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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 635, de 05/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 635
DE INVESTIGACION DEL PROCESO DE
PRIVATIZACION DE LA EMPRESA PUBLICA
INTELHORCE
PRESIDENTE: DON JOSEP LOPEZ DE LERMA I LOPEZ
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 5 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias sobre el proceso de privatización de la empresa pública
Intelhorce:
--Del Director General del Patrimonio (Vázquez de Parga y Pardo). (Número
de expediente 212/001796) (Página 19192)
--Del ex Consejero Delegado de Intelhorce (Alvarez García). (Número de
expediente 219/001019) (Página 19209)
--Del Director General de los Servicios Jurídicos del Estado, del
Ministerio de Justicia (Jiménez Aparicio). (Número de expediente
212/001795) (Página 19222)
--Del Presidente de Improasa (Sierra Sánchez). (Número de expediente
212/001779) (Página 19227)
--Del Secretario de la Unión provincial de CC. OO. de Málaga (Gutiérrez
Rodríguez). (Número de expediente 219/001017) (Página 19236)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco de la mañana.
COMPARECENCIAS EN RELACION CON EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA
PUBLICA INTELHORCE:
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (VAZQUEZ DE PARGA
Y PARDO). (Número de expediente 212/001796.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión
de la Comisión de Investigación del proceso de privatización de la
empresa pública Intelhorce. De acuerdo con el orden del día establecido,
comparece ante nosotros el ilustrísimo señor don Juan Antonio Vázquez de
Parga y Pardo, Director General del Patrimonio, a quien, en nombre de
todos los comisionados, le doy nuestra más cordial bienvenida a esta
Comisión y le informo sobre el procedimiento habitual de estas sesiones
de comparecencias, que consisten en lo siguiente. Durante un cierto
tiempo, prudencial, el señor compareciente dispone de la posibilidad de
informar a los comisionados sobre aquello que crea oportuno, siempre en
relación con el objeto por el cual ha sido citado y que consta en el
correspondiente escrito que ya obra en su poder. A partir de esa
información, si lo creen pertinente y, si no, nos lo ahorramos, los
miembros de la Comisión se van a dirigir a usted solicitando información
y datos, de mayor a menor, abriendo el Grupo Parlamentario Popular y
cerrando el Grupo mayoritario, que es el Grupo Parlamentario Socialista.
Puede haber una segunda vuelta en esas intervenciones, en función de los
datos o preguntas que puedan sugerir sus propias respuestas.
Le reitero nuestra bienvenida, señor Director General, y dispone ahora de
tiempo por si estima oportuno informarnos al respecto.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Señor Presidente, señorías, de acuerdo con la invitación que me
hace el Presidente, quisiera hacer una breve exposición que creo debe
circunscribirse a describir, aunque sea resumidamente, las actuaciones
que desde la fecha de mi nombramiento como Director General del
Patrimonio en octubre de 1992 se han desarrollado o impulsado desde la
Dirección General a la que sirvo. Creo, por otra parte, que ello está en
perfecta sintonía con el acuerdo de esta Cámara, en virtud del cual se
creó la Comisión de Investigación en la que nos encontramos. Según dicho
acuerdo, uno de los objetivos de esta Comisión es investigar las causas y
actuaciones que han originado la actual situación económico-financiera de
dicha empresa. Paso, por ello, a exponer las actuaciones que, desde que
soy titular de la Dirección General del Patrimonio, se han desarrollado
en relación con Intelhorce, aunque, para la mejor comprensión o
explicación de alguna de ellas, haré referencia a hechos anteriores a la
fecha citada.
En un intento de síntesis yo diría que mi período al frente de la
Dirección General del Patrimonio coincide, con apenas unos meses de
diferencia, de abril a octubre de 1992, con el período de gestión pública
de Intelhorce a través de la Sociedad Estatal Improasa, tras la
denominada republicitación que, como SS. SS. conocen, se produce en abril
de 1992, en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Como creo que ya expuso en esta Comisión el Ministro de Economía y
Hacienda, durante este período los objetivos perseguidos por el
Ministerio de Economía y Hacienda y consecuentemente las actuaciones
impulsadas o desarrolladas por la Dirección General del Patrimonio, han
sido básicamente dos. En primer lugar, el estudio de la viabilidad de la
empresa y, constatada su no viabilidad, la liquidación ordenada de la
misma, procurando dar solución al problema laboral y favorecer el
mantenimiento de la actividad textil en Málaga con el mayor nivel de
empleo posible. En segundo lugar, la investigación de las irregularidades
cometidas por los anteriores gestores privados de Intelhorce y la
presentación, tras los correspondientes informes del Servicio Jurídico
del Estado, de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Desarrollaré un poco más ambos puntos.
Primero, estudio de viabilidad de la empresa. Como he expuesto en varias
comparecencias parlamentarias sobre Intelhorce tanto en esta Cámara como
en el Senado, la grave situación por la que atraviesa la empresa a
finales de 1991 y principios de 1992, con la consiguiente conflictividad
social, dio lugar a algunas iniciativas parlamentarias, entre ellas a la
presentación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, de una proposición no de ley en Comisión, que fue aprobada
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados el 18 de
febrero de 1992. Mediante esta proposición, el Congreso de los Diputados
instó al Gobierno para que en el plazo de tres meses adoptase las medidas
oportunas para la normalización de la actividad empresarial de la empresa
Intelhorce, permitiendo sentar las bases para su eficaz funcionamiento.
En virtud de esta proposición no de ley la Dirección General del
Patrimonio encomendó a Improasa el estudio y adopción de las medidas más
idóneas para su cumplimiento. Al producirse el contacto de Improasa con
Intelhorce la empresa y los representantes de los trabajadores se
encuentran discutiendo un plan de viabilidad sobre la base de un texto
elaborado por una empresa consultora, Interdoxa, S. A., en virtud del
encargo efectuado por los entonces gestores de la sociedad. Dicho plan de
viabilidad contemplaba una serie de medidas, entre ellas la necesidad de
una reducción de plantilla, extremo éste sobre el que la empresa y el
comité habían alcanzado un principio de acuerdo el 12 de febrero de 1992.
El pacto alcanzado señalaba textualmente: Tras las diversas reuniones
mantenidas para encontrar soluciones que garanticen la viabilidad futura
de la empresa, ambas
partes han llegado al principio de acuerdo de aceptar la necesidad de
reducir el excedente de plantilla mediante las fórmulas de bajas
voluntarias indemnizadas y jubilaciones anticipadas.
Dada la situación económica de la empresa, el principio de acuerdo
quedaba pendiente de la celebración de una reunión con la Dirección
General del Patrimonio y la Junta de Andalucía, para finalizar el proceso
negociador. Tras las oportunas reuniones, la Dirección General del
Patrimonio y la Junta de Andalucía consideran que la reestructuración de
plantilla pactada entre empresa y trabajadores constituye una medida
previa e imprescindible para la normalización de la actividad
empresarial, motivo por el que ambas administraciones deciden otorgar su
apoyo económico asumiendo el coste de la reestructuración. Obtenido este
apoyo económico, el acuerdo definitivo empresa y trabajadores se firma el
14 de marzo de 1992. En cumplimiento de ese acuerdo, durante el mes
siguiente se produce una reducción de plantilla de 742 personas (621
bajas indemnizadas y 121 jubilaciones anticipadas) cuyo coste es asumido,
dada la situación económica de la empresa, por la Dirección General del
Patrimonio, que aportó los fondos para las bajas voluntarias, y la Junta
de Andalucía, que se hizo cargo de los relativos a las jubilaciones
anticipadas.
Como he señalado, a fin de hacer frente al coste de las bajas voluntarias
y dotar a la empresa de unos fondos mínimos necesarios para el reinicio
de la actividad, paralizada durante el proceso de negociación, Improasa
aporta a Intelhorce 5.000 millones de pesetas, haciéndose cargo de la
gestión de la misma.
Intelhorce pasa a estar gestionada de nuevo por la Dirección General del
Patrimonio del Estado, a través de Improasa, por dos hechos
fundamentales: uno, el cumplimiento de una proposición no de ley; dos,
como contrapartida y garantía del empleo de los fondos (5.000 millones)
que, en cumplimiento de dicha proposición, son aportados a la empresa.
Dado que el nuevo equipo gestor no había participado en la elaboración
del plan de viabilidad al que me he referido, comenzó de forma inmediata
su estudio y análisis a fin de iniciar, en el caso de considerarlo
adecuado, su puesta en marcha. El análisis detallado del mismo, unido al
conocimiento de las principales magnitudes económicas de la empresa, puso
pronto de relieve la inviabilidad técnica y económica --valga la
expresión-- de dicho plan. Desde el punto de vista técnico era imposible
acometer en una de las peores crisis por las que ha atravesado el sector
textil un incremento de ventas como el que se contemplaba, y desde el
punto de vista económico la empresa era incapaz de generar u obtener los
5.200 millones necesarios para financiarlo.
Por todas estas razones, el nuevo equipo gestor llegó a la conclusión,
que comunicó al comité de empresa, de que el aludido plan de viabilidad
no era ni posible ni realizable, por lo que era necesario acometer un
nuevo planteamiento de los marcos de referencia. Tras este diagnóstico, y
consecuentemente con él, Improasa encomendó a uno de los mejores
consultores de empresas textiles a nivel mundial, Werner Internacional,
que evaluase tanto la necesidad de nuevas inversiones como las
dimensiones de la empresa y que efectuase una perspectiva de resultados
según los diferentes escenarios posibles y según los estándares de dicha
consultora, a fin de disponer de un documento lo más completo posible,
que permitiese hacer una valoración en profundidad del proyecto de futuro
de Intelhorce. Werner Internacional emitió tres informes a petición de
los gestores de Intelhorce --los mismos obran en la documentación
remitida a la Comisión, a la que me remito-- y uno más a petición de los
propios trabajadores ya en el proceso de negociación. En todos ellos, la
prestigiosa consultora concluye que la fábrica no es rentable ni aun con
moderadas inversiones y en el mejor de los escenarios posibles.
La rotundidad de los informes Werner sobre la inviabilidad de GTE, la
imposibilidad de otorgar ayudas públicas, sobre todo tras la sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de septiembre
de 1994, que considera incompatibles con los tratados comunitarios parte
de la ampliación de capital realizada en la empresa en el momento
inmediatamente anterior a la venta, y la falta de tesorería suficiente
obligan a los gestores a acometer la única salida posible: la liquidación
ordenada de la empresa, vía suspensión de pagos, cuya solicitud se
presenta el 7 de octubre de 1994, siendo aceptada a trámite mediante
providencia de 10 de octubre del Juzgado de Primera Instancia número 13
de los de Málaga.
La realidad es que, ante los hechos expuestos y la inviabilidad
constatada en la empresa, sólo cabía la alternativa de presentar la
suspensión de pagos o dilatar la vida de la sociedad hasta que ésta
quedara abocada a la quiebra. La elección por la primera vía era obvia:
la suspensión de pagos permitía la continuidad de la gestión social,
aunque fuese intervenida judicialmente, facilitando la negociación con
los acreedores y el control del destino de los activos, extremos todos
ellos que no eran posibles si se iba a una quiebra y liquidación
judicial.
Tras la presentación de la suspensión de pagos, se aborda la búsqueda de
una solución al problema laboral y el estudio de las fórmulas que
permitiesen el mantenimiento de actividad con el mayor nivel de empleo
posible, para lo que se inician negociaciones con los trabajadores en el
seno de una mesa tripartita, compuesta por representantes del Ministerio
de Economía y Hacienda (Dirección General del Patrimonio del Estado e
Improasa), la Junta de Andalucía (Consejerías de Trabajo e Industria) y
trabajadores (comité de empresa y centrales sindicales a nivel
provincial).
Con los altibajos propios de este tipo de negociaciones, pero sin avances
significativos, se celebran reuniones a lo largo de los meses de octubre,
noviembre y diciembre del pasado año. A primeros de enero de 1995, ante
la eventualidad de no poder hacer frente al pago de la nómina y a fin de
no incurrir en posible responsabilidad por ello, la sociedad presenta
ante la autoridad laboral correspondiente un expediente de suspensión
temporal de empleo de la práctica totalidad de la plantilla, con
excepción del personal necesario para mantenimiento de instalaciones. El
11 de mayo se llega a un principio de acuerdo basado en el que sobre
jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias incentivadas
habían alcanzado en 1992 la empresa y los trabajadores, que, aprobado en
referéndum por la plantilla, pasó por momentos de dificultad ante la
pretensión social de hacer coincidir el cese de GTE con el alta de la
nueva empresa. Este escollo final fue salvado mediante otro acuerdo ya
definitivo de 25 de julio, ratificado por la autoridad laboral con fecha
del día siguiente. En virtud de dicho acuerdo, después de un período de
suspensión de contratos de dos meses, la totalidad de la plantilla
causaría baja el 30 de septiembre de 1995, pasando a la situación de
jubilación anticipada 154 trabajadores, o de baja voluntaria incentivada,
los 568 trabajadores restantes. En base a ello, Intelhorce, hoy GTE, no
cuenta en la actualidad con trabajador alguno, habiéndose contratado la
seguridad de las instalaciones y los servicios administrativos mínimos
con dos empresas especializadas en dichas actividades.
El mantenimiento de la actividad textil en Málaga con el mayor nivel de
empleo posible constituye, como he señalado, otro de los temas objeto de
estudio desde su inicio en las negociaciones entabladas en el seno de la
mesa tripartita. El objetivo era buscar fórmulas que permitieran
sincronizar, con el menor impacto posible sobre el empleo, la liquidación
de GTE, con la aparición de un modelo alternativo de gestión, encarnado
en una nueva sociedad que permitiese mantener actividad en Málaga, en
base a los activos industriales de Intelhorce, y en el que pudiera
integrarse una parte significativa de la plantilla. Los contactos para la
búsqueda de algún comprador, que inicialmente fueron asumidos por
Improasa, pasaron, por acuerdo de enero de 1995, de la mesa a ser
desarrollados por la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de
Industria. Desde esa fecha, por tanto, la Consejería de Industria de la
Junta es la que está negociando la posible compra de los activos de GTE,
compra sobre la que tanto la Dirección General del Patrimonio del Estado,
como la sociedad de que es accionista, Improasa, están haciendo y harán
cuanto esté en su mano para propiciar que con base a los activos de
Intelhorce se pueda hacer realidad el objetivo al que antes me he
referido de mantenimiento de la actividad industrial en Málaga, con el
mayor nivel de empleo posible.
La elección de la vía de la suspensión de pagos en lugar de la quiebra,
que he expuesto anteriormente, respondía ya a este propósito decidido de
controlar el destino de los activos de Intelhorce. La actuación llevada a
cabo por Improasa a lo largo de la tramitación de la suspensión de pagos
ha estado también inspirada en todo momento por este objetivo. Desde el
16 de marzo de 1995, en que se promulga el auto declarando a la sociedad
en situación legal de suspensión de pagos, Improasa mantuvo intensas
negociaciones con todos y cada uno de los acreedores, con vistas a la
presentación de un convenio de liquidación que, de un lado, obtuviese el
mayor número de adhesiones y, de otro, permitiese liberar los activos
industriales y poder así, previa su enajenación a un tercero, cumplir el
objetivo de reiniciar la actividad industrial.
El convenio de liquidación fue aprobado por auto de 26 de octubre pasado,
al haberse adherido al mismo el 89,48 por ciento del pasivo concursal,
que representa el 99,5 por ciento del pasivo total, descontado aquel que
tuviera derecho de abstención y se hubiera efectivamente abstenido. En
este momento el citado convenio es firme, al haber concluido el 16 de
noviembre el plazo para la presentación de impugnaciones sin que se haya
presentado ninguna. Este convenio contempla una dación en pago por parte
de GTE de todos sus activos a favor del conjunto de sus acreedores,
quienes se dan por pagados con el producto de lo obtenido por la
realización de los mismos, procediéndose al levantamiento de las trabas
registrales que pesan sobre los inmobiliarios. Para la realización de
estas actuaciones, el convenio contempla una comisión liquidadora,
compuesta por Improasa, Tesorería General de la Seguridad Social y
Agencia Tributaria. Mediante este convenio y el levantamiento de trabas
registrales, se daría cumplida respuesta al compromiso de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, a que antes me he referido, de poner
las instalaciones libres de carga en condiciones de poder ser adquiridas
por el grupo industrial que, previo acuerdo con los trabajadores,
proponga la Junta de Andalucía.
Segundo, investigación y denuncia de las irregularidades de los antiguos
gestores privados. En este punto este compareciente no quiere atribuirse
más mérito que el que le corresponde como mero impulsor de la
investigación y firmante de la denuncia ante la Fiscalía General del
Estado. El mérito de la investigación y la redacción del texto de la
denuncia no me corresponden a mí, sino a Improasa y a los servicios
jurídicos del Estado, que creo, y SS. SS. podrán comprobarlo por la
documentación remitida a esta Comisión, han realizado un gran trabajo. No
voy a extenderme mucho en este punto, que ha sido objeto en esta Cámara
de varias iniciativas parlamentarias, y, como he señalado, la Comisión
tiene copia de la voluminosa documentación que constituyen las denuncias
presentadas tanto por la Dirección General de Patrimonio, como por los
gestores públicos de GTE e Improasa.
Quiero señalar únicamente, como han hecho ya en esta Comisión otros
comparecientes, que al asumir Improasa la gestión de GTE, como
consecuencia de la proposición no de ley, empieza a detectar ciertas
anomalías, por lo que decide iniciar un proceso de investigación de la
gestión desarrollada por los anteriores gestores privados. Como he tenido
ocasión de señalar en otras comparecencias parlamentarias, este proceso
de investigación fue largo, difícil y complejo y conllevó el estudio y
reconstrucción, en algunos casos, de la contabilidad de la empresa.
Culminado el trabajo, Improasa elevó a la Dirección General de Patrimonio
un informe. Vistos los hechos allí recogidos, presuntamente constitutivos
de delitos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, se procedió por
mi parte a remitir al Servicio Jurídico del Estado en la Subsecretaría
del Ministerio de Economía y Hacienda el citado informe. El Servicio
Jurídico del Estado, en un trabajo a mi juicio realmente meritorio
también, procedió a redactar el texto básico de lo que posteriormente
sería el texto de la denuncia, proponiendo se remitiese a informe de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. Solicitado este
informe, copia del cual obra en la documentación remitida a la Comisión,
y recogidas sus sugerencias, se procedió por mi parte a la firma y
presentación ante la Fiscalía General del Estado
el 4 de julio de 1994 de una denuncia que, como ya se ha señalado en
otras ocasiones en esta Cámara, constituyó el núcleo básico fundamental
de las actuaciones judiciales hoy en curso.
En resumen, y con esto concluyo, asumida por Improasa la gestión de
Intelhorce como consecuencia de la proposición no de ley, se encomendó el
estudio de su viabilidad a una consultora internacional de reconocido
prestigio. Constatada por ésta la inviabilidad de la empresa, se abordó
la búsqueda de soluciones al problema laboral y se acometió una
liquidación ordenada que permitiese la reutilización de los activos de la
empresa para el mantenimiento de la actividad textil en Málaga con el
mayor nivel de empleo posible. Simultáneamente, ante los indicios de
existencia de posibles irregularidades por los anteriores gestores
privados, inició una larga y compleja investigación, cuyos resultados
eleva a la Dirección General de Patrimonio, investigación, que, previos
los informes correspondientes, tanto del Servicio Jurídico del Estado en
la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, como de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de
Justicia e Interior, culmina con la presentación, el 4 de julio de 1994,
de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las intervenciones de los distintos
grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Diputado señor Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias señor, Vázquez de Parga, por su
exposición y por su presencia en esta Cámara, que no es la primera y que
probablemente tampoco será la última. Ya se lo dijimos hace un año y nos
volvemos a ver y creo que nos veremos en el futuro.
Señor Vázquez de Parga, ha hecho su exposición basándose en dos puntos
fundamentales, y agradezco su concreción, porque en definitiva eran las
cuestiones importantes que queríamos plantearle: la viabilidad de la
empresa y la denuncia que bajo su mandato se presentó ante la Fiscalía
General. Cuando la Dirección General de Patrimonio del Estado habla de la
inviabilidad de la empresa parece que estamos oyendo lo mismo que ya se
decía o se escribía en 1989. Está bien que el Director General no haga
referencias al proceso de privatización, puesto que no es su
responsabilidad, pero nosotros no tenemos más remedio que hacerlas,
puesto que todo el problema Intelhorce no se entendería si no es en un
conjunto de actuaciones sucesivas.
Yo recuerdo, señor Director General, que los planteamientos del Gobierno
en 1989 para privatizar Intelhorce son exactamente los mismos que
determinaron en 1992 la vuelta del sector público a su accionariado y son
exactamente los mismos que han determinado en estos momentos la
liquidación de la empresa, planteamientos de carácter técnico y
económico. Ya en 1989, el señor Solchaga hablaba de que Intelhorce era
una empresa absolutamente inviable, y, sin embargo, para no tener que
cerrarla, se opta por privatizarla, por venderla. Ese es el mismo
planteamiento que usted nos ha referido para 1992. En 1992 Intelhorce es
una empresa inviable y, de acuerdo con el mandato de la Cámara y la
proposición no de ley aprobada, la presión social y la propia decisión
soberana del Ejecutivo, vamos a intentar una nueva etapa en Intelhorce.
Sin embargo, señor Director General, los hechos son muy tozudos. En la
documentación que esta Comisión tiene constan las pérdidas de Intelhorce
en 1989, que, como usted sabe, eran alrededor de 2.000 millones de
pesetas anuales. Constan también las pérdidas que se originaron en la
compañía Intelhorce en 1989, 1990 y 1991, dos años y unos meses en los
cuales podemos determinar que estuvo privatizada. Según la documentación
oficial, Intelhorce pierde 11.000 millones de pesetas en los dos
ejercicios fundamentales del año 1990 y 1991.
A partir del año 1992 y hasta la fecha, o sea, cuando Improasa se hace
cargo de Intelhorce --y no hay que olvidar, señor Director General, que
Improasa es la empresa que privatiza Intelhorce; nunca hay que olvidar
esto, en mi opinión--, las pérdidas de Intelhorce superan los 22.000
millones de pesetas --esto no lo digo yo como un argumento exculpatorio,
ni mucho menos, de la gestión privada, puesto que ésta no es la
cuestión--; 22.000 millones de pesetas más 11.000 millones son más de
30.000 millones de pesetas. Todavía no sabemos lo que va a costarle al
Estado, por tanto a todos los españoles, el proceso de liquidación de
Intelhorce y la creación de la nueva empresa. Yo me pregunto, señor
Director General, y le pregunto a usted: después de todo este proceso,
¿no parece razonable pensar que la intención de privatización o la
decisión política de privatización en su momento no estuvo bien tomada?
Nos ha costado el proceso de Intelhorce a todos los españoles desde 1982
hasta 1994, según datos oficiales también dados por el Ministerio de
Economía y Hacienda, la friolera de 52.000 millones de pesetas, y, como
digo, no sabemos qué nos va a costar el proceso de liquidación.
Sobre esta cuestión de la viabilidad de la empresa nosotros somos de una
opinión contraria. Nosotros creemos que Intelhorce en su momento pudo
haberse privatizado bien, con control, con criterios objetivos, tanto
empresariales, técnicos como políticos, y no subjetivos, y no tendríamos
ahora el problema que tenemos, ni el problema social ni el problema
económico, porque este dinero, señor Director General, evidentemente no
es algo que caiga del cielo, esto es algo que todos vamos a pagar: los
primeros, los trabajadores, por supuesto, porque tienen un problema
social importante, pero también el conjunto de los ciudadanos, tanto de
modo directo como indirecto, porque también Intelhorce, con estas
aportaciones impresionantes de capital público, ha estado haciendo un
grave perjuicio para el mercado y, por tanto, para otros trabajadores
también de Málaga, del conjunto de Andalucía y de toda España.
Ha hecho usted mención al informe Interdoxa y ha puntualizado que dicho
informe fue encargado por los gestores privados de GTE. Esto es cierto.
Realmente, esto es así. Lo que sucede es que nosotros tenemos documentos,
señor Director General, y hemos leído documentación que el mismo Gobierno
ha enviado a la Cámara, en el sentido de que Interdoxa, S. A., es
contratada por GTE cuando los
gestores privados de GTE le plantean a Patrimonio del Estado esa palabra
tan mágica y que ha servido de excusa para tanto, la inviabilidad de la
compañía, los problemas de la compañía, la deflactación de sus balances
en 1989, etcétera. Entonces, se encarga un informe a una sociedad o,
mejor dicho, se hace un contrato con una sociedad de asesoramiento
económico, y de intermediación, puesto que nos consta, señor Director
General, que ejecutivos de Interdoxa, como el señor Gutiérrez Castaño, y
yo lo repito y lo digo, puesto que debe saberse y conocerse, don Antonio
Gutiérrez Castaño, abogado de la firma Interdoxa, compañero, amigo y
socio en su momento de don Felipe González, Presidente del Gobierno, en
su despacho laboralista de la calle Capitán Vigueras, de Sevilla, sin que
tengamos que establecer ninguna conclusión al efecto. Pero a mí me llama
mucho la atención que los abogados laboralistas de entonces, con el
tiempo, hayan pasado a ser abogados de empresa y que sus informes sirvan
para el despido de 742 trabajadores y que encima realicen labores de
intermediación entre una empresa problemática como Intelhorce, la propia
Dirección General de Patrimonio del Estado e incluso la banca pública,
porque es con la intermediación de Interdoxa cuando el señor Muñiz,
Secretario del Consejo de Administración de Intelhorce, en representación
de las sociedades Benorbe y Benservice, se dirige al Banco de Crédito
Industrial para solicitarle una financiación externa de 10.000 millones
de pesetas, con el objeto de sacar adelante el plan de viabilidad
Interdoxa, que pasaba por una reducción de la plantilla y por una
aportación externa de capital. Y todo esto con el conocimiento de la
Dirección General de Patrimonio del Estado. En ese momento es cuando el
Banco de Crédito Industrial hace un informe a su jefatura en Madrid
diciendo que las sociedades Benorbe y Benservice no tienen ni capacidad
ni garantía ni solvencia para soportar una operación de crédito de
semejante tamaño, de 10.000 millones de pesetas. ¿Parece deducirse
entonces que es por aquel informe interno del Banco de Crédito
Industrial, banco público, cuando Patrimonio del Estado se cae del burro
--y permítame la expresión-- y determina que ha vendido mal Intelhorce?
Yo creo sinceramente que no, que sabía perfectamente a quién vendía y que
desde el primer momento la intención de Patrimonio del Estado fue cerrar
y liquidar Intelhorce. Lo que pasa es que se buscó una solución social,
una solución propagandística, una solución de cara a la galería que no
tuviera efectos políticos negativos para el propio Ejecutivo, y de esta
manera, señor Director General, se argumentó desde la propia Dirección
General de Patrimonio del Estado una campaña en medios de comunicación
diciendo que se vendía Intelhorce al grupo multinacional más importante
del sector textil como era Benetton, porque consta en la documentación
enviada por el Gobierno a esta Comisión y a la que hemos tenido acceso
que la propia Benetton desmintió oficialmente a la Dirección General de
Patrimonio del Estado, por carta de mayo de 1988, que nada tenía que ver
con Benorbe y Benservice y que no tenía ningún interés en comprar
Intelhorce. ¿Explicará entonces el Gobierno, de una vez por todas, por
qué desde la Dirección General de Patrimonio del Estado de entonces se
dieron notas de prensa informativas en las que se decía que Benetton
estaba detrás de la operación de venta de Intelhorce? Yo creo que no se
puede explicar y no se puede justificar lo que no es justificable.
¿Explicará en esta Comisión el actual Director General de Patrimonio del
Estado por qué cuando se decide la solución de que Improasa vuelva a
entrar en el capital social de Intelhorce, conociéndose ya, señor
Director General, las posibles irregularidades cometidas por los
administradores privados de Intelhorce, no se decide cortar en seco la
relación contractual con ellos, sino que encima se nombra Presidente del
nuevo Consejo de Administración al administrador único de la sociedad, el
señor don José Manuel Muñiz?
Dice el señor Director General que todo este proceso en defensa de la
propia compañía, según su criterio, va a desembocar en una denuncia. Me
gustaría que explicara el señor Director General la siguiente cuestión a
la Comisión, si lo tiene a bien. ¿No es cierto que los administradores
privados de Intelhorce, o sea, las sociedades Benorbe y Benservice,
plantearon en su momento formalmente la nulidad del contrato de
compraventa porque se sentían engañados al no haberse establecido en
dicho contrato la circunstancia, para ellos fundamental, de que una de
las cláusulas del mismo, como era la ampliación de capital, podía verse
afectada por decisión en contra por parte de la Comisión Europea y
posterior sentencia en contra? ¿No es cierto, señor Director General, que
en 1992 y también en el año anterior, 1991, la Dirección General de
Patrimonio del Estado negocia con los gestores privados el aplazamiento y
la reducción del precio que se puso en su momento de 2.000 millones de
pesetas y que por esa circunstancia no se ejecutó el aval cuando
incumplieron el primer plazo en el año 1991, tampoco se ejecutó en 1992 y
fue posteriormente ejecutado en el año 1993? ¿No es cierto, señor
Director General, que cuando el Ejecutivo --el Ministerio de Economía, la
Dirección General de Patrimonio del Estado-- tiene conocimiento de que
los gestores privados de Intelhorce pueden plantear una demanda civil de
gravísimas consecuencias contra la Dirección General de Patrimonio del
Estado inmediatamente se interpone una demanda penal, probablemente para
parar acciones civiles de acuerdo con nuestro Derecho positivo?
Señor Director General, usted ha dicho que los servicios jurídicos del
Estado han realizado una gran labor y yo estoy completamente de acuerdo;
pero más personas, señor Director General, porque en este escándalo ronda
también un famoso informe Cordón encargado por Improasa y pagado por GTE
--que al final lo pagamos todos, todo esto lo pagamos todos y ha costado
17 millones de pesetas -- a un detective privado cuando la Agencia
Tributaria el propio Ministerio de Economía, no tiene más que pulsar la
tecla para saber lo que había pasado en Intelhorce entre 1989 y 1992 y
estaba determinado por auditorías.
Todo esto me suena a escándalo, me suena, perdóneme la expresión, señor
Director General, a una cuestión rocambolesca, es prácticamente de mafia,
es como si hubiera aquí un gran padrino que cuando alguien se le
revuelve, alguno
de los malos, le ajusta las cuentas. El informe Cordón me recuerda al
famoso informe Crillón, el otro gran escándalo económico nacional.
Mientras todos vamos por la senda, juntos y de la mano, de acuerdo.
Cuando alguien se desmanda, ¡toma! Y esto no quiere decir, señor Director
General, que nosotros exculpemos, ni mucho menos, ni a los gestores
privados ni a nadie. (El señor Sáenz Lorenzo: Pues esa impresión da.)
Pero esto no es cuestión de esta Comisión de Investigación. El objeto de
esta Comisión de Investigación, señor Director General, es determinar las
responsabilidades políticas de los políticos que intervinieron en el
proceso de privatización.
Voy a terminar, señor Presidente. (El señor Sáenz Lorenzo pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Izquierdo. Señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Los discursos del señor Izquierdo exponiendo sus
creencias y su planteamiento tienen poco que ver con la comparecencia de
una persona a la que tenemos que pedir información. El rigor de esta
Comisión de Investigación supone que vienen los comparecientes para
proporcionarnos información, no para que nos exponga cada vez el señor
Izquierdo su opinión, que ya la conocemos, porque repite siempre la
misma. Es una opinión no basada en hechos ni en datos y que parece que no
quiere corroborar con hechos y con datos, sino hacer una exposición,
parece ser que para la prensa o para la opinión pública y, desde luego,
en modo alguno para investigar ni preguntar nada al señor compareciente.
Yo creo que eso no es una comisión de investigación; es un discurso sin
contenido y de creencias del señor Izquierdo, que siempre mantiene sin
ningún fundamento.
No podemos seguir así, porque entonces yo también tendría que hacer ahora
un discurso respecto a lo que yo pienso de todo el proceso, que es
totalmente lo contrario de lo que dice el señor Izquierdo. No, no;
estamos aquí para preguntar al compareciente datos concretos y pedir
documentación, para, al final, formarse una opinión la propia Comisión de
Investigación, no para hacer discursos vacíos.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, yo esperaba que usted en
este momento intervendría amparando a este comisionado, que es
sistemáticamente interrumpido por el señor Sáenz Lorenzo, que se permite
calificar discursos cuando nadie lo hace con los suyos y que nunca, señor
Presidente, observa su turno de intervención. Yo me someto al criterio de
la Presidencia. Si el señor Presidente cree que me estoy desviando del
tema, me lo ha de decir; no creo que sea función del señor Sáenz Lorenzo
decírmelo, sino de su señoría. Si el señor Presidente me lo permite,
continuaré y terminaré.
El señor PRESIDENTE: Puede usted seguir, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
No perderé, señor Director General, el hilo argumental, a pesar de que
ésa haya sido la pretensión del portavoz del Grupo Socialista, porque iba
a la denuncia, no a creencias ni a discursos vacíos: iba a datos y a
documentos contrastados.
Usted dice, señor Director General, que le cabe el mérito de haber
presentado la denuncia el 4 de julio de 1994 ante la Fiscalía General,
inducido por el gran mérito de Improasa y de los servicios jurídicos del
Estado. La primera pregunta, que además se desliza fácilmente: ¿Por qué
no antes? Ha dado usted la respuesta muchas veces: porque hemos estado
estudiando el tema durante años, era muy prolijo.
Señor Director General, con todos los respetos, mucho tiempo atrás la
Dirección General de Patrimonio del Estado tenía argumentos suficientes
para haber parado la sangría que se ha producido en Intelhorce; muchos
argumentos para hacer lo que hizo en el año 1994.
Además, señor Director General, nosotros creemos que esa denuncia está
matizada, porque se basa, como usted ha dicho, en informes de los
servicios jurídicos, en el conjunto --y no lo ha dicho S. S.-- de la
investigación del detective Cordón --que es una empresa menor que la
Crillón, pero, al caso, eficaz, según el propio Director General-- y en
la actuación interna de investigación contable de la nueva dueña de
Intelhorce, que era Improasa.
En su denuncia, señor Director General, en la página 63, se hace
referencia a las responsabilidades presuntas en este escándalo
--permítame que lo llame así, porque para mí es un escándalo que nos ha
costado mucho dinero a todos los españoles y que en algún bolsillo
estará-- en todo este proceso del Banco Exterior de España. Aquí hay una
cuestión muy oscura, señor Director General de Patrimonio del Estado,
sobre la cual quiero su opinión: producida la venta y entre 20 y 25 días
después, por lo que luego se ha sabido al estudiar los apuntes contables
de las cuentas que Intelhorce manejaba en el Banco Exterior de España
--banco público--; entre 20 y 25 días después, repito, se había dispuesto
de la totalidad de los fondos, o sea, los 5.869 millones de pesetas.
Evidentemente, esto es muy grave, puesto que esa cuenta estaba bloqueada
y solamente podía ser movida con autorización de Patrimonio del Estado.
Bien es cierto que en meses sucesivos Patrimonio del Estado, a petición
de los gestores privados de Intelhorce, va girando autorizaciones --250,
400, 700 millones, etcétera--, autorizaciones banales, puesto que los
fondos ya habían sido movidos previamente. Esto les lleva a los servicios
jurídicos del Estado a determinar que puede haber existido algún tipo de
connivencia o responsabilidad entre empleados o el Banco Exterior y los
gestores privados de la sociedad.
En su denuncia, señor Director General, en la página 63, el punto 18,
«Actuación del Banco Exterior de España», al final, dice: «Resulta
evidenciado el incumplimiento por parte del Banco Exterior de España de
las obligaciones relativas al control de disposición de los fondos
procedentes de la ampliación de capital previa a la venta.
Sin que el incumplimiento de dicha obligación civil suponga, sin más»
--repito esta frase: sin que el incumplimiento de dicha obligación civil
suponga, sin más--, «la existencia de indicios de responsabilidad penal,
debería indagarse sobre este extremo.» Es decir, ya el propio
denunciante, la Dirección General de Patrimonio del Estado, se permite
calificar que este incumplimiento civil del Banco Exterior de España
puede no tener indicios de responsabilidad penal. Pero esto está basado
en este otro informe de 12 de mayo de 1994, del señor Tambo Iñiguez, que
ha comparecido, y muy bien, en esta Comisión de Investigación
parlamentaria, en el que se viene a hablar de la responsabilidad del
Banco Exterior de España de modo muy preciso y claro. Este informe, de 12
de mayo de 1994, que no citaré textualmente para no cansar a SS. SS., es
apoyado y contrastado, señor Director General del Patrimonio del Estado,
por un nuevo informe del Ministerio de Justicia, firmado por el Director
General de los Servicios Jurídicos del Estado del Ministerio de Justicia
e Interior, que comparecerá esta mañana en la Comisión de Intelhorce,
creo que a continuación del siguiente compareciente. Quiero que S. S. y
la Comisión se den cuenta de lo que dice en su denuncia matizada y lo que
señala la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado en el
Ministerio de Justicia e Interior, no estamos hablando ya del Ministerio
de Economía y Hacienda.
La página 13 de ese informe, en el apartado octavo donde habla de
personas responsables, se refiere a la actuación del Banco Exterior de
España y manifiesta: debe decirse que no sólo carece de todo tipo de
justificación desde el punto de vista civil. Señor Director General,
usted en su denuncia dice que civilmente puede haber lo que sea, pero
cree que penalmente, no.
Su denuncia se basa en este informe que dice: No sólo carece de todo tipo
de justificación desde el punto de vista civil, sino que no es posible
descartar la presunta participación de alguno de sus empleados en los
posibles delitos que hemos estudiado en concepto de cooperadores
necesarios, figura esta que el artículo 14 del Código Penal equipara a
los autores. Ya me explicará el señor Director General por qué se matiza,
por qué se oculta, en su denuncia presentada ante la Fiscalía General,
esta situación.
Señor Director General, el informe Cordón al que ha tenido acceso esta
Comisión y este comisionado, establece como patas de la silla de la
presunta estafa a tres personas: el señor Moreno García, compañero de
facultad del señor Muñiz y presidente a la sazón en la empresa pública
Improasa. Habla del señor Muñiz y del señor Orefici y dice aquello de lo
del Banco Urquijo, solos o acompañados, pero parece claro que en estas
tres personas, según Cordón, se establecen las responsabilidades del
escándalo Intelhorce. Sin embargo, la Dirección General del Patrimonio
del Estado en su denuncia se limita a indicar que la persona encargada
del proceso de venta de Intelhorce fue el señor Moreno García.
Entienda mis palabras, señor Director General, que no son para echarle en
cara que ustedes matizaran la denuncia intentando ocultar
responsabilidades. No, porque me consta que los servicios jurídicos del
Estado, en cumplimiento de sus obligaciones, están prestando un
importante auxilio a la justicia, como es su obligación constitucional y
ciudadana.
Intento dejar claro, señor Director General, que nadie da puntadas sin
hilo; que esta denuncia se argumenta; que en el momento en que se
presenta se hace por algo; que la venta o la renacionalización de GTE a
través de Improasa también se hace por algo y que también la venta en su
momento se hizo por algo.
Esto es todo cuanto quería, señor Presidente, decir en este primer turno
de intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Voy a tratar de dar contestación a las preguntas que el señor
Izquierdo me ha formulado. Como en alguna otra comparecencia hemos
discutido alguna de ellas, voy a reiterarme en argumentos que en su día
ofrecí, de los cuales tengo la convicción y, por tanto, no es de extrañar
que los repita.
Discrepo con usted en que el planteamiento del Gobierno en 1989 y 1992
fuera exactamente igual, entre otras cosas porque las circunstancias eran
muy distintas. En el año 1989, incluso antes, cuando el Ministerio de
Economía y Hacienda toma la decisión de privatizar Intelhorce por
entender que no se trataba de una empresa con carácter estratégico ni de
interés público, que nada tenía que ver una empresa del sector textil en
su condición de empresa pública, se inicia lo que puede ser un proceso de
privatización de una empresa pública, como he dicho en otras ocasiones,
con la dificultad que en cualquier caso se produce cuando se trata de
privatizar una empresa que lleva desde su constitución, en 1957,
generando pérdidas.
Me pongo en la situación de mis antecesores, porque razonablemente lo
tengo que hacer, después de dos años de gestiones en cuanto a la demanda
de la posible compra de Intelhorce por parte de empresas privadas. Se ha
dicho que la rapidez, la urgencia llevó al Gobierno a venderla. Vuelvo a
reiterar que con los elementos de juicio que había en el año 1989 en
poder del Ministerio de Economía y Hacienda, la decisión que se tomó en
cuanto a la venta fue correcta, sin perjuicio de que los hechos nos han
demostrado que la misma no fue acertada. Ambos términos creo que no son
antagónicos. Las decisiones son una foto fija en el tiempo que hay que
tomar con los elementos razonables. Indudablemente cuando las cosas salen
mal siempre a toro pasado, todos podemos decir: «Debió haberse hecho
esto; debió hacerse esta otra cosa.» Esto es algo razonable.
Indudablemente no estaríamos en este momento ni en este lugar si se
hubieran cumplido las previsiones y las expectativas del Gobierno y de
los altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda en aquel momento
con los datos que tenían. Ellos pensaron que era una decisión correcta
que podría tener éxito. A toro pasado está clarísimo que la decisión no
fue acertada. A todos en la vida nos puede pasar lo mismo con las
decisiones que podemos tomar. Las decisiones de las que nos podemos
arrepentir son aquellas basadas
en anomalías, irregularidades o maquinaciones que después pueden dar al
traste con los éxitos por un planteamiento quizás irregular y
controvertido.
La convicción que tengo después del análisis que he hecho de este tema
--y es mi obligación exponerlo en esta Comisión-- es que con los
elementos de juicio que entonces había se tomó la decisión que se
consideraba más acertada, por lo que he dicho siempre: la oferta
contraria pedía el doble de saneamiento previo, de ampliación de capital.
En vez de 5.889 millones, pedía 10.000 millones de pesetas. No hacía
ampliación de capital ninguna. Los 2.000 millones de pesetas que se
comprometieron a aportar, tanto Benorbe como Benservice mantenía
plantilla, mientras que las otras reducían plantilla, ofrecían una
peseta. No podemos ver lo que pudo haber sido y no fue. Hay algo que es
cierto Hilatura Gossypium después suspendería pagos.
Este es el gran dilema en el que se encuentra el gestor público cuando
tiene que tomar una decisión de esta naturaleza y ante una empresa de
estas características. Por eso digo honradamente, señoría, que me parece
muy rebuscado que si efectivamente el diagnóstico del Gobierno en esa
fecha, año 1989, hubiera sido de inviabilidad y de ir al cierre de la
empresa, tomara los caminos que se tomaron para que todos estemos pasando
en estos momentos por las horcas caudinas por las que pasamos. Lo
considero realmente desproporcionado, porque si la decisión hubiera sido
ésa, hay caminos mucho más rápidos para llegar a los fines que se
pretendían.
Dicen que ustedes piensan que se pudo haber privatizado bien. Es
indudable que, como decía antes, el acierto no estuvo en la elección,
pero repito que en la experiencia que tengo es fácil privatizar empresas
en beneficio y es muy difícil privatizar empresas en pérdidas.
Los datos que ha puesto usted de manifiesto son claros, oficiales, los ha
puesto sobre la mesa el propio Ministerio de Economía y Hacienda y nada
tengo que decir sobre ellos. Es normal que en la gestión pública --me
refiero a partir del año 1992--, sobre la cual no se podrá pensar que ha
habido fugas de dinero de ningún tipo ni malversaciones, cogiendo la
empresa como la cogimos y en las circunstancias en que estaba, totalmente
descapitalizada, las pérdidas fueran, paradójicamente, mayores, porque,
entre otras cosas, había pérdidas extraordinarias, de carácter
insoslayable, que figuran en los datos que usted ha dado, como, por
ejemplo, la reducción de plantilla que se hizo, que consta como pérdida
en la propia empresa, otros gastos de carácter extraordinario y, sobre
todo, gastos financieros, fuera de la cuenta de explotación, que no
estaban en la misma línea de lo que pudieron tener los gestores
anteriores que, como ustedes han reiterado, cogieron una empresa bien
capitalizada.
La afirmación que se hace respecto a Interdoxa es que, al final, nos las
llevamos todas, porque si la empresa está en manos privadas y los
gestores privados son los que contratan a la empresa Interdoxa y se
argumenta que desde la perspectiva pública los gestores privados en ese
momento, año 1991, se encontraban con que la empresa no estaba en una
situación boyante, entiendo que trataron de buscarse el parapeto
suficiente para justificar sus propias maniobras y la situación a la que
habían abocado a la empresa en el poco espacio de tiempo que llevaban
como gestores, año y medio, y contrataron a una empresa; pero yo no
pienso que el Gobierno les haya tratado de inducir a que tuviera que ser
exactamente Interdoxa. Respeto, indudablemente, su criterio, pero yo no
lo comparto.
Respecto de la banca oficial, del Banco de Crédito Industrial, quiero
decir que el Ministerio de Economía y Hacienda, en concreto la Dirección
General del Patrimonio, en esa época no tenía nada que ver con el Banco
de Crédito Industrial.
Por lo que se refiere al Banco Exterior, el hecho de ser accionista no
nos lleva a interferir en la gestión y en la toma de decisiones de todas
las empresas públicas, porque sería completamente disparatado, desde el
punto de vista de una gestión eficaz y, además, totalmente inabarcable
por muchas condiciones, muchas capacidades y muy buen equipo que pudiera
tener la Dirección General del Patrimonio. Desde la independencia de lo
que es la gestión de una empresa y respetando lo que debe ser la gestión
de una empresa pública, toda una serie de toma de decisiones escapan por
completo, salvo las de carácter estratégico importante, a la injerencia y
al conocimiento de la Dirección General del Patrimonio, pese a su
condición de accionista mayoritario.
El hecho de que Improasa fuera en su momento broker y después fuera la
encargada por la Dirección General del Patrimonio de asumir la gestión de
la empresa, creo que no tiene mayores connotaciones. Es una empresa
instrumental dentro de la Dirección General de Patrimonio que
indudablemente la hemos utilizado en demasía para ciertos aspectos; desde
la Dirección General del Patrimonio es imposible gestionar actuaciones
dentro del tráfico mercantil. En otro orden de ideas, ustedes a veces nos
critican porque creamos «empresas instrumentales» --poniéndolo entre
comillas--, pero es que el instrumento es algo muchas veces necesario
para poder realizar actuaciones imposibles de efectuar desde la
burocracia de la propia Administración. En este sentido, Improasa es esa
empresa instrumental que, como usted conoce perfectamente, hemos tenido
que utilizar, tanto para hacer de broker como, en este caso concreto,
para hacer de gestora, además de otras actividades de distintas
disciplinas que le toca asumir con una plantilla de ocho o diez personas.
En cuanto al nombramiento de Muñiz como presidente en el año 1992,
recuerdo que en ese momento era el administrador único de la sociedad.
Entonces se podía ya constatar que la gestión privada no había sido todo
lo acertada que debiera haber sido, pero, indudablemente, en ese momento
no se podía tener el conocimiento que desde dentro se ha podido obtener
posteriormente. La realidad es que era administrador único y por un
tiempo muy corto, escasamente tres meses, se le nombra presidente con
poderes mancomunados con uno de de los miembros del consejo de
administración. Pero esto que desde fuera puede parecer un ascenso, a la
hora de la verdad llevó a que desde ese momento todas las tomas de
decisiones, una vez que Improasa se ha hecho cargo de la gestión, se
controlaran por parte de Improasa con ese procedimiento de que los
poderes
fueran mancomunados y que, en ningún caso, el señor Muñiz pudiera tener
la firma él sólo.
Dice S. S. que los gestores privados plantearon la nulidad del contrato,
la negociación del precio, la no ejecución del aval. Estamos hablando del
año 1991, cuando ya los fondos que en su día se aportaron habían
desaparecido de la empresa. Esto es una reacción de carácter normal,
dentro del fracaso al que habían llevado a la empresa los gestores
privados. Esto es bastante normal. Yo siempre digo que en estas empresas
públicas cuando se privatizan, bien por los propios compradores o bien
por motivos políticos razonables es muy difícil a veces soltar una
privatización en empresas de esta naturaleza; nos vuelven, como el
Guadiana, aparecen y desaparecen y siempre es el Estado el responsable.
La actuación de los gestores privados en esos momentos --repito que ya
estamos hablando de finales del año 1991-- es tratar de decirle al
Estado: «Cuidado que vuelve otra vez Intelhorce y tenéis que bajar la
guardia para no encontraros en la situación de una nueva
republicitación.» En ese sentido esgrimen todos los argumentos que estén
en sus manos.
Aquí se ha repetido hasta la saciedad que el tema de la Comisión Europea
y la solicitud de información que se había hecho en abril de 1989 eran
perfectamente conocidos, y hay documentación que obra en su poder en la
que se comprueba ese reconocimiento por parte de los compradores de que
en ese momento no había expediente alguno, pero que estaba iniciada una
información para analizar las ayudas que había recibido Intelhorce en los
años anteriores. Este era un hecho perfectamente conocido. Repito que el
hecho de que la Comisión lo declarara incompatible y, posteriormente, la
sentencia, fueron un argumento que pudo servir perfectamente de parapeto
a los compradores para enmarañar la propia actuación que ellos habían
tenido a lo largo de este tiempo.
No les oculto que uno de los argumentos de la no ejecución del aval fue
precisamente el de ver si se encontraba una solución, puesto que la
ejecución podía agravar la situación económica-financiera de la propia
empresa y tratar de dar (lo comentó el propio Ministro Solchaga en ese
momento en el Congreso) un tiempo a los compradores privados para que
pudieran obtener otras ayudas financieras que la ejecución del aval les
haría más difíciles, desde el momento en que tuvieran que hacer frente al
pago del precio de ese primer plazo, de junio de 1991, de 700 millones de
pesetas.
En cuanto al encargo del informe Cordón, habla usted de otras fuentes
como la Agencia Estatal. Aquí cuando se ponen todos los medios para que
los hechos se esclarezcan, al final se vuelven contra uno mismo. Desde el
punto de vista interno, se ha hecho todo lo que se ha podido para la
mayor transparencia del proceso: se han pedido auditorías externas y se
han pedido auditorías internas. Desde el punto de vista de la
responsabilidad de los gestores de Improasa y de Intelhorce --aquí no ha
tenido nada que ver el Ministerio de Economía y Hacienda--, se veía que
había flancos que no eran capaces de asumir con los propios datos
contables que había en la empresa. Se inicia una investigación de mayor
profundidad. Hay muchos datos de la denuncia y de la investigación
judicial que están teniendo su hilo en el informe Cordón. Si no se
hubiera hecho, se hubieran pedido en este momento responsabilidades
preguntando por qué no se investigó más en profundidad determinadas
cosas.
Es muy difícil acertar en esto. Si se hace porque se hace y si no se
hace, porque nos quedamos cortos. Puedo estar más o menos de acuerdo con
el informe Cordón, pero lo que sí le digo es que desde la perspectiva de
la investigación, por lo que me han dicho porque ni he visto el informe
Cordón ni lo he conocido nunca, entiendo que elementos importantes de la
investigación relacionados con bancos y con operaciones son muy difíciles
de obtener por otra vía. Si se han podido obtener ha sido gracias al celo
de los gestores de la empresa que han pedido reforzar sus pruebas y sus
medios por parte del informe Cordón. Este es otro elemento que avala el
hecho de que todas estas circunstancias dan lugar a que la denuncia
tuviera que demorarse para que fuera lo más completa posible y no se
dijera en su caso que había elementos, desde la perspectiva de lo que se
puede razonablemente investigar, que no se habían puesto sobre la mesa. A
partir de ahí, lo que está claro también es que otras actuaciones han
sido complementarias por otros medios que ni la administración de las
empresas tiene en sus manos, como son los medios que tiene la policía
judicial y el poder judicial que han completado la investigación.
Dice S. S. que yo me apunto un mérito. Precisamente he querido decir todo
lo contrario. Yo he sido un mero instrumento dentro del Ministerio de
Economía y Hacienda, por el puesto representativo que ostento, para poner
en manos del Fiscal General del Estado el trabajo realizado por Improasa
y por el servicio jurídico del Estado. No me puedo apuntar mérito alguno
porque no soy jurista. Es muy difícil que yo pueda analizar desde el
punto de vista penal y civil las incidencias o las responsabilidades. Ahí
están en el informe valoraciones que hace el servicio jurídico del
Estado, tanto del Ministerio de Economía y Hacienda, dependiente de la
Subsecretaría, como el que depende del Ministerio de Justicia e Interior.
Usted entenderá que todas esas valoraciones y apreciaciones son de
carácter técnico, en las que poco he tenido que ver. Lo que he hecho,
dentro de las obligaciones de la Dirección de Patrimonio, es poner en
manos del servicio jurídico la serie de datos que se me presenten, que
puedan ser constitutivos de delito. No voy a repetir la operación porque
usted la conoce mejor que yo.
Respecto a las presuntas responsabilidades del Banco Exterior o de alguna
de sus personas, me tengo que remitir a lo que dice la denuncia y no
hacer matizaciones salvo la que le he hecho antes. Por aclarar algo más
debo decir que, por lo que he visto en las demás comparecencias, se ha
dicho que el Director General de Patrimonio de entonces, Luis Alcaide,
era consejero del Banco Exterior. No lo era, pero es que si lo fuera
daría igual. Yo soy consejero de empresas públicas y Director General de
Patrimonio. Repito que hay muchas decisiones y tomas de posición de la
gestión de las empresas que escapan a mi conocimiento. Son aspectos que
pueden perderse perfectamente dentro de la dinámica y del funcionamiento
de un banco, sea público o privado.
Me parece que he contestado a todo lo que S. S. me ha preguntado.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, tiene S. S. la palabra, brevemente,
porque vamos muy mal de tiempo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Se ha referido el Director General a las
ofertas que en su momento se presentaron a través de Improasa para la
compra de Intelhorce.
Un comentario muy rápido, señor Director General. Con independencia del
futuro que hayan tenido esas empresas que ofertaron para comprar
Intelhorce en aquel proceso de privatización, le diré que, vistas las
ofertas y estudiadas las mismas, después de un montón de años, si se
hubiera optado por alguna de ellas (usted tiene razón, a lo mejor
decisiones correctas no son igualmente acertadas o viceversa), y sin que
esto suponga criterio indicativo personal o de mi Grupo Parlamentario;
como decía, si se hubiera optado por alguna de aquellas ofertas nos
habríamos quizás evitado todo este proceso, porque aquel diagnóstico del
Ministerio de Economía que se contenía en el proyecto de acuerdo a elevar
al Consejo de Ministros y en el que se sustenta la privatización hablaba,
con toda claridad, de una inviabilidad técnica y económica de la empresa
de Intelhorce. Y la reducción de plantilla era una de las condiciones que
parecía ya entonces importante como elemento a jugar en la viabilidad.
Tenía que haber sospechado la Dirección General de Patrimonio del Estado
entonces que una oferta tan bonita era poco menos que irrealizable,
cuando lo que se ha producido en años sucesivos ha sido precisamente eso,
la reducción de plantilla.
Dice usted que Improasa toma una empresa descapitalizada en virtud de la
gestión de los administradores privados de la empresa y que parece lógico
de esa manera entender que la gestión de Improasa en la nueva Intelhorce,
en la Intelhorce pública a partir de 1992, arroje un saldo de 22.000
millones de pesetas. Es un criterio al que hay que añadir una coletilla
importante: se pierden 22.000 millones de pesetas después de la gestión
privada con 750 trabajadores menos.
Dice el señor Director General que nosotros utilizamos argumentos un
tanto rebuscados para explicar todo este proceso de escándalos de
Intelhorce. Con las cosas que en este país están pasando, señor Director
General, no pueden tildarse a nuestros argumentos de rebuscados porque la
realidad está superando con creces la ficción. Usted sabe lo que eran en
siglos pasados los prestamistas, usted sabe lo que eran en los momentos
difíciles de la posguerra y del hambre los literos --aquellas personas
que gestionaban por cuenta de otros las cartillas de racionamiento; en
definitiva hacían sus negocios con el mal de los demás, sin que esto
suponga tampoco que nosotros queramos entrar en ningún juicio de valor
sobre determinadas profesiones-- y usted sabe también lo que es una gran
o pequeña suspensión de pagos. De las desgracias de algunos siempre se
benefician otros, esto es la ley de vida. Pues bien, Intelhorce, señor
Director General, ha sido una gran suspensión de pagos desde el primero
momento, ha sido mal gestionada, con pérdidas que se podían haber evitado
y sobre la que han revoloteado los de siempre, los jugadores de ventaja.
y ahí se entiende lo de Interdoxa.
Se lo repito, señor Director General. Nos llama profundamente la
atención, y estamos curados de espanto, que antiguos abogados que
forjaron su máxima significación política y profesional se dedicaran en
un momento determinado a la defensa de los trabajadores y que rápidamente
se hayan dedicado a la defensa de las empresas en contra de los
trabajadores. Eso es enormemente significativo. Es el caso del señor
Gutiérrez Castaño que comparecerá en esta Comisión, socio del despacho de
don Felipe González Márquez. Le contrataron los gestores privados. Yo
tengo noticias, señor Director General, de que fue indicada dicha
contratación por la Dirección General de Patrimonio de entonces. Usted no
estaba y lógicamente no puede opinar sobre la cuestión. Mejor dicho,
puede opinar y expresar su criterio, que yo respeto, pero tengo la
sensación de que en la dinámica de esta Comisión de investigación viene
usted como otros, a intentar tapar las responsabilidades de los que han
tenido la responsabilidad política antes que ustedes. Yo espero que la
fuerza de los hechos determine que en el futuro vengan otras personas a
hablar por sí mismos de lo que entonces hicieron.
Le voy a formular, señor Director General, una pregunta muy concreta en
esta réplica, porque usted está en la argumentación de la denuncia, y eso
sí es responsabilidad suya. Concretamente, a la luz de estos informes
previos de los servicios jurídicos del Estado y del propio Ministerio de
Justicia --por ello nosotros damos al tema una gran importancia-- ¿puede
haber una implicación en este escándalo y en esta trama de empleados del
Banco Exterior de España? Esto es muy importante, porque en el Banco
Exterior de España se realizan las operaciones económicas de Intelhorce.
Hay una cuestión fundamental que es el nudo gordiano de esta operación y
que consiste en determinar --y esta Comisión debe hacerlo-- la correcta
aplicación de aquellos fondos --casi 6.000 millones de pesetas-- que se
destinaron a la ampliación de capital. ¿Por qué es importante todo esto?
Porque se busca al Banco Exterior de España desde el primer momento como
entidad de primer orden que va a ser garante de la situación; porque es
cierto que el Director General de Patrimonio del Estado, don Luis Alcaide
de la Rosa, durante un tiempo determinado, es miembro del Consejo de
Administración del Banco Exterior de España, señor Vázquez de Parga, y si
no es así, mienten los listados de cargos oficiales de entonces que hemos
consultado, pero es cierto que lo es en el momento en que Intelhorce
realiza con el Banco Exterior de España y Patrimonio del Estado
determinadas operaciones.
Señor Director General, uno de los nudos gordianos puede ser el tema de
la ejecución del aval. ¿Por qué se no ejecuta? Usted ha dicho --y le
agradecemos su sinceridad, porque sus palabras iluminan los trabajos de
esta Comisión-- que se estaba negociando el precio, que se intenta dar
una solución y saber si los gestores privados al final pueden hacerse
cargo de la empresa, después se ve que no y no se ejecuta el aval. Sin
embargo, en la Dirección General de Patrimonio del Estado conocen --y nos
lo dijo aquí el Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda,
señor Blanco-Magadán-- en el año 1991 que los compradores habían
contragarantizado el precio con fondos públicos. Estos días, estudiando
la documentación que el Gobierno nos ha remitido --y termino, señor
Presidente--, hemos visto otras cosas realmente sorprendentes, como, por
ejemplo, que los propios administradores privados comunican por escrito
esa circunstancia a la Dirección General de Patrimonio del Estado, y le
cito --consta en la documentación enviada por el Gobierno-- un escrito
del director financiero de la Intelhorce privada --que comparecerá
también en esta Comisión--, don Abel Arribas, al Patrimonio del Estado
con el balance de las sociedades Benorbe y Benservice, apareciendo en sus
respectivos balances dos apuntes, uno en la sociedad Benorbe, donde se
lee: Patrimonio Nacional del Estado, 1.600 millones de pesetas, y otro en
la sociedad Benservice en donde se lee: Patrimonio Nacional del Estado,
400 millones de pesetas. Esto es un préstamo, lo contabilizan como tal,
nunca lo ocultan. Nunca ocultaron los compradores a la Dirección General
de Patrimonio del Estado que el aval estaba garantizado con fondos
públicos, puesto que se lo comunican incluso en los balances. Si hubieran
intentado ocultarlo lo hubieran sacado de su contabilidad, señor Vázquez
de Parga.
Pero es más. Cuando en octubre del año 1991 se sustituye el aval de
fianzas y créditos y lo presta el Banco Exterior de España, hay una carta
previa del administrador único de la sociedad, el señor Muñiz, que
solicita a Patrimonio del Estado que se liberen esos fondos
contragarantizados. Es el mismo administrador privado el que le dice a
Patrimonio del Estado que para la viabilidad de la empresa y de acuerdo
con el informe Interdoxa, y de acuerdo con tal y de acuerdo con cual, le
dejen liberar los fondos afectados por la garantía del aval. ¿Son tan
tontos los gestores privados que si han cometido un presunto delito por
escrito, antes, después y durante, le comunican a la propia Dirección
General de Patrimonio del Estado la circunstancia de esos fondos?
Señor Director General, usted no estuvo entonces, y es cierto que no
tiene que contestar si no quiere, simplemente por una cuestión de
prudencia política, que no de otro tipo, porque aquí no estamos viendo
otras cuestiones. Parece como si hubiera una especie de miedo en
determinados responsables políticos del Ministerio de Economía a que se
les pudiera imputar algún tipo de responsabilidades penales. La justicia
dirá, ésa no es nuestra misión, pero los hechos son tozudos y los
documentos hablan por sí solos. ¿Cuál fue la operación? Cogieron la
primera empresa que pasaba, porque nadie quería Intelhorce. Y encima
estuvieron de acuerdo con ellos en los planteamientos generales de la
operación. Sabían que no tenían un duro y permitieron que se
contragarantizaran esos fondos con los fondos públicos. Si no, no se
puede entender todo el cúmulo de sucesos que luego se producen. Y esto
con independencia, señor Vázquez de Parga, de la responsabilidad precisa
e individual de los gestores privados de la sociedad y también con
independencia de las responsabilidades individuales que en el futuro
puedan derivarse de la actuación de los directores generales del
Patrimonio del Estado que le han precedido en el cargo o de otras
personas, incluso la del Presidente de la empresa pública Improasa, hoy
acusado de cobrar comisiones por la venta de Intelhorce, que no es una
acusación pequeña, es una acusación importante desde el punto de vista
político. Posteriormente, los tribunales dirán en qué se fundamenta o no
esa acusación.
Termino, señor Vázquez de Parga. Parece claro, en nuestra opinión, que
todo esto no se ha podido hacer sin el concurso de la Administración o de
personas de la Administración, o mejor dicho, sin la colaboración de
cargos públicos, nombrados por el Gobierno, para dirigir determinados
sectores de la Administración.
Señor Vázquez de Parga, en todas partes existen ladrones de cuello
blanco. Yo voy a poner de manifiesto ante usted y ante la Comisión mi
opinión personal. Lo de Filesa, señor Vázquez de Parga, es calderilla
comparado con lo de Intelhorce. (Rumores.) Puesto que en Filesa se está
hablando de 600 ó 700 millones de comisiones presuntamente ilegales para
financiar el PSOE...
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, yo no sé adónde va...
El señor SAENZ LORENZO: Gratuitamente, se hacen afirmaciones...
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, no le he dado la palabra, ni se
la voy a dar si no la solicita.
Señor Izquierdo, concluya, por favor.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, estaba introduciendo una
frase.
Desde mi punto de vista el asunto Filesa es menos importante. ¿Sabe usted
lo que es más grave de este escándalo, con ser gravísimo que alguien haya
podido beneficiarse de esta gran suspensión de pagos y de la desgracia de
los demás y haya podido enriquecerse a costa del dinero de todos los
españoles? Lo que es gravísimo, desde el punto de vista político, es que
existan los mecanismos para que esto se pueda hacer, que se le haya
hurtado sistemáticamente al Parlamento el control y la fiscalización
sobre las privatizaciones públicas. Esto es gravísimo. Dicen, señor
Vázquez de Parga, señor Presidente, señorías, que el caso Roldán es
tremendo; yo entiendo que lo de Roldán es muy grave, pero todavía es más
grave que tengamos un Gobierno y un Parlamento que, en virtud de la
mayoría que tenía, haya permitido durante años que eso se pudiera hacer
en este país.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ésa es una valoración política que
no tiene por qué planteársela al señor Director General. Lo sabe S. S.
perfectamente. En todo caso, existen mecanismos --y están en sus manos
como parlamentario-- para modificar la normativa a la que hace referencia
S. S. por su ineficacia.
Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y Pardo):
En primer lugar,
quiero poner de manifiesto, señor Izquierdo, en este caso y en todos, a
nivel puramente personal, que yo me manifiesto con entera libertad, sin
preocupación ninguna respecto de lo que puedan pensar las autoridades del
Ministerio de las que dependo. Yo no puedo expresar convicciones
distintas de las que personalmente tengo, porque eso no lo he hecho nunca
a lo largo de mi vida; sería engañarme a mí mismo. Lo que yo pongo de
manifiesto es lo que creo, usted lo podrá compartir o no, pero así me he
manifestado siempre y así seguirá siendo mi norma de conducta.
Vuelvo a repetir que el gestor público se encuentra siempre en una
situación auténticamente dramática cuando se enfrenta a la venta de este
tipo de empresas. Indudablemente, la oferta de Benorbe y Benservice puede
parecer auténticamente sospechosa por lo bonita, pero ¿qué hace el gestor
público? ¿Elige el peor postor? Independientemente de que yo creo que en
empresas de este tipo hay que hacerlo, automáticamente, al día siguiente
se le estaría acusando de prevaricación. ¿Cómo una empresa que pide mucho
menos que las otras y da mucho más queda relegada en un proceso de
elección? Esto, a nivel particular, se podrá hacer, se podrá alquilar un
apartamento a un señor determinado, aunque le pague menos, porque las
otras personas no le gusten o lo que sea, pero a nivel público el
escenario es muy difícil para el que tiene la responsabilidad de optar.
Además, conozco a los responsables de la Dirección de Patrimonio de
aquella época y creo que son personas de una honorabilidad y de una
rectitud de intención que hace muy difícil en ese caso el más mínimo
atisbo de contubernio de ninguna clase. Esto lo tengo que decir en esta
Comisión porque si no me quedaría con algo que estoy en la obligación
personal de poner sobre la mesa. Esa es mi convicción y mi traslación a
esos efectos.
En cuanto a lo de 750 trabajadores menos, sus indemnizaciones costaron
5.000 millones de pesetas y, como le he dicho a lo largo de mi
exposición, esos 5.000 millones están entre los 22.000. Le decía que la
cuenta de resultados de la empresa, antes de cargas financieras y de
gastos extraordinarios, en los años últimos de gestión pública, ha sido
mejor que en los años de gestión privada, pero las connotaciones
contables de los gastos extraordinarios y de los gastos financieros no
afectos a la explotación dan lugar a esas magnitudes que son menores que
las de los gestores públicos.
No le voy a contestar a la pregunta de si puede haber responsabilidad de
algún empleado del Banco Exterior.
El señor PRESIDENTE: Obviamente, no tiene por qué contestarla.
El señor DIRECTOR DEL PATRIMONIO (Vázquez de Parga y Pardo): En los
informes jurídicos está establecido y, como le decía, los que son
expertos en el tema y conocen la materia jurídica han puesto en la
denuncia lo que han entendido que se debía poner.
Respecto de la no ejecución del aval, no he querido reiterarle lo que ya
aquí, en esta Comisión, puso de manifiesto el Subsecretario de Economía y
Hacienda, y es que el Tribunal de Cuentas abrió expediente para ver en
qué medida podría haberse incurrido en responsabilidad contable al no
haber ejecutado el aval. Este expediente fue sobreseído y dado por
favorable, o como se mencione, creo que con fecha 27 de junio de 1995, y
ahí se pusieron de manifiesto todos los argumentos que un gestor público,
desde el punto de vista de un negocio privado, puede optar a la hora de
tomar una decisión determinada.
Y me dice usted que el Subsecretario reconoció que el aval estaba
garantizado con fondos públicos a finales de diciembre del año 1991. No
sé si el Subsecretario lo dijo textualmente así. A lo que el
Subsecretario se refería es a una carta de Muñiz, del 10 de diciembre de
1991, que consta en la documentación y en la que concretamente se dice
que está contragarantizado con fondos sociales, que no es lo mismo.
Cuando se supo que eran fondos públicos fue después de que en el año 1992
fuéramos a la empresa. Hay determinadas cosas que se han sabido cuando se
ha ido al juez. Nunca hemos podido saber del talón de los 1.800 millones
de pesetas hasta que la investigación de carácter judicial lo ha
averiguado. Pero lo que dice este señor es sobre fondos sociales y los
fondos sociales pueden nacer de muchos negocios jurídicos y, desde luego,
el término fondos públicos es equívoco porque los fondos, desde el
momento en que entran en la ampliación de capital, pasan a ser fondos
privados de una empresa. Otra cosa es que se diga que aquellos fondos que
tenían un destino determinado fueron aplicados por los compradores a una
finalidad distinta de la prevista y, a partir de ahí, se inicia una serie
de anomalías y de irregularidades que dan lugar a la denuncia.
No obstante, eso se conoce con posterioridad y --repito-- se sabe que
están contragarantizados en ese momento; en ese momento lo que se sabe es
que hay fondos privados de la empresa que están contragarantizando el
aval a favor de la Dirección General de Patrimonio. (El señor Izquierdo
Juárez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ¿para qué pide la palabra?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Para hacer una corrección a una expresión que
he dicho antes.
El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto, por favor.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Menos de medio minuto.
Cuando me he referido a fondos públicos no me he expresado bien. Lo que
dice la carta de Muñiz --puedo aportarla, aunque los miembros de la
Comisión ya la tienen--, es: fondos procedentes de la ampliación de
capital.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui, tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Voy a ser breve, señor Presidente, porque
comprendo que se nos está pasando el tiempo.
Quiero hacer las siguientes preguntas:
¿Cómo es posible que previamente a la venta a cualquiera de los postores
no se hubiese pedido, por parte de Patrimonio y de Improasa, a la empresa
Werner International --a la que se le pide después-- un informe de
viabilidad? Lo lógico es que antes de vender una empresa se tenga una
documentación y unos informes de viabilidad, máxime en un sector textil
que, como bien ha dicho el Director General, estaba en esos momentos en
crisis. Eso es lo que creo que un buen administrador tenía que haber
hecho antes de proceder a la venta, es decir, haber pedido un informe de
viabilidad, como posteriormente lo han hecho ustedes, a Werner
International --digo Werner por las excelencias que ha dicho el Director
General que acompañan a esta empresa en el conocimiento de los temas del
textil-- y, sin embargo, se vende sin ningún informe de garantía, más
bien con un informe de Improasa que era falso por lo que se ha demostrado
después.
Señor Director General, usted ha dicho: cumplidas las previsiones para la
venta. Creo que lo que no se han cumplido son las condiciones de la
venta, porque esos fondos a los que tantas veces nos hemos referido
tenían no solamente un condicionamiento, sino que tenía que estar
controlado que fuesen para inversiones y no para otros fines.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO (Vázquez de Parga y Pardo): Como
le comentaba antes, en esa valoración que hacía de lo que entiendo como
decisión correcta, está claro que, habida cuenta de que no fue aceptada,
a estas alturas todos pensamos que debíamos haber tomado mayores cautelas
o prevenciones o informes para que la decisión pudiera tener otros
elementos de impulso que al final pudieran haber dado lugar a una certeza
mayor en cuanto a la idoneidad de los compradores.
Lo que sí le digo es que el tema de Werner International nació de la
experiencia fallida de lo que entendíamos que debía ser un informe de
viabilidad para una empresa textil y es que fuera una empresa, a nivel
internacional, especializada en el sector textil. Usted sabe que muchas
veces es relativamente fácil pintar --el papel lo aguanta todo-- una
salida viable para una empresa, pero antes deben analizarse los elementos
básicos y estructurales de la misma (creo que el análisis del sector
industrial en que Intelhorce está enmarcada es mucho más importante que
el análisis de otros aspectos como pueden ser los económicos
financieros), y ésta fue la valoración que hicimos en ese momento para
entender que la decisión del proceso de liquidación tenía que tener
también el elemento de agarre suficiente para que el informe pudiera
partir de una empresa no sólo de prestigio a nivel internacional, sino
que lo que entendimos nosotros fundamental es que fuera especializada en
el sector textil.
En el momento de la venta el informe fue el que fue, el de Improasa, el
«broker» que, como usted sabe, fue encargado por la Dirección General del
Patrimonio y desde la perspectiva de los compradores y en ese momento se
entendía como un plan de viabilidad que estaba fundamentalmente asentado
en la mayor potencialidad que los compradores tenían en la red comercial
de tiendas, entendiendo que el problema de Intelhorce no era la
producción, sino la comercialización. Vuelvo a repetir que el tema
resultó fallido.
Respecto de la disposición de fondos, creo que es reiterar lo que ya se
ha dicho en esta Comisión por parte de la Intervención General de la
Administración del Estado, y fue un tema que se analizó bastante en
profundidad; en cualquier empresa, los fondos sociales son fondos
sociales y, en principio, es un exceso de celo por parte del vendedor
establecer un control de esos fondos, de disposición de los mismos, y
unos instrumentos para abordar esa disposición. Estos, por lo menos desde
el punto de vista material y formal, se llevaron a efecto, aunque después
todos hemos visto que esos elementos han resultado fallidos. Pero,
repito, yo conozco privatizaciones de muchas empresas públicas y en casi
ninguna hay elementos de control de la disposición de fondos si lo que se
pide previamente es una ampliación de capital o una disposición de medios
financieros para abordar endeudamientos de las empresas. En este caso
concreto se hicieron las auditorías y la disposición de fondos se llevó a
cabo por entender que se cumplían las condiciones que habían sido fijadas
en la escritura de compraventa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Solamente quiero hacer una matización: que el
informe posterior de la Intervención General del Estado indica bien
claramente --y lo dijo aquí la Intervención General del Estado-- que se
tenía que haber controlado y, por tanto, ahí hay una dejación --por
llamarle de alguna manera fina--, una discrepancia en relación con el
informe de la Intervención General del Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO (Vázquez de Parga y Pardo): La
Interventora que compareció aquí ya puso de manifiesto la discrepancia
entre la Intervención General y la Dirección General de Patrimonio, que
es debida a que el criterio de la Dirección General de Patrimonio --del
cual, indudablemente, no participaba la Intervención General-- tenía como
base un informe del servicio jurídico en el que este servicio jurídico
entendía que también se podía hacer disposición de fondos para la
compensación de pérdidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Voy a ser muy breve, porque creo que esta
comparecencia ya ha dado casi todo
lo que tenía que dar, pero, después de oír la primera intervención del
señor Vázquez de Parga, tengo que recalcar que seguimos partiendo de
bases diferentes. Ustedes siempre han creído que el problema de
Intelhorce era un problema de viabilidad; nosotros, Izquierda Unida,
siempre hemos creído que el problema no era de viabilidad, sino de
gestión, y al decir esto no nos basamos en argumentos banales. Para que
Intelhorce fuese viable era necesario que la gestión fuese llevada a cabo
por empresas fuertemente implantadas en el sector. Esto no se da cuando
se privatiza Intelhorce y, por tanto, era imposible --y no estoy hablando
de que fuese viable o no-- que fuese bien gestionada.
Otra cosa que quería comentar a raíz de sus palabras es que, cuando
hablan de la denuncia, siempre olvidan que, mucho antes de que la
Administración llevase el asunto a la justicia, ya en 1991 lo habían
intentado tanto Izquierda Unida como Comisiones Obreras y fue
precisamente la intervención del Fiscal General del Estado, bien
asesorado por el Gobierno, la que hizo que la Fiscalía de Málaga ni
siquiera investigase el tema. Quizá, si se hubiese investigado, si no se
hubiese dado carpetazo desde primera hora, lo que, repito, se debió a la
intervención directa del Fiscal General del Estado, posiblemente nos
hubiésemos ahorrado bastante millones en pérdidas.
Aclarado esto --y lo he sacado a colación a raíz de su intervención--
quisiera que me explicase algo que no me ha quedado claro: la
contradicción que existe, ya que la Dirección General de Patrimonio asume
el acuerdo de reducción de plantillas, cuando Intelhorce vuelve a manos
públicas, como paso previo al plan de viabilidad, es decir, cuando
todavía no se conoce el plan de viabilidad, y luego, cuando se conoce,
resulta que ese plan de viabilidad no convence a la propia
Administración. Es decir, que la Administración se gasta un dinero en una
reducción de plantilla para un plan de viabilidad que luego no es capaz
de asumir y, a partir de ahí, se va a otro estudio en el que, según la
Administración, se demuestra ya la inviabilidad total de la empresa y de
ahí su situación actual, que es bastante confusa, aunque esperamos que se
aclare pronto, porque la buena voluntad de los trabajadores, los
sacrificios de los trabajadores no han encontrado todavía respuesta por
parte de la Administración. Digo esto porque, de no explicar esa
contradicción, volveremos a poner sobre la mesa otro asunto que también
ha sido uno de los hilos conductores de nuestra argumentación: la
creencia de que la Administración ha querido ir desmantelando la empresa
poco a poco y con el menor coste social posible. Si no es así, no nos
explicamos por qué se va a esa reducción de 600 puestos de trabajo basada
en un informe de viabilidad que luego la Administración no asume.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO (Vázquez de Parga y Pardo):
Entiendo que ustedes puedan creer en la viabilidad, pero ahí habría que
distinguir lo que es la viabilidad de Intelhorce de lo que es la
viabilidad de un proyecto industrial.
Yo quiero decirle que los hechos son tozudos, y usted conoce
perfectamente que, hoy por hoy, la posibilidad de constituir una empresa
textil en Málaga sin carga ninguna, sin antigüedades laborales, partiendo
de una situación en principio casi ideal, desgraciadamente no se da, por
lo que no hay un número de ofertas que nos permita tomar una decisión
para conseguir lo que todos anhelamos: una empresa textil implantada en
el sector y con unas potencialidades de desarrollo para la que las
instalaciones industriales de Málaga pudieran ser una plataforma
auténticamente interesante e importante. Esta es una realidad, es un
hecho objetivo del cual tiene usted que participar.
Respecto a la situación de Intelhorce, hemos hecho todos los esfuerzos
por tratar de que la empresa fuera viable; a los informes Werner a los
que tanto me he referido, no les hemos puesto --se lo garantizo--
condicionantes de ningún tipo. Es más, cuando ha habido tres informes es
porque cada vez hemos ido tratando de crear escenarios más factibles, sin
poner ninguna cortapisa a lo que sería la situación estructural
industrial de Intelhorce. Incluso en las propias negociaciones con el
comité de empresa --creo recordar que fueron a finales de
noviembre-principios de diciembre del año pasado-- éste entendió que
podría colaborar con Werner para encontrar un plan de viabilidad,
valorando los mejores condicionantes que tenía en ese momento el sector
textil desde determinados ámbitos en las producciones de mayor valor
añadido y demás. Pues incluso en ese escenario y con la participación del
propio comité de empresa se llegaba a la decisión de que Intelhorce, con
la estructura que tenía, una estructura integrada de hilaturas, tejidos,
acabados y demás, no podía sino generar todavía una pérdida de
explotación de doscientos y pico millones de pesetas, sin perjuicio de
poder dar lugar a un «cash-flow» positivo. Con esto quiero decir que no
se han escatimado medios para encontrar razones que nos hicieran pensar
en la viabilidad, pero no es posible, y no lo decimos nosotros, que,
efectivamente podemos ser unos malos gestores públicos y sospechosos de
querer quitarnos el problema Intelhorce de encima, sino terceros expertos
en el sector.
Por otra parte, es cierto lo que usted dice, es un hecho objetivo que en
el año 1991 Izquierda Unida y Comisiones Obreras presentaron una denuncia
que fue archivada por el Fiscal. Lo que quiero decir es que lo que ha
sido operativo a lo largo de todo el proceso es la denuncia presentada
por Patrimonio del Estado, a la que han seguido después otras denuncias,
pero la que ha dado lugar a toda esta actividad ha sido la que ha
presentado Patrimonio del Estado.
Como le decía al principio de mi intervención, cuando Improasa, en el año
1992 --en definitiva el sector público--, vuelve a asumir la gestión de
Intelhorce, yo creo que no hay contradicción con lo que usted dice. La
reducción de plantilla era algo que se entendía en todos los escenarios y
en todos los diagnósticos (hasta los propios trabajadores, el propio
comité de empresa, entendían que la plantilla estaba tan
sobredimensionada que se aceptó su reducción al 50 por ciento) y que, por
el contrario, el plan de viabilidad se había hecho en circunstancias muy
especiales, con los gestores anteriores, en una época ya de atonía
total por parte de la empresa. Le hablo de memoria, pero creo recordar
que todavía en el año 1991 se facturaron del orden de los 4.000 millones
de pesetas, de los que la facturación más importante se hace, yo diría,
en los primeros nueve meses del año, porque a partir del último trimestre
del año 1991 es cuando empieza a caer Intelhorce en franca regresión.
Pues bien, en el estudio que se hace del plan de viabilidad de 1992 se
preveía una facturación de 8.000 millones de pesetas y la facturación
real del año 1992 no llegó a 2.000 millones de pesetas. Con esto era muy
difícil que se pudiera trabajar en un plan de viabilidad, las cifras y la
situación de la empresa que se encontró Improasa ya en el mes de abril o
mayo de 1992 no tenían nada que ver con la situación de lo que había
podido ser todavía el empuje final, mientras quedó parte de la actividad
de los anteriores gestores, hasta que la dejaron ir cayéndose poco a
poco. Prueba de ello es que cuando Improasa entró allí tuvo hasta que
poner las máquinas en funcionamiento, aparte del descrédito frente a
terceros, clientes y demás, captar nuevos mercados, en fin, todo lo que
puede ser una empresa en una decadencia total y en una parálisis casi
absoluta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muy brevemente, porque no voy a entrar en la
discusión sobre la viabilidad o no de la empresa, simplemente quiero
remarcarle que cuando hablo de la viabilidad de esta empresa no me estoy
refiriendo solamente al escenario final. Nosotros creemos, y así lo
venimos manteniendo, que el desmantelamiento de Intelhorce no es ni más
ni menos que el producto de una estrategia global tendente a privar a
Málaga de tejido industrial, porque está condicionado por otros acuerdos
del Gobierno el que tenía que pagar su estabilidad parlamentaria a cambio
de desmantelar la industrial textil malagueña.
Dicho eso, tampoco voy a entrar en la situación actual, porque está en el
ámbito de la Junta de Andalucía y ahí estamos teniendo también opiniones
divergentes. Simplemente quiero hablar de la reducción de plantilla como
condición previa a cualquier otro acuerdo. Yo sigo creyendo que habría
que haber hecho el plan de viabilidad. Si efectivamente el de la empresa
no era creíble, porque la empresa en sí no era creíble y los gestores
tampoco, había que haber hecho ese estudio de viabilidad y no haber ido
directamente a la reducción de plantilla, que parece ser es lo que ha
preocupado al Gobierno y a la Administración como hilo conductor de su
actuación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO (Vázquez de Parga y Pardo):
Simplemente decir al señor Diputado que a mí no me han dado instrucción
ninguna en ese sentido, en la cota de responsabilidad que como Director
General de Patrimonio tengo, y desde luego no me consta para nada esa
apreciación que usted realiza sobre la intención del Gobierno de
desmantelamiento del tejido industrial de Málaga.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor SAENZ LORENZO: Yo empezaría por señalar, desde mi punto de
vista, qué es lo que tenemos que establecer en esta comisión de
investigación, cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es saber si hay
o no cooperación de la Administración con las irregularidades que se han
producido y que está investigando el juez y que, por lo tanto, son
competencia del juez. Nosotros tenemos que saber si la Administración
actuó correctamente con los datos que tenía al tomar cada una de sus
decisiones o si hay una cooperación de la Administración con las
actuaciones o posibles fraudes que se puedan haber producido y que,
repito, están siendo investigados por el juez.
Para eso hemos recibido una abundante documentación, en la cual, desde mi
punto de vista, se pone de manifiesto que las actuaciones de la
Administración fueron correctas con los datos que se tenían, repito, en
ese momento, y hay una serie de comparecencias en las que el objeto es
establecer si había algún tipo de cooperación en el fraude que se ha
producido. Ese es nuestro objetivo, y cuando vamos analizando paso por
paso las actuaciones que se han producido, nuestra impresión, por los
datos recibidos, por la documentación aportada y por las comparecencias
que está habiendo, es que no hay ninguna base para afirmaciones que
muchas veces se dan como creencias y que, en ningún caso, nos parecen
razonables. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? Hay un hilo
conductor --estoy en discrepancia con el representante de Izquierda
Unida--, y es justamente tratar por encima de todo, en demasía, desde mi
punto de vista personal, de mantener los puestos de trabajo, porque al
final lo que se ha demostrado es que ha costado demasiado dinero al
sector público.
Yo quiero señalar también algunos elementos que me parecen importantes en
todo este proceso. A mí me gustaría que hoy me dejaran hacer la quiniela
del domingo, porque seguro que iba a acertar los catorce resultados, es
muy fácil hacer las quinielas los lunes, es el mejor momento para
hacerlas, pero no me las dejan hacer. En política hay que tomar las
decisiones con los datos se tienen en cada momento. A lo largo de los
debates que hemos tenido en esta Comisión yo había creído entender que
había una tesis de que se había vendido barato. Ahora resulta que es una
oferta bonita. Pues, por lo visto, hemos cambiado de posición, de ser una
oferta demasiado barata y que se vendía por menos dinero de lo que valía
--que era, parece, la tesis, que yo había oído en esta comisión hasta
ahora-- hemos pasado a pensar que la oferta de los compradores era bonita
y que se tenía que desechar por bonita. No seamos tan contradictorios en
nuestros planteamientos. Yo pienso que se vendió entonces a la única
empresa que cumplió uno de los trámites que eran necesarios, que era
avalar simplemente cien millones, fue la única de las tres proponentes
que avaló cien millones y que hacía una oferta que entonces pareció
razonable.
Yo creo que lo que quería la Administración era mantener los puestos de
trabajo; por eso privatizó y por eso tardó en ejecutar el aval, porque
está claro que a los privados les interesa en un momento determinado
poner de manifiesto que están reasegurados para que no ejecuten el aval.
Cuando la Administración va a ejecutar el aval, dicen: cuidado, que esto
lo tengo contraavalado con el propio patrimonio de la empresa, por lo
cual, si me ejecutas el aval, se me hunde otra vez, y otra vez estamos
con la preocupación de mantener los puestos de trabajo, preocupación que
no solamente era del Gobierno, sino de todos los grupos parlamentarios en
la Cámara, que se manifestaba cada vez que el Gobierno venía a informar a
la Cámara, tanto en el momento de la privatización como en los momentos
posteriores; cuando se presentó una proposición no de ley --que quiero
recordar a SS. SS. que salió por unanimidad-- todos querían que se
mantuvieran los puestos de trabajo. En el momento en que se ejecuta el
aval, no sé cómo puede causar sorpresa el que en la parte final sea donde
se acumulen más pérdidas. Se ejecuta el aval, se ejecuta la sentencia de
la Comunidad Económica Europea, se liquida la empresa y se llega a
acuerdo con los trabajadores, pues ahí es donde se acumula la mayor
cantidad de dinero porque todas esas decisiones se habían ido retrasando
para no provocar lo que al final es inevitable, que es la liquidación de
la empresa.
Repito, las quinielas los lunes, es muy bonito. Pero aquí lo que estamos
tratando de averiguar es si hay cooperación por parte de la
Administración al presunto fraude que está investigando el juez, y hasta
ahora los documentos aportados, las comparecencias que se han venido
realizando, desde nuestro punto de vista, no han aportado datos a ese
respecto que avalen afirmaciones que yo creo que se deben hacer con un
alto sentido de la responsabilidad.
Para terminar he de decir que para saber si ha habido o no cooperación de
la Administración con el fraude me parece muy importante que sea la
Administración quien presente la denuncia, y, al final, cuando vea que el
objetivo de los puestos de trabajo no se puede alcanzar se diga: no, aquí
ha habido unas personas que han actuado irregularmente y yo presento esto
a los tribunales. Por eso me parece muy importante señalar si esta
denuncia se ha hecho con reticencias desde el punto de vista político, si
hay instrucciones de las autoridades políticas del ministerio advirtiendo
y diciendo: cuidado, que se haga pero no todo. Da la impresión de que se
hace con todas las consecuencias.
Por eso quería preguntar al señor director general los siguiente: cuando
se lleva a cabo la denuncia ¿recibió usted algún tipo de instrucción, de
limitación en la investigación o en la denuncia? ¿Recibieron los
servicios jurídicos del Estado a su conocer alguna limitación de este
tipo? Que se presente la denuncia y que se haga sin ningún tipo de
limitación creo que pone de manifiesto la buena fe de las personas que
actúan y en este caso la conducta de la Administración. Esta sería mi
pregunta más significativa, independientemente de las reflexiones que mis
comentarios puedan suscitar al señor director general.
Señor Presidente, la señora Sánchez también desea hacer alguna pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Aunque la tentación de polemizar con algunos de
los intervinientes anteriores es fuerte, no lo voy a hacer. Sólo me voy a
limitar a hacer preguntas, sobre todo para no ayudar al Grupo
Parlamentario Popular a desvirtuar el objetivo de esta Comisión,
dedicándose el señor Izquierdo fundamentalmente a reflexionar ampliamente
en cada sesión de esta Comisión alrededor de los titulares periodísticos
que previamente tiene decididos. Hoy hemos tenido la mala suerte de que
no había decidido ninguno concreto y, por tanto, hemos tenido que oír las
reflexiones desordenadas alrededor de todos los titulares que podía tener
en la cabeza.
Se han hecho muchos juicios de valor, algunos realmente apresurados por
parte del señor Centella. Su afirmación de que el Gobierno tiene desde el
principio la intención de cerrar y clausurar esta empresa y, en
consecuencia, de perjudicar a Málaga en el sentido industrial, se
compadece poco con la realidad, que es la aportación sistemática y
permanente de mucho dinero por parte del Gobierno prácticamente desde
1982, que es el período que nos interesa, precisamente para mantener los
puestos de trabajo y una actividad industrial en la provincia de Málaga.
Al margen de estas reflexiones, me gustaría formularle algunas preguntas
concretas y, si es posible, desearía que las respuestas fuesen también
muy específicas. La primera pregunta es si nos puede decir cuáles son los
motivos en los que Werner International fundamenta su conclusión de
inviabilidad futura de Intelhorce.
La segunda pregunta es hasta qué punto, según su impresión, influye la
gestión de las empresas Benorbe y Benservice en la situación actual de la
empresa.
La tercera pregunta, si tiene a bien contestarla, es su opinión
profesional sobre el precio de mercado de la empresa en 1989, porque éste
es uno de los temas recurrentes en esta Comisión. He tenido posibilidad
de leer que los informes de los abogados de la Unión Europea, incluso la
sentencia del Tribunal de Luxemburgo señalan textualmente que con los
datos que se tenían en la mano en aquel momento, esta empresa se vendió
al mejor postor. Me gustaría saber si esto es cierto. Esta afirmación no
es una reflexión que podamos hacer aquí, ni siquiera puede decirlo el
Director General del Patrimonio, sino que, según yo creo --me gustaría
que lo confirmara el señor director general--, se contiene textualmente
en los informes de los abogados de la Unión Europea y en la sentencia del
Tribunal de Luxemburgo.
La cuarta pregunta es casi la del millón, es lo que, de verdad, interesa
al Grupo Parlamentario Socialista, a los malagueños y a los trabajadores
de la empresa en relación con todo lo que estamos estudiando. Según lo
que usted conoce, desearía saber cuál es el futuro de los trabajadores si
no se concreta la oferta de un grupo industrial que se haga cargo de la
misma.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO (Vázquez de Parga y Pardo): Para
ser un poco escueto en las contestaciones he de decir al señor Sáenz
Lorenzo que la iniciativa de investigación de las irregularidades o
anomalías cometidas por los gestores privados fue llevada a cabo casi
desde el primer momento de la toma de posesión de la gestión de
Intelhorce, y nace como consecuencia de ver que había una serie de
descuadres desde el punto de vista de los análisis contables y
financieros, que daban lugar a la obligación de realizar esa
investigación en profundidad y, como decía a lo largo de mi intervención,
en todas las dimensiones, incluido el punto de vista interno. Una vez que
se hizo, se solicitó a la empresa, que era la auditora de la sociedad,
que hiciera un informe de auditoría de los años 1989 a 1992 en toda la
época de gestión pública de la empresa, después --repito-- se pidió
informe a la intervención general para el análisis, y en ningún caso (yo
creo que esto es tan evidente que el propio informe de la intervención
general lo pone de manifiesto) ha habido injerencia ni recomendación
restrictiva alguna por parte del Gobierno ni por parte de autoridad del
Ministerio. Repito, esta independencia está mucho más refrendada por los
textos que tiene la Comisión en sus manos que por mis propias palabras.
Respecto a los motivos y las circunstancias alegadas en el informe Werner
en cuanto a la inviabilidad de Intelhorce, he de decir a la señora
Sánchez que los diagnósticos se situaban en junio, julio o septiembre de
1994, y en ese momento la inviabilidad de Intelhorce existía en cuatro
ámbitos diferentes. Desde el punto de vista jurídico-mercantil la
sociedad ya se había quedado sin patrimonio neto y, por tanto, desde el
punto de vista de la Ley de Sociedades Anónimas los administradores
responsables de la gestión de la empresa tenían que disolver o liquidar
la empresa. Desde el punto de vista económico-financiero la cuenta de
resultados de la empresa era una cuenta que no había manera de darle la
vuelta, haciendo los gestores públicos todo lo que estuviera en sus manos
en conciencia y con buena voluntad. El tercer ámbito es un elemento
adicional, aunque cualquiera de ellos aisladamente daría lugar a ese
diagnóstico, me refiero a la sentencia de 14 de septiembre de 1994 en
donde se condenan y consideran incompatibles con el Tratado las ayudas a
Intelhorce de parte de la ampliación de 1989 y, por tanto, inhabilita
allegar más fondos públicos a esa empresa en ese sentido. El cuarto
elemento, el diagnóstico de Werner, que para nosotros era otro de los
pilares fundamentales para poder tener la tranquilidad de conciencia, no
dejar abierto ningún aspecto y que todos estos elementos que hemos visto
en el proceso de Intelhorce pudieran dar lugar a decir se debió haber
hecho, ese se debió creo que aquí se ha extremado al máximo. Ese informe
fue desde el punto de vista de lo que podíamos ser acusados, de que
podíamos ser buenos gestores desde el punto de vista financiero, pero muy
malos gestores desde el punto de vista de llevar a cabo una empresa
industrial textil. En ese sentido, los aspectos eran tanto desde el punto
de vista de los productos de la empresa en sus distintas secciones como
la estructura organizativa de la misma, respecto a la que se decía que
podía salvarse la hilatura, los textiles, el acabado, pero la integración
de todo el proceso en la forma que estaba sedimentado dentro de la propia
Intelhorce no tenía salida porque de alguna manera si hay un proyecto
tiene que ser un proyecto distinto al actual; en su estructura actual
Intelhorce no era viable, y también se juntaban elementos de coste
salarial, pues, como todos ustedes saben, los costes salariales con una
plantilla antigua también eran superiores a los del sector. No era un
solo elemento, sino que eran muchos elementos integrados los que daban
lugar a la inviabilidad.
En el caso de Werner tampoco era una sola causa la que generaba su
diagnóstico de inviabilidad. Benorbe y Benservice, hoy GTE, en
liquidación, ya ni siquiera está en el proceso de suspensión de pagos.
Benorbe y Benservice --repito--, podrán presentar demandas de cualquier
índole, respecto de lo que puedan entender, si es que pueden entenderlo y
tienen fuerza moral para ello, que sus derechos sean involucrados; pero a
nosotros nos preocupa, que desde el punto de vista de la libertad para
encaminar un proceso, no tienen injerencia en el mismo.
Precio de la empresa en 1989. Esto sé que se pone de manifiesto por el
informe de la intervención; quiero decir que el informe de la
intervención es un dato objetivo. La intervención constata que se vende
una empresa con un neto patrimonial de 18.000 millones de pesetas. Este
no es más que un dato objetivo. Ahora bien, yo preguntaría: ¿Hay alguien
que sepa que por Intelhorce se daban 1.500 millones de pesetas? Entonces
el problema de Intelhorce era qué había que poner, no había que dar. El
saneamiento previo que se le pedía al Estado, era muy superior al precio
que tuvieron después los compradores, en cualquiera de los escenarios y
en cualquiera de los tanteos que se hicieron con los doce últimos
representantes que llegaron a recibir el cuaderno de ventas. No había ni
un solo caso en el que se pudiera poner sobre la mesa, no el neto
patrimonial, ni siquiera el precio de una peseta, porque en ese momento
ocurría que los hipotéticos oferentes pedían que antes el Estado llegara
al capital de 21.000 millones, que fue el capital mínimo que nos pidieron
y la cantidad máxima de precio que nos dieron.
El precio es lo que alguien está dispuesto a dar, y las fórmulas que
todos conocemos de valoración, si no tienen refrendo en el mercado y
nadie está dispuesto a dar por ello esto, será un valor teórico según
balance, será un valor por capitalización del «cash flow»; todos los
métodos de valoración que nosotros queramos poner sobre la mesa, pero el
precio será lo que un comprador esté dispuesto a dar, y lo que hay lo
conocen SS. SS. mejor que yo.
Nos declaran incompatibles las ayudas del año 1989, por sentencia de 14
de septiembre de 1994, pero en la propia sentencia se dice que se vendió
al mejor postor. La condena, la calificación de incompatibilidad nace por
otros aspectos, como era que en el plan se iba a una reducción de
producción; no se iba a una reducción de plantilla, a una
reestructuración de la empresa, en definitiva a elementos fundamentales
que tiene en cuenta la Dirección General de la Competencia para evitar
que esta competencia se desvirtúe, y entienden que una ayuda de este tipo
está tratando de compensar las pérdidas contables y dejar a la empresa
en una situación que, en competencia en el mercado, lo está haciendo de
una forma desleal con otras del mismo sector; pero, repito, nos condenan
por esos elementos que para la Comisión eran fundamentales: No me han
puesto ustedes sobre la mesa un plan de reestructuración, aparte del
aspecto formal que ustedes conocen perfectamente de lo que se ha llamado
ilegal por haber presentado el plan fuera de plazo.
Por último, sobre el futuro de los trabajadores, qué quiere que le diga,
señoría. Comprendan ustedes que si en este asunto relacionado con
Intelhorce ha habido prioridad en todas mis actuaciones, requerido,
además, por todos los grupos parlamentarios, ha sido que, en la medida de
lo posible, se hiciera por la parte social y laboral todo lo que
estuviera en manos de la Administración. Esta esperanza que mantengo en
este momento, la he mantenido desde el inicio de mis conversaciones con
los trabajadores.
Como ustedes saben hemos llegado a ese acuerdo, siempre doloroso para
todas las partes de liquidación de una plantilla. Yo en todo momento sigo
manteniendo viva la esperanza de que encontremos moldes suficientes para
que un nuevo proyecto industrial sea factible y viable para la provincia
de Málaga y para los trabajadores de Intelhorce.
El señor PRESIDENTE: ¿Quieren plantear SS. SS. alguna cuestión más? (El
señor Izquierdo Juárez, pide la palabra.)
Señor Juárez, Estamos muy fuera de horario, por lo que le ruego sea lo
más breve posible.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Era simplemente por alusiones, ya que la
señora Sánchez se permite calificar mi intervención.
Reitero a la Comisión que la intervención la hemos hecho en base, como
muy bien ha dicho el director general, a documentos oficiales, los cuales
hemos citado de modo textual y por tanto no estamos aquí buscando
titulares. Titulares, los que da la señora Sánchez en Málaga, cuando
dice, por ejemplo, que la Comisión Intelhorce no tiene por qué depurar
responsabilidades políticas que ya están depuradas, puesto que el
Ministro Solchaga ya ha dimitido.
Creo que no hay que hacer comentarios a la cuestión. Solamente quería
decir esto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general por su
información y por el tiempo que ha dedicado a esta Comisión.
Si les parece, señorías, vamos a descansar tres o cuatro minutos, antes
de iniciar la segunda comparecencia.
Se reanuda la sesión.
--DEL SEÑOR EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (ALVAREZ GARCIA). (Número
de expediente 219/001019.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión con la
comparecencia prevista y anunciada en el orden del día de don Antonio
Alvarez García, en su condición de ex Consejero Delegado de Intelhorce, a
quien damos nuestra bienvenida a esta Comisión y a quien facilitamos, si
así lo considera oportuno, unos minutos para informar a las señoras y
señores comisionados sobre lo que crea oportuno, siempre en relación con
el objeto de la Comisión por el que ha sido usted citado, señor Alvarez
García. Por tanto, si quiere hacer uso de estos minutos, están a su
disposición.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): Muchas
gracias, señor Presidente. Yo quedo desde este momento a disposición del
señor Presidente y de SS. SS. para cualquier pregunta que yo sea capaz y
tenga posibilidad de responder. De todas maneras, señor Presidente, tengo
un guión, que está formado por el eje central de la citación para la
comparecencia, que si me permite el señor Presidente, puedo desarrollarlo
muy brevemente y podría servir, a lo mejor, de guión también para las
preguntas que luego quisieran hacer SS. SS.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy bien. Tiene usted la palabra y puede
desarrollarlo.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): Como SS.
SS. saben, la comparecencia tiene un eje central que la define: el
proceso de privatización, en 1989, de la empresa pública Intelhorce, la
entrada del sector público en el accionariado, en 1992, y las causas y
actuaciones que han originado la actual situación económico-financiera de
la sociedad. Por otro lado, he tenido intervención directa en dos fases,
en la primera y tercera, y como consecuencia de mi incorporación en esta
tercera fase, también he llegado a conocer con detalle documentación e
información relativa a la segunda.
El proceso de privatización, en 1989, tiene sus inicios, lo que eran las
gestiones para privatizar la sociedad, en los años 1987 y 1988. Hubo
muchas visitas a la fábrica incluso de grupos internacionales. Antes que
nada, quiero hacer la salvedad de que fui consejero delegado de la
empresa desde el 2 de enero de 1984 hasta el 4 de agosto de 1989, fecha
en que se firma el contrato de compraventa para privatizar la sociedad.
En todo ese período de tiempo, ininterrumpidamente tuve un papel de
responsabilidad en la gestión y marcha de la sociedad y, junto con otras
personas también, pienso que la totalidad del Consejo de Administración,
éramos conscientes de que la vía más racional, más razonable, el único
camino lógico y viable, sobre todo, con la incorporación en la Comunidad
Económica Europea en el año 1986, era privatizar la sociedad. A eso se
dedicaron los mayores esfuerzos por parte de la Administración con
recursos financieros para realizar inversiones y hacer los ajustes de
plantilla como consecuencia de estas inversiones, así como reducir los
costes para poder competir en el mercado internacional. Estábamos todos
convencidos --era algo indiscutible-- de que el camino lógico y racional
era la privatización de la sociedad y a ello se dedicaron los mayores
esfuerzos.
Se mantuvieron contactos más o menos interesantes, la sociedad se saneó
financieramente, se hicieron inversiones del orden de 12.000 millones de
pesetas en todo el período, se redujo la plantilla de unas 2.200
personas, cuando yo entro en la sociedad, a unas 1.600, en el año 1989.
La sociedad en aquel entonces, sin que podamos decir que estuviera en un
momento óptimo, no cabe duda de que estaba en una situación muy favorable
para ser privatizada. Me refiero a mediados del año 1989.
Como decía, estas tentativas de privatización, que comienzan en
1987-1988, no se plasmaron en ningún resultado válido. En la mayor parte
de los casos porque quizás había sociedades que tenían miedo a
enfrentarse a una empresa con la trayectoria o la leyenda que de alguna
manera tenía. Por otra parte, porque quizás era una empresa de proceso
vertical técnicamente complicada que indudablemente no era fácil
gestionar. Sin embargo, todos ellos, tanto grupos franceses y belgas,
como alguno español que hizo visita a la sociedad, expresaban la parte
positiva que la sociedad tenía en forma de maquinaria, en forma de
calidad de sus productos, etcétera. La empresa estaba en un volumen de
facturación que superaba los 8.000 millones anuales de aquella fecha. Es
verdad que no llegó a tener unos resultados espectaculares, pero la
sociedad se toma en el año 1984 con unos 3.700 millones de pérdida y hubo
años en que se consiguió un «cas flow» positivo de unos 500 millones. No
es para dar saltos de alegría, pero, indudablemente, la trayectoria se
mejoró bastante y como el objetivo era, repito, intentar privatizar la
sociedad en las mejores condiciones, creo que los esfuerzos no fueron
baldíos, tuvieron una componente positiva.
Nos ponemos en esta situación en el año 1989 y hasta unos meses antes del
4 de agosto, fecha en que se firma el contrato de compraventa, unos días
después de haber aprobado el Consejo de Ministros, en el mes de julio, la
privatización de la sociedad, el Consejo de Administración no tuvo
conocimiento, como tampoco en las visitas anteriores. Las personas que
estábamos en Málaga hacíamos de meros acompañantes de las sociedades que
venían, siempre con instrucciones muy concretas de Improasa, que entonces
ya funcionaba. Esta empresa ya existía antes, pero para estos cometidos
creo que se puso en funcionamiento a raíz de la entrada de Prudencio
García como Director General de Patrimonio, hacia el año 1987.
Unos meses antes de que este proceso del año 1989 cuajara en una
compraventa, tenemos noticias oficiosamente --porque repito que
oficialmente no se comunicaba nada-- de que había un grupo italiano muy
importante que se estaba interesando por la sociedad. Incluso, creo que
en el mes de marzo de ese mismo año, realizaron una segunda visita a la
empresa (la primera fue para que la conociera Giovanni Orefici,
posteriormente propietario de las sociedades que adquirieron Intelhorce)
acompañados de uno de los hermanos Benetton, concretamente Carlo, que era
el encargado dentro del grupo del proceso industrial. Le acompañaba otra
persona, creo recordar llamada Francisco Caudeli residente en Barcelona,
que era y sigue siendo el representante en España del grupo Benetton.
Estas personas se interesaron por el proceso productivo, por la
maquinaria, por los artículos que hacíamos y, sin que se pronunciaran en
ningún sentido, fue una visita no de cumplido, sino de cierto interés.
Después de aquella visita no supimos más hasta el mes de junio del año
1989, en que el matrimonio Orefici visita la fábrica y me dicen (esto
puedo decirlo porque en su momento fue declarado ante el juez, espero que
no haya ningún inconveniente, y merece la pena mencionarlo porque yo
intervine muy directamente) que la operación está prácticamente hecha
--hablo de junio de 1989--, que unas empresas relacionadas con el grupo
Benetton van a adquirir la sociedad y que todas las condiciones están
acordadas ya en Madrid con Patrimonio, parece ser que Improasa y luego
Patrimonio. Están interesados en que yo les acompañe en un viaje a
Treviso, la sede del grupo Benetton, para cambiar impresiones allí. Yo
les pregunto si es necesaria esa visita mía, si no puede ir algún otro
directivo de la sociedad si se trata de asuntos comerciales. Me dicen que
no, es conveniente que vaya yo, y que es un viaje rápido, de 24 horas.
Entonces pido permiso al Presidente de la compañía, que era García
Morales, que a su vez lo comunica a Improasa, debió ser a Patrimonio.
Hago un viaje que duró 24 horas: salir de Madrid a Milán y de allí a
Treviso por carretera. Estuve en la sede de Treviso en una reunión de
unas tres horas con diversos directivos del grupo Benetton. Allí conocí a
Luciano Benetton, quien dirige personalmente los negocios, y saludé
aparte a Carlo Benetton, que no intervino en la reunión.
Se hicieron muchas preguntas sobre la fábrica, sobre la política del
producto que podía desarrollarse, sobre las posibilidades de los
productos en el mercado italiano, etcétera; en una palabra, pude notar
una buena acogida al matrimonio Orefici, o sea, que había cierto grado de
confianza. Yo me vine, si no convencido, porque tampoco tenía que
convencerme de nada, sí creyendo que el Grupo Benetton de alguna manera
no era ajeno a la operación. Tanto es así que hasta bastantes meses
después no tuve ninguna duda de que, aunque no participaban directamente,
pudieran estar en el accionariado de Intelhorce.
Como se sabe, Intelhorce lo adquieren dos empresas, Benorbe y Benservice,
y posteriormente se conoce todo lo que ha ocurrido. Yo ceso, igual que el
resto de componentes del Consejo de Administración de Intelhorce, el 4 de
agosto de 1989. Me piden que continúe como gerente de la sociedad a
partir de septiembre --agosto fue el mes de vacaciones-- sin formar parte
del Consejo de Administración. Lo consideré muy lógico, porque llevaba
muchos años en la empresa y la conocía bien, la maquinaria, las
instalaciones, el personal. Pensábamos que en su proyecto, al menos en
una primera etapa, podría ser válido que yo siguiera en la sociedad; lo
encontré bastante normal.
Quiero hacer la siguiente salvedad porque, cronológicamente hablando,
creo que es importante. Con relación a los meses de octubre de 1989 y
febrero de 1990, se pueden consultar las hemerotecas de la mayoría de los
diarios nacionales y revistas de economía del momento, donde con bastante
frecuencia aparecían titulares relacionados con esta operación, en los
que se manifestaba desde que el Grupo Benetton adquiere Intelhorce, así
de claro, o
que sociedades participadas por el Grupo Benetton adquieren Intelhorce.
El caso es que había una campaña clara de dar por sentado que Benetton
era la sociedad que había adquirido Intelhorce. Es cierto que eso nunca
fue corroborado por la firma Benetton, pero tampoco desmentido. No hubo
ningún desmentido al menos en todos esos meses de octubre de 1989 a
febrero y marzo de 1990.
En abril de 1990 estudiando la gestión de la sociedad empiezo a ver
aspectos que no me acaban de convencer --no tengo argumento de peso para
ponerlo de manifiesto--, en el sentido de que no se hacen las inversiones
que antes me habían comentado y que estaban en proyecto, la cadena de
tiendas que iban a montar, la política de costes que se lleva no es la
correcta, se empieza a intervenir una sociedad participada italiana
--llamada Te Casa-- que parecía lógico intervenir para abrir mercado en
Italia, a la que se le hacen ventas en el mes de mayo de 1990 y que
cuando yo indago, dentro de mis posibilidades --porque, a pesar de que
era gerente, yo tenía mis facultades--, compruebo que el área financiera
y el área comercial a los dos meses de intervenir estos señores, pasaron
a llevarlas directamente. Para llevar el área financiera trajeron
personas del exterior y para el área comercial, de una forma muy directa
el matrimonio Orefici era el que llevaba la responsabilidad. No obstante,
con el conocimiento que yo tenía de la sociedad y la ascendencia ante la
plantilla que había, siempre podía enterarme de las cosas que, más o
menos, estaban ocurriendo. Yo observaba ciertas cosas. Por ejemplo, que
mercancías que se empezaron a mandar a Italia iban con precios por debajo
del coste industrial, lo cual era chocante. En un principio lo manifesté
y me dijeron: «bueno, se trata de promocionar los productos, porque ¿tú
cuánto crees que cuesta meterse en el mercado?», etcétera. Estas
consideraciones, en cierto modo, eran lógicas.
Avanza el tiempo y en el mes de julio de 1990 me entero de que se han
pedido cantidades que en el contrato de compraventa estaban repartidas
--me refiero a los 5.869 millones de la ampliación de capital-- con
motivo de la compraventa, que se había fijado una cantidad de libre
disposición desde el primer momento, que si mal no recuerdo rondaba los
1.800 millones, y los 4.000 millones restantes los repartían en tres
tramos, con un calendario muy concreto para disponer de esas cantidades.
Este calendario se incumple, yo me entero de casualidad. Porque, por
ejemplo, el contrato de compraventa --creo que a título informativo este
dato es importante-- yo lo conozco tres o cuatro meses después de haberlo
hecho y porque las centrales sindicales me entregan una copia del
documento. Yo veo que el calendario se adelanta y me hago la siguiente
reflexión. La empresa está en una buena situación financiera, la empresa
se había privatizado libre de cargas, con la Seguridad Social y la deuda
tributaria totalmente al día, prácticamente sin deudas a terceros --creo
que había un crédito de 100 millones de pesetas, que para un volumen como
el que la empresa movía no tenía ninguna importancia--, y, además, se
habían inyectado 5.869 millones nuevos a la sociedad. No me convencen los
hechos. Hago algún comentario sobre todo esto, le restan importancia, se
me dice que se ha realizado el informe de auditoría preceptivo, se han
adelantado los hechos porque de esta manera podemos preparar el plan de
inversiones para el año que viene, etcétera. Con motivo de todo esto, más
que roces, se produce cierta prevención hacia las preguntas que yo hacía.
Y todo ello desencadena en la falta de fluidez de las relaciones.
El día 16 de octubre de 1990 se celebra una reunión en Intelhorce, en
Málaga, que me la notificó el propio Giovanni Orefici una semana antes de
que se produjera, dirigiéndose a mí con unas frases similares a ésta:
«Antonio, van a venir unas personas de Madrid para tener una reunión. No
tenemos ninguna obligación de atenderles y darles explicaciones de la
sociedad porque, como sabes, es una empresa privada, pero por deferencia,
no tenemos inconveniente en que tenga lugar la reunión.» Yo le pregunté:
«Giovanni, ¿quién va a estar en esa reunión?» Me citó una serie de
personas. Yo le pregunté: «¿Tengo yo que estar en esa reunión?» «Sí», me
contestó. «Perfectamente», dije yo. A continuación le pregunté: «¿De qué
se va a hablar en esa reunión?» «Se hablará de cosas generales, de la
marcha de la sociedad, etcétera.»
Efectivamente el día 16 de octubre tiene lugar la reunión en la que
participa por parte de la Administración el Subdirector General de
Empresas y Participaciones Estatales, Miguel Angel Herrera; el Presidente
entonces de Improasa, José Miguel Moreno, al que yo conocí ese día
precisamente, y asiste también otro técnico, que creo recordar que se
llamaba José María Castro, quien se limitó a tomar nota de una serie de
cosas. Por parte de la empresa estaba el señor Orefici, que era el
Presidente de la Compañía y Consejero Delegado, estaba el señor Muñiz,
que era Secretario del Consejo y asesor, estaba Vela Rivas, que era el
Director Financiero y estaba yo. Estas personas eran las que formaban
parte de la reunión. Empieza la reunión, se confirman una serie de datos
sobre la marcha de la sociedad y yo empiezo a ver que se están
facilitando datos e información que no se correspondían con los datos
oficiales que tenía la sociedad y que yo conocía. Estuve en silencio,
porque, en principio, no se me preguntó nada. Pero a las dos horas,
después de varios cambios de impresiones, Miguel Angel Herrera es el que
me invita a hablar. Me dice: «Antonio, estás muy callado, me gustaría oír
tu opinión.» Yo le contesté: «Cuando me corresponda, hablo.» Ese día saco
mis papeles, mis datos oficiales de la sociedad y creo recordar que les
dije algo así. «Voy a dividir mi intervención en dos partes; una, la que
está sustentada en datos objetivos, totalmente claros y contrastados y
otra, dar mi opinión, que puede ser subjetiva, pero que es mi opinión.»
Así lo hice. Pueden figurarse SS. SS., señor Presidente, que aquello
terminó, como vulgarmente se dice, como el rosario de la aurora.
Se dio un contraste de opiniones, aunque yo estoy convencido de que si no
se me pide que intervenga a lo mejor no lo hubiera hecho, no lo sé;
habría intervenido oficiosamente, pero yo me creía con obligación moral
de denunciar aquello, aunque sabía que desde ese momento estaba condenado
a marcharme de la sociedad, como así fue. Desde ese momento yo fui
cuestionado. Tardaron dos semanas en reaccionar. Estuve dos semanas sin
que nadie me
dijera absolutamente nada, como si no hubiera ocurrido nada, y a las dos
semanas me dicen lo que siempre se suele decir en las sociedades con
problemas: que son diferentes puntos de vista, que no coincido la
política general que quiere desarrollarse, etcétera, y ceso en la
sociedad. El cese oficial fue el 31 de diciembre, pero yo desde el 1 de
diciembre prácticamente estoy en mi casa, aunque me retribuyeron también
el mes de diciembre.
Dejo la empresa. Hago tentativas --sería muy largo de explicar-- de
ponerme en contacto de nuevo con ella y manifestar lo que había dicho. En
el mes de enero la prensa recoge bastantes de las cosas que yo había
manifestado en la reunión del 16 de octubre, por ejemplo en «El Sur de
Málaga», en «La Vanguardia» de Barcelona, en una publicación quincenal
que se llama «Textil Exprés» y que se edita en Barcelona sobre la
industria textil, en un boletín semanal que se llama «Infortex», son unas
declaraciones que no eran formales puesto que lo hice más por amistad con
una determinada persona que luego lo publicó, pero no pasa nada puesto
que no publicó nada que no fuese verdad. Se hablaba de las razones por
las que yo cesaba en Intelhorce y, entre ellas, decía que quedaba muy
preocupado por el futuro de la sociedad, y eso que yo no conocía
absolutamente nada de lo que un año y pico después tuve oportunidad de
conocer. Así se fueron desarrollando los acontecimientos durante el año
1991, de los que creo se habrá hablado mucho, y como se sabe hay un
proceso judicial en curso que está generando una serie de situaciones
complicadas.
A partir de ese momento la empresa entra en una fase que podemos
denominar la segunda --fase contemplada en el eje de la comparecencia--,
que es el preámbulo de la entrada nuevamente del sector público en el
accionariado en 1992. A finales de 1991, después de varias tentativas de
hacer que entrara Hytasa en el accionariado, etcétera --todo esto lo
conozco después, todo lo que ocurre desde la fecha en que yo salgo de la
sociedad hasta octubre de 1992 en que me incorporo nuevamente a la
sociedad lo conozco con posterioridad--; después de ese tiempo en el que
parece que la sociedad prácticamente está paralizada en los meses finales
del año 1991, después de una serie de movimientos, de gestiones, de
presiones, de tensión en el ambiente, lo que se puede seguir por la
prensa y por los medios de comunicación, desemboca en una reunión de la
Comisión de Economía del Congreso. En esa reunión de la Comisión, creo
recordar que el 18 de febrero de 1992, se presenta una proposición no de
ley a instancias del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, número de expediente 161/291, por la que se instaba al
Gobierno a tomar las medidas necesarias para lograr la vuelta al sector
público de la antigua fábrica textil de Intelhorce. Después de un amplio
debate este texto fue sustituido por una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, en la cual se argumentaban una serie de
aspectos, y tras un debate que yo juzgo muy constructivo porque la
situación era dramática para la sociedad, se acuerda dar una solución
definitiva a la problemática de Intelhorce. La enmienda, aprobada por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, decía lo siguiente: «Se
insta al Gobierno para que en el plazo de tres meses se adopten las
medidas oportunas para la normalización de la actividad empresarial en la
empresa Intelhorce y permita sentar las bases para su eficaz
funcionamiento.» Como consecuencia de la aprobación de la citada enmienda
tienen lugar diversas reuniones --repito que de todo esto yo me entero
después, cuando leo toda la documentación-- a lo largo del mes de marzo,
en las que intervienen el Subsecretario de Economía y Hacienda por parte
de la Administración Central, la Junta de Andalucía, las centrales
sindicales, los comités de empresa y la dirección de GTE, y se llega a
una serie de conclusiones, entre ellas un acuerdo por el que se aceptaba
reducir la plantilla prácticamente a la mitad a cambio de un programa de
inversiones y del reinicio de la actividad en la empresa. Todo ello se
plasma en una serie de documentos, que tienen fecha 10 de abril de 1992,
en los que se especifica que parte de las acciones se incorporan
nuevamente a la Administración, a través de Improasa, así como los
derechos políticos del resto de las acciones. Independientemente de que
estos documentos pudieran adolecer, por precipitación, por la urgencia de
cumplir el plazo de tres meses, del que allí se hablaba, para la puesta
en marcha de la actividad, de defectos que yo creo que eran subsanables,
y algunos de los cuales se subsanaron posteriormente incluso estando yo
en la sociedad y que fueron firmados por mí, pienso que se hizo para
cumplir este mandato y creo que las personas que intervinieron, a algunas
de las cuales conocí como consecuencia de mis conversaciones para volver
a entrar en la sociedad, y a las que no conocía anteriormente, actuaron
no sólo de buena fe sino con buen criterio para activar en lo posible la
reanudación de la actividad en la empresa. Sin embargo, la sociedad,
después del 10 de abril, se configura con un nuevo Consejo de
Administración en el que se dan una serie de anormalidades, una de ellas
es que sigue de Presidente del Consejo José Manuel Muñiz, que en aquel
momento era el administrador único de la sociedad, quizá porque no hubo
otra solución puesto que reconozco que no era fácil improvisar
soluciones. Es verdad que en los meses de abril, mayo, junio y julio la
empresa no tiene actividad, sigue parada, las tensiones continúan, ya que
no es posible poner en marcha fácilmente la sociedad, a pesar de existir
esa voluntad de cumplir el mandato. Conmigo contactan en el mes de julio,
fecha en la que yo estaba trabajando en una empresa privada, y me dicen,
de manera oficiosa, que tengo que volver a Intelhorce. Yo les contesto
que no, que si tienen una idea clara les ayudo en lo que sea para poner
de nuevo en marcha la sociedad, pero que yo estoy trabajando en otro
sitio. En el mes de agosto me vuelven a insistir de una manera formal,
directamente a través del señor García Morales, con el cual yo tenía una
gran relación profesional desde hacía muchos años, y me dicen que por lo
menos acceda a tener una entrevista en Madrid con Patrimonio. Les
contesto que sí, que no tengo ningún inconveniente. Esa reunión se
celebra en los primeros días de septiembre de 1992, con la asistencia del
señor Secretario del Patrimonio, señor Del Valls; del señor Aramendía,
consejero delegado de Improasa así como consejero de la sociedad;
el señor García Morales, y el señor Sánchez Lambás, secretario del
Consejo de Administración de GTE. En esa reunión se me pide que vuelva a
la sociedad, incluso hasta por favor, yo creo que no por nada en especial
sino porque tenía conocimiento de la sociedad, es verdad que tenía cierta
ascendencia entre la gente puesto que habían sido muchos años de alegrías
y sinsabores en la empresa, y se quiera o no una parte de mi corazón
estaba en la empresa, y sobre todo estaba el problema de la sociedad, un
problema grave puesto que afectaba a setecientas y pico familias. En
ningún sitio sobra el trabajo, pero Málaga es de las que peor está en ese
sentido. Yo les pregunto: «¿Qué idea tienen sobre la sociedad?» Me
contestan: «Lo primero ponerla en marcha, evitar que siga inactiva, y
luego ver qué somos capaces de hacer con ella.» Les concreto y les digo:
«Yo hago todo lo que sea necesario, con una sola condición: que «a
priori» no exista ninguna voluntad de cierre o de liquidación de la
empresa, porque si eso es así huelga decir que yo no voy de enterrador de
nada.» Incluso utilicé esa frase. Me prometen que no, que incluso hay un
presupuesto ya hasta final de año, con unos recursos para poner en marcha
la sociedad y que para el año siguiente se buscará una fórmula, puesto
que es algo que se ha aprobado en la Comisión de Economía del Congreso.
Entro en la sociedad entonces, desde el 1.º de octubre de 1992; se me
pide que entre como Presidente Ejecutivo porque, entre otras, lo que
había que resolver era una serie de problemas jurídicos que la sociedad
tenía --como luego pude comprobar-- y que la hacían, de alguna manera,
inoperante, ya que me encuentro con una serie de actos jurídicos que no
pueden inscribirse en el Registro porque la ampliación de capital de
2.000 millones de pesetas comprometida por el grupo comprador en agosto
de 1989 y de la cual se habían desembolsado 500 millones --los 1.500
restantes ni se habían desembolsado-- ni se había inscrito siquiera esa
ampliación de capital. Ese acto jurídico limitaba cualquier ampliación de
capital posterior y cualquier acto que viniera unido en esas escrituras
también, entre ellas, la ratificación del Consejo de Administración y
otras cosas.
Accedo a eso también, asumo el papel de Presidente Ejecutivo de la
sociedad, y se empiezan a tomar una serie de medidas, como la de negociar
con proveedores con los cuales yo tenía una gran relación de mi etapa
anterior. Algunos de ellos tenían inscritos embargos importantes y
consigo que alguno de ellos me dé la palabra de que no se lleve adelante
ningún embargo. Yo tenía un calendario establecido, del que hablamos, y
me prometen desde ese momento que están a mi disposición para cualquier
cosa que necesite.
Gracias a eso se pone en marcha la empresa rápidamente. No es que se
hicieran grandes maravillas, pero en 1993 se facturan 2.300 millones de
pesetas y se pasa de la inactividad total a esa situación.
Todo va muy bien durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y lo
que me dicen desde Madrid se cumple. Además conseguimos alargar ese
presupuesto que estaba, en principio, previsto para el año 1992 y
apuramos esos recursos hasta el 31 de marzo de 1993. La empresa empezó a
facturar y ya comenzaba a tener otros recursos para disponer.
No obstante, en enero de 1993 cambian las circunstancias. Hay movimiento
de personas, en Improasa se nombra un nuevo Presidente, Domingo Sierra,
al que conocía de la etapa anterior, aunque no había tenido contacto
directo con él porque se ocupaba de otras cosas dentro de Patrimonio.
Observo que a los dos meses escasos de estar allí, en el mes de febrero o
marzo, en una reunión que tenemos me plantea de una manera drástica: «hay
que cerrar la empresa porque esa sociedad no tiene camino».
Yo le digo: «¿Tú sabes que hay un mandato expreso?»
El contesta: «Sí, ya lo he leído, pero esa sociedad siempre ha perdido
dinero.»
Le respondo: «Habría que haberla cerrado antes, pero si por otra serie de
circunstancias se aprueba esto, lo lógico es que se lleve adelante.»
Entonces, las cosas comienzan a enturbiarse. Hay discusiones y quizá un
enfrentamiento porque no era ése el compromiso por el que había ido a la
sociedad, era otro distinto. Si a mí se me dice eso desde el principio,
acepto o no acepto, pero se me dijo una cosa clara que se fue cumpliendo
hasta ese momento. Eso genera que la empresa empieza a tener sus
problemas, la cosa no va tan fluida como hasta entonces, a pesar de todo
sigue su marcha, pero ya hay discrepancias notorias.
Eso desencadena que en septiembre de 1993 ceso y me despiden de la
sociedad, supongo que por lo de siempre, por incompatibilidad con los
criterios que regían en aquel momento, cosa que no entiendo en una cosa
aprobada al nivel que se aprueba y con esa idea tan clara, antes de saber
si puede haber alguna solución o no. Vuelvo a insistir en que creo que el
camino lógico --lo dije desde el primer momento-- es que había que volver
a preparar a la empresa para una posterior privatización seria. Parece
que es volver a reincidir, pero entiendo que se pueden hacer
privatizaciones serias, porque donde no tiene nada que hacer esa sociedad
--y eso está claro-- es en el sector público. Eso es evidente y lo he
dicho a todo el mundo, a las centrales, al comité de empresa, etcétera.
Al mismo tiempo, reconozco que tiene instalaciones y posibilidades de
desarrollar productos que sean capaces de competir en el mercado. Y como
esa idea la tengo y la sigo sosteniendo, es por lo que hay puntos de
vista distintos.
Recuerdo, incluso, que otra vez más, el 22 de noviembre de 1993, al poco
tiempo de salir de la sociedad, le escribo personalmente al Director de
Patrimonio, al señor Vázquez de Parga, una carta ofreciendo mi ayuda
porque veo que la sociedad se va a orientar por un camino totalmente
equivocado, que va a suponer un derroche de dinero, que va a tensionar el
ambiente y que no va a resolver el problema. Aunque no sea partidario de
eso, si alguien sigue una línea muy dura, la mantiene hasta el final y
con eso se resuelve el problema, al final se ha conseguido algo
eficazmente, aunque haya gente que no comparta los procedimientos. En ese
caso la eficacia quiere decir que se cierra la sociedad y yo esa eficacia
la cuestiono, desde luego. Esa carta no tuvo ninguna respuesta, ni sí, ni
no --que es lo peor que puede ocurrir--, porque
se podía haber contestado que no procede esa entrevista, pero no tuve
respuesta ninguna.
Di por cumplido mi papel, incluso me brindo para hablar con quien sea y
explicar mis razones --y luego se me escuchará o no--, pero yo quería
quedarme tranquilo. Eso es lo que decía en mi carta, pero no hubo
respuesta.
Ya no volví a insistir ni quise saber ninguna cosa, incluso se me
perjudicó personalmente en los acuerdos que me había ofrecido Patrimonio
porque no puse ninguna condición para entrar en la sociedad. Pero ése es
un tema particular que creo no procede aquí.
Todos sabemos cuál es la situación actual de la sociedad. Yo era
partidario de que la sociedad tenía que haber seguido desarrollando su
actividad --hubiera dado pérdidas pero mucho menores que las que ha
tenido--, no hubiera crispado el ambiente, se podían haber ido haciendo
ajustes de personal porque al final lo que se ha hecho es pasar de
setecientas veintitantas personas a 517 que siguen comprometidas de
alguna manera en una futura puesta en marcha de la actividad y no se
entiende.
Todos esos recursos en menor cuantía se podrían haber destinado a cubrir
las pérdidas durante ese tiempo. Siempre es más fácil negociar la
privatización de una empresa en marcha y aunque lo que procedía era la
desaparición de la sociedad anterior para que no hubiera ningún vínculo
con la etapa tan nefasta que hubo, pienso que había muchos procedimientos
para llegar a esa solución sin tener que paralizar necesariamente la
empresa durante más de un año, como lo ha estado. Porque una la
suspensión de pagos, como SS. SS. y el señor Presidente conocen, no
quiere decir que la actividad de la sociedad tenga que paralizarse. Puede
seguir funcionando perfectamente, máxime cuando más del 90 por ciento de
la deuda era institucional. Incluso había tenido conversaciones en esa
etapa con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social para ir
haciendo los pagos fraccionados de la deuda que había de la etapa privada
anterior.
Esta es la situación en la que se encuentra la empresa en un proceso de
puesta en marcha muy difícil, donde incluso posibles empresas serias que
pudieran participar se retraen porque no lo tienen claro y no sé cuál
será al final el futuro de la sociedad.
Perdone, señor Presidente, si he sido un poco extenso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez García, por la
información.
Seguidamente, procede que los señores comisionados le formulen las
cuestiones que crean pertinentes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Muchas gracias, señor Alvarez, por su
presencia en esta Comisión.
Tengo que decir previamente que, por fin, tenemos una comparecencia
probablemente equidistante de cualquier posición política: la posición
política de mi Grupo, cuya obligación y compromiso con los ciudadanos es
el control y fiscalización de los actos del Gobierno, o la posición
política del Grupo mayoritario, que es la de apoyar los actos del
Gobierno. Tenemos una comparecencia y unas declaraciones completamente
equidistantes, por lo que, previamente, señor Alvarez --el resto de los
señores comisionados, me permitirán la licencia-- hay que decir algo.
Personalmente agradezco mucho sus palabras porque son enormemente
clarificadoras de todo este proceso. Además, le tengo que dar las gracias
en nombre de los ciudadanos a los que represento y de mí mismo por el
celo, que me consta y conozco porque vivo en Málaga, que sé han tenido
las personas que han dirigido Intelhorce en todas sus etapas, para sacar
adelante una empresa que siempre ha sido viable, y estoy completamente de
acuerdo con usted: podía haber sido viable. Señor Alvarez, es de justicia
que yo lo haga. En nombre de los que represento democráticamente tenemos
que darle las gracias a usted, a sus diferentes equipos y, sobre todo, a
los trabajadores de Intelhorce, que saben muy bien que la empresa hubiera
podido ser viable; que saben muy bien, como sabemos todos en Málaga y
usted hoy ha corroborado, que en 1989, la sociedad Intelhorce (lo dijimos
en el Pleno, es decir, en el más alto trámite parlamentario, cuando se
creó la Comisión de Investigación de Intelhorce) estaba en las mejores
condiciones para su privatización, porque se había hecho un enorme
esfuerzo por parte de sus equipos directivos en años anteriores; porque,
efectivamente, se reducían pérdidas importantes, mes a mes; porque sus
resultados eran mejores; porque su maquinaria era la admiración de las
empresas textiles no solamente de España sino de Europa; porque se habían
hecho inversiones muy razonables desde el punto de vista empresarial,
etcétera. No me sorprenden sus palabras, señor Alvarez, sobre que el
consejo de administración --usted era consejero delegado-- estuvo al
margen total de las decisiones que se tomaron en la privatización de
Intelhorce, lo cual, para mí, como político, es un dato sobre lo que se
hizo.
Usted ha dicho que en ningún momento (es cierto que hubo una campaña de
prensa, he consultado las hemerotecas) Benetton, grupo italiano muy
importante líder en el sector textil mundial, estuvo detrás de la compra
de Intelhorce. Ha dicho usted, y es verdad, que Benetton nunca manifestó
públicamente estar detrás. De sus palabras se deduce inmediatamente lo
contrario: Tampoco Patrimonio del Estado manifestó públicamente que
Benetton estuviera detrás de la compra. Más aún, usted no podría tener
conocimiento de ello porque ha dicho, lo cual es verdad, lo puede
testificar cualquier trabajador de Intelhorce formase o no parte de su
consejo de administración antes de la privatización, que estuvieron al
margen de los procesos de privatización, por lo que no podían conocer que
en mayo de 1988, mediante una carta, la delegación oficial de Benetton en
España comunicaba a la Dirección General del Patrimonio del Estado su
falta de interés por la compra de Intelhorce, puesto que Benetton, como
otras muchas empresas y como tal Benetton, había recibido el cuaderno de
ventas. Luego, había ya un documento oficial, que se ha conocido ahora
por la documentación que el Gobierno nos ha mandado. Ustedes no podían
saberlo, como tampoco los trabajadores ni la prensa. Si no, Patrimonio
del Estado hubiera hecho gala del documento en ese momento.
Había un interés especial...
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, me va a permitir.
Estamos muy fuera de horario. Tenemos al señor Jiménez Aparicio esperando
para comparecer ante la Comisión, por lo que les ruego a todas SS. SS., y
en este momento a usted, que no reiteren las informaciones que han sido
facilitadas a la Comisión por el señor compareciente; que se ahorren en
lo posible las valoraciones políticas, que las dejemos para el momento de
la redacción del dictamen y que, por favor, formulen las cuestiones que
crean pertinentes para una mejor información de la Comisión, porque, si
no, estamos perdiendo el tiempo.
Esta es una Comisión de Investigación, no legislativa, donde el control
del Gobierno se hace semanalmente en cada Comisión. Las comparecencias
que en esta Comisión se producen lo son para conocer detalles concretos
sobre el tema objeto de investigación, no para un control del Ejecutivo
y, sobre todo, cuando el compareciente no ha pertenecido nunca a este
Ejecutivo. Yo ya sé que usted está distinguiendo este tema absoluta y
nítidamente, pero insisto en que, por favor, concreten las cuestiones y,
en lo posible, se ahorren las valoraciones. Ya sé que ante una pregunta
hay que hacer previamente una explicación suficiente que la avale, pero
estamos --repito-- muy fuera de tiempo, por lo que no vale la pena
insistir en lo que ya ha sido declarado por el señor compareciente.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Muchas gracias, señor Presidente. Intentaré
hacer esas preguntas y ser más breve.
Voy a hacerle una pregunta muy directa. ¿Cree usted, señor Alvarez, en
función de su responsabilidad entonces en Interlhorce, que podía estarse
asistiendo en el momento de la privatización a un engaño --tome esta
palabra no en su acepción presumiblemente delictiva, sino en su acepción
política--, fundamentalmente a la plantilla de trabajadores de
Intelhorce, no solamente por parte de los compradores, sino también de
otras instancias al insistir en que estaba el grupo Benetton detrás
cuando realmente no lo estaba? Porque la parte social de la empresa
Intelhorce tenía que dar el visto bueno a la privatización; era una de
las condiciones que los compradores ponían en su oferta de compra, en
ésta y en cualquier otra: que la parte social estuviera de acuerdo. En
cualquier caso, bastaría con que nos ratificara que el consejo de
administración de Intelhorce nada tuvo que ver en el proceso de
privatización.
Usted ha dicho que el 16 de octubre de 1990, mediante aquella reunión que
motivó su salida de la compañía, se pusieron de manifiesto discrepancias
de criterio con la gestión, y previamente nos ha contado que el
calendario sobre la disposición de fondos se había incumplido. ¿Usted
cree que Patrimonio del Estado tenía que haber tomado en aquella época
alguna medida al respecto? Dicho sea de paso: a mí me parece enormemente
clarificador que en octubre de 1990, un año después de la privatización,
ya se sepa lo que está pasando en Intelhorce y no se actúe hasta tiempo
después. Patrimonio del Estado tenía los mecanismos para hacer cumplir el
contrato de compraventa y, además, fue advertido por usted, me imagino,
en aquella reunión de octubre de 1990, al propio Subdirector General de
Empresas y Participación Estatal, señor Herrero Chamorro.
Usted habla de la situación actual de Intelhorce y dice que puso como
condición previa que no se cerrara la compañía, que se hiciera un plan de
viabilidad, puesto que, en su opinión --criterio que compartimos--,
Intelhorce tenía futuro si se tomaban las medidas que hubiera que
adoptar, y empiezan a producirse nuevamente discrepancias de criterio que
motivan su nueva salida de la sociedad con la accionista mayoritaria, que
es Improasa. ¿Usted cree que, desde el primer momento --quisiera que nos
ampliara un poco estos comentarios--, se produce la voluntad inequívoca
de Improasa, por tanto, de Patrimonio del Estado, de ir al cierre de
Intelhorce, esto es, a partir de su renacionalización, por decirlo de
alguna manera? Esta es la pregunta, porque es fundamental para saber las
causas que han originado la actual situación de la compañía.
Para ilustrar su pregunta y corroborar, a mí me gustaría ofrecerle un
testimonio para que se quedara muy tranquilo, señor Alvarez. Leídas las
actas del consejo de administración de la empresa pública Improasa, cinco
días después de tomar posesión el señor Sierra como presidente de
Improasa, ya manifiesta a los consejeros de Improasa su decisión firme de
cerrar y liquidar Intelhorce, lo cual acontece cinco días después de
producirse su nombramiento como presidente de Improasa. Si usted hubiera
conocido esto en su momento hubiera tomado otro tipo de decisiones y si
lo hubiéramos conocido todos probablemente otras cosas hubieran sucedido
en Intelhorce.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Izquierdo, por su comprensión
ante la exposición del señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Alvarez.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): Respecto
al proceso de privatización, en 1989 --a toro pasado, como se dice
vulgarmente, es muy fácil sacar conclusiones--, no hay duda de que nos
encontrábamos con que había un engaño manifiesto de las personas que
compraron la sociedad, desde el momento en que ni tenían relación con el
grupo Benetton ni tenían solvencia contrastada para meterse en una
sociedad como Intelhorce. Eso está muy claro. Pienso que yo también fui
de los engañados porque, como mencionaba antes, estuve en Treviso y pude
ver que efectivamente la relación Benetton-Orefici existía. Que fuera más
o menos consistente no lo sé, pero no era un bluff. Yo no me vine con la
sensación de que era un cuento chino que estaban tratando de contar. Sí
puede extrañar que en una cosa tan clara no haya una manifestación más
expresa, por parte de un grupo de la talla de Benetton, de decir:
participo allí.
Eso puede extrañar, pero hasta después de que se ha sabido todo,
indudablemente la sensación de engaño ha existido.
El fallo fundamental, a mi juicio, ha estado en que quien tenía la
responsabilidad de efectuar en aquel momento, con todas las garantías
posibles, la entrega de una empresa con el volumen que tenía Intelhorce,
con más de 20.000 millones de recursos propios, jugó muy a la ligera. Se
podía haber pedido mucha información, se podía haber pedido una serie de
garantías adicionales, porque incluso se ha visto que ni se desembolsaron
los 2.000 millones de pesetas de ampliación de capital ni se pagaron los
2.000 millones de pesetas comprometidos, aunque había un aval, aval que
todos sabemos cómo se ha extendido.
En cuanto a engaño, «a priori», efectivamente, todo el mundo se sintió
engañado. Quizás los que estaban más en la trinchera negociando tenían
que haberse cubierto un poco más. Esta es una opinión personal.
Respecto a que en la reunión que hubo en octubre de 1990 yo hice ciertas
afirmaciones, vuelvo a repetir que formulé unas opiniones objetivas en
cuanto a la marcha de la sociedad durante los últimos meses de 1989 y
hasta julio de 1990, que no coincidían con las cifras que se estaban
facilitando en la reunión. Eso podía ser un toque de atención clarísimo
de que o yo estaba un poco loco, estaba dando unas cifras que no se
correspondían con la realidad y estaba mintiendo o que el tema tenía la
suficiente importancia como para meter los dedos un poquito más. Yo no
digo que se debía creer a pies juntillas lo que yo dijera, ni mucho
menos; no estoy diciendo eso, pero sí que se estudiara. Creo que hubo un
cierto movimiento, porque reconozco que esas cantidades, esos tramos, se
liberaban con un calendario concreto. El primero ya se había liberado y
fue el que dio como resultado la advertencia y el segundo tardó meses en
liberarse. Ya me había marchado yo de la sociedad y aquello quedó
aplazado, señal de que no había plenas garantías. Reconozco que lo que
hubo --tengo que decirlo, es una opinión personal y no tengo ningún
inconveniente en retractarme de ella, pero es la que sigo teniendo,
porque no tengo argumentos en contra de ella, hasta el momento-- es temor
a que hubiera un abandono por parte de los accionistas que llevaban el
tema y que eso revertiera otra vez a la Administración; que la patata
caliente volviera a la Administración de nuevo. Sigo pensando que hubo
cierto temor y que eso fue lo que condicionó tomar medidas más drásticas.
Respecto a la voluntad de cierre, S. S. me ha descubierto otro dato que
yo desconocía totalmente en cuanto al consejo de administración de
Improasa. Eso está corroborando totalmente mis palabras, que pude
comprobar meses después porque se me manifestó directamente. Cuando se
habla de la Administración así en abstracto hay que decir que lo hace
bien o lo hace mal dependiendo, como es lógico --sucede lo mismo en las
empresas--, de las personas que estén al frente de las responsabilidades.
¿Por qué en un momento determinado todo va muy bien y se desarrolla de
acuerdo con lo que está previsto y luego las cosas cambian totalmente?
Las personas, ni más ni menos, con sus errores y sus aciertos, son las
que pueden llevar las cosas de una manera o de otra.
No sé si he contestado a todas las preguntas que me ha formulado su
señoría.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Diputado señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: También nosotros deseamos dar nuestra bienvenida
al señor Alvarez por su presencia entre nosotros, por su colaboración y
por la descripción que ha hecho de los acontecimientos, según su punto de
vista, que agradecemos muy sinceramente, al igual que ha hecho el otro
portavoz del Grupo, buscando esa equidistancia de la que hablaba mi
compañero de Cámara.
Del relato que nos ha hecho parece deducirse que se efectuó la visita a
la empresa de Carlos Benetton, acompañado del señor Orefici, así como la
invitación a visitar la sede central en Italia, para entrevistarse con el
máximo responsable del grupo Luciano Benetton. Efectivamente, da la
impresión en todo ese proceso de que Benetton quiere aparecer más
involucrada de lo que luego, jurídicamente, acaba estando. No sólo da la
impresión de que está interesada, sino que da la impresión de que está
interesada en que parezca que lo está por las visitas personales de los
máximos responsables al grupo italiano.
He creído entender que incluso hasta después de haberse realizado la
venta y de estar un tiempo en la empresa, tarda algún tiempo en darse
cuenta de que efectivamente el compromiso de Benetton no es sincero.
Desde el punto de vista de nuestro Grupo, esto es importante porque
durante meses, en los medios de comunicación y en toda la opinión pública
se dio por hecho algo que efectivamente era falso. Luego se ha demostrado
que una parte del informe que se dio a la Administración para tomar la
decisión, que afirmaba que Benetton estaba comprometida en el tema, era
una falsedad y está siendo juzgada en estos momentos por los órganos
correspondientes. Ahí ha habido una falsedad. Para saber si la actuación
de la Administración fue de buena fe o no, que es lo que queremos
determinar, es muy importante saber si el ambiente general, la opinión
pública, las actuaciones que se habían llevado a cabo daban a entender
que esa afirmación que había en el informe que se entregó a la
Administración era cierta, porque si no habría que pensar que la
Administración tenía que haber estado más precavida. Si en el informe se
dice que Benetton está involucrada directamente y esa información está
también en el ambiente general, no es lo mismo que si la Administración
tuviera un dato negativo al respecto. Simplemente le quería preguntar si
su impresión, tanto en el momento previo como después de la compra, fue
la de que Benetton estaba más involucrada de lo que lo estuvo.
De sus palabras se deduce que usted está bastante relacionado con la vida
de la empresa y que, además, sus afanes van en pro de la continuidad de
la empresa, lo cual nos parece positivo. Como miembro de esta Comisión,
mi impresión es que en un momento determinado la Administración piensa
que hay viabilidad y a partir de otro momento piensa que no, y yo creo
que sus palabras corroboran
eso. A lo largo de los debates que hemos tenido en esta Comisión uno de
los problemas que se le han achacado a la Administración ha sido el de no
ejecutar el aval con rapidez. Dadas las condiciones del mismo, su
ejecución hubiera supuesto un duro golpe para el patrimonio de la
sociedad puesto que estaba contraavalado con patrimonio de la propia
sociedad, y eso hubiera puesto en dificultades a la empresa. Añadamos el
no desembolso de capital y la sentencia dictada por el Tribunal de la
Comunidad Económica Europea en el sentido de que tenía que devolver las
ayudas. Además, cuando se quiere relanzar la empresa se vuelven a dar
nuevas ayudas públicas. Y si hay una sentencia sobre las ayudas de 1989,
no digo nada de las que se produjeron en 1992 y cuál podría ser su suerte
desde el punto de vista de la Comunidad Económica Europea. Si tenemos en
cuenta todas estas circunstancias, ¿no piensa usted que se presenta un
panorama negativo, en el que la empresa es difícilmente viable? No digo
como empresa industrial, porque yo creo que usted se refiere más al
proceso industrial. La Administración no puede seguir sin ejecutar el
aval. Se le piden responsabilidades: usted tiene un aval, no se han
cumplido las condiciones y tiene que ejecutarlo. Hay una sentencia del
Tribunal de la Comunidad Económica Europea, que también puede hacer
averiguaciones sobre otras ayudas, que suponen otros 5.000 millones, que
se conceden en 1992, y la Comunidad exige que se devuelvan.
Con esta situación, da la impresión de que la viabilidad de la empresa es
difícil, que tiene alguna justificación que en ese momento busque una
liquidación independiente de su posterior puesta en marcha. Todos tenemos
la esperanza de que se pueda relanzar, a pesar de que he visto que usted
considera que es negativo que la empresa haya estado paralizada en su
actividad real durante un largo período de tiempo.
¿Todos esos datos no hacen poco menos que inviable seguir con la empresa
desde el punto de vista financiero y tener que buscar otro proyecto
diferenciado?
El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez García, cuando quiera puede
intervenir.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): No cabe
duda de que lo que S. S. dice es cierto, y creo que yo me manifestaba en
el mismo sentido en mis comentarios iniciales. Yo fui el primer
sorprendido al ver que daba la sensación de que Benetton estaba detrás de
todo y, sin embargo, luego no hizo ninguna manifestación expresa en
ningún sentido, ni a favor ni en contra. Puede ser chocante después de
que uno ya está condicionado por todo lo que ha leído y por lo que ha
ocurrido.
Sin embargo, yo sigo pensando una cosa y hasta ahora no he encontrado
argumentos para cambiar mi pensamiento: Benetton se dejó querer; en una
palabra, estuvo unos meses esperando a ver qué pasaba. Si la balanza se
inclina en un sentido, yo me subo en ese carro y, si no, nunca me he
subido. Parece un poco extraño esto que estoy diciendo, pero yo también
le he dado muchas vueltas y, hasta ahora, no he encontrado argumentos en
ningún sentido. Es muy difícil creer que antes de que se llevara a cabo
la compraventa tuviera lugar esa visita a Italia, hubiera ese
recibimiento, ese interés por conocer las instalaciones, se celebraran
esas dos visitas, porque Carlos Benetton vino a la primera, y una vez
comprada la empresa también estuvo allí, pero en ese momento estuvo más
como posible cliente de determinados artículos que se le pudieran hacer a
Benetton. No se plasmó en nada al final, pero sí es verdad que hubo esa
segunda visita.
En una palabra, lo de Benetton induce a pensar en un sentido o en otro.
Sin embargo, yo sí quiero insistir en una cosa porque creo que es honesto
por mi parte decirlo puesto que es lo que pienso: «en la entrega» --entre
comillas-- de unos activos tan importantes, de una empresa con ese
volumen de facturación y esas posibilidades se actuó de una manera muy
ligera a la hora de vender a esas sociedades. Pienso que las garantías no
fueron suficientes, pero repito, es una opinión personal.
Contestando a esa primera pregunta le diré que posiblemente haya existido
el interés general de Benetton aunque no se manifestó de una manera
clara. Sin embargo, tampoco se desmintió porque creo recordar que los
primeros desmentidos aparecieron en mayo de 1990, de una manera muy
velada en la prensa, no con la misma difusión que los anteriores. Se
publicó algo diciendo que Benetton no tenía nada que ver ahí, pero daba a
entender que no tenía nada que ver directamente. Todo es muy confuso, no
está suficientemente claro, y lo relacionado con Benetton se ha podido
prestar a consideraciones de todo tipo.
En cuanto a esa situación financiera de la sociedad, ese compromiso con
el dictamen de la Comisión Europea, creo recordar, en enero de 1992, en
el que obligan a la empresa a devolver parte de las ayudas recibidas por
un montante de cuatro mil y pico millones de pesetas, he leído
comentarios en la prensa que en algunos casos venían muy bien orientados
y aunque en otros eran muy confusos. No me voy a extender mucho, pero voy
a puntualizar esta cuestión porque tiene que quedar muy clara. Ese
dictamen obligaba de alguna manera a devolver esas ayudas, pero no todas
las ayudas tal y como se están tratando en todo este asunto, porque
sibilinamente se afirmaba que todas las ayudas que el Estado español
había concedido al Intelhorce desde 1986, fecha de entrada en la
Comunidad Económica Europea, hasta entonces eran las que estaban
cuestionadas, y no es así. Las de 1986, 1987, 1988 e incluso una pequeña
ampliación de capital de 1989 previa a la ampliación de capital que da
lugar a la compraventa no fueron cuestionadas, ahí se razonan, y el único
tirón de orejas pequeño que se da a la Administración es por no haberlas
advertido «a priori», pero no por el destino de esas ayudas, el cual
quedó perfectamente comprobado y así lo dice el dictamen. Si tienen
oportunidad de leerlo podrán ver que se señala que esas ayudas se
utilizaron precisamente para fines acordes con la normativa comunitaria,
es decir, para inversiones, renovación de tecnología y ajustes de
plantilla; en una palabra, reducción de costes. Eso, repito, iba
perfectamente acorde con las normas comunitarias. Como consecuencia de
una parte de esa ampliación de 5.869 millones,
en ese dictamen se obliga a Intelhorce a que devuelva los cuatro mil y
pico millones a la Administración, y es verdad que esto supone un
problema más, una complicación añadida, desde el punto de vista
financiero, para una empresa que ya no estaba sobrada de recursos ni
mucho menos, que tenía que seguir amparándose en las ayudas estatales.
Lo que sí está claro es que el aval de esos dos mil millones se ejecutó y
ese dinero lo recuperó la Administración de alguna manera. No me refiero
a las ayudas, sino a los dos mil millones del aval que mencionábamos
anteriormente. Ese dinero ha ido a pérdidas de la sociedad y se recuperó
porque, entre otras razones, estaba garantizado en una cuenta
perfectamente, como los otros 500 millones de un préstamo que también se
habían requerido, que también los recuperó la Administración. Es el único
dinero que la Administración pudo recuperar recientemente, me refiero en
los últimos años, de todos los recursos que había aportado.
En cuanto a los cuatro mil y pico millones de pesetas, le diré que se han
incorporado, como es lógico, en la suspensión de pagos como una deuda más
que se tiene con la Administración y al quedar sustanciada la suspensión
de pagos ha quedado en ese procedimiento perfectamente.
Indudablemente todo esto era un hándicap financiero importante para la
sociedad, pero muy por encima de todo ello hay que contemplar lo
siguiente. ¿Por qué conociendo eso (porque incluso el dictamen de la
Comisión Europea de enero de 1992 ya se conocía) cuando se tiene el
debate en la Comisión de Economía del Congreso en febrero de 1992, se
toma esa decisión? Porque por encima de todo puede haber otra serie de
razones que primen sobre todo esto. Cuando se aprueba y se solicita que
en el plazo de tres meses se ponga en marcha todo eso, tiene que pensarse
también que algún recurso tiene que haber, alguna fórmula hay que
arbitrar, la que sea. Porque lo que sí está claro es que hay que seguir
manteniendo unos puestos de trabajo y que por encima de todo hay razones
de tipo político-social, y económico si se quiere también pero
político-social sobre todo, que de alguna manera obligan, motivan o
inducen a que todo eso se ponga en marcha.
Respecto a la inviabilidad de las posibilidades de Intelhorce cuando se
decide cambiar la política, hemos de tener en cuenta --es mi opinión
personal desde mi experiencia en empresas-- que estamos ante una sociedad
que había estado paralizada desde noviembre de 1991 hasta prácticamente
septiembre de 1992. Es difícil volver a poner en marcha esa sociedad. Es
una sociedad desprestigiada en el mercado, con problemas heredados de la
etapa privada, con problemas heredados muy graves de cara a clientes, a
proveedores y a lo que es la actividad de la sociedad, en un mercado tan
competitivo como es el textil, como ya conocen sus señorías. Pienso que
no es posible que a los tres o cuatro meses de poner en juego ese mandato
e intentar desarrollar la primera parte se obtengan resultados. La
enmienda que se aprueba se descompone en dos. Dice: Instar al Gobierno
para que en el plazo de tres meses se adopten las medidas oportunas para
la normalización de la actividad empresarial en la empresa Intelhorce
--ésa es un aparte, que es la que se hizo-- y permita sentar las bases
para su eficaz funcionamiento. Eso es posterior. Eso son milagros: decir
que desde el día siguiente de poner en marcha la actividad la empresa
empiece a funcionar eficazmente y no digo con rentabilidad, pero sí al
menos a ganarse la vida, no es posible; materialmente no es posible. Por
tanto, pienso que ahí se pecó --y vuelvo a insistir mucho en lo de la
opinión personal-- quizá de impaciencia. Se produce el choque de
criterios como consecuencia del cambio de personas, porque la
administración seguía siendo gobernada por las mismas opciones y los
mismos criterios que en la fase anterior. La fase anterior era positiva,
era buena y motivaba una serie de decisiones y posteriormente, como
consecuencia de los cambios, se cambia de opinión.
No sé si he contestado suficientemente a su señoría.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Simplemente quiero hacer una puntualización.
Usted ha hablado de una cierta ligereza en la decisión. Cuando ha hablado
de la venta de la empresa a los compradores privados ha hablado de una
cierta ligereza en la toma de decisión. Sin embargo, usted muestra
confianza en los compradores, porque usted sigue en la empresa. Usted
acusa de ligereza y, sin embargo, usted mismo se compromete en el
proyecto y supongo que lo hace porque piensa que tiene futuro, que es
viable y que tiene posibilidades de salir adelante. Me parece un poco de
contraste. A posteriori sí es fácil decirlo. A posteriori todos hemos
visto que ha sido un fracaso. Pero a mí me importa mucho no el a
posteriori sino en ese momento. En ese momento yo creo que era difícil
pensar que la sociedad no fuera a funcionar y usted demuestra con su
propia actuación que tiene confianza en el proyecto, puesto que se queda
y se queda de gerente y hasta pasado un cierto tiempo no se da cuenta de
las deficiencias.
El señor PRESIDENTE: Si quiere puede intervenir, señor Alvarez.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): Eso que
dice S. S. es verdad, pero yo quiero matizar la diferencia que hay entre
las dos posturas. En un caso se entrega un patrimonio importantísimo y en
el otro caso el error mío por continuar no me reporta a mí más que
perjuicios, pero no supone ningún perjuicio para la sociedad. Esa es la
gran diferencia que hay entre las dos cosas que veo en ese caso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Usted está hablando del patrimonio, pero el valor
de la sociedad en esos momentos aparentemente era negativo dadas las
ofertas que hacen las sociedades. Hay tres ofertas de compra. Hay un
valor patrimonial
de 18.000 millones reconocido por la Administración, pero el valor de
venta es negativo en todos los casos, porque una pide que se recapitalice
5.800 millones, otra pide que se recapitalice con más de 7.000 millones y
otra pide que se recapitalice con más de 10.000 millones. Por tanto, el
valor patrimonial de la empresa es negativo, ¿no? Si no da la impresión
de que ahí había un valor que hay que recapitalizar. Yo creo que no se
debe sacralizar, porque el valor de venta de una empresa tiene que ver
con el valor patrimonial, pero el valor patrimonial no es el más
significativo a la hora de vender una empresa, porque si no no exigiría
un comprador una recapitalización de 5.800 millones o de 10.000 millones
otro de los compradores.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García):
Efectivamente, el valor patrimonial de la sociedad era ése, dieciocho mil
y pico millones, que luego al ampliar en 5.800 más se puso en veintitrés
mil y pico millones.
Una cosa es el valor de mercado en un momento determinado y otra cosa es
el valor patrimonial de las sociedades y el valor patrimonial de la
sociedad está claro. Otra cosa es que tenemos una joya --y que conste que
no es una joya-- que en el mercado no se cotiza; también puede ocurrir
eso. Que el patrimonio era ése está clarísimo, entre los terrenos, las
instalaciones, la maquinaria y todo lo que tenía, pero había un hándicap,
no cabe duda. No todo era bonito. Si no hubiera habido, como usted muy
bien dice... (El señor Sáenz Lorenzo: Muchos compradores.) Exactamente.
Es verdad que en las opciones anteriores nadie prestó mucha atención,
pero no porque el patrimonio no mereciera la pena, sino más que nada
porque era un toro de muchas arrobas para afrentarse a él, no cabe duda.
El tener en aquellos momentos casi 1.600 personas, los antecedentes de
conflictividad de la sociedad, su trayectoria --quizá a veces
magnificada, porque las cosas se magnificaron mucho, que es lo que ocurre
siempre--, dieron lugar a un prestigio deteriorado. El mayor temor que
había por parte de los posibles compradores era ése: enfrentarse con algo
que eran conscientes que no funcionaba, con una sociedad que no era
viable con esa plantilla, y yo fui el primero en decirlo. Creo que
incluso hay informes míos en el sentido de que en aquellos momentos la
dimensión idónea --lo que pasa es que nos estábamos acercando a ello, era
lógico-- de la empresa era de unas 1.100 personas, por lo tanto había 500
--eran muchas-- que sobraban. Pero se dieron recursos. Por eso la
Administración da recursos. No los da por regalar. Los da porque la
Administración es consciente de que aunque entrega un patrimonio ese
patrimonio puede consolidarse, puede perderse del todo o hay que saldarlo
dependiendo de la gestión que se haga. Eso es indudable. Un patrimonio
puede ser muy sólido y como consecuencia de la gestión se puede perder
todo y más que se ponga. Si no había ideas claras para sacar eso adelante
era un compromiso. Es decir, la plantilla condicionaba mucho la entrada
en la sociedad. Eso es cierto.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión más?
Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Unicamente quiero intervenir al hilo de las
contestaciones. Me parece haber entendido claramente que en su
experiencia empresarial, ya larga, hay empresas que pierden dinero, pero,
sin embargo, tienen unos activos importantes y en un momento dado de
venta se especifican los activos y entonces se venden no solamente
teniendo en cuenta el PER sino realmente los activos. Por ejemplo, hoy
mismo viene en la prensa que Aerolíneas Argentinas está perdiendo
bastante dinero y, sin embargo, hay una valoración de alrededor de 40.000
millones de pesetas. Quisiera que, por su experiencia empresarial, me
indicara cuál es su criterio al respecto.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): Perdón,
señoría, ¿mi criterio respecto a qué?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Si hay sociedades que, aun perdiendo dinero
pero teniendo activos importantes, no se venden por el PER sino teniendo
en cuenta los activos de la empresa.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): Por
supuesto. Eso es cierto. Pero vuelvo a decir que el caso de Intelhorce es
muy peculiar por eso que decía, hay unos activos.
Imaginemos que en ese momento no existe el problema de la plantilla y la
plantilla accede muy bien a que se liquide la sociedad y se van a su casa
con las indemnizaciones. Indudablemente en ese momento se hubiera sacado
dinero para pagar las indemnizaciones y hubiera sobrado. La empresa tenía
patrimonio suficiente para liquidar terrenos, maquinaria, instalaciones,
etcétera, y quizá no hubiera perdido dinero. Se hubieran destinado 6.000,
8.000, 10.000 millones para liquidar esto, porque además la empresa en
ese momento no tenía deudas ni con Seguridad Social, ni con Hacienda, ni
deudas de otro tipo. Lo que condicionaba todo en ese momento, insisto,
era el interés que había porque la empresa continuara su actividad. Si
ahora mismo estamos hablando de un problema de 500 personas, que son las
que hay en estos momentos, mucho más grave era con 1.600 personas en
activo.
La condición era que esta empresa continuara su actividad y la
Administración iba a hacer un último esfuerzo, que fue lo que hizo, de
aportar lo que fuera necesario para que continuara, lo único que ocurrió
es que, desgraciadamente, se equivocó en la privatización. Pero que la
privatización había que hacerla, que incluso había que complementarla con
ayudas para poder mantener la actividad y poder mantener durante unos
años unas pérdidas limitadas, todo el mundo era consciente de que había
que hacerlo.
El único fallo grave que ha habido es que quizá no se acertó en la
privatización. (El señor Izquierdo Juárez y la señora Sánchez López piden
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Medio minuto, señor Izquierdo, y medio minuto,
señora Sánchez, y cerramos esta comparecencia, por favor.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Simplemente, señor Presidente, para aportar a
la Comisión una cuestión creo que importante.
Cuando se ha hablado de la confusión del tema Benetton y el señor Sáenz
Lorenzo ha querido introducir al compareciente a que nos explicara la
buena o mala fe en la decisión, me gustaría recordarles a SS. SS. y
también al compareciente, que lo sabe por mi intervención anterior, que
Patrimonio del Estado conoce en mayo de 1988, un año antes de la
privatización, el desinterés oficial de Benetton, por carta que consta en
la documentación que el propio Gobierno ha aportado a esta Comisión. Si
el Consejo de Administración de Intelhorce hubiera conocido que estuvo al
margen de la privatización, y que fue utilizado, en mi criterio, para
tranquilizar a la parte social, no sé qué hubiera sucedido, porque aquí
hay que decir las cosas bien claras. El señor Consejero Delegado, don
Antonio Alvarez, es una persona de una larguísima trayectoria en
Intelhorce por el que, dicho de modo coloquial, los trabajadores de
Intelhorce pueden hasta matar, porque ha sacado adelante la empresa en
muchas ocasiones.
Yo entiendo que al señor Alvarez --y es mi criterio y, por tanto, tómelo
como un homenaje que le hago y también como una opinión personal-- se le
utilizó para tranquilizar a la parte social y que después se pudiera
producir la privatización, puesto que consta que Patrimonio del Estado
conocía el desinterés de Benetton un año antes.
Una segunda cuestión. Cuando el señor Alvarez nos ha hablado de que ya
sabían Intelhorce, el Gobierno y Patrimonio del Estado a principios de
1992, puesto que hubo un debate de una proposición no de ley presentada
por el Grupo de Izquierda Unida, que existía la eventualidad, y la
decisión ya había sido dictada, de que se pudiera devolver esa cantidad
de 4.400, o los que finalmente se determinaran y, por tanto, producir un
perjuicio financiero a la propia Intelhorce, no he visto que se rematara
la cuestión. ¿Usted ha querido decir que ya se sabía? ¿Por qué no se hace
entonces y sí posteriormente? Encima la devolución de esta cantidad es
uno de los argumentos importantes que presenta Improasa como motivo de la
suspensión de pagos, y existían evidentemente --yo estoy totalmente de
acuerdo-- otro tipo de recursos para solventar esa decisión. Todo esto al
hilo, señor Presidente, de que efectivamente ha habido una actitud bien
determinada por parte de la empresa pública Improasa de determinar y
hacer actuaciones destinadas al cierre de la compañía.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que el señor Alvarez ha sido machaconamente
clarificador, si se me admite la expresión coloquial, en lo que hace
referencia a Benetton. No sólo ha descrito los viajes de ida y vuelta
sino los contenidos de esos viajes y sus impresiones personales. Por
tanto, creo que ese tema debíamos aparcarlo ya y darlo por resuelto desde
la vertiente informativa que nos ha ofrecido el propio señor Alvarez
García.
Además, quisiera dejar constancia, señor Izquierdo, que si esta
Presidencia hubiera visto en las intervenciones del señor Sáenz Lorenzo
que podían inducir al señor compareciente hacia una dirección
determinada, le hubiera cortado esta intervención. En ningún caso he
observado por parte del señor Sáenz Lorenzo esa intencionalidad. Todo lo
más le he visto interesado en conocer con mayor detalle la exposición que
ha hecho el señor compareciente en relación al señor Benetton.
En consecuencia, para resolver la segunda de las cuestiones planteadas,
tiene usted la palabra.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): La
segunda, que está relacionada con Improasa en cuanto a la posibilidad de
que pudiera haber actuado de manera diferente respecto a la cantidad
reclamada, o la exigencia de la Comunidad Económica Europea de que esa
cantidad se le reclamara a la sociedad para ser devuelta al Estado.
Pienso que se podían haber hecho muchas cosas, pero por encima de todo
para mí lo que vale es el texto de la enmienda aprobada, que está
clarísimo, no admite lugar a dudas a nadie, y menos a las personas que
han intervenido en el debate. Creo que está muy claro qué es lo que
guiaba a hacer eso.
Lo que se haga después tiene que estar todo relacionado con eso. Lo que
no entiendo es que pueda haber un cambio de postura. Que luego la
empresa, para poder cumplir el proceso de privatización, que
indudablemente tenía que ir encaminada hacia él, hubiera tenido que pasar
por la fase de la suspensión, no me cabe la menor duda. No hay duda
alguna de que había que romper todo vínculo con la situación anterior,
porque si ya es difícil que participe alguien en una nueva privatización,
mucho más grave es que haya el riesgo de relacionar a este nuevo privado
con la situación anterior, y más con un procedimiento judicial en marcha
y con todo lo que ya sabemos.
Por tanto, el procedimiento yo no lo discuto. Es más, yo creo que era
totalmente necesario. Pero indudablemente una sociedad también puede
hacer todo eso estando en marcha y buscando recursos jurídicos por si
llegado el momento aparece eso, pero nunca condenar a la inactividad
durante un año completo a una sociedad, con la trascendencia que eso
tiene de cara al funcionamiento de la maquinaria, a las tensiones que ha
habido y al clima de crispación. Las personas que somos de Málaga lo
vemos constantemente. Además, desgraciadamente, después de todo lo que se
ha hecho, en estos momentos no se ha resuelto el problema. El problema
sigue latente para 500 personas. Esto lo sabemos. No estoy descubriendo
nada nuevo. Esto tómemelo como una crítica constructiva. No es una
crítica negativa, ni mucho menos.
El señor PRESIDENTE: La señora Sánchez tiene la palabra por medio minuto.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor Alvarez, le agradezco también, como
representante de los trabajadores y de los ciudadanos malagueños, su
interés por esta empresa,
que nos consta, y les consta especialmente a los trabajadores.
De sus palabras he creído entender que usted está convencido de la
viabilidad de esta empresa prácticamente en todo momento, en 1989, 1990,
1992, y hay datos de la historia de esta empresa (que, como usted sabe
mejor que nadie, tiene 38 años) que a mí me ponen en cuestión ese
optimismo de su voluntad con respecto a Intelhorce. Hay un dato
fundamental, y es que esta empresa en 38 años de historia ha tenido
beneficios solamente un año, a pesar de las permanentes y constantes
inyecciones de dinero público que ha tenido a lo largo de su historia. No
sé si es exactamente una pregunta, pero me gustaría que me dijera cómo se
compadece su optimismo con respecto a la viabilidad de la empresa con la
realidad de la misma. Eso por una parte.
Por otra parte, en lo que respecta al Grupo Benetton --espero que el
señor Presidente no considere que repito argumentaciones o preguntas--,
¿usted cree que más allá de que no existiera una relación mercantil o
jurídica entre el Grupo Benetton y las empresas Benorbe y Benservice,
incluso más allá de que el Grupo Benetton no hubiese hecho, como
efectivamente no hizo, ninguna oferta formal de compra de la empresa,
podría haber existido, más allá de todo esto, una especie de acuerdo para
la comercialización de los productos de Intelhorce, que, al parecer, todo
el mundo dice que era el verdadero problema de esta empresa, la
comercialización de sus productos, ya que la producción no tenía ningún
problema? A lo mejor, esto es lo que tenía en su pensamiento todo el
mundo que tenía algo que ver con esta empresa, desde los responsables
políticos a los responsables técnicos hasta los trabajadores, por lo cual
avalaron o apoyaron que se vendiera esta empresa a Benorbe y Benservice,
porque aunque no existiese esta relación mercantil o jurídica, todo el
mundo pensaba que existía la posibilidad de que a través del Grupo
Benetton se comercializaran los productos y, por tanto, se solucionara el
fundamental problema de esta empresa a lo largo de los años.
El señor PRESIDENTE: El señor Sáenz Lorenzo tiene la palabra.
El señor SAENZ LORENZO: Voy a ser muy breve, señor Presidente. Se esgrime
una carta de un año anterior del interés de una empresa por comprar otra,
y esas cosas cambian con el tiempo, y una empresa que hoy puede no estar
interesada, al año siguiente puede estarlo. Por tanto, que en el año 1988
no estuviera interesada, no quiere decir que en el año 1989 no pudiera
estar interesada de una forma directa o indirecta. Solamente quería decir
esto.
El señor PRESIDENTE: El señor Alvarez tiene la palabra.
El señor EXCONSEJERO DELEGADO DE INTELHORCE (Alvarez García): Ha estado
muy bien esa matización de S. S. en lo que se refiere a lo que es la
viabilidad y ese empecinamiento que parece que yo tengo de intentar que
la empresa sea viable. No, lo de viabilidad o no viabilidad depende de
muchas circunstancias, y empresas que en un momento determinado tienen un
cuadro de mercado que favorece esa viabilidad, en otros casos puede ser
todo lo contrario, y más en un sector como el textil, que está muy
condicionado, desde 1986 para acá, con las importaciones masivas que se
han ido haciendo --ahora parece que se han moderado un poco-- y con haber
tenido una peseta fuerte, que ha perjudicado mucho. Indudablemente, esto
es así y no es descubrir nada. El sector textil lo ha pasado muy mal, lo
sigue pasando mal, siguen quedando auténticos profesionales que siguen
batiéndose el cobre y haciendo inversiones todavía, sobre todo en
Cataluña y Levante, y todos quisiéramos por eso que Andalucía no perdiera
lo poco que tiene. Por tanto, mi empecinamiento viene por lo siguiente.
Soy consciente de que la sociedad tiene que ir acomodando,
desgraciadamente por una serie de circunstancias, su capacidad, su
dimensión, en unos casos porque el mercado lo pide, pero en otros por una
serie de circunstancias que lo han condicionado negativamente y lo han
puesto en esa tesitura. No es posible pensar ahora en huidas hacia
adelante, porque sería un disparate. Indudablemente, la Administración ha
hecho un esfuerzo, a lo largo de muchos años, para mantener allí la
actividad y conseguir sanear la empresa, cosa que consiguió; y vuelvo a
insistir que en el año 1989 estábamos en una situación óptima, bueno,
óptima quizá sea mucho, una situación muy buena, muy favorable para hacer
eso, libre de deudas, y tenía el «handicap» de un exceso de plantilla,
nada más, era lo único que tenía, sólo que ese «handicap» hay quien lo
valora mucho, y lo valora más a lo mejor que 100.000 millones de pesetas,
por decir una cifra. En lo que sí quiero insistir y dejar muy claro es en
que no hay empecinamiento. Pero si lo hubiera, ¡bendito empecinamiento!,
aunque estuviera equivocado.
Yo sigo pensando que hay que dimensionar esa sociedad. Hay que dotarla de
una serie de medios. Lamentablemente hay que complementar con una serie
de inversiones lo que tiene de positivo, que todavía tiene instalaciones
muy positivas, tiene espacio suficiente para ampliar, si luego las cosas
fueran bien, con otra serie de actividades textiles también, como
estampación o confección o lo que se quiera. Es decir, que no es una
causa perdida. Lo que yo podía ver con más optimismo hace cinco o cuatro
años, lo veo con menos ahora, pero redimensionando la sociedad no es una
causa perdida. Hay que tomarlo así nada más, con esa cautela.
Yo estoy en el final de mi etapa profesional. Por tanto, yo no persigo
ningún interés. Yo llevo tiempo trabajando, afortunadamente --soy otra
persona afortunada--, en una empresa privada, siempre he trabajado en la
empresa privada y la única experiencia pública que he tenido ha sido
Intelhorce y, dentro de lo malo, ha sido gratificante, he aprendido
muchísimo, eso está claro. Sí quiero puntualizar una cosa que va
relacionada con el segundo punto. Estas consideraciones sobre Benetton
son verdad. Yo creo, y he abundado antes mucho en esto --y era una
opinión personal, pero vuelvo a repetir que no veo indicios todavía para
modificar esa opinión--, que quizá Benetton jugó con dos
barajas. Lo decía yo antes. Efectivamente, en un momento determinado
esperaba a ver qué iba a ocurrir, y ese potencial de comercialización que
indudablemente tiene Benetton, hubiera sido un apoyo, un soporte
fundamental para la sociedad. Como muy bien decía S. S., el problema de
Intelhorce nunca ha sido industrial, ha sido comercial, de política de
producto y comercial, está clarísimo. Por tanto, ése era el soporte
básico que iba a tener la sociedad futura, pero soporte que no existió
nunca, porque si dijéramos: es que hemos empezado a trabajar y luego,
porque la calidad del producto no era buena, porque los costes no eran
competitivos, desistió de esa opción. Jamás tuvo esa opción, jamás se le
vendió un metro de tela a Benetton, al menos estando yo allí.
Quiero terminar, señor Presidente, si me permite, diciendo algo que no he
dicho antes, pero de lo que quiero dejar constancia, porque es la
realidad también y se relaciona con este punto. El Consejo de
Administración nunca pudo apoyar esto porque desconocía todo, y al
Consejo de Administración jamás se le pidió opinión ni se le entregaron
documentos ni informes no en este caso, en ninguno, de los posibles
aspirantes a dueños de la sociedad. Hubiera emitido sus informes y, a lo
mejor, se hubiera equivocado, como todo el mundo, o hubiera desaconsejado
o aconsejado la compraventa, no lo sé, porque habría que ceñirse al caso
en el que hubiera tenido esos documentos. Lo que sí quiero dejar muy
claro es que el Consejo de Administración no se pronunció. Yo sí puedo
emitir opiniones personales después de mi visita a Treviso y lo hice,
convencido totalmente de lo que había visto. Fui un engañado más en ese
momento, y en el pecado llevé la penitencia después de tener que
denunciar, entre comillas, de manifestar que yo no estaba de acuerdo con
la línea que se estaba siguiendo, y ésa fue mi penitencia precisamente
por el pecado cometido.
Por otra parte, las centrales sindicales nunca vieron con buenos ojos la
privatización de Intelhorce. Esto está claro, nunca dieron un
salvoconducto a esa privatización. Siempre lo cuestionaron. A lo mejor,
por otras razones, porque tampoco tenían argumentos para pensar si había
engaño o no en eso; porque les gustaba, se sentían más seguros. Esto es
así de claro. Las centrales sindicales, no dieron la bendición a ese
proceso de privatización tampoco. Y de esto sí que me gustaría dejar
constancia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez, por su comparecencia,
por la información que ha facilitado y por su cordialidad respecto a los
comisionados. (Pausa. )
Se reanuda la sesión.
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA (JIMENEZ APARICIO). (Número de expediente
212/001795.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proseguir con el orden del día
previsto, que contempla ahora la comparecencia de don Emilio Jiménez
Aparicio, Director General de los Servicios Jurídicos del Estado del
Ministerio de Justicia e Interior, a quien doy la bienvenida en nombre de
todos los miembros de esta Comisión de Investigación, y a quien cedo la
palabra si cree pertinente informar a los comisionados respecto del
objeto por el cual ha sido citado, o bien pasamos directamente a las
preguntas que tengan a bien formularle los señores Diputados, como usted
prefiera.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA (Jiménez Aparicio): Muchas gracias, señor
Presidente.
Estoy a su disposición, y quizá por la hora fuera más oportuno contestar
a las preguntas que me quieran formular los señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Opino lo mismo. Vamos pues a las preguntas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Muchas gracias, señor Jiménez Aparicio.
Cuando se debatió en la Comisión Intelhorce --lo digo para que usted esté
al tanto de los antecedentes de su comparecencia-- la conveniencia de
unas u otras comparecencias, el Grupo Socialista propone su comparecencia
ante la misma. Nosotros habíamos estudiado previamente, más o menos, el
expediente Intelhorce y no encontrábamos su participación en él, puesto
que usted actualmente es Director General de los Servicios Jurídicos del
Estado del Ministerio de Justicia e Interior.
Al final hemos encontrado su participación en la cuestión, que radica en
torno a la denuncia que Patrimonio del Estado presenta ante el fiscal en
julio del año 1994. Sobre la base de uno o dos informes de los Servicios
Jurídicos del Estado de mayo de 1993 (probablemente a estas alturas de la
mañana no diga las fechas con exactitud, le ruego que me riña en su
réplica, pero en cualquier caso, agradecemos su información), en el
informe que usted hace se determinan fundamentalmente, «grosso modo»,
presuntas irregularidades en la gestión privada de Intelhorce después de
su privatización, desde el año 1989 hasta el año 1992.
En su informe, desde el punto de vista del Derecho Penal, se califican
determinadas comisiones de delitos. Entiendo yo que su informe es
sustantivo y previo para la formulación de la denuncia que presenta
Patrimonio del Estado, que pide ayuda a los servicios jurídicos del
Ministerio de Justicia para ordenar toda la información previa que tenía,
y quizás como última pieza o eslabón. Digo todo esto desde el
conocimiento del procedimiento; cualquier información a este respecto
será bien recibida.
Hace en su informe una serie de calificaciones de posibles delitos contra
la Hacienda Pública, en su apartado 1.º; acciones por un posible delito
de estafa, en su apartado 2.º; en un apartado 3.º, acciones penales por
un presunto delito de apropiación indebida; en un apartado 4.º, acciones
por
posibles delitos de falsedad en documento privado; en un apartado 5.º,
acciones por un presunto delito de quiebra fraudulenta o culpable; en un
apartado 6.º, acciones por un presunto delito de alzamiento de bienes; en
un apartado 7.º, por el carácter continuado de los delitos analizados; en
un apartado 8.º, se habla de personas responsables en la posible comisión
de todos estos delitos; en un apartado 9.º, se determinan las actuaciones
a realizar; y, en el apartado 10.º, la posición procesal del Estado.
Entiendo que este informe, lógicamente, es previo a la formulación de la
posterior denuncia ante el Fiscal General del Estado e intenta establecer
todas las investigaciones que se habían llevado a cabo.
Consideramos que las responsabilidades penales de las personas implicadas
en este caso, formen parte o no de la Administración, las han de
determinar los tribunales. Nosotros vemos su informe como necesario dada
la denuncia que presenta la Dirección General de Patrimonio ante la
Fiscalía General del Estado. Por tanto, no le vamos a pedir opinión.
Sería por nuestra parte, dado que la Comisión es pública, una
interferencia en el proceso judicial en curso. Sería una interferencia, a
nuestro juicio clara, que aquí nos pusiéramos a debatir sobre el fondo de
su informe --es decir, que se han podido cometer presuntos delitos--,
puesto que eso está ya en la instrucción. Además, usted, como firmante de
dicho informe, tiene que guardar, entiendo las oportunas cautelas --luego
cada cual que actúe en consecuencia--, puesto que hay un proceso judicial
y se está instruyendo una causa en la que se habla de esta posible
comisión de delitos.
Señor Jiménez Aparicio, todos los comisionados estamos defendiendo desde
el primer momento, que no estamos aquí para intentar averiguar
responsabilidades penales, que no es nuestra misión; nosotros estamos
aquí para intentar averiguar responsabilidades políticas, si las hubiera.
¿Por qué he dicho esto previamente? Lo digo porque no me gustaría
deslizarme en una interpretación no adecuada ni tampoco deslizarle a
usted en su contestación a interpretaciones no adecuadas.
Nos ha llamado profundamente la atención que en su informe se dedique un
apartado importante a la responsabilidad del Banco Exterior de España.
Cuando digo la palabra responsabilidad, insisto una vez más, me refiero a
responsabilidad política. El Banco Exterior de España es un banco
público, gestionado desde la Administración que participar activamente en
el proceso de privatización. No en vano es garante de los compradores
ante Patrimonio del Estado, porque les presta un aval de 2.000 millones
de pesetas. No en vano tenía el Banco Exterior estipulada en escritura la
obligación de velar (está en la formalización de la escritura y usted lo
dice así en su informe y lo dicen los servicios jurídicos del Estado) por
la disposición de fondos públicos que se habían realizado previamente a
la venta de Intelhorce en forma de ampliación de capital. Hay una serie
de estipulaciones sobre las que hemos debatido mucho en esta Comisión,
pero sí parece claro, por las investigaciones que a usted le aportan los
servicios jurídicos del Estado y otro tipo de investigaciones, que pocos
días después de ocurrida la venta y del estudio de las cuentas de
Intelhorce en el Banco Exterior de España, como se ha podido comprobar,
se había manejado la totalidad de los fondos públicos o prácticamente su
totalidad sin que el Banco Exterior hiciera valer esa cautela de tener
previamente las autorizaciones para el movimiento de esos fondos. Es más,
posteriormente sobre otras cuentas de Intelhorce y no sobre la cuenta
original es sobre la que se van librando fondos y de todo esto, según
Patrimonio del Estado cuenta después, se tiene conocimiento «a
posteriori».
Aquí nos llama la atención que usted llegue a calificar de
responsabilidades derivadas incluso bajo el paraguas del Código Penal.
Ahí dejo mi comentario puesto que no quiero imputar ningún tipo de
responsabilidades a nadie. Por lo demás, es importante porque aquí están
llamadas a comparecer personas del Banco Exterior, que lógicamente
conocerán este informe en el que se les imputan presumibles
responsabilidades individuales o personales. Es importante que nos amplíe
usted esta cuestión.
Señor Presidente, eso es todo cuanto tenía que plantear inicialmente.
El señor PRESIDENTE: Señor director general, cuando quiera.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA (Jiménez Aparicio): Muchas gracias, señor
Izquierdo.
Sí debo aclararle que no vengo a reñir a nadie, por supuesto; está
clarísimo.
En segundo lugar, sí quería hacer una pequeña matización. Habla usted de
servicios jurídicos del Estado y Servicio Jurídico del Ministerio de
Justicia e Interior. Todos son servicios jurídicos del Estado, todos.
Entonces, brevísimamente le puedo decir que la abogacía del Estado está
distribuida en todo el territorio nacional. Hay servicios jurídicos
periféricos en todo el territorio nacional, también hay servicios
jurídicos del Estado ante determinados órganos jurisdiccionales (desde el
Tribunal de Estrasburgo hasta el Tribunal de Luxemburgo y en España,
Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo, Audiencia
Nacional, etcétera) y en los departamentos ministeriales hay abogacías
del Estado que ahora se llaman servicios jurídicos del Estado en el
ministerio equis, en este caso, Ministerio de Economía y Hacienda. El que
hoy comparece ante ustedes y el que firma el informe no es Jefe del
Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia, sino el Director
General, que entonces se llamaba de lo Contencioso y que hoy se llama
Servicio Jurídico del Estado. Es decir, todos son servicios jurídicos del
Estado, y en la cúspide de esa organización profesional interna de la
Administración está el Director General del Servicio Jurídico del Estado.
Hago esta pequeña aclaración por si le sirve de algo a efectos de lo que
usted me ha preguntado y de lo que ahora le diré. La abogacía del Estado
usted ya sabe que tiene dos funciones, una función consultiva y una
función contenciosa; es decir una función prejudicial o extrajudicial y
una
función estrictamente judicial. El informe del que usted ha hablado, cuya
copia me parece que posee y yo tengo una fotocopia aquí también, es un
informe en una fase no judicial, en una fase preantejudicial y no es un
informe obligado. Nos lo pide el Ministerio de Economía y Hacienda como a
la dirección general le piden informe todos los departamentos
ministeriales, y el Ministerio de Economía y Hacienda pide informe a la
dirección general, después de haber pedido informe a la abogacía del
Estado que tiene más cerca, que es la que está en ese Ministerio de
Economía y Hacienda. El Servicio Jurídico del Ministerio de Economía y
Hacienda, el Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Economía y
Hacienda o como quiera usted llamarle ha emitido una serie de informes
previos y el Ministerio de Economía y Hacienda, junto con todo el
expediente, lo remite a la dirección general para que ésta opine sobre si
procede o no el ejercicio de acciones penales como consecuencia de los
hechos correspondientes.
Efectivamente, yo tengo conocimiento del asunto Intelhorce mucho después
de que la situación de Intelhorce se haya producido. Yo soy director
general desde octubre de 1992; aunque soy abogado del Estado de
profesión, he estado destinado en otros departamentos y, por tanto, no
tengo conocimiento personal del asunto Intelhorce más que el que pueda
traslucirse del informe que ustedes poseen.
En ese informe, por una parte, se hace una ratificación general de los
informes previos que el Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de
Economía y Hacienda había hecho. Podía no haberse hecho así; es decir,
una de las funciones o de las facultades del director general, como es
lógico, ya que es el superior jerárquico de todos los abogados del
Estado, es haber rectificado, matizado o dicho algo diferente de lo que
se hubiera podido decir con anterioridad. No es así. En la dirección
general se estudian los informes previos, que no es un trabajo personal,
sino de equipo, y se llega a la conclusión --que cuando firmo el
documento suscribo íntegramente desde la primera a la última letra-- de
que efectivamente los informes que previamente se habían emitido desde el
punto de vista jurídico, son unos informes que, a la vista de lo que el
expediente trasluce, son adecuados y sobre eso se pronuncia la dirección
general.
La dirección general se pronuncia desde un punto de vista consultivo, es
decir, no es un escrito judicial y leyéndolo detenidamente se da uno
cuenta de que se pronuncia con suma cautela. ¿Por qué? Porque hay una
serie de datos que en el momento que se hace el informe --junio de
1994--, a quien hace el informe, que es la dirección general, no le
consta suficientemente. Eso puede explicarle también que se proponga al
Ministerio de Economía y Hacienda que, a la vista de los datos que salgan
en el expediente, se remita, no directamente al juzgado de guardia, sino
al Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal sí tiene
facultades de investigación y sí puede llevar a cabo una labor de
investigación sobre ciertos hechos que a nosotros no nos constaban
suficientemente acreditados. Por ejemplo, en el aspecto relativo a los
presuntos --posibles o hipotéticos-- delitos de quiebra o concurso
fraudulento, es manifiesto que hay que esperar a que concluya el proceso
civil que se está tramitando, y estar a las resultas de ese proceso
civil.
Respecto a otros aspectos se matiza adecuadamente. En algunos casos
podemos hacer referencia a los párrafos del informe. Por ejemplo, en la
página 4, se dice que no aparecen suficientes indicios sólidos como para
ejercitar una acción penal por presunto delito de estafa. He de señalar
que esto se dice en junio 1994.
Respecto al Banco Exterior de España, se hace exactamente la misma
operación. Se realiza una operación de calificación jurídica a la vista
de los hechos que la dirección general tiene en el expediente. La
calificación jurídica es exactamente la que figura en el texto. No sé si
merece la pena, señor Presidente, que lea el informe, puesto que está en
poder de la Comisión y en cualquier momento pueden leer SS. SS.
literalmente lo que se dice.
En junio de 1994 nosotros creíamos exactamente --y así lo suscribí yo--
lo que se dice ahí. Había que investigar quien podía (inicialmente el
Ministerio Fiscal, eventualmente, la autoridad judicial), una conducta
del Banco Exterior de España, la que fuere. A partir de ese momento la
dirección general remite el informe a la Administración, que es la que
tiene que hacer o no hacer, y fue la Administración la que, por una
parte, atendió --podía no haber atendido-- las opiniones de la dirección
general en esta fase consultiva, que, como es lógico no son vinculantes.
Nunca son vinculantes los informes de los asesores jurídicos, ni siquiera
los del Consejo de Estado, pues aunque en su Ley Orgánica hay una
cláusula expresa que dice: oído el Consejo de Estado, la Administración
puede no actuar de acuerdo con lo que dice el Consejo de Estado. Aquí ni
siquiera existe esa cláusula, y la Administración podía haber hecho otra
cosa. Entiendo que lo que hizo la Administración fue remitir el
expediente, supongo que incluyendo nuestro informe, al Ministerio Fiscal
y el Ministerio Fiscal lo que hizo fue trasladarlo a la fiscalía
competente, que fue la Fiscalía de Málaga. Lo que ocurrió fue que con
anterioridad a que esta denuncia ante la Fiscalía iniciara un
procedimiento judicial; el procedimiento judicial se había iniciado por
otro lado.
A partir de este momento --si se me permite la expresión-- el dueño del
procedimiento es ya la autoridad judicial y, por tanto, es la autoridad
judicial la que determina, por un lado, la verosimilitud de lo que se le
pone delante y, por otro, la necesidad de hacer indagaciones,
investigaciones, obtener elementos probatorios que puedan llegar a una u
otra conclusión; es decir, lo que en términos de informe es un esbozo de
posibles conductas delictivas, se concretará o no en el proceso. Como he
dicho anteriormente, desde junio de 1994 hasta la fecha, ha habido una
serie de conductas. El proceso se inicia en noviembre de 1994, la
abogacía del Estado comparece como tal, pasamos a la otra fase que he
comentado de la abogacía del Estado, ya es una conducta estrictamente
procesal, se ofrecen acciones al Estado y el abogado del Estado acepta
las acciones tres meses después, en febrero de 1995, y desde entonces el
Estado, a través del abogado del Estado, está personado como perjudicado
en el proceso.
¿Cómo está el proceso en este momento? Está en fase de diligencias
previas, se está instruyendo y, como usted ha dicho muy bien, cabalmente
no se puede decir gran cosa en cuanto a que la autoridad judicial es la
dueña --si se me permite de nuevo la expresión-- del procedimiento que
está llevando a cabo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Gracias, señor Jiménez Aparicio, por su presencia
entre nosotros y por haber esperado pacientemente a que le llegara su
turno.
Desde luego, nos parece que la solvencia, la capacidad y la independencia
de los servicios jurídicos del Estado están por encima de toda duda,
pero, dadas las informaciones, los datos que son objeto de investigación
por esta Comisión y algunas de las intervenciones que aquí se han visto,
quería preguntarle, aunque, repito, pienso que la independencia de los
servicios jurídicos del Estado es clara si la actuación que ustedes
tienen, si ese informe que emite la dirección general y la actuación de
los servicios a todos los niveles se hace con una total libertad de
actuación profesional. Aunque la pregunta es ociosa, creo que hay que
hacerla puesto que en algunos momentos se ha insinuado que la actuación
de la Administración no ha sido todo lo correcta que debería haber sido.
Entonces, parece importante señalar que todas las actuaciones
profesionales que se reflejan en los informes jurídicos se han hecho con
total independencia y con total profesionalidad y que todo esos informes
han sido adjuntados en la denuncia presentada ante la fiscalía. Además,
quiero preguntarle su opinión, en la medida que usted lo conozca, sobre
si los servicios del Estado a todos los niveles, en los ministerios,
están prestando a la justicia la colaboración debida.
Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Jiménez Aparicio, aunque el señor Sáenz
Lorenzo se ha referido a que se interrogan sobre la actuación de la
Administración, para su tranquilidad y para dar fe, si se me permite, del
propio acontecer de la Comisión, quiero quede claro que en ningún momento
los comisionados se han interrogado sobre el proceder de los servicios
jurídicos del Estado ni tampoco sobre los servicios de intervención del
Estado. Aquí, como ha expresado muy bien el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, se trata de dilucidar si ha habido responsables
políticos de la Administración en la gestión de todo ese proceso.
Lógicamente, hay pareceres distintos y opuestos sobre ello, como es
natural en el Parlamento, pero nadie, en ningún caso, ha cuestionado los
servicios jurídicos, los servicios de intervención del Estado, ni
tampoco, por supuesto, lo ha dicho el señor Sáenz Lorenzo.
Digo esto, simplemente, para evitar una polémica que ya estaba flotando
en el ambiente.
Puede usted responder, señor Jiménez Aparicio.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA (Jiménez Aparicio): La abogacía del Estado, los
servicios jurídicos del Estado, pertenecen a la Administración; por
tanto, son un órgano interno de la Administración. En cualquier
organización, y la Administración es una organización más, todo lo que
pertenece a la organización no puede decirse que sea independiente de la
organización a que pertenece. La abogacía del Estado tiene, y por eso
existe desde hace 114 años, tiene competencia profesional, sobre todo en
esta fase consultiva, de la que estamos hablando, e insisto en que podían
no habernos preguntado, ya que la consulta no es obligada.
Cuando uno tiene al lado un bogado del Estado y le pregunta, es que se
fía de lo que le vaya a decir, pero la abogacía del Estado, si tiene
competencia profesional, es precisamente porque huye de dos parámetros
completamente diferentes: no hay posible aventurerismo jurídico en su
conducta, puesto que a quien se sirve es al Estado y el Estado no
practica aventuras jurídicas, y en modo alguno puede decirse que haya una
práctica de amanuense jurídico en virtud de la cual el abogado del Estado
es simplemente el justificador a todo trance de una decisión determinada,
fuere la que fuere. Eso no es así; la Administración activa sabe
perfectamente que sus órganos de asesoramiento jurídico están
precisamente para ayudarle a tomar sus decisiones, pero, primero, la
decisión no la toma el abogado del Estado, sino la Administración; y,
segundo, lo que el abogado del Estado dice es lo que debe decir, lo que
no quiere decir que sea lo que se quiere oír.
Cuando tomé posesión en el Consejo de Estado, ya que el director general
es consejero nato --si me permiten la anécdota--, en el discurso, dije
que una de las labores de la función consultiva, la función que hace el
Consejo de Estado y una de las funciones que hace el abogado del Estado,
es precisamente contestar en derecho lo que se debe, lo que no quiere
decir que sea lo que se quiere oír. Hay gestores que creen que el mejor
asesor jurídico que tiene es el que mejor loa o glosa sus decisiones. No
es así; cuando hay motivo jurídico para glosar o loar la decisión, se
glosa o se loa, pero cuando no hay ningún motivo para tal, hay que decir
la verdad. Por supuesto que como todo ser humano uno puede equivocarse,
aunque, desde un punto de vista profesional, trate de no hacerlo, pero
cuando se dice lo que en el informe se dice es porque se tienen motivos
fundados para ello, por supuesto con todas las cautelas que, insisto, se
citan en el texto. A veces resulta más grato o menos grato a los oídos de
quien ejerce la administración activa lo que uno dice, pero siempre se
hace desde el punto de vista de la estricta competencia profesional. Por
tanto, mal gestor sería aquel que buscara siempre y exclusivamente la
opinión favorable a sus decisiones, normalmente tomadas de antemano. Se
equivocarían los dos, el que toma la decisión porque no sabe cuáles son
los problemas a los que le puede conducir la misma, y desde luego el
asesor que lo hace desde ese punto de vista, o no sabe todo lo que debe
saber, y entonces es un incompetente, o por el contrario oculta o calla
algo de lo que debe saber. En mi modesta opinión, ni lo uno ni lo otro se
da en la abogacía del Estado, que para eso se creó hace 114 años y por
eso sigue funcionando. Además, desde ese punto de vista, sería del
todo contraproducente que en un dictamen como éste se pudiera llegar a
omitir algún dato que pudiese llegar a perjudicar a alguien, por una
sencilla razón, porque el expediente que a nosotros nos llega es un
expediente que no va a acabar en la Administración, es un expediente que
va a ir dirigido a un órgano jurisdiccional; e intentar, no sé de qué
modo, no contar a la autoridad judicial todo lo que esta última no sólo
va a saber sino que va a indagar, y lo va a hacer independientemente
porque los órganos judiciales sí son independientes, sería un error
verdaderamente mayúsculo. Sería un error verdaderamente mayúsculo que, de
algún modo, la Administración hubiera intentado ocultar la cabeza en la
tierra como un avestruz y pretender no ver lo que puede llegar a tener
delante.
Por supuesto, el que normalmente decide lo que es o no delito es un
tribunal de justicia; es decir, ningún órgano de la Administración del
Estado, ni tampoco la abogacía del Estado, que es un órgano experto en
Derecho, define que esto es delito o no, es delito cuando un tribunal lo
dice. Resulta manifiesto que nosotros emitimos nuestro informe desde el
punto de vista de nuestra competencia profesional, y parece que la
Administración se fía de nosotros cuando nos pregunta, aunque podía no
haberlo hecho, y no sólo nos pregunta sino que, además, hace algo más y
es remitir todo el expediente, junto con nuestra opinión, lo que nosotros
decíamos también al Ministerio Fiscal. Podía no habernos hecho caso,
podía haberlo mandado a la autoridad judicial, al juzgado de guardia que
por turno de reparto le corresponda, suscitar problemas competenciales,
etcétera. Desde nuestro punto de vista, en ésta como en todas las
ocasiones, se ha actuado, insisto, dentro de esa estricta competencia
profesional, y probablemente eso es lo que vale.
Siempre se sabe, más o menos, cómo empiezan todos los pleitos --se lo
puedo decir porque la abogacía del Estado lleva 140.000 pleitos distintos
al año--, lo que nunca se sabe es cómo ni cuándo se acaban. Por tanto,
sería un error verdaderamente mayúsculo que alguien pensara siquiera
predeterminar un resultado judicial, primero porque es judicial y por
tanto ajeno a la Administración, y segundo porque, insisto, ese resultado
judicial se producirá en el futuro, y para mí, en este momento, el futuro
es incierto en el sentido de que no sé cuándo se va a producir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Gracias, señor Jiménez, por su presencia en esta
Comisión.
A lo largo de la comparecencia del señor Vázquez de Parga creo ha quedado
un asunto poco claro, si bien usted lo acaba de aclarar de manera general
con sus últimas palabras, pero me gustaría que se despejase la duda que
ha quedado en la citada comparecencia. Me refiero a la parte de su
informe relativa al Banco Exterior de España.
El representante del Grupo Popular ha dejado en el ambiente que, por
parte de la Dirección General del Patrimonio, en la denuncia que hace
ante la fiscalía, se ha ocultado una parte de su informe en la que se
hace referencia a la posible responsabilidad penal de algunos
representantes del Banco Exterior. Me gustaría que usted nos dijese si
ese ocultamiento se ha producido.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General, la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA (Jiménez Aparicio): Por lo que he contestado al
señor Sáenz Lorenzo, podrá deducirse que mi respuesta es que sería un
error mayúsculo que tal cosa se hubiera podido producir, por lo que no
creo al Director General del Patrimonio del Estado, que es quien me pide
el informe, capaz de llevar a cabo ocultación alguna, no por nada, sino
porque --insisto-- él no es quien iba a decidir finalmente. El expediente
ha vencido y ha concluido de la manera siguiente: uno, dos, tres, cuatro.
La Administración no puede --y él, en particular, que es un buen y
experimentado gestor, tampoco; lo sabe perfectamente-- llevar a cabo
ninguna labor de ese estilo.
Por eso es por lo que yo supongo, y supongo bien, que aporta en el
expediente que va al Ministerio Fiscal todos los informes preexistentes,
todos. Pero incluso podía no haberlos aportado. Las denuncias no tienen
forma predeterminada, las denuncias se pueden producir de muchas maneras.
Se podía haber limitado a hacer una denuncia en un solo folio y, a partir
de ese momento, que el Ministerio Fiscal hubiera investigado; es decir,
no estaba tampoco obligado a aportar documentación complementaria.
Insisto, a partir del momento en que sale del poder de la Administración
una determinada documentación que da soporte a una serie de conductas, si
esas conductas tienen relevancia penal, el que va a decidir es el juez,
y, previamente, también hay un ministerio fiscal que va a actuar. Por lo
tanto, en ningún caso el Director General del Patrimonio del Estado
podría haber llevado a cabo labor alguna que durara más allá de lo que la
autoridad judicial empezara a investigar. En ese momento, si algo había
quedado en el tintero de alguien, evidentemente saldría a relucir, y no
creo en absoluto que eso se haya producido.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, tiene la palabra.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Quiero clarificar lo que acaba de decir y
dejarle a usted, señor Jiménez Aparicio, muy tranquilo, puesto que ha
dicho que hemos hablado de la Administración. Aparte de que haya personas
que no sepan distinguir entre lo que es la Administración activa, el
Estado y el Gobierno y, en su caso, los puestos de libre designación que
los gobiernos cubren en un momento determinado, que son cargos políticos
como el Director General del Patrimonio del Estado, etcétera, con
independencia de dónde provengan, porque una persona puede ser
funcionario y servidor del Estado en un momento determinado de su vida y,
por libre opción, pasar a ser político; con independencia de eso, para
que quede bien claro, nosotros nunca hemos dicho que la Administración
ocultara ningún tipo de cosas, porque, evidentemente, no podía hacerlo.
Sería absurdo y un error, un tremendo error. Lo que hemos dicho es que en
su informe no cabe alegar desconocimiento ni de la sujeción de la cuenta
a unas determinadas condiciones ni del tenor literal de éstas, ante lo
cual el flagrante incumplimiento del Banco Exterior de España no puede
tener cobertura alguna e incurre de lleno en el terreno que debe ser
investigado --usted lo ha dicho muy bien-- para el esclarecimiento final
de las operaciones que nos ocupan. Esto en la denuncia se convierte en:
Resulta evidenciado el incumplimiento por parte del Banco Exterior de
España de las obligaciones relativas al control de disposición de los
fondos procedentes de la ampliación del capital previo a la venta, sin
que el incumplimiento de dicha obligación civil suponga sin más la
existencia de indicios de responsabilidad penal. Debería indagarse sobre
este extremo.
Esta es la cuestión de matiz que nosotros le planteábamos al Director
General del Patrimonio del Estado, no para decirle que la Administración
había puesto en conocimiento de la Justicia todo, puesto que consta que
con esta denuncia se acompaña también este informe. Podían haberlo hecho
y se hizo, y, en concreto, eso yo se lo achaco a la Administración. Lo ha
dicho muy bien el Director General, señor Vázquez de Parga, yo confirmo
sus palabras y me muestro de acuerdo con ellas. En este proceso la
actitud de los Servicios Jurídicos del Estado ha sido impresionante, y me
consta además por toda la documentación que he leído, desde el primer
momento hasta el último; desde el previo a la venta de Intelhorce, en el
que ya se advierte y se ponen una serie de observaciones a la venta,
durante, después y en el momento que estamos. Ha sido absolutamente
claro. Gracias a Dios, afortunadamente, como hemos dicho mi compañero y
yo y muchos comisionados a lo largo de las comparecencias, los Servicios
de la Administración del Estado funcionan y van a funcionar en el futuro
con esa misma independencia. Gracias a Dios puesto que, si esto no
hubiera sido así, no sabemos a dónde habríamos llegado o a dónde
podríamos llegar. Esta es la cuestión a la que nosotros aludíamos con esa
matización. Evidentemente, no hay ningún tipo de ocultación a la
Justicia, lo que podría constituir hasta un delito, y el planteamiento de
los Servicios Jurídicos del Estado no solamente ha sido independiente y
de altísima calificación, sino enormemente claro y meridiano. Prueba de
ello es su propio informe, el texto de la denuncia y toda la colaboración
posterior que se está prestando.
El señor PRESIDENTE: Ha sido, señor Izquierdo, simplemente una
clarificación de su posición.
Damos las gracias al señor Jiménez Aparicio, Director General de los
Servicios Jurídicos del Estado del Ministerio de Justicia e Interior, por
su comparecencia y por la información que ha facilitado a todos los
comisionados.
Se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde, que con toda
puntualidad, supongo, empezaremos.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cinco de la tarde.
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE IMPROASA (SIERRA SANCHEZ). (Número de
expediente 212/001779.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías, vamos a reanudar la sesión.
El orden del día de esta Comisión nos señala para estos momentos la
comparecencia de don Domingo Sierra Sánchez, Presidente de Improasa, a
quien damos la bienvenida e informamos sobre el procedimiento con el que
habitualmente trabajamos. Durante un tiempo prudencial, que usted mismo
puede administrar, el compareciente puede informar a la Comisión sobre
aquellos aspectos que él crea pertinentes, siempre de acuerdo con el
objeto de la Comisión y, por tanto, con el objeto de su comparecencia. A
partir de esa intervención, que obviamente no es obligada, daré la
palabra a las señoras y señores comisionados, para que puedan
interpelarle en aquellos aspectos que crean pertinentes, a los que usted
irá respondiendo. Hay una segunda vuelta --a veces hay dos vueltas y
media--, a tenor de lo que usted vaya contando e informando a la
Comisión.
Le reitero nuestra bienvenida y si quiere hacer uso de la palabra en
primer lugar, puede hacerlo.
El señor PRESIDENTE DE IMPROASA (Sierra Sánchez): Solamente quiero decir
que estoy a disposición de SS. SS. para contestar a sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a las preguntas.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Izquierdo, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Sierra, usted es en estos momentos el
presidente de Improasa y, como tal, el presidente de Intelhorce.
Probablemente me contestará a esta primera afirmación diciendo que
Intelhorce está en fase de liquidación y que ha dejado de existir. En
cualquier caso, es usted la persona designada por el Gobierno para
presidir la empresa pública Improasa y actualmente para presidir
Intelhorce o, hasta la fecha de su liquidación, ha sido presidente del
Consejo de Administración de Intelhorce, de GTE.
Usted se somete a las preguntas de los comisionados, pero, de acuerdo con
la altísima responsabilidad que entendemos nosotros que usted tiene no
estaría de más que nos hiciera una breve exposición, puesto que usted es
la persona que tiene no la máxima responsabilidad actual sobre el tema
Intelhorce, pero sí la responsabilidad directa. Esto sería altamente
clarificador para luego introducir las cuestiones para ampliar
información.
¿Por qué digo esto? Lo digo porque sería bueno que usted contara a la
Comisión Intelhorce cuál es su posición; aparte de en este asunto, cuál
ha sido su currículum en la Administración y dónde ha estado usted en
momentos anteriores a ocupar la presidencia de Improasa, no porque tenga
que ver con Intelhorce, sino porque, entendemos nosotros, que tiene que
ver con las características de su gestión al frente de Improasa y de
Intelhorce.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, como sabe S. S., el señor
compareciente ha renunciado no a la obligación, obviamente, sino al
derecho que le otorga la presidencia, de acuerdo con la ordenación de
nuestros trabajos, a hacer una primera intervención global sobre aquellos
aspectos que él crea pertinentes, y no está obligado a cumplir esa
invitación que observo que hace S. S. Por tanto, reitero al señor
compareciente que, si quiere, puede no hacer uso de ese tiempo de
exposición global, ya que estamos en la segunda fase, que es la de las
preguntas en la que podemos seguir, si le parece bien, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Yo decía todo esto a título previo, porque, en
mi opinión, y son las primeras cuestiones que empezamos a plantearle,
señor Sierra, usted no está porque sí en Intelhorce o en Improasa. Como
se ha visto y se ha revelado esta mañana, cinco o siete días después de
tomar usted posesión como presidente de Improasa, y, según consta en las
actas del Consejo de Administración de esa empresa pública de fecha 25 de
noviembre de 1992 (y creo que es la primera reunión que se produce
después de la junta general de accionistas extraordinaria por la cual se
le nombra a usted presidente del Consejo de Administración de Improasa),
a preguntas de un consejero sobre la cuestión de General Textil España, y
consta así en el acta del Consejo de Administración, usted contesta, y se
lo voy a leer de modo literal: Con referencia a GTE, lo más deseable
sería cesar cuanto antes y liquidar en la mejor forma posible esta
sociedad. Esto lo dice usted el día 25 de noviembre de 1992.
Esta impresión que nosotros tenemos y que tienen los trabajadores de
Intelhorce, de que la entrada de Improasa en Intelhorce, a raíz de la
fallida privatización ocurrida en 1989, no tiene más que el sentido de
intentar instrumentar el cierre de la compañía al menor costo político
posible para el Ejecutivo.
Esto es así, señor Sierra --y entienda mis afirmaciones como preguntas,
si así lo desea; por tanto está en su derecho de contradecirlas en su
intervención--, no porque lo diga usted el 25 de noviembre de 1992, a
pesar de que al señor Alvarez, consejero delegado de Intelhorce en
algunos momentos y persona a la que el Patrimonio del Estado busca para
intentar reflotar la compañía después de la fallida privatización, a
principios de 1992, se le dieran, como él ha expresado aquí esta mañana,
las garantías de que por parte del Patrimonio del Estado se iba a hacer
todo lo posible por reflotar y cumplir el mandato del Parlamento en el
que se decía que se habían de poner todas las condiciones necesarias para
devolver a Intelhorce a su actividad, sino porque de la gestión de
Improasa al frente de Intelhorce se deducen datos que son enormemente
tozudos, como son las cifras económicas.
En el año 1992, pasada la gestión privada de Intelhorce y según se arroja
en balance, se producen unas pérdidas de 11.280 millones de pesetas
aproximadamente. En el año 1993, 6.378 millones, y en el año 1994,
aproximadamente, 10.000 millones de pesetas. Esto hace un total de cerca
de 27.000 millones de pesetas. Esta cifra es enormemente significativa,
porque es más del doble de las pérdidas que tuvo Intelhorce en su época
de gestión privada, en los años 1990 y 1991, como ejercicios completos.
Entonces las pérdidas de Intelhorce se situaban en torno a los 13.000
millones de pesetas.
Es curioso que esto se produzca tras haber hecho caso Improasa, ya dueña
de Intelhorce, de las recomendaciones que se contemplaban en el informe
Interdoxa de reducción de la plantilla. Y estos resultados económicos de
Intelhorce, señor Sierra, se producen con 750 trabajadores menos, con
unos costos laborales en este caso reducidos al 50 por ciento de la
empresa que habían dejado los administradores privados. Entiéndase que
esto no pretende ser una justificación, porque no lo es bajo ningún punto
de vista, de la gestión privada de Intelhorce, ni mucho menos. La gestión
privada de Intelhorce ahí está y los datos son tremendamente malos como
para pensar que haya podido ser buena o medianamente buena.
La pregunta es bien clara: ¿Es posible perder tanto dinero para cerrar
una empresa? ¿No es más fácil invertir el dinero para hacer una empresa
viable? Parece evidente.
El 25 de noviembre de 1992 usted determina, porque es el más alto
responsable, que lo mejor para Intelhorce es cesar la empresa y
liquidarla cuanto antes. Esto ocurre en el año 1992 y estamos en 1995;
desde entonces se ha invertido mucho dinero de todos los españoles en
Intelhorce. ¿Usted cree necesarias todas estas inversiones para tener, al
final, una quiebra, una suspensión de una actividad industrial, y tener
lo que tenemos?
Digo esto por lo que se refiere a las cuentas de Intelhorce. Yo creo que
los hechos, como he dicho antes, son tozudos, las cifras hablan por sí
solas y no se puede entender, bajo mi punto de vista, que se pueda perder
tanto dinero para tener lo que tenemos, que es la administración de una
quiebra.
Usted coge Intelhorce, a través de Improasa, como hemos dicho, a finales
de 1992. Me gustaría que explicara a la Comisión el aumento enorme en el
capital social de la empresa pública Improasa, de la que usted es
Presidente, que pasa, de tener unos pocos cientos de millones de
pesetas,a creo que 16.000. Sé que es fruto de las ampliaciones de capital
que hace el Gobierno sobre Improasa para que ésta, a su vez, pueda
prestar ese dinero a Intelhorce, a Hytasa y a otras empresas tuteladas
por esta empresa pública.
Mi pregunta es muy concreta. ¿Está usted convencido, como gestor público
puesto por el Gobierno para esa responsabilidad, de que esta actuación
del Gobierno a partir de 1992, ante la forma en que se produce la
renacionalización de Intelhorce, no será en el futuro denunciada ante la
Comisión Europea y que pueda ser constitutiva de ayudas ilegales? ¿Está
usted convencido de que esta eventualidad puede producirse en los
próximos años? Si esta eventualidad se puede producir, ¿es lo que ha
aconsejado la disolución de la sociedad, su liquidación definitiva y una
nueva sociedad? Porque este problema que puede tener la futura Intelhorce
y lo que hizo Improasa a partir de 1992 con Intelhorce es lo que ya hizo
Patrimonio del Estado en 1989, que fue concederle, para venderla, unas
ayudas que luego fueron determinadas ilegales.
Estas son, señor Presidente, las primeras cuestiones que quería plantear.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Quería indicar al señor Sierra que se pidió,
y el juzgado lo admitió, la suspensión de pagos, pero no hay que
confundir suspensión de pagos con inactividad de la empresa. Hay muchas
empresas que tienen admitida la suspensión de pagos y que siguen
funcionando --con el administrador judicial, por supuesto--, siguen su
actividad e indudablemente se hace mucho menos daño, si se va a reflotar
la empresa, bien para privatizarla, bien para continuar. Pero, conforme
al mandato que por unanimidad hizo este Parlamento, nos extraña mucho
declarar la suspensión de pagos y la inactividad. Esta misma mañana, el
que fue consejero-delegado discrepaba en ese tema. Decía que, a su juicio
--y conoce bien la empresa--, eso ha sido un error, porque indudablemente
ha supuesto ya un daño importante para los clientes, comercialmente,
etcétera.
Reitero que, en principio, salvo que el señor Sierra nos dé unos
argumentos sólidos, no nos parece bien que, presentada la suspensión de
pagos, no haya continuado la actividad de la empresa, salvo que,
efectivamente, la decisión de liquidar la empresa estuviese tomada desde
el 25 de noviembre de 1992, como parece por las actas del Consejo. Pero,
en ese caso, no se estaría cumpliendo el mandato de este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Señor Sierra.
El señor PRESIDENTE DE IMPROASA (Sierra Sánchez): En relación con su
afirmación sobre el Consejo de noviembre de 1992, es un inciso final en
el que digo, ciertamente, que es deseable suspender la actividad y
liquidar las instalaciones en las mejores condiciones posibles. No lo
dije por ciencia infusa. Acababa de ser nombrado presidente de Improasa.
Había estado trabajando en la Dirección General de Patrimonio, en la
Subdirección de Empresas y Participaciones Estatales desde 1980, me
parece, hasta 1986. Conocía, por consiguiente, la trayectoria de
Intelhorce y conocía a las personas que en aquel momento la estaban
gestionando, tanto a Antonio Alvarez como a Diego García Morales; incluso
a sus antecesores.
Que Intelhorce tenía difícil viabilidad --personalmente creía que no la
tenía-- se lo expuse al Director de Patrimonio en su momento, porque creo
que mi obligación, como técnico en este asunto, es informar a mis
superiores de lo que estimo en cada momento. La Dirección de Patrimonio
no pudo tomar una decisión como es nada más y nada menos la liquidación
de Intelhorce simplemente por una impresión intuitiva del presidente de
Improasa después de haber estado seis años también trabajando en
Patrimonio del Estado. Patrimonio me pidió objetivizar una salida a la
empresa. ¿Qué salida tiene Intelhorce? Hay que saber si Intelhorce es
viable o no. Evidentemente, eso no es mi impresión. Eso son papeles,
números y cuantificación, los distintos escenarios.
El primer trabajo es estudiar el Plan de Interdoxa, al que ha hecho S. S.
mención. El Plan de Interdoxa fue criticado tanto por mí como por Antonio
Alvarez, que entonces era presidente ejecutivo. Fue presidente ejecutivo
o consejero-delegado de Intelhorce hasta finales de septiembre de 1993.
Básicamente, en el Plan de Interdoxa se planteaban unos escenarios que
eran propios de una empresa en ese momento ya inexistente. Pudo haberse
referido a la Intelhorce de 1990, pero evidentemente no tenía nada que
ver con la Intelhorce de 1992. Está citado el estudio de Interdoxa en un
Consejo de 15 de febrero de 1991. Interdoxa propuso un poco lo que todos
proponíamos para Intelhorce, es decir, suprimir la venta de producto
intermedio, de hilo y de en pesa, potenciar la venta de producto acabado
y fundamentalmente de producto terminado, confeccionado, que tiene mayor
valor añadido a la producción que se estaba haciendo.
El primer escenario de Interdoxa, de 11 de abril de 1991, llevaba a unos
incrementos de facturación del 80 por ciento en cinco años. Llegábamos a
10.000 millones de pesetas, cuando en el año 1990 se habían vendido 6.000
millones. Para ello, se necesitaba algo así como 13.000 millones de
pesetas. El bait, el beneficio antes de intereses e impuestos, era de tan
sólo un 4,4 por ciento del volumen de ventas. Es decir, la menor
desviación originaba que se estaba en pérdidas. Otro problema, desde el
punto de vista estrictamente financiero, no textil --yo no soy experto en
textil-- era la nimiedad de los márgenes. Cualquier incidencia en
cualquier pedido hacía que Intelhorce entrara en pérdidas.
El último de los informes de Interdoxa es todavía más difícil. Por
decirlo en términos históricos españoles, el año 1992 era para Interdoxa
una especie de «annus mirabilis» en el que se podía, en un solo día,
reducir la plantilla un 50 por ciento; se podía en cuatro años
incrementar un 200 por ciento la facturación, con unas necesidades de
fondos de otros 13.000 millones de pesetas de los que la empresa no
disponía, con unas inversiones de 1.500 millones de pesetas que se
contrataban, instalaban, ajustaban y entraban en funcionamiento en el
mismo día, el día 1 de enero.
Antonio Alvarez hizo la crítica desde el punto de vista textil. Por qué
no estaba Intelhorce preparado para entrar en el mercado de estampación,
por qué no los tejidos «jacquard», por qué acabar o no acabar fuera, por
qué no se podía programar o no programar. Todas estas consideraciones se
hicieron llegar al comité de empresa.
Una vez rechazado el plan de Interdoxa, se buscó, siguiendo las
indicaciones de la Dirección General de Patrimonio, una consultora textil
de suficiente prestigio como para que sus conclusiones fueran definitivas
para todos. Busqué a Werner. Me pareció que era una empresa que ya había
trabajado en Intelhorce hacía años, que conocíamos, seria y de toda
solvencia. Los tres informes de Werner ratificaron la imposibilidad de
Intelhorce de alcanzar lo que Werner llama «punto de umbral de
beneficios». Ni siquiera, respecto de la última de las versiones del plan
Werner
con las aportaciones que el comité de empresa realizaba.
El comité de empresa propuso incrementar las ventas, fundamentalmente de
pana. Creo recordar algo así como cuatro millones de metros de pana. No
lo recuerdo exactamente, porque fueron unas ideas que se discutieron con
Werner en una reunión, de la que Werner no elaboró ningún documento que
me entregara, sino que se lo hizo llegar al comité de empresa. Sólo
entonces, cuando se constata que Intelhorce no tiene esa viabilidad
--estamos hablando ya de julio de 1994--, es cuando Patrimonio considera
definitivamente la posibilidad de acometer una liquidación de Intelhorce
en las mejores condiciones posibles. Eso se expone al comité de empresa
en una reunión, en la que creo que estuvo S. S., en la Dirección General
de Patrimonio, muy a principios del mes de octubre, unos días antes de
presentar la solicitud de suspensión de pagos. Expresamente, el Director
de Patrimonio decía a los trabajadores lo siguiente: No se puede
continuar en esta situación; sobre los elementos fabriles de Intelhorce
que pueden seguir siendo válidos tenemos que construir una nueva empresa,
pero no podemos continuar con una situación que nos está arrastrando
miles de millones de pesetas de pérdidas. Con ello quiero dejar en sus
justos límites la afirmación de aquel consejo.
Antes mis antecesores hicieron manifestaciones más radicales en consejo
y, con posterioridad, algunos consejeros las hicieron también, pero la
Dirección General de Patrimonio --vuelvo a repetir-- es la que ordenó
buscar afanosamente una viabilidad para Intelhorce, que al final no pudo
constatarse.
Me preguntaba usted por las pérdidas de Intelhorce en 1992-1994. Improasa
se hace cargo de la situación, por hacerlo coincidir con la entrada de
Antonio Alvarez en la gestión de la compañía, el 1 de octubre de 1992. El
mercado textil es de temporada. Perdida una temporada no recupera la
comba hasta el año siguiente. De ahí que no sea una actuación
taumatúrgica, hoy llego y hoy se incrementa exponencialmente la
facturación y mejoran los resultados. Es un trabajo de poner en marcha, y
más como estaba la empresa, en la que tanto Diego García Morales como
Antonio Alvarez hicieron un magnífico trabajo.
Las pérdidas de explotación, al margen de problemas de avales, al margen
problemas de gastos financieros derivados de la pelota financiera que
pesaba sobre Intelhorce --porque me está usted contando el coste de las
bajas--, al margen de las bajas, lo que son los resultados de explotación
de la compañía, incluyendo los financieros de descuento de papel, lo que
serían los gastos financieros operativos, es de menos 2.350 en 1993 y
menos 2.050 en 1994.
La facturación pasa en dos años escasos de cero a 3.125 millones de
pesetas. No son unos resultados ni siquiera admisibles. En eso comparto
sus opiniones. Estos resultados son catastróficos. Estamos hablando de
una Intelhorce reducida que está partiendo de cero, que tiene que
recuperar clientes, que tiene que rearrancar de nuevo. Se llegó a estos
resultados que, como digo, iniciaban una senda de recuperación, sabiendo
que esa senda acaba en pérdidas, porque nos lo estaba diciendo Werner, a
pesar de los incrementos de facturación y alcanzando 5.000 millones de
pesetas, con mucho mejor mix de producto. Otro problema no es el volumen
de ventas. Es muy distinto vender metros de en pesa en crudo que vender
metros de en pesa acabada. Por eso algunas veces parece que no hay
incremento de facturación. No es que no haya incremento de facturación,
es que mejora notoriamente el mix de producto, a pesar de que las cifras
no son muy distintas. Ese es otro acotamiento a los números que se
manejan, que no son siempre homogéneos.
Con esos incrementos de facturación, mejorando el «mix» de producto,
acabábamos --creo recordar-- en el tercer informe Werner en unos 350
millones de pesetas de pérdidas, a toda imaginación. En el segundo
informe Werner, dentro de lo que los comerciales entendían como su óptimo
horizonte, acabábamos en 780 millones de pesetas de pérdidas. El plan
interno nuestro cifraba unas pérdidas de crucero, por decirlo de alguna
manera, en unos 1.200 millones de pesetas. Estos números se hicieron
durante la etapa de Antonio Alvarez porque se entregaron en noviembre de
1993, incluso. En aquella época, todos teníamos la idea, todos, se diga
lo que se diga luego, de que los números de Intelhorce iban a ser
negativos.
Me pregunta luego sobre si los fondos que se han tenido que aportar
serían denunciables ante la Comunidad Europea y que se está haciendo lo
mismo que en 1989. No es lo mismo claramente, porque en 1989 se vendió
una sociedad anónima con un número en el Registro Mercantil, con un
número patronal, y ahora lo que se venderán serán unas instalaciones sin
número de registro de personal, con otra personalidad jurídica
radicalmente distinta. No se pueden imputar los problemas que ha tenido
GTE con los que haya en el comprador y que ahora mismo está la Junta de
Andalucía negociando. Son dos cosas distintas y hay un rubicón en medio,
que es la liquidación de la compañía, liquidación societaria en dos
planos: liquidación concursal y finiquito a la totalidad de la plantilla.
No hay sucesión de empresa. Son cosas radicalmente distintas que se
comprarían «ex-novo».
Además, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de 14 de septiembre,
contempla el caso de pérdidas asumidas por un grupo empresarial privado
por motivos de política corporativa. Dice expresamente la sentencia que
un grupo empresarial puede soportar pérdidas de su filial --ayudas-- sin
incurrir en incompatibilidad cuando se hayan generado para liquidar su
filial en las mejores condiciones posibles. Ni aun en ese caso podrían
imputarse a la nueva sociedad.
Finalmente, el señor Guerra Zunzunegui me pregunta sobre la suspensión de
pagos, la inactividad de la empresa y que fue un enorme error.
Formalmente, la suspensión de pagos es radicalmente distinta de la
quiebra. Digo esto porque tal vez se haya hablado como si estuviéramos
ahora en una quiebra. Hemos pasado una suspensión de pagos, puesto que ya
el convenio ha sido aprobado, publicado y ningún acreedor lo ha
impugnado. Por consiguiente, la suspensión de pagos está formalmente
levantada. Con la ley de 1922 en la mano, la suspensión de pagos no
conlleva necesariamente a una liquidación, a diferencia de lo
que ocurre en una quiebra. Una quiebra lleva necesariamente a una
liquidación. Incluso el Estatuto de los Trabajadores contempla que, en el
expediente de regulación de empleo, bastará con la solicitud de los
síndicos o de los depositarios para que se produzca la autorización de la
extinción de los contratos por la autoridad laboral.
Sin embargo, la utilización de la suspensión de pagos para la liquidación
de una empresa no es un trámite ni heterodoxo ni inhabitual. Por ejemplo,
el problema de Galerías Preciados; es una empresa que, siguiendo, además,
unos momentos temporales muy similares a los de Intelhorce (por eso fue
por lo que fui siguiendo un poco qué estaba pasando en esta otra
empresa), presentó suspensión de pagos, hubo un acuerdo con los
trabajadores, se resolvieron todos los contratos, hubo un acuerdo con los
acreedores y se liquidó la compañía. Del mismo modo se ha hecho en
Intelhorce; ha habido un acuerdo con todas las partes (acuerdo con los
trabajadores; acuerdo con los acreedores) y se liquida.
No es en modo alguno inhabitual, sino muy corriente, que la suspensión de
pagos pueda desembocar finalmente en una inactividad.
¿Que haya habido daños a Intelhorce? A Intelhorce ya no puede haber
daños. No puede haberlos. En cualquier caso, el cese de actividad se ha
hecho en las mejores condiciones posibles. Precisamente por eso se
utilizó el trámite de la suspensión de pagos, porque permitía graduar el
ritmo y las consecuencias que iban a haberse producido a lo largo del
proceso de la suspensión.
Teníamos cobertura legal suficiente para poder aportar los fondos para
las indemnizaciones de los trabajadores. Los activos quedaban bajo tutela
todavía de los administradores sociales, no de los judiciales, porque en
la suspensión de pagos, a diferencia de en la quiebra, no se produce el
desapoderamiento de los empresarios. Y tuvo también especial cuidado para
no incumplir pedidos con los clientes. Expresamente yo di instrucciones a
la empresa de que no se tomara un pedido si no teníamos la garantía cabal
de poder atenderlo a su vencimiento.
¿Por qué? Porque lo que no quería en modo alguno es precisamente lo que
usted me está diciendo, que se produzca un daño para la cartera comercial
de la nueva Intelhorce, por decirlo coloquialmente. Esa fue una
instrucción que yo di expresa y repetidamente: no se debería originar un
daño comercial a la entonces todavía General Textil España. Si no se
podían tomar pedidos, que no se tomaran.
Con esto creo que he respondido a su solicitud.
El señor PRESIDENTE: Luego tendremos una segunda vuelta, si les parece.
Ahora, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Centella Gómez.
El señor CENTELLA GOMEZ: La explicación del señor sierra vuelve a poner
de manifiesto que nadie en la Administración creía en el futuro de
Intelhorce. Lo que pasa es que esas no eran las declaraciones que se
hacían públicamente en los años 1992, 1993 y 1994.
Parece ser que los miembros del Gobierno andaluz que iban por Málaga
manifestaban todo lo contrario y que se espera a que pasen las elecciones
autonómicas andaluzas del año 1994 para cambiar el discurso y evidenciar
lo que hasta entonces eran sus ideas pero que no las manifestaban
públicamente.
A nosotros nos gustaría que nos explicase, aparte de los informes y de
los famosos estudios de viabilidad, cómo se gestionó Intelhorce en los
años 1992, 1993 y 1994, porque nosotros creemos que se tenía que haber
hecho una gestión, y usted lo ha reconocido, pero nos gustaría que
entrase en detalles de cómo fue esa gestión que usted mismo califica de
nefasta. Sí fue nefasta, tiene que haber responsables y en qué medida se
han asumido esas responsabilidades.
Nosotros ya dijimos esta mañana que estamos convencidos de que por parte
del Gobierno había una política tendente a destruir la actividad textil
en Málaga y al final todo el dinero que se ha gastado ha sido, no tanto
para reflotar la empresa, sino para intentar que los costes sociales sean
los menos posibles. Cada vez que hay una comparecencia, nos vamos
reafirmando más en nuestro convencimiento.
Aparte de estas dudas, también querría, aunque usted no es responsable,
que explique un poco ciertos métodos de funcionamiento de Improasa,
porque en todo este caso está siendo bastante dañada su imagen, ya que
desde el propio Gobierno se le ha acusado de que de Improasa es de donde
han salido los informes que permitieron la venta tan desastrosa, tan
chapucera que se hizo de Intelhorce, y cómo desde Improasa, valga la
expresión, se engañó al propio Gobierno haciéndole creer que estaba
Benetton detrás de la operación. Tampoco desde Improasa se comprobó la
solvencia de las empresas compradoras.
A mí me gustaría que usted dijese si eso es posible, si es posible que
Improasa funcionase tan mal; si es posible que Improasa llevase a cabo
esa serie de informaciones para engañar al propio Gobierno de la nación.
Personalmente ya dijimos al Ministro que nos parecía que a este Gobierno
se le engañaba muy fácilmente, pero, repito, nos gustaría que usted nos
dijese cómo funciona Improasa para que al final, pueda producirse tamaño
desacierto.
El señor PRESIDENTE: El señor Sierra tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE IMPROASA (Sierra Sánchez): Yo no sé si he dicho la
palabra nefasta asumiendo la gestión de Antonio Alvarez. Creo que no he
dicho exactamente la palabra nefasta. He dicho algo así como que
evidentemente los resultados no eran ni mucho menos brillantes.
En cualquier caso, me pide que explique la gestión en Intelhorce. Yo me
encuentro la sociedad en proceso de lanzamiento. En septiembre del año
1993 asumo yo la Presidencia, ya con los poderes del Consejo, y me
encuentro con que la sociedad tiene unas fuertes desviaciones respecto de
los presupuestos de aquel año. Las ventas quiero recordar que no
alcanzaban nada más que el sesenta y algo por ciento de lo previsto y
además nos estábamos desviando,
como antes decía, y gravemente en la calidad del «mix» de producto.
Seguíamos vendiendo lo que Intelhorce siempre ha vendido, en pesa, es
decir, el tejido crudo en rollos.
Esto, evidentemente, se trató de corregir remodelando todo el
departamento comercial. Los márgenes con los que nos estábamos moviendo
eran bastante pequeños y todo mi interés a lo largo de todo este tiempo,
tanto en Intelhorce como en Improasa, era implicar el menor volumen
posible de recursos públicos, renegociando las deudas con bancos,
renegociando con la Seguridad Social lo que hubiera, apoyando a la
compañía en aquello que era más imprescindible (por ejemplo, el refuerzo
de los telares para tejido vaquero). Esa fue un poco la finalidad que yo
tuve durante el período previo a la suspensión de pagos.
Cuando un año después se presenta la suspensión de pagos, el escenario ha
cambiado radicalmente. No es que se esté esperando a unas elecciones
andaluzas. Sencillamente se estaba esperando a que Werner informara, en
julio de 1994 --tengo la fecha--, que ni siquiera imaginando Intelhorce
en las condiciones que tenía podía ser rentable. Llegando a 5.000
millones de facturación, como decía, nos quedábamos todavía en 381
millones de pesetas de pérdidas.
Para llegar a ello, Werner decía que necesitábamos un saneamiento de todo
orden, una aportación de todo orden, de 15.000 millones de pesetas para
seguir perdiendo, vuelvo a repetir, en el mejor de los casos, en un
desiderátum, 380 millones de pesetas.
Respecto de si Improasa ha engañado al Gobierno o no, yo no lo sé; lo que
sí es cierto es que hay un informe de gestión de venta en el que el
presidente de Improasa, José Miguel Moreno, aplaude la adjudicación de
Intelhorce a Benorbe y Benservice como sociedades integrantes del Grupo
Benetton. Eso está escrito y se repite muchas veces en esas dos hojas
finales de conclusiones. Ciertamente es así.
Ahora sabemos que no era tal y que lo que realmente se estaba
persiguiendo era otra finalidad absolutamente rechazable. En cuanto a
decir que por parte de Improasa se ha engañado al Gobierno, no ha sido la
sociedad. La sociedad actúa a través de sus administradores. Es una
maniobra personal y criminal, por lo que parece, del señor Moreno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo, Diputado
del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Sierra, por su
comparecencia ante esta Comisión. Le damos la bienvenida.
La impresión que tiene nuestro Grupo es que la situación en 1993 era ya
difícilmente salvable. Los sucesivos informes de la empresa Werner así lo
ponen de manifiesto. Al mismo tiempo, hay pendiente la ejecución de un
aval, que la Administración difícilmente puede evitar. A lo largo de las
sesiones de esta Comisión hemos visto cómo distintos grupos demandaban a
la Administración por qué se había tardado tanto en ejecutar el aval.
Efectivamente, ejecutar el aval significaba para la empresa una
disminución de su propio patrimonio, del orden de 2.000 millones de
pesetas. Hay también una sentencia del Tribunal de la Comunidad Económica
Europea que afecta de forma importante a la situación de la empresa.
Nuestra impresión es que llega un momento en el que la empresa es
totalmente inviable con tal firma y como tal actuación.
Simplemente le preguntaríamos si coincide con esa apreciación y si cree
que se hicieron los esfuerzos necesarios para hacerla viable hasta que
hay que ejecutar el aval, si el retraso en la ejecución del aval se debe
a mantener la esperanza de que la empresa siga viva, y cuando llega la
sentencia de la Comunidad Económica Europa supone un golpe, porque la
continuidad de la empresa necesitaba en cualquier momento inyección de
fondos, y después de la sentencia parece que iba a ser difícil que la
Comunidad Económica Europea dijera que era compatible la inyección de
nuevos fondos en la empresa. ¿Qué opina al respecto?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sierra.
El señor PRESIDENTE DE IMPROASA (Sierra Sánchez): En relación con el aval
y con la sentencia, en cuanto al esfuerzo de Patrimonio para intentar
sacar adelante aquello, hay un documento que es absolutamente neutro, que
es el dictamen de los interventores de la suspensión de pagos. En este
dictamen que ellos hicieron y que me enseñaron por delicadeza antes de
entregarlo en el juzgado, por si acaso había alguna cosa en la que se
hubieran equivocado --ellos hicieron el informe, lo presentaron y se
acabó, yo no tuve nada más que ver con él--, en ese dictamen se habla un
poco como nos enseñaban los escolásticos, de una causa remota, una causa
próxima y de un agravante de la situación de Intelhorce. La causa remota
es su inviabilidad. Hablan del volumen de pérdidas que tiene en toda su
historia. Ese es el verdadero origen del problema Intelhorce. La causa
próxima es la sentencia que ponía ante el disparadero de tener que
devolver 6.700 millones de pesetas. ¿De dónde? Y había un agravante, que
eran las pérdidas irrogadas durante la gestión de los accionistas
privados en el período 1989-92. La tercera y la segunda no hubieran
tenido la trascendencia que tuvieron si no hubiera sido por la primera,
que era donde está el origen del problema: su inviabilidad, los malos
resultados que estaba cosechando desde su época de nacimiento, desde
1957.
Patrimonio no me negó ni una sola peseta para intentar mantener la
sociedad en las mejores condiciones, a la espera de encontrar ese punto
en el que te diga Werner: señores, con estas condiciones Intelhorce es
viable. Y si no me lo dice en un informe, lo hacemos en el segundo.
Entonces dice: vamos a soltar la imaginación, segundo informe. En función
de las mejores previsiones que tengan los comerciales, vamos a ver si con
todo lo que sea preciso, con todas las inversiones, lo conseguimos.
Resultado: ochocientos y pico millones de pesetas de pérdidas. Y ahora,
soltando todo, vamos a meternos en los mercados de exportación, vamos a
meternos en nuevos productos, en nuevas fibras a ver si por aquí
encontramos la viabilidad de
Intelhorce: 350 millones de pesetas de pérdidas. No se escatimó ni un
solo esfuerzo para encontrar un escenario con el que poder decir a la
Comunidad Económica Europea: señores, aquí tienen un plan suficientemente
sólido, avalado por una compañía consultora internacional de prestigio
que nos dice que en estas condiciones Intelhorce es válida. El Gobierno
español le pide a usted autorización para inyectar los miles de millones
de pesetas que sean precisos. Eso, desgraciadamente, no lo dijo ningún
informe Werner, ni siquiera el que yo llamo 3-B, que es el tercero
corregido con las matizaciones que incluyeron las centrales sindicales
que ellos estimaron convenientes. Ni siquiera en ese caso se encontraba
ese umbral de rentabilidad para Intelhorce.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: O no nos hemos expresado bien o no ha
entendido bien el señor Sierra. Volvemos a reincidir respecto a los
siguientes temas.
Según el acta del consejo, en noviembre de 1992 comunican con referencia
a GTE que lo más deseable sería cesar cuanto antes y liquidar de la mejor
forma posible esta sociedad. Cuatro días antes, según manifestaciones que
ha hecho esta mañana don Antonio Alvarez García, cuando ustedes le
ofrecen que se haga cargo otra vez de General Textil Española, el señor
Alvarez pregunta: ¿es para ir para adelante? Y le contestan: nuestra
intención es ir para adelante y sacar esta empresa con viabilidad. Cuatro
días después, según nos ha manifestado esta mañana --el señor Alvarez
desconocía el acta del consejo--, ustedes ya tenían la intención
clarísima de liquidar esta sociedad, de la mejor forma posible como buen
administrador. Es decir, hay una contradicción clara que es absolutamente
contraria al acuerdo de esta Cámara, al cual está supeditado por supuesto
el Ejecutivo, y máxime las empresas públicas. Primer tema en el que no ha
habido contestación clara al respecto.
Segundo tema. Por lo que nos ha indicado, anteriormente el señor Sierra
era Subdirector de Empresas Públicas de la Dirección General de
Patrimonio. ¿Fue usted o no fue usted el subdirector de empresas que
asistió a una reunión en 1990 con los titulares entonces de la sociedad,
los compradores de la misma, en donde respecto de una serie de cifras y
de datos que se daban, según ha indicado esta mañana el señor Alvarez, no
estaba de acuerdo, que estuvo callado, pero que cuando le pidieron los
datos se vio en la obligación de manifestar que en conciencia creía que
debía decir que los datos que tenía eran completamente diferentes? Así lo
manifestó no sólo en aquella reunión, sino posteriormente; incluso
escribió a la Subdirección de Empresas o al Director General de
Patrimonio haciéndole ver estas contradicciones y que no estaba de
acuerdo con las cifras que se estaban dando por parte de los propietarios
de entonces, la empresa privada.
Si fue usted el Subdirector de Empresas que entonces asistió a esa
reunión o si fue otra persona, pero dependiente de la Dirección General
de Patrimonio, nos llama la atención cómo en ese momento no se hace caso
de los informes que da una persona que había sido consejero delegado y
que en ese momento estaba de gerente, aunque sin poderes, que da unas
cifras y dice que en conciencia tiene que decir que eso no es así y que
estas cifras no son las correctas. Desearíamos que nos lo aclarase.
Finalmente, sobre el tema de suspensión de pagos, señor Sierra, yo hace
mucho ya que no ejerzo la profesión, pues desde que me dedico a la
política tengo abandonado el despacho, pero, por favor, no nos dé usted
una lección de derecho mercantil, que me las dio muy buenas el señor
Garrigues, haciendo la distinción entre suspensión y quiebra. A veces,
coloquialmente se dice quiebra cuando no es así. Por ejemplo, nosotros
decimos que está en quiebra Televisión Española porque debe trescientos y
pico mil millones de pesetas. Y no me saque usted el ejemplo --por cierto
tremendo-- de Galerías Preciados, porque si vamos a los antecedentes de
Galerías Preciados, Cisneros, nos estaríamos toda la tarde, y como dijo
un día Belmonte en una corrida de toros --y perdón, señor Presidente, por
esta disquisición--, tampoco les salió a ustedes la tarde «lusía» en
Galerías Preciados. Por tanto, yo no comprendo cómo tocan ustedes el tema
de Galerías Preciados.
Lo que le preguntábamos era lo siguiente. Muchas empresas, especialmente
privadas, suspenden pagos, que es una forma de decir: señores vamos a
ordenar todo esto, vamos a ver qué quita puede haber aquí, pero mientras
tanto la empresa sigue activa. Y por lo que nos ha explicado esta mañana,
con conocimiento de causa, el anterior consejero delegado, es que se ha
hecho un daño, porque si la sociedad hubiese seguido en suspensión de
pagos pero activa, como ocurre en el 90 por ciento de las suspensiones de
pagos, podría haber liquidado incluso parte del almacén que existía y,
entonces, incluso, ir buscando, que es lo que al final aquí se pretende,
o bien liquidar, como tenía usted previsto desde el año 1992, a pesar,
reitero, del acuerdo de la Cámara, o bien ir a buscar un comprador, que
ahora lo está buscando la Junta de Andalucía, que es mucho más difícil
cuando una empresa está cerrada, cuando la maquinaria está un año sin
funcionar, porque, además, señor Sierra, sigue el compromiso con 500
trabajadores, sobre el cual no se nos ha dicho nada, y ésta no es una
sociedad en la cual se puede liquidar diciendo: señores, qué acreedores
hay, qué quita se puede hacer, qué quita se puede conseguir de los
acreedores, incluyendo Seguridad Social, tributos, etcétera, y ahora
vamos a ver cómo se vende la maquinaria, por un lado, cómo se venden los
solares, sobre los que, según nos ha dicho, los acreedores han retirado
incluso las anotaciones preventivas que tenían en el Registro de la
Propiedad, etcétera. A mí me extraña realmente, salvo que, efectivamente,
hubiese la intención decidida de liquidar la empresa, porque el señor
Sierra sabe perfectamente que es mejor durante un año en esa suspensión
de pagos seguir hasta ver la resolución final de todo este tema. Por
tanto, yo le agradeceré que conteste estas tres preguntas muy sucinta y
claramente, que son las que nos pueden servir para la información que
necesitamos en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Sierra tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE IMPROASA (Sierra Sánchez): Creo que ya había
contestado a la primera pregunta, pero si no es así, se la contesto.
Yo expongo en esa reunión mi impresión que guardaba de cuando había
estado como funcionario destinado en la Dirección General de Patrimonio,
Subdirección de Empresas, ésa es la impresión que yo guardaba de
Intelhorce --y así es como antes lo he dicho--, y como tal, se la
trasladé a mis superiores, y mis superiores dijeron: en Intelhorce hay
que constatar que esta empresa es viable, porque hay que pedir una serie
de ayudas y hay que poner, negro sobre blanco, los números de Intelhorce.
Entonces, contrato con Werner, se estudia en primer lugar el plan
Interdoxa y en segundo lugar se contratan los sucesivos planes Werner
liberalizando las expectativas, los escenarios para que pudiéramos
encontrar un encaje con un resultado positivo. Con ello, creo que le he
contestado. En ese acta estoy diciendo que es mi deseo --algo así dije--,
no es que haya que hacerlo, es mi deseo, porque entendía honradamente que
en ese momento, con la experiencia de años atrás, de cuando había estado
trabajando en la Dirección de Patrimonio, ésa era la mejor solución. ¿Que
no pudiera ser llevada a la práctica que, a pesar de todo, hubiera que
dejarla aparcada e intentar buscar con ahínco un escenario de viabilidad
para Intelhorce? Yo creo que se hizo y se estudió por activa y por pasiva
y por pasiva refleja y nunca se alcanzó.
En segundo lugar, yo no fui Subdirector de la Dirección de Empresas y
Participaciones Estatales. Yo fui, primero, Jefe de Servicio en la
Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales y luego fui
vocal asesor para empresas públicas de la Dirección General de Patrimonio
del Estado. No fui nunca Subdirector de Empresas y Participaciones
Estatales y, por consiguiente, no asistí a aquella reunión de octubre de
1990 a la que usted alude y de la que tengo conocimiento por las actas
del Consejo de Intelhorce, en las que consta esa visita. Creo que no
puedo ser más conciso.
Respecto de la suspensión de pagos, lo que sí quiero decirle es que no se
ocultó a los trabajadores ni a las fuerzas políticas que la intención de
Patrimonio del Estado era proceder a una liquidación ordenada de la
compañía en las mejores condiciones posibles, tendente a, primero,
resolver el problema social, segundo, encontrar un comprador para los
activos de Intelhorce. Yo me dirigí, cuando todavía no se había iniciado
siquiera el proceso de suspensión de pagos, a los fabricantes textiles
más importantes ofertando una salida a Intelhorce --esto sería en el mes
de septiembre--, diciéndoles: estamos preparando una suspensión de pagos
en Intelhorce. Nuestro objetivo va a ser éste. Se sondeó el interés de
los fabricantes textiles más importantes. Los resultados de toda esa
actividad se entregaron a la Junta de Andalucía a principios del presente
ejercicio. Hubo una reunión entre Patrimonio, la empresa y el comité de
empresa, y la Junta de Andalucía asumió para sí la responsabilidad de
buscar un comprador para las instalaciones de Intelhorce, y nos dimos una
serie de plazos para ello. El problema es que, y usted como jurista lo
sabe, una empresa, una sociedad anónima cuyo neto patrimonial está por
debajo del 50 por ciento de la cifra de capital está en causa de
disolución, salvo que se amplíe capital o se reduzca en cuantía
suficiente para reequilibrar su patrimonio. En este caso no cabía la
ampliación de capital, no cabía la reducción de capital, luego por
consiguiente no nos quedó más que la disolución, y el último día del
plazo, el 26 de julio, se tuvo que disolver la compañía, y en ese mismo
día se depositaron los cheques para el pago del personal. Nuestra
intención era auspiciar, favorecer que un empresario privado sobre
aquellas instalaciones, que siguen siendo válidas todavía, pudiera
desarrollar un nuevo proyecto empresarial.
Finalmente, quiero hacer una única observación ya como jurista. Lo digo
por si luego hay malentendidos. En el convenio de acreedores las
hipotecas y los embargos preventivos a favor de la Seguridad Social y la
Hacienda Pública no se levantan con la aprobación del convenio, sino con
la venta. La Seguridad Social en este caso fue la que dijo: quiero que se
mantenga mi embargo y mi hipoteca. Pues se ha mantenido su embargo y su
hipoteca, a pesar de que está formalmente levantada la suspensión de
pagos.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Sierra, es que no me contesta a un
tema, y es a si usted conocía el acuerdo de esta Cámara de febrero de
1992. Entonces, sí lo conocía, éste era el de la viabilidad de esa
empresa. (El señor Sáenz Lorenzo: La viabilidad, no.) Entonces, ustedes
toman una serie de decisiones en contra de la voluntad soberana de este
Parlamento, que es la voluntad del pueblo español.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver un momento, señor Sierra. Formulemos la
pregunta, señor Guerra Zunzunegui, de la siguiente manera, si a S. S. le
parece. La primera pregunta es: ¿Conocía usted ese acuerdo unánime de la
Comisión de Economía y Hacienda de este Congreso de los Diputados? En
segundo lugar: ¿usted cree que se ha administrado correctamente ese
acuerdo? Supongo que éste sería el contenido de las preguntas, señor
Sierra.
El señor Sierra tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE IMPROASA (Sierra Sánchez): No recuerdo cuándo me
enseñaron el texto. Supongo que sería unos días después o unos días
antes, no lo sé. Lo que sí quiero decirle es que no hubo ninguna
resolución el día 25 de noviembre de 1992 en la que el Presidente de
Improasa dijera: «yo cierro Intelhorce». Eso no lo dije. Lo que dije era
que con mi experiencia sería deseable otra cosa, punto. Ahí acaban mis
facultades; ahí acaba mi poder de decisión en este tema. Yo traslado este
tema a la Dirección General de Patrimonio y ésta me ordena buscar la
viabilidad de Intelhorce, un escenario en el que Intelhorce sea viable.
Yo no incumplo, desde luego no tengo la menor conciencia de haber
incumplido el mandato del Congreso de los Diputados. Mi experiencia me
decía que era deseable otra cosa. Uno es un profesional y sabe distinguir
entre
su deseo y su actuación. Puedo desear una cosa, pero sé que
profesionalmente tengo que hacer otra. Usted como profesional habrá
defendido a clientes conociendo, sospechando que no iba a llegar a buen
puerto, pero sus clientes le dicen: no, no, a pesar de todo presenta la
demanda. Mi obligación es decirle que presente la demanda y usted como
profesional dice: si usted así lo quiere, se presenta la demanda. Pero mi
obligación es informarle de los pros y de los contras de su situación.
Le vuelvo a repetir que no tengo la menor conciencia de haber incumplido
ninguna resolución del Congreso de los Diputados, primero. Segundo, lo
que planteo ahí simplemente es un convencimiento personal. Tercero, por
mis obras y por el mandato expreso de la Dirección General de Patrimonio
se buscó el escenario de viabilidad de Intelhorce. Creo que los hechos
son absolutamente concluyentes y apabullantes. Me he extendido algo en el
tema de Interdoxa y de Werner precisamente por eso, porque quería
hacerles ver que la Dirección General de Patrimonio ordenó a este
presidente buscar un horizonte de viabilidad para Intelhorce, y sólo
cuando el plan Werner 3-B preveía que ni siquiera forzando la imaginación
llegábamos a un escenario de viabilidad, fue cuando se decidió presentar
una suspensión de pagos y replantear el problema de Intelhorce sobre
nuevas bases. Son unos activos que son válidos sobre los cuales puede
apoyarse un nuevo proyecto empresarial.
Creo que con ello he contestado, creo, no lo sé.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Sierra, ha contestado; otra cosa es
que la respuesta sea satisfactoria, pero ésta es otra valoración
subjetiva, y esto lo digo yo, no lo dice el señor Guerra Zunzunegui.
Tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Lo que me parece curioso de todo este proceso,
señor Sierra, es que haya dinero público para pagar informes repetidas
veces, y no poco, muchos millones de pesetas --podemos hablar de cientos
incluso, porque la factura de Interdoxa a GTE se aproxima a los 30
millones de pesetas, que yo sepa, hay incluso facturas pendientes, y
luego no sé lo que ha costado el informe Werner, pero habrá costado
seguramente dinero, usted nos lo dirá si quiere; el informe Cordón creo
que costó 17 millones de pesetas--, repito, me parece curioso que haya
habido mucho dinero para pagar sucesivos informes y poco dinero para
cumplir el mandato del Congreso. Creo que la intervención del señor
Guerra Zunzunegui en este sentido ha sido muy acertada y muy justa.
El señor consejero delegado y presidente ejecutivo de Intelhorce nos ha
dicho hace unas horas que él se marcha de Intelhorce por graves
discrepancias con los dueños y accionistas de la empresa, que en su
criterio no estaban cumpliendo el mandato del Congreso, ni estaban
poniendo las medidas para reflotar Intelhorce, sino estableciendo una
serie de medidas para cerrarlo. Tanto es así, señor Sierra, que en
febrero de 1992 o pocos meses después ya se cumplen las condiciones que
luego se plantean en 1994 para la suspensión de pagos, por ejemplo, y
aunque no había sentencia firme de la Comisión Europea ya se sabía cuál
podía ser el débito final de la operación, 4.400 millones de pesetas.
Tanto es así que el señor Díaz Huder, que le precede a usted al frente de
Improasa, escribe una carta a don Luis Alcaide de la Rosa el 18 de mayo
de 1992 y le dice: Querido Director... --así empieza la carta-- ... al
margen de cualquier tipo de problemática que todo ello suscita, hay que
recordar que las ayudas, sea cual sea el método utilizado y forma que se
las quiera dar, se enfrentarán abiertamente con la normativa comunitaria
en esta materia. Esto es totalmente inevitable. Por eso yo le preguntaba
antes --y ha contestado usted aunque no en profundidad, pero ha
contestado-- si no considera que puede ser un peligro en el futuro. Yo
creo que sí. Será un peligro probablemente no para la nueva empresa, pero
sí para el bolsillo de los españoles, porque puede ser que mañana alguien
se atreva a denunciar, una vez más, al Gobierno de España ante la
Comisión Europea porque a través de Improasa, empresa que usted preside,
se determinaron ayudas ilegales e incompatibles con el Tratado de Roma a
una empresa pública, porque Improasa es una empresa pública y tiene todas
las características de una empresa pública y ha recibido, vía
Presupuestos Generales del Estado y acuerdo del Consejo de Ministros,
muchos miles de millones de pesetas para su capital social, con el objeto
de que luego Improasa cediera a través de créditos participativos y otro
tipo de figuras a Intelhorce, a Hytasa y a otras empresas esta cuestión.
Creo que puede ser un problema para futuros gobiernos, efectivamente.
Pero fundamentalmente, aunque no sea para futuros gobiernos, porque sería
un planteamiento político, lo va a ser para los españoles, que son los
que al final, señor Sierra, pagan la factura de todas estas cuestiones.
Fíjese si esto es importante que el informe Interdoxa, al que usted se ha
referido en varias ocasiones y que usted como yo sabemos que firma don
Antonio Gutiérrez Castaño, socio antiguamente de don Felipe González en
su despacho laboralista de Sevilla... (Risas.) Mis compañeros se ríen
porque lo digo tantas veces; es que a mí me llama mucho la atención. (El
señor Sáenz Lorenzo: Es que es lo único que dice.) Por este informe se
acogen cerca de 700 trabajadores o seiscientos y pico, no recuerdo muy
bien, señor Sierra, a las bajas incentivadas. La pregunta es muy
concreta, tengo conocimiento de que 200 de aquellos trabajadores en estos
momentos, porque así lo han dicho los medios de comunicación, le van a
plantear una demanda a Patrimonio del Estado por delito social, porque
entienden que se les engañó, que se acogieron a esas bajas incentivadas
porque se les aseguró que se cerraba Intelhorce y que mejor se acogían,
por aquello que se suele decir de más vale pájaro en mano, a un dinero de
los Presupuestos Generales del Estado que a continuar en su actividad, y
creo que 240 ó 215, no sé cuántos, trabajadores han anunciado que van a
interponer una demanda por delito social. Estos trabajadores sí que
entienden que puede haber sucesión de empresa, curiosamente, y el delito
social es un delito tipificado en el actual Código Penal, el vigente, el
de la democracia, y en el anterior también, y además muy bien tipificado,
por cierto. Por tanto, me preocupa esta cuestión.
Ultima cuestión, señor Sierra, usted ha dicho que los acreedores de
Intelhorce ahí están, está la junta de acreedores. ¿Y los deudores?
¿Desde su Presidencia de Intelhorce y desde su responsabilidad se ha
hecho todo lo posible por cobrar a quien le debía dinero a Intelhorce?
Por ejemplo, ¿se le han cobrado a Juan Guerra los 32 millones de pesetas
que dejó como deuda a Intelhorce, por un pedido que hizo personalmente de
sábanas, toallas y albornoces?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sierra.
El señor PRESIDENTE DE IMPROASA (Sierra Sánchez): En relación con la
salida de Antonio Alvarez voy simplemente a dar una mínima explicación.
Yo no puedo admitir como gestor de una empresa que se me diga que una
empresa recibe ayudas del Estado porque está en pérdidas, pero que el
Estado hace un buen negocio porque recupera vía cuotas sociales, IVA y
retenciones fiscales más de lo que ha puesto, porque por esa regla de
tres, una empresa privada no tiene por qué pagar impuestos, porque no
recibe ayudas. Ese no es un criterio de gestión. Las discrepancias de
gestión con el señor Antonio Alvarez fueron muy fuertes y acabamos no
pudiendo entender cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Una
cosa es la contabilidad analítica, sin desviaciones de estándares, como
instrumento de gestión, y otra cosa distinta es que hay una cuenta de
resultados que impone sus números por encima de la contabilidad
analítica. A mí la analítica me puede decir que pierdo 300 millones de
pesetas, pero si la cuenta de explotación me dice que pierdo 800, es que
tengo que tener unas desviaciones brutales en la contabilidad analítica.
Estoy descendiendo otra vez a un detalle que tal vez sea demasiado
minucioso, pero es que, vuelvo a repetir, los enfrentamientos que tuve
con el señor Alvarez fueron ciertamente importantes.
En segundo lugar, respecto del delito social, diré que los trabajadores,
que yo sepa, estarán en su derecho de presentar una denuncia por delito
social. Patrimonio, que yo sepa, no les engañó. Hay unos acuerdos
firmados a los que se acogieron. Si alguien les dijo que eso era la
continuidad pasada, presente y futura de Intelhorce, serán ellos los que
les engañaran. Por otra parte, no fue tampoco en perjuicio de su derecho,
no renunciaron gratis et amore a su puesto de trabajo, lo que por otra
parte es ilegal, sino que recibieron unas indemnizaciones muy por encima
de los mínimos legales. De todas formas, vuelvo a repetir, si hay una
denuncia social que me afecte personalmente, haré frente a ella, porque
está en mi sobre hacer frente a todo tipo de responsabilidades,
querellas, etcétera; creo que tengo dos o tres.
Respecto de los deudores, es la primera noticia. Nadie me había hablado
jamás de eso. Creía que iba por la deuda del señor Orefici; ésa sí que
está reclamada extrajudicialmente y se ventilará como responsabilidad
civil dentro del procedimiento penal. Eso es otra cosa. Supongo que el
departamento jurídico de Intelhorce, cuyo jefe durante unos años fue el
señor Muñiz precisamente, habrá estudiado todos los impagados y
recuperado de ellos lo que se pueda recuperar.
Finalmente, una última aclaración. Yo no sé si este señor de Interdoxa
era amigo del Presidente del Gobierno o no. Le puedo decir como
curiosidad que uno de los socios de Interdoxa, cuando yo llegué a
Improasa --era un abogado laboralista de Madrid, que falleció al poco
tiempo en un accidente de circulación-- me estuvo llevando el pleito de
un despido, por cierto, bastante bien. Yo no sabía ni que era socio de
Interdoxa, ni que un socio de Interdoxa era amigo de Felipe González.
Mire usted, yo contraté a un profesional y punto. Luego la vida da muchas
vueltas. Yo no sé por qué escogieron Interdoxa, no está dicho en los
acuerdos de consejo; simplemente le digo que hay una información del
presidente del consejo en aquel momento, en el mes de abril de 1991, creo
recordar, en el que dice que hay un estudio elaborado por Interdoxa. No
sé más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sierra.
--DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS DE
MALAGA (GUTIERREZ RODRIGUEZ). (Número de expediente 219/001017.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comparece ante esta Comisión don Francisco
Gutiérrez Rodríguez, Secretario de la Unión Provincial de Comisiones
Obreras de Málaga, que viene acompañado por don José Ramírez, de acuerdo
con su derecho de ser asistido en su comparecencia ante esta Comisión.
Tanto al señor Gutiérrez como al señor Ramírez les damos nuestra
bienvenida.
Le explico sucintamente cómo operamos en nuestros trabajos
parlamentarios, señor Gutiérrez. En esta su comparecencia, usted puede
exponer ante las señoras y señores Diputados presentes cuanto crea
pertinente y oportuno, siempre, lógicamente, de acuerdo con el objeto de
su comparecencia, que es el marco general de esta Comisión de
investigación. Puede renunciar a este primer turno si así lo desea y, en
todo caso, luego pasaríamos, tanto en un supuesto como en otro, a las
preguntas que pueden formular las señoras y señores comisionados.
Por tanto, ahora dispone usted del tiempo que crea pertinente para su
exposición y, si renuncia, pasaremos directamente a las preguntas.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE CC. OO. DE MALAGA
(Gutiérrez Rodríguez): Aunque brevemente, voy a exponer mi consideración
respecto al objeto de mi comparecencia en esta Comisión, en cuanto
responsable provincial de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en
Intelhorce, y por tanto portavoz del sentir ampliamente mayoritario de
los trabajadores. Al igual que en el proceso judicial se trata de
delimitar las responsabilidades penales, aquí entiendo que, como tal
Parlamento, se trata de delimitar las responsabilidades políticas.
Desde Comisiones Obreras en Málaga venimos siguiendo el proceso de
Intelhorce desde su inicio, aunque bien es verdad que yo tomé posesión
como secretario en junio de 1991 y no viví directamente el proceso de
privatización. Pero a través de toda la información y la indagación que
hemos hecho posteriormente, entiendo que conozco bastante bien, al menos
desde nuestra perspectiva, cómo se produjo este proceso. En opinión de
Comisiones Obreras y los trabajadores, en el tema de Intelhorce hay una
responsabilidad política clara más allá de una gestión empresarial más o
menos afortunada. A través de toda la información que hemos ido
acumulando, entendemos que esta responsabilidad política recae en
aquellos que fueron responsables, en julio y agosto de 1989, de la
privatización, empezando por el Ministro de Economía y Hacienda, que era
entonces don Carlos Solchaga.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, yo no sé si el compareciente se
equivoca y piensa que es uno de los Diputados que están aquí a este lado
de la mesa, pero viene para informar de las actuaciones de Comisiones
Obreras en el proceso, no para enjuiciar a ningún partido político ni a
ningún responsable político por sus actuaciones. Por tanto, yo rogaría
que se limitara a esa intervención, sin hacer aquí una soflama política
que no es su papel. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Yo recomendaría tranquilidad al portavoz del
Grupo Socialista, porque es inaudito que no solamente interrumpa a otros
Diputados, sino que ya empieza a interrumpir también a los
comparecientes. Yo le recomendaría tranquilidad. ¿Cómo va a impedir el
señor portavoz del Grupo Socialista que ningún compareciente exprese su
opinión sobre el proceso Intelhorce? ¡Hasta ahí podíamos llegar! (El
señor Saenz Lorenzo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Diga, señor Saenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Desde mi punto de vista, los comparecientes
vienen a informar de su actuación, de su empresa, de su organización
respecto al proceso, no para dar juicios de valor ni para dar opiniones
políticas, que yo creo que no se han pedido a nadie. Desde luego, estamos
muy lejos de pedir a ninguno de los comparecientes su opinión política.
Si hay responsabilidad política o no, somos nosotros quienes tenemos que
juzgarlo y somos nosotros quienes tenemos que establecerlo. Me parece que
está totalmente fuera de lugar una intervención de ese tipo en esta
Cámara por parte de un compareciente.
El señor CENTELLA GOMEZ: Yo recomiendo al señor Saenz Lorenzo que haga el
próximo reglamento de comparecencias y entonces podrá aplicar lo que él
dice. Actualmente los comparecientes pueden hacer una exposición como lo
consideren oportuno y, por tanto, sobra toda su argumentación. Es de
agradecer que empiecen a venir comparecientes cuando ellos están
bloqueando las comparecencias más importantes.
Por tanto, repito: tranquilidad y vamos a escuchar lo que nos tienen que
decir los comparecientes. (El señor Izquierdo Juárez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Quiero recordar al señor Saenz Lorenzo, para
centrar sus continuas interrupciones, que esta comparecencia se produce a
petición del Grupo Popular, porque entendemos que la parte social, que es
la más perjudicada en todo el proceso de privatización de Intelhorce y
posteriores decisiones tomadas por el Ejecutivo, debe venir al ámbito de
la representación popular a hacer la exposición que crea más conveniente.
Entendemos que debe ser así.
Al señor Gutiérrez quiero hacerle simplemente una acotación. Es habitual
esta situación. Al Grupo Parlamentario Socialista no le suele gustar oír
ciertas cosas, pero eso parece lógico.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, la petición de esta
comparecencia por el Grupo Popular fue aceptada por mi grupo
inmediatamente, porque nosotros no hemos puesto pegas a ninguna de las
comparecencias que nos han parecido razonables.
Yo creo que el señor Secretario de Comisiones Obreras viene a explicarnos
aquí cuál ha sido la actuación de su central sindical respecto a
Intelhorce: para informar, no para hacer una proclama política respecto a
quién es responsable o no. Ese es nuestro papel, no el suyo. Por tanto,
ruego que su intervención se inscriba en un marco razonable.
El señor PRESIDENTE: El señor Gutiérrez Rodríguez ha empezado su
intervención distinguiendo las responsabilidades penales de las políticas
y, lógicamente, la ha desarrollado desde esta perspectiva, que es la
propia de un Parlamento.
Obviamente, para él y para su sindicato --ya lo ha remarcado: además,
como sindicato mayoritario y profundo conocedor del tema-- existen
responsabilidades en el área del Gobierno. No ha dicho otra cosa. Yo me
imagino que a lo largo de su intervención el señor Gutiérrez Rodríguez,
si es que no renuncia a la misma, querrá avalar con detalles, con hechos
y concreciones su valoración. Pero en todo caso es su valoración, que en
ningún momento tiene por qué incidir ni positiva ni negativamente en las
conclusiones de la Comisión de manera decisiva, que para eso estamos los
comisionados. En todo caso, siempre cabe, repito, esa red, que es la
auténtica, de los parlamentarios que tienen que hacer su labor.
Señor Gutiérrez Rodríguez, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE CC. OO. DE MALAGA
(Gutiérrez Rodríguez): Lamento este incidente. Soy neófito en estas lides
y, además, es la primera vez que visito el Parlamento. Por tanto, lejos
de mí tratar de ser parlamentario ni sustituir a
ninguno de ellos. Simplemente entendía que era pertinente exponer cómo
veíamos nosotros el proceso. Si quieren no continúo por ahí, aunque me
imagino que en las preguntas puede salir el tema y sí podré dar mi
opinión. Si no, que el señor Presidente me diga que no puedo dar la
opinión y no la daré. Yo vengo aquí voluntariamente a decir qué es lo que
desde la perspectiva de Comisiones Obreras entendemos que ha ocurrido,
desde nuestra perspectiva, que no tiene por qué ser la verdad, pero es lo
que ha podido ocurrir.
Dejando aparte el tema de las responsabilidades para no incidir otra vez,
Comisiones Obreras y los trabajadores nos venimos haciendo una pregunta
desde el año 1989, y ya han pasado seis años desde entonces sin que nadie
nos dé una respuesta satisfactoria, al menos para nosotros. ¿Cómo es
posible que el 14 de julio de 1989 el Consejo de Ministros apruebe la
privatización de una empresa como Intelhorce entonces, con 21.500
millones de pesetas de capital social, con 1.500 trabajadores, con unos
10.000 millones de pesetas en activos, y se entregue a dos empresas,
Benorbe y Benservice, que se inician con un capital social la primera de
2.000.000 y de 500.000 pesetas la segunda, que por imperativo legal se
amplía a 10 millones y posteriormente a 20 millones, pero que en
definitiva ni tenían actividad reconocida ni trabajadores a su cargo ni
ningún tipo de solvencia? Además, se utiliza la excusa de que en realidad
no se vendía la empresa a Benorbe y Benservice, sino al grupo Benetton, y
así se recoge en declaraciones y notas de prensa de julio y agosto de
1989 en todos los medios de comunicación, tanto de Málaga como
nacionales.
Esa es la pregunta que nos hacemos los trabajadores y que creemos que
habría que responder. La hemos formulado en todos los foros, en todas las
administraciones, y no se nos ha contestado. Nos parece que de ahí parten
realmente los grandes males, los grandes problemas de Intelhorce, mucho
más cuando se vende por 2.000 millones de pesetas con un compromiso de
ampliación en otros 2.000 y, previamente a la privatización, se hace una
ampliación de capital de 5.869 millones. No es entendible, al menos desde
nuestra perspectiva, esta situación. Los incumplimientos incluso en el
pago aplazado de los 2.000 millones de pesetas y la no ampliación de
capital de otros 2.000 millones de pesetas fueron denunciados
reiteradamente por el comité de empresa y los sindicatos a la Dirección
General del Patrimonio del Estado, en aquel entonces dirigida por don
Luis Alcaide (estoy hablando de finales de 1989 y durante todo el año
1990), sin que se diera ningún tipo de respuesta sobre el asunto. Esto
llevó a Comisiones Obreras a que, el día 11 de octubre de 1991,
presentara una denuncia por presunto delito de fraude, malversación de
fondos públicos y prevaricación contra la familia Giovanni Orefici, como
administradores de Benorbe y Benservice, y contra don José Miguel Moreno
García, en aquel entonces presidente de Improasa; denuncia que fue
archivada a instancia del Fiscal General del Estado, en aquel entonces
don Leopoldo Torres.
En definitiva, el archivo sin previa comunicación de la denuncia
presentada en el año 1991 por Comisiones Obreras y las actuaciones
posteriores, llevan a pensar a Comisiones Obreras y a los trabajadores
que el problema de Intelhorce, como decía al principio de mi
intervención, no es meramente empresarial, que se haya hecho una buena o
una mala gestión empresarial, sino que fundamentalmente es un problema de
decisión y de capacitación política; y no digo nombres para no enfadar a
nadie y para no alargarme más. En síntesis, esto es un poco lo que los
sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, nos planteamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Rodríguez.
Empezamos el turno de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra en
primer lugar el señor Izquierdo, en representación del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: A pesar del incidente previo que ha habido,
quiero dar las gracias al señor Gutiérrez por su comparecencia voluntaria
en esta Comisión de investigación y plantearle algunas cuestiones.
Usted ha dicho que los trabajadores, el comité de empresa, denunciaron al
Director General del Patrimonio del Estado, don Luis Alcaide de la Rosa,
que toma posesión de su cargo en diciembre de 1990, meses después de la
privatización, que fue en agosto de 1989. Antes don Luis Alcaide de la
Rosa, como S. S. sabe, había sido Director General de Transacciones
Exteriores. Sin el concurso de don Luis Alcaide de la Rosa parecería
imposible la operación Benorbe y Benservice, puesto que no en vano es la
Dirección General de Transacciones Exteriores la que autoriza,
previamente a la privatización de Intelhorce, las inversiones que iban a
desarrollar Benorbe y Benservice --por ejemplo las ampliaciones de
capital a las que usted ha hecho referencia-- para convertirse en
empresas españolas, aunque de propietario extranjero, y posteriormente
para comprar Intelhorce. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que
Benorbe y Benservice (lo sabemos ahora, ya que se ha averiguado después
del proceso de privatización) estaban participadas en su mayoría por dos
sociedades: una sociedad gibraltareña y otra británica. Por tanto, ni
siquiera cuando el señor Muñiz retira de Improasa el cuaderno de ventas,
y consta en la documentación enviada por el Gobierno a la Cámara, Benorbe
y Benservice fueron objeto de la atención de Improasa ni del Patrimonio
del Estado, puesto que no figuraban en el ranking de empresas textiles,
ni españolas ni internacionales. Este señor, repito, retira el cuaderno
de ventas y empieza las gestiones para adquirir Intelhorce, cuando en ese
momento esas empresas están participadas de un capital extranjero.
Por tanto, aquí hay una participación de una persona de la
Administración, mejor dicho, del Gobierno (a veces se confunde la
Administración con el Gobierno; yo entiendo por Administración a los
administrativos, funcionarios a cualquier nivel que lo son en este
Gobierno, lo serán después y lo han sido antes) designada para ocupar
cargos políticos importantes, de libre designación, en la Administración.
Pues bien, don Luis Alcaide de la Rosa pasa a ser Director General del
Patrimonio del Estado y bajo su mandato se han de cumplir las condiciones
establecidas en el contrato de compraventa. Por tanto, parecen
enormemente clarificadoras sus palabras de que ya se denuncia a don Luis
Alcaide de la Rosa, meses después de la privatización, de que el
calendario se está incumpliendo, etcétera.
Es que, además (usted me rectificará si no es así, y nos lo ha confirmado
don Antonio Alvarez), meses después se conoce públicamente dicho contrato
de compraventa. Nadie conoció en Málaga las condiciones de dicho contrato
de compraventa. Tampoco se enteró nadie del acuerdo del Consejo de
Ministros del 14 de julio porque no fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», como es preceptivo. Curiosamente no fue publicado el acuerdo
del Consejo de Ministros de la venta de Intelhorce, el 14 de julio, en el
«Boletín Oficial del Estado» y pasó completamente inadvertido. Unicamente
hay una referencia brevísima del Consejo de Ministros a la prensa, de dos
líneas y media, en la que se indica que se ha privatizado o se ha vendido
Intelhorce, sin más comunicación.
Esto es importante porque el señor Alvarez ha dicho que tuvo una reunión
muy significativa en octubre del año 1991 con la empresa, los compradores
privados y la Dirección General del Patrimonio, en la que puso de
manifiesto lo que estaba pasando, lo que determinó su salida de la
sociedad. Pero no salieron los gestores privados de la sociedad en
aquella fecha. Al contrario, se nombra como administrador único de la
misma al señor Muñiz, que ejerce su cargo hasta febrero o marzo del año
1992, fecha en la que tampoco sale porque, como usted sabe muy bien, el
señor Muñiz, cuando Improasa se hace cargo de Intelhorce, es nombrado
presidente del consejo de administración. Hago esta exposición para
preguntarle directamente a don Francisco Gutiérrez: ¿Cree usted que en
todo este proceso ha habido voluntad de engaño a los trabajadores, no
solamente por parte de los compradores sino también por parte de personas
responsables del Gobierno? Y no empleo la palabra Administración porque
se presta a equívocos y suele molestar a alguno de los comisionados.
Ha explicado usted una cuestión que todavía no había aparecido en esta
Comisión de investigación, y es que Comisiones Obreras denuncia ante el
Fiscal General del Estado, en octubre de 1991, algo que luego ha sido
denunciado por otro sindicato y por el propio Patrimonio del Estado en el
año 1994. ¿En su opinión esto avala, de alguna manera, el hecho de que
desde el primer momento se sabe lo que se está haciendo, a quién se está
vendiendo Intelhorce, las condiciones en las que se vende, los peligros
que tenía su venta y que las decisiones que hubieran podido cortar todo
lo que tenemos ahora no fueron tomadas por desidia, por interés, por
dejadez o por cualquier otra razón?
Otra cuestión, señor Gutiérrez. Improasa se hace cargo de la empresa en
el año 1992. El señor Alvarez nos ha contado que ha tenido discrepancias
importantísimas con el Presidente de Improasa, señor Sierra, que Improasa
no ha cumplido el mandato parlamentario que le obligaba, por una
proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aprobada por
unanimidad de esta Cámara, a hacer todo lo posible para sanear o devolver
Intelhorce a una situación estable, sino que, al contrario, la empresa se
para, se detiene la producción, no se hace política comercial y todas las
decisiones que se van tomando van encaminadas a la suspensión de pagos.
Hemos exhibido al señor Serra un documento --y esto es interesante que lo
conozca usted, señor Gutiérrez--, según el cual en el consejo de
administración, cinco días después de haber tomado posesión como
presidente de Improasa, el señor Serra, a preguntas de un consejero, dice
que lo mejor que puede suceder en Intelhorce es cesar la actividad y
liquidar la compañía. Esto fue en noviembre de 1992 y, como usted sabe,
la suspensión de pagos se produjo en el año 1994 y es la situación que
tenemos ahora, en fechas muy recientes.
Voy a terminar mi intervención pidiéndole que nos dé su opinión sobre
todo lo que ha revoloteado en torno a Intelhorce, puesto que nosotros
estamos muy preocupados. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que
ha sucedido en Intelhorce, aunque tenemos ya una impresión bastante
fundada. Nos llama mucho la atención, señor Gutiérrez, que en torno al
proceso de privatización de Intelhorce y su posterior administración
revolotean un poco los de siempre. Se encargan informes millonarios, que
han costado mucho dinero a Intelhorce, y sin embargo no hay dinero para
otro tipo de actividades; por ejemplo, el informe Interdoxa, el informe
Werner, el informe Cordón, que cuesta 17 millones de pesetas. Nosotros
mantenemos que con la información de la Agencia Tributaria, las denuncias
de Comisiones Obreras y de UGT, la información contable que existía, y
que los administrativos de Intelhorce podían poner en conocimiento de
Patrimonio del Estado, hubiera sido más que suficiente para, mucho tiempo
atrás, haber parado en seco la sangría de dinero que se había hecho en
Intelhorce. Sin embargo, se encarga un informe Cordón, que cuesta 17
millones de pesetas, se encarga un informe Werner, que no nos ha dicho el
señor Sierra cuánto cuesta, y se encarga un informe Interdoxa.
Es curioso, señor Gutiérrez, que Interdoxa es una compañía, lo reitero
una vez más, a pesar de que mis compañeros...
El señor SAENZ LORENZO: Es el único argumento que tiene.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, le ruego que no interrumpa,
aunque le disguste profundamente a S. S., como ya ha expuesto en otras
ocasiones, que el señor Izquierdo haga referencia a lo que va a hacer
referencia.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, tengo la tentación de buscar
quién son los amigos de todas las personas de 20 años de antigüedad,
todas las personas que actúan en algún caso, pues es la única
argumentación que hace.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, cada uno tienes sus aficiones,
que tenemos que respetar.
El señor SAENZ LORENZO: Son aficiones malsanas. (El señor Guerra
Zunzunegui: Es una tesis de su señoría.)
El señor PRESIDENTE: Eso lo dirá usted. Señor Sáenz Lorenzo, está en el
uso de la palabra el señor Izquierdo. Por favor, prosiga.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Viene muy a cuento por la representación que el señor Gutiérrez tiene,
que es la de los trabajadores, que es la parte social del escándalo
Intelhorce y, además, los principalmente perjudicados. Yo digo los
directamente perjudicados, los inicialmente perjudicados y con ellos
todos los demás, porque, como usted sabe, el escándalo Intelhorce, la
sangría de dinero y las enormes pérdidas de Intelhorce, que no son
debidas, en mi opinión, ni siquiera a la gestión comercial e industrial
en determinadas épocas, ni por supuesto a los trabajadores, de una
altísima cualificación, sino debidas a decisiones políticas, al final
vamos a acabar pagándolo todos, los trabajadores de Intelhorce,
seguramente sus hijos y a lo mejor también sus nietos. Luego estamos
hablando aquí de un problema serio.
A mí me llama mucho la atención que abogados laboralistas que en un
momento determinado de su vida se dedicaron a defender a los
trabajadores, luego pasen a hacer informes, por los que cobran 34, 35, 36
millones de pesetas nada menos, que vienen resumidamente a decir, después
de dos años de trabajo, que se tienen que ir seiscientas y pico personas
a la calle. Es el comentario que quería hacerle. Esto lo hace un socio
del despacho laboralista de don Felipe González Márquez en Sevilla.
Antes se ha hablado al señor Sierra de los acreedores de Intelhorce. Yo
quería hacerle una pregunta final muy concreta, si tiene a bien
responderla. ¿Le consta, señor Gutiérrez, que Juan Guerra haya solicitado
de Intelhorce un pedido de treinta y tantos millones de pesetas en
toallas, sábanas y albornoces y que dicho pedido todavía hoy el señor
Guerra se lo deba a Intelhorce?
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Rodríguez, cuando quiera puede
responder. Ya sé que son muchas las preguntas planteadas. En todo caso,
si queda algo en el tintero no se preocupe porque el señor Izquierdo
siempre insiste.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE CC. OO. DE MALAGA
(Gutiérrez Rodríguez): Decía, en plan un poco jocoso, que esto se está
pareciendo al Parlamento que vemos por la televisión.
El señor PRESIDENTE: Es exactamente el mismo Parlamento. (Risas.)
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE CC. OO. DE MALAGA
(Gutiérrez Rodríguez): Pero sin verlo por la televisión.
El señor PRESIDENTE: En directo, señor Gutiérrez.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE CC. OO. DE MALAGA
(Gutiérrez Rodríguez): Voy a dar mi opinión, que no puede estar exenta de
juicios de valor, gusten o no gusten --lo digo por el señor Sáenz
Lorenzo--, a las cuestiones planteadas por el señor Izquierdo.
La primera pregunta era que si entendíamos que los trabajadores se
sentían engañados a la hora de la privatización, tal como se planteó el
tema. Es evidente que sí, porque concretamente en el mes de agosto de
1989 hubo una explosión de alegría en los 1.528 trabajadores que en esos
momentos formaban la plantilla de Intelhorce, ya que la empresa se
privatizaba totalmente libre de cargas, con una inversión en maquinaria
de lo más moderno que había en aquel entonces a nivel de tecnología
textil y, además, se privatizaba para vendérsela al grupo Benetton, un
grupo industrial textil de los más importantes a nivel internacional.
Tengo aquí delante una hoja en la que se recogen los titulares de la
prensa, como decía al principio, tanto de Málaga como a nivel nacional,
donde se dice que Patrimonio negocia la venta de Intelhorce al grupo
Benetton, de «El País» del 24 de junio de 1989; Patrimonio confirma la
venta de Intelhorce al grupo Benetton, del diario «Sur» de Málaga, de 1
de junio de 1989; el grupo Benetton compra por 4.000 millones la empresa
textil Intelhorce, de «Diario 16», del 30 de junio; acuerdo para la venta
de Intelhorce al grupo Benetton, etcétera. Todos son titulares de prensa
de esas fechas que los trabajadores, lógicamente, celebraron con champán.
Nuestra sorpresa y nuestra desgracia es que después el grupo Benetton no
estaba detrás de la operación, que el señor Giovanni Orefici fuera tan
sólo concesionario de una cadena de tiendas del grupo Benetton, pero que
no tenía nada que ver con tal grupo, y cuando empiezan a surgir todos los
problemas de incumplimiento y se empieza a detectar que Benetton no está
detrás. Además, por parte de los trabajadores, a pesar de que no se da
una información suficiente sobre cómo van todas las operaciones de la
empresa, se empieza ya a sospechar al ver cómo van saliendo camiones con
tejido acabado en dirección a Italia, cómo las facturaciones no se
corresponden con el material que sale de la fábrica, cómo se cargan
trenes enteros con dirección a Italia y a otras empresas participadas por
los señores Orefici, sin que se pague absolutamente nada, cómo se van
detectando préstamos a otras empresas sin que se establezcan plazos de
devolución de estos préstamos, ni se diga en base a qué condiciones se
ofrecen estos préstamos. Todo eso fue detectado claramente en la
auditoría de 1989-90. Y quiero manifestar que esa auditoría la obtuvo
Comisiones Obreras de una forma ilegal, ya que ni la empresa ni
Patrimonio del Estado se atrevieron a dárnosla. Tuvimos que conseguirla
por otros medios, que no eran los oficiales que tenían que haber sido, es
decir, que la empresa y el propio Patrimonio la hubieran entregado. Creo
que en esa auditoría de 1989-90 se clarifica muy bien todo lo que estoy
manifestando en cuanto al engaño.
Archivo de la denuncia del 10 de octubre de 1991. Nosotros, después de
todas las denuncias que veníamos haciendo en reuniones celebradas en
Madrid con la Dirección General de Patrimonio sobre la situación de la
empresa, poniendo en conocimiento todos los hechos a que me he referido,
en octubre de 1991 decidimos interponer una denuncia por lo penal contra
Giovanni Orefici y José Miguel Moreno García, entonces presidente de
Improasa. Esa denuncia recayó por sorteo en el Juzgado
número 12 de Málaga --creo-- y fue archivada automáticamente, de manera
totalmente anormal, yo diría que ilegal, ya que ni siquiera como
signatario de esa denuncia, en nombre de Comisiones Obreras, se me dio
audiencia sobre los hechos que se relataban ni se abrió una
investigación, tan sólo se planteó que para la Fiscalía de Málaga, y
según nos dicen por indicación del Fiscal General del Estado, no había
indicio de delito en el tema de Intelhorce. Por tanto, la denuncia de
Comisiones Obreras respondía sólo y exclusivamente a lo que se decía al
principio por el señor Sáenz Lorenzo, a una soflama política, pero no a
hechos constatados. Se archivó la denuncia en el año 1991. Nosotros como
trabajadores pensamos que, si en octubre del año 1991 en lugar de
archivar esa denuncia se hubieran investigado los hechos que relataba
Comisiones Obreras, nos hubiera ido mucho mejor a todos. Y cuando digo a
todos empiezo por los trabajadores y continúo por todos los españoles
que, en definitiva, son los que están pagando todos los agujeros de
Intelhorce.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, la Presidencia le ampara. Puede
hacer uso de la palabra.
El señor SAENZ LORENZO: Si los interpelantes van a establecer un debate
político con los Diputados de esta Cámara, creo que estamos confundiendo
lo que es una Comisión de investigación. Que se abstenga el señor
compareciente de establecer un debate político conmigo que no le
corresponde. Está informando, está contestando a las preguntas. Me parece
muy bien que dé sus opiniones, pero que no trate de establecer este
debate porque no le corresponde hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Si la Presidencia hubiera observado que por parte
del señor compareciente se intentaba en alguna ocasión establecer algún
tipo de debate político con S. S., le habría denegado la palabra al señor
Gutiérrez Rodríguez.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Estoy en el uso de la palabra, señor Sáenz Lorenzo.
No es necesario que se lo recuerde.
Cuando el señor Gutiérrez Rodríguez hace brevísimos momentos ha utilizado
la expresión soflama política, con mayor o menor acierto porque uno va
improvisando, no ha hecho otra cosa que repetir unas palabras que usted
ha utilizado. Si le ha citado a usted ha sido precisamente por
reconocerle que era el autor de esa expresión inicial. Yo no he observado
en ningún momento que quisiera establecer ningún debate.
Señor Sáenz Lorenzo, éste es un país de catedrales: románicas, góticas,
de transición y otras. Esta es la catedral de la libertad de expresión y
este Presidente la va a amparar.
El señor SAENZ LORENZO: ¿Me permite...?
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, se terminó el debate.
Puede continuar, señor Gutiérrez Rodríguez.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE CC. OO. DE MALAGA
(Gutiérrez Rodríguez): Estoy un poco aturdido con el tema. Yo no quiero
más polémica.
El señor PRESIDENTE: Prosiga en su respuesta a las preguntas.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE CC. OO. DE MALAGA
(Gutiérrez Rodríguez): En relación al archivo de octubre de 1991, los
trabajadores y Comisiones Obreras como signataria de esa denuncia estamos
molestos por lo que decía, porque se nos acusó de que no era una denuncia
basada en hechos reales sino por cuestiones políticas. La verdad es que
después, tanto en las investigaciones penales como en los hechos
reconocidos por el propio Gobierno, cuando el Ministro Solbes plantea la
denuncia en este mismo año, se reconoce que esta denuncia del año 1991 no
respondía a cuestiones políticas inconfesadas sino a una realidad de los
hechos; al menos a una parte de la realidad, no digo a toda. Esto es lo
que quería dejar constancia, además de la irregularidad del archivo de
esa denuncia.
Otra pregunta del señor Izquierdo es si Improasa, cuando se hace cargo de
la empresa, puso todo su empeño en que ésta saliera adelante. Creo que
éste es el resumen de su pregunta. Nosotros hemos de decir que no. Creo
que Improasa, cuando se hace cargo de la empresa en abril de 1992, lo
hace muy a su pesar. Entiendo que se hace cargo por la presión social y
política. No hay que olvidar que estamos hablando de Intelhorce, que
quizá en la lejanía suene como una empresa más, pero para los que vivimos
en Málaga tiene un significado social muy importante. Por tanto, no
estamos hablando solamente de una empresa cualquiera que cierra en
Málaga, donde desgraciadamente cierran muchas empresas, sino de una que
es pionera en el sector industrial, con 3.000 trabajadores, y el que no
ha tenido un primo ha tenido a un vecino, a un familiar trabajando en
ella. Por tanto, Intelhorce significa mucho para la provincia de Málaga.
Creo que estas presiones de la sociedad malagueña y también de todos los
grupos políticos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular y
de Izquierda Unida, hicieron que en abril de 1992, muy a su pesar,
Patrimonio del Estado, en concreto Improasa, tuviera que retomar la
empresa. Lo que entiendo es que cuando las cosas se retoman de muy mala
gana así son los resultados.
La sensación que tenemos tanto Comisiones Obreras como los trabajadores
es que no se ha hecho lo suficiente; más bien al contrario, ha sido para
que Intelhorce cierre. Recuerdo una reunión con don Luis Alcaide en la
Dirección General de Patrimonio. No sabría ahora mismo decir la fecha.
Hay un dato significativo, y es que estaban no sé
si Pablo Izquierdo por el Partido Popular, Carlos Sanjuán por el Partido
Socialista y Antonio Romero u otro por Izquierda Unida. En esa reunión
don Luis Alcaide manifiesta que tienen dinero suficiente para pagar las
indemnizaciones a todos los trabajadores, pero que de ninguna manera se
puede emplear para reflotar la empresa, ya que estaban convencidos que no
tenía salida y que lo mejor era cerrarla. Si estaban convencidos de ello,
la gestión que se ha hecho ha sido para el cierre.
Se ha hecho referencia a don Antonio Alvarez, que creo ha comparecido
también en la Comisión. Con don Antonio Alvarez, como gerente de la
empresa, mantenemos una serie de contactos. Nosotros defendemos que la
salida de este señor de Intelhorce, en esta segunda etapa, fue por
disparidad de criterio con los directivos de Improasa, ya que mientras el
señor Alvarez defendía que la empresa era viable, que podía seguir
adelante y que el nivel de facturación podría suponer no ciertos
beneficios, pero sí una empresa con perspectivas de futuro, por parte de
Improasa el planteamiento era el que decía antes, que la empresa no tenía
ninguna salida, que era inviable y que por tanto había que cerrarla. En
definitiva, la contestación a su pregunta es que nosotros entendemos que
la actitud de Improasa era que la empresa no tenía salida, por lo que
había que cerrarla.
En lo referente a que ha habido abogados laboralistas que cobran millones
por los informes que hacen, esto sería un juicio de valor. Entiendo que
se han podido pagar no sólo informes de abogados laboralistas sino otros
muchos. Se han podido pagar muchos millones de pesetas por unos informes
que después no han servido para nada y se han tirado a la basura. Uno de
los casos más claros fue el informe Werner. Hubo el informe Werner 1, el
2 y el 3. A la última reunión que tuvimos en Málaga, en la Delegación de
Trabajo de la Junta de Andalucía, vino el autor del informe Werner 3 que
de alguna forma coincidía con los estudios que había hecho Comisiones
Obreras y nuestro gabinete técnico en cuanto a los medidas que debía
tomar la empresa. Improasa o la dirección encarga el estudio Werner.
Paradójicamente, cuando este estudio coincide con los postulados que
habían hecho Comisiones Obreras y los trabajadores, automáticamente
desaparece ese informe que ha costado bastantes millones. Entendemos que
el estudio Werner se encargó solamente para decir que Intelhorce no era
viable y que se debía cerrar porque no había ninguna salida.
Lo referente a Juan Guerra sí que es la anécdota de los trabajadores de
Intelhorce. Juan Guerra hizo un pedido bastante importante de ropa de
hogar, sábanas, toallas, albornoces. No sé si el pedido fue hecho por una
sociedad, pero Juan Guerra debe aparecer en la lista de deudores de
Intelhorce por una cantidad cercana a los 30 millones de pesetas. Hay
también un dato que comentan los compañeros que llevan la administración
y la contabilidad de la empresa, y es que cuando Juan Guerra hace este
pedido de ropa de hogar, que es lo que fabricaba Intelhorce, hubo
problemas y, además, fue comentado por parte de la dirección de la
empresa. Se planteó que no era un cliente de Intelhorce y no pagaba en
efectivo, y por tanto no había garantías. Esto no lo conozco
directamente, pero lo que cuentan los compañeros de administración y de
comercial es que hubo presiones para que se sirviera ese pedido a pesar
de que no había garantías, y así se hizo. Creo que asciende a unos 30
millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Quisiera empezar felicitando al señor Presidente
por haber amparado la libertad de expresión en esta Comisión. Creo que es
un tema importante y espero que continúe así en el desarrollo de esta
sesión y de las siguientes, a pesar del nerviosismo del portavoz
socialista.
Para mí ésta es una comparecencia muy satisfactoria porque si alguien ha
creído en el futuro de una empresa textil en Málaga han sido los
trabajadores. Esta no es una afirmación gratuita ni es un juego de
palabras, es simplemente la constatación de unos hechos reales, que sobre
la espalda de los trabajadores se han cargado los mayores costes de todas
las operaciones de privatización y nacionalización de Intelhorce. Por
tanto, está acreditado que los que sí han creído en el futuro, porque han
empeñado incluso gran parte de sus beneficios, han sido los propios
trabajadores.
En este sentido ya le dijimos al anterior compareciente que nos
extrañaba, una vez que estaba constatada esta voluntad de los
trabajadores, el porqué no se le dio más protagonismo a las
representaciones de los trabajadores cuando se quiso privatizar la
empresa. Se nos llegó a decir que se había retenido información para
evitar que los propios trabajadores pudiesen dañar el proceso de
privatización. Eso se nos dijo aquí por un responsable de aquella
privatización. Por el contrario, a estas alturas lo que nosotros creemos
es que simplemente lo que se quiso evitar fue que Comisiones Obreras
evidenciara la falta de solvencia de Benorbe y de Benservice y,
efectivamente, hubiese puesto en peligro la venta, pero no como se nos
decía, sino por la falta de solvencia de estas empresas compradoras.
En este momento, a pesar de que no se han podido determinar todas las
comparecencias que nosotros creemos fundamentales de los máximos
implicados en la privatización, sí tenemos ya algunas apreciaciones que
yo quería exponer en voz alta para que me diese su opinión la
representación de los trabajadores.
Nosotros creemos que el Gobierno no ha creído nunca en el futuro de
Intelhorce y que lo que deseaba era deshacerse de ella, por lo que no
dudó en realizar la venta, a pesar de que había informes que indicaban
que no estaba la cosa nada clara.
Una vez que se demostró el fracaso de esta privatización lo que se
intentó fue tapar la chapuza que se había cometido, se esperó ganar
tiempo, por eso no se ejecutaron los avales. Se nos ha dicho en esta sala
que los avales no se ejecutaban por hacerles un favor a los trabajadores,
porque eso hubiese provocado el cierre inmediato de la empresa, y
evidenciamos aquí que eran los propios trabajadores los que estaban ya
presionando para que se tomasen cartas en el asunto. Pero en fin, son
contradicciones que iremos aclarando a lo largo de hoy.
Creemos que también es necesario en estos momentos poner las cartas boca
arriba y empezar a determinar ya cosas, porque empezamos a creer que las
dilaciones, y el Partido Socialista las evidencia cada vez más, se están
convirtiendo en complicidad. Solamente la comparecencia de los más
directos implicados en el tema es lo que podrá acabar determinando si han
existido responsabilidades políticas. Hasta ahora no todos admitíamos la
existencia de estas responsabilidades, pero hoy podemos afirmar que es el
propio Partido Socialista Obrero Español el que empieza a reconocer la
existencia de estas responsabilidades y esta mañana se ha dicho...
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, tiene el turno lógico para concretar
algunas de las informaciones que aquí ha vertido el representante de
Comisiones Obreras o para formularle las preguntas que crea pertinentes,
pero, por favor, no me abra un debate con el representante del Grupo
Socialista, en base a su intencionalidad política. Cuando ésta se vea y
se materialice a través del apoyo o la discrepancia a un dictamen
concreto, la conoceremos, pero de momento el Grupo Socialista no se ha
opuesto a ninguna comparecencia, ha expresado su posicionamiento respecto
de algunas, y en ningún momento ha aceptado ninguna responsabilidad
política por parte de nadie, hasta esta fecha, quizá en el futuro lo
haga.
Lo que le pido, señor Centella, es que no abra un debate innecesario con
el señor Saenz Lorenzo y que se atenga a lo que le corresponde a este
turno, que es preguntas al señor compareciente.
El señor CENTELLA GOMEZ: No es mi intención abrir ningún debate. Es
precisamente el señor Sáenz Lorenzo el que tiene por estilo abrir debates
con los demás.
Dicho esto, aclararle...
El señor SAENZ LORENZO: El señor representante de Izquierda Unida dice
cuál es la opinión del Partido Socialista, lo cual es inédito, que de
repente se haga representante del Partido Socialista y diga qué es lo que
opina el Partido Socialista.
Encima me hace una alusión diciendo que yo abro polémica. El que está
abriendo polémica es usted, porque está diciendo qué es lo que admite el
Partido Socialista y qué es lo que no admite. Usted diga lo que hace
Izquierda Unida. Plantee su posición, haga las preguntas que estime
oportunas, y no se meta donde no le llaman, señor Diputado.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, por favor, le reitero que no me abra
debates, porque ya ve lo que ocurre.
El señor CENTELLA GOMEZ: No abro debate. Simplemente trato de terminar la
frase, y si me hubiese dejado terminarla posiblemente...
El señor PRESIDENTE: Puede usted terminarla, pero no me cite más al
Partido Socialista. Lo hará su portavoz.
El señor CENTELLA GOMEZ: ... posiblemente hubiese comprobado cómo yo no
evidenciaba nada más que lo que ya está escrito.
Sí aclaro una cosa que ha dicho la Presidencia, y es que yo en ningún
momento he dicho que el Partido Socialista haya vetado ninguna
comparecencia. He dicho que las ha dilatado, y lo digo para que quede
constancia de cuál era mi expresión exacta, que no era negación sino
dilación.
Dicho eso, lo que estaba diciendo es que el Partido Socialista... (El
señor Sáenz Lorenzo: ¡Y dale! Diríjase al señor de Comisiones Obreras.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dejar que el señor Centella termine su
pensamiento, y si ese pensamiento la Presidencia lo cree impertinente, se
lo va a decir, así de claro, y se lo advierto, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: No es un pensamiento, es que le iba a exponer un
hecho real que ha ocurrido este fin de semana en la prensa malagueña. En
la prensa malagueña ha sido publicado, como ha dicho esta mañana el señor
Izquierdo, que la Diputada del Partido Socialista ha manifestado que el
Partido Socialista entendía ya admitida la responsabilidad política con
la dimisión del Ministro Carlos Solchaga. Eso está escrito y
entrecomillado en la prensa malagueña, y no ha sido desmentido. Por
tanto, nosotros entendíamos que esto era ya empezar a asumir
responsabilidades, y repito que es un hecho y no una valoración de
Izquierda Unida.
Si el señor Sáenz Lorenzo no me hubiese interrumpido hubiésemos durado un
minuto. Vamos a durar mucho más tiempo por sus interrupciones.
A partir de ahí...
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, yo le reitero por segunda vez que
vaya al núcleo de la cuestión, que en este turno no es tanto evocar
declaraciones de una diputada que en estos momentos está ausente de la
sala, o reiterar esa evocación que ya se hizo esta mañana, como usted
dice muy bien, sino precisamente hacer las preguntas que crea pertinentes
al representante de Comisiones Obreras.
Si no es así, entenderé que usted no tiene preguntas que hacer y, por
tanto, le voy a retirar la palabra. Se lo advierto.
El señor CENTELLA GOMEZ: Espero que la felicitación que hice al principio
de mi intervención no tenga que tornarla en censura y no me retire la
palabra, porque si usted me ha oído bien, he empezado afirmando que le
iba a hacer unas consideraciones al compareciente sobre las cuales quería
escuchar su opinión. (El señor Sáenz Lorenzo: el compareciente conoce
perfectamente sus consideraciones.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, se han planteado aquí unas
declaraciones de una Diputada que está ausente, que yo desde luego tengo
que negar que
sean declaraciones que se hayan realizado, y tengo que negar que ésa sea
la posición del Partido Socialista. Espero no tener que volver a
intervenir para fijar la posición del Partido Socialista, porque desde
luego no es el portavoz de Izquierda Unida quien va a decir cuál es la
posición del Partido Socialista. Ya sólo nos faltaba eso.
El señor PRESIDENTE: Usted diga lo que quiera, pero esta mañana, cuando
se la ha citado, la Diputada, que estaba presente, no lo ha negado.
Al margen de este dato objetivo, que es cierto, por favor, le reitero,
señor Centella, que no me busque pelea parlamentaria. Fije su posición y
si usted lo que quiere es hacer una valoración y a partir de ahí que el
compareciente la contraste o no, como algunas veces ha hecho el señor
Izquierdo, esta Presidencia lógicamente se lo va a permitir, pero, por
favor, cíñase a lo que es su turno.
El señor CENTELLA GOMEZ: Estaba en ello y lo que trataba de evidenciar
era la existencia de responsabilidades políticas, como se ha dicho por
parte del compareciente, más allá de la propia gestión.
Ahondando en las responsabilidades políticas existentes y en la propia
evidencia de esta Comisión, podemos aludir, como hace mi compañero de
Comisión Pablo Izquierdo, a la ya famosa empresa Interdoxa, que tanto le
gusta oír nombrar al portavoz Socialista.
En lo que sí quería centrarme es que, según el representante del
Gobierno, el ex presidente de Improasa, José Miguel Moreno García, era el
único responsable de haber hecho creer al Gobierno --yo he dicho engañar,
ésa es una frase mía-- que Benetton estaba detrás de Orefici. Sin
embargo, se puede leer que el propio señor Moreno ha declarado por
escrito que después de que Improasa hiciera ese famoso informe, que
alguien filtró a la prensa, el mismo señor Orefici le transmitió que iba
a desmentirlo, y que él así lo hizo llegar al propio Patrimonio del
Estado. Es decir, si aquí se nos permitiese que compareciese el señor
Moreno García, nos podría decir si él había advertido al Patrimonio del
Estado que Benetton no estaba detrás de la operación antes de la venta.
Por tanto, para nosotros esto evidencia que el Gobierno (y queremos saber
si los trabajadores compartían esta opinión) sabía que Benetton no estaba
detrás de la operación y que mantuvo esa apariencia solamente para tratar
de que los trabajadores no creasen problemas, para tratar de que los
trabajadores y la sociedad malagueña, como ya se ha dicho aquí, pues
estaba todo el mundo pendiente de Intelhorce, recibiesen con alegría la
compra. Sin embargo, siguen existiendo muchas dudas y muchos
interrogantes. Al final, lo triste es que se han perdido miles de
millones de pesetas y cientos de puestos de trabajo, y eso tiene que
tener un responsable técnico, pero también político.
Me gustaría hacerle algunas preguntas. En concreto, cómo se puede
explicar a los trabajadores que a un gobierno se le puede engañar y hacer
creer que Benetton está detrás de la operación, cuando, como aquí se ha
dicho, sólo era un concesionario. Es como si mañana se nos quiere hacer
creer que se va a vender Seat a un concesionario Ford simplemente porque
tiene cinco talleres de Ford en este país. ¿Cómo puede recibir ese
mensaje la parte trabajadora? También me gustaría que nos dijese, aunque
ya lo ha explicado antes, pero ahora de forma más explícita, cómo se ha
vivido desde Comisiones Obreras el proceso de la última nacionalización,
es decir, cuando el Estado se hace cargo de nuevo de Intelhorce. Porque
aquí se nos ha dicho antes que el famoso informe Werner parece que era el
último descubrimiento y la máxima aportación a que hace el Estado para el
mantenimiento de Intelhorce. Lo que ocurre es que luego ese informe es el
que demuestra la inviabilidad. Nosotros no sabíamos, ni por asomo, que
eso podía coincidir con la opinión de los trabajadores. Aquí lo que se
nos ha dicho es que se hicieron tres informes, que el primero daba
negativo, el segundo también, y haciendo un esfuerzo y echando
imaginación a la cosa, el Gobierno, para intentar demostrar que
Intelhorce era viable, elabora un tercer informe. Pero al final, a pesar
de todos los esfuerzos, y con todo el dinero gastado, se demostró que
Intelhorce no era viable. Es lo que se nos acaba de decir en la anterior
comparecencia.
También es importante que se haya dicho, yo lo he hecho en todas las
comparecencias, aunque es bueno repetirlo una vez más, que las primeras
actuaciones ante los juzgados no las ha llevado a cabo el Gobierno. Se ha
querido dar la apariencia de que el Gobierno es el que ha impulsado que
este tema vaya al juzgado. Sin embargo, fue Comisiones Obreras y también,
cómo no, Izquierda Unida, quien ya en el año 1991 intentaron que la
justicia tomase cartas en el asunto. Lo que ocurre es que, como también
se ha dicho, la intervención de un Fiscal General del Estado como era
Leopoldo Torres, que yo no voy a calificar ahora porque ya se hizo en su
día, presionó y consiguió que la Fiscalía ni siquiera abriese esa
diligencia, ya que seguramente si hubiesen llamado para ampliar
declaraciones, se podían haber evitado muchos de los males que han
ocurrido.
Voy a terminar para no alargar más esta primera ronda de preguntas. Ha
repetido al principio de esta declaración, y está en su derecho, incluso
en su obligación porque para eso se le ha llamado, que existe
responsabilidad más allá de la mala gestión, que hay una responsabilidad
política, y cita en concreto al señor Solchaga como posible responsable
político de esta situación. Me gustaría que dijese en qué basan esa
afirmación, porque no es que la hayan hecho sólo aquí, sino también en la
prensa.
También nos sorprende la benevolencia de este Ministro cuando dice en su
declaración ante el juzgado que lo que consideraban objeciones al nuevo
informe eran simples matizaciones. Cuando oímos la benevolencia con la
que se tratan estas objeciones, nos explicamos otras privatizaciones que
ha habido en este país. Nos gustaría que nos dijese si usted cree
sinceramente que el Ministro puede aportar algo, porque puede tener
responsabilidades políticas.
Dicho esto, no entraría en más, porque si no podríamos provocar otra vez
la ira del portavoz socialista que esta tarde está bastante nervioso.
El señor PRESIDENTE: Ya ha visto, señor Gutiérrez Rodríguez, que,
finalmente, le ha formulado unas cuantas preguntas. Para contestarlas,
tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS DE
MALAGA (Gutiérrez Rodríguez): Estas preguntas se pueden resumir en dos.
Desconozco si se ha manifestado en esta Comisión que lo que demostraba el
tercer informe Werner es que era inviable. Si se ha dicho, tengo que
mostrar mi total discrepancia.
Se celebra una última reunión en la Delegación de Trabajo de la Junta de
Andalucía con el responsable máximo y elaborador del informe Werner,
concretamente el representante de la firma. Tengo que reconocer que fue
bastante complicado celebrarla, porque era una persona que normalmente
estaba de viaje y fuera de España, pero al final se celebró. Está escrito
en la prensa, según declaraciones de ese mismo señor y por declaraciones
del comité de empresa, posteriores a la reunión, que la discrepancia con
el informe Werner en ningún momento pone en duda la viabilidad de
Intelhorce. La discrepancia del comité de empresa y de Comisiones Obreras
con el informe Werner se basaba en el número de trabajadores necesarios
para el mantenimiento de la empresa. El informe Werner empezaba hablando
de 350 a 400 trabajadores, y nosotros defendíamos que la plantilla mínima
para el mantenimiento de Intelhorce, teniendo en cuenta que estábamos
hablando de una empresa textil de ciclo completo, es decir, que entran
las balas de algodón y sale ya el tejido acabado, por tanto hay hilatura,
tejeduría, acabado y comercialización, que la necesidad de mantenimiento
de este ciclo completo necesitaba como mínimo 500 trabajadores. El
informe Werner hablaba de 350 a 400 trabajadores como máximo, y ahí es
donde estaba la discrepancia. Hay constancia en la prensa. No me lo he
traído porque no sabía que iba a salir, ya que son muchos temas, pero
tirando de hemeroteca se puede constatar perfectamente. La única
diferencia era en cuanto al volumen de trabajadores, pero no en cuanto a
la viabilidad de la empresa. Por tanto, si se ha manifestado que el
informe Werner lo que abocaba era al cierre de la empresa, tengo que
mostrar mi total y absoluta discrepancia, porque además participé en esa
reunión, al igual que he participado, desde el año 1991, en todas y cada
una de las reuniones sobre el tema Intelhorce.
En cuanto a Carlos Solchaga, el Gobierno y Benetton, es remitirme a lo de
antes. Yo no estoy aquí en calidad de jurista, ni muchísimo menos de
diputado, ni para emitir otras consideraciones. Pero en mi calidad de lo
que estoy, que es de Secretario de Comisiones Obreras y representante de
los trabajadores de Intelhorce, el sentido común, al menos el de todos
los trabajadores, que no sé si será compartido por otras personas, lo que
implica es que existen esas responsabilidades. No es de recibo que se nos
diga, como en una ocasión nos dijo don Luis Alcaide, en la reunión que
mantuvimos en Patrimonio del Estado, después de reiterarle innumerables
veces lo de los italianos (Orefici), la posición de José Miguel Muñiz y
todas las anomalías que veníamos observando en la empresa, que no eran
ciertas o, al menos, no se daba ningún paso para investigarlas. Sin
embargo, al final, el señor Alcaide nos reconoce que, efectivamente,
teníamos razón, pero que el problema era que habían engañado al Gobierno
y a la propia Dirección General del Patrimonio. No podemos entender, al
menos desde nuestro sentido común de trabajadores, que toda una empresa
como Improasa, que dedica sus técnicos a elaborar informes jurídicos y
económicos, y que todo un Ministerio como el de Economía y Hacienda, con
los medios que tiene, nos digan que han engañado al Gobierno y a una
Administración al estilo del tocomocho que te dan en la calle, en una
operación de 21.500 millones de pesetas. No estamos hablando del traspaso
de una tiendecita, ni de un pequeño taller de seis trabajadores. Desde el
sentido común, al menos el que nosotros tenemos, no nos parece de recibo.
¿Qué nos lleva a esto? Pues a que, como la hipótesis del engaño no la
asumimos ni nos la creemos, pensamos que además del engaño hubo
responsabilidades. Nosotros apuntamos, y lo hemos dicho públicamente,
concretamente yo en nombre de Comisiones Obreras, a Carlos Solchaga,
porque entonces era Ministro de Economía y Hacienda y fue quien llevó la
propuesta de privatización de Intelhorce al Consejo de Ministros.
Hay otro dato que me parece importante. No es cierto, al menos desde la
información que tenemos en Comisiones Obreras, que la empresa se vendiera
a Benorbe y Benservice porque era la única oferta que había sobre
Intelhorce. Hay grupos textiles españoles que también se interesaron por
Intelhorce, que ofertaron Intelhorce, pero que, al final, no se sabe por
qué motivo, ni siquiera entraron a consideración. Además, hay que
recordar, y creo que ya lo saben todos ustedes, que los italianos no han
pagado ni una sola peseta de su bolsillo por el tema de Intelhorce, y por
tanto, se les regaló a Benorbe y Benservice cuando había otras ofertas de
grupos españoles que habían apostado por Intelhorce y que ni siquiera se
detuvieron a considerar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Nuestro Grupo, que considera que esta Comisión de
Investigación debe ser rigurosa, espera que cuando se hacen afirmaciones
se puedan documentar, se puedan traer documentos que las avalen, porque
todos podemos tener una opinión, pero el objeto de la Comisión de
Investigación es comprobar cómo se han producido los hechos, cuáles han
sido las actuaciones de la Administración y si, efectivamente, hay una
cooperación de la Administración al presunto fraude que se está viendo en
los tribunales o no la hay. Hasta ahora los documentos que aquí hemos
visto y las aportaciones que se dan son opiniones respetables,
evidentemente, pero nosotros respetamos que esas opiniones estén
sustentadas por algún tipo de documentación.
Yo le quería preguntar al señor Gutiérrez si no es cierto, aunque por
alguna de las cosas que ha dicho parece que sí, que hubo una reunión en
el Hotel Cervantes entre los sindicatos y la empresa previa a la venta,
en la cual los sindicatos muestran su acuerdo con la venta, porque las
manifestaciones que ha hecho respecto de que se acogió con champán,
parece que avalan eso. Lo que nosotros estamos planteando es que,
efectivamente, en ese momento todo el
mundo pensaba, la opinión pública a través de los medios de comunicación,
como el señor Gutiérrez ha señalado con algunos titulares, que había una
relación más estrecha de lo que luego fue realidad entre Benetton y la
empresa, y eso lo avala la propia presencia de Carlos Benetton en
Intelhorce, la visita del consejero delegado de Intelhorce a Benetton en
Italia, la posterior visita, una vez vendida la empresa, de los propios
Benetton a la empresa. Por tanto, había un ambiente exterior que avalaba
lo que luego se ha demostrado que era una falsedad, efectivamente, y por
eso están inculpadas algunas personas ante los tribunales. Pero hay que
distinguir bien dónde están las responsabilidades, y yo creo que es bueno
que se precise a este respecto. Por tanto, yo le preguntaría si
efectivamente existió esa reunión en el Hotel Cervantes con los
sindicatos, y si efectivamente los sindicatos dieron su acuerdo a la
venta de la empresa en las condiciones en que se producía, porque es muy
fácil enjuiciar las cosas a toro pasado, pero es mejor hacerlo en su
momento, y lo que nosotros intentamos saber es cuál fue la actitud de las
personas que intervinieron en el momento en que lo hicieron y con la
información que tenían entonces, no con la información que tenemos ahora,
con la que nos parece muy fácil emitir juicios de opinión al respecto.
Nos ha hablado de una compra o venta del señor Juan Guerra y nos gustaría
que nos lo documentara, que no sean simples afirmaciones, sino que se
aporte documentación de que efectivamente este señor pidió a través de su
empresa y no pagó. Eso nos gustaría tenerlo documentado. Nada más por mi
parte.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Rodríguez, le anuncio que si lo cree
oportuno y su sindicato tiene algún documento que quiera aportar a esta
Comisión, en cualquier momento puede hacerlo, no precisamente ahora.
Quiero decir que en fecha posterior nos lo puede remitir, si usted cree
que es oportuno, para avalar sus afirmaciones o para ayudarnos a todos
nosotros en el conocimiento más detallado de este tema. Tiene usted la
palabra.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS DE
MALAGA (Gutiérrez Rodríguez): No tenga ninguna duda de que toda la
documentación de lo que está aquí saliendo la remitiremos. Yo me he
traído algunas notas porque son muchas fechas, muchos nombres, es la
denuncia, la cuestión de Benetton, como decía, pero se puede hablar.
Le quería decir al señor Sáenz Lorenzo que yo, evidentemente, soy
responsable de mis palabras y de mis actos y que cuando hago una
afirmación es porque estoy convencido de ella y además la puedo
demostrar. También quiero decirle que desde el año 1991 --quizá desde
antes-- que pusimos la denuncia, se me viene amenazando --no ya por mi
persona, sino como signatario de la denuncia y de alguna forma
representante de Comisiones Obreras como grupo ampliamente mayoritario
entre los trabajadores-- con querellas, denuncias, no sé cuántas
historias, y desde el año 1991 hasta aquí no se ha puesto ninguna. No sé
si es que no están sustentadas sobre base o que al final me tienen un
poco de lástima o consideración. Le digo esto porque no me distingo yo
--y se lo pueden decir los que me conocen en Málaga-- por hacer
afirmaciones gratuitas ni fuera de contexto ni por ninguna otra cuestión.
Este tema lo vengo diciendo públicamente, insisto, y el señor Muñiz, el
señor Orefici y algunas otras personas con planteamientos políticos
vienen planteando todas esas denuncias y querellas, y hasta el momento no
se han planteado. Yo siempre digo lo mismo: ojalá se planteen, porque así
seguiremos profundizando para esclarecer todos los temas. Es decir, que
no tengo ningún problema.
En cuanto a la afirmación sabe Juan Guerra relativa al pedido y como
deudor, no le quepa ninguna duda que mandaremos la documentación que
podamos tener, porque lógicamente, yo hablo por parte de los
trabajadores. Nosotros no tenemos la contabilidad ni toda la información
de la empresa, pero sí tenemos información de lo de Juan Guerra y se lo
podemos remitir perfectamente.
Habla usted de una reunión en el Hotel Cervantes entre los sindicatos y
la empresa antes de la privatización. No, está usted confundido. Hubo una
reunión --y esto lo sabemos por las investigaciones judiciales-- de los
representantes de la Unión General de Trabajadores, no de Comisiones
Obreras, con la empresa antes de la privatización. Hubo una
representación de un sindicato, de UGT, insisto, y esto lo hemos conocido
a través de la investigación del propio juez, lo mismo que hemos conocido
lo de Celestino González Guerra, lo del ático en Marbella, el BMW, toda
esta serie de cosas, pero, si usted observa, en mi declaración
permanentemente vengo hablando de Comisiones Obreras, que es a quien yo
represento y a la mayoría de los trabajadores que han votado a Comisiones
Obreras, no vengo a hablar en nombre de UGT y, por tanto, en la reunión
del Hotel Cervantes que, insisto, la conozco por vía judicial, estuvo
UGT, pero no estuvo Comisiones Obreras.
Y con relación a lo de Benetton, le vuelvo a decir lo de antes: es un
problema, si quiere, de fe, de creerse si al Gobierno le engañaron o no
le engañaron. Yo dentro de esa creencia, como además no suelo ser muy
creyente, creo que no hubo engaño, sino que hubo otras cosas. Si usted
cree que hubo engaño, lógicamente es un problema de opiniones, pero
insisto, vuelvo a decir lo de antes del sentido común, no me cabe en la
cabeza, además sería lamentable para el propio Gobierno español, decir
que le han engañado en una operación de 21.500 millones de pesetas.
En lo que se refiere al entorno y a que los trabajadores brindaron con
champán, le diré que evidentemente el acuerdo que había, y uno de los
titulares lo decía, era: «Se mantiene la plantilla actual al menos
durante tres años». «Patrimonio negocia la venta de Intelhorce al Grupo
Benetton». Si a una plantilla, que viene acarreando un montón de
problemas cuando está en el Estado, la dicen: la vamos a privatizar, es
al Grupo Benetton, hay un compromiso de que durante tres años no se toca
a nadie de la plantilla, se sanea la empresa y se invierte en maquinaria,
pues claro que brindamos con champán, y hubo más de una borrachera de los
trabajadores, y si yo hubiera estado en aquel entonces, seguro que
también me hubiera emborrachado, igual que el resto de los trabajadores,
pero de ahí a
que salga en la prensa..., y estas notas de prensa las da alguien, y no
son los trabajadores, evidentemente. En algunas de estas notas de prensa
pone: Patrimonio del Estado dice..., el Gobierno dice... Volvemos a lo
del engaño.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión más, señorías? (Pausa.) Tiene la
palabra el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muy rápido, señor Presidente, porque ha sido
realmente muy clarividente la comparecencia. Es decir, yo salgo hoy
realmente satisfecho respecto de dos actuaciones, la de don Antonio
Alvarez García, consejero delegado, y la de la representación mayoritaria
de los trabajadores. Pero mi pregunta es muy concisa, señor Gutiérrez
Rodríguez. ¿Reunió el Patrimonio del Estado o Improasa al comité de
empresa comunicándole la venta y las condiciones de la venta? Esta
mañana, el consejero delegado en ese momento de Intelhorce nos ha dicho
que ellos se enteraron prácticamente cuando ya estaba tomado el acuerdo y
que lo desconocían. Es más, nos han dicho: «a posteriori» y pasado tiempo
no conocía los términos exactos y me los facilitaron los sindicatos.
Lógicamente, en cualquier empresa privada, pública especialmente, cuando
se va a vender, primero el Consejo se entera de los términos y, además,
el comité de empresa, máxime además cuando una de las cláusulas del
contrato de compraventa dice: Asimismo se comprometen a no presentar
expediente de regulación de empleo durante el plazo de tres años a contar
desde la fecha de compra. Me parece oportuno que eso se hiciese, pero no
se cumplió. Con esta cláusula comprendo que brindaran con cava, ya que el
Presidente de la Comisión es catalán. Dicho esto, señor Gutiérrez, mi
pregunta concreta es: puesto que el Consejo no se enteró de los términos
exactos y sí los sindicatos, concretamente el mayoritario, ¿se le
comunicó al comité de empresa, que es formalmente quien representa, los
términos de esa venta o éste se enteró «a posteriori» cuando aquello no
tenía solución?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gutiérrez Rodríguez.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS DE
MALAGA (Gutiérrez Rodríguez): En cuanto a lo del cava, digo que yo en
esta Comisión estoy haciendo un sacrificio enorme y es que no voy a poder
ver al Barcelona que me gusta mucho. Así que dejamos lo del champán por
lo del Barcelona.
No sé si en la reunión del Hotel Cervantes se explicitó más, porque no
participamos en ella. De lo que se le informó escuetamente al comité de
empresa es de que el Grupo Benetton, a través de Benorbe y Benservice, se
hacía cargo de Intelhorce; que se había reflotado la empresa; que se
había saneado totalmente y que durante tres años no iba a haber reducción
de plantilla. Esa es la información que se le dio al comité, no se le
dieron más datos. Insisto, con esos datos se hizo una fiesta general de
los trabajadores, que además era para hacerla, lo lamentable es que
después era todo mentira.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión más, señorías? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muy brevemente para recalcar un tema que antes
no se me había contestado, aunque se pudo hacer en el contexto. Se nos ha
dicho por parte de miembros de la Administración que se había no ocultado
pero sí retardado la información a los representantes de los trabajadores
para evitar que pudiese haber algún entorpecimiento de la operación de
venta. Le quería preguntar al representante de Comisiones Obreras si él
cree que el ambiente que había en la empresa era precisamente el de
entorpecer la venta o, por el contrario, facilitarla, como se ha
demostrado y es evidente, con sacrificios muy importantes por parte de
los trabajadores. Esto por una parte.
Por otra parte, sobre el tema del informe Werner --y lo vuelvo a
recalcar-- tengo que decir que se nos ha presentado antes como el
elemento fundamental para que la Administración decidiese abandonar
definitivamente Intelhorce, incluso paralizando la producción, con todo
lo que eso significaba, y quiero preguntarle si han tenido conocimiento
solamente por la reunión a la que ha hecho alusión o se ha facilitado al
sindicato copia escrita que ellos hayan podido valorar. Lo digo porque
así sus palabras estarían más sustentadas y no sería solamente una
información verbal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor SECRETARIO DE LA UNION PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS DE
MALAGA (Gutiérrez Rodríguez): En cuanto a la primera pregunta, la
información que le llega al comité de empresa es esa: que Benetton se
hace cargo, que en tres años no hay reducción de plantilla, que está todo
saneado y que, por fin, Intelhorce iba a empezar a funcionar de una
manera ya digna y normalizada. Esa es la información que se plantea al
comité de empresa.
Que el Gobierno no quisiera ahondar para no empeorar, me parece que no
tiene sentido; es decir, los trabajadores de Intelhorce, efectivamente,
son los primeros interesados, y además lo vienen demostrando con grandes
sacrificios y con un gran esfuerzo en todo este proceso. Insisto, cuando
te dan una noticia de este calado dices: qué fenomenal y para adelante.
Además, si la noticia te la da la propia Administración, en principio, lo
creemos sin mayor problema.
Con relación al informe Werner tenemos documentación del último, del 3, y
habría que buscar en las hemerotecas.
El señor SAENZ LORENZO: Nosotros también lo tenemos.
El señor PRESIDENTE: Siga usted, porque lo que dice el señor Sáenz
Lorenzo es que está a disposición de los comisionados este informe, pero
usted puede citarlo y, lógicamente, hacer el comentario pertinente.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS DE MALAGA
(Gutiérrrez Rodríguez): Es que creí que me estaba preguntando algo.
El informe Werner lo tenemos, igual que lo tiene usted, y, efectivamente,
creo que lo determinante fue la reunión de la delegación de Trabajo,
sobre la que hubo después rueda de prensa. Sería cuestión de buscar en
las hemerotecas la fecha de esa reunión y todo lo que se dijo
posteriormente a ella. Insisto, la única discrepancia estaba en cuanto al
número de trabajadores. Los informes de nuestro gabinete técnico
discrepaban con el informe Werner porque, por ejemplo, en el tema de
personal me acuerdo de un dato y es que se hablaba de los 350, 400
trabajadores, pero ni se daban vacaciones, ni se contemplaban bajas por
enfermedad, ni se contemplaba ninguna otra cuestión, sino que todo el
mundo trabajaba los 290 días al año. Me acuerdo de esto como anécdota que
estuvimos comentando.
Había también otras cuestiones técnicas en cuanto a la capacidad de
producción de la maquinaria. Hay varios tipos de maquinaria, tampoco es
cuestión de empezar a dar los nombres, pero sí en cuanto a la capacidad
de producción de la maquinaria con relación a lo que planteaba el
informe. Pero, insisto, la discrepancia no se manifestaba de ninguna
manera en cuanto a la viabilidad de Intelhorce, sino en cuanto a la
plantilla que quedaría resultante de ese informe Werner. Lamento no
recordar los nombres, pero Improasa lo tiene seguro porque fue quien
estuvo en la reunión; yo, ahora mismo, de memoria, no lo sé.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Rodríguez, no habiendo ninguna
cuestión más le agradezco su presencia y también la de su asesor, el
señor Ramírez, y la información que nos ha facilitado.
Nada más señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.