CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 24 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. DON FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 22
celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del
Reglamento:



--Comparecencia del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
para informar, con carácter urgente, ante el Pleno de la
Cámara sobre las Conclusiones del Consejo Europeo
Extraordinario convocado el 29 de octubre con motivo de la
entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (número de
expediente 210/000003) (Página 863)



--Preguntas (Página 894)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general previstas por el Gobierno para
hacer frente a los graves problemas presentes en la realidad
de nuestro sistema penitenciario y para conseguir que éste
responda efectivamente a los fines previstos en el
ordenamiento vigente y a la orientación de principios dada por
la Constitución al cumplimiento de las penas privativas de
libertad (número de expediente 172/000015) (Página 924)

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--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno
respecto de las competencias y financiación de las
Corporaciones Locales en el marco de la construcción del
Estado descentralizado que contempla nuestra Constitución
(número de expediente 172/000016) (Página 934)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número
25, de 4 de noviembre de 1993.)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento
(Página 863)



Comparecencia del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
para informar, con carácter urgente, ante el Pleno de la
Cámara sobre las Conclusiones del Consejo Europeo
Extraordinario convocado el 29 de oc motivo de la entrada en
vigor del Tratado de la Unión Europea (Página 894)



El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) informa a
la Cámara sobre lo acaecido en el Consejo Europeo
Extraordinario celebrado en Bruselas el pasado viernes 29 de
octubre, que se había convocado con un objetivo simple, aunque
de gran trascendencia, como era subrayar el nacimiento de la
Unión Europea, una vez superada la etapa de incertidumbre
vivida en los últimos 20 meses, debida a las dificultades de
algunos procesos de r finalidades y contenidos fundamentales
del Tratado y, por otro, tomar ya las primeras decisiones para
su aplicación eficaz desde la fecha misma de su entrada en
vigor el 1.º de noviembre.

El Consejo Europeo ha hecho un primer análisis de la situación
general de Europa tras un informe provisional del Presidente
de la Comisión que ha servido para orientar y debatir de cara
al Consejo Europeo de diciembre, en el que se van a ocupar a
fondo de la coordinación de las políticas económicas para
recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo,
aumentando la competitividad de los países comunitarios.

Dado que son conocidas las conclusiones y declaraciones
aprobadas en el Consejo, destaca como más sobresaliente la
declaración política sobre la entrada en vigor del Tratado de
la Unión Europea como instrumento imprescindible para
garantizar el mantenimiento de la paz, la libertad, la
prosperidad y la solidaridad entre los pueblos. Para mejorar
la situación económica de sus pueblos y de sus gentes se
inicia el proceso de unión económica y monetaria que haga
posible coordinar políticas económicas que permitan generar
empleo y que facilite los intercambios, disminuyendo los
costes de mercado. Por otro lado, para solucionar o evitar los
conflictos que le afectan, Europa comienza a construir una
política exterior y de seguridad común y a identificar las
áreas donde puede manifestarse colectivamente. Finalmente,
para hacer Europa más atractiva y próxima a sus ciudadanos, se
aumenta el sentido democrático de su funcionamiento,
potenciando la participación de las regiones y confirmando la
disposición de recibir a más naciones para integrarlas en el
mismo proyecto. Este es el sentido básico de la declaración
política aprobada por el Consejo Europeo.

Sucede, además, que el Consejo ha tomado algunas decisiones
que han permitido que este Tratado entre en funcionamiento
desde el primer día, decisiones que figuran en el apartado
conocido como conclusiones de la Presidencia. Figura aquí el
acuerdo sobre las sedes, que ha suscitado la mayor atención
inmediata por parte de los medios de comunicación. De entre
las sedes, destaca la relativa al Instituto Monetario Europeo,
respecto de la que ha prevalecido el criterio de concederla a
Alemania, que, a su vez, ha decidido que sea la ciudad de
Francfort el lugar de su ubicación.

En cuanto a España, habíamos manifestado nuestra aspiración de
acoger la sede de una de las agencias más importantes de la
Comunidad pendientes de designación, entre las que figuraban
con similar importancia la Oficina de Marcas, la Oficina de
Medio Ambiente y la Agencia para la Evaluación



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de Medicamentos, por este orden cronológico. Fina Armonización
del Mercado Interior y tiene la impresión de que esta Agencia
tendrá una importancia considerable en el desarrollo de las
relaciones mercantiles e industriales. Además, España ha
obtenido la sede de la Agencia para la Salud y la Seguridad en
el Trabajo.

En términos generales, considera satisfactorio el acuerdo del
Consejo Europeo, que va a permitir el inicio de la segunda
fase de la Unión Económica y Monetaria a partir del 1 de enero
de 1994.

Alude seguidamente a las acciones comunes decididas, relativas
a la integración europea, política exterior y de seguridad
común, con mención de ámbitos de actuaciones concretos, como
la antigua exYugoslavia, Rusia, Oriente Medio y Sudáfrica, así
como el desarrollo de la cooperación policial, creando
instrumentos para la lucha contra la criminalidad organizada,
el terrorismo o el narcotráfico y formulando directrices en
materia de política de inmigración.

Como otros aspectos de desarrollo del Tratado menciona la
creación del Comité de las Regiones, que está llamado a jugar
un importante papel consultivo, tanto para la Comisión como
para el Consejo, y el rápido desarrollo del Protocolo Social
en todas las formas y posibilidades que brinda el Tratado de
la Unión.

Por último, el Presidente de la Comisión ha informado al
Consejo sobre el estado de preparación del Libro Blanco sobre
crecimiento económico, competitividad y empleo y, en otro
orden de cosas, el Consejo ha decidido subrayar su
determinación para llevar a cabo la primera ampliación de la
Unión Europea, de manera que las adhesiones de Austria,
Finlandia, Noruega y Suecia puedan tener lugar el 1 de enero
de 1995.

Concluye expresando su opinión de que el Consejo de Bruselas
ha estado a la altura de lo que era políticamente adecuado en
un momento decisivo para el diseño futuro de nuestro
continente. Vamos a seguir avanzando unidos, afrontando
nuestros problemas con estrategias coordinadas y vamos a
perfeccionar el control democrático de las instituciones
acercándolas más a los ciudadanos, que son, en definitiva, los
principales destinatarios de sus resultados.

En nombre del Grupo Popular interviene el señor Aznar López,
manifestando que, en su opinión, pueden estar todos de acuerdo
en que los resultados concretos de la cumbre de Bruselas no
son precisamente para despertar entusiasmos. Otra cosa es si
se podía esperar mucho más de este Consejo. En realidad, ese
Consejo extraordinario se había convocado para celebrar la
entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, aunque se
confi la reunión para superar de alguna manera el pesimismo
comunitario de los últimos meses. Cree que convendría
reflexionar sobre la conveniencia de convocar algunos consejos
europeos extraordinarios para la obtención de tan escasos
resultados. Señala que en Europa los tiempos no están para
fiestas ni celebraciones y que ante la mayoría de los
ciudadanos la fecha del 1.º de noviembre ha desfilado con la
mayor indiferencia, tal vez porque las sociedades europeas,
agobiadas por la recesión o el paro, prefieren aguardar
resultados concretos antes de entusiasmarse. Sin embargo,
tampoco sería justo afirmar que este Consejo extraordinario ha
constituido un fracaso, porque los temas que pudieran haber
provocado desacuerdo se han aparcado para otro momento o para
el próximo Consejo del 10 de diciembre, y así ocurre con la
gran cuestión de cómo reactivar la economía en Europa y luchar
eficazmente contra el desempleo, que es tal vez lo que más
agobia en este momento a los ciudadanos europeos y que tendrá
que esperar hasta la citada fecha del 10 de diciembre.

En consecuencia, es un Consejo respecto del que no cabe hablar
ni de éxito ni de fracaso, que ha pasado sin mucha pena ni
gloria, ya que el reparto de algunas sedes para instituciones
pendientes tampoco constituye ninguna cuestión mayor. No
obstante, sobre la atribución de dos sedes a España, algunos
han querido ver un fracaso para la capacidad de negociación
del Gobierno español y cree que algunas enseñanzas se podían
obtener de este relativo fracaso, en el sentido de convenir
que la retórica de ser más europeísta que nadie sirve de bien
poco a la hora de defender los intereses reales de un país,
como lo demuestra el que las dos sedes más importantes hayan
ido a parar a Inglaterra y a Dinamarca, que no son
precisamente naciones que se caractericen por sus fervores
europeístas.

Insiste en que la cumbre de Bruselas fue convocada realmente
para solemnizar la entrada en vigor del Tratado de la Unión y
en este sentido le gustaría transmitir la esperanza de que la
fecha del 1.º de noviembre puede ser considerada como fecha
histórica de referencia, y que lo que hoy ha pasado casi
desapercibido ante la indiferencia general puede recordarse
como un hecho verdaderamente trascendente en el futuro de
Europa.

Se refiere seguidamente a las características de la crisis por
la que actualmente atravesamos, que no permite esperar
soluciones rápidas ni fáciles, aunque de algo pueden estar
seguros, y es de que sin la Unión Europea todo sería mucho más
difícil. Ahora bien, es importante acertar en el diagnóstico
de la situación y sobre este Particular, cree que



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ha existido, en mayor o menor grado por parte de todos los
Gobiernos europeos, cierto afán por rehuir u ocultar las
características y gravedad de la crisis que afecta a nuestros
países. Sin embargo, el Consejo ha preferido no tratar la
cuestión, remitiéndola para el próximo 10 de diciembre,
esperando que a partir de esa fecha los europeos puedan
percibir que existe una actuación coordinada y eficaz capaz de
superar el actual pesimismo y de afrontar correctamente la
situación con un diagnóstico certero. En este sentido propone
al Gobierno que con la mayor brevedad posible se debatan en el
seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado las propuestas que
España elevó a la Comisión el pasado 7 de octubre y sobre las
que esta Cámara no tiene noticias. Otro aspecto que considera
que exige urgente rectificación es lo que se podría llamar el
ocultismo con el que se han llevado en gran medida estos
temas. Menciona, por último, algunos de los objetivos
pendientes y la postura que debería adoptar ante ellos nuestro
país, expresando el deseo de su Grupo Parlamentario de que el
programa de trabajo que ha ofrecido y el debate que ha
propuesto sean tomados en consideración sin carácter
excluyente.

En representación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña interviene el señor Anguita González, manifestando
que, debido a que cada vez es más frecuente que en esta Cámara
no haya un debate previo a las reuniones comunitarias, su
Grupo se vio obligado a formular, en un comunicado del día 28
de octubre, su visión previa a la cumbre de Bruselas en torno
a siete puntos, a los que procede a dar lectura.

En su opinión, y como preveían, la Cumbre ha sido
decepcionante y significa una oportunidad perdida para
rectificar e impulsar, desde nuevos análisis ante las nuevas
situaciones, el proceso de construcción europea. Sin embargo,
en la cumbre se han limitado a aplazar hasta diciembre el
inevitable encuentro con la realidad y a partir de este hecho
su intervención general girará en torno a dos líneas
fundamentales, la primera de crítica a la actual situación y
la segunda de propuestas a la Cámara y al Gobierno.

Expone que al final del proceso de ratificación nos
encontramos con una Europa a la carta, en buena medida como
consecuencia de unos criterios de convergencia poco fundados,
basados en la convergencia puramente nominal y que han sido
criticados en España por altas autoridades económicas y
financieras, criterios de convergencia nominal muy lejanos a
la convergencia real, al producto interior bruto y
fundamentalmente al paro. Esa convergencia nominal, basada en
índices macroeco-ä nómicos y no en torno a parámetros de la
realidad, está en la base de toda la situación que ha habido
en el Sistema Monetario Europeo y en todos los países que
integran la Comunidad o Unión Europea. Agrega que hablar del
Mercado Unico obviando la armonización fiscal supone un grave
fallo del que estamos pagando las consecuencias. Considera,
por otra parte, irrealizables los objetivos de convergencia
nominal fijados y supone que esta Cámara ha asumido ya la
imposibilidad de cumplir para 1997 los criterios de
convergencia nominal establecidos, puesto que ni el déficit
público ni los tipos de interés ni la deuda pública se pueden
cumplir, y no sólo por parte de España sino tampoco por parte
de los otros países de la Unión Europea. Sin embargo, se sigue
reiterando en declaraciones de algunas fuerzas políticas y por
el señor Presidente del Gobierno que los planes hay que
mantenerlos, cuando se sabe perfectamente que estos no se
tienen en pie. Cree que la actitud de no rectificar lleva más
que nunca a la necesidad de una Europa de dos velocidades, que
ya denunciaron durante el debate de la ratificación, y ello
debido a que falta energía, visión y fuerza para construir la
pieza básica que significa la unión política.

Expone algunas cifras sobre los desequilibrios sociales y
territoriales en Europa, destacando la necesidad de una
cohesión económica y s cree que ésta sólo será posible desde
un poder político, desde una unión política que redistribuya
las rentas y que reequilibre los territorios para conseguir
ese espacio cohesionado en lo económico y social. Sin embargo,
falta ese poder político y existe un déficit democrático, con
ausencia de poder real para el Parlamento y, mientras, el
mercado sigue actuando con su propia lógica, que conduce a
mayores diferencias en lo social y en lo territorial.

El resultado de todo ello es la situación grave de
europesimismo que nos invade, debido a un lenguaje alejado de
la realidad. Resalta la grave situación económica, con su
incidencia sobre el paro, afirmando que si se empeñan en
combatirlo con los mismos parámetros y valores que hasta la
fecha, no abordando la cuestión del desempleo desde visiones
nuevas y más reales, poco cabrá esperar, puesto que no pueden
fiarse las soluciones al crecimiento sostenido de la economía.

Sobre tan grave asunto propone, en nombre de su Grupo, la
celebración de un debate en la Cámara antes del mes de
diciembre, a fin de aportar propuestas de solución. También
propone la celebración de otro debate relativo al proceso
constituyente de Europa y, finalmente, un nuevo debate en
torno a las líneas maestras del funcionamiento de la política
exterior y de seguridad común.




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En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
interviene el señor Molins Amat, que destaca la importancia de
la puesta en marcha de la Unión Europea, hecho capital que, en
su opinión, no se ha resaltado debidamente en este debate.

Para partidos como el suyo, que tienen como seña de identidad
su vocación europeísta, esta fecha no puede ni debe pasar
desapercibida, como tampoco debería pasar para el conjunto de
la sociedad española. Reitera una vez más que, por primera vez
en la historia, España participa en plano de igualdad desde el
inicio en la creación de la Unión Europea, aunque esta
circunstancia no le hace olvidar los problemas y dificultades
que hay que vencer.

Alude a continuación a los objetivos que pretende alcanzar el
Consejo Europeo, puestos de relieve en una declaración
institucional de la cumbre de Bruselas, objetivos que califica
de extraordinariamente importantes, como son igualmente los
marcados para la próxima cumbre del mes de diciembre.

Concluye expresando el apoyo de su Grupo Parlamentario al
impulso de todas las medidas necesarias que hagan posible la
gran ilusión colectiva que es la Unión Europea.

En nombre del Grupo Vasco (PNV) interviene el señor Anasagasti
Olabeaga, manifestando que lo más importante del reciente
Consejo Europeo es que los gobiernos comiencen de nuevo a
mirar hacia la Unión Europea sin que se haya detenido el
proceso hacia la misma, aspectos importantes en momentos en
que la incertidumbre de la crisis económica y de valores
parecían arrumbar el proyecto. Es sabido que las decisiones
políticas no hacen desaparecer los problemas, pero el
compromiso político adquirido en Bruselas constata con las
incertidumbres que se ciñen sobre los ciudadanos del
continente acerca de la resolución de la crisis económica y
política que nos aqueja. Desde su punto de vista, llama la
atención la escasa repercusión que a nivel público están
teniendo los avances conseguidos en la formulación de una
ciudadanía supraestatal y superadora de las fronteras
intraeuropeas, lo cual achaca a un déficit de comunicación de
lo que se está haciendo en Bruse Realiza seguidamente un
resumen de las principales conclusiones de la Cumbre y
concluye pidiendo al señor Presidente que se consiga avan la
transparencia de las reuniones europeas, puesto que, de lo
contrario, surgirán nuevos sustos como los causados en las
primeras consultas sobre Maastricht.

En representación del Grupo de Coalición Canaria interviene el
señor Mardones Sevilla, que realiza una valoración positiva de
la cumbre de Bruselas, desde el proceso de vocación
fuertemente europea que existe en Canarias. Entre las
conclusiones alcanzadas, destaca la relativa al Comité de las
Regiones, aludiendo al papel que en el mismo debe tener la
Comunidad canaria. Finaliza mostrando el apoyo de su Grupo a
toda la política de integración europea.

El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, agradece el Presidente
del Gobierno la información facilitada, si bien considera que
ha sido una explicación más bien fría y sin ilusión, quizás
prudente, para no abrir algún debate que pudiera resultar
molesto. Las reacciones de la prensa española a la cumbre de
Bruselas han sido también frías y hasta indiferentes, sin que
el Presidente haya aportado hoy novedades que permitan a los
ciudadanos recuperar la ilusión en el proyecto europeo por el
que tanto se ha hecho desde España. Afirma que el
euroescepticismo está creciendo de modo alarmante, sobre todo
en los últimos meses, y los hechos, desgraciadamente, están
contribuyendo a ello. Agrega que cuando todos esperábamos el
impulso económico procedente de los países europeos, resulta
que lo único que llega son las consecuencias más negativas de
la crisis generalizada que allí existe, resultando el Mercado
Unico, hoy por hoy, un reto casi imposible de superar para la
economía española, de cuya nación parece que sólo interesa su
número de consumidores.

Termina solicitando para Aragón la sede de alguna de las dos
Agencias concedidas a España.

El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, califica de
simbólico el Consejo extraordinario celebrado en Bruselas con
el único objetivo de celebrar la entrada en vigor del Tratado
de la Unión e intentar restaurar la confianza entre los
agentes sociales y económicos. Consiguientemente, parece
difícil invitar al optimismo a través de una simple ceremonia
protocolaria que ha pasado prácticamente por alto todas las
propuestas, relegándolas a próximas reuniones.

Formula algunas preguntas en torno a la Unión económica y
monetaria y concluye criticando la política social seguida, a
la que califica de pariente pobre del Tratado, además de estar
excluida su aplicación en el Reino Unido. Asimismo resalta los
escasos beneficios obtenidos por España, a pesar de su fiel
apoyo el Tratado de la Unión, lo que demuestra su escasa
influencia en Europa, donde seguimos estando en el vagón de
cola.

El señor Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo
Socialista, manifiesta que desde el 1 de noviembre damos un
paso más en un unión más estrecha entre los pueblos de Europa,
donde las decisiones serán adoptadas de la forma más próxima



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posible a los ciudadanos. Constituidos en Unión, nos
enfrentamos a problemas comunes que reclaman también
soluciones compartidas.

Formula seguidamente algunas consideraciones en torno al
proceso de construcción de la Unión Europea, así como a los
debates desarrollados a lo largo de la anterior legislatura en
la Comisión Congreso-Senado, y finaliza resaltando el papel
desempeñado por España en la construcción comunitaria.

El señor Presidente del Gobierno (González Márquez),
interviene de nuevo para contestar a los portavoces de los
distin Replican brevemente los señores Aznar López, del Grupo
Popular; Anguita González, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i Amat, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Anasagasti Olabeaga, del Grupo
Vasco (PNV), y Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria, duplicando el señor Presidente del Gobierno.

Se suspende la sesión a la una y veinte de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas (Página 894)



Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las causas por las que
el Gobierno no ha procedido a la trasposición de la Directiva
Comunitaria 552/89, sobre televisión sin fronteras? (Número de
expediente 180/000098) (Página 894)



De la Diputada doña María Pellicer Raso, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene previstas el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en
la carretera N-260, eje Pirenaico, a su paso por la provincia
de Huesca? (Número de expediente 180/000104) (Página 895)



Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene
intención el Gobierno de modificar el contenido del Real
Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, a los efectos de
garantizar una solución completa y justa al problema de los
daños causados a particulares por la rotura de la presa de
Tous? (Número de expediente 180/000112) (Página 896)



Del Diputado don Julio de España Moya, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
criterios motivan que fruto de una reorganización de la
Administración Territorial Ferroviaria, se elimine la Gerencia
Territorial de RENFE en Alicante, y se pase a depender de la
Gerencia de Murcia, según acuerdo del Comité de Dirección de
RENFE? (Número de expediente 180/000114) (Página 897)



Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, la puesta en servicio de la
Autovía entre Murcia y Albacete? (Número de expediente
180/000115) (Página 898)



Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para combatir el paro
creciente de los Capitanes, Jefes de Máquinas y Oficiales de
la Marina Mercante? (Número de expediente 180/000116) (Página 899)



Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuáles son las
causas que impiden a ese Ministerio la reiterada no
adjudicación de las obras correspondientes a la Autovía
Bailén-Motril? (Número de expediente 180/000117) (Página 900)



Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Dispone el Ministerio de estudio
ambiental de la cuenca Besaya-



Página 859



Saja, en Cantabria, para atajar su descontaminación? (Número
de exped 180/000122) (Página 901)



Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué causas motivaron el retraso de
la construcción del tramo de autovía Bezana-Sardinero, en
Santander? (Número de expediente 180/000123) (Página 902)



De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las razones por las que no es posible conocer con
detalle las dotaciones presupuestarias destinadas a
inversiones en obras públicas por provincia? (Número de
expediente 180/000135) (Página 903)



De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Considera que es necesario modificar el Reglamento
del Congreso de los Diputados para permitir que el Presidente
del Gobierno responda a interpelaciones y preguntas de los
Diputados? (Número de expediente 180/000133) (Página 904)



Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Podría informar el
Gobierno de las gestiones realizadas en el marco de la
Comunidad Europea para la protección del cine europeo en las
negociaciones del GATT de la Ronda Uruguay? (Número de
expediente 180/000120) (Página 905)



De la Diputada doña Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se
encuentra el Hospital Comarcal de Torrelavega y cuándo se
prevé su puesta en marcha? (Número de expediente 180/000121)
(Página 906)



De la Diputada doña Isabel Rodríguez Calvo, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas o líneas de
actuación piensa llevar a cabo el Ministerio de Sanidad y
Consumo para implicar a los médicos y personal de enfermería
en la gestión y control del gasto sanitario? (Número de
expediente 180/000125) (Página 907)



Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.

y Consumo: El catálogo de prestaciones sanitarias de la
sanidad pública, anunciado por la Sra. Ministra y otros altos
cargos del Ministerio de Sanidad, ¿va a suponer un recorte de
prestaciones asistenciales para los ciudadanos? (Número de
expediente 180/000136) (Página 908)



Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la situación de
los pasivos del sector de fertilizantes producidos por los
diversos procesos de reconversión, autorizados por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde 1986 a 1991 y
los producidos en el 93 con el proceso que aportan Fertiberia
y Erquimia en la coyuntura actual y para el futuro? (Número de
expediente 180/000128) (Página 909)



Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Está el Gobierno
en condiciones de garantizar la pensión de jubilación de los
españoles con edad comprendida entre los 40 y los 50 años?
(Número de expediente 180/000140) (Página 910)



De la Diputada doña María Dolores Sánchez Díaz, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas
básicas del Proyecto de Ley sobre interprofesiones que en la
actualidad está en fase de consulta con las Comunidades
Autónomas y con los sectores productivos? (Número de
expediente 180/000130) (Página 911)



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Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué
medidas piensa adoptar el Gobierno para exigir el cumplimiento
del Real Decreto-Ley 8/1993 del mes de mayo en relación a la
moratoria que afecta a los agricultores perjudicados por la
sequía? (Número de expediente 180/000141) (Página 912)



Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuál es la estrategia que piensa adoptar el Gobierno frente a
la pretendida disminución de la superficie máxima garantizada
de oleaginosas en España? (Número de expediente 180/000143)
(Página 913)



Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Qué información puede dar
el Gobierno a esta Cámara sobre el asalto al Consulado español
en Bata? (Número de expediente 180/000139) (Página 915)



Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro del
Interior: Ante las recientes noticias de prensa en las que se
indicaba la existencia en conocimiento de las Fuerzas de
Seguridad del Estado de una lista de personas elaborada por la
organización terrorista ETA, susceptible de ser objeto de
agresión y añadiéndose además que el Juez, Sr. Garzón, había
requerido a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que
informara a los afectados, ¿cuáles son las razones que
hicieron incumplir la orden del Sr. Garzón para no comunicar
con la correspondiente urgencia a todos y cada uno de los
afectados su inclusión en la lista de la banda terrorista ETA
y actuar en consecuencia? (Número de expediente 180/000119)
(Página 916)



Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.

Sra. Ministra de Asuntos Sociales: ¿Qué implantación tendrá la
educación para la salud en el curso académico 1993-1994?
(Número de expediente 180/000142) (Página 917)



Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno pagar la
liquidación definitiva de la participación de los Municipios
en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio de
1992? (Número de expediente 1880/000131) (Página 918)



Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna actuación
específica para paliar la crisis financiera que padecen los
Ayuntamientos de Málaga y Granada? (Número de expediente
180/000132) (Página 919)



Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo
piensa el Gobierno aprobar el nuevo sistema de participación
de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado?
(Número de expediente 180/000134) (Página 920)



De la Diputada doña Soledad Becerril Bustamante, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Es consciente el Gobierno de que entidades benéficas, sin
fines de lucro, son sometidas a gravamen por el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE)? (Número de expediente
180/000137) (Página 921)



Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Va a inspeccionar la recién



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creada Unidad Especial contra el Fraude las actuaciones de la
propia Administración? (Número de expediente 180/000138)
(Página 922)



Del Diputado don Luis Gamir Casares, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Es cierto
que el Gobierno modificará la Tasa Fiscal de Matriculación de
Automóviles? (Número de expediente 180/000144) (Página 923)



Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Está previsto que pueda reducirse el
tiempo que transcurre desde el reconocimiento de la condición
de objetor de conciencia hasta el inicio de la prestación
social sustitutoria? (Número de expediente 180/000124) (Página 924)



Interpelaciones urgentes (Página 924)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general previstas por el Gobierno para hacer
frente a los graves problemas presentes en la realidad de
nuestro sistema penitenciario y para conseguir que éste
responda efectivamente a los fines previstos en el
ordenamiento vigente y a la orientación de principios dada por
la Constitución al cumplimiento de las penas privativas de
libertad (Página 924)



En representación del Grupo Popular defiende la interpelación
el señor Gil Lázaro, manifestando que la misma trae causa, en
primer lugar, del compromiso de su Grupo con los valores
generales de la solidaridad democrática y del respeto a la
dignidad individual que, sin duda, han de ser dos ejes sobre
los que se ha de vertebrar toda política penitenciaria para
dar así realidad al principio de reeducación y reinserción
social como fundamento último del sistema de las penas
privativas de libertad. En segundo lugar, trae causa de su
preocupación ante la grave situación de las prisiones
españolas que sólo están sirviendo para acentuar en el penado
las patologías individuales y sociales que le han llevado a la
prisión. En tercer lugar, la interpelación trae causa de su
grave preocupaciónante la declaración de intenciones del señor
Ministro en su reciente comparecencia ante la Com de Justicia,
estableciendo como objetivo primordial de su Departamento en
esta legislatura, en el ámbito penitenciario, la mejora de la
gestión, sin considerar necesario introducir reformas
legislativas, lo que, en su opinión, significa dejar las cosas
como están y contribuir con ello a que éstas continúen
acentuándose en los términos de su degradación actual.

Desde su punto de vista, el problema esencial de las prisiones
españolas es que el modelo reeducacional y de custodia
concebido en nuestro ordenamiento jurídico ha sido sustituido
en la práctica por un modelo exclusivamente de custodia, ante
lo cual considera urgente reconducir esa realidad a los
términos previstos en nuestro ordenamiento, para lo que es
necesario realizar cambios profundos en la realidad interior
de nuestras prisiones. Es necesario igualmente plantear una
acción global del Gobierno para antes y para después de la
prisión, es decir, para intentar evitar que una parte de
nuestra sociedad se vea abocada a la cárcel como única
alternativa personal. Esto significa realizar una profunda y
eficaz acción solidaria frente a lo que denominan los viveros
de la prisión, es decir, esos focos de marginalidad en todas
sus manifestaciones que aún subsisten en nuestro tejido
social.

Expone que por el Grupo Popular el balance del fracaso de la
política penitenciaria del Gobierno tiene su manifestación
principal en cuatro situaciones de hecho, que son: el
hacinamiento, la falta de política de tratamiento, la
conversión espuria de la droga en el eje de la vida
penitenciaria y el avance cada vez más preocupante de
determinadas enfermedades de naturaleza infectocontagiosa.

Formula seguidamente algunas consideraciones en torno a la
actual política penitenciaria, que, en lo que respecta a la
gestión ordinaria, la califica como lenta, incoherente y sin
coordinación para resolver los problemas; en lo que respecta a
la gestión económica, de absolutamente caótica, y en materia
de personal significa la quiebra absoluta de una política
dialogante y acomodada a criterios objetivos.

Concluye el señor Gil Lázaro señalando que la Ley General
Penitenciaria, conforme al espíritu de nuestra Constitución y
de nuestra recuperada democracia, quiso que las cárceles
pudieran ser fábricas de esperanza, pero la gestión de diez
años las ha convertido hoy en unas fábricas de miedo y de
frustración. Ante esta situación, el Grupo Popular no va a
consentir por más tiempo que las cárceles españolas sigan
siendo el lado oscuro de nuestra democracia.




Página 862



En nombre del Gobierno interviene el señor Ministro de
Justicia (Belloch Julbe), señalando como comentario previo que
la descripció el interpelante del mundo penitenciario no
coincide con la información que él tiene de ese mundo. Le
sorprende, además, que se adopten tonos diría que casi
melodramáticos para describir una situación que,
afortunadamente, está mejorando de manera sensible, pero
supone que forma parte de los hábitos parlamentarios que,
lógicamente, debe respetar y cumplir.

Entiende que el tema objeto de la interpelación debe
plantearse con rigor y seriedad. Reconoce que se está
produciendo, efectivamente, un número creciente de internos,
que además no es un incremento coyuntural sino que responde a
factores de fondo, pero, paradójicamente, no responde a un
aumento del número de delitos, que han disminuido, sino a un
incremento de la eficacia policial y judicial. Esta es la
realidad de la situación y significa que el problema de la
masificación de las prisiones constituye el problema central,
de lo cual ha sido consciente siempre el Gobierno mucho antes
de que él estuviera en el Ministerio. Recuerda a este respecto
la política de creación de nuevos centros penitenciarios para
atender a estas necesidades, así como las actuaciones llevadas
a cabo en materia sanitaria y de personal, para acabar
reconociendo que los problemas siguen existiendo, y es claro
que les preocupa a todos, pero no es menos cierto que están
mejorando, por lo que no puede entender el tono con que se ha
querido plantear la cuestión.

Replica el señor Gil Lázaro, duplicando el señor Ministro de
Justicia.

Para fijación de posiciones intervienen la señora Aguilar
Rivero, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y el señor Casas i Bedós, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las
competencias y financiación de las corporaciones locales en el
marco de la construcción del Estado descentralizado que
contempla nuestra constitución (Página 934)



En representación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya defiende la interpelación la
señora Aguilar Rivero, manifestando que el objetivo de la
misma es debatir políticamente la realidad actual de las
corporaciones locales en unos momentos calificados por
múltiples cargos municipales, de todos los signos políticos,
como el peor que han tenido los ayuntamientos en la etapa
democrática, entre otras cosas como consecuencia del
desequilibrio institucional que el Gobierno socialista está
originando con el modelo de Estado que están diseñando. Agrega
que la situación de los ayuntamientos les obliga a debatir,
desde el rigor, la claridad y la voluntad inequívoca de dar
soluciones, evitando el doble lenguaje que con maestría
ejercitan el Gobierno y el Partido que lo
sustenta.

Afirma que la situación municipal es hoy de clara asfixia
económica y evidente confusión competencial, toda vez que los
ayuntamientos están ejerciendo funciones que de hecho no son
competencias suyas de derecho. En relación a la situación
económica, el Gobierno ha demorado los pagos relativos a la
participación en los ingresos estatales y ha congelado esta
partida en los últimos años.

Añade que se encuentran ante una realidad que no es
responsabilidad de los ayuntamientos, en términos generales,
sino que es consecuencia de la política del Gobierno, que
curiosamente dista mucho de la que preconizaban cuando estaban
en la oposición y que ha producido una minoración en los
ingresos de las Haciendas locales. Sin embargo, el Gobierno
carece de voluntad política para dar solución urgente a lo que
no puede aguantar más, debido a la decisión política del
Partido Socialista de ignorar a las corporaciones locales en
la construcción del Estado descentralizado que contempla
nuestra Constitución. Si realmente el Gobierno no tiene
interés en el ámbito municipal, pide al señor Ministro que lo
diga claramente, y ya, y que han apostado por otra política
que conlleva la disminución progresiva de los ingresos
municipales provenientes de la participación en los tributos
del Estado.

Expone seguidamente la que denomina alternativa de la
izquierda que demanda la realidad, anticipando que en la
moción subsiguiente a esta interpelación procurarán concitar
el máximo acuerdo parlamentario, por lo que, en definitiva, lo
que les importa es dar respuesta a la situación municipal
actual que en modo alguno es coyuntural.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía
y Hacienda (Solbes Mira), manifestando que, después de
escuchar a la interpelante, si sus datos de partida fueran
ciertos, posiblemente podría compartir algunas de sus
conclusiones. Consiguientemente, cree que procede empezar por
clarificar los datos, para ver si están hablando de lo mismo o
de cosas distintas.

En relación con la deuda municipal, que no es para
menospreciar, cita la cifra de un billón 100.000 millones en
unas corporaciones locales que manejan



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en recursos ordinarios tres billones 414.000 millones, es
decir, que como media es bastante inferior a la del Estado.

Es evidente que se trata de corporaciones endeudadas, pero a
un nivel que considera satisfactorio.

Cuestión distinta es el endeudamiento de alguna corporación
específica.

A continuación facilita diversas cifras relativas a la
evolución de las cantidades destinadas a las distintas
Administraciones públicas en los últimos años, considerando
que la distribución que se viene manejando de 50/25/25 puede
ser razonable desde el punto de vista teórico, pero no es
realista en este momento en función de la distribución
competencial existente.

Respecto a que el problema de las corporaciones locales se
deba al retraso en las transferencias del Estado no considera
correcta la afirmación. Cuestión distinta es en qué medida lo
inicialmente presupuestado por las corporaciones locales como
transferencias a recibir del Estado se ha visto disminuido
como consecuencia de la reducción del gasto equivalente del
Presupuesto del Estado. En todo caso, es evidente que hay un
sistema legalmente establecido, hay que respetarlo y no parece
coherente que si el Estado realiza un determinado esfuerzo
para el saneamiento de sus finanzas, no tenga la misma
repercusión en las corporaciones locales.

Replica la señora Aguilar Rivero, duplicando el señor Ministro
de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra, los
señores Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Mañueco Alonso, del Grupo Popular.




Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO:



--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS,
PARA INFORMAR, CON CARACTER URGENTE, ANTE EL PLENO DE LA
CAMARA SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO
EXTRAORDINARIO CONVOCADO EL 29 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA
ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA (Número de
expediente 210/000003)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto cuarto del orden del día: Comparecencia del Gobierno, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento, para
informar, con carácter urgente, ante el Pleno de la Cámara
sobre las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario,
convocado el 29 de octubre con motivo de la entrada en vigor
del Tratado de la Unión Europea.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, comparezco hoy ante la Cámara para
informar del Consejo Europeo extraordinario celebrado en
Bruselas el pasado viernes día 29 de octubre. Este Consejo se
había convocado con un objetivo simple pero, a mi juicio, de
gran trascendencia: el de subrayar el nacimiento de la Unión
Europea, una vez superada la etapa de incertidumbre que ha
vivido la Comunidad en los últimos veinte meses, debido a las
dificultades de algunos procesos de ratificación del Tratado
de la Unión. De este objetivo se desprendían, naturalmente,
algunas tareas inmediatas. Por un lado, confirmar las
finalidades y contenidos fundamentales del Tratado y, por
otro, tomar ya las primeras decisiones para su aplicación
eficaz desde la fecha misma de su entrada en vigor el 1.º de
noviembre. Es cierto que también había la intención de
despejar el debate de la cumbre que ha de celebrarse en
diciembre para concentrarla en el análisis del Libro Blanco,
como más tarde referiré.

Por tanto, ha sido una cumbre extraordinaria que pretende
llamar la atención de todos nuestros ciudadanos sobre un hecho
que, a nuestro juicio, ha de influir de manera decisiva en la
configuración de Europa. Es cierto que el marco global en el
que se va a aplicar el Tratado de la Unión Europea es
diferente del que existía en el momento de la firma. Por eso
el Consejo Europeo ha hecho un primer análisis de la situación
general de Europa, tras un informe provisional del Presidente
de la Comisión que ha servido para orientar los debates de
cara al Consejo Europeo de diciembre, en el que nos vamos a
ocupar a fondo de la coordinación de las políticas económicas
para recuperar la senda de crecimiento y de creación de
empleo, aumentando la competitividad de los países
comunitarios. El viernes pasado, en Bruselas, comenzamos a
dotarnos de los instrumentos que han de permitirnos, de manera
conjunta, vencer algunos de los retos más acuciantes. Como
SS.SS. conocen ya las conclusiones y las
declaraciones



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aprobadas en el Consejo, voy a limitarme, brevemente, a
destacar lo más sobresaliente.

En primer lugar, el Consejo ha querido resaltar, mediante una
declaración política, la importancia de este acontecimiento.

Se valora la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea
como un instrumento imprescindible para garantizar el
mantenimiento de la paz, la libertad, la prosperidad y la
solidaridad entre nuestros pueblos. Hemos dado el salto
cualitativo necesario dentro de la lógica de un proyecto de
integración económica y política que se ha venido
desarrollando a lo largo de las últimas cuatro décadas. Era
conveniente decir a la opinión pública que a partir de ahora
la Europa de los doce --tal vez mañana la Europa de los
dieciséis-- empiece a dotarse de medios para responder a
algunas preguntas que permanentemente se hacen. ¿Qué puede
hacer Europa para mejorar la situación económica de sus
pueblos y de sus gentes? Y se responde iniciando el proceso de
Unión Económica y Monetaria que permita coordinar políticas
económicas, que permita generar empleo, que facilite los
intercambios y que disminuya los costes de mercado. ¿Qué puede
hacer Europa para solucionar o evitar los conflictos que le
afectan? Poco podía hacer en la etapa anterior como conjunto,
pero ahora empieza a construir una política exterior y de
seguridad común y empieza a identificar las áreas donde puede
manifestarse colectivamente. ¿Qué puede hacer Europa para ser
más atractiva, más próxima a sus ciudadanos? A partir de
ahora, tomar estas decisiones con mayor proximidad a los
ciudadanos, aumentando el sentido democrático de su
funcionamiento, potenciando la participación de las regiones y
confirmando la disposición de recibir más naciones para
integrarlas en el mismo proyecto. Este es el sentido básico de
la declaración política aprobada por el Consejo Europeo.

En segundo lugar, el Consejo ha tomado algunas decisiones que
han permitido que este Tratado entre en funcionamiento desde
el primer día. Estas son las que figuran en el apartado
conocido como Conclusiones de la Presidencia. Estas decisiones
constituyen --quiero recordarlo a SS.SS.-- el primer acervo de
la Unión Europea en el conjunto de sus tres pilares.

En el plano político interno, la Unión refuerza su democracia
y transparencia, al tiempo que desarrolla el concepto de
ciudadanía al poner en práctica derechos concretos del
ciudadano europeo que, en esta ocasión, afectan tanto a su
participación activa y pasiva en las elecciones al Parlamento
Europeo como a su protección diplomática por cualquier miembro
de la Unión en el exterior. Los acuerdos alcanzados con el
Parlamento Europeo nos permiten poner en funcionamiento, desde
el primer momento, las instituciones y procedimientos que
aporta la Unión Europea, por ejemplo, el Comité de las
Regiones --al que más adelante haré referencia--,el Defensor
del Pueblo o el propio procedimiento de codecisión del
Parlamento Europeo.

Dentro del primer pilar comunitario, el Consejo Europeo ha
tomado las decisiones para el funcionamiento de la segunda
fase de la Unión Económic el 1.º de enero de 1994. Ha decidido
el emplazamiento de la sede y la designación del Presidente
del Instituto Monetario Europeo. Este Consejo se propone
desempeñar un papel activo en el fortalecimiento de una
política económica, cada vez más coordinada, que tenga por
objetivo relanzar el crecimiento y disminuir la situación de
paro.

Quiero detenerme un instante en el acuerdo sobre las sedes,
recogido en una decisión anexa a las conclusiones, porque ha
suscitado la mayor atención inmediata por parte de los medios
de comunicación. Es cierto que la decisión sobre la sede del
Instituto Monetario Europeo es la que ha sido objeto de mayor
controversia, y no tanto, que también, por el país que fuera
receptor del Instituto, sino porque parecía ponerse en tela de
juicio la libertad del país receptor para decidir el
emplazamiento concreto de esa sede. Por consiguiente, se
discutió si debía o no ir a Francfort. Finalmente ha
prevalecido el criterio de conceder a Alemania esta sede y de
respetar su decisión sobre la ciudad alemana que albergará el
Instituto, que, como saben todos, ha recaído sobre Francfort.

Este mismo criterio se ha mantenido para las otras sedes que
se han atribuido a países y se les ha dado libertad de
designación.

España había manifestado su aspiración de acoger la sede de
una de las agencias importantes de la Comunidad pendientes de
designación. En una primera evaluación identificamos tres
sedes cuya importancia era comparable entre sí: la Oficina de
Marcas, la Oficina de Medio Ambiente y la Agencia para la
Evaluación de Medicamentos, por este orden cronológico. España
presentó formalmente estas candidaturas, en el entendimiento
de que aspirábamos a una de ellas; a veces se ha creado la
confusión e incluso se ha dicho que aspirábamos a varias. Más
tarde pudimos comprobar que la Oficina de Marcas presentaba
serios inconvenientes de cara a su funcionamiento real, puesto
que se corría el riesgo, en primer lugar, de verse fragmentada
al reclamar Luxemburgo, en virtud del acuerdo sobre unidad
jurisdiccional de 8 de abril de 1965, la Cámara de Recursos de
esta Agencia y, en segundo lugar, por encontrarse bloqueada en
el Consejo por falta de acuerdo en torno a su régimen
linguístico. En estas circunstancias, y dado que deseábamos
obtener un acuerdo global en Bruselas, nos parecía que si no
se podían solucionar los problemas que he mencionado debíamos
concentrarnos en una de las otras dos candidaturas que
habíamos presentado con posterioridad y por esta razón
manifesté mi preferencia bien por la Agencia de Medio
Ambiente, bien por la Oficina de Medicamentos. La



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Presidencia belga tenía la responsabilidad de lograr ese
acuerdo global y para ello consiguió desbloquear las dos
cuestiones que
afectaban a la Oficina de Marcas. Por una parte, Luxemburgo ha
renunciado a cualquier reclamación y ha aceptado que se
incluya la Cámara de Recursos en la sede de la Oficina. Por
otra parte, el Consejo Europeo decidió que esta Oficina
utilizará cinco lenguas comunitarias de trabajo, entre las que
se incluye el castellano. Quizá sea importante señalar esto
último porque constituye un precedente que seguramente tendrá
trascendencia sobre el régimen lingüístico de trabajo de la
Comunidad con motivo de la próxima ampliación. En estas
condiciones, España ha aceptado la Agencia para la
Armonización del Mercado Interior, que va a englobar la
Oficina de Marcas y la Oficina de Diseños y Modelos, que hasta
ahora figuraba entre los proyectos de la Comisión como una
agencia independiente para constituirla en un momento
posterior. Tengo la impresión, tanto por el contenido inicial
como por la ampliación de las competencias, de que esta
Agencia tendrá una importancia considerable en el desarrollo
de las relaciones mercantiles e industriales de nuestros
países. Además de ello, España ha obtenido la sede de la
Agencia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a la que
me referiré más adelante al tratar del Protocolo Social a
once.

En términos generales, considero satisfactorio el acuerdo del
Consejo Europeo, que va a permitir el inicio de la segunda
fase de la Unión Económica y Monetaria a partir del 1.º de
enero de 1994.

El Consejo también ha adoptado decisiones para el desarrollo
del segundo pilar del Tratado de la Unión. Tenemos ahora un
conjunto de normas que ponen de manifiesto el salto
cualitativo que acabamos de realizar, desde el anterior
esquema de simple cooperación intergubernamental en materia de
política exterior al nuevo instrumento que va a permitir una
proyección internacional de la Unión más ágil y más eficaz.

Hemos identificado en Bruselas cinco ámbitos sobre los que
hemos encargado al Consejo de Asuntos Generales que elabore,
de acuerdo con el Tratado, las condiciones y modalidades de
las correspondientes acciones comunes. La primera de estas
acciones se refiere a la promoción de la estabilidad y la paz
en Europa. Se trata de la preparación y el seguimiento de un
pacto de estabilidad, aplicable en Europa central y oriental,
que tiene como doble objetivo reforzar la inviolabilidad de
sus fronteras y servir de marco para la solución de los
conflictos de las minorías. Permítanme una pequeña reflexión
sobre este primer ámbito de acción común de la política
exterior y de seguridad común. Europa no es para nosotros tan
sólo un proyecto abstracto; es también, hoy, un sistema de
valores compartidos. Adherirse a la Unión Europea significa
sumarse a un proyecto presidido por la lógica de la
integración y que, por consiguiente, excluye la dinámica de la
desintegración, la de los nacionalismos exacerbados, de la
violencia y de la discriminación por razón de raza, de
religión o de creencias. Esta pequeña reflexión me conduce a
la segunda de las acciones comunes decididas: la antigua
Yugoslavia. En estos momentos constituye el ejemplo más
palpable de un proceso avivado por esa dinámica de la
desintegración. Por este motivo, la Unión Europea debe actuar
a través de una acción común que contribuya a la aplicación de
un plan de paz y al mantenimiento de nuestro apoyo a través de
la ayuda humanitaria. Ahora bien, esto únicamente será posible
si las partes del conflicto modifican su actitud y acuerdan
una solución negociada, tal como se recoge en la declaración
que se aprobó y que está aneja al documento de conclusiones.

En tercer lugar, Rusia constituye otro ámbito para una acción
común que se centra concretamene en el apoyo al proceso
democrático a través de una misión de observación de las
elecciones parlamentarias el 12 de diciembre. Esta acción se
coordinará con el Parlamento Europeo y con los organismos
internacionales que participen en el seguimiento de estas
elecciones.

En cuarto lugar, Oriente Medio es otro de los ámbitos
identificados en el que la Unión apoya plenamente el proceso
de paz, para lo que está dispuesta a movilizar medios
políticos, económicos y financieros.

En quinto lugar, Sudáfrica, donde igualmente la Unión ha
decidido apoyar el proceso de transición democrática prestando
su asistencia al proceso electoral y estableciendo un marco de
cooperación financiera y social.

El Consejo Europeo ha asignado también cometidos inmediatos al
tercer pilar de la Unión, encargando al Consejo «ad hoc» la
preparación de un plan de acción común, para su aprobación en
diciembre, sobre los siguientes asuntos: En primer lugar, el
desarrollo de la cooperación policial y concretamente el
rápido establecimiento de Europol, que junto a la Unidad de la
Droga deberá ser operativo antes de octubre de 1994. Se trata
de tener instrumentos en la lucha contra la criminalidad
organizada, el terrorismo o el narcotráfico. En segundo lugar,
una acción común que establezca medidas eficaces en la lucha
contra la droga y el blanqueo de fondos obtenido de estas
actividades ilegales. En tercer lugar, una acción común en
materia de asilo político, de conformidad con la Declaración
número 31 que conocen como anexa al Tratado. En cuarto lugar,
la elaboración de una lista de países terceros a cuyos
nacionales se exigirá visado de entrada en la Unión. En quinto
lugar, el refuerzo de la cooperación judicial y en particular
en materia de extradición. Por último, directrices en materia
de política de inmigración, con una atención específica a la
readmisión de los inmigrantes clandestinos.




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El desarrollo del Tratado, como saben SS.SS., contempla la
creación del Comité de las Regiones, que está llamado a jugar
un import para la Comisión como para el Consejo. España ha
desempeñado un papel activo en la creación de este Comité.

Hemos tenido interés en comunicar la lista de los miembros
españoles en tiempo útil, es decir, antes de la entrada en
vigor del Tratado. El viernes pasado el Consejo Europeo fijó
la fecha del 15 de enero de 1994 para la celebración de la
primera sesión de ese Comité. Este plazo de dos meses y medio
permitirá que todos los componentes del Comité hayan podido
ser designados, puesto que algunos países han puesto de
manifiesto dificultades para elaborar la lista de sus
candidatos.

Además de estas decisiones que crean el primer acervo de la
Unión, el Consejo Europeo ha decidido también desarrollar
rápidamente el Protocolo en todas las formas y posibilidades
que brinda el Tratado de la Unión, destacando al mismo tiempo
la importancia de este Protocolo en un momento actual de
crisis económica y social en el que se revela más necesaria
una comunidad solidaria. En ese sentido, el Consejo ha
decidido la creación de la Agencia para la Salud y la
Seguridad en el Trabajo, que tendrá su sede en España y cuya
misión principal será proporcionar a la Comisión asistencia en
el estudio y en la evaluación de los asuntos referidos a estas
materias. La estructura prevista para la Agencia cuenta con un
consejo de administración compuesto por un representante de
cada Estado miembro, 12 representantes de los interlocutores
sociales y tres de la Comisión.

Señor Presidente, señorías, con ocasión del Consejo
extraordinario, el Presidente de la Comisión ha informado al
Consejo Europeo sobre el estado de preparación del Libro
Blanco sobre crecimiento económico, competitividad y empleo.

El señor Delors ha avanzado a título personal su diagnóstico
sobre la situación económica de Europa y ha anticipado el
tratamiento que, a su juicio, permitirá recobrar una senda de
crecimiento genereador de empleo. Ha analizado la crisis en
sus tres dimensiones: coyuntural, estructural y de desfases
tecnológicos. Asimismo, el señor Delors ha dado cuenta de la
evolución de la iniciativa de crecimiento que se acordó en
Edimburgo y ha puesto de manifiesto algunas de las
dificultades para la aplicación de esa iniciativa. Estas
dificultades han sido desbloqueadas en el Consejo en tres
aspectos importantes. En primer lugar, en cuanto a las
facilidades de Edimburgo (las líneas de crédito del Banco
Europeo de Inversiones), se amplía el campo de actuación de
esas líneas crediticias a equipos de transporte, energía y
renovación urbana. En segundo lugar, en cuanto a los créditos
subvencionados a las pymes (había tres países que no habían
aceptado la puesta en marcha de esa subvención crediticia
dentro del presupuesto comunitario), se ha levantado la
restricción y, por consiguiente, empezarán a funcionar esas
líneas de crédito
privilegiado para pequeñas y medianas empresas. Y, en tercer
lugar, estimularemos todos los responsables gubernamentales la
aprobación del Fondo Europeo de Inversiones, que todavía está
en tramitación parlamentaria.

En otro orden de cosas, el Consejo Europeo ha decidido
subrayar su determinación para llevar a cabo la primera
ampliación de la Unión Europea, de manera que las adhesiones
de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia puedan tener lugar el
1.º de enero de 1995. Se ha fijado el 1.º de marzo del año
1994 como fecha objetivo para concluir las negociaciones y se
han identificado algunos capítulos de esa negociación que se
desea concretar antes de final de año, sobre todo los
referidos a la Política Exterior y de Seguridad Común, a los
asuntos de Justicia e Interior y a la Unión Económica y
Monetaria. También se ha encargado a la Presidencia y a la
Secretaría del Consejo que prepare una propuesta para
diciembre sobre los aspectos institucionales de la ampliación.

Desde nuestro punto de vista, este último debate se deberá
centrar en torno a una cuestión esencial: la preservación de
los equilibrios institucionales que actualmente tiene la Unión
cuando se produzca la ampliación.

Señor Presidente, señorías, quiero concluir. Creo que el
Consejo Europeo de Bruselas ha estado a la altura de lo que
era políticamente adecuado en un momento decisivo para el
diseño futuro de nuestro continente. El nacimiento de la Unión
Europea significa que vamos a seguir avanzando unidos, que
vamos a tratar de afrontar nuestros problemas y ambiciones
comunes a través de estrategias coordinadas y, finalmente, que
vamos a perfeccionar el control democrático de las
instituciones acercándolas más a los ciudadanos que son, en
definitiva, los principales destinatarios de sus resultados.

El nacimiento de la Unión Europea es, sin duda, una buena
noticia para esta Cámara, que desde su etapa constituyente ha
albergado como un signo valioso de nuestra identidad
democrática un espíritu de consenso sobre la vocación europea
de España. Este Consejo Europeo extraordinario ha sido, sobre
todo, un ejercicio de racionalidad que nos ha permitido dar la
bienvenida serena y reflexiva a la Unión Europea y empezar a
aplicarla con decisiones prácticas. Quizás esto en el momento
actual no sea muy noticiable, quizá después de las cumbres
complejas que hemos vivido en los últimos meses, especialmente
cumbres como la de Edimburgo, ésta pase más desapercibida. Sin
embargo, estoy seguro de que en el futuro, cuando tengamos más
perspectiva, esta fecha de 1.º de noviembre de 1993 va a
quedar en la memoria colectiva como uno de los momentos
decisivos de la historia europea en este final de siglo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)



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Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, creo que
todos podemos estar de acuerdo y convenir en que los
resultados concretos de la cumbre de Bruselas, el 29 de
octubre, que acaba de presentar el señor González ante la
Cámara no son precisamente para despertar entusiasmos. Otra
cosa es si se podía esperar mucho más del Consejo de esta
cumbre. El propio Presidente de la Comisión, Jacques Delors,
días antes de la reunión contestaba a un periodista que le
preguntaba sobre qué esperaba de la cumbre con un escueto:
Nada.

Es verdad que este Consejo extraordinario se había convocado
en realidad para celebrar un hecho, como se ha dicho, que es
la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Pero no
es menos cierto que se confiaba en la reunión para superar de
alguna manera el pesimismo comunitario de los últimos meses.

Convendría reflexionar sobre la conveniencia de convocar
algunos consejos europeos extraordinarios para la obtención de
tan escasos resultados, porque creo que también podemos estar
de acuerdo, en mi tampoco en este último punto, el intento de
superar el pesimismo comunitario, ha acompañado a la reunión
de Jefes de Estado y de Gobierno. En Europa, como se ha dicho
con acierto, los tiempos ni están para fiestas ni para
celebraciones. Ante la mayoría de los ciudadanos, la fecha del
1.º de noviembre ha desfilado con la mayor indiferencia, tal
vez porque las sociedades europeas ya no se entusiasman con el
inicio de los proyectos o tal vez porque, agobiadas por la
recesión o por el paro, prefieren aguardar resultados
concretos antes de entusiasmarse.

Pero también es verdad que no sería justo afirmar que este
Consejo extraordinario ha constituido un fracaso. Si es verdad
aquel viejo refrán que dice que dos no discuten si uno no
quiere, no menos cierto es que doce tampoco discuten cuando se
empeñan todos en no entablar ninguna discusión. Los temas que
pudieran haber provocado, sin duda, desacuerdos se han
aparcado para otros momentos o para el próximo Consejo del día
10 de diciembre. Los asuntos más conflictivos, como pueden ser
la distinta posición de cada país en torno a las negociaciones
del GATT o la reforma de las instituciones de la Unión
Europea, sencillamente se han obviado. La gran cuestión de
cómo reactivar la economía en Europa y luchar eficazmente
contra el desempleo tendrá que esperar --algo que tal vez es
lo que más importa y agobia en este momento a los ciudadanos
europeos-- hasta el 10 de diciembre. Por eso, tal vez podría
decirse que ni éxito ni fracaso ni mucha pena ni mucha gloria,
sino prácticamente nada, porque el reparto de algunas sedes,
que ha explicado aquí también el señor González, para
instituciones pendientes no es, en nuestra opinión, una
cuestión mayor. Algún comentario cabe, sin embargo, ante
SS.SS. sobre este asunto. A España le han correspondido dos
sedes: la que acogerá, como ha explicado el señor González, la
Oficina de Armonización del Mercado Interior, Marcas, Diseños
y Modelos, y la Agencia para la Salud y la Seguridad en el
Trabajo. Está claro que algunos han querido ver en la
asignación de estas sedes un fracaso para la capacidad de
negociación del Gobierno español --y ahora se podrán presentar
las cosas como se quiera--, que había anunciado claramente su
aspiración a la Agencia Europea del Medio Ambiente o a la
Agencia Europea para la Evaluación del Medicamento, por
considerarlas de mayor importancia.

Este hecho podría merecer crítica, pero prefiero simplemente
hacer una reflexión, y es que España, como es lógico y
natural, tiene en el seno de la Comunidad Europea la
influencia que corresponde a su peso y el peso, como es
lógico, que corresponde a su potencia económica y demográfica,
y esto quizás es algo que se olvida con demasiada frecuencia.

Los fervores supuestamente europeístas, el afán de ir más allá
que nadie no se traducen siempre, ni siquiera en ocasiones, en
poder real en el seno de la Comunidad, y si a alguien le
faltaba un buen ejemplo para esto, tiene que pensar dónde han
ido a parar dos de las instituciones por las que tenía más
interés, yo creo que con razón, el Gobierno español: una ha
ido a parar a Dinamarca y la otra a Gran Bretaña, que no son
precisamente dos naciones que se hayan caracterizado por sus
entusiasmos y sus fervores europeístas en los últimos tiempos,
pero que, sin duda, han hecho valer correcta o positivamente
su peso específico en el seno de la Comunidad. Creo que
algunas enseñanzas podemos obtener de ese relativo fracaso,
porque creo que será bueno de una vez que todos los que
tenemos alguna representación y más los que tienen una
representación fuera, tanto en el Consejo Europeo como en los
Consejos de Ministros, convengamos que la retórica sirve de
bien poco a la hora de defender los intereses reales de un
país y que tendremos más peso, más influencia y más poder
cuando internamente consigamos una España más poderosa y más
desarrollada.

Decíamos antes que la cumbre de Bruselas se había convocado,
en realidad, para solemnizar la entrada en vigor del Tratado
de la Unión Europea y que el éxito, sin duda, no ha acompañado
al intento de dar un aldabonazo para los decaídos ánimos
actuales de los europeos. A pesar de todo, señorías, señor
Presidente, a mí también me gustaría transmitir la esperanza
de que la fecha del 1 de noviembre pueda ser considerada en el
futuro como una fecha histórica de referencia. Me gustaría que
lo que hoy ha pasado casi desapercibido, casi ante la
indiferencia general y, por qué no decirlo, sumido en el
escepticismo de la gran mayoría de ciudadanos europeos, pueda
recordarse como un hecho verdaderamente trascendente en el
futuro de Europa.




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Basta recordar que sólo hace 50 años la mayoría de los países
que ya forman parte de la Unión Europea se estaban
despedazando en una guerra que, aunque era mundial, tenía, sin
duda, las características de una guerra civil entre europeos.

Por lo tanto, con todos sus defectos, que los tiene y son
muchos, con todas sus lagunas, que las tiene y son muchas, con
todas sus incertidumbres, el proceso de Unión Europea creo que
ha dado un paso más, y eso para todos los que desde unas u
otras posiciones hemos contribuido a ese proceso, debe
constituir, en principio, un legítimo deseo de esperanza y de
satisfacción hacia el futuro. Estamos construyendo un espacio
de seguridad común, un espacio que asegura paz, estabilidad,
desarrollo y bienestar de los pueblos y que si hoy tiene
graves problemas, como son el paro y el desempleo, no es menos
importante ni menos cierto que tiene abierto --y está abierto-
- un capítu oportunidades. Ahora, aprovecharlas o no va a
depender de nuestro esfuerzo, de nuestra imaginación, de
nuestra capacidad para que podamos avanzar en un camino de
estabilidad y de progreso.

Es verdad, señorías, que estamos ante una situación de crisis
estructural profunda que puede poner en peligro, y de hecho
amenaza seriamente, los cimientos mismos de formas sociales,
de formas de sociedad que hemos construido en las últimas
décadas. Y creo que también es cierto que las características
de esta crisis en concreto no permiten esperar ni soluciones
rápidas ni soluciones fáciles. Pero también es cierto que de
una cosa podemos estar seguros, o nosotros, por lo menos, lo
estamos, y es que sin la Unión Europea todo sería mucho más
difícil.

Por lo tanto, el debate y las actuaciones, a partir de ahora,
tienen que ser sustancialmente distintos. Hasta ayer hemos
discutido sobre la conveniencia de un proyecto; desde hoy,
hemos de insertar, en la sociedad española en particular y en
la sociedad europea en general, el contenido del Tratado.

Antes hablábamos de un proyecto de futuro; ahora, tenemos que
empezar a aplicar un presente real y exigente. Y la mejor
manera de hacer realidad los objetivos que se señalan en la
declaración del Consejo Europeo, y a las que se ha referido
esta mañana ante la Cámara el señor González, es precisamente,
en nuestra opinión, no rehuir aquellos aspectos que requieren
y precisan una urgente rectificación.

En primer lugar, me refiero al diagnóstico de la situación. Y
quiero decir que ha existido, en nuestra opinión, en mayor o
menor grado, y por parte de todos los gobiernos europeos,
cierto afán por rehuir u ocultar las características y la
gravedad de la crisis que afecta a nuestros países. Y este
Consejo, como he dicho antes, no ha tratado la cuestión; la ha
remitido al próximo 10 de diciembre. Quiero decir que creemos
que no hay más tiempo para cometer errores. Los europeos
tienen que percibir, a partir de esa fecha, que existe una
actuación coordinada y eficaz, capaz no solamente de superar
ese pesimismo, sino capaz de afrontar correctamente la
situación de crisis con un diagnóstico
certero.

En este sentido, propongo al Gobierno que, con la mayor
brevedad posible, se debatan, en el seno de la Comisión Mixta
Congreso-Senado, las pro España elevó a la Comisión el pasado
día 7 de octubre y sobre las cuales todavía la Cámara no tiene
noticia.

Otro aspecto, señorías, que exige urgente rectificación es lo
que se podía llamar el ocultismo con el cual se han llevado,
en gran medida, estos temas.

Si algo tenemos que aprender de las vicisitudes --y la
ratificación del Tratado de la Unión Europea ha pasado por
muchos países y por muchas opiniones públicas-- es el rechazo
que en toda Europa se percibe hacia una concepción centralista
y eurocrática de nuestra Comunidad. Los ciudadanos y sus
representantes parlamentarios se han sentido marginados del
proceso y han actuado en consecuencia. Siento que ayer mismo
esta Cámara no aprobase unas razonables, en mi opinión,
propuestas de información suplementaria presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular y que, sin duda, eran trasunto de
lo que ocurre en otros países y también de lo que está
determinado en el propio Tratado de la Unión. Pero, en fin, a
pesar de todo ello --podría decir por todo ello--, propongo
desde esta tribuna al Gobierno y a los grupos parlamentarios
de esta Cámara, elaborar un programa de trabajo concreto, de
aquí a la próxima conferencia intergubernamental de 1996, que
englobe las cuestiones esenciales que afectan a nuestra
política comunitaria.

Antes de entrar en el contenido de ese programa de trabajo que
ofrezco a la Cámara, no con carácter exhaustivo ni muchísimo
menos excluyente, convendría tener claros los objetivos que en
mi opinión deben guiar nuestro política.

Con ocasión del debate de investidura, tuve la oportunidad de
señalar los efectos positivos, tangibles e inmediatos que
había tenido para Espa decidida en favor de la participación
en la construcción comunitaria. Señalé también que se había
alcanzado el objetivo político de la plena integración y que
en lo sucesivo debía ocupar el primer plano de nuestra
preocupación la evaluación de las circunstancias y condiciones
económicas del proceso hacia la unión monetaria, por ser en
esta dimensión dond los principales intereses españoles y la
mayor preocupación de los ciudadanos. Podía añadir hoy, y
añado, que la mejor política comunitaria es una política
eficaz que afronte con decisión los problemas estructurales de
nuestra economía productiva. Y en este marco, y desde la
perspectiva del Partido Popular, el contenido del programa de
trabajo, insisto, sin carácter excluyente, en mi opinión,
debería moverse en las siguientes coordenadas: Primero,
definir y construir una posición



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nacional clara, de cara a la revisión del Tratado en 1996, y
especialmente en lo referido a la reforma de las instituciones
de la Unión Europea, como consecuencia, entre otras cosas, no
sólo de su actual
situación, sino del proceso de ampliación de la Unión.

Segundo, preparar la economía española para la unión económica
y monetaria. Y tercero, colaborar en el cumplimiento de los
objetivos institucionales de la Unión. En cuanto al primer
rasgo que he citado, y que debe centrarse en torno a la
definición de nuestros principales intereses de cara a la
Conferencia de 1996, la revisión previsiblemente se
desarrollará en dos plazos: la revisión institucional, como he
dicho, a consecuencia de la ampliación y la reconsideración --
a mi juicio inevitable y, además, necesaria-- de los plazos y
criterios de convergencia para acceder a la unión monetaria.

En la reforma institucional, en mi opinión, interesan a España
tres cuestiones. En primer término, fortalecer la naturaleza
de la Unión Europea como una unión de estados por ser la
fórmula más conforme con un proceso histórico de siglos que
sería ingenuo cambiar, ignorar o modificar. En segundo lugar,
defender aquellos procedimientos para tomar decisiones que
permitan que España pueda hacer valer su peso específico real
en el conjunto de la Unión. Y, en tercer lugar, apoyar el
fortalecimiento de los fundamentos y del control democrático
en el doble sentido, por ejemplo, que recoge la reciente
sentencia del Tribunal Constitucional alemán cuando afirma que
lo decisivo es que los fundamentos democráticos de la Unión se
vayan plasmando a la par que la integración y que, a medida
que avance ésta, se mantenga pujante la democracia en los
países miembros. Los objetivos de democracia y de
transparencia son irrenunciables si no se quieren cometer los
mismos errores que se cometieron en la elaboración del Tratado
de Maastricht y que han estado a punto de dar al traste con
ello.

En tres líneas, en consecuencia, debería moverse la actuación
española desde el punto de vista de la transparencia y
control: clarificar el papel de los parlamentos nacionales,
desarrollar claramente el principio de subsidiariedad y la
carta de derechos y deberes que debe ser inherente al concepto
de ciudadanía.

El segundo objetivo al que he hecho referencia y que podía
constituir una parte, sin duda muy importante, de ese programa
de trabajo es que, en la revisión del Tratado de 1996, será
uno de los aspectos esenciales y fundamentales la unión
económica y monetaria y, en concreto, por lo menos en nuestra
opinión, cierta inevitable reconsideración de plazos y quizá
también de criterios para acceder a la convergencia.

En relación con esta cuestión, señalaba también al principio,
que entre las grandes orientaciones de la política comunitaria
española tenía carácter prioritario preparar la economía para
la unión económica y monetaria, porque al final la política
económica se ha convertido hoy en la misma sustancia de la
política comunitaria. Son una misma cosa, porque si nuestra
economía real no está en condiciones adecuadas nos alejaremos
del núcleo central de la Unión. Y no se trata solamente de
cumplir los requisitos en un momento determinado, se trata de
construir un sistema productivo que pueda funcionar sin
distorsionar o poner en riesgo la unión económica y monetaria
o, de lo contrario, no entraremos en ella, entre otras cosas,
porque el núcleo central de la Unión no sacrificará la
estabilidad de la futura moneda, llámese como se llame,
integrando a países que son incapaces de mantener equilibrios
macroeconómicos básicos.

De alguna manera hay que invertir una parte del discurso
comunitario del Gobierno que ha prevalecido hasta ahora y es
que España no será un país económicamente estable y
competitivo por integrarse en la unión económica y monetaria
mágicamente, sino que solamente se integrará si previamente se
convierte en un país sin desequilibrios graves y
desestabilizadores para el conjunto de los países de la Unión.

Y la situación de nuestra economía, en mi opinión, no admite
espera. Lo he venido recordando en todas mis intervenciones y
vuelvo a insistir una vez más en ello, en que hay que poner en
marcha una clara política de rectificación y de competitividad
de nuestra economía, y sólo así no quedaremos desplazados en
un mundo en el que, con razón decía el señor González, se está
produciendo un cambio radical en las ventajas comparativas de
costes y precios en la producción por la globalización de la
economía, en las innovaciones tecnológicas o en los propios
procesos de integración que, como el de la Unión Europea, se
han puesto en marcha. Por eso, reitero que la política
comunitaria más eficaz es una política económica que funcione,
lo cual, obviamente, hoy no es el caso.

En tercer lugar, el tercer aspecto del programa de trabajo
podría ser, señor Presidente, señorías, colaborar en el
cumplimiento de los objetivos institucionales del Tratado de
la Unión, como ha hecho, de alguna manera, la declaración del
Consejo Europeo respecto de la aplicación de la política
exterior y de seguridad común, que permita a la Unión defender
sus intereses y asumir la responsabilidad que tiene al
servicio de la paz y de la cooperación internacional.

Estamos de acuerdo, como dice la resolución del Consejo, en
que ello se haga de manera gradual y pragmática, en función de
la importancia de l comunes de todos los Estados miembros, y
agradecemos la descripción que el señor González ha hecho de
los escenarios de acción común acordados por el Consejo. Sin
embargo, debe ser motivo de reflexión para nosotros que el
Mediterráneo, el flanco sur de Europa, no haya sido, al menos
de primera intención, considerado como ámbito prioritario para
una acción común,



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cuando, efectivamente, reúne todas las condiciones para serlo.

Es cierto que acontecimientos muy graves y muy preocupantes,
que afectan a la seguridad europea, tienen lugar en el centro
y en el este de Europa, pero ello no explica suficientemente
que de los cinco ámbitos declarados prioritarios tres estén
situados en el centro y en el este de Europa y un cuarto
ámbito implique un salto hacia Sudáfrica, sin contemplar la
frontera sur de la Unión, afectada --y creo que afectada
seriamente-- por subdesarrollo, por superpoblación, por
inestabilidad política y por conflictividad social y cultural,
como tenemos en este momento oportunidad de comprobar desde
hace algunos días.

Sin duda, ha pesado una configuración comunitaria que tiene su
centro de gravedad, y que lo tendrá más aún con su ampliación,
en Centroeuropa, pero si en el terreno de la toma de
decisiones hemos de pasar gradualmente de los mecanismos de la
cooperación intergubernamental a los propios de una
integración más plena, que implica decisiones vinculantes
tomadas por mayoría, es exigible, por nuestra parte, que se
contemplen todos los intereses de la Unión Europea. En el
campo de la política de seguridad ello debe conducir, en
nuestra opinión, no solamente a defender unos intereses
propios de la Unión Europea sino a convertir en intereses
comunes lo que es prioritario y objeto de principal
preocupación para cada uno de sus miembros.

Impulsar --y termino, señor Presidente-- el cumplimiento de
los objetivos institucionales del Tratado implica también
favorecer la cooperación de justicia y de interior. Creo que
España debe continuar aspirando a la plena aplicación del
Convenio de Schengen y ha de defender que, en materia de
visados, tengan un tratamiento equitativo los nacionales de
los países que integran la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.

Termino, señor Presidente. Desearía mi Grupo Parlamentario que
el programa de trabajo que ha ofrecido y el debate que ha
propuesto sean tomado consideración por la Cámara y por el
Gobierno, insisto, sin carácter excluyente. Nosotros creemos
que la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea inicia
una etapa en la que importa mucho que política y realidad no
sigan sendas divergentes. Con frecuencia, en el pasado, los
debates políticos han tenido lugar a espaldas de las
preocupaciones y de los problemas de los ciudadanos y creo que
no se puede continuar con esa forma de actuar. Creemos que la
Unión Europea es una oportunidad que bien merece la pena
aprovechar y, desde luego, nosotros estamos decididos a
hacerlo.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, a causa de que cada vez es más frecuente que en
esta Cámara no haya un debate previo a las reuniones
comunitarias, nuestro Grupo se vio obligado a formular en un
comunicado su visión previa a la cumbre de Bruselas, y lo
formuló en torno a siete puntos que paso a leer a SS.SS.

Hicimos el comunicado el día antes de la cumbre, el 28.

La situación de crisis estructural por la que atraviesan tanto
el actual proceso de construcción europea como cada uno de los
países miembros de la Comunidad Europea, no debería permitir a
los gobiernos comunitarios dejar pasar la oportunidad que da
la cumbre del 29 de octubre. Dicha cumbre, obviamente, no
puede ser de
celebración, porque no hay ningún motivo para ello cuando
estamos en el centro de una gravísima crisis, no sólo
económica y social.

Es cierto que el proceso de ratificación del Tratado de la
Unión Europea ha terminado, pero de una manera mucho más
formal que real, y no conviene olvidar en estos momentos las
excepciones británica y danesa. Aún así, la idea de que el fin
del proceso de ratificación del Tratado de la Unión Europea va
a dar un impulso positivo hacia adelante en la construcción
europea y, automáticamente, a solucionar algunos de los graves
problemas que nos aquejan, es falsa e irresponsable. Seguir
insistiendo en algunos de los parámetros fundamentales
contenidos en el Tratado de Maastricht es irreal y
profundamente equivocado. El europesimismo seguirá avanzando
si la cumbre del 29 se convierte en una reunión sin soluciones
nuevas, audaces y concretas y se limita a aprobar reglamentos
de desarrollo del Tratado de la Unión Europea y el reparto,
más o menos acertado, de sedes para algunos organismos
comunitarios. Y terminábamos: «La cumbre no puede ser otra
oportunidad perdida para cambiar un camino erróneo que pone en
peligro el objetivo que todos deseamos: la Unión Europea».

Señorías, tal y como anunciábamos, denunciábamos, preveíamos,
teníamos, el 28 se ha cumplido. La cumbre ha sido
decepcionante. Una oportunidad perdida para rectificar,
corregir o simplemente reimpulsar, desde nuevos análisis ante
las nuevas situaciones, el proceso de construcción europea. Se
han limitado a aplazar para diciembre el inevitable encuentro
con la realidad. Y a partir de ahí, nuestra intervención
quiere tener dos líneas fundamentales: la primera, crítica a
la actual situación; y la segunda, propuestas a esta Cámara y
propuestas al Gobierno.

Para empezar, señorías, esta Cámara será consciente de que al
final del proceso de ratificación estamos ante una Europa a la
carta. Y no valen eufemismos ni autoengaños, y menos en esta
Cámara, que aprobó el Tratado de la Unión. Hay una primera
carta, contenida ya en el propio Tratado, que es la excepción
hecha al Reino Unido de la Gran Bretaña en los aspectos de



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la política social. Pero hay otra segunda carta como
consecuencia de una renegociación de la Comunidad con
Dinamarca, después del segundo referéndum, en cuestiones
básicas y fundamentales que esta Cámara aprobó para los Doce:
nada menos que la unión económica y monetaria, la ciudadanía
europea, etcétera,
etcétera. Y después, la posibilidad, por lo menos las cautelas
con que hay que contemplar el dictamen del Tribunal
Constitucional alemán, y una cuarta sombra sobre el desarrollo
y el proceso, el resultado final del proceso de ratificación,
la sombra de las nuevas incorporacones, sus aspiraciones, sus
visiones y los ejemplos recibidos por parte de los Doce.

A partir de ahí, a una situación de ratificación, de final del
proceso, más que dudosa en torno a los contenidos y desarrollo
homogéneo, armón Tratado de la Unión Europea, hay que añadirle
el fallo, la grave situación en la que están los criterios de
convergencia; criterios de convergencia poco fundados,
criterios basados en la convergencia puramente nominal, y que
han sido criticados en España por altas autoridades económicas
y financieras; criterios de convergencia nominal muy lejanos a
la convergencia real, al producto interior bruto y,
fundamentalmente, al paro. Esa convergencia nominal, basada en
índices macroeconómicos, en índices que hablan de una economía
por las cifras que manifiestan los resultados de los procesos
reales, y que no hablan de una convergencia en torno a
parámetros de realidad, está en la base de toda la situación
que ha habido en el Sistema Monetario Europeo y en todos los
países que integran la Comunidad Europea, o la Unión Europea
en estos momentos. Pero además, incompletos, porque en ese
Tratado de la Unión, o en la situación que hay ahora mismo, al
hablar del mercado único se obvia algo fundamental que está en
la base y en la raíz de los problemas, no hay una armonización
fiscal. Hablar de mercado único obviando la armonización
fiscal es un grave fallo, y estamos pagando esas
consecuencias. Y, naturalmente, plantear una Unión Europea,
hablar de mercado único con una autonomía, casi una
independencia, de un Banco Central significa colocar piedras
en la disgregación de la construcción europea.

Por otra parte, objetivos de convergencia nominal
irrealizables. Supongo que esta Cámara tiene asumido que ya no
es posible cumplir para 1997 los criterios de convergencia
nominal; es decir, ni el déficit público, ni tipos de interés,
ni deuda pública, y por tanto, esta Cámara, que aprobó el
Tratado de la Unión Europea, sabrá que para 1997 esos
objetivos ya no se pueden cumplir no solamente por España,
sino por otros países de la Unión Europea. Y, a partir de ahí,
estamos ante una situación en la que, frente a esta realidad
que todo el mundo sabe pero que nadie quiere decir, salvo esta
fuerza política, se sigue reiterando aquí, en esta tribuna,
por otras fuerzas políticas y, sobre todo, por el señor
Presidente del Gobiern plazos hay que mantenerlos, cuando se
sabe perfectamente que eso no se sostiene en pie.

La persistencia en el «sostenella y no enmendalla» es una
actitud suicida, sobre todo en un momento en que estamos en
una tasa del 11 por ciento de paro --en España cerca de un 23
por ciento--. Pero, con ser grave todo lo anterior --porque
hay que seguir insistiendo en la necesidad, quizá más que
nunca, de una Europa unida, de construir una unión económica y
política--, hay algo que ya denunciamos durante el debate de
la ratificación: las dos velocidades. Falta fuerza, falta
energía, visión para construir la pieza básica: la unión
política.

En la declaración aprobada en Bruselas, de la cual el señor
Presidente ha hecho una referencia, se habla de manera clara
de cuatro pilares: mayor prosperidad económica, mayor ambición
de cara al exterior, mayor eficacia y más democracia. Sin
embargo, en los documentos comunitarios, en el texto al que
hizo referencia el Presidente y en los demás documentos la
expresión unión política no existe; se la esquiva, se la da de
lado. Se habla de unión económica y monetaria, del mercado
único, pero la unión política, que es el gran reto, la tarea
más hermosa e importante de construir esa Europa tan necesaria
está ausente, y ahí, justamente ahí, es donde tiene este
gigante los pies de barro. Afrontémoslo con valentía porque el
problema viene ya de los retos que nos lanzaba el Acta Unica
Europea.<ð Señorías, recordemos y analicemos dónde está el
origen del problema. El Acta Unica Europea tiene dos pilares
fundamentales para la ulterior co Europa: uno de ellos es el
mercado único, es obvio, y, si no fuese obvio, constantemente
se está recordando y desarrollando la construcción de ese
mercado único, pero el segundo pilar en igualdad de
importancia y equiparable al primero es la cohesión económica
y social; cohesión económica y social que no es una cuestión
de fondo, que no es más ni menos que conseguir un territorio
social y económicamente integrado en una Europa altamente
indiciada de crecientes desequilibrios sociales y
territoriales. Paso a leer a SS.SS. los últimos datos hechos
en alguna cátedra de economía de una universidad española.

Desequilibrios sociales en Europa a principios de los noventa:
44 millones de pobres en esta Europa de la abundancia; aparte,
11 millones de personas sin techo y, además, 10 millones de
pobres de solemnidad. Junto a esto, 16 millones de analfabetos
y 6 millones de parados a principios de los noventa --ya son
11 millones-- de períodos de larga duración. Y ya, para
terminar de cuadrar esta Europa de los desequilibrios sociales
creciente, el producto interior bruto de los diez índices
familiares más elevados multiplica por 3,39 al de las diez más
inferiores.

A partir de ahí, cuando se habla del Consejo de Regiones, de
la construcción de una Europa unida, hay



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que hablar también del gravísimo problema de los
desequilibrios territoriales. Vayan por delante otros datos.

A principio de los noventa, el 60 por ciento de las regiones
europeas, 104 de las 175, con el 52 por ciento de población,
estaba por debajo de la media del producto interior bruto
comunitario. El índice de disparidad interregional va
abriéndose de la siguiente manera: entre 1980 y 1989 ha pasado
del 26,1 por ciento al 27,5 por ciento, y la diferencia entre
índice medio de desempleo de las veinticinco regiones con
mayor y menor renta, entre 1983 y 1990, ha pasado del 13 al
14,7.

Este es el problema; el problema de la cohesión económica y
social no era de fondos, era el problema de conseguir un
espacio social y económicamente integrado, cohesionado. Pues
bien, ésta era una de las tareas fundamentales que tenían que
ser abordadas, no solamente la construcción del mercado único
sino la cohesión económica y social. Pero llega la segunda
parte del problema, la cohesión económica y social solamente
es posible desde un poder político, solamente es posible desde
una unión política que redistribuya las rentas, que
reequilibre, que actúe, por tanto, con políticas económicas
eficaces, en el ámbito de la unión política, para conseguir
ese espacio cohesionado en lo económico y lo social. Es ahí
justamente, en la falta de poder político, en el déficit
democrático, en la falta de poder real para el Parlamento, en
los tímidos, casi inexistentes, pasos en la unión política,
donde está la raíz del problema. El mercado se extiende, pero,
por la propia lógica del mercado, eso conduce a diferencias
sociales y territoriales, que no son corregidas porque ya hay
un abandono total, una renuncia, a la construcción de la unión
política, que es el único pilar
básico para conseguir políticas que corrijan estas diferencias
crecientes en lo social y en lo territorial.

A partir de ahí, ya no debe extrañarnos nada --el problema
está sin resolver--, en torno a un desequilibrio, a una
velocidad, la velocidad económica, entendida velocidad
económica como el desarrollo del mercado único, en detrimento
de la auténtica construcción europea, que consiste en tres
pilares fundamentales: el económico, por supuesto, la política
exterior y el pilar de construcción de la unión política. El
resultado todavía es más grave cuando todos estamos de acuerdo
en denunciar, en darnos cuenta de que estamos en una situación
de grave europesimismo. Los ciudadanos --y en España es
sintomático-- comienzan a entrar en una peligrosa valoración,
que ya fue denunciada en esta Cámara por quien les dirige la
palabra, que es el rechazo de determinados tratados. Aquella
discusión que ya pasó, podría d corregían los problemas, en un
rechazo a Europa. Ya está en las voces de los pueblos de
Europa. En España en concreto se perdió una oportunidad de
oro, se rechazó la posibilidad de tener un referéndum, que
hubiese significado un debate, una toma en consideración, dar
vida a la sociedad en torno a algo fundamental: su
participación en la construcción de Europa. Además, un
europesimismo motivado por el lenguaje hiperbólico, fuera de
la realidad con que ha sido afrontada y presentada a la
sociedad española la construcción europea.

No he visto mayores disparates, más salidas de tono,
planteando la construcción europea como algo idílico, como
algo con poderes taumatúrgicos, terápicos, es decir, para
solucionar los problemas simplemente al pronunciar el nombre
de Europa y no plantear el tema de construir algo, el problema
estaba en lo siguiente: confundir construir con integrar. Como
consecuencia de la caída brusca, el lenguaje hiperbólico, el
lenguaje blanco, descomprometido, de propaganda, no ha
soportado la dureza de una realidad, y podría haberla
soportado en la medida que se hablase de la Europa a
construir, con las dificultades pero con la fuerza tremenda de
los grandes sueños que hay que mantener como necesarios.

A partir de ahí y sabiendo que estamos en el camino y en el
momento en que Maastricht ha sido aprobado y en la fase en que
se inicia la unión política, nuestra fuerza política quiere
aportar su grano de arena porque cree en la construcción
europea, pero cree en la construcción europea real, no una
construcción europea exclusivamente sobre un pilar, porque esa
construcción va degenerando paulatinamente en la destrucción
de Europa por vía del europesimismo.

Señorías, señor Presidente del Gobierno, se va a ir a la
cumbre ordinaria de Bruselas, se va a abordar el problema del
paro, del empleo, del Libro Blanco presentadopor el señor
Delors, y se va a ab es el del crecimiento sostenido.

Si hablamos de la manera de combatir el paro, como crecimiento
constantemente sostenido de la economía, con los mismos
parámetros, con los mismos valores, obviando el problema de la
revolución científico-técnica, de la robótica, de la
informática, del «dumping» social de otros problemas, y no
abordamos la cuestión del desempleo desde visiones nuevas, más
frescas, señorías y, mucho más reales, mucho más realistas que
la eterna, recurrente, alusión al mercado y al crecimiento
sostenido, que se han verificado ya como incapaces de crear
empleo, propongo en nombre de mi Grupo a esta Cámara que aquí,
previa discusión en la Comisión Mixta o en la fase de Ponencia
o Comisión, haya un debate, antes de diciembre, sobre el paro,
la creación de empleo y, ¿cómo no?, algo que está vivo en la
sociedad española, sobre el reparto de empleo, como una
aportación fundamental importante y mucho más realista que
otros supuestos realistas (que están con la eterna cantinela
de algo que se está derrumbando), a fin de aportar a la
discusión de Bruselas la voz de esta Cámara, para lo cual,
esta fuerza política se ofrece para hacer de ponente, para
traer documentos, para lo que



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SS.SS. quieran, SS.SS. Diputados, S.S. Presidente del
Gobierno.

El segundo punto a discutir nace de una situación que no deja
de ser chocante. En el Parlamento Europeo se está discutiendo,
elaborando, un anteproyecto de Constitución europea (miro al
señor d tiene algo que ver en eso) y sería paradójico, y ya lo
es, que se esté discutiendo un anteproyecto de Constitución
europea mientras las cumbres se olvidan de algo que yo he
traído aquí algunas veces (muy matizado, expuesto con
sobriedad), que era el proceso constituyente de Europa, un
proceso, no un momento fundante, en el cual intervenían e
intervienen muchos agentes, muchísimos agentes, entre ellos
los pueblos de Europa. Pues bien, la propuesta es hacer un
debate aquí en torno al proceso constituyente de Europa, que
desembocaría en una Constitución europea, y que haga posible
que adelantemos en un año la revisión del Tratado, es decir,
para 1995, a la luz del debate que se haga en esta Cámara a
tenor del proceso constituyente que desembocaría en una
Constitución europea.

En tercer lugar, un debate en torno a las líneas maestras de
funcionamiento de la política exterior de seguridad común.

Había que volver a rel conveniente, aquellas hermosas,
importantes y válidas afirmaciones contenidas en la Carta de
París, de 1990. Europa, desde una unión política sin ambages,
sin contradicciones, debe, puede y es su obligación,
contribuir a un nuevo orden internacional.

Europa, desde una independencia, no solamente en lo económico
y en lo político, también en lo militar, con las consecuencias
que eso trae y que SS.SS. saben, tiene la obligación de
transformarse en una unión política con una política exterior
al ser orden que signifique equilibrar las relaciones con el
Tercer Mundo, que se vuelque hacia el Mediterráneo, y que se
erija como potencia defensora de los principios, fundamentos y
valores que la hicieron surgir, en el siglo XVIII, como el
máximo exponente de lo que después se ha conocido como los
derechos humanos.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino, señor Presidente.

Para eso ofrecemos nuestra participación, nuestra
colaboración, la crítica que sea necesaria, pero el esfuerzo
que se estime pertinente y conv He dejado para finalizar un
comentario, porque creo que no merece nada más que un
comentario la cuestión de las sedes, y es que a veces los
errores están en elegir mal las batallas. Se habló demasiado
de las sedes, no es una cuestión fundamental, pero hay un
hecho altamente contradictorio. Creo que España va a ser la
sede de Salud y Seguridad en el Trabajo, en un país y con un
Gobierno que ha renunciado a traer la Ley de Salud Laboral;
toda una contradicción.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, quisiera dedicar mi intervención, en nombre de
nuestro grup saludar fundamentalmente el hecho que motivó la
cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del
pasado 29 de octubre, en Bruselas, que no es otra cosa que la
puesta en marcha de la Unión Europea.

En el debate hasta ahora producido no se ha dado, a mi
entender, suficiente importancia a este hecho capital,
histórico, de creación de la Unión Europea. Para dos partidos
que, como Convergència Democrática de Catalunya y Unió
Democrática de Catalunya, tienen como señas de identidad su
vocación europeísta, esta fecha no puede ni debe pasar
inadvertida, como no debería pasar tampoco, a nuestro
entender, para el conjunto de la sociedad española.

Ya ha sido comentado alguna vez que España por primera vez
participa en plano de igualdad y desde el inicio en la
creación de una entidad supr Unión Europea. Nunca antes en la
historia moderna habíamos tenido esta oportunidad; ni Naciones
Unidas, ni Unesco, ni la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, ni la Organización Atlántica, ni la propia Comunidad
Europea habían contado con nuestra participación desde el
inicio. La alegría, la profunda ilusión por el hecho de su
creación, obviamente no nos hacen olvidar los problemas y las
dificultades con que ve la luz la Unión Europea; pero una cosa
deseamos constatar participar en esas aventuras colectivas en
busca de la paz y la convivencia pacífica, sino que fueron
nuestros propios errores, hoy, por primera vez, el éxito o el
fracaso de la Unión Europea que nace depende de nosotros
mismos, del acierto en el impulso en el interior y hacia el
exterior que seamos capaces de darle.

De la lectura de la propia declaración institucional realizada
por la cumbre en Bruselas se desprenden los objetivos que
pretende el Consejo: buscar en este sistema de valores
compartidos que es Europa mayor prosperidad económica, mayor
ambición cara al exterior, mayor eficacia para dar mejor
respuesta a los problemas sociales que no conocen fronteras,
mayor democracia; es decir, mayor transparencia, mayor
apertura, mayor descentralización.

Nuestra unidad en la acción debemos ser capaces de conciliarla
con la diversidad de nuestras tradiciones. Nos parecen unos
objetivos extraordinariamente importantes.




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También deseamos repasar, por su importancia, los objetivos
que en la aplicación del Tratado de la Unión se marca la
propia cumbre de Bruselas, tanto en los aspectos de la Unidad
Económica y Monetaria como en los aspectos de la Política
Exterior y de Seguridad Común (la PESC), donde también como ya
ha sido dicho aquí, quizá echaríamos en falta en estas
acciones comunes una acción si no en el Mediterráneo, en
alguna forma en el Oriente Próximo es de hecho una acción
mediterránea, sí en los países del Magreb. La importancia que
en el capítulo de ciudadanía, justicia e interior ya ha
remarcado el señor Presidente del Gobierno tiene la defensa en
el exterior de los ciudadanos de la Unión por parte de
cualquiera de los Estados miembros; o los derechos políticos
pasivos y activos de sus ciudadanos, la dimensión social, la
democracia y transparencia con la codecisión por parte del
Parlamento Europeo, o la puesta en marcha del Consejo de las
Regiones. Hay que revisar también esos objetivos que en la
creación de empleo se marcará el Libro Blanco, o los objetivos
en la ampliación. Parece que no hay confianza entre los
Estados miembros respecto a los objetivos de la Unión Europea
--otros Estados desean participar en esta Unión Europea--
cuando con la creación de la Unión Europea estamos haciendo,
señor Presidente, y nosotros estamos convencidos de ello, algo
serio. Hay quien pretende entrar en esta unión que no desata
excesivos optimismos.

El problema de las sedes ha sido tratado por el señor
Presidente. Alguien quizás espera una crítica por nuestra
parte respecto a las decisiones finales del Consejo de
Bruselas y no existirá, entre otras cosas porque sabemos que
Europa también significa renuncias. Pero aunque está claro que
Gran Bretaña luchó por conseguir la sede para Londres de la
Agencia para la Evaluación de Medicamentos y nuestras
posibilidades eran pocas ante esa candidatura, quisiera saber
si fue el propio Gobierno español el que reunió a la Agencia
del Medio Ambiente porque entendió que era preferible la
consecución de otras dos agencias quizás menores, como la de
Marcas, Diseño y Modelos y la de Salud e Higiene en el
Trabajo; quisiera saber si fue una renuncia del Gobierno
español y una decisión del propio Gobierno respecto a la
Agencia del Medio Ambiente. En cualquier caso, señor
Presidente, hay que potenciar las sedes conseguidas y sacarles
el máximo provecho. Ese es el objetivo que imagino debía guiar
al Gobierno en el momento de solicitar para España alguna de
las sedes.

En la cumbre del próximo mes de diciembre, señor Presidente,
el Consejo Europeo se ha marcado unos objetivos
extraordinariamente ambiciosos. La cumbre celebrada el 29 de
octubre era una cumbre extraordinaria para celebrar el
nacimiento de la Unión Europea, pero el inicio del trabajo
será en esa cumbre de diciembre con un plan de acción en
justicia y asuntos de interior y la adaptación al principio de
subsidiariedad de determinadas normas comunitarias. El Consejo
solicita la preparación de conclusiones concretas para luchar
contra el desempleo; la creación del Fondo Europeo de
Inversiones antes de final de año o la definición de los
Estados miembros sobre las reformas institucionales con motivo
de la ampliación, son algunos de los puntos que he sido capaz
de entrasacar de los compromisos del Consejo para su agenda de
los próximos 10 y 11 de diciembre.

En este momento, señor Presidente del Gobierno, ya no hay
excusas. Como usted muy bien decía, tenemos ya los
instrumentos para la acción. Debe realizarse una política
interior decidida en la lucha contra la crisis y por la
creación de empleo y en la lucha, al mismo tiempo, por la
cohesión europea. Quisiera entretener un momento su atención.

Estos dos objetivos no sólo son contradictorios sino que son
complementarios. Sólo seremos capaces de crear empleo si somos
capaces de acercarnos y cohesionarnos con las políticas
económicas europeas. Insisto, no sólo son contradictorios; la
Unión Europea no es la que crea la crisis, sino que es la
única capaz de sacarnos de ella a través del esfuerzo que no
debe ni puede faltar. La Unión Europea no tiene un efecto
taumatúrgico, como aquí se ha dicho, pero con nuestro único
esfuerzo, nosotros solos no seríamos capaces de superar la
crisis, sin embargo, con el conjunto de los Estados Europeos
sí lo seremos, sí debemos serlo; por tanto, hace falta una
política interior decidida en la creación de empleo y en la
búsqueda de la cohesión con la Unión Europea.

También es importante, señor Presidente, el impulso de
políticas decididas a nivel europeo. Quisiera remarcar dos,
porque creemos que son las más fundamentales. Sería difícil
asumir que la cumbre de diciembre no tomara decisiones
concretas sobre dos temas que al menos para nosotros son los
prioritarios, aunque existen muchos otros, por supuesto: los
que hacen referencia a la unión económica y monetaria y sobre
todo a la lucha por salir de la crisis, y los que hacen
referencia, en los aspectos de política exterior y seguridad
común, a la ex Yugoslavia.

Europa no puede permitirse, como se dice en su declaración, 17
millones de parados en su Comunidad sin dar una respuesta a la
existencia de ese problema. Sea a través de las conclusiones
del Libro Blanco que prepara la Presidencia de Jacques Delors;
sea a través del impulso o de la coordinación de las políticas
interiores, Euorpa debe ser capaz, en su Consejo de diciembre,
de dar una respuesta eficaz a la creación de empleo y a la
salida de la crisis. En segundo lugar, en cuanto a la política
exterior y de seguridad común se ha decidido ya, y esa es la
parte fundamental de la Unión Europea, que no exista una
acción exterior que no sea la acción común de los Estados
miembros; acciones comunes que se definen por



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unanimidad pero que se desarrollan por m de los aspectos que
contemplan es el del tratamiento de la crisis de ex
Yugoslavia.

En el Pleno extraordinario que con motivo de la cumbre de
Birmingham se celebró en este Parlamento nuestro portavoz, el
señor Miquel Roca, ya hacía referencia a cómo era preferible
mantenerse callado respecto a la crisis yugoslava que hablar
si no se era capaz de actuar. De eso hace un año y Europa no
es todavía capaz de actuar. Creemos, señor Presidente, que
este es otro de los aspectos fundamentales para que en
diciembre se tomen decisiones que ilusionen a los ciudadanos
europeos en cuanto a la trascendencia de su acción, en cuanto
a la posibilidad de su actuación. Decía Jean Monnet, señor
Presidente, que todo proyecto era posible si se tenían los
instrumentos para
llevarlo a la práctica y los calendarios Pues bien, nuestra
Unión Europea, señor Presidente, usted lo ha dicho antes,
tiene los instrumentos y tiene los calendarios. El proyecto es
posible; hagámoslo posible. El señor Presidente sabe que puede
contar con nuestro grupo parlamentario para impulsar todas las
medidas necesarias para hacer posible esa gran ilusión
colectiva que es la Unión Europea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, el
Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, advirtió,
la víspe cumbre extraordinaria, que la Comunidad iba hacia una
zona de libre comercio sin alma, sin conciencia y sin voluntad
común. Para Delors el objetivo del Consejo Europeo que se
celebró el pasado viernes en Bruselas, era poner en marcha
todos los instrumentos y medios que permitan aplicar el nuevo
Tratado de la Unión Europea. La pregunta es si se ha
conseguido, y la respuesta, a nuestro juicio, es que los
gobiernos comienzan de nuevo a mirar hacia la Unión y que el
proceso no se ha detenido, aspecto éste importante en momentos
en que la incertidumbre, la crisis económica y de valores
parecían arrumbar el proyecto.

Es sabido que las decisiones políticas no hacen desaparecer
como por ensalmo los problemas. El compromiso adquirido en
Bruselas contrasta con las incertidumbres que se ciñen sobre
los
ciudadanos del continente acerca de la resolución de la crisis
económica y política que nos aqueja.

Lo que se ha de conseguir en el fondo es conjugar los avances
en la unificación política más difíciles de lograr por la
renuncia de los socios a ceder cotas de soberanía estatal, con
los progresos previstos por acceder a un mercado único en toda
su dimensión una vez se superen los actuales desequilibrios
económicos, en especial la elevada tasa de desempleo.

La consecución de la convergencia económica entre los Doce a
fin de cuentas es el aliciente que tienen el resto de países
del continente para integrarse en la Unión Europea que no debe
por ello subordinar los logros en este terreno a la
profundización de la unificación política.

Al mismo tiempo, desde nuestra propia perspectiva, llama
sobremanera la atención la escasa repercusión que a nivel
popular están teniendo los avances conseguidos en la
formulación de una ciudadanía supraestatal y superadora de las
fronteras intraeuropeas. Una vez más, estas cumbres parecen
estar encerradas en una burbuja, alejadas de la población a la
que representan y centradas obsesivamente en sus cuestiones
gremiales, aparentemente inmunes a las preocupaciones de sus
conciudadanos. Aunque esto no sea así, existe un déficit de
comunicación de lo que se está haciendo en Bruselas, prueba de
ello es la imagen que ha trascendido de la cumbre comunitria
donde más importante que la puesta en marcha del Tratado de
Maastricht, con todo lo que esto supone, ha sido la discusión
de las sedes de las distintas agencias comunitarias. En cambio
no se ha dado aún ningún paso para irnos acostumbrando a que
somos ciudadanos de un nuevo ente, el cual, por ejemplo, va a
obligarnos, antes de que acabe el siglo, a realizar nuestras
transacciones en una nueva moneda. Por esta razón la entrada
en vigor el 1.º de noviembre del Tratado de Maastricht,
debería dar pie a una iniciativa de reactivación de la
construcción europea por parte de un grupo de países decididos
a evitar la deriva hacia una zona de libr y ante la posible
ampliación de complicado control, se impone cada día con mayor
fuerza la creación de una especie de núcleo duro dentro de la
Unión en la que se integrarían los países más decididos a
prescindir de los inconvenientes continuos planteados,
fundamentalmente, por los conservadores británicos.

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más
España, deben ser ese núcleo que se fundamenta en similares
actitudes ante la co europea y en la posibilidad de hacer
políticas económicas coordinadas. No hay que extrañarse de esa
simetría ya que en la misma dirección está organizada la
entrada en vigor del protocolo social de Maastricht que crea
una comunidad de once países, de la que se automargina el
Reino Unido, cuando se tratan temas sociales. Por eso, aunque
la batalla de la reforma de las instituciones debe plantearse
en 1996, varios países han expresado ya su interés en
avanzarla antes de la ampliación, incluso se ha apuntado que
puede ser uno de los puntos de discusión del Consejo Europeo
que se celebrará el próximo mes de diciembre.




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La entrada en vigor del Tratado permite la geometría variable,
no sólo por el protocolo social, sino en defensa común, de la
que está excluida Dinamarca, y en la unión monetaria. Fuera
del Tratado existe cierto tipo de geometría variable, en
cuestiones como fronteras, mediante la Convención de Schengen,
en la que no están incluidos Dinamarca, Irlanda ni Reino
Unido; esto quiere decir que en la construcción europea todo
es posible.

Ya sabemos que se dirá que Europa hay que seguir
construyéndola a doce, y ese es el criterio que hemos
mantenido todos y siempre, pero también es cierto que hacerlo
así significa conducir un coche con el freno puesto y hoy día
lo que hay que lograr es cierta velocidad de crucero porque
los problemas y sus soluciones no esperan. La existencia de un
núcleo duro europeo que impulsaría en serio la unión,
facilitaría la incorporación de los países que están
negociando la ampliación --Austria, Finlandia, Suecia y
Noruega-- y estos países podrían renunciar a integrarse en las
áreas de más difícil aceptación por sus opiniones públicas. Y
no sólo a estos países, sino una opción similar podría ser
estudiada para los países de Europa central y de Europa
oriental.

La Europa de Maastricht, por otra parte, no podrá resultar de
la arrogancia burocrática, sino de un consenso político, lo
más amplio posible, entre políticos locales, nacionales e
internacionales, y por ello el prin- cipio de subsidiariedad
adquiere importancia sustantiva en esta nueva Europa, en la
que van a ser tenidas en cuenta frecuentemente con mayor
prioridad, las opiniones de los «Länder» alemanes que el
sesudo dictamen de los «lobbys» internacionales sobre
cuestiones que puedan resolverse a ese nivel no estatal de
decisión política. De ahí que la subsidiariedad constituye una
prueba de fuego para el Estado de las autonomías que consagra
la Constitución Española.

Finalmente, las principales conclusiones de la cumbre se
pueden resumir, a nuestro juicio, en los siguientes puntos. En
primer lugar, resultaba necesaria, aunque sólo fuera por
razones de opinión pública, celebrar una reunión de este tipo,
habida cuenta de las enormes dificultades que ha encontrado la
ratificación y entrada en vigor del Tratado de Maastricht y
sus consecuencias para la Comunidad en términos de pérdida de
credibilidad y confianza. Evidentemente, con la celebración de
esta cumbre y la aprobación de la declaración no se puede
esperar resolver problemas acumulados durante mucho tiempo y
que han tenido un relieve claro en los dos últimos años; su
valor radica en la efectiva y definitiva entrada en vigor de
los acuerdos de Maastricht y en la voluntad manifestada de
llevarlos a cabo.

En segundo lugar, es obligatorio decir que son positivas las
decisiones en torno a la implantación del Tratado sobre la
Unión Europea y la ref a la puesta en marcha del denominado
Comité de las Regiones. Sobre este particular creemos que se
ha corregido en parte aquella idea de llevar equilibradamente
representantes de autonomías y municipios, aunque nos siga
pareciendo que los 21 representantes de ese Comité de las
Regiones que representan al Estado español debían ser
representantes autonómicos y buscar que la representación
municipal tenga su propio ámbito europeo, para no confundir,
tensionar y rebajar las posibilidades de este interesante
embrión de representación regional europeo.

A tal efecto, y en la siguiente cumbre, el Gobierno español
debería, a nuestro juicio, presionar en el seno del Consejo en
favor de una dotación adecuada para este nuevo organismo, así
como sobre su reglamento interno, que permita jugar un papel
adecuado al Comité de forma que no se esterilice en
discusiones internas. Aunque en teoría el Comité de las
Regiones debe compartir secretariado y locales con el Comité
Económico y Social, lo cierto es, señor Presidente, que le
pedimos que presione para que la nueva institución termine
asentándose en el nuevo edificio del Parlamento Europeo en
Bruselas.

En tercer lugar, la cumbre ha conseguido resolver, mal que
bien, el asunto de la designación de las sedes definitivas de
los diferentes organismos y agencias de la Comunidad. Usted,
señor Presidente, en días previos a la cumbre, dijo algo de
interés: que no había que premiar a aquellos países que son
reticentes con la Unión Europea y disponen de cláusulas
exclusivas, como es el caso de Dinamarca y Gran Bretaña, que,
sin embargo, tras esta cumbre han salido premiadas. Usted
decía, señor Presidente, como también hoy nos ha manifestado y
como lo dijo en la rueda de prensa posterior a la cumbre, que
se valora más la Agencia del Medio Ambiente, pero en la
práctica la que tendrá mayor interés será la de marcas, cuya
importancia industrial tendrá gran trascendencia.

Dijo también que había dejado abierta la cuestión de las
ciudades españolas que acogerán estas dos agencias. No estoy
pensando en ninguna ciudad concreta --dijo--, me he quedado
con la libertad de opción y, además, es posible que establezca
una subsede temática. Nosotros, señor Presidente, que no somos
ingenuos, queremos saber dónde van a ir estas sedes. Así como
en Alemania el embrión del Banco Central Europeo no va a
Berlín ni a Bonn, sino a Francfort, donde está la actividad
financiera, aquí siempre la primera opción es esta capital,
cargada de instituciones y centralidad, cuando lo que se exige
para la instalación de una sede de estas características es
que el lugar esté bien dotado de buenas comunicaciones y buen
servicio de hostelería, nada más; por tanto, la decisión es
política y sabemos que, como siempre, nosotros no entramos en
estos cálculos. Si, por poner un ejemplo, el Guernica está en
Madrid, pretender la mera posibilidad de optar



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por un agencia o una subsede temática es una utopía, porque,
creemos, volverá a repetirse el esquema de los acontecimientos
de 1992,
mientras se sigue hablando de reparto equilibrado. Eso, señor
Presidente, lo que provoca es un cierto alejamiento y
desistimiento, pero, a pesar de ello, le pedimos que tenga en
cuenta otras realidades y, ¿por qué no?, también la vasca,
bien comunicada y con buena hostelería. En cuarto lugar, se
han adoptado decisiones relevantes para la puesta en marcha de
la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria y se
reafirman en el calendario los criterios de convergencia. Este
punto, a nuestro juicio, también resulta positivo, porque, si
bien la situación actual permite albergar dudas sobre las
posibilidades reales de cumplimiento estricto de las
previsiones de la Unión Económica y Monetaria, hubiera
resultado muy negativo haber arrojado la toalla desde este
momento y no reafirmar los objetivos previstos para 1997 o
1999.

En quinto lugar, es preciso constatar que no hubo apenas
debate sobre la situación de crisis que vive la economía
europea, a pesar de los intentos del Presidente Delors.

Confiemos que la próxima cumbre y el libro blanco anunciado le
den impulso a la asignatura más importante que tiene hoy la
Unión Europea. Porque tampoco se han abordado los cambios
institucionales, aunque destaca el acuerdo interinstitucional
alcanzado al margen de la reunión entre el Consejo, la
Comisión y el Parlamento Europeo sobre el mediador europeo, la
aplicación del principio de subsidiariedad, la transparencia y
la disciplina presupuestaria.

Finalmente, destaca la determinación de los cinco ámbitos de
la política exterior y de seguridad comunitaria sobre los que
la Unión comenzaría a hablar con una sola voz porque, a
nuestro juicio, por algo hay que empezar.

La trágica experiencia de la ex Yugoslavia ha puesto de
relieve que no existen aún bases para una política exterior
europea y, por tanto, hay que crearla. No se explica que David
Owen siga siendo representante europeo, apoyando más a los
serbios que a los bosnios y habiéndonos llevado a una
situación de total bloqueo, donde ni siquiera hay negociación,
mientras la
población sufre una guerra y represión absolutamente
intolerables. En suma, una cumbre, a nuestro juicio necesaria
para implementar la entrada en vigor del Tratado de Maastricht
y que ha resuelto algunos asuntos delicados, al objeto de
aligerar la agenda del Consejo Europeo de diciembre, para que
pueda concentrar sus esfuerzos en la cuestión de la crisis
económica, empleo, competitividad, crecimiento y reforma
institucional.

Hoy, las complejas disposiciones del Tratado de la Unión son
también nuestra ley básica y, lamentablemente, la ciudadanía
no termina de percatarse de ello. De ahí que le pidamos, señor
Presidente, se consiga avanzar en la transparencia de las
reuniones europeas, pues de lo contrario surgirán nuevos
sustos, como los causados en las primeras consultas sobre
Maastricht.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, en nombre de Coalición Canaria
quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se nos
brinda con este debate, al hilo de la información que usted
nos ha dado de la Cumbre extraordinaria de Bruselas del pasado
día 22, porque nos permite volver a traer aquí mensajes y
reflexiones para una toma de conciencia basada en el consenso
entre el Gobierno representado por usted y las fuerzas
políticas parlamentarias, en este caso concretamente de
Coalición Canaria.

Nosotros valoramos positivamente esta Cumbre desde la óptica
del proceso de vocación fuertemente europea que existe en
Canarias. No en balde no máximos responsables de los Estados y
de los Gobiernos de los doce países de la hoy, y desde el día
1, Unión Europea, es positivo. No vamos a entrar a hacer una
crítica sobre el reparto de las oficinas y agencias que se han
dado; creo que sí es importante la decisión política que
ustedes han tomado de haber resuelto este tema que la
sensibilidad, la vanidad, la autoestima, que es legítima
porque es humana, no debe entorpecer la verdadera agenda de
trabajo de la reunión de diciembre que ustedes tendrán los
días 11 y 12 en Bruselas. Esa es la agenda de trabajo que me
preocupa. Por tanto, han quitado ya de en medio dónde se
ponían las catedrales y parroquías de todas estas oficinas,
donde el ciudadano europeo lo que quiere es que funcionen,
resuelvan a las instituciones sociales, empresariales y
políticas sus problemas, y a otra cosa.

Sí queremos llamar la atención, señor Presidente, por la
ausencia de una profundización en una agenda económica en la
reunión que ustedes han tenido, precisamente cuando durante su
celebración se estaba pro- duciendo en las calles de muchas
ciudades europeas de Francia, Bélgica o Italia fuertes
contestaciones y manifestaciones de trabajadores, de fuerzas
laborales, contra la situación del desempleo y del paro en
Europa. Yo espero, señor Presidente, que la comunicación de
las conclusiones de la Presidencia que se les presentó a
ustedes el día 29 sepa recoger el futuro mensaje que traiga el
libro blanco de la comisión, pero quiero resaltar



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que ahí hay un compromiso para que el crecimiento y empleo dé
respuesta a esta inquietud de sectores laborables y
empresariales europeos donde está inserta también España, y es
fundamentalmente en los artículos 129 b) y d) del nuevo
Tratado de la Unión. Es decir, vamos a fijarnos en las redes
de infraestructura, vamos a fijarnos en la declaración de que
ustedes consideran
intolerable, porque lo consideramos todos, que 17 millones de
parados hoy día en la Unión Europea no pueden ser excluidos de
ese mercado laboral y de los beneficios de una calidad de vida
que ahí se contempla. Por tanto, le pido, señor Presidente,
que en la cumbre ordinaria de diciembre haya compromiso o
conclusiones concretas sobre los problemas de crecimiento y
empleo con un carácter llamativo de la situación que yo he
denominado agenda económica. Vamos a darle una valoración que
nosotros, desde Canarias, consideramos muy importante, señor
Presidente, para que los fondos estructurales y las redes
transeuropeas, por razones obvias que después aclararé,
permitan a regiones ultraperiféricas como Canarias que el
denominado instrumento de Edimburgo --que usted bien explicó
en un debate que tuvimos aquí--, como compromiso de los
órganos superiores de la Unión Europea, pueda atender
precisamente a estos problemas que, en el tema del transporte,
la producción de energía y la renovación urbana, en algunas
regiones como Canarias constituyen problemas de primera
magnitud.

Señor Presidente, de los cuatros pilares que se han señalado
como fundamentales de esta reunión extraordinaria de Bruselas
yo me voy a fijar en el último que se ha citado, el de más
democracia. Nosotros apoyaremos toda línea que conlleve eso
que usted ha definido acertadamente como más ciudadanía de la
Unión que se añade a la ciudadanía nacional, ya que, en
regiones ultraperiféricas como Canarias, nos sentimos
verdaderamente comprometidos con esa ciudadanía de la Unión,
porque esa distancia no puede significar ni incertidumbre ni
inseguridad, por eso quiero hacer una positiva lectura
política de este planteamiento para que usted lo recoja.

Cuando nosotros vemos que en este sentido de aumento de la
democracia se compromete al Parlamento europeo, sustituyendo
la ya antigua fórmula de la cooperación por la codecisión, lo
vemos oportuno; cuando la entrada en vigor de Maastricht desde
este pasado 1 de noviembre va a implicar que el Parlamento
europeo, con el que los parlamentos nacionales como éste se
van a sentir más cómplices en el sentido positivo de la
democracia, compartiendo más las decisiones, dé entrada al
nombramiento del Defensor del Pueblo. Ojalá podamos celebrar
conjuntamente que este Parlamento elija al Defensor del Pueblo
español y el Parlamento europeo elija al Defensor del Pueblo
europeo, donde el ciudadano puede ver hecha realidad sus
palabras de ciudadanía de la Unión. Más ciudadanía; pues que
el ciudadano europeo se sienta reflejado y protegido en
instancias institucionales como la del Defensor del Pueblo.

Paso finalmente, señor Presidente, señorías, señor Presidente
del Gobierno, a comentar el último aspecto que quiero resaltar
de más democracia con respecto al Comité de las Regiones.

Celebro que esta cumbre de Bruselas no haya esperado a la
ordinaria de diciembre para fijar la fecha del 15 de enero
como fecha constituyente del Comité de las Regiones. ¿Por qué?
Por dos razones de tipo político: una general y otra puntual
para Canarias.

En cuanto a la política general, quiero aprovechar la ocasión,
señor Presidente del Gobierno, para testimoniar mi
reconocimiento de que usted y el Gobierno hayan recogido lo
que fue motivo de debate entre usted y este modesto diputado
que le habla con respecto a la representación española entre
los 21 miembros que le corresponden a nuestra nación en ese
Comité de las Regiones y que estén recogidos ahí con un
carácter unitario, pero con un propósito de solidaridad de
todos y cada uno de los presidentes de las comunidades
autónomas españolas.

Creo, señor González, señor Presidente del Gobierno, que ha
sido un aciertio político no haber llevado la discusión a
otros foros, porque era imposible contentar a todos. Aquí se
puede aplicar el refrán que dice: la fórmula del éxito no la
tengo; la del fracaso, sí: es intentar contentar a todos.

Además, era prácticamente un imposible legal.

Creo que al dar esta preeminencia democrática a instituciones
democráticas, a personajes elegidos democráticamente por sus
respectivas comunidades autónomas, se ha hecho un bien al
Título VI Constitución española y a un proceso de integración
solidaria del Estado español, de las comunidades autónomas a
través de este órgano, que, aunque consultivo, será un foro
testimonial de esta inquietud.

En segundo lugar, señor Presidente, nosotros esperamos que
este Comité de las Regiones apoyen la declaración famosa del
Tratado de Maastricht, ya en vigor desde el 1 de noviembre
pasado, referente a las regiones ultraperiféricas de la
Comunidad cuando dice: Se aplicarán no sólo disposiciones del
Tratadoy del derecho derivado, sino de impo regiones
ultraperiféricas. Ahí está incluido concreta, singular y
específicamente el archipiélago canario.

Nosotros le pediríamos, señor Presidente, el compromiso de que
usted sea en ese foro internacional, en ese foro, diría, de la
Unión Europea, defensor de este principio de la declaración de
las regiones ultraperiféricas, con todas las consecuencias. El
mes pasado, la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), a
requerimiento de la Unión Económica de las Regiones
Ultraperiféricas de la Europa Comunitaria,



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con sede en Bruselas, ha enviado a la Dirección General de
Políticas Regionales, la denominada Dirección General XVI, un
informe de sus decisiones o reflexiones sobre las iniciativas
de la Comunidad Económica Europea en las regiones
ultraperiféricas a poner en práctica durante el período
1994-1999.

Le pedimos que sus servicios gubernamentales correspondientes
le hagan llegar estos documentos y que la representación
española tanto en la Unión Económica de las Regiones
Ultraperiféricas como los órganos comunitarios competentes
recojan este documento, donde también se hace una valoración
del denominado programa Reti que para Canarias concluye el
próximo mes de diciembre.

Quiero resaltar aquí por qué le digo esto, señor Presidente,
dentro de un contexto de solidaridad y dentro de una lectura
política, porque el comunicado de la Comisión quiere valorar
el peso específico en la Unión Europea de las regiones
ultraperiféricas. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar,
el consejo Europeo de Edimburgo las citó como regiones de
objetivo número 1.

En segundo lugar, el Parlamento Europeo, por resolución de
enero de 1993, dice que una de las seis directrices para el
futuro en cuanto a iniciativas comunitarias es la solidaridad
con las islas y las regiones ultraperiféricas. Después haré
una valoración final de por qué desde Canarias hacemos esta
lectura, con una encomienda política y de compromiso
solidario, sin pedir nada que no esté ni en la letra del
acuerdo del Parlamento Europeo ni en el Consejo Europeo de
Edimburgo ni, por supuesto, dentro del Tratado de Maastricht.

Y esto, fundamentalmente, porque se nos ha anunciado la
confección de un libro verde que se ha sometido ya a consulta
de entidades laborales o empresariales ultraperiféricas donde
vienen las iniciativas comunitarias con incidencia
precisamente en estas regiones ultraperiféricas para los años
que le he citado. Aquí nosotros pedimos que en regiones como
en este caso el archipiélago canario, se tenga en cuenta lo
siguiente, que está de acuerdo con los postulados que hemos
leído en este libro verde --y veo al señor Ministro de Asuntos
Exteriores muy atento y lo celebro-- para que sea también
causa de observación y de mantenimiento: en primer lugar,
aplicación de las iniciativas comunitarias, como puede ser la
concentración, programación o asociación de este sistema
estructural; en segundo lugar, permitir que las regiones
ultraperiféricas saquen provecho real del Mercado Unico,
porque si no se le saca provecho real al Mercado Unico, poco
pragmatismo podemos obtener con un mensaje que se nos puede
quedar en pura retórica y que, desde luego, no haría que
entraran en vigor lo que son precisamente los criterios
políticos de la declaración del Tratado de Maastricht; en
tercer lugar, señor Presidente y señores del Gobierno a los
que les pueda afectar --está aquí el señor Ministro de
Agricultura y Alimentación que tiene programas que le afectan-
-, es la simplificación de la gestión de las iniciativas,
porqu con una serie de cortapisas y de alta burocracia. No
queremos hablar aquí del GATT ni del Poseican ni de las normas
de comercio y de mercado interior y alimentario en Canarias; y
la cuarta petición, señor Presidente, es la cooperación
interregional y transnacional como método de trabajo, que sea
un rasgo distintivo precisamente para las próximas iniciativas
de la Comunidad Europea o de la Unión Europea. Creo que,
conociendo su talante en este tipo de política internacional o
transnacional, estas peticiones encontrarán acogida y, como
fuerza democrática y parlamentaria, como otras tantas
representadas aquí, en el Parlamento, nos sumamos a un
principio de cohesión y de solidaridad.

Finalmente, señor Presidente, coincidimos en un marco de
vocación europea y hacemos nuestro también lo que usted ha
dicho como juicio general de gobierno y de valoración
política, es decir, sumarnos a un proceso de la lógica de la
integración. Si este espíritu, porque nosotros lo mantenemos
con convicción política, que es nuestra obligación, no
encuentra en la calle los calores o los alientos, no importa.

El ciudadano tiene otra órbita de percepción que sentirá a más
largo plazo, pero la clase política dirigente europea está
obligada en este momento a dar este testimonio de compromiso
con lo que ellos mismos han venido escribiendo, votando y
aprobando.

Finalizo, señor Presidente. Ustedes han comunicado, a través
de la declaración con motivo de la entrada en vigor del
Tratado de la Unión Europea, que la eficacia puede y debe
conciliarse con la democracia, lo que suscribimos íntegramente
por sentido de responsabilidad en la misma, porque nosotros
también, señor Presidente, entendemos que paso a paso, reunión
a reunión, comisión a comisión, semestral ordinaria o
extraordinaria cuando proceda, hay que conseguir en la mente
de todos un sentido de una Europa fuerte, coherente y
responsable, fundamentalmente con la expresión gramatical
tremendamente subyacente e importante que ahí se ha dado. Es
importante dar vida al Tratado de la Unión para que los
europeos, por encima de cualquier lectura muy singular o
partidista de un aspecto muy concreto que les pueda afectar,
como ampararse en sedes diplomáticas en países donde no
tengamos la nuestra o en principios de política exterior y de
defensa más solidarios y coherentes, veamos siempre esta Unión
Europa como un polo de estabilidad. Si eso no se toma como un
valor absoluto para afrontar todos los cambios, entraríamos en
una responsabilidad. En ese mismo hilo coherente de apoyo y
cohesión precisamente en aras de la eficacia política,
prestaremos nuestro apoyo a toda esta política de integración
europea.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Mur.




El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, señor Presidente del Gobierno,
intervengo en nombre del Partido Aragonés para fijar nuestra
posición sobre el informe que usted ha presentado hoy aquí. En
primer lugar, quiero, cómo no, agredecer la comparecencia
suya, señor Presidente, y la rapidez con la que se nos ha
facilitado la información sobre la cumbre europea celebrada en
Bruselas el pasado día 29 de octubre.

El interés de dicha reunión estaba, más que en los asuntos
propios de la misma, en el hecho de que, por fin, el Tratado
de la Unión empezaba a caminar.

Superadas las dificultades para la ratificación del Tratado,
parece que éste arranca formalmente el día 1 de noviembre, que
ya es casualidad la fecha, el día de todos los Santos, que
buena falta hará la intervención de todos ellos para que este
Tratado pueda cumplir todas sus previsiones y satisfacer
tantas esperanzas como se han puesto en él.

Su explicación, señor Presidente, que nos ha dado aquí, ha
sido más bien fría, cansina, sin ilusión, pero prudente,
quizás para no abrir algún debate que pudiera resultar
molesto. Las reacciones de la prensa española, en especial,
han sido frías y, quizás, indiferentes. Titulares como «Nada
en Bruselas», «Pobres resultados para una mala negociación»,
«Acuerdos magros en la reunión», «Excesivas reticencias y
demoras», etcétera. Pero la información que usted ha traído
aquí esta mañana, señor Presidente, no ha aportado muchas
novedades que permitan a los ciudadanos recuperar la ilusión
por el proyecto europeo, ese proyecto por el que tanto se ha
hecho desde España y en el que usted, señor Presidente, ha
puesto sus mejores empeños.

El euroescepticismo, tenemos que reconocerlo, está creciendo
alarmantemente, sobre todo en los últimos dieciocho meses, los
meses que ha durado el trámite de ratificación del Tratado, y
es que, desgraciadamente, los hechos están contribuyendo a
ello. Incluso su tono, permítame, señor Presidente, ha bajado
desde aquellas intervenciones eufóricas que hacía aquí, en
especial aquella del debate en que ratificamos el Tratado de
Maastricht, aquella ratificación que a algunos nos pareció
prematura y que, evidentemente, el tiempo nos ha dado la
razón, porque el ser los primeros o de los primeros en
ratificar y el poner tanta ilusión no parece que, hasta ahora,
al menos, haya sido tenido demasiado en cuenta.

Recuerde, señor Presidente, en aquellos momentos sus
propuestas europeístas para justificar el porqué España
mejoraría su economía con la integración europea. Parecía que
nuestros problemas lo revulsivo necesario para la puesta al
día de nuestro sistema productivo, y, lamentablemente, no ha
sido así.

Por algún sitio debe andar aquel plan de convergencia para
converger con Europa --no lo confunda con el plan de
Convergència i Unió, que éste, afortunadamente, parece que va
un poco mejor--, aquel plan que nos habían traído aquí y del
cual no hemos hecho todavía examen ni balance, quizás porque
si se hiciera sería muy negativo por el grado de su
cumplimiento.<ð Cuando todos esperábamos el impulso
económico que tiene que venir de los países europeos, lo único
que nos llega o lo único que percibimos, señor Presidente, son
las consecuencias más negativas de la crisis generalizada que
allí existe, con excepción, quizás, de la gran Alemania, que
se perfila como la superpotencia europea, después del Tratado
de Maastricht.

El mercado único es, hoy por hoy, un reto casi imposible de
superar para la economía española, señor Presidente, señores
del Gobierno, y usted bien. De España sólo interesa el
mercado, sólo interesan los consumidores. Nuestras empresas no
pueden competir con sus productos y sus servicios. Muchas de
dichas empresas han sido adquiridas por multinacionales
simplemente para cerrarlas y quedarse con sus clientes. Cada
día más se consumen en España productos fabricados en otros
países europeos. Si a eso añadimos aquellos productos que se
manufacturan en los países orientales y asiáticos y que
penetran por algún país europeo, que se limitan en algún caso
a homologarlos o a ponerles la etiqueta, comprenderá, señor
Presidente, cuánto nos queda por hacer y cuánto nos queda por
resolver.

No mejoraremos si nos limitamos a decir que esta crisis es una
crisis generalizada, porque, además, no es cierto. Algunos
saldrán muy reforzados de la crisis económica que ahora están
padeciendo. Nosotros, así, no. Y con esta situación no es
fácil ilusionar a los españoles con la idea de Europa. Sin
embargo, es necesario ilusionarles. Otra acusación que se hace
al proceso es el déficit democrático. Cada día se toman más
decisiones sin la necesaria participación y control
democrático. Esto hay que corregirlo, señor Presidente. Quizás
usted haya podido explicar en Europa ese programa que
presentan aquí los socialistas bajo el pomposo rótulo del
impulso democrático, o quizá usted haya podido escuchar allí
de algunos de los participantes cómo van esas cosas por
Europa, porque en todos los sitios tienen problemas parecidos
a los de aquí. Quizá los italianos, maestros en tantas cosas,
le hayan podido hacer alguna sugerencia en el tema del impulso
democrático.

Usted sabe que la idea de Europa no es la panacea de nada.

Tenemos que tomar nuestras propias medidas y para eso se ha
perdido mucho tiempo y mucha credibilidad.




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Quizá sea tarde para pedir esfuerzos a los ciudadanos y, sin
embargo, nosotros creemos en la necesidad de Europa, de la
Unión Europea, del Tratado de la Unión. Sólo nuestra propia
capacidad marcará el límite de los resultados que podamos
obtener. España, un país descentralizado, como diseña nuestra
Constitución, debe
aprovechar la Unión Europea para avanzar económicamente y
también para corregir los desequilibrios interterritoriales
que hoy tenemos; aprovechar los instrumentos financieros que
vienen de Europa para potenciar esa necesaria
descentralización que no se da de manera efectiva en el
territorio español. Por eso, como ya le dije en otra ocasión
aquí, señor Presidente, esperamos que en Aragón se instale
alguna de las sedes de las Agencias que por lo visto, después
de mucha dificultad, han podido ser conseguidas para España.

No son quizá las más interesantes, usted lo ha reconocido
aquí, pero es lo que hay. Son las que tenemos, y ahora debemos
potenciar las que se nos han adjudicado. Yo le pediría una
cosa: que no vayan a los sitios de siempre, que no se queden
en Madrid, señor Presidente. Descentralícelas usted. España es
más que Madrid. Quiero hacer una mención respecto al Comité de
las Regiones. Nos parece un paso interesante, lo dijimos en su
momento. Hay que cuidar la puesta en marcha de este Comité que
nace ahora y que, desde luego, tendrá serias dificultades para
avanzar. No conocemos cómo se han designado los representantes
españoles, me refiero, fundamentalmente, a quiénes van a
representar a los municipios de España y, sobre todo, tenemos
el temor de que los pequeños municipios no se vean
representados en ese Comité. Nos gustaría que hiciera alguna
precisión al respecto. También querríamos saber qué
información y participación tendremos aquí, en el Congreso de
los Diputados, de lo que haga o decida ese Comité de las
Regiones.

Señor Presidente, creemos que ahora empieza de verdad el
camino europeo. Hay muchos problemas por resolver, los
millones de parados y marginad Europa esperan mucho del camino
que ahora iniciamos. Si se fracasa con aquellos que más lo
necesitan, el fracaso habrá sido de todos. Si no sabemos
ilusionar a nuestra juventud dotándole de los mecanismos
necesarios para una nueva cultura y para una nueva formación
europea, tampoco avanzaremos rápidamente.

Para todo ello, señor Presidente, puede usted contar con
nuestra colaboración, incluso cuando le critiquemos alguna de
sus actuaciones, porque, señor Presidente, los aragoneses
esperamos mucho de la Unión Europea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.

Tiene la palabra el señor Albístur.




El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, ustedes han realizado un simbólico,
cuyo único objetivo es celebrar la entrada en vigor del
Tratado de la Unión e intentar restaurar la confianza entre
los agenes sociales y económicos. Parece difícil invitar al
optimismo con una simple ceremonia protocolaria, que ha pasado
por alto prácticamente todas las propuestas para próximas
reuniones.

Quiero recoger en esta intervención un bloque de preguntas que
en mi responsabilidad de parlamentario me corresponde
realizar, que también se formulan mis colegas del Grupo
Parlamentario Alianza Libre Europea y que han quedado sin
respuesta en este Consejo Europeo. La primera sería la
siguiente. Ante el objetivo de la Unión Económica y Monetaria,
como se entiende que se siga haciendo referencia al
cumplimiento de los objetivos, de las fechas y de los
criterios de convergencia establecidos en el Tratado de la
Unión, sin tener en cuenta las dificultades económicas y
monetarias de los últimos meses.

En segundo lugar, ante la fecha límite del 15 de diciembre
para la conclusión de las negociaciones del GATT, a qué tipo
de acuerdo están dispuesto a llegar los Gobiernos de los
países que van a formar la Unión teniendo en cuenta que de
ello dependerá, en gran medida, la salvaguardia de nuestro
modelo de sociedad, tanto a nivel social como cultural.

En tercer lugar, ante la perspectiva de la ampliación de la
Unión a nuevos Estados miembros, qué garantía de futuro se nos
ofrece a los partidarios de una construcción europea de tipo
federal, si previamente a dicha ampliación no se hace una
reforma de las instituciones comunitarias --el Parlamento y
las demás-- y no se sientan las bases de una mayor
profundización y de una auténtica democratización del actual
sistema. Está muy extendida la opinión --y casi me atrevería a
decir que la comparto-- de si la ampliación de la Comunidad
sin modificar los tratados, para dar más operatividad y
capacidad de control, por ejemplo, al Parlamento Europeo, no
será una coartada para convertirla en un gran espacio de libre
cambio y relegar la construcción democrática e institucional
europea.

De forma increíble, por otra parte, el Consejo --es decir, los
Gobiernos de los Estados miembros-- ha respondido manteniendo
el procedimiento de voto secreto en su seno. Con el voto de
España, que votó en contra de la publicidad sistemática del
resultado de los votos en el seno del Consejo cuando actúa en
el marco de su función legislativa, el Consejo podrá seguir
presumiendo de ser el órgano legislativo menos transparente
del mundo occidental. La publicación del resultado de los
votos en el seno del Consejo es, además, un requisito
indispensable para un adecuado control del Ejecutivo



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por parte de este Parlamento. Con ello, quiero recordarle a
este respecto, señor Presidente --por el contrasentido que
aparentemente hay entre su actuación y la de este Parlamento--,
la proposición de ley aprobada ayer por amplia mayoría en
este Congreso para
aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, en cuya
exposición de motivos se establece que su objeto es
generalizar el deber de información del Gobierno a nuestro
Parlamento.

Ante la puesta en marcha de la política exterior y de
seguridad común y de la cooperación en materia de justicia y
de asuntos exteriores, no olvidemos que ambos sectores
representan pilares autónomos con relación al sistema
institucional general de la Unión y que, como tales, no sólo
fortalecen la vertiente intergubernamental de la Unión --tema
que puede ser importante--, sinoque quedan al margen de un
adecua pierden control sobre dichas materias, que han sido
transferidas a instancias supranacionales, con el
inconveniente de que, paradójicamente, no se confieren las
necesarias competencias de control al Parlamento Europeo.

Quisiera añadir también el injustificable retraso que está
sufriendo la puesta en marcha del Comité de las Regiones, ya
que importantes Estados miembros no han transmitido las listas
de sus candidatos. Usted nos ha adelantado una fecha, el 15 de
enero de 1994, para su constitución, y parece que España ha
nombrado a la práctica totalidad de sus representantes.

Quisiera insistir en pedirle que se eviten todas las posibles
actuaciones partidistas y, sobre todo, que a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias, que ustedes
dominan, se produzcan unos nombramientos de representación con
apertura y generosidad, con una representación lo más amplia
posible del abanico político español. Hasta aquí las preguntas
que en esta reunión han quedado sin respuesta. No puedo
terminar sin hacer una crítica a la política social, que es la
pariente pobre del Tratado y que, además, está excluida de su
aplicación en el Reino Unido. Este hecho ya era grave en el
momento de la firma del Tratado, en febrero de 1992, pero
ahora, cuando nos encontramos en una época de duradera
recesión económica, el no mencionar prioritariamente este
problema y dejarlo para la cumbre de diciembre, resulta
realmente criticable.

En toda Europa el paro se ha convertido en un problema tan
grave que ya se empieza a hablar de problemas estructurales, y
no coyunturales, der crisis. Cuando todos los sectores
económicos sociales debaten y tratan de analizar la situación
y el fenómeno del desempleo, resulta que el Consejo Europeo,
formado por los jefes de Estado, en la reunión más decisiva de
las últimas cumbres, donde se produce el salto cualitativo de
la Comunidad a la Unión, menciona sólo de pasada este asunto
relegándolo a una posterior reunión, hecho que merece por lo
menos una reflexión crítica. Este hecho, a mi modo de ver, es
más grave cuando usted representa al Estado con mayor índice
de desempleo de la Comunidad Europea. Yo quisiera que no
dejara este tema solamente en manos del señor Delors, por
mucha confianza que pudiéramos tener en la institución que él
representa. Le pido el compromiso, para la próxima reunión del
mes de diciembre, de presentar un programa de lucha contra el
paro y promoción del empleo, que parta precisamente del Estado
español.

Respecto a los beneficios obtenidos por España en su fiel
apoyo al Tratado, sólo me referiré a la falta de realismo
sobre la verdadera posición de influencia en Europa, donde
somos y seguimos siendo vagón de cola. La verdadera entidad de
los resultados conseguidos residirá en aprovechar eficazmente
los fondos que de la Comunidad provengan, para terminar con
décadas de retraso en infraestructuras, servicios y
tecnología. Se han obtenido dos sedes para agencias
comunitarias de las que no nos preocupa ya su contenido, sino
la eficacia de su gestión. Parece que la Agencia de Marcas y
Patentes tiene asignada la sede. Sin ánimo de egoísmo o
localismo alguno y reclamando --porque no sé si voy a tener
otra vez otra oportunidad-- al Gobierno y a su Partido
coherencia con sus manifestaciones sobre la normalización del
País Vasco y su compromiso con la grave crisis económica que
padece, le solicito la Agencia de Seguridad y Sanidad Laboral
para su ubicación en el País Vasco. Me baso en argumentos
sólidos: en su amplia y diversificada tradición industrial, en
la existencia de las más importantes instituciones públicas y
privadas dedicadas a la atención y tratamiento de esta materia
--mutuas, clínicas, centros de formación, especialistas-- y
por la disponibilidad de profesionales expertos y la
implicación de patronal y sindicatos en materia de seguridad e
higiene laboral, extendida también esta influencia al ámbito
internacional.




El señor PRESIDENTE: Señor Albístur, le ruego concluya.




El señor ALBISTUR MARIN: Enseguida termino, señor Presidente.

¿No considera usted una oportunidad histórica para colaborar
solidariamente con una Comunidad en grave crisis económica y
social y carente de infraestructuras para mantener su nivel de
modernización y desarrollo?
Finalmente, hay que recordarle, señor González, que la
articulación de los fondos de cohesión, establecidos en el
Tratado de Maastricht pero adelantados en su implantación, se
deben realizar conjuntamente con las comunidades autónomas ya
que nos encontramos, por imperativo constitucional, en un
Estado articulado territorialmente en autonomías. ¿A dónde van
a ir destinados



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dichos fondos de cohesión? Todavía no se ha
publicado de forma clara cómo y a dónde se van a destinar los
recursos que reciba el Estado español vía ese fondo. Creo que,
en virtud de los objetivos a los que se destinan --medio
ambiente y comunicaciones-- el País Vasco, por sus actuales
déficit en infraestructura, debía ser destinatario de una
parte de los mismos, sobre todo, los destinados a saneamiento
y depuración de aguas y comunicaciones ferroviarias.

Por último, también es conveniente que el famoso principio de
subsidiariedad se articule de forma que permita a los entes
subestatales --en nuestro caso, lascomunidades autónomas--
participar y decidir en aquellos supuestos que suponan un
acercamiento y ventajas para el ciudadano. La Europa de
Maastricht no podrá resultar de la arrogancia burocrática de
Bruselas, sino de un consenso político lo más amplio posible
entre políticos locales, regionales, estatales e
internacionales. La subsidiariedad constituye una prueba de
fuego para el equilibrio inestable del Estado de las
nacionalidades que consagra la Constitución española. Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, hemos tenido oportunidad de escuchar en
boca del señor Presidente del Gobierno cuáles han sido las m
nucleares acerca de las cuales ha tomado posición o ha
discutido la pasada cumbre extraordinaria del viernes último.

En mi opinión, ha consistido en avalar y constatar un
importantísimo tránsito jurídico --otros portavoces ya lo han
dicho-- en la naturaleza, tanto política como jurídica --valga
la redundancia-- de la Comunidad.

Señorías, desde el 1 de noviembre damos un paso más en una
unión más estrecha ante los pueblos de Europa. Como en esta
unión más estrecha ante los pueblos de Europa las decisiones
serán adoptadas de la forma más próxima posible a los
ciudadanos, no quisiera restar un ápice de importancia al
mensaje que a ellos se dirige desde la cumbre. Constituidos en
Unión, nos enfrentamos a problemas comunes que reclaman
también soluciones compartidas.

Antes de todo, si me lo permiten, no es que pretenda yo caer
en las redes de un cierto historicismo juridicista, pero si es
verdad que a cada corriente de pensamiento debe concedérsele
su justo lugar, para ésta, para el historicismo, la noción de
pueblo saben ustedes que viene dada por un conjunto de
sentimientos, de tradiciones, de culturas, también de normas,
de normas que establecen el régimen de la convivencia, que
permiten hablar de una cierta personalidad común y definitoria
del mismo. Eso es justamente lo que, en mi opinión, estamos
haciendo al construir una unión europea bien que no en
singular, no hablamos de pueblo porque tenemos que preservar
la identidad de todos aquellos que construimos algo en común,
pero sí creando una conciencia de unión entre diversos pueblos
que, además, nos permite alejarnos de la estéril discusión
académica sobre la naturaleza exacta de esta nueva aventura
jurídico-constitucional. Sólo la constatación de este hecho,
señorías, ya justificaría los resultados de la cumbre.

Entiendo que no debemos caer en un estajanovismo productivista
de exigencia a nuestros dirigentes cada vez que se reúnen en
cumbres comunitarias sobre los productos que tienen que
aportar. Además, a mayores, saben ustedes que muchas de las
discusiones de estos encuentros se plasman, se manterializan
«a posteriori» en decisiones que veremos a lo largo de los
próximos meses.

Dicho esto, yo no quisiera apartarme de la inminente realidad
y olvidar las contingencias que nos afectan, y algunas de
ellas más que afectarnos, señorías, nos sobrecogen. No albergo
la menor duda del primer efecto exigible por los ciudadanos a
la puesta en práctica del Tratado de la Unión Europea, del
Tratado conocido como de Maastricht. Este es el diseño de una
estrategia para el crecimiento y el empeo que, además, tenga
credibilidad y nos permita confiar en su realización a corto o
medio plazo. Ahora bien, es indudable que ello exige una alta
dosis de confianza en el papel conjunto de todos en el seno de
una Comunidad que padece --ya lo he dicho-- problemas comunes,
sólo solucionables con remedios también comunes. Si se duda,
si se trampea, si existe tibieza, señorías, enseguida van a
quedar al descubierto las vergüenzas ocultas de cada cual
impidiendo conseguir pronto esta estrategia. Y, no nos
engañemos, para ello sólo disponemos -- Grupo Parlamentario--
de una herramienta, que es la integración económica. En un
mundo de pocas certezas parece ésta una de las más evidentes:
más unión, más colaboración, mayor ámbito de políticas
comunes; en definitiva, más Europa a través de experiencias
por otra parte habitualmente seguidas en diversas áreas
geográficas en el conjunto planetario.

En verdad, lo que nos urge a todos es la elaboración
compartida de aquellas políticas que encajen en el diseño
global reclamado para alcanzar este crecimiento y para
fomentar el empleo, sin fiarlo todo, naturalmente, a
aprobaciones ulteriores en cumbres que se han de celebrar, en
este caso, la próxima del mes de diciembre. Una vez conseguido
esto habríamos de comparar su adecuación con las decisiones
comunitarias, y justamente querría hacer eso brevemente en
este momento. De la gravedad de la situación actual creo que
pocos, a fuer de displicentes, señorías, pueden hacer olvido.

A este Gobierno y al Grupo que lo apoya, al Grupo que lo
sostiene, cuando hemos creado un modelo operativo económico,
se nos han formulado diversas acusaciones:



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lo más amable --porque yo quiero sa distendido del debate que
se ha celebrado aquí esta mañana-- que hemos escuchado sobre
la forma de
encarar la crisis económica es que hemos usado el ardid, el
error, el ocultimos, etcétera.

Señorías, con el mayor de los respetos, no me parece aceptable
esta situación, en especial cuando quienes así se conducen
normalmente ofrecen discutibles recetas alejadas del marco
común puesto en marcha por los miembros de la Unión. Veámoslo
con un ejemplo: la Comisión de las Comunidades Europeas
previó, para el año 1993, un crecimiento conjunto de la
Comunidad del 2,4 por ciento de su producto interior bruto. En
la primera revisó su estimación hasta situarlo en el 0,8 y
durante el verano lo colocó en su crecimiento negativo del
0,5. Supongo que esta secuencia les sonará a todos ustedes. La
pregunta surge con fluidez: ¿qué se hace ante este estado de
cosas? Sinceramente, creo que nuestro país ha aprovechado con
gran pericia e inteligencia el margen --escaso, por cierto--de
maniobra disponible, desde luego, en dirección a la Comundi
con la iniciativa de crecimiento comunitario europeo y la
distribución de los fondos estructurales, como en el ámbito
interno.

Hoy, señorías, nadie duda de que la mejor contribución de la
política presupuestaria a la recuperación económica estriba en
la reducción del d la acción común solicitada por el conjunto
de los Doce, que se verá ratificada y ampliada en la próxima
cumbre de diciembre para contribuir a impulsar el crecimiento,
pone el acento, entre otras, en las inversiones públicas
orientadas a dotación de infraestructuras; el fomento de la
inversión privada con ayudas y desgravaciones, siempre que
esta inversión sea a su vez productiva; la adopción de medidas
de ajuste estructural, a fin de reforzar la competitividad y
la flexibilidad del mercado; así como la moderación salarial
del sector público. Es decir, casi milimétricamente, programas
de acción coincidentes con los desarrollados por el Gobierno
con apoyo de varios grupos parlamentarios en esta Cámara. Por
cierto, en relación con las solicitudes que se han formulado
aquí esta mañana, esta Cámara aprobó con amplio consenso un
programa de convergencia que traslada sus resultados en el
tiempo, unas resoluciones acerca de la unión política y la
unión económica y monetaria que debía seguir la Comunidad, que
traslada también sus resultados en el tiempo. Señorías, la
Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con la
Comunidad se convirtió en la pasada legislatura en foro de
debate permanente, por cierto, a requerimiento del señor
Presidente del Gobierno. Mi Grupo Parlamentario, que entonces,
en aquella legislatura, contribuyó de modo entusiasta a
trabajar para preparar nuestro país a los requerimientos de la
entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, entiende que
ahora el tránsito hacia la tercera fase de la Unión Económica
y Monetaria, hacia el establecimiento de marcos de
competitividad adecuados, hacia el desarrollo del mercado
único, debe permitirnos continuar los trabajos en el ámbito de
esta Comisión. Pero, señorías, no se nos exija que esto se
haga a un ritmo unilateral, a un ritmo unidireccional --y
aquí ha habido varias peticiones de diversos temas que se
pueden discutir en la misma--; hagámoslo de modo compartido
por todos, como, por cierto, tuvo a gala --repito, una vez
más-- hacer la Comisión Mixta en la anterior legislatura. Por
otra parte, en el marco global de esta intervención, si SS.SS.

están dispuestas a obtener satisfacción, les rogaría que
leyeran el balance de otoño de la Comisión de las Comunidades
Europeas sobre la iniciativa de crecimiento económico y sobre
la política
económica a seguir para superar la crisis y comprobarán la
gran sintonía que esta política económica, que estas recetas
tienen en la discusión de los Presupuestos Generales del
Estado que están en este momento en la Cámara.

Créanme, y no quiero ser cruel hacia las señoras y señores
Diputados de este ámbito geográfico de la Cámara (mirando a
los escaños del Grupo Popular), que esto es así y que, si
disponen de tiempo para poder hacer este estudio, verán cómo
las soluciones son bastante compartidas en la Comunidad, a
pesar de su seguridad a la hora de solicitar ciertas
rectificaciones.

¿Existe modelo alternativo? Esto es lo que debería ser objeto
de discusión. Permítanme que, sin tono hiriente y mucho menos
injurioso, a modo simplemente de metáfora, utilice algo que se
dice en mi tierra, Castilla. Cuando escucho determinadas
partes del discurso conservador, señorías, contrapuesto al que
nosotros legítimamente defendemos, me da la impresión de leer
una carta que, «pretendiendo ser cortés, cada dos renglones,
mentiras tres». Repito que es una simple metáfora y
discúlpenme el atrevimiento. No abundaré, me quedaré sólo con
los dos primeros renglones. Se nos acusa de que practicamos un
modelo fiscal que castiga con más impuestos a los ciudadanos.

Saben ustedes que esto no es verdad. No es verdad porque donde
resulta apreciable esta afirmación, es decir, en el proyecto
de ley de Presupuestos para 1994, no se aumenta la presión
tributaria fiscal y, además, el modelo alternativo que se nos
ofrece parte como único motor reactivador de bajadas
indiscriminadas de impuestos, sin relación directa con la
actividad productiva y facilitando un sistema de acumulación
privada que no permite control alguno.

Se extiende también el error acerca de la pretendida mayor
presión tributaria en España, en nuestro país, sobre la media
comunitaria. Sencillamente, hagan uso de las estadísticas de
Eurostat, que nosotros admitimos



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porque son las estadísticas oficiales de la Comunidad. Ahí se
verá cómo no es cierta esta afirmación.

Por último, en un dicurso muy importante, que es una seña de
identidad que el socialismo democrático ha defendido siempre,
el de la solidaridad, se acusa a veces a este Gobierno, a las
medidas de política económica que ponemos en marcha, de
disminuir la protección social. Saben ustedes que, en 1994, el
gasto destinado a protección social, en sentido amplio, ocupa
casi seis de cada diez pesetas del gasto corriente. ¿Qué hay
frente a esto? Frente a esto --alguna insinuación ha existido-
- se ofrece una drástica bajada que llegaría a menos del 40
por ciento, que provocaría, en nuestra opinión, una inmensa
turbulencia que se llevaría por delante el principio de esa
solidaridad que a veces algunos no parecen entender. Acabo,
señorías, diciendo que España es un valor seguro en la vida
comunitaria. Todas las iniciativas que en los últimos tiempos
han surgido para acentuar la integración o revitalizar la
construcción europea, como las del señor Giscard d''Estaing,
el grupo Ardenne, otra iniciativa del Gobierno italiano, por
citar sólo algunas, nos contemplan siempre de modo unánime
como país al frente de esta operación junto con los fundadores
de la Comunidad.

Larga y dura ha sido la tarea para llegar a ocupar ese lugar.

Sepamos conservarlo. Asistamos como protagonistas (les
ofrecemos desde el Grupo Socialista) al final del problema de
Europa como monopolio de una élite, para convertirlo en un
lugar importante en la mentalidad de amplios sectores de
opinión pública que quieren ver salvaguardados valores como la
redistribución y la solidaridad, valores, señorías, claramente
mejor resguardados al abrigo del socialismo democrático que
del movimiento conservador.

Mucha gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno para
contestar a las intervenciones de los distintos portavoces.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, sin ánimo, naturalmente, de abrir ningún
tipo de polémica, pero sí de responder a algunas de las
consideraciones o preguntas que se han hecho aquí, tengo que
empezar por decir que, cuando subo a la tribuna para informar
del Consejo Europeo, trato de atenerme, lo más posible, al
trámite que reglamentariamente estamos haciendo. Trato de
ceñir mi información a lo que ha sido el propio Consejo
Europeo. Una valoración general tendría que volver a hacer en
este momento.

El Consejo Europeo, de carácter extraordinario, ha tratado de
despejar algunas de las incertidumbres, con mayor o menor
fortuna, que políticamente se cernían sobre el proceso de
ratificación y sobre el proceso de puesta en marcha del
Tratado de la Unión Europea. Pero, además, ha intentado hacer
un esfuerzo práctico eliminando algunos de los temás que, en
otras circunstancias, hubieran ido necesariamente a parar a la
cumbre de diciembre. Hubiera sido inevitable, para poner en
marcha cada uno de los pilares de la Unión, haber dedicado un
Consejo Europeo a marcar, entre otras cosas, las acciones
comunes que después tienen que trabajar los Ministros
correspondientes, sean en política exterior y de seguridad,
sean en política de justicia y de interior. Por tanto, ha
hecho un trabajo bastante práctico, no ha hecho una gran
celebración, justamente teniendo en cuenta el estado de ánimo
en que se encuentra la Comunidad como consecuencia de la
crisis económica. Lo que ha hecho fundamentalmente es algo que
tiene sentido desde el punto de vista histórico pues estamos
ante una fecha histórica, independientemente del momento en el
que se produzca, y tiene sentido despejando una serie de temas
que no irán a la cumbre de diciembre.

Como he oído en varias intervenciones que en esta cumbre se
deberían haber tratado los problemas que más agobian a la
Comunidad, los relacionados, sin duda alguna, con la crisis
económica y con el paro, debo recordar una vez más a la
Cámara, aunque todas SS.SS. lo conocen, que el compromiso
establecido por la Comunidad en la cumbre de Edimburgo fue la
elaboracion de un Libro Blanco en el que se estudiarán los
problemas del crecimiento económico, de la competitividad y
del empleo. Para la elaboración de ese Libro Blanco se dio una
fecha, diciembre de este año, y sobre la base de la
elaboración de ese Libro Blanco, se iba a establecer el debate
sobre los problemas de crecimiento económico, competitividad y
empleo.

Es difícil reprochar que no se discuta lo que todavía no tiene
una base acordada previamente para debatirlo con racionalidad.

Existe la realidad, se ha hecho mención (y yo lo he recordado)
a una primera apreciación, que debe entenderse de carácter
personal, por parte del presidente de la Comisión, con un
diagnóstico y una cierta orientación o terapia frente a los
problemas de la crisis en la Comunidad Europea. He recordado
que ha hecho un análisis en tres partes: crisis de dimensión
coyuntural, de dimensión estructural y también crisis
tecnológica. Ha hecho una apreciación sobre la evolución de
otras economías, de lo que se llama la tríada, de Estados
Unidos o de Japón, y no se ha entrado en el debate porque
dentro de un mes, o de un mes y medio, tendremos los
instrumentos y, por consiguiente, estaremos haciendo un debate
de mayor profundidad y de mayor sentido, aparte de que
tendremos que decidir un mayor grado de coordinación de las
políticas económicas.

Yo querría responder a algunas de las cuestiones que se han
propuesto concretamente.




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De parte del señor Aznar se han hecho dos tipos de propuestas:
una, sobre un debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado en
torno a la propuesta española referida al Libro Blanco. Yo
creo que sería más útil --aceptando que esa puede ser una
parte de lo que se discuta o se debata-- que, una vez que los
Ministros de Economía y Finanzas, que tienen el mandato de
hacerlo, conozcan los resultados del Libro Blanco --que es una
suma de aportaciones importantes y una labor de síntesis hecha
por la Comisión-- y antes de la propia celebración de la
Cumbre Europea (son los Ministros de Economía y Finanzas y los
Ministros de Exteriores, cada uno por su lado, quienes tienen
que hacer la preparación de la Cumbre) podamos llegar a la
Comisión Mixta y con un material, que no es sólo el de la
aportación española, sino el de la aportación del conjunto, se
pueda hacer un debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado y,
si se quiere o se juzga oportuno, una toma de posición de cada
grupo o del conjunto. Esto me parece que sería mucho más
operativo. Estaría mucho más centrado en lo que va a ser el
debate en el mes de diciembre en torno a este tema, a mi
juicio clave desde el punto de vista de la proximidad o de la
relación con los ciudadanos europeos.

La segunda propuesta se refiere a un programa de trabajo --de
lo que he podido captar de la propuesta-- que se proyectaría
hasta el año 1996, en el que sería la próxima reunión
intergubernamental. Hay, a la vez, tres capítulos que se
apuntan como posibles, yo creo que podría haber otro, de
reforma institucional, de tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria, o preparativos por parte de España para el paso a
la tercera fase, y de cumplimiento de algunos objetivos
institucionales, tema de extraordinario interés, en relación
con algunos aspectos, como la política exterior y de seguridad
común, como la política relacionada con justicia e interior.

Yo creo que lo que habría que hacer, si les parece bien, sin
perjuicio de estudiar esto con más detenimiento, es poner en
marcha la Comisión Mixta Congreso-Senado para que haga un
seguimiento, no sólo de este tema sino, como acabo de proponer
para la próxima cumbre, de las siguientes cumbres.

Los temas institucionales probablemente van a saltar, por la
inquietud que se está creando, antes de 1996. De hecho, en el
documento de conclusiones verán que se dice con una cierta
prudencia que en diciembre se discutirá el lugar que ocupan en
las instituciones los países candidatos a la adhesión. Sin
duda el lugar que ocupan, como nos pasó a nosotros en nuestra
entrada, va a plantear un problema de equilibrios
institucionales; por tanto, alguna reflexión sobre eso
convendría hacer y seguramente compartirlo a nivel
parlamentario, para tener una posición común. No obstante, a
mí me parece que es una propuesta que podría ponerse en
funcionamiento sobre la base de una periodicidad en los
trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Senado para ir
abordando esto y los próximos Consejos Europeos que vayan
celebrándose.

Hay una cuestión que me gustaría despejar, para no ser muy
extenso en esto, porque se dice que dentro de las acciones
comunes en la política exterior no se incluye al Mediterráneo.

No es del todo correcto. Hay una parte del Mediterráneo sí
incluida en lo que afecta a Oriente Medio, pero debo decir que
nosotros, voluntariamente, no hemos querido hacer hincapié en
que se constituya en una acción común, en esta fase, una
política relacionada con lo que podríamos considerar la parte
más delicada para nosotros de la relación con el Mediterráneo,
que sería el Magreb. En primer lugar, por la situación en que
se halla la construcción de la unión del Magreb en este
momento y, en segundo lugar, porque nos parecía poco oportuno,
y teníamos ya suficientes referencias para ello, que se
pudiera establecer una comparación entre acontecimientos como
los de Yugoslavia, como los de Oriente Medio o como los
procesos de democratización en Sudáfrica o en Rusia, con lo
que pudiera ser una política específica para, no digo el
Magreb en su conjunto, habida cuenta la situación en que está,
sino para algunos de los países del Magreb.

Me gustaría también despejar alguna de las incertidumbres en
torno a las sedes.

He tratado de comentar cómo ha ocurrido lo de las sedes.

Cronológicamente, la sede que primero hemos pedido como país
ha sido la de Marcas. Es verdad que después hemos dejado de
presionar sobre esa sede por las dificultades a las que he
hecho referencia, la reclamación de Luxemburgo --sería absurdo
insistir en una sede de Marcas con una cámara de recursos que
estuviera en Luxemburgo-- o las dificultades que se planteaban
también para aprobar un reglamento por razones lingüísticas.

Es la primera de las sedes que pedimos. Hay dos
pronunciamientos parlamentarios que quiero recordar. Uno del
Pleno del Congreso por asentimiento, apoyando que sea la sede
de Marcas la que llegue a España y dando una argumentación que
yo creo que es consistente y suficiente. Esto se aprobó por
asentimiento el 26 de junio de 1987. Después hay un texto
aprobado por la Comisión Mixta que despeja también alguna
incertidumbre en relación con la Oficina de Marcas, que
empieza a ser algo diferente ahora por la ampliación de
competencias y empieza a ser algo más claro también por lo que
se ha despejado. Y en el texto aprobado por la Comisión Mixta
se especifica, además, no sólo la aspiración de España a
acoger la sede sino la candidatura de Madrid, que fue la que
ha figurado en toda la documentación que se ha presentado a la
Comunidad Europea. El acuerdo de la Comisión Mixta es por
unanimidad en el momento en que se produce. Por tanto, hay
bastante respaldo parlamentario a aquella iniciativa. Y ya he
explicado por qué nosotros hemos



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querido ir a por una sede diferente, teniendo en cuenta las
dificultades que ha habido. En todo caso, hemos estado en una
actitud de flexibilidad en cuanto a lo que se consideraba por
todos los socios
comunitarios las tres sedes más importantes, desde el punto de
vista político y económico, dependiendo de la trascendencia
que se quiera dar a la expresión en uno u otro caso, que eran
Medio Ambiente, Medicamentos y Marcas. Entre esas tres
teníamos un margen de flexibilidad. Hemos defendido las dos a
las que he hecho referencia primero, por las razones que he
dicho. Y la Presidencia belga, ya que alguien me ha preguntado
cómo se ha producido el proceso de decisión, ha presentado al
Consejo un documento con una distribución de sedes en la que a
España le ofrecían la de Marcas, que rechazamos en la
discusión entre otras cosas porque no estaban resueltos los
problemas a los que he hecho referencia.

Creo haber respondido a algunas de las cuestiones planteadas
por el señor Aznar.

El señor Anguita ha hecho una valoración de la situación
actual del proceso de construcción europeo y ha hecho una
valoración a mi juicio exagerada, diciendo que no es realista
la aplicación de los criterios de convergencia nominal, que
son realizables los plazos que han sido ratificados por el
Consejo Europeo. Yo creo que las dificultades han aumentado
respecto de algunos de los criterios, en particular los que se
refieren a los déficit públicos y el volumen de la deuda; no
han aumentado respecto de otros tipos de interés o no han
aumentado respecto de otros como la evolución de la inflación
en los distintos países comuntarios. Pero, efectivamente, hay
obstáculos que no había en el momento de la firma del Tratado
o que son de mayor envergadura que en el momento de la firma
del Tratado. Yo sólo quiero recordar que el calendario es un
calendario para 1997, en el primer intento, y para 1999. Y, a
mi juicio, ha hecho bien el Consejo Europeo --es una cosa
opinable, por tanto, se puede discrepar de ello-- en reiterar
calendarios y contenidos de los compromisos. Otra cosa hubiera
supuesto la creación de unos márgenes de inseguridad que
hubieran contribuido a inestabilizar la Unión desde el 1 de
noviembre.

Y ha insistido especialmente en la Unión política, diciendo
que es el gran abandonado. Es verdad que a veces se hace una
distinción entre la u monetaria y la unión política. A mi
juicio, es una diferenciación realmente difícil de sostener.

Si hay una Unión Monetaria en Eruopa, tal y como está prevista
en el Tratado, a final de siglo, esa Unión Económica y
Monetaria tiene tanta entidad política, incluso en términos de
soberanía, que ninguna otra de las características de la
Unión, sea el desarrollo de la política exterior y de
seguridad común o sea el desarrollo de las políticas
relacionadas con justicia e interior, marcará tanto el grado
de Unión Política de Europa como el hecho de compartir una
moneda única y lo que supone eso de compartir soberanía en
políticas monetarias y en coordinación de políticas e Por
consiguiente, es verdad que es un problema de lenguaje y
quizás lo más notable --y ha habido algunas intervenciones en
esa dirección, a las que, quizás, contestando ahora les daré
satisfacción--, quizás lo más notable de la reunión habida en
Bruselas el pasado viernes es que ha quedado despejada una
duda que todavía se mantenía durante todo el proceso de
ratificación: Europa no será ya una zona de libre cambio.

Europa será algo cualitativamente diferente de lo que podría
considerarse una zona de libre cambio.

Mi criterio es que, desde la aprobación del Acta Unica, el
riesgo de pasar a una zona de libre cambio había desaparecido;
los instrumentos políticos, económicos y sociales, que en este
momento forman parte de todo el proceso de construcción
europea, hacen imposible definir la zona que cubre los doce
países hoy, o los dieciséis después, si es que otros países
entran en la Comisión, como una zona de libre cambio.

Atendamos, porque se han dado algunas cifras estadísticas por
parte del señor Anguita en cuanto a los desequilibrios
sociales y territoriales que son muy importantes, a uno de
esos instrumentos, desde el punto de vista de la cohesión
interterritorial. Las transferencias de renta que están
recibiendo algunos países comunitarios, como Irlanda y Grecia,
son de tal magnitud que sólo se conocen, y muy
excepcionalmente, en países con una estructura federal en
épocas históricas muy concretas. Grecia recibe transferencias,
en términos de produto bruto, superiores al cinco por ciento;
Irlanda se acerca al seis por ciento de su producto bruto. Una
transferencia de renta de esa cuantía es un esfuerzo tal,
desde el punto de vista, lo diré entre comillas porque alguna
intervención ha habido en esa dirección a la que, a lo mejor,
voy a decepcionar a lo largo de la explicación, de un esfuerzo
de «federalización» como no se conoce en estructuras federales
de muchos países. Son transferencias de una enorme cantidad.

Por consiguiente, sí hay un contenido de cohesión
interterritorial. ¿Es suficiente? Para los países que
querríamos avanzar más rápidamente, no una unión de países
como los que constituye la Unión Europea yo creo que es
bastante importante, bastante importante, aunque queremos
progresar, obviamente, en esa dirección.

Propuestas que se han hecho por parte del señor Anguita. Pide
que en la Comisión Mixta haya un debate sobre paro, creación
de empleo y reparto de trabajo disponible; yo creo que se
puede reconducir esa propuesta a la que acabo de hacer, que en
la Comisión Mixta se vea efectivamente, con la aportación de
cada uno de nosotros naturalmente, cuáles son los resultados
del estudio del Libro Blanco justamente sobre empleo,
competitividad, crecimiento económico, etcétera, y que,



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antes de la reunión del Consejo Europeo, como ya se habrá
celebrado una reunión de Ministros de Economía, se pueda
reunir la
Comisión Mixta con los Ministros de Economía y de Asuntos
Exteriores, para analizar los resultados del Libro Blanco con
las aportaciones que se quiera hacer, incluso la
configuración, si se desea, de una posición para el debate
ulterior en el Consejo Europeo.

En cuanto a la segunda propuesta de elaboración de algo que
pueda parecerse a un proceso constituyente que dé lugar, al
cabo de un año, a una constitución europea yo, con todo el
respeto, quiero decirle que no me parece realista. No es que
esté a favor o en contra; no me parece realista. Me parece que
es un ejercicio que conducirá inexorablemente a la melancolía,
porque no habrá en Europa una constitución europea ni el año
próximo, ni el otro, ni dentro de cinco años --creo yo-- ni en
un plazo de diez años. Ya sería suficiente que la Unión
Europea como nueva dimensión de Europa, que el Tratado de la
Unión Europea, se aplicase en toda su importancia. Porque es
verdad que estamos construyendo un modelo que no tiene
referencia, un modelo de mayor unión entre los pueblos con
respeto a las características de cada país, pero no tiene un
punto de referencia. No se puede decir que sea un modelo
federal, aunque sea a lo que más se parece, pero tiene algunas
características de intergubernamentalidad que más bien lo
acercan a un cierto modelo confederado. Yo creo que la
discusión sobre qué tipo de ente jurídico internacional surge
de este esfuerzo europeo es una discusión interesante
doctrinalmente, pero, desde el punto de vista político, me
parece que es inencajable. No se va a crear un superestado
europeo; no se va a crear un poder
europeo de carácter federal y, sin embargo, se está creando
una Unión Europea que es mucho más que una zona libre cambio,
que integra muchas políticas, entre otras la de exterior y de
seguridad, que le dan una extraordinaria importancia.

La tercera de las propuestas era algún debate sobre la
política exterior y de seguridad común, que creo que puede
encajar perfectamente en lo que puede ser el desarrollo de la
Comisión Mixta.

Sobre la sede ya he hecho un pronunciamiento. Coincido con el
análisis que ha hecho el señor Molins, incluso sobre la
importancia história de este acontecimiento, de la fecha del 1
de noviembre. No se pone mucho énfasis porque se está en una
situación de preocupación --como recordaba también en su
intervención el señor Aznar-- por la situación general de
Europa. Sin duda alguna, cuando se tenga perspectiva --que era
lo que decía esta mañana-- histórica se verá que ha habido un
cambio cualitativo, un salto cualitativo de lo que era la
Comunidad Europea a lo que trata de ser y de desarrollar la
Unión Europea. Hemos tenido en cuenta --como he dicho antes--
el problema del Magreb para la política exterior y de
seguridad común. Y hemos tenido en cuenta también la
sensibilidad de los países con los que nos relacionamos, de
los vecinos. Como sabíamos previamente que no hubiera sido
recibido positivamente que en la política exterior y de
seguridad común se hubiera hecho al mismo tiempo una acción
común respecto de la crisis yugoslava, del conflicto de
Oriente Medio o respecto del Magreb --que es un concepto que
en este relativamente en crisis--, hemos tratado de ser
prudentes, como decía antes.

He explicado, señor Molins, qué pasó con las sedes. Hemos
hecho una defensa bastante dura de la Oficina de Medicamentos
y de la Agencia del Medio Ambiente, hasta que se han aclarado
las cosas y no hemos tenido más argumentos que dar. Una vez
que se han despejado todas las dudas en cuanto a la oficina de
Marcas y, además, se ha unido una institución que se prevía
hacer en el futuro, hemos aceptado esa institución. Dicho
esto, yo creo que en tono menor, porque, de todas maneras, lo
que se acuña en la imagen es lo que queda, creo que, desde el
punto de vista económico e industrial, va a ser más
trascendente esa agencia o esa oficina que las otras. Eso lo
vamos a comprobar con el paso del tiempo y es inútil hacer
ahora grandes alharacas de qué importa más y qué importa
menos. Es cierto que hemos ido por Medio Ambiente y por
Medicamentos, por lo que he dicho, y es cierto que esas no han
sido las propuestas que nos han sido aceptadas.

La cumbre de diciembre está muy cargada. Es una de las
valoraciones que ha hecho el señor Molins. Parte de la Cumbre
hemos tratado de descargarla justamente con este trabajo
previo, que antes ya habían hecho los Ministros de Economía y
Finanzas y los Ministros de Asuntos Exteriores para poner en
marcha todos los elementos del Tratado. La Cumbre va a ser
sustancialmente un debate sobre la situación de paro, crisis
económica, empleo y competitividad. Esto va a ser,
fundamentalmente, la Cumbre de diciembre. Naturalmente para
esa Cumbre se espera que pueda haber habido --alguien ha hecho
una pregunta s eso-- un acuerdo equilibrado en materia de
GATT, pero tienen el encargo los Ministros de Asuntos
Exteriores de verlo en su próxima reunión.

En cuanto a la crisis yugoslava, me gustaría que no se
levantaran --sigo todavía respondiendo a algunas de las
manifestaciones hechas por el señor Molins-- algunas
expectativas que no sean correctas. Yo creo que en la crisis
yugoslava, si no hay un acuerdo entre las partes, el margen de
operatividad de la Unión Europea es un margen de operatividad
estrecho. Incluso en este momento, en el que se dice que se
pongan más medios para garantizar la ayuda humanitaria, se ha
discutido algunas de las circunstancias por las que se
atraviesa en ese apoyo, en esa ayuda humanitaria, y hay
simplemente situaciones de bloqueo en la ayuda humanitaria,
que no dependen más que de la voluntad de los



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contendientes para que se desbloqueen, y si no hay esa
voluntad de los contendientes, no a haber ninguna Fuerza de
Naciones Unidas --que tienen una misión de apoyo a la ayuda
humanitaria-- ni ningu no gubernalmental que esté dispuesta a
atravesar determinados itinerarios que son prácticamente
imposibles de utilizar, llegada --como está ll fase del
invierno. Por consiguiente, hay que intentar presionar en la
dircción de un acuerdo entre las partes, en las dos
dimensiones, que facilite la ayuda humanitaria y que pueda ser
la base de un plan de paz.

El señor Anasagasti, del PNV, ha hecho una descripción --que,
en gran medida, comparto-- sobre lo que significa la Unión
Europea. Yo creo que no hay que tomar al pie de la letra
cuando el Presidente de la Comisión dice, antes de una reunión
de la Cumbre, que no espera nada de la Cumbre, entre otras
cosas, porque puede que esté tensionando la reunión para que
no haya la tentación de intentar dar un paso atrás en lo que
supone la Unión Europea. Las cosas hay que interpretarlas
dentro de un contexto y el mejor contexto para la
interpretación es probablemente el posterior a la Cumbre,
cuando comparece en rueda de prensa el Presidente de la
Comisión con el Presidente de turno de la Comunidad Europea. Y
la valoración ha sido, en ese caso, diferente.

En alguna de las intervenciones --no ha sido en la suya, me
parece-- se ha dicho que Delors intentó hacer el debate y que
no se siguió ese debate sobre la situación económica. No; a
Delors se le había pedido que diera una información previa de
cómo iban los trabajos sobre la preparación del Libro Blanco,
y así lo hizo, con una cierta racionalidad, con un diagnóstico
de la situación de crisis y con algunas líneas orientativas de
por dónde creía él que podría ir la terapia, pero la Cumbre no
estaba preparada ni convocada para un debate sobre la
situación económica, que, a mi juicio, hubiera sido oportuno
desde el punto de vista social e inoportuno desde el punto de
vista de la preparación previa y del compromiso adquirido.

Porque hay una cumbre, la ordinaria, para la que está fijada
la fecha, específicamente dedicada a esto. Ha hecho una
elaboración, que a mí me parece interesante, sobre algunos de
los elementos de lo que él llama la geometría variable de la
constr Europea. Es verdad que existen ya
algunas excepciones en casi todo; el gráfico de las
instituciones europeas es para eso muy indicativo; hay
excepciones en materia social, hay excepciones en la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria, hay excepciones en
materia de seguridad, hay excepciones en materia de
ciudadanía, etcétera. Dicho esto, yo me inclinaría por seguir
trabajando en la dirección de agrupar el mayor número posible
de países, siempre que se tenga en cuenta que hay un número de
países --que es el meollo de su preocupación--, al menos en lo
que yo puedo constatar con cada uno de los socios
comunitarios, y él los ha citado, que están dispuestos a ir
adelante en el proyecto de la unión, no al ritmo, más lento,
del que quiera marcarlo más lentamente, sino a un ritmo
adecuado para garantizar que se superan algunas barreras o
algunos obstáculos. Creo que dentro de ese grupo de países
debemos estar, más que con la vocación de descartar a nadie,
con la de incluir a todo el mundo, pero sin sentirnos frenados
en el caso de que esos países no se sumen a esa marcha.

Ha hablado del Comité de las Regiones y ha dicho que en su
opinión no deberían estar los municipios. El reparto ha sido
un reparto muy poco favorable a los municipios, como sabe muy
bien, siguiendo el criterio que parecía mayoritario en los
grupos de la Cámara. Realmente, se habían hecho apreciaciones
de un mayor equilibrio entre los representantes de las
regiones y de los municipios y, al final, se ha hecho, para no
crear una situación imposible, desde el punto de vista
político, que todas las regiones tengan su representación,
cosa que algunos intervinientes han agradecido. Por
consiguiente, quedan cuatro puestos y cuatro suplencias para
los municipios; si recuerdo bien, para la titularidad son:
Madrid, Barcelona, La Coruña y Córdoba. Las suplencias no las
recuerdo, aunque alguna pregunta se me ha hecho en esa
dirección. Vamos a intentar que el trabajo del Comité de
Regiones sea un trabajo operativo y, por consiguiente, que
haya un reglamento y una dotación suficiente para que ese
trabajo se pueda desarrollar con operatividad y, si es
posible, teniendo en cuenta que hay nuevos edificios y que
probablemente tengan todavía una utilización escasa,
trataremos de buscar un edificio en el que se sienta cómodo el
Comité de Regiones. Haremos gestiones, tal como lo pide el
representante del PNV, del Grupo Nacionalista Vasco, para ver
si se consigue esto. En cuanto a las sedes, me pregunta que
dónde van a estar. He dicho que he dejado abierta esa
posibilidad, teniendo en cuenta que había un compromiso de
carácter palamentario con Madrid para Marcas. Quiero consultar
a los responsables del Gobierno que están más directamente
relacionados con estas áreas y ver cómo se distribuye, no sólo
las sedes, ya que, como dice muy bien, probablemente, en
marcas no sólo habrá una sede central, sino que habrá una
serie de subsedes, en el futuro, que tendrían que tener una
distribución geográfica diferente. Coincido con usted en su
valoración sobre la Unión Económica y Monetaria. Antes lo
decía refiriéndome al señor Anguita y ahora recuerdo que fue
usted quien dijo que en momentos de crisis no había habido un
debate sobre la crisis, pero creo que le he explicado
suficientemente cuál es la razón por la que ese debate es un
debate que tratará de concentrarse en el mes de diciembre. Es
una explicación que para algunos no será suficiente, pero
realmente esto es en orden a la racionalidad.




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Tengan en cuenta que el debate del Consejo Europeo ha durado
desde las diez de la mañana hasta las tres y media o cuatro de
la tarde. De cuatro a seis se pasa, como ustedes saben, a
analizar el
documento de conclusiones. Creo que, en unas horas, el trabajo
del Consejo ha sido bastante intenso. Respecto a la
intervención del señor Mardones, para concretarlo al mínimo de
las posibilidades de una respuesta cortés, ya he dicho antes
por qué se ha desplazado el debate sobre los temas económicos
al mes de diciembre; ese Consejo Europeo se dedicará
fundamentalmente a eso. He explicado cómo se han desarrollado
las facilidades de Edimburgo. El compromiso, la iniciativa de
crecimiento europeo en sus tres dimensiones, de apoyo a las
pyme, de puesta en marcha del Fondo Europeo de Inversiones y
las facilidades crediticias del Banco Europeo de Inversiones,
se suman a algunos objetivos que no estaban, como transportes,
energía y renovación de ciudades que, naturalmente, abren una
posibilidad más amplia de utilizar esa iniciativa de
crecimiento. Le quiero decir que tendré en cuenta las
manifestaciones que ha hecho en torno a las regiones
ultraperiféricas, sea con las acciones específicas 1994-99 o
sea en el propio desarrollo del libro verde. No quiero
extenderme más para no cansar a SS.SS.

Siempre hemos hecho un trabajo, y lo seguiremos haciendo, que
favorezca a esas regiones que, por razones geográficas, son
regiones que necesitan un cuidado especial.

El señor Mur, en nombre del PAR, ha hecho una valoración más
bien negativa de la Cumbre como tal. Yo creo que la Cumbre ha
dado lo que se podía esperar de ella, ya lo decía antes. Es
una Cumbre importante por la fecha histórica en la que se ha
celebrado, y de nuevo diré que la Cumbre tiene la enorme
virtualidad de despejar las incertidumbres para el mes de
diciembre, que permitirán que se centre el debate europeo en
un tema de extraordinaria importancia como el que acabo de
señalar. Ha sido el que me ha pedido información sobre el
Comité de las Regiones y ha pedido también que se haga un
esfuerzo de descentralización de las sedes. En la medida en
que esto sea posible, se hará. Quiero recordar que no hay,
hasta ahora, ninguna centralización de sedes, entre otras
cosas porque no hay ninguna sede; cuando se habla de la
descentralización de las sedes probablemente se habla de la
descentralización en general y no respecto a las sedes
comunitarias, porque éstas son las dos primeras que llegarán a
España.

El señor Albistur me ha planteado también el problema de las
sedes en relación con la Agencia para la Salud y la Seguridad,
y la reclama para el País Vasco, que yo creo que es una
candidatura que tiene tanto mérito como puede tener alguna
otra candidatura en España. Lo decidiremos, siempre,
naturalmente, con el riesgo de ser criticados, porque es
evidente que una sede como tal sólo puede estar en una ciudad
y el resto de las ciudades tendrán razones para sentirse
frustradas.

Me ha hecho unas cuantas preguntas, creo que hasta siete. De
lo que he podido captar, la primera se refería a la Unión
Económica y Monetaria, por qué se mantienen los objetivos y el
calendario. Ya he dado las razones. Se mantienen por
credibilidad, se mantienen porque es una decisión coherente.

Cuando en el año 1996 se reúna la Conferencia
Intergubernamental o se reúna el Consejo Europeo a finales de
diciembre y vea cuál es el grado de cumplimiento de los
criterios, entonces se podrá decidir si se va a 1997 o se va a
1999; no hay por qué anticipar los acontecimientos. Yo creo
que crearía mucha más inestabilidad, mucha más incertidumbre
respecto del funcionamiento económico, el funcionamiento de
los mercados, si se hubiera dejado cualquier sombra de duda
respecto de la voluntad de seguir por el camino que se había
señalado.

Sobre las negociaciones del GATT, he hecho ya una apreciación
anteriormente. Y en cuanto a la ampliación, pedía una garantía
para los federalistas. A éstos me refería yo antes. Si no se
hacen reformas previas..., la verdad es que reformas previas
o, al hilo, cambios institucionales previos, o al hilo de la
incorporación de estos países, van a hacerse con seguridad.

¿Es una garantía para los federalistas? A mí me parece que la
línea de racionalidad más clara para la construcción europea
es una cierta federalización; por consiguiente, es, digamos,
una idea que racionalmente me gusta. Ahora, yo creo que no va
a haber
ninguna garantía para los federalistas porque no se va a
hablar de federalismo europeo en los próximos años. Se va a
hablar por quien desee hablarlo, pero quiero decir que en la
Unión Europea no se va a hablar de federalismo, en términos
generales; se va a hablar de Unión Europea más que de
federalismo.

Desde luego se ha superado cualquier tipo de coartada sobre
zona de libre cambio.

Ha hablado de voto secreto en el seno del Consejo. Yo creo que
ahí hay una confusión. Nosotros defendimos en Edimburgo que
las reuniones del Consejo fueran reuniones sin la presencia de
las cámaras; lo defendimos, y le hablo del Consejo Europeo.

Incluso defendimos que se restringiera en algunas de las
reuniones de consejos sectoriales la entrada de las cámaras.

Lo expliqué aquí después de la Cumbre de Edimburgo. El voto
secreto ni siquiera se plantea, porque el voto se conoce no
digo ya al final de la reunión, sino que a los 10 minutos de
haber sido emitido se sabe cuál es la posición de cada país.

Por consiguiente, nunca se ha discutido sobre el voto secreto.

Sin embargo, la presencia de las cámaras, a mi juicio,
acabaría con el Consejo Europeo. Lo digo honradamente, como lo
pienso. Por eso me he opuesto a ello en el momento en que
alguien lo ha sugerido. Me he opuesto porque una reunión de
Jefes de Gobierno y de algún Jefe de Estado, que tiene



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como fundamento la posibilidad de discutir con toda franqueza
sobre problemas que a veces afectan a intereses muy concretos
y que tiene además como elemento esencial el que no hay
ninguna limitación para esa discusión, en el momento en que
fuese abierta, como puede ser una sesión parlamentaria,
acabaría con la virtualidad de esos consejos europeos y yo
creo que se frenaría todo el proceso de toma de decisiones, ya
que los Jefes de Gobierno estarían absolutamente condicionados
en su discusión.

Me ha formulado otra pregunta sobre alguno de los elementos
que efectivamente tienen un difícil mecanismo de control como
pilares de la construcción europea. A la política exterior y
de seguridad común yo añadiría también la política de
cooperación entre los ministerios de Justicia y de Interior.

En cuanto al retraso del Comité de las Regiones, yo creo,
honradamente, que no se puede hablar de retraso si hay una
reunión antes del 15 de enero. La verdad es que desde el 1 de
noviembre, fecha en que entra en vigor el Tratado, hasta la
primera reunión que puede ser tres meses después, no permite
hablar realmente de un retraso en algo que se crea al hilo del
Tratado.

Se ha referido también a la política social y a la política
económica. Ya he dicho antes cómo se ha desarrollado la
cumbre. Y nos ha recordado cierta falta de realismo en nuestra
posición europea. Ha habido algunas intervenciones más en ese
sentido. Nosotros representamos el papel que creemos que le
corresponde a España en la construcción europea; papel que
normalmente ha sido bien entendido y bien acogido. Hemos hecho
algunas aportaciones interesantes. Es la primera vez que
participamos, desde el comienzo, en el desarrollo de un
tratado --en el Acta Unica llegamos en el momento en que ya se
había firmado, aunque la ratificación vino después-- y en él
se aprecian algunas huellas bien marcadas de la posición
española dentro del Tratado de la Unión. Hemos desarrollado
algunos debates importantes para dar a la Comunidad, en su
nueva dimensión de la Unión, un carácter que no sea puramente
de zona de libre cambio o de mercado interior. Y hemos hecho
un enorme esfuerzo para que se comprenda lo que queríamos
decir cuando hablábamos de cohesión, de cohesión en todas las
políticas comunitarias, y eso se ha abierto paso en la
construcción europea. Por tanto, creo que hemos ido jugando un
papel que es el que le corresponde a España, y solemos hacerlo
sin sacar pecho porque creo que han pasado los tiempos de
sacar pecho, pero pienso que para nuestro país ha sido
importante toda la evolución de la construcción comunitaria en
los últimos años, desde nuestro propio ingreso en la
Comunidad.

Gracias. (El señor Aznar López pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

(El señor Aznar López pide la palabra.)



El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, solamente a los
efectos de aclaración al contenido de la respuesta que ha dado
el señor González a algunas de nuestras propuestas;
exclusivamente a esos efectos.

En relación con la primera propuesta creo, señor Presidente,
que no son incompatibles la fórmula que ha propuesto el señor
González y la que yo he propuesto. Creo que la Cámara no
solamente tiene el derecho sino que debe conocer el documento
remitido por el Gobierno; debe conocerlo y debe debatir sobre
ese documento. Además de eso, naturalmente, cuando esté
definitivamente elaborado el Libro Blanco y se conozcan más
aportaciones, puede y debe debatir también sobre las distintas
aportaciones al Libro Blanco y su resultado final. Por tanto,
creo que no es incompatible y que debería instrumentarse de
esa manera.

En cuanto a la segunda propuesta, entiendo que la misma es
aceptada. La fecha sería hasta la Conferencia
Intergubernamental de 1996, teniendo en cuenta además que el
interés podía ser doble, ya que, si la memoria no me falla, en
el segundo semestre de 1995 le corresponde nuevamente a España
la Presidencia de la Comunidad. En consecuencia, si puede
realizarse ese programa de trabajo, por supuesto en el seno de
la Comisión Mixta, nosotros lo detallaremos, presentaremos el
correspondiente documento en la Comisión para que sea
enriquecido con las aportaciones de todos los grupos.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

El señor Anguita tiene la palabra.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

En la respuesta del señor González se han señalado tres puntos
que van a marcar en lo sucesivo los debates y los
enfrentamientos dialécticos y de modelo en torno a la
construcción europea. Someramente voy a incidir en las tres
respuestas que, a mi juicio, marcan esa diferencia.

El señor González ha dicho que en la cuestión del déficit se
mantienen las diferencias en torno al cumplimiento de los
plazos o aumentan. Casi la reducción del déficit en las
políticas que se están haciendo consiste básica y
fundamentalmente en la reducción de gastos sociales, en la
reducción de gastos dedicados al desempleo y, por tanto, se va
incidiendo en la caída de la inversión posteriormente y en la
creación de tejido productivo, con lo cual estamos en una
espiral. Si queremos llegar a un déficit del tres por ciento
por este camino, nos podemos encontrar en 1997 o en 1999 con
sociedades altamente depreciadas y sin asistencia social
alguna. Casi nada la afirmación del señor Presidente del
Gobierno.




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Segunda cuestión: mantiene --y es otra tesis que nos va a
seguir enfrentando-- que la Unión Económica y Monetaria por sí
sola, llevada a su culmen, va a hacer posible una
especie de unidad política. Tremendo error. Veamos las
consecuencias. Si Europa va a ser un gigantesco mercado regido
por las leyes del mercado y esa unidad en el campo de lo
político la manifiesta la expresión de mercado, el poder
político va a ser la reunión de gobiernos, con lo cual
tendremos un poder político emanado de los encuentros
intergubernamentales. El Parlamento está sobrando totalmente.

Y está sobrando en la medida --tercera cuestión-- que el señor
Presidente del Gobierno, al calificar de no realista la
posición de hacer un proceso constituyente, al obviar un
proceso con cinco sujetos importantes --el Parlamento Europeo,
los parlamentos estatales, los pueblos de Europa, la Comisión
y la Conferencia intergubernamental--, está colocando en el
limbo a todo el Parlamento Europeo que está elaborando una
constitución. Yo sé que nuestra propuesta es clásica, pero
sigue el orden de construcción de todos los Estados en un
proceso que culmina en la elaboración de un Estado federal o
confederal. Pero si se crea una Europa en base a un mercado
único, con reuniones del poder político de los distintos
gobiernos, que no culmina en nada que podamos contemplar como
normal, me gustaría saber dónde aplicar el calificativo de
poco real: a la propuesta que hacemos nosotros o a la que
sigue manteniendo el señor Presidente del Gobierno en algo tan
híbrido, tan extraño, tan sospechosamente extraño, pero
sesgado a intereses económicos fuertes.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

El señor Molins tiene la palabra.




El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. Muy
brevemente comentaré nuestra predisposición absolutamente
positiva a esta discusión en el seno de la Comisión Mixta, y
antes de la cumbre de diciembre, de las conclusiones del Libro
Blanco y las propuestas que España pudiera realizar en esa
cumbre. Por cierto, quizá sería bueno cambiar el nombre a esa
Comisión Mixta, señor Presidente, y pasar a denominarla
Comisión Mixta de la Unión Europea, el nuevo nombre que desde
el 1 de noviembre debe tener.

Insisto en lo positivo de la creación de la Unión Europea. Es
cierto que los mensajes han sido sumamente pesimistas,
poniendo por encima de todo el momento de crisis que vive la
Comunidad. Nuestro Grupo quisiera resistirse a esa lectura
estrictamente pesimista simplemente haciendo un razonamiento:
¿Qué hubiéramos dicho hoy si el 1 de noviembre no se hubiera
creado la Unión Europea? Bruselas por sí misma, en cuanto a
celebración de la creación de la Unión Europea y la
confirmación de los calendarios, representa un mensaje de
optimismo a todos los ciudadanos europeos. Es ese tono
optimista el que nuestro Grupo quiere remarcar ahora.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Tiene la palabra el señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, muchas
gracias.

Nuestra postura ha quedado clara en nuestra intervención y
coincidimos en un 90 por ciento con la suya, señor Presidente.

Simplemente me permito volver a recordar el asunto de las
sedes. Creo entender de su intervención que ha dejado abierta
la posibilidad de que se creen subsedes temáticas. Ha apuntado
que piensa consultar con los Ministros que tienen relación con
los temas concretos. A nosotros, señor Presidente, nos
gustaría que consultara con el Ministro de Industria.

(Rumores.)
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero dar las gracias al señor González por la acogida que
han tenido las peticiones que le he hecho, pero me ha faltado
escuchar alguna menc compromiso con respecto al Comité de las
Regiones, porque, aunque fuera un órgano consultivo, sería
bueno que los 21 miembros españoles, los presidentes de las
comunidades autónomas y los cuatro representantes municipales
que ha citado, se reunieran también en el marco de la Comisión
Mixta o en el seno de la Cámara correspondiente, del Congreso
o del Senado --aunque como tenemos la Comisión Mixta creo que
sirve ese marco--, para tener esos contactos y que el órgano
de asesoramiento y de consulta a nivel español a efectos de la
Unión Europea tenga una simbiosis de intercambio de
conocimientos. Eso es lo que le había insinuado.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, voy a empezar por la última intervención. No he
entendido bien lo que me quería decir respecto del funcionami
Regiones y de la Comisión Mixta Congreso-Senado. No lo he
entendido antes y no lo he entendido ahora, y no por falta de
cortesía, sino porque no lo he entendido, no le he podido
responder.




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Respecto a la intervención del señor Aznar, quiero decirle que
lo que estaba respondiéndole es que comprendía lo que él había
propuesto. Es de documento presentado por España y los
documentos emanados de la Comisión creo que se puede hacer
dentro de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Quizá se pueda
hacer en dos actos diferentes, pero creo que sería oportuno
verlo en conjunto y hacerlo antes de la cumbre europea. Por
supuesto que analizar el Libro Blanco se va a hacer, en todo
caso, después de la cumbre europea, como es habitual analizar
los resultados de la cumbre y, por tanto, las aportaciones del
Libro Blanco.

En cuanto a estudiar las propuestas que ha hecho en relación
con los trabajos futuros de la Comisión Mixta, creo que si se
concretan un poco más las propuestas se puede hacer
perfectamente. Incluso podríamos cambiarle la denominación a
la Comisión Mixta y llamarla ahora de Unión Europea.

Creo que va a haber más temas que tratar y, efectivamente,
sería muy útil porque es probable que en el segundo semestre
de 1995, bajo la Presi haya ya algún debate en marcha o
abierto sobre lo que puede ser la reforma institucional para
soportar todos los procesos de ampliación. Antes de eso se
hará si se cumpliera la fecha del 1 de enero de 1995 para la
entrada de los nuevos países candidatos en la Unión Europea.

Señor Anguita, no quería haber polemizado y sigo sin querer
hacerlo. Sólo quería informar del Consejo Europeo tal como ha
ido, pero, por cortesía, he contestado a algunas de sus
apreciaciones que no se referían exactamente al Consejo
Europeo, como he hecho con los demás. Usted ha heho una
reflexión sobre la reducción del déficit. Mire usted, lo que
se ha producido, desde el punto de vista de la no
convergencia, es decir, desde el punto de vista de la
separación de los criterios señalados en Maastricht, ha sido
justamente porque Europa tiene una dimensión social y el gasto
juega de manera anticíclica cuando se refiere a la protección
social. Por consiguiente, hay un ciclo negativo de la economía
y ha habido un incremento fortísimo del gasto social en todos
los países europeos que ha disparado los déficit. O sea, que
el argumento va exactamente en la dirección opuesta a la que
parece que lo quiere llevar o me quiere llevar a mí a hacerlo.

Por tanto, hay un problema de déficit serio y todos los países
que tienen ese problema de déficit serio, entre los que nos
encontramos, se plantean con todo rigor que el control del
déficit, la tendencia hacia el equilibrio presupuestario, es
un elemento sine qua non no para cumplir los requerimientos de
Maastricht, como he dicho muchas veces, sino para intentar que
haya una política de generación de empleo. Si el déficit tiene
un determinado volumen --y en eso todo el mundo de todas las
tendencias políticas e ideológicas en Europa está de acuerdo--
, si está por encima de un determinado drenando recursos para
lo que pueden ser inversiones generadoras de empleo. Y si de
verdad todo el mundo llegara a la conclusión, como creo que la
mayoría de la gente piensa, que el empleo es la prioridad
número uno, desde el punto de vista social, cualquier esfuerzo
que hagamos de contención del déficit estará favoreciendo el
cumplimiento de esa prioridad.

He hecho una reflexión no confundiendo Unión Económica y
Monetaria con Unión Política, sino diciendo que uno de los
aspectos políticos más decisivos de la construcción europea se
producirá en términos de soberanía compartida o de cesión de
soberanía el día en que haya una unión económica y monetaria
plena. Y he dicho que en ese momento el carácter político de
esa unión económica y monetaria será aún más trascendente que
el de la política exterior y de seguridad común. Así debe ser
entendido. No confundo. No digo que la Unión Económica y
Monetaria sea la Unión Política, pero que tiene un componente
político de primera magnitud, el más importante de todos los
proyectos que en este momento están en marcha en la Unión
Europea; el más importante y el más decisivo. Pero tiene un
componente político porque toca el elemento sustancial de la
política de un país, que es la soberanía; lo toca seriamente.

Y no es un problema de mercado, señor Anguita. Es algo que va
mucho más lejos del concepto de mercado; es un problema de
unión monetaria y de unión económica con soberanías
compartidas, que es un concepto muchísimo más amplio.

Tal vez no haya debido emplear la expresión de falta o no de
realismo cuando me he referido a su propuesta de desarrollar
una constitución. Yo sé que en el Parlamento Europeo se
trabaja muchas veces en ensayos constitucionales. Yo le
transmito una convicción, que es la mía, y puede considerarla
irreal que no me ofenderé. Yo creo que no habrá una
constitución europea en lo que es el horizonte político que
nosotros podemos prever razonablemente. Esto es lo que creo.

Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro político?
Es verdad que está por decidir lo que va a pasar en el futuro
político, pero no se dan las condiciones para que haya un
proceso constituyente europeo en el horizonte previsible. ¿Eso
quiero decir que a mí no me gustaría que hubiese un proceso
constituyente? Yo no estoy hablando de lo que gusta o no
gusta, de cuáles son las inclinaciones de uno u otro signo.

Estoy hablando de lo que creo que es posible, y no creo que
sea posible un proceso constituyente europeo. Por tanto, creo
yo que no tendremos, en el horizonte previsible, una
constitución europea. Ahora bien, puede que esa postura que
mantengo sea la irreal, y no me ofendería si lo piensa. Es mi
convicción y si es poco real lo aguantaré.

Al señor Molins ya le he hecho algún comentario. Coincido con
su análisis, igual que con el del señor Anasagasti.




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El señor Mardones le tengo que volver a pedir excusas. Ya me
lo dirá personalmente porque no me enteré muy bien de qué
relación había entre Parlamento nacional y Comité de Regiones.

Antes no me enteré y ahora tampoco me he enterado. Lo siento.

(El señor Albistur pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Señor Albistur, no hay ningún turno automático en el
Reglamento. Se concede la palabra a quienes la solicitan. En
este caso, el trámite de esta iniciativa no prevé un segundo
turno a los portavoces, con lo cual las intervenciones son
todavía más excepcionales y menos automáticas. Sus señorías no
han pedido la palabra y no se la he concedido no por pretender
discriminarles.




El señor ALBISTUR MARIN: Perdón, señor Presidente. He
levantado la mano, pero quizás no lo suficiente como para que
desde esta distancia se pueda observar. Lamento que haya
tantas columnas y tanto obstáculo en este sitio. Esperemos que
también aquí se produzca un día una mejora y los del Grupo
Mixto podamos tener alguna amplitud de miras, que no de
espacio. (Risas.) Le quedo muy agradecido levantado la mano.

Además, aunque le he hecho un gesto suave, esperaba que
después de la intervención del señor Mardones usted me viera.

Por eso he hecho la protesta posterior.




El señor PRESIDENTE: Les ruego que no sean tímidos en esto
(Risas.)



El señor ALBISTUR MARIN: Dado que usted me ha dado la palabra,
simplemente quisiera agradecer al señor Presidente su
respuesta, así como el tono y su dedicación.

Deseo insistir en que...




El señor PRESIDENTE: La palabra ya se la toma S.S. (Risas.)



El señor ALBISTUR MARIN: ¿Usted me la ha dado, no?



El señor PRESIDENTE: Adelante.




El señor ALBISTUR MARIN: Simplemente deseo insistir en tres
temas que él ha expuesto, que coinciden con la cuestión del
federalismo en su preocupación, precisamente, por la
transformación del Tratado a la hora de la ampliación. El ha
dicho que España ha puesto su huella en los cambios de esta
Unión y espero que también siga produciéndose en esa
transformación más democrática. También quiero insistirle en
el tema de la sede que le he propuesto.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Era la una y veinte minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON DIEGO LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LAS
CAUSAS POR LAS QUE EL GOBIERNO NO HA PROCEDIDO A LA
TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA COMUNITARIA 552/89 SOBRE
TELEVISION SIN FRONTERAS? (Número de expediente 180/000098)



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.

Pregunta número 8, del señor López Garrido.

El señor López Garrido tiene la palabra.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el 17 de octubre de 1989, es decir, hace
cuatro años, se publicó la Directiva del Consejo de 3 de
octubre de ese año, la llamada Directiva de televisión sin
fronteras. El 3 de octubre de 1991, según esa misma Directiva,
debería estar trasladada al Derecho español, cosa que no ha
sucedido, y es una Directiva muy importante, ya que, aparte
del planteamiento de una televisión sin fronteras, un mercado
único de la televisión, habla de la promoción y la
distribución de las obras europeas --hasta el 50 por ciento de
la programación, como usted sabe-- de productores
independientes y de la protección del cine, estab lapso de
tiempo hasta su difusión televisiva; hay también una
importante regulación de la protección de los menores y de los
límites de publicidad. A pesar de eso, a estas alturas,
después de dos años, no hay una trasposición al Derecho
interno español. Suponemos que habrá razones importantes, que
nos gustaría conocer, por lo que le formulamos la pregunta
sobre cuáles han sido las causas por las que el Gobierno no ha
procedido a la trasposición de la Directiva Comunitaria
89/552, sobre televisión sin fronteras.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.Señoría, los trabajos d y de la correspondiente
formación del Gobierno. Tan pronto como el nuevo Gobierno tomó
posesión, retomamos estos trabajos en contacto con la Comisión
de las Comunidades Europeas, y tenemos ya prácticamente
terminado un proyecto de ley para cumplir el mandato de
trasposición de esta norma comunitaria.

El contenido de este anteproyecto, que el Consejo de Ministros
puede considerar en las próximas sesiones, no altera
sustancialmente el actual ordenamiento legislativo español en
algunas materias reguladas en la Directiva en cuestión, que ya
están incorporadas en nuestra legislación, en particular en la
Ley de Televisión Privada, la Ley de publicidad, la Ley de
Consumidores y Usuarios y la Ley Orgánica del Derecho de
Rectificación. Hay aspectos que son novedosos, algunos de
ellos complejos, y aunque el proceso pueda parecer dilatado en
el tiempo, es esta propia complejidad de los temas que
contempla la Directiva la que nos ha inducido a un proceso de
intenso diálogo con los operadores de televisión, con los
difusores, para analizar el impacto que la misma tendría sobre
su viabilidad económica.

El procedimiento que hemos elegido es integrar en un solo
texto legal el contenido de la Directiva, a diferencia de lo
que han hecho otros Estados miembros, que han optado por
llevar a cabo trasposiciones parciales. Asimismo, teniendo en
cuenta que varios aspectos que regula la Directiva están
encaminados a la defensa del consumidor, el Gobierno quiere
ser sumamente riguroso en la elaboración de esta norma, por lo
que hemos estado consultando a los distintos sectores
implicados mediante su participación en debates e informes,
además de los que han efectuado directamente al menos cuatro
departamentos ministeriales afectados. Todo ello ha exigido un
período de trabajo para recoger esos criterios y garantizar
una adecuada armonización normativa, que espero se vea
culminada, como le digo, en las próximas semanas.

Yo mismo me reuniré mañana con los difusores de Televisión
para comunicarles la inmediatez de la trasposición de esta
norma después de haber sido estudiada por la Comisión
audiovisual, donde todos los Ministerios implicados han dado
su visto bueno a la misma.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor López Garrido, tiene la palabra.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Ministro, por su
contestación.

La verdad es que no es muy convincente en cuanto a lo que era
la pregunta, es decir, las causas por las que el Gobierno ha
tardado tanto en trasponer la Directiva. Son más de dos años
desde que España tenía que haberlo hecho. Ha habido una carta
de emplazamiento al Estado español; hay, incluso, un dictamen
motivado, que ha acabado su plazo hace un mes, y estamos a
punto de que nos lleven al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

La verdad es que hay algo traspuesto al Derecho español, pero
en aspectos muy parciales, y es muy importante en lo que el
Gobierno deberá fijar su atención. Por ello nos alegramos si
nuestra pregunta ha contribuido a que se acelere el
procedimiento de trasposición.

Fíjese la contradicción que existe entre que esta Directiva
proteja la cultura audiovisual europea --fundamentalmente
tiene ese objetivo de protección de la cultura audiovisual
europea--, que no haya sido traspuesta por España, es decir,
que seamos el único país de la Comunidad Europea que no la
haya traspuesto, y, sin embargo, estemos defendiendo en las
conversaciones GATT, junto con Francia, la protección de la
exclusión cultural, en la defensa de la cultura europea.

Supone una enorme contradicción, repito, que España tome esa
posición en las conversaciones GATT y que no lo haga
trasponiendo esta Directva.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA PELLICER RASO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE
PREVISTAS EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE, EN LA CARRETERA N-260, EJE PIRENAICO, A SU PASO POR
LA PROVINCIA DE HUESCA? (Número de expediente 180/000104)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9 de la señora Pellicer
Raso.




La señora PELLICER RASO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ya en el Plan de inversiones del Ministerio de
Obras Públicas correspondiente a 1982-1986, y en el Plan de
carreteras 1984-1991, figuraban inversiones en la carretera
N-260.

La provincia de Huesca, como sin duda conocen SS.SS., en una
provincia rica en recursos naturales, con una población
dedicada, en gran medida, a los sectores agrícola, ganadero y
turístico. Es, además, una provincia que ha sufrido de manera
importante, y sobre todo en algunas zonas, el problema de la
despoblación, al que han contribuido muchos factores, pero sin
duda uno de gran importancia ha sido el de las comunicaciones.

Las comunicaciones no sólo suponen un



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acercamiento de los pobladores a las zonas de mayores
servicios, sino un acercamiento de las zonas urbanas a las
rurales, permitiendo el óptimo aprovechamiento de los recursos
naturales y logrando, a su vez, el asentamiento de la
población. Son, por tanto, el mejor motor de desarrollo con
que puede contar un territorio.

Soy consciente de los problemas que conlleva la consecución de
una buena red de comunicaciones en cualquier provincia, y no
digamos en las de orografía complicada, como la de Huesca,
pero por ello es mucho más importante conseguir la máxima
seguridad vial en carreteras, como la que motiva esta
pregunta, que discurre en su trazado por las comunidades de
Aragón y Cataluña siguiendo la línea de los Pirineos, y que
sería, además, un eje de convivencia y de intercambio de
riqueza entre ambas comunidades autónomas.

La realización de los diferentes tramos de la carretera N-260
en la provincia de Huesca, Sabiñánigo-Fiscal, Fiscal-Ainsa,
Ainsa-Campo, Campo-Castejón de Sos y Castejón de Sos
intersección provincia de Lérida, llevaría consigo no
solamente la realización de una útil y eficaz obra pública que
crearía riqueza y potenciaría desarrollo, sino que, además,
cumpliría un importante fin social, facilitando el
asentamiento de la población y el acercamiento de los
servicios, y consiguiendo, por tanto, aunar en uno solo dos
logros importantísimos en la defensa del Estado de bienestar.

Por todo ello, señor Ministro, mi pregunta es: ¿Qué
actuaciones tiene previstas el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente en la carretera N-260, eje
pirenaico, a su paso por la provincia de Huesca?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pellicer.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Señoría, a esta carretera, eje vertebrador de Aragón y
Cataluña, el Ministerio viene dedicando numerosos estudios, y
actualmente tiene para ella importantes proyectos,
consistentes en la ejecución de tramos de nueva construcción
para acortar la longitud de su recorrido, precisamente en la
provincia de Huesa entre Fiscal y Sabiñánigo, donde se
reducirá en 25 kilómetros la distancia actual.

En el tramo Arén-Campo se ha dado orden de estudio informativo
en los tramos de la provincia de Huesca entre la intersección
con la 230, Caste desde Castejón de Sos a Campo, una longitud
de 52 kilómetros. Mientras efectuamos los estudios
informativos necesarios para elaborar proyectos de calidad,
vamos a invertir 2.000 millones de pesetas en mejora de
plataforma y pavimentación de estos tramos.

Entre Campo y Ainsa, 30 kilómetros, está en licitación, con un
presupuesto de contrata de 4.800 millones de pesetas. Entre
Ainsa, Boltaña y el Túnel de Balupor, 13 kilómetros, están
adjudicadas obras de mejora por 1.200 millones de pesetas.

Entre el Túnel de Balupor y Fiscal, 14 kilómetros, al quedar
inundado por el embalse de Jánovas cuando se construye la
presa del Río Ara, hará falta construir una variante por
encima de la cota máxima de la presa. De momento estamos
haciendo obras provisionales hasta que se ejecute la variante.

Entre Fiscal y Sabiñánigo está prevista la ejecución de una
carretera completamente nueva, que una directamente ambas
poblaciones para acortar el recorrido en 25 kilómetros. Para
ello está redactado un anteproyecto, aprobado ya técnicamente,
con un presupuesto de 2.000 millones de pesetas. Mientras
tanto, vamos a efectuar un conjunto de actuaciones en el tramo
Fiscal-Broto, reforzando el firme; entre Broto y Biescas,
también reforzando el firme, y entre Biescas y Sabiñánigo, con
una inversión cercana a los 2.000 millones de pesetas.

De esta manera, las obras en el eje pirenaico recibirán un
empuje considerable que aproximará las poblaciones que lo
vertebran y significará u apuesta por el desarrollo de esta
zona del Pirineo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE
INTENCION EL GOBIERNO DE MODIFICAR EL CONTENIDO DEL REAL
DECRETO-LEY 4/1993, DE 26 DE MARZO, A LOS EFECTOS DE
GARANTIZAR UNA SOLUCION COMPLETA Y JUSTA AL PROBLEMA DE LOS
DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES POR LA ROTURA DE LA PRESA DE
TOUS? (Número de expediente 180/000112)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Gil Lázaro.

El señor Gil Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, yo quisiera apelar a su ya proverbial
laconismo en este trámite, por entender que precisamente en
esta ocasión ese laconismo sería la respuesta más clara, la
única posible. Por tanto, ¿sí o no tiene intención el Gobierno
de modificar el contenido del Real Decreto-ley 4/1993, de 26
de marzo, a los efectos de garantizar una solución completa y
justa al problema de los daños causados a particulares por la
rotura de la presa de Tous?
Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, espero que no tenga inconveniente en que yo mismo
administre el contenido de mis respuestas. (Risas.)
Como sabe S.S., dado el tiempo transcurrido desde la rotura de
la presa, el 20 de octubre de 1982, el Gobierno, por Real
Decreto-ley de 26 de marzo, adoptó una serie de medidas que
consideró necesarias y urgentes para paliar la situación
creada ante el retraso de la justicia en resolver el problema
y la precaria situación de muchos de los damnificados.

Este Real Decreto-ley contenía las medidas que el Gobierno
consideró necesario adoptar en ese momento, y no existe
propósito, por parte del Gobierno, de modificar su contenido,
estando a la espera de las decisiones que adopten en su día
los Tribunales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Gil Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, es de sobra conocido por todos que este
Decreto planteaba, en sus ámbitos de aplicación y en sus
términos económicos, una naturaleza absolutamente insuficiente
para resolver el problema.

Es conocido de todos la falta de arraigo social que han
producido las soluciones previstas en el Decreto, y prueba de
ello es que tan sólo 8.000 damnificados han aceptado la oferta
de compensación formulada por el Gobierno, y la prueba es
también si me lo permite citar S.S., que por primera vez, nada
más producirse prácticamente la promulgación de ese Decreto,
el Gobierno perdió las elecciones en las dos grandes capitales
emblemáticas de la pantanada, Carcagente y Alcira.

Nosotros le planteamos hoy esta cuestión, porque el Gobierno
vuelve a tener una oportunidad, la de impedir que, después de
producidas las resoluciones judiciales, existan compensaciones
económicas más ele- vadas, en virtud de la sentencia de los
Tribunales, que las que ofrece el Gobierno ahora, con lo que
eso supondría de frustración para las personas que se han
acogido a ese Decreto, que son precisamente aquellas que están
en mayor situación de dificultad económica, es decir, las que
son conscientes de que la reparación que le ofrece el Gobierno
no es la justa y objetiva en términos económicos, pero ya no
pueden seguir esperando más.

Por otra parte, señor Ministro, no desconocerá S.S. que el
Gobierno, representantes del Partido Socialista, altas
autoridades, en definitiva, sistemáticamente, durante la
campaña electoral, prometieron que los términos de ese Real
Decreto se iban también nosotros en la Diputación Permanente.

No pudo tramitarse como proyecto de ley por la disolución de
las Cámaras, y por eso votamos a favor de ese Real Decreto,
que era un Decreto de mínimos. Pero yo creo que pierde el
Gobierno la oportunidad de rectificar y que es un nuevo error
en el planteamiento global de esta cuestión que lleva ya diez
años pendiente.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.




--DEL DIPUTADO DON JULIO DE ESPAÑA MOYA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE CRITERIOS MOTIVAN QUE FRUTO DE UNA REORGANIZACION DE LA
ADMINISTRACION TERRITORIAL FERROVIARIA, SE ELIMINE LA GERENCIA
TERRITORIAL DE RENFE EN ALICANTE, Y SE PASE A DEPENDER DE LA
GERENCIA DE MURCIA, SEGUN ACUERDO DEL COMITE DE DIRECCION DE
RENFE? (Número de expediente 180/000114)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor De España
Moya, que tiene la palabra.




El señor DE ESPAÑA MOYA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, las gentes de mi tierra, de la provincia de
Alicante, nos sentimos despojados --por utilizar un término
suave-- por la política de infraestructuras que han seguido
los gobiernos del PSOE. Primero fue el puerto, antes motivo de
origen de la ciudad, que tras una política de tasas nefasta
nos dejó en condiciones de inferioridad respecto a la
competencia. Después de las mercancías, los pasajeros,
Trasmediterránea, que tras un hábil cambio de horarios
convirtió en no rentable una línea tradicionalmente rentable
para justificar dicho traslado. Luego el aeropuerto, con unas
inversiones que yo podría definir como: «serán pero nunca
llegarán». También nos abandona, por directriz nada ecuánime,
la compañía bandera Iberia, y, lógicamente, luego nos
abandonaron KLM, la British Airways, etcétera.

Lo cierto es que los alicantinos, y quienes quieren
visitarnos, muchas veces tenemos que utilizar aeropuertos que
están a 180 kilómetros, que, a su vez, son beneficiados con
paquetes «hobies» que suponen un 30 por ciento menos de
costos.

Ahora sufrimos una gota más, la desaparición de la gerencia
territorial de Renfe. ¿Qué razones objetivas hay, señor
Ministro?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De España.

Tiene la palabra el señor Ministro.




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El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Puede S.S. volver a ponerse sus
ropajes, puesto que no existe acuerdo alguno del Comité de
Dirección de Renfe por el que se haga depender Alicante de la
gerencia de Murcia. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor De España.




El señor DE ESPAÑA MOYA: Me alegro mucho, y espero que esto
sea verdad y no tirar balones fuera, porque el corredor
Alicante-Madri todo el territorio nacional. Y cuando la tónica
general de Renfe es perder, es el decremento, en Alicante, del
año 1991 al año 1992, los ingresos se han incrementado en un
16 por ciento. Y en el primer semestre de 1993, respecto al
primer semestre de 1992, los ingresos se han incrementado en
un 6,1 por ciento. Todo esto teniendo en cuenta la política
nefasta que hasta ahora ha llevado Renfe en el territorio
provincial. Por ejemplo, el cambio de los motores MAN, en la
línea del cartagenero, por motores Fiat, que no tienen
refrigeración y que sufren constantes averías; o el tiempo de
parada del granadino en Murcia, que de 10 minutos ha pasado a
60, con lo cual el pasaje huye; o el billete mínimo de
cercanías, que está motivando que se enriquezca una compañía
de autobuses llamada Alsa y, sin embargo, no tengamos pasajes
de cercanías.

Mientras tanto, señor Ministro, hay muchas cosas por hacer,
como utilizar el cercano paso del ferrocarril de la
universidad; el acercamiento del ferrocarril al aeropuerto; el
soterramiento de la estación de Renfe, o el retranqueo de
ella, y muchas más cosas. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De España.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, hay que ver la cantidad
de cosas d es usted capaz de poner en el marco de una pregunta
mal formulada. (Risas.) (Un señor Diputado del Grupo Popular:
¡Ya estamos!) Creo que no le ha quedado a usted tecla por
tocar en las cosas que tengan, de cerca o de lejos, algo que
ver con casi todo.

Sin embargo, lo que usted me preguntaba --y comprendo que se
haya quedado descolocado al observar que su pregunta nada
tenía que ver con la realidad-- supongo que reflejaba una
preocupación por la importancia que Alicante tiene en el nuevo
modelo organizativo de Renfe. Si se estudia usted con detalle
el acuerdo al que hace referencia, observará que en este nuevo
modelo organizativo Alicante no sólo no pierde importancia,
sino que la mantiene y acrecienta en aspectos relacionados con
la especialización del servicio que desde Renfe se presta a
los clientes a través de un conjunto de elementos operativo,
como un jefe terminal de estación, un nuevo jefe de
operaciones, una nueva jefatura de ventas de largo recorrido,
que potencian y realzan la
importancia de Alicante, en contra, precisamente, de lo que
usted suponía.

El resto de las pseudo-preguntas o pseudo-afirmaciones que
usted hace en su intervención, relativas a los motores
refrigerados y todas esas cosas, no estoy en condiciones de
contestarlas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QU EXCMO. SEÑOR MINISTRO
DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿PARA CUANDO
TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA AUTOVIA ENTRE
MURCIA Y ALBACETE? (Número de expediente 180/000115)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Peñarrubia
Agius, que tiene la palabra.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ahora le toca a Murcia. (Risas.)
Existe entre las fuerzas políticas y sociales de la región un
amplio consenso en torno a la necesidad de contar con una
autovía Murcia-A región con la autovía de Levante. En los
últimos meses, y más concretamente en los últimos días, se han
pronunciado en estos términos la Presidenta de la Comunidad
Autónoma, el Consejo de Gobierno, las Cámaras de Comercio, las
organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y
los propios parlamentarios socialistas, que consideran esta
obra como algo urgente, prioritario e irrenunciable.

En su última visita a la región, señor Ministro, para
inaugurar una obra importante para su Departamento, y también
para todos los murcianos, cual es el tramo Alhama-Puerto
Lumbreras de la autovía del Mediterráneo, no quiso
comprometerse con la opinión pública murciana sobre una fecha
concreta, alegando que sus decisiones tienen que estar
respaldadas por las Cortes Generales.

Por eso este Diputado quiere saber si está previsto que dicha
autovía se incluya en el plan puente previo al plan director
de infraestructuras y, en cualquier caso, la fecha probable de
su puesta en servicio.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, me consta sobradamente el extraordinario interés que
las autoridades de la Comunidad Autónoma de Murcia y los
Diputados y Senadores socialistas por esta provincia han
puesto en la ejecución o programación de esta autovía.

Numerosas han sido las interpelaciones, visitas y corteses
presiones de toda índole que se han hecho, y que ciertamente
están fructificando, porque, como usted sabe, ese proyecto de
autovía va a ser incluido en el plan director de
infraestructuras, plan director que, naturalmente, deberán
aprobar las Cortes. El Ministerio no construye las autovías
que le viene en gana, construye las que las Cortes deciden que
se hagan, las que están en el plan de carreteras y las que
vayan a estar en los sucesivos planes que quienes deciden qué
hay que hacer nos mandan construir. Nosotros hacemos
propuestas, y en las propuestas que haremos en el plan
director se incluye la autovía desde Murcia hasta Albacete.

Sin embargo, es necesario aprobar un plan puente, un plan que
incluya un conjunto de objetivos transitorios entre el primer
plan de carreteras y el segundo plan que surja del plan
director, plan puente que también deberá ser, lógicamente,
conocido por las Cámaras. Es intención del Ministerio incluir
en este plan puente los tramos de esta autovía que pueden ser
licitados en el bienio 1994-1995, porque el plan puente se
referirá a los tramos de autovía que se puedan licitar en
1994-1995. Y, en particular, en el tramo de Albacete-Murcia,
entre Venta del Olivo y Archena, se puede dado el estado
avanzado de los trabajos, y si así lo aprueban las Cámaras,
licitar en ese bienio, con un coste de 8.000 millones de
pesetas. El resto de la autovía incluido en el plan director
deberá ser ejecutada, según las previsiones del Ministerio, en
la primera mitad del mismo, es decir, en los plazos
técnicamente más cortos posibles.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Ell señor Peñarrubia tiene la palabra.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, por su respuesta es fácil deducir que entre
las propuestas que su Ministerio va a traer a esta Cámara no
se va a incluir esta obra en el plan puente previo a ese plan
de infraestructuras, si acaso el tramo Archena-Venta del
Olivo, que viene a enlazar los ya aprobados en ejercicios
anteriores, como es la variante de Molina o la de Pozo Cañada,
obras sin duda bienveni-das y deseadas, pero insuficientes
para los deseos y peticiones de los murcianos en este mo Usted
sabe que una obra hecha a retales, una autovía hecha en fases
es complicada, con numerosos puntos negros, es un
desdoblamiento de calzad no da el servicio deseado. Pero, en
cualquier caso, señor Ministro, se deduce, lo ha dicho usted
muy claramente, que la autovía Murcia-Albacete...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.




--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR EL PARO
CRECIENTE DE LOS CAPITANES, JEFES DE MAQUINAS Y OFICIALES DE
LA MARINA MERCANTE? (Número de expediente 180/000116)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Hernando
Fraile, que tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la flota mercante española ha perdido más del
60 por ciento de los barcos en estos últimos once años. Esta
situación de alarmante deterioro sigue mostrando una tendencia
negativa actualmente, a la que se suman los altos costes
operativos que tienen los mismos y la competencia desleal que
realizan otros países que tienen ya en funcionamiento los
registros especiales.

Junto con la citada pérdida de buques, los profesionales han
ido engrosando las estadísticas de parados hasta superar los
1.700, cifra muy alta para un colectivo pequeño. Estos datos,
por su gravedad, causan profunda preocupación en el sector
marítimo, que no entiende la pasividad del Gobierno.

Por eso, señor Ministro, deseamos conocer qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para combatir el paro creciente de los
capitanes, jefes de má oficiales de la marina mercante.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

El Gobierno ha reconocido la peculiar situación de estos
colectivos y ha venido disponiendo diversas actuaciones de
tipo indirecto para fomentar su empleo, entre las que le puedo
citar, en primer lugar, la creación del registro especial de
buques de Canarias, en el



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que se exige, al menos, que el capitán y el primer oficial de
los buques en él matriculados sean de nacionalidad española.

En segundo lugar, la creación del cuerpo especial facultativo
de marina civil, grupo A, en el que se integrarán los
licenciados en las distint náutica, siendo intención del
Gobierno convocar en el futuro procesos de selección para
incorporar a los funcionarios de este cuerpo necesarios para
la transformación que está teniendo lugar en la Administración
marítima española.

En tercer lugar, la oferta de 122 y 60 puestos,
respectivamente, de técnicos facultativos superiores en los
organismos autónomos del Ministeri Transportes, Turismo y
Comunicaciones, que han sido cubiertas en su totalidad con
destino a las capitanías marítimas de reciente creación.

En cuarto lugar, la creación y regulación de una entidad de
derecho público, la sociedad de salvamento y seguridad
marítima, que necesitará también de personal calificado para
desempeñar las misiones que tiene encomendadas.

En quinto lugar, la reserva que se hace en una reciente Orden
Ministerial a las personas que estén en posesión de títulos de
licenciado o doct transportes marítimos, de la posibilidad de
realizar los cursos que les habiliten para llevar a cabo las
actividades de compensación de agujas náuticas, en
cumplimiento del Convenio Internacional de Seguridad de la
Vida en el Mar, ratificado por España en el año 1978.

En sexto lugar, la aplicación del Reglamento comunitario por
el que se aplica el principio de libre prestación de servicios
dentro de los Esta ha previsto que, en función de los tráficos
y las mercancías transportadas, tanto la tripulación como los
buques afectos deberán poseer la nacionalidad española; en
todo caso, el capitán y el primer oficial habrán de ser
españoles.

Estas son las medidas que puede tomar España y que está
tomando para conseguir, en el difícil equilibrio entre los
distintos intereses marítimos de la Comunidad, donde España ha
conseguido importantes concesiones frente a la posturas
extremas de otros países...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, usted ha dicho algunas de las cosas que han
hecho; no voy a criticarlas ni a comentarlas. Simplemente
quiero decirle que, por empezar por la primera, usted sabe que
el Registro especial de Canarias ya ha sido denunciado como
insuficiente por los profesionales del sector, y que en ese
sentido hay que seguir trabajando y avanzando para intentar
que ese Registro especial se equipara a otros existentes tanto
en Alemania como en Dinamarca o en otros países del entorno
comunitario. A esto se une, además, la gravedad de la
liberalización del tráfico de cabotaje que se va a a producir
próximamente.

Mire usted, en 1976 el 50 por ciento de los marineros y de los
profesionales de este sector eran contratados para el
extranjero a través de los agentes consignatarios de buques.

El vacío legal existente, debido a la no tramitación del
proyecto de Real Decreto sobre empleo y protección social de
los marinos emigrantes españoles, que inexplicablemente fue
abandonado en 1986 por el Ministerio que usted dirige hoy, y
la falta de regulación de cursos y certificados exigidos en
flotas extranjeras, está provocando y ha provocado el despido
de oficiales y capitanes españoles en las mismas.

A eso se une nuestra preocupación porque el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes ha elaborado un borrador de
anteproyecto de Real Decreto sobre títulos profesionales de la
marina civil, con fecha septiembre de 1993, en el que atribuye
competencias, que pertenecen en estos momentos a los
oficiales, a personas que no tienen la titulación. Con él se
pretende autorizar a los patrones para mandar buques de hasta
1.600 toneladas y ocupar plazas de oficiales hasta 5.000. Y
también a los británicos...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.




--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿CUALES SON LAS CAUSAS QUE IMPIDEN A ESE MINISTERIO LA
REITERADA NO ADJUDICACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA
AUTOVIA BAILEN-MOTRIL? (Número de expediente 180/000117)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor De Torres
Gómez, que tiene la palabra.




El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿cuáles son las causas que impiden a ese
Ministerio la reiterada no adjudicación de las obras
correspondientes a la autovía Bailén-Motril?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, no puedo
contestar concretamente a su



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pregunta, puesto que no existe la figura administrativa de no
adjudicación.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor De Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, yo ya sé que la autovía está adjudicada, o
como quiera usted llamarlo. La pregunta tenía vigencia la
semana pasada, en la que no se pudo ver precisamente por su
ausencia justificada en este Pleno debido a una desgracia
familiar, por la que le expreso mi condolencia.

No obstante, le reitero esta pregunta por la desconfianza que
tienen en mi provincia de sus promesas y para ver si en su
contestación existe un compromiso por parte de su Ministerio
de cumplimiento estricto de los plazos, porque S.S. reconocerá
que se han incumplido sistemáticamente todos los previstos
oficialmente. Reconocerá que han tardado más de tres meses en
adjudicar la obra, lo que no significa que la vayan a ejecutar
ya, y que durante estos tres meses han sido anunciadas con
reiteración en prensa a bombo y platillo, con el consiguiente
ridículo para los anunciantes, que son de su partido.

Ya ha reconocido que el plazo previsto era febrero de 1995. No
se va a cumplir y me gustaría saber por qué.

Señoría, su Ministerio ha reconocido que las obras no
comenzarán hasta abril o mayo del año 1994. Pero es que mucho
nos tememos que se vuelvan a incumplir los plazos, ya que el
Gobierno ha dado por cumplidos en un reciente Consejo de
Ministros los objetivos que se habían marcado en el primer
plan de carreteras, incumplimientos que afectan de manera
grave a la mayor parte de los ejes viarios de la provincia de
Jaén, como son el de La Carolina-Jodar o La Carolina-
Giribaile-La Fernandina, Cortijos Nuevos, Bélmez de la
Moraleda, que tienen enorme importancia para la economía y el
desarrollo de Andalucía Oriental.

Señor Ministro, Jaén es la única capital de provincia que no
está todavía conectada con la red regional de autovías, la
única.

Una última cuestión, muy brevemente por el tiempo que nos
permite el trámite de preguntas. Una cuestión que nos huele
mal: la adjudicación a la baja, a mi juicio temeraria, de más
de 7.600 millones de pesetas del primer tramo de la autovía.

En los presupuestos generales de inversiones de la provincia
de Jaén ustedes nos bajan las mismas en más de 700 millones,
precisamente a una provincia que en los últimos meses ha
contemplado, por poner un ejemplo, una reducción de más de
1.500 empleos.

Yo tengo la obligación de pedirle hoy aquí que esa diferencia
en la adjudicación de la autovía se dedique a la provincia de
Jaén.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Le agradezco su condolencia, señor Diputado. Muchas gracias.

Su pregunta trata, supongo, de obtener información sobre la
situación de la contratación de esta autovía, que se está
efectuando en los plazos técnicamente más cortos posibles. No
es posible hacerlo en plazos más cortos, señoría. Dice usted,
han tardado tres meses en adjudicar. Es un tiempo récord para
una adjudicación; normalmente se tarda bastante más.

Hay cuatro tramos, como usted sabe. El de Bailén-Jaén norte y
el tramo entre el enlace de Noalejo y el enlace de Albodote
han sido ya preadjudicados. No le huela a usted mal nada,
señoría. No empecemos otra vez con insinuaciones relativas a
olores más o menos sospechosos. Están contratados, irán a
Consejo de Ministros. La contratación ha sido por casi 10.000
millones en un caso y más de 8.000 millones en el otro. Estos
plazos de ejecución son de 22 y 17 meses y las obras empezarán
tan pronto como el Consejo de Ministros formalice la contrata.

Jaén norte-enlace de La Guardia y enlace de La Guardia-enlace
de Noalejo están en fase de expropiación y no se puede empezar
una obra hasta que no se hayan hecho las expropiaciones del
terreno. Prevemos licitar las obras en este fin de año y los
presupuestos alcanzan los 32.000 millones de pesetas.

El último tramo, el de Granada-Motril, tiene un estudio
informativo aprobado técnicamente y está en fase de formación
el expediente de informa en base al cual habrá que hacer la
declaración de impacto ambiental. No se pueden hacer autovías
sin declaraciones de impacto ambiental, y hasta que no la
tengamos, no podremos licitar las obras.

Lo estamos haciendo en los plazos técnicamente más cortos
posibles, sin restricción presupuestaria alguna, y en dos de
los tramos estamos en condiciones de iniciar las obras de
forma casi inmediata.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DISPONE EL MINISTERIO DE
ESTUDIO AMBIENTAL DE LA CUENCA BESAYA-SAJA, EN CANTABRIA, PARA
ATAJAR SU DESCONTAMINACION? (Número de expediente 180/000122)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Lago
Freire.

El señor Lago Freire tiene la palabra.




El señor LAGO FREIRE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en primer lugar quiero darle mi más sentido
pésame por el fallecimiento de su señor padre.

La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Usted conoce
los ríos Saja-Besaya, que determinan en esta zona unos
asentamientos urbanos importantes (superior a los 250.000
habitantes); que es, además, una cuenca que soporta una parte
fundamental de la industria de Cantabria --siderurgia,
química, textil.

También se han practicado a lo largo de los últimos años
mediciones en los vertidos, dando resultados más que
alarmantes y que afectan de una manera directa a la industria
turística de la zona y a los recursos pesqueros.

La Diputación Regional de Cantabria, así como otras
administraciones, son conocedoras de esta situación, pero
todavía no se ha puesto medio alguno para empezar a remediar
este problema que, por otra parte, es un problema ambiental de
primera magnitud.

Usted sabe que la Comunidad Autónoma de Cantabria a partir de
enero de 1994 queda en el objetivo 1 de la Comunidad Económica
Europea, y esto supone la puesta en marcha de inversiones
ambientales importantes, que, por otro lado, se contemplan en
el plan de desarrollo regional, que ya se ha planteado ante la
Administración competente. Por esta razón la pregunta es la
siguiente: ¿Dispone el Gobierno de estudio ambiental de la
cuenca Besaya-Saja en Cantabria para atajar su contaminación?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lago.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Muchas gracias, señor Diputado. En respuesta a su pregunta,
debo transmitirle la profunda preocupación del Ministerio por
el escaso grado de depuración de las aguas residuales urbanas,
que existen no sólo en esa zona sino en toda la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Según los datos de los que disponemos, solamente el 19 por
ciento de la población cántabra está conectada a un sistema de
depuración de aguas residuales y en su mayoría los sistemas
existentes se limitan a un mero tratamiento primario.

No es necesario recordarles, señorías, que el saneamiento y
depuración de aguas residuales es una competencia transferida
a la Comunidad Autón Cantabria, en lo que se refiere al
auxilio financiero a las corporaciones locales. Por lo tanto,
este Ministerio no podría actuar en la cuenca de Besaya-Saja,
salvo que ésta fuera declarada de interés general mediante la
correspondiente norma legal. Mientras tanto, quien debe
efectuar estas obras, y no lo hace, es la Comunidad Autónoma,
en el auxilio financiero que debe a las corporaciones locales,
y cualquier intervención de la Administración del Estado, sin
la preceptiva autorización legislativa, vulneraría el
principio de subsidiariedad, constituiría una clara invasión
de competencias, anulando la responsabilidad de otras
administraciones.

Por otra parte, impediríamos conseguir la necesaria
concienciación de industriales y particulares, lo que no se
conseguirá nunca, si se produce la dejación de
responsabilidades de administraciones competentes. No
obstante, en el proyecto del plan hidrológico de la cuenca del
Norte, pendiente de aprobación, el Ministerio ha incluido una
intervención directa en esta clase de infraestructuras de
saneamiento. Cuando el plan nacional llegue a las Cortes, allí
será el momento de determinar la actuación que el Parlamento
considere necesaria que efectúe la Administración Central del
Estado ayudando a resolver ese problema que no está siendo
resuelto adecuadamente por la administración competente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CAUSAS MOTIVARON EL
RETRASO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE AUTOVIA BEZANA-
SARDINERO, EN SANTANDER? (Número de expediente 180/000123)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Lago
Freire, que tiene la palabra.




El señor LAGO FREIRE: Señor Ministro, como usted bien sabe, el
Ministerio viene desarrollando en Cantabria, en los últimos
años, u construcción de comunicaciones con arreglo a planes y
plazos programados.

Asimismo ha puesto en marcha planes-puente para seguir
avanzando en el desarrollo de las infraestructuras necesarias
para Cantabria. La autovía que debe enlazar la red general con
la capital de Cantabria, esto es con Santander, el enlace
Bezana-Sardinero, y prevista en los Presupuestos del año 1989
aproximadamente por 3.000 millones de pesetas, ha sufrido y
sigue sufriendo retrasos en su ejecución, lo que supone
verdaderos colapsos en horas punta a la entrada de Santander.

La pregunta concreta es: ¿Qué causas motivaron el retraso de
la construcción del tramo de autovía Bezana-Sardinero, en
Santander?



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lago.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias.

Señor Presidente, señoría, esta autovía es un tramo incluido
en el programa de actuaciones urbanas del Plan General de
Carreteras y se realiza por convenio con el Ayuntamiento de
Santander, que debe aportar los terrenos necesarios para
ejecutar las obras, mientras que el Ministerio de Obras
Públicas financia el proyecto, construcción y dirección.

La orden de estudio que inició el expediente es de agosto de
1988; proyecto disponible, septiembre de 1989, aprobado
técnicamente en junio de 1990, con un presupuesto cercano a
los 4.000 millones de pesetas. En esa misma fecha, junio de
1990, se ordena ya la expropiación de los bienes necesarios
para su ejecución. Se licita en junio de 1992, se presentan
las ofertas en septiembre y el Consejo de Ministros lo
adjudica en junio de 1993 por 3.200 millones de pesetas. Las
obras empiezan veinte días después de la contratación por el
Consejo de Ministros, el 25 de junio de 1993, y se desarrollan
de acuerdo con el programa de trabajo presentado por la
empresa constructora, pero con graves dificultades para la
expropiación de los terrenos por donde debe discurrir el
trazado, lo que hace larga y compleja la construcción de la
autovía por las numerosas edificaciones afectadas que deben
ser expropiadas por el Ayuntamiento y que el Ministerio no
puede sino esperar a que se le entreguen los suelos necesarios
para efectuar la construcción de la autovía, que por parte del
Ministerio se está desarrollando de acuerdo con los plazos
previstos, pero naturalmente no podemos entrar a construir,
señorías, sobre un terreno que no nos ha sido entregado y cuya
propiedad no está disponible.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE NO ES POSIBLE CONOCER CON
DETALLE LAS DOTACIONES PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A
INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS POR PROVINCIA? (Número de
expediente 180/000135)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora Martínez
Saiz, quien tiene la palabra.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las que no es
posible conocer con detalle las dotaciones presupuestarias
destinadas a inversiones en obras públicas por provincia?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

La distribución geográfica de las inversiones del MOTMA se
recoge en el anexo de inversiones reales de la Ley de
Presupuestos, documento al que supongo se refiere la Diputada
en su pregunta.

Para confeccionar este documento es preciso compaginar los
aspectos informativos de la inversión prevista, facilitando
entre otros datos la distribución provincial de las
actuaciones-programa con su carácter de documento de gestión,
que exige definir los proyectos con criterios de operatividad,
haciendo posible que todos los expedientes de gastos se puedan
incluir bajo las rúbricas reflejadas en el mismo.

Ello supone que determinados proyectos no se puedan localizar
«a priori» en una provincia concreta, por ejemplo,
adquisiciones de equipos informáticos o expropiaciones, por
citar casos significativos, que no son regionalizables en el
momento de su presupuestación, ya que sólo al efectuar el
gasto se puede determinar la provincia que recibe los recursos
correspondientes.

Otros proyectos, tales como la construcción de
infraestructuras lineales, incluyen en su ámbito de actuación
a diversas provincias e incluso a varias comunidades
autónomas. Pueden presentarse agrupados en ámbitos superiores
a la provincia para proyectos de carácter homogéneo y reducida
cuantía individual, como hacemos, por ejemplo, en el caso de
la conservación ordinaria de carreteras. En todos estos
supuestos se determina con exactitud la localización
geográfica de la inversión al completarse el proceso de gasto,
algo que no se puede conocer «a priori» cuando se presenta el
documento presupuestario.

Por lo tanto, el anexo de inversiones reales es un documento
de información y gestión de la inversión, que contiene la
distribución provincial de las actuaciones previstas acorde
con los proyectos decididos en el mismo, y no se puede obtener
de dicho documento una información exhaustiva de la
localización geográfica de las inversiones, que solamente
puede obtenerse «a posteriori» a partir de los expedientes de
gasto afectados a cada proyecto. Esta información sólo puede
decidirse con precisión «ex post», lo cual no quiere decir que
no exista. Está, obviamente, a disposición de S.S., referida a
ejercicios pasados, y solamente con carácter prospectivo a los
futuros.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la señora Martínez.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, muchas gracias por las explicaciones que ha
dado hoy sobre cómo elabora su Ministerio los Presupuestos
Generales del Estado, pero usted sabe que yo me refería a
otras partidas que vienen globalizadas, que son de proyectos
muy concretos, incluso comprometidos por su Ministerio en
planes especiales aprobados en 1993. Concretamente unos el 12
de abril de 1993.

Da la casualidad, señor Ministro, que en mi provincia entre lo
que viene en su Ministerio como inversiones reales
provincializadas para 1993 y Diputados socialistas que el
Ministerio de Obras Públicas va a invertir en la provincia hay
una diferencia de más de 8.000 millones de pesetas. No hay
derecho, en democracia y en este Parlamento, que haya unos
Diputados que tengan, al margen de los Presupuestos Generales
del Estado, unas informaciones, según ellos reales, no pedidas
a través de esta Cámara, que les permite decir a los
ciudadanos lo que realmente va a gastar el Ministerio, y que
los demás Diputados nos vemos imposibilitados de saber, en
unos presupuestos que tienen que ser igual para todos. Señor
Ministro, ¿para qué sirve el Parlamento y el trámite
parlamentario de debate de presupuestos si un Diputado de una
provincia no puede presentar enmiendas legítimamente
estudiadas por desconocimiento, no de lo que viene en los
presupuestos, sino de lo que no viene?
Nosotros queremos transparencia en los presupuestos, no
queremos presupuestos opacos. Se lo he reclamado muchas veces
en esta Cámara. Señor Mi ¿qué es para usted el impulso
democrático? ¿Qué es para usted la revitalización de las
instituciones? ¿Qué prefiere usted, la opacidad o la
transparencia? Porque en estos presupuestos, señor Ministro,
usted ha utilizado todos los ingentes y costosos medios del
Ministerio para que los Diputados del Partido Socialista se
permitan el lujo de descalificar la acción política de otros
parlamentarios en sus provincias. Eso, señor Ministro, es
jugar con las cartas marcadas. Le pido, en nombre de todos los
Diputados del Partido Popular y de los Diputados del resto de
esta Cámara que estamos en la oposición, los que hacemos
oposición...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, estamos a su
disposición par cualquier pregunta aclaratoria que desee
formular sobre los Presupuestos Generales del Estado y su
impacto a provincia concreta. Que yo se preguntado ha quedado
falto de respuesta. Quizá otros han preguntado lo que usted no
ha preguntado. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO MODIFICAR EL REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA PERMITIR QUE EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO RESPONDA A INTERPELACIONES Y PREGUNTAS DE LOS
DIPUTADOS? (Número de expediente 180/000133)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de la señora De
Palacio, que tiene la palabra.




La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Ministro, el
artículo 111 de la Constitución dice que el Gobierno y cada
uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y
preguntas que se les formulen en las Cámaras; el artículo 180
del Reglamento dice que los Diputados y los grupos
parlamentarios podrán formular interpelaciones al Gobierno y a
cada uno de sus miembros, y el artículo 185, asimismo, indica
que los Diputados podrán formular preguntas al Gobierno y a
cada uno de sus miembros. Sin embargo, el señor González, en
unas declaraciones recientes en Televisión Española, dijo que
estaba esperando a que se modificara el Reglamento de la
Cámara para poder venir a contestar ante el Pleno a preguntas
orales formuladas por los distintos Diputados. Por eso le
pregunto: ¿Considera el Gobierno que es necesario modificar el
Reglamento para que eso se produzca?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.

Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba):
Gracias, señor Presidente.

Señora De Palacio, desde un punto de vista estrictamente
formal --usted conoce el Reglamento tan bien como yo, al
menos--, no es necesaria esa modificación; desde una
perspectiva política, el Gobierno entiende que sí.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la señora De Palacio.




Página 905



La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Efectivamente, lo acaba
de confesar, no es necesario que se modifique el Reglamento.

Desde un punto de vista político, ¿qué ha sucedido desde la
primera Legislatura, en la que el señor González contestaba a
preguntas de distintos Diputados en esta Cámara? Decenas de
preguntas. Tengo las actas. Y no sólo a preguntas, sino
también a interpelaciones. Pues lo que ha sucedido,
sencillamente, es que el señor González ha perdido
sensibilidad y respeto hacia este Parlamento, y lo que ha
ocurrido a lo largo de estos años es que el señor González no
ha cumplido con un mandato constitucional, el que plantea el
artículo 111, y que sistemáticamente, cuando se le ha pedido
que compareciera a contestar preguntas e interpelaciones que
tenían, por razón de su naturaleza, entidad más que sobrada
para que las contestara el señor Presidente, ha eludido esa
presencia. Pero, lo que es mucho peor, el otro día, en
Televisión Española lo que hizo fue, a sabiendas, con
conocimiento, confundir a la opinión pública española
(Rumores.) lo cual es mucho más grave. (Rumores y protestas.)
En un momento en que se habla de impulso democrático, es un
mal comienzo que se empiece precisamente sobre falsas bases,
sobre bases que no so Por eso, lo que hace falta de algo mucho
más sencillo: que el señor González, de verdad, demuestre que
respeta esta Cámara, que respeta la Constitución y que ha
cambiado de nuevo, otra vez, de talante y que vuelva a
contestar a preguntas, como hacía en los años 1983, 1984, 1985
y 1986; que venga a contestar interpelaciones, preguntas y a
someterse al control de esta Cámara. De verdad, así se
revitalizarán las instituciones, no con lo que está haciendo:
engañar a la gente a través de Televisión (Fuertes protestas
en los escaños del Grupo Socialista.--Aplausos en los escaños
del Grupo Popular.), faltando a la r (Aplausos en los escaños
del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.

Señor Ministro, tiene la palabra. (Rumores.)
Silencio, señorías.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): La
mecánica parlamentaria le ha jugado a usted una mala pasada,
señora De Palacio, y ha venido usted a plantear la ausencia
del Presidente del Gobierno de esta Cámara justamente en la
tarde de un día en el cual el Presidente ha estado cinco horas
contestando aquí a preguntas de todos los grupos
parlamentarios. (Fuertes rumores.) Si me dejan ustedes
acabar... Espero que esto no me cuente en el tiempo, estoy
tratando de poner orden. (Rumores.)
Señora De Palacio, usted sabe que hay muchos parlamentos en
Europa en los cuales existen características singulares para
las comparecencias, e control, del Presidente del Gobierno,
tratando esencialmente de dar a estas comparecencias la
relevancia política que el Gobierno y oposic para este tipo de
sesiones de control. Así también sucede en el Parlamento
español, al menos en el reglamento que no llegó a ver la luz
porque no acabó la tramitación, en el cual, como usted sabe y
por acuerdo de todos los grupos políticos, se habilitaba una
sesión de control especial para el Presidente del Gobierno,
tratando, repito una vez más, de dar relevancia política a la
misma, algo que interesa al Gobierno, pero que desde luego
interesa a la oposición. Añado más. Si los grupos
parlamentarios y la Mesa encontraran una fórmula para que, con
el Reglamento actual, se garantizaran estas circunstancias,
que entiendo son necesarias para que el Presidente comparezca
con la adecuada relevancia política en las sesiones de
control, desde luego, no será el Gobierno y su Presidente
quien se oponga.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PODRIA INFORMAR EL
GOBIERNO DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA PARA LA PROTECCION DEL CINE EUROPEO EN LAS
NEGOCIACIONES DEL GATT DE LA RONDA URUGUAY? (Número de
expediente 180/000120)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Martínez
Martínez, que tiene la palabra.




El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Gracias, señor
Presidente.

Señora Ministra de Cultura, no creo que sea exagerado decir
que las relaciones actuales entre el cine europeo y americano
comportan un desequi resultan tan injustas como insoportables;
quizá sería bueno señalar unos cuantos datos para ilustrar lo
que acabo de decir. Mientras que las películas procedentes de
Estados Unidos ocupan cerca del 80 por ciento de la cuota de
pantalla en los cines europeos, tan sólo un 2 por ciento de
espectadores americanos pueden ver películas procedentes de
Europa. No existe en esas relaciones el mínimo atisbo de
equidad, p imponen unas condiciones leoninas en lo que se
refiere a la comercialización y a la distribución; condiciones
que implican, por ejemplo, el que, junto a una película de
gran demanda en Europa, haya que aceptar otras a veces de una
calidad ínfima y que incluso lleguen a señalar cuál es el
período de permanencia en cartel de determinadas películas y
hasta la fecha de exhibición.




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En términos económicos, ese desequilibrio llega a alcanzar
anualmente, a favor de Estados Unidos, más de 450.000 millones
de pesetas. Siendo todo esto importante, señora Ministra, no
lo es exclusivamente, puesto que hay una versión cultural y
lingüística que, como europeos, no podemos descuidar. Señora
Ministra, superar la situación descrita requiere, de los
europeos en general y de los
españoles en particular, que hagamos de lo audiov industria y
un gran comercio, pero también es muy importante, en estos
momentos en que nos hallamos ante las inminentes negociaciones
del GATT, que la representación europea sea capaz de hacer
valer la especificidad cultural de lo audiovisual y, por otra
parte, sentar unas bases más justas en las relaciones entre
las empresas americanas y las empresas europeas.

¿Podríamos conocer, señora Ministra, cuál será la posición de
la representación española en dichas conversaciones?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente.

Los pasados 4 y 5 de octubre tuvo lugar en Mons (Bélgica) un
seminario de los Ministros responsables del audiovisual y de
cultura para tratar sobre los problemas del sector en relación
a las negociaciones del GATT.

Conscientes de la importancia no sólo económica, sino
fundamentalmente social y cultura del cine y del conjunto del
sector audiovisual para el patrimonio y la identidad cultural
de nuestro país y de la Unión Europea, defendí como Ministra
de Cultura la solución que considero más eficaz y adecuada.

Esta solución es la de mantener la excepción cultural para el
audiovisual, incluyéndola en el artículo 14 del acuerdo.

En el mismo sentido se pronunciaron con mayor o menor
contundencia otros seis países, pero en todo caso los doce
socios comunitarios coincidimos en que el mantenimiento y
desarrollo de la identidad cultural de Europa, entendida como
integrada por cuatro niveles --el europeo, el nacional, el
supranacional y el local-- exige dar un trato singular al
audiovisual en el marco del GATT, por lo que acordamos seis
objetivos mínimos a preservar sin limitaciones en el tiempo,
en las negociaciones del GATT, que la presidencia ha recogido
en sus conclusiones y que suponen: Exención en la cláusula de
nación más favorecida para todos los programas de apoyo al
sector audiovisual; mantenimiento y desarrollo de las ayudas
públicas y de subvenciones y de la facultad de regular las
tecnologías y los modos de transmisión; no sumisión del sector
audiovisual al principio de la elevación progresiva del nivel
de liberalización; puesta en marcha efectiva de las
disposiciones de la directiva «televisión sin fronteras». Esta
postura es la que asimismo ha mantenido el Ministerio de
Comercio en los Consejos de Asuntos Generales del 4 y 25 de
octubre.

No obstante, debo informarles, al igual que he hecho con las
principales organizaciones del sector cinematográfico español,
que existen dificultades objetivas para lograr mantener la
excepción cultural del audiovisual. Sin perjuicio de lo cual,
el Gobierno español se ratifica en su postura de considerar al
audiovisual como una manifestación e instrumento cultural que
no puede recibir de las negociaciones del GATT el tratamiento
de una simple mercancía o servicio, por lo que seguirá
sosteniendo en el marco de las instituciones comunitarias --y
así lo haré en el Consejo de Ministros de Cultura del próximo
día 5 en Bruselas-- que se incorpore en dicho acuerdo una
cláusula de excepción cultural que incluya al entero sector
audiovisual como medio más adecuado para preservar la
identidad cultural de Europa.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE
ENCUENTRA EL HOSPITAL COMARCAL DE TORRELAVEGA Y CUANDO SE
PREVE SU PUESTA EN MARCHA? (Número de expediente 180/000121)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, de la señora
Gorostiaga Saiz, que tiene la palabra.




La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, la construcción del Hospital Comarcal de
Torrelavega, que está llevando a cabo el Insalud, viene a
satisfacer una de las viejas aspiraciones de la comarca del
Besaya en materia sanitaria y, además, puede servir para
paliar, en parte, los efectos de la crisis que está sufriendo
esta zona.

La obra ha sufrido continuos retrasos, unos debidos a reformas
y otros a escasez de recursos asignados al proyecto. Asimismo
los accesos al Hospital aún no están concluidos y esto
contribuye a retrasarlo más. Estos problemas han generado y
están generando la inquietud generalizada en la población
afectada, y esta población se hace la pregunta que yo quiero
trasladarle a usted. ¿En qué situación se encuentra el
Hospital de Torrelavega y cuándo se prevé su puesta en marcha?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gorostiaga.

Tiene la palabra la señora Ministra.




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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Diputada, las obras de construcción del Hospital
Comarcal de Torrelavega, efectivamente como S.S. ha dicho, se
iniciaron en el año 1989 y han finalizado en julio de este
año. Han supuesto una inversión total de 3.124 millones de
pesetas.

El Hospital que, como S.S. sabe tiene carácter comarcal, va a
contar con 300 camas y con las especialidades y servicios
siguientes. Medicina interna, cirugía general, traumatología,
urología, oftalmología, otorrinolaringología, anestesiología,
obstetricia, pediatría, servicio de rehabilitación, unidad de
hemodiálisis, unidad de exploraciones especiales y endoscopia,
área de urgencias, área de consultas externas y hospital de
día.

El Hospital va a disponer de cinco quirófanos, una UVI con
nueve camas y una sala de reanimación con diez camas, además
de los servicios centrales de laboratorio, radiodiagnóstico y
anatomía patológica y los servicios generales
correspondientes. Va a dar cobertura a 142.000 ciudadanos
residentes en el área sanitaria de Torrelavega. Para hacer
frente a los planes básicos del montaje del hospital se ha
aprobado recientemente un crédito de 400 millones de pesetas,
que ha permitido iniciar ya la instalación del servicio de
radiología y laboratorios. Tras ello, se va a proceder al
montaje del resto de las instalaciones de equipamiento técnico
y mobiliario, lo que va a suponer un gasto de aproximadamente
700 millones de pesetas. Y por lo que se refiere a la entrada
en funcionamiento, la intención del Ministerio es proceder a
la apertura de las consultas externas en el primer trimestre
de 1994 y del resto de los servicios a lo largo del año 1994.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRIGUEZ CALVO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS O LINEAS DE
ACTUACION PIENSA LLEVAR A CABO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO PARA IMPLICAR A LOS MEDICOS Y PERSONAL DE ENFERMERIA
EN LA GESTION Y CONTROL DEL GASTO SANITARIO? (Número de
expediente 180/000125)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de la señora
Rodríguez Calvo.




La señora RODRIGUEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, partiendo de que el médico es el principal
agente del gasto sanitario y de que el personal de enfermería
también juega un importante papel, tanto en este gasto como en
la administración de los recursos que se utilizan para
asegurar la salud de los ciudadanos y porque el profesional
sanitario no puede permanecer ajeno a las consecuencias
económicas de sus decisiones, considero de gran importancia
que se sensibilice al personal sanitario y que se le haga más
responsable en el uso correcto y eficaz de todos los recursos
que utiliza, tanto en los medios de diagnóstico como
sanitarios, a la hora de la curación. Por eso, yo le pregunto,
señora Ministra: ¿qué medidas o qué líneas de actuación piensa
llevar a cabo el Ministerio de Sanidad y Consumo para implicar
a los médicos y al personal de enfermería en la gestión y en
el control del gasto sanitario?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.

La señora Ministra tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Rodríguez Calvo, efectivamente, el Ministerio
considera, al igual que S.S., una prioridad, dentro de sus
líneas de trabajo, las actuaciones que favorezcan una mayor
implicación de los profesionales sanitarios en la gestión de
los recursos existentes como fórmula para corresponsabilizar a
los médicos y al personal de enfermería en la mejora de la
calidad y la eficacia del Sistema Nacional de Salud. Para ello
nos hemos propuesto incrementar la autonomía y flexibilidad de
gestión de cada centro sanitario, estableciendo el contrato-
programa como instrumento para la mejora de la misma y
vinculando los objetivos de actividad de cada centro a su
presupuesto. La gerencia de cada centro establece acuerdos
sobre los objetivos a alcanzar por todas y cada una de las
unidades y servicios clínicos que lo integran y la suma de
dichos acuerdos constituye el contrato-programa de cada
centro.<ð En el ámbito hospitalario, y desde 1990,
trabajamos en un programa denominado proyecto Signo, cuyo
objetivo principal es el conocimiento del coste real de los
distintos servicios asistenciales. De esta forma, cada
hospital y cada servicio clínico conoce la actividad que
realiza y sus costes. En estos momentos, en 31 hospitales del
Insalud ya es posible tener esta información.

En el contrato-programa de atención primaria del Insalud para
1994, las medidas de descentralización reconocen a los
profesionales como autént del sistema, establecen unidades de
responsabilidad en la provisión de servicios, en la asignación
de recursos, en la imputación de costes y definen sistemas de
incentivación basados en el balance anual entre recursos
consumidos y servicios prestados. Las gerencias de atención
primaria asignan recursos a todos los centros de
responsabilidad dependientes, y los recursos asignados
corresponden a gastos de personal, de mantenimiento, de
prescripción farmacéutica y de consumos



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de atención especializada. Los costes son imputados según un
sistema desarrollado a tal efecto, estableciéndose el objetivo
esperado en cuantos servicios sanitarios a prestar por cada
unidad de responsabilidad. El sistema contempla tres fases de
desarrollo, que han de quedar completadas para el cien por
cien de las gerencias de atención primaria en el año 1996.

El médico y la enfermera han de completar, por otra parte, el
alto nivel de formación específica que ya poseen con
innovadoras técnicas de gestión y de economía sanitaria, y
todo ello no es posible sin que el Sistema Nacional de Salud
realice el importante esfuerzo formador en el que está ya
empeñado. En este sentido, se vienen desarrollando cursos de
gestión de unidades clínicas para jefes de servicio y
supervisores de unidad.

Por último, hay que señalar que autonomía y responsabilidad
son las caras de una misma moneda y que el nuevo estatuto-
marco que este Ministerio pretende desarrollar va a contemplar
esta realidad.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: EL
CATALOGO DE PRESTACIONES SANITARIAS DE LA SANIDAD PUBLICA,
ANUNCIADO POR LA SEÑORA MINISTRA Y OTROS ALTOS CARGOS DEL
MINISTERIO DE SANIDAD, ¿VA A SUPONER UN RECORTE DE
PRESTACIONES ASISTENCIALES PARA LOS CIUDADANOS? (Número de
expediente 180/000136)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Fernández-
Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente.

Señora Ministra, el catálogo de prestaciones sanitarias de la
sanidad pública, anunciado por S.S. y otros altos cargos del
Ministerio, ¿va a suponer un recorte de prestaciones
asistenciales para los ciudadanos?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente. No, señor Fernández-Miranda, en
absoluto el catálogo de prestaciones sanitarias va a suponer
recortes, como ya informé a SS.SS. en mi comparecencia info
Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara el pasado día 30
de septiembre, en que tuve ocasión de exponer que en modo
alguno el catálogo sanitarias se va a elaborar con el fin de
recortar prestaciones, sino todo lo contrario.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.

Pues entonces, señora Ministra, es usted una irresponsable
(Rumores.--Un señor Diputado: ¡Hale!), su señoría y los altos
cargos de posteriormente han afirmado ustedes tanto la señora
Ministra --como el señor Conde, su Subsecretario, como el
señor Gutiérrez Morlote-- textualmente que harán un catálogo
de las prestaciones que sufragadas por la Seguridad Social.

Eso quiere decir que otras, no sabemos cuáles, tendrán que ser
sufragadas por el bolsillo de los ciudadanos. ¿Quién decidirá
la efectividad clínica probada? ¿Quién decidirá la relevancia
individual o social para los enfermos? ¿Quién decidirá qué
tiene carácter auténticamente sanitario, como condiciones que
usted ha marcado para poder recibir en un futuro asistencia
sanitaria? ¿Usted, señora Ministra? ¿El señor Conde? ¿El señor
Gutiérrez Morlote? ¿No deben ser los profesionales de la
sanidad? ¿Quién decidirá el ingreso de un anciano o de un
enfermo crónico en un hospital? ¿Para qué tienen que saber los
ciudadanos qué pueden esperar o exigir del Sistema Nacional de
Salud? ¿Para saber lo que tienen que pagar de su bolsillo?
Para eso, señoría, no contarán con el Partido Popular, ni aquí
ni en ninguna comunidad autónoma, por mucho que usted se
empeñe. Y ese es el problema. O lo paga la Seguridad Social,
el Sistema Nacional de Salud, para lo que cotizan los
españolas cuotas, impuestos a las dos cosas, o lo pagan ellos
de sus bolsillos, con lo que el Gobierno habrá recortado
prestaciones sanitarias, por mucho que S.S. quiera llamarlo de
otra forma. Si es así, y ustedes lo han afirmado, con usted,
señora Ministra, siendo Presidente del Gobierno don Felipe
González, la sanidad pública española dejará de ser universal,
gratuita y solidaria, y con ello se demostrará que don Felipe
González mintió en la campaña electoral de las últimas
elecciones generales, afirmando que sería el PP el que haría
lo que él está anunciando y haciendo en este momento.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Tiene la palabra la señora Ministra.




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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señor Fernández-Miranda, lamento el tono y los calificativos
que S.S. se permite aplicar a los responsables del Ministerio
de Sanidad y la te permanente que S.S. está haciendo con
motivo de la iniciativa del catálogo de prestaciones
sanitarias, que debería alegrar a S.S. y a su Grupo, porque
constituyen un paso muy positivo en la mejora del sistema
sanitario público, que preocupa, o deber S.S.

El catálogo de prestaciones, como ya tuve ocasión de explicar
en la comparecencia a que me he referido y en otras públicas,
va a reflejar las técnicas, procedimientos, servicios y bienes
a los que tienen derecho los ciudadanos en cada circunstancia
y pretende hacer efectivo el derecho a la protección de la
salud, reconociendo las prestaciones que garanticen la
igualdad en el acceso e impidiendo que diferencias culturales,
sociales o de residencia de los ciudadanos puedan afectar a su
derecho a la protección de la salud.

Me sorprende, señor Fernández-Miranda, su afirmación, que
contradice el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, que en su reunión plenaria del
pasado día 27 de septiembre aprobó por unanimidad el siguiente
acuerdo: Crear una comisión para el estudio de la ordenación
de las prestaciones sanitarias, que estará integrada por
representantes de las comunidades autónomas interesadas en
participar directamente en los trabajos (que han sido todas,
señor Fernández-Miranda) y representantes del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Por tanto, desautoriza S.S. a los
consejeros de comunidades autónomas en las que gobierna el
Partido al que pertenece S.S. Lamento esta labor
obstaculizadora en lo que para mí constituye un objetivo
esencial que deberíamos compartir porque, como digo, el
sistema sanitario público debería estar por encima de estos
debates, de estas descalificaciones y de esta utilización que
yo no califico para no incurrir en la misma ligereza en que
S.S. ha incurrido.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Hernández-Sito
García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, no está en el
debate.




--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA SITUACION DE
LOS PASIVOS DEL SECTOR DE FERTILIZANTES PRODUCIDOS POR LOS
DIVERSOS PROCESOS DE RECONVERSION, AUTORIZADOS POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DESDE 1986 A 1991 Y
LOS PRODUCIDOS EN EL 93 CON EL PROCESO QUE APORTAN FERTIBERIA
Y ERQUIMIA EN LA COYUNTURA ACTUAL Y PARA EL FUTURO? (Número de
expediente 180/000128)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23 del señor Ríos
Martínez.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, me
gustaría oír hoy palabras que sirviesen para tranquilizar a
los casi 1.500 trabajadores afectados por los procesos de
reconversión en el sector de fertilizantes y que se encuentran
divididos en tres niveles. Un primer bloque corresponde a los
trabajadores que se jubilaron en el proceso de los años 86 al
91 y a los que la empresa debía abonar las cargas sociales
hasta que cumpliesen 65 años, así como también el complemento
variable hasta equiparar el 80 por ciento de la base
cotizable. Me gustaría saber cómo se va a garantizar el pago a
esos trabajadores por parte de las empresas --hay
responsabilidad subsidiaria, puesto que esos expedientes se
aprobaron por el Ministerio de Trabajo-- y de qué forma va a
solucionarse el problema que afecta a estos trabajadores del
sector de fertilizantes.

Un segundo bloque lo integran los trabajadores que se
jubilaron por tener 55 años en 1991, que en 1993 han agotado
el paro y que ahora debieran de seguir percibiendo por la
empresa las cargas y el salario hasta cumplir 65 años. ¿Quién
va a hacer frente a esta realidad?
Por último está el bloque de trabajadores que en 1993 se han
incorporado al proceso por el que la Freeport, por 700
millones de pesetas, va a gestionar la empresa Asur, así como
las de Cartagena, Huelva, Sevilla, Puertollano, Avilés y
Sagunto, Querría saber de qué manera se va a poder cubrir la
parte que les corresponde por indemnización a los trabajadores
para incorporar a ese fondo que se va a crear y cuáles son las
cargas sociales hasta los 65 años que se van a abordar. ¿De
qué manera va a responder la Administración a estos tres
bloques de personas que han quedado en proceso de jubilación y
cuyo puesto de trabajo ha quedado anulado?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Señor Ríos, el total de pasivos del grupo Fesa-Enfersa
asciende en la actualidad a 6.139 personas y en el que
diferenciaríamos dos colectivos: un primer grupo integrado por
4.888 pensionistas que, como consecuencia



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de los distintos convenios colectivos acordados, disponen de
un complemento del cien por cien del salario y para el cual
los acreedores
institucionales presentes en el convenio de suspensión de
pagos acordaron como condición para proceder a la quita de la
deuda de la Seguridad Social una reducción de los complementos
de manera que las pensiones devengadas no puedan en ningún
caso superar la cuantía de la pensión máxima existente. Un
segundo grupo está integrado por 1.251 trabajadores que
salieron de la empresa al amparo de la Ley 27/1984, de
reconversión, y a los que se les van a seguir aplicando los
sitemas del prejubilación y jubilación anticipada que regula
dicha ley; para las prestaciones complementarias estaremos en
la misma situación que en el caso anterior.

Finalmente, al margen de los colectivos descritos, están los
que usted ha dicho, integrados por aquellos trabajadores
mayores de 55 años que h sus contratos de trabajo a través del
expediente de regulación de empleo resuelto por la Dirección
General de Trabajo y para los que la empresa y los sindicatos
alcanzaron un acuerdo en cuanto a que sus coberturas
sociolaborales, consistentes en el establecimiento de un plan
de jubilaciones financiado con las indemnizaciones acordadas
entre ambos y las colaboraciones de las comunidades autónomas
se harán efectivas y, por consiguiente, esperamos que no haya
ningún problema para que puedan devengar la pensión que les
corresponda en términos legales, no la prestación
complementaria que en su caso, como digo, no podrá superar
nunca los topes que fijamos en su momento.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Ríos, tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente. La
respuesta del señor Ministro ha venido a confirmar dos dudas
razonables que teníamos. Primero, se acepta que son 4.800 los
trabajadores que se incorporaron en el proceso de 1986 a 1991
y que van a ver perjudicada su pensión en un volumen
importante, puesto que no van a poder percibir nada más que
una parte y no el complemento en su totalidad que tenían
establecido. ¿Cuál es la cantidad que van a perder o que no
van a seguir percibiendo puesto que hasta ahora la percibían?
No ha respondido el señor Ministro si puede entenderse que hay
responsabilidad subsidaria del Ministerio de Trabajo, porque
todos estos planes han sido aprobados por el Ministerio, ya
que son procesos de reconversión, y algunas de estas empresas
eran empresas públicas antes de ser adquiridas por Ercros. Por
último, en cuanto a los trabajadores que han agotado la
prestación por desempleo no he escuchado en la respuesta del
señor Ministro de qué manera Fertiberia y Erquimia van a poder
hacer frente tanto a los compromisos, tanto de la parte de
cargas como de salarios, hasta que se puedan jubilar a los 65
años, o bien si se les va a suspender el proceso de
jubilación.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Ministerio cumplirá sus propios compromisos, pero
no los compromisos que le son ajenos.

En cuanto a las prestaciones complementarias, en el convenio
de acreedores, del que no formaban parte los pensionistas, se
acordó que la quita de la deuda de Seguridad Social se haría
en todo caso no para que con esa quita se pudieran financiar
pensiones por encima de la pensión máxima del sistema. Eso
parece justo que así sea y, en segundo término, eso permitirá
que la viabilidad de la empresa y por lo tanto el
mantenimiento de los puestos queden garantizados en el futuro.

Lo que no vamos a hacer es garantizar pensiones por encima de
los máximos legales a costa de que no pueda pervivir o
mantenerse la situación en actividad de la empresa.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:
¿ESTA EL GOBIERNO EN CONDICIONES DE GARANTIZAR LA PENSION DE
JUBILACION DE LOS ESPAÑOLES CON EDAD COMPRENDIDA ENTRE LOS 40
Y LOS 50 AÑOS? (Número de expediente 180/000140)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del señor Peñarrubia.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿está el Gobierno en condiciones de garantizar
la pensión de jubilación de los españoles con edad comprendida
entre los 40 y los 50 años?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Señor Presidente, este Gobierno, es decir, un
Gobierno socialista, sí está en condiciones de garantizar la
pensión de jubilación a los



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españoles con edad comprendida entre los 40 y los 50 años.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Peñarrubia.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, es usted muy optimista. El Ministro de
Economía, señor Solbes, ya ha adelantado que es difícil que el
Gobierno pueda garantizar las pensiones de los españoles en
edades comprendidas entre 40 y 50 años. Pero es más, hay un
informe de una entidad de ahorro en el que dice que el máximo
de pensión que podrán percibir los españoles en edades
comprendidas entre 40 y 50 años será el equivalente al actual
salario mínimo interprofesional, es decir, unas 60.000
pesetas.

Señor Ministro, son legión los españoles que se encuentran en
esa situación y, si Dios no lo remedia, van a ver cómo tras
muchos años de cotización van a recibir una exigua pensión que
no guarda relación con el esfuerzo realizado a lo largo de su
vida activa. Y resulta curioso que quienes faltaron a la
verdad en la última campaña electoral, diciendo que el PP
ponía en peligro las pensiones, y en un ejercicio supremo de
cinismo se llegó a afirmar que las íbamos a recortar en 8.000
pesetas al mes, sean los que ahora ponen en peligro las
pensiones del futuro.

Señor Ministro, un Gobierno que crea paro es incapaz de
garantizar pensiones para el futuro; un Gobierno que nos sitúa
en la tasa de paro más alta de Europa, donde los pasivos van a
ser mayor número que los activos, jamás podrá garantizar las
pensiones. Le veo muy optimista; consulte con sus compañeros
de Gabinete; consulte con el señor González y, sobre todo, con
el Ministro de Economía, porque yo le digo aquí --y es un
reto-- que
ustedes no garantizan las pensiones, como otras muchas cosas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Se refiere usted a una entidad de ahorros que se dedica a
hacer fondos de pensiones. Por lo tanto, tendrá un cierto
interés efectivamente en dar ese informe al que usted ha hecho
referencia. Pero, señoría, a mí no me gusta comparar el
presente con el futuro porque es una operación absolutamente
imposible y que genera desconfianza y en todo caso melancolía.

Prefiero comparar el presente con el pasado, y, si comparamos
el presente con el pasado, ese pasado, de defensa del sistema
de pensiones, de mejora constante del sistema de pen-siones,
es el que nos asegura y nos da crédito al presente y al mismo
tiempo nos dará créd El Gobierno socialista ha mantenido un
sistema público de pensiones a lo largo de muchos años y lo va
a mantener en el futuro, y ésa es la confianza que, además, el
Gobierno socialista obtiene del electorado pensionista, que
sabe que sus pensiones han sido mejoradas notablemente a lo
largo de los últimos años y que lo serán también en el futuro.

Por lo tanto, insisto, sí consolidaremos el sistema de
pensiones si gobierna el Partido Socialista. Lo dudo si es
otro el partido que gobierne.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CU LINEAS BASICAS DEL
PROYECTO DE LEY SOBRE INTERPROFESIONES QUE EN LA ACTUALIDAD
ESTA EN FASE DE CONSULTA CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y CON
LOS SECTORES PRODUCTIVOS? (Número de expediente 180/000130)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, de la señora Sánchez
Díaz.

Tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.




La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Agricultura, ¿podría explicar en esta Cámara
cuáles son las líneas básicas del proyecto de ley sobre
interprofesiones que en la actualidad está en fase de consulta
con las comunidades autónomas y con los sectores productivos?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, la intención del Gobierno es presentar en los
próximos meses a esta Cámara un proyecto de ley que regule las
relaciones interprofesionales. Con ello, básicamente,
pretendemos cumplir el compromiso electoral que el Partido
Socialista asumió en las pasadas eleciones legislativas y que
esperamos que sea compartido por la mayor parte de los grupos
de esta Cámara. En la actualidad estamos elaborando un
borrador de anteproyecto, que está en fase de consulta con
todos los sectores: las organizaciones profesionales, las
cooperativas, los consumidores, los industriales, así como las
comunidades autónomas.




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Le resumiré a S.S. las líneas básicas sobre las que estamos
trabajando. En primer lugar, las
organizaciones interprofesionales se deben constituir con
presencia de organizaciones representativas de la producción,
de la transformación y en su caso de la comercialización
agroalimentaria en general, y para su reconocimiento se
exigirá un determinado nivel de representatividad. Se dotarán
de personalidad jurídica y se inscribirán en un registro ad
hoc en el Ministerio de Agricultura, Pesc será diversa; entre
otras cosas deberán llevar a cabo actuaciones que les permitan
un mejor conocimiento y más transparencia de los mercados,
mejorar la calidad de los productos y de los procesos,
promover programas de investigación y desarrollo que mejoren
las posiciones competitivas de cada uno de los subsectores,
promocionar y difundir el conocimiento de las producciones
agroalimentarias, promover actuaciones que faciliten una
información adecuada a los intereses de los consumidores,
acordar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa
del medio ambiente y desarrollar acciones que posibiliten una
mejor orientación de los productos agrarios, y su ámbito
abarcará el conjunto de la producción nacional.

Regularán las modalidades de pertenencia a la misma --un 5 por
ciento de la rama profesional será un mínimo exigible que
estamos contemplando para poder estar dentro de la
interprofesión-- y establecerán la obligatoriedad de todos sus
miembros en el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Podrán
solicitar la extensión de norma en los acuerdos tomados por la
interprofesión cuando tengan el 50 por ciento de respaldo y un
75 por ciento del volumen de la producción --por tanto,
extensión de la norma a todo el sector-- y cuando se refieran
siempre a normas relacionadas con la calidad de los productos
o con la mejor información y conocimiento sobre estas
producciones, con acciones promocionales o con la mejora de
aquellos aspectos medioambientales que tengan efectos
relevantes sobre los consumidores. Se creará, en fin, un
consejo general de organizaciones interprofesionales, del que
formarán parte las organizaciones profesionales agrarias, las
cooperativas, las organizaciones empresariales, las
organizaciones de consumidores y la distribución alimentaria.

Con todo ello pretendemos dar impulso a la organización
interprofesional.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL REAL
DECRETO-LEY 8/1993 DEL MES DE MAYO CON RELACION A LA MORATORIA
QUE AFECTA A LOS AGRICULTORES PERJUDICADOS POR LA SEQUIA?
(Número de expediente 180/000141)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, del señor
Hernández-Sito.

Tiene la palabra el señor Hernández-Sito.




El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor
Presidente. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
exigir el
cumplimiento del Real Decreto-ley 8/1993, del mes de mayo, con
relación a la moratoria que afecta a los agricultores
perjudicados por la sequía?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, como conoce perfectamente,
el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/1993, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos
por la sequía, establece un marco para la negociación de
agricultores y ganaderos afectados por la sequía con sus
entidades financieras --insisto, con sus entidades
financieras-- para establecer una moratoria de los préstamos y
créditos que, otorgados por entidades de crédito, tengan por
objeto la financiación de operaciones directamente
relacionadas con explotaciones agrarias situadas en zonas
afectadas por la sequía. Hasta el momento presente, el número
de empresarios que ha solicitado acogerse a esta medida es muy
reducido y, salvo situaciones puntuales, que se están tratando
de resolver con las entidades financieras, la medida está
operando conforme a lo previsto, ya sea con renovaciones en
los créditos de campaña o mediante modificaciones en las
condiciones de amortización o los créditos a medio y largo
plazo.

Quiero señalar, en todo caso, a S.S. que en alguna comunidad
autónoma, como es el caso de Extremadura, la respuesa de los
bancos está siendo muy acorde con los contenidos del Real
Decreto y que las cajas están siendo algo remisas a este tipo
de solicitudes, pero por el momento están atendiendo la mayor
parte de las solicitudes de moratoria que se refieren a
créditos subvencionados.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señor Hernández-
Sito, tiene la palabra.




El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor
Presidente.




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Menos mal que el Ministro reconoce que hay verdaderos fallos y
que no se puede acoger todo el mundo. Los bancos y las cajas
están rechazando las solicitudes de moratoria presentadas por
los agricultores que se quieren acoger al Decreto-ley, cuando
están obligados a aceptarlas de conformidad con lo que
establece el Real Decreto que ustedes promulgaron. Sólo hay un
banco, Argentaria, que está recibiendo algunas peticiones de
moratorias con unas condiciones cambiantes. Yo tengo aquí un
informe que me ha mandado la Confederación General de las
Cajas de Ahorro que dice: El Real Decreto-ley no especifica el
carácter de las entidades de crédito, pero es evidente que no
puede ser imperativo para las entidades de crédito de carácter
privado.

Los bancos y cajas argumentan que la concesión del
aplazamiento de estos créditos y las condiciones de riesgo de
la póliza son totalmente nuevas y, por tanto no están
cumplimentando el Real Decreto. Por otro lado, y en los pocos
casos en que las solicitudes de moratoria se han admitido, las
condiciones han cambiado totalmente, señor Ministro, puesto
que se les están exigiendo a los agricultores, créditos,
avales, hipotecas y otra serie de cuestiones que desvirtúan
totalmente la norma. Ustedes y el Ministerio (usted es nuevo
pero también es responsable), con el cinismo político que
caracteriza a ese Ministerio desde la época de don Carlos
Romero, cada vez que hablan de dar créditos al campo (la gente
se asusta del dinero que nos dan), hablan de los miles de
millones de las cajas y de los bancos. Ustedes hacen un
acuerdo para los créditos y cuentan no los intereses que dan
ustedes, sino los de la totalidad de los bancos y de las
cajas, y eso es mentira, porque los bancos luego no le dan a
nadie un duro, y usted lo sabe, y la situación del campo no
permite a los agricultores, porque están endeudados, que
puedan adquirir una moratoria de un año; moratoria que, al
final, es mala, porque si el año pasado no pudieron pagar, se
les va a dar una moratoria este año y al año que viene la van
a pagar en peores condiciones. Por tanto, el Real Decreto, que
fue un bombazo, diciendo ustedes por ahí que estaba todo
solucionado, se ha vuelto contra ustedes, y ahora reconocen
que hay comunidades donde se pueden atender, pero la mayoría,
y tengo aquí la referencia de las cajas y de los bancos, y se
lo digo yo por experiencia, no atienden las solicitudes de
moratoria. Por tanto es un número ínfimo de personas el que se
puede acoger a esta moratoria, tan cacareada, para solucionar
la crisis de los dos años horrorosos de sequía que lleva
padeciendo el sector agrario.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, yo creo que, simplemente
haciendo una lectura atenta de la información que da el
Ministerio cuando llega a estos convenios, se podría dejar
bien claro que no existe ningún tipo de cinismo. En todo caso
no se ha hecho una lectura correcta de lo que se está
diciendo, porque cuando se habla de recursos que proceden de
cajas y de bancos lógicamente queda bien claro que no son
recursos de instituciones públicas. Los recursos que el
Gobierno pone, en todo caso, son de reducción de los tipos de
interés o normas que permitan a las instituciones amortizar
los capitales en un período már largo; pero en ningún caso se
pretende decir que la cantidad tienen que ver con los
Presupuestos Generales del Estado, cosa que es obvia para todo
el mundo.

En todo caso, en cuanto a la aplicación de las moratorias,
afecta sólo a aquellos pagos correspondientes a la
amortización de capital que venza dentro de los doce meses, es
decir, hasta el 28 de mayo de 1994. El aplazamiento es de 12
meses a contar desde el momento en que cada una de las
amortizaciones hubiera vencido. La moratoria no implica por sí
sola la reclasificación por las entidades de crédito del nivel
de riesgo. Le puedo decir, porque el tiempo apremia, que el
Presidente de la Asociación Española de Banca se ha
comprometido con el Ministerio a estudiar todas y cada una de
las peticiones que presenten los empresarios del sector
agrario. Por otra parte, creo que, en general, se están
atendiendo, esos son los datos que tengo, esas demandas. Ya le
decía que las cajas están siendo algo más remisas e
intentaremos que vayan más ágilmente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUAL ES LA ESTRATEGIA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A
LA PRETENDIDA DISMINUCION DE LA SUPERFICIE MAXIMA GARANTIZADA
DE OLEAGINOSAS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000143)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 37, del señor Ramírez
González.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

¿Cuál es la estrategia que piensa adoptar el Gobierno frente a
la pretendida disminución de la superficie máxima garantizada
de oleaginosas en España?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.

Señor Ministro.




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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Como saben en los dos últimos Consejos de Ministros de
la Comunidad hemos debatido esta cuestión y dentro de quince
días vamos a plantearla de nuevo. Esperamos conseguir un
acuerdo que desaría decirles que será satisfactorio para
todos, pero los acuerdos en la Comunidad normalmente, cuando
se alcanzan, no son satisfactorios para nadie.

Usted sabe que a primeros del pasado mes de septiembre la
Comisión presentó una propuesta que modifica el reglamento
1765/92, por el que se es el régimen de apoyo a determinados
productores de ciertos cultivos herbáceos y que supone el
cumplimiento del memorándum sobre semillas oleaginosas. A
partir, por tanto, de la campaña de 1995-1996 el proyecto de
reglamento establece una superficie máxima garantizada para la
Comunidad de 5.128.000 hectáreas, que es la media de las
superficies. La media española, como S.S. sabe, en ese período
es de 1.000.082, y la superficie máxima garantizada para Esp
propone es de 1.411.000 a partir de la campaña 1994-1995. Hay
un umbral de penalización del 5 por ciento para el conjunto de
la Comunidad.

En el caso de que esta superficie se supere, viene el debate,
que todavía está sin cerrar, de hasta dónde esa penalización
recae sobre las superficies nacionales o si se puede ampliar
ese 5 por ciento a una franquicia mayor para el conjunto de la
Comunidad. Además, sabe que la Comisión ha propuesto un millón
de toneladas equivalentes de torta de girasol, que supone unas
700.000 hectáreas de cultivo, que están fuera de esa cantidad
y de la cual también nos podremos beneficiar.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Ramírez tiene la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Albero, la superficie de
girasol sembrada este año por los agricultores españoles
asciende a unas 2.140.000 hectáreas, que multiplica en 2,5 la
que básicamente veníamos
utilizando antes de la reforma de la Política Agraria Común.

Este aumento se ha producido, entre otras cuestiones, por la
caída de precios de garantía de los cultivos herbáceos, el
endurecimiento de los sistemas de intervención y, por qué no
decirlo, por la bondad de este cultivo que exige menos gastos
y garantiza 30.000 pesetas de subvención por hectárea.

Cuando la Comunidad aprobó ese Reglamento al que ha hecho
referencia, al establecer una cantidad máxima para todo el
territorio comunitario de algo más de cinco millones de
hectáreas, el entonces Ministro de Agricultura nos garantizó
aquí en esta Cámara que esa cantidad sería para toda la
Comunidad Económica Europea y que, por tanto, todos los países
que participáramos en el cultivo y todos los agricultores
incurriríamos --o no incurriríamos-- superaba cualquier
cantidad con la suma de las cantidades nacionales. No habría,
por tanto, cupos nacionales.

Señor Albero, usted acaba de decir lo contrario. Se nos ha
impuesto un cupo nacional, y ese cupo nacional, señor Albero,
es la mitad de lo que hemos sembrado este año. De entrada eso
va a suponer, señor Presidente, señorías, una pérdida de más
de 30.000 millones de pesetas de ayudas directas al campo
español. ¿Usted sabe lo que significa eso, señor Albero?
Además, se cierran puertas a este cultivo, porque se cierran
alternativas.

Ayer tuvimos la pérdida de la cuota de leche. Tenemos que
pagar 30.000 millones de pesetas de sanción por la habilidad
negociadora del Partido Socialista que aceptó un cupo de
producción de leche española 1.600.000 toneladas menos de lo
que veníamos produciendo; hoy son los 30.000 millones de
pesetas de girasol, y mañana no sabremos qué cantidad o qué
susto nos dará la estrategia negociadora socialista.

Señor Albero, usted sabe mejor que yo que cuando en la Unión
interesa que un producto tenga una referencia comunitaria de
producción, así se hace. Léase, si no, el algodón o el aceite
de oliva. Son cantidades comunitarias que nos están
impidiendo, por ejemplo, en el caso del algodón, la
prosperidad de este cultivo en Andalucía porque Grecia tiene
un monopolio de ese cultivo que no sabemos si todo es
producido en Grecia o viene del contrabando de Turquía, y
cuando tenemos la oportunidad de obtener un cupo comunitario
en un producto que es beneficioso, como ha demostrado la...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

Señoría, usted conoce perfectamente que nuestra media de
producción ha sido muy inferior a la cantidad de 1.400.000
hectáreas que se fijan para España. De todos modos, lo que le
puedo garantizar es que la posición española durante los dos
últimos Consejos ha sido, y en el siguiente va a seguir
siendo, que los 5 millones de hectáreas van a ser
comunitarias. Esa es la posición española y va a seguir
siéndolo e intentaremos que la penalización, en todo caso el
umbral, se eleve por encima del 5 por ciento; si podemos que
sea el 10, mejor, porque querrá decir que está más
comunitarizado. Pero la garantía indudablemente sólo se la
puedo dar --y creo que, en todo caso, siempre se le habrá dado
así-- como la posición española, que es que debe ser un umbral
comunitario.

La próxima campaña con 1.400.000 hectáreas, y con estas
lluvias que tenemos y, por tanto, con una sequía



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no tan fuerte, a pesar de que los sistemas de ayuda son
suficientemente
incentivadores como para permitir que el sector perciba este
año 140.000 millones de pesetas de la Comunidad...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUE
INFORMACION PUEDE DAR EL GOBIERNO A ESTA CAMARA SOBRE EL
ASALTO AL CONSULADO ESPAÑOL EN BATA? (Número de expediente
180/000139)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, del señor Robles
Fraga.

El señor Robles tiene la palabra.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

¿Qué información puede dar el Gobierno a esta Cámara sobre el
asalto al Consulado español en Bata?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

En la madrugada del viernes 22, hacia las 4,30 horas, unos
desconocidos penetraron en el Consulado de España en Bata y se
apoderaron de una cantidad pequeña de dinero.

Las averiguaciones posteriores han puesto de manifiesto que
fue un robo, que no se han llevado dinero del Consulado, sino
dinero que pertenecía a los funcionarios.

El Gobierno español ha presentado la correspondiente queja.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Robles tiene la palabra.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, me da la impresión de que si lo que allí pasó
fue poco o fue mucho, en cualquier caso, fue demasiado. Estas
cosas, en un país como Guinea, nunca están lejos de la larga
mano del Gobierno y, desde luego, no están alejadas de un
clima de agresividad y de intimidación que, en este caso,
afecta a nuestra representación consular. También opinan
destacados miembros de la oposición guineana que el objetivo
no era tanto la intimidación sino el obtener algún documento
comprometedor que pudiera justificar, de algu-na manera, esa
obsesión del régimen dic Señor Ministro, el esfuerzo inútil
produce melancolía y, una vez más, el tema de Guinea vuelve a
esta Cámara. De nuevo, el Gobierno responde c nuestra
inquietud --inquietud no sólo del Partido Popular sino también
de otros grupos-- y yo creo que nadie puede sentirse
satisfecho con lo que pasa en Guinea.

Sólo cabe hablar de fracaso cuando después de tantos años, de
nuevo, vemos cómo nuestra generosa ayuda no sirve para traer
la libertad ni mejo de vida para los guineanos. Pero un
fracaso de este tipo, en el momento en que nos encontramos,
debe llevarnos a tomar decisiones importantes en las próximas
elecciones en Guinea. Y si no se reúnen las condiciones que
exigen la oposición y la comunidad internacional, ¿seguiremos
ayudando a Guinea, cuando sabemos que esa ayuda sirve también
para consolidar el
régimen?
El jueves pasado, en el Parlamento Europeo, nuestro Grupo
afirmaba --como ya lo había hecho en el mismo Parlamento
Europeo en enero de este año-- que si el Gobierno de Guinea no
llegaba a un acuerdo con la oposición, si no había elecciones
limpias y libres, si eran una farsa, no habría cooperación ni
ayuda financiera entre la Comunidad y Guinea. España debe
hacer lo mismo; si las elecciones son una farsa no debe haber
cooperación entre España y Guinea.

Desde luego, habrá que buscar fórmulas para que la ayuda
humanitaria siga llegando a los guineanos, pero esta oposición
debe quedar clara, tanto en esta Cámara como ante el Gobierno
de Guinea y ante la opinión de los demócratas guineanos, sobre
todo porque, mientras tanto, hasta las elecciones, se degrada
cada vez más el clima de la situación política guineana, que
se acerca, poco a poco, a ese caos haitiano o liberiano que
nos gustaría ver alejado de nuestra querida Guinea Ecuatorial.

Y lo digo porque en la plataforma de opinión conjunta hay
partidos y líderes que corren grave...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.

Entiendo que el asalto al Consulado de Bata a S.S. le preocupa
poco, porque le ha dedicado bastante poco tiempo en su
intervención. El Gobierno contesta como puede y como debe, y
en este caso lo ha hecho como debe. Entiendo que la posición
que S.S. ha mantenido esta tarde es la posición de su Grupo --
entiendo que es así-- y me alegro de saber que es ésa.

Seguiremos hablando de esa posición, si es que es la de su
Grupo y usted lo representa. (Rumores.)



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO, SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR: ANTE RECIENTES NOTICIAS DE PRENSA EN LAS QUE SE
INDICABA LA EXISTENCIA EN CONOCIMIENTO DE LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO DE UNA LISTA DE PERSONAS ELABORADA POR LA
ORGANIZACION TERRORISTA ETA, SUSCEPTIBLE DE SER OBJETO DE
AGRESION Y AÑADIENDOSE ADEMAS QUE EL JUEZ, SEÑOR GARZON, HABIA
REQUERIDO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO PARA QUE
INFORMARA A LOS AFECTADOS, ¿CUALES SON LAS RAZONES QUE
HICIERON INCUMPLIR LA ORDEN DEL SEÑOR GARZON PARA NO COMUNICAR
CON LA CORRESPONDIENTE URGENCIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS
AFECTADOS SU INCLUSION EN LA LISTA DE LA BANDA TERRORISTA ETA
Y ACTUAR EN CONSECUENCIA? (Número de expediente 180/000119)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Albístur
Marín, que tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente, y gracias
también, señor Ministro, por su presencia en este hemiciclo.

La pregunta es clara y está formulada por escrito: ¿Cuáles son
las razones que hicieron incumplir la orden o providencia del
señor Garzón a la Guardia Civil para no comunicar con la
correspondiente urgencia a todos y cada uno de los afectados
su inclusión en la lista de la banda terrorista ETA y actuar
en consecuencia?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Gracias,
señor Presidente.

La verdad, señorías, es que creo que nos hemos dotado de un
instrumento para hablar de estas cosas, pero como se hace
fuera del mismo --y nat lo respeto--, debo decirle que se
pensó --como dice la orden-- que las personas que figuran como
objetivos de ETA estaban avisadas, entendiendo como objetivos
a aquellos que figuran con su nombre y toda la información y
no aquellos de los que solamente hay una reseña, sin nombres o
sin más contenidos. Dicho de otra forma, señoría, no es lo
mismo José Luis Corcuera, que vive en Gregorio Balparda, 25,
4.º, y que sale a las ocho de la mañana todos los días, que
José Luis Corcuera, sin más. Pensando que se había cumplido
esa instrucción, incluso antes de darla, se entendió, en
principio, que estaba cumplida. Con posterioridad, al ver --
con mayor detenimiento-- que podía interpretarse que se
avisara a todo el mundo, aunque no se entendiera que eran un
objetivo, se ha tomado la decisión de avisarles, y créame, con
una alarma social impropia, en mi opinión, del contenido de la
información, porque a este paso cualquier día vamos a tener
que dar cuenta del listín de teléfonos, con independencia de
que haya o no haya información.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Albístur tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Ministro.

No sé si preguntarle a usted es crear un clima social de
beligerancia, pero no sale de mis palabras, sino de las suyas.

Entiendo que como Diputado, y ejerciendo la representación que
me corresponde y, sobre todo en este caso, ejerciendo la
representación de unos ciudadanos que se han dirigido a
representantes del Ministerio del Interior, que no han tenido
respuesta y que figuran como presuntos miembros de esa lista,
que no han sido informados y solamente tienen sospechas,
porque así se las han transmitido --e insisto en que no han
tenido respuesta del Ministerio del Interior-- puedo hacer
esta pregunta.

Me gustaría muchísimo poder participar de esos cenáculos o
lugares donde parece que estos temas se pueden tratar, pero a
la vista de que ni yo podemos hacerlo, le he hecho esta
pregunta, con la que creo que no hago más que cumplir con mi
deber de parlamentario sin levantar ninguna otra sospecha.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Gracias,
señor Presidente.

Le he respetado el derecho que S.S. tiene.

No hay cenáculos, señoría, nos reunimos todos los grupos de la
Cámara cuando se cree conveniente, y su Grupo también, pero
como está en el uso de su libertad, vuelvo a decirle que a
algunos les he avisado yo personalmente. ¿Por qué? Porque no
es lo mismo, insisto, una información donde viene el nombre de
una persona, dónde vive, a qué hora sale, qué coche utiliza,
dónde come o dónde cena, que un simple nombre. Por esto es por
lo que se creía en un principio que estaba cumplida la orden,
porque en ella se dice: comuníquese a las personas que figuran
como objetivos de ETA, entendiendo que es objetivo la persona
sobre la que se tiene una información. Leído con más
detenimiento caímos --no sé si bien o mal, más bien me inclino
por lo segundo-- en que podría interpretarse que era a todos
los que estaban, con independencia de que sólo existiera



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el nombre, y a algunos de ellos les voy a llamar personalmente
para pedirles disculpas por haberles alarmado
innecesariamente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.

SRA. MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES: ¿QUE IMPLANTACION TENDRA LA
EDUCACION PARA LA SALUD EN EL CURSO ACADEMICO 1993-1994?
(Número de expediente 180/000142)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 36 del señor Robles
Orozco. Disculpe que haya saltado su pregunta por confusión
con su compañero el señor Robles Fraga.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente, está usted
disculpado.

Señor Ministro, ¿qué implantación tendrá la educación para la
salud en el curso académico 1993-1994?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, la educación para la salud se ha introducido en todos
los currículos de la enseñanza, tanto en la infantil, que
alcanza, como sabe S.S, hasta los seis años, cuanto en la
enseñanza primaria de 6 a 12 años, cuanto en la enseñanza
secundaria obligatoria y ello desde la perspectiva de que la
salud ya no se considera solamente como ausencia de
enfermedad, sino que implicaque una persona está sana cuando
goza de un bienestar físico, psíquico y también social.

En este contexto, la educación para la salud tiene una
preferencia generalizada en los centros sociales que imparten
las enseñanzas de primer y segundo ciclo de educación primaria
y también en los centros de educación secundaria que vienen
anticipando la reforma. Por consiguiente, se va implantando en
los currículos correspondientes a medida que se implanta
sucesivamente la Logse.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Robles tiene la palabra.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, no le preguntaba por la implantación que va a
tener el desarrollo de la Logse, sino por la realidad que en
estos momentos suponen los programas de educación para la
salud en los diferentes niveles de la educación en España,
porque como usted sabe, señor Ministro, el año pasado ya
tenían que haber estado desarrollándose en algunos cursos los
programas de educación para la salud, y fue precisamente a
finales de la anterior legislatura, en un trámite
parlamentario, donde se nos informó por el Delegado del
Gobierno para el Plan contra las Drogas en aquel momento que
no había sido posible implementar los programas de prevención
de drogodependencias, tema muy importante de educación para la
salud, entre otras cosas porque no había programas, no había
material y no había profesores suficientes. Fue un
reconocimiento público en una Comisión y se nos dijo, además,
que el material no estaría disponible con toda seguridad hasta
principios de este curso. Le pregunto si el material y los
profesores están disponibles, si los cursos se están
desarrollando, porque la sensación es que, a día de hoy, es
muy difícil que esto sea así.

Le voy a decir algo más, los datos de la última memoria del
Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, nos dicen que
solamente el 3,4 por ciento de profesores de este país han
hecho algún curso de reciclaje o de preparación para poder
desarrollar estos cursos de educación para la salud. Esto
significa, por tanto, que con un 3,4 por ciento de estos
profesores, y optando por el modelo de educación para la salud
por el que ustedes han optado, es muy difícil realmente
implementar unos proyectos de prevención de forma adecuada.

Además, si nos vamos a los Presupuestos Generales del Estado,
vemos que se han congelado por cuarto año consecutivo los
programas destinados a la formación de profesores y los
destinados a la prevención y a lucha contra las drogas: 350
programas, 150 millones de pesetas. Francamente, con esta
situación es difícil pensar que se vayan a poder desarrollar
unos proyectos serios de prevención y de lucha contra las
drogas, que es uno de los temas más importantes en el ámbito
de la educación para la salud.

Si vamos a las cifras que se nos han dado en esta misma Cámara
de consumo de alcohol entre los jóvenes, de consumo de
cánnabis entre los jóvenes, creo que realmente, en este
momento, no se está haciendo el esfuerzo necesario. Hace falta
un mayor esfuerzo en la prevención, hace falta, por tanto, una
educación de valores, de principios que inculque actividades o
actitudes saludables entre los jóvenes. Creo que con el
esfuerzo que está realizando el Ministerio va a ser difícil
que en este año y en los sucesivos se consiga este objetivo.

Por estas razones nuestro Grupo incentiva y pide al Gobierno
que modifique sus prioridades y que, a lo largo de este año,
se puedan implementar realmente los proyectos de formación, de
prevención, en definitiva, los proyectos de educación para la
salud.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, la cuestión tiene un doble aspecto. La educación para
la salud se explica como materia de las llamadas transversales
en los currículo diferentes niveles de enseñanza, junto con
otras materias tales como la educación moral y cívica, la
educación para la paz, para la salud, para la igualdad de
oportunidades entre los sexos, ambiental, la educación del
consumidor e incluso la educación vial. Son los llamados temas
transversales que no están incluidos en el marco conceptual de
una sola disciplina porque tienen que impregnar el conjunto de
disciplinas de las diferentes áreas de conocimiento.

En este sentido sí se ha hecho un esfuerzo por implantar, a
medida que se va implantando la Logse, este tipo de
enseñanzas, de tal manera que se ha producido algún grado de
formación para los profesores, que este año se activará mucho
más en la medida en que luego diré, de la misma manera que se
han producido una serie de orientaciones curriculares de las
que dispongo en este momento y que tendré mucho gusto en pasar
al señor Diputado para que compruebe cómo estas orientaciones
didácticas editadas por el Ministerio de Educación se han
remitido a todos los institutos y centros escolares.

Aparte de esto, existe un convenio en marcha, firmado ya con
el Ministerio de Sanidad, por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia, que sí elementos de trabajo para la
prevención fundamentalmente el alcoholismo y el tabaquismo a
lo largo del curso que ha terminado, para el próximo será la
drogodependencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿EN QUE FECHA TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PAGAR LA
LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS
EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE
1992? (Número de expediente 180/000131)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 del señor Carrera i
Comes.

Tiene la palabra.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

Siempre hemos apoyado el papel fundamental que tienen los
ayuntamientos desde todos los puntos de vista y siempre, por
tanto, seremos receptores de sus problemas que, como usted
sabe, s muchos. Ahora, y como desde hace tiempo, hay uno de
gran importancia que es su financiación, sus problemas
persupuestarios y también sus problemas de tesorería.

Es por ello, señor Ministro, que le dirijo la siguiente
pregunta. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno pagar la
liquidación definitiva de la participación de los municipios
en los tributos del Estado correspondientes al ejercicio de
1992?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, la orden de transferencia para el pago de la
liquidación definitiva de la participación de los municipios
en los tributos del Estado del año 1992 ha sido ya cursada por
la Dirección General de Coordinación de Haciendas
Territoriales, exactamente con fecha 22 de octubre pasado. La
Dirección General del Tesoro, una vez comprobadas las
instrucciones cursadas por la Dirección General de
Coordinación de Haciendas Territor remitido ya al Banco de
España las correspondientes instrucciones para proceder a su
pago a partir del 29 de octubre pasado. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra
el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, nos alegra comprobar que, por lo menos, se han
cursado ya las instrucciones para que se hagan las
transferencias oportunas. En son tan graves los problemas
financieros y de tesorería de los ayuntamientos que nos parece
poco aceptable que el Estado retenga más allá de lo
imprescindible la liquidación definitiva de la participación
en los tributos del Estado.

Parece que hubo un acuerdo en diciembre de 1992 en el sentido
de que se abonaría antes de finalizar el tercer trimestre.

Estamos en noviembre y, por tanto, sí que hay un
incumplimiento claro, aunque, por las palabras del señor
Ministro, se confirme que ya está cursada la orden.

Nos parece que la retención indebida no es el camino para
solventar el grave problema de los ayuntamientos, ya que ahora
más que nunca es nece mínimo se acepten y se cumplan las
previsiones anunciadas.

Gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.

Tiene la palabra el Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, no hay retención indebida. El problema tal vez deriva
del sistema de cálculo que tenemos. Al tomar como base el PIB
del año 1992 es absolutamente imprescindible tener
contrastadas las cifras de forma correcta y, desgraciadamente,
ese contraste no se produce hasta el día 13 de octubre pasado.

A partir de ese momento, prácticamente se han puesto en marcha
todos los procedimientos y se han acelerado al máximo. Otro
problema sobre el q reflexionar si el sistema de cálculo de
PIB y de PIB contrastado es el mejor o podríamos poner en
marcha otro que acelerase el sistema actual. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA ACTUACION
ESPECIFICA PARA PALIAR LA CRISIS FINANCIERA QUE PADECEN LOS
AYUNTAMIENTOS DE MALAGA Y GRANADA?



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Carrera i
Comes.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, últimamente han aparecido algunas noticias en
el sentido de que, dada la grave situación financiera de los
ayuntamientos de Málaga y Granada, el Gobierno les daría un
trato preferente.

Sin ningún interés en entrar en dicha situación ni en sus
causas ni en sus posibles soluciones, le dirijo, señor
Ministro, la siguiente pregunta: ¿Tiene aprevisto el Gobierno
adoptar alguna actuación específica para paliar la crisis
financiera que padecen los ayuntamientos de Málaga y Granada?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera. Tiene la palabra
el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, el Gobierno no tiene intención de ir a ningún nuevo
plan de saneamiento de corporaciones locales, ni de forma
genérica ni de forma es S.S. conoce bien, la tutela financiera
de las corporaciones locales corresponde a las comunidades
autónomas. Es verdad que el margen de m es relativamente
reducido. Nos queda la autorización de endeudamiento externo,
ni siquiera el endeudamiento interno, y, en consecuencia,
nuestras posibilidades de actuar también quedan limitadas. Sin
embargo, eso no impide que el Gobierno sea consciente de la
dificultad en que se encuentran algunos ayuntamientos
específicos, y en concreto los dos a los que S.S. ha hecho
referencia. Lo que sí puede realizar el Gobierno es un cierto
apoyo financiero transitorio o un asesoramiento que puede ser
necesario para ayudar a resolver los problemas. ¿En qué
sentido estamos trabajando con estos ayuntamientos? En primer
lugar, planteando el desarrollo de planes de ajuste y
estabilidad financiera de las corporaciones citadas. En
segundo lugar, y en el caso de que existan pagos pendientes,
anticipando fondos, en calidad de fondos reintegrables, cuando
así sea necesario para mantener la solvencia de un
ayuntamiento determinado. Sólo éstas son las actuaciones que
el Estado pretende realizar en los casos citados. Muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra
el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, nos preocupaba --y después de su respuesta nos
sigue preocupando-- no tanto las posibles soluciones-- yo
diría que cuantas más y mejor para los ayuntamientos, estará
en nuestra línea de actuación--, sino que éstas comportaran,
casi diría, una reacción generalizada. Según como sea este
apoyo financiero al que usted hace referencia, quizá en 24
horas tendrá usted, señor Ministro, delante del Ministerio más
del 50 por ciento de los ayuntamientos llamando a su puerta
con el expediente de suspensión de pagos en la mano, no tanto
con documentos para llevar al juzgado, pero sí dejando de
cumplir sus obligaciones de pago.

No es cuestión, yo entiendo, señor Ministro, de hacer de
bombero, apagando fuegos y acudiendo a situaciones límites.

Quizá la situación de los requiere una actuación decidida,
específica pero generalizada, por lo tanto, me deja un poco
intranquilo. Entiendo que hay que hacer todos los esfuerzos
posibles pero, según cómo se haga este apoyo financiero o este
asesoramiento, puede despertar y generalizar una situación muy
candente en los propios ayuntamientos.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias.




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Yo creo que de mi respuesta no se puede deducir esa
intranquilidad. Voy a ser más preciso. Primero, no hay
tratamiento generalizado de saneamiento. Pensamos que se hizo
en el pasado y que no tiene sentido plantearlo en el momento
actual. Segundo, hay una responsabilidad directa de las
comunidades autónomas en los ayuntamientos de su demarcación.

Tercero, no parece lógico que el Gobierno central no acuda a
dar un cierto apoyo cuando existen dificultades. Este apoyo se
hace de dos formas muy simples: primero, analizando con estos
ayuntamientos posibles planes de ajuste y, segundo,
concediendo avances de tesorería por temas pendientes. Por
tanto, no hay ningún tratamiento que no pueda ser aplicable a
otros ayuntamientos, y evidentemente, siempre y cuando se
acepten estos planes de ajuste, se podría plantear en otros
casos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA
EL GOBIERNO APROBAR EL NUEVO SISTEMA DE PARTICIPACION DE LAS
CORPORACIONES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO? (Número de
expediente 180/000134)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28 del señor Rajoy.

Tiene la palabra.




El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Economía y Hacienda, ¿cuándo piensa el
Gobierno aprobar el nuevo sistema de participación de las
corporaciones locales en los tributos del Estado?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Como S.S. conoce bien, el sistema actualmente en vigor caduca
en el año 1994. Por los avatares electorales de este año se ha
tenido que retrasar la negociación con las corporaciones
locales y para evitar las dificultades que se pueden plantear
en un período transitorio, la propia Ley de Presupuestos de
este año establece una prórroga para el año 1994, prórroga,
sin embargo, que podemos denominar a cuenta en función del
sistema definitivo que se negocie. En todo caso, sí puedo
señalarle que el incremento previsto respecto a los fondos del
año 1993 en favor de ayuntamientos y de diputacione aumentan
de forma relativamente importante, en concreto un 9,8 por
ciento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Rajoy tiene la palabra.




El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Ministro.

Como usted acaba de recordar, la fórmula actual, que data de
la Ley de Haciendas Locales de 1988, termina su período de
vigencia no en 1994, sino el 31 de diciembre de este año 1993,
y si el Gobierno actuara con seriedad --y perdone que le hable
así--, la nueva fórmula ya se debía de haber aprobado y sus
consecuencias económicas ya se debían haber incorporado al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 1994 que estamos debatiendo en esta Cámara.

No es la primera vez que el Gobierno actúa de esta forma,
porque, por dar un dato, el actual modelo de financiación
autonómica, que tenía un período de vigencia para el año
1992-96, se debatió dentro del período teórico de vigencia (es
decir se aprobó en el año 1992), lo cual provocó, entre otras
cosas, que hace unos días --es decir, en octubre de 1993--
tuviésemos que debatir aquí la concesión de un crédito
extraordinario para abonar a las autonomías lo que ya se le
había abonado en el año 1992. Y así no se puede gobernar,
señor Ministro, porque estas actuaciones generan luego
retrasos en los pagos, retrasos en las liquidaciones --y hoy
se ha hecho aquí referencia a este tema-- y se incrementa la
mala situación económica de los ayuntamientos. Por tanto, yo,
en nombre de mi Grupo, señor Ministro, le pido lo siguiente:
primero, que aborde ya este asunto; segundo, que lo pacte con
la Federación Española de Municipios; tercero, que lo pacte
con los partidos políticos; y, cuarto, y sobre todo, que
cumpla lo pactado. No haga como el anterior Ministro de
Economía y Hacienda que, después de haber pactado con la
Federación Española de Municipios un modelo de financiación
para el quinquenio 1988-93, decidió, mediante una ley
interpretativa con efectos retroactivos, modificar ese
sistema, lo cual provocó, entre otras cosas, un recurso al
Tribunal Constitucional de nuestro Grupo político.

Este es un tema muy serio, es un tema muy importante. Se va a
encontrar usted y su Gobierno con una reunión de la Asamblea
de Municipios y Provincias este fin de semana en La Coruña muy
dura, y todo ello, fundamentalmente, por el incumplimiento no
solamente de sus promesas, sino por el incumplimiento de leyes
que ustedes mismos promovieron y aprobaron en este Parlamento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.

Señor Ministro.




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El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, le diría que el Gobierno actúa con seriedad,
siempre actúa con seriedad.

En segundo lugar, su argumento de que en los Presupuestos de
1994 debamos incluir ya las compensaciones, S.S. sabe que no
es correcto. La cor año 1994 se produce a ejercicio cerrado y
por tanto tendrá que estar incluido en el Presupuesto de 1995.

En el año 1994 lo más que podremos realizar son avances con
cargo al mismo Presupuesto y eso ya está previsto en el
Presupuesto actual.

En tercer lugar, le diré que evidentemente estamos hablando
con la Federación Española de Municipios y ellos conocen bien
cuál es nuestro calendario. En ese sentido, antes del 31 de
diciembre del corriente año, pretendemos definir cuáles son
las grandes líneas de actuación, que lógicamente deberían
estar aprobadas por una norma, en esta Cámara, antes de
mediados de año, con objeto de que pueda entrar en vigor en el
año 1994, con efectos de ese mismo año y ser compensadas en
1995, como está previsto.

Por otra parte, a S.S. le preocupa la no modificación, como
sucedió en el modelo de 1988-93. Yo creo que el incumplimiento
de una ley por la modificación con otra norma legal no puede
definirse como incumplimiento. Lo que S.S. plantearía en otro
caso es una sobrefinanciación en función de las capacidades de
actuación de cada ayuntamiento, cosa en la que supongo que
S.S. y su grupo tampoco están de acuerdo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿ES CONSCIENTE EL GOBIERNO DE QUE ENTIDADES BENEFICAS, SIN
FINES DE LUCRO, SON SOMETIDAS A GRAVAMEN POR EL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS, IAE? (Número de expediente 180/000137)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31 de la diputada señora
Becerril Bustamante.




La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor Ministro, ¿es consciente
el Gobierno de que entidades benéficas, que no tienen afanes
de lucr este momento a gravamen por el Impuesto de Actividades
Económicas?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, es cierto, el Gobierno es consciente de que esto es
así. No olvide S.S. tampoco que éste es un impuesto de
recaudación o --digamos-- dirigido a las corporaciones
locales, a cuyas dificu se refería anteriormente un colega de
su grupo parlamentario.

Tal como está redactada en el momento actual la Ley 39/1988,
queda establecido de forma muy clara que las personas o
entidades que aun sin ánimo de lucro realicen en territorio
nacional actividades empresariales, profesionales o artísticas
vienen sujetas por tal realización a la doble obligación de
cursar la oportuna alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas y tributar por el mismo.

El hecho de que sean con ánimo de lucro o sin él, no es
relevante, en principio, desde el punto de vista de la
sujeción al impuesto, lo cual no quiere decir que no haya
exenciones muy abundantes respecto a la no tributación por
parte de entidades específicas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señora Becerril.




La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor Ministro, a mí me parece
injusto y una aberración que entidades que prestan servicios
sociale administración pública puede o quiere prestar y que no
prestan de hecho, como es atender a personas que carecen de
las cosas más imprescindibles y elementales, como los
alimentos y la vivienda; que entidades que prestan estas
ayudas por caridad, por generosidad, por solidaridad, se vean
sometidas a gravamen por actividades económicas.

Señor Ministro, pero, ¿qué actividades económicas están
realizando estas entidades, si lo que nos están haciendo a
todos es ayudarnos a atende que en conjunto no somos capaces
de atender, ni siquiera a base de este inmenso presupuesto del
Estado que vamos a aprobar en los próximos días?
A mí me parece, señor Ministro, que este Impuesto de
Actividades Económicas necesita una urgente reconsideración,
una urgente modificación y yo le pido, señor Ministro, que así
lo haga el Gobierno para que subsane esta injusticia y otras
muchas de carácter muy distinto que se están produciendo en
toda la geografía española en este momento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, a mí me parece que su intervención hubiera estado muy
bien en la discusión de la ley en el año



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1988, y haber decidido cuál era la sujeción o no sujeción del
impuesto. Sin embargo, es cierto también que hay muchas
entidades que no tienen ánimo de lucro y que en este momento
no están tributando. Le hago una relación de las mismas porque
puede resultar bastante claro que esa injusticia a la que
usted se refiere queda enormemente atenuada por la aplicación
práctica del impuesto en la realidad.

Como S.S. conoce --posiblemente--, están exentos en el momento
actual los establecimientos de enseñanza costeados
íntegramente por fundaciones declaradas benéficas o de
utilidad pública, y las asociaciones y fundaciones de
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de
lucro. También están exentas las actividades que realiza la
Iglesia católica, como consecuencia del Acuerdo sobre asuntos
económicos entre el Estado y la Santa Sede. Asimismo, están
exentas las actividades que realizan la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas y las comunidades israelitas.

En el anteproyecto de ley de fundaciones está previsto que en
el mismo se introduzcan aquellas que, por ser fundaciones, no
tienen ánimo de lucro para, que tengan los beneficios fiscales
en la tributación local correspondiente, cuando hablemos de
estos casos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿VA A INSPECCIONAR LA RECIEN CREADA UNIDAD ESPECIAL CONTRA EL
FRAUDE LAS ACTUACIONES DE LA PROPIA ADMINISTRACION? (Número de
expediente 180/000138)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Michavila
Núñez.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la recién creada Unidad especial para el
estudio y propuesta de medidas para la prevención y corrección
del fraude, ¿va a comenzar por analizar las conductas de la
propia Administración y, singularmente, del Gobierno?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

El acuerdo del Consejo de Ministros está muy claro, dice:
Análisis coordinado y la propuesta de medidas adecuadas en
relación con los distintos métodos, procedimientos, impresos y
sistemas informáticos que utiliza la Administración para
prevenir y corregir la comisión de actos que puedan ocasionar
daños a la Hacienda Pública o a la Tesorería tanto en la
vertiente de los distintos tributos como del gasto público por
razón de pensiones públicas, prestaciones sociales, seguro de
desempleo, ayudas sanitarias y demás subvenciones y ayudas
públicas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Michavila.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Ministro, por la
lectura de una resolución publicada en el Boletín Oficial que,
por supuesto, este diputado había leído previamente. Sin
embargo, no ha contestado a la pregunta.

Quiero recordar que el 6 de julio de 1984 el Gobierno
socialista presentó ante esta Cámara un proyecto de ley
denominado de lucha contra el fraude, cuya exposición de
motivos decía que para luchar contra el fraude no bastaba sólo
con sanciones, sino que era preciso, fundamentalmente, una
tarea constante de ejemplaridad por parte del Estado. Pues
bien, esta tarea de ejemplaridad por parte del Estado han
tenido ustedes diez años para realizarla. Sin embargo, en este
tiempo de gobierno socialista, bien por acción o por omisión,
directa o indirectamente, explícita o implícitamente se ha
favorecido la creación de una cultura de especulación, de una
cultura que ha favorecido el fraude.

Se reconoce en informes sociológicos que los españoles sienten
hoy que año a año crece el fraude en nuestro país. Es preciso,
por tanto, que esta medida adoptada por el Consejo de
Ministros sea más valiente y empiece por fortalecer la
legitimidad del propio Gobierno para exigir a los ciudadanos
el cumplimiento de la legalidad. No basta con imputar el
fraude a los propios ciudadanos; es necesario que el Gobierno
y la Administración se miren a sí mismos. Es esta una
excelente ocasión para que se demuestre con hechos, y no sólo
con promesas, ese propósito de regeneración de la vida pública
que ustedes denominan impulso democrático. En este sentido, el
Partido Popular les emplaza a que, en el término de un mes --y
se lo requeriremos reglamentariamente-- presenten a la Cámara
un amplio plan de propuestas concretas para luchar contra el
fraude, empezan propia Administración. Somos conscientes en
todo caso de que esta medida será de utilidad para que en lo
sucesivo ningún responsable del Gobierno pueda decir que se
entera de grandes escándalos meramente por los periódicos.

Creo que tendrá un instrumento para evitar acudir...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.

Señor Ministro.




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El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Después de oír su soflama, señoría, que tiene poco que ver con
la Unidad especial del fraude, paso a contestarle.

Evidentemente, los objetivos de la Ley de 1984 siguen siendo
absolutamente válidos. El Gobierno cumple siempre con la
legalidad, y cuando haya incumplimientos de legalidad a SS.SS.

correspo tribunales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON LUIS GAMIR CASARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES CIERTO
QUE EL GOBIERNO MODIFICARA LA TASA FISCAL DE MATRICULACION DE
AUTOMOVILES? (Número de expediente 180/000144)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 38, del señor Gamir
Casares.




El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor Presidente.

¿Por qué el Gobierno no propone la reducción de la Tasa de
matriculación de automóviles?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.

En cualquier caso, señor Ministro, la pregunta no está
formulada en estos términos y tiene sólo obligación de
contestar la que figura en el orden del día.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, Presidente. En todo caso, voy a responder la pregunta
que me realiza.

Primero, porque para que el Gobierno propusiera esa
modificación, tendría que estar convencido de que es una
medida correcta.

En segundo lugar, si propusiéramos esa modificación, tendría
que hacerse de forma inmediata y no lanzar la discusión en los
periódicos, con in veces no conocidos. En todo caso, le doy
dos datos. Cada punto de reducción, no de la tasa sino del
Impuesto sobre matriculación, supone al Estado una pérdida de
8.000 millones de pesetas. Realmente, con un punto de
reducción, ¿vamos a mejorar la compra de vehículos en este
país --vehículos producidos en España-- y tendrá un efecto
positivo? Ese es el elemento fundamental por el cual el
Gobierno tiene graves dudas sobre la utilidad de esa medida.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Gamir.




El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor Presidente.

Sin acritud, el Gobierno ha actuado con negligencia. El día
28, un diario económico nacional y Radio Nacional, desde las
siete de la mañana, en todos los boletines hasta las dos de la
tarde, insistía en que, a través del Senado, el Grupo
Parlamentario Socialista que soporta al Gobierno iba a
presentar una enmienda defendiendo la reducción de la Tasa de
matriculación de automóviles. Hasta las tres de la tarde no lo
desmintió el Gobierno. Esa falta de diligencia, esta larga
mañana perdida, lo que implica negligencia, creó una sensación
tal en el sector que, en los siguientes días, cayó
drásticamente la venta de vehículos. También, y de nuevo sin
acritud, ello se debió a la falta de credibilidad del
Gobierno, de un Gobierno que anuncia que no va a devaluar el
día que devalúa, por lo que su credibilidad en los desmentidos
es relativa. Además, llueve sobre mojado en este tema, hay
reincidencia, ya que, no hace mucho, desde el Partido
Socialista se planteó la reducción de esta tasa, acción que
luego desmintió el Gobierno, lo que plantea unas expectativas
de que van a bajar los precios por reducción de los impuestos
y hace que caiga las ventas de automóviles.

Lo que debe hacer el Gobierno es proponer al Parlamento la
reducción de esta tasa. Esto no es una subvención, es una
homologación al sistema e debe hacer en un sector que tiene
tal crisis que sus ventas han caído el 30 por ciento en un año
y caerán más con actuaciones de este tipo por parte del
Gobierno. Discrepamos profundamente de los cálculos del
Gobierno sobre el impacto fiscal de la reducción de este
impuesto. No hay tiempo para discutirlo aquí; se tratará este
tema en Comisión. El Gobierno debe reducir este impuesto, y
debe actuar sin anuncio previo, como, por ejemplo, ha hecho el
Gobierno francés, precisamente en este tema, para no crear
esas expectativas que hacen caer la venta de vehículos y
luego, en el caso del Gobierno español, además no actuar. En
otras palabras, en el lenguaje de las palabras el Gobierno ha
perjudicado al sector por lo que ha dicho y por lo que no dijo
a tiempo y, en el lenguaje de los hechos, le está perjudicando
por no reducir esta Tasa de matriculación de automóviles.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

No se preocupe, señor Gamir, ninguna acritud. El Gobierno no
informó a los medios de prensa ni nunca se planteó de forma
decidida la reducción de la tasa. Por parte del Ministerio de
Industria se analizaron los distintos elementos que inciden en
la industria del automóvil y, evidentemente, también la
fiscalidad, pero nunca, hubo una decisión ni tampoco se filtró
a la prensa ninguna noticia de este tipo. Por tanto, yo me
preguntaría



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quién lo filtró y con qué Usted puede discrepar o no de las
cifras, pero es muy simple. Al 18 por ciento --es un 18 por
ciento «ad valorem»--, divide usted la recaudación que hay y
S.S. verá exactamente lo que corresponde a cada punto. Ya sé
que S.S. me planteará que luego juegan las elasticidades, cosa
que es absolutamente correcta, pero ya me dirá cómo juegan las
elasticidades en rebajan, desde distintos puntos de vista.

Debería analizar S.S. algo más. El 50 por ciento de los coches
matriculados son importados y son los en este país. Cualquier
ventaja en ese sentido iría a mejorar la capacidad de
producción de la industria no española.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTA PREVISTO QUE PUEDA
REDUCIRSE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE DESDE EL RECONOCIMIENTO DE
LA CONDICION DE OBJETOR DE CONCIENCIA HASTA EL INICIO DE LA
PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente
180/000124)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Antich i
Balada.




El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro de Justicia, he de reconocer de
entrada que tanto el incremento del número de objetores de
conciencia como tal vez el insuficiente número de puestos
donde poder realizar la prestación social sustitutoria,
dificulta, sin duda, la solución al problema que le planteo.

Como usted conoce, esta cuestión consiste en que a muchos
jóvenes les origina problemas, en cuanto a su vida de trabajo,
el hecho de que desde el momento que se les reconoce como
objetores de conciencia hasta el momento que empiezan la
prestación social sustitutoria transcurre, en algunos casos,
mucho tiempo, a veces, más de un año.

Ante esta situación, señor Ministro, y siendo consciente tanto
de un hecho como del otro, le formulo la pregunta siguiente:
¿Está previsto que tiempo que transcurre desde el
reconocimiento de la condición de objetor de conciencia hasta
el inicio de la prestación social sustitutoria?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.

Señor Ministro.

3
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señoría, le aseguro que el Gobierno es plenamente
consciente de la gravedad del problema que plantea; de ahí que
se haya adoptado un plan cuyas líneas generales podrían
situarse en los siguientes extremos.

En primer lugar, abordar la reorganización de la oficina de
prestación social sustitutoria. Para ello se ha realizado una
auditoría interna, lo que en términos administrativos se llama
inspección operativa de servicios, que no supone otra cosa que
un control desde la Administración, pero fuera del órgano
inspeccionado, para que analice las metodologías de trabajo y
los sistemas de organización. Ese informe está terminado y sus
conclusiones van a ser asumidas en la reorganización de la
oficina de la prestación. No basta, sin embargo, con esta
medida.

La segunda línea de actuación tiene que ser lograr el
incremento de oferta, puesto que efectivamente se incrementa
la demanda. Para ello, dentro de pocos días, vamos a lograr un
acuerdo marco con el Insalud y también se va a ampliar el
número de plazas en la Cruz Roja; en general, se mantiene una
línea de concertación con instituciones públicas y privadas
para tratar de abordar ese problema.

En tercer lugar, otra línea de actuación fundamental sería la
descentralización de ciertas fases administrativas del
proceso, para lo cual he contactos con comunidades autónomas
sobre las que existen convenios para que ya por vía de dichos
Convenios con comunidades autónomas ya por otras vías de la
administración periférica, se logre la descentralización de
ciertas fases administrativas del proceso.

En cuarto lugar, se consolida el sistema del doble
llamamiento, que ya sabe S.S. quedó interrumpido en los años
1990/1991 como consecuencia de una serie de recursos ante el
Tribunal Constitucional.

Finalmente, se van a realizar también cambios normativos. Se
va a redactar un nuevo reglamento de la prestación social
sustitutoria para tratar de dotarle de eficacia y de justicia
y se va a ir a una nueva definición reglamentaria de qué deba
entenderse por una plaza adecuada para la prestación del
servicio. Todo ello sin perjuicio, además, de que dentro de
esta legislatura es propósito del Gobierno intentar que los
Ministerios de Asuntos Sociales y Justicia, en estrecha
colaboración con Defensa, aborden la ley del servicio civil.

Con estas medidas esperamos que se pueda responder
positivamente a la pregunta que S.S. formula.

Nada más, señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL



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PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LOS GRAVES
PROBLEMAS PRESENTES EN LA REALIDAD DE NUESTRO SISTEMA
PENITENCIARIO Y PARA CONSEGUIR QUE ESTE RESPONDA EFECTIVAMENTE
A LOS FINES PREVISTOS EN EL
ORDENAMIENTO VIGENTE Y A LA ORIENTACION DE PRINCIPIOS DADA POR
LA CONSTITUCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERTAD (Número de expediente 172/000015)



El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día:
Interpelaciones urgentes.

Interpelación del Grupo Popular, sobre medidas de política
general previstas por el Gobierno para hacer frente a los
graves problemas presentes en la realidad de nuestro sistema
penitenciario y para conseguir que éste responda efectivamente
a los fines previstos en el ordenamiento vigente y a la
orientación de principios dada por la Constitución al
cumplimiento de las penas privativas de libertad.

Para desarrollar la interpelación, en nombre del grupo
proponente, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, esta
interpelación trae causa, en primer lugar, del compromiso de
mi grupo con los valores generales de la solidaridad
democrática y del respeto a la dignidad individual que, sin
duda, han de ser los ejes sobre los cuales vertebrar toda
política pen realidad al principio de reeducación y
reinserción social como fundamento y fin último del sistema de
penas privativas de libertad. (El s Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Trae causa, en segundo lugar, en nuestra preocupación ante la
grave situación de las prisiones españolas, que no actúan como
elemento resocializador y que, por lo dicho, sólo están
sirviendo para acentuar en el penado las patologías
individuales y sociales que le han llevado a la prisión.

Trae causa, en tercer lugar, en nuestra preocupación, grave
preocupación, ante la declaración de intenciones formulada por
el señor Ministro en su reciente comparecencia ante la
Comisión de Justicia e Interior cuandoestablecía como objetivo
primordial de su departamento en esta legislatura, en el
ámbito penintenciario, la mejora de la gestión, sin ser
necesario --nos dijo-- introducir reformas legislativas, lo
que para nosotros significa dejar las cosas como es como
están, contribuir a que éstas continúen acentuándose en los
términos de su degradación actual.

El punto de partida de la cuestión es que no se puede mantener
por más tiempo la ficción de que el actual estado de cosas
funciona conforme a la orientación de objetivos que sustancian
su razón de ser.

El problema esencial de las prisiones españoles, desde nuestro
punto de vista, es que el modelo reeducacional y de custodia
concebido en jurídico ha sido sustituido en la práctica por un
modelo exclusivamente de custodia, lo que significa una
disociación muy grave entre la norma y la realidad. Nosotros
creemos que urge reconducir esa realidad a los términos
previstos en nuestro ordenamiento y que para ello hace falta,
sí, verificar cambios profundos en lo que podríamos denominar
la política intramuros, es decir, en la realidad interior de
las prisiones, pero que no basta; hace falta también, desde
luego --y permítaseme al menos citarlo, aunque excede del
ámbito de esta interpelación--, plantear una acción global de
Gobierno para antes y para después de la prisión, es decir,
para intentar evitar que una parte de nuestra sociedad se vea
irremisiblemente abocada a la cárcel como única alternativa
personal. Eso significa, más allá de discursos teóricos, señor
Ministro, realizar una profunda y eficaz acción solidaria
frente a lo que nosotros denominamos los viveros de la
prisión, es decir, por desgracia, todos esos focos de
marginalidad en todas sus manifestaciones que aún subsisten en
nuestro tejido social.

Para nosotros, el balance del fracaso de la política
penitenciaria del Gobierno tiene su manifestación principal en
cuatro situaciones de hecho: el hacinamiento, la falta de
política de tratamiento, la conversión espuria de la droga en
el eje de la vida penitenciaria y el avance, cada vez más
preocupante, de determinadas enfermedades de naturaleza
infecto-contagiosa. El hacinamiento es causa, desde nuestro
punto de vista, en primer lugar, del fracaso de la política
del Gobierno en estos diez años para actuar eficaz y
solidariamente, como antes señalaba, sobre esos viveros de la
prisión, es decir, para intentar corregir la situación
infrahumana de esos núcleos de la marginalidad. Es causa, en
segundo lugar, desde nuestro punto de vista, del colapso que
hemos venido arrastrando durante estos años y que se mantiene
en la Administración de Justicia y, desde luego, de la falta
en nuestro ordenamiento de un sistema adecuado de penas
alternativas a las de privación de libertad. Y es consecuencia
inevitable, señor Ministro, en tercer y último lugar, de la
falta de previsión del Gobierno sobre lo que iba a ser la
evolución de la población penitenciaria y de su tardanza de
nueve años en abordar un plan de reforma de la red de
establecimientos penitenciarios. El llamado plan de
amortización y creación de nuevos centros, que tenía que ser
precisamente esa respuesta, es para nosotros, hoy, un
instrumento en crisis. Lo es porque el plan nace concebido con
un modelo, el de macrocentro, alejado por completo del modelo
establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria y, por
tanto, está sentando una política regresiva en materia de
tratamientoen relación con las previsiones de l porque ese
plan nace con una visión excesivamente economicista, orientada
a reducir costes y, por tanto, con



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la creación de esos macrocentros, dificulta la política de
tratamiento y la comunicación entre la sociedad penitenciaria
y el conjunto de la sociedad. Lo es porque hoy día ha sido
superado por sus propias previsiones. Recordemos que el plan
establecía como objetivo disponer, en 1997, de 41.500 plazas
penitenciarias, y a fecha septiembre de este año la población
penitenciaria española alcanza 45.595 personas. Y lo es, en
definitiva, también, porque su gestión, su nefasta gestión ha
ido
superando su propia finalidad. Hoy todos los centros de nueva
creación, establecidos conforme a las previsiones de ese plan,
han sido ya doblados en su capacidad mucho antes de su entrada
en funcionamiento.

El segundo punto esencial es, desde luego, la ausencia de una
política adecuada de tratamiento. Son muchos los aspectos
sustanciales que podrí aquí. Los equipos de observación y
tratamiento realizan una labor puramente burocrática que no
está en contacto directo con el interno; se priman las
actividades lúdicas sobre las eminentemente formativas. En
absoluto se cumple la previsión del artículo 160 del
Reglamento que establece que durante el curso escolar en los
centros penitenciarios no podrá haber menos de cinco horas
diarias de clases. Determinadas instituciones jurídicas del
tratamiento como son, sin lugar a dudas, por ejemplo, los
permisos, se han convertido en cuestiones que se aplican de
manera mecánica, sin una referencia individual y, por tanto,
señor Ministro, provocan situaciones de alarma social, porque
se conceden con carácter generalizado, permisivo o restrictivo
en función de realidades puramente coyunturales. Muy pocos
presos, a pesar de que la Administración diga lo contrario,
cumplen hoy su pena en un lugar próximo al de residencia de su
familia, lo que determina dificultades enormes en ese proceso
de resocialización. La asistencia social penitenciaria, señor
Ministro, no está cumpliendo la función para la que fue
concebida, y va a verse mucho más condicionada en su actuación
este año que sufre un recorte presupuestario del 74,1 por
ciento.

El tercer punto esencial es la conversión de la droga en el
eje de la vida en prisión. Nosotros podríamos decir mucho de
esta cuestión, señor Ministro. Mire usted, ese es el principal
factor que en estos momentos está desestabilizando el modelo
penitenciario concebido en la Ley Orgánica general
Penitenciaria. Sólo una novena parte de la droga que entra en
prisión se decomisa, porque hay impedimentos de carácter
técnico y normativo que hacen que esa política no pueda ser
una política eficaz. La Administración trata de maquillar el
problema diciendo que se decomisa ahora más droga que nunca,
pero el problema es que ahora entra más droga que nunca.

Prueba de ello, señor Ministro, es la enorme variedad de
productos que se encuentran en el interior de las prisiones y
el hecho de que el precio deesos productos en dichas prisiones
sea prácticamente el mismo que en el exterior.

En cuanto al cuarto gran factor, el avance de las enfermedades
de naturaleza infecto-contagiosa, señor Ministro, el problema
del sida sigue si problema pendiente; han aumentado
alarmantemente los casos de hepatitis B y los casos de
enfermedades que están prácticamente erradicadas del conjunto
social, como la sífilis y la tuberculosis. Tengo que decirle
además, señor Ministro, que sigue siendo una grave asignatura
pendiente en lo que afecta al conjunto del sistema de sanidad
penitenciaria todo lo que concierne a la situación jurídica,
pero también asistencial, de los enfermos mentales. A estas
situaciones podríamos añadir el fracaso en los elementos
materiales que deberían sustentar la acción de una política
penitenciaria seria, es decir, lo que afecta a la gestión
ordinaria, que es una gestión lenta, incoherente, sin
coordinación para resolver los problemas, lo que afecta a la
gestión económica, que es una gestión absolutamente caótica, y
buena prueba de ello lo da la situación de la deuda de la
administración penitenciaria y, desde luego, como paradigma,
la situación del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios;
y, finalmente, la quiebra absoluta de una política de personal
dialogante y acomodada a criterios objetivos. Se ha llevado a
cabo una política de personal caprichosa, autoritaria y
eminentemente desmotivadora. Resolver todo ello requiere
cambios profundos en esa realidad interior, pero exige también
corregir disfuncionalidades y vacíos existentes en el ámbito
legislativo para garantizar la preservación del modelo
reeducacional, así como también para garantizar el valor
ejemplarizante de la pena y la función de seguridad que ésta
cumple para el conjunto social. Desde luego, hace falta que
cese la actitud permanente de la Administración por tratar de
suplantar las funciones que corresponden a los órganos
jurisdiccionales y por tratar de obviar su control. No se
puede mantener por más tiempo que hoy sea la administración
penitenciaria la que determine en la realidad el modo de
cumplimiento de la condena, y no solamente eso sino la que
determine la duración real del tiempo de esa condena. Esa es
una función que nuestra Constitución y el espíritu de nuestro
ordenamiento jurídico, señor Ministro, atribuye exclusivamente
a los jueces, y la administración penitenciaria tiene que
acomodarse, sin duda, a esa función complementaria de
colaboración pero, en último caso, de subordinación al control
judicial. Y sobre todo, señor Ministro, es absolutamente
urgente que cese de inmediato el que, a través de directrices
de organización emanadas de la administración penitenciaria,
se estén creando normas o se esté modificando el marco legal
vigente de una manera absolutamente espúrea. Son normas que,
bajo la apariencia de normas de organización, crean normas
paralelas, arbitrarias, cambiantes y dictadas para eludir



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ese control judicial. Además, son normas de obligado
cumplimiento para los directores de los centros, lo que les
sitúa en la disyuntiva de tener que atenerse al respeto al
marco legal o de tener que atenerse a la orden, en este caso
caprichosa, del superior. Me estoy refiriendo, señor Ministro,
como usted bien comprenderá, a las circulares que emanan de la
ayer Secretaría General y de la hoy Secretaría de Estado. Y
como prueba de ello basta un botón, me va a permitir que le dé
dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, vaya
terminando.




El señor GIL LAZARO: Termino enseguida, señor Presidente. Uno,
que supongo que usted conocerá, el referido a la
modificación, a través de dos circulares, del régimen a que se
somete a los internos clasificados en primer grado, circulares
que fueron profundamente criticadas por jueces y fiscales y,
desde luego, por el Defensor del Pueblo.

El segundo botón es éste, señor Ministro. Tengo en mi poder
una circular de la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios, de fecha 18 de agosto, que comienza diciendo:
El artículo 251 del vigente Reglamento penitenciario contempla
un plazo de dos meses de estancia real en un centro
penitenciario para formular una propuesta de clasificación
inicial en tercer grado. Después de una serie de
consideraciones que formula continúa diciendo: En
consecuencia, hasta tanto se produzca la reforma del artículo
251 del Reglamento penitenciario, previsiblemente en el me los
equipos de observación y tratamiento, sin esperar el plazo de
dos meses fijados en el artículo 251 entonces vigente, deberán
formular propuesta de clasificación de tercer grado de
tratamiento de todos aquellos penados que, por presentar un
claro perfil de baja peligrosidad y buena adaptación social,
puedan ser
clasificados inicialmente en tercer grado de tratamiento. Es
una circular que está determinando que los directores de los
centros incumplan el ordenamiento vigente en ese momento. La
circular termina diciendo que es puramente indicativa hasta
que se produzca la reforma en Consejo de Ministros, pero a
continuación señala que será de obligado cumplimiento al día
siguiente de su recepción en los centros. ¿No conocía usted
esta circular, señor Ministro? ¿Aprueba usted este tipo de
procedimiento? ¿Cree usted que estos procedimientos respetan
el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica
y, en definitiva, lo que constituye la significación y la
esencia misma del Estado de derecho? Nosotros decimos que no,
que son inadmisibles en cualquier estamento de la
Administración pero, por razones muy obvias, son especialmente
inadmisibles en el Ministerio de Justicia.

Concluyo, señor Presidente. Señor Ministro, Miguel Hernández
escribió que las cárceles eran fábricas del llanto. La Ley
Orgánica General Penitenciaria quiso que, conforme al espíritu
de nuestra Constitución y el de nuestra recuperada democracia,
las cárceles pudieran ser fábricas de esperanza. La gestión de
diez años ha convertido a las cárceles españolas, hoy, en una
fábrica de miedo y de frutración. Y yo le digo, señor
Ministro, que desde el compromiso de respeto a la acción
intelectual y política concreta de este Grupo Parlamentario
con lo que significa la cultura de la libertad, de los
derechos humanos, de la solidaridad, del respeto a la dignidad
individual, no vamos a consentir por más tiempo que las
cárceles españolas sigan siendo el lado oscuro de nuestra
democracia.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil
Lázaro.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno
tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia de
la Presidencia, sinceramente, como comentario previo tendría
que decir que la descripción que realiza del mundo
penitenciario no coincide con la información que yo tengo del
mismo. (Rumores.) Me sorprende profundamente que se adopten
tonos casi, diría yo, melodramáticos para describir una
situación que afortunadamente está mejorando de manera
sensible. Pero, por lo visto, debe ser un ritual que la
legislatura se comienza con una interpelación en la materia y
el Ministro de Justicia trata de mantener la postura. Supongo
que forma parte de los hábitos parlamentarios que yo
lógicamente debo respetar y cumplir.

Yo creo que el tema debe plantearse con rigor y con seriedad.

Efectivamente existe un número creciente de internos. Por
cierto que en la cifra que ha dado se ha confundido porque ha
incluido Cataluña y, por tanto, le da una cifra distinta; la
cifra real son 40.723, pero eso no tiene ninguna importancia.

Lo importante es que se está produciendo un incremento, sí que
previsto, de casi 2.000. Y es más, no es un crecimiento
coyuntural, va a ser un crecimiento que responde a factores de
fondo. Paradójicamente no responde al incremento del número de
delitos. Responde precisamente a que pese a que se ha
producido realmente --los datos están ahí-- una disminución
del número de delitos, se ha incrementado sin embargo la
eficacia policial y se ha incrementado sin embargo la eficacia
judicial. Eso ha determinado que la ratio de número de
detenidos por número de delitos se haya incrementado, y a eso
obedece, por ejemplo, que en este momento esté ya en dos
penados por un preventivo, lo que supone, en definitiva, una
mejora de los sistemas de eficiencia, tanto policial



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como judicial, y hace que pese a no incrementarse el número de
delitos se incremente el número de presos y dentro de ellos el
número de penados. Esa es la situación real, y ciertamente hay
que decir que el problema de la masificación de las prisiones
constituye el problema real, el problema central. De eso
siempre ha sido consciente el Gobierno, mucho antes de que yo
estuviera en el Ministerio.

En julio de 1991 se aprobó ese plan de amortización y creación
de dieciocho nuevos centros penitenciarios, y se hizo seria y
reflexivamente. Participaron en el diseño del centro tipo no
sólo especialistas en temas de prisiones sino arquitectos,
urbanistas, pedagogos, y se llegó a la conclusión de un centro
tipo de unas características determinadas. Por un lado,
suponía establecer, a su vez, dentro de ese centro tipo,
dentro de esa ciudad penitenciaria, hasta quince
miniestablecimientos penitenciarios. Y no es cierto que fueran
razones economicistas únicamente las que apuntaron a ese
modelo, ni mucho menos. Es evidente que ese modelo permite
ahorros de más del 40 por ciento en instalación y manutención,
y ciertamente esos porcentajes de ahorro no deben considerarse
un tema irrelevante, y menos en la situación de crisis que
actualmente vivimos. Y si se quiere presentar otro modelo que
se diga aquí cuál y con qué costes, pero ciertamente no fue,
ni mucho menos, la perspectiva económica la única que
determinó la asunción de ese centro tipo. Es que, además, era
la única forma razonable para llevar a efecto hasta su
plenitud los mecanismos de clasificación de internos, la
posibilidad de efectuar políticas específicas respecto de
colectivos concretos: narcotraficantes, terroristas, etcétera.

Y sólo dentro de esa estructura tiene lógica hablar de una
política de incrementos en materia de seguridad, porque es
evidente que la tecnología que hay que introducir solamente es
posible partiendo de esa gran ciudad penitenciaria, dividida o
parcelada a su vez entre quince pequeñas prisiones, pequeños
establecimientos penitenciarios. Sólo en ese modelo tiene
lógica realmente llegar a cumplir la finalidad del artículo 25
al que, compartiéndolo plenamente, se ha referido su señoría.

Sólo así es posible encontrar espacios incluso físicos para la
realización de actividades formativas, culturales y laborales
propiamente dichas, que es inconcebible reproducir con
unidades más pequeñas, salvo que usted me diga que está
dispuesto a asumir un modelo de instituciones penitenciarias
que va a multiplicar por diez los costes y se lo diga a los
ciudadanos y les convenza. Ojalá pudiéramos tener, todos
desearíamos tener un modelo todavía mejor. Hemos hecho el que
razonablemente es posible que este país pueda pagar, y lo
hemos hecho no sólo desde consideraciones economicistas sino
desde consideraciones integrales, algunas de las cuales le he
indicado. Hay otras muchas como la necesidad de una
autosuficiencia en materia sanitaria. Es inconcebible, en
centros menores, que pueda existir, a atención básica y
esencial, una atención sanitaria que reduzca, a su vez, los
traslados, con los riesgos de seguridad que generan y, además,
con la pérdida de los niveles de sanidad que la Organización
Mundial de la Salud exige y que nosotros mantenemos,
evidentemente. La verdad es que tengo aquí escritas un montón
de políticas sectoriales. No sé hasta qué punto valdrá la pena
entrar en todas y cada una de ellas, porque seguramente S.S.

las conoce perfectamente aunque esté aquí, en este momento,
alegando desconocer algunos datos. Sin embargo, hay que
aclarar una cosa. No es verdad que la hepatitis se esté
incrementando, por ejemplo; no es cierto. Tanto respecto a
primeros ingresos como a reincidentes las estadísticas no son
ésas. En 1989 los portadores eran el 5,3 y ahora son el 3,9 y
van bajando ininterrumpidamente cada año. Respecto a
reincidentes ocurre exactamente lo mismo: los portadores en
1989 eran el 7,3 y ahora ya estamos en el 4,8, y sigue
bajando. Respecto de la sífilis pasa exactamente lo mismo;
hemos pasado del 3 por ciento en el primer ingreso al 1,9 hoy,
y en cuanto a reincidentes del 4,9 al 3,1. No es cierto
tampoco que el problema de la droga sea más grave hoy que hace
unos años. Al revés, afortunadamente se está reduciendo el
problema, porque mientras estábamos con un porcentaje del
49,3, en 1989, de personas que ingresaban con problemas de
droga, hoy estamos en el 37, lo cual supone bajar más de 12
puntos.

Claro que los problemas siguen existiendo y claro que nos
preocupan a todos. Lo que ocurre es que están mejorando. Es
así. Por tanto, no entiendo el tono con que se quiere plantear
la cuestión.

La verdad es que los incrementos en materia de personal al
servicio de la administración penitenciaria han sido de un 40
por ciento; que el incremento presupuestario ha sido de un 74
por ciento nada más en el período que estamos analizando,
1987/92; que el número de funcionarios se ha incrementado en
más del 53 por ciento. Es decir, que el esfuerzo del Gobierno
en todas las áreas de este campo es evidente, aunque la verdad
es que no hemos logrado lo que todos desearíamos. ¡Qué duda
cabe que todo esto puede y debe mejorar!
En cuanto al sida (y no lo digo yo sino Rafael Nájera, que,
como usted sabe, es el Presidente de la Sociedad
Interdisciplinar del sida), Rafael Nájera dice algo tan
evidente como que el sida se atiende mejor en la cárcel que en
la calle y que estamos formando médicos generalistas que están
mejorando sustancialmente las políticas de prevención en
materia de sida. Claro que sigue habiendo problemas de sida
pero el porcentaje de infección, en este momento, está también
bajando afortunadamente, y hemos pasado del 28,4 en 1989 al
19,2 hoy --así es-- de infectados que entran por primer
ingreso. El dato, que proporcionaré con mucho gusto «a
posteriori», es de ingresos con infección. Es decir, todas



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las variables que usted alude reconozco que existen, que son
problemas reales, pero afortunadamente la tendencia es hacia
su solución, por lo menos hacia una mejora sustancial de los
problemas que usted detecta. Ha hecho usted una referencia,
que no puedo por menos que responderle, a la circular con
relación al Reglamento. Claro que la conocía el Minis La razón
es muy clara y estrictamente jurídica. Si ese Reglamento se ha
modificado normativamente es porque el Ministro de Justicia
entendía que era inconstitucional. Si quiere se lo explico,
aunque más bien en el seno de Comisión porque esa discusión
sería muy larga. Desde el punto de vista del Ministro de
Justicia no se puede, por vía reglamentaria, establecer un
precepto, que impida el acceso directo a mecanismos de
reinserción al que ya lo está. En definitiva, es un problema
técnico-jurídico que estoy dispuesto a discutir y a debatir
con usted en cualquier otra sede, la que sea más adecuada.

Pero más que este tema concreto me limitaría a decirle una
cosa a usted, mejor al Grupo Parlamentario Popular en su
conjunto. Este Ministerio ha lanzado una oferta general de
política de Estado en materia de justicia; naturalmente que
desearía que se extendiera a materia de política
penitenciaria. Cuando quiera empezamos a discutir alternativas
concretas, pero, por favor, en la medida que
parlamentariamente sea posible no reproduzcamos el ritual de
la tragedia siempre, al principio de la legislatura, porque el
problema es grave, pero, desde luego, no en la dimensión que
S.S. ha descrito. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.

Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, créame que este modestísimo Diputado jamás
pensó oír en el Parlamento y de boca del señor Ministro de
Justicia que un atentado tan flagrante como la circular en
relación con esa modificación, de hecho, del artículo 251 se
había producido alentado por el propio Ministro de Justicia,
simplemente porque el Ministro de Justicia consideraba que el
Reglamento penitenciario, en lo que afecta al 251, es
inconstitucional. Y como así lo consideraba el señor Ministro
de Justicia entendió, en clara concomitancia con el señor
Asunción --yo más bien pienso que es al revés, primero el
señor Asunción y luego el señor Ministro de Justicia--,
entendió, según su explicación, el señor Ministro de Justicia
que el procedimiento más acorde al principio de legalidad, de
seguridad jurídica y de respeto al Estado de derecho era
cambiarlo por la vía de hecho. Eso es inaceptable en todo
término. Inaceptable que se haya hecho, e inaceptable, señor
Ministro, que se pretenda dar hoy aquí esta explicación. Por
cierto, me ha dicho también S.S. que podríamos hablar, en foro
más adecuado, de su tesis sobre la inconstitucionalidad del
viejo artículo 251 del Reglamento. Tampoco esperaba que el
señor Ministro de Justicia entendiera que para hablar de estas
cosas existe un foro más adecuado que el Parlamento de la
nación. (Protestas en los bancos del Grupo Socialista.) Yo
creo que es en el Parlamento de la nación donde hay que hablar
de estas cosas. Ha dicho el señor Ministro de Justicia que
reproducimos el fondo de la tragedia al comienzo de
legislatura. No, señor Ministro. La tragedia no nosotros; la
tragedia --término que nosotros no hemos utilizado, que ha
utilizado S.S. pero que me parece adecuado en este debate-- la
plantean las situaciones de hecho que se están viviendo en el
interior de nuestras prisiones. Dice usted que la descripción
que yo he hecho no coincide con la información que a usted le
sirven de lo que es la realidad. Yo creo que a lo mejor el
problema es precisamente ése, señor Ministro, que usted haga
como hacen los equipos de observación y de tratamiento, que no
están en contacto con el recluso y que lo evalúan a través de
terceras personas. Yo creo que el problema es que S.S. no está
en contact humana de las prisiones y evalúa el problema a
través del señor Asunción. Ya he visto esta mañana cómo el
señor Asunción y S.S. intercambiaban opiniones, seguramente
para tener el señor Ministro un conocimiento mucho más
profundo de esa realidad. (Rumores.)
Usted me da unos datos que en absoluto coinciden con la
realidad, señor Ministro. El plan es un instrumento fracasado.

Lo hemos dicho y repetimos que es un instrumento fracasado.

¿No tiene usted conocimiento, señor Ministro, de que también
en el ámbito de la administración penitenciaria se ha
instaurado el espúreo proceso de las listas de espera? ¿No
sabe usted, señor Ministro, que en departamentos de ingresos
de centros de nueva creación, creados conforme al plan, han
estado presos de nuevo ingresos hasta siete días porque no
existían plazas (plazas significa literas, naturalmente, plaza
doblada), no existían literas en un módulo normal, no en un
módulo FIES ni en un módulo de enfermería? ¿No sabe usted que
en un centro nuevo, durante más de 48 horas, una veintena de
internos tuvieron que estar durmiendo en el suelo del
departamento de ingresos porque no sabían dónde meterlos? ¿No
sabe S.S. que en un centro de nueva creación desde las once y
media de la mañana, que entraron unas recién ingresadas, hasta
las nueve y media de la noche estuvieron abandonadas en los
patios porque no sabían dónde meterlas?
Señor Ministro, me habla usted de lo que se está haciendo en
el campo del tratamiento. Permítame una cita de autoridad.

Supongo que en función de su



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vinculación profesional me aceptará esa cita de autoridad. La
Asociación Profesional de la
Magistratura dice textualmente: El paso del tiempo en prisión
es el único contenido de la pena. El plan de vida de la
mayoría de los penados, según se ha podido constatar en la
práctica, es el que sigue: Se cuentan los días que separan del
próximo permiso de salida, se busca la manera de obtener la
máxima redención y, entre tanto, las visitas y el consumo de
droga distraen la espera. Así no se puede hacer absolutamente
nada. Qué le voy a decir --se lo ha dicho el Defensor del
Pueblo-- de lo absolutamente nada que se está haciendo en
materia de tratamiento en relación con los jóvenes reclusos.

En cuanto a la droga, el señor Delegado del Plan Nacional de
la Droga, el 19 de octubre de 1993, es decir prácticamente
anteayer, decía literalmente: Ahora (y yo me pregunto ¿ahora?)
se va a impulsar la posibilidad de que la mayoría de las
unidades penitenciarias españolas realicen programas de
tratamiento. A propósito de este asunto, no estaría de más
saber si es intención del Ministerio aplicar la propuesta que
ha hecho el señor Garzón de repartir droga gratis a los
drogadictos, y si eso se piensa hacer también en prisiones.

Este Diputado, desde luego, comparte la preocupación de algún
que otro Diputado del Grupo Socialista que hemos podido
conocer en los períodicos de esta mañana.

En cuanto al Sida, la señora Jabardo, que supongo que no será
sospechosa, reconocía una cifra que a nosotros nos parece
ridícula: el 20 por ciento de afectados. Pero la señora
Jabardo decía a continuación: No se preocupen, el 20 por
ciento de afectados, pero 1.500 de ellos reciben tratamiento
serio. Subrayo lo de tratamiento serio porque, por lo visto,
para la señora Jabardo debe haber tratamiento serio y
tratamiento no serio, y el tratamiento no serio, probablemente
con las cuentas de la propia señora Jabardo deben ser los
9.200 que no reciben ningún tipo de tratamiento.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Gil
Lázaro. Le ruego concluya.




El señor GIL LAZARO: Termino enseguida, señor Presidente. En
cuanto a política sanitaria penitenciaria, no lo digo yo, el 8
de abril de 1992, el entonces Secretario General dijo: Toda la
atención sani presos, tanto primaria como especializada, hay
que trasladarla al interior de las prisiones para evitar
salidas extrapenitenciarias que conllevan riesgos y costes
adicionales. Se crea para eso una costosa infraestructura
sanitaria y ahora esa infraestructura no se utiliza y acuden
ustedes a la red general.

Señor Ministro, aquí no sirve intentar disfrazar la verdadera
realidad, que es la de la situación que se vive en el interior
de las prisiones, intentando decir esto o aquello. El problema
es que mientras solamente 1.800 reclusos vayan a recibir
cursos de formación este año --conforme a lo presupuestado--,
y que sólo 7.000 tengan trabajo en el interior de las
prisiones, las cosas no funcionarán.

Por último, señor Ministro, habla usted de un pacto de Estado.

Pues bien, yo le digo que este Grupo que durante mucho tiempo,
durante muchos años, ha demostrado que ejerce y que sabe
ejercer una política responsable y constructiva, conforme a
los intereses de Estado, está dispuesto a hablar de muchas
cosas. De lo que no está dispuesto a hablar es de más de lo
mismo. Si ustedes no están dispuestos a rectificar, de nada
podemos hablar, porque nosotros no vamos a ser responsables de
que las cosas sigan igual y de que, por seguir las cosas igual
--como antes le decía--, las prisiones españolas sean una
vergüenza para la democracia española (Rumores.), para la
sociedad democrática y para todos aquellos que nos sentimos
vinculados a la cultura de esa solidaridad democrática y a la
cultura de los derechos humanos. (La señora Plá Pastor: Tú sí
que eres una vergüenza.) También la libertad tiene que llegar,
señor
Ministro, a quienes legalmente están limitados en esa
libertad, porque le recuerdo que el sistema de penas
privativas de libertad contempla el que se ejecute esa pena,
nunca que sobre la misma se creen otros contenidos aflictivos,
y eso es lo que hoy está pasando en las prisiones españolas.

Yo le invito, señor Ministro, a que pise mucho más esa
realidad y así comprenderá que cuando hablamos desde esta
tribuna lo hacemos con conocimiento de causa. Muchas gracias.

(Aplausos y protestas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor
Presidente.

Señorías, ciertamente tengo multitud de dossieres y de datos
de toda clase para contestar a esta interpelación.

Voluntariamente he renunciado a utilizarlos y voy a seguir
intentando renunciar a ellos. Por ejemplo, tengo aquí un
dossier que habla de oposición del PP a las nuevas prisiones y
de apoyo a las movilizaciones anticárceles, comunidad por
comunidad. (Varios señores Diputados: ¡Sí, señor!--Un señor
Diputado: Derechos humanos.) No he querido utilizarlos, aunque
usted insiste en un tono por el que parecería obligado
hacerlo. Pese a todo voy a resistir la tentación. No le voy a
decir lo que han hecho ustedes en Andalucía, en Aragón, en
Baleares, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Castilla y
León, en Madrid, en Murcia, en todas partes, al frente de las
movilizaciones que han imposibilitado y bloqueado, en muchas
ocasiones, el proceso de construcción de prisiones para evitar
una masificación que paralelamente denuncian. (El señor Gil
Lázaro: ¡Claro



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que sí!) No voy a hacer eso. Ni siquiera voy a pasar a un
análisis --y tengo otro dossier muy largo-- sobre política del
Partido Popular en materia penitenciaria y el conjunto de
contradicciones en que han incurrido
sistemáticamente durante años. No es eso. O cuando da datos
que no se ajustan a la realidad. Cuando habla, por ejemplo, de
que sólo están ocupados 7.000 internos. (El señor Gil Lázaro:
Son datos fehacientes.), lo que es simplemente deformar los
datos. Son 7.000 internos los que perciben salario por trabajo
productivo. El 63 por ciento, por el contrario, está
realizando actividades educativas. La práctica totalidad de la
población penitenciaria está realizando actividades útiles: o
culturales o formativas o directamente de percepción de
salarios. (Un señor Diputado: No se enteran.) Sin embargo, no
es ése el tema, ni yo he querido decir eso en mi respuesta a
la interpelación. Les he tratado de decir: No repitamos más el
rito, empecemos a hablar en serio de política penitenciaria.

(El señor Del Pozo i Alvarez: Son incapaces.), que eso es lo
que quiere el Gobierno de España.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, antes de
iniciar mi intervención, quiero expresar la voluntad de esta
Diputa Parlamentario de hablar sobre la situación
penitenciaria en España porque --permítame que se lo diga,
señor Ministro-- de su intervención parecía desprenderse que
hablábamos de cualquier otro país pero no del nuestro. En este
sentido, la interpelación que hoy presenta ante esta Cámara el
Grupo Popular desde nuestro punto de vista es políticamente
oportuna, toda vez que nos puede y nos debe servir para
iniciar un gran debate profundo y buscar una solución de
progreso, de forma consensuada, con una política de reforma en
profundidad del sistema penitenciario actual; solución
consensuada, necesariamente, desde el punto de vista político
y social.

Nosotros creemos que, en lo que respecta a los centros
penitenciarios, debe irremisiblemente buscarse una reforma en
profundidad del plan de amortización que en su día presentó el
Gobierno socialista, toda vez que es un plan que infringe,
entre otras cosas, el modelo prefigurado de centro
penitenciario en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y
también hay que ir a buscar una solución que debe pasar,
inexcusablemente, por una información suficiente y por una
participación, absolutamente imprescindible, de los sectores
sociales implicados y las fuerzas políticas, con el objetivo
de debatir sobre las reformas necesarias en el sistema
penitenciario. Este tema, hay que decirlo con claridad, no lo
va poder acometer el Gobierno en solitario, y buena muestra de
ello es el plan de amortización actual que, claramente ha
fracasado por su coste, por el modelo de centros planificados
en el plan de amortización y creación de centros y por el tipo
de
funcionarios que el propio devenir del modelo de centros
diseñó.

Por todo ello, señores del Gobierno, señores del Partido
Socialista Obrero Español, hay que reconsiderar el plan y
ponerlo en concordancia, entre otras cosas, con el Código
Penal resultante del debate que en su momento haya en esta
Cámara y con el proceso de traspaso de competencias a las
comunidades autónomas. No pretendan ustedes planificar y
realizar un modelo a espaldas de las comunidades autónomas, y
luego quieran iniciar el diálogo para el traspaso de
competencias, porque difícilmente se logrará. También hay que
decir que el referido plan no nos asegura, ni mucho menos, un
futuro que se ha descrito por el Secretario de Estado como
idílico, sino que adolece de defectos de fondo que nos sitúan
lejos de la pretendida modernidad, como se ha querido
plantear, y nos instala en una política de hechos consumados:
tipo de centros, un macrocentro con una imposibilidad total de
favorecer las relaciones humanas en el ámbito penitenciario,
una falta total y absoluta de diálogo con los agentes sociales
y las fuerzas políticas, y una situación de espera totalmente
inactiva, que va, irremisiblemente --si no se adoptan medidas
con carácter urgente--, a posponer el cambio necesario en el
ámbito penitenciario. Por tanto, vamos simplemente, y hay que
decirlo con claridad, a pasar del hacinamiento inhumano actual
al hacinamiento llamado de la modernidad, porque no va a haber
diferencia ninguna entre la situación de ahora y la situación
que ustedes pretenden generar con ese plan, insisto, que ha
fracasado, porque con él han frustrado los objetivos que
podíamos calificar de esenciales, como son el de la
reeducación y el de la reinserción social. Señor Presidente,
señorías, el plan no sólo no responde a los objetivos
necesarios --y lógicamente el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no está de acuerdo con el
mismo--, sino que ni tan siquiera ustedes pueden gestionarlo,
y cuanto menos debían, con claridad, hablar en esta Cámara y
reconocer que es un fracaso, que no pueden ustedes ni tan
siquiera gestionarlo. No hay consignación presupuestaria
suficiente para ello, no hay posibilidad de realizar las
operaciones urbanísticas que tenían ustedes previstas en torno
al plan, y ello sencillamente porque gran parte del suelo en
el que actualmente se asientan las prisiones españolas no es
del Ministerio de Justicia, sino que una parte pertenece a
particulares y otra a los propios ayuntamientos donde se ubica
el centro penitenciario,



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que están esperando que salga de ahí para volver a recobrar
ese suelo. Además, por su parte no hay un planteamiento de
información y de participación para evitar el rechazo de las
poblaciones a la propia ubicación de los centros
penitenciarios. Por tanto, con estos tres elementos ni tan
siquiera ustedes que lo han presentado son capaces, porque es
imposible, de gestionarlo. Con esta realidad que se vive hoy
en nuestras prisiones, plantear más de lo mismo sería impedir
una solución de progreso eficaz para el ámbito
Rectificar y dialogar sería la garantía de avanzar. En este
sentido, señores del Gobierno, señores del Partido Socialista
Obrero Español, ustedes tienen la responsabilidad. El plan,
además de lo expresado en relación a los centros
penitenciarios, tiene, desde nuestro punto de vista, otra
dimensión fundamental y es personal que desarrolla su trabajo
en las instituciones penitenciarias. Y es que con la
definición del tipo de prisión que han realizado están, por
ende, definiendo el tipo de funcionario que se quiere, y este
no es otro, con esos macrocentros que ustedes han diseñado...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aguilar, vaya
terminando.




La señora AGUILAR RIVERO: Voy terminando, señor Presidente.

...y este no es otro, decía, con esos macrocentros que ustedes
han diseñado, que el funcionario militarizado, lo que incide
aún más en nuestra tesis de que el plan hay que reconsiderarlo
globalmente. Además, éste no es un plan pactado con los
sindicatos, como en algunos momentos se ha
manifestado; con los sindicatos lo único que han pactado ha
sido la reubicación, ante el cierre de centros, de algunos de
los funcionarios. En este sentido, también en materia de
personal se persigue el método de la libre designación, el
endurecimiento del régimen disciplinario, y se instala la
movilidad indiscriminada, lo cual también atenta contra
cualquier objetivo de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

El hecho de que la prisión sea un servicio público --y debe
seguir siéndolo-- esencial por su propia naturaleza, debe
excluir ya la posibilidad, en materia de personal, de
confeccionar un estatuto especial, y debe favorecer todo lo
contrario: unos funcionarios equiparados con el resto de los
de la Administración civil del Estado. Ello deja al
descubierto también lo injustificable en un sistema
penitenciario progresista de la creación de un cuerpo armado
de vigilancia exterior, cuando tenemos ya a las Fuerzas de
Seguridad del Estado. Lo que se está promoviendo en materia
penitenciaria, señores del Partido Socialista Obrero Español,
es la crónica de un fracaso anunciado para el desarrollo de
los objetivos normativos. Desde el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya estamos dispuestos al diálogo
en el ámbito del pacto de Estado por la justicia, que no
supone el silenciarlo; estamos dispuestos al diálogo sobre lo
eficaz, sobre lo necesario para el sistema penitenciario, es
decir, sobre el tipo de centros, en función del Código Penal
que nos demos en esta Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aguilar, ha
concluido con creces su tiempo.




La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.

También estamos dispuestos a dialogar sobre el tipo de
funcionarios, con una gestión en materia de personal clara y
con un modelo negociado, sin creación de un cuerpo especial
para la vigilancia exterior; profundización en los principios
constitucionales y desarrollo de los objetivos previstos en la
Ley Orgánica General Penitenciaria, y coordinación necesaria
entre los distintos ministerios, Sanidad, Educación, Asuntos
Sociales, Justicia y Trabajo, fundamentalmente para hacer
posible una actuación coordinada y programada en las
instituciones penitenciarias que sirvan al objetivo
fundamental de la reinserción; mantenimiento de la condición
de servicio público, y elaboración, con todos estos elementos,
de un libro blanco sobre la reforma penitenciaria, con la
participación de los grupos parlamentarios, los sectores
sociales y profesionales, y el inicio, cómo no, del diálogo y
la concertación con las comunidades autónomas en todo lo
relativo al sistema penitenciario, en aras al traspaso
competencial.

Hemos descrito, pues, los pilares básicos sobre los que
sustentar una auténtica reforma penitenciaria que sirven como
base para un diálogo que dé una salida progresista a la
situación en que se encuentran nuestras cárceles.

En nuestra intervención hemos dejado manifiesta nuestra
voluntad de diálogo. Rectificando, señores del Gobierno, es
posible lograrlo. Si no es así, es que no se quiere, por parte
del Partido mayoritario, un pacto de Estado por la justicia.

Tendremos que entender que el Ministro lo ha pretendido sin
voluntad política colectiva que respaldara su iniciativa. Por
tanto, señor Ministro, habrá quedado en un mero titular al que
antes de comenzar, ustedes, señores del Partido Socialista
Obrero Español, habrán hecho fracasar.

Esperamos, finalmente, que la moción del Grupo Popular haga
posible un acuerdo parlamentario en torno a un objetivo: el de
continuar el debate necesidad de una reforma penitenciaria en
profundidad, aunque somos conscientes de que entre el modelo
que el Grupo Popular va a defender y el que como alternativa
se propone desde nuestro Grupo Federal va a



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haber diferencias insoslayables e insalvables, lógicas, por
otra parte. Pero lo importante es producir ese debate para una
reforma
penitenciaria en profundidad.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.




El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.

Seré muy breve, aunque sea para introducir un poco de calma y
de reflexión en este debate. Nuestro Grupo Parlamentario
quiere hacer constar que, evidentemente, ha habido una mejora
en la política penitenciaria desde la creación de la
Secretaría General de Asuntos Penitenciarios y posteriormente
de la Secretaría de Estado. Es evidente que ha habido esa
mejora, aunque ello no quiere decir que no se deba poner de
manifiesto que el problema endémico de la masificación
continúa repercutiendo negativamente en el sistema
penitenciario español, al igual, por otra parte, que en los
demás países de la Comunidad. No es un tema específico y único
del Estado español, sino que es una situación paralela a lo
que ocurre en los países de nuestro entorno.

Hay que tomar muchas medidas. Entre otras --y nuestro Grupo
Parlamentario lo ha dicho en más de una ocasión en esta
Cámara--, a través de la reforma del Código Penal, intentar
introducir medidas alternativas para aquellos delitos menos
graves y con pronóstico evidente de posible reinserción
social. Es decir, hay que tomar medidas positivas, medidas
activas, además de cumplir los plazos --y eso sí que mi Grupo
Parlamentario de alguna forma lo quisiera denunciar-- del plan
de amortización y de creación de nuevos centros
penitenciarios, lo que también, evidentemente, aligeraría la
situación de hacinamiento que hay en muchas de las cárceles de
nuestro país. Este es un tema fundamental, no fácil. El
Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma ha tenido que sufrir en
sus carnes la dificultad de impulsar la creación de nuevos
centros penitenciarios por la fácil demagogia que a veces,
desde oposiciones y desde otras administraciones, se hace
contra la construcción de este tipo de centros.

Por tanto, cuando el señor Ministro dice que en este tema hay
que lograr un consenso, un pacto de Estado, nosotros
entendemos que tiene toda la razón. Hay que hacer una política
consensuada en la que seamos capaces todos los grupos
parlamentarios de comprometernos a dar solución a estos graves
problemas, primero por la vía de políticas activas, tanto en
el campo sanitario y educativo --quizás poco integrados en la
función de reinserción social dentro d en el campo de la
creación de nuevos centros penitenciarios y, por supuesto, de
medidas activas modificando la Ley orgánica en aspectos como,
por ejemplo, el mejor trato del trabajo dentro de las
cárceles, o temas que se pueden introducir perfectamente en el
Código Penal.

Nos gustaría poder participar en ese consenso, porque a pesar
de que la competencia esté transferida en su totalidad al
Gobierno de Cataluña, evidentemente aquí hay que hacer las
leyes y allí vamos a aplicar las leyes que hagamos aquí. Por
tanto, el consenso hay que alcanzarlo aquí y es imprescindible
encontrar un mínimo común denominador que nos permita avanzar
hacia políticas más progresistas y que permitan aligerar el
problema de masificación de las cárceles españolas.

Esta es la posición de nuestro Grupo. Nos gustaría, por tanto,
que cuando se presente la moción hubiese un esfuerzo de
aproximación entre los dos grupos mayoritarios, de manera que
el máximo número de grupos parlamentarios pudiera votar
positivamente esa moción. Con ello creo que haríamos un buen
favor a la política penitenciaria, y se empieza por el
esfuerzo que el Gobierno quiera hacer --y en principio hay que
creerle-- para, a partir de llegar a pequeños consensos,
impulsar estas políticas y lograr un pacto de Estado. Por eso,
en los debates sucesivos tanto del Código Penal como de otros
textos legislativos podremos ir introduciendo mejoras en
nuestra situación penitenciaria.

El señor Ministro ha hablado del tono ritual de la
intervención del Grupo proponente en su interpelación. No hace
muchas semanas, en el Parlamento de Cataluña, hubo una
interpelación también sobre la situación penitenciaria en la
que el Grupo Socialista utilizaba los mismos términos y el
mismo tono que hoy ha utilizado el Grupo Popular. Parece que
este ritual de hacer oposición no es exclusivo del Grupo
Popular, sino que algunos lo utilizan en cámaras legislativas
autonómicas, como es el caso del Grupo Socialista de Cataluña.

Con este tono y con este estilo ni aquí ni allí vamos a
resolver ningún problema. Creo que hay que buscar el tono
exacto, dimensionando bien el problema --y el problema es
bastante serio y requiere un esfuerzo colectivo del conjunto
de la Cámara-- para intentar poner los principios de solución
a lo que realmente no es fácil de resolver.

Muchas son las dificultades para cumplir, por ejemplo --antes
lo comentaba--, el plan de construcción de nuevos centros
penitenciarios. ¿Cuántos alcaldes se han puesto delante de
manifestaciones muchas veces contra la construcción de centros
penitenciarios? Esto sólo se puede resolver generando un clima
de consenso en esta Cámara, que facilite comprometer a todas
las administraciones públicas para intentar resolver, como
digo, este problema.

Nuestro Grupo Parlamentario intentará votar positivamente una
moción, siempre y cuando ésta sea capaz de traducir este
espíritu de consenso, y en parte, de coger el reto lanzado por
el señor Ministro de intentar, en este tema como en otros,
alcanzar un



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pacto de Estado. No vamos a ser nosotros quienes pongamos
palos a la rueda, sino todo lo co a intentar hacer un
esfuerzo, si no nos gusta el texto de la moción por la vía de
enmiendas, para empezar, desde esta Cámara, a sentar las bases
para un diálogo y un debate más sosegado de los temas
penitenciarios, que son muy serios y muy graves.

Por otra parte, entendemos, desde el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que como se demuestra un
talante progresista es precis políticas activas en temas que
afecten a la marginación social, tanto en el campo
penitenciario como en otros campos, y aquí siempre nos van a
encontrar dispuestos y en primera fila a colaborar
positivamente para que los problemas se solucionen. Pero
pedimos a unos y a otros, en sus distintos ámbitos, más calma,
más sosiego y más voluntad de llegar a consenso.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Casas. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, ¿en base a qué desea usted intervenir?



El señor GIL LAZARO: En base, señor Presidente, a la
consideración reglamentaria que su señoría tenga como más
oportuna. En todo caso, en la intervención de la portavoz del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y también en la
intervención del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha habido
alusiones. (Rumores y protestas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro,
conoce usted perfectamente que este es un debate tasado. Por
tanto, no hay ningún artículo en el Reglamento que permita
concederle ningún turno en este sentido.




El señor GIL LAZARO: Por alusiones, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha habido ninguna
alusión. Gracias, señor Gil Lázaro.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO
RESPECTO DE LAS COMPETENCIAS Y FINANCIACION DE LAS
CORPORACIONES LOCALES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DEL
ESTADO DESCENTRALIZADO QUE CONTEMPLA NUESTRA CONSTITUCION
(Número de expediente 172/000016)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya sobre la política del Gobierno respecto de las
competencias y financiación de las corporaciones locales en el
marco de la construcción del Estado descentralizado que
contempla nuestra Constitución. Para defender su
interpelación, tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, la
interpelación que hoy presenta en esta Cá Catalunya tiene el
objetivo de debatir políticamente la realidad actual de las
corporaciones locales. Por eso, entre otras cosas, nos causa
extrañeza la ausencia del Ministro de Administraciones
Públicas.

Este debate se va a producir en unos momentos calificados por
múltiples cargos públicos municipales, de todos los signos
políticos, como el peor que han tenido los ayuntamientos en la
etapa democrática, entre otras cosas, señores del Gobierno,
como consecuencia del desequilibrio institucional que ustedes
originan con el modelo de Estado que están diseñando.

La situación, pues, de los ayuntamientos nos obliga a debatir
desde el rigor, desde la claridad, desde la voluntad
inequívoca de dar soluciones y, por ende, evitando ese doble
lenguaje que con maestría ejercita el Gobierno y el Partido
que lo sustenta, y a las pruebas me remito. Acaba de decir el
señor Ministro de Economía en esta Cámara que se va a buscar
una nueva fórmula de financiación de las haciendas locales (no
sé si por la proximidad de la Asamblea Extraordinaria de la
Federación Española de Municipios) mientras que en su
comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas el
Secretario de Estado planteaba que se iba a mantener el mismo
modelo de fiananciación actual.

La situación municipal es hoy de clara asfixia económica y
evidente confusión competencial, toda vez que los
ayuntamientos están ejerciendo funciones de hecho que no son
competencias suyas de derecho. Esto es así en relación a la
situación económica porque el Gobierno ha demorado los pagos
relativos a la participación en los ingresos estatales y ha
congelado esta partida en los últimos años, y no sólo lo dice
esta portavoz, sino que estas mismas palabras han sido
pronunciadas por el Presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias.

Por otra parte, se produce esa situación en relación a los
ayuntamientos porque los ciudadanos se dirigen a la
institución más cercana, es decir, las propias corporaciones
locales, y éstas, con una voluntad inequívoca de dar respuesta
y con la consiguiente sensibilidad, han ejercido y siguen
ejerciendo funciones que no les son propias. Ello, entre otras
cosas, porque el Gobierno no ha aplicado, en coherencia con la
realidad social



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y municipal, el principio de subsidiariedad, sino que ha
mantenido la confusa regulación competencial. Hasta aquí
simplemente hemos expuesto, a grandes rasgos, la realidad
municipal. Realidad que no es responsabilidad, en términos
generales, de los propios municipios --y hay que decirlo con
cl es consecuencia de la política del Gobierno. Una política
que, curiosamente, señores del Partido Socialista Obrero
Español, dista mucho de ser la que preconizaban cuando estaban
en la oposición y que ha producido una minoración en los
ingresos de las haciendas locales después de que el propio
Gobierno modificara en diez ocasiones la Ley de Financiación
de Haciendas Locales y dictara doce leyes sectoriales con ese
propósito, es decir, el de minorar los ingresos. El
espectáculo y la situación a la que están llevando a los
municipios es simplemente lamentable, agravado todo ello al no
existir un modelo articulado que ordene, de forma clara, las
competencias y la financiación, porque la Ley de Bases de
Régimen Local incluye, de manera confusa, competencias que son
concurrentes con otras administraciones y que no se han
clarificado.

Sin embargo, este drama que vive la realidad municipal no
parece que vaya a tener solución a juzgar por la actitud
gubernamental. Tenemos un Gobierno sin sensibilidad alguna
ante la situación por la que atraviesan las corporaciones
locales, sin voluntad política para dar soluciones urgentes a
lo que ya no puede aguantar más. Y a pesar de que el
Presidente del Gobierno habló de que venía la era de los
ayuntamientos, ello sin duda se debió a un lapsus mental,
porque lo más probable es que estuviera refiriéndose, tal y
como después han discurrido los acontecimientos, a la era de
su desaparición. Y ello por la decisión política del Partido
Socialista Obrero Español de ignorar a las corporaciones
locales en la construcción del Estado descentralizado que
contempla nuestra Constitución y optar por hacer aliadas
naturales a fuerzas políticas incapaces de defender un Estado
descentralizado, pero equilibrado, participativo y solidario,
donde las corporaciones locales sean parte integrante del
mismo. Se trata, pues, de considerar o no Estado a los
municipios, dotándolos de competencias en base al ya referido
principio de subsidiariedad y de recursos suficientes para
ejercerlas.

Por ello, señor Ministro --se lo decía al principio--, hay que
hablar con claridad. Ustedes no tienen interés en el ámbito
municipal, pero díganlo ya, no lo oculten más, aunque estemos
en las puertas de la celebración de una Asamblea
extraordinaria de la Federación Española de Municipios, porque
los cargos públicos sociliastas no pueden aguantar más a pesar
de la llamada a la disciplina, y ello sencillamente porque las
propias instituciones locales tampoco soportan más. Digan con
claridad que han abandonado definitivamente aquel principio de
distribución de los ingresos del Estado del 50-25-25, que
junto con nosotros en otros momentos defendieron en esta
Cámara, porque han apostado por otra política que conlleva la
disminución progresiva de los ingresos municipales
provenientes de la participación en los tributos del Estado.

Hablen de una vez, y sin que sirva de precedente, de verdad
del modelo que hace tiempo comenzaron a diseñar. Sin miedo. No
lo oculten más, porque la propia realidad se lo está poniendo
al descubierto. Un modelo desequilibrado institucionalmente,
donde se remite a los ayuntamientos al papel de meros gestores
para que no ejerzan poder político alguno que se residencie en
otra instancia. Ahora bien, le diré, señor Ministro, que hay
en la izquierda la alternativa que demanda la realidad. Es
clara y sencilla, y de ella escuetamente voy a hablar.

Primero, desarrollo constitucional progresista. Cambio,
lógicamente, en la opción actual de modelo de Estado, con una
alternativa clara de Est solidario, equilibrado y
participativo, donde las corporaciones locales sean parte
integrante del mismo.

En segundo lugar, pacto institucional, que supone diálogo
entre las administraciones y sus representaciones, el Gobierno
y las fuerzas políticas. Tres elementos, pues, para ser motor
del devenir de una nueva situación en el ámbito local, con
unas medidas urgentes, absolutamente necesarias e
imprescindibles: la refinanciación de la deuda actual, la
redefinición del marco competencial en base al principio de
subsidiariedad --lo repito, señor Ministro-- y un nuevo modelo
de financiación de las haciendas loc cumplirlo.

La solución, como ve, es fácil, pero para hacerla posible
existe algo que se llama voluntad política, ausente de la
esfera gubernamental al me que desde la izquierda esperamos
que no hagan mal uso de ella en las puertas de la Asamblea
extraordinaria de la Federación Española de Municipios, para,
una vez más, desmovilizar, en este caso el ámbito local.

Es verdad, señor Ministro, que no hay pronto elecciones
municipales, por eso la coyuntura no obliga. A lo mejor o a lo
peor todo sigue igual, lo que equivale, sépalo, al desastre en
el ámbito local, lo cual sería una contribución más por parte
de ustedes al deterioro general, algo que, lamentablemente, en
los últimos tiempos ya se va haciendo habitual.

Así y todo, les puedo garantizar, señor Ministro, señores del
Partido Socialista Obrero Español, que nuestra moción, como
consecuencia de esta tenderá a concitar el máximo acuerdo
parlamentario, porque en definitiva, lo que importa al Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es dar
respuesta a la situación municipal actual, respuesta no
coyuntural, sino respuesta para producir, en el futuro
inmediato, un cambio cualitativo en el ámbito local, en el
marco, no lo olviden, de la construcción de un Estado federal,
solidario, equilibrado y participativo. De su



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respuesta, pues, depende la posibilidad de que tal solución se
dé, se pueda arbitrar o nos encontremos con una nueva
negativa, por otra parte, ya habitual.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Aguilar.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro de Economía.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, he escuchado con suma atención la interpelación
realizada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
la política del Gobierno respecto a las competencias y
financiación de las corporaciones locales. Si sus datos de
partida fueran ciertos, posiblemente podría compartir alguna
de sus conclusiones. Por lo tanto, yo creo que deberíamos
empezar por clarificar los datos, para ver si estamos hablando
exactamente de lo mismo o estamos hablando de cosas distintas.

A S.S. le preocupa la importancia de la deuda municipal, y no
es para menospreciar. Estamos hablando de un billón 100.000
millones de pesetas. Pero si S.S. compara (estoy utilizando
datos del año 1992, en base a la propia información del
Ministerio, de acuerdo con el documento sobre presupuestos de
las corporaciones locales para el año 1992), estamos hablando
de unos recursos ordinarios, de esas corporaciones locales, de
tres billones 414.000 millones de pesetas. Por lo tanto, si
S.S. compara el servicio de la deuda, en el caso de las
corporaciones locales, como media, es un servicio de la deuda
bastante inferior al del Estado. Evidentemente, eso plantea un
problema importante, y es: Están endeudadas las corporaciones
locales, ¿sí o no? Evidentemente, están endeudadas pero hay
que reconocer que el endeudamiento, en términos medios, es
bastante satisfactorio. Otra cosa es el endeudamiento de
alguna corporación local específica, por una u otra razón. En
segundo lugar, cuál es la distribución competencial y cómo se
plantea esa distribución, a la que tantas veces se refieren
unas y otras fuerzas políticas, del 50-25-25. Tomemos como
referencia el año 1991, que es el último para el que tenemos
datos. De acuerdo con la distribución del gasto operativo del
sector público entre las distintas administraciones, en el año
1991 los porcentajes, incluidas las obligaciones de deuda y
excluidas pensiones de Seguridad Social y clases pasivas, es
el siguiente. El Estado gasta, aproximadamente, el 59,9 por
ciento del total, las comunidades autónomas el 24 y las
corporaciones locales el 16,1 por ciento. Y ahí tengo la
segunda discrepancia con su señoría. Su señoría afirma que hay
una reducción de las corporaciones locales en la evolución y
estructura del gasto en el sector público, y no es correcto.

En el año 1984 esa participación era del 12,8 por ciento, en
los años 1985 y 1986 sube al 13,5/14 por ciento, desde el año
1988 se supera el 15 por ciento y en los años 1990-1991 está
por encima del 16 por ciento. Por lo tanto, su afirmación de
la caída del peso relativo no es correcta. Pero sigo un poco
con mi argumento. Esa distribución del 59-24-16, sin embargo,
tiene que ser matizada, en la medida en que refleja una
situación parcialmente irreal. Algunas comunidades autónomas
no tienen aún transferida la educación y la sanidad. Si
homogeneizamos las cifras y considerásemos como transferible
esa parte correspondiente de las competencias del Estado,
veríamos --con datos del año 1991-- que tendríamos una
participación del Estado en los gastos totales del 50,2 por
ciento, una posibilidad de transferencia de competencias
cedibles del 9,6 por ciento y, evidentemente, las comunidades
autónomas podrían aumentar ese 24 hasta prácticamente el 34 ó
35 por ciento. Todo ello sin modificar para nada la
participación de las corporaciones locales.

Puede S.S. plantear algo que a lo mejor es razonable, desde un
punto de vista teórico, y es ese 50-25-25. Pero me gustaría
afirmar algo. Ese 50-25-25 no es realista en el momento actual
en función de la distribución competencial existente y, por lo
tanto, podríamos entrar en un punto siguiente, y es si esa
distribución competencial existente es correcta o no.

El tercer elemento que me gustaría comentar es la referencia
que hace S.S. a que los problemas de las corporaciones locales
derivan de dos hechos que también son incorrectos. Primer
hecho, la caída de los ingresos de las corporaciones locales.

No es cierto. Le doy el dato de 1984. Las corporaciones
locales ingresaban un billón 147.000 millones de pesetas,
entre recursos propios y transferencias del Estado. Año 1991,
las corporaciones locales reciben tres billones 300.000
millones de pesetas. Por lo tanto, se multiplica por tres. En
consecuencia, no hay caída de recursos ni en términos
absolutos ni, como he dicho antes, en participación global. El
segundo punto que me parece importante es el siguiente. La
consecuencia del problema son los retrasos en las
transferencias a las corporaciones locales. No es exactamente
correcta esa afirmación. Existen unas obligaciones de
transferencias de entrega a cuenta a los ayuntamientos, que es
obligatorio realizar dentro de cada trimestre, y que, en
general, se realizan en la primera semana del segundo mes de
cada trimestre. Se paga, por tanto, en momentos bastante
aceptables y razonables.

En cuanto a las diputaciones, existe la obligación de pagar
por mes y se paga a mes vencido, sin que se planteen tampoco
esas dificultades. Es cierto que se ha planteado --y he tenido
ocasión de comentarlo en esta tribuna a lo largo de esta
tarde-- una discusión sobre el teórico retraso de los ajustes
del año 1992. El problema, como he señalado, es que
fundamentalmente hay



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que definir para el año 1992 un PIB en el que estemos de
acuerdo y adaptar el ajuste de transferencias a esas cifras
definidas de acuerdo con los criterios que se establecen. La
disposición de los datos para el cálculo de la liquidación del
año 1992 se produce, como he señalado antes, el 13 de octubre
y ya están prácticamente liquidadas las
cifras correspondientes.

Otro problema distinto que se ha planteado estos días es en
qué medida lo inicialmente presupuestado por las corporaciones
locales, como transferencias a recibir por parte del Estado,
se ha visto disminuido como consecuencia de la reducción del
gasto equivalente del presupuesto del Estado. Pero es evidente
que si hay un sistema legalmente establecido, hay que
respetarlo cuando sube el gasto equivalente y cuando se reduce
el gasto equivalente, y no parece coherente que si el Estado
realiza un cierto esfuerzo en cuanto al saneamiento de sus
finanzas, no tenga la misma repercusión en las corporaciones
locales. Por lo tanto, creo que hay problemas, y no voy a
ocultarlos. Hay un endeudamiento creciente, que no ha llegado
al límite que tienen las comuni para poner en riesgo su
financiación; que ese endeudamiento, sobre todo a corto plazo,
ha crecido en el último año de forma importante y que, por
supuesto, hay que plantearse qué debemos hacer con las
corporaciones locales. Intento contestar de forma rápida a sus
preguntas más concretas. En primer lugar, yo creo que, antes
que nada, deberíamos realizar un análisis de la distribución
competencial entre la Administración local y las restantes
administraciones. En ese sentido, es absolutamente
imprescindible hacer un planteamiento de esta naturaleza,
porque es cierto que, en muchos casos, se están realizando,
por parte de las corporaciones locales, planes sectoriales,
desarrollados por las comunidades autónomas, que muchas veces
no incluyen los traspasos de medios y recursos suficientes. En
segundo lugar, es evidente que hay corporaciones locales que
también están desarrollando ciertas competencias no siempre
atribuidas, en algunos casos porque así se lo demanda la
sociedad y lo creen conveniente y en otros casos como
consecuencia de convenios o acuerdos de cooperación con otras
administraciones.

Todas estas situaciones deben ser observadas, deben ser
analizadas y deben ser resueltas en el sistema de financiación
que se plantee para el futuro. Debemos reconsiderar el sistema
de financiación porque el cuatrienio que termina el año 1993
así nos lo exige.<ð ¿Cuál debe ser, en nuestra opinión, la
estrategia más sensata en vista de la actual crisis?
En primer lugar, por parte del Estado se van a hacer todos los
esfuerzos para encauzar la situación de distribución
competencial, con la necesaria colaboración con las
comunidades autónomas y bajo un principio de
corresponsabilidad financiera con las corporaciones locales.

Este no es un problema de decisión política; es un problema de
aplicación del sistema de distribución competencial
establecido por la Constitución.

En segundo lugar, y en la medida en que sea necesario --yo
personalmente creo que sí va a ser necesario--, el Gobierno
debe propiciar la reforma estructural del sistema de gestión
local. Es verdad que ello nos puede llevar a algunos retoques
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pero no a un
cambio esencial del sistema. Por lo tanto, yo no veo esa
contradicción a la que S.S. se refería entre mis palabras de
modificación o de retoque del sistema actual, porque no
estamos hablando de un sistema radicalmente diferente.

Evidentemente, aquí no estoy planteando la refinanciación, ése
es un tema de naturaleza totalmente diferente. El Gobierno --
yo he hecho esa misma referencia a lo largo de esta tarde
también-- no está pensando en medidas de saneamiento
adicionales y, en cuanto a la refinanciación, es un tema que
no se podría plantear caso a caso. Habría que plantearlo de
forma global y, desde luego, en mi opinión, no de forma
generalizada, respondiendo a supuestos muy específicos que se
aplicasen de forma general.

En tercer lugar, creemos que la política de financiación de
las corporaciones locales se debe orientar basándose en un
respeto a las relacione trascendencia financiera,
especialmente en lo que se refiere a las finanzas de estas
corporaciones locales.

Estoy absolutamente de acuerdo en que no se pueden imponer
obligaciones a las corporaciones locales o no se les puede
trasladar cierto tipo de competencias sin que, al mismo
tiempo, esa demanda ciudadana que generamos no traiga consigo
una transferencia de fondos adecuada para la realización de
dicha obligación.

En cuarto lugar, creo que es imprescindible también procurar
establecer en los convenios mutuos de colaboración --que ya
existen en la actualidad--, de forma más adecuada, la
capacidad de las partes, para cumplir con sus compromisos
financieros.

Finalmente, y en el sustrato financiero que ha de acompañar a
estas medidas de tipo general, el Gobierno debe procurar que
el primer estadio de la autonomía financiera de las
corporaciones locales y, particularmente de los municipios,
sea un logro en el menor plazo posible. La situación económica
no es fácil, pero existe un compromiso para que se ponga en
marcha este sistema para el año 1994. Ello exigirá un contacto
inmediato con la Federación Española de Municipios, contactos
que, por otra parte, ya se están realizando a nivel informal,
de manera que, como he explicado también esta tarde en esta
Cámara, podamos disponer de un proyecto de norma en el primer
cuatrimestre del año 1994, que la Cámara pueda aprobarlo antes
de fin de año y que en 1995 se apliquen las correcciones
necesarias al sistema actual y resolvamos



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los problemas que ahora se plantean con Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.

Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, le aseguro que con nuestra interpelación lo
que pretendíamos era realizar un debate político en torno a la
situación por la qu municipios; no pretendíamos ir a un debate
economicista de la situación, aunque comprendo que usted se
haya remitido exclusivamente a los números por la lejanía que
tiene del ámbito local. Es lógico, como antes le decía, que
hubiera sido el Ministro para las Administraciones Públicas
quien estuviera aquí debatiendo políticamente cuál es el
modelo de Estado que va a defender o que está llevando a cabo
el Gobierno socialista, y no el Ministro de Economía para
darnos datos que, por otra parte, resultan contradictorios con
los ofrecidos por el propio Ministerio para las
Administraciones Públicas. Por consiguiente, pónganse ustedes
de acuerdo, señores del Gobierno. Los datos que yo he
utilizado en esta tribuna son los ofrecidos por el Secretario
de Estado para las Administraciones Públicas en la
comparecencia que realizó en la Comisión correspondiente.

Deben saber una cosa, y es que la pretendida estabilidad
también pasa por el nivel municipal. Ustedes están obviando a
los municipios en esa c Estado y, además, están faltando a la
verdad. Hay que saber --porque si lo desconoce el Ministro de
Economía ciertamente es grave-- que la situación financiera de
los municipios sitúa a algunos de ellos al borde de la
quiebra. Y no venga usted aquí a decirnos que es por falta de
responsabilidad de algunos alcaldes o de algunas corporaciones
locales. La situación es generalizada; no ponga, pues, como
ejemplo, ningún ayuntamiento, porque al lado de su ejemplo
habrá otros cientos. Quiérese decir que no es una situación
excepcional de algunos municipios, sino prácticamente de la
totalidad de los mismos.

El señor Ministro nos indicaba que estábamos equivocados a la
hora de manifestar cómo se estaban reduciendo los ingresos que
llegaban a los mu provenientes de la participación en los
ingresos generales del Estado, y también nos decía cómo las
demoras en el pago de esos anticipos a las corporaciones
locales no se han producido. Le voy a decir una cosa, y es que
me estoy equivocando, en todo caso, con cientos de compañeros
de su Partido, el Partido Socialista Obrero Español, que lo
han manifestado públicamente también. ¿El equivocado no será
usted, señor Ministro? El Presidente de la Federación
Municipios, señor Vázquez, por otra parte compañero
parlamentario, que forma parte de esta Cámara y de su Grupo
parlamentario, ha dicho concretamente cómo la situación límite
de los municipios, no de algunos, sino en general de los
municipios, es, básicamente, por la demora en los pagos del
Gobierno y por la escasa participación en los ingresos
estatales y la congelación de esa partida en los últimos años;
eso sumado a la actitud de las autonomías, que ni siquiera han
creado, en su mayoría, el fondo de cooperación local. Quiérese
decir, señor Ministro, que usted o no sabe lo que los cargos
públicos socialistas, algunos que forman parte de su Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, están planteando, o
simplemente, dígalo, es que no hay voluntad política por parte
del Gobierno y, por consiguiente, no van a ofrecer ningún tipo
de solución.

Le recuerdo también, señor Ministro, que la demora en los
pagos se está produciendo, que las liquidaciones de 1992 no
han llegado a los ayuntamientos y que ahora, en las puertas de
la celebración de la asamblea extraordinaria de la FEM, una
vez más se ha dicho que iban a llegar para acallar no ya las
voces, sino el clamor de los propios cargos socialistas y,
lógicamente, de los cargos públicos de otras formaciones
políticas. Digan que no van a cambiar el modelo, pero
díganselo a los municipios, no vayan a utilizar ese doble
lenguaje habitual de decir una cosa en la Cámara y, a la hora
de intervenir en el marco de la asamblea extraordinaria de la
Federación Española de Municipios, para no dejar en mal lugar
a sus compañeros, para seguir haciendo demagogia por otra
parte y para llevar un discurso que, lógicamente, venga a
paralizar una vez más la vida municipal, digan justamente la
contraria. Para concluir, señor Ministro, le diré que ha
faltado a la verdad. No es cierto que se esté negociando con
la Federación Española de Municipios; con la Federación
Española de Municipios ha dialogado el Gobierno para informar,
no para negociar con ella. Precisamente --le recomiendo que se
lo lea para que se acerque un poco más a la problemática real
del nivel municipal--, en el documento que presenta la
Ejecutiva de la Federación Española de Municipios a su
asamblea extraordinaria, ésa es una de las cosas que demanda:
que la FEM sea un instrumento válido para ser interlocutor con
el Gobierno a la hora de negociar, no sólo a la hora de ser
informado.

Es lamentable que usted, señor Ministro, desconozca la
realidad local y que el Ministro de Administraciones Públicas
simplemente se haya quita quizá porque la desconoce aún más
que el Ministro de Economía. No queremos discutir de los
municipios desde el punto de vista economicista, queremos
discutir de la realidad municipal a nivel político. Si están
dispuestos a ello, en la moción tendrán otra oportunidad;



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si no lo están, díganlo ya y no vayan a engañar a la
Federación Española de Municipios una vez más.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, tiene
la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Si S.S. hubiese oído lo que yo he dicho y no lo que ha creído
entender, no haría afirmaciones como la de que se ha faltado a
la verdad porque no se está negociando con la FEM. Yo no he
dicho que se esté negociando con la FEM; yo he dicho que se va
a negociar con la FEM y que se han mantenido conversaciones
exploratorias. Si S.S. fuese más correcta en la
interpretación, no haría esas acusaciones de seguir haciendo
demagogia.

A S.S. le preocupa un planteamiento que denomina economicista
frente a otro político, como si el elemento fundamental del
que estuviésemos hablando no fuese un problema de fondo
económico, aunque sin duda alguna con una gran trascendencia
política, como si de lo que estuviésemos hablando no fuese
exactamente de cuál es la situación financiera de los
municipios. A S.S. le puede gustar o no la cifra, pero le
puedo asegurar que, en la publicación de presupuestos de las
corporaciones locales para el año 1992, de la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, se
aprecia claramente que el endeudamiento de un billón 100.000
millones de pesetas corresponde a unos ingresos ordinarios de
tres billones 414.000 millones de pesetas. A S.S. le gustará o
no le gus correcta y, por tanto, lo que no se puede decir al
mismo tiempo, como ha dicho S.S. textualmente, es que la
situación financiera de algunos municipios se sitúa al borde
de la quiebra para a continuación afirmar que la situación es
generalizada. O se sitúa en algunos de ellos al borde de la
quiebra, cosa en la que posiblemente puedo estar de acuerdo, o
todos ello están en una situación de quiebra generalizada,
cosa que no es correcta porque, si eso fuera así, las cifras
de la Memoria de la Dirección General de Haciendas
Territoriales serían incorrectas, pero me parece que no existe
mejor información que ésa.

Su señoría se refiere a algunas afirmaciones en prensa que
evidentemente responden a unas ciertas tomas de posición con
las que podemos estar de acuerdo o no, y le puedo asegurar que
los períodos de pago que se están cumpliendo son a los que he
hecho referencia. En todo caso, vuelvo a repetir lo que he
dicho a lo largo de la tarde: hay pendiente una negociación
sobre el futuro sistema de financiación. Esa negociación se
realizará con la Federación Española de Municipios.

Desearíamos que la bases estuviesen establecidas antes del 31
de diciembre próximo. Querríamos introducir en esta Cámara las
posibles normas que modifiquen, si es necesario en su caso, la
Ley de Haciendas Locales en el próximo año, porque tiene que
estar en vigor el nuevo sistema para el presupuesto del año
1995, dado que habrá que compensar las desviaciones de 1994, y
esa disposición del Gobierno a hablar y a discutir es la que
ha existido siempre.

Pero querría introducir algo más. En la distribución
competencial actualmente existente, es imprescindible que
definamos el papel que tiene que realizar cada una de las
administraciones existentes, y posiblemente estoy de acuerdo
con que hoy las corporaciones locales están realizando
funciones para las que no tienen la financiación.

Evidentemente, ese problema tendremos que replantearlo, pero
no es básicamente un problema del Estado, es un problema del
estado de las comunidades autónomas y también de todo el
sistema de distribución competencial y, en algunos casos
concretos, de en qué medida los ayuntamientos están realizando
funciones para las que no tienen financiación.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Nadal.




El señor NADAL I MALE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en este debate pocas cosas cambian en relación
con los realizados en marzo de 1993, el 28 de diciembre de
1992, el 12 de diciembre de 1992, porque en todos los
planteamientos que se realizaron en aquel momento y a lo largo
de las anteriores sesiones, en las que se ha hablado de temas
de financiación de ayuntamientos o, mejor dicho, de
competencias de los ayuntamientos, siempre el Ministerio de
Economía ha respondido con idénticas palabras a las que usted
está utilizando hoy.

En estos momentos, señor Ministro, yo no creo que sea lógico
hacer planteamientos filosóficos sobre si federalismo, sobre
cuestiones que no vienen al caso.

Con el anterior Ministro de Economía se estuvo hablando y él
aceptó la posibilidad, que quedó cerrada como consecuencia del
final de la legislatura, de una mesa tripartita, donde
Gobierno, comunidades autónomas y municipios, definieran
esencialmente cuáles eran las competencias de cada uno de los
órganos. Y esta es, señor Ministro, la propuesta que le vuelvo
a realizar y que me gustaría que se aceptara definitivamente.

No resolveremos el financiamiento de los ayuntamientos en
tanto no delimitemos cuáles son cada una de sus competencias.

También le he de decir que en aquella época se dijo una frase
que tiene su trascendencia hoy, que me preocupa porque usted
la ha contradicho. Creo que el señor Solchaga dijo que no
vamos



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a beneficiar o no vamos a primar a los ayuntamientos que han
tenido una conducta irresponsable.

Aceptemos lo de la mesa tripartita, pero también aceptemos que
no es lógico que usted conteste a mi compañero señor Carrera
en el sentido de que determinados ayuntamientos tendrán
avances de tesorería. Esto no se puede decir, señor Ministro,
porque estos ayuntamientos que necesitan avances de tesorería
son aquellos que tienen dificultades económicas como
consecuencia de su mala gestión. Como tampoco se puede decir
que la responsabilidad de la mala gestión de los municipios
corresponde a las comunidades autónomas. Señor Ministro, el
problema radica en las competencias. Es el único problema que
podemos solucionar hoy por hoy. Si no se delimitan las
competencias, si no se establece claramente cuáles son las
funciones de los ayuntamientos, no llegaremos a una solución;
y si, por contra, usted establece la posibilidad de avances de
tesorería a aquellos ayuntamientos que están en dificultades
económicas, entonces acabaremos de cerrar el círculo y no
encontraremos la solución.

Señor Ministro, entre nosotros, el alcalde de Málaga o de
Granada, no lo sé exactamente (Varios señores Diputados: de
Málaga.), dice que el problema se lo ha pasado a usted ya; no
lo s cómo lo ha hecho. Aún no tengo los problemas del alcalde
de Málaga, pero si continuamos así, los tendré en dos años,
como los tendrán todos los ayuntamientos. Entonces espero que
usted siga siendo Ministro de Economía para pasárselos.

No digamos que la responsabilidad es de las comunidades
autónomas. ¿Cómo la Generalitat de Cataluña --y pongo un
ejemplo que me afecta más directamente, porque sería ilógico
poner otros-- puede responsabilizarse de la deuda del
Ayuntamiento d ¿Hasta qué extremo la comunidad autónoma,
cualquiera que sea, ha podido negar a los ayuntamientos que
sobrepasaran el 25 por ciento? No ha tenido, si usted quiere -
-y podemos coincidir--, valor para negárselo, pero ello no
implica esta responsabilidad que les quiere imputar usted. La
comunidad autónoma no tiene valor para negar a los
ayuntamientos que pasen del 25 por ciento en el endeudamiento,
y si no tiene valor para hacerlo y no lo ha tenido ninguna de
las comunidades autónomas, ¿es que ahora el problema recaerá
en las comunidades autónomas? Es que entonces lo que hacemos
es que la crisis financiera se vaya a las comunidades
autónomas.

Señor Ministro, antes ha hablado del asesoramiento a los
municipios. Me parece muy bien que usted nos asesore, pero en
estos momentos el asesoramiento tiene que ser en condiciones
muy claras. Los libros los llevamos bien, se lo aseguro; todos
los ayuntamientos llevan bien los libros. Lo que no llevan
bien son las obligaciones que por las presiones de las
comunidades autónomas y del propio Estado deben asumir.

Déjeme decirle una última cosa para acabar y antes de agotar
el tiempo. El señor Serra --yo creo que hace muy bien usted en
no acompañarnos en La Coruña, creo que es una buena idea--dijo
en Zaragoza: ha llegado el momento histórico de solucionar el
problema del financiamiento de los ayuntamientos porque el
Estado ha resuelto el problema del financiamiento de las
comunidades autónomas. Me parece que el señor Serra se
equivocaba, porque usted algo tiene que decir en estos
momentos sobre el financiamiento de las comunidades autónomas.

Ha llegado el momento para los ayuntamientos. Si usted no
quiere hablar de liquidaciones de presupuestos, de deudas, no
lo haga. Propuestas: financie usted, por ejemplo, un 3 por
ciento de los intereses de la deuda y que las comunidades
autónomas financien otro 2 por ciento; libere usted los
coeficientes de caja de las cajas de ahorro y haga que éstas
financien a los ayuntamientos con unos créditos especiales.

Busque soluciones de este tipo, pero no olvide, señor
Ministro, que la única solución a la que está obligado usted o
quizás el Ministro competente en las administraciones
territoriales es la delimitación, en mesa tripartita, de las
competencias de cada una de las instituciones.

Gracias, señor Ministro, y espero que no me pase como con el
señor Solchaga --está escrito--, que cuando hablé de este tema
miraba al tendido, porque dijo que él ya tenía muchos
problemas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nadal.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mañueco.




El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, señor Ministro, después de
escuchar su intervención y a sabiendas de que ayer la
Federación Española de Municipios y Provincias no sabía aún
quién iba a inaugurar la asamblea extraordinaria en la ciudad
de La Coruña, a mí me cabe la satisfacción de decirle que
sería usted la persona más idónea para ello. Además, me
encantaría que dijera usted ante los alcaldes y los concejales
españoles, que se reúnen por primera vez con carácter
extraordinario en 13 años, el mismo discurso que les ha dicho
aquí, en cuanto a la capacidad de endeudamiento y la deuda que
tienen, en cuanto a la eficacia y la responsabilidad en la
gestión, en cuanto a los problemas que han venido generando y
en cuanto a los apoyos que están recibiendo del Gobierno desde
1984. Porque, una de dos, o aquí se da por supuesto en esta
Cámara, cosa que yo rechazo y no defiendo, que los alcaldes y
concejales son personas incompetentes e inadecuadas o, de lo
contrario, lo que está claro es que la insuficiencia
económica, la desatención por parte del Gobierno y la demanda
y la



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responsabilidad de los alcaldes para atender los
servicios que los ciudadanos les exigen ha llevado a esta
situación de las corporaciones locales.

No podía ser más necesaria esta interpelación de Izquierda
Unida que en este momento concreto. Se van a reunir los
alcaldes porque hace unos días, señor Ministro, en la ciudad
de Madrid lo hacían los siete alcaldes de las grandes ciudades
españolas para decir que no podían seguir ni un momento más en
esta situación. Y están los alcaldes españoles tan
desorientados en cuanto al respaldo económico que tienen en la
Ley de Haciendas Locales aprobada por ustedes, y modificada
también por ustedes --y recurrida por el Grupo Popular en el
Tribunal Constitucional dicha modificación--, están tan
desorientados que ya, como las comunidades autónomas para
llegar a un acuerdo con el Gobierno reivindican y logran una
participación en el IRPF, dicen: sálvese quien pueda y a ver
si nosotros, los ayuntamientos, podemos lograr de ese IRPF una
participación con el fin de ir saldando nuestras deudas.

Señor Ministro, yo le agradeceré que haga usted llegar al
señor Ministro para las Administraciones Públicas, que es
quien tiene mayor responsa tenga menos conocimiento, que se
siente a hablar con la Federación Española de Municipios y
Provincias, pero no que se siente a hablar con los señores
socialistas de esa asociación para, a su vez, decirles lo que
tienen y no tienen que hacer; lo que no tienen y lo que tienen
que defender y hata dónde tiene que llegar su postulado
reivindicativo ante el Gobierno de la nación. En esta Cámara
se ha producido, señor Ministro, que no en interpelaciones
sino ya en mociones alcaldes socialistas se han salido porque
no podían votar en contra de lo que se estaba proponiendo y,
sin embargo, su Grupo iba a votar en contra y se salían de la
Cámara. Si se defiende al municipalismo se defiende aquí, en
la calle Nuncio y en la calle Ferraz, en la sede del Partido
Socialista, en la sede de la Federación y en el Congreso de
los Diputados. No puede haber tres discursos; uno en Ferraz
diciendo que ha llegado el momento de las corporaciones
locales y que vamos a llegar a un pacto local; otro, con la
Federación Española de Municipios y Provincias diciendo:
esperen que no es momento porque ahora no hay dinero; y otro
aquí en la Cámara diciendo: los ayuntamientos están
suficientemente atendidos y, si hay un desfase entre ingresos
y gastos, pregunten a aquellos alcaldes que bajo su
responsabilidad no están llevando a cabo lo que tenían que
hacer para sanear sus ayuntamientos.

Vamos a estar muy atentos, como decía mi antecesor en el uso
de la palabra, si es cierto --que se ha comprometido-- y en
base a qué, a la anticipación de créditos a determinados
ayuntamientos de determinado signo para paliar su situación
económica, porque, señor Ministro, el dinero que transfieren a
las corporaciones locales es poco, pero lo más grave es que se
lo transfieren tarde y, como se lo transfieren tarde y no hay
tesorería ni hay liquidez, tienen que hacer operaciones de
crédito y esas operaciones de crédito sine die, renovadas y
modificadas con altos intereses, y los más caros los del Banco
de Crédito Local, donde ustedes obligan a ir a los
ayuntamientos, es lo que ha llevado a los ayuntamientos a una
situación de bancarrota.

Es el momento de sentarse a hablar con la Federación. Yo le
diría, señor Ministro, usted que aquí representa al Gobierno
de la nación: vaya a La Coruña mañana por la tarde y hable
allí con los alcaldes. El señor Serra, Vicepresidente del
Gobierno: fue en un momento crucial a Zaragoza y dijo: a
partir de ahora vengo en nombre del Gobierno a comprometerme y
a responsabilizarme de sacar adelante la problemática local.

Tuvimos que reunirnos después la comisión ejecutiva con el
señor Presidente del Gobierno, don Felipe González, en la
Moncloa, quien nos dijo: aunque alguien no lo comparte, yo sí
y voy a defender el
municipalismo. O manda poco el señor González en el Partido o
manda poco en el Gobierno o engañó a los cargos electos de la
Federación Española, porque nada se ha solucionado. Señor
Ministro, oportunidad histórica, mañana en La Coruña se reúnen
los alcaldes españoles porque se comprometió la Federación
Española, ante la petición del Partido Popular, a convocar una
asamblea extraordinaria, que se demoró por la convocatoria de
elecciones generales, para dar salida a la situación caótica
que viven las corporaciones locales. No es solamente economía;
es economía, es competencia, es dignidad de los cargos
públicos, es saber qué representamos y qué tenemos que hacer,
es no estar hoy con una ley y que mañana se modifique, es
cumplir la palabra de revisar la ley que afecta a las
corporaciones locales, la Ley de Bases de Régimen Local; y es
garantizar los impuestos en la Ley de Haciendas Locales que
han de permitir el desarrollo económico y autónomo de las
corporaciones locales, según reconoce la Constitución.

Es una interpelación que viene en un momento exacto y por eso
nuestro Grupo, cuando llegue la moción, en los postulados que
plantee seguro que vamos a estar de acuerdo, pero estoy seguro
de que no sólo vamos a estar de acuerdo el Partido Popular e
Izquierda Unida; estoy seguro que, cogiendo su palabra y la
palabra del Gobierno, vamos a estar de acuerdo todos, porque
todos vamos a defender los servicios y la calidad de vida de
los ciudadanos que se prestan desde las corporaciones locales,
y vamos a dignificar y a sacar la cara por los alcaldes para
no vender a la prensa que son unos malos gestores y unos
gastadores del dinero público. Cumplen con los ciudadanos en
tareas de desempleo, de pobreza, de infraestructura, de
educación, de generación de trabajo, de polígonos
industriales, de agua, de saneamiento, de luz, es decir, de lo
que acontece y da calidad de vida a los ciudadanos. Esa es
responsabilidad del Gobierno de la nación, y los
ayuntamientos,



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que forman parte del Estado, y son conscientes de ello, exigen
del Gobierno de la nación una respuesta
adecuada.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mañueco.

Señorías, el Pleno se reanudará mañana a las nueve horas. Se
suspende la sesión.




Eran las ocho y quince minutos de la noche.