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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 570, de 03/10/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 570
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 42
celebrada el martes, 3 de octubre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Propuesta de declaración sobre el proceso de paz en Oriente Medio.

(Página 17349)
Proposición no de ley:
--Relativa a la excarcelación de los detenidos políticos palestinos.

Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D,
número 222, de 26-4-95. Número de expediente 161/000460). (Página 17351)
--Sobre rechazo de las leyes estadounidenses que impidan mantener
relaciones con la República de Cuba. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 229, de 11-5-95.

Número de expediente 161/000486). (Página 17355)
--Por la que se insta al Gobierno a impulsar un acuerdo con el Gobierno
de Alemania, con el objetivo de indemnizar a aquellos ciudadanos
españoles que durante la Segunda Guerra Mundial fueron deportados en
campos de concentración nazis. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió. (BOCG serie D, número 235, de 19-5-95.

Número de expediente 161/000497). (Página 17359)



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--Por la que se insta al Gobierno a manifestar al Gobierno de Israel su
preocupación por las repercusiones negativas que, sobre el proceso de paz
en curso, pueden tener las expropiaciones de tierras árabes en Jerusalén
Este. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D,
número 252, de 23-6-95. Número de expediente 161/000519). (Página 17364)
Dictámenes sobre:
--Convenio sobre la ayuda alimentaria 1995. (BOCG serie C, número 207-1,
de 24-7-95. Número de expediente 110/000170). (Página 17367)
--Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en
los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular
en Africa. (BOCG serie C, número 208-1, de 4-8-95. Número de expediente
110/000171). (Página 17368)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Portugal para la
construcción de un puente internacional sobre el río Miño, entre las
localidades de Arbo (España) y Melgaco (Portugal). (BOCG serie C, número
205-1, de 3-7-95. Número de expediente 110/000168. (Página 17371)
--Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre
el Reino de España y la República del Perú, firmado «ad referendum» en
Madrid el 17 de noviembre de 1994. (BOCG serie C, número 196-1, de
12-5-95. Número de expediente 110/000160). (Página 17372)
--Acuerdo entre España y Malasia para la promoción y protección recíproca
de inversiones, firmado en Kuala Lumpur el 4 de abril de 1995. (BOCG
serie C, número 198-1, de 22-5-95. Número de expediente 110/000162).

(Página 17372)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y
Popular para la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado
«ad referendum» en Madrid el 23 de diciembre de 1994. (BOCG serie C,
número 202-1, de 20-6-95. Número de expediente 110/000165). (Página 17372)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania para la
promoción y protección recíproca de inversiones, firmado «ad referendum»
en Vilnius el 6 de julio de 1994. (BOCG serie C, número 204-1, de
20-6-95. Número de expediente 110/000167). (Página 17372)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de El Salvador, firmado «ad referendum»
en San Salvador el 14 de febrero de 1995. (BOCG serie C, número 210-1, de
8-8-95. Número de expediente 110/000173). (Página 17372)
--Acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Santo Domingo de
Guzmán el 16 de marzo de 1995. (BOCG serie C, número 211-1, de 8-8-95.

Número de expediente 110/000174). (Página 17372)
--Modificación de la Reserva Tercera, apartado d), al Convenio Europeo
número 70 sobre la validez internacional de las sentencias penales, hecho
en La Haya el 28 de mayo de 1970. (BOCG serie C, número 195-1, de
12-5-95. Número de expediente 110/000159). (Página 17374)
--Convenio constitutivo de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones
(ERO). (BOCG serie C, número 197-1, de 19-5-95. Número de expediente
110/000161). (Página 17374)
--Memorándum de entendimiento entre varios Estados Miembros de la Agencia
Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea relativo a la ejecución
del proyecto MERCURE, hecho en Madrid el 25 de noviembre de 1994. (BOCG
serie C, número 199-1, de 12-6-95. Número de expediente 110/000163).

(Página 17375)
--Acuerdo sobre el Estatuto de las Misiones y Representantes de Terceros
Estados ante la organización del Tratado del Atlántico Norte, hecho en
Bruselas el día 27 de julio de 1994. (BOCG serie C, número 201-1, de
20-6-95. Número de expediente 110/000164). (Página 17376)
--Declaración de aceptación por España de la extensión a Aruba por parte
de los países Bajos del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores
(número IX de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado), hecho en La Haya el 15 de abril de 1958. (BOCG serie C, número
203-1, de 20-6-95. Número de expediente 110/000166). (Página 17377)
--Convenio entre España y Bélgica tendente a evitar la doble imposición y
prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio, firmado en Bruselas el 14 de junio de 1995.

(BOCG serie C, número 206-1, de 24-7-95. Número de expediente
110/000169). (Página 17378)



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--Acuerdo de Seguridad de la Unión Europea Occidental, hecho en Bruselas
el 28 de marzo de 1995. (BOCG serie C, número 209-1, de 4-8-95. Número de
expediente 110/000172). (Página 17379)
--Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de Ucrania, hecho en Kiev el 16 de
junio de 1995. (BOCG serie C, número 212-1, de 8-8-95. Número de
expediente 110/000175). (Página 17381)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.




PROPUESTA DE DECLARACION SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo la sesión de la
Comisión de Asuntos Exteriores.

El primer punto del orden del día es la proposición no de ley relativa a
la excarcelación de los detenidos políticos palestinos, cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Perdón, señor Presidente,
yo entiendo que hay una propuesta de modificación del orden del día, pero
no a esta proposición, y no es sustitutiva ni altera cualquier otro tema.

Se trata de modificar el orden del día sin que ello afecte a las
distintas proposiciones de ley o convenios que tenemos que votar.




El señor PRESIDENTE: Tiene usted razón, pero eso es justamente lo que iba
a decir. De modo que se ha anticipado a lo que iban a ser mis palabras.

Decía que hay esta proposición no de ley, a la que el grupo proponente ha
presentado una enmienda de sustitución, si no entiendo mal. Pero, al
mismo tiempo, hay una propuesta de declaración, que se ha repartido a
todos los grupos parlamentarios, sobre el proceso de paz en Oriente
Medio. Es decir, se trata, primero, de recabar el acuerdo de la Comisión
a la tramitación de esta propuesta de declaración, puesto que es una
modificación del orden del día y necesitamos el acuerdo de toda la
Comisión.

Por tanto, antes de entrar en el primer punto del orden del día, lo que
propongo a la Comisión es si hay objeción a que se tramite esa propuesta
de declaración sobre el proceso de paz en Oriente Medio, en cuyo caso,
tratándose de un concepto tan general, lo podríamos incluir como primer
punto del orden del día, antes de entrar en lo que es el orden del día
propiamente dicho.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Perdón, señor Presidente, no tengo
inconveniente en aprobarlo a título personal y no como portavoz, pero yo
no he recibido ninguna propuesta de declaración.




El señor PRESIDENTE: Es que esta propuesta de declaración se ha repartido
justamente ahora, señor Yáñez.

Le agradezco que haya tanta confianza en la sensatez de la Mesa, puesto
que la misma lo ha repartido y usted ha dicho que le parecía bien.

¿Otros grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Recoder tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, ¿nos pide que
intervengamos en relación con la propuesta de resolución o para expresar
si estamos de acuerdo en modificar el orden del día?



El señor PRESIDENTE: Lo primero que hay que hacer, señor Recoder, es
manifestar su opinión sobre la modificación del orden del día.




El señor RECODER I MIRALLES: Nosotros estamos plenamente de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Muñoz-Alonso tiene la palabra.




El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Presidente, nosotros estamos
plenamente de acuerdo en la modificación del orden del día.




El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, todos los grupos, con excepción
del de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, han manifestado su
acuerdo.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Nosotros también estamos de acuerdo, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, por unanimidad, damos por válida
la propuesta de introducir este punto en el orden del día y, como he
dicho antes, por su carácter general debería ser el primer punto de
todos. De modo que una vez realizada esta modificación, los distintos
grupos tienen la palabra para exponer lo que consideren necesario.

¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra en relación con esta
propuesta? (Pausa.)
El señor Recoder tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, voy a ser muy breve.

Simplemente deseo manifestar el acuerdo de nuestro Grupo Parlamentario
con la propuesta de declaración. Nos parece que es muy correcta, que toca
todos aquellos aspectos más candentes del proceso



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de paz emprendido en Oriente Medio, que pienso que todos los grupos de la
Cámara, y el nuestro evidentemente se encuentra entre ellos, observamos
con una gran esperanza, porque realmente es la primera gran oportunidad
que tiene Oriente Medio para alcanzar una paz estable y duradera.

Por ello, y en su momento, votaremos a favor de la misma.




El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez tiene la palabra.




El señor VAZQUEZ ROMERO: A mi Grupo le hubiera gustado haber podido
participar en la redacción previa de esta propuesta de declaración sobre
el proceso de paz en Oriente Medio, proceso de paz que nos parece, sin
duda, de una enorme importancia. Es cierto que la redacción es bastante
neutra y saluda aspectos que pueden ser apoyados por todos, pero también
es cierto que su redacción podría haber incluido algunas otras facetas
más espinosas del tema. En cualquier caso, no vamos a hacer de esto un
«casus belli» y vamos a apoyar esta propuesta de declaración.




El señor PRESIDENTE: El señor Milián, por el Grupo Popular, tiene la
palabra.




El señor MILIAN MESTRE: Nuestro Grupo ha participado en la iniciativa y
por ello pensamos que es la mejor manera de expresar el común consenso
respecto a un problema de la magnitud del de Israel y su relación con los
palestinos. En consecuencia, entendemos que ésta es la mejor manera de
expresar la voluntad de paz por todas las partes, especialmente cuando
subsisten algunos problemas, que son los que afectan a nuestra
declaración y de alguna manera lo que ha movido esta propuesta conjunta,
como son, por ejemplo, la reordenación de los derechos sobre Jerusalén,
pendiente después del Tratado que se firmó el año 1993 en Washington
sobre las partes y que afecta especialmente a la consideración de lugares
sagrados y a una serie de cuestiones sobre la internacionalización de
Jerusalén que, por supuesto, ha sido motivo de serias discusiones y
algunos que otros conflictos.

En consecuencia, creemos que éste es el mejor espíritu para elaborar los
proyectos de paz y, en este sentido, respaldar cualquier proceso que
parece ser irreversible después de los recientes tratados firmados en
Washington.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Intervengo para apoyar esta declaración desde
el Grupo Socialista, que nos parece conveniente, toda vez que desde el
momento en que se produjo la reunión de Madrid, que puso en marcha este
tema, esta Comisión y esta Cámara no habían realizado ningún
pronunciamiento sobre un proceso de paz en el que estamos directamente
implicados.

Entendemos que la declaración es suficientemente equilibrada en una
materia tremendamente delicada, porque igual que el proceso es
irreversible, también es muy frágil y, por tanto, necesita de todo el
respaldo político, y los que están siendo sus protagonistas más visibles,
de todo el apoyo con que podamos contribuir nosotros --el Gobierno
español, la Unión Europea-- para hacer que ese carácter irreversible sea
absolutamente efectivo.




El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la votación, y para que quede
constancia de la misma en el Acta de la Comisión, voy a leer íntegramente
la propuesta que se va a someter a votación y que ha sido ya discutida,
puesto que todos ustedes tienen su texto, que dice literalmente así: «La
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados manifiesta
su satisfacción por el acuerdo interino de Taba, firmado en Washington
por Israel y la OLP, que supone un paso de gran trascendencia en el
proceso de paz en Oriente Medio iniciado en la Conferencia de Madrid en
octubre de 1991.

Reitera su convicción sobre el carácter irreversible del proceso de paz.

Con los acuerdos de Taba se han alcanzado compromisos sobre cuestiones
tan complejas como la situación territorial de Cisjordania, el repliegue
del ejército israelí, el acceso a los lugares sagrados, la gradual
liberación de prisioneros palestinos o la celebración de elecciones para
los órganos legislativos y ejecutivos palestinos.

Saluda el firme compromiso de los dirigentes palestinos e israelíes con
la construcción de un espacio de paz y convivencia basado en el mutuo
reconocimiento de derechos, y les insta a seguir avanzando en aquellas
cuestiones del proceso que aún están pendientes (refugiados, estatuto de
Jerusalén, etcétera).

Insta al Gobierno a seguir impulsando, en el ámbito bilateral y en el de
la Unión Europea, la consolidación y extensión del proceso de paz en
Oriente Medio.»
Creo que lo único que cabría añadir es: «... la consolidación y la
extensión del proceso de paz en Oriente Medio.»
Este es el texto que pasamos a votar.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la declaración sobre
el proceso de paz en Oriente Medio. (El señor Martínez Martínez, Miguel
Angel, pide la palabra.)
Señor Martínez, tiene la palabra.




El señor MARTINEZ MARTINEZ (Miguel Angel): Querría, en primer lugar,
sugerir al señor Presidente que este texto que acabamos de aprobar lo
mandara formalmente, en nombre de la Comisión, a las autoridades
israelíes y a las autoridades palestinas. Yo creo que están necesitados
de cualquier tipo de apoyo, y para que no quede en este ámbito, en los
medios de comunicación, me parece muy importante que se les haga llegar
como el documento formal del Congreso de los Diputados de España.




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En segundo lugar --yo no sé si hay algún medio--, a mí me parece que no
estaría de más que de alguna manera este texto pudiera leerse y aprobarse
en el Pleno de la Cámara. Me parece que la materia es suficientemente
importante como para que, teniendo en cuenta que la Junta de Portavoces y
la Mesa se reúnen esta mañana, este texto fuera trasladado, como digo, al
Pleno, aunque sea cambiando dos palabras para que no fuera la Comisión de
Asuntos Exteriores, y diera lugar a una declaración institucional leída
por el Presidente de la Cámara. Yo creo que tendría un impacto y además
marcaría el camino de reaccionar ante un hecho importante, pronunciándose
la Cámara a iniciativa de la Comisión de Asuntos Exteriores. Me figuro
que los letrados y la administración saben si hay medios o no. Si no
hubiera medios, pues aquí se acaba, pero si lo hay, me parece, insisto,
que tendría un eco superior, dándose además el caso de que en este texto
yo creo que hay acuerdo generalizado de toda la Cámara.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a esta propuesta del señor
Martínez? (Pausa.) Debo decirle que comparto su opinión y, por
consiguiente, vamos a hacer lo necesario para remitir inmediatamente esta
declaración a la Mesa para ver si puede incluirla en el orden del día de
esta semana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A LA EXCARCELACION DE LOS DETENIDOS POLITICOS PALESTINOS.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000460.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proseguir el orden del día,
entrando ya en el punto primero, tal y como estaba diseñado previamente,
que, como he dicho antes, es una proposición no de ley relativa a la
excarcelación de los detenidos políticos palestinos, cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
como también les decía, y tienen en sus documentos, el propio Grupo
proponente ha presentado una enmienda de modificación que en realidad es
texto alternativo.

El Grupo proponente tiene la palabra y en nombre de él la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, quiero justificar la
modificación sustancial de esta proposición no de ley, y es que en el
tiempo transcurrido desde su presentación --el mes de mayo de este año--
hasta la actualidad se han producido modificaciones sustanciales, sobre
todo la relativa a la declaración que se ha realizado anteriormente y que
se refiere a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Israel y la
autoridad nacional palestina el pasado 28 de septiembre.

Estamos hablando, señorías, de una situación de las más tensas del mundo,
de la situación de un país, de un pueblo que se ha visto expulsado, que
ha visto ocupado su territorio, por medio de guerras, por parte de otro
país. Estamos hablando de una situación en la cual el 60 por ciento del
pueblo palestino está fuera de su tierra. Estamos hablando de una lucha
de resistencia del pueblo palestino y de reivindicación de su derecho a
la autodeterminación, de su derecho a la soberanía nacional.

En este momento quiero decir, y valga como modificación también de
urgencia a la exposición de motivos, que los datos actuales al día de
ayer dan la cifra de 5.375 presos palestinos, situación que se modifica a
diario dado que el conflicto permanece. Gran parte de estos presos
palestinos son menores de 18 años, muchos de ellos condenados a lo largo
de la situación conocida como Intifada a cinco años de cárcel por arrojar
piedras y hasta nueve años de cárcel por lanzar cócteles Molotov. Se han
producido sucesivas excarcelaciones de presos palestinos a lo largo de
este período en condiciones que han sido denunciadas por los organismos
internacionales. Es decir, la excarcelación de presos obliga a estas
personas a confinarse en Gaza y Cisjordania sin que puedan retornar a sus
lugares de origen.

Esta situación, junto con la exigencia para la excarcelación de una firma
del acuerdo de estos presos, que, no hay que ocultarlo, han luchado por
el derecho a la soberanía nacional de su país, un acuerdo escrito de
compromiso con el proceso de paz y de negativa a ejercer ningún tipo de
actuación en contra del mismo; esta situación --digo-- ha sido objeto de
repetidas huelgas de hambre. La transferencia de los detenidos del país
ocupado al territorio del poder ocupante, es decir, el traslado de
prisioneros palestinos a cárceles israelíes, se ha producido violando
--recuerdo-- la IV Convención de Ginebra en sus artículos 49 y 76.

Persiste por parte del Estado de Israel la utilización de la llamada
detención administrativa, derivada de las leyes británicas de la época
del mandato, que supone la encarcelación, sin cargo ni juicio, por
decisión del Comandante militar de la zona.

Por otra parte, han sido objeto de denuncia repetida por parte de
organismos como Amnistía Internacional, el Instituto Mandela y
organizaciones tanto israelíes como palestinas de los derechos humanos,
las condiciones de tortura que se practican en cárceles israelíes, que
han llevado a la muerte por esa práctica de la tortura a varios
prisioneros palestinos. Y, lo que es más grave, los documentos internos
de las fuerzas de seguridad y del ejército israelí contemplan
explícitamente la legitimidad de la aplicación de la tortura, que ellos
llaman moderada presión física y que, insisto, ha llevado a la muerte a
prisioneros palestinos.

Estamos ante una situación relativamente nueva, e insisto en lo de
relativamente nueva porque si bien mi Grupo Parlamentario ha apoyado esta
declaración unánime de la Comisión de Asuntos Exteriores, también todas
SS. SS. saben en qué condiciones se está produciendo el avance o el
estancamiento del proceso de paz, con el incumplimiento por parte del
Estado de Israel, hasta ahora, de todos los plazos previstos en acuerdos
anteriores, tanto relativos



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al repliegue como al tema de Jerusalén, que será objeto de debate en una
proposición posterior.

En lo que se refiere al texto concreto del acuerdo de 28 de septiembre,
se prevé la excarcelación en fecha próxima, es decir, sin fecha concreta,
de 2.000 presos palestinos. De ellos, serían puestos en libertad, en
primer lugar, los menores de 18 años, las mujeres (hay que decir que
cuatro de ellas están encarceladas por delitos de sangre y su situación
no está clara), los que hayan cumplido dos tercios de su condena y los
enfermos, sin precisar de manera alguna qué es lo que se entiende por
enfermedad. El resto, según el mismo acuerdo, sería excarcelado antes de
las próximas elecciones a celebrar en Gaza y Cisjordania, sobre cuya
fecha también saben SS. SS. que no hay nada concreto, ya que si bien
Yaser Arafat ha propuesto la celebración de las mismas en diciembre de
este mismo año, el Gobierno de Israel no parece estar de acuerdo en que
se produzcan antes del mes de marzo del año próximo. En ese mismo acuerdo
también está prevista la liberación de todos los presos palestinos en
cárceles israelíes para el mes de mayo de 1996.

Una de las más importantes asignaturas pendientes en este proceso de paz
es la construcción democrática de esa especie de gobierno autónomo que se
llama Autoridad Nacional Palestina, con unas competencias más que
limitadas sobre Gaza y Cisjordania. Sus señorías saben --y recuerdo el
proceso político vivido en nuestro país como tránsito de la anterior
dictadura al Estado democrático de Derecho-- la importancia que tiene una
amnistía que sancione con carácter político y de acuerdo democrático el
tipo de concepción de delito de la situación anterior y que,
evidentemente, es el requisito fundamental sin el cual ningún proceso de
paz, ningún proceso de legitimidad democrática pueda tener lugar. Hay
personas que están en la cárcel por haber luchado por la libertad de su
país, por defender el pleno ejercicio de sus derechos democráticos y sus
libertades políticas. Evidentemente, situaciones parecidas ejercidas por
ciudadanos israelíes, por miembros del ejército, por miembros de las
fuerzas de seguridad contra poblaciones palestinas, deberían haber
contemplado el mismo tipo de delito, y, como bien saben ustedes, no hay
nadie de las fuerzas de seguridad ni del ejército israelí en la cárcel
por haber bombardeado poblaciones palestinas.

Por otra parte, la situación económica en el territorio que administra
parcialmente la Autoridad Nacional Palestina es de una gravedad muy
seria. La situación económica es uno de los condicionantes más graves del
proceso de paz y las cifras a las que yo he tenido acceso dan tasas de
desempleo del 38 por ciento en Gaza y del 47 por ciento en Cisjordania,
con la salvedad que también conocen ustedes de que gran parte de la mano
de obra palestina trabaja en el Estado de Israel y cualquier tipo de
conflicto da lugar a un impedimento total de la prestación de la fuerza
de trabajo en el territorio de Israel.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida entiende que la liberación de
los presos palestinos está siendo utilizada por parte del Gobierno de
Israel hacia la Autoridad Nacional Palestina como un mecanismo de prisión
para la aceptación de determinados puntos del acuerdo.

Termino, señorías, haciendo una mención a los términos de la proposición
no de ley, por la cual se pretende que los grupos parlamentarios
suscriban el acuerdo de dirigirse a nuestro Gobierno para que en el seno
de la Unión Europea y en los organismos internacionales competentes se
solicite del Gobierno de Israel que se cese en la utilización de la
excarcelación de los detenidos políticos como medida de presión; que se
modifique la actual situación en cuanto a la determinación
administrativa, que supone, como ya he dicho, el encarcelamiento sin
ningún tipo de cargo ni de proceso abierto; el uso recurrente a la
tortura y las condiciones de encarcelamiento de los detenidos, en cuanto
vulnera flagrantemente las convenciones internacionales relativas al
respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo que menoscaba la
autoridad moral de las negociaciones de paz en curso ante el propio
pueblo palestino, que ve cómo acuerdos que se firman con apretones de
manos no modifican sustancialmente hasta ahora las condiciones de vida
del pueblo palestino; el estricto cumplimiento de los plazos establecidos
en el acuerdo y por las razones que he dicho anteriormente en cuanto a la
plena consolidación del proceso democrático en Palestina, y la
excarcelación de todos los presos palestinos en fechas previas a la
realización de elecciones.

Por otra parte, el aspecto económico, que es el último argumento que se
reflejaba por parte de mi Grupo Parlamentario en la exposición de
motivos, quiero argumentarlo con datos concretos. Se ha calculado que los
gastos de reinserción social de los presos palestinos encarcelados en
este momento llega a los 30 millones de dólares. La financiación con
cargo a esta partida por parte de la Unión Europea apenas llega a los 14
millones de dólares. La situación de presos palestinos sin trabajo, sin
cobertura sanitaria, con grandes dificultades, sin duda añadiría un
obstáculo más al avance en este proceso conflictivo que se está
produciendo.




El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda de sustitución, pero
como la ha presentado el propio Grupo de Izquierda Unida, entiendo que lo
que usted ha defendido es ya su propia enmienda de sustitución.

Por consiguiente, no habiendo ninguna otra enmienda por parte de ningún
otro Grupo, a continuación tiene la palabra el señor Estrella para un
turno en contra.




El señor ESTRELLA PEDROLA: No cabe la menor duda de que la situación en
los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania ha sido denunciada y
condenada sin la menor reserva por cuantos estamos aquí y por la
representación del Gobierno de España en las Naciones Unidas.

Estamos ahora en un momento en el que a partir del proceso que se pone en
marcha en la Conferencia de Madrid se está avanzando hacia la aplicación
de algo que todos reivindicamos, que eran las resoluciones 242 y 338 de
Naciones Unidas, un proceso que, sin duda, no es en absoluto sencillo ni
puede ser visto de un solo color.

En el punto concreto de la proposición que se nos plantea, con la
autoridad moral que entiendo me confiere el haber estado humildemente
manifestándome ante el Campo



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de Ansar y de haber estado entrevistándome hace ya algunos años con
prisioneros palestinos y reuniéndome con las autoridades militares
israelíes para discutir y cuestionar como parlamentarios en aquel momento
del Parlamento Europeo los métodos y la legislación israelí al respecto,
yo querría situar la proposición que hace el Grupo de Izquierda Unida en
la situación actual del proceso.

Estamos en un momento de transición, donde hace escasamente cuatro días
se ha acordado la transferencia de autoridad a los palestinos de una
buena parte de Cisjordania, con todo lo que supone de repliegue de la
autoridad militar israelí y de paralelo despliegue de autoridad policial
palestina; es decir, los palestinos asumen la responsabilidad del
mantenimiento del orden público en unas tierras que actualmente forman
parte de un territorio bajo la autoridad nacional palestina con carácter
provisional. Lo mismo puede decirse del territorio de Gaza. Ha habido un
proceso de excarcelaciones.

Yo querría traer algunos datos, porque la señora Maestro lo hacía
también, para que la Comisión pueda reflexionar sobre el impacto del
proceso que ahora estamos viviendo. En primer lugar, para decir que en
absoluto comparto la idea de que al día de hoy la excarcelación de presos
palestinos se esté utilizando como instrumento político de presión.

Entendemos desde el Grupo Socialista que en este momento, por parte de la
autoridad israelí, se estaría deseando poderse desprender de esos
prisioneros y transferirlos al territorio bajo la autoridad nacional
palestina. Entiendo que se le hace un flaco favor a esa autoridad
nacional palestina intentando marcarle unos ritmos que, curiosamente,
coinciden con lo que está planteando un grupo como Hamas o la Yihad
Islámica, y no creo que sea la intención del Grupo de Izquierda Unida
alinearse con tales posiciones. Sin embargo, me hago la reflexión
siguiente.

La liberación de 5.000 presos políticos en el plazo de uno, dos, tres
meses, el que sea, es el equivalente de liberar en nuestro país, por
ejemplo, a unas cien mil personas de las cárceles. Yo quisiera que SS.

SS. reflexionasen sobre el impacto que ello tiene en un colectivo que,
evidentemente, no está conformado sólo por inocentes presos políticos.

Entre ellos hay auténticos asesinos; entre ellos hay inocentes jóvenes
que han lanzado piedras, aunque ya los menos porque la mayor parte de
ellos han sido puestos en libertad; hay delincuentes comunes y hay
algunos prisioneros políticos.

Yo creo que si algo tiene que hacer esta Comisión es respaldar la
capacidad de la autoridad palestina para marcar los ritmos de ese proceso
de excarcelaciones, para no hacer el juego a otras fuerzas que intentan
dinamitar el proceso político. Y cuando se habla de poner en peligro el
proceso de paz, yo pienso que nosotros, quizás, tenemos que ser prudentes
al valorar otros acontecimientos que se están produciendo y que ponen en
peligro el proceso de paz, al devolver a un territorio en tal
precariedad, como esa situación de empleo que describía la señora
Maestro, al deportar, como lo está haciendo Libia, a 30.000 personas y
también con la autoridad de quien defiende que Libia debiera encontrar su
lugar en la comunidad internacional.

Yo creo que es tal la magnitud y la complejidad, lo delicado del proceso,
que tendría que pedir al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que retirara la proposición y, en caso contrario, nuestro Grupo
votaría en contra.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (La señora Maestro Martín pide la
palabra.)
Señora Maestro, usted ya ha intervenido en la exposición de la
proposición.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, entiendo que al utilizar un
turno en contra me cabe la réplica; es decir, no ha sido una toma de
posición sino un turno en contra. Explícitamente lo ha dicho el señor
Estrella.




El señor PRESIDENTE: Vamos a interpretar las reglas un poco a nuestra
manera. Tiene la palabra para intervenir con brevedad.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir
que en el texto concreto de la proposición no de ley que Izquierda Unidad
somete a debate en la Comisión de Asuntos Exteriores no ha sido discutida
con ningún grupo islámico; bien al contrario, con la representación de la
OLP en Madrid.

El asunto de los presos palestinos es de enorme sensibilidad para la
población palestina. La autoridad nacional palestina tiene en estos
momentos, y eso creo que no se le escapa a ningún observador mínimamente
atento, graves problemas de credibilidad con respecto a su propio pueblo,
que ve muy legítimamente, en mi opinión, cómo héroes nacionales, personas
que han luchado por la libertad de su pueblo, permanecen en las cárceles.

Es cierto que ha habido excarcelaciones, pero es cierto también que la
incorporación de nuevos presos da una cifra, en este momento, de presos
en cárceles palestinas muy parecida a la existente antes de iniciarse el
proceso de paz. Bien es verdad que últimamente ese número de presos
disminuye relativamente en tasa, porque muchas veces el procedimiento del
tiro en la nuca entraña menos problemas a la hora de pedir la liberación.

Señor Estrella, que usted diga que de los 5.375 presos palestinos, unos
pocos son prisioneros políticos y los otros son criminales, creo que es
una ofensa al pueblo palestino difícil de sostener. Asimismo, me
sorprende que el Grupo Socialista, en palabras del señor Estrella,
entienda que una forma de luchar contra el paro sea mantener a la gente
en la cárcel. (Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Qué barbaridad!)
Han sido palabras que estarán reflejadas en el «Diario de Sesiones»,
diciendo que la excarcelación introduciría problemas adicionales a la
situación de paro ya existente... (El señor Yáñez-Barnuevo García: En
Libia.) en los territorios ocupados.

Por tanto, mi Grupo Parlamentario entiende que esta proposición no de ley
no tiene otro objeto que fortalecer el proceso de paz y la posición de
quien sin duda es la parte más débil en este proceso, que es la parte
palestina. Por



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consiguiente, señor Estrella, lamento decir que no retiramos nuestra
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Estrella Pedrola pide la
palabra.)
Señor Estrella, le doy la palabra muy brevemente.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, intervendré con toda
brevedad.

Las últimas palabras de la señora Maestro nos ratifican en nuestra
posición. En absoluto he dicho que el problema sea que esas 5.000
personas inciden sobre el mercado laboral. Lo ha dicho usted. Usted es
quien ha puesto de manifiesto esa situación. Sí he puesto como ejemplo
del impacto que tiene sobre la situación laboral, y que por tanto va a
tener sobre el proceso de paz y la situación económica en la zona, las
30.000 personas que está deportando Libia. Los 5.000 lo que pueden tener
es un impacto sobre el propio proceso de paz, porque entre ellos hay
personas de toda condición.

En ningún momento he dicho que los presos políticos sean unos pocos; en
absoluto. Lo que he dicho es que entre ellos hay distintas categorías;
los menos, lo que están en prisión por haber lanzado piedras, porque esos
jóvenes han sido los primeros excarcelados; entre ellos hay delincuentes
comunes, y no estoy estableciendo cantidades ni proporciones; entre ellos
hay personas que son, a lo mejor, responsables de hasta 20 asesinatos;
entre ellos hay personas que están ahí por sus ideas, y yo estoy
convencido y espero que ésos sean los primeros en salir de la prisión.

Sin embargo, yo desearía que fuese la autoridad nacional palestina, en
concreto la OLP, la que marcara los ritmos y estableciera las listas de
liberación, no la presión de grupos como Hamas o como la Yihad Islámica,
que se oponen y quieren dinamitar el proceso de paz.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Milián, por el Grupo Popular, tiene la palabra.




El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, a nosotros esta reincidencia en
el tema, cuando se había establecido anteriormente un consenso en torno a
la declaración que hemos aprobado, nos sorprende, porque entendemos que,
de alguna manera, parece querer desvirtuar el espíritu inicial, propuesto
de común acuerdo, respecto a lo que es un gran proyecto en curso y,
consecuentemente, con no pocas dificultades y espinas en el camino.

En este sentido, esta redundancia nos lleva a considerar, no obstante, la
propuesta que se hace. Pensamos que puede haber un acuerdo en el fondo,
en la filosofía de la cuestión, porque las cosas fueron así, al menos
hasta ayer. Sin embargo, creo que después del 28 de septiembre las cosas
no son así y, por tanto, no seríamos lógicos si estableciéramos una
acronía en este planteamiento por entender que lo que ha ocurrido después
del 28 de septiembre modifica la sustancia del problema; pensamos que el
problema era cierto antes del 28, era un asunto a retrotraer y nunca
jamás a plantear a posteriori.

En tercer lugar, nosotros nos preguntamos si es ahora oportuna esta
proposición cuando se están produciendo tales cambios de forma muy
dificultosa y no aligerada de riesgos. Si se ha llegado al consenso
internacional y a la firma del pacto del Tratado en Washington el 28 de
septiembre, es justamente porque se han producido, sobre todo, dos
elementos, uno de los cuales condicionaría, por nuestra parte, la
afirmación del punto segundo de la proposición no de ley.

En primer lugar, las presiones diplomáticas y políticas, tanto de Estados
Unidos como de la Unión Europea, han sido tan intensas y tan firmes que
han obligado a las partes a tomar necesidad de consenso «velis nolis», es
decir, aunque no lo quisieran.

En segundo lugar, los condicionamientos económicos que se han impuesto,
según tengo entendido, a ese pacto han sido de tal calibre que de no
hacerlo se perdían las muchas y grandes ayudas que tanto un Estado como
otro iban a recibir; es decir, asiento el principio dialéctico que está
en vías la identidad de un Estado palestino. Consecuentemente, todo eso
hay que construirlo en medio de grandes presiones y empeños, y me
parecería ocioso por nuestra parte poner algún impedimento, aunque sea
político o dialéctico, en la consideración de esta moción.

En tercer lugar, se aprobó, si no tengo mal entendido, en Washington el
28 de septiembre un calendario de excarcelaciones. Creo que en este caso
se establecían períodos y condiciones para las mismas. En Taba, por las
noticias recibidas en prensa, se fijaba concretamente que 3.500 de estos
5.000 prisioneros que apuntaba la señora Maestro quedaban liberados en
dos períodos a partir del momento de la convocatoria de las elecciones en
Gaza y Cisjordania. Consecuentemente, está todo ya periodificado y creo
que hay unas condiciones objetivadas para ejecutar este plan.

Por último, por lo que se refiere al segundo punto, nosotros entendemos
que hay mucho que financiar para estabilizar el proceso en este momento.

Desde la reinserción misma de todo un pueblo palestino (y no de 30.000
personas que puedan aparecer procedentes de Libia o 5.000 saliendo de la
cárcel) hasta la reinserción concreta de esos 5.000 hay que hacer enormes
esfuerzos en creación de infraestructuras y riquezas a lo cual se están
aplicando, al menos teóricamente, ciertos Estados, y la Comunidad Europea
en ese sentido también, para buscar recursos financieros y afrontarlos.

Me parecería anecdótico que en ese gran magma de la inversión común
nosotros quisiéramos ahora hacer un oasis con la precisión concreta de la
reinserción de 5.000 presos. Creo que esto es ocioso, puesto que lo
importante es que haya una gran aportación financiera para consolidar esa
identidad que dé paso, a partir del punto del reconocimiento de
autonomía, a la evolución hacia ese Estado palestino al que parecen
apuntar los recientes acontecimientos.

Por tanto, nosotros queremos puntualizar, primero, que no se entorpezca
el proceso iniciado por la vía política y diplomática y los recientes
Tratados en Washington. Segundo, es bueno secundar cuidadosamente este
proceso de paz sin poner ni trabas ni impedimentos ni siquiera
interpretaciones



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que puedan ser ociosas o arriesgadas. Tercero, nosotros votaremos en
contra, pues creemos que se ha avanzado armoniosa y consensuadamente con
la declaración antes votada en un espíritu conjunto de todas las partes
de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: A nuestro Grupo Parlamentario, más que
subrayar todos aquellos aspectos que quedan pendientes en este
esperanzador proceso de paz que se ha emprendido en Oriente Medio, que
son bastantes, le gustaría subrayar todos los aspectos positivos que han
supuesto ya y están suponiendo un avance, cara a conseguir la paz
duradera en la región.

Creo que estamos en el momento más dulce desde el año 1967. Por primera
vez se produce un avance sustancial, dejando de lado los acuerdos de Camp
David que afectaban a otra área de la misma región y que concluyeron con
un tratado de paz estable. Estamos en un momento en el cual no es una
entelequia hablar de liberación de prisioneros, porque es una realidad.

Tampoco es una entelequia hablar del repliegue del ejército o de la
consolidación prevista para un futuro muy inmediato de la autonomía de
Cisjordania, futuro embrión del Estado palestino, o bien de la
celebración de unas elecciones legislativas.

Sin duda hay cuestiones que están pendientes de resolver, y hemos citado
algunas, como el tema de los refugiados, el tema de Jerusalén Este; yendo
un poco más allá, superando la estricta relación entre palestinos y
Gobierno de Israel, el tema de las relaciones con Siria, centrado en la
resolución del problema del Golán, que creemos que es un aspecto que
hasta que no se resuelva no vamos a poder hablar de paz en la región.

Pero esto es una segunda fase y va a depender de cuestiones colaterales.

A todos estos temas, a los cuales hacía referencia como avances que se
han producido, como aspectos que quedan por resolver entre israelíes y
palestinos, también hace mención la resolución que al inicio de esta
sesión hemos aprobado por unanimidad en la Cámara, a la cual nuestro
Grupo se ha sumado no sin entusiasmo.

Nosotros lo que deseamos es que el final de este proceso emprendido sea
positivo. En este momento no tenemos claro que el final vaya a ser
positivo, porque hay muchos nubarrones encima del mismo. El año que
viene, si no me equivoco, hay elecciones legislativas convocadas en
Israel y el principal partido de la oposición, el Likud, no es
precisamente un entusiasta del proceso que se ha emprendido. Es más, está
haciendo bandera en contra. Por tanto, del avance que se pueda producir
durante este año y de la percepción positiva que tenga el pueblo israelí
de lo que están suponiendo estos acuerdos, puede depender el resultado de
las elecciones del año que viene, y también el futuro de este acuerdo.

Exactamente lo mismo sucede en el lado palestino. Arafat no representa la
totalidad del pueblo palestino; por decirlo en un lenguaje que nos es más
próximo no representa todas las sensibilidades del pueblo palestino. Hay
fuerzas radicalizadas que se oponen o que están enfrascadas en hacer
fracasar este proceso de paz. Por tanto, creo que nosotros debemos actuar
muy prudentemente. Apoyar los pasos que se van dando (poco a poco, sin
lugar a dudas, pero firmemente) y apoyar la actitud tanto del Partido
Laborista israelí como de la OLP, firmes defensores y decisivos
protagonistas de este proceso de paz.

Para terminar, señor Presidente, en la proposición no de ley se hace
referencia a dos aspectos sobre los que quisiera hacer algún comentario.

Se habla de presos políticos. El concepto de preso político es muy
extenso y muy amplio. Nosotros no dudamos que si se consigue cerrar este
proceso de paz la generosidad va a ser muy amplia y el proceso de
amnistía va a afectar a personas que difícilmente los podemos encuadrar
dentro del concepto de presos políticos, aunque, como nos ha dicho la
señora Maestro, son vistos como héroes por su pueblo, en un lenguaje que
me suena muy próximo, pues también se da por estas latitudes. En
cualquier caso, sí que hay unas discrepancias importantes sobre lo que es
preso político y lo que no es preso político.

Se habla también de los fondos de la Unión Europea. Sobre esto quisiera
decir que en una conversación hace escasas semanas en esta casa con un
comisario europeo, un vicepresidente de la Comisión, en la ponencia sobre
Cooperación en el Mediterráneo que está elaborando un informe para apoyar
la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, pude ver que el problema
que nos plantean desde la Unión es que la disposición de fondos por parte
de la Unión Europea para apoyar el proceso de paz es altísima. Es decir,
va a haber mucho dinero. La Unión es consciente de lo que nos jugamos ahí
todos. Ahora bien, el problema que se están encontrando en este momento
es la falta de unas estructuras sólidas para poder canalizar esta ayuda.

Pues bien, tendremos que colaborar empezando por crear estas estructuras
destinadas a la reinserción de todos los presos palestinos, que es a lo
que se refiere la proposición de ley. En cualquier caso, los fondos van a
estar.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley enmendada por el propio Grupo proponente. Se entiende que lo que
sometemos a votación es la enmienda, que es de sustitución.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOBRE RECHAZO DE LAS LEYES ESTADOUNIDENSES QUE IMPIDAN MANTENER
RELACIONES CON LA REPUBLICA DE CUBA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000486.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número dos del orden del día:
Proposición no de ley sobre rechazo de las leyes estadounidenses que
impidan mantener relaciones



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con la República de Cuba, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A esta proposición no de ley se
ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista.

Tiene la palabra el señor Espasa, del Grupo proponente.




El señor ESPASA OLIVER: Señoras y señores Diputados, como reza en nuestro
preámbulo de la proposición no de ley, es bueno recordarlo para pedirles
a todas SS. SS. que repitamos lo que se produjo el 17 de febrero de 1993
en esta misma Comisión. Aquel día aprobamos por unanimidad una
proposición no de ley presentada también por nuestro Grupo, que venía a
rechazar por sus propios méritos y porque lesionaba la soberanía
española, la llamada Ley Torricelli, aprobada por la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos. Ley Torricelli, o «Cuban Democracy
Act», que pretendía legalizar, desde la perspectiva estadounidense, 30
años de embargo y bloqueo comercial a Cuba.

Decíamos aquel día, y todos los grupos estuvieron de acuerdo, que aquello
era inaceptable desde todo punto de vista, sobre todo porque lesionaba la
dignidad y la soberanía del propio pueblo cubano, porque lesionaba el
derecho internacional y porque amenazaba a terceros países, entre ellos
España, pero también a muchos otros, a compañías transnacionales de todo
tipo, económicas, y a terceras personas que comerciaban e invertían con
Cuba o en Cuba.

Aquella Ley continúa hoy vigente a pesar de las sucesivas resoluciones de
la Asamblea General de Naciones Unidas que, prácticamente año sí y otro
también, condenan el bloqueo y el embargo a Cuba. Pero nos encontramos
hoy con que el Congreso de los Estados Unidos, no el Senado, ha aprobado
una nueva vuelta de tuerca a esta insensata posición de los Estados
Unidos respecto a la República de Cuba en la forma de una propuesta de
ley llamada de «Helms Burton» en el Congreso de los Estados Unidos.

Si hasta ahora el pretexto utilizado por los Estados Unidos en sus
acciones de todo tipo (administrativas, legales o no tan legales) para
impedir el bloqueo y el intercambio comercial de terceros países con Cuba
era la protección de los intereses de ciudadanos norteamericanos que
habían sido expropiados por el cambio de régimen en Cuba desde 1959, éste
era el espíritu de la actitud de los Estados Unidos y éste era el
espíritu de la llamada ley Torricelli. En la actual ley, en la Ley «Helms
Burton» se da otra vuelta de tuerca, como ya he repetido, porque se
incluye además como motivo la protección de los derechos y propiedades de
los cubanos exiliados que hubiesen sido expropiados por las autoridades
de La Habana. Es decir, se trata, no sólo ya de un argumento, que era no
defendible, pero que podía tener su lógica en clave norteamericana, de
defender los intereses de norteamericanos que pudiesen haber sido
lesionados por las autoridades de Cuba, sino que en la actual proposición
de ley que se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos se
defienden también desde el Congreso de los Estados Unidos las propiedades
que hubiesen podido ser lesionadas de ciudadanos cubanos que, en
aplicación de las leyes cubanas, hubiesen sido expropiados, no resarcidos
o cualquier incidencia que a nosotros no nos compete analizar y que
ahora, por vía de esta ley, quisiera ser protegida.

En definitiva, señorías, lo que interesa a nuestro Grupo con esta
proposición no de ley es que esta Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados, en nombre de toda la Cámara, vuelva a salir al
paso de una legislación que consideramos de todo punto anticuada y
contraria al Derecho internacional. Nosotros creemos que esa ley ha sido
amenazada de ser vetada por parte de la Administración Clinton --el señor
Christopher ya ha anunciado al Congreso que podría vetarla por parte del
Presidente--, pero no es menos cierto que la correlación de fuerzas entre
la mayoría republicana y la Administración demócrata puede hacer difícil
esa amenaza de veto por la presidencia estadounidense, al menos si uno
tiene en cuenta el resultado de la votación en el Congreso, que, por si
SS. SS. no le recuerdan, fue de 294 votos a favor y 130 en contra.

Decidan lo que decidan en el ejercicio de su soberanía los Estados
Unidos, nosotros no podemos aceptar impasibles que quede lesionada la
soberanía de otros estados, la de la República de Cuba en primer lugar,
pero también, y de forma muy importante, la propia soberanía española y
el Derecho internacional, Derecho internacional que muy recientemente, y
en esta misma Cámara hemos tenido largos y apasionados debates, ha dado
un paso más al transformar el GATT en la OMC, Organización Mundial de
Comercio, que prohíbe expresamente cualquier práctica que, desde
presupuestos estrictamente políticos o de un solo país, limite la
libertad de comercio internacional.

La ley tantas veces citada «Helms Burton» lesiona la soberanía del pueblo
cubano y de la República de Cuba, lesiona la soberanía española en su
derecho libérrimo de comerciar, invertir o dar ayuda humanitaria a la
administración o al Estado que quiera, lesiona los intereses de
inversores españoles --saben ustedes que España es uno de los tres países
con más inversiones en la República de Cuba--, lesiona los intereses del
comercio español con la República de Cuba y lesiona también --y en este
sentido quiero enlazar con la enmienda que propone un grupo parlamentario
y que ya anuncio que va a ser aceptada por nuestro grupo-- la voluntad
que ha tenido y que tiene esta Cámara y el Gobierno español de ayudar a
una proceso de democratización en Cuba, libre de injerencias externas. Y
la primera injerencia externa que debería eliminarse es la limitación al
comercio de la República de Cuba con todos los países de su entorno y más
allá de todo el mundo.

Por estas cuatro limitaciones de soberanía a la República de Cuba, al
propio Reino de España, a nuestras inversiones y a nuestra capacidad de
comercio y a nuestra voluntad de ayudar a una transición democrática sin
injerencias externas en la República de Cuba, les pido que apoyen esta
proposición no de ley que, en su parte dispositiva, dice: El Congreso de
los Diputados pide al Gobierno que ponga en conocimiento del Gobierno de
los Estados Unidos que España, por sí misma y en el seno de la Unión
Europea, rechazará firmemente cualquier ley estadounidense que vulnerase
la legalidad internacional, las normas de la organización mundial de
comercio y la propia soberanía de España y la de las empresas, entidades
u organizaciones



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españolas en su libre disposición de mantener relaciones económicas,
comerciales o humanitarias con la República de Cuba.




El señor PRESIDENTE: Creo que entre la lectura que ha hecho del texto de
la proposición no de ley y la que figura en el «Boletín Oficial de las
Cortes» hay una palabra diferente. Usted ha dicho: «El Congreso de los
Diputados pide al Gobierno...» El texto que tengo delante dice: «El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno...» El texto bueno es
«insta».




El señor ESPASA OLIVER: De acuerdo.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista, como antes les decía, ha
presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra el señor
Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: En primer lugar, nos parece una contradicción,
un cierto desconocimiento de los hechos instar al Gobierno a hacer algo
que ya viene realizando, como intentaré demostrar a lo largo de mi breve
intervención.

Quiero recordar cuáles han sido las líneas de actuación del Gobierno en
casos similares al que nos ocupa en relación con Cuba y el proyecto de
ley «Helms Burton».

El señor Espasa ya ha hecho referencia a que en febrero de 1993 en esta
Comisión aprobamos una proposición no de ley que rechazaba la Ley
Torricelli. En septiembre de 1994, en el Pleno del Congreso, el Ministro
de Asuntos Exteriores expresaba cuál era la posición española sobre el
embargo a Cuba por parte de Estados Unidos y que se mantenía en tres
frentes.

Primero, desde el punto de vista bilateral, con Estados Unidos,
haciéndoles ver que la transformación del régimen de Cuba es mucho mejor
fomentarla mediante el contacto que mediante el aislamiento. Segundo, en
el ámbito de la Unión Europea se trabajaba para convencer a los demás
países europeos de lo positivo de esta posición. Tercero, con los países
que forman la Cumbre Iberoamericana, en el mismo sentido que lo expresado
anteriormente.

Posteriormente, en noviembre de 1994, el Ministro de Asuntos Exteriores,
también en el Pleno del Congreso, declaró que el Gobierno español está
firmemente convencido de que el embargo contra Cuba ha tenido un efecto
negativo sobre la población y una muy escasa eficacia política, por lo
que mantiene su postura contraria al embargo, de lo que es buen ejemplo
el voto español a favor de las resoluciones de Naciones Unidas que
condenan el embargo a Cuba.

En marzo de este año 1995, en la reunión de la troika de expertos de
América Latina con los Estados Unidos, celebrada en Bruselas, España
expresó, en nombre de los socios, la oposición de la Unión Europea al
embargo de los Estados Unidos contra Cuba, por estimar que no favorece la
transición pacífica a la democracia y perjudica a la población. La troika
manifestó también su preocupación por los efectos extraterritoriales de
la Ley Helms, así como su contradicción con las normas de libre comercio
y del Derecho internacional.

Ultimamente, el 5 de abril de este mismo año, a sugerencia de España,
presentada en el grupo de trabajo de América Latina, la Presidencia, en
nombre de la Unión Europea, emitió una declaración sobre este mismo tema,
suscrita por los quince Estados, que dice textualmente: Una vez más, la
Unión Europea expresa a las autoridades americanas su gran inquietud ante
la eventual adopción por el Congreso del proyecto de ley sobre libertad y
solidaridad democrática con Cuba. En esta ocasión, la Unión Europea
recuerda su oposición a la adopción de cualquier medida de alcance
extraterritorial y contraria a las normas de la OMC. La Unión Europea
reafirma su expectativa de reformas democráticas en la isla.

Además, en todos los contactos políticos bilaterales con Estados Unidos,
se ha venido insistiendo en la oposición española al embargo y al
reforzamiento del mismo contemplado en la Ley Helms.

Por todo ello, aunque consideramos que esta proposición no aporta nada
sustancial a lo que ya está haciendo el Gobierno, vamos a apoyarla con la
introducción de una enmienda de adición que refleja de forma más completa
la postura que reiteradamente ha sostenido el Gobierno. A saber, que la
mejor manera de fomentar el desarrollo de un sistema libre y democrático
con Cuba es fomentando las relaciones comerciales e intensificando el
diálogo político entre Cuba y la comunidad internacional. España, tanto
en sus relaciones bilaterales como en el seno de la Unión Europea,
siempre ha propiciado una transición pacífica y rápida hacia la
democracia en Cuba. Por eso, la enmienda que proponemos al final del
texto de la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida, que dice
textualmente: Todo ello, en línea con la política que ha venido
practicando el Gobierno, que persigue propiciar un proceso pacífico de
transición hacia la democracia en Cuba, con pleno respeto a los derechos
humanos y las libertades individuales, a través de la reconciliación
nacional y sin injerencias externas.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONZO Y LEDO: Mi Grupo va a votar favorablemente esta
proposición no de ley, aceptando, además, la enmienda de adición del
Grupo Socialista, que creemos, sin ninguna duda, que mejora el texto, al
dar una visión más completa de lo que es el problema cubano.

Compartimos, desde luego, la finalidad inmediata de la proposición no de
ley del Grupo de Izquierda Unida, aunque haya algunos aspectos, si se
quiere, accesorios en la propia exposición de motivos, que requerirían,
quizá, una cierta matización. No es verdad, por ejemplo, que se trate de
impedir incluso la ayuda humanitaria según el proyecto al que estamos
aludiendo, ya que en la Sección 8 de ese proyecto se exige de la
Administración norteamericana un



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informe sobre todo tipo de asistencia bilateral que reciba Cuba, pero no
se prohíbe. Tampoco se pueden llevar las cosas hasta ese extremo.

Por matizarlo todo, tampoco es cierto que cuando se habló en esta
Comisión, en la legislatura pasada, de la llamada «Ley Torricelli»
hubiera unanimidad. Lo cierto es que aquí tengo el «Diario de Sesiones»
de aquella sesión concreta de esta Comisión y, según veo, no había
unanimidad, sino que hubo cinco abstenciones. Pero no vamos a entrar en
esos pequeños detalles.

Entendíamos que en la redacción inicial de esta proposición no de ley se
estaba perdiendo una ocasión de hacer un planteamiento global del
problema cubano que, en cierto modo, corrige la enmienda del Grupo
Socialista, porque podría perderse de vista que el objetivo de la
política exterior de España y de la Unión Europea (incidentalmente le
decimos al Grupo Socialista que creemos que su enmienda mejoraría si se
hablara del Gobierno y de la Unión Europea o de España y de la Unión
Europea, pero lo dejo a su decisión) con relación a Cuba es precisamente,
como aquí se ha dicho, acelerar la transición pacífica hacia la
democracia, el respeto efectivo de los derechos humanos, la garantía de
todas las libertades políticas y, desde luego, también la liberación de
todos los presos políticos.

Sobre esto, quisiera señalar que, según informaciones de prensa que
veíamos ayer mismo, el dictador Castro se resiste, según todas las
evidencias, a liberar a los presos políticos. Nuestra Ministra de
Cultura, la señora Alborch, parece que, después de siete horas y media de
entrevista con Castro, se viene con las manos vacías y sin ninguna
promesa efectiva acerca de la liberación de los presos políticos, y eso
que la señora Ministra, llevando el feminismo hasta unos límites que son
casi esperpénticos, resulta que reclamaba sólo la liberación de las
presas políticas, olvidándose de los presos políticos, por los que se ve,
según parece, que no hizo ninguna gestión. Según informaciones de prensa,
insisto, se hablaba de 45 presas políticas, sin ninguna alusión a los
presos masculinos (La señora Balletbó Puig: Celoso.)
Anunciamos también, por todo ello, nuestro propósito de presentar una
proposición no de ley que contemple en su conjunto la situación cubana,
al servicio de lo que creemos que es la idea fuerza, que me parece que
compartimos todos, que es el establecimiento de la democracia en Cuba de
una manera pacífica y cuanto antes mejor.

Para entender esta posición y el rechazo que nos merece ese proyecto de
ley norteamericano, hay que darse cuenta de que Castro es un producto y
una supervivencia de la guerra fría, que ha hecho de Cuba una excepción
triste en medio de un continente que avanza claramente hacia la
democracia. Ante esa situación, no se puede adoptar, como parece que
quiere hacer ese proyecto de ley norteamericano, una actitud que también
es de guerra fría; nadie desconoce que el promotor de ese proyecto, el
Senador Helms, es un viejo halcón que podemos decir que tiene el reloj
parado, lo cual es una manera de afrontar el problema absolutamente
inadecuada.

Quisiera también señalar que al proyecto Helms Burton se oponen muchos
aliados de los Estados Unidos, como la propia Unión Europea, según se ha
señalado hoy aquí; los socios norteamericanos en el Tratado de Libre
Comercio, en el Nafta; muy insistentemente, por cierto, Canadá, dadas sus
estrechas relaciones comerciales con Cuba; también los países del Caribe,
los pequeños países de la comunidad caribeña, el Caricom, que están
viendo cómo se les puede obligar a ellos a pagar la factura, si se
llegara a aplicar esa ley, porque, como ha dicho algún dirigente de uno
de estos países, los grandes, tipo Canadá, al final se las van a poder
apañar y somos nosotros los que vamos a tener que sufrir todas las
consecuencias negativas de ese proyecto.

Pero habría que señalar que también se opone la propia Administración
Clinton. Hay unos informes de esta Administración que señalan, por
ejemplo, que algunas de las provisiones de la legislación propuesta, se
dice, entorpecerían la capacidad de Estados Unidos para hacer avanzar
nuestros objetivos compartidos --se refieren a compartidos por los dos
partidos de los Estados Unidos--, que insisten en promover, dice, la
transición a la democracia pacífica y rápidamente.

Además --dice también la propia Administración norteamericana, el
Ejecutivo--, algunas provisiones de esa ley entran en conflicto con más
amplios intereses de los Estados Unidos, en concreto, se señala que está
en contradicción con los compromisos adquiridos por los Estados Unidos en
la Ronda Uruguay del GATT, según ya se ha señalado, y en el Nafta, en el
Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Méjico; se insiste también en
que da a los Estados Unidos una autoridad que no tiene, dice la propia
Administración Clinton, en relación con las transferencias de propiedad
entre dos partes no norteamericanas, parte cubana y parte de terceros
países. Se dice también que reduce las oportunidades de que las futuras
reclamaciones de propiedad sean resueltas satisfactoriamente, al ignorar,
se insiste, principios básicos de derecho internacional y la propia
práctica norteamericana. Y, finalmente, se señala que plantearía --en el
caso de ser aprobada-- problemas administrativos y presupuestarios que el
Ejecutivo norteamericano juzga casi insolubles.

Cuando se hablaba, en esta Comisión, de la Ley Torricelli, hace dos años
y pico, el portavoz de mi Grupo se refería a la tentación de
extraterritorializar la propia legislación en que en ocasiones han caído
los Estados Unidos. Seguimos haciendo nuestro ese punto de vista y por
ello esperamos que ese proyecto de ley no llegue a ser aprobado, aunque
bien sabemos --como se ha señalado ya aquí-- que ese proyecto ha pasado
con una mayoría muy amplia la Cámara de Representantes; más dudas hay de
que pase el Senado, incluso antes de llegar al Ejecutivo. Leía hace unos
días que el «Washington Post» avanza la posibilidad de que el Senador
Helms pueda sufrir la indignidad --cito literalmente-- de no ser capaz de
sacar adelante su «bill», es decir, su proyecto en el propio comité que
él preside, que es el de asuntos exteriores del Senado. Aporto estas
informaciones porque creo que nos pueden tranquilizar en cierto modo.

Este proyecto se va a encontrar con muchas dificultades, incluso en el
seno del propio Legislativo. Al final, en todo caso, el Presidente podría
vetarla



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y algunas tomas de posición que ya se han manifestado inducen a pensar
que así puede ser.

Por otra parte, se sabe que la Administración norteamericana está muy
atenta a las negociaciones que está llevando a cabo la Unión Europea con
el régimen cubano y que se están valorando también muy positivamente los
posibles efectos del viaje que va a hacer el Papa a Cuba en el mes de
febrero del año próximo.

Quisiera insistir --y voy terminando, señor Presidente--, en que en
algunas ocasiones se ha hablado de que Cuba está en vía de reforma, de
que en Cuba se está haciendo una reforma, nos parecen bien algunas de
esas reformas que se están haciendo, pero yo no quisiera dejar de decir
que en ningún caso se pueden echar las campanas al vuelo por lo que ahora
y hasta este momento está sucediendo en Cuba, porque allí se está
aplicando, pura y simplemente, lo que podemos llamar el modelo chino. «Un
sistema socialista con elementos de mercado» --y lo pongo entre comillas
porque es la expresión utilizada por el régimen cubano--, «sistema
socialista con elementos de mercado», acompañada, en el plano político,
de una dictadura de partido único --no se la puede llamar de otra
manera--, exactamente igual que lo que sucede en China, en Vietnam o en
Corea del Norte. A la larga, en suma, una situación insostenible cuyas
contradicciones, entre el aspecto económico y el aspecto político, ya
empiezan a percibirse.

Vamos a votar a favor --insisto-- por todas estas razones y, además, por
un argumento final en el que creo que vale la pena insistir: cualquier
reforzamiento del embargo iba a perjudicar, sobre todo, al pueblo cubano
y nos parece inadmisible que se pueda someter al pueblo cubano a mayores
sufrimientos, nos parece inadmisible que se le someta a un régimen
comercial, además más estricto que el que se está aplicando por los
propios Estados Unidos a otros países sometidos a dictaduras tan
rechazables como la cubana y podemos citar los casos --y ya he aludido a
ellos-- de China, Vietnam o Corea del Norte.

Por estas razones, apoyamos la proposición, aceptando también la enmienda
de adición que ha presentado el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Quizá estemos avanzando acontecimientos y no
sea necesario aprobar esta proposición no de ley. Nos gustaría que fuera
así y que el Senado norteamericano rechazara la propuesta del Senador
Helms, pero por si así no fuera, creemos que es una proposición no de ley
importante, porque de entrada plantea una seria advertencia al Gobierno
americano en el supuesto de que se aprobara una ley que está vinculando
muy directamente a terceros países, cuando es sabido que en Derecho
internacional decisiones de este tipo sólo pueden ser adoptadas por parte
de los propios organismos internacionales.

Por tanto, nuestro Grupo va a votar a favor de la proposición no de ley,
de la misma manera que si el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya acepta la enmienda del Grupo Socialista también votaríamos a
favor de la misma, porque entendemos que esta enmienda completa y mejora
el texto de la proposición, en tanto en cuanto la sitúa dentro de la
globabilidad del problema de Cuba.




El señor PRESIDENTE: Pregunto al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya si acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista, a
efectos de votación.




El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, unas breves palabras para
mostrar nuestra satisfacción por esta enmienda y también por la posición
de todos los grupos.

Aceptando la enmienda socialista, creo que subrayamos aún más nuestra
voluntad al presentar esta proposición no de ley, una voluntad que, en
definitiva, iba dirigida a salvaguardar la dignidad del pueblo cubano
para dirigir sus destinos. Nuestros argumentos, a diferencia de los de
otros portavoces, no han sido ideológicos, han sido simplemente la
utilización de reglas democráticas y del Derecho Internacional para hacer
ver lo insostenible de la situación provocada por los Estados Unidos
sobre Cuba. Pero no hay ningún motivo ideológico y resulta un poco triste
que se aduzcan estos motivos.




El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, este turno es simplemente para que su
Grupo diga si acepta o no la enmienda, pero nada más, porque con sus
manifestaciones abre la posibilidad de que se solicite la palabra por
alusiones y en este caso la discusión cambia de sentido.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley presentada por
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los términos que
se ha citado, con la enmienda presentada por el Grupo Socialista que
consiste en añadir el párrafo que ya ha sido leído.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN ACUERDO CON EL GOBIERNO
DE ALEMANIA, CON EL OBJETIVO DE INDEMNIZAR A AQUELLOS CIUDADANOS
ESPAÑOLES QUE, DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, FUERON DEPORTADOS EN
CAMPOS DE CONCENTRACION NAZIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente 161/000497.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto 3 del orden del día:
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar un
acuerdo con el Gobierno de Alemania, con el objetivo de indemnizar a
aquellos ciudadanos españoles que durante la Segunda Guerra Mundial
fueron



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deportados en campos de concentración nazis. El autor es el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Por este Grupo, tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Esta proposición no de ley obedece a la
voluntad --en última instancia y en cierto modo desesperada-- de resolver
un problema para cuya resolución, si no damos hoy un paso decisivo,
difícilmente vamos a tener otra oportunidad en el futuro. Utilizo estos
términos, que pueden parecer catastrofistas, porque quiero que se hagan
cargo, señor Presidente, señorías, de que el colectivo afectado por las
posibles medidas a que hace referencia esta proposición no de ley es un
colectivo que, por razones de edad, día tras día, se va reduciendo y son
menos los posibles beneficiarios.

¿Qué pretendemos con esta proposición no de ley? Precisamente este año se
conmemora el cincuenta aniversario de la finalización de la Segunda
Guerra Mundial. Nosotros pensamos que este aniversario es un buen momento
para recordar a todos aquellos ciudadanos que sufrieron directamente, sea
física o moralmente, la barbarie nazi concretada en la reclusión en los
campos de concentración. Fueron muchos ciudadanos europeos de distintos
países los que sufrieron en sus carnes esta barbarie, tuvieron que pasar
una temporada por estos campos de la muerte, y, después de la Segunda
Guerra Mundial, las democracias europeas que contaban entre sus
ciudadanos algunos que habían sufrido el paso por esos campos,
suscribieron acuerdos bilaterales con el Gobierno de la República Federal
Alemana a través de los cuales, dicho Gobierno se comprometía a
indemnizarlos por los perjuicios sufridos. Por ejemplo, Francia firmó en
el año 1960 un acuerdo que supuso una indemnización de 400 millones de
marcos; ese mismo año, Holanda recibió 125 millones de marcos del
Gobierno de la República Federal Alemana, y Grecia y Bélgica, también ese
año, 80 millones de marcos, cada una. España también tuvo y tiene
ciudadanos que sufrieron el paso por los campos nazis. Quiero simplemente
recordar la cantidad de exiliados republicanos que en el año 1939 pasaron
nuestra frontera pirenaica para incorporarse inmediatamente a la
resistencia francesa y muchos de ellos tuvieron su fin en uno de estos
campos o tuvieron la desgracia de pasar un tiempo en ellos pero
sobrevivieron. Estas personas se han asociado en agrupaciones, la Amical
de Manthausen es quizá la principal de ellas, pero por las circunstancias
políticas que atravesaba España hasta el año 1975, por la circunstancia
del régimen franquista, no se dio ningún paso por parte del Gobierno
español de la época para firmar un acuerdo con el de la República Federal
Alemana para que indemnizara a estas personas que, por supuesto, no
gozaban de la simpatía del régimen de la época, sino todo lo contrario, y
me imagino que algunos capitostes de ese tiempo debían considerar que las
penas o los males sufridos estaban bien merecidos.

Quiero destacar un dato que no es conocido y que pienso que es muy
relevante. El número de ciudadanos españoles que estuvieron recluidos en
campos de concentración nazis es, por ejemplo, superior al número de
ciudadanos belgas o al de ciudadanos holandeses, los cuales, sin embargo,
sí tuvieron derecho a estas indemnizaciones.

Lo que pretende nuestra proposición no de ley, como decía al principio,
es hacer una llamada desesperada para tratar de resolver este problema.

Digo desesperada porque, como también decía al principio, la edad no
perdona y cada vez quedan menos de los posibles beneficiarios de estas
medidas. Lo que nosotros pretendemos a través de esta proposición no de
ley es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a impulsar un
acuerdo con el Gobierno alemán con el objeto de indemnizar a aquellos
ciudadanos españoles que durante la Segunda Guerra Mundial fueron
deportados a campos de concentración nazis. Pensamos que éste es un buen
año para llegar a un acuerdo de este tipo --como decía anteriormente
estamos próximos a la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial--
y sinceramente creemos que estas personas se lo merecen.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda a esta proposición no de ley. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Jover.




El señor JOVER PRESA: Ante todo, quiero empezar afirmando que mi Grupo
está absolutamente de acuerdo y coincide plenamente con los objetivos que
pretende la proposición no de ley que acaba de ser defendida por el señor
Recoder, conseguir la más efectiva y completa reparación económica, ya
que no puede ser de otra naturaleza, para los miles de españoles, sobre
todo republicanos, que estuvieron presos y que sufrieron el rigor y la
barbarie de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra
Mundial, al menos para aquellos que todavía no han percibido
indemnización, por supuesto.

Mi Grupo también ha tenido contactos, a lo largo de estos años, con la
Amical de Manthausen y con otras organizaciones de ex presos españoles en
los campos de concentración nazis y, lo repito una vez más, no podemos
más que estar de acuerdo con los objetivos de la proposición no de ley.

Además, es importante que recordemos que la situación en que se
encontraron en su momento estos prisioneros españoles era especialmente
sangrante por dos razones: la primera, porque eran personas que acababan
de sufrir en sus carnes la represión, que acababan de sufrir en sus
carnes la derrota militar --eran personas que venían de sufrir una Guerra
Civil de tres años--, que habían sufrido el exilio, muchos de ellos casi
pasaron directamente de los campos de concentración franceses a los
campos de concentración alemanes, y, por tanto, el sufrimiento fue mayor
incluso que el de otros ciudadanos, por ejemplo belgas, holandeses o
franceses. Además, se trataba de personas que no tenían a nadie que les
protegiese, que ni siquiera después del año 1945 tuvieron ningún gobierno
que les protegiera. Este no fue el caso de los franceses, de los
italianos, de los holandeses o de los belgas. El Gobierno español de
aquella época no solamente no les protegía sino que era cómplice de la
barbarie y de la represión que sufrieron estos españoles. Por tanto,
existen datos más que suficientes para que nos ocupemos de su situación.




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Dicho esto, señor Presidente, también querría aclarar un par de ideas
para que las tengamos en cuenta. Ya sé que el señor Recoder no lo ha
dicho, pero del texto de la proposición no de ley podría desprenderse la
idea de que estos españoles que sufrieron la barbarie nazi en sus carnes
en ningún caso han recibido reparaciones, y esto no es verdad. Muchos de
ellos han percibido reparaciones. Según los datos que tengo en este
momento, datos que no son de mi Grupo, sino del Ministerio de Asuntos
Exteriores alemán, más de 15.000 españoles, solamente por la vía legal,
han percibido ya indemnizaciones con cargo a los presupuestos generales
alemanes. Seguramente no son todos, seguramente hay más que no han
percibido esas indemnizaciones, pero con ello quiero dejar bien claro que
el tema no es tan terrible como podría imaginarse. Otra cifra. Las
indemnizaciones pagadas a republicanos españoles como consecuencia de su
sufrimiento en campos de concentración nazis superan actualmente (sigo
citando cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán) los 80
millones de marcos, es decir tanto como recibió Grecia o Bélgica por la
vía convencional, y desde luego Grecia tuvo más presos en los campos de
concentración nazis que España. Pero no pretendo hacer comparaciones,
señor Presidente, solamente pongo sobre la mesa un dato que quiero que
sea conocido: que muchos de esos presos españoles ya han percibido
indemnizaciones como consecuencia de la situación que sufrieron.

En todo caso, señor Presidente, nuestra enmienda no va en esa línea, lo
que pretende nuestra enmienda es que lo que propone Convergència i Unió
sea más efectivo. Nosotros queremos dar la máxima efectividad a los
objetivos de la proposición no de ley. En ese sentido, señor Presidente,
pensamos que los medios, no los objetivos, que nos propone Convergència i
Unió seguramente no son los más adecuados para conseguir el objetivo que
se pretende, porque lo que nos propone es que el Gobierno español busque
la firma de un convenio con el Estado alemán al estilo de los que fueron
firmados en los años 50 con otros Estados. Esto se puede hacer, se puede
instar al Gobierno español a que busque este convenio, pero
desgraciadamente un convenio es cosa de dos y, por mucho que el Gobierno
español pretenda este convenio, si el Estado alemán no está en esa
tesitura no se podrá firmar y todo lo que aquí hayamos discutido no
servirá absolutamente para nada. Alguien dirá que estoy prejuzgando lo
que en su caso hará, ante la demanda española, el Gobierno alemán. Por
supuesto que estoy prejuzgando, pero yo creo que algunos datos tenemos
sobre la mesa.

La realidad es que, desde hace mucho años, el Estado alemán no está
abierto a firmar convenios de reparación y no lo está porque considera
que esos convenios solamente debían firmarse con aquellos Estados que se
enfrentaron a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los
convenios de reparación que se firmaron antes del año 1960 se firmaron
siempre con Estados que habían participado en la guerra; siempre; nunca
con Estados neutrales como era el Estado español en aquella época, y
mucho menos con Estados cuyo Gobierno eran más amigos que otra cosa de la
Alemania nazi. Repito que ninguno de estos convenios ha sido firmado
después del año 1960 --hace ya 35 años-- y exclusivamente se firmaron con
Estados que habían participado directamente en la guerra contra Alemania.

Es más, hoy la opinión generalizada, tanto en el Gobierno como en el
Bundestag alemán, es que este tema, desde el punto de vista convencional,
está cerrado. Tengo una referencia de una resolución aprobada en
septiembre de 1994, es decir apenas hace un año, por la Comisión de
Peticiones del Bundestag alemán, en la que recomendaba al Gobierno que
tuviese en cuenta la situación de los países del este y del centro de
Europa que no habían recibido indemnizaciones, pero que el tema con los
países occidentales estaba cerrado por la vía convencional. Además, la
idea que tienen tanto el Gobierno alemán como los partidos mayoritarios
alemanes es que este tema ha sido bastante adecuadamente resuelto por
parte del Estado alemán. Han pasado ya 50 años desde que ocurrieron los
hechos a que nos referimos y a lo largo de estos años Alemania ha pagado
97.000 millones de marcos en reparaciones, casi ocho billones de pesetas.

Con ello no quiero justificar la posición del Gobierno y del Parlamento
alemán, reacios a firmar acuerdos y convenios interestatales o estatales
para la reparación de los daños, pero sí quiero poner sobre la mesa esa
realidad. De manera que las probabilidades que nuestro Gobierno tendría
de cumplir esta proposición no de ley, tal como está redactada, no digo
que sean nulas, pero sí muy limitadas.

Y como nosotros lo que queremos, señor Presidente, es que el problema se
resuelva y no sencillamente exigir al Gobierno que haga cosas que no va a
poder hacer, nuestro Grupo presenta la enmienda a que me voy a referir.

La verdad, señor Presidente, es que no solamente existe la vía
convencional, la vía de los acuerdos entre Estados, para conseguir una
reparación a favor de los españoles que estuvieron presos en los campos
de concentración nazis y que todavía no han percibido indemnización. Hay
otras vías. Por lo menos, hay dos vías más que todavía están abiertas en
la República Federal Alemana. Una de ellas es la vía legal. Aunque no
haya convenio, aunque no haya tratado internacional, en Alemania las
leyes de 18 de septiembre de 1953 y de 26 de julio de 1956, que
posteriormente fueron ampliadas por una nueva ley del año 1965, permiten,
aunque no haya acuerdo --y éste sería el caso de los españoles--, la
posibilidad de percibir indemnizaciones. Es cierto que la vía que
abrieron estas leyes se cerró teóricamente en el año 1969, porque se
estableció un plazo y ese plazo no podía ser de por vida, pero, a pesar
de que ese plazo acabó en el año 1969, se sigue abriendo. Hay una orden
de 26 de agosto de 1981, concretamente, que sigue existiendo y, conforme
a ella, los ciudadanos de países que no fueron beligerantes en la Segunda
Guerra Mundial y que, por tanto, no pueden acogerse a indemnizaciones por
vía convencional, pero que sufrieron la barbarie nazi, hoy día, cincuenta
años después, tienen aún hoy la posibilidad de pedir indemnizaciones. Y
se siguen concediendo indemnizaciones por esta vía, con dificultades,
ciertamente, pero se conceden.

Por lo tanto, ésta es una vía en la que el Gobierno español puede hacer
cosas, la vía legal.




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Finalmente, hay lo que se dice la vía política, y es que, al margen
incluso de las previsiones que hace la orden del año 1981, el artículo 17
de la ley fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, prevé un
derecho de petición, que ha sido muy utilizado por ciudadanos que
sufrieron los rigores nazis, para que, aunque no estén incluidos dentro
del abanico de criterios que prevé la legislación, por esta vía
exclusivamente política, que no jurídica, se puedan conseguir
indemnizaciones.

Esas dos vías han sido utilizadas por ciudadanos españoles. Mis datos son
que la vía legal ha sido utilizada por 15.000 ciudadanos españoles, y ha
permitido 45 millones de marcos y que con la segunda vía, ciudadanos
españoles han percibido indemnizaciones por 35 millones de marcos. En
total son 80 millones de marcos, unos 6.000 millones de pesetas. No es
mucho, ya lo sé, pero es tanto como consiguió Bélgica, por vía
convencional.

Yo creo, señor Presidente, que lo que tenemos que hacer es explorar estas
vías, que son las que todavía están abiertas. Por eso es por lo que mi
Grupo propone una enmienda, que espero que sea tenida en cuenta por el
grupo proponente, porque en absoluto cuestiona lo objetivos, sino que
sencillamente propone otras vías, otras vías posibles. Es más, sin ni
siquiera cerrar la posibilidad, tal y como está redactada, de que incluso
el Gobierno explore posibilidades de acuerdo de convenios, como desea la
proposición no de ley, pero no centrándonos en ella, porque eso creo que
no sería lo adecuado.

Señor Presidente, nuestra enmienda lo que propone es que se exija, que se
mandate, que se inste al Gobierno para que, mediante todos los medios que
tenga a su alcance, apoye las gestiones para que estos ciudadanos puedan
percibir una indemnización adecuada. Medios que pueden ser desde el
asesoramiento legal en el ámbito administrativo hasta los contactos
bilaterales con el Gobierno alemán; todas las cosas que podamos tener en
cuenta para que estos ciudadanos, los que todavía no han percibido una
indemnización, que yo creo que no son muchos, puedan recibirla de forma
adecuada.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Me han parecido muy interesantes los argumentos
que acaban de ofrecerse, incluso como razón apodíctica, para la
dificultad del cumplimiento de esta proposición. Pero yo entiendo que hay
una serie de causas y de circunstancias que involucran de alguna manera
el compromiso colectivo y del Gobierno español de apoyar una iniciativa
tan justa como ésta, por entender claramente que las víctimas son muchas,
son demasiadas, que han estado en muchos casos completamente marginadas y
que por eso constituyeron en su día asociaciones, por todos conocidas, de
defensa de su condición de ex presidiarios de campos nazis y de los
derechos que les son inherentes.

Yo quisiera, señor Presidente, señorías, aducir algún tipo de argumento
político y con algún precedente paralelo, que pudiera iluminar nuestra
razón al confirmar nuestra voluntad de apoyo a la iniciativa y, sobre
todo, a la enmienda que acaba de presentar el Grupo Socialista.

Entendemos que Alemania, que sepamos, nunca negó ese derecho de
indemnización a quienes fueron otrora, y en otro régimen harto distinto,
sus injustas víctimas. Nunca negó ese derecho. Así lo ha hecho de forma
permanente --y mi colega socialista lo acaba de pormenorizar-- en
múltiples ocasiones hasta costos elevadísimos, pero no sólo a personas
afectadas directamente por esta condición de ex presidiarios, o víctimas,
sino a colectivos enteros, cual es, por ejemplo, el caso de Israel que,
como Estado --y quiero subrayarlo-- ha recibido importantes ayudas,
constantes y permanentes, hasta nuestros días.

En este sentido, no me parece posible que tal cosa no haya sido
complementada para las víctimas españolas que, aun no siendo más que un
pequeño colectivo, probablemente desde el punto de vista cualitativo y
humano, es el más grave de todos los circunstanciados en este problema.

Ese es el argumento que yo quiero sustanciar. Por una razón muy simple:
acaba de decir el señor Jover que no es criterio alemán aceptar estas
reivindicaciones, estos derechos, a aquellos países que no hicieron la
guerra a Alemania. ¿Es que Israel hizo la guerra a Alemania? Ese es mi
contraargumento. ¿No es Israel como Estado el más directamente
beneficiado en esta política? En consecuencia, ese argumento, que, siendo
cierto, por ser histórico y verificable, no es cierto desde el punto de
vista de los derechos y prioridades jurídico-políticas, por entender que
no es la misma razón la que atiende, sino que, en definitiva, atiende una
razón de persona afectada por un sistema cruel como fue el nazismo y que
afectó a personas muy concretas, a colectivos muy determinados, dentro de
los cuales se encuentra precisamente el judío, mayoritario en el Estado
de Israel.

Y usando este argumento, hay circunstancias agravantes, desde el punto de
vista argumental, por nuestra parte, para presionar al Gobierno en este
sentido; agravantes puesto que para los afectados que nunca han recibido
ayuda ni satisfacción por sus condiciones de víctimas y sus
circunstancias del pasado resultan doblemente onerosas, pues salían de
una guerra civil española, en la que fueron perseguidos y tuvieron que
exiliarse o emigrar, para entrar de nuevo en un proceso casi
revolucionario en el nazismo y encontrarse de lleno en una segunda
guerra, donde de nuevo fueron víctimas. Difícilmente se habían resarcido
de los primeros derechos atropellados en España cuando entraron en los
segundos derechos atropellados en los países de acogida.

Consecuentemente, el dramatismo de esas circunstancias subraya muchos más
los derechos. Y aquí no hay argumento político ni jurídico, por parte de
Alemania, para desestimar el hecho de que España no luchó contra el
nazismo, sino que unos españoles estuvieron doblemente zaheridos e
inmersos en dos procesos consecutivos verdaderamente trágicos y brutales.

Por lo tanto, su redoblamiento en los pasivos de sendas situaciones
dramáticas consecutivas justificarían aún más este apoyo político,
incluso diplomático, que esta proposición



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dispone y que todos tenemos que apoyar, porque se trata, en definitiva,
de un acto de justicia y de razones humanas prioritarias, que huelgan
ante la escenografía trágica de lo que ocurrió en los campos de
concentración nazis en aquellos años.

Finalmente, a mí me cuesta imaginar las razones para esta demora en la
atención de estos derechos durante cincuenta años por parte del Gobierno
germánico y muy especialmente a la vista de lo que hoy está sucediendo en
Alemania, donde tampoco lucharon contra Alemania, obviamente, los
alemanes del Este, y también ahora son resarcidos de sus derechos en la
reunificación. Justamente en este momento están atendiendo, no a los
derechos de los alemanes, sino a los militares de Alemania del Este de
más de cuarenta años, a los que jubilan e indemnizan por perder la
carrera militar. Cuánto más razón tienen señores que han sido víctimas de
esa coodición de Alemania hace cuarenta años.

Item más. Hay otros argumentos, entiendo yo, de prioridad establecida
sobre el uso jurídico que está haciendo el Tribunal Constitucional. El
Tribunal Constitucional de Karlsruhe está estableciendo un principio
jurídico mediante el cual no solamente se activan los derechos de los
últimos propietarios de bienes en la situación de la Alemania anterior al
nazismo, sino de los primeros derechos de los que vendieron a los
alemanes coetáneos de los nazis sus bienes y propiedades, como son los
judíos que en los años 20 y 30 tuvieron que malvender y huir.

Consecuentemente, si hay esta retrogresión por razones de bienes físicos
y de propiedades, cuánto más no hay argumento humano para defender los
derechos de estos seres que han sido doblemente atropellados por dos
guerras y dos situaciones y que ahora parece ser que han quedado al
margen de esta indemnización.

Yo entiendo que aquí se establece de alguna manera un agravio comparativo
y creo que sería prioritario por nuestra parte defender estos derechos
como Parlamento y, por supuesto, pidiendo al Gobierno español que incida,
por la vía diplomática y política, para resolver este problema, que ya en
otro tiempo y en otra ocasión, en esta misma Comisión, vimos con el caso
de los niños españoles de Rusia, los niños de la guerra, a los que, en
circunstancias parecidas, se dio una cierta atención, mediante la cual se
está buscando una solución a ese problema.

Entendida, pues, esta argumentación humana y con estos precedentes del
establecimiento de derechos prioritarios que el Tribunal de Karlsruhe, el
Tribunal Constitucional, está fijando en muchas de las causas de
reivindicación de bienes y títulos de propiedad, yo creo que bueno sería
que nosotros pidiéramos este respeto a la persona, más que al título de
un bien, a personas que han sido afectadas mucho más seriamente por la
causa de la guerra, sobre todo por la causa de la persecución nazi, y que
son españoles como nosotros.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Poco se puede añadir ya a lo que ha dicho el
proponente de la proposición no de ley, el señor Jover y el señor Milián.

Por supuesto, queremos sumarnos a la petición y a la votación afirmativa
de la proposición no de ley y de la enmienda, si ésta es aceptada, puesto
que nuestro Grupo también, por vías distintas a las que hoy estamos
contemplando de proposición no de ley, se ha interesado por esta misma
situación a través de preguntas orales, de preguntas escritas y de
gestiones directas sobre la situación de los ciudadanos españoles que
estuvieron en los campos de concentración nazis y que no han podido
recibir por vía convencional la indemnización adecuada.

Añadiré un único argumento más a los que ya se han expuesto
brillantemente los oradores del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Si
uno de los argumentos del Gobierno alemán, legítimo hasta cierto punto,
es el de no establecer soluciones convencionales con Estados que no
hubieran luchado contra la Alemania nazi, habría que recordarles que el
Estado español era un Estado que no era democrático. Ahí se abre una vía
posible para hacer un hueco a esta posición legítima y lógica en el
Bundestag alemán, pero teniendo en cuenta, como ha dicho el señor Jover,
que el Estado español no sólo no era enemigo del Estado nazi, sino que
era muy y demasiado amigo, para algunos era una variante de la forma
política que imperaba en la Alemania nazi.

Yo creo que por aquí habría una posibilidad de exploración diplomática
desde el Ejecutivo y es en este sentido, añadiendo esta reflexión, este
argumento, a los que han aportado mis ilustres predecesores, como
nosotros anunciamos nuestro voto favorable a la proposición no de ley y a
la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder, para indicar si
acepta o no la enmienda.




El señor RECODER I MIRALLES: Quiero agradecer al resto de grupos
parlamentarios de la Cámara sus muestras de adhesión, que incluso me han
parecido entusiastas, al contenido de esta proposición no de ley y
manifestar al Grupo Socialista que aceptamos la enmienda que nos
proponen. Entiendo que abre aún más el abanico de posibilidades para
resolver el objetivo de lo que constituye la proposición, que es la
indemnización a los españoles que durante la Segunda Guerra Mundial
fueron deportados a los campos de concentración nazi.

Lo que sí quisiera subrayar, de alguna forma no está en el texto de la
proposición no de ley pero sí en su espíritu, es la necesidad de que la
resolución del problema sea rápida. Tiene que ser una actuación con la
mayor celeridad posible, porque si no cada vez van a ser menos los
posibles beneficiarios de la misma.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación, entendiendo que lo
que se somete a votación es la enmienda presentada por el Grupo
Socialista y aceptada por el Grupo proponente, cuyo texto es: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a apoyar las gestiones para la
percepción de una indemnización a favor de los ciudadanos españoles que
durante la Segunda Guerra Mundial fueron



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deportados en campos de concentración nazis y que aún no la hubieran
percibido.

Ese es el texto que vamos a someter a votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Les ruego, señorías, que, si me lo permiten, haga una breve reflexión.

Hemos aprobado un texto que no sólo se refiere a un problema de
indemnización, sino que va más allá. Es un poco una reflexión colectiva
que hemos hecho y que ha tenido la unanimidad de esta Comisión, en torno
a una de las grandes tragedias de este siglo y, si me permiten ustedes,
todavía más, les diré que son tragedias que todavía están vivas en la
conciencia de muchos de nosotros, ya que, por ejemplo, miembros de mi
propia familia fallecieron en campos de concentración nazis y creo que
hay muchos ciudadanos todavía que se encuentran en situaciones parecidas.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MANIFESTAR AL GOBIERNO DE ISRAEL SU
PREOCUPACION POR LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS QUE, SOBRE EL PROCESO DE PAZ
EN CURSO, PUEDEN TENER LAS EXPROPIACIONES DE TIERRAS ARABES EN JERUSALEN
ESTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000519.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el
número 4: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
manifestar al Gobierno de Israel su preocupación por las repercusiones
negativas que sobre el proceso de paz en curso puedan tener las
expropiaciones de tierras árabes en Jerusalén este, cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra la señora
Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Mi Grupo parlamentario, al contrario de lo
sucedido con otras iniciativas que se presentaron en el anterior período
de sesiones --lógicamente la situación en el mundo cambia, pues desde el
momento en que se elaboran hasta que se debaten, por desgracia,
transcurre mucho tiempo--, ha mantenido el texto de la parte dispositiva
de esta proposición no de ley que hace referencia --me interesa
resaltarlo-- no al hecho concreto, que pudiera haber quedado fuera de
justificación de la última espectacular expropiación de hectáreas en la
parte vieja de Jerusalén por parte del Gobierno de Israel y que ante el
escándalo producido fue revocada tal decisión, sino a algo que, como bien
he procurado argumentar en la exposición de motivos, tiene que ver con un
planteamiento estratégico de fondo del Gobierno de Israel desde hace
muchos años, un planteamiento que, una vez desechados desde un punto de
vista formal los planteamientos militares, el arma --y permítanme que
utilice esta palabra--, el instrumento que utiliza Israel para cambiar la
situación en Palestina es el arma demográfica. Ese es uno de los aspectos
fundamentales que está latiendo en el fondo de todo el proceso, proceso
que transcurre por situaciones que a veces pasan desapercibidas en los
medios de comunicación. Por ejemplo, a la población judía que deseaba
salir de la Unión Soviética, de Rusia, se le impidió asentarse en otros
lugares del mundo que hubieran deseado, por ejemplo Estados Unidos, y se
les obligó formalmente a dirigirse hacia el Estado de Israel. Han sido
decenas de miles de judíos procedentes de la ex Unión Soviética. Esto se
ha hecho con el fin de resolver probablemente el mayor problema que tiene
Israel en la zona, un balance demográfico que parecía positivo desde el
punto de vista estrictamente poblacional y de crecimiento de población en
relación a la población árabe.

Como saben ustedes, desde el año 1948 Jerusalén se divide en dos
sectores. El sector Este se atribuye a la población palestina. Sin
embargo, el sector oriental es ocupado por Israel en la guerra de 1967.

Les ahorro a SS. SS., porque quedará reflejado en el «Diario de Sesiones»
en la exposición de motivos, la lectura de la innumerable cantidad de
resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que exigen a
Israel anular toda medida destinada a cambiar el estatuto de Jerusalén,
que exigen la retirada de Israel de los territorios ocupados en 1967, que
condenan las medidas israelíes tendentes a modificar en la práctica el
Estatuto de la ciudad, por ejemplo, con medidas tales como la destrucción
de su patrimonio arqueológico e histórico.

Sin embargo, insisto, más allá de la ocupación última de las 53 hectáreas
en la Ciudad Vieja, la proliferación de asentamientos de colonos
israelíes en los territorios ocupados y en la propia Jerusalén es el arma
utilizada por Israel para garantizarse una hegemonía real sobre la zona,
y me permito señalar que es una de las fuentes de violencia provocadas,
por cuanto esos colonos son familias que se asientan en unos determinados
lugares, de los cuales ha sido expulsado otro pueblo, pero que en
definitiva ya consideran como suyos y defienden como propiedad, y ésa es
una fuente de violencia permanente en relación con la situación de los
colonos israelíes en los territorios ocupados.

El Consejo de Seguridad, no solamente la Asamblea de Naciones Unidas,
declaró nula, con la abstención de Estados Unidos, la decisión del 30 de
julio de 1980 del Parlamento israelí, que proclamó a Jerusalén capital
unificada y eterna de Isarel. Es decir, hay una presión por parte de
Isarel de excluir cualquier posibilidad de capitalidad compartida con el
futuro, ojalá existente, Estado Palestino Independiente. También la
Conferencia Internacional sobre la cuestión palestina del año 1986,
convocada por la propia Asamblea General, se reafirma en declarar nulas y
carentes de validez todas las medidas y disposiciones legislativas y
administrativas adoptadas por Israel, potencia ocupante, que han
modificado o con las que se ha pretendido modificar el carácter y la
condición de la ciudad santa de



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Jerusalén como capital de Israel. Parecería que son palabras de otras
voluntades políticas, pero es la Asamblea General de Naciones Unidas
quien se manifiesta en este sentido hablando de potencia ocupante.

Los acuerdos firmados en Washington --y nos acercamos a épocas más
recientes-- en 1993 hablan de Jerusalén y establecen que el estatuto
final de Jerusalén-Oriental se discutirá en una fase posterior del
proceso de paz, tras la puesta en marcha de la autonomía palestina en
Gaza y Cisjordania, un período transitorio que no debe exceder los cinco
años. Este acuerdo, cuyo cumplimiento es el objetivo fundamental de la
proposición no de ley de Izquierda unida, está viéndose enormemente
dificultado en la práctica, por cuanto, insisto, el arma estratégica de
Israel es alterar el balance demográfico a su favor en el conjunto de
Jerusalén. Ya en la actualidad el 75 por ciento de la población es judía,
pese a que las tasas de natalidad en Israel son sensiblemente más bajas
que las de la población árabe, es decir, se debe estrictamente a la
incorporación de nuevos colonos a la ciudad de Jerusalén, e incluso en el
sector oriental, atribuido a Palestina, los residentes árabes son ya
inferiores en número a la población judía.

Hay una actuación persistente por parte de las autoridades municipales
israelíes, que limitan la construcción de viviendas en los barrios
árabes, así como potencian la construcción de nuevas viviendas para
familias judías en la parte ocupada en Jerusalén. Así, en 1995 se prevé
construir 5.000 nuevas viviendas judías en la parte ocupada, a unir a las
3.350 previamente autorizadas y a las 11.000 aprobadas por el anterior
Gobierno Likud israelí. Insisto, es cierto que el Gobierno israelí se
retrotrajo ante la presión internacional y palestina de su decisión de
expropiar 53 nuevas hectáreas, pero la verdad es que ya Israel controla
el 20 por ciento del suelo de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Hay otro dato que también permanece presente, y es la ampliación a lo que
ha llamado el gran Jerusalén de la expansión poblacional judía desde
Jerusalén hacia Cisjordania, que ha supuesto que la ciudad de Jerusalén
esté rodeada por dos círculos de colonias israelíes, algunas de ellas con
más de 34.000 colonos.

Por otra parte, está el proyecto de traslado de la sede de la Embajada de
Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Hay una situación que yo no
quiero dejar de reseñar aquí y que se ha producido recientemente durante
la visita del Presidente del Gobierno español a Palestina y a Israel, y
ha sido el hecho cierto --no conozco el proceso anterior-- de que no ha
visitado lo que es el símbolo de las aspiraciones palestinas de
compartir, insisto, con Israel la capitalidad de Palestina, como es la
Casa de Oriente, hecho que --también por dar un dato más-- contrasta con
lo sucedido con otros altos cargos o mandatarios europeos. Por ejemplo,
la Primera Ministra sueca, que también visitó en fechas anteriores
Jerusalén, manifestó su voluntad de visitar la Casa de Oriente como
símbolo, insisto, de la existencia de ese Estado Palestino independiente,
hecho que le fue negado por las autoridades israelíes y que motivó la
suspensión inmediata de su visita a Jerusalén.

Por tanto, insisto, señorías, en que la proposición no de ley de
Izquierda Unida pretende estrictamente que el Gobierno manifieste su
preocupación al Estado de Israel. El texto yo creo que es bien
representativo de la voluntad de que los gobiernos internacionales y la
Unión Europea, y en concreto el Gobierno español como Presidente de la
misma, ejerzan la presión internacional suficiente para que se produzca
en la práctica el estricto cumplimiento de relegar el estatuto final de
la ciudad de Jerusalén para cuando termine el proceso de paz, pero sin
introducir medidas subrepticias, que hagan que finalmente la discusión de
este estatuto de Jerusalén quede fuera de todo contenido real porque, en
la práctica, se haya decidido ya mucho antes a favor de la capitalidad
única y unificada del Estado de Israel en Jerusalén.




El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no
de ley. Por consiguiente, vamos a dar la palabra a los Grupos que la
soliciten.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Evidentemente, ésta es una iniciativa que tiene
su interés objetivo y su justificación razonable y razonada. Entendemos
que ciertamente ha habido ocupación de espacios, yo no sé si atribuirlo a
eso que se puede entender como principio de derecho de conquista, pero lo
cierto es que fácticamente se han ocupado espacios y áreas de la ciudad
de Jerusalén que no creo que estuvieran ni siquiera previstos en los
entendimientos internacionales cuando se dieron las bendiciones
consiguientes a las consecuencias de la Guerra de los Seis Días en 1967.

En este sentido, nosotros creemos que hay una serie de elementos
justificativos de la propia proposición, como es la ocupación sistemática
de área a área o hectárea a hectárea de la ciudad de Jerusalén, sobre
todo cuando desde 1967, y según dice el Centro de Investigación israelí
de Derechos Humanos, el Tsemem, Israel confiscó un poco más de un tercio
de la zona anexionada para construir viviendas para judíos y ninguna
vivienda para árabes. Por tanto, hay razones objetivas muy claras en este
sentido.

En segundo lugar, en 1967 no había población judía en las áreas del
Jerusalén-Oriental y ahora supera a la palestina, son 160.000 judíos
frente a 155.000 árabes. La población total de Jerusalén, según Israel,
son 567.100 personas, y de ellos 406.400 ya son judíos.

En tercer lugar, Israel reivindica la ciudad santa como su propia capital
y --la proponente lo ha dicho claramente-- como su capital futura y
eterna.

A mí, desde el punto de vista literario y diría que hasta bíblico, me
parece muy bien; desde el punto de vista político y rigurosamente
histórico me parece muy mal puesto que ahí están los grandes problemas
históricos sobre Jerusalén que han llevado, por lo menos a la
cristiandad, a algunas guerras y a las famosas intervenciones medievales
llamadas Cruzadas, que posteriomente han sido causa de desentendimientos
políticos y diplomáticos con la Santa Sede, en virtud de esta propia
razón de ser. Y en tercer lugar, han sido causa de querellas permanentes
y disensiones incluso en los estamentos internacionales y públicos
respecto al trato que al tema de Jerusalén pretende otorgarle el



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Gobierno de Israel de forma sistemática, subrepticia y creo que hasta
solapada.

Tal es, por ejemplo, el hecho concreto de que las Naciones Unidas, ya en
1947, previnieron que Jerusalén debía ser internacionalizada en razón,
sobre todo, de su condición de ciudad santa donde convergen las tres
grandes religiones monoteístas, y para cada una de las cuales tiene una
simbología muy particular que razonaría suficientemente ese «status
excepcionis» que creo que jurídicamente debería establecerse en esa
ciudad.

Desde 1993 los palestinos y árabes tienen dificultades para acceder a sus
lugares santos por imposición israelí. Hay que saber que antes de 1979 el
Muro de las Lamentaciones pertenecía al Jerusalén jordano y que después
ha sido apropiado de forma absolutamente radicalizada. Por lo tanto,
tampoco ha habido un trato de correspondencia a un hecho fáctico, aunque
no establezca una prioridad de derechos.

En este mismo sentido, si en 1994 el Vaticano restablece sus relaciones
diplomáticas y reconoce al Estado de Israel, justamente a partir del
principio de reconocimiento de su «status» como parte interesada en la
negociación sobre Jerusalén, estamos afirmando algo en lo que coinciden
todos los foros internacionales respecto a lo que debería ser un muy
escrupuloso tratamiento de todo lo que signifique ocupación de espacios
físicos y geográficos en la ciudad de Jerusalén.

En este sentido nos sentimos muy reconfortados por las razones fácticas
que pueda haber en la argumentación, aunque --y ahora vengo a la
contraparte-- entendemos que si nos metemos de nuevo en el debate de este
problema, vanos a entorpecer las actuales negociaciones y los
tratamientos tan delicados que se están produciendo, de forma fáctica
también y yo diría que a veces impositiva, entre las dos partes
conflictivas, en Washington y en otros foros.

En definitiva, estimando claramente las razones de fondo y entendiendo
que aquí hay razones muy objetivas y objetivables para que esa
proposición no de ley esté justificada y sea defendible, nosotros por
razones de prudencia política coyuntural entendemos que quizá no sea el
«tempus» más idóneo para poder hacer una afirmación rotunda, puesto que
ya se están negociando ciertas partes, como he indicado, por ejemplo, en
el tratamiento del reconocimiento diplomático del Vaticano al Estado de
Israel, condicionado a este hecho. En consecuencia, creemos sinceramente
que en este marco de la nueva fase que se inicia con la firma del tratado
de autonomía de Cisjordania, nos parece oportuno que el Gobierno español,
en su calidad de Presidente del Consejo de la Unión Europea, continúe
impulsando este proceso de paz en Oriente Medio, pero buscando siempre
fórmulas de acuerdo que permitan solucionar problemas tan complejos como
éste que se plantea, pero no incidiendo negativa o conflictivamente en un
escenario tan sumamente delicado.

Por todo ello, el Grupo Popular, compartiendo el fondo de esta
proposición en el debate, considera que quizá no sea éste el momento más
idóneo, apenas pasados unos días desde la firma de ese Tratado en
Washington sobre Cisjordania, para volver sobre un problema sumamente
delicado y complejo como éste, y que sería conveniente dejar un margen de
confianza a las partes implicadas, una vez demostrada la buena voluntad
que la firma de este acuerdo pone de manifiesto.

Por lo tanto, razones coyunturales, razones políticas, razones de tipo
diplomático muy delicadas sobre la condición de ciudad santa para tres
religiones y los condicionamientos impuestos por el Vaticano, inmiscuido
en una de esas partes, y reconocido por la parte agresora --en este
sentido entre comillas-- que es Israel, nos hacen entender que por
nuestra parte lo mejor será no aceptar esta enmienda por considerar que
no es oportuna, aunque sí fundada en todos sus argumentos.




El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Milián, que se refiere a no aceptar
la proposición, (Asentimiento.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Por los mismos argumentos que nos han
llevado a votar en contra de la proposición no de ley que ha presentado
en esta sesión el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a los detenidos políticos palestinos, vamos a votar también en
contra de esta proposición no de ley relativa a las expropiaciones de
tierras árabes en Jerusalén-Este.

No me voy a extender más al respecto. Nuestras motivaciones han quedado
suficientemente claras, y así figuran expresadas en el «Diario de
Sesiones».




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Si esta proposición no de ley hubiese llegado
a la Comisión en los momentos posteriores a la decisión del Gobierno
israelí de proceder a la expropiación de 53 hectáreas en Jerusalén-Este,
el Grupo Socialista la hubiera respaldado. Ahora nos encontramos en una
situación donde daría la impresión de que lo que hay que hacer es saludar
la retirada del Gobierno israelí y la anulación de la decisión de
expropiar 53 hectáreas, cosa que hizo, como ha señalado la portavoz de
Izquierda Unida por las presiones, entre otros, de la troika comunitaria
en la que participaba España. Yo no veo oportuno hacerlo así. Entiendo
que el tema de Jerusalén es bastante más complejo.

No es excesivamente correcto establecer una definición del Gobierno
israelí como algo estático. Estamos comprobando, a lo largo del proceso,
que hay una dinámica con sus parones, con sus avances y con sus
retrocesos, que no nos permite juzgarlo en esos términos.

Recuerdo que hace cuatro años, en una reunión con el Primer Ministro
israelí, señor Rabin, le planteaba la cuestión de Jerusalén. Y decía:
«Jerusalén pertenece a Israel y no estamos dispuestos a renunciar ni a un
milímetro de Jerusalén.» En otra pregunta posterior dijo lo mismo del
Golán. Hace siete años en una entrevista con el líder de la OLP, Yaser
Arafat, le preguntaba por qué no quería reconocer al Estado de Israel, y
decía: «No lo reconoceremos



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jamás porque ésa sería la última baza.» Yo creo que la historia está
demostrando que las verdades y las afirmaciones absolutas no lo son
tanto. En el caso del Golán donde existe incluso una definición jurídica
parlamentaria anexionando ese territorio, estamos a las puertas de un
proceso de negociación que ya ha tenido sus primeros avances entre
responsables militares para anular la anexión del Golán y para proceder a
su devolución. En el Golán hay colonos judíos, lo cual hace mucho más
complejo ese proceso de cancelación de la anexión y devolución a Siria.

En el caso de Jerusalén hay, como se ha señalado por otros portavoces,
una serie de implicaciones emotivo-religiosas. Y, en contra de lo que
decía el señor Milián, ese lenguaje de capital unificada y eterna fue
aprobado en 1980 por el Parlamento Israelí como una ley, que fue
declarada nula por la resolución 478 de Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, con la abstención de Estados Unidos.

Estamos en un proceso que no es sencillo, en absoluto, que no tiene una
solución fácil, y que, al final, tendrán que buscarse fórmulas de
compromiso que permitan satisfacer la voluntad y el deseo de todas las
partes.

Queda clara nuestra posición contraria a cualquier acto del Gobierno
israelí que condicione el futuro estatuto de Jerusalén; queda clara
también nuestra voluntad de que se busquen fórmulas y queda clara la
voluntad y la conciencia de las partes en conflicto de que el tema es de
tal complejidad que deciden aparcarlo y dejarlo para el final, una vez
culminado el proceso y establecida la autonomía palestina.

Por supuesto que en Israel coexisten posiciones de un abanico amplio en
su radicalidad y que hay gente en Israel que defiende, y ha habido
gobiernos que lo han compartido y que han practicado políticas acordes
con ello, la noción del gran Israel, del Evetz-Israel.

No parece que ésa sea la actual política del gobierno israelí y estamos
convencidos de que se encontrarán al final del proceso fórmulas que
satisfagan la voluntad de la comunidad internacional y los derechos
legítimos del pueblo palestino.

En este banco nos sentamos dos personas que hemos visitado en distintas
ocasiones los territorios ocupados y que nos hemos entrevistado con
autoridades palestinas en Orient House, en Jerusalén. Ha hablado la
portavoz de Izquierda Unida de una primera ministra sueca a la que los
israelíes prohibieron visitar Jerusalén. Esa persona presumo que era una
farsante, porque Suecia no ha tenido todavía ninguna primera ministra
--puede que la tenga en el futuro--, por lo que pienso que tampoco es
cierto que alguien le prohibiera visitar Jerusalén, porque nadie prohíbe
a un representante político o a cualquier ciudadano visitar la ciudad
santa de Jerusalén.

Por tanto, vamos a votar en contra, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esta proposición
no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 28.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




DICTAMENES SOBRE:



--CONVENIO SOBRE LA AYUDA ALIMENTARIA, HECHO EN LONDRES EL 13 DE MARZO DE
1995. (Número de expediente 110/000170.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes sobre acuerdos y convenios.

Tengo unas peticiones de modificación no del orden del día, sino del
orden en que están situados los distintos puntos. Por el Grupo Socialista
se me ha solicitado, y a la Mesa le ha parecido bien, que se vean en
primer lugar los puntos 16, 17 y 14 por imperativos puramente logísticos,
ya que hay Diputados que tienen que estar en otras Comisiones y que son
los encargados de defender la posición del Grupo. Si no tienen ustedes
inconveniente, procederíamos a esta modificación.

Una segunda propuesta por la Mesa, es que los puntos que se refieren a un
mismo tema, es decir, acuerdos para la promoción y protección recíproca
de inversiones que hacen referencia a diversos países y que son
concretamente los puntos 6, 8, 11, 13, 19 y 20, se discutan en un solo
turno.

Si no hay inconveniente, procederemos según lo que acabo de proponer.

(Asentimiento.)
Por consiguiente, entramos en el punto número 16, convenio sobre la ayuda
alimentaria, hecho en Londres el 13 de marzo de 1995.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cremades.




El señor CREMADES SENA: El Convenio sobre la Ayuda Alimentaria de 1995,
hecho en Londres el 13 de marzo de ese año, tiene como objetivo asegurar
el nivel de 10 millones de toneladas de ayuda en forma de cereal apto
para el consumo humano, que ya se fijó en la Conferencia Mundial de la
Alimentación en 1974. España, como todos ustedes conocen, suscribió este
Convenio en 1980, con la aceptación de una aportación mínima de 20.000
toneladas de trigo o su equivalente. Desde 1986, España se integra en las
cuotas a la ayuda alimentaria de la Unión Europea.

Este nuevo Convenio de 1995, que se adoptó en el Comité de Ayuda
Alimentaria, del 6 de diciembre de 1994, plantea dos modificaciones. Una
es la reducción de la cuota mínima de los Estados Unidos, que pasaría de
4.470.000 a 2.500.000 toneladas, y la otra es el aumento de la cuota de
la Unión Europea en 85.000 toneladas, aumento que en definitiva no es
tal, sino el resultado de la incorporación de los tres nuevos miembros,
Austria, Finlandia y Suecia, con 20.000, 25.000 y 40.000 toneladas,
respectivamente, ya que el resto de los países --y por tanto, España--
siguen manteniendo la cuota mínima anterior.

Evidentemente, el Consejo de la Unión Europea habrá de adoptar un nuevo
reglamento sobre las nuevas acciones nacionales para adaptarlas a este
Convenio. Como ustedes saben, España desde 1992 viene presidiendo la
AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es quien
gestiona esta ayuda alimentaria.




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Creemos que es un convenio importante y necesario. Esos 10 millones de
toneladas de ayuda alimentaria, evidentemente, son siempre escasos por
las tremendas necesidades que tiene gran parte de la humanidad. Pero, de
alguna manera, con este convenio se siguen asegurando esos mínimos que ya
en la Conferencia de 1974 se acordaron como prevención para paliar el
hambre del mundo.

Mi Grupo, por tanto, va apoyar entusiásticamente este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Nuestro Grupo también va a votar
afirmativamente este Convenio sobre Ayuda Alimentaria. Es evidente que,
desgraciadamente, sigue siendo una necesidad imperiosa para algunos
países que atraviesan situaciones de emergencia y de hambruna como las
que se producen sistemáticamente en algunas de las zonas del planeta,
que, de alguna forma, se traten de remediar estos déficits alimentarios.

Al margen de estas 20.000 toneladas a que nos obligamos en el Convenio
sobre Ayuda Alimentaria, nuestro país también hace otras aportaciones
alimentarias y presupuestarias a través de la Unión Europea. Por tanto,
no es éste el único mecanismo de que dispone nuestro país y de ahí la
importancia que para nosotros tiene este asunto.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que nuestro Grupo ha manifestado
en distintas ocasiones la necesidad de que el Gobierno español conceda a
la ayuda alimentaria la importancia que nosotros creemos que debe tener.

Por eso nos parece importante reforzar la tarea de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y ya hemos denunciado en ocasiones que la
Agencia Española de Cooperación Internacional no era la más eficaz en el
seno de la Dirección General competente en la Comisión Europea.

La parte primera del Convenio define una serie de términos relacionados
con el comercio internacional, como son los distintos «income terms» con
los cuales se va a trabajar: el «cost insurance and freight», «free on
board» y una serie que determina el objetivo del Convenio.

En la parte segunda se recogen las disposiciones principales, en las que
se establecen las modalidades de las aportaciones de ayuda alimentaria,
que pueden ser a través de donativos de cereales o de dinero en efectivo
para la compra de cereales para el país beneficiario. Hay que tener en
cuenta que muchas veces los artículos que nosotros producimos no son los
que se consumen en esos países necesitados, sino que en algunas ocasiones
hay que buscar otro tipo de alimentos más adecuados a las dietas de los
beneficiarios.

Establece también otros dos tipos de modalidades: la venta de cereales
pagaderos en moneda del país, con lo cual evitan la salida de divisas, o
la venta de cereales a crédito, también en moneda del país, a largo plazo
y con una serie de condiciones anuales muy ventajosas y períodos de
carencia importantes.

Nosotros creemos, vuelvo a insistir, en la importancia de este tipo de
convenios. Solicitaríamos a la Agencia Española de Cooperación
Internacional que intensificara su tarea en función de la preocupación y
de la importancia que tiene este tema. Por tanto, manifestamos una vez
más nuestro apoyo al Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro Grupo Parlamentario, como no podía
ser de otra manera, va a votar favorablemente este Convenio de 1995 sobre
Ayuda Alimentaria, que, como es sabido, sustituye al Convenio sobre Ayuda
Alimentaria de 1986 y sus sucesivas prórrogas. Es un convenio que, en
principio, fija un plazo de vigencia hasta el año 1998, que en su mismo
articulado prevé las posibles prórrogas, condicionadas a la vigencia del
convenio sobre el comercio de cereales, y que tiene como objetivo
conseguir un mínimo de 10 millones de toneladas de ayuda anual para los
países en desarrollo en forma de cereal, de las cuales un mínimo de
1.755.000 toneladas corresponderán a los países miembros de la Unión
Europea, según la distribución que ellos mismos realicen. Por tanto, es
un convenio importante, cuyos objetivos son absolutamente necesarios y,
por ello, reitero nuestro voto favorable al mismo.




El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de palabra, vamos a proceder a la
votación de este Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1995, hecho en Londres
el 13 de marzo de 1995.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIZACION EN
LOS PAISES AFECTADOS POR LA SEQUIA GRAVE O DESERTIZACION, EN PARTICULAR
EN AFRICA, ABIERTA A LA FIRMA EN PARIS, EL 17 DE JUNIO DE 1994. (Número
de expediente 110/000171.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el que figura en
el orden del día con el número 17, Convención de las Naciones Unidas de
lucha contra la desertización en los países afectados por la sequía
grave, en particular en Africa, abierta a la firma en París, el 17 de
junio de 1994.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Esta convención internacional de lucha contra
la desertización surge a raíz de la Cumbre Mundial de Río, en la cual,
después de muchos esfuerzos, distintos países se pusieron de acuerdo en
la necesidad de adoptar medidas inmediatas en la lucha y defensa



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del medio ambiente y en la lucha contra la desertización. De esa
Conferencia de Río es precisamente de donde surge el origen de realizar
una convención internacional de este tipo y el deseo de adoptar unas
medidas de financiación en las que participen los distintos países, con
el fin de ayudar a aquellos otros en los que la situación de
desertización es grave e indudablemente los habitantes de esos países.

A nosotros nos ha llamado un poco la atención que no se haya definido de
qué forma se iba a realizar la financiación de la Convención, y aunque en
el título de la Convención de Naciones Unidas y en su exposición de
motivos se hace referencia a su aplicación en Africa, Asia, América
Latina, Caribe y Mediterráneo norte, lo que es evidente es que esta
Convención está dirigida fundamentalmente a Africa, tal como ha quedado
reflejado en el propio título de la misma. Ello podría llevarnos a la
conclusión, según se deduce del artículo 9.º del Anexo 4, de que países
como España van a quedar fuera de esta Convención al ser un país
desarrollado. Sin embargo, y aunque pudiera quedar fuera de ella, como he
dicho antes, es necesario poner en evidencia la situación grave de
desertización por la que atraviesa nuestro país. En estos momentos, según
informes de Naciones Unidas, existe un 50 por ciento de territorio
español con grave peligro de desertización. En algunas provincias, como
Almería, por la que yo soy Diputado, la desertización extrema afecta ya a
gran parte del territorio. Sería necesario, al margen de lo que hoy
aprobemos y de que incluso esta Convención no afecte de hecho a España,
que fuera trascendente, para que los responsables del Gobierno incidan en
la preocupación que afecta a una gran parte de los españoles y que el
Ministro Borrell, de una vez por todas, en consenso con todos los grupos,
adopte medidas tendentes a remediar este grave problema que se produce en
otros países y en zonas extensas del Planeta, pero también y ya de forma
dramática, en España.

Nuestro Grupo votará favorablmente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cremades.




El señor CREMADES SENA: La Convención de Naciones Unidas de lucha contra
la desertificación en los países afectados por la sequía, a nuestro
juicio, es muy importante, teniendo en cuenta que, en este momento, uno
de los graves problemas del planeta Tierra es la cuestión del medio
ambiente, cuestión que en las futuras políticas de los distintos países
debe ser incorporada permanentemente en los distintos programas
electorales. Es algo que está preocupando cada vez más en cuanto al
futuro no ya de una parte de la Tierra, sino de todo el Planeta. Por
tanto, es importante resaltar cómo nace la idea en la Conferencia de Río
de 1992, Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde España
participó. Ahí, el grupo africano, a cambio de apoyar el acuerdo sobre
cambio climático que les convenía más a los países más desarrollados,
arrancó --creo que de forma positiva-- la idea de la realización de esta
Convención de Naciones Unidas.

España fue muy activa, sobre todo en la parte del anexo de área
mediterránea --Mediterráneo norte-- de esta convención, que consta de 37
artículos y cuatro anexos regionalizados: Africa, Asia, América Latina,
Caribe y Mediterráneo norte, con el objetivo importante de luchar contra
la desertización y mitigar los efectos de la sequía.

Evidentemente, en este Convenio se plantean obligaciones de las partes
contratantes, y es cierto, como decía el portavoz que me ha precedido en
el uso de la palabra, que España está un poco a caballo, porque entre las
partes contratantes hay obligaciones diferentes entre países afectados y
países desarrollados. Esa distinción que hace el Convenio sitúa a España
en una doble vertiente, la de ser un país desarrollado y la de ser un
país afectado por este Convenio, lo cual la elimina de las posibles
ayudas y de los posibles programas multilaterales como país afectado
porque es un país desarrollado, y, a la vez, también tiene el problema de
la sequía, que es importante en nuestro país.

De todas maneras, las tareas que se establecen en los distintos programas
a distintos niveles territoriales, nacionales, regionales, subregionales,
etcétera, va a provocar, porque así lo especifica también la convención,
que cada uno de los países afectados, al margen, debe integrar programas
nacionales en pro de paliar los daños de la sequía. El Convenio establece
las instituciones que se van a encargar de velar por su cumplimiento y
entre ellas destaca la conferencia de las partes y una secretaría
permanente.

España, como decía, siempre puso gran interés en todos los foros
internacionales por los problemas que le afectan de la sequía, de la
desertización y del medio ambiente. De ahí su participación, muy activa,
en la propia Conferencia de Río, donde nació la idea de esta Convención.

Para España tiene un especial significado el anexo del área mediterránea
norte --está hablando claramente de la ribera norte del Mediterráneo, no
de Africa, que estaría en el anexo correspondiente a la ribera sur-- por
razones geográficas y por razones climáticas y creemos que, a pesar de
que España sea uno de los países contratantes desarrollados y, por tanto,
no receptora de los beneficios multilaterales directos que se van a
derivar de este convenio, de alguna manera, eso también nos compromete
para que en el futuro nuestro programa en contra de la sequía y de la
desertificación nos haga jugar un papel bastante protagonista en el área
que nos compete.

Por tanto, mi Grupo considera que éste es un Convenio importante, que
inicia un poco, como decía al principio, la preocupación futura por el
medio ambiente de cara a las próximas décadas y por eso nos sentimos
bastante satisfechos de dar nuestro voto afirmativo esta mañana.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, sin duda este Convenio es de
una importancia capital.

Es cierto que se especifica en el mismo la particularidad de Africa como
país especialmente afectado por la sequía grave o desertización. Pero,
como se ha dicho, nuestro país puede jugar un papel casi de puente,
porque nuestra especial



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situación geográfica hace que partes sustanciales de nuestro sur y
sureste estén afectadas prácticamente por los mismos problemas que
afectan al continente africano. Para España el hecho de ser un país
considerado desarrollado significa el hándicap de estar excluido de la
posible recepción de ayudas. En cualquier caso, alertar la conciencia
mundial sobre la importancia de este tipo de problemas de la
desertificación, que desgraciadamente avanza día a día y no sólo, repito,
en el continente africano, sino también en el europeo y especialmente en
nuestra tierra, creo que da a este Convenio una especial relevancia. Es
posible que lleguemos un poco tarde y que muchas de las cosas que se
puedan resolver, aunque sea en el plano intelectual, por este Convenio
deberían haberse adoptado años ha.

Esperando que en los artículos 20 y 21, en los que se habla de recursos y
mecanismos financieros, lo que son de alguna manera «desideratum» pierdan
esa condición para ser realmente implementados, es decir, que por parte
de las partes contratantes se disponga de los recursos financieros
adecuados para poder luchar seriamente contra este enorme problema de la
humanidad y repito que no sólo de Africa, también de nuestro sur y
nuestro sureste, vamos a votar a favor de este Convenio. Quizás llegue un
poco tarde, pero, en cualquier caso, más vale que llegue ahora que nunca,
repito, que en la confianza, en el deseo y en la explicitación de la
voluntad política de convertir los «desideratum» en realidades de las que
no está exento este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, éste es uno de esos
convenios que tiene su origen en la Conferencia de la Tierra del año
1992, que se celebró en Río de Janeiro. Fue uno de aquellos convenios que
no se suscribieron en la propia Conferencia, pero que quedó bien claro
que en un futuro muy inmediato iban a ser suscritos y cuya ausencia
sirvió para cargar de argumentos a aquellos que creían que la Conferencia
de la Tierra había constituido un fracaso en sí, posición que nuestro
Grupo no compartió en su momento y menos comparte ahora viendo cómo esta
Conferencia va dando poco a poco sus frutos.

Concretamente, el gran programa de acción de la Conferencia de Río, la
Agenda 21, en su capítulo 12 hacía una referencia explícita, expresa y
muy bien desarrollada al gravísimo problema que constituye la
desertización, y la misma declaración de Río, la Carta de Principios
sobre la Tierra, también hacía referencia a este aspecto y en un punto
muy destacado.

Existe un antecedente a esta Convención, como es el resultado de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la desertización que se celebró
en el año 1977.

El objeto de esta Convención no es otro que el de la prevención o
reducción de la degradación de las tierras, la rehabilitación de las que
estén parcialmente degradadas o bien la recuperación de aquellas tierras
que lamentablemente ya están desertizadas.

Se me ocurre, estudiando el contenido de esta Convención, que es
importante subrayar algo que en la Conferencia de Río ya quedó muy claro,
que era la indisociable vinculación de los problemas medioambientales con
los problemas de desarrollo humano. Pienso que este Convenio es una buena
muestra de ello. Estamos hablando de un problema vinculado a una zona, a
un continente del Planeta donde se dan los índices de pobreza más
elevados, como es el caso del continente africano.

Es también lógico que, como se dice en la misma Convención, se exijan
responsabilidades a los gobiernos y a los ciudadanos de los países
afectados por la desertización para que adopten medidas que paren estos
procesos, pero también que a su vez se establezca que con cargo a los
fondos del sistema de Naciones Unidas se van a adoptar planes y programas
para combatir este problema.

¿Qué fondos? Me preguntan. Se tendrán que encontrar, porque es evidente
que en estos países no los vamos a hallar. Es más, difícilmente les
podemos exigir que los encuentren, porque uno de los planteamientos que
quedaron claros en la Conferencia de la Tierra es que difícilmente se
puede pedir que cuide el medio ambiente a quien mañana no sabe cómo va a
alimentar a su familia. Por tanto, va a tener que ser la comunidad
internacional la que sea capaz de afrontar económicamente la solución de
este problema.

Se ha dicho que España es un país que también tiene desertización. Es muy
cierto. Algún orador se ha lamentado de que este Convenio no pueda
afectar al territorio español. Sinceramente no me lamento de ello, me da
absolutamente igual, porque creo que nosotros tenemos recursos propios,
pero también los tiene la Unión Europea para resolver este problema que a
nosotros nos afecta y de forma muy alarmante, especialmente con los
gravísimos incendios forestales que se han producido en los últimos años,
acompañados de una pertinaz sequía.

No olvidemos que existe un programa en marcha, con cargo al
Feoga-garantía, el cual financia la repoblación forestal en 100.000
hectáreas por año en España. Este año concretamente no se va a llegar a
ese objetivo y se va a quedar la repoblación en 80.000 hectáreas, no por
la falta de fondos comunitarios, sino porque ha fallado la predisposición
de los agricultores que tienen que sustituir sus cultivos por zonas
boscosas y seguramente también habrán fallado los canales de información
a estas personas por parte del Ministerio de Agricultura, que es el
responsable.

Por todo ello, señor Presidente, simplemente me queda manifestar que
vamos a votar favorablemente este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Habiendo terminado el turno de palabras, vamos a
proceder a la votación, insisto, de la Convención de Naciones Unidas de
lucha contra la desertificación en los países afectados por la sequía
grave o desertización en particular en Africa, abierto a la firma en
París, el 17 de junio del año 1994.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




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--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PORTUGAL PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MIÑO ENTRE LAS
LOCALIDADES DE ARBO (ESPAÑA) Y MELGAÇO (PORTUGAL), FIRMADO EN MADRID EL
12 DE JUNIO DE 1995. (Número de expediente 110/000168.)



El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo que hemos establecido
anteriormente, pasamos ahora al punto número 14, que es el Convenio entre
el Reino de España y la República de Portugal para la construcción de un
puente internacional sobre el Río Miño entre las localidades de Arbo
(España) y Melgaço (Portugal), firmado en Madrid el 12 de junio de 1995.




¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Curiel.




El señor CURIEL ALONSO: Señor Presidente, efectivamente se trata de
ratificar muy probablemente, este Convenio entre España y Portugal para
la construcción de un puente internacional sobre el Río Miño entre las
localidades de Arbo (España) y Melgaço (Portugal). Quiero anunciar ya, en
el inicio de la intervención, que el Grupo Socialista votará a favor de
este Convenio y simplemente resaltar algunos aspectos sobre la especial
trascendencia que esta obra va a tener en cuanto a las relaciones entre
España y Portugal, para decirlo más claramente entre el norte de Portugal
y Galicia, lo cual, en primer lugar, resuelve ese aislamiento que ha
habido desde hace muchas décadas en las comunicaciones entre dos países
que se ha dicho muchas veces casi vivían de espaldas, entre otras cosas
por razón del increíble retraso en las comunicaciones entre los dos
Estados.

La importancia estratégica de este punto tiene que ver con una
orientación que se está desarrollando simultáneamente entre los
ayuntamientos de Oporto, Vigo y La Coruña; me refiero a lo que se ha
venido en llamar la conformación del eje atlántico, respecto al que hay
acuerdo y consenso no solamente entre estos tres centros económicos
claves para el futuro del desarrollo de Galicia, sino que están siendo
apoyados por los gobiernos de ambos países y también por la Unión
Europea.

Para Galicia es esencial dinamizar económicamente esa parte de la
comunidad autónoma gallega y también lo es para Portugal en la medida en
que dinamizar económicamente la zona y abrir canales de inversiones
implica mejorar infraestructuras que faciliten esa comunicación, esa
relación comercial, cultural y turística.

Por consiguiente, creemos que esta decisión ha sido largamente esperada
en el Norte de Portugal y de Galicia y que, en definitiva, tiende a ser
una de las condiciones básicas para conformar ese eje atlántico al que me
he referido, que todavía tiene una vida corta de tres o cuatro años, pero
pensamos que debe ser uno de los elementos fundamentales para dinamizar
tanto el norte de Portugal, muy retrasado en términos económicos y
sociales, como Galicia, ya que tampoco podemos presumir de que haya sido
una comunidad autónoma muy dinámica desde los puntos de vista económico y
social.

Concluyo mi intervención diciendo que este puente va a sustituir al que
existe entre Tuy y Valença do Minho. Cualquiera que haya pasado por esa
zona sabe que transcurrir por ese puente era, hasta hace muy pocos años,
como adentrarse en los finales del siglo XIX, algo increíble en estos
tiempos. Por eso la construcción de dicho puente va a resolver un
problema muy importante, muy sentido para los dos Estados y para los dos
ámbitos económicos. Además de la cooperación entre el Gobierno español y
el portugués, la parte española de dicho puente será el resultado de un
convenio de cooperación entre la Administración Central, la Xunta de
Galicia y el Ayuntamiento de Arbo con diferentes aportaciones económicas,
y este proceso será cogestionado con las autoridades portuguesas.

Por consiguiente, señor Presidente, podemos decir desde Galicia que
estamos de enhorabuena con la aprobación de este convenio que creíamos y
queríamos ver publicado en el Boletín Oficial del Estado cuanto antes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Puche.




El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, intervengo, en el
nombre del Grupo Parlamentario Popular, para señalar, al igual que el
portavoz socialista, la importante trascendencia de este Convenio ya que
mejora la comunicación entre dos países vecinos y, cómo no, las
transacciones fronterizas entre España y Portugal.

El interés de este Convenio ha sido puesto de manifiesto por la Xunta de
Galicia y por las autoridades portuguesas en sucesivas ocasiones y
también ha sido compartido por la Administración Central a través del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y tampoco
podemos omitir el interés mostrado por la Junta Autónoma de La Estrada de
Portugal. Como ya se ha señalado, las carreteras de acceso y comunicación
entre un país y otro no eran lo suficientemente correctas, y como las que
se van a mejorar con la construcción del puente entre Arbo y Melgaço y
que están situadas en el lado español no pertenecen a la red de
carreteras del Estado y sí a la comunidad autónoma de Galicia, el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de Arbo firmaron el oportuno convenio en febrero de 1994.

Asimismo, quiero señalar en esta Comisión que según el Convenio la
financiación del puente --es importante resaltarlo-- corresponderá en su
totalidad a la Xunta de Galicia, tanto los accesos del lado español como
los de la parte portuguesa.

No voy a incidir más en la trascendencia económica y de comunicaciones
que puede tener este convenio porque ya lo ha resaltado el portavoz
socialista suficientemente, pero, antes de anunciar el voto favorable de
mi Grupo a esta ratificación del Convenio, no quisiera concluir mi
intervención sin hacer referencia a algo fundamental y lógico



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dado que la obra y la financiación del puente en su totalidad y de los
correspondientes accesos corresponden a la Junta de Galicia: que la
delegación española esté presidida por el Director General de Carreteras
de la Junta de Galicia o que, al menos, al amparo de lo que dispone el
artículo 5.o de este Convenio del que estamos hablando, el Director
General de Carreteras del Departamento español pudiese delegar en el
Director General de Carreteras de la Junta de Galicia.

En cualquier caso, señor Presidente, anuncio que el voto del Grupo
Parlamentario Popular va a ser favorable y lo saludamos con alegría no
solamente desde Galicia, como el portavoz socialista, la, sino desde
Andalucía y desde toda España.




El señor PRESIDENTE: ¿Ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.) Por consiguiente, sometemos a votación este Convenio. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PERU, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN
MADRID EL 17-11-94. (Número de expediente 110/000160.)



--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y MALASIA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA
DE INVERSIONES, FIRMADO EN KUALA LUMPUR EL 4-4-95. (Número de expediente
110/000162.)



--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y
POPULAR PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO
«AD REFERENDUM» EN MADRID, EL DIA 23-12-94. (Número de expediente
110/000165.)



--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LITUANIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN VILNIUS EL 6-7-94. (Número de expediente 110/000167.)



--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN SAN SALVADOR EL 14-2-95 (Número de expediente 110/000173.)



--ACUERDO PARA LA PROTECCION Y PROMOCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DOMINICANA, HECHO EN SANTO DOMINGO DE
GUZMAN EL 16-3-95 (Número de expediente 110/000174.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del
día que, como hemos señalado inicialmente, va a consistir en agrupar en
un solo turno los acuerdos para la promoción recíproca de inversiones que
el Reino de España ha firmado con diversos países.

El primero de ellos es el número seis, que se refiere al Acuerdo firmado
con la República del Perú; el siguiente es el número ocho, firmado con
Malasia; el siguiente es el número 11, firmado con la República Argelina
Democrática y Popular; el siguiente es el número 13, firmado con la
República de Lituania; el siguiente es el 19, firmado con la República de
El Salvador, y el último es el 20, firmado con la República Dominicana.

Para defender estos acuerdos tiene la palabra por el grupo Popular el
señor Robles Orozco.




El señor ROBLES OROZCO: Siguiendo la indicación de la Mesa agruparemos
estos seis acuerdos para la protección recíproca, ya que todos tienen la
misma finalidad y el mismo esquema y, en consecuencia, pueden ser
defendidos en un solo bloque.

Como su nombre indica, son acuerdos de protección recíproca de
inversiones que tienen como objetivo asegurar un tratamiento no
discriminatorio de las inversiones recíprocas entre ambos países, tanto
en lo que respecta a terceros países como en lo que se refiere a la libre
circulación y repatriación de los rendimientos de las inversiones. Estos
acuerdos establecen cláusulas especiales respecto a la posibilidad de
nacionalizaciones y a indemnizaciones en estos casos y prevén la
posibilidad de pérdidas ocasionadas por guerras u otros conflictos.

Este Tratado, que es similar a otros que ya se han visto en esta Cámara y
que siguen la metodología de los convenios que firman los países de la
OCDE, pretenden limitar el riesgo político al que se ve sometida una
inversión y, en este sentido, entiende el problema que puede surgir ante
un cambio político que lleva aparejada una política en cuanto a las
inversiones exteriores. Un acuerdo como el presente trata de evitar este
riesgo y establece principios generales de libre disposición en la
rentabilidad de la inversión, el tratamiento no discriminatorio a
terceros países y el establecimiento de un sistema de arbitraje en el
caso de controversias. Además es de destacar que en el caso de todos
estos países la situación relativa de desarrollo de España con cada uno
de ellos hace interesante este acuerdo en cuanto a que es una fórmula
para incentivar las inversiones españolas en el extranjero.

Por todo lo expuesto, vamos a dar nuestro voto favorable a todos y cada
uno de estos seis Acuerdos que estamos debatiendo en este momento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Jover.




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El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, intervengo con la máxima brevedad
puesto que, como decía el señor diputado que acaba de intervenir, todos
estos acuerdos son muy similares. Además, son similares a todos los
convenios sobre promoción y protección recíproca de inversiones que ha
firmado España con muchos otros países, y todos ellos responden a un
formato yo diría universal, al formato que ha sido elaborado por la OCDE
con el fin de garantizar el adecuado flujo de las inversiones, sobre todo
desde los países industrializados a los países del tercer mundo, que son
los que más lo necesitan. Para nuestro país, estos convenios son
extraordinariamente importantes porque todos ellos, los seis que estamos
tratando ahora, son con estados con los que el flujo de inversión es
totalmente favorable a España. Es decir, tanto Perú, como El Salvador,
como República Dominicana, como Argelia, como Lituania, como Malasia, son
países que van a recibir inversiones españolas y, por lo tanto, proteger
estas inversiones es extraordinariamente importante para nuestro país.

Solamente quiero recordar tres o cuatro aspectos de estos convenios que
me parece que conviene resaltar.

Para empezar, el principio general de fomento y admisión de inversiones
por parte de los contratantes, sobre todo, sobre la base de la máxima
protección de dichas inversiones, lo cual significa que no se han de
obstaculizar y que se ha de garantizar su gestión, mantenimiento,
desarrollo, utilización, disfrute, venta, en su caso, e incluso
liquidación, que también es algo que se ha de prever. En segundo lugar,
el principio de no discriminación, que nos parece fundamental, en virtud
del cual no se puede dar un tratamiento a las inversiones procedentes del
Estado contratante que sea menos favorable que el otorgado a las
inversiones de los nacionales del país en cuestión. En tercer lugar, la
protección contra las nacionalizaciones y las expropiaciones, que es
también un tema fundamental, habida cuenta de que, a veces, en alguno de
estos países, hay cambios políticos importantes que pueden afectar a la
estabilidad de estas inversiones. En este sentido, quiero insistir en
tres aspectos que son importantes. Primero: las nacionalizaciones y
expropiaciones solamente podrán realizarse por razones de interés público
o necesidad, de acuerdo siempre con la Ley; segundo: en ningún caso estas
expropiaciones o nacionalizaciones podrán ser discriminatorias, por razón
de nacionalidad por supuesto, y en tercer lugar: en todos los casos
deberá producirse una indemnización adecuada, sin demoras injustificadas
y realizadas siempre en moneda convertible y libremente transferible.

Por último, señor Presidente, quiero recordar que se establece el
principio de libre transferencia y expatriación de las rentas obtenidas
por dichas inversiones y que, además, en todos estos convenios hay un
mecanismo específico para la solución de los posibles conflictos que
puedan aparecer y en el que los procedimientos arbitrales tienen una
especial importancia. Por todo ello, señor Presidente, mi Grupo va a
votar favorablemente todos estos convenios.




El señor PRESIDENTE: ¿Ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, nosotros también vamos a
votar a favor de esos convenios, como solemos hacer siempre que se
plantea un convenio de este tipo ante la Comisión. Son convenios que no
tienen otro objetivo que el de la protección recíproca de inversiones, lo
que en la práctica significa otorgar toda una serie de garantías a los
ciudadanos españoles que deciden efectuar sus inversiones en estos países
en desarrollo y, por tanto, suponen indirectamente --o muy directamente,
quizá-- una forma de animar a la inversión en esos países, lo cual
contribuye muy directamente también al desarrollo de los mismos. Por
consiguiente, son convenios en beneficios mutuo, de España y de los
países contratantes. Por ello, reitero que vamos a votar a favor de los
mismos.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de dichos acuerdos.

En primer lugar, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República del Perú, firmado «ad
referéndum» en Madrid el 17 de noviembre de 1994.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo entre España y Malasia para la promoción y protección recíproca
de inversiones, firmado en Kuala Lumpur el 4 de abril de 1995.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y
Popular para la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado
«ad referéndum» en Madrid el día 23 de diciembre de 1994.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania para la
promoción y protección recíproca de inversiones, firmado «ad referéndum»
en Vilnius el 6 de julio de 1994.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de El Salvador, firmado «ad referéndum» en
San Salvador el 14 de febrero de 1995.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Finalmente, Acuerdo para la protección y promoción recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República



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Dominicana, hecho en Santo Domingo de Guzmán el 16 de marzo de 1995.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--MODIFICACION DE LA RESERVA TERCERA, APARTADO D), AL CONVENIO EUROPEO
NUMERO 70, SOBRE LA VALIDEZ INTERNACIONAL DE LAS SENTENCIAS PENALES,
HECHO EN LA HAYA EL 28 DE MAYO DE 1970. (Número de expediente
110/000159.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, recuperamos ahora el orden del día
previamente establecido, con la excepción de lo que ya hemos discutido y
aprobado. Por consiguiente, entramos en el punto que figura con el número
5 en el orden del día inicial, cuyo contenido es: Modificación de la
Reserva Tercera, apartado d), al Convenio Europeo número 70, sobre la
validez internacional de las sentencias penales, hecho en La Haya el 28
de mayo de 1970.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: Señor Presidente, después de la importancia de
los convenios aprobados y de la elocuencia empleada por los señores
Diputados, diré unas breves palabras para apoyar esta modificación
técnica en este Convenio.

España firmó el 30 de mayo de 1984 el Convenio número 70, sobre el valor
internacional de las sentencias penales y nuestro país ratificó este
Convenio en 1994. Este Convenio, junto con los tratados de extradición y
el de personas condenadas, constituyen la serie más importante de
convenios en materia penal dirigidos a la creación del espacio judicial
europeo. Pues bien, en el momento de la ratificación, España presentó
tres reservas. La tercera de ellas, el párrafo d), fue erróneamente
formulada y el texto de la modificación que se somete a votación expresa
que deberá ser redactada de nuevo, quedando de la siguiente forma:
Denegar la ejecución de sentencias dictadas en rebeldía. Se suprime, por
tanto, la alusión anterior al término «ordonannce» penal. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, como bien ha dicho el señor
Fuentes, España firmó el 30 de mayo de 1984 este Convenio y lo ratificó
el 9 de agosto de 1994. No obstante, señorías, aún no se ha producido la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y por ello este Convenio
no forma parte del ordenamiento interno español, de conformidad con lo
establecido en el artículo 96.1 de la Constitución y en el artículo 1.5
del Código Civil. Este Convenio se encuentra por lo tanto, señorías, en
una situación anómala, ya que, a pesar de estar en vigor y de obligar a
España, no forma parte de nuestro ordenamiento. El propio dictamen del
Consejo de Estado dice, literalmente, lo siguiente: Finalmente, debe de
hacerse una advertencia en relación a la falta de publicación oficial del
Convenio europeo número 70, a pesar de haber entrado éste ya en vigor
para España, conforme a su artículo 58.3, tres meses después de la fecha
del depósito de su instrumento de ratificación.

Si bien razones de economía parecen haber conducido a demorar la
publicación de este Convenio y de las reservas al mismo hasta tanto se
modifique la Reserva Tercera, apartado d), a fin de que aparezca el texto
en el «Boletín Oficial del Estado» en su versión definitiva, no por ello
deja de plantearse una situación en cierto modo anómala, en la que el
Estado español está obligado internacionalmente por el Convenio de
referencia y, sin embargo, éste no forma parte de su ordenamiento
interno, a tenor de lo dispuesto en los artículos 96.1 de la Constitución
y 1.5 del Código Civil.

Es evidente, señorías, que al Consejo de Estado --y a nosotros también--
no le parecen suficientes las razones aducidas por la Administración:
razones de economía y razones de esperar a la modificación de la Reserva
Tercera, apartado d), que hoy se propone, para la no publicación del
Convenio en el «Boletín Oficial del Estado». Evidentemente, por
situaciones no deseables de inseguridad jurídica.

Realmente --y con esto termino, señor Presidente--, si hacer lo fácil es
a veces tan complicado, nos preguntamos muchas veces, en demasiadas
ocasiones, qué estará pasando con hacer lo difícil.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de esta modificación de la Reserva Tercera
al Convenio Europeo número 70 sobre la validez internacional de las
sentencias penales.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA OFICINA EUROPEA DE RADIOCOMUNICACIONES
(ERO). (Número de expediente 110/000161.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 7 del orden del día:
Convenio constitutivo de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Por este convenio se constituye la Oficina
Europea de Radiocomunicaciones, que es un organismo más en el ámbito de
las telecomunicaciones en Europa. Para aclarar un poco la cuestión
señalemos que el organismo básico es la Conferencia Europea de
Administraciones Postales y de Telecomunicaciones.




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De esta Conferencia depende el Comité Europeo de Radiocomunicaciones y la
Oficina aparece como un organismo auxiliar de este último Comité al que
nos referimos. El objetivo fundamental de la Oficina es el de intervenir
en la distribución de frecuencias, para lograr una máxima coordinación
entre los estados participantes y para tratar de resolver las
necesidades, a largo plazo, de frecuencias radioeléctricas. Se intenta,
por tanto, una utilización racional de este espacio radioeléctrico, a la
vista de algunos fenómenos actuales, bien conocidos, como son la
liberalización de las telecomunicaciones y como es el auge previsible de
las comunicaciones, especialmente de las comunicaciones móviles, tanto
por redes terrestres, como por satélites, que obliga a establecer unos
criterios de ordenación de este sector del mercado de las
telecomunicaciones.

El Convenio de referencia crea la Oficina, cuya sede va a ser Copenhague,
y después se establece con un cierto detalle cuáles son las funciones de
la Oficina (no voy a señalarlas todas ellas, porque globalmente ya las he
aludido), su naturaleza jurídica y los privilegios de la misma,
señalándose que tendrá personalidad jurídica, posibilidad de celebrar
contratos, etcétera, y después analizando y describiendo también cuáles
son los órganos de que va a constar la oficina y el estatuto del
personal, así como los procedimientos de trabajo. Se trata, sin ninguna
duda, de una institución que aparece oportunamente en un momento concreto
del desarrollo de las telecomunicaciones en Europa y, sin ninguna duda,
mi Grupo va a apoyar la aprobación de este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Vallejo.




El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Quiero señalar, en nombre del Grupo
Socialista, el voto afirmativo al Convenio constitutivo de la Oficina
Europea de Radiocomunicaciones que, como ya se ha dicho, regula no sólo
las funciones de la Oficina, sino también la participación de cada país,
el número de votos, el presupuesto, la participación económica, etcétera.

Yo creo que si se constituye una Oficina Europea nueva, que además creo
que da un carácter sectorial a lo que va a ser la unidad europea, es
porque el tema en sí mismo tiene una importancia que, quizá, no sé si
sabemos alcanzar. Las repercusiones que las radiocomunicaciones y
telecomunicaciones están teniendo en este momento en la vida política
española nos dan una aproximación del alcance e importancia que esta
Oficina Europea puede y debe tener en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: El espacio público radioeléctrico es un
recurso escaso y para regularlo de alguna forma se creó la Conferencia
Europea de Administraciones Postales y Telecomunicaciones.

Dado el desarrollo futuro que previsiblemente van a tener las
telecomunicaciones que utilizan este espacio público radioeléctrico, lo
que pretende este convenio es crear un organismo que pueda trabajar con
visión de futuro y avanzar en la realidad de la progresiva ocupación de
este espacio radioeléctrico.

Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a votar a favor del mismo.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del Convenio
constitutivo de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE VARIOS ESTADOS MIEMBROS DE LA AGENCIA
ESPACIAL EUROPEA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA RELATIVO A LA EJECUCION
DEL PROYECTO MERCURE, HECHO EN MADRID EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1994. (Número
de expediente 110/000163.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 9 del orden del día:
Memorándum de entendimiento entre varios Estados Miembros de la Agencia
Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea relativo a la ejecución
del proyecto Mercure, hecho en Madrid el 25 de noviembre de 1994.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANES: El proyecto Mercure tiene como objeto proporcionar
al PNUMA de los medios iniciales que precisa para llevar a cabo un
control global del medio ambiente terrestre, de forma eficaz y económica,
basándose en los objetivos de la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro
en junio de 1992.

La extensión de la red Mercure a los países en vías de desarrollo
permitiría darles acceso a una información y conocimientos que
contribuirían a estimular en ellos el desarrollo de sus propias
tecnologías y métodos para salvaguardar sus recursos renovables y su
medio ambiente.

Con este fin dicho proyecto prevé, en su primera fase, el montaje de dos
instalaciones principales de comunicaciones en Leuk (Suiza) y Nairobi
(Kenia) y cinco estaciones secundarias situadas en Bangkok, Ciudad de
México y las dos restantes entre Moscú, China y el sur de Sudamérica.

El proyecto prevé, asimismo, las acciones necesarias en materia de
formación y mantenimiento para que la red pueda cumplir con su contenido.

Dicho proyecto es, en su origen, una iniciativa española, al haberse
advertido que existían una serie de circunstancias favorables que lo
hacían posible. Debe destacarse muy especialmente el hecho de que la
empresa que lidera Mercure, lo que en términos anglosajones se denomina
el «prime contractor», es española, Inisel Espacio, lo que, sin duda,
constituye un hito



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para nuestro país en el sector espacial internacional de las
telecomunicaciones vía satélite.

Además de Inisel Espacio participan también otras empresas españolas.

Por todo ello, en vista del retorno previsto, próximo al 90 por ciento,
que se espera de la contribución española, del papel de liderazgo que
desempeñará una empresa española en el proyecto, de las posibilidades de
que la red se amplíe en el sistema de Naciones Unidas, y de la función en
materia de medio ambiente que cumplirá el proyecto Mercure, mi Grupo
votará favorablemente dicho proyecto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: También nosotros vamos a votar
favorablemente este memorándum de entendimiento que, como ya se ha
señalado, trata de difundir adecuadamente la información sobre el medio
ambiente de la tierra. En síntesis, se trata de las infraestructuras
terrenas de telecomunicaciones, con sus equipamientos físicos y
complementos adecuados para la puesta en servicio de un sistema de
observación y vigilancia del medio ambiente de la tierra, a través de
satélites, para permitir la comunicación y difusión de datos mundiales
sobre el medio ambiente, con el fin de informar en tiempo real a las
poblaciones acerca de la evolución del mismo. Toda la información que se
obtenga se pondrá en manos del programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, PNUMA, y se intenta favorecer, como ya se ha dicho,
especialmente a los países en vías de desarrollo.

También se ha señalado que se trata de un proyecto de iniciativa
española, en el que el contratista principal es una empresa española,
Inisel Espacio, y que, por tanto, nuestra participación en el programa es
realmente muy importante. Quizá habría que señalar que, de los seis
países que firman este memorándum de entendimiento, salvo Gran Bretaña,
no está ninguno de los otros países considerados como grandes. Ante la
limitación de los recursos a poner en juego en este proyecto, es más
fácil que en su puesta en práctica no se alcance el pleno desarrollo en
su ejecución o explotación. Los componentes de la red Mercure pasarán a
ser, en su día, un componente de la red mundial de telecomunicaciones por
satélite de las Naciones Unidas.

Por todas estas razones, nosotros vamos a votar favorablemente este
proyecto que creemos que va a tener una aportación positiva en la
vigilancia, en el control, y, por tanto, también en el perfeccionamiento
del medio ambiente.




El señor PRESIDENTE: Ningún otro Grupo desea hacer uso de la palabra, por
consiguiente vamos a someter a votación el Memorándum de entendimiento
que acabamos de discutir.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--ACUERDO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS MISIONES Y REPRESENTANTES DE TERCEROS
ESTADOS ANTE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE, HECHO EN
BRUSELAS EL DIA 27 DE JULIO DE 1994 . (Número de expediente 110/000164.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto décimo del orden del día. Acuerdo
sobre el Estatuto de las Misiones y Representantes de Terceros Estados
ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas
el día 27 de julio de 1994. ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: El trámite de ratificación parlamentaria de este
acuerdo nos ofrece una nueva oportunidad para dejar constancia del apoyo
del Grupo Popular a la ampliación de la Alianza Atlántica hacia las
nuevas democracias europeas. La ampliación de la OTAN a las nuevas
democracias surgidas en Europa Central y del Este es un proceso en el que
el Grupo Parlamentario Popular se ha mostrado a favor en cuantas
ocasiones hemos tenido oportunidad de hacerlo. Somos conscientes, no
obstante, de las dificultades que esta ampliación lleva consigo, y por
este motivo el Grupo Popular se ha mostrado también favorable a otras
iniciativas, como el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y la
posterior Asociación para la Paz que la Alianza ha puesto en marcha, con
el objetivo no sólo de favorecer en el futuro y sin tensiones la plena
integración de los nuevos socios, sino quizá el establecimiento de
canales institucionales de cooperación con otros países. Especialmente
nos estamos refiriendo al caso de Rusia, que sin tener que integrarse en
la OTAN, sí debe ser tenida muy en consideración a la hora de construir
este nuevo orden de seguridad europea que todos anhelamos.

Por tanto, nuestro Grupo apoya sin reservas este acuerdo sobre el
Estatuto de las Misiones y Representantes de Terceros Estados ante la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, y apoyamos este acuerdo no
sólo porque entendemos la necesidad práctica que se deriva de las
iniciativas antes mencionadas, sino porque consideramos que las nuevas
relaciones institucionales de estos países con la Alianza Atlántica deben
contar con las máximas facilidades y reconocimiento político y
diplomático. En este sentido, nos parece un completo acierto la firma del
acuerdo que hoy debatimos en la Cámara.

El proyecto de construcción europea tendente a la consecución de una
unión política, económica y monetaria, pasa necesariamente por una
asociación de las nuevas democracias del Centro y del Este de Europa a un
marco común de seguridad y defensa. Los países del Centro y del Este de
Europa así han expresado su deseo, incluso de forma previa a su adhesión
a la Unión Europea. Por ello, el acuerdo que hoy ratificamos nos parece
un paso más, pequeño, pero significativo no sólo para la extensión y el
fortalecimiento de nuestra Alianza, de la Alianza Atlántica,



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sino para la construcción de un nuevo orden de paz, seguridad y
prosperidad para toda Europa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moya.




El señor MOYA MILANES: Como ha dicho el representante del Grupo Popular,
efectivamente se trata de responder a la necesidad de que los
representantes de los países que no son miembros de la Alianza Atlántica
pero que han establecido un régimen de consultas y de cooperación con la
misma, puedan desempeñar adecuadamente sus funciones en relación con la
Organización; terceros estados que se refiere, efectivamente, a aquellos
que son miembros del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, al que
pertenecen casi todos los países de Europa central y oriental y de la
antigua Unión Soviética. El acuerdo estipula únicamente que el Estado
miembro en cuyo territorio tiene su sede la Organización, concederá las
misiones de estos terceros estados ante la misma, al personal de dichas
misiones y a los representantes enviados por tales estados en misión
temporal, las inmunidades y privilegios habituales en las relaciones
diplomáticas. Efectivamente, si bien el contenido del acuerdo puede
parecer que efectivamente tiene un carácter exclusivamente técnico o, si
se quiere, es un paso modesto dentro de esta cooperación entre los países
de la Alianza Atlántica y los países que pertenecen a la Asociación para
la Paz, indudablemente tiene también un trasfondo y un contenido
político, en la medida en que ayudará a facilitar ese diálogo de
cooperación y esa construcción de una nueva arquitectura europea de
seguridad que englobe a todos los países europeos. En ese sentido, por
razones técnicas y también por consideraciones políticas, mi Grupo
apoyará dicho acuerdo.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.) No siendo éste el caso, vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, se aprueba.




--DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA EXTENSION DE ARUBA POR PARTE
DE LOS PAISES BAJOS DEL CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE
DECISIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON RESPECTO A MENORES
(NUMERO IX DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO), HECHO EN LA HAYA EL 15 DE ABRIL DE 1958. (Número de expediente
110/000166.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 12 del orden del día.

Declaración de aceptación por España de la extensión a Aruba por parte de
los Países Bajos del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores
(número IX de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado), hecho en La haya el 15 de abril de 1958. ¿Grupos que desean
hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Pla.




La señora PLA PASTOR: Con toda brevedad, señor Presidente, dada la escasa
relevancia del tema, que únicamente trata sobre la aceptación de
declaración de extensión a Aruba, territorio de las Antillas
neerlandesas, como todas SS. SS. saben, por parte de los Países Bajos del
Convenio número IX de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores de 21 años. Quiero
resaltar que el artículo 14 del Convenio objeto de ampliación establece
que si un Estado contratante, como es el caso de los Países Bajos,
deseara su aplicación a todos los demás territorios de cuyas relaciones
internacionales esté encargado, notificará su intención a este efecto
mediante comunicación depositada en el Ministerio de Asuntos Exteriores a
los demás países, en este caso Austria, Italia, Bélgica, Alemania, Suiza,
Noruega, Dinamarca, Suecia, Francia, Finlandia, Turquía, Portugal y
España, signatarias en su momento del convenio que deberá aceptar esta
ampliación.

Nos encontramos, pues, en este trámite de comunicación por parte de los
Países Bajos y la aceptación por parte de España. Voy a leer a SS. SS. el
texto de la aceptación de España, a efectos de que conste en el «Diario
de Sesiones»: De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Convenio
IX, relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La haya el 15
de abril de 1958, España declara aceptar la declaración de los Países
Bajos de extensión a Aruba del citado convenio.

Por todo esto, señor Presidente, el Grupo Socialista votará
afirmativamente esta aceptación de la declaración de ampliación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Pulgar.




La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, comprendemos la decisión de
los Países Bajos al ser Aruba un territorio autónomo dentro de los
mismos, que está situado a 25 kilómetros al norte de la costa de
Venezuela, con una extensión de sólo 193 kilómetros y una población de
62.000 habitantes. Señor Presidente, permítame añadir que esta Isla fue
reclamada para España por Alonso de Ojeda en el año 1499, solamente siete
años después del descubrimiento de América. Y como dato curioso quiero
decir que, en el año 1929, la Compañía Standard Oil construyó en San
Nicolás, en el sur de la Isla, la refinería más importante del mundo en
aquel momento.

No voy a repetir la buena exposición de la señora Pla y me limitaré a
decir que el Grupo Parlamentario Popular no



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pondrá ninguna objeción, naturalmente, al acuerdo que se somete hoy a
ratificación, máxime tratándose de una materia en la que nuestro Partido
ha sido especialmente beligerante.

Queremos aprovechar esta intervención más que para hacer un tipo de
análisis del contenido de esta declaración de aceptación por España de la
extensión a Aruba por parte de los Países Bajos del Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores, para expresar aquí una vez más
nuestro máximo interés por la materia que en él se contiene. Creemos, y
así hemos tenido ocasión de expresarlo, sin ir más lejos la semana pasada
en el Pleno del Congreso de los Diputados, que en materia de menores el
Gobierno español está haciendo dejación de sus responsabilidades y de sus
compromisos. Bajo títulos de protección jurídica del menor se nos
presentan pequeñas modificaciones al Código Civil en materia de adopción,
y eso es todo lo que se ha podido conseguir en los últimos años. Nuestro
Grupo, sin embargo, ha presentado en la Cámara una proposición de ley que
recoge, de manera extensa y en profundidad, lo que podemos llamar una
verdadera carta de derechos del menor, que esperamos sea tomada en
consideración por todos los grupos de esta Cámara. Presentamos también
otra proposición de ley por la que se crea un fondo de garantía de
pensiones alimenticias para aquellos hijos de padres separados que sufren
reiteradamente el impago de la pensión decretada por el juez. Creemos que
ello está generando situaciones de verdadera necesidad, con traumas muy
graves para estos niños. Seguiremos actuando en esta línea, pero
esperamos --y éste es un buen momento para reiterarlo-- que el Gobierno
cumpla su obligación y, además de ocuparnos de ratificar cuestiones tan
importantes como ésta, nos ocupemos de la situación de los menores en
nuestro país.

Por todo esto, daremos nuestro voto afirmativo a este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Si ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra,
vamos a someter a votación esta declaración de aceptación por España.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y BELGICA TENDENTE A EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASION Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DE PATRIMONIO, FIRMADO
EN BRUSELAS EL 14-6-95. (Número de expediente 110/000169.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 15 del orden del día:
Convenio entre España y Bélgica tendente a evitar la doble imposición y
prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio, firmado en Bruselas el 14 de junio de 1995.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Pulgar.




La señora PULGAR FRAILE: España dispone de un Convenio para evitar la
doble imposición con Bélgica que se firmó el 24 de septiembre del año
1970. Sin embargo, para satisfacer las nuevas exigencias surgidas en los
dos países, fundamentalmente al pasar España a ser miembro de la Unión
Europea, el 28 de octubre del año 1991 se reunieron en Madrid
delegaciones de los dos países con objeto de concluir un nuevo convenio.

Después de varias rondas de negociación, el 27 de noviembre de 1992, los
dos países rubricaron el texto del mencionado convenio.

Este Convenio se adapta al convenio-marco de la OCDE, sigue las mismas
estructuras y se asemeja en su contenido a las propuestas de dicho
convenio-marco. El Convenio consta de treinta artículos y un protocolo.

Destacaré que es en el artículo 23 donde se establecen los métodos para
evitar la doble imposición. En el artículo 24 se establece el principio
de no discriminación. Adicionalmente, el Convenio viene acompañado de un
protocolo anexo en el que se establecen normas específicas para
determinados artículos regulados en el Convenio. Los artículos del
Convenio que suponen una modificación respecto al Convenio del año 1970
son el artículo 6, sobre rentas inmobiliarias, que contiene una
disposición especial no prevista en el convenio-marco de la OCDE; el
artículo 7, sobre beneficios empresariales; el artículo 10, que trata de
los dividendos. Y, como hacía el Convenio de 1970 y es habitual, este
Convenio no establece un derecho de imposición a favor de uno de los
Estados contratantes, sino que establece el criterio de tributación
compartida. Este mismo criterio de tributación compartida se aplica al
artículo 11, a los intereses, y en el artículo 12 a los cánones.

Otros aspectos incluidos en el protocolo son el derecho de multipropiedad
y el principio de no discriminación. Mi Grupo cree que este Convenio es
interesante para nuestros países y va a apoyar con su voto favorable este
Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Jover.




El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, seré muy breve, puesto que la
señora Pulgar ha dicho todo lo que había que decir respecto de este
Convenio.

Es cierto que entre Bélgica y España ya había un convenio sobre doble
imposición del año 1970. Pero a los convenios, como a las personas, les
ocurre que los años no pasan en balde... (Risas.--La señora Balletbó
Puig: Ese ejemplo no vale.) Retiro el ejemplo, señor Presidente, si tanto
molesta a algunos señores Diputados.

La realidad es que el nuevo Convenio resuelve algunos problemas que
estaban pendientes del anterior y, como aquí se ha dicho, el hecho de que
España sea miembro desde hace diez años de la Unión Europea modifica de
una manera notable muchos de los preceptos que había en el Convenio de
1970.




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Entre los temas aportados como novedad y el único a que no se ha referido
la señora Pulgar está el establecimiento de un procedimiento amistoso
para la resolución de conflictos que puede ser bastante útil.

Por estas razones, señor Presidente, vamos a votar favorablemente este
Convenio.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, los años no pasan en balde, pero
recuerde lo que se atribuye a Picasso, aquella frase famosa de que se
necesitan muchos años para llegar a ser joven. (Risas.--Muy bien, señor
Presidente.)
Si ningún otro grupo grupo desea hacer uso de la palabra, vamos a
proceder a la votación de dicho Convenio.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--ACUERDO DE SEGURIDAD DE LA UNION EUROPEA OCCIDENTAL, HECHO EN BRUSELAS
EL 28-3-95. (Número de expediente 110/000172.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 18 del orden del día: Acuerdo de
Seguridad de la Unión Europea Occidental, hecho en Bruselas el 28 de
marzo de 1995.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor de Puig.




El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, con la juventud que me va
dando el paso de los años y teniendo en cuenta que el tiempo no pasa en
balde les voy a proponer aprobar el Acuerdo de Seguridad de la UEO, que
viene dado no solamente porque han pasado años, sino porque han pasado
muchas cosas.

Ustedes saben que la UEO, que ha sido durante mucho tiempo llamada «la
bella durmiente», una institución que vivía casi aletargada, en un
momento del proceso de unidad europea resucita y es llamada a cumplir un
papel con el que quizás incluso sus fundadores no habían pensado. En ese
momento empieza a desarrollarse una reforma institucional de la Unión
Europea Occidental, así como un proceso de capacidad operativa de la UEO.

Tanto es así que cuando la Unión Europea se exige a sí misma tener
competencias en materia de Defensa y Seguridad en el Tratado de
Maastricht toma la decisión de que sea la UEO, la Unión Europea
Occidental, la institución que defina una política de Defensa común, en
primer lugar, y una defensa común para más adelante. Es decir, convierte
a la UEO en un elemento agente primordial de la política de seguridad de
Europa, tanto en lo que se refiere al propio desarrollo de la UEO como en
lo que se refiere a los elementos de competencia en materia de seguridad
de la Unión Europea.

A partir de ese momento el proceso de ampliación de UEO, en todos los
sentidos, ampliación física, institucional, competencial y operativa se
relanza y, como consecuencia de ello, se empieza a promover una serie de
capacidades y se toman decisiones respecto al operativo de Unión Europea
Occidental que exigen unos niveles de tratamiento de materia clasificada,
de material confidencial, se seguridad, que la UEO y sus miembros no
tenían hasta este momento. Es entonces cuando, por ejemplo, en la UEO,
que ya interviene en misiones humanitarias, en misiones de complemento en
alguna de las crisis que se han producido, se echa en falta la necesidad
de esa fluidez de movimientos o comunicaciones con otras instituciones,
tanto más cuanto se está pensando que, puesto que la UEO debe tener un
operativo militar en Europa, debe tener también la capacidad de utilizar
operativos militares nacionales u operativos militares de la OTAN. La
OTAN tiene en su seno unas exigencias de seguridad del tratamiento
material clasificado muy concreto; por lo tanto, esta aspiración de la
UEO que es, en definitiva, la Unión Europea , en el sentido de tener una
capacidad de actuación en gestión de crisis, en ayuda militar,
humanitaria o en todo tipo de actuaciones políticas o militares, si se
diera el caso, necesita tener esos mecanismos de capacidad de utilizar
los operativos de otan.

Cierto que hay una resistencia por parte de la OTAN, en este momento,
para que la UEO utilice estos operativos. Este problema no está saldado.

Sin embargo, el acuerdo de seguridad de la UEO para ese tratamiento del
material clasificado obligando a los Estados a cumplir con unos mínimos
de seguridad, ya sea información militar, ya sea información industrial,
ya sea información política, para unificarlos, creando, como dice el
acuerdo, incluso un organismo, dando al Secretario General de la UEO una
capacidad de intervención en determinadas circunstancias, es un mecanismo
necesario para poder utilizar cualquier operativo, comprendidos los
operativos de la OTAN.

Señorías, por todo esto nuestro Grupo va a votar a favor de ese Acuerdo
de Seguridad de la Unión Europea Occidental, entendiendo que es un
mecanismo básico de desarrollo de la UEO y de la futura defensa europea
y, desde luego, aunque en sí mismo no tenga demasiada importancia, la
tiene en la medida en que desbroza caminos hacia la posibilidad de llegar
a un acuerdo con la OTAN para utilizar determinadas capacidades
informativas y logísticas. No deja de ser un elemento más en ese proceso
de construcción europea en que la UEO tiene que jugar su papel y veremos
dentro de poco tiempo cómo en la conferencia intergubernamental se fija y
se precisa más claramente cuál va a ser ese papel de la Unión Europea
Occidental.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el
señor de Puig sobre el papel actual de la Unión Europea Occidental y los
esfuerzos que se están haciendo para hacer más efectiva una organización
que durante tantos años ha sido una organización durmiente, absolutamente
sin funciones e ineficaz.

El acuerdo de seguridad que hoy debatimos en la Comisión es una
consecuencia lógica de todo esto y se intenta



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en suma dar una capacidad operativa real a esta organización defensiva
exclusivamente europea y una condición básica y necesaria para
posteriores desarrollos de futuro. En la medida en que la Unión Europea
Occidental se dote de capacidad para realizar operaciones de gestión de
crisis o de mantenimiento de la paz, mayor será la necesidad de
información de la organización y es lógico que a mayores niveles de
información sea precisa una mayor seguridad.

No obstante, creo que conviene hacer alguna reflexión adicional sobre
todo esto. Este Convenio tiene como fin proteger y salvaguardar la
información y el material clasificado de todos los miembros de la UEO. En
su artículo primero se afirma que las partes protegerán y salvaguardarán
la información y el material clasificado de las demás partes --no voy a
señalar todos los puntos, sino sólo algunos--, se abstendrán de utilizar
dicha información y material para fines distintos de los establecidos en
el Tratado; se abstendrán también de revelar dicha información y material
a terceras partes, sin el consentimiento de la autoridad de origen.

No se puede por menos que señalar que este Convenio llaga a la Comisión
en un momento en que nuestros servicios de seguridad están pasando por
una gravísima crisis que está muy lejos de haber sido resuelta --está
abierta-- y no sabemos cómo va a evolucionar. Todos sabemos que, en estos
tiempos recientes, determinados documentos amparados por la Ley de
Secretos Oficiales han salido al mercado, al parecer ofrecidos al mejor
postor, en unas operaciones que se ha dicho que podían ser de chantaje.

Todavía hay que profundizar más en todo eso.

A la vista de todos estos datos conviene hacer una reflexión en
profundidad, porque al ratificar este Convenio España se compromete a esa
protección a la que hemos aludido y también a garantizar la lealtad y
fiabilidad de las personas habilitadas para el manejo de la información.

Lo prevé otro de los artículos, el tercero, donde se dice que el
procedimiento de habilitación de seguridad tendrá por objeto determinar
si por su lealtad y fiabilidad una persona puede tener acceso a
información clasificada sin que ello suponga un riesgo para la seguridad.

No hay más remedio que preguntarse: ¿Tenemos la seguridad de que no hay
más Perotes emboscados en nuestros servicios de información? ¿Tenemos la
seguridad de que podemos garantizar a nuestros consocios miembros en la
Unión Europea Occidental que estamos en condiciones de cumplir lo que en
este convenio se establece? Porque hemos de darnos cuenta de que nuestros
servicios de seguridad tienen que cambiar, por esa crisis a la que nos
referíamos, para estar a la altura de estos compromisos. Cambiar no sólo
quizá en su estructura, sino también en su funcionamiento, dedicándose a
lo que son sus funciones legales y no a actividades como las que
recientemente nos han abochornado a todos.

Creo que no había más remedio que hacer esta reflexión, pero, por lo
demás, quiero señalar que estamos a favor de un Convenio como éste y, por
tanto, el voto de nuestro Grupo va a ser favorable a su ratificación, a
su aprobación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: De todos es conocida la difícil ambigüedad con
que el Tratado de Maastricht y la declaración paralela de la propia Unión
Europea Occidental abordan la cuestión de las relaciones entre lo que es
estrictamente el Tratado de Maastricht y lo que es la utilización de los
servicios de la Unión Europea Occidental con sus actuales planteamientos,
Plataforma de La Haya, y su voluntad de ser, además, el pilar europeo de
la OTAN. Nuestro Grupo parlamentario siempre se ha definido por la
necesidad de la construcción de una identidad europea de defensa que
podría pasar por una redefinición de la Plataforma de La Haya de la Unión
Europea Occidental y por --por decirlo brevemente-- la plena integración
de la Unión Europea Occidental, que no sería ya lo que es en la
actualidad, en el entramado del poder civil y comunitarizado que prevé el
Tratado de Maastricht, o, mejor aún, que va a prever lo que esperemos que
sea la Conferencia Intergubernamental que comenzará en 1996 y que debería
acabar con un refuerzo y profundización de los objetivos del Tratado de
Maastricht en muchos campos, en el campo de la seguridad y de la defensa
integrando plenamente estos conceptos en lo que es el núcleo del tratado
de la Unión Europea. Una Unión Europea política, una Unión Europea
económicamente eficaz, socialmente solidaria y también en el plano de la
seguridad y defensa compartida en Europa.

Hechas estas manifestaciones generales, hemos de decir que en este
contexto y con estos objetivos, vamos a votar favorablemente este acuerdo
de seguridad que se nos propone, también pensando que puede servir de
estímulo para que el Gobierno, que algunas actuaciones ya ha tenido,
reconocimiento de su negligencia importante en el funcionamiento de
nuestros servicios de inteligencia en materia de defensa --me estoy
refiriendo al Cesid, con las dimisiones de los señores Serra y García
Vargas-- tome más en cuenta aún hasta qué punto debe ser modificado,
actualizado y democratizado este importantísimo servicio de inteligencia
que tenemos en nuestro país, porque lo necesita el país, porque lo va a
necesitar la integración española en la Unión Europea y porque este
Tratado o este Convenio nos lo viene a recordar una vez más.

Nosotros, al menos yo, no soy de los que se alegra del mal funcionamiento
de nuestros servicios de inteligencia, soy de los que se alegra de que
los traidores estén donde deben estar, pero esto no es óbice para
recordar al Gobierno que aprobando este Convenio se obliga aún más a
mejorar su capacidad de dirección política de un servicio de inteligencia
que se ha demostrado tan nefasto para la convivencia política y
democrática de nuestro país, permitiendo que ciertas personas durante
muchos años, y luego durante un lapso de tiempo realmente incomprensible,
no estuvieran donde deberían estar, pagando sus crímenes dende debían
pagarlos.

Ahí también, incomprensiblemente, hay una responsabilidad del Gobierno
durante unos años. La actuación de la justicia nos ha producido una
cierta perplejidad. Aunque



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esto no viene del todo al caso sobre el que estamos reflexionando, sí es
bueno tenerlo presente, como también algún otro portavoz lo ha hecho, a
la hora de aprobar y votar favorablemente la toma en consideración de
este convenio.




El señor PRESIDENTE: Como ningún otro grupo desea hacer uso de la
palabra, vamos a proceder, por consiguiente, a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL GOBIERNO
DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE UCRANIA, HECHO EN KIEV EL 16-6-95.

(Número de expediente 110/000175.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al último punto del orden del día,
que es el que lleva el número 21 en el orden del día previamente
establecido: Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Ucrania, hecho en Kiev
el 16 de junio de 1995.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Santos.




El señor SANTOS JURADO: Simplemente deseo decir, señor Presidente, que
este acuerdo tiene como objetivo la regulación del transporte de viajeros
y mercancías entre ambos países y a través de sus territorios, y va a
facilitar tremendamente los trámites necesarios para el desarrollo de los
mismos.

El contenido, en líneas generales, es similar a otros convenios que hemos
tratado en esta Comisión sobre la misma materia y que España tiene
firmados con otros países. Aunque el convenio es bilateral, recoge además
el espíritu de la normativa comunitaria al respecto y favorece la
libertad de movimiento de las personas entre ambos países.

Por tanto, votaremos favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: En junio de 1995, delegaciones de España y
Ucrania rubricaron en Kiev el texto del acuerdo sobre transporte
internacional por carretera entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de Ucrania.

Como se ha dicho, el objetivo de este acuerdo es la regulación del
transporte de viajeros y mercancías entre ambos países y a través de sus
territorios.

Este acuerdo será aplicado provisionalmente desde la fecha de su firma.

Consta de 20 artículos y en dos secciones regula tanto el transporte de
pasajeros como el de mercancías. Es de hacer notar que en su artículo 3
incorpora el compromiso de ambas partes para cumplir las disposiciones
que emanen de cualquier acuerdo concluido con la Comunidad Económica
Europea o que resulten de ser miembro de ella.

También hay que hacer notar que en el artículo 14 se incorpora la
obligación de observar las leyes nacionales del país receptor por parte
de los transportistas, lo que es particularmente importante como medida
de prudencia, sobre todo en cuestiones relativas a temas de seguridad.




El señor PRESIDENTE: Dado que ningún otro grupo desea hacer uso de la
palabra, vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Señorías, se levanta la sesión.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.