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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 574, de 10/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 574
PRESUPUESTOS
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 10 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1996. (BOCG, Serie A, número
135-1, de 30-9-95. Número de expediente 121/000120.)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, van a comenzar las
comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios.
Quiero informar que diversas comparecencias no podrán tener lugar a lo
largo de esta semana, en concreto la del Secretario de Estado de Comercio
y Subsecretario de Comercio, del Ministerio de Comercio y Turismo; la del
Gobernador del Banco de España; la del Secretario de Estado de Economía;
la del Presidente del Instituto de Crédito Oficial y la del Director
General de Radiotelevisión.
Es el propósito de la Mesa que todas estas comparecencias tengan lugar,
si tenemos tiempo suficiente para ello, en la mañana del miércoles día
18, a partir de las nueve; o sea, intentaremos que todas las
comparecencias tengan lugar en esa mañana. En estos momentos, no podemos
comunicar
a SS. SS. el calendario concreto, puesto que algunos de estos dirigentes
de la Administración o de las instituciones cuya comparecencia se ha
solicitado están fuera de España, en concreto, en las reuniones anuales
del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero es propósito de la Mesa que
estas cinco comparecencias, que son las que restarían después de las
previstas para hoy, mañana y tarde, y mañana por la mañana únicamente,
tengan lugar en la mañana del día 18, de nueve a dos. Si alguna no
pudiera tener lugar en la mañana del día 18, previsiblemente, tendría
lugar en la mañana del viernes día 20.
--DEL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA (MARTINEZ ROBLES). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA (número de expediente
212/001631) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
212/001723).
El señor PRESIDENTE: Comienza la primera de las comparecencias, que es la
del Secretario de Estado de Hacienda, que ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Costa Climent.
El señor COSTA CLIMENT: En primer lugar, quería agradecerle al Secretario
de Estado de Hacienda su comparecencia en esta Comisión, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, para explicar los principales aspectos de la
parte de ingresos del proyecto de presupuestos para 1996.
Quiero manifestar que, aunque estos presupuestos corren el riesgo de ser
devueltos, el Grupo Parlamentario Popular ha querido solicitar esta
comparecencia, junto con otras que se celebrarán en los próximos días,
para mantener la tónica normal de trabajo y tener una mayor información
sobre el contenido de los presupuestos.
En principio, mi Grupo Parlamentario hace una valoración negativa de las
previsiones de ingresos. Creo que si analizamos el comportamiento de la
recaudación en 1995, podemos llegar a una conclusión, que es que el
sistema tributario está exhausto, no puede responder a los cambios de la
actividad económica, no puede responder a la evolución favorable de la
actividad económica, debido a su rigidez o falta de elasticidad, y por lo
tanto los ingresos tributarios no se comportan como teóricamente deberían
comportarse. Además de eso, es posible que existan unos niveles de fraude
elevados, que dañan seriamente las previsiones de ingresos. Creo que 1995
es un ejemplo de esto, es un ejemplo de ejecución fallida sobre todo por
lo que respecta a los principales conceptos tributarios como el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el IVA.
El objetivo de déficit público en los presupuestos de 1996 se cuadra
principalmente partiendo de unas previsiones de ingresos que exceden en
mucho a la evolución o a la variación que han soportado las previsiones
de ingresos en 1995. Yo creo que esto pone en seria duda la credibilidad
de los presupuestos porque están partiendo de unos crecimientos de
ingresos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 9,1
por ciento y en el IVA del 14 por ciento. ¿Cómo es posible que se puedan
producir estos incrementos en la recaudación cuando en 1995, según las
previsiones de recaudación del Gobierno, el crecimiento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del IVA se ha situado en torno
al 5 por ciento, y, sin embargo, el cuadro macroeconómico no varía
sustancialmente? La evolución nominal del consumo va a ser
aproximadamente la misma que se prevé para 1995, el crecimiento nominal
de la economía va a ser también el mismo, y, además, no se acometen
reformas profundas que puedan justificar unos cambios en el
comportamiento de la recaudación tan sustanciales.
Si analizamos la evolución de ingresos en 1995 --creo que puede resultar
de interés a efectos de valorar la previsión de ingresos para 1996--
vemos, como ya he apuntado, que se producen unas desviaciones
sustanciales en el IVA y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, unas desviaciones de 221.000 millones y de 160.000.000 millones,
si comparamos la previsión de recaudación con el presupuesto inicial. Yo
le preguntaría al señor Secretario de Estado de Hacienda cómo pudo
manifestar hace aproximadamente dos semanas, el mismo día que se
presentaban los presupuestos para 1996 en esta misma Cámara, que la
recaudación iba bien y que se iban a cumplir las previsiones y los
objetivos del Gobierno, y, sin embargo, en las previsiones de recaudación
que aparecen recogidas en los documentos de presentación de los
Presupuestos Generales para 1996, se aprecian unas desviaciones de
221.000 millones y de 160.000 millones en el IVA y en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Ustedes, en 1995, están cuadrando el mal comportamiento de los ingresos
tributarios a través de ingresos atípicos y, además, incluso en ocasiones
a través de lo que en lenguaje coloquial se denominan artificios
contables. Le voy a poner de manifiesto alguno de esos artificios
contables. Por ejemplo, la contabilización de la prima de emisión
positiva de la deuda pública como un ingreso. Usted sabe que la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera y el criterio seguido en años
anteriores son contrarios a contabilizar esta prima de emisión positiva
como un ingreso, y debería ser tratada como un menor gasto financiero,
que se debería periodificar a lo largo de toda la vida de la deuda que la
generase. La contabilización como ingresos patrimoniales de las acciones
de Repsol, una desviación positiva también de 24.000 millones en la
partida de otras tasas, etcétera, y, luego, unos mayores ingresos
patrimoniales de 151.000 millones, es decir, ustedes en el presupuesto
del Estado pretenden alcanzar las previsiones iniciales a través de
mayores ingresos atípicos, porque el comportamiento de la recaudación
imputable a los principales conceptos tributarios no ha sido el que
inicialmente esperaban. Es cierto, como contrapartida a ese mal
comportamiento de la recaudación en el IVA y en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que en el Impuesto sobre Sociedades será
ostensiblemente mejor al inicialmente previsto, y también en impuestos
especiales y algo en tráfico exterior.
Centrándonos en las previsiones de crecimiento de ingresos para 1996,
como ya he manifestado, el proyecto de presupuestos para 1996 presenta
pocas modificaciones en las principales figuras tributarias que conforman
el sistema impositivo español. Sin embargo, las previsiones son
sustanciales, el incremento que se prevé es sustancial, porque en el IRPF
se prevé un crecimiento del 9,1 por ciento y en el IVA del 14 por ciento.
Esto nos lleva a preguntarnos, como ya he manifestado antes, ¿cuál es el
motivo por el cual el Gobierno espera ese crecimiento de la recaudación
cuando la situación económica o el escenario macroeconómico no varían
sustancialmente y no se acometen reformas de nuestro marco impositivo.
En el IRPF destacan además algunas medidas, como la deflactación de la
tarifa individual y de algunas de las deducciones que conforman el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En primer lugar,
quisiera manifestar que en opinión de mi Grupo resulta insuficiente esa
deflactación. Usted sabe que en los primeros ejercicios de aplicación de
la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no se
deflactó la tarifa. En 1995 se deflactó en un 3,5 por ciento, y
previsiblemente la evolución de la inflación va a ser superior en un
punto. Por tanto, la deflactación del 3,5 por ciento prevista resulta
insuficiente si tenemos en cuenta el comportamiento de la inflación. Por
otra parte, también existen algunas deducciones u otros parámetros del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que no se deflactan para
recoger el impacto de la inflación.
Quiero felicitar al Gobierno por recoger algunas de las propuestas del
Partido Popular, como aplicar como base de valoración para el rendimiento
presunto de la vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas el valor catastral y poner así fin a discriminaciones entre los
contribuyentes en función de la fecha de adquisición o de la antigüedad
de su vivienda y del precio por el que se ha formalizado la operación.
Creo que esta medida es positiva. Recoge las propuestas del Grupo
Parlamentario Popular y agradezco al Secretario de Estado de Hacienda y
al Gobierno que hayan rectificado su posición mantenida en otros debates
presupuestarios con relación a este punto.
El rendimiento neto de las actividades empresariales en régimen de
módulos se reduce en un 7,5 por ciento, frente al 8,5 por ciento de 1995.
Mi Grupo Parlamentario valora esta medida, como es lógico, de forma
negativa porque supondrá una vuelta de tuerca a la previsión fiscal que
soportarán los pequeños empresarios. Esta situación, unida al incremento
que se pueda derivar de la actualización de los módulos y a la presunción
de que el titular de la actividad trabaja en su propia empresa, va a
suponer un incremento importante para muchos pequeños empresarios de su
factura en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En el Impuesto sobre Sociedades la previsión de crecimiento de ingresos
para 1996 es de cerca de un 20 por ciento: el 19,23 por ciento si los
cálculos que hemos realizado son correctos. Quisiera preguntarle, en
primer lugar, qué estimación del presupuesto de gastos fiscales han
tenido en cuenta para hacer esta previsión de ingresos. Veo que en este
año han rectificado esa previsión en lo que podía suponer como gasto
fiscal la libertad de amortización ligada a las inversiones generadoras
de empleo. Nos ofrecen una horquilla extraordinariamente llamativa
--entre 45.000 y 200.000 millones de pesetas como coste de la aplicación
del régimen de libertad de amortización-- y le preguntaría cuál es la
previsión de ese gasto fiscal que han tenido en cuenta para elaborar la
previsión de ingresos para 1996.
Creo que el incremento que se prevé en el Impuesto sobre Sociedades es
extraordinariamente significativo, previsiblemente porque ustedes ya
parten también de la posible entrada en vigor de la nueva Ley del
Impuesto sobre sociedades, que va a introducir un recorte sustancial de
los incentivos fiscales. Entre ellos, se suprime la deducción por
adquisición de activo fijo nuevo; se suprime la deducción por creación de
empleo para trabajadores minusválidos; se recorta la deducción por I+D y
por actividad exportadora. Por tanto, ese incremento de la recaudación de
un 20 por ciento parece razonable a la luz del drástico recorte de
incentivos fiscales que piensa acometer su Gobierno. Desde esta
perspectiva, de nuevo mi Grupo Parlamentario hace una valoración negativa
en la medida en que el ajuste vuelve a recaer sobre unos mayores ingresos
tributarios, y en este caso sobre rentas de carácter empresarial.
Quisiera manifestar, antes de finalizar esta primera intervención, que en
el capítulo de impuestos especiales resulta muy llamativo el hecho de que
los tipos se puedan llegar a incrementar en algunos supuestos entre el
100 y el 128 por ciento. Parece extraordinariamente elevado este
incremento de los tipos. Quizás el Secretario de Estado podrá
proporcionarnos alguna información por la que se considera razonable y
justificada esta elevación de los tipos en esos porcentajes tan altos.
Para finalizar, voy a volver a reiterar cuál es nuestra posición en
cuanto a las previsiones de ingresos. Creo que si analizamos de dónde
venimos, qué está ocurriendo en 1995, el comportamiento de la recaudación
de los principales impuestos es extraordinariamente negativo, cosa que a
mi Grupo le sorprende muchísimo, como estoy seguro que comprenderá, sobre
todo considerando que las previsiones de ingresos que se apuntaban para
1995 podían ser parcas si teníamos en cuenta la evolución de los
principales indicadores económicos y la elasticidad que debía predicarse
de los principales impuestos. Estamos extraordinariamente sorprendidos de
ese comportamiento de la recaudación. No han cuadrado las cuentas en
1995. Ustedes están haciendo un esfuerzo por el capítulo de los atípicos;
están casi aplicando lo que en el lenguaje coloquial se denomina la
estrategia Banesto para cuadrar las finanzas públicas: pocos ingresos
ordinarios y muchos ingresos atípicos y algún que otro artificio
contable. Desde esa perspectiva, las previsiones de crecimiento para 1996
no tienen muchísima credibilidad. Mi Grupo Parlamentario está
extraordinariamente preocupado por el hecho de que el sistema tributario
no esté funcionando correctamente. Su comportamiento se está revelando
ineficaz, no responde a la evolución de las magnitudes económicas; parece
que existen unos niveles de fraude extraordinariamente significativos
y me gustaría que nos manifestara cuál es el motivo por el que el
Gobierno no acomete las reformas que resultarían necesarias para mejorar
el comportamiento de la recaudación.
Desde ese punto de vista el Gobierno asume una actitud pasiva; es decir,
no ha acometido reformas importantes en esta área. Las principales
medidas tributarias son pequeños retoques, alguna incluso como
consecuencia de la obligación de trasponer directivas comunitarias, pero
no se aprecia una modificación sustancial de algunos de los principales
impuestos con la finalidad de mejorar el comportamiento de la
recaudación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): El señor
Costa nos ha hecho una serie de consideraciones sobre cómo marchan los
ingresos en el año 1995 y sobre los ingresos en 1996. Creo que hay que
decir desde el principio que el señor Costa no tiene un sistema muy
adecuado de evaluar las previsiones de recaudación de los impuestos.
Recuerdo que el año pasado, en una comparecencia como ésta, dijo que la
previsión de 1995 era objeto de un ajuste agresivo --creo que utilizó ese
calificativo-- para enmascarar el crecimiento de los ingresos. Veo al
final de su intervención que sigue en esa misma línea.
Ya le dije en aquel momento que habíamos hecho unas previsiones muy
moderadas, adecuadas a la realidad. La verdad es que transcurridos ocho
meses del año 1995 en cuanto al resultado de la recaudación, parece que
el señor Costa no tenía razón, porque la recaudación no ha sido como él
decía. El año pasado señalaba que enmascarábamos los posibles ingresos
para evitar dar a conocer el crecimiento de la presión tributaria. Este
año utiliza el sistema contrario: dice que hacemos unas previsiones muy
altas. Yo creo que el señor Costa debería revisar su mecanismo de
determinar las previsiones de ingresos y acercarlas a la realidad.
Hace muy poco, precisamente el día que se presentaron estos presupuestos,
estuve en esta Comisión y comentamos la marcha de los ingresos en el año
1995. Dije que iba según las previsiones y lo vuelvo a repetir. Aquel día
habíamos presentado los presupuestos, conocía perfectamente los datos, y
le dije al señor Aguirre --así consta en esta documentación-- que hay una
diferencia de ingresos total entre las previsiones de ingresos y las
previsiones de recaudación de 1995 de 70.000 millones. También le dije
que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido íbamos según las previsiones y vamos
según las previsiones. hay que tener en cuenta que en recaudación bruta
estos impuestos llevan unos crecimientos del orden del 8 por ciento y que
hay una serie de datos diferentes, como son mayores devoluciones,
etcétera, que ponen de manifiesto la recaudación que veíamos en el mes de
septiembre y la que aparece aquí.
Creo que las consideraciones que hace el señor Costa sobre que existen
artificios contables, como suelen decir desde su Grupo, no son
admisibles. Bien sabe que no existen artificios contables --artificio
contable es no contabilizar--. Ha dicho que estamos haciendo artificios
contables y que estamos enmascarando la realidad o que estamos utilizando
no sé qué técnica. Esas son descalificaciones que no proceden. Se está
haciendo una contabilización absolutamente correcta de los ingresos.
En cuanto a cómo están siendo los ingresos en el año 1995, tenemos una
explicación que figura en la documentación que se ha presentado, adecuada
a cómo está siendo la recaudación en el año 1995 en función de las
previsiones que teníamos y en relación a las figuras más importantes, que
son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto
sobre el Valor Añadido. Está explicado en esta documentación, pero si
quiere vuelvo a decirlo. En relación con el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, podemos explicar que la recaudación sigue de
acuerdo con lo que estaba previsto. Sin embargo, se está produciendo una
menor recaudación en realidad en relación a la renta del capital
mobiliario, se están produciendo una variación de los contribuyentes y se
está cambiando activos que no determinan un rendimiento por el impuesto
sobre el capital mobiliario, y en términos generales podemos decir que la
recaudación del impuesto es correcta. En la recaudación de la cuota
diferencial del año 1994, ocurrida en junio de 1995, se ha obtenido una
menor recaudación de la esperada, si bien se corresponde con menores
peticiones de devolución; por tanto, la recaudación de la cuota
diferencial se ha producido de acuerdo con lo esperado. Lo que ocurre es
que su reflejo en la recaudación del año 1995 es diferente porque la
previsión de recaudación se recoge toda en la recaudación de 1995, pero
no así las devoluciones, porque, como bien conoce el señor Costa, el
plazo legal de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas llega hasta 1996, en el mes de enero y, por
consiguiente, a efectos presupuestarios de caja es ejercicio de 1996.
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, creo que estamos asistiendo
a una recaudación en la que se están poniendo de manifiesto por un lado,
algunas cuestiones, como el reflejo que está teniendo en esta recaudación
el decalaje que ya vimos el año pasado, que se ha aplicado este año por
primera vez, y eso ha producido una reducción de la recaudación de 60.000
millones. Se está produciendo un mayor impacto del efecto del decreto que
hubo el año anterior para aplicar las devoluciones rápidas a más sectores
del sector exterior. Esto nos está produciendo, en el año 1995, un
impacto de un aumento considerable de las devoluciones; por eso le decía
que cuando se observa la recaudación bruta del Impuesto sobre el Valor
Añadido se puede decir que se está recaudando según las previsiones, y
estas devoluciones están produciendo un efecto cercano a los 120.000
millones.
Estas son las circunstancias que influyen en las recaudaciones del año
1995. hay que decir que estas recaudaciones marchan según lo previsto con
las incidencias que son conocidas, que se han comentado y que en ningún
caso se han ocultado. Por tanto, no estoy de acuerdo en lo que señala el
señor Costa sobre que el sistema tributario español
está funcionando con falta de elasticidad o con unos altos niveles de
fraude. Bien sabe que se están desarrollando unas actuaciones
contundentes contra el fraude, que está mejorando considerablemente el
cumplimiento de las obligaciones en los períodos voluntarios de los
contribuyentes españoles y que en estos períodos estamos avanzando de
manera importante.
En cuanto a las previsiones de ingresos del año 1995, le quiero decir
antes que las consideraciones que hace sobre la contabilización de las
primas positivas como ingreso no son correctas. Estas primas siempre se
han considerado como ingresos, figuran como tales en el capítulo 3 de
ingresos y se hace una imputación de ellas en función del período de vida
de los títulos a los que corresponden. Por consiguiente, aquí hay una
contabilización correcta, como así lo es la contabilización de la venta
de acciones de la sociedad Repsol y de otras tasas. No sé a qué se
refiere el señor Costa cuando habla de artificios contables, pero si
piensa que hay artificios contables, lo debería poner de manifiesto.
Pasando al año 1996, es importante decir, en primer lugar, que las
previsiones que se hacen sobre los ingresos del año 1996 aparecen, como
no puede ser de otra manera, ajustadas a la realidad económica y, al
mismo tiempo, según las modificaciones que se contienen en el impuesto.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, donde hay una
previsión total de ingresos que viene precedida de la consideración que
en 1996 va a tener el nuevo sistema de deducción de dividendos para
evitar la doble imposición interna que va a producir una menor
recaudación de 34.000 millones de pesetas, va a haber un impacto en la
recaudación de 1996 de la deflactación de la tarifa de 1995 de unos
57.000 millones y va a haber también un impacto cercano a los 100.000
millones de pesetas de la deflactación de la tarifa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en el año 1996. Por lo demás, este impuesto
y las previsiones están realizadas en función de las recaudaciones para
el año 1995, habida cuenta del incremento del PIB y de una elasticidad en
la recaudación de un 1,5 por ciento con relación a las previsiones del
año anterior. Por tanto, es una previsión correcta que espero podamos
alcanzar perfectamente y que no comporta una ocultación de ingresos que
no se hayan de producir.
En lo referente a las previsiones del Impuesto sobre Sociedades, el señor
Costa también hace unas consideraciones que no proceden, acerca de que en
la Ley del Impuesto de Sociedades hay un gran recorte de los mecanismos
de incentivos a la inversión, cuando bien sabe el señor Costa que eso no
es cierto. En estas previsiones, en el Impuesto de Sociedades, y es así
como se pone de manifiesto en la memoria que se ha acompañado al proyecto
de ley del Impuesto sobre Sociedades, el proyecto de ley, lo he dicho en
otras ocasiones y lo vuelvo a repetir ahora, es neutro respecto a la
recaudación. Por otro lado, existen una serie de incentivos nuevos a la
inversión en el Impuesto sobre Sociedades, en contra de lo que dice el
señor Costa, que se empeña en decir que es un proyecto de ley que recorta
los mecanismos para incentivar la inversión; al contrario, es un impuesto
que prevé mejoras sustantivas para la financiación de las empresas. Así,
por ejemplo, se ha referido a una serie de cosas que no son correctas,
pero no ha dicho nada sobre el nuevo tratamiento de las plusvalías
puestas de manifiesto en la enajenación de activos, ni sobre el nuevo
tratamiento para las pymes; en fin, no ha hecho una serie de
consideraciones en este sentido, aunque creo que se ha referido a algunas
pero no correctamente. Por tanto, en el Impuesto sobre Sociedades aparece
realizada una previsión teniendo en cuenta, primero, que en el año 1996
el impuesto según la nueva regulación contenida en el proyecto de ley que
se ha remitido a la Cámara tendrá un efecto neutral en la recaudación. En
segundo lugar, se ha tenido en cuenta el elemento económico sobre el que
se sustenta este impuesto, que son los beneficios empresariales, su
marcha durante 1995 y, por tanto, las previsiones de crecimiento de este
impuesto en el año 1996, y también se ha tenido en cuenta cómo ha de ir
la imposición sobre la renta de capital en el año 1996.
Por otro lado, el señor Costa preguntaba qué gastos fiscales se han
tenido en cuenta al efecto de realizar la previsión en el Impuesto sobre
Sociedades, pero el señor Costa conoce --y aparece así bien explicado en
la memoria que se acompaña a estos presupuestos-- que en dicha memoria
estos gastos fiscales aparecen en función del criterio de caja y están
referidos al año 1996. Por tanto, los gastos fiscales que se han tenido
en cuenta para determinar las previsiones de recaudación son los que
aparecen recogidos en la memoria. En consecuencia, en el Impuesto sobre
Sociedades tampoco hay ocultación de una mayor recaudación que se ha de
producir por aplicación de la ley del Impuesto sobre Sociedades, porque,
además, señor Costa, aunque eso fuese así, eso tendría efecto en el año
1997, pero ya le digo que no va a ser así y que en el año 1997 habrá un
efecto de neutralidad.
Por otro lado, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido hay que
tener en cuenta, en primer lugar, que en el cuadro macroeconómico no
existe la misma previsión de consumo interno en 1995 que en 1996, como
decía el señor Costa, sino que hay una diferencia fundamental: en 1995 el
crecimiento del consumo interno ha sido del 1,9 por ciento en relación
con 1994, y en 1996 se espera una reanimación del consumo y que alcance
un crecimiento de un 3 por ciento. Por consiguiente, la base económica
sobre la que descansa la recaudación de este impuesto varía, no se
mantiene igual, como usted dice, sino que varía con una cierta
intensidad, y, por otro lado, las consideraciones más importantes que va
a producir la recaudación que está prevista en esta documentación son la
no incidencia de los efectos negativos que están afectando a la
recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido en 1995. En 1996 no
tendremos el efecto producido por las devoluciones rápidas, que fue un
efecto que se ha producido como nuevo este año y que ha supuesto 120.000
millones, ni los efectos producidos por el decalaje, ni los efectos
provenientes de otras circunstancias anteriores que también están
produciéndose en 1995 con incidencia sobre la recaudación. Por contra,
aún en 1996 se producirá, referido al último trimestre de 1995, una
recaudación aproximadamente de 50.000 millones procedente de la
modificación de tipos en 1995. También
aquí hay que decir que las previsiones que se realizan en la
documentación que acompaña a los presupuestos son unas previsiones
correctas.
Volviendo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y siguiendo
las notas que yo tenía aquí, yo creo que el señor Costa hace dos
consideraciones que me gustaría comentar. La primera es en relación con
la deflactación de la tarifa. La deflactación de la tarifa es una
reducción de la tarifa que tiene una importancia grande durante el
ejercicio y que tendrá una incidencia en recaudación de unos 100.000
millones de pesetas, y, por otro lado, hace unas consideraciones que no
estimo correctas y que se refieren a la reducción de módulos. Sobre esta
cuestión he de decirle que la reducción del 7,5 por ciento que se
contiene en el proyecto es correcta. Significa que los rendimientos que
se determinen por el mecanismo de módulos, estos rendimientos que son los
que corresponden a la realidad económica a su vez se reducen en un 7,5
por ciento. El lo interpreta diciendo que lo reducimos menos que el año
anterior, pero la verdad es que se reduce un 7,5 por ciento sobre lo que
debía ser su nivel normal, y, por otro lado, se anticipa a la realidad,
se anticipa al tiempo y ya dice que va a haber una vuelta de tuerca
mediante la revisión de los módulos. Yo creo que el señor Costa debería
esperar a los módulos. En 1995 el incremento de los rendimientos de
módulos estuvo, como ustedes bien conocen, por debajo del incremento del
índice de precios al consumo, y, además, este año no sólo incide esta
cuestión, sino que hay la necesidad de revisar los estudios económicos
para aquellas actividades cuyos estudios ya se realizaron hace tres años,
y, en consecuencia, en este momento no hay nada que nos pueda llevar a
decir, en la forma que lo dice el señor Costa, que la determinación de
los rendimientos de módulos va a ser una vuelta de tuerca, sino que más
bien habrá que pensar, como en el año anterior, que la determinación de
los rendimientos para las pequeñas y medianas empresas individuales
tendrá la misma consideración que el año anterior, con un crecimiento muy
moderado, por debajo del crecimiento del IPC, y, al mismo tiempo, con una
reducción sobre ese rendimiento del 7,5 por ciento previsto en la ley del
impuesto. Por tanto, no se espera un aumento de la imposición de estas
pequeñas y medianas empresas sino, al contrario, un tratamiento muy
adecuado en el impuesto. Ya sé que al señor Costa no le gustan estas
cuestiones, pero la realidad es como es y como nos estamos refiriendo a
cosas que han de producirse durante el mes de noviembre, es difícil
vaticinar sobre lo que va a ocurrir, estando como estamos aún a día 10
del mes de octubre.
Por otro lado, en cuanto a los impuestos especiales, el señor Costa se
fija y dice que hay impuestos especiales que tienen una elevación del 100
ó del 120 por ciento. Lo cierto es que en esta ley de presupuestos lo que
se hace con respecto a los impuestos especiales es actualizar los tipos
de aquellos impuestos que tienen una imposición específica al efecto de
que la inflación no determine una menor imposición en estos impuestos
especiales y, al mismo tiempo, también para que se adecuen a los tipos
establecidos. En ese sentido hay una adaptación de los tipos específicos
del hidrocarburo, hay una adaptación del impuesto sobre alcoholes, del
impuesto sobre cervezas, aunque tanto en alcoholes como en cervezas hay
una elevación por encima de esta adaptación de la tarifa, y, por último,
también hay una adecuación de la imposición sobre el tabaco en primer
lugar al nivel mínimo exigido por la normativa europea. En cualquier
caso, el resultado de estas imposiciones es --y es perfectamente
conocido-- que nuestra imposición especial, tanto en hidrocarburos, como
en los impuestos sobre alcoholes, como en los impuestos sobre tabacos, es
más baja que en los países europeos en líneas generales. Por ejemplo, en
el impuesto sobre hidrocarburos la carga impositiva en España es
aproximadamente, para gasolina con plomo, del 69,30 por ciento (la media
europea sobre este particular es de 74,80 por ciento); en gasolina sin
plomo es el 67,70 por ciento (la media europea es del 72,30 por ciento);
en gasóleo para usos generales el 64,20 por ciento (la media europea es
del 66,20 por ciento); y en gasóleo combustible es el 40,50 por ciento
(la media europea es el 49,30 por ciento). También --y esto es lógico--
los precios de gasolina o los precios de alcoholes o de cervezas son más
bajos en España que en el resto de los países europeos, siendo así que
los costes en origen, especialmente en hidrocarburos, son exactamente los
mismos.
No sé en qué tipo especial se habrá fijado S. S. que pueda subir el 100 ó
el 120 por ciento, pero lo cierto es que en impuestos especiales lo que
hay es en términos generales una adaptación de los tipos y las tarifas a
la inflación, y en España seguimos manteniendo una imposición especial
mucho más baja que en el resto de los países europeos. Por tanto, creo
que sus consideraciones sobre esta cuestión también deberían ser objeto
de cambio en este sentido.
Por último, el señor Costa, en base a estas consideraciones, hace una
serie de reflexiones más generales sobre la adecuación o no del sistema
tributario, sobre la reforma o no del sistema tributario, sobre si no se
hacen o sí se hacen reformas del sistema tributario, yo creo que de forma
poco consistente con lo que he dicho anteriormente, porque el señor Costa
conoce bien que tenemos una Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del año 1991, que para el año 1992 se varió el Impuesto
sobre el Valor Añadido y los impuestos especiales y que en estos momentos
estamos asistiendo a la tramitación parlamentaria del Impuesto sobre
Sociedades. Por tanto, a esto que dice el señor Costa de que no se
reforma el sistema, que el sistema es inadecuado, hay que contestar que
el sistema impositivo español tiene muy poca historia, los impuestos se
han modificado sustancialmente en los últimos cuatro años, y, por tanto,
tenemos un sistema fiscal adecuado a la realidad, adecuado a la realidad
económica y que funciona con la elasticidad conveniente. Otra cosa es, y
yo lo entiendo, que al señor Costa este sistema fiscal no le guste, me
parece muy bien, pero lo que no puede decir es que el sistema no se ha
reformado o que las leyes no recogen la realidad o que no sirven para la
situación presente.
Le quiero decir que la misma situación que existe en España en relación
con los ingresos se está dando en los demás países. En los demás países
europeos las recaudaciones durante el año 1995 están teniendo las mismas
dificultades, por llamarlo así, que están teniendo en España.
Por tanto, no es un problema especial del sistema tributario español,
sino que es el reflejo de cuál es la situación económica en la que nos
estamos desenvolviendo.
Le repito, por tanto, que durante el año 1995 las previsiones de ingresos
funcionan de acuerdo con lo previsto y que las diferencias que se ponen
de manifiesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en
el Impuesto sobre el Valor Añadido tienen su causa en las circunstancias
que le había comentado y que las previsiones que se contienen en estos
presupuestos son unas previsiones adecuadas.
hay que decir, por último, y yo creo que esto es algo que se debe
reconocer con la previsión de impuestos, tanto para el año 1995 como para
el 1996, que ni en el año 1995 ni en el 1996 se ha elevado la presión
fiscal en España. Esta fue una cuestión que ya discutimos el año anterior
y que vuelve a estar presente en 1995. Estas previsiones no determinan un
aumento de la presión fiscal global en España. En este sentido, hay que
poner de manifiesto --y yo así lo hago-- cómo España, al contrario que
otros países europeos como por ejemplo Francia, Alemania, Bélgica o
Inglaterra, está siguiendo el programa de convergencia y está adecuando
sus actuaciones presupuestarias a lo previsto en el Tratado de Maastricht
sin aumentar la presión fiscal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Secretario de Estado por sus
explicaciones, aunque, como comprenderá, no puedo compartir prácticamente
nada de lo que ha dicho, sobre todo en lo que se refiere a respuestas a
cuestiones que le plantea mi Grupo.
Me sorprende que usted tenga grabado a sangre y fuego cuáles fueron mis
consideraciones el año pasado al celebrar esta misma comparecencia, y se
lo agradezco. Usted se ha encargado de repetirlo durante todo el año en
todas aquellas comparecencias a las que ha concurrido y ha tenido la
oportunidad de comentarlo. Probablemente, si se le ha quedado grabado a
sangre y fuego esto, a diferencia de otras cuestiones que yo apunté, es
porque mi Grupo Parlamentario hacía unas previsiones razonables y
justificadas. Usted sabe que en las previsiones de ingresos recogidas en
el presupuesto para 1995 el Ministerio fue parco, estoy convencido de que
usted lo sabe, y probablemente ése es el motivo por el que no se le ha
olvidado nunca que mi Grupo Parlamentario hiciera esa consideración.
Dejando eso de lado, voy a volver a repetir que las previsiones para 1996
--y ya se han encargado de ponerlo de manifiesto algunos analistas-- si
tenemos en cuenta el comportamiento de la recaudación en 1995, son
previsiones poco creíbles. Ojalá tengamos un sistema tributario en estos
momentos capaz de responder y crecer en esos términos sin cambios
normativos, pero yo tengo que poner de manifiesto que parecen poco
creíbles si vemos el comportamiento de la recaudación en 1995. Eso es un
hecho, es decir, eso no es discutible. Todos esos argumentos y todas esas
razones que usted se ha encargado de apuntar sobre la evolución de la
economía o factores coyunturales que pueden incidir en las previsiones
presupuestarias de 1996 son exactamente los mismos, salvo pequeñísimas
diferencias, que los que ustedes mismos apuntaban para 1995; exactamente
los mismos, salvo pequeñísimas diferencias.
Ha manifestado, aunque me esté anticipando, por ejemplo, que el consumo
va a experimentar un cambio de tendencia significativo. Es cierto que el
consumo real puede experimentar un cambio de tendencia o, según el
escenario que se dibuja, puede crecer por encima del crecimiento real
previsto para 1995. Eso es cierto, pero yo he hablado de crecimiento
nominal, y con el comportamiento de la inflación este año usted sabe que
el crecimiento nominal del consumo puede ser muy similar si se cumple el
escenario macroeconómico que ustedes dibujan en los presupuestos.
Con relación a la recaudación de 1995 es cierto que la desviación del
presupuesto de ingresos del Estado se situará en torno a 70.000 millones
de pesetas, pero ustedes alcanzan esa cifra a través de un comportamiento
muy variopinto de las distintas partidas que integran el presupuesto de
ingresos, y eso tampoco me lo puede negar. Es decir, ¿es cierto o no es
cierto que según la previsión de recaudación de 1995 el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas va a tener un comportamiento negativo de
221.000 millones? Estoy comparando sus cifras de previsión de recaudación
de 1995 con presupuesto inicial para 1995: 221.000 millones. En el IVA,
comparando las mismas magnitudes, previsión de recaudación para 1995 con
presupuesto inicial para 1995, 160.000 millones de pesetas. Yo creo que
estas cifras, que por otra parte son cifras públicas, conocidas y que
figuran en la documentación presupuestaria, permiten firmar que el
comportamiento de la recaudación por los principales conceptos
tributarios ha sido negativo con relación a las previsiones
presupuestarias que elaboró el Gobierno para el ejercicio en curso.
Además, resulta extraordinariamente significativo que ustedes en estos
momentos intenten justificar el comportamiento de la recaudación en el
IVA hablando de cosas de las que ya hablamos el año pasado y que
teóricamente se habían tenido en cuenta a la hora de elaborar la
previsión presupuestaria. Yo recuerdo que en esa comparecencia, y además
me sorprendió porque era algo en lo que no había pensado mi Grupo, se
habló del impacto del decalaje y de la ampliación del régimen de
devolución de los exportadores. Mi Grupo no había considerado eso y le
agradecí la explicación. Entonces, lo que no comprendo es cómo pudo usted
manifestar que se habían tenido en cuenta esos factores para elaborar la
previsión de ingresos para 1995 y ahora manifiesta que el comportamiento
del IVA por debajo de lo que inicialmente se esperaba es debido a estos
dos factores. Yo creo que ese planteamiento es contradictorio, es decir,
o lo tuvieron en cuenta en 1995 o no lo tuvieron en cuenta en 1995,
presupuestaron incorrectamente y ahora está apareciendo el impacto de
estos dos factores.
En cualquier caso, le voy a decir una cosa. La recaudación en 1995 con
respecto a 1994, con estas cifras, va a experimentar un crecimiento en el
IVA de aproximadamente un 5 por ciento. Me parece que es un crecimiento
extraordinariamente parco si tenemos en cuenta que ustedes aprobaron
una modificación tributaria en el Impuesto sobre el Valor Añadido
consistente en el incremento en un punto de los tipos del IVA. Que la
recaudación en el IVA se comporte por debajo del crecimiento nominal
teniendo en cuenta que se ha subido en un punto, es decir, que se han
subido los tipos del IVA en un punto, parece, cuando menos, algo
sorprendente y que requiere una explicación adicional al margen de estas
dos modificaciones normativas que teóricamente ya se tuvieron en cuenta a
la hora de hacer las previsiones de ingresos para 1995. Le preguntaría,
al hilo de esto, si el señor Secretario de Estado de Hacienda tiene
alguna estimación de cuál es la relación entre esa subida en un punto del
IVA y el fraude fiscal en este impuesto, y qué estimación de fraude
fiscal es de la que parte el Ministerio.
Tendremos, además, probablemente, la oportunidad de hablar del plan de
lucha contra el fraude fiscal, ese plan que usted me ha recordado con sus
explicaciones, al que ha hecho referencia como uno de los grandes
esfuerzos del Gobierno y desde luego mi Grupo Parlamentario no tiene por
menos que aplaudir en estos momentos esta manifestación de interés en la
lucha contra el fraude. Creo que cualquiera de los grupos de esta Cámara
está de acuerdo en luchar contra el fraude fiscal y está de acuerdo en
que el fraude es una quiebra del principio de equidad y que lo que no
pagan unos, como dice el Tribunal Constitucional, lo tienen que pagar
otros a través de mayores subidas de impuestos.
Pero lo que no puedo admitir es que el Gobierno esté aplicando de forma
drástica las recomendaciones y el plan de lucha. Serán cuestionables en
algunos aspectos algunas propuestas concretas o no; algunas, a lo mejor,
ni siquiera las acepta el Gobierno, pero lo cierto es que al margen de
algunas medidas puntuales, básicamente normativas y de corte represivo,
parece que no está en el ánimo del Gobierno una aplicación continuada y
exhaustiva de este plan de lucha contra el fraude.
Creo que puede ser de interés que celebremos otra comparecencia y haga
referencia a las medidas que está aplicando al Gobierno, pero a las de
verdad, no a algunas de las que aparecían en el plan como, por ejemplo,
elaborar una carta de derechos del contribuyente, por un lado, y como
segunda medida distribuir la carta de derechos del contribuyente, algo
extraordinariamente sorprendente. De esa manera es muy fácil aprobar un
plan con cientos de medidas si las estamos duplicando o estamos
incluyendo ese tipo de matizaciones.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas he hablado de
algunos aspectos a los que usted ha hecho referencia también, como por
ejemplo la deflactación de la tarifa. He manifestado que no se deflactan
todos los parámetros del impuesto; por ejemplo la deducción por alquiler
creo que no se deflacta, y algún otro más. Todos los parámetros son todas
las magnitudes económicas que inciden en el impuesto, y no se deflactan
todos, se deflacta la tarifa y algunas deducciones, pero no todos los
parámetros.
Lo que he manifestado es que, teniendo en cuenta los primeros años de
vigencia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas --en el
ejercicio pasado se deflactó la tarifa en un 3,5 por ciento--, la
deflactación propuesta por el Gobierno en estos momentos es insuficiente.
¿Qué es una rebaja de la tarifa? Es una adecuación de la tarifa al
impacto de la inflación, eso es lo que es una deflactación, y si el
Gobierno no es capaz de deflactar la tarifa en función del comportamiento
y la evolución real de la inflación, estamos encubiertamente subiendo,
mucho o poco, pero subiendo, los impuestos de los ciudadanos españoles.
Esto creo que es algo que no admite ninguna duda y usted estará
absolutamente de acuerdo conmigo en ello.
En cuanto a los módulos, a lo mejor a usted le molesta que mi Grupo
Parlamentario manifieste que sube la tributación si la reducción es del
7,5 este año y en cambio en el ejercicio anterior fue del 8,5. Creo que
también es un hecho innegable que si este año se reducen menos los
módulos que en el ejercicio anterior, la tributación de los sujetos
pasivos acogidos a este régimen fiscal va a ser superior. ¿Le molesta? Lo
siento mucho, pero esto es así y creo que tampoco admite mayores
matizaciones y pienso que estoy siendo algo riguroso explicando qué es lo
que queremos manifestar con esto. El problema de los módulos es que no
deben reconocer el beneficio real, entre comillas, de los sectores o de
las actividades, quizá por el sistema que el Gobierno utiliza para
elaborar o cuantificar los parámetros que tienen que incidir en el
beneficio de las actividades empresariales.
En el Impuesto sobre Sociedades me ha reprochado que no me haya acordado
de ciertas cosas que se modifican. Voy a recordarle qué es lo que he
manifestado. He dicho, por un lado, que en el marco tributario que afecta
al Impuesto sobre Sociedades se recortan incentivos fiscales, por una
parte porque no se incluyen incentivos coyunturales para el próximo
ejercicio, como la deducción por inversión en activo fijo nuevo. ¿Es
cierto eso o no? Además, porque la nueva Ley del Impuesto sobre
Sociedades introduce recortes en los incentivos fiscales.
Le pregunto al señor Secretario de Estado de Hacienda, ¿es cierto que se
restringe, se condiciona la aplicación de la deducción por actividad
exportadora? Es cierto. ¿Es cierto que se restringe la deducción por I+D?
Creo que es cierto. ¿Es cierto que se reducen los límites para aplicar el
conjunto de las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades? Es cierto.
¿Es cierto que se suprime la exención por reinversión? Usted
paradójicamente me ha hablado de las bondades del sistema de
diferimiento, que es un sistema muy razonable, neutral, positivo y mi
Grupo Parlamentario no la ha criticado, pero lo cierto es que en términos
de tributación es probablemente peor un sistema de diferimiento que un
sistema de exención por reinversión. Creo que eso no lo duda nadie,
aunque técnicamente sea más razonable el sistema de diferimiento. Esa no
es una de las grandes bondades de la reforma; es decir, la reforma del
Impuesto, o el proyecto de ley o el texto que se está tramitando tiene
cosas positivas, pero lo que es innegable es que acomete un recorte
drástico de los incentivos fiscales, como lo he apuntado --se lo puedo
volver a recordar--, en activo fijo nuevo, en actividad exportadora, en
I+D, minusválidos y en el límite conjunto para la aplicación de las
deducciones.
Es cierto, en eso tiene usted razón, que el impacto importante de esta
reforma se verá en 1997. Es una corrección y una matización que me ha
hecho en la que estoy absolutamente de acuerdo.
En los impuestos especiales los tipos de 100, 128 por ciento, si no
recuerdo mal, corresponden al régimen de los cosecheros. Le he preguntado
cuál es el motivo. No he hecho ninguna disquisición sobre la evolución de
la recaudación de los impuestos especiales ni sobre las subidas o no en
los impuestos especiales, solamente me he referido a esta subida tan
llamativa y lo que le he preguntado es si usted podía justificarnos o
darnos alguna explicación sobre las razones por las que se produce esta
subida tan llamativa en los impuestos especiales para este tipo de
actividad.
Ha finalizado usted haciendo unas consideraciones genéricas sobre las
reformas tributarias en marcha en nuestro país y sobre el hecho de que
estaba planteando la necesidad de acometer reformas, cuando lo cierto es
que el Gobierno está reformando prácticamente de cabo a rabo todo el
sistema impositivo y en el breve espacio de tiempo comprendido entre 1991
y 1995.
La reforma del IRPF de 1995 nació vieja y usted debería estar de acuerdo
con ello. Creo que España, junto con no sé si es Suiza o Luxemburgo, es
el único país de la OCDE que tiene una tarifa de más de siete tramos,
usted lo sabe, y en la que no se han acometido reducciones sustanciales
de los tipos marginales máximos, y no sólo de éstos, sino también del
mínimo. Usted sabe que el tipo marginal mínimo del IRPF, es decir, el
tipo que se aplica a los contribuyentes con rentas más bajas, en España
es de los más altos, es del 20 por ciento, y no hay más que acudir a la
comparación de las tarifas en los países desarrollados; todos los países,
prácticamente sin excepción, han reducido drásticamente sus tipos
marginales en los últimos años, aunque algunos estén en tipos del 50 por
ciento o superiores, como es el caso de España, pero lo que tiene que
analizar el Ministerio es de dónde vienen esos países y verá que algunos
de ellos tenían tipos del más del 60 por ciento y los han bajado a por
encima del 50 por ciento. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho ningún
esfuerzo por reducir los tipos marginales del IRPF para rentas altas y
bajas. En definitiva, tenemos un impuesto sobre la Renta del año 1991 más
propio de la década de los setenta por la composición y la estructura de
la tarifa y que, además, no tiene en cuenta planteamientos que son
absolutamente imprescindibles en un sistema tributario moderno.
Es cierto que tenemos una modificación del IVA que es consecuencia de los
mandatos de las directivas comunitarias. En el IVA el margen de maniobra
que tiene el Gobierno es bastante reducido, aunque es cierto, y no podrá
negarlo tampoco el señor Secretario de Estado de Hacienda, que las
directivas comunitarias nos permiten cierto margen en algunos aspectos en
los que no está de acuerdo el Ministerio con los planteamientos que
realiza o que ha realizado en algún momento determinado el Grupo
Parlamentario Popular.
Finalmente voy a acabar manifestando que en el año 1996 se incorpore o no
un incremento de la presión tributaria --vamos a hablar de la pensión
tributaria y dejemos de lado la presión fiscal-- va a depender de muchos
factores. El primer factor del que va a depender es si se aplican o no
estos presupuestos, si estos presupuestos son devueltos o qué es lo que
va a ocurrir con ellos. Le voy a señalar una cosa. Si comparamos la
previsión de ingresos para 1996, con la previsión de recaudación para
1995, si nos ceñimos a los ingresos tributarios, estos presupuestos
incorporan un incremento de la presión tributaria del 0,7 por ciento.
Ustedes, en la documentación de presentación de los presupuestos, han
comparado presupuesto inicial de 1996 con presupuesto inicial de 1995, y
además han hablado de presión fiscal en lugar de presión tributaria. Si
hablan de presión tributaria y comparan previsión de recaudación con
presupuesto inicial para 1996, el incremento de la presión tributaria
será de 0,7 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): En realidad,
señor Costa, no es que tenga grabado a sangre y fuego lo que usted dijo
sobre las previsiones de recaudación del año 1995, es simplemente que
está escrito en el «Diario de Sesiones».
Yo creo que usted puede considerar que no son creíbles las previsiones,
está usted en su derecho, pero podríamos ver los argumentos. Y cuando veo
sus argumentos entiendo que no son suficientes para no hacer creíbles las
cifras, tanto del año 1995 como del año 1996. Usted dice que la
recaudación de 1995 ha sido negativa según las previsiones. Pues bien,
eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de las razones por las cuales
se han producido estas previsiones y éstas son, entre otras, que se han
aumentado las devoluciones, por ejemplo, en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Ya les dije el año anterior, cómo habían afectado las modificaciones
legales que tenían lugar en el IVA, y les hablé del decalaje, de las
mayores devoluciones, etcétera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que
ha ocurrido es que han tenido un impacto mayor del que habíamos previsto
y, por otro lado, también han tenido impacto en la recaudación del IVA,
cómo ha ido el consumo durante el año 1995 y cómo ha sido el desarrollo
de la actividad española. Si usted examina cómo ha ido la actividad
económica española durante el año 1995, se dará cuenta de que el
crecimiento ha estado basado, por un lado, en el crecimiento de la
inversión y, por otro, en el crecimiento de la actividad exterior, tanto
en exportaciones, como en importaciones. Cuando considere la evolución de
estas magnitudes económicas en la recaudación del Impuesto sobre el Valor
Añadido, verá que estas evoluciones y estos parámetros determinan un
crecimiento menor en la recaudación de lo que fuera de esperar, porque el
tratamiento de inversión, el tratamiento de exportaciones y el
tratamiento de importaciones, no determinan en el Impuesto sobre el Valor
Añadido una recaudación inmediata, sino que hay una gran parte, la parte
de exportación, que está ajena al Impuesto, la importación, que permite
unas deducciones posteriores, deducciones que están padeciendo las
grandes empresas, de las
importaciones realizadas en años anteriores, y todo eso determina la
evolución de los parámetros y de la recaudación del IVA en el año 1995.
Por tanto, usted vuelve a incidir en las mismas consideraciones que hizo
en la primera parte, por lo que le digo los mismos argumentos y le amplío
un poco la marcha de estas magnitudes económicas.
Por otro lado, yo creo que durante el año 1996, como ya se hizo en 1995,
se está procediendo a una actuación clara en el orden de la lucha contra
el fraude fiscal. Usted vuelve a hacer, como hizo antes en relación a los
módulos, algunas consideraciones sobre cuestiones que probablemente no
conoce y dice que el Gobierno no está aplicando el plan de lucha contra
el fraude, pero eso no es correcto. El Gobierno está aplicando
correctamente el plan de lucha contra el fraude. Sabe bien que se
estableció un plan de lucha contra el fraude que contenía 143 programas y
que estos programas incluían 448 medidas. Se está siguiendo perfectamente
la aplicación de este plan de lucha contra el fraude; estamos haciendo
seguimientos trimestrales de este plan y se está desarrollando con un
alto grado de satisfacción. Le puedo decir que en el último dato que
tenemos, que es de finales del primer semestre, se habían cumplido el 89
por ciento de los objetivos de actuación del plan.
Tendré mucho gusto en venir por aquí en otra ocasión y hablarles del plan
de lucha contra el fraude; pero me gustaría que no hablase de algo que no
conoce y diga que el Gobierno no está aplicando el plan de lucha contra
el fraude.
El plan de lucha contra el fraude, según el informe que hicieron los
expertos, se plasmó en un plan, y usted lo sabe bien. Y este plan tuvimos
ocasión de discutirlo el año pasado en esta Comisión, vimos cómo era, qué
medidas había que incluir. Tuvimos, es verdad, un gran grado de acuerdo
entre todos los grupos sobre las cuestiones que debían meterse. Este plan
se presentó a principios de año, se aprobó por el Gobierno, se viene
realizando, se lo aseguro, y lo está aplicando el Gobierno adecuadamente,
cuando quiera hablaremos de esta cuestión, señor Costa.
Con respecto a los módulos tengo que decirle que lo cierto es que hay que
remontarse a la historia para saber qué pasó con ellos. En la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas está recogido como los
módulos determinan, a través de este procedimiento, el rendimiento de
determinados empresarios individuales que se acogen a él --y esto es
importante recordarlo-- voluntariamente. Se estableció un mecanismo, se
hicieron unos estudios, etcétera. Estaba funcionando correctamente el
procedimiento de determinar los rendimientos a través del mecanismo de
módulos, cuando ocurrió la situación de crisis de la economía en el año
1993. En ese momento, a través de un decreto ley se estableció, para
adecuar los rendimientos de las pequeñas empresas individuales a la
situación económica, y habida cuenta del carácter objetivo del
procedimiento de determinación de rendimientos que significan los
módulos, una reducción del rendimiento de los módulos para aquel año del
10 por ciento, y conoce cómo lo que se va realizando es una adecuación de
esta reducción a una mejora general de la economía.
Por tanto, le dé las vueltas que le dé, lo cierto es que en el año 1996
los rendimientos de módulos tendrán una reducción del 7,5 por ciento
sobre lo que es su rendimiento normal. Usted lo puede explicar como usted
quiera, pero ésa es la realidad. La realidad es que hay una reducción
sobre el rendimiento normal. Por consiguiente, creo que los módulos son
un procedimiento adecuado. Usted ha dicho que los módulos tienen un
problema y es que no permiten conocer cuál es el resultado real. Yo creo
que se equivoca, señor Costa. Los módulos están basados en una serie de
estudios económicos que determinan los parámetros, los rendimientos y,
como sabemos, la aplicación del sistema de módulos es absolutamente
voluntaria. De hecho aquellos contribuyentes que consideran, y eso es
lógico porque es un sistema objetivo, que el sistema objetivo no
determina adecuadamente su rendimiento, pueden no aplicárselo, cosa que
ocurre en determinados casos, aunque no muy abundantes, por cierto.
En cuanto a las consideraciones que hace del Impuesto sobre Sociedades,
tengo que decirle que lo que usted dice siempre, por lo menos en este
caso, es la mitad de la realidad, porque la valoración del Impuesto sobre
Sociedades, de cara al incentivo de la inversión, hay que verla
globalmente. Usted sólo se refiere a algunos aspectos muy concretos de la
reforma del Impuesto sobre Sociedades, a cuestiones muy concretas, muy
limitadas de adaptación de alguno de los mecanismos de incentivos
fiscales. Pero le voy a hacer --y lo que yo le decía era una
consideración más amplia-- dos consideraciones: en primer lugar, el
impuesto es neutral sobre la recaudación. Usted dejó entrever en la
primera parte que a través de la reducción de los incentivos fiscales se
iba a producir una mayor recaudación. Yo le digo que, globalmente, el
impuesto es neutral con respecto a la recaudación y, por otro lado, que
se instrumentan en él mecanismos más adecuados, más eficaces que los que
usted está señalando, en cuanto que simplemente han sido perfilados, que
van a permitir una mejor financiación de la pequeña y mediana empresa y,
desde luego, una mejor financiación de las inversiones de las empresas en
general, porque el régimen de tratamiento de los incrementos de
patrimonio, el régimen de tratamiento de las inversiones, todo el
tratamiento del impuesto va a permitir una incentivación general de la
actividad inversora de los empresarios. Por tanto, yo creo que usted lo
que hace es contar sólo parte de la película. Vuelvo a insistir en que
hay un recorte drástico de los incentivos fiscales, pero eso no es todo,
hay que mirar el impuesto en su globalidad.
En cuanto a los impuestos especiales, con respecto al Impuesto sobre
Alcoholes, que debe ser al que se refiere, a los cosecheros, hay una
adaptación del tipo específico del 2 por ciento y, además, una elevación
de 200 pesetas por litro de alcohol absoluto; y en cerveza hay también
una adaptación del tipo específico del 3,5, y después hay un incremento
adicional de 2 pesetas por litro de cerveza. No sé si eso determina un
incremento de la imposición de los cosecheros del cien por cien; lo
miraré para ver si eso es exactamente tal como dice. En todo caso, el
tipo de los cosecheros en este momento no sé cómo será, si es muy bajo o
cómo es, pero lo miraremos y le diré qué incidencia tiene
en los cosecheros esta elevación en el Impuesto sobre el Alcohol.
Por último, en cuanto a sus consideraciones sobre la presión tributaria y
la presión fiscal, le diré que este año hemos avanzado, hemos señalado en
el libro de presentación de los presupuestos una consideración más
adecuada de lo que es la presión fiscal, porque ya veo que a usted le
gusta mucho hablar de presión tributaria, pero debe convenir conmigo en
que hablar de presión tributaria en un sistema donde más de 6 billones de
pesetas se recaudan a través de cotizaciones sociales, no tiene mucho
sentido, y donde se pueden realizar operaciones como las que se
realizaron en el año anterior, de reducir cotizaciones sociales y de
aumentar imposición. La naturaleza fiscal de las cotizaciones y de los
impuestos es exactamente igual. Por tanto, no tiene mucho sentido lo que
usted hace para obtener alguna consideración política, yo creo que no
basada en una consideración técnica, el decir que la presión tributaria
se incrementa el 0,7 por ciento, porque lo verdaderamente importante es
la presión fiscal. Entonces, si usted me dice que la presión tributaria
se incrementa el 0,7 por ciento, para no andar como en el Impuesto sobre
Sociedades y para contar la verdad y la totalidad de las cosas, a
continuación me tiene que decir cuánto decrece la presión fiscal de las
cotizaciones sociales y, por tanto, me tiene que hablar de la presión
fiscal, porque no tiene mucho sentido --le digo aquí igual que en el
Impuesto sobre Sociedades-- hablar de la mitad de la realidad, porque
entonces estamos diciendo cosas que no se corresponden con la realidad.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Termina la comparecencia del señor Secretario de
Estado de Hacienda. Reanudaremos la sesión a las 11 para iniciar la
comparecencia del Secretario General de la Seguridad Social. (Pausa.)
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (JIMENEZ
FERNANDEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS DE COALICION CANARIA (número de
expediente 212/001646) Y GRUPO POPULAR. (Número de expediente
212/001663.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, reanudamos la sesión
con la comparecencia del Secretario General de la Seguridad Social,
solicitada por los grupos Popular y Coalición Canaria.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, quiero agradecer la
comparecencia del Secretario General de la Seguridad Social para dar
cuenta del proyecto de presupuestos elaborado para el próximo ejercicio
1996, aunque lamentamos que quizá no verá la luz, dadas las últimas
noticias que se conocen en esta Cámara y la presentación de una enmienda
de devolución de los mismos. No obstante, tenemos que especificar que,
como hemos pedido en anteriores ocasiones, hay múltiples capítulos que no
están suficientemente aclarados y que suponen una elaboración de proyecto
de presupuestos de forma muy global, por cuanto que en el capítulo de
ingresos vemos que se especifican grosso modo las cotizaciones sociales
de empresas y trabajadores y el capítulo correspondiente a esos ingresos
por el concepto de desempleados. Nosotros habíamos dicho en anteriores
comparecencias que quizá la elaboración con un mayor detalle de esos
capítulos podría dar una mayor claridad al conocimiento de las cantidades
que proveen el ejercicio del servicio común que nutre los presupuestos
económicos de la Seguridad Social, por cuanto en el ejercicio siguiente
están presupuestados en más de 11 billones de pesetas, más un crédito que
concede el Ministerio de Trabajo para el déficit sanitario, en el que
después entraré, por un total de 276.500 millones de pesetas. Lo hemos
pedido en reiteradas ocasiones. Nos gustaría que el señor Secretario
General aclarara de una forma precisa si, al igual que ocurrió con los
presupuestos que se han venido ejecutando a lo largo de 1995, ha supuesto
una dificultad para la realización de lo presupuestado y proyectado la
moderación salarial, que ha podido suponer criterios objetivos, aunque
quizá haya revertido en favor de la economía.
Hemos tenido noticia de la deuda de la Seguridad Social. Yo tengo en este
momento un documento, elaborado en mayo de 1995 por la Subdirección
General de Recursos Económicos, de la evolución de las deudas a la
Seguridad Social. Los datos que se facilitan en ese documento dicen que
la deuda histórica asciende a casi dos billones respecto de cotizaciones
a la Seguridad Social. Por el concepto de cuotas que no han sido abonadas
sin apremio, la cantidad correspondiente a mayo de 1995 asciende a
285.287.884 pesetas; por el concepto de impagados con apremio, es decir,
cargado en las unidades de recaudación ejecutiva, 1 billón 629.000
millones aproximadamente. Esto nos da una cifra total aproximada de dos
billones de pesetas respecto de la deuda histórica acumulada a la
Seguridad Social. A ello deberíamos de sumar casi un billón de déficit
sanitario proyectado para el próximo ejercicio de 1996, lo que nos
situaría en unos números rojos de casi tres billones de pesetas. Es
importante decir esto por cuanto se trata del déficit sanitario con el
que se contribuye anualmente a la amortización de los préstamos desde la
Tesorería General de la Seguridad Social. Parece que estamos hablando de
que se pone en quiebra el sistema de Seguridad Social en relación al
capítulo de las cotizaciones y respecto del pago de las pensiones
contributivas de la Seguridad Social. En este capítulo propiamente dicho
no existe ninguna quiebra. Hemos venido teniendo a lo largo de los
últimos años un ligero superávit. Creemos que es de suma importancia ir
separando la fuente de financiación de lo correspondiente a la asistencia
sanitaria y a la entidad gestora Insalud para que tengamos noticia,
conocimiento fehaciente del superávit que puede haber dentro de los
presupuestos generales de la Seguridad Social. Creemos que hubiera sido
importante, ya en ese proyecto de presupuesto para el año 1996, cumplir
lo acordado en el Pacto de Toledo e ir diferenciando esas fuentes de
financiación a todos los efectos; es
decir, para las cuestiones de asistencia sanitaria, la gestión del
Insalud para las pensiones no contributivas y dejar que se nutra la
Seguridad Social de las cuotas para pagar las prestaciones de carácter
contributivo.
Nos ha llegado que parece ser que hay una cierta predisposición a dejar
aparentemente unos ejercicios saneados, a minorar una deuda en la forma
posible. Respecto a las certificaciones de descubierto, que se conceptúan
como reconocimiento de derechos e ingresos, parece que también hay una
cierta intencionalidad de tirar papel cuando se vea que éste ya es
imposible de recaudar, pero de forma que quede aparentemente muy minorada
esa deuda histórica que todavía está vigente hoy por no haber
transcurrido los años de prescripción en lo que corresponde a ingresos en
la Tesorería General de la Seguridad Social. Pedimos también que en el
capítulo de los distintos ingresos por cotizaciones se especificaran, con
carácter concreto, las cantidades que corresponderían a los aplazamientos
a los que se acogen las empresas que, en un momento dado, por falta de
liquidez de tesorería no pueden abonar la Seguridad Social corriente y se
acogen a un aplazamiento, tanto ordinario como extraordinario. Es cierto
que jurídicamente a las empresas que tienen concedido un aplazamiento de
cuotas, a pagar en cuatro, cinco o seis años, se las considera --repito,
desde un punto de vista jurídico-- al corriente en el pago de la
Seguridad Social para todos aquellos efectos que les puedan ser
beneficiosos; por ejemplo, concurrir a un concurso público porque se les
pide el certificado de estar al corriente del pago de las cuotas de
Seguridad Social. No obstante, consideramos que a nivel contable, puesto
que van a ser satisfechas a lo largo de numerosos años, debería de haber
una partida diciendo las cantidades correspondientes que se ingresan
anualmente en unos determinados presupuestos por aplazamientos. Digo esto
porque el año pasado vimos que se concedió una moratoria especial a las
instituciones públicas sanitarias catalanes, cuyo montante asciende a
90.000 millones de pesetas. No es lo mismo conceptuarlo como ingreso,
como si éste estuviera realmente ya satisfecho, cuando esa moratoria
concede un plazo de tres años de carencia y el pago aplazado durante diez
años. Lo mismo pedíamos respecto al capítulo, importante en el ámbito del
INSS, de las cantidades correspondientes a prestaciones devengadas e
indebidamente percibidas, que se computan como si éstas ya hubieran sido
restituidas a la Seguridad Social.
Nos gustaría haber visto un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude
de la economía sumergida y preguntarle, señor Secretario, si sería
posible dar una cifra aproximada de lo que podría corresponder a esos
ingresos, que serían nuevos, caso de poder aflorar esa economía
sumergida.
Nos congratulamos de las cantidades estipuladas por capítulos para el
abono de la incapacidad temporal, puesto que ya ha desaparecido la
invalidez provisional, que vemos que ha tenido la reducción sustancial en
cuanto a lo presupuestado para el ejercicio del año 1996. El montante de
previsión de liquidación para 1995 ascendía a 533.525.000 y, para el
ejercicio próximo, la previsión de los gastos de incapacidad temporal más
los gastos por maternidad se sitúan en casi 467.000 millones.
Consideramos que esto es un avance, pero también consideramos que debería
seguirse luchando contra la recaudación en vía ejecutiva, puesto que los
datos que tenemos en este momento demuestran que realmente lo único que
se satisface de toda la deuda cargada a las unidades de recaudación
ejecutiva no supera el 25 por ciento, por lo que el 75 por ciento de esas
certificaciones de descubierto son datadas y resulta infructuoso su
cobro.
Finalmente, quiero volver a insistir, señor Secretario, en el déficit
sanitario. Para el ejercicio de 1994, el Estado o el Ministerio de
Trabajo prestó 345.000 millones de pesetas a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Para el año 1995 el préstamo ascendió a 444.344
millones de pesetas. Y este año está prevista una cantidad para préstamo
de 276.500 millones de pesetas. Pero es que hay más. En la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, tanto para 1993 como para 1994, se
establecía que --y voy a leer literalmente-- todo incremento de gasto del
Instituto Nacional de la Salud, con excepción del que pueda resultar de
las generaciones de crédito que no puedan financiarse con distribución
interna de sus créditos ni con cargo al remanente afecto a la entidad, se
financiará durante el ejercicio por aportación del Estado, sin que
resulte de aplicación, etcétera. Parece ser que este epígrafe ha
desaparecido en el proyecto de ley para 1996.
Tenemos otra pregunta. Si los préstamos de los que acabamos de hablar
deben ser devueltos en un plazo de diez años, querríamos saber si ya se
ha empezado a amortizar dichos préstamos, en cantidades proporcionales,
por lo que va de los ejercicios 1995 y, si se prevé, 1996 para el
presupuesto anterior, y así sucesivamente. Si no, señor Secretario
General, lo que va a resultar es que hay anualmente concedido un
préstamo, que el déficit asciende a un billón, y que eso quedará para la
posteridad; es decir, será una herencia que recibirá el próximo gobierno
que salga elegido democráticamente de las urnas.
Ya para finalizar, quiero decirle también que hemos visto con agrado que
ha disminuido el capítulo de inversiones reales, que ha sido sustancial y
cuantioso en estos últimos años, y que, como usted conoce muy bien,
creíamos que ese capítulo había sido altamente exagerado. Le agradecemos
esta comparecencia y esperamos sus respuestas. (El señor Padrón Delgado
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Padrón?
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, aunque el Grupo Socialista no
había solicitado la comparecencia del Secretario General de la Seguridad
Social, si es posible, rogaría un brevísimo turno para formular una
pregunta, que además tiene relación con las formuladas por la
representante del Grupo Popular al Secretario General.
El señor PRESIDENTE: Vamos bien de horario, de modo que el señor Padrón
tiene la palabra.
El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente. Seré muy
breve.
En la documentación remitida para el estudio de los presupuestos figura
también, como es obligatorio, la liquidación del ejercicio de 1994 de la
Seguridad Social. En la primera página, de introducción, al hablar de los
gastos realizados, 10 billones 380.000 millones, y los recursos
liquidados, 10 billones 840.000 millones, se señala que los avances
conseguidos en el control informático han permitido dar cumplimiento al
reglamento general de la recaudación y aplicar el criterio de devengo, de
acuerdo con los criterios contables establecidos en el sector público y
con las formulaciones expresadas en diversas rendiciones de cuentas por
el Tribunal de Cuentas. Por estas razones, nos permitimos pedir al señor
Secretario General de la Seguridad Social que nos explique qué supone
para el patrimonio de la Seguridad Social la aplicación del criterio de
devengo en el año 1994 y por qué no se ha aplicado en ejercicios
anteriores. En la liquidación del presupuesto de 1994, en los recursos
figuran los derechos de ejercicios devengados derivados de deudas de la
Seguridad Social para los que se ha iniciado el período ejecutivo de
cobro y, como consecuencia de estos datos, que suponen teóricamente para
las cuentas de la Seguridad Social del año 1994 un superávit de 460.000
millones --digo teórico--, quisiéramos conocer las consecuencias en este
sector del patrimonio y en qué grado se están liquidando estos derechos
de la Seguridad Social que luego van por la vía ejecutiva y, por tanto,
van ratificando las cifras de la liquidación del ejercicio de 1994.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Señor Presidente, voy a intentar contestar puntualmente a las preguntas
que se me han formulado.
Respecto al capítulo de ingresos, he de señalar que toda, absolutamente
toda la especificación de cómo se calcula y se estiman los ingresos está
en el informe económico-financiero de la Seguridad Social, que es un
documento que la Ley General Presupuestaria obliga a presentar con los
presupuestos de la Seguridad Social. Les voy a decir cómo se ha
configurado. Los tipos de cotización que figuran son idénticos a los del
año 1995; no ha habido modificación alguna. Se ha considerado una base
media de régimen general que incluye los deslizamientos y las revisiones
de convenios, con un crecimiento del 4,83 por ciento para 1996. Las bases
mínimas del régimen especial de autónomos está previsto que crezcan un 5
por ciento. Se está siguiendo la tónica de que el crecimiento de las
bases mínimas de cotización del régimen especial de autónomos sea de tal
intensidad que vaya produciendo paulatinamente una mejora en el carácter
contributivo de sus pensiones totalmente en concordancia con lo que
dispone el Pacto de Toledo. De acuerdo con la previsión de esta
estimación, las bases mínimas tendrán una evolución del 3,5 por ciento y
las bases máximas de cotización --como recordarán SS. SS., en el grupo
primero figura la máxima total del sistema y en el grupo quinto la otra
base máxima-- evolucionarán igual que el IPC, el 3,5 por ciento; las
cuotas por contratos de aprendizaje y por contingencias comunes se ha
estimado en 3.571 pesetas/mes; las cuotas por contratos de aprendizaje,
contingencia, accidente de trabajo y enfermedades profesionales en 480
pesetas. El tercer elemento para determinar la previsión de cotizaciones,
señalados los tipos y las bases, es la estimación del crecimiento del
número de cotizaciones al sistema previsto para 1996, y hemos estimado el
3,1 por ciento. Esto es lo que configura, dentro de lo que son después
las operaciones matemáticas, la determinación de las cotizaciones
previstas para 1996. Las correspondientes al Instituto Nacional de Empleo
vienen determinadas por el presupuesto del Inem, por lo tanto existe una
concordancia, y se sitúan en 458.590 millones de pesetas. Este es el
detalle pormenorizado tradicionalmente expuesto, pero que figura
especialmente en el informe económico-financiero del sistema de la
Seguridad Social que acompaña a las cifras del presupuesto.
hay una aportación proveniente del capítulo 9, el préstamo de 276.500
millones de pesetas al que se refería S. S., que no tiene una adscripción
finalista. Evidentemente, en el proyecto de presupuesto para 1996 las
cotizaciones y otros ingresos contributivos (que los hay, como son, por
ejemplo, las aportaciones del Estado por jubilaciones anticipadas o los
ingresos por recargo de mora, que no figuran en la rúbrica de
cotizaciones) cubren plenamente los gastos contributivos. Por tanto,
podría deducirse, pero no de forma normativa, que los 276.500 millones
quedan para la parte no contributiva. Pero en la ley no figura ninguna
adscripción finalista y, por tanto, legalmente no se puede decir que vaya
a financiar una determinada naturaleza del gasto.
Presupuesto de 1995. Al hilo de su pregunta --entro ya en una
contestación--, tenemos previsto que en la vertiente de gasto se quede
ejecutado plenamente dentro de los presupuestos iniciales; es decir, que
no haya ninguna desviación del presupuesto de gastos. Por tanto, prevemos
que la disciplina presupuestaria, la buena estimación, dicho claramente,
por los actuarios y personal funcionario de la Seguridad Social, hará
como en el 94 --así se refleja en la liquidación--, que estemos hablando
de una ejecución del presupuesto inicial --no digo el presupuesto inicial
más modificaciones presupuestarias-- de un 98 ó 99 por ciento, es decir,
una sujeción plena y rigurosa a las cantidades iniciales.
En cuanto al presupuesto de ingresos, evidentemente las transferencias de
Estado y las cotizaciones están igual que lo previsto. Para poder
determinar con certeza cómo va a liquidarse es clave el último trimestre
del año, porque en el último trimestre del año es cuando se firman los
convenios colectivos, es cuando con carácter retroactivo se establece la
masa salarial sujeta a cotización y, consiguientemente, octubre,
noviembre y especialmente diciembre es determinante de la ejecución del
presupuesto. Como los salarios de diciembre, concretamente, tienen una
captación de la información en los primeros meses del año, porque hay que
aclarar, como sabe S. S., que las retribuciones de un mes se liquidan por
las empresas en el otro mes y es a partir de final de mes cuando empieza
a entrar en el proceso de captación de la información de la Seguridad
Social,
hay, como mínimo, de tres a cuatro meses de necesidad de espera para
tener la información. Pues bien, a pesar de todas estas consideraciones,
creo --es una apreciación en función de los datos que tenemos al mes de
agosto-- que el crecimiento de las cotizaciones de 1995 va a estar en
torno a un 5 por ciento. Hay que señalar que las comparaciones hay que
hacerlas de forma homogénea, es decir, las cotizaciones de 1995 tienen
que hacerse con las de 1994, pero considerando que hay un punto de
diferencia de cotización. Por tanto, hay que hacer esas comparaciones
homogéneas, y si se hacen esas comparaciones homogéneas además de las
aportaciones que, por ejemplo, por integraciones sustitutorias con pagos
periódicos se hacen en uno y otro año, estamos situados en el mes de
agosto en torno a un crecimiento del 5 por ciento. Es un crecimiento
--hay que decirlo-- ajustado, pero vamos a ver el último trimestre del
año para observar la realización del presupuesto de ingresos en la
partida de cotizaciones de 1995.
Creo que ha habido, si lo he entendido bien, una cierta confusión en
cuanto a unas cifras que yo no conozco como Secretario General para la
Seguridad Social. Sería grave que alguna unidad de la Seguridad Social
diese cifras y estimaciones no pedidas oficialmente y que desinformasen,
porque se han mezclado dos cosas que tienen signos contables y económicos
diferentes. Uno, lo que podría ser la deuda que mantienen los obligados
al pago con la Seguridad Social, que es un activo de la Seguridad Social,
por tanto, eso situaría en mejor posición patrimonial a la Seguridad
Social, concretamente con los préstamos que legalmente tiene concedidos,
en los distintos ejercicios económicos, el Estado a la Seguridad Social.
Por tanto, de ninguna forma, con rigor contable y económico, se puede
sumar el dos y el uno. En cualquier caso, tendría que ser siempre de
signo contrario, si he entendido bien a S. S. Pero le voy a decir que las
cuentas son muy claras. Afortunadamente, y me anticipo un poco a la
última respuesta, progresiva y paulatinamente la Seguridad Social, como
es lógico, va perfeccionando también sus mecanismos contables. En el año
1994, por fin --y después diré por qué en ese año, en qué cuantía y qué
efecto tiene-- se ha aplicado el principio del devengo, que no es otra
cosa que el principio que aplica cualquier empresa privada, que es el que
recoge el Plan de Contabilidad de las administraciones públicas, es el
que recomienda y recomendó el Tribunal de Cuentas aplicar en el año 1994
a la Seguridad Social, es el que se aplica en el Plan General de
Contabilidad, es el que se aplica en el Sistema Europeo de Cuentas. Por
tanto, ese principio del devengo se sitúa claramente en lo que el
Tribunal de Cuentas dice: Contabilicen ustedes en las cuentas
correspondientes, y no en las de orden, los aplazamientos y las
certificaciones de descubierto. Pues bien, le voy a decir, para que tenga
una idea concreta, dónde está la deuda de terceros con la Seguridad
Social, no la deuda de Seguridad Social con terceros. No es una
estimación.
Por la Intervención General de la Seguridad Social, que es delegada de la
Intervención General del Estado, se ha contabilizado lo siguiente. Como
sabe S. S., en la contabilización no está mezclada la deuda viva con la
deuda por intereses o recargos. El capital vivo está en la cuenta 443. En
deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento hay 26.088
millones. En la cuenta 444, en deudores a largo plazo por aplazamiento y
fraccionamiento hay 103.286 millones. Esto sí que supone un incremento
del fondo de estabilización del patrimonio neto del sistema en 129.375
millones; pero no supone ningún ingreso para el ejercicio de 1994, porque
el criterio contable que se aplica, combinado con el criterio de
prudencia que también figura en el Plan General de Contabilidad, el que
establece la Intervención, es que en los aplazamientos y en el
fraccionamiento de cuotas solamente se aplicarán al ejercicio aquellas
cuantías de las amortizaciones que venzan en ese ejercicio. Por tanto,
los 26.088 millones afectarán al presupuesto de 1995 y los 103.286
millones afectarán a los ejercicios de 1996 y siguientes. Pero sí
--insisto-- afecta al fondo de estabilización del sistema.
En cuanto a la otra partida importante, que son las certificaciones por
descubierto, aquellas operaciones que están en fase ejecutiva de cobro,
contablemente figura en el balance y creo que determina a 31 de diciembre
de 1994, último ejercicio contabilizado e intervenido, por tanto, cifras
ciertas y que serán auditadas y se han presentado ya al Tribunal de
Cuentas, lo siguiente: en la cuenta 430, deudores por derechos
reconocidos, ejercicio corriente, 484.352 millones; son las
certificaciones expedidas en 1994. Deudores por derechos reconocidos,
ejercicios cerrados --y estoy hablando de certificaciones por
descubierto--, 614.418 millones. Supone un incremento del fondo de
estabilización de 1 billón 098.770 millones de derechos a favor del
sistema de Seguridad Social. Por tanto, presupuestariamente ha supuesto
un incremento de los derechos reconocidos de ejercicios cerrados, que no
ha afectado a 1994, de 614.418 millones, y un incremento de derechos
reconocidos netos del ejercicio corriente de 1994 de 484.352 millones.
Pero a la vez, desde un principio de prudencia, y abriendo camino en la
contabilización de las administraciones públicas, la Seguridad Social
tomó la decisión de crear, evidentemente con la Intervención General, una
provisión para insolvencias. Es decir, que el billón noventa y ocho mil
millones no fuese todo a crecimiento de patrimonio neto sino a una
previsión por insolvencias. ¿Qué porcentaje de previsión para
insolvencias? El 50 por ciento, siendo un porcentaje superior a lo que
realizamos en las certificaciones por descubierto, que está en torno a un
40 o a un 44 por ciento. ¿Por qué hemos puesto un porcentaje superior? Se
ha puesto por este criterio de prudencia y porque buscando una referencia
en el mundo privado, vemos que el Banco de España establece ese 50 por
ciento para deudas superiores a un año, entre uno y 18 meses. Por tanto,
estamos creando un fondo de previsión para insolvencias o fallidos del 50
por ciento, que disminuye del fondo de estabilización y que pasa por la
cuenta de resultados. Eso con un criterio de prudencia y, dicho
claramente, con el criterio de no incrementar excesivamente lo que sería
el patrimonio neto del sistema. En consecuencia, hay dos partidas muy
importantes. Está cifrado en la contabilidad por primera vez, no en una
cuenta de orden sino en una cuenta específica, lo que son aplazamientos o
fraccionamientos,
o lo que son certificaciones por descubierto, con varias ventajas. Una,
el perfeccionamiento contable; dos, el que ya no es una estadística, va a
ser el registro de la evolución de las cuentas patrimoniales el que ponga
de manifiesto el crecimiento o minoración y la ejecución de estas
certificaciones por descubierto o de esos aplazamientos y
fraccionamientos. Eso es lo que en concreto tenía que decir.
Quiero insistir en que este billón, que después tiene el 50 por ciento en
fondo para insolvencias, es mayor patrimonio del sistema de Seguriad
Social. Después queda lo que S. S. ha llamado el otro billón,
concretamente las cifras que después ha indicado, que son las siguientes.
Para 1994 figura un préstamo de 345.000, que es así como lo recoge la ley
de presupuestos; en 1995, 444.000, y en el proyecto de presupuestos,
276.500, casi una bajada de más del treinta y tantos por ciento. Pues
bien, esto, que es un capítulo IX del presupuesto, tiene que tener un
planteamiento idéntico a lo que ha sido históricamente la evolución de la
economía del sistema de Seguridad Social. Por ejemplo, en el principio de
la década de los ochenta los primeros ejercicios fueron deficitarios.
Quiero recordar, por ejemplo, que en el año 1981 había 55.000 millones de
déficit, en el año 1982, 77.000, y después hubo que promulgar la ley
3/1983, con 128.500 millones que no estaban reflejados en contabilidad.
Aquí todo está reflejado en contabilidad. Pues bien, en los ejercicios
siguientes, por la propia evolución económica del país y de la Seguridad
Social, fueron produciéndose unos excedentes que permitieron abonar los
128.500 millones, el préstamo, no periódicamente en anualidades sino
cuando realmente hubo acumulación de recursos. Y eso, además, que es el
mecanismo que debería ser lógico en la Seguridad Social, que en los
momentos de crisis puede tener una insuficiencia presupuestaria y
económica, y en los momentos de reactivación económica un superávit, es
lo que yo creo que da origen y justifica la recomendación segunda del
Pacto de Toledo: Creen ustedes en la Seguridad Social unas reservas para
que en los momentos altos del ciclo económico puedan hacer una
acumulación y en los momentos bajos puedan hacer uso de la misma. Esto es
lo que en la práctica en los últimos 14 años ha sucedido, y es lo que
tradicionalmente deberá suceder, máxime si se pone en vigor la
recomendación segunda del Pacto de Toledo.
Yo coincido con S. S. en que, desde luego, no existe ningún déficit en el
sector contributivo. Sinceramente hay que utilizar y sumar las cifras,
agruparlas por su naturaleza y así se determinan. Solamente quiero hacer
una precisión. A lo mejor es un mal entendimiento mío, pero que se dice
con frecuencia que hay que separar las fuentes de financiación del
sistema. En ese sentido se habla de que las prestaciones no contributivas
en propiedad, porque incluye también la protección familiar no
contributiva, se financien por el Estado. Desde el principio, desde la
Ley 26 del año 1990, se establece que no pueden financiarse nada más que
con aportación del Estado, porque si no estamos magnificando el problema
y realmente no existe esa magnitud. Las pensiones no contributivas,
pensión de vejez o incapacidad, o la prestación familiar no contributiva,
se financian desde su origen por la Ley 26 del año 1990 con aportaciones
del Estado, provenientes de impuestos, a la Seguridad Social. Por tanto,
en pensiones no contributivas está ya desde el origen. En segundo lugar,
desde la reforma de la estructura financiera --importante en mi opinión--
del año 1989, en la ley de presupuestos se establecía en su artículo 9
que la aportación del Estado tenía un destino finalista para financiar
una parte del Insalud y otra parte de otras prestaciones, y añadía que
los incrementos de gastos del Insalud se financiarían con aportación del
Estado. Esta situación no ha variado, aunque se haya modificado la
redacción, porque en el proyecto de ley de presupuestos para 1996 se
establece la cantidad concreta que debe aportarse, vía cotizaciones, para
financiar el Insalud. Y aunque nos sobrasen cotizaciones, no podría
dedicarse, porque la Intervención nos lo intervendría, legalmente no es
posible, ni una sola peseta con carácter finalista a la financiación del
Insalud. Puede haber una anticipación financiera, dentro del ejercicio
económico, en un momento en que se reciben las aportaciones del Estado y
se realiza por el principio de caja única en la Tesorería, pero no se
puede presupuestariamente adscribir ni una sola peseta de cotizaciones
más allá de lo que dice la ley de presupuestos para financiar el Insalud.
Decía que parece haber una cierta intencionalidad. Anticipándome también
a la última pregunta, tengo que dar una explicación clara --que si me
permite el señor Presidente la hago conjuntamente-- de por qué se aplica
el principio de devengo, por qué se aplica en 1994 y qué consecuencias
tiene. ¿Por qué en 1994? Por una razón clara. Porque en 1994 es cuando se
aprueba, por la Orden Ministerial de 6 de mayo, el Plan General de
Contabilidad pública, que dice, en relación al principio de devengo,
textualmente lo siguiente: La imputación temporal de gastos e ingresos
debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que
las mismas representan, y no en el momento en que se produzca la
corriente monetaria financiera derivada de aquéllos. Y añade: Los gastos
e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán
cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se
dicten los correspondientes actos administrativos. Pero hay otra segunda
razón. En 1994, el pasado año, en el dictamen de la Comisión Mixta de
relaciones con el Tribunal de Cuentas correspondiente a la Cuenta General
del Estado de 1990, y publicado por resolución de los presidentes del
Congreso y del Senado del 27 de septiembre de 1994, donde se aprueban las
cuentas de 1990 y ejercicios anteriores, se señala, entre otras
observaciones, que las operaciones por débito por cotizaciones a la
Seguridad Social pendientes de cobro por --dice el Tribunal de Cuentas--
certificaciones de descubierto a cobrar por las unidades de recaudación
ejecutiva, así como las cantidades aplazadas y fraccionadas, se tratan de
auténticos derechos que deben tener el consiguiente y adecuado reflejo de
cuentas de activo de carácter patrimonial, en lugar de reflejarse en
cuentas de orden como hasta entonces. En esa resolución, además, las
Cortes Generales instan al Gobierno para que aplique el principio de
devengo mediante la adopción de las medidas necesarias. Estamos hablando
del último cuatrimestre de 1994. Si no fuese suficiente el Plan General
de Contabilidad público, así como las recomendaciones de las Cortes y a
instancias del Tribunal de Cuentas sería necesario decir que el principio
de devengo se aplica en el Sistema Europeo de Cuentas Económicas
Integradas, determinándose que el momento de registro de las cotizaciones
sociales (y dice explícitamente en cotizaciones sociales) es aquel en que
se devengarán los sueldos y salarios brutos a que estén ligados. Estos,
además, son más rigurosos aún. Pero si no fuese suficiente hay otra
razón, y es que el principio del Plan General de Contabilidad aplicado al
sector privado, que es aprobado en los últimos años, habla igualmente del
principio de devengo y establece el mismo criterio que el Plan de
Contabilidad del sector público.
Por todo ello, la Seguridad Social ha adecuado su contabilización al
principio de devengo en los ingresos, aplicándolo ya a 1994, que es
--insisto-- cuando se aprueba el Plan General de Contabilidad pública y
cuando el Tribunal de Cuentas y el dictamen de la Comisión Mixta,
Congreso y Senado señalan la necesidad de realizarlo. Cabría decir que
por qué no se ha realizado anteriormente. Por las razones que he
indicado, porque el Plan General de Contabilidad del sector público se
aplica en 1994. No me resisto a manifestar ante esta Cámara el deseo de
perfeccionamiento que latía en esta Secretaría General en cuanto a las
cuentas del sector público, en cuanto a la aplicación del principio de
devengo. Así, en una resolución de la Secretaría General para la
Seguridad Social, de 29 de diciembre de 1992, ya se establecía que por la
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Intervención General de
la Seguridad Social, conjuntamente, se adoptarán las medidas precisas
para que progresivamente pueda aplicarse el principio de devengo a las
cuentas de la Seguridad Social. Por tanto, el año 1994 es el momento
adecuado, ya que todos los pronunciamiento jurídicos y legales nos
permiten la aplicación del devengo a las cuentas de la Seguridad Social,
que era un anhelo de la Secretaría General de la Seguridad Social. ¿Qué
incidencia ha tenido? En cuanto a los fraccionamientos y el aplazamiento,
ninguno para el ejercicio 1994. Se utiliza el criterio establecido en la
resolución de la Intervención de que se aplicará cuando se devengue el
derecho en los plazos de amortización. Por tanto, si hay un derecho cuyo
plazo vence en 1996, independientemente de que lo abone o no, se aplicará
para 1996 ó 1997. Para 1994 las cuentas solamente han tenido el efecto
patrimonial de incrementar el fondo de estabilización, pero no en una
cuenta de resultados de 1994. Sí que han tenido las certificaciones de
descubierto aquellas que se han devengado en 1994, que se han extendido
en 1994, pero no las históricas, que han ido a ejercicios cerrados.
Es importante señalar, si me permite el señor Presidente, en contestación
de las dos señorías que me han preguntado, que todos, absolutamente todos
los préstamos y deudas de la Seguridad Social figuran en cuenta y
figuran, evidentemente con el respaldo de una ley aprobada por esta
Cámara. Todos, absolutamente todos. No hay ninguna cuantía que esté sin
contabilizar o sin reflejar. Además, con la aplicación del principio de
devengo se establece en 1994 un criterio que refleja la imagen fiel
--como se dice en el argot contable anglosajón-- de la situación
patrimonial de la Seguridad Social.
En el proyecto de 1996 se da un paso decisivo, en mi opinión, para
aplicar la recomendación primera del Pacto de Toledo. Decisivo porque en
el Pacto de Toledo se habla de deslindar y, evidentemente, debería
hacerse paulatinamente. Pues bien, se da un paso tan decisivo que las
cotizaciones sociales que en 1995 financiaban el 20,4 por ciento del
presupuesto inicial del Insalud, en el proyecto de 1996 solamente
financian el 14,9 por ciento. hay una disminución de 5,5 puntos. Si se
siguiese ese ritmo, antes del año 2000 --y el año 2000 está a cuatro años
y medio-- tendríamos deslindada totalmente la financiación del Insalud.
Por tanto, es un paso decisivo totalmente en cumplimiento de la
recomendación primera del Pacto de Toledo. Cada año figuran --y así
consta en las cuentas que se presentan, en el informe
económico-financiero y en las demás informaciones que se adjuntan al
presupuesto-- los aplazamientos que vencen cada año y que integran,
lógicamente, en la parte del capital vivo, las cotizaciones. La moratoria
en hospital, por la misma circunstancia que le explicaba en cuanto al
aplazamiento, no ha tenido ningún efecto, lógicamente, en la estimación
de cotizaciones en el presupuesto de 1996. Si ya respecto al principio de
devengo decimos que los aplazamientos se incluirán dentro del ejercicio
en que venzan, evidentemente estas cantidades de aplazamientos empezarán
a figurar en los presupuestos dentro de tres años. No figuran,
lógicamente, en el anteproyecto de presupuestos.
Siempre se podrá hacer un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude,
siempre. Pero la verdad es que yo creo que en cumplimiento de dos
recomendaciones del Pacto de Toledo se ha hecho un esfuerzo muy
importante. Uno en la lucha contra las situaciones no justificadas de
incapacidad. Recordará S. S. que la reforma más drástica en el período
democrático, en mi opinión, en el sistema de Seguridad Social se ha
aprobado por esta Cámara: es la Ley 42/1994, en donde la incapacidad
antigua, ILT más invalidez provisional, que tenía un período de cobertura
de seis años, ahora se reduce a 18 meses, con la obligación, a los tres
meses siguientes, de dar la calificación definitiva o evitar la
permanencia en una situación de incapacidad temporal si no está
justificado, más tres o nueve meses en el caso de que fuesen enfermedades
complicadas. En cualquier caso, dos años y medio frente a seis años. Por
tanto, hay una modificación drástica, que además beneficia a los
trabajadores que tengan una situación verdaderamente de incapacidad
permanente, puesto que entran mucho antes en la incapacidad permanente y
no tienen que esperar seis años, como hasta entonces. Es una reforma
espectacular en mi opinión porque, además, va unida a otra medida
importante, que es que las unidades médicas de valoración de
incapacidades, que antes estaban adscritas a los servicios médicos,
desaparezcan, se refundan con las CEIM y aparezcan los equipos de
valoración de incapacidades, que son los únicos que pueden determinar el
derecho a una prestación en función de los dictámenes médicos y en
función de la propia valoración. Esos equipos de valoración
de incapacidades se hallan situados, por la Ley 42/1994, dentro de la
entidad gestora de las prestaciones económicas, es decir, dentro del
INSS. Es un salto cualitativo de gran importancia, en mi opinión, en la
lucha contra el fraude.
Por si no fuese suficiente, si se observan los últimos períodos, el
último año y medio, difícilmente se podrá encontrar una actuación tan
intensa en la lucha contra el fraude en las cotizaciones sociales. En
primer lugar, y a instancias de la propia Seguridad Social, se modificó
el Código Penal para crear por primera vez el delito frente a la
Seguridad Social por una ocultación dolosa de las obligaciones del pago a
la Seguridad Social. hay que señalar que la cuantía anual que se
establece es de 15 millones de pesetas, que no es una cantidad nada
elevada dentro del esquema de la Seguridad Social. Por tanto, por primera
vez en la historia se tipifica un delito penal en la ocultación dolosa,
insisto, de las obligaciones al pago de la Seguridad Social. Si no fuese
suficiente, por primera vez también se establecen, primero en la Ley 42,
las obligaciones de la Tesorería General de comunicar la información a
efectos recaudatorios a la Agencia Tributaria y en la Ley General
Tributaria, aprobada en julio de este año, a la inversa, que la Agencia
Tributaria pueda facilitar comunicación, en ambos casos, a efectos
recaudatorios en la lucha contra el fraude. La verdad es que hemos
salvado un muro infranqueable hasta entonces que tiene que dar
esencialmente buenos resultados. Si no fuese suficiente la reforma de la
Ley 42, que se ha plasmado en el reglamento de recaudación aprobado en el
último Consejo de Ministros y que espero que uno de estos días se
publique en el Boletín Oficial, se ha avanzado considerablemente en la
lucha contra el fraude en las cotizaciones. Amén de la creación de las
unidades de recaudación ejecutiva, que ya en 1994 han tenido un efecto
muy fuerte, puesto que han recaudado 110.000 millones de pesetas, un 34
por ciento más que el año anterior y muy alejado de lo que hace unos años
se recaudaba, entre 10.000 y 15.000 millones solamente por vía ejecutiva.
La economía sumergida es una actividad de esta Secretaría General y fuera
de la actividad administrativa de la Seguridad Social; se inscribe más en
la actividad de la Inspección de Trabajo. Pero en la Ley 42 --y en el
reglamento se recoge-- se prevé la adscripción a la Tesorería General de
un determinado número de inspectores de trabajo en favor de los procesos
de lucha contra el fraude. Ello va a permitir unir y coordinar la gestión
administrativa de la Tesorería con la gestión inspectora, máxime teniendo
en cuenta que esos inspectores se inscriben, y dependerán así, de los
programas de la Tesorería y de los responsables de esos programas en la
Tesorería. No hay nada que decir respecto a la valoración que hace de la
incapacidad temporal. Es cierto que ello es fruto de esas reformas a que
he aludido y de la actuación decidida en la utilización indebida,
quedando reflejado en el presupuesto de 1996 la estimación de este
efecto.
Insisto en que los préstamos que han figurado en la Ley de Presupuestos
aprobada por esta Cámara para 1994, 1995 y 1996 no tienen una adscripción
finalista. En puridad jurídica no podríamos decir que van dedicados a
financiar el gasto sanitario, pero lo que sí es cierto es que si se
analiza, como fácilmente es posible hacerlo, que el conjunto de ingresos
contributivos cubren los gastos contributivos, evidentemente tendría que
estar adscrito a lo que es financiación de las prestaciones no
contributivas.
He de señalar que, efectivamente, el Capítulo 6 no se ha incrementado por
dos razones, primero, porque todo lo que es renovación de oficinas tiene
que cumplir un ciclo, un ciclo en el que, en un momento determinado, hay
más necesidades que las que se están renovando, y segundo, porque aquí
rige un principio fuerte de austeridad. Lo que sí quiero señalarle es que
el Capítulo 6 no ha sufrido la merma de una sola peseta en todas aquellas
inversiones que significan avance tecnológico. No se ha quitado ni una
peseta del proyecto TASS ni del proyecto Cendar ni de todo aquello que
concretamente pueda significar un avance y que además facilita después
que la gestión de la Seguridad Social, en lo que se refiere a
prestaciones económicas, no exceda ni un uno por ciento, como sucedió en
el presupuesto de 1994 ejecutado, que representó el 0,85 por ciento,
cuestión ésta de gran importancia porque quiere decir que concretamente
de 100 pesetas no se gasta ni una sola el Instituto Nacional de la
Seguridad Social para gestionar todas las prestaciones. Es la gestión más
económica y eficiente de todo lo que son prestaciones de servicio público
o privado; no hay ningún caso de esta naturaleza, tanto público como
privado, y dentro de la Unión Europea ha sido incluso reconocido en las
propias estadísticas del Seepros. Por tanto, hemos conseguido una
minoración del Capítulo 6 en lo que son propiamente oficinas,
ralentizando y no obteniendo ese crecimiento que no es tan necesario,
pero no hemos hecho ninguna disminución en lo que es el avance
tecnológico en la gestión de la Seguridad Social. Creemos que ello es
algo que va a permitir, en un año o en año y medio, avances
extraordinariamente espectaculares en la gestión de las prestaciones y de
la recaudación.
Como ya me he referido al principio de mi intervención al tema del
devengo, el porqué del mismo y sus consecuencias patrimoniales, doy por
contestada la pregunta de S. S.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Quiero agradecer al Secretario General para la
Seguridad Social la respuesta que ha dado a algunas de las cuestiones que
hemos planteado puesto que sí han sido esclarecidas, por el contrario
otras, a mi modo de ver, no han sido suficientemente explicadas a esta
Cámara y por tanto volveremos sobre ellas. Previendo que los presentes
presupuestos, como he dicho en mi primera intervención, quizá no verán la
luz, quisiera agradecer esa información puesto que podrá esclarecer
muchos puntos al Grupo Parlamentario que represento.
Nos congratulamos por la creación de las cuentas 443 y 444 para 1995 y
1996, respectivamente, puesto que en la última comparecencia de
comprobación de ejecución del presupuesto para la Seguridad Social
pedimos que las partidas
correspondientes a aplazamientos de cuota y las certificaciones de
descubierto en la vía de apremio fueran marcadas de forma pormenorizada,
cosa que no ocurría con anterioridad; por tanto, agradecemos a la
Secretaría General el esfuerzo que ha hecho para contemplar separadamente
esas cuentas. Pedimos que esto mismo se hiciera con las cantidades
correspondientes a prestaciones devengadas e indebidamente percibidas,
aunque veo que en el capítulo correspondiente este aspecto no ha sido
contemplado separadamente, que a lo largo del año puede suponer una
cantidad importante; no me aventuraré a dar una cifra, pero sí que puede
resultar importante.
A lo largo de esta comparecencia del Secretario General hemos estado
planeando sobre la mejora de la gestión a partir del año 1994, pero no se
ha aludido al documento que yo he traído aquí, procedente de la propia
Subdirección General de Recursos Económicos, que nos ha sido facilitado.
Es un documento creado por uno de los órganos encuadrados dentro de la
Secretaría General de la Seguridad Social y en el mismo se ofrece una
evolución a escala de lo que han supuesto las deudas históricas
conceptuadas a mayo de 1995; en él aparecen las deudas que no han podido
ser derivadas a la vía de apremio, es decir deudas procedentes de
empresas sin apremio y deudas con apremio. Yo he dado dos cantidades que
se desprenden del documento de la propia Secretaría, porque no vamos a
hablar aquí de este órgano que he mencionado o de otro, sino que las
cifras que constan en ese documento son las siguientes: deudas sin
apremio, 285.000 millones de pesetas a mayo de 1995, y deudas con
apremio, un billón 629.000 millones de pesetas, lo que nos sitúa en una
deuda histórica de casi dos billones de pesetas.
También hemos tenido conocimiento, señor Secretario General, de que la
Secretaría General tiene un cierto interés, puesto que parece que esta
legislatura «fine», en dejar la apariencia de una economía muy saneada en
la Seguridad Social. Nosotros entendemos que ha habido procesos de grave
crisis económica, pero lo que no se puede hacer es disfrazar un
determinado balance o una determinada deuda pública, sino que hay que
conocer la realidad, la realidad que nos vamos a encontrar.
Yo no dudo que las unidades de recaudación ejecutiva han mejorado
notablemente desde dos puntos de vista distintos. En primer lugar, la
recaudación de la Seguridad Social, que ha supuesto un efecto positivo en
la recaudación corriente que deben efectuar las empresas mes a mes, por
cuanto antes había unos aplazamientos en la anterior vía ejecutiva que no
hace falta mencionar (aplazamientos a 10 y 20 años inclusive) y que ahora
aparecen perfectamente regulados en el Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social; se sabe que están los
recargos, los apremios y los intereses y que hay que ir a un aplazamiento
de cuotas ya muy reglamentado porque si no viene el procedimiento de
apremio «per se», con la subasta incluida. Pero lo que es evidente es que
la deuda histórica que aparece reflejada en un documento que viene de la
propia Secretaría General es la que es, y ese documento es actual.
Lamentamos que exista semejante deuda dentro de lo que es la gestión de
la Seguridad Social.
Volviendo a lo que es el déficit sanitario: otro billón de pesetas, según
lo proyectado para el préstamo del ejercicio correspondiente a los
presupuestos de 1996. Usted tampoco nos ha aclarado aquí la forma de
amortización de esos préstamos. Decir que no se amortizan mes a mes sino
que en momentos de excedentes de tesorería se prevé dicha amortización es
no decir absolutamente nada, porque, como vamos viendo, la Seguridad
Social sigue teniendo problemas porque no se han cumplido los Pactos de
Toledo, pactos que no se deben cumplir en el año 2000 sino a lo largo del
presente ejercicio de 1995, con lo que hubiera podido ser subsanada esa
diferente forma de financiación de las distintas prestaciones integradas
dentro del sistema. La sanidad es una prestación universal y como tal
tiene que ser aplicada su fuente de financiación, con aportación directa
de los Presupuestos Generales del Estado y no con préstamos del Estado a
través del Ministerio de Trabajo a la Seguridad Social, puesto que si,
como he dicho anteriormente, se espera su amortización para momentos de
posible liquidez, nos encontraremos con que quedarán pendientes para
después de 1996 y 1997.
Las preguntas que yo quiero hacerle, de forma muy concreta, son las
siguientes: ¿Se ha amortizado al día de hoy algún plazo de los préstamos
anteriores? ¿Se prevé que para el ejercicio 1996 se van a continuar
amortizando dichos préstamos?
Señor Jiménez, en relación a la economía sumergida, la verdad es que
decir que se va a poder aflorar a partir de los presentes ejercicios con
colaboración de la Inspección de Trabajo y que no es responsabilidad de
la Secretaría --pero sí el conocimiento de los datos--, de admitir que no
se ha hecho nada en ejercicios anteriores y el Gobierno socialista lleva
trece años gobernando y, por tanto, teniendo esa responsabilidad. Se me
ocurre que se podrían cruzar datos en cuanto a la afloración de economía
sumergida con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la
Seguridad Social. No hablo del cruce de todos los datos, pero sí que
hubiera sido importante en ese punto establecer conductas paralelas y
cruzadas de información, máxime cuando en determinados impagados usted y
yo sabemos que van juntas las Tesorería General de la Seguridad Social,
la Delegación correspondiente del Ministerio de Economía y Hacienda y la
Agencia Tributaria, en los grandes impagados. Podríamos estar hablando de
negociaciones de grandes impagados, por dar un nombre que es público y no
creo que atente contra la empresa, como, por ejemplo, Galerías Preciados.
Se ha estado negociando la forma de aplazar esos impagados por la Agencia
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social,
conjuntamente.
Tiene que haber un poco de colaboración para llegar a conocer los datos
que afloran de las empresas que están en la economía sumergida tanto en
la Hacienda Pública a efectos fiscales, como de cuotas en la Tesorería
General de la Seguridad Social. Nos hubiera parecido un avance
importante.
En cuanto a la reforma de la incapacidad temporal, sabe que nosotros
apoyamos dicha reforma. Quiero preguntarle cómo está en este momento la
creación del tipo de valoración de incapacidades, si ya ha sido creado,
si se ha regulado
su funcionamiento, etcétera. Si no me equivoco la creación ha sido
efectuada pero quizá las normas de funcionamiento de dichos equipos de
valoración de incapacidades no lo han sido.
También quiero decir --lo hubiera tenido que exponer con anterioridad--
que si se hubiera aplicado fehacientemente lo establecido en los Pactos
de Toledo en cuanto a la financiación de esos préstamos del Insalud,
quizá estuviéramos en condiciones de crear ese fondo de reserva que
también mandan los Pactos de Toledo, suscritos por todas las fuerzas
políticas y que son importantísimos en momentos de falta de liquidez para
pagar las pensiones contributivas.
He de decir que en cuanto a las inversiones de los inmuebles, en el
Capítulo 6, es cierto que ahora han tenido un efecto minorativo pero a lo
largo de estos años ha supuesto cantidades importantísimas. Yo pregunté
en una ocasión a cuánto había ascendido el costo de la descentralización
administrativa. Usted me contestó que aproximadamente 6.000 millones de
pesetas. Yo estoy convencida de que eso es el «chocolate del loro».
Vamos a tener una comparecencia sobre los gastos que ha efectuado la
Seguridad Social para llevar a cabo esa descentralización administrativa.
Ya está solicitada.
Para terminar le diré que ya sabía yo que usted me iba a sacar la Orden
Ministerial del Plan General de Contabilidad Pública de 1994. Antes ya he
hecho mención en cuanto a las certificaciones de descubierto que se
conceptúan como un reconocimiento de ingresos. Pero la realidad es que
esas certificaciones de descubierto que se remiten a la unidad de
recaudación ejecutiva tienen un proceso de apremio satisfactorio en un 25
por ciento y el resto de esas certificaciones conceptuadas en un 75 por
ciento son datadas; consecuentemente el satisfacer la deuda es inviable.
El señor PRESIDENTE: Señor Padrón, tiene la palabra.
El señor PADRON DELGADO: Para agradecer al señor Secretario General la
información que nos ha dado. Consideramos que nos ha contestado
totalmente.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Hay dos cosas importantes, como sabe S. S., en la Ley 42. Creo que esta
Ley 42 debe estudiarse una vez que fue aprobada por esta Cámara porque en
ella introdujimos la posibilidad legal de cambiar el criterio de
contabilización en todo lo que son retrocesiones bancarias, pensiones. Es
decir, es una modificación realizada ya por este Parlamento, y así se
estableció que lo que tradicionalmente venía a considerarse como un
producto de ingresos, se contabilice como una minoración de gastos. Eso
está en la Ley 42 y también está recogido en el Real Decreto que se
publicó, si mal no recuerdo, en los meses de junio o julio, a la vez que
el de los Equipos de Valoración de Incapacidades. Por tanto, ya es algo
aplicable con rango de ley y de decreto.
Hay otro decreto que se encuentra pendiente de informe del Ministerio
para las Administraciones Públicas. Se refiere a las prestaciones
indebidamente percibidas, no para su contabilización, sino para la
recuperación de esas prestaciones percibidas indebidamente por aquellas
personas que las han recibido inadecuadamente. Pero eso no es un
planteamiento contable, sino un plantamiento de la relación entre la
entidad gestora y el beneficiario que lo ha percibido indebidamente. Por
tanto, en cuanto a esa contestación, está plasmada con rango de ley y de
decreto, publicados en el «Boletín Oficial del Estado», si he entendido
bien su pregunta.
Le puedo afirmar con toda seguridad que en mi Secretaría no se elabora
ningún documento de esa necesidad ya que tiene funciones de dirección
pero no de gestión directamente; además no tengo ni estructura pues
solamente depende de mí un gabinete con categoría de subdirección y por
tanto no puedo dedicarme a elaborar ni papeles de la gestión de
prestaciones ni papeles de gestión del área de afiliación o de
recaudación. Por consiguiente, es cierto que no ha salido de la
Secretaría General propiamente ni ahora ni nunca. Consecuentemente, no
conozco esta información. Le diría una cosa, si es verdad esa
información, que no lo es, en el sentido real de lo siguiente, tendríamos
una situación patrimonial mejor, pero no intente mezclarlo porque está
haciendo una confusión contable comparar la deuda de terceros con los
préstamos, porque se contraponen. Curiosamente, si a la Seguridad Social
le deben los terceros dinero, es de naturaleza distinta al Capítulo 9, si
he entendido bien.
En cualquier caso, está claro: lo que dice el Tribunal de Cuentas es lo
que se tiene que contabilizar y en el informe que le he indicado,
publicado ya también, se dice que se deben contabilizar en cuentas los
aplazamientos y fraccionamientos de las cuotas y las certificaciones de
descubierto. Por tanto, no podemos contabilizar, ni sería justo, las
actas de liquidación porque, como sabe S. S. muy bien, las actas de
liquidación tienen poca estabilidad en la ejecución y si mezcla las actas
de liquidación planteadas por la Inspección de Trabajo que actualmente no
está gestionado dentro de la Tesorería General, podrá ir acumulando
cifras que no ofrecerán una estabilidad en su ejecución de cobro. Como
consecuencia, hemos ido a lo que se nos dice concretamente desde todos
los puntos de vista, desde el Tribunal de Cuentas, desde este Parlamento:
contabilicen ustedes en cuentas y así quedará registrado a la peseta, no
a los miles, concretamente lo que es deuda en ejecución de cobro, en vía
de certificación de descubierto. De ahí que le tenga que remitir a las
cifras que están intervenidas y que están sometidas al Tribunal de
Cuentas. No se está hablando de unas estadísticas, de una estimación, ni
se está implicando las notificaciones ni las actas de liquidación, sino
aquello que es un documento cierto en vía de apremio.
Desde luego, la expresión de disfrazar un balance que ha utilizado S. S.
es de una intencionalidad, en mi opinión, totalmente inadecuada.
Disfrazar un balance es
mentir en el balance. Si eso fuera verdad, tendría que presentar una
denuncia, no cabe otra cuestión, no solamente una denuncia contra mí, que
no soy el gestor pero podría ser el responsable político, sino contra el
gestor y contra los interventores. Quien lleva la contabilidad en la
Seguridad Social no es la gestión, es la Intervención; la gestión puede
hacer lo que quiera, pero lo contabiliza la Intervención, el órgano
fiscalizador. Es algo que no se debe olvidar. El gestor podría pedir lo
que quisiera, pero la Intervención no depende de él sino de la
Intervención General del Estado y de la Intervención General de la
Seguridad Social, no del Director General del INSS o de la Tesorería. Es
la Intervención la que lleva las cuentas, la que tiene la responsabilidad
de las cuentas, no el Director General de la Tesorería, no el Subdirector
de Gestión, sino la interventora de la Tesorería General. Por lo tanto,
están separadas esas funciones y difícilmente podría acusarse a esa
interventora de que está mintiendo y truncando la contabilidad, porque es
una aseveración grave en cuanto a disfrazar un determinado balance; sólo
lo puede disfrazar la interventora; yo no lo puedo hacer, no me pueden
obedecer ni tampoco al Ministro. Lo digo porque sacar eso con
intencionalidad política, pero desconociendo la realidad de gestión, es
gravísimo. No se puede disfrazar, salvo que lo haga un interventor,
funcionario, no de designación de otra naturaleza, y con
responsabilidades personales. Insisto, la gestión de la contabilidad la
llevan las intervenciones, no la gestión. No pueden hacer, valga la
personalización, el señor Francés o don Fidel Ferreras lo que quieran
porque lo tiene que hacer la Intervención. Está separado, por lo que no
cabe.
Además, hay otra cuestión. Mire lo que se ha contabilizado en 1994,
último ejercicio cerrado, y verá que coincide con las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas. No me diga que el Tribunal de Cuentas también
disfraza los balances, porque es a instancia suya por lo que se ha hecho
esa modificación, no a instancia de la gestión. Por tanto, creo
sinceramente que es una mala expresión y creo que S. S., que es
funcionaria de la Seguridad Social, de la Tesorería General, y conoce esa
realidad, no puede pensar que se puede disfrazar, porque es imposible.
En cuanto al déficit sanitario, llámese déficit sanitario a los
préstamos, dice que se ha amortizado. No. Dice la Ley de Presupuestos,
que aprueban SS. SS., las que han aprobado en 1994 y 1995, que hay un
plazo y que se amortizará en el plazo de diez años; se puede amortizar
todo en el primero o todo en el décimo, evidentemente. Si en un ciclo
económico no se está en las circunstancias donde se recauda más,
evidentemente no se amortizará. Tiene que añadir otra cuestión, que es un
préstamo sin interés. Yo pongo el ejemplo de la ley 3/1983, referida a
gastos de 1979, 1980, 1981 y 1982 que se amortizaron en el año 1991,
cuando hubo una acumulación, y no se hizo una cuestión de si se había
hecho bien o mal en los años 1981 y 1982.
La economía sumergida, cuya propia denominación implica la dificultad de
saber sus límites, evidentemente no entra dentro de las competencias que
tengo en gestión como Secretario General para la Seguridad Social. Esa es
una pregunta que sí la puede formular, porque no es que lo conozcan pero
pueden verlo más confirmado, en la comparecencia que periódicamente hace
el Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque
incluso excede del mero tema de Seguridad Social.
¿Se podrían cruzar con los datos de la Agencia Tributaria? No,
radicalmente no; hasta la reforma que se ha realizado de la Ley General
Tributaria aprobada en julio de este año, esencialmente, porque desde la
reforma de la Ley 42 de 1.º de enero sí podríamos facilitar datos desde
la Tesorería de la Agencia Tributaria. Si somos respetuosos con el
secreto fiscal, como debemos ser también respetuosos con el secreto
estadístico, tendremos que respetar las leyes y, consiguientemente, bajo
ningún concepto podríamos cruzar datos, especialmente en bancos de datos
tan sensibles como pueden ser los fiscales y los de Seguridad Social.
Solamente aprobándolo bajo el amparo de una ley aprobada por este
Parlamento es posible, y eso es posible a partir de la reforma y
aprobación de la Ley General Tributaria, que creo que fue en julio de
este año, es decir, hace unos pocos meses. Lo que sí se ha podido hacer,
y en la mezcla de la dialéctica parece que se confunde una cosa con otra,
es que la Agencia Tributaria y la Tesorería General hayan concurrido
conjuntamente, en posiciones coordinadas, por voluntad propia, ahora ya
por un convenio firmado entre la Tesorería y la Agencia Tributaria, en
los procedimientos concursales. ¡Ojo! ni la Tesorería General ni el
Ministro pueden condonar ninguna deuda si no es por ley. Lo digo porque
se da una imagen un tanto ligera de la estabilidad de las deudas frente a
la Seguridad Social. No hay nadie, si no es por ley, que pueda condonar;
solamente en los procedimientos concursales, porque lo prevé la ley,
actúan conjuntamente en cuanto al convenio de acreedores, y especialmente
si se produce en cuanto a la quita correspondiente. Ahí sí que han
actuado conjuntamente para resolver unos problemas que teníamos, como
todo el desempleo que podría producir Galerías Preciados, y hacer viable
la solución de Galerías Preciados, pero dentro de los procedimientos
concursales, amparados por la ley, efectivamente actúan conjuntamente.
¿Cómo está la creación de los EVI, equipos de valoración de
incapacidades? A primeros de este mes de octubre se han puesto en
funcionamiento 25 equipos de valoración de incapacidades en 25
provincias, en todo lo que es el área del Insalud, gestión directa, y el
1.º de diciembre se van a poner en funcionamiento bastantes equipos de
valoración de incapacidades ya en lo que es gestión del área sanitaria en
comunidades transferidas: Cataluña, Andalucía, Valencia. Es importante
porque creo que es necesario que la valoración del hecho de incapacidad,
sea permanente, total, absoluta o gran invalidez, sea determinado por la
entidad que soporta el gasto, no se vaya a dar que en otras
administraciones, que no tienen la responsabilidad de soportar el gasto,
y por tanto la eficiencia en el gasto, no tengan una situación de celo,
de tanta eficacia, como puede tener el Instituto de la Seguridad Social.
Por tanto, los EVI estarán funcionando de aquí a final de año en la
mayoría de las provincias españolas y espero que cumplan su función.
En cuanto a las inversiones en inmuebles, evidentemente separando lo que
es la gestión sanitaria y los servicios sociales, estaría encantado. Es
verdad que, paradójicamente --de ahí la explicación--, esta Secretaría
General, porque así lo dice el organigrama funcional, no tiene
competencias ni en la contratación ni en el tema de personal, si bien a
quien corresponde su función será al Subsecretario. Pero sí me hago
responsable concretamente de la intencionalidad de la política de
inversiones: que en los edificios que estaban en ruina, los funcionarios
no peligren y que no estén en ruina dichos edificios. Voy a poner los
ejemplos de Cádiz y Valencia. No podemos ocupar por dentro la sede del
antiguo Instituto Nacional de Previsión, remozada por fuera porque es un
edificio histórico, porque no tenemos seguridad, según los arquitectos;
necesariamente, hubo que crear una Dirección Provincial de la Tesorería,
donde se han dirigido principalmente las inversiones. Tener la Dirección
Provincial de Madrid en seis, siete u ocho edificios obliga, por gestión
y por crear ya las adecuaciones informáticas correspondientes en lo que
llamamos edificios inteligentes, obliga, repito, a crear una Dirección
Provincial. En la Dirección Provincial de Madrid también hay otra
inversión fuerte, muy fuerte, que se terminará en el plazo de un año o
año y medio. Fíjese que, cuando hacemos inversiones, no las estamos
haciendo para que se pueda inaugurar en el proceso de una legislatura,
estamos programando para más largo plazo.
Por lo tanto, no es en la extensión de la red donde está el coste, es en
las direcciones provinciales, y lo defenderé para dar un mejor servicio a
los ciudadanos, para adecuarnos tecnológicamente y para dar una cierta
comodidad de gestión y de desarrollo de las funciones a los funcionarios,
no con otra finalidad, evidentemente. Ahí está, en las direcciones
provinciales lo que concretamente se ha ido produciendo. Evidentemente,
según vamos remozando o creando los edificios correspondientes, hay menos
necesidad, y en ese sentido concretamente voy a defender desde siempre la
renovación.
Lo que sí que es cierto es que antes de este programa los peores
edificios de las Administraciones públicas los tenía la Dirección General
del INSS o de la Tesorería, la Seguridad Social, curiosamente prestando
los servicios punteros dentro de las Administraciones públicas. Cualquier
administración autonómica o del Estado tenía unos edificios con mayor
comodidad para los ciudadanos y para los funcionarios que la Seguridad
Social. Lo que ha habido es una adecuación de aquellos edificios
envejecidos, heredados de las mutualidades y del Instituto Nacional de
Previsión, concretamente a las exigencias actuales.
El dato que tengo de la entidad gestora en cuanto al conjunto del grado
de ejecución de las deudas por certificaciones es en torno a un 40 por
ciento y, concretamente, a esa cifra me remito, señoría.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, pido la palabra para hacer
una...
El señor PRESIDENTE: Un momento, la palabra la da la Presidencia. Se la
doy para una brevísima intervención.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señor Presidente.
Cuando he hablado de disfrazar balances quizás ha sido una expresión
incorrecta, porque mi formación es jurídica. De todas formas, en el
procedimiento de apremio le tengo que decir que, iniciado el
procedimiento de apremio y hechas las averiguaciones pertinentes para el
percibo del cobro de una deuda, si la unidad de recaudación ejecutiva no
encuentra datos suficientes, remite a la Subdirección Provincial de Vía
de Apremio el expediente y ahí es cuando se puede disfrazar la deuda
histórica, puesto que se data como crédito incobrable y se puede pasar ya
fuera del activo dentro de los cinco años en que se puede conceptuar
dicha deuda histórica. Señor Jiménez, me ha llegado que se están
impartiendo órdenes concretas para dejar un ejercicio saneado. Le digo lo
que me ha llegado.
Por tanto, vuelvo a reiterar la manifestación sólo que corrigiendo, y en
lugar de decir disfrazar un balance, que corresponde a un solo ejercicio,
disfrazar la deuda histórica. Sé bien que el documento que le he
mencionado no sale de la Secretaría, he manifestado de dónde, pero la
Secretaría, que es el máximo responsable en la gestión de Seguridad
Social, conoce o debe conocer ese documento, que ha sido elaborado por la
Subdirección General de Recursos Económicos.
Nada más, señor Presidente. Le agradezco que me haya dejado hacer esta
pequeña intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Creo que es necesario dejar claras dos o tres afirmaciones.
Insisto en lo de la contabilidad. Insisto en que todas las operaciones
que sean de gestión, tanto en la vertiente de la recaudación de
cotizaciones como en la de reconocimiento de prestaciones son
intervenidas, valga la redundancia, por la Intervención Delegada de la
Seguridad Social.
Por tanto, si un responsable provincial o un responsable de una URE
hiciese algo inadecuado estaría sometido, lógicamente, a los controles y
a las responsabilidades personales. Hay un procedimiento informático, que
no sé si conoce, donde se lleva un control centralizado de las
actuaciones de todos los responsables de las unidades de recaudación
ejecutiva. Por tanto, difícilmente puede hacer un planteamiento de
discrecionalidad el responsable de las URE, o cualquier otro responsable
de gestión, porque, insisto, está intervenido y está controlado
informáticamente. Más aún, le voy a decir a S. S. que por orden de la
Secretaría General de la Seguridad Social tengo al grupo de investigación
de Seguridad Social policial pendiente de que si observan cualquier
actuación anómala en las unidades de recaudación ejecutiva levanten el
acta policial correspondiente y lo pongan en conocimiento directamente
del juzgado. Por tanto, difícilmente se podrá hacer ninguna actuación
discrecional.
Depurar y dejar un balance, si fuese en los balances cuanto más deuda
mejor, no habría que quitar la deuda, habría
que hincharla porque patrimonialmente lo tendríamos mejor, porque son
derechos devengados frente a otra situación. Por tanto, no iría por ahí.
Más aún, cualquier posición de análisis de qué es lo que es cobrable y
qué no lo es de depuración de la deuda histórica no facilita el
saneamiento de un balance en el sentido de demostrarlo patrimonialmente
mejor, todo lo contrario. Si hubiera habido una idea intencionada de lo
que ha dicho, sería una forma sencilla de no ir a una provisión por
fallidos del 50 por ciento, con poner el 30 por ciento, puesto que el
Banco de España ya para las entidades financieras en deuda más a corto
plazo pone el 25 por ciento, hubiéramos tenido una situación patrimonial
y de resultados más favorable, pero hemos ido al 50 por ciento, todo lo
contrario, con un criterio extremadamente de prudencia, exageradamente de
prudencia. Por tanto, es todo lo contrario de lo que ya está
normativamente en el Boletín Oficial y aplicado en la liquidación de
1994. Me podrían decir todo lo contrario, que se ha hecho demasiado uso
del criterio de prudencia contable y, por tanto, no se refleja o se
refleja una provisión a lo mejor excesiva. Esa es la intencionalidad.
La otra afirmación es que todas las deudas, todas, están en las cuentas y
balances de la Seguridad Social y además están con el soporte de una ley.
Fuera de eso concretamente no hay nada, y eso sería disfrazar balances.
El señor PRESIDENTE: Con esto termina la comparecencia del señor Jiménez,
Secretario General de la Seguridad Social.
Reanudamos a las cuatro y media de la tarde.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (SEQUEIRA DE
FUENTES), A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
212/001688.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión con la comparecencia del señor
Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, solicitada por el Grupo
Popular, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Bienvenido, señor Subsecretario.
Como otros años, vamos a evacuar este trámite de información
parlamentaria con la mayor atención y el mayor rigor, haciendo absoluta
abstracción de las circunstancias que pudieran concurrir, exteriores a la
propia letra y cifra del presupuesto, que pudieran ensombrecerlo.
Lamento no tener ni «Diario de Sesiones» ni memoria suficiente como para
suplir su inexistencia aquí para recordar viejos debates de otros años,
evocando --y es sobre lo primero que quisiera oír alguna reflexión del
señor Subsecretario-- cómo frente a las pretensiones de recortes
razonables --apelo al adjetivo que utilizó el propio señor García Ronda,
al que le tocó impugnarme el año pasado, si no recuerdo mal--, de
restricción de los presupuestos de 1995, se nos advirtió de las graves
consecuencias que para la funcionalidad y el buen orden de distintos
servicios del Estado se seguirían de dichas restricciones, cuando, sin
embargo, apenas un trimestre después de aprobados aquellos presupuestos
era el propio Gobierno quien acometía su traumático recorte, de suerte
que, si la información que obra en mi poder es correcta, de esta Sección
25, que gestiona sustancialmente el Ministerio de la Presidencia, de un
crédito inicial de 6.862 millones de pesetas, se pasó a otro de 6.708, en
el capítulo 1; en el 2, de 9.486 a 9.228; en el 4, de 33.700 millones a
31.673; en el 6, de 1.570 a 1.030; y en el 7, de 1.622 a 1.571, con lo
que el crédito inicial de la Sección de 53.275 millones de pesetas pasó a
50.210, sin que ni los objetivos de la presidencia de la Unión Europea ni
ningún otro de aquellos riesgos o amenazas que se cernían sobre nuestras
propuestas de restricción de gasto parecieran tener mayor fundamento, a
la vista de la experiencia de los meses transcurridos.
Querría pedirle alguna aclaración previa al señor Subsecretario, bien
ahora o bien por escrito, si no estuviera en condiciones de
facilitármela, para saber hasta qué punto este límite de obligaciones a
reconocer de los 50.210 millones de pesetas se ha visto después, en el
curso del ejercicio presupuestario, modificado, ampliado de nuevo en
virtud de transferencias o de incorporaciones de crédito y, en todo caso,
conocer cómo fueron repercutidas estas restricciones del crédito inicial
sobre las distintas secciones, programas y objetivos del presupuesto del
Departamento.
Entrando ya en la consideración de las cifras del presupuesto para 1996,
desearía alguna aclaración del señor Sequeira en torno al incremento del
seis por ciento de los gastos de personal, a pesar del muy significativo
ahorro que debe suponer, también desde esta perspectiva, el no contar con
la partida del pasado ejercicio destinada a la presidencia española de la
Unión Europea, y, por otra parte, como parecería lógico, a la
desaparición de la estructura de apoyo a la suprimida Vicepresidencia del
Gobierno.
No tengo grandes comentarios que hacer en relación con el Programa 112C,
de relaciones con las Cortes. Después haré referencia a un incremento que
resulta llamativo en el 112A, que no le encuentro correlación suficiente
con el 112D. Pero sí quería preguntarle respecto al capítulo de
inversiones. Con relación a la dotación de obras de ordenación del
recinto de la Moncloa, por qué el nivel de inversión de este año se prevé
muchísimo más bajo de lo que fue en 1995 y de lo que se supone va a ser
de nuevo en 1997.
Señor Sequeira, nos encontramos con un retraso en la ejecución de
proyectos, con una rebaja ficticia, con una pura ficción contable, con un
aplazamiento de pagos. En definitiva, sobre una programación plurianual
como la que venimos considerando año tras año, tanto las inversiones de
ordenación del recinto de la Moncloa como, igualmente, el Programa 126A,
inversiones de infraestructuras en situaciones de crisis, nos merecen
idénticos comentarios.
Nos da la impresión de que las rebajas están forzadas a capón --si se me
permite la expresión coloquial--, mucho más determinadas por la voluntad
política de cuadrar un presupuesto en todo caso que por atender unas
necesidades reales que, de serlo, bien pudieran haber sido atendidas en
ejercicios presupuestarios anteriores con la mayor modestia con que
nosotros postulábamos.
Nos ha llamado la atención, en la Memoria de objetivos del Programa 126B,
en la cobertura informativa, la distinción entre los puntos 1 y 3.
Creemos que es algo relativamente novedoso. Concretamente querría alguna
aclaración respecto a lo que se denomina, en el punto 1, difusión de la
información. Y nos ha llamado la atención también la desaparición de la
partida. Es curioso que esta partida fue objeto de clara impugnación
política en otros años respecto a las finalidades, los usos y destinos
que se les daba en cuanto a concesiones de becas, cursos o asistencias de
congresos en que no resultaba demasiado difícil rastrear, en algún caso,
respecto a sus beneficiarios, alguna suerte de afinidad. Lo que ocurre,
lisa y llanamente, es que este capítulo ha desaparecido; desaparición de
la que en principio nos felicitamos, pero permítame una mínima reflexión
respecto a su dudosa utilidad de ejercicios anteriores.
Quisiera conocer, señor Sequeira --y estoy seguro de que está usted en
condiciones de informarme con mayor claridad--, la marcha financiera del
«Boletín Oficial del Estado», que no sólo sigue siendo buena sino que nos
permite hacer pensar que las previsiones de transferencia de recursos
generados por el «BOE» en 1995 respecto a las previsiones presupuestarias
de este año, pudieran haber sido sensiblemente cortas, y puede haber
encontrado por esa vía la suplencia de muchas otras deficiencias
presupuestarias.
Querríamos saber la incidencia presupuestaria del traslado a Manoteras,
que supone conocer, con alguna aproximación, tanto la fecha en que pueda
producirse este traslado, como el calendario --se supone-- gradual de la
sucesiva entrada en servicio del equipamiento de la nueva editora de la
«Gaceta de Madrid». Tengo que reiterarle --délas por reproducidas-- mis
objeciones al Programa 455C, promoción y cooperación cultural, a pesar de
esas aparentes razones de técnica presupuestaria a las que usted y el
propio señor Ministro, en la defensa del presupuesto de la Sección, suele
apelar año tras año. Me refiero a la subvención al Ente Público de
Radiotelevisión Española. Demos por reproducidos todos los comentarios
que ustedes pudieran imaginar sobre el sentido y significación de esta
subvención, pero ahora la objeción sube de punto porque este programa
parece no haberse agotado en esta subvención, sino que pese a la
existencia específica del Ministerio de Cultura, pese a las numerosísimas
líneas de subvención en razón de sus fines --sea asistenciales,
culturales, educativos, etcétera-- del enorme entramado que produce
espontáneamente el tejido social y su excesiva dependencia de la
asistencia pública que nos hace relativizar un poco los entusiasmos
respecto a esa vitalidad del tejido civil para promover este tipo de
iniciativas, lo que no acabamos de entender es la existencia de una línea
espcífica de subvención pegada en el mismo vértice de la Presidencia del
Gobierno y compartida con las subvenciones a Televisión Española; es
decir, esa relación donde aparece el Ateneo de Madrid, el Círculo de
Bellas Artes --más conocido como el «Círculo de no nos resignamos»--, las
Juventudes Musicales, la Sociedad de Estudios Vascos y el Centro Nacional
del Vidrio. Me reconocerá el señor Sequeira que la justificación
técnico-financiera de la permanencia de este programa en el ámbito de la
Presidencia del Gobierno se hace por lo menos llamativa. En ese sentido,
le anticipo que probablemente alguna enmienda presentaremos en tal
dirección.
Desde un conocimiento profundo --si no profundo, próximo, digamos, para
no ser petulante-- de una materia a la que, como S. S. sabe, he dedicado
algunos esfuerzos este año, y asumiendo «a priori» como filosofía la
voluntad restrictiva a la que el presupuesto dice responder, no puedo por
menos de manifestarle mi alarma ante la reducción en el capítulo de
inversiones de la administración del Patrimonio Histórico Nacional, desde
el conocimiento de la realidad de la situación de ese Patrimonio. Por
ejemplo, aparece la Fundación de Gremios, también de forma ininteligible,
entre los beneficiarios de subvenciones del programa de cooperación
cultural, cuando sabe S. S. muy bien que no tiene siquiera el carácter de
no lucrativa, que debería inicialmente legitimar la posibilidad de su
subvención y que está asistida, como debe estarlo, desde otro marco
presupuestario de la propia Sección del Ministerio de la Presidencia.
Quiero decirle que esta restricción en el capítulo de inversiones del
Patrimonio Histórico Nacional, y específicamente referida en su casi
totalidad a la seguridad de palacios y reales sitios, me parece
temeraria. Cualquier conocedor de la situación de los reales patronatos y
de las distintas sedes y delegaciones de los palacios reales sabe hasta
qué punto las retribuciones --incluso en términos económicos me imagino
que la retribución de horas extraordinarias a lo mejor bastaría--, así
como las deficiencias de personal, los mil y un expedientes de fortuna a
que tienen sus gestores que recurrir para asegurar razonablemente la
reducción de los horarios de visitas a los reales jardines de La Granja,
por ejemplo, hacen pensar que una reducción de 216,5 millones de pesetas
en seguridad de palacios y reales sitios tenga una apariencia, por lo
menos en mi opinión, repito que temeraria. Me gustaría que el señor
Sequeira me tranquilizase respecto a cómo piensan suplir esa alarmante
reducción.
Como le decía, desde el punto de vista estrictamente presupuestario sólo
le ha resultado a nuestro Grupo llamativo un incremento, muy a contrapelo
de lo que parecen ser las líneas generales inspiradoras del presupuesto
en el capítulo 4, transferencias corrientes, epígrafe 48, a familias e
instituciones sin fines de lucro. Como no descarto, por lo llamativo del
propio incremento, que pudiera tratarse de un error, prefiero que el
señor Sequeira no me responda aquí y ahora y sí que me haga llegar alguna
nota informativa sobre la materia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (Sequeira de
Fuentes): Voy a intentar contestar a las preguntas en el orden en que me
las ha formulado, adelantándole, como siempre, que algunas de ellas
tendrán que ser respondidas por escrito o con una documentación
complementaria.
En primer lugar, me ha preguntado algo referente a la ejecución
presupuestaria de 1995, en relación con el recorte que se hubiera
efectuado sobre los créditos iniciales, y en qué aspectos hubiera podido
incidir dicho recorte. Sobre este punto he enviado a la Cámara, me parece
que el lunes pasado, una información que le reproduciré a su señoría.
Ante una petición de comparecencia para ejecutar presupuestos, que se iba
a celebrar el viernes pasado y que se suspendió, envié una documentación
muy extensa sobre el grado de ejecución, y específicamente se me
preguntaba la incidencia que había tenido en los distintos programas y
capítulos. Me ha preguntado si ha habido alguna alteración en algún
programa significativo. Debo decir, porque aparece en esa documentación,
que hay un incremento en la previsión de la Unión Europea --así lo he
hecho constar-- con un desagregado sobre la reunión de Jefes de Estado,
la Conferencia Euromediterránea, etcétera; desagregados que son
exactamente nuevos, compromisos contraídos con posterioridad a la
presentación del presupuesto, cómo se han cubierto y de qué manera se han
aplicado. Por tanto, hay una explicación muy extensa que le reproducirán
porque está en la Cámara.
En relación con el capítulo 1, me pregunta sobre un incremento de gasto
de personal en el Programa 112A, Presidente del Gobierno, indicando cómo
es posible dicho incremento cuando en este momento el aparato que pudiera
servir a la Vicepresidencia no debería existir porque se encuentra
vacante. Se produce un incremento, que tiene su explicación, aparte del
IPC, como S. S. sabe, porque se ha mantenido el personal y probablemente
el año pasado nos habíamos ajustado demasiado en el tema de la previsión
presupuestaria. Lo que siempre afirmo es que no se ha incrementado la
relación de puestos de trabajo. Ha podido haber algún incremento, no
recuerdo el número de personas, muy pequeño.
Está presupuestada la Vicepresidencia del Gobierno; el aparato de
asistencia al Vicepresidente, vacante o no vacante, era mínimo, era de un
Secretario General de la Vicepresidencia y un número muy reducido de
funcionarios, porque lo que apoya al Vicepresidente del Gobierno es la
estructura del gabinete de la Presidencia del Gobierno, o sea, que tenía
una estructura específica muy pequeña, pero también le daremos una
información complementaria al respecto.
Me pregunta, en conjunto, por el capítulo de inversiones, el capítulo 6
del Programa de la Sección 25, tanto en el área del Presidente como en el
área de la Subsecretaría o del Ministerio de la Presidencia
estrictamente. Aquí se ha producido una minoración, ya lo ha apuntado
usted, y me pregunta cómo es posible que estemos haciendo estas
disminuciones. Intentamos adecuar nuestro nivel de inversiones y nuestra
realización de las obras a las posibilidades presupuestarias.
Le puedo facilitar, y así lo haré también, las previsiones para el
próximo ejercicio y tendremos, lógicamente, que ajustarnos a estas
restricciones presupuestarias. En esa información complementaria.
Aparecerá recogido con pormenores, como es lógico, las referentes a los
Programas 112A y 112C, es decir, Presidente del Gobierno y Ministerio de
la Presidencia, en sentido estricto. No podré facilitarle más que una
información muy somera del programa de crisis, debido a la calificación
de secreto que tiene y, por tanto, el desagregado no podrá serlo con el
detalle del resto del programa de inversiones.
Hay otra pregunta --pasaré luego al tema del portavoz-- referente al
«BOE». Son correctas sus afirmaciones; la marcha del «Boletín Oficial» es
extraordinariamente satisfactoria. La aportación que se hace como aparece
en las cantidades que tiene, en estado cuantitativo, es mayor. El «BOE»,
como usted sabe, tiene una triple dimensión, que es la publicación del
diario oficial, la venta de libros y la imprenta nacional. Es verdad que
el reforzamiento de la actividad de conjunto, la comercial del «BOE»,
registra una buena marcha.
Tengo todos los datos de Manoteras en coste y en calendario. Se lo daré
también, pero lo que tengo aquí se lo daré de inmediato. Nuestra
previsión es estar funcionando, es decir, que esté saliendo ya el primer
diario, en mayo de 1996. Pero hay un calendario de traslado que va desde
1º de enero de 1996, escalonadamente, hasta mayo en que estará ahí.
Quedará en la calle Trafalgar algún punto de atención al cliente,
suscriptores, etcétera, para evitar los desplazamientos, la librería que
vende las publicaciones del «BOE» y el resto de las publicaciones
oficiales, porque la pérdida de ese local y el traslado a Manoteras no
tendría sentido para los eventuales clientes.
En cuanto a la subvención a Radiotelevisión Española, ahí hay siempre un
debate entre usted y yo, pero vamos a remitirlo, como siempre, a una
Comisión específica que hay sobre el Ente Público Radiotelevisión
Española. Este es un criterio que venimos sosteniendo en relación con la
Televisión Pública y sobre el que no puedo afirmar más que, en efecto,
hay una consignación, una subvención y un criterio de financiación del
ente público que está ahí y que esta Cámara conoce en profundidad puesto
que tiene una Comisión que específicamente trabaja sobre este punto.
Respecto a Patrimonio Nacional, totalmente de acuerdo. Yo estoy también
seriamente preocupado con el tema del Patrimonio Nacional. Es una
preocupación que compartimos usted, yo y la gerencia de Patrimonio
Nacional.
No es cierto lo de la fundación de gremios. Si viniera en la
documentación es un error de la misma. No es posible que exista y si está
es un error, porque no hay ninguna posibilidad de subvencionar una
fundación que ha desaparecido. Por tanto, repito, será un error por parte
de nuestros servicios. No hay ninguna subvención a una fundación que ha
desaparecido, que está extinguida, que carece de personalidad jurídica.
Le preocupa la disminución de 300 millones en inversión, pregunta si esa
disminución afectará a los sistemas de seguridad y, caso de que así
fuera, de qué manera va a
actuar el Patrimonio Nacional para paliar esta situación. En este caso,
como conoce S. S. perfectamente, la peculiar configuración de Patrimonio
Nacional en todos los planos, pero también en el plano de organización,
hace que haya un organismo que actúa con una extraordinaria autonomía,
que es el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional; yo me
dirigiré al Presidente del Patrimonio Nacional para que me indique la
aplicación de esa minoración de 300 millones y qué consecuencias tiene.
De todas maneras, este presupuesto se ha hecho de conformidad plena con
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y las aplicaciones
de las reducciones, en qué capítulos, en qué partida habría que efectuar
alguna minoración, fue realizado por el Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional; me lo trasladaron y yo lo remito casi de modo
automático a Patrimonio. Usted y yo compartimos esa preocupación, lo que
pasa es que hay que hacer eso compatible con una disminución de las
posibilidades presupuestarias. También indicaré al Presidente de
Patrimonio Nacional que se dirija directamente a S. S. indicando las
inversiones para defender así la singular autonomía presupuestaria y de
funcionamiento que tiene el Patrimonio Nacional.
Me ha preguntado también en cuanto al portavoz del Gobierno, las becas
que otorgaba el portavoz del Gobierno. Me indican mis servicios que se
dejaron de conceder cuando se unificó el Ministerio del Portavoz del
Gobierno con el Ministerio de Relaciones con las Cortes, a partir de la
creación del Ministerio de la Presidencia.
Sin entrar en mucho detalle, el problema de los becarios, aparte de otras
consideraciones, es la pretensión, por otra parte justificada en una
determinada situación, de encontrar, a través de lo que es estrictamente
una beca, una relación permanente de servicio y de vinculación con la
Administración. Si a eso unimos una cierta tendencia de los tribunales,
posiblemente también justificada, a buscar algún recoveco, nos ha creado
algunas dificultades. Hemos decidido prescindir de ello y buscar otras
fórmulas, porque hemos tenido algún problema con los becarios en el
sentido de intentar, una vez finalizada la beca, una demanda en la
Magistratura para buscar, a través de esa relación episódica, una
relación permanente con la Administración.
Luego queda una pregunta concreta sobre un incremento que se registra en
el Programa 480; ahí acepto plenamente la propuesta de S. S. en el
sentido de contestar por escrito lo que se refiere a la aplicación de una
previsión normativa contenida en el Real Decreto de 24 de abril de 1992,
sobre el estatuto de altos cargos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Sustancialmente, quiero agradecer al señor
Subsecretario su información y hacer alguna muy breve puntualización a la
misma, aceptando lo cumplido y suficiente de la mayor parte de sus
explicaciones.
Yo no dudo de que el gabinete de apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno
fuese tan enteco como S. S. dice. Debe serlo en cuanto al número de
efectivos. Respecto a la capacidad de actividad, de dar crédito a algún
medio informativo de hoy, hay que pensar que suple con creces esa
reducción con unos despliegues de eficacia notables. De todos modos, en
ese ámbito de asistencias próximas a las más altas jerarquías del
Gobierno, sigue llamando un poco nuestra atención, respecto al gabinete
de la Vicepresidencia, que además de ese gabinete se sigue manteniente
otro gabinete técnico en la Secretaría General de la Presidencia, en
funciones de apoyo directo al Presidente, de no muy claro deslinde y
comprensión conceptual. Si puede hacerme algún comentario al respecto,
porque sé que no he hecho alusión a ello en mi primera intervención, se
lo agradecería.
Tiene S. S. razón --vamos a completar el chiste: la razón que tiene es
poca o la poca que tiene no vale nada-- del todo en cuanto a que,
efectivamente, no aparece ninguna dotación a la fundación de gremios para
el próximo ejercicio presupuestario, lo que aparece es una minoración
respecto a dotaciones preexistentes en otros ejercicios anteriores. Desde
el punto de vista técnico-jurídico, sigo manteniendo la misma teoría, una
minoración de 45 millones de pesetas. En la explicación de diferencias
que acompaña a la comparación interanual de los ejercicios de 1995 y 1996
se reseña. Desde el punto de vista jurídico conceptual, conociendo un
poco las vicisitudes de la fundación y el trance de liquidación en que se
encuentra, es sorprendente que se utilicen las transferencias corrientes
a instituciones sin fines de lucro, un recurso público destinado a esta
entidad por esta vía de dudosa ortodoxia presupuestaria. Y no ha hecho
ninguna referencia no tanto al debate interminable de la televisión
pública y de la necesidad de que gravite sobre los recursos de todos los
contribuyentes, como a la circunstancia de que en ese programa de
promoción y cooperación cultural nos encontramos con una línea de
tendencia expansiva, no digo en los recursos sino en la concepción, para
mantener ayudas a un elenco de instituciones, como se deduce --insisto--
de la propia explicación de diferencias con respecto a lo que han sido
transferencias corrientes en el ejercicio anterior, que existiendo en el
Ministerio de Cultura, encuentro de dificilísima ubicación.
Le agradezco su sinceridad respecto al reconocimiento de los problemas
que han podido derivar de la tendencia a la «laborización» de situaciones
iniciales de mero reconocimiento de un mérito académico para la
realización de una tesis doctoral o de una acción de investigación
puntual, etcétera. Pero por esa misma o parecida construcción de riesgo
de peligro político el que aparezcan colgadas en el mismo vértice de la
Presidencia del Gobierno, aunque sea en cantidades económicamente no
demasiado significativas, estos centenares de millones de pesetas en
transferencias corrientes a distintas instituciones sin fines de lucro,
me parece políticamente muy inoportuna, y no puedo por menos insistir en
ello.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (Sequeira de
Fuentes): Aparte de las consideraciones que hace sobre la organización de
la Presidencia del Gobierno en su aspecto de Vicepresidencia o gabinete
técnico, debo decir que en la organización del conjunto del complejo de
la Moncloa existe la Secretaría general del Presidente del Gobierno y la
Vicepresidencia, aun estando vacante. No recuerdo ningún Gabinete técnico
de la Presidencia. Me extraña porque sólo conozco la Secretaría general
de la Presidencia, que la ocupa doña Rosa Conde, y aparece la
Vicepresidencia del Gobierno vacante, o la Secretaría general de la
Vicepresidencia, pero un gabinete técnico de Presidente, en el tiempo que
llevo, que es bastante, no aparece.
Respecto a la Vicepresidencia, insisto en que el Servicio de la
Vicepresidencia lo otorga el Gabinete de la Presidencia. Esta es la
realidad.
Lo que no consigo descubrir es ese haz de subvenciones que señala usted
porque no encuentro dónde presupuestariamente tengo enganchado el
otorgamiento de subvenciones a esa serie de asociaciones, entidades e
instituciones.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor Presidente.
Función 5, subfunción 5, Programa C: Promoción y cooperación cultural,
donde junto al gran capítulo de la subvención a la televisión pública,
aparece otro epígrafe en la 4.48, Familia e instituciones sin fines de
lucro. Obviamente, yo no he podido deducir del proyecto del presupuesto
del próximo ejercicio la existencia de estas transferencias corrientes
concretas. Me surgen de la comparación interanual con respecto al
ejercicio presupuestario anterior, por vía de minoraciones.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (Sequeira de
Fuentes): Lo veré, pero en lo que a mí se me alcanza, en el programa sólo
tengo lo que se da a Televisión Española, pero no tengo el resto de ese
planteamiento presupuestario. Si insiste, le pasaré una nota, pero no me
coinciden estos datos.
Yo tengo una subvención al Ente Público RTVE por ese importe y no otro
destinado a esas instituciones. Lo estudiaré con el mayor detalle, pero
no me consta.
Respecto a la subvención a la fundación de gremios, esté seguro, señor
Cisneros, de que no hay nada porque está extinguida y, por tanto, no va a
haber subvención alguna directa o indirecta a una entidad que ha perdido
su personalidad jurídica por completo y que ha sido extinguida.
El señor CISNEROS LABORDA: Lo sé, lo sé.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario.
Termina la intervención del señor Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia del Gobierno.
Suspendemos la sesión, que reanudaremos a las cinco y media.
Se reanuda la sesión.
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (ARANGO
VILA-BELDA). A SOLICITUD DEL (GP). (Número de expediente 212/001687.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Continúa la sesión con la
comparecencia del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas,
solicitada por el Grupo Popular.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Voy a formular dos preguntas absolutamente
concretas, las dos únicas que se nos han suscitado con alguna
estridencia, las más llamativas, en razón de la comparación interanual
del presupuesto del Centro de Investigaciones Sociológicas del año pasado
con respecto al presente.
Concretamente, en el programa Investigación y Estudios Sociológicos y
Constitucionales aparecen unas transferencias corrientes a familias e
instituciones sin fines de lucro por importe de 16,7 millones de pesetas,
según parece para concesión de becas y ayudas al fomento de la
investigación, a distribuir por resolución del CIS. Quisiéramos alguna
aclaración complementaria sobre la materia del señor Director General del
CIS, cómo se traduce en los objetivos de indicadores de seguimiento,
puesto que en la memoria de objetivos no aparece en ningún indicador
nuevo que se corresponda a un nuevo gasto, inexistente en otros
ejercicios anteriores según mi información. Esa sería la primera.
Respecto a la segunda, quiero manifestar una cierta sorpresa, que sin
duda el señor Arango en su posición técnico-científica estará en
condiciones de aclararnos, por cuanto que entre los objetivos indicadores
de seguimiento destaca también el hecho de que parece volverse a los
niveles de 1994 en cuanto al número de encuestas con red de campo propio
y en cuanto a los estudios previstos por convenio con organismos de la
Administración. A la vista de este aparente retroceso, querríamos que nos
aclarase hasta qué punto se han cumplido las previsiones que se hicieron
para 1995. Si no se cumplieron sobre la base en que se formularon
--recuerdo los debates al respecto de mi compañera Soledad Becerril con
usted hace un año-- y, si se van a cumplir, por qué se abandona esta
tendencia en el año próximo, pues parece que volvemos a empeorar, al
menos a no mejorar, la ratio estudios de campo propio-estudios
contratados.
Esos son los dos extremos principales, sin perjuicio de escuchar al señor
Director del CIS sobre cualquier otra consideración que tenga por
conveniente si quiere explayarse más extensamente en una reflexión global
del presupuesto de su centro para el próximo año.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Arango.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (Arango
Vila-Belda):
Señor Cisneros, con mucho gusto contesto a las dos preguntas.
En primer lugar, la que se refiere a las transferencias a familias e
instituciones sin fines de lucro no supone novedad alguna, excepto su
transferencia del capítulo 2, donde antes estaba situada, al capítulo 4.
La razón es la nueva clasificación económica del gasto, que considera
subvenciones a las becas y ayudas que anualmente convoca y otorga el CIS.
Estas, que se venían financiando desde el concepto 227, pasan ahora al
capítulo 4, concepto 481, y constituyen una prestación característica del
CIS, que estaba contenida en la relación de objetivos e indicadores de
seguimiento. Se trata, por una parte, de dos ayudas a la realización de
tesis doctorales, por cuantía de 750.000 pesetas cada una, y tres ayudas
para la explotación del banco de datos del CIS, que son de nueva creación
del año 1995. Por tanto, estaban presupuestadas tres ayudas y se han
convertido en cinco. Por otra parte, el Centro otorga tradicionalmente
cada año ocho becas para la formación de jóvenes investigadores, que de
hecho prestan sus servicios en el Centro haciendo compatible su formación
con la prestación de servicios muy apreciados y útiles en esta época de
imposibilidad de ampliación de plantillas. Por tanto, se trata de una
simple transferencia contable.
Por lo que se refiere a la segunda pregunta, efectivamente hay una
oscilación en 1995, si se ve en perspectiva la previsión de número de
encuestas y sondeos con red de campo propia, que se explica por la
celebración de elecciones municipales y autonómicas en esta fecha, por
cuanto cada circunscripción aparece como un estudio separado. Ello
significa que se hacen trece estudios para otras tantas comunidades
autónomas que celebraron elecciones este año, más ocho encuestas para los
grandes municipios, lo que supone un número de 21 por encima de las
habituales.
La realización de esa previsión se ha superado con creces por cuanto
hasta el día de la fecha, en el ejercicio de 1995, el Centro lleva
realizadas hasta el día de hoy 57 encuestas y sondeos con red de campo
propia. Se ha superado ampliamente, por diversas razones, la previsión
establecida en este sistema de indicadores, que es un tanto tentativo.
Para el año 1996, por no estar prevista la celebración de elecciones
autonómicas y municipales, se ha vuelto al número más o menos habitual.
Por lo que se refiere a la rúbrica seis de ese cuadro de indicadores,
estudios o encuestas por convenio con organismos de la Administración,
entiendo que debe tratarse de una errata, por cuanto nuestra previsión es
realizar quince y no cinco. Ello es coherente con la tendencia al aumento
progresivo de la cuota de autofinanciación del organismo, que en el año
1995 suponía aproximadamente un 20 por ciento del total de gastos
presupuestados y que para 1996 asciende al 31 por ciento aproximadamente.
En otras palabras, manteniéndose constante el monto total de gasto
previsto para el organismo, las transferencias procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado disminuyen en una medida importante, a
cargo naturalmente de un aumento de la previsión de autofinanciación del
organismo. Además, precisamente en el presupuesto del año 1995 estaba
previsto que el CIS aportase al presupuesto total 130 millones de sus
recursos propios y, para el presupuesto de 1996, la previsión es de 228
millones prácticamente, con lo cual la cuota de autofinanciación pasa de
algo menos del 20 por ciento al 31,25 por ciento.
La única consideración general que puedo hacer, siguiendo la amable
invitación de S. S., es que se trata de un presupuesto continuista, que
supone variaciones absolutamente mínimas en general, siendo la de mayor
entidad y cuantía la que acabo de mencionar: el aumento de la cuota de
autofinanciación.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): De nuevo tiene la palabra el
señor Cisneros, para hacer las puntualizaciones que crea convenientes.
El señor CISNEROS LABORDA: Ciertamente ninguna, salvo la expresión de mi
gratitud al señor Arango, puesto que, como él mismo ha señalado, el
presupuesto no nos depara mayores sorpresas y, de aquellas dos que a mí
me habían llamado la atención, una, según se nos ha esclarecido, se debe
a una mera errata tipográfica y la otra se debe al cambio de un criterio
de encuadramiento técnico-contable, que sí me suscita alguna curiosidad
en el sentido de preguntar al señor Arango, si considera pertinente
responderme, si es que ha sido en el Centro que regenta donde ha podido
producirse alguna dificultad por la pretensión de laboralizar o convertir
en estables situaciones de vinculación con antiguos becarios. Es decir,
la pretensión de la conversión de una antigua beca o de un trabajo de
investigación en el título para el establecimiento de una relación
permanente con la Administración es, sin duda, una cautela en la
evitación de ese riesgo, que también, por otra parte, nos induce a pensar
hasta qué punto incluso en los elogios al trabajo de esos becarios no
puede haber una cierta modalidad de subempleo o de utilización de una
mano de obra muy cualificada con unos niveles de retribución ciertamente
insuficientes, y dudo que compensados por la generosidad del
reconocimiento por parte del señor Director General ante esta Cámara.
Se me ocurre un comentario. Sin duda parece que desde el punto de vista
de indagación o de exploración sociológica unas elecciones autonómicas y
locales, justamente por la pluralidad y la multitud de las
circunscripciones, plantea unas necesidades muy costosas, más de lo que
supone un proceso electoral general. No querría deducir que esas
previsiones de contracción respondieran a una imprevisión presupuestaria
por parte del CIS de la inexistencia de elecciones generales el próximo
año.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para satisfacer las dudas de S.
S., tiene de nuevo la palabra el señor Arango.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (Arango
Vila-Belda): En primer lugar, la iniciativa de la modificación contable
del paso del capítulo 2 al capítulo 4 de esta rúbrica, en una cuantía de
16.700.000 pesetas para ayudas a la investigación
y becas, nos es ajena; procede seguramente del Ministerio de Hacienda y
supongo que responde a criterios de técnica contable y presupuestaria. No
sé si además atiende a la preocupación expresada por S. S.
Reconozco sin ambages que ciertamente los becarios prestan un concurso
muy valioso, insisto que no incompatible con su formación, con la
finalidad para la que están previstas estas becas. De hecho, este año se
ha duplicado el curso de postgrado que el Centro viene ofreciendo para la
formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de
datos, que antes estaba dirigido a licenciados externos a la casa, y se
ha habilitado una reedición de estos cursos para los propios becarios,
para atender debidamente sus necesidades de formación, pero se trata de
una formación «on the job», sobre la práctica en el trabajo. No diría yo
que constituye un expediente indigno de abuso o de explotación del
trabajo barato de estos becarios, pero su concurso es muy de apreciar en
un período ya largo en el que las plantillas están totalmente congeladas
y nos enfrentamos a la imposibilidad total de contratar nuevo personal,
mientras que las funciones del Centro, por lo menos algunas de ellas, se
han incrementado.
Por lo que se refiere a la segunda observación, ciertamente por razón del
número de circunscripciones las elecciones autonómicas y municipales
suponen un número de estudios y un volumen de entrevistas superior al de
ejercicios en las que éstas no tienen lugar. Para unas elecciones
generales el Centro no realiza normalmente más de dos estudios o como
mucho tres por encima de la programación ordinaria. Por supuesto, a la
luz del texto constitucional, la posibilidad de anticipación de
elecciones generales es una hipótesis que hay que considerar siempre, y
más cuando concurren algunos otros indicios que parecen hacerlas bastante
probables. Ciertamente, si la hipótesis de la que venimos teniendo
noticia por los medios de comunicación se confirma, el Centro estará en
disposición de realizar los estudios pertinentes.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Gracias, señor Arango.
Con esta contestación termina la comparecencia del señor Presidente del
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Reanudaremos la sesión a las seis de la tarde. (Pausa.)
--DEL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES
(TANCO MARTIN-CRIADO). A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 212/001695.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Se reanuda la sesión con la
comparecencia del señor Director General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales. Por el Grupo Popular, peticionario de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: En primer lugar, quiero pedir disculpas por mi
retraso. A causa del calendario de comparecencias, resulta que yo estaba
interviniendo en este mismo momento en la comparecencia del señor
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, motivo por
el cual no he podido estar aquí en el momento adecuado. Le agradezco su
benevolencia, como también la comparecencia del Director General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales, entidad gestora de la
Sección 32 del proyecto de presupuestos.
Como muy bien sabe el señor Director General, son nueve programas en
total los de la Sección 32, Entes Territoriales, que tienen asignados una
dotación de casi 3,5 billones de pesetas. Estamos hablando de un montante
muy importante y que afecta a diversas cuestiones, todas ellas
relacionadas con las corporaciones locales y las comunidades autónomas.
Yo no voy a analizar en detalle los nueve programas, ni mucho menos cada
una de las partidas y subconceptos que hay dentro de cada uno de esos
programas. Le voy a formular algunas preguntas en relación con unas
cuestiones que a mi grupo más le llaman la atención, entendiendo esta
expresión en el contexto de lo que significan estas comparecencias, es
decir, aclaración para los grupos parlamentarios, al efecto de tener
resueltas algunas dudas que permitan formar criterio de una manera más
fundamentada a la hora de plantear las oportunas enmiendas al proyecto de
ley. Por tanto, estamos en un turno de comparecencias previas que lo que
pretenden fundamentalmente es eso, aclarar dudas que surgen a la luz del
proyecto de ley. En ese sentido, yo le planteo, por ejemplo, las
siguientes cuestiones.
En uno de los programas, el 458C, Conservación y restauración de bienes
culturales, por importe de 1.860 millones de pesetas a Galicia, Consorcio
ciudad de Santiago de Compostela, hay un descenso del 7 por ciento
respecto de la anterior partida presupuestaria del proyecto de 1995, que
era de 2.000 millones de pesetas. Nos gustaría, señor Director General,
que nos aclarara el porqué de ese descenso.
En el programa 513A, Infraestructura del transporte ferroviario, por
ejemplo, la relativa a la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 4.300
millones de pesetas, era de 2.500 millones de pesetas en 1995. Me consta
que ha sido un tema muy controvertido en Barcelona y yo quisiera que el
señor Director General me aclarara por qué hemos pasado de los 2.500
millones de pesetas a la cifra de 4.300 millones de pesetas en concreto
en este programa y no a otra cifra.
Programa 911A, Transferencias a comunidades autónomas por coste de
servicios asumidos, que no tenían presupuesto en 1995. Dice el programa
que aquí se recogen las dotaciones derivadas de los traspasos de
competencias en universidades a diferentes comunidades autónomas
--Asturias, Murcia, Extremadura, Madrid y Castilla y León--, con un total
de 122.189,7 millones de pesetas. Mi pregunta es: el resto de
transferencias que se han efectuado a la luz de la Ley Orgánica 9/92,
derivadas del pacto autonómico, ¿por qué no están incluidas en este
programa? Estoy pensando, por ejemplo, en el Inserso y en otros títulos
competenciales que han exigido, a través de la negociación propia del
ámbito de actuación de las comisiones mixtas de
transferencia Estado/cada una de las comunidades autónomas afectadas, la
transferencia de medios personales y materiales. ¿Por qué no van
incluidas? En este programa sólo va incluida la transferencia de
universidades. Supongo que deben ir incluidas en el programa
correspondiente a la participación en los ingresos del Estado de las
comunidades autónomas. En todo caso, como le he dicho que estoy en el
orden de las aclaraciones, quisiera que me lo aclarara.
El Programa 911D dice: Otras transferencias a comunidades autónomas, con
un importe de 9.235,9 millones de pesetas. La relativa a la policía
autonómica de Cataluña, 5.000 millones de pesetas, igual que en 1995. Me
llama la atención lo siguiente. A lo largo de 1995 se ha pactado entre el
Gobierno y la Generalitat de Cataluña un nuevo modelo policial. Ese
modelo policial ha significado un repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de algunas partes del territorio, de algunas
comarcas catalanas, en favor de la policía autonómica catalana, los
Mossos d'Esquadra. Siendo así, siendo que se han producido nuevas
promociones de policías autonómicos, ¿cómo es que se mantiene inalterable
la cifra de 5.000 millones de pesetas? Es decir, si se tiene que sufragar
con esta transferencia a la policía autonómica por razón de los efectivos
que tiene para cubrir determinadas funciones, competencias, servicios que
antes hacían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta cantidad
debería ser variable en función de ese repliegue o despliegue entre
policía autonómica y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dado que
objetivamente la situación ha variado, me llama la atención que se
mantenga estable y fija esa transferencia. Y le pido, señor Director
General, que me aclarara el motivo de esta situación.
En el programa 912 C, Otras aportaciones a corporaciones locales, me
gustaría que me explicara el señor Director General, si es tan amable,
esa dotación --por lo demás, igual que en 1995-- de 100 millones de
pesetas para atender a situaciones de desequilibrio y mancomunidades. Por
otra parte, me gustaría que me pudiera aclarar si se mantienen
inalterables esos desequilibrios. En ese caso, habría que entender que
los 100 millones de pesetas del año anterior no habían sido demasiado
afortunados en cuanto al cumplimiento de los objetivos de disminuir esos
desequilibrios.
Quisiera que me aclarara también, en este mismo orden de cosas, los 7.100
millones de pesetas, cantidad que no figuraba en 1995, para la
regularización de anticipos a ayuntamientos que implantaron un recargo
sobre el IRPF declarado inconstitucional.
Programa 911B, Transferencia a comunidades autónomas, participación en
los ingresos del Estado, algo más de dos billones de pesetas. Ya le pedí
antes que me aclarase las transferencias a las comunidades autónomas
derivadas de la Ley Orgánica 9/92, y, en su caso, de la reforma de los
Estatutos, en virtud de la cual estamos viendo que se van produciendo una
serie de transferencias de títulos competenciales que llevan como anexos
transferencia de medios materiales y personales. Eso debe tener su
traslación adecuada en los presupuestos, en esta Sección 32,
concretamente, en el programa 911B. En relación con esta cantidad, y en
conexión con lo que yo antes le preguntaba, quisiera que me aclarara si
tiene previstas estas nuevas transferencias y cuál es la forma de
instrumentar las asignaciones presupuestarias para garantizar el
funcionamiento de los servicios y de las competencias que vayan a ser
transferidas a lo largo de 1995, puesto que estamos en presencia de un
proceso dinámico. El pacto autonómico dio lugar a que en un plazo
determinado de tiempo las comunidades autónomas fueran asumiendo nuevas
competencias. Esto es un proceso dinámico que se va produciendo a lo
largo del año mediante decretos aprobados en Consejo de Ministros,
acuerdos en las comisiones mixtas de transferencias, etcétera. En
consecuencia, ¿cuál es la previsión presupuestaria a estos efectos?
En lo relativo a las corporaciones locales, no le hago ningún comentario
porque entiendo que esto es consecuencia del pacto al que llegó el
Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias, y
entiendo que tanto la ejecución presupuestaria como la cantidad que aquí
se prevé derivan del acuerdo de 1 de agosto de 1994 con la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Finalmente, había una pregunta que yo quería hacerle al señor Director
General. El lunes de la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, del cual es usted secretario precisamente, en medio de un
debate político y público, del que hago gracia en este momento y que
todos conocemos, se aprobó, con el voto a favor de los representantes del
Gobierno, uno de los cuales es usted, el voto a favor de la Generalitat
de Cataluña, la abstención de las comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular y el voto en contra de las tres comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Socialista --es decir, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Andalucía-- se aprobó por mayoría, sobre la base del peculiar
reglamento de adopción de acuerdos que tiene el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, la prórroga en la cesión del 15 por ciento de la
cuota territorializada del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para 1996, ante la imposibilidad de debatir un modelo alternativo
de financiación autonómica puesto que el Gobierno no presentó ninguna
otra alternativa. Es decir, sólo dejó a las comunidades autónomas la
opción de, o votar por la prórroga de la cesión, o simplemente dejar a
las Haciendas territoriales sin las cantidades que se derivarían de la
cesión de ese 15 por ciento para 1996. Usted sabe perfectamente que ése
fue el sentido del voto porque fue explicado en el seno del Consejo y
después, públicamente, por los responsables políticos de mi partido. Yo
no veo en el proyecto de presupuestos la traducción de ese acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y quiero preguntarle por el
mismo, señor Director General. No se le oculta a usted que es una
cuestión de una importancia capital y, si me lo permite, también quiero
saber en su caso, después de la aclaración que le he solicitado, cómo
piensan instrumentar para 1996 esa cesión.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para contestar a esas dudas y
preguntas, tiene la palabra el señor Tanco, Director General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales.
El señor DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES
(Tanco Martín-Criado): Empezando por las dos preguntas que se refieren a
los convenios para la renovación de bienes culturales en Santiago de
Compostela y el acuerdo de infraestructuras con Cataluña, la
determinación de esas dos partidas no es competencia de la Dirección
General de Coordinación, es competencia de la Dirección General de
Planificación. (El señor Vicepresidente Ortiz González, ocupa la
Presidencia.) En el caso de Santiago de Compostela no tengo infor mación
que pueda satisfacerle. En el caso de infraestructuras sí, porque ha
recogido simplemente los términos del último convenio firmado con
Cataluña el 15 de julio pasado. Por tanto, se limita a llevar a los
presupuestos una cifra predeterminada en un convenio de colaboración.
Hay que hacer una aclaración respecto a la cifra que figura en la
participación de las comunidades autónomas como coste efectivo. El
funcionamiento normal de esta partida es que todos los decretos de
transferencia que se firman antes del 31 de julio se incluyan en el
porcentaje de participación de los presupuestos del ejercicio siguiente.
En este caso debían haber estado incluidos en el porcentaje de
participación incluso todos los decretos de universidades. Todo lo que se
ha producido como consecuencia de nuevas transferencias por el pacto
autonómico, más las universidades, debiera haber estado incluido en el
porcentaje de participación que figura en el proyecto de ley. Sin
embargo, se hizo una especial modificación, por la siguiente
circunstancia: Las comunidades autónomas ahora tenían dos índices de
evolución. Uno, para las del artículo 151, y otro, para las del artículo
143. La única diferencia que existía entre la determinación de un índice
y otro en el gasto equivalente era que una incluía todas las partidas de
educación y la otra no incorporaba ninguna. Nos encontrábamos con que, de
las diez comunidades del artículo 143, cinco tenían una parte de la
educación --la educación universitaria-- y las otras cinco no tenían
ninguna. Teníamos cinco comunidades con el índice antiguo de gasto
equivalente de las del artículo 143, cinco en que no había índice
determinado, no había método establecido para calcular un índice de
evolución, y después otras cinco del artículo 151 que tenían el índice de
evolución completo de educación, pero con el inconveniente de que no
podíamos recoger una evolución de la enseñanza universitaria por falta de
homogeneidad en el año base, en 1990, puesto que habíamos distraído ya
una parte de las universidades.
La forma de actuar fue fijar en el propio decreto de transferencia cómo
iba a evolucionar el coste efectivo de 1995 a 1996. Se establecieron dos
criterios alternativos: uno, que fue que el Capítulo I, de gastos de
personal, evolucionaría con el mismo porcentaje que lo hiciera el gasto
de personal del Estado, o con el gasto de personal del Ministerio de
Educación si éste tenía algún criterio especial. Como no lo ha tenido, ha
evolucionado con el 3,5 como el resto de gastos de personal.
En cuanto a las inversiones, pensando que iban a tener una drástica
reducción en el presupuesto de 1996, y a fin de no perjudicar a las
comunidades autónomas que estaban en una situación donde tal vez
predominara el gasto equivalente, tal vez no, lo cual significaba, como
ha sucedido, que hubieran perdido un 20 por ciento en su Capítulo 6, se
previó en el propio decreto de transferencia que la inversión de 1996
sería en igual cuantía que la de 1995, para la cual se había hecho la
transferencia. Por tanto, es una situación un tanto especial recogida y
aprobada por cada una de las comisiones mixtas al efectuar las
transferencias de universidades.
Se ha seguido el procedimiento normal en lo que se refiere al importe de
la transferencia de 1995. También en el propio decreto de transferencia
se recoge cuál es el coste efectivo en pesetas de 1990 y se suma a la
masa global de las transferencias de las comunidades autónomas en el año
base, con lo cual, una vez que se hayan efectuado las transferencias de
las otras cinco universidades --se creó un grupo de trabajo especial para
determinar cuál iba a ser el índice de evolución en el futuro de la
educación sin universidades--, todas ellas podrán ya evolucionar con los
índices que se establezcan en el grupo de trabajo, que ya será a partir
del año 1997.
Esa es la razón por la que las universidades figuran de forma específica
fuera del porcentaje de participación. Sin embargo, el resto de las
transferencias que se han efectuado, como se hicieron antes del 31 de
octubre, figuran en el porcentaje de participación. Respecto a algunas
transferencias que están efectuándose en estos momentos, y que no figuran
ni como coste efectivo, lo que sucederá es que, una vez aprobado el
presupuesto, se transferirán por parte del Ministerio, con cargo a la
Sección 31, con la cuantía correspondiente. Por tanto, no hay partida
receptora, lo mismo que no la hay cuando se aprueba una transferencia en
enero, febrero o marzo, y esas partidas serían incorporadas a cada una de
las comunidades autónomas como coste efectivo del servicio
correspondiente.
En cuanto a la policía autonómica, en otras ocasiones hemos tenidos dos
partidas: una, que se refería al gasto normal de su sostenimiento, y otra
que hacía mención a las liquidaciones de ejercicios anteriores. En 1995,
la partida de ejercicios anteriores, efectuada la liquidación, ha
resultado de carácter negativo; es decir, la comunidad autónoma ha
resultado deudora de la Hacienda estatal en cuanto al sostenimiento de
este concepto de policía autonómica. Esto ha conducido a que, dados los
índices de evolución que determinaban cuál era la policía autonómica, se
estableciera la misma partida que en el ejercicio anterior.
Hay unas expectativas en el sentido de que el número de policías y las
funciones que realicen van a ser superiores en 1996 respecto a 1995, pero
el proceso de determinación es bastante complejo. Una junta de seguridad
que se reúne en Cataluña determina el despliegue de la policía, el número
de efectivos y la fecha desde que debe establecerse su cuantificación. Al
mismo tiempo, la Dirección General de Presupuestos, según un acuerdo que
hubo entre el Presidente de la Generalidad y el Ministerio del Interior,
establece cómo evolucionan los módulos en cada ejercicio, tanto de la
policía que está en la academia como de la que ya está ejerciendo sus
funciones. Eso es necesario que cada año nos lo certifique la junta de
seguridad, que, a su vez, lo
hace por duplicado, porque existen dos secretarios: un secretario de la
representación autonómica y otro por parte de la Administración del
Estado. Una vez que se ponen de acuerdo, emiten el certificado, nosotros
lo cuantificamos y efectuamos la liquidación correspondiente. Dado que
ninguno de esos procesos se había efectuado, porque la junta de seguridad
de Cataluña no ha llegado a un acuerdo sobre la fechas exactas en que se
va a efectuar, hemos reproducido de una forma literal la cifra del
ejercicio anterior, aunque, como digo, la liquidación de 1995 fue
negativa y, por tanto, sobró dinero de las previsiones.
En el programa 912C, que se refiere a corporaciones locales, tenemos una
dotación de cien millones de pesetas, que se refiere a circunstancias
excepcionales que se produzcan y en donde sea necesario efectuar una
nivelación en algún municipio. Es una partida de carácter ampliable, que
normalmente no se utiliza. La de 1995 no se ha gastado. Para utilizarla
sería necesario llegar a un acuerdo con la FEMP y establecer los
criterios --lo mismo que ocurre con las comunidades autónomas y con el
artículo 15 de la Lofca-- para llegar a una nivelación de servicios. Por
tanto, lo único que hacemos es mantener una expectativa de que hay un
asunto pendiente, que es necesario establecer unos criterios, pero que es
de difícil cuantificación, mucho más desde el momento en que todavía no
está establecido para las comunidades autónomas, porque la nivelación de
servicios fundamentales para dichas comunidades incidiría con total
seguridad en servicios municipales. Por ello se produciría una duplicidad
de dotaciones entre una y otra. Aparte de eso, tampoco hemos tenido que
rechazar ninguna petición. Es una partida cuyo acceso es tan complejo, en
tanto no existan esos criterios, que tampoco la FEMP o los municipios han
solicitado que se efectúe una nivelación de su situación financiera.
En cuanto a la otra partida de regularización, es una historia larga.
Cuando se permitió a los municipios establecer un recargo en el Impuesto
sobre la Renta, que después fue declarado inconstitucional por el
Tribunal Constitucional, se decidió que debía devolverse a los
contribuyentes la cantidad que se había pagado. Esa devolución la hizo
directamente Hacienda y se estableció una cuenta extrapresupuestaria con
objeto de que fueran detraídos a los respectivos municipios las
cantidades correspondientes. En su momento, creo que en 1990, el
Ministerio llegó a un acuerdo con la FEMP, en el sentido de que esas
partidas no serían deducidas a los ayuntamientos y se estableció una
dotación para compensar las partidas extrapresupuestarias. Sin embargo,
terminó el ejercicio y la complejidad de la documentación que era
necesario presentar hizo que los ayuntamientos, además de su poco interés
burocrático en resolver un tema que no les reportaba ningún beneficio
económico sino simplemente la condonación de una deuda que ya realmente
había sido condonada y que suponía tan sólo su nivelación democrática, no
la presentaran, y esa partida no pudo ser utilizada.
A partir del año 1990, el Tribunal de Cuentas, de una forma sistemática,
nos ha venido recordando que tenemos 7.100 millones en cuentas
extrapresupuestarias que deben ser anulados y compensados. Y eso es lo
que pretende esta partida. Es simplemente una dotación para poder
regularizar unas cuentas extrapresupuestarias que venimos arrastrando
desde el año 1990. Por tanto, no se trataría de un gasto real; el gasto
real ya se efectuó en 1990.
Creo que ya he explicado un poco cómo funciona el coste efectivo cuando
hemos hablado de las transferencias de universidades y no es necesario
insistir en ello.
En cuanto al 15 por ciento de corresponsabilidad fiscal, efectivamente,
según las normas reglamentarias del Consejo de Política Fiscal, se ha
recomendado su prórroga y ahora es necesario dar dos pasos sucesivos para
que esa prórroga sea efectiva. Un primer paso sería la aprobación por las
comisiones mixtas de esa prórroga del 15 por ciento y un segundo paso
sería que una ley del Estado recogiese los créditos para ello.
Los créditos, al igual que ocurre en el presupuesto de 1995, no están
recogidos de forma expresa en una partida que diga corresponsabilidad
fiscal, sino que están incluidos en la partida para la liquidación de la
correspondiente participación en el año 1995. Lo único que se haría en el
presupuesto de 1996 sería pagar la corresponsabilidad de 1995, y en el de
1997, la de 1996.
A pesar de que la partida para la liquidación es pequeña, hay que tener
en cuenta que, por ejemplo, la liquidación de 1994 que hemos ejecutado en
1995 ha sido negativa, es decir las comunidades del artículo 151 han
tenido un índice de evolución del 0,994, seis milésimas negativa, pero,
al fin y al cabo, negativa. Esto quiere decir que solamente a las
comunidades del 143 les ha resultado positiva la liquidación, así como a
las que han aceptado la corresponsabilidad fiscal, puesto que ésta ha
sido por un importe de 5.700 millones de pesetas; por tanto, esa dotación
ha cubierto la parte negativa que tenía la liquidación. Los 33.000
millones con que aproximadamente cuenta la partida de liquidación
tendrían dos componentes, uno para ese dos por ciento escaso que
esperamos que suponga la liquidación y otro dedicado a dos partidas de
corresponsabilidad fiscal.
Hay que tener en cuenta que en el año 1995, refiriéndonos a la
corresponsabilidad de 1994, únicamente hemos pagado el mínimo
garantizado; por tanto, si alguna comunidad tuviera una mayor
participación en la corresponsabilidad fiscal del mínimo garantizado
también lo tendríamos que liquidar en el año 1995, y no lo hemos hecho
porque no contamos todavía con los datos de la presentación de
declaraciones del ejercicio de 1994 efectuado hasta finales de junio.
Esperamos disponer de ellos en el mes de diciembre, o tal vez en los
meses de enero o febrero del próximo ejercicio, pero es de esperar que
ello suponga alrededor de unos 4.000 millones de pesetas, según la
estimación de la información de que disponemos. Hasta el momento hemos
entregado 5.700 millones y quedarían por entregar, hasta alcanzar la
cifra definitiva, 4.000 millones más, con lo cual la corresponsabilidad
fiscal del año 1994 sería de unos 9.700 millones.
En cuanto a la corresponsabilidad fiscal del año 1995, que pagaríamos en
1996, supondría aproximadamente unos 12.000 millones de pesetas, con lo
cual nos quedaría por pagar el mínimo del año 1995, que serían 12.000
millones
de pesetas, y los 4.000 millones del ejercicio anterior; es decir, nos
quedarían por pagar 16.000 millones de corresponsabilidad fiscal que
irían incluidos en la partida de liquidación, que además es una partida
ampliable.
Creo que con ello contesto a todas las preguntas realizadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor
Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Si me lo permite, querría consumir un brevísimo
turno de aclaración adicional.
El señor Director General me aceptará que son temas técnicamente
complejos, por eso querría que me aclarase si le he entendido bien o mal.
El 7 de octubre de 1993, el Consejo de Política Fiscal y Financiera
pacta, para los años 1994 y 1995 --ustedes hablan de corresponsabilidad
fiscal, un término discutible--, la cesión del 15 por ciento de la cuota
líquida territorializada del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y dice usted que no incluyen en los presupuestos de 1995 la
cesión o la corresponsabilidad fiscal de 1994, sino que va en la
liquidación de presupuestos; eso supondría, aproximadamente, unos 9.700
millones en la liquidación del presupuesto de 1995, que sería lo
correspondiente al 15 por ciento de 1994, y que, por tanto, la de 1995
tendrá que ir en la liquidación de 1996, razón por la cual dice usted que
no la incluyen aquí. ¿Es así? ¿Le he entendido bien? Como el acuerdo de 7
de octubre de 1993 era para el bienio 1994/1995, ha sido preciso que la
semana pasada el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidiera por
mayoría, ante la imposibilidad de discutir un modelo alternativo de
financiación autonómica, que es lo que tiene que quedar claro, la
prórroga de la cesión de ese 15 por ciento para 1996, y usted dice que
eso no aparece en este presupuesto porque lo correspondiente a 1996 se
pagará en la liquidación del presupuesto de 1997, si no he entendido mal.
En el porcentaje de participación en ingresos del Estado correspondiente
al programa 911B, transferencia a comunidades autónomas, donde vamos a
los dos billones largos en cifras redondas, ¿está incluido o no ese 15
por ciento? ¿Se ha detraído ese 15 por ciento del PIE o no se ha
detraído, a los efectos de que, al final, ese PIE para las 15 comunidades
autónomas de régimen común ascienda a dos billones 39.322,4 millones de
pesetas, o tendrán que hacer después una partida presupuestaria
extraordinaria que contemple, en su caso, la nueva situación derivada del
acuerdo de la semana pasada? Digo esto porque, a la hora de presentar las
oportunas enmiendas al proyecto de presupuestos, nos surgía esa duda, ya
que, al no estar aquí previsto, no sabíamos qué era lo que teníamos que
hacer, no sabíamos si teníamos que presentar una enmienda para tener
presente la nueva realidad derivada del acuerdo de la semana pasada.
Por otra parte, abusando de su amabilidad, nos gustaría saber a qué
ayuntamientos se refieren esos 7.100 millones de pesetas en cuentas
extrapresupuestarias que ha mencionado. ¿En qué contabilidad aparecen
esas cuentas extrapresupuestarias? Usted ha dicho que eso venía desde el
año 1990 y que ha sido el Tribunal de Cuentas el que les ha llamado la
atención en el sentido de que tenían que regularizar esa situación. Me
gustaría que profundizase un poco en este tema y nos dijera a qué se
refiere, y en su caso a qué ayuntamientos o corporaciones locales en
general afectan esas cuentas extrapresupuestarias por valor de 7.100
millones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor
Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES
(Tanco Martín-Criado): El mecanismo de funcionamiento de la atribución
del 15 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas, formalmente,
supone coger la participación y desglosarla en dos tramos; un tramo
correspondería al 15 por ciento de la cuota líquida del año 1993
evolucionada y otro tramo sería el resto de la participación. Es decir,
en el año 1993, al desglosar la participación en dos componentes, que
suman exactamente la participación que le correspondía, dado que 1993 fue
el año que se aceptó como base, no había nadie que tuviese ninguna peseta
de beneficio. En los ejercicios sucesivos, la parte restante de
participación evolucionaba según evolucione la financiación general, con
el índice prevalente, mientras que el 15 por ciento evoluciona como
realmente evoluciona el Impuesto sobre la Renta. Esto es lo mismo que
decir que toda la participación evoluciona como lo hace el índice
prevalente y que la parte de financiación correspondiente al 15 por
ciento del IRPF da lugar a una financiación adicional positiva o
negativa, según su índice de evolución sea superior o inferior al índice
prevalente. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal limitó esa
más-menos adicional diciendo que siempre sería positivo y estableció unas
garantías mínimas y máximas. Ya tenemos, con un suelo y un techo, la
posible evolución de la atribución del 15 por ciento. Por lo tanto, como
fórmula, podríamos haber cogido los presupuestos, haber dividido en dos
componentes la participación y haber dicho: esta parte de la
participación corresponde a la que sigue evolucionando con el índice
normal y esta otra a la que evoluciona con arreglo a cómo lo haga la
renta. Pero eso sería una simple actuación formal. Todo evoluciona como
el índice de evolución prevalente, y el más, porque ya hemos dicho que no
había menos, se recoge en la partida de liquidación. Por lo tanto, no hay
diferencia, sino en la forma de efectuar la liquidación. En un caso,
entregaríamos a cuenta de la participación y a cuenta de la renta y, en
otro, entregamos a cuenta de la participación. No habría otra diferencia.
En cuanto a la partida de 7.100 millones de pesetas, que se refiere a
cuentas extrapresupuestarias, cuando se efectuó la devolución a los
contribuyentes, como consecuencia de la sentencia, se tomó el acuerdo en
aquel momento, y está recogido en los Presupuestos de 1990, de que se
efectuaría el correspondiente pago de los ayuntamientos a la Hacienda del
Estado de estos 7.100 millones de pesetas. Se refiere a todos los
ayuntamientos, a todos los que habían
establecido un recargo en el Impuesto sobre la Renta. Hacienda solamente
servía de puente, devolvía el dinero al contribuyente para facilitarle y
asegurarle la devolución y, al mismo tiempo, recogía esa devolución que
había hecho a los contribuyentes de cada municipio y se lo cargaba a los
municipios respectivos.
Cuando en 1990 se efectuó el acuerdo con la FEMP de la financiación de
1989 a 1994, se aprobó que esos 7.100 millones de pesetas no serían
compensados a los ayuntamientos. Entonces nos encontramos con que, en vez
de hacer de puente, nos habíamos hecho cargo de una deuda municipal con
sus contribuyentes.
En los Presupuestos de 1990 se aprobó un crédito para formalizar esa
deuda que habíamos adquirido y, como dije antes, cada municipio debió
presentarnos todas las declaraciones que habíamos pagado, debidamente
ordenadas, para podérselas presentar al Tribunal de Cuentas. Eso no se
efectuó en aquel momento porque no hubo tiempo material y nos quedamos en
algo así como cuatro mil y pico millones que no presentamos al Tribunal
de Cuentas. Conservamos en aquel momento la justificación de una parte de
la deuda que habíamos pagado porque el resto estaba en poder de los
municipios. Ese crédito se quedó sin utilizar y se anuló en 1990. Como
era una formalización del crédito, no se recogió en los Presupuestos de
1991-1992, por razones por mí ignoradas y en este ejercicio se ha
incluido la partida para formalizar y hacer desaparecer esos números de
una cuenta extrapresupuestaria que no van a dar lugar a ningún tipo de
gasto ni de ingreso, puesto que el gasto lo efectuamos en 1989, cuando
realizamos los pagos que debían haber sido formalizados en 1990.
Eso es todo.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Se da por terminada la
comparecencia del Director General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la
Presidencia.)
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE TABACALERA, S. A. (PEREZ FERNANDEZ). A
SOLICITUD DEL GRUPO DE COALICION CANARIA. (Número de expediente
212/001633.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señorías, reanudamos la sesión
con la comparecencia del señor Presidente de Tabacalera, S. A., que ha
sido solicitada por el Grupo de Coalición Canaria.
Tiene la palaba el portavoz de dicho Grupo.
El señor MARTIN MENIS: En primer lugar, deseo dar las gracias al
Presidente de Tabacalera por su presencia, cuando además es a petición de
un solo grupo político. La realidad es que me hubiera gustado que hubiera
comparecido a petición de más grupos políticos, ya que me sentiría más
tranquilo.
El Presidente de Tabacalera conoce perfectamente mi posición sobre
determinados asuntos referentes a la política de Tabacalera y Canarias.
Quiero partir de que nos encontramos en la Comisión de Presupuestos,
puesto que la política global de Tabacalera tiene mucho que ver con los
presupuestos.
Si analizamos la información de los presupuestos generales del Estado en
cuanto a Tabacalera, S. A., vemos que en las cuentas de pérdidas y
ganancias, en la página 633 del tomo correspondiente, las ventas de
Tabacalera se han incrementado de 1994 a 1995 en unos 37.000 millones y
de 1995 a 1996 en 34.000, lo que significa aproximadamente un crecimiento
de un 5 por ciento.
Los gastos de personal han disminuido, en una política de restricción, de
50.800 millones a 46.900, unos 3.900 millones menos en el período
1994-1995 y en unos 500 en el que va desde 1995 a 1996, según las
previsiones.
En el resultado neto de explotación, vemos cómo pasa el resultado neto de
16.000 millones 900.000 pesetas, en 1994, a 20.000 millones 800.000
pesetas, en 1995, y 23.000 millones 150.000 pesetas, en 1996; el
resultado de las actividades ordinarias ha pasado de 16.000 millones
600.000 pesetas, en 1994, a 26.000 millones 600.000 pesetas en 1995 y
22.000 millones 800.000 pesetas en 1996, con un incremento importante en
resultado, un incremento relativamente importante en ventas y una
disminución relevante en los capítulos de personal de 1994 a 1995, pero
ya se produce una disminución muy pequeña, no va más allá del 1 por
ciento de 1995 a 1996. Si cogemos los presupuestos generales del Estado,
barajamos unas cifras, nos vamos a los datos de 1994 y a la Memoria de
Tabacalera, podremos ver que las cifras no son coincidentes, no están muy
alejadas pero no son coincidentes. Con esos resultados parece que la
política de Tabacalera es reducción de personal muy gradual, un aumento
de ventas importante y un incremento de resultados también importante y,
después, una política de distribución de beneficios corta, porque me
parece que son 2.172 millones de pesetas la distribución de beneficios
prevista en los presupuestos generales del Estado. Está capitalizándose
la empresa, está aplicando fondos importantes para ello. La aplicación de
fondos de ese mismo tomo me dan 2.896 millones de aportación de fondos al
Estado; los ingresos en el presupuesto me parece que dan 2.172; ahí
también hay una diferencia de 700 u 800 millones, pero es igual, la
política global es que lo que repercute en el Estado es relativamente
corto, me refiero a la aportación al Estado de un beneficio importante. Y
esto no puedo dejarlo de relacionar porque es una política presupuestaria
global, y, si ésa es la política, no se va a aportar más a los
presupuestos, con la política que después lleva Tabacalera en el resto de
los sitios. En consecuencia, me tengo que centrar en un análisis de la
memoria de Tabacalera donde empiezo a analizar, veo que los dividendos
han subido un 29,5 por ciento, la cotización media ha subido, los
recursos propios de Tabacalera ascienden a unos 18.000 millones y los
beneficios netos son los que hemos dicho. Sin embargo, cuando después se
aplica a esa empresa, que parece en expansión con grandes resultados, se
lleva a un territorio determinado, parece que allí la política es
diferente, la política allí consiste en reducir el personal de forma muy
importante, hay que buscar la rentabilidad
por encima de todo, cuando, si los incrementos de producción de tabaco en
su conjunto permiten estos resultados, también parece que permitirían los
trasvases suficientes de producción a las fábricas que ha tenido en
Canarias en exclusiva, aunque parece que en este momento lo que busca es
desprenderse de ellas y que pasen a manos privadas para que sea el
problema de otro, pero eso siempre se hace en Canarias y no en el
territorio peninsular. Es más, la política de reducción de recursos
humanos, según lo que se desprende de la memoria, se concentra en la
producción. Sin embargo, en el caso canario, en la fábrica que tiene con
Cita se concentra el personal directivo, directivo a niveles de
ingenieros, jefes de mantenimiento, de control de calidad, de aquellas
personas que nos parece que son las que garantizan un proyecto de
viabilidad de la empresa. De ese análisis de las páginas 54 y 55 de la
memoria de Tabacalera se deduce que ha reducido 1.000 puestos de trabajo,
apenas el 12 por ciento de su plantilla. Eso es prácticamente lo mismo
que ha reducido en Canarias, siendo el número de empleos infinitamente
inferior. Si seguimos analizando, nos encontramos con algo que me costó
muchísimo sacar en la comparecencia el año pasado respecto a Tabacalera,
que en la propia memoria se reconoce que el 75 por ciento de la fábrica
de tabacos «Canary Islands» es de Tabacalera. Ahora lo leo en la Memoria;
el año pasado me costó mucho que me lo dijeran, traté de averiguar si era
el 50 o el 75, pero ya en la memoria de Tabacalera de este año en una
página determinada --si hace falta, la busco-- se reconoce, expresamente
por el auditor que en la fábrica de tabacos «Canary Islands» el 75 por
ciento es de Tabacalera. Por tanto, tiene la mayoría, tiene todas sus
decisiones y la política que está aplicando no es la de un empresario
privado, sino que es la de un empresario que tiene la mayoría y tiene la
responsabilidad de llevar la fábrica adelante y es Tabacalera.
Si nos pusiéramos a analizar si eso es una política a largo plazo de
privatización y no demora pública o concurrencia, sino en una política
con su asociado, nos encontraríamos con que la empresa Cita si analizamos
la propia Memoria de Tabacalera y, si analizamos el estudio del Tribunal
de Cuentas sobre todo --y lo dice el Tribunal de cuentas, sería
larguísimo, me encantaría hacer una exposición larga porque no tendría
que hacerla yo, sino que me tendría que limitar a leer el análisis del
Tribunal de Cuentas donde nos explica cuál es la política de Tabacalera
en Canarias y de reconversión, y lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo
digo yo--, podremos comprobar que dicho Tribunal señala que en esta
política de 1989 para acá hay 15.000 millones de pesetas, 15.110 millones
de pesetas, invertidos en Canarias y hemos perdido 600 empleos. Los hemos
perdido y vamos a seguir perdiéndolos con unas inversiones importantes.
Estamos ante una situación difícil; reconozco que estamos en una Comisión
de Presupuestos y yo no puedo dedicarme a hacer aquí un análisis de una
política puntual de Tabacalera, pero, si entiendo la política de
presupuestos, qué es lo que se pretende, si es la mayor aportación a los
presupuestos del Estado, si es la potenciación de un tejido industrial o
si es la potenciación de un sector turístico, y creo que eso sí es
política presupuestaria, entenderé consecuentemente cuál es la política
al final. Y digo la potenciación del sector turístico porque yo llego a
pensar que realmente al final lo que se entiende es que en Canarias el
sector servicios es más rentable que el sector industrial y, entonces, lo
que se puede ir haciendo es trasvasando poco a poco los recursos, esos
15.000 millones que dice el Tribunal de Cuentas, al sector turístico que
es más rentable, y si va a ser rentable para aportar dinero en los
presupuestos del Estado, tendríamos que tener esa consideración en
Canarias cuando nos veamos analizando esta problemática.
No voy a seguir profundizando en el informe del Tribunal de Cuentas
porque podría dar lugar a que me dijeran que la comparecencia no es para
eso, aunque sí creo que tendrían que analizarse muchas cosas de cara a
los presupuestos, porque si...
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Martín Menis, creo que sabe
cuál es el motivo de la comparecencia. Como muy bien ha intuido, no puede
seguir profundizando en el informe del Tribunal de Cuentas. De lo que se
trata es, sobre todo, de hablar de los presupuestos para 1996; que haya
hecho unas referencias a otros momentos está en la generosidad de esta
Mesa permitirlo, pero continuar indefinidamente sobre ello, no. Por
favor, cíñase en la medida de lo posible y de sus conocimientos a 1996.
El señor MARTIN MENIS: Perdone, señor Presidente, pero es que llevo año y
medio intentando tener una comparecencia para este motivo y como no la he
logrado... Pero entiendo lo que dice el Presidente y lo acato.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Yo lo puedo entender, pero sería
motivo de otra petición, no para este caso.
El señor MARTIN MENIS: De acuerdo, pero que conste que está hecho.
Lo que yo querría preguntar es: En este momento, en la política
presupuestaria de Tabacalera, ¿el presupuesto va enfocado a capitalizar
la empresa? ¿Va enfocado a reforzar el tejido industrial español en el
mundo del tabaco o tiene objetivos diferentes que den potenciación al
sector tabaquero además de su función recaudatoria como garante de los
impuestos especiales?
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación, tiene la palabra
don Pedro Pérez, Presidente de Tabacalera, S. A.
El señor PRESIDENTE DE TABACALERA, S. A. (Pérez Fernández):
Evidentemente, el objetivo que estamos persiguiendo en la Compañía es
mejorar sus perspectivas de futuro, en un sector ciertamente difícil. No
es necesario que me extienda mucho en cuáles son las dificultades por las
que atraviesa el sector tabaquero en los países occidentales desde hace
ya bastantes años. Estamos en una situación que se caracteriza por una
regresión de la demanda
y que no parece que vaya a cambiar en los próximos años. En consecuencia,
la obligación que tiene cualquier gestor ante una compañía de estas
características es tratar de mantener la rentabilidad y, por lo tanto,
las expectativas de futuro de la compañía y del grupo de empresas que en
ella se encuentran.
Para ello quiero puntualizarle, en primer lugar, que las cifras de ventas
que usted ha mencionado son cifras de ventas nominales. Ustedes conocen
que, como consecuencia de las subidas de impuestos que se han producido
en los últimos tres años, los precios de venta al público de los
cigarrillos han crecido un 70 por ciento, pero esa evolución nominal es
compatible con una disminución de las cantidades físicas que producimos y
vendemos. De hecho, en el presente año, en el período transcurrido de
enero a septiembre, las ventas de cigarrillos han caído del orden del 4,5
por ciento y, a falta del último trimestre, pensamos que el ejercicio se
va a cerrar con una caída de ventas en torno a ese porcentaje.
Para salvaguardar la estabilidad financiera de la compañía, su futuro y,
por lo tanto, el futuro de sus trabajadores, lo que estamos haciendo es
aplicando un drástico programa de reducción de gastos, de lanzamiento de
nuevos productos y de penetración en terceros mercados.
En lo que se refiere a los gastos, quiero recordarles, como ya lo hice en
mis comparecencias de octubre de 1993 y de 1994, que el programa de
austeridad que iniciamos en el último trimestre de 1993 ha ido dando
resultados. En 1993, redujimos 2.000 millones de pesetas de presupuesto
de gastos en un solo trimestre; en 1994, 5.000 millones sobre el
presupuesto del año anterior. Es decir, que el año 1994 la compañía
funcionó con un presupuesto un 10 por ciento inferior al del año 1993 y
este año, hasta el momento, los gastos operativos de la compañía son un
seis por ciento inferiores a los efectivos del año 1994, vamos un punto
por debajo del presupuesto en el que ya habíamos fijado una reducción del
cinco por ciento para este año.
Entre los capítulos de gasto no hay ninguno que se haya escapado a esta
necesidad de reducir su tendencia y por desgracia, como ya también
expliqué en anteriores comparecencias, un capítulo al que
obligatoriamente hemos tenido que acudir, puesto que la compañía viene
registrando desde hace años un claro exceso de capacidad en relación con
la situación del mercado, es al de la reducción de plantilla. Acordamos
un expediente de regulación de empleo en noviembre del año 1993 con
algunos de los sindicatos representados en Tabacalera. Como consecuencia
de ese expediente, de noviembre de 1993 a diciembre del año pasado, se
han reducido 870 empleos, que, como usted decía, equivale aproximadamente
al 12 por ciento de la plantilla, y en estos momentos estamos terminando
las negociaciones para un nuevo expediente de regulación de empleo que
trata de llevar a cabo una reducción adicional del orden de 700 puestos
de trabajo de aquí a mediados del año que viene.
Desgraciadamente, ésta es una pauta necesaria en un sector, como les
decía, afectado por un retroceso de la demanda. Insisto en que no es un
retroceso coyuntural, no es un retroceso a semejanza de otros sectores
productivos, que pueden verse afectados por un cambio de ciclo o de
coyuntura; en el caso del tabaco es una regresión estructural en la que
no hay un horizonte previsible en el que se pueda decir que a partir de
ese momento la demanda vaya a cambiar de tendencia.
Sobre los beneficios, gracias a ese ambicioso programa de reducción de
gastos conseguimos mejorar significativamente los resultados de la
compañía el pasado año y esperamos volver a mejorarlos este año.
En la política de dividendos, le quiero aclarar que la política de la
compañía es repartir entre el 50 y el 55 por ciento de los beneficios
netos de impuestos. Si transforma esos resultados brutos que usted ha
mencionado en resultados netos después de pagar impuestos, verá que el
resultado neto del año pasado fue del orden de 10.000 millones de
pesetas, el dividendo distribuido estuvo ligeramente por encima de los
5.000 millones y al Estado le correspondió aproximadamente la mitad,
puesto que tiene el 52 por ciento del capital de la compañía.
Sobre las cuestiones territoriales que usted menciona, yo espero que con
mi anterior exposición le haya aclarado que esta necesidad de ajustar la
capacidad productiva excedentaria que tiene el sector tabaquero español
no sólo afecta a Tabacalera, empresa matriz, sino a todas sus filiales y,
en general, al sector tabaquero nacional en su conjunto. Tacisa es una
filial que ha tenido una particular problemática dentro de todo este
panorama, puesto que la opinión del anterior accionista, que tenía el 50
por ciento del capital de la compañía, junto con Tabacalera, con el otro
50 por ciento, Philip Morris, era que esta compañía no tenía ubicación en
su panorama productivo europeo y que, por tanto, en la situación en la
que se desenvuelve el sector --y lo que les he dibujado para el caso
español no es distinto al panorama que se registra en el conjunto de la
Unión Europea--, esta compañía no tenía ubicación en ese fuerte programa
de reestructuración que estaba acometiendo Philip Morris.
Dado que Philip Morris decidió, una de dos, o proceder al cierre de la
compañía o vender su participación, optamos precisamente por una
responsabilidad social y empresarial en Canarias, por buscar un
accionista que estuviese dispuesto a adquirir el 50 por ciento de las
acciones de Philip Morris en esa empresa. Encontramos a ese accionista en
el grupo Cita que ciertamente es un grupo participado por la compañía,
pero, como usted sabe, por un patrón común con todas nuestras filiales
tabaqueras desde su constitución, reforzado por cuanto la legislación
comunitaria impide que entre competidores la gestión en una compañía
mixta pueda estar desempeñada en todo o en parte por el socio competidor,
en todas nuestras filiales --Cita, Reynold y, hasta mediados del año
pasado, Philip Morris España-- el cien por cien de la responsabilidad
gerencial estaba conferido al otro accionista.
Como le decía, buscamos a un accionista que se hiciera cargo de este 50
por ciento, ya lo conoce, que es Cita, que es una empresa de larga
tradición en el sector tabaquero, que es uno de los principales grupos
empresariales canarios y que, por tanto, cuenta con todas las condiciones
de solvencia empresarial, reconocida experiencia en el sector
y arraigo en la región. Pensamos que era el accionista adecuado para
adquirir esa participación que le aclararé que Tabacalera no podía
adquirir, aun cuando tenía opción a ello, porque, en medio de un programa
de reducción de capacidad y de un expediente de regulación de empleo de
las características del que le he descrito, ningún trabajador de la
compañía ni ningún accionista hubiese entendido que simultáneamente
hubisiésemos ampliado capacidad, mediante la adquisición de ese otro 50
por ciento de la hasta entonces Philip Morris España. Cita ha adquirido
el 50 por ciento y con ello también la responsabilidad gerencial de la
compañía.
Quiero aclararle, porque creo que entre sus palabras detecto una cierta
distinción que yo ya por principio no acepto entre el comportamiento de
compañías públicas y privadas, en cuanto a los objetivos gerenciales y a
la manera de conducir los negocios que deben tener unas y otras, que
Tacisa, aun cuando si se suman las participaciones directas e indirectas
sería un filial de Tabacalera al 75 por ciento, es una compañía privada
bajo gestión privada. Es una compañía privada por cuanto, siendo la
participación pública en Tabacalera del 52 por ciento, la participación
pública directa e indirecta en Tacisa es del 38, por tanto la
participación privada, directa e indirecta en Tacisa, es del 62 por
ciento. Es, por tanto, una compañía privada bajo gestión privada, por las
razones que antes le comentaba, dado que el nuevo accionista ha
sustituido a Philip Morris, tanto en su responsabilidad accionarial como
en la de asumir la gestión de la compañía.
Aludía usted al problema de adaptación en el que está Tacisa. Tacisa,
dentro de este panorama general de exceso de capacidad que tiene el
sector tabaquero español, tiene, además, el problema adicional de que, al
dejar Philip Morris su participación en la empresa, retiró los contratos
de licencia que le tenía conferidos hasta entonces, con lo cual es una
compañía que en estos momentos solamente cuenta con los contratos de
licencia que Tabacalera negoció con Philip Morris, en ese marco de
negociaciones, para dejar una carga de trabajo en la fábrica, y ahí se
ubica el contrato para la fabricación de Marlboro para las Islas Canarias
y de LM para las Islas Canarias, contrato que es, insisto, entre Philip
Morris y Tabacalera, aunque Tabacalera lo ha cedido a Tacisa, a fin de,
junto con los contratos de licencia que por parte de Tabacalera le hemos
transferido, dar unas perspectivas de viabilidad a la compañía.
A pesar de ello, es evidente que Tacisa es una empresa con un claro
exceso de capacidad y eso se denota por cualquier indicador que usted
tome. Tacisa es la planta menos productiva de todas las que hay en
Canarias y de todas las que fabrican cigarrillos rubios en la península,
lo que nos obliga a adaptar la situación a aquella que permita asegurar
la viabilidad y el futuro de esta empresa. Tacisa este año va a perder,
como mínimo, 400 millones de pesetas. Para que tengan una idea, bajo las
nuevas fórmulas en las que la empresa está operando, el nivel de
facturación que tiene esta compañía es del orden de 3.500 millones de
pesetas, es decir, que las pérdidas superan ampliamente el 10 por ciento
de la facturación de la compañía.
Hemos tratado, como usted bien sabe, desde hace un año, de negociar un
acuerdo con los sindicatos en la empresa, con la mala fortuna de que el
comité de empresa que existía en el momento en que estas transformaciones
se llevaron a cabo y que estaba en una actitud positiva a la negociación
fue impugnado. Eso dio lugar a un período de vacío en cuanto a la
posibilidad de tener una contraparte en la negociación hasta las
elecciones sindicales que se celebraron en enero. El nuevo comité de
empresa que surgió de esas elecciones fue impugnado y hasta prácticamente
el mes de mayo no hubo posibilidad de tener una contraparte con todos los
requerimientos jurídicos para que pudiese desempeñar esa función.
Después de muchos esfuerzos conseguimos sentar ambas partes en la mesa de
negociación en el mes de junio. Las negociaciones que trataban de llegar
a un acuerdo entre empresa y comité de empresa para acordar un plan de
viabilidad no dieron fruto. Se trató de continuar esta negociación en el
marco de un expediente de regulación de empleo entre mediados de julio y
principios de septiembre. Tampoco hubo acuerdo.
Ese expediente de regulación de empleo (que es bastante simple, como
usted bien conoce, parte del compromiso de dotar a la compañía con una
carga de trabajo en función de una serie de contactos, de licencias y de
compromisos de fabricación, a partir de los cuales, y en función de la
dotación de utillaje de la compañía, y aplicando los mismos métodos de
producción y de organización que tiene Tabacalera en cualquiera de sus
plantas) daba como resultado un excedente de personas, fundamentalmente
empleos indirectos, y los empleos indirectos de Administración, compras,
informática, etcétera, en una empresa de estas características no tienen
cometido, es una desgraciada realidad. Eran 77 personas las que formaban
parte del expediente de regulación de empleo; 59 indirectos y 18
directos, pero de los 18 la mitad eran técnicos de mantenimiento.
Este expediente, a pesar de que se redujo a 61 en el ámbito de la
negociación, no fue ni aceptado por los sindicatos ni por la Consejería
de Trabajo de la Junta de Canarias, que lo denegó con el simple argumento
de que la viabilidad de la empresa no quedaba asegurada. No sé si en las
condiciones actuales la viabilidad de la empresa está asegurada, pero yo
creo que está bastante menos asegurada que hace seis meses.
En definitiva, lo que estamos tratando de encausar es una situación de
total inviabilidad de esa compañía, con el fin de salvar el sector
tabaquero canario y, en particular, el sector tabaquero tinerfeño, puesto
que, como usted sabe, el objetivo a medio plazo es el de fusionar Cita y
Tacisa para crear un ente que reúna las condiciones de tamaño y de
competitividad necesarias para asegurar su futuro.
Paso ahora al tema del Tribunal de Cuentas, que es muy fácil de explicar.
Yo creo que en el informe del Tribunal no hay ninguna opinión negativa,
como usted trataba de suscitar. Los quince mil y pico millones que se
denominan coste de la reestructuración del sector tabaquero en Canarias a
finales de la década de los 80 es un montante que se
puede desglosar de la siguiente manera: 5.231 millones son nuestras
participaciones (me refiero a participaciones de Tabacalera) en Cita y en
BAT España, dos empresas que se reestructuraron en el ámbito de aquella
reconversión. Estos 500 millones de capital que, por tanto, están ahí,
son activos de la compañía, surgen de las aportaciones llevadas a cabo
por Tabacalera por los activos que se incorporaron a esa fusión por la
ampliación de capital que se llevó a cabo y por la capitalización de
determinados gastos del proceso de reestructuración.
El coste estricto de la reestructuración de personal, que fueron 750
personas, ascendió a 4.041 millones de pesetas y el resto son créditos
que Tabacalera aportó para el desarrollo de un conjunto de proyectos,
fundamentalmente del Hotel Bahía del Duque, que espero que usted
reconozca que es hoy una realidad tangible en cuanto a un hotel de alto
«standing» que está funcionando espléndidamente. Esperamos este año tener
unos resultados próximos a los 500 millones de pesetas, y eso en el
segundo año de explotación del hotel, al que Tabacalera apoyó en su
construcción con unos préstamos que hoy están convertidos en gran medida
en capital. El resto de los préstamos que se aportaron para completar
esos 500 millones son los activos inmobiliarios que Tabacalera tiene en
las islas, en La Laguna y en Tenerife, a los cuales estamos tratando de
buscar una solución para mejorar las expectativas de rentabilidad de esos
activos.
Como usted ha dicho, en efecto, se ha producido un trasvase de recursos
desde un sector en recesión, como es el tabaquero, a un sector en
expansión y de claro futuro, como es el sector turístico. Fue una
operación muy positiva, por cuanto en términos de empleo hubo una
compensación importante a nivel regional. En estos momentos están
trabajando en el hotel como empleos directos 347 personas, y en empleo
inducido se estima que trabajan otras 300. En cuanto a la actividad y al
empleo, fue una operación muy positiva en términos regionales.
Creo que he respondido a todas las cuestiones que el señor Martínez me ha
expuesto.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para puntualizar algún otro
extremo acerca de esta cuestión, tiene la palabra, de nuevo, el señor
Martín, si quiere utilizarla.
El señor MARTIN MENIS: Quiero puntualizar algunos temas. En primer lugar,
todo el mundo está de acuerdo que en las ventas de este año, en ese
cuatro por ciento de reducción, hay una baja encubierta de las ventas por
sobre «stock» en diciembre de 1994, reconocido en todos los ámbitos del
tabaco. Al final del año no va a haber ese cuatro por ciento. A los datos
nos remitiremos.
Me ha clarificado la política de reparto de beneficios. No entiendo bien
cómo casa en los presupuestos una baja del uno por ciento en gastos de
personal con que se eliminen 700 trabajadores de aquí a seis meses. Si
los gastos de personal van a disminuir en 400 millones de pesetas, sólo
en esa industria, Tacisa, a la que estaba refiriéndose el Presidente, se
van a reducir 400 ó 500 millones de pesetas por la vía de personal. Sin
embargo, en la cuenta de explotación de los presupuestos que ha mandado
Tabacalera, lo único que hace en la previsión de 1996 es bajar de 46.901
millón a 46.401. Si no me equivoco no llega al uno por ciento, y se van a
reducir 700 trabajadores.
Tengo que entrar en las consideraciones que ha hecho el Presidente, aun
cuando pueda discutirse si tenían que ver o no con el presupuesto. Hasta
el año 1994 en la memoria de Tabacalera el que reparte beneficios es
Tacisa, del orden de 500 millones; en el año anterior había repartido
2.800. No es Tacisa precisamente la que no reparte. El Tribunal de
Cuentas lo que dice es lo contrario. Dice: En cuanto a la recuperación de
los créditos relacionados, en total 4.955 millones de pesetas, existe una
cierta incertidumbre, dada la situación y las perspectivas futuras de
Cita, Tabacos de Canarias, S. A., a 31 de diciembre de 1993. Aunque Cita,
Tabacos de Canarias, obtuvo resultados positivos en el ejercicio de 1993,
ello fue debido a los resultados extraordinarios registrados por la
operación anteriormente citada de acción en pago de inmuebles valorados
en 5.250 millones de pesetas, a cambio de la cancelación de préstamos y
créditos por igual importe. A pesar del proceso de reestructuración
financiado por Tabacalera, S. A., terminado el 31 de diciembre de 1992,
Cita, Tabacos de Canarias, obtuvo resultados negativos tanto en su cuenta
de explotación como en las actividades ordinarias en el ejercicio 1993.
Las perspectivas del negocio del tabaco y el fuerte endeudamiento que
mantiene tanto Cita, Tabacos de Canarias, como sus participadas
inversiones hoteleras Playa del Duque, no permiten prever que la
situación pueda variar sustancialmente a partir de 1994 para estos grupos
de empresas. O sea, partimos de una empresa, que era de las rentables,
que en el año 1994 todavía es rentable, que reparte beneficios cuando ya
Tabacalera tiene el 75 por ciento, y digo que tiene el 75 por ciento --y
sobre esto no voy a discutir, porque de esta cuestión sabe el Presidente
de Tabacalera, que ha sido Secretario, más que yo-- pero en la memoria
dice: durante el ejercicio 1994 la sociedad Cita, Tabacos de Canarias,
participada al 50 por ciento por Tabacalera, S. A., ha adquirido el 50 de
participación en el capital social de Philip Morris España, participada
en su restante 50 por ciento por Tabacalera. Por consiguiente, la
participación total de Tabacalera, S. A., en dicha sociedad ha pasado del
55 en 1993 al 75 en 1994 --50 por ciento directa y 25 indirecta--, y en
la responsabilidad de la Ley de Sociedades Anónimas quien tiene ese 75
por ciento es el que gestiona, y no vengamos con el 38 por ciento, porque
no es así, y me parece una discusión totalmente inútil. La
responsabilidad es de Tabacalera. Lo que nos preocupa es que hay una
sociedad que parece que está inestable, que consigue beneficios en un año
debido a que los mismos terrenos que se le han dado un valor de 2.300
millones cuando fueron de Tabacalera a la empresa Cita --y lo dice la
auditoría de cuentas--, vuelven de Cita a Tabacalera a 5.250 millones. Y
no digo que no estén bien hechas las auditorías, porque las hace además
una empresa del Estado, pero, desde luego, no valen 5.250 millones de
pesetas en el mercado ni locos,
y además, el Tribunal de Cuentas explica también por qué no lo valen,
entre otras cosas, porque el alquiler que le ha puesto a Cita es de 75
millones de pesetas, y eso no es ni el tres por ciento del valor de la
inversión si fuera 5.250 millones. Desde luego, no hay nadie que se
dedique a alquilar naves al 3 por ciento de su valor, porque su valor son
2.800 millones.
Lo que me preocupa es que, al final, ese trasvase, que ha mencionado el
Presidente de Tabacalera, a Cita, como la empresa sólida y adecuada,
termine con Cita y con Tacisa. Con Cita, Fábrica de Tabacos, porque,
según los informes del Tribunal de Cuentas, parece que va a tener
dificultades, y al final con lo que terminaremos será con un hotel, ¡qué
bonito!, que le viene bien a Canarias. Pero es que Canarias para lo que
tiene condiciones es para buscar capitales, aquí y fuera, y lo que tiene
que intentar es, de alguna forma, utilizar su único recurso, que es el
territorio, con cuidado, para que en el tiempo no lo perdamos. Sin
embargo, en puestos industriales tiene una enorme dificultad y, además,
tenemos una enorme tradición de mano de obra para eso.
Y estoy entrando en contestar exactamente al Presidente de Tabacalera. No
me puede decir el Presidente de Tabacalera que comprar la otra parte de
Tacisa es ampliar la capacidad. La capacidad está en el mercado, otra
cosa es quién es el propietario. Tabacalera no amplía capacidad, porque
la capacidad del mercado es la demanda que existe. Lo que puede ser es el
propietario Tabacalera, Tacisa, Cita, o quien sea, pero la capacidad está
ahí. Tacisa si tuviera un exceso claro de capacidad, estaba fabricando
400 millones, el mercado ha bajado del orden probablemente del 1, porque
el año pasado subió, no debía tener un exceso si se mantienen esos 400
millones. A mí no me preocupa, en absoluto, ni nos preocupa la Coalición
Canaria que se reduzca en función de ese 1 por ciento del mercado; el que
Tacisa pierda 400 millones, señor Presidente, dependerá de lo que quiera
hacer Tabacalera. Hay un dato fehaciente y claro: Philip Morris le está
pagando hoy 9,81 por la misma cajetilla por la que Tabacalera le paga
7,70. La diferencia de 7,70 a 9,81 son 2,20, por 300 millones de
cajetillas son 600 millones. Si simplemente Tabacalera le pagara el mismo
precio que le paga Philip Morris por la cajetilla, estaría la empresa en
beneficio. Me puede contestar el Presidente de Tabacalera que eso es lo
que paga a Logroño; pero yo intento buscar las cuentas de Logroño en la
contabilidad analítica y no las encuentro. Indudablemente, Logroño es una
planta de Tabacalera dentro del contexto global y, por tanto, no hay un
análisis separado. Los que hemos tenido responsabilidades empresariales
sabemos que legítimamente se pueden variar los resultados de la
contabilidad, sobre todo respecto a los centros de gasto y cuando se
imputan costos. Las propias decisiones en las empresas de imputar gastos
y centros de costo en gran parte son políticas.
Lo que está claro es que hoy Philip Morris ha considerado que podía pagar
la cajetilla a un precio. Ya que los resultados de Tabacalera parece que
no son malos --y yo en eso felicito al Presidente por su gestión--,
también podía haber hecho un sacrificio y no haberse cepillado una
industria como están haciendo. Pensará que la responsabilidad es de los
trabajadores, pero yo no he visto en ninguna parte del mundo que la
responsabilidad de un colectivo ejemplar, histórico, o de un sindicato
sea ahora la que hace que se cierre una fábrica. Hasta ahora, en todo el
mundo, cuando se presentaba una situación similar, la responsabilidad
siempre era de los que estábamos en puestos de dirección, en la política,
en la empresa y en todos lados. Cuando Chrysler entró en crisis se
cambiaron las altas instancias. Muchas veces se hace sin razón,
probablemente. Es como los equipos de fútbol: la realidad es que muchas
veces cambiando al entrenador, de repente, sin que quiera decir que sea
mejor, se ganan los partidos. Al final, de verdad, creo que por el camino
que vamos, como no se cambie al entrenador, tendremos una fábrica menos,
unos puestos industriales menos. Y al tiempo si no es el origen de la
pérdida de un sector.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, incluida la
metáfora futbolística. Tiene la palabra de nuevo don Pedro Pérez.
El señor PRESIDENTE DE TABACALERA (Pérez Fernández): En primer lugar, me
referiré a las cifras de venta de este año y al sobre «stock» del año
pasado. En efecto, las cifras de venta de este año están influenciadas
por el acaparamiento que se produjo en noviembre y diciembre del año
pasado, que estimamos que, como exceso, estuvo en torno a los 120
millones de cajetillas, que han estado pesando durante todo el primer
semestre del año. En cualquier caso, si usted desestacionaliza ese sobre
«stock», se volverá a encontrar con una evolución del mercado que supone
una reducción anual entre el uno y el 1,5 por ciento. Este es un patrón
común desde principios de los noventa y, como le decía, no parece que
vaya a cambiar de pauta en el futuro.
Al mismo tiempo, la industria, como consecuencia de la presión entre la
caída de la demanda y la alta fiscalidad que soporta el producto, se ha
visto compelida a introducir avances tecnológicos muy significativos en
el ámbito de la producción. En este sentido, por citar un ejemplo, las
máquinas liadoras --las que hacen el cigarrillo-- hace 10 ó 12 años
producían al ritmo de 5.000 cigarrillos por minuto; hoy, la última
generación que estamos instalando en Logroño es capaz de producir 15.000
cigarrillos por minuto, y probablemente más en cuanto estén debidamente
rodadas y el personal esté familiarizado con ellas. Quiere esto decir que
el sector para sobrevivir se encuentra en la imperiosa, aunque
desagradable, necesidad de introducir esa tecnología, que es la única vía
que le permite mantener los márgenes. Y esa nueva tecnología implica que
para producir hoy la misma cantidad que hace 10 años hace falta solamente
la tercera parte de personal que hace 10 años. Si a eso añade la
regresión del mercado, se encontrará con un panorama, como le decía al
principio, en el que estamos forzados a adaptar la capacidad de la
industria, de una industria tecnológicamente moderna, a lo que el mercado
demanda.
Los gastos del personal del año que viene. En efecto, la cifra es
conservadora. Yo espero, incluso, reducirla, pero tiene que introducir
ahí muchos elementos que van a influir en el resultado final: en primer
lugar, un convenio colectivo, que necesariamente impulsará al alza los
gastos. Eso tendrá, por otra parte, que combinarlo con la reducción de
empleo, consecuencia del expediente que estamos terminando de negociar,
un expediente de regulación de empleo que también tiene un coste. Por lo
tanto, la combinación de todo ello es lo que dará la cifra final. La
cifra que tienen ustedes recogida en el PAIF que acompaña a los
presupuestos es orientativa de esa voluntad de continuar en el proceso de
reducción de gastos en todos los renglones, y, evidentemente, dentro de
ello, el capítulo de gastos de personal es el más significativo.
Cita y su gestión. Por razones que ya he explicado, el equipo, por cuanto
que el objetivo es llevar a cabo la fusión de esas dos empresas, por
cuanto que el equipo gerencial más próximo a la fábrica de Tacisa es el
de Cita y por cuanto son gestores del sector tabaquero desde hace
muchísimas décadas, que cuentan con toda nuestra confianza, es el que
tiene la responsabilidad de gestionar Tacisa. Y Tabacalera en ningún
momento se ha planteado cambiar ese patrón genérico que tiene con todas
sus filiales. Como usted sabe, en las cuatro filiales que tenemos en
Canarias, en BAT la gestión al cien por cien la tiene nuestro socio BAT;
en Reynolds, al cien por cien la tiene Reynolds; en Cita y en Tacisa la
tiene Cita.
Los resultados de Cita. En efecto, también se encuentra afectada por esta
panorámica sectorial y por esta recesión en la que vive el sector
tabaquero. Quería decirles simplemente que, a diferencia de la
apreciación que se contiene en el informe que usted acaba de leer y aun
cuando las expectativas de resultados para este año en el ámbito
tabaquero del grupo Cita apuntan a unas ligeras pérdidas o «break even»,
en el ámbito de las restantes actividades todas van a tener resultados
positivos, y, en concreto, en el ámbito del hotel que tenemos como
empresa participada entre Cita y nosotros, el resultado que esperamos
para final de año va a estar entre 400 y 500 millones de pesetas, prueba
de que fue una decisión acertada.
Quisiera aprovechar para responder a esa apreciación que usted ha dado de
que el sector tabaquero es bueno y de que el sector turístico es malo. No
entiendo muy bien por qué se ha manifestado de una manera ligeramente
despectiva sobre el tema del sector turístico y de la inversión que hemos
hecho allí. Su señoría no estará familiarizado, pero el señor Martín sí,
con las características del hotel y estoy convencido de que el señor
Martín estará de acuerdo conmigo en que es un hotel que ha transformado
radicalmente el stándar turístico de aquella zona de Tenerife. Es hoy,
sin duda, el mejor hotel turístico que hay en el país. Las revistas
especializadas lo califican entre los diez mejores hoteles turísticos del
mundo. Prueba de ello es la atracción que ha generado sobre la clientela,
que es magnífica, y el nivel de ocupación es elevadísimo. Y esto es lo
que está permitiendo que una inversión tan fuerte como la que se realizó
--la inversión total en el hotel estuvo por encima de los 8.500 millones
de pesetas--, esté dando resultados espléndidos desde sus inicios, esté
soportando sus cargas financieras y amortizaciones y, además, generando
un resultado positivo. El impacto que ha generado el hotel en la zona,
más allá de lo que es su actividad como empresa, es evidente y basta
acercarse al municipio de Adeje y preguntar a los ciudadanos de la calle
su opinión sobre esa actividad que Tabacalera y Cita han impulsado allí.
Los activos inmobiliarios del Grupo. Sobre el tema de valoraciones se
puede decir mucho, y más en el ámbito delas valoraciones inmobiliarias;
valoraciones inmobiliarias que, realizadas en el año 1993 y vistas hoy
con la perspectiva de la evolución del mercado desde el año 1992 para
acá, yo diría que prácticamente ninguna va a coincidir con el valor que
en ese momento se le daba. Pero nosotros estamos convencidos de que en
esos activos no vamos a tener ninguna pérdida patrimonial sino todo lo
contrario. Podremos hablar de ello en el futuro.
Sobre la relación valoración de los activos-alquileres, quiero aclararle
que de los activos inmobiliarios que hay allí, que son tres, el de La
Laguna, el del polígono que hay entre La Laguna y Tenerife y el de
Tenerife, el único que está ocupado, y al 50 por ciento por Tacisa, por
lo tanto arrendado, es el de Tenerife. No convirtamos el alquiler de lo
que es la mitad de uno de los edificios en un alquiler del conjunto. Como
usted bien sabe, los edificios de La Laguna y del polígono del Chaco no
están utilizados por Tacisa y son precisamente ámbitos en los que estamos
estudiando llevar a cabo algunas operaciones inmobiliarias.
Coste de fabricación. Me parece muy bien que usted aprecie que lo que
está pagando Philip Morris por la fabricación de Marlboro en Canarias,
las 9,80, es un magnífico precio. Es el resultado de la negociación de
Tabacalera con Philip Morris. Ese no es un precio de mercado, ni las 7,70
que paga Philip Morris por LM es un precio de mercado, ni las 7,70 que
está pagando Tabacalera por los encargos de fabricación que le hace a
Tacisa es un precio de mercado. Y no voy a mencionar el margen que le
dejan los productos que Tabacalera ha cedido a Tacisa, es decir, en las
licencias que le ha cedido Tabacalera a Tacisa de sus marcas Fortuna,
Nobel y Swing en Canarias, que se queda con todo el margen, con la cesión
de un royalti y de los gastos de publicidad de promoción.
Los precios de fabricación en el mercado oscilan entre cuatro y seis
pesetas, y en algunos casos está por debajo de esa cantidad. A modo de
ejemplo le diré que, dentro de los acuerdos de gestión del negocio con
Reynold, como sabe, nos distribuimos la fabricación, como si se produjese
a maquila entre la planta que tiene Reynold en La Palma y las nuestras en
la península. A esa producción le fijamos un precio en función del coste
de fabricación y el resto son beneficios o ingresos a otros capítulos de
gastos, promoción, publicidad, etcétera, que gestiona la filial. El
precio de fabricación de los productos de Reynold fijados entre ambos
socios, es decir, lo que cobra la fábrica de La Palma por lo que hace
allí y lo que cobra la planta de Tabacalera por lo que hacemos aquí, está
en torno a las seis pesetas. Por lo tanto, los precios fijados para las
fabricaciones en Tacisa exceden ampliamente los precios de mercado, una
prueba más de que es una empresa fuera de competencia y que requiere
de un ajuste si queremos salvar y asegurar la viabilidad de la Compañía.
No estamos hablando, por lo tanto, de cierre de la fábrica, estamos
haciendo todo lo imposible para que esta fábrica sobreviva, pero parece
que somos los únicos interesados en esto. Ni los sindicatos, ni el
Gobierno de Canarias, señor Martín, nos han ayudado en lo más mínimo a
salvaguardar la viabilidad de la Compañía. Esta es la situación en la que
estamos.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Pérez. Con
ello termina su comparecencia.
Mañana reanudaremos estas sesiones a las nueve de la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran la siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.