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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 577, de 10/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 577
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA
Sesión núm. 73
celebrada el martes, 10 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1996 (BOCG serie A, número 135-1,
de 30-9-95. Número de expediente 121/000120.)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1996 (número de expediente
121/000120):
--DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (ROBLES FERNANDEZ), A SOLICITUD
DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 212/001707.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Se abre la sesión de la Comisión de Justicia e Interior, que tiene como
objeto celebrar la comparecencia de diversas personalidades en relación
con el debate de la Ley General de Presupuestos para 1996. Se ha
solicitado la comparecencia,
en primer lugar, de la excelentísima señora doña Margarita Robles
Fernández, Secretaria de Estado de Interior, a quien sin más trámites doy
la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Me
gustaría empezar haciendo una exposición muy breve de cuál es el
planteamiento que la Secretaria de Estado de Interior hace para el año
1996, y lo digo porque creo que la política presupuestaria tiene que
enmarcarse dentro de un ámbito más genérico de política de actuaciones de
la Secretaria de Estado. El Gobierno ha planteado para el año 1996 un
presupuesto que tiene unas connotaciones de austeridad, y en esa línea
vamos a trabajar nosotros, una línea de austeridad que en ningún caso va
a ir en detrimento ni tampoco en menoscabo de la eficacia que
fundamentalmente debe presidir la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, eficacia que por otra parte yo creo que se está
demostrando en el trabajo callado que están realizando cada día y en los
éxitos que están teniendo y que son conocidos por toda la opinión
pública.
En ese marco hemos pensado que lo prioritario para el año 1996 era hacer
un esfuerzo presupuestario en el ámbito del capítulo 1, y por eso durante
el año 1995 hemos llegado a varios acuerdos con los sindicatos policiales
que se han hecho extensivos también al Cuerpo de la Guardia Civil, porque
entendemos que, desde el punto de vista retributivo, no puede haber
diferencias entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. De
ahí que todo el esfuerzo presupuestario que se hace en la Secretaría de
Estado de Interior radique fundamentalmente en el capítulo 1, porque
creemos que es de absoluta justicia que nuestros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado estén dignamente pagados.
Podemos decir que se llegó a un acuerdo con los sindicatos de policía
que, vuelvo a repetir, es extensible a la Guardia Civil, y como
consecuencia de ello, los términos de ese acuerdo se han plasmado en el
presupuesto del año 1996, lo cual nos permite decir que el Gobierno hace
un esfuerzo importante que permite que el incremento en el capítulo 1
para el Cuerpo Nacional de Policía sea para el año próximo de 14.261
millones más y para la Guardia Civil de 16.340 millones más, es decir, un
incremento del 7,67 por ciento para el Cuerpo Nacional de Policía y del
6,82 por ciento para la Guardia Civil. Esto comprende no solamente la
actualización retributiva propia de los funcionarios, sino ese esfuerzo
que el Gobierno ha querido hacer precisamente para recompensar ese
trabajo digno, callado y eficaz de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Como digo, ésa era la prioridad que nos preocupaba este año y,
por eso, todo el esfuerzo en la Secretaría de Estado de Interior se hace
en el marco del capítulo 1.
Por otro lado, en otros capítulos es cierto que existe una reducción en
el capítulo 6 en materia de inversiones, pero entra dentro de esa
política de austeridad del Gobierno a que con anterioridad me refería,
sin perjuicio de que también hay que decir que hemos sido muy sensibles a
aquellas necesidades fundamentales que tenían, y me estoy refiriendo a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que son nuestra especial
preocupación, y por tanto en el marco del capítulo 6, pese a que
efectivamente existe una reducción presupuestaria, en el ámbito de la
Policía se incrementan las partidas que hacen referencia al material de
balística, documentación, adquisición de perros y caballos, material de
identificación, todo lo relativo a telecomunicaciones, informática,
armamento, mobiliario y enseres.
Por lo que se refiere a la Guardia Civil, vamos a hacer un esfuerzo muy
importante en materia de embarcaciones, puesto que queremos potenciar la
Guardia Civil del Mar, que nos parece un servicio importante, y también
lo que hace referencia a vehículos para actividades especiales. En esas
partidas la Guardia Civil también experimenta un incremento en su
presupuesto.
Estas son fundamentalmente las líneas generales de la política
presupuestaria de la Secretaría de Estado de Interior, por lo que se
refiere a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como digo, hemos
priorizado en el sentido de que entendemos que tienen que tener unas
retribuciones justas y adecuadas al gran trabajo que están realizando en
beneficio de la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baón, del Grupo Popular,
que ha pedido la comparecencia.
El señor BAON RAMIREZ: Nuestra gratitud a la Secretaria de Estado por su
buena disposición para informar sobre el presupuesto.
Este trámite parlamentario lo inicio con una doble reserva que no puedo
ocultar. Por una parte, que este presupuesto pueda pasar el rubicón
parlamentario, y por otra, con reservas en cuanto a la distribución,
contenido y bondad del mismo por lo que respecta a la Sección 13, de
Justicia e Interior. Es así porque nuestra enmienda de devolución el año
pasado y éste, responde a los mismos criterios. Creemos que es un
organismo enorme, muy burocrático y que el incremento de la delincuencia
no se compadece con el presupuesto. Si nos atenemos a la última memoria
del Fiscal General del Estado respecto a los datos de 1995, referidos a
1994, de un incremento del 5,66 por ciento, eso no se corresponde con las
macrocifras del presupuesto de Justicia e Interior.
Dicho eso, como quiera que éste es un trámite indagatorio más que de
debate, sí quería hacer unas precisiones en demanda de información y lo
voy a hacer por programas. Empiezo por los programas del servicio 03. En
el Programa 221, sobre formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en este caso la Policía, hay un aumento global de 267 millones.
Me refiero a estas dos áreas porque son a las que se ha referido la
Secretaria de Estado y son los aspectos fundamentales. No pretendo hablar
de la reducción, a veces mínima, en el capítulo 2, de gastos consuntivos.
Vamos a referirnos a esas dos líneas que ha marcado la Secretaria de
Estado relativas a personal e inversiones. En formación de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, en el Programa 221 B, hay un aumento
global de 267 millones y los gastos de personal se llevan el 84 por
viento. En la página 200 de la Memoria hay un cuadro sobre nuevos
ingresos o formación de nuevo ingreso que
afecta a todas las escalas, a la básica, a la ejecutiva y a la promoción
interna. Quiero saber cómo va a incidir el presupuesto en esta previsión.
Y diría más, si la prórroga del presupuesto afectaría gravemente a este
marco y en qué cuantía. Quiero hacer una valoración general. Creo que
puede no interesar en la contemplación macroeconómica la prórroga del
presupuesto, pero por lo que afecta a este Ministerio sí le beneficiaría
dicha prórroga por doceavas partes. Mi pregunta concreta es ésa. Ya sé
que son cursos que se superponen a los ejercicios, pero hay un resultante
final y es si son 1.300 ó 1.100 las nuevas incorporaciones.
Paso al Programa 222 D, relativo a los que pasan a la reserva en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para ver cuál es el
diferencial entre los que ingresan y los que pasan a la reserva. Ha
habido un incremento de 1.963 millones, según las cuentas que he hecho,
pasando de 19.000 a 21.689 millones. Nos interesa saber cómo se compensan
esos ingresos con esas bajas.
Por lo que respecta al programa específico de seguridad ciudadana, el
Programa 222 A, vemos que aumenta el 1,9 por ciento. Por lo que afecta a
la Policía la mejora retributiva va a ser de 12.716 millones de pesetas.
No quiero revelar, porque esto será susceptible de negociación, la
posición del Ministerio respecto de los sindicatos policiales en cuanto a
la mejora. Lo que sí es cierto es que los gobiernos socialistas
anteriores han incumplido repetidamente los acuerdos, sin ir más lejos el
acuerdo marco de mejora retributiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Quiero que diga la Secretaria de Estado, si lo puede decir, y
entiendo que debe hacerlo, cuál va a ser la distribución interna de esos
12.716 millones en mejora, si se va a seguir el criterio proporcional o
si se van a disminuir diferencias internas. Porque lo que sí es verdad, y
debo reconocerlo aquí, es que se pretende reducir ese amplio arpegio
retributivo que hay en España respecto a las policías. Habrá que llegar a
una homologación o aproximación que haga menos odiosas las comparaciones.
Una cuestión que también he visto. ¿Por qué aumenta nuestra contribución
a organismos internacionales? Estoy también dentro del Programa 222 A.
Hemos pasado de 57,8 millones a 101,3 millones. ¿Esto está vinculado al
Acuerdo del Schengen? ¿A qué tipo de cuotas obligatorias? Es algo que no
está claro ni en el Ministerio ni en la Memoria, y sí interesa conocerlo.
Paso al tema de inversiones reales que se reducen un 4,46 por ciento, que
en pesetas son 303 millones. ¿A qué afecta el recorte? He oído decir a la
Secretaria de Estado que se pretende incrementar la flota de la Guardia
Civil para la custodia y vigilancia de costas y los vehículos especiales.
Qué obras civiles que estén ya iniciadas se van a ver afectadas, en
cuanto a comisarías singularmente. Interesa decirlo con claridad para que
la opinión pública lo conozca y no haya falsas expectativas en muchas
ciudades.
En cuanto a transferencias de capital, de las que se conceden a Cataluña
(disminuyen 300 millones, en virtud del acuerdo al que llegó el señor
Corcuera con las autoridades autonómicas; en cambio, permanecen los 5.000
millones para sufragar el coste de los Mozos de Escuadra. Pero la
pregunta no es ésta, la pregunta atiende más a la ejecución del
presupuesto. Dice: Coste provisional. ¿Puede decir el Ministerio cuál es
el coste definitivo, ya que ha pasado un ejercicio? Está terminando el
ejercicio y se puede saber esta transferencia, con independencia de la
que se hace a administraciones públicas, que también es una subversión
presupuestaria para el mismo fin.
En cuanto a la lucha contra la droga, aunque mi compañero lo hará con más
especificidad, he observado en este presupuesto que en las actuaciones
policiales hay un aumento nada más que del 2,7 por ciento,
fundamentalmente en gastos de personal. Esto contrasta con el 3,5 por
ciento general para todos los funcionarios y con el 6,7 por ciento
específico del Ministerio. ¿Qué supone esto, que se ha reducido el
personal que se dedica a la lucha contra la droga? No está claro. Sólo
aumenta el 2,7 por ciento el gasto de personal, y la pregunta es: ¿por
qué? ¿Por que se reduce plantilla?
Ya le he formulado la relativa a los que pasan a la reserva.
Con referencia al servicio 04, la Guardia Civil, también por programas,
hago la misma pregunta, es decir, cuántos son los guardias civiles
jóvenes de nuevo ingreso en la Academia de Valdemoro y, a su vez, cuántos
en la Academia de Oficiales, teniendo en cuenta los pases a la reserva.
Si la segunda actividad permite una permanencia de ciertos miembros de la
policía, aquí no, aquí suele producirse prácticamente una ruptura,
pasando a la reserva de verdad, aunque en algunos casos contados puedan
quedarse por la singularidad o especialidad de los componentes. Pero, con
carácter general, y según las estadísticas, interesa ver también esa
compensación que hay entre los que abandonan y los que se incorporan.
En cuanto al problema de inseguridad ciudadana, hay un incremento del 2,4
por ciento y el que existe en personal es correcto --es de 7,5 por
ciento--. La actualización de las retribuciones en la Guardia Civil
supone once mil y pico millones de pesetas y la mejora retributiva,
12.716 millones de pesetas, según las cuentas. Interesa conocer también
cuál es la distribución proporcional interna de esas mejoras, porque si
bien en la Policía es susceptible de negociación con los sindicatos, en
este caso no. En este caso ya lo tienen que tener ustedes programado y
saber a qué categorías y grados afecta y en qué medida.
No incido en el tema de la seguridad vial porque habrá una comparecencia
específica del director general correspondiente, pero sí insisto en el
tema de las actuaciones policiales en materia de droga, porque, cosa
curiosa, aquí, en la Guardia Civil se reducen las inversiones reales en
un 50 por ciento. Yo sé que todos los elementos de seguridad ciudadana
relativos a la lucha contra la droga son válidos, también para los
vehículos --se puede decir que es la infraestructura general--, pero
puede haber también inversiones específicas para esa lucha. Por tanto,
nos gustaría conocer a qué afecta.
En términos generales, éste es el planteamiento que hace mi Grupo en un
sentido indagatorio.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea formular preguntas
suplementarias? (Pausa.)
Doña Margarita Robles tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): En
principio, y aprovechando la introducción que S. S. hacía, hay algo que
yo necesariamente debo rechazar. Usted hacía mención a la Fiscalía
General del Estado y a su Memoria, diciendo que en esta última aparecía
un incremento, creo que era del 0,6 por ciento de los delitos. Me parece
--y lo hemos dicho varias veces en este marco-- que no se pueden comparar
las estadísticas de la Fiscalía General del Estado con las estadísticas
de los cuerpos policiales porque, evidentemente, los marcos en los que se
mueve la estadística judicial son completamente diferentes a los marcos
de los hechos delictivos, que son los que tienen en cuenta los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Lo que sí puedo decir --y lo puedo decir con absoluta satisfacción y
orgullo porque, al final, es un trabajo que hacen los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado-- es que en los dos últimos años está existiendo
una disminución muy importante de la delincuencia en nuestras ciudades y
también en las zonas rurales. Sobre todo, creo que hay que hacer mención
--porque me parece justo y porque vuelvo a insistir en el trabajo que
están haciendo los cuerpos policiales-- a la eficacia del plan de
presencia policial que se está desarrollando en las once grandes ciudades
y que ha comportado una disminución de los índices de delincuencia
francamente importante, que va del 7 por ciento, en algunas ciudades, al
24 por ciento. Por tanto, quiero decir que no se pueden comparar, y no es
justo, las estadísticas fiscales o judiciales con las estadísticas
policiales. En todo caso, ahí están los datos, ahí está la percepción de
los ciudadanos y ahí está la importante disminución delincuencial que ha
existido en los últimos años.
Por lo demás, y por contestar de manera sintética a las preguntas que se
me formulan, hay que decir, como sabe perfectamente S. S. y también lo
comentamos el año pasado, que para la Secretaría de Estado de Interior la
formación tanto de la Policía como de la Guardia Civil son fundamentales.
Queremos unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado modernos,
próximos al ciudadano. Por tanto, la formación nos parece esencial.
Sí me gustaría decir que para la Secretaría de Estado de Interior no
existe ningún tipo de diferencia entre ningún cuerpo, entre el Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil. Por tanto, todas las mejoras,
todos los logros que se consigan para el Cuerpo Nacional de Policía por
vía sindical se van a hacer efectivos también para la Guardia Civil. Y
sabe perfectamente S. S. que en el año 1995 negociamos con los sindicatos
policiales unos acuerdos; esos acuerdos se están cumpliendo en toda su
integridad, esos acuerdos tienen ese reflejo presupuestario para el año
1996 y esos acuerdos, que, en principio, son aplicables a 1995 y 1996, se
van a hacer extensivos no solamente al Cuerpo Nacional de Policía sino
también a la Guardia Civil.
En cuanto a las incorporaciones hay que decir que, para este próximo año,
en el Cuerpo Nacional de Policía habrá 1.300 nuevas incorporaciones. Sabe
perfectamente que en el Cuerpo Nacional de Policía lo que es la segunda
actividad no tiene tampoco una incidencia en cuanto a la disminución del
servicio público, pero nosotros no queremos hacer ningún tipo de
diferencias retributivas por lo que hace referencia al personal en
reserva en la Guardia Civil o en segunda actividad en la policía. Va a
haber un incremento presupuestario salarial del 9,95 por ciento en
Policía, y en la Guardia Civil del 2,58 por ciento. Aunque existen
diferencias en cuanto a los tantos por ciento, ello es debido al número
de personas que están en segunda actividad en la Policía y el número de
personas que están en reserva en la Guardia Civil. En todo caso, puedo
decir que en la Policía habrá 1.300 nuevas incorporaciones el próximo año
1996, otras 1.300 habrá en la Guardia Civil más 100 como oficiales. Con
esto lo que estamos haciendo es cubrir un poco en exceso el número de
bajas que va a existir, es decir, que existe un crecimiento en ambos
cuerpos, aunque, efectivamente, yo tengo que reconocer que desde la
perspectiva de la Secretaría de Estado de Interior nos gustaría que ese
crecimiento fuera superior. Pero, quizás, también es cierto que tenemos
que hacer un análisis racional de lo que es el modelo policial en España,
de que existen otros cuerpos policiales en comunidades autónomas y de que
existen policías locales.
Sabe perfectamente S. S. que estamos estudiando ese modelo policial en la
Secretaría de Estado de Interior pero que, en ningún caso, va a existir
una disminución de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Noticias que han aparecido en los medios de comunicación que hacían
referencia a una disminución en la Guardia Civil en cuanto al número de
efectivos --se hablaba incluso de 27.000-- son rotundamente falsas. El
Gobierno está muy orgulloso del trabajo que está haciendo tanto el Cuerpo
Nacional de Policía como la Guardia Civil y, desde luego, lo que no va a
hacer nunca va a ser disminuir el número de las plantillas que tienen y
va a intentar, dentro del límite de la austeridad presupuestaria, que, en
todo caso, se cubran las bajas pero además exista un incremento.
Como digo, vuelvo a insistir en que la formación para nosotros es
fundamental. Queremos unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de
los que el ciudadano esté orgulloso, que estén próximos a los ciudadanos.
Creo que S. S. conocerá una encuesta reciente del CIS en la que existía
valoración muy positiva de la sociedad española tanto de la Policía como
de la Guardia Civil. Son cuerpos modernos, son cuerpos muy próximos a los
ciudadanos en los que el concepto de represión ha dado lugar a una
política preventiva y de acercamiento en la línea en la que hemos de
trabajar y en la línea en la que la formación de ambos cuerpos está
incidiendo. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Ha sido fruto del
trabajo de 12 años de gobierno socialista, que ha cambiado por completo
el concepto del orden público exclusivamente represivo por un concepto de
seguridad ciudadana como un marco de convivencia en libertad.
En cuanto al tema de los sindicatos policiales, como digo, la negociación
que se hizo en el año 1995 comprendía los aspectos referentes a este año
y a 1966. Somos conscientes, y así hay que reconocerlo, de que hubo un
cierto incumplimiento del acuerdo marco, por eso quisimos ser muy
sinceros con las organizaciones sindicales, comprometiéndonos a firmar
aquello que efectivamente
podíamos cumplir. Vuelvo a repetir, que no quepa ninguna duda, que
aquello que se ha conseguido para el Cuerpo Nacional de Policía para los
años 1995 y 1996, fruto del acuerdo --hay que decir también que desde la
responsabilidad de las organizaciones sindicales policiales, que han
comprendido la situación económica presupuestaria--, se va a hacer
extensivo a la Guardia Civil.
Desde la perspectiva de organismos internacionales, es verdad que se ha
incrementado la participación, pero hay que tener en cuenta dos
cuestiones, el tema Schengen, al que hacía referencia S. S., y también el
tema Europol. España está trabajando duramente en este último tema, en el
que está consiguiendo logros importantes, como es que dentro del marco de
Europol se haya incluido la lucha contra el terrorismo, y creo que es
importante que la contribución que España pueda hacer a este organismo
sea la misma que la de los demás países de la Unión Europea. Ayer tuvimos
una reunión con el Ministro del Interior francés en la Cumbre
Hispano-Francesa y ambos éramos muy conscientes de la necesidad de
solidaridad de todas las políticas en el marco de la Unión Europea para
luchar contra la delincuencia organizada. Desgraciadamente, España y
Francia somos víctimas del terrorismo, pero creemos que cualquier marco
internacional en el que todas las policías puedan intercambiar
información, organización, ejecución y operación es importante, de ahí
nuestra apuesta efectiva por el éxito de Europol. En ese sentido está
trabajando la Presidencia española durante este semestre y espero que
podamos avanzar más en este asunto tanto en la próxima cumbre informal de
La Gomera como en la cumbre que se celebrará en el mes de diciembre. (El
señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) Pero
insisto en que nos parece importante --y ése es otro de los marcos en el
que tanto la Policía como la Guardia Civil están trabajando-- la
cooperación internacional. Creemos que, hoy en día, la delincuencia,
sobre todo la delincuencia organizada, no es patrimonio de un solo
estado, por lo que todos ellos tienen que trabajar en este tema de manera
conjunta. Vuelvo a poner de relieve aspectos importantes como son la
colaboración de Francia en la lucha contra el terrorismo de ETA, y ayer
tuvimos la oportunidad de ofrecer al Ministro del Interior francés
nuestra absoluta colaboración para la lucha que ellos mantienen contra el
terrorismo derivado del integrismo islámico. Por eso hay que entender esa
ampliación en los organismos internacionales y la vocación que tienen los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de participar, desde una
perspectiva moderna, en todos los marcos internacionales. Como sabe
perfectamente S. S., la partida de 5.000 millones está en la Sección 32,
no en la Sección 31, correspondiente al Ministerio de Economía y
Hacienda.
En cuanto al tema de Cataluña, como sabe S. S., se tomaron una serie de
acuerdos en la Junta de Seguridad que es necesario que tengan un
posterior desarrollo. Lo que sí quiero decir --ya lo dije el año pasado y
lo vuelvo a repetir abierta y claramente ahora-- es que los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado no se van a ir de ninguna comunidad
autónoma, absolutamente de ninguna, porque tienen una labor
constitucional muy importante que cumplir. Esto vale para el País Vasco y
también para Cataluña. Es verdad que, en la medida en que hemos optado
por un diseño constitucional de policía autónoma, se está trabajando en
una línea de determinado despliegue, pero --lo dije en este marco el año
pasado--, por lo que se refiere a Cataluña, no va a dejar de haber
comisaría de Policía ni comandancia de la Guardia Civil en absolutamente
ninguna localidad. El trabajo que constitucionalmente se asigna a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es algo que tienen que cumplir.
¿Cuál va a ser la cuantía exacta? No se lo puedo decir en este momento
por una sencilla razón, porque es en el marco de la Junta de Seguridad de
Cataluña donde hay que ver exactamente cuál va a ser el despliegue que va
a realizar la policía autonómica. Hay que ver qué número de alumnos van a
salir de la Escuela de Policía de Cataluña y, en función de ello, ver qué
número de Policía y de Guardia Civil habrá en las distintas comarcas y
localidades. Lo que sí puedo decir a S. S. es que, en ningún caso, ni la
Policía ni la Guardia Civil se van a ir de ninguna de las comarcas de
Cataluña.
En el tema de la lucha contra la droga, posteriormente, el Delegado
Nacional para el Plan contra la Droga explicará cuál es esa política,
pero hay que decir abiertamente que no existe ninguna reducción de
plantilla porque, dentro del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil, aun cuando internamente sí que exista una diferenciación, no
establecemos ningún tipo de diferencia por lo que se refiere al trabajo
contra la delincuencia. Para nosotros, la delincuencia es todo; es la
delincuencia organizada, es el narcotráfico, es la venta de droga en
pequeña escala y, en general, cualquier hecho delictivo. Y como decía
anteriormente, la prioridad de este año de la Secretaría de Estado de
Interior es el capítulo 1, ese incremento retributivo al que ha hecho
referencia S. S. y al que yo también he hecho referencia al principio y
que nos parece de absoluta justicia, porque vuelvo a repetir --y creo que
hay que hacerlo sin complejos-- que Policía y Guardia Civil, con la gran
colaboración ciudadana, están haciendo un gran trabajo. Me parece
importante remarcar ese aspecto de la colaboración ciudadana,
colaboración ciudadana que ha tenido trascendencia en operaciones
últimas, como en el caso de Anabel Segura, aunque, desgraciadamente,
terminó con la muerte de la joven, pero ahí ha habido un trabajo policial
serio, callado y discreto durante dos años y medio que ha contado con una
gran participación ciudadana. Ese es el modelo que nosotros queremos,
unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad muy próximos al ciudadano, porque,
finalmente, es con la colaboración ciudadana, con la participación
ciudadana, como nuestros servicios de información, tanto de la Policía
como de la Guardia Civil, pueden trabajar mejor.
En cuanto a la Guardia Civil, ya he dicho que cualquier mejora
retributiva que se vaya a conseguir por vía sindical (en el año 1996 no
van a existir más negociaciones sindicales retributivas porque ya se
pactaron las correspondientes a los años 1995 y 1996, dentro de ese marco
de absoluta responsabilidad que han demostrado las organizaciones
sindicales) para el Cuerpo Nacional de Policía se va a hacer
efectivo también para la Guardia Civil. Para la Secretaría de Estado de
Interior no existe ningún tipo de diferencia entre ambas instituciones
porque son dos grandes cuerpos, con una gran entrega y una gran
profesionalidad.
Efectivamente, va a haber 1.300 funcionarios de la Guardia Civil de nuevo
ingreso y 100 oficiales, con lo cual vamos a cubrir un poco más las bajas
que serían necesarias. Lo que sí le gustaría a la Secretaría de Estado de
Interior es que hubiera más plantilla en Policía y en Guardia Civil, pero
yo creo que esto se está supliendo en exceso con el voluntarismo, la
dedicación y la entrega; la Policía lo ha puesto muy de relieve en el
plan de presencia policial no sólo en las 11 grandes ciudades sino en
general en todos los núcleos urbanos, y también la Guardia Civil en los
núcleos rurales. Una prueba de ese gran trabajo que está llevando a cabo
la Guardia Civil, con dedicación y con esfuerzo, es que allí donde se ha
intentado plantear una supresión de puestos, todos los ciudadanos de esos
lugares, sin diferencia de ideología política o de partido político al
que votan, no han querido que la Guardia Civil se fuera, hemos tenido
unos casos muy recientes en Extremadura y en Castilla-La Mancha.
En materia de inversiones reales, ya he dicho que tanto en Policía como
en Guardia Civil existe una disminución importante, fruto de esa política
de austeridad. Este año, en materia del Cuerpo Nacional de Policía, sólo
se ha iniciado una nueva obra en Canarias, en Adaje, pero sí le puedo
decir que hay otras muchas en marcha, tanto en Policía como en Guardia
Civil, que está previsto que finalicen a lo largo de 1996 y 1997. No va a
haber inversiones en edificaciones nuevas porque creemos que se hizo un
esfuerzo importante, como consecuencia de las Olimpiadas de 1992, tanto
en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil.
Desgraciadamente, en la Guardia Civil, como consecuencia de la nefasta
gestión de su anterior director, Luis Roldán, hubo una política
absolutamente errónea en materia de inversiones; política errónea que yo
creo que se ha reconducido con algo que a mí me parece fundamental y es
la participación de los propios interesados en el diseño presupuestario.
Hemos intentado, desde la Secretaría de Estado de Interior, que el Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil fueran los que nos dijeran cuáles
son sus necesidades y sus prioridades para luego poder plasmarlo en las
propuestas presupuestarias y en el presupuesto que se ha hecho. Yo,
personalmente, he tenido múltiples reuniones con jefes superiores de
Policía, con comisarios y con generales y jefes de comandancia de la
Guardia Civil para saber cuáles eran las necesidades más importantes que
ellos planteaban y que creían necesario que deberíamos cubrir.
Finalmente, me gustaría hacer alusión a los dos temas que usted planteaba
de incremento de la delincuencia y de la formación policial. Es
verdaderamente importante que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado sean unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del siglo XXI
y así lo están siendo. Y sean unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado absolutamente cercanos al ciudadano cuya labor preventiva y de
acercamiento sea la fundamental y la represiva sea la final, para cuando
no haya más remedio que impedir la delincuencia. Yo creo que hay que
decir con satisfacción que en el año 1995, precisamente como consecuencia
de esa labor preventiva, de acercamiento al ciudadano, ha existido una
disminución de la delincuencia. Eso hay que reconocerlo. Otra cosa es que
nuestros ciudadanos puedan tener una sensación subjetiva de inseguridad.
Ahí tenemos todos, absolutamente todos, la obligación de intentar que las
condiciones de vida en cada ciudad se desarrollen mejor y de esa manera
está trabajando la Secretaría de Estado de Interior, muy próxima a todas
las organizaciones de jóvenes, de padres, de empresarios, etcétera.
Para acabar, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están
realizando un gran trabajo y es justo decir que la Ertzantza del País
Vasco está realizando un gran trabajo en la lucha contra el terrorismo.
Eso me parece muy importante, quizás por una especial sensibilización que
tenemos todos, porque policía, guardia civil, ertzantza, están siendo las
principales víctimas del terrorismo y ahí no podemos regatear esfuerzos.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, señora
Secretaria de Estado, doña Margarita Robles, por su comparecencia.
--DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (número de expediente 212/001612)
Y GRUPO POPULAR (Número de expediente 212/001708).
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Continuamos la sesión con la
comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Justicia, doña María
Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Por razones de urgencia --tiene que acudir a la Mesa del Congreso--,
vamos a dar la palabra a don Emilio Olabarría, representante del PNV, uno
de los dos grupos que solicitó la comparecencia.
Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Muy agradecido, señor Presidente, ya que otras
obligaciones institucionales en el seno de esta Cámara me obligan a
ausentarme con cierta rapidez.
Señora Secretaria de Estado, después de agradecer su presencia, voy a
separarme de lo que resulta convencional en este trámite y no voy a hacer
preguntas vinculadas a consignaciones presupuestarias muy concretas, sino
dos preguntas de carácter general, que son las que en este momento
interesan de forma relevante a mi Grupo Parlamentario.
La primera sería qué consignaciones, de forma genérica --tampoco queremos
una respuesta muy pormenori-zada--, qué estructura presupuestaria ha
previsto el Ministerio de Justicia e Interior para posibilitar lo que sea
necesario para la implantación del jurado en el próximo ejercicio
presupuestario. Es consciente la señora Secretaria de Estado de que hay
en el mundo judicial una preocupación
intensa, profunda, por las modificaciones estructurales y por la
necesaria implementación de medios presupuestarios, entre otros, que la
implantación del jurado necesariamente requiere. Nos gustaría, por lo
tanto, conocer cuáles son las previsiones en este ámbito del Ministerio
de Justicia e Interior.
La segunda pregunta sería la siguiente: nos gustaría conocer si en las
consignaciones presupuestarias de su Ministerio, señora Secretaria de
Estado, está hecha la previsión, a efectos presupuestarios, de la
posibilidad de transferir a comunidades autónomas con competencia el
personal al servicio de la justicia que deba ser objeto de transferencia,
al margen de los conflictos que sobre los secretarios o algunos otros
colectivos que constituyen este personal puedan subsistir; qué
previsiones presupuestarias --y con esto sí que me ajusto al trámite,
señor Presidente-- están establecidas para que esta transferencia pueda
producirse, con los mecanismos presupuestarios, en el caso de alguna
comunidad vinculada, incluso, a la ley del concierto económico.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La señora Secretaria de Estado
tiene la palabra para responder al señor Diputado del PNV.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Antes de entrar en otras consideraciones, voy a responder a las preguntas
de S. S., en relación con los dos temas que me ha planteado.
En lo que se refiere al tema del jurado, es evidente que existen
consignaciones presupuestarias en diversos capítulos para posibilitar la
entrada en funcionamiento del tribunal del jurado, tal y como está
previsto, a finales de este año. Por una parte, en el capítulo 6, en el
ejercicio presupuestario actual tenemos una previsión de 300 millones
para adaptación de las pequeñas obras de infraestructura que hay que
hacer en los distintos palacios de justicia para posibilitar la
instalación y el funcionamiento del tribunal del jurado. Ese dinero es
completado con una partida de cerca de cien millones de pesetas, que
calculamos que es lo que nos va a hacer falta, dentro del primer
trimestre de 1995, para el pago. Sabe usted que en el capítulo de
inversiones hay algunas cantidades relativas al ejercicio siguiente y
para eso tenemos previsto en el capítulo 6 entre 95 y 100 millones de
pesetas, que es lo correspondiente a obras de infraestructura.
Por otra parte, en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento del
jurado, capítulo 2, hemos previsto una cantidad, con un subconcepto
específico de gastos de funcionamiento del tribunal del jurado, de 1.500
millones de pesetas, teniendo en cuenta que los primeros juicios por
jurados se van a empezar a instruir a finales de este año --fecha de la
entrada en vigor de la ley-- y los primeros juicios orales con el
tribunal del jurado no serán --calculamos-- antes de finales de febrero o
principios de marzo del próximo año 1996. Por lo tanto, no se
contabilizará todo el año completo en cuanto a gastos de funcionamiento
del jurado, sino nueve meses. En estos momentos estamos pendientes de
aprobar la disposición reglamentaria que va a regular, de conformidad con
lo dispuesto en la ley, tanto los gastos de desplazamiento como los de
manutención y alojamiento, en su caso, del jurado, como a su vez los
gastos relativos al concepto retributivo del jurado. Pero la consignación
presupuestaria del año próximo se ha hecho en función precisamente de los
cálculos que estamos efectuando ahora, que van a consistir en las dietas,
que están fijadas en función del decreto de dietas de los funcionarios
del Estado, y de retribución en función de un cálculo del salario medio
de los profesionales de nuestro país. Eso en lo que se refiere al
capítulo 2.
Finalmente, hay un tema que también me parece especialmente importante,
en lo que se refiere a lo que van a ser gastos de funcionamiento del
jurado, que es la necesidad de ampliar la plantilla del Ministerio
Fiscal. Teníamos una previsión de la ampliación de la plantilla entre 55
y 60 fiscales, pero con las previsiones presupuestarias establecidas
podremos llegar a una plantilla --lo estamos analizando con la Fiscalía
General del Estado-- de cerca de cien fiscales. Esto completaría, en lo
que se refiere a gastos de personal, los gastos globales de
funcionamiento del jurado, que, como le decía, están previstos en los
distintos capítulos del presupuesto para el año que viene.
Y en lo que se refiere a su segunda pregunta, que es el tema de
transferencias de personal al servicio de la Administración de Justicia,
realmente no le puedo decir una cifra. En estos momentos, como sabe,
estamos analizando precisamente cuál va a ser la cuantía económica de esa
transferencia, pero no tiene por qué haber ningún problema de
financiación, puesto que al ser gastos del capítulo 1, éstos están todos
consignados en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Justicia. Por
lo tanto, lo único que hay que fijar ahora es el módulo económico en
función de los efectivos en que consista la transferencia. Precisamente
estamos en la fase de determinar cuál es esa cuantía económica, pero creo
que antes de final de año esa cuantía la vamos a determinar, sin
perjuicio de que --insisto-- no va a haber ningún problema de
financiación, en lo que se refiere a las transferencias de medios
personales, puesto que no vamos a transferir medios personales que no
tengamos y los medios personales que ya tenemos todos tienen su
retribución económica reflejada en el capítulo 1 del presupuesto de la
Secretaría de Estado de Justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación, debe formular
las preguntas objeto de la comparecencia solicitada por el Grupo Popular
el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Muy brevemente, señor Presidente. A falta del
especialista de mi Grupo, me voy a referir, porque me doy por contestado
en las cuestiones que ha planteado el señor Olabarría, a los programas
142A, de los tribunales de justicia y el Ministerio Fiscal, y 142B,
servicios especiales de apoyo. En lo demás doy por respondidas mis
preguntas y así hacemos más ligera la comparecencia.
Es cierto que el presupuesto de este programa asciende a 157.373
millones, con un incremento, en cifras, de 2.627 millones, lo que supone
un 1,7 por ciento de incremento respecto del anterior. Por supuesto, son
los gastos de personal lo que más se elevan, pero hay un incremento del
7,1 que se aleja, en cualquier caso, del incremento general previsto para
todos los funcionarios públicos, y querría, si es tan gentil, que me
desglosase este aumento, ese diferencial de más de tres puntos en ese
capítulo. Doy por solventada la pregunta, y asimismo la respuesta,
respecto de los gastos corrientes, de los gastos consuntivos. Entiendo
que son razonables y que se inscriben en un principio de austeridad
presupuestaria, pero en transferencias corrientes sí me interesa saber
por qué ha disminuido la aportación que se hace al Consejo de la
Abogacía, respecto del turno de oficio y asistencia letrada gratuita, que
se ha reducido en 1.365 millones de pesetas, y al Consejo General de
Procuradores, que también ha disminuido en 80 millones de pesetas. ¿A qué
responden esas disminuciones?
Por último, en estas dos líneas generales que estamos marcando en el
Ministerio, que son aumento de retribuciones y caída o disminución de
inversiones, pregunto a qué afecta esa disminución de inversiones del
19,2 por ciento, en general. Es decir, se reducen, en concreto, 1.269
millones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Yo le rogaría que
nos explicitase a qué proyectos afecta y en qué modo condiciona el
quehacer de este servicio público de administrar justicia.
Respecto a los gastos de personal ya he hecho las consideraciones debidas
y, por otra parte, también me doy por respondido con lo que ha contestado
al señor Olabarría.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra al señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la vega Sanz):
Voy a responder a las preguntas que me ha formulado el señor Baón.
Efectivamente, como S. S. ha indicado, el programa 142A, tribunales de
justicia y Ministerio Fiscal, es con diferencial el programa más
importante de la Secretaría de Estado de Justicia, porque es el que está
destinado a suministrar a los jueces, tribunales y al Ministerio Fiscal
los medios materiales necesarios para el cumplimiento de la
importantísima función constitucional que tiene asignada y porque es un
programa que representa casi el 80 por ciento del programa de la
Secretaría de Estado de Justicia. A su vez, dentro de ese programa, el
más importante es el capítulo 1, gastos de personal, que representa el 84
por ciento del total del programa. Este capítulo, además, se ha visto
realmente muy poco afectado por las transferencias --a diferencia de
otros, y luego le indicaré lo que ha ocurrido en los capítulos 4 y 6-- a
las comunidades autonómas de Galicia y de Valencia, producidas en el año
1995. Por tanto, el incremento está en un siete y pico por ciento.
¿A qué responde ese incremento? Corresponde a varias cosas. En primer
lugar, desde luego, está incluido ahí el 3,5 por ciento que supone el
aumento retributivo global para todos los funcionarios, incluidos los de
la Administración de Justicia. Pero, además, en este programa tenemos
previsto el aumento no sólo de la plantilla hoy existente sino de todos
aquellos órganos judiciales nuevos que vamos a crear en el año 1996. En
estos momentos tenemos planteada la creación neta de 556 plazas para
cubrir plantillas de nuevos órganos programados, algunos correspondientes
a 1995 y otros a 1996.
Por otra parte, tenemos un incremento para consolidar 694 efectivos de
personal interino, que cubre necesidades temporales de sustituciones,
equipos de apoyo, refuerzos, liberados sindicales, etcétera, en la
Administración de Justicia. Son interinos que estaban por encima de
plantilla y que no tenían cobertura presupuestaria, de la que se les dota
definitivamente en el proyecto de 1996. Le estoy dando, señoría, las
cifras globales. Todo eso es lo suma esa cifra realmente llamativa de que
en el capítulo 1 haya un aumento del siete por ciento. También tenemos un
aumento de 140 millones para hacer frente a los equipos de apoyo y las
gratificaciones especiales, en función de esos equipos de apoyo,
solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial, de jueces,
magistrados, fiscales y también personal auxiliar. Corresponde también al
aumento de la plantilla que le he indicado, para satisfacer las
necesidades, en su caso, de ampliación o de nuevos órganos del Ministerio
Fiscal, derivados de la entrada en funcionamiento de la ley del Jurado.
Esas son, con carácter general, las justificaciones de que en el capítulo
1 haya habido un aumento del siete por ciento. Por otra parte, también
consolidamos el presupuesto destinado a formación. Aparte del que hay en
el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, hay una
parte del presupuesto que se ve aumentada, consolidando las cifras de los
planes de formación dirigidos a oficiales, auxiliares y agentes, algunos
de los cuales están gestionados por los sindicatos. Por tanto, ésa es la
razón de ser de ese aumento un poco espectacular, sobre todo desde una
perspectiva de proporción con respecto de otros programas. También
consolidamos una cifra del aumento que llevaban tanto tiempo
reivindicando los secretarios judiciales. Sabe usted que había una deuda
con ellos, prometida años anteriores, que, en lo que se refiere a este
año, se ha satisfecho, pero todavía quedan 192 millones que se refieren
al carácter retroactivo del aumento que este año se les ha otorgado. Por
tanto, se consolidan cerca de 600 millones en presupuesto y, además,
existen 192 millones más para hacer frente al carácter retroactivo de esa
retribución de los secretarios judiciales.
En lo que se refiere al segundo punto que usted me mencionaba, las
transferencias al Consejo General de la Abogacía y a los procuradores, no
ha habido disminución; aun cuando la cifra es así, esos mil y pico
millones son los que a su vez ya aparecen descontados en el año próximo
de la partida de transferencias a las Comunidades Autonómas de Galicia y
de Valencia. Por tanto, el presupuesto para este año se consolida en los
términos en que la cuantía de la subvención del turno de oficio ya está
fijada en función de la última norma reglamentaria que es el último
decreto que se ha dictado, que ya se ha mostrado últimamente muy
efectivo, puesto que hemos podido comprobar que en el primer semestre del
año 1995 se ha reducido cuantiosamente la
subvención, y eso nos va a permitir que los déficit existentes de
ejercicios anteriores no se produzcan este año.
Por ello, tanto a procuradores como a abogados el presupuesto es
exactamente el consolidado respecto de 1995, incluso con los aumentos de
los baremos para subvencionar el turno establecido en el decreto que le
mencionaba y que, a su vez, son los criterios que, como S. S. sabe, se
recogen en el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que en
estos momentos está en trámite en el Congreso. En consecuencia, incluso
aprobado ese proyecto de ley, con el presupuesto existente para 1995 nos
va a permitir hacer frente a la subvención del turno de oficio, incluida
la ampliación de la intervención del turno de oficio, prevista en el
propio proyecto de ley, tanto para abogados como para procuradores.
Finalmente, me preguntaba, señoría, la disminución que ha habido en el
capítulo 6 referente a inversiones. Es verdad que en este capítulo ha
habido una reducción en lo que es el reparto de la austeridad necesaria
en todo el presupuesto del Ministerio de Justicia e Interior, en función
de los criterios aprobados por el Gobierno de hacer este año un
presupuesto muy restrictivo, y es evidente que uno de los capítulos más
afectados ha sido, como no podía ser otro, dentro del ámbito de la
Administración de Justicia para poder garantizar su correcto
funcionamiento, el de las infraestructuras. No obstante, debo señalarle
que es verdad que en 1995 se ha venido produciendo una gran concentración
de entradas en funcionamiento de nuevos edificios judiciales, y para el
ejercicio del año 1996 más que decirle lo que vamos a dejar de hacer,
señoría, le voy a decir lo que vamos a hacer, porque realmente lo que sí
ha habido este año ha sido un ajuste del plan de inversiones. En años
anteriores en ocasiones ocurría que el plan de inversiones no se
correspondía con la realidad, porque a veces había dificultad de gestión
para construir nuevos edificios en materia de la Administración de
Justicia. Sin embargo, sí le puedo decir que el plan de inversiones que
existe para este año es adecuado a la realidad y que, con carácter
general, está prevista la terminación del nuevo edificio judicial de
Pamplona y el inicio de la construcción de importantes edificios
judiciales en aquellos lugares en que estaba considerada con carácter
inminente la necesidad de una infraestructura adecuada, como son Palma de
Mallorca, Oviedo y Cáceres. A ello se ha destinado una cuantía importante
porque se van a construir en el próximo ejercicio, sin perjucio de otros
proyectos de menor alcance económico, como son los de Huesca, La Almunia
de Doña Godina, Llanes y Villarrobledo, así como otras actuaciones de
reformas de edificios entre las que destacan las del edificio de los
juzgados de Zaragoza y las del actual edificio de la Audiencia Nacional.
Las cifras incluidas en el capítulo de inversiones reales del proyecto de
presupuestos para 1996 son, por una parte, 4.033 millones en inversión
nueva y, por otra, 1.300 millones en inversión de reposición. Ello hace
un total de 5.333 millones de pesetas. Es una cifra que se considera
suficiente para los proyectos que le he mencionado, señoría, así como
para la terminación, como le decía al principio de mi intervención, de
las obras del jurado, una parte de las cuales se va a trasladar al
ejercicio de 1996, y para los equipamientos y obras urgentes que hay que
realizar. Dependiendo del volumen de compromisos procedentes del
ejercicio 1995 --al que hay que hacer referencia necesariamente cuando se
analiza el capítulo 6, debido a la existencia de límites de
reconocimiento de obligaciones acordadas por el Consejo de Ministros--,
puede ocurrir que podamos anticipar el inicio de proyectos previstos en
principio en la programación plurianual para 1997. Por tanto, no descarto
en absoluto que, aparte de las obras que le he mencionado y que, además,
constan en el anexo de inversiones, precisamente por lo que le he
indicado, por los límites de reconocimiento de obligaciones, podamos
adelantar programación respecto de obras señaladas para 1997.
Finalmente, quiero hacer referencia a que en el capítulo de inversiones
también ha habido la disminución correspondiente de las transferencias,
que no estaban dadas de baja hasta finales de año, efectuadas a las
Comunidades Autónomas de Galicia y Valencia.
Estas son, señoría, las razones fundamentales de esa disminución en el
capítulo 6 del presupuesto de inversiones de la Secretaría de Estado de
Justicia. Creo que, en principio, no me ha quedado ninguna cuestión por
contestar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Teresa Fernández de la
Vega, Secretaria de Estado. ¿Hay algún grupo parlamentario que no haya
solicitado la palabra? (Pausa.) Damos las gracias a la señora Secretaria
de Estado por su comparecencia. (Pausa.)
--DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (FERNANDEZ
FELGUEROSO). A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
212/001705.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del
día. Agradezco la presencia y comparecencia ante esta Comisión de
Justicia e Interior de la señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios, doña Paz Fernández Felgueroso, y, sin más trámite, voy a
dar la palabra a los portavoces de aquellos grupos que han solicitado
esta comparecencia. Como es una comparecencia que no requiere una
exposición previa, y ya hemos especificado el procedimiento a seguir,
aquellos que solicitan la comparecencia formulan las preguntas
directamente.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Es evidente que en el tiempo limitado de que
disponemos para sustanciar esta comparecencia no podemos abordar todas
las sugerencias que surgen a tenor de la lectura del presupuesto de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios que nos ha remitido el
Gobierno.
Es igualmente obvio, y así quiero hacerlo constar por una razón elemental
de cortesía, que todas aquellas cuestiones que puedan quedar en el aire
me daré por satisfecho que se nos contesten por escrito, para no forzar
en este acto a la señora Secretaria de Estado.
Es evidente también que este trámite presenta una especialidad singular,
por cuanto que se nos somete a consideración un presupuesto que
hipotéticamente está llamado a no prosperar, en virtud del anuncio que en
este sentido ha realizado de antemano el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Así pues, nos parece que este acto puede resultar mucho más útil si
abordamos determinadas cuestiones que están obviamente ligadas al detalle
del presupuesto, pero junto con otras que resultan imprescindibles para
saber hasta qué punto la elaboración técnica del mismo resulta fiable, al
margen de enfoques o valoraciones de signo político.
La cuestión nos parece importante, habida cuenta, entre otros extremos,
de las sorprendentes fijaciones de objetivos y diagnósticos realizados
por la propia Secretaría de Estado en los documentos denominados Plan de
Gestión Económico-administrativo y Plan de Actuación de la SEAP que han
visto la luz durante el presente año.
A la vista de lo dicho, el primer interrogante que nos formulamos cae por
su propio peso, porque si literalmente se nos dice en el citado Plan de
Gestión que --abro comillas-- para poder realizar una presupuestación
adecuada dentro del Programa 144A se han ido utilizando valores
estadísticos cuya fiabilidad sería en muchos casos discutible, y que la
necesidad de utilizar esta información nacía de la imposibilidad de
obtener datos reales sobre la dotación de infraestructuras que se
presentaba en los centros penitenciarios --fin de la cita--, lo que
primero se nos tiene que aclarar es si efectivamente hoy este presupuesto
incorpora ya o no medidas previas correctoras para soslayar lo que la
propia Secretaría de Estado reconocía como fiabilidad dudosa de datos
sobre los que se han construido anteriores presupuestos.
En segundo lugar, se plantea un abanico de cuestiones básicas que, en
concordancia con lo señalado anteriormente, obligan a ser consideradas
por sí mismas y, desde luego, sin ánimo exhaustivo, sí quisiéramos saber
si se dispone ya de una capacidad efectiva de control, en orden a la
regulación y seguimiento de saldos y operaciones de los centros
penitenciarios; cómo se van a superar las deficiencias observadas en la
aplicación del sistema de mantenimiento integral de centros, con las
repercusiones que esas deficiencias han acarreado, en algunos casos, en
orden a la política de gasto; cuáles son las decisiones adoptadas
respecto de la amortización y control de evolución de la deuda,
especialmente en materia de alimentación y sanidad extrapenitenciaria;
qué criterios se han incorporado al presupuesto desde el objetivo de
proceder a una optimización de gastos en materia energética y de
comunicaciones; de qué forma se va a proceder a estructurar un sistema
eficaz y presupuestariamente rentable de mantenimiento informático, del
que se ha venido careciendo; qué previsiones existen en materia de obra
menor, obra menor en centros y gestión de economatos, a fin de
racionalizar costes; qué objetivos concretos se asumen en materia de
unidades de custodia y unidades de cuidados paliativos, en relación con
este proyecto de presupuesto para 1996; cuál es el volumen actual de
ingresos no percibidos en virtud de un mal concebido proceso de
regulación patrimonial de centros a amortizar; qué reflejo presupuestario
conlleva su intención de proceder a un plan estratégico de empleo; sobre
qué bases concretas se han realizado las estimaciones presupuestarias
concernientes al desarrollo de la política de formación para funcionarios
y de salud laboral; qué justificación tiene, desde la óptica
presupuestaria, aunque luego hablaremos de ello, la conversión del
organismo autónomo Trabajos Penitenciarios en Trabajos y Prestaciones
Penitenciarias y, finalmente, qué consecuencias ha podido tener, para el
conjunto de las arcas públicas, determinadas prácticas que han venido
siendo corrientes en ejercicios anteriores, por ejemplo, la no retención
de IRPF a los internos trabajadores en talleres, o el escaso rigor
aplicado en la determinación del IVA por los productos vendidos en
economatos.
En tercer lugar, no se puede abordar la comprensión y evaluación de este
presupuesto sin que la Administración Penitenciaria dé respuesta previa a
aquellos extremos que deben considerarse como fundamento antecedente del
mismo, en virtud de haber sido definidos por la propia Secretaría de
Estado como las grandes líneas directrices a alcanzar durante el presente
ejercicio 1995 en la vertiente estratégica económico-administrativa. Por
eso, quisiéramos que se nos dijera qué medidas concretas se han adoptado
orientadas a alcanzar una reducción del gasto público por medio de la
optimización de recursos materiales presupuestarios y tecnológicos,
primer gran objetivo; qué nuevos sistemas de gestión
económico-administrativa han comenzado ya a aplicarse, con el fin de
facilitar la implantación de procedimientos funcionalmente eficaces,
segundo gran objetivo; qué medidas temporales o coyunturales de
adecuación de procedimientos de carácter excepcional se han comenzado a
aplicar en el marco de los nuevos sistemas de gestión
económico-administrativa de la Secretaría de Estado, tercer gran
objetivo; y si se dispone ya de un sistema de información integrado que
posibilite la agilización de procedimientos y una adopción de decisiones
objetiva y oportuna, cuarto y último de los grandes objetivos
estratégicos previstos por la propia Secretaría de Estado para el
ejercicio 1995.
En cuarto lugar, los redactores de la descripción de objetivos del
programa 144A del proyecto de presupuestos de 1996, parecen desconocer
--dicho sea con todo respeto y con sentido del humor-- el sentido real de
ese viejo aforismo jurídico que sentencia que la claridad no precisa de
interpretación. Por ello, queremos que se nos explique qué quiere decir
ese redactor cuando literalmente afirma que --abro comillas-- la
incorporación a la definición de objetivo de un criterio cuantificador de
los niveles de prestación, en función de la normativa vigente, pretende
una limitación flexible de los niveles prestacionales a tenor de un
conjunto normativo que, por su complejidad, heterogeneidad y mutabilidad,
presenta difícil previsión y que, en caso de recogerse de forma
excesivamente rígida, provocaría las habituales descoordinaciones
--habituales descoordinaciones, dice el redactor-- que el programa ha
sufrido con anterioridad en prestaciones de carácter tan básico como
condiciones de higiene y salubridad, asistencia sanitaria, alimentación
de internos o dispensado de especialidades farmacéuticas. Fin de la cita.
Por tanto, ¿qué alcance se pretende dar desde la técnica presupuestaria a
lo que el proyecto denomina limitación flexible de los niveles
prestacionales? ¿Cómo hay que entender la referencia a lo que el proyecto
denomina conjunto normativo que, por su complejidad, heterogeneidad y
mutabilidad presenta difícil previsión? ¿Cuáles son esas habituales
descoordinaciones que el programa ha sufrido con anterioridad en
prestaciones de carácter tan básico y por qué se han reiterado esas
descoordinaciones en años anteriores? Y, finalmente, ¿cómo se han
traducido, en la vida ordinaria de los internos, las imperfecciones de la
confección presupuestaria, cuando se nos está reconociendo que esos
vicios de planeamiento han afectado a ámbitos tan capitales como la
higiene, la alimentación, la asistencia sanitaria o el gasto
farmacéutico?
En otro orden de cosas, ¿cómo se van a atender los objetivos del programa
144A, ambiciosos en su redacción, cuando los 73.000 millones para 1996
suponen una reducción del siete por ciento respecto de 1995?
Y, en algún detalle ya más concreto, ¿por qué se ha reducido en 158
millones la transferencia corriente para atención al culto, o a cuánto va
a ascender finalmente la provisión de prendas de uniformidad a los
funcionarios y qué sistema se va a seguir, una vez declarado el concurso
desierto y habida cuenta de que conocemos ciertas intenciones de la
Secretaría de Estado en cuanto a que esta provisión pase a realizarla
directamente el organismo autónomo Trabajos y Prestaciones
Penitenciarias?
En quinto lugar, el presupuesto presentado no sustancia en su
cuantificación las principales urgencias del sistema penitenciario, a
nuestro juicio, porque no se comprende que al enunciar el problema de la
masificación de los centros pretenda llevar a cabo una tarea de
adecuación de instalaciones, aparte de la obra nueva ejecutada conforme
al Plan de Creación de Centros, que corresponde impulsar a Siepsa
(Seiepsa?) con sus propios recursos y que, por tanto, no tiene reflejo
presupuestario aquí, pero, que sin embargo, la inversión real destinada a
esa obra dependiente de la SEAP decrezca en aproximadamente, según
nuestros cálculos, un 26,8 por cien en relación con el ejercicio
anterior.
En ese mismo sentido, tampoco casa que ese predicado fin resocializador,
cuyo eje básico es la política de tratamiento que, a su vez, demanda
equipos profesionales suficientes en número y cualificación, se
corresponda con una previsión presupuestaria de recorte de gasto de
personal en aproximadamente, según nuestros cálculos, un 38,7 por ciento,
cuando son conocidas las carencias en materia de provisión de equipos
técnicos en número acorde con el volumen de la población penitenciaria y,
desde luego, este presupuesto no incorpora el volumen de inversión que
requiere disponer de las nuevas infraestructuras que se van a requerir
para atender a las necesidades dimanadas del nuevo sistema de penas
previsto en el Código Penal, si es que éste finalmente llega a aprobarse.
En sexto lugar -- y concluyo con ello--, nos da la sensación de que sobre
este presupuesto inciden cuestiones de política doméstica interna de la
propia Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, más que la
consideración de necesidades objetivas de la misma y, en este sentido
también, la remodelación introducida por el Real Decreto 326/1995, de 3
de marzo, nos resulta indiciaria al respecto. Creemos que la conversión
del antiguo organismo autónomo Trabajos Penitenciarios en Trabajos y
Prestaciones Penitenciarias no resuelve por ahora los problemas de
naturaleza estructural que afectaban al desbarajuste organizativo,
contable y administrativo de dicho organismo, ni los dimanados de la
incapacidad de la Administración Penitenciaria para hacer del trabajo
remunerado y de la educación dos claves fundamentales de ocupación de las
jornadas de los internos, pero sí, en cambio, dota a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias de un peso presupuestario que venía
reclamando desde su, permítasenos la expresión, estimación política,
frente a la Dirección General de Administración Penitenciaria, más de
naturaleza, permítasenos también la expresión entrecomillada,
«profesional», según, al parecer, gustan autocalificarse sus respectivos
titulares en cada caso.
La resolución de esa pugna presupuestaria entre ambas direcciones
generales queda sobradamente decantada en favor de la primera, tal y como
se desprende el montante del programa 144B, quizás porque el señor
Beltrán está sin duda en el círculo de los escogidos del propio señor
Belloch.
Ello no obstante, convendrá recordar que, a pesar del aparente aumento
espectacular de la dotación nueva de este programa 144B, el mismo sufre
un retroceso del 4 por ciento, en relación con sus antecedentes en el
presupuesto de 1995, pues si hoy el 144B asume la integración de éste más
el contenido del programa 313C de la Ley de Presupuestos aún vigente, y
la consignación para 1996 asciende a 3.164.148.000 pesetas, lo dicho se
justifica teniendo en cuenta que la suma de los programas 144B y 313C,
del ejercicio de 1995, ascendía a 3.000.299.218 pesetas.
Ahora, eso sí, alguna curiosidad merece alguno de los extremos de este
nuevo 144B y así, ¿qué finalidad tiene que se produzca un aumento del
gasto del 285,56 por ciento, según nuestros cálculos, en lo concerniente
a gastos corrientes, enmiendas y servicios, dado que se pasa de
133.744.900 pesetas, a 515.774.000 pesetas? ¿Por qué, dentro del anterior
capítulo, se incluye una nueva partida destinada a arrendamientos y
cánones que no figuraba en el presupuesto de 1995 y, más precisamente,
qué edificios van a arrendarse con esa previsión de 45 millones
consignada para 1996? ¿Qué adquisiciones de material y suministros se
prevén de forma que se justifique el aumento de esta partida en un 570,6
por ciento en relación con 1995? ¿A qué empresas y entes públicos va a ir
destinada la transferencia de 32 millones prevista al efecto en el
proyecto de presupuestos para 1996? ¿Por qué se reduce la partida
destinada a asistencia social de internos, liberados y familiares, que
pasa de 119.654.000 pesetas en 1995, a 94 millones para 1996? Finalmente,
¿qué contenido concreto tienen los superproyectos 8008, 9020 y 9030?
En definitiva, señor Presidente, señoras y señores Diputados, señora
Secretaria de Estado, estamos ante un proyecto de presupuesto cuya
principal virtud --dicho con la máxima cordialidad y con el máximo
respeto-- es precisamente
que probablemente no va a llegar a ser tal presupuesto.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo va a formular preguntas a lo largo de
esta comparecencia? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, señorías, señor Gil Lázaro, ya ha
expresado S. S. que considera que una gran parte de sus preguntas
efectivamente resulta difícil contestarlas en esta comparecencia. Creo
que especialmente a la vista de los interrogantes que S. S. ha plasmado y
del conjunto de cuestiones que ha planteado --y que S. S. llevaba, como
es absolutamente legítimo, muy elaborados y, por tanto, ha podido decir
en el tiempo que tenemos para esta comparecencia--, necesitaría permiso
de la Presidencia para estar aproximadamente cuatro horas contestándole,
pero estaría muy satisfecha de poderle dar esas explicaciones, porque se
puede contestar ampliamente (desde la política que se está desarrollando
en la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios) a todas y cada una
de las dudas expresadas por el señor Gil Lázaro y estoy completamente
convencida de que la respuesta sería satisfactoria para él; aunque las
ejecute en este caso el Gobierno y él sea oposición, estoy segura de su
buen criterio y de que no dudaría en convenir que, tanto la planificación
presupuestaria, como la ejecución del anterior presupuesto, como el
conjunto de políticas que él ha mencionado, son de su entera
satisfacción.
Me consta su interés, y le tengo que decir que un número importante de
preguntas que ha formulado en esta comparecencia las estamos contestando
a lo largo de este último mes en no menos de mil preguntas que, como
control al Gobierno, ha hecho el Grupo Popular. En esas mil preguntas la
mayor parte de las cuestiones que interesan a S. S. están explicitadas.
Creo que si la labor de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios
da lugar a mil preguntas muy puntuales sobre una serie de iniciativas,
como planificación y mejor control del gasto económico y optimización de
recursos, una parte muy importante de esas preguntas se vienen haciendo a
lo largo de este mes, como decía, y no tengo más remedio que concluir que
ese interés es porque verdaderamente el señor Gil Lázaro está siguiendo
muy de cerca la política desarrollada por la Secretaría de Estado y, sin
duda, la debe estar valorando muy positivamente, porque en esas preguntas
se expresa así.
Evidentemente no voy a entrar en sus pronósticos de si se va a aprobar o
no el presupuesto; eso queda en el ámbito de la concepción de cada uno,
pero voy a intentar desgranar algunas de las cuestiones que plantea.
Presupuesto fiable o elaboración fiable, se dice muchas veces a lo largo
de los numerosos documentos que ha elaborado este año la Secretaría de
Estado y a lo largo del año pasado. Señor Gil Lázaro, usted confunde la
perfectibilidad, es decir, el propósito de querer ir mejorando los
procedimientos, el propósito de querer ir mejorando, evidentemente,
nuestra estadística, el propósito de tener el conjunto de las cifras con
una fiabilidad del ciento por ciento, con una falta de fiabilidad. Como
no podía ser de otro modo, siempre hay ese propósito de mejorar lo
anterior, porque realmente no se entiende que un gestor público, que un
responsable político no intente cada año mejorar lo que ha hecho en el
año anterior y si elabora planes es porque señala nuevos objetivos y
parte de algunas quiebras o algunos defectos que ha visto incluso en sus
propios planes elaborados en el año anterior.
Por tanto, creo que podemos asegurar con toda rotundidad que la
elaboración técnica del presupuesto es absolutamente fiable. Algunas
veces al señalar los parámetros, los objetivos y los indicadores puede
haber un error material, pero, en cuanto a la configuración del
presupuesto, conoce perfectamente S. S., o quien haya estudiado en su
caso por su Grupo el presupuesto, que efectivamente es de toda
fiabilidad, pese a que se viene diciendo que la elaboración de cifras
está experimentando una perfectibilidad, especialmente porque sólo con un
completo sistema informático, que en este momento no tiene la Secretaría
de Estado, sólo cuando en el transcurso de las inversiones plurianuales
de los años siguientes, en este propio ejercicio de 1996 que en este
momento contemplamos y de los años siguientes, tengamos esos medios,
podrá tenerse la fiabilidad más completa al cien por cien, en la medida
en que se mejoren los procesos informáticos de información. Sólo así es
posible disponer de los indicadores de una forma mucho más rigurosa.
Me pregunta por la deuda y por la optimización de gastos. En cuanto a la
deuda no sanitaria, tengo aquí los datos para ofrecérselos a S. S.; en
este momento hay 252 millones, en conjunto, eliminando la deuda
sanitaria; 57 millones se corresponden con gastos del año 1992; 16,8 de
1993; 178,1 de 1994; en conjunto, 252 millones. El total pagado en 1995
de la deuda es de 2.291 millones.
Se preguntará S. S. por qué tenemos deuda de 1992 y 1993; parte de esta
deuda todavía está por fijar en alguna reclamación de empresas y, por
tanto, está sometida a procedimientos judiciales. Este es el conjunto de
la deuda no sanitaria. En cambio, en sanidad extra penitenciaria seguimos
teniendo una importante bolsa de deuda con una fijación en torno a los
4.690 millones de pesetas. Esta es la fijación de la deuda. El año pasado
tuve ocasión de comentar a S. S. el esfuerzo que había hecho la
Secretaría de Estado, tanto en la época de mi predecesor en el cargo,
como en la que se corresponde directamente con la gestión de este equipo
directivo precisamente, en ese empeño en saldar la deuda viva que tenía
la Secretaría de Estado.
Me pregunta usted sobre la deuda en productos alimenticios. En esto puede
haber alguna deuda residual en algún centro penitenciario, pero no es una
cifra digna de mención. En la información que tenemos en el centro
directivo de los servicios centrales no hay más deuda alimenticia que la
propia que se va generando en el año en curso.
Mantenimiento integral. El presupuesto de la Secretaría de Estado se
desarrolla, dentro de las restricciones generales de los Presupuestos
Generales del Estado, con una contención del gasto y una introducción de
medidas de optimización de los recursos. Por ello, el presupuesto de la
Secretaría donde tiene su reducción es en los capítulos y artículos del
gasto corriente. Uno de los gastos que le ha llamado
la atención a S. S. es el del sistema integral de mantenimiento de los
centros penitenciarios, en el que incluimos una reducción importante.
Durante el año pasado especialmente, y a lo largo del primer semestre de
este año, lo que hemos convenido, en lotes que hemos sacado a
contratación pública con grandes empresas de mantenimiento, es, por una
parte, establecer todo el protocolo de mantenimiento y, por otra, formar
al personal penitenciario para que realice la parte menos sofisticada,
por darle alguna denominación, de lo que es el mantenimiento de los
centros penitenciarios. En consecuencia, por esa mejor optimización y,
sobre todo, por esa utilización del personal ya formado, e incluso por la
posibilidad que estamos contemplando, ya que todavía esto no está
cerrado, y S. S. en algún momento me lo ha mencionado, estamos en los
prolegómenos de la discusión de un plan de empleo; es probable que en ese
plan de empleo pueda incorporarse el personal de mantenimiento de otros
ministerios a la Secretaría de Estado para esas cuestiones de
mantenimiento. Por tanto, ahí hay un ahorro importante y supone un
diferencia en cuanto a esa reducción del capítulo 2 que S. S. ha podido
observar y que, efectivamente, se corresponde con lo que ha dicho.
Gestión de economatos. La gestión de economatos sigue, más o menos, la
misma tónica que en años pasados. Es verdad que en esto tenemos una serie
de proyectos, pero están muy condicionados por las mejoras tecnológicas
en esa materia. Estamos en contacto con diversas entidades y con la
Administración catalana para ver cuál es, en definitiva, la gestión de
economatos más acordes con las nuevas tecnologías y con la posibilidad de
hacerlo de una forma integrada en el conjunto de las aplicaciones. Esta
es una parte de las actuaciones que planificaremos en el plan informático
de este año.
Unidades de custodia. Como S. S. sabe, este año estamos haciendo ya una
serie de unidades de custodia en el entendimiento de que en esa
plasmación de la sanidad penitenciaria, y en esa filosofía de que una
parte de las afecciones que afectan a los reclusos se puedan tratar, y se
traten de hecho, en las enfermerías o en los llamados hospitales
penitenciarios, y que otra parte de las prestaciones a las que todo
recluso tiene derecho, como miembro de la sociedad de la que está
temporalmente apartado, se dé en la sanidad pública, con el compromiso,
por nuestra parte, de ir construyendo gradualmente unidades de custodia.
Ya hay una serie de unidades de custodia, pero queremos llevar a cabo más
unidades de custodia. La cifra que está prevista para unidades de
custodia está en torno a los 17 millones de pesetas para este año. Hemos
hecho una unidad de custodia en el Carlos III, recientemente inaugurada
en Madrid, y tenemos el propósito de hacer dos nuevas unidades de
custodia también en Madrid. Estamos haciendo unidades de custodia en
Galicia, y las tenemos en tramitación en Andalucía, y es nuestro
propósito, en la medida en que esa contención del gasto nos lo permita,
ir haciendo más.
Formación de funcionarios. En mi primera comparecencia como responsable
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, a pregunta de S. S.
y de otros grupos parlamentarios, se me demandó la actuación que la
Secretaría de Estado tenía in mente respecto de la formación de
funcionarios. Yo a esto he respondido reiteradamente a SS. SS. que esta
cuestión me parecía fundamental en la Secretaría de Estado, ya que el
peso más importante en el tratamiento de los reclusos está en el personal
penitenciario. Para el plan de formación de este año hay destinados, se
lo digo de memoria, aunque creo que no me equivocaré en la cifra, unos 25
millones de pesetas; pero el costo para la Secretaría de Estado es
bastante superior a 25 millones de pesetas, puesto que el plan de
formación supone el desplazamiento de los funcionarios y, por tanto, las
dietas inherentes a ese desplazamiento. Por ello, creo que no es una
cifra menor la de 25 millones, sobre todo si se tiene en cuenta que una
parte importante del costo viene por otro concepto, que sería el del
abono de los desplazamientos.
Me pregunta por la no retención del IRPF de los reclusos que trabajan en
los talleres penitenciarios. Efectivamente, la Secretaría de Estado,
aunque en este momento se está produciendo una retención, entendió en un
momento determinado, y es absolutamente sostenible, que por el importe
global que percibían los reclusos no había que hacerles esta retención,
porque por la elevación al íntegro no tendrían que abonar, ya que eran
unas cuantías muy pequeñas, y no se produjo esta retención del IRPF. No
es una singularidad de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios;
la otra Administración con competencias también tiene el mismo criterio;
por tanto, no es una singularidad nuestra. En este momento estamos en
conversaciones y en el borrador de proyecto del nuevo reglamento (que
habrá que discutir y al que habrá que incorporar las aportaciones, no
solamente de los órganos consultivos a los que en este momento está
sometido, sino también las propias sugerencias que hagan el resto de los
ministerios) se verá si se mantiene que hay que hacer una retención para
el IRPF de los reclusos que trabajan en talleres penitenciarios o si, por
el contrario, se considera que no hay que hacer retención alguna.
Me pregunta también por unas diferencias del IVA. Efectivamente, hay unas
diferencias que nos reclama Hacienda, y creemos que tiene razón, y que
las debemos de abonar, porque en un momento determinado, y tuve ocasión
de explicarlo, se elevó una consulta por entender que en los trabajos de
los talleres penitenciarios no estaba muy claro si se debería aplicar el
IVA. El informe fue positivo y, por tanto, a partir de entonces está
clarísima la obligación de facturación con IVA por parte del organismo
autónomo. Por tanto, eso creo que está completamente solventado. Esta es
nuestra posición, y abonaremos el IVA no ingresado en un período
determinado de años anteriores.
En cuanto a las medidas de optimización, tendré muchísimo interés en
enviárselas al señor Diputado por escrito, puesto que so muchas. A lo
largo de estos dos últimos años y en el próximo, las medidas de
optimización más importantes que se han hecho por parte de la Secretaría
de Estado son todas en reducción del gasto corriente, en especial medidas
energéticas de optimización, a través de tarifas nocturnas y otros
estudios. Estamos también estudiando la posibilidad de futuros centros de
cogeneración, que sería la forma de ahorro más importante, especialmente
en la construcción de nuevos centros penitenciarios y en aquellos donde
evidentemente tengamos la posibilidad porque estemos cercanos a
instalaciones o a tuberías de gas natural. Por tanto, hasta ahora las
medidas han ido por la evaluación muy pormenorizada de cada gasto, para
ver en cada segmento qué es lo que se puede ahorrar. Hemos conseguido una
reducción notable, por ejemplo, en el gasto telefónico, al individualizar
determinados gastos, al dar de baja líneas que no eran absolutamente
necesarias y al recomendarnos a nosotros mismos una contención del gasto;
impulso de contención con el que estoy completamente segura que S. S.
estará plenamente de acuerdo. Ha habido medidas de ahorro, por ejemplo,
en el transporte de los reclusos, la racionalización del conjunto de los
sistemas de transporte y, sobre todo, de la periodificación y de las
líneas de transporte, tanto en los desplazamientos por TIR, como los
transportes aéreos, marítimos y terrestres. Eso ha dado lugar también a
una reducción notable del gasto, es decir, electricidad, teléfonos;
optimización incluso de los propios gastos consuntivos más corrientes,
como papeles, fotocopias; esfuerzos en medios de transporte, en
definitiva, del conjunto del sistema y de la Casa para conseguir que, con
un nivel inferior de presupuesto, no se resientan las prestaciones al
recluso y las prestaciones que dan lugar a una mayor seguridad y mejores
condiciones de los funcionarios en el ejercicio de su función.
Acogiéndome a lo que S. S. ha sugerido, me leeré muy puntualmente el acta
para saber qué cuestiones contesto y qué cuestiones quedan todavía
pendientes de explicación complementaria. Por ejemplo, le chocaba a S. S.
la reducción de los 158 millones que figuraban este año para el culto.
Como sabe S. S., el presupuesto de transferencias del capítulo 4 es uno
de los que más se ha reducido. Efectivamente, ahí hay una reducción de
los honorarios que veníamos abonando a los ministros del culto,
concretamente a los ministros de la Iglesia Católica, que es con quien
había este convenio. ¿Cómo se va a replantear la cuestión? Con un acuerdo
con estos ministros del culto para que la dedicación de horas que tenían
sea menor, porque, por otra parte, esto se ha ido compensando también con
voluntariado de confesiones religiosas que también hacen de apoyo a la
acción pastoral de los ministros del culto. Por tanto, hay una reducción,
como la hay en otros muchos capítulos, pero sería la cuadratura del
círculo; es decir, no puede haber reducción del gasto público, no es
posible que el presupuesto sea riguroso y restrictivo y que, además, haya
un incremento en todas las partidas, y como lo que no es posible no es
posible evidentemente hay algunas partidas que tienen una reducción más
notoria que otras.
Me dice usted: ¿cómo es posible que todos estos proyectos de
potenciación, por ejemplo, de equipos técnicos que usted viene
expresando, desde su toma de posesión --que es verdad, yo tengo una
cierta fijación en la potenciación de equipos técnicos--, no se han visto
plasmados ni en estos presupuestos ni en presupuestos anteriores? Es
cierto y no es cierto. Es cierto que las ofertas de empleo público para
los equipos técnicos han sido siempre mucho menores que las que
teóricamente incluso hubiéramos deseado. Pero no lo es menos que también
en el plan de empleo en el que estamos trabajando, que S. S. conoce
perfectamente, se va a conseguir una captación de personal técnico, que
en este momento está ocupando en la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios otros niveles y otras actividades. Ese plan de empleo va a
permitir optimizar, no solamente los recursos humanos de la Casa --sobre
todo en el supuesto de que lo llevemos a buen fin, que tengo la esperanza
de que así sea--, sino también esa permeabilidad y esa carrera
profesional que hasta ahora no existe en Instituciones Penitenciarias,
hay muchas personas con título universitario en la Secretaría de Estado
que están haciendo unos cometidos y que no pueden hacer otros porque
había una barrera y no había esa permeabilidad entre los cuerpos C y los
cuerpos B y los cuerpos B y los cuerpos A. Por tanto, yo creo que esa
potenciación de equipos técnicos vendrá indudablemente solventada a
través del plan de empleo.
Por otro lado, S. S. también dice que cómo es posible que tanto en los
planes que hemos ido elaborando, como en la propia presentación de la
memoria de la Secretaría de Estado correspondiente al año 1994, y en
parte de 1995, hagamos pieza capital la intervención con los reclusos,
con los internos, cuando le dedicamos tan poco dinero a la inversión en
la reparación de los centros penitenciarios. Yo creo que eso es un punto
de partida que no es correcto. En primer lugar, como S. S. podrá observar
en la comparación del presupuesto --porque el presupuesto del año pasado
después tuvo unas limitaciones que S. S. conoce--, con las limitaciones
de disponibilidad, el presupuesto de inversiones de este año es
prácticamente igual al del año pasado, no con el presupuesto inicial,
pero sí con el presupuesto y las limitaciones que el Gobierno creyó
oportuno introducir en el mes de enero, febrero o marzo, no me acuerdo ya
muy bien, del pasado año. Evidentemente, esos objetivos no se entendería
si cualquier lector desconociera --que no es el caso de S. S., que lo
conoce perfectamente, e incluso lo ha mencionado de pasada-- que el
esfuerzo presupuestario en inversiones está en el plan de centros.
Efectivamente, entendería que lo que decimos teóricamente y lo que
potenciamos en nuestro discurso no se plasma en la realidad
presupuestaria. Yo creo que para ello, desde luego, nadie puede dejar de
enjuiciar la realidad presupuestaria de la Secretaría de Estado si no
tiene en cuenta las inversiones tan importantes que el Gobierno de la
nación está haciendo a través del plan de centros. Por tanto, niego la
mayor y creo que se puede aclarar en ese sentido.
Otra cuestión es que S. S. no entiende por qué hemos hecho una reforma;
no diría yo que no entiende, sino que le da una explicación maliciosa y
en términos de pugna doméstica. Me parece, efectivamente, una
consideración, con todo el respeto para S. S., maliciosa y de comentario
malévolo de alguien. Desde luego, la división o agregación del organismo
autónomo Trabajos Penitenciarios a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y además, el sumar en el organismo autónomo Trabajos y
Prestaciones Penitenciarias el conjunto de las actividades de
intervención con el recluso, nos ha parecido al conjunto del equipo algo
que deberíamos hacer y algo que reforzaba efectivamente la intervención.
Algunas veces hemos hablado en
esta Cámara de las disfuncionalidades que creaba que la asistencia social
y temas de formación reglada o formación ocupacional estuvieran por una
parte y que, en cambio, esa formación ocupacional requiriera de los
talleres de Trabajos Penitenciarios. Por tanto, había disfuncionalidades
ahí que había que eliminar, y nos ha parecido que la filosofía que
mantenemos y la interpretación que hacemos en el vigente 1995 de la Ley y
el Reglamento Penitenciario quedaba claramente reforzado, y así lo
expresa la exposición de motivos, en el decreto de reorganización del
organismo autónomo Trabajos Penitenciarios en Trabajos y Prestaciones
Penitenciarias. Creemos que ésa era la filosofía que debía dirigir, que
debía reordenar el conjunto de la Secretaría de Estado. A mí me da pena
que una ordenación que tiene por finalidad la que he expresado a SS. SS.
--la mejor intervención con el recluso para, desde la privación de
libertad, fomentar en él actitudes y, especialmente, dotarle de formación
que le permita volver a la sociedad, volver a la libertad en mejores
condiciones-- se traduzca en un comentario malévolo acerca de que había
una pugna de poder entre los dos directores y uno de ellos pretendía
llevarse la mayor parte del pastel; eso me parece una pobre traducción y,
desde luego, le aseguro a S. S. que no hay nada más lejos de la realidad
que eso. No tendría ningún sentido hacer estas reconducciones basándonos
en esa cuestión; desde luego, nunca un asunto semejante sería tratado por
la titular de la Secretaría en los términos en que S. S. ha preguntado.
Respecto al organismo autónomo, le voy a dar los datos más importantes
para evitar alargarme demasiado, con el compromiso de enviarle otros
datos más puntuales.
A su señoría le extrañaba, por ejemplo, que hubiera una reducción de la
partida dedicada a asistencia social. Efectivamente, hay una reducción de
esa partida, y la nueva reordenación del organismo y de la asistencia
social penitenciaria va en ese sentido, y es porque las partidas que
antes se destinaban con preferencia a las familias de los reclusos, en
atención a que parte de sus necesidades están cubiertas por las
comunidades autónomas, se destinan a atenciones muy directas de los
reclusos, como es, por ejemplo, pagar los billetes de vuelta en el
supuesto de que sean extranjeros, etcétera. Por tanto, hay una
disminución, que se corresponde con una mayor atención de las
instituciones extrapenitenciarias, en el entendimiento de que los
reclusos también son parte de una comunidad y, por tanto, parte de sus
ciudadanos.
En cuanto a la cuantía de 32 millones de la partida para empresas
públicas, dentro del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios --si
recuerda S. S., el año pasado se interesó por la partida correspondiente
a la UNED--, le diré que ésta es una partida que se corresponde con esa
aportación a la UNED. Como saben SS. SS., en este momento tenemos casi
800 reclusos cursando carreras universitarias en instituciones
penitenciarias y hay una cantidad muy importante que están haciendo
bachiller y otras formaciones regladas; pues esa cuantía se refiere a
esto.
En cuanto a arrendamientos, le pasaré los datos detalladamente, sobre
todo por conceptos, pero hay una partida, que está ahora en el organismo
autónomo precisamente por esa fundición de programas, que corresponde a
arrendamientos de las antiguas CAS.
Por otra parte, el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios es bastante
más de lo que expresa su presupuesto. ¿En qué sentido digo esto? En el
sentido de que, además de lo que expresa su presupuesto, mueve
importantes cantidades de dinero en el pago a los reclusos, que no
aparece en el presupuesto. El año pasado explicamos que tanto el pago de
la Seguridad Social correspondiente a los reclusos que desarrollan
trabajos y prestaciones penitenciarias en el organismo autónomo como la
contraprestación económica, o la remuneración que perciben por sus
trabajos, no van incluidos en el presupuesto del organismo autónomo.
Además, hay una serie de gastos que se corresponden con el programa 144A,
que no es del organismo autónomo, que en parte están financiando este
organismo autónomo. En el organismo autónomo hay una parte de gestión
penitenciaria y hay una parte de clasificación, hay toda una serie de
personal que, estando en la Secretaría de Estado, realiza funciones que
redundan en el organismo autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias.
Por tanto, en el organismo autónomo la reducción se corresponde también
--como en el programa 144-- con una mejora en esos gastos de gestión. Por
cierto, y contestando a una pregunta suya sobre la reordenación del
organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, le diré que, efectivamente,
la reordenación económica se ha implantado ya; se ha dado una instrucción
para el funcionamiento económico-administrativo de los talleres, según
criterios que habíamos venido acordando con la Intervención delegada. Esa
es una mejora sustancial en el funcionamiento económico-administrativo de
los talleres. Yo ya había expresado que creía que, en este ánimo de
mejorar la gestión, los talleres penitenciarios eran uno de los objetivos
de esa mejora. Usted me dirá: Es que funcionaban mal. Le digo lo que le
dije al principio de esta intervención: todo es perfectible día a día y,
efectivamente, había muchos puntos que mejorar, como nos había sugerido
no solamente nuestro propio análisis crítico, sino la Intervención
delegada. Además, el organismo ha elaborado un manual de compras, de
suministros y, aunque, como organismo autónomo, en la nueva Ley de
Contratos del Estado estaría excluido de hacer este manual, hemos creído
que para mayor transparencia --aunque nos acogemos a la mayor
flexibilidad que la nueva ley de Contratos del Estado otorga a los
organismos autónomos comerciales-- había que hacer este manual de compras
y suministros excluidos de la Ley de Contratos del Estado, en ese
propósito de mejora y transparencia de la gestión del organismo autónomo
Trabajos Penitenciarios.
Este es el conjunto de datos que puedo aportar en este momento, sin
perjuicio de enviarle al señor Diputado todos aquellos otros, que me
consta que no son pocos, sobre cuestiones que han quedado poco aclaradas
en esta primera intervención. Me comprometo a enviarle la información por
escrito. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No hay más trámites, señorías, porque, además, en
esta comparecencia hemos consumido
exactamente el doble de tiempo que teníamos previsto, salvo, señor Gil
Lázaro, que sea una cosa absolutamente telegráfica.
El señor GIL LAZARO: Es absolutamente telegráfico.
Simplemente quiero decir que no se hacen interpretaciones malévolas.
Donde en los papeles de la Secretaría de Estado dice «habitual
descoordinación», yo leo «habitual descoordinación»; donde dice «falta de
datos rigurosos», yo leo «falta de datos rigurosos».
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado, por su
comparecencia ante esta Comisión.
Suspendemos durante unos segundos la sesión para, después, recibir al
nuevo compareciente, que es el Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional de Drogas.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
--DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN Nacional sobre Drogas (López
Riaño). a solicitud del Grupo parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/001706.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida al señor Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas y miembro de esta Cámara, para que evacue la comparecencia
que ha solicitado el Grupo Popular, a cuyo portavoz, el señor Robles, doy
la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar, deseo dar la bienvenida al señor
Secretario de Estado y compañero parlamentario.
Me voy a referir fundamentalmente al Programa 313, pues es el que afecta
más directamente al Plan Nacional sobre Drogas. Es un programa
extraordinariamente corto en sus contenidos, como siempre lo fue, pero
también presupuestariamente, por lo que no va a hacer falta entrar en
demasiados detalles. Me voy a permitir hacer una valoración general,
sobre la que voy a solicitar la contrarréplica del Secretario de Estado,
porque me parece que, con la situación presupuestaria que nos hemos
encontrado y con su plasmación en el presupuesto, lo primero que hay que
conocer del Secretario de Estado es cuál es su visión, cómo queda
realmente el plan nacional, cuál va a ser la capacidad real de
funcionamiento operativo, cómo va a afectar un recorte que, a nuestro
juicio, es extraordinariamente importante y de qué manera se va a
proceder a ajustar servicios y objetivos y cómo van a verse comprometidos
objetivos que están previstos tradicionalmente en el plan nacional. Hago
notar, junto con esta primera afirmación general, la descoordinación o la
falta de soporte que existe, a mi juicio, entre la memoria de objetivos
que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado y el presupuesto del
Plan Nacional sobre Drogas. He revisado detenidamente los objetivos que
figuran en la memoria y se habla de finalidades y objetivos que habían
sido tradicionales en el plan. Incluso se mantienen numéricamente algunas
de estas actividades y programas cuando presupuestariamente desaparecen
en el programa. Por lo tanto, da la sensación de que se ha copiado
miméticamente la memoria de objetivos y finalidades del plan, sin revisar
que hay conceptos que desaparecen, como ahora les detallaré.
Entrando en materia, lo primero que quiero resaltar es que este recorte
de casi 1.000 que figura en el Plan Nacional sobre Drogas, que en el
conjunto global supone un 14 por ciento pero en la parte realmente
operativa del plan se acerca prácticamente al 20 por ciento, sobre todo
si sumamos la pérdida del poder adquisitivo, el dinero real que vamos a
tener, creo que es una cifra suficientemente importante. Hay que destacar
que nos parece un contrasentido ese recorte que se produce en todos los
capítulos, pero especialmente en el 4, en lo que afecta realmente al
capítulo de transferencias corrientes, es decir, a la capacidad operativa
real del plan, cuando el Gobierno ha mantenido siempre que el Plan
Nacional sobre Drogas es un plan de planes y en el que, de alguna manera,
las comunidades autónomas y las demás entidades tienen que jugar un papel
determinante.
También el capítulo 2 sufre un recorte del 50 por ciento. Por tanto, va a
afectar de forma muy notoria a actividades que vienen fijadas en los
objetivos y que hasta la fecha eran uno de los principales pilares de la
nueva orientación del plan. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cosas que
no están suficientemente detalladas y me gustaría que me explicara cómo
se van a poder mantener; temas, por ejemplo, como programas de prevención
y concienciación social, Programa 227, que ha sufrido una disminución muy
importante. Me estoy refiriendo también a los trabajos realizados por
otras empresas y profesionales, es decir, estudios y trabajos técnicos
que venían detallados así en el Programa 227 en el anterior ejercicio
económico y que, según la explicación que se nos dio en aquel momento, me
imagino que estaba referido a aquel famoso proyecto de debate nacional
sobre el plan, del que nunca más se supo, ni siquiera si se ha ejecutado,
se ha hecho algo o cuál va a ser su finalidad. También está todo el
concepto de las encuestas de seguimiento entre la población escolar, con
una disminución del 50 por ciento, y supongo que alguna repercusión va a
tener. ¿Cómo se va a dirimir este recorte?
Es cierto que también hay una disminución en el capítulo 1 y me gustaría
saber cómo se materializa este recorte, porque curiosamente existe una
disminución global, mientras que existe un aumento en las retribuciones
del personal, especialmente en cuanto a actualizaciones de retribuciones;
hay gastos del personal eventual por 6.900.000 pesetas y de 10.300.000 en
el concepto de gastos sociales. Me gustaría que me explicara exactamente
cuál es la dimensión de este recorte, en qué afecta, en qué consiste, si
hay una disminución del staff del plan nacional. Me preocupa
extraordinariamente en el capítulo 2 la capacidad operativa en lo que se
refiere a prevención de encuestas, de estudios y de trabajos que nos
permitan diseñar correctamente los trabajos del plan.
Entrando en lo que he dicho al comienzo de mi intervención, en la parte
fundamental y operativa del plan que es el capítulo 4, lo que se refiere
a transferencias, he de reseñar que aquí el recorte es muchos más amplio,
se acerca en términos reales al 20 por ciento, se recorta en 600 millones
de pesetas el concepto de transferencias, que, por cierto, coincide con
el recorte que el Gobierno efectuó este año, fundamentalmente a las
transferencias a comunidades autónomas, que entonces fue de 1.500
millones de pesetas. No sé si tendrá algo que ver con que los gobiernos
de las comunidades autónomas son distintos en estos momentos y van a
serlo también en el futuro, pero, curiosamente, es en ese capítulo donde
se produce una disminución más importante, y si el plan es un plan de
planes, hay que colaborar con los planes autonómicos y hay que colaborar
con las entidades. Es curioso destacar que precisamente aquel capítulo
que se refiere a las subvenciones que directamente otorga el plan a las
organizaciones no gubernamentales no sufre ningún recorte, pero no sufren
ningún recorte precisamente las nacionales, es decir, en las que ustedes
tienen que dar la cara: las federaciones, las ONG, que se lo piden a
ustedes directamente; por el contrario, aquellas otras que tienen que
solicitar su subvención a través de los planes autonómicos y que
normalmente son las que prestan el servicio o bien en el ámbito de la
prevención de la asistencia son precisamente las que van a tenerse que
encarar con esos planes autonómicos que ya han sufrido un recorte
importante este año, y son ellas las que tienen que estar dando
explicaciones y no ustedes en el concepto de subvenciones a ONG.
Por otra parte, hay, como usted sabe, señor López Riaño, un informe en
marcha en la Cámara, el informe de la Comisión Mixta. En la memoria de
objetivos ustedes ponen mucho énfasis en resaltar que el plan trata de
cumplir los objetivos que la Comisión Mixta elabora, y una vez más me
parece que no se soportan bien esos objetivos de la Comisión Mixta con el
presupuesto que nos presenta el Gobierno en este momento. Usted sabe que
se hace un especial hincapié en la importancia de la prevención en el
mundo laboral, se hace un especial hincapié en la importancia de la
colaboración de los entes locales en el plan nacional, y precisamente son
esos dos capítulos, el capítulo de prevención en el ámbito laboral y el
concepto de transferencias a entes locales, los que sufren un recorte
también muy considerable en el próximo presupuesto del plan nacional;
recorte que, si no recuerdo mal, asciende a 500 millones en el concepto
de transferencias a entes locales; el programa de transferencias a
comunidades autónomas para atención a drogodependientes con
organizaciones sociales disminuye también el 50 por ciento; el programa
de ámbito laboral desaparece completamente (no lo encuentro o, al menos,
no sé identificarlo en el presupuesto) e, insisto, parece que todo esto
no va acorde con los objetivos que se ha marcado la propia Comisión. El
concepto 451 experimenta un aumento aparente, porque todo el aspecto
global de transferencias, la capacidad operativa, todo el capítulo 4
disminuye en 600 millones de pesetas; es decir, se engloban otros
programas en uno, pero el concepto global del capítulo 4 desaparece.
Aparece un nuevo concepto, el 491, que es la cuota a organismos
internacionales, del que me gustaría tener alguna explicación, entre
otras razones porque supongo que esto ya se venía haciendo, es decir,
España tendría obligaciones con organismos internacionales que me imagino
que estarían reflejadas en algún otro concepto presupuestario y que en
este momento aparece en este capítulo 4. Por tanto, me gustaría que me
diera una explicación de dónde estaba reflejado y, si lo estaba, cuáles
son estas cuotas a organismos internacionales.
En definitiva, como le he dicho al comienzo de mi intervención, creo que
hay una falta de sensibilidad importante en este presupuesto a la hora de
atender uno de los problemas más sangrantes que tiene la sociedad
española, la lucha contra las drogas. Los datos fríos y globales son los
que yo le he dicho: hay un recorte muy importante cercano a 1.000
millones de pesetas, acorde con el que ya se experimentó este año, y ese
recorte se produce precisamente en la parte más operativa del plan, y van
a ser organismos de otras administraciones e incluso del mundo social los
que van a tener que apretarse el cinturón para poder adaptarse a ese
recorte presupuestario, porque en la parte que afecta realmente a la
Administración central, lo que financia o lo que subvenciona directamente
la Administración central ha sufrido escasos recortes.
Dicho esto, le pido su valoración de cómo va a poderse afrontar sin
demasiadas deficiencias con este presupuesto una lucha efectiva contra
las drogas y que nos diga cómo alguno de los objetivos que figuran en la
memoria van a poderse ejecutar cuando los epígrafes correspondientes del
presupuesto han desaparecido por completo.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea tomar la palabra? (Pausa.)
El señor Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tiene
la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Señor Presidente, señorías, señor Robles, quiero agradecerle en
nombre del equipo del plan el análisis que ha realizado usted en la
mañana de hoy, que nos permite aclarar ante la Cámara y ante la opinión
pública algunos de los extremos que afectan a ese programa tan importante
de nuestra sociedad en la lucha contra las drogas.
Ustedes saben que en plena campaña electoral tuvimos que asumir una
decisión solidariamente con el resto del Gobierno, que llevaba consigo un
reajuste a la baja de nuestro presupuesto. Eso fue motivo de un debate en
aquel momento y de la comparecencia de los señores consejeros de las
autonomías para, entre todos, analizar aquella situación. Tengo que
decir, y sería mi primera indicación positiva, la Delegación del
Gobierno, sin duda con el apoyo de SS. SS., ha conseguido rescatar un 20
por ciento respecto a ese límite de obligaciones del presente ejercicio.
De modo que tenemos un 20 por ciento más de dinero para 1996 que tuvimos
en 1995.
También con ayuda de SS. SS. --éste sería el segundo objetivo positivo--,
tengo que señalar que en nuestro país se aprobó por el Congreso, aún
falta la aprobación por el Senado, la importante Ley del fondo, por lo
que, según vamos viendo --yo estoy seguro de que esos datos alegrarán a
S. S., que siempre ha sido muy coherente y muy analista
de esa situación, de cómo hacíamos las cosas respecto a esa delicada
cuestión--, hay un procedimiento en marcha y que hay unos frutos, con lo
cual si a ese 20 por ciento añadimos lo que puede venir de la Ley del
fondo, mi observación del futuro respecto de la Delegación de l Gobierno,
Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia e Interior, es positiva,
es esperanzadora y yo creo que nos ha servido a todos para hacer una cosa
muy importante, señor Robles, en la que estoy seguro de que todos sus
compañeros responsables en los gobiernos autonómicos estarán de acuerdo
en la hora presente, y es que a todos nos ha permitido evaluar en este
momento más difícil desde el punto de vista presupuestario todo aquello
que estábamos haciendo.
Señor Robles, las comunidades autónomas ya habían ellas mismas trabajado
sus presupuestos de 1993 a 1994. Es un dato que quizá ha pasado
desapercibido, siendo importantísima todavía la asignación que estas
comunidades hacen. Yo me imagino que lo que ha sucedido es lo que le ha
ocurrido al propio plan, que al cabo de diez años hemos dicho: vamos a
ver por dónde andamos y cómo con el dinero que tenemos lo podemos hacer
mejor. Las cosas no siempre se arreglan con más dinero, en eso estaríamos
todos de acuerdo, si hay posibilidad para hacer cosas creativas o para
hacer programas que eviten esa necesidad angustiosa de acudir siempre a
un mayor presupuesto.
Decía usted y decía bien, el plan es un plan de planes, pero no de planes
incipientes. Yo tengo que decir aquí públicamente, y quisiera que la
sociedad lo entendiera muy bien, que todas las administraciones de
nuestro país desde el más modesto ayuntamiento hasta la comunidad que
ustedes quieran elegir tiene en nuestra sociedad un bueno, positivo y en
muchas ocasiones excelente programa contra las drogas de su ámbito
territorial y, claro, es lo que nosotros aportábamos a ese proyecto, que
ya las comunidades autónomas van haciendo suyo, lógicamente, en un Estado
descentralizado, ha de ser en el futuro no tan importante ni tan esencial
como lo ha sido en el pasado. Si en 1985, cuando aparece el plan por
primera vez, es el Gobierno socialista el que asume la totalidad de ese
esfuerzo, pasados diez años desde esa fecha, esa responsabilidad ha sido
asumida solidariamente por las administraciones públicas y por las
organizaciones no gubernamentales de nuestro país.
El horizonte, pues, para mí es optimista, por supuesto dentro de un rigor
presupuestario, porque aquí tampoco los ciudadanos nos exigen que
malgastemos el dinero de los contribuyentes en programas etéreos o
abstractos, para lo que siempre hay una propensión cuando se establecen
programas de subvenciones. ¿Qué política seguimos en el ámbito de las
subvenciones? En el futuro, cuando ustedes gobiernen, comprobarán que
este tema es quizás el más delicado de esta Delegación. Es una Delegación
que tiene un presupuesto en torno a las 4.000/5.000 millones de pesetas,
de los cuales la mayor cuantía, cerca de 3.000 y pico millones, se va en
transferencias, y apenas con 1.000 millones hacemos lo que significa la
vida diaria y el designio político de la unidad Delegación del Gobierno
para el Plan sobre Drogas en España.
Pues bien, como digo, en el momento actual esas comunidades han
reajustado también sus programas sobre una política que sí que he
diseñado --en eso tiene razón S. S. --, como director de este excelente
equipo humano que constituye el plan nacional. Yo he preferido mantener a
las organizaciones no gubernamentales al nivel que tenían en el ejercicio
del 95 --era una prioridad política-- respecto de las cantidades que
asignaba a las comunidades autónomas, porque es evidente que éstas tienen
más recursos para resolver esa deficiencia. En cada caso, pueden
--imagínese Extremadura respecto de Galicia o Galicia respecto de
Andalucía-- tener opciones diferenciables en el tratamiento de sus
programas de droga y aplicar unos presupuestos en mayor o menor medida,
según entiendan sus asambleas y sus gobiernos. Sin embargo, nosotros
hemos priorizado esas organizaciones no gubernamentales, entre otras
cosas, señoría, porque es lo que usted me solicitaba en la comparecencia
anterior. Me decía usted exactamente --habrá ocasión de comprobarlo con
el propio texto de la Cámara--: En transferencias corrientes, la
contestación a esta pregunta marca de alguna manera la línea que va a
seguir la Delegación en el futuro. Se nota un importante aumento en las
transferencias a comunidades autónomas y, por el contrario, sólo un
aumento, más breve, a las organizaciones no gubernamentales. Me gustaría
que el Secretario de Estado me explicara por qué se ha tomado esa opción
de apoyarse más en las comunidades autónomas y menos en las
organizaciones no gubernamentales.
Yo creo que esa sensibilidad de S. S. es coherente con su proyecto en
esta Cámara y lo hemos compartido. A lo mejor, en este momento usted
rectifica esa consideración y entiende que debían de ser las comunidades
autónomas y no estas organizaciones. Dice usted que porque son
organizaciones que dependen de la Delegación. No --usted lo ha definido
muy bien--, porque son organizaciones que tienen un ámbito estatal y,
como consecuencia de ello, no pueden acogerse a otro tipo de programas.
Me refiero, por ejemplo, al Proyecto Hombre --de todos conocido--, a Cruz
Roja, a la FAD, a la Asociación de Deportistas --de las que tenemos dos;
ojalá que próximamente haya un acuerdo para tener sólo una--, etcétera.
Es decir, son asociaciones, son tejido social que, si no tuvieran la
protección o el apoyo del plan, no podrían cumplir sus sus objetivos.
También es deseable que se encuentren otras fuentes de financiación en la
propia sociedad española --yo creo que está a punto de ocurrir eso-- y en
el conjunto de la Unión Europea, que puede tener en su momento decisiones
importantes, y lucharemos por ello, para que sean programas de droga
europeos, que puedan ayudar también a ese tejido social. Próximamente
vamos a celebrar en España, en Madrid, una reunión de estas
organizaciones cívicas no gubernamentales a nivel europeo, que me parece
un hecho que va a marcar la posibilidad de una coordinación europea en
esta materia. Volviendo a lo anterior, ésta es una determinación política
que yo adopté --sí, efectivamente-- como director del equipo humano que
constituye la Delegación.
Si le parece, para ir a los asuntos que le han preocupado más, le voy a
decir las grandes cifras, lo que sin duda estoy obligado a hacer como
contribución a una mayor información de S. S. a efectos de la discusión
en el Pleno, si llegara a producirse. En el capítulo 1, gastos de
personal, ¿qué política
ha seguido la Secretaría de Estado? La de mover poco las cosas y, en todo
caso, moverlas con sentido de la austeridad. Si nota usted una
diferencia, no es porque haya habido una decisión por mi parte de
eliminar puestos de trabajo, sino porque se han reajustado algunos
puestos en la plantilla de la Delegación. De acuerdo con las normas del
Ministerio para las Administraciones Públicas, se ha actualizado el
modelo de sistema de personal y hemos suprimido una dirección general,
que ha pasado a ser subdirección general: la de mi propio director de
gabinete. Por eso, el aumento en ese capítulo 1 es de un 2,6 por ciento.
Si tiene usted en cuenta que los funcionarios han recibido el 3,5 por
ciento como aumento salarial básico para todas las categorías y la
distribución política que he hecho, en el sentido de no olvidar nunca los
gabinetes de la Delegación --el programa al que usted ha hecho referencia
y ha dicho: no me interesa tanto porque encuentro que ahí no hay motivos
de preocupación--, comprenderá que yo sí pueda manifestar ahora mi
satisfacción ante la Cámara, porque esa Delegación está construida con
esos gabinetes, que van a ser muy útiles a cualquier Gobierno del futuro.
De modo que le agradezco que ahí no haya hecho observación alguna, pero
compartiremos ambos que se ha hecho una tarea estructural normal, la que
era mi obligación hacer como Secretario de Estado. Ha habido una
disminución de un funcionario, por aplicación de la Ley 30-1984, como le
digo, y un aumento de un funcionario de la Guardia Civil en esos
gabinetes. Es tan nimia la relación que, si le parece, podíamos
contemplar el capítulo 2.
Ahí es donde --tiene razón S. S.-- se produce el ajuste a la baja más
duro de todo el presupuesto, pero fíjese que es el que nos afecta a
nosotros como Delegación. Llega casi a un 50 por ciento, pero es
justamente en lo que la Delegación se gasta en encuentros, convenciones,
materiales, publicidad. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque
creemos que gran parte del tejido social de nuestra sociedad está
produciendo mensajes muy positivos, que no hay necesidad alguna de
reproducir desde es ámbito estatal central. Me refiero, por poner un
ejemplo, a los mensajes dirigidos a la sociedad por la Fundación de Ayuda
a la Drogadicción y por tantas, en la comunidad de Galicia, por los
propios medios de comunicación, a los que expreso mi agradecimiento aquí
también --si me lo permite, señor Presidente--, porque veo que hay
programas muy bien construidos en las televisiones apoyando la lucha
contra la droga, a iniciativa de esos mismos institutos. Como
consecuencia, nos hemos reducido en nuestra capacidad de propaganda, si
quiere usted, o de publicidad política. Hemos partido de que, si había
poco dinero, era ahí donde podíamos cortar, pero dejando abierta otra
cuestión que aclara mucho el presupuesto de esta Delegación que es la ley
aprobada por ustedes en este Congreso y que yo espero que sea aprobada
también por el Senado.
¿Adónde nos lleva la aprobación de esa ley? Usted sabe bien la dificultad
que hemos tenido, a raíz de aquella adicional a la Ley de blanqueo de
dinero, que usted conoce tan bien, y alguna vez me ha exigido
públicamente explicaciones de cómo iba el crédito ampliable de esta
Delegación --no sin razón y sin fundamento, me parece que es una buena
cuestión--, y le puedo decir, señor Robles, que ya, por fin, tenemos un
método de trabajo y un método que resuelve aquel conflicto. Veamos de qué
manera. Primero, hemos conseguido, con la ayuda de ustedes --han
conseguido ustedes, mejor dicho, a propuesta del Gobierno socialista de
la nación--, que todos los créditos de esta Delegación sean ampliables,
con lo cual, en esa futura distribución de fondos, que sin duda va a
tener relevancia, vamos a tener ocasión, con la mesa que ustedes han
constituido en esa ley, de distribuir nuevos fondos, que se añaden a este
presupuesto y que nos van a venir de allá. Por ello, hemos determinado
que todo lo que podíamos asumir, porque eran gastos de la propia
Delegación, de su actividad político-administrativa, y que, al mismo
tiempo, en el futuro podrían ser ampliables de acuerdo con las
consideraciones y los informes de ustedes, que como Comisión Mixta --no
la Comisión de Justicia, pero sí la Comisión Mixta que aparece en esa ley
como controladora--, vamos a tener en el futuro. De modo que yo creo que
es asumible ese recorte, es solidario con el proyecto político global de
esta delegación, que ya es el proyecto de todas las administraciones que
se dedican a la lucha contra la droga como plan de planes, como usted
definía, y también un proyecto que ya no se puede escapar del control
parlamentario que ustedes afortunadamente han establecido en esa ley.
Puedo decirles que entenderán muy bien las razones por la cuales ese
capítulo 2 dos ha quedado reducido de esa manera.
Vamos al capítulo 4, que es sin duda alguna, como decía al principio, la
clave para entender la distribución de subvenciones de este Plan Nacional
sobre Drogas en nuestro país. El proyecto de presupuesto consolidado para
1996 fija 3.787 millones de pesetas. Cierto que el de 1995 eran 4.371. En
total, se produce una diferencia de 584 millones, una disminución de un
13 por ciento, pero en relación con el límite de obligaciones, como le
decía anteriormente, representa una aumento neto del 20 por ciento de lo
distribuido en el ejercicio de 1995. Aquel debate sirvió para dos cosas:
primero, para situarnos a todos en la evaluación a la que me refería de
los esfuerzos que estábamos desarrollando; segundo, para recuperar,
oyendo las voces críticas que entonces se produjeron, parte de ese
presupuesto. Si este presupuesto presentado por el Gobierno se aprobara,
lo cual deseo profundamente como Secretario de Estado de esta Delegación,
el Plan Nacional sobre las Drogas tendría una disponibilidad
presupuestaria más que suficiente para desarrollar la tarea política de
coordinación que las leyes y las Cámaras imponen y que el Gobierno desea
desarrollar.
Por último, se ha referido usted también a gastos de inversiones reales,
que ha disminuido de 50 a 4 millones de pesetas. ¿Por qué? Porque hemos
trasladado, de esos 50 millones de pesetas, 14 millones al Programa 22C
de los gabinetes, en virtud de que su propio funcionamiento exige nuevos
gastos, unos 14 millones, de vehículos que se mueven, dietas del nuevo
personal que está trabajando cada vez con mayor intensidad, etcétera. He
cubierto el catálogo que había vacío todavía en esos gabinetes y he
preferido que de inversiones reales pase esa cantidad disponible a lo que
son retribuciones y gastos de esos propios gabinetes, pero fíjese que
también este crédito será ampliable en su momento. Si necesitásemos, con
el consenso de ustedes,
en un momento determinado realizar inversiones en ese capítulo, no duden
de que la propuesta de la Delegación irá, como no podía ser de otra
manera, para cubrir ese deseo, que me parece más legítimo.
En resumen y por no cansar más la atención de SS. SS., queda a su
disposición, para los actos parlamentarios o de otro tipo que usted
necesite y que los demás señores Diputados de la Comisión precisaren,
toda esta sencilla documentación, que les hará ver cómo cuando se trabaja
con la ayuda de los demás --yo tengo que reconocerlo aquí y dar las
gracias públicamente-- se pueden soslayar algunos conflictos. En su
momento la situación fue difícil, nunca dura ni crítica. En estos
presupuestos por fin podemos ya instrumentar un futuro más claro.
En cuanto al crédito ampliable, le voy a dar la alegría, que yo sé que
comparte conmigo, de que hemos dispuesto ya de 89 millones de pesetas
aproximadamente en este ejercicio, y nos dicen desde la Secretaría de
Justicia que los señores jueces y magistrados están muy interesados en
producir certificaciones de bienes decomisados, por lo que podría-mos
tener al final de año por primera vez ya una cifra añadida próxima a los
200 millones, y créanme que yo tengo en esto una gran ilusión. Estoy
convencido de que el año que viene será más todavía lo que haya en ese
fondo, porque hacía falta construir el método o la fuente que origina el
propio fondo, es decir, cómo pasar de la situación del Poder Judicial, de
las sentencias que fijan los decomisos, a la creación y disponibilidad
del fondo. Por fin la Secretaría de Justicia y --hay que decirlo-- la
Secretaría General de esa Secretaría de Estado han conseguido un acuerdo
global con SS. SS., los señores jueces y magistrados, y con la banca que
nos va permitir tener una cuenta específica para saber de cuánto dinero
podemos disponer los españoles a partir de ahora de los bienes
decomisados a los narcotraficantes y en qué medida esos bienes pueden ser
distribuidos.
Con eso, señor Presidente, concluyo mi primera parte.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Voy a ser tan breve como en la anterior
comparecencia, simplemente para una puntualización. Todos somos
optimistas y deseamos que el instrumento de la ley del fondo sirva para
esos objetivos, por eso esta Cámara se ha puesto de acuerdo, lo que
sucede es que la experiencia hasta el momento nos dice, señor López
Riaño, que hay que moderar ese optimismo, porque el crédito ampliable,
como usted recordará, era de 500 millones de pesetas, y usted dice que
estamos en 89, la ley del fondo, tal como se va a aprobar en las dos
Cámaras, es muy difícil que dé sus plenos resultados a lo largo del
propio ejercicio de 1996, estaremos más bien pensando en su plena
efectividad para el año 1997. Esa es la justa y correcta lectura de lo
que se puede esperar, a corto plazo, de la ley del fondo.
Simplemente, si me permite, señor Presidente, insistir en que ha habido
una serie de preguntas que no han sido respondidas sobre programas
concretos de prevención en el capítulo 2, sobre la encuesta de población
escolar; sobre los programas de prevención laboral en el capítulo 4;
sobre los programas con entes locales también en el capítulo 4, e incluso
sobre las aportaciones a organismos internacionales. Quizá sobre todo
ello, si no es en este momento en contestación escrita, pudiera remitir
más información.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Con mucha brevedad y sin perjuicio de que lo vamos a ampliar como
S. S. desee, he de decirle que en el capítulo 4 de transferencias echa
usted de menos esas disminuciones porque se crea un título-cajón a
petición de los propios gobiernos autonómicos. En la Interautonómica
recientemente celebrada en este año nos pidieron las autonomías que, en
lugar de especificar tantos programas como constaban en el capítulo 4,
hiciéramos un esfuerzo por simplificarlo, porque ellos prefieren que, en
lugar de que desde aquí les digamos: gástense el dinero en tal programa
de atención a familias o a drogradictos en una situación específica, les
dejemos que ellos lo organicen a su manera. Siguiendo ese criterio y el
de la Comisión de subsecretarios, que nos solicitaba, desde el punto de
vista simple de la gestión económica de Hacienda, que de alguna forma
simplificáramos los programas en uno solo, hemos constituido un Programa,
el 415, que usted observará en presupuestos, que agrupa todos esos
programas que usted echa de menos y que incluso sale beneficiado en un
relativo porcentaje, todos ellos con el carácter de ampliables por otra
parte.
En ese sentido con muchísimo gusto le voy a mandar estos mismos
documentos que estoy manejando, que son síntesis de todo lo que estamos
hablando, para no perjudicar el desarrollo de las comparecencias, pero
quede tranquilo, señor Robles, porque todo eso viene en el presupuesto de
1996, a mi juicio, mejor, fijado con más transparencia y con mayor
disponibilidad política y administrativa para las comunidades autónomas,
que es de lo que se trata.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Riaño. Le agradezco, en
nombre de la Comisión, su comparecencia esta mañana.
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (HERRERO JUAN). A
SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 212/001709.)
El señor PRESIDENTE: Doy la bienvenida al señor Subsecretario de Justicia
e Interior, don Luis Herrero, que comparece a petición del Grupo Popular.
El señor Baón tiene la palabra.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente, que hago extensivas al
compareciente, señor Subsecretario.
Empiezo mi intervención diciendo que vengo a reproducir las mismas
observaciones, porque hemos de entender
que no es una comparecencia para debatir, sino para aclarar, indagar el
arcano presupuestario de esta Sección.
Es cierto que es un Ministerio de gastos fundamentalmente, con un
presupuesto consolidado de ochocientos treinta y nueve mil y pico
millones de pesetas. Las variaciones que hay de este presupuesto se han
venido acentuando a lo largo de toda la mañana, y es que se incrementa el
capítulo 1, de personal; disminuye el de gastos consuntivos, gastos
corrientes, de forma sensible, y asimismo de forma destacada disminuye el
capítulo de inversiones reales. Yo no quiero abundar en exceso en esto,
porque lo hemos visto de forma parcelada. Aquí interesa que el
Subsecretario, como compareciente escoba, se refiera a otros aspectos que
no han sido contemplados específicamente en los distintos programas.
Quiero que me diga a qué responde esa baja tan importante en inversiones
reales, que alcanza un 25,8 por ciento, pasando de 47.527 millones a
35.232. Bien es cierto que sus predecesores en la comparecencia lo han
desglosado, pero a mí me gustaría verlo con carácter general, es decir,
cómo afecta a los distintos programas, en qué medida, que proyectos, para
referirme después al programa específico de protección civil.
Por lo que respecta --y aterrizo ya en estos temas no contemplados con
anterioridad-- al Programa 122A. Dirección y Servicios Generales del
Ministerio, ¿por qué se incrementa? Parece chocante, cuando se reduce en
el capítulo general los gastos consuntivos, aquí se aumenta una partida
para publicaciones dotada con 134 millones. ¿A qué responde eso?
De la misma manera, en el Programa 221A, Servicios Generales de Seguridad
y Protección Civil, son órganos administrativos de apoyo en general para
los demás programas específicos. Hay un recorte de un 7,3 por ciento que,
en cifras absolutas, es de menos 1.173 millones. (La señora
Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la Presidencia.)
Es curioso, porque en la Memoria a la que me he referido se introduce un
repertorio de objetivos muy chocantes, un cajón de sastre, como puede ser
el estudio de la problemática de seguridad, apertura de oficinas de
extranjería. Como partida específica y concreta sólo está la de la
contribución a Schengen a los efectos de informatización y de aplicación
de este convenio por 21,2 millones de pesetas. ¿Es que estos objetivos
que se señalan en la memoria son falsos, vienen a vestir aquí este
muñeco, o qué otro desglose tiene este programa? Cuando me refiero al
desglose quiero significar qué oficinas de extranjería se van a abrir;
qué estudios son esos de la seguridad que se van a hacer; si afecta al
plan de presencia policial en once ciudades, por ejemplo.
Pero vamos al tema principal, que es la protección civil. Somos
conscientes de que en materia de protección civil tienen grandes
competencias las comunidades, incluso los ayuntamientos, y que este
programa viene a ser un programa director, cooperador, coordinador de
todos esos programas autonómicos o territoriales.
Es curioso pero hay un recorte en este programa del 24,5 por ciento, la
cuarta parte: menos 891 millones de pesetas. Sin duda repercute en
transferencias corrientes y en transferencias de capital a corporaciones
locales. ¿Cómo es que el Ministerio ha recortado ahí? ¿Qué quiere decir?
¿Que porque ha cambiado el signo político de la mayoría de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos hay que recortar en esta
materia? ¿Es que no va a ser la misma gota fría o las mismas catástrofes
que prevé este programa? ¿Van a tener consideración a que haya cambiado
ideológicamente un Gobierno? ¿A qué responde? ¿Por qué tan drástica
rebaja?
Enlazo, dentro del mismo programa, con la Escuela de Protección Civil.
Bien es cierto que en el año 1995 en manualizaciones se viene invirtiendo
en su construcción, de tal suerte que el año pasado, por éste, se deben
invertir 205 millones de pesetas, para bajar drásticamente a 80 en el
presupuesto del año que viene. Se recobra otra vez la normalidad
inversora para oscilar entre 450 millones por anualidad hasta 1999. ¿Qué
quiere decir eso, que no vamos a hacer la tan cacareada Escuela de
Protección Civil como arma formativa de esta gente que trabajan tanto en
el ámbito estatal como de las comunidades?
Quiero una respuesta, porque es pasar la tijera por asuntos que pueden
ser graves. Yo sé que es mucho más acuciante en los medios de
comunicación la seguridad ciudadana, esa estadística tan fatal, pero esto
también es importante y anualmente, bien por incendios o por otro tipo de
catástrofes, y otras eventuales que Dios quiera que no ocurran, tiene que
ponerse ese dispositivo de alerta en marcha. ¿Por qué baja esa partida?
Me refiero también a las elecciones. Bien es cierto que en esto la
actividad política trastoca y reconvierte el presupuesto en un
instrumento flexible, porque las elecciones autonómicas catalanas, por
ejemplo, están previstas para el vencimiento normal de su legislatura,
tenían que ventilarse con arreglo al presupuesto de 1996, y no es así
porque en virtud de las facultades que tiene el Presidente Pujol las ha
adelantado, y lo mismo podemos decir de las generales. ¿Hay alguna
previsión, o vamos a tener que esperar al crédito extraordinario? Yo
entiendo que la partida relativa a subvención y ayudas a partidos
políticos, los nueve mil y pico millones de pesetas, sigue inalterable.
Todas estas partidas inciden en que haya una baja. En la práctica no va a
ser así y habrá que ver la ejecución de este «non nato» y presumiblemente
inviable presupuesto para ver que va a tener esas alteraciones.
Nada más, porque el resto de las dudas creemos tenerlas resueltas, y lo
hemos visto de forma singularizada en los distintos programas y con los
comparecientes anteriores.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Subsecretario para responder a las preguntas formuladas.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Señorías,
ante todo quiero agradecer al señor Baón el que ha cumplido lo que ha
anunciado; que iba a hacer pocas preguntas y centradas exclusivamente en
lo que podíamos llamar, y de hecho llamamos,
en el Ministerio el tronco común, es decir, aquellos programas de los que
al menos desde el punto de vista presupuestario se responsabiliza más la
Subsecretaría. Ello no podía ser de otra manera porque esta misma mañana
comparecían aquí los titulares de las cuatro Secretarías de Estado que
supongo que han dado cumplidas explicaciones a sus señorías. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Se ha referido a lo que, efectivamente, el año pasado tildó como arcano
presupuestario del Ministerio de Justicia e Interior. Probablemente,
porque estoy más metido que el señor Baón en el tema del presupuesto de
Justicia e Interior, yo entiendo que no es un arcano. Es un presupuesto
que puede no compartirse y seguramente ser objeto de muchas críticas --y
algunas de ellas las ha expresado S. S.--, sobre todo en un panorama
presupuestario muy restrictivo. Sinceramente, comparando el proyecto de
presupuesto de este año del Ministerio de Justicia e Interior remitido a
las Cortes con el que se remitió, muy deprisa y corriendo, el año pasado
--no hubo tiempo para hacer un presupuesto integrado--, podríamos
establecer con claridad que es un presupuesto más integrado, más
racional. De hecho, algunas de las cuestiones que se han planteado --he
estado escuchando a algún compareciente anterior-- derivan de ajustes
internos que era necesario hacer y que el año pasado no tuvieron su
oportuno reflejo.
Ha hecho una consideración genérica de una baja muy importante en
inversiones, que efectivamente lo es. En cuanto al resto de
consideraciones, que voy a tratar de comentar en la medida en que pueda,
me gustaría encabezarlas con una idea algo más general, y es que el
presupuesto de Justicia e Interior quizás no sea muy brillante, pero es
que los presupuestos de los ministerios de este año no son nada
brillantes. Si exceptuamos, como ya saben SS. SS., el del Ministerio de
Sanidad, que tiene un incremento importante, el resto de los Ministerios
tienen una baja media del 11 por ciento. Por tanto --y quizás aplicando
el proverbio de mal de muchos... etcétera--, nuestro Ministerio considera
que no hemos quedado del todo mal parados, desde el punto de vista
presupuestario. Después de hecha la actualización monetaria para
incremento de retribuciones de funcionarios, nuestro Ministerio, en su
globalidad, tan sólo baja 8 décimas. Ciertamente que ese reparto es muy
desigual y que hay conceptos --a algunos de ellos ha hecho referencia el
señor Baón-- que pueden sufrir estos decrementos de una manera más
importante que otros, pero en conjunto, insisto, si el proyecto de
presupuestos remitido por el Gobierno prospera en las Cámaras, tendremos
un dinero equivalente al que hemos tenido en 1995 para cumplir las
funciones que tiene asignado el Ministerio de Justicia e Interior.
La consideración general que quería hacer es que con este cumplimiento
prioritario del Gobierno de reducir el déficit, lógicamente había que
presentar un presupuesto altamente restrictivo. El problema de nuestro
Ministerio, desde este punto de vista --y creo que el señor Diputado ha
hecho referencia a ello-- es que es un Ministerio que gasta mucho en
capítulo 1, prácticamente pasamos de un 80 por ciento del presupuesto,
que es capítulo 1, a un 85 por ciento del presupuesto en el proyecto
remitido que va a ser capítulo 1. Cinco puntos de diferencia en el
capítulo 1 es algo tremendamente importante en el presupuesto del
Ministerio de Justicia e Interior. Ello nos lleva a tener que producir
decrementos también muy importantes en los capítulos a que he aludido, en
el capítulo 2; en el 4 más modestos pero también importantes; y, desde
luego, en inversiones una reducción tremendamente significativa.
Entrando ya en las consideraciones concretas, quizá no he entendido bien
alguna. Hacía referencia al Programa 122A, programa común, y hablaba de
un incremento que si se refería a alguna partida en concreto, no la he
tomado y, por tanto, no sabría contestar, pero si se refiere al conjunto
del programa lo que hay es una minoración muy importante. De hecho, este
programa disminuye, porcentualmente, un 17,6 por ciento y, en términos
absolutos, 107 millones. Creo que ha hecho referencia después al Programa
221A y, en concreto, me ha parecido que se refería a un fuerte decremento
y a algún incremento también puntual. El decremento general se debe a la
razón básica que he dado, y el incremento se debe a que vamos a pasar la
gestión de los CIEX, los Centros de Internamiento de Extranjeros, que en
este momento no tiene reflejo presupuestario específico, pero que queda
amparado por los créditos de la Dirección General de la Policía, a los
gobiernos civiles y delegaciones del Gobierno, de modo que se pueda hacer
una gestión más pormenorizada y más personalizada desde la propia
Secretaría de Estado de Interior a través de las delegaciones del
Gobierno y gobernadores civiles. Esto supone una partida de unos 700
millones de pesetas, contando todo, capítulo 1 y resto de los capítulos.
Se ha referido el señor Baón (recuerdo muy bien esta misma comparecencia
el año pasado) a todos los temas generales de Protección Civil.
Protección Civil es un asunto realmente importante que se está
consolidando en nuestro país. Tenemos la Ley de 1985, tenemos la
sentencia después del año 1990. Es una asignatura pendiente todavía. No
es una estructura político-administrativa que esté absolutamente
arraigada, aunque creo que progresivamente se va enraizando en nuestra
Administración. Es un mal momento para Protección Civil como para el
resto de los programas, pero así y todo tengo que hacer una salvedad, y
es que si hay catástrofes, si hay incendios, lo que haya, hay una
previsión muy clara, que conoce muy bien el señor Baón, respecto de estos
créditos en la propia Ley de Presupuestos, y es que tienen la
consideración de ampliables. No le quepa ninguna duda a S. S. de que si
es necesario (¡ojalá no!) se utilizará el mecanismo de la ampliación de
créditos para poder atender debidamente las necesidades.
Ha hecho referencia también a la escuela de Protección Civil, que
ciertamente es una espina que tenemos en el Ministerio. Crear una potente
escuela que dinamice toda la Protección Civil en nuestro país, es una
necesidad sentida hace ya tiempo y a la que se viene dedicando partidas
importantes. Efectivamente, él ha visto con mucho detalle que frente a
los 200 millones de este año, para el año que viene tan sólo prevemos una
partida de 80. Tengo que decirle, como seguramente sabe S. S., que se han
establecido claramente dos fases en la construcción y puesta en
funcionamiento de la Escuela de Protección Civil. La primera fase está
prácticamente ultimada. De hecho, los 80 millones son
para acometida de teléfono, luz, etcétera, que es lo que falta, pago de
algún proyecto, incluso IVA; es decir, pequeñas partidas. La idea sería
abordar definitivamente la ejecución de la segunda fase o por lo menos el
estudio en 1996, la ejecución seguramente en 1997, que serían los campos
de prácticas que ineludiblemente necesita una escuela de esta índole,
como otras que existen en el ámbito europeo.
Creo que ha concluido sus preguntas más concretas haciendo referencia al
programa específico de procesos electorales. Efectivamente, aquí, una vez
más, tenemos un resultado aparentemente poco brillante, pero pienso que
en este caso muy explicable. Frente a 22.181 millones que tenemos en
1995, en 1996 vamos a llegar sólo a menos del 50 por ciento. Hay una
rebaja exactamente del 52,6; por tanto, el 47 y pico por ciento, 10.499
millones. Es verdad que en gastos electorales, capítulo 2, papeletas,
urnas, etcétera, prevemos muy poco. ¿Qué hemos previsto? Las elecciones
catalanas, que, además, ahora, no cuando elaboramos el presupuesto,
sabemos que no van a ser cuando se podía prever administrativamente que
podían ser, porque políticamente se ha decidido de otra manera. Frente a
un gasto de 9.900 millones de este año para las elecciones que han tenido
lugar este año: autonómicas, locales, etcétera, tenemos una disminución
muy considerable con un presupuesto de sólo 592 millones de pesetas que,
insisto, no gastaremos seguramente, o si se producen, como parece que se
van a producir, las elecciones generales, habrá que ampliarlo
considerablemente, pero era algo que no podía ser incorporado en el
presupuesto. El mismo señor Diputado ha hecho alusión a que,
efectivamente, las partidas destinadas a la financiación de los partidos
políticos se mantenían, y le ratifico que se mantienen íntegramente. El
Ministerio ha hecho un esfuerzo en el sentido de que no van a subir como
ha venido ocurriendo en los últimos años, que en general han evolucionado
de acuerdo a las retribuciones de los funcionarios. Nos parecía esencial
cuando menos, y estoy convencido de que SS. SS. lo agradecerán, mantener
esta partida, y efectivamente, aparecen 9.348 millones de pesetas. Y
luego tenemos la subvención a partidos políticos derivada de elecciones.
Quizá convendría recordar que, efectivamente, en el presupuesto actual
aparecen casi 3.000 millones de pesetas porque esto se corresponde con la
última partida tras la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas
que hay que pagar a los partidos, una vez hecha la fiscalización de las
elecciones que tuvieron lugar el año pasado. Hemos presupuestado para el
año que viene 559 millones de pesetas, que corresponderían a la
fiscalización precisamente de las que han tenido lugar este año, es
decir, las municipales, que son las que generan este tipo de subvención.
No sé si con esto respondo a todas las cuestiones, seguramente no, pero,
con mucho gusto, estaré en disposición de poder dar alguna aclaración
adicional o remitir por escrito los datos.
El señor BAON RAMIREZ: No ha respondido a la baja en inversiones.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Me ha
pedido que explicara la baja en inversiones por programas. Podría
hacerlo, si quiere lo hago, pero yo creo que sería poco explicativo ir
desgranando programa a programa los porcentajes de baja en el capítulo 6.
Probablemente sería más significativo, y a lo mejor es a lo que alude S.
S., que diera una explicación cumplida de qué obras de las que teníamos
previstas vamos a dejar de acometer. Yo creo que para eso tendríamos que
poner en conexión el presupuesto y la enorme baja que ha tenido en
inversiones --creo que del 25,8 por ciento, dependiendo de si
consideramos consolidado o no consolidado-- con el anexo de inversiones.
En definitiva, no es que el incremento tan notable en el capítulo 1 --no
me he referido a ello-- sea de un 3,5 por ciento, es que es de un 6,5 por
ciento porque hemos consolidado una serie de IVAs, de incrementos
retributivos, que conocen muy bien SS. SS., básicamente asociados a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a unos pactos que se suscribieron en el
mes de febrero de este año, pero no exclusivamente por eso porque también
en Administración de Justicia han llevado a cabo acciones importantes,
con secretarios, con médicos forenses cuya situación se ha consolidado y
con unos incrementos de plantilla importantes. Por ello, la rebaja a
veces es muy espectacular, por ejemplo, la última a la que ha hecho
referencia, estando yo aquí presente, el Delegado del Gobierno del Plan
Nacional sobre Drogas, que ha sido tremendamente importante. Pasaba
--creo recordar, en números redondos-- de 50 millones de pesetas a 5
millones de pesetas, y ha explicado que básicamente es un recorte que va
a soportar la propia Delegación. Se ha querido en ese caso concreto
enfatizar y mantener en la medida de lo posible precisamente toda la
política subvencionadora vía comunidades autónomas, como él ha explicado.
Si soy capaz de encontrar el capítulo 6 en estas hojas, le puedo
desgranar efectivamente los datos por programas, y lo voy a hacer porque
los acabo de encontrar.
El señor BAON RAMIREZ: Si nos lo envía por escrito, mucho mejor.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Como
quiera, señor Baón.
El señor PRESIDENTE: Señor Baón, ¿lo prefiere así?
El señor BAON RAMIREZ: En otras comparecencias se ha hecho así: el
subsecretario remite los datos a la Presidencia de la Comisión al objeto
de repartir la información a los demás portavoces para poderla estudiar
al detalle. Estamos hablando de la baja en inversiones.
El señor PRESIDENTE: Si el compareciente no tiene inconveniente en
remitir esta documentación, la Presidencia no pondrá pegas.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): El
compareciente no tiene ningún inconveniente y lo haremos puntualmente.
Unicamente quiero facilitar el dato global, porque antes me parece que lo
he tergiversado un poco. Exactamente en el
conjunto del Ministerio, sin organismos autónomos, teníamos inversiones
por valor de 29.000 millones de pesetas y pasamos a 19.000 millones de
pesetas. La baja, por tanto, es del 31,5 por ciento. (El señor Padilla
Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Como en otras ocasiones, desde que este
Ministerio tiene los dos troncos, hemos repartido las intervenciones,
aunque no se lo advirtió el señor Baón.
El señor PRESIDENTE: Es que la Presidencia no había recibido advertencia
y, además, se ha consumido el tiempo previsto, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: No sabía yo cuál era el tiempo que S. S.
había habilitado.
El señor PRESIDENTE: Media hora para cada comparecencia. De todas formas,
formule las preguntas con rapidez, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Subsecretario, como se trata de una
cuestión muy vinculada al personal y usted es el Subsecretario del
Ministerio de Justicia e Interior, me imagino que éste será un dato que
habrá manejado, incluso habrá participado con el área de justicia en su
confección.
El Centro de Estudios Judiciales, como usted sabe, ha experimentado
legislativamente una modificación muy importante después de la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya ha entrado en vigor. El
Consejo General del Poder Judicial, en su Memoria de 1995, señala para el
nuevo centro que surge en el ámbito de dicho órgano constitucional una
serie de necesidades de personal y de dotaciones tanto materiales como de
inversiones nuevas. El pasado ejercicio nuestro grupo pidió que se
incorporara una enmienda precisamente para prever lo que el Consejo
General del Poder Judicial ahora anuncia que son necesidades perentorias,
y esa inteligencia que siempre adorna a algunas personas nos dijo que no,
que el Consejo no lo pedía y que probablemente nosotros nos adelantábamos
al Consejo. Pero, claro, las cosas que se van a pedir se piden. Sin
embargo, lo que observo es que teniendo una menor competencia este
centro, no experimenta ningún tipo de recorte; es decir, aquí lo que
hacemos es ir creando organismos que crecen en una burocracia desmedida.
Este centro --incluso ha cambiado de denominación, Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia-- registra un 10 por ciento de
aumento, tenía presupuestado para 1995 un 10 por ciento menos.
Efectivamente, el aumento fundamental que se ha experimentado es el
reflejo del aumento en la retribución de los funcionarios, pero yo
quisiera saber si realmente ese centro no va a experimentar ninguna
reducción en su dimensión en función de la importante reducción que ha
sufrido en sus cometidos y funciones. Es decir, no tiene ya la obligación
ni de celebrar las pruebas de acceso de jueces y magistrados ni de
proceder a dirigir y desarrollar los cursos de jueces y magistrados.
Y yo le voy a pedir también otra pequeñísima aclaración en lo que se
refiere a estas pensiones de ex ministros que aparecen, además, en el
programa Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. Yo no sabía que
existiese ningún ex ministro relacionado con los tribunales de justicia y
ministerio fiscal. Tendría que estar, en todo caso, o bien en la partida
principal del Ministerio, en esa partida común que tienen ustedes, o bien
incluso en la partida de Secretaría General de Justicia, si es que
ustedes deciden endosarle los ex ministros de Interior a Justicia. Lo
digo porque me imagino que ha aumentado mucho la partida por la
importante cesantía de ministros de Interior que se ha producido
últimamente. Entonces, le agradecería que me dijera por qué aparece en el
programa Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
Una última consideración brevísima. Nos decía la Secretaria de Estado que
las bajas en transferencias corrientes al Consejo de la Abogacía Española
y Consejo de Colegios de Procuradores se producían porque se consideraba
que la transferencia de estas competencias a algunas comunidades
autónomas suponía naturalmente el que se hubieran transferido con los
medios para atenderlas. Sin embargo, se produce el mismo porcentaje de
aumento que se producía en los ejercicios anteriores, lo cual yo creo que
disloca un poco la cuestión, porque si se habían producido importantes
bajas y si ustedes siguieran teniendo el mismo planteamiento político
respecto de estas partidas, la partida no debería aumentar. Pero si
aumenta en el mismo porcentaje que en ejercicios anteriores, quiere decir
que o no es verdad que haya baja o, en definitiva, no es más que coger y
decirle a la oficina presupuestaria: reproduzcan ustedes el presupuesto
del año anterior con el 10 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Sin duda,
debe haber algún error, señor Padilla. Me refiero a su pregunta en
relación con el Centro de Estudios que usted llamaba Judiciales; sin duda
se refiere al Centro de Estudios Jurídicos, al que, como sabe, se le ha
cambiado la denominación recientemente, aunque quizá de forma poco
afortunada. Mis datos son que el presupuesto para 1995 del Centro de
Estudios Jurídicos es de 826,9 millones de pesetas --hablo de la cifra
global, aunque después lo podemos desglosar capítulo a capítulo si S. S.
quiere-- y el correspondiente a 1996 es de 677,8 millones, lo que supone
una pérdida en su presupuesto de 149,1 millones de pesetas, lo que
representa la no pequeña pérdida porcentual del 18 por ciento. Digo esto
porque seguramente ha habido algún error en la lectura de algún dato y
por tanto no insistiría yo en hacer ver las confusiones; sencillamente ha
habido una confusión y, por tanto, si los datos que doy son ciertos, y
creo que lo son, me ahorraría más explicaciones en esta materia.
Se ha referido también a pensiones de ex ministros. Sobre ello tengo que
decirle que no recuerdo la cifra
exacta, aunque creo que es una cuantía irrelevante --yo diría que no
llega a los 10 millones de pesetas--, y efectivamente tenía razón el
señor Diputado cuando ironizaba sobre este tema. No, no son los ex
ministros de Interior ni de Justicia, sencillamente es que, como sabe S.
S., la nomenclatura presupuestaria a veces identifica los conceptos de
forma errónea. Además de pensiones de ex ministros hay pensiones para los
secretarios de Estado --han sido aprobadas por esta Cámara--, hay
pensiones para una porción importante del personal de la Administración
de Justicia, desde el Presidente del Tribunal Supremo hasta una serie de
miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Por
tanto, sin duda alguna, habría que hacer memoria y así veríamos que
existen personas, yo diría que del ámbito judicial, porque las del ámbito
político-administrativo cobran a través del Ministerio de la Presidencia,
que tienen derecho a una pensión por haber desempeñado algún cargo de los
que se prevé que sean indemnizados con este tipo de partidas. Insisto en
que, aunque no tengo la cifra delante, es una cuantía absolutamente menor
y estoy seguro que al señor Diputado no le ha llamado tanto la atención
la cuantía cuanto la denominación de ex ministros.
Finalmente, respecto de las explicaciones que haya dado la Secretaria de
Estado en relación con la bajada y la subida que muy gráficamente ha
expuesto S. S. en la transferencia a colegios de abogados y de
procuradores, doy por sentado que la Secretaria de Estado habrá dado una
explicación espléndida, aunque no la he oído, pero aun así al señor
Diputado le caben algunas dudas. Repentizando un poco diría que es
perfectamente congruente que haya habido una bajada y una subida.
Efectivamente, la bajada deriva de la transferencia --lo decía el señor
Diputado-- y la subida deriva de ese Decreto del Ministerio de Justicia
(no recuerdo en estos momentos su denominación exacta, pero lo conoce muy
bien S. S.) que establece unos cánones, unos baremos, que, por cierto, le
tengo que decir --y sé que éste es un tema que le interesa mucho porque
en todas las comparecencias que he tenido alude al mismo-- que está
funcionando muy razonablemente, que probablemente se ha logrado gastar un
poco más, pero gastarlo con seguridad, que hay una intervención y un
control mayor del que había de la subvención que se está dando a colegios
de abogados y que, junto con el proyecto de ley de justicia gratuita que
ha entrado en la Cámara, entendemos que es un mecanismo que va a
funcionar adecuadamente. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Lleva razón el señor Subsecretario. Yo había
cometido un error, y la razón de mi pregunta, en parte, estaba en ese
error que yo he tenido en mi exposición porque tenía a la vista los dos
presupuestos, el del año 1996 y el del año 1995 del programa 142C. Pero
yo me refería solamente a una partida, la de funcionarios, que pasa de
551.348 millones a 440.722 millones. Las demás partidas aumentan; las
básicas a altos cargos aumentan de 7.197 a 7.499 millones. Usted, que es
el Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior, ¿me puede decir
qué número de funcionarios adscritos hasta el ejercicio de 1995 al
denominado Centro de Estudios Judiciales no permanecen en el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, y cuál ha sido el
destino de esos funcionarios?
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Voy a hacer
uso de su benevolencia y le voy a dar el dato por escrito porque,
sinceramente, si en este momento le doy uno, seguramente me equivocaría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario. Agradecemos su
comparecencia ante esta Comisión de Justicia e Interior.
Antes de llamar a la mesa al Director General de Tráfico, quería señalar
a SS. SS. que la señora Secretaria de Estado de Interior me ha
manifestado su deseo de corregir una expresión que ha empleado, ya que
sin duda por error mencionaba incrementos de delincuencia cuando lo que
quería decir era exactamente lo contrario. Creo que todos, del contexto
de sus palabras, hemos deducido el error de la expresión incremento,
cuando lo que ella quería decir era decrecimiento. Atendiendo su ruego y
considerándolo razonable, lo transmito a SS. SS. a los efectos de que en
el «Diario de Sesiones» quede la debida constancia de la rectificación de
doña Margarita Robles.
--DEL DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (MUÑOZ MEDINA). A SOLICITUd DEL GRUPO
POPULAR. (número de expediente 212/001704.)
El señor PRESIDENTE: Llamo al estrado a don Miguel María Muñoz Medina,
Director General de Tráfico.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Popular. Tiene la
palabra el señor Baón, como portavoz de dicho Grupo, para que formule las
preguntas que estime oportuno.
El señor BAON RAMIREZ: Muchas gracias, señor Director General, por su
buena disposición a comparecer ante esta tortura estadística.
Inicialmente debo decir, como declaración previa, que mi Grupo disiente
absolutamente sobre la fundamentación de la política que sigue la
Dirección General de Tráfico, pero siendo consciente de que no se trata
de una comparecencia ordinaria sino meramente requisitoria de datos, voy
a evitar, en la medida de lo posible, los juicios de valor o las
caracterizaciones que a mi Grupo le merecen.
El presupuesto del organismo 103, Jefatura Central de Tráfico, es el
único del Ministerio del Interior que cuenta con un presupuesto de
ingresos. Por hablar del consolidado total, en 1995 este organismo
contaba con un presupuesto de casi 61.000 millones de pesetas, que en
este presupuesto de 1996 desciende a 56.606 millones de pesetas. Es
decir, el descenso es de un 10,37 por ciento, que quiero
entender que se inscribe en esa línea de austeridad que enmarca todo el
presupuesto.
Pasando a los ingresos, las dos partidas fundamentales son las
correspondientes a tasas y a multas. Por tasas está previsto un
presupuesto para el año próximo de 36.521 millones de pesetas, frente a
40.315 millones correspondientes a 1995; es decir, hay un recorte del 9,4
por ciento en concepto de ingresos por tasas.
Las tasas responden, fundamentalmente, a los exámenes para el permiso de
circulación, con una estadística que tengo aquí reflejada en años y que
ahorro de su lectura, porque vamos a hablar el mismo lenguaje el Director
General y yo, con independencia de que alguno pueda quedar ayuno de
dichas cifras.
En 1995 se producía un aumento de 800 millones, en razón al incremento
del 5 por ciento por el costo de las tasas y por aumentos previstos en
las actividades básicas. ¿Cómo es posible, pregunto yo, señor Director
General, que disminuya la recaudación por tasas en 3.794 millones si la
Dirección General de Tráfico tiene previsto aumentar los exámenes para el
permiso de circulación, en general, en un 1,4 por ciento? ¿Van a bajar
las tasas? ¿Cómo se concilia presupuestariamente esto? Esa es la primera
pregunta que quiero hacerle.
Pasamos a las multas, la otra gran partida. Es bien conocido que las
multas hay que presupuestarlas, pero habría que hacerlo de manera
flexible y no repercutir los incrementos, porque eso sería prejuzgar la
conducta de los ciudadanos e ir en contra de esa presunción de inocencia,
de ese propósito de la enmienda que tenemos todos los conductores de
mejorar, pero es lo cierto que no es así. Siempre se recauda lo mismo en
1994, 1995 y 1996, a pesar de aumentar el número de las sanciones. ¿Cómo
puede sancionarse más cada año, con independencia de que baje o suba el
número de víctimas? ¿Qué tipo de política preventiva es ésa? Pero la
pregunta en concreto es: si realizamos un cálculo conservador y partimos
de que este año va a haber --así lo dice la memoria-- 3.590.000
notificaciones, por un 70 por ciento de las que se cobran --siempre
dejamos al margen un 30 por ciento; en su comparecencia se dijo que el 30
por ciento se hace por vía de reclamación judicial--, nos da 12.656
millones más. No se concilian los datos estadísticos de previsiones de la
memoria con los recaudatorios. Si eso lo aplicamos también a tasas, nos
da un excedente de 17.000 millones de pesetas en el aspecto teórico. A
todo esto hay que sumar excedentes de tesorería que, por lo que respecta
al año pasado, fueron 2.526 millones de pesetas. Sé que este organismo es
el banco --permítanme la expresión-- del Ministerio del Interior, es el
único organismo recaudador. De todas maneras, esto no casa y es lo que
quiero que el Director General me aclare respecto de estos ejercicios de
cálculo que he hecho.
Si vamos al presupuesto de gastos, nos sorprende que los gastos de
personal funcionario de la Dirección General disminuyan un 0,32 por
ciento, frente a la media general de todo el Ministerio al que está
adscrita la Dirección General, a excepción del Director General, que sube
el aumento permitido del 3,5 por ciento. ¿Cómo puede explicarse esta
paradoja?, ¿va a ser por la vía de las indemnizaciones; por las
actividades del servicio? ¿Cómo es que baja un 0,32 por ciento y a qué
causas atribuye esa baja?
Gastos corrientes, capítulo 2, gastos consuntivos, bienes y servicios,
aumentan espectacularmente las reparaciones, mantenimiento y conservación
en un 30,04 por ciento. Lógicamente, éste es el resultado de inversiones
anteriores, que hay que mantener, pero eso no se concilia tampoco con un
presupuesto restrictivo. Y lo mismo podemos decir del combustible, pero
no quiero incidir más en esto, porque no se concilia, digo, con el número
de kilómetros recorridos, que se va a hacer en vigilancia. En cualquier
caso, lo considero un asunto menor.
Los gastos jurídicos y contenciosos aumentan con respecto al año 1994 un
102 por cien, algo más del doble, pasando de 9.900 millones en 1994 a
20.000 millones de pesetas en 1996. Estoy dando un salto, pasando el
ejercicio intermedio, porque no sabemos la ejecución del presupuesto en
esta materia, y me tengo que referir al de 1994. De 1994 a 1996 hay un
salto del 102 por cien en gastos jurídicos y contenciosos. Quiero
recordar que en 1994 se pensaba aumentar la plantilla de abogados
adscritos a la Dirección General para resolver precisamente el impago de
multas. También han aumentado un 15 por ciento los trabajos realizados
por otras empresas y profesionales. Asimismo, las indemnizaciones por
razón del servicio aumentan con respecto a 1994 un 371 por cien,
exactamente 1.065 millones de pesetas, de los cuales 919 son por dietas.
Estoy haciendo la comparación de 1994 a 1996. Esa disminución retributiva
de funcionarios no sé a qué responde, porque las cuentas que yo he hecho
me salen así.
En transferencias corrientes se mantiene la misma cifra de 1995 y en ese
sentido no quiero abundar, salvo que la línea de potenciar la educación
vial siga inactiva, sobre todo en parques infantiles de tráfico.
Me voy a referir a las inversiones reales, que quizás sea el capítulo más
importante, en el que se dan ciertas disparidades. Las inversiones en
seguridad vial disminuyen un 16,96 por ciento con respecto al año 1995.
Ahora sí estoy comparando el año inmediato anterior, el del vigente
presupuesto. Esto, en cualquier caso, no se corresponde con el aumento de
siniestralidad, con el rebrote de víctimas que se está dando este año.
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
No aparece en el presupuesto, yo por lo menos no lo he encontrado, aunque
sí en el plan general de actuaciones, y cabe destacar alguna
incongruencia. Por ejemplo, en este presupuesto se insiste en invertir en
los sistemas integrados para la gestión de tráfico interurbano, sobre
todo en los accesos a las grandes ciudades, con decrementos importantes
en la eliminación de travesías y de puntos negros. Travesías, menos un
60,9 por ciento; en puntos negros, menos un 16,67 por ciento. Aquí hay un
cambio de criterio. Hemos pasado de 220 millones en travesías en el año
1995 a 86 millones en 1996. Y en puntos negros, de 210 millones a 175.
Los correlatos porcentuales son menos 60,9 por ciento y menos 16,67 por
ciento. Quiero que justifique el porqué de esa intensidad inversora en
los sistemas integrados, en detrimento de las otras dos grandes partidas.
Paso por alto otras puntualizaciones que considero de tono menor y que,
por mi parte, no necesitan aclaración, pero en cualquier caso los datos
comparativos son chocantes.
Por lo que respecta a la inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios, se mantiene prácticamente
estable el presupuesto, aumentando tan sólo un 2,78 por ciento. En ese
sentido, las inversiones bajan sensiblemente. En vigilancia de la
circulación a través de vehículos, aparatos y helicópteros, de 7.816
millones se pasa a 4.063. En formación vial, se pasa de 298 a 278
millones, y en áreas de descanso de 289 a 50 millones. La gran partida,
sin ningún género de dudas, es la de vigilancia de la circulación, con
una baja del 48 por ciento. Me gustaría tener una explicación razonable
de eso, si es que ya ha habido la inversión suficiente en años anteriores
que justifique esta baja a la vista de la austeridad que inspira todo
este presupuesto.
También hay una reducción en el presupuesto sobre vigilancia y disciplina
del tráfico, y me gustaría que nos justificase la adquisición de 653
vehículos nuevos, 200 etilómetros, 50 radares y 620 equipos de
transmisión nuevos; todo ello por un importe global de 2.329 millones.
Quiero señalar, y lo decía anteriormente, que siempre estamos descansando
en la línea represiva, no en la educativa, pero debo respetarla, porque
es la línea que está siguiendo la Dirección General desde hace tiempo,
que nosotros entendemos errónea. Por lo menos hay que compaginarla o
compensarla con una mayor educación. De ahí que me tenga que referir a la
campaña tenebrosa de siempre, que este año, además, aumenta en un 1,32
por ciento. Es decir, vamos a seguir viendo la misma campaña en
televisión, aunque, por vía de enmiendas, vamos a tratar, una vez más,
imagino que infructuosamente, de que se rectifique. A ella se destinaron
2.170 millones en el año 1995 y este año se van a destinar 2.200
millones.
Quiero que me responda a si la cifra de siniestralidad y de muertos de
este año ha sido menor como consecuencia de esa campaña, porque me temo
que esas cifras siniestras han aumentado, desoyendo, o siendo inocua,
cuando menos, en gran parte esa campaña. En cambio, sí debo lamentar que
el factor investigación de la siniestralidad no tenga ese paralelismo en
inversiones en el Instituto de Investigación de Valencia, con 50
profesores, porque eso no se ve reflejado en el presupuesto.
En el capítulo de inversiones debo preguntarle qué pasa con la escuela de
Mérida, si alguna vez vamos a terminar ese centro, qué previsión hay
anualizada y cuándo se va a poner en marcha.
Tampoco quiero abundar en el tema de las transferencias, porque veo --y
lo he dicho-- que ésta es la gran despensa del Ministerio de Justicia e
Interior, y aunque según una comparecencia suya se transfieren a la
Administración 12.000 millones de pesetas --4.000 a Interior-- para el
pago de las actividades de otras áreas, sí me gustaría que nos explicara
cómo tiene previstas estas transferencias este año, a la vista de un
posible mayor aumento. Porque así como otros organismos, otras
direcciones generales, siempre son contribuyentes al déficit público, ya
que gastan más de lo que tienen, en esta dirección general es lo
contrario, suelen recaudar más de lo que gastan, o más de lo que han
previsto gastar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de
Tráfico.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Señor Baón, como
siempre, gracias por su atención, aunque sea para disentir.
No va a ser fácil que pueda explicarle toda la política del Ministerio,
no es la ocasión, pero usted me plantea una serie de cuestiones que en su
momento surgirán y que, inevitablemente, inciden sobre los planteamientos
estratégicos operativos de la Dirección General de Tráfico.
Plantea usted una cuestión muy interesante sobre la disminución prevista
de ingresos por tasas y la estabilización en multas. Tengo que decirle,
sencillamente, que esto es una consecuencia --como bien decía antes-- de
que el descenso global del presupuesto de la Dirección General de Tráfico
hay que encuadrarlo en el contexto general de las restricciones
presupuestarias, que se vislumbran claramente para el presupuesto de
1996.
Lo que a S. S. le llama la atención --no sin lógica, ciertamente-- es
que, al final, tiene que enfocarlo con una óptica puramente de técnica
presupuestaria, contable por así decirlo. El presupuesto de ingresos y el
de gastos tienen que estar equilibrados. El presupuesto de gastos --me
refiero al total del organismo, incluidas todas las transferencias,
etcétera-- va a ser de 54.606 millones de pesetas, cifra que coincide
exactamente con la de ingresos. Se trata de un puro cuadre contable.
La recaudación real por tasas y por sanciones, previsiblemente, va a ser
superior a la que aparece aquí, y eso quedará como superávit. Es decir,
pasa a engrosar ese remanente de tesorería al que S. S. hacía referencia
y que ya se decidirá en su momento el destino que se le da. No
corresponde a la Dirección General de Tráfico tomar decisión alguna sobre
ello.
En cuanto a la forma en la que se presupuestan las multas, tiene S. S.
toda la razón en que hay que hacerlo de una manera flexible, porque nada
nos autoriza a suponer que va a haber un empeoramiento en la conducta. Lo
que pasa es que es una progresión que se establece en función de los
criterios más o menos estabilizados que ha seguido no el presupuesto sino
la realidad de los expedientes formulados durante los últimos años.
Lo cierto es que ésta es una cifra que no sólo nos la planteamos con
flexibilidad a la hora de preverla, sino a la hora de constatar su
realidad. Por ejemplo, este año llevamos menos denuncias formuladas que
el año pasado, menos expedientes incoados y menos recaudación, lo cual no
me preocupa absolutamente nada; no es eso lo que me preocupa de la marcha
del organismo o de la marcha de la seguridad vial, contemplada desde la
óptica de las competencias que puede tener la Dirección General de
Tráfico. Naturalmente, todo esto, en cuanto al número de multas
previsiblemente cobradas el año que viene, número de tasas e importe de
las mismas, que van a crecer, como se fija también en la propia ley de
presupuestos, en un porcentaje
uniforme y no como el año pasado que se replantearon los conceptos de
tasas. Va a suponer un excedente que S. S. estimó en 17.000 millones de
pesetas y es posible que sea cierto, no lo sé. Eso formará parte, como le
decía, del remanente de tesorería y ahí está. Se le dará el destino que
quien proceda decida en su momento.
Pasamos capítulo a capítulo. Perdone que vaya tan rápidamente, pero trato
de cumplir el horario que ha señalado anteriormente el señor Presidente.
En el capítulo 1 no hay un descenso del 0,32; hay un discretísimo
incremento del 0,6 por ciento que tiene una razón de ser un poco
complicada, y espero --yo que no soy un experto en temas
presupuestarios-- ser capaz de explicárselo con claridad. No es que se
rebajen los sueldos a los funcionarios, lo que ocurre es que
tradicionalmente, cuando un puesto está adscrito a cuerpos B y C, por
ejemplo, siempre se ha presupuestado sobre la base del coste máximo que
supondría, es decir, que las retribuciones fueran de un funcionario de
cuerpo B. Pero este año el órgano del Ministerio de Economía y Hacienda
encargado de dar las directrices presupuestarias, ha adoptado el
criterio, que a mí me parece racional cuando se está planteando una
restricción presupuestaria, no de fijar el máximo sino la realidad de por
quién está cubierta esa plaza, y si está cubierta por un funcionario del
cuerpo C, la previsión de esa retribución baja notablemente, porque las
retribuciones de un funcionario del cuerpo C, sobre todo las básicas, son
más bajas que las del cuerpo B, que es el que estábamos considerando en
este momento. Esto es lo que explica que haya un descenso generalizado de
las retribuciones, pese a que individualizadamente, uno a uno, está
previsto ya el incremento del 3,5 por ciento, que es una cifra bastante
definitiva para el incremento generalizado de las retribuciones. Es
decir, suben todas las retribuciones, pero calculadas sobre la realidad
de los cuerpos que ocupan cada una de las plazas. Esa es la razón y no
otra.
Respecto a los comentarios que hacía S. S. sobre los capítulos 2 y 6,
permítame que haga una breve consideración de conjunto. El capítulo 2
decrece menos que el capítulo 6; dicho de otra manera, ha habido que
recortar más las inversiones que el gasto corriente. Esto se ha hecho por
parte de todo el equipo directivo de la Dirección General de Tráfico,
digamos, con dolor y hasta con una cierta frustración, pero ocurre, por
las circunstancias que a continuación le explicaré, que era inevitable
tratar de dotar un poco más al capítulo 2 porque es la garantía del
funcionamiento de los servicios. No cabe hablar de equipar, como muchas
veces se hace --evidentemente, no hablo de S. S., que conoce sobradamente
lo que es la Administración--, como si el capítulo 2 fuera símbolo de
despilfarro y el capítulo 6 lo fuera de buena administración. No tiene
más que pasar una revista a las partidas de nuestro presupuesto y podrá
comprobar que, efectivamente, las partidas más importantes son, repito,
la garantía de que puedan funcionar los servicios. Por ejemplo, señala S.
S. que en reparaciones hay un incremento muy importante. Es un incremento
menos importante de lo que parece. Estamos hablando, dentro del concepto
21, del subconcepto 210, reparación, mantenimiento, etcétera, de
infraestructuras y bienes materiales, y aquí lo que nos encontramos es la
consecuencia, como bien señalaba S. S., de la expansión de las
inversiones durante los últimos ejercicios, que genera unas necesidades
crecientes de mantenimiento ya que se trata fundamentalmente de
mantenimientos de electrónica, de una cierta envergadura económica, un
mantenimiento caro.
En cuanto al subconcepto 214, mantenimiento, reparaciones, etcétera, de
elementos de transporte, es donde, en parte, el aumento es un poco
artificioso desde el punto de vista presupuestario, porque aparecen 770
millones de incremento, pero, de ellos, 265 son por insuficiencia del
crédito anterior --a continuación explicaré de dónde proceden esas
insuficiencias-- y el resto es porque procede del antiguo concepto
221.10, otros suministros. Analizando la estructura del presupuesto, para
que se haga una idea y por simplificar, en ese concepto están las ruedas
de los vehículos para la Guardia Civil. Tradicionalmente también se
consideraba como otros suministros, pero este año se ha considerado que
conceptualmente tenía más lógica aquí, por lo que el crecimiento no es
tan fuerte como parece.
Referente a por qué es necesario aumentar la dotación del crédito, aparte
de los neumáticos, el mantenimiento y repuestos de automóviles son 250
millones de pesetas, porque cada vez tiene más automóviles la Guardia
Civil; vehículos dedicados a la flota de servicios administrativos, es
decir para traslados de administradores, para los investigadores de
educación vial, etcétera --que también son necesidades al ser jefatura--,
son 50 millones, y mantenimiento y repuestos de helicópteros, que también
es una partida creciente, son 270 millones. Obviamente, todo esto
configura un incremento de esta dotación.
Respecto a los combustibles, es una consecuencia absolutamente obvia, en
parte por el incremento de su precio. Sin embargo, este año lo hemos
estabilizado, es decir, son 1.984 millones en el año 1995 y en 1996 no lo
hemos subido. En un parque creciente, lo que habrá que hacer será
racionalizar los servicios, no reducirlos. Recuerdo que hubo un
malentendido el año pasado, a partir de una información de prensa, sobre
un problema que no afectaba a la Dirección General de Tráfico, y se
criticó duramente que no hubiera dinero para que la Guardia Civil
circulara. No es exacto, el problema no nos afectó, sigue sin afectarnos,
pero es una dotación estabilizada.
Plantea S. S. el tema de los gastos jurídicos. Lamento no tener aquí los
datos del presupuesto de 1994. Me causa una cierta sorpresa porque
supongo que éste era un debate que podríamos haber tenido hace un año. Sí
puedo decirle que, con relación al año pasado, la cifra es exactamente la
misma; por cierto, son 20 millones, no 20.000, como decía S. S. Por
tanto, ese incremento del 102, aun siendo posible, que no lo sé porque no
tengo los datos del años 1994, desde luego no son las cifras que estaba
planteando.
En cuanto al descenso del capítulo 6, como le decía, ésa es la
frustración. Es decir, necesitamos más dinero para hacer que funcione lo
que hemos invertido en los últimos años, lo que desgraciadamente nos
obliga a hacer menos cosas nuevas --si me permite la vulgaridad de le
expresión--, que se traduce en una disminución del capítulo de
inversiones.
Vamos a pasar a analizar cada uno de los planteamientos concretos que me
hacía su señoría.
Referente a los sistemas integrados de gestión y control del tráfico
interurbano, plantea que es a costa de travesías y de puntos negros. En
primer lugar, si S. S. observa simplemente las cifras de cada uno de
estos proyectos verá que tampoco sería muy exacto decir «a costa de»
porque son partidas muchísimo más pequeñas. De todas formas, tampoco
carece de una lógica interna porque, con los sistemas integrados para la
gestión del tráfico interurbano --y me gustaría que el subrayado
interurbano lo recogiera el «Diario de Sesiones»--, se están cumpliendo
las competencias de la Dirección General de Tráfico, que se vuelcan en
ese ámbito interurbano. Las travesías son actuaciones que normalmente
deben corresponder a los ayuntamientos. En una función que vamos a tratar
de seguir manteniendo, al menos aunque sólo sea testimonialmente dada la
dureza del presupuesto, es una labor de estímulo y colaboración, pero
deben ser los ayuntamiento los que asuman sus propias responsabilidades.
En cuanto a puntos negros y tramos peligrosos, le debo decir algo muy
parecido. Es rarísimo que un punto negro o un tramo peligroso pueda
corregirse en función de actuaciones emanadas de las competencias de la
Dirección General de Tráfico. Nosotros tenemos aquí una pequeña partida,
por ejemplo, para coadyuvar a la iluminación de puntos concretos, para el
tratamiento de una barrera de seguridad aislada o algo parecido, pero
esto corresponde normalmente al titular de la vía --debería decir
titulares de las vías--. Y no se trata de desviarlo hacia el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sino hacia las
consejerías homólogas de las comunidades autónomas, diputaciones
provinciales e incluso ayuntamientos, que en muchos casos tienen a su
cuidado algunas vías interurbanas. Esa es la razón por la que nuestra
dotación en puntos negros sea muy modesta. Pero si se trata de valorar el
conjunto de las actuaciones en materia de puntos negros, creo que deben
ponerse en correlación con las que desarrollan estos entes a los que
antes me he referido.
Respecto a la bajada en todo el instrumental de vigilancia, vehículos,
material, etcétera, en el artículo 62, si se fija, debe ponerse S. S. en
concordancia con el artículo 63, por una razón, porque el artículo 62
sigue titulándose inversión nueva asociada al funcionamiento, etcétera,
mientras que el artículo 63 es inversión de reposición. En los últimos
años ha habido un incremento importante en toda la dotación de
instrumental para las fuerzas de vigilancia, y lo que se plantea ahora,
más que expandirlo, es ir reponiendo las cosas. Por eso, lo que sí crece
de una manera notable en el artículo 63, proyecto 95.010 y los
siguientes, 015 y 070, como podrá ver S. S., es que las cifras en
vehículos, material de transmisiones, vigilancia, etcétera, crece, pero
que ello no lleve a S. S. a la conclusión errónea de esa supuesta línea
represiva como si fuera la base de la política de la Dirección General de
Tráfico. Yo le confieso --quizá con una cierta ingenuidad casi
rousseauniana-- que me sorprende que S. S. me diga eso después de las
explicaciones que hemos intercambiado en muchas ocasiones y después, en
concreto --es un pura anécdota--, de la documentación que le remití en el
mes de junio sobre todo el trabajo realizado en los últimos años en
materia de educación vial, que es importantísimo.
Su señoría hablaba también, aunque lo ha dicho de pasada, sobre los
parques infantiles. De acuerdo, pero los parques infantiles son el
caballo de Troya para que entre la educación vial en los colegios, que es
algo a lo que la Dirección General de Tráfico dedica un esfuerzo enorme,
y quien tiene que recoger el guante son todas las administraciones
educativas --incluyo al Ministerio de Educción y comunidades autónomas--
y, luego, cada colegio y cada educador de cada colegio, pero no cargue
sobre nuestras laceradas espaldas el debe de lo que no se haga en
educación vial porque nuestro trabajo está ahí y creo que S. S. lo conoce
razonablemente. Y no piense que es tan poco lo que se invierte en
educación vial, porque tenemos que sumar todos los conceptos, no sólo son
los 139 millones que aparecen en el superproyecto 90.90.77, sino que a
esa cifra tenemos que añadir todo lo que aparece en el capítulo 2 en
materia de educación, ya que lo que hacemos en nuestras publicaciones
--quizá de los 226 millones de publicaciones se podrían quitar 9
millones-- es educación vial químicamente pura. De lo que en el capítulo
2 se llama publicidad y propaganda, concepto 226.02, los 673 millones de
pesetas se dedican a educación vial pura y alrededor de 800 millones de
pesetas, de cifras gastadas con nuestros propios medios de reprografía,
son para la difusión de distintos instrumentos de educación vial.
Además, la educación vial ocupa un lugar de prioridad tal en la
estrategia de la Dirección General de Tráfico que un 18 por ciento de su
plantilla --piense S. S. la cantidad de funcionarios que tienen que
dedicarse a los trabajos de atención al ciudadano en las jefaturas
provinciales-- y 1.750 millones de las retribuciones generales se dedican
a trabajos de formación y educación vial exclusivamente, en el sentido
amplio; es decir, trabajos que hacemos para los colegios, formación de
conductores, exámenes, formación del profesorado, etcétera. Por tanto, no
hay que minusvalorar el trabajo en materia de educación porque creo que
no se corresponde con la realidad. Su señoría tiene todo el derecho del
mundo a discrepar del tratamiento que damos a la educación vial a través
de los medios de comunicación de masas --esa campaña que usted denomina
tenebrosa--, pero yo puedo decirle que todos los años hacemos un
seguimiento de la campaña --como es natural, puesto que tratamos de ser
serior en el dinero público que invertimos--, además encargándoselo a
distintas empresas con metodologías diferentes pero comparables, y todos
los años nos encontramos con que más de un 90 por ciento --ronda entre un
93 y 95-- de los ciudadanos acaban conociendo la campaña, lo cual ya es
un dato importante. Pero es que el 85 por ciento de los ciudadanos
españoles disiente de ese criterio que ha exteriorizado S. S. al
considerar que no es útil, porque ellos la valoran como útil, conveniente
y necesaria, aunque desde luego también es muy alta su valoración como
dura, etcétera; es decir, sabemos que es cierto. Y S. S. ha anticipado
algo que yo no sé: que el año que viene vamos a seguir viendo lo mismo.
Sinceramente no lo sé. Nosotros creemos que se
debe seguir hablando de las consecuencias de los accidentes, pero el
mundo de la creatividad publicitaria es tan abierto que a lo mejor alguna
agencia, en el concurso público que estamos a punto de convocar, es capaz
de presentarnos una línea de comunicación que hable de las consecuencias
de los accidentes, pero que lo haga en otro tono. Lo aceptaremos
encantados. Para nosotros el dramatismo es algo añadido, no sustancial a
la línea de comunicación que estamos manteniendo.
Y desde luego yo no me atrevo a ligar, porque no sería mínimamente
científico --y si alguien pretende hacerlo, creo que sería necesario
proponer la creación del premio Nobel de la seguridad vial y
adjudicárselo inmediatamente--, la evolución de los accidentes, al alza
durante los primeros meses de este año o a la baja durante los últimos
cinco años, a que una acción concreta ha reducido o ha aumentado los
mismos en un determinado porcentaje. Yo nunca lo he dicho. Además, creo
que una simple labor de hemeroteca o de consulta al «Diario de Sesiones»
puede ayudar a esclarecer esta idea por si hay algún equívoco sobre un
supuesto planteamiento eufórico, triunfalista, autocomplaciente,
etcétera. Yo no me atrevería nunca a ligar, repito, la evolución de los
accidentes a una acción concreta, como puede ser la campaña.
En cuanto a la investigación, a mí también me parece poco 100 millones de
pesetas, qué quiere que le diga, señor Baón. Me encantaría poder invertir
500, 700 ó 2.000 millones de pesetas. El problema es que hay que ajustar
el presupuesto a un horizonte, a un determinado marco al que tenemos que
sujetarnos necesariamente.
Por lo que se refiere al Instituto de Valencia, tengo que decirle que
estamos buscando la fórmula para establecer un programa estable de
cooperación. Pero, por la forma en que se ha manifestado S. S., que más
que una pregunta era un comentario, también le haría el mismo ruego: no
haga caer sobre nuestras espaldas la financiación del Instituto de
Valencia. Allí hay un grupo de espléndidos profesionales con los que
tenemos ya muchísima colaboración desde hace años aisladamente y ahora
queremos que, con el Instituto, se convierta en el brazo armado de
nuestra estrategia investigadora, porque es probablemente el grupo más
compacto, más pluridisciplinario y más homogéneo que podemos encontrar y,
desde luego, destinaremos el dinero que podamos.
De todas formas, yo celebro muy sinceramente que a S. S. le parezca poco
el dinero que destinamos a investigación, sobre todo porque así se puede
salvar también algún equívoco; por ejemplo, el que pueda considerarse
absurdo o injustificado que para lo que no podamos hacer con nuestro
propios funcionarios --obviamente, habrá miles de líneas de investigación
que no podremos acometer--, acudamos, mediante los sistemas de
contratación normal, a universidades, centros de investigación o incluso
empresas de servicios que puedan aportarnos la ciencia, la experiencia y
la tecnología de la que nosotros carecemos.
En cuanto a Mérida, me parece un poco injusta la forma en la que ha
planteado su pregunta diciendo: si alguna vez se va a inaugurar. El
calendario de obras especificaba que se terminaría en agosto o septiembre
de este año, no recuerdo bien. Mañana, si Dios quiere, iré yo a Mérida
justamente para ver las obras terminadas. Ahora nos falta completar el
equipamiento y yo espero que a principios de año pueda inaugurarse con la
solemnidad que requiere una obra de esas características; austera, porque
quisimos que fuera austera, pero importante.
Respecto a las transferencias al Estado, tengo muy pocos comentarios que
hacerle, señoría. La previsión del presupuesto para 1996 es 1.000
millones al Ministerio de Justicia e Interior y 12.000 millones al
Tesoro. Yo no sé nada de qué va a pasar con eso. Cuando llegue el momento
de hacer la transferencia, la Dirección General de Tráfico,
religiosamente, ingresa donde se le manda el dinero y luego es la
Dirección General del Tesoro o, en su caso, los órganos correspondientes
del Ministerio de Justicia e Interior quienes lo destinan a los sitios
donde es más urgente tapar huecos. Esta vocación de banco, como usted
decía anteriormente, a mí no me divierte nada. A mí me gustaría poder
reinvertir en seguridad vial todo el presupuesto. Quizá sería difícil
porque vemos dificultades para cubrir ciertas partidas, por ejemplo, los
parques infantiles, en los que actuamos a demanda de los ayuntamientos
fundamentalmente, y no siempre tenemos peticiones suficientes. Pero,
repito, las reglas del juego presupuestario --si se me permite la
expresión-- no las fija la Dirección General de Tráfico. Ojalá pudiéramos
hacerlo para poder dedicar a la lucha por la seguridad vial no sólo esos
esfuerzos en los que estamos inmersos tanta gente, sino muchos más fondos
todavía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Director General. Agradecemos su
presencia compareciendo ante esta Comisión de Justicia e Interior.
--DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS (BIRLANGA CASANOVA). SOLICITADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001717.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a don Antonio Birlanda, que
atenderá las cuestiones que se sirva plantear el portavoz del Grupo
Popular, que ha solicitado la comparecencia.
Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, en diversas ocasiones
hemos tenido oportunidad de señalar el criterio básico de mi Grupo
respecto de la existencia y finalidad de esta sociedad estatal. Dijimos,
y recordamos hoy, que la misma nos parece innecesaria, por cuanto que la
tarea encomendada podía y debía desarrollarse sin merma alguna de
eficacia por los diversos servicios dependientes de la Dirección General
de Administración Penitenciaria y, además, consideramos que extraer
esos cometidos de dicha dependencia sólo acarrea un matiz de opacidad.
Así las cosas, en el contexto de este trámite presupuestario, surgen
inevitablemente dos tipos básicos de cuestiones: unas, ligadas a la
propia configuración del proyecto y otras, vinculadas directamente a la
gestión y procedimientos empleados por esta sociedad estatal. Sin duda,
ambas están interconectadas y dentro de las limitaciones de tiempo de que
disponemos deben siquiera apuntarse en el día de hoy.
En este contexto, y en relación con el proyecto de presupuesto,
desearíamos que se nos respondiera a algunos interrogantes muy concretos,
partiendo del que de suyo parece ser el más elemental, esto es, qué
centros penitenciarios serán definitivamente inaugurados en 1996 y, a su
vez, cuál es en estos momentos el grado real de retraso en la ejecución
del plan de creación de nuevos centros. Podría parecer que este
interrogante sobra, pero no es así en virtud del cotejo de documentos de
la propia Secretaría de Estado y de determinadas previsiones formuladas
ante esta Comisión por sus responsables, de manera tal que en cada
momento parece que se hace una evaluación diferente en relación con el
grado de retraso y en cada momento parece que efectivamente también se
adoptan unos determinados compromisos concretos en cuanto a
inauguraciones inmediatas de nuevos centros.
Por lo mismo, parece imprescindible que se nos explique por qué no han
podido alcanzarse todavía las previsiones hechas en su momento en cuanto
al volumen de terrenos que debían ya estar amortizados en esta fecha y,
por tanto, qué carga concreta para las arcas públicas ha supuesto el
quebranto de esa línea de financiación del plan que hasta la fecha no ha
podido hacerse efectiva en toda su dimensión prevista, precisamente por
las dificultades surgidas en ese proceso de amortización, habida cuenta
de las insuficiencias previstas en orden a la situación patrimonial de
los centros a amortizar.
En relación con el proyecto, quisiéramos saber, sin ánimo exhaustivo,
algunas cuestiones concretas. ¿Qué servicios exteriores se van a abonar
con la partida consignada en el debe por valor de 124 millones de
pesetas? ¿A qué aprovisionamientos en concreto responde la previsión de
9.221 millones de pesetas, consignados igualmente en el referido debe?
¿Por qué las ventas netas nacionales coinciden en su cuantificación
exactamente con el debe previsto por aprovisionamientos? ¿De dónde surgen
los 662 millones por intereses, tal y como se hace constar en lo
concerniente a ingresos financieros? ¿A qué afecta la reducción del
capital en 18.703 millones de pesetas? ¿Cómo se tiene previsto que se
distribuyan en concreto los 46.620 millones destinados a adquisición de
inmovilizado material? ¿Sobre qué «otros» --entre comillas-- proceden los
4.963 millones de pesetas consignados en subvenciones de capital?
Pues bien, en consonancia con lo dicho anteriormente, esto es, en la
referencia a la gestión, no vamos a ser especialmente extensos en este
trámite porque estamos concluyendo un amplio informe en relación con la
misma y esperamos, si el tiempo político lo permite, hacer comparecer al
señor Presidente de Siepsa en relación específicamente con esta cuestión.
No obstante, y a modo de anticipo, sí quisiéramos que se nos respondiera
o al menos por nuestra parte dejarlos planteados, algunos interrogantes
que nos parecen interesantes como ejemplo, porque no pueden obviarse en
el contexto de una discusión presupuestaria. Así, ¿qué criterios se están
empleando para la selección de empresas adjudicatarias de equipamientos
penitenciarios? ¿Por qué se ha admitido que alguna de las empresas
presentadas a los correspondientes concursos no cumplieran con el grado
de clasificación requerido por la Ley de Contratos del Estado? ¿Por qué
Siepsa, en los últimos nueve concursos de proyectos de implantación de
centros, ha adjudicado siete al mismo equipo redactor de técnicos, cuando
éstos, además, no tenían acreditada ninguna experiencia previa en el
ámbito penitenciario? ¿Por qué no se exige a las empresas instaladoras de
suministros de seguridad estar dados de alta en el registro
correspondiente del Ministerio de Justicia e Interior, dando lugar así a
que empresas no cualificadas accedan a información que debía ser
reservada por su naturaleza? ¿Por qué razón en el punto número 2, de
criterios de valoración de ofertas de los pliegos de condiciones,
relativo a la experiencia de los técnicos en las obras objeto de los
concursos, no se exige ninguna experiencia específica previa en materia
penitenciaria?
¿Considera aceptable que la asistencia técnica de un centro penitenciario
se esté atribuyendo --se ha atribuido ya-- a empresas de sola experiencia
en el ámbito de asistencia a grandes superficies comerciales? ¿Por qué no
están aplicando un único criterio, previamente arreglado y de
conocimiento público para los interesados, en lo concerniente a la
determinación de los elementos de valoración de ofertas para la
adjudicación de concursos de proyectos, asistencias técnicas,
contratación de obras y equipamientos? ¿Por qué continúa no ejerciéndose
un control efectivo sobre las subcontratas a realizar por las
adjudicatarias principales, a pesar de las promesas reiteradas a este
efecto por el señor Ministro de Justicia e Interior ante el Pleno de la
Cámara?
¿Está asumiendo la Siep, a través de operaciones indirectas, costes e
inversiones que presupuestariamente corresponderían a la Secretaría de
Estado? ¿Cómo se explica que la Siep esté recibiendo en responsabilidades
de alta dirección en la misma a personas provenientes de tareas de
estricta confianza política en la Secretaría de Estado, con independencia
de su cualificación técnica o no para el desempeño de esas tareas de
dirección? ¿Por qué un puesto tan importante en el organigrama de la
sociedad, como lo es, sin duda, su director técnico, carece en estos
momentos de una titulación técnica concordante con las tareas
fundamentales que le están encomendadas en materia de proyectos?
Por último, y a modo de mera curiosidad, ¿qué sentido tiene el reciente
desplazamiento de un técnico de la sociedad a Colombia? ¿Con qué fin?
Y si me permite, con referencia a algunos proyectos en concreto, ya
ejecutados, quisiéramos saber cómo se explican las facturaciones
irregulares abonadas por Siep a KL2
por suministro de instalación de cable de red informática en diversos
centros. ¿Qué valoración realiza de la calidad y resultado de las
instalaciones de seguridad que adjudicaron en el centro penitenciario de
Soto del Real y en qué términos debe entenderse la relación entre Siep y
la empresa Isolux-Wat? ¿Por qué se permitió por la Siep la
subcontratación de CAE en las obras del centro penitenciario de Topas,
después de conocidas las dificultades encontradas con esta empresa en los
trabajos que realizó previamente en el centro penitenciario de Alhaurín
de la Torre? ¿Existe alguna relación entre la adjudicación de las obras
para la construcción del nuevo centro penitenciario de Albolote y la
adjudicación de suelo amortizable del antiguo centro penitenciario de
Melilla a la misma empresa? ¿Ambos concursos se resolvieron a la baja?
¿Cuál fue el criterio de adjudicación? ¿Por qué se han comprado los
terrenos de Villena, no previstos inicialmente en el plan de Siep cuando
existían a disposición del Ministerio de Justicia e Interior otras
ofertas de suelo más favorables y cercanas al actual centro penitenciario
de Foncalent? ¿Por qué el departamento técnico de Siep calculó y ejecutó
sin la aprobación del proyecto por Confederación Hidrográfica una
depuradora en el centro penitenciario de Soto para una población reclusa
de 1.000 personas, cuando en los cálculos establecidos por la propia
Secretaría de Estado y se sabía que, de entrada, se iba a duplicar
inicialmente dicha población?
Finalmente, ¿se pueden explicar las extrañas vicisitudes acaecidas en el
señalamiento de precio y condición de los terrenos que se adquirieron en
su momento para el que fue, ya es, nuevo centro penitenciario de Huelva?
En definitiva, ¿cómo se está articulando la coordinación entre Siep y
Seap a la que hace referencia constantemente el programa 144A de los
Presupuestos Generales del Estado?
Concluyo, señor Presidente, señalando que, evidentemente, de esta
sociedad estatal vamos a tener que hablar con detenimiento en un próximo
futuro, para debatir una parte sustancial de cómo se han hecho las cosas.
Mientras tanto, nosotros ya tenemos en curso en el registro de la Cámara
la correspondiente iniciativa sometiendo a la consideración del Pleno de
la misma la disolución y liquidación de esta sociedad. Nosotros creemos
que la existencia de esta sociedad estatal está claramente de más.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no he querido interrumpirle, pero
no se le oculta a S. S. que ésta no es una sesión de control
convencional, sino que la comparecencia tiene relación con la elaboración
de la ley de Presupuestos. Naturalmente, muchas de las preguntas que S.
S. ha formulado tienen encaje en la preocupación presupuestaria y sobre
ellas yo no voy a hacer la más mínima aseveración, pero sobre aquellas
preguntas que encajan claramente en lo que es un control político
general, el señor Presidente de la Sociedad Estatal ni ha sido convocado
para ello ni, lógicamente, tiene por qué estar en condiciones de
responder. Su señoría es consciente de ello; yo no hago más que una
advertencia general a los efectos de que el Presidente de la Sociedad
Estatal no se sienta en la necesidad de una eventual contestación.
El señor GIL LAZARO: Tiene toda la razón el señor Presidente. Ya he
indicado al final de mi intervención que la última parte, la referencia a
proyectos y a situaciones concretas, era algo que entendíamos como parte
de una futura comparecencia y que simplemente nos limitábamos a apuntar
hoy aquí. Desde luego, yo me daré por satisfecho con que el señor
Presidente de Siep me responda estrictamente a las cuestiones de ámbito
presupuestario y a aquellas otras grandes líneas de gestión que también
tienen un marco de referencia en el presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Entendemos que S. S. fijaba un contexto para las
preguntas.
El señor Presidente de la Sociedad Estatal tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS (Birlanga Casanova): Señor Gil Lázaro, voy a
intentar contestar a aquellas cuestiones que ha planteado S. S. que se
refieren fundamentalmente a los presupuestos de 1996, sin perjuicio de
poder también referirme a algunas otras cuestiones planteadas que no se
refieren estrictamente a las cifras presupuestarias para 1996.
En primer lugar, y con carácter general, quiero responderle que conozco
la posición de S. S. y de su Grupo en cuanto a la existencia de esta
Sociedad y al plan en su conjunto, que ya dio lugar a otra comparecencia
ante esta misma Comisión y que, por tanto, en mi opinión, no vamos a
reiterar las argumentaciones que entonces hicimos.
Se ha referido, con carácter general, a un grado de retraso en el
cumplimiento del plan. Efectivamente, hace algo más de un año, cuando
comparecí en esta Comisión, ya hice constar las dificultades que había
tenido la administración para poder obtener los terrenos necesarios para
la iniciación de las obras. Como se sabe, en el plan se señaló la
construcción de 18 centros penitenciarios en 18 provincias que en el
nuevo plan también se señalaban; se encargaron unos estudios para la
localización de los terrenos más adecuados y surgieron, en la gran
mayoría, dificultades para su adquisición y posturas contrarias de los
ayuntamientos afectados que retrasaron considerablemente la iniciación de
este plan. Hoy puedo decir a SS. SS. que afortunadamente esto está
superado, que indudablemente dentro del plazo que se señaló por el
Gobierno para la realización del plan se va a poder cumplir; de los 18
centros tenemos en este momento uno terminado, nueve en ejecución, otros
cuatro están con los terrenos localizados, alguno de ellos adquirido,
otros con las preceptivas autorizaciones municipales, y en cuatro de
ellos está pendiente de aprobar, por parte de la Secretaría de Estado, la
localización exacta de los terrenos.
Refiriéndome a las otras cuestiones sobre nuestros presupuestos, la
inversión a la que se refería en su pregunta, 46.620 millones que se
presuponen para el año 1996, se prevé 44.000 en inversión en la
construcción y equipamiento
de nuevos centros penitenciarios, y en la finalización de proyectos,
2.496. Esta partida se refiere exclusivamente al centro penitenciario de
Segovia, ya que los restantes centros que se encontraban en construcción
al tiempo de constituirse la sociedad han sido terminados, entregados al
Estado, y solamente queda el centro penitenciario de Segovia, para el
cual está pendiente obtener la licencia municipal.
La cifra de aprovisionamientos que aparece en la partida de gastos como
la partida más importante, 9.221 millones de pesetas, responde a la
estimación del valor de los bienes inmuebles, que se espera sean
recibidos durante 1996 por aportación no dineraria del Estado. Se ha
estimado, a estos efectos presupuestarios, que la venta de dichos
inmuebles se produciría por el mismo valor. Luego existe el juego, al que
S. S. se refería, entre aprovisionamientos y ventas.
En otros gastos de explotación tenemos la cifra de servicios exteriores
por 124 millones de pesetas, donde se comprenden todos los gastos que
tiene que realizar la Compañía, aparte del pago de tributos, para el cual
existe una consignación de 351 millones de pesetas.
Mayor detalle en la presupuestación de los servicios exteriores;
comprende material de oficina, material informático, reparaciones y
mantenimiento, luz, agua, alquileres de los locales que ocupamos,
limpieza, combustibles, servicios profesionales a terceros.
representación, mensajería, publicaciones y viajes de los técnicos de la
Compañía. Todo esto se evalúa en una cifra de 135 millones de pesetas,
menos el IVA, 124 millones de pesetas.
Los intereses que aparecen dentro del presupuesto de ingresos, como una
de las partidas importantes de este presupuesto de ingresos, obedece
precisamente a las cantidades que la Compañía espera obtener de la
colocación de las cuentas de tesorería. La experiencia de los años 1993,
1994 y de este mismo año, hacen que sea razonable la cifra que se ha
hecho figurar como ingresos financieros de 662 millones de pesetas.
En cuanto a la reducción de capital, la reducción prevista es del orden
de 18.703 millones de pesetas por entrega al Estado de los centros
penitenciarios de Huelva y Zuera, más el IVA, porque aquí sí que
recordará S. S. que han existido preguntas parlamentarias en las que se
decía que por un lado aparecía una cifra y por otro, otras. Naturalmente,
esto depende de que se considere o no, dentro de las cifras, como
reducción de capital el IVA, porque necesariamente tiene que ser así.
También se ha referido S. S., dentro de las preguntas parlamentarias, a
las subvenciones de capital por 4.963 millones de pesetas. Responden a la
subvención concedida y aprobada por los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional. Dentro del plan del Feder, la sociedad estatal presentó un
proyecto de en torno a 18.000 millones de pesetas, para la parte de
construcción de centros penitenciarios que se refiere a los edificios
socioculturales, aulas y enfermerías, y se ha obtenido esta subvención de
capital por parte del Feder, en torno a 1.500 millones, por cada uno de
los centros para los que se pudo solicitar, puesto que solamente pudo ser
para aquellos que se encontraban en regiones de objetivo uno.
Las otras preguntas no se refieren a temas presupuestarios, pero, si el
Presidente me lo permite, quisiera hacer algunas observaciones, puesto
que algunas ya se han formulado por escrito y han sido contestadas.
En cuanto a los concursos, tengo que decirle, señor Gil Lázaro, que la
sociedad ha sido muy escrupulosa en la contratación. No tenemos ninguna
observación y puedo poner a disposición de S. S. los informes de
auditoría, ninguna contratación en la que se pueda tachar lo más mínimo
de irregular. Concretamente S. S. se ha referido a un contrato de
realización de proyectos. No se trata de siete contratos adjudicados a la
misma empresa, sino de un solo contrato en el que se adjudicaban cinco.
Cualquier empresa que se lo hubiera quedado hubiera tenido que realizar
estos cinco proyectos, porque éstos aparecían en un solo contrato.
Sí existe, y además podemos ponerlo a disposición de S. S., el registro
de subcontratistas y cómo los técnicos directores de las obras dan su
conformidad a las subcontratas, cómo se presentan, cómo se cumplen, cómo
se cumple la Ley de Contratos, y el contrato que se firma con las propias
constructoras.
Su señoría ha hecho una referencia extraña a Colombia. En Colombia no ha
existido en fecha reciente ningún técnico de la compañía. Creo recordar
que hace año y medio, a través de la Secretaría de Estado del Ministerio
de Asuntos Exteriores, se solicitó, en un convenio de colaboración que
había suscrito el anterior Secretario de Estado con el Ministro de
Justicia de Colombia, la posibilidad de una asistencia técnica,
asistencia en ambas direcciones, ya que un grupo de técnicos de prisiones
de Colombia estuvo en Madrid y se solicitó entonces, por parte de la
Secretaría de Estado, que un técnico de la compañía fuera a Colombia al
objeto de explicar fundamentalmente el proyecto de centro tipo.
En cuanto a la facturación a KL2, ya le he respondido por escrito en
fecha reciente. No existe ninguna disparidad. Ha sido totalmente
correcta. No existe ninguna relación. Me estoy refiriendo a la obra de
Albolote, a la que se ha referido S. S., que se ha adjudicado a una
empresa. Posteriormente se saca a subasta un determinado inmueble en
Melilla y esta empresa acude a la subasta haciendo la mejor oferta.
No puede existir ninguna relación de causa-efecto cuando la adjudicación
por el consejo de administración y el contrato con la empresa se realiza
con fecha anterior a la salida de la subasta. Por otro lado, tampoco
tendría nada que ver. Podría ser una atención de la compañía, en vista de
que se le adjudica una obra, querer concursar en la adquisición de un
bien.
En cuanto al centro de Villena, desconozco la existencia de otras
ofertas. Es cierto que desde el principio el Centro Penitenciario de
Alicante se pretendió ubicar al norte de la provincia, para que estuviera
en una zona lo mejor comunicada posible con la provincia de Valencia y, a
ser posible, con Albacete. Usted, que conoce bien el territorio de la
Comunidad valenciana, habrá visto que es difícil ubicarlo
en otro término municipal que no sea el de Villena. Todos los terrenos
que fueron analizados por la compañía estaban en este término municipal.
Se señaló uno de ellos que reunía las características adecuadas para
realizar el plan, y así se hizo.
No he entendido la pregunta que me ha hecho sobre los terrenos de Huelva
y no le puedo responder. Parte de los terrenos se compraron con
anterioridad a mi llegada a la presidencia de la compañía. El resto de lo
que faltaba para abrir unas carreteras se hizo por expropiación forzosa.
En cuanto al tema de la depuradora de Soto, efectivamente, el proyecto
inicial mereció la aprobación de la Confederación Hidrográfica. Este
proyecto se adjudicó a la vista de que podía ser insuficiente. Se redactó
una ampliación que también fue aprobada por la Confederación
Hidrográfica. Salió de nuevo a concurso. Se están realizando las obras y
el plazo de terminación esperemos que sea a mediados del próximo mes.
Lamento no haber tomado más notas de sus preguntas, pero estoy a su
disposición para cualquier otra comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Telegráficamente. Simplemente, quiero agradecer la
respuesta del señor Presidente de la Siep. Algunas cuestiones que han
quedado pendientes, las traduciremos en concretas preguntas escritas;
otras estarán en el contexto de esa anunciada comparecencia más
específica.
Simplemente quiero señalarle que me extraña alguna respuesta como, por
ejemplo, que se me diga que en relación con el asunto de KL2 no hay
ninguna irregularidad detectada. Yo no he recibido todavía la
contestación por escrito a esas preguntas. En todo caso, en el informe de
la Inspección General Penitenciaria en su momento quedaban
suficientemente retratadas las, digamos, descoordinaciones entre el nivel
real de lo instalado y de lo suministrado y el nivel de lo facturado y de
lo abonado.
También tendremos ocasión de profundizar en el asunto de Huelva. A través
de los trámites parlamentarios ya explicaremos a S. S. algunas de las
cuestiones extrañas que en materia de fijación de precio y condiciones
añadidas al contrato nos sugiere lo que fue el resultado final de ese
contrato.
Desde luego, le felicito por la brillante expresión debió ser alguna
voluntad de atención de la compañía adjudicataria de Albolote, en
relación con lo de Melilla. Es descriptivamente muy hábil, pero de ese
asunto también tendremos que hablar.
Finalmente, si parece tan clara la provisión de esos 4.000 millones de
pesetas a los que yo antes hacía referencia, lo que no entiendo, en
técnica presupuestaria, es que el origen de esos fondos se especifique
simplemente como «otros», entre comillas. Hubiera sido mucho más claro
especificar el origen de los mismos. Aunque sobre estos fondos Feder
también vamos a tener que hablar, porque S. S. me dice que van a poder
disponer tan sólo de 4.500 millones de pesetas, aproximadamente, y, sin
embargo, parece ser que el conjunto de los fondos Feder recibidos alcanza
los 13.000 millones de pesetas. Si es así, tendremos que saber
exactamente en qué medida unos van a ir destinados así y otros a
disposición de la Secretaría de Estado.
Como siempre, en las dos ocasiones en que hemos tenido oportunidad de
vernos S. S. y yo, que siempre es muy grato, ha vuelto a eludir la
pregunta del millón, y yo siempre se la reitero. ¿La Siep se está
haciendo cargo a través de operaciones, digamos indirectas, de
inversiones y costes que correspondería desarrollar a la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente de la Sociedad
Estatal.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS (Birlanga Casanova): Muy brevemente, señor
Presidente, para contestar al señor Gil Lázaro que, efectivamente, en el
tema del KL2 existe una contestación escrita. No la he traído, pero sí
recuerdo los términos de la misma en la investigación que se hizo en el
sentido de que estaba bien, que las facturas pagadas por la compañía
respondían a las instalaciones efectuadas por KL2.
Sigo sin comprender muy bien a qué contratos se refiere de Huelva; no sé
si se está refiriendo a la adquisición de los terrenos, al contrato de
construcción, a qué tipo de contratos se está refiriendo Su Señoría.
Según la primera intervención, parecía que se refería a los terrenos,
pero luego ha quedado en duda. No tengo ningún inconveniente en poder
facilitar a S. S. todos los datos que requiera sobre la contratación de
esos terrenos.
En cuanto al Feder, tiene razón S. S. en que pudo expresarse mejor en los
formatos presupuestarios, pero así es como el Ministerio de Economía y
Hacienda remite la orden a las sociedades estatales y nosotros rellenamos
el epígrafe correspondiente a otros en los fondos del Feder. Lo que ya no
entiendo muy bien son las cifras que ha barajado, 13.000 y 4.996. Los
4.996 es la cantidad que nosotros pensamos que en el año 1996 nos será
remitida, puesto que hasta ahora, efectivamente, los fondos estructurales
están llegando dentro de los parámetros que se habían solicitado por
parte de la compañía. En estos momentos, por ejemplo, recuerdo que la
compañía habrá recibido ya más de 2.000 millones de fondos Feder. Como
conoce S. S., una vez que se reciben, hay que justificar en cada una de
las distintas regiones de objetivo 1 y se van complementando a medida
también que se van efectuando las obras.
Por último, y puesto que quiere una declaración expresa, con muchísimo
gusto se la hago: No se ha hecho cargo en ningún momento de ningún gasto
o inversión que correspondiera a la Secretaría de Estado. Ha atendido
exclusivamente el pago de las obligaciones derivadas de las obras que el
Ministerio de Justicia tenía en construcción y su equipamiento, y las
obras o la adquisición de terrenos,
proyectos y construcción de los centros que figuraban en el plan de
amortización y creación de centros.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, no es para polemizar ni para abrir
ningún debate, sino porque se me ha olvidado decir algo para tomar el
ofrecimiento del señor Presidente. Ha tenido la amabilidad de poner a mi
disposición el registro de subcontratistas. Me gustaría que, a través de
los servicios de la Cámara y de la presidencia, se nos hiciera llegar esa
relación de subcontratistas.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS (Birlanga Casanova): Simplemente quiero
decirle que no es registro; es relación, obra por obra y sitio por sitio.
El señor PRESIDENTE: Doy las gracias a don Antonio Birlanga por su
comparecencia ante esta Comisión y a SS. SS. también por la dedicación a
los trabajos que teníamos previstos para hoy por la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.