotaciones agrícolas que fuesen titulares
de personas físicas, empresas individuales, que ése es
realmente el tejido industrial de este país y la gente que
necesita una determinada ayuda. En materia de participaciones,
de acciones en determinadas sociedades, sin límite..., porque
le he preguntado: ustedes que administran en Cataluña el
Impuesto sobre el Patrimonio, quid prodest, a quién beneficia
esto? ¿A cuántos? ¿Cuántos empleos se van a crear porque no
paguen Impuesto sobre el Patrimonio aquellas personas que sólo
en participaciones tengan más de 250 millones de pesetas? (El
señor Homs i Ferret: Muchos.) ¿Muchos? Serán amigos suyos.

(Risas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Señor
Homs, en este momento en que hay que pagar, en que se exige
que paguen impuestos los desempleados, las personas que están
con incapacidad permanente, cuando dice usted que no se puede
actualizar ni siquiera para que en aquellos bancos (Señalando
los del Grupo Socialista.) no tengan el rubor de explicar a
los pensionistas que por no actualizar las pensiones van a ver
mermados sus ingresos, su renta disponible, en 2.000
pesetas... (Varios señores Diputados del Grupo Po-pular: ¡Muy
bien!) ¿Cree usted que estas son las medidas que hay que tomar
en este momento?
Me decía el portavoz de Defensa que se dice en artillería --y
me dirijo a aquellos bancos-- (Señalando los del Grupo
Socialista.) que la misión de la artillería es machacar a la
infantería, a ser posible a la enemiga. Me parece que ustedes
están machacando a la propia.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, después de
esta mezcla de paseo por el jardín, de indicios de ofertas
deshonestas de amores avenidos y desavenidos y la terminación
de la artillería con la infantería, voy a intentar defender
las enmiendas de Izquierda Unida al proyecto del Gobierno de
una pretendida ley de acompañamiento de la ley presupuestaria.

Puesto que esta mañana hemos estado discutiendo problemas
fiscales, me gustaría empezar diciendo: «Como decíamos esta
mañana...», aunque no me gustaría hacer esta referencia a
Unamuno porque no es ajustada. El se refería a ella por su
situación personal al tener que suspender las clases. En este
momento yo no quiero hacer la misma referencia. (Varios
señores diputados: ¡Fray Luis de León!) Sí, Fray Luis de León.

La propuesta que nos trae el Gobierno y que ustedes han
defendido durante la tramitación en Comisión viene a decirnos
que para estimular el empleo busquemos medidas que incentiven
a las empresas y que las concretemos en exenciones fiscales o
en determinados apoyos. Por un lado, en el IRPF, en exenciones
del Impuesto sobre Sociedades en determinadas situaciones y,
por otro, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el IVA. Lo
cierto es que esta ley de acompañamiento propone exenciones a
unas actuaciones, pero nosotros solicitamos reducir y limitar
esas exenciones a políticas concretas y no aplicarlas todas,
cuando sea. En el Título II se sostiene que los funcionarios
están muy cómodos con el suelo congelado, se lo congelamos e
introducimos elementos de inestabilidad laboral. Por otro
lado, en el Título III se remata la faena y limitamos derechos
que hemos estado garantizando porque no tenemos perras para
hacer frente a todos los derechos, a todas las prestaciones
sociales. Nosotros creemos que no es positivo como ley de
acompañamiento, porque no va a significar más empleo, no va a
significar más recuperación de la inversión, pero sí va a
significar menor recaudación en las arcas del propio Estado.




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La primera enmienda de Izquierda Unida, la número 17, va
dirigida a que los Presupuestos Generales del Estado
anualmente actualicen la tarifa del IRPF. Esta mañana hemos
discutido bastante sobre ello. En la Comisión me replicaron
que no era necesario solicitarlo porque cada vez que vengan
los presupuestos a la Cámara se puede discutir la propuesta de
IRPF; que no es necesario que figure en la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas porque se puede hacer
como ahora mismo. Nosotros creemos que es bueno que lo recoja
la propia ley, porque así ya tiene una actualización
permanente, al margen de las tarifas en cada momento. Sobre
todo, evitamos hacer recaer la capacidad impositiva sobre las
rentas del trabajo. Nuestra segunda enmienda, la número 18,
solicita la supresión de los párrafos segundo y tercero del
artículo 1.º, relativo al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que ustedes proponen: Incrementos y
disminuciones del patrimonio. Ustedes dicen que no estarán
sujetas a incrementos netos todas las transmisiones
patrimoniales que no superen las 500.00 pesetas, y las
circunscriben a reembolsos de acciones o a participaciones
representativas. Estimamos que eso se debe suprimir, porque no
debe tenerse en cuenta la previsión que ustedes realizan. Otra
de nuestras enmiendas va dirigida al párrafo tercero de este
artículo, por el que quedan exceptuados de los impuestos
anteriormente citados los incrementos netos de patrimonio que
procedan de transmisiones en unas determinadas condiciones,
cuando se inviertan después en un plan de ahorro popular.

Pensamos que si se aceptara nuestra propuesta se incrementaría
la capacidad del Gobierno y se reduciría el gasto fiscal que
este año se nos anuncia, por lo que podríamos actuar sobre
otros aspectos de la capacidad impositiva reduciendo o
atenuando la presión que ustedes han ejercido.

La enmienda 20 se refiere a la bonificación en el Impuesto
sobre Sociedades, ustedes prevén esta bonificación para todas
las empresas nuevas que se constituyan, porque ustedes opinan
que crean más empleo. Así nos lo dijeron; no es que tengan
nada en contra de las antiguas, sino que las nuevas crean más
empleo y que, por tanto, hay que ayudarlas. Dicen que deben
tener entre tres y veinte empleados y que deben realizar
determinadas inversiones. Nosotros creemos que su propuesta no
va a garantizar más inversión para generar más empleo. Yo les
explicaba en Comisión que muchas de estas actuaciones pueden
devenir de empresas que han tenido cierres anteriormente,
porque las condiciones que ustedes exigen aquí a la persona,
al propietario, a quien va a gestionar esta sociedad, pueden
venir de haber cerrado una empresa con muchísimos más empleos
antes, con unas cargas determinadas, que se ha acogido al
Fondo de Garantía Salarial, ha cerrado la empresa y ha creado
una nueva. La nueva sí tiene exenciones, la antigua ha cerrado
y ésta ha abierto con menos empleo. Han creado empleo pero han
destruido empleo. Ese es un drama importante a tener en
cuenta, porque en la discusión en Comisión (no solamente de
esta ley, sino también de la de presupuestos) ustedes decían:
Es que nuestro Gobierno ha creado casi dos millones de puestos
de trabajo en la época que hemos gobernado, pero no han dicho
los millones de puestos de trabajo que se han destruido,
porque el paro ha crecido progresivamente en los últimos
años --sobre todo, en los tres últimos años-- y nos hemos
situado, eso sí, en el furgón de cabeza de Europa. Somos el
país de nuestro entorno con mayor porcentaje de desempleo.

Pues bien, nuestra propuesta va en la línea de suprimir la
exención que se recoge en la ley porque produce competencia
desleal y porque, además, los empresarios se la encontraron de
choque, no la habían pedido. Decían los propios representantes
de la CEOE: «Esta medida no la hemos pedido, nos la ha echado
el Gobierno en la mesa; no es una petición nuestra, no es de
nuestros empresarios». Usted hablaba esta mañana de los
nuestros, de los que han respaldado unos a otros.

Circunscribiéndonos a eso, decían ellos: «No son las empresas
que representamos las que hemos pedido esto». Creemos que no
es positiva, no va a solucionar lo que ustedes proponen, no va
a ser útil para esa política que ustedes intentan poner en
marcha.

Si no he logrado convencerles con mi dialéctica, les
proponemos tres concreciones para este artículo. Primero, que
a esos beneficios de las sociedades puedan acogerse las
empresas nuevas o las actuales que se acojan a planes de
viabilidad, modernización y saneamiento propuestos por la
Administración y que sirvan para mantener o incrementar el
empleo actual. Estamos uniendo dos cosas: una, cumplir
requisitos de viabilidad y de modernización y, otra, que se
comprometan a mantener y generar empleo. Por tanto, estamos
facilitando que las empresas actuales, que también quieran
hacerlo, puedan acogerse a estas exenciones fiscales. La otra
propuesta que hacemos es que los empleos que se creen sean
dirigidos, por lo menos el 50 por ciento, a empleos fijos,
porque no es lo mismo --y usted lo sabe-- puestos de trabajo
creados en la empresa que trabajadores que están cubriendo ese
empleo, y puede haber una empresa de veinte empleos en la que
están trabajando mensualmente veinte personas distintas.

Nosotros creemos que el contrato temporal debe cumplir su
papel para ser complemento de una parte fija, de una parte de
actividad estable de la propia empresa, y, en función de la
realidad productiva, debe haber una movilidad en función de la
demanda que pueda existir, eso que se llama las leyes del
mercado, la oferta y la demanda, que no funcionan, por cierto,
en este mal mercado que nosotros estamos utilizando.

Proponemos



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que por lo menos el 50 por ciento de los puestos de trabajo,
sean fijos o estables.

Otra enmienda propugna que los socios, las personas que han
puesto en marcha la nueva sociedad, no hayan cerrado
anteriormente otra sociedad, no hayan quebrado o suspendido
pagos. Por tanto, estaríamos garantizando que no favorecemos,
ayudamos ni alentamos a volver a situarse a los que han
gestionado mal o a los que han tenido una realidad anterior
equivocada. Esas son las tres indicaciones que hacemos a su
texto. Por otro lado, con la enmienda número 21 proponemos la
supresión del artículo 2, tres. La enmienda número 22, al
Capítulo III, Impuesto sobre el Patrimonio, propone la
supresión de la exención que en él se recoge en la
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio hablan
en el punto octavo, uno, de los bienes y derechos de las
personas físicas necesarios para el desarrollo de la actividad
empresarial. Nosotros estamos acostumbrados a que eso sea
nítido y claro, pero las cosas empiezan a complicarse y
estamos viendo cómo patrimonio particular es patrimonio de la
sociedad, cómo el vehículo, la vivienda, etcétera, son
patrimonio de la sociedad, porque el consejo de administración
se hace en esa casa o porque el vehículo es utilizado también
por no sé que determinada persona. Por tanto, no está claro
cuál es su pretensión y, sobre todo, el beneficio en
Patrimonio, un impuesto de los que menos ingresa en el Estado.

Cuando ustedes han renunciado a presionar fiscalmente la
transmisión de las grandes fortunas, de los grandes
patrimonios, creemos que no es positiva su propuesta.

La enmienda número 24 va dirigida a la cuota íntegra que debe
establecerse en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio,
actualizándola tanto en la base liquidable como en la cuota
íntegra a aplicar. Hacemos una propuesta más ajustada a lo que
podría ser una capacidad recaudatoria de una propuesta
progresista. Por último, la enmienda 25 pretende introducir
una nueva figura, una capacidad impositiva del Gobierno a
través de las haciendas locales. Creemos que se puede
establecer un impuesto sobre construcciones e instalaciones
que estén desocupadas siendo viviendas, que hay que introducir
el impuesto de la vivienda desocupada. Por eso, concretamos en
nuestra propuesta el objetivo que tenemos en teoría, lo
llevamos a la práctica y proponemos la naturaleza, el hecho
imponible, la base imponible, el tipo a aplicar, los devengos
y la gestión. Intentamos, por tanto, llevar a la práctica la
teoría, hacer praxis la teoría.

No sé si he resumido bien nuestras propuestas pero he
intentado traer a la Cámara el objetivo indicativo de todas y
cada una de nuestras enmiendas. En todo caso, en la réplica
podré explicar lo que no haya sido capaz de hacer en la
primera intervención. Nada más, señor Presidente. Nada más,
señorías.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Para su defensa, tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el debatir las medidas fiscales de estos
Presupuestos Generales del Estado en dos proyectos de ley está
produciendo una duplicidad argumental en lo que se refiere a
la política tributaria que va a establecer el Gobierno a corto
plazo. Después de pasar el trámite de la Comisión, me temo que
el debate de esta mañan va a ser totalmente estéril. Sin
embargo, el comienzo de la exposición de motivos que establece
el Gobierno en este proyecto de ley me anima a seguir
insistiendo porque a ver si a base de insistir, podemos
conseguir alguna vez algo. Creo que no lo vamos a conseguir en
estos Presupuestos Generales, pero, como todos participamos de
que el contenido de las medidas propuestas es un contenido
totalmente asumible, es posible que a lo largo de esta
legislatura, de la siguiente o de la otra, se pueda por lo
menos lograr alguna de estas medidas. Yo espero que así sea.

Lo que pasa que para entonces no sé cómo estará la crisis.

Habremos salido de esta crisis. Estaremos en un relanzamiento
económico mayor. Habremos vuelto a otra crisis, y posiblemente
seguiremos debatiendo estas medidas. Como decía antes, la
exposición de motivos me anima a seguir insistiendo. La
exposición de motivos empieza diciendo que la actual situación
económica demanda la adopción de medidas legislativas de
diversa índole, etcétera, y dedica más de la mitad de la
exposición a explicar el contenido de estas medidas fiscales.

En definitiva, lo que pretende el Gobierno es pasar de
puntillas por el Impuesto sobre la Renta, el de Sociedades, el
de Patrimonio, el de Bienes Inmuebles. En definitiva, lo que
se está haciendo es mucho ruido y pocas nueces.

Señor García Ronda, yo sé lo que usted me va a contestar
después y usted sabe lo que yo le voy a decir ahora, pero
permítame que en mi turno le vuelva a insistir para ver si por
lo menos puede admitir algunas de esas enmiendas de las que yo
sé que S.S. participa.

Centrándonos en estas medidas tributarias, me voy a referir al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Proyecto
de ley modifica el artículo 44 de la Ley 18/1991, a partir del
1 de enero de 1994, introduciendo un régimen transitorio para
los años 1994 y 1995, en el que se excluyen de tributar los
incrementos netos de patrimonio derivados de la transmisión o
cesión de acciones o participaciones representantivas del
capital social o patrimonio de instituciones de inversión
colectiva, con tal de que el importe obtenido en las
transmisiones o reembolsos en cada uno de dichos años se
invierta en ese mismo año en un plan de ahorro, en



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las condiciones que reglamentariamente se determinen. Son
claros los objetivos del Gobierno con esta medida: retornar
estos incrementos de patrimonio a la sujeción al impuesto y
canalizar el ahorro hacia ciertas formas de inversión. En
primer lugar, como ya le dije en Comisión, no nos parece
adecuada la técnica jurídica de incluir en el artículo 44 de
la ley un régimen transitorio de dos años de exclusión, puesto
que así perdurará el texto del artículo hasta una futura
modificación. Entendemos que el lugar más adecuado de esta
norma estaría en una disposición transitoria del proyecto de
ley.

Por otra parte, la norma remite a una futura reglamentación
los planes de ahorro popular cuando ya ha existido tiempo de
sobra para que el Gobierno haya tenido la voluntad de
desarrollar dicha normativa. En este sentido, la norma
establece un régimen transitorio todavía no desarrollado en lo
que se refiere a los planes de ahorro popular.

Entiendo que el Gobierno, en lugar de fomentar el ahorro con
carácter general, con medidas fiscales generales que respeten
la neutralidad financiera y apoyen el ahorro, introduce
continuas distorsiones en los mercados financieros, apoyando o
no determinados productos financieros en función de su propia
conveniencia. No se está apoyando el ahorro privado en general
sino en función del destino que el ahorrador dé a su dinero al
sector público o privado. El Estado ha articulado los
beneficios fiscales y la menor tributación para aquellos
productos financieros ofrecidos por él: Letras del Tesoro,
Fondtesoro, no sujeción de los no residentes a los intereses
de deuda pública, etcétera. O de productos financieros que se
basan generalmente en deuda pública. ¿Cuál es la razón por la
que no tienen retención las letras del Tesoro? ¿Cuánto fraude
fiscal hay detrás de todas las operaciones de lavado de cupón
realizadas entre residentes y no residentes? Indudablemente,
la Administración del Estado utiliza la fiscalidad del ahorro
para crear canales privilegiados para su financiación.

Ahora se pretende con esta ley trasvasar los fondos existentes
de los fondos de inmovilizado (más de siete billones de
pesetas) a los planes de ahorro popular. Así, vamos saltando
de producto financiero a producto financiero, en función de la
fiscalidad: primas únicas de seguro, cesiones de crédito,
fondos de inversión. Es el propio Estado el que está
incentivando el fenómeno de la innovación financiera por
razones puramente fiscales.

¿Y qué pasa con el Impuesto sobre Sociedades? El Gobierno nos
presenta en este proyecto de ley una bonificación del 95 por
ciento en el Impuesto sobre Sociedades para los períodos de
1994, 1995 y 1996, para las nuevas sociedades o empresas de
nueva creación que se constituyan antes del 31 de diciembre de
1994. La bonificación se limita a empresas con plantilla
superior a tres trabajadores de promedio e inferior a veinte,
que inviertan en activos fijos nuevos más de quince millones,
que la actividad no se haya ejercido anteriormente, que la
sociedad no esté en régimen de transparencia fiscal, etcétera.

En este sentido, nosotros --y cuando decimos nosotros me
refiero al País Vasco--, propusimos las mal llamadas
vacaciones fiscales en mayo pasado, y en julio se aprobaron
las normas forales que derogaban los incentivos anteriores.

Hemos sido tachados de insolidarios y llevados a los
tribunales por quienes hoy proponen una medida similar a nivel
estatal. Si estas medidas se nos proponen como buenas,
saludables y necesarias, no veo por qué aquéllas eran
nefastas. Hay que mantener cierta coherencia en los
planteamientos. Por eso --y aprovecho que está presente el
señor Ministro--, solicito que se retiren los recursos que
tienen presentados contra las normas vascas. He dicho que se
trata de una medida similar. En realidad, estamos ante una
mala copia de las medidas fiscales vascas. Los requisitos y
límites señalados conllevan el grave riesgo de favorecer la
escisión de medianas empresas, de desglosarse en dos o más,
con el único objeto de acogerse al beneficio fiscal. Este
proceso puede resultar nefasto en España, donde una de las
principales carencias es la existencia de un exceso de
pequeñas empresas y donde existe la necesidad de abordar
procesos de concentración empresarial para crear grupos
empresariales de cierta entidad. La medida propuesta, fomenta
la disgregación y el minifundismo empresarial. Entendemos, por
tanto, que los requisitos deben ser los contrarios de los
exigidos en el proyecto de ley. Sólo deben apoyarse
inversiones que ofrezcan la solidez y consistencia de un
proyecto empresarial aprobado y reconocido por la
Administración. La ausencia de requisitos y de cierto control
de la Administración sólo favorecerá las operaciones de
ingeniería fiscal o de puro fraude fiscal. El Real Decreto-ley
3/1993, de 26 de febrero, establece la compensación, ilimitada
en el tiempo, de las pérdidas generadas por nuevas entidades.

Este artículo ofrece la opción de acogerse, en la práctica, a
más vacaciones fiscales. Todo el mundo sabe que una inversión
empresarial nueva de cierta envergadura, en la mayoría de los
casos, produce pérdidas durante los dos o tres primeros años
de funcionamiento. Pues bien, estas pérdidas iniciales,
compensadas dosificadamente en los cuatro o cinco años
siguientes, conllevan en la práctica a la no retribución
durante ocho o nueve años por el Impuesto sobre Sociedades.

Por tanto, hay aquí una opción de vacaciones fiscales aunque
no se haya denominado así.

Por otra parte, ahora se nos presentan estas vacaciones
fiscales para las pequeñas y medianas empresas, por tanto
existirán, desde nuestro punto de vista, dos ofertas
complementarias de vacaciones fiscales en la



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legislación estatal. En la normativa vasca sólo hay una opción
de vacaciones fiscales, y bajo unos requisitos y un control de
la Administración tributaria mucho más estrictos. Ya es hora
de abandonar la demagogia y de que se nos deje ejercer
competencias --artículo 42.1-- reconocidas en los estatutos.

Otro de los temas que queremos exponer y que ya está recogido
en una de nuestras enmiendas, es la reforma del régimen
sancionador y de recargos, vigente para las declaraciones
voluntarias fuera de plazo. La cuantía de las sanciones y
recargos actuales para las declaracionesextemporáneas
realizadas voluntariamente es excesiva y poco realista. En la
práctica, impide la regularización voluntaria de las
situaciones tributarias de contribuyentes que no están al
corriente de los pagos a la Hacienda Pública, dado que no
ofrecen diferencias con las regulaciones que se efectúan como
consecuencia de las actuaciones de investigación de la
Inspección. Es decir, da lo mismo acogerse voluntariamente a
una regulación fiscal que no acogerse, porque, al final,
cuesta exactamente igual.

Hay otro grupo de medidas fiscales para incentivar la
actividad empresarial, que nosotros volvemos a proponer y
respecto de las cuales usted me va a volver a decir que está
bien pero que no se pueden acometer, porque son muy profundas,
muy extensas, y me va a volver a dar todas las razones que
S.S. ya me ha expuesto anteriormente, pero yo se las voy a
volver a decir para que usted me vuelva a repetir lo mismo.

Actualización de balances. Una vez más ponemos encima de la
mesa la actualización de balances, con el fin de incorporar a
las empresas valores del inmovilizado próximos a la realidad;
que las empresas tengan el inmovilizado próximo a la realidad.

Las deducciones por inversiones en activos fijos materiales,
para apoyar decididamente a la inversión de activos fijos
nuevos, también están en las normas forales vascas. La
capitalización de las pequeñas empresas; no he visto nada
sobre capitalización de pequeñas empresas y nosotros
proponemos que esta capitalización de las pequeñas empresas se
haga mediante la deducción, de la cuota líquida, del 25 por
ciento del importe de la ampliación del capital suscrito y
totalmente desembolsado, lo que permitirá favorecer el destino
de los fondos para fortalecer el capital social de las
empresas. Dígame usted que no le gustan estas medidas. En el
Impuesto sobre el Patrimonio y con referencia a la exención de
bienes y derechos de las personas físicas, necesarios para el
desarrollo de su actividad empresarial, proponemos unas
enmiendas más bien técnicas que son: introducir la aclaración
del sujeto pasivo incluyendo, en su caso, a su cónyuge, dado
que en una sociedad de gananciales o de participación se
imputa tanto al sujeto pasivo como a su cónyuge y, si no es
así, la exención se limitaría al 50 por ciento. Cree-mos que
esto habría que aclararlo, lo que podría hacerse a través de
la enmienda que proponemos.

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, nos parece
estupenda la medida. Consideramos de interés que finalmente se
contemplen como deducibles de la base imponible las cuotas
repercutidas en las operaciones sujetas al impuesto que no
hayan sido hechas efectivas. Sin embargo, consideramos
limitativos los requisitos exigidos y, por tanto, proponemos
que se consideren asimismo deducibles de la base imponible las
operaciones de dudoso cobro, con arreglo al concepto de
morosidad en el cobro que contempla el Impuesto sobre
Sociedades.

En el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados hacemos dos propuestas: por una parte,
dar mayor agilidad al tráfico mercantil mediante la
tributación al tipo de gravamen del 0,10 por ciento de las
primeras copias de escrituras y con el 0,50 por ciento las
actas de protesto. Esta es una medida que ya conocen SS.SS. ya
que por cierto, tuvo bastante ruido la implantada en el País
Vasco.




El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego concluya.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.

Por otra parte, evitar rigideces y dotar de mayor fluidez a
los mercados hipotecarios mediante los beneficios fiscales
aplicables a la constitución y cancelación de préstamos
hipotecarios.

Finalmente, en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
presentamos una enmienda para añadir como exención de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes propiedad del
Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales
que están afectos a los servicios sanitarios, y que ya lo
debatimos extensamente en su momento.

Este es todo el capítulo de medidas fiscales que está en
nuestras enmiendas y que, de alguna manera, se las presento
nuevamente para que usted me vuelva a dar las mismas razones,
me imagino, que ya me dio en el trámite parlamentario que
tuvimos en la Comisión de Economía.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

Enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Mixto.

Señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, las enmiendas que
figuran presentadas a los Títulos I, II y III entiendo que son
enmiendas que corresponden a la Sección 13 o bien están
duplicadas en ambos casos. Por consiguiente, considero que
tanto unas como



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otras deben darse por defendidas a efectos de votación, porque
interpreto que posteriormente discutiremos la Sección 13, y
ruego que se tome nota de que se den por defendidas.




El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, entiendo que se
reserva S.S. el derecho a consumir un turno de defensa cuando
se discuta la Sección 13.




El señor GONZALEZ LIZONDO: No, señor Presidente. Las doy por
defendidas. Corresponden todas a las inversiones en órganos
judiciales y ya se debatió bastante en Comisión para poder
ahorrar al Pleno la discusión de este tema.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Lizondo.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, de nuevo,
como esta mañana, nos encontramos ante el debate de una ley
que bien se ha llamado de acompañamiento o complementaria de
la ley de presupuestos, y, en efecto, es imposible que no haya
una remisión a argumentaciones que ya hemos puesto de relieve
durante esta mañana, pero trataré de ser variado en ese
sentido para no cansar a SS.SS. Voy a empezar en sentido
contrario a las intervenciones precisamente por el tiempo
dedicado a ellas. El señor González Lizondo ha dado por
defendidas sus enmiendas, que tienen un sentido similar a las
presentadas al Título VI del Proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor Zabalía, del PNV, ha estado repitiendo que ya sabía
que yo conocía lo que él iba a decir y que él sabía lo que yo
iba a contestar. En primer lugar, sí le voy a decir que
insista. ¿Por qué no? Insista. Los vascos somos tenaces,
insistentes y hasta tercos. Vamos a seguir con ello. Si usted
cree que así está contribuyendo a beneficiar o a favorecer esa
actividad económica que todos queremos incrementar, adelante.

Es posible que allí donde sea conveniente, en el momento que
sea posible y donde lo consideremos lógico, nos encontremos.

Unicamente ha habido una diferencia: es usted pesimista porque
dejaba «ad calendas graecas» que quizá pasara otra crisis y
todavía no hubiéramos hecho nada. Yo soy un poco más
optimista. Creo que hay ciertas cosas que se van haciendo,
como se pone de relieve precisamente por esta ley. Esta ley no
hubiera sido propuesta, no hubiera habido este proyecto si
precisamente no hubiera existido la voluntad de abordar una
serie de problemas que están relacionados con nuestra
situación económica. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.) Hago gracia a SS.SS. de números y
concreciones excesivas de sus enmiendas, que ya tuvimos
ocasión de debatir en Comisión. Sí quiero detenerme un momento
especialmente en algunas de las suyas, señor Zabalía. En
cuanto a esas modificaciones que propugna en las sanciones de
tipo fiscal, he de decirle que en buena parte están puestas en
razón, pero yo le remito a la Ley General Tributaria que, como
esta mañana he anunciado, vendrá pronto a esta Cámara. Creo
que ése es el lugar adecuado para las modificaciones relativas
a infracciones y sanciones tributarias.

¿Qué otros aspectos contienen sus enmiendas? Algo que, en
efecto, le dije; la suma de sus enmiendas casi viene a ser
otro proyecto de ley, no concordante en muchas ocasiones,
desde luego no coincidente en gran parte con lo que hoy se
trae a la Cámara, que conformaría un «corpus» legislativo del
tipo fiscal que, por sí mismo, tendría entidad suficiente como
para que ustedes lo plantearan como proposición de ley.

Me ciño a aspectos como el tratamiento de las empresas nuevas,
donde hay una serie de cuestiones y de circunstancias mucho
más amplias de las que tiene esta ley, que indudablemente es
una ley de urgencia. Una ley que acompaña a los presupuestos
no puede permitirse el lujo de profundizar en todos los
aspectos que atañen a las cuestiones fiscales relacionadas
tanto con empresas como con personas físicas. Inevitablemente,
tiene que ser una ley breve, ceñida, y no puede contemplar
todo lo que S.S. pretende con sus enmiendas porque estaríamos
cambiando en buena parte nuestro sistema fiscal.

La actualización de balances es un viejo tema que se viene
tratando desde hace mucho tiempo. De alguna manera, en algún
momento algo se debatirá también sobre esto; pero no parece el
momento más adecuado cuando nos tropezamos con esa otra cara
de la moneda que no es solamente impulsar sino también la
necesidad de que la recaudación no se nos caiga; que realmente
no tengamos un perjuicio excesivo en ese terreno. Flaco
servicio estaríamos haciendo al conjunto y a nuestro déficit
público si, por un lado, impulsábamos la actividad, pero por
otro se nos caían los ingresos. En cuanto a la deducción por
inversiones, supongo que cualquier empresario elogiará lo que
ustedes han propuesto como enmienda. He de decirles que es
considerable, en el sentido de amplia y para tenerla en
consideración. Tampoco es éste el momento. Creo que lo que se
hace en esta ley, como he dicho necesariamente breve y
puntual, es suficiente en este momento y realmente equilibrado
para lo que se necesita. Capitalización de pequeñas empresas.

Ahí ya introduce un elemento un tanto distorsionador como es
la subvención al capital. No parece que ésa sería la mejor
manera de ayudar; habría que encontrar otro mecanismo. En su
día algo habrá que hacer en este sentido, pero tampoco en este
momento.




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Consideración del cónyuge en las exenciones de patrimonio.

Sobre eso, diría que insista porque, a lo mejor, puede haber
una consideración a lo largo de todo el trámite de
presupuestos en este sentido.

En cuanto a impuestos sobre transmisiones patrimoniales e
impuesto de bienes inmuebles, creo que lo que pretenden lleva
a una mayor capacidad de financiación de comunidades
autónomas, en el primer caso, y de entidades locales, en el
segundo. En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido,
considero que es un poco débil, flojo, el posible control
necesario para considerar simplemente a los clientes no
cobrados como elementos en la base imponible del cálculo del
IVA a efectos de deducción a las empresas. Creo que eso
necesitaría una puntualización mayor. Por otro lado, se ha
quejado de que el Estado inventa productos financieros y
deriva hacia ellos el dinero o trata de captar dinero con
ellos. Yo creo que es mejor que tampoco entremos en ese
asunto, porque me parece que todas las administraciones han
tratado de hacer eso precisamente a raíz de un asunto que se
planteó hace ya varios años. Por otro lado, le tengo que
recordar su enmienda número 262, que pretende precisamente que
las diputaciones del País Vasco, las tres diputaciones
forales, tengan capacidad para emitir productos financieros
sin necesidad de pasar por lo que yo creo que es la necesaria
cohesión nacional cuando se trata de este tipo de cuestiones
que afectan al conjunto monetario de la nación. El
interviniente de Izquierda Unida ha insistido en la deflación
del IRPF, tal como ha dicho ya esta mañana. Desde luego creo
se puede decir que esta ley es negativa respecto al
favorecimiento de la creación de empleo; pero lo que proponen
en sus enmiendas no favorece esa creación. De nuevo ponen
ciertos obstáculos. Pretenden un decremento de las deducciones
por formación profesional, cosa que no veo que sea en absoluto
favorecedor y que no sé cómo la han mantenido; limitan las
deducciones en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que
se acogen a planes de viabilidad, cuando el proyecto de ley,
con todo el cuidado que tiene precisamente desde el punto de
vista reaudatorio del que les he hablado ya anteriormente, lo
expande, sin embargo, a empresas en general cumpliendo las
condiciones que en la ley misma se ponen.

Insisten en la exigencia del 50 por ciento de empleo fijo en
las empresas para que éstas puedan acogerse a determinadas
deducciones y exenciones. Yo les quiero llamar, señorías, a
una consideración: Lo sustantivo es el empleo; lo adjetivo es
ser fijo o temporal. Lo sustantivo es el empleo y eso en todo
tiempo y mucho más en estos momentos. Eso es lo sustantivo. Lo
otro es una matización dentro del empleo. De lo que se trata
fundamentalmente es de crear empleo; si es fijo, miel sobre
hojuelas, por supuesto, ¡cómo no! y sabe usted que mucho
empleo que en principio es temporal se convierte en fijo. Yo
creo que el mejor camino en una situación de contratación como
la que tenemos es que se pase por el empleo temporal, porque
es la manera, es probablemente la mejor puerta para llegar al
empleo fijo. Eso es así. Además y a mí me parece que eso
también va en contra de la creación de empleo y de estas
medidas que tratan de conseguirlo, pretende crear obstáculos
para que no puedan acogerse a esas medidas empresas en las
cuales sean directivos o socios quienes hayan estado en otras
empresas liquidadas por suspensión de pagos o quiebras o que
hayan hecho reducción de plantilla, pero no ponen durante
cuanto tiempo. De la impresión de que condenan a cadena
perpetua a estas personas. No ponen limitación. Podrían haber
dicho a lo mejor que hubieran incurrido en esto durante los
dos últimos años; pero ni tan siquiera eso; cadena perpetua.

Yo creo que no es lógico. La cadena perpetua incluso está
desterrada de nuestro Código Penal. Pretenden un incremento en
el Impuesto sobre el Patrimonio. Yo creo que esto va
radicalmente en contra de este proyecto de ley y no quiero
extenderme en más consideraciones porque incluso ha habido
aquí un debate que, en principio, parecía que no se iba a
tener.

También introduce una nueva figura impositiva: las viviendas
desocupadas. Me parece que no es el momento más adecuado para
ello. Tampoco eso favorecería en nada la actividad económica.

Es evidente que uno de los terrenos donde también nos interesa
que haya actividad económica es en el de la construcción.

Naturalmente si ustedes pretenden que se ponga un impuesto de
esta índole probablemente estaremos contrayendo la demanda de
viviendas por personas que a lo mejor en el momento no las van
a utilizar, no van a ser para ellos, van a ser para otras
personas, quizá para familiares, para hijos, etcétera. Yo creo
que es inoportuna la creación de este posible impuesto. Estimo
que la ley, aunque usted ha aludido a ciertas oscuridades o a
ciertas ambigüedades, está muy clara y su posición también
está muy clara, yo creo que lo ha explicado muy bien. Antes ha
dicho que lo volverá a explicar en la réplica, yo creo que no
es necesario; me parece que está completamente claro lo que ha
querido decir. Yo lo encuentro controvertible y ahí han estado
mis respuestas. En cuanto al Grupo Popular, el señor García-
Margallo ha continuado su discurso de esta mañana, pero lo ha
reforzado en algún sentido. Ha acusado al Gobierno de querer
extraer dinero rápidamente y sin limitación alguna. Yo creo
que es una vieja argumentación que cae por sí misma. Nos pide
que el plan de ahorro esté ya. Yo le digo que durante el año
que viene estará el tiempo abierto como para que se puedan
hacer inversiones que puedan ser acogidas al plan de ahorro.

Naturalmente que el plan de ahorro vendrá y lo hará pronto.

¿Por



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qué se empeña en esta cuestión diciendo que primero el plan de
ahorro o primero ese traje en el armario, como ha dicho? No,
yo creo que no es tan necesario, creo que durante todo el año
que viene se va a poder invertir y ya se determinará el plan
de ahorro como es debido y con todas sus características y
detalles. En lo que se refiere a la exención en patrimonio, no
voy a ser yo quien ahora le cante las alabanzas porque ya otro
diputado le ha dicho algo en esa controversia que han tenido
ustedes. Lo que sí he de decirle es que cuando se refiere a
los profesionales yo pienso que extenderlo de momento tiene
ciertas dificultades. Usted bien sabe que buena parte del
patrimonio de profesionales es difícilmente discernible del
patrimonio personal y, por tanto, tampoco sería fácil sobre
todo en esos casos de los que ha hablado usted casi
lastimeramente, de los jóvenes que quieren empezar a trabajar,
etcétera, pues muchos de ellos, incluso, se ponen en su propia
casa. En cuanto a las sociedades, a las exenciones de
patrimonio o cuando se trata de empresas con unas
características determinadas, en efecto, serán discutibles las
cifras pero hay que impulsar la continuidad de empresas
familiares tan tentadas a abandonar en aquellos lugares donde
sobre todo hay industrias o empresas agrícolas. Yo soy de una
comunidad autónoma, de Euskadi que, como usted bien sabe,
tiene muchísimas empresas familiares y se sienten tentados con
demasiada frecuencia últimamente a abandonar esas empresas.

Las cosas no son fáciles; por tanto, facilitémoslas en la
medida de lo posible con objeto de que esas empresas no se
caigan, no se derrumben, no se liquiden.

En lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, ha
dicho una frase que yo no dije: que el Estado se financia con
lo que no es suyo. Lo que yo dije en Comisión es que no era el
momento de adelantar las devoluciones o las deducciones, en su
caso, en un tema como el IVA en el que determinados
movimientos de tipo mercantil no son fáciles, no son
rápidamente empujables, por decirlo así; es decir, no se
pueden modificar a voluntad muy fácilmente. Entonces,
dejémoslo como está, señor García-Margallo, no quiera que la
Tesorería del Estado esté peor. Bueno, usted lo querrá porque
luego irá a la Comisión, pedirán la comparecencia del Director
General correspondiente y le pondrán verde a él, pondrán verde
al Gobierno y nos pondrán verdes a nosotros.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
vaya concluyendo.




El señor GARCIA RONDA: Concluyo enseguida, señor Presidente.

Aprovecharán para ponerle verde, aunque una parte de esa
situación difícil viniese provocada por hacerles caso a
ustedes en esta cuestión. Yo creo que el Gobierno y nosotros,
sensatos con él, tratamos de que no se empeore su situación.

No vamos a tratar de hacer nada malo para los contribuyentes,
porque yo creo que el contribuyente, en todo caso, está
mejorado en las cifras con la ley de presupuestos y con esta
otra ley, en las pesetas directas y corrientes. Otra cosa es
que usted pidiera que hubiese todo tipo de deducciones para la
deflación, etcétera, tal como se ha pedido. Creo que eso sería
exagerado. Vamos a dejar las cosas como están y no vamos a
poner más chinas en el camino de la Administración del Estado.

Por fin, he notado una contradicción tremenda en uno de sus
asertos. Cuando habla sobre el Impuesto de Actividades
Económicas, dice que hay que dejar a los ayuntamientos que
bajen el tipo máximo, es decir, que el tipo máximo debe ser
menor; y, por otra parte, dice usted que a los ayuntamientos
hay que darles mayor posibilidad de recaudación. Pero, señor
García-Margallo, precisamente la primera falta de posibilidad
de recaudación es si les rebajamos los tipos máximos,
indudablemente. Ha incurrido usted en una contradicción no
propia de alguien que bien conoce nuestro sistema fiscal y
todos sus detalles. En fin; ha repetido usted el discurso,
pero yo creo que --digamos-- con una especie de incremento
digestigo, quizá de demagogia a estas horas de la tarde,
porque ha incrementado bastante la demagogia de su discurso de
la mañana. En definitiva, ha seguido queriendo rebajar los
impuestos y, además, según su frase final (ya lo tiene
premeditado) de lo que suceda de aquí en adelante nos va a
echar la culpa por no haber aceptado sus enmiendas. ¡Hombre,
me parece un poco exagerado! Sus enmiendas tampoco son tan
importantes, las hagamos caso o no las hagamos caso, como para
que varíe sustancialmente la situación que pueda producirse en
adelante. Desde luego, esa situación, en todo caso, estará
mejorada por esta ley. Sí tengo que decir que algunas de sus
enmiendas, las referidas, por ejemplo, a la libertad de
amortización, o las modificaciones posibles en signos, índices
y módulos, creo que también son de considerar y no estamos ni
mucho menos cerrados a ellas, porque forman parte de nuestras
reflexiones.

Finalmente, quiero anunciarles, señorías, como se imaginan,
que el voto del Grupo Socialista será favorable al Título I de
esta ley.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Gracias, señor Presidente.

Señor García Ronda, voy a intentar seguir lo más ordenadamente
posible la parte de la exposición que S.S. me ha dedicado.




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Dice el señor García Ronda que mi discurso sobre el aumento de
la presión fiscal es un discurso viejo. Es verdad; es viejo de
once años, de los once años que llevan ustedes gobernando.

Pero quiero recordar, como he dicho esta mañana, que en el
Plan de convergencia que el Gobierno presentó aquí, en abril
de 1992, reconocían ustedes paladinamente, como paladinamente
se había reconocido en el Libro Blanco que fue origen de la
reforma fiscal, que había que hacer un enorme esfuerzo de
contención de la presión fiscal para favorecer el ahorro.

En aquel documento, discutido aquí por el antecesor del señor
Ministro, se decía que había que establecer la presión fiscal
central (no se decía nada de las comunidades autónomas y de
las corporaciones locales) a un nivel del 37 por ciento. Ese
compromiso suscrito aquí como plan plurianual para aproximar
nuestra economía a la economía europea, un esfuerzo conjunto
de la sociedad española, duró exactamente doce semanas, porque
a las doce semanas, por decreto-ley, alteran ustedes la escala
que habían establecido en la ley 18/1991 y que habían ustedes
vendido a mis compañeros del Grupo de Convergència i Unió.

En segundo lugar, pregunta usted por qué desconfío yo de que
van ustedes a traer aquí los planes de ahorro popular. Pues
porque ese compromiso lo adquirieron ustedes en la ley 18/1991
y esta es la hora en que no está hecho. Me dice el señor
García Ronda que yo le entregue mi traje, que ya veré cómo a
lo largo del año voy a tener otro traje en el armario. Pero,
mientras tanto, ¿cómo quiere que me pasee, señor García Ronda?
En tercer lugar, habla el señor García Ronda de la exención
por patrimonio; y aquí lo ha hecho con tal pudor que ha dicho
que la defensa la ha hecho otro Diputado de esta Cámara,
supongo que echando la pelota a sus socios del Grupo Catalán
de Convergència i Unió. Probablemente, porque es difícil,
conociendo la extracción ideológica del señor García Ronda,
explicar esta exención y resulte probablemente incómodo dentro
de su partido que le hayan adjudicado esta tarea, es por lo
que tiene dificultades para explicarlo y dice: «Que lo
expliquen mis socios, mis colaboradores del Grupo Catalán de
Convergència i Unió», cuyo silencio en este tema está siendo
clamoroso. Lo que hemos dicho nosotros es que en materia de
empresas individuales, por tanto, de pequeña y mediana
empresa, estamos de acuerdo en que no se pague impuesto sobre
los bienes afectos a la actividad empresarial. Y me dice
usted: Eso no se puede hacer con los profesionales, porque
determinados bienes pueden dedicarse tanto a usos productivos
como a su consumo o los pueden instalar en su casa. Hay ríos
de tinta para distinguir lo que es afectación o desafectación
de bienes para distintos usos. Pero no acierto a comprender a
qué tipo de entretenimientos cree usted que se puede dedicar
un matrimonio que sea analista y se compren útiles para hacer
análisis; ni logro entender a qué tipo de juergas cree usted
que se pueden dedicar determinados bienes como un ordenador,
un «Aranzadi» o los libros de Derecho que se necesiten. No sé
cuál es el temor que tiene S.S. y no acierto a comprender por
qué ese temor no se puede trasladar, por ejemplo, a una
explotación agrícola que puede dedicarse de verdad al cultivo
de la tierra o a usos cinegéticos. Y, desde luego, no acierto
a comprender en absoluto la debilísima defensa que hace usted
en materia de la exención de las participaciones en
determinadas sociedades. Vamos a ser serios.

En primer lugar, nosotros estamos proponiendo una modificación
íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio que pasa, primero,
por elevar el mínimo exento, para que la familia cuyo único
patrimonio lo constituye una vivienda modesta, no pague
impuesto. Segundo, un sistema de valoración que dice que las
acciones en las sociedades se valoren, a opción del sujeto
pasivo, valor teórico según balance o capitalización de
beneficios. Y tercero y más importante, que es lo que usted no
quiere discutir, es que tal y como está redactado el texto que
el Gobierno nos ha remitido, no van a pagar impuestos los
titulares, personas físicas --insisto--, que son los únicos
que pagan el Impuesto sobre el Patrimonio, que tengan
participaciones en determinadas sociedades, sin límite en el
valor de las participaciones y sin límite en el tamaño de la
sociedad; es decir, que un señor cuyo patrimonio sea de 20.000
millones de pesetas en participaciones en una sociedad, con un
capital de 100.000 millones de pesetas, no va a pagar un
céntimo. Si usted cree que eso se lo puede explicar a sus
votantes en un año en que tienen ustedes que gravar las
prestaciones de desempleo y las prestaciones de incapacidad,
hágalo; si usted cree que una medida de este tipo sirve para
crear empleos, dígame cuántos; si usted cree que esto es una
medida que beneficia a la genealidad, dígame usted a cuántos
más aparte de las mil familias que usted, yo y los señores de
Convergència i Unió conocemos.

En materia del Impuesto sobre el Valor Añadido dice que yo he
dicho lo que no he dicho. Señoría, si yo paso una factura con
el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido a una
administración pública y la administración pública no me paga,
yo tengo que ingresar el Impuesto sobre el Valor Añadido que
no he percibido, y me dice usted que tengo que esperar a que
haya una declaración de suspensión, declaración de quiebra o
autorización administrativa, que es lo único que hace en esta
materia. Y en el tema de las administraciones, yo digo:
Hagamos un aparte. Si ustedes saben que las administraciones
no pagan, haga usted que yo ingrese el Impuesto sobre el Valor
Añadido cuando yo cobre mi factura y, por tanto, la
Administración me haya pagado el Impuesto. Porque usted sabe,
señor García Ronda, que tienen



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ustedes fama conocida de malos pagadores. Hable usted con los
suministradores del sector sanitario, hable usted con los
contratistas de obras públicas, hable usted con todas las
personas que contratan con la Administración. Y ese Impuesto
que yo no he cobrado y tengo que ingresar en Hacienda, no le
pertenece al Tesoro público. Por tanto, no estoy intentando
agravar la situación financiera de la Administración pública;
estoy intentando decir que si la Administración pública no
paga ni siquiera la totalidad, que, como mínimo, no me exija
que yo ingrese un impuesto que no he percibido. Y no dice
usted media palabra, probablemente porque está usted
freudianamente preocupado por explicarme lo equitativo que
significaban las participaciones en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, de la pequeña y de la mediana empresa. Cuando vaya
usted a su tierra, en el País Vasco, coja una pequeña y
mediana empresa que esté en estimación objetiva singular y
explíquele, habiendo hecho usted el discurso de que son esas
empresas las que más ayudas necesitan para invertir y
modernizar sus equipos, para crear mercados fuera, para
realizar gastos de formación profesional, que esa pequeña y
mediana empresa no tiene acceso a los incentivos a los que sí
tiene acceso una gran empresa que no esté en estimación
objetiva; que ustedes quieren tratar igual a la pequeña y
mediana empresa que invierte que a la que no invierte, a la
pequeña y mediana empresa que compite en el exterior que a la
que no compite en el exterior, a la pequeña y mediana empresa
que hace un esfuerzo para formar a sus trabajadores que a la
que no lo hace. Dígales usted que ese es su sentido de la
equidad, enséñeles la enmienda sobre patrimonio y dígales que
ese es su sentido de la economía productiva.

Dice que he incurrido en una contradicción en el IAE. ¡Dios no
lo permita! La Ley de Haciendas Locales ha sido recurrida por
mi Grupo desde el año 1988, y desde el año 1988 les dijimos
que estaban ustedes dando a los ayuntamientos pozos secos,
porque a los ayuntamientos les dan ustedes tres impuestos, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que después del paso del
señor Borrell no...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Voy terminando.

Después del paso del señor Borrell y su aventura por el
Catastro, que nos costó 101.000 millones, no ha vuelto a
crecer la hierba en ese Impuesto y dudo que vuelva a crecer en
muchos años. (La señora De Palacio del Valle Lersundi: ¡Muy
bien!) En el Impuesto sobre Actividades Económicas, S.S. --que
algún idioma conoce-- puede leer el informe del Comité
Ruding --por cierto, también traducido al español--, en donde
se dice que es un impuesto que penaliza el empleo, la
competitividad y que ha de desaparecer en aquellos países en
que exista.

Y el último impuesto, el único que queda después de todo este
tantarantán, es el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. Yo no sé si el señor Ministro echó los cálculos y
les ha explicado a los compañeros que se han reunido en La
Coruña cómo pueden pagar los servicios que los ayuntamientos
realizan con tan menguado equipaje.

Por tanto, ninguna contradicción. He dicho que el IAE no nos
gusta, el IAE no sirve. Vayan ustedes rebajando el Impuesto
sobre Actividades Económicas y, naturalmente, vayan buscando
fórmulas alternativas de financiación para los ayuntamientos,
porque ni el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ni el Impuesto
sobre Actividades Económicas sirven, ni el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica va a recaudar los fondos que
los ayuntamientos necesitan. Ya comprendo que es un excesivo
esfuerzo de imaginación el que ustedes hagan un marco distinto
para las haciendas locales. Termino, señor Presidente;
termino, señor García Ronda. Son ustedes responsables, por no
haber introducido las medidas que había que introducir en
todos los sectores y especialmente en el campo tributario, de
la situación en que se encuentra la economía española; y son
ustedes responsables de lo que vaya a ocurrir ahora porque
están ustedes (como toda medida de economía productiva, se lo
repito aunque no les guste) sacrificando 5.000 millones del
año 1995. En la situación que estamos, con los índices de
precios que tenemos, que hemos conocido hoy; con la tasa de
paro que tenemos, que hemos conocido hace unos días; con la
tasa de suspensiones de pago, de quiebra y desaparición de
empresas; con la venta al exterior de las empresas que
subsisten, si ustedes creen que con 5.000 millones lo van a
arreglar, permítame que les diga que han crucificado ustedes
la economía española y, eso sí, le han dado un protector solar
para que no se queme mientras esté en la cruz.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): tiene la palabra el
señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente, voy
a intentar argumentar la bondad de las propuestas ante la
posición que ha fijado el portavoz del Grupo mayoritario,
ciñéndome a los cuatro comentarios que ha hecho a las cuatro
propuestas que él ha seleccionado. Nosotros creemos que, por
desgracia, esta ley de acompañamiento es mala compañera de un
mal proyecto de ley. En ese sentido, queremos analizar cuáles
han sido los comentarios a unas propuestas concretas.




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Nosotros no hemos circunscrito la propuesta de empresas
solamente a las actuales que se acojan a planes de viabilidad,
hemos dicho que se adicionen a las que ustedes proponen, que
son las empresas nuevas, también las empresas actuales que se
acojan a planes de viabilidad marcados por el Gobierno para
mantener o generar empleo. Eso es lo que hemos hecho, intentar
unir, no sustituir, a las que ya había. No se pretende, por
tanto, eliminar la propuesta del propio Gobierno, sino evitar
la posible competencia desleal que puede suponer el que las
empresas que ahora mismo funcionan no puedan acogerse. Tiene
razón cuando dice que lo importante hoy, por la situación
económica que tenemos, es generar empleo. No le miremos el
letrero a «pan regalado» o a la idea del puesto de trabajo
creado. Eso es cierto, pero nuestra enmienda iba dirigida a
cuando la empresa nueva está circunscrita a un volumen de
empleo entre tres y veinte trabajadores; nosotros decimos que
en la consolidación de esa actividad económica un volumen
puede ser fijo o estable, o ir hacia ello. Usted ha dicho que
hay empleos temporales que pueden cuajar en fijos, y es
verdad, y eso es positivo, pero no siempre es así. Lo que
hemos dicho es que todo el empleo temporal puede significar
hacer pasar por un mismo puesto de trabajo a tantas personas
como días y jornales puedan echarse en ese mismo puesto, y no
sería lógico que eso fuese un estímulo para la generación de
empleo.

Nosotros no hemos pretendido condenar a cadena perpetua a las
personas que hayan podido estar implicadas en procesos
anteriores. Quizá nos ha faltado matizar si eso era un año o
dos antes, pero podíamos haber recibido la indicación vía una
transacción si hubiera sido buena la propuesta. Lo que hemos
querido proponer, como botón de muestra, es que no se
favorezca el que personas que han participado en destrucción
de empleo vean favorecida su actuación en pretendidas
políticas de apoyo y fomento de empleo. Usted ha hecho una
referencia que es verdad: el horno no está para bollos. La
situación económica no facilita la realidad impositiva, pero
yo creo que a los dos niveles: el horno también está muy mal y
la situación económica está muy mal para reducir prestaciones
a la gente. El problema es que tenemos que optar, y usted
reconocerá que dirigiendo al sujeto pasivo que hemos dirigido
nosotros la propuesta de ese nuevo impuesto de viviendas
desocupadas, las que llevan muchos años estando así mientras
los alquileres son muy caros y la vivienda muy onerosa --hoy
en día es muy difícil en grandes ciudades acceder a la
vivienda-- este sujeto pasivo al que dirijimos el impuesto no
es de los que peor van a pasar la situación de crisis
económica. Por tanto, no estamos errando en la orientación de
nuestra propuesta. En todo caso, acepto que su valoración sea
que no es oportuno porque todo lo que sea hablar de más
impuestos es malo. Meternos en esa canción de que todo es malo
generalizando, nosotros creemos que es equivocado y hay que
volver a recuperar la discusión de que los impuestos son malos
cuando se aplican mal y que es bueno cobrar a quien más tiene
y que no siempre el que más tiene va a invertir y generar
empleo; que hay mucho capital especulativo y mucho nido de
fraude y que tenemos que meter la cuchara en esa realidad para
incrementar las arcas del Estado. Esa ha sido la orientación
de nuestras enmiendas y con esta intervención las mantengo
para el debate que aún queda y para su votación en la Cámara.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor García Ronda, voy a seguir insistiendo porque usted ha
dicho que siga insistiendo. Lo que no ha dicho es: usted
insista que nosotros seguiremos sin hacerle caso, pero me temo
que eso va a ser, al final, lo que va a ocurrir. De todas
formas --usted lo ha dicho--, los vascos somos muy tozudos,
muy cabezotas y seguiremos insistiendo. Y, como buen vasco,
cada vez que se hable de temas fiscales yo seguiré haciendo
los mismos planteamientos. Lo malo es que usted también es,
por lo visto, vasco y entonces también es cabezota y vamos a
tener un debate bastante largo. (El señor García-Margallo y
Marfil: Presunto vasco.) Vamos a ver quién vence; desde luego
usted, porque tiene muchos, digamos, apoyos que yo
desgraciadamente no tengo, porque sólo tengo en este momento
dos, a mi derecha y a mi izquierda, y poco más, aunque me
parece que por ahí veo ciertas sonrisas de apoyo. Me dice que
todas las enmiendas que presentamos son de excesivo contenido
y que esto debería estar recogido en otro proyecto de ley y
que presentemos un texto. Dígame usted cuándo vamos a quedar
porque yo, desde luego, voy a presentar un texto con todas
estas medidas. Como el señor Ministro de Economía y Hacienda
está aquí presente, cuando quieran quedamos y matizamos esto
porque, como me lo ha dicho ya dos veces, creo que es verdad:
ustedes quieren que nosotros presentamos otro texto recogiendo
todas nuestras medidas. Yo, muy gustoso y obediente, lo voy a
hacer.

Me dice que el tema de las sanciones no es el sitio adecuado y
que vamos a esperar a la reforma de la Ley General Tributaria.

Pero si en cada medida que hacemos tenemos que esperar a la
reforma de su figura tributaria correspondiente, tendríamos
que estar esperando para las medidas sobre la renta al
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, al Impuesto de
Sociedades, lo mismo, y así de todos los impuestos. Ustedes



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han sido siempre sumamente habilidosos para regular dentro de
la Ley de Presupuestos cantidad de medidas fiscales. Por eso
me he atrevido a sugerirles que hagan también esto con el tema
de las sanciones. De todas formas, no importa; recojo su
ofrecimiento y espero que en la reforma de la Ley General
Tributaria se recoja el tema de las sanciones. Por lo que
respecta a la actualización de balances y a las deducciones
por inversiones me dice que no es el momento adecuado.

Prácticamente en todos los impuestos me está diciendo que no
es el momento adecuado. Estoy de acuerdo, no es el momento
adecuado, aunque no lo será desde su punto de vista, pero, por
favor, dígame cuándo es el momento adecuado. ¿Cuando estemos
en una situación que no sea de crisis? ¿Cuando ustedes no
tengan un déficit presupuestario como el que tienen? ¿Cuándo
va a ser el momento en que sea conveniente o posible tomar
estas medidas? Dígamelo para trasladárselo a nuestras empresas
y poderles decir: no se apuren, esperen todo lo que sea, uno o
dos años. Si cierran, mala suerte, pero no se preocupen.

Procuren no cerrar porque dentro de algunos años vamos a tener
unas buenas medidas. Eso tendremos que decirles.

En el fondo esto se reduce a que ustedes han tenido una cierta
precipitación al elaborar estas medidas. No han hecho uso de
una gran imaginación, porque se podían hacer mucho mejor las
cosas. Vuelvo otra vez a decirles lo mismo que les he dicho en
reiteradas ocasiones: Rectifiquen, señores del Gobierno,
rectifiquen de una vez por todas su política fiscal porque si
no, al final, la política fiscal no va a hacer falta porque no
va a haber a quien aplicársela. Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Tiene la palabra el señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.

Al señor Zabalía, qué más le puedo decir de lo que ya le he
dicho desde la tribuna. Creo que me han entendido
perfectamente. Sólo quiero decirle que sí, que soy vasco,
parece --como ha venido a decir-- y además sensato. Por ello
puedo cambiar a medida que cambien las circunstancias, como ya
he dicho. Lo que no cabe duda es que un político tiene que
apegarse al terreno que tiene en cada momento, sin perder de
vista cuáles son sus objetivos, sus finalidades y el lugar al
que quiere llegar, pero se tiene que ceñir al terreno. Por lo
tanto, no le extrañe que con respecto a determinadas
cuestiones que S.S. pueda plantear me encuentre diciendo no
exactamente lo que he dicho yo, por lo menos no negándomelo,
entrando en algunas de las cosas que usted pueda pretender.

No le he dicho exactamente, ni en Comisión ni en este Pleno,
que presente una proposición de ley. Lo que le he dicho es que
me parecía más lógico que estas medidas, en cuanto que son tan
amplias, tan abarcadoras, pudiesen formar parte de una
proposición de ley específica que se llamase como ustedes
quisieran, y que parecía más lógico como vía parlamentaria.

Ustedes verán si lo deben hacer y en qué momento, sobre todo.

Y no está mal que hablemos antes de que ese momento sea
inoportuno también. Es posible que lo mejor sea que sigamos
hablando. Usted sabe que puede hablar perfectamente, porque
usted me dice que yo tengo muchos apoyos, pero ¡por favor!, yo
tengo muchos apoyos, muchos votos en este Parlamento, aquí
dentro, pero que usted tiene apoyos extraparlamentarios sin
duda más fuertes que los míos, de eso no cabe duda. Con eso no
le critico en absoluto. (El señor Zabalía Lezamiz: Explíquese,
por favor.) Eso ha sido positivo a veces para llevar a cabo
acuerdos que también han sido buenos, a mi juicio, para este
país. En cuanto al señor Ríos, creo que nos hemos entendido
perfectamente, ha comprendido bien lo que quería decirle, me
alegro que me haya dado la razón en algunas cosas, aun
manteniendo sus enmiendas para votación. Estoy de acuerdo con
su penúltima frase que es válida. Ahí sí nos encontramos,
naturalmente: Debemos recaudar más, debemos luchar contra el
fraude, los que más tienen deben pagar más, etcétera, y además
debemos ayudar a la actividad económica. Creo que estamos
plenamente de acuerdo en ese sentido. Es en los aspectos
concretos donde creo que deben ustedes revisar sus
planteamientos.

En cuanto al señor García-Margallo, no sé si de verdad le
interesan mucho los planes de ahorro o no, o los está
utilizando aquí como arma dialéctica, porque me da la
impresión de que en el fondo no le gustan nada los planes de
ahorro, pero está machacándonos con ellos. No se preocupe
porque los planes de ahorro tendrán su concreción.

Por lo que se refiere a la exención por patrimonio le he visto
irritado, y no lo entiendo. En su momento, el señor Homs creo
que ha hecho una defensa suficiente y, como he dicho antes, no
voy a entrar en más defensas, pero ¿por qué le irrita? ¿Acaso
es que no conoce, o sólo los conoce de nombre, a alguna de
esas mil familias que ha dicho? No sé, procúrese amistades y
así estará más contento, quizás. (Rumores.) Lo digo con toda
cordialidad. En cuanto a lo de malos pagadores, nosotros no
somos malos pagadores. La Administración del Estado nunca ha
sido un dechado de pago rápido. Es evidente que siempre hay
problemas porque incluso el propio proceso de pago --y usted
lo sabe bien como funcionario del Estado conspicuo-- ya de por
sí es bastante premioso. Entonces, en todo caso, planteen
ustedes eso y no decir simplemente, con el sistema que
tenemos, páguese



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ahora. Sabe usted que tiene que pasar por una serie de pasos
que ya de por sí duran meses.

Sobre las pequeñas y medianas empresas, no me lance contra las
de mi país precisamente, a quienes ya sabré yo lo que les
tengo que decir y con quienes estoy en contacto. En realidad,
para las pequeñas y medianas empresas precisamente hay unas
medidas especiales, mientras que también hay otras medidas que
sirven para esas otras empresas más grandes. Hay medidas
especiales, precisamente en esta ley que estamos debatiendo,
para las pequeñas y medianas empresas. Eso lo sabe usted y no
es discutible. Por lo que se refiere al Impuesto sobre
Actividades Económicas, le recuerdo de nuevo su contradicción.

Usted pide que incrementen sus ingresos los ayuntamientos y
pide que se rebaje en el Impuesto de Actividades Económicas
los límites superiores. eso es una contradicción. Usted dice:
Créense otras cosas para financiar a los ayuntamientos. Oiga,
señor mío, si este Impuesto y el de Bienes Inmuebles entre
otros, son específicamente locales, como usted bien sabe, y
son los que tienen que alimentar muy sustancialmente a los
ayuntamientos, que tienen que tener una cierta flexibilidad
para poder elegir en cada caso y en cada circunstancia qué es
lo bueno para ese ayuntamiento y cómo tienen que llegar
también a un equilibrio entre justicia fiscal, necesidades de
recaudación e impulso económico.

En cuanto al repetido informe Ruding, no tome usted una cosa y
no otra, porque sabe que con respecto a algunas de las
enmiendas que ustedes han hecho resulta que el informe Ruding
es contrario. No lo he empleado en absoluto porque no tengo
por costumbre, como creo que he tenido ocasión de decir en el
debate de Comisión, tener por clásicos a gentes tan
inmediatas. Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Ronda. Finalizado el debate de este título con las
disposiciones adicionales conectadas con él, vamos a pasar al
debate de las enmiendas presentadas al título II, junto con
las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales
cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y décima y a las
disposiciones transitorias primera y segunda. En primer lugar,
vamos a debatir las enmiendas del Grupo Popular. Para su
defensa, el señor Núñez tiene la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, una primera
aproximación al proyecto de ley al título II
de este proyecto de ley delata que el Gobierno aborda de forma
vaga, fragmentaria e inoportuna, además de técnicamente
deplorable, la ingente tarea de llevar a cabo la reforma
administrativa que España viene demandando desde la
consumación de la primera fase detransferencias y traspasos a
las comunidades autónomas. En efecto, antes de afrontar la
reforma del régimen funcionarial, que ahora tan torpemente se
intenta, la Administración del Estado debería proceder a una
reestructuración de su aparato orgánico, a fin de determinar
el tamaño ideal de su estructura orgánica y la mejor
ordenación de ella para cumplir los fines generales y
específicos. ¿Es que se necesitan once años para elaborar el
proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración del Estado? Desde 1983 el Gobierno se obligó a
ello por Ley y ante esta Cámara, y sin esta pieza básica del
ordenamiento jurídico las medidas de reforma de la función
pública que se han aprobado otros años y las que ahora se
proponen no son más que palos de ciego, parches de urgencia
que están condenados al fracaso. Si el Gobierno no se decide a
proceder de este modo, como la ortodoxia de la ciencia de la
Administración aconseja, sino a pergeñar una apresurada
máquina de liquidar funcionarios o un instrumento de
reconversión salvaje, como ha sido calificado el título II del
proyecto de ley que ahora debatimos, cabe preguntarse por las
razones que han presidido la opción por esta segunda
alternativa. ¿Obedece acaso a la angustia que ocasionan en el
ánimo del Gobierno las dimensiones de la carga financiera que
representa el importante volumen del personal activo
infrautilizado al servicio de las administraciones públicas,
agravado con el incesante incremento de los recursos
necesarios para atender el sistema de clases pasivas y de
Seguridad Social de los trabajadores públicos jubilados? ¿Es
una mera operación de despiste encaminada a demostrar a las
centrales sindicales estar dispuestos a dar el primer paso
adelante para asumir las obligaciones y sacrificios que exigen
aquéllos en las negociaciones del pacto social? ¿Nos hallamos
ante la emisión de un globo sonda para poner a prueba las
reacciones del colectivo de funcionarios ante la posibilidad
de adoptar en el futuro las medidas que ahora anuncia como
inminentes? En la exposición de motivos encontramos una
respuesta vaga e imprecisa cuando dice: «La actual situación
económica demanda la adopción de medidas legislativas de
diversa índole que coadyuven al cabal cumplimiento de los
objetivos económicos previstos en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1994.» Suponemos que el Gobierno se
está refiriendo al control y reducción del déficit público y,
por tanto, suponemos también que el título II del proyecto de
ley que debatimos, referido a normas de Función pública, tiene
como misión suprema coadyuvar a ese objetivo de reducción del
déficit público. Esa es una argumentación en bárbara, leyendo
el primer párrafo de la exposición de motivos que les he
citado literalmente. Sin embargo, basta una mirada a las
previsiones del artículado para comprobar que difícilmente se
puede



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incidir en ningún tipo de ahorro, al menos durante el
ejercicio de 1994. Al redactar el proyecto, sin duda, el
Gobierno era consciente de ello y por eso no ha cuantificado
el ahorro que produciría la aplicación inmediata del título
II. Ninguna memoria acompaña al proyecto de ley que nos
permita conocer de qué situación se parte y a cuál se quiere
llegar, cuáles son los organismos y estructuras a suprimir o
reordenar y cuáles los posibles excedentes de funcionarios,
cuál es la naturaleza jurídica, administrativa y laboral de
los planes de empleo, y lo que es más importante, cuál es el
montante total al que ascendería la financiación de la
operación de reasignación de efectivos. Aunque ustedes no se
lo crean, el título II de este proyecto de ley, que persigue
la reducción del déficit, puede resultar carísimo, casi
ruinoso para las arcas del Estado, pues contempla y regula,
entre otras cosas, hasta seis supuestos de percepción de
retribuciones sin contraprestación laboral. Se los relato a
sus señorías. El primero, excedencia forzosa que pone fin al
período de expectativa de destino. Se percibe el sueldo
personal y algún otro complemento. Segundo, la excedencia
voluntaria incentivada. Se percibe una mensualidad completa,
excepto la productividad, por cada año de servicios activos
con un máximo de 12 mensualidades. Tercero, la primera fase de
reasignación de efectivos, en la que se perciben las
retribuciones íntegras del puesto de trabajo que el
funcionario venía desempeñando. Cuarto, en la segunda fase de
la reasignación de efectivos, el funcionario percibirá los
haberes totales del puesto que se desempeñaba durante tres
meses. Quinto, en la fase de expectativa de destino se
percibirán las retribuciones básicas, el grado personal y el
50 por ciento del complemento específico del puesto que se
desempeñaba. Sexto, finalmente, en la jubilación voluntaria
anticipada se prevé también el derecho, además de la pensión a
que hubiere lugar al abono de hasta cinco años por el tiempo
que les falte para cumplir 65 en el cálculo de la misma,
además de percibir la correspondiente indemnización. Seis
supuestos de percepción de haberes por estar mano sobre mano.

¿Cuánto cuesta esto en un título que está destinado a rebajar
el déficit? ¿Ustedes creen que pueden pedir el voto favorable
a la Cámara para un proyecto de ley que es una pura incógnita
y un puro derroche de medios? ¿Cómo se compagina ese propósito
etéreo de la exposición de motivos de coadyuvar a la
contención del gasto y a la reducción del déficit con tamañas
incoherencias? ¿Y qué decir de los planes de empleo? El
segundo defecto grave del anteproyecto es precisamente la
indeterminación con que se diseña este nuevo artefacto sobre
el que hacen descansar la reforma los llamados planes de
empleo, que se configuran --leo literalmente-- como
instrumentos esenciales para el planteamiento global de las
políticas de recursos humanos de las distintas organizaciones
administrativas y que tratan de adecuar el mercado interno de
trabajo a las necesidades reales de la propia Administración,
con el fin de incrementar la eficiencia de la misma. ¿Qué
relación guarda todo esto con los concretos objetivos de la
ley de Presupuestos Generales para 1994? ¿A quién se pretende
engañar? ¿Pero no llevan años los Gobiernos del Partido
Socialista vendiéndonos un ambicioso y eficaz plan de
modernización de la Administración pública con especial
atención a la gestión de los recursos humanos? ¿Pero es que no
ha servido para nada? Porque eso no es lo que dicen los
Ministros cuando yo les pregunto en Comisión, y el señor
Varela sabe que lo hago con mucha frecuencia.

Conviene, pues, certificar la responsabilidad de los sucesivos
gobiernos del PSOE en el actual caos organizativo y en la
asignación de puestos de trabajo y de tareas a los
funcionarios en la Administración del Estado. Y conviene
certificar sus reiterados fracasos en los planes de reforma y
modernización administrativa, que con gran despliegue de
medios propagandísticos ha intentado llevar a buen puerto sin
lograrlo. El proyecto que debatimos tiene, pues, una nula
relevancia desde el punto de vista de su primordial objetivo
declarado: coadyuvar a los objetivos económicos de la ley de
presupuestos de 1994. Tan poca que el propio Gobierno ha sido
incapaz de presentar en la oportuna memoria, como antes
señalábamos, la cuantificación de dichos objetivos.

Pero no menor es nuestra oposición al procedimiento utilizado.

Se echa mano de un proyecto de ley donde se mezclan medidas de
orden fiscal, de protección para el desempleo y de función
pública. ¿Es que una cuestión de esta trascendencia no merece
tratamiento legal autónomo? Nos encontramos en estos momentos
con normas en vigor de la Ley de funcionarios civiles del
Estado de 1964; con la Ley 30/1984, de medidas para la reforma
de la Función pública, reformada en ejecución de sentencia del
Tribunal Constitucional por la 23/1988, reformada por
distintos preceptos de distintos presupuestos generales del
Estado. ¿No era este el momento de abordar en serio el
estatuto de la Función pública que demanda el artículo 103.3
de la Constitución? El estatuto y la ley de organización y
funcionamiento de la Administración del Estado, a que antes
nos hemos referido, crearían el marco normativo adecuado para
tales actuaciones. ¿Es que ya no es preciso tal marco
normativo? Parece que no si se lee lo que dispone el artículo
18, nuevo, cuando habla de la modificación de las estructuras
organizativas, porque evidencia que es el objetivo de reducir
los costes de personal el que prima y el que se pone al
servicio de la reorganización administrativa; es decir, contra
toda ortodoxia y comenzando así la construcción de la casa por
el tejado.

Por si todos estos inconvenientes no fueran argumentos
suficientes para rechazar el proyecto, aún cabe preguntarse lo
siguiente. ¿Qué impedía al Gobierno actuar



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de la manera que se pretende con el proyecto? ¿Es que la
actual Ley de la Función Pública, artículo 15, no dice que las
relaciones de puestos de trabajo de la Administración del
Estado son el instrumento técnico a través del cual se realiza
la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de
los servicios? ¿Y no dice también que la creación,
modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se
realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo?
¿Por qué no se ha hecho uso de este mecanismo? La respuesta
quizá es demasiado sencilla: porque los Gobiernos del Partido
Socialista no han tenido voluntad política para hacerlo, y
cuando las han utilizado ha sido justamente para todo lo
contrario. Ayer tuve ocasión de hablar de estos temas y me
remito a los datos que ya constan en el «Diario de Sesiones».

Pero es que además de ser necesarios, por ya existentes, los
mecanismos que ahora se postulan para la ordenación de los
efectivos de personal el proyecto de ley los configura de
manera confusa y con una terminología muy peligrosa. Se diría
que por el contexto global del proyecto, y por la referencia
que se hace a personal funcionario y laboral, esa confusión se
busca intencionadamente. Hablar de planes de empleo, con
referencia simultánea a personal funcionario y laboral, supone
querer sembrar la confusión o no tener claras algunas ideas
básicas en nuestro Estado de derecho y poner en peligro
principios y valores constitucionales. Si hablamos de planes
de empleo en el terreno laboral, es evidente que algo
consustancial a los mismos son las medidas de supresión y
rescisión de la relación contractual. Como esto no cabe en
relación con los funcionarios, resulta cuando menos peligroso
utilizar el concepto de planes de empleo, máxime cuando a la
hora de la verdad nada se dice de los planes de empleo con
relación al personal laboral. Desde el Gobierno se ha dejado
caer, como un valor entendido, que los funcionarios han de
estar más predispuestos al sacrificio salarial por contar con
la estabilidad en el empleo --sin duda una ventaja, la de la
estabilidad, con la que cuentan los funcionarios--, pero no es
un privilegio, no es un privilegio que el Derecho
administrativo, no solamente en España sino en todo Occidente,
desde hace más de un siglo, haya consolidado en favor de los
funcionarios. Lo ha sido en interés del Estado y en concreto,
y según el artículo 103.3 de nuestra Constitución, como
garantía suprema de imparcialidad en el ejercicio de la
Función pública. Es lo que Garrido Falla, en un comentario
excepcional, llama la eficacia indiferente de los
funcionarios. No en vano nuestro ordenamiento jurídico, con
base constitucional, cuenta con dos ámbitos normativos
autonómicos y bien definidos: el de la Función pública y el de
las relaciones laborales. Crear confusión y sembrar dudas al
socaire de acuciantes urgencias presupuesta-rias de reducción
del déficit público no parece un camino aconsejable. A las
profundas razones de fondo sobre la inadecuada forma de
plantear confusos planes de empleo en la Función pública se
unen razones de objeciones sobre la manera de operar de dichos
planes. No se sabe sobre qué ámbitos actuarán preceptivamente,
cuál es su grado de proyectabilidad para la Administración, su
periodicidad y qué tienen de mecanismo coyuntural o de fórmula
institucionalizada. Además, alguna de las medidas que se
pueden incluir en los planes de empleo, como son la suspensión
de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, vaya
terminando.




El señor NUÑEZ PEREZ: En dos minutos termino, señor
Presidente. En la autorización de concursos de provisión de
puestos limitados al personal de los ámbitos que determine son
un aliciente para el corporativismo, al que en unos de sus
pocos aspectos positivos puso coto la Ley 30/1984. La
inclusión de excepciones a estos postulados, junto a la
pervivencia de las libres designaciones para los puestos de
superior nivel y más alta retribución, ponen en cuestión la
vigencia de los principios de igualdad, capacidad y mérito
proclamados en la Constitución, y plantean el riesgo, llegado
el caso, de posibles excedentes forzosos privilegiados que
encontrarán mayor acomodo al margen del mérito y la capacidad.

Termino haciendo una brevísima referencia a las enmiendas
parciales al articulado que tratan --ya que tenemos que
utilizar los planes de empleo, que éstos sean lo menos dañinos
posibles-- y dicen, primero, que los planes sean objeto de
negociación colectiva, en los términos previstos en el
capítulo III de la Ley 9/1987. No hacemos más que plasmar un
derecho reconocido a los sindicatos en el ámbito de la Función
pública. Segundo, que los planes de empleo, referidos tanto al
personal funcionario como laboral, se aprueben por decreto de
Consejo de Ministros. Los planes de empleo, en cuanto
delimitan derechos subjetivos y estatutarios, han de
constituir normas jurídicas que puedan ser alegadas ante los
tribunales en garantía de los derechos de los afectados.

Tercero, que en la reasignación de efectivos superen los
principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.

Cuarto, que los funcionarios afectados por una reasignación de
efectivos tengan derecho preferente a ocupar plazas vacantes
en el conjunto de la Administración del Estado, siendo nula su
provisión por otras personas si existen funcionarios en
reasignación en quienes concurran las características
personales exigidas para el puesto. Ejemplos que han ocurrido
hay los que usted quiera y hay otros que se dibujan en el
futuro y que en la réplica, a lo mejor, se los describo.




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Del mismo modo, nuestras enmiendas pretenden dar las máximas
oportunidades de reasignación a los funcionarios excedentes
antes de proceder a nuevos ingresos en organismos públicos, a
que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley General
Presupuestaria.

Otras enmiendas tratan de introducir criterios flexibles en la
jubilación de los funcionarios para dar a todos ellos el mismo
tratamiento y las mismas oportunidades de continuar en
situación de activos que se dieron a otros cuerpos de la
Administración.

Y, finalmente, solicitamos en la enmienda 223 la excedencia
por agrupación familiar, teniendo en cuenta lo que disponen
los artículos 39 y 103 de la Constitución Española, referidos
a la protección de la familia y a la eficacia del servicio
público. Créanme ustedes que tal y como el título II nos
ofrece reformas de la Función pública sería mucho mejor,
infinitamente mejor, que el Gobierno se hubiera olvidado en
casa de semejante engendro. Nada más, señor Presidente. Muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo ha presentado a este título treinta y ocho enmiendas que
voy a intentar defender por bloques temáticos.

En primer lugar, voy a referirme a los planes de empleo, que
es la novedad de este proyecto de ley, a los que se refieren
las enmiendas números 27 a 38 y la número 90. En principio no
es un tema que nos disguste --y así lo hicimos saber en la
Comisión-- que la Administración planifique sus efectivos, sus
necesidades, más allá de lo que existía ya de la oferta de
empleo público, que haga una planificación de efectivos con la
relativa inconcreción que hay en el proyecto, que nosotros
hemos pretendido ajustar, sobre tiempos y sobre ámbitos
administrativos. No nos disgusta por tanto el tema de los
planes de empleo. Pero no puede hacerse por lo mismo un plan
de empleo para un servicio, ni siquiera para un departamento,
para un ente público. Nosotros creemos que precisamente la
planificación, la ordenación racional de todos los efectivos
en función de las necesidades, los reajustes que se deben
producir en las plantillas, los reajustes que se deben
producir en la formación, todo ello reclama que haya un solo
plan de empleo porque, de lo contrario, iríamos contra la
propia racionalidad del proceso. ¿Qué sentido tiene que un
plan de empleo se haga de una unidad administrativa de un
ministerio equis, que ese plan de empleo decida que le sobran
efectivos y empiece la cadena de fases para la reasignación,
etcétera? Podría ocurrir que el resto de unidades
administrativas de ese u otros ministerios no siguieran el
mismo paso de hacer sus respectivos planes de empleo y, por
tanto, habría todavía más irracionalidad en la asignación de
efectivos. Pero ni siquiera sería suficiente un plan de empleo
para la Administración central. Creemos que esta disfunción
entre las necesidades y los efectivos se produce en todas las
administraciones públicas, en la relación entre las diversas
administraciones públicas y también dentro de cada una de las
mismas. Estamos en un proceso de reasignación de competencias
y de efectivos entre la Administración central y las
comunidades autónomas, y las comunidades autónomas y las
corporaciones locales. Creemos que de suyo pide que en los
planes de empleo haya algún momento en el que se unifiquen los
planes de la Administración central con los diferentes planes
de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas.

Hay instrumentos --y por eso lo proponen nuestras enmiendas--
en comisión de coordinación para la Administración central con
las comunidades autónomas, o en comisión de coordinación para
la Función pública entre las diferentes administraciones.

También creemos que puede ser oportuno incluir en el plan de
empleo todos los efectivos de la Administración,
independientemente de que sean funcionarios, laborales,
etcétera, según el tipo de contrato que tengan. Pero que esto
no sirva para echar marcha atrás ahora en una serie de
derechos alcanzados por los trabajadores que están acogidos al
Estatuto de los Trabajadores o a esos cincuenta convenios
colectivos. Por eso lo que piden algunas de nuestras enmiendas
es que se respete el Estatuto de los Trabajadores y los
cincuenta convenios colectivos, puesto que se va a incluir al
personal laboral, tanto en la movilidad como en otra serie de
temas como promoción, etcétera; es decir, mantener los
derechos del personal laboral, a fin de mejorar la
racionalidad y no para pisotear los derechos del personal
laboral de la Administración. En el mismo sentido, si se
incluyen medidas de promoción interna, que sea con las
garantías del actual artículo 22 de la Ley 30/1984. En todo
caso, debe haber una relación mejor de la que está recogida en
el texto actual entre el plan de empleo y la oferta de empleo.

Por ejemplo --ya se acaba de señalar--, no tiene mucho sentido
que la oferta de empleo público la apruebe el Gobierno, que da
un síntoma, creemos que eficaz, de coordinación, y los planes
de empleo los apruebe el Ministerio de Administraciones
Públicas. Nosotros reclamamos que el plan de empleo de la
Administración central lo apruebe el Gobierno. En esa relación
entre plan de empleo y oferta de empleo público mostramos la
preocupación de que se haya sustituido una serie de elementos,
puesto que este proyecto de ley sustituye a todo el artículo
18 de la Ley 30. Había elementos de garantía de la oferta de
empleo público que han desaparecido del texto actual y mucho
nos tememos que sea también para mal porque, de lo contrario,
debería haberse mantenido la



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redacción actual del artículo 18 en lo que se refiere a oferta
de empleo público. Hay más cosas que creemos que debería haber
en los planes de empleo. Por ejemplo, una memoria explicativa
de por qué se hace eso, de por qué se dice que sobran
efectivos aquí y faltan allá, o por qué se dice que hay que
hacer ese tipo de promociones o reajustes administrativos y,
desde luego, un informe económico-financiero. Hay que evaluar
que esa es la mejor alternativa en relación a otras. El plan
de empleo, en todo caso, debería tener una temporalidad
concreta. Si se hace de verdad un plan de empleo de la
Administración central y un plan coordinado entre las
diferentes administraciones, no podrá ser un plan de empleo
anual, eso es evidente. Deberá tener una temporalidad. Este
plan de empleo va a comprender 1994-1996 y deberá contener su
temporalidad para que todo el mundo pueda vigilar su
cumplimiento.

La enmienda número 90 pretende que en ningún caso los planes
de empleo puedan empezarse hasta que no estén terminadas todas
las relaciones de puestos de trabajo, puesto que si no será
difícil poder evaluar que en una u otra administración faltan
o sobran efectivos.

Las enmiendas 39 a 43 y la 87 se refieren a la reasignación de
efectivos. Este es un proceso novedoso en esta ley y ya
dijimos en Comisión, y mantenemos ahora, que fruto de la
ineficacia del funcionamiento del artículo 17 de la Ley
30/1984, que ya establecía cauces no desarrollados para hacer
permeables las diferentes administraciones públicas en cuanto
a reasignación de efectivos. El Gobierno, como es sabido,
propone tres fases para la reasignación de efectivos. En la
primera, dentro del mismo Ministerio; en la segunda, en otros
ministerios; y en la tercera por fin, aparecen en una bolsa
del Ministerio de Administraciones Públicas en expectativa de
destino.

Las modificaciones que proponemos son, en primer lugar, que el
plazo de los cuatro meses para comenzar la reasignación no sea
desde la supresión del puesto, sino desde que se le oferte al
funcionario un puesto de trabajo, es decir, que haya tenido
oportunidad de hacer una reasignación voluntaria de los
efectivos. En la segunda fase, cuando el Gobierno propone que
se abra la reasignación a otros ministerios, nosotros creemos
que es cuando se debería abrir ya a otras administraciones
públicas. Hay ejemplos evidentes. Tiene más sentido que un
ingeniero dedicado al tema de aguas, que sobre --si ése es el
caso-- en la Administración central, en lugar de pasar a otros
ministerios que quizá nada tengan que ver, vaya a otros
organismos de las comunidades autónomas o de las
administraciones locales en que el puesto de trabajo sea
idóneo. Por tanto, en la segunda fase creemos que se debería
abrir ya la posibilidad de reasignación a otras
administraciones en puestos de similares características. En
todo caso, el proceso de reasignación debe hacerse con
participación sindical y nosotros hemos añadido una frase que
aparece en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores,
que dice: sin que redunde la reasignación en perjuicio de la
formación profesional o en menoscabo de su dignidad. Podría
parecer superflua, pero es una garantía que existe en el
Estatuto de los Trabajadores, y creemos que no lo es en el
caso de los trabajadores por aquello de que en la reasignación
puede haber funcionarios o puede haber trabajadores laborales,
pero, sobre todo, porque a los funcionarios también les puede
interesar esta prevención de que no haya perjuicio para su
carrera profesional o menoscabo en la dignidad. Respecto a la
expectativa de destino --enmiendas 44 a 46-- nosotros creemos
que, puesto que es una situación no buscada por el trabajador,
el complemento específico en la tercera fase no debería ser
del 50 por ciento sino del 100 por ciento. Como SS.SS.

conocen, al transcurrir un año en la situación de expectativa
de destino se pasa a la de excedencia forzosa. Volvemos a
decir lo mismo; que el plazo del año no compute desde un
automatismo en la expectativa de destino, sino desde un
automatismo en relación al ofrecimiento que le haya hecho la
Administración de un puesto de trabajo, de un destino. De lo
contrario, la inactividad de los propios órganos de la
Administración en hacer las reasignaciones perjudicaría al
trabajador. En cuanto a la excedencia forzosa, en la enmienda
47 proponemos que además de las retribuciones básicas se
incluya el complemento de destino, por lo mismo. Puede ocurrir
que un trabajador de la Administración se encuentre en esta
situación a pesar suyo y, por tanto, hay que mantener su
derecho a la totalidad de las retribuciones. De tal forma,
nosotros decimos que si transcurridos seis meses en esta
situación de excedencia forzosa no hay ninguna oferta de
puesto de trabajo, debería retornar a la situación de
expectativas de destino. Creemos que están obligados a aceptar
destino de similares características, fundamentalmente en
cuanto al instrumento de automatismo de penalización, en su
provincia, no en la totalidad del territorio nacional. Y no
podrán desempeñar puestos en el sector público ni en el
privado. Señorías, creemos que no hay derecho a que a un
funcionario se le paguen las retribuciones básicas, un
porcentaje del complemento específico, el complemento de
destino y que sólo tenga incompatibilidad para el sector
público. Debería tener incompatibilidad para el sector público
y el privado, como ocurre con cualquier trabajador que está en
la situación de desempleo. No es justo que se mantenga sólo la
incompatibilidad para el sector público. Si percibe la
totalidad de las retribuciones --como nosotros decimos--
exactamente igual, insisto, que un trabajador desempleado,
debe existir incompatibilidad absoluta para el sector público
y también para el privado. Paso a referime al régimen
disciplinario. No tiene sentido mantener a estas alturas la
reglamentación específica



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del Real Decreto 33 de 1986. La razón es evidente. El Tribunal
Constitucional en una sentencia reciente ha dicho que tiene
reserva de Ley. Como estaba en un Decreto de 1986, como he
dicho, ahora ustedes elevan a rango de ley el Decreto de 1986.

No es suficiente, señorías; no es suficiente. El régimen
disciplinario de los funcionarios públicos debe ser afrontado
en su totalidad. Por ejemplo, en estos momentos sólo están
tipificadas las faltas muy graves en el artículo 31 de la Ley
30. Hay lagunas importantes en la tipificación de las faltas y
sobre todo en los procedimientos. Creemos que es insuficiente
lo que ustedes hacen en este momento en la disposición
adicional cuarta: legalizar el Decreto 33 de 1986 y, además,
hace referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Efectivamente, dicha Ley ha sido aprobada recientemente, pero
eso no resolverá ningún problema. Este proyecto de ley hace
constantes remisiones a la jurisdicción contencioso-
administrativa.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco,
vaya terminando, por favor.




El señor MARTINEZ BLASCO: Sí, señor Presidente.

No se puede hacer continuas remisiones a la jurisdicción
contencioso-administrativa sin crear los juzgados. Creemos que
eso obligaría a regular globalmente todo el procedimiento
disciplinario.

Termino, señor Presidente, con una referencia a la enmienda
número 26, que es la enmienda de totalidad. Ya se ha dicho,
esto es un proyecto que quiere dejar las manos libres a los
administradores para reducir plantillas y abaratar los costes
de la reestructuración; igual que se pretede hacer en la
empresa privada: reducir plantillas y abaratar costes. No
persigue mejorar la eficacia, no persigue mejorar la
racionalidad. Se ha obviado la participación de los
trabajadores que hasta estos momentos estaba reconocida en la
legislación de este país. Tampoco se ha negociado con los
sindicatos. No se ha acudido, como establece el artículo 6 de
la Ley 30, al Consejo Superior de la Función pública. Es
preciso --nosotros creemos que debería haber un acuerdo global
de esta Cámara-- llevar a cabo una reforma global de la Ley
30, que también incluya la movilidad funcional y la movilidad
geográfica. ¡Si no nos oponemos! Lo que ocurre es que éste no
es procedimiento. No es procedimiento incluir en una ley de
acompañamiento temas tan importantes y sin haberlos negociado
con el Consejo Superior de la Función pública o con los
sindicatos. Se produce una laboralización de la Función
Pública, se decide quién sobra, quién falta, dónde se lleva,
etcétera, y sin que simultáneamente se den las garantías que
existen en el caso de la empresa privada, que siempre hay un
tercero, autoridad administrativa o un juez que establece
cuándo es posible hacer todos esos reajustes de plantilla. Eso
que existe en el mundo privado no existe en la Administración,
porque el mismo que decide quién sobra es quien después va a
tomar la decisión sobre los planes. Hay que dar ciertas
garantías a esta laboralización de la Función pública. En el
caso de que se incluyan los laborales, que no se haga en
perjuicio de sus cincuenta convenios colectivos y sus derechos
adquiridos. Por tanto, señorías, creemos que lo más oportuno
sería que este título II se excluyera de esta ley. No es
imprescindible ni necesario ni conveniente para el Presupuesto
de 1994 porque no va a haber oferta de empleo público, porque
lo más seguro es que no se van a producir los planes de
empleo. Hay tiempo más que suficiente para discutir este tema
en el debate global de las reformas que hay que hacer a la Ley
30/1984, con las que nosotros podríamos coincidir con el
partido que apoya al Gobierno. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

En relación al título II del proyecto de ley que debatimos,
quiero referirme inicialmente a lo sorpresivo que ha sido que
el Gobierno plantee una modificación del régimen de la Función
pública, además una modificación importante, con esta urgencia
e inmediatez. Como decía el señor Martínez, que me ha
precedido en el uso de la palabra, falta el dictamen del
Consejo Superior de la Función Pública. Yo diría que, igual,
lo que ponemos en tela de juicio es la legalidad de este
proyecto de ley, porque saben SS.SS. que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo exige que, en el procedimiento especial de
elaboración de disposiciones normativas, tanto sean éstas
legislativas en el ámbito gubernamental o reglamentarias, es
necesario el cumplimiento de los requisitos procedimentales
regulados, como pueden ser los dictámenes de órganos
consultivos, en este caso el Consejo Superior de la Función
Pública, para la adecuación de ese procedimiento al principio
de legalidad. Por lo tanto, quiero expresar aquí mi duda, mi
sospecha, de la posible ilegalidad, desde el punto de vista
formal procedimental, por la forma en que el Gobierno ha
procedido a la presentación de esta iniciativa legislativa en
lo relativo al ámbito de la Función pública.

Quería referirme también, señor Presidente, a que nos
encontramos con una normativa muy dispersa, muy disgregada en
el ordenamiento jurídico. Tenemos, en primer lugar, la Ley de
Funcionarios Civiles del año 1954, que está vigente, la Ley
30/1984, de Reforma de la Función Pública, con carácter
básico, y tenemos, señor Presidente, la Ley de modificación de
puestos de



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trabajo de funcionarios de habilitación nacional, aprobada
nada más y nada menos que en abril de este año, y resulta que
esta iniciativa legislativa vuelve a modificar en el 90 por
ciento la ley aprobada el presente mes de abril, porque
contiene una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y
otra del Grupo Catalán de Convergència i Unió, en virtud de la
cual todo el régimen competencial que existía, relativo a las
permutas, a las comisiones de servicio, a las habilitaciones
provisionales de este tipo de funcionarios, se regula en el
mes de abril que es competencia del Ministerio para las
Administraciones Públicas y el mes de noviembre pasa a
regularse diciendo que es competencia de las comunidades
autónomas. Nosotros estamos de acuerdo, pero lo que quiero
plasmar y hacer ver es la contradicción que existe sobre esta
cuestión. Hubo un debate profundo sobre tal materia, y el
representante del Grupo Socialista decía que la habilitación
de carácter nacional, que determinados funcionarios sean de
cuerpos nacionales, exige una coordinación, una gestión
centralizada, y resulta que siete meses más tarde eso no vale
y vale que sea gestionado directamente por las comunidades
autónomas. Yo estoy de acuerdo con esa filosofía. Lo que
quiero recalcar es la contradicción que existe en el plazo de
seis meses entre lo que se decía en abril y lo que se dice en
noviembre, pero bienvenida sea esa modificación. Al fin y al
cabo, nosotros presentamos en su día enmienda en el mismo
sentido que la que ahora el Grupo Parlamentario Socialista y
el Grupo Catalán de Convergència i Unió han presentado
conjuntamente.

Por ello, señorías, creo que lo que procedía era modificar ya
el régimen del personal al servicio de las administraciones
públicas realizando una regulación global, tanto del personal
estatutario como del personal de carácter laboral como del
personal de carácter eventual. Estamos continuamente con
iniciativas legislativas parciales que parchean y modifican
puntualmente la normativa general de función pública. Espero
que sea en el siguiente período de sesiones, como ha anunciado
el señor Saavedra, Ministro para las Administraciones
Públicas, cuando se presente definitivamente el Estatuto de la
Función Pública que establezca un marco claro y definido de la
regulación en dicha materia.

Señor Presidente, el presente proyecto de ley crea una nueva
figura, la de los planes de empleo. A nuestro Grupo
Parlamentario le parece bien que existan planes de empleo, le
parece que tiene que existir un instrumento que realice una
política de los recursos humanos en la Administración, porque
muchas veces nos encontramos con que no tenemos instrumentos
en la Administración pública para desviar, para asignar,
personal que sobra en determinados servicios a otros en los
que falta. Los que hemos trabajado en diferentes
administraciones públicas nos hemos encontrado con estas
disfunciones y discordancias. Nosotros efectivamente estamos
de acuerdo en que exista la figura de los planes de empleo
pero con las garantías debidas para que esta figura de los
planes de empleo sea efectiva, y creo que el proyectode ley
tiene una trampa. La trampa está en que si la filosofía es que
las administraciones públicas a través de los planes de empleo
pueden realizar unas determinadas políticas de personal, si
nos vamos al artículo 22 éste, sorpresivamente, dice que los
planes de empleo no son aplicables en el ámbito de la
administración docente o educativa, y resulta que es en este
ámbito, donde más personal sobra, donde mayores disfunciones
se están produciendo debido a la baja en el índice de la
natalidad y a la baja en el índice de la matriculación en los
centros públicos docentes, en el que no se puede utilizar la
figura de los planes de empleo para la reasignación de
funciones. Y eso, ¿por qué es? Que me lo expliquen. ¿Quizás
haya un planteamiento político de pacto entre quien lo haya
negociado por parte del Ministerio para las Administraciones
Públicas y el sindicato mayoritario en el ámbito de la Función
pública docente? No lo sé, pero no tiene sentido, puesto que
si la figura es aplicable a todos los ámbitos de la
Administración, ¿por qué no es aplicable al ámbito educativo?
Que me den una explicación. Además no lo es no sólo en el
ámbito de la Administración central, porque la ley podría
decir que no se aplica la figura de los planes de empleo en el
ámbito de la Administración central; muy bien, pero es que,
sorpresivamente, el proyecto de ley, que en la mayor parte de
la regulación no tiene carácter básico, llega al último
precepto y dice que con carácter básico no se aplicará la
figura de los planes de empleo ni en la Administración central
ni en las administraciones autonómicas. Luego entonces algo
oculto existe en esta cuestión, a juicio de nuestro Grupo
Parlamentario, que es que donde verdaderamente se puede
aplicar la figura de los planes de empleo no se va a poder
aplicar porque el artículo 22 del proyecto de ley lo prohíbe,
además con carácter básico para todas las administraciones
públicas, tanto la central comola de las comunidades autónomas
que tienen competencia en materia educativa.

Señor Presidente, en relación con las enmiendas que ha
presentado nuestro Grupo, nosotros pedíamos que la regulación
que se contiene en el artículo 20.g) donde se determinan los
efectos y los caracteres que devienen de la figura o del
instrumento de los planes de empleo no fuera básica.

Alternativamente planteábamos que los efectos y la figura de
los planes de empleo fueran facultativos o potestativos para
las comunidades autónomas o para las administraciones
municipales y provinciales. No nos satisface plenamente pero
sí parcialmente que el Grupo Parlamentario Socialista haya
aceptado el carácter potestativo de los planes y lo damos por
bueno. Nos sentimos gratificados de que pueda ser básica la
figura del plan pero pedimos que



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no sea obligatorio que todas las administraciones públicas lo
puedan hacer, sino que éstas, en el ejercicio de sus
facultades de autoorganización, determinen cuándo son
necesarios los planes de empleo. También hubiera sido preciso
que éstas, en el ejercicio de esa facultad de
autoorganización, determinaran en qué aspectos de las
administraciones educativas era necesario utilizar el plan de
empleo y no prohibir la utilización de esa figura en el ámbito
docente, que es donde verdaderamente creo que hace falta y
donde nace la figura viciada. El tiempo dará la razón al
Gobierno o dará la razón a los diversos portavoces de los
grupos parlamentarios, porque, efectivamente, la finalidad es
buena, pero si no se aplica en el sector donde más falta hace
va a quedar como una iniciativa sin ningún efecto, va a quedar
como papel mojado.

Señor Presidente, nosotros con relación ya a aspectos
puntuales del proyecto de ley queremos indicar que en la
disposición transitoria primera se indica que el plazo para el
período máximo de excedencia voluntaria de una persona en tal
situación jurídica, computado a partir del 23 de agosto de
1984, sea de 15 años. Nosotros aceptamos que el plazo sea
básico, pero pedimos que dejen normar a las comunidades
autónomas desde qué fecha se debe contar ese plazo de 15 años.

¿Por qué se establece en el proyecto de ley la fecha del 23 de
agosto de 1984? ¿Por qué una comunidad autónoma no puede
normar esta cuestión que ahora norma esta Cámara con carácter
básico y dice que el plazo sea de 15 años? Me parece lógico
que lo básico alcance en el aspecto formal y material hasta
esa cuestión, pero que se exceda y llegue a concretar que la
fecha del 23 de agosto de 1984 sea la fecha a partir de la
cual se ha de computar el plazo me parece, señorías, excesivo.

Señor Presidente, la disposición transitoria segunda contiene
también otra pequeña trampa y es que dice que a los
funcionarios que en este momento se encuentren en situación de
reasignación de efectivos, se encuentren en situación de
expectativa de destino, les será aplicable la figura de los
planes de empleo. Pero, ¿por qué? Para que a un funcionario se
le aplique esta figura se deberá hacer aprobado esta figura de
los planes de empleo. Entonces, ¿por qué se hace esa ficción
de que, no existiendo planes de empleo, se le apliquen a un
determinado tipo de personal que está en una situación
concreta todos los efectos del plan de empleo sin que éste se
apruebe? Yo creo que cada Administración pública tiene que
ver, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización, si
es necesaria o no la realización del plan de empleo, y si lo
estima oportuno y ve que hay causas o motivos justificados de
su realización, que lo apruebe, y se producirán los efectos
que el legislador ha establecido en el artículo 11 del
proyecto de ley, pero no se haga la ficción de decir: a ese
personal que se encuentra en esa situación se le aplicará el
plan de empleo aunque el plan de empleo no se haya aprobado.

Yo creo que tenemos que ser serios y rigurosos en esta
cuestión. Si queremos que se apliquen los efectos, démosle
soporte o el basamento normativo suficiente, y lo haremos
aprobando la figura del plan de empleo en cada Administración
pública con los efectos que prevé el artículo 11, pero no le
apliquemos los efectos cuando no se ha aprobado dicha figura.

Voy a terminar, señor Presidente, refiriéndome a que nosotros
proponíamos la creación de una nueva disposición adicional,
sería una enmienda de adición, en la que solicitábamos que el
proyecto de ley admitiera la posibilidad de que las
administraciones públicas, tanto la central como las de
comunidades autónomas como la municipal y la provincial,
pudieran utilizar, dentro de la posibilidad de reasignación de
efectivos, no sólo el instrumento del plan de empleo sino
también otras modalidades sujetas en su caso a la creación
administrativa de turno y a la potestad que tiene cada
Administración pública de autoorganizarse de normar y de
dirigir respecto al personal que se encuentra a su servicio.

Por ello, aun admitiendo que la figura principal del esquema
procedimental en el ámbito de la Función pública a efectos de
organización sea la figura del plan de empleo, no cerraríamos
la puerta para que pudieran existir también otros sistemas de
racionalización de recursos a través de programas específicos
en el ámbito de todas las administraciones públicas. Señor
Presidente, quiero hacer referencia, por último, a una
cuestión de orden técnico y es que en el artículo 20.1, g),
cuando se habla de la reasignación de efectivos en el ámbito
de la Administración central del Estado, se establece una
primera fase de tres meses, en la que el Ministerio
correspondiente podrá reasignar al personal incluido en ese
plan de empleo, y, en una segunda fase, será el Ministerio
para las Administraciones Públicas el que en el plazo de
cuatro meses podrá reasignar a ese personal si en la primera
fase no ha obtenido destino. Parece que tiene que haber una
concordancia entre el período temporal de las dos fases, no
que la primera fase sea de cuatro meses y la segunda de tres.

Por ello planteamos, señor Presidente, una mejora con una
enmienda de modificación para que haya una coherencia en el
texto normativo según la cual tanto la primera como la segunda
fase tengan un horizonte temporal que sea el mismo, y que
nosotros fijábamos en seis meses, para dar una garantía tanto
a la Administración como al administrado, funcionario en este
caso, y creemos que es un período de tiempo suficiente. Por
todo ello, señor Presidente --y termino--, nuestro Grupo
Parlamentario está de acuerdo con la creación de esta figura
del plan de empleo porque es necesario en todas las
administraciones públicas evitar las disfunciones y realizar
una política seria, organizada, rigurosa y disciplinada de las
plantillas, pero creemos que también debemos ser coherentes,
porque



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si prohibimos y dejamos sin aplicación que se puedan utilizar
estas figuras en el ámbito donde quizás más falta hace, que es
el educativo, verdaderamente estamos aprobando una figura --el
tiempo lo dirá-- que va a convertirse en una figura ineficaz y
que quedará en papel mojado. Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Para la defensa de sus enmiendas, tiene la
palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, doy por
defendidas las enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. Para un turno en contra, tiene la palabra el
señor Varela Flores.




El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.

Señorías, tengo que empezar haciendo referencia a la
intervención del señor Núñez que, al contrario que el resto de
los portavoces de los otros grupos que han presentado
enmiendas, ha hecho una exposición descalificadora de todas
las reformas de la Función pública que se han llevado a cabo
en este país a lo largo de los diez últimos años. Yo a usted
le encuentro, señor Núñez, cada año más agresivo, cada vez
utiliza más descalificaciones; pero lo que no veo es que
proponga usted nada alternativo. Ha tratado toda la reforma de
la Función pública llevada a cabo de vaga, fragmentaria,
inoportuna, torpe, fracasada, confusa. No tiene para usted
nada en absoluto de bueno el trabajo que se ha hecho y que
creo que ha consistido en adaptar la Función pública española
a las necesidades de una Administración moderna. Yo le
preguntaría, de una vez, si sabe usted cuál es el proyecto que
tiene el Partido Popular para la Función pública, porque en
todos estos años en que hemos debatido juntos estos distintos
temas le he visto siempre con este afán destructivo,
descalificador, pero nunca he visto que haya hecho usted una
propuesta global de reforma de esta Función pública, nunca he
visto de qué forma quieren ustedes tratar a los funcionarios y
a los laborales, cómo quieren compaginar estos dos regímenes
jurídicos. Va siendo hora de que ustedes empiecen a plantear
algo constructivo, a hacer alguna propuesta de carácter
alternativo. Continuaré diciendo que desde 1984 se ha operado
una permanente modificación del empleo público para adaptarlo
a nuevas estructuras administrativas que son consecuencia de
los cambios derivados de los traspasos de competencias entre
las distintas administraciones públicas y de las necesidades,
también nuevas, de atender a los servicios que demandan los
ciudadanos. Estas modificaciones, que se han visto acompañadas
de un incremento en el número de empleados públicos, han
supuesto una aproximación entre sí de dos regímenes jurídicos
diferentes, el de los funcionarios, sujetos a régimen
estatutario, y el de los empleados sujetos a régimen laboral.

Para los primeros, esta aproximación se ha ido reflejando en
la admisión de la negociación colectiva, de la creación de
órganos de representación para el establecimiento de las
condiciones de trabajo, y en la superación del tradicional
concepto de carrera administrativa, introduciendo un sistema
de promoción interna de origen laboral. A esto se le viene
denominando como la laboralización de la Función pública a la
que hacía referencia el señor Martínez. Para los segundos, su
aproximación al régimen funcionarial radica, sobre todo, en la
consolidación del principio de estabilidad en el puesto de
trabajo, manteniendo las ventajas que el Derecho del trabajo
otorga sobre el de la Función pública. Pero estas
modificaciones no son suficientes en el tiempo, ya que en cada
momento es imprescindible adaptarse a las necesidades del
servicio, que vienen determinadas, en este caso, por una
política restrictiva en cuanto a gasto y la eficaz prestación
de los servicios, siendo necesario, para ello, reorganizar los
efectivos, adaptando los excedentes a donde haga falta.

Este es el objeto del presente proyecto de ley, que introduce
como instrumento para la reasignación de efectivos los planes
de empleo, a ejecutar por ministerios u organismos, además de
otros mecanismos que puedan adoptar las comunidades autónomas,
dentro de su capacidad de autoorganización, como queda
recogido en el dictamen de la Comisión tras la aceptación de
las enmiendas de los Grupos Catalán de Convergència i Unió y
Socialista. Por tanto, los planes de empleo constituyen el
elemento justificativo del contenido de este proyecto de ley.

Con ellos se pretende dotal del instrumento legal necesario
para que las administraciones públicas puedan abordar la
reestructuración de las mismas, asignando con objetividad los
recursos humanos disponibles y determinando las necesidades de
nuevas incorporaciones a través de la oferta pública de
empleo.

Pero para que los planes de empleo sean operativos, tienen que
caracterizarse, en primerísimo lugar, por su capacidad de
adaptación a las exigencias de cada momento. De ahí que los
concibamos como un instrumento flexible que pueda llevarse a
cabo por cada departamento u organismo, unos con más
contenidos que otros, con una ágil tramitación que impida su
pérdida de eficacia antes de que sea ejecutado, compatible con
otros medios que puedan aprobar las comunidades autónomas,
dentro de sus competencias y para sus necesidades específicas.

Y por esto tenemos que oponernos a las enmiendas que pretenden
la elaboración de un solo plan global en el que se incluyan
todos los ministerios y organismos a la vez, con un contenido
máximo



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de carácter imperativo desarrollado en un tiempo
predeterminado. Menos mal que no tienen, señor Martínez, la
pretensión de que se llame plan quinquenal de empleo. Y nos
oponemos, por tanto, a que tenga que ser aprobado por decreto
del Gobierno, lo cual no supone una garantía de adicional. Los
distintos ministerios y organismos deben de disponer de este
instrumento el 1.º de enero próximo, y las enmiendas que
tratan de posponerlo, injustificadamente, a que se culmine la
elaboración de las relaciones de puestos de trabajo o a que se
modifiquen otros cuerpos legales que nada tienen que ver con
el proyecto, como la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, deben de ser rechazadas. No tendríamos la
mayor parte de las leyes en vigor si fueran quedando
pendientes de la culminación, plena y perfecta, de procesos
puestos en marcha con anterioridad. La aplicación de los
planes de empleo trae como consecuencia necesaria la
reasignación de efectivos y ello, lógicamente, afecta a los
funcionarios públicos que pueden ser removidos de sus destinos
para pasar a ocupar puestos de trabajo que las necesidades de
los servicios establezcan. Esta es hoy una de las mayores
rigideces que padecen las administraciones públicas, y una
pretensión de racionalidad y eficacia para las mismas pasa por
la superación de este obstáculo. Ahora bien, se debe de hacer
compatible la movilidad con el principio de conservación del
vínculo que une al funcionario con la Administración y que es
expresión del deber de protección ya consolidado en nuestras
leyes de Función pública. Se trata de hacer posible la
movilidad que requiere la reasignación de efectivos, pero con
las garantías necesarias para que los derechos de los
funcionarios no se vean atacados. Así se establecen criterios
objetivos que son las aptitudes, formación, experiencia y
antigüedad que tendrán que concretarse en cada plan de empleo,
plan de empleo que habrá de ser negociado con las
organizaciones sindicales a través de los mecanismos previstos
en la Ley 9/1987, de órganos de representación, y que, como ya
saben SS.SS., ha sido recogido en el dictamen de la Comisión
por enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Catalán de
Convergència i Unió. Para el ámbito de la Administración
general del Estado, la reasignación de efectivos se concibe en
varias fases sucesivas, de las que ustedes ya han hecho
suficiente referencia aquí, de duración determinada, aunque
discutible, señor Martínez, que van dando lugar a distintas
situaciones en las que el vínculo funcionarial se debilita
progresivamente, pero sin llegar a romperse, a no ser por la
voluntad del funcionario; debilitamiento que viene acompañado
del mantenimiento de retribuciones, que no pueden ser iguales
cuando no se realizan servicios que cuando sí se prestan, y
con esto creo que se responde a su preocupación sobre
cuántocuestan los planes de empleo y cómo se puede pagar a
funcionarios que no tienen actividad. Todo lo anterior da
lugar a una nueva clasificación de las situaciones
administrativas y de la regulación de las mismas, como lleva a
cabo el proyecto que debatimos. Pero, además, se trata también
de lograr los objetivos de la ley a través de nuevos
estímulos, con el concurso de la voluntad del funcionario,
para acceder a situaciones administrativas, como la excedencia
voluntaria incentivada, la cesación progresiva de actividades
y la jubilación anticipada incentivada, para las que se
establecen diferentes indemnizaciones. En todo ello, sus
enmiendas se limitan a pedir aumento de plazos o de cantidades
a retribuir sin una argumentación sólida que lo respalde. Hay
otros temas que son abordados con relación a este proyecto de
ley, como es la petición por el señor Martínez de una memoria
de los planes de empleo. Nosotros creemos que determinar el
contenido de una memoria dentro de un proyecto de ley es
excesivo para el tratamiento normativo de una memoria; eso
puede quedar completamente relegado al tratamiento
reglamentario. Igual que el cómputo de plazos. Ustedes siguen
insistiendo en que el cómputo de plazos se haga desde la
oferta del primer trabajo. Eso daría lugar a que los
funcionarios afectados por un plan de empleo fueran teniendo
diferentes plazos y estuvieran en diferentes situaciones
administrativas que darían lugar, lógicamente, a tratamientos
distintos y discriminatorios.

Piden el derecho a la totalidad de las retribuciones. Creo que
en la situación de crisis que vive nuestro país no se puede
plantear ante la sociedad una dualidad tan marcada entre el
tratamiento que puedan tener los funcionarios públicos en una
situación de excedencia forzosa y el que puedan tener los
trabajadores también en esa situación. Creo que no se pueden
establecer unas diferencias tan grandes, porque no las admite
el sentido de justicia de la propia sociedad. Cuando ustedes
hablan de las incompatibilidades dicen que a los funcionarios,
en cualquier situación en que se encuentren --hablamos también
de la excedencia forzosa--, se les debe de establecer la
incompatibilidad total con la actividad privada. Eso, como les
dije en Comisión, va bastante más allá de lo que ha pretendido
la Ley de Incompatibilidades 53/1984.

Respecto al régimen disciplinario, ustedes piden un
tratamiento más complejo. Les vuelvo a decir lo mismo que
respecto a la memoria. El régimen disciplinario,
efectivamente, tiene una reserva de ley, pero no todo su
contenido ha de estar en la ley, sino que siempre, como todo
proyecto, como toda ley, queda algún tratamiento del régimen,
en este caso disciplinario, que tiene que ser reservado para
una regulación reglamentaria. Siguen insistiendo los grupos
Popular y Vasco, PNV, respecto a la necesidad de un estatuto
que contenga un tratamiento global de la Función pública.

Tengo que volver



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a repetir que en estos momentos hay un tratamientocompleto de
la Función pública, desarrollada en distintas leyes aprobadas
a lo largo de los años desde 1984. Por tanto, el contenido
necesario para un estatuto, es decir, para un único cuerpo
jurídico que agrupe toda la materia ya está hecho.

Efectivamente, puede ser modificado, porque no podemos pensar
en modelos acabados. Los modelos acabados no aguantan el paso
del tiempo. Creo que el estatuto en sus mentes tiene siempre
una característica determinada. Lo configuran como pueden
configurar a los estatutos de autonomía, como un cuerpo
jurídico inmutable, durable en el tiempo, y pienso que la
situación de la sociedad española, de la Administración
pública moderna exige que se produzcan modificaciones y nuevas
adaptaciones. Tenemos, como decía, dos sistemas jurídicos en
el empleo público, el estatutario y el laboral. A medida que
vamos progresando en la toma de decisiones, a medida que vamos
legislando, se aproximan más estos dos regímenes, adaptan el
uno del otro los elementos más ventajosos para los dos, para
la Administración pública y para las necesidades del servicio.

Creo que es en ese camino en donde tenemos que seguir
avanzando sin pensar en agotar el tema con la elaboración de
un complejo jurídico donde estén encuadradas y de forma
inmutable todas las materias que afectan a la Función pública.

Siguen hablando de la relación de puestos de trabajo. Tengo
que insistir que ése es un elemento que se ha puesto en marcha
hace años, que ha afectado a la mayor parte de la
Administración del Estado, que queda todavía algún organismo o
algún departamento de carácter reducido sin concretar, pero
eso no puede ser óbice para que sigamos legislando y para que
sigamos arbitrando nuevos instrumentos que permitan una
reasignación necesaria y urgente de los efectivos humanos que
tienen las administraciones públicas. También ha tocado usted,
señor Núñez, la necesidad de considerar en este momento de
trámite de este proyecto de ley, que trata precisamente de los
planes de empleo público y de sus consecuencias, el adelanto
de la edad de jubilación voluntaria para el conjunto de los
funcionarios. Tengo que decirle que la jubilación se ha
establecido a los 70 años para algunos cuerpos de
funcionarios, y se justifica en la necesidad de servicio que
viene dada por la imposibilidad de preparación de nuevos
profesionales para cuerpos como los judiciales, en las
cantidades necesarias y en breve plazo. No es éste, por tanto,
un reconocimiento de un derecho subjetivo. Hay una sentencia
del Tribunal Constitucional que dice que se trata de una
expectativa del funcionario y no de un derecho subjetivo del
mismo que sea exigible, por tanto, en cualquier momento, en
cualquier época y en cualquier situación administrativa.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Varela, vaya
terminando, por favor. El señor VARELA FLORES: Gracias, señor
Presidente. Acabo inmediatamente. Creo que de todas formas no
es un principio inmutable el de la edad de jubiliación sino
que, como ustedes saben, responde a las características
socioeconómicas que en cada momento se viven. No quiere esto
decir que en un futuro haya un tratamiento similar para el
conjunto de los funcionarios, pero en el momento en que nos
encontramos, en una situación grave de desempleo, no es
aconsejable proceder a esta medida con carácter general.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Varela.

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor Varela yo no sé cómo habré calificado o
descalificado los sucesivos planteamientos que en torno a la
Función Pública ha hecho este Gobierno, pero usted ha
descalificado rotundamente mi actuación parlamentaria, lo cual
no sé si tendrá más justificación.

La verdad --y respondiéndole a lo primero para que vea usted
sencillamente que no se trata siempre de hacer crítica por la
crítica-- le tengo que recordar que como aportaciones
positivas en el tiempo en que he estado en la oposición, que
han sido todas las legislaturas, menos las dos primeras,
presentamos enmiendas a la Ley 30/1984 que eran tan positivas
que fueron recogidas casi literalmente por una sentencia del
Tribunal Central, si lo recuerda usted, que nos dio la razón a
un recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra esa
ley. Fíjese si serán positivas. Enmiendas positivas hemos
presentado a leyes posteriores; leyes, incluso la 23/1988
hasta las que figuran en los presupuestos generales del
Estado, le puedo contar unas cuantas. Algunas enmiendas las
han recogido ustedes literalmente en presupuestos y en leyes
posteriores. En la de este año hay una perla. El párrafo
tercero del artículo veinticuatro es una enmienda literal que
presentamos nosotros el año pasado y que ya le dije a don
Justo Zambrana que no se preocupara que no le íbamos a cobrar
derechos de autor.

Por lo tanto no diga que no hacemos cosas positivas, porque le
puedo recordar también cinco proposiciones de ley y dos
proposiciones no de ley que han sido rechazadas por ustedes
sin mayores argumentos.

Sobre si sus reformas han sido buenas o malas, nosotros
tenemos nuestra opinión y valoración, pero también la tienen
los funcionarios del Estado. Me parece que la moral de los
funcionarios del Estado no es muy alta; desde luego no es tan
alta como la de la selección



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nacional de fútbol que va a jugar mañana con Dinamarca. Eso
seguro. En esta legislatura, si corremos por salud, como dicen
en mi tierra, vamos a debatir, porque ya estamos hartos de
esperar sobre iniciativas legislativas del Grupo Parlamentario
Popular; el estatuto de la Función Pública, si ustedes nos lo
mandan, y la ley de organización y funcionamiento del Estado,
si ustedes nos lo mandan, verá usted cómo va a ocurrir así.

Por lo tanto, puede usted calificar mi actuación parlamentaria
o mi valoración de las leyes, pero no puede, ni muchísimo
menos, descalificar todo el planteamiento en esta materia y
toda la preocupación que ha vertido en sus iniciativas el
Grupo Popular. Otra cosa. No me ha contestado a muchas
materias, y yo lo entiendo, porque eran un montón de enmiendas
a las que tenía que dar respuesta, pero sí tengo que señalar
que, efectivamente, no cabe hacer una reforma de la Función
Pública sin haber establecido antes el marco normativo
necesario para ello, porque si no nos vemos abocados a las
grandes contradicciones, a los grandes desfases del
calendario. El señor Saavedra promete para el próximo período
de sesiones --lo dijo aquí en una respuesta a un compañero de
su grupo-- la ley de organización y funcionamiento de la
Administración del Estado. Era lógico que los Ministerios
esperaran a la reforma de sus estructuras para que se aprobara
esta ley. Pues bien, han hecho todo lo contrario y aprueban
por Decreto de uno de octubre de 1993 la modificación de su
estructura orgánica, como ocurre, por ejemplo, con el
Ministerio de Economía y Hacienda. El primer párrafo de la
exposición de motivos de este Decreto no tiene desperdicio, es
casi copia literal de uno de los párrafos de la exposición de
motivos del proyecto de ley que ahora mismo debatimos.

Como ve, no podemos estar de acuerdo con el método. Y las
enmiendas que se apoyan en el método son por eso fundamentales
y muy importantes. El método tiene unas marcadas prioridades y
el establecimiento de un marco general como el que
proporcionan el Estatuto de la Función Pública y la ley de
organización y funcionamiento de la Administración del Estado
son elementos básicos para un método que dé un resultado
positivo y eficaz. Pero dejando aparte las prioridades
legislativas y la necesidad de la memoria, que se la pediré al
Gobierno si esta ley se aprueba, lo que sí quiero subrayar de
nuevo, ya que no ha querido rebatírmelo, es que la
indeterminación con que se articula el contenido de los planes
de empleo implica la autoatribución por el Gobierno de una
verdadera ley de suspensión de garantías, sin que se prevea
control parlamentario alguno sobre la forma en que hará uso de
la facultad de modificación de estructuras organizativas y de
puestos de trabajo, lo que permite abrigar serios temores
sobre la posible arbitrariedad en el empleo del dispositivo
así diseñado, sin entrar en si es bueno o si es malo, tal y
como está regulado.

No me extraña que los funcionarios consideren los planes de
empleo como planes de reducción de plantillacon todas sus
características (jubilaciones anticipadas, excedencias
incentivadas, modificación de las estructuras organizativas y
de los puestos de trabajo) introduciendo, quieran o no quieran
reconocerlo, el despido forzoso bajo el título de excedencia
forzosa. Cuando nuestras enmiendas solicitan para los
funcionarios afectados por una reasignación de efectivos
derecho preferente a ocupar las plazas vacantes en el conjunto
de la Administración del Estado y en los nuevos ingresos en
los organismos públicos a que se refieren los artículos cinco
y seis de la Ley General Presupuestaria, estamos pidiendo algo
justo y razonable y nos estamos curando en salud, además,
señor Varela. ¿Por qué? Porque así ha ocurrido y ocurrirá.

¿Qué obstáculo existía para que el recién constituido Consejo
Económico y Social se hubiera dotado con funcionarios públicos
excedentes de otros organismos? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué
no se utilizaron funcionarios que estaban perfectamente
preparados para ocupar estos puestos en el Consejo Económico y
Social? El Grupo Parlamentario Popular hizo en su día una
proposición en este sentido, una proposición positiva, de las
que usted dice que no hacemos, y ustedes se llamaron andana.

¿No cree que con fórmulas como las que hoy proponemos
nuevamente colaboraríamos en una correcta, racional e
inteligente reasignación de efectivos? Dentro de poco se
presentará una nueva oportunidad. La oficina de armonización
del mercado interior de Alicante contará como mínimo con 200
funcionarios cuando se ponga en marcha dentro de dos años.

¿Qué fórmula de asignación de funcionarios se utilizará? ¿Se
les ofrecerá a los funcionarios que ya están en la
Administración o se designará libremente a 200 privilegiados?
Por aquí se hunde la promoción interna, señor Varela, por aquí
se hunde la ilusión y la carrera administrativa. A eso
responden nuestras enmiendas, no sólo a una descalificación
del proyecto. Fíjese si le estoy dando ejemplos absolutamente
positivos que contrarrestan todo lo que usted ha dicho de mi
intervención. Esta desmoralización y esta falta de carrera y
de promoción administrativa, que no se ve ni por asomo en la
regulación de ese nuevo artefacto que se llama planes de
empleo, me recuerda, y recuerda a los funcionarios, un dibujo
de «El Roto» que el otro día publicaba «Diario 16». Lo
dibujaba en la siguiente escena: Un alto cargo, un altísimo
cargo miraba desde su altura a un probo funcionario y le
decía: no tema usted por su futuro, no lo tiene. Es tremendo,
pero la verdad es que el Título II de este proyecto de ley no
le da una garantía de futuro.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señor
Núñez, termine.




El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.

¿Sabe por qué? Porque, entre otras cosas, conculca principios
constitucionales. Lo dije en la primera parte de mi
intervención y usted no me quiso contestar. No sé si lo hará
ahora. Repito, conculca, a nuestro entender, o roza, por lo
menos, o no tiene en cuenta principios constitucionales.

Por eso, si la ley no cambia lo suficiente en el «iter»
parlamentario que le queda en el viaje de ida y vuelta del
Congreso al Senado, a lo mejor no tenemos más remedio que
utilizar el recurso otra vez para que sea el Tribunal
Constitucional el que arregle los desafueros de esta ley. Nada
más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.

El señor Martínez Blasco tiene la palabra.




El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, señor
Varela, estamos modificando el régimen jurídico y los derechos
de casi dos millones de trabajadores españoles. Ayer veíamos
cómo se les recortaban sus emolumentos, sus retribuciones y
hoy sus derechos adquiridos están siendo recortados en este
proyecto de ley. Tal vez ustedes se han creído que como la
cantinela de la crisis hace retroceder a los trabajadores, era
el momento oportuno para sacar toda la caballería contra los
derechos de los trabajadores de este país y un día les toca a
los de la empresa privada y hoy les ha tocado a los
funcionarios.

No es posible subir a esta tribuna y decir sin que pase nada
que esto es un problema de reasignación de efectivos y que los
planes de empleo son el instrumento. Le he señalado y le
repito que esto no tiene nada que ver con la reasignación de
efectivos. Para reasignar efectivos había un artículo ya en la
Ley, el artículo 17, que permitía que hubiera permeabilidad
entre las diferentes administraciones, que es a lo que usted
ha hecho referencia; hay una reasignación de competencias y
debe haber reasignación de efectivos. Usted le ha reconocido
al señor Núñez que, como van a cobrar menos porque no van a
trabajar, es un problema económico. Se lo he dicho yo: esto es
legitimar un proceso de reajuste de plantillas con el menor
coste posible, que es lo único que ustedes pretenden,
abaratar. Es verdad que no se han atrevido a poner el despido,
faltaría más. Señor Varela, para nosotros importa poco el tema
del despido en ese sentido. No es un problema de defender el
título de funcionario a toda costa. Le he dicho que mejor que
el despido o mejor que el vínculo, como ustedes dicen, es el
problema de la formación profesional, incluso de a la dignidad
de poder trabajar. ¿Cómo es posible decir que es para un
reajuste de efectivos cuando admiten que se puede hacer no ya
para ministerios, sino para áreas administrativas, para
servicios concretos? Eso no tiene nada que ver con el
reajuste; tiene que ver, sencillamente, con un reajuste para
el despido. Pero le he dicho, y creo que es fundamental en
este caso para defender los derechos adquiridos, que en esa
confluencia entre lo laboral y lo funcionarial, en lo laboral
existen los expedientes de regulación de empleo. Un empresario
privado quiere despedir porque le sobra plantilla, pero se ve
obligado a hacer un expediente de regulación --ya sé que
también se lo quieren cargar en el futuro, pero existe en
estos momentos-- de empleo. Hay una autoridad administrativa
y, en todo caso, una autoridad judicial que vela por los
derechos de los trabajadores. Ahora con los planes de empleo,
incluso a los laborales, pisoteando los derechos del Estatuto
de los Trabajadores, los absorben todos dentro de los planes
de empleo. Admitan si no las enmiendas que dicen que en todo
caso se garanticen los procedimientos para los laborales en
los planes de empleo. Los meten ustedes a todos en los planes
de empleo que van a sustituir a los expedientes de regulación
de empleo en el caso de los laborales. Insisto en que es un
problema para ustedes de abaratar el despido.

Dice que habría diferentes plazos si se garantizase que para
cada funcionario empezaba a computar el plazo desde que se le
ofertara el puesto de trabajo. Pero si es que de todas formas
va a haber diferentes plazos. Desde el momento en que ustedes
admiten que se puede hacer un plan de empleo para cada unidad
administrativa, va a haber montones de plazos diferentes para
muchos funcionarios, y en ningún caso se va a garantizar que
se van a coordinar. El tema disciplinario. No nos venda
tampoco aquí lo que no es. Cuando el Tribunal Constitucional
dice que hay reserva de ley en materia disciplinaria, creo que
eso es para tomárselo muy en serio. Le he señalado dos
elementos que tienen reserva de ley y que no se resuelven en
este proyecto: la tipificación, falta la tipificación para los
funcionarios en determinado tipo de faltas que está en Decreto
y no en Ley; y el procedimiento, porque ustedes hacen
referencia a que se vaya otra vez por el Decreto de 1986,
salvo en algunas fórmulas complementarias que son las
previstas en la Ley del Régimen Jurídico.

Eso no es resolver el problema de la legalización o de la
reserva de ley que establece el Tribunal Constitucional. No es
esa la fórmula. Hay que afrontar seriamente el problema
disciplinario. Nos mantenemos todavía en la situación
anterior.




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En todo caso, señorías, creo que esto es un avance más en ese
intento de, aprovechando la situación general de crisis
económica, poner a los funcionarios delante diciendo: En todo
caso, tenéis garantizado el puesto, vamos a hacer movilidad,
vamos a hacer reajustes, pero tenéis, en todo caso, el vínculo
garantizado. Con esa excusa se van a cometer atropellos contra
los derechos de los trabajadores de la Función Pública. Creo
que los trabajadores no van a consentir eso. No se puede
aprovechar eso. Lo aprovecharon ayer para reducir, insisto,
sus retribuciones. Basta ya. Por lo menos los derechos que
tenían hasta ahora manténganlos, los de los laborales en este
proceso de mixtificación; los de los funcionarios, también; no
aprovechen ustedes este proyecto de ley. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Blasco. Tiene la palabra el señor Varela.




El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.

Señor Núñez, no se lo tome como algo personal, yo no
descalifico su actuación parlamentaria; me parece que usted es
un parlamentario brillante, buen conocedor de la
Administración y la Función Pública y un «partenaire» cordial.

Pero, señor Núñez, usted sabe que su estilo es agresivo y que
cada vez es más agresivo; yo no sé si producto de algún tipo
de frustración porque no puede usted plasmar en las reformas
de la Administración pública sus propias iniciativas.

De todas formas, me parece positivo que sus aportaciones en el
tiempo sean valoradas positivamente por nosotros, creo que
usted debe compartir también esa satisfacción. Quizá usted las
plantea cuando no es oportuno, a destiempo, antes o después;
quiere introducir en proyecto de ley como éste temas que son
bastante ajenos a los planes de empleo y a la reasignación de
los puestos de trabajo. Quizá ese sea el problema fundamental
por lo que sus enmiendas no puedan ser acogidas. Vuelve a
insistir en que se trata de un problema de método. Yo creo que
ese es el problema que tiene su postura, la pretensión de que
se haga en un momento único la elaboración de todas las
medidas que afectan a la función pública, incluso a la
Administración del Estado. Es cierto que sus últimas
intervenciones, diría que todas sus intervenciones en
Administraciones públicas en esta legislatura están reclamando
esa ley de organización y funcionamiento de la Administración
del Estado. Creo que antes de que esta legislatura acabe ese
sueño lo verá cumplido, pero el problema es un método, no es,
por tanto, de contenido. Existe una legislación completa,
compleja --no digo perfecta, nunca diré perfecta, porque todo
es mejorable-- y, como digo, no existen modelos acabados que
el tiempo no pueda demostrar que han tenido algún tipo de
deficiencias.

Por tanto, partamos de la legislación que en estos momentos
tenemos y procedamos a su mejora, que es lo que estamos
haciendo en estos momentos con la introducción de este
instrumento jurídico; instrumento jurídico, señor Martínez,
necesario para lograr la movilidad de los funcionarios, no
para despedir a los funcionarios. Ustedes están introduciendo
una versión muy diferente a lo que el proyecto pretende
respecto de los funcionarios de las administraciones públicas.

A veces, con estas descalificaciones y esa visión pesimista de
cómo se van a utilizar estos instrumentos y estas normas
contenidas en el proyecto de ley, me hacen pensar en una
novela de Stephen King.

Yo creo que temas como el régimen jurídico de los laborales no
es necesario tratarlos en una ley de la Función Pública, en
esta ley concretamente. Aquí no es necesario redefinir cuáles
son las fuentes del Derecho laboral. Por eso no aceptamos su
enmienda, señor Martínez, en la que quieren que se recoja que
los laborales se van a seguir rigiendo por el Estatuto de los
Trabajadores. Es algo que está ahí y no corresponde en cada
proyecto de ley en que se trata la Función Pública o el empleo
público volver a definir las fuentes, que no es necesario
tocar. Esas se presumen y están, por tanto, vigentes en
nuestro ordenamiento jurídico.

Usted ha insistido cuatro o cinco veces en su intervención en
algo que es falso: en la reducción de las retribuciones de los
funcionarios públicos. Usted sabe que hay una congelación.

Dejen ustedes de transmitir lo que no se está produciendo en
el debate. Dejen de transmitir aquellos elementos que son
producto de su propia imaginación para descalificar los
proyectos de ley que estamos llevando a cabo. Digan ustedes la
verdad, de qué se trata, por qué lo hacemos, cuál es el
momento económico que estamos viviendo en nuestro país, cuáles
son las medidas que afectan al conjunto de la sociedad y, cómo
no, también a los trabajadores de las administraciones
públicas, a los funcionarios, que, evidentemente, tienen
elementos de privilegio que nosotros no pretendemos atacar,
como es la estabilidad de su puesto de trabajo. Pero esa
estabilidad en el puesto de trabajo no puede corresponderse
con la inmovilidad, como sucedía hasta ahora. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Las situaciones
administrativas que están contempladas en este proyecto y a
las que se llega a través de la aplicación de los planes de
empleo están previstas, lo creo sinceramente, como una medida
que impulsa a que el funcionario vaya aceptando los distintos
puestos de trabajo que se le oferten una vez que ha
desaparecido el suyo.




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Sin estas nuevas situaciones administrativas y sin esas tres
distintas fases que se contemplan en los planes de empleo, el
funcionario, si no es por la fuerza, se va a mantener en la
mayor parte de los casos en el mismo puesto de trabajo en el
que está, aunque ese puesto sobre por necesidades de servicio.

Es, por tanto, necesaria la creación de esta figura jurídica,
de este instrumento que permita estimular al funcionario en
distintas etapas, cada una de ellas más dura, porque va
perdiendo algún tipo de retribución complementaria --nunca las
retribuciones básicas, que se mantienen siempre, aun en el
peor de los casos-- que es la excedencia forzosa, que lo vayan
inclinando progresivamente a que se decida por la aceptación
de un nuevo puesto de trabajo.

Hablando de esto, usted ha preguntado por qué en el Consejo
Económico y Social no se ha trasladado personal de otros
sitios. En la visita que hice en su día --de todas formas,
faltaba todavía mucho personal-- al Consejo Económico y Social
pude comprobar que había en el mismo trabajando bastante
personal procedente del Instituto de los Servicios Sociales,
el Inserso. Eran funcionarios que se habían transferido al
Consejo Económico y Social. No sé en qué se basa usted --me lo
puede aclarar después en el pasillo-- para hacer esta
afirmación que, como digo, mi experiencia rechaza.

La promoción interna no se hunde a través de este proyecto.

Este proyecto contempla nuevas, distintas posibilidades de
promoción interna. Es claro que el proyecto de ley 30/1984
necesita en esta materia un mayor desarrollo. Creo, y soy en
esto autocrítico, que necesita una mayor puesta en práctica de
los sistemas que allí se establecen de promoción interna por
parte de todas las administraciones públicas, no únicamente la
del Estado. Pero es que también en las comunidades autónomas y
en los ayuntamientos se adolece de un tratamiento riguroso de
lo que debe ser la promoción interna. Estamos hablando en los
últimos tiempos de laboralización del sistema de la Función
Pública. Yo creo que se debe avanzar también en esa
laboralización cuando hablamos de promoción interna, porque es
más fácil, evidentemente, en el régimen jurídico laboral.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.

Pasamos al debate correspondiente al Título III y a las
disposiciones adicionales decimoprimera, decimosegunda y
decimotercera, disposición transitoria tercera, disposición
derogatoria y disposiciones finales primera y segunda.

Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora
Villalobos.

La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

En el marco de esta ley de acompañamiento, el Título III se
dedica a modificar la Ley de Protección por Desempleo y la Ley
de Sanciones en el Orden Social. La verdad es que en la propia
exposición de motivos de la ley, el Gobierno es consciente de
la disfuncionalidad que representa este sistema de reformar
determinadas leyes a través de un «totum revolutum» al que ya
se han referido mis compañeros, por lo que no voy a insistir
más. Quiero decir que de nuevo se producen en esta reforma de
la Ley de Protección por Desempleo y en la Ley de Sanciones en
el Orden Social reformas que entiendo que hubieran necesitado
un ámbito más sosegado que el de una ley de acompañamiento de
los presupuestos. Si a esto añadimos que a través de las
sesiones de la Comisión de Economía el Grupo Socialista
admitió enmiendas que afectan no ya solamente a la Ley de
Protección por Desempleo, sino a la propia Ley de la Seguridad
Social, parece peligroso el sistema de ir aprobando y
reformando la propia Ley de la Seguridad Social con estas
fórmulas, a través de los presupuestos, a través de reales
decretos-ley o a través de una ley como la que estamos
discutiendo aquí. Yo creo que si hay un compromiso adquirido
por el Gobierno a través de la propia Ley de Prestaciones no
Contributivas, por la cual antes de finalizar el año 1993 el
Gobierno se compromete por ley a remitir a la Cámara un texto
refundido de la Ley de la Seguridad Social, no parece que sea
bueno que en trámites parlamentarios, como son las comisiones,
el Grupo Socialista admita enmiendas que afectan a cuestiones
que no entran en el debate de la Ley de Protección por
Desempleo, que afectan a cuestiones totalmente diferentes a la
protección por desempleo y que impiden al resto de los grupos
plantear iniciativas en torno a esta situación, y sobre todo
está debilitando las posiciones y la posibilidad de este
debate sobre la Ley de la Seguridad Social, a que esta Cámara
obliga al Gobierno antes de acabar el año 1993.

Por otro lado, el propio Gobierno, en la exposición de
motivos, dice: Por lo que a desempleo se refiere, y sin
perjuicio del compromiso del Gobierno de aprobar un proyecto
de ley que consolide y ordene coherentemente la protección en
el ámbito de un sistema racional... Luego parece claro que
esta reforma de la Ley de Protección por Desempleo responde,
exactamente igual que el Decreto de abril del año 1992, a unas
necesidades financieras del sistema debidas a una mala gestión
del propio Gobierno socialista, que le lleva a traer medidas
como ésta a la Cámara en lugar de enviar el nuevo texto de la
Ley de Protección por Desempleo que sea coherente, que sea
racional que es, en última instancia, lo que creo que esta
Cámara debe reclamar al Gobierno.

En esta reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, la exposición de motivos dice claramente:
Teniendo en cuenta la persistencia de conductas socialmente
insolidarias en el disfrute indebidode prestaciones por
desempleo... Parece que ha habido,



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yo diría, una excesiva condescendencia, por no llamarlo de
otra forma, por parte del Gobierno para que esas prácticas,
socialmente insolidarias, se hayan llevado a cabo a lo largo
de estos años. Luego dónde está la capacidad para controlar
esos fraudes, insolidarios por otra parte, de determinados
ciudadanos que han disfrutado de esa prestación y de
empresarios que han permitido que se utilicen esas
prestaciones. Me gustaría saber para qué existen en este país
los inspectores de trabajo, si no es precisamente para
controlar y para impedir esas costumbres contra las leyes,
insolidarias al mismo tiempo con el conjunto de la sociedad.

Parece que de pronto, de cara al año 1994, el Gobierno
socialista se ha levantado solidario en la lucha contra el
fraude, cuando es consecuencia de políticas llevadas a cabo
por ese propio Gobierno. Dudo mucho de que éste sea el último
debate en torno a la reforma de la ley de la protección por
desempleo, pero no como el Gobierno dice en la exposición de
motivos y este Grupo Parlamentario reclama al Gobierno, es
decir, una ley que sea coherente, racional y solidaria.

Entrando en las enmiendas concretas del Grupo Popular, me
gustaría enmarcarlas en tres bloques diferentes. Las números
227, 228, 229, 233 y 234, se refieren a la vinculación de la
prestación de desempleo con la Formación Profesional. Este es
un viejo debate que ya planteó en el año 1992 el Grupo
Parlamentario Popular y que, de alguna forma, se recogen en la
ley de acompañamiento, aunque no como debiera ser. Es una
vieja batalla del Grupo Parlamentario Popular siempre con el
Grupo Parlamentario Socialista, que consiste exactamente en
saber qué Formación Profesional queremos para nuestro país y
qué hacemos con el dinero de la Formación Profesional. Yo sé
que después, en el debate de la Sección 19, Trabajo,
volveremos a insistir sobre este tema, pero, desde mi punto de
vista, no se pueden perder oportunidades ni momentos para
hacer posible que la Formación Profesional que se imparta en
este país sirva para cualificar a nuestros trabajadores en las
ofertas de empleo que necesita nuestro mercado, y no se pueden
utilizar mal unos 900.000 millones de pesetas que se han
destinado en este país a la Formación Profesional ocupacional
que no cualifique de una forma adecuada a nuestro
trabajadores. ¿Cuál es esa cualificación profesional que deben
recibir nuestros trabajadores? Desde mi punto de vista --y así
lo contempla el programa nacional de Formación Profesional--,
los que corresponden al catálogo nacional de cualificaciones
profesionales. Cualquier utilización de los fondos de
Formación Profesional, cualquier actitud permisiva por parte
del Gobierno para que los parados no reciban esa Formación
Profesional adecuada al sistema nacional de cualificaciones
profesionales, creo que es dinero perdido, dinero gastado
inútilmente.

Lo que no se puede mantener por el Gobierno son unas
posiciones en la discusión del programa nacional de Formación
Profesional que después no se recojan en los textos
legislativos. Es por eso por lo que nosotros damos muchísima
importancia a que se contemple en la ley de protección por
desempleo el concepto de cualificación profesional reconocida,
porque es una fórmula adecuada de utilizar los términos que
así se recoge en el catálogo nacional de cualificaciones,
tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Lo que dice el
Gobierno socialista en el programa nacional, lo que dice el
Ministro en su comparecencia, se debe reflejar en el texto
artículado de la ley. La enmienda 228 está relacionada con la
227 cuando solicita la sustitución del artículo 11.b) de la
ley de protección por desempleo. El señor Arnau me decía en la
Comisión que no podía aceptar esta enmienda porque estaba en
contradicción con el artículo 11 de la ley de protección por
desempleo. Aquí se nos brinda la posibilidad de que la pueda
aceptar, puesto que la enmienda 228 del Grupo Popular
precisamente reforma el artículo 11.b) de la ley de protección
por desempleo. El tercer bloque de enmiendas, que serían las
números 235, 236, 237 y 238, está relacionado con el Real
Decreto-ley que regula el subsidio de desempleo agrario en
nuestro país. El señor Arnau considera que estas enmiendas no
se pueden tener en cuenta ya que el Real Decreto-ley
1.387/1990, de 8 de noviembre, que regula la prestación por
desempleo agrario en Andalucía y Extremadura es vinculante
para la ley de protección por desempleo. Señor Arnau, lo que
nosotros planteamos aquí es que los controles en la percepción
del subsidio, obligados para averiguar si ha habido rechazo de
una oferta de empleo adecuado o de acción formativa, sea
exactamente igual en el sistema de la protección por desempleo
que en el sistema de protección por desempleo agrario en
Andalucía. No entendemos por qué persiste esta discriminación,
porque lo que estamos reformando es el Real Decreto-ley que
afecta al desempleo agrario.

Tampoco entendemos por qué en el proyecto de ley ustedes
modifican el concepto de rentas familiares para el desempleo
general y, sin embargo, siguen siendo más benevolentes
respecto al concepto de carencia de rentas o de beneficiarios
en la ley de protección del subsidio agrario en Andalucía.

Sinceramente, no lo entiendo porque son dos sistemas
complementarios que afectan a los parados de determinados
sectores. En el caso agrario, a los parados del campo andaluz
que, como ustedes saben y reconoce el Gobierno, en estos
momentos están sometidos a un proceso de reformas profundas.

El mismo Presidente de la Junta y antiguo Ministro de Trabajo,
señor Chaves, ha reconocido la mala utilización del sistema
agrario. ¿Por qué insisten ustedes tanto en que condiciones
que consideran positivo que aparezcan en la ley de protección
por desempleo



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no afecten al subsidio agrario de Andalucía? Espero que no
tenga nada que ver con el hecho de que el año que viene --no
sé si en junio o en octubre-- se celebren elecciones.

Por otro lado, cuando planteamos en Comisión la enmienda 230,
del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista y, en su
nombre, el señor Arnau, nos dijo que no iba a entrar en el
fondo de la cuestión. Sé que posiblemente todo lo que estamos
discutiendo hoy aquí sea tiempo perdido, la palabra la tiene
el representante del Grupo Socialista. El Gobierno, en la
oferta que ha hecho a los agentes sociales sobre la reforma
del mercado de trabajo, vuelve a cambiar de posición en lo que
respecta a unir la percepción de una indemnización a la
prestación por desempleo. Parece ser que el Gobierno ha
cambiado radicalmente de posición respecto a la ley que
discutimos aquí, de modo que no sé si este debate va a servir
para algo, porque en el trámite del Senado el Grupo Socialista
puede enmendarse a sí mismo y la posición defendida hoy aquí
por el señor Arnau puede quedarse en nada cuando un compañero
socialista del Senado diga lo contrario. De forma que yo tengo
bastante poca fe en la posibilidad de que prospere la enmienda
del Grupo Popular o que se mantenga el dictamen de la Comisión
y el proyecto de ley remitido a esta Cámara, porque como el
Gobierno socialista y el señor Ministro de Trabajo cambian
tanto de opinión, realmente no sabemos qué va a pasar dentro
de quince días. En cualquier caso, si se mantuviese el texto
enviado por el Gobierno, entendemos que no se puede vincular
directamente el cobro de una indemnización al retraso en la
percepción de la prestación por desempleo, por lo menos en
aquello que afecta a la parte de la indemnización que
legalmente le correspondería al trabajador despedido: los
veinte días en caso de despido por causa objetiva, o de
cuarenta y cinco días por despido improcedente. Incluso en los
despidos pactados que, como el señor Arnau sabe, se utilizan
con bastante frecuencia. Lo que no nos parece justo es que se
obligue a un trabajador, que pasa a la situación de desempleo,
a que toda su indemnización, la legal y la extralegal, se
retrase a la hora de cobrar la prestación por desempleo. Esto
no se puede hacer porque es profundamentediscriminatorio y
poco solidario. Queremos distinguir entre la percepción de la
indemnización legal de la extralegal, que está en función de
las negociaciones del trabajador con su empresario. Por lo
tanto, es un término medio que alivia bastante el déficit
acumulado hasta este momento del sistema financiero de la
Seguridad Social y, al mismo tiempo, compensa a estos
trabajadores que han cotizado al sistema de la Seguridad
Social. Además, se trata de la percepción de unas
indemnizaciones que se recogen en el Estatuto de los
Trabajadores: o reforman el Estatuto de los Trabajadores o
respetan lo que la ley ha mantenido hasta el día de hoy como
inamovible, y que nosotros creemos que debe ser inamovible.

Hemos presentado también la enmienda 231 al nuevo artículo 33
de la ley de protección por desempleo, que afecta a la
prestación por desempleo de la estiba y desestiba de buques.

Es malo crear situaciones discriminatorias y ustedes deben
admitir que, tal como está redactado el artículo 33 de la ley
de protección por desempleo, se establece una discriminación,
como es aceptar que los trabajadores portuarios tengan unas
prestaciones que, de hecho, no han tenido. Ponen el contador a
cero y dicen: ustedes han recibido 2.600 prestaciones por
desempleo, aunque realmente no las hayan cotizado a la
Seguridad Social. Luego, están creando un primer tramo de
discriminación de un colectivo. Además, añaden una nueva
discriminación entre los trabajadores portuarios, aquellos que
han cumplido con la legislación que les obligaba a constituir
las sociedades de estiba y desestiba, y aquellos otros que no
lo han hecho y siguen con el viejo sistema de la OTP. Creo que
es una mala fórmula castigar a aquellos trabajadores de los
puertos que han cumplido con la ley, porque ustedes favorecen
a los trabajadores portuarios que no han cumplido esa ley.

Cuando menos habría que contemplar dos conceptos; tanto los
que han cumplido la ley y tienen constituida sus sociedades de
estiba y desestiba, como los que todavía no lo han hecho. En
ese sentido, entendemos que se debe suprimir la siguiente
frase en el artículo 33: «... en los que no se haya
constituido la correspondiente sociedad estatal de estiba y
desestiba». Sería mucho más equitativo y justo para esas
sociedades que han hecho el enorme esfuerzo de enfrentarse al
cumplimiento de la ley.

Sinceramente --y acabo con esto, señor Presidente--, no sé si
hay una mínima receptividad por parte del Grupo Socialista,
aunque su actitud hasta ahora no pareceindicar que vaya a
haber una mayor receptividad hacia estas enmiendas. Muchas de
ellas son lo suficientemente lógicas y razonables como para
que el Grupo Socialista reflexionara sobre ellas y aceptara
todo lo que afecta a la Formación Profesional ligada con la
percepción de la prestación por desempleo, tanto en el sistema
general como en el sistema agrario de Andalucía.

Por otro lado, espero que antes de acabar este año el Gobierno
remita a la Cámara los proyectos de ley que reformen la ley de
protección por desempleo y el Estatuto de los Trabajadores. No
podemos seguir perdiendoel tiempo mientras en este país se
siguen destruyendo puestos de trabajo, como se hace en este
momento. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.




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Señorías, el Título III del proyecto de ley que discutimos en
estos momentos introduce importantes modificaciones en la
normativa reguladora de la prestación por desempleo.

La entidad que tiene este conjunto de modificaciones pueden
entenderla SS.SS. si toman en consideración que, sin lugar a
dudas, estas propuestas que se contienen en el proyecto de ley
constituyen uno de los puntos fundamentales de las discusiones
en torno al acuerdo nacional por el empleo o pacto social, en
definitiva, las negociaciones que en estos momentos se llevan
a cabo, en ámbitos distintos a este Parlamento, entre el
Gobierno y los agentes sociales. Parece oportuno, señorías,
puesto que vamos a hablar de eso, que breve y sintéticamente
lleve a cabo una pequeña exposición del conjunto de medidas
que plantea el Gobierno. La primera de ellas --por orden
sistemático, de acuerdo con el proyecto de ley-- es la de que
los beneficiarios de la prestación contributiva abonen la
cuota obrera de la Seguridad Social. En segundo lugar, reducir
la cuantía mínima de la prestación contributiva de desempleo
fijándola en el 75 por ciento, en lugar del cien por cien,
para los beneficiarios sin hijos. En tercer lugar, suprimir la
exención de la cuota empresarial de desempleo en aquellos
casos de suspensión de relaciones laborales, motivadas por
fuerza mayor y siempre que esa exención sea autorizada a
través del Ministerio de Trabajo o Consejería autonómica. En
cuarto lugar, reducción de las cargas familiares que dan
derecho al subsidio, de tal modo que lo que actualmente
incluye a los familiares por consanguinidad y afinidad hasta
el segundo grado, queda reducido única y exclusivamente a
cónyuge e hijos. En quinto lugar, reducción de la cuantía del
subsidio por desempleo en todos los casos al 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional, sin pagas extraordinarias.

Finalmente, por orden de importancia, sin entrar en más
detalles, cabe destacar --y se lo merece por sí misma-- la
incompatibilidad temporal entre las prestaciones por
desempleo, tanto contributivas como asistenciales, con las
indemnizaciones por cese en la prestación de servicios. Hecho
este pequeño repaso, permítanme, señorías, que les ponga de
manifiesto que este conjunto de medidas, de acuerdo con las
previsiones del propio Gobierno, se calcula que afecte a un
total de 1.053.104 beneficiarios de las prestaciones en el
próximo año 1994 y que su cuantía, siempre según las propias
previsiones gubernamentales, esté en torno a 300.000 millones
de pesetas. Señorías, es evidente que estamos hablando de un
tema de la máxima importancia. Si el conjunto de disposiciones
de este proyecto de ley tiene trascendencia, disposiciones que
reducen en 300.000 millones de pesetas la prestación por
desempleo y que afectan a un millón de beneficiarios,
comprenderán sus señorías que considere sin lugar a dudas que
dicho conjunto de disposiciones constituyen uno de los puntos
cruciales, uno de los puntos nucleares del debate en torno al
acuerdo nacional por el empleo. En relación con este proyecto
y con estas propuestas, existen muchas razones para manifestar
una posición rotunda y clara en contra del mismo. Esta es la
posición que mantiene el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en el conjunto de sus
enmiendas. Entre estas razones, en primer lugar debe
encontrarse la de que esas modificaciones constituyen un
recorte muy importante en los niveles, ya bajos, de protección
por desempleo de nuestro país.

En este sentido, señorías, permítanme que les diga de acuerdo
con los propios datos del Gobierno, datos que se contienen en
los libros de Presupuestos del año 1994, que el año que viene
el Gobierno prevé que exista en nuestro país un total de
1.900.000 beneficiarios de las distintas prestaciones por
desempleo; 1.900.000 beneficiarios. Conocen perfectamente sus
señorías que en estos momentos estamos prácticamente en
3.500.000 desempleados; 3.500.000 desempleados al día de hoy
y, sin embargo, a finales del año que viene, cuando
previsiblemente esta cifra sea superior, el Gobierno sólo
prevé que perciban prestaciones 1.900.000, aproximadamente el
60 o 65 por ciento del total de desempleados de nuestro país.

Y de ese 1.900.000 beneficiarios, exactamente 900.000
percibirían subsidio por desempleo; es decir, exclusivamente
el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional sin pagas
extraordinarias.

Señorías, ésta es la realidad de la protección por desempleo
en nuestro país, y sobre esa realidad este conjunto de
disposiciones del Gobierno introduce un recorte importante.

Por consiguiente, señorías, ésta es la primera razón que nos
lleva a estar en contra de este conjunto de modificaciones que
hoy nos presenta el Gobierno en esta Cámara.

En nuestra opinión, hay una segunda razón de peso: el informe
elaborado --que voy a citar muy de pasada-- por el Consejo
Económico y Social. Señorías, precisamente hoy --y es
significativo-- se celebra el aniversario de su constitución.

Pues bien, en relación con este conjunto de medidas, el
Consejo Económico y Social elaboró un dictamen, en nuestra
opinión bastante aquilatado.

El Gobierno prescinde prácticamente de la totalidad de este
informe elaborado por el Consejo Económico y Social. Señorías,
consideramos que esta actuación de una institución tan
importante para el diálogo social como es el Consejo Económico
y Social y en relación con una medida de tanta trascendencia
como ésta, es significativa y da más que razones para sostener
una posición en contra de este proyecto de ley.

En tercer lugar, está la incorrección, el propio error de las
modificaciones que se contienen en este proyecto de ley.

Podríamos citar distintos tipos de errores. Resulta



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sorprendente que en un momento de grave recesión de nuestra
economía se pretenda con estas medidas incidir aún más,
deprimiendo el consumo. Se afecta a un millón de personas, a
las que se les recorta sus capacidades económicas, y se
retraen 300.000 millones de pesetas de las rentas familiares.

Mucho más grave en este sentido, cuando se dice que lo que se
pretende es crear empleo, es que se recorten políticas activas
de empleo. Es una antigua discusión si las prestaciones por
desempleo son políticas pasivas o activas. Parece claro que
algunas de ellas son políticas activas como, por ejemplo,
cuando el Estado financia las suspensiones de contratos con el
objetivo de que las empresas puedan superar situaciones
difíciles. Pues bien, señorías, ya les he dicho antes que nos
encontramos con que esta norma suprime la exención de abono
por las empresas de las cotizaciones en los supuestos de
suspensiones por fuerza mayor. En los casos de fuerza mayor,
absolutamente ajenos a la voluntad empresarial, las empresas
tendrán que pagar la cotización empresarial al desempleo, con
lo cual será mucho más difícil que puedan continuar. Otro tipo
de error en estas medidas: reducir el ámbito de las cargas
familiares exclusivamente al cónyuge e hijos. Quiero
recordarles simplemente a SS.SS. que el próximo año es el año
declarado de la familia. Una manera importante de potenciar la
familia es reducir el ámbito única y exclusivamente a cónyuge
e hijos, eliminar a los padres y a otro tipo de familiares por
consanguinidad o afinidad; sólo cónyuges e hijos. Qué decir de
reducir la prestación de desempleo en su cuantía mínima al 75
por ciento del salario mínimo interprofesional. Si el salario
mínimo interprofesional es algo, es precisamente la
retribución mínima que se entiende que debe cobrar una
persona. Pues bien, la prestación por desempleo la situamos
por debajo. Además, es una medida claramente innecesaria, sin
trascendencia, porque el salario mínimo es la base mínima de
cotización, con lo cual difícilmente podrá tener cualquier
trabajador una cuantía mínima por debajo del salario mínimo.

¿Qué razón de ser tiene eso? Finalmente, señorías, el error
más palmario y más grave se lo lleva el relacionar y
establecer la incompatibilidad temporal de las prestaciones
por desempleo con las indemnizaciones. La propia realidad ha
venido a poner de manifiesto el gravísimo error que ha
cometido el Gobierno con esta norma, con esta previsión
normativa que, hay que decirlo, sigue estando hoy en el texto
de la ley. En octubre se han disparado los datos del paro.

Nosotros no queremos atribuir la totalidad de ese desempleo a
esta medida. Alguien ha hablado de los cien mil hijos del
Ministro de Trabajo. Nosotros no creemos que tenga tal
capacidad de fecundación ese Ministro, en absoluto, pero qué
duda cabe que esta medida ha contribuido a crear un ambiente
enrarecido en el terreno laboral, del cual se han aprovechado
empresarios para abaratar las condiciones del despido y, sin
lugar a dudas, también los trabajadores han pretendido huir de
lo que se les anunciaba para el próximo año. Eso sigue estando
hoy en la ley y sigue produciendo efectos en la realidad de
hoy, de mañana y hasta que no desaparezca.

Señorías, la posición de Izquierda Unida no es exclusivamente
la de criticar y no ofrecer nada. Hoy quiero aprovechar para
decir desde esta tribuna que nuestra posición pasa, en primer
lugar, por dotar de recursos al sistema de desempleo. Esa es
nuestra primera preocupación. El desempleo cubre una necesidad
fundamental y no podemos recortar esa necesidad, sino que hay
que dotarlo de medios. En segundo lugar, estamos de acuerdo en
que se adapte ese sistema en la línea planteada por el CES.

Nos parece que es un buen punto de partida y que debería
servir de base de aproximación de posiciones. No lo ha seguido
el Gobierno y llamamos la atención sobre este punto. Y, en
tercer lugar, nos parece oportuno y apoyamos al Gobierno en
todo lo que sea lucha contra el fraude. El Capítulo II de este
Título III no lo hemos enmendado porque estamos de acuerdo con
que hay que terminar con el fraude. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Peralta.

Señorías, les ruego guarden silencio.

Señor Peralta, le ruego concluya, porque su tiempo ha
terminado y tienen que intervenir otros Diputados.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor Presidente.

Quiero decir desde esta tribuna con claridad que el anuncio
hecho por el Gobierno recientemente relativo a sustituir la
incompatibilidad temporal entre prestaciones por desempleo e
indemnización y a subir la cotización por el desempleo en
medio punto, son posiciones que, en nuestra opinión,
constituyen acercamientos claros a la línea que he defendido
desde esta tribuna. Nosotros valoramos esas posiciones y
emplazamos al Grupo Socialista a que las convierta ya en
realidad, a que acepte las enmiendas de nuestro Grupo y no
demos el espectáculo de seguir incidiendo en la realidad con
medidas tan negativas como la del artículo 34 de este
proyecto.

Todo tipo de medidas de avance en esa dirección tienen que
seguir produciéndose hasta conseguir que ese Título III esté
absolutamente distinto del texto que nos ha remitido el
Gobierno.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Tiene la palabra el señor Frutos. Le ruego tenga en cuenta que
se ha consumido en exceso el tiempo previsto para este
trámite.




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El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Intentaré ser muy breve, pero al mismo tiempo, como estoy en
plena campaña de rectificación, tengo que subir a esta tribuna
a defender algunos elementos de nuestra política que encajan
perfectamente con el debate de los presupuestos, en concreto
con la ley de acompañamiento que estamos discutiendo ahora. Yo
no voy a criticar hoy la política del Gobierno. Les aseguro,
señorías, que he dejado en el escaño el catastrofismo, la
utopía e, incluso, la intención de arruinar el país, que
tantas veces nos atribuyen algunos representantes del Grupo
Socialista. Pero después de decir esto y de no referirme,
naturalmente, a las nuevas oleadas de paro de este mes de
octubre, paso a decir de forma inmediata que no es bueno que
el paro se convierta en una pesadilla sin salida, ni que el
trabajo se vea recompensando por una oleada de lujos falsos
que excitan el deseo sin satisfacer la necesidad, y que eso
además afecte de forma positiva a sectores cada vez más
débiles del conjunto de los trabajadores, a sectores cada vez
menos amplios. Recordarán SS.SS. lo que dijeron todos ustedes
en cuanto al programa de Izquierda Unida de las elecciones
generales que parece que ahora ha sido descubierto porque en
Europa hablan de él, porque el señor Rocard o el Partido
Socialista hablan de él, porque el señor Balladur habla de la
necesidad del reparto del trabajo, y porque lo están
discutiendo en el Congreso y en el Senado aunque con
posiciones radicalmente diferentes a las que planteó en su
momento Izquierda Unida. Otros, aquí, no están de acuerdo con
una política de reparto del trabajo, y hablan de que se tiene
que trabajar más horas, más días, sábados y domingos; en
definitiva, quieren liquidar gran parte de las conquistas
históricas que el movimiento obrero ha obtenido y que el
desarrollo de las fuerzas productivas ha hecho inevitable.

Lo que hoy queremos plantear son medidas concretas que, a
nuestro juicio, deberían merecer la atención de esta Cámara y
conseguir un voto que no dudamos debería y podría ser incluso
positivo. Sería la creación de dos nuevos títulos (Título IV y
Título V de la ley) que afectan a los fondos de inversión
obligatorios, a las jubilaciones y a las horas extraordinarias
que en estos momentos se están haciendo de una forma
desmesurada en el conjunto de un mercado español en recesión y
en crisis. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Frutos.

Señorías, ruego guarden silencio. En cualquier caso, a la
vista del desarrollo del debate, la previsión es que la
votación no tenga lugar antes de las nueve. Señor Frutos, le
ruego procure abreviar porque está consumiendo un turno doble
que no está previsto.El señor FRUTOS GRAS: Los dos nuevos
títulos, Título IV y Título V, se corresponden con las
enmiendas números 84 y 85, que hablan de fondos de inversión
obligatorios y ambos nuevos títulos tienen el mismo objetivo:
creación de empleo, creación de empleo y creación de empleo.

Se propone un reparto de trabajo intentando decir cómo, cuándo
y quién. Aquí --pienso-- tienen ustedes ocasión, el grupo
mayoritario pero también los demás grupos, de demostrar que
realmente se creen lo que se dice. Nosotros planteamos que
estos fondos de inversión obligatorios representen la
tendencia a la formación de capital fijo que genere empleo en
actividades económicas que sean social y ecológicamente útiles
para el conjunto de la sociedad. Que el origen de las
aportaciones de empresarios y de trabajadores sea de todas las
personas físicas y jurídicas con beneficios empresariales
sujetos y no exentos a tributación en el IRPF o en el Impuesto
de Sociedades. Que esto constituya un fondo obligatorio de
inversiones en el cual los trabajadores aportarán un
porcentaje variable determinado legalmente en cada ejercicio,
lo cual conllevaría el derecho a participar en las decisiones
de la gestión en igualdad de condiciones según las
aportaciones al capital social. Esta primera propuesta sería
un nuevo Título IV y la segunda sería una rectificación de la
Ley General de la Seguridad Social que atendería a un proceso
en varios años de jubilación reduciendo cada ejercicio un año
la jubilación, pasando por tanto en el próximo ejercicio la
jubilación obligatoria de los 65 a los 64 años, y una
reducción de las horas extraordinarias que no representara más
de 40 horas en el conjunto de las horas trabajadas durante el
año. Pensamos que esta serie de medidas, que no son de ninguna
forma una panacea, sino unas medidas más entre otras,
permitirían crear una nueva situación. En todo caso, señorías,
creemos que sería interesante promover de forma inmediata en
este hemiciclo un debate específico, sin ningún tipo de
votación, con todo el asesoramiento técnico y teórico posible
para hablar, en definitiva, sobre las diversas propuestas que
hay para la creación de empleo, sean las propuestas más
conservadoras del espectro, las que defiende el señor Aznar o
el Partido Popular, sean las propuestas que defiende, muchas
veces a regañadientes y de tapadillo, el Partido mayoritario;
pero sería interesante que esta Cámara, de forma abierta,
entrara a fondo en el debate no sobre el reparto de empleo
sino sobre cómo es posible en este país la creación de empleo.

Buscar la fórmula para, entre todos, encontrar unas vías que
naturalmente necesitarían inmediatamente su presupuesto para
poner en marcha e impulsar desde lo que nos compete en las
instituciones y desde lo que compete al Gobierno, desde la
Administración, estas medidas a través de las formas más
adecuadas y de la legislación más atinente.

Pensamos que no es cierto, como se dijo en el debate de
Comisión, que esta ley no es pertinente, ni el momento



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es adecuado y que, en todo caso, la creación de fondos de
inversión obligatorios se debería ver en el desarrollo de una
directiva europea que el propio proponente en el momento de
hacerlo no sabía exactamente cómo podría realizarse. Sería
bueno que en el debate de los Presupuestos Generales del
Estado empezáramos a abordar estas cuestiones y si es
necesario, repito, dediquemos el tiempo preciso para debatir
en este hemiciclo cómo podríamos crear empleo y cómo podríamos
hacer frente desde la visión que tiene cada uno, desde la
visión ideológica, desde la visión económica, desde la visión
política de cada uno a la gravísima situación de recesión y
crisis que el mes de octubre ha acabado de poner en total
evidencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego concluya.




El señor FRUTOS GRAS: Por tanto, señoras y señores Diputados,
yo les pido una votación positiva a las dos enmiendas números
84 y 85.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Olabarría tiene la
palabra.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a hacer el esfuerzo de intervenir desde el escaño,
aventura que se me antoja temeraria en estos momentos, pero,
en todo caso, congruente con el contenido de las enmiendas y
su naturaleza parcial y específica. Señor Presidente, mi grupo
tiene presentadas tres enmiendas a esta, denominada en
expresión más sentimental que forense, ley de acompañamiento.

La primera hace referencia al artículo 28; la segunda, al
artículo 31; y la tercera, al artículo 34. La enmienda
relativa al artículo 28, pretende evitar que se consagre un
genuino absurdo jurídico, que es el que en este momento
configura el precepto en cuestión objeto de análisis. Hace
referencia al colectivo de los prejubilados, colectivo
desgraciadamente amplio en regiones con industrias en declive
(particularmente casi todas las de la cornisa cantábrica) y,
en relación a estos colectivos cuando en los prejubilados
concurran las circunstancias que nosotros indicamos en la
enmienda, es decir, que su prejubilación sea complementada por
la propia empresa, por una parte; sea complementada también
por el Fondo de Garantía Salarial; y sea, por último,
complementada en virtud de convenio específico por la propia
Seguridad Social, se evite lo que ustedes pretenden, señor
Arnau, lo cual es estrictamente absurdo: que a estos
prejubilados, cuya vocación y cuyo destino último, cuyo
destino inevitable es jubilarse, llegar a una jubilación
«stricto sensu», se les obligue a lo que se les obliga en el
artículo 28 en cuestión, que es asistir, por una parte, a
cursos o acciones de promoción, formación o reconversión (para
nada necesitan este tipo de acciones) o, lo que resulta
probablemente más injusto, se incompatibilicen sus
prestaciones con las previstas en el número 2 del artículo 28.

Si ya resulta absurdo lo que pretende el precepto, que mi
grupo enmienda, resulta todavía más paradójico, más absurdo
todavía, lo que se contiene o lo que se pretende con el
artículo 31 del proyecto de ley, y es que a estos
prejubilados, cuya prejubilación es complementada por la
empresa, cuya prejubilación es complementada por el Fogasa,
cuya prejubilación es complementada por la propia Seguridad
Social, se les obligue a renovar mensualmente su demanda de
empleo. Señor Arnau, es que no están vocacionados a trabajar,
su destino no es trabajar, su destino es jubilarse. Tiene
dudosa justificación, compleja justificación (espero que usted
tenga la atención de exponérmela expresamente), que se les
obligue a demandar mensualmente empleo a prejubilados, que
están destinados inevitablemente a jubilarse.

En relación al artículo 34 (para ir acabando ya, señor
Presidente, en este contexto tan complicado), pretendemos
compatibilizar el contenido material del artículo 34 de la
llamada ley de acompañamiento con el artículo 42 del Estatuto
de los Trabajadores. El artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores establece los sistemas de exoneración del llamado
empresario principal, respecto a las acciones del contratista
o del subcontratista. Se establece un sistema de elusión de
responsabilidades del empresario principal respecto a acciones
del contratista o del subcontratista que les resulten a éstos
personalmente imputables, y en este caso nosotros pretendemos
que se exonere al empresario principal de las acciones
fraudulentas del contratista o subcontratista previstas en
este precepto, en el artículo 34; es decir, las atinentes al
fraude en las prestaciones de desempleo, con lo cual
(utilizando la expresión civilista del buen padre de familia)
entendemos que cumple con la responsabilidad el empresario
principal, exigiendo certificación al Instituto Nacional de
Empleo de que ese trabajador subcontratado, o contratado por
un contratista, no es titular de una prestación de desempleo,
o solicitante de una prestación de desempleo o,
alternativamente, que está inscrito en la Seguridad Social,
con lo cual cumple con la responsabilidad del buen padre de
familia, el empresario principal, solicitante al Instituto
Nacional de la Seguridad Social la correspondiente
certificación de no estar inscrito en dicha Seguridad Social.

Señor Arnau, señorías, estas son las reflexiones de carácter
específico y particular sobre las enmiendas que nosotros hemos
presentado a este bloque sistemático de la ley,
eufemísticamente, entre otras expresiones o rótulos, llamada
de protección del desempleo.




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Tengo que hacer una reflexión, señor Arnau, de naturaleza más
global, de naturaleza general: la nueva configuración que
incorpora el texto de esta ley en relación a la prestación del
desempleo no le gusta a mi grupo parlamentario. Mi grupo
parlamentario entiende (y tendremos ocasiones, seguramente,
más específicas, más adecuadas para debatir sobre esta
relevante cuestión), que la nueva configuración, el nuevo
nivel cuantitativo, la nueva dimensión de la protección del
desempleo que deriva de estos preceptos y de otros atinentes a
la protección de desempleo, constituye una reforma regresiva
de dudosa constitucionalidad. Lo digo en tono ponderado, lo
digo en tono especulativo, científicamente, desde una
perspectiva jurídica especulativa, señor Arnau.

¿Por qué puede adolecer de problemas de constitucionalidad?
Porque usted conoce dos sentencias del Tribunal
Constitucional, del año 1987, recaídas ante recursos
interpuestos por el extinto Tribunal Central de Trabajo, en
relación a lo que, interpretando el propio artículo 41 de la
Constitución, el Tribunal Constitucional denomina principio de
irregresividad. El criterio sentado por el Tribunal
Constitucional en ambas sentencias es el consistente en
afirmar que la cuantía de la dimensión de la protección, con
cargo al sistema público de Seguridad Social, incluido el
desempleo, la cuantía determinada en cada momento histórico
por el ordenamiento jurídico, cuando el ordenamiento jurídico
la va dimensionando, la va cuantificando en cuantoa su
dimensión en materia de protección de las contingencias y en
cuanto a los períodos de carencia o requisitos objetivos de
acceso a la prestación que protege esas contingencias, va
cristalizándose ese nivel; esa cuantía de protección
cristaliza automáticamente, de forma y manera que reformas
jurídicas posteriores de esa cuantía o nivel de protección
sólo están habilitadas, y nosotros como poder legislativo sólo
estamos habilitados, a mantener esa cuantía de protección o a
incrementarla. En este momento incurrimos en regresividad,
porque no se incrementa la cuantía de la protección del
desempleo, no se respeta siquiera la dimensión o cuantía de
protección vigente, la que en este momento configura el
vigente ordenamiento jurídico, sino que se reduce desde tres
perspectivas o en tres ámbitos: incompatilizando, en primer
lugar, la protección de desempleo con las indemnizaciones que
correspondan al trabajador por la resolución de su contrato de
trabajo; en segundo lugar, exigiendo el pago a los
trabajadores desempleados de determinadas cotizaciones
sociales que hasta el momento de esta reforma, de esta
contrarreforma --podríamos utilizar esta expresión--abonaba o
pagaba la entidad gestora; y, en tercer lugar, señor Arnau,
reduciendo la propia protección mínima, la prestación de
subsidio mínimo, reduciéndolo al 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional. No voy a debatir o a ahondar en este
tipo de reflexiones; seguramente, otros trámites serán más
pertinentes para este tipo de debates, pero, señor Arnau, de
su sensibilidad, de la sensibilidad de su partido, de la
sensibilidad de su grupo parlamentario espero una reflexión
mucho más ponderada, mucho más ajustada a los requerimientos
de la justicia social y material que la que nosotros podemos
apreciar en el contenido de este proyecto de ley. Gracias,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Enmiendas del Grupo Mixto, señor González Lizondo. (Pausa.)
Perdón. Efectivamente, las ha dado por defendidas. Gracias,
señor González Lizondo. ¿Turno en contra de las enmiendas?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, a la hora
de proceder a la reforma del régimen jurídico de protección
por desempleo, quiero, en principio, señalar que mi grupo ha
tenido muy en cuenta el artículo 41 de la Constitución, que
ordena a los poderes públicos garantizar prestaciones sociales
suficientes en situación de necesidad, especialmente en caso
de desempleo. Esto no se lo digo indirectamente, señor
Olabarría --tendremos tiempo de debatir sobre la regresividad
o no de este sistema--, pero, en cualquier caso, sepa que
nosotros partimos de este precepto tan importante, del
artículo 41 de la Constitución española. Cuando se dice, señor
Peralta, que nuestro sistema de protección



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por desempleo es pobre, yo le tengo que señalar que hay que
acudir a los datos; y los datos nos indican que nuestro
sistema de protección por desempleo es uno de los más
generosos de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, si
analizamos el tratamiento fiscal, las prestaciones y subsidios
están sometidos a impuestos al menos en seis países de la
Comunidad Europea; incluso Alemania --ya serían siete-- tiene
también sometidas las prestaciones a Impuesto sobre la Renta
si el parado tiene otras fuentes de ingresos. La realidad es
que, si analizamos el grado de generosidad de las prestaciones
de desempleo en los países de la Comunidad Europea, en
relación con los países de la OCDE, en España la tasa de
reposición de la prestación respecto al salario está por
encima de la media; el techo de la prestación está justo en la
media; la duración es superior; y la facilidad de acceso a la
prestación está por encima de la media de los países de la
OCDE. Si analizamos, por otra parte, el gasto en porcentaje
del PIB, España sólo tiene por delante a Dinamarca y a
Irlanda. Son datos que hay que tener en cuenta cuando se dice
que nuestro sistema de protec-ción por desempleo no es bueno,
es pobre o es deficiente.

¿Qué se trata de hacer con esta modificación? A qué responde
esta modificación, ha preguntado la señora Villalobos. Se
trata, como dijo el ministro, de proteger la protección, de
salvar el sistema, de asegurar su continuidad. Es necesario
acudir a algunos datos imprescindibles, por engorrosos que
sean, pero hay que tener en cuenta que en España, en el
período 1985-1993 los beneficiarios de prestaciones por
desempleo se han duplicado, han pasado de prácticamente un
millón a dos millones. En 1993 hay 911.000 protegidos más que
en 1985. La tasa de crecimiento del período se sitúa, por
tanto, en el 90 por ciento.

Como se ha hecho mención también al subsidio agrario de
Andalucía y Extremadura, convendría dar algún dato al
respecto, señora Villalobos. El subsidio agrario en Andalucía
y Extremadura, desde su implantación en 1984, ha experimentado
una evolución que muestra un crecimiento continuo durante los
seis primeros años de funcionamiento, hasta alcanzar, en
octubre de 1990, la cifra de 319.608 beneficiarios. Sin
embargo, desde diciembre de 1990 se observa una inversión de
la tendencia; alrededor de 200.000 beneficiarios hay en 1991 y
en 1992. La razón es la modificación de la normativa, pero
también la reactivación del mercado de trabajo de la
construcción y servicios que provocó la Expo''92. Se impone,
efectivamente, una nueva normativa, entre otras causas porque
en 1993 se espera un crecimiento notable del número de
beneficiarios; pero no solamente por eso, sino porque como ha
señalado usted y señaló el señor Ministro en su momento,
también se precisa por otras razones, una modificación. Ello
no quiere decir que actualmente --como le dije en Comisión--
tenga carácter de norma supletoria la Ley 31/1984, de
Protección por Desempleo. Es decir, a través de esta Ley de
Protección por Desempleo se aplican las mismas normas de
régimen común al régimen de subsidio agrario de Andalucía y
Extremadura.

Si los beneficiarios se han duplicado en el período de ocho
años; en el nivel contributivo hay que tener en cuenta que la
cuantía media ha aumentado en prácticamente el 60 por ciento,
pasando de 1.819 pesetas a 2.886 pesetas diarias, sólo en
cinco años; la cobertura ha pasado del 35 al 78 por ciento,
entre 1983 y 1993; el incremento del número de benefiarios, en
suma, y el incremento de la protección ha originado un
desequilibrio financiero a cuya corrección atendió ya la Ley
22/1992. De no haberse aprobado esta Ley el año pasado, hay
que señalar que el coste del desempleo para 1993 habría
experimentado un crecimiento de 344.000 millones de pesetas.

Se pensaba que durante la época en que la situación económica
era más favorable los gastos en desempleo serían decrecientes;
sin embargo, la realidad es que los gastos se han triplicado
entre 1985 y 1993. Las causas son varias. No voy a entrar en
ellas porque tengo poco tiempo para analizarlas. Simplemente
enunciar el Real Decreto 3/1989, de 31 de marzo, de medidas
adicionales de carácter social, la rotación producida en el
mercado de trabajo debido al aumento del número de contratos
temporales, el crecimiento de los salarios, el aumento de los
tipos, etcétera.

El problema está que cuando se triplican los gatos en ocho
años, cuando se incrementan en más del 30 por ciento con
relación al PIB, hay que ver qué hacemos. ¿Quién paga este
incremento de los gastos? ¿Los empresarios y los trabajadores
a través del incremento también de las cuotas de la Seguridad
Social? Hay que tener en cuenta que los ingresos por cuotas
han presentado también una tendencia creciente en los últimos
años. ¿Lo paga el Estado y los contribuyentes? Hay que tener
en cuenta que desde 1989 la tendencia es progresivamente
creciente, pasando de 301.000 millones, en 1989, a 865.000
millones en 1993.

Cuando se pide, señor Peralta, la supresión del Título III del
proyecto hay que hacer frente también a las consecuencias; hay
que decir quién es el que paga este incremento notable de la
protección en estos últimos años. Hay que tener en cuenta,
además, que para 1993 la desviación del gasto sobre el
presupuesto es señaladamente más alta en el nivel contributivo
que en el asistencial. Usted conoce perfectamente que el nivel
contributivo deberían pagarlo exclusivamente los empresarios y
los trabajadores y sabe que no ocurre así. La desviación en el
nivel contributivo es de 286.000 millones de pesetas y en el
nivel asistencial de 96.000 millones de pesetas. El mayor
déficit, por tanto, se produce en un sistema, en el sistema
contributivo, que haría falta que lo pagaran empresarios y
trabajadores exclusivamente. ¿Qué hacemos? Por ejemplo el
Gobierno propone medidas socialmente equilibradas como dar el
mismo tratamiento para cotización a la Seguridad Social a las
rentas percibidas por los parados que a las rentas percibidas
por los activos. Parece que esto es razonable; parece que en
principio es de aceptación por parte de todos los grupos.

La señora Villalobos presenta nuevamente a la consideración
del Pleno las enmiendas 227 y siguientes. No se trata, señora
Villalobos, de aumentar la exigencia de la cualificación
profesional. A través de sus enmiendas no se aumenta esta
exigencia. Lo que ocurre es que sus enmiendas tratan
simplemente de sustituir unas expresiones, como acciones
formativas, por la expresión acción de formación para
conseguir una cualificación profesional. Ya le dije en
Comisión que el término aptitudes físicas y formativas es
genérico, es más amplio que se puede tener aptitudes físicas y
formativas para el ejercicio profesional y no tener una
cualificación profesional reconocida, máxime cuando no existe
actualmente un sistema general y obligatorio de



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reconocimiento de las cualificaciones. Lo mismo cabría decir
respecto a su enmienda número 228.

En relación con el artículo 25, el tope mínimo de la
prestación contributiva se fija en el 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional para los trabajadores sin
hijos a cargo. Hay que indicar eso con precisión, señor
Peralta. Es el tope mínimo de la prestación contributiva para
los trabajadores sin hijos a cargo que se fija, como digo, en
el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional y se
mantiene en el 100 por ciento del salario mínimo
interprofesional para los trabajadores con hijos a cargo. La
razón, entre otras, está, en que la prestación por desempleo
tiene por finalidad sustituir las rentas salariales dejadas de
percibir y sustituirlas en un porcentaje inferior y
decreciente en el tiempo, ¿por qué? Para no desincentivar la
búsqueda de empleo. Por otra parte, se fija la cuantía de la
prestación por desempleo en el caso de pérdida de trabajo a
tiempo parcial en proporción al salario realmente percibido.

Pienso que en esto podemos estar todos de acuerdo, por tanto,
no hay necesidad de suprimir, como se ha querido por parte de
Izquierda Unida, todo el Título III de forma maximalista.

En cuanto a los beneficiarios del subsidio se exige que estén
inscritos en el registro correspondiente, que no hayan
rechazado oferta de empleo adecuada, que no se hayan negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesionales adaptándonos, señora
Villalobos, al texto del proyecto y, además, que se carezca de
rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual
al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional excluida
la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Parece lógico que si el subsidio es del 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional y atiende situaciones de
necesidad que no se dispongan de rentas equivalentes por parte
del parado; de otra forma estaríamos incentivando la
permanencia en el desempleo y desincentivando la búsqueda
activa de empleo. En cuanto a las responsabilidades
familiares, ya tuve ocasión de decir en Comisión que en 1984,
cuando se aprobó la Ley de Protección por Desempleo, se adoptó
un concepto amplio de responsabilidades familiares en relación
a los beneficiarios del subsidio por desempleo. En dicho
concepto amplio se incluían todos los parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. El
hecho estaba plenamente justificado porque en aquella fecha no
existían salarios sociales de integración, ni pensiones no
contributivas de la Seguridad Social; existían situaciones de
necesidad no suficientemente cubiertas con mecanismos
asistenciales. Ahora, se trata de modificar el sistema de
desempleo en lo relativo a las personas que se consideran a
cargo en cuanto al nivel de rentas. La situación actual es
distinta, de ahí que sea distinto también el sistema que se
propone en cuanto al concepto de familiares a cargo.

En relación con el artículo 32 que ha merecido especial
tratamiento por parte de todos los intervinientes, artículo
que establece una relación entre las prestaciones por
desempleo y las indemnizaciones percibidas por el trabajador,
hay que decir que nosotros nos mojamos, señora Villalobos.

Nosotros en este tema decimos y justificamos por qué este
artículo está incluido en el proyecto. El precepto está
plenamente justificado y tiene la sana intención de evitar la
superposición de rentas en el tiempo que, si bien proceden de
fuentes distintas, tienen la misma finalidad, es decir
sustituir las rentas salariales dejadas de percibir. Señor
Peralta, en relación con este artículo también hay que tener
en cuenta que a veces se produce una duplicidad en las
prestaciones públicas cuando es el Fogasa el que paga las
indemnizaciones, si bien a título subrogado, y es también el
Inem el que paga las prestaciones. De ahí que esté justificado
este precepto, lo cual no quiere decir que el Grupo Socialista
no deje la puerta abierta a que si, a través de las
negociaciones sociales mantenidas en estos momentos entre los
agentes sociales y el Gobierno, se produce alguna
modificación, incluso una derogación de este precepto el Grupo
Socialista modifique también su posición de cara al próximo
trámite parlamentario, en el Senado.

El señor Frutos, y voy terminando, señor Presidente, ha hecho
mención otra vez a los fondos de inversión. No voy a entrar en
esta discusión porque, como ya le dije en Comisión, no encaja
en este debate. Tampoco encaja en este debate la consideración
de las horas extraordinarias o el tema de la jubilación. Se
está debatiendo precisamente en la mesa del pacto social todo
lo relacionado con el mercado de trabajo. ¿Cómo vamos a entrar
en estos momentos en el Parlamento en algo que se está
discutiendo por los agentes sociales y el Gobierno? Por tanto,
sus Títulos IV y V los vamos a rechazar por estas razones.




El señor PRESIDENTE: Señor Arnau, le ruego concluya.




El señor ARNAU NAVARRO: Voy terminando, señor Presidente, pero
son muchas las enmiendas que se han presentado por los
distintos grupos y hago lo posible por ser esquemático.

En cuanto al señor Olabarría, hemos discutido ya muchas veces
acerca de la regresividad del sistema, de la regresividad o no
de la protección por desempleo cuando existen algunas
modificaciones. Señor Olabarría, para nosotros la regresividad
estaría si dejáramos de salvar el sistema de protección por
desempleo, si dejáramos de atender esta protección; entonces
sí habría regresividad porque haríamos que todo el sistema de
protección por desempleo cayera porque no tendría



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unas fuentes financieras sólidas, porque no estaría
equilibrado financieramente. En cuanto a su enmienda número
259, vamos a estudiarla. Seguramente hay que introducir alguna
modificación técnica en cuanto se habla, por ejemplo, de estar
en alta en el régimen general de la Seguridad Social con
carácter previo al inicio de la obra servicio contratado.

Parece que es una incongruencia. Sabemos cuál es la necesidad
que usted trata de salvar, pero seguramente hay que acudir a
una aquilatación mayor del precepto, a una precisión mejor
para salvar esa situación. En cuanto a su enmienda número 260
está relacionada con la 259. Su enmienda 261 no la vamos a
aceptar aunque sé de su buena intención, pero no la vamos a
aceptar porque el empresario principal puede comprobar
perfectamente y de forma más sencilla que los trabajadores
están dados de alta simplemente viendo los partes de alta de
los trabajadores que prestan servicios en la obra
subcontratada. Por último me queda hablar también del
desempleo de los trabajadores de estiba portuaria. Señora
Villalobos, ya le digo que en estos momentos y a través de
este proyecto de ley lo que se pretende es unificar el
tratamiento de desempleo entre aquellos estibadores portuarios
que ya están dentro del sistema general del seguro de
desempleo y los nuevos trabajadores que ahora incluimos en el
régimen general del seguro de desempleo porque no estaban al
no estar en las sociedades estatales constituidas. En
definitiva, señorías, este proyecto no discrimina a nadie ni
afecta negativamente a los derechos subjetivos de nadie; se
reforma el régimen jurídico de la protección por desempleo,
perfeccionándolo en la medida en que se hace más solidario; en
la medida en que obliga a los pasivos a buscar activamente
empleo; en la medida en que protege a los parados, también a
los cotizantes y también a los contribuyentes; en la medida,
en definitiva, en que se hace más justo nuestro sistema, ya
bueno, señor Peralta, de protección por desempleo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.

La señora Villalobos tiene la palabra.




La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

Sinceramente, señor Arnau, siento que usted no esté de acuerdo
con que definitivamente en España la formación profesional
tenga la consideración que entendemos que es fundamental.

Tanto a los diferentes Ministros de Trabajo como a los
portavoces del Grupo Socialista se les llena la boca cuando
hablan de la formación profesional y de la incidencia que
tiene en la competitividad de nuestras empresas, pero resulta
quecuando eso lo tenemos que trasladar a los textos legales, a
ustedes se les olvida.

Definitivamente me dice usted que no puede aceptar mis
enmiendas porque el catálogo de cualificaciones no tiene
vigencia. Sinceramente no lo entiendo, ustedes hacen que el
dinero que este país se gasta en formación ocupacional a
parados, que es aproximadamente 800.000 millones de pesetas,
se haya tirado, porque ustedes renuncian a cualificar
adecuadamente a nuestros parados y a nuestros trabajadores y,
por tanto, como no tenemos un sistema de cualificaciones que
nos equipare al resto de los países de la Comunidad,
simplemente renunciamos a ello. Me parece profundamente
peligroso. Creo que en el debate de la Sección del Ministerio
de Trabajo tendremos que volver a hablar de esta cuestión.

Me decepciona que ustedes acepten la incapacidad del Inem para
llevar a cabo la política de formación, porque al final todas
las reformas que ustedes están planteando en torno a la Ley de
Protección por Desempleo no son sino expresión de la mala
gestión que ustedes han llevado a cabo desde el Inem.

Simplemente ustedes renuncian a cambiar la situación actual de
nuestros parados respecto a la formación y la cualificación
profesional y dicen: como no podemos hacerlo renunciamos a
ello. Sinceramente, me preocupa la actitud que ustedes
mantienen, señor Arnau, y en ese sentido comprendo que no
acepten ustedes la cualificación reconocida, que como usted
sabe así es como tiene que ser desde el momento en que estamos
en la Unión Europea y esos son los conceptos acuñados en
Europa y a los que necesariamente tendremos que tender.

Ustedes renuncian, lo siento por el número de parados que en
este país no van a recibir esa cualificación profesional.

Señor Arnau, sigo sin entender por qué no les afecta a los
parados agrarios de Andalucía y Extremadura, porque ustedes no
reforman el Decreto-ley que afecta a los parados de Andalucía,
luego ustedes siguen manteniendo discriminaciones en función
de en qué sistema se esté recibiendo esa percepción.

Señor Arnau, como espero, no sé si inútilmente, que en el
Senado el Gobierno socialista haya llegado a algún tipo de
acuerdo con las centrales sindicales y con la patronal --dudo
mucho de la capacidad del Gobierno para llegar a ningún tipo
de acuerdo con las centrales sindicales y la patronal--,
confío en que en el Senado darán ustedes algún argumento de
por qué rechaza las enmiendas respecto a la percepción de la
prestación por desempleo compatibilizándola con las
indemnizaciones. Comprendo que en el día de hoy usted
simplemente se ha dedicado a echar balones fuera. Comprendo
que su actitud en el día de hoy era muy complicada, porque
usted no tiene órdenes, ni sabe realmente cuál es la decisión
final del Gobierno. Simplemente con que lo hubieran traído en
otro momento, al final de mes, con la ley de reforma del
Estatuto de los Trabajadores, creo



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que hubiera sido mucho más cómodo tanto para ustedes como para
nosotros la discusión de este título.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Intervengo brevemente para permitir a mi compañero el señor
Frutos que haga también una corta intervención.

Señor Arnau, ha hecho usted hincapié en su intervención,
fundamentalmente, en la evolución que se ha producido en el
número de beneficiarios de la prestación por desempleo desde
el año 1985 hasta el año 1993, poniendo de manifiesto cómo se
ha duplicado prácticamente el número de beneficiarios. Eso es
verdad, señor Arnau, como también es verdad que durante este
período temporal se han producido determinadas medidas de
recorte de la prestación; quiero recordarle brevemente el
famoso decretazo o algún otro tipo de medidas que han dado
lugar a que se haya producido un incremento en la prestación,
precisamente en los niveles más bajos, en lo que es el
subsidio de desempleo.

Desde ese punto de vista son perfectamente compatibles las
afirmaciones que usted realizaba con las que yo le hacía en
torno a que los niveles de protección de nuestro país son
bajos. Usted ha destacado también algunos aspectos como el
tratamiento fiscal o los gastos de desempleo en relación con
el PIB. Sólo quiero decirle que alguno de esos temas no ha
sido cuestionado por mí, por ejemplo, el tratamiento fiscal, y
que los gastos en relación con el PIB guardan íntima relación,
señor Arnau, como usted sabe, con el dato de que nuestro país
tiene unas tasas de paro notablemente superiores. En relación
con esas tasas de paro, es indudable que hoy estamos realmente
en torno a tres millones y medio de parados y que la
protección por desempleo en nuestro país no alcanzará a
finales del año 1994, según las previsiones del Gobierno, dos
millones de beneficiarios. Por tanto, señor Arnau, esta es una
realidad. Creo que la podremos ver de forma distinta, pero ahí
está. Sólo quiero decirle que si usted hablaba de que yo
sostenía posiciones maximalistas, me parece, señor Arnau, que
esa es un poco la posición en la que usted se ha situado
cuando no ha modificado ninguna de las cosas de las que el
propio Gobierno ha anunciado ya su modificación.

Señor Arnau, intentemos romper ese círculo de atrincherarnos
cada uno en una posición y no alcanzar una cierta vía de
entendimiento. Yo ya le he indicado cuáles pueden ser.

Nosotros somos partidarios de que el desempleo tenga los
recursos oportunos y, por tanto, le hemos indicado quién debe
pagar; le hemos indicado también que valoramos como un punto
de referencia significativo el informe elaborado por el
Consejo Económico y Social; finalmente, le he indicado, señor
Arnau, que estamos de acuerdo en llevar a cabo una lucha dura,
implacable contra el fraude. Creo, señor Arnau, que eso
debería constituir un terreno en el que pudiéramos avanzar.

Desde luego, ese es un terreno totalmente distinto al que se
contiene en este proyecto de ley. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, el señor Arnau ha
repetido --ya lo dijo en la Comisión-- que nuestra propuesta
de añadir dos títulos a la ley no encaja en la misma. Pues
bien, yo le propongo un pacto para que diga dónde puede
encajar y para que con el apoyo de su Grupo empecemos a ver
cómo realmente estos dos títulos que hemos propuesto se
convierten en ley. Así de simple. En segundo lugar, ha dicho
que se negociaba en la mesa del pacto social lo que hemos
propuesto en relación a los fondos de inversión obligatoria.

Me temo que en la mesa del llamado pacto social --de pacto
social nada, no hay pacto ni es social-- no se discute nada,
porque hasta ahora, si no mienten los sindicatos --creo que no
mienten--, éstos están diciendo que se va a la mesa con un
ucase, es decir, con un imperativo: «Señores, aquí hay lo que
hay y punto. El país no está para bromas y los presupuestos
tampoco, por tanto, no hay ninguna posibilidad de acordar
nada». Pero suponiendo que eso se negociase en la mesa, no veo
ninguna contradicción, sino que lo veo perfectamente
compatible con que se discuta también en este Parlamento y, si
es posible, se apruebe en el marco de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Lo veo absolutamente normal. Termino y
reitero, señor Arnau, ¿podría aceptar en nombre de su Grupo un
debate en la línea que yo he propuesto en mi primera
intervención, es decir, un debate a fondo sobre el empleo y
sobre propuestas concretas sin votaciones de ningún tipo, no
de cara a la galería, con asesoramiento técnico, del tipo que
sea necesario, para intentar ver cuáles son las propuestas de
cada Grupo Parlamentario en relación al problema y poder
encontrar aquí, desde la línea ideológica, teórica,
programática de cada uno, soluciones al problema de la
recesión, la crisis y, naturalmente, las secuelas cada vez más
dramáticas del paro? Yo emplazo al Grupo Socialista a que nos
plantee eso con toda claridad. El debate de los presupuestos
está prácticamente ultimado, pero podemos hacer otros debates
de los que pueden salir alternativas que no se han querido ver
en estos presupuestos.

Gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos. Tiene la palabra
el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.

Señora Villalobos, el Grupo Socialista no renuncia a
introducir el concepto de cualificación profesional en los
preceptos en los que se habla de acción formativa. Lo que
ocurre, como ya le señalé en Comisión y también en este debate
del Pleno, es que en estos momentos no tenemos el catálogo de
cualificaciones profesionales. De ahí que sea necesario
mantener las expresiones de acciones formativas que incluía ya
la Ley 31/1984 y que mantiene el proyecto que estamos
debatiendo. En definitiva, yo creo, señora Villalobos, que
ustedes, el Grupo Popular, con la excusa unas veces de los
estibadores portuarios, otras veces de las cualificaciones
profesionales y en otra ocasión de una enmienda que usted no
se ha atrevido a mencionar, como es la que se refiere a la
prejubilación de los funcionarios en régimen general de la
Seguridad Social, con todas estas disquisiciones lo que están
haciendo simplemente es marear la perdiz. Todo porque en
definitiva no se atreven a decir que no harían este proyecto
de ley y que incluso no mantendrían el sistema actual de
protección por desempleo. No en vano, señora Villalobos,
ustedes durante la campaña electoral hicieron referencia a la
necesidad de desmantelar el Inem. No hablaron de mejorar el
Inem, no hablaron de reformarlo. Se habló de desmantelar el
Inem, de desproteger, en definitiva. Nosotros intentamos
mejorar esa gestión, que usted sabe que es necesaria y que
nosotros reconocemos que hace falta. Por otra parte, lo que
queremos con esta ley, así como con la Ley 22/1922, es mejorar
el sistema de protección por desempleo. Usted lo sabe
perfectamente, pero ocurre que usted no quiere mencionar
expresamente cuál es la posición de su Grupo, porque con toda
seguridad ustedes no tienen ningún sistema alternativo de
protección del desempleo al que estamos defendiendo en este
debate, al que defendimos en la Ley 31/1984 y al que
defendimos el año pasado en la Ley 22/1992. Señor Peralta, la
diferencia entre nosotros está en que a lo que usted llama
recorte nosotros llamamos consolidación. No hay recorte del
sistema de desempleo. Existe una consolidación del sistema,
existe una mejora, existe una racionalización del sistema, con
todas las medidas que hemos propuesto ahora y con las medidas
que propusimos el año pasado.

Usted ha cuestionado la generosidad del sistema. Yo creo que
le he demostrado --siempre estas cosas se deben hacer
relativamente, es decir, comparando con otros países-- que de
acuerdo con nuestros datos, la situación de protección de los
parados españoles está, co-mo mínimo, en la media de los
países de la Unión Europea. Por último, señor Frutos, ya
tendremos ocasión de debatir sobre lo que usted propone hoy.

¡Claro que tendremos ocasión de debatirlo! Lo haremos en el
momento en que el Gobierno traiga la reforma del mercado de
trabajo. Con mucho gusto debatiremos sobre las horas
extraordinarias, sobre la jubilación que usted propone que sea
incluida en este proyecto de ley y en el que nosotros,
juzgamos que no tiene cabida. El debate lo tendremos y a buen
seguro que será interesante y fructífero. Pero, como ya le
dije en Comisión, no entenderán ustedes este precepto, no
entenderán ustedes el proyecto de ley que estamos debatiendo
si no se parte de la idea, y sin prejuicios, de que a lo que
vamos es a mejorar el sistema, a hacerlo más solidario, a
hacerlo más racional y, en definitiva, a hacerlo más justo.

Si ustedes dejan a un lado los prejuicios y ven nuestra buena
voluntad, observarán que todas las medidas que proponemos en
este proyecto de ley se dirigen precisamente a eso: a mantener
la protección, a salvar la protección, en definitiva, a hacer
nuestro sistema de protección del seguro de desempleo más
solidario, más justo, más equilibrado, más racional,
ateniéndose más a las circunstancias actuales y, en
definitiva, salvando los desequilibrios financieros que se
están produciendo. Piense, señor Peralta, que todavía quedan
colectivos que no están acogidos al seguro de desempleo, por
ejemplo, los empleados de hogar; por ejemplo, los eventuales
agrarios que no pertenecen a Andalucía y Extremadura; por
ejemplo, los trabajadores por cuenta propia. ¡Cómo no vamos a
estar de acuerdo en la lucha contra el fraude! Cuando existen
todavía colectivos sin protección, nuestra actitud debe andar
al unísono al menos en esto, en lo que usted ha señalado
también, en la lucha y en la persecución del fraude en la
prestación del desempleo y de todas las prestaciones sociales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.




--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1994 (Número de expediente 121/000013) (CONTINUACION)



El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo al título
III y disposiciones concordantes, vamos a proceder a las
votaciones del proyecto de ley de presupuestos.

Votación correspondiente a las disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y finales.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana, pide la
palabra.)



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Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicitamos votación separada en un bloque de las enmiendas
números 1.355, 1.356, 1.358, 1.371, 1.375, 1.384 y 1.385, y el
resto en otro bloque.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Votamos las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, números 1.355, 1.356, 1.358, 1.371, 1.375,
1.384 y 1.385. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 162; en contra, 177.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 16; en contra, 177; abstenciones, 146.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Popular, excepto la número 400 y la número
392. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 147; en contra, 176; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda número 400, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 319; en contra, seis; abstenciones,
12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 392, del
Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 322; en contra, uno; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor Fernández-Miranda
pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA I LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Plantear por separado la votación de la enmienda
1.196, por un lado; las enmiendas 1.183 y 1.184, en un segundo
bloque; y el resto en otro.




El señor PRESIDENTE: Enmienda número 1.196, del Grupo Vasco
(PNV). Comienza la votación. (Pausa.).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 10; en contra, 313; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas 1.183 y 1.184, del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 150; en contra, 174; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, nueve; en contra, 177; abstenciones,
152.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las enmiendas del grupo Mixto, del señor González
Lizondo. (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Pedimos votar por separado, en un bloque, las
enmiendas 138, 207, 208, 209, 210 y 213, y el resto en otro
bloque independiente.

Gracias, señor Presidente.




El señor PREISIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Enmiendas 138, 207 a 210, ambas inclusive, y 213, del señor
González Lizondo. Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del señor González Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 10; en contra, 179; abstenciones, 150.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández-
Miranda y Lozana pide la palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Pedimos votación separada
de las enmiendas 1.228 y 1.229 y el resto en otro bloque.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas 1.228 y 1.229, del Grupo de
Coalición Canaria. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 150; en contra, 173; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 11; en contra, 173; abstenciones, 155.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación correspondiente al dictamen de las disposiciones
adicionales, transitorias, finales y anexos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 175; en contra, 161; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN
JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR
DESEMPLEO (FINAL)



El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al proyecto
de ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de
la Función Pública y de la Protección por Desempleo.

Votaciones relativas al título I y a las disposiciones
adicionales primera, segunda, tercera y novena.

Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Deseamos votación separada de las enmiendas
correspondientes a incentivos para las pequeñas y medianas
empresas, que son las números 178 y 180. Gracias, señor
Presidente. (El señor Zabalía Lezámiz pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Zabalía tiene la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, solicitamos la
votación separada de la enmienda número 182.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas 178 y 180, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 164; en contra, 175.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda 182, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 140; en contra, 181; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 157; en contra, 182.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos votar por separado la enmienda 252 y
el resto en otro bloque. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Enmienda 252, del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 12; en contra, 172; abstenciones, 155.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 147; en contra, 172; abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Mixto, señor González Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 147; en contra, 177; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votaciones correspondientes al dictamen del Título I
y disposiciones concordantes. (El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-
Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicito votación separada del artículo
3.octavo.uno y de los artículos 4 y 5 en un bloque; de los
artículos 6, 7 y 8 en otro bloque, y el resto en otro.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación los artículos 6, 7,
8, según el dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 182; en contra, 19; abstenciones, 137.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.

Votación relativa al artículo 3 número 8, apartado primero.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 320; en contra, 18; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.

Votación correspondiente a los artículos 4 y 5 del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 322; en contra, 15; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.

Votación del resto del dictamen correspondiente a este bloque.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 175; en contra, 162; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Entramos en las votaciones relativas al Título II y
disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, séptima,
octava y décima y disposiciones transitorias primera y
segunda.

En primer lugar, corresponde someter a votación las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. (El señor
Martínez Blasco pide la palabra.) El señor Martínez Blasco
tiene la palabra.




El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, nuestro Grupo
solicita votación separada de diez enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, que pueden votarse en bloque, cuyos
números son los siguientes: 200, 201, 203, 204, 209, 217, 242,
248, 249 y 250.




El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular números 200, 201, 203, 204, 409, 217,
242, 248, 249 y 250. Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 157; en contra, 176; abstenciones,
cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 140; en contra, 177; abstenciones, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicito votar en un bloque las enmiendas 26, 28, 30 a 34,
ambas inclusive, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 86 y
89; el resto en otro bloque. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 26, 28, 30 a 34, 38,
39, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 86 y 89, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la
votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 157; en contra, 176; abstenciones,
seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 15; en contra, 178; abstenciones, 145.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) (El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicito votar por separado la enmienda número
11.El señor PRESIDENTE: Enmienda número 11, del Grupo Vasco
(PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 10; en contra, 178; abstenciones, 151.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, nueve; en contra, 179; abstenciones,
151.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación correspondiente al dictamen del Título II y
disposiciones adicionales y transitorias concordantes. (El
señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.) Tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Pedimos votación separada en tres bloques. El primero serían
los artículos 10, 12 y 14; el segundo, el artículo 22 y las
disposiciones transitorias primera y segunda; y el tercer
bloque sería el resto de los preceptos del Título II y las
disposiciones adicionales y transitorias.




El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos 10, 12 y 14 del
dictamen. Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 178; en contra, 155; abstenciones,
seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.

Votamos el artículo 22 y las disposiciones transitorias
primera y segunda. Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la
votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 176; en contra, 160; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votación correspondiente al resto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 182; en contra, 157.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votaciones relativas al Título III y disposiciones adicionales
undécima, duodécima y decimotercera, disposición transitoria
tercera, disposición derogatoria y disposiciones finales
primera y segunda. En primer lugar, las enmiendas del Grupo
Popular. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 145; en contra, 177; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Pedimos un bloque con las
enmiendas 84, 85, 92 y 93 y el resto en otro bloque. Gracias,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, las enmiendas
84, 85, 92 y 93, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 21; en contra, 313; abstenciones,
cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 16; en contra, 178; abstenciones, 145.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos seguidamente las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, nueve; en contra, 173; abstenciones,
157.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, ocho; en contra, 179; abstenciones,
152.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votaciones relativas al dictamen del Título III y
disposiciones concordantes.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 176; en contra, 25; abstenciones, 138.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Enmienda del Grupo Popular a la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 138; en contra, 177; abstenciones, 24.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
a la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 335; a favor, 16; en contra, 178; abstenciones, 141.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votación del dictamen de la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 339; a favor, 177; en contra, 162.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana. Se
iniciará con el debate de las secciones 01, 02, 03, 04, 05 y
08, 13, 18, 14 y 12, y está previsto que enla sesión de la
tarde se produzca el debate de las secciones 20, 15, 16, 24 y
25. Se suspende la sesión.




Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.