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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 18, de 20/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 18 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 16
celebrada el miércoles, 20 de octubre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Declaración institucional:
--Sobre el atentado terrorista perpetrado en Madrid en la
mañana de ayer (Página 580)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo
Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 5.1, de 30
de julio de 1993 (número de expediente 110/000003) (Página 580)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 27.1, de 1 de octubre de 1993 (número de expediente
121/000013) (Página 580)
--Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 28.1, de 11 de octubre de 1993 (número de expediente
121/000014) (Página 580)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
19, de 21 de octubre de 1993)
SUMARIO
Se abre la sesión a la una de la tarde.
Declaración institucional (Página 584)
El señor Presidente propone a la Cámara, de acuerdo con lo
convenido el día anterior en la Junta de Portavoces, la
adopción de una declaración institucional expresando su más
radical condena ante el nuevo atentado terrorista perpetrado
en la mañana de ayer en Madrid, a la vez que desean hacer
llegar a las víctimas, a sus familiares y a las Fuerzas
Armadas su condolencia y solidaridad y reafirman el compromiso
de las instituciones democráticas de hacer frente a los
designios terroristas con toda firmeza y determinación.
La Cámara aprueba por asentimiento dicha declaración
institucional.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 584)
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo
Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993 (Página 584)
Para fijación de posiciones en torno al dictamen de la
Comisión de Asuntos Exteriores intervienen los señores
González Lizondo y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Tocino
Biscarolasaga, del Grupo Popular, y el señor Costa Costa, del
Grupo Socialista.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión de
Asuntos Exteriores por 305 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 593)
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994
(Página 593)
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por
Desempleo (Página 593)
En nombre del Gobierno presenta los proyectos de ley el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En relación con
el proyecto de Ley de Presupuestos para 1994 manifiesta que
aporta tres novedades claras respecto a los de años
anteriores. La primera, de fondo y más importante, es que se
presentan en un momento de crisis y de dificultades
económicas, sin que sea consuelo constatar que todos los
países de nuestro entorno están atravesando un momento
parecido. El crecimiento del producto interior bruto
experimentará un retroceso del 0,8 por ciento en 1993, con una
caída fuerte de la inversión, especialmente en bienes de
equipo, y una tasa de paro del 22,4 por ciento medida en
términos de EPA. Como consecuencia de esto, las cuentas
públicas también se han visto afectadas por la crisis,
reflejando un déficit del 6,2 por ciento del PIB, con
importantes caídas en los ingresos y desviaciones en el gasto,
especialmente en aquellas partidas que, como el desempleo,
reflejan más la situación cíclica de la economía. Señala que
los Presupuestos que hoy presentan tienen que ser una pieza
importante en la estrategia de superación de la crisis y
creación de empleo, sin pretender que sean la única
herramienta de que dispone la política económica del Gobierno
para conseguirla.
La segunda novedad deriva de la voluntad popular expresada en
las recientes elecciones generales de junio, resultado de las
cuales el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, aun
siendo el más numeroso, no tiene la mayoría necesaria para con
sus propias fuerzas aprobar la Ley de Presupuestos para 1994.
Los ciudadanos han querido instalar en esta Cámara una cultura
de pacto parlamentario más necesaria que en legislaturas
pasadas. Sobre este particular afirma que si la estabilidad
política de un país es siempre un bien absoluto a alcanzar o a
preservar, lo es todavía más cuando se agudizan las
incertidumbres sobre la economía y el futuro. Consciente de su
responsabilidad, el Gobierno ha intentado y conseguido la
suficiente estabilidad política y parlamentaria para que la
presentación de estos Presupuestos no fuera motivo de
desestabilización, como algunos podrían pretender.
La tercera novedad de este debate la constituye el hecho de
hacer coincidir el proyecto de Ley de Presupuestos y las
medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de la función
pública y de la protección del desempleo. Justifica este hecho
en
razones de carácter jurídico que obligan a presentar en dos
proyectos de ley separados las propuestas del Gobierno,
atendiendo a su carácter y temporalidad y porque ambos
proyectos están estrechamente vinculados entre sí, hasta el
punto de que definen una unidad de propósito, se refuerzan
mutuamente y por ello su presentación es simultánea.
Añade el señor Ministro que el Gobierno presenta a esta Cámara
un grupo de normas, de medidas y de decisiones coherentes
inscritas en la línea global de política económica ya expuesta
en este hemiciclo en la comparecencia de primeros de agosto y
que forman parte del conjunto de actuaciones que el Gobierno
está adoptando para hacer frente a la crisis y, sobre todo,
para sentar las bases de la recuperación económica y la
creación de empleo.
Como grandes objetivos del Presupuesto destaca cuatro
elementos esenciales y claves para la definición del mismo que
son: en primer lugar, la consolidación presupuestaria; en
segundo lugar, el mantenimiento de la protección social; como
tercer elemento, el mantenimiento del esfuerzo inversor por
parte de las administraciones públicas y, por último,
incentivar la inversión y la creación de empleo.
Hace asimismo referencia al contexto económico actual,
caracterizado a nivel internacional en la Europa comunitaria
en que vivimos por ser un año de recesión, facilitando algunas
cifras sobre el particular. Alude también a las previsiones
para el año 1994, considerando las perspectivas algo mejores
al comenzar a corregirse algunos desequilibrios que tan
fuertemente han acentuado la crisis en 1993. Ello les hace
prever un año 94 mejor que el anterior. Piensan que la
recuperación puede venir marcada, primero, por la mejora de la
competitividad vinculada a la devaluación del tipo de cambio;
segundo, por la mejora de la competitividad consecuencia de la
moderación de rentas salariales y, tercero, por las reformas
estructurales a que alude y que les debería permitir ir a una
combinación de reducción de tipos de interés y mejora de las
expectativas que, al final, trajeran consigo la deseada
inversión generadora de empleo.
Facilita seguidamente algunas cifras relacionadas con la
consecución de los cuatros grandes objetivos de los
Presupuestos a que antes se refería, con mención de la Ley de
acompañamiento, que incluye entre sus medidas algunas de
reforma del régimen jurídico de la función pública por la que
se pretende racionalizar la Administración y poner en marcha
una modernización de la misma, destacando como instrumento
fundamental de ella los denominados planes de empleo.
Concluye el señor Ministro de Economía y Hacienda destacando
las principales partidas que integran los diversos capítulos
de los Presupuestos Generales para 1994, así como las
modificaciones fiscales que se introducen para el próximo año
y las novedades o aspectos sobresalientes contenidos en el
articulado de los proyectos de ley, que, a su juicio, definen
la voluntad del Gobierno tanto de asegurar la máxima
estabilidad política para España como de repartir
solidariamente los esfuerzos para hacer frente a la crisis
mediante una política económica que acabará por estimular la
inversión y la creación de empleo. Porque están convencidos de
que son los mejores Presupuestos, dentro de lo posible, pide
el voto favorable de la Cámara en un momento difícil en el que
cada cual debe mostrar públicamente su predisposición a sumar
en vez de a restar, a ayudar en vez de a entorpecer y a
empujar en la misma dirección en vez de poner palos entre las
ruedas.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas a los dos
proyectos de ley interviene, en primer lugar, en
representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Aznar
López, que agradece al señor Ministro de Economía y Hacienda
su esfuerzo por leerles el preámbulo de la Ley de
acompañamiento a los Presupuestos y una buena parte de la
literatura que les acompaña, si bien el problema que han
venido a discutir aquí esta tarde no es ése. El problema es si
en una situación de crisis la política económica del Gobierno
que reflejan estos Presupuestos es útil o no, si es correcta o
incorrecta para superar la crisis de la economía española, que
se define por tres millones y medio de parados, una
destrucción de empleo que superará este año los 200.000
puestos de trabajo, una economía que en lugar de crecer
decrece y un descenso de la inversion superior al 10 por
ciento. Como rasgos esenciales de la situación habla de una
crisis de empleo, una crisis de inversión y una crisis
industrial que confirman que el principal problema de la
economía española, la falta de competitividad de nuestro
sistema productivo, sigue estando intacto. Añade que la crisis
económica está siendo especialmente dura en el sector
industrial, haciendo difíciles nuestras posibilidades de
recuperación porque se está dañando gravemente el corazón
mismo de la actividad económica.
Por otro lado, la lista de damnificados por la crisis se va
ampliando puesto que los parados aumentan sin cesar mientras
se endurecen las condiciones de acceso a las prestaciones por
desempleo, los empresasrios ven cómo la actividad languidece o
para muchos de ellos desaparece, los funcionarios sufren una
importante pérdida de capacidad adquisitiva, los jubilados
verán mermadas sus pensiones, los jóvenes sus expectativas de
trabajo y el conjunto de los ciudadanos tiene que apretarse el
cinturón cada vez más.
En su opinión, la responsabilidad de la política económica del
señor González en la génesis de esta crisis ha sido doble: por
acción, al prolongar en el tiempo una combinación incorrecta
de política presupuestaria y monetaria y, por omisión, al no
acometer las reformas estructurales que nuestro tejido
productivo requería y sigue requiriendo. Los Presupuestos han
sido tan inútiles como continuadamente expansivos a
consecuencia de un gasto público sin control que los aumentos
de la presión fiscal no podían sufragar. Así, la situación ha
ido empeorando con el tiempo hasta agravarse
extraordinariamente en 1993, año en el que el déficit público
ha crecido espectacularmente empujado por la crisis económica,
pero, sobre todo, por decisiones irresponsables de un Gobierno
que se ha gastado lo que no tenía. Pregunta al respecto cómo
es posible que en seis meses se haya incrementado la deuda en
3 billones de pesetas, entre el último trimestre de 1992 y el
segundo trimestre de 1993. Se trata de una situación que se ha
visto, además, agravada porque el Gobierno ha sido incapaz de
acometer una serie de reformas estructurales necesarias como
son la del sistema impositivo, la del mercado laboral y la del
sector público, que continuadamente se han anunciado como
imprescindibles y que constantemente se han ido aplazando. Por
otra parte, la falta de credibilidad que afectó al
conjunto de la política económica ha generado un sentimiento
de desconfianza en los inversores al no cumplir nunca el
Gobierno sus propios presupuestos o al afirmar cada tres meses
que la recuperación económica estaba a la vuelta de la
esquina. Añade que la crisis económica es muy grave y no menos
grave es que el Presidente del Gobierno no sepa qué hacer con
ella, cuando lo que cabría esperar es que tomase iniciativas y
que no se entregase a un triunfalismo propagandístico absurdo,
falseando la realidad cada seis meses al anunciar inminentes
recuperaciones que luego no tienen lugar.
Expone la necesidad de realizar la serie de reformas y la
adopción de las medidas que menciona, a fin de cambiar el
rumbo de la presente crisis en lugar de presentar a la Cámara
unos presupuestos que, en su opinión, reproducen los vicios de
los anteriores y que no son creíbles porque, de antemano,
tienen la certeza de que no se van a cumplir, como no se han
cumplido nunca ninguno de los presupuestos de la
administración González. En este sentido considera mera
retórica las palabras del señor Ministro, ya que el proyecto
no es sustancialmente diferente a los anteriores. Piensa que
el señor González se ha resignado a la crisis, sin importarle
los daños futuros que pudieran producirse, ya que su política
económica ha estado al servicio de otra más general que sirve
al solo objetivo de mantenerse en el poder, actitud que ha
llevado a la economía española a un callejón sin salida.
Termina afirmando que para salir de una situación económica
como la actual no puede acudirse a medidas parciales e
incoherentes como las incluidas en estos Presupuestos y en la
Ley que los acompaña, por lo que considera su obligación en
este momento realizar un esfuerzo para intentar que no se
cometan más errores. Respondiendo a las reiteradas apelaciones
del Presidente del Gobierno, está dispuesto a ser el primero
en arrimar el hombro para superar la crisis, pero no para
permanecer en el error. Para un verdadero compromiso
colectivo, un compromiso nacional para vencer la crisis, le
encontrarán siempre dispuesto, y de antemano ofrece su
colaboración, porque es lo que necesita el país y lo que están
obligados a hacer. Consiguientemente, pide que se acepte la
mano tendida que ofrece para iniciar un diálogo en beneficio
de todos los españoles, no malgastándose esta oportunidad. No
le queda más que confiar en que el señor Presidente del
Gobierno le secunde para lo que, con el permiso del Presidente
de la Cámara, con mucho gusto le cede la palabra.
Contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes
Mira), replicando el señor Aznar López y duplicando el señor
Ministro de Economía y Hacienda.
En defensa de las enmiendas de totalidad del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
interviene el señor Anguita González, manifestando que
plantean las mismas desde la convicción profunda de que estos
proyectos de ley necesitan, en aras del interés general, una
reelaboración producto de un encuentro social y político con
contenidos diferentes y que supongan un auténtico cambio hacia
la izquierda. Estos Presupuestos resumen y expresan en su
concreción numérica un afán de no corregir, de no rectificar
una política de evidente fracaso y de efectos claramente
antisociales. Se está llevando a cabo con la excusa de
recortar el déficit público una línea de privatización de las
empresas públicas más rentables y pertenecientes a sectores
estratégicos de nuestra economía. Es una política de pan para
hoy y hambre para mañana que está expoliando al patrimonio de
los españoles a la vez que se liquidan instrumentos de
intervención pública para desarrollar políticas industriales
activas. Se pone lo público al servicio de lo privado, se
planifican salarios y pensiones, pero se inhibe en lo tocante
a beneficios o en la aplicación de los mismos, dejando sin
contenido y en mera literatura los artículos 35, 40, 128 y 129
de nuestra Constitución al tratar de precarizar aún más un
mercado laboral con el eufemismo de suprimir rigideces
laborales y a través de unos presupuestos que presentan una
importantísima pérdida del poder adquisitivo de las pensiones
y que suponen una auténtica entrada a saco en las prestaciones
sociales de los españoles más desfavorecidos, como son los
parados. Se introduce asimismo otra serie de medidas
restrictivas, mientras que, por el contrario, no se acomete
una verdadera lucha contra el fuerte aumento del fraude
fiscal, hasta el punto de que el déficit público es más un
problema de eficacia recaudatoria que de aumento del gasto.
Para perpetrar semejante política se realiza una preparación
psicológica adecuada, trasladando la responsabilidad objetivo
del gobierno a los damnificados con el ataque y la inculpación
a los trabajadores y a los sindicatos, a los que un día se
invita al diálogo y al día siguiente se plantea con claridad
que no puede haber contrapartidas, o se les dice que se está
abierto a la negociación y, a continuación, se afirma que si
no hay acuerdo las propuestas iniciales del Gobierno se
impondrán por decreto. Y mientras se imputa con palabras duras
a los trabajadores y sus salarios la responsabilidad de la
situación económica, se trata con mano de seda los
comportamientos de la banca, cuando ésta sigue manteniendo los
mismos tipos de interés a pesar de haberlos bajado el Banco de
España. Entretanto, pasan los días y los meses y la situación
se hace más insostenible, hasta llegar a la actual situación
de España de permanente profundización en tres grandes
desequilibrios: sociales, territoriales e institucionales.
Termina pidiendo la devolución al Gobierno de los proyectos
objeto de debate, desde el convencimiento profundo de que es
posible otra política económica acorde con la consecución de
un Estado social y democrático de Derecho.
En turnos de réplica y dúplica intervienen los señores
Ministro de Economía y Hacienda y Anguita González.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas por el
Grupo Mixto interviene, en primer lugar, el señor González
Lizondo, manifestando que la importancia de este debate viene
determinada por el enorme peso del Presupuesto dentro de la
economía del país, representando aquél el 50 por ciento del
producto interior bruto por la determinación de la política
fiscal y social y por las posibilidades de actuación sobre la
política económica para estimular la actividad y corregir los
desequilibrios. Sin embargo, la práctica de estos últimos años
ha demostrado que rara vez se cumplen las previsiones
iniciales, que en general pierden su validez transcurridos
seis meses.
Justifica la enmienda de totalidad presentada en que estos
Presupuestos no resuelven la crisis, no limitan el crecimiento
del déficit público de manera efectiva y, además, exigen un
coste social sin precedentes en nuestra historia reciente. La
política presupuestaria y económica plasmada en estos
Presupuestos no favorece la inversión ni la creación de
empleo, ni se sientan las bases de competitividad necesarias
para afrontar los retos derivados del proceso de
internacionalización de nuestra economía, pero aún más grave
es que son unos Presupuestos que han sido elaborados sin
consenso y de espaldas a la mayor parte de los interlocutores
sociales.
Concluye manifestando que los valencianos tenían puestas sus
esperanzas en estos Presupuestos después de los fastos del 92,
pero las expectativas, una vez más, han caído en saco roto,
consagrándose de una manera definitiva la marginación sufrida
por la Comunidad Valenciana.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda de totalidad presentada, que representa una enmienda
a la acción global del Gobierno, ya que por sensibilidad
social, por sensibilidad municipal y por sensibilidad nacional
no pueden aceptarlos. Se trata, además, de unos presupuestos
tocados ya por la falta de credibilidad de los que el mismo
Partido presentó hace un año, que han hecho aguas por todas
partes y que hacen difícil que puedan creer en las previsiones
que ahora presentan.
Reitera que desde una sensibilidad social y progresista no
pueden aceptar estos Presupuestos y su pretensión de aumentar
la presión fiscal al colectivo de parados, precisamente uno de
los sectores más castigados por la situación. Todo ello choca,
sin embargo, con la disposición final segunda que,
contrariamente al espíritu general, deja las manos libres al
Gobierno para ampliar los recursos destinados al Plan de
Empleo Rural, con lo que el Sur parece que va a consolidar su
política de subsidio masivo, que, por lo demás, tampoco supone
ninguna solución progresista a la crisis en esas zonas.
Alude finalmente al apoyo de Convergència i Unió a los
Presupuestos, manifestando que, en su opinión, Convergència
sólo ha puesto sobre la mesa la calderilla, menos incómoda,
siendo incapaces de plantear los problemas de fondo, para
terminar reiterando su oposición al proyecto de ley del
Gobierno.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende la enmienda de
totalidad presentada que justifica en
que el Gobierno socialista gasta mucho, invierte poco y
administra mal. Se trata de unos Presupuestos continuistas,
insolidarios e ilusorios que no responden a la oferta
electoral que hace pocos meses hicieron al pueblo español. Son
unos presupuestos que no permiten la convergencia con Europa,
que nos hacen más pobres, sobre todo a los más pobres, nos
endeudan más y, en definitiva, no sirven para salir de la
crisis, a la que estos Presupuestos no dan respuesta.
Finalmente, se trata de unos presupuestos, vistos desde Aragón
y para las necesidades de Aragón, que le sirven de muy poco,
por lo que tampoco desde esta perspectiva los pueden apoyar.
Respecto al proyecto que acompaña a los presupuestos y las
medidas contenidas en el mismo, les parecen éstas acertadas,
pero insuficientes y, además, tardías, por lo que piensa que
sus efectos prácticos serán limitados.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, defiende la enmienda
de totalidad presentada. Manifiesta que el Presidente del
Gobierno no ha cumplido sus palabras de diálogo con la
oposición ni de presencia en esta Cámara, defendiendo una
gestión sin brillantez durante estos tres meses largos de
gobierno. Frente al máximo consenso pedido por el Rey en la
apertura de la legislatura, para entre todos buscar soluciones
políticas a la grave crisis económica y social que afecta al
Estado, la realidad son 180 votos circunstanciales a favor,
165 en contra y posiblemente cinco abstenciones. Cree que este
apunte justifica por sí mismo una enmienda a la totalidad.
Otras razones y motivos para apoyarla se encuentran en el
texto escrito justificativo de la enmienda, por lo que no
insistirá en ellos.
El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira)
contesta a los señores intervienientes del Grupo Mixto,
replicando la señora Rahola i Martínez y los señores Mur
Bernad, Albistur Marín y González Lizondo, duplicando el señor
Ministro de Economía y Hacienda.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a la una de la tarde.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Antes de iniciar el tratamiento del punto primero del orden
del día, de acuerdo con lo convenido ayer en la Junta de
Portavoces, propongo a la Cámara la adopción de la siguiente
declaración:
«El Congreso de los Diputados, ante el atentado terrorista
perpetrado en la mañana de ayer en Madrid, expresa su más
radical condena de este nuevo crimen y manifiesta la necesidad
de mantener viva la sensibilidad frente a toda manifestación
de violencia, por atentar a las bases mismas de la convivencia
en libertad en que se funda nuestro orden
constitucional.--Desea hacer llegar a las víctimas, a sus
familiares y a las Fuerzas Armadas su condolencia y
solidaridad, así como la alta valoración de la serenidad y
firmeza con las que estas últimas contribuyen al necesario
clima social de unidad de todas las fuerzas democráticas en la
lucha contra esta barbarie ciega, carente de todo sentido y
del más mínimo apoyo en nuestra sociedad.--Y reafirma el
compromiso de las instituciones democráticas de hacer frente a
los designios terroristas con total firmeza y determinación,
haciendo uso legítimo y decidido de todos los instrumentos que
la Constitución y el pueblo han depositado en ellas.»
¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS
EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
--ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y PROTOCOLO
ADICIONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE MARZO DE 1993 (Número de
expediente 110/000003)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día:
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales. Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y Protocolo Adicional. ¿Desea algún Grupo fijar la
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera comenzar esta intervención, en nombre de
Unión Valenciana, mostrando nuestra disposición favorable a la
creación de un gran mercado europeo, tal y como ya lo
manifestamos en esta Cámara el pasado 26 de noviembre, fecha
en la que se debatió por primera vez este Tratado.
La construcción de un gran espacio económico en Europa no está
siendo tarea fácil. La experiencia de los últimos años nos
muestra lo complejo que resulta avanzar en el grado de
integración de unas economías con distintos niveles de
desarrollo e importantes desigualdades
productivas, demográficas y sociales. (Rumores.) Sin embargo,
las expectativas han caído en saco roto. (Continúan los
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González Lizondo.
¡Señorías, ruego guarden silencio! (Pausa.)
Puede continuar, señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Sin embargo, repito, las expectativas han caído en saco roto.
Mientras que todos los productos españoles accedieron a la
integración en los mercados europeos en un plazo muy breve,
actualmente se siguen manteniendo períodos transitorios para
productos mediterráneos hortofrutícolas.
Unión Valenciana entiende que en 1993, con la aplicación de
esta Acta Unica, es inadmisible que algunos de los productos
más importantes de nuestra agricultura continúen sin ostentar
la categoría de productos plenamente europeos. Con mayor
motivo comprenderán SS.SS. que tratáramos de eliminar esta
situación, cuando menos en lo tocante a los seis países que,
junto con los que forman la actual Comunidad, pasarán a
integrar el ámbito del Espacio Económico Europeo. Por ello,
Unión Valenciana formuló su primera enmienda al Protocolo 45,
en la que se proponía que no sean de aplicación en el Espacio
Económico Europeo las restricciones actualmente vigentes para
las frutas y hortalizas anteriormente citadas.
La segunda enmienda presentada por Unión Valenciana hacía
referencia a la Directiva 77/1993, relativa a tratamientos
fitosanitarios. Somos conscientes de que en este sentido ha
habido importantes avances en la materia, traduciéndose en el
establecimiento de acuerdos bilaterales entre los diferentes
países miembros de la Comunidad Europea. No obstante, la
Directiva fitosanitaria continúa vigente y Unión Valenciana
propuso que no fuera de aplicación en el futuro Acuerdo
Económico Europeo. En los mismos términos, Unión Valenciana
solicitó una tercera enmienda; que, a partir de la entrada en
vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se
acordara el establecimiento de una barrera fitosanitaria
común, relativa a la importación de vegetales procedentes de
terceros países. La ausencia total de las más elementales
normas de sanidad en el proceso de elaboración de productos
vegetales, como arroz, tomates, fresas y cítricos, por parte
de países terceros hacían del todo recomendable la realización
del control cualitativo en el área delimitada por los países
del Acuerdo Económico Europeo. Se lo dijimos entonces y se
decimos ahora: tengan ustedes el mismo valor que el Gobierno
francés en defensa de sus agricultores, que no duda en
amenazar con vetar la conclusión del Acuerdo del GATT en el
seno de la Ronda de Uruguay, mientras que el Gobierno español
asiste impávido al desarrollo de los acontecimientos sin
mostrar la más mínima firmeza en la protección de los
agricultores. No consintamos que lo que se hizo mal en la
negociación de la adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea se repita y canonice ahora con otros países. No me
digan que no es el sitio ni el momento. Liechtenstein enmendó
y por eso este Tratado volvió otra vez a esta Cámara. Les
recuerdo, asimismo, que un tratado internacional sobre el atún
en el Atlántico fue enmendado por el Partido Popular y, a su
vez, por el Partido Socialista, se pudo, y perfectamente igual
se podía haber hecho con éste, se podía haber enmendado, era
el sitio y el momento.
Señorías, desde Unión Valenciana, en el día de hoy,
entendiendo el grave perjuicio que se va a crear para muchos
de nuestros agricultores del Estado Español, votaremos
abstención en este tema, entendiendo necesaria esta unidad
económica europea, entendiendo necesario este Espacio
Económico Europeo, pero no entendiendo cómo hacemos dejación
clara y concreta de nuestros derechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Mixto tiene, la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías.
Dos puntos importantes quiero destacar a la hora de la
convalidación de este Convenio: primero, la articulación de
los fondos que lleguen al Estado español por motivo de este
acuerdo. Como en esta Cámara se ha dicho ya anteriormente,
este fondo tiene objetivos, proyectos de tipo medioambiental y
de educación e inversiones en pequeñas y medianas empresas.
Entiendo que la canonización de esos fondos debe realizarse,
como aquí se ha debatido también conjuntamente con las
comunidades autónomas que tienen competencias propias en esta
materia, tanto desde el punto de vista de la participación en
los proyectos como en la gestión de los mismos y máxime en
comunidades autónomas como la que yo represento con una
especificidad en materia de inversión fiscal.
Por otra parte, entiendo que debe reseñarse de modo general
que estos fondos van a ser absolutamente insuficientes para
corregir el nivel de desequilibrios que existe dentro de la
propia Comunidad. Así, mientras la Comunidad Europea tiene un
nivel de desequilibrio entre sus regiones de uno a seis, los
países de la EFTA tienen un desequilibrio de uno a dos, lo que
supone una mayor cohesión y equilibrio entre ellos y, por
supuesto, un gran nivel de desarrollo.
Lo anterior puede suponer que van a poder entrar en los
mercados de los países comunitarios sin que las regiones con
un bajo nivel de desarrollo puedan situarse
en un nivel de competitividad con estos nuevos países
desarrollados y sin que, por supuesto, estos fondos que han
sido acordados sean suficientes para eliminar los niveles de
desequilibrios que por todos los indicios parece van a
subrayarse.
Una segunda cuestión importante es la de determinar las
consecuencias para la flota bacaladera con la entrada en
Noruega. En un principio se solicitó, para paliar la entrada
de los productos pesqueros de los países nórdicos, unas cuotas
de captura determinada. La petición fue de 90.000 toneladas y
al final se han visto reducidas a 11.000 toneladas hasta el
año 1997. Ciertamente, se abre una posibilidad de nuevos
caladeros, pero se plantea la problemática de la entrada de
los productos nórdicos en el mercado comunitario. Parece que
el resultado supone un perjuicio para la flota comunitaria.
Finalmente, otro tema que quisiera evocar indirectamente, pero
que considero de la máxima importancia, es el del peligro de
la ampliación de la Comunidad sin que haya intervenido
previamente una profundización de la misma o como parte
integrante de los tratados de adhesión que se van a celebrar.
No olvidamos que varios de los países firmantes del Espacio
Económico Europeo están negociando paralelamente su adhesión a
la Comunidad; son los casos de Austria, Noruega, Suecia y
Finlandia (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Un
momento, señor Albistur. (Rumores.)
El señor ALBISTUR MARIN: Bien. Aprovechando esta... (Continúan
los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Albistur.
Les ruego la máxima continuidad en su colaboración.
Comprenderán lo fatigoso que es tener que hacer estas llamadas
al orden al conjunto de la Cámara.
Señor Albistur, cuando quiera.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que corremos el peligro de cristalizar la Comunidad y de
hacer prácticamente imposible cualquier evolución en la
construcción comunitaria, ya que las dificultades de
modificación de los tratados a dieciséis serían prácticamente
infranqueables. Por tanto, serán necesarias toda la serie de
modificaciones antes de la ampliación, y en la primera semana
de noviembre, tendremos oportunidad de ver si todos estos
temas han cristalizado. Y todo ello, en el sentido de avanzar
en una Europa más democrática y de salvaguardar la capacidad
de funcionamiento de las instituciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a dar su voto favorable de pleno apoyo a
este Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Y lo hacemos
en una doble lectura.
La primera lectura es la política: por el interés político de
estar en un marco, dentro de la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA), en aquellos legítimos intereses que en los
aspectos políticos, sociales y económicos afectan dentro de
España al Archipiélago canario.
¿Y por qué decimos esto? Porque, en primer lugar, el Acuerdo
consagra lo que denomina las cuatro libertades fundamentales
dentro de la EFTA: la libertad de tránsito o libertad de
comercio, la libertad de establecimiento, la libertad de los
trabajadores por cuenta ajena y, principalmente, la libertad
de circulación de capitales.
Estas cuatro libertades: circulación de capitales, personas,
servicios, trabajadores y, fundamentalmente, también las
mercancías, hacen hincapié en definir un modelo económico,
donde se suscriben no solamente los doce países de la
Comunidad Europea, sino que trasciende también a un concepto
no sólo territorial, sino político y de libertad de comercio
en países que no lo son, como puede ser Suiza, como puede ser
Austria o como pueden ser en este momento cualquiera de los
países nórdicos, como Finlandia, que no están dentro de la
Comunidad Europea.
Pero ocurre que una situación de libertad de comercio y de
libertad de circulación de mercancías a una zona tan
ultraperiférica --como ha definido Maastricht-- como es la
Comunidad Canaria, se podía encontrar que con la aplicación de
determinadas cláusulas de este Acuerdo vería su competitividad
disminuida sencillamente por la distancia, por tener que poner
sobre el precio de las mercancías en destino el componente del
coste del flete, bien por transporte marítimo, bien por
transporte aéreo.
Pues bien, cuando en el Capítulo IV de este Acuerdo se habla
de la libre competencia, se introducen unos acuerdos
moderadores, como es permitir, en determinadas circunstancias,
las ayudas otorgadas por el Estado. Y esto está recogido,
fundamentalmente, en el artículo 61 del Acuerdo, en su punto
3, letra c), que
señala específicamente qué regiones de esta Europa de la EFTA
pueden ser receptoras, dentro del marco
legal de la competencia, de estas ayudas del Estado.
Y estoy pensando --como ha ocurrido tantas veces dentro de los
Presupuestos del Estado-- en el capítulo respectivo de las
compensaciones al transporte de mercancías entre la Península
y el Archipiélago canario.
Sin embargo, también el Acuerdo tiene un componente de tipo
político y social y no puramente mercantilista o de la libre
circulación de personas, de servicios y de capitales, junto al
de mercancías, y son lo que denomina en su parte quinta las
disposiciones horizontales relacionadas con las cuatro
libertades. Aquí se da cabida a un compromiso de los gobiernos
en política social, en medio ambiente, en el derecho de
sociedades, igual que en la normalización de estadística, para
darle transparencia y control, como así fundamentalmente en la
protección de los consumidores, y creo que en el sentimiento
de cualquier parte, territorio, nación o comunidad autónoma,
centralizada o ultraperiférica, que esté dentro del marco de
la Asociación Europea de Libre Comercio, de la EFTA, tiene que
verse reflejado el interés de todos sus componentes, últimos
receptores del beneficio comercial, que son los consumidores,
es decir, los ciudadanos de Estados democráticos traducidos
como consumidores. Si a esto --y voy terminando, señor
Presidente-- se le añade la introducción en el Acuerdo de unas
garantías políticas, como es la parte séptima, dedicada a las
disposiciones institucionales, nosotros creemos que, pese a
esa crítica que permanentemente hacemos, como hemos hecho en
el Acta Unica Europea o en el Tratado de Maastricht, que es el
déficit democrático, aquí, al introducir la existencia de una
estructura de la Asociación Europea con unas instituciones
definidas, como el Consejo del Espacio Económico Europeo, el
Comité Mixto y sobre todo el Comité Parlamentario Mixto, se
extrae del Parlamento Europeo una fiscalización política para
que estas instituciones puedan adoptar las medidas de
salvaguardia política que en este marco tenemos que obtener.
Por todas estas razones, señorías, porque entendemos que esto
nos beneficia, con todas las limitaciones que pueda haber en
determinados aspectos, con todas las perturbaciones que se
puedan producir, por ejemplo con la libre circulación de
personas y trabajadores por todo este espacio europeo, porque
nosotros consideramos que el balance final, como se refleja
incluso en producciones agrícolas y pesqueras del artículo 19
de este Acuerdo, beneficia en sentido político, social y
económico a las comunidades y a las naciones de las cuales
estamos hablando aquí en plena soberanía, por estos motivos,
vuelvo a decirle, señoría, votaremos favorablemente este
acuerdo, por congruencia y por sentido europeo de solidaridad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La posición de nuestro Grupo va a ser favorable a aceptar la
ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
que estamos debatiendo. Señorías, ratificamos este Acuerdo por
razones de interés político y por considerar que conlleva
implicaciones positivas para la economía europea y para España
de forma particular.
Desde la perspectiva política, quisiéramos manifestar,
señorías, que nuestro Grupo siempre ha defendido la
conveniencia de integrar plenamente España, en lo político, en
lo económico y también en lo social, al proceso de
construcción europeo. Es en Europa donde entendemos que hay
que proyectar nuestra realidad y es en Europa donde hemos de
plantear y buscar las respuestas conjuntas a las principales
situaciones y problemas que hoy tiene nuestra sociedad, y
también, señorías, nuestro Grupo entiende que es precisamente
junto con los demás países de Europa como hemos de ofrecer
nuestra alternativa económica y social al importante ajuste
estructural que se está produciendo en el mundo y a la
competencia que Europa está acusando, procedente de otros
países menos desarrollados, del Japón o de Estados Unidos. Es
nuestra irrenunciable vocación europea, señorías, la que hoy
nos exige aceptar este proceso político que supone el Espacio
Económico Europeo, un proceso en el que no debemos, a nuestro
juicio, mantenernos al margen, ya que constituye en sí mismo
un primer paso, tras la Unión Europea acordada en
Maastricht, que nos deberá permitir adoptar en un futuro
inmediato una mayor ampliación de esta Unión Europea. Este
sería, para nuestro Grupo, un deseo político a poder afrontar
en breve plazo, dentro del ámbito de la Comunidad Europea y
dentro del ámbito del proceso de construcción de Unión
Política Europea.
No obstante, desde la perspectiva económica, señorías --y esta
es la segunda observación--, también valoramos que este
Acuerdo es positivo para la economía europea y para la
economía española. La creación del Espacio Económico que ha
impulsado la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) no es
más que buscar una vía para no dejar a estos países
desconectados del proceso de creación del mercado único
comunitario, ya que este mercado que instauró el Acta Unica
Europea a finales de 1985 podría generar nuevas barreras de
comercio dentro del ámbito europeo.
Refiriéndonos al contenido económico de este Acuerdo,
nosotros, señorías, dudamos que de él se desprende una idea
central de lo que se propone. Este espacio económico europeo
pretende conseguir la libre circulación de mercancías,
servicios, capitales y personas sobre la base de la
legislación comunitaria entre los países de la EFTA y los doce
países de la Comunidad Europea. Se va más allá, no obstante,
de la instauración de una zona de libre cambio, sin que ello
suponga la creación de una unión aduanera, ya que no se crea
una frontera exterior común ni se suprimen las barreras
interiores. Quedan fuera de este ámbito aspectos tan
significativos como disposiciones comunes respecto de terceros
países, la política común de transportes, la imposición
indirecta o directa o la participación en el proceso de unión
económica y monetaria.
No obstante, el resultado de este Acuerdo, señorías, es la
puesta en marcha de un nuevo gran mercado de 375 millones de
personas que absorbe hoy el 42 por ciento del comercio mundial
y que, en términos de producto interior bruto, es el más
importante del mundo por encima del de Estados Unidos o el del
Japón. Este nuevo mercado se estima que va a generar efectos
positivos sobre el crecimiento de la economía europea,
valorado, según expertos, en torno al 1,5 por ciento de
crecimiento en términos de PIB para la Comunidad Económica
Europea o bien en un 2 ó 2,5 por ciento para el PIB de los
países de la EFTA.
Por tanto, desde la perspectiva global, la constitución de
este espacio económico europeo conlleva perspectivas positivas
para la realidad económica de Europa en la que nuestro país
está inmerso.
Sin duda, deseamos hacer dos valoraciones sobre este
compromiso. La primera es que alcanzar este espacio económico
europeo tiene una gran significación, una gran importancia
desde la perspectiva de las actuales relaciones de competencia
de las distintas economías en Europa. El Espacio Económico
Europeo va a generar un aumento de la competencia a causa del
aumento del tamaño de los mercados y la consiguiente reducción
de precios. Ello intensificará el proceso de especialización,
en términos de ventajas comparativas, debido a la desaparición
de los aranceles y del aumento de los intercambios que este
proceso comportará. Como también exigirá mayores economías de
escala, debido a la necesidad de obtener menores costes de
producción en la medida que aumente el tamaño del mercado y la
demanda potencial del mismo.
Por tanto, señorías, este acuerdo, que es positivo en lo
político y en lo económico, nos exige con mayor intensidad que
la economía española sea competitiva y que las empresas en su
ámbito sean competitivas. Este Acuerdo que debemos adoptar nos
impone que la política económica a desarrollar en España se
oriente a conseguir este objetivo de mejorar nuestra
competitividad y preferentemente la de la economía productiva,
la de la actividad de la agricultura, de la industria, del
comercio y del turismo en España.
Es absolutamente necesario, pues, reorientar, a nuestro
juicio, la política económica hacia este propósito y adoptar
medidas en el ámbito fiscal, laboral, financiero y en aspectos
estructurales, para garantizar ese marco económico general que
las unidades productivas requieren para poder competir en las
equivalentes condiciones que mantienen los demás países que
integran este Espacio Europeo.
Sólo así, señorías, garantizaremos nuestro nivel de bienestar
y podremos afrontar el paro y la recesión en que nos
encontramos y aprovechar los elementos positivos que este
Acuerdo puede tener para España.
Esta liberalización de intercambios, específicamente para la
economía española va a comportar beneficios o aspectos
positivos, puesto que, previsiblemente, aumentarán los
intercambios de productos y servicios españoles en el área de
la EFTA y facilitará la entrada de capitales procedentes de
estos países hacia Europa. Cabe esperar, pues, que este
acuerdo favorezca el aumento de las exportaciones españolas,
preferentemente de productos agrarios. Pero para todo ello,
señorías, insisto, debemos ser más competitivos.
La segunda observación que quiero trasladar es que este
Espacio Económico Europeo, desde nuestra posición de país
miembro de la Comunidad, nos exige también que se avance mucho
más en la cooperación de las políticas económicas y monetarias
comunes en Europa. Existirá, a partir de ahora, un gran
mercado con libre circulación de mercancías, personas y
capitales, pero todo ello coexistirá sobre 17 políticas
económicas y 17 monedas, con los riesgos de los 17 tipos de
cambio que ello comporta.
Señorías, este proceso, que es un gran paso, significativo
paso en la evolución de nuestro contexto económico, social y
político, debe seguir avanzando en la adopción de mayores
decisiones de coordinación de las políticas económicas y
monetarias en el ámbito europeo. Deberían intensificarse,
pues, las exigencias de coordinación de las políticas
económicas y monetarias para garantizar al máximo posible la
estabilidad económica en este gran mercado económico europeo
en el que nos proponemos integrarnos y en el que nuestro grupo
juzga que las previsiones futuras van a ser positivas para
nuestro país.
En suma, señorías, y termino, señor Presidente, para nuestro
grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
este Acuerdo es positivo desde la perspectiva política y
económica, pero su valoración deberemos hacerla más adelante
en función de cómo se desarrolle en el interior de España la
política económica y social para garantizar las exigencias de
competitividad que hoy Europa nos está imponiendo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, después de múltiples peripecias, este
importantísimo Tratado de creación del Espacio Económico
Europeo viene a la Cámara en el momento justo y adecuado
políticamente para que todos los grupos parlamentarios puedan
ratificarlo.
Quiero señalar, como hemos dicho repetidamente en los
distintos trámites de este mismo Acuerdo del Espacio
Económico Europeo, que creemos ser el único grupo
parlamentario que ha actuado con plena coherencia en este
tratado. Vamos a votar favorablemente la adhesión de España a
este tratado en el momento políticamente adecuado, no antes de
tiempo, como quiso hacer el Gobierno socialista en diciembre
del año 1992 cuando, adelantándose al posible resultado
negativo de un referéndum --como así fue el de Suiza--, y
cuando en un período en el que el Tratado de la Unión no
estaba ratificado, y no solamente no lo estaba sino que se
veía sujeto a bombardeos políticos y económicos de gran
magnitud y de gran cuantía para que no entrase en vigor, para
que Maastricht se quedase en una simple área de libre comercio
--ahora ampliada a los seis países de la EFTA--, cuando
faltaba el segundo referéndum danés, cuando en el Reino Unido
las cosas no estaban en absoluto claras políticamente, había
políticos y había poderes financieros internacionales
interesados en que naufragase el Tratado de la Unión, en que
el futuro político de cohesión social y
territorial de una Europa que debe ir ampliándose a través de
círculos concéntricos --y éste que vamos a hacer hoy es un
primer círculo concéntrico-- se quedase, no en una voluntad de
unión política, social y económica, sino simplemente en un
espacio de libre comercio.
Por eso, en aquel momento nosotros nos opusimos a la toma en
consideración y a la ratificación del Tratado. Los hechos del
referéndum suizo obligaron a retrasar de nuevo la toma en
consideración, y ahora, después del fallo favorable del
Tribunal Constitucional de
Karlsruhe, después de la seguridad jurídica y política que
tenemos todos de que el Tratado de la Unión va a entrar en
vigor el 1.º de noviembre, y con esta entrada en vigor de
instrumento jurídico se convertirá en una realidad política de
primera magnitud que va a cambiar, o que va a contribuir al
cambio de las políticas económicas y comerciales en todo el
mundo, no sólo en Europa, es el momento adecuado para poder
ratificar este Espacio Económico Europeo. Como ha dicho un
orador antes que yo, será el mayor espacio económico del
mundo, con 375 millones de ciudadanos, absorviendo el 42 por
ciento del comercio mundial y situándose en el primer plano
del producto interior bruto. Será uno de los tres polos de
crecimiento económico; crecimiento económico que nosotros
quisiéramos mucho más solidario en el plano social y en el
plano territorial. Nos preocupan, como nos preocupaba en el
Tratado de la Unión, y nos preocupa en el Espacio Económico
Europeo que no se avance con la misma celeridad en el terreno,
por ejemplo, de la armonización fiscal, de la armonización
social y en cambio sí se avance a pasos agigantados en lo que
otros oradores ya han citado, en el pleno ejercicio de las
cuatro libertades.
Este desequilibrio en favor de lo comercial, en favor del
libre comercio, de la libre circulación de mercancías, de
capitales, de servicios y de personas, pero no de la
integración política, social y económica de este vastísimo
mercado, a nosotros nos ha producido y nos continúa
produciendo preocupaciones políticas importantes. Pero no por
ello vamos a dejar de apoyar la ratificación por España de
este convenio, señalando que algunos aspectos que pueden
lesionar intereses españoles, especialmente algunos productos
los hortofrutícolas y más concretamente los cítricos, vamos a
estar vigilantes. Sabemos que vamos a contar con la
colaboración de todos los grupos parlamentarios y también del
Gobierno para que en el desarrollo reglamentario del Espacio
Económico Europeo se garantice que no queden lesionados
determinados productos cítricos de la agricultura española que
por la vía de los tratados bilaterales que tienen alguno de
los países que componen los seis que van a entrar en este
Espacio Económico Europeo (estoy pensando, por ejemplo, en el
tratado bilateral Austria-Israel), pudiese lesionar la
capacidad exportadora de cítricos de nuestro país al conjunto
de este espacio económico que ahora se forma.
Por tanto, señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
después de repetidas abstenciones, después de repetidas
prevenciones a la adhesión y firma de este tratado del Espacio
Económico Europeo, hoy puede decir con satisfacción que va a
votar a favor. Lo hace de forma convencida y positiva porque
no duda que la nueva situación política --Maastricht
ratificado--, el valor jurídico y político que vamos a dar a
la transformación y al uso más favorable a los intereses
sociales de la mayoría de los europeos del Tratado de la
Unión, por ejemplo, planteándonos sin ningún complejo, sin
ningún rubor, sino con toda la autoridad que nos da el que los
hechos así lo demuestran y así lo van a demostrar, que será
necesario aplazar o prolongar en el tiempo los plazos de la
Unión Económica y Monetaria, que no van a poder constituirse
lo que se había previsto en los correspondientes artículos del
Tratado de Maastricht en 1996, y ya veremos si en 1999. Esto
no tiene ninguna sanción jurídica ni política y no invalida el
Tratado, sino que le puede dar mayor contenido social y
político. Nosotros, repito, ya planteamos que en materia de
cohesión social, de cohesión económica, de armonización
fiscal, hay que avanzar mucho por este terreno sin dejar, por
otro lado, de reconocer los aspectos positivos que el área de
libre comercio, de libre circulación de personas, capitales,
servicios y mercancías va a generar de positivo para el
conjunto de los ciudadanos europeos.
Por tanto, nueva situación política y en esta nueva situación
política, por parte de nuestro grupo continúa una misma
preocupación política: Reforzar siempre que podamos con el
consenso y con el concurso de otras fuerzas parlamentarias la
cohesión social y territorial de la Unión Europea y más allá,
cuando algunos de estos países que ahora formarán parte del
Espacio Económico Europeo entren en la unión europea, del
conjunto de la nueva unión europea. ¿Por qué? Porque queremos
preservar y aumentar el acervo comunitario que hoy tenemos.
Esta nueva situación nos permite estar seguros y tranquilos de
que esta ampliación comercial de lo que es el Tratado de la
Unión no va a poner en ningún caso en duda el acervo
comunitario hoy existente o el que podamos crear y producir
hasta que cada uno de estos países ingrese en la Unión
Europea.
La unión europea sólo será una realidad, no ya económica y
comercial, como las cifras indican, sino política y social, si
las fuerzas de progreso, las fuerzas de izquierda en España y
en toda Europa, somos capaces de darle auténtico contenido
social y político al enorme instrumento económico que es el
Tratado de la Unión y para darle contenido económico, social y
político, habrá que ir pensando, señores del Partido
Socialista, en replantearse seriamente el tema de los plazos y
de los costes sociales y humanos que tiene la convergencia
económica para cumplir lo preceptuado en la Unión Económica y
Monetaria. Habrá que reconsiderar seriamente plazos; habrá que
reintroducir nuevos parámetros en la Unión Económica y
Monetaria. El mismo Presidente de la Comisión, el señor
Delors, ya ha dicho que sería bueno que el índice de paro de
los países fuese un elemento constitutivo de los planes de
convergencia para hacer realidad la unión económica y
monetaria.
¿Para cuándo vamos a poner en práctica, señores del Gobierno,
señores del Grupo Socialista, estas propuestas que vienen de
la izquierda europea? ¿Es que a ustedes no les afecta lo que
dice la izquierda europea? ¿Es que ustedes no forman parte de
esta izquierda europea? ¿Es que no están dispuestos a dotar de
contenido político y social a los beneficios económicos y
comerciales que no son iguales para todos los ciudadanos
europeos? Quizás lo son más para las grandes transnacionales
que para el conjunto de ciudadanos.
Para que estos beneficios económicos lleguen al conjunto de
los europeos hemos de avanzar en armonización fiscal, en
armonización social, en cohesión territorial y eso sólo lo
conseguiremos si reconsideramos profundamente la forma y los
plazos en que debemos avanzar en los planes de convergencia
para hacer de toda Europa una unidad política y social que
cuente no sólo económica y comercialmente en el mundo, sino
también política y socialmente. Europa es, ha sido el crisol,
ha sido el fondo y ha dado nacimiento a las ideas más
progresistas de la izquierda en Europa y en todo el mundo y
debe volver a recuperar este protagonismo para la izquierda en
Europa y para todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, la señora Tocino tiene la palabra.
La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, asistimos esta mañana a esta fase
final de un trámite parlamentario que nos lleva a un acto
especialmente importante como es la ratificación del Acuerdo
del Espacio Económico Europeo, con su Protocolo adicional,
Acuerdo que había sido ya ratificado por esta Cámara y que ha
tenido que ser sometido a una nueva ratificación por las
modificaciones que ha experimentado, puesto que hace ahora
casi un año Suiza, por referéndum decidió, quedarse fuera, con
lo cual hubo que redactar un protocolo adicional.
Decimos que es un día importante quizás porque lo situamos en
una acción europeísta importante. En el proyecto de
construcción europea, en el que España está involucrada
(diríamos que fuera de él España no tiene ningún futuro, ante
los acontecimientos importantes que se han producido
precisamente en estos días) la inmediata, ya inminente
ratificación y, por tanto, entrada en vigor del Tratado de la
Unión, después de la importantísima sentencia del Tribunal de
Karlsruhe, creo que estamos cumpliendo, en cierta medida, las
orientaciones muy decisivas de la sentencia de Karlsruhe un
trámite esencial, como es dar importancia a los parlamentos
nacionales para con esos actos europeístas avanzar en el
proyecto de construcción europea.
Estábamos todos decididos a esa ampliación en el proyecto de
construcción europea. El acto de ratificación que hoy vamos a
celebrar en esta Cámara indica precisamente que España se suma
a esa ampliación y que lo hace en un día especialmente
significativo, puesto que pienso somos la primera Cámara, el
primer parlamento nacional que toma una decisión de este
estilo, después del anuncio inminente, como digo, de la
entrada en vigor del Tratado de la Unión.
Desde nuestro grupo, que siempre ha estado a favor de la
ampliación que, por otra parte, también acepta y le parece
tremendamente esencial la existencia de mercados competitivos,
de mercados grandes, nos parece obvio decir que nuestro voto
va a ser afirmativo, puesto que, por otro lado, hemos tenido
ocasión de manifestarlo así en distintos debates que se han
ido produciendo tanto en Pleno como en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Una vez aclarado cuál va a ser el sentido de nuestro voto, nos
gustaría hacer unas breves reflexiones (además tenemos la
suerte de que hoy nos acompaña el Ministro de Asuntos
Exteriores) en la idea de hacer quizá algunas sugerencias o
poner sobre la pista de algunos matices que debemos tener muy
en cuenta, no tanto para no ratificar, que ya digo no es el
caso, sino, sobre todo, para el desarrollo que va a tener este
acuerdo, no sólo por su contenido, por su extensión, sino por
la trascendencia externa, por lo que significa la construcción
europea, e interna, por la repercusión económica,
fundamentalmente para España, que va a tener este acuerdo.
En este sentido, queríamos decir que efectivamente hasta la
propia naturaleza de este Acuerdo del Espacio Económico
Europeo ha cambiado, porque no olvidemos que precisamente
ejerciendo España la presidencia semestral, en el primer
semestre de 1989, tuvimos en cierta medida el honor,
coincidiendo, repito, con nuestra Presidencia, de establecerse
por parte del Presidente de la Comisión, el señor Delors, la
posibilidad de crear este Espacio Económico Europeo; pero creo
que es importante recordar, señorías, que la finalidad
entonces del señor Delors era curiosamente la de no dejar
desfavorecidos a aquellos países EFTA ante lo que iban siendo
avances importantes en la Unión Europea, y que no se sintieran
relegados de la Comunidad Europea. Incluso añadía el señor
Delors, año 1989: De esta forma no forzarían su adhesión a la
Comunidad Europea de manera inmediata. Es decir, esto sufre
una evolución, pasamos a una miniadhesión en una segunda fase
de lo que es el sentido del Espacio Económico Europeo y yo me
atrevería a decir que hoy día, y teniendo en cuenta la
importancia que juegan las opiniones públicas en los diversos
países a la hora de adhesiones definitivas a la Comunidad
Europea, pudiera ser que estemos más ante una adhesión que
ante una miniadhesión, porque, quizá no, pudiera darse el caso
de que algunos países del Espacio Económico Europeo tarden
bastante tiempo, no por voluntad de sus gobiernos, sino por
problemas de sus opiniones públicas, en incorporarse a la
Comunidad Europea.
En este sentido, creo que es bueno recordar que deberíamos
tener muy en cuenta en el desarrollo de este Protocolo la
importancia que tienen las cláusulas evolutivas del acuerdo,
porque les permite liberalizar su comercio agrícola a los
países EFTA, pero concretamente en los acuerdos pesqueros, que
tanto afectan a España, no quedan unidas esas negociaciones al
día de hoy, plenamente vinculadas al propio acuerdo, sino que
se establece a través de lo que pudiéramos llamar unos
convenios bilaterales. Es decir, en el supuesto de que se
produjera por esos países del Espacio Económico Europeo alguna
denuncia de ese intercambio de cartas, una vez entrado en
vigor el Acuerdo del Espacio Económico Europeo, los Estados de
la Comunidad Europea y, por tanto, España, no podrían recurrir
esta decisión ante el Tribunal Europeo.
Por otra parte, sabemos que los países EFTA tienen también la
posibilidad de oponerse a una decisión del Consejo de la
Comunidad Europea siempre que la nueva legislación afecte
negativamente a sus países; entonces, iniciarían una serie de
negociaciones en un comité mixto del Espacio Económico
Europeo, cuyas soluciones se atrasarían seis meses y con una
serie de posibilidades, realmente muy favorables para esos
países del Espacio Económico Europeo. En definitiva, a lo que
quiero llegar, señor Ministro, es a recordar que puesto que
todavía no existe un reglamento para desarrollar ese acuerdo
que hoy vamos a ratificar, creo que sería bueno matizar
muchísimo en ese reglamento la importancia que va a tener el
organismo que vaya a representar a toda la Comunidad europea
frente a esa posibilidad de negociaciones «a posteriori» que
pudieran producirse por parte de los países del Espacio
Económico Europeo.
Una segunda reflexión, decíamos, de orden interno. Se ha dicho
ya, desde luego, que el comercio internacional, concretamente
la inversión extranjera, sin duda puede mejorar la
productividad de una nación. Por tanto, nosotros estamos muy
dispuestos a que así sea, pero no nos negamos tampoco a
reconocer que también en ocasiones puede amenazar,
efectivamente, cuando afecta a sectores de nuestra economía
que pueden estar en unas condiciones de competitividad que no
sean las más adecuadas para ese proceso competitivo que va a
aumentar con un mercado tan amplio.
En este sentido queremos recordar que, efectivamente, el nivel
de vida de una nación depende de la capacidad de sus empresas
para lograr esos altos niveles de productividad, y que los
altos niveles de productividad, fundamentalmente a través de
los procesos de desarrollo industrial, van ligados ni más ni
menos que a esa capacidad de innovación, a esa capacidad de
inversión en nuevas tecnologías, en procesos de investigación
y desarrollo, diseño de nuevos productos. Nos encontramos en
un momento en el que tenemos que recordar que en nuestras
relaciones con Europa, por lo que se refiere concretamente a
los países EFTA, nuestra balanza comercial en este momento es
negativa y se ha deteriorado mucho desde nuestro ingreso en la
Comunidad Europea. Por eso hoy, que precisamente iniciamos un
trámite tan importante como es el debate de totalidad de los
Presupuestos Generales del Estado y teniendo en cuenta que al
final lo importante es que nuestra economía esté saneada para
que nuestras empresas, nuestras industrias sean realmente
competitivas, quisiéramos, efectivamente, llamar la atención
del Gobierno para que, teniendo en cuenta que España va a ser
el país de la Comunidad Europea que va a registrar mayor caída
de empleo en el año 1993; que dentro de esta caída de empleo,
va a ser el que ostente --y, desde luego, triste récord es--la
mayor tasa de desempleo juvenil; teniendo en cuenta, por otra
parte, que las exportaciones españolas en el año 1992 han
crecido menos que las de los otros países comunitarios; que
España e Italia, junto con Alemania, van a ser los que
registren las mayores caídas del consumo; y, por último, que
España e Italia van a ser los países de la Comunidad Europea
que están registrando el mayor aumento de la presión fiscal,
yo diría más, del esfuerzo fiscal, de la presión fiscal activa
en este período de 1980 a 1992, yo creo, señorías, señor
Presidente, señor Ministro de Asuntos Exteriores, que bueno es
reconsiderar que al abrirnos hacia un mercado tan importante
que, evidentemente, y así lo deseamos, puede traer mayores
posibilidades de competir para España, sean ustedes mucho más
sensibles a que, efectivamente, la competitividad de un país
es fundamental siempre que se tenga en cuenta que hay que
mejorar esa capacidad de su industria.
Por tanto, les sugerimos que en vez de quedarse bloqueados ya
de antemano ante las enmiendas que la oposición va a sugerir
en estos presupuestos, lo tengan muy en cuenta, puesto que el
desarrollo de este Acuerdo de Espacio Económico Europeo va a
tener una enorme repercusión que deseamos sea positiva para
nuestro país.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tocino.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, en este
último trámite parlamentario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo permítanme, una vez más, definir los
objetivos y consecuencias principales del mismo, dibujar el
nuevo escenario socioeconómico e institucional que representa
y constatar la evolución favorable que el conjunto de fuerzas
políticas ha producido a lo largo de su tramitación.
La implantación de las cuatro libertades (libre circulación de
mercancías, personas, capitales y servicios, excluyendo
algunos productos agrícolas) en un espacio de 375 millones de
consumidores con un alto poder adquisitivo constituye el
espacio económico más importante a nivel mundial, que va más
allá de lo que es una zona de libre intercambio comercial,
estableciendo una amplia libertad, pero sin llegar a crear una
frontera exterior común ni a eliminar las fronteras
interiores.
El Acuerdo no cubre las políticas agrícola y pesquera
comunitarias. Tampoco comprende la política fiscal, la
política de seguridad, la política exterior, la política
regional y la política económica y monetaria.
Para la creación del Espacio Económico Europeo, los países
pertenecientes a la EFTA han aceptado gran parte del acervo
comunitario, si bien el Acuerdo prevé que dicho acervo
comunitario será progresivamente actualizado a medida que se
vaya desarrollando la legislación comunitaria en aquellos
sectores abarcados por el Acuerdo. Representa, en realidad, la
antesala de una integración de los países de la EFTA o de una
miniadhesión a la Comunidad Económica Europea.
El Espacio Económico Europeo hace posible la participación en
el mercado interior de unos países muy competitivos como los
de la EFTA, con una estructura económica e industrial
semejante a los países más desarrollados de la Comunidad
Económica Europea. Con una población inferior al 10 por ciento
del total de la comunitaria, la EFTA tiene un producto
interior bruto que representa el 15 por ciento de la Comunidad
Económica: 20.000 ecus por persona y año de renta «per
capita», frente a los 14.400 de media en la Comunidad. Ello
representa dos vertientes, que pueden dar lugar a efectos
contrarios, según sea la acogida y reacción de la sociedad
española en su conjunto. Por una parte, supone ampliar las
posibilidades de las empresas españolas a un conjunto de
consumidores con un alto poder adquisitivo. Por otra parte,
estas empresas españolas van a tener que concurrir con otras
que han demostrado ya un alto grado de competitividad.
Es indiscutible que el éxito o fracaso futuro de los
resultados finales de este Acuerdo del Espacio Económico
Europeo y del Protocolo adicional depende en gran medida de la
capacidad de acierto con que la sociedad española, en su
conjunto, aborde el reto de la competitividad de sus sectores
productivos.
A esta responsabilidad, compartida por el conjunto de la
sociedad, están encaminados hoy los esfuerzos de las
administraciones públicas. Pero resultaría un esfuerzo vano si
no contara con la concurrencia de empresarios y trabajadores
en el diseño de un marco estable para los próximos años, que
permita a nuestra economía aprovechar este y otros escenarios
de oportunidades que se van a producir y combatir así la mayor
de las desigualdades que sufre Europa en estos momentos, que
no es otra que el desempleo.
El Tratado del Espacio Económico Europeo diseña también un
marco institucional complejo para la toma de decisiones, en el
que se distinguen dos momentos distintos en la configuración
de la decisión; la consulta previa a los países de la EFTA
(«decisión shaping») o la toma de decisión («decisión
making»).
Lo insatisfactorio de este sistema para los países de la EFTA
ha contribuido, sin duda, a que la mayoría de dichos países
hayan solicitado la adhesión a la Comunidad Económica Europea,
al verse abocados a aplicar normas en las que no deciden. Hay
que recordar aquí que, en contra de lo afirmado por algún
portavoz, quien decide finalmente, en caso de conflicto, es el
Tribunal Europeo de Justicia.
Ese Tratado crea también un marco de cooperación en materias
tan importantes como la investigación y el desarrollo
tecnológico, la educación, la formación y juventud, el turismo
y el medio ambiente. Un fondo de cohesión que es de especial
importancia para España, en el que se encuadran las
concesiones obtenidas en materia de agricultura y pesca.
Ha sido completado con la creación de un mecanismo financiero
del Espacio Económico Europeo o fondo EFTA de cohesión. Hay
que recordar que este mecanismo se suma al previsto en el
Tratado de la Unión, celebrado en Maastricht; que dicho fondo
dispondrá de 1.500 mecus en concepto de préstamos, con una
bonificación de intereses del 2 por ciento para toda la
duración del Espacio Económico Europeo, así como 500 mecus en
donaciones desembolsables en cinco
años, a partes iguales anuales, a partir de la entrada en
vigor del acuerdo. De este fondo de cohesión serán
beneficiarios Irlanda, Grecia,
Portugal y las regiones españolas calificadas como objetivo 1
del FEDER.
Está previsto que los recursos del mecanismo financiero se
dediquen a proyectos en los siguientes sectores prioritarios,
y fundamentales diría yo, para la competitividad, como es el
medio ambiente, las infraestructuras, incluidas las de
transporte, y la educación, incluida la formación de recursos
humanos.
Finalmente, quiero resaltar la evolución favorable de las
fuerzas políticas parlamentarias respecto al Espacio Económico
Europeo. Su tramitación en esta Cámara ha conocido sólo
enmiendas sobre temas puntuales. No se ha cuestionado lo
beneficioso del conjunto del Tratado para España y para la
construcción europea. Hay que señalar que en el tiempo
transcurrido desde que se inició su primera tramitación han
ocurrido hechos notorios, tanto en los países de la EFTA como
en la propia Comunidad Económica Europea.
Dentro de los primeros, el referéndum suizo, con resultado
negativo, ha provocado la firma de un Protocolo adicional el
17 de marzo de 1993, que excluye del Espacio Económico Europeo
a este país. Dentro de la Comunidad Económica Europea se ha
superado el referéndum de Dinamarca, y la Sentencia del
Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe ha permitido la
ratificación del Tratado de la Unión por los doce países
firmantes, con lo cual éste entrará en vigor el próximo 1.º de
noviembre.
Señorías, éste es, sin duda, un tiempo importante para el
futuro de nuestro destino colectivo. Es nuestra
responsabilidad dotar a España de un marco en el que los
agentes sociales, empresarios y trabajadores, encuentren las
certezas necesarias para afrontar las numerosas incertidumbres
que está conociendo la humanidad en esta etapa de nuestra
generación. Del acierto en el diseño de este marco y de su
solidez depende, en gran medida, el futuro bienestar de
nuestros conciudadanos y de las futuras generaciones.
En la convicción y el deseo de acertar, el Grupo Parlamentario
Socialista dará su apoyo a este Tratado y a su Protocolo
adicional, como instrumento para lograr estos fines.
Señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación.
Votación del dictamen de la Comisión relativo al Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo y Protocolo adicional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos 306; a favor, 305; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la
Comisión.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1994 (Número de expediente 121/000013)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN
JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR
DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto segundo del orden del día: Debates de totalidad de
iniciativas legislativas. Debate correspondiente a las
enmiendas de totalidad presentadas a los proyectos de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 y al de Medidas
Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo.
Para presentar los proyectos en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor
Presidente, señorías, la presentación por parte del Gobierno
ante esta Cámara de los Presupuestos de 1994 aporta tres
novedades claras respecto a los años anteriores. La primera de
fondo y la más importante es que se presentan en un momento de
crisis y de dificultades económicas, sin que sea un consuelo
constatar que todos los países de nuestro entorno están
atravesando un momento parecido. El crecimiento del producto
interior bruto experimentará un retroceso del 0,8 en 1993, con
una fuerte caída de la inversión, especialmente en bienes de
equipo, y una tasa de paro del 22,4 por ciento, medida en
términos de EPA. Como consecuencia de esto, las cuentas
públicas también se han visto afectadas por la crisis,
reflejando un déficit del 6,2 por ciento del PIB, superior al
previsto, con importantes caídas en los ingresos y
desviaciones en el gasto, especialmente en aquellas partidas
que, como el desempleo, reflejan más la situación cíclica de
la economía. Los presupuestos que hoy presentamos tienen que
ser una pieza importante en la estrategia de superación de la
crisis y creación de empleo, sin pretender
que son la única herramienta de que dispone la política
económica del Gobierno para conseguirlo.
La segunda novedad deriva de la voluntad popular, expresada en
las recientes elecciones generales de junio. El Grupo
Parlamentario que apoya al Gobierno, pese a ser el más
numeroso, no tiene la mayoría necesaria para, con sus propias
fuerzas, aprobar la Ley de Presupuestos de 1994. Los
ciudadanos han querido instalar en esta Cámara una cultura de
pacto parlamentario, distinta y más necesaria que en
legislaturas pasadas. Si la estabilidad política de un país es
siempre un bien absoluto a alcanzar o preservar, lo es todavía
más cuando se agudizan las incertidumbres sobre la economía y
su futuro. Consciente de sus responsabilidades, el Gobierno ha
intentado y conseguido la suficiente estabilidad política y
parlamentaria para que la presentación de estos presupuestos
no fuera un motivo de desestabilización, como algunos podrían
pretender. Gobernar o contribuir a la gobernabilidad del país
a través de pactos parlamentarios estables es acatar el
mandato de las urnas con sentido de responsabilidad, y tenemos
que asumirlo con la misma naturalidad que en otros países
europeos, en los que funciona con alta y prolongada
estabilidad basada en pactos o coaliciones parlamentarias. La
tercera novedad de este debate lo constituye el hecho de hacer
coincidir en el mismo tanto el proyecto de ley de
Presupuestos como el de Medidas Fiscales y de Reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección del
Desempleo. La razón de este hecho es doble; en primer lugar,
razones de carácter jurídico obligan a presentar en dos
proyectos de ley separados las propuestas del Gobierno,
atendiendo a su carácter y temporalidad; en segundo lugar,
porque ambos proyectos de ley están estrechamente vinculados
entre sí, hasta el punto de que definen una unidad de
propósito, se refuerzan mutuamente, y por ello su presentación
es simultánea. A ambos me referiré conjuntamente en mi
exposición. El Gobierno presenta, pues, a esta Cámara un grupo
de normas, medidas y decisiones coherentes inscritas en la
línea global de política económica ya expuesta en este mismo
hemiciclo en la comparecencia de principios de agosto y que
forma parte del conjunto de actuaciones que el Gobierno está
adoptando para hacer frente a la crisis, y sobre todo para
sentar las bases de la recuperación económica y de la creación
de empleo.
¿Cuáles son los grandes objetivos del presupuesto? Por parte
del Gobierno se han destacado cuatro elementos esenciales,
claves para la definición del presupuesto: en primer lugar, la
consolidación presupuestaria; en segundo lugar, el
mantenimiento de la protección social; como tercer elemento,
el mantenimiento del esfuerzo inversor por parte de las
administraciones públicas; y, finalmente, incentivar la
inversión y la creación de empleo. Sin embargo, permítanme
SS.SS. que, antes de hacer alusión a esos cuatro grandes
objetivos del presupuesto, me refiera al contexto económico
actual, aunque sea de forma muy breve, y a las previsiones
para el año 1994.
El añor 1993 se caracteriza en el contexto internacional en
que vivimos, en la Europa comunitaria, por ser un año de
recesión. El producto interior bruto cae, como media, el 0,5
por ciento y aumenta claramente el desempleo. Ello trae
consigo un déficit creciente en las administraciones públicas
hasta el punto de alcanzar el 6,3 por ciento del PIB como
media, es decir, un 1,2 por ciento más que en 1992. Para el
año 1994 las perspectivas parecen algo mejores. Por una parte,
las reformas o la adaptación del Sistema Monetario Europeo en
el mes de agosto han permitido evitar las tensiones que se
estaban produciendo en el ámbito monetario. En segundo lugar,
empiezan a corregirse algunos de los desequilibrios que tan
fuertemente han acentuado la crisis en el año 1993 , y me
estoy refiriendo especialmente a las dificultades por las que
ha pasado Alemania, sobre todo en lo que se refiere a precios.
Y finalmente, se está produciendo un estrechamiento de los
diferenciales de los tipos de interés con Estados Unidos. Todo
ello nos hace prever un año 1994 mejor que el anterior. Si
somos capaces de poner en marcha unas políticas
macroeconómicas estabilizadoras y de llevar a cabo además las
reformas estructurales necesarias para conseguir una mejora de
los mercados, una mayor flexibilidad y una consolidación del
gasto público, creo que estamos en condiciones de prever un
año 94 claramente mejor que el 93.
¿Cómo ha funcionado el año 93 en España, qué deberíamos
resaltar de él, cuáles son las perspectivas para 1994? Yo
diría que el año 93, en términos económicos, se ha
caracterizado en nuestro país por tres rasgos. En primer
lugar, la recesión económica; en segundo lugar, la importante
destrucción de empleo; y en tercer lugar, las incertidumbres
que se plantean en los mercados de cambio.
En cuanto a la recesión económica señalaría que posiblemente
terminaremos al año con una caída del producto interior bruto,
como media, del 0,8 por ciento. Ello se va a deber
fundamentalmente a un retraimiento de la demanda interna como
consecuencia de la caída del consumo privado. La percepción de
los agentes respecto a su renta permanente les ha hecho que
gastaran menos que en otras circunstancias y también en cierta
forma se ha recuperado la situación financiera de las familias
muy afectada por la crisis anterior. El consumo público no ha
podido compensar totalmente esta situación, porque a pesar de
que su crecimiento ha sido del 1,2 por ciento respecto al año
1992, sin embargo ha sido inferior al del año anterior. Es
verdad que la caída en la inversión tampoco hay que
considerarla como un elemento positivo, especialmente en la
caída de inversión de bienes de equipo, que ha sufrido un
grave
retroceso del 13,1 por ciento, dada la falta de
necesidad de inversión para satisfacer el consumo al que antes
he hecho referencia. Sin embargo, como en otras ocasiones en
nuestra historia reciente, ha sido la demanda exterior la que
ha aportado un papel positivo a la situación de crisis. El
buen comportamiento de la exportación, en gran medida debido a
la debilidad de la demanda interna y a las ganancias de
competitividad consecuencia de la devaluación, ha sido un
elemento motor del crecimiento en este período, y todo ello a
pesar del mal contexto económico de nuestros principales
mercados exteriores. Inversamente, las importaciones se han
comportado de forma no conocida desde el año 1984. Por primera
vez han caído y también han jugado de forma muy importante el
tipo de cambio y la evolución de la demanda interna. Todo ello
nos ha llevado a una situación de inflación yo diría
claramente positiva; el deflactor del PIB ha caído en dos
puntos hasta situarnos en el 4,5 por ciento y el deflactor del
consumo privado todavía ha tenido una caída del 6,4 al 4,9 por
ciento. Todo ello nos permitirá terminar el año con un IPC
próximo al 4,5 por ciento, que supone un esfuerzo muy
importante respecto a la situación anterior, especialmente si
consideramos que en dicho incremento se toman en consideración
las elevaciones de los impuestos especiales, sobre todo en
hidrocarburos, los elevados incrementos de salarios que se
producen a lo largo del año 1993 y el alza de los productos
importados como consecuencia de la devaluación. En definitiva,
yo diría que estos componentes muestran algunos elementos
positivos que, sin embargo, no son suficientes para compensar
uno de los aspectos peores de nuestra crisis, que ha sido el
de la importante destrucción de empleo.
La caída del empleo en términos medios anuales de alrededor de
500.000 personas nos demuestra que el ajuste vía cantidades
refleja unas consecuencias muy negativas en mercados con
rigideces en precios cuando estamos en una coyuntura recesiva.
De ahí que, por parte de Gobierno, se haya insistido de forma
permanente en la necesidad de flexibilizar esos mercados y que
no se produzcan paradojas como las que se han dado en el año
1993, en las que con caída tan importante del empleo, sin
embargo los salarios siguen aumentando en términos medios al 6
por ciento. ¿Cómo prevemos el contexto del año 1994? Como he
referido anteriormente, el contexto será sin duda alguna más
favorable. La recuperación puede venir marcada, en primer
lugar, por la mejora de la competitividad, vinculada a la
devaluación del tipo de cambio en estos años: en segundo
lugar, por la mejora de la competitividad, consecuencia de la
moderación de rentas salariales, y, en tercer lugar, por las
reformas estructurales a las que anteriormente he hecho
referencia. Todo ello nos debería permitir ir a una
combinación de reducción de tipos de interés y mejora de las
expectativas que al final trajeran consigo la deseada
inversión generadora de empleo.
Decía anteriormente que es imprescindible hacer referencia a
cuatro grandes objetivos en el Presupuesto de este año para
conocer con detalle cuáles son aquellos elementos que el
Gobierno considera fundamental conseguir a lo largo de este
instrumento esencial de nuestra política económica.
El primer elemento básico es sin duda alguna el de la
consolidación presupuestaria al que anteriormente me he
referido. En los presupuestos que presentamos a esta Cámara
está previsto que el presupuesto de las administraciones
públicas centrales disminuya en un 0,5 por ciento en el año 94
respecto al año 93. Ello nos permitiría pasar de un déficit
del 6,2 por ciento del PIB a un déficit del 5,7 en el próximo
año. La reducción puede parecer modesta. Sin embargo, esta
reducción encubre algo más. Cuando analizamos la reducción que
se está planteando en términos de presupuestos, distinguiendo
entre el componente cíclico y el componente estructural, vemos
que el componente cíclico del déficit va a pasar de un 2 por
ciento al 2,7 por ciento el año que viene y, en consecuencia,
la reducción en términos estructurales va a suponer el 1,2 por
ciento del PIB. Este es un tema que nos parece especialmente
significativo, dado que nos sitúa en las mejores condiciones
posibles cara al futuro para hacer frente a un mejor
saneamiento de nuestro presupuesto.
¿Cómo se consigue la reducción de ese gasto público? En primer
lugar, mediante la contención básicamente del consumo. Se
mantienen las rentas cuando son consecuencia de transferencias
y también mantenemos la inversión en infraestructuras como
elementos fundamentales para soportar la actuación económica o
la actividad económica imprescindible en el año 1994. El
esfuerzo que se pretende con el presupuesto de 1994 yo diría
que es un esfuerzo realista y necesario; realista, en el
sentido de que es difícil ir más allá sin poner en tela de
juicio la concepción solidaria que este Gobierno tiene
respecto a su actuación; necesario porque es imprescindible
cambiar una tendencia que es parecida a la que se está
produciendo en otros países europeos, pero que en ningún caso
podemos aceptar que nos lleve a situación tal que nos sitúe en
una posición de crisis por razones de deuda externa. El gasto
público se acaba pagando en todo caso y por ello es
absolutamente imprescindible ir a una reducción de su
crecimiento cuanto antes.
El esfuerzo excepcional del Estado para controlar su gasto
exige otras medidas de naturaleza estructural de gran
importancia. Por eso el Gobierno ha presentado junto al
proyecto de ley de Presupuestos otro proyecto de ley, de
acompañamiento al anterior y que incluye entre sus medidas
algunas de reforma del régimen jurídico de la Función Pública.
A través de estas medidas se pretende, por una parte,
racionalizar la Administración
y, por otra, poner en marcha una modernización de la misma. Ya
en el año 1994, si queremos mantener, con una política
restrictiva en cuanto a gasto, una eficaz prestación de los
servicios, es absolutamente
imprescindible disponer de una flexibilidad razonable que
permita reorganizar los efectivos, adaptando los excedentes a
donde haga falta. El instrumento fundamental que pone en
marcha dicho proyecto de ley es el de los denominados planes
de empleo por ministerio o por organismo afectado. A través de
dichos planes se pretende un diagnóstico de la estructura
administrativa de estos ministerios o de estos órganos
afectados y, a partir de ahí, producir un incremento en la
eficiencia mediante una reasignación de efectivos. Es verdad
que esa reasignación de efectivos va a exigir un cambio
respecto a las situaciones en las que pueden encontrarse los
funcionarios en el momento actual. De ahí que sea
imprescindible ir a una nueva definición, a una nueva
secuencia respecto a las situaciones de los funcionarios que,
con un debido respeto a los derechos adquiridos, permitan una
mayor flexibilidad en la Función Pública para el futuro. Ese
respeto de los derechos adquiridos, y con objeto de obtener
una mayor flexibilidad, va a dar la posibilidad de poner en
marcha una serie de medidas voluntarias que permitan a los
funcionarios actualmente en activo adaptarse a las nuevas
situaciones. Por una parte, las excedencias voluntarias
incentivadas, por otra, la reducción del tiempo de jornada y,
finalmente, la jubilación voluntaria incentivada son nuevas
situaciones que van a permitir este cambio de posición. Por
último, quiero recordar que en el proyecto de ley también se
ponen en marcha los nuevos requisitos para la excedencia
voluntaria de interés particular, que se concede en ciertos
casos y de acuerdo con las necesidades del servicio y no con
los deseos de los funcionarios. Se eleva de 10 a 15 años la
situación de excedencia para aquellos funcionarios actualmente
en esa situación y también se establece el principio de que
los funcionarios no dispondrán de más años de excedencia que
años se encuentran en activo.
Además del principio inicial de consolidación presupuestaria a
que he hecho referencia, quisiera comentar el segundo, que es
el del mantenimiento de la protección social.
En los últimos años, los gobiernos socialistas han hecho un
esfuerzo para consolidar un modelo de España en el que el
Estado asume un papel activo en ámbitos como la distribución
de la renta o la protección de los colectivos más
desfavorecidos. El Estado dedica parte de sus recursos a no
proveer servicios públicos sino a realizar transferencias,
fundamentalmente a través de pensiones o prestaciones de
desempleo, que nos permitan mantener una adecuada protección
social. El gasto previsto para protección social en el año
1994 afecta al 50,4 del presupuesto, mientras que el resto de
los gastos afectan al 49,6 del mismo. Dentro de las
prestaciones de tipo social, sin duda alguna, una de las
fundamentales, en una situación como la de desempleo actual,
es la de mantener unos niveles relativamente altos. Por eso la
protección social en los presupuestos para el año 1994 tiene
un incremento del gasto social del 6 por ciento respecto a la
situación en 1993.
Quiero referirme a los tres grandes capítulos que afectan al
gasto social y que me parecen de especial relevancia. En
primer lugar, la asistencia al desempleo, al fomento del
empleo y a la prestación social asistencial.
Este conjunto de gastos supone, en el presupuesto que hoy
presentamos a la Cámara, el 13,3 por ciento del total del
presupuesto consolidado. Los recursos totales destinados a
este objetivo serán de 3 billones 823.000 millones de pesetas.
Su incremento respecto al presupuesto inicial del año 1993
será de un 10,6 por ciento. Dentro de ellos, el concepto
fundamental es --sin duda alguna-- el de prestación por
desempleo, concepto para el que en el año 1994 están previstos
1 billón 979.000 millones de pesetas, es decir, el 56,6 por
ciento del gasto total. Y esa protección para el desempleo
crecerá, en términos del presupuesto inicial, el 13,6 por
ciento respecto al presupuesto para el año 1993. Con estos
fondos se podrá hacer frente a prestaciones contributivas para
un total de 823.000 perceptores, y a prestaciones no
contributivas para un total de 1.103.000 personas. En
definitiva estamos hablando de más de 1.900.000 personas que
recibirán la prestación por desempleo.
El segundo capítulo importante en cuanto a la asistencia al
desempleo, fomento del empleo y prestaciones asistenciales es
el de fomento de empleo, para el que están previstos en el
presupuesto de este año 329.000 millones de pesetas, de los
cuales la parte fundamental irá a la subvención de empresas
privadas para crear empleo estable, a las bonificaciones de
Seguridad Social precisamente para contratos de fomento al
empleo, y al servicio público del empleo, que se presta a
través del Inem, además de a la formación profesional
ocupacional.
En tercer lugar, en cuanto a las prestaciones de carácter
asistencial, quiero recordar que las pensiones no
contributivas con cargo a los presupuestos del Estado
afectarán a más de 300.000 beneficiarios este año y está
prevista una presupestación de 146.000 millones de pesetas, y
lo mismo que otras pensiones, éstas tendrán una revalorización
del 3,5 por ciento.
El segundo capítulo al que me gustaría hacer referencia,
dentro del gasto social, es el de las pensiones. Cuando
hablamos de política de pensiones en el sistema contributivo
no sólo afecta a la Seguridad Social sino también al sistema
de clases pasivas. El gasto presupuestado en pensiones será de
6 billones 460.000 millones de pesetas, es decir, el 22,6 por
ciento del gasto total, y el gasto presupuestado supone un
incremento
del 7,6 por ciento respecto al gasto inicialmente previsto en
el año 1993. Sin embargo, para tener una visión clara de lo
que se está haciendo por parte del Gobierno en pensiones, no
conviene centrarse únicamente en la comparación entre los años
1993 y 1994; tal vez habría que tomar un poco más de
perspectiva y ver lo que ha sucedido en los últimos años. En
el año 1989, el gasto para pensiones de Seguridad Social
incluía una cifra de 3 billones 329.000 millones de pesetas,
cifra que pasa en el año 1994 a 5 billones 770.000 millones de
pesetas, por lo tanto, con un incremento del 73,5 por ciento.
En clases pasivas, los 390.000 millones del año 1989 han
pasado a ser 690.000 millones en el año 1994, con un
incremento del 77 por ciento.
Los objetivos en las políticas de pensiones en el año 1994
quedan claramente definidos en el proyecto de presupuestos y
centrados fundamentalmente en dos grandes rúbricas. En primer
lugar, garantizar el poder adquisitivo mendiante la
actualización al 3 por ciento y una cláusula de revisión a
aplicar en el futuro y, en segundo lugar, una gestión
económica más eficiente.
El tercer gasto de naturaleza social al que querría hacer
referencia es el de la sanidad. Aquí incluimos los gastos de
asistencia sanitaria en una doble vertiente: por una parte, el
Insalud de gestión directa y, por otra parte, los servicios
transferidos a las comunidades autónomas.
Los créditos previstos para sanidad en el año 1994 serán de 3
billones 100.000 millones de pesetas, es decir, el 10,8 por
ciento del presupuesto, con un incremento de más del 6 por
ciento respecto al presupuesto del año 1993. Del volumen
total, 2.821 millones irán al Sistema de Seguridad Social, con
un incremento del Insalud de más del 6,5 por ciento, y el
resto a otras entidades y organismos. Me gustaría destacar un
punto que me parece especialmente relevante en el contexto
actual y es cómo se está distribuyendo la financiación del
Insalud en el momento presente. El 70 por ciento de la
aportación del Insalud la está realizando el Estado en el año
1993, mientras que el 30 por ciento procede de cotizaciones
sociales. Sin embargo, la aportación del Estado crecerá en el
año 1994 un 8,8 por ciento, mientras que las de cotizaciones
sociales sólo se incrementarán en un 3,3 por ciento. La razón
es muy simple. La decisión del Gobierno ha sido intentar
proteger el empleo mediante un aumento menor de las
aportaciones por cotizaciones que de las necesidades totales
de financiación del Insalud, para lo cual era imprescindible
que la aportación del resto de la sociedad a través de los
presupuestos fuese mayor y de ahí esa diferencia de
crecimiento entre uno y otro concepto.
Por último, querría hacer una reflexión sobre el desempleo. En
el nuevo proyecto de ley de acompañamiento, en el que se
introducen reformas sobre el mercado de desempleo, se plantea
un objetivo fundamental, que es consolidar el derecho a la
protección por desempleo a través de prestaciones suficientes
en caso de necesidad. Ello exige necesariamente mantener y
asegurar el equilibrio financiero del sistema público en este
caso.
Desde el año 1985 al año 1993, el sistema de protección por
desemplo ha pasado de ser financiado por una cifra que suponía
el 2,7 del producto interior bruto en el año 1985 al 3,5 del
producto interior bruto en 1993. En el momento actual,
representa el 7 por ciento del gasto total del Estado. Para
que tengamos una idea, es igual al gasto que estamos
realizando conjuntamente en infraestructuras, en industria y
energía, en vivienda, en defensa y en política exterior. Esa
es la dimensión de lo que quiere decir el desempleo cuando
estamos hablando en términos de desempleo y es muy poco menos
de lo que estamos gastando en sanidad. Por parte del Gobierno,
se ha planteado la necesidad de reformar el sistema y se ha
insistido en el deseo de consensuar la reforma del sistema.
También conviene aclarar que el número de beneficiarios, de
1985 a 1993, ha evolucionado de forma enormemente favorable.
Hemos pasado de una cobertura del 45 por ciento de los
desempleados en 1985, a una cobertura del 80 por ciento de los
desempleados en el año 1993. Y este grado de generosidad de la
sociedad española con sus desempleados en el momento actual es
claramente superior a la de la media de los países de la OCDE.
Sin embargo, en una situación como la actual, aun siendo
conscientes de la importancia de mantener el sistema, parecía
conveniente poner en marcha una serie de medidas que
supusiesen un ahorro que nos permitiera mantener los elementos
fundamentales y básicos de ese sistema. Las medidas que se
presentan en el proyecto de ley suponen aproximadamente un
ahorro de 300.000 millones de pesetas. Sin embargo, ese ahorro
no tiene un carácter indiscriminado, responde a unos ciertos
criterios que nos parecen coherentes con una política seria y
de rigor como la que intentamos poner en marcha.
Quiero volver a recordar cuáles han sido los principios en los
cuales se ha basado la propuesta del Gobierno, y que están
recogidos en las medidas específicas a las que he hecho
referencia en la ley de acompañamiento. En primer lugar, se
refuerza el principio de involuntariedad para acceder a las
prestaciones. No parece lógico que pueda cubrir el desempleo
bajas que son voluntarias, ni tampoco parece lógico que el
desempleo sirva para compensar a aquellos que no buscan
activamente empleo.
En segundo lugar, es verdad que relacionamos el pago de la
prestación con la ausencia de rentas derivadas del trabajo o
percibidas por la extinción del contrato de trabajo. En ese
sentido, se pospone el ejercicio del derecho de la prestación
de desempleo a la finalización del momento de la percepción de
las indemnizaciones compensadoras por extinción del contrato.
En tercer lugar, se pone en marcha también un sistema de
prestación que toma en cuenta el concepto de responsabilidades
familiares, en coherencia con la protección dispensada por las
prestaciones sociales no contributivas.
En cuarto lugar, aproximamos la cuantía de la prestación al
porcentaje legalmente previsto en relación con el resto de las
rentas dejadas de percibir. Dicho en otros términos, nos
parece bastante razonable que nadie que esté desempleado
obtenga más rentas que trabajando.
Finalmente, se reforman los instrumentos normativos para la
lucha contra el fraude en este sector, tema que nos parece
fundamental en un aspecto de solidaridad como el que estamos
haciendo referencia.
El tercer gran esfuerzo; el tercer objetivo del proyecto de
presupuestos, es el mantenimiento del esfuerzo inversor de las
administraciones públicas. Las razones del mantenimiento de
este esfuerzo inversor son de naturaleza doble. En primer
lugar, parece absolutamente imprescindible mantener un alto
nivel de inversión para una sociedad que exige una
modernización relativamente importante para adaptarnos a
situaciones que todavía no son equivalentes en los países que
nos rodean.
En segundo lugar, y en términos mucho más coyunturales, parece
deseable mantener una política de inversión pública
importante, con carácter anticíclico, en un momento como el
actual, de tal forma que permita ayudar a la reactivación de
la economía. Desde mediados de los años ochenta, el esfuerzo
inversor de las administraciones públicas ha sido muy superior
al del resto de la Comunidad. Sin embargo, todavía tenemos una
situación de déficit respecto a esos países, de ahí que sea
imprescindible seguir manteniendo este esfuerzo.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, aunque España
está realizando esfuerzos de alrededor del cinco por ciento,
en los años 1992 y 1993, en cuanto a su inversión pública
respecto al PIB --somos el país, después de Luxemburgo, con
niveles más altos de inversión pública--, todavía tenemos que
seguir haciendo un esfuerzo en esa dirección.
El año 1993 fue dedicado fundamentalmente en inversión pública
a una actividad planificadora, y en el mismo se definieron
tanto el Plan Director de Infraestructuras como el Plan
hidrológico nacional. El objetivo este año sigue siendo el
mismo que el de los últimos años: aproximarnos y respetar ese
cinco por cien del PIB en cuanto a inversión pública. Quiero
recordar que, cuando hablamos de inversión pública, me estoy
refiriendo no sólo a la inversión definida por los
Presupuestos del Estado y los organismos autónomos, sino a la
que afecta a otros entes públicos, Renfe, puertos y
aeropuertos, a las comunidades autónomas y corporaciones
locales, pero también a algunos agentes privados con
incidencia pública, como puede ser el caso de las
hidroeléctricas o el de las autopistas de peaje.
¿Cuál es la dotación de infraestructuras prevista para el año
1994? Al final, el presupuesto incluye una dotación de 844.000
millones de pesetas, es decir, un 11,3 por ciento más que el
presupuesto inicial de 1993. La inversión real directa del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
será de 710.000 millones de pesetas, un 15,9 por ciento más
que lo inicialmente previsto en el año 1993. Y se mantiene
también una inversión fuerte en política de viviendas, aunque
creemos que en política de viviendas no sólo el elemento
inversión es relevante, sino que aspectos como la reducción de
tipos de interés, la incentivación fiscal de alquileres, a la
que posteriormente haré referencia, o la nueva ley que
potencie y equilibre la situación entre arrendadores y
arrendatarios, podrá ayudar a mejorar la situación.
El cuarto gran objetivo de estos presupuestos es la
incentivación fiscal de la inversión y de la creación de
empleo. Todos podemos estar de acuerdo en que la creación de
empleo es el objetivo fundamental de cualquier política
económica en este país en el momento actual. Sin embargo,
debemos preguntarnos cuál es el papel del Estado en esta
creación de empleo. En mi opinión, el Estado sólo puede
definir un entorno económico favorable que permita que esa
inversión pública o privada se realice. Para ello, es
absolutamente imprescindible que el entorno macroeconómico sea
estable y que se puedan reducir los tipos de interés.
Precisamente en ese objetivo estamos y los resultados de las
últimas semanas nos permiten ser optimistas en cuanto a los
avances en esa dirección.
En segundo lugar, parecería aconsejable, a través del sistema
fiscal, poner en marcha actuaciones o incentivos que
permitiesen incrementar precisamente la inversión. Por eso
tanto en el proyecto de ley de presupuestos, como en el
proyecto de ley de medidas fiscales que le acompaña, incluimos
una serie de medidas que ayudan precisamente a la
incentivación fiscal de la inversión y a la creación de
empleo. De forma muy rápida y muy somera voy a hacer
referencia a los elementos incluidos en cada una de estas
normas, de naturaleza fiscal.
En la ley de Presupuestos, en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, se establece la nueva sujeción a
prestaciones por desempleo y ciertas pensiones de incapacidad.
Por razones de coyuntura, se ha tomado la decisión de no
deflactar ni las tarifas ni las deducciones, excepto las de
minusválidos, pero aumenta la deducción por alquileres para
mejorar la situación en ese mercado que permita animar
precisamente las actividades de construcción. En ese sentido
se toma la decisión de reducir el IVA para las viviendas de
promoción pública, de forma que tenga incidencia positiva en
el mercado de la vivienda.
En el Impuesto de Sociedades y para mejorar la situación de
las mismas se define un sistema de pagos a cuenta distinto al
anterior en función del resultado
del ejercicio en curso, de tal forma que una variación de
resultados de un ejercicio a otro no tenga los efectos
negativos que ha tenido en el
pasado. Por otro lado, en este mismo impuesto se ponen en
marcha una serie de medidas de apoyo a la inversión, pasando
del 20 al 25 por ciento las deducciones de la cuota para
inversión en el caso de la internacionalización de empresas,
deducción que será independiente de otras del Impuesto de
Sociedades.
Se establece una nueva deducción del cinco por ciento para los
incrementos en gastos de formación, con un límite de hasta el
25 por ciento de la cuota, y se aumenta del 25 al 35 por
ciento el límite conjunto de la cuota aplicable a activos
fijos, materiales nuevos, gastos de investigación y
desarrollo, y bienes inscritos en el Registro de Bienes de
Interés Cultural.
Todo ello va a implicar un sacrificio recaudatorio en el año
1994 y en años siguientes, pero creemos que el esfuerzo puede
valer la pena si conseguimos la reactivación de la situación
económica en el año 1994. Sin embargo, no todos los gastos
fiscales --posteriormente haré referencia a ellos-- del año
1994, ni siquiera toda su diferencia con el año 1993, son
consecuencia de estas medidas a las que acabo de hacer
referencia.
En cuanto a impuestos especiales, no se modifica el Impuesto
de Hidrocarburos, dado que ya se hizo con el Real Decreto-ley
3/1993, de 4 de agosto, y sí se producen las aproximaciones
pertinentes al modelo comunitario en el caso del tabaco y del
alcohol. Finalmente, en el IAE se da entrada a nuevas
actividades y se modifica el cómputo del factor superficie
para el cálculo de las cuotas.
Analizar las modificaciones fiscales que se introducen en el
año 1994 tomando en consideración sólo la ley de presupuestos
nos daría una visión parcial de las mismas. Por eso es
absolutamente imprescindible hacer referencia también a
aquellos aspectos que están incluidos en la ley de medidas
fiscales. En esta ley se elimina la exención del IRPF para
variaciones patrimoniales por transmisiones onerosas de
cuantía inferior a 500.000 pesetas, que afectan actualmente a
los fondos de inversión colectiva.
En el Impuesto de Sociedades, para empresas de nueva creación,
se acepta una exención de la cuota del 95 por ciento para
inversiones realizadas en el año 1995 y en condiciones que se
determinen en cuanto al número de trabajadores e inversión
mínima a realizar.
En tercer lugar, en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, se
fomenta la actividad productiva mediante un apoyo específico a
la pequeña y mediana empresa. En ese sentido, se exonerará del
Impuesto a los bienes afectados, a negocios empresariales y
participaciones en entidades que cumplan ciertas condiciones,
especialmente cuando se trate de actividades económicas reales
en las que el propieario de la empresa, que debe ser una
persona física, intervenga en la gestión de la misma. Con ello
nos aproximamos a un modelo que existe en un país vecino,
Francia, que lo puso en marcha con su impuesto de solidaridad
sobre las fortunas para los útiles de trabajo. Pretendemos
mantener en manos españolas las empresas españolas que se
transmiten por sucesión y consolidar una cierta empresa
familiar, que nos parece de la mayor importancia.
Por lo que se refiere al IVA, se toma una decisión importante
en base a una autorización existente en la sexta directiva
comunitaria de armonización del IVA. Se resuelve el problema
planteado por las quiebras y las suspensiones de pago. Existe
en la actualidad la posibilidad de que cuotas impositivas
repercutidas en la venta, y por tanto devengadas, no hayan
sido efectivamente cobradas. Para suprimir esta anomalía se
pone en marcha una nueva modificación del IVA que resuelva
esta situación.
Finalmente, por no extenderme en estas modificaciones fiscales
específicas diré que, en cuanto al IAE, la ley de
acompañamiento da un mayor margen a los ayuntamientos para
corregir la carga que recae sobre contribuyentes
espe c§ficos, dándole un margen en cuanto a coeficientes, a
la modificación de los índices de situación y a la exención
específica para posibles nuevas empresas instaladas en su
demarcación. Por último, me gustaría indicar que en el
Impuesto de Bienes Inmuebles se da a los centros privados
concertados una exoneración que se corresponde bastante con
otra que ya existía en el pasado, a través del sistema de la
antigua contribución urbana.
Analizados los principios fundamentales del presupuesto,
querría hacer referencia al contenido del proyecto de ley,
tanto en su articulado como en sus grandes cifras. En cuanto
al articulado querría señalar las siguientes novedades o
aspectos sobresalientes respecto a los títulos que en este
momento se han presentado.
En primer lugar, el Título I del proyecto de ley, de acuerdo
con el artículo 134.2 de la Constitución, que prescribe que
los Presupuestos Generales del Estado «incluirán la totalidad
de los gastos e ingresos del sector público estatal»,
describe, de forma pormenorizada, el ámbito institucional de
los mismos. Esta descripción coincide con la que se contenía
en la Ley 31/1992, de 29 de diciembre, de los Presupuestos
Generales del Estado de 1992, pero con una novedad, cual es la
inclusión de la Agencia de Protección de Datos, creada por Ley
orgánica 5/1992, de 29 de octubre. Conviene mencionar aquí
también que se incluyen las modificaciones orgánicas
consecuencia del Real Decreto 1173/1993, de reestructuración
de departamentos ministeriales que, entre otras novedades,
crea el Ministerio de la Presidencia y el de Comercio y
Turismo, y suprime los Ministerios de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno y su portavoz.
En este mismo Título se contienen normas que consagran
limitaciones presupuestarias, cuyo objeto es
adecuar la ejecución del preupuesto a las cifras inicialmente
aprobadas. Así, se establece que el conjunto de obligaciones
reconocidas en 1994 con cargo al Presupuesto del Estado y
referidas a operaciones no financieras, excluidas las
derivadas de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados
por las Cortes, así como de las generaciones de crédito
financiados con ingresos previos, no podrán superar la cuantía
total de los créditos inicialmente aprobados para atender
dichas operaciones. Se señala que los créditos extraordinarios
y suplementos de crédito no podrán superar la cuantía total de
los inicialmente aprobados para atender a dichas operaciones,
y también se señala que los créditos extraordinarios y
suplementos de crédito no podrán superar, en ningún caso, el 3
por ciento de los inicialmente aprobados.
Resulta conveniente hacer en este punto una alusión al nivel
de vinculación de créditos presupuestarios, ya que el artículo
nueve del proyecto considera vinculantes, con vigencia para el
año 1994 y a nivel de subconcepto, los relativos a una serie
de partidas específicas que en el mismo se recogen. Por
terminar con este Título, quiero hacer referencia al artículo
once del proyecto de ley, que recoge un préstamo concedido por
el Estado a la Seguridad Social por importe de 345.000
millones de pesetas, con el objeto de proporcionar la
cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y
a posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma en el
año 1994.
En el Título III, y por lo que se refiere a la materia
retributiva, el artículo veintiuno del proyecto de ley
establece que las retribuciones íntegras del personal al
servicio del sector público no experimentarán variación con
respecto al ejercicio anterior. Este criteiro limitativo será
aplicable a las remuneraciones de personal laboral y
funcionario del sector público estatal y se hace extensible a
las comunidades autónomas y entidades locales, en uso de la
competencia del Estado, para fijar las bases y criterios de
coordinación de la actividad económica.
Este deseo de contención del gasto explica igualmente la
suspensión de la oferta de empleo público para el año 1994,
que se contiene en la disposición transitoria quinta del
proyecto, dejando a salvo la convocatoria excepcional de
vacantes que el Gobierno considera pueden afectar al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En el Título V, el artículo cincuenta y uno del proyecto de
ley da nueva redacción al artículo 101 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, introduciendo una novedad
significativa: la prohibición de que, en lo sucesivo, las
entidades del sector público concierten operaciones de
endeudadamiento con el Banco de España. Esta novedad viene
exigida por el Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de
1992, e implica una racionalización y disciplina del
endeudamiento del sector público y, por tanto, del gasto. En
el Título VI se incluyen una serie de normas de tipo
tributario, a las que he hecho referencia, y en el Título VII,
relativo a las haciendas autonómicas y corporaciones locales,
me gustaría distinguir entre ambas. En cuanto a corporaciones
locales, el proyecto de ley prorroga los criterios de
cuantificación de la participación del Estado, fijados
inicialmente en la Ley 39/1988, para el próximo año. Tienen
carácter de provisionalidad y la idea del Gobierno es negociar
con las corporaciones locales un nuevo sistema que pueda ser
aplicable para el quinquenio 1994-98. Por lo que se refiere a
las comunidades autónomas, el proyecto se atiene a las
directrices señaladas en el acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, si bien introduce
una novedad en relación con la participación de las
comunidades autónomas uniprovinciales en los ingresos del
Estado. El artículo noventa y tres señala que las Comunidades
Autónomas uniprovinciales de Asturias, Rioja, Murcia y
Navarra, participarán en los ingresos del Estado como
diputaciones provinciales y, sin embargo, en el caso de
Cantabria y Madrid, y en virtud de lo acordado por las
respectivas comisiones mixtas, la participación en los
ingresos del Estado que les corresponde como diputaciones
provinciales, quedará integrada en la participación que les
corresponde como comunidades autónomas. Sin embargo, no está
previto el reciente acuerdo --no podía estarlo por las fechas
en que se produce-- sobre cesión del 15 por ciento del IRPF a
las comunidades que, por motivos obvios de calendario, tendrá
que ser discutido como enmienda, o bien será objeto de
articulación normativa en una disposición independiente.
Finalmente, quiero recordar que en el artículo noventa y siete
se mantienen las autorizaciones que habitualmente se dan al
Gobierno para modificación de estructura de la Administración
del Estado, que adquiere mayor importancia en el momento
actual, como consecuencia de las normas a las que he hecho
referencia respecto a la modificación del régimen jurídico de
la Función Pública.
Señorías, de forma rápida, voy a intentar ya dar algunas
cifras adicionales sobre el presupuesto total consolidado y
los presupuestos de los diferentes sectores, para que SS.SS.
tengan una visión total de lo que aquí hoy se plantea. En
cuanto al presupuesto consolidado, quiero recordar,
simplemente, que los ingresos totales para el año 1994 afectan
a 22 billones 746.000 millones de pesetas, con un crecimiento
del 0,9 por ciento. Hay una caída de los impuestos directos de
las cotizaciones sociales, fundamentalmente como consecuencia
de las reducciones de ingresos en el Impuesto de Sociedades
vinculado a la situación económica, pero también a las
ventajas de todo tipo que hemos dado a las empresas en los
últimos años para precisamente mejorar la situación de las
mismas y crear empleo. En cuanto a los impuestos indirectos,
está prevista una caída del 3,9 por ciento de los impuestos
indirectos respecto al presupuesto
inicial de 1993 y un incremento, sin embargo, del 12,1 por
ciento respecto al presupuesto de liquidación.
Es verdad que está previsto un importante incremento de la
recaudación por IVA, que se debe, fundamentalmente, al aumento
nominal del consumo y a la normalización del sistema, dado que
en el año 1993 existió la compensación de las sociedades en
adquisiciones intracomunitarias, como consecuencia de la
aplicación del nuevo sistema comunitario. Sin embargo, me
gustaría destacar, en cuanto a ingresos, las transferencias
corrientes, especialmente las de Bruselas, como consecuencia
de la puesta en marcha de la política agrícola común y de la
recepción de nuevos fondos, derivados del incremento de los
fondos estructurales y de los fondos de cohesión. Desde el
punto de vista de ingresos, me gustaría finalizar diciendo
que, tanto la presión fiscal como la tributaria, disminuyen
respecto a la previsión final del año 1993 en un 0,8 por
ciento y en un 0,6 por ciento del PIB, respectivamente.
En cuanto a los gastos fiscales, he hecho ya referencia a la
importancia que tienen, tanto en el Impuesto de Sociedades,
donde crecen el 33 por ciento, como en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, donde también se produce un
incremento, fundamentalmente por la exención de la
tributación, en el caso de deuda pública, por no residentes,
y, en el IVA, como consecuencia también del cálculo de la
alícuota superreducida para las operaciones intracomunitarias.
En gastos totales, el presupuesto va a ser de 28 billones
630.000 millones de pesetas, con un incremento del 9,5 por
ciento respecto al presupuesto inicial de 1993, pero con una
caída de 1,6 por ciento respecto al presupuesto de
liquidación. Las operaciones no financieras serán de 26
billones 400.000 millones. Aquí también hay incremento
respecto al presupuesto inicial del 10 por ciento y una
estabilización respecto al presupuesto de liquidación.
El gran capítulo de gastos es, sin duda alguna, el de
transferencias corrientes. Este solo capítulo, dado su
carácter redistribuidor, es un elemento fundamental de toda
nuestra política y explica el 57 por ciento del presupuesto.
Sin embargo, no querría dejar de destacar el importante
crecimiento que van a tener en el año 1994 los gastos
financieros como consecuencia del incremento de la deuda
pública acumulada en los últimos años.
En cuanto a los presupuestos de los diferentes sectores
querría destacar que el Presupuesto del Estado para el año
1994 se cifra en un total de 16 billones 499.000 millones; que
los gastos que responden a derechos subjetivos, que ofrecen
por tanto poco margen de flexibilidad, suponen prácticamente
el 80 por ciento del total del presupuesto; que, en
consecuencia, el margen de que disponemos para actuar en
términos de restricción es tan sólo de tres billones de
pesetas; que de ellos mantenemos el gasto en infraestructura
de 700.000 millones de pesetas; y que el esfuerzo realizado en
los restantes gastos del Estado ha tenido que ser muy
importante para conseguir la reducción a que anteriormente he
hecho referencia.
En cuanto a organismos autónomos, me gustaría destacar el
importante crecimiento del presupuesto de organismos autónomos
administrativos, sobre todo, como consecuencia de las
transferencias al Inem y del incremento de fondos del Iryda
por la aplicación de la nueva política agrícola común. En
organismos comerciales, industriales y financieros, el
incremento se explica también por las transferencias
adicionales que se reciben de Bruselas al Forppa, para la
financiación de las ayudas de compensación en la aplicación de
la política agrícola común reformada. En cuanto a Seguridad
Social, el presupuesto aumenta en el 7,7 por ciento y, con 9
billones 969.000 millones, constituye el segundo gran
presupuesto dentro de los consolidados del Estado. De este
total de 9,9 billones, 8 billones 500.000 millones están
destinados a transferencias, que fundamentalmente están
cubriendo las pensiones, contributivas y no contributivas, la
asistencia sanitaria, la farmacia, la ILT y los restantes
conceptos de esta naturaleza.
Señorías, estas son las grandes orientaciones del presupuesto
y las medidas conexas que hoy presenta el Gobierno. Es un
presupuesto en el que se mantiene el carácter prioritario de
las políticas del área social: las pensiones, la protección al
desempleo y otras prestaciones sociales, incorporando
plenamente las variables del incremento que determinan la
asignación preferente del recurso a los programas de
prestaciones. En segunda lugar, se racionaliza el gasto
sanitario. En tercer lugar, en política educativa --quiero
referirme a ella-- se dispone de los recursos suficientes para
seguir proporcionando una oferta pública de servicios
educativos adecuados a la realidad sociodemográfica de nuestro
país; se orientan los objetivos de las políticas activas en el
mercado de trabajo hacia aspectos más incentivadores de la
ocupación; se incentivan las actuaciones inversoras en la
política de infraestructuras para salvar el déficit existente
y en aras de su papel dinamizador de la actividad económica;
se atienden los compromisos contraídos de financiación de
otras administraciones públicas, autonómicas, locales, y
Comunidad Europea; se incrementan notablemente los recursos
destinados al sector agropecuario, como consecuencia de los
efectos más favorables de la política agrícola común, y,
dentro de los servicios generales de carácter tradicional, se
aumenta la política definida en materia de Justicia, para
continuar con las acciones de años anteriores dirigidas a
desarrollar la nueva organización judicial contenida en la Ley
de Demarcación y Planta y afrontar los problemas derivados del
excesivo número de reclusos que albergan gran parte de los
establecimientos penitenciarios.
En definitiva, es un presupuesto que define la voluntad del
Gobierno, tanto de asegurar la máxima estabilidad
política para España como de repartir solidariamente los
esfuerzos para hacer frente a la crisis, mediante una política
económica que acabará por estimular la inversión y la creación
de empleo. Por todo ello, porque estamos convencidos de que
son los
mejores presupuestos dentro de lo posible, pedimos su voto en
un momento difícil, en el que cada cual debe mostrar
públicamente su predisposición a sumar, en vez de restar, a
ayudar, en vez de entorpecer, y a empujar en la misma
dirección, en vez de poner palos entre las ruedas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas de totalidad del Grupo Popular a los dos proyectos
de ley a los que se refiere este debate.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, habiendo
sobrevivido a la intervención del señor Ministro de Economía y
Hacienda,... (Aplausos.--Pateos.--Silbidos.), quisiera
comenzar.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor AZNAR LOPEZ: ...quisiera comenzar dándole las gracias
por el esfuerzo que ha hecho en leernos el preámbulo de la ley
de acompañamiento a los presupuestos, así como una buena parte
de la literatura que les acompaña.
Pero el problema que hemos venido a discutir aquí esta tarde,
señorías, no es exactamente ése. El problema es si, en una
situación de crisis, la política económica del Gobierno que
reflejan estos Presupuestos es útil o no es útil, es correcta
o incorrecta para superar la crisis de la economía española. Y
la verdad, señorías, es que sufrimos una crisis cuya gravedad
se define en muy pocas palabras: 3.500.000 parados (Rumores.);
una destrucción de empleo que superará este año los 550.000
puestos de trabajo; una economía que, en lugar de crecer,
decrece, con una caída de la producción que rondará el uno por
ciento y un descenso de la inversión superior al 10 por
ciento.
Por centrarnos solamente en sus rasgos esenciales, es una
crisis de empleo, una crisis de la inversión y una crisis
industrial.
Esta triple expresión de la crisis confirma que el principal
problema de la economía española, la falta de competitividad
de nuestro sistema productivo, sigue siendo y sigue estando
todavía intacto. Crisis económica que, como señalaba antes,
está siendo especialmente dura en el sector industrial. La
acusada caída del empleo y el retraimiento de la producción en
este sector lo ponen bien a las claras de manifiesto. Y
nuestras posibilidades de recuperación se hacen más difíciles,
porque se está dañando, y gravemente, el corazón mismo de la
actividad económica.
Por otra parte, la lista de damnificados por la crisis se va
ampliando; los parados --como demuestran los datos y la
realidad social-- aumentan sin cesar; mientras --como hemos
tenido oportunidad de escuchar-- se endurecen las condiciones
de acceso a las prestaciones por desempleo; los empresarios
ven cómo la actividad languidece o incluso, para muchos de
ellos, desaparece; los funcionarios sufren una importante
pérdida de capacidad adquisitiva; los jubilados verán mermadas
sus pensiones; los jóvenes, sus expectativas de trabajo, y el
conjunto de los ciudadanos tiene que apretarse el cinturón
cada vez más. Crece una división muy preocupante en la
sociedad española; crece una división entre los activos,
aquellos ciudadanos, cada vez menos, que tiene empleo, y los
pasivos, que conviven cada vez en peor armonía económica. Es
verdad que la crisis es internacional y que afecta a los
países de nuestro entorno, pero lo que no es cierto es que la
crisis española sea una simple consecuencia de los problemas
de otros países. La crisis española es más intensa que la de
nuestros vecinos. El descenso de nuestra economía duplica la
media prevista para Europa en 1993 y nuestra tasa de desempleo
es, nada menos, que el doble de la media europea. Las
dificultades de la economía europea, por lo tanto, no explican
que las nuestras sean peores. Algún otro factor debe entrar en
juego y, sin duda, es un factor omitido en el discurso que
hemos escuchado con anterioridad. Y es que la responsabilidad
de la política económica de los gobiernos del señor González
ha sido muy elevada.
En efecto, en nuestra opinión, la responsabilidad de la
política económica del señor González en la génesis de nuestra
crisis ha sido doble. Por acción, al prolongar en el tiempo
una combinación incoherente de políticas presupuestaria y
monetaria, y por omisión, al no acometer las reformas
estructurales que nuestro tejido productivo requería y sigue
requiriendo.
Los presupuestos han sido tan inútil como continuadamente
expansivos a consecuencia de un gasto público sin control que
los aumentos de la presión fiscal no podrán sufragar. La
situación ha ido empeorando con el tiempo hasta agravarse
extraordinariamente en 1993. En este año el déficit público --
que tampoco ha sido citado en el discurso-- ha crecido
espectacularmente, en parte empujado por la propia crisis
económica, pero, sobre todo, por las decisiones irresponsables
de un Gobierno que se ha gastado sencillamente lo que no
tenía.
En el último trimestre de 1992, señorías, la deuda pública --
que tampoco ha sido tratada en la intervención anterior-- de
las adminstraciones centrales --último trimestre de 1992-- era
de un 48,4 por ciento del producto interior
bruto. En el segundo trimestre de 1993 ha subido hasta un 53,2
por ciento del producto interior bruto. Es decir, la nueva
deuda, en seis meses, equivale a cinco puntos del producto
interior bruto o, lo que es lo mismo, tres billones de
pesetas.
¿Me pueden explicar ustedes cómo es posible que en seis meses
se haya incrementado la deuda en tres billones de pesetas?
Quizá tenga algo que ver el hecho de que el pasado mes de
junio, casualmente, hubiera elecciones generales.
La situación se agravó, además, porque el Gobierno ha sido
incapaz de acometer una serie de reformas estructurales
necesarias: la reforma del sistema impositivo, la reforma del
mercado laboral y la reforma del sector público, por ejemplo,
que continuamente se han anunciado como imprescindibles y que
constantemente se han ido aplazando.
La falta de credibilidad que afectó al conjunto de la política
económica ha generado un sentimiento de desconfianza en los
inversores. ¿Qué confianza puede merecer para los inversores
un Gobierno que trae a esta Cámara un Programa de Convergencia
que no aguanta ni dos meses la prueba de la realidad? ¿Qué
confianza puede merecer para los inversores un Gobierno que no
cumple nunca con sus propios presupuestos? ¿Qué confianza
puede merecer para los inversores un Gobierno que cada tres
meses afirma que la recuperación económica está a la vuelta de
la esquina?
La crisis, a la que usted, señor González, tan generosamente
ha contribuido, sólo puede calificarse de una forma: muy
grave. Y tal vez usted no quiera reconocerlo, pero la realidad
la reflejan las cifras, los informes económicos
internacionales, la perciben los españoles en la calle y es
una realidad extraordinariamente grave.
Y no es menos grave que usted y el Gobierno no sepan qué hacer
con ella. Porque, con su política, las características que
definen nuestra crisis dejan muy poco margen a la
recuperación. Usted sabe bien que, en las circunstancias
actuales españolas, con su política, una hipotética
reactivación del consumo y de la inversión quedarían ahogadas
ante el consiguiente rebrote de la inflación y la reapertura
de un déficit exterior imposible de financiar.
En estas circunstancias, señorías, qué cabría esperar de un
Gobierno responsable. Pues cabría esperar que tomase
iniciativas, cabría esperar que no se entregase a un
triunfalismo absurdo y propagandístico, cabría esperar que no
falseara la realidad cada seis meses anunciando inminentes
recuperaciones o repetidos contactos con el fondo, como si
tocar fondo fuese un principio de esperanza para una economía
y mucho menos con una política que a lo que ha acostumbrado a
los ciudadanos españoles es a pasearse sin perspectiva de
futuro por el fondo. Que tomara iniciativas ante la situación
del país, aunque tal vez tengamos que comprender, y yo
comprendo, que es mucho pedir a quien parece haber apostado
por un relajado y tranquilo esperar a que escampe.
Pero hay cosas más sencillas y, a la vez, también más
urgentes. En esta situación realmente grave de nuestro país,
cabría esperar que el Gobierno tuviera el coraje, al menos, de
decir la verdad. Así de sencillo, señor González, pero, al
parecer, imposible de conseguir de usted. Hace cuatro meses,
en plena campaña electoral, perdió usted una oportunidad
preciosa para explicar a los españoles la realidad de lo que
ocurría; encontró usted más atractivo, por lo visto, más
asimilable, pregonar que la crisis era pasajera y que ya en
octubre, ahora, estaríamos remontándola.
No le estoy pidiendo, señor González, nada extraordinario. Le
estoy pidiendo que se dé cuenta de que no hay un solo jefe de
Gobierno Europeo, ni uno, que no esté dando la cara ante la
sociedad para afrontar la crisis que sufren sus países. Ni
uno. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Nosotros
confíamos en que pronto pueda usted, sin duda ahora atareado
por las altas y muy altas responsabilidades del Gobierno,
encontrar un hueco en su agenda para decir la verdad a la
sociedad española. Porque usted sabe que la primera condición
de cualquier política económica es un diagnóstico real de la
situación, que tiene que ir seguido de la toma concreta de
decisiones.
Señorías, para superar la crisis económica hay que cambiar, en
nuestra opinión, de modo sustantivo, la política económica.
Ese es un cambio que tiene dos grandes componentes: modificar
la combinación de la política presupuestaria y de la política
monetaria, por una parte, y acometer, de una vez por todas,
las reformas estructurales que modernicen nuestro tejido
productivo.
Los países más avanzados están reaccionando contra la crisis
poniendo en marcha políticas económicas adecuadas para
resolver los problemas. Reformas de los servicios públicos, de
la fiscalidad, del mercado laboral, completas políticas de
privatizaciones, desregulación de sectores productivos, es
decir, una completa corriente de reformas que se orientan al
apoyo decidido a la economía real con la consiguiente mejora
de la competitividad.
Es ilusorio, a mi entender, esperar que la reactivación de la
economía mundial, cuando se produzca, sea suficiente para
abrirnos por sí sola una nueva etapa de crecimiento económico.
Nuestros problemas estructurales siguen ahí y ahí continuarán
hasta que no se aborden y se acometan con toda decisión. La
rigidez del mercado laboral; un sistema tributario penalizador
del empleo, del ahorro y de la inversión; un sector público
plagado de ineficiencias y cuyo avance amenaza al conjunto del
sistema productivo, un sistema educativo poco apropiado para
las exigencias del mercado laboral; la carencia de una
política de la empresa pública que incluye una completa
estrategia de privatizaciones; la crisis de una agricultura y
de un campo español abandonado a su suerte; el mantenimiento
de una amplia
y dañina red de monopolios en sectores clave de la sociedad,
como son la energía, los transportes y las
comunicaciones. Ante todos estos problemas estructurales de la
economía española cabía esperar alguna acción del Gobierno,
pero, hasta ahora, la pasividad ha sido la única respuesta,
mientras el paso del tiempo agravaba la situación.
Ante el deterioro de nuestra economía, que hoy nadie niega, el
Grupo Popular hubiera apoyado claramente y sin dudas un cambio
de rumbo, es decir, hubiera apoyado la realización, para
empezar, de una auditoría que clarifique de una vez por todas
la situación de nuestras finanzas públicas (Rumores.); el
control del gasto público, que facilite una decidida reducción
del déficit, sin recurrir a nuevos aumentos de la presión
fiscal; la reforma de la tributación para favorecer el empleo,
el ahorro de las familias y la rentabilidad de la inversión
empresarial; la reforma del mercado laboral para favorecer la
creación y la estabilidad del empleo; la privatización de
empresas públicas y la desregulación de sectores básicos; el
fomento efectivo de la pequeña y mediana empresa y el impulso
de una política industrial competitiva; y la reforma,
modernización y simplificación de la Administración Pública.
En este esquema, señorías, en nuestra opinión, la reducción
del gasto exige instaurar controles internos más eficaces: el
fortalecimiento de la Intervención
General del Estado, del control parlamentario y del
Tribunal de Cuentas; la modificación de los procedimientos de
compras de la Administración y la reorganización de los
principales servicios públicos.
La reforma de los impuestos debe ser global; la tarifa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas debe
modificarse y simplificarse para fomentar el ahorro y luchar
contra el fraude: el Impuesto sobre Sociedades ha de
considerar el efecto de la inflación y estimular la inversión
con libertad temporal de amortizaciones: el IVA debe reconocer
los supestos de la morosidad y perfeccionar la lucha contra el
fraude y la imposición patrimonial debe exonerar a las
pequeñas explotaciones empresariales y reformarse para todos
los españoles por igual, no solamente para unos pocos: las
cotizaciones sociales deben reducirse para favorecer el empleo
y mejorar la competitividad de las empresas.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores y del mercado
laboral debe partir también de una concepción global: debe
regularse las empresas de trabajo temporal, el contrato de
aprendizaje y fomentar el trabajo a tiempo parcial; deben
suprimirse las ordenanzas laborales en aras de la flexibilidad
y de una mucho mayor movilidad geográfica y funcional y debe
reducirse el fraude, acometer la reforma del Inem y la
formación profesional.
La privatización de empresas públicas ha de inspirarse, en
todo caso, en el propósito de mejorar la eficiencia de los
servicios públicos, aprovechando los recursos para reducir el
volumen de deuda pública y así restringir la carga de
intereses en el presupuesto, facilitando el descenso de los
tipos de interés.
En cuanto al sector energético, es obligado acometer un nuevo
plan encaminado a reducir el coste de producción de la empresa
española; en igual dirección debe ir la liberalización de los
sectores del transporte y las comunicaciones, así como el
incremento de la competencia en otros ámbitos del sector
servicios.
Por último, la nueva política industrial debe contemplar,
entre otras cosas: un apoyo decidido a la investigación y al
desarrollo, a los llamados activos intangibles y a las
internalizaciones de la empresa; las PYME, las pequeñas y
medianas empresas, reclaman hoy un cambio urgente de su rígida
legislación para favorecer su financiación y reducir su
fiscalidad.
Pues bien, señoras y señores Diputados, frente a estas
necesidades ¿qué nos trae el Gobierno? Pues, cuando hay tanto
por hacer en materia de política económica, el Gobierno trae a
la Cámara unos presupuestos que, en nuestra opinión,
reproducen los vicios de los anteriores; unos presupuestos que
antes que nada tenemos que afirmar que no son creíbles.
Increíbles, señorías, porque de antemano tenemos la convicción
y la certeza de que no se van a cumplir, presupuestos que no
se van a cumplir, como no se han cumplido nunca ningunos
presupuestos bajo la administración del señor González. Y no
crean que me estoy refiriendo a pequeñas desviaciones que
serían lógicas y asumibles. ¿Saben SS.SS. cuáles han sido las
desviaciones en los últimos años? Pues en 1990 la diferencia
entre lo inicialmente presupuestado y lo que realmente se
gastó fue de un billón 64.000 millones de pesetas; en 1991, de
un billón 924.000 millones de pesetas; en 1992, de un billón
480.000 millones de pesetas; y, según sus previsiones de
liquidación, en 1993 será de más de dos billones y medio de
pesetas. Es decir, que en cuatro años ustedes han tenido
desviaciones nada menos que de siete billones de pesetas, como
quien no quiere la cosa. Esto, en lo que se refiere a los
gastos, porque, si atendemos a los ingresos, y por citar
solamente este año de 1993, les diré que la diferencia entre
lo que se preveía recaudar por impuestos y lo realmente
recaudado ha sido solamente de un billón 100.000 millones de
pesetas.
Por eso, señor Ministro de Economía y Hacienda, cuando veo que
usted califica los presupuestos que hoy ha defendido como
correctos, fiables, coherentes, además de solidarios, austeros
o selectivamente incentivadores, permítame que sus palabras
nos suenen exclusivamente eso, a palabras, a simple retórica.
Y cuando asegura que el año próximo no se repetirán las
desviaciones, no puedo por menos que recordar las afirmaciones
que año tras año hemos escuchado en este sentido en esta
Cámara. Por ejemplo, el máximo responsable de la política del
Gobierno, el señor González, en
unas declaraciones al «Financial Times», aproximadamente hace
un año, y refiriéndose al déficit, decía: Siempre existe un
problema de credibilidad cuando el Gobierno decide controlar
los costes. No estoy
pidiendo una confianza ciega, lo que hay que hacer es
demostrar que uno está progresando en el control del déficit y
nosotros lo vamos a hacer de forma rigurosa, rápida y
eficiente.
Y lo demostró usted cumplidamente, señor González. El déficit
de las administraciones públicas centrales representaba el año
pasado por esas fechas el 3,2 del producto interior bruto y
pasó, en este año, al 6,2; es decir, que, de un billón 800.000
millones, pasamos a tres billones 600.000 millones. Lo ha
doblado; ahora, eso sí, no se puede negar que lo ha doblado de
forma rigurosa, rápida y eficiente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)
Tras mucha batalla por la presión unánime de la oposición, se
incluyó el famoso artículo diez en la Ley de Presupuestos,
para evitar que se desvirtuaran en el capítulo de gastos por
vía de créditos extraordinarios. Da igual, lo incluyeron a
regañadientes, como recuerda bien esta Cámara, porque no
pensaban cumplirlo al final. Todas sus promesas y sus
garantías han resultado falsas; han engañado a esta Cámara
como han engañado a todos los españoles. Y fíjese de qué valen
sus garantías. En el pasado debate de Presupuestos, el
Gobierno decía aquí, por boca de su Ministro de Economía, lo
siguiente: Yo sí puedo garantizarles, señorías, que el gasto
de las Administraciones centrales el año que viene, 1993,
estará en el entorno --y seguramente no lo superará-- del
crecimiento del producto interior bruto. Pues bien, el
producto interior bruto no ha crecido, sino que ha decrecido;
pero en términos nominales, vía incremento de precios, va a
subir según sus previsiones un 3,6. El gasto, según sus
previsiones, va a subir un 12,6 --algunos llegan incluso a
decir que hasta el 16--. Como verán, el gasto, como se
afirmaba y se garantizaba a la Cámara, estuvo en el entorno --
es decir, el 12-- de algo que se daba como seguro, que era
simplemente el 3.
Y con estos precedentes tan tenaces y sistemáticos,
comprenderán SS.SS. que es imposible conceder la menor
credibilidad a estos presupuestos y a los autores, que no han
acertado nunca en sus previsiones. Y es cierto que hasta las
más prestigiosas instituciones y organismos pueden equivocarse
en sus previsiones a un año; lo grave es cuando uno también se
equivoca sobre lo que está ocurriendo en el momento en que
vive.
No cansaré a SS.SS. recordándoles las previsiones que el
Gobierno hacía para este año 1993 en su cuadro económico,
tanto en los capítulos de ingresos como de gasto y déficit.
Pero, ¿cómo van a acertar en sus previsiones de futuro si no
interpretan correctamente lo que está pasando en el presente?
Por estas fechas el año pasado, y a esta Cámara, el Gobierno,
también por boca de su Ministro de Economía, decía que España
iba a tener en 1992 un crecimiento del 1,5 por ciento.
Faltaban setenta días para acabar el año; el crecimiento fue,
según todas sus últimas cifras, del 0,7 o 0,8 por ciento, es
decir, la mitad de lo que habían previsto. No es extraño ni
raro, desde esa base, que previeran un crecimiento real de la
economía para este año que, como ya he dicho antes, no
solamente no va a crecer, sino que va a decrecer; como no es
raro que presenten también un crecimiento para el año que
viene del 1,3 por ciento, apoyado en la aportación del sector
exterior y en un supuesto tirón de la inversión.
En fin, señor Presidente, sobre bases reales, con previsiones
voluntaristas y con cifras que literalmente parece que están
cuadradas a martillazos, por la imposibilidad de que sean
reales, para que el cuadro tenga un cierto sentido, se
construyen unos presupuestos por aproximación, en el entorno
de la realidad, destinados una vez más a no ser cumplidos. La
cosa no pasaría de ser un mero ejercicio teórico si no fuera
porque, detrás de esos errores, se esconde la destrucción de
550.000 empleos, el cierre de miles de empresas y el
empobrecimiento de nuestro país.
Señorías, no estamos hablando de un ejercicio teórico sino de
un instrumento clave de la política económica cuyo
incumplimiento convierte toda la definición de objetivos en
simple vacío, con el agravante de que, si el Estado no cumple
sus presupuestos, si éstos carecen de la necesaria
credibilidad, el resto de los agentes económicos y sociales
actúan en consecuencia, es decir, desconfiando y buscando cada
cual la salvación por donde pueda.
Este proyecto de presupuestos no es sustancialmente diferente
a los anteriores; cuando termine su vigencia el próximo año
verán ustedes, señorías, cómo habrán sido tan restrictivos,
tan austeros y tan coherentes como están siendo los de este
año.
Nosotros creemos, señor González, que usted confunde la
fortaleza de un Gobierno con aquel principio de «mantenella y
no enmendalla», que no es capaz, al final --como la sociedad
española le lleva reclamando--, de reconocer su propia
responsabilidad, su contribución personal a esta situación.
Lleva usted 11 años al frente del Gobierno y no puede intentar
el Gobierno decirnos a estas alturas que los errores del
pasado le son ajenos. La principal tarea de hoy, creemos
nosotros, es lograr que todas las fuerzas políticas y
sociales, cada una en la medida que le corresponda,
contribuyan a un esfuerzo común que cada día parece más
inexcusable. No existe más que un obstáculo para lograrlo, el
obstáculo que representa un Gobierno incapaz de reconocer otra
verdad que no sea la que su propaganda proclama y demasiado
soberbio para aceptar que precisa todas las ayudas que este
país y también esta Cámara sean capaces de articular.
Yo creo que usted, señor González, se ha resignado a la
crisis. Y podría parecer lógico, porque si su política
no ha contribuido, como usted pretende decir con reiteración,
a crear esta situación, es evidente que no tiene que corregir
ningún error. La verdad es que, sin importarle los daños
futuros que pudieran producirse, su política económica ha
estado al servicio de otra más general que sirve a un sólo
objetivo: mantenerse en el poder. Y esa actitud ha llevado a
la economía española a un callejón sin salida.
Estas son básicamente las razones que explican nuestra
posición en contra de este proyecto. El contenido de una
política económica como la que hemos expuesto con anterioridad
no puede suplirse con medidas parciales e incoherentes, como
las incluidas en este proyecto de Presupuestos y en la ley que
lo acompaña.
Llegados a este punto, señor González, mi obligación, aquí y
ahora, tal y como yo la entiendo, me impone un esfuerzo para
intentar que no se cometan más errores.
Yo creo, señor González, que usted ha escogido un camino
equivocado y que ese camino representa un sendero de
sinsabores para la mayoría de los españoles. Usted hace
continuamente apelaciones retóricas a que todos arrimemos el
hombro y yo tengo que preguntar: ¿Dónde hay que arrimar el
hombro, señor González? ¿A los problemas del país? Si es así,
estoy dispuesto a ser el primero en hacerlo sin ninguna
dificultad. Pero, ¿arrimaría usted el hombro a un error? Yo,
desde luego, no; sería un irresponsabilidad que no perdonarían
los ciudadanos. No se nos pida, por tanto, que, con esa
retórica y esa excusa de arrimar el hombro, digamos amén a
todo lo que se proponga. Estamos cansados de ver que se
equivoca usted y el Gobierno con demasiada frecuencia y que,
además, se equivocan a costa de todos los españoles. Pídame
que arrime el hombro a un verdadero empeño colectivo, a un
compromiso nacional, a un esfuerzo común para superar la
crisis y, sin duda, me encontrará dispuesto a ello. Y para ese
empeño le ofrezco mi colaboración. Y le ofrezco que todo el
trámite presupuestario en el Congreso y en el Senado se lleve
a cabo por consenso y por acuerdo. Se lo ofrezco porque eso es
lo que necesita nuestro país, eso es lo que estamos obligados
a hacer y eso es lo que yo propongo que hagamos.
Si está usted de acuerdo, si acepta cambiar, modificar el
rumbo y, por lo tanto, replantear los presupuestos, si acepta
mi propuesta, estoy dispuesto a hacer el mayor esfuerzo por
aproximar nuestras posiciones. Pido que suba usted a esta
tribuna y ponga de manifiesto que verdaderamente desea estar a
la altura de las circunstancias y de las necesidades de la
sociedad española, que acepte la mano tendida que le ofrezco
para iniciar un diálogo en beneficio de todos los españoles;
acéptela porque creo que, si no lo hace, los españoles se lo
van a reprochar. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Si de verdad le preocupan los problemas de España, no malgaste
esta oportunidad. Suba a esta tribuna y diga a los españoles
que los representantes de los ciudadanos sabemos ponernos de
acuerdo e iniciar un diálogo serio, que estamos dispuesto a
dar el primer paso y el primer ejemplo para que sirva de pauta
a la que se sumen trabajadores, empresarios, jóvenes que
buscan su primer empleo, parados que lo han perdido, en suma,
la sociedad española en su conjunto. España necesita un
esfuerzo colectivo, que recupere confianza y del que nadie
pueda excluirse ni debe ser excluido, pero para lograrlo es
preciso que los principales responsables demos el primer paso.
Yo acabo de darlo y le tiendo la mano, y sólo me queda confiar
en que usted me secunde.
Y, con el permiso del señor Presidente, con mucho gusto, le
cedo la palabra, señor González.
Gracias.
(Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE; Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
(Fuertes protestas.)
¡Silencio!, señorías:
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracías, señor Presidente.
Yo también he sobrevivido a la primera parte de su discurso.
(Rumores.) Yo comprendo que la economía no es siempre
divertida, es más divertido hablar de otras cosas y hacer
otros planteamientos.
Sin embargo, hay una serie de puntos que S.S. ha planteado que
me preocupan y que querría hacer referencia a ellos, porque me
parecen importantes. Su señoría plantea la situación en
términos de: «estamos muy mal»; esto es algo que posiblemente
pudiésemos aceptar, es verdad que no estamos bien, pero S.S.
dice que no sólo no estamo bien sino que vo vamos a estarlo.
Dice: Cómo vamos a tener un crecimiento del 1,3 el próximo
año.
Son las cifras del Fondo Monetario Internacional las que nos
dan 1,4; las cifras de la Comunidad nos dan prácticamene 1,2;
Francia, que seguramente es un país que a SS.SS. les gusta, va
a tener una caída... (Fuertes rumores en la sala.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, un momento,
Señorías, ruego guarden silencio. (Fuertes rumores.)
¡Silencio!, señorías. (Pausa.)
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): ...una
caída del uno por ciento este año, y también está hablando de
un crecimiento de su presupuesto para el año que viene del
1,1. Por tanto, yo no sé en qué están pensando SS.SS., cómo
hacen sus
cálculos y si consideran que todo el mundo se equivoca y son
SS.SS. los que tienen razón.
¿Que hemos adoptado unas medidas relativamente duras? Es
cierto, porque creemos que estamos en una situación de crisis
y que es absolutamente imprescindible actuar en los distintos
«status» de la sociedad española, y tenemos que afectar a toda
la sociedad española. Si S.S. hace los números, verá que, de
prácticamente el cien por cien de la población activa, hay un
cuarenta y tantos por ciento de empleados, un veintitantos por
ciento de parados, un 12 o un 15 por ciento de funcionarios.
En definitiva, estamos hablando del 80 por ciento de los
activos. El resto son amas de casa o son evidentemente
autónomos. Si queremos hacer algo, tenemos que afectar a toda
esa gente, y la estamos afectando de forma bastante coherente.
Luego están, evidentemente, los no activos, que también forman
parte de la sociedad.
Lo hemos dicho ya alguna vez y yo creo que es bueno que lo
volvamos a repetir. Estamos pidiendo a todo el mundo que
arrime el hombro y se lo hemos pedido de la forma siguiente. A
aquellos que ya están retirados y que no tienen posibilidad de
recuperar sus ingresos, que les crezcan sus ingresos en el 3,5
por ciento más una cláusula de revisión. A aquellos que están
empleados y que no tienen problema de perder su empleo:
crezcan ustedes algo por debajo y mantegan algo más de empleo.
Señores funcionarios, y es un colectivo muy querido para el
Gobierno porque con él trabajamos todo el día: hagan ustedes
un esfuerzo excepcional y mantengan ustedes este año un no
crecimiento de los salarios. Decimos algo más. Aquellos que
están percibiendo el desempleo: hagan ustedes un cierto
esfuerzo, y hagan ustedes un cierto esfuerzo dentro de un
esquema bastante lógico. ¿Es lógico que alguien que esté
percibiendo seguro de desempleo perciba más dinero que alguien
que está trabajando y no tribute? No me parece muy coherente.
¿Por qué alguien que tiene unos ingresos de 1.200.000 pesetas
en desempleo no debe tributar y sin embargo quien los obtiene
trabajando sí debe tributar? No parece coherente. Por tanto,
hemos planteado una serie de medidas de tipo global que yo
creo que responden a ese esfuerzo que queremos que haga todo
el mundo. También se está produciendo un esfuerzo por parte de
los empresarios en la medida en que son las empresas las que
están siendo más afectadas por la crisis en el momento actual.
El tercer elemento que me gustaría destacar es el siguiente.
Su señoría plantea un problema de falta de credibilidad. Hay
un tema que parece que a S.S. le preocupa enormemente. Dice
que no hemos hablado del PIB y de la deuda. Yo comprendo que
tal vez yo hable con voz no excesivamente contundente pero he
hecho una referencia a la deuda y su relación con el PIB. En
la primera parte de mi intervención he dicho que
disminuiríamos el déficit en 0,5, y evidentemente he hablado
del 5,7 y del 6,2 de déficit para este año y el año próximo, o
viceversa.
Su señoría parece que se escandaliza porque la deuda ha pasado
del 44,8 al 53 en un período muy corto de tiempo. ¿Sabe usted
a cuánto ha pasado en el Reino Unido? Del 2,8 al 7,7 en dos
años. ¿Sabe qué ha sucedido en Alemania? Ha pasado del 1,2 al
4,6. (Protestas.) Por lo tanto, no estamos en situación muy
distinta a la de otros países. Yo creo, además, que es
perfectamente explicable por qué el déficit ha crecido de una
forma tan importante en el año 1993 y, consecuentemente, la
deuda ha tenido un efecto de incremento como al que hacemos
referencia. Hay una caída de ingresos clara, consecuencia de
la crisis, y hay un incremento de gastos claro, consecuencia
de la crisis.
Su señoría dice: Se producen desviaciones desde hace muchos
años y esas desviaciones son prácticamente la base por la cual
es totalmente imposible aceptar que el presupuesto se va a
cumplir.
Me gustaría decirle algo. La desviación media en términos de
obligaciones reconocidas sobre créditos iniciales no ha
superado en los últimos cinco años, incluido 1992, el 5 por
ciento. Una cosa son los créditos totales --el crédito inicial
más las modificaciones-- y otra, las obligaciones reconocidas.
Es verdad que a veces estamos mezclando conceptos. Se habla
incluso de aflorar el déficit del Inem de los años 1991 y
1992. No hay que aflorar nada. Ese déficit estaba incluido en
los años 1991 y 1992, se trataba de préstamos de la Tesorería
de la Seguridad Social y estaban incluidos en la Contabilidad
Nacional. Lo único que hemos hecho es pasarlos de un concepto
a otro, simplemente, no ha sucedido otra cosa. No cabe duda,
sin embargo, que en el año 1993 hay un desvío importante de
ingresos y de gastos, como consecuencia de la situación
anterior.
El tercer punto que S.S. destaca es cuando dice: no hay
política económica; ustedes no hablan de temas tan importantes
como las reformas estructurales, ni hablan ustedes de otros
grandes problemas. Parece que SS.SS. olvidan lo que ha
sucedido en esta Cámara, lo que viene sucediendo desde el mes
de agosto, y yo creo que no hay peor sordo que el que no
quiere oír. Hemos explicado por activa y por pasiva cuál es la
situación de la crisis, cuál es el sentido de la política
económica del Gobierno y qué estamos haciendo. Y es verdad que
en algunos momentos me daba la impresión de que S.S. estaba
refiriéndose a lo que el Gobierno está haciendo, de tal forma
me parecía copiar los aspectos de modificaciones de tipo
estructural que en estos momentos están en marcha.
Además, S.S. sigue hablando en términos muy generales.
Seguimos sin conocer esa política económica del Partido
Popular. Hoy, como tantas otras veces, oímos frases de gran
alcance, sin contenido concreto. Mejor coordinación de la
política presupuestaria y monetaria
o más adecuada coordinación. Suena bien, pero, ¿qué quiere
decir eso, qué hay detrás de eso? ¿Qué quiere decir reforma
del mercado de
trabajo? Las referencias específicas a las que S.S. ha hecho
referencia son prácticamente las que figuran en el Libro Verde
presentado por el Gobierno al Consejo Económico y Social. Si
S.S. quiere ir más lejos, puede plantear alguna cosa más
concreta. También sería muy útil que, cuando hablemos de
reducción del gasto, digamos exactamente dónde queremos
reducir el gasto. Creo que ése es un ejercicio enormemente
práctico y que nos da exactamente la medida de la verdad,
porque nos permite conocer qué es lo que uno está dispuesto a
hacer en política. Y lo que el Gobierno está dispuesto a hacer
en política está muy claro. Está en la ley de presupuestos,
está en las medidas
complementarias, está en el proyecto de reforma del mercado de
trabajo, que se ha envíado al CES, y estará evidentemente en
el proyecto de ley que se presentará a este Parlamento.
Por tanto, creo que sus argumentos fundamentales fallan. Creo
que la política económica existe y que es absolutamente
coherente; creo que lo que estamos planteando es perfectamente
creíble. Frente a las tesis de suicidio económico que se
exponen por parte de su Grupo, vemos la realidad. Le puedo dar
algunos datos que pueden interesarle. En la última cifra de
inversión extranjera en este país, el crecimiento de la
inversión extranjera directa este año es del 15 por ciento
respecto del año pasado. No da la impresión de que esos
inversores estén pensando en un suicidio económico. Le puedo
dar otra cifra. Esta mañana en la subasta de letras del
Tesoro, por ejemplo, hemos podido bajar los tipos de interés
en un 0,35 por ciento. Nos han demandado letras por billón
100.000 millones de pesetas, y sólo hemos aceptado 600.000
para bajar los tipos de interés. Tampoco da la impresión de
que quien nos presta ese dinero esté pensando en un suicidio
económico. Por tanto, creo que todas esas situaciones no se
plantean, o no se plantean tal como S.S. está intentando
hacer.
En cuanto a colaboración, nosotros tenemos nuestro papel
encima de la mesa. Evidentemente, cualquier idea sobre el
mismo será bienvenida y estudiada, pero es verdad que ese
diálogo tiene que ser serio, y ahí sí estoy de acuerdo con
S.S. Creo que hablando de suicidio económico y haciendo
catastrofismo muy difícilmente se puede avanzar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Aznar tiene la palabra.
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, yo he venido
esta tarde a hacer una oferta y lamento mucho que el
Presidente del Gobierno, señor González, no haya subido a esta
tribuna a contestar. (Rumores y protestas.) Puedo comprender
los motivos y no las razones, sin duda, porque debe ser muy
duro tener que decir hoy ante esta Cámara, ante los ciudadanos
españoles, lo contrario de lo que se decía hace pocos meses a
los pensionistas, a los jóvenes o a los trabajadores.
Entiendo, señor González, y más después de la intervención del
señor Ministro, que su silencio no tiene otra interpretación
que el rechazo y creo, con toda franqueza, que se comete una
equivocación. Hemos hecho una oferta abierta y razonable, con
un contenido básico de propuestas que permitan, como hubiese
sido mi deseo, hacer un esfuerzo enorme de aproximación de
posiciones. Creo que nadie tiene el monopolio de la razón y no
tengo duda de que la aceptación, al menos, de algunas de las
propuestas contenidas en las posiciones del Partido Popular
hubiesen sido necesarias y convenientes para la recuperación
de confianza y credibilidad en nuestra economía y hubiesen
tenido un efecto beneficioso para nuestra economía.
Creo que a estas alturas, en un país que tiene, por desgracia,
dos mil parados todos los días, no puede uno entretenerse en
decir si se es o no se es catastrofista, o lo que se quiera.
Tenemos demasiados parados, demasiados jóvenes sin trabajo,
demasiadas empresas que se cierran todos los días y demasiados
problemas en nuestra economía. Eso lo podrá creer o no quien
lo lea, pero los datos, señor Ministro de Economía y Hacienda
y señor González, son absolutamente insoslayables e
ineludibles en este momento. Además, creo que se pierde,
dentro de esa oferta, una segunda oportunidad porque nuestro
deseo, y lo digo con toda sinceridad, es acercarnos a lo que
está haciendo la mayoría de los países de la Comunidad
Europea.
A partir de aquí, tengo que decir que el señor Ministro de
Economía vuelve en sus intervenciones a hacer referencia, sin
duda, a las circunstancias internacionales. Mire usted, es
posible que la deuda en Alemania haya crecido, en el mismo
período, lo que usted ha dicho. Yo le he preguntado cómo es
posible que la deuda en España, que se ha convertido en un
gigantesco problema nacional, que crece en este presupuesto
nada menos que el 21 por ciento, haya crecido 3 billones de
pesetas en seis meses, y no me puede decir que lo único que ha
pasado es que lo que estaba contabilizado en un sitio se ha
cambiado de lugar porque, por esa misma razón, señor Ministro,
como decía un compañero mío, cambia usted todo de sitio y
acaba con el déficit y el endeudamiento en el país. Es
sencillamente ridículo que se puedan establecer esos
argumentos ante un problema que en este momento ocupa el 55
por ciento del producto interior bruto en nuestro país y que,
siendo lo único que cumplíamos en relación con los criterios
de convergencia europea, en este momento, ya el propio
Gobierno reconoce que va a llegar al 60 por ciento.
Los males no nos vienen de fuera, la situación internacional
no explica, se ponga como se ponga, la gravedad de nuestra
situación, no explica ni la caída de la actividad ni la tasa
de paro ni la caída de la inversión ni el deterioro de las
finanzas públicas ni, mucho menos la deuda ni el déficit. Creo
que hay que distinguir bien claro entre lo que es propio de la
crisis internacional, que la hay, y lo que es propio de
nuestro país, y he dicho, y lo vuelvo a decir ahora, que ahí
es donde el Gobierno falla en lo que depende de él. Estamos en
una actitud de ir tirando, de ir esperando a que se produzca
una recuperación, y nosotros creemos que, cuando hay dos mil
parados diarios --lo vuelvo a decir--, cuando se pierden dos
mil empleos diarios, sentarse a esperar es sencillamente poco
responsable.
No nos puede convencer que usted salga aquí, teóricamente, a
hacer el esfuerzo de explicar los errores del pasado, a poner
encima de la mesa algunas cuentas que antes no aparecían y
simplemente, como mensaje de futuro, nos diga que no se puede
hacer más de lo que se está haciendo. La cuestión es que
mantener la misma política, no afrontar las reformas
estructurales, mantener ese endeudamiento y ese déficit, nos
llevan a una conclusión bien triste: nos alejamos de Europa,
no hacemos cambios sustantivos en nuestra política económica y
no se demuestra la capacidad de gobierno. Hablando con toda
claridad tengo que decir, cuando se hacen apelaciones a la
gobernabilidad, que hoy la gobernabilidad es plantear
actuaciones eficaces contra la crisis y todo lo demás es
bastante poco útil para los ciudadanos de este país.
En este presupuesto, señorías, no hay una apuesta decidida por
la economía productiva. No hay una reforma del sector público.
No hay una reforma del mercado laboral, van ustedes ya por la
cuarta o la quinta; llevamos años así, todos los años hablamos
de que hay que reformar el mercado laboral y nunca se hace. No
hay una reforma fiscal al servicio de la inversión y del
empleo y no hay propuestas de medidas coyunturales coherentes.
Perdóneme. Sí hay una propuesta --algo curiosa-- de una
reforma fiscal. Lo quiero decir porque a algunos Diputados
probablemente les interese la información. La media ingresada
por el Impuesto sobre el Patrimonio --los españoles que
declaran Impuesto del Patrimonio son alrededor de un millón de
personas-- es de 78.000 pesetas por año. Solamente a partir de
patrimonios superiores a 500 millones de pesetas se paga por
encima de los tres millones, llegando en algunos casos a pagar
72 millones de pesetas por patrimonios superiores a 5.000
millones de pesetas.
El Gobierno ha introducido una medida en virtud de la cual
declarantes de patrimonio que tengan acciones que no coticen
en Bolsa, cuando el sujeto pasivo tenga el 25 por ciento o más
de esa empresa e ingrese a través de ella el 50 por ciento o
más de sus rendimientos, no pagarán Impuesto sobre el
Patrimonio. Así está dicho, literalmente: Quedan exentos de
pagar Impuesto sobre el Patrimonio las personas que tengan en
acciones que no coticen en Bolsa el 25 por ciento y además
perciban el 50 por ciento de sus retribuciones a través de esa
empresa.
Pues miren ustedes, eso afecta en nuestro país a 4.000
personas. Pero le voy a dar más datos. Como les he dado las
cuotas que se pagan --porque claro, supongo que no se
referirán ustedes a una persona que paga 60.000 pesetas del
Impuesto sobre el Patrimonio-- les diré que entre 1.000 y
5.000 millones de pesetas declaran en España 637 personas y
más de 5.000 millones de pesetas declaran en España 43
personas.
Así pues, algunos Diputados ya saben qué normas y para quién
van a aprobar en estos presupuestos. (Aplausos en los bancos
del Partido Popular.) Si eso es una reforma fiscal de la
economía española, me parece realmente asombroso.
Respecto al nivel de prestaciones sociales, señorías, el nivel
de prestaciones sociales --que está en muchos de sus debates--
lo pone en duda la falta de empleo, la deuda y el déficit. Eso
es lo que lo pone en duda, no el que se hable de eso. Y cuando
usted afirma aquí que hay en estos presupuestos una cláusula
automática de revisión de pensiones, tenga la amabilidad de
comunicarnos dónde está en el texto de los presupuestos la
cláusula que garantiza la revisión automática de las
pensiones.
Quiero recordarle que no hemos sido nosotros sino usted, y
creo recordar que hoy mismo o ayer mismo, quien hablaba de que
habíamos llegado a un momento, con nuestra pirámide
poblacional, en que era imposible el mantenimiento del sistema
de pensiones y que por eso invitaba a la suscripción de fondos
de pensiones, que, como todo el mundo sabe, se hicieron con
una normativa que ha garantizado que no sean precisamente un
éxito en nuestro país. Ha sido usted, señor Ministro, el que
lo ha dicho.
Pero en fin, señor Presidente, ya termino. Hemos venido aquí,
con la mejor voluntad, a hacer una oferta, a partir de una
grave situación nacional, con carácter abierto y no
excluyente. No nos confundamos, hay votos que no precisan
ninguna explicación --cualquiera que conozca el Código de
Comercio lo entiende con toda claridad-- y la responsabilidad
del Gobierno es ver si esos votos son útiles o no --yo he
puesto algún ejemplo-- para superar la crisis. Creo, señor
Presidente, que ha perdido usted una importante oportunidad.
Lo siento.
Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del
Partido Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor
Presidente, señorías.
Yo puedo compartir su afirmación de que nadie tiene
absolutamente razón, nunca lo hemos pretendido y siempre hemos
estado abiertos a discutir cualquier otro planteamiento que
pudiera ser puesto encima de la mesa con el deseo real de
llegar a un acuerdo. ¿Que tenemos problemas? No tenemos la
menor duda, lo hemos dicho y lo hemos reconocido y pretendemos
resolver esos problemas. Lo que sucede es que no se puede
seguir afirmando que aquí no hay apoyo decidido a la economía
productiva. ¿Dónde está, por ejemplo, toda la política que
está dirigida a la reducción de tipos de interés, toda la
política de inversión adicional, todas las ventajas fiscales
en inversiones y en todas las empresas que se plantean? No sé
qué entiende S.S. por apoyo a la economía productiva. Si se
refiere a subvenciones directas a las empresas, evidentemente
estamos hablando de otra cosa. Su señoría dice que no hay
reforma del mercado laboral de la que se habla muchas veces;
no es la Ley de Presupuesto el lugar para hacer la reforma del
mercado laboral. Su señoría hace referencia a algo que parece
que le escandaliza un poco que es la exención en el impuesto
del patrimonio de los patrimonios dedicados a la producción,
no del patrimonio total de la persona afectada.
(Protestas.--La señora Martínez Saiz: Usted no es empresario,
no sabe lo que es pagar una nómina.) Y éste es un tema que,
como le he dicho anteriormente, lo hemos tomado de la
legislación francesa donde existe hace bastantes años, y
parece razonable que aquellas personas que por una u otra
razón prefieren optar por la figura de empresario individual
en vez de la sociedad anónima tengan el mismo tratamiento
desde este punto de vista. (Algunos señores Diputados: ¡Ya,
ya!--La señora Martínez Saiz: Usted sabe mucho de eso, de
pagar nóminas con el dinero de otros.) Pero, en todo caso, si
a SS.SS. les preocupa ese tema, planteen el punto concreto,
que estamos dispuestos sin duda alguna a estudiarlo.
Finalmente, a S.S. parece que le preocupan las prestaciones
sociales en unos términos muy generales que no son a los que
yo me he referido, y vincula el tema a la referencia que hice
ayer al problema de las pensiones. Yo hablaba del futuro del
sistema de pensiones y muy claramente decía que tendremos que
empezar a preocuparnos de aquí a quince años. Esa es nuestra
preocupación, pensar en el país cara al futuro y no en el país
de forma inmediata y en lo que mañana va a salir en los
titulares de prensa.
Vuelvo al tema inicial de su propuesta y le vuelvo a decir lo
mismo que le he dicho: Estamos abiertos, como lo hemos estado
siempre, y cualquier propuesta del Grupo Popular será
estudiada y será bienvenida por parte del Grupo Socialista.
(Rumores.--La señora Villalobos Talero: ¿Y la revisión
automática de pensiones?)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Enmienda de totalidad del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor
Anguita. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Rumores.) ¡Señorías, estamos en sesión! ¡Ruego guarden
silencio y ocupen sus escaños! (Pausa.)
Cuando quiera, señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro Grupo Parlamentario presenta una enmienda a
la totalidad de devolución tanto al proyecto de ley de estos
presupuestos generales como a la llamda ley financiera que lo
acompaña. Planteamos esta enmienda desde la convicción
profunda de que dichos proyectos necesitan, en aras del
interés general, una reelaboración producto de un encuentro
social y político con contenidos diferentes y que suponga un
auténtico cambio hacia la izquierda. (Rumores.) Estos
presupuestos generales expresan y resumen en su concreción
numérica una opción de política económica que, lejos de
atemperarse y rectificarse...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Anguita, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y consideración al seño
Diputado que está haciendo uso de la palabra.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente, por su
amparo.
Decía que estos presupuesto resumen y expresan en su
concreción mumérica un afán de no corregir, de no rectificar
una política de evidentes fracasos y de efectos clarísimamente
antisociales. Estos presupuestos generales pretenden responder
a dos situaciones no exclusivamente españolas y a otra
específicamente nuestra. Tres: una crisis económica
generalizada, el pos-Maastricht y el Plan de Convergencia con
Europa, y el desbarajuste de la economía española.
La política económica y los planes de los señores Balladur,
Ciampi, Kohl y González, con algunas diferencias entre ellos,
tienen tres líneas de acción comunes. La primera, política de
privatizaciones que evidencia un proceso de desmantelamiento
del sector público, desmontaje de los contenidos más avanzados
del llamado Estado del bienestar e intento de culpabilización
y debilitamiento de los trabajadores y las organizaciones que
los representan. ¿Cómo se refleja en la acción política, y de
política económica, esta filisofía notablemente conservadora
que el Presidente del Gobierno comparte con sus colegas
europeos? Se está llevando a cabo, con la mezquina excusa de
recortar el déficit público, una línea de privatización de las
empresas públicas más rentables y pertenecientes a sectores
estratégicos
de nuestra economía. Esta política de pan para hoy y hambre
para mañana está expoliando el patrimonio de los españoles, a
la vez que se liquidan instrumentos de
intervención pública para desarrollar políticas industriales
activas.
En el informe económico y financiero que acompaña a estos
presupuestos se declara lo siguiente: La creación de empleo
escapa al control directo de la política económica. U otra
perla más adelante: Lo que el Gobierno puede hacer es crear un
entorno macroeconómico estable, una adecuada organización del
mercado de trabajo, y la configuración del sistema fiscal con
el objetivo de estimular determinadas decisiones individuales.
Esta profesión de fe del más puro, duro y sectario liberalismo
económico pone a lo público al servicio de lo privado,
planifica salarios y pensiones, pero se inhibe en lo tocante a
beneficios o en la aplicación de los mismos. Renuncia a que lo
público sea motor de la reactivación económica, lo que
conlleva también la renuncia al cumplimiento de las
obligaciones que la Constitución atribuye a los poderes
públicos. La inversión pública disminuye en términos reales en
un menos 5,6 por ciento, una disminución en el momento en que
se produce una atonía de la inversión privada. Pero, además,
esa exigua inversión pública se caracteriza por su
concentración funcional y territorialmente sesgada, en
detrimento de una visión más articulada del Estado español. El
Gobierno, al obviar su responsabilidad y dejar a las manos del
azar, a ese hilo invisible de que habla la filosifía
liberal, los derroteros de la economía española, deja sin
contenidos y en mera literatura los artículos 35, 40, 128 y
129 de nuestra Constitución. Es cierto que en España no ha
existido nunca lo que en otras latitudes se ha conocido como
Estado del bienestar. Pero sí ha habido unas conquistas
sociales peleadas muy duramente, primero contra una dictadura
y después en el período democrático; unas conquistas
sancionadas hoy en el texto constitucional.
No estamos precisamente ante una tasa de desempleo
relativamente baja. Estamos en un 22,3 por ciento de paro, con
una tendencia a un fuerte incremento y con una tasa de
precariedad que nos sitúa, según estos indicadores, en el
último lugar de la Comunidad Europea y, junto a ello, uno de
los más flexibles, si no el más, de los mercados laborales del
occidente desarrollado; ¡un mercado laboral que el Gobierno
quiere precarizar aún más con el eufemismo de suprimir
rigideces laborales.
Los gastos sociales, adecuados, son una característica
importante del Estado del bienestar. Estos presupuestos
generales presentan una impotantísima pérdida del poder
adquisitivo de las pensiones, al utilizarse para su
actualización la variable, más que subjetiva interesada, de la
inflación esperada o prevista, sin el establecimiento de la
cláusula de revisión. Estos presupuestos y la ley financiera
son una auténtica entrada a saco en las prestaciones sociales
de los españoles y españolas más desfavorecidos: los parados.
Teniendo como antecedente el famoso «decretazo» de abril de
1992, la agresión ha continuado a través de varias medidas: la
incompatibilidad entre el cobro de la prestación contributiva
y la obtención de una indemnización por despido durante un
período de tiempo. Esto puede afectar a 52.000 parados al año,
los cuales dejarían de percibir 84.500 millones de pesetas. El
Inem dejará de pagar la parte correspondiente a la cuota
obrera, descontándosela directamente al parado. Los afectados
por esta medida se sitúan en torno a 607.000, los cuales, a
una media de 8.600 pesetas, aportan de sus bolsillos cerca de
53.000 millones de pesetas. La modificación del concepto de
responsabilidad familiar, en detrimento de los ascendientes,
afectará a unas 230.000 familias, las cuales aportarán de esta
manera a las arcas del Estado 145.000 millones de pesetas. Se
recortan los topes máximos y mínimos de las pensiones
contributivas y del subsidio asistencial y, para rematar la
faena, el programa «Prestaciones a los desempleados», con
aproximadamente dos billones de pesetas, disminuye en términos
reales, si lo comparamos con la previsión de gasto real para
1993, y ello a pesar de saberse que el número de parados irá
en aumento. Los recortes en farmacia se elevan a 6.000
millones de pesetas. El Insalud dispondrá para el año que
viene de un 12,8 por ciento menos de presupuesto, en términos
reales. El dinero público invertido en educación experimenta
un incremeno nominal de un 1,5 por ciento, lo que significa,
teniendo en cuenta la inflación prevista, un decremento real
del 2 por ciento. El gaso educativo vuelve a perder peso por
cuarto año consecutivo, con lo que se incumplen contenidos,
plazos y objetivos de la Logse. La competitividad, en aras de
la cual se sacrifican constantemente puestos de trabajo,
incrementos salariales y gastos sociales, es fundamentalmente
aumento en la calidad del diseño y del producto, junto a una
potenciación de los canales de distribución y
comercialización; competitividad que, rectamente entendida,
significa más inversión en I+D. Las inversiones en
investigación, en estos presupuestos generales, siguen la
tónica de disminución de los tres últimos años: casi el 30 por
ciento entre 1991 y 1993. El horizonte presupuestado y
previsto, hace cuatro años, de un uno por ciento para el PIB
se convierte en un 0,67 por ciento para el año 1994.
No hay Estado de bienestar o similar sin una fiscalidad
progresiva. La presión fiscal en España, pese al esfuerzo
realizado --y se reconoce--, está muy por debajo de los
restantes países de la CEE, excepción hecha del Reino Unido,
con el que nos diferenciamos solamente en una décima. La
relación impuestos directos-indicrectos va deslizándose
paulatinamente hacia un mayor peso relativo de la imposición
indirecta, lo cual constituye un exponente de un proceso de
regresividad
fiscal. El Estado, en estos presupuestos, va a dejar de
recaudar 1,7 billones de pesetas como consecuencia de las
deducciones, exenciones y bonificaciones realizadas de manera
selectiva. Es cierto que algunas deducciones fiscales pueden
tener su justificación desde el punto de vista
económico y social; pero no es menos cierto también que la
mayoría de las veces son regresivas, porque de ellas se
benefician, particularmente y en todo caso en mayor cuantía,
los contribuyentes con rentas más altas. Su eficacia para
incentivar es muy dudosa y aumenta las vías del fraude.
Mientras esto ocurre, al no actualizarse la tarifa del IRPF
por segundo año consecutivo, los contribuyentes pagarán
100.000 millones de pesetas más en concepto de IRPF. Este
cuadro de alta injusticia fiscal cobra tintes más sombríos
cuando reflexionamos acerca del inmenso problema y del inmenso
monto dinerario que supone en nuestro país el fraude fiscal.
Vaya como ejemplo y manifestación de este peligroso cáncer,
que socava los fundamentos mismos del Estado de derecho, las
desviaciones que los propios Presupuestos Generales del Estado
señalan entre las cantidades presupuestadas y la previsión de
recaudación para 1993: un menos 5,8 por ciento en impuestos
directos, un menos 14,3 por ciento en impuestos indirectos y,
específicamente, un menos 21,5 por ciento en IVA. Estas
desviaciones no pueden explicarse sólo por la situación de
recesión económica sino por el fuerte aumento del fraude
fiscal, y vaya como muestra un botón. Según el servicio de
estudios del Banco Bilbao-Vizcaya, de septiembre de 1993, se
ha producido, en los últimos tiempos, un aumento del fraude
fiscal por valor de uno 400.000 millones de pesetas,
fundamentalmente en el IVA. Y dice el citado informe: Por ello
el déficit público es más un problema de eficacia recaudatoria
que de aumento del gasto.
Y para redondear el panorama, dos datos más. La deuda de las
empresas privadas con la Seguridad Social está cercana al
billón de pesetas. Cerca del 40 por ciento de esta deuda se
considera recuperable por parte del Gobierno, justamente los
400.000 millones que el Estado tiene previsto inyectar a la
Seguridad Social para cubrir el desfase presupuestario del
Inem. Para el Fondo de Garantías Salariales se presupuesta una
cantidad inferior a la liquidación prevista en ese organismo
para 1993, sin tener en cuenta el incremento que se va a
producir en los expedientes de regulación de empleo, y sin
tener en cuenta tampoco los 100.000 millones de pesetas de
deuda que la Seguridad Social tiene con el citado Fondo de
Garantía Salarial, y todo ello en escandalosa contradicción
con las exenciones fiscales al grupo Kio, a las fusiones
bancarias o al barón Thyssen.
En la página 127 del Informe económico y financiero se afirma
lo siguiente: Los requisitos de convergencia nominal fijados
en el Tratado de Maastricht siguen constituyendo una
referencia fundamental para el diseño de la política económica
en España. Cuando personalidades de ámbito europeo plantean la
reconsideración de determinados objetivos y la flexibilización
de los plazos existentes en dicho Tratado, el Gobierno español
sigue, erre que erre, en la capana neumática de su quimera;
una quimera cada vez más irreal en la medida en que, desde el
propio seno de la Comunidad Europea, bien por boca de Delors o
bien por otras voces, se plantea añadir como criterio de
convergencia la tasa de paro, propuesta que ya fue hecha por
nuestro Grupo Parlamentario en el debate sobre el Plan de
Convergencia. Reducir el déficit público inhibiéndose de la
responsabilidad de ser motor económico, recortando gastos
sociales, practicando una política fiscal agresiva para los
más y favoreciendo las exenciones para los menos es una
obcecación que conduce a una caída mayor de la economía. Y lo
que aterra es lo siguiente. Si con un déficit del 6,2 por
ciento --un 7,2 por ciento para el conjunto de las
administraciones--, se está haciendo este ataque brutal a las
rentas y percepciones de los más necesitados, para bajar a ese
5,7 de la Administración central --6,4 del conjunto de las
administraciones--, y el objetivo de Maastricht, para finales
de 1996, es el 3 por ciento para el conjunto de las
administraciones, la pregunta es clara: ¿Qué nuevas
barbaridades vendrán a esta Cámara, de la mano del Gobierno,
con la pretensión de conseguir dicho objetivo?
Perpetrar semejante política necesita de una preparación
psicológica adecuada, que vaya trasladando la responsabilidad
objetiva del Gobierno a la asunción subjetiva de dicha
responsabilidad por parte de los damnificados. El ataque y la
inculpación a los trabajadores y a los sindicatos es también
una línea común que el señor González comparte con sus colegas
conservadores. Se trata de un uso continuado de imputaciones,
acusaciones y llamamientos a la responsabilidad que intentan
crear, en la conciencia de la ciudadanía, un sentimiento de
culpabilidad. Un día se habla y se invita al diálogo, y al día
siguiente se plantea con claridad que no puede haber
contrapartidas. ¿De qué se dialoga, pues? En un momento
determinado se dice que se está abierto a la negociación, para
a continuación decir que si no hay acuerdo las propuestas
iniciales del Gobierno se impondrán por decreto. Se imputa con
palabras duras a los trabajadores y a sus salarios la
responsabilidad de la situación económica, y se trata con mano
de seda las actitudes y comportamientos de la banca, cuando
ésta sigue manteniendo los mismos tipos de interés a pesar de
haberlos bajado el Banco de España. Se insinúa que los
perceptores de la incapacidad laboral transitoria pueden estar
cometiendo fraude. Sin embargo, se obvia el tremendo y
terrible aumento de los accidentes laborales en nuestro país.
Tenemos, en cifras relativas, el mayor índice de
siniestralidad de toda la Comunidad Europea. Además, se
bloquea
la ley de salud laboral. Cada día se plantea un nuevo anuncio
de que la recuperación se avecina y que los malos tiempos
tocan a su fin. Cuando la fecha gozosamente anunciada se
aproxima, se vuelve a posponer nuevamente el santo
advenimiento de la recuperación para otro momento más dilatado
en el tiempo. Y así, contabilizando aumento de parados, cierre
de empresas, aumento de la precariedad laboral, promesas
electorales que, se dice, nunca han sido hechas, y planes
aprobados en esta Cámara que se ven fracados antes de
aplicarse, van pasando los días, los meses, y la situación se
hace más insostenible. Por cierto, ¿cuándo vendrá --tal y como
se prometió-- el Gobierno a esta Cámara para dar cuenta de las
famosas medidas urgentes contra el paro?
En el debate sobre la ratificación del Tratado de la Unión
Europea, el señor González manifestó que asumía la total
responsabilidad política sobre la situación de la economía
española. Esto, que es obvio, queremos subrayarlo para que no
se nos pueda imputar silencio o connivencia, siquiera tácita,
con esa excusa, puesta en boga por el propio Gobierno, que
consiste en reiterar que los males de nuestra economía
obedecen a causas más allá de nuestras fronteras. La situación
actual de España es la de una permanente profundización en
tres grandes desequilibrios: sociales, territoriales e
institucionales. La renta media familiar del 10 por ciento de
la población con más recursos es hoy diez veces superior a la
de las familias incluidas en el 10 por ciento de renta menor.
Es decir, la misma que en 1982. Se insiste, una y otra vez, en
la necesidad de la moderación salarial como condición sine qua
non para el relanzamiento de nuestra economía. En los
escenarios de los Presupuestos Generales para 1994 queda
recogido un incremento de los salarios, según convenio, del
2,5 por ciento. Teniendo en cuenta que la previsión de
inflación media anual para 1994 es del 4,3 por ciento,
significa que el Ejecutivo presupone la moderación salarial
implícita en la pérdida del poder adquisitivo. Si a lo
anterior le añadimos las pretensiones gubernamentales de
continuar la moderación dos años más, estaremos ante una
transferencia de rentas salariales hacia el capital de unos
cinco billones de pesetas. La imputación de pérdida de
competitividad y de parálisis en la creación de riqueza a los
incrementos salariales no se tiene en pie cuando se demuestra,
con los costes laborales unitarios reales, que los incrementos
de productividad han sido superiores al incremento de los
costes. Los defensores a ultranza del juego del mercado, los
paladines del liberalismo económico, exigen que los
trabajadores autolimiten sus retribuciones sin contrapartidas
en el terreno del empleo y con retrocesos en las prestaciones
sociales. ¿En nombre de qué se impone el sacrificio? ¿Qué
compromiso adquiere el Gobierno respecto a la creación de
puestos de trabajo? ¿A qué se obliga el Ejecutivo? En esto el
Gobierno se calla, se inhibe, y al inhibirse deja claro cuál
es el objetivo de su opción política profunda. Los
desequilibrios sociales avanzan y lo hacen también en la
medida en que avanza implacable la precariedad en el empleo y
el desarrollo de la economía sumergida. Junto a los
desequilibrios sociales se constata también un avance en los
desequilibrios territoriales. En los presupuestos no se
contempla un fondo de nivelación, cuya discusión se aplaza
hasta junio de 1994, y se congela el Fondo de Compensación
Interterritorial; una congelación que supone, en términos
reales, un decrecimiento sustancial. Todavía no se ha asumido
que el Estado está compuesto por tres administraciones: la
central, la autonómica y la local. Esa falta de asunción
profundiza el desequilibrio institucional. Los ayuntamientos
españoles, que son Estado, siguen siendo algo totalmente
secundario y subalterno. De los 23 puntos que la
Administración central ha perdido de peso en el sector público
sólo tres han ido a la Administración local. Consecuentemente
con ello, y siguiendo una tónica de intensidad creciente, van
disminuyendo las transferencias a las corporaciones locales. Y
esto es consecuencia de los principios y prácticas de política
económica que, obviando los contenidos más avanzados de la
Constitución, han determinado una acción de Gobierno
caracterizada por: una filosofía tecnocrática que cree, de
manera sectaria, que la iniciativa privada es la única que
puede relanzar la economía; un reparto de los sacrificios
clarísima y crecientemente escorado hacia los que menos poseen
en beneficio de los que más tienen; una ausencia de acuerdo
social como consecuencia de una posición gubernamental que
plantea diálogo con las palabras y lo rompe con los hechos. Ni
siquiera se ha tenido en cuenta el dictamen del CES (Consejo
Económico y Social) sobre la llamada ley financiera. Ha habido
un razonado, razonable y lógico planteamiento en torno a dos
pilares básicos para un acuerdo: la atención prioritaria al
relanzamiento económico, la equidad en la aportación del
esfuerzo. La respuesta ha sido y es: primero, congelación
salarial para los empleados públicos; en segundo lugar,
moderación salarial por debajo de la inflación, recortes en la
protección del desempleo, disminución del poder adquisitivo de
las pensiones, aumento de la presión fiscal sobre las rentas
del trabajo, desfiscalización discriminada de beneficios,
insuficiente dotación presupuestaria para la inversión pública
y ausencia de diseño de políticas industriales.
En concordancia con todo ello, pedimos la devolución del
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y la
llamada ley financiera que lo acompaña. Y lo hacemos desde
nuestro convencimiento profundo de que es posible otra
política económica totalmente consecuente con el logro de un
Estado social y democrático de derecho; una política económica
basada y fundamentada en los supuestos y en las líneas
programáticas tantas y tantas veces expresadas por
nuestra fuerza política, por nuestro Grupo Parlamentario, en
esta tribuna, y que no son sino el despliegue de políticas
activas basadas en el concepto de desarrollo sostenible. Sin
embargo, nos creemos en la obligación de plantear, al
finalizar nuestra intervención, algunos elementos que dan otra
orientación
presupuestaria más conforme con una situación política desde
la Izquierda. La aplicación de dicha orientación debe
realizarse en el ámbito de una programación plurianual y con
postulados radicalmente diferentes.
Nuestro Grupo Parlamentario cree que se puede garantizar un
nivel suficiente de cobertura a las necesidades sociales. De
la misma manera creemos preciso un esfuerzo inversor que
responda a los criterios de utilidad social, respeto al medio
ambiente y generación de empleo. En este sentido planteamos
modificar la concentración de inversiones en infraestructuras
de autopistas y autovías y dirigir la inversión hacia un
transporte intermodal que prime el ferrocarril, la
potenciación de gastos en I+D y en energías renovables. Para
atender las prioridades del gasto público que nuestro Grupo
Parlamentario demanda, es preciso actuar en dos frentes
conjuntos: la lucha contra el fraude y el incremento de los
ingresos públicos. En este sentido planteamos la reducción de
ciertos gastos fiscales, la potenciación y la recaudación del
Impuesto sobre el Patrimonio y la creación de nuevas figuras
tributarias, como el impuesto sobre viviendas desocupadas,
sobre los bienes suntuarios y la tasa de aplicación ecológica.
Alguna de estas figuras impositivas ya han sido presentadas
por nuestro Grupo en esta Cámara para su debate. Estas
actuaciones, junto con el mantenimiento del déficit público en
los niveles liquidables para el presente año, pueden suponer
un margen adicional que permitiría preservar las prestaciones
y gastos sociales, emprender políticas activas para la
creación de empleo y, además, y por imperativo de la
solidaridad internacional, iniciar el proceso de aplicación
del 0,7 por ciento del PIB al desarrollo sostenible del Tercer
Mundo. Y a partir de ahí podemos debatir y hablar de la
moderación salarial.
La austeridad es un valor siempre necesario y, en estos
momentos, más aún. Nuestro Grupo Parlamentario estaría
dispuesto a discutir sobre dicha cuestión, sabiendo que la
aplicación de cualquier medida en ese sentido debe realizarse
siempre tras el diálogo con las organizaciones sindicales.
Hablemos de moderación salarial y, para ello, hablemos
previamente de tres cuestiones. Primera, reparto del empleo,
eliminación de las horas extraordinarias y erradicación del
pluriempleo. Segunda, creación de un fondo obligatorio de
inversión en cada empresa y en cuyo control intervengan los
trabajadores. El problema no es la generación del excedente;
sin excedente no hay empresa ni beneficios, es obvio. En lo
que nuestro Grupo Parlamentario pone énfasis es en el control
del uso de una parte de ese excedente, a fin de que el mismo
se aplique a la inversión que genere más riqueza y, por ende,
combata al paro. Nuestro Grupo Parlamentario presentará con
brevedad una proposición de ley sobre los fondos de inversión
obligatoria. Y en tercer lugar, el salario indirecto, es
decir, políticas adecuadas en vivienda, educación, salud,
prestaciones sociales, transporte, cultura, etcétera. Porque
si no es así, la moderación salarial no es un instrumento para
ir creando una sociedad más justa y más igualitaria, sino que
es la excusa para conseguir lo que estos presupuestos y la ley
financiera que los acompañan expresan: un punto álgido del
gigantesto expolio que se ha venido haciendo con las rentas
del trabajo.
Señorías, se ha dicho con solemnidad que el dilema fundamental
es socialismo o barbarie. El que les dirige la palabra cree
firmemente en la acertada formulación del dilema. Sin embargo,
a veces, y en razón del realismo y de las coyunturas sociales
y políticas, se impone una gradación entre ambos extremos de
la antinomia. Pero estos Presupuestos Generales para 1994 no
están, ni muchísimo menos, ni siquiera en el campo ponderable
y relativo del término medio. La política económica que se
está haciendo y estos presupuestos generales siguen
escorándose hacia el polo opuesto al socialismo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Parte S.S. de una concepción de la política económica
identificando un poco churras con merinas y mezclando la
crisis con el pos-Maastrich y con los problemas españoles.
Evidentemente todos esos elementos están encima de la mesa,
pero posiblemente el cóctel se forma de otra manera.
¿Qué estamos pretendiendo con el presupuesto actual?
Evidentemente no insistir en la línea de privatizaciones --a
que hacía referencia S.S.--, tampoco descartar el Estado de
bienestar --como dice S.S.-- ni desde luego responsabilizar a
los trabajadores de la crisis. Por tanto, esas afirmaciones de
que con estos presupuestos se va por esa línea creo que no
responden a la realidad. Hay algo de privatizaciones en el
presupuesto, relativamente cifra muy pequeña comparada con el
sector público estatal. No sólo no hay nada contra el Estado
de bienestar, sino que yo diría que hay un apoyo muy claro e
importante del Estado de bienestar. Decía que más del 50 por
ciento de los gastos van dedicados a gastos sociales. Y desde
luego, no hablamos para nada de responsabilización de los
trabajadores en los presupuestos, ni tampoco creemos que las
medidas que planteamos en desempleo vayan en el sentido
de responsabilizar a los trabajadores de forma genérica. Luego
comentaré --cuando haga referencia a esas medidas-- qué
estamos pensando y por qué hemos planteado las cosas como lo
hemos hecho.
Es cierto que el Informe económico y financiero hace
referencia a que la creación de empleo escapa al Gobierno, en
cierta medida, y que el Gobierno lo que debe es crear el
entorno. Posiblemente ni S.S. ni yo mismo tengamos una
diferente concepción. Sin embargo, no comparto su tesis de que
eso es un puro y duro liberalismo sectario. Yo creo que es más
bien una constatación de la realidad. O volvemos a modelos
trasnochados en los que el Estado crea empleo en la propia
función pública sin necesidad de crearlo --y todos conocemos
lo que eso significa en términos de paro encubierto y cuánto
cuesta erradicarlo-- o estamos entrando, evidentemente, en una
dinámica de creación de empresas públicas no justificadas que,
al final, nos llevarán al segundo problema que S.S. plantea.
Su señoría, dice, con cierto buen criterio, que si con un 5,6
por ciento de déficit se adoptan medidas duras, qué sucederá
si la situación se complica. Creo que el problema real es que
hay que impedir por todos los medios que la situación se
complique; porque, si la situación se complica, habrá que
adoptar medidas mucho más duras. Ese es el problema
fundamental al que yo creo que hay que hacer referencia.
Nuestro país tenía una deuda bruta acumulada relativamente
pequeña a principio de los años ochenta; sin embargo, en 1993
estamos hablando ya de una deuda del cincuenta y tantos por
ciento. Si S.S. tiene en cuenta que un coste normal de esa
deuda es del 8 o del 10 por ciento, estamos hablando
prácticamente de 5 puntos del PIB sólo para pagar deuda
pública. Ley doy un dato: En el año 1994, respecto a 1993,
para pagar la deuda pública acumulada, sólo en intereses
tendremos que aportar 500.000 millones de pesetas más. Mucho
más dinero que el que vamos a ahorrar con las medidas
restrictivas en el desempleo.
Por tanto, si no cortamos con esa sangría, creo que lo que
estamos poniendo, de verdad, en peligro, es el Estado del
bienestar. De ahí que mi impresión es que es absolutamente
imprescindible terminar con el incremento de la deuda pública,
porque, si no terminamos con el problema de déficit y de la
deuda, evidentemente, cada vez tendremos más dificultades.
Tenemos una tasa de precariedad alta y una tasa de desempleo
muy alta. Es cierto; pero es cierto ahora y era cierto también
en el momento más alto de la coyuntura económica. Yo creo que
eso nos deberería llevar a alguna reflexión. ¿Qué sucede en el
mercado español para que con crecimientos del PIB muy altos
sigamos teniendo una situación de desempleo del 15 por ciento?
Es verdad que hemos planteado una serie de medidas para
mejorar la prestación de desempleo en términos financieros.
Comprendo que las medidas pueden ser más restrictivas que en
la situación anterior, pero creo que S.S., si las analiza con
cuidado, tendrá que aceptar que todas ellas tienen una cierta
lógica y tienen una base de razón. Es más, le plantearía a
S.S. una reflexión previa. Estamos hablando del desempleo, de
prestaciones contributivas o no, y si estamos hablando de
contributivas, ¿quién debe contribuir? ¿No es el desempleado
el que se favorece de este tipo de beneficio? ¿Sigue siendo
razonable que mientras en nuestro país únicamente aporte el
trabajador un 1 por ciento en la media de países europeos se
aporte el 3 y el 4 por ciento? ¿Deben ser los impuestos
quienes paguen el déficit de esta prestación?
Yo creo que, si queremos una prestación equilibrada y una
prestación que se mantenga a largo plazo, tenemos que
conseguir un equilibrio financiero en sus cuentas.
Los recortes de farmacia no veo por qué le preocupan a S.S.
Estamos intentando reducir los beneficios de las grandes
empresas. En consecuencia, más bien a S.S. debería parecerle
correcto que ahorremos en farmacia y no que gastemos más, si
ese gasto no es imprescindible.
Sobre el problema de la presión fiscal, al que S.S. ha hecho
referencia, tengo que decir que es verdad, que todavía es más
baja en nuestro país que en algunos países europeos,
básicamente Reino Unido, como S.S. ha hecho referencia, Grecia
y Portugal, pero no es menos cierto también que nuestro
crecimiento en los últimos años ha sido el más rápido de toda
Europa. ¿Adónde vamos a ir con un crecimiento de la presión
fiscal adicional? ¿Su señoría optaría por el Impuesto sobre la
Renta, que afecta básicamente a todos los españoles, o
pensaría en el Impuesto sobre el Patrimoio al que ha hecho
referencia?
Se ha comentado anteriormente en otra intervención que cuando
nos referimos al Impuesto del Patrimonio estamos hablando de
70.000 millones de pesetas. Las diferencias, por ejemplo,
entre la propuesta sindical en desempleo, más 150.000 millones
y no poner en marcha la reducción de 300.000 millones que
había planteado la representación del Gobierno; estamos
hablando de 450.000 millones de pesetas. Dicho de otra forma,
¿está S.S. seguro de que poniendo un impuesto de patrimonio
que multiplicásemos por seis veces conseguiríamos esa
recaudación? ¿O conseguiríamos más bien una evasión y una
serie de problemas adicionales que, evidentemente, no tienen
ninguna justificación?
Su señoría se escandaliza de los gastos fiscales. Le preocupa
que 1,7 billones de pesetas vayan a gastos fiscales. Yo podría
entender que algunos gastos fiscales le produjesen una cierta
preocupación, pero todos los gastos fiscales no. El gasto
fiscal más importante es el de la deducción por trabajo
personal; el segundo gasto fiscal más importante es el de
deducción por vivienda; el tercer gasto fiscal más importante,
en términos sucesivos,
es el del fomento de la inversión y el empleo. No da la
impresión de que este tipo de medidas fuesen contrarias a lo
que S.S. debería defender.
Hablemos del fraude fiscal. Estoy de acuerdo en que hay que
actuar contra el fraude fiscal, absolutamente de acuerdo. Creo
que hay indicios en el momento actual de que seguramente en el
año 1993 se ha incrementado el fraude fiscal. Creo que la
actividad económica explica una parte del proceso, pero no
todo, y hay algún impuesto concreto (estoy pensando en el
Impuesto sobre el Valor Añadido al que S.S. ha hecho
referencia) donde la caída de la recaudación, especialmente en
el impuesto vinculado a la importación, es excesiva en función
de la caída de la actividad económica.
Es verdad que eso se compensa con las mayores declaraciones en
cuanto al IVA interior, pero a pesar de todo yo creo que ahí
hay una discrepancia que tendremos que clarificar. Sin
embargo, tenga S.S. en cuenta que a veces las cifras engañan.
Comentaba en mi intervención anterior que una de las razones
de la caída de este impuesto es que se ha autorizado
precisamente la compensación, en el caso de importación, por
las deudas pendientes, cosa que no existía antes de que se
suprimiesen las fronteras. En consecuencia, 1994 yo espero que
nos dé una cierta sorpresa positiva en cuanto al incremento de
recaudación de IVA. Esa sorpresa está ya en cierta medida
reflejada en nuestros presupuestos cuando hemos previsto un
incremento sustancial de la recaudación del IVA para el
próximo año.
Dice S.S. una frase que yo no puedo compartir. Si con un
déficit del 6,2, o del 5 con una reducción, hay un ataque
brutal a la protección y si se tiene que llegar al 3 por
ciento de acuerdo con Maastricht, dice S.S. textualmente: ¡Qué
nuevas barbaridades va a hacer el Gobierno! Yo le aseguro que
las nuevas barbaridades las tendremos que hacer el día en que
entremos en el círculo vicioso de la deuda y necesitemos
endeudarnos
para pagar los intereses. Ese día habrá que hacer barbaridades
de toda naturaleza, porque tendremos que llegar a una
situación en que tendríamos que tener un superávit para poder
hacer frente a la acumulación progresiva de la deuda.
Hace S.S. referencia a nuestros diálogos con los sindicatos.
Yo creo que aquí hay una diferencia de concepto. Dice: Se
invita al diálogo y no hay contrapartida. Siempre planteamos
que el diálogo no implicaba una contrapartida del mismo;
siempre dijimos que no era un modelo tradicional «do ut des»;
siempre resaltamos que era precisamente un esfuerzo de
responsabilidad en una situación de dificultad y que, dado que
era imprescindible tomar ciertas medidas, pedíamos a los
agentes sociales un esfuerzo de reflexión conjunta para poder
hacer las cosas en común en vez de hacerlas de forma
unilateral.
Es verdad que a S.S. le preocupa mucho que el Gobierno señala
que si no hay acuerdo tendremos que actuar. Lo dijimos en
julio, lo dijimos en agosto, lo dijimos en septiembre y lo
volvemos a decir ahora, que el Gobierno tendrá que actuar si
no hay acuerdo, porque
estamos convencidos de que ciertas decisiones, si esperamos
determinados meses a ponerlas en marcha, evidentemente tendrán
que ser más radicales que si se adoptan en un momento
anterior. Yo creo que hay una serie de elementos positivos, de
esos que a S.S. le preocupan de esas reactivaciones que no
acaban de llegar, y que es importante destacar. Le doy un dato
último, del que no sé si S.S. se alegrará o no --espero que,
como yo, se alegrará-- y es que, por ejemplo, las colocaciones
en el mes de septiembre han supuesto un incremento de 30.000
personas respecto al mes de septiembre del año 1992, lo que,
cuando uno analiza la variación interanual, septiembre a
septiembre, pone de relieve que posiblemente hay unos
elementos positivos en la evolución del empleo y nos da una
cierta esperanza. Nunca me oirá S.S. lanzar las campanas al
vuelo por la reactivación, aunque sí intente poner de relieve,
ante una sociedad excesivamente crispada y excesivamente
temerosa de la situación a la que estamos
haciendo frente; nunca me oirá, repito, lanzar las campanas al
vuelo, pero está claro que aquellos elementos positivos pueden
hacernos empezar a ver la salida del túnel.
A S.S. le gustaría, evidentemente, que el Gobierno llegase a
un compromiso de creación de empleo. Ya le he puesto de
relieve las dificultades que nos plantea una solución de ese
tipo, y creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es poner
las condiciones, crear ese entorno al que hacíamos referencia,
pero no veo ningún inconveniente, y hemos puesto de relieve en
la mesa del pacto social y en las negociaciones bilaterales
entre los agentes sociales, como contrapartida a una
moderación salarial, que se demande un mantenimiento de
plantillas. Me parece absolutamente coherente y creo que nadie
en su sano juicio va a aceptar una reducción salarial para que
eso financie la salida del mercado de trabajo de ciertos
empleados.
En consecuencia, creo que el presupuesto y las medidas que el
Gobierno plantea son medidas razonables, que entran dentro de
lo posible y que, desgraciadamente, no pueden ir tan lejos
como S.S. querría en ciertos tipos de planteamientos. Su
señoría dice: aumentemos los impuestos. He hecho referencia
anteriormente a ese punto. ¿De qué impuestos estamos hablando?
¿Del IVA, que es un impuesto inflacionista? ¿Del de
Sociedades, con las dificultades que en estos momentos tienen
las empresas y que seguramente nos llevaría a incrementar la
productividad para expulsar más mano de obra? ¿O lo que vamos
a aumentar es el Impuesto sobre la Renta, que al final lo que
estamos haciendo es distribuir el pago entre todos? ¿O los
impuestos indirectos, de otra naturaleza, los hidrocarburos,
el tabaco, cualquier otro que, al final van a suponer
inflación y pérdida
del poder adquisitivo? Creo que el país en este momento,
desgraciadamente, no se puede plantear subidas impositivas. Y
es verdad, y acepto, que nuestra presión fiscal no es excesiva
comparada con otros países de la Comunidad, aunque desde luego
ha aumentado mucho, como decía
anteriormente.
Su señoría plantea la posibilidad de aceptar una cierta
moderación salarial con ciertos criterios; no creo que sea el
momento de hablar de este tema aquí, aunque la posición del
Gobierno es perfectamente conocida.
En cuando a lo que denomina salario indirecto, yo creo que el
Presupuesto cubre bastante bien las distintas opciones a las
que S.S. se refería. Sin embargo, no puedo compartir esa
afirmación tremendista de que estamos en el punto álgido de un
gigantesco expolio de las rentas del trabajo. A mí me parece
que como frase para titular de prensa queda muy bien; como
frase que refleje la realidad, no la refleja en absoluto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señor Ministro,
vaya por delante, teniendo como testigos a las señoras y
señores Diputados, mi máximo respeto hacia su persona y hacia
lo que representa, pero a partir de ahí tendría que recordar
algo de mi época de alcalde. Cuando yo quería discutir de
política económica a nivel de ayuntamiento, nunca discutía con
el interventor del ayuntamiento. Y S.S. ha venido aquí en plan
de interventor, en plan contable, a hablar de cifras, números
y cantidades. Y después yo voy a entrar en ello, para
demostrarle al señor interventor que también se puede entrar
con otras cantidades.
Aquí hace falta un diálogo político también, y hablar de
política económica. El señor Ministro ha venido con aire docto
a decir más o menos: Miren ustedes, la realidad de los números
es ésta, lo digo yo, soy Ministro, el Gobierno tiene datos...
Bajemos un poco la humildad al señor interventor.
El Gobierno, a través del señor Ministro, con ese aire docto
que acabo de decir, nos imputa que estamos jugando con los
números y que no sabemos lo que decimos. Ese Gobierno tiene en
su ejecutoria --lo digo para bajar los humos de las
afirmaciones-- lo siguiente.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1992, elaborados en
el mes de octubre del año anterior, estimaban un crecimiento
real del PIB del 3,3 por ciento, una inflación del 5,3 por
ciento, preveían crear 203.000 empleos, alcanzar una tasa de
paro del 15,3 por ciento, un déficit por cuenta corriente de
menos 2,7 por ciento y un déficit conjunto de las
administraciones públicas de menos 3,1 por ciento. Seis meses
después se vuelven a cambiar todas las previsiones porque han
fracasado; tres meses después, en el mismo año, nuevamente se
vuelven a equivocar; en enero de 1993, nuevo error y nueva
corrección; ahora llegan los presupuestos para 1994 y corrigen
nuevamente. Señor Ministro, no tienen ustedes mucha autoridad
para hacer formulaciones, en cuanto a cantidades, porque son
incapaces de efectuar previsiones que medianamente puedan
aguantar el paso de 15 días o de un mes.
Dicho esto, hay otra cuestión importante, señor Ministro.
Usted ha planteado la cuestión de la política económica como
si no hubiese otra salida y dice: los números mandan. Pues,
señor Ministro, si los números mandan, ¿qué hacemos aquí, con
unas elecciones y unos programas electorales? Vayamos a la
plaza o a la escuela de contables y vengamos aquí los números
uno de las distintas promociones.
Detrás de esto, señor Ministro, hay una opción de política
económica, una opción de política económica altamenta
conservadora; compare lo que usted trae aquí y lo que dicen
sus presupuestos con lo que vienen manteniendo en campañas
electorales, con las apuestas que vienen diciendo que se
mantienen. Usted trae aquí una política económica que hace
recaer sobre las espaldas de los trabajadores los fracasos de
su propia política económica y se alinean con un pensamiento
liberal que, por muy en boga que esté ahora o por muy
triunfante que sea políticamente, es trasnochado y anticuado y
no ha resuelto el problema del paro. ¿A que no son ustedes
capaces, nadie, ningún gobierno conservador en Europa, de
calcular cuántos puestos de trabajo van a crear? Se encuentran
perplejos; perplejos porque, en el aire de la revolución
científico-técnica, habrá tal número de gente que se quede
parada que a lo más que ustedes aspiran es a decir que hay que
acabar con la rigidez en el mercado. Enhorabuena, acaban de
descubrir ustedes a Adam Smith, muerto en 1793.
Señor Ministro, cuando usted trae aquí toda una batería de
datos y dice que no se puede hacer otra política, yo le
planteo algo muy sencillo: ¿qué hacemos con la Constitución
Española? Los artículos 35, 40, 128 y 129 de la Constitución
Española atribuyen a los poderes públicos una serie de
responsabilidades. ¿Qué hacemos con la Constitución? Hay que
dar una respuesta; desde otros números, desde otras
cantidades, desde otra política económica. Y si no, le emplazo
a lo siguiente --lástima que el señor Presidente del Gobierno
esté ausente porque sería a él en todo caso a quien tendría
que referirme sin emplazarle para nada--. Si es cierto o no
que puede haber otra política económica, ¿por qué no la
discutimos? ¿Por qué no nos sentamos, horas tras horas, en
comisiones de trabajo para ver si es posible hacerlo o no?
¿Hacemos la prueba? No se puede pontificar que ésta es la
única política posible, porque pontificar es la manifestación
de un pensamiento sectario. Vamos a la prueba de fuego, vamos
al diálogo, comisión con comisión, número frente a número,
proyecto frente a proyecto; estamos dispuestos. ¿Son ustedes
capaces de hacerlo?
Señor Ministro, cuando plantea usted que el problema del paro
es tremendo y, además, se interroga diciendo: es un problema
grande, porque, ¿cómo es posible que cuando ha habido tasas de
crecimiento del producto interior bruto del cinco por ciento
no bajó el paro del 16 por ciento? Cierto. Pero usted no se
contesta, y le voy a decir por qué. Ustedes han seguido con la
misma política que permitió que los dos cuellos de botella que
estrangulaban la política económica española no se hayan
desatascado. No ha habido inversión en tejido industrial, ha
habido inversión en capital especulativo que ustedes han
favorecido, pero nunca ha habido una planificación industrial.
Es más, ¿qué se ha hecho de aquel famoso libro blanco de 1984?
Porque tenemos un tejido productivo débil, que tenía que haber
sido acometido desde la propia Constitución con tiempo por
delante, con la planificación democrática que es posible, con
los agentes económicos, con los agentes sociales, con la
austeridad; simplemente, se ha vivido al día en los fastos
hasta que la pompa de jabón ha estallado, y ya no saben qué
hacer sino ir nuevamente a la pequeña letrita, a los
numeritos, a decir que éstos fallan, que éstos no encajan.
Pero, señor Ministro, lo que nosotros planteamos no es nada
disparatado. Yo no entiendo si los Diputados socialistas, en
nombre del Partido Socialista Obrero Español, en el Parlamento
Europeo están representando al Partido o a otra cosa. ¿Quiere
leer lo que aprobaron el otro día sobre el mercado de trabajo,
el reparto del empleo y la intervención de los poderes
públicos en la economía? O es que tenemos elecciones para el
año próximo y va de cualquier cosa porque el papel es sufrido.
¿Cómo pueden ustedes mantener una práctica política aquí y
otro discurso en Europa? Esto, que en ustedes es habitual,
tiene que ir acabando, porque está acabando la propia
paciencia del pueblo español.
Sigo más. Señor Ministro, dato sobre dato. Cuando el señor
Ministro plantea que no puede haber otra política y que los
impuestos no se pueden tocar, permítame que entre ya en su
terreno, y, con tranquilidad, comience a leerle algunas
cifras.
Ingresos. Por IRPF, reducción de gastos fiscales, 115.000
millones de pesetas, eliminando la reducción de 25.000 pesetas
en los rendimientos del capital mobiliario, tributando las
viviendas distintas de la habitual a un tipo mayor, limitando
la deducción sobre inversión en inmuebles, eliminando la
deducción en la cuota de las primas de seguros de vida; por
sociedades, reducción de gastos fiscales, 200.000 millones;
por Patrimonio, potenciando su recaudación sobre todas las
grandes fortunas, se modifican los tramos de base imponible y
los tipos, lo cual produciría un incremento en su recaudación
superior a 100.000 millones. Impuestos sobre bienes
suntuarios, 5.000 millones; tributarían aquellos bienes y
servicios que, estando gravados por el IVA al tipo general, se
considerasen como bienes de lujo. Impuesto sobre las viviendas
desocupadas, 250.000 millones. Este aumento de ingresos
supondría más recursos y, por tanto, menos transferencias del
Estado a otros organismos. También se presentó una proposición
de ley en agosto de 1993, junto con las demás. Tasas de
aplicación ecológica, 150.000 millones de pesetas.
Y, así, dividendos por privatizar, lucha contra el fraude y
mantenimiento del déficit público.
Señor Ministro, en Europa --conservo todas sus declaraciones--
han llegado a cuestionarse razonablemente la flexibilidad de
los plazos de la Unión Económica y Monetaria. ustedes saben
que no se puede mantener para finales de 1996 las cifras
macroeconómicas de los parámetros y esos objetivos; nadie los
puede mantener. De hecho, Portugal ya se ha descolgado,
diciendo que no puede llegar a ellos, y en los demás países,
sus dirigentes están confesando clarísimamente que no pueden
mantener esos parámetros en la fecha fijada. Pero, además, si
se abre paso a lo que dijimos nosotros en esta Cámara y que el
propio Delors dice que hay que incorporar la tasa de paro,
todo el edificio se viene abajo, porque si la tasa de paro se
incorpora con un parámetro a conseguir, empieza a
desvencijarse el edificio que habla del déficit, de los
intereses, de la deuda pública. Por tanto, señor Ministro,
cuando se le
imputa que ustedes erre que erre se siguen aferrando a lo
mismo, es que en estos momentos no tienen salida, están
manteniendo una política cuando los demás están reconsiderando
siquiera los plazos para llevarla a cabo. Mantener que lo
importante en política económica es acabar con el déficit, no
generando tejido productivo, es seguir en la senda de la
destrucción de tejido productivo y, por ende, hundimiento de
la economía.
La reducción del déficit, señor Ministro, no significa
creación de riqueza, simplemente es un apunte contable en el
cual la entrada y los gastos se equilibran; pero, a partir de
ahí, lo que ocurra alrededor de la sociedad no importa, la
gente come, no come, pide pan, no pide pan; eso sí, los
números encajan.
Por eso, señor Ministro, hubiese deseado, si hay después
oportunidad de hablar, tener un debate político, porque yo
nunca debatía con el interventor de mi ayuntamiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, comprendo que hay dos formas de hacer política:
tomando en consideración la realidad o despegándose de la
realidad, como si no existiera. Posiblemente, lo que usted
llama interventores somos aquella gente que intentamos tener
los pies en el suelo e intentamos ser realistas respecto a los
planteamientos que hacemos. Pero seguramente mi intervención
tiene tanta
carga política como la suya, y de ahí posiblemente su
irritación respecto a mi intervención.
Su señoría pone de relieve que hay errores. Por supuesto que
hay errores. Cualquier cuadro macroeconómico tiene errores. Ya
le avanzo que el cuadro que acabamos de decir ahora tiene
evidentemente el gran valor de su coherencia y ha de ser un
elemento de referencia para ver cómo evoluciona el futuro,
pero ningún economista pondrá la mano en el fuego diciendo que
un cuadro macroeconómico se va a cumplir.
El problema básico que nos separa a S.S. y a mí respecto a las
opciones de política económica no es como lo plantea; si
estamos en una opción altamente conservadora o no. Seguro que
estamos en una distinción más profunda, y es si creemos en una
economía de mercado o no. Yo sí creo, pero tengo la impresión
de que S.S. no cree; y al no creer S.S. en esa opción de
economía de mercado, le lleva a una serie de opciones que
difícilmente veo que puedan funcionar en una economía normal
europea, porque eso de generar empleo por parte del Estado se
producía en los viejos sistemas de planificación central, pero
ahora ya no se produce. Ahora el empleo se crea de otra forma.
Acabar con el déficit y crear tejido productivo. Estamos de
acuerdo. La diferencia es cómo creamos ese tejido productivo.
Su señoría, si yo entiendo bien, pretendería tener más
ingresos, con ellos acabar el déficit y con ese dinero que
pudiera --digamos-- disponer, invertir. Invertirlo ¿dónde? ¿En
empresas nuevas? ¿En las empresas tradicionales? ¿Con qué
objetivo? ¿Con incrementar salarios se refiere a la
productividad? ¿Con obtener unos rendimientos concretos?
Yo no creo en ese sistema. Yo creo que la experiencia nos está
demostrando que el Estado tiene que estar en cierto tipo de
empresas cuando estratégicamente se justifiquen, pero el
Estado no tiene por qué estar en cualquier tipo de tejido
productivo. Otra cosa radicalmente diferente es, como decía
antes, crear el entorno para que esa inversión se produzca, y
ese entorno lo queremos crear con los presupuestos. Con los
presupuestos pretendemos mantener la inversión pública,
pretendemos reducir los tipos de interés, pretendemos dar
ventajas fiscales a las empresas para que inviertan.
Keynes --no aplicado a este caso sino a otro-- decía que uno
puede conseguir llevar un caballo al abrevadero, pero lo que
no va a conseguir es que beba. La decisión final de si bebe o
no bebe, la decisión final de si se invierte o no se invierte,
evidentemente, va a corresponder al empresario.
Y créame que no es mi estilo pontificar sobre si ésta es la
única política económica posible o no. ¿Puede haber otras? Es
posible. Yo lo que puedo decirle es que creo en la que yo
propongo y no creo en la que S.S. me está proponiendo. Creo
que la que S.S. me está proponiendo llevaría a este país a una
situación mucho más difícil a medio plazo. Esa política
económica que usted propone de incremento de gasto público...
(El señor Anguita González le muestra la Constitución.) Ya veo
que enseña la Constitución, y es perfectamente compatible con
lo que yo le estoy diciendo, y, en consecuencia, no se plantea
ninguna contradicción. Repito que esa política económica que
usted propone nos llevaría a la catástrofe.
He dicho antes, cuando hablábamos de reforma de la prestación
de desempleo, que nuestra gran diferencia con los sindicatos
en términos económicos --en términos que usted llamaría de
interventor del ayuntamiento-- es de 500.000 millones de
pesetas; por tanto, de 50.000 millones de pesetas adicionales
en intereses de déficit cada año durante un período muy largo
de tiempo. En consecuencia, si esas cosas que a S.S. no le
preocupan no las tomamos en consideración, al final lo que
estamos planteando es a tres años, una situación imposible.
Por tanto, le repito lo que le he dicho antes. Estoy de
acuerdo en acabar con el déficit. Evidentemente ese
planteamiento de crear tejido productivo con presencia del
Estado no acabo de verlo. Lo que el Estado puede, debe y va a
hacer es crear el entorno para que la inversión se produzca y
el empleo se cree de forma sana.
Muchas gracias. (El señor Anguita González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Es que me he sentido contradicho,
señor Presidente.
Señor Solbes, no me impute a mí lo que yo no he dicho. Menos
mal que tengo manos y le he podido enseñar a usted la
Constitución, no se me evada. Yo he citado artículos de
nuestra Constitución que hablan de la planificación
democrática, y los poderes públicos --es decir, ustedes
Gobierno, usted en concreto-- no pueden hacer un discurso que
habla del hado y la mano invisible de la economía, sino que
tienen que comprometerse en opciones de política y de
intervención del sector público, porque se lo manda la
Constitución, señor Ministro; la Constitución que le está
diciendo que los españoles tienen el derecho al trabajo, que
habla incluso --aunque usted se santigüe cuando lo diga-- de
que los trabajadores pueden llegar a adquirir la propiedad
sobre los medios de producción. ¡Qué horror!, ¿verdad, señor
Ministro? Porque eso sin duda está muy reñido con la filosofía
del liberalismo.
Cuando se plantea otro tejido industrial, le he hablado a
usted del Libro Blanco y le he lanzado un reto, muy modesto:
¿Por qué no nos sentamos a discutir, simplemente a
intercambiar puntos de vista, comisión de trabajo frente a
comisión de trabajo, números frente a números, política
económica frente a política económica? A eso me remito, cuando
usted quiera, cuando quiera
el Gobierno, cuando quiera el señor Presidente del Gobierno y
lo tenga a bien. Eso, sí, vamos a discutir, no a claudicar ni
a pedir nada, sino simplemente a constatar argumento con
argumento y número frente a número.
Para terminar, señor Solbes, usted dice que cree en el
mercado. Y yo también, pero tengo que decirle una cosa, que
usted confunde mercado con sistema capitalista, y no es lo
mismo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: Muchas gracias,
señor Presidente.
La planificación democrática también se puede interpretar de
muchas formas, se puede interpretar como una planificación
presupuestaria o se puede interpretar como el gosplan.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario Federal de IU-
IC.) Creo que entre ambas interpretaciones hay un matiz, un
concepto radicalmente diferente. Y, por supuesto, en ningún
caso tendrá usted conmigo el menor problema respecto al más
estricto respeto a la Constitución.
En cuanto a la posibilidad de discutir, es lo que estamos
haciendo ahora y es lo que sin duda alguna vamos a tener
ocasión de hacer a lo largo de estas semanas al discutir el
presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas de totalidad del Grupo Mixto.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, señor Ministro, iniciamos hoy el
debate de mayor trascendencia en el ejercicio parlamentario,
la discusión anual del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, que supone el instrumento que servirá de
marco de referencia para la política económica a aplicar el
próximo ejercicio. La importancia de este debate viene
determinada por el enorme peso del presupuesto dentro de la
economía del país, representando éste el 50 por ciento del
producto interior bruto, por la determinación de la política
fiscal y social y por las posibilidades de actuación sobre la
política económica para estimular la actividad y corregir
desequilibrios. Sin embargo, la práctica de estos últimos años
de presupuestos del Gobierno socialista nos ha demostrado que
rara vez se cumplen todas las premisas anteriormente citadas
de una manera homogénea en el tiempo. Así, los constantes
planes semanales elaborados por el Ejecutivo determinan que
las previsiones iniciales, presentadas a finales de
septiembre, pierdan su validez al cabo de seis meses.
Unión Valenciana ha presentado una enmienda a la totalidad de
los Presupuestos Generales del Estado para 1994 porque no
resuelven la crisis, no limitan el crecimiento del déficit
público de una manera efectiva y porque, además, exigen un
coste social sin precedentes en nuestra historia reciente. La
política presupuestaria y económica plasmada en la redacción
de estos presupuestos no favorece la inversión ni la creación
de empleo, no sienta las bases de competitividad necesarias
para afrontar los retos derivados del proceso de
internacionalización de nuestra economía y presenta unas
perspectivas económicas sombrías y desmoralizadoras. Además,
el Gobierno oficializa una situación de crisis al prever un
crecimiento de la economía de los más bajos en los últimos
años, situado en un 1,3 por ciento. El crecimiento previsto
para el próximo ejercicio, que es de 2,3 puntos inferior al
establecido en este programa, no ha alcanzado la media
comunitaria. Por otra parte, los presupuestos aseguran una
tasa de paro del 23,4 por ciento, no se frena la inflación y
el incremento de inversión no es suficiente.
Respecto al apartado social del presupuesto, hemos de decir
que un déficit público previsto de más de 3 billones de
pesetas y un incremento del gasto global de casi un 10 por
ciento no legitiman al Gobierno para exigir mayores
sacrificios a los sectores más desprotegidos de la sociedad,
como son parados y pensionistas. Son ellos los que van a pagar
los platos rotos, derivados de la lamentable gestión del
equipo socialista. A pesar de las declaraciones de intenciones
de austeridad por parte del Gobierno, seguimos gastando por
encima de nuestras posibilidades al prever un crecimiento del
gasto superior a la tasa de crecimiento de la economía
nominal.
Señorías, la nefasta política presupuestaria y la
consolidación de sus desviaciones ha derivado en una hipoteca
de nuestro futuro de una manera preocupante. Baste decir que
ni dedicando la totalidad del presupuesto del Estado, 28
billones de pesetas, se cancelaría el volumen actual de deuda
pública; deuda pública que se incrementará en más de 600.000
millones de pesetas el próximo ejercicio y que hará que
nuestro país deje de cumplir la única condición que satisfacía
del Tratado de Maastricht, consagrándose de este modo la
segunda velocidad para nuestra economía en el proceso de la
Unión Europea. Con todo, lo más grave es que los presupuestos
generales para 1994 han sido elaborados sin consenso y de
espaldas a la mayor parte de los interlocutores sociales. La
inexistencia de acuerdo en el pacto social hace que éste ya
nazca viciado.
Señorías, los valencianos teníamos depositados nuestras
esperanzas en los presupuestos para 1994. En este sentido se
manifestaron dirigentes socialistas durante la pasada campaña
electoral, asegurando que el próximo ejercicio sería el año de
Valencia, de nuevo un año y ya van muchos. Confiábamos que
después de los fastos
de 1992 y después del año de recuperación se presentara
verdaderamente el turno de Alicante, Castellón y Valencia. Las
expectativas, una vez más, han caído en saco roto y los
presupuestos para 1994 han consagrado de una manera definitiva
la marginación sufrida por la Comunidad valenciana. Durante
los últimos diez años, nuestra Comunidad ha aportado netas al
Estado más de 8 billones de pesetas a cambio, hemos recibido
en inversiones poco más de 450.000 millones. Esta, señorías,
es una muestra de la quiebra del principio de solidaridad para
con los valencianos desde el Gobierno central. Por cierto,
estoy esperando del señor Presidente, señor González, que me
remitiera aquella serie de inversiones, que naturalmente no me
ha remitido ni me podrá remitir porque no existen.
Respecto a los presupuestos para 1994 y las invesiones que el
Estado prevé realizar, cifradas en 1 billón 35.000 millones de
pesetas, a la Comunidad Valenciana únicamente le corresponde
el 3,3 por ciento del montante total. Mientras que las
inversiones totales experimentan un incremento del 13 por
ciento, Alicante, Castellón y Valencia ven reducidas las suyas
nada más y nada menos que en un 30 por ciento. Por Secciones,
es de destacar la disminución de inversiones en un 40 por
ciento en Obras Públicas.
En lo que respecta al Fondo de Compensación Interterritorial
las cifras no pueden ser más desalentadoras. Manteniéndose la
consignación exactamente igual de un año para otro, el
montante destinado a la Comunidad Valenciana se ha reducido en
un 12 por ciento. En los últimos años hemos pasado de percibir
15.098 millones de pesetas en 1992 a 5.778 en 1994,
significando, señor Ministro, una caída en este capítulo de un
61 por ciento. La repercusión de esta caída de las inversiones
a realizar en la Comunidad Valenciana tiene su fiel reflejo en
el eterno retraso en el tiempo de proyectos como Azuébar,
Tous, Bellús y Escalona, barranco de Carraixet, riegos de La
Plana, de Liria o regeneración de las playas de Alicante,
Castellón, Valencia, Nules, Pinedo, Saler, Calpe, etcétera.
Del mismo modo, infraestructuras como la mal llamda autovía de
Levante, N-III, N-232, N-230, N-340, variantes de Castellón,
de Ondara, de Gata, tren de alta velocidad, parque central,
supresión de pasos a nivel, remodelación de los aeropuertos de
El Altet y de Manises esperan año tras año inversiones que
nunca llegan.
Señorías, no podemos olvidar que todavía no se ha puesto fin a
la angustia de los valencianos después de aquel octubre de
1982, fecha de la rotura de Tous. Señorías, el Real Decreto
que aprobó el Gobierno recientemente después de diez años no
ha incluido a pueblos damnificados como Sellent, Cárcer,
Sumacárcer y Alcántara y además tampoco ha tenido en cuenta la
actualización de los valores. En este sentido nos parece muy
triste señor Ministro, que siendo además valenciano, culpe a
los damnificados de Tous del déficit público actualmente
existente.
Señorías, Unión Valenciana se pregunta si merecen los
valencianos este injusto trato, porque se indemniza tarde y
mal, cuando experiencias similares en otras comunidades se han
solucionado rápidamente.
Respecto al Consell Metropolitá de L''Horta, ¿por qué año tras
año se viene negando la financiación que otros tienen? ¿Por
qué el Real Decreto-ley 8/1993, de 21 de mayo, de ayudas a la
sequía, deja fuera a las comarcas valencianas de Requena y
Utiel? ¿Por qué el Real Decreto de jubilación anticipada para
los agricultores hace prácticamente imposible el acceso a la
misma de los agricultores valencianos? Y, ¿por qué se utiliza
a la Comunidad Valenciana como conejillo de indias en las
inspecciones de Hacienda a las empresas?
Señorías, la Comunidad Valenciana está atravesando momentos
muy difíciles. La imagen tradicional del Levante feliz se
encuentra hoy más que nunca distorsionada. La tasa de
desempleo de Alicante, Castellón y Valencia es superior a la
media nacional y más de 1.400 empresas cerraron sus puertas en
1992. La evolución del mercado exterior se nos presenta como
uno de los indicadores más fiables de la pérdida de
competitividad de nuestras empresas. En el primer semestre del
año las exportaciones de nuestra Comunidad han crecido cinco
puntos por debajo de la media nacional. La provincia de
Valencia aumentó sus exportaciones tan sólo un 0,74 por ciento
en los seis primeros meses del año. La situación actual se
agravará con la ejecución de los presupuestos de 1994. Este
sacrificio exigido a los parados, pensionistas, trabajadores y
empresarios valencianos se verá correspondido por el Gobierno
con una caída de su nivel de vida, de las inversiones y de sus
expectativas de futuro.
En resumen, este proyeto merece nuestra enmienda a la
totalidad por cuanto no contempla la política presupuestaria y
económica que hoy requiere la economía española para afrontar
los nuevos retos de la Unión Europea, para mejorar la
competitividad, la creación de empleo, el estímulo a la
exportación y, en definitiva, no contribuyen a clarificar las
prioridades de nuestra economía. Si los presupuestos del
Estado van a tener un impacto recesivo sobre la economía
española, sobre la economía valenciana van a determinar el
hundimiento definitivo y la imposibilidad de afrontar con unas
mínimas garantías de éxito los retos que se avecinan, habida
cuenta de la ya histórica discriminación de Alicante,
Castellón y Valencia y de la constante agresión hacia los
sectores claves de la economía valenciana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias,señor González Lizondo.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, sin
duda estamos ante el debate político
más importante de la Cámara, puesto que es éste antes que
cualquier otro el que realmente demostrará qué tipo de
sensibilidad política va a gobernar, qué modelo de sociedad se
quiere escoger, en definitiva qué modelo de Estado. De aquí
surgen las
prioridades, aquí se muestra el sentido de las preocupaciones.
El debate de presupuestos es el gran debate político, porque
más allá de las buenas intenciones, más allá de las
declaraciones, los libros de ruta ideológicos, las promesas
electorales es aquí donde sabemos a qué atenernos. Los números
tienen la enorme cualidad de la precisión. Es por ello por lo
que una enmienda a la totalidad a unos presupuestos parte
necesariamente de una gran responsabilidad política. Es, en
definitiva, una enmienda a la acción global del Gobierno que
se quiere modelar, y es desde el sentido de esta
responsabilidad desde donde Esquerra Republicana ve la
necesidad de devolver los 57 volúmenes al PSOE y a quienes ya
han anunciado su intención de apoyarlos. Por sensibilidad
social, por sensibilidad municipal, por sensibilidad nacional
no podemos aceptarlos.
Señorías, aunque sin detenerme, no resisto la idea de empezar
hablando de credibilidad. Estos son unos presupuestos tocados
ya por la falta de credibilidad de los que el mismo Partido,
ustedes mismos, presentaron el año pasado. Nos piden que nos
creamos sus previsiones, su cuadro macroeconómico, ¿pero cómo
vamos a hacerlo si las que el mismo Partido presentó hace
justo un año han hecho aguas por todas partes? En más de dos
billones de pesetas, señorías, se han equivocado ustedes en
las previsiones de gasto, y en 400.000 millones se han
equivocado en las de ingresos. Previeron una reducción de la
inversión del 1,2 por ciento, y se ha reducido un 10,2 por
ciento; previeron un PIB del 1 por ciento, y ha sido negativo
en 1 por ciento; previeron que se destruirían 162.000 puestos
de trabajo, y se han destruido 535.000; previeron que
llegaríamos a 2.300.000 parados, y hemos llegado a 3.400.000.
¿Han pensado, señorías del PSOE, entrar en el récord Guiness?
Por capacidad de acumular déficit público los gastos de
atención a la deuda pública crecen un 22 por ciento, y por
auténtica incapacidad de prever la situación han hecho SS.SS.
méritos sobrados. ¿Cómo quieren, pues, que nos creamos las
previsiones que ahora presentan, señorías? Algunas partidas
que ustedes incluyen, como ese 16 por ciento de incremento a
la
recaudación del IVA mientras que sólo preven un incremento del
consumo privado del 0,1 por ciento, o requieren ingenuidad
política o grandes dosis de voluntarismo. Pero ciertamente
podríamos haber hecho un acto de fe, podríamos haber obviado
todas las recomendaciones de alerta a que ustedes mismos nos
obligan y habernos creído sus números, si no fuera porque en
algo son ustedes bien precisos: en la voluntad de
hacer recaer en sectores económicamente discriminados el peso
de la crisis. Desde una sensibilidad social y progresista, sus
propuestas no nos parecen aceptables.
¿Cómo vamos a aceptar, por ejemplo, su pretensión de aumentar
la presión fiscal en el colectivo de parados, precisamente uno
de los sectores más castigados por la situación? ¿Cómo vamos a
aceptar que las prestaciones por desocupación sean tributables
a efectos de IRPF? ¿Cómo vamos a aceptar que las escalas de
tributación en concepto de IRPF no actualicen las bases en
función de la inflación, con el aumento de presión fiscal que
esto representa? ¿Cómo vamos a aceptar que el colectivo de
parados deba cotizar la cuota obrera de la Seguridad Social
que hasta ahora asumía el Estado? Un mínimo de 6,1 por ciento
menos van a cobrar los parados gracias a sus medidas de
choque, y a ello hay que añadir que mientras ustedes prevén un
mínimo de 150.000 parados más para 1994 --y vista su
incapacidad para acertar en las previsiones habrá que ser más
pesimistas--, mantienen las partidas de prestaciones de 1993,
con lo cual encubren un nuevo recorte de prestaciones. Todo
ello choca, casualmente, con esa disposición final número dos
que, contrariamente al espíritu general, deja las manos libres
al Gobierno para ampliar los recursos destinados al plan de
empleo rural. En el Sur, pues, parece ser que van a consolidar
su política de subsidio masivo, que no es tampoco ninguna
solución progresista a la crisis en esas zonas. Y en el Norte,
en las zonas productivas, va a ser muy difícil la subsistencia
de los colectivos más castigados. Señorías, recuerden que el
Sur no se arregla con la limosna masiva y permanente que
deriva en cultura de la corrupción, sino con esa reforma
agraria e industrial que tienen pendiente desde hace siglos.
Pero recuerden también que hay cada vez más parados en muchas
zonas, en Santa Coloma de Gramanet, en Rubí, en Badalona, y
que esos parados con estos presupuestos lo van a pasar mal. Y
todo ello, para mayor perplejidad, sin que los agentes
sociales hayan pactado las medidas de choque.
La primera de las siglas ERC, Esquerra Republicana de
Cataluña, representa la palabra «esquerra». Como partido
progresista y con sensibilidad social no podemos aceptar sus
presupuestos. La segunda corresponde a la palabra
«republicana», y nos obligaría a discutir las partidas
dedicadas a la Monarquía. Pero, en fin, como no hay voluntad
de atragantarles hoy la comida dándoles un susto, lo dejaremos
para otro día. La tercera sigla corresponde a Cataluña, y
desde la perspectiva de los intereses del marco nacional
catalán, desde nuestra sensibilidad nacionalista, rechazamos
también estos presupuestos.
No nos creemos el baile de cifras que su aliado natural,
Convergència i Unió, está dando para justificar su apoyo. Sus
presupuestos van a dañar aún más la economía productiva de mi
país, porque ustedes saben tan bien como yo que son unos
presupuestos para mantener
una economía fría, que no refuerzan la línea inversora y que
parten de la aceptación de un crecimiento casi cero e incluso
negativo, y sólo va a crear aquí la especulación. Ya sé que se
han incluido algunas medidas de incentivación fiscal --que
Convergència i Unió ha hecho ahí su «trabajito»--, pero seamos
serios. La grave crisis del sector industrial y productivo
catalán no se resuelve con una disminución ligera de la
presión fiscal, sino con un plan de auténtica reactivación que
estos presupuestos no contemplan. Esta crisis no se resuelve
con tiritas, con ese pacto de la calderilla que ha firmado con
Convergència i Unió, sino dotando a Cataluña, las islas
Baleares, Valencia, todo el eje productivo, de los
instrumentos económicos y políticos que nos permitan una
salida diferenciada de la crisis. Lo que falla aquí, señorías,
es el mercado único español, que nos acabará hundiendo a
todos. Si Cataluña no tiene instrumentos políticos, si no
tiene concierto económico como el País Vasco y Navarra y
soberanía política para articular una economía propia, no hay
pequeños incentivos fiscales que valgan.
Aquí es donde Convergència i Unió se pone, como diría Valle
Inclán, estupenda. Hay que ver la fama de negociante que tiene
y lo mal que a nosotros nos parece que negocia. Ahora que
habían dicho pomposamente en Cataluña que decidirían, lo único
que han decidido ha sido dar carta blanca a un Gobierno
socialista. Debe ser por la enorme sensibilidad hacia la
lengua catalana que demuestra este Estado. Debe ser por los
miles de millones que se van a gastar ahora para proyectar la
cultura catalana en el mundo. ¿O no contempla eso el Instituto
Cervantes? Debe ser gracias a la ilusión que les hace el Día
de la Hispanidad o las muestras de afecto hacia Cataluña de
Rodríguez Ibarra, o los gobernadores civiles o el expolio
fiscal. Debe ser gracias a todo eso por lo que, con coherencia
nacionalista, Convergència i Unió da su apoyo.
Señores de Convergència, señorías, no han sido capaces de
poner el problema sobre la mesa. No han sido capaces ni tan
sólo de plantear el traspaso del Inem, fundamental para
subsanar el 15 por ciento de pobreza relativa que hay en
Cataluña, ni de dar una solución a la crisis del campo
catalán, ni de plantear la necesidad del concierto económico,
tan necesario para paliar el expolio, ni de una banca pública,
ni tampoco de plantear una salida diferenciada a la crisis,
auténticos instrumentos para reforzar nuestras pymes y nuestra
economía. En lugar de conceptos políticos de grados y
soberanías reales, Convergència i Unió sólo pone sobre la mesa
la calderilla, menos incómoda. ¿Para eso arma tanto revuelo?
Unamuno decía que a los catalanes nos pierde la estética.
Quizá, pero sólo cuando no tienen la valentía de comprometerse
con las reivindicaciones de fondo.
Acabo con el apunte municipal. Estos presupuestos no sólo
incumplen el pacto para revisar la Ley de haciendas locales,
sino que tampoco plantean una solución mínima a la situación
gravísima de la economía municipal, de forma que condena a las
corporaciones locales a un mayor endeudamiento y a una mayor
presión fiscal sobre los ciudadanos. También en este aspecto
son antisociales.
Enmienda a la totalidad, señorías, pues, por coherencia con el
progresismo, con el municipalismo, base del progresismo, y con
la defensa del propio país.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, en nombre del Partido
Aragonés intervengo para defender la enmienda de totalidad que
hemos presentado a los Presupuestos Generales del Estado para
1994.
Señorías, nosotros pedimos la devolución porque ustedes,
señores socialistas, señor Ministro, gastan mucho, invierten
poco y administran mal. Son unos presupuestos continuistas,
insolidarios, ilusorios, que no responden a la oferta
electoral ni siquiera que ustedes hicieron hace pocos meses al
pueblo español. No permiten la convergencia de nuestra
economía con Europa, nos hacen más pobres, sobre todo a los
más pobres, nos endeudan más y, en definitiva, no sirven para
salir de la crisis, cuya secuela más dolorosa es el desempleo
y la pérdida de esperanza de muchos ciudadanos a cuyos
problemas no se da respuesta con estos presupuestos.
El endeudamiento al que ustedes han llevado a este país (30
billones) genera 8.000 millones cada día de intereses, más de
300 millones cada hora y 5 millones cada minuto --lo digo
porque a veces las cifras nos desbordan-- y este
endeudamiento, señorías, no se justifica por lo invertido; en
todo caso, se justifica por lo gastado.
El señor Ministro de Economía ha dicho que era un presupuesto
de crisis, pero no ha dicho que era un presupuesto para la
crisis; unos presupuestos derivados del pacto, pero no ha
dicho que eran derivados de la insuficiencia política del
Grupo Socialista, y unos presupuestos que estaban
complementados con una ley específica de Medidas Fiscales, de
Función Pública y de Protección por Desempleo.
En primer lugar, tenemos que decir que hay un Ministro nuevo,
pero no unos presupuestos nuevos. Estos presupuestos,
señorías, son continuistas, como no podría ser de otra manera,
ya que se inspiran en los mismos principios políticos en los
que ustedes, a pesar del fracaso evidente, se empeñan en
insistir. Por otra parte, estos presupuestos y la situación
económica en la que nos encontramos son la consecuencia
directa de su incompetencia acumulada durante los últimos once
años. Porque, señor Presidente, de la situación actual
sólo hay unos responsables, y esos son los socialistas, es
usted, señor Presidente, que ha tenido la máxima
responsabilidad y la máxima capacidad para cambiar las cosas,
y su manera de
entender la economía y las cuentas del Estado. Hoy ni siquiera
les queda a ustedes aquel viejo truco, aquel viejo recurso de
echar la culpa a la herencia recibida, porque, señorías, la
herencia de este país son ustedes, porque los causantes de
todo lo que ocurre son ustedes, que no han aprovechado los
tiempos de bonanza económica para renovar las estructuras
productivas de este país y, sobre todo, para adecuar la
mentalidad de los españoles a las exigencias de la
competitividad, de la libre concurrencia y de la integración
europea. Reconozcan ustedes el fracaso de su política de
bienestar, como primer paso, y la cultura de la subvención a
la que han acostumbrado a la sociedad española. Han dejado a
la sociedad sin defensas, sin estímulos y sin ilusión, y eso,
señorías, tiene sus consecuencias.
No es admisible relacionar nuestra crisis con la crisis de los
países que nos circundan, porque la situación es heterogénea.
No todos están igual que nosotros; algunos están mejor, entre
otras cosas porque nosotros batimos el récord con el indicador
más sensible socialmente: el número de parados. España tiene
ese triste récord entre los países que nos circundan. Otros
indicadores que también nos son desfavorables serían
admisibles, señor Ministro, si por lo menos coadyuvaran a
resolver ese grave problema del desempleo, que hace que
perdamos 2.000 puestos de trabajo cada día en este país. Y si
fuera cierta la influencia de los países desarrollados de
nuestro entorno sobre nuestra economía, bastaría con esperar a
que los demás mejoraran y limitarnos a no hacer nada.
Nosotros creemos que las principales medidas deben partir de
este Gobierno, deben partir de este Parlamento y también de la
propia sociedad. Por eso nos parece negativo el excesivo peso
de la actividad económica, que está pagando el excesivo
intervencionismo y la competencia desleal que se le hace al
sector privado desde la actividad pública. Necesitamos más
sociedad y menos Estado. Hay que creer y aplicar el principio
de la subsidiariedad, y que no haga el Estado aquello que hace
mejor y más barato la iniciativa privada. El desmoronamiento
de la empresa pública, acumulando pérdidas de miles de
millones de pesetas, es la prueba evidente de lo que decimos.
Renfe, Iberia, el INI, son empresas que acumulan pérdidas que
serían inevitables. El caso de Radiotelevisión Española,
señorías, es también significativo en cuanto al costo, pero
realmente lo que hay Televisión Española, además de una
competencia desleal al resto de televisiones privadas y al
resto de medios de comunicación, es una utilización por el
Gobierno en su favor, utilizándola para que Televisión
Española trabaje en contra de la oposición.
El señor Ministro ha dicho que eran unos presupuestos del
pacto. Quizá, señor Ministro, lo más aceptable que tienen
estos presupuestos es aquello que ustedes han tenido que
introducir por exigencias de otros. Por eso es positiva la
necesidad de pactar, para que estos presupuestos sean menos
socialistas. Nosotros, que no hemos tenido la oportunidad de
introducir ninguna sugerencia (esperamos tener mejor suerte en
el trámite parlamentario, ya que presentamos numerosas
enmiendas parciales), no podemos apoyar estos presupuestos
porque, vistos desde Aragón y para las necesidades de Aragón,
nos sirven de muy poco.
Aprovecho este momento para fijar la posición sobre el
proyecto de ley de medidas fiscales, de reforma de la Función
Pública y del desempleo, que acompaña a estos presupuestos,
porque es la consecuencia más visible, aunque no la única, de
esa necesidad de pactar. La ley que los acompaña y las medidas
que se proponen nos parecen acertadas, pero insuficientes y,
además, tardías, por lo que creemos que su efecto práctico
será limitado. El apoyo a la inversión y al empleo llega
tarde, hay muchas empresas a las que les llega cuando están ya
a punto de cerrar. Para que se pueda exportar y competir, las
medidas propuestas son tímidas y están desconectadas de otras
medidas igualmente necesarias. Las medidas de apoyo a las
pymes que se proponen en el proyecto de ley pueden, incluso,
conducir a efectos no deseados, señor Ministro. No parece
acertado introducir competencia desleal con las empresas que
ya funcionan. La empresa y sus actividades no se improvisan.
Yo creo que sería mejor apoyar a las empresas que ya están,
que ya trabajan, que ya tienen experiencia y que ya funcionan,
en lugar de ayudar a crear otras nuevas, que posiblemente lo
único que creen sea trabajo en las gestorías y en las oficinas
de recaudación de impuestos.
Las medidas de apoyo a la vivienda, a nuestro juicio, son
equivocadas e insuficientes, pero, señor Ministro, este tema
es tan importante que merecería un plan específico, por la
trascendencia económica y social que tiene. Las modificaciones
del sistema tributario no son las más acertadas para resolver
el panorama y acercarnos a la fiscalidad europea, pero, en
este terreno, cualquier avance es bueno. En cuanto a las
medidas de protección del desempleo, debería ser una parte de
algo mucho más amplio, en definitiva, una reforma en
profundidad del mercado de trabajo.
Vistos desde Aragón, estos presupuestos son todavía peores.
Nos tratan mal, señor Ministro, no resuelven problemas y
promesas que llevan años esperando, y ni siquiera la necesidad
de echar un capote al nuevo Presidente del Gobierno de Aragón,
el socialista señor Marco, que gobierna gracias al voto del
tránsfuga, ha hecho los milagros que este nuevo Presidente
esperaba de los Presupuestos. Necesidades históricas,
infraestructuras, comunicaciones, regadíos, no tienen la
dotación necesaria; en algunos casos, un mero apunte contable
para
iniciar el proyecto y seguir pidiendo tiempo y mejor
oportunidad. Nos sentimos abandonados, discriminados, y espero
que --el señor Presidente del Gobierno no está presente--,
encima, no nos pidan que estemos agradecidos.
Si en inversiones las cosas no van, en protección social es
todavía peor. En sanidad, y sobre todo en educación, el
presupuesto perjudicará a los más necesitados. La reforma
educativa no tiene suficiente presupuesto y nos preocupa de
manera especial ya que, al parecer, las competencias en
educación pueden ser transferidas en breve, y así, mal
dotadas, habrá que tener cuidado de cómo se transfieren y de
cómo se reciben. Las universidades en general, y la de
Zaragoza en particular, están mal dotadas y es un clamor de
peticiones. Aquellas universidades que todavía están en
territorio MEC han dicho que ya está bien con la insuficiencia
de medios, para dar una enseñanza de calidad y una enseñanza
competitiva a más de 600.000 jóvenes españoles, que están
esperando poder formarse para competir en Europa. El Rector de
Zaragoza ha dicho, ayer, públicamente: ¡Basta ya! Le rogaría
al señor Ministro de Educación que tomará nota, pero,
evidentemente, ni está presente en la sala.
En resumen, yo les pediría que retiren el proyecto, que hagan
un buen diagnóstico de la realidad, que tomen medidas, que
generen confianza, que hagan un esfuerzo para tener
credibilidad, porque, si no, señores del Gobierno, las medidas
van a servir muy poco si ustedes no cuentan con el apoyo y la
ayuda de la sociedad en la que ustedes tienen que generar
ilusión y en la que ustedes tienen que ganarse una
credibilidad que hoy está perdida. De lo contrario, señoras y
señores Diputados, sálvese el que pueda y que Europa nos
ayude.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Finalmente, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, lamento
tener que empezar la defensa de la oposición de mi coalición
en este debate de enmienda a la totalidad de los presupuestos
destacando que este Gobierno no tiene ninguna intención de
negociar. Unicamente negocia o acepta propuestas de quien está
dispuesto previamente a no cambiar los «presupuestos» --entre
comillas-- del Gobierno. Considero que no hay generosidad, que
nada ha cambiado, que continúa la política patrimonialista de
ideas, criterios y proyectos, de oídos sordos a las propuestas
de los grupos parlamentarios, sea cual sea su peso en esta
Cámara.
El Presidente del Gobierno no ha cumplido sus palabras de
diálogo con la oposición ni de presencia en esta Cámara,
defendiendo una gestión sin brillantez --no son palabras
mías-- durante estos tres meses largos de Gobierno. Pero lo
que me parece más grave es la poca, por no decir nula,
atención que se ha prestado a las palabras de Su Majestad el
Rey cuando en la apertura de esta legislatura solicitó el
máximo consenso parlamentario, para contribuir eficazmente
entre todos a la búsqueda de soluciones políticas a la grave
crisis económica y social que afecta al Estado. La realidad es
la siguiente: 180 votos circunstanciales a favor; 165 en
contra y, posiblemente, cinco abstenciones. Creo que este
breve apunte justifica por sí mismo una enmienda a la
totalidad.
Otras razones y motivos que apoyan la negativa de la coalición
a la que represento las he expuesto en el escrito
justificativo que sustenta la enmienda a la totalidad. No
insistiré en ellas. Ahí están y las someto a su consideración.
Quiero dejar bien clara una idea que sustenta mi actuación,
que intenta ser responsable y en nada desestabilizadora:
estamos ante una situación social, económica y política muy
grave que nadie sabe cómo arreglar. Pero no coincidir en las
soluciones no significa el no por el no, ni la ruptura por la
ruptura. Entendemos la política como una contribución para
resolver los problemas de los ciudadanos y nunca para
incrementarlos. Este principio resulta doblemente válido en la
actualidad. Aportaremos nuestro voto positivo a iniciativas
como la ley de medidas ficales y regulación de la Función
Pública, pero nuestra enmienda a la totalidad se mantiene por
los siguientes motivos, entre otros.
En primer lugar, me centraré en el fraude fiscal. Según las
propias palabras del Gobierno, desde el punto de vista
general, la política fiscal que subyace en el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado continuará la de
ejercicios pasados, adaptando su actuación a la intensidad de
la crisis por la que atraviesa nuestra economía. Existe una
manifiesta contradicción. La política fiscal no puede ser
continuista cuando se ha producido un cambio en el ciclo
económico; no puede afirmarse que se aplica idéntica política
fiscal en una e poca expansiva que en una época depresiva.
Pero ustedes no la enmiendan, sino que la continúan. Indican
solamente que se adaptan a la crisis introduciendo beneficios
fiscales, a los que atribuyen, además, reducción de ingresos.
Su política fiscal se ha propuesto un doble objetivo: lograr
un déficit máximo del 5,2 por ciento del PIB y relanzar la
actividad productora.
Respecto a la reducción del déficit, puedo asegurar que las
previsiones no se van a cumplir basándose en sus propios
datos. Los gastos fiscales crecen porcentualmente más que los
ingresos fiscales. Este hecho junto al incremento del
desempleo, congelación salarial y reducción de beneficios
empresariales, sumando, además, los incentivos fiscales, no
producirán los excedentes como para ahorrar y reducir el
endeudamiento con sus propios recursos.
En sus presupuestos no hay una sola línea que manifieste una
clara decisión de abordar el fraude fiscal en una época de
clara recesión recaudatoria. No estamos hablando de
entelequias, sino de tres billones de pesetas que el Estado
deja de ingresar. A este respecto, las palabras de un ex
vicepresidente del Gobierno son las siguientes: Esta es una
mina que demuestra lo mucho que queda por hacer en Hacienda.
Ignoramos realmente el fraude fiscal que tenemos. Los estudios
que hay están guardados en el cajón del Ministro de Hacienda,
pero, según un cálculo, pueden representar el cinco por ciento
del producto interior bruto, equivalente prácticamente al
déficit público. Esa es una bolsa muy grande que cuartea la
moral ciudadana y que se alimenta del secreteo, por lo que
habría que hacer una campaña para airearla.
Además, los informes económicos realizados por las
instituciones más relevantes de la economía española concluyen
que el sector público, en los años 1992 y 1993, no ha
contribuido al ajuste de la economía española en la medida en
que tanto el gasto público como el déficit público, siguieron
creciendo en términos del producto interior bruto. El mayor
crecimiento por parte de los ingresos ha tenido lugar en el
apartado de los intereses, dividendos y otras rentas y
beneficios procedentes del Banco de España, banca oficial,
empresas públicas, así como los intereses de las reservas
colocadas en divisas extranjeras. La devaluación les ha
ayudado.
Ustedes siguen confiando en el mismo procedimiento, pero,
entre tanto, dejan de actuar con mecanismos que afectan a la
verdadera solidaridad y justicia para afrontar la crisis.
Parece que un partido denominado socialista no cree en la
factibilidad de luchar contra el fraude fiscal.
En segundo lugar, me referiré a la inversión pública prevista
en el proyecto de presupuestos para 1994 en el País Vasco.
Quisiera subrayar que respresenta el 0,2 por ciento del total
de inversiones reales previstas para 1994 para el Estado, sus
organismos autónomos y entes públicos. Y para mejorar este
panorama, añadiré que los 2.542,9 millones de pesetas que el
Estado piensa invertir representan el 0,5 por ciento del total
de la inversión regionalizable; y de los 2.542,9 millones de
pesetas, el 87,76 por ciento corresponden al MOPTMA (obras
públicas, Confederación Hidrográfica del Norte, costas,
etcétera), cifra que representa, para no mejorar la situación,
el 0,3 por ciento del total de inversiones reales previstas a
realizar por el MOPTMA y el 0,6 por ciento de las inversiones
regionalizables
por dicho Ministerio. Esta cifra, además, representa
el 3,5 por ciento del cupo que el País Vasco paga al Estado.
El Estado no ha transferido las competencias correspondientes
a Dirección de costas, obras hidráulicas, Confederación
Hidrográfica del Norte. Por tanto, los servicios e inversiones
realizados dependen exclusivamente de las decisiones del
MOPTMA y el resto de las instituciones son, en todo caso,
coadyuvantes.
De acuerdo con las necesidades estudiadas y fijadas por los
servicios del MOPTMA, el déficit actual existente en materia
de inversiones necesarias en la costa vasca en servicios de
encauzamiento, saneamiento, distribución y depuración de
aguas, se estima en: primero, en el Plan Hidrológico del Norte
III, 221.367 millones de pesetas; programa de actuaciones en
la costa, años 1993-1997, 7.490 millones. En total, 228.857
millones de pesetas.
La inversión pública prevista en los presupuestos para 1994
representa el 0,9 por ciento de los citados déficit de
inversión en infraestructura de costas y obras hidráulicas,
aunque en temas relacionados con el programa de actuaciones en
la costa las inversiones previstas representan el 14,8 por
ciento del déficit y en obras hidráulicas, el 0,5 por ciento
de dicho déficit. Dicho de otra manera, con los criterios de
inversión previstos en estos presupuestos se precisarían ocho
años, dos legislaturas completas, para solucionar los
problemas de la costa y 200 años, 50 legislaturas, para
solucionar el déficit previsto en el Plan Hidrológico del
Norte III, que sus propios estudios califican en los
siguientes términos.
Primero, se trata de inversiones de saneamiento y depuración
para cumplir los objetivos de depuración de la directiva de la
CEE, de 21 de mayo de 1991. Segundo, todos estos vertidos, que
se efectúan directamente sin ningún tipo de tratamiento
depurador ni de dilución, producen efectos locales indeseables
e impresentables --son palabras oficiales-- que demandan
urgente solución, no sólo por sí mismos sino por los efectos
que puedan originar en otras zonas colindantes aparentemente
alejadas de los mismos. Todo ello hace que la búsqueda de
soluciones a los problemas mencionados deba afrontarse con
premura en plazo limitado.
Podría seguir diciendo --pero como pertenezco al Grupo que
pertenezco, tengo poco tiempo-- que ustedes mismos indican que
hay numerosos núcleos con restricciones veraniegas, la mala
calidad de las aguas fluyentes, la calidad de las aguas
suministradas es deficiente, etcétera. Señor Ministro, podría
seguir haciendo referencias a otras infraestructuras que ni
siquiera figuran en los presupuestos: puertos, aeropuertos,
equipamiento cultural... Podría seguir hablando también de los
temas referentes a los acuerdos-marco, que parece que ya no
van a continuar establecidos en agricultura.
Nuestro deber parlamentario responsable --como le decía al
comienzo de mi intervención-- no nos permite más que mantener
una actitud crítica ante unos presupuestos que van a hacer
comparecer al Gobierno periódicamente para explicar sus
modificaciones. Pero, sobre todo, la no disposición a romper
por la inversión pública la crisis que afecta al País Vasco,
nos obliga
a no compartir sino a denunciar tal insolidaridad. Esperemos
que el trámite de enmiendas parciales permita
corregir las situaciones descritas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar dar cumplida respuesta, aunque sea de
forma esquemática a los distintos temas planteados por los
intervinientes en el Grupo Mixto.
En primer lugar, al señor González Lizondo le diría...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio.
Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Le
diría al señor González Lizondo que su preocupación por el
cumplimiento de los cuadros macroeconómicos es también la
nuestra. Pero vuelvo a insistir en algo que ya he dicho. En
ningún caso, un cuadro macroeconómico puede adoptarse como una
previsión que necesariamente va a cumplirse, sino como el
mejor de los cálculos realizados en un momento determinado
que, evidentemente, puede modificar las circunstancias y que,
por supuesto, esa modificación de circunstancias es la que
puede dar al traste con esos cambios. Desde luego, ni el
Gobierno oficializa --como S.S. dice-- la crisis con el
crecimiento del 1,3 por ciento --que es un buen crecimiento,
por otra parte--, ni tampoco el presupuesto asegura --y le
cito textualmente-- un 22,4 por ciento de tasa por desempleo.
Dice S.S. que no es legítimo pedir más esfuerzos a la
sociedad. Yo creo que sí es legítimo pedir más esfuerzos a la
sociedad. En una situación de crisis como la que estamos, lo
único que se puede hacer es pedir más esfuerzos a la sociedad.
Lo que sucede es que es relativamente fácil plantear el
problema de la sociedad y del Gobierno como independiente de
cada uno de nosotros. Da la impresión de que los gastos que el
Estado realiza no tienen nada que ver con nuestras actividades
habituales.
Le voy a dar una cifra porque me parece que es importante. Con
ocho grandes capítulos de gasto prácticamente cubrimos el 80
por ciento del presupuesto. Esos se llaman: desempleo,
pensiones, sanidad, deuda pública, financiación de
administraciones territoriales y educación. Esos capítulos nos
afectan a todos, responden a derechos subjetivos en muchos
casos y, por supuesto, son capítulos que tienen un reparto
territorial correcto.
Le preocupa a S.S. el tratamiento que se le da a Valencia.
Dice que no hay inversiones para Valencia, pero no es correcta
esa afirmación. Las inversiones están claramente previstas y,
desde luego, su argumentación es absolutamente falaz. No se
puede decir que se aportan 450.000 millones y que se reciben
40.000 millones. Valencia recibe mucho más que los 47.000
millones previstos de inversiones específicas entre las que,
por cierto, sí están las de infraestructuras de recursos
hidráulicos a los que S.S. hace referencia, las presas de
Tous, Bellús, Escalona, Azuébar, el embalse de Arenas y el
barranco de Carraixet, como también está la infraestructura de
transporte ferroviario y la creación de la infraestructura de
la carretera Nacional III, en el tramo Valencia-Utiel, además
de las transferencias destinadas a infraestructuras del
ferrocaril mediterráneo.
No sé de dónde saca S.S. la afirmación de que yo culpo a los
damnificados de Tous del déficit. Me parece una afirmación
bastante gratuita que nunca he pronunciado y que no sé,
evidentemente, de dónde ha sacado S.S. dicha información.
Respecto a los restantes temas le respondo que no hay
discriminación, ni constante agresión. Ni siquiera esas
referencias que S.S. subraya en esta tribuna y que parece que
implican un tratamiento específico contra Valencia por la
reducción del fondo de compensación, responden a la realidad.
Como S.S. sabe, el fondo de compensación se calcula de acuerdo
con ciertos criterios. Y uno de esos criterios es el
crecimiento de la renta. Como consecuencia de la evolución de
este crecimiento, la renta, en el año 1991, crece en la
Comunidad valenciana el 11,7 por ciento con relación a 1990.
La media de las comunidades autónomas con respecto al fondo
crece únicamente el 10,7 por ciento. En consecuencia, hay que
realizar las pertinentes correcciones, y esas pertinentes
correcciones disminuyen el fondo de compensación para Valencia
en 618 millones que, como digo, no es discriminación, sino que
es la aplicación de la legalidad que actualmente existe. Yo
creo que S.S. no ha percibido bien cuáles son los problemas
que se plantean los presupuestos, como tampoco ha valorado de
forma correcta los elementos vinculados a la mejora y al apoyo
de la exportación y de la actividad económica.
En cuanto a Esquerra Republicana de Cataluña discutiría
también el propio concepto de credibilidad. Lo he dicho
anteriormente. Todo cuadro macroeconómico parte de la
situación existente en un momento determinado, y en momentos
de inflexión de la situación económica los cálculos, que
siempre por definición son tendenciales, sufren variaciones
mayores que en otra época. Eso explica perfectamente el tipo
de errores que se producen en nuestro sistema de cálculo a lo
largo
del año 1993, y que tienen efecto en España y en
cualquier otro país que haya sufrido los mismos problemas que
nosotros hemos tenido.
Sin embargo, entre la concepción de S.S. y la mía hay una
diferencia fundamental. Yo creo que S.S. parte, en base a ese
concepto de Esquerra, de una definición de política económica
y presupuestaria muy distinta. Volvemos, otra vez, a encontrar
ese concepto de mejora de la reactivación económica con más
gasto, de no restricción de ninguno de los gastos existentes
y, al mismo teimpo, preocupación porque aumenta la presión
fiscal a los ciudadanos. Esa preocupación de aumentar la
presión fiscal a los ciudadanos le lleva a defender el que
haya más transferencias a las arcas municipales sin
preocuparse de que si, al final, no son los alcaldes quienes
aumentan la presión fiscal, tendrá que ser el Estado,
tendremos que generar más déficit, o tendremos que restringir
más el desempleo. Esos planteamientos no me parecen
coherentes. Si queremos de verdad una corresponsabilidad
fiscal y una mayor responsabilidad política de cada uno de los
cargos electos en las distintas administraciones, me parece
que un ejercicio muy saludable es precisamente el ejercicio de
la responsabilidad fiscal.
Al señor Mur le comentaría que siempre es discutible si un
presupuesto llega lo suficientemente lejos en cuanto a sus
elementos incentivadores. Posiblemente fuera deseable ir más
lejos, pero yo creo que ésa no es la pregunta correcta.
La pregunta correcta es, dadas las circunstancias de déficit
que tenemos, ¿debemos y podemos ir más lejos? Dado el esfuerzo
que estamos pidiendo al resto de la sociedad, ¿debemos y
podemos ir más lejos? El Gobierno ha considerado oportuno
mantener el equilibrio razonable entre el esfuerzo que se pide
a asalariados, funcionarios, pensionistas, e incluso
desempleados, con el incentivo que damos a las empresas para
generar empleo que, lógicamente, tiene que tener unos límites.
No es mi objetivo, ni lo ha sido nunca, echar la culpa a la
herencia recibida, en primer lugar, porque yo no comparto su
tesis de que no se ha aprovechado el tiempo y de que se ha
producido un fracaso en la política de bienestar.
Decir que en los últimos diez años no ha sucedido nada en este
país en cuanto a la evolución económica, me parece que es
intentar deformar la realidad y adoptar posiciones
excesivamente partidistas que tratan de oscurecer algo que es
evidente. Yo creo que la política de bienestar ha sido
correcta en su diseño y en su planteamiento. Lo que estamos
planteando ahora son precisamente correcciones a esa política
para intentar salvarla al máximo, porque creemos que la
política de bienestar es imprescindible en una sociedad como
la nuestra y es especialmente necesaria en una situación como
la actual. Probablemente S.S. querría ir más lejos en esta
reducción de la protección al bienestar, pero ésa no es la
política del Gobierno.
En cuanto al indicador del número de parados, S.S. hace
referencia a que es el peor. Es cierto que es el peor, junto
con Irlanda, de los países comunitarios, pero ello nos fuerza
a reflexionar sobre por qué es el peor. Aprovechando este
tema, vuelvo a referirme a un punto que ha salido en más de
una ocasión a lo largo del debate de esta tarde, y es en qué
medida este indicador puede funcionar en el futuro como
indicador de convergencia.
Adelanto que no tiene sentido alguno ese planteamiento, dado
que los indicadores de convergencia son limitados y que están
establecidos en el Tratado de Maastricht. Evidentemente, es un
indicador importante y relevante, pero sería enormemente útil
que ese indicador se tratase de forma homogénea y que viéramos
si el sistema de cálculo de las distintas administraciones
estadísticas es exactamente el mismo y nos da los mismos
resultados.
En cuanto a las restantes políticas a las que he hecho
referencia sobre las medidas fiscales, reforma de la función
Pública y desempleo, S.S. dice que evidencian de forma visible
la necesidad de pactar. Estas políticas son coherentes con el
resto del sistema; no se pueden analizar de forma
independiente y, al final, responden todas a la misma
concepción.
Respecto a Aragón, le contesto lo mismo que al señor González
Lizondo. Intentar territorializar como efecto de gasto en
Aragón, como en Valencia, las políticas específicas de
inversión con nombres y apellidos, y olvidarse del resto del
esfuerzo que la sociedad está haciendo en cada una de esas
comunidades, me parece que es un planteamiento distorsionador
y, en muchos casos, lleva a malos entendidos posiblemente
queridos.
Al señor Albistur le diría que el planteamiento que a él le
preocupa de fraude fiscal también nos preocupara nosotros. No
estoy tan de acuerdo con él en que hay que modificar
absolutamente la política fiscal en una situación de crisis.
Es evidente que la crisis por sí misma modifica las
circunstancias en las cuales la política se aplica. Y, por
supuesto, no comparto su tesis del no realismo del déficit
previsto para el próximo año. Es un tema que podríamos
discutir con más detalle, pero le puedo asegurar que el
déficit que hemos calculado es el que corresponde a los
mejores datos actualmente existentes, lo cual no quiere decir
que dentro de unos meses, si las circunstancias varían, los
cálculos no fuesen necesariamente distintos.
Finalmente, no puedo entrar en el debate sobre las inversiones
en el País Vasco. Su Señoría conoce mejor que yo la parte
importante de esa invesión que se está realizando con cargo al
propio cupo vasco y, sin embargo, en las inversiones que están
territorializadas, en el caso de inversiones de interés
general realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, el
tratamiento que se
da al País Vasco no es distinto del que se da al resto de las
comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor González Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no solamente desde la cordialidad
parlamentaria, sino también desde la cordialidad paisana que
nos une, le diré, aunque usted lo sabe, que la discriminación
en nuestra tierra es importante, y usted mismo en el «Diario
de Sesiones», del día 5 de agosto así lo reconocía
El Fondo de Compensación Interterritorial baja porque dice que
han cambiado los elementos, y yo sé que un elemento
informativo de la situación en Valencia es el que marca la
propia Generalidad valenciana. Usted tiene allí amigos, los
conoce a todos, pregúnteles la mejora que en Alicante, en
Castellón y en Valencia ha supuesto el cierre del 1.400
empresas, con un aumento, en el primer trimestre de 1993, del
47 por ciento de las quiebras y del 51 por ciento de las
suspensiones de pagos. Si eso es mejorar, ¡que venga Dios y lo
vea!
Usted sabe también que algunas de las inversiones que se
propagan se están dilatando en el tiempo una barbaridad, como
son las presas de Bellús, Escalona, Tous... Usted sabe que lo
del barranco de Carraixet lleva muchos años pendiente y cada
año vuelve a dilatarse en el tiempo. Usted sabe que esto
sucede y, naturalmente, no se puede hablar de inversiones en
Valencia cuando se cuenta con una inversión en una presa que
destroza una vasta comarca de nuestra tierra. Se dice, al
mismo tiempo, que eso es inversión nueva, cuando es una mera y
simple reposición. Además, como ya he dicho en un principio,
hace diez años que no han cobrado. En definitiva, señor
Ministro, usted sabe que tengo razón.
Y hay una cosa que ha comentado usted antes. Dice usted que su
preocupación es igual que la mía en los cuadros
macroeconómicos, dice usted que la preocupación es mutua.
Usted no es nuevo en materia económica pero sí es nuevo en el
cargo y yo no soy demasiado veterano pero ya he pasado cuatro
presupuestos. Y esos cuadros macroeconómicos, al final, han
sido lo que hemos denunciado hoy: un perfecto y auténtico
desastre.
Le deseo mucha suerte pero le pido, por favor, que reconozca,
por lo menos, aquello que es cierto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, estoy de acuerdo en que los cuadros
macroeconómicos generalmente no se cumplen, y no diría que
están hechos para no cumplirse, pero en todo caso sí se sabe
que no se cumplen. Lo que ocurre es que desviarse un poco es
una cosa y desviarse, por ejemplo, en dos billones de pesetas,
es otra; desviarse un poco es una cosa y desviarse en tanta
destrucción de puestos de trabajo, por ejemplo, en un millón
más de parados, como se ha desviado, es otra cosa. Entendemos,
pues, que la desviación de los cuadros macroeconómicos de los
presupuestos del año pasado es tan grande que lo que hace es
restar credibilidad a los cuadros de este año. Una desviación
es una cosa, una gran desviación es otra.
En los ayuntamientos, señor Ministro, lo vemos distinto. El
problema principal que vemos nosotros es que ustedes incumplen
el pacto para revisar la Ley de Haciendas Locales y es esa Ley
la que ha condenado a los ayuntamientos a la situación de
agonía económica en la que están; es esa Ley la que ha
condenado a los ayuntamientos a presionar fiscalmente, cada
vez más, a los ciudadanos, porque no salen sus cuentas. Lo que
decimos es que con estos presupuestos no sólo no se va a
resolver la situación de los municipios, sino que
probablemente se va a empeorar. En este sentido nos parecen
unos presupuestos poco municipalistas y, por tanto, también,
muy poco progresistas.
Finalmente, quiero ratificarme en lo que decía antes, porque
sus respuestas no me han hecho cambiar de opinión.
Socialmente, estos presupuestos van a ser duros para los
sectores más castigados; municipalmente, van a dejar a los
ayuntamientos en una situación de mayor indefensión, y, desde
la perspectiva de los intereses de Cataluña, nacionalmente,
pues, nos va a ir mal, porque entendemos que renuncian a
reactivar la economía y a reforzar la economía productiva.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco el tono de su respuesta y la
atención que ha tenido a la hora de intentar aclarar algunas
de las cuestiones que le había propuesto en mi primera
intervención. ¿Podemos ir más lejos en la política de
incentivos? Usted sabe que no solamente la finalidad de
generar empleo justificaría ir más allá de lo que se ha ido.
Creo que una política de incentivos un poco más agresiva, un
poco más atrevida, generaría también un aumento de actividad,
cosa muy necesaria en el sistema productivo español y,
posiblemente, por ahí también vendría un aumento de los
recursos disponibles.
Usted sabe que uno de los problemas que va a tener este
presupuesto es que no podrán cumplirse las expectativas de
ingresos porque muchas de las previsiones, sobre todo en
materia del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la
Renta, no se cumplirán porque no hay actividad; las sociedades
no pagarán porque muchas de ellas van a desaparecer y una
sociedad que desaparezca por la crisis económica no solamente
no va a necesitar incentivos, es que no va a pagar impuestos.
Y eso lo sabe usted perfectamente. Es opinable, pero, en
cualquier caso, yo he pedido que éste sea un principio para ir
aplicando políticas de incentivos que no solamente luchen
contra el desempleo, sino que generen una mayor actividad
económica.
Fracaso de la política de bienestar. Evidentemente, desde su
óptica de Ministro de un Gobierno socialista, tiene que
defender lo que defiende, aunque ha reconocido ya todo el
mundo en Europa, en la Europa que nos circunda, ese fracaso, y
se está de vuelta de esa política del Estado de bienestar. Se
ha constatado que el Estado no puede suplir lo que la sociedad
no hace. Usted mismo lo ha dicho. Usted mismo ha dicho que el
Estado no puede llegar a todo y que la política de pensiones
está en un serio peligro, y ha recomendado a los españoles,
creo que con muy buen criterio, que provean su propio sistema
de previsión y de pensiones de jubilación. Esto hace años que
lo hemos pedido algunos; seguramente sería mucho más eficaz,
mucho más barato y dejaría mucho más tranquilos a los
españoles, algunos de los cuales, de generaciones parecidas a
la del que le habla, estamos muy temerosos de lo que pueda
pasar dentro de 15 años. Porque usted mismo nos ha dado cifras
que, desde luego,no nos infunden ninguna tranquilidad, señor
Ministro.
En cuanto a la necesidad de pactar, he de decir que yo no he
criticado el pacto, Dios me libre, yo soy pactista por
naturaleza. Me parece incluso bien que ustedes tengan
necesidad de pactar. Lo que me gustaría es que yo tuviera más
capacidad para pactar con ustedes. Usted ha sido Ministro del
Gobierno socialista ocupando otra cartera en la legislatura
anterior y quizá les ha perdido la prepotencia y el no tener
necesidad de pactar y de escuchar a los demás, porque no
siempre la oposición critica por criticar y está equivocada;
algunas veces también, en nuestra crítica y en nuestras
opiniones, creo que hay algo de aprovechable, y ustedes
deberían aprovecharlo.
Con respecto a Aragón, ahí no podemos coincidir. Estamos
maltratados en los presupuestos, pero es que, además, nos
faltan otros elementos de financiación que existen en otras
comunidades autónomas: el Fondo de Compensación
Interterritorial, las inversiones de las empresas públicas,
los fondos europeos que no nos llegan. Es decir, estamos en
una mala situación y, desde luego, la mejor prueba es que este
año los presupuestos han recuperado el nivel inversor que
tenían hace cuatro años, se invierte lo mismo que hace cuatro
años, cuando las pesetas no son las mismas, los millones de
1994 no son los mismos que los de 1990.
Aprovecho la presencia en estos momentos del señor Ministro de
Educación y Ciencia para recordarle el grave problema de la
universidad española y, en especial, de la Universidad de
Zaragoza. Tienen ustedes la universidad que de verdad que
cualquier día va a saltar; la Universidad de Zaragoza ha
dicho: ¡Basta! Y están esperando mayores inversiones en un
tema que en este momento es de una especial sensibilidad;
tienen ustedes rebelado al mundo universitario y yo creo que
justificadamente. No echen ustedes en saco roto esa prioridad
y hagan un esfuerzo a la hora de planificar inversiones porque
de verdad que va a ser una de las inversiones más productivas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero agradecerle sinceramente algo que
personalmente aprecio y apreciaba también antes: su rigor y
sinceridad a la hora de contestar y el tratamiento de los
temas.
No tengo ningún interés en que varíe la cifra del déficit --
usted es gestor de los resultados de una gestión anterior--;
sería una pésima noticia que esto cambiara; ojalá fueran de
verdad cifras reales.
Respecto al fraude fiscal, yo solamente quiero insistir en que
por la prensa nos hemos enterado de que existe una comisión
presidida por el señor Vicepresidente del Gobierno.
Quisiéramos que esa comisión hubiese existido ya y que hubiera
sacado sus propias conclusiones, si es que es cierta esa
noticia de prensa.
Le agradezco también sinceramente que me reconozca su
desconocimiento en materia del MOPU. Respecto al comentario o
al juicio de valor que usted ha hecho sobre el tratamiento, yo
le diría y le recordaría que es una de las competencias que
siguen estando en exclusiva en manos del Estado y que no ha
sido transferida a la comunidad autónoma, pese a lo que el
Estatuto como tal establece, y es precisamente en esa
competencia donde no se invierte en proporción al peso
específico de la Comunidad Autónoma Vasca en el conjunto del
Estado. Yo creo que el mejor trato que se podía dar era
transferir de una vez a la comunidad autónoma la competencia
que le corresponde por el Estatuto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor González Lizondo, su señoría dice: reconozca lo que es
cierto. Yo reconozco lo que es cierto y lo que es cierto es
que la Comunidad Valenciana ha tenido un incremento de renta
en el año 91 superior al resto de las comunidades del Fondo de
Compensación Interterritorial, y que, como consecuencia de
ello, disminuye la financiación para Valencia. Esto no es ni
malo ni bueno, es simplemente un hecho. Yo me alegro, no
evidentemente de que Valencia, la Comunidad Valenciana, reciba
menos, pero sí de que su crecimiento sea superior, y yo creo
que S.S. también debería alegrarse.
A la señora Rahola le diría que no es que las previsiones se
hagan para no cumplirse; las previsiones tienen el valor que
tienen y es ser previsiones y las previsiones nos dan un marco
de referencia para ver cómo evoluciona la realidad. Pero es
verdad que esas previsiones no acaban incidiendo en la
realidad, no tienen un valor normativo obligatorio, por lo
menos en nuestro sistema, para que acaben convirtiéndose en
realidad.
A su señoría le preocupan los ayuntamientos. Yo tal vez lo he
anotado mal, pero yo creo que S.S. ha hecho referencia muy
clara a la preocupación en los ayuntamientos diciendo que, si
no, va a tener que aumentar las cargas de los ayuntamientos y
habrá mayor presión fiscal a los ciudadanos. Esta ha sido la
frase que yo textualmente le he cogido. Y le vuelvo a decir lo
mismo: si no aumenta la presión fiscal a los ciudadanos por
parte de los alcaldes, tendremos que aumentarla por parte del
Estado. Y me parece bastante más razonable que la aumenten los
alcaldes para pagar sus propios gastos. De todo eso, S.S.
tiene razón en un punto y es que hay que resolver el sistema
de financión de los ayuntamientos mediante la modificación de
la Ley de Haciendas Locales. Estamos de acuerdo y es un
trabajo que me comprometo a poner en marcha en el año 1994. En
cuanto a que perjudica a los sectores más castigados,
perjudica a los ayuntamientos o perjudica a Cataluña,
desgraciadamente, no puedo compartir su tesis. Al señor Mur le
señalaría que, evidentemente, el problema de los incentivos es
siempre un problema de equilibrio entre cuánto gastar y la
efectividad que se pretende. Hemos pensado que el equilibrio
es razonable. Que si dispusiésemos de mayores recursos se
podría ir más lejos. Posiblemente, sí, pero los recursos
necesarios adicionales son tal como está diseñado el
presupuesto déficit adicional y no parece que entrar por esa
vía sea lógico.
En segundo lugar, S.S. plantea su predisposición a pactar. No
encontrará nunca nadie con más disposición de pactar que yo
mismo; por tanto, podemos a lo mejor entendernos y podemos
hablar de sus preocupaciones en ese sentido. Siempre hemos
estado abiertos a hacerlo y lo seguiremos estando. Lo
estábamos en la época de la mayoría absoluta y no pocas veces
se pactó; yo diría que habitualmente se pactó. Otra cosa es si
las cosas que plantea S.S. y las que planteamos nosotros nos
permiten llegar a acuerdos.
Finalmente, al señor Albistur le diría que la preocupación
sobre el fraude fiscal es un elemento esencial del Gobierno
actual; está en marcha ya un plan de actuación sobre el fraude
fiscal, junto a actuaciones en otros tipos de fraude en la
sociedad que también nos preocupan. El tratamiento de la
transferencia de las obras hidráulicas es un problema bastante
más complejo, donde indudablemente hay un punto de referencia
en el Estatuto. En las negociaciones, que actualmente se están
manteniendo entre el PNV y el Gobierno, no sé si seremos
capaces de llegar a un acuerdo o no en este punto pero, si
estuviésemos de acuerdo en una fórmula razonable que
satisfaciera los intereses o los puntos de vista de ambas
partes, yo creo que se podría avanzar en ese sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El Pleno se reanudará mañana a las once de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.