CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 26 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 24
celebrada el lunes, 15 de noviembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:



Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales». Serie A,
número 27.1. de 1 de octubre de 1993 (número de expediente
121/000013) (Página 973)
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 973)



Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 27.1. de 1 de octubre de 1993 (continuación) (número de
expediente 121/000013) (Página 1018)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
27, de 16 de noviembre de 1993.)

Página 968



SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




Dictamen de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 973)



Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994
(Página 973)



Título I (Página 973)



En defensa de las enmiendas del Grupo Popular interviene el
señor Arias-Salgado Montalvo. Clasifica en tres grupos las
enmiendas a este Título, siendo el objetivo de cada uno de
estos grupos de enmiendas favorecer el rigor presupuestario,
evitar el descontrol del gasto público y fortalecer el control
parlamentario en ejecución de los Presupuestos del Estado. No
es su propósito reproducir el debate que tuvo lugar en
Comisión, pero sí tiene que afirmar claramente que la
situación presupuestaria de hecho se puede describir en un
rasgo que hoy no se discute en la sociedad española y que es
la existencia de fuertes desviaciones de los presupuestos que
están afectando muy seriamente a la credibilidad de los mismos
y que hoy en día y en amplias capas de la sociedad española no
son creíbles. Como principal causa de estas desviaciones
destaca el desbordamiento del gasto público, que es
consecuencia de un cierto descontrol interno de la elaboración
y en la ejecución de los presupuestos, existiendo aquí una
fuerte responsabilidad del Gobierno al producir en los últimos
años un vaciamiento gradual de los principales controles que
contiene la Ley General Presupuestaria a través de la
sistemática modificación de ésta en las leyes anuales de
Presupuestos.

Renuncia a una defensa directa de las enmiendas de su Grupo a
este Título I, limitándose a poner de relieve los aspectos
fundamentales del debate en Comisión y la actitud mantenida
por el Grupo Socialista al oponerse sistemáticamente a las
medidas de austeridad que hubieran supuesto un mejor y mayor
control del gasto público y a la casi totalidad de las
enmiendas que tenían por objeto hacer más eficaz el control
parlamentario en la ejecución de los Presupuestos. La
conclusión del rechazo de estas enmiendas es que no hay
voluntad política en el Grupo Parlamentario Socialista, y
consecuentemente en el Gobierno, para mejorar la elaboración y
aplicación de los presupuestos, a los que considera
imprescindible devolver su carácter de cauce jurídico que
habilita al Gobierno para actuar, pero que al mismo tiempo
limita su actuación. No se trataba de obstaculizar la acción
del Gobierno, pero sí de forzar a éste a una mayor
autodisciplina en la ejecución de los presupuestos, lo que
exige no solamente el Estado de Derecho sino también la
situación de crisis económica y presupuestaria en la que nos
movemos. Lamenta que el Grupo Socialista y el Gobierno
desaprovechen esta oportunidad para devolver la credibilidad a
los presupuestos.

En defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya interviene el señor Ríos Martínez,
manifestando que las enmiendas que han presentado a este
título van dirigidas a concretar eso que se ha venido en
llamar impulso democrático, haciendo residir en esta Cámara y
en los grupo parlamentarios un seguimiento exhaustivo de la
evolución presupuestaria y un control más efectivo de lo que
son las grandes cuentas del Estado y la ejecución
presupuestaria, ya que en nada se parecen los presupuestos que
aquí se aprueban con los que finalmente se ejecutan. Sus
enmiendas van dirigidas a conseguir que las modificaciones
presupuestarias sean lo más escasas posible y que todas las
que se realicen sean conocidas, permanentemente y en el
momento de producirse, por los grupos parlamentarios y,
finalmente, que la liquidación del presupuesto se parezca al
menos al que se les propone para su aprobación.

En turno en contra a las enmiendas al Título I interviene, en
nombre del Grupo Socialista, el señor Padrón Delgado,
manifestando que muy poco tendría que añadir a lo que ya
manifestó al representante del Grupo Popular en Comisión. Por
otra parte, el portavoz popular ha utilizado su turno para
hacer realmente un debate de totalidad, haciendo hincapié en
un mayor control del gasto y dando a entender que las normas
presupuestarias aprobadas son insuficientes, dando lugar, por
tanto, a un total descontrol del gasto, pudiendo citar como
referencia el déficit de 1993. Sin embargo, le gustaría que el
representante popular hubiese manifestado qué partidas de
gastos de las producidas en 1993 hubiese reducido, ya que en
ningún momento ha encontrado ninguna propuesta del Grupo
Popular para modificar a la baja los créditos de este título
que afectan, por ejemplo, a pensiones y clases pasivas. Por el
contrario, en los debates en Comisión el Grupo Popular ha
defendido enmiendas a prácticamente todas las secciones,
considerando que los créditos de las mismas eran
insuficientes, cuando curiosamente en las normas fiscales
presentaban



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enmiendas para reducir los ingresos del Estado en una actitud,
a su juicio, de total incoherencia.

Respecto a algunas enmiendas relativas a un mayor control del
gasto, y más concretamente a la modificación de la Ley General
Presupuestaria, afirma que la parte de la misma que se
modifica va precisamente en el sentido de ese mayor control y
de ahí que considere que el Grupo Popular no tiene razón en su
actitud y a lo largo del debate de los diferentes títulos de
la Ley podrán comprobar la total contradicción en que incurre
dicho Grupo.

Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida destaca el hecho
de que se solicite un incremento de 50.000 millones en la
dotación para Radiotelevisión Española, en una falta de
coherencia con la pretensión de reducir el gasto, para lo que
el Gobierno realiza un importante esfuerzo congelando la
oferta pública de empleo y limitando los salarios de los
funcionarios.

En cuanto a la petición de un mayor envío de documentación, ya
les dijeron en Comisión que trimestralmente comparece el
Secretario de Estado de Hacienda para dar cuenta de la
ejecución del Presupuesto, sin que además exista inconveniente
para que estas comparecencias puedan realizarse mensualmente.

Tampoco existe ningún inconveniente u obstáculo para que los
grupos parlamentarios puedan efectuar un adecuado seguimiento
de la ejecución presupuestaria, como ya manifestaron también
en Comisión.

Termina anunciando el voto en contra del Grupo Socialista en
relación con las enmiendas presentadas al Título I, en base a
las razones expuestas con anterioridad.

Replican los señores Arias-Salgado Montalvo y Ríos Martínez,
duplicando el señor Padrón Delgado.




Título II (Página 980)



En defensa de las enmiendas del Grupo Popular interviene el
señor Arias-Salgado Montalvo, manifestando que se trata de
cuatro enmiendas que recogen una diversidad de temas que hacen
difícil su agrupación, por lo que brevemente se limita a
exponer el contenido de las mismas, dirigidas a los artículos
13, 15, 17 y 20. Concluye señalando que no entiende muy bien
la negativa a la aceptación de algunas de estas enmiendas,
tratándose en definitiva de una muestra más de la falta de
voluntad del Gobierno y del Grupo Socialista a la hora de
contemplar que el control parlamentario pueda ser ejercido
debidamente.

El señor González Blázquez defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifestando que, a
su juicio, en el debate en Comisión el señor Padrón quedó
prácticamente convencido de lo razonable de aceptar estas
enmiendas, por lo que sólo quiere recordarle esa actitud por
si hubiera cambiado desde aquel día. Se trata de las enmiendas
1.268, y 1.271, que implican simplemente una modificación de
redacción y no incrementos del gasto, intentanto colocar al
mismo nivel a las organizaciones empresariales y a las
sindicales.

Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Ríos Martínez,
centrándose en el artículo diecisiete del proyecto de ley,
manifestando que éste modifica el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria al ampliarse las posibilidades del
propio Gobierno, siendo pretensión de Izquierda Unida que se
mantenga la redacción actualmente vigente. Expone
concretamente el contenido de las enmiendas números 1.272,
1.573 y 1.273 a 1.276, encaminadas a conseguir una mayor
transparencia en la gestión de los dineros públicos,
solicitando el voto favorable para las mismas.

El señor González de Txabarri Miranda defiende las enmiendas
del Grupo Vasco (PNV) formuladas al artículo trece del
proyecto de ley en relación a la gestión de los centros
docentes, tratando de favorecer la gestión de los centros
docentes de iniciativa social facilitando su liquidez
presupuestaria, habida cuenta de que en la actualidad observa
que las subvenciones del Ministerio no llegan con suficiente
puntualidad a estos centros, creándoles problemas de
considerable dimensión.

En turno en contra de las enmiendas al Título II interviene el
señor Padrón Delgado, en representación del Grupo Socialista,
haciendo alusión, en primer lugar, a las enmiendas dirigidas
al artículo trece, afirmando que ya fueron contestadas
ampliamente en Comisión, remitiéndose, por tanto, a lo que
entonces manifestó.

Respecto a las restantes enmiendas de Izquierda Unida afirma
que se trata de propuestas que se repiten todos los años
debido, en su opinión, a una especie de desconfianza al pensar
que se trata con una consideración distinta a los empresarios
y a los sindicatos. Lamenta en todo caso que sus palabras en
Comisión, en el sentido de que iban a seguir estudiando estas
enmiendas, se interpretaran en el sentido de que las iban a
aprobar.

En definitiva, no cree que existan razones para modificar el
texto del proyecto en la forma solicitada por los enmendantes
y, por consiguiente, el Grupo Socialista rechazará en votación
dichas enmiendas.

Replican los señores Arias-Salgado Montalvo, González
Blázquez, Ríos Martínez y González de Txabarri Miranda,
duplicando el señor Padrón Delgado.




Página 970



Título III (Página 988)



El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular,
manifestando que, al igual que hace un año, se hallan
pendientes de conocer el contenido real de este título, ya que
entonces dependían en gran parte del resultado de la
negociación con los sindicatos como dependen hoy de que se
logre o no el pacto social. Igual que el año pasado, según
noticias de última hora, deberán tener en cuenta a estas
alturas del debate presupuestario que las retribuciones de los
funcionarios están siendo objeto de negociación o serán
modificadas unilateralmente por el Gobierno si antes del
próximo día 30 no se consigue el pacto social. Asimismo la
oferta de empleo público va a ser objeto de negociación,
dependiendo también del resultado a que se llegue el contenido
definitivo de este título.

Todo lo expuesto supone, en términos parlamentarios, una
verdadera enmienda de totalidad a este Título III y
disposiciones concordantes, por lo que deberían devolverlo al
Gobierno para que lo rectificara y lo volviese a remitir a la
Cámara con un contenido que reflejase la realidad y las
consecuencias que se derivan del conseguido o fallido pacto
social. Si no fuera así y las modificaciones se hicieran como
el año pasado, a través de créditos extraordinarios, el
Gobierno añadiría una chapuza más a la imponente chapuza
presupuestaria que repite año tras año y que hunde en el
abismo la credibilidad presupuestaria. Expone el ejemplo del
Gobierno francés y el compromiso adquirido con los sindicatos,
y recogido en los Presupuestos, estableciendo una subida
salarial del 4,99 por ciento para los funcionarios durante los
años 1994 y 1995, basándose en que el Gobierno francés no ha
pretendido convertir a los funcionarios en chivos expiatorios
de la crisis. Sin embargo, aquí el Gobierno trata de eludir
responsabilidades heredadas de sí mismo y no se le ocurre otra
idea más brillante que la de culpabilizar de la crisis a los
funcionarios, congelando sus retribuciones y creando un nuevo
mecanismo llamado «planes de empleo en la función pública», de
dudosa eficacia y de discutible legalidad, que pone en peligro
derechos adquiridos por aquéllos.

El Grupo Popular considera que el mensaje que se traslada a
los funcionarios, culpándolos, junto con los parados y los
pensionistas, del desorbitado gasto público y el insostenible
défici presupuestario, es un diagnóstico intencionadamente
falso y, sobre todo, un remedio tremendamente injusto. Por
eso, sus enmiendas tienen el doble objetivo de, primero,
reparar la injusticia que se impone a los funcionarios y,
segundo, ofrecer un auténtico y necesario plan de austeridad
que reduzca el aparato del Estado y controle o elimine
determinadas retribuciones de los altos cargos y puestos
directivos de la Administración, sin poner en peligro el
funcionamiento y la eficacia de los servicios del Estado.

Proponen un sistema de incrementos que consiste en aplicar el
3,5 por ciento a todas las retribuciones básicas, lo que
supone un 1,6 por ciento de aumento de la masa salarial.

Agrega que más de medio millón de empleados públicos,
subalternos y auxiliares administrativos, tienen salarios de
entre 80.000 y 100.000 pesetas al mes e imponerles la
congelación indiscriminada es totalmente injusto. Por otra
parte, no puede justificarse esta congelación salarial en el
elevado déficit público, ya que durante este año el déficit se
ha disparado por encima de los tres billones de pesetas,
debido a que los agujeros del déficit están en el despilfarro,
la pésima gestión, los fraudes, los gastos de funcionamiento,
la deuda pública, etcétera.

Otro grupo de enmiendas pretende la congelación drástica de
las retribuciones de los altos cargos y de los parlamentarios,
así como un riguroso control para que esta congelación no
pueda ser burlada en el caso de los altos cargos. Asimismo
solicitan la reducción en un 50 por ciento de los gastos de
representación que perciben dichos altos cargos, la
eliminación de dietas por asistencia a consejos de
administración y prohibición de los contratos blindados.

Termina señalando que, a su juicio, sobran razones de fondo
para que los señores Diputados del Grupo Socialista y
Convergència i Unió acepten unas enmiendas tan moderadas y
racionales como las que proponen en materia de personal.

En defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya interviene el señor Martínez Blasco,
manifestando que, si alguien puede hablar de demagogia, en
este título la única demagogia que existe es la posición del
Gobierno que para contener el déficit público congela los
salarios de los funcionarios públicos y modera el de todos los
trabajadores para crear empleo. Piensa que bastaría atenerse a
lo ocurrido en 1993, en que con una reducción drástica del
poder adquisitivo de los trabajadores no sólo no se ha
producido ninguna contención del déficit público sino que, al
contrario, éste se ha disparado, sin que, por otro lado, se
haya conseguido un incremento del empleo público. Por
consiguiente, insiste en calificar de demagógico el pretender
disminuir el poder adquisitivo de los funcionarios para crear
empleo y reducir el déficit. Por otra parte, es preciso
distinguir entre aquellos trabajadores de la Administración
pública que se llevan a su casa 600.000 pesetas cada mes de
aquellos que sólo perciben 60.000 netas, preguntando



Página 971



si se considera justo que se produzca la congelación en el
caso de estos últimos, que en número de muchos miles de
funcionarios no cobran siquiera lo que algunos pensionistas o
desempleados.

Asimismo pregunta si con semejante situación de partida se
puede esperar la colaboración y motivación de los funcionarios
para la necesaria reforma y modernización de la
Administración.

El señor Zabalía Lezamiz defiende la enmienda presentada por
el Grupo Vasco (PNV) al artículo veintiuno del proyecto de
ley, al considerar que el precepto afecta a la autonomía
financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones
locales y a su capacidad de gestión y negociación con los
agentes sociales, a las cuales se limita su capacidad para
gestionar su propia política de personal.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda número 118, suficientemente conocida por todos los
miembros de la Cámara dada la resonancia que ha tenido. Afirma
que hoy van a tomar decisiones que afectarán a millones de
ciudadanos y, por el contrario, la enmienda que ahora viene
les afecta exclusivamnete a los parlamentarios y altos cargos
de la Administración, para los que propone una reducción del
10 por ciento de sus retribuciones. Reconoce que con esta
medida no se van a solucionar los problemas por los que está
pasando España, pero la aprobación de la enmienda puede
demostrar a todos la sensibilidad y la coherencia con las
demás medidas que se están tomando. Agrega que se están
tomando decisiones de ajuste salarial y de reducción de
pensiones que afectan a millones de personas y, en esta línea,
pide este sacrificio de los parlamentarios y altos cargos, aun
reconociendo que el sueldo de Diputados y Senadores no es un
gran sueldo sino seguramente el más bajo de todos los países
de la Comunidad Europea, aunque también habría que analizar el
salario de los ciudadanos de estos países. Afirma que
fundamentalmente se trata de un gesto de cara al pueblo, que
atraviesa por unas graves circunstancias, de las que
personalmente no se siente responsable. Pide a todos que voten
en conciencia, aunque les ruega que recapaciten y piensen si
no sería bueno un gesto como éste que demostrara a los
ciudadanos que en momentos de crisis los parlamentarios actúan
con coherencia.

En turno en contra de las enmiendas al Título III interviene
el señor Morlán Gracia, en nombre del Grupo Socialista. Se
refiere, en primer lugar, al señor Núñez Pérez, señalando que
ha venido a decir, más o menos, lo que todos los años, con el
mismo grado de incoherencia que viene manteniendo en los
últimos debates sobre este tema. Rechaza la permanente
acusación de que el Gobierno considere a los funcionarios,
parados y pensionistas los causantes del déficit público,
puesto que es algo que nunca han dicho. Sin embargo, el que
apuesten por una congelación de sus retribuciones, como
hicieron el año pasado, es algo que los funcionarios entienden
perfectamente si se les explica bien. También rechaza el que
se haya producido una pérdida del poder adquisitivo de éstos,
citando al efecto numerosas cifras sobre la evolución de su
remuneración en los últimos años y el correspondiente IPC.

Asimismo alude a las cifras de productividad percibidas por
los altos cargos, rechazando las acusaciones de demagogia.

A continuación se refiere a las enmiendas presentadas a este
título, manifestando que no pueden aceptarlas por pura técnica
y coherencia presupuestaria, ya que si se propone un
incremento de las retribuciones lo lógico es que se les diga,
paralelamente, de dónde va a salir la cantidad suficiente para
atender a ese aumento del gasto.

Respecto a las enmiendas al artículo veintiuno, presentadas
por Izquierda Unida y PNV, anuncia su rechazo por tratarse de
un precepto que tiene el apoyo constitucional necesario y goza
del apoyo del más alto tribunal de este país.

Seguidamente alude al tema de los altos cargos, afirmando que
se trata del eterno debate promovido por el señor Núñez y
señalando acerca del mismo que lo primero que tendrían que
hacer es ponerse de acuerdo en qué son altos cargos, evitando
así las disparidades de cifras que vienen manejando
reiteradamente unos y otros.

Concluye haciendo referencia a la enmienda defendida por el
señor González Lizondo, al que le reitera lo dicho en Comisión
de que es el segundo o tercer año en el que los parlamentarios
y los miembros del Gobierno congelan sus retribuciones. Agrega
que las retribuciones de los cargos públicos tienen que ser lo
suficientemente importantes como para atender a sus
necesidades y desarrollar, con la mayor eficacia posible, sus
responsabilidades, sin que la enmienda en cuestión ayude en
modo alguno a recuperar el respeto hacia la clase política en
el que todos piensan. La labor ejemplarizadora no viene por
una rebaja del 10 por ciento de las retribuciones, sino por su
trabajo, porque la sociedad sepa que están trabajando en
beneficio y defensa de sus intereses.

Replican los señores Núñez Pérez, Martínez Blasco, Zabalía
Lezamiz y González Lizondo, duplicando Morlán Gracia.




Título IV y Sección 07 (Página 1001)



Página 972



El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular,
remitiéndose a lo expuesto en Comisión en torno a unas medidas
que afectarán a más de seis millones de pensionistas, poniendo
el acento en la solidaridad entre las generaciones, haciendo
posible el equilibrio social entre las personas activas y
quienes por la edad han concluido sus ciclos de actividad
laboral o profesional.

Pide la devolución al Gobierno del Título IV y la Sección 07
por entender que ha llegado el momento de cambiar
profundamente, o al menos comprometerse, con un programa
legislativo que se haga eco de lo que aquí está pasando, al
igual que sucede en muchos países de la Comunidad Europea, con
el fin de hacer compatibles los actuales sistemas con la
evolución demográfica y la evolución laboral.

Seguidamente hace alusión a algunas de las enmiendas parciales
presentadas, solicitando que se inicie un tratamiento
singularizado para intentar que las pensiones anteriores al 1
de enero de 1985 no mantengan una diferencia tan importante
respecto a las causadas con posterioridad a esa fecha, como
consecuencia de la Ley 50/84.

Respecto a lo prometido, mantenimiento del poder adquisitivo,
señala que, a pesar de las promesas hechas, la realidad es que
no figura ninguna cláusula de revisión de las pensiones, algo
que debe conseguirse por el procedimiento que sea, por haberse
comprometido todos a ello.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 119 y 120 a los artículos 38 y 40,
limitándose a exponer el contenido de las mismas.

El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifestando que han
presentado un reducido número de ellas, en primer lugar, por
la conciencia generalizada de los momentos graves de crisis
que atravesamos, que hacen que todas las rentas deban tener un
tratamiento adecuado a esa crisis y, en segundo lugar, porque
por el Gobierno se plantea una subida del 3,5 que, en la
medida en que fuera acompañada de una cláusula de revisión,
seguramente merecería la aprobación unánime de esta Cámara.

Precisamente la inclusión de esta cláusula de revisión es el
tema fundamental en este momento para su Grupo y, habida
cuenta del planteamiento formulado por el Gobierno sobre este
particular, su Grupo es favorable a los términos planteados
por el Gobierno y, consiguientemente, se abstendrán en la
votación correspondiente en la confianza de que dicha cláusula
de revisión finalmente se incluya.

En turno en contra de las enmiendas anteriormente defendidas
interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Cercas
Alonso, que une su criterio al de los portavoces de los Grupos
Popular e Izquierda Unida en el sentido de una mayor
moderación y una mayor consideración de la realidad que en
estos momentos sufre la economía nacional y el sistema de la
Seguridad Social. Esto les permite un debate sereno y quizá un
pequeño esfuerzo adicional para tratar de lograr un gran
consenso en torno a este Título IV y Sección 07.

Anuncia que a ello se va a dedicar en su intervención,
haciendo finalmente referencia a alguna de las enmiendas
concretas defendidas por los enmendantes.

Replican los señores Nuñez Pérez, González Lizondo y Peralta
Ortega, duplicando el señor Cercas Alonso.




Título V y Sección 06 (Página 1011)



El señor Montoro Romero defiende las enmiendas del Grupo
Popular. Comienza aludiendo a la enmienda de totalidad al
título, que justifica en la insuficiencia de los controles y
límites establecidos en el proyecto de ley. Precisamente las
enmiendas parciales presentadas tienden a introducir más
claridad y, sobre todo, mayor control en un apartado esencial
de los presupuestos. Formula diversas consideraciones en torno
a lo que denomina insostenibilidad de la deuda y a las
consecuencias harto preocupantes para las generaciones futuras
si no se pone coto a su crecimiento, a la vez que imposibilita
el que se destinen recursos necesarios a la protección social
o a la adecuada remuneración de los funcionarios.

Termina señalando que sus enmiendas tratan de poner coto a la
degradación del equilibrio presupuestario, evitando que la
deuda pública supere el 60 por ciento del PIB el año próximo,
para lo que es fundamental contar con ingresos adicionales
provinientes de privatizaciones de empresas públicas.

En defensa de las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya interviene el señor Ríos Martínez,
señalando que la deuda no es buena o mala en sí misma,
habiéndose producido por una realidad determinada que es la
necesidad del Gobierno de allegar estos recursos ante su
incapacidad para hacer frente al fraude fiscal.

Termina exponiendo el contenido de las enmiendas parciales
presentadas a este título.

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, da por defendidas
las enmiendas presentadas.




Página 973



En turno en contra de las enmiendas anteriormente defendidas
interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Pérez
González, reiterando algunas consideraciones expuestas en el
debate en Comisión en torno al motivo de preocupación que
supone el crecimiento de la deuda y del déficit público, no
considerando que sea éste el momento para exponer los
criterios generales de política económica que han llevado a
que la deuda alcance su actual volumen, como tampoco cree que
es el momento de extenderse en los criterios de política
económica expuestos por el señor Montoro. Sí comparte
expresamente con el enmendante su preocupación por el peso de
la deuda para las generaciones futuras, si bien sobre este
particular tiene que expresar la opinión del Grupo Socialista
de que no es su intención dejar ningún tipo de hipotecas
gravosas a otras generaciones.

Termina fijando la posición de su Grupo respecto a las
enmiendas mantenidas a este título.

Replican los señores Montoro Romero y Ríos Martínez,
duplicando el señor Pérez González.




Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 973)



Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 1018)



Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994
(Continuación) (Página 1018)



Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas a lo
largo de la sesión, así como al texto del dictamen a los
Títulos I, II, III, IV y Sección 07 y V y Sección 06, que
quedan aprobados.




Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la
noche.




Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Como asunto previo al orden del día, vamos a proceder al
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte
de don Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputado proclamado
electo por la Junta Electoral Central en sustitución de don
Julio de España Moya.

Don Francisco Vicente Murcia Barceló, ¿jura o promete S.S.

acatar la Constitución? (Pausa.)
Procederemos a ulterior llamamiento, antes de iniciar las
votaciones, a lo largo de esta sesión.




DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1994 (Número de expediente 121/000013)



El señor PRESIDENTE: Dictámenes de Comisión sobre iniciativas
legislativas: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1994 y proyecto de ley de medidas fiscales, de
reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la
protección por desempleo.

Enmiendas al Título I, del texto articulado, del Grupo
Popular. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen
sus escaños.

Tiene la palabra el señor Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, señorías,
subo a esta tribuna para defender las enmiendas del Grupo
parlamentario Popular al Título I para las que pido el voto
favorable de SS.SS.

Se trata de las enmiendas 261 a 282, ambas inclusive, a las
que acumulamos la 392, a la disposición adicional primera, la
408, que implica la incorporación de una disposición adicional
nueva, la 418, que implica la incorporación también de una
disposición adicional nueva, la 422, que propugna una nueva
disposición transitoria y, finalmente, la 423, a la
disposición adicional primera.

Señorías, las enmiendas del Grupo parlamentario Popular en
relación con este Título I se clasifican en tres grupos:
aquellas que tienden a favorecer el rigor presupuestario,
aquellas que tienen por objeto evitar el descontrol del gasto
público y aquellas que tienden a fortalecer el control
parlamentario en la ejecución de los Presupuestos del Estado.

Todas estas enmiendas se mueven en el ámbito de la dimensión
institucional de los presupuestos y pretenden evitar las
modificaciones arbitrarias de la Ley General Presupuestaria,
evitar la ampliación de la discrecionalidad del Ejecutivo en
el transcurso de la ejecución presupuestaria y evitar las
facilidades excesivas en las modificaciones presupuestarias.

No es mi propósito reproducir el debate que tuvo ya lugar en
Comisión. Querría en estas sesiones plenarias sacar las
consecuencias de ese debate en relación con lo que es la
política presupuestaria formal del Gobierno, partiendo de la
idea de que las enmiendas que se



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presentan a este Título I en buena parte son parecidas a una
enmienda de semitotalidad.

Creo que la situación presupuestaria de hecho se puede
describir en un rasgo que hoy es indiscutido en la sociedad
española: la existencia de fuertes desviaciones
presupuestarias que están afectando muy seriamente a la
credibilidad de los presupuestos generales del Estado
contemplados como institución. Hoy, en amplias capas de la
sociedad española, los presupuestos del Estado no son
creíbles. Las causas empíricas de estas desviaciones
presupuestarias sobre las que no habría discusión son, a mi
juicio, tres: una fuerte caída de los ingresos, el
desbordamiento del gasto público por efecto de los llamados
estabilizadores automáticos y el desbordamiento también del
gasto público como consecuencia de un cierto descontrol
interno en la elaboración y en la ejecución de los
presupuestos. En estas tres causas corresponde una fuerte
responsabilidad al Gobierno, pero especialmente --porque es el
tema al que me voy a referir en mi intervención-- el Gobierno
tiene una especial responsabilidad en todo lo que constituye
el descontrol interno de los Presupuestos del Estado. Se viene
así a recoger una cosecha en la que, especialmente en los
últimos años, se ha ido produciendo un vaciamiento de la Ley
General Presupuestaria en todo lo que afecta a los
presupuestos formalmente contemplados mediante (Rumores.),
además...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Arias-Salgado.

Cuando quiera, señor Arias.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Decía, señor Presidente, que
corresponde una especial responsabilidad al Gobierno por el
descontrol interno que preside no sólo la elaboración, sino
particularmente la ejecución de los Presupuestos Generales del
Estado, y que ello es consecuencia de lo que se ha sembrado en
los últimos años, que es un vaciamiento gradual de todos los
principales controles que contiene la Ley General
Presupuestaria, utilizando a tal efecto una técnica
deleznable, como ha sido la sistemática modificación de la Ley
General Presupuestaria en las leyes anuales de presupuestos.

Todavía hay más; no solamente se han introducido
modificaciones sustantivas de la Ley General Presupuestaria en
leyes anuales de presupuestos, sino que, además, cuando la Ley
General Presupuestaria molesta, se utilizan caminos diversos
para eludirla.

Se pueden poner ejemplos claros de esta situación. La
interpretación que se hace del concepto de créditos ampliables
difícilmente podría entrar en una interpretación rigurosa de
la Ley General Presupuestaria. La utilización del concepto de
préstamos que se realiza para, por ejemplo, definir
aportaciones del Estado a la Seguridad Social o al Insalud es
también una forma de eludir las exigencias de la Ley General
Presupuestaria. Las técnicas que se utilizan para asumir las
deudas del Instituto Nacional de Industria o de
Radiotelevisión Española son asimismo mecanismos que, en
última instancia, diluyen la aplicación de la Ley General
Presupuestaria. De todo esto yo querría sacar una conclusión,
una conclusión de carácter general, en primer término, y es
que, si la Ley General Presupuestaria es uno de los elementos
de modernización del Estado, los gobiernos socialistas han
elegido el camino inverso de la modernización. Entre la
autodisciplina y lo que podríamos denominar la alegre
discrecionalidad han elegido este último camino,
contradiciendo así todas las tendencias que se siguen en el
Estado moderno en política presupuestaria. Hoy, en los estados
más avanzados, se hace exactamente lo contrario de lo que
habitualmente hace el Gobierno socialista con los presupuestos
generales del Estado. Se trata de introducir mayores límites y
mecanismos más rígidos para evitar, efectivamente, que se
descontrole el gasto público.

La prueba de esta afirmación la tenemos en la actitud del
Grupo Parlamentario Socialista en el transcurso del debate en
la Comisión de Presupuestos. No se ha aceptado ninguno de los
mecanismos correctores que, a través de las enmiendas, tienen
por objeto evitar ese descontrol del gasto público o conseguir
que haya un mayor rigor presupuestario. Esta es una actitud,
primero, a mi juicio, poco inteligente, porque la presión
política y social hoy sobre los presupuestos del Estado es de
tal magnitud que a cualquier gobierno que esté en su sano
juicio le interesa que haya mecanismos de control y mecanismos
de rigor presupuestario que sean difícilmente desbordables.

Segundo, es una actitud poco razonable y voy a tratar de
demostrar esto último poniendo de relieve lo que ha ocurrido
en la Comisión de Presupuestos.

No voy a hacer una defensa directa de las enmiendas, pero sí
voy a poner de relieve qué es lo que ustedes, señorías del
Grupo Socialista, han rechazado en la Comisión de
Presupuestos. Han rechazado algo tan sensato como que los
límites del artículo 10 de la ley de presupuestos no sean
modificables mediante decreto-ley, sino que sea necesaria una
ley normal, una ley votada en Cortes --ley en sentido formal--
, con objeto de que no ocurra lo que ha ocurrido este año, que
la limitación contenida en la vigente Ley de Presupuestos se
ha venido a modificar por un simple decreto-ley.

Ustedes se han opuesto a la imposibilidad de modificar por
decreto-ley el artículo 10 de la ley de Presupuestos.

Ustedes se han opuesto también a la supresión de algunos
créditos ampliables, uno de los mecanismos típicos a través de
los que se desborda el gasto público. Ustedes



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se han opuesto a algo tan sensato como la ampliación de
créditos vinculantes, que permitirían un mayor rigor en la
contención del gasto público. Ustedes se han opuesto a que se
incluya en los presupuestos la presupuestación obligatoria de
todas aquellas ayudas directas que determinados organismos
autónomos y entes públicos reciben por vía distinta de la que
sería la normal y la defendible, proyectos de ley de crédito
extraordinario o de suplementos de crédito. Ustedes se han
opuesto a la contabilización adecuada de los préstamos que
tienen por objeto crear activos financieros ficticios con
objeto de manejar con mayor flexibilidad o «facilidad» --entre
comillas-- la contabilidad nacional. Ustedes se han opuesto a
la supresión de una derogación tradicional que se contiene en
las últimas leyes anuales de presupuestos del Gobierno
socialista, y es que prácticamente se declara en suspenso la
Ley General Presupuestaria para todas aquellas modificaciones
de crédito reguladas por la ley anual. Ustedes se han opuesto
también a medidas de austeridad que hubieran supuesto un mejor
y un mayor control del gasto público y ustedes se han opuesto
a la casi totalidad de las enmiendas que tenían por objeto
hacer más eficaz el control parlamentario en la ejecución de
los presupuestos.

Han rechazado una mayor información sobre los beneficios
fiscales, han rechazado el control parlamentario de las
modificaciones presupuestarias del artículo nueve, han
rechazado enviar a las Cortes una mayor información sobre el
cumplimiento de los programas sometidos a control de eficacia
por parte de la Intervención General del Estado y han
rechazado un mayor control sobre los préstamos que pueden
conceder distintos departamentos ministeriales. Se han opuesto
a todas las enmiendas, que eran profundamente razonables y no
tenían otro objeto que mejorar la técnica presupuestaria e
incrementar el rigor en la ejecución de los presupuestos.

La conclusión del rechazo de estas enmiendas es que no hay
voluntad política en el Grupo Parlamentario Socialista y,
consecuentemente, en el Gobierno, para mejorar la elaboración
y la aplicación de los presupuestos. Y yo creo que, desde la
perspectiva de un Estado moderno, es preciso terminar con la
concepción que hoy preside la utilización de los presupuestos
generales del Estado, que vienen a ser algo así --y
perdóneseme la expresión-- como la cuenta corriente del
Gobierno, de la que se tira con enorme facilidad y con una
extraordinaria y excesiva discrecionalidad que produce después
las desviaciones presupuestarias que produce. Hoy es
absolutamente preciso devolver a los presupuestos generales
del Estado su carácter de cauce jurídico que habilita al
Gobierno a actuar pero que, al mismo tiempo, limita su
actuación. No es bueno para el Estado que solamente se haga
énfasis en la parte en la que se habilita la actuación
gubernamental y, por el contrario, se vaya diluyendo
permanentemente todo aquello que constituye un límite en la
ejecución presupuestaria.

El control parlamentario es una de esas perspectivas que sería
preciso fortalecer como freno o como límite que el Gobierno en
todo momento podría superar a través de su mayoría
parlamentaria. No se trata de obstaculizar la acción del
Gobierno; se trata precisamente de forzar al Gobierno a una
mayor autodisciplina en la ejecución de los presupuestos. Esto
es así y lo exige no solamente el Estado de Derecho, sino
también una situación de crisis económica y presupuestaria en
la cual nos movemos. Son nuestros dos principales problemas.

Tanto en el problma de la crisis económica como en todo lo que
afecta al desequilibrio institucional que padece nuestro
Estado de Derecho, en relación con ambos problemas, tienen
algo que ver los presupuestos generales del Estado y su
correcto funcionamiento. Señorías, yo creo que es
absolutamente imprescindible devolver la credibilidad a los
presupuestos, porque sería una manera de generar confianza, y
sin esa confianza difícilmente se podrá embarcar a la sociedad
española en un esfuerzo colectivo con el cual hacer frente a
la crisis económica.

Señorías, señores del Gobierno, con estos presupuestos ustedes
desaprovechan una gran oportunidad: es la oportunidad que
deriva de una reciente victoria electoral; desaprovechan la
oportunidad que deriva de la existencia de una conciencia de
crisis aguda en la sociedad española y desaprovechan la
oportunidad para empezar a introducir en España un sistema de
protección social financiable que en estos presupuestos no se
contempla. Con este planteamiento presupuestario, señores del
Gobierno, tienen ustedes garantizado el descontrol del gasto
público, el incremento del déficit y, una vez más, la
inutilidad del instrumento presupuestario para hacer frente a
la crisis económica.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias-Salgado.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar dar los argumentos de por qué hemos mantenido este
grupo de enmiendas al Título I, cuál es el objetivo que
perseguimos y por qué creemos que el Grupo mayoritario y quien
ha estado respaldando las votaciones en la Comisión no han
hecho suficiente esfuerzo para garantizar una mayor
transparencia y control de la política presupuestaria del
Gobierno.

Nuestras enmiendas van dirigidas a concretar eso que se ha
venido en llamar impulso democrático, haciendo residir en esta
Cámara y en los grupos parlamentarios un seguimiento
exhaustivo de la evolución presupuestaria y un control de
verdad más efectivo de lo que son las grandes cuentas del
Estado cuando discutimos



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los Presupuestos y el gran canto al cielo que supone su
ejecución. No se parecen en nada los presupuestos cuando aquí
se bautizan a cuando se confirman en la gestión permanente. Lo
que nosotros queremos es que, en el trámite de la gestión, por
lo menos terminen siendo primos hermanos y no que sea
totalmente desconocida la gestión y ejecución definitiva de lo
que aquí se propone en un principio. Con nuestras enmiendas
pretendemos introducir algo que debería estar aceptado, esa
presupuestación por programas que debiera mover al Gobierno,
con unos objetivos concretos, que valora con unas actividades
y destina unos recursos para el capítulo I, para el capítulo
II para inversiones o para transferencias, sean cuales sean
los destinos.

Nuestras enmiendas van a ir dirigidas a conseguir que las
modificaciones sean lo más escasas posible a los presupuestos,
no tan copiosas como hasta ahora, que todas las modificaciones
que se realicen sean conocidas permanentemente y en el momento
de producirse por los grupos parlamentarios y que la
liquidación del presupuesto se parezca por lo menos al mismo
estado que se nos propone para ser aprobados. Nuestras
enmiendas intentan que ese guiño que se ha hecho y al cual se
ha remitido a nuestro Grupo para un entendimiento posterior a
la tramitación de los presupuestos, a esa previsible reforma
del Reglamento de la Cámara, se pueda también concretar en el
texto que se va a elaborar para el seguimiento de la ley por
el propio Gobierno.

La enmienda 1.262, al artículo nueve, pretende que todas las
modificaciones presupuestarias del Gobierno, una vez
realizadas y ultimadas por el órgano competente de la
Administración, sean remitidas a la Comisión de Presupuestos
del Congreso y del Senado. En ese mismo instante conoceremos
todos --no cuando venga la liquidación trimestral, que,
además, va camuflada en porcentajes y en datos globales-- de
dónde se ha detraído el dinero y a dónde se quiere destinar.

Se nos dijo que si se aprobaba esta enmienda que iban a
estudiar con cariño los miembros del Grupo mayoritario --lo
que pasa es que el cariño sólo les ha llevado a mirar el papel
pero no a dar el paso, aunque yo eespero que en el curso del
debate se pueda producir--nos podíamos ahogar de papel porque,
si nos vinieran todas las modificaciones, íbamos a tener en la
Comisión de Presupuestos una montaña de papeles. Y uno, que es
poco experto en estas cosas, decía: ¿Es que todavía no se
habrá descubierto en el Ministerio de Economía una cosa que se
llama ordenador y que simplemente con un disquete que nosotros
podemos introducir en ese ordenador nos enteramos de todo?
Pues parece ser que sí, pero todavía no. En todo caso, si se
admitiera la enmienda, estaríamos garantizando que en el mismo
momento que el Gobierno lo decide conoceríamos todos los
grupos de dónde se ha detraído una partida, qué objetivo se ha
dejado de cumplir, dónde se va a destinar y qué objetivo se va
a fomentar, incrementar o a crear «ex novo».

La enmienda 1.264 le anuncio, señor Presidente, que la
retiramos; lo queríamos haber hecho en comisión pero no
llegamos a hacerlo. Retiramos esta enmienda que pedía la
supresión del artículo diez, punto dos.

La enmienda 1.265 va dirigida a reducir el recurso al crédito
extraordinario. Si estamos en un año austero, si estamos en un
año difícil, si estamos en un año en el que va a ser difícil
poder cumplir los números previstos, apretémonos y que lo
extraordinario sea lo menor posible. Nosotros proponemos que,
en lugar de autorizar al Gobierno a créditos extraordinarios
hasta un tres por ciento del presupuesto, se reduzca al dos
por ciento. Si estuviese todo tan medido, tan controlado y tan
realizado en base a propuestas objetivas no tendríamos que
hacer uso de esto nada más que en momentos totalmente
extraordinarios. Nosotros creemos que esto sería importante,
que sería un ejemplo de austeridad y de mayor transparencia
presupuestaria.

Por último, la enmienda 1.266 va dirigida a esta liquidación
trimestral que se somete a la Cámara. Es verdad que a esta
Cámara le corresponde poner en marcha esa Comisión de control
presupuestario y es verdad que es una tarea nuestra, pero yo
creo --para nuestro Grupo así lo es-- que no se trata de
repetir aquí un aparato administrativo que controle al
Ejecutivo, sino de utilizar bien los resortes que el Ejecutivo
tiene desde la actuación del control parlamentario.

¿Qué es lo que proponemos? Que la liquidación de los
presupuestos cuando venga a esta Cámara venga desagregada al
mismo nivel que se nos somete cuando aprobamos; es decir, que,
cuando se ha liquidado la Sección 18 o la Sección 15, se nos
diga qué se ha gastado del Capítulo I, y, dentro del Capítulo
I qué se ha gastado en funcionarios, en laboral, en gastos
sociales, en productividad, para conocer cómo se ha
administrado --¿por qué no?--, qué se ha hecho en gastos
corrientes, en material de oficina. Que haya un perfecto
conocimiento de la gestión presupuestaria, porque eso iría en
beneficio de los grupos parlamentarios y del propio Gobierno.

La política presupuestaria no tiene por qué obedecer a
criterios que puedan introducir elementos de desconocimiento,
de no dominio de los datos, porque eso no favorece a nadie. El
objetivo de esta enmienda sería conseguir que esa liquidación
viniese tramitada en la misma forma que aquí hemos aprobado,
con los mismos anexos de inversión, en la misma fórmula, para
poder conseguir un seguimiento exhaustivo.

Por último, la enmienda 1.261, al artículo nueve, dos, va
dirigida a una autorización que hace presupuestariamente el
artículo nueve, dos, diciendo que corresponde al Ministro de
Defensa autorizar las generaciones de créditos contemplados en
el artículo setenta y uno, uno b) y c), del texto refundido,
motivando los ingresos



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que van precedidos de las ventas de productos farmacéuticos de
prestación de servicios hospitalarios. Es verdad que dirigidos
a la Defensa. Nosotros creemos que eso debe corresponder al
Ministro de Sanidad y no al de Defensa, porque la sanidad de
los ciudadanos que se dedican a la defensa debe ser entendida
exactamente igual que la de los ciudadanos que nos dedicamos a
otra materia.

Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Gracias, señor Presidente.

Muy poco habría que añadir a lo que se manifestó al
representante del Grupo Popular en el debate en Comisión,
porque ha utilizado este turno de las enmiendas al Título I
para hacer un debate de totalidad. Ha presentado alguna de las
enmiendas del Grupo Popular que hace referencia, según él, a
un mayor control del gasto. A lo largo de toda la exposición,
lo que ha querido dar a entender es que las normas
presupuestarias que aprobamos en las leyes de presupuestos son
insuficientes, y que, por tanto, se produce un total
descontrol del gasto, haciendo referencia al déficit que ha
habido en el año 1993.

A mí me gustaría que hubiese dicho qué partidas de gastos de
las producidas en el año 1993 hubiera reducido el Grupo
Popular: ¿en Agricultura? ¿en pensiones? ¿en Clases Pasivas?
Porque el Título I tiene una redistribución del gasto por
objetivos, por programas, y en ningún momento hemos visto una
propuesta del Grupo Popular para modificar a la baja todos los
créditos de que se compone. Es más, en todo el debate
presupuestario en Comisión se defendieron más de veinticinco o
treinta enmiendas de totalidad, en cada una de las secciones.

No ha quedado sección, salvo las institucionales y la Casa de
Su Majestad el Rey, que no haya tenido una enmienda del Grupo
Popular, considerando que los créditos eran insuficientes;
insuficientes para Justicia, para Cultura, para Defensa; todos
insuficientes. Y, luego, en los debates correspondientes a los
títulos que regulan las normas fiscales, presenta enmiendas
para reducir los ingresos del Estado.

Es una total incoherencia, señor Arias-Salgado, que venga a
decir aquí que sus enmiendas son muy técnicas y que van en el
sentido de un mayor control del gasto, cuando de aprobarse sus
enmiendas, tendríamos que cerrar la sesión.

Ustedes presentan las enmiendas al peso; cuantas más, mejor.

Presentan una enmienda de devolución del Título I, que tiene
dos Capítulos; luego presentan una enmienda de devolución del
Capítulo I; después, otra de devolución del Capítulo II y
posteriormente otras de supresión de todos los artículos que
componen los Capítulos I y II. Es una total incoherencia. Suba
a la tribuna y diga que van a bajar las clases pasivas, las
pensiones, que van a dedicar menos a agricultura, menos a
obras públicas, etcétera, y no a hacer una crítica, cuando
sabe que el déficit incrementado del año 1993 es consecuencia
de la caída de los ingresos --que ha sido explicada aquí
adecuadamente y con profusión de datos por el Ministro de
Economía y Hacienda-- y de un incremento de los gastos por
desempleo. Para el año 1994 se pretende una contención del
déficit, bajando del 6,2 por ciento, que será el que se
produzca en 1993, a un 5,7 por ciento. Pero precisamente por
ser un año de crisis hay determinadas partidas y gastos
sociales que es necesario seguir manteniendo. Ustedes, con la
vara mágica que lo arregla todo, proponen una contención del
déficit sin decir de dónde lo van a detraer.

Respecto a algunas de las enmiendas que ha hecho referencia,
como las relativas a las medidas a adoptar para controlar el
gasto, quiere que trimestralmente se presente una declaración
de la aplicación de los gastos fiscales. En Comisión le
expliqué que los gastos fiscales se conocen adecuadamente en
el momento en que se hacen las declaraciones sobre la renta y
que se producen, una vez cerrado el ejercicio, en junio del
año siguiente. Difícilmente se podría presentar un avance de
lo que van a suponer los gastos fiscales del ejercicio cuando
los mismos comprenden partidas que solamente se conocen a la
hora de hacer la declaración sobre la renta.

En lo que se refiere a la modificación de la Ley General
Presupuestaria, la parte que se modifica de la misma va en el
sentido de un mayor control, de un mejor conocimiento del
gasto, de que las modificaciones que se produzcan obedezcan a
planes concretos dentro del mismo programa y con conocimiento
exacto del Ministerio de Economía y Hacienda. Incluso, en
algún caso, cuando hace referencia a alguna medida de
modificación de la Ley General Presupuestaria, se podría haber
hecho un desarrollo reglamentario y, sin embargo, se lleva a
la ley.

Por todas estas razones, creo que el Grupo Popular no tiene
razón y a lo largo del debate del resto de los títulos que
componen el presupuesto iremos viendo cómo existe una total
contradicción.

Izquierda Unida, que no ha defendido muchas de las enmiendas
que debatimos en Comisión, pretende establecer un límite del 2
por ciento en los créditos extraordinarios que prevé la ley.

Le dijimos que lo habitual en los presupuestos de los países
occidentales está entre un 5 y un 10 por ciento de
modificación presupuestaria y S.S. pretende rebajar del 3 al 2
por ciento este límite. Parece como muy bonito, pero el hecho
cierto es que su grupo presenta enmiendas a este Título I
solicitando un incremento de la dotación a Televisión Española
de 50.000 millones de pesetas. Cuando se pide la



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reducción del gasto hay que ser coherente en todas las
partidas del presupuesto, pues hay enmiendas de su grupo a
otras secciones del presupuesto en las que también se pide un
incremento del gasto. El esfuerzo que hace el Gobierno en la
contención del gasto es el adecuado, pues se congela la oferta
pública de empleo, estaremos al tanto de las negociaciones
para la limitación de los salarios de los funcionarios y hay
prácticamente una congelación del gasto corriente. Por tanto,
se hace un esfuerzo para no incrementar el gasto y menos en
créditos extraordinarios.

Respecto a otras enmiendas, referidas a un mayor envío de
documentación, ya dijimos en Comisión que trimestralmente --y
además no hay inconveniente alguno en que pudiera hacerse
mensualmente-- comparece el Secretario de Estado de Hacienda
para dar cuenta de la ejecución del presupuesto. Por otra
parte, la Intervención General del Estado remite mensualmente
la ejecución del presupuesto, tanto en ingresos como en
gastos, incluso con el detalle de los ingresos provinciales
del presupuesto del Estado. Por consiguiente, repito, no hay
inconveniente alguno en que esas comparecencias del Secretario
de Estado de Hacienda puedan hacerse con mayor periodicidad,
para dar explicaciones y una información sobre la ejecución
del presupuesto.

Asimismo, respecto a lo que el Grupo de Izquierda Unida pide
de que las revisiones del proyecto de ley de presupuestos
contengan una información de la inversion provincializada,
regionalizada, con los proyectos, subproyectos, etcétera,
también manifestamos en Comisión que en el anexo de
inversiones figuran todos esos proyectos, y que luego, por la
información correspondiente o por medio de estas
comparecencias, se puede pedir la ejecución, a lo largo del
año, de dichos proyectos o subproyectos. Por tanto, no hay
ningún inconveniente u obstáculo para que los grupos puedan
efectuar un seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Además, como también manifesté en Comisión, la modificación
del Reglamento y la creación --y aquí se ve la buena
predisposición, ya anunciada, del Grupo Socialista-- en esta
Cámara de una oficina presupuestaria permitirán una mayor
exactitud en la ejecución del presupuesto, así como de
cualquier otra información relacionada con el mismo. Por
tanto, no hay afán alguno de oscurantismo en la ejecución del
presupuesto, como no lo ha habido nunca, señor Ríos, por lo
que no son necesarias las enmiendas que usted plantea.

Por todas estas razones, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Socialista va a votar en contra de las
enmiendas al Título I. Y también en lo que se refiere a las
enmiendas del Grupo Popular, porque las mismas significarían
la devolución del presupuesto. El título I comprende un
detalle por programas de los 27 billones a que asciende este
presupuesto del Estado. Hay enmiendas del Grupo Popular que
eliminan hasta la inversión en puertos y aeropuertos; la
incoherencia del Grupo Popular llega hasta el punto de no
querer que se hagan inversiones en puertos y aeropuertos en el
año 1994. Por todas estas razones de incoherencia a la hora de
presentar enmiendas, porque siguen el criterio de hacerlo al
peso --cuantas más enmiendas mejor en vez de enmiendas
técnicas y estudiadas, que permitan un debate adecuado en
alguno de los títulos o de las secciones y no unas enmiendas
totales y frontales a todo el presupuesto--, el Grupo
Socialista votará en contra de todas esas enmiendas, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.

Tiene la palabra el señor Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, señorías,
la falta de argumentos hace acudir frecuentemente a
pronunciamientos que carecen de sentido.

No se puede criticar --y ya tuvimos ocasión de decirlo en el
debate en Comisión-- la presentación de enmiendas de supresión
a los títulos y a los capítulos del presupuesto sobre la base
argumental de que, de aprobarse esas enmiendas, nos
quedaríamos sin presupuestos. Esa argumentación no sirve
absolutamente para nada. La única manera de introducir debates
generales y de totalidad sobre las partes principales del
presupuesto es presentando este tipo de enmiendas. Se trata de
un procedimiento parlamentario para que nosotros podamos
discutir aquí con carácter general y sin tener que acudir a
presentar muchas más enmiendas de detalle. El argumento de la
supresión, por tanto, no es tal.

Señor Padrón, usted ha hecho un enfoque económico del déficit,
volviendo una y otra vez al consabido argumento de dónde
recortaría el Partido Popular. Yo he hecho referencia a que el
descontrol del gasto público tiene tres causas y que una de
ellas es la caída de los ingresos. Lo he dicho yo, no usted;
lo he reconocido de antemano. Pero yo no he hecho ese enfoque
económico del déficit público; yo he hecho un enfoque desde
una perspectiva presupuestaria formal. Las causas que producen
ese déficit son en parte económicas, pero son también producto
de la incompetencia a la hora de gestionar los presupuestos y
de la falta de voluntad política para corregir las
desviaciones presupuestarias o prevenirlas introduciendo
mecanismos que impliquen una mayor autodisciplina en la
ejecución de los presupuestos.

Por eso tampoco tiene sentido hablar de incoherencia, no tiene
ningún sentido. Le dije en Comisión y le repito ahora: la
oposición no tiene que presentar una alternativa
presupuestaria. Nosotros tenemos que criticar los presupuestos
del Gobierno. Nuestra obligación es presentar una alternativa
de política económica, que daría lugar a unos determinados
presupuestos. Una vez



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que ustedes nos presentan sus presupuestos, nosotros hacemos
el control de los mismos, la crítica y la oposición. Pero aun
así debo decirle, y tuve ocasión de demostrárselo en Comisión,
que con la alternativa, vía enmiendas, que el Grupo Popular ha
presentado a su presupuesto hemos hecho un ejercicio de
responsabilidad y un planteamiento en el cual las grandes
cifras cuadran, como usted sabe muy bien, que no voy a repetir
aquí porque figuran ya en el «Diario de Sesiones» de la
Comisión.

Debo decirle que para incoherencia la del Gobierno. Ustedes,
el Gobierno, nos proponen ya unos presupuestos incoherentes
con un 5,7 por ciento de déficit para la Administración
central. ¿Cómo me puede decir a mí después que nuestras cifras
vía enmiendas no cuadran si ya nos presentan un presupuesto en
el que las cifras no cuadran porque aceptan un déficit
extraordinario? Evidentemente, la razón no está exactamente en
cómocuadran las cifras, sino en ver, primero, si estos
presupuestos son un instrumento adecuado para luchar contra la
crisis económica y, segundo, si estos presupuestos
previsiblemente se van a poder cumplir. Difícilmente se pueden
cumplir no solamente por la coyuntura económica, sino porque
ustedes no adoptan ningún mecanismo de disciplina interno, por
lo que están dando todas las facilidades para que se produzcan
las desviaciones presupuestarias.

En el artículo siete de esta ley anual de presupuestos se
deroga con carácter general la Ley General Presupuestaria para
todas las modificaciones de crédito. ¿Cabe mayor
discrecionalidad que ésa, dejar en suspenso la Ley General
Presupuestaria para todas las modificaciones de crédito? No,
señor.

Yo creo que ustedes cometen un error. Decía antes, y concluyo
con ello, señor Presidente, que es una actitud poco razonable
y, además, poco inteligente. Hoy no hay ninguna persona
solvente en la universidad española o en el mundo económico
que defienda como creíbles los presupuestos socialistas. Yo le
puedo dar una docena de nombres de personas solventes que han
hecho fuertes críticas a la credibilidad de los presupuestos
de los gobiernos socialistas. Dígame usted un nombre
importante y solvente de la sociedad española que haya hablado
del rigor presupuestario de los gobiernos socialistas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Oyendo al señor Padrón, me ha dado la impresión de que si uno
presenta en el debate al articulado enmiendas que puedan
reproducir la totalidad es malo, que si presentamos enmiendas
concretas es también malo y que todo está como debe estar.

¿Por qué traer alguna modificación aquí? Todo se hace como
siempre se ha hecho. Pues aunque llegara a la conclusión que
usted dice, suponiendo que todo se hace como siempre se ha
hecho, nosotros creemos que se debe hacer mejor.

Nosotros no aceptamos como fórmula de técnica del presupuesto,
en un sistema parlamentario como el nuestro, que la dinámica
deba de ser: el Gobierno pasa su sarampión parlamentario una
vez al año, recibe la autorización del Congreso para gastar
28,9 billones de pesetas y, después, pregúntenme, contrólenme
o preséntenme interpelaciones para ver cómo me lo gasto.

Ustedes modifican el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria cada año, ustedes acomodan la tramitación
presupuestaria cada año y se van reduciendo los posibles
huecos que se han dejado otros años. Es decir, cada vez hay
más manga ancha: dénme el dinero que me voy a gastar y déjenme
que me lo gaste en lo que piense.

Yo no creo que eso sea lo mejor. Es más, podrían aprender
técnicas de redacción presupuestaria de países occidentales, a
los que tanto les gusta parecerse, tramitaciones
presupuestarias y el papel del Parlamento en el control de los
Presupuestos y en su seguimiento.

Usted me ha dicho: Ya están las enmiendas que usted ha
propuesto. Viene aquí el Secretario de Estado de Hacienda y
nos dice cada tres meses cómo se ha gastado el dinero y en
qué; luego, mensualmente, la Intervención General nos remite
un librito diciéndonos cómo ha ido gastándose el dinero y
usted, de viva voz, puede preguntar lo que mejor le parezca.

Fíjese, le estoy agilizando la tramitación parlamentaria con
mi propuesta. Que me lo den por escrito antes de venir y
hagamos debate político de cómo se ha gastado. Lo que estoy
pidiendo es que no perdamos el tiempo en lo que nos tienen que
dar por derecho para no tener que utilizar el trámite político
y parlamentario de esta Cámara en recibir una información que
debiéramos tener todos; para que usted, en nombre del Grupo
mayoritario y quien le apoye, tenga una cifra que también
tengamos los grupos de la oposición y poder comentar si se
están cumpliendo las previsiones si se están alcanzando los
objetivos dentro de las previsiones, etcétera. Eso es lo que
estamos pidiendo.

No comprendo por qué se dice que es malo proponer que las
modificaciones de crédito que se aprueben vengan a esta Cámara
«de facto» y para todos los Grupos porque está ya. No es
verdad, no está. Le he dicho que se reduzca la autorización al
crédito extraordinario. ¿Por qué está ya? Estoy reduciendo un
recurso que se ha dado al Gobierno. Hombre, no está. En todo
caso, creen que está suficientemente representada, pero siendo
poco, a ustedes les gustaría que hubiese más margen para esas
actuaciones.

¿Por qué es malo que la liquidación del Presupuesto venga
desagregada al nivel que nosotros aprobamos



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aquí, en este librico donde va publicado? ¿Por qué es malo que
conozcamos cuánto va para altos cargos en el capítulo I? Si le
pregunto a usted por qué no se han gastado estos seis millones
de pesetas, quisiera que me contestara: No se han gastado
porque no hemos cubierto el alto cargo fulano de tal. Es
decir, que pueda dirigir mi gestión parlamentaria a
discusiones políticas, no a la obtención de información que
debo tener «de facto», que la liquidación presupuestaria se
ajuste a lo que aprobamos en cada partida.

Como colofón a todo su debate y a toda su argumentación, me ha
dicho: Por tanto, las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida no son necesarias. Dígame que usted no las ve
bien, que no son oportunas para usted, pero decir que no son
necesarias es un poquito exagerado. Son necesarias, son
oportunas, mejoran la voluntad del Gobierno y, sobre todo,
ponen a mi Grupo en la situación de decir: Si ya tenemos el
frontón, lo que está hecho, hecho está y no vamos a modificar
un ápice de las cuantías, que las vamos a discutir después en
las secciones; por lo menos en el texto de la ley dotémonos de
instrumentos parlamentarios para tener información y
seguimiento «de facto» de la evolución de la gestión del
presupuesto. Usted me dice: Obténgala durante seis meses de lo
que se vaya enterando por preguntas. Yo le digo: ¿Por qué
esperar a eso? ¿Por qué no incluirlo ya y, por obligación, el
Gobierno me lo manda? Nos lo manda a usted y a mí, para que
así a usted no le den la información filtrada de lo que
quieran y a mí me puedan dar la información que todo el mundo
tenga. Si no, jugamos con cartas marcadas y así, aunque yo le
cante las cuarenta en bastos, usted me dará con los bastos.

Nada más, señor Presidente, nada más señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, reitero lo
manifestado antes al señor Arias Salgado. Efectivamente, la
coherencia de un Grupo se muestra a la hora de presentar las
enmiendas. Dice: No, es que nosotros no tenemos obligación y
la presentación de enmiendas de totalidad es entrar en el
debate de los temas.

Por esa razón tampoco presenten enmiendas parciales. Han
presentado enmiendas a todas las secciones, han presentado
enmiendas a todos los títulos, la razón es que el déficit es
muy alto, pero cuando llega la hora de tratar los temas
fiscales, todas sus enmiendas son para ingresar menos en las
arcas del Estado.

Dice que nosotros en esta ley --y además es un argumento
manido-- cambiamos totalmente la Ley General Presupuestaria.

Es falso, es mentira. Lo único que autoriza la Ley General
Presupuestaria son las modificaciones de crédito
correspondientes a los decretos de transferencias por
traspasos de servicios a comunidades autónomas, cosa que no
contempla la Ley General Presupuestaria y que tiene que
figurar en la ley porque si no sería imposible modificar esos
créditos; y algunas modificaciones de créditos de personal de
los que tendrá que tener conocimiento el Ministerio de
Economía y Hacienda y el Ministerio de Administraciones
Públicas. Cualquier modificación que se haga de un precepto
legal no significa mayor libertad, mayor amplitud, mayor
descontrol. Cualquier lectura desapasionada de las
modificaciones que se introducen en la Ley General
Presupuestaria tendrá que coincidir conmingo que van en el
sentido de mayor garantía de ejecución presupuestaria, al
margen de la ideología política, porque parece que su Grupo
político lo único que quiere es presentar enmiendas y criticar
todo lo que hace el Gobierno.

Respecto al Grupo de Izquierda Unida, yo creo que tiene una
información adecuada y suficiente. La Administración tiene
órganos de control internos, la Cámara no puede convertirse en
la Intervención General de la Administración del Estado y la
información correspondiente a los gastos de los capítulos I,
II, III, IV, V, VI, etcétera, está recogida. Ahora bien, si
quiere que, además, dentro del capítulo I o del capítulo II
venga un detalle --tanto para agua, tanto para alquileres,
tanto para tal--, me parece que es llegar a unos límites que
serían totalmente incontrolables; no podríamos estar aquí
controlando cada uno de los servicios de la Administración del
Estado a ver si efectivamente lo estipulado en la ley de
presupuestos dentro del capítulo II, de gastos corrientes, se
ha cumplido y no ha habido una disgregación de alguno de los
subconceptos, porque esto es poner a los funcionarios y a los
responsables de la Administración en una situación de
encorsetamiento que les llevaría a la total inoperancia. Por
tanto, no confundamos el control político, que corresponde a
este Parlamento, con el control interno, que realiza la
Intervención General, y con el control externo, que realiza el
Tribunal de Cuentas, donde pone de manifiesto las desviaciones
presupuestarias, si las ha habido.

Estos son argumentos más que suficientes, señor Presidente,
para rechazar las enmiendas, y con eso no digo que el Grupo
Socialista lo haga todo perfecto o que la ley sea perfecta,
por supuesto que no, pero yo creo que se dan las suficientes
condiciones de garantía y control como en cualquier norma
presupuestaria de cualquier país, y efectúe usted
comparaciones para que vea que efectivamente es así.

Por estas razones, señor Presidente, nos reiteramos en los
argumentos anteriormente expuestos rechazando las enmiendas
presentadas al Título I.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.

Concluido el debate relativo al Título I, pasamos a debatir
las enmiendas al Título II.




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Para defender las enmiendas del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, señorías,
el Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas a este título
cuatro enmiendas. Es un título llamado De la gestión
presupuestaria, que por tanto recoge una diversidad de temas
que hacen difícil su agrupación, por lo cual me voy a referir,
con una extraordinaria brevedad, a las enmiendas en concreto
que mi Grupo Parlamentario ha presentado a los artículos
trece, quince, diecisiete y veinte.

Las enmiendas al artículo trece son las números 283 a 292,
ambos inclusive. El objeto de estas enmiendas es introducir
algunas precisiones y mejoras técnicas y, en concreto, recoger
en el articulado de la ley los términos del III acuerdo de
Centros afectados por la no renovación total o parcial de los
conciertos educativos. No tiene mucho sentido que en un texto
legal no se recoja esa terminología, que contribuiría a dar
mayor precisión al texto legal y permitiría a los centros
afectados por la no renovación total o parcial de los
conciertos educativos tener mayores garantías jurídicas del
cumplimiento del convenio concertado con la Administración del
Estado.

Al artículo quince hay presentada la enmienda 293. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Se trata,
por una parte, de perfeccionar el artículo quince de la ley y,
por otra, incrementar la obligación informativa del Gobierno
para su remisión a las Cortes para que de este modo, a su vez,
se pueda ejercer en mayor medida el control parlamentario. En
concreto, el precepto se refiere a la distribución o mejor a
la financiación de determinados proyectos, de los proyectos
españoles por fondos comunitarios. En caso de que se
modifiquen esos proyectos españoles que se acogen a la
financiación comunitaria, se trata de convertir la presunta
autorización que puede dar el Ministro de Economía y Hacienda
en una autorización expresa. Y se trata también, como decía,
de incrementar la obligación informativa del Gobierno hacia
las Cortes.

Ya en el debate en Comisión se señaló que había un defecto
técnico en la presentación de la enmienda, que evidentemente
es cierto, puesto que se hace única y exclusivamente
referencia a la competencia del Ministro de Economía y
Hacienda cuando realmente se debería haber dicho: autorización
expresa del Ministro competente por razón de la materia,
porque no siempre es competente el Ministro de Economía y
Hacienda para autorizar las modificaciones de los créditos.

En cuanto el artículo diecisiete, la enmienda número 294 tiene
por objeto también incrementar el control parlamentario en
relación con la documentación mercantil de las sociedades o de
los entes públicos sujetos a legislación mercantil. No hay
ninguna razón para que la cuenta de pérdidas y ganancias, la
memoria, el balance, el informe de gestión y el informe de
auditoría en los casos en que sea preceptivo; es decir, toda
esa documentación se envíe al Registro Mercantil y, sin
embargo, se niegue su remisión a la Cámara para poder ejercer
el seguimiento de un conjunto de entes públicos que, aunque
estén sometidos a la legislación mercantil, forman parte, como
es obvio del sector público y su control, por tanto,
corresponde a esta Cámara.

No se entiende muy bien la razón de la negativa a la
aceptación de esta enmienda. Se nos obliga a acudir al
Registro Mercantil para obtener una documentación, cuando lo
más lógico sería que el propio Gobierno o los propios
responsables de los entes públicos sujetos a la legislación
mercantil, vía Presidencia del Congreso, la remitieran a esta
Cámara.

En definitiva, es una muestra más de la falta de voluntad con
que el Gobierno y el Grupo Socialista asumen el control
parlamentario, o más bien la negativa a que ese control
parlamentario pueda ser ejercido debidamente. Por ello hemos
de poner necesariamente de relieve la voluntad negativa del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista a ese control.

La última enmienda, señor Presidente, al artículo veinte es
puramente técnica. Trata de incluir el concepto de aplicación
presupuestaria. Habla determinadas modificaciones
presupuestarias, pero no se decreta la correspondiente
aplicación presupuestaria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arias-
Salgado.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con la venia del señor Presidente,
y con mucha brevedad porque creo que ya en el debate en
Comisión el señor Padrón quedó prácticamente convencido de lo
razonable de aceptar estas enmiendas del Grupo Federal de
Izquierda Unida. Sólo quiero recordárselo por si acaso hubiera
cambiado de opinión desde aquel día.

Hablo de dos enmiendas, concretamente la 1.268, que es de
modificación de redacción, y la 1.271, que igualmente es una
enmienda de modificación de redacción. No me estoy refiriendo,
obviamente, señor Padrón, a aquellas que requerían incremento
del gasto y que el Gobierno vetó, por lo que ha evitado que
SS.SS. pudieran votarlas. Y éstas se las voy a recordar
fundamentalmente a SS.SS. de esta parte (señalando a los
bancos del Grupo Socialista) porque solamente intentan colocar
al mismo nivel a las organizaciones empresariales y a las
organizaciones sindicales. Les estoy diciendo simplemente en
la primera enmienda que cuando se trate de aceptar pagos a
cuenta sea previa solicitud expresa



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de las organizaciones patronales y sindicales. Estoy
proponiendo simplemente que se suprima: consulta con. O sea,
que haya el mismo nivel para las organizaciones patronales que
para las sindicales. Mi atrevimiento es tremendo.

En la otra enmienda, en la 1.271, cuando se trata también de
hablar de la renovación total o parcial de los conciertos
educativos suscritos por el Ministro de Educación y Ciencia
pedimos que se consulte a las organizaciones patronales y a
los sindicatos. Debe suprimirse: en su caso.

Ya digo que el señor Padrón estaba convencido; no voy a gastar
ni un minuto más; no quiero herirle, no sea que cambie su
opinión. Yo creo que es de sentido común y es coherente con lo
que ha venido defendiendo tradicionalmente su partido, y creo
que, como nosotros, estará pensando que, por lo menos, hay que
conceder a las organizaciones sindicales el mismo nivel que a
las organizaciones patronales.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Blázquez.

El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
distribuido el tiempo del que dispone para que dos de sus
miembros defiendan sus enmiendas.

El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Este título hace referencia a lo que se denomina «gestión
presupuestaria». Mi compañero ha defendido el capítulo de
gestión de presupuestos docentes y voy a intentar argumentar
las enmiendas que nosotros vamos a proponer al artículo
diecisiete, fundamentalmente, que habla de los plazos de
remisión de las cuentas a la Intervención General de la
Administración del Estado.

Antes se hablaba de la realidad que tenemos de gestión o
devolución presupuestaria. Lo cierto es que este artículo
modifica el texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
ampliándose las posibilidades el propio Gobierno.

Nuestras enmiendas van dirigidas a mantener el texto refundido
tal cual estaba, en algunos casos, y a introducir dos
modificaciones, que precisamente pretenden hacer la
tramitación y el funcionamiento parlamentario de nuestro
Estado de forma similar a otros Estados a los que pretendemos
parecernos, por lo menos en algunas otras actuaciones.

La enmienda 1.272 quiere plantear que cuando se habla de que
las cuentas y la documentación deben rendirse al Tribunal de
Cuentas cerradas con periodicidad anual, se mantenga, conforme
estaba antes, la periodicidad mensual. Nosotros creemos que
así estaba el año pasado, que así ha funcionado hasta ahora, y
no sé por qué ahora hay que modificarlo haciéndolo solamente
una vez al año. La enmienda 1.583 va dirigida a que la cuenta
general del Estado esté formada antes del 1 de julio del año
siguiente, es decir, una vez finalizados los seis meses desde
la ejecución del presupuesto. El ejercicio 1994 tendrá que ser
presentado al 1 de julio del año 1995. ¿Por qué decimos esto?
Porque se ha producido, gracias a la informatización que
tenemos de la contabilidad pública, un adelanto, de tal forma
que las cuentas se remiten a la Intervención General el 1 de
abril. Del 1 de abril hasta el 1 de julio, sería bueno
discutirlo. ¿Qué ganaríamos con esto? Fundamentalmente, que la
liquidación del año anterior la zanjábamos en discusión antes
de irnos de vacaciones en el verano y podíamos entrar en el
mes de septiembre a discutir otras cosas. En todo caso, se
puede lograr. Si se hace al 31 de agosto, haciéndonos venir el
31 de agosto. Yo sé que eso es complicado para algunos, muy
complicado. Parece que esto es como darle la vuelta a la
tortilla. Algo complicadísimo para hacerlo funcionar.

La enmienda 1.273 pretende algo muy sencillo, y es que,
estando informatizada la contabilidad pública que ejerce la
Intervención General y la Intervención Delegada en cada
Ministerio y en cada ente público, en cada organismo comercial
o autónomo o empresa pública, que a esa cuenta y a esa
información centralizada tengan acceso con una tarjetita los
Grupos parlamentarios, de tal forma que no nos hará falta que
nos den más información: con meter la tarjeta, tenemos la
información. Y esto, que puede parecer algo así como
complicadísimo, nos ahorraría a ustedes, a mí y a los demás
Grupos tener que venir aquí a preguntar eso. Lo tendríamos,
nada más que quisiéramos saberlo, con entrar al teclado de la
información. Y esto tan malo, tan complicado, se saca, no por
un invento de Izquierda Unida, que por una especie de
aparición de no sé qué hado le ha llevado a esta propuesta;
esto se hace ya en otros sitios, y podemos tener una
incorporación similar a la que hacen países tan poco
occidentales, según ustedes, como Estados Unidos o como la
propia Inglaterra. Nos gustaría tener un control
parlamentario, un peso de los parlamentos en la tramitación
parlamentaria similar a esos Parlamentos. Y si somos
occidentales para copiar, algunas cosas de esos países, ¿por
qué no también para copiar ésta? ¡Ah! Porque esto facilita
información a todos, hace transparentes las cuentas del
Estado. Pues, mire usted, aunque sean dos reales, aunque sea
una peseta, debe ser transparente la forma de gestionar --la
peseta pública--. Nadie tiene que tener miedo a que sepamos
todo, dónde y en qué se gasta, nadie; debieran ser ustedes los
primeros en desear que esto fuese así.

La enmienda 1.274 propone incluir a las sociedades estatales y
entes públicos a la hora de someterse a la



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normativa para dar cuenta, tanto los que están regulados por
la normativa mercantil como los que no lo están.

La enmienda 1.275 pretende que en el plazo de los seis meses
siguientes a la fecha en que termina el ejercicio se cumpla la
cuenta general.

Por último, la enmienda 1.276 propone la creación de un nuevo
apartado tres, que modifique el artículo 138 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, añadiéndole un
párrafo nuevo que diga, más o menos, que en la liquidación
anual del presupuesto (y ahora sí que viene aquí lo que me ha
dicho usted antes. Como a usted le sonaba la letra, antes me
ha respondido a las enmiendas que había defendido, pero es
ahora, aquí es donde viene la enmienda) venga incorporada la
liquidación de los anexos de inversiones que se hagan cada
año, para que, cuando ustedes se han comprometido a hacer tres
autovías por este dinero, todos sepamos que a final de año han
hecho solamente la mitad, un tercio, que la otra parte no la
van a seguir haciendo o que la otra parte la deslizan al
ejercicio siguiente. Lo que propone nuestra enmienda es
conocer cómo terminan las cuentas, conocer qué se desliza por
ese plano inclinado que es la gestión presupuestaria de
ustedes, qué es lo que no se va a hacer y si se produce una
economía y qué se ha gestionado, qué objetivos se han
cumplido. Eso es lo que se pretende conocer en la liquidación
anual de los presupuestos.

Es verdad que estas enmiendas son atrevidas y que pueden ser
más o menos necesarias, según la lectura que se haga, pero
desde luego a lo que van es a conseguir la transparencia en la
gestión de los dineros públicos, de los recursos que sacamos
de todos los ciudadanos. Queremos saber dónde va cada una de
las pesetas que aportamos a los Presupuestos del Estado, en el
momento en que se produce su gasto. Eso se puede hacer, la
informática lo facilita. Ustedes son los que deben dar la
posibilidad de que apretamos el botón y metamos la tarjetita.

Si no nos la dan, pues tiempo al tiempo, al final caerá,
porque la breva está madura.

Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.

El Grupo Vasco presenta una batería de enmiendas al artículo
trece, en relación a la gestión de los centros docentes,
porque entendemos que el desarrollo que se está llevando a
cabo desde el Ministerio de Educación y Ciencia en torno a la
LOGSE, en concreto los centros de iniciativa social, se está
distanciando de aquellas previsiones que se hicieron en su
momento --y tengo que recordar que el Grupo Vasco fue uno de
los grupos que apoyó esta ley--, y observa cómo los distintos
ejercicios presupustarios se están distanciando de la memoria
económica que traía aquella ley. En concreto, el Grupo Vasco
presenta un conjunto de enmiendas que entiende tratan de
favorecer la gestión de estos centros docentes de iniciativa
social, con materias como la liquidez presupuestaria en
centros. Estamos asistiendo a una situación en la que las
subvenciones del Ministerio de Educación y Ciencia, en el
territorio MEC, no llegan con la suficiente puntualidad para
que los centros puedan disponer de las mismas, lo que provoca,
en su propia gestión, problemas de considerable dimensión, y
otras disfunciones que se están produciendo dentro del
desarrollo de esta ley. Indudablemente, tal y como indicaba
anteriormente el portavoz del Grupo Popular, existe un
acuerdo, firmado en el tercer acuerdo de centros, que recoge
muchos de estos aspectos y nos llama la atención que el Grupo
Socialista y el Gobierno no quieran recoger todo este tipo de
acuerdos que están contenidos en este tercer acuerdo.

Entendemos que la no aceptación de estas enmiendas, señoras y
señores Diputados del Grupo Socialista, deja al Ministerio sin
procedimiento para abarcar los contenidos de dicho acuerdo y
no hace más que provocar trabas considerables en la gestión de
los centros docentes de iniciativa social, por lo cual
llamamos la atención en torno a esta problemática y
solicitamos la consideración de estas enmiendas.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri.

¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Padrón tiene la palabra.




El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en este Título II hay dos tipos de enmiendas; uno
dirigido al artículo trece, que se refieren a los
procedimientos para los centros concertados en materia
educativa, y el otro, referido a una serie de normas en cuanto
a normas de gestión presupuestaria y a una modificación que se
hace de un artículo de la Ley General Presupuestaria.

Con respecto a las enmiendas planteadas por el PP, que
preteden alguna modificación de alguno de los párrafos
referidos al artículo trece, ya en Comisión les dijimos que el
Ministerio de Educación y Ciencia tiene, en la enmienda que se
refiere a que el «ratio» profesor/unidad concertada en
educación primaria tenga en consideración la necesidad de
incorporar profesores especialistas para idioma extranjero en
el segundo ciclo, que el párrafo que se refiere la enmienda ya
faculta al Ministerio de Educación y Ciencia para fijar las
relaciones profesor/unidad, suficientes para impartir el plan
de estudios vigente en cada nivel de concierto --y



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esta respuesta es válida también para una enmienda similar del
Partido Nacionalista Vasco--; que la sustitución que se
pretende de la frase «plan de estudios» por «currículo», de
acuerdo con la LOGSE, y la sustitución de «contrataciones de
profesores con apoyo» por «contratación de equipos docentes»,
que en el año 1994, al no haberse implantado todavía la
reforma en su totalidad, además de la educación primaria, se
seguirá impartiedo la enseñanza de --según la Ley General de
Educación-- EGB, formación profesional de primer grado y, por
tanto, parece procedente mantener el plan de estudios, que es
lo que ha venido figurando. Y que, además, en el tercer
acuerdo que ha efectuado el MEC con sindicatos y
organizaciones patronales en el sector de la enseñanza privada
sobre el ámbito, los procedimientos y las medidas aplicables
en favor del profesorado de centros afectados por la
renovación total o parcial de los conciertos educativos,
figura entre las medidas de recolocación, la contratación como
profesores de apoyo a los centros; que esta explicación es
válida para otra enmienda similar referida a los profesores de
apoyo de la Comunidad Autónoma de Baleares, Ceuta y Melilla y
que, de hecho, se han venido cumpliendo a lo largo de 1993,
efectuando las correspondientes modificaciones en las tablas
de profesores de apoyo.

Yo creo que, sin tocar más estas enmiendas, porque algunas de
ellas ya fueron contestadas ampliamente en Comisión, me remito
a lo manifestado en la Comisión, al tercer acuerdo entre el
Ministerio, los centros y sindicatos y al Decreto 2377/1985
que, por ejemplo, es el que regula el abono trimestral de
otros actos, para los cuales hay una enmienda que pide que
sean mensuales, y que, por razones de liquidez, se hace
trimestralmente, aunque en algunas ocasiones se efectúa
mensualmente. Por tanto, yo creo que ésa es la razón para no
votar las enmiendas referidas anteriormente.

Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya relativas a este
artículo, son enmiendas que se repiten todos los años. Yo creo
que hay una especie de desconfianza al pensar que el texto que
trae el articulado trata con una consideración diferente a los
sindicatos. El hecho de que haya una consulta con los
sindicatos para el pago cuando se firma un convenio con
centros concertados y de acuerdo con las solicitudes que hagan
a las organizaciones empresariales, se consulta con los
sindicatos, pero los titulares son las organizaciones
empresariales titulares de los centros. Ya figura una consulta
con los sindicatos; por tanto, no tiene por qué haber la
manifestación expresa de la conformidad del Sidicato. Además,
esos adelantos son para el pago del profesorado. Siento que de
mis palabras interpretara que íbamos a seguir estudiando sus
enmiendas y que las íbamos a aprobar.

Igualmente, en cuanto a la otra referencia, cuando dice «en
todo caso, con los sindicatos», porque en ese centro puede no
haber sindicato. Esto está establecido así en los acuerdos y,
por tanto, no hay ninguna discriminación. De hecho ha venido
funcionando y ha habido entendimiento sobre las centrales
sindicales y el Ministerio a la hora de regular todos estos
acuerdos con las organizaciones empresariales de centros
educativos concertados.

El Grupo de Izquierda Unida también ha presentado una enmienda
en contra de una modificación de la Ley General
Presupuestaria, en cuanto a la remisión de la cuenta. Lo que
hace el Gobierno es pedir el adelantamiento del envío a la
Intervención General del Estado de toda la documentación que
compone los gastos del Estado, y pasarlo del mes de junio a
abril va en el buen sentido de que se remita toda esa
documentación al Tribunal de Cuentas, que es quien tiene que
mandar los estados consolidados. No sé por qué dicen: además,
adelantar el envío al Tribunal de Cuentas en un mes. No creo
que porque se ponga un mes se va a adelantar más el informe
anual del Tribunal de Cuentas cuando lleva un cierto retraso.

De todas maneras, tiempo habrá de discutir esto porque está
prevista una nueva Ley General Presupuestaria y posiblemente
una ley del Tribunal de Cuentas. Pero, insisto, no sé por qué
ese empeño ahora en modificar, cuando lo que hace el Gobierno,
para dar cumplimiento a las exigencias que pone el Tribunal de
Cuentas de presentar estados consolidados, es autoimponerse
una norma de adelantamiento de esa documentación. A usted le
parece poco y dice que, además, se adelante la fecha al
Tribunal de Cuentas. No le veo razón. Es un tiempo prudencial,
señor Ríos, y no hay razón para modificar esa fecha.

Una norma que establecemos en la Ley General Presupuestaria es
que las empresas públicas y las sociedades mercantiles
remitirán al Tribunal de Cuentas las copias autorizadas del
balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria
correspondiente, así como el informe de gestión y el informe
de los auditores cuando la sociedad está obligada a auditoría;
es decir, se les exije más a las sociedades, que remitan,
incluso, el informe de gestión de los auditores, de acuerdo
con la normativa mercantil aplicable a esa empresa, pero llega
el Grupo Popular y en una enmienda dice que, aparte de eso, se
remita por el Tribunal de Cuentas, que es quien, por
delegación de las Cortes, tiene la obligación de fiscalizar
todo el sector público, al Parlamento, con lo cual las Cortes
se convierten también en fiscalizador de todo el sector
público y nos debe remitir toda la normativa mercantil en
materia contable aplicable a esa empresa, con lo cual, si las
Cortes se convierten en órgano fiscalizador, quitemos al
Tribunal de Cuentas, que es quien tiene que fiscalizar. No
entiendo ese afán de desconfianza de los órganos de los que se
dotan las Cortes para que fiscalicen, tanto por parte del
control externo, Tribunal de Cuentas, como del control



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interno, la Intervención General de la Administración del
Estado. No hay razón, por tanto, para aceptar esa enmienda del
Grupo Popular.

Respecto a la enmienda al artículo quince, es reiterativa. La
presentaron en los Presupuestos de 1992, de 1993 y ahora en
los de 1994. Quieren que haya un conocimiento y un control de
las Cortes de los proyectos cofinanciados por la Comunidad
Económica Europea. En el fondo es eso. Es decir que, antes de
que el Gobierno remita los proyectos a la Comunidad, vengan a
las Cortes para que le den el visto bueno. O sea, toda la
información, la precisión y la documentación del Gobierno,
pero sin la responsabilidad de gobierno, cuando saben que esos
proyectos, por lo menos el Fondo de Desarrollo Regional, son
remitidos por las comunidades autónomas. Es luego el Gobierno
el que tiene que informar y remitir.

Por tanto, no creo que sea necesario ese control y vamos a
rechazar esa enmienda porque no hay razones para efectuar esa
modificación, ya que hay un control por el comité de
seguimiento de la Comisión Europea. Creo que no hay razones
para modificar ese artículo quince, como se empeña el Grupo
Popular con un control más que exagerado de todos los actos
administrativos y de gestión del Gobierno.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Arias-
Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, las
explicaciones que da el representante del Grupo Parlamentario
Socialista son, como todas las explicaciones que puede dar
cualquier Diputado, respetables, pero al final no hay nunca
una contestación directa a lo que se plantea como posición de
otro grupo parlamentario o como enmienda a un aspecto concreto
de lo que afecta a la ley que debatimos en estos momentos.

El Grupo Parlamentario Socialista se niega a aceptar una cosa
obvia y es que la Ley de Presupuestos es el principal
compromiso político y económico del Gobierno de la nación y
que, por consiguiente, en la medida en que es el principal y
primer compromiso político y económico del Gobierno de la
nación es absolutamente imprescindible introducir determinadas
cuestiones en dicho compromiso. Es sintomático de lo que es la
actitud de un Gobierno y de un grupo parlamentario que no
quiere introducir en la Ley de Presupuestos algo tan obvio
como un convenio que el mismo Gobierno ha firmado con un
sector de la sociedad española. Da explicaciones de que si
está aquí, que si está allá, pero el problema no es ése. El
problema es que hay un convenio del Gobierno con un sector de
la sociedad española que contiene una serie de garantías
jurídicas y materiales para ese sector de la sociedad y que es
imprescindible, es lógico y coherente pedir que esas garantías
jurídicas y materiales se introduzcan en la Ley de
Presupuestos del Estado. No hay manera; no se quiere entender;
es expresión de lo que constituye un determinado tipo de
voluntad política.

Y con los famosos proyectos que se quiere someter a control
confinanciados con los fondos comunitarios es una cuestión
concreta, señor Presidente, pero susceptible de
generalización. Uno de los principales problemas que tiene la
política comunitaria de los gobiernos de los Estados miembros
es precisamente el de su control. Hasta tal punto es ello así
que el Tratado de Maastricht ha estado a punto de fracasar
como consecuencia de la permanente desconexión que las
políticas comunitarias de los Estados miembros han tenido en
relación con sus respectivas sociedades y ni más ni menos que
ha estado a punto de darse al traste con el Tratado de
Maastricht.

Cuando se hace un esfuerzo para que la política comunitaria
del Gobierno entre, en alguna medida, por este Parlamento, con
objeto de poder conectar con la opinión pública y de que no se
produzca, como se puede producir, en una situación grave de
crisis, una desconexión absoluta de la opinión pública
española con respecto al proceso de construcción comunitaria,
siempre se nos viene aquí con pejigueras administrativas para
eludir cualquier tipo de debate y cualquier tipo de control.

Naturalmente, así nos va, señor Presidente.

En relación con otras enmiendas de control parlamentario que
hemos presentado con referencia a otro título y que se han
discutido con el Título I y no con el II, yo quiero decirle lo
siguiente. ¿Cómo se puede negar el control parlamentario en un
Estado moderno de la totalidad del sector público incluido el
que está sujeto al Derecho Mercantil, señor Padrón? Es una
postura absolutamente impresentable. Todo el sector público
está sujeto a un control político y, por tanto, al control de
este Parlamento. Y necesitamos la documentación, y yo ya sé
que me va a decir que hay un manejo incesante de papel, pero
yo le he dicho también cuál es la postura del Grupo Popular.

La postura del Grupo Popular no es recibir cantidades ingentes
de papel que no se pueden manejar. La postura del Grupo
Popular es crear en esta Cámara una oficina técnica de control
presupuestario para dar un soporte técnico que permita ejercer
adecuadamente el control político de la política
presupuestaria del Gobierno. Eso es lo que es un Parlamento
moderno. Viaje usted por los parlamentos de los Estados a los
que queremos parecernos y entonces se dará cuenta de que no se
puede eludir en un Estado moderno el control parlamentario de
la ejecución presupuestaria, porque por ese camino vamos muy
mal. Va en desprestigio de la institución del presupuesto; va
en desprestigio de las instituciones del



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sistema democrático y, en definitiva, va en desprestigio del
Estado de Derecho.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arias-
Salgado.

Para un turno de réplica tiene la palabra el señor González
Blazquez, en nombre del Grupo de Izquierda Unida.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy a ser muy breve, señor
Presidente, porque mi compañero, señor Ríos, va a replicar al
resto de las enmiendas.

Estoy --como estaba en la Comisión-- totalmente sorprendido.

Que a una enmienda en la que se pretenda únicamente, sin coste
presupuestario alguno, colocar a los sindicatos al mismo nivel
que a las organizaciones empresariales se diga desde el Grupo
Socialista que somos unos desconfiados..., estoy,
evidentemente, sorprendido. Quiero repetir, en voz un poco más
alta que la usual --no es usual en mí levantar la voz--, para
que se enteren sus compañeros de escaños, lo que está negando
al señor Padrón a los trabajadores y a los sindicatos en
nombre del Grupo Socialista, lo que está haciendo el señor
Padrón.

Señorías, señor Presidente, vuelvo a repetir, lo hice en
Comisión y lo voy a hacer hoy otra vez. Estoy diciendo:
«solicitud expresa de las organizaciones patronales y
sindicales». Quitar la palabra «consulta». ¡Fíjese qué
desconfiado soy! En el otro caso estoy diciendo: «las
organizaciones patronales», y, en luga de decir «en su caso»,
suprimirlo y decir: «los sindicatos» ¡Fíjese qué desconfiado
soy! Es que no quiero tener la sensación de que ustedes, señor
Padrón, han perdido el respeto a los trabajadores y a sus
organizaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Conforme se desgrana la argumentación presupuestaria, uno se
va dando cuenta de cómo faltan argumentos para rebatir las
propuestas o, por lo menos, no entiende las razones que llevan
a no aceptar algunas de las propuestas que hacen los grupos de
la oposición. Quizá sea un defecto nuestro, que no seamos
buenos explicando las bondades de nuestra propuesta. En
cualquier caso, lo que no se puede argumentar es solamente una
parte de las enmiendas que hemos rebatido y no hacer cuenta de
otras y sobre algunas de las propuestas decir que ya hemos
avanzado bastante.

Me dice S.S. que el Gobierno ha tomado medidas para que a la
Intervención General lleguen los papeles antes del 1 de abril
y me pide S.S. también que lleguen al Tribunal antes del 1 de
julio. ¿Para qué?, me dice S.S. Yo le tendría que decir:
¡Hombre!, para la velocidad que está llevando el Tribunal de
Cuentas ¡qué más da que llegue dos meses antes que dos meses
después! Pero yo soy de los que piensa que son manifiestamente
mejorables las condiciones en que funciona el Tribunal de
Cuentas y algún día se tendrá que actualizar. Pero porque el
Tribunal funcione mal no tenemos por qué funcionar mal
nosotros aquí. Por tanto, no es un mes; si saca usted la
cuenta del 1 de julio al 31 de agosto no va un mes, va un
poquito más de un mes. Eso significa que al Tribunal de
Cuentas llegan antes las cuentas y ustedes están en
condiciones de presentarlas aquí también antes, porque antes
de remitirlas no nos las van a mandar a nosotros aquí.

En todo caso, nosotros no queremos transformarnos en
tribunales, no queremos porque tienen que ganarse su jornal
esos tribunales y esas organizaciones que estamos poniendo en
marcha. No queremos suplantar lo técnico. Eso sí, lo político
sí y nos corresponde. No confundan ustedes las churras con las
merinas. El control político, aquí, y los presupuestos tienen
un control político, que no todos son números. Porque detrás
de los números están las valoraciones. ¿Por qué hemos hecho
antes esta carretera que aquel ferrocarril? ¿Por qué hemos
hecho antes esta escuela que aquel hospital? ¿Por qué hemos
dejado de hacer lo otro? Eso tiene una valoración política.

Eso significa valorar los objetivos que ustedes se marcaron y
la capacidad de gestión que han tenido; eso es lo que queremos
hacer aquí antes. Y que los números, a nivel contable, a nivel
de cómo han funcionado, los controle el Tribunal de Cuentas.

No se preocupe, no lo queremos sacar en esas cuentas, pero no
he oído de usted por qué es malo lo que yo le he propuesto de
tener acceso informático a las cuentas que ha hecho la
Intervención General. ¿Por qué es malo? ¿Por qué no es bueno?
Dicho de otra manera, ¿en qué perjudicaría a su Grupo
Parlamentario que en ese ordenador, metiendo una tarjetita, su
portavoz y yo tuviéramos la misma información? Por ejemplo, en
qué se ha gastado, cómo ha funcionado y el nivel de
desagregación; todo ello para saber lo que aquí aprobamos.

Porque si yo le acepto a usted que se gaste en gratificaciones
tanto dinero, no me puede usted decir: No nos lo hemos gastado
en esto, pero nos lo hemos gastado en altos cargos. No; no es
lo mismo capítulo I que cada uno de los artículos de ese
capítulo. No es lo mismo mandarle el dinero a los
ayuntamientos que a las empresas privadas; no es lo mismo
transferir dinero a entes particulares que a empresas
particulares. Nada de eso es lo mismo, y quiero conocer cómo
han gestionado ustedes; eso me daría un conocimiento
presupuestario que ahora mismo no tengo. Si usted me dice que
lo puede conseguir, entonces yo preparo un programa de
ordenador, relleno preguntas y lleno de tramitaciones
parlamentarias un sinfín de actividades. Por todo ello
considero



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que no me ha respondido por qué es mala la admisión de nuestra
propuesta.

Por último, la liquidación del presupuesto. Que conozcamos lo
que han hecho es el abecé de la política. ¿Saben ustedes para
qué queremos saberlo? Para evitarnos a ustedes y a nosotros
que cada año ustedes digan lo mismo; que en 1989 prometan unas
inversiones, en 1990 otras inversiones, 1991 igual, lo mismo
que en 1992 y 1993, y no sepamos, en realidad, cuáles se han
hecho, cuáles quedan por hacer, qué desvían o qué añaden. Por
eso queremos conocer qué han hecho ustedes; eso es la
desagregación al mismo nivel de liquidación de lo que
significan las inversiones. Tampoco me ha dicho por qué no es
buena, por qué no es necesaria esta enmienda, cómo puedo
obtener esa información.

En este sentido, señor Presidente, lamentamos que la voluntad
del Grupo mayoritario no sea añadir, por ley presupuestaria,
mayor rigor y mayor transparencia a la gestión de los
presupuestos, y que no se emplace a una futura reforma del
Reglamento, caso en el que lo podríamos hacer a nivel general
y para otros años. En este presupuesto no va a funcionar
porque el Grupo Socialista no ha querido.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, en nombre del Partido Nacionalista Vasco tiene la
palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.

Las razones que ha expuesto el señor Padrón para rechazar las
enmiendas que presenta el Grupo Vasco en relación a la gestión
de centros docentes son una buena muestra del miedo que tienen
el Gobierno y el Grupo Socialista a la iniciativa social. A
una batería de enmiendas conducentes a evitar una serie de
disfunciones que se están dando en los centros educativos, y
concretamente en relación a la gestión de los mismos, cuando
están sustentadas por un acuerdo entre el Ministerio y los
propios centros afectados, se viene a contestar aduciendo que
ya están recogidas en el propio acuerdo. Sin embargo, desde el
análisis de los presupuestos --no sólo de este Título II, sino
desde el propio Ministerio de Educación y Ciencia--,
cualquiera puede ver que eso no es así, que el Ministerio va a
tener dificultades para poder cumplir ese acuerdo suscrito con
estos centros.

Señor Padrón, nosotros entendemos que los acuerdos, como usted
decía en su intervención en Comisión, son para cumplirlos, y
vamos a ver, en el desarrollo de este propio ejercicio, cómo
el Ministerio va a tener indudables dificultades para ello. En
un momento en el que se habla de ley de mecenazgo, de fomentar
la iniciativa social, etcétera, asistimos a unos presupuestos
cuyo articulado no sólo no da facilidades, sino que pone
trabas. El Grupo Vasco, entre otras cuestiones, ve que este
nuevo espíritu, que debía contagiar la iniciativa social y el
fomento de las actividades de interés general desde la
iniciativa social, no es atendido suficientemente por el
Gobierno y por el Grupo Socialista. Lamentamos que sea ésta la
situación y que enmiendas de este tipo puedan ser rechazadas,
y no sólo por el Grupo Socialista.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri. Tiene la palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, el representante
del Grupo Vasco ha hecho referencia a que quería plasmar en la
ley de presupuestos algunos de los puntos recogidos en esos
convenios. Yo me remito a que la ley de presupuestos tiene que
recoger con detalle todos esos acuerdos, y de la lectura del
artículo trece se desprende una predisposición y un interés;
la propia información que se nos ha remitido por el Ministerio
está en la vía de cumplimiento de esos acuerdos. Yo no he
estudiado a fondo la Sección del Ministerio de Educación y
Ciencia para garantizarle si las cantidades que figuran en los
créditos van a ser posibles, pero en todo caso ese es el
espíritu que se contempla en el articulado de la ley. Ir más
allá sería más de lo que la ley establece.

Respecto al Grupo de Izquierda Unida, yo querría decirle que
le quitara dramatismo al tema de mi contestación a esas dos
modificaciones que aparecen en la ley. No ha sido mi intención
disminuir el papel de los sindicatos ni quitarles el
protagonismo que creo que tienen y que le merecen al Grupo
Socialista a la hora de contemplar lo que dice el texto del
artículo trece. Por tanto, el hecho de que se diga ya
expresamente que para pagar las retribuciones del profesorado
cuando se firma un convenio se está al tanto de las peticiones
de las organizaciones empresariales y en consulta con las
centrales sindicales, creo que es garantía más que suficiente.

Quizá yo desconozca la mecánica de funcionamiento interno de
las organizaciones sindicales dentro del sector de la
enseñanza privada, pero no entiendo que haya una
discriminación y, por consiguiente, no debe poner ese
dramatismo ni ponerme a mí como enemigo de los sindicatos, que
no es ese mi papel ni lo ha sido nunca.

También en cuanto a lo que ha planteado el Grupo de Izquierda
Unida, vuelvo a reiterarle que en ejercicios anteriores no
había cuestionado lo establecido en la Ley General
Presupuestaria en el tema de rendición de cuentas. Como
consecuencia de informes del propio Tribunal de Cuentas, que
pide que las mismas sean presentadas consolidadas en estados
desagregados entre Estado y organismos autónomos, comprenderá
el señor



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Ríos que para presentar una información precisa y necesaria de
ejecución de un gasto de 27 billones, repito, entre el Estado,
organismos autónomos y Seguridad Social, necesita la
Intervención más de dos meses para poder adecuar esas cuentas
y presentarlas ante dicho Tribunal, de forma que no efectúe
críticas innecesarias. Se ha hecho ese adelantamiento en base
a las peticiones del Tribunal de Cuentas, no hay nada oculto,
no hay ningún interés, sino todo lo contrario, que cuanto
antes estén mejor presentadas esas cuentas, mejor podrá el
Tribunal emitir los informes y remitirlos a estas Cámaras para
su conocimiento.

El hecho de que, por primera vez, se modifique la Ley General
Presupuestaria para que las sociedades mercantiles, además de
enviar los balances, la cuenta de resultados y los informes de
auditorías a que están obligadas por ley para que el Tribunal
de Cuentas --que es el órgano fiscalizador competente--compare
y tenga un conocimiento de lo que han hecho otros auditores
externos, e incluso una mayor independencia, tengan la
obligación de remitirlo al Tribunal de Cuentas, está dando
mayores garantías a dicho Tribunal de que, efectivamente, el
análisis de la gestión de esas empresas o de ese sector
público va a ser más exacto. Por tanto, no vemos que se estén
poniendo dificultades para que estas Cámaras controlen o dejen
de controlar. Cualquier presidente de empresa pública,
cualquier responsable financiero de una empresa, la que quiera
que sea, señor Ríos y señor Arias-Salgado, comparece
periódicamente cada vez que un Grupo los ha llamado para
explicar su cuenta de resultados, para explicar el estado de
la empresa y aportar la documentación correspondiente, pero el
sector público es inmenso, y a lo mejor será necesario ponerlo
cuando hagamos la ley general presupuestaria, pero tenga usted
en cuenta que serán toneladas de documentos a manejar por la
Comisión de Presupuestos, y no le exagero, serán, repito,
toneladas de documentos los que constituyan los datos que van
a remitir al Tribunal de Cuentas y que pedimos que se remitan
aquí también.

Por todas estas razones, señor Presidente, nos reiteramos en
lo manifestado anteriormente, y vamos a rechazar las enmiendas
presentadas.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.

Enmiendas al Título III.

Para defender las enmiendas del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Núñez. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, es cierto
que la historia se repite continuamente, pero en algunos casos
se repite con la misma similitud de los seres clonados.

Hace un año menos un día, el 16 de noviembre de 1992, subimos
a esta tribuna, como lo hacemos hoy, a defender, en nombre del
Grupo Popular, las enmiendas de totalidad y parciales al
Título III, Gastos de personal y al Título VIII, Organización
y sistema de gestión económico-financiero del sector público,
así como a las disposiciones adicionales, transitorias y
finales que tienen relación con ellos. Y subimos, como lo
hacemos hoy, pendientes de saber cuál era el contenido real de
los títulos, ya que en una gran parte dependían entonces del
resultado de la negociación con los sindicatos, como dependen
hoy de que se logre o no el pacto social.

Igual que el año pasado, las enmiendas se tienen que formular
a una incógnita; y así lo demostraron los créditos
extraordinarios que el Gobierno, batiendo todos los récord,
tuvo que aprobar en el primer Consejo de Ministros celebrado
en enero de 1993. Igual que el año pasado, según noticias de
última hora, para valorar estos títulos y nuestras enmiendas
deberemos tener en cuenta, a estas alturas del debate
presupuestario, señor Ministro, lo siguiente. Que las
retribuciones de los funcionarios están siendo objeto de
negociación o serán modificadas unilateralmente por el
Gobierno si antes del próximo día 30 no se consigue el pacto
social; que la oferta de empleo público va a ser objeto de
negociación, y de que el resultado de la misma --dice el
proyecto de ley-- depende del pacto social, de lo que
determine la ley de acompañamiento y de cómo pueda ser
aplicada esta última; que la conversión de los funcionarios
laborales en funcionarios de plantilla dependerá de los planes
de empleo aún sin aprobar y sin elaborar, así como de normas
que aún no existen sobre la designación de efectivos y que
también son objeto de negociación, y que el plan de formación
de los funcionarios, tanto en su importe como en su
realización, también será objeto de negociación.

Todo lo dicho supone, en términos parlamentarios, una
verdadera enmienda de totalidad a este Título III y
disposiciones concordantes y, por tanto, deberíamos devolverlo
al Gobierno para que lo rectificara y lo volviese a remitir a
esta Cámara con un contenido que reflejara la realidad y las
consecuencias que se deriven del conseguido o fallido pacto
social. Si no fuera así y las obligadas modificaciones las
hicieran como el año pasado a través de créditos
extraordinarios, el Gobierno añadiría una chapuza más a la
imponente chapuza presupuestaria que repite año tras año y que
hunde en el abismo la credibilidad presupuestaria.

Ante tal falta de previsión, de capacidad negociadora y de
energía y arrojo para tomar decisiones, no podemos por menos
que traer a colación el reciente compromiso firmado por el
Gobierno francés con cuatro sindicatos de la Función Pública
en materia salarial. En síntesis, el compromiso conseguido
antes de enviar los presupuestos al Parlamento recoge una
subida del 4,99 por ciento para 1993 y 1995 sobre la base de
una previsión de inflación para dicho período del



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seis por ciento. Como compensación de esa leve pérdida de
poder adquisitivo, el Gobierno francés se compromete a
reclutar de 7.000 a 10.000 nuevos funcionarios. ¿Qué es lo que
hace difícil, desde la óptica del Gobierno, un acuerdo o
tratamiento similar en España? ¿Tan distintas son las
circunstancias? Veámoslo. Ocurre simplemente que el Gobierno
francés no ha pretendido convertir a los funcionarios en
chivos expiatorios de la crisis, quizá porque el actual
Gobierno francés no tenía por qué sentirse responsable de la
situación económica heredada, al menos en la parte que dicha
crisis puede ser achacada a la equivocada política económica
del Gobierno.

Por contra, el Gobierno español surgido de las urnas del 6 de
junio, que no puede hablar de situación heredada porque se
hereda por tercera vez a sí mismo, pretende mirar para otro
lado, y se permite, por boca de su Ministro de Economía y
Hacienda, reprochar a los españoles no haber tomado conciencia
durante 1992 de la crisis que ya resultaba evidente.

Sonroja recordar las manifestaciones de su antecesor en el
cargo, cuando se le urgía, desde la oposición, a tomar medidas
para afrontar una crisis económica que todos veían menos el
Gobierno de don Felipe González. Y a la hora de eludir
responsabilidades al Gobierno no se le ocurre otra idea más
brillante que culpabilizar a los funcionarios. Según
manifestaciones del señor Ministro de Economía y Hacienda, lo
urgente, y por lo visto en los presupuestos de 1994 lo único,
es atajar el gasto público y reducir el déficit congelando las
retribuciones de los funcionarios y proponiendo medidas de
reordenación y reasignación de efectivos en la Administración
pública, para lo que se crea un nuevo mecanismo de dudosa
eficacia y de discutible legalidad, que pone en peligro
derechos adquiridos por los funcionarios y que se llama planes
de empleo en la Función Pública.

El mensaje subliminal que se traslada a los ciudadanos es que,
junto con los parados y los pensionistas, los funcionarios son
los causantes del desorbitado gasto público y del insostenible
déficit presupuestario.

El Grupo Parlamentario Popular entiende que se trata de un
diagnóstico falso, intencionadamente falso y, sobre todo, de
un remedio tremendamente injusto. Por eso, nuestras enmiendas
tienen un doble objetivo: primero, reparar la injusticia y
aliviar la pesada carga que se impone a los funcionarios, y,
segundo, ofrecer un severo, un auténtico y necesario plan de
austeridad que reduzca el aparato del Estado, controle y
elimine determinadas retribuciones de los altos cargos y
puestos directivos de la Administración, pero los reduzca
considerablemente y sin poner en peligro el funcionamiento y
la eficacia de los servicios públicos.

El Vicepresidente del Gobierno, señor Serra, en unas recientes
declaraciones dijo lo siguiente: el Gobierno ya se aplica la
austeridad; ha congelado el sueldo de los funcionarios. Así,
literalmente, y se quedó tan pancho. Si no fuera un sarcarmo
intolerable parecería un chiste. ¿Dónde está la austeridad que
el Gobierno se aplica a sí mismo en estos presupuestos?
Con motivo de las comparecencias de altos cargos hacíamos las
siguientes preguntas, que no resisto la tentación de volver a
formular aquí ante el Pleno del Congreso de los Diputados:
¿Cuántos altos cargos desaparecen? Ninguno. ¿Cuántos centros
directivos desaparecen? Ninguno. ¿Cuántos organismos públicos
se reducen o eliminan? Ninguno. ¿Cuánto gasto corriente
improductivo se elimina? Prácticamente ninguno. ¿Cuántos
coches oficiales desaparecen? Ninguno. ¿Cuántos contratos de
arrendamiento innecesarios se rescinden? Ninguno. ¿De cuántos
asesores que pueblan la Moncloa prescinde el Presidente del
Gobierno? De ninguno. ¿Dónde está, por tanto, plásticamente
representado un gesto de austeridad que anime a los
trabajadores, a los funcionarios, a los pensionistas y a los
parados a aceptar la suya? En ningún sitio.

Tenemos que eliminar las impurezas del sistema que hacen de
los presupuestos un saco en el que se entra a rebatiña. Estas
palabras tan puestas en razón las pronunció don Felipe
González el 10 de octubre en el Congreso de las Juventudes
Socialistas, sin duda con conocimiento de causa, puesto que es
el máximo responsable de la elaboración y gestión de once
Presupuestos Generales del Estado. ¿Quién entra a rebatiña en
los Presupuestos Generales del Estado? Está claro que quien ha
podido y puede hacerlo, es decir, los gobiernos socialistas.

El primer grupo de nuestras enmiendas --repito-- responden al
primer objetivo, a aliviar la pesada carga de la congelación
total de las retribuciones de los funcionarios, y para ello
nuestras enmiendas proponen un sistema de incrementos que
consiste en aplicar el 3,5 a todas las retribuciones básicas y
el 3,5 al complemento de destino, pero de forma que mejore las
retribuciones más bajas y congele las más altas de acuerdo con
la tabla que figura en una enmienda nuestra al artículo
veinticinco. Todo eso supone un aumento del 1,6 por ciento de
la masa salarial.

En defensa de estas enmiendas queremos hacer las siguientes
consideraciones. Primero, recordar que más de medio millón de
empleados públicos, subalternos, auxiliares administrativos,
etcétera, tienen salarios de 80.000 a 100.000 pesetas al mes,
inferiores a muchas pensiones y desempleos. Justificar la
congelación indiscriminada para todos ellos por la estabilidad
en el empleo es olvidar uno de los principios básicos en que
se asienta la regulación de la función pública: la
imparcialidad del funcionario al servicio de los intereses de
los ciudadanos.

En segundo lugar, subrayar que no existe justificación
económica ni razones de justicia social para imponerles una
radical congelación. Los Presupuestos



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Generales del Estado de los tres últimos años sólo han traído
para los empleados públicos pérdidas de poder adquisitivo y
discriminaciones salariales con el resto de los trabajadores.

En el año 1993, los empleados públicos obtienen una subida de
un 2 por ciento, mientras el sector privado tiene una subida
de un 6,7 por ciento. En 1994, a los empleados públicos se les
impone la congelación, y se permite para el sector privado un
aumento, como mínimo y en principio, del 2,5 por ciento.

Y la última consideración: erradicar la perversa idea de que
los sueldos de los funcionarios son los causantes principales
del déficit público y de que su congelación resultaría
decisiva para el control del mismo. La congelación salarial,
sin otras medidas que no figuran en los Presupuestos Generales
del Estado, volvería a ser de nuevo un sacrificio inútil. ¿Por
qué? Pues porque en el presente año 1993 se subieron las
retribuciones sólo un 2 por ciento y, sin embargo, el déficit
se disparó por otros gastos hasta superar los tres billones
200.000 millones de pesetas, de donde hay que concluir que la
drástica congelación se aplica con exclusivos fines político-
partidistas y para mostrar a la opinión pública incalificables
gestos de austeridad. Los agujeros del déficit están en el
despilfarro, la pésima gestión, los grandes, los gastos de
funcionamiento, la deuda pública, etcétera.

El segundo grupo de enmiendas parciales responde al objetivo
de ofrecer un necesario plan de austeridad, que se compone de
los siguientes elementos.

Primero, congelación drástica de las retribuciones de los
altos cargos y de los parlamentarios. Estos últimos, por
segunda vez consecutiva, defienden y aceptan su propia
congelación salarial, lo que supone una pérdida de 10 puntos
del poder adquisitivo.

Segundo, congelación de retribuciones y riguroso control de
las mismas para los altos cargos y puestos directivos de la
Administración central y de los entes públicos. Los
presupuestos ofrecen, en este sentido, válvulas de escape para
ser burlados. Por eso nuestras enmiendas prohíben la
discrecionalidad y la ambigüedad en la fijación de los
complementos de productividad y el específico que perciben los
subsecretarios y directores generales por encima del mínimo
establecido en los presupuestos. Al mismo tiempo, nuestras
enmiendas fijan un tope máximo para todos ellos, incluyendo en
estas propuestas a los presidentes, vicepresidentes,
consejeros delegados, directores generales, etcétera, de las
empresas públicas a las que se refieren los artículos cinco y
seis de la Ley Presupuestaria.

Tercero, rebajar en un 50 por ciento los gastos de
representación que perciben todos ellos.

Cuarto, eliminar la percepción de dietas y cualquier otro tipo
de retribuciones por asistencia a los consejos de
administración de empresas públicas.

Quinto, prohibir taxativamente los contratos blindados, las
pólizas de seguros y los fondos de pensiones, tal como
prometió el propio Ministro señor Solbes en el debate
celebrado en esta Cámara el pasado 5 de agosto. Sobre esta
enmienda prometió reflexionar el representante del Grupo
Socialista durante el debate en Comisión. Yo espero que haya
reflexionado, que dicha reflexión haya concluido y no que dure
toda la legislatura.

Sexto, eliminar los contratos fuera de convenio que existen en
la Administración, según reconoció en esta Cámara el Ministro
para las Administraciones Públicas, y que contienen
retribuciones muy superiores a las fijadas para puestos
similares en los presupuestos.

Séptimo, reducir los gastos corrientes en bienes y servicios,
tal y como propone la enmienda 416, lo cual llevaría a ahorrar
186.000 millones de pesetas de los 620.020 que se gastan en el
capítulo II, Estado, organismos autónomos y entes públicos.

Para evitar los problemas de distribución de los 434.000
millones restantes, se autoriza al Gobierno a distribuirla
entre los distintos artículos y conceptos del capítulo II,
pero considerando siempre obligatorias las siguientes
reducciones: publicaciones, el 50 por ciento; publicidad y
propaganda, el 70 por ciento; estudios y trabajos técnicos, el
70 por ciento, con lo cual se está impidiendo que se soliciten
a empresas privadas informes y asesoramiento técnico, que
pueden y deben ser realizados por los funcionarios en cada uno
de sus Ministerios. Sólo en estudios e informes, cinco
ministerios llevan gastados en lo que va de año más de 14.000
millones de pesetas. Atenciones protocolarias y
representativas, el 50 por ciento; mobiliario y enseres, el 50
por ciento, etcétera.

Octavo, emplazar al Gobierno, tal y como señala la enmienda
390 al artículo noventa y siete, a que antes del 31 de marzo
de 1994 presente a las Cortes un programa en el que se
contemplen los organismos autónomosy entidades públicas que
debe transformar, suprimir, refundir o modificar, para llevar
a cabo la drástica reducción a que se comprometió en el
programa de convergencia aprobado en marzo de 1992.

Noveno, del mismo modo, antes del 31 de marzo de 1994 el
Gobierno procederá a limitar el número de altos cargos y
puestos directivos en los distintos ministerios, organismos
autónomos y entes públicos, volviendo a los límites máximos
que existían en 1983, cuando todas las competencias estaban en
manos de los Ministerios porque no habían sido trasferidas a
las comunidades autónomas. Aunque parezca mentira, el número
de altos cargos y puestos de alto nivel que había en 1992 ha
seguido creciendo en 1993, según ponen de relieve los datos
suministrados por el Registro Central de Personal del
Ministerio para las Administraciones Públicas, pasando de
6.406 a más de 7.000. Si esto es austeridad, que el señor
Solbes suba y nos lo explique.




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Es necesario --y ya termino, señor Presidente-- poner en forma
el Estado, y para eso hay que adelgazarlo, tanto en la
Administración central como en la periférica y en otros
ámbitos que actualmente ocupa. Un Estado gordo y adiposo como
el nuestro no se mueve con la soltura que las circunstancias
requieren. Michel Crozier se ha atrevido a decir que una
sociedad moderna exige un Estado modesto, consciente de sus
recursos, de su capacidad y de sus limitaciones. Un Estado de
estas características gasta menos, despilfarra menos, y, en
cambio, puede gestionar con eficacia los servicios públicos.

Sobran, pues, razones de fondo para que acepten ustedes,
señoras y señores Diputados de los Grupos Parlamentarios
Socialista y de Convergència i Unió, unas enmiendas tan
moderadas y racionales como las que proponemos en materia de
gastos de personal, que forman lo que hemos dado en llamar
nuestro plan de austeridad.

A la vista de todo lo que hemos manifestado, se impone buscar
las causas reales del despilfarro, del descontrol en el gasto
público y el crecimiento del déficit, y de ponerles remedios
claros, concretos y cuantificados. No sirve mirar para otro
lado, eternizarse buscandosoluciones o satanizar a los
funcionarios, convirtiéndolos en los malos de la película.

Aceptado este planteamiento, conviene reconducir el
tratamiento retributivo de los empleados públicos a sus justos
términos. Deben sumarse al esfuerzo para salir de la crisis,
pero sin cargar con culpas que no les corresponden y sin caer
en la tentación de pretender justificar un mayor grado de
sacrificio en su particular «status», como si tal fuera un
privilegio antes que una exigencia de un Estado de Derecho.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya, señor Presidente.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, pido el voto favorable para las enmiendas
presentadas a estos títulos por el Grupo Parlamentario
Popular.

Muchas gracias. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy
bien, Manolo!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Martínez
Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, puede
parecer que en este Título III se utiliza la demagogia, pero
creo que aquí lo único demagógico es la posición del Gobierno,
que intenta decir que para contener el déficit hay que
congelar los salarios de los funcionarios públicos, y que
también hay que moderar y congelar los salarios de los
funcionarios públicos, y de todos los trabajadores, para crear
empleo. Bastaría atenernos a lo que ocurrido en 1993, con una
reducción drástica del poder adquisitivo de los trabajadores
públicos, para ver que no sólo no se ha producido una
contención del déficit público, sino que se ha disparado.

Igualmente podríamos sacar la conclusión contraria: como ha
habido una congelación, se ha disparado el déficit; aumentemos
mucho el salario a los empleados públicos para que disminuya
el déficit público.

Desde luego, lo que no se ha producido en 1993 por esa
moderción, por esa congelación de los salarios de los
trabajadores públicos, es un incremento del empleo público.

Por tanto, es demagogia, insisto, decir aquí que es necesario
reducir --porque estamos hablando no de congelar, sino de
disminuir el salario real de los empleados públicos,
manteniéndolo en su misma cuantía nominal, pero,
evidentemente, disminuyéndolo en términos reales--; que es
preciso disminuir, repito, el salario de los funcionarios
públicos para poder crear empleo y para poder contener el
déficit.

Pero, ¿de qué salarios estamos hablando? Ya se ha hecho alguna
referencia. En nuestra Administración pública hay trabajadores
que se llevan cada mes a su casa 600.000 pesetas, y también
hay trabajadores que se llevan, netas, 60.000 pesetas. ¿Es
justo que se produzca una congelación, una reducción de los
salarios de todos los trabajadores públicos por igual?
¿Cuántos cientos de miles --porque son varios cientos de
miles-- de trabajadores públicos ni siquiera llegan a lo que
llegan algunas pensiones o, incluso, algunas prestaciones por
desempleo, trabajando en la Administración pública?
Por todo ello nosotros creemos que es demagogia, que es una
frivolidad el tratar a todos los trabajadores por igual. Sin
embargo, creo que lo que SS.SS. conocen es que en 1993,
produciéndose una disminución del poder adquisitivo mediante
un incremento del 2 por ciento de las retribuciones de los
empleados públicos, inferior a la inflación, no todos los
trabajadores públicos han sufrido esta restricción. Para
determinados altos cargos, determinados niveles --en el caso
de los funcionarios los superiores al nivel 28--, por una
serie de métodos --y aquí también se ha señalado alguno--, los
complementos de productividad, las gratificaciones en 1993, no
sólo sus retribuciones no han disminuido en relación a 1992,
sino que se han incrementado y que en los presupuestos que
ahora vemos para 1994 se propone de nuevo incrementarlas. Una
serie de colectivos, pequeños en número, son los que se han
podido permitir el lujo de escapar a esta disminución del
poder adquisitivo de los trabajadores públicos. No se han
podido escapar los de 60.000, los de 70.000, los de 80.000
pesetas al mes; se han podido escapar, por desgracia, las



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retribuciones más altas dentro de la Administración. Eso es
demagogia, señor Ministro.

Se trae aquí un proyecto de ley en un momento en que están
abiertas, efectivamente, las negociaciones. Incluso el
Gobierno ha hecho expresamente un chantaje a las fuerzas
sindicales diciéndoles que sólo si se alcanza un pacto de
renta sería revisable esta disminución de las retribuciones de
los empleados públicos. Se ha colocado a los trabajadores en
esa tesitura de que si se alcanza el pacto de renta habrá una
situación mejor para los empleados públicos.

Yo creo que en este país se habían conseguido algunas cosas en
los últimos años, no por voluntad graciosa del Gobierno, sino
por la lucha de los trabajadores y de los sindicatos. En
primer lugar, que la negociación colectiva es fundamental para
las retribuciones. La tenían las empresas privadas y en el
sector público la negociación sindical ha sido una conquista.

Otra conquista de los últimos años han sido las cláusulas de
revisión para mantener el poder adquisitivo. Este Gobierno,
simultáneamente a esa mesa de negociación donde dice que
quiere llegar a acuerdo con las fuerzas sindicales de este
país, nos propone un proyecto que coloca el punto de partida
años atrás, en el que no hay negociación colectiva para los
empleados públicos --o lo tomas o lo dejas--y en el que
tampoco hay cláusulas de revisión. Y cuando las había, como en
el año 1993, se han pisoteado sistemáticamente.

Eso es lo que tiene que analizar esta Cámara: si es razonable,
si es justo someter a los empleados públicos, por segundo año
consecutivo, a una disminución de sus rentas; si eso realmente
va a tener efectos sobre el déficit --ya hemos visto que en el
ejercicio 1993, no--; si tiene sentido que eso tenga efectos
negativos y no positivos sobre el empleo público.

Pero, señorías, incluso podríamos hacerlo desde el punto de
vista interno de la Administración. ¿Creen SS.SS. que se puede
proponer a los funcionarios, a los empleados públicos, que
estén motivados a una reforma de la Administración pública --
es fundamental en este país afrontar ese reto, pues llevamos
varios años de retraso--, que intervengan en la modernización
de la Administración pública con este panorama, con esta
situación de partida?
El proyecto de ley --ya lo señalamos el año pasado-- en virtud
de un artículo de la Constitución con una supuesta intención
de planificación y de coordinación de las administraciones, no
se contenta con disminuir el poder adquisitivo de los
funcionarios de la Administración central, sino que abarca
también a las comunidades autónomas y a las administraciones
locales. Insisto que en una pretendida coordinación y
planificación. Qué más quisiera Izquierda Unida que,
precisamente porque hubiera planificación y coordinación, se
pudiese establecer este tipo de medidas. Pero es demagogia
decir que se está haciendo una planificación en este país, en
España, que se está procediendo a una coordinación de las
políticas entre las diferentes administraciones y que en
virtud de eso se congela y se disminuye también el salario de
los empleados públicos de las administraciones autonómicas y
locales.

Señorías, no hay por donde coger este título, y ahí están
nuestras enmiendas que van de la 1.277 a la 1.297. No va a
resolver el déficit de las administraciones públicas; va a
desmotivar a los funcionarios; pisotea la autonomía de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales; y no va
a crear nuevo empleo, ni público ni privado, simplemente va a
reducir las rentas de los trabajadores públicos. Como siempre
decimos --es una ley física--que ni se crean ni se destruyen
las rentas, sino que se trasvasan de unos a otros, lo que hay
que preguntar es a qué manos, a qué bolsillos van estos
cientos de miles de millones de pesetas de rentas que los
empleados públicos dejan de percibir.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco, ante el Título III,
gastos de personal al servicio del sector público, ha
presentado una enmienda al artículo veintiuno del proyecto de
ley, que viene a regular los aspectos relacionados con los
gastos de personal al servicio del sector público para el año
1994. Hay varios aspectos que queremos destacar.

En primer lugar, establece la congelación salarial, contención
que viene a solucionar en parte los gastos públicos, desde el
punto de vista del Gobierno. En segundo lugar, establece la
adecuación de estas medidas en los acuerdos, convenios o
pactos realizados hasta ahora. En tercer lugar, limita la
convocatoria de plazas para ingreso de nuevo personal, salvo
en casos excepcionales. En cuarto lugar, traslada estos
criterios a los presupuestos generales de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales. Finalmente,
establece qué se entiende por sector público a los efectos de
este artículo.

Nuestro Grupo Parlamentario entiende que este precepto afecta
a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y a su
capacidad de gestión y negociación con los agentes sociales,
ya que, si bien la autonomía financiera ha de sujetarse a los
principios de coordinación con las haciendas estatales, los
presupuestos no es la vía adecuada, sino el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y el Consejo Superior de la
Función Pública, puesto que de esta forma se limita a las
comunidades autónomas y a los entes locales la capacidad



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de gestionar su propia política de personal y de negociación
en los pactos en los acuerdos establecidos. Creemos, asimismo,
que el Estado no debe imponer, de una forma concreta y
determinada, las leyes de presupuestos a las comunidades
autónomas ni a las corporaciones locales.

Estos aspectos, por otra parte, están suficientemente
recogidos en la justificación de la enmienda que hemos
propuesto, por lo que hemos establecido la supresión de las
letras b) y c) del artículo veintiuno que determina qué
constituye el sector público, las administraciones de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales, así como
del apartado 5 de este artículo, que obliga a recoger
expresamente los criterios señalados en los presupuestos
generales de las comunidades autónomas y de las corporaciones
locales.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo. Para su
defensa, tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, creo que la enmienda 118 que presenta Unión
Valenciana al Título III es suficientemente conocida por todos
ustedes. Es posiblemente una de esas enmiendas que, cuando un
Diputado la presenta, no sabe el alcance que puede llegar a
tener, pero, naturalmente, está hecha con plena conciencia,
sabiendo aquello que se hace y entendiendo que forma parte de
las obligaciones de un Diputado o de un gobernante estar con
su pueblo, con los ciudadanos, en todos y cada uno de los
momentos y de acuerdo con las circunstancias actuales.

Hoy vamos a tomar aquí muchas decisiones que afectarán a
millones de ciudadanos y hay una que nos afecta a nosotros,
una enmienda que dice textualmente: Adición del apartado cinco
del artículo veinticuatro, que deberá quedar redactado como
sigue: «Las retribuciones íntegras para 1994 de los altos
cargos --Presidente del Gobierno, Vicepresidente del Gobierno,
Ministros del Gobierno, Secretarios de Estado, Subsecretarios,
Directores Generales y asimilados-- se reducirán en la cuantía
de un 10 por ciento.» Añade que esta misma reducción «se
aplicará a los Diputados y Senadores de las Cámaras Baja y
Alta, respectivamente.»
Yo sé que no va a solucionar el problema que estamos
atravesando en España. Yo sé que los problemas de millones de
españoles no se ven solucionados con la aprobación de esta
enmienda, pero sí sé que la aprobación de la misma puede
llevar a todos a demostrar la sensibilidad y la coherencia con
medidas que se están tomando.

Esta tarde, hace unos momentos, diversos grupos políticos han
hablado de los gravísimos problemas que tiene nuestro país,
han utilizado en muchas ocasiones la palabra demagogia --creo
que no será está la última vez que se haga-- y se han quejado
al mismo tiempo de ese bajo poder adquisitivo en el que
estamos sumiendo a una serie de colectivos y personas que
pertenecen a las clases más desfavorecidas del país. Estamos
tomando decisiones de ajustes salariales, reducciones de
pensiones, estamos en unos momentos en los que se habla y se
escribe mucho del pacto social pero no sé hasta dónde,
señorías, no lo sé aún, estamos dispuestos a aportar nuestro
grano de arena. Yo lo he dicho en muchas ocasiones: creo que
los sueldos del Gobierno, del Ejecutivo del país no son malos.

Creo que el sueldo de los Diputados y de los Senadores no es
ningún gran sueldo. Seguramente es el más bajo de todos los
países de la Comunidad Económica Europea, pero también habría
que analizar qué salarios tienen estos mismos ciudadanos en
los distintos países.

Señorías, un sacrificio es lo que yo pido, un sacrificio que
sinceramente creo que no condena a nadie a mandar a sus
familias a comer a una casa de caridad, ni mucho menos a
intentar que se pida limosna. En realidad, estoy pidiendo en
dinero, en pesetas constantes, una reducción de 25.000 a
30.000 pesetas. Fundamentalmente, lo que estoy pidiendo es un
gesto, un gesto de cara a un pueblo, a una sociedad que se
encuentra en estos momentos muy, muy perjudicada.

Sus señorías harán aquello que consideren oportuno.

Naturalmente, estamos en democracia y, por tanto, todo es
permisible. Lo cierto es que esto no es nuevo en esta Cámara,
ya lo pronuncié en mi discurso en el debate que tuvimos con el
señor Presidente, a quien dije que tenía que mirar y ver si no
éramos nosotros los que teníamos que dar ese ejemplo. Entonces
oí palabras del propio Presidente del Gobierno en este sentido
y también escuché de parlamentarios representantes de los
grupos políticos palabras similares en estos mismos términos,
quizás porque todos pensaban que no llegaría el momento. Está
aquí y ahora ustedes tendrán que obrar en conciencia y hacer
aquello que crean oportuno.

Yo no pretendo otra cosa que estar con el pueblo que, vuelvo a
repetir, atraviesa por una grave circunstancia de la que
naturalmente yo no me siento responsable puesto que no he
gobernado, pero sí me siento corresponsable al pertenecer al
grupo político que hoy está dirigiendo los destinos de la
nación en su forma jurídica, en su forma legislativa, desde
esta Cámara. (Rumores.)
Tomen ustedes aquello que consideren oportuno. Si creen que la
solidaridad no se practica inicialmente por uno, voten ustedes
que no. Si ustedes creen que la solidaridad comienza por uno
mismo, voten ustedes que sí. Yo les ruego que lo recapaciten,
que lo piensen, y que veamos si entre todos no sería bueno un
gesto hacia todos los ciudadanos, de los diputados y senadores



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y, naturalmente, del Ejecutivo, del Gobierno, para que vieran
cuando hablamos de crisis estamos hablando de coherencia
porque actuamos con ella misma. Señorías, pretendo --por lo
menos, para mí-- hacer buenas las palabras progresismo y
solidaridad con esta enmienda. Sus señorías tienen la palabra.

(El señor Hernández Sito: Devuelve lo que has cobrado sin
venir. Esas no son medidas.) (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (El señor Hernández
Sito: Demagogo. Devuelve lo que has cobrado cuando no has
venido. Está mintiendo.)
Silencio, señorías. (Rumores.) (El señor Hernández Sito:
¡Después de lo que has cobrado...!)
Silencio, señor Hernández Sito.

Turno en contra. (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Morlán. (El señor Hernández Sito: ¡Con lo que
has cobrado sin venir!) Silencio, señor Hernández Sito. (El
señor Hernández Sito: Está mintiendo.) ¡Silencio, señor
Hernández Sito! Le llamo al orden. (Continúan los rumores.)



El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, tomo la palabra para fijar la
posición de mi Grupo respecto a las enmiendas al Título III,
que han formulado en los últimos momentos diversos grupos de
la Cámara.

Empezando por el señor Núñez, que gracias a su verbo
grandilocuente y estentóreo nos viene a decir más o menos lo
mismo que todos los años, con el grado y la dosis de
incoherencia que viene manteniendo en los últimos debates
sobre este tema, he de decirle algunas cosas.

Señor Núñez, su historia ha sido bonita. Referirse a cómo
funcionan en Francia ha sido un planteamiento muy acorde con
la defensa que hacen ustedes del gobierno que en estos
momentos está gobernando aquel país, pero lo que usted ha
dicho sobre ese gobierno y sobre ese país no tiene nada que
ver con lo que aquí está pasando. Quiero rechazar la
permanente mención de que nosotros y el Gobierno decimos que
los parados, los pensionistas y los funcionarios son los
causantes del déficit público. Eso no lo hemos dicho nunca.

(Rumores.) No lo hemos dicho nunca, señorías. Que apostemos
por una congelación de las retribuciones, como hicimos el año
pasado, es un signo que los funcionarios, cuando se les
explica bien, entienden perfectamente.

Hacía S.S. referencia a cuál había sido la retribución de los
funcionarios en los últimos años y la pérdida de poder
adquisitivo que habían tenido. Pues bien, en 1989 la
retribución media de los empleados públicos, que están
incluidos en la mesa de negociación, experimentó un incremento
del 8 por ciento, cuando el IPC estuvo en el 6,8 por ciento.

En 1990, experimentó un aumento del 10 por ciento sobre 1989,
cuando el IPC estaba en el 6,7 por ciento. En 1991, fue de un
9,9 por ciento, cuando el IPC estaba en el 5,9 por ciento. Y
en 1992 fue de un 8,6 por ciento, cuando el IPC estaba en el
5,3 por ciento. En 1993 propusimos una congelación de salarios
y retribuciones incluyendo, como después diré, a los altos
cargos de la Administración y a los diputados y senadores.

Señor Núñez, a nosotros también nos gustaría que las
retribuciones de los funcionarios pudieran subirse. Cuando a
usted y al señor Martínez, de Izquierda Unida, les oigo hablar
con esa terminología que están utilizando, de nuestra
demagogia, del chantaje --como ha dicho el señor Martínez, que
parece que el chantaje es igual a la negociación, según su
versión--, de que si estamos pisoteando a los funcionarios...

Se están utilizando en esta Cámara insinuaciones, comentarios,
fuera de tono, fuera de lugar, que en nada responden a lo que
debe ser el respeto parlamentario que nos debemos todos
nosotros. Y más porque aquí estamos utilizando a un colectivo
de personas de este país como arma arrojadiza contra el
Gobierno y contra el Partido que lo apoya, con datos falsos.

Están hablando de los complementos de productividad, de que si
han subido muchos estos complementos en los altos cargos. Los
subsecretarios tienen un complemento de productividad que está
en torno a los 2.800.000 pesetas, que no varía para ninguno de
los existentes en los distintos Ministerios. Los directores
generales, que son el otro equipo de altos cargos al que
ustedes atacan de forma enfervorizada, tienen de media una
percepción de complemento de productividad de 1.947.000
pesetas. Aún más: en lo que son los Ministerios, ha bajado la
productividad un 3 por ciento. En los organismos autónomos ha
subido de 10.171 millones de pesetas a 10.247 millones de
pesetas. En los entes públicos ha bajado de 4.700 millones de
pesetas a 4.200 millones de pesetas. En la Seguridad Social ha
subido la productividad porque ha habido reformas en lo que
han sido las estructuras sanitarias, y en 1994 se prevé un
aumento de productividad de 4.000 millones para situarla en
79.400 millones de pesetas. Y estas cifras son las que ustedes
están criticando como auténtico despilfarro, como auténtico
descontrol, como que estamos haciendo una gestión al frente de
la Administración que es caótica, y que con ello pretendemos
decir que del déficit público los únicos responsables son los
funcionarios. ¡Sean serios! Me parece que el déficit público
(y yo no soy un especialista en economía) obedece a múltiples
factores, y alguno de ellos tienen muy poco que ver con esto.

Lo que sí es cierto es que, si desde la Administración
Pública, desde la Función Pública se genera un ejemplo en
cuanto a la congelación de las retribuciones, a lo mejor
estamos dando un paso importante para que en el sector privado
la moderación



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salarial que predicamos, la moderación salarial que todos
queremos, sea una realidad.

En cuanto al conjunto de enmiendas que ustedes presentan (a la
totalidad y parciales), en contra de lo que ustedes dicen --
por eso no podemos apoyarlas--, pensamos que tiene que haber
un mínimo respeto a la técnica presupuestaria. Si se pretende
aumentar el gasto mediante un aumento de las retribuciones,
como ustedes están solicitando, del 3,5 por ciento, lo lógico
es que nos dijeran de dónde sale esa cantidad suficiente para
atender ese aumento o incremento de gasto. Porque, una de dos:
o se detrae de otras partidas, y el presupuesto no es
únicamente el Título III y la Sección 22, el presupuesto es el
conjunto de todos los departamentos ministeriales, y, por
tanto, el conjunto de todos los ingresos y gastos del Estado;
o se propicia un aumento de los ingresos; o se aumenta el
déficit.

Nosotros pensamos que esa repercusión negativa que tiene el
gasto público hay que evitarla. Desde luego, de lo que sí
somos conscientes es de que si aceptamos sus enmiendas esa
repercusión se produce, sin lugar a dudas. ¿O es que ustedes
piensan que a nosotros no nos gustaría que los funcionarios
pudieran percibir mayores retribuciones? ¿Ustedes creen que
nosotros somos una especie de verdugos, que nos gusta castigar
a nuestros ciudadanos? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos
esas ganas de pasar, a veces, los malos tragos que se pueden
pasar si no es porque estamos mirando los intereses generales
del Estado? A nosotros nos gustaría que eso pudiera hacerse,
pero cuando se está observando el conjunto de la nación,
debemos ser más serios y más responsables y, por lo tanto,
tenemos que adoptar medidas y políticas encaminada a que ese
control del gasto se produzca, con la finalidad de que el
déficit público, del que todo el mundo hablamos, sea menor.

Hay un dato que también expuse en Comisión. Ustedes solicitan
un aumento de 3,5 puntos. ¿Saben cuánto cuesta un punto? Yo
dije que eran 53.000 millones de pesetas y un representante
cualificado del Partido Popular me replicó que era todavía
más, que eran 54.000 o 55.000 millones de pesetas.

Multiplíquenlo por 3,5 veces y verán lo que supone ese 3,5 por
ciento que solicitan en sus enmiendas. Por ello, lo que
nosotros planteamos es que hay que mantener la misma cuantía
de las retribuciones básicas y complementarias, de carácter
fijo y periódico y que hay que mantener los créditos globales
idénticos para las complementarias no fijas y periódicas.

Desde luego, lo que es cierto es que la contención del gasto
público implica la supresión de cláusulas de revisión. Con
todo esto, veríamos con muy buenos ojos, como es lógico, que
ese pacto de rentas, ese acuerdo con los sindicatos fuera una
realidad y, en la medida en que eso supondría buscar fórmulas
que equilibraran un aumento de las retribuciones con una
disminución en otros conceptos, se tendería a lo que está
planteando el Gobierno desde el primer momento, que es la
contención del gasto público. Con esta explicación que he dado
a las enmiendas de carácter general están contempladas todas
aquellas que tienen algo que ver con el aumento de las
retribuciones.

Quiero hacer una especial mención a una enmienda del Partido
Nacionalista Vasco y de Izquierda Unida respecto a la
aplicación del artículo veintiuno del proyecto de ley de
presupuestos. Tenemos que rechazarla porque, en principio,
tenemos el apoyo constitucional necesario para afirmar que los
planteamientos que estamos haciendo en este proyecto de ley
gozan del apoyo del más alto Tribunal de este país. Me imagino
que cuando el Tribunal Constitucional falla a favor de unos y
en contra de otros, será lo mismo que cuando falla a favor de
los otros y en contra de los primeros, porque habrá que
respetar las sentencias tanto en una como en otra dirección.

Además de este respeto a las sentencias tiene que haber, y es
necesario que haya, una permanente labor de coordinación y una
forma de planificación general de lo que ha de pasar en este
país en materia de retribuciones en los puntos a los que
afecta el artículo veintiuno. Izquierda Unida solicita la
supresión del artículo veintiuno, número tres y nosotros
creemos, creo, que ese apartado se defiende por sí mismo.

Sinceramente, cuando vi la enmienda, me quedé extrañado y
pensé: ¿Dónde está el gato encerrado? ¿Cuál es el problema?
¿El problema es que lo dispuesto en el apartado anterior debe
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que
con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo? ¿Por la variación
del número de efectivos asignados a cada programa o por el
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo?
Está perfectamente explicado que ésta es una situación
comprensible, que está en perfecta concordancia con la
autofinanciación de las comunidades autónomas, con la
responsabilidad que tienen las comunidades en orden a sus
sistemas retributivos y, desde luego, para lo que ha de ser el
conjunto de los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto al número de altos cargos, al que hacía referencia
el señor Núñez y que es el eterno debate, la eterna enmienda
del señor Núñez, nunca nos pondremos de acuerdo porque primero
nos tendremos que sentar algún día a ver qué son altos cargos
y entonces hablaremos, porque los datos que me da ahora no son
los que me dio el año pasado. Yo sí le tengo que decir que lo
que nosotros consideramos altos cargos, en el Gobierno hay
409: 18 ministros, 22 secretarios de Estado, 317 directores
generales y 52 subsecretarios y secretarios generales; es
decir, 409. Y hay 1.170 subdirectores; por cierto, 15 menos
que en el ejercicio anterior. Yo creo que usted me podrá dar
los datos que estime oportunos. Yo tengo los que a mí me se
han facilitado



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y que pienso y afirmo que responde a la realidad. Ya digo que,
a lo mejor, este debate a veces es estéril, porque, primero,
tenemos que ponernos de acuerdo usted y yo en qué se comprende
por alto cargo y qué tipo de retribución, de status hay que
aplicarles en la Función Pública.

Quiero hacer referencia, por último, a la enmienda planteada
por el señor González Lizondo. Efectivamente, señor González
Lizondo, usted da la impresión de que ha destapado la caja de
los truenos en este país con esta enmienda, y yo creo que hay
que ser serios. Señoría --se lo dije en Comisión también--,
éste va a ser el segundo o tercer año que los Diputados y
Senadores congelan sus retribuciones; éste va a ser el segundo
o tercer año que los miembros del Gobierno congelan sus
retribuciones. Su enmienda tiene una dificultad con dos
aspectos muy importantes, que son de fondo, no se trata
únicamente de lo que supone la reducción de ese 10 por ciento.

Yo creo que usted está en una situación muy buena, muy
positiva para hacer este tipo de enmiendas. Sin embargo, creo
que hay muchos Diputados que, a lo mejor, no lo estarían
igual. Usted goza de una situación económica ciertamente
envidiable.




El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, le ruego evite utilizar
argumentos ad hominem y se atenga, en la contestación a la
enmienda, a los términos de su contenido.




El señor MORLAN GRACIA: De acuerdo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por otra parte, haga un esfuerzo por
concluir.




El señor MORLAN GRACIA: Lo haré, señor Presidente.

No le vamos a aceptar, señor González Lizondo, la enmienda que
ha planteado, porque existe otro elemento en el fondo de su
planteamiento que yo pensaba que estaba superado; es decir,
nosotros pensamos que en la Función Pública, la
responsabilidad pública, la responsabilidad política no tiene
por qué estar sujeta a disponer de una mayor seguridad
económica detrás, sino que tiene que responder a que las
retribuciones o salarios que perciban los cargos públicos
tienen que ser lo suficientemente importantes como para
atender sus necesidades y para desarrollar con la mejor de las
voluntades y, desde luego con la mayor eficacia posible sus
responsabilidades. Yo creo que este tipo de propuestas no trae
consigo, en modo alguno, no ayuda a recuperar ese respeto
hacia la clase política en el que todos pensamos. Nosotros
pensamos que esto es pan para hoy y hambre para mañana, y,
desde luego, la actitud ejemplar que debemos tener hacia la
sociedad es una actitud en la que, junto a un mantenimiento de
las retribuciones como tenemos ahora, tiene que haber un
esfuerzo en nuestro trabajo como Diputados, como Senadores y
como miembros del Gobierno; tiene que haber un esfuerzo que se
note en la sociedad, porque tenemos que estar al día de todos
los problemas que tiene la sociedad, que tienen los distintos
colectivos. Tenemos que tener una dedicación exclusiva a la
Función Pública, a la responsabilidad pública; tenemos que
hacer todo lo posible para que las asociaciones, los vecinos,
los ciudadanos tengan las puertas abiertas de nuestras casas,
de nuestro partidos, para hacernos partícipes de sus problemas
y de sus inquietudes. Y nuestra labor ejemplarizadora no viene
por lo del 10 por ciento, que, como muchos han dicho, es el
chocolate del loro; no. Viene por nuestro trabajo, viene
porque la sociedad sepa que nosotros estamos trabajando y que
continuaremos trabajando en beneficio y en defensa de todos
sus intereses.

Pienso --con esto acabo, señor Presidente-- que con todo este
tipo de actuaciones estamos haciendo que caiga y se mantenga
sobre nosotros una duda, que estoy seguro que debería estar en
otros tejados, porque pienso que la generalidad de la clase
política somos un conjunto de ciudadanos que actuamos y
trabajamos con seriedad y honestidad en defensa de los
intereses colectivos. Yo quiero luchar en beneficio de eso.

Desde luego, lo que no me gusta es que haya planteamientos de
este tipo que ponen sombras de duda sobre lo que yo pienso de
cómo ha de trabajar la clase política.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.

Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor
Morlán, es usted tan pacífico y derrocha tanta cordialidad que
rebaja casi totalmente mi natural carácter pendenciero. Por
tanto, voy a ver si también le trato con la mayor cordialidad.

Nosotros no persistimos en el error, persistimos en la
denuncia del mismo error, es decir, en el pésimo
funcionamiento de las administraciones públicas, y claro, nos
sale lo que nos sale, lo de siempre, lo de casi todos los
años, pero es un pie de verso con el que tenemos que
versificar que nos lo dan hecho, no lo elegimos nosotros.

No sé por qué le ha molestado la cita o el recuerdo del éxito
alcanzado por el Gobierno francés con los sindicatos de la
Función Pública de aquel país. Lo he traído aquí,
sencillamente, para compararlo con el desbarajuste de la
negociación del pacto social y porque lo ocurrido en Francia
es un dato que puede servirnos de ejemplo. En todo caso, debe
ser un dato a tener en cuenta. Desde el ámbito parlamentario,
no nos parece legítima esta especie de espada de Damocles,
pendiente sobre los funcionarios de los negociadores



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en el pacto social. Si los sindicatos son razonables, viene a
decir el Gobierno, los funcionarios encontrarán satisfacción
parcial a sus demandas de incrementos salariales; si no lo
son, que los funcionarios no culpen al Gobierno, sino a sus
representantes sindicales, quienes, con su intransigencia en
el pacto social, han hecho inviable la mejora de sus
retribuciones. No encuentro otra lectura para lo que está
ocurriendo en estos momentos.

Otra cosa, la subida de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular suponen para las retribuciones el 3,5 por ciento, y
eso suma, aproximadamente, 59.400 millones de pesetas. Si
quiere usted, le desarrollo la fórmula como lo hice en
Comisión. Creo que no es necesario. La entendió usted muy
bien. Eso supone, exactamente, el 1,6 por ciento de aumento de
la masa salarial. Para aceptar esto, debe usted recordar que
los dos puntos de subida del año pasado supusieron un crédito
extraordinario de 80.000 millones de pesetas. Por tanto, las
cuentas encajan perfectamente y están dentro, también, de la
técnica presupuestaria más exquisita, porque, al mismo tiempo,
pedimos una rebaja considerable en el capítulo de gastos
corrientes, por un importe de 186.000 millones de pesetas, que
da, con mucho, para pagar los 59.400 millones.

Pero, a pesar del 1,6, a pesar de la subida del 3,5 por ciento
que pedimos y que piden otros grupos, los funcionarios siguen
perdiendo, un año más, poder adquisitivo. Se lo voy a
demostrar. No juegue usted con esas cifras que le dan. Ha
dicho, con absoluta sinceridad --yo lo aplaudo-- que se las
han dado. Pues dígales que le den las buenas. Para demostrar
cómo lo han perdido estos últimos años hay que utilizar los
datos que publica el Instituto Nacional de Estadística y
compararlos con las leyes anuales de presupuestos. De acuerdo
con todo ello, entre 1984 y 1993, el incremento de las
retribuciones del personal al servicio de las administraciones
públicas ha sido del 49 por ciento. Tengo aquí las medias
salariales para todos los niveles. Y en el mismo período, el
salario mínimo ha pasado de 34.740 pesetas a 58.530, con un
incremento del 68 por ciento. El IPC --fíjese que fácil lo
tiene, repito, en los libros que publica el Instituto Nacional
de Estadística-- ha pasado del índice 60,1 al 103,2, con un
incremento del 71 por ciento. Es facilísimo hacer las cuentas.

Han perdido poder adquisitivo.

El Gobierno viene afirmando --y lo afirma usted en su nombre
ahora-- que la masa de los funcionarios ha crecido en mayores
porcentajes. Está en los cierto. Pero lo que no dice es que
ello se debe a la inflación de altos cargos y puestos
directivos: subdirectores generales, subdirectores generales
adjuntos, consejeros técnicos, jefes de área, etcétera, y a
los complementos específicos y de productividad que se fijan
en las relaciones de puestos de trabajo para reclasificar
determinados puestos de libre designación. La mayoría de los
empleados públicos no se han visto beneficiados por estos
incrementos de la masa salarial y han perdido, repito otra
vez, poder adquisitivo.

Y cuando proponemos en las enmiendas que conforman el plan de
austeridad la reducción de gastos corrientes sabemos muy bien
lo que estamos haciendo y sabemos muy bien que con eso no
merma para nada la eficacia de los servicios públicos. Se lo
voy a demostrar con un ejemplo. Si ustedes repasan, como yo he
repasado, los boletines oficiales del Estado desde el día 1 de
febrero a 1 de agosto de 1993 --los tengo aquí en fotocopias--
encontrarán cientos y cientos de adjudicaciones directas de
informes de asistencia técnica a empresas particulares que
podían ser realizados perfectamente por los funcionarios. Por
lo tanto, si nosotros pedimos que de esa cantidad se reduzca
el 70 por ciento, estamos diciendo que no les pasa nada a los
ministerios que tienen estas cantidades para encargar a
empresas privadas informes que --repito-- pueden y deben hacer
los funcionarios. Si quiere, le pongo ejemplos, pero me da la
sensación de que tengo que emplear el tiempo en contestarle a
otras cuestiones.

Otras cuestiones son, y ya termino, señor Presidente, las
siguientes. Dice usted que los altos cargos, puestos de alto
nivel y puestos directivos son los que son, es decir,
cuatrocientos y pico, porque no nos entendemos en lo que son
altos cargos. Sí nos entendemos. Los altos cargos como tales
son los que cita así la ley de presupuestos, es decir,
ministros, vicepresidente --presidente por supuesto--,
secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y
asimilados. Pero es que además hay unos puestos directivos de
libre designación, con carga política, con libres
designaciones, repito complementos de productividad, etcétera,
otros contratados fuera de convenio, que se llaman:
subdirectores generales; subdirectores generales adjuntos;
jefes de área, asesores técnicos, etcétera. Y éstos son los
que han crecido otra vez en 1993, a pesar de que ustedes el
año pasado prometieron que congelarían esta cantidad. He
pedido por escrito al Gobierno que me conteste a esta pregunta
ministerio por ministerio. Las preguntas ya han sido, muchas
de ellas, respondidas. El otro día en Comisión le leí
literalmente algunas, las correspondientes a algún ministerio.

Le cito hoy la que corresponde a un Ministerio que debería ser
ejemplo de cómo tendría que reducir los puestos de alto nivel
o los directivos: el Ministerio para las Administraciones Públicas.

En enero de 1992 había 65 subdirectores generales; en
septiembre de 1993, 68. Subdirectores generales adjuntos, en
1992, 26; en septiembre de 1993, 30. Consejeros técnicos, en
enero de 1992, 125; en septiembre de 1993, 128. Y así
sucesivamente. Son, repito, respuestas de ustedes. Yo nunca
traigo papeles que no tengan los visos y garantías de
credibilidad.




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El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya, señor Presidente.

Por lo tanto, yo pido que consideren ustedes nuestras
razonables enmiendas que hacen referencia, por una parte, al
aumento de las retribuciones, en un aparte que permita aliviar
el sacrificio que la crisis económica evidentemente exige
también a los funcionarios, y, por otra, que establezca, por
lo menos, una consideración de los distintos aspectos que
componen nuestro plan de austeridad, entre los cuales, por
cierto, está la supresión de los contratos blindados a los que
la otra vez sí hizo usted referencia y sobre los que dijo que
estaban reflexionando pero que ahora no. Eso y otras cosas que
suponen, y no voy a concretar los gastos como hice el año
pasado, porque en base a unas diferencias en el cálculo del
importe se suscitó un debate y se oscureció la verdadera
cuestión del mismo, en base a todo eso, a la aceptación de ese
plan de austeridad verá usted cómo efectivamente le damos a
los ciudadanos españoles el ejemplo que necesitan para aceptar
los sacrificios que a todos impone la crisis que nace de la
pésima política económica del Gobierno. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.

Mantengo lo que he dicho respecto al chantaje y a la
demagogia. Es chantaje decirles a los empleados públicos que
sus problemas respecto a las retribuciones se resolverán si se
resuelve el pacto general de rentas; es chantaje, en general,
a todas las organizaciones sindicales. Y así se ha comportado
el Gobierno, puesto que el tema no ha entrado en el pacto
global, es más, algunos elementos tan importantes como el de
la movilidad funcional o geográfica están siendo tramitados,
sin acuerdo con los sindicatos, en este Congreso.

Mantengo lo de la demagogia. Señor Morlán, es demagogia traer
aquí a colación lo que usted considera que han sido
incrementos del poder adquisitivo de los trabajadores --de los
empleados públicos-- en los últimos años. Ya se lo ha
recordado el señor Núñez. Ustedha jugado con una cifra que no
es la que han percibido la totalidad de los trabajadores. Es
más, yo también le había señalado antes que por efecto de las
aprobaciones de las sucesivas relaciones de puestos de
trabajo, en aplicación de la Ley 30/1984, hay determinados
funcionarios que sí que han tenido un incremento en sus
percepciones. Pero en ese juego, el juego de la relación de
puestos de trabajo, las partidas destinadas a la
productividad, sobre la que no es cuestión de discutir --y
efectivamente usted ha reconocido que se incrementan para 1994
las partidas dedicadas a productividad-- se las reparten muy
pocos, no van a la generalidad de los trabajadores, no van a
los de las 60.000 pesetas a las que yo me refería que cobraban
algunos empleados públicos. Desgraciadamente van a los de las
500 o 550.000 pesetas y eso les permite todavía... (El señor
Marcet i Morera pronuncia palabras que no se perciben.) En
nuestro país hay funcionarios de 500 y de 550.000 pesetas al
mes. (Un señor Diputado: ¿De sueldo base?) No, de sueldo base,
no, de confluencia de todas estas técnicas que se han
utilizado y que se siguen utilizando en estos años. Hay que
respetar la técnica presupuestaria, pero yo no me doy por
aludido puesto que nuestro Grupo ha hecho propuestas con sus
enmiendas para incrementar los ingresos públicos y, en todo
caso, para reajuster, disminuyendo las partidas
correspondientes a gratificaciones y a productividad.

Para terminar, señor Morlán, usted mismo ha reconocido, cuando
contestaba al señor González Lizondo, que evidentemente no
está legitimado en esta ocasión para «criminalizar» a los
políticos, como algunos otros están intentando «criminalizar»
a los funcionarios... Los socialistas están intentando
«criminalizar» a los funcionarios diciendo que ellos son los
culpables del déficit y que si no moderan sus salarios no
habrá empleo, y el señor González Lizondo está intentando
decir que el problema económico de este país consiste en que
se disminuya el salario a los parlamentarios. (Rumores.)
Efectivamente pudiera tener razón y haya que revisarlo, pero
está usted en la nebulosa esa antidemocrática ahora de que
todos los políticos están aquí en un barro. (Rumores.) Y en
ese barro fascista, en el que usted nos quiere meter, es en el
que nosotros no vamos a entrar. Pues bien, el señor Morlán
contestando a S.S., que no tiene ninguna legitimidad, ha dicho
que eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Señor Morlán,
aplíquelo también al tema de los funcionarios. No es cuestión
de que haya pan para hoy con un ahorro de 50 o 60.000 millones
de pesetas, pero haya hambre para mañana. Y desde luego no lo
entenderán la generalidad de los funcionarios que no cobran
esos altos salarios, sino que se ven con dificultades para
llegar a final de mes, y eso porque ya llevan este ejercicio
de disminución de su capacidad adquisitiva.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.

Tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Morlán, usted se apoya, como única excusa para rechazar
nuestra enmienda, en la sentencia del Tribunal Constitucional,
pero lo que usted no dice es que



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esta sentencia sobre la Ley de Bases de la Función Pública no
establece como materia declarada básica la retribución del
personal del sector público. Luego su único razonamiento, al
menos desde nuestro punto de vista, es discutible. Y nosotros
no es que dejemos de reconocer el principio de coordinación
que debe existir entre las administraciones públicas; lo que
le digo es que regular esta materia a través de la Ley General
Presupuestaria no es, a nuestro entender, la vía adecuada. No
se ha consultado a las comunidades autónomas con competencias
en la materia y se han obviado los órganos, a nuestro
entender, adecuados, como son el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y el Consejo Superior de la Función Pública.

Ustedes están, de alguna forma, regulando una materia en la
que ciertas comunidades autónomas --por lo menos la Comunidad
Autónoma del País Vasco-- tienen competencias para establecer
acuerdos en materia de retribuciones a los funcionarios. Esto
es algo que, por lo menos, debería haber sido consultado con
las comunidades autónomas. Por tanto, desde nuestro punto de
vista, sigue siendo válida la enmienda que presentamos a este
artículo veintiuno y la vamos a mantener. Nada más. Muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Lo lamento, pero si todas sus razones son el insulto y la mala
educación, existe un grave problema, señoría. (Dirigiéndose a
los bancos del Grupo Popular.)
Quiero recordar unas palabras de un ilustre parlamentario
hacia el año veintitantos. Cuando un Diputado le increpó, sus
palabras fueron: Oigo rugir, no sé a qué, pero siento la
protección de la verdad cuanto más alto es el rugido. (Rumores
y protestas.--Los señores Hernández-Sito García-Blanco y De
Torres Gómez pronuncian palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Señor De Torres, le
llamo al orden! Silencio.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señor Martínez Blasco, yo no he introducido aquí ninguna
dinámica, que su Grupo sí ha introducido en determinadas
ocasiones, hablando de posibles corrupciones y, en
determinados momentos, de demostradas corrupciones. No he
introducido esa dinámica. Creo que los Diputados y los
Senadores son personas honestas, aunque pueda ser que alguna
persona haya producido --no lo sé; ahí están los tribunales--
los desaguisados que sean, pero yo no he introducido para nada
esa dinámica. Y, por favor, lo que no puede usted es dar y
quitar legitimidad con posturas que se daban en el año 1940,
y, naturalmente, la persona que las protagonizaba no merece
que yo la nombre aquí. Por favor, no dé y quite usted
legitimidad. Usted tiene la suya, que yo se la reconozco, y yo
tengo la mía.

Señor Morlán, en primer lugar, gracias por el tono de sus
palabras, porque, efectivamente, se puede discrepar
absolutamente en todo, pero el estilo se tiene o no se tiene,
y yo le agradezco su estilo. Usted dice: la propuesta es el
chocolate del loro. Sí, la propuesta es el chocolate del loro
para todas y cada una de las personas implicadas, pero lo que
hace precisamente ese chocolate del loro es poder servir de
nexo de unión entre el pueblo y la clase política, en unos
momentos en los que nos hace falta. Ese es mi entender; ése es
mi criterio. Yo opino que la responsabilidad política de la
persona no puede estar sujeta a su propia economía; por
descontado. No voy a entrar, señor Morlán, a analizar quién
tiene o no tiene dinero aquí, aunque sé que muchísimas de
SS.SS. me doblan o me multiplican, pero no me importa...

(Rumores y protestas.) Y me parece bien...




El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías (Continúan los
rumores.) Señor González Lizondo, esta parte de la
argumentación ha sido excluida del debate; por consiguiente,
es innecesario que se extienda en ella.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Me parece muy bien, señor
Presidente, y, naturalmente, no me voy a extender y no voy a
utilizar ningún nombre, con toda seguridad.

Los parados y los pensionistas están preguntándose en estos
momentos qué sucede en el país, porque les estamos diciendo,
fundamentalmente el Ejecutivo, que hace falta apretarse el
cinturón. Yo me quedo con ganas de auténticas razones, de
razones serias, de que se me conteste con argumentos
contundentes, y no he escuchado ninguno, porque los rugidos no
se escuchan y las descalificaciones, de quien las hace, en el
tono que no debiera, y como no puede, no implican ni tan
siquiera contestación. Lo que les pido son razones objetivas,
razones de verdad, de peso. Díganme ustedes que es una
barbaridad, que vamos a llevar a la misericordia a un señor
por bajarle esas 25.000 o 30.000 pesetas, díganme que estamos
haciendo una proposición indignamente, denme razones de peso.

No las he escuchado. Señorías, cada uno hará aquello que
estime oportuno. Legitimidad la tengo toda, exactamente igual
que todos y cada uno de los grupos y de las personas cuando
plantean aquí un problema, y aquel que no lo acepta así es que
no vive en una democracia como la que nosotros queremos y
recuerda tiempos pasados.

Señorías, voten en conciencia aquello que crean oportuno y
critíquenme lo que les dé la gana, están en su derecho, pero
no busquen en mis palabras otra cosa que



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no haya sido más que, si cabía, sensibilizar más y demostrar a
la sociedad que estamos en esa solidaridad completa con todos
ellos. Juzguen ustedes como quieran, que mi conciencia y yo
estamos muy tranquilos.

Muchas gracias. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo. (El
señor Hernández-Sito García-Blanco pide la palabra.)
Señor Hernández-Sito, no ha sido aludido. (Continúan los
rumores.)



El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Más claro, el agua.




El señor PRESIDENTE: señor Hernández-Sito, no ha sido aludido
ni mencionado. No tiene la palabra.

Tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente, y
muy brevemente, para responder a las intervenciones de los
distintos portavoces.

Señor Núñez, usted dice que no persisten en el error y yo digo
que ustedes persisten en el error. Están hablando de cifras
que no coinciden con los datos que el Gobierno, que la
Administración, facilita, y si yo recibo información de la
Administración, si a mí se me suministran cifras, me gustaría
saber de dónde saca las suyas, porque si las saca de la
Administración, las obtiene de la misma fuente que yo, y, por
tanto, no tendría que haber esa disfunción entre unas y otras
si no fuera porque las intenciones de ustedes son, como es
lógico, aviesas y en tono de crítica.

En cuanto a lo de Francia, yo me acuerdo de las noticias de
prensa, y cuando se planteó el aumento de las retribuciones de
los funcionarios fue motivado porque hubo una fuerte presión
social y el Gobierno cedió. ¿Qué quiere que le diga si es tan
débil como para ceder y llegar a un acuerdo o un entedimiento
en un 4 por ciento, como usted ha indicado? Creo que no
debiera usted plantearse así las cosas y, por tanto, a pesar
del comentario que ha hecho, yo he cifrado lo de Francia como
un comentario meramente anecdótico.

El conjunto de las retribuciones no es el 1,6 por ciento, sino
el 2,6 por ciento, señor Núñez, y creo que ese porcentaje que
le estoy dando está obedeciendo, como antes he dicho, a la
realidad de las cifras, a la realidad de la contabilidad que
existe en este país.

Ha hecho referencia a un artículo treinta y cinco, de forma
indirecta, que es el de las inversiones y las contrataciones
de personal laboral, en la primera intervención. En el
artículo treinta y cinco se está hablando de la ejecución de
inversiones por parte de la Administración central que permite
que, con cargo a esas inversiones, se pueda contratar personal
laboral, por tanto, por un tiempo determinado, con un contrato
cierto y que acabe cuando acabe la obra para la que ha sido
contratado y ejecutada esa inversión.

Sí es cierto que he olvidado referirme a los contratos
blindados y le ruego que me disculpe. Lo tenía anotado para
contestarle antes pero no me he acordado de hacerlo, debido a
la gran cantidad de respuestas que he tenido que dar a sus
señorías.

Como ya le comenté en la Comisión, nosotros estamos de acuerdo
con el fondo de sus inquietudes y estamos de acuerdo en que es
necesario dar a este asunto una regulación adecuada para que
este tipo de contratos blindados no vuelva a repetirse; creo
que hemos de hacer un esfuerzo importante para regularlo de la
forma más adecuada. Tenemos que distinguir aquí entre lo que
es Administración central «stricto sensu», donde --como ya le
dije en Comisión-- no hay ningún contrato blindado, no hay
ninguno que obedezca a las circunstancias que tienen los
contratos blindados, y lo que son empresas estatales, entes
públicos u organismos autónomos. El debate de su existencia,
que, desde luego, es rechazable para el Grupo Socialista,
plantea algunas cuestiones que habría que dilucidar y es
nuestra intención que éstas se resuelvan y que podamos
concluir en el espíritu o deseo que tanto usted como el
representante de Izquierda Unida ha planteado en su enmienda.

Nosotros, en estos momentos, estamos trabajando y estamos
intentando buscar una fórmula que, bien a través de estos
presupuestos o bien a través de alguna norma de carácter
extrapresupuestario (orden ministerial, decreto, proyecto de
ley, o la fórmula jurídica que se estime más adecuada)
contemple que estos contratos blindados y este tipo de
situaciones anómalas desaparezcan de la Función Pública y, por
tanto, espero que antes de que el debate presupuestario llegue
a su fin, esto esté resuelto para así satisfacer tanto sus
inquietudes como las de Izquierda Unida y las nuestras.

Señor Martínez, yo respeto hasta cierto punto que usted
mantenga lo de chantaje, en el sentido de la terminología
parlamentaria, pero no hay ningún tipo de chantaje en la
negociación, no hay ningún tipo de chantaje. Me habla de
demagogia y yo no sé si es la que ustedutiliza. No lo sé. Está
intentando echar a los funcionarios públicos a la calle porque
les interesa que, dentro de poco tiempo, ustedes tengan una
movilización que les permita sacar a la gente a la calle y que
les permita respaldar sus tesis sobre lo que han de ser las
movilizaciones sindicales en las próximas fechas, según
anuncian en función de sus resoluciones, y aquí está empezando
a hacer la labor de sacar a los funcionarios públicos a la
calle. También he de decirle que, algunas veces, utilizan la
misma terminología el señor Núñez y usted, o usted y el señor
Núñez; no hay ningún tipo de diferencia en planteamientos, ni
en propuestas, ni en comentarios sobre cómo es la gestión del
Gobierno



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y, desde luego, la actitud y el comportamiento que tiene este
Grupo Socialista al que me digno representar.

Yo espero, señor Núñez, que, por el bien de todos y por el
bien de esta Cámara, la terminología del agravio permanente,
la terminología de la desautorización permanente, la
terminología que no aporte nada constructivo sino que esté
buscando intereses que son ajenos o que no tienen nada que ver
con estos presupuestos se acabe y aquí vengamos a discutir
sobre lo que tengamos que discutir.

Señor representante del PNV, me ratifico en lo que he dicho en
mi intervención a la enmienda que ustedes han presentado.

Efectivamente, la sentencia es un elemento que nosotros
contemplamos a la hora de plantear nuestra negativa a la
enmienda que ustedes han formulado, pero también tenemos que
apoyar el planteamiento del Gobierno desde el momento en que
existe una responsabilidad encaminada a que exista una mayor
coordinación entre la Administración central y las
administraciones autonómicas y locales. Y creo que el que
estos presupuestos contengan una serie de normas encaminadas a
que esa coordinación se pueda plantear es de la suficiente
entidad como para pensar que un rechazo a su enmienda es lo
más lógico, desde la óptica del Grupo Socialista.

Señor González Lizondo, cuando yo hablo del chocolate del loro
estoy hablando de la incidencia que tiene esa reducción
respecto al conjunto del presupuesto, no respecto a los
intereses o a los bolsillos de cada uno de las señorías de
esta Cámara, porque lo desconozco. Me va a hacer el honor de
escuchar un momento lo que le voy a decir sobre algo que se ha
dado en este país. Usted se acordará que en las películas de
los años 40 ó 50 existían unas señoras muy rumbosas, muy
enjoyadas, que acudían a los sitios donde había huérfanos, o
viudas, o viudos, que necesitaban de algún apoyo económico, y,
entonces, con todo su conjunto de joyas y de abrigos, daban la
correspondiente limosna a esas personas. Eso no se trata en
absoluto de una limosna; a mí me daba la impresión de que esas
señoras cuando hacían ese planteamiento era para lavar un poco
su conciencia. Y aquí, en este caso concreto, da la impresión
de querer también lavar la conciencia, diciendo que somos muy
buenos y muy puros porque lo que hacemos es dar una cantidad
de dinero para unas personas o para un colectivo determinado.

Es tan claro que una congelación salarial como hemos planteado
es lo más correcto, es tan claro que la exigencia que tiene la
ciudadanía hacia nosotros es de trabajo, es de comunicación
con la sociedad, es de relación con los colectivos, es de
solucionar los problemas, que el esfuerzo, si es que alguna de
SS.SS. lo pone en duda que existe, que yo creo que sí que
existe, de congelación de retribuciones en los altos cargos y
en la Función Pública es un esfuerzo que hay que considerar en
su justa medida, y esa justa medida tiene poco que ver con
medidas que, a veces, por su tono y por su presentación,
tienden más a lavar la conciencia que a resolver los
problemas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.

Concluido el debate correspondiente al Título III, pasamos al
debate del Título IV, de la Sección 7.ª, conjuntamente.

Enmiendas del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Núñez.

El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, defenderé
las enmiendas de totalidad al Título IV y a la Sección 7.ª,
Clases Pasivas, y las adicionales y transitorias que tienen
relación con ellos. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
En el debate en Comisión recordábamos la marcha de la
negociación del Pacto Social --otra vez tengo que hacer
referencia a esto-- con un dato a tener en cuenta porque de su
resultado o de su contenido dependerá de manera importante lo
que ocurra a más de seis millones de pensionistas y a los
familiares que de ellos dependen. El resultado de este debate
presupuestario también les afectará. Pero a estos dos procesos
yo quisiera añadir una circunstancia más, ciertamente notoria:
la proclamación de 1993 como el Año Europeo de las Personas
Mayores y de la solidaridad entre las generaciones, que
tienen, sin duda, una doble intencionalidad. En primer lugar,
llamar la atención sobre la entidad de la población europea
constituida por las personas mayores y estimular una serie de
actuaciones orientadas a resaltar su importancia social,
tomando conciencia de la necesidad de poner en práctica
políticas que den respuestas a sus necesidades y aspiraciones.

En segundo lugar, poner el acento en la solidaridad entre las
generaciones como piedra angular que haga posible el
equilibrio social entre las personas activas y quienes por la
edad han concluido su ciclo de actividad laboral o
profesional.

Quizá los presupuestos generales del Estado para 1994 deberían
haber contribuido a esta celebración del Año Europeo con
alguna idea nueva, con alguna solución a problemas enquistados
y crónicos que afectan a determinados sectores de jubilados
como una puerta abierta a la esperanza; pero, lejos de ello,
los presupuestos para 1994 repiten los planteamientos de los
de 1993, de 1992, de 1991, etcétera, aplicando, eso sí, sobre
las viejas formuladas más austeridad y más cargas para
jubilados y pensionistas. Ya es hora de operar sobre cifras
reales. Hay que recordar que los mayores de ochenta o más años
alcanzan en la Comunidad Europea 11,9 millones, lo que supone
el 3,5 por ciento de la población, pero que en España el
porcentaje de los mayores de sesenta años es ligeramente
inferior a la media comunitaria, el 19 por ciento. Sin
embargo, el ritmo



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de envejecimiento de España es el mayor debido a la drástica
caída de la natalidad y a la ausencia de políticas destinadas
a invertir la tendencia, a diferencia de lo que han hecho
otros países de la Comunidad Europea.

El panorama descrito repercute directamente en el denominado
coeficiente de dependencia. Según cálculos de la OCDE sobre
mayores de sesenta y cinco años, por cada cien personas en
edad de trabajar, el coeficiente promedio para la Comunidad
Europea era del 20 por ciento en 1990, las proyecciones para
el 2010 son del 24 por ciento, para el 2020, del 28 por ciento
y para el 2040, del 38 por ciento. Si al coeficiente actual de
dependencia, que en España se calcula por la OCDE en el 19 por
ciento, añadimos la incidencia de la tasa de paro --
presentamos la más alta de los Doce--, podemos tener idea
exacta de lo preocupante de la situación.

La relación activos-pasivos ha encendido la alarma. La mayoría
de los países de la Comunidad Europea ha adoptado medidas
legislativas con la finalidad de hacer compatibles los
actuales sistemas de Seguridad Social con la evolución
demográfica y con la evolución laboral. Las modificaciones se
centran en la creación de empleo, por supuesto, como base
fundamental, en la financiación y en la gestión. Se pretende
así evitar el desequilibrio financiero motivado por el
incremento del número de las prestaciones frente al
estancamiento o disminución de los cotizantes y las
limitaciones del presupuesto estatal.

¿Qué hacemos aquí? Esperamos. Llevamos esperando medidas de
esa naturaleza mucho tiempo. Las llevamos esperando, si
quieren ustedes, desde el 6 de junio, por empezar esta nueva
legislatura. O, si quieren ustedes, desde que don Felipe
González nombró el nuevo Gobierno. O, si quieren ustedes,
desde el 5 de agosto, desde el debate en que intervino el
nuevo Ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes.

No ha pasado mucho tiempo, dirán ustedes. Y nosotros creemos
que perder unos meses en estas circunstancias puede producir
consecuencias gravísimas para el sistema. Por eso, nuestras
enmiendas de totalidad piden la devolución al Gobierno del
Título IV y de la Sección 07. Otras enmiendas que se
relacionan con ellas tienen una justificación parecida, porque
ha llegado el momento de cambiar profundamente o, al menos,
comprometerse con un programa legislativo que se haga eco de
todo lo que aquí está pasando.

Dijimos en Comisión que, por estas circunstancias, era difícil
hacer un debate positivo sobre prestaciones sociales en
general y sobre pensiones públicas, sobre todo clases pasivas,
en particular. Pero vamos a intentarlo para atemperar --fíjese
lo que le digo, señor Cercas-- nuestras iniciativas a la
situación económica y su incidencia sobre el proyecto de
presupuestos generales del Estado para 1994.

Y no me diga usted, señor Cercas, como dijo en la Comisión,
que nuestras enmiendas son contradictorias o incoherentes con
este planteamiento. Hemos renunciado a presentar enmiendas
concretas y muy espectaculares que otros años presentábamos. A
los topes, por ejemplo. No las verá usted en ninguna parte de
nuestras enmiendas. Y hemos renunciado a pedir equiparaciones
totales entre pensionistas anteriores a 1 de enero de 1985 y
los posteriores, como hacíamos otros años. Hemos pedido que
nos acerquemos en la equiparación. El otro día me parece que
no me quiso entender sobre lo que nosotros decíamos que era
atemperar y cómo estaban atemperadas nuestras enmiendas a la
situación actual.

Recordemos de todo lo que dijimos el otro día, sobre todo, dos
cuestiones muy importantes, a las que reduzco toda mi
intervención. La primera es el tratamiento singular para las
pensiones de clases pasivas, causadas conforme a la normativa
anterior al 1 de enero de 1985 y la segunda el compromiso de
mantener el poder adquisitivo de las pensiones en general y de
las clases pasivas en particular.

En Comisión quedó clara la moderación --repito-- de nuestra
enmienda. Pedimos simplemente que se inicie un tratamiento
singularizado para estas pensiones anteriores al 1 de enero de
1985 que busque limar la distancia tan enorme con las causadas
a partir de la Ley 50/1984. Pedimos simplemente que la
recomendación del Defensor del Pueblo a la que aludí en
Comisión, 39/91, de 11 de diciembre, sobre revalorización
anual de las pensiones de clases pasivas del personal jubilado
se tenga en cuenta, ya que no han hecho caso ni a nuestras
enmiendas de años pasado, que eran efectivamente mucho más
pretenciosas, ni a las iniciativas parlamentarias que hemos
defendido desde esta Cámara y también desde el Senado.

Conviene llamar la atención sobre la oposición del Grupo
Parlamentario Socialista, a través de su brillante
parlamentario señor Cercas, a esta enmienda; basándose en el
rechazo a la retroactividad en la legislación de Seguridad
Social, pretendió descalificarla. Se dice que el
reconocimiento de la retroactividad haría prácticamente
imposible el progreso de la legislación en materia de
Seguridad Social. Podemos estar parcialmente de acuerdo, no
cabe la retroactividad sin más, pero no me negarán que si en
algún ámbito normativo son de trascendental importancia las
normas transitorias es en el de la Seguridad Social. La
transición de un sistema a otro no se puede hacer de la noche
a la mañana, efectivamente, cuando ello acarrea contenidos en
los derechos y en los deberes sustancialmente diferentes y
afecta a personas con similar trayectoria. Habrá que buscar
fórmulas transitorias que impidan el nacimiento, casi
simultáneo, de derechos con contenidos muy dispares en similar
o idéntica circunstancia.

No estamos, pues, ante una cuestión de retroactividad, sino
ante una medida elemental de equidad, lo que



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posibilita que de situaciones sustancialmente similares de los
ciudadanos se deriven consecuencias jurídicas también
similares.




Si, tras la Ley 50/1984, las pensiones de clases pasivas se
hansituado en línea con las de la Seguridad Social --de lo
cual nos congratulamos--, habrá que reconocer la congruencia
de nuestra enmienda, pidiendo no la equiparación sino
porcentajes singularizados de incremento que corrijan, repito,
el abismo y permitan a las pensiones anteriores a la Ley
50/1984 disfrutar, aunque sea de manera limitada, debido a las
circunstancias económicas, de las sustanciales mejoras
introducidas en dicha Ley, en sucesivas leyes de presupuestos,
ampliando las bases reguladoras y los porcentajes de cálculo.

Mejoras --fíjese bien en lo que le digo, señor Cercas-- que,
introducidas con posterioridad a 1985, sí beneficiaron a los
jubilados con anterioridad a su vigencia. Aquí sí que se
aplicó la retroactividad, señor Cercas, y el entonces Ministro
para las Administraciones Públicas, señor Almunia, se encargó
de recordarlo a los afectados, por carta personal. Por tanto,
utilice la retroactividad con la necesaria cautela, para
evitar que el argumento se vuelva como un bumerán contra sí
mismo.

En lo relativo al mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones ¿qué quiere que le diga? El señor Solbes, en el
debate de totalidad, presumió que los presupuestos contenían
una cláusula de revisión automática, y también presumió de lo
mismo el señor Presidente del Gobierno, don Felipe González,
ante las cámaras de Televisión. Pero la cláusula de revisión
no figura; es como el eslabón perdido en el debate con los
pensionistas, por parte, repito, del señor Solbes y del señor
González.

Tiene razón el señor Cercas cuando afirma que la Ley 26/1985
posibilita la revalorización en base al IPC previsto para el
año en curso, pero no tiene razón en otras consideraciones
relativas a nuestra posición sobre dicha Ley. Conviene no
olvidar, señor Cercas, lo que ustedes comprometieron con los
sindicatos en el pacto de noviembre del año 1991; si quiere se
lo recuerdo. El Gobierno es muy libre de volver a la fórmula
de la Ley 26/1985 y extenderla a todas las pensiones, también
a las causadas con anterioridad a dicha Ley, pero tendrá que
reconocer la congruencia de quienes proponen la revalorización
conforme a la inflación pasada, aunque sólo sea porque el
propio Gobierno lo practicó en la pasada legislatura.

En cualquier caso, lo que importa es que con el procedimiento
de revalorización se consiga el objetivo último, al que todos
nos hemos comprometido. En la campaña electoral todos los
partidos nos comprometimos --recuérdelo bien-- a garantizar el
poder adquisitivo de las pensiones. Si se opta por la
revalorización en base a la inflación prevista, esa garantía
sólo se consigue con la cláusula de revisión que el Gobierno
terminará aceptando, y no vemos razón alguna para que se
incorpore a la ley de presupuestos generales del Estado para
1994, salvo que se quiera escamotear a los pensionistas la
paga de compensación que para 1994 pueda corresponder si el
IPC, previsto en el 3,5 por ciento, sufre desviación al alta.

Y que tampoco se nos diga que repetimos enmiendas de otros
años; que no nos preocupamos por el futuro de los equilibrios
necesarios en nuestro sistema de Seguridad Social para
mantener y apuntalar su financiación e introducir las reformas
que sean precisas para salvaguardar su pervivencia. Tan es así
que, como ha quedado apuntado --creo que lo he dicho--,
nuestras enmiendas son mucho más modestas en cuanto a su
alcance económico y responden a imperativos mínimos de
justicia y equidad.

Repito, hay algunas otras enmiendas que no voy a defender con
el detenimiento con que lo hice en Comisión, pero sí quiero
referirme a ellas, sobre todo a la relativa --y lo digo con
absoluta claridad-- a las pensiones extraordinarias de clases
pasivas. Y no como referencia exclusiva a los militares --como
nos achacó en Comisión el señor Cercas--, sino a las pensiones
extraordinarias tanto de jubilación como de retiro de personal
funcionario civil y militar. Y no nos diga otra vez que
defendemos un privilegio, salvo que se considere privilegio la
existencia misma de las pensiones extraordinarias en la
vigente Ley de 1987. Repito que eso es así y que tienen que
repasarse lo que dice la Ley de 1987, que la aprobaron cuando
ustedes desde aquí, como ahora, apoyaban al Gobierno con
amplia mayoría. Repito que estas enmiendas, junto con otras,
tratan de aplicar el 3,5 por ciento de las pensiones más bajas
del sistema, que son las asistenciales, que quedan congeladas
en una cifra inferior a 25.000 pesetas y las pensiones de la
Lismi que también quedan congeladas en cantidades inferiores a
25.000 pesetas. Efectivamente, se hace, sabemos para qué: para
forzar que los beneficiarios de este tipo de pensiones acudan
al sistema más general de las pensiones no contributivas. Pero
eso hay que hacerlo no con imposiciones de esta naturaleza, no
con multas --porque eso son-- tan importantes como les imponen
ustedes en esta ley de presupuestos, sino con un sistema
eficaz que les haga ir al sistema de no contributivas para que
la administración de las mismas sea más ágil y tenga unos
datos y cifras más consecuentes, más claros y más ciertos.

Por todo esto, señor Cercas, le invito a que reflexione sobre
la calidad de nuestra atemperancia en este debate y sobre la
limitación clara de nuestras enmiendas, que tratan de tener en
cuenta la gravedad de la crisis, y alivie por lo menos la
esperanza de los pensionistas aceptando algo tan fácil y tan
vendido por ustedes como la cláusula de revisión automática de
las pensiones, que, repito, el señor Solbes echó de menos en
el debate de totalidad de los presupuestos de 1994 y que el
señor



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Presidente del Gobierno, don Felipe González, presumió de que
existía en los presupuestos en la televisión española ante
todos los ciudadanos.

Nada más, señor Presidente.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.

Enmiendas del Grupo Mixto.

El señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, al Título IV desde Unión Valenciana presentamos dos
enmiendas, la 119 y la 120, a los artículos 38 y 40,
respectivamente.

En la primera solicitamos la modificación del artículo 38, que
debería quedar redactado como sigue: Durante 1994, la cuantía
de las pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad no
contributiva, se fija en 45.000 pesetas íntegras mensuales,
abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe, que se
devengarán en los meses de junio y noviembre.

Nosotros entendemos que se propone un incremento moderado de
las pensiones para que las 32.635 pesetas que reciben estos
sectores más desprotegidos se vean aumentadas a 45.000 dentro
de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que el
incremento es muy pequeño. No sé por qué, quizá porque todas
las enmiendas iban seguidas, una tras otra, en Comisión
también contó con los votos en contra de 36 de los asistentes.

No lo entiendo, porque creo que está en función de aquello
mismo que se está predicando aquí esta tarde por grupos
políticos: que los marginados, que esas clases más
desprotegidas puedan tener, al menos, un salario más o menos
decente. Por cierto, Izquierda Unida no entró en el voto
negativo. Digo las cosas como son.

En la enmienda 120 hablamos también de las clases pasivas. Lo
primero que tenemos que decir es que los sectores más
desprotegidos de la sociedad no son los responsables de la
lamentable gestión del Ejecutivo en estos últimos años.

Proponemos un incremento de 1,5 puntos sobre el establecido en
los presupuestos generales del Estado para 1994.

En realidad, queremos que las pensiones de este sector, las
clases pasivas del Estado, tengan el mismo aumento que va a
suponer el coste de la vida. Creemos que es una enmienda
razonable. No creo que valga la pena hacer perder más tiempo a
sus señorías. Luego veremos en qué queda al final.

Naturalmente, solicitamos el voto a favor, por ser dos
enmiendas que afectan a sectores verdaderamente necesitados de
estos ligeros retoques que no desequilibran absolutamente para
nada los presupuestos de 1994.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo.

Para la defensa de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el título IV del proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado para el año 1994, pese a tratar un tema
tan trascendente como es el de pensiones públicas en el
próximo año 1994, tiene la particularidad de las pocas
enmiendas presentadas.

En opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya son dos
las razones que justifican esta realidad; de una parte, la
conciencia generalizada de que nos encontramos en un momento
de grave crisis económica y que, en esta situación, todas las
rentas deben tener un tratamiento adecuado a la misma. En
segundo lugar, la circunstancia de que, por parte del
Gobierno, se plantea una previsión de incremento del 3,5 por
ciento que, en la medida en que fuera acompañado de una
cláusula de revisión salarial, seguramente merecería la
aprobación unánime de esta Cámara.

No obstante, señorías, es significativo que la ausencia de esa
cláusula de revisión salarial sólo merezca la consideración
casi en exclusiva de este Grupo Parlamentario, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Quiero decir al señor González
Lizondo, y devolverle la referencia, que él y el Grupo Mixto
al que él representa no han hecho la menor enmienda a la
cláusula de revisión salarial que afecta a seis millones de
pensionistas, entre los que se encuentran esos sectores
marginados, desfavorecidos, a los que ha hecho alusión. Por
tanto, señor González Lizondo, referencia por referencia,
nuestro Grupo lo plantea y usted no.

Este es el tema fundamental de las enmiendas de nuestro Grupo,
señorías, y en nuestra opinión, por razones que se nos dieron
en la discusión en Comisión, hoy se confirma que teníamos
nosotros en aquel momento la posición adecuada. Dijimos que no
nos parecía oportuno discutir sobre ello cuando todos erámos
conscientes de que, por parte del Gobierno, se mantenía
abierta la negociación y que, en esa situación, oponerse a la
cláusula de revisión de las pensiones podría dar lugar a que
esas afirmaciones e incluso los posicionamientos de la
Comisión o, en su día, del Pleno, quedaran desautorizados por
la realidad. Ahí está la evidencia, señorías, de que la
cláusula de revisión de pensiones no era procedente y, dos
días después, el Gobierno hace una oferta de cláusula de
revisión de pensiones. Se nos dijo más, incluso, se nos dijo
que no tenía por qué estar la cláusula de revisión de
pensiones en el proyecto de ley de presupuestos para 1994
porque, en todo caso, surtiría efectos en 1995.




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Pues bien, señorías, la oferta de revisión de pensiones hecha
por el Gobierno prevé incluso la liquidación de diferencias
relativas al año 1994. En todo caso, señorías, debe quedar
constancia de que la posición de nuestro Grupo es favorable a
esos términos planteados por el Gobierno. Por tanto, señorías,
nuestra votación en relación con este proyecto ha de ser la de
la abstención, en la confianza de que efectivamente esa
cláusula de revisión de las pensiones finalmente se incluirá,
tal como ha anunciado el Gobierno y, como gesto claro de la
voluntad de Izquierda Unida de que efectivamente es así,
apoyando al Gobierno en esa dirección.

Nada más y gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Peralta. Para turno en contra, tiene la palabra el señor
Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, iniciamos este año el debate de
este trascendental título del proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado y de la sección correspondiente a las
clases pasivas del Estado con algún elemento diferencial de lo
que ha sido en otros ejercicios presupuestarios. Y como lo
cortés no quita lo valiente y lo valiente no debe quitar lo
cortés, he de empezar uniendo mi criterio al de algunos
portavoces, sobre todo al portavoz del Grupo Popular y al
portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que,
efectivamente, hay una mayor moderación, hay una toma en
consideración mayor de la realidad que está en este momento
sufriendo la economía nacional y el sistema de la Seguridad
Social en los planteamientos de enmiendas que han realizado al
proyecto del Gobierno. Yo diría, por tanto, que podemos
realizar un debate sereno, sin estridencias y que, aún más,
quizás un pequeño esfuerzo adicional, quizás también hubiera
sido precisa una información o una explicación adicional por
parte del Grupo Parlamentario Socialista y posiblemente en
este momento pudiéramos encontrarnos en la Cámara con un gran
consenso respecto a este Título IV y a esta Sección 07. A ello
me voy a dedicar en este turno del Grupo Parlamentario
Socialista, con la esperanza de que al mismo tiempo que se
manifiesta el deseo de que por parte del Grupo que sostiene al
Gobierno se sea receptivo a las tesis de la oposición, si la
oposición ve argumentos, si ve razonabilidad en las tesis que
defendemos los Diputados socialistas, pudieran reconsiderar
alguna de las enmiendas de totalidad o algunas de las
posiciones cercanas, como ha hecho el portavoz de Izquierda
Unida.

Es el caso, tomando en consideración en primer lugar el
parlamento del señor Núñez al menos en su primera parte, que
es la parte digamos literaria, de celebración del año
internacional de las personas mayores, que estamos ya en un
primer momento de acercamiento. Yo participo de todos y cada
uno de los buenos deseos del señor Núñez. El problema es que
debemos hacer un esfuerzo adicional, y es que hay que pasar de
esa literatura al difícil mundo del cifrado y de las
matemáticas. Es ahí donde empezamos a ver alguna consideración
diferente de lo que debe ser la realidad de este título y esta
sección.

Decía el señor Núñez que, lamentablemente, debía ser este un
año de grandes celebraciones o de ofrecer grandes esperanzas a
nuestros jubilados, y que, sin embargo, el presupuesto del
Gobierno simplemente repetía planteamientos de ejercicios
anteriores. Pues eso que para el señor Núñez era un dato
negativo, para el Grupo Parlamentario Socialista puede y debe
ser visto precisamente con una perspectiva contraria. Este
Título IV
y esta Sección 07, señor Núñez, efectivamente, repiten
planteamientos de otros ejercicios, pero ¿cuáles son los
planteamientos que repite? Repite el planteamiento de que a
pesar de las dificultades generales de las cuentas del Estado,
a pesar de las dificultades de la economía nacional, ésta es
la política de gasto que más recursos consume del presupuesto
y ésta es la política de gasto que viene a significar unos
incrementos porcentuales que casi doblan lo que va a crecer la
renta nacional en términos nominales, y desde luego va a
crecer también por encima de lo que en términos reales lo va a
hacer la renta nacional.

Así pues, que se repita, incluso en un año de crisis y de
restricción presupuestaria, lo que ha sido un compromiso
inveterado del Gobierno y del Grupo Parlamentario que apoya al
Gobierno con esta población pensionista, creo que debería ser
objeto también de consideración en ese marco de celebración
del año internacional de los mayores porque hemos querido, y
no sólo lo hemos querido desiderativamente, sino trayendo
realidades matemáticas a lo que es el cifrado de la ley de
presupuestos. Hemos querido que ésta sea la parte de nuestra
población que no sufra merma de ninguna manera de su capacidad
adquisitiva y que la Seguridad Social atienda no solamente a
los seis millones largos de pensionistas, sino también a las
nuevas cohortes de pensionistas que van a acudir el próximo
año a las atenciones del sistema de pensiones.

Son casi seis billones y medio de pesetas, son un cifrado que
incrementa en un 7,6 por ciento lo que se dedicó en el año
1993. por tanto, continuamos planteamientos, pero esos
planteamientos son de ese esfuerzo continuado que viene
realizando el Gobierno socialista desde 1982 y que ha
permitido cumplir a la Seguridad Social española con todos los
compromisos, que incluso en aquellas fechas se veían como
utópicos o imposibles. Durante esta larga década se han
cumplido todos los que los Gobiernos anteriores preveían que
eran imposibles de cumplir, y se ha podido dar también cauce a
las nuevas necesidades, a las nuevas demandas



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y a los nuevos derechos que han ido surgiendo a lo largo de
este año.

Este esfuerzo es aún más a tomar en consideración cuando se
comparan lo que son las cifras de ingresos y las cifras de
gastos de la Seguridad Social. Usted sabe igual que yo, señor
Núñez, que la Seguridad Social apenas incrementará sus
ingresos en 90.000 millones de pesetas, puesto que va a
permanecer prácticamente equivalente la población cotizante y
van a sufrir leves retoques al alza simplemente los ingresos
de la Seguridad Social. Sin embargo, frente a tan magro
capítulo de ingresos por la vía de cotizaciones, 90.000
millones de pesetas, la Seguridad Social va a dedicar 460.000
millones de pesetas para poder revalorizar las pensiones y
para poder atender a los nuevos pensionistas que accederán al
sistema.

Por tanto (vuelvo otra vez con el hilo conductor de lo que ha
sido mi intervención hasta el momento), ¡claro que se repiten
planteamientos! Pero en este año con un compromiso
acrecentado, precisamente porque, pese a las dificultades del
sistema de la Seguridad Social, ésta va a pagar en pensiones
cinco veces más de lo que va a ser su incremento por la vía de
cotizaciones.

Sin duda, a lo largo de otros capítulos del presupuesto
seremos criticados por esto. Esto que a usted, señor Núñez, le
parece insuficiente, será sin duda catalogado como
excesivamente dispendioso por alguno de sus otros compañeros
que intervendrán en el debate de la ley de presupuestos.

No hay ideas nuevas, decía el Diputado del PP. Cuando yo creía
que nos iba a ofrecer un abanico de ideas nuevas,
lamentablemente ha vuelto a repetir, más moderamente,
exactamente lo mismo que han hecho otros años.

Ciertamente, en esta ocasión el Partido Popular no nos habla
de atraer, con una fuerza sugerente, hacia la nueva ley de
clases pasivas lo que era el conjunto de pensionistas
anteriores a la ley de 1985. Se limitan a decir que se
acerquen paulatinamente, pero no nos dan tampoco ideas
concretas, cifradas. ¿En cuánto se tienen que acercar, señor
Núñez? Nos hubiera encantado saber en qué grado de compromiso,
de incremento de gasto público, se quería embarcar el Partido
Popular, puesto que, enmiendas de esa naturaleza, siguen
estando en la nebulosa de la literatura, no se acercan
realmente a ningun compromiso serio en un partido que pretende
ser, nada más y nada menos, que el Gobierno de España en
fechas cuanto más próximas, desde su punto de vista, mejor.

Dice también que han renunciado a pedir en enmiendas concretas
algunas de las demandas históricas que había hecho el Grupo
Popular, refiriéndose a subidas espectaculares, a la
eliminación de los topes de pensiones. Pero mire por dónde,
señor Núñez, en los dos elementos que estamos considerando, el
elemento de topes y el elemento de acercamiento, el Partido
Popular no ha hecho buenas las palabras que pronunciaba S.S.

en Comisión, no se ha referido en esas excepciones (pequeñas
excepciones que decía S.S.), a los colectivos más necesitados
de protección; justamente S.S. ha quebrado ese moderantismo de
que presume respecto a aquellos colectivos o aquellas personas
que mejor están situadas en nuestra protección social.

Su señoría no pretende una mejora general de pensiones; lo
pretende solamente para quienes están en los topes máximos de
pensión; para quienes están en tres millones y medio de
pesetas anuales, S.S. quiere que cobre siete millones de
pesetas al año. No ha pensado en los pensionistas que están en
la pensión mínima; no ha pensado en los pensionistas del SOVI;
no ha pensado en los pensionistas de ninguna categoría, más
que en aquellos que están en los topes máximos de pensión. No
ha pensado en el acercamiento de los regímenes legales de
pensiones, sino justamente en aquellos pensionistas que son
los del viejo sistema de clases pasivas, frente a todos los
sistemas periclitados o que la historia de la Seguridad Social
ha dejado ya en la cuneta; solamente se ha referido a aquellas
capas de pensionistas que están en mejor situación relativa.

Por tanto, señor Núñez, repitiéndole un argumento que le dije
en Comisión, cómo esa retroactividad debería ser predicada o
de todos o de ninguno, y el Partido Popular solamente predica
la retroactividad hacia quienes mejor están situados en el
sistema de pensiones, nosotros, con todo el dolor de nuestro
corazón, le tenemos que decir que no.

Por último, la posición de devolución del Grupo Parlamentario
Popular --y en esto es literariamente, y de fondo, idéntica a
la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-- se refiere a
la demanda del mantenimiento de la capacidad adquisitiva de
los pensionistas. Como el señor Núñez no ha entrado por
jardines peligrosos, yo no lo haré, salvo que en la réplica me
dé ocasión de hacerlo; pero le diré, señor Núñez, que su
opinión no es la generalizada de la gente razonable de este
país. Esa opinión está mucho más vehiculada con las ideas que
de siempre ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista de
que, si se indician las pensiones de alguna manera, se haga
con la inflación prevista y no con la pasada; que su posición
no ha sido la posición histórica del Partido Popular, señor
Núñez --y ahí me paro; si quiere, lo podemos dilucidar en la
réplica--, pero sobre todo --que es lo que más me interesaba
decir en este momento-- su posición se compadece mal con la
situación del país y con la situación que viven nuestros
propios pensionistas.

Creo, señor Núñez --y vale el argumento para el señor Peralta-
-, que la posición más sensata es indiciar las pensiones con
la inflación prevista. Creo, señoras y señores Diputados de la
oposición, que si hay una categoría social en el país que está
concernida directamente en la lucha contra la inflación, ésos
son los seis



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millones largos de pensionistas que hay. Creo que no es un
razonamiento torticero, sino muy ajustado a la realidad; que
todo lo que se pueda hacer para ir deprimiendo los índices de
precios al consumo, será bueno para la población pensionista;
que todo lo que sea caminar en el sentido de reducir el
déficit público, será bueno para la población pensionista; y
que para la población pensionista --y entro en el meollo del
debate que tuvimos en Comisión-- es absolutamente indiferente
que sea con inflación pasada o con inflación futura, si esa
inflación futura está protegida con una cláusula de revisión
por si hubiese desviación. En ese sentido, a mí me agrada
haber comprobado que la posición de Izquierda Unida se acerca
a la posición histórica que ha tenido el Partido Socialista, y
no tengo más remedio que decir que, efectivamente, a ese
cuadrado lo convirtiríamos en círculo si pudiéramos tener una
cláusula de revisión. Pero el señor Peralta va más allá --el
señor Núñez aprovecha la ocasión para hacer un debate
político, cortocircuitando la reflexión técnica que tenemos
sobre la materia-- y nos dice que no, que la cláusula de
revisión tiene que venir en este proyecto de ley del Gobierno,
y es ahí donde no podemos estar de acuerdo y donde yo quisiera
que, en un par de minutos, SS.SS. prestasen atención.

La ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 tendrá
efectos económicos hasta el 31 de diciembre; ni un segundo más
que el 31 de diciembre de 1994. Cualquier cláusula de revisión
para que pudiera operar el año 1995 debería estar en otro
instrumento legislativo que no fuese una ley de vigencia
anual, como la ley de Presupuestos Generales del Estado de
1994. Podría estar en la ley de Presupustos Generales del
Estado de 1995 o podría estar en cualquier otro instrumento
normativo que pudiéramos imaginar entre todos los Diputados de
la Cámara, pero no es necesario --y reitero lo que dije en la
Comisión de Presupuestos, porque estoy absolutamente
convencido de la coherencia del razonamiento--; es más, sería
extravagante, si ustedes quieren, que apareciera en el
articulado de la ley de presupuestos una obligación cuya
traducción económica-presupuestaria no va a operar dentro del
ejercicio presupuestario de 1994. Por tanto, por ese terreno,
no hay discusión posible, desde mi punto de vista.

Al hilo de estas consideraciones, cabe decir que el señor
Ministro de Hacienda o que el señor Presidente del Gobierno
han prometido, se ha publicado, una cláusula de revisión, pero
no se compadece que el Gobierno esté tratando este asunto en
lo que es la mesa de la concertación social, que existe el
compromiso serio, riguroso de Gobierno, que en algún momento
se plasmará --¡ojalá se plasme!-- en un acuerdo con los
sectores sociales, no tiene nada que ver con que aparezca o no
en el articulado de la ley de presupuestos. Hay el compromiso
político que el Gobierno va a mantener, había un compromiso
político que nosotros, como Grupo Parlamentario, vamos a
mantener, que es nuestro compromiso de mantener la capacidad
adquisitiva de las pensiones y yo rogaría, por tanto, a los
señores de los grupos de la oposición que, si estas razones
les son suficientes, fuera el momento para reiterar sus
enmiendas y fuera suficiente --al menos, me refiero a
Izquierda Unida-- para que apoyaran lo que es la aportación
del Gobierno en este importante esfuerzo que hace la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia --y con
esto voy concluyendo, señor Presidente--, la posición de mi
Grupo en esta defensa del Título IV y de la Sección 07 es
clara. Desde nuestro punto de vista, es coherente, es notorio
nuestro compromiso con las clases pensionistas y es evidente
que esta Ley de Presupustos Generales del Estado se atiene a
todos y cada uno de estos compromisos.

Nosotros, hace sólo cinco meses, nos dirigíamos a los
españoles con un compromiso serio, con un compromiso
responsable de garantizar el nivel de protección social
alcanzado a lo largo de toda la historia de España, pero
acrecentado en la década socialista. Nosotros estamos hoy en
este debte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
tratando de hacer bueno ese compromiso a la nación y diciendo
a los españoles y dirigiéndonos a la población pensionista
diciendo que mientras el Partido Socialista y mientras el
Gobierno socialista sigan teniendo las riendas de la nación,
sus intereses estarán garantizados, porque con rigor, con
responsabilidad y sin demagogia, vamos a seguir consolidando
el sistema público de protección social, vamos a garantizar el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los pensionistas
no solamente el año 1994, que también se garantiza, sino en
los años sucesivos, para que la siguiente generación de
españoles tenga los mismos niveles de seguridad y los mismos
niveles de solidaridad que los que hoy son observables en la
sociedad española.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cercas.

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor
Cercas, a usted le va la marcha (Risas.) Le digo que me tengo
que atemperar en el debate y me contesta: Dígame usted
porcentajes.

Señoría, por lo que se refiere a las discriminaciones entre
pensionistas anteriores al 1.º de enero de 1985 y los
posteriores, le cito, por lo menos, la recomendación del
Defensor del Pueblo. Vayan ustedes acercando unas a otras en
esa proporción, porque se trata de situaciones abismales,
distintas, de pensiones para jubilados que están en las mismas
condiciones, en idénticas condiciones. Se lo demostré el otro
día con ejemplos claros



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y concretos en la Comisión y, si quiere, le traigo alguno más.

Pero sobre trato discriminatorio, en relación con los
pensionistas de clases pasivas anteriores al 1.º de enero de
1985, conviene decir que las consecuencias de un cambio no
pueden ser las mismas en el régimen general de la Seguridad
Social que en el de clases pasivas; no pueden ser las mismas.

Pero, aunque lo fueran, ustedes ya dieron ejemplo para otras
situaciones y para otras pensiones de que han aplicado la
retroactividad en materia de Seguridad Social, y les di
ejemplos que usted no se hizo cargo de ellos. Por tanto, a la
discriminación apuntada y que nace de la Ley 50/1984, añaden
ustedes, después, en las leyes sucesivas de presupuestos y en
otras decisiones, otras discriminaciones, que --repito-- no se
compadecen no ya con el principio de equidad ni con el
principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución; no
se compadecen ni siquiera con un planteamiento técnico
jurídico serio y perfecto de una ley que, en unos casos aplica
la retroactividad, y en otros no, porque no le da la gana y no
por otra razón.

Señoría, pasando a la cláusula de revisión salarial, yo no
tengo la culpa de que sea el propio señor Ministro quien diga
que figura en los presupuestos y que usted le dice al señor
Ministro que qué va, que no figura y que, además, no tiene que
figurar. Pues dígaselo usted al señor Ministro, porque lo dijo
aquí, en el debate de totalidad. El otro día me decía:
Enséñeme usted un papel donde se diga. Que lo diga él; que
diga a ver si no es verdad y, en todo caso, tengo aquí el
«Diario de Sesiones» donde, en el debate de totalidad, tengo
hasta la página subrayada.

Pero hay algo más importante. Porque lo cierto es que, con
vigencia para la anterior legislatura, Gobierno e
interlocutores sociales acordaron revalorizar las pensiones
con la siguiente fórmula: Se garantiza el poder adquisitivo de
las cuantías de las pensiones mediante la aplicación de la
revalorización anual, conforme al incremento experimentado por
el IPC el año anterior. Veremos a ver, señor Cercas, si la
evolución del pacto social no nos lleva a que del Senado venga
incluida una cláusula de la que usted ahora mismo adjura. Ya
veremos. Y ojalá que la marcha del pacto social sea un éxito y
permita estas cosas.

Tercera cuestión, y termino porque en estos turnos de réplica
no me da tiempo para más. Tengo que decirle que, en relación
con los procesos de revalorización de las pensiones, en
períodos de crisis económica conviene hacer alguna reflexión
acerca de nuestra reciente historia. Y sin caer en el equívoco
de mezclar esfuerzo en gasto social con prestaciones
individuales aplicadas a cada supuesto concreto --a lo que
usted es muy dado--, circunstancias que no tienen por qué
coincidir ya con que la protección se mide tanto por la
intensidad como por la extensión, sí se puede decir que en la
etapa de los gobiernos socialistas --fíjese lo que le digo, ya
sabe que yo reconozco estas cosas-- ha habido un esfuerzo en
la protección de determinadas pensiones y, en particular, en
las de viudedad.

Por muy alejados que los mínimos actuales puedan estar de lo
que sería el objetivo de todos nosotros (aquí tengo el libro
de Eurostat que lo demuestra, que estamos muy alejados de la
media de la Comunidad Europea; usted el otro día decía que no,
pero me he repasado cifra por cifra y, además, los datos
complementarios de este tomo, es decir, los posteriores a
1989, y seguimos estando, junto con Grecia y Portugal, en la
cola de los países de la Comunidad en materia de este tipo de
prestaciones), esto no puede ocultar que el mayor gasto deriva
de la extensión a mayor número de pensionistas.

Así nos encontramos con que la pensión media del sistema de la
Seguridad Social ha pasado de 22.700 pesetas en 1983 a 52.000
en 1993, con incrementos anuales entre el 8 y el 11 por
ciento. Pero si nos fijamos en el período 1977-1982, veremos
que en plena crisis económica, señor Cercas, se pasa de 6.401
pesetas en 1976 a 19.500 en 1982, con incrementos anuales
entre el 15 y el 33 por ciento. La participación en el PIB del
gasto de pensiones pasó del 4,26 en 1977 al 6,6 en 1982. Y en
1977, el régimen agrario suponía el 30 por ciento de las
pensiones, mientras que las revalorizaciones fueron el 44 por
ciento en 1977 y el 37 en 1978, un 26 por ciento superior a la
media. Ello explica, por sí solo, el tremendo esfuerzo
realizado en un sector tan marginado en aquellos años como el
agrario, y explica, todo hay que decirlo, un nivel de
satisfacción que el PSOE, desde el primer momento, se encargó
de patrimonializar, y, sin duda, lo logró en buena medida.

Estos que acabo de aportar son los datos de la historia. Un
libro editado por ustedes en el año 1985 reconoce claramente,
en cuanto al análisis de las pensiones medias, lo siguiente --
lo digo en honor a su sinceridad, a lo mejor lo redactó usted-
-: La evolución de las pensiones medias que hay reflejada en
el cuadro tal, en el que cabe resaltar los enormes aumentos de
los años 1977 y 1978. Por tanto, con buena gestión, con buen
sentido social, se pueden en tiempo de crisis mejorar las
pensiones más de lo que ustedes lo han hecho.

Recuerdo, en un análisis muy elemental, por supuesto, pero que
encaja directamente con el sentido popular, que las 8.000
pesetas que ustedes presumían que iban a rebajar las pensiones
si nosotros pasábamos al Gobierno, son ustedes las que las han
rebajado y, además, sin contar con las consecuencias de los
cambios del IRPF sobre las pensiones a partir del 1 de enero
de 1994, que esa es otra. No me diga usted, señor Cercas --y
termino--, que nos olvidamos de las pensiones de los más
desfavorecidos. Se olvidan ustedes. Nosotros pedimos que a las
pensiones asistenciales se les aplique el 3,5 por ciento, y a
las pensiones de la Lismi (de la Ley de Integración Social de
los Minusválidos) se les



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aplique el 3,5 por ciento. ¿Es que esas no son las más
desfavorecidas del sistema? ¿Cómo quiere usted lanzar un bote
de humo descalificando, con ese olvido, todo nuestro
planteamiento?
Señor Cercas, entienda usted que, dentro de la moderación de
nuestras enmiendas, hay, por supuesto, la oferta de una
posibilidad de mejora de las prestaciones en materia de
pensiones públicas y de clases pasivas que, razonablemente,
ustedes podrían considerar. Sobre todo hay una oferta de
integración de la cláusula de revisión automática de las
pensiones en los presupuestos que me gustaría que con el éxito
del pacto social en el Senado a usted mismo le contradijeran,
no porque tenga especial interés en que le contradigan, que ya
sabe que le tengo una especial estima, sino sencillamente
porque así se hará la justicia que corresponde hacer en estos
presupuestos.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor González Lizondo, para un turno de réplica.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente porque, en realidad, no he oído ninguna alusión
a mis dos enmiendas. Después de las palabras del señor Cercas
rechazando las enmiendas del Grupo Popular, en el sentido en
que se hacían, y siendo que mi enmienda pedía una subida para
esa clase más desfavorecida, no sé si es que se le habrá
pasado desapercibido, porque en ocasiones hablamos pero no
escuchamos --precisamente una de mis enmiendas iba en el
sentido que usted ha dicho, señor Cercas--, o si eso significa
que la van a aceptar y va a cambiar el criterio que tenían en
la Comisión, aunque sinceramente no lo creo. Se lo dije en
aquella ocasión y se lo digo en ésta: ustedes están condenando
a un determinado sector de jubilados a un parque jurásico,
pero, en fin, ustedes sabrán lo que hacen.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Cercas, con la contestación que ha dado a la defensa que
he hecho de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, usted pretendía sostener que la
posición correcta era la de indiciar las pensiones con arreglo
a la inflación prevista. Yo tengo que decirle, señor Cercas,
que en nuestro Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
entendemos que la posición correcta es, en todo caso y como
mínimo, indiciar las pensiones con arreglo a la inflación. Es
la mejor manera de garantizar el poder adquisitivo de las
pensiones, como mínimo. Cualquier otro método que eliminara la
inflación pasada o la prevista son métodos incorrectos y
ustedes han optado por uno de ellos, el de la inflación
prevista.

Señor Cercas, nosotros no planteamos una objeción de principio
a esa decisión adoptada por ustedes. Lo único que le decimos
es que si lo que se pretende es garantizar el poder
adquisitivo de las pensiones, esa opción tiene que ir
complementada por la cláusula de revisión en caso de que se
produzca una inflación distinta de la prevista, pura y
simplemente. Eso es lo que le decimos.

Yo aprecio, señor Cercas, y quiero valorarlo --me gustaría que
usted tuviera una posición coincidente-- que su discurso
teórico va en esa dirección. Al menos eso es lo que se dice
públicamente. Ahora es el momento de pasar a la realidad y
hacerlo cláusula normativa en los presupuestos. En ese terreno
usted dice que no hace falta que sea en los presupuestos de
1994 porque, en todo caso, surtiría efecto en 1995. No es así,
señor Cercas. No todas las cláusulas de la ley de presupuestos
del año 1994 agotan su eficacia en el año 1995. Eso es
evidente, en la cantidad de proyectos y de presupuestos que se
van a iniciar en el año 1994 y que no se van a terminar en ese
año, que van a trasladar su vigencia mucho más allá de 1994.

Es importante prever teórica y normativamente la posibilidad
de que si se produce una desviación en la inflación prevista,
los pensionistas de nuestro país tendrán garantizado el poder
adquisitivo de las pensiones. Eso, señor Cercas, aparte de que
técnicamente es necesario, políticamente en estos momentos,
desde la opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
es aún más necesario.

Es necesario desenredar esa madeja de confusión que se está
creando en torno al pacto por el empleo y dejar claras cuáles
son las posiciones del Gobierno. Esa es una posición, señor
Cercas, que a nosotros nos parece correcta y le pedimos al
Gobierno claridad en esas posiciones para ofrecer a la
sociedad posturas muy claras.

Señor Cercas, nosotros no retiramos nuestra enmienda y nos
gustaría que el Grupo Socialista se sumara a la misma.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta. Tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, empezaremos por el
final porque creo que está ya todo dicho.

Si el señor Peralta pretende que reafirme una posición clara y
sin ninguna duda de cuál es nuestra filosofía, nuestro
discurso y de cuál va a ser nuestra práctica respecto a la
famosa cláusula, no tengo ningún



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empacho en decírselo, va a ir exactamente en la línea en que
usted lo ha dicho. El único debate que hay en este momento
entre nosotros es si se debe o no incluir en la ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 1994. Me
reafirmo en mi idea, que es la idea de mi Grupo y que es la
idea de cualquier persona que lea la Ley General
Presupuestaria, que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado sólo puede comprometer gasto para el año 1994 y que la
cláusula --cuya redacción han presentado ustedes en este
debate-- originaría gastos en el año 1995. De modo que es un
tema en el que sólo nos separa una interpretación técnica, y
en este momento creo, señor Peralta, sin ningún género de
dudas, que la razón en esta cuestión está de parte del Grupo
Socialista.

Quisiera decirle en este mismo sentido al señor Núñez que no
se puede comparar el sistema que ha ofrecido el Gobierno a la
mesa que está negociando el pacto de rentas y que va a medir
la inflación de todo el año 1994 con lo que fue el pacto que
se firmó con las centrales sindicales el año 1991. Por la
sencilla razón de que en aquel momento sí se podía actuar con
la Ley de Presupuestos que discutíamos llegadas estas fechas
aquí en la Cámara, nunca aquí en el Congreso, en el Senado era
normalmente donde se hacía. Porque ya en el Senado sí se
conocía lo que era la inflación medida noviembre sobre
noviembre. De modo que era coherente con aquella técnica de
medir la inflación noviembre sobre noviembre, pero no sería
correcto incluirlo en esta Ley de Presupuestos, puesto que la
inflación que serviría de base, eventualmente, para esa
cláusula de revisión se refiere al conjunto del año 1994,
sería conocida por el Instituto Nacional de Estadística al
final de enero de 1995 y, por tanto, sería imposible de todas
maneras que se pueda traer a colación aquí la técnica que se
utilizó en anteriores ejercicios presupuestarios. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
En todo caso, señor Núñez, entrando más en el fondo de su
réplica, ciertamente no tengo ningún empacho en decir que S.S.

ha atemperado el tono con el que este año ha enfrentado la
posición del presupuesto del Gobierno; pero ha atemperado el
tono; yo no creo, en absoluto, que de las enmiendas de su
Grupo --porque me imagino que usted se hace solidario también
de otras enmiendas en otras secciones presentadas por su
Grupo-- se pueda decir que hayan pasado por el presupuesto sin
romperlo ni mancharlo. Bueno, no lo van a romper ni lo van a
manchar porque no van a ganar ninguna votación, pero si
ustedes hubieran ganado las votaciones de las enmiendas que
han presentado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado
hubieran dejado hechos unos zorros literalmente los capítulos
relativos a la Seguridad Social. Tiempo habrá de discutir
cuando lleguemos a la Sección 60 y al Título IX, pero algunas
de sus enmiendas --ya lo discutí con sus compañeros en
Comisión-- cuestan 960.000 millones de pesetas; por tanto, de
atemperación, es posible que por su parte subjetivamente; su
Grupo, en absoluto.

Incluso S.S., en la primera posición defendía, respecto a su
demanda de que los pensionistas de clases pasivas anteriores a
1985, no ya la retroactividad, sino solamente la
transitoriedad de las normas, con evidente incorrección
técnica, puesto que la transitoriedad de una norma se predica
para los nuevos beneficiarios que entran suavemente y despacio
en la nueva legislación. Usted ha pedido siempre --y por si
hubiera alguna duda lo ha reiterado ahora en la tribuna-- la
retroactividad pura y dura de las normas respecto a ese
colectivo de pensionistas y se me va por los cerros de Ubeda
cuando le digo que concrete. Evidentemente, ustedes tienen
como técnica no concretar nada, hacer grandes declamaciones
enfáticas para que lo oigan determinados sectores de la
población, pero cuando tienen que poner negro sobre blanco, no
se atreven a hacerlo, porque saben que caen inmediatamente en
contradicciones muy serias con posiciones más genéricas y más
globales de su propio Grupo parlamentario. Y si usted hubiera
concretado eso, eso inmediatamente yo lo hubiera traducido en
decenas de miles de millones de pesetas, que era lo que
costaba su enmienda. Por eso dice «aproximarnos», pero, ¿en
cuánto, señor Núñez? Porque usted ha dicho que la distancia
que hay entre el nuevo y el antiguo sistema de clases pasivas
es abismal. ¿Acaso quiere usted, señor Núñez, que caigamos en
ese abismo? ¿O quiere usted que caigamos en el abismo de una
vez, dos veces, en tres etapas? Usted, señor Núñez, tiene esa
asignatura pendiente --no solamente usted, el conjunto de
posiciones de su Grupo--, que se pasan en todos los capítulos,
en todas las secciones, haciendo brindis al sol, pero no
entrando realmente a considerar que cuando llegan estos
debates no se puede agradar a todo el mundo al mismo tiempo, y
como ustedes quieren agradar a todo el mundo al mismo tiempo,
lo que hacen es una huida hacia adelante, quedándose en la
literatura de los problemas y no bajando a la matemática de
los mismos.

En cuanto a su reivindicación del período 1977-1982, que le
honra, yo no tengo ningún empacho en decir que, efectivamente,
se dio ese salto adelante que usted dice, pero, señor Núñez,
en primer lugar, no me compare usted cifras de aquellos años
en términos nominales, puesto que la inflación de aquel año
era cinco veces superior a lo que va a ser este año. Esa
comparación es engañosa.

En segundo lugar, no mencione usted como cita de autoridad que
lo pudieron hacer ustedes en época de crisis; dígannos cómo
dejaron ustedes a la Seguridad Social tras esas alegrías,
porque usted sabe que el último gobierno de Unión de Centro
Democrático tenía preparado un plan de choque para poder
arreglar algunos de los desaguisados que se organizaron en
esos cinco



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años de alegrías, muy explicables, por otra parte, y no es el
momento de profundizar en ellas.

Por último, señor Núñez, lo único que lamento de toda su
intervención es que, al final, no haya tenido la, digamos,
autoridad personal para, incluso habiendo hecho una excepción
en su Grupo, haberse ahorrado la cita demagógica a las 8.000
pesetas al mes. Señor Núñez, no hay nadie en este salón que
pueda decir con honestidad lo que están diciendo fuera algunos
de los diputados y dirigentes de su partido, ya que este
Gobierno socialista no solamente no va a rebajar 8.000 pesetas
al mes a ningún pensionista de este país, sino que, con estos
presupuestos, va a mantener la capacidad adquisitiva de todos
ellos.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.

Como saben SS.SS., de acuerdo con la previsión establecida
para la tramitación de este orden del día, las votaciones van
a tener lugar a partir de las ocho y media en las sesiones de
tarde. Por tanto, para no contrariar las razonables
previsiones de los diputados que conocen esta convención,
vamos a iniciar la tramitación del Título V, Sección 6.ª, y a
las ocho y media, en el primer momento que podamos,
interrumpiremos el debate para proceder a las votaciones.

Enmiendas al Título V, Sección 6.ª
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Montoro.

El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda
de supresión al Título V, la número 339, concerniente a las
operaciones financieras.

La razón de esta enmienda está en la insuficiencia de los
controles y límites establecidos en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. Este mismo
espíritu anima las enmiendas comprendidas entre la 340 y la
356, a excepción de la 349, que fue aprobada en la Comisión de
Presupuestos. Todas ellas aspiran a introducir más claridad y,
sobre todo, mayor control en un apartado de los presupuestos
en el que éstos deciden su ser o no ser como instrumento de
política económica. A la postre, deciden el signo de su
influencia sobre la economía.

El problema esencial de los presupuestos estriba en su
desequilibrio, problema que inexorablemente desagua sobre la
cuenta financiera del Estado. La cuestión no es sólo que esta
cuenta soporte las consecuencias de la falta de recursos de
las restantes actividades públicas, sino que ella misma se
utiliza para realizar operaciones cuya intención última es
camuflar la cuantía exacta del déficit presupuestario. Sin
embargo, el intento de camuflar, de esconder el déficit
presupuestario resulta vano. La evolución de la deuda pública
revela con nitidez el problema que se hereda de las cuentas de
renta y de capital de las administraciones públicas. La
evolución de la deuda pública es tan aterradora como para
helar el corazón de la economía española. Técnicamente,
nuestro problema se califica de insostenibilidad de la deuda.

Explicaré brevemente en qué consiste esa insostenibilidad. Se
dice que una política de endeudamiento es sostenible si el
volumen de deuda en circulación crece a largo plazo a un ritmo
inferior o igual a la tasa de crecimiento de la renta
nacional. En caso contrario, como es el nuestro, el porcentaje
que la deuda representa sobre la renta nacional aumenta sin
límite, lo que presiona cada vez más sobre el ahorro y el
capital nacional hasta generar expectativas de impago. A
partir de cierto nivel, nadie adquiere voluntariamente la
deuda, lo que obliga a los gobiernos a suspender pagos o a
introducir nuevos impuestos. La velocidad de crucero de
nuestra deuda pública es sencillamente delirante. En el primer
semestre de 1993 creció en casi cinco puntos porcentuales del
PIB, y las previsiones oficiales la llevan hasta el umbral del
60 por ciento en 1994. El famoso listón del 60 por ciento del
PIB establecido como referencia en el Tratado de la Unión
Europea quedará así pulverizado y con él el único criterio de
convergencia nominal que cumplíamos hasta ahora con holgura.

En un estudio que acaba de publicar el profesor Raymond Bará
se realiza una proyección plurianual de la deuda que, basada
en supuestos bastante realistas, llegaría a rozar el cien por
cien del PIB a finales de la década. Las consecuencias de la
falta de sostenibilidad de la deuda son harto preocupantes. Lo
peor es que supone una amenaza directa para el bienestar de
las generaciones futuras, es decir, para aquellos que se dice
beneficiar por la inversión pública realizada en la
actualidad. En segundo lugar, la deuda introduce un
considerable grado de incertidumbre en la economía,
perjudicando gravemente al crecimiento económico. En tercer
lugar, la ingente cantidad de intereses que la deuda pública
arrastra lastra los presupuestos de los años venideros,
imposibilitando que se destinen recursos a la protección
social o a la remuneración de los funcionarios. Este fenómeno
resulta especialmente visible en los presupuestos de 1994.

Por último, la presión de la deuda pública sobre los tipos de
interés impide el descenso de los mismos hasta los niveles
necesarios para reactivar la economía. Se trata, en
definitiva, del temido efecto «crowding out», o expulsión del
sector privado, que está llevando a los gobiernos de todo el
mundo a luchar con decisión contra el déficit público.

Quiero insistir sobre la peor consecuencia de la descabellada
carrera que lleva la deuda pública española. No es hoy válida
la vieja interpretación de la teoría de la hacienda pública
por la que la equidad intergeneracional está asegurada si la
financiación con deuda se



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destina a gastos de inversión. En la situación presente, la
deuda afecta negativamente al ahorro, y al estar la política
de endeudamiento público afectada por el problema de la
insostenibilidad, se pone en peligro el bienestar de las
generaciones futuras. Se trata de una demasiado pesada carga
de la deuda, como la definió Buchanan ya en el año 1958. De
hecho, los organismos internacionales dedican cada vez mayor
atención a los indicadores de sostenibilidad, como lo hacen el
Fondo Monetario Internacional, la OCDE o los organismos de la
Comunidad Europea.

El binomio déficit-deuda pública se ha convertido en una
reedición moderna del leviatán, un monstruo moderno que
representa al demonio, tomándonos la licencia de utilizar el
título del famoso tratado de Hobbes. La amenaza que el
monstruo marino representa ha sido denunciada reiterada y
profusamente por los mejores tratadistas de la economía
española, y lo peor del déficit público no es su cuantía, sino
su relativo desconocimiento.

La cuestión es doblemente grave, por cuanto el problema del
déficit y su corolario, la deuda pública, son consecuencia del
imparable avance del sector público, que ocupa parcelas
crecientes de la actividad económica. En 1993, el ritmo de
aumento del gasto público triplicará al de la actividad
productiva de España. De este modo, el ratio gasto público
sobre PIB superará con holgura el 50 por ciento, y aún hay
quien sostiene que el sector público español es pequeño. El
déficit público de 1993 se deberá casi totalmente al
desbordado gasto público, 2,5 billones de pesetas sobre el
nivel presupuestado inicialmente, es decir, más de cuatro
puntos porcentuales del PIB. En otras palabras: no es el
desfallecimiento de los ingresos el que explica un déficit
presupuestario que este ejercicio, el año 1993, puede
acercarse al 8 por ciento del producto interior bruto.

A los agobios derivados del déficit presupuestario se suman
los provocados por otras operaciones que, revestidas de
concesiones de préstamos, obligan a emisiones de deuda
perjudiciales, a la vista de los argumentos que acabo de
manejar. Se trata de la constitución de activos ficticios que
nunca se recuperarán, algo que no parece preocupar, por cuanto
la insolvencia se carga sobre las espaldas del Estado, que se
encuentran bastante maltrecha. Así, en los Presupuestos de
1994, de la variación neta de activos financieros (capítulo
VIII), compuesta por unos 775.000 millones de pesetas, nada
menos que 638.000 son préstamos a la Seguridad Social y al
Insalud. ¿Alguien duda sobre la nula calidad de esos
préstamos? Pero más importante aún es preguntarse sobre la
razón de que las necesidades financieras de otros organismos
públicos se atiendan con préstamos, en vez de recurrir a
transferencias corrientes o de capital --obviamente, estas
últimas lucirán en el déficit público si se utilizaran-- cuya
cuantía real se pretende enmascarar. Este es el caso de la
perniciosa práctica de que el Estado asuma las deudas del INEM
o de Radiotelevisión Española. Resulta evidente que estamos
ante un intento, por lo demás ni eficaz ni imaginativo, de
sortear e impedir la correcta contabilización del déficit, en
definitiva, de presentar ante la sociedad española un déficit
de menor cuantía que el que actualmente está registrado.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tratan de poner
coto a la degradación del equilibrio presupuestario. Sus
principales objetivos son los siguientes. En primer lugar,
reducir el límite de endeudamiento neto del Estado en 500.000
millones de pesetas. El ánimo es evitar que la deuda pública
supere el 60 por ciento del PIB el año próximo; para ello es
fundamental contar con ingresos adicionales de privatizaciones
de empresas públicas, según un plan que, en nuestra opinión,
permitiría ingresar 450.000 millones el primer año.

Aceptado el principio según el cual reducir la deuda equivale
a contener el gasto público, nuestras enmiendas pretenden
reducir las excepciones al límite de la deuda, así como hacer
más rígido el límite que sólo podría sobrepasarse mediante ley
de autorización de las Cortes Generales; conviene recordar
aquí que el año pasado el límite se superó en un 125 por
ciento nada menos. Por análoga razón, el establecimiento del
mismo límite para el endeudamiento de los organismos autónomos
y entes públicos constituye una necesidad perentoria en las
circunstancias presentes. Asimismo, pretendemos acabar con la
perniciosa técnica de que el Estado asuma deudas de otros,
como el INI (212.000 millones) y Radiotelevisión Española, por
dos razones: la primera porque estamos ante una transferencia
de recursos efectiva que contrasta con la dura congelación
practicada en el sueldo de los funcionarios, en el recorte de
las pensiones o en las prestaciones por desempleo. La segunda
porque equivale a adquirir activos ficticios, lo que supone
camuflar el déficit verdadero. También es conveniente
garantizar al máximo la afectación de los recursos de deuda
pública a la materialización del gasto de inversiones
Otros objetivos de las enmiendas que defendemos, y para las
que pedimos el voto positivo de la Cámara, pretenden mejorar
la información sobre la deuda pública, que es fundamental en
este proceso de reforma y modernización de los métodos de
financiación del sector público que estamos experimentando, y
la introducción de controles en la concesión de avales que
constituyen, en definitiva, una forma de aumentar la deuda
pública del día de mañana si, como es de suponer, esos avales
van a aumentar el endeudamiento público.

En la misma línea de rigor presupuestario planteamos la
necesidad de clarificar y controlar los créditos FAD.

Otro bloque de enmiendas, que con la máxima concisión paso a
defender, aspiran a introducir mayor control



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en la sección 6.ª, es decir, en el ámbito de los créditos
ampliables. Tratamos con ello de restaurar una técnica
presupuestaria que se ha degradado y de la que se ha abusado
sin recato alguno, puesto que, a través del crédito ampliable,
se ha producido un desbordamiento a una falta de control del
gasto público especialmente palpable en el año 1993, durante
el presente ejercicio. Taponar esa vía de agua que hace
zozobrar la estabilidad de las finanzas públicas es el
propósito de las enmiendas 425, 426 y 427, completadas con
otras en las que pedimos mayor información sobre estos
movimientos, y, en definitiva, mayor control parlamentario.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.




El señor MONTORO ROMERO: Señorías, poner orden en las
operaciones financieras es una necesidad imperiosa cuando el
déficit y la deuda pública registran tentaciones de
perpetuarse en un proceso de peligrosa retroalimentación. Si
triunfa este proceso, estaremos amenazando al crecimiento
económico, a la creación de empleo, a las prestaciones
sociales y a la estabilidad de nuestra moneda. Hay que romper,
pues, el círculo vicioso en el que las finanzas públicas han
caído y no debemos resignarnos ante la crisis económica
utilizando esa crisis económica como explicación de los
desequilibrios de nuestros presupuestos. Si así lo hacemos, lo
único que estamos procurando es perpetuar, por las razones que
he explicado, esa crisis económica, lo que estamos haciendo es
garantizar que la crisis económica se haga duradera, se haga
larga y se haga especialmente dura entre nosotros.

Obviamente, la lucha contra el déficit público no descansa
únicamente en el Título V de estos presupuestos, pero la labor
de esclarecimiento del mismo de sujeción a mayores controles
es una invitación que hace el Grupo Parlamentario Popular a
esta Cámara desde la convicción de que solamente introduciendo
ese mayor rigor presupuestario podremos efectivamente asistir
al nacimiento de una política económica distinta que lucha
eficazmente contra la crisis que se ha enseñoreado de la
sociedad española.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.

Enmiendas del señor González Lizondo. (Pausa.) Quedan
decaídas. Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar defender la posición de mi Grupo y las enmiendas que
hemos presentado tanto al articu-lado de la Ley, a los
artículos cuarenta y seis y cincuenta y uno, como a la Sección
6.ª, sobre deuda pública.

Nosotros no vamos a relativizar el papel y el peso que el
déficit público tiene sobre el volumen global del Estado y la
rémora que puede suponer para el futuro en la gestión de este
país. Pero de a hí a demonizar las actuaciones va un paso.

Señorías, la deuda no es buena o mala en sí, la deuda se ha
producido por una realidad determinada. Aquí se intenta
plantear por parte del Gobierno que la deuda ha crecido por el
mantenimiento de una política social, porque para hacer frente
al incremento de ciudadanos que iban incorporándose a
determinadas prestaciones hemos tenido que pedir recursos que
no se han ido produciendo por el capítulo de ingresos.

Señorías, nosotros creemos que ha hecho falta echar mano de
esos recursos porque el Gobierno ha sido incapaz de meter la
cuchara al fraude fiscal, porque no ha sido capaz de ir
haciendo frente a fraudes que se han ido produciendo, a no
pagos, a políticas positivas en lo que es la política fiscal
y, por tanto, se han reducido los ingresos. No son, por tanto,
vasos comunicantes las necesidades, ya que si se incrementan
las prestaciones sociales tenemos que incrementar la deuda
pública.

La otra dinámica que se intenta es que si queremos mantener la
capacidad inversora lógicamente tenemos que echar mano a
recursos que el Estado no tiene. ¿Cuál es, por tanto, el
objetivo de Izquierda Unida? ¿Cuál es el planteamiento que
nosotros hacemos? Lo importante es por qué se ha producido lo
que tenemos, aclararlo y depurarlo definitivamente, y ahí
podríamos decir: creemos los datos del Gobierno. El Gobierno
nos dice que al final del ejercicio de 1994 la deuda global
estará cifrada en torno al 59,7 por ciento. Pero es que este
mismo Gobierno, con el Ministro anterior de Economía, nos
decía antes de empezar la campaña electoral que la deuda
estaría situada en torno al 4,5 por ciento.

La realidad es que, después, se ha ido subiendo esa deuda, y
que está subiendo a un proceso mayor de lo que el propio
Gobierno temía. Es más, el Gobierno se ha fijado como
compromiso reducir el déficit público al 3,5 por ciento para
el próximo ejercicio, y había llegado a acuerdos con las
Comunidades Autónomas para retraer el déficit a ese nivel.

Por tanto, la propuesta de Izquierda Unida es sencilla:
contengamos el déficit público, no nos planteamos como
objetivo para este año la reducción del déficit público,
liberemos, por consiguiente, esa reducción de 0,5 puntos del
déficit público para provocar mayor crecimiento de acción
pública, para garantizar mayores políticas activas y
mantengamos la cifra de déficit público que el Gobierno ha
fijado para 1993. ¿Nos saldríamos, según esas cifras, de los
parámetros de Maastricht del sagrado Maastricht? Pues, no,
señor Ministro; no nos saldríamos, nos quedaríamos en el 59,7
por ciento de deuda al final del ejercicio,



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si fueran ciertos los datos que ustedes dan sobre la deuda.

Por lo tanto, lo que proponemos con la enmienda 1.302 es
dirigir la deuda pública a políticas activas. Izquierda Unida
pretende introducir un apartado 3 que diga que ese volumen de
dinero lo vamos a destinar a políticas de vivienda, a
políticas de infraestructura agraria, a políticas de
incentivos regionales para localización industrial, a
investigación científico-técnica, a educación secundaria y
formación profesional, a cooperación local, a atención
primaria de la salud, a asistencia sanitaria de la Seguridad
Social. Proponemos, por tanto, que la inversión de este
volumen de dinero, de esta deuda que iba a producirse con esa
no reducción del 0,5, sea destinada a políticas activas.

La siguiente enmienda, la 1.303, pretende la introducción de
un apartado 3 al artículo cincuenta y uno que ustedes
proponen, que prohíbe al Banco de España participar en
cualquier tipo de crédito a las comunidades autónomas y al
propio Estado, a fin de que no se aplique esa cláusula. Me
dicen que es un compromiso del Tratado de Maastricht. Hay
muchos compromisos que han evolucionado en muchos países y a
mí me parece que el proceso europeo viene en un régimen de
carta: para los daneses de una manera, para los ingleses de
otra. Lo que pedimos es que no perdamos este año el recurso
del Banco de España, en un momento de crisis, y para hacer
frente al desempleo, a fin de aplicar la política que el
Gobierno define de políticas activas. Por tanto, proponemos la
supresión de ese punto, fruto de esos acuerdos a nivel
europeo.

La enmienda 1.304 va dirigida a que los 80.000 millones de
pesetas que el Estado va a dedicar a los fondos de ayuda al
desarrollo no puedan ir destinados a países que invierten un
porcentaje importante de su PIB en la adquisición de material
bélico. Es verdad que estos fondos no deben ir destinados a
ellos; es verdad que en Comisión se me dijo que el Grupo
Socialista velaría porque eso no se produjera, pero lo cierto
y verdad es que hay países, como, por ejemplo, Marruecos, que
destina un porcentaje altísimo de su PIB a políticas de
defensa. Nosotros no creemos que esto pueda ser compatible. No
vamos a poder defender hoy en esta Cámara, porque el Gobierno
lo ha vetado, el que pueda, invertirse la partida de 145.000
millones de pesetas destinada a los fondos de desarrollo; es
decir, conseguir llegar al 0,25 por ciento del PIB en nuestro
propio país y no al 0,7 que se está proponiendo.

Por tanto, señorías, las propuestas de Izquierda Unida van
dirigidas a conseguir mayores políticas activas por parte del
Gobierno, a lograr que se contenga la deuda en la cifra que
ahora mismo tenemos y que podamos introducir, como ya se está
pidiendo en Europa por dirigentes no sólo de nuestras
formaciones políticas a nivel europeo, sino por el propio
señor Delors, que en ese proceso de cohesión hacia Europa se
introduzcan elementos para luchar contra el desempleo y
actuaciones sociales, no a reducir derechos de política
social. Por consiguiente, no creemos prioritario que el
Gobierno, para reducir el déficit, tenga que atacar derechos
conquistados en prestaciones concretas a nivel social.

Nuestras propuestas irían en ese sentido.

Sé que va a ser difícil que en esta intervención a bote pronto
pueda convencerles y menos con el caso que se me está
haciendo, pero persistiremos una y otra vez hasta que la razón
se imponga, por lo menos, por los argumentos. Nada más, señor
Presidente; nada más, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Solamente quiero manifestar que se den por defendidas mis
enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo. Se
tendrá en cuenta a efectos de la votación de las mismas.

Turno en contra. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Pérez.




El señor PEREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para defender la posición de mi Grupo en el rechazo
de algunas de las enmiendas, así como la aceptación de otras,
que voy a enumerar.

En este trámite, el representante del Grupo Popular, señor
Montoro, ha modificado parcialmente sus posiciones respecto a
las que mantuvo en la Comisión. Ha hecho aquí una exposición
más político-ideológica en la línea del déficit, la deuda
pública y sus tratamientos.

Comenzaba hablando de la gran velocidad del crecimiento de la
deuda, llegando a las proximidades del 60 por ciento.

Obviamente, las cifras manifestadas en la Comisión y en la
comparecencia del señor Secretario de Estado iban en esa
dirección y, por tanto, es improcedente negar, sobre todo en
los años 1993 y 1994 que el crecimiento es más acusado que en
años anteriores, en los años de bonanza, en que la velocidad
de crecimiento de esa deuda estaba en posiciones más cómodas,
aunque entonces las críticas también eran duras respecto al
endeudamiento cerrado al que se estaba sometiendo a la
economía española en ese período. Y ahora que la época es de
crisis, lógicamente, las desviaciones coyunturales, por
razones de unos menores ingresos y de una mayor atención a los
gastos como consecuencia de tener que pagar derechos
subjetivos regulados por ley, llevan a esta posición. Pero
tengo que decirle al señor Montoro que todavía en 1993, cuando
se cierre este ejercicio, e incluso en 1994,



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vamos a estar por debajo de la media comunitaria, y esto no es
un consuelo, es una realidad.

Ya le expuse en la Comisión --y se lo digo aquí-- que el
crecimiento de la deuda y el de los déficit es motivo de
preocupación. Por eso, y de forma razonable, hay que buscar el
conseguir un presupuesto coherente, siguiendo unas líneas de
política económica que usted conoce bien, que yo he defendido
y que usted critica. Sin embargo, en este apartado convinimos
ambos en que su debate era de otra naturaleza, y no vamos a
proceder aquí a que yo defienda los criterios generales de
política económica que llevan a que el resultado final de la
deuda sea éste, o a que defienda usted sus criterios de
política económica, que también llevan a su apreciación de que
es un crecimiento exagerado.

Piensa que esta deuda, estos déficit no son sostenibles hacia
generaciones futuras. Sobre este particular quiero expresar la
opinión de mi Grupo de que no es su intención dejar ningún
tipo de hipotecas gravosas a otras generaciones; que hemos
estado por debajo de los niveles de deuda. Nos sometemos a los
criterios y las normas del Tratado de Maastricht en esta
materia, pero pensamos que si la actuación del Gobierno
socialista en los 11 o 12 presupuestos que se llevan aprobando
en esta Cámara en algo ha redundado es en sentar los cimientos
de un estado de bienestar, el adecuado al nivel que tiene la
economía española o en satisfacer las necesidades de formación
de esas generaciones que dice usted que se van a encontrar con
esa deuda.

Nos parece que una docena de presupuestos ha servido, al
menos, para situar a esas generaciones españolas en el umbral
mínimo que ya tienen las generaciones europeas, y era
importantísimo hacer este esfuerzo sostenidamente. Aunque no
nos gusta tener que incrementarlo en esta coyuntura
desfavorable, lo hacemos también de manera razonable,
ordenada, mesurada y prudente.

Argumentaba también otros efectos que tiene este déficit
creciente, según usted, y este volumen de deuda sobre los
tipos de interés. Ya le expresaba yo la paradoja de estas
leyes de oferta y demanda de fondos monetarios: en unos
momentos en los que ciertamente desde el Estado hay una fuerte
demanda de recursos, están bajando con fuerza los tipos de
interés. Eso quiere decir que al menos por este año, y yo
espero que en los venideros, existe margen suficiente para
poder apelar a los ciudadanos y a sus ahorros. Puedo hacer
también aquí un excurso, ya que hemos mencionado los ahorros,
y es que en esta situación de bajada de tipos de interés están
creciendo los ahorros, tanto de las familias como la liquidez
disponible de las empresas. Luego todas las reglas económicas
no se conjugan en el mismo momento.

Yo creo que todas las circunstancias favorables no pueden
operar sobre la economía. Estos factores del crecimiento del
ahorro o de la bajada de los tipos de interés, que permiten
financiar mejor los déficit y la deuda, pueden tener también
consecuencias positivas sobre la política económica en el
sentido de que constituyen signos de recuperación como los que
tuvo la economía en los años 1984 y 1985, y que fueron el
preludio del despegue en el año 1986. Por tanto, ya ve que yo
soy más ecléctico que usted respecto de la incidencia que
tiene la deuda sobre los tipos de interés.

Ya manifesté en Comisión que siendo Alemania el ancla nominal
del Sistema Monetario Europeo, ciertamente son las bajadas
alemanas de los tipos de interés las que están determinando en
mayor medida que ninguna otra circunstancia las bajadas
españolas de esos tipos de interés. Comentaba el Gobernador
del Banco de España que estaban bajando con fuerza y en mayor
medida de lo que se esperaba. Por fortuna, existe todavía
margen en las políticas monetarias para poder bajar estos tipo
de interés. Yo confío en que esto sea así.

Hacía también unas apreciaciones y consideraciones sobre el
sector público y el crecimiento desmedido del mismo que yo no
comparto. Si de algo han servido doce presupuestos en este
país es para poder decir que en estos momentos España tiene el
sector público y las administraciones públicas modernas que se
merece. Ello quiere decir que nos encontramos al inicio del
decenio con que no estaban a la altura de la realidad europea,
y se han hecho esfuerzos considerables para mejorarlos. A
título de ejemplo, el IVA, que era una figura impositiva sobre
la que había escepticismos razonables acerca de que la
capacidad española pudiera hacer frente a su implantación, por
fortuna, en el mismo año que se introdujo la administración
tributaria española, que no se había modernizado en este
sentido, en un solo año se puso a la altura que le
correspondía.

Ha entrado S.S. posteriormente en enmiendas que ya enumeró en
la Comisión de Presupuestos. Sobre las de globalidad y de
devolución, tanto del título como de la sección, me parece que
no son procedentes, y le voy a dar las razones por las cuales
vamos a rechazarlas.

En primer lugar, los crétidos presupuestados y los preceptos
del título, tanto para el pago de intereses como para
amortizaciones, han sido calculados de acuerdo con las
necesidades existentes, que vienen determinadas por las
emisiones ya realizadas y por las previstas siguiendo los
criterios de la política económica del Gobierno. En segundo
lugar, le tengo que decirque el déficit no financiero y la
necesidad de endeudamiento no vienen determinados
exclusivamente por la Sección 06, sino por todo el presupuesto
de gastos e ingresos y por el límite del saldo vivo de la
deuda, fijado en el artículo cuarenta y seis.

En esta dirección, la enmienda de Izquierda Unida, que también
abundaba en este criterio de devolución al Gobierno de la
Sección 06, la doy por respondida.




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Respecto al artículo cuarenta y seis, han presentado tres
enmiendas que proponen que no se sobrepase el límite que dicho
artículo establece para el curso del ejercicio, o,
contradictoriamente, dicen también que pueda ser sobrepasado
mediante ley de autorización que venga a las Cortes. La
primera medida exigiría ofrecer un presupuesto alternativo,
cosa que ustedes no hacen, puesto que la deuda es la
resultante de presupuestos de ingresos y gastos. Referente a
la segunda propuesta, esperar a disponer de una ley que
autorice expresamente al Gobierno cada vez que se sobrepase el
límite, supondría tanto como paralizar el funcionamiento de la
Administración.

Por otra parte, las modificaciones de ingresos y gastos, de
las que decía que no tenían control, son conocidas por las
Cortes de manera puntual. En ese sentido, cada vez que se
produce una modificación presupuestaria, las Cortes conocen
puntualmente esta modificación. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio.

Señor Pérez, le ruego que concluya.




El señor PEREZ GONZALEZ: Voy a ir acelerando las respuestas.

Creo que en la réplica tendremos más tiempo.

La enmienda al artículo siguiente propone limitar el
endeudamiento de los organismos públicos al límite fijado para
el Estado. El criterio es que eso sería restringir
inadecuadamente, puesto que la manera de contabilizar ambas
deudas es, por la naturaleza orgánica de cada uno de los
entes, conocer el límite de la deuda del Estado y conocer el
límite de la de los organismos públicos.

Respecto del INI y de la supresión del artículo cuarenta y
ocho, que piden ustedes y también otros grupos, es aquí cuando
se desatan los adjetivos definitorios que creo que no
responden a la realidad. Debo decirle que esa asunción de
deuda que ustedes critican se efectúa como aportación del
Estado para incrementar el fondo patrimonial, tal como dice el
artículo cuarenta y ocho. La CEE permite estas operaciones
siempre que sean destinadas a aportación de capital o a nuevas
inversiones. Este es el caso de lo que propone el precepto.

Finalmente, quiero salir al paso, señor Presidente, de la
manifestación que se ha hecho sobre que esta vía de
financiación supone una ocultación del déficit. Eso es
radicalmente falso, ya que, según las normas de contabilidad
nacional, las amortizaciones de deuda asumidase reflejan
anualmente en la necesidad de financiación del Estado. Por
tanto, no existen ni minoración ni ocultación del déficit
público.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.

Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, quiero insistir en el espíritu de nuestras
enmiendas, que voy a simplificar en los siguientes argumentos.

En primer lugar, estamos ofreciendo a los diferentes grupos de
esta Cámara un mejor mecanismo de control del gasto público.

En segundo lugar, estamos ofreciendo una técnica incompleta de
depuración de lo que ha sido una incorrecta presupuestación de
nuestros presupuestos --valga la redundancia-- en las
ediciones anteriores y que vuelve a repetirse en la edición de
1994. Y, en tercer lugar, y quizás el más importante, queremos
intentar suavizar el impacto negativo que tienen los
presupuestos de 1993 y los de 1994 --puesto que son los de
1994 los que estamos tratando-- sobre la actividad económica,
un impacto negativo que se ejerce a través de los tipos de
interés.

Yo aprecio en el portavoz socialista, como aprecio en el
Gobierno, una resignación ante la crisis económica que es
inaceptable en las circunstancias actuales. La gravedad de la
crisis exige una reacción, y una reacción del Gobierno
significa modificar no ya las grandes cifras del presupuesto
de 1994, sino los contenidos de capítulos como el V, que
apostarían claramente por ese triple objetivo de control de
gasto, mejora de presupuestación e influencia económica menos
negativa.

Yo aprecio una resignación --otra vez este argumento-- de que
es la crisis la que provoca el desequilibrio presupuestario.

Pues bien, completen ese argumento: de seguir con esta
estrategia presupuestaria vamos a profundizar en la crisis
económica. Y para el año 1994 ustedes han hecho unas
previsiones económicas que volverán a ser fallidas, se lo
estamos diciendo desde nuestro Grupo Parlamentario, se lo
están diciendo ya los mejores expertos y se lo comienzan a
decir fuera de nuestras fronteras. Se han vuelto a equivocar y
eso va a provocar un déficit público que no va a bajar del 7
por ciento del producto interior bruto. ¿Qué consecuencia
tendrá esto? Pues tendrá la consecuencia de que el año que
viene no se va a producir en España un descenso significativo
de los tipos de interés. Eso quiere decir que en los tipos de
interés seguiremos teniendo un obstáculo infraqueable para la
recuperación económica, y ésa será su responsabilidad por no
haber afrontado por lo menos unos mecanismos de contención,
por lo menos unos mecanismos de corrección de ese efecto de
endeudamiento excesivo que están padeciendo los actuales
presupuestos y que seguirán registrando los próximos.

Estos son los criterios de política económica válidos para
afrontar una crisis como la que estamos viviendo, y le hacemos
un pronóstico que no es catastrofista, sino un pronóstico
realista, advirtiendo sobre las consecuencias que van a tener
esos presupuestos. Además, encuentran ustedes esa advertencia
en todos los informes técnicos de cierta valía que se están
haciendo en



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España. Todos los institutos de estudio, todos los centros de
opinión están francamente preocupados por la suerte de los
tipos de interés.

Dicho esto, sí quiero rebatirle lo referente a que la sociedad
española tiene el sector público que se merece. En absoluto,
señor Pérez. La sociedad española tieneel sector público que
ustedes se merecen, que ustedes le han dado. La sociedad
española se merece un sector público mucho más moderno, mucho
más eficiente, y mucho más equitativo en su tarea de
redistribución de la renta de lo que ustedes están haciendo
con ese sector público plagado de ineficiencias y cuyo
funcionamiento nos está conduciendo a ese déficit y a esa
deuda pública. Por eso yo también, desde esta tribuna, lo que
reclamo es el voto de Convergència i Unió, porque este Grupo,
que argumenta que trata de apostar decididamente por la
actividad productiva, seguramente va a votar en contra de unas
enmiendas que intentan frenar ese crecimiento de gasto público
y, por tanto, intentan apostar decididamente por un
crecimiento económico facilitando la reducción de los tipos de
interés.

El déficit público en España está enmascarado. El problema de
ese déficit público, señor Pérez, es que ya dudamos que lo
conozca exactamente el Gobierno. Está enmascarado en esa
cuenta financiera del Estado, en esa cuenta financiera de las
administraciones públicas, donde no se lee con propiedad lo
que son operaciones que están en ella registradas y que, en
buena técnica presupuestaria, con rigor de contabilidad
nacional, no deberían estar nunca ahí. Me refiero, por
ejemplo, a los ingresos derivados de una privatización. Eso no
debe figurar jamás en ingresos patrimoniales y sí a amortizar
Deuda pública. Esto no se hace en las cuentas financieras. Y
no se hace porque, en definitiva, se ha preferido ir a un
enmascaramiento del déficit público que está también producido
por esa asunción de deudas sobre la que ustedes no responden;
es decir, no dicen por qué practican esa asunción de deudas en
el caso del Instituto Nacional de Industria o de
Radiotelevisión Española, y no lo hacen, sencillamente, porque
no es más que una técnica para que no figuren como tales
transferencias que deberían ser corrientes o de capital,
dirigidas, en definitiva, a apostar, si quieren aportar en
términos políticos, por esos organismos. Pero no lo hagan a
través de esa cuenta financiera, que lo que está haciendo es
engordando y conduciéndonos, en definitiva, a lo que podemos
llamar una situación de insolvencia del Estado, una situación
que no se justifica por las inversiones públicas que está
realizando este Estado, porque esa deuda pública grande,
creciendo como si de una bola de nieve se tratara, lo que está
haciendo es aplastar nuestro potencial, nuestra capacidad de
crecimiento en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, le ruego concluya.




El señor MONTORO ROMERO: Ya acabo, señor Presidente.

Lo que están haciendo ustedes al rechazar de plano estas
enmiendas, con las que nos proponíamos introducir esa
modificación de política económica, es un suicidio
presupuestario que vamos a pagar el año que viene todos los
españoles.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro. (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.) Señor Ríos, le puedo dar la
palabra, pero la verdad es que he escuchado con mucha atención
la intervención del señor Pérez y me ha parecido que a sus
enmiendas se refería poco o nada.

Tiene la palabra, si lo desea.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente, porque sé
que estamos en la hora de votar.

Solamente dos comentarios al poco comentario para rebatir mis
enmiendas que ha hecho el portavoz del Grupo mayoritario, que
se ha limitado a decir que daba por repetidas las razones que
le ha dado el Partido Popular. Y no es que yo tenga mucha
obsesión por no estar junto con ningún compañero de la Cámara
si concidiéramos en argumentos, pero es que, en este caso, no
hemos coincidido en dichos argumentos, señor Presidente, y
nosotros no creemos en el juego de dominó de las macrocifras.

No creemos en ese juego mágico que dice: reducimos el déficit
público, caen los intereses, se incrementa la inversión y, por
arte de birlibirloque, todo funciona. Y decimos: no. O hay más
inversión pública, que tira de la inversión del Estado con la
inversión privada y se genera seguridad, o la gente no pedirá
créditos y, por tanto, aunque bajen los intereses no se podrán
utilizar.

Las enmiendas que hemos presentado van dirigidas a no hacer
decrecer el déficit público, a concretar políticas activas de
inversión y a favorecer la recuperación de este país,
fundamentalmente en prestaciones sociales y en generación de
empleo.

Por ello, mantenemos nuestras enmiendas y nos gustaría que,
aunque no seamos tenidos en cuenta, pero sí escuchados a la
hora del debate, porque es importante para que el diálogo
funcione, y para que esto del impulso democrático no sean
borbotones democráticos de uno solo.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Señor Pérez, tiene la palabra.




El señor PEREZ GONZALEZ: Quizá antes, por la premura al
acabárseme el tiempo, no puede extenderme más y hacer las
consideraciones a las enmiendas del señor Ríos. Pero me
parecía que el sentido de las mismas era igual, aunque,
naturalmente, iban en dirección



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opuesta a las del Partido Popular, ya que la consideración
sobre la gravedad del déficit y su manejabilidad era también
diferente.

Pensaba el señor Ríos que no procedía, en este ejercicio,
reducir esas cinco décimas que propone el presupuesto para el
del déficit, y ofertaba un plan de actuaciones que cuantifica
en su enmienda y que el Grupo Socialista rechaza, porque
considera que en el estudio del déficit y de todo el
presupuesto ha habido unos cálculos muy estrictos y aceptar su
enmienda supondría salirse inadecuadamente de ese marco. Por
tanto, comprendiendo y conociendo su espíritu, no lo comparto
y me opongo a las enmiendas del señor Ríos. Ha presentado
otras dos, que ya comentamos en la Comisión, respecto de los
créditos FAD. Yo le dije que para el Grupo Socialista era
irrenunciable incrementar la política de ayuda al desarrollo,
que no solamente se consignaban partidas para ese fin en este
título, sino que en otros ministerios, e incluso en el Fondo
Europeo de Desarrollo hay aportaciones españolas a la ayuda a
dicho desarrollo, que naturalmente hay que consolidar, aunque
estoy de acuerdo con él en que esa cifra todavía no llega al
0,7 por ciento del PIB, que es lo exigible.

Respondiendo al señor Montoro, no redundaré en algunos
argumentos ya expuestos en la tribuna, sino en algunas
consideraciones nuevas que ha hecho respecto del
enmascaramiento del déficit, que es como una obsesión que
persigue a su Grupo. Yo no sé si a ustedes les resulta difícil
seguir las explicaciones que se han dado por parte de los
responsables en esta materia. La Intervención General del
Estado explicó detalladamente lo que eran las diferencias en
la contabilidad nacional, que radica en el Instituto Nacional
de Estadística y que opera con un sistema de cuentas
integradas normalizado en la Comunidad Europea, donde se
producían diferencias respecto de la contabilización
presupuestaria. Un ejemplo muy elocuente fueron los llamados
déficit del Inem, que en el primer año aparecían en la
contabilidad nacional y en el segundo año en la contabilidad
presupuestaria del organismo de la Seguridad Social.

Por tanto, apelar a que existen déficit enmascarados o que
aquí existe alguna posibilidad de manipulación es algo que no
se tiene en pie, que es un menosprecio hacia todos los órganos
de control; por eso yo rogaría a ese Grupo que no siguiera por
ese camino.

En el primer término, apenas hizo mención a las enmiendas de
control y demás petición de información. También por la
premura a mí se me olvidó decirle que seguimos en esa línea de
aceptar aquellas enmiendas informativas que supongan un
enriquecimiento y una mejora del título. En este sentido, la
Mesa dispone ya de la enmienda 348, del Grupo Popular, que
pensamos votar favorablemente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:



El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar las
votaciones, vamos a proceder al juramento o promesa de
acatamiento a la Constitución por parte de don Francisco
Vicente Murcia Barceló, Diputado proclamado electo por la
Junta Electoral Central en sustitución de don Julio Francisco
de España Moya.

Don Francisco Vicente Murcia Barceló, ¿jura o promete S.S.

acatar la Constitución?
El señor MURCIA BARCELO: Sí, juro.




El señor PRESIDENTE: Don Francisco Vicente Murcia Barceló ha
adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la
Cámara.




DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1994 (Continuación.) (Número de expediente 121/000013)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones.

Votamos las enmiendas del Grupo Popular al Título I.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 139; en contra, 173; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya al Título I. (El señor Fernández-
Miranda y Lozana pide la palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicito votación separada de las enmiendas números 1.261 y
1.262 en un bloque, y el resto de las enmiendas en otro.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas números 1.261 y
1.262, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 159; en contra, 175.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las restante enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 19; en contra, 176; abstenciones, 139.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación correspondiente al dictamen, Título I, excepto
artículos uno y dos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 176; en contra, 136; abstenciones, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votamos las enmiendas del Grupo Popular al Título II.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 139; en contra, 177; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos votación separada de las enmiendas
números 1.272 a 1.276, ambos inclusive, en un bloque, y el
resto en otro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Votamos las enmiendas 1.272 a 1.276, ambas inclusive, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 159; en contra, 175.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 16; en contra, 175; abstenciones, 140.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 143; en contra, 172; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación correspondiente al dictamen del Título II.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 175; en contra, 159.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votamos las enmiendas del Grupo Popular al Título III.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 140; en contra, 174; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández-
Miranda.

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Pedimos votación separada en un bloque de las
enmiendas números 1.282, 1.286, 1.290, 1.296 y 1.297, y el
resto en otro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Votamos las enmiendas números 1.282, 1.286, 1.290, 1.296 y
1.297, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 23; en contra, 175; abstenciones, 135.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 156; en contra, 174; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, ocho; en contra, 308; abstenciones,
17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las enmiendas del Grupo Mixto, del señor González
Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, uno; en contra, 316; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votación correspondiente al dictamen del Título III.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 174; en contra, 158; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Enmiendas del Grupo Popular al Título IV y a la Sección 07.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 141; en contra, 175; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las enmiendas del Grupo Mixto, del señor González
Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, cinco; en contra, 176; abstenciones,
151.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 158; en contra, 175.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación correspondiente al dictamen del Título IV y de la
Sección 07.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 171; en contra, 143; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Enmiendas del Grupo Popular al Título V y Sección 06. (El
señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Queremos solicitar, señor
Presidente, votación separada de la enmienda número 348, del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la enmienda 348 del
Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 312; en contra, dos; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Votamos las restantes enmiendas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 142; en contra, 173; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo. (El
señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
queremos solicitar votación separada de las



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enmiendas 122 y 123 en un bloque, y de la número 121 en otro.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Votamos la enmienda número 121, del señor González Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, dos; en contra, 175; abstenciones,
156.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votamos las enmiendas números 122 y 123, del señor González
Lizondo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 143; en contra, 173; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 17; en contra, 310; abstenciones,
seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación correspondiente al dictamen del Título V y de la
Sección 06.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 174; en contra, 159; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las nueve y quince minutos de la noche.




CORRECCION DE ERROR: En el «Diario de Sesiones», número 24,
del pasado 3 de noviembre, páginas 854 y 863, figura
erróneamente como hora de reanudación de la sesión las nueve y
cinco minutos de la mañana cuando en realidad debe decir «las
diez y cinco minutos de la mañana».