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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 639, de 13/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 639
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 46
celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes sobre:
--Protocolo modificativo del Convenio de doble nacionalidad entre el
Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 25-8-95.
(BOCG serie C, número 238-1, de 30-10-95. Número de expediente
110/000195) (Página 19325)
--Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el
cumplimiento de las condenas penales, firmado en Quito el 25-8-95. (BOCG
serie C, número 239-1, de 30-10-95. Número de expediente 110/000196)
(Página 19326)
--Denuncia del Canje de Notas de 13-5-60, constitutivo de Acuerdo entre
España y Gran Bretaña sobre supresión de visados. (BOCG serie C, número
241-1, de 6-11-95. Número de expediente 110/000197) (Página 19326)
--Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en
Bayona el 10-3-95. (BOCG serie C, número 242-1, de 13-11-95. Número de
expediente 110/000198.) (Página 19327)
--Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre el
Reino de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30-5-95.
(BOCG serie C, número 243-1, de 13-11-95. Número de expediente
110/000199) (Página 19329)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia, para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y Protocolo hecho en
Yakarta el 30-5-95. (BOCG serie C, número 244-1, de 13-11-95. Número de
expediente 110/000200) (Página 19332)
--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad
referendum» en México el 23-6-95. (BOCG serie C, número 245-1, de
13-11-95. Número de expediente 110/000201) (Página 19333)
--Memorándum de entendimiento número cinco, relativo a la integración de
la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en
servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión
del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado
(NETMA). (BOCG serie C, número 247-1, de 25-11-95. Número de expediente
110/000202) (Página 19336)
--Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de
Estonia, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12-6-95.
(BOCG serie C, número 248-1, de 25-11-95. Número de expediente
110/000203) (Página 19338)
--Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de
Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12-6-95.
(BOCG serie C, número 250-1, de 25-11-95. Número de expediente
110/000205) (Página 19338)
Celebración de las siguientes comparecencias:
--Del Director General de Política Exterior para Africa y Medio Oriente
(Moratinos Cuyaubé), para informar acerca del proceso electoral acaecido
en Guinea Ecuatorial, así como de la posición y el papel desempeñado por
el Gobierno español en relación al mismo. A solicitud del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001786) (Página 19339)
Preguntas:
--Del señor Martínez Casañ (Grupo Popular), sobre coherencia de la
celebración del Festival Español de las Artes en Cuba y la apertura de un
Centro Cultural Español en La Habana con los criterios políticos que se
aplican a las relaciones de España con Cuba. (BOCG serie D, número 275,
de 29-9-95. Número de expediente 181/001668) (Página 19351)
--Del señor Robles Fraga (Grupo Popular). (BOCG serie D, número 290, de
6-11-95), sobre: Resultado de la V Cumbre Iberoamericana de Bariloche
(Argentina). (Número de expediente 181/001765) (Página 19354)
Objetivos y prioridades españolas en la V Cumbre Iberoamericana celebrada
en Bariloche (Argentina) los días 16 y 17-10-95. (Número de expediente
181/001766) (Página 19354)
Previsiones acerca de la constitución de una Comisión de seguimiento de
la V Cumbre Iberoamericana. (Número de expediente 181/001767) (Página 19354)
Proyecto que presentará el Gobierno español en la VI Cumbre
Iberoamericana en Chile. (Número de expediente 181/001768) (Página 19354)
Criterios que guiarán los trabajos de preparación de la VI Cumbre
Iberoamericana en Chile. (Número de expediente 181/001769) (Página 19354)
Estado y perspectivas de las cumbres iberoamericanas. (Número de
expediente 181/001770) (Página 19354)
Programas que el Gobierno calificaría como éxitos de las anteriores
cumbres iberoamericanas. (Número de expediente 181/001771) (Página 19354)
Participación de España en los programas de las cumbres iberoamericanas.
(Número de expediente 181/001772) (Página 19354)
De la señora Fernández Sanz (Grupo Socialista), sobre reestructuración de
la administración consular. (BOCG serie D, número 295, de 14-11-95.
Número de expediente 181/001803) (Página 19361)
Celebración de las siguientes comparecencias (continuación):
--Del Subsecretario de Asuntos Exteriores (Ezquerra Calvo), para informar
sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la proposición no de
ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en
la antigua colonia de Guinea Ecuatorial. A solicitud del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001785) (Página 19362)
Proposiciones no de ley:
--Relativa al ejercicio de la soberanía española sobre Gibraltar.
Presentada por el Grupo Socialista. (BOCG serie D, número 287, de
30-10-95. Número de expediente 161/000625) (Página 19365)
--Programas de becas entre España e Iberoamérica. Presentada por el Grupo
Popular. (BOCG serie D, número 286, de 27-10-95. Número de expediente
161/000628) (Página 19367)
--Por la que se insta al Gobierno a solicitar de la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el nombramiento
de un relator especial de Derechos Humanos para Colombia. Presentada por
el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (BOCG serie D, número
297, de 24-11-95. Número de expediente 161/000656) (Página 19369)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Antes de entrar en el orden del día, quisiera expresar, en nombre de los
miembros de la Mesa presentes en la sala y en el mío propio, nuestra
satisfacción por el nombramiento de nuestro Ministro de Asuntos
Exteriores, don Javier Solana, para el cargo de Secretario General de la
OTAN. Creemos que es un nombramiento que, aparte de que reconoce sus
méritos personales, es una buena noticia para el conjunto de las fuerzas
políticas de nuestro país y un reconocimiento de nuestro papel en el
conjunto de la OTAN y de la política internacional.
--PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN QUITO EL
25-8-1995. (Número de expediente 110/000195.)
El señor PRESIDENTE: Sin más, entramos en el orden del día con los
dictámenes sobre una serie de convenios y tratados.
En primer lugar, tenemos el protocolo modificatorio del Convenio de doble
nacionalidad entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado
en Quito el 25-8-1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, muy brevemente.
Se trata de una actualización del Convenio de doble nacionalidad firmado
entre Ecuador y España en 1964, porque, lógicamente, el paso de 30 años,
la modificación de las corrientes migratorias, las normas vigentes sobre
nacionalidad y visados, la evolución de esos conceptos y la propia
normativa Schengen han hecho que ambas partes acuerden modificar el
convenio, concretamente en un artículo, artículo 8, que era contrario a
la legislación en vigor en materia de establecimiento.
Se trataría de la condición previa de obtención de los necesarios
permisos de residencia y trabajo para alcanzar la condición de
nacionalidad. Es la única modificación o variación en relación al
Convenio de doble nacionalidad vigente hasta ahora y que nos remite el
Gobierno para su autorización por las Cortes, por lo cual anuncio el voto
positivo del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, quiero añadir, puesto que el
Diputado Yáñez-Barnuevo ha intervenido en relación a este protocolo, que
en la actualidad, las circunstancias inspiradoras de este tratado han
variado sustancialmente. Así el transcurso de casi 30 años ha dado paso a
nuevos acontecimientos, como los datos de la creciente emigración en
España, la moderna normativa sobre nacionalidad y visados y la futura
entrada en vigor del Convenio de Schengen. Todo ello exige una revisión
de este tratado para adaptarlo a las nuevas circunstancias en relación al
derecho de establecimiento y al ejercicio de actividades profesionales.
Este protocolo pretende modificar el artículo 8 del Tratado de Ecuador,
debido a una propuesta de España basada en el artículo 8 del Tratado de
Amistad y Cooperación con
Argentina, que supeditaba la realización de actividades profesionales y
la libertad de establecimiento a la previa obtención de los permisos de
residencia y de trabajo. Con la adopción de estas medidas se trata de
actualizar las relaciones hispano-ecuatorianas, adaptándolas a la
realidad actual de la nacionalidad y preservando los legítimos intereses
de ambos Estados.
En cuanto a la necesidad de autorización de las Cortes Generales, el
trabajo y establecimiento de los extranjeros en España es materia
reservada a la ley, que aparece regulada en los artículos 15 y siguientes
de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, de los derechos y libertades de
los extranjeros en España. Por otra parte, la normativa de Schengen
impone a España una determinada disciplina sobre entrada de ciudadanos de
países no comunitarios, así como en relación a su trabajo y
establecimiento. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de este
Convenio puede aconsejar la modificación de ciertos tratados celebrados
entre España y terceros países, y en este caso se encuentra el Protocolo
de modificación del Convenio de doble nacionalidad entre España y
Ecuador.
El Grupo Popular dará su voto afirmativo.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea hacer uso de la palabra.
(Denegaciones.)
Por consiguiente, pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO EN QUITO EL 25-8-1995. (Número
de expediente 110/000196.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día: Convenio entre
el Reino de España y la República del Ecuador para el cumplimiento de
condenas penales, firmado en Quito el 25-8-1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, la finalidad de este
convenio es la de conseguir una adecuada reinserción social de los
penados mediante una aproximación a su ambiente social y a su ambiente
familiar. Tiene su base dicho convenio en el principio general de que las
penas o medidas de seguridad privativas de libertad impuestas por una de
las partes o nacionales de la otra podrán ser cumplidas por las personas
condenadas en el Estado del cual sea nacional.
Hay una serie de condiciones que se establecen en el convenio para dicha
aplicación, como son la existencia de sentencia firme, que el condenado
consienta expresamente su traslado, que el hecho constituya delito
también en el Estado receptor, que el condenado sea nacional del Estado
receptor, que el tiempo de condena que falte por cumplir en el momento de
la solicitud sea, al menos, de un año. Asimismo, el convenio refleja el
procedimiento para el traslado, el derecho de la persona condenada, el
cumplimiento de la pena y la revisión de la sentencia. Dicho convenio
está inspirado en el convenio 112 del Consejo de Europa y su articulado
se ajusta al tratado multilateral de la Organización de Estados
Americanos.
Nos parece necesario, señor Presidente, que este convenio sea votado
favorablemente porque viene a solucionar ciertos problemas con los
nacionales condenados penalmente, sobre todo teniendo en cuenta que en
España existen en este momento 38 presos españoles en cárceles del
Ecuador y ocho presos ecuatoriales en cárceles españolas, consiguiéndose
con este convenio una mejor reinserción social de las personas condenadas
al aproximar éstas a su ambiente social y familiar. Por tanto, como nos
parece un convenio necesario, el Grupo Popular lo va a votar
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Como es habitual en este tipo de debates
la intervención del representante del Grupo Popular, señor Puche, me
evita explayarme en más explicaciones, ya que S. S. lo ha explicado
perfectamente.
Este es un convenio para el cumplimiento de penas en el país de origen
entre dos países, Ecuador y España, que va en la misma dirección de otros
convenios que ya hemos ratificado en esta Cámara en los últimos años, de
política penitenciaria o penal progresiva, entre países que acuerdan que
los nacionales de su país puedan cumplir condenas por delitos cometidos
en países terceros en el país de origen. El cumplimiento de la pena en el
país de origen, en términos generales, en un alto porcentaje tiene
efectos positivos para la sociedad, para el propio penado y su ambiente
familiar, porque, como ha dicho el señor Puche, eso aproxima al penado a
su ambiente social, facilita la reinserción y está más cerca de su
familia. Por tanto, vamos a votar favorablemente a su autorización.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere hacer uso de la palabra?
(Pausa.) Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Simplemente para manifestar nuestro voto
favorable a este convenio.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 13-5-60, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE
ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE SUPRESION DE VISADOS. (Número de expediente
110/000197.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3, denuncia del canje de
notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo de acuerdo entre España y Gran
Bretaña sobre supresión de visados.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS JURADO: Han transcurrido nada menos que 35 años desde que
se aprobó este canje de notas entre España y Gran Bretaña sobre supresión
de visados y es evidente no sólo que queda obsoleto sino que desde 1960
han cambiado las circunstancias políticas y sociales. De hecho, las
legislaciones en materia de sanidad, de visados y documentación entre
ambos países han variado sustancialmente, especialmente por la
convivencia de ambos en el seno de la Unión Europea y también por la
adhesión de España en los acuerdos de Schengen. Una parte sustancial del
canje de notas, de hecho, queda derogada por contener disposiciones
contrarias al Tratado de la Unión y por la propia legislación
comunitaria; sin embargo, como en otros países podían estar vigentes, se
hace necesario a la denuncia formal.
Por otra parte, como algunos contenidos de este canje de notas de 1960 se
referían, sin nombrarlo, al territorio de Gibraltar y allí siguen
existiendo problemas de documentación y circulación de personas en dicho
territorio, es necesario proceder a revisar y actualizar todo este tema
con Gran Bretaña, sobre todo en los relativo a los residentes de la
colonia. El propio artículo 6 prevé que cualquiera de los dos gobiernos
pueda denunciarlo y surte efectos al mes siguiente. Para la adopción de
un nuevo régimen de circulación coherente para Gibraltar será preciso que
se urja la correspondiente negociación con el Reino Unido.
Por todo ello, el Grupo Socialista va a votar a favor de la denuncia de
este canje de notas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Poco se puede añadir a lo que ya ha dicho el
portavoz del Grupo Socialista. Se trata de una denuncia que viene exigida
por el propio transcurso del tiempo y por el propio cambio de las
circunstancias políticas e internacionales en el Reino Unido y en España.
Esta denuncia se hace de acuerdo con los propios preceptos del canje de
notas constitutivo de acuerdo a que se refiere.
Quisiera subrayar, aparte de lo que aquí se ha dicho, que, en ningún
caso, esta denuncia va a afectar al tráfico normal de personas entre los
dos países, ni en concreto al tráfico turístico, ya que viene exigido por
una puesta al día desde el punto de vista jurídico y político sin que
vaya a afectar a la circulación normal de personas entre ambos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Solamente para manifestar el voto favorable
de nuestro Grupo Parlamentario a este convenio.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE
COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO EN
BAYONA EL 10-3-95. (Número de expediente 110/000198.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 4. Tratado entre el Reino de
España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre
Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: El objeto de este tratado es facilitar y promover
la cooperación transfronteriza en aquellas entidades territoriales
franco-españolas dentro del respecto de las competencias que reconoce el
Derecho interno. Este es un tratado que tiene especialísimo interés para
algunas comunidades autónomas con especial carácter, como son el País
Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, que tienen una serie de vínculos
físicos y, al mismo tiempo, una serie de intereses comunes
transpirenaicos. Evidentemente, ese interés se multiplica en los
territorios históricos en las provincias y municipios de las cuatro
comunidades autónomas.
La adopción de convenios de cooperación transfronteriza ha constituido un
medio que se instituye de alguna manera en el tratado para llevar a cabo
esa cooperación. El objetivo de los mismos ha sido crear y gestionar
equipamientos o servicios públicos de mutuo interés común entre estas
entidades territoriales de uno y otro lado fronterizo, así como coordinar
tales decisiones.
Entendemos que no pueden ser objeto del convenio ni las potestades
normativas y de control de entidades territoriales, ni las atribuciones
que ejercen como agentes del Estado, en el caso de la parte francesa, o
en virtud de una competencia delegada por el Estado, en el caso de la
parte española. Tales convenios comprometen exclusivamente a las
entidades territoriales firmantes, pero no al Estado español, ni tampoco
al Estado francés.
Por otra parte, el tratado establece que las entidades territoriales,
tanto españolas como francesas, puedan crear conjuntamente agrupaciones
de mutuo interés público de cooperación o consorcios, en un caso en
Francia, y en otro caso en España, cuyo objetivo sería explotar servicios
públicos de interés común.
Esto queda muy especificado en el artículo 6 del tratado, donde se
detalla el contenido mínimo de tales estatutos de estos organismos de
cooperación que deberían figurar anejos al convenio concertado.
Asimismo, las entidades territoriales podrán crear órganos comunes sin
personalidad jurídica para estudiar y formular propuestas de cooperación
y celebrar contratos públicos.
Los convenios no podrán tener una duración superior a diez años, excepto
aquellos que tengan por objeto la creación de la gestión o la gestión de
un equipamiento. Se establece, además, la nulidad de los convenios que
sean contrarios al presente tratado y que sería declarada de acuerdo al
derecho interno de la parte que sea aplicable, siendo informada por la
otra parte sin retraso de tal anulación.
Lo más interesante de este tratado es la creación de la Comisión
Hispano-Francesa de Cooperación Transfronteriza. Esta Comisión se compone
de un máximo de seis representantes nombrados por cada uno de los
gobiernos. Estos representantes podrán tener participación en las
entidades territoriales afectadas cuando los asuntos del orden del día lo
requieran así, bien sea como expertos competentes en la materia, bien sea
como personas integradas «de iure» en la misma. La presidencia de la
comisión será ocupada conjuntamente por cada uno de los estados y se
encargaría a una secretaría la coordinación de las mismas. Esta Comisión
se reuniría cuatro veces al año en España y en Francia de forma
alternativa.
Este tratado para las regiones colindantes fronterizas tiene un alto
interés, por eso quería preguntar a la Presidencia si permanece viva una
enmienda que proponía el Grupo Vasco (PNV).
El señor PRESIDENTE: A esta Presidencia no le consta que permanezca viva.
No figura en la documentación que tengo ante mí.
El señor MILIAN MESTRE: En ese caso, por nuestra parte no hay óbice
ninguno a cualquiera de los planteamientos que se hacen en este tratado,
y por supuesto a los considerandos a que pueda dar lugar por entender que
está perfectamente enmarcado en los términos del Derecho internacional
por el Derecho interno y están delimitadas las funciones y
responsabilidades de las partes contratantes del mismo. Consecuentemente,
nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar absolutamente un mecanismo
jurídico que entendemos que tiene alto interés para la economía y la
colaboración entre ambas regiones fronterizas en España y Francia.
El señor PRESIDENTE: Debo añadir, para contestar concretamente su
pregunta, que la Mesa consideró que la enmienda presentada por el Grupo
Vasco no se ajustaba al Reglamento, y así lo hizo constar enviándola
nuevamente a la Mesa de la Cámara por si el citado Grupo quería
plantearla de otra manera, sin que nos haya llegado ningún otro
planteamiento, por consiguiente, no existe ninguna enmienda del Grupo
Vasco.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Este tratado es el resultado de un problema.
Cuando nuestro Parlamento tuvo que enfrentarse a la ratificación del
Convenio marco del Consejo de Europa de Cooperación Transfronteriza no
pudo hacerlo con algunos de sus principales vecinos, Francia y Portugal,
porque en lo que se refería a las posibilidades de cooperación entre
entidades territoriales menores del Estado no existía simetría jurídica
ni política ni de ningún tipo entre nuestro Estado autonómico con
respecto a las posibilidades jurídicas de las entidades territoriales de
cada uno de estos países.
En el debate que tuvimos en aquel momento, algún grupo parlamentario se
abstuvo precisamente por la reserva que tuvo que presentar el Gobierno en
el bien entendido de que habría que realizar en el futuro unos tratados
bilaterales para resolver esta cuestión, sin que se pudiese firmar tal
cual el convenio marco porque no existía esa simetría de posibilidades de
actuación; para hablar claramente, no existían comunidades autónomas
paralelas en Portugal ni en Francia como tales, con parecida capacidad y
competencias, tampoco, desde el punto de vista del Derecho francés,
estaba resuelta la posibilidad de que municipios o entidades menores
incluso que la región, como la llaman ellos, pudieran tener algún tipo de
relación y capacidad de cooperación internacional; en el caso de Francia
fue imposible llevarlo a cabo por el propio veto de Francia, que no
admitió, a pesar de la solicitud de España, que ninguna otra institución
menor que el Estado pueda llegar a crear fórmulas de cooperación
jurídicamente enmarcadas.
Por esa razón, desde que se aprobó, con esa reserva, el convenio marco,
se ha desarrollado el proceso de un tratado de cooperación
transfronteriza en el que sí hay acuerdo entre los dos estados, sin que
se precise con detalle, como ha señalado el profesor Milián, cómo, de qué
manera y en qué circunstancias las entidades territoriales podrán
cooperar en el marco del convenio marco, valga la redundancia. Se ha
llegado a este acuerdo con Francia y habrá que establecer otros con
Portugal y Andorra; con este último, desde el punto de vista jurídico,
será todavía más complejo llegar a este tipo de acuerdos. En cualquier
caso, el esfuerzo se ha hecho. Bien es verdad que ha habido sus más y sus
menos porque algunas de las instituciones territoriales, concretamente
alguna comunidad autónoma, había solicitado --en este sentido creo que el
Grupo Vasco había presentado una enmienda-- que, en cualquier caso, en
todo tipo de reuniones bilaterales, siempre, de manera permanente, las
comunidades autónomas formasen parte de las comisiones. Sin embargo, la
decisión que se tomó en el tratado, que naturalmente ha sido una decisión
a dos, fue que las comunidades autónomas que se encuentren afectadas por
este tratado formen parte de la Comisión, pero en tanto en cuanto en los
trabajos de esas comisiones realmente existan puntos en los que se
encuentren afectadas esas comunidades autónomas, no de forma permanente
porque, por poner un ejemplo, no tendría sentido que si lo que se va a
discutir es una cosa que afecte directamente a la Comunidad Autónoma
Vasca sea imprescindible y necesario que un representante de una
comunidad autónoma que no sea la vasca esté presente en esa comisión.
Este ha sido el único punto en que ha habido alguna discrepancia, sin
embargo, todas las comunidades autónomas
han sido consultadas y todas han dado una visión global positiva del
planteamiento, lo que permitirá derogar la reserva que se había formulado
en el convenio marco, de tal manera que el Parlamento español habrá
podido aprobar plenamente el Convenio marco de Cooperación
Transfronteriza.
Por estas razones, nuestro grupo va a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: A nuestro entender, estamos ante un convenio
importante al hacer referencia a la cooperación transfronteriza entre
entidades territoriales, cuestión realmente relevante, por lo que el
Grupo Parlamentario Catalán presentó hace tiempo una proposición no de
ley que fue aprobada por unanimidad.
En el contenido del tratado se refleja que es necesario el dinamismo de
la cooperación entre las entidades territoriales concernidas en el mismo
y que también es necesario mantener y desarrollar esa cooperación para
enriquecer sus relaciones bilaterales y reforzar la construcción europea,
reconociendo la necesidad de un marco jurídico aprobado.
De su articulado, brevemente, remarcaría lo siguiente. El necesario
respeto del Derecho interno y de los compromisos internacionales de cada
una de las partes contratantes, que además de las comunidades autónomas
implicadas comprende también a las comarcas u otras entidades que agrupen
varios municipios, que estos convenios tendrán por objeto crear y
gestionar equipamientos de servicios públicos y coordinar sus decisiones
y que además, comprometerán exclusivamente a las entidades territoriales
firmantes. Se detallan los estatutos así como la financiación mediante
aportaciones de sus miembros, remarcando que no se pueden percibir
ingresos de naturaleza tributaria, con dos puntos finales que también
remarcaría y es que la Comisión Francoespañola de Cooperación
Transfronteriza establecida en Foix en 1994 asume el seguimiento del
presente tratado y que las entidades territoriales podrán crear órganos
comunes sin personalidad jurídica.
Esto sería todo por nuestra parte, reafirmando nuestro apoyo y voto
favorable a este tratado.
El señor PRESIDENTE: ¿Ningún otro Grupo desea hacer uso de la palabra?
Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA, HECHO EN YAKARTA EL 30 DE
MAYO DE 1995. (Número de expediente 110/000199.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5 del orden del día: Acuerdo
de promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de
España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30 de mayo de
1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: El Grupo Socialista va a dar su voto favorable a la
autorización por las Cortes Generales del acuerdo entre España y la
República de Indonesia para la promoción y protección recíproca de
inversiones.
Es un acuerdo que, como tantos otros que ya han sido aprobados por esta
Comisión, tiene como objetivos fundamentales el fomentar las relaciones
financieras entre los respectivos países, favorecer los intercambios
comerciales, crear condiciones favorables para las inversiones de cada
una de las partes contratantes, pero, sobre todo --a nuestro juicio éste
es el elemento más esencial--, ofrecer un marco jurídico de protección a
los inversores de los respectivos países y, fundamentalmente, un marco
jurídico de protección a las empresas españolas inversoras en aquella
República.
Se trata, en definitiva, de un acuerdo que pretende intensificar la
cooperación económica entre ambos países en beneficio recíproco y que,
además, contribuya al desarrollo de un país ciertamente atrasado como es
Indonesia. Puedo recordar aquí que la República de Indonesia, con 184
millones de habitantes, tiene un producto nacional bruto per capita de
sólo 670 dólares. Comparémoslo con los 17.000 dólares de España, por
ejemplo, de PNB per capita. De hecho, Indonesia viene a ocupar el lugar
170 de los 225 territorios que clasifica el Banco Mundial.
El principio más relevante de este acuerdo de protección y promoción
recíproca de inversiones es, por una parte, el trato justo, equitativo y
no discriminatorio, tratamiento de nación más favorecida, pago de
indemnizaciones por expropiación, transferencias sin obstáculos de renta
y demás pagos relacionados con la inversión, recurso al arbitraje
internacional en la solución de controversia, etcétera.
De cualquier forma, creemos que la motivación fundamental que lleva al
Gobierno a suscribir este acuerdo no es otra que la de apoyar las
iniciativas empresariales españolas de apertura al exterior, evitando
riesgos no comerciales de las empresas que optan por su
internacionalización vía inversiones.
Como decía al principio, es un acuerdo similar, por no decir idéntico, a
otros APPRI firmados recientemente por España, como por ejemplo Argelia,
con Nicaragua, con Venezuela, con Pakistán, con Turquía, Perú, Bulgaria,
Ecuador, etcétera.
El convenio sigue la metodología y el formato de la OCDE y, por tanto,
pocas especificidades habría que añadir.
Señor Presidente, como decía al principio, el Grupo Socialista,
consciente de que este acuerdo da garantías jurídicas
a las inversiones españolas en ese país y a los pagos derivados de estas
inversiones y, por otra parte, favorece los intercambios y, en última
instancia, el desarrollo económico de Indonesia, va a dar su voto
favorable a la autorización del mismo.
Es todo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: La importancia de este acuerdo con la República
de Indonesia ya ha sido matizada por el portavoz del Grupo Socialista y
yo quiero recalcarla, puesto que Indonesia es ahora mismo el Estado más
importante de toda Asia sudoriental, teniendo en su isla de Java la mayor
densidad de población de todo el mundo. Este país tiene en la actualidad
una influencia económica fuera de toda duda, no sólo por sus recursos
naturales por explotar, sino por el atractivo hacia las inversiones
extranjeras. Este atractivo hacia las inversiones extranjeras --no
olvidemos que un grupo hotelero español tiene dos grandes hoteles en una
de sus islas-- hace que garanticemos, desde los acuerdos, nuestras
inversiones en estos países, y en especial en la República de Indonesia.
El acuerdo, como su nombre indica, establece las garantías que aseguran
un tratamiento no discriminatorio de las inversiones recíprocas de ambos
países, tanto respecto a terceros países como respecto a la libre
repatriación de los rendimientos de la inversión. También se establecen
cláusulas especiales en cuanto a la posibilidad de nacionalizaciones y a
indemnizaciones en tales casos, así como las pérdidas ocasionadas por
guerras y otros conflictos.
Como ha indicado el portavoz del Grupo Socialista, este convenio sigue la
metodología de los convenios de los países de la OCDE, con la pretensión
de limitar el riesgo político al que se ve sometida una inversión por la
prohibición de repatriar los beneficios de una inversión previa frente a
un cambio en la política exterior.
Dentro de este contexto de metodología de todos los países de la OCDE,
los artículos que cabe destacar como más importantes de este acuerdo son
el 5, 6 y 7. El artículo 5 trata de las compensaciones de pérdidas
derivadas de situaciones excepcionales, como conflictos armados,
revueltas, motines, etcétera; el artículo 6 trata de la posibilidad de
nacionalizaciones y expropiaciones en función del interés general y
mediante indemnización; y el séptimo garantiza la transferencia de rentas
de la inversión de moneda convertible.
Por esa razón y por la importancia de las inversiones de nuestro país, en
claro ascenso en esta República de Indonesia, manifestamos nuestro voto
afirmativo al acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Este acuerdo de promoción y protección recíproca
de inversiones entre España y la República de Indonesia, como se ha
dicho, es uno más de los que nuestro país tiene firmados con múltiples
países y que intentan proteger esas inversiones, de la misma manera que
el próximo convenio que vamos a discutir trata de evitar la doble
imposición y el fraude fiscal. Pero en este convenio concurren algunas
circunstancias que lo hacen especial. Yo recordaría a SS. SS., si me lo
permiten, que la semana pasada se cumplieron 20 años de la invasión de
Indonesia a Timor oriental. Nuestro país no tiene lazos históricos con
aquella zona, por lo que podríamos mirar hacia otro lado y tener en
cuenta únicamente los intereses comerciales de nuestras empresas, pero
estaríamos haciendo un flaco favor a la necesaria talla moral que nuestro
país debe tener en la comunidad internacional.
El asunto de Timor este y sus relaciones con Indonesia, y en concreto su
invasión y su ocupación militar, ha sido causa de múltiples actividades
por parte de Naciones Unidas, tanto del Consejo de Seguridad como de la
Asamblea General. Aprovecho para agradecer a los Servicios de la Cámara
en concreto al letrado de la Comisión, la remisión --que supongo que
habrá hecho también a los demás grupos-- de un «dossier» sobre las
múltiples iniciativas que se han tomado en esta dos instituciones de
Naciones Unidas, así como de su Secretario General. En el vigésimo
aniversario de la invasión y ocupación militar de Timor oriental por
parte de Indonesia, con el mantenimiento de violaciones masivas de
derechos humanos, como reconocen estos informes de Naciones Unidas a los
que he hecho referencia, informes de Amnistía Internacional e informes
del Secretario General, nos parece absolutamente improcedente en este
momento aprobar este convenio.
Nosotros propondríamos a la Comisión, teniendo en cuenta la dualidad de
intereses que se mezclan --por una parte, la protección de intereses
españoles y, por otra, la exigencia política de ser coherentes con una
determinada línea de actuación en la comunidad internacional--,
propondría a la Comisión que este acuerdo y el siguiente que vamos a
discutir se pospusieran y, al menos, con ese gesto diéramos a entender
nuestra disconformidad con esa situación de invasión, de ocupación
militar y de violación masiva de derechos humanos en Timor oriental por
parte de Indonesia. Si no se produce la suspensión temporal de este
acuerdo para evitar esa flagrante coincidencia entre el aniversario de la
invasión y la firma por parte del Gobierno de España de este acuerdo, mi
Grupo votaría en contra del mismo. Todo ello teniendo en cuenta, como
decía al principio, que es uno más de los acuerdos que habitualmente
apoyamos por lo que significan de estímulo a las relaciones económicas de
empresas españolas con otros países.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Como se ha dicho por anteriores
intervinientes, estamos ante un convenio tipo. A menudo votamos
favorablemente en esta Comisión y en el Pleno de la Cámara convenios con
países, por decirlo de alguna forma, en vías de desarrollo. Se trata de
convenios cuyo objetivo no es otro que el de favorecer, a través de una
serie de medidas adicionales de garantía, las inversiones en ambos
sentidos, inversiones que generalmente,
en la práctica, van en un sentido; es decir, inversiones de empresarios
españoles en estos países. Por tanto, nuestro planteamiento de voto es
exactamente el mismo que suele ser en estos convenios, es decir, votar
favorablemente.
Oída la intervención del señor Narcís Vázquez, en cuyo planteamiento de
fondo coincidimos (creo que cuando hemos tenido ocasión de hacerlo, todos
los grupos de la Cámara hemos condenado la actitud y la actividad de
Indonesia en la antigua colonia portuguesa de Timor), pienso que de no
votar favorablemente este convenio el perjuicio que se ocasionaría no
sería especialmente a Indonesia, sino que sería a intereses de ciudadanos
del Estado español en esa colonia.
Por tanto, si la Comisión mayoritariamente piensa que hay que posponer la
votación de este convenio, nosotros no nos opondríamos a ello, nos
sumaríamos a esa petición, pero, de no ser así, yo recomendaría al señor
Vázquez (de entrada le digo que contaría con nuestro voto favorable), que
presentara algún tipo de iniciativa parlamentaria de condena de la acción
de Indonesia en esa antigua colonia portuguesa. Creo que sería una acción
contundente por parte de la Comisión que, de entrada, en ningún caso
perjudicaría los intereses que estamos intentando salvaguardar con la
aprobación de este convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Es indudable, que, hoy en día, en el escenario
de la economía mundial interrelacionada, el sudeste asiático se ha
transformado en el principal polo de atracción de capitales y de
empresas, sobre todo por su especialidad en el sector de servicio de
bienes de equipo de alta electrónica y tecnología, aunque sea con
patentes japonesas; la mano de obra tan barata de que disponen está
haciendo este fenómeno muy evidente.
Coincido plenamente con lo que han dicho otros portavoces, y este acuerdo
lo vamos a votar favorablemente en razón única y exclusiva de la
atracción de estas inversiones por parte de empresas y empresarios
españoles y de que éstos necesitan una protección de sus inversiones
allí. España ha sido uno de los países en punta de lanza de penetración
en el mercado indonesio; no olvidemos que, a nivel oficial, España firmó
el primer convenio más importante de cooperación aeronáutica entre
Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima --la empresa CASA--, y la
empresa Nurtanio, para la construcción, bajo patente española, del
caza-Nurtanio, avión que precisamente la Administración española se
encargó de colocárselo a la empresa Binter --Binter España, Binter
Canarias-- no solamente transporte militar --era un diseño de prototipo
militar-- sino para transporte civil. Pero lo que sí es cierto es que ahí
está este fenómeno y es imprescindible que se tenga en cuenta esta
tecnología que genera el acuerdo Construcciones Aeronáuticas de España,
CASA, con la empresa Nurtanio, empresa oficial, porque ahí todo es
oficial ya que se trata de un régimen militar, de una dictadura y todo el
Derecho está hecho al amparo de las bayonetas. Por tanto, es necesario
que ante la tremenda corrupción que existe en ese país por su sistema
político, los empresarios españoles cuenten al menos con que Indonesia se
vea obligada a mantener un respeto a los acuerdos bilaterales
internacionales hechos dentro de acuerdos marcos de inspiración en los
organismos comerciales y económicos internacionales.
Por estas razones exclusivamente y en aras de darle una solución de
protección jurídica de rango internacional a los empresarios e
inversiones españolas y teniendo en cuenta el fenómeno que he señalado de
la construcción del avión caza-Nurtanio con la tecnología española, que
es una cabeza de puente positiva, nosotros vamos a votar favorablemente
este convenio.
El señor PRESIDENTE: Los grupos que han intervenido antes que el señor
Vázquez, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, no han tenido ocasión de
pronunciarse sobre la petición que hacía el señor Vázquez. No sé si lo
desean o no o simplemente pasamos ya a la votación. (Pausa.) El señor
Puig tiene la palabra.
El señor PUIG I OLIVE: Puesto que no ha habido posibilidad de
pronunciarnos sobre la propuesta del señor Vázquez, vamos a decir que,
considerando sus argumentos, entendemos como ha dicho el portavoz de
Convergència i Unió, que no procede votar en contra ni posponer este
convenio. En cualquier caso, podríamos aceptar la presentación de otra
iniciativa de tipo más político, pero no en este caso que perjudicaría a
intereses españoles. (El señor Vázquez Romero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Contestando a la sugerencia que hacía el señor
Recoder le diré que en la reunión de la Mesa --y no recuerdo bien si con
asistencia de los portavoces--, en la que se estableció el orden del día
de esta sesión de la Comisión, hice la propuesta de retirar la firma de
este convenio, de posponerla, como decía en mi intervención anterior, y
para evitar que fuera yo personalmente quien hiciera ese comunicado que
pudiera estar más cargado de subjetividad y, por tanto, confiando en la
mayor objetividad de la Presidencia de la Comisión, sugerí que se
redactara un comunicado que atendiera a esa situación que todos decimos
compartir, que es la condena de esas violaciones continuadas desde hace
veinte años por parte de Indonesia sobre su propia población, pero, en
concreto, sobre la población de Timor Este, en la que se cumplen, como
decía al principio, veinte años de su ocupación militar.
Desconozco si la Presidencia ha redactado algún tipo de comunicado. En
caso contrario, y si hay acuerdo de los grupos, yo me presto a hacerlo, o
dejo la iniciativa a cualquiera de los demás miembros de la Comisión a
que redacte un comunicado con todas las consideraciones políticas que se
quieran hacer constar en el mismo para que al final de la Comisión pueda
ser votado. Esa sería la iniciativa política posible en el tiempo
legislativo en el que nos encontramos.
Cualquier otra, saben perfectamente SS. SS. que sería absolutamente
inválida. (El señor Rupérez Rubio.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez, por el Grupo
Popular.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, tenemos un orden del día
delante de nosotros que ha sido sometido a la consideración de la
Comisión por la Mesa y que nosotros hemos aceptado sin ningún tipo de
duda primero, esperamos votar sobre todos y cada uno de los puntos del
orden del día que necesitan votación y, segundo, consideraríamos, iba a
decir irregular, en cualquier caso, anormal que se procediera a un
procedimiento como el que indica el señor Vázquez. Si el señor Vázquez o
cualquier otro Grupo Parlamentario quieren someter a la consideración de
la Comisión una manifestación de voluntad de la Comisión de esta Cámara
sobre cualquier tema, lo consideraremos en sus propios méritos, lo
debatiremos y tomaremos las decisiones correspondientes, pero no nos
parece que sea no ya oportuno, que sería otra cuestión a examinar, sino
pura y simplemente acorde con las normas reglamentarias de la Cámara el
que en este momento entráramos a producir comunicados prácticamente
huérfanos y que respondieran a situaciones complejas.
De manera que si el señor Vázquez, o el Grupo de Izquierda Unida, quiere
manifestarse sobre el tema de Timor o cualquier otro, lo consideraremos
de acuerdo con las normas reglamentarias de la Cámara: una proposición no
de ley, una moción, una interpelación o lo que sea. No estamos en
situación de considerar ningún otro tipo de posibilidad al respecto.
El señor PRESIDENTE: Creo que la situación es clara. Evidentemente,
cabría hacer una declaración institucional, como decía el señor Vázquez,
pero entiendo que una iniciativa de esas características requiere la
unanimidad de todos. Por consiguiente, no existiendo esta unanimidad, no
creo que pueda arrogarme como Presidente la facultad de presentarla por
mi propia cuenta.
Por consiguiente, señorías. Sometemos a votación este punto del orden del
día. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada con un voto en contra.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, Y PROTOCOLO, HECHO EN
YAKARTA EL 30 DE MAYO DE 1995. (Número de expediente 110/000200.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6: Convenio entre el Reino
de España y la República de Indonesia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio, y Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: Este es un convenio entre España e Indonesia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y Patrimonio, que se circunscribe como un
convenio similar a muchísimos otros, en este caso particular incluso con
el siguiente de la República de Méjico, en el que intervendrá el profesor
Milián, pero como estamos hablando del tema de Indonesia y el señor
Vázquez ha mencionado --creo que con mucha razón-- anteriormente las
necesidades de que la Cámara se manifieste, yo quería tranquilizarle,
pues en las cuatro «Cimeiras» que hemos mantenido con la Asamblea
Nacional Portuguesa --y este Diputado asistió a las cuatro--, dos en
España y dos en Portugal, y siempre con miembros del partido del señor
Vázquez, porque es uno de los grandes temas que Portugal tiene como
primordial, hemos hecho comunicados conjuntos de la Asamblea Nacional
portuguesa y de la Cámara de los Diputados española, siempre sobre el
tema de Indonesia, con condenas muy contundentes, y con las cuales estoy
seguro que el señor Vázquez (y se lo puedo preguntar a sus compañeros de
partido que han asistido a dichas «Cimeiras») se tranquilizaría pensando
en la rotundidad y en la verdadera contundencia con que hemos condenado a
Indonesia por estas violaciones flagrantes de los derechos humanos en la
antigua colonia de Timor.
Dicho esto, y como además, repito, el profesor Milián va a explicar lo
mismo respecto a la República de Méjico, nuestro grupo va a votar
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Este Convenio entre España e Indonesia, que hoy se
somete a la autorización de las Cortes Generales, para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio viene ya de muy atrás. Efectivamente, el
Consejo de Ministros, en fecha 4 de diciembre de 1992, autorizó
inicialmente la suscripción del mismo, siendo en aquellos momentos
previsible que se llevara a cabo la firma a lo largo de 1993. Sin
embargo, por diversas razones, aplazamiento y suspensión posterior de
viajes de autoridades españolas a Indonesia y viceversa, el acto de firma
se ha venido retrasando, hasta que el pasado mes de mayo el ministro
Gómez-Navarro lo firmó en Yakarta junto al convenio que hemos aprobado en
el punto anterior, es decir, el de promoción y protección recíproca de
inversiones. Esto ha requerido una nueva aprobación por el Consejo de
Ministros de fecha 8 de septiembre de 1995, y
definitivamente el convenio viene hoy a la autorización por la Cámara.
Ciertamente, igual que en el anterior, yo me voy a centrar en los
aspectos técnicos del convenio, compartiendo con otros grupos, tal y como
ya se ha manifestado en el anterior punto del orden del día, nuestra
condena sobre actitud de la República de Indonesia respecto a Timor.
Volviendo al Convenio, debo señalar que tiene por objeto fundamentalmente
impedir la discriminación entre los contribuyentes, ofrecer un elemento
de seguridad jurídica y fiscal a los inversores de España en Indonesia y
posibles inversores de aquella República en nuestro país, así como
facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales; es decir, dar
garantía jurídica y fiscal a las empresas españolas situadas con negocios
en aquella República.
El convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados
contratantes, y quedan comprendidos tanto Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas, como el Impuesto sobre Sociedades y también el Impuesto
sobre el Patrimonio y los homólogos de la República de Indonesia de
nombres complejos, que no voy a citar aquí.
El convenio establece de forma muy exhaustiva reglas en relación al
sometimiento de imposición de una muy amplia serie de rentas de las
inmobiliarias, beneficios empresariales, dividendos, intereses, cánones,
ganancias de capital, pensiones, remuneraciones de artistas, de
deportistas, de investigadores, becas de estudiantes y un muy amplio
etcétera, así como en relación al Impuesto sobre el Patrimonio.
El convenio recoge procedimientos para evitar la doble imposición y
también el principio de no discriminación, conforme al cual no se pueden
someter a los nacionales de un Estado a impuestos en el otro Estado que
sean más gravosos o no se exijan a los nacionales de éste.
Debo decir que, salvo ligeras excepciones, los términos concretos de este
convenio son muy similares a los que España tiene suscritos con otros
muchos países en los que existe presencia de inversores o de empresas
nacionales y además con idénticos objetivos, es decir, evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal.
Por todo ello, señor Presidente, puesto que el convenio permite ofrecer
elementos de seguridad jurídica y fiscal y facilita la presencia de las
empresas españolas en la República de Indonesia, el Grupo Socialista,
atendiendo a esta exclusiva finalidad, va a dar su voto favorable para la
autorización preceptiva del mismo por parte de las Cortes Generales.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Doy por reproducidas mis palabras en la
discusión del Convenio anterior, y únicamente añadiría alguna cosa, un
poco en respuesta a lo que decía el señor Durán. Efectivamente, en el mes
de mayo de este año asistí a una reunión en el Parlamento portugués, en
la que había miembros de los diferentes grupos parlamentarios de esta
Cámara, con participación en dicha reunión no sólo de Portugal y España,
sino de muchísimos otros países, incluidos Japón, Australia, Nueva
Zelanda, etcétera, en la que se condenó la posición de Indonesia respecto
a Timor, lo que nos induce a pensar que en los terrenos de expresión
retórica somos muy capaces de condenar lo que haga falta, pero cuando
después a esa condena hay que darle algún contenido más operativo,
cambian nuestras posiciones. Sé que en los diferentes «Cimeiras» a los
que se refería, se han condenado las actuaciones de Indonesia sobre
Timor, repito, de ocupación militar, de violación masiva de derechos
humanos, etcétera. Yo creo que la modestísima y prudentísima petición que
les hacía en la discusión anterior no de no votar estos acuerdos o estos
convenios, sino simplemente de posponerlos para evitar la flagrante
coincidencia entre el apoyo a los mismos y el XX aniversario de la
ocupación militar de este territorio, me parece que más moderada no puede
ser, ni siquiera ésa es atendida. Probablemente, cuando dentro de un
tiempo aparezcan peticiones de apoyo a la candidatura para Premio Nobel
de la Paz de Belo, Obispo de Dili, seguramente todos los grupos de esta
Cámara firmarán el apoyo al Obispo Belo como candidato al Premio Nobel de
la Paz, y cuando en la nueva «Cimeira» volvamos a condenar aquello,
volveremos a condenarlo, pero cuando haya que implicarse un poco más,
seremos incapaces de hacerlo. La reflexión que yo hago, y coincido con
algunas de las que se han hecho si no en ésta en otras ocasiones sí en
esta Cámara, sobre la necesidad de que nuestro país alcance y mantenga la
necesaria talla moral en la comunidad internacional, declaraciones de
este estilo que yo comparto, se concretan con acciones moderadas como
esta que le sugería y que obviamente no ha sido aceptada.
Por tanto, mi posición en este convenio, que es uno más de los que España
tiene firmados con otros muchos países, podría ser de apoyo al mismo si
no concurrieran esas circunstancias, pero en las circunstancias actuales
mi grupo no va a poder dar su apoyo y vamos a mantener la misma postura
en la votación que en el convenio anterior.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba el convenio con un voto en contra.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEJICANOS, FIRMADO «AD
REFERENDUM» EN MEXICO EL 23 DE JUNIO DE 1995. (Número de expediente
110/000201.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 7 del orden del día: Acuerdo para la
promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mejicanos,
firmado «ad referendum» en México, el 23 de junio de 1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Estamos ante otro acuerdo para la promoción y
protección recíproca de inversiones, en este caso entre el Reino de
España y los Estados Unidos Mejicanos.
El Grupo Socialista va a dar su voto favorable, como lo viene haciendo en
este tipo de convenios. Debo recordar, aunque sea por introducir algún
elemento de novedad respecto a lo dicho en el punto anterior, que son
producto de una resolución que aprobó la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda del Congreso, el pasado 29 de junio de 1994. A raíz de los
debates suscitados por la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT, la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda instaba al Gobierno a suscribir
una serie de acuerdos para la promoción y protección recíproca de
inversiones con la mayor parte de países del mundo. En este contexto se
inscribe el convenio que venimos a aprobar hoy, especialmente importante
para España por las estrechas y frecuentes relaciones de carácter
comercial que existen entre ambos países.
¿El objetivo? Como tantos otros, se pretenden incrementar más todavía las
relaciones financieras, favorecer los intercambios y crear condiciones
favorables para las inversiones de cada una de las partes contratantes en
la otra. No estamos aquí, como en el caso de Indonesia, en un país
atrasado, sino en un país en transición y muy lejos de ocupar los
primeros lugares en el ranking mundial del producto nacional bruto per
capita. Méjico tiene una importante población próxima a los 90 millones
de habitantes, un producto nacional bruto per capita de 3.470 dólares, es
decir, cinco o seis veces inferior al producto nacional bruto per capita
español. Este convenio puede ser un elemento más de ayuda en el proceso
de desarrollo económico por el que puede atravesar el país y podrá
conseguir un trato no discriminatorio para nuestros inversores en aquel
país y para los inversores en España. Se concede el tratamiento de nación
más favorecida a ambos países; se contempla el pago de indemnizaciones
por expropiación y el recurso al arbitraje internacional para la solución
de controversias, etcétera. En suma, como en tantos otros convenios, se
trata de apoyar iniciativas empresariales de apertura al exterior,
evitando todo tipo de riesgos para las empresas que optan por esta vía de
internacionalización.
Debo concluir, señor Presidente, diciendo que el Grupo Socialista está
convencido de que con este convenio vamos a dar garantía jurídica a los
inversores españoles en Méjico, vamos a dar garantía jurídica a los pagos
derivados de estas inversiones, vamos a fomentar un incremento en los
intercambios y, de alguna forma, coadyuvar al desarrollo económico de
aquel país. Todas estas razones son más que suficientes para que nuestro
grupo dé su voto favorable a la autorización de dicho convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Milián, que hoy ejerce de profesor.
El señor MILIAN MESTRE: Agradeciendo el buen humor de esta Cámara, tengo
que aclarar que no soy profesor de nada, salvo en Méjico que soy profesor
de la universidad, pero no aquí. Como se trata de Méjico, me siento
congratulado especialmente con la cuestión y con lo que acaba de decir el
colega socialista.
En este sentido, los datos que pueden circunstanciar un acuerdo de
protección recíproca de inversiones entre España y Méjico son muy
alentadores y de gran expectativa de futuro. Su señoría ha hablado de una
población próxima a los 90 millones de habitantes, y ciertamente tiene 92
millones, pero lo más importante es el crecimiento vegetativo de la
población, del orden del siete por ciento anual, lo cual quiere decir que
se está disparando y que hay un enorme mercado potencial si existen
también una serie de inversiones foráneas que ayuden a mejorar el
standing de la población en los niveles de vida y la capacidad de
consumo. En este sentido, hay un hecho solidario por razones históricas y
de fraternidad entre los dos países que ayudan a que tratados de esa
índole puedan potenciar no sólo los intereses estrictamente económicos,
sino también los factores sociales que pueden mejorar enormemente un país
con un potencial que algunos tratadistas internacionales de la economía
lo cifran en el primer lugar del mundo; ilustres profesores
norteamericanos dicen que Méjico y Brasil son los dos países punteros en
orden al crecimiento económico en el inmediato futuro.
Dicho esto, quisiera hacer una pequeña consideración, porque, ya he
dicho, hay razones muy particulares de interés mutuo entre nuestros dos
países, para acuñar un acuerdo de protección de inversiones en este
sentido, pero, sobre todo, porque existe una situación muy peculiar en el
Méjico de este momento, con enormes esfuerzos por estabilizar su
economía, donde la moneda ha sido devaluada en un año de forma alarmante
(el cien por cien) y en los últimos meses ha vuelto a ser devaluada, de
facto, no de iure, un 50 por cien más. Eso quiere decir que existe una
crisis importante y lo que necesita Méjico son apoyos inversionistas que
ayuden a desarrollar las enormes potencialidades de la demografía de
aquel país, que constituye uno de los elementos pilares de la cultura
hispánica en el mundo.
En consecuencia, apoyar la penetración de empresas españolas, no sólo en
Méjico, sino en el área de América del Norte a través del tratado de
Libre Comercio, el famoso TLC, es una de las razones estratégicas más
importantes que puede plantearse seriamente el empresariado español y,
por supuesto, una de las labores más interesantes, desde el punto de
vista de alta estrategia económica del Gobierno español. No sólo razones
de fraternidad cultural, sino razones de alta estrategia económica,
invitan a las empresas españolas a ubicarse en una zona donde tienen la
puerta hacia el Pacífico, que es la futura gran expansión económica del
mundo y, sobre todo, porque tienen ipso facto la entrada al mercado de
libre comercio del norte, donde existe una de las mayores potencialidades
de consumo, cual son norteamericanos y canadienses.
Creo sinceramente que son muchos los empresarios españoles que en estos
momentos están tanteando esas posibilidades o ejerciendo ya esa realidad.
Cualquier información somera que pueda facilitar, por ejemplo, la
embajada española en Méjico aclarará que son muchos los intereses
estratégicos ya ubicados y que necesitan una protección de garantía como
es este tratado.
No voy a pormenorizar los elementos internos del tratado, puesto que, por
razones de los convenios de la OCDE, son paralelos a los que
anteriormente se han aludido, pero sí quiero subrayar que la altísima
aproximación de nuestras dos economías protege y conviene especialmente
esta vía de interacción en dos direcciones, puesto que a la inversa
España está gozando también de enormes inversiones mejicanas que están
penetrando en nuestro mercado interior, en buena parte porque son en
origen de españoles radicados en aquella tierra, y porque son intereses
muy estratégicos desde el punto de vista de penetración hacia Europa que
puedan tener los empresarios mejicanos. Concretamente hay tres sectores
donde se manifiesta de forma rotunda: el sector bancario, con
participaciones de muchos recursos en España por parte de financieros
mejicanos; el cementero, donde Méjico controla en este momento más del 27
por ciento del mercado español de cementos, y el petróleos y energía. Es
decir, vemos que existe ya interacción de una riqueza impresionante entre
ambas economías, y lo que tenemos que hacer es tutelar todo eso en
beneficio de la garantía de inversión mutua y de los empresarios que se
arriesgan a estas importantes inversiones, que en algunos casos son de
miles de millones de pesetas, y lo que van a hacer es mejorar, en
definitiva, la condición objetiva de una población muy pobre por el
crecimiento demográfico tan espectacular, pero que potencia de cara al
siglo XXI uno de los polos de crecimiento económico más poderoso del
globo. En este sentido, es bueno el tratado, es muy bueno que se plantee
en este momento y creo que va a ayudar a mejorar una condición interna de
orden político e institucional que tiene sus quebrantos y sus problemas
justamente por ese déficit económico de la actividad mejicana.
Nuestro grupo se siente muy halagado con este acuerdo y creemos
sinceramente que esta Cámara va a dar apoyo y cobertura a una acción
económica de alto interés social.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Como hemos manifestado anteriormente, con
motivo de la discusión y votación de un acuerdo similar a éste,
relacionado con la República de Indonesia, nuestro grupo va a votar
favorablemente la aprobación de este Convenio entre España y los Estados
Unidos de Méjico. Lo vamos a hacer muy especialmente --lo solemos hacer
en todo este tipo de convenios-- porque aquí nos encontramos ante un
Estado cuyas relaciones económicas con España son fluidas, y en este caso
en ambos sentidos.
Por tanto, nos parece importante garantizar esas inversiones a través de
la aprobación de un convenio de este tipo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones
tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: En nombre de Coalición Canaria voy a dar un
voto favorable muy significativo a este acuerdo.
Indudablemente el mercado mejicano tradicionalmente ha sido de productos
manufacturados españoles; pero en este momento y desde hace unos años nos
encontramos con una fuerte dinámica y una penetración empresarial de
capital mejicano, de empresarios mejicanos, pocos pero muy potentes
financieramente (algunos se han señalado ya aquí por el portavoz del
Grupo Popular) como el mercado cementero, las telecomunicaciones y
fundamentalmente en la televisión, canales internacionales de habla
hispana que se controlan precisamente desde Méjico; recíprocamente
algunos bancos españoles, con una fuerte vocación de presencia en el
mercado de capitales y de empresas de América central y de Sudamérica
vienen operando, concretamente, en Méjico.
Hemos llegado a una situación en que la seguridad jurídica que está
ofreciendo España sin este acuerdo a las inversiones mejicanas tiene unas
sombras de inseguridad jurídica en Méjico; por tanto, el empresario
español, las empresas españolas que puedan ir a invertir allí, en
establecimientos industriales, con fórmulas empresariales mixtas o
simplemente españolas, necesita una clara protección, y más en unos
momentos interesantes cuando Méjico forma parte de ese acuerdo trilateral
del Tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Por un lado, nos encontramos con un refuerzo del mercado mejicano, que
tiene que verse ya disciplinado por la tremenda presión financiera
norteamericana; recordemos el famoso «efecto tequila», cuando Estados
Unidos tuvieron que hacer una intervención muy fuerte en defensa del peso
mejicano y de su moneda para evitar un desequilibrio del mercado.
Por tanto, la presencia empresarial española en Méjico tiene el beneficio
de que actúa dentro del escenario puramente de la economía y de la
empresa mejicana, pero al mismo tiempo está actuando dentro de un
escenario jurídico más amplio que abarca empresas y actividades
mercantiles en los Estados Unidos y en Canadá.
Este acuerdo tiene una peculiaridad muy específica que quiero resaltar, y
lo quiero hacer significativa y positivamente en reconocimiento a las
cautelas que han puesto las autoridades diplomáticas españolas al cerrar
el texto y el léxico que se emplea en este acuerdo, que es dar al
empresario español una cobertura de blindaje ante los avatares con que
muchas veces gobiernos de estas repúblicas de Centroamérica y
sudamericanas sorprenden al inversor, que se puede despertar por la
mañana nacionalizado o expropiado.
Este acuerdo es verdaderamente modélico, y lo quiero resaltar aquí --lo
vamos a apoyar también por esta razón--,
cuando en su artículo 5.º habla de nacionalización y expropiación, y muy
acertadamente traslada y hace sinónimos las palabras «nacionalización» y
«expropiación», que no lo son, pero en el punto primero del artículo 5.º
se dice: «en lo sucesivo hablaremos de expropiación». Esto se hace con un
matiz muy importante, porque la acción por parte de uno de estos
gobiernos que dé lugar a expropiación, lleva implícita la obligación en
derecho contractual del pago de la indemnización al inversor; pero no
solamente a éste, sino a sus causahabientes o al sucesor legal. Son
muchos los gobiernos de estas repúblicas --ahí está el caso de Venezuela,
y nos hemos curado en salud con estos artículos-- que han expropiado y a
veces han planteado solamente una indemnización al empresario que estaba
en aquel momento, sin reconocimientos contractuales a los
causahabitantes, tema muy importante por la emigración española en estos
países, y a los sucesores legales que no se han reconocido.
Es importante destacar también el artículo 10 en las controversias con
las partes contratantes. A veces la falta de instituciones jurídicas de
protección han llevado a situaciones que han desalentado al empresario
para ir precisamente a estos países.
También quiero destacar algo muy importante: el arbitraje. Este acuerdo
acompaña una pieza jurídica de especial significación, que es su
apéndice. El apéndice que trae este acuerdo es modélico, porque va a
vincular a las autoridades mejicanas. Vamos a llamar aquí a las cosas por
su nombre, porque cualquiera de las partes puede entrar en la denuncia
del convenio, pero donde se han dado estos casos de nacionalización y
expropiación en países de este tipo y precisamente en la solución de
controversias en esa resolución se vincula para que pueda actuar el
Centro internacional de arreglos y diferencias relativas a inversiones.
¿Por qué? Porque el apéndice de este acuerdo obliga a Méjico a tener que
entenderse con su socio norteamericano, ya que van a ser los Estados
Unidos, los acuerdos mejicanos-estadounidenses, no dejarán que Méjico
pueda infringir un acuerdo bilateral. Este acuerdo lo lleva a cumplir,
para la parte española, pues la Convención de Nueva York lo dice bien
claro, y significa la Convención de Naciones Unidas sobre reconocimiento
y ejercicio de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva
York, en 1958 que lo lleva al CIADI, al Centro internacional de arreglos
y diferencias relativas a inversiones y a las reglas de arbitraje, para
que quede bien claro cómo se tienen que resolver estos conflictos de
controversias, en el organismo denominado Uncitral; es decir, el
arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho
mercantil internacional, que fue aprobado en la Asamblea General de ONU
en diciembre de 1976.
Creo, señor Presidente, que con este documento, sobre todo en la parte de
su apéndice, se ha alcanzado, en la solución de las controversias, una
protección jurídica de primera categoría que nos hace ir con mucha
tranquilidad, en beneficio de las inversiones de nuestros empresarios en
Méjico, a dar nuestro apoyo a este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO NUMERO CINCO, RELATIVO A LA INTEGRACION DE
LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL APOYO EN
SERVICIO DEL MRCA (NAMMA) Y LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA
PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EFA (NEFMA) EN LA AGENCIA OTAN DE GESTION
DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EF2000 Y DEL TORNADO
(NETMA). (Número de expediente 110/000202.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 8 del orden del día:
Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la integración de la
Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en
servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión
de desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado
(NETMA).
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Existen razones suficientes para apoyar este
memorándum, tal como se desprende de la documentación que Gobierno y
Consejo de Estado han remitido a la Cámara, junto con el propio texto del
memorándum. La primera de estas razones es el hecho de que nuestro país,
España, va a quedar exento de cualquier responsabilidad jurídica
procedente del programa Tornado, en el que no participamos, al mantener
las dos organizaciones que dan origen a la nueva agencia personalidades
jurídicas separadas.
En segundo término, y no menos importante, porque la creación de esta
agencia no va a suponer ningún coste económico adicional para nuestro
país. Por un lado, la representación de personal español en la nueva
agencia se mantendrá en igual número y categoría que el presente en la
NEFMA. Por otro, tampoco supondrá un incremento en la participación
española en el presupuesto de la agencia. Es más, la adhesión de España a
este memorándum debería suponer para nuestro país algunos ahorros como,
por ejemplo, el que se generará por la autorización del Centro de proceso
de datos que posee el programa Tornado, evitando la inversión para una
nueva instalación específica para el EF2000. España se podrá beneficiar,
además, de la experiencia práctica y de gestión conseguida por sus otros
tres socios en el programa Tornado en el que no participamos.
El mecanismo de reequilibrio presupuestario diseñado para que nuestro
país vaya asumiendo mayores costes en función de que la Agencia vaya
dedicando más trabajo al programa EF2000 y menos al programa Tornado
parece justo siempre que se sepan acompasar los pesos relativos de los
programas a la participación financiera.
Finalmente, señorías, este memorándum no sólo supone los beneficios ya
descritos para España, sino que con nuestra integración hacemos posible
que nuestros tres socios y aliados en el EF2000 puedan realizar ahorros
aún más significativos por la reducción del personal y costes de gestión
que supone la fusión de las dos agencias; sin duda, esto mejorará también
nuestra posición como un socio valioso y cooperador.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Moya.
El señor MOYA MILANES: Brevemente, señor Presidente.
Como ha dicho el representante del Grupo Popular, el memorándum tiene por
objeto determinar las disposiciones que van a regir la integración en una
única agencia de las agencias de gestión de la OTAN (NAMMA), encargada
del avión Tornado; y NEFMA, encargada del avión EF2000, así como el
funcionamiento de la nueva.
Dicho memorándum de entendimiento se enmarca en el hecho de la
participación de España con Alemania, Italia y el Reino Unido, en el
programa del avión EF2000 --el antiguo EFA-- para el desarrollo,
producción y apoyo en servicio de un avión de combate.
Con este memorándum se pretende mantener y reforzar la gestión de los
programas Tornado y EF2000 mediante la máxima armonización entre los
organismos que gestionan respectivamente tales programas y buscando el
más eficaz uso posible de los recursos.
De las ventajas de tipo jurídico y económico que para España supone la
adhesión, la firma, el apoyo a este memorándum ya ha hecho mención el
representante del Grupo Popular. No tengo más que añadir; solamente que
votaremos favorablemente dicho memorándum.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Tal como se ha dicho, se trata de la
integración de la Agencia del MRCA y la Agencia del EFA en la Agencia
OTAN de Gestión del desarrollo de la producción y de la logística del
EF2000 y del Tornado, que nosotros creemos va a favorecer un mejor
entendimiento.
En el mismo se detalla el objeto, así como los objetivos de los que por
nuestra parte y por la mía, remarcaría dos, que son mantener y reforzar
la gestión de los programas Tornado y EF2000 con la máxima armonización y
el uso más eficaz posible de recursos. Se detalla también la organización
de gestión en base a un comité director conjunto, dos juntas directivas y
una agencia de decisión integrada y que las juntas directivas serán
responsables de la dirección y control global de los programas. Siguiendo
un poco con el propio estudio de lo que estamos tratando en estos
momentos, se menciona que la ubicación de la agencia será en Alemania y
que la asignación de puestos entre los participantes reflejará su
participación en los programas ya mencionados Tornado y EF2000.
Finalmente se hace referencia a la elaboración de un plan de gestión,
acuerdos de financiación, implantación, auditoría y consulta. En caso de
conflicto, que yo remarcaría, se resolverá mediante consulta entre los
participantes y no se someterán a un tribunal o tercera parte
internacional para su resolución.
Nada más por nuestra parte. Queremos dejar constancia de nuestro voto
favorable a este memorándum de entendimiento.
El señor PRESIDENTE: ¿Ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Señor Mardones, tiene la palabra por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, nosotros vamos a votar este
memorándum en razón de una lógica teórica y técnica de los hechos, que
como afecta a cuatro naciones, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda
del Norte, la República Federal de Alemania, la República Italiana y
ahora ya, cuando se haga, España, estamos comprometidos en el proyecto de
futuro avión de caza europeo, el EF2000, proyecto en el que técnica,
tecnología, laboral y empresarialmente participa España a través de la
empresa CASA y de las participaciones que en los Presupuestos del Estado
y por el Ministerio de Defensa español se vienen dedicando a este
proyecto. Por tanto, esta realidad obliga. Lo que ocurre es que este
memorándum tiene una lectura política, y no solamente la propiamente
técnica, porque trata de ordenar una serie de actuaciones tecnológicas
fundamentalmente, financieras y, por tanto, de gestión. En la Sección III
de este memorándum es importante la organización de gestión cuando
aparece la creación de una agencia de gestión integrada --la que aquí
este memorándum, que está lleno de acrósticos, denomina el NETMA-- al
frente de la cual habrá un director general.
Si vemos en los anexos el esquema de la estructura inicial de esta
agencia de gestión integrada con un director general adjunto, una oficina
de gestión, son importantísimas las direcciones de operaciones de
ingeniería. Hay seis direcciones de operaciones de ingeniería, todas
ellas de alto valor tecnológico y de alto índice de protección de
secretos y a esto voy. Hay una dirección de operaciones de ingeniería
dedicada al fuselaje y al motor del EF2000, hay una de aviónica y
armamento y una de operaciones de apoyo, todo dirigido al EF2000;
después, en el Tornado, la técnica y la logística, los contratos y la
financiación; pero curiosamente esto se transforma en una filial de la
OTAN, y los Estados Unidos habrán tenido algún interés con una mano muy
larga en tener un control tecnológico sobre esto. Cuando se lee la
introducción, parece un galimatías y no lo es tanto si estas claves
crípticas se van descifrando. Esto
querrá decir prácticamente que en información tecnológica norteamericana,
en un área de competitividad, los norteamericanos, fabricantes del EF-16,
fabricantes del EF-18 o fabricantes de un futuro avión de combate
competitivo con el EF2000, pueden producir determinadas sorpresas.
Hechas estas advertencias y por una realidad, yo espero que los cuatro
países signatarios de este memorándum tengan las cláusulas de reserva
para que al menos la tecnología europea tenga preeminencia y no la
sorpresa dentro de diez, 15 ó 20 años que las Fuerzas Aéreas de la OTAN,
en vez de disponer del avión EF2000, dispongan del prototipo
correspondiente de la McDonald Douglas norteamericana que nos hayan
vendido, aprovechándose de una información de alto significado
tecnológico, de alta reserva, que les venga a través de esta agencia de
gestión integrada.
No quisiera yo que mis augurios se pudieran cumplir. Por tanto, deseo que
este memorándum beneficie precisamente a la tecnología europea
aeronáutica en estos prototipos y que salga beneficiado, por supuesto, el
sector electrónico de investigación, el aeronáutico y del de aviónica de
las empresas españolas participantes en el proyecto del EF2000.
Nada más. (El señor Vicepresidente Muñoz-Alonso Ledo ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Vamos a proceder a la
votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Queda aprobado por
unanimidad.
--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE
ESTONIA, POR OTRA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO
DE 1995. (Número de expediente 110/000203.)
--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE
LITUANIA, POR OTRA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO
DE 1995. (Número de expediente 110/000205.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Pasamos a los dos siguientes
puntos del orden del día, que vamos a debatir conjuntamente: Acuerdo
europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Estonia, por
otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de 1995, y
Acuerdo europeo del mismo tipo entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra.
¿Grupos que desean participar? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Las relaciones entre las Comunidades Europeas y
la República de Estonia y entre las Comunidades Europeas y la República
de Lituania se vienen rigiendo por los acuerdos sobre comercio y
cooperación comercial y económica, firmados ambos en Bruselas el 11 de
mayo de 1992.
Con fecha 28 de noviembre de 1994 la Comisión recibió mandato del Consejo
para negociar un acuerdo europeo de asociación con Estonia y otro con
Lituania con vistas a establecer entre la Unión Europea y estas
repúblicas una relación de asociación que en el futuro, cuando se cumplan
las condiciones inherentes a este proceso, desemboque en la adhesión a la
Unión Europea. Ambas negociaciones comenzaron en diciembre de 1994 y la
firma de los acuerdos tuvo lugar en Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
Los acuerdos tienen como base jurídica el artículo 238 del Tratado de la
Unión Europea, pero se trata de acuerdos de naturaleza mixta, porque se
extienden a materias que han sido transferidas a la Unión Europea y
también a otras que no lo han sido; eso explica que firmen el acuerdo los
Estados miembros junto con las Comunidades Europeas. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
En lo que se refiere a las materias no transferidas, los acuerdos
requieren la previa autorización de las Cortes Generales; los acuerdos
presentan un patente carácter político y, además, contienen diversas
disposiciones (creación de zonas libres, zonas de libre comercio,
condiciones laborales, industria, propiedad intelectual, etcétera), que
en el Derecho español están reguladas por ley. Al afectar a los apartados
a) y e) del artículo 94.1 de la Constitución, es necesaria la
autorización por las Cortes.
Al entrar en vigor ambos Tratados sustituirán al Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la República de Estonia sobre comercio y
cooperación económica, firmado en Bruselas el 11 de mayo de 1992, y al
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Lituania
sobe comercio y cooperación económica, firmado en Bruselas el 11 de mayo
de 1992.
Quiero decir también, en nombre de mi grupo, que ambos acuerdos, en el
momento que las dos repúblicas han solicitado ya la adhesión a la Unión
Europea, significan un claro paso en la continuación del proceso de
creación de una zona de estabilidad, de paz y de progreso económico en
Europa.
Por ello, el grupo del Partido Popular votará a favor de ambos acuerdos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor De Puig tiene la
palabra.
El señor DE PUIG I OLIVE: La detallada descripción que acaba de hacer el
representante del Grupo Popular de
estos acuerdos me va a evitar entrar en detalles y sólo haré un
comentario positivo en relación a los mismos. Son unos acuerdos que hemos
visto ya para el resto de países de Europa Central, y son de asociación
de la Unión Europea en una triple dirección.
En primer lugar, crear una relación bilateral; promover el desarrollo
económico y social de estos países, países que salen de una historia que
todo el mundo conoce, de una situación de postración histórica bien
conocida, y que necesitan no sólo desarrollar su economía para procurar
más bienestar a sus ciudadanos, sino que necesitan desarrollar su
economía para consolidar su nueva y todavía breve etapa democrática.
En una segunda línea... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa.
Señorías, ruego silencio, porque no se oye bien.
El señor DE PUIG I OLIVE: En segundo lugar, este tipo de asociaciones
tiene el sentido de creación de una zona de libre cambio en Europa, la
ampliación del espacio económico europeo en una línea de universalización
económica interna, de progreso económico de los países asociados y, desde
luego, también de la propia Unión Europea, que intenta con ello crear un
amplio mercado.
En tercer lugar, y quizá el más importante, este acuerdo de asociación
tiene un carácter político evidente: se trata de crear una zona de libre
cambio para llegar en la Unión Europea a la Europa total.
Estamos, por tanto, ante procesos de una operación paneuropea --no sólo
una operación bilateral--, que en los propios acuerdos de asociación
viene ya considerada, puesto que se habla de que éste es el proceso que
va a terminar con la integración de estos países en la Unión Europea. En
consecuencia, en tanto que europeístas y positivamente favorables a que
se desarrolle el proyecto europeo, nos parecen muy oportunos estos
acuerdos de asociación.
Por otra parte, desde el punto de vista español no ofrecen ninguna
dificultad en esta ocasión, además de que no hay problemas de relación de
balanza de pagos, ni de relación económica con estos países; se trata de
países muy pequeños (Estonia y Lituania).
Por todas estas razones, señor Presidente, nuestro grupo va a votar
favorablemente los dos acuerdos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Vázquez
tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Unicamente para mostrar nuestra posición
favorable a la firma de estos acuerdos de la Unión Europea con Estonia y
con Lituania que, como se ha dicho, son similares a los ya firmados con
otros países de los llamados PECO, y vienen a significar no sólo apoyo
político, sino también una especie de antesala que obligatoriamente será
muy larga para la inclusión de estos países de pleno derecho en el seno
de la Unión Europea.
En cualquier caso, y aunque sea prolongada la antesala, es inevitable esa
integración en Europa. Nos parece positivo para Europa y especialmente
para dichos países este tipo de acuerdo de asociación.
Por tanto, como decía inicialmente, vamos a votarlos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro grupo parlamentario también va a
votar favorablemente estos Acuerdos de asociación entre Estonia, Lituania
y la Comunidad Económica Europea, que vienen a sustituir los acuerdos de
cooperación comercial y económica del año 1992.
Creemos que con la aprobación de los mismos se está dando un paso
importante en la relación entre estos países y la Unión Europea, ya que
se estrecha la relación bilateral, se promueve también el desarrollo de
estas nuevas democracias, y se da un importante paso adelante en la
integración europea.
También quisiera destacar que estos acuerdos, a diferencia de otros
similares que hemos votado, suponen en cierta forma un paso adelante en
lo que es el retorno al ámbito natural de estos países, ámbito natural
que es Europa, del cual fueron apartados en contra de su voluntad hace
más de 50 años por la dictadura soviética y que, finalmente, con el
desmoronamiento de lo que fue la URSS, han conseguido, con el retorno a
la democracia y a la libertad, poder volver a este ámbito natural de esos
países como yo definía hace un momento--, que no es otro que Europa.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.) Pasamos a la votación.
En primer lugar, votación sobre el Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Estonia, por otra, firmado «ad referendum» en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos, a continuación, el Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DEL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA Y MEDIO ORIENTE
(MORATINOS CUYAUBE), PARA INFORMAR
ACERCA DEL PROCESO ELECTORAL ACAECIDO EN GUINEA ECUATORIAL, ASI COMO DE
LA POSICION Y EL PAPEL DESEMPEÑADO POR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACION AL
MISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de
expediente 212/001786.)
El señor PRESIDENTE: Con esto hemos completado la primera parte del orden
del día, que se refiere a dictámenes, y pasaremos al segundo apartado,
que es la celebración de comparecencias.
En razón de los horarios y obligaciones que tienen los representantes del
ministerio, nos vemos obligados a hacer alguna modificación en el orden
del día, por lo menos en el orden tal como está numerado, y veremos la
comparecencia número 12, antes que la 11.
Ruego al señor Director General de Política Exterior para Africa y Medio
Oriente, señor Moratinos, que se acerque a la Mesa. (Pausa.)
Señorías, damos comienzo al punto número 12 del orden del día:
Comparecencia del Director General de Política Exterior para Africa y
Medio Oriente, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar
acerca del proceso electoral acaecido en Guinea Ecuatorial, así como de
la posición y el papel desempeñado por el Gobierno español en relación al
mismo. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), al que pregunto si quiere introducir el tema o
prefiere que intervenga directamente el señor director general.
El señor Recoder tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, me es absolutamente
indiferente, pero quizás sería mejor hacer una breve intervención para
centrar el tema y el sentido exacto de mi solicitud.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente, y gracias señor
director general, por su rápida comparecencia ante esta Comisión. Se lo
agradezco, aunque pienso que no podía ser de otra forma, ya que el tema
es de actualidad y, además, estamos ante una cuestión que ha constituido
preocupación y debate constante en el seno de esta Comisión.
En el mes de febrero del presente año, quiero recordar que el Ministro de
Asuntos Exteriores comparecía ante la Comisión para informar sobre la
situación política en Guinea Ecuatorial y sobre la posibilidad de
celebración de elecciones municipales, elecciones que habían sido
anunciadas pero que desconocíamos exactamente en qué momento y en qué
condiciones iban a tener lugar.
En ese momento, así como en una comparecencia posterior ante esta
Comisión del ministro, señor Solana, que se celebró el día 22 de marzo,
creo yo que la conclusión a que se llegó, compartida por los distintos
grupos presentes en la Cámara, era de cierto pesimismo acerca de lo que
podía dar de sí la celebración de las elecciones; pesimismo que nacía,
por un lado, de la propia situación y evolución política de Guinea
Ecuatorial, que pienso no es una evolución política que pueda entusiasmar
a ningún demócrata; pero, de otro lado, porque producía una serie de
acontecimientos que contribuían a hacer crecer ese pesimismo.
Por una parte, una ley electoral, que ya conocíamos que había sido
aprobada, con graves deficiencias democráticas; una ley electoral, que
nosotros denunciábamos en ese momento, que por su propia concepción
excluía a algunas fuerzas políticas por hechos difícilmente admisibles en
lo que pueden ser parámetros de una democracia estilo occidental,
salvando todas las distancias con la situación en el continente africano;
pero una ley electoral insuficiente. Por otra parte, consecuencia de esa
propia ley electoral pero también de la actitud política del régimen del
señor Obiang, unas elecciones que se afrontaban con algunos partidos
políticos que no podían participar por cuanto no habían sido legalizados.
Otro aspecto que planeaba era la detención de líderes opositores, como
los señores Severo Moto y Tomás Elo, que dio lugar a amplios debates y
explicaciones por parte del señor ministro en relación a la situación de
estos líderes del Partido del Progreso, partido que gozaba y goza de la
homologación de la Democracia Cristiana Internacional, y también la
detención, anterior y posterior (en el mes de mayo y, luego, en el mes de
septiembre), de destacados líderes de la comunidad bubi, etnia
mayoritaria oriunda de la isla de Bioko, antigua Fernando Poo española.
Por último, otra cuestión que, de alguna forma, venía a confirmar las
sospechas del déficit democrático con que se debían afrontar estas
elecciones, el informe del Relator de las Naciones Unidas para la
Comisión de los Derechos Humanos, donde se constataban todos estos
déficits y confirmaban las sospechas que la comunidad internacional tenía
al respecto.
Pues bien, con este panorama y con esta situación, se celebran,
finalmente, las elecciones municipales; unas elecciones municipales,
quiero recordar, con una práctica ausencia de observadores
internacionales. Creo importante destacar que, a pesar de que esta
Comisión tomó la decisión de enviar una delegación de observadores a esas
elecciones, delegación que quiero recordar tenía el apoyo del propio
Ministerio de Asuntos Exteriores español, puestos en contacto con las
autoridades guineanas, se nos recomendó que sería mejor dejar nuestra
visita para más adelante. De alguna forma, esto es lo que sucedía también
con delegaciones internacionales que habían solicitado por otros
conductos la posibilidad de estar presentes en estas elecciones y, por
tanto, velar por su pureza democrática.
Asimismo, inmediatamente después de las elecciones (liberado ya Severo
Moto, creo yo que gracias a las presiones internacionales que, de forma
muy oportuna y eficaz, se ejercieron desde distintos ámbitos y también,
evidentemente, y de forma muy importante, por parte del Gobierno y de las
autoridades españolas) se producen nuevas detenciones de líderes de la
oposición y, muy especialmente, detenciones constantes en la isla de
Bioko; concretamente, los días 14 y 30 de diciembre se producen las
detenciones de numerosos ancianos y líderes de la etnia bubi que, como
sabe el señor director general, es una de las fuerzas políticas que la
representa, el MAIB que propugnaba la no participación y la abstención en
estas elecciones.
Ante este panorama, y una vez celebradas las elecciones municipales en
Guinea Ecuatorial, quisiera conocer qué valoración hace de ellas el
Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque supongo que será una valoración
concreta, en tanto en cuanto la información de que disponen va mucho más
allá de la que podemos disponer los miembros de esta Cámara, ya que nos
consta la participación muy activa del Gobierno español en todo el
proceso de democratización y evolución política de Guinea Ecuatorial.
Quisiéramos conocer también cuál es y en qué criterios se basa la
relación del Gobierno español con la oposición política guineana; hasta
qué punto existe una relación fluida, una relación formal o no con las
fuerzas políticas de la oposición; en qué se basa esa relación; cuáles
son los canales en que se mueve esa relación y con qué criterios se
determina el apoyo que reciben las distintas fuerzas políticas guineanas
por parte del Gobierno español.
Señor Presidente, éstas serían, en principio, las cuestiones que nosotros
quisiéramos plantear al señor director general, a quien reitero nuestro
agradecimiento por su rápida comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la Comisión al señor director
general.
Tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA Y MEDIO
ORIENTE (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor Presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras de agradecimiento a S. S. y al Grupo
Catalán (Convergència i Unió) por haber tenido la amabilidad de solicitar
por primera vez mi comparecencia ante esta Comisión de Asuntos
Exteriores. Para mí es una gran satisfacción poder comparecer ante SS.
SS., sobre todo, para informar sobre un asunto que considero interesa a
todos los grupos políticos aquí representados y prueba de este interés
han sido las múltiples comparecencias y preguntas orales que sobre Guinea
Ecuatorial han motivado la presencia en esta Comisión del señor Ministro
de Asuntos Exteriores y, más recientemente, del Secretario General de
Política Exterior, todo lo cual hace que en mi exposición de hoy no tenga
más remedio que referirme a hechos, a posiciones y a interpretaciones que
ya son conocidas de SS. SS., por haber sido expuestas con anterioridad
ante esta Comisión. Lógicamente, después de la introducción de S. S.,
quizás algunas preguntas que no estaban previstas en mi primera
intervención podrán ser objeto de posterior contestación.
Como SS. SS. recordarán, a principios de 1994, tras la grave crisis en
las relaciones entre España y Guinea y la grave crisis de la situación
interna guineana, producida por las elecciones legislativas de noviembre
de 1993, que se celebraron sin la participación de los principales
partidos de la oposición, por lo que no fueron reconocidas como
democráticas por la comunidad internacional, el Gobierno español, pasados
unos meses y teniendo, sobre todo, como objetivo prioritario la defensa
de nuestros intereses y el bienestar del pueblo de Guinea Ecuatorial,
mantuvo una serie de contactos con el Gobierno de Malabo, con objeto de
tratar de normalizar y reconducir nuestras relaciones bilaterales,
manteniendo y reafirmando los tres objetivos que consideramos son
fundamentales en nuestra política respecto a Guinea Ecuatorial. Aunque
han sido objeto de manifestación, los volveré a recordar.
Primero, el mantenimiento de unas relaciones diplomáticas correctas con
el Gobierno ecuatoguineano para permitir que nuestra Embajada en Malabo
pueda cumplir su misión de velar por la defensa de los intereses
españoles en Guinea Ecuatorial y, sobre todo, para velar por la seguridad
de nuestros residentes en ese país.
En segundo lugar, continuar impulsando el proceso de transición a la
democracia por medio del diálogo entre el Gobierno y oposición de manera
gradual y pacífica, evitando acciones desestabilizadoras que puedan
degenerar en crisis violentos o incontrolables o enfrentamientos
interétnicos como ha sucedido en otros países africanos.
En tercer término, velar por el respeto a los derechos humanos
denunciando sus violaciones, interviniendo para obtener la liberación de
los detenidos injustamente y colaborar con el relator especial de la
Comisión de Naciones Unidas para Derechos Humanos con el fin de mejorar
la situación en este campo.
Señorías, ciñéndonos al proceso electoral objeto de esta comparecencia,
el señor Ministro de Asuntos Exteriores ante esta Comisión en febrero
pasado como S. S. recordaba, resumía la posición del Gobierno español en
relación con las elecciones municipales, indicando que se estaba
colaborando con todas la fuerzas políticas guineanas para conducir el
proceso de transición a la democracia, centrándolo en la preparación de
las elecciones municipales para que pudiesen celebrarse con las debidas
garantías de las que carecieron las elecciones de 1993; de manera que
participasen en ellas todas las fuerzas políticas y fuesen reconocidas
como libres, democráticas e incontestables por la comunidad
internacional.
En aquel momento los países donantes habían solicitado como condiciones
previas tres: la revisión del censo electoral, la aprobación de una nueva
ley electoral y el envío de observadores internacionales. A pesar de la
relativa poca importancia, en principio, de las elecciones municipales,
el Gobierno español, la opinión guineana y la internacional concedían un
gran significado político a la adecuada preparación y celebración de
estas elecciones, y esto por varias razones:
En primer término, porque constituían una ocasión para que el Gobierno
ecuatoguineano probase su voluntad real de impulsar un proceso
democratizador.
En segundo, porque permitirían que miembros de los diferentes partidos
políticos legalizados pudiesen ser elegidos para los nuevos
ayuntamientos, propiciándose así su participación en las
responsabilidades de la gestión pública.
Por último, porque estos comicios podían servir de modelo para las
elecciones presidenciales previstas, en principio,
para 1996 y que obviamente serán de mayor trascendencia política.
En abril pasado el señor Ministro de Asuntos Exteriores informó de nuevo,
esta vez en el Pleno del Congreso de los Diputados, sobre las actuaciones
que estaba realizando el Gobierno español con objeto de preparar
adecuadamente la celebración de estas elecciones. Estas actuaciones eran
de dos tipos: la primera, en el orden material España contribuyó
financiera y técnicamente el pasado año para finalizar el censo de
población y vivienda, paso previo para la revisión y actualización del
censo electoral que constituía una de las condiciones para celebrar las
elecciones con garantías. Las operaciones de revisión del censo iniciadas
en enero del presente año con la colaboración de expertos internacionales
y la participación de los partidos políticos finalizaron en primavera con
bastante éxito, según reconocieron los propios representantes de la
Plataforma de Oposición Conjunta (POC). El nuevo censo incluye a unos
250.000 guineanos electores, el doble que en las anteriores elecciones
celebradas en 1993.
La cooperación española facilitó vehículos y material informático para
las operaciones censales. Estas acciones se realizaron en estrecha
coordinación con el grupo de donantes: Francia, Estados Unidos, el PNUD y
la Comisión Europea, dentro del cual nuestra aportación ha sido la más
importante cifrándose en más de 20 millones de pesetas.
Aunque se obtuvieron algunas reformas de la normativa electoral, hay que
señalar que no a plena satisfacción como S. S. señalaba. En cualquier
caso, se logró que se reconociese por parte de la nueva normativa
electoral la participación de los representantes de los partidos
políticos en todas las operaciones, especialmente su presencia en las
mesas electorales y durante el recuento de los votos. El Gobierno
ecuatoguineano no admitió, sin embargo, la recomendación de que la Junta
Electoral Central se constituyese en una instancia completamente
independiente del Ejecutivo, argumentando que según la práctica común en
los países africanos de su entorno la Junta está siempre presidida por el
Ministro del Interior.
En el orden político, el Gobierno español, cuyo único objetivo ha sido y
continúa siendo facilitar la transición pacífica de Guinea Ecuatorial a
un sistema democrático en el que se respeten los derechos humanos y
libertades fundamentales, instó en todo momento al Gobierno
ecuatoguineano a que facilitase la participación de todos los partidos
políticos en el presente proceso electoral.
En este sentido, se obtuvo que representantes de los partidos
participasen en la campaña de sensibilización de las autoridades
provinciales, en las operaciones de revisión del censo electoral y,
finalmente, en la distribución de carnés de elector. En todo momento se
intentó llevar al ánimo del Gobierno ecuatoguineano la necesidad
ineludible de diálogo con todos los partidos políticos con los que
nuestra embajada en Malabo se mantuvo en continuo contacto para recoger y
transmitir sus aspiraciones e inquietudes.
En este contexto, el doble proceso al que se vio sometido don Severo Moto
y otros miembros de su Partido del Progreso constituyó un serio motivo de
preocupación, no sólo por razones humanitarias, sino también porque se
había convertido en un serio obstáculo para la celebración de las
elecciones con un mínimo de credibilidad democrática. En julio pasado
tuve la ocasión de mantener un largo encuentro con el Presidente Obiang.
En dicho encuentro el Presidente Obiang reconoció que no podía pensarse
en la celebración normal de elecciones con el Presidente y miembros de
uno de los partidos principales de la oposición en prisión,
comprometiéndose en apoyar un verdadero diálogo con la oposición.
Como SS. SS. recordarán, el Presidente Obiang, en el ejercicio de sus
prerrogativas de gracia, decretó un amplio indulto el día 2 de agosto,
del que se beneficiaron todos los detenidos incluido el señor Severo
Moto, lo que contribuyó notablemente a mejorar el clima político en
Guinea.
Señorías, en estas circunstancias se convocaron las elecciones
municipales para el día 17 de septiembre. El Gobierno observó con interés
el desarrollo de la campaña electoral, así como la masiva participación
en las votaciones durante la jornada electoral del día 17. Hay que
reconocer que se trataba de la primera consulta electoral en el marco de
pluralismo, desconocido desde la independencia del país en 1968, con un
relativo grado de libertad y transparencia. Atendiendo a la invitación
del Gobierno de Guinea Ecuatorial, el Gobierno español envió dos
observadores a las elecciones municipales del pasado 17 de septiembre.
Durante su estancia en Guinea Ecuatorial estos observadores actuaron en
estrecha colaboración con nuestra embajada en Malabo participando en
varias reuniones con los otros observadores internacionales y con las
autoridades ecuatoguineanas. Los informes de los observadores
internacionales a pesar de haber denunciado numerosas irregularidades
debido a la falta de tradición democrática y al desorden administrativo,
llegaron a la conclusión general de que la campaña electoral se había
desarrollado con normalidad, pudiéndose manifestar libremente todos los
partidos. Sin embargo, se produjeron multitud de irregularidades el día
de la votación, tal como la presencia de altos cargos y de funcionarios
gubernamentales que se desplazaban por las mesas electorales, propaganda
del partido gubernamental, la no utilización de la tinta indeleble,
etcétera, que en cualquier caso no supusieron una invalidez del resultado
por cuanto que los electores pudieron votar en líneas generales con
libertad.
El día 28 de septiembre la Junta Electoral Nacional hizo públicos los
resultados oficiales, que daban 18 municipios al PDG, Partido Oficialista
del Presidente Obiang, y nueve a la POC.
Hay que subrayar la ausencia de transparencia en las operaciones de
recuento de los resultados parciales entre el día de las elecciones y la
publicación de los resultados oficiales, 10 días después. Estos
resultados no guardan relación con los resultados preliminares y
parciales que se habían ido conociendo a través del cómputo de las actas
firmadas en las mesas electorales, algunas de ellas verificadas incluso
por los observadores internacionales. Esto fue el origen del conflicto
entre la oposición y el Gobierno.
El Gobierno español, que manifestó sus reservas ante esta situación en un
comunicado oficial hecho público el
mismo día en que se dieron a conocer los resultados oficiales, mantuvo
sin embargo, desde un principio, la posición de que se trataba de un
problema que debía ser resuelto primordialmente por los propios
guineanos, en el marco del sistema legal vigente en Guinea Ecuatorial.
De esta manera, el Gobierno español, y siguiendo su ejemplo el resto de
los donantes, instó al Gobierno y a las fuerzas políticas guineanas a que
se esforzasen en encontrar un compromiso aceptable para todos, mediante
el diálogo, y en un marco pacífico y legal.
La actitud de la oposición fue, desde un principio, de rechazo de los
resultados oficiales, al no coincidir con los de las actas firmadas en
las mesas electorales, pero absteniéndose de violencias y manteniendo su
oferta de diálogo con el Gobierno para encontrar una solución entre
guineanos y evitar así que este conflicto se convirtiese en un obstáculo
insuperable en el difícil proceso democratizador que ha emprendido el
país.
Coherente con esta actitud, la oposición se negó a ocupar los municipios
en los que se había reconocido su victoria e inmediatamente intentó
presentar un recurso ante la Junta Electoral Nacional, que no fue
admitido porque presentaron entonces un recurso contencioso-electoral
ante el Tribunal de apelación, que falló a primeros de noviembre
desestimando el recurso y declarando la validez del escrutinio y los
resultados publicados.
Finalmente, la oposición decidió ocupar los escaños en los nueve
municipios en los que se le había reconocido la mayoría y en once
restantes en los que sólo había obtenido algunos, interponiendo al mismo
tiempo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
A finales de noviembre, el Tribunal Constitucional dictó auto
desestimando la impugnación de los resultados de las elecciones. Esta
resolución pone fin definitivamente a todas las actuaciones judiciales
posibles contra los resultados oficiales de las elecciones del 17 de
septiembre.
Este conflicto tuvo como consecuencia que haya sido necesario el
transcurso de casi dos meses desde la proclamación de los resultados
oficiales hasta la constitución de los nuevos ayuntamientos.
Como SS. SS. ya conocen, el pasado 26 de noviembre se constituyeron los
nuevos ayuntamientos, entre ellos el de la capital de Malabo, cuyo
alcalde será un miembro de la POC, perteneciente a la etnia bubi.
Señorías, mentiría si manifestase aquí y ahora que nos encontramos
satisfechos de cómo se ha desarrollado todo el proceso electoral, desde
su preparación, campaña, escrutinio, recuento de votos y publicación de
los resultados, ya que se han producido irregularidades en cada una de
estas etapas. Pero no debemos olvidar que Guinea Ecuatorial, como tantos
otros países africanos, carece de tradición y cultura democrática
similares a la occidental. Sufrió entre 1969 y 1979 una de las dictaduras
más sangrientas y destructoras que haya conocido un país y solamente
desde hace dos años está intentando introducir un sistema de libertades y
de pluralismo político. Con esta salvedad, creemos que se ha registrado
un progreso con respecto a la situación anterior.
En efecto, los partidos políticos, con sus dificultades y problemas, son
ya un hecho admitido en la vida cotidiana y han participado durante el
último año en las operaciones de revisión del censo electoral, pudiendo
manifestarse y realizar sus actividades libremente durante la campaña
electoral.
Los resultados de las elecciones, aun reconociendo las diferencias en el
cómputo de las mesas lectorales, suponen un avance para la democracia, al
haberse reconocido la victoria de la oposición en nueve municipios de los
más importantes, entre ellos el de la capital Malabo.
A partir de ahora esperamos, y nos esforzaremos para ello, que se irá
creando una nueva cultura democrática, a través de la actuación de los
nuevos ayuntamientos, para los que procuraremos que se preparen programas
bilaterales y multilaterales de cooperación a nivel municipal.
Es necesario seguir ampliando los espacios de libertad, propiciar la
creación de un Estado de Derecho y apoyar cualquier esfuerzo encaminado
hacia esa dirección.
La modernidad política de Guinea Ecuatorial debe alcanzarse mediante un
proceso persistente y progresivo de concienciación política de todos los
actores políticos. Corresponde, en primer lugar, y de manera prioritaria,
a los propios guineanos avanzar en este camino y escoger su propia vía.
Conviene acabar con un paternalismo mal entendido, tanto por parte
española como guineana. Nuestra solidaridad debe ser inteligente y
objetiva, debiendo tener como último objetivo el que el pueblo guineano
pueda gozar cuanto antes de unas cuotas de libertad política, de
bienestar y prosperidad económica suficientes, de lo que son más que
dignos merecedores.
Para alcanzar este objetivo, saben SS. SS. que los guineanos pueden
contar ahora y en el futuro con el apoyo decidido del Gobierno español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER Y MIRALLES: Voy a ser muy breve porque en líneas
generales el señor Moratinos ha dado satisfacción al sentido de nuestra
petición de comparecencia; es decir, conocer de primera mano la
valoración del Gobierno acerca del proceso electoral.
Nosotros coincidimos con el Gobierno en que este tema no es fácil y que,
por tanto, hay que saber tratarlo con una extrema prudencia. Es difícil
poder contemplar y diagnosticar la situación política guineana desde
parámetros de democracia occidental, puesto que hay otros elementos, como
la falta de cultura democrática y el hecho tribal o étnico, que juegan de
una forma decisiva en la configuración y evolución política del país.
Valoramos, pues, el hecho de que se hayan celebrado esas elecciones
municipales porque constituye un paso adelante, pero lógicamente nos
parece insuficiente. En el futuro habrá que seguir atentamente la
evolución de los hechos para ver cómo se encauza esta difícil situación
política.
Coincidimos también en que hay que dar pasos en la consolidación de esta
tímida democracia que se ha abierto en Guinea Ecuatorial y pensamos que
es difícil que desde
el Gobierno español, aparte de actuaciones y presiones puntuales que se
puedan ejercer en determinados momentos, como se ha hecho en los casos de
detención de líderes políticos o tribales bubis, se pueda condicionar
esta evolución política de una forma decisiva.
Pensamos que desde el Gobierno español puede existir una cooperación
--creemos que la cooperación con las nuevas autoridades municipales sería
importante-- que pueda contribuir a consolidar este inicio de cultura
democrática que en este momento ve la luz en Guinea Ecuatorial.
Mi intervención anterior tenía una segunda parte, a la que no me ha dado
respuesta, por lo que se la voy a reiterar. Evidentemente, nosotros
podemos influir de una forma poco decisiva en lo que es el día a día de
la situación política de Guinea; es decir, no se puede elaborar una ley
electoral determinada desde España; se tiene que hacer desde Guinea. No
se pueden dar instrucciones políticas a un Gobierno soberano que actuará
según le convenga, aunque tendrá siempre muy en cuenta qué piensa la
comunidad internacional, a la cual está muy decisivamente vinculado
acerca de los pasos que pueda dar. En esa línea sí podemos actuar. Ahora
bien, desde el Gobierno español creemos que se debían emprender unas
relaciones privilegiadas con la oposición guineana, en tanto en cuanto es
una forma de ayudar a esta evolución democrática, para reforzar el tejido
asociativo, el tejido democrático incipiente que nace en los primeros
partidos políticos.
Quisiéramos que nos dijera en qué parámetros se mueve esa relación, con
toda la prudencia con que estime que nos lo debe manifestar.
En cualquier caso, quisiera que quedara claro que nuestro Grupo
Parlamentario entiende, y creo que habrá una coincidencia global en esta
Cámara, que el criterio que debe guiar esa relación es el de la
objetividad, en una situación en cierta forma predemocrática, donde los
partidos políticos todavía tienen que pasar la reválida de las
elecciones, que es la que decisivamente determina la fuerza que puedan
tener. Hemos tenido un experimento, el de las elecciones municipales, que
de alguna forma nos indica por dónde van a ir las cosas en Guinea
Ecuatorial, pero no debemos olvidar que existen otras situaciones
complejas dentro de la propia Guinea Ecuatorial, como la situación de la
etnia bubi dentro de la isla de Bioko, que se encuentra sometida a un
cerco constante por parte de la mayoría fang, que también debe ser
contemplada en la relación que se tenga desde el Gobierno español con la
oposición guineana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA Y MEDIO
ORIENTE (Moratinos Cuyaubé): Es verdad que no he dado respuesta a uno de
sus interrogantes y lo hago ahora con mucho gusto.
La relación que mantiene el Gobierno español con la oposición democrática
de Guinea Ecuatorial es fluida y constante, a través de distintos
mecanismos, de apoyo en la propia Guinea Ecuatorial. En la Embajada,
nuestros representantes consulares mantienen un diálogo y apoyo continuos
con las distintas fuerzas democráticas guineanas de la oposición. Cuando
se produce algún tipo de detención o de violación de alguno de los
derechos fundamentales, las autoridades diplomáticas españolas acuden en
todo momento a apoyarles y tratar de ayudarles.
Al mismo tiempo, el Ministerio, el Gobierno, mantiene un diálogo fluido.
Ayer mismo tuve la ocasión de reunirme con el Secretario General de la
POC, que está de visita en España, y mantener un diálogo sobre las
perspectivas futuras de los nuevos ayuntamientos. Tuvimos una
conversación muy productiva con el señor Mikó y el deseo es mantener y
promover el diálogo entre estas fuerzas de la oposición y las autoridades
ecuatoguineanas.
Por lo tanto, ese diálogo y ese apoyo del Gobierno a las fuerzas
democráticas de Guinea Ecuatorial han sido importantes en el pasado, lo
son en el presente y lo seguirán siendo en el futuro, en cuanto que uno
de los objetivos prioritarios del Gobierno español es apoyar el proceso
de democratización en Guinea Ecuatorial. En ese marco de diálogo con las
fuerzas de la oposición se incluyen también aquellos representantes bubis
que acuden, en caso de necesidad, a solicitar el apoyo del Gobierno
español.
El problema con la etnia bubi --y quizá S. S. lo conoce igual de bien que
yo-- es que tienen dificultades en integrarse dentro de un marco más
amplio de representación. En múltiples ocasiones hemos hecho esfuerzos
para que pudiesen integrarse dentro de la Plataforma de Oposición
Conjunta, donde los representantes de los distintos partidos políticos
guineanos pudiesen acoger esa sensibilidad autonómica que tiene la etnia
bubi.
Como también sabe, señoría, el Gobierno español defiende en todo momento
la integridad territorial de Guinea Ecuatorial. Es una opción que se tomó
desde la independencia y no ha variado. Eso no significa que, dentro del
marco constitucional, la etnia bubi pueda expresarse y manifestar sus
derechos y aspiraciones. Ese es el mensaje que el Gobierno español da en
todo momento, tanto al Gobierno de Guinea Ecuatorial como a los
representantes de los bubis, para que traten de introducirse dentro de un
marco formal de representación política aceptable por la legalidad
guineana.
Dicho esto, hay que recordar --y ayer mismo lo señalaba el representante
de la POC--, que el alcalde de Malabo, nuevo alcalde elegido
democráticamente, es un bubi, por lo que no es objeto de discriminación
por los distintos partidos políticos.
Creo que con esto he contestado a una de sus inquietudes.
¿Criterios? No tenemos criterios, nosotros no somos de un partido u otro.
El Gobierno apoya a todos los partidos políticos de la oposición, como
apoya también al Gobierno de Guinea Ecuatorial, en la búsqueda de un
diálogo y un reforzamiento de las instituciones democráticas y del
proceso democratizador. No hay criterios que beneficien a unos o a otros
sino uno único, el de beneficiar a la democracia en Guinea Ecuatorial.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, con gran brevedad porque
suscribo todo el planteamiento del portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), señor Recoder, dado que, aunque no han
llegado al orden del día de esta Comisión de Asuntos Exteriores para el
día de hoy, tanto el Grupo de Coalición Canaria, al que represento, como
el Grupo del Partido Nacionalista Vasco también habían solicitado
comparecencias en línea coincidente con este mismo asunto que hoy
tratamos a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Valga mi reconocimiento al Director General, señor Moratinos, en su
comparecencia en esta Comisión, por la información amplia y extensa que
nos ha facilitado, creo que dentro de lo que permiten la prudencia
diplomática y las relaciones exteriores, tan delicadas y difíciles, con
Guinea Ecuatorial y sus autoridades representativas, empezando por su
Presidente el señor Obiang.
Tengo que decir que puedo apreciar una amplia impregnación de sinceridad
cuando usted ha reconocido que el Gobierno español no se siente
satisfecho, dentro de la medida de la prudencia, y que ha habido una
ausencia de transparencia, fundamentalmente en el recuento de votos. Ese
es uno de los procesos que hay que significar y que más chirrían en lo
ocurrido.
Quiero señalarle, señor Moratinos, alguna responsabilidad que, como
parlamentario, imputo a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y a las
autoridades diplomáticas. Usted ha dicho que solamente se enviaron dos
observadores del Gobierno. El señor Recoder ha contado exactamente, y yo
lo quiero referir también en fórmula de malestar, cómo en esta Comisión
de Asuntos Exteriores se había acordado enviar una representación
parlamentaria a las elecciones municipales en Guinea Ecuatorial, como se
ha hecho en otros tantos países sin que nadie haya sentido menoscabada su
soberanía ni lo haya considerado como una intromisión, lo que sería
verdaderamente intolerable en Derecho Internacional. Una de dos, o el
señor Obiang y las autoridades de Guinea tienen en muy poca estima y
respeto a esta Cámara y a este Congreso de los Diputados, con el que
podían haber mantenido unas formas de cooperación para no tener, digamos,
siempre una punta de lanza crítica, o por parte de nuestro Gobierno no se
presionó suficientemente a las autoridades guineanas para dar unos visos
de reconocimiento internacional; no se trataba de una intromisión, ya que
aceptaba la parca presencia de dos observadores gubernamentales. Esa es
la política a la que está obligado el Gobierno. Este es un juego legítimo
en que las formas diplomáticas de los intereses de Estado de nación a
nación y los representantes gubernamentales de una nación tienen una
manera de actuar y de conducta. Ese es su campo, pero los representantes
parlamentarios del Congreso o del Senado tienen otro campo, otra
escenificación y otras formas de hacer patente una vigilancia democrática
en el concierto internacional.
Incluso en un territorio fragmentado, señor Moratinos --creo que esto
puede entrar también en su juicio de no satisfechos en tantas
cuestiones--, no se entiende cómo pueden ir solamente dos observadores
gubernamentales. Yo no sé dónde estuvieron esos dos observadores el día
de las elecciones, si en el territorio continental de Guinea o en la isla
de Bioko, dentro de ese territorio que conocemos todos los que hemos
tenido ocasión de estar allí. No sé qué pueden hacer, humana y
físicamente, dos observadores gubernamentales. Lo digo desde el punto de
vista del alcance físico de ver en qué colegio electoral pueden estar
presentes durante las horas que duran las elecciones. Esto es ridículo.
Creo que el Gobierno guineano del señor Obiang ha cometido un error muy
fuerte, tanto en la cicatería con el Gobierno español en lo de dos
observadores, como en la negación absoluta. Lo considero como un
desprecio a esta Cámara y una falta de consideración y respeto, y me sumo
a las palabras del señor Recoder de que habiendo tomado el acuerdo aquí,
lo han tenido en nula consideración y respeto. Así no se puede actuar en
procesos que tienen que comprender su nivel cultural en cuanto a procesos
democráticos. No tenemos por qué imponerle la moda, la vestimenta o los
usos y costumbres de un marco tradicional europeo y español que cuenta
con años de reivindicaciones y a veces de ausencia democrática en los
períodos dictatoriales, pero sí podemos aportar siempre, como decía
Azaña, en ese riachuelo que siempre suena en España a favor de las
libertades democráticas, aunque estén conculcadas desde el poder.
Por todas estas razones, señor Moratinos, y comprendiendo estas
cuestiones, lo que no desearía es que el Gobierno español por no querer
entrar, y me parece correcto lo que usted ha dicho, en un falso
paternalismo en nuestras relaciones, actuará con el equilibrio que hay
que buscar entre las autoridades gubernamentales guineanas y las fuerzas
de la oposición, y hacer con ello un ejercicio de arbitraje, de
intermediación con unos y otros, incluso prestándoles instrumentos como
las emisiones de Radio Exterior de España, los programas dedicados a
Guinea Ecuatorial desde la misma, etcétera, que permitan esta
armonización de convivencia, no sólo étnica, entre los bubi y los fang,
sino también de las fuerzas de los distintos partidos que deberían estar
mejor en una plataforma de actuación que cada uno por libre, como ocurre
muchas veces. Pero que esto no signifique, señor Moratinos, que el
Gobierno español puede decir que esto lo resuelvan, como usted ha dicho,
los propios guineanos en el marco de sus disposiciones guineanas, porque
no lo pueden resolver jurídicamente, no ya por los problemas internos,
por la falta de una plataforma, sino porque en el marco en que se
encuentran frente al poder, el tratar de resolverlo les lleva a la cárcel
o al calabozo, como hemos visto en anteriores experiencias.
Por todas estas razones, quería dejar constancia de mi protesta formal en
el «Diario de Sesiones» y también para que las autoridades que nos
representan diplomáticamente sepan la queja, al menos de este Diputado, y
me sumo a la
del señor Recoder, por no haber podido disponer de unos observadores
parlamentarios en este proceso. Creo que el señor Obiang ha hecho un
flaco servicio a su causa, por tener después una ausencia de
transparencia en el recuento de los votos. Podía haber dejado ir a los
parlamentarios, que hubiéramos redactado un informe que a nivel del
Parlamento español y de los foros internacionales, comenzando por
Naciones Unidas, hubiera supuesto hacer una aproximación. Si él no
considera que en Guinea hay un parlamento democrático, no tiene por qué
hacer este caso de omisión total y absoluta a nuestro Parlamento, que
tanto podía ayudarle.
El señor PRESIDENTE: Antes de que el señor Moratinos pueda contestar,
quisiera hacer una reflexión sobre lo que acaba de decir el señor
Mardones.
Quizás he entendido mal, pero se quejaba S. S. de que la Comisión de
Asuntos Exteriores, que tiene un acuerdo y una autorización de la Mesa
para visitar Guinea Ecuatorial, no hubiese estado en el proceso
electoral. Lo digo porque creo que son dos cuestiones distintas. Una cosa
es que el Parlamento pueda enviar una delegación de sus miembros para que
controle un proceso electoral, y otra que la Comisión de Asuntos
Exteriores como tal tenga que asumir por su propia cuenta este papel.
Esto es lo que ocurrió. Nosotros tenemos un acuerdo para visitar otro
país, pero necesitamos también una invitación y que haya un acuerdo
general; de otro modo, es una interferencia que la Comisión como tal, a
mi entender, no debe realizar.
Tiene la palabra el señor Moratinos.
El señor DIRECTOR GENERAL PARA AFRICA EXTERIOR Y MEDIO ORIENTE (Moratinos
Cuyaubé): Una primera reflexión sobre la presencia de observadores
internacionales en estas elecciones municipales del 17 de septiembre. Si
ustedes estudian o comprueban las distintas elecciones municipales que se
han celebrado a lo largo de este año, del pasado o en los últimos años en
el continente africano, no encontrarán ningún país africano que haya
aceptado recibir observadores internacionales. El caso de Guinea
Ecuatorial era diferente. Como he señalado en mis palabras de
introducción, considerábamos todos, tanto el Gobierno español como la
opinión pública guineana e internacional, que estas elecciones
municipales eran el primer eslabón dentro del proceso de democratización.
De ahí el interés que tenía el Gobierno español de que uno de los
criterios que invalidaron la credibilidad democrática de las elecciones
de noviembre de 1993 no fuese objeto de invalidez en el caso de las
municipales. De ahí que desde el principio, cuando estuvimos tratando de
llevar al ánimo de las autoridades guineanas que estas elecciones
municipales se llevasen con el mayor grado de credibilidad democrática y
en la mayor libertad, pudiesen contar con observadores internacionales,
figura poco corriente en la observación internacional. De hecho tan poco
corriente que cuando las autoridades de Guinea Ecuatorial enviaron una
carta invitando formalmente a la presencia del Parlamento Europeo y a que
hubiese cuatro representantes de dicho Parlamento que pudiesen acudir a
Guinea Ecuatorial para asistir a las elecciones municipales, el
Presidente del Parlamento Europeo rechazó, por falta de práctica
internacional, el envío de observadores internacionales a las elecciones
de Guinea Ecuatorial. Incluso el deseo de que hubiese eurodiputados
españoles presentes en Guinea Ecuatorial, movilizó a la diplomacia
española para tratar de modificar esa posición del Presidente del
Parlamento Europeo, cosa que no logramos por la actitud de precedente que
podía tener la presencia y envío de observadores internacionales.
Hecha esta primera reflexión general, el Gobierno español consideró que
era necesario contar con un número suficiente de observadores y poder
tener los elementos necesarios para comprobar la pluralidad, la libertad
y las garantías de la celebración de las elecciones.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial consiguió en un principio negociaciones
con el representante de Naciones Unidas en Malabo para que fuese Naciones
Unidas quien coordinase la observación internacional. Pensaron distribuir
proporcionalmente la presencia de los distintos países interesados en el
envío de observadores internacionales. Hicieron una distribución
geográfica y proporcional. De ahí que sólo hubiese dos observadores
españoles en relación a los 22 observadores que fueron invitados por el
Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Desgraciadamente, de esas 22 invitaciones al final sólo aceptaron el
envío de observadores ocho, que fueron los que se desplazaron a Guinea
Ecuatorial. Coincido con S. S. en señalar que era absolutamente
insuficiente. Para que conozcan algunos detalles, les diré que de los dos
observadores españoles, uno estuvo en el continente y otro en la isla. Y
aunque fue absolutamente insuficiente para poder desplegar con las
debidas garantías su misión de observación, también tenemos que reconocer
que, a pesar de todo, pudieron compulsar cómo se llevaba a cabo la
celebración de la campaña electoral, cómo se llevó a cabo el día de la
elección y cómo se llevaba a cabo el recuento en algunas de la mesas
electorales.
Las autoridades de Guinea Ecuatorial, en opinión del Gobierno español,
cometieron un gravísimo error, porque a falta de un comunicado final
contundente de los observadores internacionales, era muy difícil, casi
imposible, poder calificar estas elecciones como libres e incontestables.
Ese era el riesgo que corría el Gobierno de Guinea Ecuatorial, así se lo
trasladamos y desgraciadamente asumieron ese riesgo y esa opción.
Evidentemente, hemos tomado muy buena nota de esta situación y estaremos
muy vigilantes para que en las próximas citas electorales, si hay
observación internacional, ésta se lleve a cabo con las debidas garantías
y según los criterios normales en cualquier observación internacional de
elecciones, más en relación a las legislativas o presidenciales.
No he querido decir que toda la responsabilidad es de los partidos de
Guinea Ecuatorial. No soy un ingenuo que considere que todo puede
resolverse dentro del marco legal de Guinea Ecuatorial, pero sí quería
trasladar a SS. SS. que la mayor responsabilidad corresponde a las
propias fuerzas políticas de Guinea Ecuatorial, que corresponde a los
propios ecuatoguineanos asumir sus responsabilidades
y su devenir político. Es lo que quería subrayar en el sentido de buscar
un marco de diálogo entre las autoridades y las fuerzas políticas
ecuatoguineanas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Mi intervención será muy breve, puesto que lo
expresado por el señor Moratinos y las réplicas del Grupo que ha
planteado la comparecencia creo que han centrado bien el problema.
Simplemente quería señalar que estamos en líneas generales de acuerdo con
las acciones del Gobierno en todo este proceso que estamos analizando.
Me sumaría, aunque no de una forma literal, al espíritu de la crítica del
representante de Coalición Canaria en el sentido de que el Gobierno ha
hecho lo que se ha dicho, y creemos que lo ha hecho bien, espoleado
constantemente por esta misma Comisión de Asuntos Exteriores y en algún
momento quizá un poco por debajo de lo que desde esta instancia le
pedíamos que hiciese. Sabemos que a veces es más fácil elaborar
proposiciones generales de intención, por supuesto, que todos
compartimos, de profundización democrática en otros países y que entre lo
dicho y lo que se puede hacer hay un trecho.
Nos parece, no obstante, que el Gobierno a veces ha estado un poco por
debajo de lo que podía hacer o por debajo del respaldo que tenía en esta
propia Comisión para actuar más decididamente en Guinea Ecuatorial.
Sabemos que es un trayecto difícil y complejo el que hemos transitado
como Estado español, como Gobierno, y también ha sido difícil para los
propios guineanos llegar a estas elecciones municipales.
Hay que subrayar que ésta es una nueva situación de mayor esperanza por
dos razones fundamentales: porque han emergido claramente unas
embrionarias, pero ya más reales, fuerzas democráticas en el propio
tejido social guineano y sobre todo porque estas embrionarias fuerzas
democráticas tienen ya asentamientos institucionales en forma de
gobiernos municipales. Esto nos impone a todos, en primer lugar al
Gobierno, mayores responsabilidades, puesto que ahora nuestra acción y
nuestras voluntades de sumar esfuerzos para llegar a una plena y total
democratización en Guinea tienen tres puntos de anclaje o de posible
actuación: el propio Gobierno guineano y la Plataforma de la Oposición
Conjunta, pero también ya las nuevas autoridades municipales allí donde
existan, allí donde ejerzan, allí donde tengan el refrendo no sólo de los
votos, sino de una acción institucional con todas las limitaciones que
estoy seguro deben tener estas primeras autoridades democráticas
municipales. El Gobierno tiene ahora un nuevo interlocutor más
consistente en la medida en que representan instituciones.
Quería simplemente señalar estas cuestiones, estando de acuerdo en líneas
generales con lo que se ha hecho, puesto que el Gobierno cuenta, contaba
--y estoy seguro de que continuará contando-- con el máximo respaldo de
esta Comisión en todas sus actuaciones para favorecer la democratización
de Guinea Ecuatorial.
El señor PRESIDENTE: Señor Moratinos, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA Y MEDIO
ORIENTE (Moratinos Cuyaubé): Quiero, en primer lugar, agradecer la
intervención de su señoría.
Voy a referirme a un aspecto de la intervención del señor Mardones que
quizá no he contestado directamente en relación a la presencia de
representantes de esta Comisión con motivo de las elecciones municipales.
Creo que era una de las ideas que se estudiaron en aquel entonces, pero,
como ha dicho el señor Presidente, está pendiente una eventual visita de
los miembros de esta Comisión de Asuntos Exteriores a Guinea Ecuatorial.
No hubo una propuesta formal que pudiésemos presentar a las autoridades
de Guinea Ecuatorial para visitar ese país con ocasión de las elecciones.
Dicho esto, creo que puedo señalar que por parte del Gobierno español y
por parte del Ministerio de Asuntos Sociales haremos todo lo que este en
nuestras manos para llevar al ánimo de las autoridades de Guinea
Ecuatorial la conveniencia, la oportunidad y yo creo una cierta urgencia
de que representantes de la Comisión de Asuntos Exteriores puedan visitar
su país. A través del diálogo y del intercambio de ideas se puede llevar
al ánimo de todos la necesidad de impulsar este proceso democratizador en
Guinea Ecuatorial.
Estoy totalmente de acuerdo con los tres pilares sobre los que ahora el
Gobierno debe seguir trabajando: el propio Gobierno de Guinea Ecuatorial,
las nuevas autoridades municipales constituidas y, evidentemente, la
Plataforma de Oposición Conjunta.
El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Esta probablemente sea la última sesión en esta
legislatura de la Comisión de Asuntos Exteriores. En cualquier caso, es
seguramente la última de las sesiones de esta Comisión durante esta
legislatura con este Ministro de Asuntos Exteriores.
Yo quiero comenzar mi intervención lamentando la ausencia del Ministro en
estas condiciones. Lo digo con todos los respetos al señor Moratinos y a
sus compañeros, que son también los míos. No lo digo por ningún tipo de
falta de respeto a su excelente capacidad profesional y técnica, pero
ésta era una ocasión en la que el señor Solana debía haber estado
presente en esta Comisión para solventar la comparecencia que estamos en
estos momentos celebrando sobre Guinea Ecuatorial, que es un tema
importante de la política exterior española, y contestar una serie de
preguntas que también se refieren a aspectos importantes de la misma. Es
una muestra, que nosotros lamentamos, de falta de interés y de
consideración por el órgano parlamentario que se ocupa precisamente de la
política exterior de España.
En segundo lugar, quería decir también, al aire de la misma connotación
cronológica donde se produce esta
misma Comisión, que ello seguramente nos impide también tratar otros
temas que nosotros habíamos sometido a la consideración de la
Administración relativos a Guinea Ecuatorial, que en su momento, como
sabe perfectamente el señor Moratinos, nos produjeron cierta alarma y que
tenían que ver con algunos comportamientos de la Administración que no
voy a entrar a juzgar en estos momentos, pero que indicaban alguna
determinada preferencia, desde nuestro punto de vista indebida, por unos
u otros en los procesos políticos guineanos y que tuvieron incluso una
cierta capacidad distorsionadora de la misma política exterior con
respecto a Guinea.
En tercer lugar, creo que es una pena que no hayamos podido, sabido o
querido realizar la visita que esta Comisión de Asuntos Exteriores había
decidido y para la que había sido autorizada por la Mesa de la Cámara. Si
no coincidió esa visita con la celebración de las elecciones, en mi
entender, y creo que en el del señor Presidente de esta Comisión, no fue
porque no hubiera una petición formal en ese sentido, sino, todo lo
contrario, porque se nos indicó, creo que por el mismo Ministerio español
de Asuntos Exteriores, que no era conveniente hacerlo en esas fechas. De
manera que ni siquiera fue el Gobierno guineano el que dijo que no se
celebrara en esas fechas, sino que fue el Ministerio español el que se
adelantó a esa previsible negativa.
Esa es la secuencia de acontecimientos, que debe ser también relatada
claramente. Creí en su momento, y se lo dije al Presidente de la
Comisión, que habría sido conveniente que esa visita, que tenía todas las
vendiciones de esta casa, se hubiera realizado precisamente en ese
momento significativo y que no hubiera sido el Ministerio español de
Asuntos Exteriores o el Gobierno español el que se negara a la
celebración de la visita, sino, eventualmente, el Gobierno guineano. En
fin, las cosas han pasado. Estamos en una, relativamente, nueva fase,
pero para dejar el récord claro, quería dejar enumerada la secuencia de
los acontecimientos y algunas de las dudas que en el pasado hemos tenido.
Nosotros creemos que las recientes elecciones municipales en Guinea
Ecuatorial, a pesar de sus múltiples y graves irregularidades --no voy a
insistir en cosas que usted mismo o mis compañeros han dicho--, han
constituido un avance en el proceso de democratización que todos deseamos
para Guinea Ecuatorial. Es más, nosotros creemos que la celebración de
esas elecciones, incluso con esas graves irregularidades, aconseja una
cierta revisión de algunos aspectos de la política exterior española con
respecto a Guinea Ecuatorial.
Desde luego, esas elecciones no han sido un prodigio de pureza
democrática. Entre otras irregularidades --ya se ha dicho-- hay que
subrayar las referentes a la falta de garantías adecuadas con respecto a
la labor de los observadores internacionales; la ausencia de listas del
censo electoral hasta el mismo día de la consulta cuando, según la misma
ley guineana, creo recordar que deberían haber sido expuestas por lo
menos diez días antes de las elecciones, y las diferencias que se han
producido entre los resultados que ofrecieron los mismos observadores
internacionales y los que finalmente han sido reconocidos como oficiales
por las autoridades guineanas.
A pesar de todo ello, estimamos que nuestro análisis político sería
erróneo si nos fijáramos exclusivamente en las indudables sombras de todo
el proceso y no tuviéramos en consideración algunas de las luces que se
han encendido en cierto sentido, precisamente a raíz del mismo proceso.
En términos históricos hay que recordar que éstas han sido las elecciones
más plurales y más abiertas de toda la historia de Guinea Ecuatorial,
siempre dentro de la relatividad del juicio; ése es un dato que han
reconocido los mismos opositores al régimen actualmente gobernante. Los
partidos que han participado en el proceso electoral han tenido libertad
para celebrar los correspondientes actos electorales y han podido, dentro
de ciertos límites, expresar sus críticas a la situación actual del país;
todo ello creemos que es un punto importante de partida, aunque, desde
luego, sería erróneo que con ello nos diéramos por satisfechos. Por el
contrario, creemos que es necesario continuar exigiendo al Gobierno
guineano más y mayor respeto cada vez a las reglas democráticas.
La Plataforma de Oposición Conjunta, que, como sabemos, agrupa a los
principales partidos de la oposición democrática al régimen del
Presidente Obiang, finalmente ha conseguido --también se ha recordado
aquí-- ocupar nueve de las veintisiete alcaldías que estaban en juego,
incluyendo entre ellas la de la misma capital del país, Malabo, a pesar
de que en un principio las fuerzas opositoras habían proclamado su
triunfo en veinte de las veintisiete poblaciones y que, a nuestro modo de
ver, existen razones más que fundadas para creer que ese resultado
hubiera sido más ajustado a la realidad. Pero, al mismo tiempo, en ese
juego de los vasos llenos y de los vasos vacíos, de juicios en la
relatividad, es cierto que, por primera vez en la historia del país, la
oposición tiene una plataforma de poder municipal cuyas consecuencias
para el futuro pueden ser extraordinariamente positivas. Por todo ello
nosotros creemos que, a partir de este momento y como consecuencia de los
resultados de las elecciones y del mismo proceso de las elecciones
municipales, todos deberíamos tomar buena nota de esa nueva situación
creada, lo que, desde nuestro punto de vista, debería hacerse de acuerdo
con las siguientes líneas.
En primer lugar, debemos seguir vigilando para que el pluralismo y la
libertad política alcanzados en la última campaña electoral de manera
relativa tengan una continuidad y una profundización después de las
elecciones.
En segundo lugar, creemos que se debe emplazar de manera formal al
régimen ecuatoguineano para que respete los resultados reconocidos por él
mismo y respete también --lo cual es enormemente importante-- la
autonomía de los entes locales elegidos en estas elecciones municipales y
actualmente gobernados por fuerzas de la oposición.
En tercer lugar, creemos que debemos continuar impulsando el proceso
democrático de cara a las próximas elecciones presidenciales y, en la
medida de lo posible, recomendar que esas elecciones presidenciales
tengan en tiempo, forma y condiciones un mayor grado de participación
y de capacidad democrática del que han tenido las elecciones municipales.
En cuarto lugar, nosotros creemos que se debe continuar condicionando la
cooperación española como actualmente se hace, excepto aquella que pueda
ser considerada en términos estrictos como ayuda humanitaria al proceso
democratizador y al respeto de los derechos humanos, pero quizá éste
podría ser el momento para adelantar al mismo Gobierno de Guinea
Ecuatorial una intensificación en esa cooperación si se llegaran a
satisfacer determinadas condiciones mínimas.
En quinto y último lugar, nosotros creemos que España, sea quien sea
quien esté al frente del Gobierno, debe y puede seguir jugando un papel
importante, casi capital, en la democratización y en el desarrollo
económico y social de Guinea Ecuatorial, y entendemos que esta
cooperación no sólo será beneficiosa para los intereses del pueblo
guineano, sino que también debe favorecer los intereses de toda nuestra
política africana.
Finalmente, creemos que la nueva situación política creada en el país
abre de hecho nuevas posibilidades, que, desde luego, exigen nuevas ideas
y nuevos impulsos.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Moratinos, quisiera
hacer alguna precisión sobre las palabras del señor Rupérez en lo que
conciernen a esta Comisión. Ya he hablado de esto hace un momento, pero,
para que quede claro cuáles son las responsabilidades de todos y, entre
ellas, la mía propia, quisiera decir qué fue exactamente lo que ocurrió.
Efectivamente, la Comisión deseaba hacer una visita a Guinea Ecuatorial,
pidió la autorización y esa autorización le fue concedida por parte de la
Mesa, pero, según entiendo yo, la Comisión no tiene el derecho de ir a
cualquier país por iniciativa propia, sino que debe existir una relación
parlamentaria por la que se la invite a acudir. Cuando se planteó el
problema con motivo de las elecciones, podíamos haber tomado la decisión
de trasladarnos a Guinea por nuestra cuenta, sin invitación ninguna, para
actuar de supervisores, pero a mí me pareció --me sigue pareciendo-- que
eso no era regular y, por consiguiente, lo que hice, de acuerdo con los
miembros de la Mesa, fue plantear una solicitud al Gobierno para que
éste, con su representación diplomática y con las autoridades guineanas,
estudiase la conveniencia de que se nos hiciese esta invitación. La
respuesta fue que las autoridades guineanas consideraban que precisamente
en aquel momento no era conveniente, pero sí después de las elecciones.
Entendían --supongo yo-- que la presencia de representantes de una
Comisión de Asuntos Exteriores de un parlamento de otro país podía
significar una interferencia en su propia soberanía. Por esa razón, la
Comisión de Asuntos Exteriores no se trasladó a Guinea para supervisar el
proceso electoral, pero el camino está abierto para que podamos,
efectivamente, efectuar una visita en los términos en que se realizan las
visitas; es decir, como elementos de una relación entre parlamentos. Digo
esto para que quede claro cuál fue la situación.
Señor Moratinos, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA Y MEDIO
ORIENTE (Moratinos Cuyaubé): Tengo que confirmar lo que ha dicho el señor
Presidente. Creo que todos tenemos razón. El Ministerio de Asuntos
Exteriores, después de hablar con el Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores, trasladó la solicitud de la eventual visita y las autoridades
desaconsejaron el momento. Señalaron que, después de las elecciones, con
unos nuevos municipios democráticamente elegidos, sería mejor momento
para producirse la visita de esta Comisión de Asuntos Exteriores. En ese
sentido, vuelvo a reiterar el compromiso del Gobierno, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, de seguir trabajando para que esa visita se pueda
celebrar cuanto antes.
Al señor Rupérez quisiera mostrarle mi satisfacción por el análisis y por
las líneas de actuación que considera que debe llevar el Gobierno español
en relación con Guinea Ecuatorial; coincide con el análisis que hace el
Ministerio de Asuntos Exteriores de que estas elecciones municipales
suponen un avance en el proceso democratizador. Creo que es importante
que, a pesar de las sombras que ha habido en la preparación, en la
celebración y en el desarrollo de estas elecciones municipales, hoy
tenemos por primera vez en la historia de Guinea Ecuatorial nueve
ayuntamientos representados por los partidos de la oposición.
Esto confirma lo que era un poco la posición del Gobierno y del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que en todo momento señaló que era
oportuno ir ampliando los espacios de libertad y de representación en ese
caminar de las fuerzas políticas en vías de apuntalar la democracia en
Guinea Ecuatorial. Hoy día, gracias a ello, con todas las dificultades y
con todas las irregularidades, podemos tener interlocutores elegidos de
manera plural y democrática.
Unicamente me queda expresar mi total apoyo a sus seis puntos. Creo que
todos ellos coinciden con la línea que piensa seguir el Gobierno y el
Ministerio de Asuntos Exteriores, continuar vigilando la profundización
de las libertades y del pluralismo en Guinea Ecuatorial; seguir
emplazando e instando al Gobierno y a las autoridades guineanas a que
respeten los resultados de las elecciones municipales y que, por lo
tanto, permitan a los nuevos ayuntamientos llevar a cabo sus actuaciones
de manera absolutamente segura y libre; continuar tratando de facilitar
un diálogo entre las fuerzas de la oposición y el Gobierno para ir
reforzando que el próximo proceso electoral se pueda desarrollar con las
mejores garantías de éxito, en tiempo, en forma y en condiciones; y
mantener esta cooperación, que durante el último año ha ido destinada al
pueblo de Guinea Ecuatorial, a los sectores de educación, sanidad y a un
sector productivo que beneficia a la población bubi, en el caso de la
reimplantación del cacao en la isla de Bioko. En definitiva, utilizar
nuestra cooperación como estímulo al desarrollo del proceso de
democratización.
Por último, quiero decirle que lo mismo que he señalado que no considero
que hay que quedar atrapados en un viejo y falso paternalismo, eso no
obsta para que España deba continuar desempeñando un gran esfuerzo, tanto
para mantener la presencia de nuestros intereses reales en Guinea
Ecuatorial --yo diría que quizás debería intensificarse--,
no intereses históricos, como para contribuir al proceso de
democratización de Guinea Ecuatorial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Quisiera empezar felicitando al señor
Moratinos en nombre del Grupo Socialista, en esta su primera
comparecencia, no sólo por la exposición relativa a la situación
electoral o postelectoral de Guinea Ecuatorial, que es el motivo de su
presencia en esta Comisión, sino que también aprovechamos para
felicitarle por la parte que le toca, que es mucha, del éxito de la
Conferencia Euromediterránea de Barcelona. Me consta --porque lo he
seguido de cerca como presidente de la ponencia relativa al Mediterráneo
desde hace seis u ocho meses-- su dedicación y su entrega dirigiendo un
equipo de profesionales de la diplomacia que han hecho una labor
realmente muy importante. Yo creo que es bueno subrayarlo y reconocerlo
así, porque es un éxito de la política exterior española y de los
profesionales de la diplomacia, que han conseguido poner de acuerdo, en
algo tan complejo y tan difícil como es la seguridad y la cooperación en
el Mediterráneo, a 27 países, algunos de ellos con políticas, con
ideologías y con estrategias no sólo diferentes, sino muy distantes.
Dicho lo anterior, entro de lleno en el tema objeto de su comparecencia
diciendo que el Grupo Socialista respalda la posición del Gobierno y del
Ministerio de Asuntos Exteriores, porque viene dado por la propia
naturaleza del Grupo que apoya e inspira con su programa la acción del
Gobierno y por la convicción de que es una política, que yo llamaría de
posibilismo inteligente y de solidaridad activa con el pueblo
ecuatoguineano, que ha permitido desarrollar una acción dentro de enormes
dificultades y de limitaciones evidentes, que se han debatido con
frecuencia en el seno de esta Comisión. El señor Moratinos las ha
resumido en tres puntos, otros portavoces de grupos parlamentarios las
han ampliado a seis, siete u ocho (pueden ser muchas pero, como los diez
mandamientos, casi se pueden reducir a dos), pero el hecho cierto es que,
a trancas y barrancas, se ha ido logrando que Guinea Ecuatorial avance en
el sentido de la libertad, de la democracia y del pluralismo.
Mi Grupo piensa que las elecciones municipales han sido insuficientes y
que, desde luego, no se ha reconocido lo que es nuestra convicción
profunda de que los resultados habían sido claramente favorables para la
plataforma de oposición conjunta. Esa es una convicción que tenemos, pero
preferimos --en todo caso corresponde a la soberanía de las partes en
Guinea Ecuatorial-- que haya un acuerdo, aunque sea de mínimos, para que
la oposición esté presente en las instituciones a que no hubiese un
acuerdo en absoluto. Estamos convencidos de que lo que llamamos la
conquista de parcelas de libertad abre puertas que luego no vuelven a
cerrarse, o no vuelven a cerrarse del todo; frecuentemente abre nuevas
puertas. Es un proceso en el que, en ocasiones, se dan dos pasos adelante
y uno atrás, pero el resultado es de avance y, como decía el señor
Moratinos, en las circunstancias y en la coyuntura de Africa, todos somos
conscientes de las enormes dificultades que ello implica.
En este debate se ha hablado mucho de las acciones en sentido positivo y
yo también introduciría el aspecto, digamos, de lo negativo, de lo que no
hay que hacer. Se ha hablado mucho de lo que hay que hacer y de lo que se
está haciendo; habría que hacer también una reflexión sobre lo que no hay
que hacer. Yo creo que no hay que caer en el, error o en la torpeza --el
Gobierno no ha caído en esa tentación, pero sí alguna fuerza política--
de apadrinar o fabricar líderes artificiales en Guinea Ecuatorial que no
ha decidido el propio pueblo ecuatoguineano, con lo cual se vuelve un
poco a esa política colonial del hombre de Carrero Blanco o el hombre de
Castiella, que fracasó estrepitosamente y que seguro que volvería a
fracasar si ésa fuese la tendencia que tomase cuerpo en nuestro país.
Nosotros no tenemos que tener, como ha dicho muy bien el señor Moratinos,
ningún hombre de España, y mucho menos de un partido, en Guinea
Ecuatorial. Tenemos que tener una política, claramente definida y
diseñada, de apoyo al respeto de los derechos humanos, a la transición a
la democracia y el pluralismo en el país, y sobre todo al bienestar y a
la prosperidad de aquel pueblo, y no hacer políticas que vayan
encaminadas a satisfacer nuestro propio ego ni a entrar en un país
tercero como elefantes en una cacharrería, solamente por la satisfacción
efímera de que una parte de nuestro electorado o de la gente que pueda
apoyarnos en España se sienta satisfecha porque vea en ello una acción
--entre comillas-- enérgica, que no lleva en realidad a ninguna parte.
Para terminar, quisiera pedir al señor Moratinos que transmita al señor
Solana, Ministro ya por pocos días porque asumirá las nuevas funciones de
Secretario General de la OTAN, el agradecimiento del Grupo Parlamentario
Socialista por su dedicación y entrega a esta Comisión durante más de
tres años, que ha sido reconocida en el pasado por todos y que está, como
testimonio vivo, en el «Diario de Sesiones». Pienso que sólo desde el
resentimiento se puede negar al Ministro Solana esa dedicación y entrega
durante su brillante trayectoria como Ministro de Asuntos Exteriores de
España.
El señor PRESIDENTE: Señor Moratinos, ¿desea hacer uso de la palabra?
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA Y MEDIO
ORIENTE (Moratinos Cuyaubé): Muy brevemente, señor Presidente. Sólo
quiero señalar mi total conformidad con el señor Yáñez y, sobre todo,
agradecerle esas palabras de apoyo personal y felicitación que ha tenido
hacia mi persona. Tengo que añadir que ha sido todo un equipo de
Exteriores el que ha logrado sacar adelante algunas iniciativas, como la
Conferencia Euromediterránea, pero tanto en ésta como en Guinea
Ecuatorial también se ha debido al apoyo, al interés y a las iniciativas
de la Comisión de Asuntos Exteriores, que ha sabido movilizar y trasladar
a la opinión pública española la importancia de algunos desafíos que
tiene la política exterior española, entre ellos Guinea Ecuatorial y la
Conferencia Euromediterránea.
Subrayo, asimismo, mi total conformidad de que el Gobierno español, el
Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene un hombre para Guinea, sino una
convicción única, que es apoyar a todas las fuerzas políticas
democráticas y el proceso democratizador, y evitar errores que quizá se
han cometido en el pasado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moratinos.
Damos por terminada esta comparecencia. Le agradezco, una vez más, su
presencia. No digo que espero volver a verle pronto en esta Comisión,
porque ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de todas
maneras ya sabe que ésta es su casa.
Señorías, vamos a abordar los siguientes puntos.
Quiero señalar a SS. SS. que estamos procediendo con una extraordinaria
lentitud en nuestro trabajo y que queda por delante todavía una
comparecencia, un buen número de preguntas y tres proposiciones no de
ley. Por consiguiente, les rogaría brevedad en sus intervenciones, y yo
haré uso estricto del Reglamento.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR MARTINEZ CASAÑ (GRUPO POPULAR), SOBRE COHERENCIA DE LA
CELEBRACION DEL FESTIVAL ESPAÑOL DE LAS ARTES EN CUBA Y LA APERTURA DE UN
CENTRO CULTURAL ESPAÑOL EN LA HABANA CON LOS CRITERIOS POLITICOS QUE SE
APLICAN A LAS RELACIONES DE ESPAÑA CON CUBA. (Número de expediente
181/001668.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, teniendo en cuenta la situación creada por
los compromisos de los representantes del Ministerio, tenemos aquí al
señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, que va a contestar una serie de preguntas. Le ruego, por
consiguiente, que se acerque a la Mesa.
Varias de las preguntas se refieren a un mismo tema; por consiguiente, mi
propuesta es que algunas de ellas se defiendan en un solo turno. La
pregunta número 13 tiene su propia entidad; las preguntas 14, 15 y 16
pueden ir en un solo turno, puesto que todas ellas se refieren a la
Cumbre Iberoamericana celebrada ya en Bariloche. Las que se refieren a la
próxima Cumbre se pueden reunir en otro turno y quizá las números 19, 20
y 21, que se refieren a un análisis global, se podrían hacer en otro
turno, con lo cual tendríamos cuatro bloques de preguntas. (El señor
Robles Fraga pide la palabra.)
El señor ROBLES FRAGA: Todas mis preguntas se pueden hacer en un mismo
bloque, ya que se refieren todos al mismo tema.
El señor PRESIDENTE: Se pueden agrupar en tres bloques, aparte de las
preguntas números 13 y 22, que son de diferentes temas. Las preguntas del
señor Robles Fraga las puede condensar en una intervención y el señor
Dicenta, si es tan amable, las contestará así.
La número 22 la contestará el señor Subsecretario, así como la
comparecencia que queda por celebrar, que es el número 11 del orden del
día.
Si estamos de acuerdo con esta organización de la agenda y del orden del
día, pasamos a la pregunta número 13: Coherencia de la celebración del
Festival Español de las Artes en Cuba y la apertura de un Centro Cultural
Español en La Habana con los criterios políticos que se aplican a las
relaciones de España con Cuba, cuyo autor es el señor Martínez Casañ, del
Grupo Popular, que tiene la palabra.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia
del señor Dicenta.
Siento que esta pregunta se trate en Comisión en estos momentos en que el
evento ha finalizado ya. Hubiese preferido que se hubiera visto en el mes
de septiembre, cuando todavía había tiempo de rectificar lo que, en mi
opinión, son algunas actitudes erróneas.
El Gobierno español ha organizado en La Habana el Encuentro Cultural
España-Cuba 1995, que ha tenido una duración de tres meses, de septiembre
a diciembre del presente año.
Además de exposiciones de libros y de arte, ha habido espectáculos
teatrales, cursos de cine, conferencias, mesas redondas, recitales
poéticos, talleres y coloquios en los que ha participado una cincuentena
de intelectuales españoles y de sus «homólogos», entre comillas, cubanos.
Pero los verdaderos escritores independientes cubanos, señor Secretario
de Estado, no han podido participar en el evento, porque, o bien están en
el exilio, muertos, en la cárcel, o escondidos, como lo estuvo durante
mucho tiempo el señor Reinaldo Arenas.
Los españoles, intelectuales y artistas, que han ido a Cuba no han
engañado a nadie, puesto que no han ido allí a dialogar con nadie, que
podía haber sido el propósito de este encuentro, y menos con sus
homólogos cubanos, sino a participar en lo que, en opinión de los
Diputados del Grupo Popular, ha sido una manifestación procastrista.
En Cuba, señor Secretario de Estado, política y cultura se confunden,
pues la cultura es un instrumento al servicio de la autopromoción y
propaganda del Gobierno cubano y, si no, que se lo digan a la poetisa
María Elena Cruz Varela, a quien Castro obligó a tragarse sus poemas en
la cárcel o al poeta Indamiro Restano, condenado a diez años de prisión
por haber intentado formar una asociación de periodistas no oficial.
El encuentro España-Cuba 1995 ha sido una horrible farsa porque, aunque
sólo haya podido mostrar algunas muestras de nuestra cultura --y digo
algunas porque no todas han sido buenas o excelentes-- habrá servido para
legitimar y apoyar, en nombre del pueblo español, que es lo que más nos
duele, la legitimidad del régimen de Castro. Y esto lo ha hecho el
Gobierno español precisamente en un momento en que tenía una mayor
responsabilidad, puesto que ostentaba la presidencia de la Unión Europea.
El encuentro ha coincidido, curiosamente, también con el paradigmático
cierre de la Fundación Cultural Pablo Milanés y cuando todo indica que el
régimen de Castro está cerrando filas en lo ideológico y en el control
social de una población cada vez más necesitada en lo material.
Este guiño supone un giro de 180 grados, ya que, si bien hasta ahora la
connivencia entre gobiernos no había salido de la esfera gubernamental,
ahora no tiene ningún pudor en manifestarse de forma abierta, una campaña
de imagen que sólo contribuirá a reforzar la imagen del régimen y la
frustración de la población.
Yo le pregunto: ¿Quién va a beneficiarse del festival? ¿Los pocos
«intelectuales», entre comillas, que habrán tenido un acceso eventual y
unos contactos también eventuales con los colegas españoles, que se
esfuman con la partida de éstos, o un gobierno que se jacta y que se
jactará de mantener unas relaciones privilegiadas y estrechas con el
Gobierno socialista español?
Al parecer, los libros y el montaje de la muestra, libros de España que
han dado ocasión de pasear su roja cabellera a la valenciana Ministra de
Cultura, han sido donados a las autoridades cubanas. ¿Cuántos de estos
libros, señor Secretario de Estado, podrán ser leídos por el pueblo
cubano y estar en las bibliotecas de los ciudadanos cubanos?
Cuatro años después del desembarco en La Habana de algunos inversionistas
españoles y de otros países, las cárceles cubanas retienen cientos de
presos políticos. Los grupos de disidentes políticos son permanentemente
hostigados y, por si fuera poco, el señor Castro nos recuerda en una
reciente entrevista de «Telemundo» que no tiene la más mínima intención
de iniciar un cambio político. Literalmente, dice: Yo no creo en la
democracia representativa ni en los partidos políticos. En Cuba tenemos
un buen sistema de gobierno y no veo necesidad de cambiarlo. En Cuba, los
políticos de mi generación son contrarios al multipartidismo.
En otro orden de cosas, señor Secretario de Estado, el Instituto de
Cooperación Iberoamericano tiene prevista la apertura de un centro
cultural español en La Habana, que, a diferencia del Instituto Francés
Goethe, el objetivo de este centro sea, no la enseñanza de la lengua,
sino la cooperación cultural hispano-cubana.
¿No cree el señor Secretario de Estado que es imposible hacer cooperación
cultural sin libertad? Yo, sinceramente, creo que no, la cultura o lo es
en libertad o no es cultura y se transforma en propaganda. Y así las
cosas, nuestro centro cultural en La Habana será una permanente fuente de
conflictos con el Gobierno cubano, si de verdad se quiere hacer
cooperación cultural, algo por lo demás muy poco probable, dado el
especial celo colaboracionista en nuestro Gobierno, o, lo que mucho me
temo, un instrumento más en el engranaje, propagandístico de Castro.
Creo que en estos temas es donde tenemos que basar nuestra diferente
política hacia Cuba, no al bloqueo, sí a la presencia de nuestro
empresariado en el proceso de apertura económica en la isla y sí a la
transición pactada a las amnistías, a las libertades, pero no a todo lo
que suponga un reforzamiento moral de la dictadura.
Me voy a quedar aquí, en espera de lo que me cuente el señor Secretario
de Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Pla Pastor): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En primer lugar, yo quisiera precisar
que uno de los objetivos generales y básicos de nuestra acción exterior
en las relaciones con Iberoamérica es siempre conseguir la mayor difusión
posible y el máximo intercambio posible de todo lo que es el acervo
cultural común y también de las propuestas culturales que puedan surgir
entre los países que mantenemos las mismas raíces hispánicas.
Yo creo que es en este contexto en el que hay enmarcar la política,
seguida tanto en Cuba como en otros países, de promover festivales de la
cultura española y de abrir centros culturales en las principales
capitales iberoamericanas, entre otros proyectos culturales, por
supuesto, y en la medida siempre en que lo permitan los presupuestos
generales del Estado.
En relación con Cuba, como S. S. sabe muy bien, la política del Gobierno
español descansa en tres pilares básicos. Primero, apoyar los procesos de
reformas y de liberalización económica y alentar la apertura política y
un mayor respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Este es un principio básico de nuestra política con Cuba.
Segundo, aliviar en la medida de lo posible una situación que S. S.
conoce bien, una situación crítica que vive el pueblo cubano, que ha
visto en los últimos cinco años, por ejemplo, caer el producto interior
bruto en más de un 30 por ciento. Tercero, rechazar al embargo impulsado
por los Estados Unidos, porque entendemos que ni favorece soluciones
pacíficas ni mejora en absoluto el bienestar del pueblo cubano.
La celebración de este festival español de las artes en Cuba, que
organizó el Ministerio de Cultura, igual que la apertura, a corto plazo,
de un centro cultural en La Habana por el Ministerio de Asuntos
Exteriores son dos acciones coherentes con esos propósitos que señalé
antes. Digo, incidentalmente, que la apertura del centro cultural en La
Habana es una vieja aspiración que ha sentido España desde hace muchas
décadas y que cumpliremos ahora antes de que abran centro cultural otros
países, como Alemania o Francia, que están desde hace mucho tiempo
solicitando la autorización para abrirlo. Este centro español ha sido el
primero autorizado y el primero que se va a abrir, de países de la Europa
Occidental.
Decía que estos dos actos, estos dos gestos, estas dos iniciativas son
coherentes con los propósitos que anunciaba antes, en primer lugar,
porque estos acontecimientos culturales ofrecen al pueblo cubano, a los
artistas y a los intelectuales, al público en general, acceso a toda una
serie de manifestaciones del arte y de la cultura española que, de otra
manera, difícilmente podrían llegar a la isla, entre otras razones
precisamente por la aguda crisis por la que atraviesa. El acceso a la
prensa, libros o revistas, la asistencia
a espectáculos de teatro, de danza, de música, de cine y de un largo
etcétera, en Cuba es, si cabe, aún más necesaria que en otros países de
América; por una parte, por el gran interés que allí despierta todo lo
español, y, por otra, por la penuria de este tipo de eventos. Hay que
recordar que no en vano Cuba acogió centenares de miles de emigrantes
españoles en la primera mitad de este siglo.
En segundo lugar, estas iniciativas permiten también que llegue una aire
nuevo, un aire fresco a la isla. De esta forma, los cubanos han tenido
ocasión de confrontar sus puntos de vista con los de otras personas en
mayor o menor medida y, desde luego, todo esto pensamos que redundará en
abrir mentes y en propiciar espacios más tolerantes y menos dogmáticos en
el clima actual que vive Cuba.
En tercero y último lugar, el Gobierno español piensa que la política de
aislamiento no va a favorecer en absoluto la renovación ni el cambio,
sino que serviría únicamente para atrincherar posiciones, para reforzar
posturas inmovilistas y para encastillar ideas autárquicas. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Por eso es por lo que nos satisface constatar que hay un cierto
acercamiento a las posiciones que ha defendido el Gobierno español
siempre en la política dirigida hacia Cuba por otros países y estamos
convencidos de que colaborar en la inserción de Cuba en la comunidad
internacional, a través del comercio, de la inversión, de las relaciones
de todo tipo, económicas, turísticas, etcétera, o los intercambios
culturales, contribuye a una mayor tolerancia interna y puede ir abriendo
paso a una nueva etapa en favor del consenso, del diálogo y del respeto a
lo que es ajeno o distinto.
Dentro de esta política de cooperación cultural, y para que hubiera un
encuentro que permitiera dialogar, que yo creo que no era básicamente el
objetivo de estos festivales, pero sí el de nuestras dos iniciativas
sobre «La isla entera», en la política de cooperación cultural con Cuba
de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, el año pasado se
llevó a cabo un seminario sobre «La isla entera», ése fue el título,
dedicado a revisar la poesía cubana a partir de los orígenes de la
conmemoración del cincuentenario de la revista «Orígenes». A este
encuentro asistieron, en Madrid, treinta poetas cubanos, quince
residentes en la isla y quince residentes en otros países, y, durante una
semana, estos treinta intelectuales, estos treinta poetas, convivieron y
se celebraron sesiones académicas en la Universidad Complutense,
tertulias literarias en la Casa de América, todo ello dentro de un clima
de gran respeto, cordialidad y rigor intelectual, y la valoración hecha
por todos, por los de dentro y por los de fuera, fue absolutamente
positiva.
De ahí que el próximo mes de enero, organizado también por esta
Secretaría de Estado, vayamos a tener un segundo seminario dentro de ese
título genérico de «La isla entera», que, en esta ocasión, vamos a
dedicarlo al cuento en la literatura cubana. Estos seminarios --repito--
consideramos que constituyen un punto de encuentro entre intelectuales de
dentro y fuera de la isla y abren la posibilidad de llevar a cabo un
análisis y un diálogo riguroso entre intelectuales cubanos de dentro y de
fuera y, al mismo tiempo, con intelectuales españoles y universitarios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Agradezco al Secretario de Estado la respuesta
que me ha dado, de paso quiero decir que no me convence en absoluto, como
era de prever, y sí quiero puntualizar los siguientes puntos.
Después de la celebración de esta manifestación o encuentro cultural, o
de la proyectada apertura del centro cultural en La Habana, ¿dónde se
apunta todo esto? ¿En qué activo? ¿En el activo de la libertad o en el
activo de la dictadura? ¿Cuál es la cultura, cuál es el cómputo, cuál es
el balance? Yo no estoy criticando que se celebre un encuentro en
cualquier país democrático, o incluso en un país que no sea democrático
pero en el que se consigan unas contrapartidas de libertades. No es
criticable que se lleve a cabo este encuentro España-Cuba 1995, si se
hace de manera que se dé un mensaje claro en favor de la libertad, que es
lo que yo creo que no se ha hecho. Los asistentes españoles al encuentro
han ido allí, se han ganado un buen dinero, porque para eso estaban
trabajando --y sé de buena tinta que se han ganado un buen dinero--, han
hecho turismo, pero no me consta que hayan hablado de libertad, que hayan
hablado de democracia y que hayan dejado un poso que pueda prosperar. Una
exhibición cultural de España requiere un apoyo a las libertades y una
contrapartida de libertades.
¿Qué intelectuales, qué artistas, qué poetas malditos del régimen cubano
han podido participar en estos encuentros, si es que lo sabe usted o si
es que me lo puede decir? ¿Es que acaso algún periódico español, algún
semanario o algún medio de comunicación libre va a poder, a partir de
ahora, venderse en Cuba y jugar el juego de la democracia y de las
libertades? A mí me preocupa muchísimo que esta manifestación que se ha
organizado para mayor honra y gloria de la política de un gobierno
socialista español se pueda confundir con la postura, con la posición,
con la estrategia o con el sentimiento general del pueblo español
respecto a Cuba, porque el pueblo cubano, antes o después va a pasarnos
factura de lo que piensa que hemos hecho de forma errónea o acertada, y
yo creo que esto ha sido una manera errónea de actuar.
Finalmente, quiero preguntar al señor Secretario de Estado, que debe
saberlo porque cuenta con los elementos necesarios de información, ¿por
qué no se ha organizado este evento en un país como Chile, como Nicaragua
o como El Salvador que han creído en la democracia y en el ejemplo
español de la transición y se han embarcado en un proceso de libertades,
que no estará consumado o que no estará perfeccionado, pero que está en
la vía? ¿Por qué se ha elegido Cuba? El señor Secretario de Estado dice
que en Cuba hay un gran interés por todo lo español. Y en Nicaragua, y en
El Salvador y en Chile y en todos los países de la América española. ¿Por
qué Cuba? ¿Por qué se obstinan ustedes en hacer manifestaciones
culturales en Cuba? ¿Por qué no eligen otro país en el que quizá la
inversión dé mejores resultados y más a corto plazo? Dice que esto ha
supuesto un aire nuevo, una confrontación, una apertura. Yo quisiera
creer que es así, pero la verdad es que no me
consta y por eso sigo atento a lo que usted me pueda decir, aunque no
creo que me vaya a decir nada más de lo que me ha dicho antes. En
cualquier caso, le agradezco su presencia y sus respuestas.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Quisiera responder con brevedad que
posiblemente no le convencen las explicaciones que he dado porque es
usted coherente, porque dentro de la coherencia está que, si no
compartimos las mismas posiciones respecto a la política que hay que
seguir con Cuba, es muy difícil que compartamos en este caso las razones
o motivaciones que nos inducen a llevar a cabo un festival de esta
naturaleza o los encuentros a los que me he referido, que entendemos que
son acompañamientos importantes en esos tres pilares que he señalado de
la política del Gobierno actual de España con Cuba.
¿En qué activo de la cultura introduzco esto? Yo lo introduciría en el
activo de la cultura, en el activo de la difusión de la cultura española,
del contraste de la cultura española con otras actividades de otros
países, en este caso de Cuba. Yo lo introduciría también seriamente en el
activo del diálogo, aunque el objetivo de ese festival no era en absoluto
dialogar, porque se trata de un festival de las artes, pero alrededor de
ese festival de las artes ha habido diálogo, ha habido encuentro, ha
habido conocimientos y eso me lo han contado los señores que han estado
allí; parte de los señores que han estado allí han hablado conmigo y han
tenido ocasión de hablar con cubanos y, por tanto, de intercambiar
opiniones. Por consiguiente, yo lo incluiría también en el activo,
repito, del contraste de pareceres o del diálogo.
Por último, ¿por qué no se organizan estos eventos en otros sitios? Yo
quisiera señalar a S. S. que sí se han hecho en otros sitios. Se hicieron
dos festivales de esta misma naturaleza en Chile; si no recuerdo mal, se
ha hecho uno en Ecuador; no sé si en Nicaragua, no me consta que en
Nicaragua se haya hecho otro, pero, desde luego, se han hecho dos en
Chile. Y, evidentemente, las condiciones de Cuba respecto a las peores
condiciones que pudiera tener en cualquier momento Chile son siempre
mucho más deficitarias de presencia de todo tipo de cosas, desde
espectáculos a libros, a lo que fuere.
Para hablar de otros temas, se están propiciando otros foros. Por
ejemplo, el foro propiciado por la Asociación de Prensa Europea, casi en
los últimos días del festival cultural español, era un foro que tenía
precisamente por objetivo que se pudiera hablar de otras cosas; allí
fueron periodistas de distintas nacionalidades y opinaron, cosa realmente
sorprendente que yo creo que nunca había ocurrido antes, sobre la
situación en Cuba, sobre su óptica de la situación en Cuba; y
contrastaron pareceres durante unos días en La Habana. Yo pienso que ése
sí era un foro para contrastar pareceres y, quizá, para tener más
intercambios sobre opiniones.
Y ese mismo era un poco, aunque subliminalmente, debo reconocerlo, el
objetivo de estos encuentros que organizamos nosotros el año pasado, bajo
el Lema, como dije, de «La isla entera», y del que organizaremos en enero
de este año, encuentros en los que van --no tengo aquí la lista de
participantes, pero se la puedo hacer llegar a S. S.-- intelectuales de
dentro y de fuera; de los que han venido el año pasado de fuera y de los
que vienen este año, el 99,9 por ciento de ellos no puede en estos
momentos ir a la isla de Cuba a hablar sobre los temas que vienen a
comentar aquí con sus colegas del interior. Ese sí es un foro más para
discutir, para dialogar, para intercambiar opiniones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dicenta.
--DEL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR), SOBRE:
RESULTADO DE LA V CUMBRE IBEROAMERICANA DE BARILOCHE (ARGENTINA). (Número
de expediente 181/001765.)
OBJETIVOS Y PRIORIDADES ESPAÑOLES EN LA V CUMBRE IBEROAMERICANA CELEBRADA
EN BARILOCHE (ARGENTINA) LOS DIAS 16 Y 17-10-95. (Número de expediente
181/001766.)
PREVISIONES ACERCA DE LA CONSTITUCION DE UNA COMISION DE SEGUIMIENTO DE
LA V CUMBRE IBEROAMERICANA. (Número de expediente 181/001767.)
PROYECTOS QUE PRESENTARA EL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA VI CUMBRE
IBEROAMERICANA EN CHILE. (Número de expediente 181/001768.)
CRITERIOS QUE GUIARAN LOS TRABAJOS DE PREPARACION DE LA VI CUMBRE
IBEROAMERICANA EN CHILE. (Número de expediente 181/001769.)
ESTADO Y PERSPECTIVAS DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS. (Número de
expediente 181/001770.)
PROGRAMAS QUE EL GOBIERNO CALIFICARIA COMO EXITOS DE LAS ANTERIORES
CUMBRES IBEROAMERICANAS. (Número de expediente 181/001771.)
PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LOS PROGRAMAS DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS.
(Número de expediente 181/001772.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora, por consiguiente, al bloque de
preguntas relativas a las cumbres
americanas y doy la palabra al autor de las mismas, que es el señor
Robles Fraga, del Grupo Popular.
El señor ROBLES FRAGA: Creo que se pueden agrupar perfectamente y, desde
luego, existen dentro de mis preguntas sobre la situación, el balance y
las perspectivas futuras de las cumbres iberoamericanas tres grupos
distintos. Uno, lo que se refiere al balance y a la preparación por parte
del Gobierno español de la V Cumbre Iberoamericana celebrada en
Bariloche; otro que se refiere a la preparación de la VI Cumbre
Iberoamericana, que tendrá lugar en Chile y, por fin, una reflexión más
general sobre el estado y las perspectivas del mecanismo institucional
creado con las cumbres iberoamericanas, y la participación de España en
este mecanismo.
Tenemos, pues, que pasar revista no tanto a lo realizado, que es
importante, sino también a su futuro, a las posibilidades de convertirse
en un vértice político de una comunidad iberoamericana de naciones que al
menos España pretende contribuir a construir.
Las reuniones que se han celebrado hasta ahora en Guadalajara, Madrid,
Bahía, Cartagena de Indias, San Carlos de Bariloche han supuesto la
apertura, la concreción de un espacio, de un mecanismo político más bien,
que hace algunos años hubiera sido impensable. En estos años y año tras
año se ha venido produciendo el encuentro de una veintena larga de países
que, a través de sus más altos representantes, han conseguido reunir un
potencial difícilmente comparable en el escenario internacional. Sin
embargo, la propia continuidad de las cumbres, que han sabido sortear
algunos de los escollos propios de la propia comunidad iberoamericana, se
basa, hasta ahora, en la existencia de una comunidad real y no en otra
basada en el folklore, en las necesidades de imagen o en los
aniversarios. Frente a este sustrato real, sobre el que descansan las
cumbres, los retos persisten, y también la necesidad de evitar que se
conviertan en un gran encuentro sin proyecto, como ya ha sido dicho, y
que se malogre una iniciativa que sólo puede comprenderse, en todo su
alcance, a largo plazo.
Junto a un cuidadoso pero firme proceso de reafirmación
político-democrático, articulado en torno a los derechos humanos, me
parece claro que el futuro de las cumbres pasa por la definición de unos
contenidos de cooperación que respondan realmente a las necesidades de
los pueblos de América, España y Portugal, y al logro de una estructura
institucional flexible pero suficiente que permita la visibilidad de la
comunidad como un actor identificable entre los que hoy cuentan en el
mundo.
Es verdad que la idea de la comunidad iberoamericana es útil y necesaria
más allá de la celebración del V Centenario. Desafío es ahora construir
una comunidad iberoamericana que mire hacia un futuro abierto e incierto.
Se trata de que los iberoamericanos volvamos a estar presentes en el
centro de la Historia. Es, pues, una empresa que va más allá de la
búsqueda y celebración de aniversarios, sea éste el 1992, 1998, u otros
que podamos ir encontrando en el camino.
Este es un empeño que los políticos españoles no debemos relegar ni
olvidar; es una tarea que va más allá de las contingencias políticas de
nuestros países y es y debe ser una prioridad de la acción exterior de
España, aunque sólo sea porque de esa pertenencia y de esa base real
común, sobre la que se construye la comunidad iberoamericana de naciones,
deriva gran parte de nuestra influencia y nuestro prestigio en el mundo.
Me refiero muy especialmente a la cultura y a la lengua, que son asimismo
una ventaja comparativa irrenunciable para la creación de riqueza y
empleo, en un mundo cada vez más competitivo y abierto y en una sociedad
de la comunicación en que la búsqueda y conquista de mercados ha
sustituido a muchas de las antiguas rivalidades políticas.
La comunidad iberoamericana --y quiero decirlo muy especialmente aquí y
ahora-- es también una tarea de todos y no sólo de un gobierno concreto.
El papel de los individuos, de la iniciativa social y privada, de las
universidades y de las empresas es y será cada vez más determinante. Es
también --y creo que es el momento de decirlo-- una contribución
fundamental a un proyecto nacional de España democrático y renovado que
debe permitir hacer entre todos y con todos una nación más próspera,
habitable, libre y, en definitiva, capaz y fuerte en el mundo.
Me parece especialmente oportuno que se hable hoy en esta Comisión del
mecanismo institucional creado en las cumbres iberoamericanas y por eso
agradezco la presencia del señor Secretario de Estado y le pido --ya sé
que con la rapidez y brevedad que en él son habituales-- que haga un
balance de lo celebrado hasta ahora, muy especialmente de la cumbre
pasada y de la que viene, de las perspectivas de futuro y de las mejoras
posibles para que España no fracase, sino que triunfe, en esta idea de
crear un vértice, un mecanismo político institucional que reúne una vez
al año a los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señor Presidente, voy a contestar, si
les parece correcto, una por una a las preguntas que me han dirigido pero
quisiera antes hacer una brevísima introducción aludiendo a las palabras
del Diputado Robles Fraga, porque ha condensado en pocas palabras lo que
podía ser el guión de cualquiera de las muchas intervenciones en las que
yo hablo del espacio iberoamericano. Se ha referido al sustrato real
común insistiendo en la importancia de la cultura y de la lengua, que
creo que es fundamental. Se ha referido a la prioridad que en política
exterior hay que dar al proyecto iberoamericano, que creo que es
absolutamente necesario. Se ha referido al posible malogramiento de la
iniciativa de las cumbres, lo cual dependerá de que las opiniones
públicas respectivas no se sientan entusiasmadas por las cumbres, y no se
sentirán entusiasmadas en la medida en que los proyectos de cooperación
no les toquen, no les afecten de una manera muy directa. Y se ha referido
a la comunidad iberoamericana como un proyecto de futuro de todos y no
sólo de
un gobierno y, por supuesto, lo es; es un proyecto de cualquier gobierno
y de la sociedad civil.
Dicho esto, respondo a la primera pregunta que es sobre el resultado de
la V Cumbre iberoamericana de Bariloche, que creo que es donde se
reconfirma la eficacia de las cumbres como foro de concertación política
y que, además, ha dado resultados concretos en el terreno de la
institucionalización de la cooperación.
Los debates internos que tuvieron los jefes de Estado y de gobierno para
adoptar una posición común en política educativa y asuntos de interés
político, la firma del convenio de cooperación, la ratificación de los
actuales de cooperación y la aprobación de otros nuevos, a los que me
referiré, creo que son los resultados más relevantes de esta
V Cumbre.
En ella se aprobaron siete nuevos programas a iniciativa de España. Tres
de ellos, el programa Mutis Nuevas Acciones, el Iberfop e Ibermade,
contaron, además, con el respaldo de toda la Conferencia Iberoamericana
de Educación. Voy a señalar brevemente las líneas maestras de estos
nuevos programas.
El programa Mutis Nuevas Acciones potencia la movilidad de estudiantes
universitarios de tercer ciclo, de doctorado, dentro del espacio
iberoamericano, donde hasta el momento se contemplaban estancias por
períodos de un año en un departamento de alguna universidad
iberoamericana de un país distinto al de origen del estudiante.
Las nuevas acciones Mutis suponen una ampliación de Mutis mediante la
realización de programas de doctorado conjunto entre dos o más
universidades iberoamericanas, así como la movilidad de doctorandos en
fase de realización de tesis por períodos cortos de tiempo.
El programa Iberfop es un programa iberoamericano de cooperación para el
diseño común de la formación profesional y que persigue el diseño de
modelos de formación profesional adaptados a las necesidades específicas
de cada país, con participación activa de los agentes sociales.
El programa Ibermade es el programa iberoamericano de modernización de
administradores de la educación, cuyo objetivo es formar buenos
administradores de educación y futuros cuadros que estén en condiciones
de acometer las reformas de los sistemas de gestión y organización de los
organismos responsables en el ámbito de la educación.
El programa Mistral es un programa de apoyo a la movilidad de estudiantes
universitarios en cursos intermedios de primero y segundo ciclos, a fin
de realizar parte de su formación en una universidad de otro país
iberoamericano. Las universidades participantes irán suscribiendo
acuerdos con las universidades del resto de países iberoamericanos, a fin
de que la universidad de origen pueda reconocer al alumno los estudios
cursados fuera.
El programa Ibercampus es un programa que traslada al espacio
iberoamericano el programa español de intercambio Intercampus, que se
puso en marcha en el año 1994, y es un programa orientado a facilitar la
movilidad de profesores y alumnos universitarios en fase final de sus
estudios, aprovechando los diferenciales de calendarios académicos. Los
participantes efectuarán trabajos de colaboración con los departamentos
universitarios de las universidades de acogida.
El programa Ibermedia se encamina a apoyar la articulación del espacio
audiovisual iberoamericano mediante cuatro tipos de actuaciones. Por una
parte, formación continuada de profesionales. En segundo lugar, fomento
de las coproducciones. Tercero, ayuda a la distribución y exhibición de
cine iberoamericano. Y cuarto, apoyo a acciones de investigación
aplicada.
El séptimo y último programa nuevo, Iberencuentros, es un programa
general, un programa marco, que promueve encuentros sectoriales para el
intercambio y difusión de experiencias en aras a convertirse en punto de
partida de futuros programas de cooperación. Es como un preprograma en
donde se va a diseñar o a discutir un programa de cooperación. Todos los
países participantes en esos encuentros asegurarán, en la medida de sus
posibilidades, la presencia de los expertos sectoriales más idóneos y un
país miembro asumirá el secretariado del encuentro.
¿Cuáles han sido los objetivos y prioridades españolas para esta quinta
cumbre celebrada en Bariloche? En esta cumbre, España ha hecho un
esfuerzo importante durante la presidencia europea, a fin de establecer
un diálogo sudatlántico, escogiendo la opción estratégica de volcarnos
hacia Iberoamérica. Y fruto de este esfuerzo puede mencionarse el acuerdo
marco interregional de cooperación con Mercosur, que se firmará ahora,
coincidiendo con el Consejo Europeo, o la adopción de un documento marco
que establece la estrategia para las relaciones de la Unión Europea con
América Latina hasta el año 2000 o la aprobación de un mandato de
negociación para nuevos acuerdos con Méjico y Chile, acompañados de
sendas declaraciones que institucionalizan el diálogo político o el
establecimiento de un primer paso de diálogo con Cuba, con la visita de
la «Troika» a principios del pasado mes de noviembre.
Pues bien, en esta línea las cumbres suponen un importante refuerzo a ese
diálogo sudatlántico, puesto que cuenta con la participación de dos
países, España y Portugal, que son a la vez iberoamericanos y europeos.
En concreto, en la V Cumbre se han definido posiciones comunes en temas
tales como el proceso de paz en Guatemala, el embargo a Cuba, la
gobernabilidad, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, temas
todos ellos de gran interés para los países iberoamericanos y, desde
luego, para España.
En lo que se refiere a la cooperación, un asunto de especial interés era
la propuesta y la firma del convenio de cooperación como fórmula idónea
para lograr una participación real y compromisos compartidos de todos los
países iberoamericanos, para que no se produzca ese absentismo al que me
refería al principio y el consiguiente desencanto entre las opiniones
públicas de los países iberoamericanos. Han firmado este convenio los
veintiún cancilleres en Bariloche y esto supone un paso adelante en la
institucionalización de la cooperación, especialmente porque establece ya
los mecanismos, el marco y la financiación para aprobar futuros
programas.
En concreto, su artículo 10 señala que los países proponentes y/o
participantes, que, como mínimo, han de ser tres, deberán asumir en el
momento de la presentación del programa o proyecto un compromiso
financiero y/o técnico que cubra una buena parte para la realización del
mismo. Estos tres países que presentan tienen que tener, a su vez, cuatro
países más que avalan el proyecto.
De esta forma podríamos pensar, quizás, en que se va a superar este
obstáculo serio en el avance de los programas de cooperación
iberoamericanos surgidos de las cumbres iberoamericanas, consistente en
que se aprobaban los programas y luego la mayor parte de los países se
ausentaban, cuando llegaba el momento de contribuir con aportaciones
financieras, recursos técnicos o naturales al proyecto.
En cuanto a la previsión del Gobierno sobre una comisión de seguimiento
de la V cumbre, en efecto, los países iberoamericanos que participaron en
todas las cumbres y, desde luego, España, siempre han preferido --ha sido
una discusión que se ha suscitado de vez en cuando-- evitar en la medida
de lo posible crear nuevas estructuras burocráticas. El objetivo ha sido
siempre reforzar la concertación política iberoamericana y, al mismo
tiempo, acuñar programas de cooperación que den cobertura a ese espacio
común que deseamos desarrollar, sin caer en modelos que produzcan gastos,
en muchos casos trabas, trabas y costos también e ineficacia burocrática.
En este sentido, se considera que la constitución, desde la Cumbre de
Cartagena de Indias, de la figura de los 21 coordinadores nacionales y,
por otra parte, la designación de un responsable de cooperación nacional
en cada país, para el seguimiento del conjunto de programas y proyectos
de las cumbres, son suficientes para llevar a buen fin sus acuerdos; «de
facto» funcionan estos encuentros de coordinadores nacionales y
responsables de cooperación como un comité de seguimiento que asegura la
continuidad de los programas entre conferencias. En el caso de España el
coordinador nacional es el Director General de Política Exterior para
Iberoamérica y el que asiste a las reuniones de expertos de cooperación
es el Director General del ICI.
Debo decir que la preparación de la Conferencia de Bariloche por parte de
la Secretaría Pro Témpore argentina fue muy intensa, celebrándose seis
reuniones previas de coordinadores nacionales y otras seis reuniones
previas de responsables de cooperación, que permitieron un adecuado
seguimiento y evaluación de todos los programas emanados de las cumbres.
El coordinador nacional tiene, además, en cumplimiento de los acuerdos de
la V cumbre, entre otros cometidos el de participar en la elaboración de
un documento sobre el grado de cumplimiento de los programas adoptados,
documento que será presentado por la Secretaría Pro Témpore de la VI
Cumbre Iberoamericana.
De esta forma, las cumbres se constituyen en un foro dinámico y vivo que
va fortaleciéndose y adquiriendo una entidad política propia exenta de
formalismos. No se ha incurrido en la creación de un organismo, se ha
cumplido con ese propósito de no aumentar la burocracia. Pero, por la vía
de los coordinadores nacionales y la vía de los responsables de la
cooperación, hay de facto una especie de comité de seguimiento que, si se
sigue reuniendo como lo ha hecho en la preparación de la Cumbre de
Bariloche, irá teniendo cada vez una mayor efectividad y eficiencia.
En cuanto a los proyectos que presentará el Gobierno español en la VI
cumbre, debo subrayar que el interés del Gobierno en estos momentos está
centrado, sobre todo, en que se ejecuten correctamente los proyectos que
se han aprobado en las cumbres anteriores, especialmente los programas de
alfabetización de adultos, de televisión educativa iberoamericana, becas
Mutis, Cyted, Fondo Indígena y los que acabo de mencionar que se han
aprobado en esta última cumbre.
En cualquier caso, es conveniente apuntar la necesidad de evitar la
dispersión en un número grande, indeterminado de programas y proyectos,
cuya financiación después no llega y cuya ejecución, por consiguiente,
resulta inoperante. Por tanto, consideramos que es importante concentrar
los esfuerzos de la cooperación iberoamericana en aspectos relevantes de
ámbito continental, de interés para todos los países participantes y que
incidan de manera directa en reforzar los objetivos de la Conferencia
Iberoamericana.
Es previsible que se someta a la consideración de la VI cumbre un informe
sobre la viabilidad de la creación de una compañía iberoamericana de
seguros de crédito a la exportación, que es una iniciativa española, como
SS. SS. conocen, que fue ya adelantada en la Cumbre de Cartagena y cuya
posibilidad técnica está ahora en estudio. Es posible, también, que se
estudie algún programa en el área de la gobernabilidad, eriqueciendo así
el tema de la modernización del Estado y el desarrollo institucional, que
es el leit motiv sobre el que se va a centrar la VI cumbre, y recogiendo
la experiencia española en cooperación bilateral, especialmente en los
países de América Central. En todo caso, el Gobierno está a la espera de
que se convoque la primera reunión preparatoria para ir definiendo cada
vez con mayor precisión el campo de trabajo de cara a esta cumbre.
Permítanme SS. SS. que haga referencia al acuerdo que acaba de
suscribirse entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el programa de
Naciones Unidas para el desarrollo el pasado día 23 de octubre, programa
destinado a fortalecer la gobernabilidad en Centroamérica y que contempla
actuaciones en cuatro grandes áreas: la reforma del poder judicial y de
los cuerpos de seguridad; el apoyo a la descentralización administrativa;
el fortalecimiento de la equidad social --es decir, temas relacionados
con la reforma fiscal y la modernización del sistema educativo-- y el
apoyo a la profesionalización de la función pública.
Puesto que la VI Cumbre Iberoamericana, a celebrar en Chile en el año
1996, va a centrarse precisamente en el tema de la gobernabilidad, hemos
considerado que la puesta en marcha en América Central de un programa de
acciones que van a incidir en la cuatro áreas que acabo de mencionar,
puede sentar una buena base de trabajo para la preparación de la VI
cumbre. Este acuerdo con el PNUD prevé una acción conjunta, un trabajo
conjunto en programas de gobernabilidad en Centroamérica durante los
próximos cuatro años.
En cuanto a los criterios que guiarán los trabajos de preparación de la
VI Cumbre Iberoamericana en Chile, quiero señalar que la Secretaría Pro
Témpore, que en el año 1996, efectivamente, recae sobre la parte chilena,
es quien debe definir y darnos a conocer cuáles son, en primer término,
los criterios con arreglo a los cuales habrá de transitar la organización
de la VI cumbre, por lo cual, en estos momentos, el Gobierno está
simplemente a la espera de que se produzca el traspaso de poderes entre
las Secretarías Pro Témpore de Argentina y de Chile, y, después de este
paso, de conocer los criterios que el Gobierno chileno nos comunique, con
arreglo a los cuales piense organizar esa cumbre de Santiago de Chile.
Me refiero ahora al estado actual y perspectivas de las cumbres
iberoamericanas. Las cumbres iberoamericanas se han consolidado, como
dije al principio, como un foro político --foro político por excelencia,
y como S. S. señaló, impensable en el mundo iberoamericano hace muy pocos
años--, y por sus proyectos y resultados concretos en materia de
cooperación. En esta última cumbre, además, como he dicho ya, se han
creado mecanismos e instrumentos idóneos para efectuar el seguimiento y
la evaluación de programas ya existentes y para diseñar los nuevos.
Hasta el año 2001 están ya acordadas las sedes anuales de las próximas
cumbres, de forma que las perspectivas son muy favorables, tanto en lo
que se refiere a su contenido como a su periodicidad anual; una
periodicidad que no fuera anual es un tema del que ya no se ha hablado en
esta última cumbre, es un tema que no se menciona, al que no se alude.
Para información de SS. SS., les señalo que las próximas cumbres
iberoamericanas se celebrarán en 1996 en Chile, en 1997 en Venezuela, en
1998 en Portugal, en 1999 en Cuba, en el año 2000 en Panamá y en el 2001
en Perú.
La siguiente pregunta se refiere a los programas concretos que el
Gobierno calificaría como éxitos de las cumbres anteriores. El Gobierno
considera que, en general, los programas aprobados en las cumbres
anteriores son todos de gran importancia y todos pueden tener un
resultado exitoso si los 21 países iberoamericanos se involucran de forma
seria y firme en cada uno de los programas. No es casual que en la V
Cumbre de Bariloche se haya decidido la continuidad de todos los
programas; ninguno ha sido excluido. Se ha aprobado que se continuará con
la televisión educativa iberoamericana, con el programa de becas Mutis, y
con este Mutis ampliado al que me refería antes, con el programa de
alfabetización y educación básica de adultos, que ya está en marcha, como
saben SS. SS. en El Salvador y en la República Dominicana, con Cyted y
con el Fondo Indígena.
Consideramos, en líneas generales, que los programas presentados son
viables, tienen posibilidades de dar resultados positivos, pero hay que
involucrar a todos y cada uno de los países iberoamericanos en ellos de
una u otra forma, en mayor o en menor medida.
Las cantidades globales, que quiero señalar rápidamente, desembolsadas
desde la entrada en vigor de cada programa, para conocimiento e
información de SS. SS., que son los datos que tenemos en la Secretaría de
Estado, son las siguientes: En el programa Cyted se invirtieron desde el
año 1991, cuando se realizó una inversión de 220 millones de pesetas.
Posteriormente, en los años 1992, 1993, 1994 y 1995 se invirtieron 300
millones de pesetas y en este año 1995 el resto de los países de la
cumbre aportaron 250 millones. En televisión educativa durante los años
1992, 1993, 1994 y 1995 se han invertido 300 millones de pesetas anuales.
En el programa Mutis 93 se han invertido 6 millones de pesetas, en la
convocatoria de octubre-diciembre. En el programa Mutis 94 se invirtieron
400 millones de pesetas y en el programa Mutis 95 se invirtieron 598
millones de pesetas. En el año 1995 se invirtieron en el Fondo Indígena
45 millones de pesetas. En el programa Cideu, en el año 1995 se
invirtieron 60 millones de pesetas y en el programa de alfabetización,
durante los años 1993, 1994 y 1995, se invirtieron 450 millones de
pesetas. Estas son las cantidades globales. El total desembolsado por
España en estos programas asciende a 5.079 millones de pesetas.
Posteriormente señalaré las cantidades desembolsadas por España en los
programas de las cumbres Iberoamericanas. En el Cyted se invirtieron 300
millones de pesetas en el año 1995, en Televisión educativa
iberoamericana 300 millones anuales desde 1992; en el Fondo Indígena 45
millones en el año 1995, en el Cideu 60 millones en el año 1995, en Mutis
598 millones en el año 1995 y en alfabetización 450 millones anuales
desde el ejercicio del año 1993.
Creo con esto, señorías, que he contestado a todas las preguntas que se
me han formulado en relación con la última, las anteriores y la futura
cumbre Iberoamericana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Parece claro que nos encontramos, en lo que a las
cumbres iberoamericanas se refiere, en un momento crucial, en el que es
necesario tener la ideas claras, y me da la impresión de que no las
tenemos.
Existe el mecanismo que forma parte del patrimonio diplomático
iberoamericano, pero este mecanismo no se ha desarrollado en su plenitud.
Empieza a haber --y el señor Secretario de Estado ha hecho mención de
ello-- un cierto consenso, una cierta opinión, sobre la necesidad de
desarrollarlo a pesar de todo, entre otras cosas, porque puede ser útil
para la proyección externa de los países. De algún modo las cumbres son y
han sido espejo de los intereses de los países sede; México, con el tema
de la identidad; España, con el tema de la Comunidad; Brasil, la cuestión
del desarrollo; Colombia, la del comercio; Argentina, la de la educación,
y Chile, la del desarrollo social o gobernabilidad, como se quiera
llamar.
Parece obvio que existe un cierto consenso también sobre la necesidad de
pasar de lo estético a lo práctico. Es verdad que desde el año 1992, en
el que se celebra el V Centenario del Descubrimiento o encuentro de dos
mundos, como se vino a llamar, se ha venido desarrollando un cierto
desinterés hacia las cumbres mismas, entre otras cosas, porque faltan
proyectos operativos a la altura de las
cumbres, es decir, a la altura de la reunión de jefes de Estado o jefes
de Gobierno, en su caso, cada año en un país iberoamericano distinto.
Si queremos renovar y vitalizar esta iniciativa debemos actualizar los
vínculos asociativos de nuestros países. Las cumbres buscan sus razones
en el pasado lejano, pero los lazos no son ya tan evidentes si pensamos
en el pasado cercano. A pesar de todo, la profundidad de estos vínculos,
esta base real a la que ya hice mención, explica que la existencia de una
comunidad Iberoamericana de Naciones haya resistido a los avatares de la
historia misma.
Muy brevemente, señor Presidente. En primer lugar diré que falta
iniciativa diplomática, no se movilizan las cancillerías, si acaso la del
país sede, que luego le pasa la patata caliente, lo antes posible, una
vez terminada su propia cumbre, a la siguiente cancillería. En segundo
lugar, necesitamos una adecuada preparación de la opinión pública.
Hoy en día --y la Cumbre de Bariloche es un ejemplo de ello-- las cumbres
son cada vez más un no acontecimiento, un no evento. Hay que constatar
que la repetición acrítica de las reuniones banaliza el mecanismo de las
cumbres. Cada vez más, faltan líderes, faltan jefes de Estado, por tanto,
corremos el peligro de la trivialización del mecanismo, peligro de acabar
hablando del traje de Castro y no de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
Parece necesario definir el temario de las cumbres y, desde mi punto de
vista, esto es posible si España introduce elementos de articulación de
políticas entre Europa y América, como puede haber tenido ocasión ahora,
con motivo de la Presidencia Española de la Unión, esfuerzo que debe ser
proseguido en el futuro, cuando ya no tengamos presidencias de la Unión.
Entonces, parece necesario plantearse la cuestión del liderazgo, que es
fundamental para la funcionalidad de las cumbres. Hasta hoy, España no
quiso asumir claramente este papel director, pero España --y cito a un
diplomático iberoamericano-- inventó esto y tiene que decidir cómo se va
a continuar. No se pueden dejar las cosas como están, aunque sólo sea
porque España no puede fracasar en este proyecto. El reto es transformar
las afinidades en intereses y, desde mi punto de vista, el camino puede
ser el siguiente: Revisar el formato de las cumbres y, en concreto,
algunas cuestiones fundamentales como la rigidez de las reuniones, la
cuestión importantísima del acompañamiento de las cumbres, si hay o no
reuniones sectoriales, conferencias sectoriales, encuentros
parlamentarios; reforzar el papel y la actividad de las unidades
responsables, con carácter permanente en cada país, del seguimiento y
preparación de las cumbres; utilizar la idea del diálogo iberoamericano,
que se produce efectivamente en las cumbres una vez al año, y
transformarlo, a través del correo diplomático o con los medios
actualmente disponibles, en un diálogo permanente que permita definir
acciones comunes iberoamericanas y plantear y definir los intereses
comunes y las acciones comunes de la comunidad iberoamericana de naciones
en los problemas políticos, en el nivel político de la realidad
internacional. En ese punto de vista tengo que decir que como mecanismo
de diálogo político las cumbres iberoamericanas hasta ahora no han
conseguido transformar la comunidad iberoamericana de naciones en un
actor separado, distinto, específico de la realidad internacional.
La lengua, la educación y los valores son y deben ser naturalmente el
contenido permanente del mecanismo y cuando me refiero a valores, me
refiero a los valores fundamentales en los que creemos, y uno de ellos es
la democracia, y la cuestión de Cuba no puede ser obviada. La cuestión de
Cuba es fundamental, entre otras cosas porque si no se transforma la
presencia o no del jefe de Estado de Cuba en la anécdota de la cumbre.
Tengo que lamentar --y hago un inciso-- el fracaso de la propuesta del
Gobierno español en relación con el diálogo Unión Europea-Cuba; fracaso
que, entre otras cosas, debe atribuirse al abandono de este proyecto
cuando se cruzó por medio la Secretaría General de la Alianza Atlántica y
también a la imposibilidad por parte del actual Gobierno español de
generar un consenso en la Unión Europea sobre esta cuestión tan
justamente polémica.
Pero volviendo a la lengua, a la educación y a los valores y saliendo del
apartado de Cuba, es fundamental plantear como primera prioridad de todo
proyecto iberoamericano la cuestión de la industria cultural
iberoamericana, de la televisión, de las universidades, de las cátedras y
de la definición del interés común iberoamericano en esta materia que,
desde mi punto de vista, no es el de la excepción cultural europea sino
todo lo contrario. Por ejemplo, figuran los programas educativos
iberoamericanos, los de becas --y no me refiero al programa Intercampus y
su extensión a Iberoamérica, que sé que no es un ejemplo serio de lo que
hay que hacer-- y, fundamentalmente, el reforzamiento de las
instituciones democráticas y la promoción de los derechos humanos en el
continente.
En fin, nos referimos finalmente a lo que España puede y debe hacer para
resumir ese liderazgo, y lo primero que necesita España es un programa
global español propio para la comunidad iberoamericana, lo cual necesita
de varias cosas: de una unidad de acción, que en estos momentos no se
produce; continuidad de la acción y definición del liderazgo y, por lo
tanto, de las iniciativas de España. Yo creo que el reforzamiento de la
unidad o del mecanismo de seguimiento, impulso de las cumbres por parte
española, es, sin duda, una de las cuestiones pendientes que deben ser
planteadas en el próximo futuro. Creo que España no puede fracasar; que
este mecanismo no puede quedarse reducido a una sucesión de encuentros
sin contenido, de encuentros sin proyecto y, desde luego, cada vez más,
sin líderes. Este es el reto que debemos afrontar, éste es el problema
que debe resolver este Gobierno, el que venga y los siguientes. Desde mi
punto de vista, es una tarea urgente, es una prioridad fundamental de la
política española, por lo que espero que la pequeña contribución del
Grupo Popular sirva para aclarar el debate no solamente en este
Parlamento, sino también en el seno de los actuales responsables de la
cuestión.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Su señoría ha hecho referencia al
consenso sobre unos mecanismos que no se han desarrollado hasta el
momento y que nos permitirían pasar de lo estético a lo práctico.Yo creo
que ha habido proyectos operativos que están a la altura de las cumbres,
en los que tanto España como algún otro país, desgraciadamente nunca los
21 países iberoamericanos, hemos puesto todo lo que por nuestra parte
cabía poner para que el proyecto viva y se desarrolle. La prueba es que
nosotros estamos participando activamente en todos y cada uno de los
proyectos que se han aprobado hasta la fecha, y vamos a seguir
participando en los nuevos que se han aprobado en Bariloche. De manera
que el interés y el sentido pragmático y realista que damos a nuestra
participación en estos proyectos creo que es claro.
La iniciativa diplomática no creo que haya faltado en ningún momento,
puesto que la mayor parte de los proyectos y de las iniciativas que se
han tomado en las distintas cumbres iberoamericanas han procedido de la
delegación española, tanto en lo que se refiere a la sugerencia de
proyectos concretos como, por ejemplo, a la modificación del formato de
las cumbres, que sometimos a consideración de los demás países
iberoamericanos; se ha modificado y ese formato es hoy más ágil, está más
a la altura de lo que los propios presidentes y jefes de Gobierno
deseaban. Repito, iniciativas en cuanto a proyectos, porque la mayor
parte de los proyectos presentados hasta ahora en las cumbres han sido
obra de la delegación española, como lo es la presentación de este primer
convenio de cooperación iberoamericana que han firmado los 21 cancilleres
y que fue iniciativa asimismo española. De manera que yo no veo ahí falta
de iniciativas. Lo que puede haber en algún momento es que se produzca la
aprobación de un proyecto o de una iniciativa y después no haya un
seguimiento. Nosotros sugerimos también la creación de esa especie de
comité de seguimiento, en donde estén los coordinadores nacionales más
los responsables de cooperación. Sugerimos, como dije anteriormente, la
modificación del formato.
Por otra parte, se ha referido S. S. a la falta de preparación ante la
opinión pública, tema que nos preocupa considerablemente. Si no
conseguimos que las cumbres calen en las opiniones públicas y las
opiniones públicas las sientan como algo positivo, como un proyecto en el
que hay que participar, porque las opiniones públicas de los 21 países
deben participar y respaldar el proyecto de las cumbres, las cumbres
pueden morir por inanición, por falta de entusiasmo, por falta de
dedicación y de entrega. Ya nos dimos cuenta cuando se reunió la Cumbre
de Cartagena de Indias y por ello, precisamente antes, desde la
Secretaría de Estado organizamos un encuentro de los distintos medios de
comunicación iberoamericanos (prensa, radio, televisión), los más
señalados, que durante dos días antes de la cumbre se reunieron en
Cartagena de Indias para, por una parte, dar el mayor eco posible a las
cumbres, es decir, que las cumbres pudieran llegar al mayor número de
personas posible, por otra parte, para concienciar a los propios agentes
de los medios de comunicación de la importancia que este proyecto tiene
cara al siglo XXI en cada uno de los países iberoamericanos. Este año
hemos hecho esta misma experiencia en Argentina. Antes del encuentro de
Bariloche patrocinamos un encuentro en la Universidad de verano en Buenos
Aires, que duró dos días, en el que los distintos medios de comunicación
debatieron el tema de las cumbres y la penetración de la idea de las
cumbres iberoamericanas, la idea del proyecto iberoamericano en las
opiniones públicas respectivas.
Su señoría señalaba que falta definir el temario de las cumbres. Yo no sé
si lo que hay que definir es el temario o quizá sea el objetivo. A lo
mejor, en algún momento, interesa debatir el tema de si habría que fijar
un objetivo a las cumbres para saber hacia dónde vamos, cuál es el punto
al que queremos llegar, en convergencias de distinto signo, en el proceso
de las cumbres.
En las cumbres hay un sentimiento y una actitud de igualitarismo
absoluto, y aunque España, repito, marca una impronta muy importante con
su presencia en los comités preparatorios y en la propia cumbre, lo
cierto es que no se ha pretendido, en ningún momento, transmitir la idea
de un liderazgo, de que un país está por delante o por encima de los
demás y que imprime la línea a seguir a los restantes miembros de la
comunidad Iberoamericana, entre otras cosas, porque pensamos que no sería
positivo, que sería malo transmitir la impresión de que queremos ser,
dentro del conjunto de países iberoamericanos, líderes y colocarnos por
encima del resto de los países.
A la reforma del formato ya me he referido. El formato, en esta cumbre
--ya lo fue en la Cumbre de Cartagena--, ha sido menos formal, ha habido
mucho más tiempo para encuentros bilaterales o multilaterales y más
tiempo también para que los jefes de Estado y de Gobierno pudieran tener
reuniones a puerta cerrada.
En definitiva, creo que las cumbres son un magnífico foro político, como
S. S. mismo reconocía. Además, creo que es un terreno muy bueno para
poner en marcha programas de cooperación que podrían convertirse en
paradigmáticos. Si no somos capaces de hacer una cooperación
paradigmática entre los países americanos, con los que tenemos tantas
connotaciones, tanto sustrato y tanta base real común, como S. S.
mencionaba, difícilmente podemos hablar de cooperación. Tenemos todos los
datos en la mano para que nuestra cooperación (y la cooperación emanada
de las cumbres es una cooperación iberoamericana) sea absolutamente
ejemplar.
En ese sentido, hemos conseguido introducir ya en el Presupuesto de 1995
una línea presupuestaria que está destinada a cubrir los programas
emanados de las cumbres iberoamericanas. Sugerencia que hemos hecho
también a nuestros hermanos iberoamericanos porque, muchas veces, lo que
les ocurre es que no tienen recursos, ni lugar de donde sacarlos, para
participar o coparticipar en los programas de cooperación, y es
absolutamente fundamental, repito, que participen todos y cada uno de los
países en la medida que puedan.
Entiendo que éste es el procedimiento para ir produciendo el encuentro
que se celebró en el año 1992, encuentro en el que falta todavía mucho en
sentido horizontal, de
conocimientos de este al otro lado del Atlántico, y mucho en sentido
vertidal, de conocimiento entre sí de los propios países
latinoamericanos. Y posiblemente el área de la cooperación --en este caso
la de la cooperación iberoamericana-- sea un magnífico mecanismo, quizá
el mejor, para que se vayan interconociendo mejor los 21 países
iberoamericanos. Por eso otorgábamos especial atención e interés al tema
del convenio de cooperación, ya que puede ser un mecanismo que permita ir
poniendo en marcha, entre todos, los programas emanados de las cumbres.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Con esto
ha finalizado la discusión de las diversas preguntas que le concernían.
Le damos las gracias por su presencia y le despedimos hasta otra ocasión.
Ruego al señor Subsecretario que nos acompañe en la Mesa.
--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE REESTRUCTURACION
DE LA ADMINISTRACION CONSULAR. (Número de expediente 181/001803.)
El señor PRESIDENTE: Una vez más damos la bienvenida al señor
Subsecretario a esta Comisión.
Creo que lo más sensato sería terminar el turno de preguntas con la
número 22, formulada por doña Matilde Fernández, del Grupo Socialista,
sobre reestructuración de la Administración consular, y una vez vista
esta pregunta pasaríamos a la comparecencia que concierne al señor
Subsecretario. Por consiguiente, si les parece bien, vamos a sustanciar
la pregunta, para lo cual doy la palabra a la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Muchas gracias, señor Subsecretario por su
presencia hoy aquí para contestar a nuestras preguntas.
En este caso, esta Diputada desea pedirle información acerca de los
criterios con los que está abordando el Ministerio de Asuntos Exteriores
la reestructuración de su administración consular. Me gustaría conocer,
en primer lugar, cuáles van a ser los criterios a seguir, y en segundo
lugar, cuáles van a ser, a corto y a medio plazo, los consulados que el
Ministerio de Asuntos Exteriores tiene previsto cerrar, así como los que
tiene previsto abrir.
Me gustaría conocer también si el Ministerio de asuntos Exteriores tiene
en la cabeza, cuando está planteando este cierre de consulados, consultar
al Consejo de residentes españoles, que en este momento, sobre todo en
Europa, se encuentran preocupados por ese posible cierre de algunos
consulados.
Sin duda, lo que nuestras oficinas consulares hacen en los diferentes
países de América Latina es un trabajo creciente, si bien la construcción
de la Unión Europea nos dibuja cómo el trabajo decrece en los consulados
europeos, pero también es cierto que a veces en este Parlamento nos
dedicamos a aprobar normas que amplían las funciones de los consulados.
Podría citar toda la reforma del CERA, que va a suponer un esfuerzo
importante a todas las oficinas consulares para hacer que todos los
libros de matrícula de los españoles en el exterior pasen al CERA y así
puedan convertirse en españoles que ejercen sus derechos políticos, el
derecho al voto, o el nuevo papel que nuestras embajadas y nuestros
consulados van a jugar con la reforma del Código Civil en materia de
recuperación de nacionalidad, o la pérdida de políticas de bienestar en
países americanos que hace que España tenga que hacer un esfuerzo de
exportación de sus políticas de bienestar. Digo esto en el sentido de que
aunque se puede comprobar que desaparecen funciones con la globalización
de políticas, también es cierto que van apareciendo otras nuevas en
nuestras oficinas consulares.
Dicho esto, señor Subsecretario, ¿cuáles son los criterios a seguir y, en
el medio y corto plazo, qué consulados tiene previsto cerrar el
Ministerio de Asuntos Exteriores?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra Calvo): Muchas
gracias, señora Fernández, por la pregunta que me hace y que me permite
exponer algunos de los criterios que tenemos en la reestructuración de
nuestra red consular.
El criterio fundamental para la reestructuración es el aprovechamiento
más económico de los recursos humanos y materiales para el servicio a las
comunidades españolas en el extranjero. Como quiera que la situación de
estas comunidades de españoles en el extranjero no es fija si no que ha
ido experimentando cambios a lo largo del tiempo, la red consular ha sido
extraordinariamente densa en los países europeos, sobre todo en los que a
finales de los 50 y a principios de los 60 y 70 reciben una aportación
masiva de emigrantes españoles, red consular que tenía que ser
relativamente densa en relación con nuestros recursos para prestar los
amplísimos y necesarios servicios a esas comunidades de reciente
implantación. Afortunadamente, ese movimiento migratorio ha disminuido, o
incluso desaparecido en algunos casos, o ha cambiado de significado y las
colonias españolas existentes en Europa se han ido asentando y van
necesitando, por lo tanto, menos servicios de carácter asistencial. Por
eso hemos pensado que, fundamentalmente en los países europeos de
reciente inmigración, la distribución de los consulados se podría
disminuir, prestando de forma adecuada, sin embargo, los servicios a
nuestras comunidades.
Su señoría ha hecho referencia a la aparición de nuevas
responsabilidades, fundamentalmente la recientísima modificación de unos
artículos del Código Civil en materia de recuperación de nacionalidad y
la recientísima también modificación de la Loreg, que permite el depósito
del voto de los españoles inscritos en el CERA en las propias embajadas u
oficinas consulares. En realidad, son funciones que ya veníamos
realizando. En el caso concreto de la recuperación de la nacionalidad,
simplificará extraordinariamente el procedimiento, y la preparación de
los expedientes correspondientes se verá enormemente facilitada,
puesto que basta con la simple constatación de la nacionalidad de origen
del peticionario o de su padre, en el caso de hijos de emigrantes, y la
declaración de recuperar la nacionalidad y renunciar a la nacionalidad
que posean, sin necesidad de rellenar el largo expediente y remitirlo al
Ministerio de Justicia para que éste eximiera, en su caso, del requisito
de residencia en territorio español.
En cuanto a la inscripción en el CERA, es decir, la incorporación de los
españoles residentes en el extranjero en el censo electoral, es un
trabajo que vienen efectuando desde antiguo los consulados, instando
antes a los españoles a inscribirse, porque tan sólo se hacía a petición
de parte, y, a lo largo de varios años, hemos logrado ir aumentando
sensiblemente el número de los registrados. A partir de la modificación
de la Loreg, esta inscripción se hace de oficio y en lo que va de año nos
ha permitido llegar casi al 60 por ciento de nuevos inscritos respecto a
los anteriores.
Pero la realidad es que, frente a esa disminución relativa de necesidades
de los españoles en Europa, están apareciendo otras necesidades en otras
zonas del extranjero. Concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores
se empieza a plantear en estos últimos años la necesidad de atender
problemas de turistas que pierden documentación, se pierden ellos mismos,
mueren, con objeto de expolio, etcétera, en los más variados lugares. Es
decir, que es necesaria una reestructuración. Para ello, como digo,
tenemos en cuenta no sólo las necesidades y el número de españoles, sino
la facilidad de comunicaciones de un determinado país. A este respecto,
es sintomático, y está dando resultados relativamente aceptables, lo que
hemos realizado recientemente en Holanda. En Holanda se ha concentrado
todo en un único consulado, nuestro Consulado en Amsterdam, dado que es
un país relativamente pequeño, con muy fáciles comunicaciones. Se ha
conseguido, por lo tanto, dar la atención básica a nuestros españoles
reduciendo el número de consulados. Lo mismo hemos hecho en determinadas
zonas de Francia, sobre todo en el Sur y en zonas fronterizas, así como
en Alemania. Pero frente a esta labor de reducción en determinadas zonas,
hemos ampliado por otro lado nuestra red consular. En primer lugar --una
cosa muy importante, porque atiende a una población española muy
concentrada, fundamentalmente de trabajadores-- abrimos recientemente el
Consulado General de España en Andorra. Creo que el colectivo de
españoles atendido por este nuevo Consulado General supera las 30.000
personas, que antes tenían una atención extraña, dada la peculiar
situación de Andorra.
Hemos abierto también secciones consulares en nuestras Embajadas en
Zagreb, en Kiev, en Petroria, y hemos aumentado extraordinariamente no el
número de los consulados, sino los recursos humanos en las secciones
consulares de Moscú y en los consulados del Norte de Africa, porque nos
encontramos con una nueva necesidad que es distinta a las que hasta ahora
experimentábamos. Empezamos a encontrarnos con consulados cuya misión
fundamental no es ejercer la protección consular hacia españoles, sino
ejercer la función de control de inmigración hacia España como
consecuencia de la existencia de corrientes migratorias hacia nuestro
país y hacia la Unión Europea. El reforzamiento de los consulados del
Norte de Africa, de determinados países del Caribe y el de Rusia
responden también a esta necesidad de reestructuración.
Me pregunta S. S. si tenemos un plan concreto de cuáles son los
consulados que vayamos a cerrar en el futuro inmediato. La realidad es
que el esfuerzo de atender las necesidades de la presidencia de la Unión
Europea durante el semestre que estamos a punto de terminar ha
significado cierta congelación de este proceso, puesto que hemos tenido
que utilizar los recursos humanos, que no son muy numerosos, para atender
a estas responsabilidades. Terminada la presidencia, es de esperar que a
lo largo de 1996 se pueda reiniciar el proceso de reestructuración,
siempre que consigamos del Ministerio de Administraciones Públicas y del
Ministerio de Hacienda la posibilidad de transferir personas y recursos
de un lado a otro.
En cuanto a si el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene contacto con los
consejos de residentes, con los diferentes Cres afectados,
afortunadamente la cooperación entre los distintos consulados y los
diferentes consejos de residentes españoles es en conjunto creciente y
buena, y como órgano consultivo de la política del Gobierno en materia de
protección consular los consulados y el Ministerio de Asuntos Exteriores
están en contacto con estos consejos de residentes, y siempre que se ha
producido una modificación han sido informados adecuadamente. Desde el
punto de vista de los españoles afectados, cuando se cierra un consulado
que está en la ciudad y se concentra el consulado en otra ciudad situada
a 80 o a 90 kilómetros, es cierto que se produce una pérdida de servicio;
pero en los momentos actuales y sobre todo en Europa no podemos mantener
esa red extraordinariamente densa cuando las necesidades de nuestras
colectividades afortunadamente son menores y distintas a las del pasado
reciente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario. ¿La señora
Fernández desea intervenir?
La señora FERNANDEZ SANZ: No, muchas gracias. Gracias, señor
Subsecretario. Gracias, señor Presidente.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS (continuación):
--DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (EZQUERRA CALVO), PARA INFORMAR
SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE
LEY SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES EX RESIDENTES EN
LA ANTIGUA COLONIA DE GUINEA ECUATORIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO CATALAN
(CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente 212/001785.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia que lleva el número 11
del orden del día, solicitada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), comparecencia del
Subsecretario de Asuntos Exteriores, para informar sobre las medidas
adoptadas para dar cumplimiento a la proposición no de ley sobre medidas
compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua colonia
de Guinea Ecuatorial.
El señor Recoder del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra para
plantear el tema.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente, y gracias, señor
Subsecretario, por su comparecencia ante esta Comisión para atender a la
petición o solicitud de nuestro grupo parlamentario.
El día 5 de abril de este año que ahora termina esta Comisión aprobó por
unanimidad una proposición no de ley que tenía por objeto arbitrar
medidas para compensar a los ciudadanos españoles antiguos residentes en
la que fue colonia de Guinea Ecuatorial. El texto, que fue aprobado no
sin antes introducir una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tenía dos partes: en una primera se instaba al Gobierno a que en el plazo
de seis meses elaborara un censo de antiguos residentes; el objetivo era
claro, saber quiénes y cuántos eran los posibles beneficiarios de estas
medidas, cuestión que nos parecía fundamental determinar previamente. Una
segunda parte de la proposición no de ley obligaba al Gobierno a informar
a la Cámara, en el plazo de dos meses desde la elaboración de dicho
censo, de las medidas propuestas para poder compensar a estos ciudadanos.
No está de más recordar que los ciudadanos españoles que abandonaron
Guinea Ecuatorial en unas circunstancias extremas no recibieron en
absoluto el apoyo, ni mucho menos alguna ayuda de tipo económico, como
sucedió en el caso de ciudadanos residentes en otras colonias que
vivieron recientes o simultáneos procesos de descolonización y no
recibieron ninguna ayuda de tipo económico que les permitiera resarcirse
del perjuicio que padecieron por culpa de la pésima gestión del Gobierno
de la época, para reiniciar su vida en territorio español. Tanto aquél
como los sucesivos gobiernos se desentendieron del problema, consumando
así una gran injusticia que la proposición no de ley pretende reparar de
forma urgente.
El pasado día 31 de mayo planteé en el Pleno de la Cámara al Ministro de
Asuntos Exteriores una pregunta sobre las medidas adoptadas para dar
cumplimiento a la proposición no de ley. Me decía entonces el ministro
Solana que estaban en ello, aunque adujo dificultades en la elaboración
del censo, pero manifestó su intención de hacer lo imposible para tener
concluida la elaboración de dicho censo al finalizar el plazo de seis
meses que fijaba la proposición no de ley, es decir, el día 5 de octubre
pasado.
El pasado 20 de septiembre, y ya muy próxima la fecha fijada en la
proposición para concluir la elaboración del censo, volví a interpelar al
ministro Solana en el Pleno de la Cámara sobre este punto, y
concretamente le preguntaba cómo estaba la confección del censo. Me
reiteró entonces el ministro las dificultades que entrañaba su
confección; me informó acerca de que se habían analizado dos mil y pico
expedientes, y ya me avanzaba la difícil posibilidad de que el censo
estuviera concluido en la fecha 5 de octubre. Yo entonces manifestaba que
para ganar tiempo, y ya que estábamos ante un problema en el cual dicho
tiempo iba en nuestra contra, en tanto en cuanto cada vez eran menos los
posibles beneficiarios, se comenzaron a arbitrar las medidas
compensatorias de tipo económico, esas medidas de las que el Gobierno
tenía que informarnos en el plazo de dos meses desde la elaboración del
censo, es decir, desde el día 5 de octubre.
El día 5 de diciembre concluía el plazo para que el Gobierno informara a
la Cámara en relación a estas medidas. Este plazo no se ha cumplido. Por
tanto, señor Subsecretario, además de llamarles la atención respecto del
incumplimiento de un mandato del Congreso de los Diputados al Gobierno,
quisiera oír sus explicaciones sobre cómo está la cuestión y especiamente
quisiera que me pudiera facilitar un calendario preciso para dar
cumplimiento al contenido de esta iniciativa aprobada, repito, por
unanimidad de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra para
contestar.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra Calvo): Debo
reconocer ante S. S. que los plazos que se han señalado, en efecto, no
han sido cumplidos en su totalidad, ni mucho menos. Si el 5 de abril fue
aprobada la proposición no de ley con un plazo de seis meses, que venció
el 5 de octubre, para la elaboración del llamémoslo censo o relación de
personas afectadas, ha transcurrido ese plazo sin que hayamos terminado
la elaboración y puesto que consideramos que éste es un paso previo para
adoptar o para estudiar las medidas que puedan tomarse como compensación
al colectivo afectado, tampoco en los dos meses posteriores hemos
avanzado en ese tema.
En realidad, la elaboración del censo o la relación no es fácil, puesto
que se trata de momentos muy distintos. La proposición no de ley se
refiere tanto a aquellos españoles que hubieron de abandonar la ex
colonia inmediatamente después del proceso de descolonización, es decir,
fundamentalmente el año 1969, y aquellos españoles que también se han
visto afectados en los términos que dice la proposición no de ley en el
período posterior, prácticamente hasta nuestros días, puesto que no
existe una fácil determinación de quiénes son y quiénes no son. Estamos,
pues, trabajando en la elaboración de ese censo que tropieza con las
dificultades, por un lado, de la indefinición de quiénes son los
afectados y, por otro, de la falta inicial de ficheros o registro
consular. Al haber sido el territorio de Guinea Ecuatorial un territorio
de soberanía española, no existía un registro de nacionalidad, un fichero
consular.
Estamos trabajando fundamentalmente sobre dos tipos de listas, la
correspondiente a aquellos que recibieron en su momento, fundamentalmente
en los años ochenta, determinadas ayudas o compensaciones de carácter
social, que no compensatorias de las eventuales pérdidas sufridas, y la
lista elaborada por una asociación privada de personas afectadas por
pérdida de propiedades y negocios en Guinea. Estamos cruzando esas
listas, puesto que están hechas
con criterios distintos, y la --sumamente útil-- elaborada por la
asociación a que me refiero tiene en realidad casi siempre concepto
familiar más que concepto individual, mientras que, como es lógico, la
relación o el censo habrá de ser de carácter individual.
En cuanto a las medidas que pueda ir estudiando el Gobierno para la
eventual compensación de estas pérdidas, hemos instado la creación de una
comisión interministerial para proceder de forma equivalente a otros
casos parecidos. Debo señalar a S. S. que el problema fundamental que se
presentará para la adopción de medidas es la inexistencia de un acuerdo
indemnizatorio entre los gobiernos de España y Guinea Ecuatorial. Ese
acuerdo indemnizatorio significaría, por un lado, la asunción de
responsabilidad por los daños producidos a quien corresponde, que en
ningún caso podría ser al Gobierno español, y la creación de un sistema
de compensación. Como en el momento actual no existe ese acuerdo, los
términos de la proposición no de ley tendrán que hacerse siempre sobre
una base de compensación derivada, no de una responsabilidad por actos
del Gobierno español, sino la compensación a los daños sufridos por
ciudadanos españoles por actos de los que ellos tampoco son responsables.
Esto planteará dificultades en su momento y por ello es por lo que hemos
instado la creación de una comisión interministerial que, a mi entender,
y ésta es la propuesta que ha hecho el Ministro de Asuntos Exteriores,
deberá estar integrado tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores como
de la Presidencia y de Hacienda, fundamentalmente.
El señor PRESIDENTE: El señor Recoder tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Subsecretario, es evidente que existe
un claro incumplimiento de los plazos. En el momento que aprobamos esta
proposición no de ley, supongo que el Gobierno intuía las dificultades
con que se iba a encontrar en el momento de realizar este censo, por
tanto, era la ocasión para, a través de una enmienda, intentar alargar
estos plazos y que no sucediera lo que está pasando en estos momentos, y
es que existe incumplimiento de una iniciativa, de una proposición no de
ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Esto lo podíamos haber
evitado. En cualquier caso, nosotros como grupo proponente no hubiéramos
puesto ningún tipo de dificultad al respecto.
Comprendo las dificultades que se están encontrando en la elaboración de
este censo y que comporta cruzar las dos listas con las que están
trabajando, pero sí quisiera que se dieran la mayor prisa posible.
Perdone que haga un pequeño paréntesis. Estamos hablando de un problema
que arranca del año 1968, momento en el que se declara la independencia
de Guinea Ecuatorial y que luego tiene una ramificación hacia el año
1979, cuando, tras el golpe de estado de Teodoro Obiang, hay una serie de
ciudadanos que seducidos por las promesas que Obiang les plantea, vuelven
a Guinea Ecuatorial y, al cabo de poco tiempo, dos o tres años, ven que
aquello es imposible. Pues bien, cada vez nos vamos a encontrar con que
en la lista definitiva habrá más herederos de... porque los antiguos
colonos habrán desaparecido, habrán ido quedándose por el camino. Son
precisamente estas personas las que directamente sufrieron en sus carnes
la pésima gestión que se realizó por el gobierno de la época, por el
hecho de sentirse abandonados por parte de su gobierno.
En el momento de debate de la proposición no de ley recordé que en
situaciones similares, y me estaba refiriendo al caso del proceso
descolonizador del Sahara Occidental, la medida que se arbitró por parte
del Gobierno fue conceder unos créditos con cargo al Instituto de Crédito
Oficial, a un tipo muy preferente, que permitió que esos ciudadanos se
pudieran resarcir o, más bien, pudieran reinstalarse en España en unas
condiciones muy beneficiosas.
Por último, no quisiera que quedáramos en la indeterminación o que
hubiera una manifestación por parte del Gobierno, de buena voluntad en el
sentido de hacer lo posible; y sí le rogaría que concretara algún
calendario, es decir, cuándo prevén ustedes que este censo pueda estar
concluido; al ritmo que van, cuándo prevén ustedes que podremos,
finalmente, tener una solución concreta, es decir, medios económicos o
posibles alternativas; en definitiva, cuándo va a estar en condiciones el
Gobierno de comparecer ante la Cámara para informar de las medidas que ha
decidido adoptar.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra Calvo): Su señoría
se ha referido a la posibilidad de haber establecido en su momento unos
plazos o unos términos más largos, más generosos. Participo de la opinión
de S. S. de que el problema se arrastra desde hace mucho tiempo, luego es
mejor haber puesto términos relativamente breves, primero, por la lejanía
del problema, tanto si tomamos el período de 1969 como el de diez años
después, de 1979, como también si tomamos las debilidades de la
naturaleza humana. Prefiero, por tanto, un término corto, aunque lo haya
incumplido, precisamente porque esto sirve de acicate para cumplirlo; lo
otro nos inclinaría a dejarlo todavía para más lejos.
Reconozco, pues, el incumplimiento; la ventaja de términos, no los
llamaré perentorios pero sí relativamente reducidos; y aunque no le puedo
dar fecha concreta de cuándo tendremos terminada la elaboración de esta
lista, que en su momento también, una vez que sepamos bien sobre lo que
contamos, exigirá una convocatoria por si alguien que no haya podido
enterarse de esta posibilidad no figura en una de las dos, esto nos
exigirá un tiempo, pero yo calculo que, como es lógico, y dado el retraso
acumulado que llevamos, deberá cumplirse en el primer trimestre del
próximo año.
En cuanto a las medidas a adoptar, no le puedo adelantar ninguna opinión,
aunque entiendo que la fórmula sugerida por S. S. responde precisamente a
lo que había dicho
antes de inexistencia de responsabilidad por parte del Gobierno español
respecto de los daños sufridos por ese grupo de ciudadanos españoles, las
medidas de ese tipo serían probablemente las que en su momento se
adoptaran; pero, repito, en este momento no estoy en condiciones de darle
una respuesta positiva, puesto que la comisión Interministerial a que se
ha referido no ha sido todavía constituida.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Muñoz-Alonso, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, mi grupo quiere sumarse a
la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en el sentido de
que cuando en su momento, en el pasado mes de marzo, aprobamos la
proposición no de ley entendíamos que los plazos que allí se fijaban eran
razonables. Lamentamos que esos plazos no hayan podido cumplirse, aunque
también entendemos las razones que ha expuesto el señor Subsecretario, y
desearíamos que en un tiempo razonable, como él mismo acaba de exponer,
pudiera informar a la Cámara del cumplimiento de la realización del censo
y de las medidas compensatorias que se proponen.
El señor PRESIDENTE: El señor Yáñez, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Como el tema creo que ha sido
suficientemente debatido y esclarecido, tanto por el grupo proponente
como por el señor Subsecretario, no voy a añadir mucho más. Sólo hacer
una reflexión en voz alta. La toma de conciencia de todos los grupos
parlamentarios, y obviamente no excluyo al Grupo Socialista, en relaciaón
a que hay que tener atención en cuanto a las propuestas, no digo
incumplibles, sino, por la naturaleza misma de la propuesta, de difícil
cumplimiento en el plano temporal, aunque tenga el efecto que reconoce el
Subsecretario, que no lo obviamos, de incentivar y de alentar el celo de
la propia Administración en la resolución de los problemas planteados.
Estos problemas, en ocasiones, son mayores cuando a plazo y calendario se
refiere, cuando se está tratando de evaluar daños y consecuentes
indemnizaciones. No es el único tema el de Guinea Ecuatorial, los hay en
otras áreas, incluso en el plano cuantitativo más importante, tenemos esa
dificultad permanente; pero eso no quita para que nos sumemos a las
instancias, a la Administración, y que el tema no se abandone, sino que,
por el contrario, se acelere o los trabajos se hagan con el mayor rigor y
urgencia posible.
El señor PRESIDENTE: Supongo que está todo dicho y muy claro. Por
consiguiente, damos por terminado este punto del orden del día.
Agradezco al señor Subsecretario su presencia aquí una vez más.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA AL EJERCICIO DE LA SOBERANIA ESPAÑOLA SOBRE GIBRALTAR.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000625.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el debate y votación, en su
caso, de las proposiciones no de ley contenidas en el último apartado del
orden del día.
La primera de ellas, señalada con el número 23 en el orden del día, es la
relativa al ejercicio de la soberanía española sobre Gibraltar, cuyo
autor es el Grupo Socialista del Congreso. A esta proposición no de ley
se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular.
Por parte del grupo proponente tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS JURADO: Voy a intentar explicar brevemente las razones
que impulsan al Grupo Socialista a presentar esta proposición no de ley
sobre el ejercicio de la soberanía en Gibraltar.
Debemos empezar reconociendo que los avances logrados en el contencioso
de Gibraltar han sido bastante escasos lamentablemente a pesar de los
gestos de buena voluntad que tuvo el Gobierno español. Quiero recordar
aquí que una de las primeras medidas tomadas por parte del Gobierno en
relación a Gibraltar, en el inicio además de su andadura, fue la apertura
peatonal, en primer lugar, y luego a vehículos, de la verja que separa a
Gibraltar del Campo de Gibraltar.
De hecho, el actual proceso negociador surge tras la declaración de
Bruselas de 1984 entre el Reino Unido y España, en la que el Reino Unido
se comprometió a tratar la cooperación en beneficio mutuo y también en
cuestiones de soberanía sobre Gibraltar. Este acuerdo ha tenido como
respuesta práctica la negativa del Reino Unido a aplicar el acuerdo, por
ejemplo, del uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar que se firmó el 2
de diciembre de 1987. Por otra parte, el Reino Unido ha recurrido a su
tradicional táctica de eludir sus obligaciones de descolonización,
amparándose en los deseos de la población de la colonia. De hecho, el
Reino Unido se ha mostrado pasivo incluso tolerante con la actitud de las
autoridades de Gibraltar en su política de quebrantar el principio de
integridad territorial y en su oposición radical al proceso negociador
establecido en Bruselas, excluyéndose prácticamente del mismo.
En este sentido, el ministro principal de La Roca está intentando influir
a través de lobbies establecidos que actúan en foros institucionales,
como es el Comité de los Veinticuatro o la IV Comisión en Naciones
Unidas, para hacer llegar sus tesis, tratando unilateralmente de cambiar
el «status» de Gibraltar, entre otras razones en base a una pretendida
autosuficiencia económica que se ha comprobado o demostrado irreal y
ficticia. Por el contrario, esa tesis ha terminado originando una
escandalosa base de operaciones para el contrabando de tabaco y drogas,
hecho que reiteradamente hemos denunciado, hemos discutido en esta Cámara
y que ha originado constantes gestiones de
nuestro Gobierno para lograr la colaboración del Reino Unido a la hora de
frenar dichos tráficos.
Lo mismo que reconocía al principio una cosa, debo reconocer en este
punto también que afortunadamente se ha avanzado en esa colaboración y
tan sólo esperamos que se continúe con dichas medidas acordadas contra el
contrabando que tanto daño hacen, tanto a los ciudadanos de la roca como
a los del Campo de Gibraltar.
La realidad, señor Presidente, es que, de acuerdo con el Tratado de Roma,
Gibraltar es un territorio europeo, cuyas relaciones exteriores asume un
Estado miembro --en este caso, el Reino Unido-- y que el Acta de Adhesión
Británica expresamente excluye a la colonia del ámbito de aplicación del
IVA, de la Política Agraria Común; además, Gibraltar no forma parte de la
Unión Aduanera ni de la Política Comercial Común. Esta es la realidad.
Hay que dejar claro que es inaceptable desde todos los puntos de vista
cualquier intento unilateral de modificar el actual status de Gibraltar.
Hay que decir claro que Gibraltar no puede ser miembro de facto de la
Unión Europea ni, por tanto, existe ninguna solución viable al
contencioso que está fuera del proceso negociador de Bruselas, plenamente
vigente en la actualidad y que, además, cuenta con el respaldo de las
fuerzas políticas presentes en esta Cámara. Este es precisamente el
espíritu que impregnó la Resolución número 24, consecuencia del debate
sobre el estado de la nación del pasado año --del año 1994--, aprobada
unánimemente, y de las proposiciones no de ley, tanto de Izquierda unida,
sobre fronteras exteriores de la Unión Europea, como del Partido Popular,
respecto al ejercicio de la soberanía española sobre Gibraltar, ambas
aprobadas unánimemente en esta Cámara con enmiendas del Grupo Socialista.
También hay que decir que ha sido coincidente la línea de actuación sobre
este asunto que ha venido tomando el Gobierno a través del Ministro de
Asuntos Exteriores en sus distintas comparecencias y acciones
diplomáticas al respecto.
Por todo ello, debido a esas acciones unilaterales que se están tomando
por parte de las autoridades de Gibraltar, consideramos que es el momento
oportuno de reafirmar la posición española en la Cámara a través de esta
proposición no de ley y de expresar claramente que sólo desde el estricto
respeto al actual proceso de negociación y al principio de integridad
territorial mediante la recuperación de la soberanía por parte de España
se pueden producir avances notorios en este contencioso, avances que van
a repercutir en las relaciones bilaterales con el Reino Unido y también
--hay que decirlo claramente-- supondrán beneficios mutuos y progreso, si
se producen esos avances, para los ciudadanos de la roca y para los
vecinos del Campo de Gibraltar.
Presentamos esta proposición no de ley desde un espíritu de colaboración,
de intentar hacer una llamada al entendimiento, ya que sólo desde la
negociación y el acuerdo podemos avanzar en este proceso. Tenemos la
convicción de que la negociación es la única manera de progresar, avanzar
y salir del estancamiento en que se encuentra el proceso relativo a
Gibraltar, así como de que desde la política de buena vecindad lograremos
avances adecuados en este proceso.
Me ahorro leer la letra concreta de la proposición no de ley --la tienen
en su poder los distintos grupos parlamentarios--, pero, en definitiva,
éste es el espíritu que la impregna. Como ha ocurrido en otras ocasiones,
esperamos haya unanimidad de todos los grupos parlamentarios al respecto
para que, de cara al exterior --y también, evidentemente, al interior--,
en la política en relación con Gibraltar siga viéndose una vocación de
unanimidad y respeto a los acuerdos internacionales firmados por nuestro
país y también por el Reino Unido.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha presentado una enmienda. Para
defenderla, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Mi grupo apoya totalmente la iniciativa del
Grupo Socialista, pero, como ha dicho el señor Presidente, hemos
presentado una enmienda que trata de perfeccionar el punto 2 de la
proposición, de forma que diga: continuar impulsando el proceso
negociador con el Reino Unido iniciado en la declaración de Lisboa del 10
de abril de 1980 y continuado con la declaración de Bruselas del 27 de
noviembre de 1984.
Creemos que es de justicia recordar que ese proceso negociador, que abrió
una nueva fase en la que todavía estamos y que ya es demasiado larga, se
inició precisamente en 1980 con la llamada declaración de Lisboa. Por lo
demás, como ya he dicho, suscribimos totalmente el texto de la
proposición no de ley y el espíritu en que se fundamenta. Como ha dicho
el propio portavoz socialista, señor Santos Jurado, el problema de
Gibraltar está enquistado, está enquistado en los últimos años y durante
todo el período de mandato socialista y, desgraciadamente, no se ha
producido ningún avance significativo en el objetivo último que tiene
España: restaurar la plena soberanía española sobre el Peñón.
Esta situación es cada vez más inaceptable si tenemos presente que tanto
España como el Reino Unido comparten determinados foros, en primer lugar,
por supuesto, la Unión Europea; que la propia Unión Europea tiene cada
vez mayores competencias, competencias crecientes, en el Peñón; que
también España y el Reino Unido son miembros de la Alianza Atlántica, lo
cual indica hasta qué punto no existe ningún argumento de tipo
estratégico que pueda justificar la presencia militar británica en el
Peñón, y que, en términos generales, España y el Reino Unido son dos
democracias que tienen muchos intereses comunes y, por lo tanto, parece
que carece de toda razón la parálisis en que se encuentra el proceso
negociador.
Por otra parte, señor Presidente, señorías como bien sabemos porque se ha
abordado en esta Comisión en varias ocasiones, en los últimos años
Gibraltar había llegado a convertirse en un auténtico santuario para
determinadas actividades delictivas, como era el tráfico de drogas, el
contrabando de tabaco y el blanqueo de dinero. Gracias a las protestas de
nuestro país y a presiones de las autoridades inglesas y por supuesto
también de las autoridades españolas, parece que el problema del
contrabando de tabaco está prácticamente erradicado, pero sigue sin
resolverse el
de otras actividades ilícitas a las que he aludido, como el blanqueo de
dinero y el tráfico de drogas e, insisto en ello, el problema
fundamental, el de la soberanía, en el que no se ha hecho ningún
progreso.
Por otra parte, en los últimos meses se viene observando, como ha
señalado el señor Santos Jurado, determinados movimientos unilaterales
por parte de dirigentes gibraltareños con acciones llevadas a cabo ante
las Naciones Unidas y ante la propia Unión Europea que buscan una
modificación unilateral del estatuto internacional del Peñón.
Desgraciadamente también tenemos que constatar que algunos de estos
movimientos han sido respaldados por grupos políticos españoles que están
representados en esta Cámara.
Queremos insistir, señor Presidente, en que para el Grupo Popular
cualquier modificación del Estatuto de Gibraltar que no pase por el
retorno a la soberanía española resulta jurídicamente imposible y
políticamente inaceptable. La obligación del Gobierno español es, por lo
tanto, oponerse con toda energía y con el máximo de eficacia a estos
intentos independentistas. En este sentido es necesario exigir al Reino
Unido que cumpla estrictamente lo estipulado en el Tratado de Utrech a
efectos de representación externa de Gibraltar, sin que sea admisible
ninguna acción diplomática o política en el exterior por parte de las
autoridades gibraltareñas.
Termino, señor Presidente. Nos felicitamos de que el Grupo Socialista con
esta iniciativa reconozca que es mucho lo que queda por hacer y que, por
lo tanto, de alguna manera levante acta de que la actuación del Gobierno
debe imprimirse con una mayor eficacia de la que hasta ahora ha tenido en
este terreno.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el señor Puig, en nombre del Grupo Socialista.
El señor PUIG I OLIVE: Intervengo sólo a efectos de la votación para
anunciar unas sustituciones. Don Miguel Angel Martínez será sustituido
por doña Matilde Fernández; doña Ana Balletbó por doña Carmen Romero; don
Enrique Curiel por el señor Jerez; el señor Fuentes por el señor Valls y
el señor Jover por el señor Aguiriano.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista tiene la palabra para anunciar
si acepta o rechaza la enmienda presentada por el Grupo Popular.
El señor SANTOS JURADO: En relación con la enmienda presentada por el
Grupo Popular, el marco donde se inscribe actualmente el proceso
negociador --y el señor Muñoz-Alonso lo sabe bien-- es en la Declaración
de Bruselas, donde se hace una mención expresa a la cuestión de la
soberanía. No tenemos ningún inconveniente en aceptar los esfuerzos
realizados desde la anterior declaración, la Declaración de Lisboa, en
relación con este tema. Por tanto, no hay inconveniente --repito-- en
aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a someter a votación la
proposición no de ley, con el añadido de la enmienda del Grupo Popular,
enmienda que ha sufrido algunos avatares mecanográficos, pero que en su
definición final lo que hace es introducir en el texto de la proposición
no de ley la frase «iniciado en la Declaración de Lisboa de 10 de abril
de 1980 y continuado en la Declaración de Bruselas» y el resto sigue
exactamente igual.
Con esta modificación pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--PROGRAMAS DE BECAS ENTRE ESPAÑA E IBEROAMERICA. PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 161/000628.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre
programas de becas entre España e Iberoamérica, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Popular.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, seré breve, porque a estas horas
no conviene aburrir ni hacer esperar demasiado a SS. SS.
Creo que esta proposición no de ley, que se refiere a la mejor
utilización de los recursos y programas adscritos a la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, del Ministerio
de Asuntos Exteriores, en relación con la política educativa, con la
política de cooperación universitaria, en definitiva, con los programas
de becas entre España e Iberoamérica, tiene una gran importancia.
Señalamos en la explicación que existe en este momento una grave
disfuncionalidad en el funcionamiento de esta política de becas.
Por un lado, existe un programa de becas, llamado intercampus, que para
1996 cuenta con una dotación de 5.000 millones de pesetas, que trata de
aprovechar esa diferencia entre calendarios académicos de España y de
América, pero que corre el grave peligro, en primer lugar, de tener unos
programas académicos excesivamente limitados que impiden el correcto
aprovechamiento y adecuada realización de los objetivos perseguidos; que
es costosísimo, en términos de recursos económicos y humanos, para la
Administración española; que se ven movilizados en este intercambio
universitario, en este grandioso y fastuoso programa de viajes pagados a
estudiantes españoles a América; que es una mala imitación, por sus
dimensiones, del programa Erasmus y que, como mucho, es una ocurrencia o
incluso un juguete inventado por algún arbitrista del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Es un poco parecido a lo de la zafra, volviendo a
Cuba, de los 10 millones. Al final, se bloquea todo el sistema de
cooperación educativa; se gasta todo lo que se tiene y lo que no se
tiene,
y los resultados nunca llegan al mínimo previamente fijado.
Sin embargo, por otra parte, existe un verdadero programa de becas, que
beneficia a un número importantísimo de verdaderos estudiantes e
investigadores; que no consiste en un programa de viajes pagados o de
vacaciones subvencionadas; que tiene, desgraciadamente, una dotación
mucho menor (en 1996, 2.845 millones), cantidad que se ve disminuida, año
tras año, conforme aumenta el volumen del disparate del programa
Intercampus y que, desde luego, está desatendido, porque no constituye la
niña de los ojos, el juguete favorito, el programa prioritario o el
objetivo fundamental del Instituto de Cooperación Iberoamericana o de la
Agencia Española de Cooperación Internacional o de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica.
Por todo ello, el Grupo Popular considera que la dispersión de recursos
en programas distintos y, sobre todo, de corta duración, resta eficacia a
nuestra política de becas y de cooperación educativa, por lo que es
necesario, debido a la limitación de recursos y en aras de la eficacia y
del mejor cumplimiento de los objetivos de nuestra política
iberoamericana, concentrar esfuerzos y optar por aquello que ya funciona,
por lo que ya está consolidado, por lo que tiene prestigio, convirtiendo
los programas de viajes pagados en programas amplios de becas, en los que
puedan participar, con mejores posibilidades de éxito cada vez, más
países y universidades.
La política de becas, señorías, fue la mejor política que tuvo España
hacia Hispanoamérica durante muchos años en los que no había otra
política posible. Los becarios hispanoamericanos son el mejor patrimonio
que ha tenido nuestra política exterior en Iberoamérica durante
muchísimos años antes y después de la llegada de la democracia, y la
democracia española en su política iberoamericana se ha beneficiado de
aquellos contactos, de aquellas amistades y de aquella colaboración
nacida con las becas que daba España a hispanoamericanos.
España ayudó a formar elites y hacer que las elites hispanoamericanas
estuvieran especialmente vinculadas con nuestro país, y todo ello se ha
ido perdiendo, se ha ido abandonando y se ha ido dejando en beneficio de
otros terceros, que en este momento tienen las élites, las amistades y
los contactos, y dentro de unos años ya no será posible lo que hasta
ahora era posible: que los ministros, los diplomáticos, los embajadores,
los encargados de la política iberoamericana de España, pudieran
compartir estudios con los ministros, los diplomáticos, los embajadores,
los responsables de los países hispanoamericanos.
Señorías, hace falta además más ambición que la que hasta ahora existe en
el programa Intercampus; hace falta, por lo menos, la suficiente ambición
para movilizar todos los recursos posibles, públicos y privados, y desde
luego falta ambición para aprovechar los medios públicos, el dinero de
los contribuyentes, al servicio de nuestra política iberoamericana. Por
eso hemos presentado esta proposición no de ley, que trata de instar al
Gobierno a reorganizar su política de becas y priorizar aquellos
programas que por su duración académica, sus objetivos y su prestigio
cumplen con mayor acierto el objetivo prioritario de estrechar lazos a
partir del intercambio universitario y por tanto contribuir a esa
comunidad iberoamericana que, como bien decíamos hace no mucho tiempo en
esta Comisión, forma parte de una de las prioridades de la política
exterior española. E instamos al Gobierno a dedicar los recursos
disponibles en la Secretaría de Estado de Cooperación para Iberoamérica a
un único programa de becas, a un gran programa de becas, a un programa de
becas ambicioso que pueda beneficiar a un creciente número de estudiantes
y de profesores de España y de Iberoamérica, con mejores becas, mejor
dotadas, y que de verdad se asemeje a otros programas ya consolidados en
la Unión Europea y que además han sido desarrollados con éxito.
Señorías, en cuestión de política iberoamericana los experimentos se
hacen con gaseosa, pero no con el programa de becas, y no se deberían
seguir haciendo con el programa de becas. El lucimiento personal y la
mejor imagen de los responsables de algunos departamentos encargados de
la cooperación iberoamericana no son razón suficiente para abandonar un
programa consolidado, homologado, consagrado, respetado y prestigiado de
becas por algo que ni puede funcionar ni funcionará, entre otras cosas
porque les puedo asegurar que el próximo Gobierno de España se encargará
de solucionar este problema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cremades.
El señor CREMADES SENA: La verdad es que cuando vi la proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular y la manía de querer eliminar el
programa Intercampus no entendía muy bien cuáles eran los objetivos de
esta proposición no de ley. Ahora, con las explicaciones del señor Robles
Fraga, creo que entiendo algo por dónde van los tiros, pero me parece que
mejor hubiera sido que me hubiera quedado sin saberlo.
Es cierto que el sistema de becas en España tiene dos programas con
objetivos totalmente diferentes que yo quiero explicar aquí: un programa
que es la convocatoria general de becas, que consiste en estancias de un
año y año prorrogable, de larga duración, y un programa, que es el
programa Intercampus, que pretende la integración de estudiantes y
profesores de universidades en un departamento universitario de otro país
aprovechando el desfase de los períodos académicos. Por cierto, el
programa Intercampus es valorado muy positivamente por parte de los
estudiantes, de las universidades y de los profesores que han participado
en su primera fase. Ello ha hecho que este programa se haya abierto al
conjunto de la comunidad universitaria, a docentes y a gestores
universitarios, y también que se haya abierto a un mayor número de
centros universitarios, pasando de 65 centros en la primera fase a 320
universidades en el segundo año, lo cual demuestra el éxito de este
programa llamado Intercampus.
En la explicación escrita, no la oral, que hace el Grupo Popular en su
proposición no de ley habla del programa monográfico de la educación para
el desarrollo de la Cumbre de Bariloche. Y curiosamente en esta V Cumbre
Iberoamericana
de Bariloche se concluye marcando unos objetivos que están en total
consonancia con programas del tipo Intercampus, incluso con la ampliación
u homologación, que el propio Secretario de Estado nos ha dicho en su
comparecencia, con ese segundo programa establecido, el programa
Ibercampus, para el área estrictamente iberoamericana, en el sentido de
hacer programas comunes en el área educativa y de investigación, dar
máxima prioridad al programa de intercambios, como es este de
Intercampus, y programas que favorezcan la movilidad social entre los
universitarios, los gestores, los docentes y los estudiantes.
Lo que sucede es que el objetivo que pretende la proposición no de ley
del Grupo Popular, que vamos a rechazar obviamente por parte del Grupo
Socialista, es estrictamente de tipo político, vago en todas sus
propuestas y sin ningún argumento claro para las dos instancias que
pretende elevar al Gobierno, que son: reorganizar la política de becas,
priorizando programas de larga duración, es decir, el programa general de
becas, y dedicar todos los recursos a un único programa de becas. Con
ello dice que pretende, objetivo que compartimos, beneficiar a un
creciente número de estudiantes. Lo que ocurre es que éstos se benefician
con el sistema actual establecido en estos momentos, mejor dotado
económicamente y semejante a programas consolidados que la Unión Europea
ha hecho con los países Pecos. Lo que sucede es que el Grupo Popular hoy
ha desenmascarado cuáles son sus objetivos, objetivos que, evidentemente,
nosotros no compartimos. No compartimos, por ejemplo, que el programa de
becas haya de estar destinado a favorecer élites en los países
iberoamericanos. Creemos que nuestra ayuda de cooperación educativa debe
de ir en la dirección de reforzar, ampliar y posibilitar que los
distintos pueblos iberoamericanos, gracias a ese intercambio, puedan
tener unos mayores conocimientos a la hora de terminar sus estudios.
Finalmente quiero resaltar aquí dos cuestiones que demuestran
probablemente el desconocimiento absoluto, por parte del señor Robles
Fraga, de en qué consiste el Programa Intercampus, cuando dice que se
destinan 5.000 millones de pesetas a ese Programa, frente a 2.000
millones de pesetas que tiene el Plan general de becas, que el mismo ha
mantenido en la comparecencia del Secretario de Estado del día 21 de
diciembre, que es un Programa que da excelentes frutos (y agradecemos
desde mi Grupo que reconozca los excelentes frutos del Plan general de
becas). Pero el problema es que no son 5.000 millones de pesetas. Al
señor Fraga le ha bailado un cero, en este caso en interés de ponerlo a
la derecha, porque, si lo hubiera puesto a la izquierda, hubiera
acertado, porque el Programa Intercampus tiene 500 millones de pesetas,
frente a los 2.000 millones de pesetas que tiene el Programa general de
becas. Por cierto que también dice el señor Fraga que hay que reforzar
ese Programa, cosa que nosotros también decimos, porque no han disminuido
las dotaciones, ya que en el Plan general de becas se ha pasado de 1.000
millones de pesetas a 2.000 millones de pesetas para este año.
Por ese desconocimiento, por esas críticas al sistema actual que son
estrictamente subjetivas, porque la propuesta de reforma está poco
definida y porque, además, en la comparecencia citada de diciembre del
Secretario de Estado, a la respuesta de ocho preguntas orales del señor
Robles Fraga, quedó, a nuestro juicio, bastante claro cuál es el sistema,
qué es lo que se está destinando y los objetivos que se pretenden con el
sistema actual de becas, entendemos que no hay peor sordo que el que no
quiere oír, peor ciego que el que no quiere ver. Ese es el caso del señor
Robles Fraga, del Grupo Popular y, por tanto, nosotros nos vamos a oponer
a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra.
(Pausa.)
El señor ROBLES FRAGA: Quisiera hacer uso de la palabra por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, lo que ha habido es un intercambio de
opiniones, no se lo tome como una alusión.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete;
en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SOLICITAR A LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) EL NOMBRAMIENTO
DE UN RELATOR ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS PARA COLOMBIA. PRESENTADA POR
EL GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000656.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a solicitar a la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el nombramiento de un
relator especial de derechos humanos para Colombia. El autor de la
proposición no de ley es el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Para presentarla, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: El objetivo de la proposición no de ley es
plantear una vez más ante esta Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados la grave situación que existe desde hace mucho
tiempo en Colombia en relación con las violaciones de los derechos
humanos. La extensa exposición de motivos cita informes de diferentes
comisiones internacionales y, sobre todo, de comisiones de América Latina
en relación con este tema.
Los datos son espectaculares --sus señorías tienen la exposición de
motivos en su poder-- y voy a citar simplemente
alguna de las circunstancias que permiten colocar el escenario de la
situación en sus justos términos.
Desde el año 1988 en Colombia muere un promedio de diez personas al día
por causa de la violación de los derechos humanos, de la violencia
política y de violencia contra marginados. Estas cifras han aumentado
recientemente y entre los meses de enero y septiembre de 1994 mueren cada
día cinco personas por ser activistas políticos, tres personas en
acciones bélicas y una cada dos días por suponérsele delincuente debido a
su condición de marginación social.
Quiero destacar que las situaciones a las que me refiero no se incluyen
dentro del campo de la violencia estrictamente militar, sino que se
refieren actuaciones tanto por parte de la guerrilla como por parte de
agentes estatales, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte. Las
cifras dadas por esta Comisión Andina de Juristas establecen que en la
mayor parte de los casos estos asesinatos son debidos a la actuación de
grupos paramilitares y de escuadrones de la muerte. Colombia es el país
con la tasa de homicidios más alta del mundo, 78,47 por cien mil al año
es la tasa de muertes violentas en este país. El secuestro, la
desaparición de personas, el desplazamiento forzado de la población han
hecho que la Conferencia Episcopal Colombiana señalara una cifra de
600.000 personas desplazadas de las cuales solamente el 1,28 por ciento
ha recibido algún tipo de atención humanitaria.
Destacamos en la exposición de motivos el caso específico de la Unión
Patriótica que, como SS. SS. saben, es un partido político surgido a
partir de las conversaciones de paz producidas durante la Presidencia del
señor Bethancourt. Paradójicamente, en lugar de haberse creado un clima
más propicio al debate y a la expresión política de las diferentes
reivindicaciones y propuestas de esta fuerza política, hasta este momento
han muerto asesinados dos mil miembros de la Unión Patriótica, incluyendo
dos candidatos presidenciales, senadores y alcaldes elegidos
popularmente, lo que ha hecho que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos califique de genocidio
la situación que se vive en Colombia.
La elección del Presidente Ernesto Samper despertó esperanzas de avances
sustanciales en la mejora de la situación. Sin embargo, exactamente dos
días después de la investidura como Presidente del señor Samper fue
asesinado el único senador comunista de Colombia, don Manuel Cepeda,
acción efectuada por un grupo paramilitar autodenominado «Muerte a
comunistas y guerrilleros».
Durante los meses siguientes a la investidura del señor Samper se ha
producido la muerte de siete sindicalistas y el campus universitario ha
sido por primera vez en Colombia escenario de asesinatos, como el
producido el pasado 15 de junio de 1995 en la persona del estudiante
Humberto Peña Taylor. También la actividad de los abogados que realizan
actividades de solidaridad con los presos políticos se ha visto sacudida
por el asesinato reciente, exactamente al día siguiente de la muerte del
estudiante aludido, del abogado Javier Alberto Barriga Vergel, que
trabajaba para el Comité de Solidaridad con los presos políticos en
Cúcuta.
Los grupos paramilitares están actuando directamente como objetivo
prioritario contra todos aquellos colectivos relacionados con ámbitos en
los que se discute sobre diálogos, sobre conversaciones de paz entre el
Gobierno y la guerrilla.
Las matanzas de campesinos en la zona de Urabá han sacudido, desde el 12
de agosto hasta el 20 de septiembre de 1995, esta zona específica,
habiéndose producido el asesinato de cerca de cien personas. En lo que va
de este año 1995, en esta región bananera han sido asesinadas cerca de
setecientas personas.
Como decía anteriormente, la elección del señor Samper abrió expectativas
de mejora de la situación, que se sustanciaron en, por ejemplo, la
aprobación del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, orientados a
respetar el derecho internacional humanitario, y en la retirada del
servicio del Ejército de un coronel gravemente implicado en las matanzas
ocurridas en Trujillo entre 1990 y 1991. También se han anunciado medidas
en favor de los desplazados que no se han sustanciado con ninguna acción
concreta. Sin embargo, a pesar de estas acciones puntuales, persisten en
altos cargos de la Administración personas implicadas en asesinatos y en
graves violaciones de los derechos humanos.
Otras medidas han venido a agravar la situación después de la Presidencia
del señor Samper, como es el mantener vigente una jurisdicción de
excepción que mantiene jueces secretos y pruebas secretas, existiendo
propuestas del Ministerio de Defensa, afortunadamente no aprobadas
todavía, enormemente preocupantes, como la propuesta de crear por ley
cooperativas de seguridad, lo que supondría la legalización de los grupos
paramilitares.
Las graves violaciones de los derechos humanos en Colombia han sido
motivo de debate en el seno de Naciones Unidas. De hecho, durante el 46
período, la Subcomisión del Prevención de Discriminación y Protección de
Minorías de Naciones Unidas señala que Colombia fue el país del mundo en
el que más graves violaciones se habían producido, después de Irán.
Comisiones puntuales de Naciones Unidas han visitado Colombia en
numerosas ocasiones y han elevado los correspondientes informes. Durante
el año 1994 visitaron el país representantes del Secretario General para
los Desplazados, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales y
el relator especial sobre la cuestión de la tortura. Esto ha permitido
que, por primera vez, en febrero de 1995, después de la visita realizada
a Colombia, se hiciera referencia a la convivencia del nombramiento de un
relator especial para Colombia sobre derechos humanos en los siguientes
términos.
«La Comisión de Derechos Humanos debería mantener bajo control
particularmente atento la situación de derechos humanos en Colombia, en
la expectativa, en un futuro cercano, del nombramiento de un relator
especial que pueda asegurar supervisión permanente de la situación de
derechos humanos y los informes sobre la misma que puedan cooperar con el
programa de asistencia técnica.» Este es el documento 4/1995/111 de la
Comisión de Derechos de Naciones Unidas.
La propuesta que Izquierda Unida hace al Gobierno, por primera vez se
basa en un informe explícito de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, señalando la conveniencia de que fueran sustituidas, o
acompañadas, en su caso, la actividad parcial, la actividad sectorial o
la actividad temporal de diferentes comisiones de Naciones Unidas, que
vigilen o elaboren los correspondientes informes sobre derechos humanos,
con el nombramiento de un relator de carácter permamente.
El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sabe que parece
estar cerca la disolución de las Cámaras y que esto evidentemente va a
plantear una situación de interinidad para el Gobierno español, pero
entendemos que la oportunidad de la presentación de esta proposición no
de ley se justifica en que precisamente en esta etapa previsible de
interinidad se celebre la reunión anual de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en las que suponemos que, como en otras
ocasiones, diferentes países, diferentes grupos de trabajo, propondrán
este nombramiento de un relator especial de carácter permanente.
Por lo tanto, lo que pretende la proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya somete a su
consideración es que en esta ocasión, al contrario de en otras
anteriores, yo creo que con argumentos suficientemente explícitos sobre
la gravedad de la situación en Colombia, el Gobierno español, teniendo en
cuenta el carácter especialmente preponderante que la opinión del
Gobierno español tiene en los temas referentes a países de América
Latina, como digo, apoye y suscriba el nombramiento de este relator
especial de carácter permanente sobre derechos humanos en Colombia.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: En aras de lo avanzado de la hora, voy a activar
mi intervención lo máximo posible.
Nuestro Grupo y este Diputado que lo representa quiere manifestar de
manera categórica su coincidencia básica con la denuncia que la
proposición no de ley de Izquierda Unida hace sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia. Es una exposición detallada, concienzuda,
que repasa tanto la situación de los derechos humanos en los últimos
tiempos como los casos más flagrantes de violación de los mismos que se
han producido, todo muy bien documentado.
Nuestro Grupo, que no ha sido nunca ajeno a los temas de derechos humanos
y que ya ha trabajado antes en esta materia, presentó una proposición no
de ley sobre la situación de la infancia en aquellos lugares donde se
producen malos tratos y, en particular, en Brasil, tras la denuncia de
diversas organizaciones internacionales, que fueron realizadas sobre la
situación de aquel país y de aquella zona. Dicha proposición no de ley
fue debatida en la Comisión de Justicia y aprobada en diciembre de 1994.
Volviendo a la iniciativa que Izquierda Unida nos presenta hoy a debate,
el Grupo Popular, compartiendo, como ya digo, la denuncia y la necesidad
de trabajar activamente por el respeto de los derechos humanos en el
mundo y el cese de la violencia y las violaciones de los mismos,
considera que no es competencia de esta Comisión de Asuntos Exteriores,
ni del Parlamento en general, instar en este caso al Gobierno a solicitar
en la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el
nombramiento de un relator especial de derechos humanos para Colombia,
tal y como propone Izquierda Unida en su iniciativa.
Este es el motivo de índole competencial, que explica el voto en contra
del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Vallejo.
El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Intervengo para manifestar la posición del
Grupo Socialista con respecto a la proposición no de ley que nos presenta
Izquierda Unida en la Comisión.
Tengo que empezar diciendo que la situación en Colombia nos preocupa en
igual medida que pueda preocupar a Izquierda Unida, aunque no creo que
sea el momento de entablar una carrera para demostrar quién está más
preocupado por los derechos humanos en el conjunto del mundo y en
Colombia en particular.
Quisiera decir que en el largo preámbulo de la proposición no de ley que
se nos presenta figuran dos partes bien distintas. Una en la que se hace
el relato de las diferentes violaciones de los derechos humanos y otra en
la que la proponente expone cuál es la posición del Gobierno de Ernesto
Samper, desde el punto de vista del reconocimiento, por parte del
Gobierno de Colombia, de una situación verdaderamente grave. La
proponente relata incluso una serie de medidas anunciadas por el Gobierno
actual de Colombia, que preside Ernesto Samper.
En dicho preámbulo hay algún párrafo que pueda inducir a confusión sobre
el papel que el Presidente Samper ejerce en Colombia respecto de la
situación de los derechos humanos y de la violencia que allí se vive. Se
hace referencia a que dos días después de su investidura como Presidente,
el único Senador comunista, Manuel Cepeda, fue asesinado en Bogotá.
El relato puede llevar lamentablemente a alguna sospecha de alguna
implicación, pero estoy seguro de que su deseo no era decir eso, sino que
el texto se presta a una cierta confusión.
En definitiva, el Grupo Socialista podría votar afirmativamente la
creación del relator especial en Colombia. Sin embargo, creemos que es
más importante que la postura que se presente por parte de España no sea
independiente, aislada del contexto europeo. Habría otra figura que
posiblemente sería más eficaz y más rentable políticamente para Colombia,
que marcara mejor la posición de España en el contexto en que nos
movemos.
Hay antecedentes distintos, como también son diferentes las posiciones
que se han defendido. En algunas ocasiones se han nombrado relatores
especiales, como por ejemplo en Chile, y en otras se han creado grupos de
trabajo
de expertos, caso de Africa meridional o territorios ocupados árabes.
Nosotros creemos que esa figura posiblemente sea más eficaz y consensúe
mejor las posibilidades del contexto europeo. Posiblemente en febrero
podremos ver cómo el conjunto de la comunidad europea defiende esa
creación de un grupo de expertos de trabajo en Colombia en torno al tema
que nos ocupa en este momento respecto a los derechos humanos.
Todo lo cual nos lleva a abstenernos en este momento en torno a esta
propisición no de ley que se nos presenta.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación de
la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en
contra, seis; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Señorías, antes de levantar la sesión, quiero hacerles un anuncio: me
informan que es muy posible que mañana tengamos ejemplares impresos del
informe sobre los nuevos retos y la reforma institucional de las Naciones
Unidas. Si tienen sugerencias sobre entidades, organismos o personas a
las que deban enviarse, por favor, háganlo llegar al señor letrado de la
Comisión.
Sin más, señorías, se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.