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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 591, de 17/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 591
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 30
celebrada el martes, 17 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1996. (BOCG serie A, número 135-1,
de 30-9-95. Número de expediente 121/000120.)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1996 (número de expediente
121/000120):
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (VALERO IGLESIAS). A
SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 212/001691.)
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señorías.
Se abre la sesión para tramitar la comparecencia de personalidades y
funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre
temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para
1996. Comenzamos con la comparecencia del señor Subsecretario de Asuntos
Sociales, demandada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra
la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Subsecretario, gracias por su comparecencia
hoy aquí, para dar respuesta a las consideraciones y preguntas que por
parte de nuestro Grupo le queremos dirigir como responsable de un
Ministerio, el Ministerio de Asuntos Sociales, que ha pretendido ser
durante la etapa del Gobierno socialista símbolo de la política social
del Partido socialista. De alguna manera, la opinión pública ha ido
tomando ese Ministerio como referencia para medir el esfuerzo del
Gobierno en materia de protección y promoción social y los Presupuestos
Generales de este año, de 1996, ponen de relieve que esto está quebrando.
Fruto de una mala gestión y de una no acertada distribución de los
recursos, el Gobierno ha sacrificado en estos Presupuestos de 1996 ese
símbolo con grave perjuicio, que es lo más importante, de los sectores
más débiles de nuestra sociedad.
En definitiva, los Presupuestos que usted presenta aquí y ahora obligan a
los más necesitados a lo que coloquialmente se suele llamar apretarse el
cinturón. Además, durante estos últimos meses, los responsables del
Gobierno, el Ministro de Economía y Hacienda en concreto, han reiterado
en muchas ocasiones en comparecencias públicas el crecimiento económico
ya experimentado e incluso se le acusaba al Grupo Popular de ser
catastrofista y de empeñarse en no reconocerlo. Pues bien, el hecho
cierto es que si existe ese crecimiento económico, tan aireado por
ustedes, esto no se traslada a los ciudadanos en términos de bienestar.
¿Por qué digo esto? Porque lo menos que se podía esperar de esta Sección
27 de los Presupuestos del Estado hubiera sido mantener el peso sobre el
producto interior bruto, creciendo lo mismo que el producto interior
bruto nominal estimado para 1996; pero, por desgracia, esto no es así,
como usted sabe perfectamente. Hay algunas reducciones importantes en el
capítulo 1 y en el capítulo 2. Por cierto, nuestro Grupo en otros años,
como usted sabe perfectamente, decía que había que eliminar los gastos
corrientes, excesivos, en el capítulo de personal los nombramientos
realizados a no funcionarios con cierta discrecionalidad, etcétera, pero
ustedes decían que eso era absolutamente imposible. Este año ustedes
reducen drásticamente alguna de las partidas en el capítulo 2. En eso sí
tendríamos que decir que nos alegramos si no tuviéramos que hacer alguna
consideración, como iré exponiendo a lo largo de la intervención
El presupuesto total consolidado para 1996 experimenta una reducción
importante, cerca del 4 por ciento y, por otro lado, en el libro
elaborado por Economía, en cuanto a la participación de los grandes
centros gestores en el presupuesto de gastos no financieros del Estado,
el Ministro habla de que Asuntos Sociales desciende un 5,9 por ciento. Lo
que sí quiero decir es que es una reducción muy importante. Si a ello
tenemos que añadir la pérdida del poder adquisitivo, nos encontramos con
una rebaja drástica, por primera vez, del presupuesto de Asuntos
Sociales.
A juicio del Grupo Popular, con esos presupuestos se quiebran dos grandes
objetivos del Ministerio de Asuntos Sociales. Voy a poner ejemplos de
partidas que a mí me gustaría que usted nos aclarase y diese
explicaciones a la Cámara. Consideramos que no se continúa avanzando en
la realización de ese principio de igualdad, con políticas integrales
dirigidas precisamente a mejorar la calidad de vida y del bienestar
social de las personas mayores, de las mujeres --hago mucho hincapié en
ello--, de la juventud y de la infancia, de las personas que tienen
discapacidades y de los emigrantes o inmigrantes. ¿Por qué? Porque los
recursos económicos se recortan de manera importante en programas
fundamentales, hasta el punto de que en algún caso, como el del plan
concertado, se pone en grave peligro la consolidación del sistema público
de servicios sociales. Me estoy refiriendo a un programa --al entrar a
analizar los programas se lo diré con más atención--, que usted conoce
perfectamente, el Programa 313, y el capí-tulo 4.
Por otra parte, estos presupuestos tampoco van a permitir seguir
desarrollando las políticas de protección y de integración social
dirigidas a grupos sociales afectados por carencias económicas y
socioculturales, que es otro de los grandes objetivos que hay en el
presupuesto y que aparece como fundamental. Señor Subsecretario, a usted
tal vez le cueste reconocerlo, pero consideramos que no es social
recortar recursos ya ridículos, por ejemplo, como el programa de
desarrollo gitano, al que se le restan unos veinte millones, diecinueve
en concreto, retrotrayéndonos a la cantidad de 1989, cuando ustedes y la
señora Ministra constantemente hablan de que una de las prioridades es
también trabajar por la integración de las personas marginadas y se
introduce en este programa. Una partida presupuestaria que se retrotrae
al ejercicio de 1989 significa el avance que para ustedes eso representa,
naturalmente eso supone un retroceso de muchos años. Por otra parte, son
programas hechos en colaboración con comunidades autónomas y con
corporaciones locales y ayer precisamente, la señora Ministra hablaba de
la necesidad de esa coordinación y de ir potenciando los programas de
colaboración con las comunidades autónomas; un contrasentido evidente. De
la misma manera que le preocupaba el posible recorte, que no conoce, de
los organismos similares al Instituto de la Mujer cuando presenta un
presupuesto este año con un recorte extraordinario. Le dije que su
primera preocupación tendría que ir dirigida a la rebaja económica y
presupuestaria con la que aparece el Instituto de la Mujer.
Pues bien, este es el Programa 313L, capítulo 4.o, artículo 5 y concepto
3. Y desde luego también tenemos que criticar con contundencia y pedimos
explicaciones por que se haya eliminado el único programa que había de
lucha contra la exclusión social, dotado en el Presupuesto de 1995 con
218 millones. Sabemos, señor Subsecretario --es posible que ésa sea la
razón que usted me quiere dar--, que Alemania votó en contra de estos
programas de lucha contra la pobreza, pero ustedes también se
comprometieron durante la presidencia europea a buscar una alternativa.
La conclusión es eliminar la única partida importante y urgente que había
en los Presupuestos destinados a este fin.
No digamos que no es urgente pues nada más y nada menos que en el
Parlamento se ha constituido una Ponencia para abordar uno de los
problemas más serios y más importantes que tiene. Recientemente, además,
en la Conferencia de Pekín se ha dedicado un apartado muy importante que
ha llevado muchas horas de trabajo y, desde luego, las referencias de
prácticamente todos los países del mundo a la situación de la pobreza, y
de una manera especial a ese 70 por ciento de pobreza que sufre la mujer
en todo el mundo. Si en Pekín se recomiendan políticas y programas
dirigidos a la mujer que vive en la situación de pobreza, la respuesta
que ustedes dan en los Presupuestos es eliminar la única partida que
había para este fin. A nuestro Grupo le parece muy grave el recorte doble
que experimenta ese programa. Si ustedes no son capaces de conseguir
recursos de la Unión Europea dótenlo con presupuestos propios para
realizar unos programas de este tipo que deberían de ser importantes.
El Programa 313L, del capítulo 4.º, de transferencias corrientes a las
comunidades para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporaciones locales mediante convenios y programas con
comunidades autónomas, ya había sufrido un recorte en 1995. La dotación
era de 10.513 millones de pesetas. En 1996 se rebaja a 10.000 es decir,
500 millones. Se rebaja mucho más, como usted sabe perfectamente, porque
se le imputa un cargo de la rebaja que tuvieron ustedes en 1995 de 1.135
millones. Por lo tanto, tampoco me parece honrado que ustedes presenten
un presupuesto que al final ya sabemos que no es cierto, porque va a
detraer 1.135 millones para hacer frente a la minoración que ustedes
tuvieron el año anterior. Esto es grave. ¿Por qué? Porque pone en peligro
la consolidación del sistema público de servicios sociales que era,
además, uno de los programas estrellas y del que ustedes habían hecho
muchísimo alarde. Lo recortan en donde más le duele al mundo social, como
sabe usted perfectamente, en la red básica social, el servicio donde se
busca y se presta la atención a los ciudadanos, que ustedes tendrían que
potenciar porque se trata de programas en donde colabora la
Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales. Por lo tanto, no nos parece aceptable este recorte. Lejos de
incrementarse se reduce, por lo tanto, no avanzamos. Ya tenemos un
ejemplo importante de unos servicios en la red básica de servicios en
donde se recorta el presupuesto y, por lo tanto, las posibilidades de
atención, de prestación y se afecta, además, a una serie de personas,
trabajadores sociales, que venían a lo largo de estos años realizando una
tarea importante.
Quiero señalar, además, que en el programa 313, otros servicios sociales
del Estrado, se rebaja el capítulo 2, gastos en bienes y servicios, con
lo que de alguna manera se viene a dar la razón a lo que yo apuntaba al
principio: ustedes siempre decían que era absolutamente imposible rebajar
el capítulo 2 porque era fundamental. Ahora resulta que no lo es, por lo
que tendríamos que felicitarnos. Nos felicitaríamos si ustedes hicieran
un trasvase a los capítulos que recogen los recursos destinados
directamente a la atención de los necesitados, pero eso no sucede. Nos
preocupa que disminuya el capítulo 4.º, transferencias corrientes a las
comunidades autónomas, en 151 millones, y que descienda la participación
de las comunidades autónomas en las transferencias de capital en un 24
por ciento, en una cuantía de 600 millones. Nos gustaría también conocer
los destinos de estos programas y la razón de ello.
En transferencias entre subsectores se reduce una serie de partidas y
desearíamos conocer la razón. En el Inserso, para becas para
minusválidos, hay una rebaja de 100 millones. También al Inserso para
tercera edad y minusválidos, programas varios, existe una rebaja de 43
millones, y eran cantidades ya pequeñas. Al Inserso para programas de
refugiados y exiliados se le destinan 125 millones menos. Al INSS,
Insalud e ISM para centros de emigrantes, menos cuatrocientos millones.
¿Qué se ha eliminado? ¿Por qué esta rebaja en un tema que teóricamente
debe ser social y sobre el que la Ministra constantemente habla?
El programa 313H, acción en favor de los emigrantes, lleva un incremento
del capítulo 1 de personal del 10 por ciento, que desearíamos también
conocer la razón ¿Por qué se incrementa ese capítulo de personal y, en
cambio, se reduce --en este caso no nos parece mal-- el capítulo 2 en un
8 por ciento? Lamentablemente la reducción es del 27 por ciento en las
transferencias de capital. Si queríamos saber por qué se incrementa el
capítulo 1, se reduce, en cambio, el capítulo de transferencias de
capital; partidas destinadas, precisamente, a los finalistas; familias e
instituciones sin fines de lucro exterior. Parece ser eliminan ustedes
una serie de centros, pero nos gustaría conocer en concreto cuál es la
razón, si consideraban que eso no era operativo, por qué esa merma y por
qué ese dinero no se recupera y se destina a otro servicio de atención a
los emigrantes.
También le preguntaría a qué se debe la ridícula partida de 18 millones
para colaboración con las comunidades autónomas, y 31 con las
corporaciones locales. Yo creo que para colaborar con todas las
comunidades autónomas, diecisiete comunidades autónomas, destinan
dieciocho millones, me parece, de verdad, una partida ridícula. Si cuando
aparece en los presupuestos de las comunidades autónomas una partida
genérica de veinte millones me parece ridícula, imagínese lo que me
parece que destine el Estado sólo 18 millones.
¿Por qué el Ministerio de Asuntos Sociales sigue realizando cursos de
formación para emigrantes que retornan y no se transfiere esto a las
comunidades autónomas o se dan los recursos para que éstas lo hagan, como
parece lo normal y lógico?
Entramos en un programa al que el Grupo Popular tiene especial
sensibilidad, me refiero al Programa 313O, de protección del menor. A esa
Dirección, por otra parte, se le ha atribuido la competencia de familia;
ahora se llama Dirección de la Familia y del Menor. Lo normal es que esto
tuviera un reflejo presupuestario, es decir, que se incrementaran estos
programas. Pues no, al contrario, se rebajan. Esto políticamente les
descalifica a ustedes porque ¿cómo pueden ustedes crear y ampliar las
competencias de una Dirección General y luego rebajar el programa? Las
transferencias de capital se reducen en el capítulo de guarderías
infantiles --esto sí que es muy serio-- en 138 millones,
un 6,9 por ciento. El Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades Europeo,
el que ayer hacía referencia constante la Ministra en la comparecencia
que tuvo en la Comisión Mixta, habla, como uno de los objetivos
fundamentales, de atender las infraestructuras, de atención al cuidado de
los niños, mejorarlas, ampliarlas y avanzarlas; y ustedes han venido
haciendo todo lo contrario. Por eso naturalmente las mujeres en este país
tenemos muchas más dificultades y mucho más paro, entre otras cosas, que
el resto de las mujeres europeas. Es políticamente inadmisible que
ustedes doten a este programa de atención de guarderías infantiles
laborales con 138 millones. Yo no sé si ustedes conocen la realidad de lo
que representan estas guarderías infantiles, pero les recomendaría que se
diesen una vuelta y que vieran cómo son importantes, cómo hay una demanda
tremenda; y cómo no se puede decir que ya la LOGSE cubre la función que
estaban realizando estas guarderías infantiles, porque eso no es cierto
en ningún lugar, y ahora se encuentran con un recorte presupuestario
importante. Esto no es admisible. Yo les recomendaría reconsiderar este
problema. Se reducen los recursos para estos servicios, a pesar de que se
han aprobado por otro lado iniciativas del Grupo Popular encaminadas a
favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional de las
mujeres y más ayudas para el cuidado de los niños. Pues ustedes reflejan
eso con rebajas.
Señor Subsecretario, nos gustaría que explicase las sinrazones de esta
reducción. Esas actitudes no se corresponden ni con los programas de
igualdad europeos ni con los compromisos que se han adquirido en la
conferencia de Pekín. Ayer decía la Ministra: hay que avanzar, hay que
movilizar los gobiernos, hay que dar recursos. Resulta que todo esto no
tiene credibilidad porque, al final, los reflejos presupuestarios indican
todo lo contrario. No se avanza porque cada vez hay menos dinero para el
cuidado de los niños, porque cada vez hay menos recursos destinados a
atender los problemas. ¿Qué han hecho ustedes para atender a las
familias? ¿Qué nuevo programa, qué nuevas partidas presupuestarias han
incorporado al presupuesto de Asuntos Sociales para ayuda a la familia?
Dígame usted, qué nuevos programas existen en este presupuesto para
atender y para favorecer, por lo tanto, a la familia y al menor porque, a
lo mejor, no los hemos encontrado.
Entramos en el Instituto de la Mujer, el Programa 323D, promoción de la
mujer. Los recursos que se dedican a la promoción de la mujer han sufrido
un recorte considerable. El presupuesto total refleja una reducción del
6,4 por ciento, algo más de 140 millones que recaen sobre el capítulo 2,
un 11 por ciento; transferencias corrientes, un 4,8 por ciento;
inversiones reales, un 47 por ciento. Desde luego, ustedes han eliminado
las inversiones prácticamente de su presupuesto, desde luego las han
reducido a la mitad cuando menos. Querríamos también saber la razón por
la que ustedes dicen que han que seguir avanzando, que hay que realizar
infraestructuras, pero rebajan las partidas drásticamente. En alguna
ocasión decían el año pasado que la rebaja importante del presupuesto de
1995 (se lo decía en respuesta a otra Diputada) tendría un incremento en
el de 1996. Lo decían cuando se hacía el control del gasto presupuestario
del ejercicio de 1994. Desde luego, el año pasado se rebajó y este año se
sigue reduciendo en un 40 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, por favor, vaya concluyendo.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente, en seguida.
Comparto la idea --como ayer le decía a la señora Ministra-- de la
portavoz de otro grupo que decía que en el presupuesto del 95 no se
plasmaba la defensa de la mujer porque se mantenía igual que en el 94.
¡Qué decir, señor Subsecretario, de los presupuestos de este año donde se
produce esa rebaja tan importante que hemos dicho!
El señor Subsecretario el año pasado, ante una consideración del Grupo
Popular de que los gastos corrientes en este capítulo eran excesivos y
que no iban a parar directamente a los beneficiarios, defendía con calor
(están ahí los «Diarios de Sesiones») todo lo contrario. Usted lo
recordará. Decía S. S. que el capítulo 2, este Instituto, era
importantísimo porque, señalaba textualmente: No es capítulo de gestión
interna y va destinado a los beneficiarios de la política de protección
de compensación. Dígame cómo justifica ahora esa rebaja del 11 por ciento
en un capítulo importantísimo, cuando se produce una grave minoración. Se
sigue, en cambio, manteniendo 131 millones de pesetas para estudios y
trabajos técnicos, encargados fuera del Ministerio. A propósito de esto
le querría preguntar --si en estos momentos no tiene la información
agradecería que me la hiciese llegar por escrito-- cuánto cuesta el
estudio paralelo realizado a la OCDE para el reajuste estructural
necesario para promover la participación plena de las mujeres, a quién se
ha contratado ese estudio y cuáles han sido las personas y el coste que
haya podido tener. Esto supone una fuerte reducción en las inversiones
reales que pasan del 70 al 37 por ciento. ¿Qué proyecto sufre la
reducción? En transferencias corrientes se rebajan considerablemente los
programas de becas y para formación en empresas públicas. ¿Por qué este
recorte? Sufren también un recorte las actividades a través de convenios,
de 80 millones. ¿Qué convenios se van a incumplir? ¿Cuáles no se van a
realizar? Llama en cambio la atención el que los gastos de publicaciones
se incrementan en 106 millones, pasamos de 90 a 206, qué se va a
publicar. Y yo le preguntaría, ¿qué se dedica, en este apartado, a la
creación de empleo?, ¿qué se dedica a la promoción de mujeres
empresarias?, ¿qué se dedica a la mujer rural para promocionarla? y ¿qué
se dedica a programas de formación que, a juicio del Grupo Popular,
serían programas que deberían de tener una atención, un impulso también
en este Instituto?
¿A usted le parece normal que en transferencias de capital mantengan sólo
18 millones para cofinanciación con las comunidades autónomas? A mí me
parece que no. Por otra parte, la Ministra aún ayer decía que había
competencias transferidas y que era importante la colaboración. Por lo
tanto, esto se quiebra.
Y pasando rápidamente al Instituto de la Juventud, el Programa 323A, de
Promoción y Servicios a la Juventud,
nos encontramos con los jóvenes, los más sacrificados, el mayor paro de
la sociedad española. Este Instituto ha sufrido un recorte total de más
de 500 millones; un descenso del 14,6 por ciento.
¿Dónde están las inversiones que el Gobierno iba a dedicar a la juventud,
a empleo, a vivienda, primordialmente durante 1995? La señora Alberdi
anunció ante los medios de comunicación, no hace mucho, que se
destinarían 340.000 millones durante 1995 entre varios Ministerios y que
al Ministerio de Asuntos Sociales le correspondían 20.000 ó 26.000
millones. ¿Dónde están? ¿En dónde se reflejó en los presupuestos del 95
ese dinero? Ahora ya no los van a dedicar en el año 1996. ¿En qué lugar
del presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales está?, porque, desde
luego, nosotros no los hemos encontrado.
Las asociaciones juveniles tienen un incremento triste de 47 millones, y
los participantes en el Programa de la Juventud con Europa sufren un
recorte de 40 millones. Sufren también un recorte de 84 millones una
serie de convenios que, por cierto, siguen en el capítulo 2 --no lo
entendemos--. ¿Qué convenios sufren las consecuencias: el de los jóvenes
agricultores, el sector pesquero, los programas dirigidos al empleo? Las
inversiones también sufren un recorte drástico de 70 millones. Se
acabaron ya los proyectos iniciados. ¿Qué proyectos de los programados en
esa programación plurianual no se van a realizar? Se mantiene la cultura
y el turismo social, me parece que mal aplicado en el capítulo 2, sufre
un recorte también de 80 millones. Hemos realizado ya una serie de
preguntas para que aclaren el destino de estas partidas que nos gustaría
que usted, a ser posible, nos lo pudiese aquí aclarar.
Termino, señor Presidente, haciendo una brevísima referencia al Inserso.
Hay un incremento mínimo de 3.000 millones. ¿A dónde va a parar ese
incremento? Porque las dotaciones para los servicios sociales, a tercera
edad, a minusválidos, y más servicios sociales gestionados por las
comunidades autónomas, todo eso se minora en 417.698.000 pesetas, lo cual
quiere decir que los recursos destinados a los programas de tercera edad
y minusválidos y a servicios sociales se reducen. Con ello, al final, lo
que se reduce es la atención personal a los beneficiarios, a los
colectivos mencionados, lo que indica que, de alguna manera, no se
mantiene el nivel de servicio. Nada de avanzar, por supuesto no
esperábamos avanzar.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, por favor, termine.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente, le ruego un minuto.
Sé que hay una serie de servicios que se prestan, desde hogares de clubs
para tercera edad hasta la atención a las residencias, que no se van a
poder mantener porque se reducen todos los capítulos y, en parte también,
el de inversiones. Por lo tanto, ese plan gerontológico que ustedes por
otra parte quieren ampliar, me parece que va a ser difícil que pueda ver
la luz.
Con la benevolencia del señor Presidente diré que me parece también
importante lo relativo a pensiones. Las pensiones asistenciales y
subsidios económicos para minusválidos contemplados en la Ley 13/1982, la
Lismi, se congelan. Se congela el subsidio de garantías de ingresos
mínimos y se congela en 9.725 pesetas el subsidio por ayuda de tercera
persona. Y lo que me parece más grave es que se revalorizan las pensiones
no contributivas a los beneficiarios de los subsidios de garantía de
ingresos mínimos, a los que se les da la posibilidad de cambiar estas
prestaciones por pensiones contributivas, aunque sabemos que hay una
diferencia importante, los que optaron por acogerse a la Lismi,
rechazando esta pensión no contributiva --ya que, lógicamente, para la
segunda se contempla la unidad familiar, cuando, en cambio, el subsidio
considera individualmente a la persona, al minusválido-- ven congelado su
subsidio mientras que se incrementa un 3,5 por ciento la pensión no
contributiva que perciben otras personas afectadas de minusvalía, lo cual
nos parece un agravio comparativo que, dicho con todo respeto, roza la
inconstitucionalidad.
Nos parece --ya termino, señor Presidente-- que no ha sido un objetivo
político el presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales para el
Gobierno. Con esa drástica reducción difícilmente se podrán alcanzar los
objetivos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): Muchas
gracias, señora Diputada, por el interés que muestra por nuestro
Ministerio por la minuciosidad de su intervención.
Necesariamente, señora Sainz, me veo obligado a distinguir entre un
conjunto de afirmaciones, yo diría que muy mediterráneas, cargadas de
adjetivos que no voy a entrar a discutir, porque entiendo que la mayor
parte de ellos no tienen un soporte y no merece la pena entrar a
discutirlos uno por uno, y aquellas otras cuestiones que usted ha
planteado porque discrepa con determinadas partidas del presupuesto o
porque nos pide aclaración de determinadas cuantías. Como ejemplo de esos
adjetivos, que no tienen fundamento, habla usted de reducciones drásticas
en el presupuesto del Instituto de la Mujer, cuando en un presupuesto de
2.000 millones, se baja en ciento y pico. Calificar de reducción drástica
y dramática una reducción de ese tipo en un presupuesto de 2.000
millones, entiendo que se contesta por sí mismo.
En cualquier caso, de su intervención inicial, de su introducción
política sobre el presupuesto del Ministerio, lo que ha supuesto para el
Gobierno socialista a lo largo de estos años, desde 1988, el Ministerio
como símbolo, deduzco que hay un cambio en las posiciones políticas de su
Grupo y que a partir de ahora ustedes abogan no ya por la desaparición
del Ministerio y de sus organismos autónomos en muchos casos, como
planteaban hasta hace poco, sino por su mantenimiento y, si en algún
momento tienen oportunidad, por un incremento exponencial de sus
recursos. Aunque sólo fuera por eso, habríamos conseguido convencerles a
ustedes de la importancia de tener un Ministerio dedicado a coordinar y a
hacer políticas de carácter
horizontal en materia social. No entraré, pues, en ese tipo de
valoraciones políticas que usted hace, que entiendo está obligada a
hacerlas, aunque sean contradictorias con lo que han venido diciendo
durante años, y me centraré en las cuestiones concretas que amablemente
me ha planteado.
Empezaré por algo que ha señalado dos veces: una en la parte inicial,
probablemente porque le parecía muy atractivo, y luego también en su
capítulo correspondiente, el plan concertado. Habla usted de que ha
habido una rebaja drástica en el plan concertado, que supone quebrar los
principios y los grandes objetivos del Ministerio, que se pone en peligro
(en grave peligro ha dicho literalmente) la consolidación del sistema
público de servicios sociales como consecuencia de la rebaja del plan
concertado. Debo decirle, señora Sainz, que eso no es, en absoluto, así.
El plan concertado tuvo, para 1995, un presupuesto de 10.500 millones de
pesetas. Ese presupuesto supuso, con respecto a 1994, un incremento del
23 por ciento. El Ministerio hizo un esfuerzo (aquí sí que habría que
utilizar adjetivos, pero no lo voy a hacer) notable por incrementar ese
proyecto. Insisto, se pasó de ocho mil y pico millones a 10.500; 2.000
millones de incremento. Para 1996 hemos presupuestado 10.000 millones de
pesetas, es decir, 500 millones menos en un presupuesto de 10.000
millones de pesetas. Gráficamente. Decir que esa rebaja pone en grave
peligro el mantenimiento del sistema de servicios sociales básicos, es
excesivo. No lo calificaré de otra manera. Usted lo va a entender
perfectamente. Esta sería la curva (Mostrando un gráfico.) del incremento
del plan concertado durante todos estos años. Si usted se da cuenta, en
1994-95 hubo una subida muy importante del 23 por ciento y este año,
efectivamente, hay una pequeña rebaja de 500 millones, pero que coloca
muy por encima de la curva de todos esos años de atrás los recursos del
plan concertado. No se ajusta en absoluto la realidad. Yo sé por qué dice
usted eso. Usted lo dice porque algunos responsables de servicios
sociales de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se
han dirigido a nosotros diciendo que no estaban de acuerdo (literalmente
han utilizado esa frase que usted ha cogido de alguna de las cartas que
nos han escrito), que se pone en grave peligro... No es cierto. Lo que
ocurre es que a las comunidades autónomas a las que el Gobierno de la
nación les da un dinero suplementario para que sigan haciendo lo que
deberían hacer con su propio presupuesto y lo mejoren, en este momento
les molesta, lo cual es comprensible, que el flujo adicional de recursos
para la financiación de sus comunidades autónomas se vea ligeramente
disminuido. No existe grave peligro para la red de servicios sociales
básicos, y lo que hay es el disgusto por parte de algunas comunidades
autónomas --yo en su lugar haría lo mismo naturalmente-- porque tenían
una expectativa y, en este momento, como consecuencia de la lucha contra
el déficit y la reducción del gasto público, ven que sus expectativas se
ven recortadas.
Durante todo su discurso inicial, señora Sainz, usted no ha hecho ni una
sola referencia a la lucha contra el déficit público (por lo menos yo no
la he escuchado, quizás estaba tomando notas, si la ha hecho y no me he
dado cuenta) ni a la reducción del gasto público. Lo han hecho durante
todos estos años, y este año en el que el Gobierno elabora un proyecto de
presupuesto que tiene como objetivo fundamental cumplir el plan de
convergencia, controlar el gasto público y reducir el déficit, ustedes se
llevan las manos a la cabeza y nos dicen que eso es una barbaridad, que
estamos poniendo en quiebra cuestiones fundamentales, etcétera. Además,
suponiendo que compartiera el objetivo político de luchar contra el
déficit público y de cumplir el plan de convergencia del Estado en los
términos de la Unión Europea, nos dice que esa carga de lucha contra el
déficit la soporte exclusivamente la Administración General del Estado y
que las comunidades autónomas no hagan ningún esfuerzo para luchar contra
el déficit. Eso es inadmisible en términos políticos y en términos
económicos y es lo que nos ha llevado a repercutir en las comunidades
autónomas parte de la reducción que hemos hecho en el presupuesto para
controlar el gasto público y luchar contra el déficit. Pese a eso, el
Gobierno ha hecho un importante esfuerzo y en materia de servicios
sociales --usted ha dicho muy bien la cifra--, una vez homogeneizado el
presupuesto, es decir, descontada la rebaja por transferencias, el
Ministerio de Asuntos Sociales sólo baja un 5,9 por ciento mientras que
hay Ministerios que bajan un 13,4, un 26,9, un 18,4, un 10,7, un 11,7, un
14,9, un 11,5, etcétera y, en cambio, el Ministerio de Asuntos Sociales
no baja más que un 5,9 por ciento.
Ha planteado usted también, en términos dramáticos, el Plan de Desarrollo
Gitano diciendo que se retrotrae a 1989. Quien oiga esta afirmación suya
puede pensar sencillamente que hemos reducido a la mitad los créditos del
Plan de Desarrollo Gitano y que todos los proyectos que se están llevando
a cabo con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales se
nos vienen abajo. Tampoco en este caso se ajusta a la realidad la
valoración que usted hace, no sé si porque tiene malos datos.
En concreto, el Plan de Desarrollo Gitano pasa de tener 519,7 millones a
500 millones de pesetas; es decir, hay una rebaja de 19,7 millones en ese
proyecto que se distribuye entre los ayuntamientos y las comunidades
autónomas que participan de estos proyectos. Decir que 19 millones de
pesetas, distribuidos por toda España suponen (no sé si es cierto, porque
no tengo las cifras de 1989) retrotraer ese crédito (coincide que en 1989
eran 500 millones de pesetas); decir que por 19 millones de pesetas
estamos colocando, no sé dónde, al pueblo gitano y que los proyectos se
vienen abajo, como poco, señora Sainz (y mire usted que yo aprecio el
detalle y el interés con que usted se toma las cosas de nuestro
Ministerio), es exagerado.
Ha hablado usted también de un recorte extraordinario en el Instituto de
la Mujer, que no venía al hilo de su discurso, así como de los gravísimos
problemas que causa la eliminación del Programa de «Lucha contra la
exclusión social». Efectivamente, nosotros teníamos en el presupuesto de
1995, un crédito --creo recordar-- de 218 millones de pesetas que estaba
destinado a cofinanciar proyectos cofinanciados --permítame usted la
redundancia-- por la Unión Europea, en base a los Proyectos de «Pobreza:
Pobreza Uno, Pobreza Dos, Pobreza Tres». Como
usted sabe bien --veo que tiene buena información--, se está discutiendo
en este momento en el Consejo de Ministros de Trabajo y de Asuntos
Sociales de la Unión Europea el «Cuarto Programa de Pobreza», que dejó de
llamarse pobreza en el proyecto para denominarse Programa de «Lucha
contra la exclusión social».
Como usted avanzaba, alemanes y británicos han vetado ese proyecto y no
va a haber proyectos cofinanciados por ese programa durante 1996. Como
consecuencia de ello, nosotros hemos eliminado el crédito destinado a
cofinanciar unos proyectos que no van a existir, y lo hemos destinado a
otras cosas para paliar los descensos que podía haber en otros proyectos
como consecuencia de la lucha contra el déficit, por ejemplo, el plan
concertado. Le pondré otros ejemplos si no le gusta ése. Si no hubiéramos
suprimido ese proyecto de 218 millones, en lugar de 10.000 millones en el
plan concertado, habría habido 9.781; o en el «Pueblo gitano», en lugar
de haber 500 millones, habría habido 218 millones menos, etcétera. Hemos
dicho que no va a haber proyectos cofinanciados, vamos a coger ese dinero
y lo vamos a destinar a otra cosa. En el momento en el que haya proyectos
de la Unión Europea que se cofinancien, sin duda volveremos a destinar
dinero para cofinanciarlos. En cualquier caso, eran 218 millones y este
año, 1995, como no ha habido proyectos de la Unión Europea, lo único que
hemos hecho ha sido distribuir ese dinero entre las comunidades
autónomas. Hemos dividido entre diecisiete con los criterios del plan
concertado, del plan gerontológico, y de otros proyectos y se lo hemos
dado a las comunidades autónomas. La lucha contra el déficit nos lleva a
decir que también las comunidades autónomas contribuyan y soporten parte
de la carga del proceso de convergencia con la Unión Europea.
Ha hecho usted otra afirmación que no me queda más remedio que contestar,
aunque no me gusta entrar en estas cosas. Dice: Ustedes no han sido
capaces de conseguir cofinanciación para estos proyectos de la Unión
Europea. No es cierto, señor Sainz, no es que no hayamos sido capaces de
conseguir cofinanciación, es que Alemania, como consecuencia de una
sentencia de su Tribunal Constitucional, ha vetado, por el principio de
subsidiariedad, el Programa de «Lucha contra la exclusión social», que
tiene como base jurídica el artículo 235 del Tratado. No es que no
hayamos sido capaces, es que el Consejo de Ministros de la Unión Europea
no ha aprobado un proyecto que había presentado la Comisión. No es
correcto, no es leal decir que no hemos conseguido cofinanciación de la
Unión Europea. Ha sido la Unión Europea la que no ha aprobado una serie
de proyectos porque dos de sus socios lo han vetado y mantienen ese veto
pese a los esfuerzos que la Presidencia española ha desarrollado durante
este año. En el folleto que usted está mirando ahora, efectivamente, como
lo hemos revelado a la Subsecretaría, uno de los proyectos de los que
hablamos es el de «Lucha contra la exclusión social» y lo hemos metido en
nuestro programa pese a que en el Consejo de Ministros de 26 de junio
Alemania dijo que mantenía su veto. Nosotros dijimos que era importante
que simbólicamente (le reproduzco a usted la intervención que yo hice en
el Consejo de Ministros) la Unión Europea llevara a cabo proyectos de
este tipo que, aunque poco importantes económicamente, tienen mucho valor
porque dan una imagen de la Unión Europea muy próxima a los ciudadanos,
preocupándose no solamente por las grandes cuestiones económicas sino por
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de la Unión.
Lamentablemente los socios, los Quince, no han podido, por el veto de dos
de ellos, aprobar ese proyecto.
Ha hablado usted también del capítulo 2. Ha hecho referencia a que en
anteriores ejercicios nosotros decíamos que era imposible rebajarlo. No
es exactamente así, tampoco en esta ocasión. Hablaba usted también del
calor con el que defendíamos el capítulo 2 en nuestro Ministerio,
especialmente en lo que se refiere al Instituto de la Mujer y al
Instituto de la Juventud. Señora Sainz, en otros departamentos
probablemente sea cierto (me he repasado la comparecencia de la ocasión
anterior para leer lo que usted decía) que sea un capítulo de gasto
interno. No es así en Asuntos Sociales y, sobre todo, en los Institutos
citados. Hay importantes actividades, importantes programas que se llevan
a cabo, dirigidos a los ciudadanos, desde este capítulo, y las
reducciones que hemos hecho, tanto el año pasado como el anterior, como
las que vamos a hacer en 1996 cuando se apruebe el presupuesto,
básicamente las intentamos concentrar en aquellas cuestiones de consumo
interno. No consideramos correcto rebajar el capítulo 2 con la concepción
que usted tiene del capítulo 2, porque no es correcta esa concepción.
¿Qué ocurre? Que este año, como consecuencia de la lucha contra el
déficit, sí nos vemos obligados a hacer el recorte pero porque el
Gobierno tiene como objetivo cumplir el plan de convergencia. Salvo que
usted considere que no debamos cumplir el plan de convergencia y me
proponga que incrementemos capítulo 2, no para consumo interno --eso ya
se lo vamos a rechazar-- sino para programas dirigidos a los ciudadanos y
ciudadanas.
Ha mencionado usted las transferencias entre subsectores y las becas a
minusválidos. Hay una rebaja de cien millones de pesetas dirigido al
Inserso. La explicación de esa rebaja es que son unas becas que se
conceden a minusválidos menores de 25 años. El número de beneficiarios de
esas becas, por razones obvias de calendario, se va reduciendo conforme
cumplen 25 años y dejan de tener derecho a la prestación. Por ese motivo
se rebaja en 100 millones la prestación.
En el Programa 313 H, Migraciones, señalaba usted correctamente que hay
un incremento del 10 por ciento en materia de personal y pide que le
explique por qué. Obedece a dos motivos. En primer lugar, al incremento
del 3,5 que existe para todos los funcionarios como consecuencia de los
pactos de acuerdo subscritos con los sindicatos hace dos años; y, en
segundo lugar, a un incremento de veinticinco efectivos presupuestarios
que estaban presupuestados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
en su momento, porque ésta es la Dirección General de Migraciones y este
año se incorporan al presupuesto. Es personal laboral que lleva
trabajando en la Dirección General de Migraciones desde hace años y que
se incorporan al presupuesto de este programa con toda normalidad. El
Ministerio
les ha estado pagando desde 1995, se incorporaron en el año 93; en el 94
siguió pagando el Ministerio de Trabajo todavía y este año regularizamos
esa situación; ésta es la explicación. Encontrarán ustedes una rebaja de
la misma índole en el presupuesto del Ministerio de Trabajo.
También me pregunta usted por qué se ha producido un descenso en el
capítulo 7 de transferencias para obras en el exterior, en él se produce
una rebaja de 50 millones de pesetas. Sencillamente, por dos motivos:
uno, la necesidad de reducir presupuesto --observe usted que este
programa es el único que sube en el conjunto del Departamento-- y porque
no hay una gran demanda por parte de los centros de emigrantes en el
exterior con cargo a este programa. Es un programa que se destina a hacer
obras. Usted lo conocerá muy bien porque la Junta de Galicia destina
importantes partidas presupuestarias para ayuda a los emigrantes en
Iberoamérica. Nosotros hacemos lo propio, pero no hay una gran demanda
por parte de las asociaciones de carácter social, benéfico, cultural y
educativo de la emigración para hacer obras.
El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, por favor, resuma su
intervención.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): Sí. Voy a
intentarlo, señor Presidente.
En el caso del menor (también ha hecho usted referencia a este programa y
a esta Dirección General), efectivamente hay un recorte en guarderías
infantiles laborales. Sabemos que no es un recorte grave para estas
guarderías infantiles. Lo hemos hablado con los responsables de las
guarderías infantiles y probablemente hagamos un pequeño ajuste que nos
permita solucionar algunos problemas que se pueden plantear. Lo hemos
hablado con estos responsables y nos han dicho que no les va a crear
importantes problemas el ajuste que hacemos en las guarderías infantiles.
Respecto a la mujer, efectivamente aquí hay una rebaja de 140 millones en
el presupuesto, forma parte de la lucha contra el déficit y el
cumplimiento del plan de convergencia. Creemos que no es grave en un
presupuesto de dos mil y pico millones, como es el presupuesto del
Instituto de la Mujer, y en absoluto dramático como usted lo plantea. No
va a sufrir ningún frenazo la lucha por la igualdad de oportunidades en
España como consecuencia de que se rebaje el presupuesto en 140 millones.
Señala usted como algo importante la reducción del capítulo 6, de
inversiones. Es sencillo. Se han hecho ya las obras que el Instituto de
la Mujer tenía que hacer en sus locales durante 1994 y 1995 y para 1996
no hay obras importantes previstas porque la sede del Instituto de la
Mujer y sus locales están en condiciones que no requieren grandes
reformas y, por lo tanto, el presupuesto se ha reducido.
En gastos corrientes hay una rebaja de 121 millones sobre un presupuesto
de 1.100 millones (en estos momentos va a haber 979 millones, pero son
121 millones), no es una rebaja dramática. Hay una rebaja que es
importante como consecuencia de la reducción de alquileres, etcétera, y
algunos proyectos se van a ver afectados pero no con el dramatismo con
que usted temía. Podemos tranquilizarle en el sentido de que la lucha por
la igualdad de oportunidades no va a sufrir una quiebra como consecuencia
de este pequeño recorte.
Preguntaba usted por qué se reducen en un 50 por ciento las becas de
INI-Teneo. Es muy sencillo. Creo recordar que eran 100 millones de
pesetas para becas de formación de jóvenes profesionales en INI-Teneo.
Como usted sabe, INI ya no va a llevar a cabo este tipo de actividades y
se mantiene el 50 por ciento restante con el grupo Teneo, lo cual
justifica la rebaja del 50 por ciento.
En materia de publicaciones le preocupa a usted el incremento importante
que se produce. Es un paso adelante en relación con su interpelación del
año pasado en la que discrepó frontalmente de la política de
publicaciones del Instituto de la Mujer, diciendo que era propaganda,
lujo, que no servía para nada, etcétera. Este año ya no nos dice eso. Yo
intenté explicarle que era muy importante, y ahora únicamente nos
pregunta el porqué del incremento. Se lo explico con mucho gusto. Hemos
metido en esa partida de publicaciones el dinero que la Unión Europea nos
da para cofinanciar publicaciones de proyectos que cofinancia la Unión
Europea; y eso supone pues un incremento casi del 150 por ciento del
crédito. Es decir, no es dinero, presupuesto Administración General del
Estado, sino dinero que viene de la Unión Europea y que metemos en ese
crédito para pagar las publicaciones a las que nos comprometemos con los
proyectos que cofinanciamos.
En el capítulo 7 le llama usted la atención que sólo haya 18 millones de
pesetas dirigidas a cofinanciar proyectos de inversión en centros de
igualdad de oportunidades, en comunidades y corporaciones locales.
Mantenemos el mismo crédito que había el año pasado, pero debo decir que
ése es un crédito que no se gasta en su totalidad. Lo dije, creo
recordar, el año pasado al hablar de la ejecución y este año se lo
repito. Mantenemos la misma cuantía porque no existe una demanda por
parte de corporaciones locales y ayuntamientos. Creo que en este caso ha
habido un sólo proyecto que haya pedido dinero con cargo a este crédito.
En materia de jóvenes habla usted de la rebaja de 500 millones que tiene
el Instituto de la Juventud. Efectivamente, pero de ellos 300 millones
corresponden a una campaña temporal que se correspondía a la campaña de
la juventud europea contra el racismo y la xenofobia. Es decir, no hay
una rebaja de 300 millones de pesetas en el presupuesto del Injuve sino
que un dinero que se había puesto para hacer una campaña durante 1995,
como la campaña finaliza en este año, no se reproduce en 1996. Al igual
que en el Instituto de la Mujer, en un presupuesto de 2.900 millones de
pesetas una rebaja de 200 millones no es sustancial.
Asimismo, se refiere usted al recorte drástico en las inversiones en
capítulo 6. La explicación es la misma. Se han acabado ya las obras que
durante 1994 y 1995 el Injuve ha hecho en sus locales, básicamente en el
CEULA y el Centro Euro-latinoamericano de Juventud que está en Málaga y
como consecuencia de eso no hay grandes inversiones que hacer. Se van a
hacer algunas inversiones en informatización
de la red Tive, 10 millones de pesetas para adquisición de mobiliario y
40 millones para reformas de edificios; y eso es lo que explica la
reducción del capítulo 6 en inversiones.
Y luego ha hecho usted una serie de consideraciones generales sobre el
Inserso. Yo puedo tranquilizarle, señora Sainz, de que no va a haber
rebaja de la calidad de las prestaciones para los mayores, los
minusválidos, etcétera. El Plan gerontológico, que a usted le preocupa,
se mantiene en la misma cuantía que hemos tenido durante 1995, 4.000
millones de pesetas. Hemos hecho un trasvase del capítulo 7 al capítulo 4
porque entendemos que ya no es necesario seguir financiando la
construcción de residencias. Es lo que nos dicen las comunidades
autónomas, muchas de ellas gobernadas por su opción política, que
prefieren que el dinero que destinábamos de esta capítulo 7 a la
construcción de plazas residenciales, lo destinemos siempre a la
concertación de plazas plazas residenciales en el ámbito privado. Yo
estoy seguro de que usted compartirá esa filosofía y le satisfará la
explicación.
En cuanto a pensiones asistenciales, pensiones Lismi, efectivamente, hay
una decisión de congelar estas pensiones y de que se produzca un trasvase
del Lismi a las pensiones asistenciales no contributivas. Esa es una
decisión política que se tomó en su momento. Así se aprobó en la
legislación vigente y se va produciendo ese trasvase. Eso es lo que
explica que no haya incremento en las pensiones Lismi.
Le debo decir, señora Sainz, que hemos introducido una modificación
importante, no sé si es en la Ley de Presupuestos o en la Ley de
Acompañamiento, demandaba por el colectivo de minusválidos, en el sentido
de que en aquellos casos en que los minusválidos tengan una pensión, bien
sea Lismi o pensión no contributiva, si adquieren un trabajo y dejan de
percibir esta pensión y por cualquier causa dejan de desempeñar ese
trabajo y por lo tanto una retribución incompatible con ese tipo de
pensiones, no tengan que hacer como en este momento, solicitar de nuevo
la concesión de la pensión sino que automáticamente recobre el derecho al
devengo sin pasar de nuevo por todo el trámite administrativo de
reconocimiento de la pensión.
Señor Presidente, yo creo que éstas son las cuestiones principales. Sin
duda habrá cosas que me habré dejado. Si puedo ahora se las contesto y si
no por escrito se las mandaremos con muchísimo gusto.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz le ruego brevedad.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Subsecretario, efectivamente hay varias
cuestiones concretas que yo le he planteado y que no ha podido responder,
tal vez por la premura del tiempo. Yo comprendo que he realizado una
batería de preguntas. Lo que sí le agradecería es que repasara la
intervención y nos contestara por escrito aquellas preguntas que le he
hecho.
La intervención mía, señor Subsecretario, no fue mediterránea, más bien
sería gallega. Yo creo que ha sido realmente real y nosotros hemos
denunciado, con seriedad y preocupación, el descenso importante que ha
tenido este Ministerio de Asuntos Sociales, del 5,9 por ciento. Nuestro
Grupo insiste en la necesidad de alcanzar la convergencia con Europa. Lo
que ocurre es que fruto de una mala gestión y de unas alegrías muy
irresponsables por parte del Gobierno socialista, durante estos años esto
no ha sido posible. Nos hemos ido alejando cada vez más y ahora, que es
lo que denuncia nuestro Grupo, cuando hay que apretarse el cinturón
resulta que los primeros en apretarlo son los más débiles y los que
necesitan, por lo tanto, de una mayor atención y de una protección, con
lo cual de alguna manera se está quebrando ese estado de bienestar, en el
que tantas veces el Grupo Popular consideraba necesario avanzar y
solidariamente, además, mantener.
Le querría decir que denunciábamos esta realidad, es decir, ese descenso
del 5,9 por ciento, pero al mismo tiempo denunciamos que la
Administración central siga manteniendo algo a lo que usted no ha hecho
referencia --es una de las preguntas que se han quedado sin responder--,
la no transferencia para los viajes de la tercera edad, cuando estarían
mucho mejor gestionados y costarían menos si las comunidades autónomas lo
hiciesen directamente.
En relación al plan concertado que usted me ha dicho que sólo se rebaja
500 millones, usted sabe, yo creo que lo conoce además perfectamente, que
no es así. La realidad es que ustedes van a retrotraer del ejercicio de
1996 1.135 millones; con lo cual la distribución que ustedes han dicho a
las comunidades autónomas que queda es de 8.264 millones. La realidad es
que no solamente hay la rebaja de 500 millones, sino también lo de la
parte que ahora le he dicho van a retrotraer de 1.135 millones del
ejercicio anterior. Por tanto, sí es así y hay consideraciones,
efectivamente, de distintas comunidades autónomas en relación a que esto
es verdaderamente poner en peligro la consolidación de un sistema público
y servicios sociales que ustedes, por una parte, consideraban
prioritarios y vendían constantemente que haya colaboración con las
comunidades autónomas, ahora a los trabajadores sociales que se les
pagaba con ese dinero, no se les podrá pagar; es decir, que ahí sí hay
efectivamente una quiebra.
Por otro lado, ustedes, a veces, se mueven en un contrasentido. Nuestro
Grupo dice muchas veces que estos temas están ya transferidos y de hecho
ahora las transferencias al Inserso se estaban produciendo, prácticamente
quedan todavía, me parece, cinco comunidades por recibirlas; si esto es
así transfieran realmente todo ya a las comunidades autónomas y no sigan
ustedes llevando incluso la confusión a alguna de ellas porque en un
momento determinado hablan de un programa, a continuación ese programa ya
no existe, hacen ustedes lo que quieren y no hay tampoco voluntad
política de colaboración real. Por eso nuestro Grupo dice que si para
esto tenemos el Ministerio de Asuntos Sociales, si los programas y las
responsabilidades son competencia ya de las administraciones autónomas,
entonces lógicamente evitamos mantener una estructura administrativa que
repercute en el dinero que, teóricamente, debería ir dirigido a los
beneficiarios. Saldrían ganando las personas
de la tercera edad, las personas minusválidas y todas aquellas personas
que necesitan ayuda.
Nuestro Grupo, desde luego, difiere también claramente en las
explicaciones que usted ha dado en lo del Plan de exclusión social, como
el Plan gitano. Tengo aquí los datos y, efectivamente, en el Programa de
desarrollo gitano, del Ministerio de Asuntos Sociales, la cantidad de
1989 es la misma que tiene este año; por tanto, sí hay un retroceso.
Ustedes cuando se trata de los Presupuestos del Estado y hay menos
recursos dicen que eso no significa que no se vaya a avanzar y que se
vaya a quebrar alguno de los programas, y eso no es así, porque luego en
las explicaciones habla de que uno tras otro los programas se han ido
cayendo del Ministerio de Asuntos Sociales. Yo le invitaría a usted a que
leyese las actas de otros Parlamentos autonómicos, a ver qué dice el
Grupo Socialista cuando, a lo mejor, no se incrementa; ya no digo que se
retraiga dinero de los presupuestos, sino que simplemente no se
incrementa. Por tanto, hay que ser coherentes, hay que ser serios y saber
asumir la realidad de unas cifras, en este caso del Ministerio de Asuntos
Sociales, que sinceramente creemos no son sociales.
En relación al programa concreto que afecta a la lucha contra la pobreza
en donde había, efectivamente, 218 millones, yo sabía, y le he hecho
referencia, que respecto a Alemania, eso era así, pero usted también
sabe, y efectivamente vio cómo yo cogía el folleto del Ministerio de
Asuntos Sociales, que la ministra se comprometió a que durante la
Presidencia Europea ese programa que rechazaban Alemania, Inglaterra,
sería sustituido por algún otro programa. Si ésa era una promesa de la
ministra, lo normal y lógico es que se hubiera mantenido esa partida
presupuestaria para intentar sacar adelante --todavía no ha terminado la
Presidencia Europea--, un nuevo programa para luchar con uno de los
problemas más importantes que tiene la sociedad en general y también la
sociedad española. No ha sido así. Si no han sido capaces de conseguir o
al final no consiguen una financiación añadida europea, destinen algún
recurso de nuestro presupuesto para combatir uno de los objetivos que
tiene que ser prioritario y fundamental dentro del Ministerio de Asuntos
Sociales.
El Presidente me llamaría al orden, creo que con toda razón, si yo le
siguiera insistiendo en ello; pero le diré que a nosotros nos parece muy
grave que se rebajen todas esas cantidades, que no voy a repetir, en los
distintos organismos, en los distintos programas que hay; por tanto, sí
consideramos negativos estos presupuestos para un avance social necesario
en nuestro país, lleno todavía de muchas dificultades, desde la mujer
hasta personas mayores, etcétera, y que, además, no son eficaces porque
no van dirigidos a los beneficiarios directamente.
Bueno, nada más porque veo que el señor Presidente insiste con su cabeza
en la necesidad de que...
El señor PRESIDENTE: No he dicho nada. No he dicho nada, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Por eso digo que insiste con su cabeza. Los
gestos son muy elocuentes y obedeciendo disciplinadamente dejo la palabra
al señor subsecretario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sainz.
El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias):
Brevísimamente, señor Presidente.
Decía la señora Sainz que su intervención había sido real. Yo creo haber
demostrado que no, que no era real, que hacía usted valoraciones globales
que no se ajustaban en absoluto a la realidad y, probablemente, la
muestra más importante o más relevante de su análisis político y análisis
presupuestario era calificar de dramática una reducción de 19 millones en
el Plan gitano, de un presupuesto de 519 millones, que es repartido por
toda la geografía nacional, ¡imagine usted la gravedad de la repercusión
que eso puede tener!
Hemos demostrado también que una reducción o una contracción en el
presupuesto del 5,9 por ciento, muy por debajo de la media del conjunto
de los departamentos ministeriales y muy por debajo, por supuesto, de
otros departamentos que bajan entre el 14 y el 20 por ciento, demuestra
la importancia que el Gobierno da a las políticas sociales y a los
proyectos que se hacen desde nuestro ministerio.
Insiste usted de nuevo en el tema de la exclusión social. Creo que ha
quedado clarísimamente demostrado, que por parte de nuestro ministerio o
de la presidencia española ha habido interés y un esfuerzo importante por
intentar sacar ese proyecto adelante; lamentablemente no ha salido porque
en la Unión Europea hace falta unanimidad y habiendo dos países que no lo
han aprobado, no ha sido posible. Insiste de nuevo en el mensaje de que
no hemos sido capaces. Como no se ajusta a la realidad no me voy a
molestar más, únicamente diré que, efectivamente, señora Sainz,
utilizando sus propias palabras, seamos coherentes, seamos serios y
cuando algo no baja prácticamente nada, no digamos que se hunde; y cuando
no depende de nosotros conseguir la financiación no diga usted que no
hemos sido capaces de conseguir financiación.
Una última referencia a los viajes de la tercera edad. Señora Sainz,
sería una barbaridad, en términos económicos, transferir a las
comunidades autónomas los viajes de la tercera edad. Eso es un programa
de carácter económico con importantes consecuencias sociales, que
solamente mediante la aplicación de economías de escala puede tener los
beneficios que hoy está dando. Es decir, el presupuesto público gana
dinero con ese programa porque funcionan las economías de escala, y no
ganaría si se fragmentara entre las distintas comunidades autónomas. Sólo
la existencia de un planteamiento global por todo el territorio nacional
que está estudiado por nosotros hasta la saciedad, permite que sea un
programa que dé beneficios y no solamente que no cueste dinero a nuestro
ministerio.
Muchísimas gracias, señor Presidente, y muchísimas gracias, señora Sainz.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.
Se suspende la sesión hasta las once horas treinta minutos.
Se reanuda la sesión.
--DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (NAVARRO
LOPEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO, PNV. (Número de
expediente 212/001650.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia del señor
Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, demandada por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), en cuyo nombre tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que la petición de mi grupo parlamentario hace referencia a
tres cuestiones muy concretas; por tanto, mi intervención no va a ser, en
absoluto, prolija.
Las tres cuestiones harían referencia, en primer lugar a la disposición
adicional segunda del proyecto de ley de presupuestos, donde se articulan
las actividades de la Forcem, la Fundación que acomete las actividades de
formación profesional continua. En el debate presupuestario pasado,
mediante la aceptación en el Senado de una enmienda de mi grupo
parlamentario, se posibilitó la atención presupuestaria también de
posibles acuerdos interprofesionales de los previstos en los artículos 83
y 84 del Estatuto de los Trabajadores que fueran subscritos en el ámbito
de comunidades autónomas. Como se ha producido recientemente la
aprobación de un acuerdo interprofesional de estas características en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, me gustaría saber si entre las intenciones
del Ministerio de Trabajo está aceptar enmiendas que prevean la
existencia de este acuerdo interprofesional y la necesidad de que a
través de estas previsiones de la disposición adicional segunda se
atienda presupuestariamente, de forma suficiente este acuerdo
interprofesional, que en la Comunidad Autónoma del País Vasco ya se ha
producido entre los interlocutores legitimados para adoptarlo. Esa sería
la primera pregunta.
La siguiente pregunta hace referencia a un problema viejo y que en este
momento me da la impresión de que produce tensiones entre el Ministerio
de Trabajo y el Ministerio de Economía. Es el del desempleo de los socios
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en los supuestos o en
sus modalidades suspensivas total o parcial. Ya el Decreto de 19 de junio
de 1985 corrigió una vieja discriminación que afectaba al cooperativismo,
que era la no protección en el ámbito del desempleo de los socios
trabajadores de las cooperativas de trabajo social afiliadas al régimen
general; pero no se corrigió de forma suficiente o de forma absoluta
puesto que todavía se dejó sin protección a los socios trabajadores de
estas cooperativas en la modalidad suspensiva de desempleo total y
parcial. Me gustaría si está en las intenciones del ministerio (no sólo
del que usted representa, habría que preguntárselo también al Ministro de
Economía o al Ministerio de Economía) corregir esta discriminación que,
previsiblemente, sea inconstitucional y que, en todo caso, desde una
perspectiva material es absolutamente injusta, porque realmente estos
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado a los afiliados al
régimen general abonan o cotizan por las mismas contingencias y la misma
cantidad que los demás trabajadores de empresas no cooperativas.
Por último, y ésta es la última pregunta, señor Presidente, saber si
existen previsiones para regular otro problema que afecta a las empresas
de economía social, tanto las sociedades anónimas laborales como las
cooperativas, cual es el cobro de la prestación de desempleo en su
modalidad de pago último y la posibilidad de imputar este pago último
como rentas de trabajo en sucesivos períodos impositivos. Este es un
viejo problema que afecta también a las personas que cobran en modalidad
de pago único la prestación de desempleo para ubicar estas cantidades o
invertirlas en una empresa que van a crear o que van a mantener. Esa
perspectiva es un requerimiento de la justicia más elemental, admitir
para estos trabajadores, a efectos con lo que prevé el Reglamento de la
Ley del Impuesto de Renta de las Personas Físicas, en su artículo 14, la
posibilidad de ir desagregando como rentas de trabajo este cobro de
prestaciones de desempleo en su modalidad de pago único.
Estas son las preguntas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señor Olabarría, en relación con la Forcem, la disposición adicional
segunda admite la posibilidad de que se articulen acuerdos
interprofesionales; éste no es un tema nuevo, se ha planteado en otras
circunstancias. Creo que usted y SS. SS. han tenido sobre este particular
numerosos contactos con el Secretario General de Empleo y Relaciones
Laborales que, por cierto, va a comparecer aquí a continuación. No sé si
su grupo ha pedido la comparecencia del señor Peña. (El señor Olabarría
Muñoz: No, no la ha pedido, señor subsecretario.) Me parece que él
estaría en mejores condiciones que yo para contestar a esa cuestión en
concreto. De todas maneras, si S. S. no tiene inconveniente sobre ese
particular, le daremos una respuesta posterior por escrito.
El asunto relativo a su famoso proyecto del decreto sobre desempleo de
socios trabajadores de cooperativas en situación de suspensión,
efectivamente, es un asunto antiguo. Lo hemos debatido en algunas
sesiones de la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios y, en
este momento, le puedo decir que estamos en la fase de intentar
conciliar con el Ministerio de Economía y Hacienda para determinar el
coste efectivo de esta medida, lo que es la memoria económica. Hubo
problemas a la hora de analizar la memoria que se había presentado;
posteriormente, se ha remitido alguna información por el propio Infes,
Instituto de Fomento y Economía Social, y digamos que dentro de este
debate interno, por parte del Gobierno, de los distintos ministerios
afectados, estamos en fase de intentar conciliar el alcance económico de
la medida para poder llevar adelante el decreto. En definitiva esto está
en fase de discusión; se ha visto en varias sesiones de la comisión de
subsecretarios pero no hay una decisión todavía.
En el otro tema, previsiones sobre el cobro de prestaciones empleo en su
modalidad de pago único, aunque aquí supongo que también el señor Peña,
Secretario General de Empleo, y el Director del Inem, que van a
comparecer, estará en mejores condiciones para dar una respuesta más
precisa; sin embargo, sí puedo anticiparle, porque supongo que usted lo
conocerá, que en el proyecto de ley de medidas de acompañamiento a la ley
de Presupuestos Generales del Estado, al final se ha articulado, quiero
recordar, una fórmula consistente en diferir a los años sucesivos lo que
es el cómputo de esa renta en el caso de capitalización de prestaciones.
Había dos opciones: dejar el cómputo de esa renta a efectos fiscales para
el momento en que esa renta se recupere, el momento en que el socio se
marcha de la cooperativa (y eso era diferir durante excesivo tiempo y con
cierta indefinición el efecto fiscal de esa capitalización); o la fórmula
intermedia, que es llevarlo a ejercicios sucesivos a partir del momento
en que se capitaliza la prestación y se aporta a la sociedad. Así es como
creo que ha quedado en el proyecto de ley de acompañamiento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Agradecer la información dada por el
subsecretario que, a pesar de que no haya una petición formal de mi
grupo, intentaremos complementar con el Secretario de Estado para Empleo
y Relaciones Laborales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Muchas gracias al
señor subsecretario por su comparecencia.
Se suspende la sesión hasta las doce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión.
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (PEÑA
PINTO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 212/001664.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión para tramitar la
comparecencia del señor Secretario General de Empleo y Relaciones
Laborales, a petición del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre tiene
la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer
la presencia del señor Secretario General de Empleo y Relaciones
Laborales.
Supongo que no serán nuestras personas las que no despierten el interés
del resto de la Comisión, pero tampoco quiero suponer que sea el proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado el que traiga consigo que,
prácticamente, estemos en familia en este momento.
Quisiera, en primer lugar, señor Secretario General, hacerle una serie de
puntualizaciones sobre este proyecto que servirían para clarificar un
poco también las preguntas que, respecto al mismo, realizaré a
continuación.
Estamos ante un proyecto de presupuesto continuista --no son palabras
mías sino del Ministro de Economía--, continuista con el anterior cuyo
principal objetivo debiera ser acercarnos más, a ser posible, a los
parámetros de convergencia europea, aunque algunos podamos opinar que
cada vez estamos más lejos. Y siendo así, supongo que convendrá conmigo
que la ejecución del presente presupuesto nos podrá aclarar, en gran
medida, la virtualidad del proyecto de ley que ahora discutimos. Es por
ello por lo que inevitablemente, a mi juicio, debamos confrontar este
proyecto de ley con el presupuesto anterior y sobre todo con la ejecución
misma; por tanto, haré referencia a la intervención que ya tuvo el señor
Subsecretario de su Ministerio la semana pasada respecto a la ejecución
de dicho presupuesto, si bien es cierto que, en este aspecto, la falta de
rigor presupuestario que ha solido presidir las actuaciones del
Ministerio en esta materia hace que seamos especialmente cautelosos en el
análisis.
Cabe recordar, permítase el adjetivo, el bochornoso espectáculo, que
representó la billonaria desviación del INEM en los años 1992 y 1993, que
se han seguido reproduciendo no en esas cuantías pero sí prácticamente
hasta el ejercicio pasado. Por ello tenemos serias dudas de que con este
presupuesto se pueda luchar activa y decididamente contra esa lacra
social que es el paro en nuestro país. Ello nos preocupa porque seguimos
siendo el país que tiene una tasa de paro tres veces superior, como muy
bien sabe el señor secretario, a la media de los países centrales de la
Unión Europea y ya se anuncia, como hemos tenido ocasión también de
debatir, usted y yo en esta misma Cámara, que tendremos la mayor tasa de
paro de la OCDE en el año 2000, inferior evidentemente a la que tenemos
ahora, pero seguiremos siendo la mayor. Y a pesar de la tan cacareada
recuperación económica, los datos de septiembre de este año han sido
peores, a nuestro juicio, a los de septiembre del año pasado y esa
desaceleración, si me permite el término, también preocupa profundamente
a mi Grupo. Es por ello que tenemos serias dudas de que sean los
presupuestos adecuados en esta materia, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, para que verdaderamente lo que venimos solicitando con
anterioridad se pueda llevar a la práctica:
que las partidas del presupuesto dedicadas a las políticas pasivas en
relación con las políticas activas siguen no siendo las adecuadas; que
estos presupuestos no recogen suficientemente la necesidad de impulsar
las políticas de formación profesional y de evaluar su eficacia y
rendimiento, y que tampoco se produce el impulso, que debería ser ya
último, a la reforma del INEM en cuanto a aumentar su capacidad de
intermediación en el mercado de trabajo.
Por ello, señor Secretario, nos gustaría conocer una serie de cuestiones:
En primer lugar, ¿cuál es la causa del incremento que se produce, que es
del doble prácticamente, en los gastos de personal del Instituto Nacional
de Empleo, en relación con el Programa 312A, Prestaciones a los
desempleados, respecto del año pasado? Porque, además, haciendo una
comparación con el resto de programas, en los que interviene el Instituto
Nacional de Empleo, 322A, 324A, 324B, no se ve que haya una nivelación en
esos gastos de personal entre una prestación, un programa u otro. ¿Se
produce ese aumento del doble manteniéndose esos gastos de personal en
todos los demás programas a los niveles del año pasado?
También nos gustaría conocer --mezclando un poco lo que es la ejecución
del presupuesto del año anterior con la virtualidad que pueda tener el de
éste-- a que se debe el bajo grado de realización en el presupuesto de
ingresos y concretamente en las cotizaciones sociales, y si podría
desagregar las previsiones que haya en las cuotas de desempleo y en la
cuota de formación profesional.
En 1993, tal como he hecho referencia, el INEM sufrió modificaciones en
su presupuesto, de todos conocidas, por más de un billón cien mil
millones, a fin de poner, como se expresó, el contador a cero. Los
déficit acumulados desde el año 1986 al año siguiente 1994, resaltaron
nuevos déficit de ejercicios anteriores que fueron contabilizados
extrapresupuestariamente por un importe de 39.500 millones de pesetas; y
de nuevo en este ejercicio se reconoce un nuevo déficit de ejercicios
anteriores por 57.700 millones de pesetas. ¿Es tan deficiente la
contabilidad extrapresupuestaria del INEM que no permite poner el
contador a cero, como viene afirmándose desde 1994? ¿Cabe considerar en
el año próximo que no volverán a surgir nuevos déficit desde los años
1996 y siguientes?
Como ya se conoció, en el año 1994, los remanentes de tesorería jugaron
un papel importante para enjugar parte de estos déficit producidos en el
INEM hasta diciembre de este año. En el ejercicio 1995 suponemos que
volverán a ser utilizados para enjugar este déficit de 57.700 millones.
Por primera vez aparecen reflejados en el presupuesto de ingresos
Capítulo 8, artículo 6, los remanentes de tesorería. Quería saber si van
a ser utilizados para conjugar este déficit, toda vez que además son
superiores a la cuantía anteriormente dicha de 57.700 millones.
El INEM, y hemos tenido ocasión también debatir el señor Secretario
General y yo este tema, no viene reflejando en la contabilidad
presupuestaria los derechos y obligaciones que contrae mensualmente
manteniendo, como es sabido, una cuenta extrapresupuestaria con la
Tesorería General de la Seguridad Social, tanto para los ingresos, los
derechos a reconocer, los gastos y las obligaciones a reconocer. Sabe de
sobra nuestro criterio de que no existen razones técnicas suficientes que
avalen la existencia de estas cuentas presupuestarias. Nos gustaría saber
cuándo desaparecerán, por fin, estas cuentas presupuestarias que impiden
su reflejo mensual en la ejecución del presupuesto, y por tanto, a
nuestro juicio, su seguimiento y control y la más que deseada
transparencia, en la ejecución del gasto. Aunque esté previsto también en
los programas de fomento del empleo y de formación profesional que tengan
un porcentaje de realización del 95 y del 98 por ciento al finalizar este
ejercicio, ¿a qué se puede deber que a 31 de agosto, últimos datos
facilitados por su Ministerio, los porcentajes de realización sean tan
sólo del 29,7 por ciento y del 47 por ciento respectivamente?
Le repito la pregunta que le he hecho en varias ocasiones en los dos
últimos años, creo recordar que la última en junio de este mismo año. ¿Se
encuentra ya el INEM en condiciones de ofrecer mensualmente los datos que
permiten controlar la reinserción del desempleado al mercado de trabajo y
así poder controlar mejor el fraude? ¿Podría indicar ya, durante este
año, cuántas ofertas de empleo se han efectuado sobre los perceptores de
prestaciones por desempleo y, en su caso, las acciones formativas y
cuántas han sido rechazadas?
También nos gustaría conocer, a la vista del fracaso obtenido por las
medidas sobre el fomento de la contratación indefinida, establecidas en
el decretazo de 1992, posterior Ley 22/92, especialmente sobre jóvenes y
mujeres, qué nuevas medidas se van a adoptar en el programa de fomento y
gestión del empleo para estimular este tipo de contratación. Al hilo de
ello y a la vista de los recortes del desempleo de 1992 y 1993, que ha
supuesto en este año una minoración en los gastos de alrededor de 256.000
millones, ¿por qué no se han utilizado para ampliar las políticas activas
de empleo, máxime cuando España es el país que destina a medidas pasivas
seis veces más recursos que a medidas activas, cuando la media europea
sólo es el doble?
El programa de formación ocupacional se ha aplicado hasta ahora desde
1986 hasta 1994, a nuestro juicio, a quienes menos lo necesitaban: los de
mayor nivel de instrucción y no perceptores de prestaciones por
desempleo. ¿Qué modificaciones están previstas en 1996 para que se
aplique con carácter prioritario a los perceptores de prestaciones por
desempleo con menores niveles de instrucción y más necesitados de
cualificación profesional?
Y por último, señor Secretario, entre los objetivos del citado programa
de formación ocupacional figura de modo genérico la elaboración del
repertorio de certificados de formación profesional ocupacional. Me
gustaría conocer cuándo estará vigente, por fin, a la vista de los
numerosos aplazamientos y, en concreto, si será conforme a la Directiva
51/92 sobre reconocimiento de las formaciones profesionales, a fin de que
todo trabajador conozca la cualificación profesional obtenida con validez
a nivel estatal, y transparente a nivel europeo.
Dándole ya las gracias por anticipado por las respuestas a todas estas
cuestiones, le reitero nuevamente las gracias por su presencia en la
Comisión, que ha despertado, creo
yo, bastante menos interés del que debiera, no sólo por su persona sino
también por la trascendencia que estos presupuestos pueden llegar a
tener. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps. Tiene la palabra el
señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Muchas gracias, Presidente; gracias por la petición de
comparecencia, señor Camps.
Lamento disfrutar yo de una capacidad intelectual limitada, lo que me
impide, digamos, improvisar. Venía con una comparecencia preparada sobre
el presupuesto que hemos elaborado y presentado para 1996. Recibo una
serie de preguntas, todas ellas de interés; algunas soy capaz de
contestar, otras no puedo en este momento. Pero vayamos primero a aquello
para lo que me había preparado, y le aseguro que con esfuerzo. Voy a
intentar, por lo tanto, explicarles el presupuesto que elaboramos para
1996 y que afectaba a la Secretaría General de Empleo y de Relaciones
Laborales, cuyos recursos, que afectan a los distintos centros directivos
y organismos autónomos que integran la Secretaría, ascienden a dos
billones 186.785 millones, y supone, frente al ejercicio anterior, una
disminución de 271.304 millones de pesetas, lo que representa una
reducción del 11 por ciento.
Los programas presupuestarios que gestiona la Secretaría son los
siguientes: prestaciones a los desempleados, cuya gestión la lleva a cabo
el Instituto Nacional de Empleo; administración de las relaciones
laborales y condiciones de trabajo, cuya gestión está encomendada a la
Dirección General de Trabajo y al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo; fomento y gestión del empleo, que se ejecuta,
fundamentalmente, por el Instituto Nacional de Empleo y una parte por la
Dirección General de Empleo; desarrollo de la economía social, cuya
gestión corresponde al Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social; formación profesional ocupacional, que corresponde también al
Instituto Nacional de Empleo; escuelas taller y casas de oficio, también
al INEM y reconversión y reindustrialización, gestionados por la
Dirección General de Trabajo.
Los aspectos más significativos en lo que a grandes políticas de gastos
se refiere son los siguientes. Empezamos por prestaciones a los
desempleados, gestionados por el INEM. El programa tiene prevista una
dotación para 1996 de un billón 738.860 millones de pesetas; experimenta,
respecto de 1995, una disminución de 281.966 millones de pesetas; esto
es, una disminución del 14 por ciento.
Por capítulos, el de gastos de personal asciende a 11.367 millones, y
como apuntaba su señoría, crece en un 99,6 por ciento. El motivo, que
podría ser explicado con mayor detalle con posterioridad por el Director
General del INEM, obedece a que distintos programas aislados se han
incluido en un programa más general, que es el de protección a los
desempleados.
Los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 1.726 millones.
Se incrementan en un 12,3 por ciento. Los gastos financieros alcanzan 1,1
millones y se mantienen igual que en el ejercicio anterior. Los activos
financieros suponen 1,2 millones igual que en 1995.
Y las transferencias corrientes, que constituyen la auténtica política de
gasto, disminuyen un 14,3 por ciento y alcanzan una dotación de un billón
722.765 millones de pesetas. Esta disminución, a nuestro criterio, se
justifica y obedece a unas mejores expectativas del empleo y de la
evolución del paro registrado como consecuencia de la favorable marcha de
la economía, de los efectos positivos de la reforma del mercado de
trabajo y de la moderación salarial. El billón 722.765 millones de
pesetas, que constituye las prestaciones por desempleo, se distribuyen
del siguiente modo: 801.947 millones en prestación contributiva (una
disminución de 181.794 millones, decrecimiento del 18,5 por ciento);
393.290 millones de pesetas para subsidio, con una minoración de 33.755
millones (un decrecimiento porcentual del 7,9 por ciento); 115.170
millones de pesetas en subsidio REASS, con un incremento de 1.335
millones de pesetas, el 1,2 por ciento; 345.072 millones de pesetas para
cuotas de prestación contributiva, con una disminución de 73.288
millones, el 17,5 por ciento; 67.286 millones de pesetas para cuotas de
subsidio, con una minoración de 1.825 millones (porcentualmente el 2,6
por ciento).
Pensamos que una política de reformas estructurales llevada a cabo en los
años inmediatamente anteriores ha hecho posible la estabilidad financiera
del sistema de protección del desempleo, lo que permitirá que en 1996 se
conjuguen en los Presupuestos Generales del Estado los objetivos de
racionalización del gasto público y de garantía de cobertura efectiva de
los gastos sociales, pues éstos, pensiones y sanidad, pueden crecer un
7,1 por ciento y un 7,5 por ciento, respectivamente, gracias,
fundamentalmente, a la contención del gasto en desempleo. Y como
contrapartida se puede observar, desde la perspectiva de las fuentes de
financiación una disminución del 63,6 por ciento en la aportación del
Estado y un incremento del 2 por ciento en los recursos procedentes de
cuotas.
Se ha referido su señoría a 1994. En 1994, como aportación del Estado, se
recibió la cantidad de 920.385 millones de pesetas; en 1996 la aportación
del Estado es de 398.553 millones, una reducción de 521.832 millones de
pesetas. Si el esfuerzo realizado en el INEM no hubiera permitido esta
posibilidad, las perspectivas de contener el déficit en nuestro país
hubieran sido absolutamente ilusorias, y la posibilidad de financiar los
sistemas esenciales de protección, como pueden ser sanidad o pensiones,
hubieran sido difícilmente realizables. Lo cual, y dentro de la modestia
que nos debe caracterizar, es, sin duda, motivo de satisfacción e incluso
de orgullo.
En cuanto a políticas activas he de señalar que se consolidan en este
presupuesto como prioritarias, incrementándose en el conjunto de
programas en una cuantía de 27.040 millones de pesetas, un incremento del
7,6 por ciento, y su dotación para 1996 asciende a 383.157 millones.
El capítulo de transferencias, que constituye, en principio, el gasto en
sentido estricto de estas políticas, alcanza un importe de 329.263
millones, con un crecimiento, respecto
de 1995, del 12,9 por ciento. De dicha cifra, 147.074 millones, un
incremento del 15,6 por ciento, corresponden a programas de fomento del
empleo; 132.189 millones, un incremento del 10,5 por ciento, a acciones
en formación profesional, y 51 millones, un incremento del 11,6 por
ciento, a escuelas taller.
El comportamiento de los programas presupuestarios que integran este
bloque de políticas es el siguiente: fomento y gestión del empleo, dotado
con 181.024 millones de pesetas. El programa lo gestiona en un 99 por
ciento el INEM. Participan también otros órganos, como es la Dirección
General de Empleo y la Subsecretaría. Globalmente el programa experimenta
un aumento del 7,2 por ciento respecto al ejercicio anterior, 12.191
millones de pesetas. El grueso del programa lo constituye la partida de
transferencias, que se sitúa en 147.074 millones de pesetas, y
experimenta un crecimiento del 15,6 por ciento.
La distribución, por grupos de acciones, de las transferencias corrientes
de este programa merece el siguiente comentario. El empleo público
temporal comprende la contratación de los trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés general y social en
colaboración con órganos de la Administración del Estado, comunidades
autónomas, corporaciones locales, universidades, instituciones sin fines
de lucro. En su conjunto la dotación destinada a empleo público temporal
asciende a 57.102 millones de pesetas. En esta cifra se incluyen 2.768
millones del programa para convenio de fomento del empleo, y 2.255
millones también para este programa, diferente del anterior que me he
equivocado (perdón, señoría, es el programa 800X), y para acciones de
calificación, información y orientación, 513 millones.
El gasto presupuestario se orienta, y es una de las notas más
significativas del presupuesto, hacia lo que conocemos como planes de
servicios integrados para el empleo, regulados en el Título Segundo del
Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo.
Las bonificaciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social se
sitúan en 46.189 millones de pesetas. Lo que supone respecto a 1995 una
disminución de 2.000 millones de pesetas, en un porcentaje del 4,2 por
ciento.
Las acciones de fomento a la contratación indefinida, sufren un descenso
de 4.140 millones de pesetas respecto a 1995, un decremento porcentual de
8,7 por ciento, y se sitúa la cantidad en 43.533 millones de pesetas. Se
contemplan aquí subvenciones para trabajadores autónomos, desempleados
que inician proyectos de actividad por cuenta propia, subvenciones para
la contratación de minusválidos en empresas y en centros especiales para
iniciativas locales y para la contratación de gentes locales de empleo y
desarrollo local.
Formación profesional ocupacional, dotado con 151.434 millones de
pesetas, programa gestionado por el INEM, que experimenta un incremento
del 6,6 por ciento, que representa cerca de 10.000 millones más que en el
ejercicio anterior.
La dotación para acciones en formación, propiamente dicha, aumenta 12.532
millones de pesetas y se sitúa en 132.189 millones de pesetas.
La formación de parados aumenta nominalmente en 754 millones, lo que
representa un incremento del 1,1 por ciento, y se sitúa para 1996 en
69.369 millones de pesetas. Esta partida se ha presupuestado teniendo en
cuenta la previsión de formas 195.000 alumnos, de acuerdo con el programa
nacional de formación profesional.
La formación de ocupados es el resultado de aplicar el 0,3 por ciento a
la base de cotización de la formación profesional, según el acuerdo
nacional de formación continua suscrito el 16 de diciembre de 1992. La
cifra asciende a 62.826 millones, con un incremento del 23,1 por ciento.
Escuelas taller y casas de oficio, dotado con 50.699 millones de pesetas.
Este programa lo gestiona íntegramente el INEM y aumenta un 12 por ciento
respecto del ejercicio anterior, lo que representa un incremento de 5.415
millones de pesetas más.
Las líneas de actuación preferente para 1996 se dirigen al incremento de
la participación de parados de larga duración en el total de alumnos
trabajadores del programa, dando prioridad para la selección de alumnos a
beneficiarios de prestaciones por desempleo e intensificando las
actuaciones en zonas industriales en declive o en concentraciones urbanas
con parados de larga duración.
Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo:
programa dotado con 10.425 millones de pesetas, 2.316 millones menos que
en 1995, con un decremento del 18,2 por ciento. El programa es gestionado
por la Dirección General de Trabajo y por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En el Capítulo 1, recogemos los gastos de personal de la Dirección
General de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene;
asciende a 5.318 millones. Disminuye en 1.614 millones de pesetas, con un
decremento del 23,3 por ciento, como consecuencia básica del proceso de
transferencia hacia las comunidades autónomas. El Capítulo 2, íntegro del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se dota con 802
millones de pesetas y experimenta una disminución de un 31,3 por ciento
respecto al ejercicio anterior.
Las transferencias corrientes las gestiona íntegramente la Dirección
General de Trabajo. En su conjunto se sitúan en 4.116 millones de
pesetas, lo que significa que decrecen un 6,6 por ciento. Las ayudas para
asistencia económica extraordinaria a trabajadores sufren una disminución
respecto del anterior ejercicio del 2,4 por ciento.
Las indemnizaciones por ajuste de plantilla de los trabajadores
excedentes de aduanas, con la entrada en vigor del mercado único, sufren
un decremento del 95 por ciento y se sitúan en diez millones; esta
disminución se encuentra ajustada a las previsiones de recolocación de
los agentes de aduanas para 1996.
Como dato novedoso se contempla una dotación de 45 millones de pesetas
para atender al fomento de la solución no jurisdiccional de conflictos en
materia de elecciones sindicales.
Reconversión y reindustrialización. Para estas acciones, los presupuestos
de 1996 destinan un total de 52.150 millones de pesetas, con un
decremento del 26,8 por ciento respecto al año anterior, 13.995 millones
menos, repartidos
en dos programas presupuestarios: el 723 B, con 24.130 millones, y 800 X,
al que antes aludí, con 28.020 millones.
Las acciones en reconversión y reindustrialización experimentan las
siguientes variaciones: fondos de promoción del empleo, que se dotan con
20.604 millones de pesetas, lo que supone una disminución del 18 por
ciento. Para ayudas equivalentes a la jubilación anticipada de
trabajadores mayores de 60 años afectados por proceso de reconversión del
sector de aceros especiales, se asignan 3.390 millones, una minoración
del 0,8 por ciento. Para ayudas equivalentes a la jubilación anticipada
de trabajadores mayores de 60 años de empresas acogidas a planes de
reconversión, 15.105 millones, una disminución del 21,5 por ciento. Para
ayudas destinadas a facilitar la jubilación de trabajadores de empresas
en crisis no acogidas a planes de reconversión, 12.915 millones, un
decremento del 19,6 por ciento.
En último lugar, desarrollo de la economía social. El presupuesto para
1996 asigna a este programa 2.193 millones de pesetas, una disminución
del 2,9 por ciento respecto a 1995. Por capítulos, su distribución es la
siguiente: Capítulo 1, gastos de personal, 341 millones, disminución del
2,57; gastos corrientes, 63 millones, una reducción del 24,22 por ciento;
capítulo de transferencias corrientes, 1.752 millones de pesetas. Vemos
que se mantiene prácticamente al mismo nivel, tanto para los créditos
gestionados por las comunidades autónomas, 1.362 millones, como para los
gestionados directamente por el Infes.
Con estas aclaraciones concluyo lo que se refiere a la comparecencia,
«stricto sensu», en lo que a la explicación detallada del presupuesto
para 1996 venía obligado.
Hay una pregunta, que ha realizado su señoría, que es una pregunta sobre
la que habitualmente venimos discutiendo y aportando interpretaciones
diferentes. No creo yo que las cuentas extrapresupuestarias sean un
sinónimo de déficit. Son cosas distintas. Ya le dije al comienzo de la
comparecencia que en el INEM no existe déficit y creo que es un motivo de
satisfacción para todos nosotros y con toda seguridad también para su
señoría. Existe una cuenta extrapresupuestaria --usted lo viene
comentando a menudo y es cierto-- que ha ascendido a 39.177 millones de
pesetas (una conciliación realizada el pasado 20 de julio). Es una cuenta
que técnicamente puede ser discutida, no lo sé, porque lamento no ser un
experto contable; obedece a un argumento bastante razonable y el que el
INEM viene obligado a pagar y a prever lo que paga, pero hasta que no
concilia la cuenta y recibe los ingresos de tesorería no puede, en el
presupuesto, incluir estas cantidades y no es simplemente que no pueda
por que no quiera, es porque así viene obligado, porque así lo exige la
Intervención General de la Administración del Estado, en cuya resolución
del 17 de febrero de 1995, aparte de admitir estas cuentas, nos viene a
decir que en tanto se conocen los datos reales el INEM debe reflejar en
su contabilidad los datos provisionales o estimados de la obligación a su
cargo, a efecto de que las cuentas del organismo expresen la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del
presupuesto y de los resultados obtenidos. El registro contable de dichos
datos debe realizarse de forma no presupuestaria, con cargo en la
correspondiente cuenta de gastos y abono en una cuenta de acreedores no
presupuestarios, que es lo que venimos haciendo cuando es necesario.
Otra discusión habitual entre nosotros es la referida a formación
profesional y a decir cuando tendremos ultimado el repertorio de
certificaciones. Ultimamente hemos conseguido sacar dos más; si no
recuerdo mal es la de operador de planta química y la de ajustador
mecánico y el compromiso que expusimos aquí, que en realidad lo seguimos
manteniendo, es que nosotros de aquí a comienzos de año deberíamos sacar
50 certificados de profesionalidad más. Lo digo y soy consciente de la
dificultad que tiene conseguirlo, pero en definitiva es un trabajo
emprendido durante todo el año y que en realidad no ha parado. El deseo
de que las políticas activas sean las políticas que identifiquen al
servicio público de empleo, obviamente es un deseo compartido. Lo que
sucede es que en un país como el nuestro, en el que tenemos registrados
en el INEM 2.384.000 parados, no podemos hacer un ejercicio teórico
respecto a políticas activas, debemos tener el programa singular del INEM
de prestaciones a los desempleados, cuya cifra alcanza, como hemos dicho,
más de un billón 700.000 millones de pesetas. Aun así, si contemplamos la
tendencia de la relación entre políticas activas y pasivas en los últimos
años, se demuestra que estamos intentando que cada día se destine más
dinero a políticas activas, porque sin duda para nosotros es la política
esencial de cualquier servicio público de empleo. En este año, creo que
esto es particularmente singular, frente a una reducción general del 11
por ciento, una reducción singular del programa de prestaciones a los
desempleados del 14 por ciento, nos encontramos con un incremento
importante en políticas activas del 7,6 por ciento que en los capítulos
más importantes es aún mucho mayor, capítulos que pienso yo que tienen
una importancia enorme en lo que sería, a nuestro entender, la política
activa por excelencia que es la que se aplica gracias a los IPE.
Nosotros, tanto aquí como en Europa, somos conscientes de que existe una
pequeña confusión en relación con el binomio paro-empresa. En realidad el
paro está dejando de ser producto de la crisis de una empresa y se
convierte en un producto de la crisis de un territorio, y el binomio pasa
a ser entonces paro-territorio. ¿Ello a qué nos obliga? A aplicar una
política integral extendida en el territorio. Habrá que mantener, sin
duda, las políticas de destino empresarial, con bonificaciones, con
incentivos, etcétera, pero hay que meter otro destinatario, que son los
propios desempleados, porque también en ellos está la solución. Y no
hemos comentado lo de la orientación, la calificación, la clasificación y
la formación. Eso hay que hacerlo en el territorio y quien sabe hacerlo
es el territorio, y ahí están los cómplices que tienen que ser las
corporaciones locales y los agentes sociales es un poco, ésa es un poco
la naturaleza de los IPE, y un poco también, a nuestro modo de ver, lo
que identifica el nuevo curso de políticas activas al que debe venir
comprometido el INEM.
En todo caso, señoría, quedo a su disposición para la formulación de
preguntas. Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General. Señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, señor Secretario General, estoy
absolutamente convencido de que su capacidad intelectual está muy por
encima de la lectura que ha hecho de datos y cifras y del cálculo de los
incrementos o decrementos que posteriormente ha dado. Es un trabajo que
incluso ya habíamos adelantado nosotros, por propia responsabilidad
política, cuando estamos ante una comparecencia presupuestaria y tenemos,
evidentemente, en nuestro poder el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año que viene.
Es por ello que, de alguna manera, el interés de esta comparecencia, no
siendo tanto en cuanto lo que es el puro debate político, al que se
procederá en su momento oportuno, el debate de totalidad, el debate en
Comisión de estos presupuestos, era, evidentemente, entender el porqué se
producían ciertos incrementos y decrementos y la explicación de cuál era
la causa política que pudiera motivar esos cambios en los presupuestos,
reitero, ya calificados de continuistas respecto al año anterior. Esa era
nuestra intención cuando procedíamos a preguntar respecto de este
proyecto de presupuestos en relación con la ejecución del que tenemos en
vigor en este año.
Supongo que las preguntas que han quedado sin contestación es porque se
remitirán por escrito a este Diputado, o serán objeto, a lo mejor, de
otra nueva pregunta o comparecencia y no porque su señoría en ese caso
tenga absolutamente nada que ocultar, de lo que estoy absolutamente
seguro. Pero uniéndolo con parte de las contestaciones que sí que ha
realizado y volviendo, le iba a decir que a nuestro tema favorito de
conversación, pero sí uno de los más sugerentes, ayudaría muchísimo a la
transparencia, en lo que es la ejecución, de esas cuentas de gasto
público, acabar con las cuentas extrapresupuestarias del INEM. Y ahora es
un buen momento porque no hay déficit. Tal vez se pudieran haber
calificado dichas conductas no sólo de irregulares sino de irresponsables
políticamente cuando se estaban ocultando ese billón y pico de millones
de déficit en base a esas cuentas extrapresupuestarias, pero en un
momento como el presente, en que no existe déficit y en el que el INEM
presenta claramente sus cuentas, sería adecuado a nuestro juicio, a pesar
de reconocer la legalidad que evidentemente la propia intervención ha
reconocido a dichas cuentas extrapresupuestarias, y en aras de una mayor
transparencia en esa ejecución y control de ese gasto público, que se
acabara con las mismas y se reintegraran con la normalidad de todas las
demás, de todos los organismos autónomos, en las cuentas presupuestarias
y que pueden ser objeto de control por parte de quien deba realizarlo.
Es por ello, señoría, que entendemos que sería mucho más aconsejable
--como además en ocasiones ha reconocido reiteradamente el propio
Secretario General de Empleo-- realizar esta medida. El sentido de
nuestra pregunta en relación con este presupuesto era si se iba a
producir ya, si en el año 1996 íbamos a tener finalizadas esas cuentas
presupuestarias o se va a seguir con ese régimen de cuentas desde el
INEM.
También quería hacer una pequeña alusión al repertorio de
certificaciones, al hilo de las palabras del Secretario General. No sé si
ha quedado la sombra de la duda si va a ser posible o no, llegar a esos
50 certificados de profesionalidad que se tenían que poner en vigor de
aquí a final de año. Me gustaría que me aclarara si las previsiones son
pesimistas u optimistas al respecto.
Hay un último punto sobre el que también me gustaría hacer una
aclaración. Las políticas activas, deseo común, tanto del Gobierno como
de este Grupo, de que sean las preponderantes en un servicio como es el
Instituto Nacional de Empleo o como es la Secretaría de la que usted es
responsable, a nuestro juicio, podrían ser superiores a lo que se ha
recogido en estos presupuestos. Hemos hablado de 256.000 millones menos,
en cuanto a gastos por políticas pasivas, y no son el incremento que
podían tener las políticas activas. Ese 10 por ciento en algunos
programas importantes y esa media del 7 por ciento de incremento en
políticas activas, entendemos que podía haber sido superior, justamente
por ese decremento que se produce en el gasto, por ese decremento en
políticas pasivas. Eso evidentemente son ya interpretaciones de tipo
político que hay que dar a las causas por las que se produce un
determinado ajuste presupuestario; pero desde nuestro Grupo entendemos
que hubiera sido ahora un buen momento para ello. Me gustaría, si en este
momento está en condiciones de contestar, que me dijera a qué se va a
destinar lo que sobre de esos 256.000 millones, que no se van a dedicar a
políticas activas pero que vienen del recorte del gasto en las políticas
pasivas, porque en este presupuesto hay, evidentemente, menos gastos
sobre todo en prestaciones por desempleo en este presupuesto. ¿A qué se
van a dedicar?
Por ello, señoría, le doy nuevamente las gracias por su comparecencia y
espero las aclaraciones pertinentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps, por su correcto uso del
tiempo. Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Gracias, Presidente. Sinceramente en la anterior comparecencia
ante esta Comisión y ante la pregunta de cuentas extrapresupuestarias,
comenté con el responsable de la gestión del INEM la posibilidad de que
estudiaran la desaparición de dicha cuenta, sin entrar en discusión sobre
su legalidad, que todos participábamos de la misma. Se está viendo que
ahí existe una dificultad que cuesta mucho superar: hacer frente al gasto
real en el momento en que éste debe cumplirse. Así y todo vamos a seguir
en ello, pero no sé si será posible; el encargo de que se estudie el
asunto en profundidad está hecho.
He repetido ante esta Comisión varias veces, quizá con un exceso
pecaminoso de optimismo, que en tal fecha tantos certificados estarían
realizados y después pasa el tiempo y uno comprueba que no es así. Es un
proceso cuya explicación en principio parece sencilla y después es
enormemente laborioso y sin embargo es algo que es necesario, porque es
el que permite la circulación homogénea de la
mano de obra, sin necesidad de ningún entorpecimiento. Existe un
certificado, por ejemplo, para este señor, que tiene un marchamo de
calidad para trabajar en cualquier sitio. El compromiso de realizar los
50 certificados nuevos de aquí a final de año o a comienzo del próximo,
es un compromiso que el INEM asume. Seamos moderadamente optimistas;
tampoco quiero asumir ante la Comisión un compromiso excesivamente
rotundo sobre el cumplimiento. No es imposible.
En cuanto a que sería conveniente, que si el INEM gracias a su gestión
funciona mejor, gracias también al país, y consigue no gastar enteramente
su presupuesto, que lo destine a políticas activas, como ideal de
comportamiento, evidentemente yo también lo comparto pero es que el INEM
no es una pieza separada. El INEM es una pieza más dentro de nuestro
mecanismo de protección social y, evidentemente, no es que venga
obligado, es que también participa con gusto de esa solidaridad de
interprotección social; y hay otros sistemas de protección,
fundamentalmente los no contributivos como puede ser Sanidad, que exigían
una aportación por parte del INEM; y así se ha hecho y ese incremento que
comentamos del 7,1 y del 7,5 por ciento también es gracias a esto.
En cuanto al remanente, no existe un destino directo del remanente. No
recuerdo ahora de memoria cuál era la cifra, unos 170.000 millones o algo
por el estilo, lo que es un remanente que se integra como una cantidad
indeterminada en todo el presupuesto para 1996, que es el presupuesto que
de manera tan poco atractiva y emocionante hemos pasado a examinar esta
mañana. Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General por su
comparecencia.
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (MORA
GONZALEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS VASCO (PNV) (número de expediente
212/001611) Y COALICION CANARIA (número de expediente 212/001643).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la comparecencia del señor
Director General del Instituto Nacional de Empleo.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora
Monzón.
La señora MONZON SUAREZ: Señor Presidente, desde el Grupo de Coalición
Canaria estamos preocupados por lo que va a pasar con el Plan Integral de
Empleo de Canarias. Como el Secretario General sabe, hubo una reunión el
lunes pasado y parece que se registró algún avance en cuanto a la
subvención de empresas por creación de empleo fijo y también el
incremento de la subvención a los proyectos de escuelas talleres y casas
de oficio. Lógicamente eso es un avance, y nos alegramos que haya
sucedido, pero no responde a la expectativa que tiene el PIEC, teniendo
en cuenta que el Plan Integral de Empleo en Canarias ha sido consensuado
por todas las fuerzas políticas, por las fuerzas sindicales, por las
asociaciones de vecinos, universidades, etcétera. Por lo tanto es un
proyecto de la sociedad canaria para combatir el paro en Canarias. El
paro en Canarias que está cinco puntos por encima de la media nacional y
tres veces por encima de la media europea.
Por lo tanto, queremos saber qué compromisos va a adquirir el INEM con
respecto al PIEC. Parece ser que el portavoz del PSOE en el Parlamento
canario ha dicho que va a ir a Canarias para tener una próxima reunión
allí. Queremos que nos confirme si va a celebrarse esa reunión y cuál va
a ser la línea a seguir. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: También el Grupo Vasco, PNV, ha solicitado esta
comparecencia. Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señor Director del INEM, le
voy a reproducir tres preguntas que ya he realizado anteriormente al
Subsecretario de Trabajo y seguramente con más pertinencia a usted,
porque son preguntas sobre materias más vinculadas a sus propias
competencias. Las tres preguntas serían las siguientes: En primer lugar,
¿qué proyectos tiene el Ministerio, desde la perspectiva que usted
conoce, la del Instituto Nacional de Empleo, en relación a corregir una
vieja discriminación que afecta a los socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado, en materia de la percepción de la
prestación de desempleo, en sus modalidades suspensivas total o parcial?
Usted conoce perfectamente cómo un Decreto del año 1985, de 19 de junio,
me parece recordar, o de julio, corregía la vieja discriminación que
afectaba a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo
asociado, afiliados al régimen general en materia de desempleo, pero por
alguna razón no se terminó de completar el ámbito de derecho subjetivo en
relación a estas prestaciones y quedó pendiente de las modalidades
suspensivas total o parcial, cuando sí que se reconocía el cobro de la
prestación en los demás ámbitos o modalidades protegidas por el Instituto
Nacional de Empleo. Nos gustaría saber si el Gobierno lo tiene previsto y
si no lo tiene previsto, ¿dónde están las dificultades? Yo intuyo dónde
están, en qué Ministerio, por qué no decir las cosas honestamente, pero
me gustaría conocer su opinión al respecto.
En segundo lugar hay otro tema también vinculado a la economía social,
tanto a las cooperativas como a las sociedades anónimas laborales, y hace
referencia al cobro de la prestación de desempleo en su modalidad de pago
único, para ingresar estas cantidades en empresas que se constituían o se
mantendrían a través de la fórmula de la sociedad laboral o de una
cooperativa creada «ex novo». Nos gustaría saber si se va a acabar
también con un viejo problema, una vieja discriminación, que es la
posibilidad de poder diferir, a efectos del pago del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, estas modalidades que se perciben en forma
de pago único a través de los distintos ejercicios fiscales o
presupuestarios en los que esta persona
tuviera derecho al cobro de la prestación, si no hubiese cobrado en su
modalidad de pago único.
Y ya por último y en relación al Forcem, hacerle otra pregunta que sería
lo siguiente. La disposición adicional segunda de los anteriores
presupuestos, preveía una cosa que era importante, que es la posibilidad
de desagregar las consignaciones presupuestarias o los créditos con los
que se hace frente a las actividades de formación continua de la Forcem,
si existieran acuerdos interprofesionales de los previstos en los
artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores en ámbitos diferentes
al del Estado. Esta cuestión se corrigió de forma muy satisfactoria en
los anteriores Presupuestos Generales del Estado y aparentemente está
bien articulada en la disposición adicional segunda de este proyecto de
ley de presupuestos, lo que pasa es que no hay ningún tipo de referencia
en esta disposición, a un acuerdo de estas características que ya se ha
producido en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Me gustaría saber si
el Gobierno estaría en la tesitura de aceptar o de aportar su opinión al
Parlamento de que es pertinente recetar una enmienda que reconozca la
existencia ya de un acuerdo de los que prevé el artículo 83 del Estatuto
de los Trabajadores en este ámbito, en el de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
El señor Director General tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Mora González): Respondo al Grupo de
Coalición Canaria, a la señora Monzón. Es cierto, el lunes pasado, el día
9 de octubre, yo tuve una reunión con el Consejero de Trabajo del
Gobierno canario y ahí, por valoraciones no propias, sino por
valoraciones del Gobierno canario en la persona del Consejero, se ha
afirmado que la negociación del Plan Integral de Empleo de Canarias se ha
desbloqueado. Lo que ha sucedido es que como todo sucede en la viña del
Señor, ha habido valoraciones de si es mucho o es poco y el grado de
desbloqueo, en el sentido de las cuantías que se prevén aportar en el
futuro.
No ha habido nunca --y yo creo que en esto sí que ha habido una cierta
deformación informativa al respecto por parte del Ministerio de Trabajo--
negativa alguna a negociar, discutir y debatir con el Gobierno de
Canarias el plan de empleo. Nunca. Es más, ya en enero de 1995 firmamos
un protocolo, el Consejero, entonces, de Trabajo y Función Pública y este
Director General, donde se significaba que el Ministerio de Trabajo
estaba dispuesto a coordinar con el Gobierno de Canarias sus políticas de
empleo en esa Comunidad y considerar la posibilidad de incrementar
algunos programas de acción en materia de empleo y formación profesional
con respecto al Gobierno canario. Sin embargo ha habido por medio, y con
posterioridad, una convocatoria electoral, que ha implicado en la
Comunidad de Canarias, un cambio de Gobierno y, en concreto, un cambio de
titularidad en la Consejería de Trabajo. Eso fue considerado con el
anterior Gobierno y con el actual Gobierno de Canarias y se acordó que
las negociaciones se reanudarían en el terreno de lo concreto una vez que
hubiera ya un nuevo Gobierno en la Comunidad de Canarias. Era difícil
negociar con un Gobierno, por decirlo de alguna manera, saliente, porque,
evidentemente, articular negociaciones en ese sentido tenía dificultades
operativas claras y evidentes. Y se ha cumplido el compromiso
respetuosamente. Puedo decirle, además, como dato, que la primera llamada
que tuve yo el 1.o de septiembre fue del Consejero de Trabajo de
Canarias, y la primera reunión que yo tuve fue con el Gobierno canario ya
en el mes de septiembre. Nos hemos reunido el día 9 y en estos momentos,
delegaciones del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Trabajo, del
Instituto Nacional de Empleo, están elaborando lo que serían los
compromisos concretos para 1995 y 1996.
Con independencia de la valoración que se pueda hacer de las cantidades
que se anuncian para 1995 y 1996, lo que subyace en el principio de
acuerdo existente es la absoluta proclividad, tanto del Gobierno de
Canarias como del Ministerio de Trabajo, INEM, en coordinar las políticas
de empleo tal y como se plantea en la ley de la que se deriva la
necesidad de la coordinación.
Sobre las cantidades concretas, decir que, por ejemplo, se van a
triplicar los fondos en 1996 para la contratación de trabajadores y decir
que, inicialmente esa cantidad podría pasar de poco más de 1.800 millones
a más de 5.000 millones de pesetas, es decir mucho pero también es decir
poco, porque son programas que tendremos que definir y articular
conjuntamente con el Gobierno canario. Son programas que como usted bien
conoce no tienen un tope presupuestario. Si se producen más
contrataciones habrá más subvenciones y habrá más bonificaciones de
cuotas y a lo que nos queremos comprometer, tanto la Consejería como
nosotros, es que ese programa de colaboración esté dotado inicialmente
con esas cantidades, pero alcancemos más cantidades. Por lo tanto, la
financiación de ese programa en el seno del Plan de Empleo de Canarias es
una financiación abierta. Lo que nosotros queremos es que haya muchas más
contrataciones y, por lo tanto, habrá muchas más bonificaciones y muchas
más subvenciones.
Sobre programas de escuelas taller, que es otra aportación del INEM al
Plan Integral de Canarias, evidentemente eso también estará en función de
la capacidad de gestión que exista en Canarias y al mismo tiempo en la
capacidad de presentar proyectos. No hay, ahora mismo, ningún tope sobre
el número de proyectos.
La formación profesional es una competencia de gestión transferida a la
Comunidad canaria. Nosotros aportamos en ese proceso de colaboración algo
que creo que es muy importante: todos los medios humanos y materiales que
tiene el INEM, no sólo en Canarias sino también en sus servicios
centrales, para mejorar la calidad de esa formación y su extensión,
proceso que, en mi opinión y también del Consejero de Trabajo de
Canarias, es perentorio, en concreto en el caso de la Comunidad Canaria.
Y del resto de programas que tiene el Instituto Nacional de Empleo,
también.
Como bien sabe usted, el Plan de Empleo de Canarias no es un plan
exclusivamente de empleo; tiene aspectos relacionados con el mundo
educativo, el mundo industrial, el
mundo productivo, genéricamente hablando, y, por lo tanto, el desarrollo
posterior tendrá necesariamente que derivarse de los encuentros y las
discusiones que se tengan con otros organismos del Estado que tengan
responsabilidades en las materias que acabo de dilucidar.
En resumen, yo creo que se ha dado un paso importante con el Plan de
Empleo en Canarias; creo que hasta los medios de comunicación social en
Canarias así lo han reconocido. Creo que estamos en el buen camino. Estoy
convencido que nunca contentaremos a todos porque eso es imposible, pero
contentaremos a la parte que somos capaces de contentar. Por lo tanto, mi
valoración final es que nunca ha habido un proceso de ruptura negativa a
afrontar el Plan de Empleo de Canarias y lejos de ello, lo que hay son
pasos decisivos que van a poner en marcha ese plan en muy pocos meses.
Yo también he dicho al respecto que todo plan de empleo --sea en la
Comunidad canaria o en otra comunidad, y lo dije y lo repito ahora-- para
1996, evidentemente estaba condicionado a la existencia de presupuestos o
no. La situación es distinta. Si hay presupuestos aprobados por estas
Cámaras, la situación de las políticas activas del INEM son muy distintas
en cuantías y en formulación de programas a una prórroga presupuestaria
de los presupuestos de 1995, porque no son los mismos programas ni serían
las mismas cuantías. Aquí se ha estado hablando, cuando ha comparecido el
Secretario General de incrementos en políticas activas que no están
garantizados con una prórroga presupuestaria; y eso lo dije en su día y
lo digo ahora, pero es que me parece que es una verdad de perogrullo. Ha
habido algún grupo que ha interpretado que eso era un chantaje; lejos de
mi intención. Es la realidad misma exclusivamente.
El señor Olabarría me ha hecho tres preguntas concretas y voy a tratar de
ser también muy concreto. Hay un proyecto de decreto sobre la protección
de desempleo en proceso, de suspensión temporal o total. Se está
discutiendo ese proyecto de real decreto. El mundo cooperativo conoce ese
proyecto de real decreto y espero que se desbloqueen las situaciones que
se puedan estar produciendo para su aprobación. Pero ese proyecto de real
decreto está a falta de concluir en sus formulaciones técnicas y de
contenido normativo.
Y hace una pregunta referida al pago único de las prestaciones con
referencia a los trabajadores del mundo cooperativo, tanto de SALES como
de cooperativas, que voy a intentar contestarle sobre lo que nosotros
hemos hecho, pero no es una competencia del Instituto Nacional de Empleo,
del Ministerio de Trabajo, es una competencia del Ministerio de Economía
y Hacienda.
Nosotros hemos hecho una consulta tras conversaciones mías con el
Secretario de Estado de Hacienda, a la Secretaría de Estado de Hacienda y
tengo entendido, pero es un conocimiento personal, no un conocimiento en
función de mi responsabilidad, que se va a desbloquear esa situación por
parte del Ministerio de Economía y Hacienda y que se va a resolver porque
hay un fondo, en el planteamiento de los socios cooperativistas, que
demanda una respuesta positiva. Lo que no le puedo adelantar, señor
Olabarría, es el contenido de la respuesta, pero sé que esa voluntad
existe en el Ministerio de Economía y Hacienda y en concreto en la
Secretaría de Estado de Hacienda.
Respecto al Forcem y a los artículos 83 y 84 del Estatuto de los
Trabajadores, respecto a acuerdos de carácter interconfederal en
territorios de comunidades autónomas, es verdad del territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco hay un acuerdo interconfederal de
formación continua que han signado el conjunto de los sindicatos y la
representación empresarial, con Contesbask en el País Vasco. Es una firma
que se ha producido hace muy pocos días, creo recordar que a primeros de
este mes, si no me equivoco. Ha sido derivado ese acuerdo al Ministerio
de Trabajo y al Instituto Nacional de Empleo y en ese sentido hemos
convocado una comisión tripartita de seguimiento de los acuerdos de
formación continua de 1993, que se reunirá el 2 de noviembre, donde vamos
a tratar ese planteamiento. Como sabe usted, la disposición adicional
segunda de la Ley de Presupuestos de 1995 está vigente y por lo tanto ahí
se articulaba un sistema de financiación que habrá que discutir también
con los responsables de la gestión de la formación continua que se
residencia en la llamada Forcem o Fundación de la Formación Continua.
Me imagino, porque hasta ahora el conocimiento que tenemos del acuerdo de
carácter territorial en el País Vasco es exclusivamente un envío del
acuerdo, que habrá un envío posterior de carácter oficial al presidente
de la tripartita que en este caso es el Secretario General de Empleo, y
eso nos dará pie a hacer ese debate en el seno de la tripartita. Lo que
no puedo indicarle es el sentido del debate o el resultado del debate.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Señora
Monzón, ¿quiere usar su turno? (Denegaciones.) Muchas gracias, señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Agradecer sencillamente la información
proporcionada.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluida así la comparecencia del señor
Director General de Empleo.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.