CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 587
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 51
celebrada el lunes, 16 de octubre de 1995



ORDEN DEL DIA
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1996. (BOCG serie A, número 135-1,
de 30-9-95. Número de expediente 121/000120.)

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Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.




COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1996 (número de expediente
121/000120):



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (LLARDEN
CARRATALA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA
(números de expediente 212/001636 y 212/001638) Y DEL GRUPO MIXTO (número
de expediente 212/001623).




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente
número 52 dando la bienvenida al señor Subsecretario de Obras Públicas y
Transportes, don Antonio Llardén Carratalá, quien justificadamente no
pudo acudir el pasado lunes como estaba previsto en beneficio de los
trabajos de la Comisión para tener una visión global de los presupuestos
antes de entrar en los temas sectoriales de la Comisión de
Infraestructuras. El señor Llardén Carratalá se encontraba de viaje, al
igual que la segunda compareciente, la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, doña Cristina Narbona Ruiz. Afortunadamente, hoy se
encuentra con nosotros para que podamos cumplir con nuestra obligación
parlamentaria de interpelar a los comparecientes en materias que afecten
al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996, y
quiero recordarlo para evitar que haya interpelaciones en una línea
distinta del objeto de esta reunión.

Sin más dilación, simplemente me queda anunciar que la comparecencia del
Subsecretario de Obras Públicas y Transportes ha sido solicitada por los
Grupos de Coalición Canaria y Mixto. En consecuencia, doy la palabra al
señor Martín Menis, representante del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.




El señor MARTIN MENIS: Agradezco la presencia del señor Subsecretario
aquí y tengo que advertir que cuando solicitamos la comparecencia
pensábamos que podría haber diversos grupos interesados en la misma, al
objeto de tener una visión global de las materias, pero como vemos que
sólo nuestro Grupo de Coalición Canaria y el Mixto han solicitado su
comparecencia aquí, pensamos que quizá no hubiera sido necesaria su
presencia en este trámite.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martín Menis, pero en absoluto eso es
así. Es tan digno el Grupo de Coalición Canaria, como el Mixto, como
cualquier otro para solicitar comparecencias, y así se está celebrando la
del señor Subsecretario de Obras Públicas y Transportes, sin ningún tipo
de complejos.




El señor MARTIN MENIS: Considero que el tiempo de todos es importante,
señor Presidente, y queríamos aprovechar la ocasión para profundizar en
una particularidad o en un análisis del presupuesto, bajo el punto de
vista canario. Considero que el trámite de la comparecencia puede ser la
fórmula adecuada para ir transmitiendo al Gobierno central cuáles son los
puntos de vista de un Grupo netamente canario, pero tampoco me parecería
imprescindible esta comparecencia a tal efecto y en ese sentido iba mi
comentario anterior.

Cuando se estudian los presupuestos --y es una presunción, pero viene
avalada también al estudiar la política global del Ministerio, el propio
Plan de Infraestructuras, en cuanto a la actuación en los archipiélagos--
se saca la impresión de que las actuaciones del Ministerio no vienen
reflejadas en una política global para un territorio archipielágico, con
problemáticas totalmente diferentes de las del territorio continental,
sino que dichas actuaciones son el resultado de lo que piensan cada una
de las direcciones generales del Ministerio para sus áreas de
responsabilidad. Si intentamos ser más concretos, creemos que la política
global de puertos obedece a los criterios marcados por Puertos del
Estado, la de costas a los establecidos por la Dirección General de
Costas y la política aeroportuaria por el organismo AENA, pero no hay una
estrategia territorial determinada para el desarrollo de un archipiélago
y, por tanto, las políticas son diferentes.

¿Qué pasa? Que hoy todavía estamos estudiando cuál debe ser el nuevo
puerto de comunicaciones desde el cual las mercancías entren y salgan de
la isla de La Palma y se está trabajando para ubicar un nuevo puerto en
el sur de la isla de Tenerife, pero no en virtud de que una planificación
global y la necesidad del mercado o la evolución de los transportes
exigieran esa línea, punto a punto entre los lugares a la distancia más
corta entre las islas, sino en virtud de que las compañías navieras van
por delante y van pidiendo unas infraestructuras en lugares diferentes
porque encuentran un posible mercado que les va a abaratar mucho los
costes. Es así como la apertura de una línea de transporte marítimo entre
Agaete y Santa Cruz de Tenerife ha cambiado el mercado de un forma muy
importante. Esa línea que ha sido concebida por el Ministerio a través de
su Secretaría de Estado correspondiente lo ha sido en virtud de la
presión de las compañías navieras. Es un tema claro y un tema objetivo y
no estoy hablando desde el punto de vista subjetivo. Sin embargo, esta
línea ha transformado y abaratado de forma importante las comunicaciones,
el precio de los viajes para los pasajeros y el precio de las mercancías.

Si analizáramos el archipiélago en su conjunto, veríamos cómo, en virtud
de esa demanda del mercado, se está produciendo un cambio sustancial en
cuanto a las necesidades de una política de Infraestructuras.

Nosotros estamos convencidos de que, al no haber una política global, las
actuaciones de las diferentes áreas de responsabilidad del Ministerio se
van desarrollando en virtud de unas concepciones que no tienen una visión
global, y teniendo en cuenta que puertos y aeropuertos son competencia
del Gobierno central, así como las costas, y que en la política de
carreteras, hidráulica y de medio ambiente



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hay competencias compartidas, echamos de menos esa política con visión
global.

La pregunta concreta es ¿cree el señor Subsecretario que en los
presupuestos de 1996 las partidas corresponden a una política global?
Nosotros creemos que hay un cierto divorcio entre las diferentes áreas.

Es una realidad y tendríamos que hacer un esfuerzo enorme para elaborar
una política determinada que tuviera como consecuencia unos presupuestos,
y no al revés, tener unos presupuestos y unas partidas en determinadas
áreas y, en virtud de ellas, ver cómo montamos una política estratégica.

Estoy convencido de que en el territorio peninsular, aun no existiendo
formalmente el Plan Director de Infraestructuras sino sólo un documento
todavía no ratificado por el Parlamento, en las políticas presupuestarias
sí hay unos criterios globales de desarrollo, equivocados o no, pero hay
unos criterios, hay una potenciación clara de determinados ejes, hay una
apuesta clara por determinados ejes de desarrollo y se ve que hay una
intención de llevar a cabo una determinada política que opere sobre el
territorio, que es la que creemos que hay que llevar a cabo en otros
territorios que tienen problemáticas, como digo, globalmente diferentes.

Esa era concretamente la pregunta. Por eso decía que se trataba más de
una discusión teórica que del análisis puntual presupuestario, sobre el
cual creo que el señor Subsecretario hubiera respondido con seguridad y
certeza en lo que se refiere a las cifras, porque se las he visto
barajar. En este caso, habida cuenta de que se trata de políticas
globales, no sé si las preguntas corresponderían más bien al Secretario
de Estado al que compete la planificación y a quien ya el otro día
formulé preguntas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín Menis.

¿Desea intervenir algún representante del Grupo Mixto, que ha pedido
también esta comparecencia? (Pausa.)
Antes, pues, de dar la palabra al señor Subsecretario, quiero anunciar a
los miembros de esta Comisión que la Mesa y Portavoces del Congreso,
pendiente de la reunión de mañana de Mesa y Portavoces oficial, ha
prorrogado por 24 horas la presentación de propuestas de resolución con
respecto al PDI, cuyo plazo acababa en la fecha de hoy a las veinte horas
y que ha sido prorrogado, a solicitud del Grupo Socialista, por 24 horas,
es decir, hasta las veinte horas de mañana, todos los grupos
parlamentarios disponen de veinticuatro horas más para presentar o
perfilar las propuestas de resolución que crean oportunas sobre el PDI,
tema que el señor Martín Menis ha mencionado, lo que me ha recordado que
tenía que anunciar esto a la Comisión.

En consecuencia, damos la palabra ya al señor Subsecretario para que dé
amplia respuesta a las preguntas del señor Martín Menis, y que eran
objeto de esta comparecencia.




El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (Llardén
Carratalá): Muchas gracias, señor Presidente. Voy, efectivamente, a
contestar al Diputado don Adán Martín, de Coalición Canaria. Antes quiero
agradecer a la Presidencia y a la Mesa de esta Comisión que,
efectivamente, me permitiera no asistir a la comparecencia del lunes
pasado por encontrarme de viaje oficial de trabajo y, por lo tanto,
permitírmelo hacer hoy. Voy a contestar, digo, al Diputado don Adán
Martín y, quizá, con el permiso del Presidente, incluso atendiendo a una
sugerencia que él hizo en la comparecencia anterior, a la cual, como
digo, no pude asistir, después de contestar al señor Martín Menis, daría
de forma rápida cinco datos generales sobre el conjunto del Ministerio,
porque es cierto que al haber yo retrasado mi comparecencia faltó
probablemente por primera vez que alguien diera unos datos globales del
conjunto del Ministerio.

En concreto y entrando ya en la pregunta del Diputado de Coalición
Canaria, yo le diría que entiendo que las inversiones que están
reflejadas en este presupuesto, por lo que hace referencia al
archipiélago, forman parte de una política global o, mejor dicho, de un
conjunto global, por tres motivos. En primer lugar, porque dentro del
Ministerio, y efectivamente él mismo lo comentaba ahora, existe una
Secretaría de Estado de Infraestructuras que tiene en su interior un
departamento de planificación, y, por lo tanto, podemos decir que
suponemos de oficio que el conjunto de políticas del Ministerio no son
fruto de decisiones aisladas de los centros directivos, sino que tienen
al máximo nivel un órgano interno que los coordina y que le presenta al
Ministro unas políticas coherentes y globales. En segundo lugar, porque
respecto de Canarias, efectivamente, existe una relativamente importante
inversión del Ministerio de Obras Públicas --el señor Martín Menis lo ha
comentado-- en puertos, en aeropuertos, en costas, en carreteras,
mediante el convenio que se firmó el año anterior, en políticas de aguas;
hay una importante política de aguas, tanto en lo que es calidad de las
aguas como en obras hidráulicas. No he traído aquí los datos porque hoy
para la comparecencia no los tenía regionalizados, pero es cierto de que
para Canarias hay una importante inversión, lo cual ya quiere decir que
difícilmente sería una inversión muy descoordinada. Y después, en tercer
lugar, porque me consta que el Ministerio mantiene unos buenos canales de
diálogo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria habitualmente y
que, por lo tanto, en cuanto a los diferentes problemas que se plantean
en cada momento existen cauces, digamos, normales y habituales para
ponerlos en común. Incluso, en el caso concreto de carreteras, existe,
como sin duda el señor Diputado conoce, una comisión mixta, no sé si ése
es el nombre exacto, creo que sí, entre el Ministerio y la Consejería
correspondiente del Gobierno canario, que sigue los temas de carreteras,
y, por lo tanto, entiendo yo que por extensión puede seguir todos los
temas de infraestructuras.

Mi conclusión sincera sería que la política que hace el Ministerio hacia
Canarias --podemos evidentemente discutir si la inversión es mayor o
menor de la necesitada-- forma parte de un cuadro general que tiene,
desde luego, una cierta coherencia, y que, sobre todo, existen caminos
para, si es necesario este diálogo, corregir el tiro en alguna inversión
o en alguna prioridad. Yo pienso realmente que en este momento no hay
--no los ha habido en los últimos



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años-- problemas de comunicación con los diferentes consejeros que han
ido pasando, y están establecidos unos mecanismos no diré automáticos
pero sí bastante automatizados. La pregunta era un poco una pregunta
global y le contesto con estos datos básicos. Estaría abierto,
evidentemente, si hay más preguntas, a comentarlo.

Como le he dicho al Presidente, con su permiso, voy a dar cinco datos
básicos sobre cómo había quedado el presupuesto del Ministerio. Voy a ir
muy rápido y simplemente voy a dar aquellos datos que, a lo mejor, aunque
hayan salido en prensa, no han salido completos o han salido con alguna
inexactitud.

En primer lugar, para 1996 el presupuesto del Ministerio que se ha
presentado, estrictamente hablando, alcanza la cifra de un billón 220.000
millones de pesetas, que es en su conjunto un 2,6 por ciento inferior al
del año 1995, y de esta cifra la partida, quizá, más importante a efectos
de esta Comisión es la de inversiones reales, del capítulo 6, que es del
orden de 658.000 millones de pesetas, un 1,6 por ciento inferior a lo que
es el presupuesto del capítulo 6 previsto para el año 1995. Hay que decir
que cuando hablo del previsto para 1995 se entiende que es sin los
créditos extraordinarios, que, evidentemente, no los contabilizamos nunca
porque a lo largo del ejercicio pueden existir diferentes modificaciones
que en su momento se tendrán en cuenta.

Lo que no habíamos publicado o comentado antes de llegar a esta
comparecencia era el presupuesto consolidado del Ministerio, es decir,
con el conjunto de organismos autónomos y entes públicos que dependen del
Ministerio. Pero para no aburrirles con cifras, les daré simplemente una
cifra fundamental y es que el presupuesto del Ministerio es de un billón
384.000 millones de pesetas. El consolidado quiere decir que hemos
descontado las transferencias internas para no contabilizarlas dos veces.

Este presupuesto consolidado es un 1,4 por ciento inferior al del
presupuesto del año anterior, y de este presupuesto consolidado el
capítulo 6 representaría 689.550 millones de pesetas.

Tercer ítem de dato fundamental --repito que doy simplemente los datos
más importantes, a mi juicio, que pueden ofrecer una visión de conjunto--
es el conjunto de la inversión que va a realizar el Ministerio contando
entonces todos los organismos autónomos, entes públicos y sociedades
estatales que, de alguna forma, tiene relación con el Ministerio, con la
exclusión de las sociedades que dependen de Patrimonio, que, como ustedes
saben, están orgánicamente dentro del Ministerio de Hacienda. Para el año
1996 está prevista una inversión de un billón 20.000 millones de pesetas,
que representa el 53,5 por ciento del consolidado conjunto del Ministerio
y sociedades estales. De este billón 20.000 millones de pesetas de
inversión, las cuatro partidas más importantes, hablo de inversión, son:
para infraestructuras y conservación de carreteras, 380.000 millones de
pesetas; para infraestructura hidráulica, 186.000 --como digo, estos
datos no se habían dado antes porque se habían dado los del Ministerio,
no los consolidados--; para transporte ferroviario, 134.000 millones de
pesetas; y para vivienda, 108.000 millones de pesetas; suma hasta llegar
a un billón 19.000 millones con el resto de datos del Ministerio.

Y por último, como suele ser normal en mis comparecencias, aprovecho para
dar algún dato de cómo está la ejecución de presupuesto del Ministerio,
que son datos ligados a lo que estamos discutiendo en estos momentos. A
fecha 30 de septiembre el Ministerio lleva adjudicado un acumulado a lo
largo del año de 306.000 millones de pesetas, con una baja media
acumulada a lo largo del año del 26,11 por ciento. Hago notar, ya que
éste es un dato que suele preocupar a los señores Diputados y en general
a todas las personas afines al sector, cómo la baja media ha ido
disminuyendo en el último año y medio de las cifras muy elevadas, muy
preocupantes que había hace un año y pico, que rozaban el 40 por ciento;
en este momento la baja media de las adjudicaciones del Ministerio se
encuentra en el 26 por ciento, que podemos considerar que, en términos
estadísticos, es una baja razonable y adecuada a la realidad.

Tenemos después otro dato que puede ser interesante --hemos dicho lo que
está adjudicado a lo largo del año--: está pendiente de adjudicar
(pendiente de adjudicar quiere decir que ya se ha licitado, se han
abierto los pliegos y únicamente cabe tomar la decisión) proyectos por
valor de 174.000 millones de pesetas, a fecha siempre 30 de septiembre,
que es la más cercana que tengo a esta comparecencia.

Y finalmente nos queda cartera de obra pendiente de certificar, es decir,
la cartera de obra viva que el sector de ingeniería y obra civil mantiene
con el Ministerio en este momento viva, fruto de las licitaciones
anteriores, por 867.000 millones de pesetas. Este dato, perdón, es a 31
de agosto; no lo tengo aún de septiembre, no creo que tarde mucho en
tenerlo. Como se ve, por lo tanto, hay una cartera francamente razonable
e importante.

La cifra del plazo de pago, en término medio, está situada en 62 días.

Como ven, se está manteniendo una cifra de aproximadamente dos meses
entre el momento en que se certifica y el momento en que se paga por
parte de la Dirección General del Tesoro.

Y por último me queda hacer notar, señor Presidente, que las
expropiaciones para el año 1996 están también contempladas en el borrador
de presupuesto que está discutiendo esta Comisión. Para el año 1995
teníamos previstas expropiaciones por valor de 43.180 millones de
pesetas; o sea, pago de expropiaciones por valor de 43.180 millones, de
los cuales llevamos pagados ya, a 30 de septiembre, 32.167 millones. Pues
bien, para el presupuesto del año 1966 tenemos prevista una partida de
45.000 millones de pesetas, con lo cual estamos manteniendo que las
expropiaciones se van pagando de forma natural, en la medida en que
administrativamente se tramitan los expedientes, sin problemas
presupuestarios.

Agradezco a la Comisión su atención. Evidentemente, podríamos dar
muchísimos más datos, pero salvo que haya ya alguna otra pregunta,
considero que podríamos terminar aquí.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llardén. A continuación y de
forma excepcional, dadas las circunstancias



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de la comparecencia del señor Subsecretario, someto a la Comisión la
posibilidad de que aquellos grupos parlamentarios que así lo quieran
puedan hacer alguna pregunta al Subsecretario. (Pausa.) Puesto que no hay
ningún otro grupo parlamentario que desee formular preguntas al señor
Llardén, interrumpimos la sesión hasta las cinco y media, en que
comparecerá la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




--DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (NARBONA
RUIZ). A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
212/001735) Y DEL GRUPO COALICION CANARIA (número de expediente
212/001640).




--PREGUNTA DEL GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA,
DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE LA VIVIENDA, EL URBANISMO Y LA
ARQUITECTURA. (número de expediente 212/001654.)



El señor PRESIDENTE: De nuevo buenas tardes.

Reanudamos la sesión de trabajo de esta Comisión de Infraestructura y
Medio Ambiente, dando la bienvenida a la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, doña Cristina Narbona, que como el Subsecretario
hubiéramos deseado que hubiera comparecido el lunes pasado; no pudo ser
por motivos justificados de viajes oficiales en el extranjero. Hoy
tenemos la posibilidad de tenerla presente. Comparece en nuestra Comisión
a petición del Grupo Parlamentario Popular y a petición del Grupo
Coalición Canaria.

También hay una pregunta del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya que había sido hecha al Director General de Vivienda,
Urbanismo y Arquitectura, y que es asumida por la Secretaria de Estado.

En consecuencia, son tres grupos parlamentarios, y por el orden que he
citado los que van a intervenir, salvo que alguien tenga un interés
especial por cambiar ese orden.

Siempre con la flexibilidad que es ya tradicional en esta Comisión,
iniciamos las intervenciones por el orden previsto de solicitud de
comparecencia. En consecuencia, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, don Luis Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, la cortesía obliga a que lo
primero de todo sea dar las gracias a la señora Secretaria de Estado por
su presencia entre nosotros, y, en segundos término, advertir a la
Presidencia que, contando con su venia, vamos a dividir el tiempo, dada
la amplitud de la jurisdicción de la señora Secretaria de Estado, en los
temas concernientes a vivienda, a los cuales voy a referirme yo, y los
relativos a medio ambiente y a la calidad del agua, que voy a compartir
con otros portavoces.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ortiz, ¿podría decirme cuántos
portavoces van a intervenir?



El señor ORTIZ GONZALEZ: El señor Cortázar y el señor Madero,
respectivamente, para los temas del medio ambiente y de calidad del agua.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: En el tema de vivienda, que es sin duda el
núcleo competencial más importante de esta Secretaría de Estado, yo
quería hacer dos observaciones previas para explicar un poco el aire y el
tono de mi intervención. La primera es que, atendiendo y ateniéndome a
los criterios de la Presidencia, voy a ceñirme a los temas estrictamente
presupuestarios antes de que el señor Presidente me llame al orden y me
diga que invado cuestiones que tienen que ver con la política de
vivienda, aunque, evidentemente, la frontera entre unos y otros no es
fácil de establecer. El objetivo de este tipo de comparecencias no es
otro que el de pedir la información necesaria para la formulación de
enmiendas, por más que esta formulación de enmiendas en esta coyuntura
presupuestaria tenga un aire ciertamente hipotético; pero vamos a seguir
manejando la hipótesis, al menos, hasta el Pleno de los días 24 y 25.

En este contexto quiero decir que, evidentemente, no voy a entrar en
aspectos que están en el trasfondo de mis preguntas y que tienen que ver
con el éxito del Plan de vivienda 1992-1995, que tienen que ver con los
problemas financieros y presupuestarios suscitados en el último tramo de
la ejecución de este Plan, y que tienen que ver también con el marco
jurídico en el que se desenvuelven las competencias respectivas del
Estado y las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas es obvio
que les corresponde la ejecución y la gestión del Plan de vivienda, y al
Estado el diseño del esquema financiero, del tributario (bien que no a la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, pero sí al Gobierno),
y los esquemas de protección. Y en este contexto de temas estrictamente
presupuestarios voy a formular a la señora Directora (perdón por
producirle una degradación absolutamente injustificada), a la señora
Secretaria de Estado, quería decir, una serie de preguntas muy concretas
y que siguen la programación por objetivos que figura en la documentación
presupuestaria.

En el Programa 431A, que es el que de alguna manera concentra el núcleo
de competencias en materia de vivienda, promoción, administración, ayudas
para la rehabilitación y acceso a la vivienda, hay un conjunto de
preguntas o de peticiones de aclaración. En el capítulo de objetivos uno,
construcción de viviendas, página 172 (para dar la pista a la señora
Secretaria de Estado), quisiera preguntarle cómo en este capítulo, que
sin duda se refiere a las actuaciones del Ministerio por sí mismo al
margen de las



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competencias autonómicas, cómo es posible decía, que los objetivos, en
términos de viviendas a iniciar, de costo total y de inversión anual para
el año 1966 sea cero. Es decir, no hay viviendas a iniciar, no hay coste
total, no hay inversión anual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que
no hay actividad programada de la Secretaría de Estado en esta materia
para el año 1996? Las cifras del año 1995 no son muy importantes, pero
las de 1996 brillan por su ausencia. Esto tiene que tener una
explicación. No sé si estamos hablando, señora Secretaria de Estado, de
Ceuta y Melilla; supongo que sí. En todo caso, el que haya cero en
viviendas a iniciar, cero en coste total y cero en inversión anual, pues
me suscita esta pregunta que le formulo.

En el capítulo de alojamientos provisionales, apartado 2 de objetivos,
sucede lo mismo. Adquisiciones, coste total e inversión anual para el año
1996 es cero. ¿Quiere esto decir que el año 1996 no va a haber nuevas
adquisiciones, consiguientemente no va a haber costes totales y no hay
lugar a inversión anual ninguna en este renglón?
En el apartado 4, convenio con entidades de crédito, esta pregunta tiene
ya más entidad, como no se le oculta a la señora Secretaria de Estado. En
importe total de convenios con las entidades de crédito previsto para el
año 1996 hay 660.000 millones de pesetas, justamente la cifra que
figuraba inicialmente en el presupuesto para el año en curso 1995. El
Consejo de Ministros de hace más o menos un par de semanas ha acordado
una ampliación de 267.500 millones de pesetas, con lo cual se sitúa la
necesidad de recursos financieros para este año 1995 en 927.000 millones
de pesetas si no he sumado mal. Mi pregunta para la señora Secretaria de
Estado es muy clara. ¿Significa esto algo así como una prórroga de los
recursos financieros para el año venidero 1996? ¿Significa que los
267.500 millones de pesetas aprobados por el Consejo de Ministros tienen
un carácter único, excepcional, singular y extraordinario? ¿Significa que
los 660.000 millones de pesetas de recursos a concertar con las entidades
financieras son suficientes para atender las previsiones del Plan de
vivienda 1996-1999? Plan de vivienda que ya conocemos que no está más que
en sus líneas generales o en sus aspectos más básicos y más de criterios.

¿O significa que la Secretaría de Estado entiende que con alguna cifra
igual a la de 1995 es más que suficiente?
Las entidades financieras pasan de ser 85 a ser 101, según la página 164,
para que se ubique la señora Secretaria de Estado. ¿Quiere decirse que
las entidades financieras o de crédito con las que se va a concertar ese
tipo de operaciones va a aumentar? Pediría una aclaración al respecto.

Y aunque no tiene nada que ver (y aquí me salgo, con la venia del señor
Presidente, del tema estrictamente presupuestario, pero está íntimamente
unido), ¿qué nos puede decir sobre el tipo de interés en el que se ha
pensado que se convengan estas operaciones financieras, sea por 660.000
millones o por una cifra idéntica a la del año 1995? ¿Qué nos puede decir
al respecto?
En el objetivo número 5, subvenciones, hay un renglón, el 4, donde se
habla de subvención, actuaciones convenidas al margen del Real Decreto
726/93, con una previsión de 17.000 millones de pesetas, menor que la del
año 1995. Quería pedirle, en este trámite o en trámite posterior, y en
todo caso por escrito, un desglose de estas subvenciones y una
explicación de qué quiere decir exactamente esto de «Convenidas al margen
del Real Decreto 726/93», ¿están amparadas por otro decreto? ¿Cuáles son
estas subvenciones? En todo caso, en este trámite o en trámite posterior
escrito, repito, le pediría un desglose.

También pediría un desglose, en este momento o en un momento ulterior,
del capítulo denominado Plan estratégico de suelo, por importe de una
cifra redonda de 2.500 millones de pesetas. Se explica en la memoria de
objetivos a qué se destinan estos millones, pero con la suficiente
imprecisión para que mi pregunta no sea improcedente. Se dice que se
trata de urbanizar 2.000 hectáreas, bastantes para la construcción de
135.000 viviendas. Si hay un desglose, por zonas o por áreas, sería
interesante para mi Grupo conocerlo.

Y llegando finalmente al capítulo más importante de la política de
vivienda, que es el de subsidiación de intereses, dos preguntas muy
concretas, ceñidas o articuladas en torno a la página 175, para que se
siga ubicando la señora Secretaria de Estado. Hay una serie de cifras
curiosamente redondas: para el plan trienal, 5.000 millones en el año
1996; para el plan cuatrienal, 2.000 millones; 1.750 millones para las
subsidiaciones procedentes del Decreto del 47; para las procedentes del
Decreto del año 1989, 13.000 millones, y, en cambio, una cifra muy
precisa, 35.861,6 millones de pesetas para el Plan de viviendas
1992-1995. Me gustaría una explicitación de por qué estas previsiones
globales, en un caso más precisas en otro. Y, sobre todo, una pregunta
respecto al renglón nuevo Plan de vivienda, que figura con 1.000 millones
de pesetas. Estos 1.000 millones de pesetas son sólo para el año 1996, en
el capítulo de subsidiación de intereses de las actuaciones que se llevan
a cabo en el ámbito del nuevo plan 1996-1999, a donde, por otra parte,
parece que se van a reconducir, en términos de la normativa transitoria a
dictar por su departamento, los flecos, si se me permite la expresión,
del Plan de viviendas 1992-1995; la pregunta es clara, ¿piensa la señora
Secretaria de Estado que sólo con 1.000 millones de pesetas es bastante
para atender las subsidiaciones derivadas de las actuaciones del nuevo
Plan, más las que se reconduzcan al mismo como consecuencia de las que
han quedado sin financiación del año 1995, dado que, según la Orden
Ministerial del 25 de septiembre del año en curso se ha producido el
cierre anticipado del Plan, bien a 15 de octubre o bien a 30 de octubre,
según las comunidades autónomas de que se trate?
Pasando al segundo programa, que es el relativo a la acción y fomento de
la edificación, simplemente preguntarle a la Directora General si
realmente la pobreza de objetivos que sugiere el «cuantum» de los
créditos presupuestarios es coherente con la política de la Secretaría de
Estado en esta materia.

Y pasando a otros capítulos del anejo de inversiones reales, voy a
referirme, en términos de las páginas del anejo, a los siguiente:
Primero, en la página 239, la campaña publicitaria del Plan de vivienda.

Me parece bien que se haga la publicidad que se estime razonable de ese
Plan



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de vivienda en curso o del plan venidero, pero llama la atención que no
haya crédito alguno, según se desprende del anejo de inversiones en la
página que he citado, para el año 1995, y sólo 94,1 millones para el año
1996. ¿Cuál es la razón de esta disparidad y si estima la señora
Secretaria de Estado que tiene bastante con 94 millones de pesetas para
la campaña publicitaria del Plan venidero.

Para acabar, dos partidas que tiene más un interés si se quiere
pintoresco o anecdótico, que son las que figuran en las páginas 250 y
251, del anejo de inversiones, y son las que se refieren a la difusión de
la nueva ley del suelo y al seguimiento de los efectos de la misma. ¿Cuál
es el sentido de esta partida, puesto que no hay nueva ley del suelo? La
Ley del Suelo es el texto refundido del año 1992; no sé si se refiere a
las normas que hay en la ley de acompañamiento, porque supongo que no
será el proyecto que presentó el Partido Popular de nueva ley del suelo,
ya que no parece que un proyecto de la oposición pueda merecer tanta
atención del Gobierno como para figurar en una partida presupuestaria en
este punto.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Madero, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, exclusivamente por los temas
hidrológicos y de calidad de agua.




El señor MADERO JARABO: Como ha dicho el compañero de Grupo que me ha
precedido en el uso de la palabra, voy a hablar exclusivamente de temas
relacionados con los Presupuestos de 1996.

Lo primero que hago es dar la bienvenida a la Comisión a la señora
Secretaria de Estado, y también decirle, aunque esto no sea estrictamente
del presupuesto, que no sé si mis esfuerzos por preguntar y
posteriormente sus esfuerzos por responder no nos llevarán a la
melancolía ante la realidad de los hechos que posiblemente veamos la
semana próxima. Pero estamos en este trámite presupuestario y nuestra
obligación es preguntar aquellas dudas que tenemos.

Efectivamente, aunque si miramos sólo las cifras, como ha dicho mi
compañero el señor Ortiz, la parte del león de la Secretaría de Estado es
el tema de vivienda, no es tema menor, aunque las cifras sean más
pequeñas, todo lo relacionado con medio ambiente, y en este caso con el
Programa 441A, de calidad de las aguas. En primer lugar, señora
Secretaria de Estado, repasando el Capítulo 1, vemos que no hay un
aumento sustancial y, sin embargo, se observa que hay un trasvase de
personal laboral a funcionarios, porque la partida correspondiente a los
funcionarios aumenta de 166 a 205 millones, en la misma medida en que
disminuye la del personal laboral. Nos gustaría, en tiempos de mudanza
como decía el clásico, ratificar esta impresión, que parece que es
bastante evidente a la vista de las cifras, conocer la evolución de la
plantillas divididas por tipos y las razones que justifican este cambio
de categoría laboral.

Asimismo, señora Secretaria de Estado, las transferencias de capital a
empresas privadas pasan de 50 a 200 millones de pesetas, mientras que la
correspondiente a familias e instituciones sin fines de lucro permanece
invariable respecto al año anterior. Nos gustaría saber qué empresas
privadas están contempladas en esta partida, así como las razones por las
cuales estas empresas recibirán esa transferencia de capital.

Hemos observado, dentro de este capítulo, un aumento sustancial de las
transferencias a las comunidades autónomas, que pasan de los 50 millones
de pesetas de 1995, a los mil ciento y pico de 1996. Nos gustaría,
repito, conocer la razón de este incremento, que suponemos debe estar
relacionado con el Plan nacional de depuración de aguas residuales
aprobado en febrero pasado, y la subsiguiente distribución por
comunidades autónomas. Nos gustaría conocer, si es posible, esta
distribución por comunidades autónomas para 1996.

También hay un aumento sensible de los fondos destinados a la
delimitación y deslinde del dominio público hidráulico. Para mi Grupo es
importante conocer un mayor detalle de las actuaciones previstas que no
están suficientemente explicadas en el proyecto de presupuestos.

Señora Secretaria de Estado, de acuerdo con el Plan nacional de
depuración de aguas residuales, los recursos aportados en el período 1995
al 2000, bien por la Secretaría de Medio Ambiente bien por los fondos de
cohesión, serían de unos 330.000 millones de pesetas; es decir, una media
de unos 55.000 millones de pesetas al año. En el presupuesto de 1996,
estrictamente para este capítulo de depuración de aguas residuales, se
dedican aproximadamente unos 13.400 millones de pesetas, y, si se
consideran las transferencias a comunidades autónomas, o sea que estas
transferencias a comunidades autónomas se dedican íntegramente a este
fin, pues la cifra aumentaría hasta 14.600 millones de pesetas. En
cualquier caso, estamos hablando de una cantidad muy diferente y, por
supuesto, muy inferior a los más de 55.000 millones que se deberían
destinar. Nos gustaría conocer la razón de esta discrepancia en las
cifras. Y si bien podríamos encontrar, «a priori», algún tipo de
explicación en el empleo de los fondos de cohesión hasta completar la
cifra, me gustaría recordarle, antes de que me conteste la señora
Secretaria de Estado, que hay un compromiso del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de aportar él mismo estos recursos
si los fondos de cohesión fueran insuficientes, detrayéndolos de otras
partidas del mismo Ministerio en detrimento de otras políticas.

Entrando en el Programa 9.002, de infraestructura, saneamiento y
depuración, donde hay destinados unos, redondeo las cifras, 156.000
millones de pesetas para una programación plurianual que va de 1995 a
1999, observamos que hay una poca o nula inversión en los primeros años,
1995 y 1996, y concretamente en 1996, cuyo presupuesto estamos analizando
y sobre el que preguntamos. La mayor parte de esta inversión se hace, o
se pretende realizar, en el trienio 1997-1998-1999. ¿Por qué esta
estructura financiera del gasto? Incluso más directamente, ¿por qué este
retraso en la inversión ante una materia en la que estamos necesitados de
inversiones y cuanto antes mejor? Y todavía más, ¿en qué compromiso
financiero se basa la señora Secretaria de Estado para una programación
como esta que nos presenta? Además, este Programa de infraestructura,



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saneamientos y depuración, entendemos, y así lo hacemos saber por si
sería bueno corregirlo, que es discriminatorio con algunas comunidades
autónomas que reciben una poca o nula inversión, y le cito concretamente
Castila-La Mancha, Cantabria o Aragón.

Dentro incluso de estos capítulos, en las inversiones que hacen las
propias confederaciones hidrográficas, no aparece ni una sola peseta, por
ejemplo, en la cuenca del Guadiana, o muy poco en la del Tajo y en la del
Guadalquivir. Le preguntamos, en este caso, si no merece la pena algún
esfuerzo inversor en el acuífero 23, en el alto y medio Guadalquivir o en
el Tajo medio. Sobre estas cuencas o partes de cuencas no hay nada
previsto.

Finalmente, interesándonos por el Programa 9.001, sobre el control y
vigilancia de la calidad de las aguas, en la comparecencia anterior de la
señora Secretaria de Estado, nuestro Grupo y yo mismo le dijimos que la
inversión plurianual no nos parecía la adecuada, nos parece un tanto
extemporánea y que no va a realizarse sobre una base correcta. La
secuencia lógica sería primero, depurar, y, después, medir la calidad de
las aguas previamente depuradas, porque, si no, nos vamos a encontrar con
que vamos a poner unos medidores de calidad que, como decía hace unas
fechas, nos indicarán que el enfermo sigue enfermo, pero no que el sano
tiene algún problema, y eso es lo que hay que atacar y corregir; estamos
hablando de una inversión que ronda los 15.000 millones de pesetas. En
definitiva, mi Grupo cree que se está a tiempo de poder corregir lo que
se está haciendo con el Programa Saica porque se corre el riesgo de que
sea una inversión ineficaz.

Resumiendo, señora Secretaria de Estado, desde el punto de vista del
Programa 441A, sobre calidad de las aguas, nos parece que no está
equilibrado el presupuesto en las partidas, y sobre todo en las
inversiones por comunidades autónomas, y así difícilmente podrán lograrse
los objetivos fijados para el citado Programa 441A, en detrimento,
repito, de algunas comunidades autónomas con inversiones nulas o muy
escasas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero. A continuación, y finalmente,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Gortázar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, me uno a la
bienvenida a la Secretaria de Estado. En este caso, más que bienvenida es
benemérita, porque, realmente, defender un presupuesto cuyo final es la
devolución o la retirada, merece nuestro doble reconocimiento.

La sesión de hoy y la de los próximos días recuerda un poco la opinión
que emitía Karl Klaus al hablar del Parlamento austrohúngaro en los años
1905/1907, que decía que daba igual lo que se dijera en un Parlamento
sobre un presupuesto que no se aprobaba. Pues un poco, repito, es lo que
nos está pasando en este momento, que estamos hablando sobre un
presupuesto que no se aprueba y se queda toda la cosa como el mundo al
revés que él definía en «La Antorcha», el periódico que dirigía.

Por lo que compete al Programa 443D, que es el que yo voy a comentar, a
glosar brevemente (porque aunque sea un mundo al revés yo creo que merece
la pena su comentario en el nivel de intenciones y de políticas
específicas del Gobierno), y reconociendo el mérito de la señora
Secretaria de Estado, lo que hay que señalar es que se observa una
reducción del 14 por ciento con relación al año 1995. Esto de por sí es
un motivo de alabanza, siempre y cuando fuera en la línea o en la
dirección de una reducción global del conjunto de los presupuestos; de
una reducción del déficit de nuestro presupuesto en relación a años
anteriores. Pero hay que señalar que contradice, al no ser así, las
protestas de importancia que el Gobierno atribuye al medio ambiente,
cuando en la realidad se produce la disminución significativa de ese 14
por ciento en relación al año 1995. Además, esa reducción es
fundamentalmente para las operaciones de inversión, para las operaciones
de capital y no para las operaciones de gasto corriente, y
fundamentalmente también de elaboración de estudios, contratación de
funcionarios, más que contratación, digamos, de oposiciones de
funcionarios. Me voy a explicar. Concretamente, en relación al año 1995,
la dotación de funcionarios sube de 394 a 433 millones, cosa que
contrasta con las reducciones que hay en operaciones de capital, que se
reducen un 15,8 por ciento.

En otras palabras, estamos en un panorama, señora Secretaria de Estado,
que es también un poco un mundo al revés, como se hablaba antes citando a
Karl Klaus, en el sentido de que crece un aparato burocrático cuyas
funciones y operatividad específica disminuye, de tal manera que se crea
la contradicción de que tenemos más directores generales, más
funcionarios, más estudios, más publicaciones, más publicidad, pero no
tenemos ni los recursos ni las políticas o por lo menos la financiación
de políticas específicas que esto lleva consigo.

Por señalar algunas cuestiones llamativas de la propuesta que hace el
Gobierno, la retirable propuesta que hace el Gobierno, por ejemplo, hay
partidas que se duplican, como Subvenciones para actividades de medio
ambiente y premios, que pasa de 36 millones a 37 millones. La nueva
Dirección General de Información y Evaluación sólo tiene asignado como
personal un alto cargo, cosa que llama mucho a la atención a los efectos
de su posible operatividad. Luego hay una serie de partidas que
desaparecen, disminuyen o aumentan. Por ejemplo, desaparecen totalmente
control y vigilancia de la contaminación acústica, la gestión de residuos
industriales y la gestión de residuos agroganaderos, el artículo 64
entero, el apoyo al control y vigilancia de la contaminación acústica,
energía de transporte y medio ambiente, auditorías ambientales y apoyo a
la recuperación ambiental mediante reducción de ruido en el entorno de
las carreteras del Estado; ésas desaparecen por completo. Hay otras que
reducen su presupuesto significativamente, por ejemplo, el artículo 61,
control y vigilancia de la calidad del aire, gestión de los recursos
sólidos urbanos, recuperación del medio físico y sellado de vertidos de
residuos urbanos, acciones de recuperación ambiental, etcétera. Sin
embargo, aumentan muy significativamente estudios y publicaciones, como
decía, planes de



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saneamiento atmosférico, formación y divulgación, educación ambiental,
equipos informáticos, biblioteca, etcétera. En otras palabras, vemos que
hay una serie de elementos que suben, otros que se mantienen o que se
reducen significativamente y otros que desaparecen de los programas de
actividades. Nos encontramos, insisto, en una Secretaría de Estado que
aumenta sus elementos de estudios, sus funcionarios, pero que, sin
embargo, reduce significativamente sus acciones.

Particularmente grave me parece que es el tema de la desaparición o no
consignación en el presupuesto de acciones del Plan nacional de residuos
industriales que su departamento valuó en 5.500 millones de pesetas y que
ustedes mismos decían que tendrían que estar previstos, y no sólo
previstos, sino que se decía lo siguiente: «En el caso de que dejaran de
existir los fondos de cohesión o su dotación resultara insuficiente, el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente asumirá la
vigilancia mediante reajustes internos en su presupuesto, a costa, en su
caso, de otras políticas de su departamento.» Esto es un compromiso
explícito, importante de cómo se pretende abordar un problema específico.

Pues bien, en su propuesta no hay consignada esta posible cobertura de un
gasto tan significativo de 5.500 millones, y corremos el riesgo, como en
tantas otras ocasiones, señora Secretaria de Estado, de encontrarnos un
plan que será más o menos ambiguo, genérico, etcétera, pero que, además,
no tiene consignadas las partidas, en el supuesto de que vengan esos
fondos de cohesión, con el compromiso explícito de ustedes de tenerlos
apartados en el momento en que fuera preciso.

Para terminar, quiero señalar que la tónica general de la política
medioambiental de ustedes de hace dos años a esta parte consiste en
reducir drásticamente las inversiones en relación a los gastos de
estructura, a los gastos de funcionamiento de su Secretaría de Estado. Le
voy a exponer muy brevemente las magnitudes. En vigilancia y control
ambiental, en 1994 eran 1.000 millones y ahora son 708, en recuperación
ambiental eran 1.800 y ahora son 300; en infraestructura y equipamiento
ambiental, en el año 1994 eran 4.000 y ahora son 500; en programación,
información y normativa ambiental eran 608 y ahora estamos en 570. En
otras palabras, se ha pasado de una inversión, en el año 1994, de 7.000
millones a 2.100 en el presente proyecto presupuestario.

Señora Secretaria de Estado, yo creo que se pueden hacer las reuniones,
los consejos, las operaciones de propaganda que se quieran, pero la
realidad es que su Secretaría es una Secretaría que está en el aire,
solamente sustentada por una enorme carga burocrática de publicaciones,
de estudios, etcétera, que es para lo que van los fondos, pero cuya
operatividad, incluso para los planes y las reservas que ustedes mismos
establecen, no aparecen en los papeles. Insisto, a lo absurdo y
disparatado de este debate en relación a los presupuestos que se van a
retirar o que no van a ser aprobados, añadimos la situación de una
Secretaría que se alimenta a sí misma, mientras que deshace las
posibilidades de operativa concreta en relación a los problemas
ambientales tremendamente serios y operativos que tiene la sociedad
española. De tal manera que ese mundo de Karl Klaus al que me he referido
anteriormente, en el caso de su Secretaria de Estado aparece plenamente
en todas sus contradicciones; un mundo al revés, un mundo que no se sabe
si funciona o no funciona y que debate unos presupuestos que todos
sabemos sabe que no se van a aprobar.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Guillermo.

A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Martín Menis.




El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, agradecer, igual que el Grupo
Popular, la comparecencia de la señora Secretaria de Estado. Voy a
exponer tres preguntas. La primera es referida a costas. En la
comparecencia del año pasado, la señora Secretaria de Estado se
comprometía y compartía de alguna forma que era necesario establecer un
plan global para las actuaciones de costa a nivel general en todo el
Estado, y en el caso particular canario por ser un problema muy
específico, incluso creo que dijo --estoy hablando de memoria-- que se
necesitaba un acuerdo global me parece que para el Principado de
Asturias. Pero en los presupuestos de este año nos encontramos
exactamente en la misma posición que el año pasado respecto a ese plan
global. No estoy intentando entrar en la discusión de si estas cantidades
son suficientes o no, sino que hablo del criterio que han aplicado.

Además, si viéramos estos días los periódicos locales --cerca de posibles
períodos electorales--, observaríamos que se ha abierto una nueva línea
de la conseguidora canaria en materia de costas. Todos los días aparece
un proyecto que se ha conseguido por parte de un ayuntamiento ayudado por
un senador. Y no es que me preocupe el que se vayan cerrando esos
acuerdos, porque en cualquier caso creo que sería positivo (por lo menos,
el consejo de este Diputado es que aprovechen las circunstancias todos
los alcaldes), pero dentro de poco estarán aquí los 81 a ver qué
consiguen. Unos de llevan un paseo litoral y otros una playa. Todos
sabemos el tiempo que se tarda en tramitar estos expedientes, pero, al
final, por lo menos queda la ilusión de esos alcaldes.

Sin embargo, estoy convencido que se podrían montar un plan global, un
plan para un archipiélago como suma de siete planes insulares, y sobre
todo priorizar, que es lo más necesario, lo más urgente, en dos semanas,
porque creo que hay conocimiento suficiente en el Ministerio como para
poder fijar unos criterios, tanto en actuaciones pequeñas y blandas como
en actuaciones de playas, en obras de gran infraestructura o en paseos de
litoral, pero siempre de acuerdo, como digo, con los criterios generales
que tienen los planes de ordenación insular y con lo criterios de
inversiones en otros estamentos, o en otros centros directivos del propio
Ministerio de Obras Públicas, como pueden ser puertos, o como pueden ser
aeropuertos, o como pueden ser carreteras, o como pueden ser otras áreas.

Por tanto, la pregunta es: ¿Cree usted que en la política de este
presupuesto se podría intentar establecer unos criterios de priorización
y de globalización de las actuaciones?



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La segunda cuestión a plantear es relativa al medio ambiente y sobre todo
a lo que son básicamente alcantarillados y depuración de aguas. Con los
criterios con que se está aplicando el programa Pomal, que es el programa
al cual se pueden acoger los municipios para resolver los problemas de
alcantarillado, sólo se pueden acoger los de más de 50.000 habitantes o
mancomunidades. En el caso de Canarias existe y están funcionando ya, lo
que son los consejos insulares de aguas --son siete consejos--, figura
que ha costado muchísimo esfuerzo lograr montar y en la cual interviene
la isla, como un elemento fundamental, está la Comunidad Autónoma, están
los ayuntamientos y están los usuarios; este es el elemento canalizador
de las inversiones en Canarias. A nosotros nos parece que sería ese
consejo insular el órgano adecuado, ya que está configurado por ley de la
Comunidad Autónoma para canalizar las inversiones en alcantarillados de
los municipios de menos de 50.000 habitantes.

En realidad incluso se podrían hacer planes globales insulares que
permitieran que en un horizonte razonable el problema del alcantarillado
fuera a extinguir. En un archipiélago es un elemento fundamental; hay una
enorme diferencia de unas islas a otras, y nos parece que sería
interesante la inclusión en el programa Pomal de una directriz que
permitiera que los propios consejos insulares pusieran parte de los
fondos necesarios para acometer este problema, porque incluso los
ayuntamientos pequeños no pueden llegar a poner ese 25 por ciento; pero
que acometieran, insisto, planes globales, ya que si hay algo en Canarias
en que el ciclo tiene que ser completo es en recogida de aguas,
depuración y reutilización, y el límite no puede ser el Municipio. Ya en
Canarias en este momento, en muchas islas, las aguas son recogidas en un
extremo, se usan en el otro, se depuran y se vuelven a reutilizar en otro
extremo; por tanto, el límite municipal crea grandes problemas al
establecer cada uno su depuradora, su sistema y la imposibilidad de ir a
un sistema global.

Los planes hidrológicos insulares se han desarrollado con un concepto
insular y, sin embargo, chocan con que el desarrollo, sin embargo, de una
infraestructura tan importante como el alcantarillado para que funciones
las depuradoras, no puede tener ámbito insular por esa cuestión, y cada
ayuntamiento lucha por su cuenta. Esa era otra pregunta, porque creo que
en la ejecución de los presupuestos de 1996 es donde se pondrá en marcha
parte de todo ese proceso.

Y la tercera pregunta era una pregunta puntual, y es sobre el tema de
vivienda. La información que hemos recibido de la propia Dirección
General es que las partidas que se incluyen por el Moptma en el capítulo
de subvenciones a promotores y a clientes de viviendas de protección
oficial asciende a unos 1.839 millones de pesetas para Canarias, que
indudablemente duplica las de 1995. En el momento actual se desconoce el
marco normativo, aunque están las líneas básicas para el Plan de vivienda
1996-1999, que ha presentado esa Secretaria de Estado, pero es imposible
apreciar si la citada cantidad permitiría abordar las obligaciones
derivadas de la planificación de 1996. Por tanto, tenemos que pensar que
es la cantidad adecuada, pero sí creemos que es posible juzgarla
insuficiente para atender también a las subvenciones derivadas de las
actuaciones de vivienda y suelo calificadas en el Plan 1992-1995 y que no
podrán ser abonadas en este ejercicio por superar considerablemente las
disponibilidades presupuestarias del Ministerio en el mismo. Como sabe la
señora Secretaria, en Canarias, el Plan de vivienda ha tenido un
desarrollo acelerado en el último año gracias a la eficaz colaboración
entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Consejería, y el
éxito lleva a veces a que el gasto aumente. En la Conferencia Sectorial
de Vivienda, parece que se acordaron medidas de cierre del vigente Plan y
el reparto de un cupo extraordinario para garantizar las calificaciones
que se pudieran otorgar hasta el 15 de octubre a los promotores y
clientes de VPO con derecho a subvenciones en el Plan de vivienda
1992-1995 que no las pudieron recibir por agotarse esas disponibilidades.

Lo que nos interesaría conocer es si tiene previsto dictar medidas
transitorias o mecanismos-solución para todo el período 1992-1995, y que
todas las calificaciones y el propio éxito no nos impidan que se cobre
por los promotores y el cliente las cantidades de subvenciones que tenían
previstas, o si esa partidas son ampliables, o si va haber un mecanismo
de flexibilidad, cualquiera que sea, que nos permita pensar que el propio
éxito del Plan no nos lleve, no ya al fracaso que en absoluto sería, pero
que no nos lleve a crear un problema de falta de financiación para esos
promotores que han trabajado.




El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, tiene la palabra el señor
Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señora Secretaria de Estado, quisiera hacerle
algunas preguntas relacionadas con el Programa 431A. Creo que se llama
así, referido a la vivienda, aunque algunas de ellas ya han sido
realizadas, por lo menos los conceptos han sido puestos sobre la mesa por
parte de los distintos portavoces, aunque yo enfocaría la cuestión desde
otro punto de vista.

Sería interesante para mi Grupo conocer la evolución de los convenios con
las entidades de crédito. En el cuadro número 4 se manifiesta una
evolución según la cual en el año 1994 hubo 735.000 millones de pesetas;
en 1995, hubo 430.000, y presupuestados para 1996 hay 660.000. A mi Grupo
le interesaría saber, si fuera posible por su propia palabra y si no por
escrito cómo se divide por tramos de renta esta magnitud de crédito que
han dado las diferentes entidades financieras. Es decir, cuánto de este
crédito ha estado destinado al tramo existente entre el 3,5 salario
mínimo interprofesional y 2,5; qué tramo entre 3,5 y 5,5, y cuál superior
a este último tramo. Nos interesaría conocerlo para saber en qué niveles
de renta ha tenido incidencia el Plan cuatrienal de vivienda.

También nos interesaría conocer la evolución de las entidades financieras
en estos créditos, que según este mismo cuadro pasan de 95 a 85, y
posteriormente a 101. Quisiéramos saber el motivo de la variación de este
número y si son todas cajas de ahorro, si son bancos privados además de
las



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cajas de ahorro y el porqué se produce esta última variación; los motivos
que se puedan aducir.

Ha manifestado otro portavoz parlamentario --y nosotros también queremos
exponerlo-- el señor Ortiz concretamente, que en el cuadro número 6,
cuando se refiere al concepto nuevo plan de vivienda, nos llama
poderosamente la atención el que esté presupuestado 1.000 millones de
pesetas. Nosotros nos hacemos dos preguntas a este respecto. Una es si
esto significa que el Ministerio, de alguna manera, se pliega a lo que le
piden las comunidades autónomas del Partido Popular, y es que desista de
ese nuevo plan de vivienda y que continúe con los flecos del anterior, el
de 1992-1995 --flecos del mismo es una expresión que también ha empleado
el señor Portavoz del Grupo Popular--, o si significa que el Plan de
vivienda que plantean ustedes no tiene reflejo presupuestario, y entonces
yo le rogaría que me explicara cómo sería la financiación de ese Plan de
vivienda, porque nosotros tendríamos interés en conocer ese aspecto.

Simplemente esto.

Creo también, señor Presidente, que mi Grupo Parlamentario había
solicitado la comparecencia con respecto a Obras Hidráulicas.




El señor PRESIDENTE: Perdón. No me consta para hoy esa pregunta, porque
fue incluida al Secretario General de Obras Hidráulicas la semana pasada.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, si hay algún inconveniente
desisto de preguntar.




El señor PRESIDENTE: No es que tenga inconveniente, es que no está bajo
su responsabilidad ese área.




El señor ANDREU ANDREU: Bajo su jurisdicción.




El señor PRESIDENTE: Bajo su jurisdicción o su responsabilidad
administrativa.

A continuación, damos la palabra a la señora Secretaria de Estado para
que proceda a dar respuesta a las preguntas formuladas por los distintos
portavoces de los grupos parlamentarios presentes.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Muchas gracias a todos los Diputados que me han formulado las
preguntas. Intentaré contestar a todas ellas y pido disculpas si en algún
caso la información concreta tengo que darla en un posterior momento.

Comenzando con las preguntas formuladas por el Diputado señor Ortiz, en
relación, en primer lugar, con el Programa 431A, de promoción y
rehabilitación de viviendas, por lo que hace mención a la construcción de
viviendas, como sabe el señor Diputado, se refiere solamente a aquellas
operaciones que se realizan al margen de las competencias transferidas a
las comunidades autónomas en esta materia y, por tanto, el grueso de
nuestro capítulo de gasto correspondiente es Ceuta y Melilla, por ahora.

Digo por ahora porque Ceuta y Melilla han modificado su Estatuto en
términos competenciales, y estamos en estos momentos analizando las
consecuencias, tanto de carácter presupuestario como de gestión, que
pueden suponer el mayor grado de autonomía de Ceuta y Melilla. Espero que
en poco tiempo tengamos nítidas esas consecuencias del actual grado de
autonomía, que puede significar que haya una transferencia de recursos,
en su caso, a gestionar por los entes autónomos de estas dos ciudades en
materias de vivienda y de medio ambiente.

Por lo que se refiere a la pregunta concreta que me hacía de la página
172, efectivamente, viviendas a iniciar en programas que son en Ceuta y
Melilla no las hay, pero usted puede ver cuantas hay en curso y que se
determinan. Los programas de Ceuta y Melilla en estos momentos son
programas que están culminando el denominado Plan de dotaciones básicas
de Ceuta y de Melilla, y, por tanto, hay una enorme cantidad de obra en
marcha que de hecho consume el crédito presupuestario que aparece en el
capítulo correspondiente, que por supuesto no es cero; hay capítulo para
emplear con operaciones de enorme trascendencia tanto en Ceuta como en
Melilla.

En cuanto a la cuestión del dinero que se va a convenir con las entidades
de crédito en 1996, la estimación que aparece en el presupuesto no puede
ser, por supuesto, más que eso, una estimación, puesto que como sabe bien
estamos en estos momentos estructurando lo que se llama política de
vivienda a partir del próximo año, y lo que hay es una cifra análoga a la
de 1995, lo cual en absoluto quiere decir que el Gobierno, que es quien
decide tanto el tipo de interés como el volumen total de convenios a
realizar, no fije una cifra o mayor o menor que sea en consonancia con
los objetivos que definitivamente se marquen para 1995. Igual que este
año hemos aumentado hasta una cifra récord de 930.000 millones de pesetas
el crédito a convenir con las entidades financieras en el Plan de
vivienda, dependerá efectivamente, del escenario del año que viene,
aunque la referencia que aparece en el presupuesto es una referencia que
sería suficiente para unas 120.000 viviendas. Ese es el orden de
magnitud, que es semejante al que en media han sido los resultados del
Plan de vivienda durante estos años.

Respecto al futuro, que ha salido a relucir no solamente en su
intervención, quisiera decirle que no es verdad que sólo haya unas líneas
básicas; hay un proyecto de decreto que en estos momentos tienen ya las
comunidades autónomas, un decreto de nuevo Plan de vivienda, y mañana los
directores generales se reúnen para hacer un análisis, no ya de un
documento de orientación básica, que fue lo que vimos en la Conferencia
sectorial, sino una norma que de haber consenso podría, efectivamente,
materializarse en un nuevo plan cuatrienal. Lo hemos dicho y lo repito,
en el caso de que no haya consenso, obviamente iremos a una prórroga,
pero tenemos ya un decreto y, por tanto, no se trata de simples
consideraciones genéricas sobre lo que podría ser el Plan de vivienda el
año que viene.

Por lo que se refiere al número de entidades de crédito (ésta es una
pregunta que me ha formulado también el
Diputado de Izquierda Unida y las contesto simultáneamente a las dos),
efectivamente, se ha hecho una estimación de un aumento en el número de
entidades que podrían convenir a los efectos de la política de vivienda,
porque a



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lo largo de este año se ha manifestado de manera muy clara, tanto por
parte de las cajas rurales como por parte de la banca privada, un deseo
de participar de manera más activa en una política en la cual hasta ahora
el grueso ha sido la colaboración de las cajas de ahorro y de la banca
pública. En la medida en que haya voluntad de colaboración en ese marco,
creemos que es positivo que cuantos más centros de gestión financiera
colaboren tanto mejor.

Respecto al tipo de interés de 1996, como todos los años este tipo de
interés de convenio se fijaría en el mes de diciembre y estaría situado
aproximadamente un punto por debajo del tipo de interés medio del mercado
de crédito hipotecario libre. Esa es aproximadamente la referencia que
hemos mantenido estos años con un resultado, yo diría, muy positivo,
porque de esta forma se fija un tipo de interés de convenio que para las
entidades de crédito presenta cierto atractivo, y no como se hacía en el
pasado, a cuatro o cinco puntos de distancia del mercado libre, con lo
cual no colaboraban las entidades de crédito. Ahora estamos desarrollando
una forma de colaboración que sitúa el tipo de interés de convenio al
inicio de cada ejercicio de forma próxima a lo que es el mercado, e igual
que hicimos ya el año pasado, nuestra idea es profundizar en convenios
plurianuales con las entidades de crédito para dotar de mayor estabilidad
al comportamiento del Plan de vivienda, de los programas de vivienda que
se sucedan, de forma que se pacte un tipo de interés de convenio a
principio del siguiente plan, con mecanismos lo más posible automáticos
de revisión, de manera que el tipo de interés de convenio 1997 y 1998
vengan, de alguna forma, predeterminados por un pacto con las entidades
de crédito dentro de ciertos márgenes. Esta sería, en estos momentos,
nuestra idea.

Por lo que se refiere a subvenciones al margen del plan o al margen del
decreto en vigor, que me preguntaba, efectivamente, ahí hay una cifra que
es el resultado de una serie de convenios puntuales con comunidades
autónomas; varios de ellos convenios ligados a la rehabilitación y
remodelación de patrimonio público transferido en su momento a las
comunidades autónomas. Como usted sabe, cuando se hicieron las
transferencias a estas comunidades autónomas se transfirió un patrimonio
construido ciertamente no con gran calidad en muchos casos, que ha
suscitado problemas de habitabilidad en época reciente, y eso nos ha
llevado a hacer desde convenios para afrontar el problema de la
aluminosis allí donde se han presentado (y hay varias comunidades
autónomas que tienen en ese sentido convenios con el Ministerio), hasta
convenios también ligados a los patronatos de vivienda de Canarias o de
Alicante; figuras, como digo, de viviendas públicas que en su momento
dejaron de estar en el ámbito directo de la responsabilidad del propio
Ministerio, pero que estamos atendiendo con convenios de carácter
puntual. En cualquier caso, como ese desglose está en las fichas
presupuestarias completas del capítulo 7 y aparecen por comunidades
autónomas los distintos convenios que sustenta esa actuación, pues su
señoría puede también ver la cifra como se desglosa. Como digo, es el
resultado de actuaciones que hasta ahora hemos situado al margen del
decreto en vigor del Plan de vivienda. Nuestra idea sería precisamente ir
hacia un esquema que englobe tanto las actuaciones de política de
vivienda, por decir así, de mercado, como las actuaciones de política de
vivienda ligadas a vivienda pública transferida a las comunidades
autónomas. Es una de las novedades que nos gustaría introducir en los
años futuros, de manera que no haya actuaciones que no estén todas bajo
un mismo marco de regulación.

Por lo que se refiere al Plan estratégico de suelo, ésta es una propuesta
que se hizo en la Conferencia sectorial dedicada a temas de urbanismo que
se celebró no recuerdo en estos momentos la fecha, pero antes de las
últimas elecciones; fue la Conferencia sectorial en la cual se hizo una
valoración general de la necesidad de modificar en profundidad la Ley del
Suelo (y aquí me anticipo a una pregunta que me hace después). Hay una
apreciación general, naturalmente con matices y con diferentes criterios,
sobre la oportunidad de modificar en profundidad la Ley del Suelo en
vigor, aunque no lleve tiempo dilatado en aplicación. Sobre esa
modificación hemos venido trabajando, tanto en lo que se refiere a la
norma como en lo que entendemos que deberían de ser acciones de
acompañamiento para movilizar suelo y urbanizarlo, ligado a actuaciones,
por supuesto, de viviendas de precio asequible dentro de la política de
vivienda.

Por tanto, cuando usted se sorprendía de que hubiera partidas destinadas
a la explicación sobre nuevas normas del suelo, bien podrían ser esas
normas del suelo ser la ley presentada por el Partido Popular si el
Parlamento la aprueba. Creo que, desde el punto de vista del Ministerio,
sea de quien sea la iniciativa legislativa que corresponda, es correcto
que haya, en una materia tan compleja como la norma urbanística, un
esfuerzo de explicación. Insisto en que será el Parlamento quien decida
qué norma y con qué contenidos, pero es un tema que nos parece de una
enorme importancia, porque los ayuntamientos tienen grandes dificultades
de ser consistentes en su actuación urbanística, entre otras cosas por
falta de comprensión. Por ello, sea la que sea la norma de suelo, repito,
creo que será bueno que haya una partida preparada para atender su
difusión.

En cualquier caso, por lo que se refiere al plan estratégico de suelo, ha
habido contactos con todas las comunidades autónomas para esbozar lo que
sería un convenio marco de referencia en cuanto a cómo se podría actuar
en colaboración en esta materia, creando suelo a partir, en primer lugar,
del suelo que se genera por actuaciones del propio Ministerio (me refiero
a carreteras, a obras ferroviarias, etcétera) que van transformando lo
que es el urbanismo de las ciudades de hecho. Pues bien, a partir de esa
transformación cabe ubicar en nuevo suelo edificable, urbanizable,
viviendas que sean, al menos en un porcentaje significativo, de precio
asequible; pero entendemos que ese desarrollo de suelos debe de hacerse
vía convenios con las comunidades autónomas y por lo tanto esa partida
está en estos momentos a falta de un desglose que lo darían los acuerdos
que se realizaran en esta materia con los gobiernos autónomos.

Por lo que se refiere a la subsidiación, le llama la atención a su
señoría, que el plan trienal y cuatrienal tenga la cifra redonda y en
cambio sean más precisas en el plan en



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vigor. Afortunadamente el Ministerio se ha informatizado y, por tanto, no
sólo el Ministerio sino también las entidades de crédito colaboran hoy
día con mucho más rigor, sobre los paquetes de subsidiación y de
subvenciones procedentes de planes anteriores al vigente, existe, desde
luego, una enorme diferencia de precisión que nos impide, en el caso de
los planes anteriores, ser más precisos, cosa que ha ido mejorando y los
resultados están ahí, en cuanto a que hoy día tenemos ya contrastadas con
medios informáticos compatibles con los de las entidades de crédito, cómo
proceden, efectivamente, los créditos que subsidiamos, cosa que, como le
digo, en el trienal y en el cuatrienal, por falta de medios y por una
gestión que en este caso todavía arrastra una dificultad enorme de
conocimiento real de esas partidas en cuanto a cómo van, efectivamente, a
evolucionar, es decir, qué cantidad tenemos que presupuestar. Es una
cantidad estimada que un poco sigue la línea de lo que han sido los
gastos de los últimos años, pero no con la precisión que podemos, en
cambio, tener en el plan más reciente.

Tanto su señoría como el señor Andreu se maravillan de que sólo haya mil
millones presupuestados para el nuevo plan en subsidiación. Bueno, yo
quisiera recordarles que cuando comienza un plan nuevo, el primer año es
un año de bajísimo gasto presupuestario por la sencilla razón de que los
subsidios de tipo de interés que cobran las entidades de crédito, que a
su vez han dado un préstamos subsidiado, que nos presentan la factura con
un retraso determinado, normalmente presentan la factura cada tres meses,
pero la presentan cuando ya existe un titular del préstamo que es objeto
de subsidiación.

El grueso de los préstamos del Plan de vivienda en vigor del Plan de
vivienda futuro son préstamos que durante el primer año no generan
subsidiación, sino que van a tipo de convenio al promotor. Por tanto, hay
una partida que es superior a lo que gastamos el primer año del Plan de
vivienda. El año 1992 nos gastamos cuatrocientos millones de pesetas,
nada más, en subsidiación, porque el arrastre que se produce configura
una especie de curva acampanada donde ahora es ahora, a partir del año
1996, cuando tenemos el resultado acumulado de las actuaciones que van
entrando en carga, por decirlo así, y aparece la correspondiente
subsidiación. Por tanto, la estimación que tenemos es de unas 125.000
actuaciones el año que viene que, como digo, es la cifra que estamos
manejando con un esquema de un plan de unas 500.000 actuaciones en los
próximos cuatro años, que después serán 500 o serán más, puesto que éste
que comenzó hablándose de 400 va a terminar con 600.000. Pero, bueno, de
momento tenemos a la vista un plan que comenzaría con unas 120.000
actuaciones y que necesitaría, en principio, para el primer año, una
cantidad no superior a este que se uniría, obviamente, a las cantidades
arrastradas del presente plan, que están incluidas en una partida
distinta.

Por lo que se refiere a la cantidad, que a usted le parece muy poca, en
el Programa 432A este año tenemos --si ustedes ven el cuadro que les he
repartido-- algo menos de los 3.500 millones, que entre los capítulos 6 y
7, teníamos el año pasado, hay que indicar que se trata de inversiones
que están en estos momentos armonizándose de forma creciente con el
Ministerio de Cultura. Arrastramos un programa de teatros que está
prácticamente culminado; quedan algunos por rehabilitar, pero se han
rehabilitado hasta la fecha más de 60 teatros. Quedan todavía, como digo,
algunos, pero ese programa se está agotando y en cambio van a comenzar
algunos programas nuevos, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, que se
refieren a la rehabilitación de museos y de catedrales, y eso tendrá una
evolución creciente pero, evidentemente, tiene que empezar el año que
viene. Y las cantidades son las que ustedes ven aquí.

Por lo que se refiere a la campaña publicitaria del plan, el crédito
1995, que aparece como cero en esta materia, los datos que tienen sus
señorías son siempre crédito inicial, es decir, crédito que, en este
caso, efectivamente, no había contemplado una campaña de publicidad, que
ha sido, en cualquier caso, financiada este año por el Ministerio. La
cantidad exacta en este momento no la recuerdo pero, desde luego, no es
muy distinta de la cantidad que aparece presupuestada para el año 1996.

Por tanto, lo que hay es una reserva de crédito para poder explicar lo
que será la política de vivienda de los próximos años.

Espero haber contestado a sus preguntas. Paso a contestar las formuladas
por el señor Madero.

Por lo que se refiere a las razones del cambio de personal laboral a
personal funcionario, me hubiera gustado que usted pudiera hacer esa
pregunta al Subsecretario del Departamento, que es el responsable de
política de personal, porque lo único que puedo decirle es que éste es un
proceso pactado con el Comité de Empresa en el Ministerio con los
sindicatos donde se está, efectivamente, funcionarizando una parte
sustancial del personal laboral. En ese sentido, la Dirección General de
Calidad de las Aguas no presenta ninguna diferencia con los criterios,
que son centralizados en el Ministerio en este caso, en cuanto al cambio
de situación laboral.

Me pregunta su señoría sobre las subvenciones a empresas privadas, donde
este año aparece una cantidad sólo de 50 millones y el año que viene
aparece una cantidad superior. Se trata de subvenciones ligadas a los
planes de regularización de vertidos que han quedado contemplados en el
Decreto aprobado este año en esta materia y que supondrían, como digo, la
posibilidad de que se beneficien empresas que lleven a cabo programas de
reducción de la contaminación, de acuerdo con ese Decreto, y por
supuesto, con la transparencia de una orden reguladora de esas
subvenciones. A priori, en estos momentos, no existe ninguna empresa que
vaya a ser destinataria; habrá una orden que regule esas subvenciones y
esa orden estará estrechamente vinculada al Decreto sobre regularización
de vertidos aprobado este año.

Por lo que se refiere a las subvenciones a las comunidades autónomas,
entramos aquí en un terreno que me alegro que al menos su señoría haya
descubierto que existe, porque el señor Gortázar ha entendido que la
política ambiental se hace todo con el Capítulo 6, y, por supuesto, ni la
política ambiental ni la política de calidad de las aguas se hace toda
con el Capítulo 6. Y hay una orientación de la



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Secretaría de Estado en esta materia en el sentido de ir paulatinamente
dando al Capítulo 7 el papel que debe de jugar en políticas cuya gestión
está transferida a las comunidades autónomas y, por tanto, la forma
normal de actuar debe ser la de la cofinanciación de las actuaciones que
están en el marco de sus competencias. Sucede en materia de calidad de
las aguas, que hay un conjunto de obras declaradas de interés general del
Estado, cosa que, desde luego, no ha sucedido nunca en política
ambiental, pues ningún vertedero ha sido declarado obra de interés
general del Estado y, por tanto, parece mejor que cofinanciemos los
vertederos que hacen las comunidades autónomas. En cambio, en calidad de
las aguas sí que ha habido una serie de obras que son las que su señoría
puede ver en el anexo de inversiones. Para tener la visión conjunta de
nuestra actuación del año que viene, obviamente lo que me reclama y es
correcto es, cómo encaja el Capítulo 7. Tengo una petición de su señoría
pendiente, que responderá, para cada comunidad autónoma, a las
actuaciones que vamos a financiar de los capítulos 6 y 7, puesto que
aunque en el Capítulo 6 no vamos a actuar en todas las comunidades
autónomas, en cambio sumando Capítulo 6 y Capítulo 7, el año 1996, por
primera vez, habrá actuaciones de depuración financiadas por la
Administración Central en todas las comunidades autónomas. Algo que hace
dos años era, digamos, una situación extremadamente distinta, puesto que
prácticamente todo se concentró en el programa de Asturias de enorme
importancia. En estos momentos existe el compromiso, al que usted se ha
referido, dentro del Plan Nacional de Depuración y, por tanto, eso nos
lleva a que vayamos aumentando nuestras aportaciones financieras para
irnos situando en el conjunto del período en esa media de unos 50.000
millones de pesetas al año, comenzando por las cantidades que tenemos
ahora mismo y que son menores que la de los años siguientes por una razón
muy sencilla, porque muchas de las obras, sobre todo aquellas que
nosotros vamos a ejecutar de forma directa, están en estos momentos en
elaboración de los proyectos correspondientes o de la búsqueda de los
acuerdos pertinentes con las administraciones territoriales. Hay un
conjunto de obras que solamente fueron declaradas de interés general del
Estado el año pasado, y eso hace, evidentemente, que su ejecución real
comience con un cierto desfase y con un plazo de tiempo, hasta que
efectivamente se invierte dinero, que puede mediar entre un año y dos en
función de la complejidad de la obra, de los trabajos previos que haya
que hacer, etcétera. Por tanto, nuestro compromiso en cuanto al Plan
Nacional de Aguas Residuales --que corrijo a su señoría, no es de 1995 al
2000, sino al 2005 y, efectivamente, con la media que usted señalaba-- es
un compromiso que vamos a ir atendiendo a lo largo de estos diez años de
forma creciente en la medida que, efectivamente, ésa es una prioridad del
Ministerio, que si ustedes ven, en un presupuesto que se reduce para todo
el Ministerio, la Dirección General que ve incrementar en un porcentaje
significativo sus capítulos 6 y 7 es la Dirección General de Calidad de
las Aguas, donde aumenta tanto el Capítulo 6 como el Capítulo 7,
contrastando con la disminución de inversiones y de transferencias del
Ministerio en su conjunto. Por tanto, ahí hay un compromiso asumido
frente a las comunidades autónomas que vamos a desarrollar los próximos
años, obviamente complementándose con el de los Fondos de Cohesión. Si
uniéramos a estas cifras las cifras correspondientes a lo que ha sido la
actuación en Fondo de Cohesión de este año, entre Fondo de Cohesión de
este año y el del año que viene, para comunidades autónomas y para
corporaciones locales, habría que añadir 33.000 millones de pesetas más
para depuración, que van destinadas a las otras administraciones
territoriales, con la aprobación previa de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente frente al instrumento financiero del Fondo de Cohesión.

Por otra parte, me preguntaba la razón del incremento del gasto en cuanto
al deslinde del dominio público. También aquí nos encontramos en
presencia de un programa que ha tenido sus fases previas, básicamente, el
año pasado, en cuanto a identificar los tramos de río que deben ser
deslindados, aquellos donde se debe actuar con carácter prioritario, para
pasar, a partir de este año, al deslinde real, es decir, a las
actuaciones que lleven a configurar el dominio público hidráulico en
todas las cuencas no transferidas en cuanto a su gestión. Por tanto, hay
un incremento que se corresponde al momento en que este programa, el
denominado Programa Linde, está hoy día. También en este caso tenemos el
desglose, en estos momentos, del gasto por cuenca en cuanto al programa
de deslinde. Se lo puedo, por supuesto, facilitar.

Quisiera hacer una referencia, también obvia, en cuanto al plan nacional
de depuración. Se nos pide a nosotros, como Administración Central,
explicación de la evolución de nuestro gasto, y es correcto que sea así,
pero no hay que olvidar que nuestro gasto será, en su conjunto,
aproximadamente un 25 por ciento de una acción inversora que hoy día
corresponde básicamente a las comunidades autónomas en apoyo a las
corporaciones locales. Es decir, que la Administración Central acompaña
un gasto en un porcentaje que es significativo, por supuesto, pero el
grueso del gasto es un gasto que corresponde hacer a las comunidades
autónomas y a los propios ayuntamientos. Por tanto, tenemos planteado, y
así lo dijimos en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que en el
primer trimestre del año que viene hay una reunión monográfica para ver
cómo avanzan los planes de depuración a nivel regional, porque no
serviría de mucho que hubiera un esfuerzo de la Administración Central
que no se corresponda con un esfuerzo, paralelo o en sintonía, por parte
de las otras administraciones, entre otras cosas porque, evidentemente,
la prioridad en el territorio nos viene marcada por la norma europea y
hay que atender esas prioridades. Si no se puede hacer desde una
Administración, corregiremos nuestra actuación para atender las
prioridades puesto que tenemos la máxima responsabilidad ante Bruselas.

Por lo que se refiere al Acuífero 23, hay 1.200 millones de pesetas para
el Alto Guadiana en las fichas correspondientes y, desde luego, en el
Acuífero 23 no solamente hay que hacer actuaciones de saneamiento y
depuración, que están previstas en la depuradora de Alcázar de San Juan
concretamente, y en otro conjunto de mejoras de la depuración existente
de las aguas que vierten a ese acuífero,



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sino que yo diría que la actuación más importante que debemos hacer desde
la Dirección General de Calidad de las Aguas es mejorar el conocimiento y
el control del uso de las aguas subterráneas que, en el caso del Acuífero
23, están en fase de agotamiento y que, sin embargo, desgraciadamente,
carecemos de instrumentos. En cambio está previsto un esfuerzo
significativo, a partir de este año, en un programa de actualización de
los registros y de los catálogos del agua porque, como digo, es la gran
carencia respecto de acuíferos que están en fase de agotamiento.

Señor Gortázar, he hecho antes una referencia y perdóneme que vuelva a
insistir en ella. Yo comprendo que usted ve el mundo al revés si ve que
baja el Capítulo 6 y no quiere mirar que sube el Capítulo 7, pero me
gustaría que lo viera porque está en los cuadros que he repartido y
porque, además, la cuestión va más allá de si el dinero se gasta por un
capítulo o por otro y cuánto se gasta. Yo creo que el Partido Popular
tiene claras cuáles son las competencias de las comunidades autónomas en
esta materia y, desde luego, eso significa que si hacemos inversión en
política ambiental, únicamente deberíamos hacerlo, como en el caso de
calidad de las aguas, en otras declaradas de interés general del Estado,
porque lo contrario es una invasión competencial. Por eso, desde que
estoy en la Secretaría de Estado, estoy reorientando, hacia lo que es
financiación vía Capítulo 7, la actuación de la Dirección de Política
Ambiental. Y si usted le llama propaganda o inoperatividad a que este
año, para temas ambientales, el Fondo de Cohesión vaya a destinar más de
80.000 millones de pesetas, lo que supone más del 50 por ciento del Fondo
de Cohesión, cuando hace tres años apenas alcanzó una cifra del 30 por
ciento del Fondo de Cohesión, y que por primera vez este año de ese Fondo
de Cohesión se beneficien comunidades autónomas y corporaciones locales,
quizá es porque su esquema competencial no coincida con el mío. Pero,
indudablemente, creo que nuestro esfuerzo desde esa Dirección General es
favorecer que tengan recursos los centros gestores. Que los tengan, o
bien, porque desde mi presupuesto yo se los transfiera, como es el caso
de los tres planes que ha aprobado el Gobierno este año, el plan nacional
de residuos peligrosos, que usted no lo ve porque no está en el Capítulo
6, pero está en Capítulo 7, obviamente. Tiene usted ahí las cifras, que
suponen un incremento sustancial respecto a 1995 y, por supuesto, hay que
contemplar que en ese plan se atiende la evolución de la política de
residuos, de suelos contaminados y de aguas, por primera vez, como digo,
haciendo acceder a los centros gestores, a las administraciones gestoras,
al Fondo de Cohesión Europeo, cosa que antes no sucedía. Y la verdad es
que para que esas cosas pasen hace falta personal, hace falta personal
porque gobernar no es sólo gastar y, desde luego, el que haya poca
inversión no tiene nada que ver con que los resultados no sean
operativos. En política ambiental hay una labor básica de coordinación,
de representación de España ante la Unión Europea, de coordinación desde
el punto de vista de las políticas del resto de las administraciones y
eso, en muchos casos, no es inversión; yo diría que en muy pocos casos es
inversión. Y si vamos a ver cuál ha sido la evolución de la inversión de
esta Dirección General en años pasados, puede usted comprobar cómo buena
parte de esa inversión han sido estudios que, evidentemente, han tenido
su sentido en la medida que ha habido un cierto incremento de personal,
desde luego, bastante recortado porque los gastos de personal de este
año, si sumamos las dos direcciones generales, es prácticamente el gasto
del personal que había en la Dirección General anterior al Decreto que ha
reestructurado la Secretaría de Estado. No es un problema de aumento de
personal, es un problema de eficacia, por supuesto, y de ir sustituyendo
gasto vía 6-4, que se ha hecho, de estudios necesarios para esa
coordinación o para la legislación básica correspondiente a la política
ambiental por personas que de manera estable trabajen en estos temas;
cosa que, además, yo creo que ustedes comparten en la medida que las
reducciones de Capítulo 2, que en todo el Ministerio se dan y también en
este área de manera significativa, están en la misma línea de esfuerzo de
austeridad que ustedes nos reclaman con toda razón.

En cuanto a que crezca, como usted dice, el aparato burocrático, con las
personas que hay --y me da como vergüenza, incluso, decirlo-- y que baje
la inversión cuando aumentan, por el contrario, las transferencias de
capital a las comunidades autónomas, cuando se hace un esfuerzo por
canalizar recursos europeos hacia las administraciones territoriales, me
parece que es hacer una valoración un tanto sesgada. Naturalmente que hay
capítulos que desaparecen y otros que aparecen. Desaparecen o se reducen
algunos capítulos de inversión donde, de una forma ciertamente poco clara
desde el punto de vista competencial nos hemos dotado, por ejemplo, de
equipos de vigilancia y de control de la contaminación atmosférica; eso
ha sido gasto de inversión, pero en estos momentos hay ya una red de
control de la contaminación atmosférica que está siendo completada por
las administraciones competentes en materia de control y de gestión
ambiental y que, desde luego, no debe, al menos no vía Capítulo 6, seguir
incrementándose por nuestra parte, y en cambio usted verá que aumentan
partidas a la educación ambiental y a la información, sensibilización,
etcétera, porque estamos en los albores de tener, entre otras cosas, una
norma de derecho al acceso a la información en materia de medio ambiente,
que va a requerir un esfuerzo de la nueva Dirección General, creada en
esta materia, para garantizar que, efectivamente, la información que
llegue a los ciudadanos sea la información correcta. Hay sólo un alto
cargo, desgraciadamente. Lo hay desde el punto de vista de la
presentación del presupuesto en la Dirección General de Información y
Evaluación Ambiental. Lo que hay es una Dirección General, que se ha
escindido en dos, y que a los efectos contables solamente aparece el
Director General, pero se han repartido el personal, y ahí no se ha ido
buscando en absoluto, como digo, un aumento de gasto porque si usted suma
los gastos de los capítulos 1 y 2 de la Dirección General de Política
Ambiental y de la nueva Dirección General, y los compara con los del año
pasado, verá que en el Capítulo 2 ha habido una reducción y en el
Capítulo 1 ha habido un aumento insignificante.

En cuanto a la ambigüedad de los planes, están aprobados no sólo por el
Gobierno de la Nación sino por las diecisiete



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comunidades autónomas, y hemos tenido ocasión de hacer la primera
evaluación, a pocos meses de su aprobación, en la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente. Sé que lo de las reuniones no le merece mucha garantía
pero créame que son necesarias y lo verán si tienen ocasión.

Respecto a las preguntas formuladas por el señor Martín, de Coalición
Canaria, por lo que se refiere a costas, efectivamente, tenemos todo el
interés como Secretaría de Estado, en que se cierre un convenio de
colaboración con el Gobierno autónomo y yo espero que el nuevo Gobierno
autónomo responda a la oferta que hicimos ya al anterior durante este
mismo ejercicio. Tienen, en ese sentido, un proyecto de convenio en sus
manos y, ciertamente, me gustaría que sobre ese proyecto de convenio
hubiera las observaciones que se consideren precisas, por ejemplo, en
cuanto al papel a jugar por los cabildos insulares, que creo que usted lo
ha suscitado en relación con el agua; pero que también, efectivamente,
puede jugar un determinado papel en cuanto a la planificación territorial
ligada a la actuación en el litoral. Por tanto, mi intención es que,
igual que con Asturias y con Baleares ya ha habido convenios de
colaboración, los haya también, por supuesto, con Canarias y con todas
aquellas comunidades autónomas que tengan litoral en nuestro país y se
pueda ir a esa forma de gestión integral de la costa, donde no solamente
haya un acuerdo puntual, como ha sido hasta ahora el caso más frecuente
con un ayuntamiento, sino una visión del territorio con las autoridades
que tienen la máxima competencia en urbanismo y en ordenación del
territorio. Esa es mi voluntad. Como le digo, se lo he planteado al nuevo
Gobierno, al actual
Gobierno de Canarias, y espero en ese sentido sus observaciones. Me
gustaría que lo pudiéramos fijar lo antes posible, porque, como usted
bien sabe, las cantidades y las actuaciones que aparecen en los
Presupuestos Generales del Estado en relación con costas son bastante
flexibles en cuanto a su concreción posterior, porque, en realidad,
mientras no hay un acuerdo fijo, determinadas acciones de carácter
urbanístico muchas veces no se pueden llevar a cabo. Por tanto, estamos a
tiempo de priorizar o no priorizar actuaciones que pueden estar más o
menos maduras, pero que por parte del Gobierno autónomo se planteen como
actuaciones, digamos, importantes.

Por lo que se refiere a lo que me plantean en relación con el Programa
Pomal, creo que es una observación absolutamente precisa e interesante
porque los consejos insulares yo creo que están llamados a jugar el papel
que usted plantea. Simplemente tengo que decirle que respecto de este
Programa y respecto de las agrupaciones o las formas de agrupar a los
ayuntamientos no tengo una competencia directa. Estamos actuando en estos
momentos a efectos de dar prioridad a determinadas inversiones que nos
llegan vía Pomal, que le llegan al Ministerio de Economía y Hacienda y,
en ese sentido, marcando determinadas prioridades donde la primera es,
precisamente, el saneamiento. O sea que lo que nos interesa es que vía
Pomal se haga cuanto más mejor, y si la forma de hacerlo es darle un
papel distinto a los consejos insulares, me parece una vía que tendré
ocasión de valorar con el Ministerio de Economía y Hacienda porque creo
que se responde con las características de su comunidad autónoma.

Y por último me preguntaba en relación con la partida que aparece
contemplada para Canarias, 1.800 millones. Efectivamente es el doble de
lo que tenía este año y, aquí sí le quiero decir, porque me lo pregunta
estrictamente, si cabe la flexibilidad. La verdad es que en materia de
estimaciones sobre cómo van las subvenciones nos pasa algo semejante a
cómo van las subsidiaciones. En las subsidiaciones nosotros pagamos
cuando el banco nos presenta la factura. Las subvenciones las pagamos
cuando la comunidad autónoma nos la presenta. Y eso hace que lo que se
dice al principio de un ejercicio en el esfuerzo de territorialización,
que se nos pide que hagamos, muchas veces se parezca poco a lo que pasa
al final. Pero se parece poco porque la dinámica de la comunidad autónoma
puede ser más o menos rápida en cuanto a la presentación de factura y, en
ese sentido, tanto en lo que se refiere al reparto como a la cuantía
global, cabe la flexibilidad, como la hemos tenido este año, como hemos
llevado al Gobierno la necesidad de ampliar las cuantías convenidas para
el plan de vivienda para que el plan culmine con los mejores resultados
posibles. Espero que podamos, efectivamente, seguir ejerciendo esa
flexibilidad.

Y por último, el señor Andreu, aparte de dos preguntas que he contestado,
porque eran las que ya me formulaba el señor Ortiz, me preguntaba cómo se
han otorgado los préstamos del plan de vivienda por tramos de renta.

Puedo decirle que el 90 por ciento de las actuaciones financiadas con
cargo al plan de vivienda están beneficiando, hasta ahora, a familias con
menos de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional. Naturalmente
tenemos también estimación de los tramos inferiores, que no puedo
ofrecerle en este momento, pero la estimación importante, porque de hecho
nos orienta ahora, cara al futuro, en cómo articular nuestra oferta de
política de vivienda, es que el grueso de los préstamos concedidos por
las entidades de crédito ha ido a parar a familias de menos de tres veces
y media salario mínimo. Y en cuanto a los tramos puedo ofrecerle un
detalle mayor.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona. A continuación para
el turno de réplica, ¿portavoces que deseen tomar la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve. Empiezo
por dar las gracias a la señora Secretaria de Estado por dos afirmaciones
que no por ser agradables son menos sorprendentes. Dentro de esta especie
de esgrima que tenemos, de la que no siempre todo el mundo que no está en
el ajo de la política de vivienda tiene noticia.

La primera afirmación a la que me refiero es aquella en la que la señora
Secretaria de Estado ha dicho que si no hay consenso iremos a la
prórroga. Me parece una afirmación absolutamente razonable que coincide
con la que se hace en el libro amarillo de presentación de los
presupuestos y que, difiere un poco de afirmaciones de niveles superiores



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a la señora Secretaria de Estado, pero que no hace sino complacernos
oírla de sus labios.

Y la segunda, todavía más satisfactoria para el portavoz del Grupo
Popular, que soy en este momento, es cuando ha afirmado que no tenía
inconveniente en aplicar la partida presupuestaria de difusión de la Ley
del Suelo si la hipótesis a la que se refiera, es la proposición de ley
del suelo del Partido Popular una vez, ciertamente, convertida en ley.

Espero que esa hipótesis no sea utópica sino que se convierta en realidad
en marzo o cuando sea. Me parece bien que haya una partida presupuestaria
con este propósito. ¡Hombre!, no deja de sorprenderme que una ley que ya
es del año 1992 o del año 1990 todavía, en lo que concierne a la ley
socialista, siga mereciendo la atención de difusión, cuando ha pasado ya
tres años pronto cuatro de esta ley. Pero si se refiere a la posible ley
del suelo del Partido Popular, no tengo sino mostrar mi satisfacción por
esta afirmación de la señora Secretaria de Estado. En cambio, no tengo
más remedio que, en ese tono amable, y se lo agradezco de verdad, que ha
presidido esta intervención en lo que concierne a la política de
vivienda, señora Secretaria de Estado, manifestar mi discrepancia o mi
petición de aclaración en algunos puntos: En primer lugar, el importe
fijado a convenir con las entidades de crédito para 1996 son 660.000
millones de pesetas. Dice la señora Secretaria de Estado que habrá que
despejar si esa cifra es o no es la que procede. Si han sido necesarios
casi 930.000 millones de pesetas en 1995 y no se quiere bajar el diapasón
de las actuaciones, me imagino que habrá que moverse en un nivel no muy
distinto en el año 1996, con lo cual la previsión, que no implica crédito
presupuestario en principio, de 660.000 millones es claramente
insuficiente.

La segunda discrepancia tiene que ver con la incidencia presupuestaria de
estos recursos financieros. La señora Secretaria de Estado dice que con
1.000 millones de pesetas hay suficiente y, naturalmente, la entiendo;
ella sabe que yo conozco bastante bien ese tema. Si un crédito
hipotecario tiene una vida de 15 ó 20 años, evidentemente, el coste que
esto supone en términos de la partida presupuestaria para subsidiación se
diluye en este número de años. Ahora bien, esto respecto a nuevas
actuaciones. Pero también, señora Secretaria de Estado, ¿con 1.000
millones de pesetas hay bastante para atender las calificaciones no
atendidas del año 1995, en el que estamos, una vez que se ha cerrado
anticipadamente el Plan de Vivienda, convirtiendo un año de doce meses
natural en diez meses al cerrar las calificaciones para la orden
ministerial de 25 de septiembre de 1995, el día 15 de octubre o 1 de
noviembre, según las comunidades autónomas? Aquellos promotores que se
han embarcado en la aventura de la política de vivienda o aquellas
calificaciones que ya se han dado, se han dado materialmente en este año
para atender la subsidiación de estas calificaciones, más las que deriven
del nuevo Plan 1992-1996 ¿hay suficiente, de verdad, señora Secretaria de
Estado, con 1.000 millones de pesetas? Yo le pediría una aproximación o,
al menos, una información de cuántas son las calificaciones que hay que
atender, cuáles se van a pasar al año 1996.

Ha dicho algo que me ha llamado la atención: las que se arrastran del año
1995 sobre 1996 se van a financiar con partida presupuestaria distinta,
si no he entendido mal, y así debe figurar en el «Diario de Sesiones».

¿Qué partida es ésta? Si hay partida, ¿dígame cuál es? Si lo he entendido
mal, dígame si de verdad encaja en la cifra, ciertamente bien pequeñita,
de 1.000 millones de pesetas para atender dos menesteres: la subsidiación
de intereses generada del nuevo plan y lo arrastrado, no cumplido o no
financiado del año 1995.

No puedo declararme satisfecho de que la subsidiación de intereses,
cuando se trata de las arrastradas de planes anteriores, figure en cifras
redondas, y la que tiene que ver con el Plan 1992-1995 esté en cifras
precisas. Supongo que estas subsidiaciones arrastradas de otros tiempos,
con alguna de ellas algo tuve que ver, se pagarán, y, si se van a pagar,
darán lugar a pesetas contantes, sonantes y perfectamente medibles y
establecidas. Llama la atención que se diga: Plan trienal, cinco mil:
Plan cuatrienal, dos mil. Decreto 87, 1.750. Decreto 89, 13.000.

Viviendas nuevas del año 1992-1995, 35.871,6; sólo falta la calderilla,
señora Secretaria de Estado. ¿Por qué esta disparidad de cifras? Esto es
naturalmente mera curiosidad. Si se paga, habrá un cómputo de lo que se
ha pagado o de lo que se va a pagar. Habrá un acto administrativo, una
autorización de gasto. En definitiva, habrá una posibilidad de medir esto
con mucha mayor precisión.

Y, finalmente, en lo que concierne a la campaña publicitaria, no entiendo
cómo había cero para el año 1995 y ahora hay 94 y pico millones para el
año 1996. ¿Se ha pagado con otra partida presupuestaria diferente la
publicidad, ciertamente, bien conocida de todos hace más o menos un mes,
la publicidad del supuesto éxito del plan? ¿Se ha pagado con otra partida
distinta? Y, en todo caso, si no tiene inconveniente en responderme, ¿a
cuánto ha ascendido esta campaña publicitaria? Porque ha dado una cifra
muy general, más o menos la cifra prevista para el año 1996. ¿Cuál ha
sido el importe?
En todo caso, señora Secretaria de Estado, muchas gracias en esta esgrima
que mantenemos usted y yo y que espero que los demás entiendan. Por
supuesto, el borrador del real decreto que se ha enviado a las
comunidades autónomas este portavoz lo conoce y lo ha estudiado bien,
aunque sea utilizando la tarde del domingo pasado, y no puedo dejar de
aprovechar la oportunidad para decir que ni el documento de líneas
básicas del plan, ni todavía el borrador de decreto son un plan de
vivienda que pueda determinar una aceptación o un rechazo; le falta nada
menos que la determinación de los recursos financieros, la determinación
del esquema fiscal aplicado al Plan de Vivienda 1992-1996; le falta la
distribución de estos recursos por comunidades autónomas, por programas
de actuación, por entidades financieras, etcétera. Cuado haya todo eso,
habrá un plan de vivienda que podrá ser aceptado o rechazado. Lo que sí
le digo es que, por lo que sé de las comunidades autónomas, el Partido
Popular lo va a estudiar con el máximo espíritu de cooperación.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Madero.




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El señor MADERO JARABO: Señorías, brevísimo seré en mi intervención ya
que algunas de las cuestiones que he hecho a la señora Secretaria de
Estado las ha contestado, aunque su contestación no nos satisfaga, porque
pensamos que no es la mejor manera de resolverlas; en todo caso, quedamos
a la espera de que remita la información de aquello que no ha contestado,
sobre todo, en el detalle de las inversiones por comunidades autónomas.

De todas maneras, señora Secretaria de Estado, y a la vista de las fichas
que componen parte del conglomerado de papeles que constituye los
presupuestos del Ministerio y de su Secretaria de Estado, tanto en lo que
se llama superproyecto 9001, como 9002, es decir el Saica y el
Saneamiento y Depuración, detalles por proyectos, seguíamos viendo
ciertos vacíos, ciertas discriminaciones de una comunidad autónoma a
otra. Y, desde luego, que hay confederaciones que no destinan ni una sola
peseta a cualquiera de estos proyectos, dentro del programa 441A, es
evidente, porque, por más que repaso las fichas, no aparecen y le vuelvo
a repetir que a algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha,
Cantabria o Aragón no las veo en estas inversiones, salvo que la
información que yo tenga sea insuficiente, que me parece que no. Si me
corrige quedaré encantado con la corrección. Insisto en que nos parece
insuficiente en momentos tan críticos y en lugares tan difíciles como los
acuíferos 23, en general, las zonas húmedas de La Mancha, el alto y medio
Guadalquivir, el Tajo medio; entendemos que un mayor esfuerzo inversor
sería, desde luego, deseable. Y, en todo caso, del Saica, con respecto al
control y vigilancia de la calidad de aguas, no me ha dicho nada. Debo
dar entonces por entendido que da su señoría por buenas mis palabras de
que no es un plan excesivamente operativo y que corremos el riesgo de que
no sea una inversión bien hecha, puesto que, por segunda vez, mi Grupo
opina, y así lo transmito, que no solamente hay que medir lo mal que
están nuestras aguas, hay primero que depurar y luego ver cómo siguen. De
tal manera que, si hay algún accidente, hay alguna fuga o hay algún tipo
de contaminación, nos lo detecten los sofisticados aparatos que
constituyen parte de la inversión de este Plan Saica. No tengo más que
agregar respecto a los presupuestos en sí. Y, únicamente, si la señora
Secretaria de Estado quiere, saliéndonos del tema presupuestario y dentro
de la calidad de las aguas, surgieron algunas discrepancias con el
anterior director general y ha sido cesado. Si quiere explicarme en esta
Comisión por qué lo fue, quizás no sea objeto presupuestario, pero parece
ser que tiene alguna relación con opiniones vertidas sobre temas de aguas
subterráneas. Con esto finalizo mi intervención.




El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a la compareciente en este caso que
es práctica habitual en esta Comisión, y creo que en toda la Cámara, que
con las informaciones adicionales que se deban mandar por escrito se haga
el esfuerzo necesario por parte de la Administración o de los
comparecientes para que estén a disposición de los señores Diputados en
el plazo de setenta y dos horas.

A continuación tiene la palabra el señor Gortázar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, moviéndonos en
el nivel de esgrima dialéctico que acostumbramos en esta Comisión, tan
gratamente presidida por don Leopoldo Ortiz, querría hacer algunas
observaciones a la intervención de la Secretaria de Estado. Y hay algunas
respuestas que no me ha dado. Concretamente, el tema de los 5.000
millones se le ha debido olvidar y le preguntaba exactamente cómo se
cuadraba lo que ustedes habían planteado en el Plan de Residuos
Industriales en relación con esos 5.000 millones.

En el capítulo 6 y el capítulo 7, que es el núcleo esencial de su
respuesta a mis observaciones, me atengo a las cifras que usted nos ha
enviado. Hay una diferencia, en reducción, de 1.335 millones, si suma
usted el capítulo 4 y 5, 443D, y lo que es evidente es una reducción en
el conjunto de los dos capítulos. Por supuesto que aumenta el capítulo 7
en relación al año 1995; pero hay una reducción en el conjunto, evidente,
de 1.335 millones, a los efectos de lo que yo le estoy planteando, de tal
manera que se reduce drásticamente el capítulo seis y hay un incremento
en el siete; pero aun y todo no compensa la reducción que hay en relación
al capítulo seis. Por lo demás, la pregunta que surge, lógica, en este
planteamiento es: ¿Qué sentido tiene una Secretaría de Estado y dos
direcciones generales cuando, realmente, lo que se hace es simplemente
coger fondos y pasarlos a las comunidades autónomas? Pierde su sentido,
pierde su contenido político si ustedes a lo que se limitan es a hacer
transferencias de fondos a las comunidades autónomas; por lo menos, a mi
juicio.

Dice usted que esto se hace porque sólo se pueden aplicar fondos
directamente a obras de interés general. Ustedes han estado haciendo una
labor, que yo creo que es adecuada y positiva, que es la de apoyo y
fomento y eso no choca con las competencias de comunidades locales y de
comunidades autónomas; en este sentido, yo creo que esa tarea de fomento,
de apoyo, de cofinanciación, etcétera, estaba en la propia filosofía de
lo que debe hacer una Secretaría de Estado de Medio Ambiente o, en su
día, un Ministerio de Medio Ambiente.

Quiero señalarle algunas cuestiones que me parecen relevantes de su
intervención. Dice usted que la estructura organizativa y administrativa
está para transferir fondos, hace falta personal; yo creo que para
transferir realmente hace falta muy poco personal, simplemente una
transferencia bancaria; para eso no hace falta una gran estructura
administrativa.

Dice usted que es necesaria la organización administrativa Secretaría del
Estado para representación en las políticas europeas, en las conferencias
europeas. Yo creo que para esto se sobran ustedes y el señor Ministro; de
manera que tampoco hace falta un gran aparato detrás de su representación
europea.

Luego dice que también hace falta un gran número de personal, de
funcionarios, para tareas de coordinación. Y yo creo que aquí sí que se
quedan ustedes cortos, porque realmente la coordinación es lo que más les
falta, y necesitan una gran capacidad de aplicar los recursos a esta
tarea.

A mí me parece que hay una auténtica esquizofrenia política en el sentido
de la enorme cantidad de organismos



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--recientemente se ha publicado en prensa una nueva guía de organismos,
direcciones generales, etcétera-- dispersos por todos los Ministerios,
dispersos por las comunidades autónomas, por las direcciones generales,
etcétera, hay un incremento de esos organismos y ello plantea un problema
de coordinación de organismos muy notable. Creo que no es una opinión del
Grupo Popular, sino que está en la opinión pública, en la prensa
sistemáticamente. Pero también tienen ustedes un problema de coordinación
interna, que me parece muy serio, y ahí sí que la esquizofrenia política
aumenta sensiblemente. Por ejemplo, cuando ustedes pretenden ampliar el
Aeropuerto de Barajas y, por un lado, está su Ministerio de Obras
Públicas, o Aena, etcétera, y, por otro, ustedes tienen informes
medioambientales, opciones de freno a esa ampliación, ya no es un
problema de coordinación, es un problema de descoordinación interna y de
esquizofrenia. Por un lado, se tiene la careta, en el sentido figurado
del término, por favor, la careta medioambiental y por otro se tiene la
careta desarrollista, de obras públicas, necesarios en un Ministerio de
fomento de obras públicas, como es ése. O pongamos también el ejemplo de
Itoiz; realmente, por un lado está la obra hidráulica pero, por otro,
están las resoluciones judiciales, los estudios ambientales, etcétera.

Ustedes tienen un problema de coordinación francamente muy notable y, en
ese sentido, sí que comparto su criterio, sus necesidades de
coordinación, pero me temo que no es un problema de aumentar más
direcciones generales, más funcionarios, sino un problema filosófico, un
problema de enfoque y un problema de cómo se hacen las cosas. Por
supuesto, sin cuestionar los ámbitos competenciales, que no es éste el
ámbito ni se me ocurriría a mí ni al Grupo Popular cuestionarlos, sino en
función de plantearse que es muy difícil mantener estos niveles de
descoordinación y de esquizofrenia interna, que salta cada dos por tres
en la prensa y que es un asunto absolutamente evidente. Empezando por la
misma denominación de su Secretaría, que es una Secretaría de Vivienda y,
a la vez, de Medio Ambiente.

En conclusión, le agradeceré que me conteste a la parte de la pregunta
que me hace. Reitero el hecho de la disminución de los fondos dedicados a
inversión, a pesar de que haya esas transferencias; reitero el
vaciamiento efectivo que hacen ustedes de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, un vaciamiento que contrasta con las protestas de
preocupación medioambiental que tiene el Gobierno Socialista y, por
último, he de señalarles que, efectivamente, hay una situación de
disminución efectiva que yo espero que se pueda resolver en el futuro sin
menoscabo de las competencias medioambientales de ayuntamientos y
comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señora Secretaria, yo le agradezco la respuesta
que me ha dado, pero me va a perdonar mi insistencia sobre esa partida de
1.000 millones, porque no la veo coherente con alguno de los presupuestos
que se plantean en el propio documento de líneas básicas de la política
de vivienda y sólo para el período 1996-1999. Me resisto a creer lo que
ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, aunque usted no lo haya
desmentido todavía; me resisto a creer que esta partida del nuevo Plan de
vivienda esté destinada, en gran parte, a los flecos del plan anterior, a
la subsidiación de los créditos del Plan anterior y al inicio de la
subsidiación de los futuros. Me resisto a creerlo. Entre otras cosas
porque se titula «Nuevo Plan de Vivienda». En cuanto a que sean los
flecos del Plan anterior, por el propio enunciado no deberían serlo. Y
sobre los del futuro, podría ser coherente la explicación que usted ha
dado en lo que se refiere a la subsidiación de los créditos, de que
realmente los créditos nada más que se iniciarían en 1996, lo que pasa es
que el Plan 1996-1999, por lo menos las líneas básicas que ustedes nos
han facilitado, parece que tiene ambiciones muy superiores a la de una
mera subsidiación de créditos; se habla de que pretenden llegar a unos
niveles europeos de vivienda en alquiler, que ya no sea el 15 por ciento
el conjunto de viviendas de alquiler en España, que sea el 30, y que
parte de ello sea por adquisición y rehabilitación. Hablan de ayudas
directas al alquiler, de actuaciones de suelo. O sea, actuaciones que
implicarían inversión directa por parte del Ministerio de Obras Públicas,
o por lo menos yo lo entiendo así. Si eso no es así, quisiera que usted
me lo explicara. Anteriormente le hice la pregunta de si el plan de
vivienda que ustedes planteaban, que no conocíamos todavía, no tenía
reflejo presupuestario. Yo quisiera conocer esa respuesta porque, desde
luego, no me cuadra que un plan, que pretende ser algo más que la
subsidiación de préstamos para la adquisición en propiedad de viviendas,
tenga un reflejo presupuestario como el que se nos anuncia en estos
presupuestos de 1996.




El señor PRESIDENTE: Y para finalizar esta Sesión de trabajo, tiene la
palabra la Señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Voy a intentar ir más rápido de los que me gustaría porque tengo
urgencia de volver al Ministerio esta tarde, pero, en cualquier caso,
espero contestarles.

Por lo que se refiere a la intervención del señor Ortiz, no hay leyes
Socialistas o leyes del Partido Popular, hay leyes que hace el Parlamento
de la nación y el Ministerio lo gobernará quien lo gobierne. Me parece
una cosa que no hace falta repetir, pero la Ley del Suelo a la que nos
referimos será la que esté en vigor. Que sea fruto de nuestra iniciativa
o de la suya, lo dirá el Parlamento. Por tanto, asunto concluido.

Por lo que se refiere a los 930 millones y los 660, tampoco puedo decir
más de lo que la realidad ha dicho: Que, cuando han hecho falta los
millones, se ha ido al Gobierno y se les ha dicho: Hace falta convenir
una cantidad superior y, por tanto, con 661 millones, en media, en
préstamo medio, son 120.000; pero usted sabe perfectamente que los
préstamos no son iguales para todos los tipos de vivienda que están en el
plan y la composición final es la que hace



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que hagan falta 660, 700 ó 750. Por tanto, es una estimación totalmente
flexible y de referencia.

Quiero aclarar lo de los flecos porque, quizá, antes no me expliqué bien.

Esos 1.000 millones son para nuevas actuaciones del nuevo plan de
vivienda, es decir, para actuaciones que se califiquen a partir de enero,
a partir del 1 de enero; porque este año se van a poder calificar, hasta
las fechas que se han convenido con las comunidades autónomas, hasta
determinados momento y, a partir de esse momento, la actuación que se
quiera emprender, ésa sí que entra en las cifras que finalmente tenga el
nuevo plan de vivienda.

¿Cuánto va a quedar este año? Ahora mismo tenemos una estimación de que
habrá unas 30.000 actuaciones que pueden ser que sean calificadas y no
tengan financiación, a pesar de la ampliación y a la vista del ritmo que
se ha producido. Estamos hablando de un plan que va a llegar a las
600.000 actuaciones. Empezaremos el año que viene aproximadamente con
actuaciones que no habrán sido calificadas el año pasado y que ya
entrarán en el nuevo plan de vivienda, pero sólo aquellas que se
califiquen a partir del 1 de enero; las calificadas antes, a todos los
efectos están en la cifra de Plan de Vivienda 1992-1995. Es decir, lo que
llamamos flecos, en su sentido estricto, no en los mil millones, sino en
el resto de cuantías que aparecen asignadas al Plan en vigor. Espero que
esto quede claro. Los 1.000 millones son para iniciar nuevas actuaciones.

Que a ustedes les resulta una cantidad baja. Les repito que el primer año
del Plan de Vivienda, subvenciones y subsidiaciones, la suma, fueron 400
millones de gasto efectivo, porque las cosas tiene un desfase en el
tiempo, provocado por lo que usted conoce perfectamente que se da, en
cuanto a cuándo aparece el señor que tiene derecho a subsidiación. Por
tanto, ésa es una cifra estimada. Evidentemente, habrá que ver si una vez
que las comunidades autónomas del PP y del resto de los partidos
políticos analicen el Decreto, que es el marco a partir del cual se puede
hablar de cuántas actuaciones, dentro de cada figura, correspondan a cada
comunidad autónoma, hubiera sido un poco raro hacer lo contrario, señor
Ortiz; primero, repartir algo, con nombre y apellido, de lo cual no se
conoce la regulación. Estamos yendo por el camino que fuimos en 1991.

Primero, un Decreto y, en paralelo, naturalmente, una negociación, que
aquí ya hemos dicho que es, para cuatro años, 500.00 viviendas, más o
menos la mitad de lo que ustedes piden para ocho años, y, en ese momento,
conocida la voluntad política de las comunidades autónomas y del
Gobierno, es cuando cabe hacer, efectivamente, una cuantificación por
comunidades autónomas. Es el último momento del diseño de un Plan.

Esta semana, como le decía, mañana, hay una reunión, y va a haber
conferencias sectoriales de vivienda el día 8 de noviembre. Por lo tanto,
hay tiempo, hay tiempo no sólo para tener un decreto sino para negociar
un reparto, que en el territorio tampoco puede tener unos baremos
demasiados distintos de los que ya conocemos por la propia evolución de
este Plan.

Por lo que se refiere a la cifra de la campaña publicitaria que tanto le
preocupa, le daré la cifra exacta, que no la recuerdo en este momento y,
por supuesto, se ha pagado con los créditos que el Ministerio tiene
centralizados para acciones de carácter publicitario. No había una
partida específica en nuestro presupuesto, como no la hay en otros casos,
y hay una partida de la Subsecretaría.

Y no le llame tanto la atención algo que usted ha vivido: El plan trienal
y el plan cuatrienal, a la hora del control de lo que se iba a pagar,
dejaba mucho que desear, señor Ortiz. Y ahora estamos consiguiendo
recuperar la historia con todo rigor de lo que fueron las relaciones con
las entidades financieras del plan trienal y de plan cuatrienal.

Naturalmente, las cifras que podemos dar de esos planes no pueden ser tan
aproximadas como las que damos a partir de un momento en el que los
bancos nos envían las cintas con la precisión de en qué momento han
formalizado los créditos, cosa que le aseguro que es desgraciadamente y
no por culpa del Ministerio; el Ministerio tenía los medios que tenía,
las entidades de crédito también; las entidades de crédito cuando han
empezado a contestar sobre la cartera de préstamos que subsidiaba el
Ministerio ha sido hace tres años; ésa es la realidad. Ahora tenemos más
información para irnos acercando a lo que puede ser la realidad. ¿Qué
cifras ponemos ahí? Pues las que cabe poner de forma aproximada, sabiendo
que entre el presupuesto inicial y el presupuesto final, no sólo en esta
partida sino en casi todas, suele haber una diferencia que da la
realidad.

Señor Madero, el detalle por comunidades autónomas se lo daré, porque
usted insiste en esa discriminación. Tendrá que ver lo que hay sumando
capítulo 6 y capítulo 7, en función, además, de cuál es la situación de
obras iniciadas que son de interés general del Estado y de aquellas que
plantean las propias comunidades autónomas; existe efectivamente un
encaje que, de manera paulatina, irá aproximándose a un reparto
equilibrado. Eso no se puede hacer en un año, cuando partimos de una
situación en la que sólo hubo una comunidad autónoma destinataria de los
recursos de la Dirección General de la Calidad de las Aguas. Ahí sí que
había discriminación. Esa discriminación se va, paulatinamente,
resolviendo y, por lo tanto, ese tema se puede ir comprobando.

Por lo que se refiere al Saica, no doy por buena, en absoluto, su
afirmación, como es obvio. Ya le contesté el otro día. Depurar y
controlar la calidad del agua no tienen por qué ser dos actuaciones que
en el tiempo suceda primero la depuración y luego la corrección; porque
hasta que tengamos en este país una capacidad de depuración plena,
conforme con los requisitos de la Unión Europea, pasarán años. Y mientras
tanto hay que vigilar que las empresas, en gran medida, que son las
causantes de la contaminación hídrica sean vigiladas, ahora, desde ahora;
no cuando se males ponga una depuradora perfecta de acuerdo con lo
requisitos de la Unión Europea, porque entonces seguirá habiendo
contaminación durante mucho tiempo. Por tanto, se puede hacer el programa
Saica en paralelo con lo que estamos haciendo, que es un programa para
todo el país y con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

El cese del Director General de la Calidad de las Aguas nada tiene que
ver con algo que fue interpretado en algún medio de comunicación de una
manera que el propio director



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general tuvo ocasión de corregir en el mismo medio de comunicación con
una carta abierta a la Diputada Loyola de Palacio, porque, efectivamente,
él no dijo lo que los titulares decían, cosa que nos pasa todos los días,
y que, desde luego, no es motivo de ningún cese. Más bien hay una
actuación de los medios de comunicación, que, a veces, no son todo lo
rigurosos que nos gustaría a todos.

Señor Gortázar, yo no sé quién tiene esquizofrenia en este país, porque
usted me habla de mis problemas de coordinación y yo quisiera
preguntarle: ¿Por qué ustedes, cuando han empezado a gobernar en las
comunidades autónomas, han deshecho las consejerías de medio ambiente? Y,
para poner un caso que se parece bastante a la distribución de
compentencias que existe a nivel central, hay una Consejería de Fomento,
en Asturias, que tiene exactamente las mismas competencias que nuestro
Ministerio, incorporando el medio ambiente junto con la obra pública,
habiendo pasado las competencias sobre medio natural a la Consejería de
Agricultura y reproduciendo en el Principado de Asturias ese esquema que
a usted le parece tan esquizofrénico a nivel nacional. Y seguramente no
lo es tanto cuando ustedes, con buen criterio, han rehecho algo que
partía de una unidad gestora, no sólo en esa comunidad autónoma, sino en
otras donde han modificado el organigrama de las comunidades autónomas
haciendo pasar lo que era una consejería de medio ambiente a consejerías
con más competencias, incluso llevando competencias de medio ambiente a
otras consejerías. Algo hay que no casa y yo no sé si la esquizofrenia no
está en otro sitio y no donde usted la sitúa; desde luego no en la
existencia de una Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda, porque usted
sabe perfectamente que en países tan desarrollados como Holanda o como el
Reino Unido, el Ministerio de Medio Ambiente es el Ministerio de
ordenación del territorio, vivienda y medio ambiente. Por tanto, a lo
mejor también son esquizofrénicos los ingleses y los holandeses, pero le
aseguro que nos queda mucho por aprender de ellos.

Los 5.000 millones que usted reclama. Si ve usted el capítulo siete
asignado a la Dirección General de Política Ambiental, 4.540 millones en
el cuadro que les he repartido, la cifra casi coincide con esos cinco mil
millones y es, prácticamente, íntegra esa cifra para los planes
nacionales, concretamente de residuos peligrosos y de recuperación de
suelos contaminados, que son los dos programas que competen a esa
dirección general. Y, desde luego, estoy de acuerdo con usted en que hay
una labor de apoyo y de fomento. Otra cosa es que no esté de acuerdo con
que el apoyo y el fomento haya que hacerlo por la vía de un capítulo 6,
que, además --ustedes lo han hecho en repetidas ocasiones--, ha sido
ejecutado con unos grados de cumplimiento bajísimos. Entre otras cosas,
porque, efectivamente, estaba concebido de una forma, el gasto en la
Dirección General de Política Ambiental, que ha creado problemas de todo
tipo, al haberse centrado en actuaciones de ejecución de gasto vía
capítulo 6. Por tanto, naturalmente este año todavía no se cubre la
diferencia, en cuanto a situarnos en esas cantidades, pero se trata
también de tener una visión más global. A usted le parece una tontería
que se transfieran fondos. Yo le aseguro que para que lleguen Fondos de
Cohesión a las comunidades autónomas no basta con hacer la transferencia
bancaria, que, por otro lado, la hace el fondo de Cohesión al Ministerio
de Economía y el Ministerio de Economía a la comunidad autónoma, o sea
que nosotros ahí no entramos, en la transferencia de crédito, pero sí
entramos en algo mucho más importante, que es defender ante Bruselas
determinadas prioridades, dar consistencia a actuaciones que en cada uno
de los territorios pueden estar justificadas, pero para los responsables
de Bruselas le puedo asegurar que no es ni el Ministro ni la Secretaría
de Estado los que tienen que defenderlas, porque entran en detalles
técnicos de gran calado, como hemos tenido ocasión de ver con las
comunidades autónomas el otro día, por ejemplo en lo que se refiere a la
información que la Comunidad Europea pide sobre las actuaciones de
depuración de aguas residuales. O sea, que cuando decimos que nos hace
falta gente para representarnos adecuadamente bastaría que comparara las
personas que hay en los ministerios de medio ambiente, que ustedes
reclaman, y que llevan medio ambiente, vivienda y urbanismo o asuntos
sociales o sanidad, como es el caso de Bélgica, que llevan un equipo
normalmente muy superior al nuestro a las reuniones, no sólo de consejo
de ministros, sino a todas las reuniones técnicas, y que permiten, entre
otras cosas, que las directivas comunitarias puedan ir incorporando
paulatinamente temas que nos interesan y no nos tengamos que «tragar»,
entre comillas, la política ambiental europea que les gusta sólo a
algunos países, con grandes equipos que multiplican por varias cifras el
equipo que tiene la Dirección General de Política Ambiental.

Por último, señor Andreu, en cuanto a los flecos, creo que le he
respondido. Los flecos no están dentro de los 1.000 millones. Todas
aquellas actuaciones que calificadas este año no tuvieran, en su caso,
financiación, que pueden ser unas 30.000, serán atendidas todavía con el
fleco desde el punto de vista presupuestario que se llama Plan de
vivienda 1992-1995. En cambio, los 1.000 millones serían para unas
125.000 actuaciones nuevas de 1996. Entiendo que hay, quizás, un cierto
mal entendido en cuanto a lo que proponemos en las líneas básicas en la
medida que parece haber entendido su señoría que para promover el
alquiler, las actuaciones no serían vía subsidiación. Ahí verá usted que
hay una referencia concreta al alquiler de vivienda pública donde sí que
aparece una cofinanciación por parte de la Secretaría de Estado; vivienda
pública destinada al alquiler. Creemos que eso debe ser una prioridad,
pero ahora no hemos entrado en ese campo, y ahí sí que habría cantidades
que irían dentro del capítulo de subvenciones y que se pagarían cuando la
actuación, efectivamente, se fuera desarrollando, desde luego no el año
que viene, puesto que se trataría de operaciones de promoción de nueva
vivienda para el alquiler.

En cualquier caso, una parte muy significativa del Plan seguirá siendo
necesariamente la subsidiación de tipos de interés, tanto a la
adquisición como a la promoción; promoción que puede ser para el alquiler
o para la compra y, por tanto, la subsidiación se sitúa en lo que es el
préstamo al promotor de una actuación sobre patrimonio ya existente



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o sobre patrimonio nuevo. Efectivamente, hay una ambición superior en
cuanto al diseño intentando tocar aquellos tramos que creemos que desde
el punto de vista social son los más necesarios, pero el año que viene,
con esa comparación que les hacía del primer año del Plan 1992-1995, al
menos en la estimación que tenemos ahora mismo, podríamos tener recursos
con esos 1.000 millones.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Pido dos minutos por una aclaración
complementaria, señor Presidente. ¿Sería posible?



El señor PRESIDENTE: El tema es que la señora Secretaria de Estado me ha
manifestado ya que a las siete debía abandonar la reunión. Son las siete
y treinta y cinco minutos y el señor Gortázar, creo que debería tener el
detalle de renunciar al uso de la palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Señor Gortázar yo estaré encantada de contestarle por escrito
cualquier tema. No crea que no le quiero responder, es que, ciertamente,
tengo que abandonar el Parlamento por otra obligación con el propio
Ministro. Lo siento.




El señor PRESIDENTE: Con la comparecencia de doña Cristina Narbona hemos
terminado en esta Comisión el trabajo referente al proyecto de ley de
presupuestos del año 1996, esperando que sea útil para todos.

Independientemente de lo que pase la semana próxima, hemos cumplido con
nuestro trabajo y en consecuencia hemos prestado un servicio a la
sociedad, que es lo que es nuestra obligación. Muchas gracias.

Se levanta la Sesión.




Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.