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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 5, de 22/07/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 5 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 4
celebrada el jueves, 22 de julio de 1993
Página
ORDEN DEL DIA



--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 110)



Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:



--Real Decreto-Ley 12/1993, de 2 de julio, por el que se
concede un crédito extraordinario por importe de
31.804.000.000 de pesetas y se autoriza a concertar
operaciones de crédito al Ente Público Radiotelevisión
Española y sus sociedades estatales (número de expediente
130/000001) (Página 110)



(«Boletín Oficial del Estado» número 158, de 3 de julio de
1993.)
(Corrección de error: «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 15 de julio de 1993.)



Página 108




SUMARIO



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos Diputados (Página 110)



Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley (Página 110)



Real Decreto-ley 12/1993, de 2 de julio, por el que se concede
un crédito extraordinario por importe de 31.804.000.000 de
pesetas y se autoriza a concertar operaciones de crédito al
Ente Público Radiotelevisión Española y sus sociedades
estatales (Página 110)



El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expone,
en nombre del Gobierno, las razones que han obligado a la
promulgación del Real Decreto-ley. Comienza manifestando que a
partir de 1983 desaparecieron las subvenciones de explotación
que procedentes de los Presupuestos Generales del Estado
recibía Radiotelevisión Española, la cual empezó a
financiarse, especialmente en sus gastos de explotación,
mediante sus ingresos publicitarios, si bien hasta 1987 se
mantuvieron subvenciones de capital. Debido al monopolio legal
de RTVE y al fuerte crecimiento del mercado de la publicidad,
entre 1983 y 1989 los ingresos crecieron de manera importante,
permitiendo incluso disponer de excedentes de tesorería. Sin
embargo, en 1990, con la ruptura del monopolio y la
fragmentación de la audiencia al implantarse la televisión
privada, se produce una crisis de los ingresos que obliga a
RTVE a endeudarse, ya en 1991, en 21.783 millones de pesetas,
crisis de ingresos que se ha acentuado en sus años sucesivos.

Con el fin de solucionar los problemas planteados, el Consejo
de Ministros de 7 de mayo de este año aprueba el contrato-
programa entre el Estado y el Ente Público, poniendo en marcha
un plan estratégico para mantener la oferta de radio y
televisión públicas viable en nuestro país.

Se refiere a continuación el señor Ministro a los objetivos y
aportaciones del contrato-programa, exponiendo que, en
ausencia de créditos en los Presupuestos Generales del Estado
para esta finalidad y dada la urgente necesidad de atender a
la situación financiera del Grupo (Radio Nacional, Orquesta y
Coros de RTVE e Instituto Oficial de Radio y Televisión), se
ha hecho precisa la aprobación del crédito extraordinario,
utilizando a tal efecto el real decreto-ley, conforme prevé el
artículo 86 de nuestra Constitución.

Con independencia del crédito aludido, el Ente Público habrá
de hacer frente a otros gastos ineludibles, por lo que en el
citado Decreto-ley se incluye una autorización de
endeudamiento por importe de 44.725 millones de pesetas, que
se suman a los 44.275 millones incluidos en el Anejo III de la
Ley 39/1992, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
del Estado. La financiación a que se destina dicha cuantía
tiene las finalidades que enumera seguidamente.

Termina el señor Ministro señalando que el crédito
extraordinario contemplado en el Real Decreto tiene como
objetivo el reponer la estructura financiera del grupo
Radiotelevisión Española que permita la normal continuidad de
sus actuaciones, a cuyo fin pide el voto favorable de la
Cámara a la convalidación del repetido Decreto-ley.

En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley
interviene, en nombre del Grupo Popular, el señor Arenas
Bocanegra. En primer lugar, y tras expresar una cierta
sorpresa, manifiesta que llevan tres años discutiendo y
abordando los problemas de Radiotelevisión Española y la
posibilidad del contrato-programa, en cuyos tres años se han
puesto de relieve posturas radicalmente contradictorias en el
seno del Gobierno, como las de los entonces Ministros de
Economía y Hacienda y de Relaciones con las Cortes. Pero el
Gobierno ha esperado hasta este momento para aprobar créditos
extraordinarios y operaciones de crédito para el Ente RTVE
cuando, en efecto, el requisito de extraordinaria y urgente
necesidad que vincula los reales decretos-ley exigía esa
aprobación antes de que se constituyeran las nuevas Cortes que
saliesen de las elecciones del 6 de junio.

En segundo lugar, desea poner de manifiesto la imprevisión
presupuestaria de que ha hecho gala el Gobierno, porque no se
va a la ampliación de un crédito sino a una ampliación neta de
gasto público con un crédito extraordinario. Hoy no estamos
hablando de31.000 millones de pesetas, como se decía en la
nota de distintos ministerios durante la campaña electoral,
sino de 123.000 millones, que es la suma de los 31.000
millones de subvenciones directas a través del contrato-
programa y el endeudamiento autorizado en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado y en este Real Decreto-ley
hasta los 92.000 millones de pesetas. Expresa después el señor
Arenas su protesta hacia el Gobierno por no haber accedido a
la solicitud de que compareciese para explicar la situación
económica y, sin embargo, sí aprobar hasta 120.000 millones en
la precampaña y en la campaña electoral.

Agrega que al pedirles el voto favorable a la convalidación se
les está pidiendo que convaliden la gestión económica y
profesional de Radiotelevisión



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Española, gestión que califica de caótica e irresponsable y
que van a tener que soportar todos los españoles, así como los
mismos profesionales del Ente Público, que hoy padecen su
falta de credibilidad, teniendo muchos de ellos como horizonte
únicamente el desempleo.

Pregunta al señor Ministro cuál es su modelo de radio y
televisión públicas para España y si ese modelo se basa en que
la Radiotelevisión pública sea un aparato de propaganda para
quien está en el poder, añadiendo que hay materias que el
señor Ministro conoce muy bien pero no ésta. Analiza el
proceso de gestión de RTVE desde que se abre la competencia
audiovisual con la Ley de Televisiones Privadas, aduciendo
numerosas cifras y resaltando las características de la
programación de RTVE, que no le parece que sea de tanto
interés público como para ser subvencionada con los impuestos
de los españoles. A su juicio, el problema de Radiotelevisión
Española es que ha seguido comportándose como si estuviese en
situación de monopolio, con un intento claro de los
gobernantes socialistas de acaparar el mercado para que no
subsistan las televisiones privadas y ahogar así el pluralismo
y la libertad de expresión.

Por último, expone su parecer sobre lo que debiera ser una
radiotelevisión pública y se refiere al grave problema de
gestión de Radio Nacional de España y Radio Cadena Española,
con aportación de diferentes cifras que hacen que en los
informes de la Intervención del Estado se hable todos los años
de irregularidades, para concluir que el Decreto-ley que hoy
se ha traído a la Cámara contraviene multitud de directivas
comunitarias que defienden la libertad de mercado y la libre
competencia. Votar sí en el día de hoy equivaldría a legitimar
una pésima gestión, apoyar prácticas de competencia desleal y
aceptar los abusos cometidos.

Anuncia que mientras no se discuta el modelo audiovisual para
toda España y mientras la televisión pública no esté al
servicio de la sociedad, el Gobierno no podrá contar con la
colaboración de su Grupo Parlamentario.

En turno a favor de la convalidación hace uso de la palabra,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Aguiriano Forniés,
queempieza mostrando su extrañeza por el tono catastrofista de
la intervención del Grupo Popular, expresando su esperanza de
que en próximos debates se recupere, en la medida de lo
posible, un tono de consenso y acuerdo constructivo.

Agrega que la sociedad española apostó en 1977 por un modelo
de radiotelevisión pública cuyos ingresos se obtenían en su
mayor parte de la publicidad y entre un 15 y un 20 por ciento
del Presupuesto del Estado. A partir de 1983, todos los
ingresos de la radio y televisión públicas son exclusivamente
del mercado publicitario, sin que exista problema alguno
mientras que la televisión pública funciona en régimen de
monopolio, aun a pesar de la aparición de las televisiones
autonómicas. La situación varía radicalmente cuando aparecen
las privadas, que provocan una disminución de los ingresos de
RTVE y, a la vez, un encarecimiento de los costes de nuestra
televisión pública por la competencia en el mercado en la
compra de series, películas y retransmisiones deportivas. Todo
ello, unido a una crisis económica, explica la situación a que
se ha llegado, la cual exige una inyección de dinero público
si no se quiere que desaparezcan la radio y la televisión
públicas. Señala seguidamente el señor Aguiriano que lo que
se financia con el dinero público son las actividades de las
que el Ente no obtiene ingresos por la vía de la publicidad,
como la Orquesta y Coros, el Instituto de Televisión y Radio
Nacional, puesto que RTVE genera aún suficientes ingresos para
ser autofinanciable. Cree que España es el único país europeo
que tiene este modelo de financiación, a diferencia de otros
países que financian su televisión pública con una tasa anual
por la posesión de televisores.

Otra solución sería una televisión financiada con cargo a los
Presupuestos del Estado, lo que tendría la ventaja de la
ausencia de publicidad, pero es impensable que los
Presupuestos pudieran garantizar unos ingresos de 170 ó
180.000 millones de pesetas a tal fin. Por tanto, la única
solución posible viene dada por el Decreto-ley que se debate.

Votar a favor significa el mantenimiento de la radio y la
televisión públicas; votar en contra, cualesquiera que sean
las razones, es apostar por su desaparición.

Su Grupo Parlamentario ha defendido y defenderá la radio y la
televisión públicas, y, en consecuencia, votarán a favor de la
convalidación del Decreto-ley, solicitando de los demás grupos
su apoyo a dicha convalidación.

Replica el señor Arenas Bocanegra, duplicando el señor
Aguiriano Forniés.

En turno de fijación de posiciones interviene en primer lugar,
por el Grupo Mixto, el señor Mur Bernad.

La señora Rahola i Martínez, asimismo del Grupo Mixto, fija la
postura de Esquerra Republicana de Cataluña y, al propio
tiempo, la de Eusko Alkartasuna.

Fijan seguidamente su posición, en nombre de sus respectivos
Grupos Parlamentarios, los señores Olarte Cullen, de Coalición
Canaria; González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV);
Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




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El señor Presidente señala que, al no haberse fijado aún una
asignación definitiva de escaños, a fin de activar el
mecanismo de votación electrónica es necesario usar la tarjeta
distribuida a los señores Diputados.

Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 181 votos a favor, 114 en contra y 30
abstenciones.

El señor Presidente pregunta si algún Grupo desea que se
someta avotación la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado, no manifestándose en tal sentido
ningún Grupo Parlamentario.




Se levanta la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.




Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:



El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Antes de desarrollar el punto único del orden del día, vamos
a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución por parte del Diputado proclamado electo por la
Junta Electoral Provincial de Alicante, don Jorge Francisco
Cremades Sena, en sustitución de don Luis Berenguer Fuster.

Don Jorge Francisco Cremades Sena ¿juráis o prometéis acatar
la Constitución?



El señor CREMADES SENA: Sí, prometo.




El señor PRESIDENTE: Don Jorge Francisco Cremades Sena ha
adquirido la condición plena de Diputado.




CONVALIDACION O DEROGACIOIN DE REALES DECRETOS-LEY:



--REAL DECRETO-LEY 12/1993, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE
CONCEDE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
31.804.000.000 DE PESETAS Y SE AUTORIZA A CONCERTAR
OPERACIONES DE CREDITO AL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION
ESPAÑOLA Y SUS SOCIEDADES ESTATALES (Número de expediente
130/000001)



El señor PRESIDENTE: Punto único del orden del día,
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/1993, de 2
de julio, por el que se concede un crédito extraordinario y se
autoriza a concertar operaciones de crédito al Ente Público
Radiotelevisión Española y sus sociedades estatales.

Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han
obligado a la promulgación del Real Decreto-ley, tiene la
palabrael señor Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor
Presidente, señorías, comparezco en nombre del Gobierno ante
esta Cámara para solicitar el apoyo de la misma al Real
Decreto-ley 12/1993, de 2 de julio, por el que se concede un
crédito extraordinario por importe de 31.804 millones de
pesetas y se autoriza al Ente Público Radiotelevisión Española
y sus sociedades estatales a concertar operaciones de crédito.

Como SS.SS. conocen, Radiotelevisión Española dispuso de
subvenciones de explotación, procedentes de los Presupuestos
Generales del Estado, en el período 1980-82. A partir de 1983
desaparecieron dichas subvenciones y se pasó a financiar,
especialmente los gastos de explotación, mediante sus ingresos
publicitarios. Hasta 1987, sin embargo, se mantuvieron
subvenciones de capital.

Debido a la situación de monopolio legal de Radiotelevisión
Española y al fuerte crecimiento del mercado publicitario en
nuestro país entre 1983 y 1989, los ingresos crecieron de
forma importante a una tasa acumulativa del 23,6 y permitieron
no sólo financiar Televisión Española en esos años, sino
también disponer de unos fuertes excedentes de Tesorería a
finales del año 1989. Sin embargo, en 1990 se produce un
cambio en la tendencia creciente de estos ingresos, como
consecuencia de dos hechos. En primer lugar, la ruptura
definitiva del monopolio del mercado publicitario de
televisión y, en segundo lugar, la fragmentación de audiencia
a partir del momento en que se implanta la televisión privada.

Todo ello hace que a partir del ejercicio de 1990 la cuenta de
resultados del grupo Radiotelevisión Española registre
pérdidas que han sido compensadas con los excedentes generados
en los ejercicios anteriores. En el momento actual, sin
embargo, dichos excedentes están ya agotados.

La crisis de ingresos obligó a Radiotelevisión Española a
endeudarse, en el año 1991, por un importe total de 21.783
millones de pesetas. En 1992, Radiotelevisión Española tampoco
recibe subvención, por lo que continúa esa situación de
endeudamiento que, a 31 de diciembre, llegaba a 86.071
millones de pesetas.

Para hacer frente a la crisis de ingresos de Radiotelevisión
Española se pone en marcha un plan de medidas urgentes que
inciden fundamentalmente en el área comercial y en la
plantilla, a todas luces excesiva, de forma que el 30 de
diciembre de 1991 se aprueba un expediente de regulación de
empleo, disminuyendo la plantilla en 3.000 personas, pasando
de 14.000 a 10.700 empleados. (Rumores.)



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El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.

Señorías, ruego guarden silencio.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Por
otro lado, existen determinados servicios de marcado carácter
públicoque ha venido financiando Radiotelevisión Española, sin
problemas en la época en que sus ingresos eran altos, pero que
plantean una carga inasumible en el momento actual. Estos
servicios son la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española,
el Instituto Oficial de Radiotelevisión y Radio Nacional de
España.

Para solucionar los problemas planteados, por acuerdo del
Consejo de Ministros de 7 de mayo de 1993, se aprueba el
contrato-programa entre el Estado y el ente público. Con ese
contrato-programa se pone en marcha un plan estratégico que
pretende mantener una oferta de radio y televisión pública
viable en nuestro país, de tal modo que al final del mismo el
grupo Radiotelevisión Española pueda competir en igualdad de
condiciones en el área de televisión con las empresas privadas
del sector.

En cuanto a Radio Nacional de España el objetivo será definir
una dimensión adecuada a las posibilidades presupuestarias
existentes. En el citado contrato-programa se contemplan unas
aportaciones del Estado, para el ejercicio de 1993, por un
total de 31.804 millones de pesetas que se corresponden con el
coste de los mencionados servicios en el año 1993.

En definitiva, estas aportaciones tienen como finalidad los
siguientes objetivos: Financiar las pérdidas de Radio Nacional
de España, Orquesta y Coro de Radiotelevisión e Instituto
Oficial de Radiotelevisión, 28.519 millones de pesetas; y la
reestructuración de plantilla de Radio Nacional de España,
3.285 millones; que nos dan el total de 31.804 millones
citados.

La ausencia de crédito para esta finalidad en los vigentes
Presupuestos Generales del Estado, así como la necesidad
urgente de dar solución a la situación financiera en la que se
encuentra el grupo, ha hecho necesaria la aprobación de un
crédito extraordinario por esta cuantía, utilizando para este
efecto el Real Decreto, tal como se prevé en el artículo 86 de
nuestra Constitución. El crédito extraordinario fue
dictaminado favorablemente por el Consejo de Estado, dando con
ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley General Presupuestaria.

Con independencia del crédito al que he hecho referencia, el
ente público y sus sociedades tendrá que hacer frente también
a otros gastos ineludibles, por lo cual se incluye también en
el Real Decreto-ley una autorización de endeudamiento por
importe de 44.275 millones de pesetas que se adicionan a los
47.803 millones que se incluían en el Anexo III de la Ley
39/1992, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del
Estado para 1993. La financiación a la que va destinada dicha
cuantía tiene las siguientes finalidades: compras de
Televisión Española, 26.500 millones; indemnizaciones en el
grupo Radiotelevisión Española, 3.100; gastos financieros de
Radiotelevisión Española, 9.300; participación en Euronews,
320; y la ampliación de capital social en Radio Nacional,
5.000 millones. El reflejo de las anteriores operaciones en
los presupuestos de explotación y capital del ente público y
sus sociedades, es el que se recoge en los Anexos I a III del
propio Real Decreto que SS.SS. ya conocen.

En suma, señorías, el crédito extraordinario que se contempla
en el Real Decreto tiene como finalidad reponer la estructura
financiera del grupo Radiotelevisión Española que se ha
vistodeteriorada como consecuencia de las pérdidas generadas
en Radio Nacional de España y por las actividades que la
Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española y el Instituto
Oficial de Radio y Televisión plantean. En este sentido, y
habida cuenta que el grupo Radiotelevisión, dada su situación
económica, no dispone de recursos para seguir financiando las
actividades anteriores, se ha considerado necesario proceder,
con carácter urgente, a la habilitación por parte del Estado
de los recursos pertinentes que permitan la normal continuidad
en el desarrollo de las actuaciones del grupo y de aquí la
urgente necesidad en la promulgación del Real Decreto-ley
12/1993 que hoy someto, en nombre del Gobierno, a la
convalidación de esta Cámara y para el que pido el voto de
SS.SS.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Arenas.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, para explicar la posición contraria de mi grupo,
del Grupo Parlamentario Popular, en la convalidación de este
Real Decreto-ley por el que se concede un crédito
extraordinario y se autoriza a concertar operaciones de
crédito al Ente Público Radiotelevisión Española.

Señorías, mis primeras palabras tienen que ser para expresar
cierta sorpresa. En esta Cámara llevamos al menos tres años
discutiendo y abordando los problemas de Radiotelevisión
Española, discutiendo y abordando la posibilidad del contrato-
programa de Radiotelevisión Española y al margen de que
incluso en esos tres años dentro del Gobierno se han
manifestado posturas radicalmente contradictorias, como las
del entonces Ministro de Economía y Hacienda y también las del
entonces Ministro de Relaciones con las Cortes, lo cierto y
verdad es que el Gobierno espera a la disolución de las
Cortes, el Gobierno espera a la precampaña electoral, el
Gobierno espera a ese momento para aprobar créditos
extraordinarios y operaciones de crédito del Ente Público
Radiotelevisión Española. Lo que podemos deducir, por parte
del Grupo Parlamentario Popular, es que, efectivamente, el
requisito de extraordinaria



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y urgente necesidad que vincula los Reales Decretos-ley era un
requisito de extraordinaria y urgente necesidad para aprobar
este crédito y estas operaciones antes de que se constituyeran
las Cortes Generales que salieran de las elecciones del día 6
de junio, y probablemente, señorías, también el deseo
específico de algún miembro del anterior gabinete que ha
manifestado en privado, e incluso a veces en público, que
esperaba no tener el honor de defender o presentar este Real
Decreto-ley ante las Cortes Generales.

En segundo lugar, señorías, también quiero decirles que este
Real Decreto-ley pone de manifiesto la imprevisión
presupuestaria de que ha hecho gala el Gobierno; imprevisión
presupuestaria porque no se va a la ampliación de un crédito,
sino que se va a una ampliación neta de gasto público con un
crédito extraordinario.

Señor Ministro, en el día de hoy no estamos hablando de 31.000
millones de pesetas, como decía la nota de distintos
ministerios y el portavoz del Gobierno durante la precampaña
electoral. Señorías, en el día de hoy estamos hablando de
123.000 millones de pesetas, cifra, señor Ministro, que supone
la suma de los 31.000 millones de subvención directa a través
del contrato-programa, del endeudamiento por operaciones de
crédito autorizadas en el momento de debate de los
Presupuestos Generales del Estado y de la ampliación de ese
endeudamiento hasta 92.000 millones de pesetas a través de
este Real Decreto-ley y, señorías, ni la Cámara ni el Consejo
de Administración de Radiotelevisión Española, señor Ministro,
conocen el contrato-programa, soporte de estos créditos y de
estos más de 120.000 millones de pesetas.

Por último, señorías, también me permite esta introducción que
ponga de manifiesto nuestra protesta hacia el Gobierno, que no
ha considerado necesario solicitar su comparecencia ante la
Cámara --pese a que nos habían anticipado que esperaban un
verano con mucho trabajo-- para explicar la situación
económica, y sí aprobar estos 120.000 millones en la
precampaña y en la campaña electoral.

Por otra parte, señor Ministro de Economía y Hacienda, yo creo
que es un importante comienzo en la batalla que ustedes han
anticipado sobre ese variable déficit público --depende del
día que se aborde-- empezar concediendo 123.000 millones de
pesetas al Ente Público Radiotelevisión Española.

Señorías, cuando se nos pide el1 voto favorable, la
convalidación, ni más ni menos se nos está pidiendo que
convalidemos la gestión económica y profesional de
Radiotelevisión Española y me permite que, con respeto,
califique esta gestión económica y profesional como de caótica
e irresponsable y que vamos a tener que soportar, en primer
lugar, los accionistas de Radiotelevisión Española, que somos
todos los españoles, porque, al final, señor Ministro --esto
que le voy a decir es muy importante-- este aumento en la
autorización de operaciones de crédito en una empresa que
pierde y pierde, al final, quiera o no quiera, señor Ministro,
se paga con los impuestos de los españoles; y, en segundo
lugar, señorías, también soportan esta caótica gestión los
profesionales del Ente Público Radiotelevisión Española que
hoy padecen su desprestigio, su falta de credibilidad y tienen
como horizonte, muchos de ellos, exclusivamente el desempleo.

(Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
Señor Ministro, un miembro del anterior Gabinete, cuando vio
las cuentas de Radiotelevisión Española, exclamó: esto es
media Renfe. Si nos atenemos a las operaciones de crédito
autorizadas, señor Ministro, esto es medio INI, porque,
incluso en este momento, según los Presupuestos, Renfe tiene
autorizadas operaciones de crédito por valor de 90.000
millones de pesetas y el Ente Público Radiotelevisión Española
las supera en esa autorización.

Señor Ministro, ¿cuál es su modelo audiovisual para España? ¿O
viene usted a la Cámara a que aprobemos 123.000 millones
sindecirnos cuál es su modelo audiovisual para España? Señor
Ministro, ¿cuál es su modelo de radiotelevisión pública para
España? ¿El modelo se basa en que la radiotelevisión pública
sea un aparato de propaganda de quien está en el poder, sea
quien sea quien esté en el poder? ¿Cómo viene usted a la
Cámara a no explicarnos si el año que viene tendremos que
autorizar 200.000 millones en vez de 123.000 millones? Señor
Ministro, yo creo que hay materias que usted conoce muy bien,
pero no precisamente ésta.

Efectivamente, en 1988, señorías, se abre la competencia en lo
audiovisual con la Ley de televisiones privadas. Dice el señor
Ministro: y se reducen los ingresos publicitarios. Pero le
falta decir la otra gran verdad que, en términos económicos,
es trágica. Señor Ministro, cualquier empresario diligente,
cuando ve que tiene competencia y se van a reducir sus
ingresos, lo primero que hace es plantearse la reducción de
sus gastos. Pues, señor Ministro, en 1988, año en que empieza
la competencia y tenemos la Ley de televisiones privadas, el
presupuesto de Radiotelevisión Española, 129.000 millones de
pesetas, señorías. En 1992, con competencia y menos
publicidad, 172.000 millones de pesetas, exactamente 43.000
millones de pesetas más. ¿Le parece serio? ¿Usted avala eso,
señor Ministro?
Fíjense, además, señorías. Hoy los dirigentes políticos de
Radiotelevisión Española se plantean que hay que despedir
personal. En 1988, Radiotelevisión Española tenía un
presupuesto de personal de 54.000 millones, señor Ministro. En
1992, 72.000 millones. ¿Más irresponsabilidad? Imposible,
señor Ministro; imposible. Pero, además, ese dinero, señor
Ministro, ¿es para una televisión pública? Yo creo que no.

¿Usted sabe cuál es la característica básica de una televisión
pública, señor Ministro? Su programación. ¿Sabe usted la
primera cadena de Radiotelevisión Española cuántas horas
dedica a variedades? 1.500 horas. ¿A ficción y largometrajes?
2.800 horas. ¿Sabe cuántas horas dedica a espacios educativos?
Señor Ministro, ninguna; cero horas. ¿A espacios culturales?
121 horas. ¿Usted cree que ésa



Página 113




es la programación de interés público que tenemos que
subvencionar desde las instituciones públicas con los
impuestos de los españoles, señor Ministro?
El problema, el problema de fondo es que la Radiotelevisión
Española, aún con competencia, se ha seguido comportando como
si estuviera en situación de monopolio, con presupuestos
expansivos y con un intento claro y muy típico de los
gobernantes socialistas: han intentado claramente acaparar el
mercado para que no puedan subsistir las televisiones
privadas. Me explicaré.

Lo que ustedes dijeron con la Ley de televisiones privadas
fue: ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva el pluralismo! Con
los presupuestos de Radiotelevisión Española han querido, día
a día, ahogar el pluralismo y ahogar la libertad de expresión.

Me gustaría, señorías, que llegáramos al menos a un acuerdo de
la Cámara sobre qué es una televisión pública: ¿La pluralista?
Deacuerdo. ¿La que tiene programación de interés público? De
acuerdo. ¿La que respeta los principios del Estatuto de
Radiotelevisión Española? De acuerdo.

Pues yo le diré en qué es pública esta televisión. Es pública
en que no paga: ha tenido deudas de IRPF, deudas de Seguridad
Social, 29.000 millones a Retevisión; el señor Borrel no va a
cobrar lo del Hispasat nunca; debe a los Bancos; debe a
Telefónica. En eso sí es pública, porque ningún empresario
privado podría adoptar esas --entre comillas-- «Posiciones
estratégicas empresariales». También es pública porque en
cualquier empresa privada, sus gestores, con estos datos,
hubieran sido destituidos inmediatamente; no han sido
destituidos porque están en una empresa pública y porque son
cargos políticos más que cargos profesionales. Y le diré por
qué es pública: porque ahí esta papá Estado, representado por
el señor Ministro, diciendo: endéudense, que ya vendremos a
pagarles. En tercer lugar, señor Ministro, es pública porque
si fuera privada, esta empresa estaría absolutamente en la
quiebra, y digo que, a lo mejor, en la quiebra fraudulenta,
porque, ¿cómo podemos explicar, señor Ministro, que en los
últimos tres años se alcancen estas cifras? Señorías,
acreedores de Radiotelevisión Española en 1992, 208.000
millones de pesetas, deuda financiera en estos momentos,
200.000 millones de pesetas; pérdidas de 1992, 41.000 millones
de pesetas; pérdidas previsibles para 1993, 47.000 millones de
pesetas.

Me habla usted de Radio Nacional de España con una tremenda
inconsecuencia. ¿Se puede soportar una radio pública con un
presupuesto de más de 27.000 millones de pesetas? Fíjese,
señor Ministro, y, si puede, tome nota de lo que le voy a
decir: En el año 1989, que estaban separadas Radio Cadena
Española y Radio Nacional de España, el presupuesto de Radio
Cadena Española era de 8.000 millones y el de Radio Nacional
de España de 12.000; éstos se unifican y, al año siguiente, la
suma es de 25.000 millones. Se unifican dos cadenas estatales
de radio y se incrementa en 5.000 millones su presupuesto de
explotación. ¿Cómo puede ser eso, señor Ministro? Explíquelo,
porque es un problema grave de gestión. No lo digo yo, lo sabe
mucho mejor que yo el señor Solchaga por los informes de la
Intervención General del Estado que lo dicen todos los años:
irregularidades, irregularidades, irregularidades.

Pero,fíjese, además, ante esta situación, un Gobierno podría
decir: los directivos tienen que ser cesados ¿Y sabe lo que
hacen ustedes en la Cámara? Les dan un premio. ¿Sabe usted
cuál es el destino fundamental --y yo se lo explico-- del
incremento de operaciones de crédito? Una partida que se llama
aprovisionamiento. El aprovisionamiento significa que
Televisión Española, a partir de que se convalide este Real
Decreto-ley, tiene 26.500 millones para adquirir programas de
producción ajena. ¿Sabe cuántas son las existencias en este
momento? 40.000 millones. ¿Sabe S.S. que Televisión Española
es incapaz de emitir todos los programas que tiene en este
momento y que están caducando los derechos de emisión de esos
programas porque no les da tiempo a emitirlos? ¿Pero sabe por
qué lo hacen, señor Ministro? Para encarecer el mercado y
dificultar el camino de las televisiones privadas. No tiene
otro sentido.

Ha hablado S.S. de Radio Nacional de España. ¿Saben por qué
sesitúa una partida de 3.160 millones? Porque se le olvidó a
Radio Nacional de España incluir las cantidades del expediente
de regulación de empleo en los Presupuestos. ¿Usted cree que
es defendible esa posición? ¿Usted cree que es defendible por
su parte las prácticas de competencia desleal que están
planteando desde el Gobierno?
Por cierto, asunto importante. Explíqueme por qué en el caso
de la Radio, que compite con otras radios privadas, ustedes
han dicho:



Subvención, pero se acaba la publicidad. Explíqueme por qué
eso es así para la Radio y por qué para la Televisión es:
operaciones de endeudamiento, que son subvenciones a corto
plazo, a medio plazo y a largo plazo y, además, mantengan la
publicidad. Explíqueme por qué su Gobierno se empeña en
mantener limitaciones en la publicidad para las privadas y no
hay en la pública ninguna limitación de publicidad.

Explíqueme, señor Ministro, en este ambiente que plantean
ustedes de fomento de las prácticas de competencia desleal,
por qué las privadas están obligadas a determinada producción
propia, producción comunitaria y producción española y las
públicas absolutamente a nada.

Tenga la certeza que este Real Decreto-ley, que ha defendido
en la Cámara hoy, contraviene multitud de directivas
comunitarias que defienden la libertad de mercado y la libre
competencia.

Señorías, voy a hablar muy poco de temas que no sean
económicos, pero me gustaría hacerles a todos una pregunta:
¿hasta cuándo el abuso en Radiotelevisión Española? ¿Hasta
cuándo Radiotelevisión Española no solamente sirve para ser un
aparato de propaganda del Partido que soporta el Gobierno,
sino para agredir a las fuerzas políticas de la oposición?
¿Hasta cuándo? ¿Saben que, por primera vez, en más de 30
procesos electorales, la Junta Electoral Central ha tenido que
obligar



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a rectificar a Radiotelevisión Española? ¿Saben que, por
primera vez, los sindicatos --todos-- de Radiotelevisión
Española se han sentido abochornados por el planteamiento
informativo de esa casa. Tienen ustedes que saber, señorías,
que, a partir del 6 de junio, la prepotencia, como ustedes
mismos han reconocido, la arrogancia y el rodillo, han
terminado en la vida política española. No pretendan que esos
comportamientos sigan siendo los que imperen en la
Radiotelevisión pública.

Señorías, votar que sí en el día de hoy sería legitimar una
pésima gestión, sería apoyar prácticas que fomentan
competencia desleal, sería aceptar los abusos cometidos.

Espero, señor Ministro, señorías, que el día seis de junio
también sirva para que todo o casi todo cambie en
Radiotelevisión Española. Crean con sinceridad que mi
intervención es muy moderada. Un ilustre parlamentario de esta
Cámara llegó a decir en 1980: Este Grupo parlamenatario
anuncia también que todos los créditos extraordinarios que
vengan en esta Cámara para sufragar los déficit de
Radiotelevisión Española con el dinero de los contribuyentes
contará con el voto en contra del Grupo Socialista hasta que
la dignidad tenga un lugar en Radiotelevisión. Imaginen,
señorías, a qué parlamento me refiero y a qué grupo
pertenecía. Sí les digo que ese partido y ese grupo
parlamentario ganaron las elecciones en 1982, legítimamente,
pero con un comportamiento impecable de la radiotelevisión
pública.

Mi grupo no va a llegar, señorías, a afirmaciones
tancontundentes como las de aquel Diputado, pero sí les vamos
a decir que mientras Radiotelevisión Española no modifique su
gestión, mientras no discutamos el modelo audiovisual para
toda España, mientras la televisión pública no esté al
servicio de la sociedad, no van a contar ni con muestra
colaboración ni con nuestra complacencia. Y tengan muy claro,
señorías, que el famoso impulso democrático al que se refería
el candidato González en el debate de investidura, si ese
impulso democrático no llega a Radiotelevisión Española se
quedará en una triste, tristísima broma.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.

¿Turno a favor de la convalidación?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano.




El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Presidente, cuando estaba
preparando la intervención y estudiando los papeles se me
planteó la duda --y lo comentaba con algunos compañeros-- de
si este debate era el primero de la V Legislatura o, de alguna
manera, el último de la IV Legislatura. Al fin y al cabo éste
es un tema que lo habíamos hablado mucho en la IV Legislatura
y por eso tenía mis dudas. Después de la intervención del
Grupo Popular, más bien me parece que es el último, dado su
tono, como siempre catastrofista, que no el primero, de la V
Legislatura. Esperemos que los próximos debates sobre este
tema o sobre cualquier otro recuperen el tono, en la medida de
lo posible, de consenso, de acuerdo constructivo que todos
deseamos.

En cualquier caso, siempre ha sido modelo de discusión nuestra
radio y nuestra televisión. La sociedad española apostó ya en
el año 1977 por un modelo de radiotelevisión pública cuyos
ingresos eran obtenidos, en su gran mayoría, del mercado de la
publicidad. Desde el año 1977 hasta 1982 la gran mayoría de
estos ingresos, aproximadamente hacia un 15, 18 ó 20 por
ciento del presupuesto total de la radio y la televisión
pública, eran aportación del Presupuesto del Estado y el resto
se obtenía, como digo, de la publicidad. A partir de 1983 la
situación varía y ya todos los ingresos de la radio y la
televisión pública son única y exclusivamente del mercado
publicitario.

Durante el tiempo en que la televisión pública funciona en
régimen de monopolio no existen problemas. Se generan
suficientes ingresos para financiar todo tipo de actividades.

En el año 1983 se rompe el monopolio con la aparición de las
televisiones autonómicas, pero, a pesar de eso, el sistema
financiero de la radio y de la televisión sigue funcionando
sin excesivos problemas. La situación varía radicalmente
cuando aparecen las televisiones privadas. La cantidad total
que las empresas españolas dedican a la publicidad no varía
sustancialmente, lo que, en la medida en que una o
variascadenas de televisión privadas obtienen publicidad para
sus cadenas, provoca la disminución de los ingresos de otras,
y fundamentalmente de Televisión Española. O, en el mejor de
los casos, con una mejor gestión, con un cambio fundamental en
la actitud de los gestores de Televisión Española en cuanto a
la obtención de publicidad, se consigue, después de
extraordinarios esfuerzos de agilización, el mantenimiento de
dichos ingresos.

A la vez, la aparición de cadenas que compiten en el mercado
en la compra de series, de programas, de películas y de
retransmisiones deportivas encarece extraordinariamente los
costes de nuestra televisión.

Resumiendo, hay menos ingresos, hay más gastos y todo ello,
unido a una crisis económica, explica la situación actual de
la radio y la televisión. La situación exige una inyección de
dinero público; si no, desaparecerá la radio y la televisión
pública. Pero este dinero público no va destinado a financiar,
como parece ser que alguien quiere dar a entender, nuestra
televisión, sino aquellas actividades del ente que no obtienen
ingresos mediante vías publicitarias. Es la Orquesta y los
Coros, es el Instituto de la Televisión, es la Radio Nacional.

Nuestra televisión genera por ahora todavía los suficientes
ingresos como para ser autofinanciable.

Por tanto, es necesario financiar, subvencionar aquellos
gastos que no generen ingresos, porque no parece lógico que
las actividades de la Radio Nacional, de la Orquesta y del
Instituto sean financiadas por el mercado publicitario. Es
decir, seguimos apostando por una



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televisión pública financiada con cargo a la publicidad sin
una sola peseta de financiación pública y apostamos por una
radio, una orquesta y un instituto financiados al cien por
cien por el presupuesto.

Yo creo que España es el único país europeo que tiene este
modelo de financiación. En muchos países existe una tasa anual
por posesión de aparatos de televisión que permite financiar a
la televisión pública. No creo que ningún grupo político de
esta Cámara apueste por esa solución para España. Nosotros,
desde luego, no.

Otra solución sería que toda la actividad de la radio y de la
televisión sea financiada con cargo a los presupuestos.

Tendríamos seguramente la ventaja de una radio y una
televisión pública sin publicidad, pero de difícil realidad.

Difícilmente podíamos pensar que los presupuestos garantizasen
los ingresos de 170.000 ó 180.000 millones de pesetas para
nuestra radio y nuestra televisión.

Por tanto, la única solución posible viene dada por el
Decreto-ley sometido a discusión. Votar a favor supone el
mantenimiento de la radio y la televisión pública. Votar en
contra, sean cuales sean las razones esgrimidas, significa
apostar por su desaparición. Yo espero que en esta legislatura
exista el clima de consensosuficiente de todos los grupos
políticos para hacer posible lo que no pudo ser posible la
legislatura pasada: la modificación del Estatuto de la radio y
la televisión pública en el mayor clima de consenso posible y
en el mayor clima de acuerdo posible, creando un nuevo
estatuto de la radio y la televisión pública acorde con la
situación actual y acorde, fundamentalmente, con el futuro de
la radio y la televisión y que tenga en cuenta y se definan
claramente las fuentes de financiación de toda la radio y toda
la televisión pública. Como digo, lo espero y deseo y el Grupo
Socialista está en la idea de proponer y de llegar a los
mayores acuerdos posibles sobre la modificación de ese
Estatuto.

Nosotros, que siempre hemos defendido y defenderemos la radio
y la televisión pública, por todo ello, vamos a votar a favor
de la convalidacicón del Decreto-ley y solicitamos del resto
de los Grupos el apoyo a esta convalidación. Muchas gracias.

(Se oye en el hemiciclo el sonido de un teléfono móvil.--
Rumores.--El señor Arenas Bocanegra pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.

Con independencia de que la Mesa pueda estudiar con
detenimiento la cuestión y hasta que se tenga un criterio
formado más fijo y más estable, ruego a los señores Diputados
se abstengan del uso de teléfonos portátiles en el hemiciclo;
interfieren con la megafonía del hemiciclo.

Tiene la palabra el señor Arenas.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad es que hemos estado dudando si solicitar o no la
palabra, porque los argumentos del señor Aguiriano han sido de
tal contundencia que la verdad es que han sido casi
definitivos. Quien vota que sí está defendiendo la
radiotelevisión pública; quien vota que no está defendiendo la
desaparición de la radiotelevisión pública. Contundente, muy
bien razonado. Lo que yo lamento en esta intervención es no
poder coincidir en alguno de los argumentos, porque no ha
habido prácticamente ninguno.

Señor Aguiriano, señor Ministro, los responsables de la
desaparición de la Radiotelevisión pública, que no se va a
producir, porque espero que sus comportamientos, con 159
Diputados, cambien radicalmente de los anteriores, no son más
que los gestores y los políticos nombrados desde el Gobierno
en ese Ente público. Al final van a conseguir ustedes una
manifestación, incluso. Señor Ministro, ¿sabe usted lo que
supone el ahorro del «medicamentazo», el recorte de
prestaciones sociales? 50.000 millones. Hoy, 26.000 millones
de aprovisionamiento para comprar películas, quien tiene
existencias por valor de 40.000, y 120.000 millones en su
conjunto. ¿Es hoy la televisión pública comercial, que compite
con la privada, una necesidad social? Yo creo que una
programación de interés público sí es una necesidad social;
por eso mi Grupo no defiende ni ha defendido la desaparición
de la Radiotelevisión pública; la defiende, pero con
programación de interés público. Para espacios divulgativos,
variedades y concursos, ya tenemos otras opciones, señor
Ministro; pero, desde luego, 50.000 millones de ahorro en el
«medicamentazo» y 123.000millones hoy para Radiotelevisión
Española...

Señor Ministro, por moverme en un terreno que usted conoce,
hablemos de los Presupuestos Generales del Estado. Ayudas para
el colectivo de agricultores y ganaderos para modernizar sus
estructuras: 10.000 millones de pesetas; 12.000 millones para
medidas de acompañamiento de la PAC; programa de formación
profesional: 134.000 millones. La deuda que hoy empezamos a
soportar y que tiene como únicos responsables a los gestores
públicos designados por el Partido Socialista: 123.000
millones. Y esa responsabilidad es exclusiva de ustedes,
porque han querido que la Radiotelevisión Española sea
exclusiva para ustedes, y no se han planteado un modelo
profesional y plural, sino un modelo exclusivo al servicio del
Partido Socialista.

Señor Aguiriano, quien tiene la culpa de que esté mal la
Radiotelevisión pública es el que consigue que en 1984, en
relaciones públicas, señorías, se gasten 163 millones y, en
1992, 2.100 millones. En publicidad, el año 1988, se gastaban
68 millones; en 1992, 919 millones. Y dice el señor Aguiriano
que, por decir las cosas que estamos diciendo, queremos cerrar
la televisión pública.

¿Saben ustedes, señorías, que, en Televisión Española, el
Director General y todos los miembros de un comité que existe
y que se llama de estrategia tienen salarios por encima del
Presidente del Gobierno? ¿De eso también tiene la culpa el
Grupo Popular, señor Aguiriano? Salarios por encima del
Presidente del Gobiere y que se llama de estrategia tienen
salarios por encima del Presidente del Gobiern? ¿De eso
también tiene la culpa el Grupo Popular, señor Aguiriano?
Salarios por encima del Presidente del Gobierno.




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Los miembros del Comité de Estrategia tendrán que ser unos
estrategas importantes porque, al final, el resultado de esa
gestión estratégica es de 200.000 millones a acreedores; deuda
financiera, 200.000 millones.

No pierdo el tiempo en leerle los informes de la auditoría o
de las auditorías, que llevarían inmediatamente a cualquier
gobernante responsable a destituir a esos directivos.

Inmediatamente. Y esos son los responsables de los despidos,
los responsables de la falta de credibilidad de la Televisión
pública, los responsables de que una cadena que tenía el cien
por cien de la audiencia, porque no había otra, señor
Aguiriano... Sí, ríase, como el día que le dije que se
gastaban 5.000 millones en comidas y me respondió usted que lo
dividiera por cada uno de los 15.000 trabajadores, porque allí
comían todos lo mismo. Ríase, ríase, pero, quien tenía el cien
por cien de la audiencia, con un presupuesto de 174.000
millones de pesetas, se ha quedado con el 40 por ciento de la
audiencia, ¿y sabe por qué? Porque no es una televisión al
servicio del Estado, no es una televisión al servicio de la
sociedad, sino al servicio de un partido. Permítanme,
señorías, que, con el debido respeto, termine esta réplica
citando también al mismo ilustre Diputado que cité en
mianterior intervención y que, en 1982, después de que el
Partido Socialista hubiera ganado las elecciones, decía lo
siguiente: Tal y como yo veo la Televisión pública, tiene tres
; pública, plural y profesional. Si una falla, ya no es
pública. La que hemos tenido hasta ahora no era pública, era
privada, de una empresa: de la Moncloa. Los actores son
distintos, las circunstancias son distintas porque ese partido
había ganado las elecciones con una Radiotelevisión pública
implacable, pero la frase es absolutamente vigente; solamente
le falta un añadido: que esa empresa de la que depende, que se
llama Moncloa, nos cuesta hoy a los impuestos de los españoles
por lo menos 123.000 millones de pesetas.

Señor Aguiriano, señor Ministro, la responsabilidad es de
ustedes porque ustedes así lo han querido.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.

Tiene la palabra el señor Aguiriano.




El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.

Yo había pretendido en mi intervención que el primer debate,
después del de investidura, en el Congreso de los Diputados,
aunque fuese sobre la Radio y la Televisión Española no fuese,
como suele ser habitual con su Grupo y con S.S., un debate
crispado. Yo había pretendido no contestar a la cantidad de --
permítame la palabra, sin ánimo de ofender-- provocaciones que
S.S. ha dicho para no tener un debate crispado.

Solamente le quiero dar un dato para aclarar un poco cuál es
la situación. Si la posibilidad de que del presupuesto total
de la Radio y la Televisión Española, si la concesión de un
crédito para el año 1993 de aproximadamente unos 30.000
millones de pesetas --no he hecho números, pero supongo que
andará, alrededor como mucho de esa cifra; no sé si llega al
20 por cien del presupuesto total-- presupone que la
Televisión y la Radio Española están manejadas, manipuladas
por el Partido Socialista por el Gobierno; si supone, como
algunas de SS.SS. han dicho en algunas declaraciones, que con
este Decreto-ley lo único que se pretende es pagar los favores
del Gobierno y del Partido que paga favores a la radio y la
televisión pública, me gustaría que me dijese qué significa
que del presupuesto de la Televisión gallega, el 80 por cien
lo financia el presupuesto de la Comunidad y encima hay un
compromiso del Gobierno de Galicia de gastarse mil millones de
pesetas en publicidad en la Televisión gallega, con lo cual,
las autoridades públicas de Galicia financian hasta el 91 por
cien del presupuesto total de la Televisión gallega. Por
tanto, si lo que usted dice, con el 20 por cien del
presupuesto de Televisión Española, es eso, ¿qué habría que
decir, con más del 90 por cien, de la televisión gallega?
(Rumores.) En todo caso, señorías... (Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Puede continuar,
señor Aguiriano.




El señor AGUIRIANO FORNIES: En todo caso, señorías, me
gustaría que volviésemos al clima de consenso y de acuerdo.

Creo que en eltema de la Radio y la Televisión Española, de la
Radio y la Televisión pública en general, es fundamental y --a
pesar de los comentarios más o menos jocosos que se puedan
oír-- mi Grupo sigue ofreciendo su voluntad expresa de llegar
a acuerdos en este tema tan importante de la modificación del
Estatuto de la Radio y en el estudio a fondo de la
financiación de la radio y la televisión pública.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.




El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en nombre del Partido Aragonés quiero empezar mis
palabras saludando al señor Ministro de Economía en su primera
intervención en esta V Legislatura, y, lamentar también que su
primera intervención sea para defender una herencia no
excesivamente gloriosa. ¡Vaya herencia que le han dejado a
usted en el Ministerio: tener que estrenarse para defender
algo difícilmente defendible a pesar de su habilidad oratoria!
Este Pleno extraordinario, señorías en contra de lo que
alguien pudiera pensar, dada la situación del país, no es para
debatir y aprobar medidas urgentes para frenar la crisis
económica ni para tomar medidas que den alguna confianza a los
ciudadanos ante los problemas que les preocupan; no, es para
convalidar o derogar un real decreto-ley aprobado por un
Gobierno en funciones



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el pasado día 2 de julio, ante la gravedad y la urgencia del
asunto. En síntesis, lo que se nos propone es, primero, la
concesión de una subvención de 31.804 millones de pesetas --
eso visto desde Aragón y desde nuestros presupuestos es
muchísimo dinero-- para sufragar por el Estado los gastos de
explotación de Radio Nacional de España, los servicios de la
Orquesta de Radiotelevisión y el Instituto Oficial de la
Radiotelevisión, según un contrato-programa para el año 1993,
contrato-programa que no conocemos, señor Ministro --suponemos
que a usted sí que se lo habrán pasado para que lo pueda
defender--, y que, al parecer, fue aprobado por el Consejo de
Ministros el día 7 de mayo de este mismo año. Llama la
atención la fecha: 7 de mayo de 1993: es decir, ya avanzado el
ejercicio y, además, en plenas elecciones. Desde luego,
resulta todo un alarde de previsión presupuestaria.

En segundo lugar, se nos pide la modificación del Anexo 3,
Operaciones de crédito autorizadas por la Ley 39/1992, de
Presupuestos Generales del Estado, incrementando la cantidad
prevista para el Ente Público Radiotelevisión en 44.275
millones, lo que supone un monto total de 92.078 millones; se
pasa, pues, de los 47.800 millones iniciales a los 92.000
actuales. Como se ve, son éstas cifras muy importantes que van
a incidir gravemente en el déficit público, ya que la
financiación del crédito o subvención sehace con deuda
pública. O sea, para entendernos, que la Orquesta de
Radiotelevisión Española, por ejemplo, se financiará con deuda
pública. No sabemos si a los compradores de esta deuda, además
de con el interés lógico, se les obsequiará con entradas para
ver los magníficos conciertos de dicha Orquesta. Es lógico que
el Estado asuma los costos derivados del contrato-programa,
sobre todo si esto se ha calculado bien, si se ha hecho , es
decir, antes de prestar el servicio, pero si este contrato-
programa se aprueba el día 7 de mayo pasado, ¿qué hizo hasta
entonces Radio Nacional de España? ¿Quién pagaba lo que hacía?
¿Cómo es el contrato-programa, señor Ministro? Debe ser muy
importante, porque parecer ser que no ha sido puesto a
disposición de los parlamentarios. ¿Por qué no se hace
público? ¿Qué objetivos se persiguen en ese contrato-programa?
En el artículo tercero del Real Decreto-ley que hoy se nos
propone se amplía la capacidad de endeudamiento, es decir,
mayor capacidad de gasto y, según se dice textualmente, es
para aumento de capital, para mayores gastos de producción y
para indemnizaciones para regulación de empleo; es decir, para
mayores costos de la producción y para autorizar la reducción
de puestos de trabajo, dos conceptos difícilmente
compaginables.

Nos gustaría saber, señor Ministro, qué son otras «Otras
inversiones financieras del Ente Radiotelevisión» por valor de
320 millones. ¿Inversiones en otras empresas? ¿En cuáles? ¿Lo
permite la Ley 4/1980? Ya sé que usted aquí, en su
intervención, porque le ha prestado mucha atención, ha dejado
escapar Euronews, pero en el real decreto no venía, nos hemos
enterado gracias a usted y nos gustaría saber, si allí es
donde se han invertido los 320 millones para ampliar el
capital, cuáles son las razones, en qué consiste este aumento
de capital y cuál es el programa que se va a desarrollar
participando en esa empresa.

En segundo lugar, nos gustaría saber para qué sirve la
ampliación del crédito, es decir, ese mayor gasto de 26.500
millones de pesetas para . ¿Sirven para producir nuevos
programas o para comprarlos? ¿Cómo se compagina esto con la
urgente necesidad si las existencias de Televisión Española,
según los presupuestos de 1993, decía que eran de 40.000
millones de producción? ¿No se estarán incumpliendo por parte
de Televisión Española las normas de la competencia leal para
conseguir una situación de dominio? ¿Podrá emitir Televisión
todo lo que tiene en existencias y todo lo que dice que va a
adquirir en este momento? ¿Hasta dónde llegan los compromisos
que se han adquirido ya para los años 1994 y 1995? ¿Está
autorizada Televisión Española a comprometer para ejercicios
futuros más de lo presupuestado en el presente ejercicio? Si
eso es acorde con la ley general presupuestaria, señor
Ministro, esta autorización de crédito será una financiación
encubierta a largo plazo y, si no, al tiempo. ¿Podrá
Radiotelevisión Española reflotarse financieramente si este
endeudamiento y el que ya tiene no son asumidos por el Estado?
¿Se cumplirán con este proceder y esta actuación las
directivas de la Comunidad Económica Europea? ¿Puede usted
asegurar que el crédito que hoy debatimos no está ya
comprometido por compromisos y adquisiciones en firme? Y, si
no se aprobara hoy este real decreto-ley, ¿qué podría ocurrir
si esto que yo le pregunto fuera cierto? Por todo ello, señor
Ministro, nopodemos apoyar esto por la forma, ni por el fondo,
ni por la oportunidad ni, mucho menos, por los maniqueos
argumentos del ponente socialista; es decir, buenos y malos:
los que voten a favor son los buenos, los que voten en contra
son los malos. Las cuestiones son mucho más complejas y menos
simples. Señor Ministro, éste es un modelo agotado. Habrá que
hacer un debate sobre el modelo de televisión pública que
queremos en este país. Este no cumple su función.

A los aragoneses, que también nos toca una importante parte a
pagar de esta derrama extraordinaria que ustedes hoy nos
presentan --más de 1.000 millones de pesetas, según mis
cálculos-- esta televisión, además, no nos sirve. No nos sirve
porque ni siquiera tuvo tiempo, ni un minuto, el día 23 de
abril pasado para dedicarlo a sacar en televisión la
manifestación por la plena autonomía en la que más de 100.000
aragoneses salimos a la calle. Con tantas horas de
programación no tuvo ni un minuto para este evento. Como
comprenderá, desde Aragón no podemos apoyar esto. A otros es
posible que les sirva este modelo de televisión, a nosotros
no.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.

La señora Rahola tiene la palabra.




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La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señor Ministro,
señorías, en primer lugar, a petición de mi compañero del
Grupo Mixto, que no puede intervenir en el Pleno, quiero fijar
la posición de Eusko Alkartasuna. En este sentido, Eusko
Alkartasuna quiere dejar dicho en este Pleno que se opone a la
ratificación del Decreto-ley para un crédito extraordinario de
31.000 millones de pesetas, por los siguientes motivos: Porque
la informacicón que acompaña al Real decreto es claramente
insuficiente; porque el argumento del aumento de costes de
producción en un mercado más competitivo es una muestra clara
de cómo el Estado genera inflación mientras el resto de la
economía se hunde, y porque no se aclara nada acerca de si la
dirección del Ente está haciendo algo para que el problema no
se convierta en crónico.

Dicho esto, señor Ministro, señalaría que la actitud de
Esquerra Republicana es en cierta manera ambivalente. Por un
lado, entendemos los argumentos de la petición. Entendemos,
primero, que hay una cuestión de legitimidad. La Ley ordinaria
4/1980 deja muy claro que Televisión Española es un bien
público que depende de los presupuestos del Estado, y
entendemos que existe una dificultad de competitividad que ha
acelerado el déficit; entendemos también que se autofinanció
hasta 1990 y que, por tanto, el déficit, en cierta manera, es
producto de la competitividad por la presencia de las
televisiones privadas. Por tanto, todo esto nos inclinaría a
una postura en principio favorable.

A pesar de todo, el redacto del Decreto-ley no despeja algunas
incógnitas fundamentales respecto a la actitud que tiene el
Ejecutivo en su política mediática. Planteo en este sentido
15preguntas que me parecen básicas y que, en principio, nos
impedirían el sí. La primera pregunta,en el terreno
ideológico, es: ¿Está prevista alguna medida para evitar que
Radiotelevisión Española sea el medio gubernamental que ahora
es y para garantizar su independencia, para garantizar un
modelo más independiente? ¿Se escogerá a los consejeros por
capacidad profesional y no por cuotas políticas? ¿El Consejo
de Administración tendrá derecho a veto? Desde un punto de
vista de planteamiento de televisión pública nos parecen
fundamentales estas incógnitas.

En el terreno económico, ¿cómo está previsto evitar la mala
gestión que ha conducido al déficit actual y que parece que se
podría situar más allá de los 100.000 millones de pesetas?
¿Cómo y cuándo se plantea la desburocratización de un ente que
cuenta --entre otros regalos de los dioses-- con más de 100
altos cargos directivos? En el terreno de sensibilidad
autonómica, ¿se piensa invertir la tendencia a la
centralización, existente contra el propio sentido de la Ley
4/1980 que instaba a la descentralización, ya que contra este
espíritu ha sido regulado el Ente?
Y junto a estas seis preguntas, que son fundamentales, parece
muy importante plantear un tema que en Cataluña es también
fundamental. ¿Qué pasa con Radio 4? ¿Se piensa mantener la
situación de precariedad que tienen los trabajadores y la
directiva de Radio 4 en Cataluña? ¿Se piensan mantener
cerradas las instalaciones de Radio 4 en las Islas y en el
País Valenciano o existe algún planteamiento de volverlas a
abrir? ¿Habrá una descentralización real, de fondo? ¿Ha habido
voluntad de que Radio 4 se convierta en el representante de
Radio Nacional en Cataluña o realmente se la piensa mantener
en esta situación agónica, que es una situación que lentamente
llevará a su desaparición?
Quiero recordar aquí que Radio 4 y todas las emisoras de Radio
Nacional en Cataluña sólo tienen de presupuesto 40 millones de
pesetas para intentar ser competitivas. Me dirán ustedes cómo
se puede hacer una radio competitiva con este presupuesto. En
fin, ¿cuántos de estos 31.000 millones de pesetas irán, pues,
a Radio 4? Respecto a Televisión Española, ¿se piensa mantener
la política de reducción de plantilla que puede poner en
peligro 3.000 puestos de trabajo? ¿Qué se piensa hacer con los
560 no readmitidos, de los cuales 70 están en Cataluña? ¿Y con
Sant Cugat? ¿Se va a mantener también esa situación que
convierte a Sant Cugat en una televisión también lentamente
agónica y en la cual la presencia del catalán es cada vez
menor? ¿Se piensa modificar la actitud insensible respecto a
TV 3 en Menorca? Son demasiadas incógnitas fundamentales sin
respuesta que no nos permiten un sí en blanco a este
presupuesto. Cuando sepamos qué gestores, qué criterios
económicos, qué voluntad de independencia y qué sensibilidad
hay respecto a las diferentes culturas del Estado; cuando
sepamos qué pasa con Radio 4 y con Sant Cugat y con TV 3 en
Menorca, podremos votar a favor. A pesar de ello, la voluntad
de hacer una apuesta por la televisión pública y no dejar
indefenso al Ente tampoco nos permite el no. En este sentido,
pues, nos abstendremos.

Una última consideración que quisiera decir es que el próximo
día28 habrá un nuevo miembro en la ONU, el número 184,
Andorra. Propongo que simbólicamente esta Cámara le dé la
bienvenida en el concierto de naciones.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Por el Grupo de la Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, tras el largo
recorrido que tiene que hacer el portavoz de la Coalición
Canaria, desplazándose a este lugar desde la última fila del
hemiciclo en que hemos sido situados --el paraíso se llama en
nuestra tierra y de paraíso no tiene nada, desde luego, por el
auténtico infierno que se produce en las cercanías de mi
escaño por los corrillos que tienen lugar en esta escalera que
accede a la cafetería--, y dispuesto a solicitar de los
servicios de la Cámara un kilométrico si fuera preciso para el
futuro, comienzo mi intervención saludando al señor



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Ministro, deseándole los mayores éxitos en beneficio del
Estado español, evidentemente, y comprendiendo también que hoy
tiene que lidiar algo que no es muy sencillo, precisamente,
aunque con dificultades mayores se encontrará en su camino
ministerial. Tanto es así que en la Junta de Portavoces del
pasado día 7 de julio el propio portavoz del Grupo Socialista
decía en la misma, apoyando una de las razones para que se
celebrara el Pleno de hoy, que convenía disponer de un margen
amplio de tiempo para que el señor Ministro pudiera preparar
su intervención. Luego se reconocía desde entonces que no era
fácil, como lo han evidenciado diversas intervenciones de
quienes me han precedido en el uso de la palabra,
concretamente la expresada por el señor Mur, con muchos
interrogantes que formulaba al señor Ministro y con los que
estamos de acuerdo en un 99 por ciento.

Yo, entre otras cosas, porque no quiero cansar a SS.SS.

reiterando muchos reparos que al Ente Público de
Radiotelevisión se han formulado por distintos portavoces, y
que desde luego asumo, quiero ceñirme bastante no a los
problemas de fondo de Televisión Española, que bien merecen un
debate con mayor amplitud, sino de una manera muy especial al
Real Decreto-ley, cuya convalidación, por cierto, no merecerá,
y creo que es fácil intuirlo de acuerdo con mis primeras
palabras, el voto positivo del Grupo Parlamentario de la
Coalición Canaria.

En el preámbulo del Real Decreto-Ley se hace una referencia a
que los males de Televisión Española comienzan con la ruptura
del monopolio que se produce en el año 1990, no sin destacar
también que empiezan a ser factores distorsionadores de los
resultados económicos de Televisión Española la irrupción de
las televisiones autonómicas. Se dice que la fragmentación de
la audiencia, con la lógica y subsiguiente reducción de
ingresos, el coste de producción, la adquisición de programas,
la contratación de bienesy de servicios constituyen
evidentemente un factor que ha perjudicado notablemente a
Televisión Española. Yo pregunto: ¿Qué esperaba Televisión
Española, qué esperaba el Ente Público y qué esperaba el
Gobierno de la nación?
En dicho preámbulo se establece literalmente el principio de
que el Estado tiene que asumir los costes de aquellos
servicios que, con un marcado carácter público, son netamente
deficitarios, y esto no es así. Hay que referirse no a
aquellos servicios que, con un marcado carácter público, sean
netamente deficitarios sino a aquellos servicios esenciales.

Hay que profundizar y no se puede generalizar, sobre todo a la
hora de pasar de puntillas en el preámbulo y, por supuesto, en
el discurso que se ha producido por parte del señor Ministro,
en los costes de Radio Nacional de España, del Instituto
Oficial de RTV y de la Orquesta y Coros de Radiotelevisión
Española.

El crédito extraordinario de casi 32.000 millones que se
financiará con la Deuda Pública es algo que merece un reparo
evidente, precisamente porque constituye un incremento
inadmisible del gasto del déficit público. Se autoriza
asimismo concertar operaciones de crédito, de suerte que queda
establecida esa utilización en un tope que es casi exactamente
el doble de lo que presupuestariamente se había establecido
anteriormente.

De convalidarse este Decreto, pagaríamos las consecuencias de
la tradicional anarquía de Radiotelevisión Española, no sólo
por lo que atañe al modelo, a la filosofía y a las estructuras
de Televisión Española sino incluso al rigor presupuestario
del Ente público, que además no ha tenido otro objetivo que el
de hallarse permanentemente al servicio del Gobierno español
y, lo que es peor, del Partido Socialista, que le apoyó en la
anterior legislatura y que le sigue apoyando en la presente.

Es una televisión sin capacidad, sin rigor competitivo de
ningún tipo y ha puesto de manifiesto esa incapacidad y esa
falta de rigor en el momento en que se produce la aparición de
las restantes televisiones; falta de imaginación y de gestión,
con incapacidad para decidir un modelo, para hacer un mínimo
presupuesto y para cumplirlo. En su aparato existe, aparte de
la orquesta tradicional, otra orquesta desafinada, sin
dirección, sin batuta, en la que tocan quienes están tras los
bastidores, evidentemente de oído, y en la que hay muchos
pagaginis. En definitiva, todo el pueblo español mantiene, en
su dimensión y en sus características actuales, al Ente
Público.

Tenemos que decir no por estas razones --asumiendo las de
quienes nos han precedido en el uso de la palabra, como hemos
dicho-- porque además ni siquiera existe o se ha explicitado
el menor propósito de verificar un saneamiento, saneamiento
que con rigores empresariales es absolutamente preciso con la
remodelación o el redimensionamiento del Ente Público
Radiotelevisión Española, y evidentemente porque no existe el
menor propósito de reconsiderar si realmente deben mantenerse
esos gastos que se mencionan, de los cuales constituye un
ejemplo bastante claro el de la Orquesta de Radiotelevisión
Española, mientras que se ha vuelto la espalda a lo largo de
todos estos años --y nos da la impresión de que va a ser así
en el futuro por la intervención del señor Ministro-- a otras
orquestas realmente importantes que, sufragadas por las
comunidades autónomas, por las diputaciones y por los cabildos
insulares,constituyen todo un alarde de categoría y de
voluntad, no mereciendo la más mínima solidaridad de quienes
tenían que haberlas apoyado.

No hablemos, señor Presidente, de lo mucho que podríamos decir
hoy a propósito de la instrumentalización política de
Televisión Esañola, de su sectarismo y de su servicio a una
causa concreta en perjuicio de las demás a lo largo de los
años, y de una manera muy clara en la última campaña
electoral, con esa bipolarización que de forma dolosa se
estableció desde el momento en que se dio el disparo de salida
en las elecciones.

Aquí nos encontramos hoy con una situación que es producto o
de una irreflexión o de una falta de previsión cuando hace
algo más de medio año se aprobaron los Presupuestos Generales.

Es una culpa indiscutible



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que es imputable no precisamente a la oposición. Es una culpa,
una negligencia, en definitiva la omisión de una diligencia
que era necesaria para poder prever y prevenir lo que hoy se
ha producido en virtud de un decreto que acaso trae causa
desde antes incluso del 7 de mayo y que desde luego produce
una circunstancia y requiere una atención que era posible y
previsible también.

Nosotros, por lo tanto, hoy no podemos hacer que se laven en
una especie de Jordán purificador de nuestro voto afirmativo,
esas culpas tienen que traducirse en nuestra oposición a la
convalidación del Real Decreto-ley y, consiguientemente, en
nuestro voto negativo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txábarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.

Señoras y señores Diputados, este Real Decreto-ley que el
Gobierno presenta a la Cámara para su convalidación o
derogación a los efectos de que el Ente Radiotelevisión
Española reciba un crédito extraordinario nos depara una buena
oportunidad, tal y como indicaba el portavoz socialista, para
fijar posiciones en relación a la situación financiera del
Ente, su actualidad y sus perspectivas de futuro.

Tras múltiples deliberaciones en distintas instancias de esta
Cámara, el peso de la realidad financiera del ente
radiotelevisivo ha podido con actitudes firmes que con
tenacidad ejemplar ha venido sosteniendo el Gobierno anterior.

Radiotelevisión Española se encuentra en graves dificultades
financieras por falta de previsión, por la ceguera del
anterior Gobierno. Si en los últimos cuatro ejercicios hubiera
destinado recursos para los objetivos que este Real Decreto
recoge, el Ente no tendría hoy gastosfinancieros.

En consecuencia, la presentación de este Real Decreto rompe
con una trayectoria iniciada en 1982 en la que Radiotelevisión
Española ha sido capaz de afrontar sin subvenciones públicas
sus gastos de explotación. A partir de 1990, consolidadas ya
las televisiones autonómicas y las televisiones privadas, era
bien conocido por todos que el mercado radiotelevisivo conocía
incidencias que afectaban pertinentemente a la financiación de
Radiotelevisión Española.

En el caso del contenido del Real Decreto que se somete a
debate en este Pleno, se justifica, en opinión del Grupo
Vasco, la existencia de una subvención de servicio público
porque se concede para compensar determinadas obligaciones que
el prestatario del servicio debe cumplir necesariamente y que
no cumpliría normalmente, o lo haría en menor medida o en la
medida impuesta por la propia oportunidad económica si la
empresa fuera estrictamente privada. Es indudable que la
existencia de unas imperiosas obligaciones de cumplimiento
forzoso afecta pertinentemente a la gestión del Ente. Estos
servicios, si se contemplan, hay que pagarlos. En caso
contrario, hay que afrontar su reconversión o su anulación.

Llegados a este punto, es oportuno recordar que, en contraste
con las televisiones autonómicas y las televisiones públicas
europeas, que perciben fondos públicos para el cumplimiento de
sus fines, aun aprobando este Real Decreto-ley, Televisión
Española continúa sin recibir ningún tipo de subvención. El
cuadro general de Radiotelevisión Española es preocupante.

Tiene una plantilla sobredimensionada, en la que se da,
además, la paradoja de que, en líneas generales, quienes más
aguantan el peso de la programación tienen un nivel de
contratación más inestable. Además, Radiotelevisión Española
viene sufragando tradicionalmente entes, productos e
instituciones no rentables, como la Orquesta y Coros de
Radiotelevisión Española y el Instituto Oficial de Radio y
Televisión. La publicidad de Televisión Española --única
entrada importante del Ente hasta ahora-- es la que sufraga
los gastos de los programas de Radio Nacional de España.

Mantiene, además, deudas pendientes con todo tipo de
organismos públicos y privados.

La nueva posición ha colocado a Radiotelevisión Española en
una situación básicamente contradictoria. Si decide competir a
tope, acudiendo a una estrategia comercial, su parecido con
las televisiones privadas es cada vez mayor, lo que debilita
su razón de ser. Por contra, si Radiotelevisión Española
pierde audiencia a causa de centrarse en una programación de
interés público, el Ente conoce déficit que la debilitan
precisamente cara a su fuente de ingresos publicitarios.

La necesidad de recurrir a esta subvención de más de 31.000
millones de pesetas deja en evidencia que Radiotelevisión
Española ha cumplido un ciclo. Partiendo de una financiación
exclusivamente pública, conoce una etapa, intermedia,
presidida por la financiación con cargo a ingresos
publicitarios y comerciales, para llegar ahora a una nueva
etapa, caracterizada por la financiación mixta, a cargo tanto
de los Presupuestos Generales del Estado como a ingresos
comerciales publicitarios. Para ello, a fin de mantener una
oferta de radio y televisión pública viable, se regulan
através de un contrato-programa las relaciones financieras
entre el Estado y el Ente Público Radiotelevisión Española
durante 1993.

Examinados los contenidos de los tres Anexos que acompañan al
Real Decreto-ley, el Grupo Vasco entiende que éste se queda
corto en sus contenidos y en sus perspectivas de futuro. No
nos encontramos propiamente ante un contrato-programa centrado
en la televisión y las radios públicas, sino en torno a otros
programas y otros servicios adscritos al Ente. Asistimos así
no sólo a una confrontación conceptual e ideológica, sino
fundamentalmente a una pugna de intereses. Desde una
concepción ideológica progresista que atribuye al Estado un
papel fundamental en la ordenación del sistema, el Grupo Vasco
consideraría un abandono por parte del Estado de sus propias
responsabilidades en la actual



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coyuntura el que dejara de actuar en el sostenimiento de la
Radiotelevisión Pública, de esta Radiotelevisión Pública; esa
es la cuestión.

El PNV aboga por una Radiotelevisión Española exigente en
cuanto a los contenidos y calidad de su programación y también
por una gestión moderna y eficaz del Ente, por una
programación de interés público, frente a una programación de
interés comercial, presidida por criterios de servicio a la
comunidad a la que se dirige, es decir, para el afianzamiento
de la conciencia de identidad de los pueblos que conforman el
Estado, para la difusión y socialización de los valores
históricos culturales y lingüísticos plurales, como medio de
acceso a la cultura, como servicio de ocio y de
entretenimiento, como servicio de información plural, como
medio para el fomento de valores humanos y cívicos presididos
por el respeto y la difusión de los derechos humanos.

Desde esta concepción, el sistema mixto de la financiación de
la televisión pública se sostiene si responde adecuadamente a
su consideración de servicio público, es decir, que la
rentabilidad económica guarde un equilibrio suficiente con la
rentabilidad social.

La única forma de arrinconar la televisión pública en un
agente comunicador subsidiario de carácter formativo y
cultural es privarla de un sistema de financiación como el de
los demás medios de comunicación privados. Por ello, el Grupo
Vasco entiende que el debate debiera centrarse en la defensa y
potenciación de una programación de interés público, frente al
debate centrado en la titularidad de los medios, es decir, que
las administraciones públicas debieran financiar las
programaciones de interés público, no el déficit de los
organismos de Televisión.

Es por lo que, señor Presidente, el Grupo Vasco entiende que
el paso que da este Real Decreto, propiciando la financiación
mixta de la radiotelevisión pública, debe conocer a corto
plazo un salto cualitativo: el contrato-programa centrado en
la programación y contenidos de la radiotelevisión pública,
entendida como servicio público, donde prime la rentabilidad
social frente a la rentabilidad económica.

Esta consideración sobre el contrato-programa supone, pues, la
formalización de un compromiso entre la sociedad representada
por el Estado y la entidad que organiza la producción del
servicio, comprometiéndose éste a atender unos requerimientos
específicos, en cuanto a calidad y nivel de producción, a
cambio de unas aportaciones que, al no ser ingresadas a través
del mercado, percibirá directamente del Estado.

El fin de la televisión privada es lucrativo, el de las
televisiones públicas, no. Esta distinción teleológica
trasciende o debe trascender los planteamientos de la
explotación o, dicho de otra manera, la financiación del
servicio.

Concluyo, señor Presidente. Resulta fácil deducir que el
momento actual se caracteriza por una sensación general de
inestabilidad, que necesariamente tiene que culminar en un
proceso de reorganización legal, económica, estructural y
funcional del Ente Radiotelevisión Española.

Entiende el Grupo Vasco, señor Presidente, que este contrato-
programa, tan reduccionista en sus contenidos y tan tardío en
su remisión a la Cámara, puede aportar serenidad suficiente en
el nuevo Gobierno y en la Dirección General del Ente para
afrontar con valentía y diligencia esta acuciante reforma. De
lo contrario, año tras año seguiremos asistiendo, albarda tras
albarda, a una política de cobertura de déficit, vía
subvención encubierta, bajo la consideración del contrato-
programa.

En el convencimiento de que el Gobierno y el Grupo Socialista
que lo sostiene son conscientes de esta situación y han
superado la miopía que han padecido en los últimos años,
recogiendo el guante lanzado por el portavoz socialista para
emprender con espíritu de consenso la reforma legal de
Radiotelevisión Española, que recoja entre otros aspectos la
definición del modelo de financiación de la Radiotelevisión
Pública del Estado, anuncio, señor Presidente, que el Grupo
Vasco votará a favor de la convalidación de este Real Decreto-
ley.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de
Txábarri.

Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, en primer lugar, deseo manifestar,
en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), que vamos a dar nuestro voto favorable a la
convalidación de este Real Decreto-ley. (Rumores.) No hacerlo
así tendría, a nuestro entender, una consecuencia inmediata:
se incrementaría todavía más el problema financiero que tiene
hoy el Ente Público de Radiotelevisión Española, agravándose
sus déficit de explotación y las consiguientes necesidades de
endeudamiento, lo cual pondría en grave peligro de continuidad
a los medios de comunicación públicos que de él dependen.

Rechazar hoy, a nuestro juicio, esta convalidación sería tanto
como negarse a solucionar el problema financiero de
Radiotelevisión Española o, al menos, a evitar una evolución
más negativa del mismo en el futuro.

No convalidar supone empeorar la actual situación financiera y
retrasar más tiempo una decisión que, inevitablemente, a
nuestro juicio, debe adoptarse.

Por consiguiente, éste es un sí responsable, para evitar
peores consecuencias financieras a Radiotelevisión que
hipotecarían su futuro, y un sí coherente con nuestra posición
ya expresada en este sentido en la anterior Legislatura.

En segundo lugar, y centrándonos en el contenido del Real
Decreto-ley, el debate de hoy es un debate económico-
presupuestario y no deseamos desviarlo hacia un examen
detallado de muchas de las cuestiones que hoy podríamos
considerar en relación con estos medios



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de comunicación públicos, sus marcos normativos o su función
incluso dentro de la propia sociedad. El debate de hoy --
insisto-- es un debate sobre una solución a un problema
económico y a ello vamos a ceñirnos.

Este Real Decreto-ley nos propone, persigue, concretamente,
dos objetivos fundamentales: en primer lugar, dar cobertura
presupuestaria en el presente año de 1993 al contrato-
programa; y en segundo lugar, autorizar al Ente Público
Radiotelevisión Española para realizar operaciones de crédito
por un valor de 44.275 millones de pesetas.

La primera reflexión que deseamos transmitir es que este Real
Decreto-ley es la evidencia más tangible del fracaso del
Gobierno en la previsión presupuestaria de Radiotelevisión
Española en los últimos años. Desde 1991, el Gobierno se ha
resistido a reconocer la situación financiera que anualmente
le presentaba el Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española en sus propuestas de presupuestos y que les eran
devueltos para su aplicación, sobrevalorando las previsiones
de ingresos que, luego, la realidad ha certificado que no
podían cumplirse. En los últimos tres presupuestos se han
hecho mal las previsiones presupuestarias.

Una vez más, nos encontramos ante las consecuencias de no
haber adoptado en su momento las necesarias decisiones y
preferir dejar pasar el tiempo hasta ver aparecer los graves
problemas, para, entonces, justificar mejor las decisiones a
tomar, aunque éstas sean de mayor coste para el presupuesto
público o incluso más radicales desde la perspectiva social o
cultural.

Ahora se nos plantea, señorías, con carácter urgente, una
solución. Técnicamente se dan los condicionantes de urgencia
requeridos; pero es evidente que el deterioro de la salud
económica de Radiotelevisión Española no se ha producido de la
noche a la mañana y tiempo ha habido para prevenir o evitar
esta situación.

Desde el año 1990, con la aparición de nuevas televisiones
privadas y el consiguiente reparto del mercado publicitario,
Radiotelevisión Española ha entrado en pérdidas progresivas,
iniciándose un proceso creciente de endeudamiento. La
insistencia del Director General de Radiotelevisión Española
ha sido constante recabando del Gobierno soluciones a un
problema que ibaagravándose. ¿Por qué se ha tardado tanto en
plantear esta situación, señor Ministro?
Estas medidas, a nuestro entender, llegan tarde al Parlamento.

Se hubieran podido adoptar mucho antes si se hubiera actuado
con mayor responsabilidad y celeridad, ya que tiempo y
ocasiones para ello las hubo y no se utilizaron, como, por
ejemplo, cuando se debatieron los Presupuestos. Para el Grupo
Parlamentario Catalán es especialmente enojoso todo lo
expuesto, ya que presentó enmiendas en los últimos
Presupuestos Generales del Estado tendentes a propiciar la
financiación pública para el grupo de radio y televisión
públicas, que es lo que ahora se reclama en una parte del Real
Decreto-ley. ¿Por qué no se aprobaron aquellas enmiendas y por
qué se nos plantea esta solución tan tarde?
Todas SS.SS. podían conocer, por las comparecencias del
Director General en la Comisión de Control Parlamentario de
Radiotelevisión en esta Cámara, la situación de crisis y todos
los grupos propiciábamos que el señor García Candau siguiera
adelante con sus medidas correctoras y con el plan de
viabilidad, que fue bien entendido por parte de todos los
grupos parlamentarios cuando se presentó en esta Cámara. No
obstante, el Gobierno rechazó las enmiendas planteadas,
incluso las de nuestro Grupo parlamentario, y optó por
autorizar el endeudamiento sin más. Probablemente, si en aquel
momento se hubieran aportado unos recursos públicos al ente se
habría avanzado más en los cambios estructurales necesarios
para redimensionarse y para adaptarse a la nueva situación del
sector. De lo que no cabe duda alguna es que hubiéramos
ahorrado al Estado los gastos financieros a los que ahora se
deben hacer frente por el endeudamiento que se ha generado.

Esta obcecación del Gobierno le ha salido más caro a los
ciudadanos de este país.

Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió considera que el Gobierno no puede hoy, ni por más
tiempo, desentenderse de este problema y debe asumirse esta
situación financiera aportando un importante volumen de
recursos al presupuesto del ente para afrontar su viabilidad.

Esta es la razón por la que votamos afirmativamente a esta
convalidación.

Entrando en una segunda reflexión, la convalidación también
supone que el Gobierno y Radiotelevisión Española adopten
criterios de futuro para garantizar la redimensión del grupo
en la dirección contenida en el contrato-programa.

Siempre hemos valorado positivamente en la Comisión de Control
Parlamentario de Radiotelevisión en esta Cámara los cambios
estructurales iniciados y los ajustes del gasto corriente. El
rigor y la competencia deben continuar exigiéndose en el
proceso de adaptación de Radiotelevisión Española. Por ello
este Grupo Parlamentario desea hacer constar que el Gobierno,
que hoy nos trae las consecuencias del contrato-programa de
Radiotelevisión, debe permitir a esta Cámara conocer y
analizar los compromisos económicos de futuro contenidos en el
contrato-programa que se han adquirido para los ejercicios
económicos en que éste estará vigente.

Sugerimos, pues, señor Ministro, al Gobierno que en los
próximos Presupuestos Generales del Estado para 1994 se una al
presupuesto del ente público al contrato-programa para que
pueda ser analizadoy debatido por esta Cámara.

Por otra parte, restablecida ya la actividad parlamentaria y
la Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión,
nuestro Grupo considera que debería comparecer el Director
General, señor García Candau, para exponer los extremos del
contrato-programa y las medidas internas de ajuste estructural
para radio y televisión que van a desarrollarse para los
próximos años.

Una tercera reflexión, señorías, que aportamos es que un hecho
positivo debe desprenderse también de esta



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convalidación: que la asunción por parte del Estado de
determinadas responsabilidades financieras del grupo de
radiotelevisión debe comportar un mayor nivel de exigencia en
el cumplimiento de sus fines. Este Grupo Parlamentario
entiende que la convalidación de este Real Decreto también
supone garantizar la continuidad de la programación
territorial en Televisión Española, que deberá priorizarse
como uno de sus objetivos esenciales, más aún precisamente
cuando ésta recibe apoyo financiero del Estado. Y no me estoy
refiriendo tan sólo a Televisión Española de Cataluña, que
entiende nuestro Grupo que con esta convalidación se está
materializando una garantía de continuidad, sino a todos los
centros que por mandato legislativo deben existir en cada
comunidad autónoma, o bien por lo que hace referencia a Radio
Nacional de España, ésta pasa a financiarse íntegramente
mediante recursos públicos, lo cual exige, a nuestro entender,
que su función de servicio público sea indeclinable, con mayor
rigor del exigido hasta ahora.

Para nosotros, señor Ministro, esta convalidación (y, por
tanto, con la nueva situación financiera de Radio Nacional de
España que se deriva de este Real Decreto-ley) está
garantizando la continuidad de Radio 4, para que siga
prestando sus actuales servicios en favor de la difusión de la
programación en lengua catalana, así como de las distintas
programaciones territoriales de Radio Nacional de España,
reflejo de la pluralidad cultural de este país. En síntesis,
señorías, este Grupo considera necesario dotar a
Radiotelevisión Española de una financiación estable para el
adecuado desarrollo de los fines que tiene asignados. Es
lógico que Radiotelevisión Española pueda recibir algunos
apoyos financieros del Estado por los servicios públicos que
pueda prestar, sin vulnerar la normativa europea comunitaria
de doble financiación.

En consecuencia, aceptamos esta medida que se nos propone,
como correctora de una situación generada en estos últimos
años, y nos emplazamos, señor Ministro, al debate de los
próximos presupuestos de 1994 para abordar el futuro
financiero del Ente Público de Radiotelevisión.

Señor Presidente, para terminar quisiera hacer una apostilla a
la intervención en nombre de mi Grupo parlamentario. En cuanto
al contenido de este Real Decreto, es un ejemplo de cómo en el
futuro no deben hacerse las cosas. Ahora bien, en cuanto a la
formatambién deseo hacer una advertencia de futuro en nombre
de mi Grupo, y es que, atendida la composición de este Cámara,
sería conveniente que el Gobierno, antes de dictar la
disposición pertinente, se aviniera a saber si existe una
mayoría suficiente en la Cámara para convalidarla, si ello es
un requisito necesario, obligado para su vigencia.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados, señor Ministro Solbes,
el contenido del Real Decreto que discutimos hoy aquí es, a mi
juicio, una expresión evidente de la situación límite que
sufre Radiotelevisión Española.

Desde el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya queremos opinar precisamente desde la conciencia de
esa situación límite. Parecería, si no, que las cantidades
aquí propuestas nos crearían un cierto aprieto, que en
absoluto se nos crea, puesto que vamos a opinar desde la
defensa vehemente, incluso a ultranza, de la televisión como
servicio público. Porque también pensamos que a partir de este
debate, a partir de esta nueva configuración de la Cámara, se
traspasa una cierta aduana que va a suponer un cierto tono
diferente en los debates y una forma posiblemente diferente
también de enfocarlo.

Pensamos que vamos a proporcionar un debate vivo y permanente
sobre la cuestión y el modelo público de Televisión Española,
incluso yendo más allá que ustedes en la financiación, no sólo
a través de la ampliación de la deuda, sino a través del
dinero directo de los Presupuestos Generales del Estado, tal
como dice el Estatuto de Radiotelevisión. Intentamos convertir
la Comisión de Control de Radiotelevisión Española en una
comisión permanente de investigación.

Intentamos, igualmente, discutir un plan de futuro para
Radiotelevisión Española. En este aspecto hay ya documentos
muy importantes, como el del comité intercentros, que habrá
que empezar ya a discutir porque parece ser que el señor
García Candau es sordo, no quiere oír, no sabe oír, no se
sitúa en el problema real del grupo Radiotelevisión Española.

También intentamos, señor Presidente, convertir esta Cámara en
este asunto, que a veces parece frívolo, como centro político
del debate, en un momento en que el debate se puede ya
realizar, se debiera realizar, haciendo que a partir del papel
protagonista de esta Cámara el sistema político empezara a
superar esa cierta situación de anorexia que viene padeciendo.

Hasta ahora el eje del debate ha tenido varios polos,
enfocando siempre la existencia del grupo Radiotelevisión
Española desde una misma matriz argumental de fondo en la que
coinciden el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español. El Partido Popular ha defendido de manera explícita,
incluso rozando en Madrid o en Galicia la obscenidad de la
propuesta de la privatización del medio. El Partido Socialista
Obrero Español, cada vez más con laboca chica de quien se
avergüenza crecientemente de defender los valores de la
izquierda, está desmantelando paulatinamente el medio.

Yo también estaba aquí en 1980, cuando el señor Guerra hizo
aquella crítica tremenda. Coinciden en eso: una crítica
tremenda a la gestión sin apoyar los créditos. Ustedes no los
apoyaron; ustedes tampoco, porque valía todo. El fin justifica
los medios y el fin era destrozar al Gobierno entonces; ahora,
igual. Entonces cambiaban



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incluso la óptica ideológica de la defensa del servicio
público. Coincidían en eso, en la matriz argumental de la
defensa de la televisión privada, a través de un proceso de
desmantelamiento, en la defensa incluso a veces directa y
obscena de la privatización del medio.

En este marco nos encontramos con este documento que expresa
una situación límite y que, sin duda, es un parche ante la
aluminosis que sufre el grupo Radiotelevisión Española.

Hablamos de temas muy concretos. Si están pagando intereses de
la deuda, habría que ir a créditos para Televisión Española
por 14.000 millones de pesetas anuales. Organizativamente
existe una jungla de jefes y de pluses. Se sufre una pérdida
evidente de credibilidad. La desaparición durante la campaña
electoral del señor García Candau, que no reclamó el debate
plural que necesitaba el medio para recuperar esa credibilidad
que pierde a chorros de manera sistemática por la posición de
ustedes a través de un desmantelamiento calculado. O la pésima
gestión gerencial. Los ejecutivos se forman, se forran y se
van al medio privado, se llevan todo lo que saben e incluso
sitúan al frente de Televisión Española a gentes de su
confianza para que sigan la cadena de deslealtad consentida
por ustedes que lleva a la corrupción, tráfico de influencias,
incompatibilidades de todo tipo.

Existe una relación ínfima, despectiva respecto a la
cinematografía española que posiblemente ahora se agudice
mucho más si, como parece, los norteamericanos van a incluir
el tema del cine en los acuerdos del GATT de libre comercio,
lo cual va a poner en mayores dificultades la industria
cinematográfica española. Hay una nula potenciación de algunos
servicios que serían de gran rentabilidad social, como los
centros regionales, entre ellos los catalanes que aquí se han
citado, Radio 4 y Sant Cugat. Se sustituye en gran parte la
producción propia a través de una jungla de producciones
privadas; una jungla, un entramado de intereses, de
sobreprecios, de incompatibilidades encubiertas que ha hecho
que incluso se produzcan denuncias de tipo penal que a lo
mejor no se sustentan sino con una acometida de eso que
ustedes llaman el cambio sobre el cambio y que si no se
producen algunos cambios serios en Televisión nadie se lo a a
creer a partir de ahora.

El asunto Visedo ha sido el resumen y el colmo de todo. Y
menos mal que no viajaba en Jaguar, pero ha sido el colmo, la
gota de agua.

Nosotros pensamos que el señor García Candau debe ser relevado
de inmediato. Ya están tardando. El señor García Candau es
incompatible con un saneamiento del grupo. El señor García
Candau rompería cualquier tipo de consenso, es incompatible
con cualquier negociación de cara a un plan de futuro para el
grupo Radiotelevisión Española. Es incompatible con la
reordenación del medio. Se podría decir, haciendo casi un
chiste, que mantener al señor García Candau es como contratar
para cirujano de la Seguridad Social a Jack el Destripador. El
señor García Candau está destripando, está desmantelando
sistemáticamente la televisión y ha creado los sectores
públicos frente a los privados dentro de televisión para ver
lo que se subvenciona y lo que no, y a partir de ahí un
proceso que nos lleva a esa privatización y que de forma hábil
--porque el señor Arenas se apunta a un bombardeo con tal de
coger votos-- está pidiendo el portavoz del Grupo Popular. Por
tanto, el señor García Candau no puede, no debe, no sabe
encabezar una negociación de un plan de futuro para
Radiotelevisión Española. Nosotros pensamos que se trata de un
plan de futuro absolutamente imprescindible, sobre todo en
estos momentos, sobre todo en el marco actual de una ofensiva
conservadora a la que ustedes no se están enfrentando, no se
quieren enfrentar porque tienen una ideología mixta y
vergonzante del medio y de la situación política. Hace falta
defender el grupo Radiotelevisión Española como medio
informativo esencial, no desde el punto de vista del mercado
publicitario, sino basado en la rentabilidad social, nunca en
la económica, debiendo, por tanto, ser pagado desde los
Presupuestos Generales del Estado y no de manera vergonzante,
como dice el Decreto que estamos a punto de convalidar, según
parece por los votos que se van sumando.

De cara al futuro nos planteamos la necesidad de valorar las
plantillas. En esta industria de los medios de comunicación
las plantillas ya no son gastos de personal, son gastos de
inversión. Se trata de esa plantilla que aprende, que es
creativa, esa plantilla que es el gran tesoro de un medio y
que ustedes la están dilapidando. Hay por ahí un expediente de
regulación de diciembre de 1991 --que no cumplen-- que ha
puesto en la calle a 560 personas por un incumplimiento; se
están haciendo ustedes especialistas en romper contratos
escritos. Hay que ir, desde el punto de vista de la
negociación de un plan de futuro para el grupo Radiotelevisión
Española, a la independencia informativa escrupulosa,
rigurosa, sin ningún tipo de margen al control censor de
ningún poder económico ni político. Por eso nosotros estamos
proponiendo, y lo vamos a seguir reiterando aquí, en la
Comisión y donde haga falta, la necesidad del estatuto de los
servicios informativos, la necesidad de la creación de los
consejos de redacción; hay que ir a un organigrama mucho más
racional y la financiación debe ser pública, repito, a través
de los Presupuestos Generales del Estado y a través de una
producción propia, definitoria del medio --como se dice--
público, cosa que ustedes eluden comprando material fuera
constantemente a productoras privadas, muchas veces de
creación bastante sospechosa.

Nosotros pensamos que la captación de la publicidad no se
puede convertir en el todo; estamos llegando a una especie de
mercantilismo basado en un principio maquiavélico en el que el
fin,la obtención de audiencia, lo justifica todo, justifica
todos los medios, y eso consiste en que ustedes han hecho la
televisión pública de las tres ces: crímenes, concursos y
culebrones. La truculencia, el movimiento, el sexismo, el
machismo, el ataque a la mujer, la exhibición degradante de



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la mujer es lo que provoca más audiencia y, como la audiencia
provoca mayor publicidad, ustedes se apuntan a ese carro,
imantados por el modelo de una televisión pública que no
debiera crearles envidia si hubieran superado esa
mistificación de la ideología de izquierdas que sufren ustedes
en este momento.

Desde ese punto de vista --voy terminando, señor Presidente--,
desde el punto de vista de la defensa a ultranza del servicio
público, nosotros vamos a luchar por el derecho del
espectadora contemplar las películas sin interrupciones
publicitarias. Usted sabe que incluso hubo un referéndum en
Italia; allí ya no se interrumpen las películas. La directiva
europea es más flexible, pero tampoco aquí se aplica. La
publicidad es rey que todo lo domina, incluidos los
contenidos, contenidos que atraen, naturalmente desde una
determinada posición de truculencia y de movimiento sin
objetivos. Sólo desde esta orientación, que yo propongo señor
Ministro, se podría luchar por un apoyo social decidido, un
apoyo de izquierdas a la televisión pública y a su
financiación. Por eso, no vale pedir, como ha hecho el señor
García Candau, que está ya un poco , una especie de impuesto,
de canon por aparato --parece que lo ha pedido en la
Universidad de El Escorial--, por cierto, copiando a la BBC,
en un momento en que la televisión no está definida, en un
momento en el que el medio no está definido, en un momento en
el que no se ha realizado el debate absolutamente necesario
que hay que realizar: el debate sobre el modelo audiovisual de
este país. Uno de los retos de este Parlamento, si no queremos
seguir agudizando, y no exagero, la crisis del sistema
democrático anoréxico que ahora tenemos, es discutir este
tema, como se discute la red de carreteras; hay que discutir
la infraestructura intelectual, como se discuten los temas que
plantea aquí el señor Borrell.

En tiempos de cólera, la cultura no sobra y, mucho menos, la
cultura que se expande, que se difunde a través de un medio
tan poderosísimo, tan potente como es la televisión pública en
este caso. Por eso, creemos que este Parlamento debe recuperar
su nuevo ser, que no el antiguo; no es un Parlamento de
mayoría absoluta, de rodillo, y no vale sustituir el rodillo
anterior por un rodillo con tres mangos: señor González, señor
Arzallus y señor Pujol. Se ha roto el rodillo, hay que
discutir de otra manera y hay que discutir aquí, porque si no
estamos yendo a una especie de legislatura adúltera; es decir,
en la que todo se pacta fuera del Parlamento; adulterio de
pensamiento en el sentido que decía la escritora catalana
Montserrat Roig, cuando no se mira a la mujer como si fuera
una centralidad y no se la considera interlocutora.

Este Parlamento, si se maneja como hasta ahora el rodillo de
tresmangos (Arzallus -- digo Arzallus, por no decir Ardanza--,
Pujol y González), verá que vienen aquí las cosas atadas y
elaboradas en otras alcobas, en otros pasillos, como ha pasado
con el pacto --que no conocemos a fondo-- PNV-Convergència i
Unió-Partido Socialista Obrero Español; como ha pasado con la
petición de comparecencia de todos los Ministros, que se ha
anulado, cuando este Parlamento no se puede permitir
vacaciones parlamentarias en la situación que vive este país,
el mal ejemplo que estamos dando todos los políticos y que
ustedes no corrigen con esa que han puesto a través del caso
Mohedano; o con temas como el contrato-programa que no
conocemos.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.




El señor ALCARAZ MASATS: Temas como el plan de futuro que no
se debate. El señor García Candau no aparece, no quiere
debatir, no sabemos cómo afecta al personal de Radio Nacional,
no sabemos en qué sentido se va a seguir subvencionando la
televisión pública; sólo sabemos que hay un progresivo
deterioro y que ustedes, en cierto sentido, lo están
amparando.

Termino, señor Presidente, pero es que después de estar 11
años fuera de la Cámara..., quizá me he alargado
excesivamente.

Nuestro voto va a ser positivo. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Señor Alcaraz, le ruego concluya, porque ha dispuesto de 15
minutos para explicar el sentido de su voto. No empiece ahora
a explicarlo.




El señor ALCARAZ MASATS: Un voto positivo, pero decidido, y un
voto crítico. Por eso, de manera complementaria, hemos
presentado una proposición no de ley pidiendo la destitución
del señor García Candau, pidiendo la creación de un sistema de
incompatibilidades (Rumores.), pidiendo el contrato programa.

(Continúan los rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor ALCARAZ MASATS: Pedimos, naturalmente, que se discuta
el plan de futuro para Radiotelevisión Española. Hasta ahora,
el debate tiene tres polos: el Partido Popular, que
defiende...




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, S.S. ha dispuesto de 15
minutos y medio, cuando el turno es de 10 minutos, para
exponer la posición de su Grupo en relación con la
convalidación o derogación de este Real Decreto-ley; no puede
empezar ahora a intentar explicar el voto positivo. Le ruego
concluya.




El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente, aunque el
señor Arenas estuvo 20 minutos. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, sobre todo, le ruego que
no polemice con los Grupos que han intervenido con
anterioridad en el debate.




El señor ALCARAZ MASATS: El debate tiene tres polos que
resumo en medio minuto, señor Presidente. La



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privatización a ultranza, la rentabilidad económica, la
mercantilización defendida por el Partido Popular directamente
en Galicia y Madrid, aunque después populistamente se apueste
y se apunte a lo que sea; el desmantelamiento que practica el
Partido Socialista Obrero Español (Rumores.), estableciendo lo
que es neto servicio público para algunos sectores, del resto,
lo que es un principio de privatización del medio; y la
postura de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es la
defensa del servicio público esencial como factor
democratizador y de cultura. Desde ese punto de vista, vamos a
votar favorablemente (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor ALCARAZ MASATS: Como defendemos el sector público por
encima de dogmatismos, no hacemos lo que el PSOE hizo en 1980,
que es votar en contra de los créditos. (Rumores.)
Votamos a favor porque, por encima de las tácticas políticas,
creemos en el servicio público.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

Vamos a proceder a la votación.

Como saben SS.SS., al no haberse efectuado la asignación
definitiva de escaños, para activar el mecanismo de votación
electrónico es necesario el uso de la tarjeta que ha sido
distribuida. Ruego lo tengan en cuenta a la hora de efectuar
la votación.

Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 12/1993, de 2 de julio.

Comienza la votación (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 181; en contra, 114; abstenciones, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley.

¿Desea algún grupo que se someta a votación la tramitación
como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado?
(Pausa.)
Se levanta la sesión.




Era la una y cinco minutos de la tarde.