Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 561, de 27/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 561
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 27 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (Navarro López), para informar sobre la compra a la
Diputación del Granada de un edificio destinado a sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/001509). (Página 17044)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a cursar las instrucciones oportunas a
la Seguridad Social para que no se efectúen retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre las
cantidades abonadas por invalidez permanente en grado de incapacidad
parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie
D, número 187. Número de expediente 161/000378). (Página 17050)
--Relativa a la adopción de medidas para impulsar en la práctica la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 265. Número de
expediente 161/000562). (Página 17053)
--Para que se den a conocer mensualmente los datos de empleo y paro, de
acuerdo con la encuesta de población activa (EPA). Presentado por el
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000577). (Página 17061)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL (NAVARRO LOPEZ), PARA INFORMAR SOBRE LA COMPRA A LA
DIPUTACION DE GRANADA DE UN EDIFICIO DESTINADO A SEDE DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/001509.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Muy buenos días, señoras
Diputadas, señores Diputados.
El primer punto del orden del día es la comparecencia del Subsecretario
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para informar sobre la
compra a la Diputación de Granada de un edificio destinado a sede de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): Gracias, Presidente.
Señorías, en primer término quiero aclarar que, si bien la convocatoria
para esta comparecencia se había cursado al ilustrísimo señor Secretario
General para la Seguridad Social, la Orden Ministerial de 16 de noviembre
de 1992, sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Trabajo,
señala en su artículo 1.o que las competencias relativas al patrimonio de
la Seguridad Social quedan delegadas por el titular del Departamento en
el Subsecretario, y éste es el motivo de mi presencia ante sus señorías.
Voy a referirme, en primer lugar, a los antecedentes de este asunto. La
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en
Granada, se encontraba ubicada en un edificio con una antigüedad de
sesenta años, en la calle Gran Vía de Colón, número 23. El edificio,
perteneciente al patrimonio de la Seguridad Social, consta de planta baja
y seis más sobre rasante y dos sótanos, con una superficie total
construida de 10.557,54 metros cuadrados y era compartido con la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, con
un ambulatorio del Servicio Andaluz de Sanidad y con locales comerciales
y viviendas particulares. Este era el panorama.
De la superficie total construida, el INSS ocupaba en torno a 3.994
metros cuadrados, la Dirección Provincial de la Tesorería sobre 2.949
metros, siendo la restante superficie ocupada por viviendas, locales
comerciales y servicios comunes a todos ellos. La insuficiencia de
espacio con que contaba el INSS, señorías, y en especial la laberíntica
situación en que se encontraban las diferentes dependencias, motivada por
la ocupación en arrendamiento de diversos pisos, tal y como he indicado,
impedía la realización de una buena gestión y su efectividad, dado que
las oficinas se encontraban sobresaturadas de personal --alrededor de 200
funcionarios del INSS y 200 de la Tesorería-- y la afluencia de público
en dependencias de muy reducido espacio, así como la presencia de los
propios inquilinos, mermaba la necesaria independencia que deben reunir
los centros de gestión. Todo ello se traducía en la escasez de medidas de
seguridad, ya que imposibilitaba cualquier actuación racional sobre el
conjunto del inmueble.
Con fecha 21 de agosto de 1989, el Centro de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, dependiente de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de
Andalucía, emitió ya un informe en el que señalaba, entre otras
deficiencias, como principal carencia la falta de medidas contra
incendios. La Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social,
por medio de su oficina técnica, con objeto de estudiar soluciones a las
carencias planteadas por el informe citado, realizó un estudio, con fecha
22 de mayo de 1990, en el que, además de refrendar con matizaciones el
informe del Centro de Seguridad e Higiene, señalaba también otras
carencias. La citada oficina técnica de la Tesorería General, además de
señalar correcciones concretas, planteó, como única solución viable para
mejorar la gestión del sistema, la necesidad de contar con un espacio
suficiente. Este incremento de espacio para ambas entidades podía
llevarse a cabo mediante dos opciones: desalojar las viviendas y locales
ocupados y plantear la reforma integral del edificio o adquirir un local
o edificio.
Respecto a la primera opción --desalojo de viviendas y locales--, además
de las obligadas indemnizaciones establecidas en la Ley de Arrendamientos
Urbanos, existía el inconveniente de la amplitud en el tiempo de su
tramitación debido a los plazos y condicionantes marcados en la propia
ley, dado que el acuerdo directo con los inquilinos se había mostrado
inviable. Todo ello sin contar con que, aun con el espacio obtenido con
el desalojo, éste sería totalmente insuficiente y tampoco permitiría una
buena gestión a ambas entidades a corto plazo.
Respecto a la otra opción, señoría --compra de un solar o edificio por la
Dirección Provincial del INSS en Granada--,
y como trámite previo, se realizó un estudio, con la colaboración del
arquitecto superior don José Antonio Sancho Crecente, para conocer las
posibilidades del mercado inmobiliario y una estimación del coste de la
inversión. Desde un primer momento se constató la dificultad de encontrar
un solar o un inmueble que garantizase la edificación de, al menos, 6.500
metros cuadrados, por la especial configuración de la ciudad de Granada.
De modo meramente enunciativo, cabe reseñar las consultas realizadas con
las siguientes empresas: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, que facilitó diversas ofertas. La viabilidad de algunas se
desestimó debido a que unas estaban pendientes de la aprobación por la
oficina municipal de urbanismo de un plan parcial y otras, por su mala
localización. Pronsur, S. A., facilitó también dos propuestas sobre un
edificio en construcción que, tras los oportunos estudios, se
desestimaron, dado que hubiera sido necesario adaptarse a una estructura
ya existente, con elevados costes.
Durante el referido estudio de las posibilidades de actuación, se entró
en contacto también con la excelentísima Diputación de Granada, que ya
estaba construyendo, mediante gestión directa a través de su empresa
provincial Visogsa, un complejo administrativo para diferentes
organismos, entre los que se encontraban la Dirección Provincial del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo. La referida empresa presentó cinco estudios
previos, relativos a los siguientes terrenos: Paseo de Ronda, transversal
de carretera de Armilla, carretera de Jaén, polígono 21, planes parciales
P-18, P-19 y P-23, y terrenos en la autopista de Badajoz.
Debo aclarar, señorías, que Viviendas Sociales de Granada, Visogsa, es
una sociedad privada provincial, bajo la forma de sociedad anónima
mercantil, según reza el artículo 1.o de sus estatutos. Sus
características singulares, de acuerdo con lo establecido en sus
estatutos, son las siguientes: Todo el capital social está suscrito y
desembolsado por la excelentísima Diputación de Granada. La junta general
de la sociedad está constituida por la corporación en pleno de la
Diputación. El presidente del consejo de administración es el de la
Diputación, y los consejeros responden frente a la sociedad y a la
excelentísima Diputación. El objeto social de Visogsa es la promoción,
construcción y rehabilitación en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma andaluza de un suelo edificable y equipamiento comunitario de
edificios, y dentro de sus actividades incluye, entre otras, el colaborar
de la forma más amplia con entidades públicas en la promoción,
construcción o rehabilitación de suelo, edificios o viviendas. Esto es lo
que dice exactamente el artículo 2.o de sus estatutos.
Señorías, las ventajas de esta opción sobre las restantes eran, de forma
resumida, las siguientes. La excelentísima Diputación de Granada,
actuando mediante gestión directa a través de su empresa provincial
Visogsa, podía realizar todas las actividades que van desde la
calificación del suelo, la elaboración del proyecto según las necesidades
del INSS, la obtención de licencias, la ejecución y legalización de la
obra, hasta la entrega de las llaves. De este modo, los plazos temporales
se reducían en gran manera al evitar las tres fases, la de adquirir
primero el solar, después la contratación de la redacción del proyecto y,
por último, la licitación de las obras. Había una simplificación de
trámites manifiesta. Además, en el convenio de colaboración se fijó una
serie de condiciones, que garantizaron la correcta ejecución de la
construcción del edificio, tales como el aval solidario, los exámenes de
control de calidad o las cláusulas penales en el supuesto de retraso en
la entrega, entre otras. Me remito, señorías, al contenido del propio
convenio de cooperación. Asimismo, hay que reseñar que la mencionada
empresa provincial cuenta con una solvencia y competencia contrastadas,
como lo demostraba el hecho de haber construido a plena satisfacción --a
ello ya me he referido anteriormente--, mediante convenio de
colaboración, edificios para diferentes organismos públicos, como son la
sede de la Diputación Provincial de Granada, los juzgados del Ministerio
de Justicia, la sede de Telefónica y la sede de la Dirección Provincial
del Ministerio de Trabajo y del Inem.
Resumidamente, las actuaciones administrativas llevadas a cabo a partir
de la elección de esta opción, entre las dos posibles que he analizado,
fueron las siguientes. Una vez constatada la necesidad de adquisición de
un nuevo local, el INSS, con fecha 9 de septiembre de 1991, se dirige a
la Tesorería General de la Seguridad Social solicitando información
acerca de la existencia en el patrimonio de la Seguridad Social de un
solar que permitiese ubicar la futura sede provincial. El 19 de
septiembre de ese mismo año, la Tesorería General de la Seguridad Social
responde que no existe un local que reúna las características solicitadas
e informa favorablemente la tramitación del expediente de adquisición por
parte del INSS. Son, señorías, trámites obligados en este tipo de
operaciones de gestión.
Se redacta un primer borrador de convenio de cooperación basado en la
experiencia referida del Inem, con los informes preceptivos de las
asesorías jurídicas de la Tesorería General y del INSS. Se inicia el
expediente administrativo, con fecha 16 de noviembre de 1992. Se
fiscaliza de conformidad por la Intervención General de la Seguridad
Social el gasto, el 30 de noviembre de 1992. Se recibe informe favorable
de la Subdirección General de Patrimonio y de Obras del propio
Ministerio, el 9 de diciembre de 1992, y, por fin, con fecha 10 de
diciembre de 1992, este Subsecretario que les habla firma la preceptiva
autorización ministerial, de conformidad con lo señalado en el artículo
13.1 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988,
de 23 de diciembre, que facultaba al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para autorizar la adquisición directa, a título oneroso, de bienes
inmuebles de la Seguridad Social, en atención a las peculiaridades de la
necesidad de satisfacer o a la urgencia de la adquisición a efectuar,
competencia que fue delegada por el titular del departamento, tal y como
he dicho al principio, en el propio Subsecretario, según la Orden de 16
de noviembre de 1992.
Con fecha 11 de diciembre de 1992, se dicta resolución de la Dirección
General del INSS aprobando el expediente iniciado para la firma de un
convenio de cooperación entre la excelentísima Diputación de Granada,
mediante gestión directa a través de la empresa provincial Visogsa, el
INSS y la propia Tesorería, autorizando un gasto total de 1.619 millones
de pesetas. Con fecha 14 de diciembre de 1992, se traslada el expediente
administrativo a la Tesorería para la firma del convenio, y con fecha 17
de diciembre, es firmado el convenio entre el Director General de la
Tesorería, el Director General del INSS y el Presidente de la Diputación
Provincial de Granada, que lo era, a su vez, de la empresa provincial
Viviendas Sociales de Granada (Visogsa). Finalmente, con fecha 17 de
diciembre de 1994, se firmó el acta de recepción provisional del edificio
construido.
En cuanto a los contenidos del convenio de cooperación, me voy a ahorrar
entrar en explicaciones. Simplemente, quiero resaltar, en lo que se
refiere a la forma de pago, que de los 1.619 millones de pesetas, en los
que además del valor del solar están incluidos todos los gastos, hasta la
modalidad de llave en mano, sin revisión de precios, se acordó pagar en
tres plazos: 200 millones en 1992, 700 millones en 1993 y 719 millones en
1994, con un plazo de entrega a 31 de diciembre de 1994, y como hemos
visto en el acta de recepción, que se firmó el 17 de diciembre de 1994,
se cumplió el compromiso de entrega de forma escrupulosa.
Señorías, a la vista de esta información, me permito extraer las
siguientes conclusiones. En primer lugar, la decisión del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de adquirir una nueva sede en Granada
parte de las malas condiciones del edificio donde se encontraba ubicado,
realizándose un expediente administrativo previo y completo. En segundo
lugar, la adquisición de un edificio construido con la modalidad llave en
mano fue consecuencia de un convenio de cooperación suscrito, como hemos
visto, el 17 de diciembre de 1992, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 70 del texto refundido de la Ley de Régimen Local, en relación
con los artículos 95.1 y 103.1 del mismo texto refundido, en concordancia
también con lo preceptuado en el artículo 2, apartado 4, de la entonces
vigente Ley de Contratos del Estado. Es decir, señorías, se actuó con
sujeción a la más estricta legalidad. En tercer lugar, el coste del
edificio no es de 600 millones de pesetas, como se ha afirmado en algún
medio de comunicación, ya que, al coste de ejecución material de una
obra, hay que añadir los honorarios de redacción de proyectos y dirección
de obra, el estudio geotécnico del terreno, las licencias de obras
nuevas, la legalización de instalaciones, construcción, los gastos
notariales y cuantos impuestos, tasas y gravámenes puedan afectar a la
adquisición y, de forma expresa, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En
consecuencia, señorías, el proyecto terminado puede rondar los 1.000
millones de pesetas, sin contemplar la repercusión del valor del suelo.
Al fijarse el precio de adquisición del edificio para su inmediata
ocupación, modalidad de entrega de llave en mano, se han tenido en cuenta
las condiciones existentes en el mercado, como se deduce de la oferta
recibida por Pronsur, y el resto de las condiciones económicas que
suponían indemnizar a los actuales inquilinos y la reforma integral del
edificio entre las otras opciones de las que se disponía. Debemos
recordar que nos encontramos en 1992, año del V Centenario, con un
elevado coste de los terrenos y con una fortísima demanda en la
construcción. Por tanto, señorías, se optó por la solución más operativa
a corto plazo y la de menor coste posible.
Las mejoras conseguidas en la ejecución de la obra, sin coste adicional
para el Instituto Nacional de la Seguridad Social y sí para Visogsa,
fueron, entre otras, las siguientes: la sustitución de la cubierta no
transitable del edificio por una cubierta transitable y el suministro e
instalación de la marquesina metálica del aparcamiento de superficie.
Si el Presidente me permite, para concluir, diría que si tenemos en
cuenta que el precio total del edificio, sin contemplar el IVA, ha sido
de 1.408 millones de pesetas y que la superficie total del inmueble es de
6.807 metros cuadrados, resulta que el valor del metro cuadrado
construido viene a ser de 206.820 pesetas, normal, tirando más bien a
bajo, considerando que en dicho precio se incluye la repercusión del
solar, los honorarios de redacción del proyecto, la dirección de obra y
estudio de seguridad, estudios previos del terreno, equipamiento,
mobiliario, etcétera. Por otro lado, del análisis del proyecto resulta
que el importe solamente de la ejecución material del edificio fue de 945
millones, excluido otro tipo de gastos, como son mantenimiento integral,
mobiliario, teléfono, informática, urbanización de calles perimetrales,
precio del solar y gastos financieros. Hablo aquí estrictamente de lo que
es la construcción del edificio. Todo lo anterior quiere decir que el
precio del metro cuadrado construido ha sido de 138.000 pesetas, inferior
al que tendría en el mercado un edificio de similares características y
calidades, no hablemos ya de un edificio singular como el que
expresamente se construyó para la sede del INSS.
Finalmente, conviene tener en cuenta que el precio total fue fijado en el
año 1992 y el edificio se entregó en diciembre de 1994, por lo que la
empresa Visogsa tuvo que absorber, de acuerdo por supuesto con el
contenido del convenio firmado, las desviaciones que en todos los
proyectos de obra de esta categoría se producen, así como las revisiones
de precios y los excesos de medición.
Señorías, creo que los datos aportados son más que suficientes para dar
por cumplimentada la información que se ha solicitado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo demandante de la comparecencia, Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Subsecretario, yo comprendo que este
asunto es ciertamente delicado, que usted firmó esa Orden Ministerial
sobre la base de esa delegación de atribuciones que tiene y que quizá no
siguió muy de cerca todo el trámite de la contratación de esta obra, y
tengo que decir que algunos de los datos que usted ha aportado aquí nos
constaban de antemano. Sin embargo, yo voy a dar la versión de los hechos
que nos han llegado en relación con el edificio conocido como de la Perra
Gorda en Granada, que tenía una capacidad de superficie de 11.000 metros
cuadrados, en relación con el cual hacía ya un largo tiempo que la
Seguridad Social venía indemnizando a inquilinos para que abandonaran ese
edificio y poderlo recuperar y en el que se ubicó tanto la Dirección
Provincial del INSS como la de la Tesorería, en tanto en cuanto el
director provincial lo fue de las dos entidades y servicio común
respectivo de la Seguridad Social, hasta que se produjo el desdoblamiento
y el nombramiento de cada una de las direcciones provinciales.
A nuestro modo de ver, si había que hacer un edificio nuevo de 6.000
metros cuadrados, bien se hubiera podido seguir con la misma política,
igual que parece que ahora se va a hacer la remodelación de ese edificio
que ocupa una manzana de 11.000 metros cuadrados, lo cual hubiera
supuesto un ahorro importante para llevar a cabo los concursos de obras
respectivos, porque en definitiva la dirección provincial del INSS que se
ha adquirido tiene unos 500 metros más, si partimos más o menos por la
mitad, de lo que hubiera correspondido a cada una de las dos direcciones
provinciales. Pero es que además, señor Subsecretario, en la provincia de
Granada se han comprado muchísimos más inmuebles: hay nueve agencias del
INSS, que según nuestras informaciones sirven para informar a los
pensionistas y para que éstos presenten su solicitud de pensión de
jubilación o de invalidez, cuando en este momento la Seguridad Social se
ha informatizado de tal forma que con unos monitores terminales esos
jubilados podrán tener esa misma información y no hubiera hecho falta
quizá, adquirir esos nueve locales para información a pensionistas, lo
que para la provincia de Granada no está nada mal.
Tengo que decir además que para la ubicación de una unidad de recaudación
ejecutiva y administración de la Seguridad Social dependiente de la
Tesorería de la Seguridad Social, en Motril, la adquisición sólo de
locales, sin tener en cuenta luego los concursos de obras, supone una
inversión de 123 millones en una localidad como Motril. Me parece que en
realidad la Seguridad social ha venido comprando a precios carísimos. He
pedido información de las adquisiciones de todos los locales y los
concursos de obras realizados para esos locales de los años 1989 a 1993.
Debo tener aproximadamente un tercio de los datos, que voy a solicitar
que se me amplíen por los períodos anteriores, y estoy ya en la cifra de
gasto de 55.000 millones para llevar a cabo la adquisición de todos esos
locales, que sí acercan la Administración al administrado, pero quizás
habría que tener en cuenta lo que respondió el Secretario de la Seguridad
de la Seguridad Social en esta Comisión en una de sus comparecencias,
cuando dijo que todas esas adquisiciones habían venido a costar alrededor
de 6.000 millones de pesetas.
Siguiendo con los locales adquiridos en Granada, la Tesorería ha comprado
a su vez ocho locales más. El Ministerio de Trabajo ha sido uno de los
Ministerios que más dinero ha gastado en adquisiciones inmobiliarias, y
creo que hubiera sido importantísimo, si se hubiera llevado otra política
de mayor racionalización en cuanto a la adquisición de esos inmuebles,
haber podido constituir, tal como se ha establecido ahora, por consenso
entre todas las fuerzas políticas, un fondo de reserva para paliar
posibles desajustes para el pago de pensiones en momentos difíciles de
tesorería. Esa no ha sido la política de la Seguridad Social.
Pero siguiendo con la dirección provincial de Granada y lo que nos trae
aquí, que ha salido en prensa local, que ha sido denunciado por 176
funcionarios, que ha suscitado ya gran polémica, tenemos que decir que,
si bien aceptamos que el convenio de cooperación celebrado entre la
Tesorería de la Seguridad Social y el INSS y la Diputación de Granada y
la empresa, esa de naturaleza privada y de carácter mercantil con capital
público que preside también el Presidente de la Diputación de Granada,
Visogsa, si bien decimos que el contrato está previsto en la Ley de
Contratos del Estado, lo que es evidente que no lo está es que en el
momento de adjudicarse el concurso de obras a Fomento de Obras y
Construcciones haya sido ya vendido ese local por una diferencia de 937
millones de pesetas al INSS y a la Tesorería.
Yo tengo el expediente de Visogsa, señor Subsecretario, y tengo aquí las
cantidades en cuanto a la contratación y al concurso que hizo Visogsa
para llevar a cabo esa obra, y las dos ofertas son de 558.746.552
pesetas, una y la más alta, con poca diferencia, de 579.629.930. La
diferencia, por muchas tasas que haya, honorarios de arquitectos,
redactores del plan, directores del plan, el valor añadido, los valores
catastrales..., es evidente que no puede subir los 937.622.791 pesetas
que arroja la diferencia. Si Visogsa puede contratar un concurso de obras
de un edificio que tiene sólo tres plantas en el superior del suelo y dos
sótanos por casi 600 millones de pesetas, es evidente que la Tesorería no
lo puede adquirir, en ese mismo momento en que se inicia la obra y se
hace la recepción del concurso, por una diferencia de casi 1.000 millones
de pesetas; no cabe absolutamente en ninguna cabeza que todos esos
impuestos puedan alcanzar semejante cifra. Pero es que la alarma en
Granada se ha suscitado por los propios funcionarios de la Seguridad
Social, que lo han denunciado en la prensa local, en «Ideal», y lo han
firmado un gran número de esos funcionarios.
A mí me preocupa de verdad el propio prestigio de la Seguridad Social,
que mueve muchísimo dinero, los presupuestos de la Seguridad Social están
en este momento rondando los 11 billones de pesetas, y creo que, después
de la demagogia que se ha hecho por parte del Gobierno con el tema de las
pensiones, al haber gastado tantísimo dinero en inversiones inmobiliarias
hace que proceda un esclarecimiento de los hechos, y usted debería ser el
primero que llevara a cabo esa investigación que nos aportara luz a este
tema y que nos ilustrara un poco más a fondo sobre el porqué de esa
diferencia, y sobre dónde ha ido a para esa cantidad de casi 1.000
millones de pesetas, lo cual nos parece un poco escandaloso.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra el señor
Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Intervengo, señor Presidente, para decirle
que estoy absolutamente desorientado.
El señor Subsecretario ha hecho una exposición sobre la compra de un
local de Granada, con todos los detalles técnicos posibles: parecía que
el tema estaba perfectamente orientado y que la adquisición era correcta,
y la señora Montseny nos plantea una serie de dudas que yo espero que
ahora se clarifiquen, porque de lo contrario el no control de la
inversión inmobiliaria de la Seguridad Social, cuyo presupuesto,
efectivamente, es escaso y debe ser utilizado con exquisito cuidado sería
una irresponsabilidad. Nos agradaría que en todo caso nos centráramos en
el local de Granada, porque si hablamos de toda Andalucía, de Motril y de
otros locales, nos vamos a perder, y quizás deberíamos concentrarnos en
el local de Granada, que era el que estaba en el orden del día.
Lo que a mí me interesaría sería que de esta comparecencia no quedase la
sombra de que todo se hace mal y se invierte mal y descontroladamente, en
un capítulo tan importante como es el de la Seguridad Social, sobre la
que, como SS. SS. saben, estamos preocupados todos por saber cómo dotarla
de recursos para que atienda a su verdadero fin, que es la calidad de
vida de sus protegidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Yo tengo que decir que celebro una vez más
coincidir plenamente con la intervención del Diputado del Grupo Catalán
(Convergéncia i Unió) señor Hinojosa, en el sentido de que nos gustaría,
primero, que nos centráramos en un tema concreto, que es el edificio de
Granada, sin perjuicio de que podamos hablar en general de la política de
adquisiciones inmobiliarias que lleva a cabo la Tesorería General de la
Seguridad Social o incluso el propio Ministerio de Trabajo en su
conjunto, centrémonos en este tema y veamos si en este tema concreto se
producen esas imputaciones o esa dudas que manifiesta la representante
del Grupo Popular y que en la intervención inicial del Subsecretario no
parecían corresponderse con datos reales.
El subsecretario decía que una cosa era el coste de la obra, y quizás ésa
es la cifra que barajaba la representante del Grupo Popular, y habría que
añadir a esa cifra toda otra serie de conceptos que podrían justificar
total o parcialmente en este sentido --nos gustarían unas explicaciones
más detalladas-- esas diferencias hasta el precio total de esa
adquisición llevada acabo por el Ministerio. Yo imagino --no se ha hecho
referencia a ello-- que ha debido de haber algún porcentaje de beneficio
por parte de las sociedades mercantiles que han intervenido en esa
operación. En una sociedad como la que tenemos, el porcentaje de
beneficio forma parte de la lógica de la economía, siempre que sea
relativamente razonable. A lo mejor tendríamos que pensar si no sería
mejor que ese tipo de proyectos los llevara a cabo directamente la
Administración, y la Administración se quedara directamente con ese
porcentaje de beneficio, en lugar de ir a todo tipo de empresas que
actúan de manera interpuesta o actúan en los distintos tramos del
proyecto.
En definitiva, nos gustaría --parece que el Subsecretario tiene datos
exactos-- conocer el destino exacto de la diferencia entre lo que es el
coste estricto de la obra y el coste total de esa adquisición que se
llevó a cabo por la Tesorería.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: En primer lugar, deseo agradecer la comparecencia del
señor Subsecretario, así como las explicaciones, que creo que son claras,
concretas y demuestran que toda la gestión llevada a cabo en el proceso
de adquisición del edificio para sede de los servicios provinciales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social no sólo ha sido ajustada a los
criterios de legalidad sino también a los criterios de economía y de
eficacia.
Esta comparecencia, como otras muchas que se producen, viene ocasionada
por la costumbre de creer permanentemente que todo aquello que aparece en
la prensa suele ser realidad. Parece algo absurdo inicialmente pensar que
en una operación con un coste final de 1.600 millones de pesetas puede
haber un error o una mala gestión de cerca de 1.000 millones de pesetas.
Intentar que un edificio de oficinas de 6.000 metros cuadrados, llave en
mano, con unas prestaciones de primerísima calidad, con niveles técnicos
de los más avanzados, pueda --según la intervención de la portavoz del
Grupo Popular-- costar exclusivamente 579 millones de pesetas supondría
que el metro cuadrado de construcción saldría a unas 100.000 pesetas. En
aquel momento, una ciudad como Valencia tenía niveles de venta de
edificios de oficinas superiores a las 300.000 pesetas. La gestión se
inicia en un momento en nuestro país en que la Expo-92 está en desarrollo
y se produce el «boom» de la construcción, y los niveles presupuestarios
para cualquier tipo de operación de estas características eran
importantes. A partir de ahí se produce un parón en el nivel de
construcción, con importantes bajas en esos presupuestos, que llevan a
alcanzar un precio, como ha dicho el señor Subsecretario, de 206.000
pesetas metro cuadrado en un edificio, llave en mano, que tiene todo
instalado. Cuando se habla de 579 millones se refiere exclusivamente a lo
que es la edificación, sin la dotación de los medios técnicos, de
mobiliario, de cableado, de todo tipo de acondicionamiento climático, de
todas las necesidades con las que debe contar un edificio para una
gestión moderna.
Podría decir que el famoso escrito de los funcionarios fue analizado por
los representantes provinciales de los sindicatos con la empresa Visogsa.
Esta empresa se reunió con las direcciones provinciales de los
sindicatos, dio toda la explicación sobre cómo se había producido el
proceso de gestión, y los sindicatos se dieron no sólo por satisfechos,
sino que felicitaron por el proceso de gestión.
Puedo decirle que sólo para la elaboración del proyecto se hizo un
concurso público, al que optaron seis equipos de los más prestigiosos de
la provincia, equipos que han construido el Palacio de Congresos de
Granada, uno de los más modernos de nuestro país; el edificio múltiple en
el que residen las oficinas del Inem, Telefónica, etcétera, que tiene
un alto nivel de cualificación; edificios como la Ciudad de la Ciencia,
de Granada, que son edificios singulares y de un alto nivel de diseño y
de aplicación a sus finalidades. Por tanto, se ha llevado a cabo un
proceso no sólo de alta calidad sino además de cuidada gestión. Varias
empresas han sido consultadas, no sólo Pronsur, señor subsecretario, sino
que uno de los principales promotores del país, que tiene su sede en
Granada --no voy a decir su nombre aquí-- también hizo ofertas de
edificios singulares y no pudo seguir adelante, ante la oferta que
Visogsa presentó.
Tengo que decir, además, que hay una contradicción enorme entre lo que ha
planteado la portavoz del Grupo Popular y la actuación de este mismo
Grupo en la provincia de Granada. La empresa Visogsa, enteramente de
capital de la Diputación de Granada, tiene como junta general de
accionistas el pleno de la Diputación, y el 5 de junio de 1992, la junta
general aprobó por unanimidad, en el pleno de la Diputación, en el que
están presentes los grupos del PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular,
el presupuesto y programa de actuación del ejercicio de 1992, durante el
cual se hicieron las gestiones para la adjudicación y puesta en marcha de
este edificio. En él se incluía, por supuesto, el equipamiento
administrativo con la Tesorería de la Seguridad Social y del INSS. Esto
fue aprobado por unanimidad, como he dicho, con los votos a favor del
Grupo Popular. La junta general de accionistas del año siguiente (junio
de 1993) aprobó también el presupuesto del ejercicio, sin que ningún
partido político votara en contra.
Por tanto, con una gestión que ha sido revisada a niveles sindicales y
aprobada por los partidos políticos que forman parte de la junta general
y del consejo de administración de Visogsa, y que ha sido un éxito desde
el punto de vista de la ejecución en plazos convenidos, con la entrega
del edificio llave en mano, de tal forma que hasta el traslado del
material de la sede antigua a la nueva ha sido hecho con cargo al
presupuesto acordado, y el INSS sólo tuvo que cerrar la parte antigua y
entrar a trabajar el lunes siguiente en la parte nueva, teniendo cada
funcionario su mesa, sus papeles en su sitio, sus medios adecuados,
dotado de los medios más modernos, no se puede plantear que su costo sea
de 579 millones de pesetas.
No voy a entrar en la serie de detalles de lo que supone una operación
llave en mano, pero sí en alguno de los avances que se han incluido en el
acuerdo y que suponen una muestra de cómo la gestión que ha llevado a
cabo el Ministerio es adecuada. Por ejemplo, a cargo de Visogsa corre el
contrato de mantenimiento por un año del edificio; la contratación de un
seguro decenal de responsabilidad civil, que en el anteproyecto de ley de
edificación que se está discutiendo se incluye como una garantía para los
usuarios y que, no siendo obligatorio, va en el precio del coste. Si ha
habido algún tipo de beneficio, no ha sido nada más que por la eficacia
en la gestión de todo el proyecto.
Un elemento de ahorro, por ejemplo, que ha habido en este proceso y que
ha supuesto un beneficio indudable para la empresa que hay que dejar
claro que no va a bolsillos particulares, sino a engrosar las
posibilidades económicas de esta empresa, que se dedica a la construcción
fundamentalmente de viviendas sociales, ha sido precisamente la seriedad
en el pago que ha tenido el Instituto. Los compromisos de pago han sido
cumplidos en las fechas acordadas. En otros casos, la Administración no
ha sido tan eficaz, y cualquier empresa que contrata con la
Administración siempre incluye unos gastos financieros que en este caso
no se han producido por la seriedad en la ejecución de esos plazos.
Por tanto, yo diría, señor Presidente, que no sólo hay que leer los
periódicos, quizá hay que consultar con los propios compañeros en la
provincia y habría que evitar que actuaciones de las que se puede sentir
orgulloso el Instituto puedan tener alguna nube de duda.
Por último y por contestar a la señora portavoz...
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz Sol, este trámite no es para contestar a
la señora Montseny.
El señor DIAZ SOL: Lleva usted razón, era simplemente para decir que me
imagino que los habitantes de Motril estarán muy contentos por el
comentario que hemos oído aquí, en el sentido de que parece que son poco
dignos de que haya inversiones importantes y eficaces en esa localidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): Aquí parece que, más que hablar en concreto del
problema, si es que existe, o de las dudas que pueda haber suscitado la
adquisición, llave en mano, del edificio singular del INSS de Granada, lo
que plantea el Grupo Popular es un debate general sobre la política de
inversiones de la Tesorería de la Seguridad Social. Creo que no ha lugar
a ello, creo que la Seguridad Social, en todo caso, pasando muy de
hurtadillas y a toda velocidad sobre este asunto, ha hecho un esfuerzo
importante durante estos años por acercar sus oficinas y su gestión a los
propios beneficiarios, a los ciudadanos, lo que se ha traducido en una
serie de inversiones importantísimas en agencias, tanto del INSS como de
la Tesorería y administraciones de la Seguridad Social, y a los
resultados me remito. Creo que esa política hay que juzgarla, como a
todas las políticas, por sus resultados. Son resultados con una mejora
evidente que la señora Diputada del Grupo Popular no pondrá en cuestión,
porque conoce bien cuál es la gestión de la Seguridad Social en materia
de acercamiento a los ciudadanos, de acortamiento de plazos de
resolución. Insisto, eso es lo importante.
Hechas estas reflexiones de carácter general, creo que efectivamente aquí
se ha citado el caso de adquisición de oficinas en localidades muy
concretas. Posiblemente, no solamente los ciudadanos de Motril sino otros
muchos vecinos de algunos de los pueblos de la provincia de Granada o de
la propia ciudad de Granada, donde se encuentran ubicadas estas agencias,
no se sentirían muy contentos con la intervención de la señora Diputada
del Grupo Popular. No sé por qué Motril o cualquier otra ciudad de
Granada no va a tener derecho a que se instale, en función del volumen de
gestión, una oficina para mejorar y acercarse a los vecinos en esa
gestión.
Centrándonos ya en el tema concreto que nos ocupa, creo que aquí se está
utilizando excesivamente, y me va a perdonar S. S., la información
recibida a través de un medio de comunicación. Ese medio de comunicación
publica precisamente su artículo, si mal no recuerdo, en vísperas
electorales. Creo que fue el artículo del diario ABC, que apareció el 30
de mayo de 1995, dos días después de las elecciones, pero coincidiendo
con ellas. Me parece que se había publicado otro artículo con
anterioridad; en todo caso, el que yo tengo aquí es del 30 de mayo. Es
decir, aquí hay muchas coincidencias y, desde luego, no creo que podamos
atender con rigor, para hacer una valoración y un análisis de este
asunto, a las informaciones de un periódico. Tenemos que operar con más
información y rigor.
Aquí se hacen unas cuentas sobre el coste de ejecución de la obra que a
mí no me salen, no son aquellas a las que me he referido. Ya el Diputado
del Grupo Socialista se ha referido al detalle de esas otras cuestiones
que hay que añadir a lo que es estrictamente el proyecto de ejecución de
obras, además del seguro de responsabilidad civil, algunas obras
extraordinarias, derechos de acometida, urbanización de calles
perimetrales, con un coste, según los datos que yo manejo, en torno a los
40 millones de pesetas; el cableado de datos, 18 millones; el
equipamiento, 15 millones; mantenimiento integral, otros 11 millones. Es
decir, con las cuentas que nos salen a nosotros, estamos próximos, en lo
que es la ejecución de la obra sin repercusión de solar, a los 1.000
millones de pesetas, desde luego por encima de los 900 millones. A eso,
insisto, hay que añadir la repercusión del solar, que desde luego es
importante en este caso y podría superar los 100 millones de pesetas.
Sobre los costes de financiación, piense S. S. que, a la hora de firmar
el convenio de cooperación --lo he dicho antes también-- en una
financiación a tres años, la empresa Visogsa tiene que hacer sus cálculos
en cuanto al coste que le va a suponer esa financiación.
En resumidas cuentas, me remito sobre este particular a la información
que he dado al principio. Estamos hablando, sin repercusión de solar, de
un coste de ejecución, con todos estos detalles añadidos, en torno a los
1.000 millones de pesetas. La repercusión del solar está en torno a los
120 millones de pesetas. A eso habría que añadir el Impuesto del Valor
Añadido, y la diferencia sería el beneficio que pudo obtener al empresa
Visogsa. Sin embargo, como ha dicho el representante del Grupo
Socialista, Visogsa no es una empresa cualquiera. Los beneficios que
genera Visogsa habrían de tener una repercusión inmediata en otro tipo de
actuaciones que, como tal empresa de la Diputación, podría realizar en
Granada.
Desde luego, insisto, las ventajas para la Seguridad Social fueron
manifiestas. El edificio de la Perra Gorda, de Gran Vía de Colón, creo
que lo sabe S. S., no reunía las condiciones, por la situación a la que
me he referido, para dejar allí a la Dirección Provincial de la Tesorería
del INSS, con todos los problemas añadidos de vecinos y demás, que
también he enunciado.
En resumidas cuentas, me ratifico en la última de las conclusiones.
Estamos hablando de un coste en torno a 1.408 millones de pesetas,
excluido el IVA. Si bien quiero recordar que el tipo vigente entonces era
del 13, me parece que al final se liquidó el 15 por ciento porque había
habido una variación en el tipo del IVA, con una superficie total
construida de 6.807 metros cuadrados, con un coste de 206.820 pesetas
metro cuadrado. Insisto que no nos parece que fuera excesivo en aquel
momento, teniendo en cuenta la situación del mercado y los precios
existentes en otras ciudades españolas, a lo que también se ha referido
el representante del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, damos por concluida su
comparecencia. (El señor Aparicio Pérez pide la palabra.)
¿Señor Aparicio?
El señor APARICIO PEREZ: Conociendo la excepcionalidad de la
circunstancia, evidentemente no sólo ha habido contradicciones respecto a
la intervención y claras contradicciones respecto a lo expuesto, sino que
se ha podido poner en entredicho la actuación de terceras personas, en
este caso de instituciones o de grupos dentro de las instituciones, en
Granada, motivo por el cual solicitamos un brevísimo turno para precisar
estos extremos.
El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio, no es usual en esta Comisión que se
tenga ese turno. Por lo tanto, no voy a alterar el criterio que he
mantenido a lo largo de toda la legislatura.
El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, tampoco es frecuente que el
interviniente o compareciente ponga en boca de algún anterior
interviniente, en este caso Diputado, palabras que no ha pronunciado.
El señor PRESIDENTE: No lo entiendo así yo, señor Aparicio, y como no lo
entiendo así, no voy a dar paso a un trámite que en esta Comisión nunca
ha tenido lugar.
El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, ruego conste en acta la
protesta formal de nuestro Grupo ante, insisto, afirmaciones que no han
sido formuladas por el Diputado, en este caso por la Diputada
interviniente, y que no ha habido ocasión de poder precisar en sus
términos.
El señor PRESIDENTE: En acta constará, señor Aparicio.
Muchas gracias, señor Subsecretario.
DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CURSAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA QUE NO SE EFECTUEN RETENCIONES A CUENTA DEL
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) SOBRE LAS CANTIDADES
ABONADAS POR INVALIDEZ PERMANENTE EN GRADO DE INCAPACIDAD PARCIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente
161/000378.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día, señorías, debate y
votación de proposiciones no de ley.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a cursar las
instrucciones oportunas a la Seguridad Social para que no se efectúen
retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
sobre las cantidades abonadas por invalidez permanente en grado de
incapacidad parcial, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, conocen ustedes perfectamente que la
Ley 18/1991, de 6 de junio, Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el apartado e) del artículo 9.º declara exentas las
indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas en la cuantía
legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones derivadas de
contratos de seguro por idéntico tipo de daño hasta 25 millones de
pesetas. Esto dice el apartado e) del artículo 9.º de la ley del IRPF.
En la redacción original de esa Ley del año 1991 existía un apartado b)
que declaraba exentas, asimismo, las prestaciones de la Seguridad Social
o de las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad
permanente. Existía una cierta coherencia, por tanto, entre estas dos
previsiones normativas: las cantidades que se pagaban por daños físicos o
psíquicos por aseguradoras hasta una cantidad de 25 millones de pesetas
estaban exentas; y las prestaciones por invalidez permanente, en
definitiva, como consecuencia de unos daños físicos o psíquicos pagados
por la Seguridad Social estaban también exentas. Por tanto, existía una
coherencia en todo el articulado, en todo el contenido del artículo 9.º
de la Ley de 1991 sobre el IRPF.
Posteriormente, la Ley de Presupuestos del Estado para el año 1994
modifica el citado apartado b) del artículo 9.º, que hace referencia a
las prestaciones de la Seguridad Social. A partir de ese momento, a
partir de esa redacción, dejan de estar exentas todas las prestaciones
por invalidez permanente y pasan a quedar sólo exentas las prestaciones
por incapacidad absoluta, pero las restantes prestaciones quedan sujetas
al IRPF.
Nos encontramos aquí, señorías, con una evidente contradicción:
cantidades que paga la Seguridad Social como consecuencia de unos daños
físicos o psíquicos están sujetas al IRPF; cantidades que pagan
aseguradoras privadas hasta 25 millones de pesetas están exentas del
IRPF.
Esta es una situación poco justificable, máxime, señorías, cuando conocen
ustedes perfectamente que las cantidades que paga la Seguridad Social
como consecuencia de unos daños físicos o psíquicos, en concreto en los
supuestos de incapacidad parcial, alcanzan un total de dos anualidades de
la base reguladora o del salario del trabajador. En ningún caso y como
consecuencia de la existencia de unos topes máximos de cotización, ni de
lejos, las cantidades que paga la Seguridad Social se acercan a esa cifra
de 25 millones de pesetas que pueden pagar las aseguradoras privadas.
Siendo así, señorías, no se justifica que esas cantidades que
precisamente paga la Seguridad Social estén sujetas al Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas y que las cantidades que pagan las
aseguradoras privadas estén exentas.
Esta es una situación que entendemos --y quisiéramos contar con el
asentimiento de SS. SS.-- no es de recibo. No parece lógica esta
discriminación, lógica desde el punto de vista de comparación. Tendríamos
que recurrir a grandes razonamientos jurídicos acerca de si la
naturaleza, si no sé qué y no sé cuántos, pero al final quedaría la
evidencia, señorías, de que unos daños físicos o psíquicos son
indemnizados por la Seguridad Social con unas cantidades bajas, sujetas
al IRPF, y que esos mismos daños físicos o psíquicos pueden ser
indemnizados por unas aseguradoras privadas con cantidades notablemente
más altas y estar exentas del IRPF.
Esta situación, señorías, nos parece que no es sostenible, porque entraña
una discriminación, un distinto trato fiscal, ajeno a la naturaleza
jurídica que puedan tener unas cantidades u otras aquí. Lo que discutimos
es el tratamiento que desde el punto de vista fiscal el Estado da a unas
cantidades y a otras, y es claro que el tratamiento fiscal es
absolutamente distinto: las cantidades que paga la Seguridad Social,
sujetas al IRPF; las cantidades que pagan las aseguradoras privadas,
exentas.
Por tanto, nos parece que existe una discriminación que no debe
mantenerse, y además nos parece, señorías, que existe una discriminación
que opera en perjuicio de la Seguridad Social, porque, en definitiva, se
está incentivando a las aseguradoras privadas, que no sólo pueden pagar
cantidades más altas, sino que además esas cantidades más altas están
exentas de pagar IRPF.
Esta situación, señorías, y quisiéramos, insisto, contar con el apoyo y
el consentimiento de todos ustedes, nos parece que no es sostenible.
Inicialmente nosotros planteamos una proposición no de ley en la que
pedimos --y es el texto que fue presentado en esta Comisión-- que a las
indemnizaciones o a las cantidades que por incapacidad parcial abonan las
entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social se les aplique
el mismo tratamiento que a las que pagan las aseguradoras privadas, es
decir, que estén exentas, pero hemos atendido, en los contactos que hemos
mantenido con otros grupos, a la posibilidad de que la solución venga por
la vía de que se equipare el tratamiento fiscal, estando sujeto a una
posible revisión el que reciben las cantidades que pagan las
aseguradoras. Nos parece que esta consideración, que, en definitiva,
persigue que el tratamiento fiscal sea el mismo, coincide con lo que
nosotros pretendíamos sustancialmente en nuestra proposición.
Por tanto, me permito anticipar, tanto al Grupo proponente de esa
enmienda, como al resto de los grupos, que nosotros estamos dispuestos a
aceptarla porque nos parece que en su sustancia y en su finalidad
coincide con lo que nosotros pretendíamos, y es que se garantice el mismo
trato fiscal a las cantidades que, como consecuencia de unos mismos
daños, puede percibir una persona, terminando con la situación de que si
la percibe de la Seguridad Social en una cuantía baja está sujeta al
IRPF; si la percibe de una aseguradora privada, posiblemente en una
cuantía más alta, está exenta.
En definitiva, señorías, pediríamos el apoyo de todos ustedes a esta
proposición no de ley y a la enmienda de sustitución que estamos
dispuestos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: Hay presentada una enmienda a la proposición no de
ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Defensa que será necesariamente breve, dado que
coincidimos con la intervención del señor Peralta, que además ha hecho la
defensa de la propia enmienda de texto alternativo que hemos presentado.
La enmienda que ha presentado el Grupo Socialista va en el mismo sentido
que la proposición no de ley presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, aunque en una dirección distinta que ya
ha aclarado el propio portavoz.
Nos encontramos, como ha recordado el señor Peralta, frente a una
situación de tratamiento distinto para unos hechos que tienen un punto de
partida común, esto es, el hecho indemnizatorio de la incapacidad
permanente en su grado de incapacidad parcial. Así vemos cómo al sujeto
pasivo que es beneficiario de las prestaciones previstas en la Ley
General de la Seguridad Social se le aplican las retenciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y, en cambio, al mismo sujeto
pasivo, si es perceptor de indemnizaciones derivadas de contratos de
seguros privados, se le aplica la exención impositiva.
Esta es una situación que podemos calificar de asimétrica y a la que
conviene ponerle solución, al margen de disquisiciones nominalistas sobre
el carácter indemnizatorio o no de las prestaciones de la Seguridad
Social, o sobre si las indemnizaciones deben o no estar sujetas a
retención y hasta qué límite.
En esta dirección va la enmienda alternativa que ha presentado nuestro
Grupo y que parte de la conveniencia de que las consecuencias de un mismo
acto, esto es, las percepciones indemnizatorias, sean de procedencia
pública o privada, tengan un mismo tratamiento fiscal. Por esto nos
adherimos a la petición que ha hecho el portavoz del grupo proponente
para que esta enmienda alternativa al texto de su proposición no de ley
sea aprobada por unanimidad de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
en relación con la proposición y la enmienda? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: La verdad es que ésta es una proposición de ley
que va a generar poco debate o, por lo menos, poco debate en términos
contradictorios. Mi Grupo está totalmente de acuerdo con lo manifestado
por los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Ya
denunciamos nosotros esta previsión de la Ley de Acompañamiento a los
Presupuestos por considerarla regresiva --sujetar a retención las
cantidades obtenidas o percibidas por invalidez permanente en el ámbito
de la incapacidad parcial--, vulnerando incluso un principio
constitucional, que usted, señor Presidente, conoce perfectamente y que
consagra el artículo 41 de la Constitución. Así como retroactiva y
desigual en cuanto al tratamiento, también contradictorio probablemente
con el principio de igualdad ante la ley, que consagra otro importante
precepto constitucional --artículo 14-- por someter a tratamiento
diferente en este ámbito las cantidades percibidas u obtenidas de
entidades aseguradoras privadas y de las entidades públicas que
configuran nuestro sistema público de Seguridad Social o lo gestiona.
Desde esta perspectiva, señor Presidente, sólo queremos manifestar
nuestra adhesión a las argumentaciones hechas por los dos portavoces,
indicar que es bueno tanto... (Rumores.) Cuando usted me autorice,
continúo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Olabarría?
El señor OLABARRIA MUÑOZ: ¿Puedo continuar?
El señor PRESIDENTE: Puede continuar.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Queremos indicar nuestra opinión de que es
bueno, muy bueno, tanto el contenido material de la proposición de ley
como el de la enmienda y, por tanto, de esta transacción se deriva algo
que corrige las disfuncionalidades incluso de constitucionalidad que mi
Grupo denunciaba.
Queremos manifestar nuestra felicitación al Grupo proponente y a todos
los demás por este consenso que se barrunta amplio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, intervengo para manifestar
que, en principio, hago míos los argumentos del proponente. Me parece que
cometimos algún error en la ley 21/1993, sobre todo aceptando la
modificación de la letra b) del artículo 62 de la Ley 18/91, lo que nos
ha creado este problema y otros problemas que están en debate todavía,
como es la aplicación del descuento del IRPF a situaciones de invalidez
estatal, pero ése es otro discurso.
Quiero manifestar, ciñiéndome al discurso de hoy, nuestro acuerdo con la
exposición hecha por el señor Peralta y también con la enmienda que se ha
presentado por
el Grupo Socialista, que espero será votada favorablemente por toda la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Yo debo manifestar siempre la alegría por que
existan consensos por parte de todos los grupos políticos en iniciativas
como ésta, sólo que nosotros entendíamos que los grados de la invalidez
son cuatro y que, al considerar la invalidez permanente parcial como una
indemnización y no como una prestación, se desvirtuaba jurídicamente la
naturaleza de esa prestación. Por eso quiero decir que nosotros vamos a
votar favorablemente la enmienda presentada por el Grupo Socialista y la
proposición no de ley presentada por el grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y que nos congratulamos de que exista ese
consenso en la Cámara.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de manifestar su decisión respecto a
la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Por razones de celeridad, ya había manifestado
en mi anterior exposición que estaba de acuerdo con esa enmienda y lo
ratifico ahora.
--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA IMPULSAR EN LA PRACTICA LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000562.)
El señor PRESIDENTE: Concluimos el trámite de la proposición no de ley y
no la sometemos a votación, señorías, porque al finalizar el trámite de
las tres proposiciones no de ley las someteré a votación, no de manera
conjunta sino sucesiva.
Por tanto, en estos momentos procede pasar al trámite de la segunda
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la
adopción de medidas para impulsar en la práctica la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora
Pardo.
La señora PARDO RAGA: Buenos días, señorías.
Para analizar los motivos de esta proposición no de ley deberíamos tener
en cuenta que en este año de 1995 se han producido dos conferencias muy
importantes respecto a estos temas que nos ocupan en esta proposición no
de ley. La primera fue la de Copenhague, en el mes de marzo, sobre
desarrollo social, y la segunda la Conferencia de la Mujer, celebrada en
Pekín en este último mes de septiembre.
En la Cumbre de Copenhague se trata quizá por primera vez el tema del
desarrollo social, por lo que ha versado sobre asuntos sociales y ha
tenido como objetivo crear una gran movilización y conciencia sobre los
problemas sociales.
A partir de la Cumbre de Copenhague, se pretende medir la vitabilidad de
cada país no sólo en términos de producto interior bruto sino en los
Indices de Desarrollo Humano --es decir, del IDH--. Así pues, el éxito o
fracaso de estos Estados se medirá por la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Los países que estuvieron presentes adoptaron los compromisos de promover
la integración social a través de sociedades basadas en la promoción y
protección de los derechos humanos, de el pleno respeto de la dignidad
humana y la igualdad o equidad entre hombres y mujeres. De ahí, pues, que
haya traído a colación, en esta exposición, la Cumbre de Copenhague.
Si analizamos los índices que se desprenden de esta Cumbre, vemos que
España ocupa el noveno lugar en el IDH general, sin embargo en el ISDH o
factor que recoge las diferencias de desarrollo humano por sexos, España
ocupa un lugar 39. ¿Qué pasa entonces? Que se pone de manifiesto la falta
de igualdad de oportunidades, que es escasa en la totalidad de nuestro
país.
Según una entrevista concedida por la señora Ministra de Asuntos Sociales
cuando se marchaba a la Conferencia de Pekín --es decir, a primeros del
mes de septiembre-- el desarrollo de la democracia está en relación con
el progreso de la mujer. Quizá sea éste el mismo sentido de la
proposición no de ley que desde mi Grupo Parlamentario se defiende:
impulsar medidas para lograr la igualdad de oportunidades y que de una
vez se pase a la acción. Así lo entendemos como partido en la oposición,
para forzar al Gobierno a que se cumpla este principio.
Vemos que si las mujeres tienen pocas oportunidades para ejercer una
tarea remunerada, la ausencia de posibilidades para dedicar horas a su
formación es todavía más evidente, que es por lo que bajamos en puestos
en este nivel de ISDH --es decir, del Indice de Desarrollo Humano por
Sexos-- y nos quedamos en el lugar 34. Si ustedes se fijan en cuándo se
registró esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular,
verán que está fechada el 2 de agosto, con lo cual quizá nos anticipamos
a las declaraciones de la señora Ministra que, efectivamente, coinciden
con el sentir de nuestro Grupo Parlamentario, aunque creemos que una vez
más, se ha quedado en meras declaraciones de intenciones y no se ha
pasado a la acción.
Si comparamos que una inversión en mujer significa que su productividad
se incremente, según los últimos datos del Banco Mundial, creemos que el
acceso a los servicios femeninos supone no sólo un alto porcentaje en la
devolución de la Deuda, sino una mejora de todo el bienestar familiar.
La ONU ha puesto de manifiesto que la desigualdad que existe aquí, en
España, señorías, respecto a la participación femenina en los ingresos
nacionales es impresionante. Se percibe sólo un 18,6 por ciento, eso es
debido a que ocupa los puestos peor remunerados y los más precarios.
¿Dónde están, pues, esos programas de los que se alardea en el tema de
educación?
Las titulaciones en España se van copando día a día por mayor número de
mujeres y, sin embargo, las mayores cualificaciones técnicas no se
traducen en mayores oportunidades de empleo.
Hasta ahora vemos, con unos datos de la EPA del segundo trimestre, que la
tasa de actividad está en un 36,08 por ciento. La tasa de actividad
masculina está en un 62,83 por ciento. Una vez más, la tasa de actividad
masculina casi duplica la de las mujeres y, si analizamos la diferencia
con la de nuestros socios comunitarios, sigue siendo abrumadora.
Podríamos también analizar el cuadro que facilita Eurostat el 30 de junio
de 1995. ¿Por qué se fija mi Grupo Parlamentario en esas cifras? Porque a
partir de ahora, y quizá en la Cumbre de Madrid, van a ser los datos de
«Eurostat» los que se van a manejar. Hemos creído oportuno traerlos a
esta Comisión para que así podamos comprobar que existe una gran
diferencia en la tasa de paro y en la tasa de empleo, como decía
anteriormente. Yo creo que debemos estar alerta sobre todo ante el
recuadro relativo a la temporalidad de los contratos de las mujeres, en
el que aparece reflejado que las mujeres se encuentran situadas en el
37,9 por ciento de la contratación temporal en España frente al 10,4 por
ciento de la Comunidad Europea. Si lo analizamos por países, ocurre lo
mismo: Dinamarca, 10,9; Francia, 12,3; Holanda, 15, y Reino Unido, 7,4.
Una vez más vemos que nos situamos a la cola, tanto en precariedad de
trabajo como en temporalidad.
Sin embargo, a pesar de comprobar que las mujeres han tenido que combatir
e ir contra corriente ante unas condiciones inhóspitas por completo para
acceder al empleo femenino, han querido y quieren irrumpir con fuerza en
el mundo del trabajo y alcanzar puestos de mayor responsabilidad. No
obstante, vemos que las condiciones de trabajo no llegan a ser lo
bastante sensibles, están poco protegidas y sobre todo están mal pagadas,
a pesar de su modernización.
Tendríamos que intentar aumentar la incidencia del papel económico de la
mujer en la producción y el consumo a través de su reconocimiento y de
una remuneración apropiada. Las mujeres podemos contribuir a que la
economía se revitalice, y ésta es una de las razones por las que la
igualdad debe tenerse en cuenta en todas las políticas fundamentales y
coherentes del Gobierno de un país. Deberíamos, pues, redoblar los
esfuerzos para desarrollar acciones y políticas que refuercen los
derechos de las mujeres, maximizando así sus contribuciones.
Desde el punto de vista del Partido Popular, resulta necesaria una acción
positiva y continua para maximizar, como decía anteriormente, las
oportunidades y reducir sus peligros. Tendríamos que entrar también a
valorar las tareas desempeñadas tradicionalmente por mujeres, como la
atención a niños y ancianos, así como el trabajo en empresas familiares y
la asistencia mediante servicios domiciliarios locales. Por eso, las
nuevas formas de organización del trabajo deberían tender a crear puestos
de trabajo muchísimo más flexibles no sólo para las mujeres, sino para
que también los ocuparan los hombres. Hay que precisar por tanto
políticas que hagan que ambos sexos se beneficien de esta flexibilidad y
potenciarlas al máximo.
Parece ser que después de 13 años de Gobierno socialista hay un gran
colectivo de mujeres que no están de acuerdo con las políticas que en
general se han estado llevando a cabo, puesto que no se sienten con una
protección social suficiente que les garantice una vida independiente
como trabajador, en el caso que nos ocupa como trabajadoras.
Estamos cansados de oír pregonar en todos los foros que la participación
de la mujer en la economía es una necesidad urgente, todo ello en interés
propio de la sociedad, pero la dificultad que ve mi Grupo es poder
compaginar la relación mutua existente entre la vida laboral y la vida
familiar. Por este motivo vemos que las mujeres, normalmente, llegan a
encontrarse con problemas importantes tales como la relación entre el
horario laboral y el tiempo de atención a la familia. A nadie se nos
escapa que las tendencias demográficas están cambiando y esto hace que
haya que atender a las personas mayores, al igual que a los niños, y éste
sigue siendo, señorías, el problema fundamental de todos los padres e
hijos que trabajan.
Por la rapidez con que se han producido estos cambios, a mi juicio, se
hacen necesarios mecanismo sociales que hagan compatibles ambas
dedicaciones. Todos sabemos que la baja por maternidad se ha ampliado a
16 semanas y que existe la posibilidad de extenderla también al padre, y
no dudamos tampoco del incremento de la prestación por maternidad hasta
el cien por cien de la base reguladora. No cabe duda de que son medidas
acertadas, pero que no agotan el abanico de actuaciones posibles con
vistas a facilitar una actividad familiar y laboral de las mujeres
trabajadoras. Hoy en día, como saben todos ustedes, resulta muy difícil
crear un hogar por cuestiones añadidas que no vienen al caso, pero sí
constatamos que su número está disminuyendo, así como el de sus miembros.
Mientras que en el año 1993 un 28,2 por ciento de padres varones tenían a
su cargo la responsabilidad de sus hijos y un 32,1 de madres mayores de
60 años estaban igualmente al cuidado de sus hijos, asimismo, un tercio
de los hogares españoles tenían a su cargo un hijo de entre 19 y 25 años.
Con esto vemos que la situación familiar ha cambiado, y, si seguimos
analizando estadísticas, vemos que en el año 1993 el 64 por ciento de las
mujeres ocupadas, es decir, de las mujeres que trabajan, ejercían además
las actividades inherentes a las labores del hogar.
Perdonen, señorías, si insisto un poco en el preámbulo, pero es para que
nos demos cuenta de las dificultades añadidas que están teniendo las
mujeres a la hora de trabajar. Así se señala en la exposición de motivos
y creo que es conveniente recordarlo aquí en la Comisión.
Como decía anteriormente, aunque es verdad que los padres son hombres y
mujeres, hay que reconocer que en la práctica las mujeres dedican
muchísimas más horas semanales a sus hijos, tantas como 16,7, mientras
que los padres solamente les dedican 2,6 horas. No se puede hablar, pues,
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en un país en el que
la carga de los hijos sigue recayendo sobre la mujer. Y no bastan, aun
siendo importantes, las campañas de sensibilización para que la sociedad
acepte un reparto equitativo entre la pareja de las tareas
profesionales y domésticas. Nos parece, pues, que es urgente y necesario
un ajuste estructural hasta dotar a nuestra sociedad de las prestaciones
y servicios sociales suficientes para que representen un apoyo a la mujer
y a la familia. Creemos que resulta urgente la creación de redes de
educación y atención infantil, así como la creación de guarderías
laborales y el incremento de centros de atención diurna para personas
mayores y minusválidos. La ausencia de estas prestaciones, sumada a la
escasez de servicios sociales, resta oportunidades profesionales a las
mujeres, por ello no nos han de extrañar las cifras desoladoras a las que
aludíamos cuando analizábamos la encuesta de Eurostat.
Otro de los puntos que contempla esta proposición no de ley es el
relativo a los interlocutores sociales. Consideramos que sería buena la
participación de las mujeres en la confección de medidas para apoyar una
acción positiva. En un considerable número de supuestos, como ustedes
saben bien, las diferencias retributivas han tenido su origen en los
tradicionales sistemas de clasificación profesional por categorías
reguladas en las reglamentaciones y ordenanzas, y reproducida su
modificación en los convenios colectivos. Su sustitución por convenios
después de la derogación de aquéllas puede dar lugar al establecimiento
de nuevos criterios de encuadramiento profesional, entre otros, los
factores de evaluación del trabajo ligados a consideraciones subjetivas,
según sea el trabajador de uno u otro sexo. De ahí la importancia de la
mujer en estos órganos de decisión de los interlocutores sociales. Desde
mi Grupo echamos en falta que el propio Gobierno no haya incrementado y
recomendado este tipo de participación para que sean las propias mujeres
las que puedan negociar sus propios puestos de trabajo.
En estos momentos la Comisión Europea y su Gobierno están utilizando el
diálogo salarial con los interlocutores sociales europeos para llegar a
un acuerdo en este punto. Por tanto, no creemos que pueda hallarse un
obstáculo aquí en nuestro país.
El objetivo, pues, de esta iniciativa parlamentaria, señorías, es instar
al Gobierno tanto a la implantación de unos servicios sociales
necesarios, como a la promoción de las condiciones idóneas para que las
mujeres trabajen y convivan en igualdad.
Por todo ello, esperamos el apoyo del resto de los Grupos a nuestras
propuestas, ya que las presentamos en positivo y con un sentimiento
profundamente social.
El señor PRESIDENTE: Señorías, a la proposición no de ley hay presentadas
dos enmiendas. Una de ellas es del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, nuestro Grupo, sin lugar a dudas,
comparte la finalidad de la proposición no de ley y buena parte del tenor
literal de su parte dispositiva. Sin embargo, en esta breve intervención
desearíamos llamar la atención del Grupo proponente acerca de la
coherencia de esa filosofía que ellos manifiestan en su intervención y en
el texto de su proposición no de ley con la realidad práctica.
Por supuesto que, tal como se dice en su proposición no de ley, la Cumbre
Social de Copenhague ha reconocido sin paliativos que un desarrollo
económico duradero no puede garantizarse sin la participación plena de
las mujeres. Estamos absolutamente de acuerdo. Nos parece un principio
fundamental a desarrollar a fondo, hasta sus últimas consecuencias.
También estamos absolutamente de acuerdo en que entre los indicadores
esencial de desarrollo social se encuentra, sin duda, tanto el acceso de
la mujer al mercado de trabajo en igualdad de condiciones como su
participación en la toma de decisiones a todos los niveles. Incluso nos
parece que esto se puede concretar, por ejemplo en el apartado 6, en
aspectos como negociar con los interlocutores sociales acuerdos dirigidos
a la conciliación de la vida profesional y familiar.
Con eso estamos de acuerdo, pero luego viene la realidad práctica y me va
a permitir la representante del Grupo Popular, puesto que ella también es
valenciana, que haga referencia, por ejemplo, a una medida puesta en
marcha recientemente por la Generalitat Valenciana, como es dar
incentivos económicos a las mujeres que se queden en casa y cuiden a las
personas mayores. No sé en qué medida es compatible eso con el acceso de
la mujer al mercado de trabajo en igualdad de condiciones. No sé en qué
medida esa propuesta, en la práctica política que llevamos a cabo,
resulta contraria a lo que afirmamos como filosofía. Esta situación es
preocupante, porque a ver si resulta que en el Congreso de los Diputados
hacemos una política de grandes declaraciones como oposición y cuando
somos opción de Gobierno y tenemos posibilidad de articular una política
concreta, las prácticas que llevamos a cabo consisten en incentivar que
la mujer permanezca en casa dedicada a cuidar de las personas mayores.
Como se ha anunciado que eso se va a poner en práctica en un futuro
inmediato, parece ser que en la próxima ley de Presupuestos, en el ámbito
concreto de la Comunidad valenciana y puesto que la señora representante
del Grupo Popular es también de esta Comunidad Autónoma, yo creo que
sería bueno que se indicara a los actuales gestores de la Generalitat
valenciana que reflexionen y reconsideren si este tipo de actuaciones
guardan relación con esta filosofía que se plantea en esta proposición no
de ley, con la que nuestro Grupo, desde luego, está absolutamente de
acuerdo y apoya. Nosotros concretamos este apoyo no en una mera
declaración formal, una mera declaración verbal, sino en una enmienda que
hemos presentado a esta proposición no de ley por la que de los seis
puntos que se plantean en el texto del Grupo Popular, nosotros aceptamos
prácticamente en su integridad cuatro de ellos. Hay algún cambio
terminológico, pero la sustancia --y creo que así lo apreciará el Grupo
Popular-- es que de los seis, aceptamos cuatro. Rechazamos dos de ellos
por una razón íntimamente relacionada con lo que acabo de decir.
A nosotros no nos parece que sea una medida totalmente correcta facilitar
la contratación de asistentes domiciliarios mediante incentivos fiscales
y bonificaciones de
las cuotas de Seguridad Social. Nos parece que no es una medida
totalmente correcta, por cuanto que da la impresión de que se trata de
facilitar contratación por personas individuales de asistentes
domiciliarios mediante incentivos fiscales y bonificaciones de las cuotas
de la Seguridad Social. Esta es una medida cuyo calado se desconoce.
Estamos en un momento en el que la Seguridad Social está pasando por
dificultades. Afortunadamente parece ser que en el día de ayer y en el de
hoy se han recibido buenas noticias, en el sentido de que la situación no
era tan difícil como algunos intereses privados o incluso algún político
había dicho, ya que ayer un grupo de expertos por cuenta de una entidad
financiera privada decía que la situación no era tan trágica como se
había planteado, yo creo que de una manera interesada, pero no cabe duda
de que hay dificultades y que esas dificultades pueden aumentarse si nos
lanzamos a una política poco meditada de bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social, incentivos fiscales o el problema del déficit público,
que tanto se alega en ocasiones por los representantes del Grupo Popular.
Nosotros creemos que los asistentes domiciliarios, que es una idea que
nos parece positiva, forman parte de los servicios que se pueden prestar
por las entidades públicas y, por tanto, esa idea debería ser objeto de
una reformulación aparte. Insisto en que la idea nos parece correcta,
pero, tal y como está aquí expresada, nosotros no la podemos aceptar, ya
que nos plantea serios problemas, y nos parecería bueno que, si estamos
de acuerdo en un porcentaje alto de la proposición no de ley, no
entráramos en discusión por un tema en el que yo creo que, tratándolo de
otra manera y en otro momento, podríamos alcanzar acuerdo.
Asimismo, tampoco nos parece aceptable el apartado que hace referencia a
aconsejar la presencia de mujeres en los órganos de decisión de los
interlocutores sociales. Difícilmente entendemos que el papel del
Congreso de los Diputados sea instar al Gobierno para que éste aconseje.
No es exactamente ésa la labor del Gobierno, la de dar consejos, y, si
quiere respetar una determinada autonomía de las organizaciones sociales,
consideramos que no debe aconsejarlas. Qué duda cabe que es deseable que
las organizaciones sociales, las organizaciones políticas y todo tipo de
organizaciones de la sociedad, tengan una representación y un peso de la
mujer adecuado a la realidad de la misma, incluso mediante normas
imperativas, las famosas discriminaciones positivas que a nosotros nos
parecen realmente coherentes, correctas y acertadas en el caso de nuestro
país para terminar con una situación preocupante de discriminación de la
mujer, pero nos parece que no es la formulación adecuada la que se
plantea en este punto de la proposición no de ley del Grupo Popular.
Por tanto, señorías, nosotros plantearíamos a todos los grupos políticos
y en concreto al Grupo Popular que nuestra enmienda, que supone aceptar
la filosofía de trabajar a fondo por la igualdad de la mujer y nuestra
aceptación expresa de una buena parte de los puntos concretos, sirviera
de posibilidad para que entre todos los Grupos de la Cámara
consiguiéramos, como no hace muchos meses lográbamos, la unanimidad en
una declaración y en una serie de líneas de actuación en un tema tan
importante como es --insisto-- conseguir la igualdad real de la mujer. Yo
creo que este tema, sin perjuicio de reconocer --y yo lo reconozco
explícitamente-- la iniciativa que procede del Grupo Popular, podría
servir como punto de base para que todos los Grupos de la Cámara
llegáramos a un consenso. Malo sería que saliéramos de aquí divididos en
un tema tan importante. Es preferible aunar esfuerzos y sacar resultados,
aunque éstos no nos terminen de satisfacer a todos, pero poco a poco nos
acercaremos.
El señor PRESIDENTE: La segunda enmienda a la proposición ha sido
presentada por el Grupo parlamentario Socialista.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Desde mi Grupo parlamentario, desde el Grupo
parlamentario Socialista, cualquier iniciativa y cualquier debate que
estén dirigidos a conseguir la igualdad de oportunidades y a remover los
obstáculos que todavía existen y que se oponen a una plena integración de
la mujer nos parecerán positivos y serán siempre bien acogidos.
Por tanto, quiero manifestar, en primer lugar, que compartimos la
filosofía y el fondo de la proposición no de ley del Grupo Popular,
puesto que somos conscientes de que la incorporación de la mujer a un
puesto de trabajo supone una sobrecarga en la mayoría de las ocasiones y
además dificulta la integración de la mujer en condiciones de igualdad
real respecto del hombre.
Dicho esto, también quiero manifestar que no compartimos algunas de las
medidas contempladas en la proposición no de ley. La iniciativa está
redactada utilizando otras anteriores del Grupo Popular, en mi opinión
con la pretensión, que no me parece correcta, de dar la sensación de que
el Grupo Popular es el que está más interesado, incluso diría el único
interesado, en defender la situación de la mujer, y esta pretensión,
además de ser un espejismo, en mi opinión, está bastante alejada de la
realidad y no resiste un análisis serio y riguroso.
No estamos de acuerdo, por otra parte, con el trato injusto que se ha
dado a los avances que se han conseguido en los últimos años en el
terreno de la igualdad de oportunidades. Digo que nos parece injusto no
ya pensando solamente en las propuestas y las iniciativas que hemos
llevado a cabo los distintos gobiernos socialistas, sino también con el
esfuerzo que están realizando muchas mujeres y los diferentes agentes
sociales, que están colaborando de forma decidida para que se produzca la
integración de la mujer de manera progresiva. La portavoz del Grupo
Popular se refería a algunas cifras sobre la situación de la mujer
respecto a la tasa de ocupación, de actividad, que se viene produciendo
en los últimos años.
Evidentemente existe todavía una población activa femenina que se quiere
incorporar a un puesto de trabajo, pero creo que deberíamos reconocer
también el esfuerzo que se ha hecho para disminuir la tasa de paro en los
últimos años. Si en el año 1990 teníamos una tasa de casi un
25 por ciento de paro femenino, en el año 1995, el año en que estamos,
esta tasa se ha reducido al 20 por ciento. ¿Que hay que seguir haciendo
esfuerzos? Estaremos todos de acuerdo en ese tema, pero habrá que
reconocer que efectivamente se ha avanzado bastante; y, si tenemos en
cuenta los últimos datos de finales del mes de agosto, vemos cómo la
cifra de paro femenino ha descendido mucho más que la del paro masculino,
y hay un número importante de mujeres que se han incorporado al mercado
de trabajo, entre otras razones también acogiéndose a las medidas
contempladas en la reforma del mercado laboral, que está beneficiando a
jóvenes y a mujeres. Por tanto, deberíamos hacer también un esfuerzo para
reconocer esta situación.
Podríamos además estar de acuerdo con el Grupo Popular si en sus
argumentaciones incluyera que es necesario incrementar los recursos en
materia de formación para la incorporación a un puesto de trabajo, si
insistiera en mejorar los servicios o la infraestructura de atención a la
infancia, a la tercera edad, o en aumentar los incentivos a la
contratación de mujeres. En lo que no podemos estar de acuerdo con el
Grupo proponente es en admitir --que es una idea que viene lanzando
repetidamente dicho Grupo-- que las dificultades de las mujeres acabarían
si gobernara el Partido Popular. Permítame que no comparta esa idea
porque además no es real. El portavoz del Grupo de Izquierda Unida, señor
Peralta, ha incidido en un tema que es importante, referido a la
Comunidad Valenciana, y decía que es falso este planteamiento porque el
Grupo Popular ya está gobernando en Comunidades Autónomas y también en
bastantes ayuntamientos, y las actuaciones que ponen en marcha en materia
de política de igualdad de oportunidades para las mujeres en los ámbitos
donde gobiernan son absolutamente opuestas y contradictorias con lo que
están defendiendo aquí. Se ha citado a la Comunidad de Valencia, pero
podríamos citar alguna otra. Hay un ejemplo significativo del
Ayuntamiento de Madrid, que se negó a firmar un convenio en la pasada
legislatura con la Comunidad Autónoma de Madrid cuando se puso en marcha
una red importante de extensión de escuelas infantiles y de guarderías en
la que tendrían que implicarse, evidentemente, las corporaciones locales,
y el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular en la
actual legislatura y en la anterior, se negó a firmar este convenio con
la Comunidad Autónoma madrileña. Por tanto, la propuesta del Grupo
Popular tendría más credibilidad si hiciera el mismo discurso y las
mismas reivindicaciones en los diferentes ámbitos de gobierno, también en
aquellos en los que tiene responsabilidad y competencia.
En cuanto al contenido de la proposición no de ley que debatimos, decía
que hay medidas con las que estamos abiertamente en contra, que no
podemos compartir, concretamente los apartados 3 y 4, a los que después
haré referencia, y otras que nos parecen injustificadas e incorrectas en
su formulación. En algún caso, en esta Comisión de Política Social y
Empleo ya se han adoptado iniciativas, como alguna proposición no de ley,
para propiciar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que es
algo que se repite en esta proposición y que ya está aprobado con
anterioridad. Lo apoyamos en aquel momento y lo volvemos a ratificar en
éste, pero insisto en que es algo que ya se había aprobado.
Decía que hay dos medidas del Grupo Popular que nos presentan serias
reservas ideológicas y que por tanto no admitiríamos. Me refiero a la
concesión de los incentivos fiscales y de las bonificaciones de las
cuotas de la Seguridad Social para contratar asistentes domiciliarios y a
la recomendación hecha a los sindicatos para que pongan mujeres en sus
órganos de decisión, a la hora de fijar los salarios mediante convenio
colectivo. En el primer caso, el de los incentivos fiscales a la
contratación de empleadas de hogar --entendía mi Grupo que hacía
referencia a eso el Grupo proponente--, me parece una medida socialmente
injusta y además bastante insolidaria, puesto que se propone
indiscriminadamente para cualquier nivel de renta, y no estaríamos de
acuerdo en que se pusiera en marcha. La misma bonificación a la Seguridad
Social o los mismos incentivos fiscales va a tener una familia que
contrate una empleada de hogar teniendo un nivel de renta de dos millones
que la que tiene un nivel de renta de ocho millones, de quince o de
veinte, por no hablar de cifras superiores. Es una medida que, desde
nuestro planteamiento ideológico, no podemos defender en ningún momento.
Además, habría que recordar que ya la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, contempla una medida de deducción del 15
por ciento para los gastos de los hijos menores de tres años, pero
siempre que los rendimientos netos no sean superiores a los dos millones
de pesetas. Con esa fórmula, evidentemente, estamos de acuerdo, pero no
con la que propone el Grupo Popular en esta iniciativa.
Lo mismo podríamos decir de las cotizaciones a la Seguridad Social de
empleadas de hogar, que ya son más bajas que las del resto de los
trabajadores y que supondrían, de admitirse esta propuesta del Grupo
Popular, un aumento de gasto que no se podría asumir por parte de la
Seguridad Social.
En cuanto a la solicitud de incluir mujeres en los órganos de decisión de
los interlocutores sociales, nos parece que es un grave atentado a la
libertad sindical y desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos ser
totalmente respetuosos con lo que es el funcionamiento interno y la
actividad de los interlocutores sociales.
Por todos estos motivos y algunos más, como el que hacía referencia antes
del tema de la igualdad retributiva, que ya está admitido en una
proposición no de ley y que aparece ya tratado en la última reforma del
Estatuto de los Trabajadores del año 1994, donde se sustituye la
expresión «trabajo igual» por «trabajo de igual valor» --por tanto,
creemos que es innecesario que esta medida aparezca en esta proposición
no de ley--, por todos estos motivos, decía, desde el Grupo Parlamentario
Socialista hemos presentado una enmienda de sustitución que contiene
--con toda brevedad ya, señor Presidente-- básicamente dos partes. Una
primera parte en la que instamos al Gobierno a que se cumplan todos los
objetivos recogidos y todas las actuaciones contempladas en el segundo
plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres, fundamentalmente
para conseguir dos temas que nos parecen prioritarios, por una parte un
equilibrio cuantitativo en cuanto al número de mujeres que se incorporan
al mercado de trabajo y, por otra, cualitativo en cuanto a las
condiciones y a las relaciones de trabajo que experimentan. Una segunda
parte sería conseguir también un reparto equilibrado y equitativo de las
responsabilidades domésticas. Nos parece que esos dos principios
contenidos en el segundo Plan para la igualdad de oportunidades siguen
siendo prioritarios y también sería prioritaria una serie de actuaciones
concretas que aparecen en el segundo Plan para que se lleven a buen
término y podamos evaluar, como también decimos en nuestra enmienda a la
proposición no de ley, el grado de cumplimiento de este Plan en una
sesión de esta Comisión.
La segunda parte de nuestra enmienda retoma una iniciativa del Grupo
Socialista, que fue aprobada por unanimidad no hace muchos meses en el
Pleno del Congreso, para encargar un estudio a un grupo de expertos, en
la línea de las últimas recomendaciones hechas por la OCDE para adaptar
lo que es el cambio estructural a la igualdad de oportunidades de las
mujeres.
Para concluir, señor Presidente, el Grupo Socialista entiende que la
creación de guarderías laborales o de centros de día que propone el Grupo
Popular no resuelve las dificultades de las mujeres al incorporarse al
mercado de trabajo, además de que no tiene en cuenta las competencias de
las comunidades autónomas y de la Administración local en esta materia.
No aparece reflejado en ningún momento en la proposición no de ley del
Grupo Popular.
Mi grupo entiende que la fórmula es más compleja y pasa por defender una
verdadera política integral y global, dirigida a la mujer, incrementando
no solamente la oferta de escuelas infantiles, que ya se está llevando a
cabo, sino también la red de comedores escolares, compaginando lo que son
los horarios laborales con los horarios escolares y permitiendo, en
definitiva, que la progresiva y necesaria incorporación de la mujer al
mercado de trabajo se haga en las mejores condiciones para la mujer y
para la sociedad en su conjunto.
En ese sentido, entendemos que la enmienda que presentamos a la
proposición no de ley del Grupo Popular puede ser una base de
negociación, también con el resto de los grupos, para que efectivamente
pudiéramos llegar a un acuerdo y a un consenso lo más amplio posible en
esta materia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
en relación con la proposición y las enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.
La señora MONZON SUAREZ: En nombre de mi grupo, Coalición Canaria, no
puedo decir que comparta la finalidad de esta proposición no de ley,
porque sinceramente me parece que es más electoralista que otra cosa. Si
no es así, tengo la sensación de que el Grupo Popular llega tarde a la
defensa de la mujer. En todo caso, me congratulo de que, como dicen en su
exposición de motivos, después de Copenhague y de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer, se hayan dado cuenta de que la situación de la mujer
no es la que debe ser. Digo esto porque esta proposición no de ley me
parece pobre y peligrosa, porque si se llega a tener la sensación de que
sólo con estas medidas se resuelve el problema de la mujer, puede
resultar malo para las mujeres. No entra en horarios, no entra en reforma
de las estructuras ni en otros muchos temas.
Comparto con la portavoz del Partido Socialista que sí se ha luchado y se
está luchando por el avance de la mujer en España; otra cosa es que
cambiar la sociedad sea un proceso lento. Todos los esfuerzos serán
buenos y bienvenidos.
Voy más en la línea de la portavoz socialista de que se cumpla el segundo
Plan de igualdad, que creo que es muy bueno, y que me da la sensación de
que el Partido Popular no se ha leído. Ese Plan debe cumplirse, llevarse
a la práctica y que se invierta en él todo lo posible.
También estoy de acuerdo en adaptar el cambio estructural, porque si no
no será posible un cambio social.
Asimismo, tengo que decir que en la Comunidad Canaria hemos apreciado una
diferencia de lenguaje entre lo que escucho en el Congreso y lo que he
constatado en mi Comunidad con respecto al Partido Popular. En la
Comunidad Canaria el Grupo Popular se abstuvo cuando se creó el Instituto
Canario de la Mujer y argumentaba que no le parecía que ese tipo de
instituciones --decía el presidente del Partido Popular y además
parlamentario que intervenía en ese momento-- fuera necesario para el
avance de la mujer. Si al Grupo Popular en Canarias no le parece que sea
bueno que se creen institutos de la mujer y que se lleven a cabo los
planes de igualdad, me extraña que aquí defienda esto.
Por lo tanto, el Grupo de Coalición Canaria está más en la línea de lo
que ha defendido la portavoz socialista.
Sobre el punto 3 de la proposición no de ley del Grupo Popular tengo la
sensación de que sólo se dirige a un grupo de mujeres, que serían
aquellas que están en condiciones de favorecerse con los incentivos
fiscales y con las bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social. Sin
embargo, el hecho de que sea una prestación de la Seguridad Social haría
que no sólo las mujeres que pueden pagar una asistenta se puedan integrar
al mundo del trabajo, sino precisamente aquellas que lo necesitan más,
que son las que no pueden contratarla. Por lo tanto, no tendría ningún
sentido que hubiese una bonificación de la cuota de la Seguridad Social,
porque hay un gran número de mujeres que no se pueden permitir el lujo de
contratar una asistenta para salir a trabajar fuera.
Por consiguiente, ese punto 3 lo completaría con la aportación de
IzquierdaUnida y, por supuesto, con la del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi Grupo asume todo aquello que se presente
para equiparar al hombre y a la mujer. Asumimos Copenhague, Pekín y el
segundo Plan
de igualdad; asumimos todo lo asumible y, por asumir, asumimos toda la
exposición que ha hecho la portavoz del Grupo Popular.
Permítanme un paréntesis. Fíjese si están mal las mujeres que estoy
viendo que hay la posibilidad de un consenso en esta Comisión, pero lo
están llevando a cabo los hombres. He visto delante de mi asiento que los
hombres están consensuando la posibilidad de una enmienda que votaremos
después. Mis compañeras Diputadas están muy mal si no pueden pedir a la
Mesa de la Comisión un receso para ponerse de acuerdo con la enmienda que
quieren que aprobemos, y la aprobaremos. (Risas.)
Permítaseme esto en tono distendido y sin que nadie se sienta
desautorizado. Los hombres también tienen derecho a decir su opinión.
Mi grupo, como digo, asume todo eso, pero no puede asumir de ninguna
manera, señora portavoz del Grupo Popular, la concreción de sus
aspiraciones. Nos propone unos puntos que son asumibles. Los puntos
números 1, 2 y 3 de su proposición no de ley no los podemos asumir,
porque son competencias que ya tenemos en las comunidades autónomas. No
los puede asumir ni siquiera el PP. El Partido Popular no puede asumir
estos tres puntos porque gobierna en la mayoría de las comunidades
autónomas y algunas de ellas tienen trasnferidas y en otras está en
proceso de transferencias, supongo, después del pacto con el Partido
Socialista, estas mismas posibilidades de actuación. ¿Cómo vamos a
aprobar nosotros el fomento de la incentivación de la creación de
guarderías laborales en centros de trabajo si es una competencia de la
Generalidad. ¿Cómo vamos a asumir el punto siguiente, que desde hace
muchos años ya se está haciendo, que trata de algo que también es
competencia de la Generalidad? Tampoco podemos, de ninguna manera, asumir
el punto 3, pues, tal como está redactado, a las familias con rentas que
les permiten tener una o dos asistentas en casa, encima les vamos a dar
incentivos fiscales. En cambio, no se los damos a las pequeñas y medianas
empresas para que contraten otro tipo de trabajador. No digo que el
espíritu del PP sea éste, pero la concreción va por ahí.
No tenemos ningún problema en asumir el punto 4, pero es una obviedad. El
Congreso está para otra cosa, no para aconsejar la presencia de mujeres
en ningún órgano. Si quieren lo aprobamos, yo no tengo ningún
inconveniente en votar a favor, pero no es nuestra misión.
Evidentemente, el quinto lo tenemos que aprobar, pues ya estaba recogido.
El sexto lo apruebo, pero no lo entiendo. ¿Qué quiere decir conciliar? No
lo entiendo, de verdad. Si se quiere decir que haya un proceso
educacional en las parejas para que ambos combinen sus horarios y sus
actividades hogareñas, dígase; pero dígase de una manera que la gente lo
entienda, porque, francamente, una persona de un intelecto medio como es
el mío, tirando a bajo (Risas.), cuando se dice «acuerdos dirigidos a la
conciliación»...
El señor PRESIDENTE: Señor Hijonosa, no se menosprecie. No lo tolero en
la Comisión. (Risas.)
El señor HINOJOSA I LUCENA: Cuando se dice: negociar con los
interlocutores sociales acuerdos dirigidos a la conciliación de la vida
profesional y familiar, no sé qué quiere decir. ¿Me va a decir el
sindicato Comisiones Obreras o UGT o un sindicato nacionalista cómo tengo
que conciliar, en el seno del hogar, las tareas comunes? ¿Es eso lo que
se quiere decir? Si es eso, aclárese de otra manera. No tengo
inconveniente en aceptarlo en aras al consenso, pero les digo que por esa
vía no vamos bien, hay que decir las cosas como se creen para que la
gente las entienda.
Resumiendo, señor Presidente, mi Grupo estaría en disposición de
aceptarlo; si no se consigue que las mujeres de esta Comisión consensuen
una enmienda que sintetice lo que quieren que aprobemos realmente, mi
Grupo votaría a favor de los puntos 5 y 6 y también del 4, pero ya digo,
desde la inutilidad de que este Congreso no puede aconsejar a nadie que
se incorporen mujeres a los órganos; puede hacer una ley, ésa sí es
nuestra misión, en la que se diga que en determinados órganos de decisión
estén las mujeres en paridad con los hombres, etcétera, pero me parece
que no podemos consejar.
El señor PRESIDENTE: Señora Pardo, tiene la palabra a los efectos de
manifestar su posición respecto a las dos enmiendas presentadas.
La señora PARDO RAGA: En aras de una filosofía general, que todo el mundo
entiende y quiere apoyar esta igualdad entre hombres y mujeres, mi Grupo
estaría dispuesto a admitir algunas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora PARDO RAGA: ... algunas enmiendas.
Quisiera decir, sobre todo al portavoz de Izquierda Unida y, de alguna
manera, también a la portavoz del PSOE, que se han referido a mi
comunidad autónoma, que hacen bien en referirse porque no lo han
entendido jamás y ha sido una «caballa» de batalla (Un señor Diputado:
¡Caballo!) en la última campaña electoral. (Rumores.) Perdón, caballo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, permitan que intervenga la señora Pardo,
que en estos momentos está en el uso de la palabra.
Señora Pardo, continúe.
La señora PARDO RAGA: El Partido Socialista no entendió esta medida
porque nosotros no queríamos fomentar que las mujeres se quedaran en su
casa. Si fuera así, no tendría ningún sentido esta proposición no de ley.
De lo que sí somos conscientes, y realistas, es de que hay mujeres, como
he manifestado en la exposición de motivos, que no tienen más remedio que
quedarse en casa a cuidar de ancianos y de niños; aducía, además, el
porcentaje tremendo de estas cargas que tienen que sufrir las mujeres que
no tienen posibilidad de reincorporarse al mundo del trabajo porque no
han podido tener condiciones especiales para ello. En ese sentido es en
el que el Partido Popular
quiere verles reconocido el trabajo que están haciendo, que por otra
parte es muy rentable para el Estado porque no tiene que poner medios
para cuidar a estas personas, razón por la que les aportaba una
prestación la Comunidad Autónoma.
Efectivamente, la Diputada del Partido Socialista, anteriormente
directora del Instituto de la Mujer valenciano, nos calificó de
marujonas. La prueba está en el resultado electoral. Creo que no necesita
más comentarios. (Rumores.)
Por otra parte, señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Dejen intervenir a la
señora Pardo.
Señora Pardo, prosiga.
La señora PARDO RAGA: Por otra parte, la portavoz del Grupo Socialista
dice que soy reiterativa en mis propuestas. Pues sí, efectivamente hay
una línea de programa, hemos de seguir en ella y por eso somos
reiterativos. Estaría dispuesta a asumir el quinto punto porque
efectivamente se aprobó en la última Comisión y estoy dispuesta a
mantenerlo y reiterarlo. Creo que tengo que ser reiterativa en mis
planteamientos, es una cuestión de coherencia y de eficacia de nuestro
Grupo. Usted admite que se aprobó en el Pleno otra ley, sin embargo la
reitera y la propone. Luego parece que hay una disyuntiva entre un tema y
otro.
La portavoz del Grupo Socialista también maneja unos datos que no sé de
dónde salen. Yo muestro los únicos que llegan a mi Grupo, los de
Eurostat. Según Eurostat, la tasa de desempleo viene siendo el 31,4; a
estos datos me remito y no tengo inconveniente en pasarle copia si es que
no los tiene, pero yo utilizo los que me parecen más fiables, que quizá
en este momento sean los de Eurostat.
También dice que atentamos contra la libertad. Quizá, este Grupo
Socialista está demasiado sumido en cuestión de atentados. No entiendo
que aquí se haya querido atentar de ninguna manera. Si se está negociando
con los sindicatos en todo momento a cualquier nivel, si en los
Presupuestos Generales se está intentando negociar con las organizaciones
sindicales y si ha sido el Partido Socialista el que ha impuesto una
cuota solamente para puestos de responsabilidad, ¿no nos vamos a fijar en
que las mujeres puedan negociar sus salarios? Me parece que en este
momento el PSOE está haciendo demagogia y no está pensando quizá en
mujeres que tienen que sufrir una discriminación salarial fuerte
precisamente por no existir campañas de sensibilización hacia estos
puestos organizativos sectoriales.
Por otra parte, diría de paso a la portavoz socialista que en ningún
momento...
El señor PRESIDENTE: Señora Pardo, todavía no me ha dicho nada de las
enmiendas. (Risas.)
La señora PARDO RAGA: A continuación me referiré a las enmiendas, pero
como ha habido esa serie de alusiones, yo me veía en la obligación de
contestar.
Respecto a las enmiendas que presenta el Grupo Socialista, vienen a
manifestar otra vez que solamente están dispuestos a seguir elaborando
estudios. Con esto no se llega a ningún plan de acción. De cualquier
forma, si ellos están dispuestos después a aceptar mis proposiciones e
incluirlas como adición, bien; si no, desde luego, no hay modo de asumir
estas enmiendas que han presentado.
En lo que se refiere al Grupo de Izquierda Unida, he de reconocer que el
señor Peralta ha tenido una sensibilidad especial hacia estos temas.
(Risas.) En ese sentido, veo que se ha hecho un esfuerzo para aunar estos
cuatro puntos, que vamos a aceptar.
Respecto al tercer punto, que parece que ha sido tan conflictivo en esta
Comisión, quisiera ofrecer otra redacción. Quedaría de la manera
siguiente: Desarrollar y actualizar las normas de contratación de
asistentes dimiciliarios adecuando su marco fiscal y de cotización a la
Seguridad Social. Es decir, o se desarrolla la figura de la asistencia
domiciliaria, prevista en el Estatuto de los Trabajadores, y se hace de
una forma semejante a la de otros países de la Unión Europea o estaremos
condenados a que esta figura esté en una economía irregular.
En ningún momento, señorías, he pretendido darle un sentido burgués, como
parece que ustedes están exponiendo aquí, ni tampoco una desgravación por
tener cada uno en su casa un asistente domiciliario. No van por ahí las
intenciones del Grupo Popular.
En cuanto al punto 4, en aras de una mayor negociación con todos los
grupos, sustituiría la palabra «plantear» por «aconsejar», y quedaría:
Aconsejar a los agentes sociales la conveniencia de que en sus órganos de
decisión... Y continuaría: así como la participación en el proceso de
fijación de salarios mediante convenio colectivo. Quedaría así.
En tono jocoso, tengo que decirle al señor Hinojosa, portavoz de
Convergència, que ha hecho la lectura más negativa posible respecto a
esta proposición no de ley. Por otra parte, creo que cuando los hombres
negocien temas de mujeres, quizá la sociedad vaya mejor, porque lo que
queremos es una igualdad paritaria entre hombres y mujeres y poco
haríamos las mujeres si los hombres no asumieran de verdad estos
principios, nos quedaríamos a mitad de camino, pues la sociedad está
formada por hombres y mujeres.
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda concluido el trámite de la segunda
proposición no de ley.
¿Señor Arnau?
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, solicitamos un pequeño
descanso, en el momento en que S. S. decida, para intentar llegar a un
acuerdo sobre la proposición no de ley que acabamos de debatir.
El señor PRESIDENTE: Señor Arnau, ya contaba yo con que ese descanso se
produjera al concluir el trámite de las tres proposiciones y en el
momento previo a las tres votaciones de las mismas.
--PARA QUE SE DEN A CONOCER MENSUALMENTE LOS DATOS DE EMPLEO Y PARO, DE
ACUERDO CON LA ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA (EPA). PRESENTADA POR EL G.
P. POPULAR. (Número de expediente 161/000577.)
El señor PRESIDENTE: Tramitamos ahora la proposición no de ley para que
se den a conocer mensualmente los datos de empleo y paro de acuerdo con
la encuesta de población activa, propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Unos de los motivos que sin duda ninguna ha
animado a mi Grupo a presentar esta iniciativa es la polémica o polémicas
que han podido crearse en torno a la fiabilidad de las estadísticas de
empleo. Mi Grupo cree que es bueno que, frente al principal problema de
la sociedad española, que es el desempleo, que es el paro, puedan
introducirse elementos de objetividad y de rigor que den serenidad y
objetividad a los debates parlamentarios. Es opinión no sólo de mi Grupo
sino, por ejemplo, del Consejo Económico y Social, que se han producido
polémicas a este respecto, no ya entre las fuerzas políticas, sino
incluso en el seno de la propia Administración.
La Memoria del año 1994 del Consejo Económico y Social dice que el debate
sobre esta materia en España ha tenido dos aspectos que merecen una
reflexión crítica: se ha producido casi exclusivamente entre responsables
de la Administración central, sin conseguir promover la discusión
ordenada que se requeriría para implicar a la sociedad y a sus
principales agentes en la búsqueda del conocimiento y consenso que
hubieran sido deseables. Añadía este informe que ello ha podido redundar
en cierta desconfianza sobre la fiabilidad de las estadísticas públicas,
algunas de ellas, como el EPA, homologadas en el marco comunitario y que
son una base importante para los análisis de los procesos de convergencia
y cohesión de la Unión Europea.
Pues bien, éste es el punto de partida. Ya sabemos que ninguno de los
métodos de medición --lo dice también este mismo informe-- tiene una
absoluta exactitud, pero no es menos cierto que la EPA tiene una gran
ventaja respecto a cualquier otro sistema de medición, que es su
homologación por la Unión Europea y, en consecuencia, su influencia sobre
lo que son las políticas comunitarias y, aún más, yo destacaría la
evaluación de las políticas nacionales de cada Estado en materia de
desempleo.
Creemos, porque nos lo hacen llegar los responsables de la estadística
española, que es perfectamente posible dotar de una mayor frecuencia, de
una mejor periodicidad a la Encuesta de Población Activa. No vamos a
insistir --creo que ya ha habido suficientes debates al respecto-- en los
aspectos deficientes, igual que no hemos querido entrar en la aplicación,
en concreto en el año 1995, en la EPA de nuevos parámetros, que puede ser
en este caso una nueva componente como es la revisión censal
recientemente producida. ¿Por qué planteamos entonces esta proposición no
de ley? Porque creemos que es necesario introducir rigor, serenidad y
seriedad en el debate sobre las cifras del desempleo.
Estamos francamente cansados de la utilización sesgada de los datos
registrales, de los datos de registro del INEM que, por cierto, para la
determinación de las tasas de desempleo, en la forma en la que en la
anterior proposición no de ley, por ejemplo, lo hacía la representante
del Grupo Socialista, tiene en cuenta la propia EPA. Hemos dicho en
muchas ocasiones que el paro registrado tiene como uno de sus principales
defectos el ser una mezcla de un componente que creemos razonablemente
objetivo, y lo creemos porque sigue la metodología aprobada y vinculante
para la Unión Europea con criterios de oportunidad política. Tal vez no
sea bueno --son palabras en este caso del máximo responsable de la
estadística española, del Instituto Nacional de Estadística--, no es
demasiado serio excluir en el paro registrado a grupos tan significativos
--son palabras de don José Aranda, Director del INE-- como el de los
trabajadores con un expediente de regulación de empleo, el de los
trabajadores agrícolas subsidiados ni a otros colectivos que restan poco
menos de dos millones de personas del total de las cifras de la EPA.
Añadía, además, y me parece muy lógico, una recomendación: que los
políticos no cuestionasen la EPA permanentemente. Si a eso le añadimos la
opinión del Consejo Económico y Social, que no deja de ser, una opinión
tripartita, veremos que se está refiriendo a los políticos dentro de la
propia Administración, a los políticos dentro del propio Gobierno
socialista. Por cierto, hasta extremos tan curiosos y chocantes como que
el Instituto Nacional de Estadística tuviese que elaborar una nota de
prensa en la que rogaba a Radiotelevisión Española que corrigiese las
graves inexactitudes vertidas sobre conceptos y cifras de la EPA. Sin
duda, recordarán que esto se produjo a raíz de una interpretación --por
cierto, no rectificada-- sesgada, en opinión de los propios responsables
del Instituto Nacional de Estadística, de informaciones sobre paro y
población activa el pasado mes de diciembre del año 1994.
Pues bien, pedimos, y creemos que es razonable, que si nuestro
dispositivo estadístico, que yo creo que está dotado de suficientes
medios y de suficientes cuadros profesionales como para hacerlo, puede
elaborar con carácter mensual las cifras de la Encuesta de Población
Activa, lo haga, y lo haga, insisto, con esa doble finalidad: de cara a
nuestro debate interno, a nuestro debate parlamentario, y de cara a que
pueda ser posible la evaluación de las políticas españolas en el marco de
la Unión Europea, máxime, tal y como reflejó en sus conclusiones la
Cumbre de Essen, cuando también han de ser valoradas en el marco de una
política que ya no distingue entre política laboral o política social y
política económica, sino en ese binomio, en ese par de políticas para el
empleo, políticas conducentes al bienestar a través de la creación de
empleo.
Esa es nuestra sencilla petición, el que cesen los debates indeseables,
especialmente en el seno de la propia Administración, el que pueda
introducirse seriedad, rigor y
objetividad en el manejo de las cifras de desempleo, y que no haya que
soportar --utilizo deliberadamente la palabra soportar-- dos frecuencias
distintas de tratamiento de datos como las que actualmente tiene el
sistema de medición de paro registrado del Instituto Nacional de Empleo,
del INEM, y el sistema --en nuestra opinión más frío, más objetivo,
homologable con criterios internacionales-- de la encuesta de población
activa.
Este es el objetivo y el tenor de nuestra proposición no de ley, que creo
que no debe tener inconveniente alguno por parte de ningún otro Grupo
para ser aceptada, insisto, en aras a ese deseable rigor y a una brevedad
incluso en la presentación de datos a la que yo mismo en mi intervención
he tratado de ceñirme.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de la proposición? (Pausa.)
¿Grupos Parlamentarios que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Catalán, tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HONOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, cuando he leído esta
proposición la verdad es que no he encontrado la razón que justifique la
frecuencia mensual de la EPA.
El señor Aparicio en su intervención no solamente ha solicitado una mayor
frecuencia, sino una cierta reforma de la EPA. Yo estaría dispuesto a
hablar de la reforma de la EPA, de si tiene que incorporar o no
determinados datos, pero la frecuencia la verdad es que no la veo
necesaria en este momento. Los datos son los datos y tenemos fuentes
suficientes para conocerlos cada final de mes, la EPA está cumpliendo la
misión que se le dio en su momento y creo que no hay necesidad de que
esta frecuencia sea menor. Probablemente, tampoco molestaría que fuera
menor.
También convendría saber qué coste supondría hacer esta encuesta, que es
importantísima, es de 60.000 familias, que supongo que será elevado.
Sería bueno conocer en qué se incrementaría el coste de hacerla mensual a
hacerla como hasta este momento.
Para concretar, yo votaré en contra de que la EPA se publique
mensualmente. En cambio, sí estaría dispuesto, en una nueva iniciativa
del Grupo Popular o de cualquier otro Grupo, a hablar de la reforma de la
encuesta, si esto tiene realmente visos de coincidir con otros Grupos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, yo en relación con esta proposición no
de ley, quiero utilizar como argumento lo que creo que es la práctica no
sólo de este Grupo Parlamentario, sino de todos los Grupos
Parlamentarios, y no sólo en el tema de las declaraciones políticas, sino
en el de la realidad operativa.
No solemos hacer declaraciones mensuales sobre la evolución del paro. Yo,
desde luego, reconozco que no tengo esa práctica y me consta que buena
parte de los compañeros que estamos aquí no nos dedicamos a hacer
valoraciones mensuales sobre cómo evoluciona el desempleo, y tenemos
cifras sobre esa evolución mensual. Somos conscientes de que una variable
tan importante como es el empleo en un país determinado no tiene
valoración política mensual. Son tendencias que se valoran a lo largo de
meses y en la medida en que aparece una tendencia más o menos sostenida
en el mercado laboral. Pero no sólo no hacemos valoraciones políticas, es
que no hacemos iniciativas parlamentarias. Yo nunca he pedido la
comparecencia del Ministro de Trabajo para hablar de los datos del paro
de un mes determinado, y no sólo yo, creo que ninguno de los grupos de
esta Cámara utiliza esa forma de actuación.
Por tanto, aquí se trata de que hagamos algo con operatividad política,
porque por lo que respecta a la operatividad técnica yo estoy convencido
de que el Instituto Nacional de Estadística --el INE-- hace lo que puede.
Al día de hoy es verdad que sus encuestas son trimestrales. No sé si
pueden ser o no mensuales. Para mí es un problema técnico porque
--insisto-- políticamente no tiene trascendencia el que podamos hacer una
valoración mensual.
Estoy convencido de que si técnicamente es posible, el INE lo hará o lo
hace. Me consta que en Eurostat se está pensando que en un momento
determinado se hagan este tipo de encuestas de forma mensual como una
posibilidad técnica, porque --insisto-- no creo que políticamente tenga
relevancia este tema.
Por tanto, señorías, sinceramente, no creo que sea bueno que lancemos una
iniciativa política, como aquí se plantea, de cara a un instrumento que
luego no vamos a utilizar mensualmente. Ya tenemos un determinado
instrumento que son los datos de paro registrados que facilita el
Instituto Nacional de Empleo. Es verdad que no coinciden sus cantidades
concretas con las cifras que proporciona el INE en la Encuesta de
Población Activa, pero también es verdad que ambos organismos suelen
coincidir en evaluar la tendencia de fondo que se experimenta en el
mercado laboral, tanto cuando es destrucción de empleo --que,
desgraciadamente, es quizá lo más habitual-- como cuando es creación de
empleo, que todos desearíamos siempre que fuera a más.
Yo creo que esos datos al día de hoy podemos cumplir adecuadamente
nuestra función de control de la Administración, de valorar la política
económica y la política social del Gobierno, y, sinceramente, en estos
momentos no creo que esta proposición no de ley añada nada más; quizá
politizar un tema que, en nuestra opinión, debemos mantener en su justo y
necesario grado de autonomía técnica, que bueno sería para que, a partir
de ahí, podamos, con tranquilidad y serenidad, elaborar las propuestas
políticas adecuadas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Neira.
El señor NEIRA LEON: La proposición no de ley del Partido Popular, aunque
en un solo párrafo, tiene dos objetivos.
Por un lado, pretende que el análisis del mercado de trabajo y la
situación de empleo y paro se efectúe básicamente mediante los datos de
la encuesta de población activa. Por otro, pretende que se den a conocer
los datos de la EPA mensualmente a partir de enero de 1996, y ello con el
objetivo confesado por el señor Aparicio de superar la polémica que se
viene dando en torno a este tema. Mucho me temo, señor Aparicio, que el
objetivo no lo cumpliríamos. Creo que la polémica sin duda aumentaría. En
vez de discutir del tema cada tres meses --cuatro veces al año--, lo
haríamos cada mes, y ello sin menoscabo de que nuestro criterio es
también favorable a la superación de esta polémica. Pero esto último lo
vamos a conseguir si de verdad nos damos cuenta de que estamos midiendo
dos cosas distintas. La EPA mide el número de trabajadores empleados y
parados, mientras que el paro registrado mide el número de aquellos
trabajadores parados que están registrados. Por tanto, si partimos de esa
base, la polémica desaparecerá.
Creemos que el primer objetivo es innecesario, pues la EPA ya es un
instrumento utilizado para el análisis del mercado de trabajo, para el
establecimiento de políticas formativas y para todas aquellas actividades
relacionadas con el empleo. La EPA es un mecanismo de medición de gran
prestigio. No hace falta que el señor Aparicio resalte la eficacia o la
fidelidad de los datos de la EPA, ya que todos tenemos el mismo criterio.
Son mecanismos además aprobados en ámbitos internacionales y, sin duda,
es un dato de gran interés.
En cuanto a la periodicidad de los datos de la EPA, que es el otro
planteamiento de la proposición no de ley, creo que vale la pena recordar
cuál es la situación actual en la Unión Europea. Hay dos países, que son
Finlandia y Suecia, que los dan mensualmente; hay cinco países, en
concreto España, Italia, Reino Unido, Portugal y Austria, que los dan con
una periodicidad de tres meses, y el resto de los países de la Unión
Europea los dan con una periodicidad de un año. Por tanto, estamos en una
media creo que correcta. Sin embargo, no debemos descartar, como han
dicho los anteriores intervinientes, la posibilidad de que en el futuro
se den mensualmente. Usted debe saber que en el seno del Eurostat se está
estudiando la posibilidad de hacerlo mensualmente y, en consecuencia,
nosotros entendemos que España no debería dar ahora un paso unilateral,
sino tomar la decisión que en conjunto todos los países de la Unión
Europea determinen, máxime cuando ustedes en la proposición no de ley
ponen un tiempo límite de tres meses; es decir, que a partir de enero del
año que viene debería empezar a dar los datos mensualmente. Pasar de seis
a tres meses implica, como usted no debe desconocer, unas dificultades de
carácter técnico importantes. Las encuestas se hacen en 60.000 hogares
españoles y, en consecuencia, un cambio de periodicidad conlleva una
serie de dificultades de carácter técnico. Pensar que en tres meses
pueden ser superadas creo que es un exceso de optimismo.
Por tanto, considerando que son unos objetivos asumibles, sí estaríamos
en contra de la oportunidad de hacerlo en este momento porque nos
apartaría de lo que hoy es la dinámica común en el seno de Eurostat.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Con esto hemos concluido el trámite de las tres
proposiciones no de ley y ha llegado el momento de hacer un alto en el
camino para tratar de que haya el máximo consenso posible en relación con
las propuestas que acaben siendo votadas.
Por unos escasísimos minutos, se suspende la sesión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a la votación de las tres proposiciones no de ley.
La primera de ellas es la que presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a las retenciones a
cuenta en el IRPF sobre cantidades abonadas por invalidez permanente en
grado de incapacidad parcial. Al haber aceptado el portavoz de dicho
Grupo la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, lo
que se somete a votación es dicha enmienda de sustitución.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad la enmienda de sustitución
del Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a la adopción de medidas para impulsar en
la práctica la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Para transmitir a la Comisión los resultados del consenso, tiene la
palabra la señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Señor Presidente, en aras a conseguir que salga
adelante esta proposición no de ley, vamos a retirar los puntos 3 y 4 de
la misma. Pero quiero manifestar, para, que conste en acta, que los
Grupos Socialista e Izquierda Unida se han comprometido a aceptar otra
proposición no de ley que desarrolle las normas de la contratación de
asistentes domiciliarios. No duden, señorías, de que presentaremos esta
proposición no de ley en la Cámara, con lo cual ahora queda retirado este
punto 3 así como el punto 4.
El señor PRESIDENTE: Señora Pardo, por favor, ¿en qué términos se va a
votar el contenido de los apartados 1, 2, 5 y 6?
La señora PARDO RAGA: El punto número 1 quedaría redactado como sigue:
Respetando el actual marco competencial, fomentar e incentivar la
creación de centros educativos especializados para menores de la edad
fijada legalmente como umbral de educación obligatoria. Tal y como
proponía la enmienda de Izquierda Unida.
Segundo punto: Respetando el actual marco competencial, los programas
especiales durante las vacaciones escolares, así como la implantación de
centros de atención diurna para las personas mayores y minusválidos que
conviven con la familia. Viene a recoger también el sentido de la
enmienda de Izquierda Unida.
En cuanto a los puntos 3 y 4, he manifestado anteriormente nuestra
posición.
El número 5 recoge prácticamente en su totalidad la propuesta de
Izquierda Unida, y diría: Desarrollar el código de prácticas correctas en
relación con la aplicación de la igualdad de retribución para un trabajo
de igual valor, según el acuerdo adoptado por la Comisión de los Derechos
de la Mujer del Parlamento Europeo.
En el número 6 incluiríamos: Plantear a los interlocutores sociales la
negociación de acuerdos dirigidos a hacer realidad la conciliación de la
vida profesional y familiar de las trabajadoras y trabajadores.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, la mantenemos como adición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: En las negociaciones previas que hemos tenido
he entendido que manteníamos no como sustitución sino como adición el
primer punto de nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: He entendido, señora Rodríguez Ortega, que la señora
Pardo acepta la adición de toda la enmienda.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Si acepta la adición de toda la enmienda
mantenemos la enmienda en su integridad.
El señor APARICIO PEREZ: La adición expresada en los términos previos.
Creo que ha sido perfectamente matizado en estos momentos por la señora
Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, señora Pardo, ¿qué se adiciona?
La señora PARDO RAGA: El primer punto de la enmienda del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, vamos a votar una proposición no de
ley que tiene como redacción final aquella que significa retirar los
apartados 3 y 4; modificar, en el sentido expresado por la señora Pardo,
los apartados 1, 2, 5 y 6 y adicionar el apartado primero de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que con eso tenemos el texto
completo de la proposición no de ley.
Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, procedemos a la votación de la tercera proposición no de ley,
del Grupo parlamentario Popular, para que se den a conocer mensualmente
los datos de empleo y paro de acuerdo con la encuesta de población
activa. No hay enmienda alguna.
Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.