CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 579
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 10 de octubre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1996. (BOCG serie A, número 135-1,
de 30-9-95. Número de expediente 121/000120.)



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos.




--COMPARECENCIA A CELEBRAR ANTE LA COMISION DE REGIMEN DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS, EN RELACION CON LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1996. (Número de expediente
121/000120.)



--DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (BURRIEL DE
ORUETA), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 212/001685.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión para
tratar el orden del día, comparecencias, en relación con la tramitación
del proyecto de ley de Presupuestos

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Generales del Estado para 1996. Damos la bienvenida a este acto, en esta
primera ocasión al Secretario de Estado para las Administraciones
Públicas, don Eugenio Burriel de Orueta. Para proceder ya a tratar la
primera parte, siendo así que la comparecencia ha sido solicitada por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Secretario de
Estado. Sean mis primera palabras, como es natural, para darle la
bienvenida, agradecer su comparecencia en esta Comisión y agradecerle
también de antemano, cuantos datos y cifras pueda darnos en respuesta a
nuestras preguntas, con objeto de poder valorar mejor el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1996, debatirlos con mejor
conocimiento de causa y enmendarlos, si posible fuera o fuere, y posible
fuere. Tenemos que olvidarnos, lógicamente, de los negros nubarrones que
se ciernen sobre estos presupuestos y trabajar como si fuesen a superar
brillantemente el debate de totalidad.

Como hemos hecho año tras año en este turno de comparecencias de altos
cargos de la Administración del Estado, trataré de formular las preguntas
de manera objetiva y sin provocar ningún tipo de debate político aunque,
dicho sea entre paréntesis, señor Secretario de Estado, si se produce,
saben todos mis compañeros que no lo rehuiré; con una excepción, la
famosa disposición adicional cuarta, cuyo debate político ya está en los
medios de comunicación y sus declaraciones, señor Secretario de Estado,
sobre nuestras declaraciones, están pidiendo a gritos precisiones técnico
jurídicas y políticas sobre el alcance y contenido exacto de la
disposición adicional cuarta de los presupuestos. Pero no adelantemos
acontecimientos.

Empecemos por lo primero, y lo primero es el Título III del articulado
del proyecto de ley de presupuestos, que tiene como título, como sabe
usted, De los gastos de personal.

Todos los grupos parlamentarios y también del Gobierno deben tomar en
consideración inevitablemente el acuerdo Administración-sindicatos, del
15 de septiembre de 1994 y, en concreto, su título segundo. Habría que
empezar, pues, por concretar algo que en los presupuestos no figura, que
es el famoso fondo a que se refiere el Capítulo Tercero del acuerdo para
proceder a la compensación por la pérdida del poder adquisitivo durante
1995, derivada de la previsible desviación del IPC sobre el 3,5 fijado
como objetivo en los Presupuestos Generales del Estado para 1995. El
crecimiento del IPC ha resultado superior al previsto en esta fecha. La
masa salarial, señor Secretario de Estado, del conjunto de los empleados
públicos incluidos en el preámbulo del citado acuerdo; ¿ha crecido
también por debajo de dicho índice durante 1995?
Según declaraciones de representantes del Gobierno y, concretamente, del
Ministro de Economía y Hacienda, durante los seis primeros meses de 1995,
los gastos de personal se incrementaron en un 6,9 por ciento, siendo así
que el incremento fijado en los Presupuestos Generales del Estado para
1995 fue del 3,5 como acabamos de decir, ¿cómo se explica ese aumento?
Esta es la segunda pregunta y, ¿cuál será la situación del incremento de
los gastos de personal al final de este ejercicio?
En relación con este mismo tema, y antes de preguntarle por el posible
fondo para el mantenimiento del poder adquisitivo, debo pedir, señor
Secretario de Estado, que nos dé la opinión del Gobierno, o si no la
suya, sobre los objetivos de crecimiento del PIB, y reducción del déficit
público del conjunto de las Administraciones públicas, que son, como sabe
usted, los dos factores que utilizarían en la correspondiente negociación
colectiva los sindicatos para exigir al Gobierno la constitución de ese
fondo de compensación. ¿Se han dado estas circunstancias favorables,
señor Secretario de Estado?
En la nota de prensa, tan humilde ella, que nos ha facilitado el Ministro
de Economía y Hacienda en el acto de presentación del proyecto de
presupuestos para 1996, se dice: La economía española durante 1995 está
registrando un notable crecimiento económico y un avance importante en la
corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos. Se espera
cerrar el presente ejercicio con un crecimiento del 3,1 por ciento. Y en
cuanto al desequilibrio presupuestario, las previsiones para 1995 apuntan
al cumplimiento del objetivo de déficit de las Administraciones centrales
cifrado en un 5,1 por ciento del producto interior bruto.

La conclusión es muy sencilla: si las condiciones del acuerdo se han
cumplido, tiene que haber fondo de compensación. ¿A cuánto ascendería,
señor Secretario de Estado? Porque será un capítulo de gasto a tener en
cuenta en unos presupuestos claros y transparentes, como tienen que ser
todos los presupuestos. Y de esto no se hace, en el proyecto, ni mención
ni previsión.

Siguiendo con este importante capítulo de las retribuciones, quisiera que
nos contestara también a las siguientes preguntas. ¿Qué consecuencias, en
el plano retributivo, han tenido las transferencias de funcionarios a las
comunidades autónomas en base a la Ley Orgánica 9 de 1992? Se trata de
conocer en qué medida han de ser mejoradas las retribuciones del personal
transferido, por contar determinadas comunidades autónomas con niveles
retributivos complementarios superiores a los vigentes en la
Administración General del Estado.

Otra pregunta, ¿cuál ha sido el alcance económico del compromiso
alcanzado con el personal sanitario y cuál está siendo el mecanismo
aplicado para su financiación?
Y llegamos, señor Secretario de Estado, a la famosa disposición adicional
cuarta de los Presupuestos Generales del Estado para 1996. Y antes de
hacerle seis preguntas concretas en relación con ella, permítame
puntualizar lo siguiente. Efectivamente, esta perla que autoriza al
Gobierno para revisar la cuantía de los complementos de destino
compensando los incrementos que pudieran producirse con las
correspondientes minoraciones en las restantes retribuciones
complementarias, ya figura en los Presupuestos Generales del Estado
vigentes, usted se apresuró a decirlo en sus declaraciones, pero también
tendría que haber recordado que cuando se debatieron aquellos
presupuestos, es decir, los vigentes, el Grupo Parlamentario Popular



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presentó la correspondiente enmienda de supresión, por entender lo mismo
que entiende ahora, que tal medida debe tener su ámbito apropiado en el
nuevo sistema de retribuciones que deriva de la aprobación del Estatuto
de la Función Pública, ya que supone una auténtica revolución en el
sistema retributivo vigente en la Función Pública. Resulta llamativo e
incongruente que en la propia Ley de Presupuestos se incluya una
autorización al Gobierno, sin ningún tipo de límite, para que pueda
modificar un precepto concreto de la misma, que es el artículo 22.1.c),
de los presupuestos de 1995, y el 23.c) de los presupuestos para 1996,
que señalan, como sabe el señor Secretario de Estado, el complemento de
destino a percibir por cada funcionario en razón de los niveles, desde el
1 al 30. Una norma de esta naturaleza, repito, no debería figurar en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado a tenor de la doctrina formulada
en repetidas ocasiones por el Tribunal Constitucional. Con ser ello grave
y contrario a una elemental disciplina presupuestaria, reiteradamente
demandada por el Grupo Parlamentario Popular, lo es más el objetivo que
esconde en la misma, que no puede ser otro --por lo que más adelante
argumentaré-- que blindar las actuales retribuciones de los altos cargos
y de los funcionarios que ocupan puestos de libre designación para el
supuesto de que sean cesados en el alto cargo o removidos del puesto
obtenido por libre designación. Que ello es así se deduce de la
imposibilidad material, fíjese lo que le estoy diciendo, imposibilidad
material, para poner en práctica tal autorización con carácter general
para el conjunto de los funcionarios. Una buena parte de los mismos, la
inmensa mayoría, no cuenta con el complemento de productividad y el
específico se limita al básico, es decir, 5.420 pesetas mensuales en
1995. ¿De dónde piensa, entonces, el Gobierno efectuar la minoración
compensadora para esta inmensa mayoría? De nada. No se puede sacar nada
de donde no hay. La autorización únicamente podrá surtir efecto en el
supuesto de funcionarios que cuenten con márgenes de maniobra en las
restantes retribuciones complementarias, constituidas, como sabe usted
muy bien, por los complementos específico y de productividad sobre los
que se podría llevar a cabo la minoración en favor del complemento de
destino.

Un somero análisis de la relación de puestos de trabajo en el conjunto de
la Administración General del Estado lleva a la conclusión de la
existencia de una amplia correspondencia entre puestos dotados de
complementos específicos por encima del nivel básico y de productividad
con aquellos que proveen esta correspondencia mediante el sistema de
libre designación. Serían éstos, pues, los únicos susceptibles de ver su
complemento de destino incrementado por el Gobierno. Y la consecuencia es
muy sencilla. Sería por la aplicación del artículo 21 de la Ley 30/84 en
la redacción que se le dio por la 23/88 que quienes sean removidos en
dichos puestos conservarán, como hasta ahora, el derecho a seguir
percibiendo el complemento de destino correspondiente a su grado
personal, con independencia del nivel y cometidos del puesto realmente
desempeñado; pero ahora, incrementado en la cantidad que el Gobierno
libérrimamente tenga a bien decidir.

Usted, señor Secretario de Estado para las Administraciones Públicas,
pretendió justificar esta medida ante los medios de comunicación en base
al acuerdo Administración-sindicatos del 15 de septiembre, ya citado en
esta comparecencia. Pero verá usted, el Capítulo 5.3 de este acuerdo
señala que se debe abordar la revisión de la estructura retributiva de
los puestos de trabajo, especialmente de niveles superiores, con objeto
de reforzar el componente de grado personal que facilite la implantación
de un nuevo modelo de carrera administrativa. La consecuencia es obvia,
señor Secretario de Estado. No puede desligarse la modificación del
sistema de retribuciones del nuevo modelo de carrera, por lo que no
procede una medida, como la que recoge la disposición adicional cuarta,
en tanto persista el actual modelo de previsión de puestos de trabajo en
base a la libre designación, es decir, lo más contrario a un sistema de
carrera administrativa. No se puede hacer esto deprisa y corriendo y por
la puerta de atrás en una ley presupuestaria.

Con la oposición del Grupo Parlamentario Popular coinciden, en cambio,
los propios acuerdos Administración-sindicatos, cuando en el Capítulo 22,
referido a criterios de carrera aplicables al Grupo A, se señala: Aun
cuando resulte complejo aplicar modificaciones parciales fuera de un
nuevo marco de la Función Pública, las acciones que se desarrollen en el
futuro en este ámbito estarán orientadas a reforzar las posiciones
profesionales definidas por el grado personal y a ordenar las
retribuciones de acuerdo con este criterio.

Queda claro que debe ser con motivo del Estatuto de la Función Pública
cuando se aborde esta cuestión. No es cierto, no quiero utilizar palabras
más duras, que el objetivo de la medida sea aumentar la retribución
básica, que también lo dijo usted. Unicamente se hace referencia a la
disposición adicional cuarta al complemento de destino, que tiene
naturaleza de retribución complementaria, señor Secretario de Estado; en
ningún momento se habla del sueldo, de trienios y de pagas
extraordinarias, que son las retribuciones básicas. Esas son las
retribuciones básicas.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, señorías, está claro que el bajón
de retribuciones que sigue a un cambio de puesto, en expresión del
Secretario de Estado, queda limitado en sus efectos a los puestos que
cuenten con productividad y alto complemento específico y que se han
venido cubriendo mediante libre designación. Hay que tener en cuenta,
repito otra vez, que el complemento específico básico es de 5.420 pesetas
mensuales en 1995, incluidos los del Grupo A. Y que la gran mayoría de
los funcionarios, repito otra vez, que es una idea central, percibe sólo
esa cantidad. Son los puestos de nivel superior, en su gran mayoría
previstos por el sistema de libre designación, los que cuentan con
complementos específicos, que arrancan de un millón trescientas mil
pesetas anuales, aproximadamente, y llegan a superar los seis millones de
pesetas al año. A ello habría que añadir el complemento de productividad.

A la vista de estos datos, ¿a quién se pretende proteger de los bajones
retributivos? Pues parece estar muy claro.

Finalmente, el Gobierno a través del Secretario de Estado afirma que el
PP miente al decir que la disposición



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adicional cuarta pretende un retiro de lujo para los altos cargos. No sé
por qué deduce el Gobierno que cuando hablamos de retiro de lujo nos
estamos refiriendo a la jubilación. No sé por qué. Porque no es así. Nos
estamos refiriendo a un tema mucho más grave, más peculiar, más singular
y más inexplicable: nos estamos refiriendo a un retiro de lujo en activo
para aquellos que permanecen en activo en la Función Pública. Y se puede
demostrar. Voy a poner sólo un ejemplo y ya paso a las preguntas para no
cansar a sus señorías. Me he detenido en este tema señoras Diputadas,
señores Diputados porque, repito, es un tema que ha surgido en el debate
de la opinión pública, que preocupa, como es lógico, a todos los
funcionarios, a todas sus familias, a todos los contribuyentes y que es
necesario que quede bien claro. Mire usted, señor Secretario de Estado,
con la mayor cordialidad, tanto la disposición adicional cuarta de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, como la del proyecto de
1996, se encargan de dejar bien sentado que la autorización prevista en
el párrafo anterior será aplicable a las retribuciones complementarias a
que se refiere el artículo 21, apartado 2, de la presente Ley. Y ese
apartado, como usted sabe muy bien, hace referencia a los directores
generales y a los subsecretarios y asimilados. Además del complemento de
productividad que pueda corresponderles, los directores generales
perciben 1.943.268 pesetas en el año 1995, de complemento de destino, y
3.195.876, de complemento específico. De acuerdo con la autorización que
la disposición adicional cuarta concede al Gobierno, éste puede decidir
que se incorpore parte, incluso el total de los complementos específicos
y de productividad al complemento de destino. Esta es la cuestión y de
ahí nuestra preocupación y nuestra denuncia de la citada autorización.

Dicho todo lo cual, quisiera formularle en relación con esta disposición
adicional cuarta estas preguntas, seis preguntitas de nada. ¿Ha hecho uso
el Gobierno de la autorización recogida en la disposición adicional
cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, en
relación con el posible incremento del complemento de destino? En su
caso, ¿con qué alcance y quiénes han sido los afectados? Segunda. ¿Ha
hecho uso de dicha autorización en relación con lo previsto en el párrafo
segundo de la mencionada disposición adicional, que hace referencia a las
retribuciones de los subsecretarios, directores generales y asimilados?
¿A cuántos y con qué consecuencias? Tercera. A la vista de que la misma
autorización se recoge en la disposición adicional cuarta del proyecto de
1996, ¿qué uso piensa hacer el Gobierno de la misma tanto con carácter,
como en relación con los altos cargos a que se refiere en el párrafo
segundo?
Cuarta. ¿Considera el Secretario de Estado compatible una autorización de
tal naturaleza, sin ningún tipo de limitación, con el hecho de que la ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1995 fije en el correspondiente
artículo el alcance exacto del complemento de destino en función de la
escala de niveles del 1 al 30? Quinta. Las leyes anuales de presupuestos
no concretan el valor de los complementos específicos. En la resolución
de Economía y Hacienda dictando instrucciones para la confección de las
nóminas durante 1995, figura una escala de complementos específicos que
culmina en 296.304 mensuales, ¿existen complementos específicos por
encima de esta cantidad? ¿En qué número y hasta qué montante máximo?
Sexta. ¿Considera viable y oportuno introducir cambios de esta naturaleza
en el sistema de retribuciones sin proceder previamente a la ordenación
de una verdadera carrera administrativa en el contexto de la elaboración
del Estatuto de la Función Pública y con base a la vigencia de los
principios de igualdad, mérito y capacidad, tanto en el acceso como en la
designación de puestos de trabajo?
Dejamos el tema retributivo si tenemos ocasión, lo debatiremos en otro
momento del trámite presupuestario, repito, es es que pasa el Helesponto
del debate de la totalidad o las Termópilas o como se le quiera llamar, o
los Alpes; dejamos todo lo relativo a la asignación del complemento de
productividad y otras retribuciones donde la discrecionalidad del
Gobierno sigue siendo excesiva y opaca. Dejando todo eso a un lado,
quiero recordar la memoria de objetivos correspondiente a la Sección 22
de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, en donde se señalan
las líneas de acción a destacar en el ámbito de sus responsabilidades. Y
éstas son las siguientes. Primero, adecuación de la política de recursos
humanos a las nuevas necesidades y al proceso de modernización, con
determinación de los efectivos de personal necesarios en la
Administración del Estado para 1995; impulso de la modernización; mejora
de la calidad del servicio público al ciudadano: agilidad, eficacia,
claridad y acercamiento.

El objetivo principal de la Secretaría de Estado, que está bajo su
responsabilidad, para 1996, sigue siendo pues, literalmente, lo dice así
la memoria de objetivos: la reforma y modernización de la Administración
General del Estado; objetivo que ya figuraba en distintos planes de
modernización y para cuya puesta en ejecución las últimas leyes de los
Presupuestos Generales del Estado daban una amplia autorización al
Gobierno. En desarrollo de este objetivo principal, se adopta en la
memoria de objetivos correspondientes a la Sección 22, las siguientes
estrategias (se las voy a resumir muy brevemente, porque así me ahorro
luego fundamentar cada una de las preguntas). Racionalización de la
estructura de la Administración General del Estado en función de las
competencias transferidas; optimización de los recursos humanos mediante
la aplicación estratégica de los mismos; simplificación de los
procedimientos, según la Ley 30/1992; mejora de información a los
ciudadanos; mejora de la eficacia y uso de las tecnologías de la
información en la Administración Pública. Tenemos --iba a decir la
evidencia-- tenemos, repito, por lo menos la sospecha de que muy poco se
ha avanzado en el logro de esos objetivos. Tenemos datos también. Ni
estos presupuestos, ni tampoco en la Ley de Acompañamiento, nos dan para
cambiar de actitud o de ánimo, o de estado de ánimo, no nos dan para
mucho optimismo. Es más, a la vista de las cuestiones que voy a plantear,
mucho nos tememos que las medidas adoptadas por el Gobierno y las no
adoptadas, hayan significado un retroceso. Y en relación con todo esto,
voy a hacerles las siguientes preguntas: ¿Cuántos planes de empleo se han
puesto en vigor y cuál



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es su estado actual? ¿A cuántos funcionarios afectan y cuál es su
incidencia presupuestaria? ¿Qué objetivos se proponen como prioritarios?
¿En qué lugar figura el de la consolidación de efectivos y en qué medida
ello es compatible con la Ley 22/93 que los reguló? ¿Está en estudio,
señor Secretario de Estado, o ha sido suscrito algún convenio con otras
Administraciones públicas para la reasignación de personal afectado por
los planes de empleo, en los términos del artículo 18 de la Ley 30/84, en
la redacción que le dio el artículo 15 de la Ley 22/93 que acompaña a los
presupuestos de 1994?
Otra pregunta. ¿Qué incidencia está teniendo en los planes de empleo el
proceso de transferencias motivado por la aplicación de la ley Orgánica
9/92? ¿Cómo está afectando a la estructura de los servicios centrales,
cuyas competencias son objeto de transferencia, y sus dotaciones de
personal? ¿A qué compromisos se ha llegado, señor Secretario de Estado,
con los sindicatos acerca del tratamiento del personal interino y
eventual en los planes de empleo? ¿Qué uso ha hecho el Gobierno, en
relación con la oferta pública de empleo durante 1995, de la autorización
prevista en la disposición transitoria quinta y qué uso piensa hacer
durante 1996, de la disposición transitoria cuarta del proyecto de
presupuestos de 1996, que es del mismo tenor? ¿Considera el señor
Secretario de Estado, considera el Ministro para las Administraciones
Públicas estas previsiones con el proceso de reordenación y reasignación
de efectivos a través de los planes de empleo?
Otra pregunta, me parece que voy por la 17; hay 33. Nos queda menos de la
mitad y, además, ya no va a haber ningún circunloquio alrededor de ellas
(El señor Marceti Moseva: Nos felicitamos.) ¿Cuál ha sido el número de
personal contratado con cargo a los créditos... Deberían ustedes estar
satisfechos porque nos estamos tomando los presupuestos en serio...




El señor PRESIDENTE: Siga, señor Núñez...




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente. ¿Cuál ha sido el número
de personal contratado con cargo a los créditos de inversión durante
1995, y cuáles son las previsiones para 1996, en base al artículo 33 del
proyecto de ley de 1996? ¿Considera el Ministerio razonable y ajustada a
derecho la transformación de los contratos eventuales una vez que han
llegado a su fin en nombramientos interinos que permitan enlazar con los
procesos de consolidación de los planes de empleo? ¿Se ajusta esta manera
de proceder a los objetivos de los planes de empleo señalados en la Ley
22/93 y la reordenación y reasignación de efectivos que demanda la actual
Administración? A la vista del personal en las Administraciones públicas,
que ha pasado en las comunidades autónomas de 44.475 en 1982, a 625.771
en 1995 (son datos del registro de ustedes), con un incremento de
581.296, y en el Estado de 895.731 a 608.926, con una disminución de
286.805, ¿considera que el incremento de las comunidades autónomas tiene
su correspondencia en el descenso del Estado? ¿Cuáles debieran ser las
consecuencias para la oferta de empleo público, en relación con los
planes de empleo, a juicio del señor Secretario de Estado? (El señor
Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Burriel de
Orueta, hace gestos de extrañeza.) Lo siento. Lo único que puedo hacer,
señor Secretario de Estado, es mandárselas por escrito y que usted me las
conteste de la misma manera, pero, en este trámite, no tenemos más
remedio que trabajar con rigor y pulsar el contenido, tanto de la ley
como de las secciones y largarle, con perdón por el vulgarismo, todas las
preguntas que se nos ocurren, con objeto de que usted las conteste. Yo
también he sido cocinero antes que fraile y tratábamos de adivinar, más o
menos, lo que nos iba a preguntar la oposición. (El señor Secretario de
Estado para las Administraciones Públicas, Burriel de Orueta: Simplemente
le rogaría que hablara más despacio.) Perdón, perdón, señor Secretario de
Estado. De acuerdo. Vale.

Como segunda estrategia el Programa 121B señala para 1996 la optimización
de los recursos humanos. ¿Cuál es el balance a este respecto de los dos
últimos años a la vista del proceso de transferencias derivado de la Ley
Orgánica 9/92 y del instrumento de los planes de empleo de la Ley 22/93?
En relación con el proceso de funcionarización, que como sabe tienen
pendientes varios recursos, varios contenciosos y es un semillero de
conflictos, el artículo incluido en el proyecto de ley de Medidas
Fiscales Administrativas y del Orden Social, que señala la entrada en
vigor de la Ley 23/88, como fecha de referencia para poder optar a la
funcionarización, ¿se ajusta al contenido de la sentencia 99/87 del
Tribunal Constitucional? Con dicho artículo, como sabe usted, señor
Secretario de Estado, se da cobertura a las contrataciones laborales,
para puestos reservados a funcionarios, llevadas a cabo entre la entrada
en vigor de la Ley 30/84 y la mencionada sentencia, lo que resulta de muy
dudosa legalidad. Pero dársela a las contrataciones llevadas a cabo entre
la fecha de publicación de la sentencia y la de entrada en vigor de la
Ley 23/88, ¿no supone un intento de convalidar actuaciones irregulares y
de un cierto fraude de ley en la medida que se busca prevenirse de
posibles pronunciamientos judiciales, con concreto, en relación con el
acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de marzo de 1991, que dio, a
nuestro juicio, una endeble cobertura al proceso de funcionarización?
¿Cuándo piensa el Gobierno poner límite a la creación de escalas
específicas en las que dar acogida al personal contratado laboral en
puestos reservados a funcionarios? Antes lo hacía en las leyes de
Presupuestos Generales del Estado y ahora lo hace en las leyes de
Acompañamiento. ¿Cuándo se piensa poner límite a esta práctica?
Como última pregunta ya, ¿cuál es el total del personal funcionarizado o
susceptible de funcionarización en los términos del acuerdo de Consejo de
Ministros de 27 de marzo de 1991, que desarrolla lo dispuesto en el
artículo 15 y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/84
conforme a la redacción dada por la Ley 23/88 y conforme a los artículos
correspondientes de las leyes de Acompañamiento a los presupuestos
anteriores?



El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya, por favor.




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El señor NUÑEZ PEREZ: Ya estoy terminando, señor Presidente.

El artículo 59 de la Ley 42/94, añadió un nuevo guión, permitiendo la
condición de personal laboral para los puestos con funciones auxiliares
de carácter instrumental y apoyo administrativo. ¿Qué uso se viene
haciendo de esa posibilidad? ¿No tendría encaje adecuado ahí escalas que
se vienen creando con fines de funcionarización, como la que aparece en
el proyecto de ley de Acompañamiento para 1996, escalas de auxiliar
técnico, de organismos autónomos, especialidades de sanidad y consumo en
la que se integra la escala de auxiliares de investigación en
laboratorios? ¿Qué previsiones tiene el Ministerio para las
Administraciones Públicas en relación con la promoción interna de los
funcionarios y, en concreto, con el desarrollo del artículo 61 de la ley
42/94?
Y muy brevemente, en relación con otras cuestiones de interés, quisiera
preguntarle lo siguiente. En el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado, figuran una serie de medidas conducentes a la supresión y
ordenación de algunos organismos autónomos, concretamente, tres en
Agricultura que se reducen a uno y dos, me parece, en Defensa. ¿Cuál es
su alcance por volumen de presupuesto afectado y por el número de
personal implicado? En el Programa 121B, para 1996, se recoge como
primera estrategia la racionalización de la estructura organizativa de la
Administración General del Estado. ¿Qué se ha hecho, en concreto, hasta
el presente en base a la Ley Orgánica 9/92, la 22/93 y las sucesivas
autorizaciones de las leyes de Presupuestos Generales del Estado
--autorizaciones que se conceden al Gobierno-- para proceder a la
supresión y reordenación de las estructuras administrativas en los
organismos autónomos? ¿Considera usted cumplido el propósito del Plan de
Convergencia de 1992, repetido después en reiteradas ocasiones sobre el
tema de Maastricht? ¿Considera cumplido el acuerdo que dice que habrá que
proceder a una drástica reducción de organismos públicos? ¿Se ha
producido esta drástica reducción? Si no se ha producido, ¿por qué no se
ha hecho?
Según datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta
parlamentaria del Grupo Popular (ésta prácticamente es la misma y se la
voy a perdonar, y la siguiente también, pero ésta no), y a la vista de
que parece existir un criterio generalizado favorable a la prolongación
de la edad de jubilación, ¿tiene sentido mantener la jubilación forzosa
de los funcionarios a los 65 años? ¿Tiene el Ministerio para las
Administraciones Públicas prevista alguna medida que termine con la
discriminación legal que sufren los funcionarios y que permite incentivar
la permanencia en el servicio activo más allá de la edad en que se puede,
con carácter general, ejercer el derecho a la pensión? ¿Qué incidencia
tendrían medidas de esta naturaleza sobre la oferta de empleo público y
del gasto público?
No le pregunto tampoco por la simplificación de los procedimientos de la
Ley 30/92. Tampoco por la importantísima función de INAP, que cuenta para
1996 con un importante descenso (El señor Secretario de Estado para las
Administraciones Públicas, Burriel de Orueta, hace signos negativos),
pues si yo no he leído mal --señor Secretario de Estado, respondo a sus
gestos negativos-- había 2.268.132.000 en 1995, y figuran en el nuevo
programa 1.909.117.000. Si es un error, acláremelo y retiro la pregunta.

En todo caso, dígame qué porcentaje de la masa salarial dedica el
Gobierno a la formación y perfeccionamiento del personal de las
Administraciones públicas. ¿Conoce el señor Secretario de Estado el
porcentaje que a esta materia dedican las empresas, las grandes empresas
privadas a este capítulo?
Finalmente y para terminar, es inevitable que le pregunte por la
reducción de los gastos corrientes del Estado en bienes y servicios. A
pesar de las promesas del señor Solbes de reducir drásticamente el
Capítulo 2, programando, incluso, un porcentaje de reducción de los
gastos corrientes en un 15 por ciento --nuestras enmiendas pedían el año
pasado el 20 y nos dijeron algunos compañeros que queríamos paralizar los
ministerios--, pues tampoco, porque según el libro amarillo de
presentación de los Presupuestos Generales del Estado la reducción supone
simplemente un 3,7. ¿En cuánto se reducen los gastos corrientes en bienes
y servicios del Ministerio para las Administraciones Públicas?
Perdón, señor Secretario de Estado, si he hablado demasiado deprisa. Lo
único que nos importa de verdad es conocer sus respuestas para hacer una
valoración sobre los presupuestos y contribuir con nuestro trabajo a
mejorarlos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez. Para contestar tiene la
palabra el señor Secretario de Estado para las Administraciones Públicas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Burriel
de Orueta): Señor Presidente, señorías. Buenas tardes, en primer lugar, a
todos los miembros de la Comisión. Muchas gracias por su acogida y
especialmente al señor Núñez por todas las preguntas que, indudablemente,
demuestran, yo creo, la convicción de que este Gobierno está gobernando y
por lo tanto está presentando unos presupuestos que merecen ser
discutidos y objeto de la preocupación de sus señorías. Espero que a lo
largo, incluso, de estas semanas, llegue el convencimiento de que son
unos buenos presupuestos, que deben salir adelante para el beneficio del
conjunto de los ciudadanos del país. En cualquier caso, su interés es
encomiable. Mis gestos, aparte de elementos caractereológicos que, a
veces, son difíciles de evitar, obedecen a que es difícil, señor Núñez,
recoger todas las preguntas que usted hace y saber con exactitud qué está
preguntando; por eso, si a algunas cosas no le respondo no es por
eludirlo, en absoluto, sino porque a lo mejor no he cogido el sentido
exacto de su pregunta. Usted sabe mejor que yo al hablar de la
disposición cuarta, la quinta, ligada con la ley 28 o la ley 42,
exactamente a qué se está refiriendo y yo, a lo mejor, en la rapidez de
su pregunta no puedo entender exactamente el contenido de la misma. De
todas maneras yo espero que, al menos a lo que más le preocupa, le
responderé. Mi esfuerzo no va a faltar.

Su primera pregunta aludía, sin duda, a lo que es, yo creo, la principal
preocupación de los funcionarios públicos



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y yo creo que también debe serlo de los responsables, de los
representantes de los ciudadanos y también representantes de los
funcionarios públicos por tanto, que son las retribuciones para el año
1996. Yo creo que lo primero que hay que decir con rotundidad y claro, el
ciudadano pregunta sobre ello, que es algo fundamental, porque ha sido
remachado y reiterado, es que el Gobierno va a cumplir el acuerdo firmado
entre Administración y sindicatos y que ya ha incluido en los
Presupuestos su compromiso para el año 1996, de acuerdo con lo que estaba
en el texto de dicho acuerdo.

Pregunta usted, en concreto ya, sobre el fondo de mantenimiento. Si usted
lee con detalle, y estoy seguro que lo habrá hecho, como manifiesta en
sus preguntas, el texto del acuerdo, verá que ese fondo sólo se puede
determinar a partir de mediados de enero 1996. Por tanto, las preguntas
que usted hace son absolutamente imposibles de contestar en este momento,
y los propios sindicatos y la Administración fijaron un plazo para
contestarlo. Pregunta usted, ¿cuánto ha crecido la masa salarial? Yo creo
que sería un ejercicio absurdo hacerlo antes de estar previsto porque,
además, es imposible. Es a final de año cuando hay que hacerlo. Entonces,
todo lo que sean comentarios, previsiones, está muy bien, puede darnos
una aproximación, pero también tiene el riesgo de sembrar inquietudes o
esperanzas que no correspondan exactamente con el resultado final.

Aludía usted a unas estimaciones del señor Solbes para el primer
trimestre que, indudablemente, no sé valorar, puesto que desconozco a qué
declaraciones está haciendo referencia y exactamente con qué contenido.

¿Cuánto será el final? Lo sabremos al final. No le digo que no existan
esas declaraciones; le digo simplemente que son unas estimaciones del
primer trimestre y que desconozco exactamente el contenido de esas
declaraciones. Como mi responsabilidad como Secretario para las
Administraciones Públicas es que se cumpla el acuerdo, y esa voluntad
está encima de la mesa y lo hemos manifestado a los sindicatos y por
cierto no han mostrado especial preocupación en este tema. Al contrario.

En la mesa general de hace unas semanas, el acuerdo fue que durante este
último trimestre en la mesa de retribuciones, como se establece en el
acuerdo, iríamos analizando el contenido de los conceptos que hay que
determinar en enero de 1996. Iríamos viendo si hay diferencias a la hora
de valorar qué se entiende por masa salarial, qué hay que incluir en
ella, cuáles son los deslizamientos para poder, en el momento oportuno,
tenerlo encima de la mesa. Ya sabe usted que en aquel momento ya surgió
una mala interpretación, seguramente unas palabras no bien pronunciadas
por mi parte, con lo cual se dio a entender que había ya una posición
tomada respecto a la participación en la masa salarial de un determinado
acuerdo, el de los médicos, y he aclarado posteriormente que será en la
mesa de retribuciones donde se fijará si entra o no. Lo que manifesté es
que la Administración no podía tener una postura previa en ese sentido,
porque no era el lugar ni el momento. Por lo tanto vamos a cumplir ese
compromiso y lo haremos en el momento oportuno.

Dice usted que ya se han dado las condiciones; hombre, parece que se
pueden dar parte de las condiciones, estoy de acuerdo. Parece,
indudablemente, que va a ser superior el crecimiento del IPC. ¿En cuánto?
Lo veremos a final de año. Ahora bien, usted está interpretando el tema
muy mecánicamente cuando habla de los objetivos de crecimiento del PIB y
de reducción del déficit público. Lo que dice es que se tendrán en cuenta
esos elementos, no dice que automáticamente el cumplimiento de los
objetivos del PIB, y de los presupuestos será o determinará las
características del fondo. Indudablemente se ha producido una mejora en
la situación económica; habrá que valorar si la reducción del déficit y
el crecimiento del PIB permite, en un análisis global con la evolución
del IPC, valorar ese fondo, en cuánto hay que valorarlo. Porque muchas
veces usted sabe que se ha interpretado de manera incorrecta, como una
cláusula automática y ya nos cuidamos todos honradamente de mostrar que
ésta no era una cláusula automática; se hablaba de un fondo para el
mantenimiento y no, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones, de
una cláusula automática. Por eso no puede estar en los presupuestos de
1996. ¿Cómo va a estar una cantidad indeterminada de algo que no sabemos
si se va a producir y en qué cantidad? Estaríamos obligados a cargar los
ingresos en una cantidad indeterminada y además, con una oscilación que
puede ser importante, del 0,1 y el 0,8 o el 1, pues puede haber una
diferencia sustancial como para hacer unos presupuestos con esa
indeterminación. Entonces, yo creo que lo importante para usted y para
los funcionarios es insistir en que desde esta Secretaría de Estado y
desde este Ministerio y, por lo tanto, en la responsabilidad que nos
compete, solidaria en el conjunto del Gobierno, vamos a cumplir el
acuerdo y en su momento fijaremos si ha habido desviación para establecer
un fondo y cuánto es ese fondo. Y una premisa importante, que se olvida,
que dice el acuerdo, que ese fondo se distribuirá de manera diferencial,
según acuerdo con los sindicatos, porque, evidentemente, se pueden haber
producido aumentos sectorialmente importantes que estarían disminuyendo
el fondo y sería injusto que luego tuvieran un reparto igual. Por lo
tanto, estamos en ello, señor Núñez, y usted entiende perfectamente,
aunque políticamente le convenga ponerme delante la necesidad de
definirme sobre ello, que es imposible, que no es todavía el momento.

Las consecuencias en el plano retributivo de las transferencias a las
comunidades autónomas de aquellos funcionarios que tengan un salario
mayor en las comunidades autónomas serán las que las comunidades
autónomas les atribuyan en el libre ejercicio de su potestad, puesto que
son poderes independientes del Estado y difícilmente nosotros podemos
decir que a la hora de transferir fijamos los derechos de los
funcionarios, que no podrán ser menoscabados. Ahora bien, si una
comunidad autónoma tiene entre sus incentivos, entre su organización
funcionarial, que le permite su estatuto y sus competencias, establecer
unas retribuciones superiores, pues lo hará, siempre que respeten lo que
establece como básico, como fijado en el proceso de transferencias, sobre
los derechos básicos de los funcionarios. Por lo tanto yo creo que usted
entiende también ese tema.

En cuanto al acuerdo sanitario creo que usted pregunta, en este caso, por
preguntar, porque el alcance económico



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es conocido por todos los ciudadanos, y mucho más por usted que trabaja
estos temas, así como el mecanismo, para su financiación con sus propios
recursos también.

La mayor parte de su intervención la ha centrado en la adicional cuarta,
y toda esta amplia extensión de su intervención tiene una razón clara:
quien se apresuró fue usted, señor Núñez, porque llenar de fantasmas a la
opinión pública, estar continuamente vendiendo cosas dramáticas y
maldades por parte del Gobierno, es su ocupación, indigna ocupación, pero
en la cual usted, sin duda, en este caso desde luego se ha excedido. Si
yo intervine fue precisamente porque había intervenido usted, no fue, por
lo tanto, una decisión autónoma de este Secretario de Estado el provocar
ninguna discusión pública. Haré referencia luego a la interpretación que
ha hecho sobre algunas supuestas palabras mías.

Públicamente se hablaba de perla en los presupuestos, se hablaba de que
se trataba de asegurarse un buen retiro y, decía, creando la pensión
vitalicia de ex altos cargos socialistas. Por lo tanto fue usted el que
sembró la duda, el que lanzó esa perla, en este caso clara, pero una
perla poco rica, o, por lo menos, con poco dentro. Y ahora usted hace
todo un montaje para intentar, digamos, que no se deshinche un globo que
no tenía dentro gas, señor Núñez. No quiera usted ver fantasmas donde no
los hay. Si usted me dice que la manera de hacer esto de forma rotunda,
definitiva y decisiva, es el ámbito de un estatuto, estoy de acuerdo,
evidentemente, ¿pero esto supone que antes del estatuto no se puede hacer
nada para mejorar las condiciones con la evolución del tiempo y a juicio
de todos? Señor Núñez, estoy seguro de que si usted estuviera gobernando
en este momento tendría que tomar la misma decisión, fueran esos altos
cargos nombrados por el Gobierno anterior o nombrados por usted mismo.

¿Por qué? Pues para que con el devenir del tiempo se valore la función de
responsabilidad, no de altos cargos socialistas ni con carné, sino de
aquellos servidores del Estado, de aquellos servidores del Estado
funcionarios --estamos hablando de funcionarios-- que realizan un trabajo
de especial dedicación --y usted lo sabe muy bien-- en esfuerzo, en
capacidad, etcétera. Estamos hablando de retribuciones (no sé exactamente
si empleé inadecuadamente la palabra «básicas»). Estamos haciendo
referencia a aquellas que tienen una traducción luego en las
retribuciones, en el caso de jubilación. Entonces no es correcto
«básicas»; serían aquellas retribuciones que están ligadas al grado, a la
carrera personal y no a las que sean del puesto de trabajo concreto que
se ocupa en cada momento. Efectivamente hubo en ese aspecto una mala
expresión, una expresión incorrecta por mi parte, acentuada al ser
recogida, porque fue tomada de manera más incorrecta, sin duda porque yo
di pie a ello, pues a veces uno no es absolutamente perfecto en sus
expresiones. Pero usted entendía bien lo que yo quería decir, estoy
seguro que lo entendía, o por lo menos lo puede entender ahora.

Estamos haciendo referencia a aquellas retribuciones que forman parte del
grado o carrera de un funcionario y usted sabe, señor Núñez, que en estos
momentos, y no sólo en los altos cargos, hay un porcentaje demasiado alto
que cambia según un funcionario con responsabilidad esté en un puesto o
en otro. Estamos hablando siempre de puestos de responsabilidad. Porque
ese llamado alto cargo, ese alto directivo de la Administración, que esté
de subdirector general, o esté en un puesto de asesor en un ministerio,
funcionario, cuando cese en ese puesto, porque no sea de la confianza del
Gobierno de turno, o, por las razones que sean, no debe sufrir una merma
tan importante en sus recursos como para desincentivarle en su nueva
función, o para no reconocer que es un funcionario importante para la
Administración, que lo ha sido y que lo debe seguir siendo, porque tiene
unos conocimientos que deben ser aprovechados.

Fíjese que usted hace referencia sólo a los muy «aparentemente», altos
cargos. Pero es que hay jefes de servicio técnico de nivel 26; hay jefes
de oficina de empleo de nivel 24; hay cajeros habilitados que tienen una
diferencia entre la retribución, su complemento específico y el que
tendrían si perdieran ese específico, que puede superar, en algunos casos
de jefes de servicio técnico de nivel 26 --porque no estamos hablando de
lo que se entiende por responsables más ligados a los altos cargos--,
hasta del 36 por ciento, del 30 al 36 por ciento. Por lo tanto, es cierto
que usted tomaba el rábano por las hojas, respecto a mi intervención.

Usted señalaba: Dice que es para todos los funcionarios, pero no es para
todos, son para aquellos que tengan complemento específico.

Evidentemente, señor Núñez, cómo va a ser para aquellos que no tengan un
específico significado, que tengan el específico general; evidentemente
que no. Lo que yo decía era: para todos los funcionarios que tengan un
nivel específico significativo, que son muchos y son muy importantes para
el Estado y, desde luego, qué más quisiéramos que fueran militantes
socialistas. Si así fuera, desde luego dudo que hubiera algunas de las
críticas que ustedes nos hacen habitualmente, porque supondría que la
inmensa mayoría de los responsables de la Administración serían
militantes socialistas o altos cargos. Y usted sabe que no es así. Veo
que una compañera suya hace gestos afirmativos y me obliga a responder. Y
usted sabe, se le ha dicho repetidas veces y si leyera los «Diarios de
Sesiones» de otros años lo confirmaría, que en estos altos cargos la
inmensa mayoría son inspectores de finanzas del Estado, no sé de qué
partido habrá mayoría de militantes, desde luego no creo que sea del
nuestro. El 88 por ciento de los inspectores del Estado están en estos
niveles específicos. El 88 por ciento de los abogados del Estado están en
esto que se llama Servicios Jurídicos del Estado, están en estos niveles
ya específicos. El 80 por ciento del Cuerpo superior de administraciones
civiles del Estado están en estos niveles y en estos específicos. Estamos
hablando de la Administración en su grado de responsabilidad directiva,
no estamos hablando de puestos políticos y es una confusión en la que
caen continuamente, y yo espero que sin mala fe, pero claro, ya repetida
tantas veces, me da la impresión de que hay un cierto deseo de confundir
a la opinión pública.

Señor Núñez, no es ninguna barbaridad, ninguna barbaridad, ir mejorando
los componentes del grado personal y, por lo tanto, de la carrera, y eso,
desde luego, no es ningún



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retiro de lujo. Aparte, debemos de ir terminando con la idea de que
funcionarios que han trabajado en cumplimiento de su responsabilidad
profesional, en un puesto de especial responsabilidad, nombrado por un
gobierno del signo que sea, cuando cambian en ese puesto porque no tengan
la confianza del nuevo gobierno, deben de tener una pérdida sustancial en
sus emolumentos, sea cual sea el que este gobernando. Porque ustedes,
señor Núñez, si algún día llegan a gobernar, también algún día dejarán de
gobernar y se les planteará esa misma situación. Usted sabe que eso no es
lógico. No vea fantasmas, vea una situación absolutamente normal.

Fíjese usted, ¿ha hecho uso ya el Gobierno de esa posibilidad? No, no
hemos hecho uso durante el año 1995 de esa posibilidad. Por lo tanto, no
hay ningún alcance ni ningunos afectados hasta ahora. ¿Va a hacer uso
durante el año 1996 de esa posibilidad? En la medida en que sea posible.

Usted dirá: durante el año 1996 ya no van a poder hacer nada. No sé por
qué le preocupa tanto. Según ustedes, el año 1996 no vamos a poder hacer
nada, porque no gobernaríamos; por lo tanto, no le debería preocupar; de
hecho en el año 1995 no lo hemos hecho. Pues mire usted, si es posible
sí, porque eso es bueno para el conjunto de los altos funcionarios, de
los altos directivos. Pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque
efectivamente hay que aquilatar mucho su puesta en práctica, porque los
colectivos afectados son muchos, con regímenes diferentes. Usted me dice:
¿Por qué no han esperado al estatuto? Porque si estamos trabajando en
eso, si estamos avanzando en clarificar las deficiencias que tiene el
sistema en ese aspecto, será más fácil encontrar una respuesta adecuada
en el estatuto, que por cierto, como luego le comentaré, está en
redacción bastante avanzada. Y yo creo que no es malo empezar con temas
muy concretos, que nos aclaran las ideas a todos, que nos empiezan a
acercar a los problemas y que indudablemente encontrarán una resolución
completa en el Estatuto de la Función Pública.

Me pregunta usted por específicos por encima de las 294.000 pesetas al
mes, que es el límite; yo creo que no, pero no me lo sé de memoria todo.

Me comprometo con usted a revisarlos y si hay alguno decírselo; no me
consta, pero puedo confundirme porque, indudablemente mi memoria ya, a
esta edad, me va fallando un poco y, desde luego, mi conocimiento de los
temas, a ese nivel, también. Además, sí que es un tema del acuerdo con
los sindicatos. Usted señala su carácter de revisión general, en lo que
coincidimos, pero este paso está dentro de esa línea, y así nos lo han
confirmado los propios sindicatos cuando les presentamos en la mesa
general las medidas que iban en la ley de Acompañamiento. Lo consideraron
un paso en el cumplimiento de este acuerdo; ¿o es que usted también
piensa que los sindicatos están buscando un blindaje para los altos
cargos socialistas? No parece que ésa sea la tónica. Ningún sindicato
allí mostró una posición en ese sentido.

En definitiva, en este tema que tanto le preocupa, señor Núñez, insisto,
esté usted absolutamente seguro de que no hay ningún objetivo oculto
detrás de ello, y la prueba más clara la tiene usted en que todavía no
hemos hecho ningún uso de esa exposición. Pero sí era importante empezar
a trabajar en esa línea, insistimos, porque hay hasta un 36 por ciento de
diferencia en las retribuciones de puestos directivos, que siempre van a
tener una responsabilidad directiva. ¿O es que ustedes piensan
prescindir, el día que ustedes gobiernen, por el solo hecho de que lo
haya nombrado un gobierno diferente, de funcionarios que llevan toda la
vida sirviendo a la Administración dignamente?, seguro que no, estoy
seguro de que no. Espero que no por el bien del país, porque son los
funcionarios los que deben sacar adelante la Administración en este país.

Y es que por eso, porque algunos de ustedes los cambien, porque
lógicamente no tengan su confianza, porque les parezca mejor otros para
esos puestos de alta dirección, ¿deben sufrir éstos o los que ustedes
nombren en un futuro, cuando ustedes gobiernen, incluso cambiándolos de
su propio gobierno, un cambio tan radical en sus retribuciones? Nosotros
estimamos que no, y yo creo que ustedes también. La única diferencia, lo
único que le admito es que usted dice: pospónganlo a que tengamos el
estatuto. Y les digo: es importante que vayamos dando pasos concretos,
pues un estatuto puede ser muy teórico y no conocer realmente las
dificultades y las posibilidades que abre este tema. Se lo digo y se lo
repito con absoluta claridad y sinceridad. No hay ningún fantasma detrás
de esto, señor Núñez, más allá de la polémica que, sin quererlo, hayamos
protagonizado en los medios de comunicación. Esté usted tranquilo, muy
tranquilo, en este tema.

Pregunta usted, y en esto sí que repite respecto a otras intervenciones,
lógicamente, preguntas sobre los planes de empleo. ¿Cuántos planes en
vigor? ¿Cuántos funcionarios? ¿Qué objetivos?, etcétera, En estos
momentos, el único plan de empleo que hay en vigor, aprobado y publicado,
es el del Inem, que afecta a 15.000 empleados públicos; hay que utilizar
un término mayor que el de funcionarios, porque usted sabe que afecta
también a laborales, etcétera, pero están en estado muy avanzado, a punto
de ser aprobados; en concreto, el de Correos estaba pendiente de la
aprobación del Reglamento del Personal en el pasado Consejo de Ministros,
y estaba absolutamente ligado a dicho plan de empleo, que afecta a más de
60.000 empleados públicos, y junto con el de Tráfico y el del Ciemat
pueden serlo (el de Correos esperamos que en este mismo mes, o principios
de noviembre) antes que termine el año. Estaríamos hablando ahí de más de
66.000 funcionarios.

Tenemos en avanzado estado de elaboración, en distintas fases, todo un
conjunto de planes de empleo; exactamente 17, afectando a cerca de
300.000 empleados públicos, lo cual supone aproximadamente el 60 por
ciento del colectivo ligado, como usted sabe, de manera más directa a lo
que es la ley 30/1984. Por tanto, creo que se ha dado un salto importante
en el año 1995 y esperamos que se traduzca en 1996 en planes que permitan
ya algo que a usted le preocupa y a nosotros también, que es no hacer
planes sectorialmente, sino poderlos relacionar unos con otros. Por eso,
nuestra opinión es que, aprobado el del Inem, y aprobado de manera
inmediata el de Correos, debemos conjugar al máximo la aprobación de los
demás para tener una visión más global en aquellos planes que no tienen,



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quizás, esa urgencia, porque, como usted sabe, problemas históricos en
muchos casos planteaban la necesidad de resolver determinadas situaciones
en los casos del Inem y de Correos. Yo creo que hemos dado, por tanto, un
salto importante en ese sentido.

Pregunta usted qué compromiso hay con los sindicatos para el personal
interino y eventual. Los compromisos que están recogidos en los acuerdos,
ni uno más ni uno menos; compromisos que estamos cumpliendo, a los que
luego aludiré al contestar a sus preguntas.

Personal contratado con cargo a créditos de inversión; previsión para
1996. Como usted sabe, éste es un tema que afecta exclusivamente a los
ministerios inversores, fundamentalmente al Ministerio de Obras Públicas;
está muy regulado en la Ley de Presupuestos su alcance o limitaciones, y
tiene un control minucioso por parte del Servicio Jurídico del Estado y
la Intervención General. Es el Ministerio de Economía y Hacienda el que
controla el cumplimiento y el seguimiento de estos contratos y, en este
caso, no el Ministerio de Obras Públicas; por tanto, no dispongo de ese
dato exacto, pero sí le aseguro que las exigencias de la Ley de
Presupuestos, en este aspecto, en cuanto a las condiciones legales tan
ajustadas y la garantía del control minucioso por parte, nada menos, que
del Servicio Jurídico y de la Intervención, asegura que el uso que se
está haciendo es, no sólo controlado, sino muy adecuado. De todas
maneras, intentaré interesar de mi compañero, si no lo hace usted
directamente del Secretario de Estado de Economía y Hacienda, si puedo
ofrecerle estos datos para el año 1995.

Las previsiones para 1996 resultan difíciles, pues tratan de situaciones
que van apareciendo en función de determinadas exigencias, generalmente
coyunturales, determinados proyectos de obras que, por tanto, son
difíciles de prever de antemano. Por eso, precisamente, hay esa previsión
repetida, como usted sabe, en unas y otras leyes de presupuestos cada
año.

La transformación de eventuales en interinos. Es algo también previsto, y
yo creo que con una cierta lógica, a la hora de convertir el empleo
eventual en empleo fijo; puesto que si hemos decidido, de acuerdo con los
sindicatos, prolongar los contratos que vencían hasta el 31 de diciembre
de este año, porque el acuerdo hablaba que durante los tres años de
consolidación del empleo temporal se mantendría en los puestos de
trabajos a aquéllos que estuvieran, salvo aquellos de los cuales los
Ministerios afectados decidieran prescindir porque no eran necesarios o
por ser cubiertas sus plazas en los consiguientes sistemas legalmente
establecidos; si la plaza en la que estaba era una plaza que,
lógicamente, correspondía a un sentido funcionarial, parecía lógico darle
una posición de interinaje. Y así se acordó que fueran sustituidos,
exactamente, por posiciones interinas que dejaban mucho más claro la
situación. Contratos de interinidad en los casos del personal laboral y,
normalmente, funcionarios interinos cuando están reservados a
funcionarios, en aquellos contratos que vencen y se renuevan, para dejar
muchísimo más clara la situación de interinidad, señor Núñez, para que no
haya ninguna duda de que estamos hablando de un empleo temporal que no
debe consolidarse nada más que en la medida en que está previsto; es
decir, en la medida en que las plazas sean permanentes y no coyunturales.

Por tanto, yo creo que estamos en una línea que usted comparte. Allí
donde la Administración tenga una plaza fija, que deba tener una fijeza,
por el tipo de trabajo que se está desarrollando, y esté ocupada por una
persona eventual, lo que se debe consolidar es la plaza, no la persona. Y
eso es lo que vamos a hacer: la plaza, no las personas. La inmensa
mayoría de ellas son de naturaleza laboral. Hay alguna excepción, el caso
de Correos, por ejemplo, pues todavía hay personal que son funcionarios,
como los carteros, y pudiera haber algunos casos de situaciones
temporales en ese sentido. Pero la inmensa mayoría son plazas de
naturaleza laboral, que se van a cubrir mediante la normativa legal y
reglamentaria prevista para la cobertura de plazas, que se van a cubrir,
por tanto, no necesariamente, ni mucho menos, con las personas que están
ocupando esa plaza temporal, que no tendrán más valoración que aquellas
que ha reconocido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias y que
usted conoce muy bien. Por tanto, respecto a la transformación de
eventuales en interinos, estamos trabajando dentro de lo previsto en el
acuerdo con los sindicatos. Hemos realizado hasta septiembre de 1995 lo
que se preveía en dicho acuerdo, que es fijar las plazas que tienen ese
carácter permanente. La fecha del 30 de septiembre fue la última que se
dio a los Ministerios para entregar, en este sentido, sus propuestas; no
tengo aún la valoración definitiva, pero los últimos datos serían de unas
8.500 las que en estos momentos estimábamos como consolidables por ser de
carácter permanente, y vamos a hacer, durante el último trimestre de 1995
y el año 1996, lo que tenemos comprometido. Es decir, una vez fijadas o a
través de planes de empleo o de planes de consolidación de empleo
temporal de cada uno de los Ministerios, las plazas que deben ser
permanentes, la Comisión Interministerial creará esas plazas, se
autorizarán las convocatorias y se ejecutarán los procesos selectivos
conforme manda la legislación vigente.

Me dice usted si hay correspondencia entre el incremento de personal de
las comunidades autónomas, que reciben por transferencias, y el
decremento que tendría el Estado. No hay, lógicamente, correspondencia
exacta, puesto que las comunidades autónomas pueden crear nuevo personal,
porque decidan aumentar personal en determinados servicios para aportar
un mejor servicio a los ciudadanos, para crear servicios nuevos, y usted
sabe que así ha sido en muchos casos, para bien de los ciudadanos en
todas las comunidades autónomas de todos los signos de responsabilidad
política, y lo mismo puede ocurrir en el Estado respecto a determinadas
áreas nuevas que surjan o exigidas por la relación con la Comunidad
Europea, o por servicios que aparezcan con una dimensión nueva. Por
tanto, correspondencia exacta no hay. Hay bastante correspondencia, y
usted tiene los datos como para conocerlos.

Pregunta también por el tema de la funcionarización. ¿Cuál es la
situación? ¿Hay un intento de convalidar actuaciones irregulares o fraude
de ley? A usted le consta que no. A usted le debe constar especialmente,
porque usted perteneció a gobiernos anteriores que dejaron una



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buena cantidad de personal de este tipo, pero una buenísima cantidad de
personal, incluso, de algo absolutamente anómalo para entrar en la
Administración, como era aquello de los contratados administrativos, y
que este Gobierno tuvo que prohibir radicalmente. Recuerdo que en el año
1982 había 165.000 personas de personal laboral y 41.000 contratados
administrativos, señor Núñez; y en 1955 hay 123.000 de personal laboral y
sólo 1.500 contratados administrativos. Por tanto, a usted le consta que
no es ningún fraude de ley. Como le consta también que hubo una posición,
que luego la jurisprudencia obligó a cambiar, de que determinados puestos
hubiera sido mejor, se pensaba en su día, que fueran cubiertos, para el
servicio de los ciudadanos, por personal laboral. La jurisprudencia fijó
que esto sólo se debería hacer con rango de ley para determinados tipos
de supuestos y el Gobierno hizo la modificación oportuna en ese sentido,
y ello dio pie a un proceso de funcionarización, en el que estamos, sin
crear, por tanto, ningún fraude de ley ni ninguna actuación irregular,
sino intentando normalizar la situación de personas que accedieron
legítimamente a la función pública o al trabajo. Si quiere usted, por no
emplear el término función pública, que no suponga confusión con el
concepto de funcionario, al trabajo en las Administraciones Públicas,
insisto, legítimamente, de acuerdo con pruebas legalmente fijadas y que
se decide por el Gobierno, de acuerdo con la sentencia del Tribunal
Constitucional, que deben ser ocupados esos puestos por funcionarios. Por
tanto, estamos cumpliendo con un compromiso y no hay ningún fraude de
ley.

Pregunta usted cuál es la situación en estos momentos. En estos momentos
tenemos clasificados ya como reservados para funcionarios 22.663 puestos.

Calculamos que puede ser el 75% de los que estarían en esta situación.

Nos faltan por clasificar los del Ministerio de Defensa, que son unos
4.500; el personal no docente del Ministerio de Educación, unos 1.200; el
área de justicia, en el Ministerio de Justicia e Interior, 140, y el
personal de CIEMAT, que son unos 100; por tanto unos 6.000 más. Por eso
calculamos que estarán cerca de las 30.000 las plazas que deben ser
reservadas a funcionarios y que hoy están ocupadas por laborales. Y
estamos trabajando por resolver este problema. Usted sabe que en todos
aquellos puestos que son puestos de funcionarios correspondientes a un
Departamento, se han realizado ya, en la inmensa mayoría de los casos,
las pruebas correspondientes y se han funcionarizado exactamente 9.273,
y, de ellos, un porcentaje muy importante, precisamente en la Agencia
Tributaria y todos los del grupo C, de la Agencia Tributaria. Yo creo que
ha habido, en el caso de los ministerios, en general, universidad,
Agencias Tributarias, etcétera, cuerpos del Ministerio de Agricultura,
pruebas selectivas rigurosas con los principios constitucionales
lógicamente cumplidos y que están determinados a este proceso de
funcionarización. Era mucho más difícil en los cuerpos
interdepartamentales, porque hay toda una tarea previa de fijación de los
puestos, las escalas que corresponden y el número de puestos que
corresponden a cada una de las situaciones.

¿Qué compromisos podemos trasladar a los funcionarios directamente y a
través, sin duda, de sus señorías? Nuestro compromiso es que, para el
Cuerpo de Informáticos, la convocatoria de funcionarización salga este
mismo mes de octubre o, como muy tarde, los primeros días de noviembre, y
que para el grupo D salga en el mes de diciembre o enero de 1996. En el
primer semestre de 1996, más bien en la segunda mitad del primer
semestre, finales de primavera, estará en condiciones de salir a concurso
la funcionarización de los grupos C, D y A, por este orden
progresivamente, de mayor a menor dificultad, de menor a mayor grado de
responsabilidad y de titulación. Por tanto, creo que está haciendo un
buen esfuerzo, un esfuerzo importante que clarificará al máximo la
situación de la Administración en este tema, y yo creo que a todos y,
sobre todo, a los propios funcionarios, a los propios empleados públicos,
por no entrar de nuevo en la confusión terminológica, les interesa
terminar cuanto antes; y le aseguro que son muchas las personas que, de
manera informal, me han demostrado su preocupación por resolver esa
situación, no de interinidad, pero sí de duda sobre su posición futura.

Los puestos de apoyo administrativo a que usted aludía, respecto a la
disposición del año pasado, que no está este año, hace referencia,
fundamentalmente, como usted sabe, a puestos de antaño del Grupo E. En
general, parece dudoso que tengan las condiciones de lo que se llama la
función pública; por tanto, que haya un paso progresivo a los temas
laborales, y en ese sentido estamos trabajando. Me pregunta usted por una
escala concreta; si hubiera sido más lógico su posición dentro de este
grupo. Cuando lo hemos puesto así en los presupuestos, estimo que los
técnicos consideran que no. Yo lo estudiaré con mucho gusto de nuevo y le
daré una respuesta, pero no soy un experto como para darle mi posición
personal. No creo que haya sido una arbitrariedad el colocar esta escala
de Auxiliares de Laboratorios a la que usted hacía referencia.

Respecto a la supresión de organismos autónomos, pregunta usted el número
que se ha producido y el alcance. No tengo los datos, lógicamente, en
volumen de presupuesto y de personal. Es difícil también de medir en
cuanto a volumen de presupuesto y de personal, porque la mayor parte de
los efectos no son efectos inmediatos. A corto plazo, los efectos son la
disminución en las retribuciones de los máximos responsables. Había un
responsable con nivel de Director General, Subdirector General,
Subsecretario General, un organismo autónomo; lógicamente, ese puesto
inmediatamente desaparece y ahí hay una reducción. Como usted sabe, las
principales reducciones se producen en el medio y en el largo plazo, con
las economías de escalas que derivan de la integración en una estructura
conjunta o global, con lo que supone de reducción de puestos de apoyo,
etcétera, de evitar duplicación; por tanto, es difícil hacer de manera
inmediata una aproximación, que no sea puramente estimativa, de ese
volumen. En cualquier caso, se ha producido y se sigue produciendo ese
proceso de reducción. En concreto, yo sé que a usted no le gusta que
hablemos desde el año 1982 hasta hoy cuántos han sido, pero hay que
recordarlo; de 307 en el año 1982, a 159 en el año 1995; es decir, la
mitad. Por tanto, los Gobiernos socialistas han reducido a la mitad los
organismos públicos. Mayor descenso en organismos autónomos y algo menor,



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porque ha habido un momento, como sabe, en los entes públicos; pero
globalmente, señor Núñez, se ha pasado de 307 a 159. Por tanto, estamos
en la mitad de lo que gobiernos a los que usted perteneció nos dejaron
encima de la mesa. En la mitad, señor Núñez.

En esta legislatura, concretamente, se ha continuado con la reducción; y
usted conoce perfectamente los datos, alguno afectando muy directamente a
mi Secretaria de Estado, como es que la Presidencia del INAP, con rango
de Subsecretario, tiene ahora un rango de Director General y ha reducido
enormemente sus costes, en relación con una pregunta a la que usted hacía
referencia, y sin embargo ha mantenido su esfuerzo en número de cursos, y
formación, en general, de los empleados públicos. Pero para el año que
viene usted habrá visto que hay, de nuevo, un empujón significativo. Son
nueve los que deben desparecer al 31 de diciembre; uno más, si
consideramos la refundición de dos organismos de Agricultura en uno,
serían 10; y tres más a 31 de marzo; por tanto, estamos hablando de una
tacada, de nuevo, de 13 organismos autónomos. Yo no sé lo que entenderá
usted por una drástica reducción. (El señor Núñez Pérez: Es una frase de
ustedes.) Sí, pero quien la está interpretando es usted, señor Núñez.

Cuando hablamos de que se ha pasado de 307 a 159, ¡hombre! creo que
alguna reducción hay, no sé si drástica o no, pero una reducción
significativa hay. Y si hablamos de 13 organismos más en el año que
viene, estamos hablando también de una reducción significativa. ¿O es que
usted pretende que desaparezcan todos los organismos públicos y entiende
que éste no es un buen sistema para atender las necesidades de los
ciudadanos? Desde luego, no piensan así sus compañeros de ideología
política allí donde gobiernan, en general, lo cual no lo digo como una
crítica, sino como una estimación de que algún sentido tendrá, en
general, esta figura existente, por otro lado, en otros países. Ayer
mismo acompañaba al ministro, señor Lerma, en su recibimiento al ministro
inglés de Administraciones Públicas y nos hablaba de sus agencias y de
sus organismos, mucho más abundantes, por cierto, en el ministerio
correlativo al nuestro, que en el caso español.

Por tanto, hay una voluntad clara de proceder a esa evolución de la
racionalización y de la reducción; le he dado esos datos, se podrían dar
más sin duda, pero yo creo que usted ya no ha hecho ninguna mención,
claro, al incumplimiento de una ley marco que prevea esa modificación de
la estructura de la Administración porque, usted habrá visto que este
ministro, con la ayuda pequeña de este Secretario de Estado, sí ha
cumplido su compromiso y ha enviado ya a este Parlamento la Ley Orgánica
de la Administración, y le adelanto que, en fechas muy próximas, sin duda
también se remitirá la otra ley, la del Gobierno. Usted ya esto lo ha
callado porque no le convenía; pero no ha hecho ninguna referencia cuando
habla de la racionalización de la Administración, pero era su campo de
batalla habitual; hasta aquella referencia, casi constante, por cierto a
veces, muy manida, porque no es exacto, del «quosque tandem, Catilina».

Usted sabe, o lo sabrá pronto cuando lo lea, que en la ley de la
Administración hay un marco adecuado para continuar en este proceso, y
creo que es importante trabajar con un marco de referencia que nos
indique, con mucha mayor claridad, el camino en que se va a producir ese
proceso. Por cierto que usted siempre quiere que le digamos algo (no sé
si me lo ha preguntado o no, porque no he podido tomar con detalle todas
sus preguntas) sobre la evolución del personal de los entes públicos. (El
señor Núñez Pérez: No se lo he preguntado.) Yo se lo digo de todas las
maneras. Permítame esa licencia porque, además, estoy seguro que le
interesará. Usted sabe muy bien que no pertenecen, en el sentido
estricto, a lo que se llama Administración General del Estado, salvo la
Agencia Tributaria y el Patrimonio Nacional; pues bien, desde enero de
1993 a septiembre de 1995, en esta legislatura, han pasado de 76.000 a
66.000; por tanto, han tenido una reducción de 10.000, una reducción
también significativa y paralela al esfuerzo que está haciendo el
conjunto de la Administración.

Ha preguntado usted también por el tema de la edad de jubilación.

Compartimos su preocupación por estudiar ese tema; pero estoy seguro,
señor Núñez, que usted también estará de acuerdo en que éste es un tema
que hay que abordarlo de manera progresiva y de manera prudente; porque
se ha producido una variación importante en la pirámide de edades de
nuestro país (desde luego, aunque lo tengo ya algo olvidado, ésa era un
poco mi especialidad universitaria) y eso, sin duda, puede obligar a
revisar algunas de las posiciones en este sentido. Y algo se ha hecho en
determinados colectivos singulares. En el caso de esta Ley de
Presupuestos, se hacen también, como usted sabe, los contratos para el
personal investigador, que guarda una similitud muy grande con los
catedráticos de universidad y, en buena medida, alguno de ellos incluso
lo han sido; pero lo vamos a hacer analizando el ahorro que supondrá en
gastos de personal activo; el problema que puede suponer para la
incorporación de la oferta de empleo público, la prudencia en la medida,
el equilibrio financiero entre el régimen de activos y pasivos y el mejor
aprovechamiento de los recursos humanos, que es el conjunto, sin duda, de
elementos en el que hay que considerarlo. Y estoy seguro que, de una
manera prudente y progresiva, llegaremos a una posición, yo creo,
bastante concorde en este tema, más allá de lo que suponga quedar muy
bien con el conjunto de funcionarios. Es decir, nosotros mañana, si
pudiéramos, a todos les daríamos la jubilación a los setenta años. Sabe
usted que esto tiene sus consecuencias y que no sería ni prudente ni, sin
duda, lógico, porque ni todos los colectivos son iguales, ni tienen la
misma demanda. Quizá, incluso, sería importante llegar a un acuerdo sobre
el carácter voluntario de una primera introducción de esta medida para
evitar que, si se hace desde el Gobierno, unilateralmente, sea pensado
esto como tantos fantasmas que ustedes siempre ven, como una medida
discriminatoria de quedarnos con los adictos y este tipo de cosas a las
que usted le gusta hacer referencia. Entonces, me gustaría que llegáramos
a esa conclusión, porque sería bueno para los funcionarios y que su afán,
a veces, de dramatismo no impidiera avanzar en este sentido.

Respecto al INAP, ha dicho usted: no voy a hablar, pero sí que hablo y
digo que va a haber una reducción muy drástica



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en la formación, etcétera. Mire usted, el INAP está haciendo un enorme
esfuerzo en su reducción de gastos de personal y de gastos corrientes. Un
enorme esfuerzo. Y, sin embargo, no sólo no ha disminuido, sino que ha
mantenido y aumentado su proceso de formación; fundamentalmente porque
este año ha habido una novedad muy importante, yo creo que usted se
congratulará con nosotros, y es que los funcionarios se han incorporado
al acuerdo nacional de Formación Continua. Eso yo creo que es un hito; un
hito del que están muy satisfechos los Sindicatos firmantes del acuerdo.

Está muy satisfecha, desde luego, la Administración y yo creo que están
empezándolo a notar los funcionarios. Usted sabe que fueron 4.500
millones de pesetas los que se aprueban inicialmente, por cierto hace
unos días se acordó la ampliación en 500 millones más, que será muy
difícil de gastar este año; habría que plantear si es posible su
incorporación al año próximo, y que, a pesar de que el acuerdo se firmó
el 31 de marzo con los consiguientes procesos, luego de transferencias y
de acuerdos puntuales ya con cada una de las comunidades autónomas; a
pesar de ello, en estos momentos tenemos aprobados 180 planes de
formación, divididos entre 48 para la Administración General del Estado;
18 para las comunidades autónomas; 104 para las administraciones locales
y cinco para las organizaciones sindicales, por los cuales estimamos que
se darán unos 11.000 cursos a unos 400.000 empleados públicos. Por tanto,
creo que es un esfuerzo de formación importantísimo. Ciertamente, este
año hemos tenido una dificultad; es algo que empieza por primera vez, que
tiene, incluso, dificultad para materializarse porque la propia
disposición no preveía la formación de convenios y es mucho más difícil
de realizar el traslado de los recursos a las comunidades autónomas y a
los ayuntamientos sin sistema de convenio. Por tanto, tenemos una
excesiva carga de los cursos sobre el último trimestre del año, pero, a
pesar de todo ello, estamos en disposición de cumplir ese acuerdo
nacional de Formación Continua. Yo creo que es algo decisivo para lo que
usted, sin duda, le preocupa y a nosotros también, y es que un buen plan
de formación resulta decisivo para ese proyecto compartido de
modernización de la Administración Pública, porque es el instrumento para
el reciclaje de los funcionarios que deban reasignarse o cambiar de
situación. Es el instrumento para la mejor respuesta a las exigencias
crecientes y nuevas de los ciudadanos. Es el instrumento para unos planes
de empleo que den un mejor resultado.

Pregunta usted una vez más por la masa salarial dedicada a afirmación. Yo
creo que ése es un concepto que si le doy una cifra usted enseguida me la
discutiría, porque diría: depende, en relación con qué, etcétera.

Nosotros somos responsables desde la Secretaría de Estado del Instituto
Nacional de Administración Pública, pero usted sabe que una cantidad muy
importante del dinero que se dedica a formación está en otros ministerios
de manera singular; estamos hablando de la formación militar. Por cierto,
que el complemento en el que usted veía el fantasma de beneficiar a los
altos cargos socialistas, de pasar retribuciones complementarias a
complemento específico de destino, también se aplica al personal militar;
lo digo por si también ahí usted ve ese fantasma de beneficiar a
determinadas personas ligadas a un gobierno; también se aplica, y lo dice
expresamente, al personal militar. Lo digo porque, a lo mejor, su
fantasma se le hace un poco más pequeño, se le encoge. Digo que está la
formación en Escuelas Militares, en la Escuela de la Policía, la Escuela
de Hacienda Pública, etcétera, y, por tanto, se hace difícil darle esa
cantidad aunque, si le preocupa mucho, estoy dispuesto a intentar
recogerla.

Por último, me pregunta por los gastos corrientes en el Ministerio de
Administraciones Públicas. El año próximo el aumento es cero, lo cual
supone una reducción en posibilidades reales, evidentemente. La cantidad
es la misma. Si usted analiza, y estoy seguro que lo hará pronto si no lo
ha hecho ya, en relación con la Secretaría de Estado de Administración
Pública con el programa de Dirección y Organización de la Administración
Pública, observará que ahí hay un aumento; simplemente es un problema de
que cada año vamos intentando perfeccionar la atribución de los gastos a
los programas presupuestarios, y en un Ministerio tan pequeño como el
nuestro, casi todos estos gastos tenían una concentración organizativa,
la Dirección General de Servicios, la Subsecretaría, y este año se ha
producido una atribución mayor a cada una de las Secretarías de Estado o
Direcciones Generales correspondientes; por ello, hay algunas
disfunciones en ese sentido que, si quiere, se las puedo aclarar con
detalle; aparte de algunos aumentos lógicos, como el que haya supuesto el
aumento de alquiler ligado a la Ley de Arrendamientos Urbanos y alguna
otra situación similar. Pero globalmente, el aumento es cero y, por
tanto, hay una disminución con la misma cantidad de dinero; un año
después haremos un esfuerzo por seguir prestando unos servicios,
importantes para los ciudadanos, aunque sean a través de un servicio
indirecto pero que, al final, estamos hablando del instrumento de que
dispone el Gobierno legítimo democrático para desarrollar las políticas
que considere mejores para el servicio de los ciudadanos.

No sé si le he respondido a todo; por lo menos lo he intentado. Puede que
alguna pregunta, para usted importante, se me haya quedado en el tintero.

Intentaré aclarársela, bien por escrito, si usted me lo hace, o bien, si
hubiera lugar a ello, todavía en esta sesión. Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Para
puntualizaciones, señor Núñez, brevemente, tiene la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Con mucha brevedad, señor Presidente, señorías,
señor Secretario de Estado. No sé por dónde empezar. Verá usted, los
Secretarios de Estado del Ministerio de Administraciones Públicas
cambian, pero la calidad de las respuestas sigue siendo la misma; es
decir, pobre y sin sustancia. La mayor parte de los datos que me ha dado
son conocidos; los que pertenecen de verdad a una buena política sobre
racionalización de las administraciones públicas, etcétera, se han
quedado en el tintero. Por tanto, convertiré en preguntas escritas todas
aquellas orales



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que no han recibido una respuesta suficiente, y usted me responde por
escrito cuando lo tenga a bien.

Dicho todo lo cual, permítame tres o cuatro puntualizaciones nada más,
muy breves: señor Secretario de Estado, a lo que usted me ha contestado
razonablemente bien es a lo que yo no le he preguntado. Yo no le pregunté
por la Lofage. ¿Usted cree que después de 13 años de estar preguntando
por la Lofage, ¡13 años!, la mandan ustedes cuando tiene un porvenir tan
negro como los propios Presupuestos Generales del Estado? ¿Pero usted
cree que yo voy a caer en esa trampa de hablar de ese tema aquí y ahora?
Cuando tengamos ocasión, si nos da tiempo parlamentario, o el calendario
político para ello, hablaremos de la Lofage. Bienvenida sea a esta casa,
y la verdad es que, después de 13 años, una vez que ha venido, permítame
que lo que estaba claro es que yo no le preguntara por ella. Estaba claro
que no. Un pareado tan fácil no se lo brindo a usted, señor Secretario de
Estado. He tomado aquí unas notas que voy a ver si las despacho con mucha
brevedad.

En cuanto al tema de nuestras previsiones sobre el Fondo de Compensación,
o nuestras hipótesis, no son nuestras. Los datos en los que nosotros
basamos la posible aplicación de ese Fondo de Compensación nacen de datos
que nos facilita el Gobierno. En el libro amarillo de presentación de los
presupuestos comprobará usted que, al lado del presupuesto inicial de
1995 está ya la previsión del presupuesto liquidado, en cifras de
ustedes. Me parece que es en la página 177, si mal no recuerdo. Por
tanto, son datos suyos. Y en cuanto al comportamiento de la economía que
sirve de base para la negociación con los Sindicatos, no son datos
nuestros; nosotros no nos inventamos ningún dato. Son los datos de la
rueda de prensa del señor Solbes en esta casa el día que vino con el
carrito a traer los libros. Y es el 5,1% del PIB, en el desequilibrio
presupuestario y es el 3,1, de crecimiento, etcétera. Por tanto, sobre
esa base, ustedes tienen que saber qué va a suponer para el Fondo de
Compensación. Tiene que saberlo. Tienen que saber si se va a producir o
no. Tiene que tener una previsión, porque si no le meten goles por la
escuadra. ¡Claro! Son datos que están ahí. No nos inventamos nunca nada,
señor Secretario de Estado, y mucho menos fantasmas y se lo voy a
explicar.

Verá usted, nosotros somos partidarios de cambiar el sistema retributivo,
punto primero; pero somos partidarios, sobre todo, de que se haga donde
debe hacerse, no en una disposición adicional en los dos últimos
Presupuestos Generales del Estado, que ustedes, de momento, pueden hacer.

Han tenido 13 años para hacerlo en un Estatuto de la función pública. Por
tanto, no nos acuse usted a nosotros de imprevisores, o de entender que
hay peligros por todas partes y no se qué otras cosas, y de actuar con la
irresponsabilidad y con la frivolidad que parece que solamente tenemos en
exclusiva los que ejercemos la oposición. Le voy a decir una cosa todavía
mucho más grave, que no lo dije en los medios de comunicación; lo que
dije a los medios de comunicación va a misa, señor Secretario de Estado.

La disposición adicional cuarta puede estar viciada de
inconstitucionalidad ¿Qué le parece? Porque, a nuestro entender, excede
los límites materiales que la Constitución impone a las leyes de
presupuestos. La sentencia 76/1992, he tomado notas aquí a vuela pluma,
de 14 de mayo, entre otras, deja claro este asunto. Lo deja con toda
claridad. Dice: «Hasta el punto que, para sortear la doctrina del
Tribunal Constitucional, los gobiernos socialistas en los dos últimos
presupuestos se inventaron las famosas leyes de acompañamiento»; para
sortear la doctrina del Tribunal Constitucional, pero aquí ni siquiera la
sortean, porque la incluyen dentro de los presupuestos. Dice la
sentencia, creo que literalmente, porque la he citado tantas veces en
esta casa que me la conozco de memoria: «Hemos sostenido que la inclusión
injustificada de materias de esta naturaleza en la ley anual de
presupuestos puede ser contraria a la Constitución por suponer una
restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo al
disminuir sus facultades de examen y enmienda sin base constitucional»
(Sentencia 65, Tribunal Constitucional 1987, fundamento jurídico 5.º), «Y
por afectar al principio de seguridad jurídica, debido a la incertidumbre
que una regulación de este tipo origina» (Sentencia 65, del año 1990). La
consecuencia presupuestaria de la aplicación de la disposición adicional
cuarta, trasciende, señor Secretario de Estado, por mucho que usted diga
que no, del ejercicio de 1996, trasciende en la cuenta de gastos y en la
cuenta de ingresos y condiciona el gasto público, lo hipoteca, por muy
pequeño que sea el uso de esa autorización; porque el complemento de
destino hinchado con el específico y el de productividad lo seguirán
percibiendo toda la vida activa los beneficiarios por la modificación,
aunque cesen en su puesto o sean removidos. Y nosotros somos partidarios
de la profesionalización, y tengo ya ejemplos prácticos que lo
demuestran. Ahí tiene usted la crítica que le están haciendo a nuestro
compañero Ruiz-Gallardón. La tiene como ejemplo. Y la tiene sobre todo
nuestro compromiso, que figura en la Ley de Administración y Gobierno,
donde apostamos claramente por la profesionalización. Pero no confunda
usted eso con las témporas, que no tiene nada que ver con lo que estamos
aquí hablando. ¡No tiene absolutamente nada que ver! La mayoría de los
directores generales y asimilados son funcionarios y algunos
subsecretarios son funcionarios, por lo tanto, llegado su cese tendrían
derecho, en base al artículo 33.2, de la ley 31/1990, de los Presupuestos
Generales para 1991, que fue un artículo que aquí debatimos en
profundidad (aquí hay algunos compañeros que tuve la suerte de debatir
con ellos), al incorporarse al servicio activo al complemento de destino
correspondiente a su grado personal, incrementado con la cantidad
necesaria para igualarlo a favor del complemento de destino que la ley de
Presupuestos Generales fije anualmente para los Directores Generales de
la Administración del Estado, y ello con independencia del puesto que
realmente desempeñen, la responsabilidad que tengan y el grado de
dedicación ¿No es esto un retiro de lujo? Un director general que pasa a
desempeñar un puesto base, compatible con otro trabajo fuera de la
administración pública, puede por este procedimiento tener garantizadas
una retribuciones de más de siete millones de pesetas al año. Sí. Sí...

yo le pongo un ejemplo. Mire usted, un director, no voy a poner de qué
cargo (está en los Presupuestos Generales del Estado),



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tiene un presupuesto específico de seis millones de pesetas al año y un
complemento de productividad de tres millones de pesetas al año, y un
complemento de destino de dos millones de pesetas al año (no llega, un
millón novecientas mil), la autorización, que no concede límites al
Gobierno, le puede permitir poner a ese director un complemento de
destino, que le seguirá toda su vida, de diez millones de pesetas. Por
tanto, no estamos aquí hablando sencillamente de acercar más el nivel
retributivo a la situación personal que al puesto. Claro que sí. Claro
que eso hay que hacerlo; pero no con estas posibilidades. ¡No con estas
posibilidades! Y para que no haya fantasmas, es muy fácil, señor
Secretario de Estado: ¡Cácelos usted! Verá cómo: suprima la disposición
adicional, inclúyala en un estatuto y mádenos aquí un nuevo sistema
retributivo; verá usted como no vemos fantasmas por ninguna parte. Así se
suprimen todos. Por lo menos, suprima usted el párrafo 2.º de la
disposición adicional cuarta, la que hace referencia a los subsecretarios
y directores generales. Suprima usted por lo menos eso. O por lo menos
póngale usted límites al Gobierno y diga: solamente se puede compensar el
complemento de destino hasta tal cantidad; pero no la haga cuando le
quedan cinco minutos a este Gobierno para dejar de serlo, si lo dicen las
urnas. Y no se trata de una opinión nuestra, ¿eh?, créamelo. No sabe
usted la cantidad de llamadas y la cantidad de quejas que nos llegan. No
lo sabe usted bien; pero, en fin, no se trata de hablar de este tema
ahora. Le hablaré de muchísimas otras cosas. No tengo tiempo ni quiero,
en absoluto, seguir causando la atención de sus señorías. Repito, le
agradeceré muchísimo la respuesta a las preguntas a las que estimo que no
ha contestado usted suficientemente y le agradezco, por supuesto, el
esfuerzo que ha hecho y la cordialidad con que me ha contestado; se lo
agradezco de antemano. Las voy a convertir en escritas, para que nos
facilite usted los datos correspondientes.

Y le voy a decir finalmente una última cosa. No hable usted en las
Administraciones Públicas... ¡Bueno! Hable usted lo que usted quiera,
¡Dios me libre de poner puertas al campo! Pero no diga usted, cuando
habla de comunidades autónomas y de los puestos de creación propia, que
en todos los sitios se ha actuado igual. Yo tengo la tabla de puestos de
creación propia, de unas comunidades autónomas y ese elemento de debate
no lo voy a traer aquí. Como tampoco voy a traer el elemento de debate de
los contratados heredados y de los laborales creados, y cómo se
incorporaron a la Administración unos y cómo se están incorporando otros.

Le voy a hacer otra vez la interpelación que le hice al anterior
Ministro, señor Saavedra; porque para eso sí nos va a dar tiempo, para
que ustedes recuerden aquel debate y vean las diferencias sustanciales
que hay entre una situaciones y otras. Aquéllos entraron todos por
oposición, que era exactamente igual, con el mismo temario que los que
entraban por oposición libre. Usted sabe que yo no le puede recordar, ni
le puede decir cuáles son los programas por los que se ingresa en
determinadas fórmulas de funcionariación. Lo demostré en la interpelación
y estoy dispuesto a demostrárselo cuantas veces quiera.

Y en cuanto a las jubilaciones, en el Pacto de Toledo se recoge nuestra
tesis, que ha sido aquí defendida en diversas iniciativas parlamentarias.

Ahora, además del error que cometieron ustedes en el año 1985, jubilando
anticipadamente a unos cuantos funcionarios, han cometido ustedes la
discriminación de hacer excepciones con otros grupos de funcionarios.

Efectivamente, el elemento demográfico plantea un elemento de reflexión
muy importante. La pirámide de edad se ha convertido en un pilar de la
población; casi es de la misma anchura por arriba que por abajo; y eso,
efectivamente, produce, no solamente en el tema de clases pasivas, en el
tema de todo el sistema público de pensiones, unas cuantas
consideraciones. No voy a entrar en eso. Sí le digo que les hemos dado
tiempo a ustedes, no para una medida ahora total demagógica y universal
para todo el mundo, no, no, no..., se lo hemos planteado con claridad, no
esta legislatura, la anterior, en varias ocasiones. Ustedes no han
querido acudir a ese debate y ahora, en el Pacto de Toledo, han
reconocido, por lo menos, que había que tenerlo en cuenta. Ténganlo
ustedes en cuenta, si tienen tiempo de hacerlo y estese usted
completamente convencido que nuestra opción será ahora, y en las
circunstancias que sean, tan leal y constructiva como siempre ha sido.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

Señor Secretario de Estado, para concluir.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Burriel
de Orueta): Gracias, señor Presidente, señorías, es indudable que no
aspiraba, en modo alguno, a que la calidad de mi intervención fuera
superior a los dignísimos Secretarios de Estado que me han precedido; era
lógico que fuera inferior, como también es lógico que a una leal
oposición siempre le parezca que no se responde a lo que él pregunta, que
los datos que se dan son conocidos... No sé para qué pregunta tanto,
entonces, porque si le he respondido a sus preguntas con datos muy
concretos y dice que ya son conocidos o sobran sus preguntas, o no lo
entiende muy bien; porque creo que les he respondido a la inmensa mayoría
de ellas. Otra cosa es que, claro, como le desmontan sus argumentos ya no
le sirvan las respuestas.

Y dice usted que cambian mucho los Secretarios de Estado. Es posible. El
que no cambia es usted. (Risas.) Se le diga lo que se le diga, usted
repite lo mismo. Repite lo mismo. Una y otra vez. Me he leído las
intervenciones de los tres últimos años y dice lo mismo. Le respondan lo
que le respondan. Le demuestren lo que le demuestren. No sé si eso es un
ejemplo de evolución política o más bien de plena convicción; me da la
impresión que es de una oposición que escucha poco; que escucha poco. Por
lo menos, a mí, tengo la impresión de haberme escuchado poco si su
afirmación después es que no se le ha contestado a nada de lo que usted
pregunta y que se le ha dicho siempre lo mismo. Dice usted: ¿Cómo le voy
a preguntar sobre la Lofage después de 13 años? Pues, oiga, no hace ni
quince días preguntaba usted por ella. (El señor Núñez Pérez: No, no.)
Sí, señor Núñez. En el mes de julio, que no hace tanto tiempo
parlamentariamente, al ministro, que de alguna manera represento, le
preguntó usted: ¿De nuevo van



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a incumplir los plazos? ¿El plazo que usted me dice ahora, y que le dijo
al ministro a la vuelta del verano, lo van a incumplir de nuevo? No hace
tanto tiempo. Y yo creo que en la prensa, no hace mucho, volvió usted a
decir ¿y no la van a enviar? Creo exactamente que fue cuando este verano
se presentó de nuevo, ante los medios de comunicación, lo que iba a ser
el contenido, ya a punto de discutirse en la Comisión de Subsecretarios.

Usted no lo ha preguntado simplemente porque no le ha convenido. Porque
siempre el que gobierna tiene un problema, que la Oposición le pregunta:
¿Cuándo hará usted esto? ¿Cuándo hará usted esto otro?, y, evidentemente,
como las cosas unas veces no se acierta a realizarlas y otras veces
cuesta hacerlas, es indudable que usted va ganando. (El señor Núñez Pérez
pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Le importa dejarme responder?,
por favor.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por favor, respete usted el turno del
señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Burriel
de Orueta): Si me permite la broma, luego, cuando va uno a leer las
transcripciones resulta un poco difícil, porque siempre dice: El señor
Núñez dice..., el señor Núñez..., y aparecen esas negrillas que
dificultan la lectura de los textos. Permítame la licencia, sin ningún
ánimo de ofender, sino de darle un tono, a lo mejor, un poco más cordial
que mi tono de voz pueda dificultar. No es mi intención en absoluto.

Quédese más con el contenido que con la forma, como intentaré yo también
respecto a su intervención.

Le decía que no hace mucho tiempo usted seguía preguntando por ello, y no
le conviene preguntar ahora. Y nosotros tenemos un inconveniente: que las
cosas hay que hacerlas y eso lleva tiempo; pero tenemos una ventaja: al
final los hechos están ahí, y hemos cumplido, y la ley está presentada.Y
eso es importante, señor Núñez; aunque usted dice: Es que ya da igual.

¿Usted cree que da igual de verdad? ¿Usted cree que de verdad da igual
presentar un modelo ante la valoración, no sólo de los parlamentarios
sino del conjunto de la ciudadanía? Yo creo que no da igual. La discusión
de una ley es un trámite decisivo en un sistema democrático, pero la
discusión pública de una opción, desde una posición presentada por
escrito y con un rigor, también es algo muy importante en un sistema
democrático. Yo creo que no da igual, y usted sabe que no da igual que la
hayamos presentado, porque, de hecho, además, le va a dar oportunidad de
estar de acuerdo o de estar en desacuerdo, de ejercer la oposición. Por
tanto, no es inútil, ni muchísimo menos, que la hayamos presentado;
cualquiera que sea la duración de la legislatura o el resultado de esta
legislatura que, usted sabe, porque si no, no haría continuas
manifestaciones, que nunca está en política nada claro ni nada escrito.

Por tanto, es importante que se haya presentado y si usted no ha
preguntado por ello es porque no le convenía la respuesta, y si yo le he
respondido, evidentemente, es porque quería dejar constancia de que
aquello que usted más veces nos ha recalcado, este ministro lo ha
cumplido. Y la ha cumplido en un plazo de tiempo rápido. Y eso es de
dominio de la opinión pública. Y eso es propio de un Gobierno que sigue
gobernando, a pesar de que a ustedes no les guste, y por ello repiten
todas las veces (para convencerse de que no es así) que no se está
gobernando.

Respecto al Fondo de Compensación, yo no he dicho que se inventara usted
esos datos: por lo menos no he querido decirlo; lo que he dicho es que el
acuerdo fija enero de 1996 como el momento en que se dispondrá con
suficiente garantía de esos datos como para trabajar sobre ese Fondo. A
pesar de todo ello, le he dicho que en la mesa general con los
sindicatos, de hace unas semanas, acordamos durante los meses de octubre,
noviembre, reunir la mesa más reducida para ir fijando si había o no
acuerdo en los conceptos que integraban la masa salarial, en los
deslizamientos, etcétera, y recordará usted que los sindicatos ya
dijeron: Nosotros entendemos que ahí no debe incluirse el acuerdo con los
sindicatos médicos, porque no fue negociado en esta mesa general. ¿Se
acuerda? Suscitó un cierto debate público en ese sentido. Es evidente que
hay puntos que deben ser fijados, que no son absolutamente claros en la
interpretación de las dos partes, como ocurre en cualquier acuerdo. Eso
es lo que hay que hacer ahora. Si efectivamente podemos tener
estimaciones y hacer una aproximación al presupuesto consolidado al final
de año en el libro amarillo, azul, o en el que usted quiera; pero el
único momento posible para fijar ese fondo y por eso (¿cree usted que los
sindicatos no lo hubieran fijado antes si no hubiera sido posible?) es en
enero de 1996. Y eso es lo que he dicho: que vamos a cumplir con ello y
que estamos trabajando en esa línea y no debe haber ninguna duda en ese
tema.

Sobre los sistemas retributivos, me ha vuelto usted a insistir de nuevo
en buscar estas intenciones ocultas. Lo único que ha añadido usted, como
significativo, es que es inconstitucional. Pues presente usted un
recurso.Yo creo que eso no es lo sustancial en este caso; los sustancial
de su intervención es que nosotros con eso, según usted, estamos buscando
un efecto discriminatorio para supuestas personas amigas del partido en
el Gobierno. Le he manifestado que ésa, ni es nuestra intención, ni se
puede deducir del texto, ni del acuerdo; en absoluto. Y usted lo sabe
perfectamente. Ahora usted dice: ¡Oiga!, intente fijar límites a eso. Por
los trámites parlamentarios se puede hacer, sin duda. Le hemos dado una
prueba muy clara: en el año 1995 no hemos hecho uso de esa disposición.

Es decir, si hubiera sido tan claro este objetivo, ¿no estaría plasmado
en complementos de destino, importantes, precisamente para aquellos por
los que mayor preocupación tuviéramos, según usted? No hemos hecho eso
durante todo el año 1995. Y según sus expectativas políticas, usted
seguro dirá: bueno, el año 1996 me da igual. Por tanto, no entiendo dónde
ve usted ese fantasma. De verdad, no lo entiendo. Nada más que en una
continuada posición, digamos, poco constructiva. Le he dado la razón en
que es el estatuto el que debe cerrar, con la máxima claridad posible, el
sistema de retribuciones; y ¡mire!, se la doy en algo más: sería bueno si
estos presupuestos, como creo que es bueno, y valga la redundancia, para
el país, se discuten y se aprueban;



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sería bueno que fijáramos más el marco de esta disposición durante el
trámite parlamentario. Sería bueno, para evitar cualquier impresión de
que hay un marco absolutamente abierto... ¿Pero no cree usted que es muy
difícil fijar ya un marco preestablecido? Cualquiera que hubiéramos
fijado, su interpretación no hubiera variado. Estoy seguro que no hubiera
variado. Sería bueno. No me opongo en absoluto personalmente a que, en el
marco de la institución parlamentaria, se busquen las limitaciones que
eviten la impresión o la tentación de una utilización discriminatoria de
este precepto; pero la preocupación fundamental sigue estando ahí, señor
Núñez. Y ésa es la que nos movía en este precepto y no otra, y la que
estaba en el acuerdo con los sindicatos. Y le insisto: no cree usted en
este sentido más conflictos, que son innecesarios. No ha habido ninguna
prueba en ese sentido; porque, además, el famoso nivel 31 ó 33 como usted
ha hecho referencia antes, sabe usted que también en comunidades
autónomas de otro signo está reconocido. Estamos hablando del
reconocimiento de un servicio prestado al Estado, en el sentido amplio,
para aquellos funcionarios que entregan, en un momento determinado, mucho
tiempo, muchas horas y que no es tan grande como el que usted señala. En
estos momentos, usted sabe que la diferencia que supone para los niveles
que normalmente van a seguir teniendo esos funcionarios de 28 y 30 es
aproximadamente de 40.000 pesetas brutas al mes, unas 30.000 pesetas
netas. Por tanto, ese retiro de lujo, de treinta mil pesetas mes, para
unas personas que hayan estado haciendo una dedicación tan intensa como
supone un puesto de alto cargo, estoy seguro que ningún ciudadano lo
estimará ni como un retiro de lujo, ni como una prebenda. Analice usted
las cifras y las verá, porque son muchos los ciudadanos que las han hecho
cuando se han encontrado en esa situación; y, por cierto, de muchos
partidos políticos, porque el cambio de signo se ha producido en muchas
comunidades autónomas también, no sólo en el Estado; se ha producido, a
lo largo de estos años y a veces de manera alternante, y son diversas
personas de diferente signo político las que han planteado en ese sentido
su derecho o su preocupación por un cambio sustancial en sus
retribuciones sin, realmente, una responsabilidad en ello, al contrario,
habiendo cumplido con dedicación su servicio al conjunto de los
ciudadanos.

Habla usted, finalmente, de que tuvimos un error al reducir la edad de
jubilación en el año 1985. Aparte de que es muy cómodo verlo con
perspectiva, yo creo que no fue así; en el año 1982, 1985, había una
llegada a edades laborales muy importantes de titulados superiores, en
primer lugar, que es donde se producía el bloqueo principal en el
colectivo de 65 a 70 años y, como consecuencia, además, de dos fenómenos:
primer fenómeno: la fuerte natalidad desde los años 1956 hasta el año
1970, aproximadamente, de una manera fundamental; y, en segundo lugar, el
fuerte crecimiento de titulados universitarios en los años ochenta. En
los setenta, principio de los ochenta ya, con un cambio drástico que
luego ha aumentado. Por tanto, había unas circunstancias de pirámide de
población, de titulación y de características que llevaban a la necesidad
de esa posición. Hoy es radicalmente diferente esa situación. Desde el
año 1968 el proceso de natalidad de este país, no sólo ha descendido,
sino que se ha convertido en la natalidad más baja de todos los países
desarrollados (creo que en estos momentos debe ser la más baja del
mundo), y, por tanto, ha habido un cambio drástico en las perspectivas de
las pirámides de población y, además, se ha producido un desequilibrio
entre activos y pasivos, o un cambio del equilibrio entre activos y
pasivos que lleva a poner en consideración otro factor.

Por tanto, estamos de acuerdo todos en revisar esa situación; pero no lo
lleve usted al argumento fácil de que ustedes se equivocaron y ahora
rectifican, porque eso, en una historia de 13 años, cuando estamos
hablando del colectivo más capacitado, o de mayor titulación, de un
colectivo no amplio en número pero sí muy significado, ha tenido una
evolución muy importante en este país, tanto en su preparación, como en
la disponibilidad de entrar en él, como en las consecuencias sobre el
conjunto del gasto público.

Yo he hecho el mismo esfuerzo y lo seguiré haciendo por responderle a
todo lo que pregunte. El acierto, indudablemente, nunca está en el
Gobierno y siempre, lógicamente, en la leal oposición; pero ése es el
signo del debate democrático y hay que aceptarlo así. Y por mi parte
encontrará siempre una voluntad de intentar resolver los problemas,
aunque no siempre me acompañe el acierto.

Nada más, muchas gracias y quedo como siempre a disposición de sus
señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado para las
Administraciones Públicas.

Se suspende la sesión durante dos minutos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




--DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (PEÑA
DIEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/001694.)



El señor PRESIDENTE: Damos una vez más la bienvenida en estos momentos al
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, don
Francisco Peña Díez, cuya comparecencia ha sido solicitada por parte del
Grupo Parlamentario Popular. Consecuentemente, en nombre de dicho Grupo,
tiene la palabra el señor Fernández Díaz. Cuando guste.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales por su comparecencia, habitual en este trámite
parlamentario previo al debate de los



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Presupuestos Generales del Estado y con la filosofía que ya decía el
señor Núñez en su intervención anterior de, sobre todo, aclarar dudas que
suscita el proyecto de ley, con independencia de cuál sea o fuere su
trámite final, y a los efectos de tener un mayor conocimiento de causa
por parte de nuestro Grupo Parlamentario para presentar, en su caso, las
oportunas enmiendas.

Señor Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales,
evidentemente, su comparecencia, desde mi punto de vista, no plantea la
complejidad que la de su colega para las Administraciones Públicas, por
razones objetivas. En todo caso yo me voy a ceñir a los dos programas
fundamentales que constituyen la gestión propia de la Secretaria de
Estado de la cual usted es titular: el 124A y el 912B, el 124A, relativo
al desarrollo de la organización territorial del Estado y sus sistemas de
colaboración, y el 912B, relativo a la cooperación económica local del
Estado; y desglosaré mis preguntas en relación con los dos programas de
manera correlativa.

En relación al primero, el Programa 124A, según la memoria, tiene por
objetivo coordinar las actuaciones tendentes al desarrollo de la
organización territorial del Estado, con independencia del centro
directivo que las realice y de su conexión con el plan de actuación del
departamento. Este programa es muy ambicioso en su denominación
ciertamente, porque entre los objetivos de este Programa 124A se dice que
tiene por objeto el desarrollo de la organización territorial del Estado;
sería todo el Título VIII de la Constitución. Luego vemos que está dotado
con 593 millones de pesetas, es decir, que si los objetivos que persigue
este programa de cara a la organización territorial del Estado son los de
afianzar el principio y los instrumentos de cooperación, o sea, el
principio de cooperación y los instrumentos de cooperación y de
coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, asegurar un
funcionamiento integrado y estable en el Estado autonómico, así como el
de reforzar el papel de las entidades locales en el Estado autonómico, se
trata de objetivos enormemente ambiciosos. Luego, claro, cuando llega uno
a su asignación presupuestaria, insisto, uno se da cuenta de que este año
va a haber una cantidad total que no llega a los 593 millones de pesetas.

No voy a hacer una broma fácil, pero ciertamente, parece que existe poca
correlación entre los objetivos y las asignaciones presupuestarias, entre
los objetivos y los medios presupuestarios para esta finalidad, porque si
para asegurar el funcionamiento integrado y estable del Estado
autonómico, entre otras cosas, se establece una dotación de 593 millones
de pesetas, la broma fácil nos llevaría a decir que no nos extraña que
pueda no estar funcionando de manera adecuadamente integrada o estable el
Estado autonómico.

Esta sería una primera pregunta, sin perjuicio de que, en relación con
esta cantidad relativamente escasa comparada con otras partidas y
capítulos del presupuesto, luego le pregunta a qué se deben algunas
minoraciones e incrementos que se han producido, pero, en todo caso, debo
entender, y ésta es la primera consideración que le hago, señor
Secretario de Estado, que esto fundamentalmente debe servir para
financiar el funcionamiento de las conferencias sectoriales, y si no es
así, le ruego que me lo explique, y se lo pregunto desde la buena fe
absoluta, porque, si no, no entiendo cómo con esta escasa cantidad de
dinero se puede pretender cumplir con todo lo que atañe al Título VIII de
la Constitución, según, insisto, la memoria de objetivos correspondientes
al programa que estamos comentando, que es como digo el 124A.

El incremento ha pasado de 565 a 593 millones, en número redondos. El
capítulo 1 pasa de 486 a 501. Se lo pregunto, insisto, dentro de la
relatividad de estas cifras y de lo escaso de las mismas, y por eso me
interesa aclarar a qué se deben estas variaciones, en términos relativos,
en relación con los presupuestos del pasado año. El capítulo 2 aumenta de
40 a 65 millones; no es mucho, pero es un incremento de un 50 por ciento.

¿A qué se debe este incremento del 50 por ciento en el capítulo 2 de la
asignación que tiene este programa dependiente de su Secretaria de
Estado? Y, por el contrario, el capítulo 4, de transferencias corrientes
--le preguntaré también por el destino de estas transferencias
corrientes-- se reduce de 35 a 20 millones.

Finalmente, las inversiones reales, fíjese, inversiones reales para
garantizar un funcionamiento integrado y estable del Estado autonómico en
su conjunto, pasan de 4 a 6 millones de pesetas. Explíqueme cómo con
estos 593 millones, en relación con los objetivos que le he recordado,
porque usted los conoce perfectamente, se atiende a ese funcionamiento
integrado y estable del Estado autonómico en su conjunto, al
reforzamiento de la estructura local en la organización territorial del
Estado, en fin, a todo eso que hemos comentado, con estas cantidades de
dinero. En todo caso, señor Secretario de Estado, quisiera que me
aclarara, por favor, a qué se deben estas minoraciones e incrementos en
unos casos significativos tanto, insisto, dentro de la relatividad como
de la escasez de estas cifras.

Más importante es el segundo Programa, el 912B, relativo a la cooperación
económica local del Estado, los antiguos planes de obras y servicios, red
viaria local, etcétera. El Programa 912B, sin duda, es el más importante
dentro de todo el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Representaba en 1995 el 75 por ciento del total del presupuesto, y para
1996 es prácticamente el mismo; se ha reducido un poquitín, pasa al 74,52
por ciento. Se reduce mínimamente en su cuantía global el programa,
pasando de 28.593 millones a 27.823 millones. Dentro de estos 27.823
millones de pesetas, en cifras redondas, con que está dotado el Programa
912B, relativo a la cooperación económica local del Estado, aprovecho
para decirle, señor Secretario de Estado, que me extrañaba que se dijera
que uno de los objetivos del programa anterior tenía por finalidad
reforzar el papel de las entidades locales en el Estado autonómico, no es
así, si no estoy equivocado, el Programa 912B, que es el que tiene esta
dotación que ya empieza a ser significativa, pues estamos hablando de
27.000 millones; en el caso anterior estábamos hablando de un total de
593 millones. ¿Cómo es que esto está así? En cuanto a la descripción de
los objetivos, parece que el objetivo está traspuesto y que, en todo
caso, el objetivo de reforzar el papel local del Estado debería ser el
Programa 912B, que es el que específicamente está destinado a cooperación



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económica local. En todo caso, le preguntaría si me lo puede aclarar,
señor Secretario de Estado.

¿Qué es lo más significativo, a mi juicio, dentro de este segundo
programa? Pues que dentro de que prácticamente la totalidad va destinada
al capítulo 7, que son 27.126 millones, que se dedican a la financiación
de inversiones para las corporaciones locales, incluye, si no estoy
equivocado, los 5.330 millones que fueron fruto del acuerdo con la
Federación Española de Municipios y Provincias el 1.º de agosto de 1994 y
con una cuantía igual al pasado año. De otros subconceptos hemos
observado que se reduce el correspondiente a los planes de obras y
servicios, que pasa de 7.000 a 6.800 millones de pesetas, y el de la red
viaria local, que también se reduce, pasando de 4.600 a 4.300 millones.

¿Qué nos llama la atención, y le preguntamos por eso, dentro de este
Programa 912B, en cuanto a diferencias con el presupuesto del año actual,
presupuesto de 1995 --ahora estamos hablando del proyecto para 1996--? La
importante subida del capítulo 1 que se inició ya en 1994, como
consecuencia de la subida correspondiente a funcionarios. En el año 1994
fue cuando se experimentó el primer incremento de manera espectacular,
pasando de 293 millones, en cifras redondas, a 363 millones. En 1996, en
este proyecto, están previstos 385.524.000 pesetas en lo relativo a
retribuciones de funcionarios. Le pido que me explique esta importante
partida para funcionarios, porque yo entiendo que esto debe estar
gestionado y, entonces, le rogaría que brevemente me explicara cómo lo
gestiona la Secretaría de Estado de la que usted es titular --debo
entender que es la Dirección General de Acción Económica Local la que
gestiona este programa--. ¿Por qué esta importante dotación en
retribuciones de funcionarios? ¿Por qué esto se ejecuta fundamentalmente
a través de las diputaciones? ¿Y por qué 385 millones de pesetas en
retribuciones de funcionarios? Insisto en que es una subida espectacular
porque hace dos años estábamos hablando de 293 millones. ¿Por qué
desciende el capítulo 2 de manera tan sensible en términos relativos, de
113 millones a 84 millones? Y, por lo demás, quedarían algunas cosas
curiosas como, por ejemplo, que el capítulo 4 desciende de 20 a 10
millones para estudios, conferencias y seminarios. No lo critico;
simplemente digo que ignoro hasta qué punto, con una partida
presupuestaria de 10 millones de pesetas para estudios, conferencias y
seminarios, se pueden atender desde la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales seminarios, conferencias y estudios. Da la
impresión que más vale que no hubiera nada, porque en caso contrario, no
entiendo qué tipo de política, qué tipo de objetivos dentro de este
Programa 912B se puede cumplir con una partida presupuestaria tan
absolutamente escasa.

Por último, hay dos cosas más que quería comentarle. La primera, usted
sabe que el Real Decreto 665/1990 es el que regula el procedimiento para
la concesión de las ayudas correspondientes a las entidades locales y que
se enmarcan en este Programa 912B, estos 27.000 millones de pesetas en
cifras redondas. Ese decreto trae como consecuencia que, por ejemplo, a 1
de agosto de este año, el total de subvenciones comprometidas por su
Ministerio, el Ministerio al que usted representa en este trámite
parlamentario, fuera escasamente del 11,4 por ciento. ¿Por qué? Porque,
si no recuerdo mal, su Ministerio saca a concurso las subvenciones a 31
de marzo, las diputaciones plantean sus opciones a 30 de mayo, lo cual
quiere decir que las primeras obras empiezan a ser adjudicadas a primeros
de octubre, y todo ello lleva un desfase tremendo. Su Ministerio paga el
75 por ciento cuando está adjudicada la obra y el 25 por ciento restante
cuando está finalizada, siempre y cuando la finalización de la obra se
produzca el 31 de diciembre del año siguiente al de la aprobación de los
presupuestos. Es decir, que respecto a estos 27.000 millones de pesetas,
hasta el 31 de diciembre de 1997, en su caso, no pagaría ese 25 por
ciento, con lo cual hay un nivel de ejecución presupuestaria muy escaso:
insisto, según cifras aportadas por el Subsecretario del departamento
para las Administraciones Públicas, el 11,4 por ciento a 1 de agosto.

Esta singularidad en la gestión de este programa es lo que lleva a estos
retrasos, insisto, en la ejecución presupuestaria. Entonces le pregunto,
¿qué planes tienen ustedes para modificar ese decreto y agilizar el
trámite presupuestario, la ejecución presupuestaria, que es lo que en
definitiva nos interesa? Repito, estamos hablando de planes de obras y
servicios, y todos sabemos lo que eso significa, de la red viaria local,
todos sabemos lo que significa. Entiendo que interesa a todos, interesa a
todos proporcionar un sistema de concesión de estas ayudas lo más ágil y
rápido posible, y el actual Real Decreto 665/1990 parece que no lo hace
posible. ¿Qué previsiones tienen ustedes, dentro del Ministerio, de
plantear un nuevo decreto que agilice el estado de la cuestión?
La segunda y última pregunta que le quiero hacer al señor Secretario de
Estado para las Administraciones Territoriales, en su condición de
miembro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, si me lo permite,
de responsable político inmediato de la relación del Estado con las
comunidades autónomas, tiene que ver con la cuestión de la cesión del 15
por ciento. El lunes de la semana pasada, si no recuerdo mal, se reunió
el Consejo de Política Fiscal y Financiera en medio de un gran debate
político sobre si se iba a quitar o no se iba a quitar la cesión del 15
por ciento a las comunidades autónomas, en medio de declaraciones del
Ministro de Economía sobre que si la mayoría de las comunidades autónomas
lo querían, en ese caso se aprobaría, y si no lo querían, no lo
aprobarían; en medio de un debate político que todos conocemos, al final,
el Consejo de Política Fiscal y Financiera se pronunció a favor de la
prórroga de la cesión del 15 por ciento ante la imposibilidad de
cualquier otra alternativa, dado que no había un modelo de financiación
autonómica alternativa presentado por el Gobierno y que se pudiera
discutir. Entonces, como el señor Secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales tiene la responsabilidad de la cooperación
y la colaboración con las comunidades autónomas, pertenece, en nombre del
Gobierno, a la representación de éste en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera y está presente en toda esta negociación, yo quisiera
plantearle en términos políticos: señor Secretario de Estado, ¿cómo
piensan instrumentalizar para 1996 la cesión del 15 por ciento de la
cuota líquida territorializada del Impuesto sobre



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la Renta de las Personas Físicas en cada una de las comunidades autónomas
para el próximo ejercicio presupuestario? No le oculto que esta misma
pregunta se la voy a trasladar al señor Tanco, Director General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales, que es el Secretario del
Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tiene una responsabilidad
más inmediata desde el punto de vista de una tramitación de este
supuesto; pero, insisto, usted es un responsable político que tiene mucho
que ver con estas cuestiones, y nos parece que a los efectos de, como
decía al inicio de mi intervención y así termino, tener un adecuado
conocimiento de la cuestión para presentar en su caso las oportunas
enmiendas, su respuesta es para nuestro Grupo de un interés indudable,
motivo por el cual yo se la formulo en estos momentos.

Nada más y muchas gracias, señor Secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández. Señor Secretario de
Estado, cuando guste.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señorías y
en particular a S. S. señor Fernández Díaz por sus palabras y por sus
interrogantes. De nuevo, efectivamente comparezco en esta Comisión, para
tratar de aclarar las dudas que pueda plantear la redacción que el
Gobierno ha enviado a estas Cortes para los presupuestos de 1996, en lo
que afecta a esta Secretaría de Estado o en general a la política
autonómica y local.

Haré algunas breves consideraciones sobre las preguntas iniciales y otra
algo más compleja sobre el asunto de la cesión del 15 por ciento, no
porque me preocupe esa alusión reiterada del señor Fernández Díaz a
responsabilidades políticas, que no me preocupa, aunque últimamente eso
de hablar de responsabilidades políticas y otras genera cierta tensión
cuando se oye hablar de ello; pero yo sé que su intención no es la de
someterme a tensión, sino la de manifestar que, efectivamente, hablo
desde una perspectiva política más que técnica y eso es correcto y así lo
entiendo.

Lo primero que le crea alguna inquietud o le hace preguntar es cómo es
posible que el Programa 124A, dotado con unos 500 millones de pesetas, es
decir, con una dotación tan escasa, sea capaz de abordar objetivos tan
amplios y tan ambiciosos como los que se establecen en su memoria, y cómo
se puede garantizar el cumplimiento de esos objetivos. Bien, es
relativamente sencilla la información. Los objetivos del Programa 124A
tienen que ver con la historia del Estado en las Autonomías. Se trata de
modular el desarrollo autonómico, que, como se sabe, en un principio tuvo
una gran importancia e incluso llegó a justificar la existencia de un
Ministerio, el Ministerio de Administración Territorial; que los avatares
de la historia han llevado a que esto se concentre ahora en una
Secretaría de Estado y más concretamente, diría yo, en una Dirección
General. Yo creo que el objetivo de modular el Estado de las Autonomías
siempre tiene que ser ambicioso y que la dotación que los presupuestos
establezcan para ello es, relativamente, una cuestión menor;
relativamente. La dotación que existe en los presupuestos es la que ha
existido tradicionalmente durante los últimos, al menos, diez años y
tiene que ver, sencillamente con el capítulo 1. El capítulo 1 absorbe
prácticamente la totalidad de esta dotación y se trata por tanto de los
sueldos de los funcionarios que se ocupan de los instrumentos concretos
que el Ministerio tiene para cumplir esos objetivos. El vincular la
consecución de esos objetivos al presupuesto es una visión muy parcial y
muy escasa también del mismo. El articular mejor este país o el avanzar
más en el desarrollo autonómico, el hacer más transferencias o que
funcionen mejor las conferencias sectoriales no depende, exactamente, de
la dotación económica sino de factores de otro tipo fundamentalmente
políticos. En todo caso yo, modestamente, me siento tranquilo y
satisfecho de haber conseguido con tan poco dinero algo que es muy
importante; y digo esto no en tanto a un año o a otro, sino en cuanto a
la trayectoria que ha habido a lo largo del tiempo. Luego también es
verdad que aquí el objetivo de articular y de desarrollar estas
autonomías no es sólo un objetivo monopolístico de esta Secretaría de
Estado; a ese objetivo confluyen muchos otros ministerios y otras muchas
partidas presupuestarias, fundamentalmente, la Sección 32 y 33 de los
Presupuestos Generales del Estado y los propios ministerios. Por tanto,
yo no sé si el señor Fernández Díaz, que no creo, habrá pedido más
dotación para ese programa. A mí tampoco me vendría mal, dicho sea de
paso, pero tampoco lo considero exactamente imprescindible. Yo creo que
tengo una Secretaría de Estado muy escasa en dotación humana --buena
prueba de ello es esta cantidad--, pero creo que estamos dando unos
resultados que a mí, al menos, me tienen satisfecho, existiendo una
profesionalización de sus empleados muy alta; son gente que lleva muchos
años trabajando en esto y no están bien pagados, eso soy el primero en
saberlo, al menos eso dicen ellos y yo lo entiendo, pero eso es así y,
por tanto, yo creo que con eso es más que suficiente.

Quiero hacer dos aclaraciones muy concretas. Dice que a qué se debe la
bajada de 35 a 20 millones, en el capítulo 4 de este programa. Esto es
muy sencillo. Con esos 35 millones se dan dos subvenciones, una de ellas
a la FEMP y otra a federaciones de vecinos de este país, la primera de
las cuales es tradicional de la Secretaría de Estado y la segunda se nos
incluía en tramitación parlamentaria. Sinceramente, por decisión de SS.

SS., pero sin que la Secretaría de Estado supiera exactamente por qué se
nos adjudicaba a nosotros esa partida (adjudicación cuyos trámites, por
otra parte, nosotros cumplíamos lealmente anunciando que había ahí unas
subvenciones y accedían a ella un montón de asociaciones de vecinos), año
tras año nosotros no la incluimos y año tras año el Parlamento nos la
incluye. De modo que respecto a esa bajada, este año volverá a ocurrir lo
mismo, y es que volverá a ser de 35 millones si ustedes no lo remedian.

En todo caso aclaro que ahí son históricamente, 20 para la FEMP, que es
la dotación con la que el Ministerio contribuye a los gastos de la FEMP,
y 15 para esa extraña línea de ayuda, que no la discuto, pero



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siempre he dicho que qué pintaba esta Secretaría de Estado en ello.

Luego preguntaba que a qué se debía la subida de 40 a 60 millones, me ha
parecido entender que era de inversión. Esta es una cosa que, además, se
la cuento y les sugiero que, incluso, lleguen a conocerla. Este programa
es gestionado, fundamentalmente, por la Dirección General de Cooperación
Territorial, que es la que lleva el peso fuerte en las políticas de las
transferencias en materias de cooperación. En esa Dirección General, a
falta de más funcionarios, aunque sean buenos, hemos decidido someterla a
un intenso proceso de informatización, y estamos montando todo un
programa informático, de muy alta tecnología, que incluso está ya
conectado, por supuesto, con todas las comunidades autónomas, y a través
del mismo se puede tener en pantalla, diariamente, toda la información
que se necesite y conste en la Secretaría de Estado, sobre el Estado de
las Autonomías en su conjunto, desde transferencias, comisiones mixtas,
etcétera. Es un programa muy sofisticado, sobre el que no voy a explicar
aquí más, pero que, insisto, es una garantía de futuro de que también en
esta área, y no ha sido fácil, aunque sea pequeña, se ha llegado a un
nivel de informatización muy alto.

En cuanto al Programa 912B, tiene efectivamente una bajada relativamente
pequeña respecto al año 1995, un 2,7 por ciento. Se reconocen, como bien
decía el señor Fernández Díaz, 5.000 millones, que son el fruto del
acuerdo global con la FEMP sobre financiación, y le sorprendía, en este
caso al revés, que hubiera un importante aumento de dotación en el
capítulo 1 en los últimos años. Esto es cierto, porque esta Dirección
General, tradicionalmente, se ha dedicado casi exclusivamente a la
gestión durante años de la cooperación local, que incluye las líneas de
subvenciones a diputaciones y ayuntamientos, pero en los últimos años
hemos intentado ampliar las funciones de esta Dirección General para que
hiciese otras tareas que tienen que ver más con estudios, que tienen que
ver con análisis, información técnica y, sobre todo, financiera, del
complejo mundo de las administraciones territoriales. Puede resultar
sorprendente, pero es un poco patético tener que reconocer que todo el
inmenso montante de dinero que es administrado por todas las
administraciones territoriales de este país tiene un nivel de información
mutua relativamente escaso o, más exactamente, más que escaso, primario,
y en esta Dirección General, y es observable en la evolución de los
presupuestos, hemos tenido que dotar con mucho dinero también otro
programa informático de esa Dirección General, muy sofisticado, que
permite planificar los planes provinciales y la red viaria local con más
eficacia que antes. Pero eso también ha llevado consigo necesariamente un
aumento de efectivos; un aumento de efectivos, por lo demás, modesto.

Estamos hablando de una Dirección General que me parece que debe tener
150 funcionarios o 200, poco más o menos. Por tanto, son cantidades que
vistas en términos absolutos pueden sorprender; en términos relativos su
impacto es muy escaso. Como es escasa, en efecto, la dotación que hay de
10 millones para reuniones y seminarios. Esta partida sencillamente trata
de financiar las reuniones que se suelen tener en esa Dirección General
por parte de técnicos y no técnicos, pero sobre todo técnicos, de
diputaciones y ayuntamientos para organizar los trabajos de estos
programas. La lentitud, que es cierta, en la gestión de este programa
obedece --y ahí empieza mi discrepancia con el señor Fernández Díaz-- no
tanto a que el decreto que lo regula esté mal o haya que modificarlo.

Este es un programa muy complejo, que empieza con 27.000 millones en los
Presupuestos Generales del Estado y acaba con 100.000 millones de
inversión en pequeños municipios de este país y que pasa por
prácticamente todas las administraciones hasta que llega a su ejecución,
y esto hace que ya de por sí la ejecución de este presupuesto tenga que
ser lenta, efectivamente, pero eso en ningún caso es achacable a la
Administración central. A diferencia de lo que decía el señor Fernández
Díaz, por ejemplo, para que ustedes se hagan idea, en estos momentos el
Ministerio ya está organizando la primera reunión con técnicos de
diputaciones para irles informando de, más-menos, con qué hipótesis de
dinero van a contar para el próximo año. Es decir, que la cuenta atrás
empieza incluso antes, si me permiten SS. SS., de que ustedes hayan dado
su voto a favor de los presupuestos; pero es que tenemos que «comernos»
el tiempo hacia atrás para no retrasarlos más. Desde ese momento hasta
que de verdad empieza la distribución del dinero que se hace en la
Comisión Nacional de Administración Local con la FEMP, hasta que las
diputaciones empiezan a hacer sus programas de actuación y la selección
de obras y eligen los municipios, pasa el tiempo y, efectivamente, eso
nos lleva a una gran complejidad que, aunque no lo ha dicho el señor
Fernández Díaz ya lo digo aquí, nos está planteando incluso algunos
problemas con la Unión Europea, porque este programa está ya, en buena
medida también, cofinanciado por la Unión Europea. En todas las reuniones
que hacemos nosotros con las diputaciones este tema figura en el orden
del día: agilidad en la gestión de este dinero. Estamos haciendo
múltiples esfuerzos en conseguirlo. El proceso de informatización que va
avanzando probablemente lo permita. Las exigencias de la Unión Europea
también lo van a hacer necesario y, por tanto, yo creo que este problema
se irá corrigiendo, aunque muy poco a poco. Lo que desde luego no vamos a
hacer es algo que quiere alguna diputación, y no sé si la insinuación, no
de S. S. Fernández Díaz sino que quizá le venga al oído de otros, es
modificar el decreto para algo que sí quieren algunas diputaciones, pero
que yo creo que sería un error, lo creo, que es simplemente coger este
dinero, entregárselo el día 1 de enero a cada diputación provincial, y
allá cada uno que haga lo que quiera. Digo esto porque, claro, este
programa está gestionado de una manera compleja, pero a cambio pasa por
todas las administraciones y por todos los filtros, de manera que es un
programa que yo creo que es ejemplar en cuanto a la consecución de
objetivos y en cuanto a la neutralidad. Hay que tener en cuenta que aquí
intervienen administraciones de todos los colores posibles y, a veces,
cruzados, y esto hace a este dinero, por un lado, muy goloso y, por otro,
muy peligroso. Y, claro, lo que el Gobierno no va a hacer es modificar el
decreto para que éste, en aras de la agilidad, lo distribuya el día 1 de
enero por todo el territorio nacional y se desentienda de su



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eficacia y de su administración. Eso llevaría a agilizar mucho el
programa, pero perdería todo sentido que el Gobierno siguiese gestionando
ese programa. Así de sencillo.

Respecto a lo del 15 por ciento, había una frase, señor Fernández Díaz,
que ya se la comentaré personalmente porque tengo suficiente confianza
con S. S. para hacerlo, pero en todo caso que quede en acta. Ha dicho que
se aprobó la prórroga de la cesión del 15 por ciento hace unos días dado
que no había un modelo alternativo del Gobierno en esa reunión. Esa
reunión no se convocó para discutir ningún modelo alternativo. La última
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se convocó
exclusivamente para decidir algo que había quedado pendiente del anterior
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y era si se prorrogaba o no la
fórmula del 15 por ciento en el año 1996, nada más, que era el compromiso
que se adquirió, por cierto, el año 1992. Era ése el objetivo de la
reunión y, por tanto, ahí no había ninguna necesidad ni oportunidad ni
estaba previsto que nadie presentase un modelo alternativo. Yo cada vez
estoy más con aquellas personas que consideran que la polémica sobre la
fórmula de corresponsabilidad fiscal a través del 15 por ciento ha sido
una polémica bastante vana en sí misma, instrumentalizada políticamente
por la oposición, cosa que es relativamente lógica, pero el tiempo ha
demostrado que esa instrumentalización política sólo tenía como objeto la
rentabilidad electoral, porque los hechos han venido demostrando que,
estando o no de acuerdo con la fórmula, de lo que se trataba era de
empezar a ensayar fórmulas de corresponsabilidad fiscal con suficientes
precauciones como para que cualquiera de las que se ensayase no se
desviase demasiado sobre los objetivos iniciales. Y eso es lo que se ha
conseguido, porque al final se está demostrando, como bien se vio por
parte de todos los consejeros de las diecisiete comunidades autónomas en
esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que cuando se
ven los números se ve que, efectivamente, ha sido una fórmula que podrá
ser buena o mala --yo creo que todavía es prematuro el juzgarla
definitivamente si es una forma a seguir o no--, pero en todo caso se ha
demostrado que es una fórmula que no ha perjudicado a nadie, y aquellos a
los que ha beneficiado lo han sido tan modestamente que toda la tinta y
las palabras que se han gastado en criticar esta fórmula se podrían haber
ahorrado tranquilamente. Los datos, que no sé si constan a SS. SS., pero
que en todo caso tienen los consejeros de las comunidades autónomas que
estaban allí, y por tanto son públicos y notorios, son bastante
ilustrativos. Es decir, los efectos de la fórmula sobre el año 1994, que
es el primer año sobre el que se tienen datos ya reales, provisionales,
porque estamos hablando de un año fiscal que se ha declarado este año y
que, por tanto, es ahora cuando se empieza a ver la evolución de la cuota
líquida en cada comunidad autónoma, son altamente modestos. Esto ha
supuesto para las comunidades autónomas a las que se ha aplicado poco
menos de 10.000 millones de pesetas, que más o menos fue la cifra que se
dijo en un inicio que podía suponer la fórmula del 15 por ciento. Lo más
curioso del caso es que el desarrollo de estos 10.000 millones ha
supuesto cantidades, cuando se demuestran, para cada una de ellas, bien
distintas a las que cada comunidad autónoma preveía, y, curiosamente, no
es exacta aquella afirmación que se hizo en un principio también, de que
ésta era una fórmula que beneficiaba a los ricos y perjudicaba a los
pobres, en absoluto. La fórmula tiene mucho que ver con la evolución año
a año de la cuota líquida de cada comunidad autónoma, con la evolución de
la economía y, por tanto, de las rentas personales, y con muchas
variables muy complejas que hacen que con frecuencia se neutralicen unos
efectos y otros. De modo que ésta es la realidad sobre el 15 por ciento.

Y esto fue lo que se discutió en el último Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que, en efecto, no fue un modelo de reunión de dicho Consejo
de Política Fiscal y Financiera, porque allí se produjeron situaciones
francamente chocantes que no es el momento de recordar, pero que me hacen
a mí concluir que como el nuevo sistema de financiación que, ahora sí,
hay que negociar el próximo año se plantee en el Consejo, sea cual sea el
Gobierno que gobierne España, con la voluntad política y con la actitud
psicológica con que se fue a esa reunión, será muy difícil casi ni
empezar a hablar del nuevo sistema de financiación.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es, probablemente, el órgano
sectorial de encuentro entre Estado y comunidades autónomas más
importante, más sofisticado y, quizás, en el que más haya que renunciar a
posturas partidistas y territoriales, valga la contradicción si se me
apura. No se puede ir a ese Consejo pensando sólo en «mi» territorio ni
se puede ir pensando en a ver qué hago yo para desgastar al contrario
políticamente, porque como se vaya con una de esas dos actitudes --y no
hablo de un partido, ojo, no se sienta la oposición a este Gobierno
aludida exactamente, porque la alusión es genérica--, como se vaya con
una de esas dos actitudes o como se vaya con las dos, que es lo normal,
el Consejo no funcionará. No sé por qué digo esto aquí si nadie me lo ha
preguntado, como decía en la anterior comparecencia el señor Núñez con mi
colega Secretario de Estado; pero valga la reflexión como experiencia de
alguien que, efectivamente, forma parte de ese Consejo y que salió de esa
reunión confuso, perdido y muy preocupado. Dado que la situación política
es compleja y que, digamos, en este país últimamente vale casi todo y nos
vamos acostumbrando todos a este tipo de chapuzas, que es como hay que
llamarlas, dejemos las cosas como están; pero el próximo año esto no
puede seguir así. Insisto, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
el consejero y el ministro, que hay dos, que entran a la reunión deben
entrar con una actitud bien distinta a la que es normal en los últimos
tiempos, que es la de salir de la reunión viendo si he sacado algo para
mi tierra o si he creado un problema a mi rival político. Con esa actitud
no avanzamos. Y estamos hablando de un órgano sectorial que tiene la
responsabilidad de distribuir, nada menos, por una vía o por otra, que 8
billones de pesetas para las comunidades, que tiene que entrar a fondo en
un problema que es cómo articulamos un sistema fiscal en este país
compatible con la autonomía de gasto y con la autonomía de ingresos, que
es un problema poco menos complicado que el nudo gordiano, y, por tanto,
para afrontar esos problemas y otros



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muchos --la Unión Europea, etcétera-- hay que entrar con otra mentalidad.

Por fin y acabo, decía el señor Fernández Díaz ¿cómo se piensa
instrumentalizar este acuerdo que tomó el Consejo de Política Fiscal y
Financiera? Pues muy sencillo. Como se sabe, ese Consejo aprobó esa
fórmula con tres votos en contra y una abstención. En el resto de las
comunidades autónomas no se sabe lo que hicieron; al parecer, todo el
mundo dice que se abstuvo. Allí abstenerse, sólo se abstuvo una comunidad
autónoma; pero bueno, da igual, se aprobó en definitiva y punto. El
Gobierno, a través de nuestro Ministerio, enviará el acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera a cada una de las quince comunidades
autónomas, las dos forales no cuentan evidentemente, para que nos digan
si están conformes con esa fórmula, una fórmula literaria que diga que se
aplica a esta comunidad autónoma la fórmula del 15 por ciento, para que
la misma se apruebe o no en Comisión mixta, que es lo que hay que hacer
desde el punto de vista jurídico. En cuanto a las comunidades autónomas
que nos manifiesten su deseo de que en Comisión mixta se apruebe esa
fórmula, se convocará la Comisión mixta y se procederá a aprobarla.

Probablemente en el plazo de este mes y días, lo que dé de sí --tenemos
tiempo hasta el último día de presentación de enmiendas en el Senado; es
decir, hablo de la hipótesis de un desarrollo normal de los Presupuestos
Generales del Estado--, en el momento en que se acabe el plazo, se
presentarán las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y se
aplicará la fórmula a aquellas comunidades autónomas respecto a las que
se ha aprobado en Comisión mixta. Es decir, haremos exactamente lo mismo
que lo que hicimos el año pasado, hace dos años, perdón: convocar las
comisiones mixtas. Como saben ustedes, al final el resultado es que se ha
aplicado a todas menos a tres; que yo recuerde de memoria, Galicia,
Extremadura y Castilla y León son las únicas tres de las quince a las que
no se aplica. Desde el punto de vista de los estados numéricos, la
cuestión no tiene ninguna trascendencia porque de cara a 1996 --estamos
hablando del ejercicio fiscal de 1996--, la repercusión financiera de
este problema nos lleva al año 1998. En cualquier caso la fórmula está
pensada porque hay que empezar a aplicarla ya. Cuando se sepa la cantidad
exacta que corresponde a cada comunidad autónoma se incluirá en la
liquidación que hace el Gobierno con cada comunidad autónoma en cada
ejercicio presupuestario. Esta será la fórmula que se utilice.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. (El
señor Núñez Pérez pide la palabra.)
Sí, señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Secretario de Estado, aun cuando sólo sea por razones de
cortesía parlamentaria, tengo que disculpar a mi compañero el señor
Fernández Díaz porque justamente cuando terminó su intervención le
reclamaban de la Comisión de Presupuestos para estar presente en la
comparecencia de un Director General del Ministerio de Hacienda, pues el
Diputado señor Fernández Díaz también se ocupa de estos asuntos.

Yo tengo que agradecer, como es natural, en nombre de mi compañero y en
nombre de nuestro Grupo Parlamentario cuantos datos y respuestas nos ha
facilitado el señor Secretario de Estado, que yo no voy a pasar ni
muchísimo menos ahora mismo a analizar. Sí voy a decirle, si me permite
el señor Presidente, dos cosas por las que usted preguntaba. Una de ellas
era que agradecería muchísimo que presentásemos determinados aumentos de
partidas al Programa 124A. Todavía no hemos presentado ninguna enmienda,
pero lo tendremos en cuenta, sobre todo a la vista de que coinciden en
ese punto tanto el señor Secretario de Estado como nuestro portavoz para
estos temas.

Yo agradezco también los consejos que usted nos ha dado sobre el
funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sus consejos
suenan a un legado. No tiene usted por qué pensar que sean los últimos
consejos que pueda usted facilitarnos. Siempre tendrá usted voz de una
manera o de otra, y voz autorizada y, además, acreditada, y se lo digo no
como una valoración personal sino como la valoración de una trayectoria
en una Secretaría de Estado que, a mí no me duelen prendas al
reconocerlo, tiene muchos puntos de buen funcionamiento.

Efectivamente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hay
planteamientos que nos preocupan, que los ha puesto de relieve el señor
Fernández Díaz y a los que yo no estoy en estos momentos en disposición
de replicar. Dígame solamente una cosa, señor Secretario de Estado, si es
que tiene ahí los datos, que es un tema que no ha salido, pero que a lo
mejor lo tendría en cartera el señor Fernández Díaz. En el Programa 912B,
de cooperación económica local del Estado, una de sus partidas más
importantes, concretamente la de los 27.026 millones, fue objeto, si mal
no recuerdo, de una drástica reducción, supongo que a lo mejor teórica
sólo, en el plan de reducción del gasto público que presentó el señor
Solbes nada más terminados los presupuestos el 1 de enero de 1995. Yo
recuerdo que, incluso, llamamos a comparecer aquí al señor Subsecretario
para que nos contara el alcance y las consecuencias de esta reducción. Yo
le pregunto ahora mismo en qué ha quedado todo aquello, toda aquella
reducción del gasto; si también en esta partida, como en casi todas las
de reducción de gastos, fue un brindis al sol. En este caso yo me
alegraría que lo fuera, porque califico el programa, como usted lo ha
hecho, de muy importante y también le digo que coincidiría con la opinión
de nuestro Grupo Parlamentario que no se modificara el decreto en los
términos en que quieren que la gestión deje de estar controlada por el
Gobierno. Por lo tanto, en ese terreno también le digo que tenemos puntos
de coincidencia. Y no voy a insistir en mi intervención porque en una de
éstas me llaman al orden en mi Grupo Parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.

Señor Secretario de Estado, tiene la palabra para concluir.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): Muy brevemente.

No estoy en condiciones de decirle --porque estamos hablando del
presupuesto del próximo año, no de éste-- cómo está el asunto de la
reducción, máxime cuando este programa, por las razones que he expuesto
antes, es un programa que a lo largo del ejercicio sufre muchas
transformaciones, porque efectivamente, en cada ejercicio al final del
año llegamos a un nivel de ejecución real muy pequeño, con lo cual es un
programa típicamente plurianual; de modo que estamos continuamente
incorporando dinero del año pasado, contratado, es decir, es un programa
de mucha complejidad plurianual. En todo caso nos tocó esa extraña
lotería de la reducción del gasto público, ¡ya lo creo que nos tocó!, y
algunos problemas que nos ha creado este año. En los últimos años, como
se ve, el programa, y a eso es debido, tiene un nivel de crecimiento muy
ralentizado, y es que, efectivamente, luego vienen las reducciones, pero
si lo desea S. S., se lo comunicamos por escrito y no tenemos mayor
inconveniente. Yo tomo nota de ello.

En cuanto a lo demás, usted comprenderá, señor Núñez, permítame la
confianza, que este Secretario de Estado, después de más de ocho años de
ser Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, tenga
cierto derecho a hablar en términos de legado desde hace mucho tiempo. De
hecho, ésta es una cosa que me dicen mis colaboradores con harta
frecuencia, que desde hace años se me nota que hablo como si estuviese
legando algo y además con carácter inmediato. Y no es un deseo,
simplemente es una premonición personal. Yo no sé si es bueno que un
Secretario de Estado lleve más de ocho años siendo Secretario de Estado
de lo mismo, pero yo me huelo que no, me huelo que eso no es bueno y, por
tanto, eso me lleva quizás a tener esa inclinación a hablar últimamente
en términos de legado. Ya sabe usted, y con esto acabo, de aquel
personaje de García Márquez, en una novela espléndida que es «El amor en
los tiempos del cólera», un anciano caduco que había hecho muchas cosas
que luego se cuentan en la novela, pero que al principio, cuando hace
recuento de su vida, reflexiona muy sesudamente diciendo algo así
--improviso-- como que la sabiduría y la serenidad se consiguen cuando ya
no sirven para nada. Pues algo de eso quizá me esté pasando a mí, pero
por razones estrictamente personales, no le quepa la menor duda. En
cualquier caso, mi preocupación sobre lo que puede o no puede, debe o no
debe ocurrir el próximo año es una reflexión institucional que no me la
haría si no me viese por cualquier motivo, como usted bien dice, metido
en esa pelea, porque después de ocho años le he cogido tanto vicio a esto
que, efectivamente, no sé dónde, pero seguro que me seguiré ocupando de
estas cosas.

Muchas gracias. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Sí, señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Simplemente para compensarle la cita con otra,
porque yo no estoy de acuerdo con la conclusión. Hay otra muy buena que
dice que los hombres y el vino en reposando se ganan, y yo estoy
dispuesto a seguir demostrando que la experiencia y la edad son un dato
positivo.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): En el vino, lo constato. En los hombres, no he tenido la
oportunidad todavía.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, después de la ilustración por
parte de los intervinientes, agotado el orden del día, levanta la sesión.

Muchísimas gracias.




Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.