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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 16, de 29/09/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 V Legislatura Núm. 16
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 14
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:



-- Preguntas (Página 487)



Interpelaciones urgentes:



-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en
relación con el Mercado de Trabajo para detener el proceso de
destrucción de empleo y activar la creación del mismo (numero
de expediente 172/000007) (Página 508)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del
GATT, su repercusión sobre el sector agrario y las medidas de
política general previstas por el Gobierno en beneficio del
mismo (número de expediente 172/000009) (Página 520)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política de tasas
universitarias realizada por el Gobierno y los cambios
necesarios en la misma para garantizar el acceso a la
enseñanza superior pública de todos los españoles (número de
expediente 172/000010) (Página 531)



(Continúa el orden del día en el número 17, de 30 de
septiembre de 1993.)



Página 482




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas (Página 487)



Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV), que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
alguna acción relativa a la reintegración del Condado de
Treviño en el territorio de Alava? (Número de expediente
180/000064) (Página 487)



Del Diputado don Jorge Novella Suárez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Ministerio de
Industria explicar el estado de inversión y planes futuros de
REPSOL y ENAGAS en Cartagena? (Número de expediente
180/000071) (Página 488)



Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Qué razones justifican
los incrementos de tasas aplicados a las nuevas titulaciones
universitarias? (Número de expediente 180/000080) (Página 489)



Del Diputado don José Cholbi Diego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia: ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas
rectificadoras para evitar que las tasas aplicables a las
nuevas titulaciones universitarias tengan efectos
discriminatorios? (Número de expediente 180/000081) (Página 490)



De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: En relación al
Plan Especial del Frente Marítimo de la Bahía de Roses
(Girona), ¿qué proyecto específico tiene respecto a la playa
de «La Perola» de Roses, y si este proyecto tiene en cuenta la
declaración de «paraje pintorico» con que está protegida dicha
playa desde 1972, según Decreto del Ministerio de Cultura
vigente, número 2899/1972, de 15 de septiembre («B.O.E.» 255
de 24 de octubre de 1972) (Número de expediente 180/000065)
(Página 492)



Del Diputado don José Antonio Amate Rodríguez, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo
tiene previsto el Gobierno adjudicar el tramo de autovía de la
variante de Almería? (Número de expediente 180/000069) (Página 493)



Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones hay
previstas en materia de costas en la zona del Delta del Ebro,
en Tarragona? (Número de expediente 180/000070) (Página 493)



Del Diputado don José Félix Sáenz Lorenzo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el
estado de tramitación del proyecto de autovía Zaragoza-Nueno,
en su Ministerio, y cuáles son las previsiones existentes
respecto de su licitación y el comienzo de las obras? (Número
de expediente 180/000073) (Página 494)



Del Diputado don Pere Baltá i Llopart, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr.

Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué
medidas adopta el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente para evitar los vertidos incontrolados en el
muelle Sur el Puerto de Barcelona? (Número de expediente
180/000092) (Página 495)



Del Diputado don Joan Miquel Nadal i Male, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para
realizar inversiones en el delta del Ebro en aquellas
cantidades presupuestadas



Página 483




que todavía quedan pendientes? (Número de expediente
180/000093) (Página 496)



Del Diputado don Adán Martín Menis, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Sanidad y Consumo: ¿Tiene previsto el Ministerio alguna
alternativa para cubrir la asistencia de los enfermos de
Tenerife o qué otra fórmula baraja para facilitar el acceso de
los beneficiarios de la Seguridad Social al Hospital
Universitario de Canarias, dado que el día 6 de octubre
finaliza el Convenio entre éste y el INSALUD? (Número de
expediente 180/000067) (Página 497)



Del Diputado don Néstor Padrón Delgado, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se
encuentran la proyectada 2.ª Fase de mejoras y ampliación de
la Residencia Sanitaria N.ª Sra. de Candelaria de Santa Cruz
de Tenerife? (Número de expediente 180/000072) (Página 497)



Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Cómo piensa solucionar el Gobierno, de
forma definitiva, la situación actual de los médicos
especialistas sin título oficial? (Número de expediente
180/000086) (Página 498)



Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo afectan a los
intereses españoles, concretamente a los temas sobre
agricultura defendidos por su Departamento, los acuerdos
adoptados en el Consejo conjunto de Ministros comunitarios de
Asuntos Exteriores y Agricultura, celebrado en Bruselas el 20
de septiembre de 1993? (Número de expediente 180/000074)
(Página 499)



Del Diputado don José Ramón Pascual Monzo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué tipo de medidas va aadoptar el Gobierno para lograr de
una manera eficaz la libre circulación de los productos
agrarios españoles por las vías de comunicación europeas?
(Número de expediente 180/000083) (Página 500)



Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el
Gobierno exigir a las instituciones europeas, el cumplimiento
de lo establecido en el Tratado de Roma en relación a la
Preferencia Comunitaria de los productos agroalimentarios
europeos? (Número de expediente 180/000084) (Página 501)



Del Diputado don José Antonio Gayarre Bermejo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo tiene
previsto el señor Ministro repartir las ayudas concernientes
al trigo duro para la campaña 1992-1993? (Número de expediente
180/000085) (Página 503)



Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Qué explicaciones puede dar
el Ministro de Defensa con respecto a la ocupación del
Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia de una
habitación en una residencia militar? (Número de expediente
180/000082) (Página 504)



Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las
irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la
gestión de los créditos FAD en el período comprendido entre
1987-1990, una vez ha tenido conocimiento del contenido del
informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)? (Número de expediente
180/000078) (Página 505)



Página 484




Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno
para poner fin inmediatamente a sus incumplimientos de la
normativa reguladora de la prestación de la asistencia letrada
de oficio? (Número de expediente 180/000075) (Página 506)



Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Conoce el Gobierno si la Administración Vasca tiene acceso al
sistema informático de las Audiencias y Juzgados de la
Comunidad Vasca? (Número de expediente 180/000079) (Página 507)



Interpelaciones urgentes (Página 508)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación
con el Mercado de Trabajo para detener el proceso de
destrucción de empleo y para activar la creación del mismo
(Página 508)



En defensa de la interpelación del Grupo Popular interviene la
señora Villalobos Talero, manifestando que no es la primera
vez que formulan interpelaciones en esta Cámara en torno a
este problema, aunque sí, lógicamente, la primera vez en esta
legislatura y, tal como se están desarrollando las cosas,
volverán a plantear el tema en otros momentos.

Cree que lo procedente, en primer lugar, es analizar la
situación actual del empleo que, a la vista de los datos de la
EPA correspondientes al segundo trimestre del 93, continúa
caracterizándose por seguir aumentando nuestra divergencia con
Europa. Se consolida una tasa de paro del 22,25 por ciento, es
decir más del doble de la comunitaria, y una tasa de ocupación
del 37,9. Se está creando lo que en Europa se llama una
sociedad dual en la que el número de parados es cada vez mayor
y afecta más a personas mayores de 48 años que están viviendo
del subsidio, sin esperanza de encontrar un puesto de trabajo.

El número de parados ha crecido en los últimos doce meses en
710.805 personas, habiéndose destruido en dicho período
590.130 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el sector
industrial.

Alude también a que uno de los graves problemas que tiene
nuestro mercado de trabajo es el paro coyuntural, que se puede
acabar convirtiendo, como de hecho está sucediendo, en paro
estructural, como lo demuestra el que en la última década la
tasa de paro no haya descendido en ningún momento por debajo
del 16 por ciento, ni siquiera en los años en que se produjo
una recuperación económica.

De esta forma resulta que el paro acaba siendo, no una
consecuencia de una situación económica determinada, sino algo
que forma ya parte de las propias estructuras sociales de
nuestro país.

Señala a continuación que, en su opinión, esta tasa tan
elevada de paro es consecuencia del tipo de empleo que tenemos
en nuestro país, enmarcado dentro de una política económica
determinada, y la segmentación del mercado de trabajo, con
enormes rigideces internas de ese mercado que impiden que
incluso en épocas de crecimiento económico España sea capaz de
rebajar la tasa de paro por debajo del 16 por ciento. A su
juicio, la mayor parte de responsabilidad en estas cuestiones
recae sobre el Gobierno, que es quien lleva a cabo una
política determinada que da como resultado las cifras que
analizan en este momento. No sirve ampararse en la situación
de crisis internacional para justificar los errores propios y
la falta de acción del Gobierno. Por otro lado, si cuando el
Gobierno socialista tenía mayoría absoluta en el Parlamento no
fue capaz de tomar las medidas adecuadas, pregunta cómo va a
serlo en la actual situación de minoría. Si contemplan lo
ocurrido en los últimos años, la conclusión tiene que ser
claramente negativa.

Se refiere, por otra parte, al peligro que entraña esta
elevada tasa de paro para nuestro sistema de protección
social, teniendo los primeros efectos en el recorte de las
pensiones en la cifra de ocho mil pesetas por pensionista,
según manifestaciones de los propios sindicatos, que es
casualmente la misma cantidad con la que el señor González
acusaba al señor Aznar de que iba a rebajar las pensiones.

Por otro lado, el Gobierno basa su modelo de reforma en el
diálogo social cuando la realidad es que desde 1986 ha
fracasado en este diálogo social, en buena parte debido a que
los
incumplimientos del Gobierno ha llevado a la desconfianza a
los agentes sociales y parece que actualmente las cosas van
por este mismo camino. Si definitivamente fracasa ese diálogo
social, como anuncian los agentes sociales, pregunta al señor
Ministro qué va a hacer, si retrasar las medidas anunciadas en
Comisión el día anterior o si se limitará a traer a esta
Cámara simples parcheos de contención del déficit



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en determinadas partidas presupuestarias. Cree que es buena
ocasión para que el señor Ministro rompa con la falta de
confianza y de credibilidad marcando calendarios exactos de
realización de las medidas previstas, de manera que todos
tengan la seguridad de que este problema es la última vez que
se plantea en la Cámara.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social (Griñán Martínez), manifestando, en primer
lugar, que el Gobierno socialista ha asumido históricamente
sus responsabilidades y por eso viene siendo Gobierno desde
hace once años. También lo hará el Gobierno constituido hace
sólo setenta y siete días, como consecuencia de un nuevo
proceso electoral que ha vuelto a dar una explicación de a
quién y cómo apoya la sociedad española.

Afirma seguidamente que ninguna reforma del mercado de
trabajo, ninguna reforma del sistema de relaciones laborales
puede tener efectos taumatúrgicos, siendo capaz de terminar, y
ni siquiera detener, el proceso de destrucción de empleo,
porque esto depende de muchas circunstancias, como ayer
explicaba en Comisión. Señala que todo sistema de relaciones
laborales es el resultado de una determinada historia, la
consecuencia de una cultura o de una organización productiva
bien determinada, con unas costumbres y comportamientos que a
veces son difíciles de modificar. En este sentido, nuestro
actual sistema de relaciones laborales, por razones históricas
de todos conocidas, tiene adherencias de regulaciones
estatales que están resultando incompatibles con la necesaria
adaptación que han de tener nuestras relaciones laborales en
las circunstancias concretas de cada momento histórico. Por
eso se propone avanzar en la construcción de un marco
determinado de relaciones laborales que sea más adaptable y
para ello han propuesto un acuerdo social por el empleo que
pretende dar respuesta a que las empresas españolas sean más
competitivas, que favorezca la creación de empleo y que
consolide un sistema de protección social. El Gobierno
entiende, además, que parte importante de ese acuerdo por el
empleo es un acuerdo de rentas, pero no uno cualquiera sino
aquel que pueda sostener las condiciones de trabajo de nuestro
modelo y que, al mismo tiempo, sirva para controlar la
inflación y generar empleo. Se trataría de un acuerdo de
rentas que tenga como objetivo
inmediato la recuperación de los beneficios y su reinversión
en el proceso productivo para favorecer la competitividad y el
empleo y que, además, tenga carácter trienal, estableciendo
una evolución de todas las rentas con ese objetivo de
recuperación económica.

Termina manifestando el señor Ministro que, en el caso de que
no se consiga el citado pacto social por el empleo, el
Gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias,
mencionando una serie de ellas que comenzarán a tener efecto
con fecha 1 de enero del próximo año y otras varias a más
largo plazo, algunas de las cuales se someterían a esta Cámara
por tener carácter
legislativo. Replica la señora Villalobos Talero, duplicando
el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo de
Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV);
Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Peralta Ortega, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su
repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política
general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo
(Página 520)



En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
defiende la interpelación el señor Vidal i Sardó,
manifestando, que ante la situación crítica por la que
atraviesa el sector agrario español y ante las repercusiones
que puedan tener sobre su futuro los acuerdos agrícolas del
GATT, presentan esta interpelación para contribuir a situar en
sus justos términos ambos problemas y dar respuesta, desde
este Congreso, al desánimo y la desorientación que aquejan a
muchos agricultores.

Alude al preacuerdo agrícola con los Estados Unidos al que
llegó la Comisión agrícola de la Comunidad Económica Europea
en noviembre pasado, que ha contado desde el principio con la
oposición total de Francia, oposición a la que se fueron
adhiriendo progresivamente otros países comunitarios,
especialmente de agricultura mediterránea. Sin embargo,
España, que está afrontando a duras penas y con muchos
sacrificios el esfuerzo que representa la integración en la
Comunidad Europea y la más reciente adaptación a la reforma de
la PAC, ha mantenido una posición dubitativa e indecisa
respecto al preacuerdo y a la oposición y rechazo francés.

Menciona también que el día 20 de este mes los Ministros
comunitarios necesitaron doce horas de intensas discusiones
para apoyar la posición y las tesis francesas de replantear el
preacuerdo agrícola con los Estados Unidos, acordando,
finalmente, dar un mandato al comisionado europeo para



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seguir dialogando con Estados Unidos --a lo que éstos parece
que se niegan-- por las pérdidas que representaría ese acuerdo
para los agricultores de los países industrializados, todo lo
cual piensa que justifica la interpelación para que el
Gobierno y este Congreso piensen en el presente y en el futuro
inmediato de nuestros agricultores, ya que en otro caso puede
ocurrir que haya poco que planificar a más largo plazo para
este sector. Facilita algunos datos relativos a los últimos
ejercicios que demuestran la falta de dinamismo del sector
agrario, con un peso cada vez menor en el conjunto de la
economía española y una disminución considerable del empleo,
mientras crece continuamente su
endeudamiento a la par que desciende la rentabilidad, todo lo
cual debe llevar al Gobierno a plantear en profundidad una
serie de ayudas inmediatas en favor de este sector.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Albero Silla), considerando
oportuna y perfectamente adecuada a la situación en que
estamos la
interpelación de Convergència. Sin embargo, rechaza que la
posición del Gobierno español haya sido dubitativa o indecisa
en las negociaciones para el preacuerdo alcanzado por la
Comisión Europea y Estados Unidos, ya que en realidad la
postura del Gobierno ha sido clara y ha tenido como objetivo
fundamental la defensa de los intereses agrarios españoles y
el mantenimiento de las rentas de nuestros agricultores.

Explica las cuestiones y cláusulas con las que se mostraron de
acuerdo con el referéndum francés y el avance obtenido en el
tema de las ayudas compensatorias, mencionando detalladamente
la situación en que queda cada una de nuestras producciones
agrícolas.

Reconoce que el papel más beligerante en las discusiones ha
correspondido a Estados Unidos y Francia, lo que se justifica
porque son dos países que compiten en mayor medida en el
mercado cerealista mundial. Sin embargo, en el caso de España
se trata de problemas diferentes, ya que nuestra estructura de
exportaciónes muy distinta.

Finalmente explica el contenido de las conclusiones del
Consejo de Ministros comunitario, celebrado el pasado día 20,
en base a las cuales la comisión debe continuar conduciendo
las
negociaciones para buscar un acuerdo que sea aceptable.

Asimismo facilita algunos datos relativos a la actual
situación del sector agrario, en los que hay factores
positivos importantes frente a la descripción excesivamente
pesimista hecha por el interpelante. Replica el señor Vidal i
Sardó, duplicando el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Espasa Oliver, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Pascual
Monzo, del Grupo Popular.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política de tasas universitarias
realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma
para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de
todos los españoles (Página 531)



En representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la interpelación el señor González
Blázquez. Expone que, por lo que cuentan los medios de
comunicación y el propio Ministro adelantó ayer ante la
Comisión, parece que la cordura ha vuelto al Ministerio y que
la falta de diálogo que se había observado en otros casos se
ha suplido en esta ocasión por la negociación con los
afectados con los representantes de los estudiantes. Espera
también, por el bien de la Universidad y de los que quieren
acceder a la misma y no tienen medios económicos para hacerlo,
que este diálogo fructifique y ceda el Ministerio ante las
legítimas pretensiones de los estudiantes, que en estos
tiempos que corren en modo alguno son disparatadas.

Agrega que invertir en la Universidad es la mejor inversión
que tiene que realizar el país y un Gobierno progresista para
garantizar el futuro del país y también la igualdad de
oportunidades en el acceso a la Universidad, en lugar de dar
pasos hacia su privatización con decisiones como las del
Decreto de tasas de 26 de febrero.

Formula una serie de consideraciones en torno al Decreto en
cuestión, llegando a la conclusión de que no existe la más
leve relación entre los incrementos de las tasas académicas y
los de las becas, por lo que en términos políticos piensa que
la situación creada en este curso puede ser inadmisible. En
consecuencia, pide al señor Ministro que llegue a acuerdos con
los representantes de los estudiantes para una solución
inmediata que garantice la viabilidad de la Universidad
pública al servicio de todos. A su juicio, debe procederse a
la retirada de ese Decreto, que tan graves consecuencias va a
tener para muchas economías familiares y negociar con los
estudiantes una subida de tasas y una paralela de becas que
reequilibre la situación en estos momentos de crisis que las
familias de los estudiantes, especialmente las más
necesitadas, también sufren.




Página 487




Les agradaría verse obligados a retirar la moción
subisiguiente a esta interpelación en el próximo Pleno por que
el señor Ministro haya anulado el Decreto de tasas y realizado
una política consecuente de becas, solucionando el problema
creado.

En nombre del Gobierno interviene el señor Ministro de
Educación y Ciencia (Suárez Pertierra), que expone los
criterios que le han llevado a fijar una determinada política
de tasas universitarias para el curso que ahora comienza y
cuáles han sido las razones para su corrección. Está de
acuerdo con el interpelante en que la enseñanza universitaria
tiene un interés generalizado, lo que justifica su naturaleza
de servicio público y, por consiguiente, también la
financiación pública al servicio académico. Sin embargo, a
diferencia de otros servicios públicos, como por ejemplo la
educación secundaria obligatoria, éste es un servicio público
que no puede considerarse universalizable. Por
consiguiente, el esfuerzo que la sociedad hace para mantener y
desarrollar el sistema universitario cree que es lógico que
resulte también compartido por los beneficiarios directos del
sistema, por los usuarios del servicio público académico, de
acuerdo, naturalmente, con las posibilidades económicas de
cada uno. Este es el principio fundamental del que se derivan
algunos otros principios de actuaciones, que expone a la
Cámara, y que han llevado a la decisión que ha motivado la
interpelación. En base a estos principios se plantea la
conveniencia de actualizar la contribución del estudiante
universitario a la financiación de este servicio público,
teniendo en cuenta, además, que se había producido un desfase
en esa contribución en los últimos años, según demuestra con
la exposición de numerosas cifras relativas a la evolución de
las tasas y el costo del servicio público. Termina el señor
Ministro señalando que se trata de una medida para este curso
y, en este sentido, provisional, de tal modo que ayer mismo,
ante el pleno del Consejo de Universidades,
comprometió el inicio de un diálogo para afrontar los retos
que encara nuestra Universidad, iniciándose las conversaciones
en cuanto el curso comience y esperando que den el fruto
apetecible. Replica el señor González Blázquez, duplicando el
señor Ministro de Educación y Ciencia.

Para fijación de posiciones interviene el señor Ollero
Tassara, del Grupo Popular.

Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la
noche.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Pregunta número 13, del señor Novella, que tiene la palabra
para formularla. (Pausa.) Queda decaída.




--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO
(PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
ALGUNA ACCION RELATIVA A LA REINTEGRACION DEL CONDADO DE
TREVIÑO EN EL TERRITORIO DE ALAVA? (Número de expediente
180/000064)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Olabarría
Muñoz, que tiene la palabra para formularla.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿tiene el Gobierno previsto alguna acción para
posibilitar la reintegración del Condado de Treviño en el
territorio de Alava?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

Señor Olabarría, el Gobierno de la nación no tiene previsto
tomar ninguna iniciativa. Además, no le corresponde tomar
ninguna iniciativa en relación con los procesos de segregación
de enclaves de una comunidad inscritos en el territorio de
otra.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Olabarría tiene la palabra.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, no por inconcreta su
respuesta le parece a mi Grupo menos merecedora de
consideración; el tono ponderado, tan diferente a otras
reflexiones que hemos escuchado, sobre todo de responsables
políticos de la Comunidad de Castilla y León, llamando poco
menos que a la rebelión armada y al uso de los cañones --sic,
si fuera palabra escrita-- para evitar que prospere esta
propuesta, señor Ministro. Ya pueden imaginarse SS.SS. el
carácter tan democrático de este tipo de reflexiones.

Al margen de estas consideraciones dictadas «obiter dictas»,
sí quiero indicarle que lo que pretende mi Grupo parlamentario
es conocer la opinión del Gobierno



Página 488




sobre el mantenimiento de auténticos anacronismos históricos -
-los enclaves territoriales--.

Este concreto, el del Condado de Treviño, está prácticamente
colindante con la ciudad de Vitoria o Gasteiz, que es la
capital de Alava, como usted sabe, y la capital de Euskadi, de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y carece de legitimidad
histórica. En primer lugar, ¿por qué carece de legitimidad
histórica? Porque, entre otras cosas, el origen histórico de
este enclave consiste en que la familia de Pedro de Manrique
se lo compró nada menos que al repostero del Rey; le compró
los derechos sobre las personas, los derechos sobre las
fronteras de los montes y los derechos sobre los «muellos» --
una expresión forense de la época--. Señor Ministro, como
carece de legitimidad histórica, en primer lugar, nosotros
pedimos que se repare históricamente esta disfunción.

Carece de legitimidad política también, porque nosotros
conocemos cuál es la inequívoca voluntad de los habitantes de
Treviño. Esta voluntad es, ni más ni menos, que la
reintegración de este territorio, de este enclave en el
territorio alavés, en Euskadi. Y carece de sentido común,
entre otras cosas, porque es que la lejanía del enclave, del
Condado de Treviño, respecto de la capital y de las
instituciones de Castilla y León provoca una auténtica
desatención administrativa en relación a las
necesidades de infraestructura, de sanidad, de educación de
los ciudadanos de este Condado. Por eso nosotros pretendemos
que se acabe con un auténtico subterfugio legal, que es el que
está siendo utilizado para evitar la reparación histórica que
proclamamos, la reintegración de Treviño en Alava, convalidada
desgraciadamente por el Tribunal Constitucional, pero
subterfugio legal.

Pedimos una reforma, señor Ministro, del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, en virtud de la cual se prevea el
procedimiento de desanexión de este enclave, que es lo que
está impidiendo materialmente la reintegración del Condado de
Treviño al
territorio de Alava, y se armonice este procedimiento de
desanexión con el de anexión, sí previsto éste en el Estatuto
de Autonomía de Guernica.

Este subterfugio legal está siendo utilizado por los
gobernantes de la Comunidad Autónoma...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

El señor Olabarría sabe las respuestas que ha dado el Gobierno
con anterioridad a la última formulada por usted mismo, por
parte del entonces señor Ministro para las Administraciones
Públicas señor Almunia.

No entro a calificar lo de subterfugio o no, sino simplemente
quiero recordar que hay una sentencia de 11 de julio de 1986,
número 99, del Tribunal Constitucional, donde se señala que
tiene que haber, en primer lugar, conformidad o acuerdo de los
municipios afectados pero, además, conformidad de la
Comunidad, en este caso de Castilla y León, en la que se
encuentra
actualmente integrado.

Por consiguiente, sólo le puedo dar esta respuesta.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JORGE NOVELLA SUAREZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA EXPLICAR EL ESTADO DE INVERSION Y PLANES FUTUROS DE
REPSOL Y ENAGAS EN CARTAGENA? (Número de expediente
180/000071)



El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías contribuyan con su
puntualidad al buen desarrollo de este punto del orden del
día. Vamos a proceder a la tramitación de la pregunta número
13, del señor Novella Suárez.

Tiene la palabra el señor Novella.




El señor NOVELLA SUAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en abril de 1992 el Instituto Nacional de
Hidrocarburos y Repsol Petróleos firmaron sendos convenios de
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la ejecución de programas de inversiones por importe de
unos 75.000 millones de pesetas. En concreto, el INH se
comprometía a desarrollar, a través de la sociedad Enagás, la
construcción de un gasoducto Orihuela-Murcia-Cartagena y de
ramales de suministro doméstico a distribuidores por un
importe estimado de 6.700 millones de pesetas en el período
1992-1996. El INH también se obligaba, a través de sí mismo y
de Repsol, a hacer mejores esfuerzos para que la sociedad Gas
Natural, S.A., llevase a cabo un programa de inversiones por
un importe estimado de 6.300 millones de pesetas, referidos al
período 1993-1997 para redes de distribución de gas natural en
Lorca, Murcia y Cartagena. Estos dos compromisos del INH, que
sumaban unas inversiones de 13.000 millones de pesetas, darían
lugar a un número estimado de puestos de trabajo, directos o
indirectos, de 120, así como un empleo inducido durante la
construcción de aproximadamente 8.500 empleos.

Por su parte, el Convenio de Repsol Petróleos, S.A., fijaba un
programa de inversiones para la modernización, conexión
logística y ampliación de sus instalaciones en el valle de
Escombreras, de Cartagena, por sí mismo o mediante acuerdos
con otras empresas, por importe de 60.913 millones de pesetas
durante el período



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1992-1995, a los que había que sumar 1.107 millones que
durante ese mismo período la sociedad Campsa también
invertiría en la construcción del oleoducto Cartagena-Alicante
y otros
complementarios. Este último convenio globalizaba una
inversión de 62.020 millones y la creación estimada de unos
180 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por todo ello y a la vista de las referidas inversiones
contempladas igualmente en el plan especial que Cartagena
tiene para el desarrollo de este municipio y de la región de
Murcia, en el contexto nacional, se formula la siguiente
pregunta al señor Ministro de Industria: ¿Puede el Ministerio
de Industria explicar el estado de inversión y planes futuros
de Repsol y Enagás en Cartagena?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Novella.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Señor Novella, le puedo explicar, y además lo haré con mucho
gusto.

En relación con ese protocolo firmado, creo que le puedo decir
que la empresa Enagás está cumpliendo sus compromisos. En el
momento actual han finalizado prácticamente las inversiones de
CLH, la antigua Campsa, al concluir en el año 1992 la
construcción del oleoducto Cartagena-Alicante.

Se han llevado a cabo inversiones en la refinería por una
cuantía de 10.000 millones de pesetas entre 1991 y 1992, y
además de ello se encuentran en curso los proyectos de la
refinería de Repsol en Cartagena, que totalizarán una cifra
superior a los 40.000 millones de pesetas, destacando los
6.600 millones invertidos ya para la instalación de una
turbina de generación eléctrica, que por cierto entrará en
servicio en el primer trimestre de 1994. Por tanto,
prácticamente toda la inversión programada dentro de ese
protocolo está cumpliéndose.

Debo decir que una parte de los proyectos exige también, en
conjunto, el cumplimiento de otra parte de compromisos, que
también lo son de la Comunidad Autónoma y que suponían
alrededor del 8,5 por ciento de los importes que estaba
previsto llevar a cabo.

Unicamente hay dos inversiones, que debo citar para que tenga
usted toda la información, que han sido aplazadas en este
momento y que son, por un lado, la unidad de vacío y de
coquización y, por otro lado, la segunda turbina de
cogeneración. El segundo proyecto va unido al primero y éste
tiene que ver con una caída en la demanda de productos ligeros
y, por el contrario, una mayor prioridad en la necesidad de
producir fundamentalmente
combustibles de sulfurados.

Por tanto, esto es lo que en este momento está aplazado. No
quiere decir que no se lleve a cabo. El segundo proyecto --el
de la segunda turbina de cogeneración-- está ligado al
primero. En todo caso, lo que sí le puedo señalar es que en el
año 1992 aproximadamente fueron 10.000 millones de pesetas; en
el año 1993 están previstos unos 9.000 millones; en 1994,
17.000 millones; en 1995, 12.574 millones y en los años
sucesivos otra serie de millones que totalizarán en el período
1993-1997, 48.000 millones de pesetas. Naturalmente, esto no
es un contrato en términos estrictamente jurídicos, sino un
protocolo de intenciones y de compromisos que, obviamente,
están sometidos a las
consideraciones coyunturales.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE
EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE RAZONES JUSTIFICAN LOS INCREMENTOS
DE TASAS APLICADOS A LAS NUEVAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS?
(Número de expediente 180/000080)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Ollero
Tassara, que tiene la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué razones justifican los incrementos de
tasas aplicados a las nuevas titulaciones universitarias?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, la razón es la necesidad de actualizar los precios
públicos que constituyen las matrículas universitarias y que
estaban desfasados, como lo demuestra la circunstancia de que
nos situamos todavía por debajo de la contribución a la
financiación universitaria que las tasas tenían en el año
1985.

Por consiguiente, sabe que, en función de esta circunstancia,
el Ministerio de Educación decidió a finales de agosto
determinar un incremento de un 12 por ciento sobre las tarifas
del curso completo como media, de tal manera que las carreras
quedaban situadas en una banda entre unas 55.000 y 88.000
pesetas, según el grado de experimentalidad y cada uno de los
siete grupos donde estuvieran situadas.

Este incremento del 12 por ciento se aplica también al precio
de los créditos. Es decir, 10 horas lectivas en



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las enseñanzas renovadas que entran en vigor,
fundamentalmente, a lo largo de este curso académico.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, me parece que me ha colocado un disco parecido
al del otro día. No sé si es porque está en el número uno del
«hit parade» y lo pone todas las semanas. Lo que yo le he
preguntado es por qué han subido las nuevas titulaciones. La
razón que usted da de que hay que adecuar los precios, son
aplicables a todas las titulaciones sin distinción.

Lo que intento preguntarle --y es lo suficientemente
inteligente como para captar el fino matiz-- es a qué se debe
el que suban de una manera distinta las nuevas titulaciones.

Tendrá que haber alguna razón. Para algunos rectores no la
hay. El de Canarias, por ejemplo, no la ha aplicado; el de
Valladolid lo considera un criterio lesivo.

Aparte de que esto de intentar comprar la enseñanza
universitaria por horas suena un poco a clases particulares.

No sé en qué facultad ha estado usted donde se den clases
particulares. En la mía son bastante generales. Son masivas,
en concreto.

Habría que plantearse realmente por qué hay que pagar si se
enseña por créditos. Tenga en cuenta que el propio Ministerio
ha exhortado para que la reforma de nuevas titulaciones se
hiciera con coste cero. Si hay un coste cero, no hay razón
para que el precio suba. Ya que a ustedes les gusta
últimamente hablar más de precio que de tasa, hablemos de
precio. ¿Qué ofrecen ustedes a cambio de pagar más? Porque, a
lo mejor, están en una estrategia comercial de nueva
presentación, que se llama, donde les venden el mismo champú
de antes, con un color distinto, pero les cobran el doble.

(Rumores.)
No creo que sea eso lo que usted pretenda. Por tanto, explique
en concreto qué es lo que justifica esas nuevas titulaciones.

Veo que mis argumentos hacen mella a juzgar por los rumores
que van levantando. Supongo, señor Ministro, que usted debería
exigir unos requisitos mínimos de calidad y garantizar que
nueva titulación significa que se cumplen los módulos
objetivos de capacidad, que el Consejo de Universidades que
usted preside aún no ha fijado. O significa que el profesorado
que imparte esos módulos reúne unas determinadas condiciones.

Le aconsejaría que no se empecine en cobrar por créditos,
porque los profesores de plena le podrán reclamar que tienen
derecho a cobrar lo mismo que cobra uno de exclusiva en
relación a los créditos que él imparte, con lo cual le va a
salir carísimo. En resumidas cuentas, no hay razón alguna
objetiva, señor Ministro, para que usted esté cobrando de modo
distinto las nuevas titulaciones. El único problema es que
usted quiere ahorrarse dinero para las universidades y no sabe
qué inventar para sacárselo al ciudadano. Por tanto, busque
una razón
objetiva.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, difícilmente se puede contestar de diferente manera a
la misma pregunta. Su señoría pregunta por la razón del
incremento de las tasas universitarias. La razón del
incremento de las tasas universitaria es la necesidad, en el
caso de las enseñanzas renovadas y en el caso de las
enseñanzas no renovadas, de que los usuarios corran con parte
del costo de la financiación de la universidad, entre otras
cosas, para así poder mejorar la calidad de la enseñanza
universitaria.

Por consiguiente, señoría, la razón es la misma, y si se
aplica la tarifa por crédito en el caso de las enseñanzas
renovadas es, precisamente, porque estas enseñanzas están
estructuradas exactamente por créditos que agrupan 10 horas
lectivas cada uno de ellos.

Aparte de esto, señoría, las enseñanzas pueden ser diferentes.

Las fija cada universidad en uso legítimo de la autonomía, que
está legalmente protegida. Por consiguiente, los precios,
puesto que el costo de las enseñanzas es diferente, también
pueden ser diversos.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE CHOLBI DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION Y CIENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS
RECTIFICADORAS PARA EVITAR QUE LAS TASAS APLICABLES A LAS
NUEVAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS TENGAN EFECTOS
DISCRIMINATORIOS? (Número de expediente 180/000081)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Cholbi
Diego. Para formularla, tiene la palabra el señor Ollero
Tassara.




El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, siguen sin convencerme sus explicaciones. El
intento de cobrar por créditos crea una distorsión adicional.

Como usted conoce --lo conoce cualquiera que sepa lo que pasa
en la universidad--, el diseño de los planes de estudios se ha
visto condicionado



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por presiones corporativistas, que han hecho que, en
ocasiones, se atribuyan los créditos por razones no
estrictamente
científicas. Usted añade ahora una razón económica que
complica aún más la situación.

Le aconsejaría que cobrara más bien por asignatura ya que las
nuevas titulaciones descartan la idea del curso. En todo caso,
manteniendo unos márgenes de oscilación de los créditos. Es
absurdo intentar cobrar por hora. Insisto en que los
profesores le podrían reclamar cobrar así. En vez de eso,
utilizar un índice, como el actual de experimentabilidad, de
una manera mucho más flexible cuando pasen de un tope
considerable. En todo caso, le llamo la atención por las
consecuencias discriminatorias que esta situación está
creando. Porque, por ejemplo, le recuerdo algo que le dije
ayer: usted no puede actuar como el consejero de un territorio
autónomo desigual declarado a extinguir. Usted tiene que
preocuparse de la solidaridad que exista entre todas las
autonomías, porque cada autonomía luego irá a sus intereses
más particulares. Usted es el garante del interés general y de
la solidaridad. Usted acaba de mantener una revisión de su
propia orden ministerial, con la cual se van a evitar subidas
de hasta el 70 por ciento en los créditos; subidas que se han
dado, por ejemplo, en Andalucía, una comunidad que no ha
subido las tasas más allá del 6,5 por ciento en los títulos
anteriores, pero que en los nuevos llega al 70 por ciento en
algunas carreras. Usted dice que va a compensar, vía
subvenciones, a las
universidades del territorio MEC de la merma de ingresos que
suponga no pasar del 12 por ciento. Yo le pregunto, ¿qué
medidas concretas va a establecer para compensar a las
universidades de otras comunidades, por ejemplo, en el caso de
Andalucía, que han llegado a subir hasta el 70 por ciento por
créditos? ¿Qué pasa ahora? Porque, indudablemente, el
consejero se verá vinculado por el acuerdo del Consejo de
Universidades, del que forma parte como usted, y dará su
propia orden para bajarlas. Usted, vía
subvenciones, va a compensar. ¿Cómo se va a compensar a los
andaluces? ¿O es que usted tiene ahora un modelo de despegue
económico para las comunidades menos desarrolladas que
consiste en que sus universidades reciban menos recursos que
las demás? ¿Es así como piensa usted sacar del subdesarrollo a
Canarias o a Andalucía? ¿O, por el contrario, se va preocupar,
como Ministro que es del Gobierno de esta nación, de buscar
también unos cauces de financiación que hagan que las
universidades en las cuales, por razones sociales --las mismas
que usted ha esgrimido para exigir que no se pase del 12 por
ciento--, no se ha querido subir más allá del 6,5 o ahora se
tiene que rebajar desde el 70 por ciento al 12 por ciento?
¿Van a contar esas comunidades con algunas medidas? ¿Se va a
preocupar usted de que en las
transferencias que se realicen de créditos a las autonomías se
contemple también un reforzamiento de lo necesario para que en
las subvenciones a esas universidades lleguen los fondos
oportunos? De lo contrario, usted es el consejero de un
territorio autonómico a extinguir y el día que se hayan
transferido todas las competencias a las universidades, dentro
de un año, usted no se podrá sentar en ese sillón, señor
Ministro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.

Tiene la palabra el señor Ministro. Le recuerdo que la
obligación es contestar a la pregunta que consta en el orden
del día.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Iba a decir precisamente que ahora entiendo los efectos
discriminatorios a los que se refería la pregunta, que no era
capaz de encontrar en los planteamientos que venimos haciendo
normalmente en relación con las tasas universitarias.

Señoría, primero tengo que decir que, en mi opinión, no es
aceptable que los diseños de los planes de estudios nuevos
respondan a intereses corporativistas; prefiero pensar
exactamente lo contrario, que responden a las necesidades
sentidas por las universidades y por el entorno social en que
están ubicadas.

Señoría, se cobra por créditos precisamente porque los planes
de estudios --repito-- están estructurados por créditos. Y
están estructurados por créditos, entre otras razones, para
permitir que los estudiantes puedan realizar su proyecto
docente personal, es decir, matricularse en unos créditos sí y
en otros no; ordenar su carrera, que es lo que hacen en las
universidades de los países desarrollados de nuestro entorno.

Yo tengo la obligación señoría, de fijar la ordenación general
del sistema educativo, también del universitario, como
Ministro de Educación y Ciencia, y luego realizar algunas
funciones como responsable del llamado territorio del
Ministerio de Educación y Ciencia. En función de lo primero,
señoría --y no eludo esta responsabilidad--, llevo al Consejo
de Universidades el dictamen previo en relación con la
fijación de las tasas universitarias. Fijo las tasas
universitarias en función de la segunda de las
responsabilidades y aún llevo --como hice ayer-- a debatir en
el Pleno del Consejo de Universidades la necesidad de reforma
de la cuestión tal y como yo la estaba viendo. Por
consiguiente, bajo ningún punto de vista puede decirse que
este Ministro elude su responsabilidad de ordenación general
del sistema educativo, eso sí, de manera plenamente respetuosa
con las competencias de las demás administraciones educativas
del territorio nacional. En ningún caso se ha dicho que los
Presupuestos Generales del Estado vayan a compensar a las
universidades por la pérdida de las tasas, que muchos
supuestos no tenían incluida en su propio presupuesto esta
previsión; sí que se ha dicho que se procurará



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--como es la obligación de este Ministro y del Gobierno-- que
la subvención nominativa no sufra merma. Gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: EN RELACION AL PLAN
ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DE LA BAHIA DE ROSES (GIRONA),
¿QUE PROYECTO ESPECIFICO TIENE RESPECTO A LA PLAYA DE «LA
PAROLA» DE ROSES? ¿TIENE EN CUENTA ESTE PROYECTO LA
DECLARACIONN DE «PARAJE PINTORESCO» CON QUE ESTA PROTEGIDA
DICHA PLAYA DESDE 1972, SEGUN DECRETO DEL MINISTERIO DE
CULTURA, VIGENTE, NUMERO 2899/1972, DE 15 DE SEPTIEMBRE?
(Número de expediente 180/000065)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, de la señora Rahola i
Martínez.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

A raíz de la información según la cual a partir del 1 de
octubre y con la ayuda del MOPT se iniciará el proyecto de
regeneración de la playa y que afecta a la playa de «La
Parola» de Roses, y teniendo en cuenta que los criterios del
Gobierno español, según se ha hecho saber, son los de no
iniciar ni ejecutar actuaciones que puedan deteriorar el
litoral, preguntamos qué proyecto específico tiene respecto a
la playa de «La Parola» de Roses y si este proyecto tiene en
cuenta la declaración de paraje pintoresco con que está
protegida dicha playa desde 1972, según decreto del Ministerio
de Cultura, vigente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. Tiene la palabra
el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrel Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, el día 3 de agosto del presente año se adjudicó el
proyecto de regeneración de la playa de Rosas, segunda fase,
tras superar todos los trámites legales y administrativos de
la legislación vigente. Entre éstos se encuentra el período de
exposición pública y la solicitud de informe a la Generalitat
y al Ayuntamiento, sin que se haya producido ni por parte de
uno ni de otro informe desfavorable. Por otra parte, el
proyecto fue diseñado para que la incidencia en el paisaje sea
mínima, pues sólo comprende un espingón de encauzamiento de
una riera y aportación de arena para el recrecimiento de la
playa. Esta segunda fase se proyectó y licitó tras ejecutar
con pleno éxito, como sabe S.S., la primea fase en la zona
inmediatamente contigua. Estas obras, ahora adjudicadas en 140
millones de pesetas, consisten esencialmente en la
construcción de un espigón de escollera semisumergido de 310
metros, encauzará la riera del Jinjolés y para contener
lateralmente la arena y evitar que entre en la ría. Además,
habrá que aportar 130.000 metros cúbicos de arena procedentes
de la desembocadura del Fluviá. La playa recuperada tendrá una
anchura media de 40 metros y 400 metros de longitud. Con esta
obra se completa la playa y todo el frente del casco urbano de
Rosas, puesto que con ella se llega hasta la zona portuaria y
su incidencia en el paisaje será mínima, porque casi la mitad
del espigón está proyectado a cota cero, por lo que no
producirá ninguna intrusión visual. La parte emergida del
espigón es la imprescindible para apoyar en ella la playa
emergida, de 170 metros de largo, con una cota de coronación
de sólo un metro. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias.

Entendemos lo siguiente. Primero, hay un informe de Green
Peace que asegura que esa zona va a quedar en mala situación
y, por tanto, desde un punto de vista ecológico y de respeto
al medio ambiente la regeneración no sólo no es necesaria,
puesto que se produce una regeneración natural de la propia
playa, sino que, además, hace un daño ecológico específico.

Además, quiero recordar al señor Ministro que ha habido muchas
firmas de ciudadanos de Rosas en contra del proyecto, que el
Partido Socialista de Cataluña en el Ayuntamiento de Rosas se
ha pronunciado específicamente en contra del proyecto, que
entendemos que vulnera la protección que supone el decreto del
Ministerio de Cultura. Entendemos que esa playa se regenera
sola. Además, el espigón es de una profunda inutilidad y, por
tanto, demuestra insensibilidad con el medio ambiente, con el
problema ecológico y no entendemos que sea compatible con el
decreto que la protege, como paraje pintoresco.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, el Ministerio no tiene
ningún interés en echar 140



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millones de pesetas al mar, y nunca mejor dicho. No tenemos
ningún interés en hacer esta obra si no hay que hacerla, pero
los ciudadanos creen que sí hay que hacerla; lo cree el
Ayuntamiento y lo cree el Gobierno autónomo catalán. El propio
Grupo de Convergència i Unió se ha interesado recientemente
por que la obra se haga cuanto antes. Yo no sé qué
representación tienen los firmantes de las cartas a las que
usted hace referencia, será mucha, pero quizá no tanta como la
que tienen las instituciones, el Ayuntamiento y el Gobierno
autónomo, que apoyan su ejecución.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO AMATE RODRIGUEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO
TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADJUDICAR EL TRAMO DE AUTOVIA DE LA
VARIANTE DE ALMERIA? (Número de expediente 180/000069)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Amate
Rodríguez, que tiene la palabra.




El señor AMATE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, los distintos tramos de autovía que discurren
por la provincia de Almería han corrido o están corriendo
distinta suerte. Así, mientras que en el año 1992 se pusieron
en funcionamiento ciento y pico kilómetros, desde Almería
hasta Puerto Lumbreras, otros tramos han seguido unos trámites
más lentos, y así están adjudicados y en ejecución desde
Almería hasta Adra, y finalizarán en el año 1995. Sin embargo,
quedan otros tramos por adjudicar, como puede ser la variante
de Almería y como es la continuación de la A-92, la
intersección con la autovía del Mediterráneo, el tramo que
discurre desde Puerto Lumbreras hasta el límite de la
provincia de Almería. En lo referente a la variante de
Almería, según noticias que tenemos, se adjudicó
provisionalmente en la mesa de contratación por parte del MOPU
en el mes de mayo, se hablaba de que iba a ser adjudicada
definitivamente en Consejo de Ministros y de que se iba a
autorizar la adjudicación en el primer semestre del año, pero
no fue así. Después se nos informó, y así lo ha manifestado, a
través de los medios de comunicación, la Delegada del Gobierno
en Andalucía y yo mismo que había recibido una información de
altos cargos de su Ministerio, que el pasado viernes iba a ser
adjudicada definitivamente en Consejo de Ministros. No fue así
y por eso le hago la pregunta que figura en el orden del día
de esta sesión: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno adjudicar
definitivamente el tramo de autovía de la variante de Almería?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amate.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, la obra objeto de su pregunta fue licitada en
diciembre de 1992 por un sistema de concurso con admisión
previa. Está ya seleccionada la empresa adjudicataria. El
gasto ha sido fiscalizado por la Intervención General; ha
pasado por la Comisión de Subsecretarios el día 22 de
septiembre pasado y espero que sea aprobado por el próximo
Consejo de Ministros el día 1 de octubre, pasado mañana. Con
esto la variante de Almería queda definitivamente adjudicada y
sus obras empezarán de forma inmediata. Significa una
inversión de casi 12.000 millones de pesetas en 25 kilómetros
de actuación y dos años de plazo. Con eso quedará terminada
completamente la conexión por la autopista del Mediterráneo
desde Alicante, por Murcia, Puerto Lumbreras hasta Adra. Y
quedará solamente un tramo de autovía por contratar, el último
del primer plan de carreteras, que es el tramo que unirá
Puerto Lumbreras con el límite de la provincia de Almería,
donde empalmará con la autopista del 92 que está construyendo
la Junta, que será adjudicada antes de finales de este año. De
esta manera el impulso a las comunicaciones por carretera
desde Almería hacia Europa alcanza unas dimensiones
ciertamente históricas. El tramo Adra-El Parador estará
terminado en el verano de 1995; el tramo más corto, El
Parador-Almería, estará terminado en la primavera de 1995 y la
obra que contrataremos este próximo Consejo de Ministros
estará terminada dos años después del inicio de las obras,
podemos decir que a partir de las próximas Navidades. Con eso
se viene a dar cumplida satisfacción a una obra
importantísima, demorada por las dificultades del proyecto y
de extrema necesidad puesto que por ella circularán 17.000
vehículos diarios, con un porcentaje del 30 por ciento de
vehículos pesados.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HAY
PREVISTAS EN MATERIA DE COSTAS EN LA ZONA DEL DELTA DEL EBRO,
EN TARRAGONA? (Número de expediente 180/000070)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Antich i
Balada.




El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.

Pregunta número 12, del señor Antich i Balada.




El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.




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Señorías, señor Ministro, la zona del Delta del Ebro en
Tarragona es yo creo que casi como un tesoro en bruto, sin
explotar. Hace ya bastantes años que sus habitantes, con su
esfuerzo,
transformaron sus tierras que sirven ahora para el cultivo del
arroz y de otros productos hortofrutícolas, pero sus otras
riquezas naturales, especialmente sus playas, la verdad es que
están todavía sin explotar. Las comunicaciones en general del
Delta son malas y su publicidad deficiente. Sus habitantes
desean que se hagan cosas, inversiones, en el Delta y, por
ello, después de ver las obras positivas ya realizadas por su
Ministerio, en concreto la regeneración del istmo del
Trabucador, y también la protección del margen del río Ebro en
Deltebre, desearían saber cuáles son los proyectos que hay
previstos para el futuro. En consecuencia, señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, le formulo la pregunta
siguiente: ¿qué actuaciones hay previstas en materia de costas
en la zona del Delta del Ebro en Tarragona? Gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Estas actuaciones, señoría, están condicionadas por el reparto
de competencias entre las distintas administraciones y porque
no hay un documento equivalente de lo que podríamos denominar
plan director del Delta del Ebro, que permitiría tomar
decisiones con perspectiva general, en función de los usos a
establecer en la costa y en sus zonas limítrofes. Existen sin
terminar, y sin ningún grado de vinculación entre las
administraciones, un estudio de regresión del Delta. Por ello,
las actuaciones que a continuación le voy a citar vienen a
solucionar problemas concretos, ya planteados, que exigen
respuesta urgente, y que han sido consensuados con los
ayuntamientos respectivos, estando en diversos grados de
ejecución y proyecto.

En primer lugar, ya hemos ejecutado --lo sabe S.S.-- la duna
en la barra del Trabucador, en San Carlos de la Rápita, donde
se han invertido 140 millones de pesetas para dificultar la
rotura del istmo, a falta de una solución definitiva. En
segundo lugar, la protección de un tramo del río Ebro, por 50
millones de pesetas, en los 600 metros del margen izquierdo
del término municipal de Deltebre, en dominio público
marítimo-terrestre.

Este año y el próximo vamos a ejecutar obras en las áreas de
servicio de la playa del Trabucador, 100 millones de pesetas,
para hacer un conjunto de instalaciones dedicadas al uso
veraniego de estas playas, que ahora no las tienen. Son
instalaciones desmontables, de cuya explotación se permitirá
obtener los recursos necesarios para asegurar el mantenimiento
y la limpieza de los seis kilómetros de doble línea de orilla
del referido istmo.

En cuarto lugar, áreas de servicio en la playa del Eucaliptus,
en Amposta, cuyo proyecto se está finalizando de redactar en
coordinación con el Ayuntamiento de Amposta.

En quinto lugar, un acceso y áreas de servicios en la playa de
San Jaume d''Enveja, 50 millones de pesetas, que se intentará
adjudicar antes de este verano. Está pendiente del estudio de
impacto ambiental, conforme a lo establecido en el Plan de
Espacios de Interés Natural del Gobierno autónomo de Cataluña.

En sexto lugar, un conjunto de servicios y accesos a las
playas de San Jaume d''Enveja, donde invertiremos entre 300 y
400 millones de pesetas.

En séptimo lugar, regenerar las dunas y los servicios en la
playa del río Mar, en Deltebre.

Octavo lugar, las áreas de servicio en la playa Drenal de la
Ampolla, que está redactado por el Ayuntamiento, en
coordinación con Costas...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE FELIX SAENZ LORENZO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL
ESTADO DE TRAMITACION DEL PROYECTO DE AUTOVIA ZARAGOZA-NUENO,
EN SU MINISTERIO, Y CUALES SON LAS PREVISIONES EXISTENTES
RESPECTO DE SU LICITACION Y EL COMIENZO DE LAS OBRAS? (Número
de expediente 180/000073)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Sáenz
Lorenzo, que tiene la palabra.




El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, como S.S. sabe, el pasado año se mantuvieron,
por parte de su Ministerio, contactos con la Diputación
General de Aragón de cara a una posible colaboración entre
ambas
instituciones para la construcción de la autovía Zaragoza-
Huesca o, más específicamente, de la autovía Zaragoza-Nueno.

Finalmente, su Ministerio decidió acometer directamente la
obra, la incluyó en la primera fase del Plan Director de
Infraestructuras, y por ello supongo que habrá iniciado los
trámites correspondientes a esta construcción. Sin embargo,
hace pocos días, y en el contexto del debate que se ha
producido en Aragón en estas últimas semanas, el ex Presidente
de la Comunidad Autónoma de Aragón, señor Eiroa, afirmaba ante
la prensa que se habían producido, respecto a la construcción
de la autovía, incumplimientos de compromisos por parte del
Ministerio.




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Como el tema es importante para la opinión pública aragonesa,
porque, como el señor Ministro conoce, esa autovía forma parte
del eje norte-sur que conecta Valencia con Francia y tiene una
gran importancia para el futuro desarrollo de nuestra
Comunidad Autónoma, es necesario que esta cuestión quede
aclarada ante la opinión pública, y es por eso por lo que me
planteo preguntarle a qué incumplimientos, si es que los hay,
se refiere el ex
Presidente de la Comunidad Autónoma y, en definitiva, cuál es
el estado de tramitación del proyecto de autovía Zaragoza-
Nueno en su Ministerio, y cuáles son las previsiones
existentes respecto de su licitación y el comienzo de las
obras.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

No podré contestar a su pregunta, señoría, porque yo tampoco
sé a qué se refería el ex presidente del Gobierno autónomo de
Aragón al citar incumplimientos. Es una cantinela que se oye
con mucha frecuencia y que no suele estar nunca concretada en
nada, pero que tiene un gran éxito ante la opinión pública,
jaleada por los incumplimientos del Gobierno central. No hay
ningún
incumplimiento.

Al contrario, esta autovía se está construyendo, no hay
máquinas en el terreno, pero hay planos en las mesas de los
ingenieros, requisito imprescindible para que acaben
apareciendo las
máquinas, con los plazos técnicamente más cortos posibles,
puesto que tienen la financiación asegurada en los escenarios
presupuestarios con los que trabaja el Ministerio, que hacen
innecesaria la aportación de ningún gobierno autónomo,
afortunadamente para la hacienda de ese gobierno autónomo, que
así podrá dedicarla a construir sus carreteras, pues estoy
seguro de que todavía les queda alguna por construir. Los
plazos están marcados de acuerdo con los procesos normales de
construir una autovía. En este momento ya se ha licitado la
redacción de los proyectos de trazado y construcción, lo cual
quiere decir que ya tenemos declaración de impacto ambiental y
un estudio informativo aprobado definitivamente. Ambas cosas
fueron aprobadas a finales de 1992. En el primer trimestre de
1993 hemos licitado la asistencia técnica para redactar
proyectos de trazado y
construcción, que serán adjudicadas de forma inmediata. Estos
proyectos de trazado y de construcción, a escala 1/1.000,
tienen unos plazos mínimos para ser hechos y, si los
contratamos, como espero y estaba previsto, a finales de este
año, en este
trimestre, estarán disponibles, aproximadamente, en el verano
o en el otoño del próximo año. Y no se pueden hacer en menos
tiempo, salvo que queramos hacer mal la obra. Tan pronto como
tengamos los proyectos, licitaremos la obra, que puede ser
perfectamente adjudicada a finales del próximo año o
principios del siguiente. De manera que, en todo caso, a
principios del año 1995 pueden empezar físicamente las obras
en el terreno y prolongarse durante dos años, que es el plazo
mínimo de
construcción de una autovía.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON PERE BALTA I LLOPART, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿QUE MEDIDAS ADOPTA EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE PARA EVITAR LOS VERTIDOS
INCONTROLADOS EN EL MUELLE SUR DEL PUERTO DE BARCELONA?
(Número de expediente 180/000092)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, del señor Baltá i
Llopart, que tiene la palabra.




El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, este Diputado ha tenido conocimiento de que se
han venido produciendo vertidos incontrolados en unas obras de
relleno en el Puerto de Barcelona, que servirán de base para
el futuro muelle Sur del mismo. Conocidas algunas negativas
repercusiones de orden ecológico, que fueron consecuencia en
el pasado de ciertas actuaciones urbanísticas en la misma zona
del Puerto Autónomo de Barcelona, es obligado preguntarle,
señor Ministro, si se han tomado medidas para evitar los
referidos vertidos incontrolados.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

La respuesta irá en la misma línea argumental que con respecto
a los incumplimientos. Los servicios responsables del Puerto
de Barcelona informan a este Ministro, y éste tiene el honor
de informar al señor Diputado, que no existen vertidos
incontrolados en el Puerto de Barcelona. Por tanto, no puedo
contestar a su pregunta con mayores precisiones, puesto que
insisto en que no se produce una actividad incontrolada en
materia de vertidos en el Puerto de Barcelona.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Baltá, tiene la palabra.




El señor BALTA I LLOPART: Señor Ministro, no obstante su
respuesta,
debo decirle que la denuncia ha sido formulada por la entidad
Metropolitana de Medio Ambiente y recogida por algún periódico
de reconocido prestigio. Señor Ministro, después de
congraciarnos de que se haya producido la comprobación en el
sentido positivo que usted nos plantea, debo decirle que la
pregunta ha sido formulada desde la preocupación plenamente
justificada si se conoce el proceso seguido por el Puerto,
imponiendo históricamente su voluntad a través de los hechos
consumados; le hablo del pasado anterior a su Ministerio. Así
se construyó la dársena tierra adentro, que hoy enmarca el
espacio donde se ubicará el muelle Sur, y lo que debía ser una
ampliación de la línea costera de atraque, se convirtió en un
auténtico desaguisado ecológico, causa principal del proceso
de salinización del importante acuífero del delta del
Llobregat, actualmente herido de gravedad. La posibilidad de
un nuevo impacto negativo sobre el ecosistema, se deduce a
partir de la denuncia efectuada por el organismo mencionado,
que nos habla de una actuación irresponsable, de la que no
están exentos intereses concretos que afectan al pliego de
condiciones de la obra contratada, que ha vertido materiales
de derribo sin reciclaje previo alguno, en lugar de las
tierras que se habían previsto. Parece ser que el problema ha
surgido a raíz de la discrepancia sobre la ubicación en el
muelle de la
maquinaria dedicada al reciclaje.

En fin, señor Ministro, si la comprobación se ha efectuado,
este Diputado estará satisfecho; y si no, le rogaría que
promoviera la investigación, para ver la posibilidad de que
los datos que le han llegado sean ciertos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, es cierto que para construir la terminal
de contenedores del muelle Sur del Puerto de Barcelona, se
está procediendo al relleno de una laguna, cerrada totalmente,
sin comunicación con las aguas del Puerto. El relleno de esta
superficie se está efectuando de acuerdo con las exigencias
contenidas en el pliego de condiciones técnicas, y se ha hecho
con tierras procedentes de excavaciones, en las que se
cumplieron las exigencias objeto del pliego, para garantizar
que los materiales de relleno no fueran contaminantes.

Independientemente de este planteamiento general y con
carácter esporádico, durante la realización de las obras
preparatorias de los Juegos Olímpicos, se admitieron
materiales procedentes de derribos, los cuales eran
controlados y seleccionados
debidamente. La actividad de relleno, por tanto, se ha venido
realizando con sujeción a los correspondientes controles, sin
que me sea posible verificar que existan actividades
incontroladas al respecto. Sin embargo, para mayor seguridad y
con carácter preventivo, la Capitanía Marítima de Barcelona ha
dispuesto la colocación de barreras flotantes en la zona de
obras para evitar cualquier posible derrame accidental.

Asimismo, disponemos de una embarcación de limpieza, afecta a
las aguas del Puerto, que diariamente controla las obras y
detecta posibles indicios de contaminación, en cuyo caso se
pondría a trabajar el buque de salvamento , dotado de medios
de lucha contra la contaminación, disponible las 24 horas del
día.

Si usted ha leído las noticias de referencia, señoría, verá
que he pedido la información necesaria para contestar a su
pregunta y creo que puedo tranquilizarle en la medida en que
esta
información me ha tranquilizado a mí, como responsable último
de la problemática que S.S. plantea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL NADAL I MALE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA
REALIZAR INVERSIONES EN EL DELTA DEL EBRO EN AQUELLAS
CANTIDADES
PRESUPUESTADAS QUE TODAVIA QUEDAN PENDIENTES? (Número de
expediente 180/000093)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Nadal i
Male, que tiene la palabra.




El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno para
realizar
inversiones en el Delta del Ebro en aquellas cantidades
presupuestadas que todavía quedan pendientes?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, las previsiones en
cuestión se adaptan a lo



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previsto en los planes de inversión, pero no hay modificación
alguna con respecto a los mismos, y la cantidad que todavía
está pendiente no permite tampoco anticipar ninguna de las
obras de inversión previstas en planes más ambiciosos, que
tendrán que desarrollarse después de los correspondientes
acuerdos con las Administraciones territoriales y locales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Nadal tiene la palabra.




El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Ministro. Acepto
su respuesta. Quizás más adelante podamos volver sobre ella. A
la vista de que usted se ha quedado corto en el tiempo para
contestar al Diputado que me ha precedido en la pregunta sobre
el Delta del Ebro, sería muy satisfactorio que el resto de la
pregunta constara en el ; el resto de su contestación que no
ha podido realizar antes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, yo creo que sí sería
útil para la posteridad que toda la pregunta pudiera quedar
recogida en el , aunque no la haya podido verbalizar en el
Pleno. Tampoco he querido repetirla en la respuesta a la suya,
porque la respuesta que he dado al señor Antich i Balada ya
contenía las actuaciones realizadas y previstas por este
Ministerio en el Delta del Ebro, y comprendo que haya sido
exclusivamente el orden de prelación el que haya hecho que la
respuesta del detalle haya sido
suministrada a un Diputado socialista y no a un Diputado de
Convergència i Unió, a quien con mucho gusto le remito a la
anterior información.

La circunstancia de que parte de estas actuaciones no tengan
todavía el proyecto aprobado se debe a que están pendientes de
acuerdos con ayuntamientos y con el Gobierno autónomo catalán
o de la preceptiva intervención de estas administraciones, y
aunque ello impide fijar ahora el montante total de la
inversión, sí puedo adelantarle que las obras ya terminadas o
en marcha supondrán una inversión, por parte de este
Ministerio, en torno a los 700 millones de pesetas, cantidad
nada despreciable y sin duda justificada por los objetivos que
perseguimos. Por otra parte, insisto en lo que le he dicho
anteriormente. Este
Ministrio está preparando un plan de actuaciones para
financiar, concertadamente con el resto de las
Administraciones
territoriales, un plan sobre el Delta del Ebro, que espero que
pueda ver la luz en este ejercicio presupuestario y nos
permita a todos actuar coordinada e íntegramente sobre un
espacio natural de tanta importancia, que lo preserve y al
mismo tiempo potencie el desarrollo económico y social de sus
gentes.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ADAN MARTIN MENIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA A LA EXCMA. SEÑORA MINISTRA
DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿TIENE PREVISTO EL MINISTERIO ALGUNA
ALTERNATIVA PARA CUBRIR LA ASISTENCIA DE LOS ENFERMOS DE
TENERIFE O QUE OTRA FORMULA BARAJA PARA FACILITAR EL ACCESO DE
LOS BENEFICIARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE CANARIAS, DADO QUE EL DIA 6 DE OCTUBRE
FINALIZA EL CONVENIO ENTRE ESTE Y EL INSALUD? (Número de
expediente 180/000067)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Martín
Menis.




El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, la situación del
Hospital Universitario de Canarias es dificilísima. El
Hospital Universitario de Canarias es un hospital de
referencia,
sustitutorio de la Seguridad Social pero sin posible
sustitución por la insularidad. El convenio que hoy tiene con
el Ministerio acaba el día 6 de octubre y, si no hay acuerdo,
la situación de la sanidad puede ser muy grave. La Comunidad
Autónoma es la que tiene la planificación, la provisión en
este caso es por esa corporación, pero la financiación es del
Insalud. Las fuerzas políticas de esa corporación tienen un
acuerdo unánime para que lo gestione el Insalud, pero estando
en este momento en
tramitación la posible transferencia entre el Ministerio de
Sanidad y la Comunidad canaria, el Consejero de la Comunidad
me ha pedido que retire la pregunta, por creer que está en
vías de solución. Por eso agradezco mucho la atención y ruego
que perdonen que la retire en este momento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Menis. Entiendo
retirada la pregunta.




--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE
ENCUENTRA LA PROYECTADA 2.ª FASE DE MEJORAS Y AMPLIACIION DE
LA RESIDENCIA SANITARIA N.ª SEÑORA DE CANDELARIA DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE? (Número de expediente 180/000072)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor
Padrón Delgado.




El señor PADRON DELGADO: Señora Ministra, la pregunta va en
relación con la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de la
Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, que hace unos años
presentó un plan por el cual se iba a hacer una remodelación
de todas las habitaciones y de todo lo que constituía la
atención hospitalaria en diversas fases. Se realizó la primera
fase, que resolvió los problemas de lavandería y cocina, y
efectivamente esta parte está resuelta. No obstante, a la
vista del retraso en la ampliación y remodelación del centro,
en el mes de febrero formulé una pregunta en este Pleno al
anterior Ministro, el cual me manifestó que, a pesar de la
escasa consignación
presupuestaria para el año 1993, en noviembre de este año
saldría a concurso la segunda fase de ampliación y
remodelación, y es por lo que presento la pregunta, que tiene
un interés extraordinario, puesto que el tema de la falta de
camas y la atención
hospitalaria por parte del Insalud en este centro deja mucho
que desear y sería muy importante que estas obras salieran a
concurso lo más pronto posible.

Por esta razón, pregunto en qué situación se encuentra esta
segunda fase de este centro hospitalario.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.

Señora Ministra, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Como S.S. sabe, las obras de mejora y ampliación de la
Residencia Nuestra Señora de la Candelaria han sido objeto de
información reiteradamente, la última vez en comparecencia en
Comisión el día 24 de marzo. Las obras de mejora y ampliación
responden a un plan director elaborado para ese centro, que
define la estructura del hospital en función del diseño, de
las prestaciones y de los servicios que debe ofrecer para ese
área de actuación, y por ello el plan director contiene
también las actuaciones que han de realizarse para pasar de la
situación que tenemos ahora al modelo definitivo. Por tanto,
el plan director pretende adecuar
eficazmente el hospital a las nuevas necesidades de la
población, acomodarlo a otras modalidades de atención
sanitaria, mejorar las condiciones hoteleras, en definitiva,
dotarle de las
instalaciones que hoy consideramos que debe tener ese
hospital. Como S.S. ha dicho, el plan director está diseñado
en tres fases. En la primera, ya concluida, no solamente se
han hecho las obras a que S.S. ha hecho referencia, sino que
también se ha remodelado el edificio de consultas externas. La
segunda fase prevé obras de reforma en el materno-infantil, en
el edificio general y en el edificio de traumatología. El
proyecto está ya redactado y en estos momentos, que es lo que
S.S. me pregunta, está en fase de supervisión técnica. Las
reformas incluidas en esta fase tienen un coste previsto de
343 millones de pesetas. En el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1994 figura en el anexo de
inversiones una partida consignada para atender a esta fase.

Dicho esto también debo decirle que, constituida la ponencia
técnica que viene trabajando desde mediados de este año para
proceder a las transferencias sanitarias, las inversiones
también están siendo objeto de consideración y, por tanto,
también las inversiones de este hospital; pero dado el grado
de acuerdo en las conversaciones previas entre la Consejería y
el Ministerio respecto de este hospital, puedo afirmar que
todo el proyecto, tal como está previsto, se va a llevar a
cabo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿COMO
PIENSA SOLUCIONAR EL GOBIERNO, DE FORMA DEFINITIVA, LA
SITUACION ACTUAL DE LOS MEDICOS ESPECIALISTAS SIN TITULO
OFICIAL? (Número de expediente
180/000086)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 del señor Villalón
Rico.




El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Sanidad y Consumo, desde hace meses,
incluso yo diría que años, la situación de los médicos
especialistas sin titulación preocupa en diferentes sectores
médicos y ha sido motivo de debates para dar una salida
satisfactoria a este grupo de facultativos. Usted misma, a los
pocos días de ser nombrada Ministra, manifestó que en el mes
de septiembre se daría una solución al problema de la
titulación de los profesionales. Pero en los últimos días, el
Secretario General de Salud ha declarado que sobre este tema
lo primero que hay que hacer es caracterizar al colectivo y
después buscar soluciones. Por lo que nosotros consideramos
que es contradicción dentro del Ministerio y teniendo en
cuenta la fecha en el día de hoy, 29 de septiembre, último o
anteúltimo día del mes de septiembre, es por lo que realizamos
esta pregunta: ¿Cómo piensa solucionar el Gobierno, de forma
definitiva, la situación actual de los médicos
especialistas sin título oficial?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.

Tiene la palabra la señora Ministra.




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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, en primer lugar, permítame que le aclare que no
constituye una discrepancia las manifestaciones que yo hice en
el mes de julio, con las que ha hecho el Secretario General de
Salud, sino que tratan de limitar exactamente el alcance del
problema, sin generar falsas expectativas y sin hacer
planteamientos difíciles de resolver. Por tanto, yo también
voy a tratar de limitar tanto el alcance de su pregunta como
las posibilidades que el Gobierno tiene para solucionar un
determinado problema, en este caso el que usted me plantea.

Pero tenemos que partir del análisis de cuál es el problema, y
para eso, seguramente, es bueno recordar que la expedición de
títulos corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia; que
la
ejecución de las convocatorias para la admisión en las
unidades docentes acreditadas corresponde al de Sanidad y
Consumo, y que el establecimiento de los requisitos de
acreditación y la determinación del número de especialistas
son competencias de ambos ministerios.

El título de especialista, por el que S.S. se interesa, que
expide el Ministerio de Educación, es preceptivo para utilizar
de modo expreso esta denominación, según la normativa vigente
y, en concreto, el Real Decreto del año 1984, número 127, de
11 de enero.

Además, hay una normativa comunitaria que, como S.S. conoce,
nos obliga, que es la directiva 93/16 que refunde a su vez
tres dictadas con anterioridad y que establece con claridad
las condiciones a que debe responder la formación que permita
la obtención de un título de médico especialista. Por tanto,
vamos a resolver el problema de los médicos especialistas y
para empezar lo que tenemos que hacer es deslindar cuáles son
los problemas que bajo esa rúbrica se intentan agrupar, porque
son de distinta naturaleza y la situación es diferente en
distintos casos. Le aseguro a S.S. que estamos trabajando en
cumplimiento de la afirmación que hice en el mes de julio.




El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señor Villalón.




El señor VILLALON RICO: Ya me temía yo que usted se iba a
escudar, lógicamente, en las normas administrativas. Pero,
aunque usted se escude en las normas administrativas, si no
hay interés político de resolver los problemas de nuestro
país, en este caso el que hoy es motivo de debate, no hay
solución eficaz.

Mire usted, no han negociado con las partes interesadas y no
han buscado las soluciones que faciliten el que todas las
partes estén satisfechas con la solución. Es más, ustedes han
provocado el enfrentamiento entre distintos sectores, léase
médicos MIR, médicos no titulados. Entran ustedes en
contradicciones, porque ustedes no reconocen, por una parte,
los títulos de especialista y, en cambio, contratan a estos
médicos para que presten
asistencia sanitaria, ya sea en equipos quirúrgicos, ya sea
como médicos adjuntos de centros sanitarios.

Hay que decirle, señora Ministra, que nosotros aquí le
demandamos una solución rápida, eficaz, justa por diferentes
motivos: porque esos médicos a los que antes aludíamos tienen
conocimientos suficientes, es un importantísimo número de
especialistas, alrededor de 20.000, y porque el 1 de enero del
año 1995, fecha en que todos los especialistas de la Comunidad
Europea podrán trabajar en el ámbito de estos países, está a
la vuelta de la esquina y estos médicos lógicamente van a
quedar desamparados. Nosotros aquí le proponemos ayudas. Si a
ustedes no se les ocurren las soluciones eficaces para este
problema, el Grupo Popular desde un punto de vista
desinteresado, le prestará a ustedes las ayudas y todas las
ideas que sean necesarias. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.

La señora Ministra tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, lo que usted llama escudarse en normativa
administrativa a mí me parece que es el respeto a la
legislación vigente, y le aseguro que me voy a mover dentro de
ese marco. Dicho esto, también le digo que le agradezco esas
sugerencias que usted pueda hacerme en relación a este número
de 20.000, sobre el que, para empezar, en el Ministerio no nos
consta que sea ésa la cifra de personas que está en esta
situación.

Los médicos especialistas sin título oficial a que se refiere
su pregunta, son, como le he dicho, un colectivo muy
heterogéneo...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO AFECTAN A LOS
INTERESES ESPAÑOLES, CONCRETAMENTE A LOS TEMAS SOBRE
AGRICULTURA DEFENDIDOS POR SU DEPARTAMENTO, LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN EL CONSEJO CONJUNTO DE MINISTROS COMUNITARIOS DE
ASUNTOS EXTERIORES Y AGRICULTURA, CELEBRADO EN BRUSELAS EL 20
DE SEPTIEMBRE DE 1993? (Número de expediente 180/000074)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Pau i
Pernau.




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El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, el
azar ha querido que hoy coincidan en su tramitación
parlamentaria distintas iniciativas que tratan sobre los
acuerdos agrícolas del Gatt. Durante la mañana el señor
Ministro ha tenido la
oportunidad, en el curso de un debate sobre política general
de su Departamento, de tratar estos temas en la Comisión de
Agricultura y, con posterioridad, se verá en este mismo Pleno
una interpelación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que
trata también sobre el tema que ha originado mi pregunta.

De todas maneras, la intención de la pregunta que formulo no
es tanto reabrir un debate sobre estos acuerdos, porque creo
que éste no es el trámite parlamentario adecuado, sino más
bien conocer las repercusiones concretas que tienen sobre
nuestra agricultura los acuerdos alcanzados en el Consejo
extraordinario de Ministros de Agricultura y Exteriores
celebrado en Bruselas la semana pasada. En este Consejo de
Ministros, también llamado jumbo, se trataba de armonizar o
fijar la posición de los distintos países de la Comunidad
respecto al preacuerdo que sobre temas agrícolas se firmó
entre Estados Unidos y la Comisión de la Comunidad Económica
Europea.

De todos es conocido que los agricultores europeos han sido
críticos con estos preacuerdos, y los distintos países tenían
posiciones diferentes en función también de sus respectivos
intereses. Lógicamente el interés de los agricultores
españoles, y creo que también del Gobierno español, era
establecer algún tipo de modificaciones que permitieran, en
todo caso, mitigar los impactos, que en principo eran
negativos, sobre nuestra
agricultura. En este sentido nos interesaría conocer el
contenido del memorándum que presentó España en este Consejo
de Ministros y la repercusión concreta que los acuerdos del
mismo tendrán sobre la agricultura española.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, como muy bien conoce, el preacuerdo de Blair House
entre la Comisión y el Gobierno de Estados Unidos presenta
mejoras importantes para la Comunidad Europea respecto al
documento Dunkel.

Quizás la más importante se refiere a la reducción de la ayuda
interna a la agricultura y consiste en que en esta ayuda no se
computarán las ayudas introducidas en la reciente reforma de
la PAC. En segundo lugar, por lo que respecta a la reducción
de las exportaciones subvencionadas de productos agrarios,
también hay una disminución, con respecto a la propuesta
Dunkel, del 24 al 21 por ciento. En tercer lugar, se introduce
la denominada cláusula de paz, para evitar que la PAC pueda
continuar siendo cuestionada desde el Gatt y asegura el futuro
de su compatibilidad con el Gatt.

Lo que pasa es que esa seguridad sólo alcanza a un plazo de
seis años. Para los intereses agrarios españoles la postura
que estamos defendiendo y que forma parte del memorándum
español que hicimos circular en el Consejo jumbo, al que usted
ha hecho referencia, y en la Comisión y que parte como premisa
fundamental del mantenimiento de las rentas para los
agricultores y, al mismo tiempo, del mantenimiento de la
preferencia comunitaria, la postura que estamos defendiendo,
repito, es insistir también en que tanto la cláusula de paz
prevista en el preacuerdo de Blair House, así como la cláusula
de salvaguardia que incorpora el documento Dunkel deben
aplicarse permanentemente sin limitaciones en el tiempo.

Por otra parte, para los sectores modificados por la reforma
de la PAC existen ya unas reglas del juego perfectamente
conocidas que prevén el mantenimiento de la preferencia
comunitaria. Para los sectores todavía no reformados, entre
los que se encuentran algunos muy sensibles para España, como
frutas y hortalizas, arroz, vino, azúcar, nuestra postura
exige garantías de que cuando se reformen deberá asegurarse el
mantenimiento de la preferencia comunitaria y las ayudas
necesarias para mantener las rentas de los agricultores con
garantías de disponibilidad financiera.

Desde este punto de vista, las demandas españolas fueron
perfectamente atendidas en el Consejo mixto, jumbo, del día
20, a productos o sectores a los que se dedican párrafos
específicos en los que se recogen las peticiones españolas y
de otros países mediterráneos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON PASCUAL MONZO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE TIPO DE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LOGRAR DE
UNA MANERA EFICAZ LA LIBRE CIRCULACION DE LOS PRODUCTOS
AGRARIOS ESPAÑOLES POR LAS VIAS DE COMUNICACION EUROPEAS?
(Número de expediente 180/000083)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Pascual
Monzo.




El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, qué tipo de medidas va a adoptar el Gobierno
para lograr de una manera eficaz la libre



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circulación de los productos agrarios españoles por las vías
de comunicación europeas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, desde el primer momento, a
partir del mes de abril, cuando se empezaron a notar estos
incidentes, el Gobierno español ha denunciado bilateralmente a
Francia a través de las instituciones comunitarias las
acciones violentas que la llamada Coordinadora Rural estaba
llevando a cabo, para que se tomaran las medidas adecuadas
para su
erradicación. En los Consejos de Ministros de mayo y de junio
de 1993, España denunció de nuevo los hechos que se seguían
produciendo y exigió la adopción de medidas por parte de las
autoridades comunitarias francesas. La Comisión también se lo
hizo saber al Gobierno francés en diversas ocasiones. En el
Consejo de julio, el penúltimo, ante las firmes exigencias de
las autoridades españolas, la delegación francesa en el propio
Consejo hizo pública una declaración condenando enérgicamente
estas acciones, calificándolas como inaceptables y vandálicas
y mostrándose partidaria de la máxima firmeza contra los
autores, cualesquiera que fueran. También se informó de las
medidas que estaba tomando con respecto a la investigación
judicial que se llevaba a cabo con el fin de detectar a los
culpables. Declaró el Gobierno francés, en aquella sesión
también, que haría todo lo necesario para garantizar la libre
circulación de las mercancías por su territorio.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.

No, señor Ministro, eso no es tomar medidas de tipo eficaz,
como yo le he preguntado, porque la semana pasada han vuelto a
repetirse los mismos actos vandálicos. Además, usted se está
contradiciendo a sí mismo. Sin ir más lejos, el pasado día 18
de julio, decía usted al periódico «El País» que el Gobierno
exigirá la libre circulación de nuestros productos en Francia
en el Consejo de Ministros de Agricultura del día 19. Decía
además: En Francia está el origen del problema y es
injustificable. Las reacciones de asumir la responsabilidad
económica de los hechos son las que deben ser, pero eso no es
suficiente. Es lógico lo que ha decidido el Gobierno francés
de pagar los camiones afectados, pero hace falta algo más.

Desde luego que hace falta algo más, señor Ministro. Según las
organizaciones agrarias españolas, el daño causado a los
productos españoles supera los 31.000 millones de pesetas,
porque la importancia del daño no está en que el Gobierno
francés pague las mercancías dañadas, sino en los canales de
comercialización que estamos perdiendo por culpa del
terrorismo comercial. Claro que hace falta algo más, y lo
definía muy bien el Presidente de las cooperativas agrarias
valencianas cuando decía que el Gobierno español, en vez de
defender a nuestros agricultores como algo primordial, se
muestra más preocupado por defender los principios de alta
filosofía
europeísta de Bruselas, sin darse cuenta que los demás miran
más hacia lo suyo. Hace falta, señor Ministro, señorías, un
Presidente del Gobierno que se preocupe más por los españoles
y por el problema de la agricultura española que por el
ideario europeo. Hace falta exigir a Bruselas el cumplimiento
del principio de libertad de tránsito de mercancías, según
reza el acuerdo del mercado único europeo. Desde luego, señor
Ministro, hacen falta menos declaraciones y más hechos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

Señoría, ninguna contradicción. No sé si fue en la primera
ocasión en la que puse de manifiesto que nuestra preocupación
eran precisamente esas pérdidas de mercado. Esa primera
declaración con respecto a la pérdida de mercado la hizo este
Ministro delante precisamente del Presidente de las
cooperativas y seguramente también le llegó a usted. No ha
habido ninguna contradicción. En base a eso, hemos exigido al
Gobierno francés que tome las medidas oportunas, y hay cuatro
alteradores del libre tráfico procesados por las autoridades
francesas. Tengo una carta, de la que puedo darle una copia,
del Ministro francés, del 1 de septiembre, en la que me
garantiza que en ningún caso se volverán a producir esos
incidentes, salvo algún grupo
incontrolado, pero que, en todo caso, los prefectos tienen
orden de actuar con la máxima contundencia. No se han vuelto a
producir incidentes, aunque hace poco cerca de Perpiñán hubo
algún pequeño conato que no ha tenido mayor trascendencia.

Espero que sigamos así, porque ni es bueno para los
agricultores españoles, ni lo es para los franceses que se
perjudique el libre tráfico de
mercancías.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON NEFTALI ISASI GOMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL



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CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO EXIGIR
A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO
EN EL TRATADO DE ROMA CON RELACION A LA PREFERENCIA
COMUNITARIA DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EUROPEOS?
(Número de expediente 180/000084)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Isasi
Gómez.




El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

¿Piensa el Gobierno exigir el cumplimiento de la preferencia
comunitaria de los productos agroalimentarios?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

Señoría, es sobradamente conocido por todos que el
mantenimiento de una política de preferencia comunitaria está
siendo uno de los principales escollos a salvar en el marco de
las negociaciones de la Ronda Uruguay y más concretamente en
el preacuerdo agrícola negociado por la Comisión de forma
bilateral con los Estados Unidos. Así se ha introducido esta
preferencia comunitaria al aceptar el proceso de
arancelización contenido en el proyecto de acta final sobre la
agricultura. Dicho proceso pretende
transformar en aranceles todas las ayudas que hasta ahora se
aplicaban en frontera. Para aceptar este ejercicio de
arancelización la Comunidad Europea exige, además, el
establecimiento de una cláusula de salvaguardia que la proteja
frente a las fluctuaciones excesivas de los precios del
mercado mundial, así como de las posibles variaciones
monetarias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Isasi tiene la palabra.




El señor ISASI GOMEZ: Señor Ministro, en el Tratado de Roma se
contempla el principio de preferencia comunitaria para
intercambio comercial intracomunitario. Sin embargo, durante
los últimos años los países más industrializados y al mismo
tiempo de menor capacidad de producción agroalimentaria de la
Comunidad están actuando como si no formaran parte de un club
al que deben lealtad en su conjunto y a cada uno de sus
miembros, si quieren sentirse con alguna autoridad para exigir
a los demás socios el cumplimiento de las reglas internas que
entre todos nos hemos dado. Estos países, , y ante la más
absoluta pasividad del Gobierno, nos están cambiando las
reglas del juego, por lo menos las reglas del juego para la
política agroalimentaria, que ustedes y su aparato
propagandístico hicieron creer a los agricultores y ganaderos
españoles que habían firmado con motivo de la entrada de
España en el Mercado Común. En concreto, hicieron creer que el
principio de preferencia comunitaria para los productos
agroalimentarios iba a funcionar, aunque
seguramente, respecto a los grandes cultivos continentales,
cereales, etcétera, con rendimientos por hectárea en España
tres veces inferiores a los del resto de la Comunidadd,
tendríamos que ir paulatinamente renunciando a ellos, pero
aquellos productos españoles como las frutas y hortalizas,
leguminosas, aceite de oliva, cítricos, etcétera, en justa
corresponsabilidad, lealtad y solidaridad con un miembro de la
propia Comunidad, abastecerían el mercado comunitario,
fundamentalmente a los países del centro y norte de Europa,
que carecen de la práctica totalidad de los productos
agroalimentarios mediterráneos que nosotros producimos en
inmejorables condiciones de calidad y estacionalidad. Pero
ahora nos encontramos con que nuestros propios socios
conceden, eso sí, medallas a nuestro Presidente de Gobierno,
pero compran los productos agroalimentarios que nosotros
producimos a países de fuera de la Comunidad. Por ello, señor
Ministro, desde el Partido Popular le alentamos a que exija de
los organismos comunitarios el más alto grado de lealtad y
solidaridad,
reclamando el cumplimiento de la preferencia comunitaria y no
permitan que con fondos de la Comunidad se primen en el centro
y norte de Europa las producciones intensivas de frutas y
hortalizas que producimos en España de forma natural y
extensiva. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, desde luego no existe
ninguna manipulación por parte de ningún socio comunitario;
las
decisiones se toman en el Consejo a propuesta de la Comisión,
y le puedo asegurar, por descontado, que no hay ninguna
pasividad, sino todo lo contrario, por parte del Gobierno
español en la defensa de los intereses de nuestros
agricultores. Sólo tendría que comparar algunas cifras, saber
exactamente los recursos comunitarios que este año van a
llegar a la agricultura española, que van a superar los
700.000 millones, y que son una buena muestra de la
solidaridad financiera, como uno de los principios rectores de
la política agrícola comunitaria.

En todo caso, en las negociaciones, y en este momento quizá
sea uno de los puntos en los que más tengamos que poner el
acento --en aquellos sectores no reformados, algunos de los
que ha hecho mención su señoría,



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y en los que debemos, como Comunidad, protegernos frente a los
efectos de la liberalización del comercio mundial--, ya hemos
hecho constar que para aquellos sectores cuyas organizaciones
comunes de mercado no han sido modificadas, el Consejo y la
Comisión se comprometen a aplicar el principio de solidaridad
financiera y también la preferencia comunitaria. Es cierto que
la preferencia comunitaria en el sector de frutas y hortalizas
se aplica con cierta levedad, dado que cuando se establecieron
los calendarios en el momento de la fundación de la Comunidad,
con la puesta en marcha de la PAC, no había ningún problema
específico con productos mediterráneos. En este momento lo que
pretendemos es ampliar los calendarios, tanto en número de
productos como en tiempo, así como los calendarios de retirada
para preservar y garantizar las rentas de nuestros
agricultores. No hay, por otra parte, ningún tipo de
subvenciones especiales para producciones de frutas y
hortalizas en ningún otro país comunitario.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GAYARRE BERMEJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION: ¿COMO TIENE PREVISTO EL SEÑOR MINISTRO REPARTIR
LAS AYUDAS CONCERNIENTES AL TRIGO DURO PARA LA CAMPAÑA
1992-1993? (Número de expediente 180/000085)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Gayarre
Bermejo.




El señor GAYARRE BERMEJO: Gracias, señor Presidente.

¿Cómo tiene previsto el Ministerio de Agricultura repartir las
ayudas concernientes al trigo duro para la campaña 1992-1993?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, en breve plazo, que puede
ser mañana o pasado, en función de su inclusión en el , se
publicará una orden ministerial en la que se propone que los
agricultores puedan elegir con carácter absolutamente
prioritario la mejor de las soluciones a las cuatro campañas
1988-1989, 1991-1992 y, posteriormente, para los nuevos
agricultores, en la campaña 1992-1993 o para los que tienen
incrementos de su mejor opción en la campaña 1992-1993, para
que se repartan la diferencia entre las 550.000 hectáreas y
las adjudicadas que podríamos llamar derechos históricos. Por
tanto, se va a efectuar una asignación inicial provisional de
los derechos, que deberá ser confirmada cuando los
agricultores presenten la justificación correspondiente de la
disponibilidad de las tierras sobre las cuales se genera dicho
derecho; igualmente prevé las situaciones razonables de
transmisión de explotaciones con tierras dedicadas a la
producción de trigo duro durante el período de referencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Gayarre.




El señor GAYARRE BERMEJO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, es curioso que los agricultores en el mes de
mayo, al rellenar el formulario, nos encontramos con que no se
podría elegir campaña. Por otra parte, es de obligado
cumplimiento la normativa comunitaria 364, donde se dice
clarísimamente que hay que tener en cuenta la campaña de
comercialización 1992-1993. Curiosamente la Orden del 11 de
febrero de 1993 de su Ministerio igualmente contempla y recoge
el mandato comunitario. Se anunciaba a bombo y platillo que
esta campaña iba a recibir las ayudas, pero finalmente una
resolución del 7 de abril de la Dirección General del Senpa,
sobre la elección de campaña, no da derecho a suplemento del
pago
compensatorio de trigo duro y deja fuera a todos los
agricultores que de alguna forma tenían la campaña 1992-1993.

Tal es así, que ni siquiera aparece en el formulario la
solicitud. Por tanto, la Dirección General del Senpa ha
aplicado incorrectamente la normativa comunitaria, que
expresamente impide a los productores de trigo duro la
posibilidad de elegir la campaña 1992-1993. En resumen, señor
Ministro, debe dictar la orden que proceda, con el fin de que
todos los productores de trigo duro puedan
solicitar la ayuda que da la norma de la CEE. Le indico que
proceder a la exclusión de los productores de la última
campaña supondría poner en práctica fórmulas de exclusión que
atentarían contra el principio de equidad e igualdad que
predica la
normativa. Además, le sugiero que a la hora de conceder ayudas
su Ministerio debe buscar fórmulas de aplicación horizontal,
es decir, que lleguen a todos los agricultores, y no la
fórmula que se ha hecho tradicional dentro de la agricultura,
todo aquel agricultor que tiene información privilegiada
adquiere un cupo y, más tarde, tiene derecho a una subvención.

Desde este escaño reivindico el derecho de todos los
productores, de todos los agricultores españoles a la
producción de la campaña de trigo duro 1992-1993.

Concretamente, mi comunidad, Navarra, entró un año más tarde.

Luego cantidad de productores de trigo duro se deben
perjudicar. Yo le ruego a ese Ministerio que pida aumento de
las...




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, creo que la segunda parte
de su intervención ha sido contestada en mi primera respuesta.

Ya le he dicho que en la orden ministerial que se publicará
esta misma semana se prevé la posibilidad de que los
agricultores
tradicionales o nuevos puedan elegir la campaña 1992-1993
cuando tengan incrementos importantes para adjudicar la
diferencia. De todos modos creo que sobre la política que ha
seguido el Gobierno en relación con el trigo duro es difícil
poner
demasiadas objeciones. Creo que S.S. conoce perfectamente que
en la campaña 88-89 se sembraron en España 75.000 hectáreas,
en la siguiente 114.000, en la siguiente 177.000 y en este
momento, en la campaña 91-92 se han sembrado 424.000. España
ha conseguido que hasta 550.000 hectáreas, superficie jamás
sembrada en España, sean elegibles. Eso significa que unos
40.000 agricultores van a percibir 54.000 pesetas por
hectárea, lo cual va a suponer una aportación para ese sector,
que era diminuto desde el punto de vista del volumen de
producción en 1988, por un importe global de 30.000 millones
de subvención para todo el sector, cosa que creo que ni S.S.

ni yo mismo podíamos imaginar en 1988.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUE EXPLICACIONES PUEDE DAR
EL MINISTRO DE DEFENSA CON RESPECTO A LA OCUPACION POR EL
SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DE UNA
HABITACION EN UNA RESIDENCIA MILITAR? (Número de expediente
180/000082)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Fernández
de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.

¿Qué explicación puede dar el Ministro de Defensa con respecto
a la ocupación por el Subsecretario de Educación y anterior
Director General del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas de una habitación de una residencia militar en Madrid?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor
Presidente.

La explicación es bien sencilla, y es que para trasladarse de
un lugar a otro hay que darle a la gente un cierto tiempo para
que recoja sus cosas, se mueva, encuentre otro alojamiento, y
parece que, además, eso se tiene que hacer en los términos de
cierta cortesía, y el actual señor Subsecretario de Educación
ha tenido un margen de quince días, que a mí me parece
bastante razonable y que la buena educación de S.S. seguro que
comparte también. Es un tiempo prudente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.

Gracias, señor Ministro. Por supuesto que la cortesía y la
educación permiten no cinco días, sino el tiempo que le
hiciera falta. Lo que pasa es que es realmente lamentable que
haya ocupado una residencia militar una persona a la que no le
corresponde por ser civil, cuando hay cantidad de militares
que, en tránsito por Madrid o que vienen aquí a realizar
cualquier tipo de cursos, no pueden alojarse en unas viviendas
o en una habitación de una residencia, que cuesta del orden de
las cuatro o seis mil pesetas diarias, con pensión completa o
media pensión. De manera que el tema no tiene una mayor
importancia si este señor no hubiera sido Director General del
Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, que se ha
encargado de
desalojar, de desocupar, hacer dejar vacías cantidad de
viviendas a cantidad de militares por un Real Decreto que,
tenga o no tenga la aprobación de todas las Cortes, se está
poniendo en
funcionamiento, y él ha sido una de las partes que ha tenido
que ponerlo en marcha. Desde luego, creemos que ha sido un
abuso, mayor o menor, pero similar al que se ha producido por
otros altos cargos de la Administración socialista ocupando
faros en la costa española para veranear durante mucho tiempo.

Me imagino, señor Ministro de Defensa, que no volverán a
producirse hechos de esta naturaleza y lo que sí esperamos es
que al señor
Subsecretario de Educación, con toda la elegancia y con todo
el respeto que nos merece, no se le ocurra ocupar una
residencia de estudiantes en el futuro.

Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.




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El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor
Presidente.

Esa historia de los faros que usted me relata yo, desde luego,
no la he oído más que como fruto de la imaginación de algunos,
sobre todo cuando usted dice que . En todo caso, usted conoce
perfectamente cuáles son las normas de la residencia. La
Residencia Alcázar tiene a lo largo del año plazas vacías y,
por tanto, el Ministerio, para rentabilizar --y eso le
parecerá bien, supongo ¿no?-- una instalación, que, además,
tiene autonomía financiera y debe equilibrar sus ingresos y
sus gastos, autoriza a los altos cargos del Ministerio, como
hacen las residencias de este mismo tipo en otros países, a
que ocupen esas habitaciones que normalmente están vacías.

Estas normas su señoría no las ha puesto en cuestión en ningún
momento y si de lo que quiere hablar es de la política del
Invifas, haga la pregunta correspondiente en la Comisión.

Desde luego sí que rechazo lo que ha dicho de que esta persona
ha seguido una política, según sus expresiones, casi
desalmada, de extrema crueldad de echar a militares de sus
viviendas, cuando usted sabe que eso no es verdad, porque han
sido militares que no lo eran ya o son militares que han
pasado voluntariamente a otra condición profesional.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LAS
IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN LA
GESTION DE LOS CREDITOS FAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1987-1990, UNA VEZ HA TENIDO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL
INFORME DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE EL
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD)? (Número de expediente
180/000078)



El señor PRESIDENTE: Pregunta (nueva) del señor Hernando
Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante
las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en
la gestión de los créditos FAD en el período comprendido entre
el año 1987-1990, una vez ha tenido conocimiento del contenido
del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el
Fondo de Ayuda al Desarrollo?



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete):
En la pregunta hay una inexactitud y es que el Gobierno sigue
sin tener conocimiento del contenido del informe. Por lo
tanto, no conoce el citado informe.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Hernando tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

El señor Ministro vuelve a las mismas de hace una semana, lo
cual demuetra no ya indolencia sino negligencia y mala fe.

(Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Venga,
hombre!--
Rumores.)
Debe de ser el Gobierno uno de los pocos organismos que
todavía no tiene conocimiento, o dice no tener conocimiento,
sobre un informe en el que se detectan graves irregularidades
sobre 266.000 millones de pesetas concedidos en créditos
durante este tiempo; 266.000 millones, sobre los cuales sí ha
tenido
conocimiento el Gobierno, porque son irregularidades
denunciadas por este Grupo, tanto en el Congreso como en el
Senado, en otro tiempo, en la anterior legislatura;
irregularidades sobre las cuales tiene conocimiento el propio
Ministerio porque ha tenido que informar sobre el anteproyecto
de informe presentado por el Tribunal de Cuentas para sus
alegaciones; informe en el cual, como decía la semana pasada,
se establecen numerosas
irregularidades, que en algunos casos demuestran que ha habido
y han existido en este tema graves casos de tráfico de
influencias, cuasando graves perjuicios a empresas españolas.

(Rumores.) Yo sólo le digo, señor Ministro, que lamento que
vuelva usted a contestar lo mismo. Usted no puede decir que no
tiene
conocimiento.

Fue informado en su momento, fue informado por mí también hace
una semana y fue informado su Ministerio, como decía antes, en
su momento por el propio Tribunal de Cuentas. Una vez más lo
único que se demuestra en este tema, en el tema de los
créditos FAD, es un absoluto oscurantismo, un grave caso de
falta de trasparencia en su gestión e indudablemente la falta
de voluntad de tomar medidas para mejorar el servicio a los
ciudadanos a la hora de acceder a estos fondos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete):
El señor Diputado no piense



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que va a tener más razón porque repita las cosas más veces ni
porque diga más palabras gruesas. Tendrá la misma razón, y no
entiendo tampoco su extraordinaria prisa en algo sobre lo que
yo la semana ya le dije que estaba a disposición de informar
en esta Cámara las veces que hiciese falta, una vez que
tuviésemos conocimiento y obrara en nuestro poder el citado
informe. El Gobierno solicitó el informe a la Mesa de esta
Cámara y el día 28, ayer, la Mesa de esta Cámara contestó al
Ministerio de la Presidencia con un acuerdo, en el cual
comunica al Gobierno que, conforme a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, éste tiene el deber de darle traslado
del informe al que se refiere el presente escrito, sin
perjuicio de su tramitación parlamentaria. Quiero decir que no
hemos recibido el informe todavía, lo hemos solicitado al
Tribunal de Cuentas y, por tanto, en cuanto lo recibamos de
dicho Tribunal --en el día de hoy el Ministro de la
Presidencia se ha dirigido al Tribunal de Cuentas solicitando
el informe--, responderemos de la manera adecuada.

Insisto en que no entiendo la reiteración de la pregunta
cuando probablemente usted conoce que seguimos sin tener el
informe. Usted no me lo dio la semana pasada, sino que se
limitó a decirme que lo tenía subrayado y no podía
entregármelo y, por tanto, esas grandes palabras de
indolencia, negligencia, tráfico de
influencias, oscurantismo, falta de voluntad política,
etcétera, están fuera de lugar y que por el hecho de que usted
diga palabras gruesas no va a tener más razón de la que pueda
tener esta semana o la que viene.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON DIEGO LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA PONER FIN INMEDIATAMENTE A SUS
INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA PRESTACION DE
LA ASISTENCIA LETRADA DE OFICIO? (Número de expediente
180/000075)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor López
Garrido, quien tiene la palabra.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, como usted sabe, en las últimas semanas ha
habido protestas de abogados del llamado turno de oficio por
el mal funcionamiento de ese importantísimo servicio, que es
la clave en la que se asienta la justicia gratuita garantizada
en nuestra Constitución.

Hay múltiples problemas en ese turno de oficio y por tanto en
la justicia gratuita, a la que se acoge una enorme mayoría de
ciudadanas y ciudadanos en la vía penal y un gran número en la
vía civil: retribuciones inadecuadas, retrasos en los pagos,
arbitrariedades en la designación de abogados del turno de
oficio, la existencia de turnos especiales desconocidos,
etcétera. En definitiva, falta de transparencia que redunda en
falta de calidad y en la degradación de un servicio
fundamental para la defensa de la tutela judicial.

Por eso, nuestro Grupo formula al Gobierno la pregunta
siguiente: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para poner
fin
inmediatamente a sus incumplimientos de la normativa
reguladora de la prestación de la asistencia letrada de
oficio?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señor Diputado, a tenor de la formulación inicial
de la pregunta, parecía que aludía simplemente al no
cumplimiento de los
compromisos derivados del Real Decreto de 1986, de tipo
financiero. La exposición que usted ha realizado esta tarde
parece que amplía el tema a la justicia gratuita en general.




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.

Si se dirigen a la Presidencia, es la mejor manera de que sus
interlocutores les oigan.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.

Respecto a la primera parte, habría que aclarar que no hay
tales incumplimientos en este momento. Es cierto que ha habido
retrasos, pero hoy no hay incumplimientos. En concreto, el
Real Decreto, de 1986, que regula la materia, prevé que el
Ministerio de Justicia, a través del Consejo General de la
Abogacía y dentro del marco que fijan las consignaciones
presupuestarias,
subvencionará ese servicio y se prevé que se liquidarán
semestralmente después de que se justifiquen las cuentas por
el Consejo General de la Abogacía.

A fecha de hoy, el año 1992 está plenamente satisfecho y,
desgraciadamente, se ha superado la asignación presupuestaria
inicial. Por lo que respecta al presupuesto del año 1993, se
ha satisfecho, a fecha de 9 de septiembre --es verdad que con
cierto retraso--, el pago correspondiente a la mitad de la
total asignación presupuestaria. Sólo falta el segundo
semestre, que lógicamente no podrá realizarse hasta el final
de año.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor López Garrido tiene la palabra.




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El señor LOPEZ GARRIDO: El señor Ministro dice que no hay
retrasos pero nuestras noticias son que hay retrasos
importantes en el pago a los abogados. Es cierto que
probablemente la causa está en la maraña burocrática que viene
desde el Ministerio de Economía y Hacienda, pasa por Justicia,
por el Consejo General de Poder Judicial, por el Colegio de
Abogados y hasta que llega al abogado tarda mucho. Desde
luego, habría que acortar esa maraña burocrática y hay
soluciones para esto. El Ministerio puede poner en práctica
soluciones a corto plazo y también subir las
retribuciones que son absolutamente inadecuadas --como estamos
en época presupuestaria, se lo sugerimos--, potenciando
servicios de orientación y no sólo servicios procesales.

El Ministerio tiene que ocuparse del asunto como responsable
económico y como responsable de la ejecución del servicio,
porque, en definitiva, es el Estado el que paga esos
servicios, aunque entendemos que, a largo plazo, habría que ir
a una ley de la justicia gratuita que supere el desorden
legislativo que existe en este momento, que configure un
sistema, un modelo de justicia gratuita adecuado a los tiempos
modernos --el existente es antiquísimo--, que garantice la
transparencia en la asignación de abogados y, en definitiva,
la defensa efectiva de ciudadanas y ciudadanos españoles que
acuden a la justicia gratuita.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Ciertamente, he
reconocido retrasos. Digo que ya están pagados, a fecha 6 de
septiembre.

Respecto al fondo del tema, este Ministerio comparte gran
parte del planteamiento de su pregunta. Es preciso hacer
cambios en materia de justicia gratuita. Y hacerlos en tres
planos
distintos. En primer lugar, cambios que afecten al control, no
sólo de la financiación sino de la gestión. En segundo lugar,
cambios que garanticen el control del acceso a la justicia
gratuita, para asegurar que solamente se beneficien del
servicio quien realmente lo necesita. Finalmente, un tercer
cambio, al que ha aludido S.S. en la pregunta, que para el
Ministerio es fundamental: hay que mejorar la calidad del
servicio público de asistencia al detenido y del turno de
oficio. Para ello, es necesario introducir mecanismos duros de
selección y formación continuada de los abogados de oficio.

Eso debe hacerse en el marco de colaboración con el Consejo
General de la Abogacía, y ya hemos empezado a trabajar en esa
línea.

Por todo ello, espero que dentro de poco tiempo se pueda
lograr, efectivamente, una solución satisfactoria para los
abogados, pero, sobre todo, para el derecho de defensa.




El señor PRESIDENTE; Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CONOCE EL GOBIERNO SI LA ADMINISTRACION VASCA TIENE ACCESO AL
SISTEMA INFORMATICO DE LAS AUDIENCIAS Y JUZGADOS DE LA
COMUNIDAD VASCA? (Número de expediente 180/000079)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Azpiroz
Villar, que tiene la palabra.




El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes. Gracias, señor Ministro, por su comparecencia
en esta Cámara.

Nuestra pregunta es si conoce el Gobierno si la Administración
vasca tiene acceso al sistema informático de las audiencias y
juzgados de la Comunidad Autónoma vasca.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor
Presidente.

Efectivamente, el Gobierno conoce que en julio de 1992, a
instancia del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, se
creó una comisión mixta integrada por siete magistrados
designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco y dos representantes del propio
Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Su finalidad era,
precisamente, el seguimiento del plan informático.

Su señoría conoce también que la tecnología actual posibilita
establecer medidas que garanticen la seguridad y la privacidad
de esa información. Efectivamente, el Gobierno conoce que esas
medidas se han adoptado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Azpiroz.




El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, quiero decirle que usted ha puesto el dedo en
la llaga cuando apunta a las medidas de seguridad que
preserven la privacidad. Pero hay una preocupación que quiero
exponerle aquí con ánimo de oposición constructiva y para que
pueda, como máximo responsable de la Justicia y como perfecto
conocedor de la justicia vasca, preservar algo tan importante



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como es para todos el derecho a la independencia del Poder
Judicial y el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

No presumo ninguna mala fe en esta cuestión, pero he de
remitirme a los hechos. He de remitirme a reuniones numerosas
de jueces y secretarios, a reuniones también de letrados, que
se encuentran preocupados por el mal uso que se puede hacer de
este acceso a la información.

Sabíamos perfectamente la evolución en la instalación de los
sistemas informáticos, pero nos parece que debe deslindarse
con claridad y le alentamos a ello. Estamos dispuestos a
cooperar con usted. Le requerimos para que esos sistemas de
seguridad que garanticen la privacidad se den, puesto que nos
parece que no puede haber una Justicia vigilada, un Poder
Judicial que no sea independiente. Creemos que hay que
preservar el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

Por tanto, le agradecería que nos concretara en qué consisten
estas medidas o qué piensa hacer en el futuro al respecto. Le
animamos a que lo haga ya que, además, eso contribuye a
aquietar los ánimos de quien se encuentra tan preocupado en el
mundo de la judicatura, en el mundo de su Departamento, en el
mundo de la Justicia y en el mundo de los ciudadanos de la
tierra vasca. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.

Este Ministerio agradece el sentido de su pregunta y su
explicación, que no pretende otra cosa que tranquilizar a
profesionales de la Justicia que han podido tener esa
inquietud. Para tranquilizarles, les diré que el decano de los
jueces de Bilbao ha manifestado que la instauración de ese
sistema
garantiza la credibilidad, la seguridad y la privacidad --son
informes escritos del decano de Bilbao-- mejor que el sistema
tradicional de acumulación material de expedientes. Los tres
decanos de las tres capitales, más los tres presidentes de las
audiencias provinciales del País Vasco, han informado que les
consta que no ha existido supuesto alguno de utilización
ilegítima de los datos contenidos en el plan informático.

Ningún supuesto. Y, finalmente, lo que es definitivo en mi
opinión, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
del Gobierno vasco que, como sabe S.S., es el máximo
representante del Poder Judicial dentro del territorio,
sostiene que en modo alguno existe riesgo de que surja el
problema que usted plantea; que, por el contrario, el sistema
garantiza el control exclusivo por parte del Poder Judicial y
que esté exclusivamente al servicio de la Administración de
Justicia. Por lo tanto, los jueces del País Vasco y el
Ministro de Justicia con ellos, estamos tranquilos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO DE MODO INMEDIATO EN
RELACION CON EL MERCADO DE TRABAJO PARA DETENER EL PROCESO DE
DESTRUCCION DE EMPLEO Y ACTIVAR LA CREACION DEL MISMO (Número
de expediente 172/000007)



El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día:
interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular,
sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato
en relación con el mercado de trabajo para detener el proceso
de destrucción de empleo y activar la creación del mismo.

Para desarrollar la interpelación, en nombre del Grupo
Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

No es esta la primera vez que el Grupo Parlamentario Popular
plantea en esta Cámara interpelaciones en torno a este
problema. Es la primera vez en esta legislatura --como no
podía ser menos--, pero tal y como se están desarrollando las
cosas volveremos a plantearlo en otros momentos.

En primer lugar, lo que hay que hacer en este momento es
analizar la radiografía, la foto fija, de cuál es la situación
actual del empleo. Si analizamos los datos de la EPA --
encuesta de población activa-- del segundo trimestre de 1993,
vemos cómo la situación del empleo continúa caracterizándose
por seguir aumentando nuestra divergencia con Europa. Se
consolida una tasa de paro, en este momento del 22,25 por
ciento --más del doble que la media comunitaria-- y una tasa
de actividad del 48,2 y de ocupación del 37,9, que continúa
aumentando más esta divergencia.

En estos momentos, en España, de cada 100 españoles en edad de
trabajar solamente lo hacen el 37,9: En el año 1982, lo hacía
el 40,4. A su vez, el número de parados y las tasas más
elevadas se producen de nuevo en estos doce últimos meses.

Sigue siendo éste el dato más preocupante, que está llevando
consigo no sólo unas pérdidas en la producción, sino un nivel
de vida inferior y que está afectando, cada vez más, a adultos
con responsabilidades familiares y menores niveles de
formación, creando lo que en Europa se llama una sociedad
dual, es decir, que el número de parados cada vez es mayor y
afecta a personas mayores de 48 años



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que están viviendo del subsidio sin esperanza de encontrar ese
puesto de trabajo.

La tasa de paro ha pasado del 21,74 por ciento, del anterior
trimestre del año, al 22, 25, lo que bate un nuevo récord en
la encuesta de población activa en lo que se refiere a las
tasas de paro. El paro ha crecido, en los últimos doce meses,
más de un 25,4 por ciento, especialmente en los varones --un
37 por ciento-- y más en los comprendidos entre los 25 y los
54 años. Asimismo el número de parados ha ascendido, en los
últimos doce meses, en un número total de 710.850 personas,
siendo la industria el sector más afectado, seguido por el de
la construcción, con un 40 por ciento, y el sector de
servicios, con un 30 por ciento. En relación con el empleo
continúa bajando la tasa de ocupación. En estos momentos, como
decíamos antes, estamos en el 37,9 por ciento, habiéndose
destruido en los últimos doce meses 590.130 puestos de
trabajo, la mayoría de ellos en el sector industrial -
-302.000-- y en el sector de servicios --125.000--. La mayor
destrucción de empleo afecta a los contratos indefinidos que
si bien, a lo largo de los doce años, ha sido de 304.200, en
el último trimestre se produce de nuevo un aumento de éstos de
21.180, creciendo levemente el número de contratos temporales.

En cuanto a los contratos temporales, están en torno al 32 por
ciento y se va acrecentando cada vez más la dualidad del
mercado de trabajo entre contratos indefinidos y contratos
temporales, lo cual nos lleva al déficit en las prestaciones
por desempleo, a la falta de competitividad de nuestras
empresas y a una serie de medidas que me gustaría que hoy se
pudieran estudiar aquí. Este análisis que hemos realizado
hasta ahora se refiere al paro coyuntural, pero creo que uno
de los graves problemas que tiene nuestro mercado de trabajo
es que este paro coyuntural se puede acabar conviertiendo --
como de hecho está sucediendo-- en un paro estructural. Si
analizamos los datos de la última década veremos cómo la tasa
de paro pasó del 16 por ciento en el año 1982, al 21,6, en
1985. Empieza la recuperación económica en 1990, pero se
mantienen las tasas de paro en el 16,3 para volver al 22,2 por
ciento en que nos encontramos en este momento, segundo
trimestre de 1993.

No es solamente eso, sino que la tasa de actividad y la de
ocupación siguen siendo las más bajas de la Comunidad
Económica Europea. En la tasa de actividad, la diferencia es
de 10 puntos y en la tasa de ocupación, de 11 puntos
aproximadamente. Es decir, que se acaba convirtiendo no en un
paro consecuencia de una situación económica determinada, sino
en un paro que ya forma parte de las propias estructuras
sociales de nuestro país. Yo creo que aquí había que formular
las dos preguntas que se hacía el propio Ministro de Trabajo
en el día de ayer, en la sesión de la Comisión de Política
Social y Empleo: ¿Qué pasa con el empleo en España? ¿Por qué
mantenemos unas tasas tan altas de paro? Desde nuestro punto
de vista, esto es consecuencia del tipo de empleo que tenemos
en nuestro país, enmarcado en una política económica
determinada. En última instancia, en lo que se refiere al
Ministerio de Trabajo, creo que el tipo de empleo que se ha
ido creando a lo largo de estos diez años, la segmentación del
mercado de trabajo y las enormes rigideces internas de este
propio mercado, impiden que, incluso en épocas de crecimiento
económico, España sea capaz de superar la tasa de paro del 16
por ciento.

Espero que hoy el señor Ministro amplíe un poco más la
respuesta a esas mismas preguntas. Ya es una llamada de
atención que el señor Ministro haga las preguntas y no las
conteste. Pero hay muchas formas de contestar a estas
preguntas. Hay algunos que argumentan que la responsabilidad
de esta situación la tiene la propia sociedad. El fracaso en
la creación del empleo es el fracaso de toda una sociedad que
no ha sabido hacer frente a este problema. Si analizamos los
diferentes medios de comunicación, los distintos «Diarios de
Sesiones» de esta Cámara, encontraremos que el señor González
es el mayor artífice de esta tesis, jamás acepta la
responsabilidad que al Gobierno le corresponde en esta
situación que estamos discutiendo en este momento; la culpa la
tiene siempre la propia sociedad. Nosotros creemos que la
mayor cuota-parte de responsabilidad en estas cuestiones la
tiene el
Gobierno, porque es quien lleva a cabo una política
determinada que da como resultado las cifras que estamos
analizando en este momento. Es el fracaso de esa política
llevada a cabo por el Gobierno durante estos diez años, y que
se mantiene contumaz en ese error, la que conduce a estas
cifras que analizamos. Es fácil, como hace el señor González,
ampararse en la situación de crisis internacional para
justificar los errores propios y la inanición, la falta de
medidas ante situaciones tan graves como ésta en la que nos
encontramos en este momento.

Si durante esta última legislatura en la que ya empezó a
crecer el paro, en la que no se tomaron medidas, en la que el
Gobierno socialista que tenía una mayoría parlamentaria que le
sostenía fue incapaz de llevar a cabo estas medidas, ¿por qué
ahora, en una situación de minoría, va a ser capaz de hacerlo?
Si analizamos lo que han hecho hasta ahora desde que son
ustedes Gobierno, y han pasado unos pocos meses, la conclusión
es bastante negativa. Si tenemos en cuenta lo que supone que
van a ser los Presupuestos Generales del Estado para 1994 --al
final de esta semana los tendrá que presentar el propio
Ministro de Economía-- y estudiamos lo que hasta ahora se ha
comunicado a los medios de comunicación, el resultado es que
vamos a volver a perder esta oportunidad. Desde luego, si
oímos al Vicepresidente del Gobierno, señor



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Serra, responsable de la política económica del Gobierno, la
respuesta es un no rotundo, porque el señor Serra se ha
limitado al silencio más absoluto.

Es llamativo que el propio señor Ministro de Trabajo se haga
esas preguntas. Yo le invitaría a que utilizara el material
que ha surgido, no solamente de su propio Ministerio, sino del
resto de los ministerios que han compuesto los diferentes
gobiernos del señor González. Yo le sugiero que se dirija a
sus colaboradores más inmediatos y les pida los informes de
sus ministerios, y me quiero referir a tres muy concretos. Ya
en el año 1986, el Ministerio de Trabajo realizó un informe
sobre las condiciones de trabajo en España que apuntaba los
problemas que se nos venían encima. En el año 1988, a
instancias de esta Cámara, se realiza un informe sobre el
paro, «El Paro, magnitudes y soluciones», que dirigió el
profesor Lluch, en el que se analizaban estas realidades y se
aportaban una serie de soluciones muy concretas y muy justas
desde mi punto de vista, que, si se hubieran puesto en marcha
en aquel momento, ahora no nos encontraríamos ante estas
enormes dificultades. Estaríamos en una crisis económica pero
con una situación totalmente diferente a la que tenemos en
este momento.

Más tarde, aparece el llamado informe Segura, sobre
contratación temporal, que dirigió su propio Ministerio y que
colaboró de una forma bastante adecuada a esclarecer el
problema que nos ocupa hoy.

Mi pregunta es: ¿para qué han servido estos estudios? Si
analizamos lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio de
Trabajo en la última legislatura, la conclusión es un no
rotundo; no han servido absolutamente para nada. Simplemente
ha sido un
ejerjcicio académico, eso sí, a costa del bolsillo de todos
los españoles.

Además, en los últimos años el Gobierno remite a esta Cámara
una serie de medidas. Yo quiero recordar aquí el plan de
convergencia, el pacto social de progreso, el pacto para la
competitividad... Incluso en la comparecencia del antiguo
Ministro de Economía, señor Solchaga, en el debate de
totalidad de los Presupuestos para 1993, ante una situación de
crisis y unos presupuestos que no respondían a esa situación
de crisis, se sacó de la manga una reforma inmediata del INEM.

Era el tema prioritario del Gobierno intentando ocultar otros
problemas mayores. La realidad es que aquello se convirtió
simplemente en eso, en una cortina de humo como todas las que
han ido pasando a lo largo de esta última legislatura por esta
Cámara.

El plan de convergencia contenía medidas muy concretas en el
marco del mercado de trabajo, en las reformas profundas y
estructurales del mercado de trabajo que, según el propio
Gobierno y el plan de convergencia, serían fundamentales y
necesarias para conseguir la necesaria competitividad de
nuestras empresas que hicieran posible la creación del empleo.

Y mi pregunta es: ¿qué pasó con aquellas medidas? ¿Qué pasó
con el plan de convergencia? Un año después --ayer por la
mañana lo volvimos a repetir-- nos vemos obligados a hablar
exactamente de lo mismo, de las mismas medidas, de las mismas
necesidades urgentes de reforma, eso sí, con una situación
económica y social bastante más compleja y bastante más
difícil de la que teníamos el año pasado.

Ya en las previsiones presupuestarias del año 1994 el señor
Solbes anuncia que en el año 1994 se destruirán 150.000
puestos de trabajo y atisban, para finales de 1995, una ligera
recuperación del empleo. Pero, ¿qué credibilidad tienen estas
cifras? No hay más que analizar qué ha ocurrido con los
diferentes presupuestos que han ido pasando por esta Cámara.

Si estudiamos los últimos que presentó el ex Ministro, señor
Solchaga, nos encontramos con que anunció que para la anterior
legislatura, 1989-1993, se iban a crear 1.200.000 puestos de
trabajo netos, y solamente analizando las cifras de diciembre
de 1992 sobre diciembre de 1993, nos encontramos con que se
destruyeron 243.200 puestos de trabajo, en vez de crear los
300.000 anuales que significaban las previsiones del señor
Solchaga.




El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, le ruego concluya.




La señora VILLALOBOS TALERO: Voy concluyendo, señor
Presidente. Además, en los últimos doce meses este problema se
agrava, llegando a la cifra de 590.130 puestos de trabajo. Y
para hacer frente a esta situación el señor Ministro de
Trabajo, en el día de ayer nos presenta lo que van a ser las
líneas generales de su Ministerio, y las basa en dos temas
fundamentales: en una reforma global del mercado de trabajo,
desarrollando exactamente los mismos puntos que aparecían ya
reflejados en ese plan de convergencia del que hablábamos
antes. Yo pienso que, a lo mejor, con un poquito de suerte,
para finales de 1994 habrá salido de esta Cámara y estarán en
el «Boletín Oficial del Estado» esas reformas legales, es
decir, ese nuevo Estatuto de los Trabajadores imprescindible
para reflejar esas reformas estructurales en el mercado de
trabajo. Tengo que decirle algo con muchísimo afecto, señor
Griñán, y es que en el día de ayer a mí me alegró muchísimo
oírle utilizar una serie de contenidos que a mí me sonaban,
como mociones, proposiciones de ley, proposiciones no de ley,
que este Grupo había traído a esta Cámara y que habían sido
rechazados por el Grupo de la mayoría; me alegró muchísimo,
repito, que hoy estén en el planteamiento de su señoría.

También me alegró profundamente que usted utilizara un
lenguaje, una terminología, que hasta ahora utilizaban en esta
Cámara poquísimas personas. Cuando yo hablaba de la
estabilidad del mercado de trabajo se asustaba el Grupo de la
mayoría diciendo que yo estaba pidiendo el despido libre, y
usted empezó hablar en los términos que



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en hoy se hace en Europa sobre la reforma y de las necesidades
del mercado de trabajo. Quiero mostrar sinceramente mi apoyo y
mi alegría porque se haya producido esa transformación en su
propio Ministerio hacia posiciones bastante más sensatas que
las que mantenía hasta ese momento. Usted lo basa en una
contestación del gasto del
desempleo, olvidando que el gasto del desempleo es
consecuencia de su política económica y de su política en las
relaciones de trabajo. Por favor, señor Griñán, no vuelva
usted a buscar culpables externos; la culpabilidad está dentro
de las propias consecuencias de una política económica. No le
eche usted la culpa a los demás, asuma usted su propia
responsabilidad. Está usted empezando a hacerlo y yo creo que
es el momento de que lo haga. Esa política del desempleo es la
que puede poner en peligro nuestro sistema de protección
social. El excesivo despilfarro en la protección por desempleo
es el que conduce a ese peligro en esa protección social en
nuestro país. Por cierto, que su todavía compañero y antiguo
Ministro de Trabajo, señor Martínez, cuando yo hablaba del
peligro en la protección social española me llamaba
catastrofista. Ya veo que usted, no. Por lo visto, esa
catástrofe se ha iniciado con el anuncio de los incrementos de
pensiones para este año, que con enorme clarividencia presentó
el Ministro. Da la casualidad de que este recorte (por
llamarlo de alguna forma) de pensiones, que supone la cifra de
8.000 pesetas por pensionista (y no son cifras mías, sino de
los sindicatos), coincide con la cifra con la que el señor
González acusaba al señor Aznar que era lo que iba a hacer
precisamente el Partido Popular. Y todo este modelo...




El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, la ruego concluya.




La señora VILLALOBOS TALERO: Termino rápidamente, señor
Presidente. Y todo este modelo de reformas usted lo basa en el
diálogo social, así nos lo anunciaba también ayer. Desde el
año 1986, ustedes han fracasado en el diálogo social. Los
incumplimientos en el Acuerdo Económico y Social llevó a la
desconfianza de los agentes sociales hacia el Gobierno, y
parece, por las últimas noticias que aparecen en los medios de
comunicación, que este intento de diálogo social sigue
exactamente el mismo camino. Pienso que tal vez este nuevo
fracaso se deba fundamentalmente a la falta de práctica que
tiene el Gobierno socialista de trabajar en el consenso. Yo
creo que diez años de prepotencia preparan muy mal para la
nueva situación al Gobierno actual. Si definitivamente fracasa
este diálogo social, como parece y anuncian ya los agentes
sociales que va a fracasar, ¿qué va a hacer usted; va a
retrasar de nuevo esas medidas que anunció ayer? ¿Va
simplemente a traer a esta Cámara parcheos de contención de
déficit de determinadas partidas presupuestarias, o va a
enfrentarse con esa reforma estructural de nuestro mercado de
trabajo? Yo creo, y termino, señor
Ministro, que si usted llega hoy a ese compromiso con los
representantes del pueblo, aquí, en la Cámara de los
Diputados, podrá conseguir lo que está perdiendo en la calle.

Si usted consigue ese respaldo en esta Cámara, podrá romper la
dinámica de desconfianza y de falta de credibilidad que hasta
ahora, desde que ustedes tomaron posesión de sus ministerios,
es la medida normal y actual con la que debemos analizar los
resultados y la credibilidad de este Gobierno. Creo que es la
ocasión, señor Ministro, de que rompa usted esa falta de
confianza y de
credibilidad, marcando calendarios exactos de realización de
estas medidas, de forma que todos quedemos profundamente
tranquilos de que es la última vez que este problema se
presenta en esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos. Antes de dar
la palabra al señor Ministro para contestar la interpelación,
ruego a los señores y señoras Diputados que puedan intervenir
en las interpelaciones que se ajusten a los tiempos
reglamentarios previstos. Se incluyen en el orden del día tres
interpelaciones. Les ruego que sean solidarios con los
restantes compañeros, porque si todo el mundo desborda su
turno en la forma en que acabamos de ver, es imposible incluir
en el orden del día tres interpelaciones. Para contestar a la
interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Trabajo.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente. No por su tranquilidad,
señora Villalobos, sino por contestar a la pregunta que usted
formula --que, además, la formula de una manera muy concreta--
, me dispongo a contestársela de forma tan concreta como usted
ha hecho. Si me va a permitir algunas observaciones previas,
también muy breves. La primera es que el Gobierno socialista
ha asumido históricamente sus responsabilidades, y por eso
viene siendo Gobierno desde hace once años, y que este
Gobierno se ha
constituido hace solamente 77 días como consecuencia de un
nuevo proceso electoral que ha vuelto a darnos una explicación
de a quién y cómo apoya la sociedad española. Su señoría
formula esa pregunta, que le voy a contestar de una manera muy
concreta, pero tendría que decirle previamente --lo decíamos
ayer también-- que ninguna reforma del mercado de trabajo,
ninguna reforma del sistema de relaciones laborales tiene o
puede tener efectos taumatúrgicos, ninguna, desde luego, es
capaz de terminar, ni siquiera de detener, el proceso



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de destrucción de empleo, porque todo esto depende, como usted
sabe, de muchas circunstancias. Ayer se lo decía en la
Comisión, hoy se lo digo en el Pleno: Todo sistema de
relaciones laborales es el resultado de una determinada
historia, es la consecuencia de una cultura o de una
organización productiva también determinada. Creo que detrás
de cada sistema hay un equilibrio de poderes, e incluso
también hay unas costumbres y comportamientos que a veces son
difíciles de modificar, pero también es cierto que nuestro
sistema, el sistema español de relaciones laborales, por
razones históricas de todos conocidas, tiene adherencias de
regulación estatal que están resultando incompatibles con la
necesaria adaptación que han de tener nuestras relaciones
laborales a las circunstancias concretas de cada momento
histórico. Por eso, nos proponemos avanzar en la construcción
de un marco determinado de relaciones laborales que sea más
adaptable, y para ello hemos propuesto un acuerdo social por
el empleo, un acuerdo que pretende dar respuesta a una triple
cuestión: Cómo ayudar a que las empresas españolas sean más
competitivas, cómo favorecer la creación de empleo y cómo
consolidar un sistema de protección social. El Gobierno
entiende, además, que parte importante de este acuerdo por el
empleo es un acuerdo de rentas, pero, insisto, no un acuerdo
de rentas cualquiera, sino un determinado acuerdo de rentas,
que pueda sostener las condiciones de trabajo de nuestro
modelo, pero que, al mismo tiempo, sirva para controlar la
inflación y para generar empleo; un acuerdo de rentas que
tenga como objetivo inmediato la recuperación de los
beneficios, su reinversión en el proceso productivo, de forma
que se favorezca la competitividad y el empleo; y un acuerdo,
además, de carácter trienal, que establezca una evolución de
todas las rentas con esos objetivos de
recuperación económica. Pero lo pregunta usted muy
concretamente y se lo digo de la misma forma. Si no se alcanza
o no se consigue el pacto social por el empleo, el Gobierno va
a adoptar todas las medidas que sean necesarias, y le puedo
adelantar ya hoy, aquí, que, entre las medidas que el Gobierno
quiere aplicar, con efectos de 1.º de enero del año que viene,
bien porque estén aprobadas ya o bien porque estén en esta
Cámara, estarían las siguientes, aparte de otras que se puedan
pactar.

Primera. El Gobierno aplicará, en los ámbitos de su
competencia, una política de moderación de rentas coherente y
consecuente con esos objetivos que antes le mencioné. En este
sentido mantenemos el siguiente criterio: Para quienes puedan
tener el riesgo de perder el empleo, que las rentas crezcan
por debajo de la inflación prevista; para quienes tienen
empleo asegurado, congelación de rentas; y para quienes tienen
más dificultades para recuperar el poder adquisitivo,
mantenimiento del poder adquisitivo, es decir, pensionistas.

Segunda. Medidas de articulación y potenciación de la
negociación colectiva, con objeto de conseguir la necesaria
capacidad de adaptación a la que hacía referencia hace un
momento. Se
pretende:
a) Impulsar una negociación colectiva articulada, potenciando
la decarácter sectorial y la de empresa; b) Establecer que la
negociación colectiva disponga de capacidad de modificación o
de adaptación de normas estatales, básicamente las referidas a
ordenación del salario, ordenación del tiempo de trabajo,
ordenación del régimen de vacaciones y descansos, ordenación
de la movilidad funcional, capacidad modificativa que tendrá
como límite necesario los mínimos inderogables de protección;
y c) Que en la negociación colectiva también se reconozcan
cláusulas de descuelgue para que, en condiciones
convenientemente acordadas en el ámbito superior, se permita a
las empresas desvincularse, en más o en menos, de alguna de
las condiciones pactadas en ese ámbito superior.

Tercera. Derogación de ordenanzas de trabajo. Hemos propuesto
que esa derogación se haga, de forma pactada, antes del 31 de
diciembre del año próximo. Si no es así, el 1.º de enero
estarán derogadas por legislación estatal o, bien, a partir de
dos años en aquellos sectores con dificultad de interlocución
para la negociación. Me estoy refiriendo a sectores donde no
hay
negociación colectiva y se tiene que suplir por la actuación
del Estado: empleados de fincas urbanas, campo, etcétera.

Cuarta. Revisar los procedimientos del despido individual para
hacer menos gravosos los costes de tramitación.

Quinta. Establecer el fin del monopolio del Inem en la
intermediación a través de la regulación de las empresas de
trabajo temporal.

Sexta. Regular un marco específico para la pequeña empresa
cuyo objetivo es permitir una mayor flexibilidad en la
contratación y una mejor adaptación de estas empresas
familiares a las
condiciones cambiantes del mercado de trabajo.

Séptima. Puesta en marcha del programa nacional de formación
profesional, del acuerdo nacional tripartito sobre formación
continua y colaboración, naturalmente, con comunidades
autónomas y con el Ministerio de Educación y Ciencia.

Octava. Medidas que disminuyan la rotación laboral y potencien
la permanencia y estabilidad en el empleo, reforzando la
causalidad en la contratación y, simultáneamente,
favoreciendo, como antes decía, todo lo que se refiere a
movilidad interna.

Novena. Mantener y reforzar los incentivos a la contratación
indefinida de mayores de 45 años, demandantes de primer
empleo, mujeres que se tratan de reincorporar al mercado de
trabajo y las que se insertan en sectores en que están
subrepresentadas y trabajadores minusválidos.

Décima. Nueva regulación de los contratos de formación en
prácticas y aprobación de nuevos incentivos para estas
modalidades de contratación.




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Undécima. Regular como nueva figura contractual bonificada el
contrato de aprendizaje en coordinación con los de formación
en prácticas, haciendo que esta modalidad contractual se
dirija esencialmente a jóvenes sin ninguna titulación
académica
provenientes del fracaso o del abandono escolar.

Y, duodécima, poner los medios para una mayor utilización del
contrato a tiempo parcial como fórmula de reparto de trabajo.

Insisto, son medidas que el Gobierno propone, están en la mesa
y que quiere alcanzarlas en el marco de un acuerdo. En todo
caso, si no fuera así, estarían en esta Cámara para su
debate --si son medidas legislativas-- o aprobadas por el
Gobierno el 1.º de enero del año próximo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que, efectivamente, señor Griñán, ha repetido
usted lo que decía yo ayer, tal vez con un poco más de
precisión, por lo cual me alegro muchísimo de haber realizado
esta
interpelación.

Lo primero que ha dicho usted es que el Gobierno asume sus
propias responsabilidades históricas de sus diez años de
Gobierno, y vuelve usted a remachar algo que últimamente
escuchamos mucho a los miembros del Gobierno y del Partido
Socialista, quedando en el aire la sensación de que el Partido
Popular no acepta la decisión de las urnas del 6 de junio. Me
parece un error gravísimo por parte del señor Griñán decir
eso, porque las urnas se expresaron el 6 de junio; por
supuesto, el Partido Popular acepta exactamente lo que
recogieron aquellas urnas, y estamos cumpliendo la obligación
que 8.200.000 españoles echaron a nuestras espaldas, que es
controlar al Gobierno, exigirle el cumplimiento de su propio
programa y la solución de los problemas que aquejan al
conjunto de la sociedad, y ésa es la razón de que estemos
aquí.

A mí, al final, me da la sensación, y vuelvo a decírselo, con
muchísimo cariño, señor Griñán, y con muchísimo respeto, de
que los que no aceptan la nueva situación son ustedes; porque
ustedes están muy acostumbrados a gobernar desde la mayoría
absoluta, y ustedes, sus mentes preclaras todavía no han
asumido, en el conjunto de todo su partido y del Gobierno, que
ya no estamos en esa historia; que ustedes hoy necesitan el
pacto, el pacto con los partidos, el acuerdo parlamentario en
aquellas medidas necesarias que tengan que salir de esta
Cámara y el consenso social, no solamente de los agentes
sociales, sino del conjunto de la sociedad. Ya no sirve la
prepotencia, ya no sirve
simplemente eliminar a la oposición con el sistema de las
votaciones, porque eso ya acabó en esta Cámara, señor Griñán.

Por tanto, los que se tienen que adaptar a las nuevas fórmulas
son ustedes. Nosotros estamos perfectamente adaptados.

Usted plantea unas medidas, como le decía en el día de ayer,
de las que yo me alegro; de verdad me alegro muchísimo de que
ustedes estén ya en ese discurso, porque no era el discurso
del Partido Socialista y del Gobierno socialista de hace sólo
siete meses, ni siquiera el que trajeron ustedes a lo largo de
la propia campaña electoral. Yo comprendo que en las campañas
electorales se dicen cosas que habitualmente se pueden sacar
del contexto, y yo no quiero utilizarlas; quiero ser
profundamente sensata en los planteamientos que haga hoy aquí,
porque creo que el problema es fundamental y no se debe hacer
demagogia. Lo que sí está claro es que ustedes están
acercándose a un planteamiento que, desde mi punto de vista,
es mucho más lógico, y es el planteamiento adecuado para
enfrentarnos con este problema. De lo que usted ha ido
desgranando a lo largo de su intervención hay cosas que
todavía me suscitan dudas. Usted habló, como hizo ya en el día
de ayer, de un programa especial para las Pymes. Yo estoy
esperando que realmente suceda, porque en el año 1986, el 23
de octubre, esta Cámara, con el apoyo del grupo de la mayoría,
decía al Gobierno que tenía que tomar medidas concretas en los
aspectos laboral, fiscal y financiero para las pequeñas y
medianas empresas, octubre de 1986, y estamos exactamente
donde estábamos. Este grupo parlamentario y otros grupos de la
Cámara han planteado medidas concretas para conseguir crear
empleo y algo fundamental, como es que existan pequeñas y
medianas empresas. Eso, señor Ministro, lo recogía ya el
debate sobre el empleo, el paro, magnitudes y soluciones del
año 1988. Por tanto, hasta que usted no traiga estas medidas,
sinceramente, no me las tengo que creer, y además le digo que
éstas vienen muy tarde. Respecto al resto de las medidas, la
única pregunta que le haría, esperando que me la quiera
contestar con la claridad y el compromiso que usted ha
adquirido hoy aquí en esta Cámara, es si significa que el
Gobierno, en el primer Consejo de Ministros del mes de enero,
va a aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Usted
habla de una nueva formulación de la negociación colectiva y
de las modalidades de contratación; como usted sabe igual que
yo, señor Ministro, eso significa la reforma del Estatuto de
los Trabajadores, y me gustaría que en enero entrara en esta
Cámara, aprobado por el primer Consejo de Ministros del mes de
enero --y si pudiera ser antes, desde mi punto de vista,
mejor, porque no podemos perder el tiempo--, ese nuevo
Estatuto de los Trabajadores, que me agradaría fuera en las
mismas condiciones que el que se negoció, en el año 1980,
cuando la UCD estaba en el poder, exactamente igual que
ustedes, sin mayoría absoluta, y se negoció



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con la Cámara, con los grupos, entre otros con el que usted
representa en el Gobierno, y con los agentes sociales, que es
la mejor forma de conseguir llegar a donde tenemos que llegar.

Señor Ministro, ya en el año 1988, el señor Lluch, cuando
planteaba o sugería que se llevaran a cabo las necesarias
reformas en el mercado de trabajo, esas mismas que hoy recoge
usted aquí, decía que era un sacrificio enorme, que era el
grave problema de España, y seguimos exactamente donde
estábamos. Por tanto, aunque sea tarde, bienvenidas sean.

Ahora, le puedo garantizar que la primera semana de enero el
Grupo Parlamentario Popular controlará que esas medidas se
lleven a cabo. Ya de entrada las ordenanzas laborales no van a
estar, porque para usted un año; para nosotros, seis meses. Lo
que le pido ya, señor Ministro, como nosotros vamos a plantear
una moción a
consecuencia de esta interpelación que planteamos hoy aquí, es
que el Grupo Socialista, mayoritario en la Cámara, sea capaz
de analizarlo sin ningún tipo de criterio que esté fuera de
los intereses del conjunto de la sociedad española y sea capaz
de apoyar medidas que usted ha planteado hoy aquí, que
nosotros estamos planteando desde hace dos años y que vamos a
volver a plantear dentro de una semana. Ahí veremos si
realmente el resto de su grupo adquiere con usted el
compromiso que ha adquirido hoy aquí, porque, dada la
circunstancia en la que está el Grupo Socialista, no sé si al
final los votos del Grupo Socialista serán unánimes ni
suficientes. (Rumores.)
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Entre las responsabilidades que uno asume y los compromisos
que uno pretende cumplir no se encuentra el de incrementar la
confianza o la credibilidad en la señora Villalobos (La señora
Villalobos pronuncia palabras que no se perciben.); sí, en
todo caso, el de cumplir con los objetivos y los programas que
tenemos propuestos. Yo no sé si usted cree o no lo que yo le
digo, pero en eso no voy a gastar mucho tiempo.

¿Es un error decir lo que he dicho yo? No es ningún error
decir que el Gobierno socialista viene asumiendodesde hace
once años sus responsabilidades de Gobierno, precisamente
porque es un Gobierno contrastado en cuatro procesos
electorales consecutivos (La señora Villalobos pronuncia
palabras que no se perciben.), y digo simplemente que eso es
algo que se puede decir porque es lo cierto.

Pero no hable usted de los programas o de lo que pretende el
Partido Socialista, y no diga que estas medidas son nuevas,
porque no hay ni una sola de las doce medidas, ni una sola,
que no estuviera incluida en el documento que está remitido al
Consejo Económico y Social. Lo que pasa es que hace falta
leerse el documento. Están todas incorporadas en ese
documento, y una vez incorporadas en él digo que nosotros lo
vamos a hacer. He planteado medidas muy concretas, tan
concretas como que algunas supondrán modificaciones
legislativas. Claro que el Estatuto de los Trabajadores,
naturalmente que sí, y serán pactadamente o no pactadamente,
pero procuraremos que sean con acuerdo. Por cierto, el
Estatuto fue un acuerdo en el año 1980 y la modificación que
hizo el Gobierno socialista, en 1984, también. Ahora será otra
modificación, en el año 1994, y también si es acordada, mucho
mejor.

Serán medidas concretas, como las que yo le he dicho aquí. Las
medidas que yo le acabo de citar, una detrás de otra, tienen
un contenido específico que se han de desarrollar
normativamente. Lo que no vamos a hacer es reformar el
Estatuto de modo que se establezca un marco jurídico que
facilite productividad, empleo y capacidad de gestión para
competir a escala interna, comunitaria e internacional, que es
lo que decían ustedes en su moción; vamos a hacer una reforma
concreta sobre artículos concretos, que es lo que tenemos que
hacer para conseguir un mercado más adaptable a las
circunstancias actuales que son, exactamente, insisto en esto,
señora Villalobos, las que acabo de proponer a esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que estaba presente en este Pleno por la gravedad
del tema que se trata, pero estoy decepcionado, lo tengo que
decir abiertamente, en primer lugar, porque me parece que, tal
y como se ha tratado un tema tan importante, donde se ha
tenido la virtud de analizar uno de los temas de fondo de la
crisis económica, desde esa tribuna y con bastante exactitud,
creo que se ha instrumentalizado para ser únicamente un debate
entre dos partidos: el de la oposición y el del Gobierno.

No me importa, en absoluto, en este tema tener que denunciar
este hecho porque mi voto no representa más que un voto, pero
creo que un tema tan grave no debería haberse traído a este
Parlamento y a este Congreso en la forma que se ha presentado.

No tengo
intención de dar a ningún partido orientación de cómo se deben
presentar los temas, pero me parece que, ante una situación de
grave crisis económica como ésta, es mejor sumar voluntades
para imponer al Gobierno y al partido del Gobierno la
posibilidad de un debate en este Congreso y no hurtarlo sobre
todo, cuando el señor Ministro nos ha hecho una descripción de
medidas que,



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a mi modo de entender, merecen toda la atención posible y un
análisis detenido para que pronto puedan ser objeto de debate,
me parece que es el procedimiento que debería haberse seguido.

Para finalizar, quisiera manifestarle al señor Ministro que me
gustaría que esas medidas que han sido planteadas, a mi modo
de entender con bastante concreción, lleguen a esta Cámara de
forma urgente, que sean debatidas y si son en los términos que
se han propuesto, le animo a continuar con ellas porque
contarán, además, de con el apoyo de su propio grupo, con
algún otro voto. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo de
Coalición Canaria interviene también en este debate en orden a
la importancia del tema que se ha planteado, aunque sabemos
que no es nada más que un aperitivo del debate de los
Presupuestos del Estado que vamos a tener muy pronto, porque,
tengo entendido, que ni siquiera vamos a poder debatir la
moción del Grupo Popular la semana que viene, porque no hay
Pleno, y será en el Pleno de los Presupuestos donde trataremos
en serio el gran debate sobre la nueva política económica, en
relación al tema del paro.

Nosotros queríamos fijar posición sobre un tema tan importante
en tres o cuatro cuestiones, que nos preocupan, aprovechando
la interpelación que ha hecho el Grupo Popular.

En primer lugar, quiero decir que estamos a favor del éxito
del pacto social, como uno de los instrumentos básicos en
orden a la política de empleo. Sin embargo, tengo que expresar
nuestra preocupación porque parece que la negociación no
avanza lo que todos deseamos en el sentido de un final feliz.

No cabe duda que a partir de un consenso es mucho más fácil
aplicar una política de rentas y es mucho más fácil acometer
un problema tan importante como el que el Ministro ha
señalado, que es la reforma del mercado de trabajo, buscando
la modernización, la racionalización de ese mercado, pero
buscando no la
precarización del mismo en el sentido de mantener contratos
indefinidos todo lo que se pueda.

Creemos que el pacto social no va bien y ese es un elemento
que nos preocupa y el Grupo de Coalición Canaria quiere
expresar aquí su inquietud por ese tema y su voluntad de
buscar todos los consensos posibles en ese orden y en otros
para desarrollar una política de empleo en serio que haga
frente a los problemas históricos que tiene en este momento
España.

Creo que no podemos aislar el tema del empleo; como es natural
y todo el mundo sabe, es obvio, un problema de competitividad.

En este momento en el mundo hay un complejo problema de
competitividad. Tenemos la situación de que ya no sólo los
países desarrollados son los competitivos; países de zona
media, los del Este de Europea, los países asiáticos,
etcétera, empiezan a ser muy competitivos, y eso nos lleva a
medidas nuevas. Ya las soluciones para el tema del empleo no
son mágicas ni
voluntaristas; son hacer frente con soluciones innovadoras a
esa cuestión.

Nosotros en ese orden, aparte del pacto social en orden a la
política de rentas, creemos que el hacer frente al tema del
déficit público es uno de los temas básicos; lo veremos en el
Presupuesto, porque es un tema que está ligado a los costes
financieros, los tipos de interés, a los costes financieros de
las empresas. Pero yo quiero remitirme a dos temas concretos.

La lista de propuestas del Ministro nos satisface
parcialmente, pero hay dos temas en que no estamos totalmente
de acuerdo con la intervención del señor Ministro.

Uno, en el marco de la pequeña empresa. Yo creo que el señor
Ministro, entiendo y deduzco de sus intervenciones, sabe mejor
que yo que uno de los generadores de empleo básicos en este
país es la pequeña empresa. Pero la pequeña empresa no sólo es
un marco de subvenciones, sino que, fundamentalmente es un
marco de política fiscal. Nosotros creemos que hay que
introducir medidas fundamentales para lograr la reactivación
en ese sector, en cualquiera de sus actividades. En ese
sentido yo creo que pronunciamientos claros del Gobierno en la
Ley de Arrendamientos Urbanos y en el tema del Impuesto de
Sociedades, y no sólo para empresas nuevas, que nosotros hemos
introducido en el régimen económico-fiscal canario; en el tema
de la estimación objetiva y de los módulos, etcétera, son
temas fundamentales para que la política fiscal ayude a no ser
un obstáculo precisamente para el desarrollo económico de la
pequeña empresa española, que es uno de los generadores de
empleo.

Por último, un tema que a nosotros nos sigue preocupando. Creo
que es hoy un acuerdo de prácticamente todas las comunidades
autónomas que si se quieren hacer políticas activas de empleo
en cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta los marcos
especiales de cada una de ellas, y cómo no, en el caso de
Canarias que tiene una situación muy especial, con un espacio
económico propio, es necesario ir no sólo a la reforma del
Inem sino al traspaso de determinadas competencias del Inem, y
si no a fórmulas de gestión y de colaboración entre
comunidades autónomas y la Administración del Estado en el
tema del Inem.

Le he oído varias veces hablar de la necesidad de coordinar la
política de formación profesional, una política activa de
empleo que me parece un tema básico, y del Plan Nacional de
Formación Profesional como un problema de empleo. Nosotros
creemos que es necesario negociar los traspasos del Inem al
menos parcialmente.




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El Ministro para las Administraciones Públicas nos decía en su
comparecencia esta mañana que eso es lo que le piden todas las
comunidades autónomas, lo está negociando con los bancos; lo
está negociando con otras comunidades; lo han pedido los
andaluces; lo piden todos, y yo creo que ya es hora de que el
Inem deje de ser el organismo burocrático que hace de todo y
no hace nada
definitivamente bien y entre todos ayudemos a reformarlo, pero
también territorializando algunas de sus competencias.

En ese orden, como ideas de aportación a las iniciativas que
ha planteado el Ministerio, nosotros queremos decir que nos
preocupa, como a todo el mundo, este asunto. Creemos que este
asunto hay que sacarlo de la retórica, hay que ir a medidas
concretas, con calendarios concretos, y en ese sentido
Coalición Canaria está dispuesta a los consensos necesarios, a
los acuerdos necesarios, incluso a los acuerdos impopulares
que fueran necesarios para que este país recupere la
iniciativa, salga de la recesión y empiece a generar empleo y
a no destruirlo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, señora interpelante, hemos escuchado con atención
sus argumentaciones. Algunas nos parecen sugerentes y otras,
se lo tengo que decir con toda sinceridad, más o menos
discutibles. Tampoco vamos a asumir posiciones dogmáticas en
esta tribuna. Hemos escuchado también con detenimiento las
propuestas más pormenorizadas y concretas del señor Ministro y
es más difícil no sintonizar con ellas. Nos parecen todas
pertinentes, aunque parezca una apología quizá demasiado
intensa. Sin embargo las críticas que se le pueden hacer al
señor Ministro serían por omisión, porque algunas otras cosas
se pueden hacer, señor Ministro, algunas referencias a otros
problemas que en este momento subyacen en este concepto tan
perverso como es esta magnitud macroeconómica tan perversa y
tan incontrolada como el desempleo.

Tenemos algunas dudas también, como comentaba el señor
Albistur, sobre la oportunidad de la iniciativa, pero no vamos
a ahondar tampoco en esta cuestión. Cuando presenten la moción
y
pormenoricen qué es lo que pretenden para corregir la
disfunción tan grave que afecta a tantas personas, tan
perversas desde una perspectiva solidaria como es la
perspectiva social, podremos quizás emitir una opinión más
solvente sobre cuál es su propuesta para solucionar este
problema.

A pesar de todo, en el programa del desempleo,
desgraciadamente hay pocas novedades en este difícil frente
para las instituciones y para los agentes económicos. Siguen
las mismas perversiones económicas de difícil corrección, por
lo que se ve. El déficit público sigue siendo muy abultado, lo
que mantiene muy altos los tipos de interés. El mantenimiento
de unos tipos de interés altos dificulta la reactivación
económica.

El señor Ministro, perdón señor Solchaga, el señor ex
Ministro, el portavoz nos comentaba con frecuencia que se iba
controlando esta magnitud, la del déficit público. No se
terminaba de controlar suficientemente, no por culpa del
Gobierno, sino por culpa de una serie de circunstancias
acumuladas que pivotan o gravitan negativamente sobre nuestras
estructuras económicas. Si no se controla esta variante va a
ser muy difícil establecer unos tipos de interés o articular
una política monetaria con la suficiente suavidad como para
reanimar nuestra exánime economía. La coyuntura económica en
este momento es muy complicada. No sólo porque vivimos en un
momento económico recesivo, en una crisis muy importante, sino
por factores específicos que gravitan o que incrementan
nuestros problemas, factores adicionales a estos problemas
generales que afectan a todas las economías del mundo como
ciertos problemas estructurales, cuya reforma no se termina de
acometer, como un déficit más abultado que el de otros países
con los que tenemos que competir, o como unos altos costes
laborales unitarios (tampoco estamos avanzando
significativamente en la reducción de nuestros altos costes
laborales unitarios), son perversiones que no se terminan de
corregir.

Espero que con el pacto social que han propuesto a los
interlocutores sociales podamos empezar a avanzar
significativamente en la corrección de algunas de estas
magnitudes.

De todas formas, señor Ministro, y no voy a ahondar demasiado
en los aspectos macroeconómicos del problema, pero sí le
quiero hacer algunas advertencias que preocupan singularmente
a mi grupo parlamentario.

Para reducir el déficit público creo que no es el mejor
procedimiento, señor Ministro, acudir a una reforma de nuestro
sistema aseguratorio público, y tenemos que reformarlo. Lo
tenemos que reformar antes de que nos termine fagocitando a
todos dada su evolución preocupante y desordenada. No me
gustaría que la reforma de nuestro sistema aseguratorio
público pivote o gravite sobre una reestructuración del
sistema de pensiones, recortando el volumen o magnitud de
estas prestaciones, o endureciendo las condiciones de acceso a
las mismas.

No quisiera dar la paliza con estas cuestiones en la Cámara,
pero me veo en la obligación, casi institucional, de repetir
nuestra posición en esta materia. El Tribunal Constitucional,
al menos en dos sentencias del año 1987, ha consagrado un
principio que, cuando menos no debía provocar sonrisa, señor
Ministro, porque es un requerimiento constitucional.

Interpretaba el artículo



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41 de la Constitución cual es el principio de irregresividad.

El principio de irregresividad significa que cuando la
legislación, el ordenamiento jurídico cuantifica, dimensiona
el nivel público de protección de nuestro sistema aseguratorio
y las condiciones de acceso a las prestaciones, cualquier
reforma posterior tiene que mantener, tiene que cristalizar
ese nivel de aseguramiento de protección anterior. Lo único
que puede hacer cualquier reforma posterior es mantener el
nivel de protección vigente, existente; mantener, desde luego,
las condiciones de acceso y
particularmente los períodos de carencia para tener acceso a
determinadas prestaciones como son las de jubilación e
incapacidad y otras. Luego para reformar nuestro sistema
aseguratorio público --particularmente el sistema público de
Seguridad Social-- y para reducir nuestro sistema de
pensiones, por favor, valore estas reflexiones de naturaleza
constitucional que, desde una perspectiva macroeconómica,
pueden ser un factor retardatario a cualquier reforma
pertinente, pero que son requerimientos de constitucionalidad
que están ubicados en el artículo 41 de la Constitución, señor
Ministro.

Comprendo una cosa perfectamente. Los costes laborales
unitarios del Estado español son altos no sólo por su
componente salarial, que es malo, que es muy alto. Los
salarios, en los últimos años, en el Estado español han ido
creciendo un 6,2 por ciento, mientras que los salarios de
nuestros socios comerciales sólo se han incrementado en un 4,5
por ciento. La evolución salarial en el Estado español ha sido
desarmónica con nuestra productividad, con la productividad de
nuestros sectores económicos. Eso hay que corregirlo mediante
un pacto social, al que desgraciadamente --ojalá tenga suerte,
señor Ministro, el Gobierno con el pacto social-- no le auguro
un buen porvenir, porque no entra
fácilmente dentro de la cultura salarial posibilitar o
propiciar que los trabajadores, en los próximos cuatro años,
pierdan cinco puntos de poder adquisitivo en sus salarios. Eso
no encaja fácilmente en la cultura sindical.

Sin perjuicio de esto, señor Ministro, hay un componente en
los costes laborales unitarios que no es salarial, que es el
de las cargas sociales y otras cargas de naturaleza tributaria
que deben abonar los empresarios, por una parte, y los
trabajadores, por otra. Luego su primera reforma, la primera
reforma que su Gobierno se debe plantear es de corte o
naturaleza institucional; una reforma profunda y global del
sistema público de Seguridad Social.

Esas sí son, señora Villalobos, las reformas estructurales que
la economía en este momento requiere. Luego se lo explico más
detenidamente.

En cuanto a otras reformas, señor Ministro....




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que vaya
concluyendo.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo ya con estas reflexiones y de
forma absolutamente inmediata, señor Presidente.

Hay otras reformas que son rigideces estructurales no sólo del
mercado de trabajo. Aquí se están enfatizando mucho las
reformas del mercado de trabajo como si en el ordenamiento
laboral español todo fuese rigidez. Es mentira. Sólo es más
rígido que el ordenamiento laboral español el de los países
anglosajones; el alemán no es más rígido que el español; el
italiano no es más rígido que el español, ni el francés es más
rígido que el español.

Sólo son rígidas, en nuestro ordenamiento laboral las
ordenanzas laborales. Eso sí, derogue las ordenanzas laborales
con acuerdos con los interlocutores. La disposición
transitoria del Estatuto de los Trabajadores atribuye, puesto
que esto es ahora derecho dispositivo, legitimidad única para
derogar las ordenazas laborales en materia de movilidad, en
materia de clasificación y calificación profesional y en otras
materias a los
interlocutores. Ahí si tiene usted que esforzarse porque el
pacto social avance. En otras materias este pacto está abocado
al fracaso, desgraciadamente, pero aquí sí que puede hacer una
gran cosa, señor Ministro. No es rígido el ordenamiento
laboral español, no sólo no es rígido sino que es un
ordenamiento cuya esencia peligrosamente se pretende modificar
en las propuestas de algunos grupos parlamentarios. No es un
derecho privado, no es un derecho contractual, es un derecho
tuitivo. Es un derecho protector del trabajador que pretende
superar la falta de sinalagma y de bilateralidad o de igualdad
entre trabajador y empresario a la hora de formalizar el
contrato de trabajo. Si acabamos con esto, acabamos con una de
las esencias de la modernidad y podemos retroceder a los
momentos de la primera revolución industrial. Pormenorizaremos
más estas reflexiones en próximos debates.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, el señor Hinojosa
tiene la palabra.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señorías,
estamos debatiendo en esta Cámara un tema que no es la primera
vez que tocamos, en esta legislatura sí, pero los Diputados
veteranos saben que últimamente hemos traído a esta Cámara el
debate que hoy nos ocupa varias veces. Es inevitable. La
crisis económica, el alto nivel de paro en nuestro país nos
obliga a replantearnos todo el paquete sociolaboral de los
Presupuestos Generales del Estado y la política laboral del
Gobierno.

Es verdad que hoy no se ha hablado del Estado de bienestar,
ayer sí, y entiendo que es un debate continuación del de ayer,
y por tanto no entraré en él. Sólo



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apuntaré un par de cosas para tenerlas en el fondo de nuestra
reflexión e ir adaptando nuestra mentalidad a lo que
probablemente no habrá más remedio que hacer, y es tener en
cuenta las grandes magnitudes. Téngase en cuenta la gran
magnitud que supone la población ocupada en el país y téngase
en cuenta la gran magnitud que supone la población subsidiada
en el país. Verán sus señorías que la diferencia no nos
permite hacer grandes juegos, no tenemos grandes márgenes para
incrementar el Estado de bienestar que todos desearíamos.

Nuestro Grupo desea, eso sí, y por eso batallará, que no se
retroceda en lo que hasta ahora ha conseguido la sociedad
española respecto al bienestar social. No permitiremos, en la
medida en que nuestras fuerzas sean decisivas en ello, que se
retroceda y que se pierda poder adquisitivo en lo que hemos
dado en llamar el paquete del Estado de bienestar. Ello nos
lleva a una reflexión de la mano de la interpelante de hoy y
de la comparecencia ayer del señor Ministro. A nosotros nos
preocupa fundamentalmente --llámele ustedes reforma de las
estructurales laborales o de otra manera-- la entrada al mundo
del trabajo y la salida del mundo del trabajo. Esto lo
mencionó ayer el señor Ministro. Nos preocupa la entrada al
mundo del trabajo con todo lo que supone de contratación
temporal, de contratación de formación y en prácticas, de
contratación de aprendizaje (me congratulo de que ayer dijese
el señor Ministro, y hoy aquí vuelva a incidir en ello, que
está decididamente dispuesto a llevar a término el contrato de
aprendizaje), todo ello
incentivado, porque de lo contrario no habrá manera de que
estas modificaciones contractuales permitan una facilidad en
la entrada al trabajo, al mundo laboral. También nos preocupa
la salida. Se está hablando estos días --y es uno de los
argumentos de la mesa de negociación con las fuerzas sociales-
- de la salida del mundo del trabajo, que aquél que
desgraciadamente tiene que abandonar el trabajo y recibe una
indemnización empiece a cobrar el subsidio de paro cuando la
indemnización haya cubierto aquel espacio de tiempo que
justifique el agotamiento de la
indemnización y entonces pueda empezar a cobrar el seguro de
desempleo. Pero eso tiene, señorías, un problema grave que no
resolvemos, que es el del costo --lo hemos venido discutiendo
aquí repetidas veces-- que supone la adaptación de las
plantillas a la real necesidad de las empresas. Habrá que
profundizar en ello.

Hay más problemas y más capítulos que tendremos que afrontar,
hoy no se ha hablado de ello, pero hemos tenido debates en
esta Cámara respecto a la formación profesional para la
competitividad. Ayer hablamos un poco de ello, hoy no lo hemos
tocado, seguramente lo abordaremos cuando la señora Villalobos
nos presente la moción consecuencia de esta interpelación,
pero no podemos olvidar que en este gran paquete no podemos
perder el objetivo de hacer un esfuerzo en recursos para la
aplicación de la reforma de la formación profesional de cara a
una
productividad que nos acerque a la media de los mercados que
tienen los países más próximos a nosotros. Todo esto no
podemos discutirlo sectorialmente sin tener en cuenta la gran
magnitud de la política económica del país. Si el Presupuesto
General del Estado no coadyuva, no tiene presente que este es
el objetivo central de la política del Estado y no se hacen
unas políticas convergentes que permitan esas famosas ayudas
de que hablamos a la pequeña y mediana empresa y a las otras
(nosotros somos defensores de la ayuda a la pequeña y mediana
empresa, pero a las otras empresas, a las mayores, a las que
tienen mayor capacidad de giro también hay que ayudarlas para
que el mercado de trabajo y la actividad se amplíen), si toda
la política económica del Estado, digo, no va encaminada a la
creación de nueva actividad, de más actividad, difícilmente
vamos a resolver el problema que hoy nos ocupa,
fundamentalmente el problema del paro.

Pero yo quiero advertir a la Cámara también, y no por ser
negativo ni pesimista, que probablemente nosotros saldremos,
como saldrá Europa, como saldrá el mundo, de la crisis
económica, pero no lograremos crear empleo suficiente para
todas las personas que tengan capacidad y quieran trabajar.

Esa es una reflexión que tenemos que seguir realizando entre
nosotros porque es evidente que la revolución industrial, que
las nuevas tecnologías están expulsando, día a día, a personas
de los puestos de trabajo. Es casi seguro que resolveremos la
crisis económica, pero no es nada seguro que resolvamos el
problema del paro, y habrá que buscar políticas alternativas
para atender a esa población que no tendrá la fortuna de poder
trabajar.

Nada más, Presidente. Muchas gracias. Esperamos la moción de
la señora Villalobos, de su Grupo, para fijar definitivamente
nuestra posición ante este problema.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Villalobos, muchas veces hemos tenido ocasión
de discutir desde esta tribuna acerca de temas laborales, en
concreto sobre materia similar a ésta o incluso sobre ésta, en
la medida en que es un problema grave que llevamos arrastrando
muchos años. Tengo que reconocerle, señora Villalobos, que en
esta ocasión tenía verdadera expectación por escuchar su
intervención. En efecto, ayer un medio de comunicación
nacional decía que el Partido Popular defiende un modelo de
relaciones laborales basado en salarios altos, gran
cualificación y contratos estables. Así se recoge



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en la interpelación al Gobierno que en materia de empleo
presentó la Diputada popular Celia Villalobos, quien rechazó
la supresión del permiso administrativo en los despidos y
abogó por una mayor presencia de la contratación indefinida.

Añadía más. La señora Villalobos cree que el modelo de
relaciones laborales que preconiza el Ejecutivo es propio de
los países subdesarrollados al estar basado en salarios bajos,
alta temporalidad en el empleo y escasa cualificación.

Esta expectación que tenía mi Grupo, señora Villalobos, se
mantenía al comienzo de su intervención, cuando usted ha dado
datos reales de la grave situación que tiene nuestro país en
estos momentos. Pero, desgraciadamente, señora Villalobos, se
ha venido completamente abajo cuando ha terminado usted
indicando soluciones, las soluciones del Partido Popular: más
flexibilidad del mercado de trabajo. Eso lo ha dicho usted,
señora Villalobos. Ha hablado usted de contención del gasto de
desempleo. El problema del desempleo y el creciente desempleo
en nuestro país parece ser que tienen solución, en el caso de
ustedes, por la vía de recortar el gasto y la protección. Y
luego se ha extendido usted en el fracaso del intento de
diálogo. Yo creo que con estas medidas, que en definitiva son
las medidas clásicas que ha planteado el Partido Popular,
señora Villalobos, tenía razón el señor Ministro cuando le
decía que así se les gana a ustedes en las elecciones. Así se
les gana a ustedes, y no mucho y no muy tarde, no hace mucho
tiempo.

Yo creo, señora Villalobos, que lo único que pone de
manifiesto esta interpelación que ha hecho usted y su segunda
intervención es que, desgraciadamente, el grupo del Gobierno
es proclive a esos cantos de sirena que se le lanzan desde el
grupo
mayoritario, hasta tal punto que la señora Villalobos a
continuación ya no pide eso, pide una nueva redacción del
Estatuto de los Trabajadores, directamente, todo el marco
laboral nuevo, y hacerlo en los mismos términos en los que se
hizo en 1980, con acuerdo con los empresarios, con una parte
de los trabajadores, sólo con una parte, y en un contexto en
que no teníamos el paro que hay hoy. Las medidas de ese
Estatuto, señora Villalobos, flexibilizando el mercado de
trabajo, agudizadas por el Gobierno socialista en el año 1984
con más contratación temporal, traen estos lodos. Eso es real,
señora Villalobos. Esa política económica nos ha conducido a
esta situación.

La conclusión es evidente, señora Villalobos. Es necesario
modificar esa política económica; es necesario. La permanencia
de un modelo de política económica de los gobiernos
socialistas basado en la inexistencia de una política
industrial, dejándolo todo a salarios bajos y precarizando el
mercado laboral, nos ha conducido a una situación en que
tenemos un paro incontrolado, unos gastos de desempleo
crecientes y una situación a la que para abordarla, señor
Ministro, recurren ustedes en buena medida a soluciones ya
conocidas. Yo creo, señor Ministro, que a la hora de hacer el
diagnóstico del mercado laboral no lo hace
correctamente. Usted, ayer y hoy, insiste en que nuestro
modelo de relaciones laborales tiene residuos del franquismo,
y habla usted de la rigidez de las ordenanzas laborales. Hay
muchos más, desgraciadamente. Yo le hablaba ayer de una escasa
implantación sindical. De eso usted no dice nada, no hace la
menor referencia en su intervención. Hablaba de un desempleo
tremendo como no se conoce en Europa; de una precarización...

¿Qué quiere que le diga? Superamos el 35 por ciento, camino
del 40. ¿Por qué no paran? Unos niveles de accidentalidad
laboral como tampoco se conocen en Europa, señor Ministro. Y
tenemos hasta una presencia importante de la economía
sumergida. En esta realidad, señor Ministro, nos da la
impresión de que las medidas que ustedes plantean no
contribuyen realmente a crear empleo.

Ha hablado usted, por ejemplo, de una política de rentas, eso
sí, que sirva para crear empleo, e incluso usted se pone de
abanderado: En la Administración lo vamos a hacer. Y parece
ser que es una congelación cero. Yo le digo, señor Ministro,
que en la Administración está prevista la congelación de
plantillas; en definitiva, reducir el personal al servicio de
la Administración. Por tanto, esa política de rentas que usted
plantea, señor Ministro, no sirve para crear empleo. Dígame
usted si en la Administración, congelando los salarios de los
funcionarios públicos, se van a incrementar las plantillas. No
es verdad. Si tenemos unos niveles de precarización como no
hay en Europa, señor Ministro, las medidas que usted plantea
yo se las recojo: legalización de las empresas de trabajo
temporal. En este sentido, señor Ministro, le tengo que decir
que es escandaloso que hoy estén funcionando de hecho esas
empresas, sin ningún requisito legal. Tendremos ocasión de
hablar sobre qué es lo que está haciendo la Inspección de
Trabajo con estas empresas que se anuncian públicamente;
cualquier medio de comunicación las anuncia. Ayer usted decía:
Tendremos que legalizar lo que hay. Pues ese es un argumento
muy discutible, señor Ministro. Hoy la legislación lo prohíbe
y la realidad nos pone de manifiesto que están funcionando con
absoluta libertad y sin ninguna regulación. Esas empresas de
trabajo temporal, señor Ministro, fomentarán el trabajo
temporal, no cabe duda, es su definición.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego concluya.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino en seguida, señor Presidente.

Marco flexible para las Pyme. ¿Qué significa eso? ¡Vaya usted
a saber! Nueva regulación de los contratos en formación y
prácticas --contratos temporales--, a los que se les amplía el
marco de duración; regulación del



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contrato de aprendizaje, contrato temporal, que usted ayer
decía que era superprivilegiado. Ya veremos en qué queda eso.

Finalmente, mayor utilización del contrato a tiempo parcial.

Todas medidas de mayor flexibilidad.

Otras medidas de las que usted habla: derogación de las
ordenanzas de trabajo en un plazo determinado. Señor Ministro,
ayer hablábamos de un caso concreto: los empleados de fincas
urbanas. En la ordenanza de empleados de fincas urbanas se
regulan los premios de antigüedad, etcétera. Si usted los
deroga en una fecha fija, los empresarios no tienen ningún
interés en sustituirlo por convenios, porque con el Estatuto
de los
Trabajadores no tienen que pagar antigüedad ni otros derechos.

No tienen interés. Y yo le dije a usted ayer: Señor Ministro,
no ponga fecha fija y recurra a los procedimientos de
extensión de los convenios colectivos. De eso no dice usted
nada. Recurra usted a esos procedimientos legales. Allí donde
ha habido acuerdos en un ámbito determinado se pueden
extender. Dice usted: Revisar los procedimientos de despido
individual, no con el objetivo de que el trabajador que se ha
quedado sin trabajo y no tiene ningún medio de sustento vea
antes la solución de su pleito. No, no, para abaratar los
costes de la empresa, ese es el objetivo. Pues le recuerdo,
señor Ministro, que en estos
momentos, cuando pasa de 60 días, lo paga el Estado, lo
estamos pagando entre todos los trabajadores.

Señor Ministro, en ese conjunto de medidas que usted ha
anunciado, con efectos de uno de enero de 1994, no ha hecho
usted la menor referencia a la reforma de la protección por
desempleo. Ayer ya anunció recortes. No son unas medidas
equilibradas. Le dije ayer y se lo repito hoy que no son
medidas equilibradas. ¡Qué duda cabe de que hay que tomar
medidas difíciles porque la situación es muy grave! ¡Qué duda
cabe! Pero, señor Ministro, sólo cambiando la política
económica, orientándose decididamente a la creación de empleo
y poniendo los medios adecuados para ello --y éstos, así
anunciados, no lo son-- podremos avanzar.

Insisto y repito lo que le decía ayer. Somos conscientes de
que hay que tomar medidas difíciles, pero lo importante, señor
Ministro, es acertar en ellas. Repetir fórmulas que nos han
conducido a esta situación, señor Ministro, no sólo son
medidas que cargan sobre la parte más débil, sino que además
van a contribuir a empeorarla.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
LA POSICION ESPAÑOLA ANTE LOS ACUERDOS AGRICOLAS DEL GATT, SU
REPERCUSION SOBRE EL SECTOR AGRARIO Y LAS MEDIDAS DE POLITICA
GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DEL MISMO
(Número de expediente 172/000009)



El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), sobre la posición española ante los
acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector
agrario y las medidas de política general previstas por el
Gobierno en beneficio del mismo.

Para desarrollar la interpelación tiene la palabra el señor
Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Agricultura, señoras y señores Diputados, el
Grupo Parlamentario Catalán, ante la situación crítica que
está atravesando el sector agrario español y ante las
repercusiones que puedan tener sobre su futuro los acuerdos
agrícolas del GATT, ha presentado esta interpelación urgente
para contribuir a situar en sus justos términos ambos
problemas y dar respuesta desde este Congreso al desánimo y a
la desorientación que aquejan a muchos agricultores. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.)
La Comisión de Agricultura de la Comunidad Económica Europea
llegó, en noviembre pasado, a un preacuerdo agrícola con los
Estados Unidos, conocido con el nombre de Blair House. Este
preacuerdo o pacto, que se debe ratificar en el Congreso de
los Estados Unidos el próximo 15 de diciembre, ha contado
desde su inicio con la oposición total de Francia,
especialmente por el recorte que supondría a su capacidad
exportadora que
--recordemos-- es de alrededor del 50 por ciento de la
exportación total de productos agroalimentarios de la
Comunidad Europea. Otros países comunitarios, especialmente de
agricultura mediterránea, se fueron adhiriendo progresivamente
a la oposición francesa al preacuerdo agrícola.

España, que está afrontando a duras penas y con mucho
sacrificio el esfuerzo que representa la integración en la
Comunidad Europea y la más reciente adaptación a la reforma de
la PAC, ha mantenido una posición dubitativa, indecisa,
respecto al preacuerdo y respecto a la oposición francesa y a
su rechazo, o por lo menos ésta era la sensación que se
percibía. El día 20 de este mes, los Ministros comunitarios,
entre ellos usted, señor Ministro, necesitaron doce horas de,
según parece, intensas discusiones para apoyar la posición y
las tesis francesas de replantear el preacuerdo agrícola con
los Estados Unidos y acordaron, por unanimidad, dar un mandato
al comisionado europeo para proseguir dialogando con los
Estados Unidos y así obtener garantías de que lo que se
negocie en la Ronda Uruguay no podrá cuestionar la política
agraria común ni la vocación exportadora de la Comunidad
Económica Europea, ni afectar a la preferencia comunitaria en
sus propias producciones



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agrarias. Al día siguiente, Estados Unidos hacía pública su
oposición a renegociar el preacuerdo. Mientras tanto, se
aventuran cálculos según los cuales, de aprobarse el
preacuerdo de Blair House sin ninguna modificación, los
agricultores de los países industrializados sufrirían pérdidas
por valor de 2.000 millones de dólares en diez años. Se afirma
también que el mecanismo establecido en la reforma de la
política agraria común de subvencionar las rentas por unidades
de producción, en vez de los precios, podría fácilmente
compensar las citadas pérdidas. El Banco Mundial acepta que a
corto plazo algunos sectores
económicos perderán, pero que a largo plazo los beneficios
globales, incluso los de la agricultura de los países
industriales, serán superiores.

No me negará, señor Ministro, que con estas previsiones estaba
más que justificada la interpelación, y que más allá de
discusiones académicas entre quienes preconizan un
proteccionismo a ultranza y los que proponen una
liberalización más o menos generalizada del mercado
agroalimentario, más allá de estas disquisiciones, usted,
señor Ministro, y este Congreso debemos pensar en nuestra
agricultura que ya, sin nuevas complicaciones, está inmersa en
una grave crisis estructural, que ha significado la pérdida
creciente de competitividad.

Sin dejar de planificar el largo plazo, debemos pensar en el
presente y en el futuro inmediato, no vayamos más tarde a
tener poco que planificar. Efectivamente, desde nuestra
adhesión a la Comunidad, la agricultura es el sector económico
con menor dinamismo. Desde 1986 hasta 1992 ha tenido un
crecimiento nulo, mientras que, en este mismo período, la
industria creció el 22 por ciento, la construcción el 57 por
ciento y los servicios el 30 por ciento. El último ejercicio
no fue una excepción a esta tendencia. Los datos
correspondientes a 1992 lo confirman. Según el Instituto
Nacional de Estadística, la producción agraria y pesquera
registró en conjunto un descenso, del 0,5 por ciento, lo que
unido a los descensos de 1989 y 1991 sitúan el valor añadido
del sector en los mismos niveles que en el año 1988. Los
precios finales agrarios continuaron reduciéndose,
fundamentalmente los de los cereales, las frutas frescas, las
oleaginosas y el vino, por lo que, en pesetas corrientes, el
valor de la producción final agraria descendió en 1992 el 5,5
por ciento. Como
conjunción de ambos factores, la menor producción y los
menores precios de venta, la renta agraria se redujo en 1992
en el 9,4 por ciento. Según datos de la Oficina de Estadística
comunitaria, la caída de la renta española es la mayor de
todos los países comunitarios. La balanza comercial
agroalimentaria ha presentado repetidamente un saldo negativo
desde 1988; tendencia que, como consecuencia de las tres
devaluaciones consecutivas de la peseta, puede invertirse en
este año de 1993, lo que significaría que el campo español,
con las paridades del cambio actuales, podría empezar a
recuperar parte de su competitividad perdida en los últimos
años, si no se complica la situación con nuevos
desequilibrios exteriores, que hay que evitar a toda costa.

Estos resultados negativos, que comportan un estancamiento de
la producción agraria, tienen como consecuencia directa la
disminución de la actividad y la rentabilidad del sector; un
sector, señor Ministro, que afecta al 15 por ciento de la
población española. Además, el peso de la agricultura en la
economía española es cada vez menor. Mientras que en 1990 la
agricultura española representaba el 5,1 por ciento del PIB
español, en 1992 sólo representa el 4 por ciento. El empleo en
el sector disminuye considerablemente. Según datos de la EPA,
en dos años la población ocupada en el sector se ha reducido
en 210.000 personas. O, lo que es lo mismo, la destrucción del
empleo en el campo es responsable de la pérdida de una cuarta
parte --el 25 por ciento-- del empleo total de la economía
española en este período, cuando solamente ocupa el 10 por
ciento de la población activa. El endeudamiento del sector
crece. Ya se acerca a los dos billones de pesetas. Casi tanto,
señor Ministro, como el valor global de la producción agrícola
española. La rentabilidad de la agricultura desciende. Según
un reciente estudio, con datos de 1991, el rendimiento de la
agricultura, en función del valor de la tierra y de la
inversión, oscila entre el 0,5 por ciento y el 2 por ciento,
según los tipos de aprovechamiento. Esta baja rentabilidad
explica, por un lado, la baja demanda de las tierras agrícolas
y la rápida depreciación de las tierras de uso
agrícola, que en los últimos tres ejercicios han visto
reducido su valor en el 20 por ciento. Por otro lado, explica
el
envejecimiento de la población activa, cuya media de edad es
de 58 años, la más elevada de la Comunidad. Además, va
acompañada de la más baja tasa de incorporación de los jóvenes
a la
agricultura, y es la responsable de la creciente desertización
del campo español. El único factor positivo que puede
atribuirse a la agricultura española en los últimos años es su
importante contribución a la reducción de la inflación, vía
reducción de los precios de los productos agrarios.

Esta es una visión simplificada, que no pretende ser
exhaustiva, de la situación del sector agrario español. Ante
esta situación, los poderes públicos deben actuar con
prontitud. Creemos que en este aspecto existe un amplio
consenso de todos los grupos parlamentarios. Nuestro Grupo
Parlamentario cree que la
agricultura española puede ser competitiva en el marco
comunitario mundial, pero para que esto sea posible se la debe
ayudar desde los poderes públicos. En opinión de nuestro Grupo
Parlamentario la ayuda del Gobierno a la agricultura española
debe orientarse a través de dos vertientes. La primera la
configurarían las medidas de carácter interno que debe adoptar
el Gobierno para mejorar la competitividad de la agricultura
española, como



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son la reducción de la fiscalidad que recae sobre esta
agricultura, dotar de mejores recursos financieros para
modernizar las estructuras agrarias, potenciar la
comercialización de los productos agrarios y promover un
programa de desarrollo en el mundo rural, etcétera. De todos
estos temas hemos hablado extensamente esta mañana en la
Comisión. Estas medidas deberían aprobarse, señor Ministro,
con celeridad dada la situación del campo español.

La segunda y no menos importante vertiente de la política
agraria española debe ser la firmeza en las actuaciones y
gestiones que el Gobierno español debe llevar a cabo en el
marco comunitario y mundial en defensa de las rentas de
nuestros agricultores y ganaderos. En la actualidad nadie pone
en duda que el futuro de la agricultura española depende en
buena parte de la evolución de la política agraria comunitaria
y de las rondas para la
liberación del comercio mundial en el seno del GATT, porque la
aplicación de estos acuerdos externos sería causa del
agravamiento de muchos problemas de los agricultores
españoles. Basta citar algunos ejemplos de lo que ya ha
acontecido (las cuotas lecheras, la importación de fruta dulce
del hemisferio sur hacia la Comunidad Económica Europea, que
ha hundido los precios percibidos por los agricultores, las
importaciones de ajos de China, las importaciones masivas de
espárragos, frutos secos, etcétera) para observar la
importancia que tienen los compromisos internacionales en el
futuro de la agricultura española.

Por lo que se refiere a la aplicación de la nueva PAC, el
Gobierno español debe aprovechar al máximo las posibilidades
de financiación de nuestra agricultura a través de la CEE y
potenciar la aplicación de las medidas que acompañan esta
nueva PAC todavía, a nuestro juicio, más orientada a favorecer
las agriculturas de los países comunitarios centrales que las
agriculturas mediterráneas.

En cuanto a las negociaciones multilaterales del GATT, el
preacuerdo en materia agraria de la Comunidad Económica
Europea con los Estados Unidos es un tema más de preocupación
para la agricultura española. En esta problemática el Gobierno
español debe defender sin complejos un acuerdo favorable al
campo español. ¿Es que acaso la Comisión Europea puede aceptar
una reducción de las exportaciones agrícolas subvencionadas en
un 21 por ciento? ¿Es que es favorable aceptar un acuerdo en
el que la CEE sólo queda resguardada de los ataques externos
hasta 1999, mientras que las concesiones de los Estados
Unidos, por ejemplo, son indefinidas e inmediatas? ¿Es que es
aceptable disminuir un 20 por ciento las ayudas comunitarias a
la producción interna en un período de seis años? ¿Debe la
Comunidad renunciar a la preferencia comunitaria de sus
producciones agrarias? ¿Cuáles son las compensaciones que
deben recibir los agricultores europeos en el supuesto caso de
que se apruebe el preacuerdo de «Blair House» y la renqueante
agricultura española qué receta mágica deberá recibir para
subsistir? Estos son algunos de los interrogantes que se
plantea el colectivo de agricultores y ganaderos españoles a
los que el Gobierno debe dar una respuesta satisfactoria y
espero que tranquilizadora.

Sin duda las respuestas a estas preguntas no son fáciles dada
la complejidad de las negociaciones del GATT...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vidal, vaya
terminando.




El señor VIDAL I SARDO: En seguida termino, señor Presidente.

Decía que sin duda las respuestas a estas preguntas no son
fáciles dada la complejidad de las negociaciones del GATT y a
lo crítico del lenguaje utilizado hasta ahora. Es sabido que
este proceso negociador preocupa al Gobierno español, puesto
que el memorándum sobre la Ronda Uruguay y el GATT presentado
a la CEE por el Ejecutivo español el día 13 de septiembre
incluye una serie de objeciones a la indefinición en la que se
encuentran ciertos sectores clave de la agricultura española,
como el vino, el azúcar, el arroz, la fruta, las hortalizas,
que no han permitido una toma de posición clara del Gobierno
español en esta materia. Le solicitamos, señor Ministro, un
amplio comentario sobre este memorándum fijando la posición
española y que al parecer alcanzó una notable aceptación en la
Comisión Europea. Por todo ello, y dada la importancia que
tienen estas
negociaciones para el futuro de la agricultura española,
nuestro Grupo parlamentario ha presentado esta interpelación
urgente para conocer cuál es la posición actual del Gobierno
español respecto a los acuerdos de «Blair House», el estado de
estas negociaciones (Comisión Estados Unidos) y de las
negociaciones en el seno de la propia Comunidad, para saber
cuáles son los objetivos mínimos irrenunciables que piensa
defender el Gobierno, y una vez conocidos éstos discutir
conjuntamente cuáles son las actuaciones de política agraria
que se deben adoptar en España para compensar la incidencia de
estos acuerdos en el sector y para sentar las bases futuras de
una agricultura española competitiva en el marco comunitario
mundial.

Convergència i Unió opina que con un amplio acuerdo del
Gobierno, los grupos políticos, las organizaciones
profesionales y las comunidades autónomas, los agricultores
españoles verían con mayor tranquilidad y esperanza su futuro
inmediato.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar a la
interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Agricultura.




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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

Señorías, indudablemente la interpelación es oportuna. Estamos
justo en un momento en el que las cuestiones que se refieren
al preacuerdo de «Blais House» van a estar en el debate
agrario permanentemente y, por tanto, a esa pregunta que se
hacía el señor Vidal i Sardo sobre si es oportuna, mi
respuesta es sí; es una interpelación perfectamente adecuada a
la situación en la que estamos.

Para centrar el contexto en el que se sitúa la posición
española, me gustaría recordar cuáles son los objetivos
fundamentales del grupo de negociación sobre agricultura de la
Ronda Uruguay: primero, mejorar las condiciones de acceso a
los mercados, especialmente mediante la reducción de los
obstáculos a las importaciones y, segundo, mejorar el clima de
competencia mediante una mayor disciplina en la utilización de
todas las subvenciones directas e indirectas y demás medidas
que afecten al comercio de productos agrarios.

Para conseguir estos objetivos, las negociaciones se han
venido centrando en tres aspectos concretos: la reducción del
apoyo o ayuda interna a la agricultura, la mejora del acceso
al mercado mediante la reducción de las barreras a la
importanción y la reducción de las subvenciones a la
exportación.

El representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) desea conocer la posición española ante el preacuerdo
alcanzado por la Comisión Europea y Estados Unidos. Como todas
SS.SS. saben, el Gobierno elaboró y presentó al Consejo
Europeo un memorándum donde se expresaba de manera amplia y
clara la posición global española en la Ronda Uruguay. Quiero,
de forma concreta y clara, desmentir el que haya habido ningún
tipo de posición dubitativa o indecisa; ha sido muy clara
desde el primer momento. Después intentaré explicar la
diferencia entre la posición que reflejaba el memorándum
francés y la que refleja el memorándum español; de ahí que a
veces se puedan sacar
conclusiones que no son acordes con la posición española o que
no responden al memorándum español.

Me gustaría señalar que la postura que estamos manteniendo
para la defensa de los intereses agrarios españoles tiene como
objetivo fundamental el mantenimiento de las rentas de los
agricultores. Respecto a la cláusula de paz prevista en el
preacuerdo de «Blais House», estamos completamente de acuerdo
con la duración de seis años a que S.S. hacía referencia, seis
años es una duración limitada a cambio de concesiones
ilimitadas y, por tanto, debería procurarse que la PAC tuviera
una mayor perennidad y fuera inatacable a partir incluso de
los seis años. En eso estamos completamente de acuerdo con la
posición del memorándum francés y también en lo que se refiere
a la cláusula de salvaguardia que ya estaba en el documento
Dunkel, que debería aplicarse permanentemente sin limitaciones
en el tiempo, ya que lo contrario significaría mantener una
incertidumbre adicional en absoluto deseable. Por otra parte,
la PAC ha sido parcialmente modificada y, por tanto, para los
sectores ya modificados (cereales, oleaginosas, leche, carne
de vacuno, tabaco y carne de bovino) existen unas
reglamentaciones conocidas que prevén el mantenimiento de la
preferencia comunitaria, y en los casos en que ha sido
necesario establecen unas determinadas ayudas compensatorias
para los agricultores, ayudas por hectárea o ayudas por
cabeza.

En lo que se refiere a estas ayudas, el preacuerdo de «Blair
House» es un avance importante sobre el documento Dunkel; nos
hace pasar de la caja ámbar a la caja verde, es decir, pasa de
estar como elemento en la medida global de ayuda a hacerse
independiente de ese MGA y, por tanto, ser también
inatacables. Se trata, por tanto, de ayudas que ya son
compatibles con el GATT porque se desconectan en el preacuerdo
de la producción, es decir, que no fomentan los incrementos de
producción, lo que significa el apoyo a una agricultura más
respetuosa con el medio ambiente. Para los sectores todavía no
reformados, entre los que se encuentran productos
mediterráneos a los que hemos añadido el azúcar, tan
importantes para España como las frutas y hortalizas, el vino
y el arroz, nuestra postura exige garantías de que cuando se
reformen deberá asegurarse el mantenimiento de la preferencia
comunitaria y la solidaridad financiera. Preferencia
comunitaria muy debilitada en el sector de frutas y hortalizas
porque los productos a los que se aplica esa preferencia
comunitaria de un modo más efectivo siguen siendo los que la
Comunidad tenía cuando sólo estaba compuesta de seis miembros,
y lógicamente, han ido cambiando las circunstancias, los
terceros países están
produciendo otro tipo de frutas y hortalizas que antes no
hacían, los calendarios han cambiado e independientemente del
memorándum que hemos presentado respecto al preacuerdo de
«Blair House», esa negociación estaba abierta, siendo
necesario igualmente que en frutas y hortalizas los
calendarios se amplíen en el tiempo, en el número de productos
afectados y también los calendarios de retirada para permitir
que convivan las producciones de tercero países y las
nuestras.

En lo que se refiere al sector del arroz, la solución es muy
sencilla y en principio pensamos que la Comisión no va a tener
grandes dificultades para adoptarla, porque sería darle un
tratamiento equivalente a la de los otros cultivos herbáceos,
por tanto, una ayuda a la hectárea que permitiera al sector
arrocero absorber el impacto de estar en el mercado a precios
mundiales. En el sector del vino la preocupación se centra más
en la solidaridad financiera. Tenemos una serie de cuestiones
pendientes, que S.S. conoce, referidas a la autorización



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de riego o no, pero que en definitiva se concentra en un solo
punto, independientemente de la mayor o menor racionalidad de
la reforma del sector. Lo que sí elimina todas nuestras
preocupaciones es la aplicación de la solidaridad financiera
al sector del vino; es decir, que el sector del vino tenga un
tratamiento igual que otros sectores y que los excedentes sean
tratados con recursos comunitarios y no como en este momento,
en el que, aunque la mayor parte de los recursos son
comunitarios, todavía una parte importante de la política
vitivinícola pesa sobre los presupuestos nacionales.

En el sector del azúcar la situación puede ser más específica
para España porque, por una parte, no estamos dispuestos a
renunciar en absoluto a nuestra cuota remolachera-azucarera,
en definitiva, a nuestra superficie de cultivo remolachero
que, además, está en regiones en las que no hay tantas
alternativas y donde, por tanto, hemos de mantener a la
población con un cultivo que por el momento tiene altos
rendimientos y que, en cambio, difícilmente va a ser
competitivo en el futuro; y difícilmente lo va a ser en el
futuro, incluso, a pesar de la rebaja que se hace específica
para el azúcar en el preacuerdo de «Blair House». A pesar de
eso, la posición española es que hemos de garantizar nuestra
cuota y, al mismo tiempo, un sistema de ayudas que permita que
el sector, que aunque reduzca sus costes difícilmente podrá
competir con otras producciones comunitarias, pueda
sobrevivir.

Además, para estas producciones solicitamos la concesión de
las ayudas que en su caso sean necesarias para mantener las
rentas de los agricultores con garantías de compatibilidad con
el GATT y de disponibilidad financiera, es decir, que se
aplique el principio de solidaridad financiera para todos los
sectores por reformar. Hasta ahora, la posición más
beligerante (iba a decir
aparentemente, pero por lo menos la que más se ha visto) en
las discusiones ha correspondido a Estados Unidos y a Francia,
que son dos países que compiten en mayor medida en el mercado
cerealista mundial. Francia, como país fuertemente exportador
de cereales, carnes, productos lácteos o azúcar, que se
beneficia en gran medida de las subvenciones comunitarias, se
ve directamente afectada por el recorte previsto en la Ronda
Uruguay, de ahí su toma de posición. Pero en el caso de España
los problemas son diferentes, porque nuestra estructura de
exportación es muy distinta. Nuestros tradicionales sectores
exportadores, frutas y hortalizas, vinos, aceite, han obtenido
históricamente sus cuotas de mercado sin gozar de fuertes
subvenciones, de las que sólo hemos empezado a beneficiarnos
tras nuestra integración en la Comunidad.

La problemática es, por tanto, muy diferente; pero ello no
quiero decir que los acuerdos, al afectar a intereses
comunitarios y, por tanto, franceses, no afecten a otros
países, entre ellos a España. Sin duda, en un mercado único,
todos estamos directamente involucrados en la evolución de los
mercados. No obstante, los mecanismos de la PAC van a permitir
amortiguar,
mitigar y neutralizar los efectos indirectos que podrían
recaer sobre las producciones españolas como consecuencia de
un recorte de las exportaciones francesas.

Quiero ahora referirme a las conclusiones del Consejo conjunto
de Ministros comunitarios de Exteriores, Agricultura y
Comercio celebrado el 20 de septiembre. En sus conclusiones (y
este fue quizá uno de los elementos que prolongó más el debate
en el Consejo) se refleja perfectamente, o cuasi
perfectamente, lo que era la esencia del memorándum español.

En ellas se dice que, para los sectores cuyas organizaciones
comunes de mercado no han sido modificados todavía, el Consejo
y la Comisión (y quiero resaltar estos dos conceptos) no sólo
la Comisión en su capacidad de propuesta, sino también el
Consejo, en su capacidad de decisión política sobre las
propuestas de la Comisión, se comprometen ambos a adoptar las
disposiciones necesarias para garantizar las rentas agrarias y
la preferencia comunitaria, y se tendrán en cuenta --se añade-
- en estos sectores las condiciones y
principios agrícolas y financieros que se han aplicado para el
conjunto del sector agrícola ya reformado. Principios
financieros en la Comunidad, en la política agrícola
comunitaria, sólo existe uno, que es el de la solidaridad
financiera.

En otro párrafo de estas conclusiones se dice que el Consejo
ha confirmado su postura según la cual los resultados de la
Ronda Uruguay, en el sector agrícola, no pueden tener el
efecto de cuestionar, directa o indirectamente, la perennidad
de la política agrícola común. Creo que es una clara
indicación de que la cláusula de paz debe ser permanente en
opinión del Consejo. Por tanto, señoría, considero que las
conclusiones del Consejo han recogido perfectamente las
peticiones españolas, y ahora la Comisión debe continuar
conduciendo las negociaciones, teniendo en cuenta sus
conclusiones, para buscar un acuerdo que sea aceptable. El
próximo lunes, 4 de octubre, la Comisión Europea informará al
Consejo de la evolución de las negociaciones, de acuerdo con
la declaración del 20 de octubre, y el día 13, como sabe, el
negociador americano estará en Bruselas para seguir hablando
sobre la cuestión. A pesar de que haya habido
declaraciones en el sentido de que no se reabre, no fue esa la
petición del Consejo. No se reabre nada, pero sí que se
interpreta, sí que se añade, y sí que se matiza, y eso
consideramos que es posible.

En todo caso, como sabe S.S., el principio de que no se
aprueba nada si no se aprueba todo va a seguir vigente hasta
el último momento, lo cual no quiere decir que tengamos que
estar permanentemente vigilantes para que no exista ningún
tipo de compromiso que ponga en cuestión aquello que debemos
preservar: las



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rentas de nuestros agricultores y la preferencia comunitaria.

Creo que este compromiso del día 20 (que no cuestiona para
nada el preacuerdo de «Blair House», sino todo lo contrario,
lo que hace es vincular al Consejo y a la Comisión a tomar
decisiones muy concretas sobre una serie de sectores muy
concretos también) es un elemento bastante positivo, porque no
ofrece la vaguedad que puede tener una parte del documento de
conclusiones, en el que, como sabe, hubo que utilizar todos
los instrumentos que permite la gramática y la capacidad de
redacción para poder conseguir un acuerdo que no fuera un
mandato, sino que fuera sólo, para el negociador comunitario,
el tomar nota de las preocupaciones del Consejo. En cambio, en
lo que se refiere a estos compromisos intracomunitarios, sí
que es un compromiso que pueden aceptar la Comisión y el
Consejo y que no cuestiona para nada «Blair House».

Su señoría ha hecho una serie de referencias a lo que hemos
hablado esta mañana en la Comisión...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
terminando.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Voy a acabar, señor Presidente. Muchas gracias.

Quisiera darle algunos datos de la situación de nuestro sector
--no sé si le he proporcionado todos esta mañana--, que
podrían modificar, en parte al menos, una declaración
excesivamente taxativa en cuanto al único factor positivo que
tenemos en este momento. Creo que hay factores positivos
importantes. La renta este año va a crecer un 10 por ciento,
aproximadamente; no tenemos sectores que en este momento
tengan situaciones críticas, salvo el sector porcino, que está
en una situación cíclica y además, quizá, en la zona más baja
del ciclo. Pero en cuanto al resto de sectores podríamos,
incluso, aportar, como elemento complementario a lo que he
estado comentando, que la efectividad de la cláusula de
salvaguardia ha sido importante en algunos sectores, ha
funcionado, nos ha sido útil para corregir
situaciones graves y, por tanto, eso, sólo ello, justifica el
que estemos insistiendo en el mantenimiento de esta cláusula
de salvaguardia para el futuro.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente. Voy
a intervenir desde el escaño y para decirle al señor Ministro
que tomamos buena nota de sus amplias y detalladas
explicaciones, que con toda seguridad habrán contribuido a
situar en sus justos términos las dos vertientes de nuestra
interpelación. El objetivo de una de ellas era conocer la
posición española respecto al preacuerdo agrícola con los
Estados Unidos y el porqué del apoyo a las tesis del Gobierno
francés; mejor dicho, también las razones de la tardanza en
dar este apoyo. El otro objetivo era conocer cómo afectaría a
la agricultura europea y española la reducción de la
protección de la que hasta ahora hemos gozado, en caso de
aprobarse el acuerdo «Blair House». En otra vertiente, la
pretensión de la interpelación era propiciar el compromiso del
Gobierno en la adopción de medidas urgentes de política
general agraria, que encaucen la recuperación sostenida de
este sector. Nuestro Grupo sostiene que existen unas medidas
de política económica agraria que pueden y deben ser
consensuadas de
inmediato y que propondremos en una próxima moción,
conjuntamente con las referidas a la defensa de nuestra
agricultura en los tratados internacionales y en las
negociaciones
intracomunitarias. Es un esfuerzo, señorías, que mi Grupo
quiere realizar, que esperan y se merecen los agricultores del
país, sin que ello signifique renunciar a luchar por la
obtención de otras medidas que cada grupo político estime
adecuadas para la mejora del sector agrario. La negociación y
el pacto es el fruto, siempre razonado, de exigencias y
renuncias por parte de quienes quieren alcanzarlo. Esta es
nuestra meta también en la
agricultura, la ganadería y la pesca. Pretendemos un pacto de
mínimos a través de una moción, a la que invitamos a todos los
grupos de la Cámara. Nada más.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, tiene
la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, estoy completamente dispuesto, ya lo he manifestado
esta mañana en la Comisión, a que ese amplio acuerdo con las
comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales
agrarias, organizaciones cooperativas, organizaciones de
industriales, transformadores y comerciantes, con todos
aquellos interesados en el sector, nos lleve a la definición
de todos aquellos elementos de acompañamiento que puedan
permitir que los efectos no deseados que pueda ocasionar
cualquier tipo de negociación se amortigüen. En todo caso, son
políticas estructurales que ya venimos aplicando.

Ha hecho una referencia en su intervención anterior al
envejecimiento de nuestra población agraria. Creo que la
política que estamos aplicando, respecto a la incorporación



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y al mantenimiento de los jóvenes al sector, está produciendo
unos efectos bastante positivos. En los últimos años --como ya
he dicho esta mañana en la Comisión--, una media de unos
40.000 jóvenes se incorporan al sector agrario con un nivel de
preparación y con una capacidad que nos va a permitir hacer
sus explotaciones más competitivas.

En cuanto a algún matiz --de nuevo me gustaría volver a
insistir sobre esta cuestión-- sobre el posicionamiento
español, no ha sido tarde. El memorándum español ha podido
tener menos relevancia para la opinión pública internacional,
porque no era una confrontación directa con el preacuerdo de
«Blair House». El memorándum español lo que hacía era
garantizar que la política intracomunitaria se reformara de
tal modo que el preacuerdo de «Blair House» no nos afectara y,
por eso, quizá ha podido tener menos relevancia desde el punto
de vista informativo. He hablado con mi colega francés el
mismo día en que estaba planteando su memorándum, y ya le
estaba proponiendo el memorándum español, al que, por cierto,
son ustedes sabedores de que ha sido sensible y lo ha
defendido también en el marco comunitario.

Creo que podemos tomar medidas nacionales que nos puedan
servir, sobre todo, para mejorar nuestra competitividad.

Nuestra industria agroalimentaria --que en la Comunidad de
Cataluña, concretamente, representa el 28 por ciento de la
industria--puede alcanzar en el futuro niveles de
competitividad y de transformación que nos permitan mejorar
nuestra balanza comercial. Este año, por primera vez en los
últimos cinco años, vamos a tener una tasa de cobertura
positiva, tanto en lo que es la balanza agraria como en la
balanza agroalimentaria, no un punto o dos, pero habrá
modificado totalmente la tendencia de estos últimos años.

Por tanto, creo que, tal y como esta mañana les he ofrecido a
todos en la Comisión de Agricultura, el acuerdo y el consenso
va a ser muy importante, porque, básicamente, lo que plantea
el memorándum español son posiciones de Estado, que habrá que
mantener en cualquier caso y que, cuanto mayor sea el consenso
con el que cuenten, más efectivas podrán ser nuestras
posiciones en el debate y en la discusión comunitaria e
internacional. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, Coalición Canaria también participa de esa primera
calificación que nuestro Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación acaba de hacer, al principio de su intervención;
ha calificado esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència
i Unió) como oportuna. Nosotros añadimos también el
calificativo de pertinente.

A una pregunta efectuada en el anterior Pleno, que se refería
a la repercusión de los acuerdos del GATT en las producciones
plataneras y el comercio del plátano en Canarias, el señor
Ministro contestó exactamente igual a como lo ha hecho esta
mañana en el amplio, informativo y constructivo debate que
hemos tenido en la Comisión de Agricultura a este respecto.

Nosotros vamos a apoyar esta interpelación por la oportunidad
y pertinencia que trae la iniciativa del Grupo Catalán, porque
entendemos que, tanto la información que el Ministro nos da
aquí sobre la reunión del pasado día 20 de los Ministros de
Agricultura, Asuntos Exteriores y Comercio, como el contenido
del propio memorándum que el Gobierno español ha elevado, y
que también comentamos esta mañana, nos dan la definición o el
diagnóstico de la situación en que se encuentra en España el
sector agrario comercial y productivamente hablando; y voy a
emplear la propia palabra del Ministro: incertidumbre. Creo
que es conveniente que con un gran consenso se despejen estas
incertidumbres. Porque no podemos nosotros tampoco ser
víctimas del apretón de acelerador que le quieren dar a la
Ronda Uruguay instituciones como el Fondo Monetario
Internacional, como el Banco Mundial o el propio GATT, como
acuerdo de comercio y de aranceles. Si hay que respetar el
principio de que no se aprueba nada si no se aprueba todo, no
queremos estar en la incertidumbre de qué producciones
agrarias españolas pueden quedar muy tocadas del ala y
repercutir en las directrices de política agraria interior,
como la modernización de agricultura, política de rentas, de
estructura o de precios, porque entonces estaríamos
hipotecando no solamente el futuro inmediato de nuestra
agricultura, sino nuestra propia política agraria. Por
supuesto, tenemos que incardinarnos en los países de nuestro
entorno comunitario, como ya hemos dicho, con una
coincidencia,
posiblemente, de política de intereses con Francia, pero
cuando se habla aquí de la Ronda Uruguay nos estamos
refiriendo a 116 naciones, y al final hay dos interlocutores
de calidad que tienen hasta su propia personificación en el
Comisario, el señor Leon Brittan, o en el señor Kantor por
parte del comercio de la administración federal
norteamericana. Es decir, al final, hay dos bloques o dos
instituciones internacionales negociando: Comunidad Económica
Europea, por un lado, y los Estados Unidos de Norteamérica,
por otro.

Nosotros tenemos que quitar incertidumbres, como por ejemplo
que los Estados Unidos no respeten la política agrícola común.

Debe haber unas garantías por parte de los Estados Unidos en
lo que se ha llamado



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la cláusula de paz para que no tengamos que estar
desenterrando o viendo desenterrar el hacha de guerra dentro
de cuatro o seis años porque los Estados Unidos vuelvan a
cuestionar una política proteccionista, de aranceles, de
restricciones al comercio, o se lleve a cabo una política de
represalias por parte de la
administración norteamericana, como nos ha pasado en
determinados renglones de otras producciones en España que no
tienen que ver nada con la agricultura --llámese acero o
calzado--. Eso debe quedar muy claro en un marco, porque desde
luego no debe
aceptarse por un sistema de derecho ninguna inseguridad
jurídica, ni tampoco debemos entrar en una política de una
dinámica de la incertidumbre.

Nosotros hemos llevado a cuestiones muy puntuales este
compromiso de defensa en el marco del GATT y en la Ronda
Uruguay,
producciones como las que afectan al Archipiélago Canario, por
ejemplo la producción platanera, frente a esa tremenda presión
de los norteamericanos, que se han transformado en una especie
de adalides, en su defensa internacional, de los países del
área dólar del Caribe, que deberían llamarse de otra manera
por la servidumbre de salaros de miseria a la que muchas veces
las multinacionales norteamericanas del plátano --están en
Centroámerica dos o tres con nombres y apellidos-- condenan a
estos países de Iberoamérica, que se ven a veces necesitados
de presionar, invocando argumentos históricos, emocionales
para el sentimiento español, de nuestras tradiciones y lazos,
que no tienen que verse complicados para nada ahora con una
competencia desleal que se puede hacer a la producción de los
países
comunitarios, como España en primer lugar con la producción
platanera canaria, como Portugal o como Francia, con los que
siempre podremos formar un frente común que defienda lo que se
invoca acertadamente en el memorándum español, que vuelvo a
decir a la Cámara y al señor Ministro, como dije esta mañana
en la Comisión, Coalición Canaria apoya en todos sus extremos,
todas sus líneas y todos sus párrafos. Nos parece un
memorándum muy acertado y muy realista que da preferencia
comunitaria a estas producciones. También nos congratulamos --
y lo hemos dicho-- de que la postura del Ministerio español de
Agricultura sea una defensa, pies en pared, de producciones
clave como son los cítricos y tomates, en lo que esto afecta a
Canarias, incluso con las repercusiones que pudiera tener para
terceros países
como Marruecos, donde la defensa del principio de las
producciones y las preferencias comunitarias debe
prevalecer siempre, porque nosotros tenemos que hacer la
política agrícola o agraria que le interesa a España...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.

Que le interesa a España y dentro del marco de la política
agrícola común. Por tanto, que se aclaren muy certeramente las
premisas de posturas de antisubvención que se consignan en el
texto Dunkel. Señor Ministro, estaríamos dispuestos a aceptar
las reglas y disciplinas, como las salvaguardias, del texto
Dunkel en el tema de la antisubvención, pero dejando muy claro
que en el caso de Canarias, de aceptarse una lectura literal
de las cláusulas de antisubvención del texto Dunkel, la
subvención al transporte del tomate, por ejemplo, o de
producciones agrícolas canarias, quedaría en situación no
competitiva frente a otros países.

Por esta razón, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa del
Grupo Catalán de Convergència i Unió, como apoyaremos también
la moción que pueda venir, y al mismo tiempo reiteramos
nuestra oferta de cooperación y de apoyo con la política que
nos ha señalado el señor Ministro de Agricultura.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, yo también tengo que coincidir con todos los
oradores en señalar la oportunidad de esta interpelación, pero
quiero ir un poco más allá. Creo que esta interpelación ha
sido y es muy oportuna hoy, pero, sobre todo, lo será si el
Grupo proponente, a través de su moción, o todos nosotros, a
través de las enmiendas que podemos aportar, sabemos encontrar
una justa y clara posición política de España respecto del
acuerdo de Blair House, respecto del acuerdo del GATT y de la
Ronda Uruguay.

El señor Ministro de Agricultura nos ha dado muchas
explicaciones de tipo técnico que podemos compartir. Hemos
leído atentamente el memorándum y podemos decir que es
aceptable, pero nosotros queremos que aquí, en la Cámara
política, el Ministro y
Convergència i Unió, que tantas cosas quiere pactar con el
Grupo que da sustento al Gobierno, nos digan claramente si
está a favor de renegociar «Blair House» o no. Nosotros
creemos que se debe renegociar. Nosotros creemos que se debe
aplicar a fondo la cláusula de que o se aprueba todo o no se
aprueba nada.

Quisiéramos que el Ministro de Agricultura, que el Ministro de
Asuntos Exteriores (que el otro día en la Comisión de
Exteriores también se zafó de nuestra pregunta) y, si puede
ser, el mismo Felipe González, Presidente del Gobierno, digan
claramente a la nación y a los agricultores españoles, si van
a estar o no al lado de la postura francesa que reclama
claramente, sin rubor, sin tapujos, no proteccionismos



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insolidarios, sí defensa de la agricultura comunitaria, la
general, la francesa y la española.

Creo que esto es lo que hoy debería haber dicho aquí
claramente el Ministro y no lo ha dicho. Nos ha explicado una
serie de argumentos técnicos de lo que podríamos llamar el
entresijo de la negociación.

Están en la buena dirección, señor Ministro, se lo aceptamos,
pero nos falta claridad política.

Le falta a usted, no quiere darla. El señor González tampoco
quiere darla. Esta Cámara se la puede arrancar. Y el Grupo de
Convergència i Unió tiene una ocasión de oro para fijar su
posición y para ayudar a que la fijemos todos. Veremos si la
sabe aprovechar. En nombre del desarme arancelario, en nombre
de la libertad de comercio, a veces, se están cometiendo
auténticas tropelías para los productores de los países
industriales avanzados, pero también de los países en vías de
desarrollo --el señor Mardones lo recordaba perfectamente--.

En nombre de la libertad de comercio, en nombre de la falsa
igualdad de los productos en el mercado podemos estar dando
soporte, apoyando los sueldos de miseria que las
multinacionales americanas pagan al plátano canario en
Centroámerica. Eso no se contradice con el GATT. Deberíamos
adoptar una postura en el terreno político general, no sólo en
el agrícola, no de estar en contra del GATT --no es nuestra
posición--, no de estar a favor de un proteccionismo
insolidario --tampoco es nuestra posición--, pero sí de decir,
además del GATT, además de la libertad de comercio ha de haber
también homologación en el entorno social de la producción. No
sólo igualdad de comercio, también igualdad social en la
producción. Entonces sí estaríamos construyendo un acuerdo
equilibrado. Bajo la capa de la libertad y de las no trabas al
comercio se esconden muchas desigualdades en el mecanismo de
la producción, en los ritmos y en los niveles de la producción
y, sobre todo, en el entorno social y democrático de la
producción. En el terreno industrial es evidente la
deslocalización industrial, el «dumping» social de los países
del sudeste asiático, pero en agricultura lo mismo.

Entonces, ustedes, el Gobierno, se refugian en los problemas
técnicos para no abordar estos problemas políticos. Ustedes se
reclaman de la izquierda como partido. ¿Ustedes están de
acuerdo en que, en nombre de la libertad de comercio, se
mantengan estos salarios de miseria en la agricultura o en la
industria? ¿Sí o no? Si no están de acuerdo, hagan una
negociación política distinta. No se arruguen ante la
ideología, en el peor sentido de la palabra, del librecambismo
a ultranza que nos está invadiendo por todas partes. Esto no
es hacer proteccionismo barato; esto no es defender la
agricultura francesa, que ya es muy potente, o la española,
que comparada con otros países está mejor situada; esto es
mantener la cohesión social en nuestros países; esto es hacer
acuerdos de progreso para nuestros países y para todo el
mundo. Insisto, a la Ronda Uruguay del GATT habría que
añadirle lo que yo llamaría una Ronda de la OIT, que los
principios de la Organización Internacional del Trabajo que se
aplican en los países de la Comunidad Europea se aplicasen
también en estos países que después nos producen una
competencia económica, social y también, a veces, monetaria.

Sé que esto no es de hoy para mañana, pero esto implica una
actitud distinta que no es el mero proteccionismo trasnochado,
que es una actitud de progreso solidaria a nivel internacional
y que implica también saber pararle los pies a quien, en
nombre de la libertad de comercio, quiere hundir no sólo la
agricultura europea, sino la Unión Política Europea. Estos
son, en buena parte importantes sectores políticos y de
opinión en Estados Unidos.

Hablando de protección agraria, señor Albero, usted lo sabe
mejor que yo, el conjunto de la protección agrícola en la
Comunidad Europea, por ejemplo, es de 450 dólares; en Estados
Unidos es más baja, 360, pero en el Japón es de 600 dólares.

Por tanto, no somos los más proteccionistas los europeos.

Hecho este excurso, señor Ministro, señores de Convergència i
Unió, participando de lo que ha sido el debate más técnico del
interpelante y del Ministro que le ha respondido...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Espasa, le ruego
termine.




El señor ESPASA OLIVER: Voy a terminar, señor Presidente,
reclamando y esperando, si no anunciando que, a través de
enmiendas, nosotros vamos a plantear esta nitidez o esta
claridad política que debe adoptar esta Cámara y que podíamos
resumir en que esta Cámara dé un mandato claro al Gobierno, al
Ministro de Exteriores, al Ministro de Agricultura, a nuestros
Comisarios en la Comisión de que o se aprueba todo o no se
aprueba nada. Esto es bueno decirlo políticamente. ¿Por qué
hemos de ser más tibios que los franceses si tenemos, y creo
que la tenemos en esta Cámara, una posición igual desde el
sector agrícola y desde otros sectores? ¿Por qué no hemos de
ser claros políticamente? ¿Es que el señor Mickey Kantor
cuando dice: esto no se renegocia, no está haciendo un
«pressing» político? ¿Por qué no lo hace también el Gobierno
español? Nosotros creemos que lo debería hacer.

Creemos que esta interpelación ha sido muy oportuna, pero que
será aún más oportuna la moción si sabe ser valiente y sabe
plantear claramente las posiciones en el terreno político, no
en el terreno técnico que, señor Ministro, como le he dicho,
el memorándum está bien, es tibio para nuestro gusto, va en la
buena dirección, pero debería ser más claro.




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Termino, y le recuerdo que las organizaciones agrarias
españolas están totalmente de acuerdo con las francesas. No
resulte que nuestros agricultores están más pendientes de lo
que hace el Gobierno francés que de lo que hace el Gobierno
español.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a fijar la posición de nuestro Grupo en relación
con la interpelación sobre la posición española ante los
acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector
agrario y las medidas de política general previstas por el
Gobierno en
beneficio del mismo. Si ha habido un planteamiento técnico,
como definía el portavoz anterior, y un planteamiento
político, yo quiero centrar el tema más bien en un
planteamiento humano, como es el de la situación de los
agricultores.

La agricultura española está asistiendo en los últimos años a
unos procesos de transformación extremadamente rápidos, lo que
a un sector como el del mundo rural, un tanto inmovilista, le
está produciendo unos efectos negativos, un trauma social al
no estar suficientemente preparados para unos cambios tan
rápidos. Por eso, en estos momentos, cuando hablamos de
liberalización del comercio agrario, el agricultor español se
echa a temblar porque ve como siempre termina perjudicándole,
y no es para menos, señorías, pues ya lleva varios procesos de
liberalización en los últimos años. Primero fue la
liberalización del Tratado de Adhesión de España a la
Comunidad Económica Europea, un mal Tratado de Adhesión en que
al agricultor se le usó como moneda de cambio para firmar el
tal Tratado. Se liberalizaron las fronteras españolas con el
siguiente resultado: pérdida de capacidad exportadora; pérdida
de capacidad de mercado nacional en favor de los productos del
resto de la Comunidad (la tasa de cobertura del sector
agroalimentario, que normalmente nos era favorable, ha ido
decreciendo, siendo a finales del año pasado simplemente del
76 por ciento); pérdida de renta de los agricultores; abandono
masivo de éstos de sus explotaciones, buscando otras
actividades con las que poder alimentar a sus familias --en
los últimos años han abandonado la agricultura más de
cuatrocientos mil
agricultores.

La segunda liberalización es la iniciada este año con la
entrada en vigor del Tratado del Mercado Unico Europeo que ha
traído consigo la desaparición del control de las fronteras
intracomunitarias.

Mientras se vulnera por parte de los agricultores franceses
eln derecho de libertad de tránsito de nuestros productos
hortofrutícolas, afectando gravemente a nuestros canales den
comercialización, no se comprende cómo el Gobierno Socialista
sen comporta de una forma tan generosa con los productos
procedentes den los países terceros (Sudamérica, el Magreb y,
principalmente, Marruecos).

La tercera liberalización, que es el motivo de esta
interpelación, es la que se va a producir siguiendo la
política de libre comercio que, a la sombra del GATT, se está
negociando en la denominada Ronda de Uruguay y que encuentra
en los acuerdos agrarios su principal dificultad para concluir
las negociaciones. Así, asistimos estos días a los problemas
de cierre del preacuerdo agrario pactado en noviembre del año
pasado entre los Comisarios europeos, Andriessen y McSharry,
con la Administración de Estados Unidos en «Blair House», en
Washington. Por cierto, ninguno de los dos comisarios sigue en
su responsabilidad política.

En resumidas cuentas, este recuerdo obliga a la CEE a
desmantelar en buena medida la protección que tiene en sus
fronteras para con su mercado agrícola interior. Esto obliga,
señorías, a permitir mayores importaciones de productos de
terceros países, a disminuir considerablemente las
exportaciones europeas subvencionadas, así como a disminuir,
también considerablemente, las subvenciones a las
exportaciones --las antiguas, restituciones--, aplicación de
la tarificación en frontera, sustituyendo a los anteriores
«prelèvement», o a la contingentación de la producción de
oleaginosas.

Todo esto, señorías, va a producir un aumento todavía mayor de
los excedentes agrícolas, por tanto, una caída de precios y,
consecuentemente, una pérdida de renta de los agricultores,
pérdida que va a obligar a la Comunidad a hacer un desembolso
mayor de los fondos comunitarios si quiere evitar el día de
mañana, un día muy inmediato, el despoblamiento rural. Esto ya
está pasando con la actual remodelación de la PAC, que está
costando más cara de lo que se preveía a los fondos
comunitarios. Por cierto, ¿qué va a pasar cuando se acaben las
ayudas a la superficie que están en vigor en la Comunidad
Europea en la remodelación de la PAC? ¿Qué tiene previsto
hacer la Comunidad cuando se acaben estas ayudas? ¿Qué pasará
con la renta de los agricultores, señor Ministro? Según las
organizaciones agrarias esta nueva liberalización va a
provocar el abandono de otros 200.000 agricultores en los
próximos cuatro años.

Señor Ministro, si Estados Unidos no acepta la renegociación
del acuerdo de «Blair House», ¿qué va a suceder con los
productos con organización común de mercado y que no entran en
la remodelación de la PAC? ¿Qué va a suceder con la fruta, las
hortalizas, con el vino, con el arroz o con el sector del
azúcar remolachero? ¿Cómo se van a defender de las
consecuencias que aportará el citado acuerdo de «Blair House»?
Todos estos interrogantes que se hacen en el sector son
interrogantes que le producen inquietud sobre su futuro y el
de sus familias, inquietud que sube en aumento al asistir
estos días a las contradicciones en



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las declaraciones de quien se supone que lo debe tener más
claro, como son los representantes del Gobierno español.

El cambio de opinión del Ministro de Asuntos Exteriores, el
señor Solana, ha sido patético, así como las contradicciones
entre su postura y la de su compañero de gabinete, el Ministro
de Comercio.

Inquietud porque un día ustedes apostaban por la postura
alemana y al día siguiente adoptaban la postura francesa.

Por cierto, esta mañana --y se lo digo al señor Mardones y al
resto de Diputados canarios-- un eurodiputado alemán ha
presentado una moción en el Parlamento Europeo donde se
solicita una nueva liberalización del protocolo de la
organización común de mercado que se prevé para el plátano.

Seguramente debe ser un favor del apoyo alemán a la postura
francesa. ¿Qué hemos sacado nosotros apoyando la postura
francesa, señor Ministro? ¿Hemos sacado algo?
Posiblemente, una vez más, nada.

El Gobierno no ha tenido un planteamiento claro desde
noviembre pasado cuando se firmó el acuerdo para ver qué es lo
que convenía a los intereses agrarios españoles. Desde luego,
su predecesor en el cargo no se lo ha dejado a usted como
herencia ministerial.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual, vaya
concluyendo, por favor.




El señor PASCUAL MONZO: A última hora han redactado ustedes un
memorándum, que es lo único que ha podido usted traer aquí
como bagaje y que, por cierto, no deja las cosas nada claras,
sino que deja bastantes dudas e interpretaciones sobre él.

El acuerdo de «Blair House», como se ha dicho hoy, supone un
desmantelamiento de la protección agrícola comunitaria, pero
este esfuerzo que se pide a los agricultores europeos, ¿tiene
su contraprestación con los agricultores americanos? ¿No cree,
señor Ministro, que los americanos nos han tendido una
emboscada haciendo un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y
la Comunidad Económica Europea, haciendo un acuerdo bilateral
dentro del GATT, cuando el GATT lo forman, como se ha dicho
aquí antes, 116 países, donde hay quince paquetes de
negociación y todo se ha circunscrito a que se aprobara el
paquete agrario?
La agricultura americana es tremendamente fuerte,
subvencionada por su país por el sistema de los «deficit
payments», cayendo en el «dumping» en numerosas ocasiones --y
eso lo saben muy bien nuestros agricultores productores de
almendra--, con una agricultura protegida en frontera con
trabas burocráticas y sanitarias. ¿No cree que hemos caído en
su estrategia? ¿No cree que esto hay que denunciarlo en el
Consejo de Ministros de Europa?
El dato es elocuente, señorías, la balanza comercial
agroalimentaria para Estados Unidos tiene un superávit de
21.000 millones de dólares; la de la Comunidad Económica
Europea tiene un déficit de 20.800 millones de ecus. Y si como
parece, Estados Unidos se niega definitivamente a renegociar
el acuerdo de «Blair House», ¿qué va a pasar con nuestros
agricultores?
Usted, señor Ministro, ha comparecido esta mañana en la
Comisión de Agricultura para exponer la política agraria que
va a desarrollar a través de su Departamento. Desde luego ha
sido una exposición bastante alejada de la realidad, como, por
ejemplo, cuando ha hablado de las medidas de acompañamiento,
cuya función primordial es acompañar la renta de los
agricultores por la remodelación de la PAC.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Voy terminando, señor Presidente.

O como cuando ha hablado de las medidas medioambientales, que
todavía no se han puesto en funcionamiento; o de la jubilación
anticipada, a la que después de tres años, solamente se han
acogido mil agricultores, lo que la hace totalmente
inoperante; o de la forestación de tierras agrarias (que fue
una de las ofertas electorales del señor González) de varios
cientos de miles de hectáreas cuando las organizaciones
agrarias han denunciado que no hay dinero para ello; o de la
mejora de las estructuras agrarias cuando todavía no se ha
pagado lo pendiente del Real Decreto 808. Desde luego,
señorías --voy a terminar, señor Presidente--, después de diez
años de gobierno socialista han sido ustedes totalmente
incapaces de crear una agricultura moderna, organizada, capaz
y preparada para los retos que estamos debatiendo en este
momento y que se han producido en esta década. No lo hicieron
ustedes en los años de bonanza económica, así que ya me dirá
usted cómo lo van a hacer con la crisis que estamos
atravesando actualmente.

Termino, señor Presidente. Espero, porque la esperanza es lo
último que se debe perder, que de ahora en adelante tengan
ustedes una postura más clara, más precisa con respecto al
acuerdo de «Blair House», menos oscurantista que la que han
tenido hasta ahora, porque ha sido deprimente ver cómo los
agricultores españoles hasta ahora hemos sabido mucho mejor
cuál era la postura del Gobierno francés, cómo le afectaba el
acuerdo de «Blair House» a los agricultores franceses y a la
agricultura francesa que a nuestros agricultores.

Esperamos la moción consecuencia de esta interpelación para
que esta Cámara adopte un planteamiento lo suficientemente
claro y exigente para la defensa de nuestros agricultores.

Muchas gracias, señor Presidente.




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--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DE TASAS
UNIVERSITARIAS REALIZADA POR EL GOBIERNO Y LOS CAMBIOS
NECESARIOS EN LA MISMA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA
ENSEÑANZA SUPERIOR PUBLICA A TODOS LOS ESPAÑOLES (Número de
expediente 172/000010)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre política de tasas universitarias realizada por el
Gobierno y los cambios necesarios en la misma para garantizar
el acceso a la enseñanza superior pública de todos los
españoles.

Para su defensa, el señor González Blázquez tiene la palabra.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías,
señorMinistro de Educación y Ciencia, por lo que nos cuentan
los mediosde comunicación y nos adelantó usted ayer en su
comparecencia antela Comisión de Educación, parece que la
cordura ha vuelto a su Ministerio; la falta de diálogo que se
había podido observar en otros casos en su departamento se ha
suplido en éste con la negociación con los afectados, con los
representantes de los estudiantes. Espero no haberle levantado
de ninguna mesa de negociación para comparecer ante la Cámara
porque lo sentiría.

Esperamos también, señor Ministro, por el bien de la
Universidad, por el bien de los que quieren acceder a la
Universidad y no tienen medios económicos para hacerlo, que
este diálogo fructifique y ceda usted ante las legítimas
pretensiones de los estudiantes que, en los tiempos que
corren, no son en modo alguno disparatadas. No le duelan
prendas, señor Ministro, en rectificar si es preciso, porque
rectificar es de sabios. Mano firme, nos decía ayer, para
conseguir sus objetivos; firmeza, prudencia y un componente de
humildad para rectificar errores.

Invertir en la Universidad, señorías, señor Ministro, es la
mejor inversión que tiene que realizar un país y un gobierno
progresista para garantizar su futuro --me refiero al futuro
del país--. Para garantizar también la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de acceso a la
Universidad pública, es necesario nodar pasos hacia su
privatización con decisiones como las del Decreto de Tasas del
26 de febrero. Parecía que con ese Decreto el Ministerio
trataba de cargar sobre las espaldas de los estudiantes la
insuficiencia financiera de las universidades públicas no
transferidas.

Aunque sólo sea para animarle más al diálogo con los
estudiantes, señor Ministro, para darle más razones, y más que
sobradas, para acceder a sus reivindicaciones, me voy a
permitir, señor Ministro, hacerle una serie de consideraciones
sobre el Decreto de Tasas del 26 de febrero. En primer lugar,
este Decreto sufre un retraso en su publicación en comparación
con otros años --otros años venía publicándose en julio--, y
el retraso en la publicación conduce al consiguiente
transtorno para las universidades en el cobro de las
matrículas y, lógicamente, también a una desinformación de los
usuarios y de las organizaciones políticas y sociales.

Se contemplan en este Decreto subidas que llegan hasta el 14
por ciento sobre el monto anterior en titulaciones antiguas.

Se penaliza la repetición de asignaturas, en segunda, tercera
y cuarta convocatorias, en un 25, 35 y 50 por ciento
respectivamente, con toda la casuística que esto tiene, y es
que, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid, la
tercera repetición se incrementa en un 140 por ciento. Se dan
casos, señor Ministro, en los que la repetición no se debe
solamente a cuestiones de vagancia o de desinterés del alumno,
hay motivos laborales, personales, familiares y dificultad
intrínseca de algunas asignaturas. En la Universidad
Politécnica de Madrid los repetidores alcanzan la cifra del
70,4 por ciento del total y este porcentaje, por lo general,
nobaja en otras universidades del 50 por ciento. Al ser
obligatorio matricularse en el primer curso completo se tiene
la repetición de asignaturas casi garantizada.

Existe también discriminación de unas carreras con respecto a
otras en función de su grado de experimentalidad: siete grados
igual a siete precios de tasas diferentes, quedando
penalizadas, por tanto, determinadas vocaciones con respecto a
otras. Cuando el pago de la tasa se hace en función de los
créditos, titulaciones nuevas, esta situación se agrava
extraordinariamente: incrementos entre el 18 y el 72 por
ciento, superándose ampliamente el tope fijado para las
carreras de grado de experimentalidad uno. Hay un agravio
comparativo que, además, no va acompañado de una mejora de la
calidad de la enseñanza en estas titulaciones, su masiva
implantación no ha ido acompañada del correspondiente esfuerzo
presupuestario: plantillas congeladas, no construcción de
nuevos centros, mismas aulas, mismos laboratorios, mismas
ratio, etcétera. A veces el estudiante, señor Ministro, se ve
abocado a entrar en estos estudios por no existir plaza en el
centro elegido por él en primera opción. Por otra parte, es
más que dudosa la condición de titulación nueva, ya que la
mayoría son titulaciones con pocas variaciones de fondo, son
titulaciones que yo llamaría «maquilladas». Esta situación,
señor Ministro, afecta a unos 40.000 estudiantes, solamente en
el ámbito de la gestión del MEC, y se supera la cifra de los
100.000 para todo el Estado. Le voy detallando las cosas de
forma concreta para que usted me pueda contestar.

Ante la alarma social generada por esta situación, en
determinado momento el propio Secretario de Estado de
Universidades convoca una rueda de prensa anunciando que se
han cursado las órdenes pertinentes a seis



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universidades MEC, afectando a un total de siete centros, para
que se proceda a la devolución del exceso de matrícula. Pasada
una semana de estas declaraciones, los rectores de varias de
estas universidades declaran no tener noticia de esta decisión
por cauce oficial alguno. Hay que concretar estos temas, señor
Ministro. En cualquier caso, como le decía, la medida
anunciada afectaría a un total de 3.000 alumnos de los 40.000
afectados sólo en el ámbito del MEC, muchos de los cuales se
ven perjudicados por subidas aún mayores que las citadas por
el Secretario de Estado. El Ministerio argumenta que las
nuevas titulaciones ven reducido el número de años de duración
de los estudios, con lo cual el coste total se divide entre
menos años. Esa argumentación no es verdadera, es falsa, señor
Ministro, ya que en las carreras de grado medio la duración es
la misma, tres años; en las que ven reducido su número de años
de cinco a cuatro también conviene considerar que el alumno
usa un año menos la universidad. En situaciones de familias
con pocos recursos económicos poco importa que la carrera dure
un año menos si no se puede hacer frente a la matrícula del
primer curso. En este contexto de la política de tasas que he
expuesto anteriormente, tenemos que volver la vista
necesariamente a la correspondiente política de becas por ver
si se corresponden, y encontramos en este momento, primero,
que la renta per cápita anual máxima necesaria para obtener
beca compensatoria en el año 1992-93 fue de 250.000 pesetas;
en el presente curso es de 263.000. El incremento, si no me
fallan mis cálculos, es del 5,2 por ciento. Para poder acceder
a una beca de este tipo durante el presente curso hace falta
para una unidad familiar de cuatro miembros no superar unos
ingresos brutos anuales de 1.052.000 pesetas. Este es el
umbral de la pobreza. Yo creo que para conseguir una beca hay
que tener una situación de andar pidiendo en el metro. La
cuantía máxima de tales becas fue en el curso pasado de
237.000 pesetas, siendo durante el presente de 249.000
pesetas, con un incremento del 5,06 por ciento. En otro tipo
de ayudas como, por ejemplo, ayuda al desplazamiento para
distancias superiores a los 50 kilómetros, curso 92-93, 90.000
pesetas; curso 93-94, 95.000: incremento, 5,5 por ciento.

Transporte urbano: curso 92-93, 15.000 pesetas; curso 93-94,
16.000 pesetas: incremento, 6,6 por ciento. Material
didáctico, curso 92-93, 23.000 pesetas; curso 93-94, 24.000
pesetas: incremento, 4,3 por ciento. Conclusión, señor
Ministro: no existe la más leve relación entre los incrementos
que pretenden que experimenten las tasas académicas y las
correspondientes becas, por lo que, en términos políticos, la
situación creada en este curso es o puede ser inadmisible.

Por todo ello, señor Ministro, señorías, Izquierda Unida no va
aser más papista que el Papa en la solución de este
problema.Acuerde S.S., señor Ministro, con los representantes
de los estudiantes una solución inmediata que garantice la
viabilidad de la universidad pública al servicio de todos. Con
esos acuerdos acabe S.S. con el desbarajuste que ha supuesto
para muchas economías familiares que habían calculado unos
gastos y se encuentran con otros muy superiores. Debe usted, a
nuestro juicio, retirar el Decreto, señor Ministro, y negociar
con los estudiantes una subida de tasas y otra paralela de
becas que reequilibre la situación en estos momentos de crisis
que las familias de los estudiantes, especialmente las más
necesitadas, también sufren.

La educación, señor Ministro, es un bien social --lo decía
usted ayer-- y, por tanto, una necesidad humana. Haga caso
omiso a las voces que desde su propio Gobierno quieren aplicar
una voracidad recaudatoria incluso en la educación. Animo y a
negociar, que el diálogo da buenos frutos e incluso la fama de
dialogante da buenos resultados para el ascenso en futuros
gobiernos, y haga usted también oídos sordos de sus socios de
la derecha, porque en temas de educación, en los conceptos de
una educación pública al servicio de todos, no le van a
seguir.

Nos agradaría, señor Ministro, vernos obligados a retirar la
moción en el próximo Pleno --la moción subsiguiente a esta
interpelación--porque usted ya haya anulado el Decreto de
tasas, porque haya hechouna política consecuente de becas y
porque usted lo haya solucionado ya.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Blázquez.

Para contestar a la interpelación del Grupo de Izquierda
Unida, por parte del Gobierno tiene la palabra el señor
Ministro de Educación y Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente, señorías.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, el contenido de su interpelación
meimpulsa a hacer un planteamiento que permita enmarcar
precisamente la política del Gobierno en relación con la
materia objeto de la misma. Brevemente voy a permitirme poner
de manifiesto cuáles sonlos criterios que me han llevado a
fijar una determinada política de tasas universitarias para el
curso que ahora entra, cuáles han sido las razones y cuál ha
sido la corrección. Estamos de acuerdo, señoría, en que la
enseñanza universitaria tiene un interés generalizado. Esto
justifica su naturaleza de servicio público y, por
consiguiente, justifica plenamente la financiación pública del
servicio académico. Sin embargo, a diferencia de otros
servicios públicos --pongo por caso la educación secundaria
obligatoria--, éste es un servicio público que no puede
considerarse universalizable. Es decir, ni se puede obligar a
todos los ciudadanos a estudiar una



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carrera universitaria, por una parte, ni se puede admitir en
la universidada estudiantes que no cumplan determinados
requisitos necesarios para el acceso a los estudios
superiores. Por consiguiente, el esfuerzo que la sociedad hace
para mantener y desarrollar el sistema universitario me parece
que es lógico que resulte también compartido por los
beneficiarios directos del sistema --es decir, por los
usuarios del servicio público académico-- de
acuerdo,naturalmente, con las posibilidades económicas de cada
uno. A mí me parece que éste es el principio fundamental que
debe guiar, en general, las políticas de
financiación de la Universidad española y probablemente de
cualquier otra, y de aquí se derivan algunos principios de
actuación que procuraré concretar.

En primer lugar, yo creo que debería ser norma que el esfuerzo
económico que la sociedad hace en favor de la mejora de la
calidad de la enseñanza universitaria se guíe no sólo por
criterios cuantitativos, que son fácilmente generalizables,
sino también porcriterios de incentivación o de calidad
específica que ofrece cada universidad o cada estudio. En
segundo lugar, me parece que es criterio importante, que se
deriva del primero, que el crecimiento de la financiación
pública a la universidad deba de ir acompañado por un esfuerzo
equivalente, en la medida en que lo sea, en el porcentaje en
que se fije (luego tendremos ocasión de hablar de esto), por
parte de los usuarios y al que me refería en un principio.

Podemos situarlo, si a S.S. conviene, en torno a un 20 por
ciento, por utilizar un porcentaje que luego voy a recoger.

Porúltimo, el tercer criterio que se deriva del principio
fundamental sería, desde mi punto de vista, que esta política
de corresponsabilidad financiera universitaria debiera ir
acompañada por una intensificación en la política de becas, de
tal manera que las desigualdades que socialmente se producen
no impidieran el acceso a nadie por razones económicas a unos
estudios universitarios de calidad.

Pues bien, señoría, sentados estos tres principios sobre los
que creo que puede darse un acuerdo general sin mayores
problemas, el Gobierno se planteó la conveniencia de
actualizar la contribución del estudiante universitario a la
financiación de ese servicio público y teniendo en cuenta que
se había producido un desfase en esa contribución, del que no
sé si en la comparecencia a la que S.S. aludía he llegado a
hablar pero al que me he referido en más de una ocasión ante
una pregunta oral en esta misma Cámara. Por citar un dato,
diré que en 1985 la participación de las tasas universitarias
en la financiación de la universidad superaba ampliamente el
20 por ciento, era el 21,6 por ciento. En 1993 este porcentaje
estaba situado en menos del 20 por ciento, en un 17,5 por
ciento. Se había desfasado, por consiguiente, esta
participación y esto provocó que por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia se dictase una orden ministerial, que no
decreto, con fecha de 23 de agosto --muy poco tiempo después,
señoría, prácticamente un mes después de tomar posesión de su
cargo el Ministro que le habla, con lo cual no creo que pueda
hablar se de especiales retrasos en este caso-- fijando el
aumento de las tasas universitarias sobre las tarifas del año
pasado en un 12 por ciento de incremento.

Sin embargo, de forma simultánea se actúa sobre la política de
becas, actualizando, en la medida en que las disponibilidades
presupuestarias lo permiten, algunas de las cuantías que S.S.

correctamente ha citado. Efectivamente, sube en un 5,6 por
ciento la ayuda compensatoria, que se queda en 249.000
pesetas. Los desplazamientos quedan como S.S. ha dicho, pero
S.S. no ha indicadolos que me parecen datos más importantes en
relación con la política de compensación para los estudios
universitarios por la vía de becas. Las becas por residencia,
señoría, suben en más porcentaje del que ha indicado,
exactamente, el 7,14 por ciento. Pero, fundamentalmente, el
umbral para obtener becas para matrícula gratuita, que en el
próximo curso van a afectar --ya lo he repetido-- a entre
250.000 y 300.000 de los aproximadamente 1.300.000 estudiantes
universitarios que vamos a tener al inicio del curso que
viene; el umbral para obtener matrícula gratuita se eleva
exactamente en 13,6 puntos, más que la subida de las tasas
universitarias. Dicho en otras palabras, si el año pasado para
tener derecho a matrícula gratuita una familia española tipo
de cuatro miembros necesitaba ingresar no más de 2.600.000
pesetas, ese umbral queda para este curso elevado a 3.000.000,
lo cual supone un aumento sustancial y, sobre todo, que no se
puede desconocer cuando se habla de políticas sociales en esta
materia. Aproximadamente, señoría, 20 o 22 de cada 100 alumnos
que estudiarán este año en la universidad tendrán derecho a
una exención de matrícula.

Es verdad que, trabajando con la media de los 12 puntos de
incremento en las tasas universitarias, hemos detectado
algunas desviaciones a la hora de aplicar la Orden ministerial
de 23 de agosto; desviaciones que son producidas --ya lo he
explicado también-- por la entrada en vigor, de una manera
masiva, de los nuevos planes de estudios de las enseñanzas no
renovadas, muchas de las cuales no se sitúan en el límite
medio del número de créditos, sino que aumentan su carga
lectiva, incluso al máximo de lo permitido por la legalidad, y
otras de las cuales, bien es verdad que las de ciclo largo
pero unas cuantas --número que no puedo determinar en este
momento, pero bastante elevado--, pasan de seis a cinco años o
pasan de cinco a cuatro años, lo que supone que la carga
lectiva del primer curso sea superior y, por consiguiente, la
matrícula se encarezca. Esta es la razón de las desviaciones
que se han producido, sin que ello quiera decir que la media
del 12 por ciento se hubiera alterado como tal media.

En un primer momento, es verdad que se pensó en corregir las
desviaciones más exageradas que afectaban



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a esas siete u ocho licenciaturas a las que S.S. ha aludido
anteriormente, y que sea nunció que se pensaba actuar en esta
materia. Sin embargo, nunca, señorías, se llegaron a cursas
instrucciones. Tan sólo se anunció que se pensaba actuar en
esas siete u ocho licenciaturas, actuación que a mí me hubiera
parecido insuficiente --por eso la solución final ha sido
otra-- en función no de la naturaleza del problema sino del
clima social que estas desviaciones habían generado y que, en
mi consideración, podían llegar a empañar el entendimiento,
por parte de la sociedad y de los universitarios, de una
reforma tan importante como es la que, de verdad, este año
entra en la universidad española con la estructuración de los
nuevos planes de estudio. Por esta razón, tras dialogar con
las organizaciones estudiantiles, tras dialogar con el Consejo
de Universidades ayer tarde, tras informar en más de una
ocasión a SS.SS., tras dialogar con las administraciones
educativas, es decir, con los responsables de algunas
comunidades autónomas, se decidió generalizar la medida de
recuperar la posición del 12 por ciento de aplicación lineal
para el primer curso también para las enseñanzas renovadas.

Quiere esto decir que para el curso que viene, y es la
solución que he encargado que se establezca a los órganos
competentes para el caso, que son los de la Secretaría de
Estado de Universidades de mi Departamento, las enseñanzas
renovadas de primer curso para este año seguirán las tarifas
de las enseñanzas no renovadas, incrementadas unas y otras,
naturalmente, en un 12 por ciento, tal como se había previsto
al principio, pero que da un abanico de precios que se sitúa
entre las 55.500 pesetas --creo recordar-- y las 88.600
pesetas, de tal manera que la matrícula de un alumno que curse
la carrera más cara en estos momentos en España según su grado
de experimentalidad supone un gasto mensual en torno a las
7.500 pesetas de desembolso. Esta es la realidad para el
primer curso del año que viene, tanto en las enseñanzas no
renovadas cuanto en las enseñanzas renovadas. La orden
ministerial se publicará esta misma semana, en cuanto se
solucionen una serie de cuestiones de carácter técnico.

Se trata, señoría, de una medida para este curso, de una
medida por consiguiente en este sentido provisional, de tal
modo que ayer ante el pleno del Consejo de Universidades --y
se viene haciendo con las organizaciones estudiantiles--
comprometí el inicio de un diálogo para afrontar los retos que
encara nuestra universidad en orden a la búsqueda de criterios
de coordinación, de planificación y también de financiación
que puedan ser homogéneos en el conjunto del territorio
español, por una parte, y que, por otra, puedan ser
socialmente entendidos y asumidos. Estas conversaciones se
iniciarán en cuanto el curso comience y espero que den el
resultado apetecible. Todo ello, señoría, sobre la base del
diálogo que no hetenido que interrumpir --aunque lo hubiera
hecho muy gustoso-- paravenir a esta Cámara a responder a la
interpelaciónde S.S.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.

Para un turno de réplica tiene la palabra el señor González
Bláquez.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy a ser breve, señor Presidente,
porque, entre otras cosas, no quiero soliviantar al señor
Ministro en un momento de diálogo y quiero que vaya relajado
al diálogo con los estudiantes.

Ya le he dicho, en nombre de Izquierda Unida que no vamos a
ser más papistas que el Papa y por encima de las cifras que él
tiene y yo tengo y que no coinciden, evidentemente, ni en
política de becas ni en política de tasas, aceptaremos aquello
que mejor acuerden entre las partes, aunque estaremos
vigilantes para que no engañe a los chicos porque los que
pagamos somos los padres.

El señor Ministro ha dejado clara una situación, que él va a
hacer una política progresista en educación en la medida de
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Ahí está
el quid de la cuestión. Estamos --como decía ayer el señor
Ministro-- en la zona de descenso, en el porcentaje de PNB
para educación entre los países de la CEE. Sólo tenemos un
país detrás de nosotros; estamos en la zona de descenso.

Lógicamente lo que tienen que hacer los presupuestos es elevar
a mejores puestos.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Señor Presidente, muchas gracias.

Señoría, es verdad, ayer hemos hablado de la conexión
presupuestaria del problema. Por supuesto que haré la política
que mejor convenga a todo el conjunto de la sociedad española
en materia educativa desde los planteamientos que tenemos los
socialistas. El contexto presupuestario, señoría, es el que
es. Yo ayer me comprometí a una mejor gestión de los dineros
que la sociedad española ponga a mi disposición para llevar
adelante las responsabilidades de dirección de la educación en
España en todos sus niveles, una mejor gestión, así como la
priorización de aquellas cuestiones que tengan mayor interés
social dentro del conjunto de las políticas que se llevan a
cabo en el Ministerio de Educación y Ciencia.

Nada más, señoría. Señor Presidente, muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) En nombre del
Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, en esta
tardía hora rayana en lo deportivo, quiero fijar posición en
nombre de mi Grupo sobre esta interpelación en relación con
las tasas, que en el fondo no es sino la crónica de una
revisión anunciada, porque ya se veía que era imposible
mantener la organización, por llamarla de alguna manera, que
se había puesto en marcha sobre las tasas.

Señor Ministro, creo, en primer lugar, que no cabe discutir
cuál debe ser la participación de los alumnos en la
financiación de la enseñanza universitaria bajo la presión de
recortes presupuestarios. Si usted reúne a los rectores en el
Consejo de Universidades, no es lo mismo que les pregunte, en
general, qué porcentaje consideran que deben asumir del precio
de la enseñanza universitaria de los estudiantes que el que
ellos estén sumidos en una dinámica en la cual el problema es
de dónde van a sacar el dinero. Ante esta situación el diálogo
está absolutamente trucado. Le voy a dar simplemente algunos
datos de sus presupuestos, comparando 1993 con 1992.

En la Universidad de Alcalá de Henares aumentan los alumnos
3,3 puntos; gastos de funcionamiento que les da el Gobierno,
-1,5. En la Universidad de Castilla-La Mancha aumentan los
alumnos 38,8; los gastos de funcionamiento aumentan cero
pesetas. En León aumentan los alumnos 4,4; gastos de
funcionamiento, -3,7. En la Politécnica de Madrid aumentan los
alumnos 2 puntos; gastos de funcionamiento, -3,7. Así no se
puede hablar de cuál es la racional participación de los
alumnos de la enseñanza. Por otra parte, habría que aclarar
cómo calcula usted el costo de la enseñanza universitaria,
porque si resulta que todo lo que se gasta en la universidad
debe entenderse que forma parte del costo de un puesto
escolar, da la sensación de que la universidad se ha
convertido en una institución escolar. La investigación parece
que sirve a la sociedad para algo más que para enriquecer las
clases que reciben los alumnos de la universidad. No nos ha
explicado muy bien por tanto cómo calcula usted el costo del
puesto escolar. En todo caso, tenga clara la postura de
nuestro Grupo.

Nuestro Grupo nunca apoyará subidas de tasas superiores al
índice de precios, que son las que hasta ahora se han
mantenido siempre, si no se aumentan las subvenciones y las
inversiones a las universidades de modo que se garantice un
aumento de la calidad. Ustedes últimamente se están
convirtiendo al mercado pero con un fanatismo un poco
excesivo, propio del converso. Si usted ofrece algo con más
calidad, es lógico que pida un mayor precio; ahora, lo que
usted no puede es aprovecharse de un mercado cautivo para
poner el precio que le dé la gana dando lo mismo con menos
calidad. Eso no lo puede hacer y no tiene nada que ver con
ningún sistema de mercado que se precie.

Dijo usted primero que iba a compensar, vía subvención, a las
universidades que tuvieran que renunciar a algunos ingresos
con motivo de la revisión de la orden ministerial. Hoy ha
dicho aquí, a preguntas de este Diputado, que no piensa
compensar a ninguna universidad, sino que sólo se compromete a
que las subvenciones no sufran merma, y ayer en Comisión ya
anunció que las inversiones van a sufrir una merma. En este
plan usted no tiene autoridad moral ninguna para subir las
tasas ni una peseta, así de claro, porque no estamos hablando
de si es justo o no; estamos hablando de qué ofrece usted a
cambio, y no ofrece nada que justifique esa actitud.

Además, hay otro componente, que es el de las becas. Yo he
expuesto aquí unos datos sobre becas que usted no ha sido
capaz dedes mentir, porque los datos son suyos. Este año hay
41.720 becas menos para universidad en los presupuestos de
1993 que en los de 1992. Por tanto, no me hable usted de
porcentajes que, aislados, no son significativos. Explíque me
por qué este año hay 41.000 becas menos para la universidad
que el año pasado.

Ha hablado usted de que el año que viene --ha dicho el curso
que viene, cosa un poco etérea-- van a tener exención de tasas
de 250.000 a 300.000 alumnos. Para empezar, ya la previsión
mueve a la risa, con una variación de sólo el 25 por ciento
son unas previsiones muy ajustadas. Yo sólo le digo una cosa:
en los presupuestos de 1993 estaban previstas exenciones de
tasas para 208.850 alumnos; no sé de dónde va a sacar los
100.000 restantes. Las que estaban previstas para 1993 eran
inferiores en 7.338 a las del año anterior; vamos bajando y,
sin embargo, usted dice que esto mejora. Es un sistema muy
original que ustedes han patentado pero que yo no acabo de
entender.

Señor Ministro, hay que replantear el problema del cálculo del
precio por créditos. No es cierto, como ha afirmado hoy usted
aquí, que las nuevas titulaciones estén compuestas de
créditos, no es verdad; como tampoco lo es que una carrera sea
examinarse 25 o 50 veces. Tampoco es verdad, aunque uno se
examine. Los currículos están formados por asignaturas, hasta
el punto de que haya signaturas troncales. Uno no puede hacer
un número de crédito sin determinado, no; está vinculado a
determinadas asignaturas, bien lo saben los profesores que han
peleado porque las suyas sean troncales. Lo lógico sería un
sistema de pago por asignatura, con una enorme flexibilidad en
cuanto a los créditos, porque no tiene ningún sentido vincular
a la hora de clase el dinero como si se tratara de clases
particulares o academias; esto es otra cosa. En todo caso,
para



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determinadas asignaturas que desborden unos topes muy elevados
de créditos, se puede permitir un índice corrector como puede
ser el de la experimentalidad, pero sin mayor alcance. Señor
Ministro, lo que usted tiene que hacer, sobre todo, es abrir
de una vez un debate, afrontando políticamente la realidad,
sobre la selectividad y el acceso a la universidad, porque
ustedes han reducido la selectividad a puro acceso a la
universidad; la selectividad sólo sirve para ordenar flujos de
alumnos que llegana la Universidad, y ustedes han descubierto
una fórmula originalísima. Como les parece poco popular
establecer sistemas serios de control académico de permanencia
en la universidad como los ha habido en otras épocas, de
necesidad de aprobar las asignturas en determinado tiempo,
etcétera --por lo visto, a ustedes les parece represivo a
juzgar por cómo han planteado la LOGSE--, ustedes dicen que no
es educado decirle a un señor que nos irve, sobre todo cuando
los demás le estamos pagando. ¡No! que damás fino decirle:
Usted no se puede permitir ese lujo porque usted no tiene el
dinero suficiente para pagar una cuarta matrícula. Ha tenido
que venir un Gobierno socialista para establecer que aquí el
que tenga dinero puede estar en la universidad el tiempo que
quiera, ahora bien, el que no lo tenga será expulsado
inmediatamente. Esa es, por lo visto, la política socialista
de permanencia en la universidad (Rumores.) Me remito a los
datos. Me remito a los datos que hacen que una asignatura
cueste más que un curso entero. No, señor. Para ser fieles a
lo que usted mismo acaba de decir aquí hay que establecer unos
controles de capacidad, al margen del dinero que tenga la
criatura. (Un señor Diputado: ¡Vas por mal camino!) Por ahí
estaremos de verdad haciendo una política seria. Porque parece
mentira que mientras que un Ministro socialista actúe así,
tengan que ser rectores, que no tienen fama de socialistas,
los que propongan tasas que tengan que ver con la renta
familiar y que desgraven. Aquí se ve que hay algunos papeles
cambiados.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya
terminando.




El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor Presidente,
diciéndole, señor Ministro, que aquí lo queha quedado claro,
por cómo han llevado ustedes todo este problema, es que
primerodisparan y luego apuntan.

Dice usted que ha habido desviaciones de las previsiones. No,
señor Ministro, sea sincero; no ha habido previsiones. El
señor Secretario de Estado se ha ido enterando de los datos
relevantes del problema por la prensa. Esa es la realidad, no
los había estudiado. Usted le ha dicho ahora que los estudie,
le ha puesto deberes al señor Fereres. Me parece muy bien.

Hágale escribir cienveces: No daré una orden ministerial sin
estudiar primero sus consecuencias. Hágalo, le hará un favor.

Sobre todo, una última petición, señor Ministro. Yo no le voy
a pedir que cese al señor Secretario de Estado porque sé que
lo va a hacer. Yo le voy a pedir que no practique el «prietas
las filas». Su Presidente del Gobierno lo practicó en una
ocasión, en un casomás grave que éste, acabó cesando al que
estaba implicado y acabó deteriorando gravemente a su partido
por esperar. No deteriore usted la gestión de su Ministerio
manteniendo a un señor que notiene ni transparencia, porque se
dedica a hacer apaños con los rectores intentando no modificar
una orden que ha acabado modificando, y que cada vez que da un
dato se lo desmienten al día siguiente en el periódico.

Señor Ministro, creo que le he dado argumentos bastante
serios. De todas maneras, para facilitar la tarea al señor
Lazo, que parece que va a intervenir ahora y que lleva una
semana muy ajetreada por razones que no son del caso, voy a
acabar con una broma para que pueda descalificar mi
intervención tachándola de chascarrillo. Señor Ministro, que
no le pase como al Presidente de ese club de fútbol, otrora
glorioso, que, por no tomar decisiones a tiempo, actualmente a
su equipo le llaman el trueno, porque a estas alturas ya va
detrás del Rayo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, el Pleno se
reanudará mañana a las nueve horas.

Se suspende la sesión.




Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.