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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 641, de 13/12/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 641
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 57
celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de Ley
por la que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del
trasvase Tajo-Segura (procedente del Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de
agosto). (BOCG serie A, número 130-1, de 23-9-95. Número de expediente
121/000115) (Página 19408)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley por la que se adoptan
medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura
(procedente del Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto). (BOCG serie A,
número 130-1, de 23-9-95. Número de expediente 121/000115) (Página 19408)
Preguntas:
--Del señor Fernández Rodríguez (Grupo Popular), sobre medidas urgentes
para combatir las graves restricciones en el consumo de agua que padecen
las poblaciones del Campo de Gibraltar. (BOCG serie D, número 282, de
20-10-95. Número de expediente 181/001746) (Página 19422)
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre financiación de las desaladoras anunciadas en diversos
puntos del litoral. (BOCG serie D, número 268, de 15-9-95. Número de
expediente 181/001624) (Página 19425)



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--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre medidas adoptadas por el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente en relación con los tramos de concentración
de accidentes detectados en la carretera N-332, a su paso por las
provincias de Alicante y Valencia. (BOCG serie D, número 272, de 22-9-95.

Número de expediente 181/001643) (Página 19428)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones de la paralización de la
ejecución de la variante de Gandía (Valencia) de la carretera N-332.

(BOCG serie D, número 297, de 24-11-95. Número de expediente 181/001827)
(Página 19429)
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre realización del subtramo Baralla-Cereixal (Lugo), de la
autovía del Noroeste. (BOCG serie D, número 297, de 24-11-95. Número de
expediente 181/001838) (Página 19432)



Se abre la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL
TRASVASE TAJO-SEGURA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/1995, DE 4 DE
AGOSTO). (Número de expediente 121/000115.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Iniciamos la sesión de trabajo número 58 de la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente, cuyo primer punto orden del día, del
que disponen todos ustedes, es la ratificación de la Ponencia del
proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de mejora del
aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, procedente del Real Decreto-ley
8/1995, de 4 de agosto. El autor de esta Ponencia es la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.

La Ponencia está constituida, por parte del Grupo Socialista, por don
Gerardo García-Arreciado Batanero y don José Jerez Colino; por parte del
Grupo Popular, doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi y don José
Madero Jarabo; por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, don Jerónimo Andreu Andreu; por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), don Salvador Sedó i Marsal; por parte del Grupo
Vasco (PNV), don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga; por parte del Grupo de
Coalición Canaria, don Adán Pablo Martín Menis, y por parte del Grupo
Mixto, don José María Chiquillo Barber.

¿Se ratifica la Ponencia? (Asentimiento.)
Queda ratificada por unanimidad.




--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/1995, DE 4 DE AGOSTO). (Número de
expediente 121/000115.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al segundo punto del orden
del día, aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a
la vista del informe elaborado por la Ponencia del proyecto de ley por la
que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del
trasvase Tajo-Segura, procedente del Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de
agosto.

Iniciamos el debate de este proyecto de ley, cuya votación no se
producirá antes de las 12, debido a que hemos iniciado nuestra sesión con
un poco de retraso.

Aunque hay una tradición en esta Comisión de cumplir el Reglamento, y
actuar con la máxima celeridad posible, en este caso concreto, y a
petición del Grupo Parlamentario Popular, el debate se va a realizar de
forma que el tiempo máximo de discusión en cada artículo va a ser de tres
minutos. Habrá un turno en contra y, a continuación, si se solicita,
turno de réplica y dúplica.

Por tanto, ruego a SS. SS. que tengan la amabilidad de ser lo más breve
posible, y se lo voy a recordar a cada uno de los ponentes que
intervengan, a fin de que podamos conseguir llegar a la votación no mucho
más tarde de la hora prevista en la convocatoria del orden del día.

A tal efecto, y constatando que existen enmiendas del Grupo Popular y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
doy la palabra, por orden de presentación de las enmiendas, en primer
lugar, a la señora De Palacio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
para defender su enmienda número 8 al Título.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Muy brevemente, señor
Presidente.

Entendemos que el título del decreto-ley, que es tramitado como proyecto
de ley, de mejora del aprovechamiento



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del trasvase Tajo-Segura, no indica lo que supone en realidad este texto
legislativo, ya que lo que supone es autorizar una derivación desde la
cuenca del Tajo a la cuenca alta del Guadiana, fundamentalmente, por
cuanto hay unas pequeñas derivaciones que se producirán respecto de los
núcleos de población ribereños o vecinos del trazado del acueducto
Tajo-Segura, no sólo en la cuenca del Guadiana, sino también en la cuenca
del Segura.

Por ello, nosotros entendemos que lo que hay que hacer es precisar en el
título lo que es, de verdad, este decreto-ley, que ahora se tramita como
ley, que es la autorización de un trasvase, de una derivación de recursos
hídricos desde la cuenca del Tajo a la cuenca del alto Guadiana.

También quiero señalar que entendemos que es bueno que eso quede claro
por cuanto que éste va a ser el primer trasvase entre confederaciones
hidrográficas diferentes, ya que entre cuencas hidrográficas ya se ha
producido la autorización de algún pequeño trasvase, como puede ser el
trasvase del Guadiaro-Majaceite, pero en volúmenes importantes y entre
confederaciones hidrográficas distintas es el primer trasvase que se
produce en la época de la democracia. Por eso entendemos que debe verse
rodeado del máximo consenso de todas las fuerzas políticas y ser un
ejemplo para el futuro.




El señor PRESIDENTE: Turno en contra. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, teniendo en cuenta cómo se está
planteando el debate y cómo el Grupo Socialista tendrá que dar respuesta
muchas veces a dos intervenciones, pediría un único turno para poder dar
respuesta a la totalidad de las enmiendas que se presenten tanto del
Partido Popular como de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Me parece muy bien. Muchas gracias.

En consecuencia, pasamos a las enmiendas presentadas a la exposición de
motivos, cuya enmienda número 6 es la primera presentada por el Grupo
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene
la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve porque voy a intentar unir la
defensa de las enmiendas que tengo a la exposición de motivos y las que
tengo a los artículos 1 y 2, que son los artículos en los que hemos
centrado nuestro volumen de enmiendas, puesto que nuestras enmiendas a la
exposición de motivos están circunscritas a una adecuación que puede
parecer nominal pero que no lo es, ya que no es lo mismo un parque
natural que un parque nacional, y, en el caso concreto de las Tablas de
Daimiel, es un parque nacional. Por lo tanto, no es un problema de
nombres sino de calificación de un espacio natural, que tiene un tipo de
protección diferente para hacer efectivas esas actuaciones de manera
variada si es un parque natural o si es un parque nacional.

En todo caso, nuestra enmienda a la exposición de motivos va a ser
coincidente después con la enmienda número 6, que hace referencia al
artículo 1.2, en donde se vuelve a decir que las dotaciones de 50
hectómetros cúbicos recogen las previstas para el Parque Natural de las
Tablas de Daimiel. Entonces, volvemos a poner en esa enmienda «para el
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel».

Las enmiendas que hemos presentado al artículo 1 y 2 tienen mayor
precisión, porque estamos hablando de una situación que la exposición de
motivos narra, que viene a afectar fundamentalmente a una realidad
palpable, y es que la cabecera de la cuenca del Guadiana tiene una
situación complicada. Según la comparecencia que hicimos a petición del
Grupo Popular para tramitar este proyecto de ley...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ríos, por interrumpirle.

Tal vez sea debido a una equivocación, pero conviene dejarlo claro. Usted
ha hecho mención a la enmienda al artículo 2, y yo no constato...




El Señor RIOS MARTINEZ: Perdón, quiero decir 1.2.




El señor PRESIDENTE: Por dejarlo claro en el «Diario de Sesiones».




El Señor RIOS MARTINEZ: Artículo 1.2, cuando habla de la cuantía de 50
hectómetros cúbicos. Luego, tengo otras enmiendas al artículo 2, pero
estaba refiriéndome en el tema de las Tablas de Daimiel al artículo 1.2.

En realidad, toda la exposición de motivos hace referencia a una
situación de sequía por la que atraviesa la cuenca del río Guadiana, una
situación que fue narrada aquí, que afectaba a casi 450.000 habitantes,
según la comparecencia del señor Baltanás, haciendo referencia a que
había núcleos de poblaciones tan importantes como el de Guadalajara y
otros que se veían afectados por ese nivel de sequía y por tanto, la
necesidad de abastecer a esos núcleos de población. Por ello, la
filosofía fundamental es el abastecimiento a los núcleos de población, no
de la cuenca, porque un abastecimiento a una cuenca puede tener usos de
abastecimiento urbano, de abastecimiento industrial o de cualquier otro
tipo de regadío o de actuación.

La primera enmienda que tenemos es para precisar que este trasvase
Tajo-Segura, que significa derivar, como muy bien ha dicho la anterior
portavoz, agua de la cabecera del Tajo a una nueva realidad, sería para
dirigir el abastecimiento urbano de los núcleos de población. Esa es la
enmienda número 1 que tenemos presentada y que hace referencia a esa
mayor concreción para que lo que ha sido el objetivo de este proyecto se
concrete en el artículo 1 de este proyecto.

La segunda enmienda va dirigida a cuando en este punto 1 del artículo 1
se habla del volumen medio anual. La verdad es que el proyecto de ley,
cuando fue explicado aquí con mayor detalle y cuando fue argumentado por
los distintos comparecientes, hablaba de un volumen que no sería mayor de
50 hectómetros cúbicos, pero analizando el volumen de trasvase en 10
años, por lo que estaríamos multiplicando 50 por 10, hallando un volumen
medio



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anual. Pero ese volumen medio anual puede significar que en un año
determinado derivamos, por ejemplo, 300 hectómetros cúbicos y en los
cinco años siguientes no derivamos nada.

¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que haya una concreción máxima por
año. La ley del trasvase habla de un trasvase de un volumen máximo anual,
no habla de volúmenes globales, Estamos variando, midiendo el uso del
Acueducto --después nos referiremos a la modificación o no de los
volúmenes máximos trasvasables, según la normativa reguladora del
Acueducto Tajo-Segura--, aquí estamos variando los conceptos conforme
funciona ese Acueducto. Nuestra segunda enmienda viene a decir que ese
volumen máximo sea un volumen anual, que no podrá ser superior a 50
hectómetros cúbicos durante los próximos 10 años. Así saldrá la cifra
final que podrá ser de 500 hectómetros cúbicos, o de otra cifra.

La tercera enmienda va dirigida, señor Presidente, al artículo 1.2,
cuando habla de la cuantía de 50 hectómetros cúbicos. Nosotros
preferimos, puesto que así se nos ha explicado en las comparecencias, y
tendríamos que darle utilidad a las comparecencias que hemos hecho, que
se deben precisar los razonamientos que se nos han dado, porque hay 30
hectómetros para cubrir el abastecimiento de los núcleos de población y
20 para lo que es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En
consecuencia, pongamos esa distribución de 30 hectómetros cúbicos, que
sería para el abastecimiento de la cuenca alta del Guadiana... El ruido
que hace el micrófono es porque se ha acoplado. (El señor
Carreño-Rodríguez Maribona: Eso es por exceso de tiempo.): No, exceso de
tiempo no porque estoy acumulando todas las enmiendas. Por tanto, señor
Presidente, le pido...




El señor PRESIDENTE: Perdón, esta Presidencia ha hecho gala de la máxima
ecuanimidad --y para eso creo que tiene autoridad suficiente-- ya que el
Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en este artículo
tiene cinco enmiendas y en el resto tiene muy pocas o ninguna, por lo que
esta Presidencia es consciente de que se le debe justamente otorgar mayor
tiempo de los tres minutos al portavoz de Izquierda Unida.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente, y sin que sirva
de precedente.

En todo caso, nuestra enmienda número 3 pretende distribuir, fruto de las
comparecencias, la explicación que se nos ha dado de distribuir 30
hectómetros cúbicos para el abastecimiento de la cuenca alta del río
Guadiana 7 20 para las Tablas de Daimiel.

La siguiente enmienda, señor Presidente, viene a hacer referencia a lo
que podríamos llamar el carácter permanente de estas dotaciones, porque
establece 10 años para lo que es la cuenca alta del río Guadiana, pero
para el tema del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, establece una
dotación permanente.

En nuestra enmienda número 7 pretendemos precisar este tipo de dotación,
por entender que la situación de las Tablas de Daimiel ahora mismo está
provocada por la sobreexplotación que tienen los acuíferos 23 y 24, por
lo que proponemos que se circunscriba también en el tiempo a un objetivo,
que es recuperar la situación del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel. Por tanto, pretendemos que se sustituya al final del punto 2 del
artículo 1, cuando dice
«... pasarán a tener carácter permanente», y sustituirlo por «las
dotaciones del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel terminará cuando
la regeneración de éstas se haya producido en términos de una explotación
sostenible de los acuíferos 23 y 24 y un mantenimiento de los ecosistemas
ligados a ese medio hídrico, y de acuerdo con lo que establezca un plan
urgente de reordenación y regeneración de los acuíferos del Alto
Guadiana».

¿Qué es lo que queremos decir? Queremos decir que se ha producido una
realidad determinada en función de la explotación de unos acuíferos. Y
una realidad de esos acuíferos es sanarlos o ponerlos en buenas
condiciones, pero no declarar aquí una actuación permanente y para
siempre, sino que creemos que puede ser reversible.

Esas son todas nuestras enmiendas al artículo 1.2, señor Presidente, y al
artículo 1.1. Con posterioridad, me referiré a las dos enmiendas que
quedan al artículo 4 y al artículo 5.




El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a dar la palabra a la señora
De Palacio en nombre del Grupo Parlamentario Popular puesto que existe
una enmienda, la número 9, a la exposición de motivos.

Tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: La enmienda sustituye la
exposición de motivos del Decreto-ley y convertimos el texto en
congruente con todas nuestras enmiendas al trasvase del Tajo al Guadiana.

Entendemos que esta exposición de motivos debe servir para lo que sirven
las exposiciones de motivos, ayudar a la interpretación y explicar de
manera más contundente lo que se persigue con el texto articulado.

Lamentablemente, la exposición de motivos que traía el Decreto-ley de
origen es absolutamente insuficiente, está llena de indefiniciones, y
sólo la intervención del Ministro en la presentación del Decreto-ley y,
posteriormente, los debates en comparecencias que se produjeron en esta
misma Comisión permitieron interpretar algo que, desde luego, ni se
deduce de la exposición de motivos ni del texto articulado del
Decreto-ley, hoy proyecto de ley que estamos tramitando.

Por ello, nosotros presentamos una exposición que pretende evitar
indefiniciones mediante estas mayores precisiones y mayores aclaraciones
y evitar de cara al futuro fuentes de tensiones y de posibles pleitos
entre distintas interpretaciones, entre distintos ribereños y entre
diferentes cuencas.

Nada más que eso, dejando muy claro que de lo que se trata es de
trasvasar agua para unos fines muy concretos, abastecimiento en el
sentido de abastecimiento urbano y regeneración de las Tablas de Daimiel.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a defender la enmienda número 10 del
Grupo Parlamentario Popular al



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artículo 1, para cuya defensa le doy la palabra a la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: La enmienda 10 va en el sentido
de todas las que hemos presentado que es precisar. El texto del proyecto
de ley habla de abastecimiento de una manera genérica. De las
comparecencias y de la intervención del señor Ministro parecía deducirse
que se referían a suministros a poblaciones y regeneración de las Tablas
de Daimiel, pero, tal y como está en el texto del proyecto de ley,
abastecimientos puede querer decir eso o cualquier otro tipo de
suministro de agua a una cuenca, a la Cuenca Alta del Guadiana. Queremos
que quede acotado que este trasvase tiene unos fines muy concretos, fines
que son los que se especifican posteriormente, se trata de dotar de 30
hectómetros cúbicos el suministro a poblaciones situadas en la Cuenca
Alta del Guadiana, y 20 restantes dedicados a la regeneración del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel. Medidas como las que se plantean en el
artículo 1 del proyecto, en el que señala un volumen medio anual
derivado, lo cual, como ya ha sido dicho, puede presentar posibilidades
de producir unos desembalses o unos trasvases --por qué no-- de hasta 500
hectómetros cúbicos en un año y luego los nueve restantes vacíos,
entendemos que estas medidas no conducen a nada sino que hay que precisar
desviaciones o derivaciones máximas, como es siempre la norma y la
técnica en cualquier autorización de trasvase que se produce y como es,
además, de hecho, la norma que rige actualmente en las desviaciones
relacionadas con el Tajo-Segura. En ese sentido van las modificaciones
que efectuamos al conjunto del artículo 1, dejando claro cuáles son los
fines, cuáles son los usos autorizados y cuáles son las desviaciones
máximas anuales autorizadas.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al artículo 2 al que se ha presentado
la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa
tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Dentro del proyecto de ley se
establece una reserva para abastecimientos, insisto, abastecimientos de
núcleos de población --en nuestra opinión hay que precisar--, núcleos de
población inmediatos al trazado del Acueducto Tajo-Segura, y, además,
entendemos que ese abastecimiento a núcleos de población inmediatos al
trazado del acueducto Tajo-Segura debe producirse sin que en principio
suponga limitación de los derechos de la cuenca del Segura, sino que debe
ser una generación de derechos para esos municipios ribereños
suplementaria, como explicaremos cuando defendamos nuestra enmienda
número 12 al artículo 3, que, en nuestra opinión, es la pieza clave de lo
que es fijar exactamente los derechos de cada uno de los posibles
beneficiarios de este trasvase, las derivaciones que se deben producir y
cómo se deben establecer los volúmenes máximos anuales para todos y cada
uno de esos usos posibles dentro tanto de la cuenca del Segura como de la
cuenca del Guadiana como de la cuenca, eventualmente incluso, de los
municipios ribereños que son del Júcar. Esa es la pretensión de esta
enmienda 2, que es congruente con la enmienda número 3.

Por tanto, que quede claro que es una mejora técnica que pretende
especificar los municipios ribereños y que eso no supone modificar los
derechos que ya tiene la cuenca del Segura.




El señor PRESIDENTE: Perdón, para clarificar en el «Diario de Sesiones»,
señora De Palacio, se ha referido a la enmienda al artículo número 2 que
es coordinada con la presentada al artículo 3.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Sí. Me he referido a la enmienda
número 11 al artículo 2 coordinada con la enmienda número 12 al artículo
3, a la cual me referiré en un momento.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir, pues, el artículo número 3, al
que existe una enmienda, la número 13, del Grupo Parlamentario Popular,
para cuya defensa tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: El Grupo Popular entiende que no
se puede dejar una indefinición genérica, como se hace con este proyecto
de ley, en la que no quedan definidos exactamente cuáles son los
volúmenes, a qué se destinan esos 50 hectómetros cúbicos medios, con lo
cual no se sabe los volúmenes anuales, ni tampoco se deja claro y no se
deduce claramente del proyecto de ley que esos 50 hectómetros cúbicos son
a costa de los derechos de la cuenca del Segura.

Lamentablemente, el Grupo Popular comprobó en las comparecencias que lo
que pretende el Gobierno, lo que ha pretendido el Gobierno con este
Decreto-ley ha sido producir ese trasvase de 50 hectómetros cúbicos más
los tres de los ribereños a costa de los volúmenes, a costa del trasvase
de los derechos de la cuenca del Segura.

Nosotros entendemos que se puede solucionar sin atentar contra esos
derechos de la cuenca del Segura, que en razón de la naturaleza y de una
mala gestión de la cabecera del Tajo se han visto enormemente limitados
para que, encima, tengan todavía mayores recortes.

En ese sentido establecemos, por un lado, en el número 1 del artículo 3
un reparto concreto con volúmenes definidos para todas las derivaciones y
para todos los usos, y para todas y cada una de las cuencas que se van a
beneficiar de la estructura del Acueducto Tajo-Segura, es decir, para la
cuenca del Segura, para la cuenca del Guadiana y para los municipios
ribereños, estableciendo volúmenes máximos anuales y usos concretos. En
segundo lugar, para que esa derivación de volúmenes de 53 hectómetros
cúbicos nuevos no sea a costa de la cuenca del Segura, establecemos que
se pueda reducir el caudal del Tajo de tal manera que garantizando el
caudal de seis metros cúbicos --éste es el punto 2 del artículo 3-- del
Tajo a su paso por Aranjuez, estos seis metros cúbicos provengan en un
mínimo de dos metros cúbicos del propio Tajo, en años normales serán los
seis metros cúbicos en su totalidad, pero



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que en época de sequía puedan provenir en un mínimo de dos metros cúbicos
del propio Tajo y los cuatro restantes provendrían de unas aportaciones
del Jarama aguas arriba de Aranjuez. Esto permitiría atender
perfectamente en casos de sequía o en casos de carencia del Tajo el
suministro en situación normal de los volúmenes a la cuenca del Segura y
a la cuenca del Guadiana, permitiría a pesar de todo que se produjera el
trasvase al Guadiana no a costa de los volúmenes destinados al Segura,
sino a costa de reducir el caudal del Tajo parcialmente complementándolo
con unas aportaciones del río Jarama, por supuesto debidamente depuradas,
puesto que no puede ser de otra manera.




El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a dar la palabra a la señora
De Palacio en nombre del Grupo Parlamentario Popular puesto que existe
una enmienda, la número 9, a la exposición de motivos.

Tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: La enmienda sustituye la
exposición de motivos del Decreto-ley y convertimos el texto en
congruente con todas nuestras enmiendas al trasvase del Tajo al Guadiana.

Entendemos que esta exposición de motivos debe servir para lo que sirven
las exposiciones de motivos: ayudar a la interpretación y explicar de
manera más contundente lo que se persigue con el texto articulado.

Lamentablemente, la exposición de motivos que traía el Decreto-ley de
origen es absolutamente insuficiente, está llena de indefiniciones, y
sólo la intervención del Ministro en la presentación del Decreto-ley y,
posteriormente, los debates en comparecencias que se produjeron en esta
misma Comisión permitieron interpretar algo que desde luego no se deduce
de la exposición de motivos ni del texto articulado del Decreto-ley, hoy
proyecto de ley, que estamos tramitando.

Por ello, nosotros presentamos una exposición que pretende evitar
indefiniciones mediante estas mayores precisiones y mayores aclaraciones
y evitar de cara al futuro fuentes de tensiones y de posibles pleitos
entre distintas interpretaciones, entre distintos ribereños y entre
diferentes cuencas.

Nada más que eso, dejando muy claro que de lo que se trata es de
trasvasar agua para unos fines muy concretos, abastecimiento en el
sentido de abastecimiento urbano y regeneración de las Tablas de Daimiel.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a defender la enmienda número 10, del
Grupo Parlamentario Popular, al artículo 1, para cuya defensa le doy la
palabra a la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: La enmienda 10 va en el sentido
de todas las que hemos presentado, que es precisar. El texto del proyecto
de ley habla de abastecimiento de una manera genérica. De las
comparecencias y de la intervención del señor Ministro parecía deducirse
que se referían a suministros a poblaciones y regeneración de las Tablas
de Daimiel, pero, tal y como está en el texto del proyecto de ley,
abastecimientos puede querer decir eso o cualquier otro tipo de
suministro de agua a una cuenca, a la Cuenca Alta del Guadiana. Queremos
que quede acotado que este trasvase tiene unos fines muy concretos, fines
que son los que se especifican posteriormente; se trata de dotar de 30
hectómetros cúbicos el suministro a poblaciones situadas en la Cuenca
Alta del Guadiana, y los 20 restantes dedicarlos a la regeneración del
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Medidas como las que se
plantean en el artículo 1 del proyecto, en el que se señala un volumen
medio anual derivado que, como ya ha sido dicho, puede presentar
posibilidades de producir unos desembalses o unos trasvases --por qué
no-- de hasta 500 hectómetros cúbicos en un año y luego los nueve
restantes vacíos, entendemos que no conducen a nada. Hay que precisar
desviaciones o derivaciones máximas, como es siempre la norma y la
técnica en cualquier autorización de trasvase que se produce y como es,
además, de hecho, la norma que rige actualmente en las desviaciones
relacionadas con el Tajo-Segura. En ese sentido van las modificaciones
que efectuamos al conjunto del artículo 1, dejando claro cuáles son los
fines, cuáles son los usos autorizados y cuáles son las desviaciones
máximas anuales autorizadas.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al artículo 2 al que se ha presentado
la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa
tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Dentro del proyecto de ley se
establece una reserva para abastecimientos, insisto, abastecimientos de
núcleos de población --en nuestra opinión hay que precisar--, núcleos de
población inmediatos al trazado del Acueducto Tajo-Segura. Además,
entendemos que ese abastecimiento a núcleos de población inmediatos al
trazado del Acueducto Tajo-Segura debe producirse sin que en principio
suponga limitación de los derechos de la cuenca del Segura, sino que debe
ser una generación de derechos suplementaria para esos municipios
ribereños, como explicaremos cuando defendamos nuestra enmienda número 12
al artículo 3, que, en nuestra opinión, es la pieza clave de lo que es
fijar exactamente los derechos de cada uno de los posibles beneficiarios
de este trasvase, las derivaciones que se deben producir y cómo se deben
establecer los volúmenes máximos anuales para todos y cada uno de esos
usos posibles dentro tanto de la cuenca del Segura como de la cuenca del
Guadiana como de la cuenca, eventualmente incluso, de los municipios
ribereños que son del Júcar. Esa es la pretensión de esta enmienda 2, que
es congruente con la enmienda número 3.

Por tanto, que quede claro que es una mejora técnica que pretende
especificar los municipios ribereños y que eso no supone modificar los
derechos que ya tiene la cuenca del Segura.




El señor PRESIDENTE: Perdón, para clarificarlo en el «Diario de
Sesiones», señora De Palacio, se ha referido a la enmienda al artículo
número 2 que es coordinada con la presentada al artículo 3.




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La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Sí. Me he referido a la enmienda
número 11 al artículo 2 coordinada con la enmienda número 12 al artículo
3, a la cual me referiré dentro de un momento.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir, pues, el artículo número 3, al
que existe una enmienda, la número 13, del Grupo Parlamentario Popular,
para cuya defensa tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: El Grupo Popular entiende que no
se puede dejar una indefinición genérica, como se hace con este proyecto
de ley, en la que no quedan definidos exactamente cuáles son los
volúmenes, a qué se destinan esos 50 hectómetros cúbicos medios, con lo
cual no se sabe los volúmenes anuales, ni queda claro --y no se deduce
claramente del proyecto de ley-- que esos 50 hectómetros cúbicos son a
costa de los derechos de la cuenca del Segura.

Lamentablemente, el Grupo Popular comprobó en las comparecencias que lo
que ha pretendido el Gobierno con este Decreto-ley ha sido producir ese
trasvase de 50 hectómetros cúbicos, más los tres de los ribereños, a
costa de los volúmenes, a costa del trasvase de los derechos de la cuenca
del Segura.

Nosotros entendemos que se puede solucionar sin atentar contra esos
derechos de la cuenca del Segura, que en razón de la naturaleza y de una
mala gestión de la cabecera del Tajo se han visto enormemente limitados
para que, encima, tengan todavía mayores recortes. En ese sentido
establecemos, por un lado, en el número 1 del artículo 3 un reparto
concreto con volúmenes definidos para todas las derivaciones y para todos
los usos para todas y cada una de las cuencas que se van a beneficiar de
la estructura del Acueducto Tajo-Segura, es decir, para la cuenca del
Segura, para la cuenca del Guadiana y para los municipios ribereños,
estableciendo volúmenes máximos anuales y usos concretos. En segundo
lugar, para que esa derivación de volúmenes de 53 hectómetros cúbicos
nuevos no sea a costa de la cuenca del Segura, establecemos que se pueda
reducir el caudal del Tajo de tal manera que garantizando el caudal de
seis metros cúbicos --éste es el punto 2 del artículo 3-- del Tajo a su
paso por Aranjuez, estos seis metros cúbicos provengan en un mínimo de
dos metros cúbicos del propio Tajo. En años normales serán los seis
metros cúbicos en su totalidad, pero en época de sequía pueden provenir,
en un mínimo de dos metros cúbicos, del propio Tajo y los cuatro
restantes provendrían de unas aportaciones del Jarama aguas arriba de
Aranjuez. Esto permitiría atender perfectamente en casos de sequía o en
casos de carencia del Tajo el suministro en situación normal de los
volúmenes a la cuenca del Segura y a la cuenca del Guadiana, y
permitiría, a pesar de todo, que se produjera el trasvase al Guadiana no
a costa de los volúmenes destinados al Segura, sino a costa de reducir el
caudal del Tajo parcialmente complementándolo con unas aportaciones del
río Jarama, por supuesto debidamente depuradas, puesto que no puede ser
de otra manera.

Luego se establece claramente cómo se reparten las pérdidas de volúmenes;
son cuestiones técnicas y se habla ya directamente de cómo se
establecerán los costes correspondientes a todas las obras. Concretamente
se hace referencia a que estos costes del trasvase Jarama-tramo alto del
Tajo los pagarán los beneficiarios del Tajo-Segura-Guadiana, porque es
como ahora sería el sistema. Por supuesto que será la Comisión Central de
Explotación la que tendrá, en última instancia, la responsabilidad de
adoptar las decisiones en cuanto a las derivaciones. Por tanto, se trata
de garantizar que se van a aumentar las garantías de disponibilidad de
volúmenes en la cabecera del Tajo y garantizar que esos aportes a la
cuenca del Guadiana se van a hacer no a costa de los derechos que tienen
en el Segura, sino a costa, sencillamente, de reducir parcialmente los
caudales del Tajo, aguas arriba de Aranjuez, aunque complementándolos con
aportaciones del Jarama.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el artículo 3 bis nuevo, que tiene
la enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Popular.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, es el que
acabo de defender en mi intervención. Es que he cambiado el orden. De
todas formas, en cuanto al aprovechamiento hidroeléctrico le digo que no
tiene mayor importancia; es una enmienda técnica sin mayor problema.




El señor PRESIDENTE: En conclusión, ha unido en el debate la defensa de
las enmiendas números 13, al artículo 3, y 12 al artículo 3 bis nuevo.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: La número 13 la doy por
defendida en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a debatir el artículo 4, cuya primera
enmienda, la número 14, es del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, es una
declaración de interés general de las obras de infraestructura a las que
se refieren los artículos 1 y 2; es decir, no sólo las derivaciones al
Guadiana, no sólo las derivaciones a los municipios ribereños, sino
también la sustitución de caudales; establecer unas infraestructuras que
permitan la sustitución de caudales del Tajo aguas arriba de Aranjuez,
mediante caudales provenientes del Jarama, mediante una aportación aguas
arriba de su desembocadura natural del Jarama, en el cauce del Tajo, por
supuesto respetando la declaración de interés general y además petición
de evaluación de impacto ambiental, todo ello teniendo en cuenta la
situación que rodea la última sentencia respecto a Itoiz hace más
necesario que nunca que extrememos las cautelas y cuidados en este tipo
de formalismos jurídicos.




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El señor PRESIDENTE: Dentro del debate del artículo 4 existe una
enmienda, la número 4, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, para cuya defensa doy la palabra al señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a defender las dos
enmiendas que me quedan, a los artículos 4 y 5.




El señor PRESIDENTE: Sin ningún tipo de problema.




El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo de la enmienda al artículo 4 es que
haya la mayor claridad posible a la hora de hacer el desarrollo de una
ley que cuando fue tramitada en primera instancia es porque era un
Decreto-ley del Gobierno. Como tal Decreto puede parecer lógica una
determinada ordenación, pero cuando se tramita como ley, cuando
declaramos de interés general las obras de infraestructura a que se
refieren los artículos 1 y 2, la verdad es que no está especificado en
estos artículos qué obras de infraestructuras se derivan de esta
actuación. Pero insisto en la argumentación anterior: en las
comparecencias que se han hecho aquí, el señor Baltanás explicó una a una
todas las obras que se iban a derivar de estas actuaciones. ¿Qué es lo
que pretendemos nosotros? Que se especifique cuáles son las obras que se
declaran de interés general. Por tanto, lo que pedimos es transformar en
un anexo número 1 la relación de obras que tienen incidencia en estas
actuaciones que intentan paliar una situación determinada, que fueron
anunciadas en las comparecencias y que nosotros ahora no las tenemos
relacionadas al cien por cien.

Es verdad que es una enmienda que «stricto sensu» debería de llevar
acompañada la relación de las obras que queremos poner, pero por no
cometer la torpeza de olvidarnos de alguna o no poderlas precisar, hemos
preferido que se hagan con la colaboración y la comparecencia del propio
Gobierno. Ese es el objetivo de nuestra enmienda: precisar qué obras son
las que declaramos de interés, para que después no se puedan ir añadiendo
otro tipo de obras.

La segunda enmienda habla del régimen económico-financiero de la
explotación. La verdad es que el artículo 5.1 dice que los beneficiarios
de las infraestructuras necesarias, las que hemos incluido en el artículo
4, tendrán que ser financiadas, tanto en su amortización como en su
explotación y conservación, por parte de los receptores de esos
beneficios, por así decirlo, y no solamente de estas obras a que se
refiere el artículo 4, que provienen de los artículos 1 y 2. Lo que
pretende nuestra enmienda es que además se añada la parte proporcional de
la gestión, conservación y amortización del acueducto Tajo-Segura. Es
decir, cuando hay que derivar agua hay que impulsarla, hay que tener unos
gastos de conservación similares cuando la explotación del Tajo-Segura
significa derivar agua hacia Almería, Murcia o Alicante.

Por tanto, lo que queremos es que se hagan partes de los costes no
solamente de las nuevas obras que se van a hacer, sino que también los
costes de la conservación del acueducto Tajo-Segura se añadan para que
los beneficiarios de estas infraestructuras las sufraguen, porque al
final si son abastecimientos serán públicas, serán pagadas por los
ayuntamientos, por las diputaciones o por la propia Comunidad
castellano-manchega.

Ese es el objetivo de nuestras dos enmiendas, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos, por el ahorro de cuatro
minutos.

Dentro del debate del artículo número 5 se encuentra la enmienda número
16, del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra
la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, el artículo 5
no especifica si los beneficiarios de las infraestructuras referidas a
los artículos 1 y 2, es decir, los nuevos beneficiarios del Tajo-Segura,
además de sufragar los costes correspondientes de amortización,
explotación y conservación de las mismas, van a tener que correr con los
gastos correspondientes inherentes a la utilización del acueducto
Tajo-Segura en proporción a la parte alícuota de la capacidad utilizada
del mismo, lo cual parece bastante lógico, y de hecho en las
comparecencias así se dijo por parte de los responsables de la
Administración. El problema es que no lo dice el Decreto-ley y, por
tanto, no lo dice el proyecto de ley.

Por ello, nosotros entendemos que el régimen económico y financiero de
explotación del conjunto del acueducto Tajo-Segura-Guadiana, debe quedar
perfecta y meridianamente establecido. Contemplar que los beneficiarios
de las obras a las que se refieren los artículos 1 y 2 de este proyecto
de ley amorticen y sufraguen los costes de explotación y conservación
parece lógico, pero también parece lógico que deben correr con la parte
proporcional correspondiente a los gastos inherentes a la utilización del
acueducto Tajo-Segura y, evidentemente, a las indemnizaciones a las que
pudieran dar lugar.

Eso es lo que se plantea con esta especificación que, una vez más, como
todas las enmiendas del Grupo Popular, lo único que pretenden es la
precisión, la mejora técnica y la seguridad jurídica en todo lo que rodea
algo que al final y demasiado a menudo termina siendo complicado y
polémico, como es el funcionamiento, la gestión y explotación de un
trasvase.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el artículo 6 nuevo, que tiene la
enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa doy
la palabra a la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, es la
declaración de urgencia de las obras necesarias para la incorporación de
caudales del Jarama al Tajo aguas arriba de Aranjuez.

¿Por qué esta declaración de urgencia? Sencillamente porque, como saben
ustedes, con motivo de la aprobación del Decreto-ley 6/95, en este
momento por Aranjuez no pasan los seis metros cúbicos que contempla en
principio la Ley que regula el Tajo-Segura, sino un caudal sencillamente
de tres metros cúbicos. Aranjuez, que es una ciudad



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donde el río forma parte importante de su vida y su desarrollo económico,
entendemos que debe tener garantizados esos seis metros cúbicos de agua
del Tajo. Existen proyectos en el Ministerio de Obras Públicas
perfectamente avanzados que permitirían, con un coste muy bajo, llevar a
cabo las obras necesarias precisamente para la incorporación de esos
caudales, con caudales máximos de cuatro metros cúbicos por segundo, como
hemos señalado antes, aguas arriba de Aranjuez. ¿Por qué esta declaración
de urgencia? Sencillamente, entendemos que la situación por la que
atraviesa en este momento Aranjuez debe ser solucionaba lo antes posible.

El estado actual de la cabecera del Tajo no permite pensar --y las obras
de las que estamos hablando, con una declaración de urgencia se podrían
llevar a cabo en poco más de un año-- que en los próximos meses o años la
cabecera del Tajo se recupere lo suficiente para que, de una manera
normal, se puedan volver a librar los seis metros cúbicos por segundo del
Tajo para que este río tenga este caudal a su paso por Aranjuez.

Por tanto, lo que pretendemos es conseguir que cuanto antes Aranjuez
recupere su río, el Tajo, en lo que es su estado normal o deseable para
el desarrollo económico, turístico, medioambiental, vital, de calidad de
vida de esa población que, como digo, está en gran medida marcada
precisamente por su proximidad al Tajo. Eso es lo que pretendemos, dar
una solución cuanto antes y hacer la declaración de urgencia para llevar
a cabo esta obra.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la disposición derogatoria, que
tiene la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de esta enmienda, tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, la disposición
derogatoria no sólo se refiere al Decreto -ley, sino que hace referencia
expresa a las leyes que se ven afectadas por la aprobación, en su
momento, de este proyecto de ley, donde, entre otras cosas, se verá
derogado el Decreto-ley 8/95, de 4 de agosto. Es solamente una mejora
técnica del texto legislativo propuesto.




El señor PRESIDENTE: Dado que las disposiciones finales primera y segunda
no tienen enmiendas, no son objeto de debate, quisiera constatar que al
haber mantenido el debate supone que todos los portavoces están de
acuerdo en el procedimiento de tramitación del proyecto de ley que es
objeto de discusión en el día de hoy.




El señor RIOS MARTINEZ: Perdón, señor Presidente, tendrá que intervenir
el Grupo Socialista para rechazar las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Sí. Por supuesto, señor Ríos, lo tenía muy en
cuenta, pero dado que al principio del debate, de la defensa de las
enmiendas y del conjunto del proyecto no había hecho la matización
anterior, he querido hacerla ahora, antes de dar la palabra al portavoz
del Grupo Socialista para un turno en contra.

Tiene la palabra el señor Jerez, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, será un turno en contra y a
favor en muchos momentos, como luego se observará en el transcurso de la
intervención del Grupo Socialista.

Tomo la palabra para definir las posiciones del Grupo Socialista con
respecto a las enmiendas presentadas en el proceso de tramitación como
ley del Real Decreto-ley 8/95. En principio, voy a seguir el orden que
sería lógico, dejando, aunque no ha sido así, la exposición de motivos
para el final, puesto que es una consecuencia de todo lo que se viene
debatiendo.

Empiezo por el título. Hay una enmienda del Grupo Popular, la número 8,
que nos parece más ajustada a la realidad del contenido del Decreto que
el texto que figura en el propio Decreto. Por tanto, estamos en
disposición de asumirla, aunque entendemos que no se ajusta del todo a la
realidad del Decreto, puesto que incluye un nombre que sería conveniente
quitar y falta otro que sería conveniente añadir. Me explico. Ellos
hablan de la derivación del Júcar a la cuenca alta del Guadiana, y
nosotros diríamos que se suprima la palabra «alta», puesto que hay muchas
poblaciones del Guadiana que no están en la cuenca alta, están en la
media y media baja algunas de ellas, incluiría Ciudad Real, hasta incluso
algunas zonas más abajo de Ciudad Real. Por tanto, sería más correcto
suprimir «alta» y añadir «Júcar», puesto que hay algunas poblaciones de
la margen del canal del trasvase del acueducto Tajo-Segura que pertenecen
a la cuenca del Júcar. Entendemos que quitando «alta» y añadiendo «Júcar»
se produciría una mejor adaptación del título a la realidad del Decreto
que ahora transformaremos en ley.

El artículo 1.º tiene bastantes enmiendas. La número 10, del Grupo
Popular, está en línea con las enmiendas 2 y 3 de la Coalición Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Intentan hacer un control del canal anual
derivable y lo transforman en un máximo de 50 hectómetros cúbicos año. La
experiencia hidráulica, hídrica, de los expertos en los últimos años está
indicando que intentar regular anualmente los ciclos en nuestro país es
prácticamente imposible. Nuestros ciclos climáticos, tanto en cuantía de
lluvias como en distribución de territorios no se producen de manera
anual. Si nosotros intentamos regular máximos anuales estamos incluyendo
una rigidez que no es necesaria y, además, una limitación. Estoy
convencido de que si el tope lo establecemos en 50 hectómetros cúbicos
año, nunca tendremos de media 50 hectómetros cúbicos año, puesto que la
media nunca sale de los valores superiores de cada año. En cierta manera
estamos limitando caudales y creando una rigidez innecesaria, porque en
nuestro país podemos tener dos años de absoluta sequía y podemos tener
dos años de gran abundancia, que nos llevaría a que el fin que pretende
el Decreto que transformamos en ley no se pueda cumplir.

Mi Grupo estima que eso no puede ser así, porque es un factor limitativo
innecesario y que no se ajusta a la realidad que se da en nuestra
naturaleza en cuanto al tiempo en que



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se producen las lluvias y a la distribución espacial. Y crea otra
rigidez, al intentar distribuir de una manera total 30 y 20, puesto que
tienen distinto proceso el llenado de las Tablas de Daimiel y los
abastecimientos, muchos de ellos no pertenecientes al mismo acuífero.

Creo que es mucho más sensato, para cumplir los fines del Decreto,
mantener la flexibilidad que la naturaleza tiene y no crear una rigidez
que sería un contrasentido en cuanto al comportamiento de la naturaleza.

Decía que coincidía con las enmiendas 2 y 3, y creo que la Coalición
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se considerará contestada,
aunque no sé si estará de acuerdo.

Por otra parte, existe la enmienda número 1, de Izquierda Unida, que
añade un párrafo que dice «... urbano de los núcleos de población», con
la intención de limitar el destino. Creemos que con esta limitación deja
fuera un aspecto interesante, como son las necesidades industriales de un
núcleo como Puertollano. Si nosotros limitáramos con esa situación,
dejaríamos fuera esa posibilidad que el Decreto contempla; por tanto,
estaríamos de acuerdo con ese añadido si se incorporara, después de
«urbano e industrial» «de los núcleos de población».

Existe también la enmienda número 6 de Izquierda Unida, que entendemos
correcta, porque hace una precisión. El Decreto comete un error: le llama
«Parque Natural de las Tablas de Daimiel», cuando debiera decir «Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel». Nos parece correcto, es una
aportación positiva, y la vamos a aceptar.

La enmienda número 7 también tiene una parte que consideramos importante,
puesto que se ajusta a los fines del Decreto y establece, además,
limitaciones correctas, puesto que dice que esas dotaciones terminarán
--por decirlo de manera muy rápida-- cuando los fines de los acuíferos 23
y 24 estén completos. Evidentemente, lo que se intenta es cubrir las
necesidades y las urgencias que puedan tener los acuíferos 23 y 24, que
son los que suministran las Tablas de Daimiel. Cumplidos estos fines, no
tiene más objeto.

Lo que no nos parece interesante es el final, que dice «... y de acuerdo
con lo que establezca un plan urgente de reordenación y regeneración de
los acuíferos del alto Guadiana», porque son instrumentos que el
Ministerio de Obras Públicas debe emplear, y debe ser éste u otro
cualquiera. Me parece que limitar el tipo de instrumento de que tiene que
valerse el Ministerio es algo innecesario. Por tanto, aceptaríamos el
contenido completo, menos este final, porque nos parece más correcto el
Decreto.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Jerez, como es lógico y habitual en
esta Comisión, respetando la vía reglamentaria, me permito recordarle que
a esta Presidencia le gustaría disponer por escrito de las enmiendas
transaccionales que S. S. ha formulado de viva voz o pueda formular a
continuación, antes de proceder a la votación.




El señor JEREZ COLINO: De acuerdo, señor Presidente. Parece razonable
porque si no tendríamos problemas a la hora de las votaciones.

La enmienda número 11 al artículo 2, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene dos partes. Se establece una reserva de
hasta 3 metros cúbicos, que nos parece correcto, pero el texto del
Decreto añade más y nos gustaría que se mantuviera. El texto quedaría
así: «... sin que ello implique las modificaciones del volumen máximo
trasvasable autorizado por la normativa reguladora del acueducto
Tajo-Segura.» Consistiría en añadir ese texto a continuación de la
enmienda número 11.

Respecto al artículo 3, la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario
Popular, pretende sustituir la expresión «Decreto-ley» por «Ley». Nos
parece correcto. Una vez que se convierta en ley es absurdo mantener la
denominación de Decreto-ley, por lo tanto, la admitimos y entendemos que
mejora el texto.

El Grupo Parlamentario Popular, mediante su enmienda número 12, introduce
un artículo 3, nuevo. El contenido de este artículo es extraño, porque,
por un lado, define la pureza del título que tiene la ley, pero si este
artículo se introdujera, como SS. SS. pretenden, habría que ampliarla
mucho más, porque afectaría a las cuencas del Tajo y del Segura. Recuerdo
que la señora De Palacio cuando se presentó este texto con este título,
dijo que era un engaño. Si no quisiéramos engañar a los propios actos que
el Grupo Parlamentario Popular presenta en sus enmiendas, es una
contradicción absoluta intentar incluir dos cuencas nuevas sin que se
reflejen en el título, tendríamos que cambiar también la denominación del
título. Yo creo que este tratamiento --que podría ser correcto si no
estuviera en este contexto-- se podría utilizar en otro contexto sobre
una regulación completa de los caudales a transferir por el acueducto
Tajo-Segura, que tendrían otro nivel de estudios, de trabajo y no el que
presenta la enmienda número 12 --puesto que se están ajustando los
caudales a los 653 hectómetros cúbicos, estoy hablando de la enmienda
número 12, artículo 3, nuevo, donde aparecen las asignaciones de todos
los tipos de caudales para completar los 653 hectómetros cúbicos que
comprenderían las cuencas del Júcar y del Segura.

Se introducen dos elementos nuevos que enlazan con la enmienda número 15,
al artículo 6, nuevo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se
trata de utilizar el «by pass» con el fin de pasar caudales del Jarama a
la parte alta de Aranjuez, en el Tajo, para completar los 2 hectómetros
cúbicos, considerados como mínimos, necesarios para completar estos
caudales hasta los 6 hectómetros.

Yo creo que hay dos cuestiones extrañas. Cuando estamos hablando de
caudal ecológico nos referimos a un caudal de una determinada pureza, que
es equivalente al caudal casi de abastecimiento. Se declara, además, que
este equipo de «by pass» debiera ser urgente pero, a la vez, en su
intervención ha reconocido que no están depuradas las aguas del Jarama en
su final, porque hay elementos no depurados en algunos de los ríos que
acceden al Jarama. Si es urgente, estamos diciendo que admitimos caudales
no depurados en zonas de caudal ecológico que necesitan caudales muy
depurados. Una vez más, existe una contradicción interna en los
planteamientos y enmiendas que en esta dirección nos presenta el Grupo
Parlamentario Popular. Yo creo que este debate debería realizarse en otro
momento, puesto que los caudales a trasvasar no son caudales de



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cualquier tipo para cubrir deficiencias ecológicas, necesitarían un
estudio mucho más completo y una situación depurada de la parte del
Jarama a la que pretendemos llevar esos caudales.

Podría decir lo mismo si esos caudales no completamente depurados van a
ir a otro tipo de abastecimientos, como, por ejemplo, riegos. Ya hay
experiencias en otros países que indican que si no están depuradas y hay
constancia en esos riesgos, se pueden producir salinizaciones y
acumulación de metales pesados que no se depuran hasta muy tarde. Este
tema sería objeto de tratamiento, en otro momento distinto para poder
decidir su incorporación. Por consiguiente, no nos queda más remedio que
rechazar la citada enmienda.

La enmienda 14, del Grupo Parlamentario Popular, pretende sustituir la
expresión «Real Decreto-ley» por «Ley», que nos parece correcta. La
enmienda 4, del Grupo de Izquierda Unida, pretende incluir un anexo --lo
lógico sería que lo incluyera el proponente, porque si no la enmienda
queda incompleta--, pero si lo tiene que hacer el Gobierno, el artículo 5
ya mandata y autoriza a éste para que desarrolle y perfeccione esta
situación. Por lo tanto, este aspecto ya está contemplado en el artículo
5 y no lo podemos admitir. Sería distinto que añadiera un anexo. Estoy
convencido de que el Gobierno adelantó estudios que tiene avanzados para
cumplir el artículo 5 y desarrollarlo lo antes posible.

La enmienda 16 del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 5, que
coincide en el apartado b) con la enmienda 5 del Grupo de Izquierda
Unida, creemos que perfecciona el Decreto. ¿Por qué razón? Es razonable
que, además de los costes que figuran en él, se incluya la parte
proporcional de utilización del canal del trasvase Tajo-Segura como un
elemento a aportar a esa situación general de uso del trasvase. Esto nos
aparece correcto, así como otras indemnizaciones a que hubiera lugar con
motivo de este hecho, porque pueden surgir, por ejemplo, expropiaciones.

Por consiguiente, aceptamos la enmienda 16 que incorpora dos elementos
--el b) y el c)-- y que implica, a su vez, la incorporación de la
enmienda número 5 de Izquierda Unida.

Respecto al artículo 6 ya he dicho que me parece un contrasentido
declarar urgente el trasvase de unas aguas, que en estos momentos están
contaminadas --en un nivel que desconozco--, pero, como bien sabe S. S.,
hay ríos que necesitan depuración, que puede haberse iniciado ya el
proceso, pero que aún no están depuradas y, por lo tanto, mi Grupo se va
a oponer a esa enmienda. En cuanto a la disposición derogatoria, incluye
--no sé si afecta o no-- dos Decretos, el del trasvase, el número 21/71 y
el número 52/80, de régimen económico, que habría que tener en cuenta. No
sé si lo acepta directamente, posiblemente el relativo al régimen
económico sí, pero creo que será un acierto suprimir y derogar también el
real decreto-ley si la ley va a entrar en funcionamiento.

La exposición de motivos está apoyada, fundamentalmente, en las enmiendas
que el Grupo Socialista rechaza. Si rechaza las enmiendas, la exposición
de motivos viene añadido como elemento de rechazo claro. Por lo tanto,
también nos vamos a oponer.

Si son aceptadas las enmiendas que propongo intentaré concretar todos los
puntos con los distintos grupos para que la Presidencia tenga los textos
correctos y se pueda realizar una votación adecuada.




El señor PRESIDENTE: Dado que han existido enmiendas transaccionales al
texto presentado por los distintos grupos parlamentarios, con
independencia de que el Grupo Socialista proponente de esas transacciones
las presente a esta Mesa, como he solicitado, solicito la cooperación de
los portavoces de los dos grupos parlamentarios que han intervenido para
fijar su posición respecto a las enmiendas transaccionales. Si las tienen
claras podíamos avanzar y, si no, están en su perfecto derecho a esperar
a manifestarlas hasta que se nos transmitan a esta Mesa por escrito, cuya
lectura formal procedería a realizar en el momento actual del debate, si
fuera necesario, o posteriormente, cuando se proceda a la votación.

Para fijar la posición sobre las transaccionales y a su vez, si es
posible, manifestar si retiran o mantienen sus enmiendas los distintos
grupos parlamentarios enmendantes, tiene la palabra, en primer lugar, la
señora De Palacio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: El Grupo Socialista ha ofrecido
dos enmiendas transaccionales a las enmiendas del Grupo Popular: una al
título del proyecto de ley y otra al artículo 2. La otra enmienda, la
número 16, en cuanto al régimen económico, y la última, respecto a la
resolución de la disposición derogatoria, entiendo que se aceptan tal
cual.

En primer lugar, me voy a manifestar en cuanto a las transaccionales. Por
lo que se refiere al título, no es lo mismo cuenca del Guadiana que
cuenca alta del Guadiana, pero estoy de acuerdo. La cuenca del Guadiana
contempla también la alta; es más un término más amplio, pero no tenemos
inconveniente en aceptarlo. En cuanto a añadir la palabra «Júcar», es
cierto lo que el portavoz manifiesta --lo he señalado en mi
intervención--, y en ese sentido aceptamos la transaccional, que mejora
nuestra enmienda.




El señor PRESIDENTE: Acepta la transaccional y retira su enmienda.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Sí, acepto la transaccional y
retiro la enmienda correspondiente.

Siguiente cuestión. No podemos aceptar la enmienda transaccional que se
nos propone a la enmienda número 11 porque supondría aceptar que estas
nuevas derivaciones son a base de quitarle el agua al Segura: son a base
de que el Segura, que tiene asignado unos volúmenes máximos --porque no
puede ser de otra manera pues en los trasvases lo que hay que fijar son
volúmenes máximos, porque la realidad luego la marca la propia
naturaleza, las precipitaciones, el régimen de lluvias--, que tiene unas
carencias enormes, que no ha visto cubiertas todas sus expectativas de
hasta 600 hectómetros cúbicos a lo largo de estos años, no sólo no las va
a ver cubiertas, sino que, a costa de los



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volúmenes de que en principio dispone, que son siempre menores que
aquellos que teóricamente tendría que utilizar, se van a ver mermados
para los municipios ribereños, en tres hectómetros cúbicos, incluso en el
caso de que hubiera agua suficiente, aunque sobraran volúmenes.

Entro a replicar lo que me ha dicho el señor Jerez, al cual, como
siempre, agradezco su tono constructivo, pero no puedo por menos que
señalar que hay ciertas regiones que pesan mucho, sobre todo, algunos
presidentes que pesan más y, desde luego, en el Ministerio de Obras
Públicas pesan muchísimo más y están mucho más presentes. No puede ser
--por eso es por lo que nosotros defendemos nuestra enmienda de
sustitución del artículo 3-- que esas derivaciones se produzcan, incluso
en el caso de que supongamos que la cabecera del Tajo tuviera todo el
agua posible, a costa del agua que reclama y necesita la cuenca del
Segura. Y tal y como está redactado es lo que se está planteando: es a
costa del agua del Segura. Se va a enviar agua a la cuenca del Guadiana
--nosotros estamos de acuerdo en que ello se haga-- a costa del agua del
Segura. Es decir, no se van a enviar excedentes, sino que se va a enviar
agua absolutamente imprescindible en una cuenca reseca y deficitaria, lo
cual indica muy poco de esa teórica voluntad de hacer trasvases para
establecer un reequilibrio hidrológico, como pregonan muchos
representantes socialistas cada vez que pueden en distintos foros. Esto
es absolutamente contradictorio con lo que han venido diciendo hasta
ahora, porque lo reducen, incluso en el caso de que hubiera agua
suficiente en la cabecera del Tajo. Están haciendo una derivación, están
disminuyendo las expectativas del Segura que, como digo, están
absolutamente justificadas. Incluso en el famoso anteproyecto de Plan
Hidrológico Nacional se considera que habría que aumentar esas
aportaciones de volúmenes externos.

Por ello, nosotros defendemos nuestra enmienda al artículo 3. Entendemos
que es mucho más racional; que esas aportaciones a las cuencas del
Guadiana y del Júcar, que son perfectamente justificadas y que
respaldamos, no se hagan a costa de los derechos y de las expectativas
del segura, sino que se hagan además. Planteamos, como digo, reforzar la
cabecera del Tajo sustituyendo caudales del Tajo mediante aportaciones
del Jarama.

El señor Jerez hablaba de la calidad del agua. Todos estamos al tanto del
problema de la calidad, y con eso me refiero también a la urgencia. Si
usted quiere mayores garantías, presente una enmienda transaccional
diciendo que en el punto 2 se haga referencia al nivel de calidad de las
aguas del Jarama y que en el artículo 6 nuevo, donde se habla de la
urgencia de las obras, se incluyan no sólo las obras necesarias para
llevar a cabo los puntos 1 y 2 sino, además, para culminar la depuración
del Jarama, y yo ahora mismo se la voto favorablemente. Estaría de
acuerdo con esa enmienda transaccional. Garantizaríamos la calidad de las
aguas del Jarama y garantizaríamos el reforzamiento, sólo en períodos de
sequía, de la cabecera del Tajo. Siento decirle, señor Jerez, que lo que
usted está poniendo son excusas. Yo comprendo que ustedes las pongan,
como he dicho al principio, por el peso que tiene el presidente de alguna
comunidad autónoma, que tiene algo que ver en esa zona del Tajo.

Por último, la enmienda número 13 era una enmienda técnica a la que no se
ha referido el señor Jerez, pero sobre la que tampoco tengo mayor
interés.

Sólo me resta añadir que es un error no dejar precisado que los caudales
son máximos, porque es así como se puede establecer, y además los usos y
los destinos de esos caudales máximos anuales. Tal y como está redactado
el decreto-ley, ésa es una fuente de conflictos y de problemas de cara al
futuro --ya lo verán ustedes--, salvo que entre medias se produzca un
cambio de esta misma legislación, una modificación posterior.




El señor PRESIDENTE: A continuación, también para fijar su posición sobre
las transaccionales que han sido ofrecidas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Yo tengo que reconocer que es una delicia
discutir con el Diputado portavoz hoy del Grupo Socialista, señor Jerez.

Quiero decirlo no por cortesía parlamentaria, sino por el rigor con que
argumenta, lo cual es siempre positivo como fórmula de entendernos
parlamentariamente.

Valoro como positivo el esfuerzo que ha hecho el señor Jerez por
argumentar y aceptar alguna de nuestras enmiendas. Creo que son tres las
que nos van a aceptar, aunque la número 7 no lo será íntegramente, pues
se suprime la parte que dice «... y de acuerdo con lo que establezca un
plan urgente...», por entender que eso lo debe hacer el Gobierno o los
gobiernos y que no figuran en un proyecto de ley. Yo acepto el argumento
que ha dado el señor Jerez y, por tanto, se acabaría en «medio hídrico».

Esa propuesta que hace el señor Jerez es asumible, porque el contenido
importante ha sido aceptado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Sabe el señor Presidente que otra enmienda es la aceptación de la
declaración de parque nacional en lugar de parque natural. En cuanto a la
enmienda número 1 nos preguntamos a qué va destinado este nuevo trasvase
de 50 hectómetros cúbicos y cuál es el objetivo fundamental. Nuestra
enmienda decía que abastecer la cuenca alta del río Guadiana es
abastecerla para todos los usos que tiene una cuenca. Por eso la
queríamos limitar al abastecimiento urbano de los núcleos de población,
que es el argumento que se nos dio en todas las comparecencias. A mí me
parece bien que un grupo parlamentario hoy dé todos los argumentos que
estime oportunos, pero es que en este caso se han hecho comparecencias de
los altos mandatarios de todas las cuencas y de la planificación de
recursos hídricos. El argumento que se nos dio en la discusión fue el
relativo al abastecimiento urbano. Ahora aparece otro abastecimiento --me
remito a la transcripción del debate que figura en el «Diario de
Sesiones», que está publicado--, que es el abastecimiento para alguna
actuación industrial en Puertollano. Yo no estoy en contra. Creo que un
abastecimiento urbano puede ser el humano y otro el industrial.




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Yo no estaría en contra de eso, pero que sepamos que se está añadiendo un
nuevo uso de este trasvase que no se argumentó en su día. No queremos
establecer rigideces --con esto respondo a la segunda parte de nuestras
enmiendas--, nada más lejos de nuestra intención, simplemente pretendemos
trasladar a texto legal lo que ha dicho aquí quien ha pedido el Decreto.

Quien lo ha pedido ha dicho: según nuestros cálculos son 30 hectómetros
cúbicos para abastecimiento y 20 para las Tablas de Daimiel, como máximo.

Unos años serán 18, otros 15, otros 20, pero eso es lo que se ha
argumentado aquí. No queremos decir que unos años puede haber más y otros
menos, pero por la boca muere el pez con ese argumento, porque si unos
años no hay sequía y hay agua y se está trasvasando menos porque se
necesita menos, si mantenemos el criterio de media, después se puede
trasvasar lo que falte para la media. Lo que falte para la media
añadiendo también recursos industriales, sin especificar si es para una
cosa concreta, supone que estamos llevando agua para futuros desarrollos
y no para abastecer limitaciones actuales. Eso es lo que mi Grupo quiere:
incorporar a la ley el argumento.

Por eso nuestras enmiendas números 1 y 2 pretenden que no se hable de
volumen medio, sino del máximo anual, criterio que por cierto no se ha
modificado para el trasvase Tajo-Segura, que son 600 hectómetros. Señor
Presidente, para esos 600 hectómetros, sí está regulado. Aquí hay una
enmienda del Grupo Popular, que es la número 12, que dice: abastecimiento
urbano para la mancomunidad de los Canales del Taibilla, 130 hectómetros
cúbicos máximo; vega alta y media del Segura, 76 hectómetros máximo. No
habla de media anuales, habla de máximos. Si esto es válido para un nuevo
trasvase será válido para todos, y no se ha modificado eso.

Entiéndase que nuestro objetivo es mantener el mismo criterio que para el
trasvase ya regulado por ley, la misma regulación legal que existe para
la regulación legal de un nuevo trasvase. Eso es lo que pretendemos. Por
eso no creemos que estemos midiendo la sequía, la pluviometría, el cambio
climático y no sé cuántas cosas; ni somos rígidos. Queremos máxima
claridad en un proyecto para el que aquí se nos ha pedido el apoyo. Si
eso quedase claro, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar el proyecto
del Gobierno. Si no, nosotros tendríamos dificultad para apoyarlo, aunque
algunas enmiendas se nos hayan podido aceptar.

Insisto en que las enmiendas 11 y 12 del Grupo Popular entran en el otro
extremo que discutimos. Es más, cuando lo vimos en las comparecencias
había una posibilidad de entendimiento. La enmienda del Grupo Popular
establece los 653 hectómetros cúbicos, ha trasladado las nuevas
necesidades y una solución, con independencia de que se podrá criticar o
no. Si eso no se hace, entienda, señor Presidente, que a nosotros nos
supondría mucha dificultad votar la transacción que ha ofrecido el Grupo
Socialista al Grupo Popular en la enmienda número 11. Es verdad que
suprime la palabra «hasta». Lo digo porque la tendremos que votar
nosotros también. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi: No la he
aceptado.) Pues si no la ha aceptado, la vamos a votar a favor como
enmienda al proyecto.

En todo caso, me gustaría, señor Presidente, y con esto termino, que de
aquí al Pleno al que pueda ir este proyecto (que es ley, que ya no es
decreto del Gobierno) pudiésemos lograr el máximo consenso para evitar
confrontaciones entre regiones que en nada benefician al tema del agua, y
se lo dice uno que viene de una tierra donde los primeros legonazos se
han dado por el tema del agua.




El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Ríos, para facilitar la votación,
que aceptada la transaccional --y voy a pedir la opinión final del Grupo
Socialista-- sugerida por el Grupo Socialista, usted retira la número 7.




El señor RIOS MARTINEZ: Textualmente es mi enmienda. No es que retire la
enmienda, retiro el párrafo final de la enmienda. Si retiro la enmienda
no hay transacción.




El señor PRESIDENTE: Entonces no hay transacción. No retira usted la
enmienda, acepta la transaccional y votaremos ambas.




El señor RIOS MARTINEZ: Acepto la transacción, que es mi enmienda menos
los dos últimos renglones.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia no se vota su enmienda.

Como punto final quisiera preguntar al señor Jerez, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, si mantiene las transaccionales ofertadas «in
voce» y transmitidas ya por escrito a esta Mesa para votarlas, y en
concreto la transaccional a la enmienda 11 del Grupo Parlamentario
Popular y a la enmienda 1 del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Le pido un esfuerzo de concreción para decir si mantiene
las transaccionales concretas a las que me he referido o, por contra, las
retira.




El señor JEREZ COLINO: Me parece que la enmienda transaccional a la
número 1 de Izquierda Unida está aceptada por el portavoz de Izquierda
Unida. La transaccional a la 11 no ha sido aceptada por el Partido
Popular.

Lo que sí me gustaría es dejar constancia de algo que en el tema del agua
debemos tener todos muy pendiente y por eso sólo quiero dos minutos para
unas aclaraciones. Una de ellas es que estoy convencido de que el
consenso a que hacía alusión Izquierda Unida es un elemento necesario.

Por eso no es serio --y perdóneme, señora De Palacio-- que se quiera
enfrentar dos posiciones cuando lo que se quiere es arreglar las dos.

Aquí no está nadie en contra de una y a favor de otra ni viceversa,
porque todos estamos interesados en que el Plan Hidrológico Nacional
contemple la solución de los problemas de todos los territorios de
España, y haríamos un flaco servicio al debate sobre el agua si empezamos
a contraponer los usos de un sitio y de otro. Los 3 no crean el problema,
serían los 50. Parece que los 50 no crean problema y los 3 sí lo crean,
porque tienen un concepto específico que deriva del Decreto 21/71 y que
eran las compensaciones a esa zona. Si casi sin escribirlo



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aquí había que hacerlo. Por tanto, no está incorporando nada nuevo,
señora De Palacio, y yo creo que es bueno que sigamos en el lenguaje del
consenso, aunque algunas enmiendas no se admitan y otras sí, pero en la
situación global nuestras regiones tienen que entrar en esa idea común de
que el agua es un bien de todos y que tienen que solucionarse los
problemas en todas las regiones de España. (La señora De Palacio del
Valle-Lersundi pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: De sus manifestaciones deduzco que la transaccional
del Grupo Socialista a la número 1 del Grupo Izquierda Unida ha sido
aceptada por Izquierda Unida.

Tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Yo no sólo me he referido a los
3, sino también a los 50. ¿El señor Jerez dice que se autoriza una
derivación de hasta 650 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo?
Porque entonces vamos a presentar una enmienda transaccional todos para
poner claramente que son 650 hectómetros cúbicos de derivación de la
cabecera del Tajo, es decir, que los 50 hectómetros cúbicos a la cuenca
del Guadiana son además de los derechos que ya tiene la cuenca del
Segura, porque en las comparecencias se dijo lo contrario. Por eso yo
especifico en el apartado 3 que son además de los 600 hectómetros
cúbicos. Si me dice lo contrario no sabe usted, señor Jerez qué
satisfacción me produce, cuánto me alegro del espíritu constructivo que
demuestra su Grupo en este asunto y de que planteemos seriamente un nuevo
trasvase, que va a ser el primer trasvase, como he dicho al inicio de mi
intervención, en un régimen democrático, lo cual entiendo que es algo
vital e importantísimo para un país como España, con los problemas que
tiene.

Si lo que quiere decir es que son 50 hectómetros cúbicos además de los
600, ahora mismo hacemos una transaccional sobre mi enmienda número 3 y
lo ponemos negro sobre blanco. Yo estoy dispuesta a transaccionar mi
enmienda número 3 para que quede claro que son 50 sobre los 600, porque
aquí se ha dicho lo contrario, el texto del Decreto-Ley se presta
totalmente a ambigüedades, y los responsables del Ministerio dejaron
claro que no era además, sino a costa de. Vamos a dejarlo claro para
evitar futuros pleitos y futuros problemas. Ahora mismo le propongo una
transaccional sobre mi texto del artículo 3, aunque creo que sería bueno
dejarlo tal cual, pero renuncio a todo ello con tal de dejar muy claro
que los 50 son suplementarios a los 600 autorizados al Segura, que no son
a costa, como he dicho, del agua que reclama y que necesita la cuenca del
Segura.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: Me gustaría dar satisfacción a la señora De
Palacio, pero lo cierto es que yo he empezado diciendo que no es bueno
utilizar la picardía para crear enfrentamientos.

En el agua no podemos andar con picarescas dialécticas. Estamos hablando
de un decreto y yo lo he rechazado porque, de incluir ese anexo, tendría
que cambiar el título y todo el concepto del decreto, pero soy
partidario, tanto como usted, tanto como el mayor ciudadano interesado de
Murcia, de que en Murcia, Valencia, toda la región de Levante,
Castilla-La Mancha, tengan el agua que necesitan. Creo que la dialéctica
de uno frente a no es favorable a los problemas del agua, y no voy a
entrar en ello. Por tanto, siempre me tendrá cercano en cualquier momento
que Murcia o Castilla-La Mancha, necesiten agua o cualquier zona del Ebro
que en estos momentos tiene problemas de agua. Ese sería el lenguaje. No
busque usted planteamientos con una cierta picardía para crear frases que
se puedan decir y ser utilizadas en otros territorios. No, señoría, no es
ése el lenguaje del agua, ni debe serlo nunca porque así no saldremos
jamás de esa dialéctica de usos y abusos y de enfrentamientos entre
regiones. No es ésa la dialéctica del Partido Socialista ni va a entrar
en ella. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)



La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: La ambigüedad es de ellos; aquí
no hay ninguna picardía. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón. No me obliguen a tener que tomar
actitudes a las que no estamos acostumbrados en esta Comisión a lo largo
de dos años y medio. Colaboren conmigo.

Mi conclusión es la siguiente. La señora De Palacio ha manifestado su
predisposición a presentar una enmienda in voce, cuya intención entiendo
que no ha sido aceptada y que por tanto no se llegará a materializar
porque se supone que es rechazada por el Grupo Socialista.




La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, no era in
voce, era transaccional. (Varios señores Diputados: in voce.)



El señor PRESIDENTE: Transaccional in voce. (Rumores.)
Gracias, señorías, por la concreción y la intensidad del debate en un
tema tan importante que justifica la presencia de muchos medios de
comunicación hoy aquí. El debate ha sido intenso, positivo, serio. Antes
de concluirlo, atendiendo reglamentariamente al turno de portavoces y
solicitando la amabilidad de los miembros de esta Comisión, que está
supercontrastada, doy la palabra, en el turno de portavoces, para que
fije su posición, al señor Sedó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, he pedido la palabra porque en
la votación se puede producir un empate ya que nuestro Grupo va a
abstenerse en todas las votaciones, excepto en la de texto final. Digo
esto porque nuestro Grupo ha apoyado todos los decretos sobre sequía y,
además, ha apoyado que se tramitasen como proyectos de ley.




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Yo he asistido al debate, aunque otros grupos no lo han hecho, si bien
quizá hubiese sido una postura más cómoda para mí no estar presente en el
mismo. Lo he hecho para aprender de todos aquellos que son conocedores de
las demarcaciones afectadas.

Nosotros apoyamos en su día el decreto y el proyecto de ley, y también
vamos a apoyar el texto definitivo, con las mejoras que se hayan podido
introducir a través de las enmiendas que han presentado diversos grupos,
pero no podemos apoyar unas sí y otras no. Puesto que posiblemente se
producirá un empate en las votaciones, yo quiero justificar que mi
presencia aquí es de apoyo a todo lo que se trata en su fondo, pero
nuestro Grupo no puede entrar en las particularidades.




El señor PRESIDENTE: Constatamos su presencia, su participación, y
tomamos nota de su criterio de abstención con respecto a las votaciones
que vamos a realizar a continuación.

En consecuencia, dado que vamos bastante bien de tiempo, para preparar
adecuadamente las votaciones con las diversas enmiendas presentadas,
suspendemos la sesión durante cinco minutos.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión cuando cada Grupo Parlamentario
constate, con la mayor brevedad posible, que tiene todas sus Diputadas y
Diputados presentes, para que esta presidencia no tenga que volver a
interrumpir.

Someto a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números
13, 14, 16 y 17.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Someto a votación la enmienda número 6, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Someto a votación las enmiendas transaccionales que voy a mencionar: la
número 8, del Grupo Parlamentario Popular al título, la número 1, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al artículo 1, y la número 7, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al artículo 1.2.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Someto a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Existe empate a 17 votos a favor y 17 en contra. En
consecuencia, aplicando el artículo 88.2 del Reglamento, se debe pasar al
voto ponderado según el Pleno, y como entiendo que para este grupo de
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular el voto ponderado en el Pleno
no resuelve la cuestión, automáticamente estas enmiendas quedan para una
segunda votación, según el artículo 88.1 del Reglamento.

Someto a votación las restantes enmiendas del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Igualmente, con las enmiendas del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se produce el empate a 17 votos
a favor y 17 en contra. Por tanto, esta presidencia aplica el mismo
criterio reglamentario que he aducido para las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular. En consecuencia, a raíz del artículo 88.1 del
Reglamento, sometemos de nuevo a votación el resto de enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Constato el mismo resultado que anteriormente.

Someto a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Se reproduce el mismo resultado de antes. En
consecuencia, esta presidencia reglamentariamente se ve obligada a
suspender la sesión durante tres minutos para proceder de nuevo...

(Varios señores Diputados: Un minuto, un minuto.) A petición del público
(Risas.) tan digno que asiste hoy a esta reunión, en evitación de dos
minutos de tiempo, la interrupción se produce solamente por un minuto.

(Risas.--Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, después de 62 segundos, reanudamos la
sesión para proceder a la votación del resto de enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular que no han sido aprobadas con anterioridad.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: El resultado ha cambiado. (Risas.) Quedan rechazadas
las enmiendas restantes del Grupo Parlamentario Popular.

Someto a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas, de acuerdo con el artículo 88.1
del Reglamento. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi pide la
palabra.) ¿Señora De Palacio?



La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, solicitaría la
votación separada de los artículos 1.º y 2.º del proyecto de ley y luego
el resto. Supongo que luego se votará la exposición de motivos y el
título por separado.




El señor PRESIDENTE: Bien. Esta presidencia acepta la sugerencia, como es
lógico, en este caso.

Someto a votación los artículos 1.º y 2.º del proyecto de ley,
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Someto a votación el resto del articulado.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el resto del
articulado.

Someto a votación, a continuación, la exposición de motivos. (El señor
Ríos Martínez pide la palabra.) ¿Señor Ríos?



El señor RIOS MARTINEZ: Para una cuestión de orden.

¿Las disposiciones, la derogatoria y la final, se van a votar después de
la exposición de motivos?



El señor PRESIDENTE: Las disposiciones transitorias han sido votadas
junto con el articulado.




El señor RIOS MARTINEZ: Así, sí; de la otra forma, no.




El señor PRESIDENTE: Finalmente, someto a votación la exposición de
motivos del proyecto de ley objeto del debate.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, someto a votación el título de la ley.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Muchas gracias.

Interrumpimos la sesión un par de minutos para dar la bienvenida al
compareciente para responder a las preguntas objeto de nuestro orden del
día. (El señor Morlán Gracia ocupa la Presidencia.)



PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ (GRUPO POPULAR), SOBRE MEDIDAS URGENTES
PARA COMBATIR LAS GRAVES RESTRICCIONES EN EL CONSUMO DE AGUA QUE PADECEN
LAS POBLACIONES DEL CAMPO DE GIBRALTAR. (Número de expediente
181/001746.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Señoras y señores Diputados,
vamos a reanudar la sesión para dar contestación a las siguientes
preguntas que han sido formuladas por los grupos a don José Alberto
Zaragoza, Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
a quien damos la bienvenida a esta Comisión.

La primera de ellas es la relativa a las medidas urgentes para combatir
las graves restricciones en el consumo de agua que padecen las
poblaciones del Campo de Gibraltar.

Para su formulación, tiene la palabra don Luis Angel Fernández Rodríguez.




El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Nuestro Grupo va a mantener la misma
pregunta y en sus justos términos, a pesar de que, por un lado, estas
restricciones han disminuido en los últimos meses y a pesar de que,
evidentemente, las últimas lluvias caídas están arreglando de alguna
manera lo que no ha sabido hacer el Gobierno en cuanto a las previsiones
para el consumo en las poblaciones del Campo de Gibraltar. De hecho, hoy
casi sería más oportuno hablar de medidas para los daños que se han
producido con las últimas lluvias y riadas en poblaciones como Castellar
y Jimena que de esta cuestión. Pero, no obstante, vamos a mantener la
pregunta, porque es evidente que el problema de la sequía en el Campo de
Gibraltar no es un problema ya coyuntural o que pueda hablarse de una
situación extraordinaria, y porque, si el Gobierno no toma medidas, esta
situación anómala que se ha vivido en los meses pasados en las
poblaciones del Campo de Gibraltar estamos seguros de que puede volver a
repetirse, desgraciadamente; una situación que, recordamos, llevó a que,
poblaciones como Algeciras y La Línea, tuviesen tan sólo cuatro horas al
día para el abastecimiento de agua, con la consiguiente alarma social, y
una situación que se produjo en parte por la falta de previsión y por la
mala gestión de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Sur
--y así se reconoció por las autoridades en la zona del propio Partido
Socialista, e incluso por el propio Gobierno, acordando los ceses de
estos responsables de la Confederación Hidrográfica del Sur-- ya que no
hubo ningún tipo de restricciones hasta el pasado mes de junio y luego
pasamos en julio, absolutamente de golpe, hasta las veinte horas de
restricciones diarias. Repito que fue una situación



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que produjo gran alarma social, a mayor abundamiento, porque la única
medida en materia hidráulica que se estaba tomando en la zona era
curiosamente el trasvase del Guadiaro al Majaceite, un trasvase que tiene
mucha contestación social, que se está realizando sin estudio de impacto
medioambiental y que consistía en llevar agua, evidentemente, de una zona
seca a otra zona también seca pero que, en aquel momento, curiosamente,
estaba con bastante menos restricciones que las de las propias
poblaciones del Campo de Gibraltar.

Aunque las restricciones --repetimos-- ya no son tan graves, sí nos
gustaría, no obstante, insistir en conocer cuáles son las medidas que
tiene previstas el Gobierno para que esta situación no pueda repetirse en
el futuro.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar, tiene la palabra
don José Alberto Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): En su pregunta, señoría, hace un análisis del pasado e
incluso suposiciones con las cuales discrepo nada más escucharlas. Ha
dicho S. S., y permítame que antes de contestar a su pregunta lo matice,
que el trasvase Guadiaro-Majaceite se está haciendo sin declaración de
impacto ambiental, si he entendido bien. Eso no es así, porque se hace
declaración de impacto ambiental cuando la ley lo exige. Cuando la ley no
lo exige, no es que se haga sin declaración. Lo que S. S. debe admitir es
que cumplimos la legislación vigente. En todo caso, podrá considerar que
la legislación vigente no es la adecuada, y de eso podríamos discutir.

Pero considerar que una cosa que no exige la ley se hace sin ello, puede
dar la sensación de que no estamos cumpliendo la ley, cuando S. S. lo que
debe reconocer por lo menos es que la ley sí la cumplimos.

En el Campo de Gibraltar, al que se refería la pregunta de S. S.,
concretamente hay tres poblaciones que en los últimos días estaban
sufriendo exclusivamente restricciones, que eran San Roque, La Línea y
Algeciras. Su señoría sabe que, por acuerdo del Consejo de Ministros de 4
de agosto, se incluyeron dentro del conjunto de obras de sequía las
correspondientes al trasvase Guadiaro-Guadarranque. El presupuesto de
esta actuación de emergencia es de 2.360 millones de pesetas y su objeto
es la transferencia de caudales fluyentes del río Guadiaro al sistema del
Campo de Gibraltar. La capacidad de transporte de estas obras será de 750
litros/segundo. El período de ejecución de las mismas, si las
circunstancias climatológicas lo permiten, será de cuatro meses, teniendo
prevista su finalización a finales de febrero del próximo año. Por otra
parte, se prosigue con la captación de recursos de los distintos
acuíferos de la zona, y el caudal global que se extrae de los distintos
acuíferos, merced a las distintas obras de emergencia realizadas, se
aproxima a los 1.100 litros/segundo.

Recientemente se ha terminado la primera fase de adecuación de
instalaciones marítimas para hacer posible la descarga mediante
buque-tanque, y durante el pasado mes de noviembre se realizaron
descargas de 12.000 metros cúbicos/día procedentes del Guadiana durante
20 días. Quedaron interrumpidas el 27 de noviembre al dejar de ser
necesarias.

En estos momentos están muy avanzados los estudios correspondientes a la
segunda fase de adecuación de instalaciones marítimas para hacer posible
una descarga adicional de 33.000 metros cúbicos/día, las obras comenzarán
a finales de enero y se espera que estén finalizadas a finales del mes de
mayo.

Cabe destacar, entre otras, las actuaciones ya en servicio, la
correspondiente a la captación directa en el río Palmones, que recoge los
caudales fluyentes del mismo, y el potencial de transferencia de caudal
de esta instalación supera los 500 litros por segundo.

Con las últimas precipitaciones, como S. S. precisamente ha dicho,
registradas en el pasado fin de semana, la situación ha mejorado
considerablemente, de manera que con los 7 hectómetros cúbicos --cantidad
que aproximadamente ha sido recogida en el Embalse de Guadarranque-- y la
recarga producida en los acuíferos, se puede garantizar el abastecimiento
de agua potable sin restricciones hasta el final del año hidrológico.

Para regadíos habrá que esperar mayores aportaciones.

Por tanto, hay un conjunto de obras que están en ejecución, hay un
conjunto de obras de emergencia que han permitido una explotación
importante de los acuíferos y hay un conjunto de obras, como consecuencia
del último decreto del Consejo de Ministros, que están en ejecución y que
terminarán en torno a los meses de enero, febrero. Esperamos que con todo
este conjunto de obras la situación del Campo de Gibraltar mejore. Ya de
hecho está mejorando, porque ha llovido, pero que mejore frente a
situaciones que pudieran presentarse en el futuro de la misma gravedad
que las que hemos pasado.

Yo quiero destacar, para concluir, el hecho de que, en una sequía en la
que entramos en el quinto año, la situación de restricción importante
frente a otras zonas de Andalucía, que la han soportado de forma más
drástica, se ha empezado a notar en un período próximo, mientras que ha
habido un conjunto de años durante los cuales la zona del Campo de
Gibraltar no ha tenido un problema importante. Por tanto, yo creo que el
proceso de agravamiento de la sequía ha llevado a una situación no
deseada obviamente por nadie, pero que, como en varias ocasiones, he
dicho en esta Cámara, hace imposible predecir si una sequía durará cinco
años u ocho, y no es posible prever el conjunto de obras que cubran una
catástrofe natural que abarca ya un nivel de cinco años, pero sí ha
permitido por lo menos realizar un conjunto de obras que evitará que, en
ocasiones parecidas, se produzcan situaciones como las que se han vivido
en la zona; y situaciones parecidas tienen un grado de probabilidad de
producirse una sequía de cinco años que, si S. S. lo analiza, tienen un
grado muy escaso de volver a producirse. En cualquier caso, por lo menos,
hay un conjunto de obras que permiten cubrir riesgos muy escasos como el
que acabamos de analizar.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Tiene la palabra el señor
Fernández.




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El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Yo espero que sea previsible lo que nos ha
dicho el Secretario de Estado y que efectivamente la sequía dure cinco
años. Tendremos que confiar en la naturaleza antes que en las soluciones
que parece que vamos a encontrar del Gobierno.

Mi Grupo tiene serias dudas con respecto a las medidas que se están
tomando, y digo serias dudas porque conociendo, como conocemos, el río
Guadiaro, evidentemente no es el Amazonas.

Desde el río Guadiaro se han hecho proyectos por parte del Gobierno, y se
están aprobando, aparte de este que se aprobó el 4 de agosto del trasvase
Guadiaro-Guadarranque, el Guadiaro-Majaceite, y se están tomando desde
los acuíferos para abastecer también la Costa del Sol.

Es difícil pensar que se puede abastecer desde el río Guadiaro, ya digo,
un río modesto, muy bonito, pero pequeñito en cuanto a caudales, todo lo
que es el Campo de Gibraltar, todo lo que es la Bahía de Cádiz y todo lo
que es incluso la Costa del Sol. Repito que me parece que el Guadiaro no
es el Amazonas y, por tanto, tenemos serias dudas de que esa medida, que
parece que va a ser básicamente la única, solucione todo el problema.

Es difícil meter, por los problemas de financiación, el tema de una
desaladora en el Campo de Gibraltar. Hay previstas desaladoras para otras
zonas, pero yo creo que en estos momentos, de seguir así las cosas, y
dado además que los ayuntamientos no van a poder financiar una
construcción de este tipo, no nos va a quedar más remedio que asumirlo.

Piense usted que en el Campo de Gibraltar tenemos estos problemas de
restricciones, cuando en una zona que técnicamente debería ser más
complicada, como es la propia Roca de Gibraltar, el Gobierno británico ha
arreglado perfectamente el problema para el abastecimiento y el
suministro de agua en Gibraltar y en la colonia británica y, sin embargo,
al lado, cruzamos la verja, y nosotros, que tenemos ríos y pantanos,
desgraciadamente hemos padecido restricciones de veinte horas al día en
nuestra comarca.

Nosotros además veríamos bien otro tipo de actuaciones complementarias.

Creo que se ha abandonado por el Gobierno lo de la presa del río
Hozgarganta. Yo creo que ésa sería una cuestión que se debería retomar;
además evitaría riadas como la última, que al desbordarse el río ha
producido una serie de derrumbes de casas en el municipio de Jimena, y
daños en las cosechas bastante graves.

La presa de Hozgarganta yo creo que es una actuación que debería ser
complementaria, además de la desaladora, y realmente tengo que decir que
las medidas que prevé el Gobierno no nos pueden dejar satisfechos, por
insuficientes. Ya digo que me uno a los ruegos de que esta sequía no
dure, porque como siga durando está claro que no vamos a encontrar
soluciones para el consumo y el abastecimiento de agua en nuestra zona.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar, tiene la palabra
el señor Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): Esperemos todos que no dure. Hay un refrán que dice:
no hay mal que cien años dure. Cinco años, dentro de los análisis
estadísticos que se barajan, es un período largo y no hay ninguna
garantía de que no vaya a durar seis años. El hecho de que esté lloviendo
no implica que se haya terminado.

En cualquier caso, lo que sí que hay es una incapacidad de prever cuál es
la duración de una sequía. Eso está claro, que es a lo que yo me refería.

Un período de cinco años es largo. No es un período corriente una sequía
de cinco años. Se produce pocas veces en los análisis estadísticos que
tenemos, pero se puede producir en cualquier momento.

Creo que el conjunto de medidas que se han tomado, como las medidas que
se toman siempre en momentos de emergencia, responden a situaciones de
emergencia. Hay dos tipos de medidas que en política hidráulica hay que
tomar: aquellas que tienen como finalidad medidas de carácter
estructural, que tienen el objeto de cubrir el abastecimiento en los
momentos normales, y aquellas medidas que solamente está justificado
realizar cuando la situación es de emergencia.

Yo a veces pongo un ejemplo que no sé si es muy correcto, pero es el que
suelo poner. Normalmente, nadie ponemos un servicio de bomberos en
nuestra casa por si se nos incendia. Hay un servicio de bomberos al que
recurrimos cuando una casa se incendia. El coste que implicaría el tener
un servicio de bomberos permanentemente todos en nuestra casa no se puede
asumir.

Este es el caso de las medidas de emergencia, que si no hubiera problemas
de sequía de cinco años muchas de ellas no habría que haberlas tomado,
porque no serían necesarias. Se toman en momentos de emergencia. Eso es
lo que justifica el haberlas tomado en el cuarto o en el quinto año de
una sequía, y no en el primero o no haberlas tomado antes, porque el
grado de emergencia no lo requiere hasta el momento adecuado.

Respecto al hecho de que el río Guadiaro no sea el Amazonas, como dice S.

S., no es el Amazonas, indudablemente, pero es un río que, no siendo el
Amazonas, después de cinco años de sequía en todo el país, y cuando el
Guadalquivir no pasa por Sevilla, y está seco, y lo que vemos es la marea
que sube hasta Sevilla, hay agua en el Guadiaro. O sea, que es cierto que
no es el Amazonas, pero, dicho eso, después de cinco años de sequía, es
un río que, no siendo el Amazonas, es capaz --y esto es importante-- de
tener agua. Hay muchos ríos en este país, mucho más grandes que el
Guadiaro, que están secos.

Yo creo que éste es un planteamiento muy importante. En el Ebro hay zonas
a su paso por Aragón donde se pasa a pie en este momento, y está seco en
algunas zonas; los ojos del Guadiana no existen hace años, y el Guadiaro
sigue teniendo agua. Quizá a lo mejor el Amazonas se habría secado, pero
el Guadiaro, en cualquier caso, tiene agua.

Yo creo que el Guadiaro, sin embargo, no está pensado, como dice S. S.,
para dar todo lo que se está planteando. Hay medidas que precisamente van
sobre la Bahía de Cádiz que tienen que ser complementarias de las
demandas que se obtengan del Guadiaro. Precisamente la desalación de agua
en Cádiz tiene como objetivo que no toda la demanda



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de Cádiz se obtenga del trasvase, sino que se complemente con la
desalación, y eso permita algo que creo que es muy importante, que es la
flexibilidad de utilización de fuentes en un momento de apuro. Por tanto,
creo que el Guadiaro puede, no sólo abastecer a Cádiz, en momentos
determinados y en una cuantía determinada, sino abastecer a otros
lugares, al mismo tiempo que Cádiz tendrá otros abastecimientos
alternativos además del procedente del trasvase.




--DEL SEÑOR ANDREU ANDREU (GIU-IC), SOBRE FINANCIACION DE LAS DESALADORAS
ANUNCIADAS EN DIVERSOS PUNTOS DEL LITORAL. (Número de expediente
181/001624.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Pregunta relativa a financiación
de las desaladoras anunciadas en diversos puntos del litoral. En
sustitución de don Jerónimo Andreu, tiene la palabra don Pedro Antonio
Ríos para su formulación.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que cuando hay escasez del recurso
agua y se mantiene el nivel de demanda, empiezan a aparecer unas posibles
soluciones y, tanto a nivel privado como público, se está desarrollando
por todo el país el crecimiento de una oferta de desaladoras en las zonas
del litoral, y no sólo en las zonas del litoral. Hay experiencias --que
no sé por qué vías han sido financiadas, más bien de innovación
tecnológica-- de pozos salinizados que están siendo desalados para usos
industriales.

Hay que tener en cuenta que hay un doble sistema, sea por ósmosis inversa
--que consume menos-- o por cogeneración --que necesita mucho más volumen
de electricidad-- y, si se combinan determinados usos, se puede abaratar
su coste. Si el calor que genera la producción de electricidad se puede
usar a la vez para desalar, tendríamos un uso compartido.

En concreto, el motivo de la pregunta es conocer qué proyectos se están
apoyando desde la oferta pública, con qué recursos se están financiando
esos proyectos --llámense fondos Feder u otros-- y si hay presencia de la
empresa pública, porque sabemos que Endesa está llegando a acuerdos,
tanto con el Ministerio de Industria como con las comunidades autónomas,
para hacer ofertas determinadas. Esta mañana hemos terminado el debate
sobre el trasvase Tajo-Segura y precisamente una de las compensaciones
para abastecimiento que se estaba estudiando en ese volumen global eran
desaladoras en Cartagena y en Alicante. En concreto, la pregunta sería:
Cuál es la financiación para desaladoras y, si el Gobierno está
utilizando las desaladoras dentro de su planificación de recursos
hídricos, cuál es la limitación que pone, qué tipo de proyectos se están
financiando y cuál sería, por así decir, la concreción territorial del
tipo de oferta que se esté haciendo, porque ha salido en las islas, ha
salido en todo el litoral mediterráneo y empieza a salir fuera también, y
nosotros creemos que el esfuerzo mayor debería hacerse en la gestión de
la demanda, en ver cómo se puede ahorrar agua más que en un recurso
técnico que puede solucionarnos una coyuntura. Pero una vez que se pone
el manantial, no vale coyuntura; cuando deje de haber sequía y siga
saliendo agua, seguiremos usándolo, sin medir los efectos que puede
tener. La desaladora puede tener efectos hoy no medibles sobre el
incremento del consumo y el precio de la electricidad, sobre la emisión,
sobre el alto consumo energético, etcétera. No quería entrar por ese
camino, sino de qué manera se está dirigiendo la política hidráulica o
hidrológica y de qué manera se financian esos proyectos y cuál es el
límite que están poniendo ustedes como oferta conjunta, porque aquí
también habrá que hablar con el Ministerio de Industria, que tendrá que
actuar, porque ha regulado la desalinización o las condiciones de la
desalinización.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar a las preguntas,
tiene la palabra el señor Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): Voy a empezar con una cosa que decía S. S. que creo
que es muy importante. Precisamente cuando se produce una situación de
sequía hay un proceso de inercia tendencial mediante el cual,
independientemente del proceso racional de la demanda que exista en un
momento --que puede ser discutible o no si esa demanda en ese momento,
con sequía o sin ella, es racional, pero para no entrar en ese tema--, la
tendencia natural de todos los ciudadanos es seguir con la misma demanda.

Esa brecha que se produce la cubren las reservas que tiene el país, bien
en superficie o bien en subsuelo, y va tirando de ellas. Si la sequía es
muy larga, como comentaba hace un momento S. S., empieza a haber
restricciones.

Hay un mecanismo que yo creo que es muy importante en gestión de demanda,
que es el mecanismo precio, y yo creo que la gran meditación está en
saber si el precio del agua en general recoge todo el conjunto de
externalidades y los costes en realidad. Yo creo, y la he dicho en varias
ocasiones, que el precio del agua, aparte de la enorme diversidad que
tiene a nivel nacional y que es competencia en última instancia --estoy
hablando de abastecimiento-- de los ayuntamientos, tiene una diversidad
tremenda en nuestro país; la relación de precios es absolutamente
espectacular en cuanto a los cambios que hay de unos a otros; pero lo
cierto es que, cuando se produce una situación como ésta, ese precio no
está recogiendo en su interior, por un lado, el hecho de que el agua es
un bien escaso --eso no lo recoge ningún precio normalmente en ningún
sitio-- y, por otro lado, que hay externalidades medioambientales que
tampoco son recogidas.

¿Qué es lo que normalmente recogen esos precios? La amortización que
plantea la Ley de Aguas de las grandes infraestructuras que realiza la
Administración del Estado y, además de eso, los procesos de depuración
que realizan los propios ayuntamientos, y eso es lo que lleva al precio,
pero ese precio de alguna forma no regula la demanda, incluyendo las
externalidades medioambientales e incluyendo



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el concepto de que el agua es un bien escaso y que obviamente no es
exactamente igual de escaso en determinadas partes de Andalucía que en
determinadas partes de Castilla y León. Por tanto, en un mercado deberían
plantearse determinadas diferencias. Eso no lo recogen los precios.

¿Qué sucede? Que cuando llega un momento de escasez, además de que el
ciudadano en ocasiones padece restricciones, les es difícil muchas veces
a los ayuntamientos --yo lo entiendo desde el punto de vista político--
subir los precios del agua. Políticamente comprendo que es complicado,
pero sería una cuestión completamente lógica. En el momento en que un
bien es más escaso, la política de gestión de la demanda debería llevar a
que los precios fueran más altos, precisamente para que el sujeto hiciera
un uso más racional del recurso y ahorrara todo lo que pudiera. Por
tanto, yo creo que lo que tendría que ser una filosofía correcta sería
subir los precios del agua en los momentos en los que se entra en un
proceso de escasez para que el sujeto la ahorrara. Este no es normalmente
el caso que se produce; los precios no sufren alteración y, por tanto, el
sujeto no tiene ningún incentivo externo para reducir su demanda.

Llegan los procesos de desalación como posibles soluciones. Lo que el
Ministerio de Industria ha estado planteando conjuntamente con el de
Obras Públicas, la filosofía que está dentro del Decreto que regula la
desalación, es el hecho de que la desalación es un proceso que, en cuanto
que afecta al abastecimiento en baja, puede ser realizado por los
ayuntamientos, mancomunidades o la forma que sea de organizarse, aparte
de por la Administración central. Lo único que tienen que hacer es
solicitar al Ministerio la correspondiente autorización, cumplir lo que
está preceptuado en el Decreto y, como consecuencia de eso, puede
producirse un proceso de desalación por parte de cualquier ayuntamiento
que lo solicite y sea analizado por el Ministerio de Industria, según el
método, por el Ministerio de Obras Públicas, según la zona. Por tanto,
cualquiera lo puede realizar. La filosofía es que aquel ayuntamiento que
considere oportuno realizar un proceso de desalación deberá repercutir en
el ciudadano los costes correspondientes de la desalación y, por tanto,
se considera que si alguien hace un proceso de desalación es porque el
agua, como recurso natural, es escasa y se recurre a otros mecanismos
para cubrir precisamente esa deficiencia. Ese proceso lleva unos costes
que tienen que ser, vía precios, repercutidos al correspondiente
ciudadano.

Esto ¿qué implica? Implica que, en principio, no hay costes para los
ayuntamientos, nada más que los que se derivan de los créditos puente que
se puedan plantear entre la realización de la inversión y los procesos de
amortización posteriores que el ciudadano realizará cuando vaya pagando
el recibo del agua en el futuro. Y ésta es la filosofía que está dentro
del Decreto: aquel señor que en su ayuntamiento considere que la
desalación es un proceso aceptable y que puede plantearlo, solicítelo,
repercútalo y ya tiene un mecanismo de financiación.

Ha habido un rechazo frontal y absoluto por casi todos los ayuntamientos
andaluces planteando este problema. Yo he llegado a escuchar cosas
absolutamente --no daré el nombre de los ayuntamientos, pero da igual--
paradójicas, demandando solidaridad para fijar el precio del agua en
determinados ayuntamientos andaluces. Me parece que éste no es un
mecanismo, como dice S. S., para gestionar la demanda del agua. Si el
precio del agua al final está subvencionado a nivel nacional, desde luego
no es un instrumento para gestionar un bien escaso a nivel nacional. Yo
creo que no es éste el mecanismo. Yo creo que es todo lo contrario, hay
que realizar precisamente la repercusión en los precios, de los costes
correspondientes.

Dicho esto, el Ministerio lo que ha planteado es que está dispuesto, vía
del decreto que está encima de la mesa, a autorizar, si le son
solicitadas --tienen que ser solicitadas, obviamente--, las desaladoras
correspondientes en un conjunto de zonas que, desde el punto de vista del
Ministerio, parecería razonable construir, pero tienen que ser los
correspondientes ayuntamientos los que la soliciten. Y en este sentido,
el Ministerio considera que hay zonas donde parece razonable --y fíjese
cómo lo digo, porque no es el Ministerio el que tomaría la decisión
última-- establecer desaladoras, y son las zonas que se están planteando.

El Ministerio ha contactado con un conjunto de ayuntamientos y está
dispuesto a ser un poco el promotor --empujar la idea, pero simplemente
como promotor--, sin llegar a procesos de financiación directa por parte
del Ministerio, salvo en dos desaladoras concretas, que son la de Cádiz y
la de Sevilla, donde el Ministerio ha tomado un posicionamiento --el
Ministro concretamente firmó ayer en Sevilla con los ayuntamientos
correspondientes los convenios para la realización de esas dos
desaladoras-- activo bajo una situación de excepcionalidad específica, y
es que esas desaladoras se hacen con una finalidad de temporalidad o de
transportabilidad, si quiere S. S., en el sentido de que tienen una
justificación de carácter temporal, que hay mecanismos a largo plazo que
seguramente no harán necesarias esas desaladoras y que, por tanto, podrán
moverse de ahí y llevarse a otros sitios en algún momento específico.

Por tanto, de alguna forma las desaladoras son propiedad del Ministerio,
de la Confederación Hidrográfica correspondiente, y en su momento el
Ministerio podrá desmontarlas y llevarlas a otro sitio, dentro de equis
tiempo, en función de la evolución de la coyuntura hidráulica, porque hay
medidas a largo plazo precisamente para que no sea necesario utilizar la
desaladora en su momento.

En los otros sitios, donde la desaladora tiene la finalidad de estar
ubicada como instalación fija, como una depuradora de agua, es una
instalación que la empresa municipal de aguas, o los mecanismos que haya,
puede construir, gestionar y financiar, con cargo a los presupuestos y a
los precios sujetos.

Dada la petición de solidaridad efectuada por el conjunto de
ayuntamientos andaluces, el Ministerio planteó que estaban en condiciones
de aceptarlo, porque de hecho ya se había propuesto a las Comunidades
Europeas, tanto en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en Sevilla,
como en el Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio,
recientemente en Madrid, se puso de manifiesto que



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la sequía era tremendamente excepcional, que el problema de agua no era
solamente español, sino europeo, y que en este sentido había un conjunto
de medidas que tendían a paliar los problemas de la sequía en los cuales
la Comunidad Económica Europea debería tomar carta directa. En ese
sentido, se consideraba que los fondos europeos podrían destinar parte de
sus recursos a financiar esta parte de desaladoras en diversas zonas del
territorio.

Obviamente, el Ministerio simplemente lo que ha hecho es brindarse a
canalizar los proyectos hacia Bruselas, y, a medida que vengan fondos,
dirigirlos hacia los correspondientes ayuntamientos o quien haga la
desaladora. En la medida en que estos proyectos de desalación cuenten con
fondos europeos que lo financien, la repercusión al ciudadano
correspondiente no debe ser del cien por ciento de la obra, debe ser de
la situación diferencial entre los fondos que llegan de Bruselas y la
parte que no se financia con fondos europeos. Dicho de otra forma, la
desaladora la pagarían, vía precios, por ejemplo, el ciudadano andaluz y
el ciudadano europeo que se solidariza con una parte de Europa y aporta
fondos europeos. No tiene sentido, porque supondría un beneficio para el
ente gestor, que se transmita al ciudadano la totalidad del coste cuando
hay fondos europeos que financian una parte de la operación
correspondiente.

Esta es la filosofía que estamos defendiendo. Obviamente, depende mucho
también de que eso sea un proyecto privado, de que sea un proyecto de un
ayuntamiento, de que sea una confederación hidrográfica, pero, en
cualquier caso, de entrada debe haber financiación de Bruselas para estos
proyectos.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para consumir un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Más que como réplica, para profundizar en la
última parte, porque ha empezado generalizando y ha ido desgranando cosas
más concretas.

Yo no creo que, vía precios, se pueda controlar o sea la forma de
administrar la demanda. Creo que está demostrado que muchas veces no; lo
que pasará es que unos lo podrán administrar de una manera u otra. Sí que
comparto parte de lo que ha dicho usted, que la impopularidad, el costo
político, de subir el precio, de necesitarlo, lo debe pagar alguien, y,
además, de traerlo a los propios ciudadanos, al final.

Pero hay desaladoras de uso agrícola, que tienen unas condiciones
determinadas, hay desaladoras de consumo humano, que, según si es para
mezclar con otros recursos fruto de la extracción de aguas subterráneas o
de aguas corrientes, tendrá un grado de salinidad, y hay el que va a ser
directa y exclusivamente para abastecimiento, que tiene que tener otro
grado; por tanto, el coste es diferente.

A mí me han quedado claras dos cosas: primera, que es un problema
municipal, y por tanto el municipio es el que debe tomar la iniciativa,
y, segunda, que, salvo en dos, Cádiz y Sevilla, en las que ustedes están
tomando la dirección por el carácter temporal que puede tener de hacer
frente a ese costo, salvo en esos casos, dado que hay una situación
prolongada de sequía y que se pueden destinar fondos europeos, si se
destinan fondos europeos, o una financiación, el precio de la
administración de ese recurso o producto, al final, tendrá que pagar una
parte, no podrá hacer frente a todo, para obtener, por así decirlo, el
beneficio de la solidaridad compensada.

Pero ha terminado usted diciendo que se estudiará, que depende de las
peticiones que haya en el Ministerio, de si son de una confederación.

Usted hace unas diferencias rarísimas. Cuando yo veo una confederación,
veo al Estado Central; le veo a usted y al Gobierno central dentro de
ella; es un organismo de gestión, de acuerdo, pero no hago tantas
distinciones. Si es un ayuntamiento, veo una parte pública, si es un ente
privado, veo otra cosa. Sin embargo, muchas veces puede haber una
coincidencia de todas estas partes del Estado.

Le he puesto el ejemplo de las desaladoras. Hay un convenio, de una
empresa pública que se llama Endesa, con la Comunidad de Autónoma de
Murcia, para cuatro desaladoras, e incluso se ha buscado una vía de
financiación. Y ésa es una actuación del Gobierno, que usted representa
hoy aquí, como parte del recurso hídrico, y el Ministerio de Industria, y
la parte del Estado, son otra cosa, y el tratamiento no es homogéneo.

¿Cuál es ese baremo? ¿Cómo miden ustedes esa decisión de qué parte puede
acogerse y qué parte no? Si es pedido por un ayuntamiento, ¿para qué
finalidad? ¿Cómo desgranan ustedes esa diferencia de petición? Es la
única cosa que puede no quedar clara, porque su respuesta ha sido, de
arriba abajo, muy clara y contundente.

Sin embargo, en la parte final usted ha añadido una parte de apertura y
me gustaría conocerla, si es posible. También me puede decir: hoy no está
claro, ya iremos viendo, según nos lo vengan pidiendo, si es el de
Estepona, el de Marbella, el de Cartagena o el de Alicante. Según cómo
vengan las peticiones, las iremos estudiando, una a una. También sería
una respuesta, aunque yo no la comparto.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar a lo manifestado
por el señor Ríos, tiene la palabra el señor Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): Al final de mi contestación quizá he sido menos
preciso, simplemente porque creí que me estaba alargando demasiado, no
porque no quisiera dar una respuesta todo lo precisa que puedo en este
momento.

Cuando hacía esa distinción no la hacía bajo la influencia de ningún
prejuicio. Lo planteaba --y esta mañana he tenido varias conversaciones
al respecto-- en el sentido de que la adjudicación de fondos
estructurales no es exclusivamente algo que decida el Gobierno español,
directamente. Los fondos europeos los adjudica Bruselas, y se aplican
unos reglamentos.

Lo que hay es una voluntad inicial. En este momento no sabemos si va a
haber una demanda de cinco desaladoras o



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de 72, ni para qué; pero, obviamente, la voluntad inicial es utilizar los
fondos estructurales, en general, para plantear un mecanismo de
solidaridad. Esta es la finalidad de los fondos estructurales.

Sin embargo, sin tener ningún prejuicio inicial, no juega igual --y le
voy a dar un ejemplo a S. S.-- si mañana, en cualquier ciudad andaluza,
se plantea la petición de una desaladora para el abastecimiento que si
mañana una empresa que tenga 25 hectáreas de naranjales en Murcia, con
una rentabilidad de un montón de millones, pone una desaladora de agua
salobre y pide fondos estructurales para ello. Es evidente que el
criterio no es el mismo. Me he puesto en los dos extremos, para que vea
S. S. que el proceso de desalación no tiene un mismo criterio, y que no
podríamos mirar «a priori», no ya sólo el Gobierno, sino Bruselas, una
desaladora en cualquier parte de Andalucía, para un programa de
abastecimiento, etcétera, que si se pidieran fondos estructurales, que
están pagando los europeos, para que unos naranjales funcionen mejor.

Esto no puede tener la misma visión, desde el punto de vista de Bruselas.

Y he hablado de naranjales en el sentido de que se trata de una empresa
privada, que tenga un beneficio y que pueda financiarse perfectamente. De
hecho, hay ejemplos perfectamente claros en Murcia, donde una empresa
privada construye una desaladora y está desalinizando aguas salobres de
riego. Incluye en su coste, perfectamente, ese proceso, porque el
producto es lo suficientemente competitivo como para incluirlo. No hay
ninguna razón que pueda considerar Bruselas por la cual a esa empresa
privada se le tuvieran que conceder fondos estructurales. Ese es el único
planteamiento que hay.

Por otra parte, cuando hablaba de que lo plantee un ayuntamiento u otro,
me refería al hecho de que no sé en qué condiciones un ayuntamiento va a
hacer el planteamiento de la desalación, ya que lo puede hacer el propio
ayuntamiento con sus recursos, porque los propios ayuntamientos tienen
concesiones Feder. Los ayuntamientos tienen Feder propio. Es el
ayuntamiento el que lo pide, frente al mecanismo de fondos estructurales,
pero no es lo mismo que un ayuntamiento lo haga con sus fondos, que en
ese caso deberá utilizar sus propios fondos Feder, y optar entre si
prefiere dedicar los fondos Feder a hacer una carretera del ayuntamiento
o una desaladora --que es una opción completamente libre por el
ayuntamiento-- o si es una confederación hidrográfica, que tiene otra
consideración dentro de los fondos estructurales --como Renfe--, o si es
una empresa privada, etcétera. Estos casos diversos requerirán obviamente
un análisis individualizado. En principio, lo único que podemos poner
encima de la mesa es que los fondos estructurales tienen que tener la
finalidad, obviamente por sus reglamentos, de aplicarse a principios de
solidaridad y habrá que analizarlos caso a caso.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC), SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE EN RELACION
CON LOS TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES DETECTADOS EN LA CARRETERA
N-332, A SU PASO POR LAS PROVINCIAS DE ALICANTE Y VALENCIA. (Número de
expediente 181/001643.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Pasamos a la siguiente pregunta:
Medidas adoptadas por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente en relación con los tramos de concentración de accidentes
detectados en la carretera N-332, a su paso por las provincias de
Alicante y Valencia.

Para su formulación, tiene la palabra don Ricardo Peralta Ortega.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Zaragoza, por su presencia.

Nos consta que el Ministerio de Obras Públicas tiene detectados en la
travesía de la carretera N-332 por las provincias de Valencia y Alicante
dieciséis tramos de concentración de accidentes, siete en Valencia y los
nueve restantes en Alicante. En ese informe se consideran por parte del
Ministerio como tramos de concentración de accidentes dos supuestos: bien
un tramo de un kilómetro de carretera, en el que se producen tres o más
accidentes, bien las intersecciones que tienen anualmente como mínimo
tres o más accidentes.

Ese informe llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas tiene como
objetivo, por supuesto, adoptar las medidas oportunas para corregir esos
casos en los que las características de las infraestructuras posiblemente
inciden en los niveles de accidentalidad que se producen en los mismos.

Es un hecho constatado que durante este año 1995 se ha producido un
incremento en los niveles de siniestralidad viaria. Es difícil saber por
qué en la medida en que no cabe pensar que se haya producido un cambio
notable en relación con circunstancias de años anteriores y, sin embargo,
se ha constatado esa evolución negativa. No tenemos nosotros, desde
luego, la explicación de ese tipo de variación, pero sí creo que todos
estaremos de acuerdo en que los niveles de las infraestructuras tienen
una determinada incidencia en los resultados finales que se producen, con
independencia de las variaciones que puedan darse en esos resultados
finales.

Sin lugar a duda, la mejoría de esos dieciséis tramos de concentración de
accidentes podrá tener, y debe tener, una influencia positiva en la
evolución del nivel de siniestralidad en la carretera N-332. Nos gustaría
saber qué medidas se han tomado por parte del Ministerio para corregir
esos tramos concretos.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar a esta pregunta,
tiene la palabra el señor Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): Como S. S. decía, los estudios de accidentes que
elabora el Ministerio recogen exactamente los datos a los que usted se
refería. Le voy a comentar por encima las actuaciones del Ministerio de
Obras Públicas.




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Antes he comentado con el Presidente que quizá la Dirección General de
Tráfico, que a su vez tiene competencias en el tema, tampoco tenga
explicaciones para esas cuestiones, pero obviamente también hace los
análisis complementarios a lo que podamos aportar a S. S.

En la provincia de Alicante, las actuaciones de seguridad vial que se han
desarrollado últimamente han sido las siguientes. Le comentaré las que
estamos desarrollando en este momento: estación de tratamiento con
microaglomerado en frío en todo el itinerario de la 332; colocación de
paneles en curva; reposición y colocación de barreras de seguridad;
actualización y renovación de la señalización vertical; repintado de
todas las marcas viales y otro conjunto de actuaciones puntuales diversas
por conservación ordinaria. Si S. S. quiere detalle exacto, por supuesto
le remitiré las cuantías de coste de todo este conjunto de medidas que se
han hecho recientemente.

Además, se están redactando los proyectos de seguridad vial siguientes:
construcción de una rotonda para cambio de sentido en el punto
kilométrico 153.1; construcción de dos rotondas para cambio de sentido en
los puntos kilométricos 154.3 y 155.3; acondicionamiento de accesos en el
punto kilométrico 74.2; acondicionamiento de accesos en el punto
kilométrico 75.9; construcción de enlace a distinto nivel en el punto
kilométrico 70, acceso a Guardamar, todo esto en la provincia de
Alicante.

En la provincia de Valencia se han realizado actuaciones de carácter
inmediato de señalización horizontal y vertical en los puntos
kilométricos 241.965 al 242.8; del 239.39 al 240 y del 211 al 212. Además
de eso se están realizando los siguientes proyectos, que en su
finalización se pondrán en funcionamiento: incremento del carril de
deceleración en la intersección de Pego, entre los kilómetros 206 y 207;
ejecución de trazado y vial colectoras de tráfico que conectan el enlace
próximo en los kilómetros 230 a 232; iluminación de la intersección de
Cullera. Además, como parte de las actuaciones que realizan los servicios
de conservación y explotación, se han realizado y ejecutado obras y
proyectos que son los siguientes: tres proyectos de refuerzo de firme en
los kilómetros 232 al 251, 250 a 257 y de 204 a 231; dos proyectos de
corrección de peralte en los kilómetros 234 y 233 al 234. Refuerzo de la
pista de Silla en los kilómetros 272 al 285 y construcción de arcenes
entre Fabara y Cullera.

Actualmente se encuentra la mejora y ampliación de plataforma y rodeo de
acceso mediante paso a distinto nivel en el término municipal de Oliva.

Y, por último, el Ministerio tiene en línea de actuación todos los
proyectos, en diferentes fases de tramitación o construcción, de
variantes en La Marina, El Altet, Campello, Villajoyosa, Altea, Benissa,
Gata, Gandía, Fabara, Cullera, Sueca, Sollana, etcétera, todos los
proyectos de variantes que S. S. conoce seguramente con detalle y que
están o en tramitación o en construcción.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para replicar o efectuar las
consideraciones que estime oportunas, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Zaragoza, le agradecería que me remitiera
el detalle, porque desde luego creo que sería bueno --sin perjuicio de
que posteriormente en la otra pregunta hablemos del tema de las
variantes-- que se aceleraran aquellas medidas que están en ejecución y
aquellas otras --dejando a salvo, insisto, el tema de las variantes, que
lo hablaremos luego-- que nos ha anunciado que, por ejemplo, en concreto
en la provincia de Alicante tiene en estos momentos en trámite o en
estudio, no ya en ejecución, el Ministerio.

Mi intervención era para pedirle ese detalle y para pedirle que se
aceleren esas medidas que están en trámite, dejando aparte el tema de las
variantes.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Le agradecería que remitiera la
información a esta Presidencia y ésta se la hará llegar al señor
Diputado.




--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO SOBRE RAZONES DE LA PARALIZACION DE LA
EJECUCION DE LA VARIANTE DE GANDIA (VALENCIA) DE LA CARRETERA N-332.

(Número de expediente 181/001827.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): La siguiente pregunta es sobre
las razones de la paralización de la ejecución de la variante de Gandía,
en Valencia, de la carretera nacional 332.

Para su formulación, tiene la palabra el señor Peralta Ortega.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, hablemos ahora de las
variantes.

Señor Zaragoza, usted ha hecho referencia --no sé si usted lo ha dicho
así-- a las innumerables variantes de la N-332. Si no lo ha dicho usted,
el adjetivo «innumerable» lo utilizo yo. Desde luego, la previsión
ministerial de variantes de la N-332 son muchas; en Valencia, en
Alicante, prácticamente en todas las ciudades se plantea, se reclama y el
Ministerio estudia y ejecuta, cuando puede, la realización de variantes.

Ese es un proyecto global al que, por nuestra parte, hemos planteado
alternativas que nos parecen mejores; nos lo parecen, primero, desde el
punto de vista de racionalidad. Si hay infraestructuras ya existentes que
pueden ser utilizadas, utilicémoslas, máxime si, además, la utilización
de esas infraestructuras es inferior a su capacidad. Estoy hablando en
concreto como usted sabe, señor Secretario, de la autopista A-7. Segundo,
desde el punto de vista del impacto medioambiental. Hay determinadas
zonas, en concreto en Gandía, donde la construcción de una variante
incide sobre un conjunto por una gran densidad de explotaciones
económicas, de densidad poblacional, de otras infraestructuras existentes
y la creación de nuevas infraestructuras es problemática y plantea una
grave incidencia medioambiental. Finalmente, lo planteamos también por
razones presupuestarias. Yo creo que la previsión de tantas variantes se
hizo en un momento determinado en que los niveles de inversión de este
país se acercaban



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a ese 5 por ciento, que en un momento determinado se planteó como un
compromiso para esta legislatura, un objetivo de modernización del país
que, desde luego, nosotros desearíamos que se pudiera llevar a la
práctica pero que, desgraciadamente, no parece que ésta sea la situación
actual y aún menos las perspectivas de futuro. De ahí que la mayor parte
de esas variantes siga estando en estudio y en proyecto, y aquellas en
las que incluso se ha realizado el estudio y el proyecto se encuentren
con dificultades para ejecutarlas, y cuando se ejecutan, se encuentren
todavía con más dificultades. Este es el caso concreto de lo que le
ocurre a la variante de Gandía.

Nosotros en su día cuestionamos la viabilidad, por todo este tipo de
razones, del proyecto de variante de Gandía. Se acordó su ejecución y se
inició. En un momento determinado se pretendió defender esta variante
alegando que el costo por el que se iba a ejecutar era notablemente
inferior al costo que se había previsto inicialmente. La previsión era de
5.000 millones y fue adjudicada a la baja por 3.200 millones. Pero la
ejecución posterior de este proyecto ha tenido aún más incidencias,
motivadoras de polémicas, que por las razones iniciales a las que he
hecho referencia.

En octubre del año pasado se planteó el problema que la carretera no se
estaba construyendo como estaba previsto. En concreto, en lugar de tres
túneles en dos colinas el Ministerio, las empresas que ejecutaban el
proyecto, procedieron a destruir esas colinas y hubo necesidad en un
momento determinado de plantear el tema tanto por parte del ayuntamiento
como por parte de esta institución para ver qué pasaba en relación con
este tema.

En estos momentos los datos que tenemos son que la construcción de la
variante está paralizada, y digo: los datos que tenemos. No sé si ayer o
anteayer pudo haber alguna decisión en sentido contrario. Creo que al día
de hoy siguen paralizadas por razones posiblemente acumulativas. En todo
caso, quien las alega siempre echa la culpa a la otra parte. Las empresas
hablan de que el sobrecoste tiene que cubrirse presupuestariamente. El
ayuntamiento habla de que se tienen que producir cambios en relación con
el proyecto y con lo que está ejecutado de él, y por parte del Ministerio
no conocemos exactamente qué razones alegará, pero imagino que en parte
esta situación la imputará al ayuntamiento y alguna otra parte a la
empresa. Esta es una cierta previsión normal.

Lo cierto es que el ayuntamiento a partir de ahora va a necesitar de
cambios en la ejecución que se ha llevado a cabo, porque al atravesar esa
variante determinadas carreteras comarcales, en concreto el cruce con la
carretera de Gandía-Almansa, más conocida como la carretera Albaida, se
ha construido un terraplén que tiene grave incidencia desde todos los
puntos de vista en dos núcleos de población como el Real de Gandía o el
Sifó, que es una pedanía. El ayuntamiento ha planteado la necesidad de
que se sustituya el terraplén construido en ese punto concreto.

La última noticia de que tenemos conocimiento es que la semana pasada se
produjo un desgraciado accidente: un camión chocó en un túnel y dio lugar
a que se cortara la nacional 332 y a que se habilitara como vía
subsidiaria la A-7, lo cual en alguna medida vendría a demostrar que el
tipo de planteamientos que nosotros formulábamos en su momento eran los
que se deberían haber seguido.

Quiero recordar al señor Secretario de Estado que la variante de Gandía
tiene el costo que tiene: 5.000 millones, 3.200 millones, o la cifra
intermedia que al final resulte de la ejecución definitiva de este
proyecto el día en que termine. Nosotros, puesto que se ha tomado la
decisión de ejecutarla sin que la compartiéramos, en todo caso deseamos
que se termine, por supuesto, y cuanto antes, mejor.

El costo final de la suma de todas las variantes es extraordinariamente
alto. Estamos convencidos de que habría posibilitado pensar en otras
alternativas que en nuestra opinión hubieran sido más razonables desde
todos los puntos de vista.

En todo caso, señor Secretario de Estado, después de esta digresión
--quizá en la línea de las que practicaba usted anteriormente respecto a
las desaladoras-- en torno a las variantes en el caso de mi Comunidad
Autónoma, el País Valenciano, le quisiera preguntar a qué razones se
debe, o al menos cuál es el criterio del Ministerio sobre la actual
paralización de la ejecución de la variante de Gandía y si en concreto
esta paralización tiene como finalidad proceder a una modificación de ese
terraplén que se ha elevado en la intersección de dicha variante con la
comarcal 320, sustituyendo el terraplén por otro tipo de infraestructura
con menor impacto ambiental.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar a las
consideraciones del señor Peralta, tiene la palabra el señor Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): Sin entrar en las disquisiciones sobre las variantes y
las alternativas que ofrece la A-7, de las que ya hemos hablado alguna
vez con S. S. y que seguro que nos llevarían a una larga discusión sobre
el juego de las infraestructuras en Alicante y en el País Valenciano, en
general, quiero precisarle respecto a su pregunta dos cosas.

Me consta, porque lo ha publicado así la prensa en varias ocasiones, que
había la sensación de que la paralización estaba fundamentada en alguna
medida en el grado de baja que había planteado la empresa y por el coste
y que era imposible llevarla a cabo.

Quiero desmentirle rotunda y formalmente ese planteamiento. No hay ningún
caso en todo el territorio nacional. Hay casos mucho más graves, que
seguramente S. S. conoce, de bajas en obras de infraestructura con la
paralización por la empresa porque no estuviera de acuerdo con los
precios iniciales. Cuando el Ministerio firma un contrato con una empresa
a un precio, obviamente tiene que cumplirse en ese precio. Por tanto,
nunca puede ser, ni de hecho es, ésa la razón, aunque sé que en este caso
en algún momento en la prensa se ha estado utilizando. La razón
fundamental es, como S. S. anticipaba, la tramitación de un proyecto de
modificado. Se había comenzado a realizar en la 320 el enlace previsto
entre Gandía y Albaida; se



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habían empezado a plantear unos terraplenes que respondían a los
criterios establecidos por la corporación municipal en junio de 1993,
precisamente un enlace con ese mecanismo y esa forma. Posteriormente, en
julio de 1995, la comisión municipal cambia de criterio y plantea, por
razones a las que S. S. ha hecho referencia como el posible impacto que
pueda tener, que el trazado tuviera una estructura distinta. Esto
llevaría aparejado un coste diferente y obliga a realizar un proyecto de
modificado que no se puede hacer mientras no esté modificado. En privado
haría algún otro comentario que no voy a decir públicamente, pero
obviamente hay que paralizar la obra mientras el proyecto no esté
aprobado y su modificado planteado, sería una irresponsabilidad por parte
de la empresa y por parte de los ingenieros que tendrían que seguir
adelante con una obra que se va a realizar según el modificado que se
está aprobando, pero, si me permite S. S., estaríamos haciendo una obra
basándonos en un modificado todavía no aprobado y haríamos, entre
comillas, una «ilegalidad» que en aras de la urgencia podría estar
justificada en algún momento, pero que en aras a cumplir con la legalidad
nos lleva para una obra cuando el proyecto no está todavía modificado.

Le garantizo a S. S. que tan pronto el proyecto esté modificado --que no
será en un plazo muy largo--, la obra se realizará en línea con el nuevo
proyecto que se está planteando. En este momento estamos estudiando la
nueva petición del ayuntamiento, aprovechando lo más que podamos los
terraplenes porque están ahí y hay que desmontarlos para anclar la nueva
estructura que se pide. La Dirección General de Carreteras lo está
estudiando en estos momentos. Si se ha avanzado con los terraplenes y de
repente se pide que se haga un modificado, con lo que no va a utilizar
esa parte de terraplenes, está estudiando cómo va a ser posible conjugar
--desde el punto de vista de los recursos públicos-- de la mejor forma
posible una parte del terraplén con la infraestructura. En el momento que
se haga el estudio y el proyecto de modificado se apruebe, la obra
seguirá sin ningún problema y espero, como decía S. S., que su
finalización se realice lo antes posible; incluso si S. S. no comparte la
obra, esperemos que todos podamos beneficiarnos de ella.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para hacer las consideraciones
que estime oportunas, tiene la palabra el señor Peralta Ortega.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Zaragoza, ha dicho usted que en la prensa
se ha dicho que la paralización se debía a la adjudicación a la baja que
se había hecho de este proyecto y que al final lo que ha ocurrido es que
no había presupuesto suficiente para ejecutar la obra. Sinceramente, yo
no había leído nada de esto, bien es verdad que no leo toda la prensa. Sí
que había leído otro tipo de versión. Decían que los recortes
presupuestarios daban lugar a que no hubiera ni siquiera la posibilidad
de pagar en este año 1995 el presupuesto previsto inicialmente para este
tipo de ejecución. Me imagino que ésta tampoco será la explicación
adecuada, pero lo cierto es que la obra está paralizada, eso es algo que
se constata por parte de todos y, por lo que me dice usted, me temo que
desgraciadamente lo dejamos para el año 1996 en el que espero, no por
razones políticas, que no deseo, sino por razones climatológicas y
cronológicas, corran mejores vientos para esta obra y se pueda terminar.

Desearía, señor Zaragoza, que me precisara dos cosas muy concretas.

Primero, en la intersección de la variante de Gandía con la comarcal 320,
en la carretera de Albaida, se va a proceder a sustituir la
infraestructura que hay en estos momentos por otra que tenga menos
impacto ambiental. Desearía que me concretara si realmente se va a
realizar eso. Segundo, teniendo en cuenta que es un proyecto nuevo, pero
que tiene una incidencia pequeña (es un proyecto muy limitado, no es el
proyecto de toda la variante, es el proyecto de la intersección de la
variante con una carretera comarcal concreta, sin perjuicio de que se
pudiera aprovechar para realizar algún otro retoque, que lo puede
necesitar esta variante, pero ésas ya son modificaciones puntuales), yo
le pregunto, señor Zaragoza --insisto en que doy por descontado que
estamos hablando ya del año 1996--, ¿en qué fecha concreta se puede
anunciar que se va a reiniciar la ejecución de esta variante?



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar, tiene la palabra
el señor Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): Como le decía, lo que se está estudiando el Ministerio
en este momento es sustituirlo, partiendo de la aceptación de la decisión
de julio de 1995 del ayuntamiento de sustituir la estructura que se tenía
pensado hacer por una nueva. Lo que estamos estudiando en este momento es
compatibilizar esa nueva estructura con lo que ya tenemos hecho, de forma
tal que lo podamos obviamente aprovechar al máximo.

Lo que sí le puedo decir es que la voluntad del Ministerio está en
sustituir el proyecto antiguo por uno nuevo, compatibilizando, en la
medida que podamos, que no sé con exactitud en qué medida será posible,
alguna parte del terraplén construido. Por tanto, habrá que reducir el
terraplén actual y ver cómo se enganchan. Pero la idea es, como le decía,
sustituir el proyecto antiguo por uno nuevo. Por eso hay un modificado de
proyecto, que es el que estamos estudiando.

Yo me atrevería a decirle --si no lo cumplo, simplemente es mi buena
voluntad la que pongo encima de la mesa-- que será muy rápido, porque
esta misma mañana he preguntado y el proyecto de modificado se está
estudiando y es una cuestión de intervención y de asesoría jurídica que
tienen que aprobarlo, por lo que debe ser un proceso rápido. Entramos en
un período vacacional, pero no estamos hablando de largos plazos sino de
un plazo lógico y razonable, y esto en las primeras semanas del año 1996
tiene que estar en vía de solución y de avance. Por tanto, no le puedo
decir una fecha exacta, pero espero que en breve plazo podamos comenzar
con ello.




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--DEL SEÑOR ANDREU ANDREU (GIU-IC), SOBRE REALIZACION DEL SUBTRAMO
BARALLA-CEREIXAL (LUGO), DE LA AUTOVIA DEL NOROESTE. (Número de
expediente 181/001838.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Pasamos a la última pregunta que
figura en el orden del día, que es la realización del subtramo
Baralla-Cereixal (Lugo), de la autovía del Noroeste.

Tiene la palabra para su formulación el señor Peralta Ortega, en
sustitución de don Jerónimo Andreu.




El señor PERALTA ORTEGA: Yo, deseando que la realización de esos tramos
se haga en un tiempo tan breve como el de mi pregunta, me limito a darla
por formulada.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar a esta pregunta,
tiene la palabra el señor Zaragoza.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
(Zaragoza Rameau): Es una obra que está preadjudicada, que tiene una
declaración de impacto ambiental que la hace viable. Tengo un largo
análisis de todas las ventajas que introduce esta alternativa frente a la
alternativa A.

Ha sufrido una contestación constante por parte de un conjunto de
agrupaciones ecologistas en la zona, pero realmente --ya le digo que
tengo un detalle exacto de toda la serie de cosas que se van a incluir--,
creyendo que es una zona sensible --esto no es posible negarlo--,
cualquier paso por ella genera trastornos. Pero, como no es posible
evitarla, tenemos el convencimiento de que, dentro de los trastornos que
genera en una zona sensible imposible de evitar, este proyecto es el que
menos impacto genera desde dos aspectos que quiero recalcar: uno, el
medioambiental y, otro, el económico-social, que muchas veces hay que
unir; es decir, hay un conjunto de pueblos alrededor y hay que considerar
el impacto económico-social.

Creemos que este proyecto, que puede realizarse desde el punto de vista
del impacto ambiental, aúna de la mejor manera el impacto ambiental,
mínimo dentro del que se causa, y el impacto económico-social de la zona,
que creo que de alguna forma es mejor que el de la alternativa A.

En cualquier caso, si en algún momento a S. S. le interesa, puedo
trasladarle el detalle de las mejoras que la obra llevará implícitas.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): El señor Peralta tiene la
palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Le agradezco al señor Zaragoza su respuesta, y
desde luego le agradezco por anticipado, porque se lo pido, ese detalle
al que ha hecho referencia que nos permita intentar comprender las
razones, que sin duda las hay, de la actuación por parte del Ministerio y
poder, en su caso, discutirlas con más fundamento.




El señor PRESIDENTE: Señor Zaragoza, ¿tiene algo más que decir?
(Denegación.) En ese caso, le agradeceríamos que enviara la información
solicitada a esta Presidencia, que trasladaremos al señor Diputado.

Muchas gracias por su presencia en esta Comisión y por las contestaciones
que ha dado a las preguntas que se le han formulado.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Eran las dos de la tarde.