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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 20, de 26/10/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 20 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 18
celebrada el martes, 26 de octubre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:



Toma en consideración de Proposiciones de Ley:



--Del Parlamento de Canarias, sobre modificación de los
aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
y actualización de los Puertos Francos. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 9.1, de 16 de julio de
1993 (número de expediente 125/000008) (Página 654)



Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:



--Del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo (número de expediente 121/000014) (Página 666)
--Modificaciones en el orden del día de la sesión (Página 666)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):



--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
Comercio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 10.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente
122/000002) (Página 667)



Página 650




Proposiciones no de Ley:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas a tomar para mejorar la situación por la que
atraviesan los pescadores españoles de bonito. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 6, de 14 de
septiembre de 1993 (número de expediente 162/000017) (Página 674)
--Del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), por la que se insta al
Gobierno a negociar ante la Comunidad Económica Europea (CEE)
la prohibición definitiva de las volantas para la captura de
túnidos a partir del 1 de enero de 1994. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 13, de 4 de octubre de
1993 (número de expediente 162/000031) (Página 674)



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política de tasas
universitarias realizada por el Gobierno y los cambios
necesarios en la misma para garantizar el acceso a la
enseñanza superior pública de todos los españoles. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 17, de 8 de
octubre de 1993 (número de expediente 173/000006) (Página 681)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en
relación con el Mercado de Trabajo para detener el proceso de
destrucción de empleo y activar la creación del mismo.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 17,
de 8 de octubre de 1993 (número de expediente 173/000007)
(Página 688)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su
repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política
general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 17,
de 8 de octubre de 1993 (número de expediente 173/000008)
(Página 696)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
21, de 27 de octubre de 1993.)



SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 654)



Del Parlamento de Canarias, sobre modificación de los Aspectos
Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
actualización de los Puertos Francos (Página 654)



En nombre del Parlamento de Canarias defiende la proposición,
en primer lugar, el Diputado de aquella Cámara señor Brito
González, que destaca las singularidades de aquellas islas, lo
que les coloca en situación no competitiva con otros enclaves
marítimos. Alude al contenido del Real Decreto de 11 de julio
de 1852 y la justificación que daba Bravo Murillo para su
promulgación, así como a las modificaciones posteriores de
cara a promover el desarrollo económico y social del
Archipiélago, razones todas ellas válidas en este momento para
tomar en consideración la iniciativa que se somete a la
decisión de esta Cámara.

Continúa la defensa de la proposición
de ley el Diputado del Parlamento Canario señor González
Vieitez, aludiendo a la situación económica canaria como una
economía alejada, pequeña y fragmentada, sin materias primas,
caracterizándose por ser una economía abierta, frágil y
dependiente. Añade que para luchar contra las desventajas de
aquella economía peninsulares e isleños han ido construyendo
un régimen económico y fiscal de carácter jurídico
constitucional al tratarse de una ley paccionada. Menciona,
por otro lado, el hecho de que se encuentren probablemente en
la crisis más profunda de las últimas décadas, como lo
demuestra la elevada tasa de paro en aquellas Comunidades,
que, en su opinión, está demandando una solución similar a la
arbitrada para Extremadura y Andalucía a través de planes
específicos contra el desempleo.




Página 651




Completa la defensa de la proposición de ley, en nombre del
Parlamento Canario, el señor Ucelay Sabina, manifestando que
la tramitación de esta reforma de los aspectos económicos de
la Ley 30/72, de Régimen Económico y Fiscal, es consecuencia
lógica y necesaria, aunque desgraciadamente tardía, de la
integración plena de Canarias en la Comunidad Económica
Europea. Reconoce que la respuesta comunitaria a la nueva
situación ha sido comprensiva, pero no así la respuesta
legislativa española para sustituir al obsoleto régimen
económico y fiscal. Precisamente a la actualización de este
tradicional régimen fiscal de las islas se dirige la
proposición que ahora defiende, estableciendo un sistema
compensador del transporte, condicionante básico de la
insularidad, a fin de equipararse a las regiones
continentales. Menciona otras ventajas contenidas en el
articulado de la proposición de ley y termina solicitando, en
nombre del Parlamento canario, la toma en consideración de la
misma y su posterior aprobación con aquellas mejoras que
puedan superar el texto presentado y alcanzar más fácilmente
los objetivos propuestos.

En turno de fijación de posiciones
hacen uso de la palabra los señores Olarte Cullen, del Grupo
de Coalición Canaria; Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Homs i Ferret, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Cabrera Pérez-Camacho, del
Grupo Popular, y Martinón Cejas, del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley debatida por 300 votos a favor y uno en
contra.




Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 666)



Del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
el Desempleo (Página 666)



El señor Presidente manifiesta que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento de la Cámara, se
somete al Pleno la avocación de la deliberación y votación
final correspondiente al proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
de reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la
Protección por Desempleo.

Se aprueba por asentimiento dicha avocación.




Modificaciones en el orden del día de la sesión (Página 666)



El señor Presidente informa al Pleno que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, se somete al
Pleno la modificación del orden del día de la presente sesión
consistente en la exclusión del punto 2, proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre creación de la provincia de Catalunya, y
el punto 63, debate de totalidad del proyecto de Ley de
plantillas de las Fuerzas Armadas.

El Pleno aprueba por asentimiento dichas modificaciones del orden
del día.




Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación)
(Página 667)



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
Comercio (Página 667)



En defensa de la proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) interviene el señor Roca i Junyent, que
comienza recordando algunas de las magnitudes que acompañan y
definen la importancia del tema que se pretende regular. Así,
por ejemplo, el sector del comercio representa casi un 12 por
ciento del producto interior bruto de este país y emplea a un
14 por ciento de nuestra población activa. La magnitud de
estas cifras revela la importancia de la regulación que van a
proponer.

Adelanta que esta regulación en modo alguno debe
ubicarse simplemente en la solución de un problema coyuntural
que actualmente está causando cierta polémica en la vida
pública, pues la proposición es mucho más que la regulación de
los horarios comerciales, afectando a otras muchas cuestiones,
que van desde la necesidad de regular lo que puede ser la
actividad del ejercicio del comercio hasta todo lo referente
al urbanismo comercial y otros aspectos varios. Afirma que la
ausencia de una regulación que marque unos mínimos básicos
para el conjunto de España hace aconsejable que este Congreso
afronte hoy una regulación que desde hace mucho tiempo se
viene demandando por el sector.

Añade el señor Roca que para
facilitar la toma en consideración de la proposición de ley es
voluntad de su Grupo que la misma pueda ser ampliamente
modificada, si los señores Diputados lo desean, ya que lo
importante es que se alcance un consenso



Página 652




sobre una norma que sea de aplicación general y pacífica y que
venga a resolver problemas que afectan de manera muy clara a
este gran colectivo que es el sector del comercio, y a la vez,
al interés general de los consumidores y de la sociedad.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur Bernad, del
Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo Coalición Canaria;
Frutos Gras, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Popular,
y la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley debatida por 300 votos a favor.




Proposiciones no de ley (Página 674)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
a tomar para mejorar la situación por la que atraviesan los
pescadores españoles de bonito (Página 674)



Del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), por la que se insta al
Gobierno a negociar ante la Comunidad Económica Europea (CEE)
la prohibición definitiva de las volantas para la captura de
túnidos a partir del 1 de enero de 1994 (Página 674)



En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular
interviene el señor Fernández de Mesa Díaz del Río,
manifestando que presentaron la proposición en la Cámara el
pasado 17 de agosto, en el momento en que la situación por la
que atravesaban nuestras flotas de pescadores de túnidos en el
Cantábrico se encontraban en el momento más conflictivo.

Considera el Grupo Popular que, debido a la integración de
España en el Mercado Común, los pescadores de bonito de la
cornisa cantábrica suprimieron el arte de pesca de volantas de
deriva, dado que su erradicación fue exigida por las
autoridades de Bruselas, mientras que las autoridades europeas
no han conseguido que el resto de los países integrantes de la
Comunidad que faenan en las mismas aguas en las que se
encuentran faenando las flotas del norte de España hayan
erradicado este tipo de volantas, con el consiguiente
perjuicio para nuestros pescadores.

El Grupo Popular solicita
que, a través de esta proposición no de ley, a partir del 31
de diciembre del año en curso no se pueda pescar con las
volantas de deriva, evitando así que nuestras flotas boniteras
del norte se encuentren en inferioridad de condiciones con las
de otros países que atraviesan por momentos difíciles. Se
trata de más de quinientas embarcaciones que representan más
de siete mil puestos de trabajo directos en el mar, e
indirectamente cerca de 30.000 familias, por lo que creen
necesario realizar todo el esfuerzo para que se defiendan de
manera clara los intereses de nuestros pescadores.

Pide a todos los grupos de la Cámara el apoyo a esta proposición no
de ley, que no hace otra cosa que defender los intereses de
los pescadores españoles, en este caso concreto de la flota
del Cantábrico dedicada a la pesca de túnidos, que sin duda
está atravesando por un mal momento y que de no atajarse
tendría graves consecuencias y mandaría al paro seguramente a
tantas familias como las de otras industrias que están viendo
estos días que no están atravesando por sus mejores momentos.

En defensa de la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV)
interviene el señor Gatzagaetxebarría Bastida, solicitando que
el Gobierno central participe activamente en el proceso de
formación de la voluntad comunitaria dirigida a la definitiva
prohibición de la utilización de las redes de deriva de
volantas por la flota francesa en la pesca de los túnidos.

Alude al fuerte conflicto surgido durante el verano entre las
flotas francesa y española que faenan en aguas del Atlántico
nordeste y al impacto negativo que tiene el uso de las redes
de volantas, por lo que su Grupo propone a la Cámara que se
inste al Gobierno a negociar la definitiva prohibición del uso
de esas redes a partir del 31 de diciembre de 1993.

El señor Méndez Martínez, en nombre del Grupo Socialista, defiende las
enmiendas presentadas a estas proposiciones no de ley.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Baltá i Llopart, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista y de los que resultan del propio debate, es
aprobada por 297 votos a favor y una abstención.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Vasco
(PNV), en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista, se aprueba por 280 votos a
favor, uno en contra y una abstención.




Página 653




Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 681)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política de tasas universitarias
realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma
para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de
todos los españoles (Página 681)



El señor González Blázquez defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida, recordando que en el debate anterior expresó
su deseo de que no fuera necesaria la presentación de la misma
porque las autoridades educativas hubieran llegado a una
solución del conflicto que hoy tienen planteado. El propio
señor Ministro de Educación anunció la publicación de una
orden ministerial como medida provisional para este curso, de
acuerdo con las partes, que daría una solución al conflicto.

Es evidente que la orden ministerial se ha publicado, pero
también lo es que el conflicto no se ha solucionado porque
dicha orden ministerial no satisface más que a una pequeña
parte de las organizaciones estudiantiles. El Ministerio ha
cerrado en falso la herida y los estudiantes, en su mayoría,
están fuera del acuerdo, por lo que, una vez más, no ha dado
fruto la política de división que se ha implantado en ese
Ministerio en algunas ocasiones para solucionar los temas
pendientes.

A continuación expone el señor González Blázquez
los términos de la moción, cuyo sentido considera que sigue
más vigente que nunca porque en el proyecto de Presupuestos
Generales las cifras destinadas a la Universidad vuelven a
decrecer, con lo que puede afirmar que la educación
universitaria no es una prioridad para el Gobierno en un
momento de incremento del número de alumnos universitarios y
de implantación de nuevos planes de estudio.

Para fijación de posiciones interviene el señor López de Lerma i
López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora Fernández
de Capel Baños, del Grupo Popular, y el señor Lazo Díaz, del
Grupo Socialista.

Sometida a votación la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es rechazada por 38
votos a favor, 159 en contra y tres abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación
con el mercado de trabajo para detener el proceso de
destrucción de empleo y activar la creación del mismo (Página 688)



En defensa de la moción del Grupo Popular interviene el señor
Aparicio Pérez, manifestando que si algún consenso puede
existir en la Cámara es que el problema del desempleo y la
creación de puestos de trabajo es el tema central, el
principal problema que tiene planteado la economía española.

En este instante nuestra principal divergencia respecto a
cualquier referencia de convergencia europea es precisamente
nuestra tasa de paro del 22,5 por ciento y esa bajísima y
preocupante tasa de actividad del 48,2 por ciento inferior
incluso a la tasa de ocupación que España tenía en 1982. Si a
ello se une la cifra espectacular de casi 600.000 puestos de
trabajo perdidos en lo que llevamos de año, se convendrá en
que una de las principales obligaciones de esta Cámara esta
tarde es la de plantear, con toda seriedad y rigor, una serie
de medidas que permitan afrontar esa panorama.

Alude a la falta de liderazgo en los últimos meses de la vida pública
española, especialmente en relación al tema de creación de
empleo, señalando que hasta la fecha lo único que parece que
se va concretando es el nuevo régimen de fiscalidad que habrán
de soportar los desempleados y poco más. De ahí que el Grupo
Popular haya querido plantear medidas que considera
razonables, posibles y que entran dentro de la acción directa
del Gobierno. Se trata, por lo demás, de medidas que vienen
reiterándose desde el año 1986, muchas de ellas varias veces
presentadas y sistemáticamente rechazadas. Se refiere a
continuación al contenido de las medidas en cuestión y que
guardan relación con la productividad, la reforma necesaria de
las ordenanzas laborales, la reducción gradual de las
cotizaciones sociales con cargos a las empresas, lucha contra
el fraude, formación profesional y contratos de aprendizaje, y
termina pidiendo el apoyo de los grupos de la Cámara a la
moción en cuestión.

Para fijación de posiciones hacen uso de
la palabra los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV);
Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Arnau Navarro, del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular
por 126 votos a favor, 150 en contra y 15 abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la
posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT,



Página 654




su repercución sobre el sector agrario y las medidas de
política general previstas por el Gobierno en beneficio del
mismo (Página 696)



El señor Vidal i Sardó defiende la moción del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) manifestando que en la misma proponen
dos grupos de resoluciones diferenciadas, unas referidas a las
negociaciones del GATT y otras referidas a las medidas de
política agraria española. Agrega que se trata de una moción
para la supervivencia de la agricultura, explicando
seguidamente las medidas concretas que postulan en los
diversos apartados que integran la misma.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Espasa Oliver, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pascual Monzo, del
Grupo Popular, y Roncero Rodríguez, del Grupo Socialista.

Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV).

Sometida a votación, se aprueba la moción debatida por 257 votos a
favor, uno en contra y una abstención.

Se suspende la sesión a la diez y diez minutos de la noche.




Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:



--DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, SOBRE MODIFICACION DE LOS
ASPECTOS ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS
Y ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS (Número de expediente
125/000008)



El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones
de ley. Proposición del Parlamento de Canarias, sobre modificación de
los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de
Canarias y actualización de los puertos francos.

Para la defensa de la proposición, en nombre del Parlamento de
Canarias, tiene la palabra, en primer lugar, don Oswaldo Brito
González.

El señor BRITO GONZALEZ (Diputado del Parlamento
Canario): Señor Presidente, señorías, al ocupar hoy esta
tribuna para participar juntamente con otros dos Diputados
autonómicos en la defensa de la proposición de ley de
modificación de los aspectos económicos del régimen económico
y fiscal de Canarias, a propuesta de Parlamento de Canarias,
no sólo asumo la honrosa función institucional que ello
representa, sino asimismo la responsabilidad de transmitir a
SS.SS. algunas claves esenciales que nos permitan solicitar su
apoyo en la tramitación parlamentaria de una ley que definirá
el futuro de Canarias y los canarios.

En 1852 don Juan Bravo Murillo, Presidente del Gobierno español, en
un lúcido y completo diagnóstico del hecho diferencial canario,
afirmaba en el preámbulo justificativo del Real Decreto de 11 de julio
de ese mismo año: Sea cual sea el sistema que prefiera en
opinión de cada uno, nadie podrá negar que las condiciones
mercantiles de las Islas Canarias son esencialmente distintas
de las que concurren en la península.

Tan certera percepción
no era producto del azar institucional o simple evidencia de
la fina sensibilidad política del estadista. Una larga
historia de singularidades, política y jurídicamente asumida,
hunden sus raíces en la temprana conquista y colonización de
las islas, franquicias y exenciones en pechos y alcabalas,
aranceles mínimos o intercambios comerciales para, no sin
tensiones, en el complejo sistema del antiguo régimen de la
modernidad hispana, extender su alcance a reiteradas
excepciones en el régimen del monopolio indiano y en el
comercio constante con los países europeos, aun en etapas de
rígido aislamiento hispano. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Brito.

Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Brito.




El señor BRITO GONZALEZ (Diputado del Parlamento Canario):
Gracias, señor Presidente.

Bravo Murillo era consciente, por lo demás, de la fuerte y continuada
presión isleña, embrionaria desde la capa ilustrada y explícita en la
primera mitad de la pasada centuria, así expresada por las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País y el Real Consulado
de Canarias, Junta de Comercio, Diputados en las Cortes
gaditanas y del trienio liberal, Diputación Provincial,
etcétera, que insistían en la necesidad de recuperar la
singularidad consolidada en siglos anteriores, cuestionada por
la traumática irrupción de las ideas uniformizadoras y
centralistas, vinculadas al modelo del Estado liberal en el
ámbito hispano. Realidad que, ante la temprana fase de
confrontación entre librecambistas y proteccionistas, colocaba
al archipiélago en situación no competitiva con los puertos y
áreas francas implantados en el primer tercio del pasado siglo



Página 655




en enclaves marítimos y comerciales estratégicos del
Atlántico, como es el caso de Madeira, Cádiz, Cabo Verde,
Dakar, etcétera, como reconoce el propio estadista al afirmar
lo siguiente: El origen de esta situación --habla por supuesto
de la problemática que existe en este momento en el
archipiélago-- está por averiguar. Si las naves se alejan de
aquellas costas es porque no encuentran allí alicientes para
la carga ni para la descarga, es porque no hay un mercado más
extenso que las limitadas exigencias de la población, es
porque tienen señalados recargos gravosos, es porque se hallan
sujetos a formalidades incómodas... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Brito. Le ruego me
disculpe. Señorías, ruego guarden silencio. Es imposible
desarrollar las sesiones en estas condiciones. Advierto que si
no es posible mantener un mínimo de silencio suspenderé la
sesión. Cuando quiera, señor Brito.




El señor BRITO GONZALEZ (Diputado del Parlamento Canario):
Muchas gracias, señor Presidente. Continúo con el texto de don
Juan Bravo Murillo, interrumpido en esta situación: es porque
tienen señalados recargos gravosos, es proque se hallan
sujetos a formalidades incómodas, es, finalmente, porque en
otros puntos extranjeros, aunque incomparablemente menos
ventajosos, se les ofrecen mayores facilidades y economías. A
partir del Real Decreto de 11 de julio de 1852, una vez
frustrado el episódico libre arancel de comercio de 1830, la
historia de la franquicia y libertades comerciales canarias se
ha incorporado al acervo normativo y constitucional del Estado
español. Su confirmación y actualización se producirá a través
de diversos instrumentos legislativos, como la ley de 22 de
junio de 1870, la ley de 6 de marzo de 1900 y, por supuesto,
la ley 30/1972, de 22 de julio, del Régimen Económico y
Fiscal. Una realidad reforzada en el reconocimiento
constitucional a través de la disposición adicional tercera de
la Constitución Española y reconocido el «status» singular
incorporado por el Reglamento de la Comunidad Económica
Europea 1911/1991, y el programa de opciones específicas para
la lejanía e insularidad de Canarias, conocido como Poseican.

Más recientemente, la ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del REF, en su
exposición de motivos, precisaba que las medidas incorporadas
a ella deben completarse en un futuro próximo con las que
establezca la ley que ha de regular los aspectos económicos
con la finalidad de promover el desarrollo económico y social
del archipiélago. Por todo ello, señorías, no nos encontramos
ante la agraviante solicitud de un privilegio o la pretensión
discriminatoria para el resto de los pueblos del Estado
español de un «status ex-novo»; muy al contrario, sólo
pretendemos, al igual que en 1478, 1852, 1900 y 1972, la
ratificación y actualización de un régimen de franquicia y
apoyos económicos y fiscales capaces de alcanzar un único
objetivo: promover el desarrollo económico y social del
archipiélago, realidad alejada y fronteriza en el Atlántico
sur, por más que algunos cartógrafos y políticos hayan hecho
verdaderos esfuerzos para situarnos con frecuencia remarcados
en el Mar Mediterráneo. Sin olvidar, por respecto a la
realidad histórica, la asunción, no gratuita por la sociedad
canaria, de superiores obligaciones fiscales y recaudatorias,
en un primer momento, recargos en las contribuciones y
mantenimiento del déficit posible de la renta de aduanas, o a
través del decisivo papel desempeñado por los Cabildos
insulares en su frecuente papel sustitutivo de las
obligaciones inversoras y de gasto estatal en las islas.

Termino, señor Presidente, señorías, asumiendo la plena
virtualidad, a pesar de los 141 años transcurridos, de la
convicción de don Juan Bravo Murillo al proponer: Declárense
puerto franco las islas Canarias y todos estos inconvenientes
desaparecerán. Sueltas las trabas que embarazan ahora la
acción mercantil, se formará allí, naturalmente, un centro de
contratación, acudirán los capitales, se crearán
establecimientos, se fomentará el trabajo y aquellas islas
ahora olvidadas serán el enlace y el punto de comunicación de
apartados continentes. Sólo cabe precisar --para dar paso a la
intervención de los dos compañeros que representan al
Parlamento-- la visión del estadista de la pasada centuria, el
olvido de la realidad canaria parece que empieza a ser
superado. Hoy, señorías, es una magnífica oportunidad para
confirmarlo. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Brito. Tiene la palabra
don Antonio González Vieitez.




El señor GONZALEZ VIEITEZ (Diputado del Parlamento Canario):
Buenas tardes a todos. Señor Presidente, agradezco muchísimo
las llamadas de atención que ha hecho, porque en el Parlamento
de Canarias al menos tenemos una costumbre inveterada, y es
escuchar con atención y con respeto a aquellas personas que
están en el uso de la palabra, fundamentalmente si vienen a
visitarnos. Mi compañero acaba de explicar algo que seguro
todos ustedes conocen, y es que la historia evidencia de una
manera rotunda el hecho nacional canario. Estas propias
paredes y esta propia cúpula han escuchado en el siglo pasado,
este siglo, durante la dictadura, durante la democracia,
reflexiones respecto a ello. ¿En qué se basa ese
reconocimiento? Fundamentalmente en una situación económica.

Somos una economía alejada, más



Página 656




allá del mar; somos una economía pequeña y fragmentada, sin
materias primas, y a eso se añade un proceso de
especialización productiva tremendamente precoz y que hizo que
los monocultivos y sus crisis recurrentes labrasen en la piel
de todos los canarios el trauma de la emigración. Todo esto
origina una caracterización de nuestra economía como abierta,
frágil y dependiente. Ese tipo de desventajas son expresables
clarísimamente, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en los
últimos ocho años respecto a la fragilidad de nuestra
economía. Dando cifras e información del Fondo de
Investigación Económica y Social, «Papeles de Economía»,
Canarias, en el quinquenio 1985-1989, es la Comunidad Autónoma
de toda España que más crece, con mucho; en pleno «boom»
turístico, crecimiento especulativo, sin ningún tipo de
contrapartidas, ni siquiera en el empleo. En cambio, en el
último trienio, en los años 1990-1992, es la Comunidad
Autónoma que menos crece; en un año se pasa de ser el número
uno a ser el último. Para luchar contra todas estas
desventajas y superarlas, peninsulares e isleños hemos ido
construyendo un régimen económico y fiscal que hoy constituye
nuestro acervo histórico y que tiene fundamentalmente dos
características: una, de carácter jurídico-constitucional, que
a nuestro juicio no cabe ninguna duda de que se trata de una
Ley paccionada; se trata de un pacto histórico. Cuando se lee
la disposición adicional tercera que este Congreso aprobó en
las constituyentes, se indica que la modificación del régimen
económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe
previo de la Comunidad Autónoma. Exactamente las dos primeras
disposiciones adicionales eran territorios forales y la
tercera Canarias. La situación que tenemos en estos momentos
es que, aparte de esa explicación de carácter constitucional,
hay una económica importante. El REF tiene como finalidad que
lo que hemos inventado los seres humanos, que son instrumentos
económicos y fiscales, los coloquemos en Canarias para
compensar el coste de la insularidad que se origina por la
falta de espacio continuo continental. Nosotros no podemos
hacer trasvases Tajo-Segura, no podemos importar energía
eléctrica de Francia; la escala de nuestra economía marca
clarísimamente enormes deficiencias. En esta dirección es un
poco donde el REF básicamente intenta realizar atractivos para
atraer actividad, fortalecer la renta de situación y luchar
contra el coste de la insularidad. Hay una constante
histórica. Siempre que en Canarias hemos estado sumidos en una
crisis o hay una mutación en el Atlántico que a nosotros nos
toca, como ahora, con la integración de España en la Comunidad
Europea, inmediatamente la sociedad isleña ha enviado a este
Parlamento a sus diputados para, juntamente con ustedes,
arreglar, a mitad del siglo pasado, en 1900, en 1972, lo que
representa nuestro acervo histórico. Ahora se dan esas dos
circunstancias. Estamos probablemente en la crisis más
profunda de las últimas décadas y, además, en el escenario de
la integración plena en la Comunidad Europea. Respecto a la
mutación europea, el otro Diputado va a hablar de ella y no me
voy a extender; sí en lo que representa la crisis. Para poder
valorarla deberíamos hacerlo con el elemento que mide mejor la
calidad de la vida, que es el paro. Quiero dejar constancia
aquí, señores Diputados, y creo que ustedes lo saben, que hay
dos métodos de medir el paro. Uno, la encuesta de población
activa. De acuerdo con ella, Canarias es la tercera comunidad
autónoma en paro. Otro, la del paro registrado en el INEM.

Desgraciadamente, de acuerdo con este segundo registro, la
Comunidad Autónoma Canaria es la primera en paro en 1992 y en
lo que llevamos de 1993. Quiero decir con ello que este
Parlamento es tremendamente consciente, que para Extremadura y
Andalucía se han creado planes específicos contra el
desempleo, al margen de cómo hayan funcionado, y que la
situación canaria está demandando una solución similar. ¿Por
qué tenemos este volumen de paro? Por algo sencillo, señorías:
no somos competitivos. Si usamos la perspectiva mundial, la
lógica en nuestra economía abierta, parece que tenemos una
maldición bíblica. Siempre, siempre hay alguien que produce lo
mismo que nosotros y más barato: una tonelada de plátanos, un
canasto de tomates, un paquete turístico, un servicio
portuario. Para hacernos competitivos en el corto plazo,
esquematizando, solamente hay dos fórmulas: una, bajar los
salarios directos e indirectos hasta el nivel, por ejemplo, de
Guatemala; y, dos, establecer medidas económicas e incentivos
fiscales que permitan que la economía en Canarias genere
empleo y actividad económica. Nuestra finalidad --y queremos
dejarlo bien claro-- es elevar el nivel de empleo en Canarias.

Si el régimen económico y fiscal que hoy presentamos aquí no
eleva el nivel de empleo, el régimen económico y fiscal ha
fracasado. Señores Diputados, la geografía y la base económica
nos separan, son distintas, pero la voluntad de los pueblos,
al hilo de la historia, puede unir lo diferente y lo lejano
con lazos de entendimiento y cooperación, que para ser fuertes
han de ser sutiles y solidarios. No queremos paraísos
fiscales, no mendigamos privilegios, no queremos ser una
economía subvencionada. Planteamos tratar de modo diverso lo
que es diferente. Los isleños y los peninsulares
continentales, es decir, nosotros y ustedes, hemos sido
capaces de entendernos por espacio de más de 20 generaciones,
con algún sobresalto, sí, pero nos hemos entendido y estas
paredes y esta cúpula son mudos testigos de todo ello. Quienes
venimos hoy de más allá del mar representando la mayoría
absoluta en el Parlamento de Canarias



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queremos creer, y estamos convencidos, que nuestro viejo pacto
histórico está vivo. Por nosotros no ha de quedar, y de todos
dependerá. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. Tiene la palabra
don Francisco Ucelay Sabina.




El señor UCELAY SABINA (Diputado del Parlamento Canario):
Gracias, señor Presidente. Señorías, la tramitación en las
Cortes Generales de la proposición de ley del Parlamento de
Canarias sobre la reforma de los aspectos económicos de la Ley
30/1972, de Régimen Económico y Fiscal, es consecuencia lógica
y necesaria, aunque, desgraciadamente tardía, de la
integración plena de Canarias en la Comunidad Económica
Europea. Tras la reforma del Protocolo II del Tratado de
Adhesión, esta incorporación, que, desgraciadamente, no ha
sido pedida desde Canarias, nos llevó a un cambio en nuestro
tradicional modelo económico, que quedó a resultas de él
totalmente desquiciado. Ante esta situación, la respuesta
comunitaria fue rápida, generosa y comprensiva. El Poseican es
una muestra evidente en lo que supuso para Europa el
comprender la problemática originada en las islas por este
brusco cambio y a través de una larga excepción en la
normativa comunitaria, que va desde el régimen especial de
suministros para los productos alimenticios o la excepción
arancelaria para los insumos en las actividades productivas,
la no obligación de la política comercial común ni de los
aranceles para productos sensibles o de la tradición comercial
en las islas, como los textiles, aparatos electrónicos, de
óptica o de transporte, además de una serie de medidas para la
protección del desarrollo de la agricultura y de la pesca, se
ha pretendido buscar soluciones a los problemas planteados
desde la integración. Pero, insisto, mientras que podemos
considerar comprensiva la respuesta comunitaria, la respuesta
legislativa española para sustituir ya al obsoleto régimen
económico y fiscal, tras las anteriores demandas planteadas al
anterior Gobierno del Estado, es pobre y absolutamente alejada
de la realidad canaria. La proposición de ley que presentamos
por el Parlamento de Canarias en estas Cortes Generales basa
su filosofía en cuatro principios fundamentales: ratificar,
por una parte, actualizándolo, el tradicional régimen fiscal
de libertades y franquicias de las islas; garantizar la
compensación de la insularidad de modo que los costes de las
actividades en las islas se equiparen a la media de las
regiones de la Comunidad Económica Europea; establecer un
conjunto estable de estímulos económicos y fiscales
encaminados a promover el desarrollo económico y social del
archipiélago, fundamentalmente para la generación de empleo, y
adecuar el régimen económico y fiscal, respetando sus bases
históricas, a los cambios tecnológicos, productivos y de
sistemas de intercambio con la economía mundial, y de la
Comunidad Económica Europea en particular, en la perspectiva
de lejanía e insularidad del archipiélago. Dentro de este
esquema, la ley pretende establecer un sistema compensador de
las garantías del transporte, condicionante básico de la
insularidad, a fin de equipararnos a las regiones
continentales. En la actualidad, Canarias, en vez de tener
transporte subvencionado, por la vía de los monopolios, de
hecho o de derecho, está subvencionando a la compañía
monopolizadora, de tal modo que es más barato traer un
«container» desde Estados Unidos a Canarias que desde
Barcelona. Exactamente ocurre igual en lo que es la
problemática del transporte aéreo. En este mismo esquema, la
ley trata de establecer mecanismos, como ya es tradicional,
que compensen la carestía de las comunicaciones, la energía y
el agua. A su vez, en la línea de establecer un sistema de
mecanismos capaces de dinamizar la actividad económica --lo
que significa, en definitiva, generar la creación de empleo y
de renta--, la ley trata de sustituir el viejo e histórico
marco de exenciones y franquicias arancelarias que
posibilitaron un modelo de desarrollo en base a la actividad
comercial y a la actividad exportadora. En el actual marco de
relaciones internacionales, prácticamente no tiene sentido
este modelo económico y pretendemos, por el contrario, otro
basado en los incentivos fiscales sobre la imposición directa
de la actividad empresarial que genere empleo. En el análisis
comparativo, a nivel mundial, de las zonas de características
similares a la región canaria --es decir, regiones insulares,
regiones alejadas--, que han implementado o han intentado
implementar con notable éxito mecanismos de inversión y de
desarrollo, el tratamiento diferenciado de la tributación
directa parece que es el mecanismo común. Es el caso de
Irlanda; de Puerto Rico; de Singapur o de tantas otras
regiones que podrían enumerarse de forma exhaustiva. En este
sentido, la ley recoge la bonificación del 50 por ciento de la
cuota tributaria del impuesto que grava los rendimientos
empresariales, única vía que entendemos posible para que el
hecho de invertir y de producir en Canarias no sea algo que se
desaliente por los altos costes que la insularidad implica.

Paralelamente, se recoge en el articulado de la proposición de
ley una bonificación adicional para las actividades
exportadoras que, si bien han sido tradicionales en Canarias -
-en las islas, plátano, tabaco, tomate o pesca--, hoy los
elevados costes competitivos de Canarias los abocan a su
paulatina desaparición, todo ello con un coste ridículo para
el Estado. La recaudación del Impuesto sobre Sociedades, en
1991, fue en Canarias de 13.972 millones. Por tanto, el coste
será del orden de 7.000 millones de pesetas.




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Incluye también la ley de incentivos directos la creación de
empleo por vía de la bonificación de las cuotas de la
Seguridad Social y subvenciones directas equivalentes al 50
por ciento del subsidio percibido por aquellos trabajadores
que sean contratados, manteniendo, desde luego, el puesto de
trabajo a partir de un mínimo de tres años. A la vez se prevé
la elaboración de un plan especial de formación técnico-
profesional --es un gravísimo problema en Canarias--que eleve
el nivel de cualificación de los trabajadores canarios y que
debe incluir un programa específico que permita el desarrollo
de prácticas en empresas peninsulares o en el resto de la
comunidad, puesto que en Canarias no hay empresas suficientes
para poder plantear la formación ocupacional, mucho menos en
las especialidades que significarían una economía moderna y
desarrollada. Por tanto, señorías, consumido el tiempo
disponible, ello me impide entrar con mayor detalle en el
contenido de la proposición de ley, aunque creo que en sus
grandes líneas ha quedado descrita. Por ello, tan sólo me
queda concluir afirmando que las islas Canarias demandan esta
ley como un instrumento capaz de compensar los costes añadidos
que suponen producir, desarrollarse y vivir en un territorio
insular fragmentado, sin recursos naturales y tan alejado del
resto del Estado; un territorio, en suma, definido por la
propia Comunidad Económica Europea con el gráfico adjetivo de
«ultraperiférico». Con relación a estas regiones leeré, para
terminar, la Declaración del Tratado de Maastricht número 26,
relativa a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad: La
Conferencia reconoce que las regiones ultraperiféricas --
departamentos franceses de ultramar, Azores, Madeira y las
islas Canarias--padecen un importante atraso cultural gravado
por diversos fenómenos: lejanía, insularidad, escasa
superficie, relieve, climas difíciles, dependencia económica
respecto de algunos productos, cuya importancia y acumulación
perjudican gravemente su desarrollo económico y social.

Considera que si las disposiciones constitutivas del Tratado
de la Comunidad Económica Europea y del Derecho derivado se
aplican de pleno derecho en las regiones ultraperiféricas,
ello no obsta para que se adopten disposiciones específicas a
su favor, mientras exista una necesidad objetiva de adoptar
tales disposiciones con vistas a un desarrollo económico y
social de estas regiones. Esta disposición deberá tener por
objetivo a la vez la realización del mercado interior y el
reconocimiento de la realidad regional, con vistas a hacer
posible que las regiones ultraperiféricas alcancen el nivel
económico y social medio de la Comunidad. A la vista de todo
ello, les pido, en nombre del Parlamento de Canarias, la toma
en consideración de esta proposición de ley y, como quiera que
ésta será nuestra última intervención en estas Cortes, quiero
rogarles el apoyo a su tramitación y a su aprobación con
aquellas mejoras que puedan superar el texto y alcanzar más
fácilmente los objetivos propuestos. Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ucelay. ¿Turno en contra
de la toma en consideración? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene
la palabra el señor Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, sin la
presencia de un solo miembro del Gobierno, a excepción del
señor Saavedra, por razones obvias de paisanaje con la cusa
(Rumores.), que nos honre con su presencia y después de las
intervenciones de los representantes del Parlamento de
Canarias en este acto, tengo que expresar, en primer lugar, la
coincidencia plena de Coalición Canaria con el contenido de
sus tres intervenciones. No en balde se trata de diputados
canarios pertenecientes a la Coalición Canaria y de ahí que
lógicamente esa confluencia absoluta con cuanto han expresado
anteriormente deba manifestarse y parezca obvia. Se ha puesto
de manifesto hoy cómo Canarias, desde su incorporación a la
Corona de Castilla hace medio milenio, constituyó una unidad
económica plenamente diferenciada por su fragmentación, es
decir, por la insularidad, por la lejanía del resto del
territorio del Estado, y como consecuencia de ello, desde la
época de los Reyes Católicos, comienza a consolidarse nuestro
acervo económico en virtud de un tratamiento diferenciado por
tratarse, como hoy se dice, de una región ultraperiférica, con
factores geológicos, geográficos, climáticos y una escasez de
recursos naturales que hizo que se hubiese ensayado por
primera vez en el archipiélago canario un sistema de economía
colonial que se trasladó a América, sin que hasta la fecha
hayamos sido capaces, entre todos, de superar las bolsas de
miseria allí existentes y la crisis permanente que, por
ejemplo, se detecta en la agricultura, sin lugar a dudas, y
que ha dado lugar a los cultivos de exportación con los cuales
ha subsistido ese sector tan importante y que hoy se encuentra
en franca decadencia. Nuestra inexistente industria, dada la
falta de materias primas, y desarbolada nuestra flota pesquera
y las industrias pesqueras también como consecuencia de la
descolonización del Sáhara, habiendo perdido los caladeros que
constituían el tradicional banco pesquero canario-sahariano,
es el caso que en los últimos años hemos visto cómo incluso
las flotas cubana, rusa, japonesa, coreana e incluso la
peninsular, que tanto faenaban por aquellas latitudes y se
avituallaban en nuestros puertos, se han ausentado de los
mismos, agudizándose una crisis que venimos soportando de
manera



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bastante estoica, diría yo, y con una paciencia bíblica, digo
también. Hemos podido sobrevivir merced a nuestra apertura al
exterior, a nuestra actividad comercial y a una situación
estratégica evidente que mereció precisamente esa normativa
especial a que se ha referido al principio de su intervención
el primer representante de la Comunidad Autónoma hoy aquí
presente y que desde los Reyes Católicos, desde 1852, con la
Ley de 1870, la Ley de Puertos Francos del año 1900 y el
Régimen Económico Fiscal del año 1972 hacen que se pueda
ensamblar un sistema jurídico-político-administrativo con una
carga fiscal perfectamente diferenciada de la tradicional y de
la existente en el resto del Estado y que gracias a ello
hayamos podido subsistir. De suerte que la libertad de
importación y exportación, nuestra tradicional libertad
comercial, las franquicias aduaneras y fiscales al consumo y
los arbitrios de entrada y sobre el lujo que han constituido
la financiación de nuestros cabildos y restantes corporaciones
locales han posibilitado un entramado de nuestro régimen
especial que la Constitución tutela en su disposición
adicional tercera exigiendo para cualquier alteración,
rectificación o reforma el parecer de la Comunidad Autónoma y
que, como no podía ser menos, también consagra nuestro
Estatuto de Autonomía, al igual que la Constitución, en el
artículo 138, trata de proteger al tutelar especialmente al
hecho insular precisamente por las dificultades de la
insularidad, sin menoscabo del principio del equilibrio y de
la solidaridad interregional. Los canarios hicimos un
sacrificio bastante notable, por muchas razones, y en alguna
ocasión lo he destacado yo en esta Cámara, con motivo de la
incorporación plena a la Comunidad Europea, y cómo el tránsito
del «statu quo» inicial que se consagraba en el Protocolo II
del Tratado de Adhesión a la plena incorporación produce la
necesidad de una reforma de nuestro sistema para atemperar la
normativa fiscal canaria a las exigencias de la Comunidad
Europea. He aquí que, así como se produce el 9 de mayo de 1991
la ley de reforma de los aspectos fiscales y se modifican de
acuerdo con la filosofía antes expresada, como nuestros
arbitrios insulares tradicionales, al igual que la imposición
estatal en las Islas, se establece el compromiso de proceder
paralelamente a la reforma económica, de suerte que la
economía canaria y sus estructuras pudiesen también
atemperarse a la nueva situación y he aquí que esto es como
Diego que fue a Flandes y nunca regresaba, pese a los
compromisos expresados por voces cualificadas, incluso por el
propio Presidente del Gobierno español, han tenido que
transcurrir meses, más meses y años para que afortunadamente
hoy nos dirijamos a SS.SS. con la esperanza de que den luz
verde a la tramitación de este proyecto que espera de manera
ansiosa la comunidad canaria. Conscientes de que nuestro
régimen económico tradicional, que posibilitaba la
subsistencia del archipiélago canario y el desarrollo socio-
económico de las islas, hoy, en el supuesto de que esta
proposición merezca el favor de SS.SS. y que la tramitación se
produzca en una plenitud de consenso que Coalición Canaria
desea con todas las fuerzas políticas aquí presentes, sin la
menor excepción, podamos tener un escenario normativo que dé
solución --como antes decíamos-- a nuestros problemas. Cuántas
veces en el archipiélago canario nos hemos lamentado de que la
Comunidad Europea haya tenido con nosotros mayor sensibilidad
en ocasiones que el Estado español. Hay que decirlo así de
claro, señorías. Cuántas veces nos hemos lamentado de esto y
creo que es bueno para todos --en ese pacto al que se referían
quienes me han precedido en el uso de la palabra-- que se
terminen estos agravios comparativos y que no tengamos los
canarios que mirar a la Comunidad Europea porque en casa nos
sintamos perfectamente tutelados, apoyados en virtud de la
solidaridad, que no tiene por qué producirse del sur hacia el
norte, sino que nosotros en tantas ocasiones demandamos que
vaya desde el norte hacia el sur, en virtud de las
características de esa insularidad alejada que caracteriza el
archipiélago canario. (Un señor Diputado: Muy bien.) En su día
hubo negociaciones para conseguir este régimen económico
fiscal y complementarlo en la faceta económica; hubo
negociaciones de gobierno a gobierno que, precisamente por una
falta de entendimmiento y de respaldo a quienes desde allá
solicitaban que se diera el cerrojazo a esta cuestión
pendiente tan grave, motivaron la censura del anterior
Presidente de la Comunidad Autónoma, quien hoy acaso pueda
pensar que no hay mal que por bien no venga, al tener en este
momento la digna representación del Gobierno de la nación. La
realidad, señorías, es que desde el archipiélago canario,
desde el Parlamento canario, surgió, en un canto en solitario,
con los exclusivos votos de Coalición Canaria, esta
proposición de ley; surgió desde allí en la soledad de
nuestros votos y por ello precisamente hoy no han intervenido,
en representación de la Comunidad, nada más que miembros de
Coalición Canaria. Nosotros creemos que con el transcurso de
los meses ha cambiado la situación, ha habido una sensibilidad
adecuada, ha habido un mayor entendimiento y hoy lo que
deseamos, de verdad, sinceramente, clamorosamente --diría yo--
, es que ese conjunto de normas que articulan la proposición
de ley cuyo debate y consideración estamos teniendo en este
momento, sea objeto de las aportaciones, de las mejoras que
evidentemente merece y necesita toda obra humana, de suerte
que en esa plenitud de consenso consigamos ese régimen
económico-fiscal del que debemos disponer no durante un bienio
ni durante un lustro, sino durante



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muchos y muchos años, porque es absolutamente imprescindible
que sea así y que la forma sea así también. Tengo que
anticipar mi gratitud a quienes nos apoyen hoy con su voto.

Quiero reiterar nuevamente --y voy terminando, señor
Presidente--, la necesidad de rectificar y actualizar las
libertades y las franquicias tradicionales; de contar con esa
zona exterior canaria a la que se refería en su investidura el
señor Presidente del Gobierno español y entonces candidato a
la Presidencia, don Felipe González. Además, tenemos que
hacernos una pregunta sobre algo que no comprendemos y que
tenemos que atribuirla necesariamente a la falta de sentido
político que en ocasiones tienen los técnicos. Con ocasión de
las reuniones preparatorias a la comisión bilateral celebrada
hace unos días, un alto cargo del Ministerio de Hacienda se
dirigía a la representación canaria y decía: Pero ustedes,
¿qué es lo que quieren, algo como lo de Madeira?
Efectivamente. Y nos lo preguntaban en son de duda y como
esperando una respuesta negativa. Queremos más que Madeira.

Queremos que el arhipiélago canario sea objeto de un trato
superior al favorable trato que Portugal ha dispensado a
Madeira. Queremos competir con Madeira, que está en nuestra
cercanía, y con Tánger, que contará con su zona económica
especial y no con un paraíso fiscal que nosotros no pedimos.

Tenemos que sobrevivir y tenemos perfecto derecho a que el
Estado español haga lo posible para que podamos competir con
esas áreas vecinas. Eso es lo que pedimos. Solicitamos que se
cumplan los compromisos en materia del registro especial de
buques, que ya tiene su embrión, su asentamiento normativo, en
la Ley de Puertos.




El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo, señor Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Estoy terminando, señor Presidente.

Solicitamos que desaparezcan los monopolios en el transporte
marítimo y aéreo, que no han hecho otra cosa que agravar
nuestro aislamiento; que se suplan nuestras carencias
energéticas, tan difíciles de soportar por nosotros, que se
deben precisamente a nuestro aislamiento; que se atienda a las
actividades sectoriales específicas, como es la necesidad de
una reconversión turística, y no me refiero a la reducción de
mano de obra, sino justamente a lo contrario, a la
modernización del sector, al igual que solicitamos que se
atienda al fomento del empleo y a nuestras tasas --antes se
recordaba-- que, tristemente, están a la cabeza de las de toda
España. Queremos sensibilidad, cosa que no siempre se está
poniendo de manifiesto, y para muestra basta un botón; basta
con recordar cómo en los presupuestos se ha excluido, como
decía el otro día, la atención que requiere el archipiélago
canario, y concretamente sus dos capitales, con la exclusión
de los mencionados presupuestos de dos hospitales
absolutamente fundamentales para una región como la nuestra,
donde la inversión per cápita en el área de sanidad es en
muchas ocasiones siete veces menor que en otras comunidades
del Estado español. Queremos sensibilidad y, de antemano,
agradecemos de corazón los votos de SS.SS. que hagan posible
que comience la singladura del procedimiento parlamentario de
la proposición de ley que hoy se ha traído a esta Cámara.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olarte. Por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, haciéndose eco literal de la
propuesta de Izquierda Unida Canaria sobre el proyecto de ley
de modificación de los aspectos económicos del régimen
económico y fiscal para Canarias, quiere plantear y fijar su
posición en este trámite parlamentario, por acuerdo de la
sesión de la comisión política de Izquierda Unida canaria
celebrada el día 18 del presente mes de este año, de 1993.

Nuestra propuesta se basa en la necesidad de que se haga una
introducción a la historia de este proyecto de ley, unos
comentarios sobre su contenido, del que discrepamos, y que
escuchen algunas ideas sobre lo que entendemos en el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
entienden nuestros compañeros federados de Izquierda Unida
Canaria que deberían ser las bases económicas para un modelo
de desarrollo de Canarias. Si hacemos una breve introducción,
veremos que las negociaciones entre la Administración central
y la Administración canaria sobre esta ley de bases económicas
del régimen económico y fiscal duran desde 1991 hasta marzo de
1993 y culminan con la presentación de una moción de censura
por el socio principal del PSOE en el Gobierno autónomo: las
Agrupaciones Independientes de Canarias, con el pretexto de
que ese partido se dejaba torear por su homólogo estatal y no
mejoraba el texto del proyecto de ley de bases económicas. Eso
se ve hoy como una jugada política de las AIC, más sus amigos
de otros grupos que hoy conforman la Coalición Canaria, para
preparar la campaña electoral y obtener grupo canario en el
Congreso y en el Senado, y la prueba palpable está en que hoy
se llega a un acuerdo con el flamante Ministro de
Administración Territorial aquí presente, don Jerónimo
Saavedra, con condiciones más duras que las planteadas por la
Administración central en marzo de 1993, como podemos ver en
su contenido.




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El proyecto de ley que entra en las Cortes es el resultado de
una propuesta de una de las fuerzas que componen la Coalición
Canaria, las AIC, fuerza insularista que tiene, entre otros, a
su Presidente como Presidente del Gobierno autónomo canario,
don Manuel Hermoso. Esa propuesta es aprobada por una escasa
mayoría en el Parlamento canario el 1 de julio de 1993; la
apoyan en esta ocasión solamente las fuerzas coaligadas en
Coalición Canaria: las AIC, el Centro Canario Independiente,
Asamblea Majorera e ICAN, y se oponen PSOE, PP e Izquierda
Unida Canaria; UC no tiene representación en el Parlamento
autónomo y sólo puede expresar su desacuerdo con la
orientación de la misma. Izquierda Unida Canaria, ante la
gravedad de esta ley y la situación producida tras las
elecciones generales, donde ha tenido un respetable apoyo,
pide ser interlocutor al presidente canario ante este tema tan
importante para el Archipiélago. Se reúne con el mismo,
reunión a la que acuden también los portavoces de Coalición
Canaria para determinar los contenidos de este proyecto y
trasladar al Congreso de los diputados su defensa. Se abre una
mesa técnica entre Izquierda Unida y Gobierno de Canarias, que
se reúne dos veces. Por otra parte, se pide una entrevista con
el Partido Socialista, a raíz de la presencia pública de un
proyecto alternativo. Se celebran dos entrevistas y algunas
aproximaciones. El pasado miércoles 20 de octubre se llega a
un acuerdo entre la Administración central y la canaria, en
uno de cuyos capítulos --el principal, sin lugar a dudas-- se
llega a unificar la propuesta de Ley de Bases del Régimen
Especial con las fuerzas PSOE, PP y Coalición Canaria. El
domingo día 24, Izquierda Unida Canaria anuncia su desacuerdo
global con la aproximación de estas fuerzas políticas y la
Administración y presentará en las próximas semanas, una vez
que votemos favorablemente la admisión a trámite de este
proyecto de ley, enmiendas que pueden considerarse a la
totalidad del articulado del citado proyecto. ¿Cómo se
justifica esta propuesta de Izquierda Unida Canaria, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al
que represento desde esta tribuna? Se justifica de la
siguiente forma: apoyamos la admisión a trámite, dado que el
marco legislativo, aprobado en su día, así lo aconseja, y
además la tramitación debe ser urgente, dado que se produce
una descompensación entre la ley de modificación de los
aspectos fiscales del régimen especial y financiero, la Ley
20/1991, que entró en vigor en enero de 1993, y la ausencia de
un marco de las bases económicas en Canarias. Al mismo tiempo,
con ella se cierra el perfil del nuevo régimen especial y
financiero, surgido en la nueva realidad del Estado y de la
propia Comunidad Autónoma Canaria, en relación con la nueva
configuración jurídico-política española y en expresión y
concreción con la legislación económica y financiera estatal,
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, Ley
de Incentivos Regionales, Ley del Fondo de Compensación
Interterritorial, Ley de Cesión de Tributos en las comunidades
autónomas, entre otras. Por otro lado, en lo establecido por
Canarias, en su relación con la Comunidad Económica Europea,
en el Reglamento de la CEE de 1991 y en el programa de
opciones específicas por la lejanía y la insularidad de
Canarias en una decisión del Consejo de la Comunidad Económica
Europea del 26 de junio de 1991. El modelo de desarrollo
económico de Canarias vigente en la actualidad es totalmente
obsoleto. En las mejores coyunturas no consigue reducir sus
tasas de paro del 20 por ciento en el período 1985-89 y en la
actualidad está en los primeros lugares de todas las
comunidades autónomas del Estado por desempleo y de las más
altas en el IPC. Una de las configuraciones legales es el
mismo modelo de estado y de situación de su propio régimen
especial y financiero (la Ley 30/1972, ahora en fase de
sustitución), aplicando las actualizaciones propias del nuevo
marco autonómico y la integración en la Comunidad Económica
Europea, los mismos criterios fracasados, ya sean exenciones y
bonificaciones fiscales, así como de puerto franco, todos
ellos componentes de una economía interrelacionada, pero
pasiva, que persigue, por la vía del ahorro empresarial, la
inversión productiva y el fomento de la creación de empleo,
supuestos perfectamente inviables o, por lo menos, no
suficientemente atados en las distintas propuestas de
Coalición Canaria o del PSOE, pretendiendo reproducir un
modelo fracasado ya en Canarias si bien con la adaptación a un
marco legal nuevo. Se reitera el modelo; es más de lo mismo lo
que aquí se plantea. El esquema del proyecto de ley del
Parlamento de Canarias se puede entender de la siguiente
forma. Primero. Un régimen general de libertad de comercio y
de servicio en donde se especifica esa condición en la
libertad del transporte marítimo, aéreo y terrestre con el
capítulo de igualdad de tarifas en relación al marco estatal y
el nivel de libertades de compañías que ya determina el propio
reglamento de la Comunidad Económica Europea, a lo que se
añade el capítulo de las telecomunicaciones. Izquierda Unida
Canaria y nuestro Grupo Parlamentario entienden que gran parte
de lo que define este proyecto en materia de comunicaciones
está ya determinado por la Comunidad Económica Europea. Por
otra parte, un apoyo explícito al desarrollo de las nuevas
tecnologías en el campo de las telecomunicaciones puede
convertirse en una propuesta clave para un nuevo modelo de
desarrollo en Canarias; desarrollo sostenible como una de las
alternativas de las nuevas infraestructuras de comunicación
que son necesarias en Canarias. Segundo. Subvenciones sobre el
coste de las energías del agua, algo que apoyamos
evidentemente como parte



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del diferencial canario y sobre lo que no cabe discusión.

Tercero. Equiparación a las subvenciones regionales del
conjunto del Estado por encima de la consideración de las
otras ventajas ineludibles para Canarias por su insularidad y
lejanía, igualmente asumible y poco discutido por ninguna
administración ni por ninguna fuerza política. Cuarto.

Actividades de fomento a la creación de empleo. Este es el
núcleo de la ley. Se trata de subvenciones sobre la Seguridad
Social, exenciones y bonificaciones fiscales que van sobre la
imposición directa y que pretenden ser atractivas para la
creación de una actividad productiva para el relanzamiento del
tejido productivo canario. Izquierda Unida Canaria se opone
radicalmente a las subvenciones sin garantía de creación de
puestos de trabajo y se opone, igualmente, a las exenciones
del IRPF sobre las inversiones si éstas no garantizan al menos
el mantenimiento de los puestos de trabajo, sobre las
exenciones, sobre la producción o sobre la exportación, si
mantienen empleo con un 25 por ciento y si crean empleo con un
50 por ciento. Y no a la consideración de la actividad
turística como una actividad exportadora. Quinto. Sobre la
zona especial de Canarias, zona franca y el registro de buques
se pueden establecer diversas matizaciones sobre su contenido.

La principal de ellas es el escaso valor de lo mismo para el
conjunto del producto interior bruto canario, y no se espera
que eso mejore con estas ofertas que se dan en la ley. Pueden
existir otras matizaciones de interés. En el registro de
buques la tolerancia o no del segundo registro de buques en
Canarias, pero lo más grave --que no apoyamos ni aceptamos--es
la contratación de las tripulaciones de los mismos, ya que en
el proyecto de ley se dice que al menos un 25 por ciento sean
de nacionalidad española. No estamos de acuerdo con esta
fórmula para la contratación de mano de obra barata del
entorno canario. Finalmente, la alternativa que plantea
Izquierda Unida Canaria expresa, por un lado, el mantenimiento
de estas especificidades canarias reconocidas en la
Constitución (artículo 138, apartado 1, y disposición
adicional tercera), así como en el Estatuto de Autonomía
(artículo 45 y otros), y, por otro lado, defiende la salida
del marco de limitación a su economía que ha supuesto la
hipótesis del paraíso fiscal como panacea o futurible de
desarrollo. La perspectiva que se impone es superar lo que ya
nadie defiende para los territorios de ultramar y aplicar
programas de desarrollo al amparo de las subvenciones
estatales y comunitarias, desarrollo de una tecnología punta
en la infraestructura de la comunicación --no en carreteras o
puertos--, red de servicios a las empresas en el marco insular
y del archipiélago, formación profesional y empresarial en
todo ello, lo público, la empresa y el capital público, como
pionero que arrastre de la inversión privada. Esa es nuestra
posición y será el contenido de nuestro voto. Por eso vamos a
votar favorablemente la admisión a trámite de esta ley, pero
vamos a hacer enmiendas prácticamente a la totalidad en sus
trámites de Ponencia y Comisión. Creemos que Coalición Canaria
ha vendido barato su voto a los Presupuestos Generales del
Estado; por algunos dineros para carreteras, por el desbloqueo
de esta ley y por algunas transferencias sanitarias se vuelve
hacia donde se empezó en un «totum revolutum», donde hay
mezcladas ideas de una supuesta izquierda que no existe en el
seno de la derecha, como se demuestra aquí, con un Presidente
de la Cámara de Comercio, un viejo militante comunista canario
y otro, en esa pipirrana que no hay quien entienda. Desde
luego Izquierda Unida Canaria defenderá su perfil claro y
contundente de izquierda transformadora del archipiélago.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Deseo
expresar, en nombre de mi grupo parlamentario, la posición
favorable a la toma en consideración de esta proposición de
ley sobre modificación de los aspectos económicos del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Señor Presidente, tras conocer
la posición de los distintos grupos parlamentarios, quiero
expresar nuestra satisfacción por el consenso que la
iniciativa del Parlamento de Canarias ha alcanzado en esta
Cámara. Desde esta posición unánime, expresamos la
satisfacción de nuestro grupo de poder manifestar en este acto
nuestra posición favorable a la toma en consideración. Nada
más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs. Por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.




El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías,
cuando en la elaboración de las leyes se hacen coincidir los
ideales, los sentimientos de justicia y solidaridad, los
legisladores somos capaces de demostrar hasta qué punto
encarnamos la grandeza espiritual del pueblo al que
representamos, porque el concepto de justicia permite ser
adjetivado, de tal manera que nos podemos encontrar ante una
idea de justicia fría, indiferente o meramente igualitaria, o,
por el contrario, ante una idea de justicia generosa y
solidaria. Hoy, ésta es la clase de justicia que Canarias
viene a demandar de las Cortes Generales, y viene a demandarla



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siendo plenamente conscientes de que lo que pedimos es un
régimen de naturaleza especial, un tratamiento diferenciado y,
en este sentido, apelamos a la magnanimidad del resto del
pueblo español, del resto de los pueblos que integran España.

Pero también somos conscientes de que pedimos lo que por
derecho, historia y sentido común, nos corresponde y, en
consecuencia, planteamos nuestra reclamación como una
exigencia firme y terminante. Son éstas razones más que
sobradas para que el Grupo Parlamentario Popular anuncie desde
este momento el apoyo con sus votos a la iniciativa
legislativa que proviene del Parlamento autonómico de
Canarias. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la
totalidad del texto que hoy llega a esta Cámara. Al contrario,
discrepamos en parte de su contenido y discrepamos en cuanto
al procedimiento político que se ha seguido en su tramitación.

Creemos en su finalidad última y la compartimos de corazón.

Canarias no puede esperar más, es el momento en que ya
Canarias pueda contar con un texto legislativo completo de su
Régimen Económico y Fiscal, y en esa finalidad nuestro voto
será el voto de 141 diputados más. El REF canario debió estar
regulado desde finales de 1985, para que entrara en vigor el
1.º de enero de 1986. La responsabilidad de que en ocho años
no haya podido ser así es del Partido Socialista, que ha
disfrutado de varias mayorías absolutas en esta Cámara y de
dos gobiernos en el Parlamento autonómico para que esto fuera
aprobado cómodamente, con holgura y sin problemas. Esta es una
responsabilidad que tiene que asumir el culpable de ello.

Nosotros, el día que en el primer semestre de 1991 se debatió
en esta Cámara la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos
fiscales del REF, presentamos como Partido Popular un texto
alternativo aquí porque entendíamos que no se puede separar lo
que es inseparable; y en un texto como el del REF, que es
económico y que es fiscal, en un texto que constituye un
instituto jurídico indelegable, inseparable, no podíamos
consentir que se llevara a cabo el despropósito de regular,
primero, los aspectos fiscales y, después, los económicos.

Como siempre suele ocurrir en las relaciones entre el Partido
Socialista y el Partido Popular, nuestra propuesta no tuvo
éxito. En lo único en que llegamos a un acuerdo fue en que no
íbamos a alcanzar tal acuerdo. El Partido Socialista votó en
contra de ese texto alternativo y no prosperó la posibilidad
de regular conjuntamente los aspectos económicos y fiscales.

Ello llevó consigo más de dos años de incertidumbre económica
para el archipiélago y de inestabilidad y tirantez en las
relaciones jurídicas y políticas entre el Gobierno de la
nación y el Gobierno de Canarias. Pero, señorías, tampoco
estamos de acuerdo --y lo he dicho anteriormente-- en cuanto
al procedimiento político seguido para traer a esta Cámara la
iniciativa que hoy se toma en consideración. Entendemos que no
se ha hecho un favor a Canarias al traer a esta Cámara esa
iniciativa con sólo 30 votos del Parlamento de Canarias. Una
iniciativa autonómica que llega a las Cortes, debe venir con
práctica unanimidad y, si no, con una amplia mayoría. Esta
responsabilidad que no nos la echen encima al Partido Popular
o incluso al Partido Socialista; ésta es una responsabilidad
única de los partido que apoyan al Gobierno de Canarias, que
demostraron su falta de capacidad negociadora y quisieron
presentar como propio un proyecto que debió ser de todas las
fuerzas canarias. El Partido Popular, instó en todo momento a
la negociación; el Partido Popular afirmó que debían negociar
el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación. El tiempo
nos ha venido a dar la razón. Hoy nos encontramos con que esa
negociación se ha producido y, sin embargo, para nosotros
resulta sorprendente cuál ha sido el resultado de dicha
negociación, porque entre ese resultado y el texto que hoy se
debate en esta Cámara cualquier parecido es pura casualidad --
al César lo que es del César-- y nosotros tenemos que
felicitar al Partido Socialista y a sus negociadores porque
creemos que se han llevado al huerto al Gobierno de Canarias;
han hecho de él lo que han querido en este momento. Creo que
han demostrado que para lo único que sirvió la ruptura del
Gobierno regional hace siete meses fue para cambiar un
presidente por otro y para hacer Ministro a don Jerónimo
Saavedra (Rumores.) El voto de este grupo no puede entenderse,
ni quiero que se entienda, como un cheque en blanco. Por
supuesto, nos reservamos el derecho a presentar cualquier tipo
de enmiendas, tanto generales como particulares. Nosotros
estamos satisfechos de que algunas propuestas hechas por el
Partido Popular ya hayan sido asumidas por otras fuerzas
políticas, por ejemplo, la reserva de inversiones; pero, en
cambio, desconfiamos de gran parte de lo pactado y del
contenido del texto que viene a esta Cámara. Nosotros
desconfiamos de la regulación que se ha hecho de la zona
especial canaria; desconfiamos de las llamadas vacaciones
fiscales hasta el año 2001, y ello porque pensamos que esta
prolongación de vacaciones fiscales, que empiezan el 1.º de
enero de este año para todo el territorio nacional, pueden ser
de dudosa constitucionalidad, por posible infracción de los
artículos 14 y 31 de la Constitución. No renunciamos tampoco a
que el diferencial fiscal tradicional en la imposición
indirecta en Canarias, ya hoy prácticamente inexistente, pueda
ser sustituido por un diferencial fiscal justo y equilibrado
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Creo
que es una vieja aspiración que debemos llevar adelante,
porque si no se estaría discriminando tributariamente sólo en
favor de las rentas empresariales, y no en favor de todas las
rentas que confluyen en el IRPF. Señorías --y con esto voy
concluyendo, señor Presidente--, queremos dejar patente que el
Grupo Popular



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va a colaborar con el alma y con el espíritu en hacer posible
que de esta Cámara salga un buen REF. Canarias lo pide, y lo
pide en justicia. Entre todos debemos ponernos a trabajar,
limar asperezas e intentar conseguir una ley lo más
consensuada posible. Una ley del REF completa, que pueda ser
el motor de la economía canaria, que de alguna manera sirva
como instrumento para reducir el paro, porque el paro, con la
insularidad, es todavía una sensación mucho más desagradable.

Una ley del REF que de alguna manera promocione las
coordenadas o elementos básicos de cualquier economía, en este
caso de una economía a distancia como la canaria; y, en fin,
un REF que constituya el cauce legal que haga posible la
prosperidad de nuestra comunidad autónoma. Señorías, hoy
Canarias tiene sus ojos pendientes de nuestros actos. A lo
largo de la historia, y cuando ésta se lo ha exigido, Canarias
ha demostrado ser fiel y solidaria con los intereses
nacionales. En algunas ocasiones, como cuando se elaboró la
Constitución, los legisladores nacionales pusieron también
toda su alma y todo su corazón en atender a Canarias, y ahí
está la disposición adicional tercera de la Constitución. Hoy
Canarias pide lo mismo; pide ser correspondida, porque la
única manera de que hoy no defraudemos las miradas, las mentes
y los sentimientos de los canarios, es que de aquí salga un
voto favorable y un acuerdo positivo para que el día de mañana
Canarias siga sintiéndose orgullosa de ser una más de las
regiones de España. Muchas gracias, señor Presidente. (Varios
señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras diputadas,
señores diputados, saludo en primer lugar a los tres diputados
que han sido encargados de defender en esta Cámara el texto
remitido por el Parlamento de Canarias. Estamos ante una
proposición de ley cuyo objetivo es conceder un trato
especial, en el ámbito de lo económico y de lo fiscal, a uno
de los territorios del suelo nacional, Canarias. La visión de
un mapa en el cual las islas estén correctamente situadas, es
posiblemente suficiente para comprender que esta Comunidad
necesita de un tratamiento específico en muchas políticas
nacionales y, en particular, en las políticas económicas y
fiscales. Permítanme que recuerde algunos hechos que
justifican esta singularidad, de manera que a todos nos quede
claro que no estamos considerando la posibilidad de ningún
privilegio, sino tan sólo de dotar a este archipiélago de un
conjunto de instrumentos específicos que sean eficaces para
disminuir la desventaja relativa de Canarias en lo que se
refiere a la creación de empleo y a su desarrollo económico y
social. Canarias tiene un territorio fragmentado en siete
islas con escasa superficie y gran población; menos del 1,5
por ciento de la superficie nacional y casi el 4 por ciento de
la población. Debemos añadir lo alejadas que están las islas
del resto del territorio nacional y comunitario. Esto hace que
la mayor parte de los bienes y servicios tengan en las islas
un coste superior, sensiblemente superior al que existe en
otros territorios nacionales o comunitarios. Canarias es hoy
una región con bajo nivel de desarrollo; hay un alto nivel de
paro y un bajo nivel de formación profesional, tanto entre los
empresarios como entre los trabajadores; existe poco suelo
útil para el desarrollo de actividades económicas y hay una
importante escasez de agua. Carece de recursos naturales y
tiene un limitado mercado interior. Las zonas para la
exportación de sus productos agrícolas e industriales están
alejadas. Afortunadamente, las islas se han convertido en una
de las zonas turísticas europeas con mayor atractivo, siendo
esta actividad el motor principal de su economía.

Históricamente ha habido --esta tarde aquí se han recordado--
muchas y varias normas específicas que atienden a la
singularidad del archipiélago. La última de todas ellas es la
Ley de 22 de julio de 1972, de Régimen Económico Fiscal. Esa
es la ley que se convierte en el punto de partida de la
situación en que hoy nos encontramos. Básicamente, estas
normas han permitido a los canarios que paguen menos impuestos
indirectos que los españoles de otros lugares; han facilitado
la libertad de comercio, de manera que los canarios han
comprado y han vendido allí donde les ha resultado mejor, y
han servido también para producir cierto nivel de protección
de las producciones canarias, tanto agrícolas como
industriales. Estas normas específicas para Canarias no han
sido normas que hayan colocado a Canarias en una situación de
privilegio, sólo han servido para que Canarias, como el resto
de las comunidades autónomas españolas, evolucione hacia cotas
de mayor bienestar, pero siempre colocada en una situación de
menor desarrollo que, afortunadamente, ha disminuido en los
últimos diez años. La necesidad, por tanto, de un tratamiento
económico y fiscal para Canarias tiene un fundamento histórico
y, también, un fundamento en la situación actual. Ha sido
recogido en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de
Autonomía del año 1982. Así ha sido también recogido
recientemente en una declaración añadida al acta final del
Tratado de la Unión Europea. Confío en haber justificado ante
SS.SS. de manera suficiente la necesidad de esta norma
específica, de esta norma particular,



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y que no se trata de un privilegio para alguno de los
territorios de España. Hoy estamos en una situación bien
distinta a la de la Ley de 1972. A la existencia de la
Constitución y del Estatuto hemos de añadir la adhesión de
España a la Comunidad Europea, el año 1985, que produce un
cambio profundo en toda la normativa nacional y, en
particular, en la normativa de carácter económico y fiscal.

Esta nueva situación ha obligado a una revisión de la
normativa que afecta a Canarias. La Ley del Régimen Económico-
Fiscal de Canarias, del año 1972, ha sido sustituida hasta la
fecha por tres normas, las tres de junio de 1991 --a ellas se
ha hecho referencia ya--, una de carácter nacional, aprobada
por las Cortes, y dos de carácter comunitario. Se ha hecho
alusión a que algunos parece que encuentran más sensibilidad
en instituciones de carácter comunitario que en el Gobierno de
la nación. Quiero recordar algo bien sabido por la mayoría de
los canarios: la sensibilidad que se haya podido encontrar en
las instituciones comunitarias se debe al esfuerzo y a la
sensibilidad que han demostrado los gobiernos de esta nación.

Estas tres normas que ya han sido aprobadas han sido fruto del
acuerdo entre los gobiernos de la nación y de la comunidad
autónoma y han contado con un amplio apoyo de las fuerzas
políticas en el archipiélago y también de las fuerzas
políticas presentes en estas Cortes. Por tanto, para completar
la sustitución de la Ley del año 1972 falta la cuarta norma,
falta la ley económica sobre la que hoy estamos hablando.

También esta ley debe ser suficientemente satisfactoria para
que se produzca un gran acuerdo nacional en estas Cortes y
también un gran acuerdo entre los grupos políticos presentes
en el Parlamento de Canarias. Convencidos de la necesidad de
alcanzar ese amplio acuerdo, los socialistas hemos venido
insistiendo en esta idea. Así lo hicimos en la campaña
electoral; en el mismo sentido se manifestó Felipe González en
el acto de investidura como Presidente del Gobierno; y en la
misma línea hemos venido trabajando desde entonces. Hace pocos
días los gobiernos de la nación y de la comunidad autónoma han
llegado a un acuerdo básico sobre el contenido que debe tener
esta ley económica. También se ha logrado un alto nivel de
acuerdo entre el Partido Socialista Canario-PSOE, con el
Partido Popular en las islas, por un lado, y con Izquierda
Unida Canaria, por otro. Celebramos haber pasado de una
situación de claro alejamiento a otra de mayor coincidencia y
nos congratulamos de haber propiciado este acercamiento,
acercamiento imprescindible en un tema de gran importancia
para la población canaria. En nuestra opinión, la futura ley
debe contener los siguientes cuatro elementos: debe compensar
la lejanía y la insularidad; debe contener incentivos a la
creación de empleo y a la potenciación de la actividad
económica; debe crear una zona especial española ubicada en
Canarias, la que ya es conocida como zona especial canaria; y
debe desarrollar el ya creado registro especial de buques y
empresas navieras, el llamado segundo registro español de
buques, también ubicado en Canarias. El contenido de la ley
contribuirá a definir las Islas Canarias del futuro. En estos
meses dos modelos diferentes se han considerado acerca de los
incentivos fiscales que debe contener la ley: unos han
defendido la existencia de bonificaciones fiscales para todos
los empresarios, pues consideran que todo empresario instalado
en Canarias debe ser primado; otros hemos vinculado tales
incentivos a la potenciación de la actividad económica, es
decir, del empleo. Consideramos que debe dotarse al
archipiélago de instrumentos eficaces que animen la inversión
y el desarrollo y que ofrezcan a nuestra numerosa juventud,
casi la mitad de la población, un futuro de esfuerzo pero
también de esperanza. Canarias debe continuar progresando,
pero con el esfuerzo colectivo de los canarios, con el trabajo
y la imaginación para que esos avances sean duraderos y de
ellos se beneficie toda la población y no sólo una parte. Esta
proposición de ley que hoy consideramos tiene, a juicio de los
socialistas, dos graves defectos. En primer lugar, no goza de
un amplio acuerdo dentro del Parlamento de Canarias, se ha
recordado ya; sólo 31 de los 60 diputados votaron a favor; el
principal grupo del Parlamento de Canarias, el Grupo
Socialista, no votó a favor. Además, no es superfluo recordar
que el texto que esta tarde estamos considerando se presentó
en el Parlamento regional después de la convocatoria de las
elecciones generales del pasado 6 de junio. Durante la campaña
electoral el contenido de esta Ley fue uno de los temas de
principal debate entre las fuerzas políticas en Canarias, y
quiero recordar que quienes defendieron este texto como suyo,
y sólo de ellos es, únicamente obtuvieron el 6 de junio el 25
por ciento del electorado canario. En segundo lugar, esta
proposición de ley defiende una postura que, como ya he
indicado, no resulta aceptable para los socialistas ya que
contempla una bonificación general de las rentas
empresariales. Se pretende hacer un regalo a los empresarios,
regalo que, como tal, está exento de contrapartidas y, por
tanto, se despreocupa de dar respuesta al principal problema
social de Canarias que es el paro. Nosotros queremos conseguir
empleo y para ello bonificamos la potenciación de la actividad
económica. Queremos el máximo volumen de empleo posible; ese
es nuestro objetivo. Con esa finalidad espera la ley toda la
población canaria, jóvenes y mayores, mujeres y hombres
empleados y parados, trabajadores y empresarios que hoy estoy
seguro siguen con interés el acto de este Parlamento.




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El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta
proposición de ley; pero resulta claro, por lo que acabo de
indicar, que es imprescindible mejorarla en este Congreso de
los Diputados y de incorporar, además, lo que ha supuesto el
acuerdo entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de la
comunidad autónoma. Cuando dentro de algunos meses la ley esté
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» se habrá cerrado
un largo período de incertidumbre en la sociedad canaria; será
entonces responsabilidad de los canarios aprovechar esta ley
para afrontar el futuro con trabajo, con esperanza y con
ilusión. Desde las instituciones nacionales y regionales debe
emitirse un mensaje de optimismo que anime a los empresarios a
crear empleo en Canarias. Los miles de parados que hay en
estas islas exigen con razón una situación más justa, de más
empleo para todos. Seguro que esta ley no es una panacea para
los males de los canarios. Muchos de esos males son comunes a
los que tienen los demás españoles y los demás europeos y, en
cualquier caso, podemos decir que son menores que los que
padecen la inmensa mayoría de la humanidad.




El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, le ruego concluya.




El señor MARTINON CEJAS: Termino rápidamente, señor
Presidente. Hasta este momento he hablado en nombre de los 159
diputados que componen el Grupo Socialista de este Congreso de
los Diputados; permítanme que en estos segundos que me restan
hable como diputado socialista y como canario, o como diputado
canario y como socialista. Quiero que SS.SS. sepan que el
pueblo canario, al que represento en esta Cámara, es un pueblo
que practica la solidaridad, la generosidad y la comprensión y
que no sólo la pide para sí. De la definición de lo que es el
pueblo español los canarios participamos con lo que es nuestro
desde siempre: la lucha permanente por abrirnos al mundo y no
encerrarnos en nuestros peñascos atlánticos y hacerlo sin
perder nuestra identidad, no sólo económica y fiscal, sino
política y cultural. Aspiramos a incrementar nuestras
relaciones con Africa. Muchas de nuestras preocupaciones se
refieren a América a la que tantos de los nuestros tuvieron
que emigrar; pero nuestra identidad como pueblo nos ha llevado
siempre a rechazar todo aquello que nos aleje de la
convivencia armoniosa y fraternal con los otros pueblos
españoles y europeos. Señoras y señores diputados, muchas
gracias. Señor Presidente, muchas gracias. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien! Aplausos en los bancos socialistas.)



El señor PRESIDENTE; Gracias, señor Martinón. Vamos a proceder
a la votación. (Pausa.) Votación para la toma en consideración
de la proposición de ley del Parlamento de Canarias, sobre
modificación de los aspectos económicos del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias y actualización de los puertos francos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 300; en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.




AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:



--DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y DE REFORMA DEL
REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR
DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)



El señor PRESIDENTE: De confomidad con lo dispuesto por el
artículo 149.1 del Reglamento de la Cámara, se somete al Pleno
la avocación de la deliberación y votación final
correspondientes al proyecto de ley de medidas fiscales y de
reforma del régimen jurídico de la función pública y de la
protección por desempleo. ¿Lo acuerda el Pleno?
(Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.




MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION:



--TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPOSICION DE LEY DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE CREACION DE LA PROVINCIA DE CATALUNYA
(Orgánica.) (Número de expediente 122/000001)



--DEBATE DE TOTALIDAD DEL PROYECTO DE LEY DE PLANTILLAS DE LAS
FUERZAS ARMADAS (Número de expediente 121/000011)



El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la
modificación del orden del día de la presente sesión
consistente en la exclusión de los dos puntos siguientes: toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre creación de la provincia de Catalunya y debate de
totalidad del proyecto



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de ley de plantillas de las Fuerzas Armadas. ¿Acuerda el Pleno
esta modificación? (Asentimiento.) Queda aprobada.




TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.):



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), DE
COMERCIO (Número de expediente 122/000002)



El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), de Comercio. El señor Roca tiene la
palabra.




El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, al presentar la proposición de ley de nuestro Grupo
Parlamentario creo que sería bueno recordar algunas de las
magnitudes que acompañan y definen la importancia del tema que
se pretende regular. En primer término, recordemos que el
sector del comercio representa casi un 12 por ciento del
producto interior bruto de este país y emplea a un 14 por
ciento de nuestra población activa; concretamente más de
1.350.000 personas viven empleadas en este sector.

Simplemente, la magnitud de estas cifras nos revela la
importancia de la regulación que vamos a proponer. Quiero
adelantar, de entrada, que esta regulación en modo alguno debe
ubicarse sólo en la solución de un problema coyuntural que en
este momento está causando una cierta polémica en la vida
pública. Esta proposición de ley es mucho más que la
regulación de los horarios comerciales; afecta a otras muchas
cuestiones que van desde la necesidad de regular lo que puede
ser la actividad del ejercicio del comercio o las modalidades
de venta hasta todo lo que hace referencia al urbanismo
comercial u otros aspectos. Hoy por hoy, la ausencia de una
regulación que marque, por un lado, unos mínimos básicos en el
conjunto de toda España como consecuencia de sentencias
dictadas por el Tribunal Constitucional que reservan a esta
Cámara el conocimiento de aspectos muy concretos de esta
materia, y, por otra parte, la necesidad de que en aquellas
comunidades en las que no se goce de una legislación
específica pueda, supletoriamente, funcionar una ley dictada
desde esta propia Cámara, hacen aconsejable que este Congreso
de los Diputados afronte una regulación que desde hace mucho
tiempo se viene demandando por el sector. Todas las
organizaciones más representativas del mundo del comercio,
además muy apoyadas --y singularmente en este caso-- por el
propio mundo sindical, han venido reclamando una legislación
que venga a regular las cuestiones que nuestra proposición
demanda. No obstante, quiero adelantar, para invitar
precisamente a la facilidad con que desearía que sus señorías
pudieran tomar en consideración nuestra proposición, que sería
voluntad de nuestro Grupo que esta iniciativa pudiera ser
ampliamente modificada si así lo desean, que pudiera ser
ampliamente debatida. Porque lo importante es que alcancemos
un consenso que sea de aplicación general y pacífica y que
venga a resolver problemas que afectan de una manera muy clara
a este gran colectivo que es el sector del comercio, y que
afectan, a la vez, al interés general en tanto en cuanto del
ejercicio del comercio resulta afectado el interés de los
consumidores y, lógicamente, el interés general de la
sociedad. Hemos de ser capaces en esta Cámara, y con el debate
que esto requiera, de encontrar un terreno de amplia
coincidencia, un terreno que nos permita regular estas
situaciones complejas que afectan, insisto, de una manera muy
especial al tejido social de nuestro país. Porque el comercio
crea cohesión social, el comercio no es simplemente una
actividad productiva más, es una actividad que genera
cohesión, que define incluso la calidad de vida de una
sociedad, ya que ésta puede en cierto modo medirse por el
asentamiento real del sector del comercio en esta sociedad
concreta. Por ello invito a sus señorías no únicamente a que
tomen en consideración esta proposición de ley, sino que les
invito a que participen en el debate con aportaciones, con
sugerencias que se puedan hacer para enriquecerla, para
hacerla más eficaz, pero que resuelvan una situación que hoy,
en nuestra sociedad, repito, demanda una regulación de esta
naturaleza. Existen vacíos legales que deben llenarse, existen
situaciones de hecho que no están suficientemente reguladas y,
por otra parte, insisto, afecta a este colectivo amplísimo del
sector del comercio una crisis que hace especialmente urgente
la regulación que se propone. El sector del comercio vive una
gran crisis, no soslayemos el problema, 30.000 comercios han
cerrado en los últimos dos años, han dejado de tener actividad
comercial; 30.000 pequeños comercios. Y en esto últimos dos
años se ha triplicado el número de grandes superficies
comerciales. ¿Estamos abogando por una regulación que
represente que hay que frenar las grandes superficies
comerciales? ¿O estamos abogando por una regulación que sólo
contemple el pequeño comercio? No es verdad; hay que buscar el
punto de equilibrio. Pero sería igualmente imprudente
considerar que una libertad de las grandes superficies
comerciales es un tributo a la modernidad, o decir simplemente
que los pequeños comerciantes lo que tienen que hacer es un
esfuerzo para formarse y reconvertirse. Todo esto requiere
tiempo, requiere soluciones y requiere, sobre todo, una
legislación que lo haga posible. Hay a veces cosas que
nuestros ciudadanos no conocen. Muy a menudo se dice de la
libertad de horarios,



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por ejemplo; que hemos de hacer lo que los demás, que tienen
libertad de horario. Pues bien, sepan los ciudadanos españoles
que, en todo caso, en sólo otros dos países del mundo existe
la posibilidad de abrir en domingo; sólo en Estados Unidos,
con una legislación muy distinta, y en Irlanda, donde razones
religiosas evitan el cumplimiento de la norma. Por tanto, si
pretendemos hacer lo que los demás tendremos que cerrar.

Busquemos soluciones específicas, busquemos soluciones
pensadas para nuestra realidad socioeconómica que persigan el
punto de equilibrio --hay necesidad de encontrar equilibrio--
entre el interés general y los intereses a proteger de manera
clara, sin tapujos ni rubor. Evidentemente, hay que proteger
un sector que de no contar con esta acción puede agravar de
una manera absurdamente grave, valga la redundancia, la
situación de paro por la que atraviesa nuestra sociedad. No
podemos, frívolamente, dejar pura y simplemente que ocurra lo
que debe ocurrir. Tenemos que regularlo, tenemos que
establecer unas normas que sobre la base de un equilibrio
entre los distintos intereses a hacer convivir --difícil pero
que es posible--, respeten los niveles competenciales de esta
Cámara y de las comunidades autónomas. Que sepa, por otra
parte, defender los intereses de los consumidores y que sepa
también defender la concepción global de una economía de
mercado. Todo esto debe ser capaz de convivir en una sola
disposición legislativa. Las aportaciones que SS.SS. realicen
a nuestra proposición de ley serán absolutamente bienvenidas;
todas aquellas aportaciones que la mejoren, insisto, serán
bienvenidas. No vamos a sentirnos aquí en modo alguno ni
heridos ni molestos porque alguien diga que lo que nosotros
presentamos puede ser mejorado. Seguro que puede ser mejorado,
porque muchos más veremos más y, por tanto, seremos capaces de
encontrar un terreno de coincidencia. Pero que al final España
disponga de aquello que otros países europeos de nuestro
entorno tienen y España no, que es una ley general de comercio
que regule esta situación. No nos creamos que por no regular o
por exagerar, diríamos, la libertad en un campo concreto de
nuestra actividad económica vamos a ser más próximos a la
realidad europea. Lo que hoy está en España nos distancia de
Europa, no nos acerca. Por tanto, lo que hay que hacer es una
regulación al estilo, sobre la base, con los criterios o con
razonamientos similares o parecidos a los que nuestra
proposición formula a sus señorías. Desearíamos que esta
coincidencia fuera lo más amplia posible. Sería una muy buena
noticia para el sector del comercio. Se sentirían tranquilos y
compensados en un momemnto en el que ustedes saben que la
crisis aprieta especialmente a este sector. Todo lo que es el
sector del pequeño comercio, o por extensión el sector de la
pequeña empresa, está sufriendo de manera muy especial la
gravedad de la crisis, por eso nos gustaría que saliera de
esta Cámara en este momento una nota de sensibilidad y que a
través de una regulación se abra la puerta a la esperanza de
algo que esta gente y este sector hace tiempo que desea.

Nuestro Grupo no quiere extenderse más, señorías, porque si al
concurso invitamos, mal lo haríamos a base de dejar muy
cerrada la tramitación de esta proposición. La dejamos muy
abierta, pero nos gustaría haber podido compartir con todas
SS.SS. la satisfacción de ofrecer al sector del comercio una
regulación que intente resolver de manera definitiva buena
parte de sus problemas. Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.




El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
intervenir brevemente, en nombre del Partido Aragonés, para
prestar el apoyo con nuestro voto a esta proposición del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); una proposición que nos parece
oportuna, puesto que es necesario hacer compatibles los
intereses de los comerciantes y de los consumidores, que en
modo alguno creemos que deben ser intereses contrapuestos. En
esta proposición hay temas de rabiosa actualidad, como la
regulación de los horarios comerciales, pero evidentemente va
mucho más allá. Creo que hay un completo tratamiento general
de la problemática del sector. Junto al comercio tradicional,
esta ley regula aspectos nuevos de la actividad comercial,
como puede ser la venta automática, la venta a distancia, que
está teniendo un enorme auge gracias a la colaboración de los
medios de comunicación, y en especial a medios tan nuevos en
la actividad comercial como puede ser incluso la televisión.

Creemos que en esta proposición de ley hay que tener en cuenta
también las especiales características que tiene nuestro país,
un país con un sector turístico muy amplio. Evidentemente, la
regulación que se haga del comercio tiene que tener en cuenta,
insisto, esta circunstancia especial que no tienen otros
países de nuestro entorno, con los cuales tendremos que
intentar homologarnos, pero, como digo, sin perder de vista
algunas de nuestras características, como puede ser la de país
turístico o incluso la de nuestra propia climatología, que
también tendrá algo que decir a la hora de regular la
actividad comercial. De todas formas, con las aportaciones que
se puedan hacer en el trámite parlamentario, bienvenida sea
esta proposición de ley, porque hay expectación en el sector y
en los afectados. Creemos que la crisis que están padeciendo
los miles y miles de pequeños comerciantes en este país nos
tiene que servir de impulso y estímulo



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para que en el trámite parlamentario logremos una buena ley.

Espero que todos los grupos, también, el Grupo proponente,
habrán sido muy sensibles a las peticiones que proceden de los
sectores afectados. También quiero decir que con esta
proposición de ley tenemos que poner al sector del comercio en
condiciones de poder competir con el exterior, puesto que,
evidentemente, en una economía en estos momentos tan
interrelacionada tenemos que buscar alguna medida que haga que
un sector tan importante de la economía española y que afecta
a tantos miles y miles de ese tejido empresarial, como son el
pequeño y mediano comercio, no se vea tan alterado por la
crisis económica, que en estos momentos creo que es su
principal preocupación. Desde nuestro Grupo colaboraremos
también con las enmiendas parciales para intentar mejorar esta
proposición de ley, y ahora, en este trámite, daremos nuestro
voto positivo al mismo. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mur. Por el Grupo
de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: También muy brevemente, señor
Presidente, quiero intervenir para expresar, en nombre de
Coalición Canaria nuestro apoyo a la toma en consideración de
la proposición. Creemos que, efectivamente, es muy oportuna, y
vamos a intentar, como nos ha invitado el proponente,
mejorarla con nuestras enmiendas para lograr el equilibrio
necesario entre los intereses, aparentemente contradictorios,
de pequeños y grandes comerciantes y consumidores. Nosotros
creemos, como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que en este momento de crisis de la
pequeña empresa y del pequeño comercio esta Cámara tiene que
tener la sensibilidad de dar respuestas a ese problema
ayudando a modernizar las estructuras comerciales del país y a
que no se produzca la desaparición de un entramado que tiene
una importantísima función económica, como es el pequeño
comerciante, y también una importantísima función social. En
el equilibrio de la sociedad es necesario defender a ese
pequeño comerciante, pero también los intereses de los
consumidores y la modernización de las redes y de las
estructuras comerciales españolas. Por eso nuestro voto va a
ser favorable. Muchísimas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. Por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el
señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, como el señor Roca ha dicho que iba a compartir con
otros todas las aportaciones y enriquecimientos, he subido
aquí para compartir con él la tribuna, en primer lugar.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado también
una proposición en el mes de septiembre, y parece ser que, por
razones más o menos leguleyas, no había habido tiempo de leer
con detenimiento nuestro texto; por ello no ha tenido
posibilidades de verse conjuntamente con la proposición de ley
presentada por el Grupo Catalán. Y verse conjuntamente quiere
decir que, en la medida en que ustedes y nosotros hemos estado
reunidos con el sector, con los sindicatos del sector, con la
Mesa del Comercio, con las asociaciones profesionales,
etcétera, también era posible aquí empezar a trabajar ya
conjuntamente, puesto que la voluntad no es un problema
político, no es un problema de palabras, sino de hechos
concretos. Demostrar que podemos hacer una ley de comercio
buena para afrontar el conjunto de los problemas de los
usuarios, de los comerciantes y de todo el sector es empezar a
trabajar conjuntamente, y como es natural, esto tendría que
haberse visto también. De todas formas, yo planteo dos
lástimas que seguramente no figurarán en este parlamento como
dos aportaciones muy importantes en política, ni tan siquiera
quiero que figuren como lamento, pero lo digo en relación a lo
que ha dicho el señor Roca de que es una ley muy importante y
necesaria. Es tan importante y necesaria esta ley que el Grupo
que yo represento en este momento la presentó ya en la III
Legislatura y fue votada en contra --en estos momentos no
tengo «Diario de Sesiones» con las votaciones-- prácticamente
por todos los grupos. No sé qué hizo su Grupo en concreto, no
lo sé. (El señor Roca i Junyent hace signos afirmativos.) Votó
afirmativamente, pues ya tenemos otro punto de coincidencia.

En todo caso, sépase que una ley necesaria, una aportación
necesaria de mi Grupo a un sector muy importante de la
economía española fue rechazada en este Parlamento. En segundo
lugar, en este país hay un muy escaso asociacionismo. La
proposición que en el mes de septiembre presentó Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, además de regular
democráticamente el conjunto del sector, intentaba impulsar el
asociacionismo, entendiendo que, en la medida en que la
sociedad se organiza democráticamente, hay más posibilidades
de solucionar también democráticamente los problemas. Por ello
ponemos énfasis, y estoy enunciándolos, en algunos elementos
que van a ser fruto de debate y sobre los que espero que haya
acuerdo, como es el cooperativismo, las sociedades anónimas
laborales, el desarrollo del empleo artesanal, etcétera. En
tercer lugar, nosotros planteamos también --y espero que sea
tenido en consideración-- la necesidad de que haya una
participación amplia, y participación amplia, a nuestro
entender, es dar margen de maniobra,



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es dar cancha, es dar un papel a las organizaciones
empresariales del pequeño comercio, a las organizaciones
sindicales, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas
para que, en el momento en que sobre una ley general de bases
se tenga que actuar en cada comunidad autónoma o en cada
ayuntamiento, haya la posibilidad de hacerlo de acuerdo con
todos los protagonistas sociales y económicos. En cuarto
lugar, creemos que es imprescindible --en esto coincidimos,
aunque ustedes dan más margen a las grandes superficies--
reglamentar de una forma estricta el tema de esas grandes
superficies, ya que por un lado se dice que esto es una
competencia en muchos casos desleal, que en el momento de
instalarse tienen una serie de ventajas por parte de las
comunidades autónomas o de la Administración del Estado, pero
luego, con la otra mano, se da permiso para que se instalen en
muchos casos, como hemos visto recientemente en una localidad
de Madrid, grandes superficies que no reúnen las condiciones
democráticas exigidas al conjunto de los sectores. En quinto
lugar está la cuestión de los horarios, respecto a lo que
estamos de acuerdo con lo fundamental que defienden ustedes en
su texto y con lo que defendemos nosotros en el nuestro,
aunque también planteamos algo que consideramos imprescindible
en cualquier acción de Gobierno o en cualquier acción
legislativa, como es la reducción de la destrucción ecológica.

Como el comercio es un elemento transmisor de destrucción
ecológica, tal como está funcionando ahora, planteamos las
célebres tres erres: reducción de residuos, reutilización y
reciclaje, por tanto, el tratamiento de lo que se hace con los
envoltorios desde que salen de la manufactura en el conjunto
del comercio y desde el mismo hacia el usuario. Creemos que
Izquierda Unida presenta una proposición que no es
contradictoria en muchos aspectos con la propuesta por el
Grupo Catalán, que además tiene, como he señalado antes, una
historia y que está muy de acuerdo con el conjunto del sector,
con el que nos hemos reunido --ustedes también han hecho lo
mismo--, con el que hemos negociado y hemos recogido gran
parte de sus propuestas, entre otras --y debemos citarlo con
mucha fuerza-- la derogación del Decreto-ley conocido como
«Decreto Boyer», que es un desastre para el pequeño
comerciante y para el sector, no únicamente por un artículo,
sino por el conjunto de la norma. Lamentamos que haya habido
un cierto sectarismo en la Mesa o en la Junta de Portavoces en
el momento de tomar en consideración nuestra iniciativa, y que
por razones que obviamente son absolutamente burocráticas no
se haya acordado defenderla en este momento concreto y empezar
a trabajar y compartir ya ese trabajo para ayudar a encontrar
una solución democrática adecuada para el conjunto del sector.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos. Para su
información tengo que decirle que no ha habido ningún
sectarismo, ni en la Mesa ni en la Junta de Portavoces. Ha
habido una aplicación del Reglamento que impide que la
iniciativa de su Grupo sea incluida en el orden del día. (El
señor Frutos Gras pide la palabra.) Tiene la palabra el señor
Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, los problemas
políticos se solucionan políticamente; los reglamentos deben
servir para ayudar a que la política cumpla sus funciones, y
yo creo que en este momento no han ayudado. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, los problemas políticos no
los confunda con los problemas reglamentarios. La iniciativa
de su Grupo reglamentariamente no estaba en condiciones de ser
incluida en el orden del día; ni la Mesa ni la Junta de
Portavoces podían hacer otra cosa. Por tanto, no insista en
echar la culpa de que no se pueda ver su iniciativa a la Mesa
o a la Junta de Portavoces.




El señor FRUTOS GRAS: Insisto, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Trillo.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente,
señorías, hace ya algunos años se preguntaba don Joaquín
Garrigues por la respuesta que los juristas habían dado a lo
que él analizaba como retos pendientes que planteaban los
nuevos hechos, propios del tráfico mercantil de nuestros días,
a quienes hemos de ocuparnos, de manera o de otra, del mundo
del Derecho, y el gran maestro del Derecho Mercantil español
se contestaba con tristeza que la respuesta había sido, hasta
entonces, el silencio inoperante. Esa ha sido también, hasta
la fecha, señoras y señores Diputados, la respuesta del
legislativo español a las nuevas realidades del comercio en
nuestro país. Reto pendiente y mandato constitucional
incumplido es la regulación integral, por ley del Estado, del
comercio interior, con arreglo al artículo 51 de la
Constitución; reto pendiente es acometer las múltiples formas
de compraventa a las que se ha referido el proponente y que
hacen que esta institución no sea sólo la base de la economía
de mercado, sino que incluso llegue a calificar a la sociedad
de nuestros días como sociedad de consumo; reto pendiente es
la nueva dimensión de las empresas del sector dedicadas al
comercio y, desde luego, lo que se ha llamado el tráfico en
masa



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que hace aparecer todos esos fenómenos a los que se han
referido algunos de los intervinientes con anterioridad. Y,
desde luego, reto apremiante --coincidimos todos-- es la
situación del pequeño y mediano comercio en España, porque las
cifras que se han barajado, y que nosotros también recordamos
y subrayamos, demuestran que si se ha hecho quizás una
reconvesión sin normativa, en tiempos de crisis esa
reconversión puede ser calificada de reconversión salvaje, y
hora es de que acometamos, deseablemente entre todos, esa
regulación. Por tanto, señor Roca, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular considera que esta proposición de ley
tiene la virtualidad de romper ese silencio inoperante y nos
congratulamos por ello; bienvenida sea la iniciativa del Grupo
de Convergència i Unió y bienvenida sea también la tramitación
parlamentaria que inicia y para la que, sin embargo, me van a
permitir SS.SS. que explicite algunos de los principios que a
mi Grupo Parlamentario le gustaría ver reflejados en esa
futura ley. Yo meditaba ahora, al hilo de alguna de las
intervenciones, sobre cuál debía ser el espíritu que podría
presidir esa elaboración y un compañero de escaño me recordaba
que estos días se representa en Madrid una inmortal obra del
inmortal Shakespeare que puede darnos una idea adecuada, dicho
sea con ánimo de distender el debate. Se trata de «El Mercader
de Venecia». En «El Mercader de Venecia», como recordarán
SS.SS., se llega entre dos comerciantes --en el sentido
amplio-- a un trato, a un trato legal que, sin embargo,
consiste, nada menos, en que una de las partes quiere
desplazar a la otra del mercado porque Shylock nada menos que
pretende desplazar a Antonio para hacer en Venecia los
negocios que él quiera. ¿Y cómo lo hace? Exigiendo como pago
una libra de carne, despojándole, si puede, del corazón.

Señorías, yo creo que el espíritu que debe animar el trabajo
de esta Cámara en relación a esos conflictos que se han
subrayado esta tarde no debiera ser otro que el de la solución
justa, es decir, aquella que se acordó por el Duce de Venecia:
que no se derrame una gota de sangre. Que no haya vencedores
ni vencidos. Que no haya sectores maltratados. Y con ese
espíritu nosotros creemos que hay que volver, de alguna
manera, a los principios constitucionales, a los principios
que deben inspirar al legislador ordinario. El primero de
ellos --a nuestro juicio-- es el principio de libertad de
comercio, como manifestación de la libertad de empresa,
garantizada en el artículo 38 de la Constitución y que incluye
la libertad de establecimiento, la libertad de iniciativa, la
libertad de apertura con aquellas limitaciones que, como
excepción, se crean convenientes --dice la propia
Constitución-- para garantizar la productividad o en aras de
la ordenación general de la economía. ¿Se contempla en la
proposición de Convergència i Unió el principio de libertad de
comercio o de libertad de empresa? Ciertamente; en el artículo
10 de dicha proposición. He de decir, señor Roca, que a
nosotros nos gustaría que quizá hubiera precedido a otros
artículos, por ejemplo, al artículo 2.º, que condiciona el
ejercicio de la actividad comercial no sólo a las condiciones
generales del comerciante, sino a indeterminadas
autorizaciones o concesiones, aparte de otras condiciones
adicionales que se establecen en el artículo 3.º Sinceramente,
la apariencia es que la redacción de la proposición se inclina
más por el lado del control que por el de la iniciativa.

Nosotros anunciamos que nuestro planteamiento va a ser el
inverso. Nosotros estamos por la libre iniciativa y por la
limitación como excepción. Segundo principio --obviamente
compartido por todos--: defensa de los consumidores. Ese es el
principio rector que nos señala el constituyente al
mandatarnos para hacer una ley de comercio. Podrá decirse: ya
hemos hecho en el Parlamento español una Ley General de los
Consumidores y Usuarios. Es cierto, pero no lo es menos que la
jurisprudencia de aplicación de esa Ley ha demostrado que
existen parcelas que no están suficientemente reguladas, que
existe todo un campo, el de la responsabilidad de las partes,
el de su cuantía, el de su determinación, el de su
procedimiento, que hay que poner sobre el tapete a la hora de
hacer una ordenación del comercio en defensa de los ciudadanos
en su veste de consumidores. En tercer lugar --que no menos
importante-- el principio de unidad de mercado. Para nosotros
ese es un principio que el Tribunal Constitucional ha dejado
claramente establecido que es derivación del principio de
unidad territorial de Estado y que se encuentra a estos
efectos contemplado en el artículo 139.2 de la Constitución,
como expresión del también principio general de libre
circulación de personas y bienes y que implica, sin mayores
detalles en ese trámite, que no haya circunstancias que puedan
suponer un trato discriminatorio a los comerciantes en función
del territorio en que ejerzan su actividad. Querría, señor
ponente, que lo que voy a añadir como cuarto principio se
entendiera en su dimensión cabal: principio de coordinación
legislativa y de competencias. Me ha alegrado enormemente que
en la exposición que ha hecho el señor Roca haya reconocido
expresa y claramente la necesidad, no ya la conveniencia, de
conciliar lo que en los estatutos de autonomía aparece como
competencia exclusiva de las comunidades autónomas con aquello
otro que --sin duda por ser jurisprudencia simultánea a la
redacción de su proposición no ha posido ser íntegramente
tenido en cuenta en el contenido de la misma-- el Tribunal
Constitucional nos acaba de recordar que son normas básicas
que corresponde fijar a una ley del Estado --y ustedes
propician esa ley trayéndola hoy aquí-- y, al tiempo, con
aquellas otras materias conexas que se pueden englobar en lo



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que es la ordenación general de la economía, que, como es
sabido, es también título competencial habilitante para la
intervención del Estado. Creo, señor Roca, que debieran
ustedes meditar sobre el principio de supletoriedad que
proponen. Tengo la impresión de que ese principio no resuelve
las cosas, de que ese principio quizá, en términos alegóricos,
derramaría algo más de una gota de sangre. Me explico. ¿Puede
significar el principio de supletoriedad que las comunidades
autónomas determinen en sus leyes de comercio interior
condiciones distintas para el ejercicio de la condición de
comerciante? Entiendo que no, que las condiciones básicas para
el ejercicio de la condición de comerciante deben estar
fijadas en norma del Estado. ¿Pueden acaso las comunidades
autónomas establecer obligaciones y derechos distintos para
las partes de los que se deriven de los contratos que en sus
distintas formas se presentan en esta ley? Entiendo que
tampoco; no es en este caso supletoria, es también norma
básica. Esto permitiría conjugar la espinosa cuestión a la que
se ha aludido de los horarios y de la apertura en festivos.

Sin duda, es un tema que probablemente necesite soluciones
coyunturales urgentes, que, desde luego, nosotros apoyaremos,
en el momento y en la forma que se estime oportuno para que se
corrija también esa parece que sangría que se ha originado en
el pequeño y mediano comercio. Pero el principio es el que es:
el Estado es competente con carácter general dentro de la
ordenación general de la economía --lo ha dicho el Tribunal
Constitucional-- para fijar los horarios, el tope de horas
semanales, y los días de apertura, principio que puede
compaginarse, por supuesto, con la competencia de las
autonomías y --probablemente el señor ponente convendrá en
esto conmigo-- de las administraciones locales, en algún caso,
porque, tradicionalmente, han tenido competencias sobre la
materia de mercados y abastos. Termino sumándome a lo que
también se ha dicho aquí, y que es el último de los principios
que nosotros queremos señalar: el principio de participación.

Si esta proposición fuera un proyecto de ley del Gobierno, por
mandato constitucional y legal se habría llamado, para la
elaboración del proyecto, a las distintas organizaciones del
sector a las que se ha hecho referencia. Naturalmente,
nosotros, como parlamentarios, como Legislativo, estamos,
quizá, más compulsivamente obligados a propiciar esas
comparecencias y quiero anunciarles, en nombre de mi Grupo,
que solicitaremos la audiencia de los representantes de las
organizaciones de consumidores, de los representantes del
sector del pequeño, mediano y gran comercio, de la Federación
Española de Municipios y de todos aquellos que quieran aportar
algo, como ha dicho el señor Roca, para encontrar entre todos
la solución a lo que es, no sólo un reto pendiente, sino una
demanda social. Por tanto, cuenten ustedes con nuestro voto
positivo para la toma en consideración; con esos principios
desearíamos llegar hasta el final, y me gustaría que el día
que eso finalice, con reflexión, pero también sin pausa,
permítame decirle, señor Roca, que ojalá podamos también,
rememorando a Shakespeare, que todo termina bien, perdón, que
bien está lo que bien termina. En eso nos encontrarán ustedes
dispuestos... (Rumores.) Veo a SS.SS. muy especializados en la
obra del genio de Stratford. Desearía que ése fuera justamente
el estilo que presidiera no sólo la elaboración de esta ley
sino también las intervenciones de algunas de SS.SS. en el
Pleno. Muchas gracias. (Rumores y aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, el
Grupo Socialista va a apoyar con su voto la toma en
consideración de la proposición de ley de comercio, presentada
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Coincidimos con el
Grupo proponente en la conveniencia y oportunidad de esta
iniciativa legislativa. En efecto, el artículo 51 de la
Constitución comporta la necesidad de una regulación del
comercio interior y del régimen de autorización de productos
comerciales en el marco de lo dispuesto para garantizar la
defensa de los consumidores y usuarios. Estamos, sin embargo,
ante una materia que es compleja. La propia proposición de ley
así lo reconoce en su exposición de motivos, y ello por varias
razones. En primer lugar, porque se trata de una materia
pluridisciplinar que, en algunos de sus aspectos, en los
múltiples aspectos que confluyen en la actividad comercial,
cuenta ya con normas propias o está afectada por directivas
comunitarias, por el proceso del mercado único. Ello requiere
una concordancia, por tanto, con dichas normas. En segundo
lugar, porque existen, como ya se ha dicho aquí, competencias
exclusivas o competencias compartidas con las comunidades
autónomas. Y, en tercer lugar, porque hay que considerar los
diferentes intereses, intereses contrapuestos, que coinciden
en esta actividad económica. En relación con estas
reflexiones, la proposición incide, en diversos puntos de la
regulación que propone, en materias que cuentan con un régimen
específico, como es la publicidad, que tiene una ley propia,
la defensa de la competencia, la competencia desleal, los
contratos celebrados fuera de establecimiento y las cláusulas
abusivas, que son tratadas en la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios.




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En los aspectos competenciales, afecta también, en algunas de
sus previsiones, a materias de competencia exclusiva de las
comunidades autónomas, como son las modalidades específicas de
actividad o la indicación de precios; hay puntos regulados que
corresponden al ámbito de protección del consumidor y también
se incide en competencias autonómicas en el campo del
urbanismo y de ordenación del territorio. Es evidente que uno
de los aspectos destacados de esta proposición de ley es la
regulación de los horarios y de la implantación de las grandes
superficies, y ha sido precisamente esta cuestión, como
consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal
Constitucional sobre las normas de varias comunidades,
considerando prevalente el Real Decreto-ley 2/1985, sobre
medidas de política económica, en lo que concierte a libertad
de horarios para los locales comerciales, lo que ha acelerado
la necesidad y la demanda existente, como recordaba el señor
Roca, de una norma sobre el comercio que resuelva a la vez la
situación creada por la suspensión de estas normas en las
diferentes comunidades. Por otra parte, no podemos ignorar que
afrontamos la legislación de esta materia en un momento
difícil para alguno de los subsectores, como es el pequeño
comercio, afectado por la crisis económica y por la
competencia con las grandes superficies. Nuestro país
participa de los cambios socioeconómicos que se vienen
produciendo en los países desarrollados y que están
modificando la estructura tradicional de la distribución
comercial, reforzando, además, su importancia conjuntamente
con el sector servicios, tanto en la economía española como en
la economía comunitaria. Nos encontramos, por tanto, e insisto
en ello, ante una materia compleja cuya legislación incidirá,
además, en un sector que está afectado por una
reestructuración. Ello requiere un debate, así como la
reflexión necesaria para afrontar debidamente los problemas y
para lograr un amplio consenso, pero, al mismo tiempo, tenemos
urgencia de dar solución a los problemas planteados por las
recientes sentencias del Tribunal Constitucional. Por todo
ello, nuestro Grupo considera que sería adecuado proceder a
una regulación inmediata sobre los aspectos considerados
urgentes --la implantación de grandes superficies y la
cuestión de los horarios-- así como debatir, con tranquilidad
y avanzando en un gran consenso parlamentario, sobre los otros
contenidos de la ley, de la futura ley general de comercio, en
base a la proposición presentada y sobre la que ya ha
adelantado el grupo proponente una actitud abierta al debate
en todos los aspectos en ella contenidos. Respecto a la
regulación de los horarios comerciales, hemos asistido en los
últimos meses a un debate público interesante y creo que
debemos tener presente los mensajes que nos ha dirigido la
sociedad, lo que conlleva la necesidad de conciliar intereses
contrapuestos, no sólo entre subsectores comerciales, sino
también entre el sector comercial y los consumidores y
usuarios. Hay que tener en cuenta que cuando se plantea la
posibilidad de ampliar horarios comerciales en relación a los
existentes hasta ahora en determinadas comunidades estamos
proponiendo un mayor margen de libertad, pero, al mismo
tiempo, la regulación va a suponer un retroceso en la libertad
que existe en los otros territorios del Estado. El Grupo
Socialista considera que la regulación general de la actividad
comercial ha de suponer, teniendo presente la protección del
consumidor y el respeto a las reglas del mercado, el
establecimiento de un marco claro de las condiciones en que
debe realizarse el comercio, pero a la vez debe contribuir al
desarrollo del equilibrio entre pequeño comercio y grandes
superficies, entre comercio periférico y comercio urbano. La
regulación de los horarios comerciales, respetando el deseo de
los consumidores de disponer de horarios amplios, ha de tener
presente, por tanto, estos objetivos. En las últimas semanas
hemos asistido a una aproximación importante entre las
posturas de la pequeña y de la gran distribución en el marco
del diálogo propiciado por el Gobierno y es preciso seguir
avanzando para conseguir un consenso en esta cuestión.

Finalmente, el Grupo Socialista considera que la legislación
en esta materia no puede resolver de manera exclusiva los
problemas a los que se enfrenta el sector del comercio, sino
que debe ir acompañada de una política de comercio interior en
el marco de las competencias de la Administración central y en
las líneas expresadas por el señor Ministro de Comercio en
esta Cámara recientemente: aumento de la competencia,
incremento de la dimensión de las empresas y competitividad
del sector, difusión de las innovaciones tecnológicas, mejora
de la información y la formación de los comerciantes y los
empleados del sector y adaptación plena a la normativa
comunitaria. De forma especial entiende el Grupo Socialista
que debe fomentarse la competitividad y el cambio estructural
del pequeño comercio a través de un programa específico para
este sector. En resumen, señor Presidente, señorías, el Grupo
Socialista va a apoyar la toma en consideración de esta
proposición de ley, con las reservas manifestadas en torno a
su contenido y acogiéndose a la voluntad de diálogo expresada
por el Grupo proponente, y, al mismo tiempo, desde la
consideración de la necesidad de una pronta regulación de los
aspectos considerados más urgentes por la sociedad, con
arreglo a los criterios que he manifestado anteriormente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz. Vamos a proceder a
la votación.




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Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de Comercio.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, 300.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS A TOMAR PARA MEJORAR LA SITUACION POR LA QUE
ATRAVIESAN LOS PESCADORES ESPAÑOLES DE BONITO (Número de
expediente 162/000017)



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (PNV), POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A NEGOCIAR ANTE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE)
LA PROHIBICION DEFINITIVA DE LAS VOLANTAS PARA LA CAPTURA DE
TUNIDOS A PARTIR DEL 1.º DE ENERO DE 1994 (Número de
expediente 162/000031)



El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día. Proposiciones
no de Ley Proposición del Grupo Popular sobre medidas a tomar
para mejorar la situación por la que atraviesan los pescadores
españoles de bonito y del Grupo Vasco (PNV) por la que se
insta al Gobierno a negociar ante la Comunidad Económica
Europea la prohibición definitiva de las volantas para la
captura de túnidos a partir del 1.º de enero de 1994. Los
grupos proponentes efectuarán por separado y por su orden la
defensa de las dos proposiciones. Los grupos que vayan a
intervenir consumirán un solo turno, al hacerse tramitación
acumulada de ambas. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Fernández de Mesa. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)



El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente,
señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a la Cámara una
proposición no de ley presentada ante el Congreso de los
Diputados el 17 de agosto pasado, cuando la situación por la
que atravesaban nuestras flotas de pescadores de túnidos en el
Cantábrico, Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia se
encontraba en su momento más conflictivo. El Grupo
Parlamentario Popular no tiene inconveniente, es más, le
parece conveniente, que se debata conjuntamente con la
proposición del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista
Vasco, presentada el 22 de septiembre del año en curso, que es
mucho más genérica, pero que se refiere también a las medidas
que se puedan adoptar tendentes a que a partir del día primero
de año de 1994 se suprima la utilización de las volantas de
deriva en el norte de España. El Grupo Parlamentario Popular
entiende que previa la integración de España al Mercado Común,
los pescadores de bonito de Galicia, Asturias, Cantabria y el
País Vasco suprimieron el arte de pesca de volantas de deriva,
dado que su erradicación fue exigida por las autoridades de
Bruselas, ante los efectos perniciosos sobre la pesca y las
especies marinas que este tipo de arte de pesca ocasionaba en
las zonas en las que se venía produciendo la pesca del bonito
y de los túnidos del Norte. Desde la integración de España en
el Mercado Común, a partir del día primero del año 1986, hace
ya siete años, la Comunidad Europea no ha conseguido que el
resto de los países integrantes de la Comunidad que faenan en
las mismas aguas que las flotas del norte de España haya
erradicado este tipo de volantas, con el consiguiente
perjuicio para nuestros pescadores. Es bien sabido que los
españoles utilizan única y exclusivamente el método artesanal.

Puedo darles el dato de que, hoy por hoy, en el tiempo que un
barco español consigue capturar aproximadamente una tonelada
en estas condiciones, los barcos franceses capturan alrededor
de veinte toneladas. El problema se agrava con la importación
de pescado, con el libre tránsito de las mercancías. Mientras
los españoles están vendiendo el kilo de este pescado entre
las 400 ó 450 pesetas, estos túnidos capturados en grandes
cantidades por medio de las volantas se venden a precios muy
inferiores, siendo doble el juego desleal que se está
practicando con respecto a la flota española. Por eso, el
Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de
ley, en la que se solicita, entre otros puntos, que a partir
del día 31 de diciembre del año en curso, es decir, a partir
del día primero del año 1994, no se pueda pescar con las
volantas de deriva, volantas pelágicas, ya que el Reglamento
de la Comunidad Europea establece que serán retiradas y
dejarán de utilizarse todas aquellas que tengan cinco
kilómetros de longitud. Y nos encontramos con que en este
sentido se encuentran 37 barcos autorizados. Pero lo cierto es
que hay otros 223 barcos que faenan en estas mismas
condiciones y que a partir del día primero de enero podrían
continuar haciéndolo con las volantas de 2,5 kilómetros que,
como bien es sabido, y hay documentación que así lo refleja,
no se fondean, sino que se utilizan también en superficie.

Todos estos condicionantes están haciendo que las flotas
boniteras gallegas, asturianas, cántabras o de Euskadi estén
pasando por unos momentos difíciles. Estamos hablando --hay
que decirlo-- de unas quinientas



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embarcaciones, que representan más de siete mil puestos de
trabajo directos en la mar e indirectamente cerca de treinta
mil familias, por lo que consideramos que es necesario poner
todo nuestro esfuerzo para que se defiendan de una manera
clara los intereses de nuestros pescadores, de aquéllos que
están utilizando artes de pesca, valga la redundancia,
artesanales, para el futuro. Por ello, de manera urgente,
solicitamos de esta Cámara que inste al Gobierno para negociar
ante las instancias pertinentes de la Comunidad Europea el
establecimiento de un severo control en el cumplimiento de la
normativa comunitaria en cuanto a la utilización de volantas
pelágicas en la pesca del bonito, así como la prohibición
definitiva de las volantas en la pesca de túnidos, a partir
del día primero de enero del año 1994, por los daños
ecológicos que su utilización está ocasionando. A nadie se le
escapa la cantidad de especies, como delfines, ballenas o
cachalotes, que aparecen muertos en nuestras playas o en
nuestro litoral, a lo largo del verano y durante las épocas de
las costeras. Igualmente, solicitamos que se adopten medidas a
los efectos de que se controle de manera eficiente, a través
de los correspondientes servicios de vigilancia pesquera
comunitaria, que hoy en día desgraciadamente no están
funcionando, la actuación de los pesqueros que cometan
infracciones en los reglamentos propios, con independencia de
la bandera de los países. Asimismo, pedimos que se hagan
posibles las autorizaciones para el cambio de modalidad a la
pesca de palangre de superficie y autorizar el cambio
definitivo, algo que los españoles hasta ahora venían
disfrutando pero que, desgraciadamente (y hay que decirlo
así), desde que entraron en vigor los censos nacionales de
palangre de superficie o de palangre de fondo no pueden
realizar este tipo de cambios ni dedicarse (permítaseme la
expresión) a la captura o pesca del pez espada, mientras que
los franceses, de manera indirecta, con sus volantas, no sólo
pescan túnidos, sino que están pescando también, por ejemplo,
pez espada y marrajo, comercializándolo, cuando a los
españoles no se les permite. Por último, instamos a que se
elabore un conjunto de medidas que permita el relanzamiento
del sector y que contribuya a la mejora de competitividad y a
la apertura de mercados, tal y como el Grupo Parlamentario
Popular propone ya en enmiendas presentadas a los Presupuestos
Generales del Estado en este capítulo. Yo quiero recordar en
este momento que hace exactamente 26 días, el 30 de
septiembre, se aprobaba en esta Cámara un Protocolo de la
enmienda al párrafo 2.º del artículo 10 del ICCAT, de ese
ICCAT que debería estar defendiendo los intereses de todos
aquellos que pescan túnidos. Desgraciadamente, hoy por hoy,
aunque hayamos sido uno de los países que hemos ayudado y
tratado de consolidar al ICCAT, de esos 22 países que lo
conforman, tan sólo 16 asistieron a la última conferencia
habida en Madrid y seremos cuatro probablemente los que
tendremos que pagar y sostener el ICCAT. En este mismo debate,
el representante del Grupo Parlamentario Socialista reconocía
que la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular preocupaba en el seno del partido del
Gobierno y que no sólo estaba dispuesto a estudiarla en su
literalidad, sino que, efectivamente, estaba de acuerdo con el
contenido. No se comprometía a decir en ese momento que la
apoyaría íntegramente, pero sí a estudiarla, y compartía el
espíritu y el sentido de la citada proposición no de ley que
había presentado mi Grupo Parlamentario. En esa línea, el
portavoz de mi Grupo en aquel entonces, mi compañero el
Diputado señor Durán, recordaba al Grupo Parlamentario
Socialista que, si se adoptaba un cierto compromiso para
apoyar nuestra proposición no de ley, nuestro Grupo retiraba
la enmienda que allí se había producido. Termino, señor
Presidente, pidiendo a todos los grupos de la Cámara el apoyo
a esta proposición no de ley, que no hace otra cosa que
defender los intereses de los pescadores españoles, en este
caso concreto de la flota del Cantábrico que se dedica a la
pesca de túnidos, que sin lugar a dudas está atravesando por
un mal momento y que, de no atajarse, tendría graves
consecuencias y mandaría al paro seguramente a tantas familias
como las de otras industrias que hemos estado viendo durante
estos días que no están atravesando por sus mejores momentos.

Solicito el apoyo de los Grupos nacionalistas o de Izquierda
Unida en virtud de un cierto compromiso adquirido por el
portavoz socialista, señor Curiel, el día 30 de septiembre, al
debatirse el protocolo. Y solicito, asimismo, el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista porque creo que es de justicia
para un colectivo que hoy no atraviesa por sus mejores
momentos. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa. Para la defensa de su proposición no de
ley, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra
el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado esta
proposición no de ley con el fin de que el Gobierno central
participe activamente en el proceso de formación de la
voluntad comunitaria, dirigido a la definitiva prohibición de
la utilización de las redes de deriva volanta por la flota
francesa en la pesca de los túnidos. La pesca de los túnidos
en aguas del Atlántico nordeste y, en concreto, en el mar
Cantábrico, se ha venido



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realizando por los países ribereños, como España y Francia,
mediante dos sistemas tradicionales. En primer lugar, por el
curricán o la cacea, que es el arte consistente en el arrastre
de anzuelos, y, en segundo lugar, por el arte de cañas con
cebo vivo. Es en el año 1987 cuando el uso de la red de
deriva, junto al arrastre pelágico, se empieza a utilizar por
la flota pesquera francesa. Desde sus comienzos, la flota
pesquera que faena con artes tradicionales en aguas del
Cantábrico se ha opuesto a la utilización de este arte por la
flota francesa, pues provoca un notable deterioro del recurso
pesquero de túnidos. Durante el verano pasado ha existido un
conflicto muy fuerte entre las flotas francesa y española que
faenan en aguas del Atlántico nordeste, que ha hecho necesaria
la intervención de los inspectores comunitarios, del Gobierno
central, e incluso de buques de la Armada, que ha implicado la
apertura de 22 expedientes sancionadores a buques pesqueros
franceses. Igualmente, todas las cofradías del Cantábrico han
solicitado la prohibición del uso de las redes de volanta por
ser incompatible dicho uso en el mismo caladero con las artes
tradicionales de pesca del curricán o la cacea y la pesca con
el cebo vivo. El empleo de las volantas está afectando a un
stock de peces que hasta la fecha se mantenía estable y que da
sustento a 8.000 familias en todo el Cantábrico, empezando por
Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia. Además, estas redes de
volanta vienen a constituir auténticas paredes en la mar, que
cuando se pierden en el fondo forman unos verdaderos
cementerios flotantes en los que se enmalla cualquier variedad
de peces. Su incompatibilidad en el caladero con las artes
tradicionales que emplean nuestros pescadores es manifiesta,
produciéndose por ello constantes y graves conflictos
pesqueros. Las redes de volanta, según el Instituto Francés de
Investigación Marina, se caracterizan por tener una longitud
de hasta 100 metros, una altura de 18 metros y un mallaje de
90 milímetros, lo cual supone, repito, que exista una pared en
el agua en la que quedan atrapadas las diferentes especies de
túnidos de distintos tamaños, y otras veces cetáceos y
tortugas marinas. Quiero indicar también que el incremento de
las descargas de atún blanco proveniente del uso de las redes
de volanta, en el período que va desde 1989 a 1992, ha sido
vertiginoso, pasando de ser meramente testimonial la pesca con
estas redes a suponer el 20 por ciento del total internacional
en 1992. En cuanto a la pesca de especies accesorias, procede
señalar que, a diferencia de las artes tradicionales del
curricán y el cebo vivo, la red de volanta constituye un arte
de pesca no selectivo, pues captura especies distintas del
atún blanco, como el tiburón o la japuta, que posteriormente
son comercializadas a precios sensiblemente mayores que el
atúnblanco, además del incremento que ha experimentado la
captura de cetáceos como el delfín. Otro dato a considerar es
que el esfuerzo pesquero de la flota de red de deriva
francesa, medida en número de barcos y días de pesca, de 1990
a 1992, ha aumentado, en el período de dos años, el 84 por
ciento. Igualmente, hemos de tener en cuenta los datos
facilitados por el ICCAT, la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico, referidos a los días de pesca
con relación a la longitud de la red, pues no es lo mismo
utilizar una red de 2,5 kilómetros que una red de 12
kilómetros de volanta. Resulta que la flota francesa ha
experimentado, de 1990 a 1992, un aumento del esfuerzo, medido
en kilómetros de red por día, del 126 por ciento. Todo ello
está suponiendo que, frente a un considerable incremento del
rendimiento pesquero de la flota francesa por el uso de este
tipo de redes, se haya producido una disminución del
rendimiento correspondiente a la flota española que faena con
los sistemas del curricán y el cebo vivo. El uso de las redes
de volanta tiene un impacto negativo por las siguientes
razones. En primer lugar, porque constituye un obstáculo para
la normal navegación marítima, pues se colocan a un metro por
debajo de la superficie del mar, con lo cual es fácil que los
buques pesqueros encallen con las hélices en las redes de
volanta. En segundo lugar, porque la disminución de los
rendimientos de la flota que utiliza las artes tradicionales
de pesca se ha producido --y no es casualidad-- en los años de
mayor esfuerzo pesquero de la flota francesa que usa las redes
de volantas, existiendo, pues, una relación de causa/efecto en
la disminución de los rendimientos y de las pescas del atún
por parte de la flota que faena en aguas del Atlántico
nordeste en correlación al aumento progresivo de las
pesquerías por parte de la flota francesa que utiliza las
redes de volanta. En tercer lugar, es perjudicial este tipo de
enmalle porque es el origen de una mortalidad adicional de los
túnidos, tanto de las especies que, tras quedar enmalladas,
logran liberarse, como de la mortalidad derivada del efecto
mecánico del izado de la red y la que deviene del efecto del
oleaje. La Comunidad Económica Europea, mediante el Reglamento
345/1992, prohíbe la utilización de las redes de deriva de
longitud individual o acumulada superior a 2,5 kilómetros,
concediendo no obstante, una excepción a un número de barcos a
los que se les permite faenar en una longitud máxima de hasta
5 kilómetros, hasta el 31 de diciembre de 1993. El Grupo
Parlamentario Vasco propone a la Cámara que se inste al
Gobierno a negociar la definitiva prohibición del uso de las
redes de volanta a partir del 31 de diciembre de 1993, pues el
Reglamento 345/1992 está en la práctica llamado a ser
defraudado, por una sencilla razón, porque las redes de 2,5
kilómetros y de hasta



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5 kilómetros no son rentables para el ejercicio de la
actividad pesquera y, como decía anteriormente, se están
utilizando redes de 50 y hasta 100 kilómetros de longitud. Por
ello, en la medida en que existe una normativa que está
llamada a ser defraudada por la flota francesa, procede
inmediatamente la modificación de tal normativa que ampara la
utilización de las redes de enmalla a la deriva o volanta por
parte de la flota francesa en aguas del Atlántico nordeste.

Termino, señor Presidente, expresando que, en la misma línea
de lo argumentado por este Grupo, organizaciones ecológicas
como Greenpeace, incluso, lo que es más importante, la
Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones
44/225, 45/197 y 46/215, han instado a los Estados ribereños,
miembros de la Convención sobre el Derecho del Mar, a prohibir
y limitar progresivamente la utilización de redes de volanta.

Tales resoluciones han sido puestas en marcha para sus flotas
por diferentes países, correspondiendo hacerlo a nuestro nivel
a la Comunidad Económica Europea que es lo que, en definitiva,
se propone en la presente proposición no de ley. Nada más y
muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gatzagaetxebarría. El Grupo Socialista ha presentado dos
enmiendas: una, a la proposición no de ley del Grupo Popular
y, otra, a la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV).

Para la defensa de ambas enmiendas, tiene la palabra el señor
Méndez.




El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías,
los términos del problema planteado en ambas proposiciones no
de ley están bien expuestos, por tanto no abundaré en ellos ni
me veré obligado a repetir los términos de ambos contenidos.

Sin embargo, sí quiero precisar con rigor la posición del
Grupo Socialista sobre esta cuestión, que puede resumirse
esquemáticamente en los siguientes aspectos. En primer lugar,
estamos a favor de la prohibición del uso de las artes de
enmalla a la deriva. Subsidiariamente, apoyamos la limitación,
la restricción en su uso. Esta es una posición que defendemos
tanto en el ámbito internacional, como en el comunitario, como
asimismo en el de la normativa interna, de lo cual queda
cumplida muestra en la reciente Orden Ministerial de 22 de
octubre del año 1990. En segundo lugar, estamos a favor de que
esa prohibición o limitación se efectúe desde la consideración
de que se trata de un arte no selectivo y que presenta
múltiples y notables inconvenientes. Creemos que agrede
indiscriminadamente los caladeros y, por tanto, dificulta su
regeneración. Además, en esa agresión indiscriminada se dañan
especies marinas de nulo interés comercial o, en todo caso, de
alto valor ecológico. Cuando se efectúan en condiciones
singulares o en proximidad a costa, dificultan, entorpecen y
arriesgan la navegación. Cuando concurren, como es el caso que
estamos analizando, con artes de carácter artesanal, son
absolutamente incompatibles entre sí, producen una reducción
notable de las capturas y hacen por tanto, escasamente
rentable el esfuerzo pesquero. En tercer lugar, apoyamos que
nuestro sector de pesca artesanal (del que pueden vivir
aproximadamente unas siete mil familias en empleo directo y
posiblemente ocupar unas quinientas embarcaciones) pueda
desarrollar su esfuerzo y obtener la rentabilidad adecuada.

Para ello, creemos que la política que desarrolla la
administración pesquera es, en principio, correcta en la
medida en que apoya el desarrollo de las campañas de pesca y
proporciona, además, un notable apoyo logístico e incluso
fleta un barco sanitario para la atención de los tripulantes.

Con ocasión del último conflicto que ha sido citado aquí de la
costera de este verano, también se han desplazado al caladero
sendos patrulleros de altura para el control de cualquier
incidente que se produzca. Somos conscientes de que la
actividad de esta flota artesanal no sólo comporta necesidades
para sus tripulaciones y sus empresas pesqueras, sino que,
además, podría incidir negativamente en sectores inducidos
desde la misma, como puede ser el sector de comercialización
de estas especies, pero, especialmente, el sector conservero.

A su vez, creemos firmemente que la administración pesquera ha
sido en el reciente conflicto aquí citado altamente activa, no
sólo denunciando ante la Comisión de las Comunidades Europeas
las conductas infractoras, sino también ante los propios
países miembros de las distintas flotas que pudieran haber
infringido el Reglamento 345. En cuarto lugar, es necesario
precisar lo siguiente. Estamos ante una elevada política
pesquera que es política común comunitaria. Además, la
Comunidad Europea --el Reglamento 345 es del año 1992,
francamente reciente-- reguló, con escasas fechas de
distancia, tanto cuanto era menester respecto a la utilización
de estas artes de enmalla a la deriva. Hay que distinguir lo
que son problemas estructurales que puedan afectar a la flota
de aquellos que, de una manera coyuntural, se hayan podido
producir en este reciente conflicto. Por ello, la postura del
Grupo Socialista es, en primer lugar, exigir un estricto
cumplimiento de los términos recogidos en el Reglamento 345,
del año 1992, de la Comunidad Europea. Ese estricto
cumplimiento debe producirse denunciando las infracciones ante
la Comunidad Europea y ante los países miembros de la
Comunidad cuyas flotas sean infractoras, pero también poniendo
nuevos medios de inspección



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y control y exigiendo a la Comunidad Europea, con sus recursos
propios, y a los países miembros idéntica actitud de
inspección, control y sanción. Estoy convencido de que un
estricto cumplimiento de los términos contenidos en el
Reglamento de la Comunidad que estoy citando, el 345,
resuelven, a corto plazo, el conflicto porque hacen imposible
la rentabilidad de una explotación que, sometida a los
estrictos términos del Reglamento 345, tiene nulo interés
económico para las flotas que concurran con nuestra flota
artesanal. Ese estricto cumplimieno que hace no rentable la
actividad nos parece la primera exigencia a formular ante la
Comunidad y los países miembros. En segundo lugar, nuestra
enmienda, junto con esta demanda de estricto cumplimiento,
debe confirmar, de ahí el interés de la misma, nuestra
voluntad de que se prohíban definitivamente estas artes de
pesca. Si esto es así podríamos encontrar una posición
convenida con ambas proposiciones no de ley. Sin embargo,
encontramos algunas dificultades para asumir la proposición no
de ley del Partido Popular que son francamente sencillas. En
la exposición de motivos se enuncia la existencia de un pacto
previo a la entrada en la Comunidad Europea. Creo que,
efectivamente, forma parte de un contubernio que explica
fácilmente las tensiones, pero que no dice la realidad, toda
vez que fue la propia actitud de la administración pesquera
española la que razonablemente produjo la prohibición del arte
en España en el año 1990, como antes he citado. Además, desde
la entrada en la Comunidad Europea ha habido sucesivas
costeras de bonito, alguna de ellas francamente rentables. No
es tanto un problema estructural, cuanto un problema
coyuntural o de conflicto puntual. Por otro lado, en su parte
dispositiva se habla de una prohibición definitiva pues se
está enunciando la voluntad de que el Reglamento 345/1992 de
la Comunidad sea modificado en un plazo absolutamente breve y,
por tanto, imposible de cumplimiento: el 1 de enero de 1994.

Quiero recordar nuevamente que se trata de política común que
requiere la mayoría de los países miembros, alguno de los
cuales, como hemos visto en la exposición de motivos, como
Francia, Irlanda, Gran Bretaña o Italia, mantendrían una
postura dispar a la de nuestro país. Nos parece que el punto 3
cuela de rondón un tema que debemos plantearnos de un modo
específico y al margen de esta proposición no de ley. En
relación con el punto 4, nos parece también interesante pero
inconcreto, ya que no plantea un abanico de problemas y de
soluciones, ni aborda la incidencia de las posibles soluciones
a adopar o las que instáramos al Gobierno, sobre aquellos
sectores que yo citaba relativos a la comercialización y a la
conserva del bonito. Hemos creído conveniente presentar ambas
enmiendas a las proposiciones no de ley y, efectivamente,
cree-mos que es posible converger entre todos en el contexto
de las mismas. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Méndez. ¿Grupos que deseen fijar su posición con respecto a
ambas proposiciones no de ley? (Pausa.) Por el Grupo de
Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a apoyar estas dos proposiciones no de
ley que nos presentan el Grupo Popular y el Grupo Vasco (PNV),
por un principio de congruencia legislativa con las
legislaciones y disposiciones que en el régimen de aguas
interiores tiene la Consejería de Pesca de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en congruencia también con la
normalización legislativa con la directiva de la Comunidad
Económica Europea (no podemos hacer directivas que permitan a
unos países lo que se prohíbe a otros, en el marco de
normalización jurídica que exige el propio Tratado de Roma, el
Acta Unica y todos los reglamentos concordantes en este caso
con la regulación pesquera); pero también porque, con base en
Canarias, hay una numerosa flota pesquera dedicada en
exclusividad a la pesca de túnidos. En este momento, las
flotas de pabellón español con base en Canarias, bien de
matriculación en el archipiélago o en puertos peninsulares,
del sur y del Cantábrico, como aquí se contempla, no utilizan
la volanta ni las grandes redes de deriva. Sí nos preocuparía,
señorías, que, al amparo de la Directiva y del reglamento
comunitario que permiten a la flota atunera francesa el empleo
de estas artes de pesca, se introduzcan --porque problemas
hemos tenido con flotas coreanas, japonesas y rusas porque no
se consideran afectados por la legislación comunitaria-- estas
artes que pueden hacer que los ricos bancos pesqueros de
túnidos que permiten tener en Canarias una flota y una
actividad industrial y extractiva del sector atunero se vean
sensiblemente perjudicados. Señorías, la flota pesquera con
base en el Archipiélago canario emplea únicamente, y con una
supervisión de la Armada española, artes de pesca con cebo
vivo, lo que tradicionalmente es conocido como caña o linde.

En este momento ninguna de estas flotas de pabellón español,
insisto, está utilizando sistemas de palangre. Si no se
modifica este reglamento francés hay un peligro creciente
dentro de los bancos atuneros del área de influencia marítima
de Canarias. Por consiguiente, entendemos que de una vez por
todas, España, en el seno de la Comunidad, debe exigir de una
manera radical y rigurosa, que la pesca con artes de volanta o
redes de deriva quede radical y tajantemente prohibida.




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Además, hemos suscrito convenios internacionales --como se
recuerda en las dos proposiciones no de ley que estamos
discutiendo-- y hemos contraído compromisos para evitar los
desafueros que este tipo de pesca no sólo están produciendo al
esquilmar bancos y deteriora otras especies que no son
precisamente las tuneras, por el tipo de malla, sino que se
están causando daños a la población de delfines. Hay unos
convenios internacionales donde precisamente se reconoce que
este arte es verdaderamente depredatorio con las poblaciones
de delfines que suelen acompañar a estos grandes bancos de
túnidos. Esta congruencia es la que nosotros exigimos para
que, de una vez por todas, se solucione y rectifique. Por
estas razones, nosotros vamos a votar a favor, porque las
consideramos oportunas, estas proposiciones no de ley que nos
han traído aquí acertadamente el Grupo Popular y el Grupo
Vasco. Nada más. Muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Baltá



El señor BALTA i LLOPART: Gracias, señor Presidente. Señorías,
mi Grupo Parlamentario comparte idéntica preocupación ante la
problemática ocasionada por el cumplimiento (dado como
respuesta positiva por parte española a las exigencias
respecto a la pesca de bonito de los organismos de Bruselas)
de la directiva y del Reglamento de la Comunidad que impide la
utilización del arte de pesca de volanta, de deriva, por el
impacto que el mismo ha producido históricamente sobre la
pesca de las especies marinas. También compartimos la
preocupación por el efecto económico que ha producido en
nuestra industria pesquera de túnidos que faena en el
Atlántico Norte, básicamente la de la Cornisa Cantábrica, y de
las Canarias --esta última la añadimos tras la intervención
del portavoz del Grupo Canario--, que podrían verse obligada
al amarre de no pocos de sus barcos y a la consiguiente
desaparición de muchos centenares, millares de puestos de
trabajo, al faenar en clara desventaja y verse sometidos a
constantes conflictos. La situación actual sería causada por
el riguroso cumplimiento de una normativa --más bien se trata,
en este caso, de una recomendación--, mientras sus
competidores del país vecino, Francia concretamente, siguen
autorizados a la utilización del arte de volanta hasta
finalizar el presente año, prescindiendo del deterioro
ecológico y de la situación de ventaja que tan peculiar
autorización les otorga. Parece urgente establecer la
prohibición definitiva que se pide en las proposiciones no de
ley presentadas por los Grupos Vasco y Popular, para acabar
con una situación irregular desde una perspectiva de defensa
de la ecología marina, para restablecer el respeto a las
recomendaciones de los organimos de cooperación comunitaria y
poner fin a la discriminación explicada por el conjunto de las
posiciones formuladas por los distintos grupos parlamentarios,
que consideramos refundidas objetivamente en la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, cuyo texto, que
apoyaremos, debiera ser expuesto donde corresponda con el tono
de voz que refleje la protesta de los grupos intervinientes
demandando el estricto cumplimiento --como se dice en la
misma--, el rigor y el control exigido en el Reglamento
345/1992 de la Comunidad Europea y la prohibición del uso de
las redes de enmalle a la deriva. Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.

Para exponer la posición de su Grupo, en nombre de Izquierda
Unida tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señoras y señores diputados, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a
apoyar esta proposición no de ley en los términos en que ha
sido presentada a la Cámara o en los de la enmienda, en el
caso de que los Grupos proponentes la admitieran. Bien es
cierto que la redacción que nos parece más ajustada es la que
presenta el Grupo Vasco, no solamente por lo elocuente de la
exposición del señor Gatzagaetxebarría, sino porque es
evidente que si hay algo que está mal en todo el ordenamiento
del sector pesquero es precisamente el Reglamento 345/1992, de
la Comunidad Europea. Hay algo que se trasluce con bastante
claridad, y es que no vale hacer reglamentos que supongan una
virguería legal por la cual se piense que si planteamos 2,5
kilómetros no va a ser operativa la pesca con redes de
volantas y, por tanto, nadie va a pescar. Esto no es cierto.

Aquí se demuestra que la picaresca no solamente se da en
España, de lo que tradicionalmente se ha venido acusando a la
flota pesquera española, sino que la picaresca también se
produce, de forma tremenda por sus efectos para el medio
ambiente y tremenda por los efectos económicos para nuestra
flota, en países como Francia, como Italia, como otros países
comunitarios. Por tanto, lo que nos parece justo y cabal es
que desaparezca la posibilidad de que se pesque con estas
artes, tanto con las redes de volantas como con las artes de
deriva, como se está haciendo en el Mediterráneo, para lo que
mañana precisamente el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya presentará una proposición no de ley
en la Comisión de Agricultura. Nuestro espíritu al plantear
nuestro apoyo a esta proposición no de ley o a la enmienda que
surja de ella es que se prohíba definitivamente el uso de
artes que suponen



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una competencia desleal para con nuestras flotas, además de
una agresión insalvable para el medio ambiente marino. Muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Exclusivamente a los
efectos de indicar si acepta o no la enmienda presentada por
el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, al margen del enfoque subjetivo que cada
uno de los parlamentarios que hemos intervenido podamos dar a
este tema, existe en la Cámara un acuerdo, creo que entre
todos los grupos parlamentarios, en el sentido de que es
necesario que a partir del 1.º de enero de 1994 se erradique
la utilización de la volanta pelágica, sobre todo en aquellas
zonas que están afectando de una manera importante a nuestros
pescadores en el Cantábrico. El Grupo Parlamentario Popular
recoge las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista. Nos gustaría que en la primera de ellas, la que
propone que se exija a las autoridades comunitarias y de los
países miembros un mayor control y rigor en el cumplimiento de
lo dispuesto en el Reglamento 345/1992 de la Comunidad
Europea, se añadiera lo que dice exactamente el punto segundo
de nuestra proposición no de ley, que recoge el sentir de lo
expresado por el propio portavoz socialista y que dice: Se
adoptarán las medidas a los efectos de que se controle de
manera eficiente, a través de los correspondientes servicios
de vigilancia pesquera comunitarios, la actuación de los
pesqueros que cometan infracciones de los reglamentos
comunitarios, con independencia de la bandera de los mismos.

De la misma manera, aceptamos la segunda enmienda, que pide
que proponga y defienda ante la Comunidad Europea la
prohibición en el plazo más breve posible. Nosotros
consideramos, señor portavoz del Grupo parlamentario
Socialista, que debería decir: la prohibición definitiva de
las volantas en la pesca de túnidos, a partir del día 1.º de
enero de 1994, por los daños ecológicos que su utilización
está ocasionando. Exactamente en los términos previstos en el
propio Reglamento. Con eso, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular ve recogido,
en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, el espíritu de la proposición no de ley presentada
por nuestro Grupo y no tendremos inconveniente en aprobar esta
proposición no de ley por unanimidad en la Cámara. Muchas
gracias, señor Presidente.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá
Pastor): Gracias, señor Fernández de Mesa. Señor Méndez,
¿acepta las modificaciones planteadas por el señor Fernández
de Mesa a la enmienda del Grupo Socialista?



El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Simplemente quiero intervenir para señalar nuestra aceptación
de los términos de las mismas y agradecer el esfuerzo de
convergencia sobre el nuevo texto. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): También a los efectos
de la aceptación o no de la enmienda socialista, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer a los portavoces de los diversos grupos
parlamentarios --del Grupo de Coalición Canaria, del Grupo
parlamentario Catalán y del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya-- las fijaciones de posiciones que
han tenido y la voluntad de aunar los propósitos y las
intenciones de todos en aras a conciliar las voluntades y
lograr, en definitiva, un acuerdo unánime que inste al
Gobierno y que se encuentre fortalecido, se encuentre amparado
con el mandato parlamentario de toda esta Cámara para negociar
ante la Comunidad Económica Europea la definitiva prohibición
de las volantas. Por ello, señor Presidente, en relación a la
enmienda del Grupo parlamentario Socialista, manifestamos
nuestra conformidad en cuanto al primer inciso, en cuanto que
plantea una medida complementaria, que sería la de conllevar
un estricto control de las actuaciones de la flota francesa. Y
en cuanto al siguiente punto, quiero indicar que,
efectivamente, el Gobierno puede encontrarse enconsertado en
la medida en que haya un plazo perentorio que le obligara a
negociar una determinada finalidad, un determinado objetivo.

Coincidimos con el espíritu y la finalidad planteada por el
Grupo parlamentario Socialista y, por lo tanto, aceptamos su
enmienda. Nada más y muchas gracias. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de
ley del Grupo Popular, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, a su vez modificada en los términos que resultan
del propio debate. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 297; abstenciones, una.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que
se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista. Comienza la
votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DE TASAS
UNIVERSITARIAS REALIZADA POR EL GOBIERNO Y LOS CAMBIOS
NECESARIOS EN LA MISMA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA
ENSEÑANZA SUPERIOR PUBLICA DE TODOS LOS ESPAÑOLES (Número de
expediente 173/000006)



El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación, sobre política de tasas universitarias
realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma
para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de
todos los españoles. Tiene la palabra el señor González.

(Rumores.) Un momento, señor González. Señorías, ruego guarden
silencio y ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. Si van a abandonar el hemiciclo,
les ruego lo hagan con diligencia. (Pausa.) Cuando quiera,
señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, con
motivo de la interpelación sobre el tema que hoy nos ocupa --
la política de tasas y becas del Gobierno--, expresé el deseo,
en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de que no fuera necesaria la presentación de esta
moción porque las autoridades educativas hubieran llegado a
una solución del conflicto que hoy tenemos planteado. El señor
Ministro de Educación anunció la publicación de una orden
ministerial como medida provisional para este curso, de
acuerdo con las partes, que daría una solución al conflicto.

Evidentemente, la orden ministerial se ha publicado, pero
también es evidente que el conflicto no se ha solucionado
porque dicha orden ministerial no satisface más que a una
pequeña parte de las organizaciones estudiantiles. El
Ministerio ha cerrado en falso la herida. Los estudiantes, en
su mayoría, están fuera del acuerdo, por lo que una vez más no
ha dado fruto la política de división que se ha implantado en
este Ministerio en algunas ocasiones para solucionar los temas
pendientes. El sentido de nuestra moción sigue vigente en su
primer apartado cuando dice que es necesario anular la orden
ministerial, no ya sólo del 23 de agosto de 1993, sino también
la posterior de octubre de 1993. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Tengan en cuenta,
señorías, señor Presidente, que nuestra moción, como es
preceptivo, hubo de presentarse en su día cuando todavía no
estaba publicada la segunda orden ministerial. De ahí el
sentido de la autoenmienda, que también defiendo en nombre de
mi Grupo, sustituyendo la fecha de la orden ministerial. Sigue
siendo necesario, pues, este debate entre las fuerzas
políticas en el marco de política general de financiación de
la universidad. Por nuestra parte, estamos dispuestos a
intervenir en ese debate con propuestas abiertas que generen
una financiación de la universidad que haga soportar los
gastos de una manera equilibrada y justa entre los usuarios y
el Estado. No estamos, pues, situados previamente ni en un
porcentaje de subida de tasas que tenga como elemento
indicador, por ejemplo, el IPC --que es el compromiso
adquirido con los estudiantes hace algún tiempo-- ni tampoco
en un porcentaje determinado, porque entendemos que todo ello
tiene que venir enmarcado en una determinada política de becas
y de financiación de la universidad. Nuestra preocupación --
esa es la segunda parte de la moción--es que se lleve a cabo
una política de becas que no deje a ningún alumno fuera de la
universidad por razones económicas. Discutiremos, pues, de
participación de las tasas universitarias en la financiación
de la universidad y de una política de becas adecuada. La
insuficiencia financiera de las universidades públicas no ha
de paliarse cargando todos los esfuerzos sobre las espaldas de
los estudiantes. Hay que plantear urgentemente una ley de
financiación de la universidad que contemple la adecuada
planificación de recursos materiales y humanos y que acerque
el porcentaje del producto interior bruto destinado a
financiarla a la media europea. Ese es otro aspecto de nuestra
moción. No debe el Gobierno, y los grupos políticos que le
sustentan, negarse a apoyar esta moción si es verdad lo que,
en su nombre, el señor Ministro de Educación ha manifestado de
entender la educación como un importante factor de progreso,
igualdad individual y social, que extendida a todos los
ciudadanos en condiciones de calidad



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creciente hace posible la construcción de una sociedad de
seres libres; una educación democrática, madura y
participativa. Son palabras del señor Ministro de Educación.

Tampoco debe autocomplacerse el Gobierno, como recientemente
ha declarado alguna autoridad educativa, de que haya realizado
--según su opinión-- una política de tasas equilibrada con una
política de becas en ascenso. Están faltando a la verdad,
señorías, porque la realidad presupuestaria no aventura
precisamente esa situación. El sentido de nuestra moción
sigue, pues, más vigente que nunca, porque en el proyecto de
presupuestos generales del Estado las cifras destinadas a
transferencias a la universidad vuelven a situarse con
decrementos; es el caso de las transferencias de capital para
las inversiones que llevan a cabo las propias universidades,
menos un 34,2 por ciento o incrementos muy por debajo de la
inflación prevista. Las transferencias corrientes «suben» --
entre comillas-- un 1,05 por ciento. Bajan también las
inversiones --un 34 por ciento-- realizadas directamente desde
el Ministerio de Educación, vía Junta de Construcciones.

Podemos afirmar, por ello, que la educación universitaria no
es una prioridad para el Gobierno en un momento de incremento
del número de alumnos universitarios y de implantación de
nuevos planes de estudio. Voy a intentar, señor Presidente,
señorías, sintetizar y resumir los argumentos que avalan
nuestra moción. El gasto público universitario es débil e
insuficiente, y aún más en comparación con los países de
nuestro entorno. El esfuerzo que el Estado realiza para
incrementar los fondos universitarios para 1994 es del menos 2
por ciento. No hay un modelo coherente de financiación
universitaria. El Estado financia, por poner un ejemplo --
aparte de inversiones--, con 345.774 pesetas al alumno de la
Universidad Carlos III, con 176.945 pesetas al alumno de la
Universidad Complutense, y, lo que es más sorprendente, con
49.733 al de la UNED, Universidad con claro fin social. La
nueva política de tasas supone incumplir el acuerdo
Ministerio-sindicatos de estudiantes, de febrero de 1987, y
hacerlo en una época de crisis económica. Los incrementos de
esta política de tasas no tienen correspondencia en la
política de becas, con incrementos para 1994, en la beca
universitaria, de un sólo 2,7 por ciento, por debajo de la
inflación, una vez más, y práctica congelación del número de
becarios, con un «incremento» --también entre comillas-- del
0,08 por ciento. Sigue habiendo una clara selectividad
económica, que se refleja en la poca representación que en el
conjunto de los universitarios tienen los alumnos provenientes
de zonas rurales o de grupos sociales desfavorecidos. Estos
alumnos no pueden acceder a los estudios universitarios cuando
tienen que hacer frente a gastos, costes indirectos,
superiores a la cuantía de la beca máxima. Aprovecho la
ocasión para explicar a SS.SS. --que sin duda lo conocen-- que
la beca máxima es la que reúne todas las becas universitarias
parciales posibles y que asciende a 604.000 pesetas en 1994.

Si hacemos un estudio de lo que suponen los gastos indirectos
de un estudiante universitario y calculamos ese coste en torno
a lo que se realiza en un colegio mayor de titularidad
pública, podemos decir que supone unas 900.000 pesetas. La
beca cubre 604.000, un 67 por ciento aproximadamente. El
incremento de tasas propuesto para este curso se ha hecho
tarde --lo dijimos ya en la interpelación-- y mal, sin contar
con los consejos sociales de la universidad, sin los
representantes estudiantiles y está obligando a devoluciones y
gestiones administrativas con un coste añadido. Además, en las
comunidades autónomas con competencias univesitarias los
incrementos han sido menores. En resumen, nuestra propuesta es
derogar la última orden de tasas y mantener en vigor la del
curso anterior. Esta propuesta --a nuestro juicio-- es
coherente con lo que «sube» --entre comillas-- el presupuesto
universitario y la partida de becas, y permitiría llevar a
cabo un debate político y social con los representantes
universitarios de todos los estamentos --alumnos, profesores,
consejos sociales-- sobre la financiación de la universidad.

Queremos también referirnos a dos argumentos que el Ministerio
de Educación empleó el pasado 23 de octubre en defensa de su
política de tasas. El Ministerio de Educación afirma que habrá
250.000 alumnos exentos del pago de tasas. Esta cifra no es la
que aparece en los presupuestos para 1994, sino que figuran
216.000 alumnos, sólo 6.000 más que el año pasado. El
Ministerio de Educación afirma que habrá 250.000 alumnos
exentos del pago de tasas. Esta cifra no es la que aparece en
los presupuestos para 1994, sino que figuran 216.000 alumnos,
sólo 6.000 más que el año pasado. El Ministerio afirma también
que los incrementos en las rentas anuales familiares sobre las
que se calcula la beca de tasa son dos puntos superiores al
incremento de las tasas; es decir, las tasas suben un 12 por
ciento, pero las rentas a partir de las cuales se está exento
suben el 14 por ciento. Esto tampoco es cierto; en la página
345 del presupuesto por programas y memoria de objetivos,
Educación y Ciencia, sección 18 de los presupuestos para 1994,
se recogen incrementos que oscilan entre el 8,6 por ciento y
el 13,6 pasando por el 11,8, 12,3 y 13, hasta llegar al 14,
que sólo afecta a la renta de las familias de dos miembros; es
decir, que los incrementos son, menos un caso, inferiores al
14 por ciento y en varios casos inferiores al 12 por ciento.




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En estas condiciones, señor Presidente, señorías, ¿se va o no
a resentir la calidad de la enseñanza? La política del
Gobierno para paliar la situación no es otra que subir las
tasas universitarias sin tener en cuenta que un gobierno
progresista, según nuestra opinión, no puede exigir al usuario
en momento de crisis un esfuerzo mayor que a la
Administración. Financiación a la universidad, 1,05 por
ciento, como se ha dicho; subida de tasas, 12 por ciento.

¿Cómo creen SS.SS. que van a poder soportar las clases más
desfavorecidas tamaña injusticia?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González, vaya
terminando.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.

¿Cómo creen que puede un funcionario llevar a sus hijos a la
universidad? Hace falta también una reforma en profundidad de
la política de becas, destinando no sólo más recursos vía
Presupuestos Generales del Estado, sino también un control que
signifique que los destinatarios de las mismas sean
precisamente los más necesitados y no aquellos, como a veces
ocurre, que son más hábiles en picardías más o menos legales
para defraudar a la Hacienda Pública. Mientras tanto --
finalizo ya--, señor Presidente, señorías, ¿qué hacer? Como he
dicho, anular esa orden ministerial, debatir con las fuerzas
políticas y con los implicados y definir una política de tasas
y becas plurianual en el contexto de una política de
financiación de la universidad que haga recaer sus costes de
una forma razonable entre una Administración, que dice apostar
por la universidad pública, y los usuarios, dependiendo de su
nivel adquisitivo. Solicitamos, pues, el voto favorable de los
grupos políticos a esta moción, teniendo en cuenta que el
debate subsiguiente puede generar una política de tasas, becas
y financiación de la universidad que sea fruto del consenso
entre las fuerzas políticas y que dé lugar a la paz y no al
disgusto social existente. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
González. ¿Grupos que desean fijar su posición respecto a esta
moción? (El señor Lazo Díaz: ¿Turno en contra?) Señor Lazo, no
hay turno en contra en el debate de las mociones. Por el Grupo
de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de
Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto de esta
moción consecuencia de interpelación --moción autoenmendada--
del Grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y para manifestar que este Grupo va a votar en
contra de esta moción y que va a hacerlo por las siguientes
razones. Primera razón. Es cierto que la moción consecuencia
de la interpelación vista el día 29 de septiembre último se
refiere a algo que es de rabiosa actualidad y que, además, ha
sido objeto de una cierta marcha atrás, rectificación o
corrección, como quieran SS.SS., por parte del propio
Ministerio de Educación y Ciencia, pero es igualmente cierto
que de aprobarse y ejecutarse esta moción se iban a dejar en
el aire las tasas académicas para el vigente curso académico,
no para el curso académico próximo, sino para el actual,
creando incertidumbre allí donde debería existir sólo certeza,
es decir, en la previsión presupuestaria de las universidades
y en la gestión económica consiguiente, todavía más cuando las
tasas se han fijado de acuerdo o con el visto bueno del propio
Consejo de Universidades, en concreto de su Comisión de
Coordinación y Planificación. Decir que debe ser retirada la
Orden ministerial de fecha 1 de octubre para abrir paso a un
debate, puede gustar, musicalmente hablando, pero
jurídicamente se abre una laguna que contradice el mandato de
la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y, además,
políticamente equivale a decir que quien grita o se manifiesta
tiene no sólo razón, que puede tenerla en algunos aspectos,
sino que tiene la razón, lo cual nos parece no es nada cierto
en este tema. Segunda razón de oposición. La enseñanza
universitaria es un servicio público, evidentemente que sí,
pero ese servicio público no es universalizable, como ocurre
en otras etapas educativas. Es decir, la naturaleza pública
del servicio académico justifica plenamente su financiación
pública, la aportación de dinero por parte de los presupuestos
de las Administraciones públicas, pero su no obligatoriedad --
no se obliga a nadie a estudiar una carrera universitaria--
comporta, por una parte, la exigencia de ciertos requisitos
para el acceso a dichos estudios y, por otra, la contribución
de los interesados en su coste, al ser beneficiarios
particulares, individuales y no generales de dicha enseñanza.

Por tanto, las tasas deben existir, haciéndolas compatibles,
eso sí, con una acertada política de becas que aseguren, como
ha dicho el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el derecho a la formación
universitaria absolutamente a todos los ciudadanos de este
país. Tercera razón. Creo que deberá ser norma introducir en
la evaluación de costes universitarios no sólo criterios
cuantitativos, sino sobre todo cualitativos o de calidad
específica que ofrece un tipo de estudio o una determinada
universidad. Posiblemente también sea ésta, al menos esto
piensa nuestro Grupo Parlamentario,



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una consecuencia lógica del proceso de autonomía universitaria
que pone en marcha la propia Constitución y que desarrolla la
ya citada Ley de Reforma Universitaria. A partir de aquí, el
crecimiento de la financiación pública de la Universidad
debería ir acompañado de un esfuerzo equivalente por parte del
usuario en el porcentaje que se fije. En este sentido me
parece oportuno recordar que las tasas cubren tan sólo una
parte del coste real de los estudios. Así, hoy,
aproximadamente un 80 por ciento de los presupuestos de las
universidades españolas son sufragados por los presupuestos
públicos, sean de la Administración central del Estado, sean
de las Administraciones autonómicas competentes en la materia.

También me parece oportuno indicar que mientras que en 1985 la
participación de las tasas universitarias en la financiación
de las universidades administradas o tuteladas por el
Ministerio de Educación y Ciencia superaba ampliamente el 20
por ciento (era del 21,6 por ciento exactamente), en 1993 ese
porcentaje quedaba situado en un 17,5 por ciento, actualizado
ahora de manera mesurada, creemos nosotros, por esta Orden
ministerial que se pretende anular. Finalmente, hay un aspecto
en el que sí coincidimos con el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y es en la necesaria
reforma de la política de becas con una nueva orientación; una
orientación que para nuestro Grupo debería pasar también por
la gestión por parte de las administraciones autonómicas
competentes en materia universitaria. Pero lo cierto es que
tampoco podemos votar este punto, toda vez que existe en la
propia redacción del mismo una excesiva dependencia conceptual
respecto del primer punto, que es el punto nuclear de esta
moción consecuencia de interpelación, la cual, repito, no
vamos a apoyar. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
de Lerma. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Fernández de Capel.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor Presidente,
señorías, yo echo hoy de menos en esta Cámara la presencia del
señor Ministro de Educación; se ve que estará tan ocupado en
frenar los impulsos incontenibles de los estudiantes que le
interesará muy poco lo que puedan decir los grupos
parlamentarios en esta Cámara sobre la política de tasas. (La
señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Muy bien!) Pero, en
cierto modo, eso me tranquiliza porque mucho más peligroso
sería que estuviera fabricando algún decreto. (Rumores.) En
primer lugar, quiero que quede claro, señor Presidente, el
rechazo de mi grupo parlamentario ante los diferentes actos de
violencia que, aunque no han sido graves, son excesivamente
desdeñables si se producen en el seno de la comunidad
universitaria. Ninguna persona que intervenga en estos hechos
merece llevar el nombre de universitario ni pertenecer a una
comunidad que debe ser ante todo escuela de diálogo. Dicho
esto, paso a fijar la posición de mi grupo sobre la moción
presentada, que vamos a apoyar. Nuestro apoyo se basa
precisamente en el galimatías que se ha formado en torno a la
política de tasas universitarias, porque ese vaivén de las
tasas que parecía que se frenaba un poco con la nueva posición
del Ministerio de dar marcha atrás no se basó en la reflexión,
ni en el diálogo ni en la necesidad de proteger en estos días
de crisis a la sufrida familia española; la revisión del
decreto se basó simplemente en el miedo al rechazo popular.

Son palabras del señor Ministro, quien el día 30 de septiembre
decía que no se puede empañar la reforma de las enseñanzas
universitarias con cuestiones que producen alarma social y que
pueden desacreditarla. Y no sé cómo se las ha arreglado el
Ministerio, pero ese rechazo se ha producido, y los anuncios
para mañana de movilizaciones, que no son deseables por nadie,
están ahí, y eso nos preocupa. Sin embargo, señorías, esto se
veía venir, y se veía venir porque, desde el pasado mes de
marzo, las universidades, que preveían el posible conflicto,
pidieron al Ministerio que les comunicase antes del mes de
mayo cuáles iban a ser los criterios para la fijación de los
nuevos precios de las matrículas universitarias, pero sucedía
que en esos días el Gobierno estaba muy preocupado con
tramoyas electorales y pospuso su decisión, que, curiosamente,
sorprendió a la población española en vacaciones. El 26 de
agosto algunos periódicos dijeron que ya los estudiantes
estaban haciendo cola para matricularse, y ese día, día
aciago, el Ministerio tendrá que reflexionar sobre el porqué
ha sido el día en que se ha abierto la caja de Pandora de la
Universidad española. Septiembre se presentó conflictivo y
octubre no digamos. Pero es que el presupuesto familiar
también se vió alterado en sus previsiones, porque lo que no
me pueden negar es que el rechazo ya no se ha arreglado con la
política de la marcha atrás. Pero esta decisión, señorías, de
anular el decreto de las tasas ni siquiera ha servido para
zanjar el problema. Es, una vez más, la política del parche;
nada serio ni estable. Aquí, el ciudadano se acuesta
sobrecogido con lo que le puede suceder a la mañana siguiente,
y, como ya es norma de este país, cuando desde el Gobierno se
arbitra una chapuza, el ciudadano se defiende como puede, y
casi siempre con otra chapuza, y, ahora, se da la
circunstancia de que, ante el galimatías de las tasas, muchos
estudiantes en muchas universidades han solicitado beca porque
de esa manera no tienen que abonar las tasas hasta que se les
diga si se las han concedido o no, y así el afán recaudatorio
y la medida que el Gobierno había previsto ha seguido una
trayectoria



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inversa a la deseada. Pero este recurso a la picaresca es
normal, es normal y es esperable, porque aquí el ciudadano se
defiende de un Gobierno que cambia constantemente de opinión
según le vengan las reglas del juego, y esto no puede ser
serio, señorías. El ciudadano se pone a cubierto de su
voracidad, y a ver qué pasa. Porque no se puede proponer
ninguna subida de las tasas sin una contrapartida clara, y las
cuestiones que ha planteado el Ministerio ciertamente no lo
son, señorías. Hay que precisar, en primer lugar, en qué
momento nos encontramos. Parece ser que al día de hoy las
tasas tendrán un valor medio de 88.601 pesetas en las carreras
de máxima experimentación y 55.745 pesetas en las menos
experimentales. Eso, en términos globales y si no ha surgido
por ahí otra cosa, porque la imprevisión de este Ministerio es
manifiesta. El Ministro dijo que se compensaría vía
subvenciones a las universidades que vieran reducidos sus
ingresos por motivos de tasas. Luego dijo ante esta Cámara que
no compensaría a ninguna universidad, pero que no habría --se
comprometió a ello-- merma en las subvenciones y,
posteriormente, en Comisión, el día 28 de septiembre, anunció
que había merma en las inversiones. ¿En qué quedamos? Con los
presupuestos en la mano, el galimatías es todavía mucho mayor,
señorías. Pero sepan que nuestro grupo nunca apoyará una
subida de tasas superior al IPC y no admitiremos ninguna
subida que no lleve paralelamente y como mínimo en el mismo
porcentaje medio ponderado un aumento de subvenciones e
inversiones a las universidades; sólo de esa manera podría
haber una cierta garantía de un aumento de calidad, que tanto
necesita la Universidad española. Pero tengan la certeza de
que nunca vamos a apoyar una subida unilateral de las tasas
sin contrapartida, aprovechando, como se aprovecha el
Gobierno, de que es prácticamente el único que tiene ofertas
en el mercado universitario. Señorías, si contemplamos los
presupuestos, no se ve reflejado en ningún sitio un aumento de
lo que hubiera supuesto esta subida de tasas. Por ejemplo, en
Alcalá de Henares, los alumnos aumentan 10,2 puntos y los
gastos de funcionamiento aumentan 1,8. Pero es que se da la
paradoja de sitios como Murcia, que aumentan 5,1 puntos los
alumnos y los gastos de funcionamiento la mágica cifra de
0,04. ¡Ustedes me dirán! Salamanca aumenta 4,03 puntos alumnos
y los gastos de funcionamiento 0,17. Pero en Valladolid ya es
la repera; (Rumores.) aumenta 5,4 el número de alumnos y los
gastos de funcionamiento descienden 0,2. Si el aumento de las
tasas no va a servir para repercutir en los gastos de
funcionamiento, ¿dónde va a repercutir? Porque lo que no
podemos pensar es que se puedan crear plazas gratis. ¿Qué se
ofrece a cambio de la subida de tasas? Lo que sucede,
señorías, es algo muy grave: que el Ministerio está utilizando
en la Universidad la misma técnica y el mismo criterio que
utiliza en los hospitales: más alumnos, aunque sea en los
pasillos, y esto no es de recibo, ya que no tenemos ni las
condiciones ni las garantías adecuadas. A esta altura de curso
todavía no se ha normalizado la enseñanza de determinadas
asignaturas ni se prevé. Aún hay obras sin ejecutar en muchas
universidades que son necesarias para impartir las clases en
ellas. La Universidad necesita en este momento, señorías, de
todo menos parcheo. Necesita una reforma a fondo que el
Gobierno no se ha atrevido a hacer y el presente tampoco
acomete. El Ministro declaraba no hace mucho que no podía
precisar el coste de la llamada «marcha atrás». Decía que si
en los Presupuestos había un respiro para educación se harían
subvenciones nominativas, pero con los datos de los
Presupuestos en la mano lo que sucede no es que haya un
respiro, sino que la Universidad ni respira. Y, si no respira,
entra en anoxia y ésta produce grandes daños cerebrales. La
Universidad debe de servir para promover cerebros sanos. ¿Qué
menos? Tampoco vemos que sea adecuada la política de tasas, en
cuanto a segundas y terceras convocatorias. El señor Fereres
decía el día 19 en Comisión --y cito textualmente-- que la
modificación del Decreto de tasas se realizó antes de enviar
los Presupuestos a este Congreso y que, por tanto, se tuvo en
cuenta el conjunto de subvenciones universitarias. Asimismo
afirmó que no se tenía previsto ninguna ampliación de crédito
por la «marcha atrás» de las tasas. Esto con relación a las
tasas, porque si entramos en la relación tasas-becas, el
enfoque del Gobierno es de aurora boreal. Para este año, con
un incremento considerable de alumnos --los datos están
recogidos de los Presupuestos--, hay cinco mil becas menos en
relación a 1992. Ustedes me dirán de qué manera se corresponde
el aumento de las tasas con el incremento del número de becas
que ya se está produciendo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández de
Capel, vaya terminando.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señor Presidente.

El señor Fereres anunció en la misma Comisión que si suben los
peticionarios de las becas --cosa que está sucediendo--,
habría un crédito extraordinario, a pesar de no haberse
aprobado todavía los Presupuestos. ¿Pero qué seriedad de
presupuestos universitarios son éstos? ¡Por Dios! (Risas.) Por
ultimo, señorías, cuando en algún momento esta Cámara y estos
Diputados sepan lo que cuesta una plaza universitaria --pues
aún no sabemos lo que cuesta ni cómo se calcula, aunque el
señor Fereres se ha comprometido a ponerlo en conocimiento de
nuestro Grupo--, entonces podremos saber la participación que



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realmente tienen las tasas universitarias en el coste de un
puesto universitario. Quede claro, señorías, que subidas a
cambio de nada por encima del IPC no las vamos a apoyar. Entre
tanto, el Consejo de Universidades dijo el día 19, por boca
del señor Quintanilla, que hay que subir las tasas, pero el
Gobierno no les da dinero a los rectores. Este es el problema.

La Universidad no tiene dinero. Y, para acabar el triste
panorama, aparece en televisión un representante socialista de
educación de una autonomía alardeando de que sus tasas son más
bajas que las de otros. Si no hay compensación por la «marcha
atrás» será porque se dedica menos dinero a la Universidad. Yo
no entiendo por qué están tan contentos porque dedican menos
dinero a la Universidad. No lo puedo entender. La oferta
universitaria no puede plantearse como una rebaja de saldos.

Créanme, yo compadezco desde esta Cámara al señor Ministro por
la carga que el señor González ha depositado en él. Tiene una
herencia peor que la de los Países Bajos, mucho peor: un
Ministerio pésimamente gestionado. Y el asunto de las tasas no
es un asunto prioritario; es solamente la punta del iceberg de
lo que pasa en la universidad española.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, por favor,
señora Fernández.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Los problemas están
saliendo. Esperamos soluciones claras, útiles, necesarias, a
fondo, sin ir de tapadillo y por eso nuestro voto será
afirmativo en este caso. Muchas gracias. (Varios señores
Diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien, muy
bien!--Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Lazo.




El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a referirme, no a la atractivísima intervención
de la representante del Grupo Popular (lo dejaremos para otro
día), sino a la moción presentada por Izquierda Unida. Una
moción que, a pesar del tono serio, incluso solemne, que ha
utilizado en la lectura de sus folios el representante de
Izquierda Unida, resulta, se coja por donde se coja y se mire
por donde se mire, muy difícil de defender; tan difícil de
defender (y yo no recuerdo ahora mismo ningún precedente;
desde luego no es habitual), que el propio Grupo de Izquierda
Unida ha tenido en el último momento que autoenmendarse, que
presentar una enmienda a parte del texto presentado,
concretamente al primer punto. A pesar de todo, a pesar de
esta autoenmienda, el primer punto casi se cae por sí mismo.

Aquí se habla de instar al Gobierno a iniciar un debate (en la
primera redacción se decía «fuerzas políticas» y en la
enmienda se dice «fuerzas sociales»; no sé si habrá alguna
diferencia de contenido, o si es una cuestión puramente
estilística) con las fuerzas políticas sobre el tema de las
tasas. Y digo que carece de sentido esta petición porque ese
debate ya está, ya se ha celebrado aquí con motivo de la
propia interpelación de Izquierda Unida, se está celebrando en
este momento, porque de eso es justamente de lo que estamos
discutiendo, y se puede celebrar en el futuro cada vez que una
fuerza política o un Grupo Parlamentario quiera presentar una
moción, una pregunta, una interpelación, una proposición no de
ley sobre este tema. Carece, por tanto, de sentido mantener
este primer punto. Con respecto al segundo punto, no es que no
tenga sentido, es que está asentado en una idea de la
universidad española y, sobre todo, de lo que ha sido la
política universitaria en estos últimos diez años que --con
todo respeto se lo digo-- no tiene nada que ver con la
realidad. ¿Qué es lo que se pide en el punto 2.º? Que se
reforme la política de becas y que nadie quede excluido --se
viene a decir-- por razones económicas de la Universidad
española. Es, en definitiva, la posición fácil, es la
tentación que acecha siempre a la oposición de pedir más, se
haga lo que se haga. Pedir más está al alcance de cualquiera.

Hay una serie de bienes, hay una serie de servicios que, por
mucho que se ofrezca, siempre se puede exigir más, bien
cuantitativamente o bien cualitativamente. Nosotros podemos
hacer muchísimas viviendas; siempre es posible pedir viviendas
más baratas o mejores. Podemos hacer miles de kilómetros de
autovía; siempre es posible pedir una carretera nueva para mi
pueblo. Y lo mismo ocurre con la política universitaria y lo
mismo ocurre con las becas. Por eso, si no se quiere acudir al
recurso facilón de «queremos más», yo creo que, para hablar de
esta cuestión (tasas, becas, acceso a la universidad, en
definitiva), hay que colocar sobre la mesa una evidencia que,
como tal evidencia, no puede ser negada: En estos momentos,
hoy, en la universidad española todos los estudiantes son
becarios, todos los estudiantes están becados en cuanto que
todos pagan --los que paguen; enseguida vamos a hablar de eso-
- una ínfima parte de lo que vale el puesto escolar. Y para
tener una idea de que, efectivamente, esto es así, basta
simplemente echar una ojeada a lo que cuesta o a lo que va a
costar la matrícula en las universidades privadas. Pero
vayamos al tema de las becas y de las tasas estrictamente
dichas. Con unos presupuestos (lamento no coincidir con sus
cifras; tendrá usted que manejarlas un poco mejor) rigurosos
como son los de este año, como correponde a una época de
crisis, unos presupuestos donde hay partidas que se congelan,
hay partidas



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incluso que descienden, las partidas destinadas a becas ni se
congelan ni descienden, sino que suben en conjunto --
incluyendo aquí también las exenciones de tasas-- alrededor
del 9 por ciento. Y hay que hablar de las exenciones de tasas,
sobre las que usted ha pasado como de puntillas. El año pasado
estaban exentos de tasas, es decir, no pagaban nada en la
universidad española aquellos estudiantes que pertenecían a
familias con ingresos inferiores a 2,5 millones de pesetas.

Este año no pagan tasas, no pagan ni una peseta, todos los
estudiantes que pertenecen a familas con ingresos que no
llegan a los 3 millones de pesetas. Me parece a mí que 3
millones de pesetas no es precisamente el umbral de la
pobreza. Ese número de alumnos significa alrededor de 250.000.

Alguien puede decir, desde luego, que de 1 millón 300.000
alumnos que tiene la Universidad española, 250.000 que no
paguen tasas es muy poco. Pero de eso no tiene la culpa el
Gobierno; lo que significa es que en la Universidad española
solamente hay 250.000 alumnos que pertenecen a familias que no
llegan a los 3 millones de pesetas. Si hubiese 600.000
alumnos, habría 600.000 alumnos exentos de tasas. Y es que la
Universidad española tiene la composición social que tiene, y
aquí hay que detenerse porque me parece un tema fundamental.

En la cuestión del acceso a la Universidad, de las tasas, de
las becas, como en todo, cabe una actitud conservadora y cabe
una actitud progresista. Y una actitud progresista no consiste
en tratar a todos por igual, sino justamente tratar
desigualmente a los que se encuentran en una situación
desigual. ¿Por qué digo esto? Para nosotros, la Universidad es
un centro de alta calidad docente e investigadora. Eso exige,
para ingresar en ella, un determinado nivel intelectual, un
determinado nivel de formación, un determinado nivel de
preparación. Por tanto, se monta algún tipo de filtro, algún
tipo de puerta de acceso. Lo que no puede ocurrir,
efectivamente, es que en la Universidad pública, a diferencia
de lo que ocurre en las universidades privadas, el filtro, la
puerta de acceso sea de tipo económico. Eso no puede ocurrir
en una Universidad pública. Pero tampoco puede ocurrir en una
Universidad pública que una renta elevada sea una llave para
entrar en la Universidad y para permanecer indefinidamente
porque se sea un mal estudiante. De esta idea, la necesidad de
que haya una política de tasas, la necesidad de que haya una
política de becas y la necesidad de que haya --ahora no se ha
nombrado, pero se hizo en el momento de la interpelación-- una
política, vamos a llamarla, de penalizaciones sobre el
estudiante que no aprovecha suficientemente los estudios.

Puesto que los recursos son limitados --y ha habido otro señor
parlamentario del Grupo Catalán que se ha referido a ello--,
puesto que en este país, como en cualquier otro, los recursos
son limitados, dada la composición social de la universidad
española --a la que antes me refería-- los socialistas y el
Gobierno socialista consideran que no es bueno y que no es
progresista una universidad gratuita, que significaría que con
el dinero de todos los españoles se está financiando la
educación de quien puede financiársela a sí mismo. Nuestra
filosofía, en consecuencia, es muy simple, y es la que se está
practicando: quien tiene dinero para estudiar en la
universidad, que pague; quien tiene menos dinero no paga,
exención de tasas; quien tiene poca renta no sólo no paga,
sino que además recibe una beca; y quien no aprovecha
suficientemente los estudios es penalizado económicamente. En
el tema de las penalizaciones también conviene detenerse un
momento. Aquí se dijo, el día de la interpelación, que el
sistema actual, que penaliza económicamente a las asignaturas
repetidas, es un sistema nefasto, que castiga sobre todo a los
estudiantes con renta baja, que por esta penalización se
pueden ver obligados a abandonar la universidad, y
prácticamente no lo notan los estudiantes que pertenecen a
familias con rentas altas. Eso es barata demagogia derechista.

Cualquiera que conozca la universidad española sabe que no es
precisamente entre los hijos de los trabajadores donde hay que
buscar a los repetidores; normalmente los hijos de los
trabajadores son bastante buenos estudiantes. Cualquiera que
conozca la universidad española sabe que nadie ha tenido que
dejar sus estudios porque haya sido penalizado. Se dijo en el
día de la interpelación --se ha vuelto a insinuar hoy-- que no
se puede penalizar la repetición de una asignatura; hay
estudiantes que piden la supresión de esas penalizaciones. Si
se quiere ser sincero, si se adopta esa postura y se quiere
ser sincero, habría que añadir: no se penalice económicamente
sino que se marche de la universidad. Semejante disparate yo
no lo he oído. Por tanto, si se habla y se propone que no
suban las tasas --como se ha propuesto--, si se propone que no
haya penalizaciones --como se ha propuesto--, lo que se está
diciendo en realidad, de una manera consciente o de una forma
inconsciente, es que todos los españoles paguemos los estudios
de todos los estudiantes, sea cual sea su nivel de renta, y
que todos los españoles paguemos indefinidamente a los
estudiantes eternos. El representante de Izquierda Unida decía
en su momento, el día de la interpelación --y voy terminando--
, que una política progresista se definía por las inversiones
en la universidad. Totalmente de acuerdo. Una política
progresista se define, entre otras cosas, por las inversiones
en la universidad. Por eso, hoy España es el primer país de la
Comunidad Europea en población universitaria; por eso, en
1982, en la universidad española había 57 titulaciones y hoy
hay 130; por eso, en 1982 teníamos 8.700 profesores
funcionarios y hoy tenemos 27.000; por eso, en estos años de
Gobierno socialista



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las retribuciones del profesorado han subido entre el 159 por
iento y el 225 por ciento; y por eso, porque estamos hablando
de becas, las becas en estos años de gobierno socialista se
han incrementado el 915 por ciento. Eso es inversión política
universitaria y eso es, por tanto, política progresista.

Izquierda Unida dice que están muy preocupados por la calidad
de la universidad pública. A nuestro entender no es con las
propuestas que hace Izquierda Unida como se consigue esa
calidad, no es suprimiendo las pruebas de acceso. Ya sé que no
lo ha planteado hoy, lo planteaba en la legislatura anterior.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Lazo, vaya
concluyendo. El señor LAZO DIAZ: Acabo, señor Presidente. No
es suprimiendo las pruebas de acceso; no es suprimiendo las
tasas o congelándolas, que para el caso es lo mismo; no es
suprimiendo las penalizaciones. Así sólo conseguimos una
universidad masificada, una universidad descapitalizada y una
universidad degradada. Como el Grupo Socialista no está por
esa labor, el Grupo Socialista va a votar en contra de esta
moción. Muchas gracias, señor Presidente, (El señor González
Blázquez pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González
Blázquez, ¿en qué artículo se ampara para solicitar la
palabra?



El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, quería aclarar
una cosa y si no me voy preocupado. El señor Lazo cuando ha
dicho «barata demagogia derechista» me ha mirado y estoy
preocupado por eso. (Risas.) Es para irme tranquilo a casa,
señor Presidente. No le voy a contestar.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González
Blázquez, solicita un turno de alusiones. Tiene un minuto para
ese turno.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Que retire la mirada, señor
Presidente. (Risas en los bancos del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.) Simplemente para aclarar al señor
Lazo que hemos tenido que hacer la autoenmienda porque como
quiera que la moción que presentamos a consecuencia de la
interpelación se hizo en su momento y después se ha reformado
la orden ministerial, ese es el motivo de la autoenmienda. No
es que nos tengamos que enmendar a nosotros mismos porque
creamos que está mal. No entro en más debate, señor
Presidente. Aclarado suficientemente que no se refería a mí,
me voy a gusto.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
González Blázquez. Vamos a pasar a la votación. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la moción del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que se somete a
votación en los términos resultantes de la enmienda del propio
grupo proponente de la moción. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 300; a favor, 138; en contra, 159; abstenciones,
tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO DE MODO INMEDIATO EN
RELACION CON EL MERCADO DE TRABAJO PARA DETENER EL PROCESO DE
DESTRUCCION DE EMPLEO Y ACTIVAR LA CREACION DEL MISMO (Número
de expediente 173/000007)



El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno,
de modo inmediato, en relación con el mercado de trabajo, para
detener el proceso de destrucción de empleo y activar la
creación del mismo. El señor Aparicio tiene la palabra.




El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, señorías, me cumple
presentar la moción consecuencia de interpelación que el Grupo
Parlamentario Popular hizo relativa a la política del mercado
de trabajo para creación de empleo... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aparicio. Señorías,
ruego guarden silencio.




El señor APARICIO PEREZ: Ciertamente el tema que ocupa nuestra
moción no es banal. Creo que si algún consenso puede existir
en la Cámara es que el problema del desempleo, la creación de
puestos de trabajo es el tema central, es el principal
problema que sin ninguna duda tiene planteada la economía
española. Desde esa perspectiva con unas cifras que como
recordaba la diputada Villalobos son un triste récord, en este
instante nuestra principal divergencia respecto a cualquier
referencia de convergencia europea son precisamente nuestras
cifras no sólo de paro, no sólo ese 22,25 por ciento de tasa
de paro, sino ese aún más preocupante 48,2 por ciento de tasa
de bajísima actividad, inferior incluso a la misma cifra de
ocupación o de tasa de ocupación que España tenía en 1982. El
37,9 de



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cada cien españoles en edad de trabajar, están realmente
trabajando y ocupados. Si a esto le unimos el récord de la
destrucción de empleo que se ha producido en estos últimos
meses, muy selectivo además... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aparicio, le ruego me
disculpe. (Pausa.) Cuando quiera.




El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente, por el
amparo. Si a esto unimos una cifra realmente espectacular,
casi 600.000 puestos de trabajo perdidos en lo que llevamos de
año y más preocupante si lo analizamos en lo que afecta al
empleo estable y entendemos que en este momento se está
rozando prácticamente que uno de cada tres puestos de trabajo,
el 32 por ciento, tenga ya carácter eventual, creo que una de
las principales obligaciones de esta Cámara --al menos así lo
entiende el Grupo Popular-- es tratar de plantear, con toda
seriedad, con todo rigor y sin ninguna concesión una serie de
medidas que puedan afrontar ese panorama. Quizás en la
intervención del otro día del señor Ministro hubo mucho de
catálogo exhaustivo y hubo poco de verdadera voluntad de salir
de esta situación desesperante de falta de actividad por parte
del Gobierno, yo diría, que de falta de liderazgo social. Si
algo creo que encaja también en las obligaciones de un
Gobierno es ejercer una verdadera función de liderazgo, ese
liderazgo ha estado ausente en los últimos meses de la vida
pública y política española, especialmente en relación al tema
de creación de empleo. Me gustaría decir que hasta la fecha lo
único que parece se va concretando es el nuevo régimen de
fiscalidad que habrán de soportar los desempleados y poco más.

De ahí que en nuestro grupo hayamos querido plantear medidas
que entendemos razonables, posibles, sabemos que unas entran
dentro de la acción directa del Gobierno, otras entran dentro
de la capacidad del Gobierno de demostrar un liderazgo en la
sociedad española, que con un respeto absoluto a la función
constitucional de los agentes sociales sean una verdadera
llamada al diálogo y a la responsabilidad, una apelación a
estos mismos agentes sociales. Lo que no van a ser, lo digo,
es sorprendentes en muchos casos; no podían serlo.

Prácticamente desde el año 1986 venimos reiterando un mismo
cuadro de propuestas, muchas de ellas han sido varias veces
presentadas, sistemáticamente rechazadas y la única sorpresa
que cabría es que las hemos visto acogidas en alguno de los
planteamientos del Partido Socialista de este año,
especialmente en la llamada ley financiera. Sólo cabe aplaudir
que se haya producido por fin una aceptación de tesis que,
insisto, sistemáticamente, desde el año 1986, han sido
rechazadas, quizá por el único delito de proceder de nuestro
grupo. A nosotros, en el nuevo escenario político, nos
encantaría que este tipo de comportamientos desaparezca. El
otro día hubo, yo creo, una oferta absolutamente sería del
Presidente del Partido y del Grupo Parlamentario Popular, de
José María Aznar, que no cabe (yo lo digo por respeto a ese
22,25 por ciento de la población española en paro) tomársela a
broma y menos aún tratar de utilizar un lenguaje que se
aproxime a los juegos. Yo no creo que el tema del desempleo,
del paro en España sea para jugar. Creo que estamos ante el
principal problema que tiene la sociedad española. No se trata
de ir o no de farol; de hecho, las propuestas que a
continuación voy a comentar con toda brevedad coinciden
exactamente con enmiendas que vienen ahora, bien a la ley de
presupuestos bien a la ley financiera. La verdadera voluntad
de diálogo, la credibilidad de unos y otros, creo que habrá
que acreditarla si efectivamente se produce una aceptación o
no. Ese esfuerzo de aproximación que se ha hecho lo vamos a
seguir manteniendo y reiterando. Habrá quien se limite a
despacharlo con un calificativo, bien lúdico, que creo es
absolutamente impertinente, o bien --es un temor que tengo y
espero que el señor Arnau me despeje esa duda--, con el
peregrino argumento de que son muchas las medidas. Entrando ya
en lo que es el fondo de la propuesta, creemos que la primera
clave en este momento (y me alegro de que hoy mismo se haya
dado a conocer un informe internacional de toda solvencia, el
informe McKinsey) es la productividad. Entendemos que la
principal obligación del Gobierno en este momento es fomentar
como clave de despegue de una situación de crisis, una
política de rentas salariales que tenga precisamente como
engranaje básico la productividad. Además y en esto creo que
también ha habido un cambio de rumbo importante no desde
nuestro grupo (bastaría con releer no sólo los discursos
previos de quienes han actuado como portavoces, sino los
propios informes Lluch y Segura, que sin duda no le son ajenos
al señor Arnau), mediante un tratamiento específico
sectorializado que atienda no sólo dimensiones de empresa,
sino sectores productivos. El segundo punto es una apelación a
la responsabilidad que creo tienen, y que en muchas otras
ocasiones han demostrado los agentes sociales. Sin ninguna
duda una pieza esencial, la movilidad funcional, está en este
momento insertada en el marco de la reforma necesaria de las
ordenanzas laborales y creemos que hay que dar un plazo,
porque si bien es deseable, absolutamente deseable
(coincidiríamos todos los grupos en que su modificación se
haga por la vía de la negociación colectiva), creo que también
hay que tratar de acotar esa negociación para que
efectivamente si no se produce por el camino óptimo se
produzca, en cualquier caso, por un camino.




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Hablamos del tercer punto: reducir gradualmente las
cotizaciones sociales con cargo a las empresas. Nos
encantaría, y es una vieja petición, que las prestaciones de
carácter universal, especialmente las no contributivas, no
sólo las propias pensiones definidas como no contributivas,
sino una parte del sistema asistencial español, como puede ser
la prestación a la que genéricamente llamaríamos campo
Inserso, tienda a un esquema de financiación en el que cada
vez tengan menor importancia las cotizaciones sociales que,
como llegó a definir el propio Presidente González, no dejan
de ser sino un impuesto al empleo.

Creemos que hay que atenuar
la excesiva rotación de nuestro mercado de trabajo y estimamos
que es urgente, porque ya están actuando, empresas españolas
de trabajo temporal, que algunas ya se están constituyendo, o
bien están actuando en el propio mercado laboral español
empresas extranjeras. Ese es un tema que conocen bien quienes
han sido titulares y han tenido responsabilidades en el
Ministerio de Trabajo, que es una vieja petición nuestra en la
que creo llegamos tarde, pero no demasiado tarde aún.

Creemos que el perfeccionamiento de la regulación del contrato a
tiempo parcial debe tener en cuenta no sólo las
particularidades de las pequeñas y medianas empresas, sino
que, efectivamente, debe asociar un carácter finalista a
dichos contratos.

Entramos --y seré sintético para atenerme al
tiempo que tengo marcado para este trámite parlamentario-- en
un segundo bloque que tampoco es nuevo. Lo propusimos en los
Presupuestos Generales del Estado el año pasado y en dos
proposiciones no de ley.

Creemos que una forma efectiva de
luchar contra el fraude, que ahora parece sí se reconoce desde
las filas socialistas que existe y existe con abundancia en el
seguro de desempleo (por cierto, nos agradaría que siempre que
se hable de fraude en el seguro de desempleo se diga con
claridad y se diga en los textos que maneja el propio Gobierno
que también afecta al subsidio agrario), es la vinculación de
las prestaciones a la propia formación profesional. Yo creo
que el objetivo último de un sistema de protección al
desempleo por supuesto es dar unas cantidades económicas que
permitan unas condiciones dignas a quien haya tenido la
desgracia de perder su puesto de
trabajo, pero no puede perder de vista el horizonte básico,
que es reintegrar a esa persona cuanto antes al mercado de
trabajo. Creemos que una forma eficaz de conseguir el doble
objetivo de reintegrar al mercado de trabajo y, por otro lado,
de luchar contra el desempleo es vincular efectivamente, la
prestación y la formación, cosa que ya hemos propuesto en
varias ocasiones y que sistemáticamente ha sido ignorada por
su parte.

Creemos que si se quiere reservar al Inem para unas
funciones, digamos, altas y nobles, como sería la formación
profesional, como sería la gestión realmente del empleo,
bastaría con que cumpliesen algo que dijeron que iban a
cumplir y nos permitimos recordárselo. En una de las
disposiciones adicionales de la anterior ley de presupuestos
se hablaba de que la gestión de las prestaciones debía hacerse
de forma centralizada desde el INSS. No sabemos por qué no se
ha hecho, es un planteamiento que en su día vimos como propio
y que, desde luego, entendemos que en este momento podía ser
objeto de un acuerdo entre ambas fuerzas políticas.

Tratando de unificar dos de los puntos, los números 10 y 11, habrán
visto SS.SS. que tratan de definir un nuevo modelo en la
formación profesional. No me importa decir que hemos tratado
de seguir uno de los modelos sin ninguna duda más
experimentados y más eficientes del contexto europeo. Es el
modelo alemán, en el cual mediante la concertación, mediante
la negociación entre los agentes sociales, se puede alcanzar
un catálogo exhaustivo y actualizable a la vez de
cualificaciones profesionales que permitan ya concentrar todos
los esfuerzos. Ese modelo, en el que sin ninguna duda los
agentes sociales, empresarios y trabajadores, tienen mucho que
decir, permitiría una optimización de recursos. Es la
propuesta que sistemáticamente hemos venido reiterando y que
hoy, si todos volvemos a coincidir, como creo que coincidimos
en la necesidad de perfeccionar la formación profesional en
España, podría ser una buena fórmula.

Por otro lado, algo
obligados estamos en materia del contrato de aprendizaje. No
pretendo jugar a ningún tipo de anticipación del futuro, pero
me permito recordar que la directiva que aparece citada en
nuestra moción debe entrar en vigor en junio del año próximo.

Si el Grupo Socialista no va a apoyar nuestra moción, sirva al
menos como recordatorio de una obligación legislativa que bien
pronto tendremos sobre la mesa.

Los dos últimos puntos
pretenden algo en lo que podemos estar todos de acuerdo:
establecer una nueva deducción de la cuota común del Impuesto
de Sociedades y del IRPF por formación profesional, esa
necesaria formación profesional en el seno de las empresas
que, efectivamente, esté incentivada desde el punto de vista
fiscal y social, y que los gastos destinados a políticas
activas en el mercado de trabajo se vayan equilibrando (la
situación española, en comparación con la de cualquier otro
país de la Comunidad Europea, es profundamente desequilibrada)
con las políticas pasivas.

Bien saben quienes han actuado en
esta materia que es uno de los grandes problemas de la
protección social española. Carga la mano, por decirlo así, en
las políticas pasivas y sin duda ninguna ha descuidado las
activas.

Me permito, en consecuencia, pedir al resto de los
grupos su apoyo a nuestra moción. No hay, lo puedo garantizar,
ningún deseo de jugar a nada, que insisto es un término que no
debe ser jamás utilizado, sobre todo por respeto a quienes han
perdido su puesto de



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trabajo. Creemos que es el camino que hay
que seguir, emprender esas reformas estructurales tantas veces
anunciadas y nunca materializadas. En ese trabajo encontrarán
ustedes al Grupo Popular, sin contrapartidas, sin otro interés
que el interés general de España, de esos trabajadores en
desempleo, sin otra intención, en este instante, que la de
contribuir a resolver lo que, vuelvo a insistir, es el
verdadero drama social español. Les puedo garantizar también,
y permítanme que me refiera más particularmente al Grupo
Socialista, que renunciando a cualquier protagonismo en esta
acción, creo que sería una forma buena de empezar a trabajar.

Una última cosa les digo. Muchos de los puntos que aquí se han
tratado son perfectamente concordantes, coinciden plena y
absolutamente con algunas de nuestras enmiendas presentadas a
la Ley de Presupuestos y a la ley financiera. Si existe una
verdadera voluntad de diálogo, no simplemente de buscar las
adhesiones o forzar las adhesiones, nos encontrarán; si no,
muy difícilmente.

Gracias. (Un señor diputado del Grupo Popular: ¡Muy bien!.

--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Con brevedad desde el escaño para indicar al señor Aparicio, tras
su intervención y al socaire de la misma que tales entusiasmos
ha provocado su grupo parlamentario (realmente ha estado
tramada con fundamento conceptual e intelectual más que
razonable, señor Aparicio) que nos vamos a abstener a pesar de
sus esfuerzos intelectuales en la materia. Nos vamos a
abstener no porque las medidas desagregadas que se proponen en
su moción sean medidas objetables de forma muy relevante. Son
razonables en su generalidad, sin perjuicio de que algunas sí
nos generan reservas mentales también de cierta entidad. Nos
generan reservas mentales, señor Aparicio, la número 2 por
ejemplo, el viejo problema de la derogación de las ordenanzas
laborales y la habilitación jurídica que se contiene en
materia de derogación de estas ordenanzas en el Estatuto de
los Trabajadores en esa discutida desde una perspectiva
hermenéutica disposición transitoria del Estatuto y quiénes
están legitimados para esa derogación. Nosotros seguimos
dudando que la Administración, que los poderes públicos del
Estado tengan legitimación jurídica para derogar las
ordenanzas y, desde luego, pensamos que la derogación íntegra
de las ordenanzas es un ejercicio de genuina
irresponsabilidad. Es que no tienen por qué derogarse
íntegramente las ordenanzas laborales. Todas las ordenanzas
laborales no son rigidez; todas las ordenanzas laborales no
son removibles por impedir u obstaculizar desarrollo armónico
o dinamismo de nuestra economía. Es más, las ordenanzas
todavía ponen regulación en algunos sectores donde las
dificultades objetivas existentes en la negociación colectiva
y (salvo que se acuda a otra fórmula más perversa que la
propia existencia de las ordenanzas, la extensión de convenios
colectivos) impediría la existencia de una regulación
sectorial de las condiciones de trabajo a determinados
sectores donde no hay más regulación en este momento que las
ordenanzas. Nos genera reparos la propuesta número 4 de su
moción, el tema de las empresas de trabajo temporal. Todavía
nuestro Derecho atribuye monopolio inequívoco a la
Administración, a la autoridad laboral para intermediar en el
mercado de trabajo. Desde esta perspectiva, el proceso de
colocación, según nuestra normativa, mientras no se modifique
sigue respondiendo en exclusividad a la autoridad laboral y,
en concreto, al Instituto Nacional de Empleo. Con algunos
recelos por lo menos se debía reflexionar con suficiente
ponderación la existencia de las empresas de trabajo temporal
y nos genera recelos también sobre todo porque entendemos que
en el seno de la misma, en la propuesta número 6, existe una
especie de contradicción en sus propios términos. Nos crea
recelos o reservas mentales esta propuesta concreta porque si
lo que ustedes están pidiendo por una parte es agilizar y
objetivizar la autorización administrativa en los expedientes
de regulación de empleo pero lo hacen aplicando la normativa
comunitaria, nos encontramos con la sorpresa --quizá en otro
momento usted lo podrá explicar-- de que la normativa
comunitaria desautoriza esta intervención administrativa
puesto que la normativa comunitaria, y particularmente la
Directiva del año 1975, desregulariza esta cuestión y no
atribuye a la autoridad laboral ninguna competencia en materia
de despidos colectivos. Pero, bien, marginando estas
cuestiones que quizás podrían ser de tono menor, señor
Aparicio, nos vamos a abstener por razón de extemporaneidad o
por una acción de oportunidad temporal. En este momento, casi
todas estas propuestas están siendo objeto bien de negociación
con los interlocutores sociales en el seno o en el contexto
del pacto social que el Gobierno está negociando con los
interlocutores, o son ya medidas propuestas, medidas
anunciadas por el Gobierno que se van a vehicular a través de
los correspondientes proyectos normativos. Desde esta
perspectiva encontramos que estas mociones, no siendo
conceptualmente objetables, sí tienen un problema de
extemporaneidad, señor Aparicio, que, con todos los respetos,
le llevan a mi grupo a declarar públicamente que va a ser la
abstención el sentido de su voto.




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No puedo terminar, señor Presidente --siento frustrarle ya ese
gesto--, no sin indicar al señor Aparicio que nosotros sí
estamos de acuerdo en algo que usted ha dicho y ha dicho con
mucha pertinencia: Vamos a eludir entre todos el peligro de
sacralizar las reformas estructurales como medio o varita
mágica para acabar con nuestros problemas económicos. Estamos
sacralizando o mitificando las reformas estructurales
conceptual e intelectualmente en exceso. No hay tantas
rigideces en nuestro mercado laboral, ni hay tantas rigideces,
posiblemente, en nuestras estructuras económicas en su
consideración colectiva. El Tratado de Maastricht no prevé
nada en materia de reformas estructurales, aunque
genéricamente, en su segunda parte --en el Tratado de la Unión
Económica y Monetaria--, se refiere a las reformas
estructurales. Lo que no podemos hacer es, al socaire de estas
reflexiones, que sacralizan, que mitifican el efecto positivo
y dinamizador de la economía de las reformas estructurales,
llegar a una tal desregulación del Derecho del trabajo que
llegue a la privación a este Derecho de su esencialidad: el
ser un Derecho protector que supere la falta de igualdad entre
las partes contratantes en el contrato de trabajo, la falta de
sinalagma en el seno de dicho contrato de trabajo. Vamos a
tener mucho cuidado porque se está hablando de estas materias
con demasiada alegría. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, mi Grupo está de acuerdo básicamente con la
moción que presenta el Grupo Popular y con la defensa que ha
hecho el señor Aparicio de la temática de la misma. Si
analizamos por encima y rápidamente algunos de los puntos de
la moción, vemos que en el primero no podemos estar en
desacuerdo. Es un tema que hemos venido planteando en esta
Cámara a lo largo de la legislatura pasada, que nos parece
razonable y no tendríamos nada que decir en contra. El punto
número 2 ya tiene algunas matizaciones, en las que en una
parte podríamos estar de acuerdo y en la otra no. Emplazar a
que las organizaciones sindicales y patronales se pongan de
acuerdo para la reforma de la estructura del mercado de
trabajo ya es un poco más discutible, sobre todo porque siguen
pidiendo que de alguna manera las ordenanzas laborales sean
suprimidas, y eso, como ha dicho mi antecesor en el uso de la
palabra, tengo mis dudas de que podamos y debamos hacerlo,
como se ha dicho aquí, desde el Parlamento. El punto 3 me
parece bien. Ir traspasando el peso de las cotizaciones
sociales de la empresa a los Presupuestos Generales del Estado
es algo que también hemos pedido a lo largo de legislaturas
anteriores y que se viene haciendo, aunque ciertamente con más
lentitud de la que probablemente a todos nos gustase, pero
insisto en que se viene haciendo. El punto 4 pretende
legalizar las empresas de trabajo temporal. Eso está en la
exposición que nos hizo el Ministro, aquí y en la Comisión, y
es intención del Gobierno, manifestada públicamente, legalizar
este tipo de empresas. El punto 5 nos habla de la perfección
del contrato específico, teniendo en cuenta las pequeñas y
medianas empresas. Tampoco tenemos grandes oposiciones,
grandes discrepancias en este tema. De acuerdo con esto,
nosotros hemos traído iniciativas, y en algunas intervenciones
de este Diputado ante la Comisión y ante este Pleno hemos ido
manifestando esa necesidad, lo que pasa es que también está en
los papeles que el Gobierno ha enviado al Consejo Económico y
Social y a las partes sociales que están en este momento
negociando. El punto 6 ya se ha comentado y teníamos criterios
dispares. El punto 7 nos parece difícil de cumplir, porque
difícil es que mensualmente se pueda pedir que el Gobierno nos
traiga una estadística de cuáles son los logros de la lucha
contra el fraude en todo el sistema de pensiones o de
retribuciones por paro, incluido el PER o el subsidio agrario.

Nos parece difícil, insisto, que eso se pueda hacer
mensualmente, pero sí estamos de acuerdo en el fondo.

Evidentemente, nos hemos comprometido y se ha comprometido el
Gobierno a luchar contra las posibles bolsas de fraude que
pueda haber en estos colectivos y en otros, pero cada vez que
hablemos de fraude habrá que añadir que éste no es exclusivo
de los trabajadores que están en paro, lo es también de
algunos profesionales liberales y lo es de otras muchas
personas que deben ser también perseguidas y analizadas,
probablemente con más razón que los que estén en el paro.

Sobre el resto de puntos podríamos seguir haciendo un análisis
parecido. Hay partes con las que estamos de acuerdo y otras
sobre las que podríamos discutir. Globalmente nosotros creemos
que esta moción llega en un momento en que puede perturbar la
negociación. Hemos mandatado al Gobierno y a las partes para
que discutan y lleguen a acuerdos concretos para la reforma
del mercado de trabajo, y están haciéndolo, están en ello.

Interferir en esa negociación nos parece peligroso, de ahí
que, compartiendo la inquietud y el fondo de la moción que hoy
presenta el Grupo Popular, nosotros tengamos algunas dudas
respecto al voto final que debemos dar, por lo que me van a
permitir SS.SS. que acabemos de escuchar a los otros
intervinientes



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que aún faltan por intervenir para que mi Grupo fije
finalmente su voto. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa. Por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Señorías,
voy a hacer la intervención desde el escaño, tal como ha hecho
el señor Olabarría, en un intento, sin lugar a dudas inútil,
de emular su concisión, su precisión y su claridad. Al
defender la moción el señor Aparicio decía que temía
encontrarse con el argumento en contra de la misma de que era
amplia. No, señor Aparicio. En un tema tan importante como
éste, cuantas más ideas se tengan, mejor. A nosotros nos
parece interesante que por parte del Grupo Popular se
manifieste un catálogo importante de medidas como las que se
contienen en esta moción. No obstante, tengo ya que
anticiparle que nosotros vamos a votar en contra de la misma,
y no precisamente por el número de dichas medidas, por lo que
les felicitamos, sino porque, en nuestra opinión, adolece de
otros defectos. El primero de ellos es la falta de coherencia
con el análisis que se hacía en la intervención en defensa de
la interpelación. Quiero recordarle que en aquella
intervención la señora Villalobos hacía dos preguntas, mejor
dicho, una, en definitiva: ¿Qué pasa con el empleo en España?
¿Por qué mantenemos unas tasas tan altas de paro? Desde
nuestro punto de vista, y nosotros compartimos ese análisis,
esto es consecuencia del tipo de empleo que tenemos en nuestro
país enmarcado en una política económica determinada. Nos
parece acertado, por una parte, una referencia a esa política
económica determinada, la que se ha practicado en nuestro país
en los últimos años, pero es una política económica a la que
no se hace la menor referencia en esta moción que hoy se ha
defendido, y, por otra parte, una mención a un tipo de empleo
determinado, caracterizado fundamentalmente por una
precariedad como no se conoce en ningún otro país europeo y a
la que en esta moción no se le plantea ningún tipo de
solución. Señor Aparicio, no se plantea terminar con el
contrato de fomento del empleo o simplificar los innumerables
modelos de contratación temporal que existen en nuestro país.

Por tanto, nos parece que no existe coherencia entre el
análisis y las medidas concretas, primera razón para no apoyar
esta moción. Segunda, la falta de concreción de las medidas
que se plantean. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de
reducir gradualmente, en un período de cuatro años, sin poner
ningún límite --no sabemos cuánto se quiere reducir--, las
cotizaciones sociales a cargo de las empresas transfiriendo su
costo a la financiación, a la imposición general? ¿Hasta
cuándo? ¿Cuál es el límite de reducción de esas cotizaciones?
Hay una proposición no de ley del mismo Grupo Parlamentario,
independiente, en la que se establece una referencia concreta.

Se habla de «hasta alcanzar los niveles existentes en los
países centrales de la Comunidad Europea». Aquí esa referencia
desaparece. En un período de cuatro años no sabemos qué
reducción se quiere establecer de las cotizaciones sociales y
pasarlo, fundamentalmente, a la financiación por la imposición
indirecta del IVA. Cuando se habla de perfeccionar la
regulación del contrato a tiempo parcial, ¿en qué consiste
eso? ¿Agilizar y objetivar la autorización administrativa?
Quiero recordar que en estos momentos los plazos de expediente
de regulación de empleo de nuestro país están entre 15 y 30
días con causas muy concretas: económicas, tecnológicas o de
fuerza mayor. ¿Qué se pide aquí? Quiero recordarle que, en
este caso concreto, hace muchos años el silencio funciona con
carácter positivo, a diferencia de lo que ocurre con carácter
general en el silencio administrativo. Aquí, repito funciona
con carácter positivo. ¿Qué se pretende decir con esto? Cuando
se habla de eliminar el fraude existente en el sistema de
desempleo, nos gustaría que se dijera cómo se corrige esto
mediante la aplicación estricta de la normativa sobre la
protección por desempleo. ¿Aplicando estrictamente esa
normativa desaparece absolutamente el fraude? Quizá. En
definitiva, señorías, no nos parece que estas medidas que
plantea el Grupo Popular sean concretas. No sabemos qué se
vota al plantear esto. Estas medidas adolecen de
insolidaridad, y no sólo en el sentido de pretender trasladar
a la imposición indirecta cuotas y cargas directas, con lo que
pagaríamos entre todos los ciudadanos, sino insolidaridad
incluso en el reparto de las rentas. La cláusula primera dice
que la política de rentas salariales tome en consideración --
parece ser que con carácter exclusivo-- la productividad. Si
se hiciera así, difícilmente se podría decir que en nuestro
país las rentas salariales han crecido de una manera
desorbitada, porque en la productividad incide, de una manera
muy notable, la reducción de empleo que se ha producido.

Nosotros creemos que en esa política de rentas salariales debe
jugar, de una manera importante, el valor de la solidaridad, y
a ése no se hace la menor referencia. Da la impresión de que
sólo se piensa en rentas salariales que funcionan en favor de
quienes tienen empleo, y una política de rentas salariales
debe contemplar parados, jubilados y, por supuesto, también
quienes tienen desempleo, aparte de la competitividad general
de las empresas. En resumen, señorías, estas medidas que
plantea el Grupo Popular nos parece que no son consistentes y,



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sobre todo, sin perjuicio de reconocer que algún punto
concreto podría ser apoyado, nos parece que hoy es
políticamente más necesario decir que esta filosofía de
reforma del mercado de trabajo, una filosofía que
sustancialmente coincide con estas medidas que plantea el
Grupo Popular, no tiene mayoría en esta Cámara. Este, sin
lugar a dudas, va a ser el resultado de la votación. Eso es lo
que a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le parece
importante dejar claro. Gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, la moción
que debatimos es consecuencia de la interpelación del Grupo
Popular mediante la que se pedía al Gobierno que indicara las
medidas que pensaba adoptar para detener la destrucción de
empleo y fomentar la creación del mismo. El Gobierno, en el
debate de la interpelación, a través del Ministro de Trabajo
relató --y lo hizo con detalle-- todas las medidas que se
estaban poniendo en marcha en relación con la interpelación
que se presentaba. Nos parecería lógico que, de no estar de
acuerdo el Grupo Popular con esas medidas expuestas por el
Ministro de Trabajo, en el momento de la moción presentara
alternativas distintas o, por el contrario, de aceptar las
medidas propuestas por el Ministro de Trabajo, no llegara a
presentar la moción. La sorpresa, señor Aparicio, se produce
al comprobar que, en su moción, el Grupo Popular presenta
prácticamente las mismas medidas que ya están en marcha, bien
porque se han presentado a la mesa del pacto social para su
negociación, bien porque se han remitido al CES para su
informe, o bien por ambas cosas a la vez. A nadie sorprenderá
que el Grupo Socialista vote en contra de la moción, voto que
no se produce en contra de la mayor parte del contenido de la
misma, sino que expresa la disconformidad formal en que se
inste al Gobierno a adoptar medidas que está ya acometiendo.

Están en marcha, señor Aparicio, las medidas relativas a
fomentar una determinada política de rentas, a emplazar a los
agentes sociales a sustituir las ordenanzas laborales, a
aumentar progresivamente la aportación del Estado a la
Seguridad Social, a regular las empresas de trabajo temporal,
a perfeccionar la regulación del contrato a tiempo parcial, a
adoptar las medidas contra el fraude en el desempleo, a
vincular las acciones de formación o las condiciones de acceso
al subsidio, a estudiar el traspaso de las prestaciones de
desempleo al INSS, a elaborar el catálogo de cualificaciones
profesionales, a establecer una nueva deducción en la cuota
del Impuesto de Sociedades por gastos de Formación
Profesional, y a incrementar el porcentaje de gastos
destinados a política activa de mercado de trabajo. ¿En qué
radica la diferencia respecto a la moción que usted plantea?
Sencillamente, en relación a algunos plazos. El Partido
Popular quiere que los interlocutores sociales se pongan de
acuerdo en sustituir las ordenanzas y reglamentaciones antes
del día 31 de julio. Pretende también que el traspaso de las
prestaciones por desempleo a la Seguridad Social se produzca
antes de finales de 1993 y, por último, el Partido Popular
quiere que el catálogo de cualificaciones profesionales esté
confeccionado antes del 1 de enero de 1994. Existen algunos
puntos en los que la diferencia es mayor; por ejemplo, el
relativo a la reducción gradual de las cotizaciones de las
empresas o a lo que ustedes llaman en su moción unificar el
programa nacional de formación profesional, que nosotros
entendemos que no se trata de unificar, sino de coordinar.

Analizando algunas de las medidas propuestas, por ejemplo, la
número uno, vemos que en ella el Grupo Popular calca las
palabras del Ministro en su comparecencia en la Comisión el
día 28 de septiembre de 1993. Señor Aparicio, ¿cómo vamos a
instar al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo? La
propuesta del Gobierno en esta materia, conocida por todos
excepto, por lo que se ve, por el Partido Popular, consiste en
potenciar lo que se conoce como negociación articulada, que
delimita tres espacios muy concretos: primero, el acuerdo
interconfederal; segundo, los acuerdos sectoriales
territoriales y, en tercer lugar, los convenios de empresa. Se
trata de articular los tres niveles y de adaptar las
condiciones de trabajo a las diversas situaciones de las
empresas. Esto es algo que el Gobierno está impulsando, con
respeto, efectivamente, a la autonomía de las partes y
poniendo sobre la mesa de negociación su propuesta. La
movilidad funcional o posibilidad de cambiar las funciones
habituales de un trabajador en su centro de trabajo está
regulada, como se sabe, en el artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores; se configura dentro del poder de dirección del
empresario y está sometida a unos límites: estatutarios por un
lado y de ordenanzas y reglamentaciones por otro; ordenanzas y
reglamentaciones que restringen, seguramente de modo
inconveniente, los poderes de dirección en materia de
movilidad funcional. Así lo han reconocido y lo reconocen los
agentes sociales, que en varios acuerdos interconfederales se
propusieron, como objetivo conjunto, su derogación. El
Gobierno, en el programa de convergencia, solicitaba
expresamente de los agentes sociales que negociasen las normas
relativas a la sustitución de las viejas ordenanzas. Sin
embargo, lo que aparece como un propósito de todos hemos de
constatar que no ha progresado suficientemente en los últimos
años, de modo que parecería que no es prioritario para los
agentes sociales



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el reforzamiento de la movilidad funcional, pese a que de ella
se derivarían efectos positivos para la competitividad y el
empleo. Para el Gobierno sí es prioritaria la derogación de
ordenanzas y reglamentaciones, pero también lo es la forma o
el medio de derogación. El Gobierno ha optado por la
derogación paccionada, consensuada, de ordenanzas y
reglamentaciones, de ahí que haya interesado del CES el
análisis de los procedimientos que aceleren la desaparición de
aquel enclave intervencionista. Además, el Gobierno ha
propuesto en la negociación del pacto social la sustitución
negociada de las ordenanzas y reglamentaciones en el plazo de
un año, que nos parece un tiempo prudente. El Grupo Popular
plantea un plazo que más bien parece un ultimátum en cuanto
que quiere que las ordenanzas y reglamentaciones sean
derogadas antes del 31 de junio de 1994. Podríamos analizar
cada una de las medidas concretas que propone en su moción el
Grupo Popular. Por ejemplo, en cuanto a su obsesión por la
reducción gradual de las cotizaciones sociales a cargo de las
empresas, hay que decir que un estudio comparativo realizado
recientemente con respecto a los niveles de dichas
cotizaciones en los países centrales de la Comunidad Europea,
tomando como módulo de medida el índice de la presión
contributiva de las mismas en relación con el PIB, revela que
dicho porcentaje supone, para la media de los países de la CE
un 9,7 por ciento, mientras que en España dicho índice es del
9 por ciento. Si en dicha comparación se excluye a Dinamarca e
Irlanda, que tienen otros sistemas de cotización, únicamente
Luxemburgo y Portugal tienen una participación en el PIB de
los ingresos procedentes de empresas inferior al de España.

Otra cosa es la progresiva sustitución de las cuotas sociales
por la financiación a cargo del Estado. También en esto
debemos recordar, señor Aparicio, que la participación del
Estado en el sistema de la Seguridad Social se ha modificado
notablemente en los últimos años. Recuerde que en 1977 esa
participación estaba fijada en un 3,6 por ciento, mientras que
en el año 1993 está en un 30 por ciento. En relación con las
empresas de trabajo temporal, no se entiende en su moción por
qué vincula la excesiva rotación de nuestro mercado de trabajo
a la regulación de las empresas de trabajo temporal. No se
entiende ni pretendo entrar en ese debate en estos momentos;
pero sí tengo que señalarle que la regulación de las empresas
de trabajo temporal está en la mente del Gobierno, está dicho
en esta Cámara, y además se remitió al Consejo Económico y
Social para su dictamen un anteproyecto de ley sobre este tipo
de empresas. Exactamente igual que es intención del Gobierno
regular la perfección del contrato a tiempo parcial, y a estos
efectos se ha remitido también al CES una modificación de esos
contratos a tiempo parcial. ¿Y qué decir sobre la lucha contra
el fraude en las prestaciones por desempleo? Hoy mismo se
acaba de constituir la unidad especial interministerial,
anunciada por el Ministro de Trabajo en este Congreso de los
Diputados, que está compuesta por representantes de los
Ministerios de Economía, Sanidad, y Trabajo y Seguridad Social
para luchar contra el fraude fiscal y el gasto social
indebido. Pero la lucha contra el fraude viene siendo
desarrollada de forma permanente, tanto por la Inspección de
Trabajo como por el propio INEM. Las acciones son diversas;
unas se dirigen a comprobar la adecuada percepción de las
prestaciones por los beneficiarios, otras se dirigen a la
mejora de la gestión y otras, por último, a facilitar la
incorporación de los perceptores al trabajo. En cuanto a la
medida en la que usted pretende vincular las acciones de
formación a las condiciones de acceso al subsidio de
desempleo, simplemente tengo que remitirle a la Ley 22/1992
para ver cómo se puede producir la extinción del derecho a la
percepción de las prestaciones por desempleo en caso de
rechazo de una oferta de empleo adecuada o negativa a
participar en trabajo de colaboración social, programas de
empleo o en acciones de promoción, formación y reconversión
profesionales, salvo causa justificada. El traspaso de la
gestión de las prestaciones por desempleo a la Seguridad
Social fue también ampliamente tratado no sólo en la
comparecencia del Ministro de Trabajo en la Comisión de
Política Social y Empleo, sino también en las comparecencias
que tuvimos con ocasión del debate de Presupuestos. Sabe
usted, o debiera saber, que se ha constituido un grupo de
trabajo a estos efectos; que no es fácil el traspaso de las
prestaciones de desempleo al INSS, al Instituto Nacional de la
Seguridad Social; que hay complejidades que conviene resolver,
y que esto motiva que el plazo que ustedes plantean para el
traspaso no sea posible precisamente por la complejidad y las
dificultades técnicas que acarrea esa materia. Entraríamos a
analizar también todo lo relativo al Programa nacional de
formación profesional, que no pretendemos unificar, como he
dicho, sino que pretendemos coordinar. Esa es una gran
diferencia que mantenemos con ustedes. Ha de tener en cuenta
también que el Gobierno pretende crear un único sistema de
cualificaciones, dentro de esa coordinación de los dos
subsistemas existentes de formación profesional, elaborar un
catálogo de títulos de la formación profesional reglada y del
repertorio de certificaciones de profesionalidad de la
formación profesional ocupacional, etcétera.




El señor PRESIDENTE: Señor Arnau, le ruego concluya.




El señor ARNAU NAVARRO: Concluyo, señor Presidente. En suma,
señor Aparicio, señores del Grupo Popular,



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a la vista de la moción defendida podemos preguntarnos por la
alternativa laboral del Partido Popular. ¿Cuál es esa
alternativa? ¿Dónde está la imaginación del Grupo Popular? (Un
señor Diputado en los bancos de la derecha: En Europa.) Cuando
se acusa de incapacidad o se habla de falta de liderazgo
social, como se ha dicho aquí, del Gobierno, ¿dónde está la
capacidad? ¿Dónde está el liderazgo? Cuando se responsabiliza
al Gobierno del paro, como se hizo en la interpelación, ¿dónde
están las novedades que plantea el Grupo Popular? No vemos en
esta moción ni alternativa, ni imaginación, ni capacidad, ni
novedad. Esta moción es prácticamente un calco, una mera
transcripción de la comparecencia del señor Ministro de
Trabajo en la Comisión el día que he citado, de las medidas
propuestas por el Ministro de Trabajo; a lo sumo, apurando el
análisis, se ve alguna pequeña diferencia en relación con los
plazos, como he mencionado anteriormente, y distintos puntos
de vista, eso sí, en relación a dos cuestiones muy concretas:
las cotizaciones empresariales y la unificación, en lugar de
coordinación, de los dos subsistemas de la formación
profesional en nuestro país. En suma, pocas y nocivas
novedades para tan larga moción; mucho ruido y pocas nueces,
inútil a estas alturas, cuando se está debatiendo todo esto en
el pacto social y cuando el CES tiene un perfecto conocimiento
de todas las medidas propuestas por el Gobierno. (Varios
señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy bien!) Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau. (El señor Aparicio
Pérez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, entiendo que la
última intervención ha excedido de su función básica de fijar
la posición del Grupo y, si desde luego era consciente el
señor Arnau de que no podía disponer reglamentariamente de un
turno para exponer sus últimas afirmaciones, simplemente
quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de dicha
circunstancia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio. Vamos a proceder
a la votación. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.) El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor
Fernández-Miranda.




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El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Quería solicitar, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, votación separada en tres bloques de la
moción. En un primer bloque, los puntos 1, 10 y 11; en un
segundo bloque, los puntos 2, 4 y 5, y en un tercer bloque, el
resto de los puntos. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. Moción
del Grupo Popular. Votación correspondiente a los puntos 1, 10
y 11 de dicha moción. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 126; en contra, 150; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados sometidos
a votación. Votación correspondiente a los apartados 2, 4 y 5.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 126; en contra, 149; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados citados.

Restantes apartados de la moción. Comienza la votación.

(Pausa).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 126; en contra, 149; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes apartados
de la moción.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
LA POSICION ESPAÑOLA ANTE LOS ACUERDOS AGRICOLAS DEL GATT, SU
REPERCUSION SOBRE EL SECTOR AGRARIO Y LAS MEDIDAS DE POLITICA
GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DEL MISMO
(Número de expediente 173/000008)



El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), subsiguiente a interpelación, sobre la posición
española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión
sobre el sector agrario y las medidas de política general
previstas por el Gobierno en beneficio del mismo. (El señor
Fernández-Miranda pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.El
señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.

Quiero comunicar la retirada de la enmienda del Grupo
parlamentario Popular que corresponde al escrito número 4717,
manteniendo la otra. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. En
nombre del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra el
señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) para defender la moción
consecuencia de interpelación que debatimos en el Pleno del
pasado día 29 de septiembre, sobre la posición española ante
los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre nuestro
sector agrario y las medidas de política agraria previstas por
el Gobierno. La moción propone dos grupos de resoluciones
diferenciadas: unas, referidas a las negociaciones del GATT;
las otras, referidas a medidas de política agraria española.

Las primeras pretenden salir al paso de la incertidumbre
generada en los agricultores como consecuencia del preacuerdo
entre Estados Unidos y la Comisión de Agricultura del Mercado
Común y pretenden garantizar con un mandato de estas Cortes
que el Gobierno defenderá sin complejos y con firmeza las
rentas y los intereses de los agricultores españoles, evitando
el agravamiento de una situación que ya es crítica en amplios
sectores por los prolongados sacrificios y transformaciones
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.), que se viene exigiendo al sector, a los
agricultores, para adaptarse, primero, a la integración a la
Comunidad Económica Europea... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Vidal. Por favor, ruego a SS.SS. que guarden silencio.

(Pausa.) Continúe.




El señor VIDAL I SARDO: Decía, señorías, a los sacrificios que
se vienen imponiendo a los agricultores para adaptarse,
primero, a la integración a la Comunidad Económica Europea,
después, al Mercado Unico, y a la reforma de la PAC, luego;
situación, señorías, que no resistiría, por imposición de
tratados internacionales, más restricciones a nuestras
exportaciones, ni incremento de las importaciones de productos
agrarios en detrimento de los nuestros, ni restricciones a las
ayudas comunitarias. Es una moción, señorías, para la
supervivencia de la agricultura y, al plantearla, nuestro
Grupo tenía la duda de si en ella debía explicitarse desde
estas Cortes el apoyo a la decidida oposición francesa al
preacuerdo de Blair House, tal como algún grupo pidió
explícitamente en el debate de la interpelación. Esto,
señorías, nos pareció arriesgado, por cuanto las tesis
iniciales francesas de exigir la separación del paquete
agrícola de los demás acuerdos de la Ronda Uruguay han
evolucionado, modulando sus exigencias hacia posiciones más
flexibles, basadas estas últimas en los acuerdos del Consejo
de Ministros comunitario del día 20 de septiembre en el que
participaron los Ministros de Asuntos Exteriores, de
Agricultura y de Comercio; incluso se da por seguro que
Francia no ejercerá su derecho al veto en el Consejo de
Europa. Por esto, señorías, mi Grupo ha preferido plantear la
moción con propuestas fundadas en estos acuerdos del día 20 de
septiembre y tomando como base el memorándum español. La
moción parte, en su breve preámbulo, de la voluntad de que la
Ronda Uruguay finalice mediante un acuerdo global y
equilibrado y de que las ayudas introducidas por la reforma de
la PAC son compatibles con las normas del GATT. A continuación
voy a referirme al texto de la moción conjuntamente con las
muchas enmiendas que ha recibido, por razón de economía de
tiempo. Dice la moción: En cuanto a los productos no
reformados, proponemos, primero, defender ante las
instituciones comunitarias los intereses agrarios españoles,
con el objetivo prioritario de mantener la renta de los
agricultores. Y, segundo, solicitar de la Comunidad Económica
Europea el mantenimiento de la preferencia comunitaria para
los productos aún no reformados. A este segundo punto
añadiríamos, como respuesta a las enmiendas de Coalición
Canaria y del Partido Popular, que piden la inclusión de
algunos productos concretos, la siguiente transaccional que
diría: así como para las producciones que en un futuro
dispondrán de organización común de mercado. El tercer
apartado, exigir a nivel comunitario una negociación para que
la cláusula de salvaguardia no tenga límite en el tiempo, no
sufriría modificación. El punto cuarto dice textualmente:
Mantener la postura firme y clara en defensa de las
producciones mediterráneas cuando éstas vayan a ser reformadas
y, en concreto, en los siguientes aspectos: una aplicación
efectiva de la preferencia comunitaria en el sector de frutas
y hortalizas, adaptando los calendarios de aplicación de los
precios de referencia a la realidad de las producciones
comunitarias; la aplicación del principio de solidaridad
financiera en el sector vitivinícola, de manera que las
medidas de regulación del mercado sean cubiertas con el
presupuesto comunitario; el establecimiento en los sectores de
arroz y remolacha de una ayuda de efecto similar a la fijada
para el conjunto de los cultivos herbáceos.




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A este cuarto punto Coalición Canaria ha presentado dos
enmiendas que, sintiéndolo mucho, no podemos aceptar, por
cuanto, a efectos de terminología europea, los productos
mediterráneos incluyen los meridionales y los atlánticos del
sur, incluidos también, por tanto, los de las Islas Canarias.

Y en cuanto a su referencia a los calendarios de importación-
exportación de plátano, pensamos que ya están incluidos, si se
quiere, de forma amplia, en los apartados cuarto y sexto de la
moción. Aceptamos la enmienda de supresión del punto quinto,
del Grupo Socialista, pues nuestro texto se refería a
productos afectados por la reforma de la PAC y éstos
encuentran mejor ubicación en la enmienda de adición que
propone el Grupo Socialista y que luego se dirá. Al aceptar
esta supresión, pensamos que no ha lugar a las enmiendas que
propone el Partido Popular, por cuestión reglamentaria. En el
apartado sexto de la moción, que presentamos como cautela o
complemento de los puntos anteriores, aceptaríamos en su
literalidad la enmienda de Coalición Canaria, porque mejora
nuestro texto y garantiza el logro de lo propuesto en
enmiendas anteriores del Grupo Canario. Quedaría redactado
así: Establecer, en caso de que sea necesario adaptarse a los
cambios derivados de la reforma de la PAC --aquí empieza la
enmienda--, programas específicos y facilidades crediticias
complementarias para la mejora de la productividad y de la
competitividad --termina la enmienda--, o, en su caso, para la
reconversión de cultivos de tomate fresco, hortaliza,
intensivo, plátano, frutos de pepita y cítricos, así como para
la mejora y adaptación del sector remolachero y vacuno de
carne y leche. Como este último apartado ocuparía el lugar del
5.º, ya suprimido, en 6.º lugar aceptaríamos la enmienda de
adición del Partido Popular relativa a las denominaciones de
origen, su mantenimiento y reconocimiento por el GATT.

Asimismo, agradecemos al Partido Popular la retirada de la
enmienda de adición propuesta bajo el epígrafe 7, que
proponía, en ciertos supuestos, separar el paquete agrícola
del resto de los sectores de la Ronda Uruguay, lo que hubiera
obligado a rechazarla, pues se oponía al preámbulo y a la
filosofía que inspira la propia moción. Este primer grupo de
propuestas finaliza con el anteriormente citado texto de la
enmienda de adición del Grupo Socialista, que dice:
Igualmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
mantener una postura firme y clara en defensa de las rentas de
los productores de los sectores ya afectados por la reforma de
la PAC de 1992, en la medida en que los accesos a los mercados
y a las explotaciones acordadas por el GATT pudieran poner en
peligro los equilibrios anteriormente alcanzados. El segundo
grupo de propuestas de la moción son las relativas a la
política interior agraria y en ellas se insta al Gobierno, en
su apartado A), a regular las relaciones interprofesionales en
el sector agroalimentario. Aquí accederíamos a la enmienda de
sustitución del Grupo Socialista, por reconocer que esta
regulación fue una iniciativa aprobada en esta misma Cámara.

Los apartados B), de modernización de las estructuras
agrarias, C), de desarrollo del mundo rural y D), de
coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, no
tienen enmiendas y, por tanto, se mantienen en su texto
íntegro. Al apartado E), cuyo texto dice: Analizar
conjuntamente con las comunidades autónomas las causas y
efectos de los retrasos producidos en la tramitación y
concesión de subvenciones a los agricultores acogidos a los
planes de mejoras estructurales y otras ayudas del Real
decreto 808/1987, con la finalidad de estudiar posibles
compensaciones que en su caso pudieran corresponder, aceptamos
la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, porque sigue
casi literalmente el texto de la moción, se introduce la
consulta a las comunidades autónomas y en ella se acepta que
los retrasos en los pagos de las subvenciones podrán generar
compensaciones, lo que pensamos que es un importante
precedente y una demostración de buena voluntad, que tendrá
que tener continuidad, por descontado, con el pago efectivo de
estas compensaciones a unos retrasos que tanto han perjudicado
a las empresas familiares agrarias, que querían modernizar sus
estructuras para hacerlas competitivas. No podemos aceptar, en
cambio, las dos enmiendas del Partido Popular a este apartado,
por imposibilidad reglamentaria. Sin embargo, aceptamos añadir
el apartado F), con el texto de la enmienda del Partido
Popular, para establecer en el menor plazo posible un sistema
de módulos de tributación de los agricultores por el IRPF.

También añadiríamos un punto G), tal como solicita la enmienda
del Partido Popular, pero con el texto transaccional
siguiente: Sustituir en el curso del año 1994 el sistema
actual de cotización por jornadas teóricas de la Seguridad
Social. Finalmente, respecto a las enmiendas de adición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, les ofrecemos un
texto transaccional a las dos primeras enmiendas, que sería el
apartado H), y que propondría instar al Gobierno a avanzar en
el acuerdo-marco alcanzado entre las organizaciones
profesionales agrarias y el Ministerio de Agricultura, porque
tienen razón en que este acuerdo-marco necesita un nuevo
impulso. No podemos aceptar la tercera enmienda de adición en
la que solicita una nueva comparecencia del Gobierno para
informar sobre las negociaciones del GATT en áreas de
servicios y cultura, que escapan, entendemos, a la finalidad
de esta moción, pero nuestro Grupo apoyaría su trámite en el
Pleno o en la Comisión pertinente.




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Mi Grupo ha intentando, señorías, llegar a un consenso con
todos los grupos enmendantes de la Cámara. Les aseguro que no
ha sido fácil y que ha sido un esfuerzo, en cierta manera,
agotador. Pero si se obtiene su voto favorable, habrá valido
la pena, porque habrá dejado de ser una moción del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) para pasar a ser una solución
razonable de todo el Congreso de los Diputados; una solución
parcial, si se quiere, pero una solución para prestar un buen
servicio al mundo agrario y ganadero del país. Gracias a
todos, señorías, especialmente si acompañan su voto favorable
con la retirada de sus enmiendas. Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Vidal. A la moción del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se han presentado enmiendas por parte de
los Grupos de Coalición Canaria, Izquierda Unida, Popular y
Socialista. Para la presentación de la enmienda de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en
nombre de Coalición Canaria comienzo por agradecer al portavoz
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) la aceptación de una
de las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo. Y paso a
hacer los siguientes comentarios: En primer lugar, Coalición
Canaria considera muy oportuno y pertinente que el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) haya traído esta moción
consecuencia de interpelación porque coincidimos con el
comunicado que el día 16 de septiembre remitió a los
portavoces el Ministro de la Presidencia, señor Rubalcaba,
dándonos cuenta de la posición española en un memorándum sobre
las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Quiero
resaltar de ese memorándum del Gobierno español unas palabras,
digamos, preocupantes para todos. Son que en el propio
memorándum, en el comercio agrícola, que quieren tener sin
nuevas tensiones, señala ya el Gobierno la considerable
incertidumbre que existe para los productos agrarios
españoles. En segundo lugar, porque el propio memorándum del
Gobierno señala una de las cuestiones fundamentales: la
aplicación equilibrada del derecho de la preferencia
comunitaria. Es en ese marco donde han sido hechas las
enmiendas de Coalición Canaria, reflejadas fundamentalmente en
los extremos que diré a continuación. Comienzo por decir al
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) proponente
que la enmienda número 1 al punto 2 la retiramos, una vez
escuchadas sus explicaciones. Igualmente, la enmienda número
2, una vez que se ha aclarado aquí que cuando el texto del
Grupo Catalán se refiere a producciones mediterráneas ha
comprendido entre las mismas las meridionales peninsulares y
las insulares canarias. Digo esto porque no se vaya a
interpretar que solamente se está refiriendo a cultivos de la
cuenca del Mediterráneo, donde en este momento, por ejemplo,
entraría el tomate producido en Alicante, en Murcia y Almería,
pero no el producido en Cádiz y menos el producido en
Canarias. Y porque no está considerado cultivo mediterráneo el
plátano --por poner un ejemplo--, sobre lo que el propio
Presidente del Gobierno --dicho expresamente en esta Cámara en
anteriores debates--, en reuniones de los Jefes de Gobierno y
de Estado de la Comunidad Económica Europea, ha tomado causa
por la defensa de esta típica y genuina producción canaria
dentro de las producciones agrícolas, españolas. Una vez
aceptada la enmienda número 4 por el Grupo Catalán, quiero
decir que nos tranquiliza esta aceptación, porque si se
hubiera dejado el texto como figuraba, en el que se hace un
planteamiento de reconversión, mal mensaje de optimismo
hubieran recibido muchos agricultores de estos sectores
hortofrutícolas, que lo que quieren es mantener su cultivo en
líneas de modernización, en líneas de productividad y en
líneas de competitividad. Nosotros introducimos las
facilidades crediticias porque el Secretario General de
Producciones Agrarias dijo en su comparecencia en la Comisión
correspondiente hace una semana que el Gobierno preparaba un
Real decreto de medidas crediticias para el fomento de la
modernización de las explotaciones de tomate en España. Quiero
significar a SS.SS. que estamos hablando prácticamente de
cinco provincias españolas, que son las que figuran en el
«ranking» español de exportación al Mercado Común del tomate:
Almería, Murcia, Alicante y las dos provincias canarias de Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Pues bien, señorías, sobre
nuestra enmienda número 3 --que voy a defender aunque el
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha dicho que
no la aceptaba-- quiero hacer, en primer lugar, una
observación: hay un defecto en la transcripción del texto. La
solicitud y consecución del adelantamiento del calendario de
aplicación del precio de referencia en defensa --faltaba esa
frase-- del tomate español, en atención a los ciclos
productivos meridionales y canarios, pasando del actual
primero de abril a primero de enero. ¿Por qué decimos esto,
señorías? En este momento, de los productores comunitarios de
este producto hortofrutícola el único que está blindado y
protegido con las preferencias comunitarias es Holanda, porque
Holanda entra en un período tardío de producción, y el gran
competidor tercero es precisamente Marruecos. Marruecos
compite con el tomate europeo y concretamente con el español y
el canario especialmente por el adelanto en la temporada,
porque tiene unos salarios de hambre. Y a esos salarios con
que se paga la recogida



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en Marruecos no hay competidor posible, ni con los salarios
holandeses, ni con los salarios con que se paga en España la
recogida de este fruto. Pues bien, nosotros lo que pretendemos
es que estas producciones de estas cinco provincias españolas
(las tres peninsulares que he citado y las dos canarias)
tengan reconocidas las preferencias comunitarias y se
encuentren, al menos hasta el 20 de febrero, protegidas frente
al tomate marroquí, que se introduce en los mercados europeos
con un tratamiento en verdad preferencial y que una de dos: o
la Comunidad Económica Europea sube los derechos
preferenciales para el tomate marroquí, para permitir una
competitividad de las producciones europeas (las holandesas ya
están blindadas; las francesas, menos, pero las que están más
indefensas son las españolas), metiendo, a partir del 20 de
febrero, los derechos preferenciales para el producto
marroquí, o se hace un reajuste de la cuantía en ecus (en este
momento se están pidiendo 145 ecus por 100 kilos) para hacer
esta actuación. Quiero señalar a la Cámara en qué cifras nos
estamos moviendo. Señorías, en la campaña 1991-1992, la
exportación al área del Mercado Común europeo fue: la
península, 149.000 toneladas; Canarias, 235.000; y Marruecos,
127.000. Pero en la campaña que acaba de finalizar, 1992-1993,
de exportación, Canarias aporta 275.000 toneladas; península,
181.000 toneladas; y Marruecos, 173.000 toneladas. Lo que
ocurre es que de estas 173.000 toneladas, Marruecos se
beneficia de la falta de protección de las preferencias
comunitarias desde febrero hasta abril del tomate de
producción española. Nosotros queríamos que esta moción
consecuencia de interpelación que traía el Grupo Catalán
recogiera esta peculiaridad que nosotros hemos hecho por
entender que estaba dentro del espíritu que nosotros
compartimos --y vamos a dar nuestro apoyo a la propia moción,
sea cual sea el resultado de aceptación de esta enmienda que
nosotros señalábamos-- y por entender que si queda ya dicho la
batalla que se presentará frente al GATT y frente a la Ronda
Uruguay, incluso frente a Alemania, en el tema del plátano
procedente del área dólar (porque aquí hacemos una
consideración integral de la defensa de la agricultura
española en cualquiera de estas producciones hortofrutícolas),
nosotros nos daríamos por satisfechos. De esto quería dejar
constancia. Vamos a votar favorablemente esta moción.

Aceptamos lo dicho por el portavoz del Grupo Catalán aceptando
esta enmienda. Sí queríamos hacer la aclaración de la
ampliación del precio de referencia para la defensa del tomate
español frente a terceros no comunitarios, que aquí no lo
hemos puesto, pero, como digo, el competidor es precisamente
Marruecos. Nada más y muchas gracias, señorías.El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Para
la presentación de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, ya dijimos en la sustanciación de la interpelación
que ésta era importante, que esperábamos que la moción
estuviese a la altura de la iniciativa política y que
anunciábamos que, por nuestra parte, íbamos a contribuir a
darle el máximo nivel político, que creemos que corresponde a
los tiempos que corren a la negociación de la que estamos
hablando, la Ronda Uruguay del GATT, y a la premura con que
algunos dicen querer cerrar esta Ronda Uruguay antes del 15 de
diciembre. Nosotros anunciamos que íbamos a solicitarlo y así
lo hacemos en una enmienda de adición. No puedo entender que
el grupo proponente, el Grupo Socialista o cualquier otro
grupo de la Cámara, pero quien tiene la llave es el Grupo
proponente, nos diga que nos firmarán una petición conjunta
para solicitar al Gobierno que acuda a esta Cámara a hacer un
debate político general sobre el GATT y cuando hoy lo podemos
votar todos a la vez, no quieran. Son excusas de mal pagador,
señor Vidal. Si ustedes quisieran políticamente abordarían lo
que está detrás de su moción, que ya le anuncio que vamos a
votar favorablemente y acepto la transacción que me ofrece,
moción que presenta enmiendas parciales, que presenta
soluciones parciales a los problemas que la Ronda Uruguay del
GATT puede generar sobre la política agraria común y sobre la
política española. Voy a significar políticamente sobre qué
descansa, señor Vidal. Descansa sobre mayores gastos del
Estado español o de la Comunidad. No descansa sobre una buena
negociación de la Comunidad Económica Europea con el resto de
los países comunitarios en temas agrícolas, en temas de
servicios, en temas de cultura. La Ministra del ramo pide que
se hable de la exclusión cultural. El señor Mitterrand, el
otro día, en la cumbre de la francofonía, recogió 44 votos de
países francófonos que van a firmar o no la Ronda Uruguay,
pero que, en todo caso, van a pedir la exclusión cultural.

¿Dónde está el Presidente de nuestro Gobierno, o el Jefe de
nuestro Estado reuniendo a la comunidad iberoamericana para
hablar de la especificidad cultural del castellano que algunos
dicen tanto defender? ¿Por qué no se habla de esto
políticamente en esta Cámara? ¿Del conjunto de los problemas
que plantea la negociación agrícola, la negociación en
servicios, la negociación de algo tan importante como es la
identidad y especificidad cultural europea española con todos
su componentes (catalana, española, vasca, gallega)? ¿Por qué
no hablamos de eso? ¿Por qué se niega el Grupo Socialista a
facilitar que venga aquí el Presidente del Gobierno, Ministra
de Cultura, Ministro de Comercio, Ministro de Asuntos
Exteriores, quien ustedes



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quieran? ¿Por qué no hacemos un debate político de la posición
española sobre la negociación del GATT? En el memorándum que
tantas veces se ha citado se dice con prudencia que España no
tomará una posición final ante el acuerdo para la conclusión
de la Ronda en función del contenido concreto de los acuerdos
multilaterales. Al final del memorándum se vuelve a repetir
que las autoridades españolas pretenden recordar con claridad,
en aras a una mayor transparencia y con ánimo constructivo,
las preocupaciones españolas por buscar una solución global y
equilibrada de la Ronda. Más adelante se dice que la solución
que ahora se propone en la Ronda no es equilibrada. ¿Por qué
no hacemos un debate político global sobre la posición del
Gobierno español en la Ronda Uruguay del GATT? ¿Es que sólo el
señor Balladur tiene capacidad de plantear problemas sentidos
por muchos europeos, no sólo por la derecha francesa, por
muchos más europeos que los que pueda representar
políticamente el señor Balladur? ¿Por qué no hablamos de
servicios? ¿Por qué no hablamos de identidad cultural o de
excepción cultural? ¿Por qué no hablamos de cómo, con toda
seguridad --y el señor Mickey Kantor lo ha dicho así de crudo-
-, la Ronda Uruguay del GATT lesiona e impide el despliegue de
la reforma de la política agraria común? Esto lo dice el
«memorandum» del Gobierno y por eso no se moja --como se dice
vulgarmente-- en cuál será la postura final del Gobierno
español. ¿Por qué no la debatimos aquí en esta Cámara? ¿Por
qué el Gobierno se hurta a este debate? Tenemos poco tiempo,
el 15 de diciembre teóricamente debe acabar esta Ronda Uruguay
del GATT, ¿por qué esta negativa repetida a la discusión
política global? No me refiero a los acuerdos que el ponente
del Grupo de Convergència i Unió nos ha traído, que son buenos
acuerdos, aunque tienen un defecto que ya he señalado, señor
Diputado, y es que quien pagaría los costes de estos acuerdos,
que son buenos, seríamos o los españoles de nuestro bolsillo o
la Comunidad de nuestro bolsillo, no una buena negociación con
el GATT. Es por todo esto por lo que nuestro Grupo
Parlamentario cree que el Gobierno español, el Presidente
González en la próxima cumbre de Bruselas, debería plantear
que España también quiere renegociar los acuerdos de Blair
House. Esto hay que decirlo claramente, no hay que pensarlo,
hay que intentar renegociarlos, tenemos que discutir en esta
Cámara y buscar el máximo consenso posible sobre cuál sería la
posición de esta Cámara y del Gobierno con el soporte de esta
Cámara sobre temas tan importantes como política agraria
común, servicios o, sobre todo, identidad cultural europea,
incluida en ella, naturalmente, la española. No querer hacer
este debate es para nosotros absolutamente incomprensible. No
entendemos cómo pudiendo hoy ya acordar que el debate lo vamos
a tener, hemos de aceptar el subterfugio que nos propone el
señor Vidal para decir que hoy no pero mañana, sí. Pues si
mañana sí, hoy también. Sé que otros grupos parlamentarios
estarían absolutamente de acuerdo con esta propuesta y me
extraña la contumacia con que convergentes y socialistas se
niegan a un debate necesario, que está en Europa, que está en
Francia, pero que en España no está porque el Gobierno no
quiere; ¿es que tiene algo que esconder? No lo sé, pero a los
hechos me remito.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la presentación
de la enmienda del Grupo Popular, el señor Pascual tiene la
palabra.




El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, subo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a
esta tribuna para fijar postura y defender las enmiendas sobre
la presente moción consecuencia de interpelación, presentada
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre el GATT y el
preacuerdo de Blair House. Señorías, el preacuerdo alcanzado
entre los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea
sobre materia agraria, denominado de Blair House, va a traer
grandes repercusiones sobre la agricultura europea, pero,
principalmente, sobre la agricultura española y dentro de
ésta, en mayor medida, sobre los denominados productos
mediterráneos. Es un nuevo esfuerzo que se les exige a
nuestros agricultores. Como ya dije en mi intervención en la
pasada interpelación, ésta va a ser la tercera vez que se les
exija a los agricultores españoles un gran esfuerzo, una gran
adaptación ante los acontecimientos internacionales. Primero
fue con el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica
Europea; segundo, con la entrada en vigor del Mercado Unico
Europeo; y tercero, las consecuencias que se derivan del GATT,
con este citado acuerdo de Blair House, que bajo la
negociación del GATT, se está debatiendo en estos momentos y
que lleva consigo un aumento a nivel mundial de la
liberalización de los intercambios comerciales y de la
reducción de las subvenciones de los países a sus
producciones. Indudablemente, el acuerdo del GATT traerá
consigo un aumento de los intercambios comerciales.

Efectivamente, según el informe reciente del Banco Mundial
sobre la liberalización comercial y sus implicaciones
económicas globales, se establecen dos bandos como
consecuencia del GATT: los perdedores y los ganadores. Está
claro quiénes son los perdedores: una vez más, son los
agricultores europeos. Esto tanto por causa de la apertura de
su mercado interno a los productos de otros países, como por
el descenso de las subvenciones a las producciones agrarias.

Las pérdidas para este sector las cifra el citado informe del
Banco Mundial entre



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2.000 y 21.000 millones de pesetas en los próximos años. Esta
es, señorías, la gran preocupación del Grupo Popular. ¿Qué
medidas vamos a tomar en España para evitar al máximo estas
repercusiones en nuestro sector agrario? En estos momentos, el
Grupo Parlamentario Popular va a actuar por dos vías. Primero,
vía Presupuestos, ya han sido presentadas 168 enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado, en concreto a la Sección
21, que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, quitando, por un lado, gastos superfluos,
evitando organismos innecesarios, máxime en un año de
presupuestos marcadamente restrictivos; añadiendo y
trasvasando estos ahorros, más de 55.000 millones de pesetas,
a la inversión en el sector productor para la mejora de las
estructuras, para la mejora de las medidas de acompañamiento,
etcétera, en definitiva, para mejorar el campo ante los retos
internacionales. En segundo lugar, mejorando con nuestras
enmiendas la presente moción que estamos debatiendo y que
posteriormente vamos a votar, así como apoyando las enmiendas
de los otros Grupos, sobre todo, las de los Grupos Canario e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La moción es
oportuna --se ha demostrado con la cantidad de enmiendas
presentadas por los distintos grupos-- por las consecuencias
negativas que este acuerdo va a traer a nuestra agricultura.

El Grupo proponente la ha dividido --como muy bien ha dicho su
portavoz-- en dos partes: primera parte, consecuencias
directas del GATT y, segunda parte, medidas de tipo nacional a
adoptar para compensar las citadas consecuencias. Pues bien,
la primera de las enmiendas que hemos presentado es de adición
y se refiere al punto 2, sobre el mantenimiento de la
preferencia comunitaria para los productos aún no reformados.

A este artículo añadiríamos: «Así como para los productos que
no dispongan de una OCM propia, tales como los frutos secos
avellanas y almendras, leguminosas, patatas, etcétera». Esto
es indispensable para el mantenimiento de la preferencia
comunitaria y también para las producciones que no están
protegidas por OCM específicas, como ocurre con los citados
frutos secos, leguminosas y patatas, porque aunque los frutos
secos, señorías, están dentro de la OCM de frutas y
hortalizas, es bien sabido que no disfrutan, ni mucho menos,
de las mismas ventajas: no tienen precios de intervención, por
tanto, no hay retirada; no tienen precios de referencia, y
tienen mucha menos protección arancelaria que las frutas y
hortalizas. La siguiente enmienda es de adición al punto 5,
que atañe a los sectores ya afectados por la reforma de la
PAC, en el que incluimos, aparte del lácteo y la carne de
vacuno que cita la moción, los cereales, porque esun producto
al que la posición del GATT puede poner en peligro. La
siguiente enmienda, también de adición, añade un nuevo punto,
el 7 que, según ha manifestado el proponente, se va a aceptar.

Se trata de exigir que en las negociaciones que se llevan a
cabo en el seno del GATT se defienda el mantenimiento de las
denominaciones de origen para sus productos agrarios. Creo que
el proponente ha acertado al aceptarla, porque, si no, ya me
dirá el señor Vidal cómo va a explicar en su tierra que, por
ejemplo, una denominación como el cava se pueda perder, así
como otras muchas denominaciones importantes. A la segunda
parte de las medidas que contempla la moción, concretamente a
la letra E hemos presentado dos enmiendas, una de adición,
técnica. Simplemente se trata de reflejar los Reales Decretos
números 808/1987 y 1887/1991. La segunda enmienda se refiere
al mismo punto, sobre endeudamiento del sector agrario. Nos
han rechazado el garantizar el urgente pago del endeudamiento
de muchos agricultores por los intereses que han tenido que
pagar al no recibir las ayudas prometidas del Ministerio de
Agricultura. Han tardado uno o varios años en llegar estas
ayudas y han tenido que recurrir a créditos puente, a unos
intereses muy superiores que por el dinero que han percibido
por sus productos, no han podido soportar, lo que les ha
llevado a la ruina económica. Creemos que se dan largas al
asunto y que no hay un verdadero interés en resolver este
problema de una forma urgente. Asimismo, presentamos otra
enmienda de adición incluyendo un nuevo punto, el F, en el que
se pide el establecimiento, en el menor plazo posible, tras la
correspondiente negociación con las organizaciones
profesionales agrarias, de un sistema de módulos a efectos de
la tributación de los agricultores y ganaderos en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Es importantísimo que
se negocie con las organizaciones agrarias un nuevo sistema
fiscal para el campo que se adapte a la realidad, tanto social
como económica, de nuestros agricultores y, por tanto, vemos
un nuevo acierto en la aceptación por parte del Grupo
proponente. Añadimos también un nuevo punto G en el que se
propone derogar urgentemente el sistema de cotización de
jornadas teóricas en la Seguridad Social agraria, promesa que
se hizo el pasado mes de marzo, víspera de elecciones
generales, con una marcha verde por las calles de Madrid y
que, de cierta forma, se ha descafeinado por la transaccional
que ha presentado el Grupo Socialista. Es importante porque el
sector está demandando esta promesa y tenemos que conseguirlo.

Por último, he dicho que estamos de acuerdo con las enmiendas
que han presentado tanto el Grupo de Coalición Canaria como el
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero me gustaría
incidir en la enmienda de



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adición del Grupo de Izquierda Unida, en la que se solicita la
comparecencia del Gobierno para dar cuenta de los acuerdos
tomados en los Consejos de Ministros de la CEE, con especial
atención a los capítulos de agricultura, servicios y cultura.

Estamos de acuerdo en que hace falta un gran debate sobre este
tema aquí en esta Cámara, porque los asuntos importantes de
este país no se deben debatir por parte de los miembros del
Gobierno en las televisiones adictas a él, sin venir a esta
Cámara, que es el foro de representación y de opinión del
pueblo español. Una vez más, nos tememos que se hurte este
debate a esta Cámara y se traslade, como se está haciendo con
otros debates, a medios de comunicación afines al Gobierno
socialista. Es una lástima que no se hayan aceptado totalmente
nuestras iniciativas y que esta moción haya quedado un poco
descafeinada. Esperemos no tener que reincidir en estos temas
dentro de poco tiempo porque no hayamos estado a la altura o
no hayamos denunciado suficientemente la situación que va a
deparar a nuestros agricultores. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para presentar la
enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras
y señores Diputados, a estas alturas de la noche espero y
deseo ser muy breve en el turno de defensa de la enmienda del
Grupo Socialista a esta moción consecuencia de interpelación
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y quiero manifestar
nuestra posición respecto a las enmiendas de otros grupos y a
las transacciones ofrecidas por el propio Grupo proponente
respecto a dichas enmiendas. En primer lugar, nos gustaría
recordar que éste es el tercer debate sobre temas agrarios que
se realiza en esta Cámara en este período de sesiones después
de las elecciones generales. Hemos celebrado un primer debate
sobre una proposición no de ley del Grupo Popular, de un
supuesto plan integral agrario; ha habido un debate con la
comparecencia del señor Ministro en Comisión, para exponer los
temas generales del Departamento y el propósito del Gobierno
en la legislatura y, en tercer lugar, ha habido un debate en
la propia interpelación, que agrupo con este tercero
consecuencia de la misma. Nuestro Grupo valora la evolución de
estos debates de una forma muy favorable. Desde el inicio del
primero, nuestro Grupo formuló propuestas de avance y de
consenso que fueron aceptadas por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y por algunos otros, pero que fueron,
por el contrario, rechazadas por el Grupo Popular y, en parte,
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A lo largo de
los siguientes debates, en la comparecencia propia del señor
Ministro, esa oferta de diálogo fue también lanzada por el
propio señor Ministro y reiterada por nosotros y por los demás
grupos. Vemos, como decía, muy favorable la evolución porque
en este nuevo debate parece que hay un cierto espíritu de
consenso y de aproximación que valoramos altamente. Creemos
que se empieza a hacer dejación de las posiciones
maximalistas, que se acercan posiciones hacialos grandes
objetivos, que se establecen las prioridades y, por tanto, se
establecen las renuncias a determinadas cuestiones que son
accesorias respecto a esos grandes objetivos. Siempre que se
establecen prioridades hay que dejar algo en el camino y, por
tanto, creemos que hoy todos estamos dejando algo en el camino
para conseguir ese amplio consenso en esta moción importante,
oportuna, pertinente en cuanto a la situación de las
negociaciones del GATT y a las medidas de política nacional de
mayor urgencia a adoptar en nuestro país. Hacemos extensiva
esta opinión favorable no sólo al Grupo proponente, sino a
todos los grupos enmendantes sobre la prudencia y el acierto
al enfocar globalmente de forma adecuada los temas que estamos
tratando, aunque algunos grupos no han podido evitar la
tentación de intentar hacer algún nuevo maximalismo, que a
última hora ha sido corregido adecuadamente con la retirada de
alguna enmienda. Esto es lo destacable de esta moción
consecuencia de la interpelación y creemos que estamos
avanzando en plasmar esto en un gran paquete de acuerdos, que
todos vamos a votar favorablemente, en un gran bloque de
intenciones y de objetivos a conseguir en nuestra política
agraria y en nuestra política de negociación en el GATT. Por
tanto, nos felicitamos por esta moción favorable, aunque
seguimos abiertos a continuar y a profundizar en el diálogo en
las restantes materias que todavía nos separan. Paso ya muy
brevemente a defender nuestras enmiendas. Dos tienen un
carácter más técnico, de estructura del propio contenido y de
dar coherencia a los bloques dispositivos de la moción y,
otra, tiene un contenido más de fondo al que luego me
referiré. Como la moción tiene un paquete de acuerdos hacia el
GATT que se refieren a sectores no reformados por la PAC, por
una parte y a otros sectores ya reformados, por otra, hacemos
una diferenciación. Suprimimos el punto 5 y trasladamos los
sectores ya reformados a un nuevo párrafo, que es un punto que
no va numerado y que sería un nuevo párrafo intermedio entre
los dos bloques en que actualmente está dividida la moción. En
las medidas de política nacional hacemos una mejora técnica en
el punto A, que creemos que es un reconocimiento también a las
labores del propio Parlamento, y le damos una nueva redacción
al punto E, que es más ajustado a la realidad. Efectivamente,
puede haber problemas de endeudamiento de los agricultores
acogidos a planes de mejora y otras ayudas del Real Decreto



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808/1987, pero debemos trabajar de una forma prudente y no
aventurar el diagnóstico inmediatamente. Aclaramos que parte
de ese endeudamiento, que puede ser real, puede ser debido --
hay que reconocerlo-- a las propias inversiones realizadas en
las mejoras que no estaban subvencionadas, a la parte de las
inversiones que el propio agricultor también tendría que
financiar por su cuenta. Por tanto, hay que ser prudente a la
hora de evaluar la incidencia de los retrasos en ese
endeudamiento, no englobar todo y decir que el endeudamiento
es debido solamente, a los retrasos en el pago. Por eso
hacemos una redacción prudente de análisis y evaluación de la
situación para establecer, si correspondiesen, las medidas
compensatorias que procedieran. Es una redacción más ajustada
a esa situación del Decreto 808/1987 y a la posible
financiación de lo debido por los retrasos. Termino, señorías,
haciendo una sugerencia para que el texto quede coherentemente
estructurado. Al aceptar enmiendas de otros grupos, tal como
ha sido anunciado por el Grupo Catalán, hay una enmienda
transaccional con Izquierda Unida referente al avance en el
acuerdo-marco del Ministerio con las organizaciones
profesionales que se debería situar como punto F, antes de los
puntos F y G del Grupo Popular, que se refieren a los módulos
del IRPF y a la sustitución de las jornadas teóricas, puesto
que esas medidas son parte de ese acuerdo-marco y
significarían ya ese avance. Por eso, sería más coherente que
estuvieran situadas en los acuerdos dispositivos, después de
esa instancia al avance en el acuerdo-marco y posteriormente,
como puntos G y H, los que el Grupo Popular presenta como F) y
como G), con la transacción que el Grupo Catalán ha propuesto.

Quedaría un bloque de consenso muy importante respecto a las
negociaciones GATT en sectores no reformados y en sectores ya
reformados, así como un bloque de consenso muy importante en
cuanto a las medidas de política nacional que son necesarias
en nuestro país y en las que debemos seguir avanzando para
instrumentar y hacer prácticas esas medidas de cara a los
grandes objetivos, a los que estamos consiguiendo llegar en
ese avance de consenso del que esperamos seguir participando y
quedamos abiertos al debate. Para terminar, quiero hacer una
referencia final a la petición de un debate global sobre el
GATT. Estamos discutiendo hoy parte de ese asunto. Debatimos
la semana pasada con el Ministerio, se ha discutido en
Comisión y podemos continuar en cualquier momento. Así lo ha
manifestado el resto de los portavoces de los grupos. Estamos
abiertos a seguir debatiendo este tema como corresponda en
cada caso. Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo celebra
esta evolución favorable del consenso y esperemos que todos
apoyemos unánimemente las enmiendas y las transacciones que
han sido planteadas por el Grupo proponente y por el contenido
de su moción. Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Roncero. ¿Algunos de los Grupos que no haya presentado
enmiendas, quiere fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, con relación a la moción consecuencia de
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) sobre la posición española ante los
acuerdos agrícolas en el seno del GATT y su incidencia sobre
el sector agrario, el Grupo Vasco quiere realizar las
siguientes consideraciones. Primero, llama la atención la gran
importancia que las negociaciones multilaterales del GATT han
otorgado a la agricultura, a pesar de que cuando se inició el
debate de la Ronda Uruguay, en 1986, los mercados agrarios
estaban inmersos en una crisis como consecuencia de los
excedentes agrícolas. La crisis afectaba tanto al agricultor
comunitario, como al estadounidense, como al contribuyente,
que veía cómo se disparaban los gastos agrícolas de los
Gobiernos. En este contexto, los Estados Unidos han criticado
y desprestigiado la política agrícola común en favor de sus
intereses. Desde el Grupo Vasco entendemos que las presiones
norteamericanas sobre la protección de la agricultura
comunitaria no deben ser tomadas en cuenta y ha de continuarse
con la política agraria de protección de la agricultura
familiar, pues Estados Unidos también se protege, cada vez más
frente, al acero europeo y los automóviles japoneses.

Señorías, detrás del Acuerdo de Blair House existe algo más
que una amenaza para la agricultura comunitaria que pueda ser
compensada con ganancias en otros sectores económicos. Está en
juego algo que los distintos grupos parlamentarios hemos
mencionado, que es el respeto al principio de preferencia
comunitaria, ya que si no consagramos y definimos
adecuadamente este principio, la economía europea hará aguas
debido a que la situación económica actual responde no sólo a
una crisis de carácter coyuntural, sino que también es el
resultado de su progresiva pérdida de competitividad en el
escenario internacional. La liberalización del comercio --
justo es reconocerlo-- es un factor clave para relanzar el
crecimiento económico y reducir el desempleo, pero no es un
fin en sí mismo, sino un medio. El fin es la prosperidad, la
solidaridad y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos.




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Cuando reiteramos la garantía del principio de preferencia
comunitaria no estamos abogando por una agricultura puramente
proteccionista, sino por la preservación de la renta de los
agricultores. Así, tampoco coincidimos con Francia que
defiende una política ultrabilateral para productos como la
patata y, a la vez, quiere una política proteccionista, frente
a los Estados Unidos, en productos como el maíz. El preacuerdo
del GATT implica la reducción del apoyo interno a la
agricultura comunitaria y el reconocimiento de la
compatibilidad del mismo con las ayudas directas, tanto por
hectárea como por animal, previstas en la reforma de la PAC:
oleaginosas, cereales y carne de vacuno, originándose una
situación en la que existen organizaciones comunes de mercado
reformadas y organizaciones comunes de mercado sin reformar.

Es sobre estos últimos donde coincidimos con el texto de la
moción en que se debe garantizar la preferencia comunitaria y
coincidimos también con lo manifestado por el Ministro de
Agricultura, señor Albero, en que el acuerdo del Consejo
comunitario, del pasado 20 de septiembre, es esperanzador y
positivo en la medida en que se pretenden garantizar las
rentas agrarias y la preferencia comunitaria en las OCM no
reformadas de frutas, hortalizas, vino y arroz. Coincidimos
con la enmienda presentada por el Grupo Popular en cuanto a
mantener y reforzar esta preferencia comunitaria sobre
productos agrícolas no sujetos a organización común de
mercado, como la patata. Estamos de acuerdo también con el
texto presentado por el Grupo Catalán de que el horizonte
temporal de seis años, hasta 1999, previsto para la cláusula
de PAC y para la clásula de salvaguarda, es insuficiente al no
otorgar garantías adecuadas a la actividad agrícola
comunitaria. Así, mediante la cláusula de PAC se evita que se
puedan emprender por Estados Unidos acciones unilaterales de
represalia y, por la cláusula de salvaguarda, consagrar, sin
límite temporal, la posibilidad de proteger los mercados
agrícolas comunitarios contra importaciones excesivas y a bajo
precio procedentes de terceros países y para cuyo uso debe
tomarse, a nuestro juicio, el precio de referencia
comunitario. Coincidimos asimismo con el Grupo Catalán es
mantener una defensa de las rentas agrarias de los productores
de leche, carne y oleaginosas, que resultan afectados por el
preacuerdo relativo a la reducción de las exportaciones
subvencionadas en un 21 por ciento durante el horizonte
temporal de seis años, 1993-1999. Esta parte del preacuerdo
del GATT, la reducción de las exportaciones subvencionadas, es
preocupante pues va a originar un incremento de la oferta de
dichos productos que supondrá una reducción de los precios en
el mercado comunitario con el consabido decremento de las
rentas de los agricultores europeos. Esta medida vuelve a
generar incertidumbre e inquietud en la agricultura de corte
familiar, que es la que verdaderamente necesita de las ayudas
directas, en contraposición a los grandes cerealistas y
productores de leche nórdicos, que no necesitan de las ayudas
directas que ha establecido la política agraria comunitaria.

Finalmente, señor Presidente, la moción del Grupo Catalán
plantea una serie de medidas complementarias a las debatidas y
que también han sido objeto de discusión parlamentaria en
recientes debates, como ha señalado el portavoz del Grupo
Popular. En primer lugar, la aprobación de una ley que regule
las relaciones interprofesionales, con lo que estamos de
acuerdo, en la medida en que es necesario que exista un
instrumento legal que regule las relaciones entre los sectores
productor, industrial y de la distribución, y que existan
instrumentos para disciplinar los precios, evitar la caída de
los mismos y poner en marcha el mecanismo de retirada de
productos. Asimismo, coincidimos con la enmienda planteada por
el Grupo Socialista y que estamos dispuestos a apoyar si es
aceptada por el Grupo Parlamentario Catalán. En segundo lugar,
en cuanto a la modernización de las estructuras agrarias,
nuevamente se pide la necesidad de disponer de un texto legal,
aspecto sobre el cual ya coincidimos los distintos grupos
parlamentarios en los debates que ha habido en esta Cámara y,
últimamente, en el que tuvimos ocasión de celebrar en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la
comparecencia del señor Ministro, señor Albero. En tercer
lugar, señorías, queremos manifestar también que estando de
acuerdo con el principio de cooperación entre los poderes
centrales del Estado y las comunidades autónomas, el Grupo
Vasco, como ya hemos indicado en intervenciones anteriores,
muestra una posición favorable a que se distribuya el poder
del Servicio Nacional de Productos Agrarios, SENPA, a las
comunidades autónomas. La sentencia del Tribunal
Constitucional, de 28 de mayo de 1992, caracteriza a las
comunidades autónomas como la Administración territorial
ordinaria en materia de gestión agrícola y ganadera; por lo
tanto, es a éstas, y no propiamente a la Administración
central, a las que corresponde gestionar las ayudas dimanantes
de los fondos comunitarios gestionados por el Servicio
Nacional de Productos Agrarios. Termino, señor Presidente,
indicando que nos parece muy oportuna la enmienda de adición
presentada por el Grupo Popular relativa al establecimiento de
un régimen de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por el sistema de módulos para agricultores y
ganaderos, por lo que manifestamos nuestro voto positivo
siempre que sea aceptada por el Grupo proponente. Señor
Presidente, los debates habidos en el día de hoy en la Cámara,
tanto en el ámbito agrícola como en el ámbito pesquero, dan
satisfacción a este Grupo parlamentario



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en la medida en que se ha logrado integrar y hablar de las
voluntades de los diferentes grupos parlamentarios y buscar
una posición común para esos sectores primarios económicos tan
necesitados, como es el sector de la agricultura y la
ganadería y el sector de la flota de bajura de toda la cornisa
cantábrica. Nada más y muchas gracias. El señor VICEPRESIDENTE
(Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Señor Vidal,
aunque en su intervención inicial S.S. ya ha indicado cuáles
serían los apartados de las diferentes enmiendas que está
dispuesto a aceptar, dado el elevado número de propuestas que
se han realizado, le agradecería que de una manera sucinta nos
repitiera aquéllas que son aceptadas por S.S. El señor VIDAL I
SARDO: Señor Presidente, si le parece, voy a hacerlo por
orden, según consta en la moción. En el primer punto no hay
enmiendas, por lo tanto... El señor VICEPRESIDENTE (Beviá
Pastor): Perdón, yo preferiría que cogiera las enmiendas de
cada uno de los grupos y me indicara cuáles son las que
acepta, bien directamente, bien a través de alguna fórmula de
transacción que S.S. ha indicado en su intervención inicial.

¿Con relación a la enmienda de Coalición Canaria? El señor
VIDAL I SARDO: De Coalición Canaria solamente se ha aceptado
una enmienda al punto número 4 de la moción. El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Enmiendas de Izquierda Unida.

El señor VIDAL I SARDO: Las dos primeras enmiendas de
Izquierda Unida han sido transaccionadas y, si son retiradas,
se acepta la transacción. La tercera enmienda mi Grupo la va a
votar en contra. Si no la aceptan tampoco la aceptaríamos. El
señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Enmiendas del Grupo
Popular. El señor VIDAL I SARDO: Al punto número 2, el Grupo
Popular ha ofrecido una enmienda transaccional, junto con las
enmiendas de Coalición Canaria. Se añade un nuevo punto número
6 relativo a denominaciones de origen. En la letra F se
adiciona una enmienda del Grupo Popular, que hace referencia a
la declaración del IRPF por módulos, y en la letra G se
transacciona una enmienda con el Grupo Popular para legislar
las jornadas teóricas de la Seguridad Social.Se aceptan las
enmiendas de sustitución del Grupo Socialista. (El señor
Mardones Sevilla pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias. Tiene
la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, me ha parecido
entender mal al portavoz del Grupo Proponente. En su
intervención en la tribuna lo que dijo respecto de las
enmiendas de Coalición Canaria es que se aceptaba la enmienda
al punto número 6, no al punto número 4. Se tendría que
aceptar nuestra enmienda número 4 al punto número 6, que es la
que habla de facilidades crediticias. Sin embargo, ahora ha
dicho que se aceptaba la enmienda al punto 4, supongo que debe
ser un error. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Mardones, yo he entendido que se aceptaba la enmienda número
4. ¿Es así, señor Vidal? (El señor Espasa Oliver pide la
palabra.) El señor VIDAL I SARDO: Aceptamos la enmienda número
4 de Coalición Canaria y, por lo tanto, al punto número 6. El
señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Espasa había
pedido la palabra. ¿Acepta S.S. las transacciones?
(Asentimiento.) Gracias, señor Espasa. (El señor Roncero
Rodríguez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Roncero.

El señor RONCERO RODRIGUEZ: Querría, como he dicho en mi
intervención, si es posible y lo acepta el Grupo proponente,
que se cambiara el orden de las tres últimas letras: F, G y H.

Es decir, que fuera la primera de esas tres la que habla de
avanzar en el acuerdo marco propuesto por Izquierda Unida --
sería una transaccional que proponemos al grupo proponente--y
las letras G y H serían ahora las F y G que propone el PP
relativas a módulos y a sustituir jornadas teóricas. Lo he
trasladado por escrito a los servicios de la Cámara. El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Conforme, señor Vidal? El
señor VIDAL I SARDO: Se acepta porque esa ubicación es más
congruente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El
señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), con la incorporación de las
enmiendas que resultan de los



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términos del debate y de las propias palabras del señor Vidal
en el curso del mismo. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 259; a favor, 257; en contra, uno; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. El Pleno se
reanudará mañana, a las cuatro de la tarde. Se suspende la
sesión.




Eran las diez y diez minutos de la noche.




CORRECCION DE ERROR: En el «Diario de Sesiones» número 19, del
pasado 21 de octubre, página 634, aparece por error como hora
de apertura de la sesión las diez y cinco minutos de la mañana
cuando en realidad debería decir «a las once y cinco minutos
de la mañana».