CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 560
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA
Sesión núm. 72
celebrada el martes, 26 de septiembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Director General de Protección Civil (Cruz de Castro), para
explicar:
Las líneas a desarrollar al frente de dicha Dirección General, así como
el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos previstos en
materia de protección civil en los Presupuestos Generales del Estado para
1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000763.). (Página 17021)
El Plan estatal de protección civil para emergencias por incendios
forestales. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 212/001459.). (Página 17021)
--De la señora Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios
(Fernández Felgueroso), para explicar la actual situación de la prisión
Tenerife II. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/001482.). (Página 17034)

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Se abre la sesión a las doce y diez minutos.




El señor PRESIDENTE: se abre la sesión número 72 de la Comisión de
Justicia e Interior.

En el orden del día está prevista la celebración de tres comparecencias.

La primera, la de la señora Secretaria de Estado para Asuntos
Penitenciarios y, con posterioridad, las del señor Director General de
Protección Civil.

Ante la solicitud formulada por el Grupo Popular y, por razones de
cortesía, demandada la opinión de los comparecientes, la Presidencia va a
proponerles el cambio en el orden del día, visto además que no genera
problema para los señores comparecientes y que es el deseo de un grupo
parlamentario.

Si a ustedes les parece bien, primero tendrían lugar las comparecencias
del señor Director General de Protección Civil y, con posterioridad, la
de la señora Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios.

¿Alguna objeción? (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones, ¿qué desea?



El señor MARDONES SEVILLA: No se trata de objeción alguna, señor
Presidente. Dado que este Diputado iba a intervenir durante la
comparecencia de la señora Secretaria de Estado, solicito de la
Presidencia si puede fijar la hora en que empezará la intervención de la
señora Secretaria de Estado, una vez que haya terminado el señor Director
General.




El señor PRESIDENTE: Calculo que entre tres cuartos de hora y una hora,
pero quizá menos. Es difícil precisarlo, señoría.

Lamento la incomodidad, pero ha surgido un problema de cierta estimación
para los ponentes de esta comparecencia.




El señor MARDONES SEVILLA: Lo preguntaba, señor Presidente, a los efectos
de mi presencia en la comparecencia de la señora Secretaria de Estado.




El señor PRESIDENTE: Procuraré que le llegue el aviso a su señoría.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchísimas gracias, señor Presidente.




CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:



--DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL (CRUZ DE CASTRO), PARA
EXPLICAR:



LAS LINEAS A DESARROLLAR AL FRENTE DE DICHA DIRECCION GENERAL, ASI COMO
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 212/000763.)



EL PLAN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL PARA EMERGENCIAS EN INCENDIOS
FORESTALES. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/001459.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos la celebración de las comparecencias con
los cambios del orden del día que les había propuesto.

Comparecencia de don Francisco Cruz de Castro, señor Director General de
Protección Civil, ante la Comisión de Justicia e Interior, para que
explique las líneas a desarrollar al frente de dicha Dirección General,
así como el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos previstos
en materia de protección civil en los Presupuestos Generales del Estado
para 1994.

Asimismo, si SS. SS. no oponen objeción, acumularíamos las comparecencias
y ustedes dividirían posteriormente sus intervenciones para que don
Francisco Cruz de Castro pueda explicar también el Plan estatal de
protección civil para emergencias por incendios forestales en un único
turno introductorio.

Si es así, tiene la palabra don Francisco Cruz de Castro, a quien quiero
agradecerle su presencia.




El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL (Cruz de Castro): Señorías,
si no hay inconveniente y les parece oportuno, aunque la solicitud de
esta comparecencia se refería al año 1994, quisiera poder hacer una
referencia, siquiera sea provisional, a determinados aspectos del año
1995.

Antes quisiera enmarcar los objetivos de la Dirección General de
Protección Civil con respecto al concepto de protección civil en la
actualidad española, porque protección civil cambia radicalmente de
concepto a partir de la Ley 2/1985: de ser algo dentro de lo que es la
defensa nacional pasa a incluirse dentro de lo que es la seguridad
pública, de tal forma que el concepto que da esta Ley de Protección Civil
es la protección física de las personas y de los bienes en situación de
grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria en
la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir
masivamente. Por ello, la protección civil constituye la afirmación de
una amplia política de seguridad que se enmarca dentro del fundamento
jurídico de la Constitución.

Digo esto porque a partir de ahí uno de los objetivos claves que venimos
desarrollando dentro de la Dirección General es un desarrollo normativo
junto a las propias autonomías y los municipios. Hay un problema: en
1985, una vez promulgada la ley, el Gobierno vasco presenta un recurso de
inconstitucionalidad, que se resuelve en 1990 mediante una sentencia del
Tribunal Constitucional que define claramente las competencias
concurrentes. Por tanto, la protección civil tiene tres niveles: el
estatal, el autonómico y el local, y dentro de estos tres niveles con
competencias



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concurrentes es como se viene articulando todo el sistema nacional de
protección civil.

Agradezco que me hayan permitido hacer esta introducción porque todos los
objetivos de la Dirección General vienen enmarcados por estas
competencias concurrentes, de tal forma que a partir de la sentencia del
Tribunal Constitucional, según lo que se especifica en la Ley 2/1985, se
dicta la norma básica que articula cómo deben ser resueltas las
diferentes competencias de cada uno de estos tres niveles: el estatal, el
autonómico y el local.

Se establece lo que deben ser los planes básicos que se reserva el
Estado: el plan básico por conflicto bélico y el plan básico nuclear. Son
los dos planes básicos de competencia estatal exclusiva. El resto son
planes sectoriales que se articulan en directrices básicas, como son:
inundaciones, incendios forestales, sismos químicos, volcánicos, y
mercancías peligrosas.

Pues bien, dentro de estas directrices básicas que se realizan por la
propia Comisión Nacional de Protección Civil para ser homologados cada
nivel tiene que articular su propio plan, el plan estatal correspondiente
y los planes autonómicos y locales en su caso. De tal manera que esto se
articula en la norma básica para que en el momento en que cada uno tenga
que pasar al siguiente puedan ser complementarios y subsidiarios.

Doy esta explicación porque una de las labores más importantes que se
vienen realizando en la construcción del sistema nacional de protección
civil se hace junto a las autonomías y municipios dentro del seno de la
Comisión Nacional de Protección Civil, de tal forma que no se articula
nada que no sea consensuado; todavía no ha hecho falta una sola votación
porque todos los planes que se aprueban, todo el desarrollo normativo que
se realiza se hace de común acuerdo, por consenso, dentro de la Comisión
Nacional de Protección Civil.

Tengo que decir que dentro de estos planes, el nuclear ya fue hecho en su
momento, sólo queda el plan bélico y es de esperar que no sea urgente. De
las directrices básicas sólo faltan por realizar la de volcánicos y la de
mercancías peligrosas. Se prevé que ambas pueden estar hechos en este año
1995. La directriz básica de inundaciones fue hecha en 1994 y la de
sismos en 1995. Son los dos últimos que se han realizado en el período
que estamos tratando. Esperamos que la directriz básica de volcanes, que
está a punto de ultimarse junto con la de mercancías peligrosas puedan
estar terminadas en este mismo año.

Dentro de esta articulación, la otra esfera normativa son los planes
territoriales que tienen que realizar las autonomías. En estos momentos
hay siete autonomías con los planes territoriales realizados, que son:
Madrid, Valencia, Galicia, Extremadura, Cataluña, Aragón y La Rioja. De
ellos, quitando el de Madrid, los planes territoriales de Valencia,
Galicia y Extremadura han sido elaborados en 1994, y los de Cataluña,
Aragón y La Rioja han sido homologados en 1995. Esto en cuanto a planes
territoriales.

Por lo que se refiere a planes por emergencia ante el riesgo de incendios
forestales, hay cuatro elaborados. Madrid y Cataluña lo fueron en 1994, y
Murcia y Aragón en 1995. Han sido homologados también en la Comisión
Nacional de Protección Civil los planes químicos de riesgos superiores.

Ha habido ochenta y un planes de empresas homologados, dentro del total
de 174 que hay que homologar por riesgos químicos, lo que quiere decir
que en estos momentos están homologados el 46 por ciento de los planes.

Por último, dentro de esta normativa que no tiene un reflejo exacto en
los presupuestos, aunque creo que es una de las tareas fundamentales, de
los objetivos que se plantea la Dirección General, es preciso decir que
en 1994 hubo dos plenos de la Comisión Nacional con siete comisiones
permanentes y en lo que va de 1995 ha habido un pleno con cuatro
comisiones permanentes. Ya está convocada la próxima comisión permanente,
que se celebrará el día 3 de octubre, para continuar con este desarrollo
normativo, que es una de las tareas fundamentales en las que está
empeñada la Dirección General, insisto, conjuntamente con las autonomías
y con los municipios.

Al margen de esta labor normativa, dentro de los objetivos plasmados en
los propios presupuestos, una de las labores más importantes que lleva la
Dirección General directamente --es uno de los planes básicos, me estoy
refiriendo al plan nuclear-- se centra en los planes nucleares de las
zonas nucleares, que contienen una serie de medidas sobre todo para
cubrir las carencias que se pueden dar ante una emergencia, medidas que
se vienen desarrollando desde que fue promulgado el plan básico. En 1994
hay planes fundamentales en carreteras, convenio que ha sido firmado por
cinco organismos: el Ministerio del Interior entonces, el Ministerio de
Obras Públicas, el Ministerio para las Administraciones Públicas,
diputaciones y los correspondientes gobiernos autónomos en las cinco
autonomías que tienen zonas nucleares. En 1994 se han pagado 312 millones
en subvenciones correspondientes a los años 1991, 1992 y 1993 porque las
obras que se solicitan y para las que se dan subvenciones normalmente se
van arrastrando y hasta que no se logran terminar no se han podido
configurar unos nuevos presupuestos, por lo que lo presupuestado ha ido
pasando de un año a otro. En 1994 se hizo una especie de barrido de lo
que todavía quedaba pendiente de 1991, 1992 y 1993, que supuso 312
millones. Precisamente en 1994 hemos hecho un convenio con la Asociación
de Municipios Nucleares, con la AMAC. Hasta ahora cada municipio pedía
subvenciones para las carencias que ellos consideraban. A partir de ahora
hemos elaborado un documento en el que se especifican cuáles son las
carencias de los municipios nucleares a efectos de poder tener una
garantía ante cualquier emergencia y, en función de ello, conceder las
subvenciones. Así, en 1994 se dieron 80 millones para grupos electrógenos
para prevenir la ausencia de fluido eléctrico en las salas de emergencia
en cada uno de los ayuntamientos. Para 1995 hay 230 millones, el próximo
día 5 va a tener lugar una reunión con la AMAC para designar las
carencias fundamentales de común acuerdo y poder distribuir estos 230
millones. Por otro lado, en 1994 se pagaron a Telefónica 50 millones en
Alava y en parte de Tarragona para cumplir el convenio por el que se
dotaba de teléfonos a todas las zonas nucleares.

Otro riesgo mayor es el químico. Se ha firmado un convenio para los
polígonos industriales del sector químico, para Tarragona y para Huelva.

A Tarragona se le pagaron



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los 14 millones fijados en el convenio, y actualmente tanto para Huelva
como para Ceuta y Melilla --Ceuta y Melilla tienen un régimen especial--
ha sido la Dirección General la que ha presentado todo el plan de riesgo
químico, que se aprueba por Consejo de Ministros. Asimismo, se ha
presentado a Europa un proyecto --según las noticias oficiosas que he
recibido en estos últimos días parece ser que está aprobado-- en el que
se destinan 37 millones y medio para Huelva, 12 millones y medio para
Ceuta y otros 12 millones y medio para Melilla. Esto en lo que se refiere
a polígonos químicos de estas zonas.

Uno de los proyectos estrella que ha tenido la Dirección General y que ha
terminado justo este año se centra en todo lo relacionado con las
motobombas para incendios forestales. Se comenzó en 1987 y hasta 1995 se
han fabricado 950 chasis de motobombas, posteriormente los municipios las
equipan, y su coste oscila entre 8 y 10 millones de pesetas, por lo que
esas 950 motobombas han supuesto 7.500 millones de pesetas. Esto se
distribuye de la siguiente manera: en 1994 son 703 millones
correspondientes a 78 motobombas, y en 1995 son 69 motobombas con un
importe de 595 millones.

Otro de los proyectos estrella de la Dirección General es la red de
alerta radiológica. La puso en marcha el Ministro de Justicia e Interior
en mayo, creo recordar, y consta de 902 puntos distribuidos en todo el
territorio nacional para detectar cualquier radiación, cualquier escape
radiológico. Esto viene motivado sobre todo después de lo que ocurrió en
Chernobil. Estos 902 puntos han costado unos 1.500 millones de pesetas,
de los cuales en 1994 se han pagado 300 millones y en 1995, 52 millones
quedan de flecos sueltos. En estos momentos se están firmando los
contratos de alta en Telefónica.

Otra serie de cuestiones de orden interno es todo lo relacionado con la
renovación de la REMAN y la REMER. La REMAN es la red de radio interna
desde la Dirección General a todos los gobiernos civiles y delegaciones
del gobierno. La REMER es la red de radioaficionados que dan un servicio
magnífico a todo lo que significa protección civil. El convenio con
Retevisión supone 12 millones al año. Y entre gastos diversos de antenas,
repetidores, etcétera, se llega a unos 6 millones y medio. Hay un tema
importante que es el plan informático para emergencia que se está
implantando con los diversos gobiernos civiles al objeto de dotarles de
ordenadores 484/86 para dirigir las emergencias de todos los gobiernos
civiles informatizando toda la red de comunicaciones.

Paso muy por encima de este punto, pero sí me interesa mencionarlo porque
precisamente esta mañana se ha publicado en la prensa una nota sobre
Tous. Sus señorías saben que, en relación con el problema de Tous --que
ya data de hace 13 años--, en 1993 el Ministerio del Interior, hoy
Ministerio de Justicia e Interior, elaboró un Real Decreto-ley, de fecha
26 de marzo, en el que se arbitraron 19.000 millones de pesetas, que se
reseñó en el programa de la Dirección General de Protección Civil para
hacer un convenio transaccional con los damnificados y, al margen de
todos los problemas jurídicos que había, poder atender sin más demora las
necesidades de los damnificados. Puedo decir que en 1994 se han pagado
5.000 millones que afectan a 10.000 beneficiarios y que, en total, de
esos 19.000 millones de pesetas que figuran en el Real Decreto-ley del 26
de marzo de 1993 en estos momentos se han pagado 13.000 millones que
afectan a 21.818 damnificados. Aclaro este punto precisamente porque esta
mañana se ha publicado que hay 4.000 que no quisieron acogerse a este
convenio transaccional y parece ser que el tribunal exculpa penalmente a
los ingenieros.

Por otro lado, hay un tema que es bastante habitual en la Dirección
General de Protección Civil: la coordinación de las emergencias de
diversa índole, pero últimamente, tanto el año pasado como en este
verano, por inundaciones. El año pasado hubo inundaciones en Cataluña,
Baleares, Cantabria, parte de Valencia, concretamente en Castellón, Jaén
y Galicia. El Consejo de Ministros ordena la constitución de una comisión
interministerial coordinada por la Dirección General de Protección Civil.

El año pasado se promulgó un Real Decreto-ley con un montante de 7.000
millones de pesetas, y precisamente antes del verano celebramos la
reunión para diseñar la última distribución de los fondos a todos los
sitios que habían sufrido las inundaciones. Este mes de agosto hemos
constituido esa comisión interministerial para las inundaciones de
Guadalajara, donde ha habido diez víctimas, con un montante de 800
millones de pesetas y para las que también se ha conseguido de la
Comunidad Europea la dotación de unos 40 millones de pesetas para
primeras atenciones. Esto es algo que no consta en los presupuestos, pero
es una de las actividades en la que en estos momentos la Dirección
General tiene bastante empeño.

Dentro de lo que son subvenciones a familias y ayuntamientos, lo que sí
consta en las partidas presupuestarias, en 1994 fueron atendidas 694
familias con 101 millones de pesetas y 37 ayuntamientos con 80 millones
de pesetas. Quizá las notas más destacadas son que a Almería se
destinaron 37,5 millones de pesetas con motivo de los movimientos
sísmicos ocurridos a finales de 1993, concretamente el 23 de diciembre de
1993 y el 5 de enero de 1994, y a Asturias, por las inundaciones que hubo
a principios de 1994, 80 millones de pesetas repartidos entre 37
ayuntamientos.

Hay un tema importante dentro de este aspecto que es el de la formación.

Es uno de los temas fundamentales, sobre todo en la relación con las
autonomías y con los ayuntamientos. Aquí está el otro aspecto fuerte en
cuanto a inversión, que es la terminación de la Escuela de Formación que
se está haciendo en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. Se ha terminado la
primera fase precisamente este año. Se ha retrasado bastante porque ha
habido problemas tanto en cuanto a la acometida del agua como de la
electricidad y sobre todo del teléfono por problemas de servidumbres, lo
que nos han impedido terminar los últimos flecos de esta primera fase
antes de entrar en la segunda, que son los campos de prácticas, cuyo
proyecto ya está hecho. Sin embargo, en estos momentos lo tenemos
detenido --retenido, mejor dicho-- porque en la reunión que hubo en junio
de los directores generales de Protección Civil de la Comunidad Europea
ya se venía gestando cómo debía ser la colaboración



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entre los diferentes miembros de la Unión Europea a efectos de protección
civil y, sobre todo, a efectos de formación. Así pues, se ha hecho una
oferta que se está estudiando dentro del seno de la Comunidad que es
convertir este centro --es un proyecto bastante ambicioso-- en el
Instituto europeo de la formación en protección civil. Precisamente, en
Toledo, en la semana del 14 al 19 de octubre, me parece, dentro de la
Presidencia española de la Comunidad Europea, vamos a tener reuniones y
éste es uno de los temas que se va a debatir.

Por último, quiero tratar un tema donde también tiene bastante
importancia la actuación de la Dirección General, que es la operación
«Paso del Estrecho». Hay que tener presente que en esta operación
intervienen una serie de organismos, desde Tráfico hasta los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y de las policías locales de cinco
puertos: en la península Almería, Málaga y fundamentalmente Algeciras, y
los puertos de Ceuta y Melilla. Por estos cinco puestos, donde
intervienen una serie de organismos bajo la coordinación de la Dirección
General de Protección Civil, pasan normalmente 800.000 personas, que en
total, entre ida y vuelta, se convierten casi en 1.300.000 personas, en
más o menos un mes y medio o dos meses. El coste global, sin contar lo
que pueden ser los dispositivos del refuerzo tanto de la Policía como de
la Guardia Civil y de las policías locales que intervienen, fue, en 1994,
de unos 103 millones de pesetas y, en 1995, de 140 millones de pesetas.

He tocado muy por encima los diferentes aspectos, no sé si queda algo que
no haya mencionado. Aunque he querido darle un repaso muy rápido, no sé
si me he pasado un poco en el tiempo, pero yo creo que quizá en las
preguntas de SS. SS. podría completarlo algo más, si al Presidente le
parece.




El señor PRESIDENTE: Si el Director General lo desea, puede extenderse
ahora sobre el motivo de la segunda comparecencia. Luego facilitaré que
haya turno dividido para aquellos grupos que tengan dos portavoces según
el tema de la comparecencia. Me parece más cómodo para todos que el señor
Director General aborde el segundo motivo de la comparecencia, insisto,
salvando los derechos de SS. SS. a efectos de intervención.




El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL (Cruz de Castro): Realmente
esta comparecencia de ahora es un poco continuación, puesto que al
principio había explicado cómo se articulan los tres niveles del sistema
nacional de protección civil (el estatal, el autonómico y el local) y que
para hacer los diferentes planes y que pueda pasarse del uno al otro, si
las necesidades lo requieren, hay que realizar los diferentes planes
sectoriales en cada uno de estos niveles. Este es el plan estatal una vez
promulgada la directriz básica para emergencias por incendios forestales,
que se promulgó en 1993. En esa directriz básica se establecen cuáles son
los requisitos para poder realizar los diferentes planes, el estatal, los
autonómicos y los municipales en su caso. Desde este mandato precisamente
en este año 1995 se realizó el plan estatal de protección civil para
emergencias por incendios forestales.

Yo quisiera hacer una salvedad, porque normalmente hay confusión, sobre
todo en incendios forestales, en cuanto a lo que es la esfera de
protección civil y lo que es la esfera estricta en prevención y extinción
de incendios. Esto es algo que es competencia exclusiva de las
autonomías, pues fue transferido en su momento dentro de las competencias
de agricultura, que no tiene nada que ver con lo que es protección civil.

Son dos conceptos que es preciso delimitar, porque muchas veces, sobre
todo el año pasado --este año afortunadamente ha sido menor el impacto--,
que fue un año muy difícil en cuanto a incendios forestales, muchas veces
se confundía y se estaba hablando incluso de falta de coordinación entre
los diferentes estamentos cuando realmente esto es algo que está
claramente delimitado a efectos de que la prevención y la extinción es
algo que no tiene nada que ver con lo que es protección civil, y me
explico.

Protección civil, como dije antes, opera cuando está en peligro la vida
de las personas o los bienes. No tiene nada que ver con lo que es un
incendio forestal «stricto sensu». La competencia, por eso, está dentro
del sector de agricultura, por llamarlo de alguna manera, bien sea en las
autonomías, en el Estado, donde sea, pero es algo que no tiene nada que
ver con protección civil. ¿Cuándo entra protección civil? Cuando
realmente se pone en peligro, por poner un ejemplo trivial, una
urbanización y se ponen en peligro vidas humanas. En este caso tiene que
entrar protección civil.

¿Cuál es el sentido, entonces, de un plan estatal? Fundamentalmente el de
coordinar las diferentes administraciones públicas que pueden intervenir
precisamente por esto, porque en un momento dado puede ser estrictamente
forestal, pero desde el momento en que se pone algo en peligro (vidas
humanas u otros conceptos que ahora explicaré), indudablemente ya entran
otras organizaciones y no sólo del Estado, sino que dentro de la propia
autonomía, entra, por un lado, lo que es estrictamente lo forestal y
puede entrar protección civil --dentro de la propia autonomía se
refiere-- si peligran, como digo, vidas humanas; mucho más cuando el
incendio puede abarcar otros ámbitos como pueden ser, según establece la
propia directriz básica, por ejemplo, la vida y la seguridad de las
personas, valores de protección a infraestructuras, instalaciones y zonas
habitadas, valores de protección contra la erosión del suelo, valores de
singularidad ecológica, valores paisajísticos, patrimonio
histórico-artístico. Pero cuando puede abarcar a diferentes autonomías,
entonces es cuando tiene que haber un plan de coordinación no sólo de
todos estos organismos sino fundamentalmente de los diferentes entes que
entran a dirigir la emergencia, de tal forma que, si me permiten, una de
las cuestiones claves que este plan estatal delimita es de qué manera se
pueden coordinar las diferentes administraciones u organismos de las
administraciones que tienen que intervenir en una emergencia, cuáles son
las funciones concretas de cada uno de ellos, cuáles son las aportaciones
de recursos estatales, si son necesarios para apoyar los diferentes
planes de las propias autonomías, hacer el catálogo, la base de datos,
donde están recogidos estos recursos; cuáles son los recursos de las
propias autonomías



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para el caso de que haya que establecer la ayuda de una autonomía a la
otra bajo la propia coordinación de la Dirección General, todos estos
aspectos son los que realmente contemplan este plan estatal. Yo diría que
es un plan en el que se delimitan claramente tanto los objetivos como las
funciones que tiene cada uno de los estamentos que intervienen y, sobre
todo, lo que es el caso concreto de que un incendio afecte
fundamentalmente a varias autonomías. El año pasado tuvo lugar, aunque
fue solamente en dos casos, un incendio que pasó de Teruel a Castellón o
de Castellón a Teruel --ahora no me acuerdo--, en el que intervinieron
dos autonomías distintas. En casos como éste tenemos necesidad de que un
mando único pueda dictar las directrices para sofocar el incendio.

Yo le diría que el plan estatal persigue como objetivo asegurar una
respuesta eficaz del conjunto de las administraciones públicas ante
situaciones de emergencia por incendios forestales, en las que esté
presente el interés nacional, y garantizar el apoyo a los planes de las
comunidades autónomas cuando éstos lo requieran por ser insuficientes.

Las funciones fundamentales son prever la estructura organizativa que
permita la dirección y coordinación del conjunto; prever los mecanismos
de aportación de medios y recursos en la intervención; establecer y
mantener un banco de datos sobre medios y recursos movilizables; prever
los mecanismos de solicitud y recepción y, en su caso, la aportación de
ayuda de medios internacionales, que tan beneficiosos han sido en muchos
incendios, fundamentalmente franceses y portugueses, sobre todo en el año
pasado, en que nos han ayudado de una manera muy destacada y notoria;
establecer el sistema de información meteorológica para la estimación y
para hacer el mapa de riesgos, concretamente, a efectos de proporcionar a
los órganos de las comunidades autónomas dónde puede establecerse el mapa
de riesgos y los peligros detectados, y, por último, establecer y
mantener la base nacional de datos sobre incendios forestales. Realmente,
éste es un plan en el que, en alguna medida, habría que decir que no es
que sea la panacea, pero muchas veces, y vuelvo un poco al principio,
cuando ha habido incendios forestales siempre se ha dicho que faltaba
coordinación, siendo concretamente un problema interno de cada una de las
autonomías. Este plan estatal no es que venga a poner los puntos sobre
las íes, como en algún momento se ha dicho, a las autonomías, que saben
muy bien lo que tienen, y de ahí los propios planes sectoriales que
anteriormente dije que se van confeccionando, dentro de las autonomías,
sino que este plan estatal viene a delimitar un apoyo precisamente a los
planes sectoriales de cada una de las autonomías y, sobre todo, a
articular cómo debe ser el mando único en el caso de que esté presente el
interés nacional, por un lado, o bien porque son insuficientes los
recursos que tienen los propios planes autonómicos.

Señorías, he tratado de ser muy breve. Estoy a la disposición de SS. SS.

para contestarles.




El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra, a continuación a los
portavoces de los grupos que deseen intervenir.

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor González Pérez.




El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecer el cambio de orden en las intervenciones tanto al Director
General de Protección Civil como a la Secretaria de Estado de
Instituciones Penitenciarias, que han aceptado que tenga lugar dicho
cambio. En segundo lugar, deseo agradecer la presencia del Director
General dentro del marco de esta Comisión.

Voy a iniciar mi intervención por el principio de la del Director General
en este caso. Hubo un recurso de inconstitucionalidad, efectivamente, por
parte de un grupo determinado, el cual se desestimó casi en su totalidad
y el Tribunal Constitucional solamente declaró que la protección civil
había que englobarla dentro del concepto de seguridad pública, como se ha
dicho anteriormente. Sobre la intervención que ha hecho el Director
General, yo voy a hacer una serie de preguntas, en nombre del Grupo
Popular, que pueden englobarse sobre el desarrollo, trabajo, etcétera, de
protección civil y, en este caso, de la Dirección General.

Dentro del marco que ha desarrollado el Director General referente al
trabajo que se viene realizando en el ámbito de protección civil,
entendemos que hay una serie de carencias y, en relación con las mismas
podríamos empezar por hablar de que, desde nuestro punto de vista, falta
definir un marco normativo diseñado por la ley de 1985. El ha hablado
sobre la elaboración de los planes, cuando con anterioridad se hablaba de
las directrices básicas, y los planes vendrían con posterioridad a esas
directrices básicas. Según la información que nosotros tenemos, el
Ministro Corcuera en una comparecencia que realizó el 29 de diciembre de
1993 ya habló de estas carencias, carencias que, desde nuestro punto de
vista, no se han terminado de solucionar. Además, consideramos
absolutamente necesarios, sin ningún género de dudas, completar el
desarrollo normativo sobre los riesgos de inundaciones, por ejemplo,
puesto un caso concreto. Falta un plan ante el riesgo de inundaciones,
como he dicho. En esta materia, se ha aprobado, efectivamente, la
directriz básica, pero el plan no se ha llevado a cabo. Dicha directriz
se aprobó el 9 de diciembre de 1994. Mientras no tengamos el plan,
lógicamente, el desarrollo normativo no se lleva a cabo y por tanto, hay
un hueco que tenemos que rellenar. El plan estatal de riesgos sísmicos
tampoco existe, aunque la directriz básica fue aprobada el 7 de abril de
1995. No existe el plan estatal ante el riesgo químico del que formaba
parte el reciente acuerdo suscrito entre la Dirección General de
Protección Civil y el Instituto Nacional de Toxicología. Tampoco el plan
estatal en relación con transporte de mercancías peligrosas ni el plan
estatal ante riesgos volcánicos. Mientras no existan estos planes,
nosotros entendemos que hay un hueco importante dentro del desarrollo de
la función de protección civil.

La competencia para la elaboración de estos planes corresponde al
Gobierno, lógicamente, en virtud de lo preceptuado en el artículo 11 de
la ley de 1985, que tiene que venir a propuesta del Ministerio del
Interior en este caso, y,



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mientras --insisto-- no se elaboren estos planes, dificilmente se podrá
cumplimentar el objetivo previsto en el decreto de 1992. En segundo
lugar, entendemos que falta definir el marco operativo del sistema
nacional de protección civil, mediante el desarrollo del catálogo de
actividades que puedan dar origen a una situación de emergencia, así como
las normas generales para la elaboración del catálogo nacional de
recursos movilizables, cuya competencia ostenta, indudablemente, el
Ministerio de Justicia e Interior. Este punto en concreto no es un punto
más a destacar. Nosotros entendemos que es una norma fundamental dentro
de la organización básica en materia de dirección y coordinación
previstas en la Ley de Protección Civil, con lo cual, desde aquí hacemos
un llamamiento al Director General para que todo ello se cumplimente a la
menor brevedad posible, haciéndoselo llegar al organismo correspondiente
dentro del Ministerio de Justicia e Interior. En tercer lugar, creemos
que se debería homologar el tipo de información a intercambiar entre las
distintas administraciones, porque antes ha hecho referencia el Director
General a la coordinación, y nosotros pensamos que mientras que no se
homologue el tipo de información dentro de las distintas
administraciones, tanto local, autonómica como estatal, dificilmente va
existir una coordinación efectiva o, por lo menos, óptima en este
sentido.

Entramos en la materia de la Escuela Nacional de Protección Civil.

Recuerdo que en aquella comparecencia de 1993 del Ministro Corcuera,
afirmó en aquel entonces que ya se había finalizado la primera fase de la
Escuela Nacional de Protección Civil. Parece que no es exactamente así.

No se ha terminado la primera fase debido a los problemas que ha venido a
señalar el Director General. Entendemos que esta escuela es fundamental.

Se nos acaba de comunicar que, de alguna manera, se va a intentar ampliar
las miras de esta Escuela nacional de Protección Civil, llegándose a
denominar instituto Europeo de Protección Civil, con lo cual tendríamos
un privilegio dentro del Estado español. Sin embargo, sin ningún género
de dudas, todos aquellos cursos que se venían desarrollando, que además
han sido prolijos porque ha habido muchísimos cursos que, curiosamente,
algunos venían con la titulación (por titulación me refiero al marco de
título, no al resultado del curso) de que se habían desarrollado en la
Escuela Nacional de protección Civil, cosa que nos parece un poco
curiosa, al no existir esa Escuela Nacional de Protección Civil en
funcionamiento, indudablemente y sin ningún género de dudas, por falta de
inversión. Nos hemos encontrado con unos problemas económicos que han
venido a demostrar que la Escuela Nacional de Protección Civil no se ha
puesto en funcionamiento. Independientemente de problemas menores, dentro
de lo que ha expuesto el Director General, ha faltado quizá voluntad
inversora en este caso para poner en funcionamiento definitivamente esta
escuela, sin contar con que ha habido directores de la Escuela Nacional
de Protección Civil que no tenían tal escuela y que han sido sustituidos,
si no me equivoco, en dos ocasiones, puesto que ha habido dos cambios
dentro de la dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil.

Sobre la coordinación de la que hablaba el Director General, dentro del
marco europeo se ha visto cómo, independientemente de la autoridad que
puedan tener en cada parcela de su responsabilidad las distintas
administraciones, se ha denotado cierta falta de coordinación en aspectos
muy concretos. No podemos olvidar que cada uno en su región, provincia o
municipio de alguna manera quiere ostentar la responsabilidad de la
orden, entre comillas, de lo que viene a suceder.

Voy a contar en esta Comisión una anécdota que me ha sucedido este
verano, que tiene que ver con la segunda parte de la comparecencia sobre
incendios. Tuve la desgracia, y digo desgracia porque lo que oí que
estaba sucediendo en un incendio a través de una emisora concretamente en
la provincia de Málaga, en el municipio de Manilva, no fue precisamente
agradable; hecho que ha sido muy sonado porque ha tenido relevancia
incluso en los medios de comunicación. Fue un auténtico desastre, señor
Director General. Se hablaba de ciertas partes que podían entrar en la
parcela de protección civil, como era la evaluación de personas y de
bienes materiales. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo ver la
absoluta descoordinación que existía entre las distintas entidades que
estaban participando en la extinción de este incendio. Fue lamentable.

Por eso insisto muchísimo en que en países europeos con tradición de
protección civil mayor en el tiempo que la nuestra se ve cómo,
independientemente de la responsabilidad que tenga cada organización o en
este caso cada entidad, tanto provincial como municipal o autonómica,
existe un mando, un coordinador general que es del que emanan las
órdenes, o en este caso las sugerencias, para que se acometan las
posibles problemáticas que vienen después de este tipo de riesgos, entre
comillas. Hago mucho hincapié en este tema quizá por haber oído hablar
por la radio de la falta de coordinación, cosa que me dejó absolutamente
sorprendido. No había una persona que manifestara qué es lo que había que
hacer, incluido en este caso el responsable de Protección Civil de
aquella zona.

Hay dos temas que he dejado para el final, uno que me preocupa
sustancialmente, que entra, aunque no sea de forma directa sino
colateral, dentro del panorama de protección civil. Me refiero a que hay
algunos puertos españoles que no tienen todavía una terminal de
mercancías peligrosas. Esto es grave, señor Director General. Usted ha
hecho referencia a que había una serie de dotaciones económicas para
ciertos puertos españoles, entre los que ha nombrado a Ceuta y Melilla.

Pues bien, yo le puedo decir que, por ejemplo, en la ciudad de Ceuta, no
existe esa terminal de mercancías peligrosas, y podemos decir que Ceuta
se podría convertir en un auténtico polvorín, porque se encuentran allí
muchas empresas petrolíferas, sin entrar en el terreno de la defensa, con
polvorines, etcétera y es altamente peligroso descargar gas o materiales
inflamables, como puede ser gasolina, sin tener las medidas adecuadas --o
las más adecuadas, por dejar el margen del beneficio a aquellas personas
que tienen una responsabilidad.

Aparte de esta última apreciación en torno al tema de puertos, he de
decir que hay un tema que ha funcionado y vienen funcionando a la
perfección, con todas las carencias



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que puede tener cualquier actividad que se viene desarrollando desde el
mundo de la protección civil, que es la operación Paso del Estrecho.

Afectado en este caso por ser el Diputado de la ciudad de Ceuta, he de
decir que la operación Paso del Estrecho, se intenta hacer cada año
mejor, y con todos los defectos que pueda tener, indudablemente se van
superando poco a poco esas deficiencias que aún pueden subsistir.

Por último, quiero decirle al señor Director General que, en la
referencia que ha hecho a la aplicación del decreto sobre las
indemnizaciones de la presa de Tous, mi Grupo y más en concreto mi
compañero Ignacio Gil Lázaro ya hablaremos porque parece ser que no
coincidimos con lo que el señor Director General ha dicho.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, el Diputado del
mismo Grupo Popular, señor Madero, para que pueda explayarse sobre el
segundo de los temas que han sido objeto de esta comparecencia.




El señor MADERO JARABO: En primer lugar, antes de explayarme, señor
Presidente, quisiera agradecer de manera muy especial la presencia de mi
viejo conocido el señor Director General, don Francisco Cruz de Castro,
para hablar, no de una manera exhaustiva sino quizá con brevedad y no
tanta concisión, sobre el tema de incendios forestales y sobre todo en el
plan nacional que, como directriz básica, se ha elaborado desde la
Dirección General para el tema de emergencias por incendios forestales.

Coincido con el Director General, y creo que es criterio compartido por
todos, que una cosa es hablar de lo que es el incendio en sí, la
prevención o incluso la extinción, y otra la actuación de Protección
Civil cuando se produce una catástrofe de esta magnitud. Por si algún
compañero de esta Comisión no lo recuerda, les diré que el año pasado, se
perdieron 400.000 y este año 100.000 hectáreas por incendios forestales,
afectando gravísimamente a personas, con más de 30 víctimas mortales, y
con pérdidas cuantiosísimas de todo tipo en el orden material.

Señor director General, los que dentro de la Comisión de Agricultura y de
las áreas de agricultura y de lo forestal estamos preocupados y
trabajando sobre este tema no debemos, como es mi caso, dejar pasar la
ocasión, (sin resaltar ni regodearnos de que pueda haber fallos porque
los cometa tal o cual Administración) de decir que ahí está el problema y
que existen bastantes desajustes y descoordinación. Yo creo que este plan
estatal podría coadyuvar, no como Administración responsable única sino
como aportación en la parte que le corresponda, para evitar esos
desajustes y actos de descoordinación que se producen lamentablemente con
frecuencia cuando los incendios forestales alcanzar una cierta magnitud.

Por ejemplo, no sé si corresponderá, y más que en tono de crítica lo hago
en forma de pregunta, a la Dirección General de protección Civil, en esa
tarea de previsión que sí le corresponde de lleno, poner de acuerdo a la
Administración estatal, a las administraciones autonómicas e incluso a
las fuerzas del orden, en cuanto a las frecuencias que deben utilizar en
las emisoras, si es que se pueden acoplar unos sistemas y otros, porque
está constatado que existe incluso incapacidad de comunicación por este
hecho. No sé si corresponderá al Director General, y si ello es así le
rogaría que interviniera inmediatamente en la parte que le corresponda,
ordenar que, a través de este plan o mediante la actuación oportuna, se
pueda utilizar material homologado.

Ha señalado el señor Cruz de Castro acertadamente los problemas que
surgen, sobre todo en los incendios forestales, cuando afectan a varias
autonomías. Pues bien, en una y otra autonomía se está utilizando
material antiincendios que no se puede acoplar, de tal manera que no
pueden colaborar directamente y de manera coordinada según las
directrices técnicas que emita la autoridad forestal que dirige la
extinción de ese incendio. Quizá también en esa tarea de previsión habrá
que señalar a quien corresponda --creo que es a ambas administraciones, a
la estatal y a la autonómica-- la carencia alarmante de puntos de agua en
zonas españolas, algunas de las cuales tienen un alto riesgo de incendio
estival.

Existe una descoordinación, y quizá sea su Dirección General la que tenga
que intervenir, ya que no pueden actuar no ya con medios técnicos, para
lo que incluso a veces hay una incapacidad material de que se pueda
actuar en una autonomía o en otra, sino que incluso, en ese incendio que
ha citado entre Aragón y la Comunidad Valenciana (entre Teruel y
Castellón), no pudo intervenir el personal de una Comunidad Autónoma en
la otra, cuando era técnicamente recomendable y necesario en ese momento,
porque a partir de la raya que divide a ambas comunidades autónomas, el
personal que estaba trabajando no tenía la cobertura que proporciona el
seguro de accidentes y no había nadie que asumiera la responsabilidad de
lanzar a trabajar a unas personas en un territorio en el que ya no tenían
esa cobertura del seguro. Pues bien, mientras se pensaba y se decía se
fueron varios miles de hectáreas.

Es un auténtico desastre la intendencia, dicho de una manera global, en
los incendios forestales; sobre todo la intendencia para aquellos que
están a más de 50 ó 55 grados trabajando durante varias horas, tirando
agua sobre el fuego y que, sin embargo, no tienen una botella de agua
para beber o un alimento fresco que les alivie un poco. No hablo ya de la
intendencia en términos más amplios.

Por otro lado, señor Director General, hago una pregunta que hasta ahora
nadie me ha contestado: ¿Quién decide en un incendio forestal la
actuación de Protección Civil para evacuaciones, asistencia sanitaria,
etcétera. ¿La autoridad forestal? ¿Las fuerzas del orden? ¿Protección
Civil?
En el plan estatal, siguiendo esa directriz básica, sugeriría, además, si
no están recogidos, los suministros de emergencia, tanto de energía
eléctrica como de teléfono, a poblaciones o urbanizaciones, poblamientos,
en general, que se ven afectados por un incendio forestal; aunque no sea
por el fuego; el hecho de tener unas masas de humo que les están
afectando gravemente les produce a veces una incomunicación y, cuando les
afecta el fuego, cortan las líneas telefónicas, las líneas de
comunicación y, por supuesto, las de fluido eléctrico.




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Nos ha dicho que desde Protección Civil se han suministrado más de 900
motobombas para incendios, al menos el chasis de la motobomba. ¿A quién
se lo entregan, a ayuntamientos? Por cierto, ayuntamientos que no tienen
una línea clara de actuación en el caso de una catástrofe por incendio
forestal, ¿se entrega a esos ayuntamientos o a las propias comunidades
autónomas?
Hay también un tema que nos preocupa, señor Director General, y es la
organización de los voluntarios. Cuando los vecinos de una población ven
en sus cercanías, en su término municipal, existe un incendio forestal,
sobre todo cuando tiene cierta magnitud, hay una especie de movimiento de
solidaridad, de ir a trabajar, de ir a colaborar, de ir a apagar ese
incendio, con personas en las que muchas veces, aparte de su
voluntariedad, no se puede apreciar, por supuesto, una preparación
técnica y que no pueden evaluar el riesgo que van a correr. Sabe el señor
Director General, y saben SS. SS., que algunos de estos voluntarios,
llevados de una excesiva buena fe, se han metido donde no debían y han
caído en la trampa mortal que son los incendios forestales, cuando hay un
cambio de tiempo, cuando hay una invasión por humo, etcétera. Quizá la
organización de estos voluntarios, que tampoco se ve que lo hagan la
autoridad forestal ni las Fuerzas del Orden, correspondería a Protección
Civil. En todo caso, haríamos un llamamiento desde aquí a quien
corresponda, desde mi propio Grupo.

Finalmente, debo decirle que hay un asunto que a mi Grupo y a este
Diputado personalmente nos preocupa; es algo en lo que creo que coincido
con el Director General, pero que no ha quedado suficientemente claro, y
es el tema del mando único en la lucha contra un incendio forestal. Hay
diversos niveles competenciales: Administración Central, Administración
autónoma; hay la colaboración de otros entes y, luego, de manera
horizontal, están interviniendo la autoridad forestal, las propias
Fuerzas del orden y Protección Civil. Cuando, sobre todo, un incendio
forestal afecta a varias comunidades autónomas --a dos generalmente--, la
figura del mando único aparece como absolutamente necesaria, y así lo
señalamos en uno de los capítulos de la ley básica de montes. En el
apartado referido a la prevención y a la conservación del monte, así como
a la prevención y extinción de incendios, en uno de los artículos mi
Grupo aboga por ese mando único; pero debe quedar bien claro, al menos
desde nuestro punto de vista, que debe ser la propia autoridad forestal,
salvo que dentro de las competencias inherentes a la actuación de
Protección Civil, y por el peligro de personas, bienes, etcétera, tenga
que intervenir directamente para auxilios o evacuaciones. En todo caso,
entendemos que ese mando único corresponderá a la autoridad forestal,
autonómica o estatal --lo que determine la ley básica de montes--, porque
son lo que técnicamente saben luchar contra el fuego y la labor de
subsidiariedad, de apoyo o de prevención que pueda hacer Protección Civil
estará a su disposición. Nos gustaría que ese matiz quedara bien claro,
porque entendemos que la lucha contra un incendio forestal requiere unos
conocimientos y una preparación técnica que es la autoridad forestal
quien la tiene que coordinar; además dentro de las competencias que
fueron transferidas a las comunidades autónomas se incluye precisamente
la dirección técnica de la lucha contra los incendios forestales.

Con esta serie de dudas, por un lado, de discrepancias, por otro, y de
acuerdos finalmente, termino mi intervención en espera de que me pueda
contestar el señor director general a algunas de las cuestiones que le he
hecho.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Pérez.




El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Presidente, quiero disculparme porque me
tengo que ausentar por el motivo que le comenté antes. Leeré muy
atentamente en el «Diario de Sesiones» las respuestas que dé el Director
General a mis preguntas. Lamento sinceramente no poder estar, pero espero
que lo entiendan. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la Señora
Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: Quisiera empezar por dar la bienvenida al
Director General de Protección Civil, felicitándole, además, por lo que
considero una estupenda intervención y exposición de la labor que viene
realizando en su dirección general. Ha puesto en evidencia algo que me
parece importante resaltar, que es la complejidad de la organización del
Estado contenida en el Título VIII de la Constitución, es decir, del
bloque competencial del Estado de las Autonomías, del bloque competencial
que viene atribuido por virtud de la Constitución y de las sentencias del
Tribunal Constitucional.

Alguna vez hemos visto que escapistas de la política o, digamos,
políticos pocos escrupulosos, y aprovechándose del río revuelto, de la
confusión, como consecuencia de las diferentes competencias atribuidas
por virtud del bloque competencial, solían desligarse de la
responsabilidad que tenían al frente de su respectiva administración y
echar la culpa a la Administración Central en relación con determinados
eventos de la vida del país. Su explicación ha puesto de manifiesto hasta
dónde llega la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la
Administración pública, y hasta dónde pueden llegar las responsabilidades
de otras administraciones en materia de protección civil.

Esta materia la aborda mi Grupo desde el optimismo y no desde el
pesimismo. Es decir, frente a quienes denuncian, legítimamente, por
supuesto, que existe todavía por aprobar una serie de planes o
directrices, yo diría que bajo el Gobierno socialista se han aprobado
varias normas: en primer lugar. la Ley 2/1985, de 21 de enero, de
Protección Civil; se ha aprobado --bajo mandato de un Gobierno
socialista-- el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, que aprueba la
norma básica de protección civil; y se ha aprobado una serie de
directrices básicas sobre inundaciones, sobre seísmos, sobre incendios
forestales, etcétera, que han ido dando contenido a la política de
protección civil en nuestro país, inexistente, por otro lado, en etapas
anteriores.

Por tanto, me felicito por la comparecencia y me felicito, además, por la
explicación que ha dado el Director



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General de Protección Civil, Además, con su explicación se ha puesto de
manifiesto la capacidad de previsión del Gobierno. Me parece que
iniciativas como el plan básico bélico, el plan nuclear, etcétera, la
iniciativa de intentar crear el instituto europeo de protección civil,
son ejemplos claros de esa capacidad de previsión, de esa capacidad de
adelantarse a las necesidades y las demandas de la sociedad en esta
materia.

Faltan, indudablemente, cosas por hacer, y nosotros, desde el Grupo
Socialista, estimulamos al director general para que continúe en esa
tarea compleja de dotar de medios de protección modernos a la sociedad,
adecuados al bloque competencial y a las distintas responsabilidades que
tiene cada una de las administraciones, de dotar de más medios para
protegerse frente a las grandes catástrofes, frente a los grandes
sucesos.

Quisiera sugerir al director general en esta comparecencia algo que me
parece fundamental, precisamente para evitar las manipulaciones o
actitudes escapistas, o incluso confusiones, bien o mal intencionadas,
que se han producido a propósito de algunos sucesos, y es que haga una
labor de difusión, de información mayor sobre los planes que está
elaborando Protección Civil. Por otro lado, la demanda de mayor
información o de mayor difusión también parece que la ha sugerido en el
día de hoy el Grupo Popular. Me parece que es bueno que la sociedad
conozca lo que está haciendo el Gobierno central en relación con esta
materia y que, además, se conozcan y se difundan los planes específicos o
los planes sectoriales que se han venido realizando. Me parece
importantísimo, no sólo por dar tranquilidad e información a la sociedad,
sino también a efectos de enmarcar claramente la responsabilidad que
tiene cada Administración en esta materia.

El Grupo Socialista ha solicitado una comparecencia sobre el plan estatal
de protección civil para emergencias por incendios forestales porque,
como sabe el Director General, existe una Ponencia, que se creó en el
seno del Senado sobre estudios forestales, que elaboró unas conclusiones
que fueron aprobadas por unanimidad en el año 1993 y que son, yo creo,
por así decirlo, la doctrina básica que hemos sido capaces de elaborar
los distintos grupos parlamentarios en relación a cómo cambiar más
eficazmente los incendios forestales en nuestro país. Fue una labor de
consenso que me parece fundamental y que debemos mantener los distintos
grupos, al margen de avatares electorales.

Saben SS. SS. también que, al hilo de la desgraciada incidencia que
tuvimos y que padecimos el verano pasado con motivo de los incendios
forestales, se ha vuelto a reabrir aquella Ponencia en el Senado y hoy en
día está trabajando sobre cómo seguir ahondando, desde el consenso de las
distintas fuerzas políticas, en fórmulas para combatir más eficazmente
los incendios forestales en nuestro país.

Entre las conclusiones que elaboró aquella Ponencia estaba la de que se
llevara a cabo una mejor coordinación entre las distintas
administraciones a la hora de combatir los incendios forestales; mayor
eficacia en la prevención de los incendios forestales pero también mayor
coordinación a la hora de luchar contra los incendios forestales con los
medios de que disponen las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la
Administración central.

Yo creo que el Plan estatal de protección civil para emergencias por
incendios forestales es un magnífico instrumento de coordinación entre
las distintas administraciones para combatir los incendios forestales,
pero es un plan que se desconoce, incluso lo desconocía el partido
mayoritario de la oposición. Se aprobó, como sabemos, en marzo o en abril
de este año, pero lo desconocía el grupo mayoritario de la oposición. A
mí eso me parece muy grave, por cuanto que ha dado lugar a que tengamos
debates en esta Cámara sobre la existencia o no existencia de este plan.

Yo creo que no sería malo que, a medida que se vayan aprobando los planes
y las directrices de Protección Civil, se haga un esfuerzo por parte de
la Administración central para hacerlo llegar a las distintas fuerzas
políticas, a las distintas administraciones y también a los sectores,
digamos, más involucrados y, en general, a la opinión pública.

En segundo lugar, a mí me gustaría saber la opinión del Director General,
desde la experiencia de este año, acerca de cómo ha venido funcionando
este verano --es verdad que ha bajado el número de incendios y la
superficie quemada-- el plan estatal de protección civil para emergencias
por incendios forestales, que se puso en marcha en vísperas de este
verano, y si es necesario introducir alguna modificación en el mismo, a
la vista, como digo, de la experiencia producida.

No quiero terminar sin agradecer nuevamente al director general la
información que nos ha dado y sin decirle que vamos a hacer un
seguimiento de cómo se va aplicando el resto de los planes; esperamos que
vuelva a esta Comisión a efectos de debatir esta materia que nosotros
consideramos que es muy importante.




El señor PRESIDENTE: Puede el Director General de Protección Civil
contestar a las cuestiones que se le han formulado, preguntas,
sugerencias y, en todo caso, ejercitar un turno de réplica general. (El
señor Madero Jarabo pide la palabra.)
Señor Madero.




El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, en la intervención de la señora
Pelayo ha habido una alusión al grupo mayoritario de la oposición en el
sentido de que desconocíamos el Plan estatal de protección civil para
emergencias por incendios forestales.




El señor PRESIDENTE: En su momento podrá usted contestar a la ironía o a
la alusión, porque habrá un nuevo turno.




El señor MADERO JARABO: Una alusión irónica. Sí se conocía, señora
Pelayo, al menos...




El señor PRESIDENTE: Dejémoslo, señor Madero, para el turno en el que
usted podrá perfectamente contestar como le parezca oportuno.

Señor Director General.




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El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL (Cruz de Castro): Yo haría
una introducción en principio global, sobre todo cuando se han puesto de
manifiesto determinadas insuficiencias de protección civil, más que nada
la alusión del señor González cuando hablaba de una serie de cosas que
faltaban, etcétera.

Lo primero que diría es que España se ha puesto en la posmodernidad sin
haber pasado por la modernidad, y digo esto porque cuando por primera vez
hay una norma jurídica en nuestro país es en 1985; debido al recurso de
inconstitucionalidad, hasta 1990 no sale la sentencia --por tanto, son
cinco años que impiden desarrollar la ley-- y la norma básica, que es la
clave en todo el proceso, en toda la articulación del sistema, es de
1992. Sin duda alguna, se podía haber corrido más, no lo sé, pero creo
que ha sido demasiado. Por ejemplo, en planes estatales nos quedan
todavía dos directrices básicas: la de volcanes, fundamentalmente para la
zona de Canarias, y la de mercancías peligrosas en general; son
esenciales. Dejo la relativa al riesgo bélico porque, afortunadamente,
como decía antes, no es prioritaria ni urgente. Cada una de estas
directrices básicas tiene que llevar luego los propios planes, tanto
estatales como autonómicos, municipales, etcétera. Mientras no exista la
directriz básica no se puede elaborar el plan estatal. La directriz
básica es la que marca cómo deben hacerse esos planes. Digo esto porque,
sin duda alguna, lo que sí es cierto es que la sociedad española --por
eso decía yo que nos hemos puesto en la posmodernidad sin haber pasado
por la modernidad-- exige seguridad sin tener incluso medios para poder
darla, en cualquier término. Y en ello estamos, y por mucho que queramos
correr, no podemos hacerlo mucho más, entre otras razones porque tengo
que decir que sobre todo las directrices y cualquier plan lo elaboramos
de común acuerdo. Es más, yo puedo decir que se constituyen unos grupos
de trabajo dentro de la Comisión Nacional, que presiden depende de en qué
momento. En inundaciones, por ejemplo, la presidió el Gobierno vasco, el
representante del Gobierno vasco; el sísmico lo presidió precisamente La
Rioja; en mercancías peligrosas, los vascos están presidiendo también el
grupo de trabajo. Quiero decir con ello que son grupos de trabajo, dentro
de todas las autonomías, incluyendo municipios y naturalmente técnicos de
la Dirección General, los que van articulando estos proyectos. Por eso
decía que no hace falta nunca votar porque se llega con un consenso
global entre todos, particularmente en aspectos técnicos muy
fundamentados. Y esto lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo.

No quiero que esto sea un frontispicio para justificar de alguna manera
la prisa. Hemos perdido, efectivamente, cinco años, hemos retrasado lo
que era un desarrollo normativo fundamental.

Yo, sobre todo, quiero agradecer a la señora Pelayo los ánimos que me ha
dado porque, cuando uno viene un poco a examinarse, que de repente se den
ciertos ánimos, realmente da fuerza para seguir.

Respondiendo al señor González, de Ceuta, las carencias han sido
muchísimas, por lo que decía, pero hay un tema que sí me interesa
precisar. Cuando se dice que no existe escuela, no es cierto. El nuevo
edificio de la escuela no está en funcionamiento. Lo que es el concepto
de escuela está funcionando desde mucho antes de empezar el propio
edificio nuevo, es más, se ha suprimido lo que era una subdirección
general el año pasado en la nueva articulación del Ministerio de Justicia
con el Ministerio de Interior. Hasta esa fusión la Dirección General
tenía tres subdirecciones generales. Una de ellas era, con cargo de
subdirección general, el director de la Escuela Nacional de Protección
Civil; esa subdirección se ha suprimido, pero no su contenido, ya que
sigue estando en un subdirector adjunto, y el propio director general
asume la responsabilidad de dirección de la Escuela. Quiero decir que el
concepto de escuela, la esfera relativa a la formación, no se ha
suprimido, sigue existiendo. Lo que sí es cierto es que el nuevo edificio
no se ha puesto en funcionamiento. Es una precisión que quería hacer,
sobre todo al señor González, por lo que decía de cómo se está hablando
de cursos cuando no existe la escuela. La escuela, en el sentido
estricto, existe. El nuevo edificio es el que todavía no se ha puesto en
funcionamiento.

Tengo que añadir --antes lo dije-- que, en esta idea que hemos propuesto
de lograr el instituto europeo de la formación para protección civil,
queremos que estén las propias autonomías incorporadas al consejo de
administración, por así decirlo; es decir, ha de ser un instituto con una
formación superior, sin perjuicio de que haya que formar, incluso de base
a bomberos o a directivos de emergencias, etcétera. Es fundamental que
este instituto pueda ofrecer una formación superior. En estos momentos,
los técnicos deben tener una formación superior --en una autonomía pueden
ser necesarios uno o dos técnicos de máxima responsabilidad, expertos en
emergencias-- pero su formación deben realizarla o en Suecia, donde
existe una escuela muy buena, o en Francia. Una autonomía no puede tener
una escuela para formar a uno o dos técnicos. Yo creo que esta labor es
estatal, interpretando este concepto no desde la Administración del
Estado, sino incluyendo en la Administración del Estado a las autonomías,
que también son Estados. Desde esa perspectiva, estamos configurando el
concepto de instituto europeo de la formación para la protección civil.

El señor González ha hecho referencia en su intervención a la
preocupación por la terminal de mercancías peligrosas, y se refería
concretamente a Ceuta. Efectivamente, sobre este tema hay una serie de
normativas del Ministerio de Industria, en relación con el transporte,
etcétera. Es cierto que este tema nos preocupa, porque no sólo estamos en
los puertos --de ahí que se haya elaborado concretamente para Ceuta y
Melilla el denominado plan de emergencia química, esencial para estas dos
ciudades--, pero en los puertos hay unos problemas muy delicados e
importantes para Protección Civil, que son abordados por los planes
territoriales. Por ejemplo, el plan de Cataluña aborda el plan de
puertos. Cuando este plan se estaba homologando en la Comisión Nacional
ocurrió un accidente en el mismo puerto de Barcelona donde se había
experimentado lo que días después íbamos a homologar en la Comisión
Nacional. Con ello quiero decir que desde la dirección general no se
realizan unos planes específicos para



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puertos --sí en el caso concreto de Ceuta y Melilla--, porque la
responsabilidad incumbe a las autonomías.

Quiero enlazar mi intervención con la exposición realizada por el señor
Madero sobre los incendios forestales. Estoy de acuerdo con S. S. en
cuanto a la coordinación, pero hay que tener en cuenta temas jurídicos
que no nos podemos saltar y sobre los que hay unas competencias muy
concretas, sobre todo, en relación con los incendios forestales, debido a
las transferencias de competencias en Agricultura que tiene cada
autonomía. Este tema no se puede tocar. tampoco en Protección Civil
podemos pasar determinadas barreras, porque la sentencia del Tribunal
Constitucional marcaba las competencias concurrentes.

Al margen de diferentes posiciones ideológicas y rivalidades políticas,
en las diferentes responsabilidades que he tenido, en el único sitio que
nunca ha salido una diferencia política, sobre todo de pugilato, ha sido
en Protección Civil, quizá porque la materia objeto de Protección Civil
es suficientemente delicada como para que nadie haga bandera política.

Esta ha sido mi experiencia en la Comisión Nacional de Protección Civil y
en mi relación con las autonomías. Que nadie haga bandera política de un
tema que es de por sí muy delicado. Tengo que decir esto en honor a la
verdad. Es más, esta Dirección ha encontrado apoyo en todos los grupos,
pero en alguna ocasión lo ha encontrado en grupos que no son afines
ideológicamente; ello significa que nunca se ha hecho bandera política en
este tema. Lo que sí es cierto --y esto sí que me interesa tocarlo con la
suficiente discreción y cautela-- es que cuando se habla de falta de
coordinación en un incendio normalmente no se trata de un problema entre
administraciones, sino de un problema de concepto, como el señor madero
ha dicho claramente en su exposición, ya que, en cuanto a los incendios
forestales, hay diferentes conceptos: la posición de bombero y la
posición de forestal. Esto no es un problema entre administraciones, sino
un problema de concepto dentro de una propia responsabilidad autonómica,
sin que aquí tengan nada que ver las posiciones ideológicas.

¿Cuál es la diferencia de matiz en este sentido? Los forestales, la
concepción de forestales habla fundamentalmente de prevención. Los
incendios se apagan en invierno, no se apagan en verano, cuando vienen,
porque antes hay que preparar el monte, hay que hacer los cortafuegos
correspondientes, etcétera; es decir, hay que tratar el monte. Para una
adecuada política forestal --y estoy seguro de que el señor Madero sabe
mucho más que yo de esto-- hay que dejar claro quién accede al monte,
quién no accede al monte, si pueden intervenir coches de tracción
mecánica, etcétera. Todo esto es una política de carácter forestal
anterior al propio incendio.

La concepción de bombero no entra en eso, sino en apagar el fuego, con
toda una serie de técnicas, porque ellos son los que saben apagar el
fuego.

Yo no estoy a favor ni en contra de una u otra posición; explico las dos
que hay. Este año, concretamente en la provincia de Avila, hubo un
incendio muy importante, que llegó a cinco kilómetros de El Tiemblo, y
fue la concepción forestal la que evitó que hubiera que evacuar, porque a
dos kilómetros del pueblo hicieron un cortafuegos y, naturalmente, cuando
llegó allí el fuego, se acabó.

Con esto quiero decir que el problema que se está debatiendo en estos
momentos no es un problema de coordinación entre administraciones, como
puede parecer a efectos de la opinión pública; no se trata de que las
competencias sean del Gobierno central o de la autonomía; no, nunca se ha
planteado esto; siempre que se ha hablado de descoordinación ha sido por
un problema de concepciones distintas dentro de un mismo sitio. Es más,
hay autonomías en que por un lado está el problema forestal, por otro el
de protección civil, etcétera, y, de hecho, hay enfrentamientos. En
alguna autonomía hay competencias forestales, competencias de protección
civil y competencias de medio ambiente. Estos son tres elementos que en
algún momento pueden confluir y el conflicto no sería entre
administraciones, sino dentro de una misma administración, problemas
concretos de concepto. Y yo puedo tener mis ideas, pero no me manifiesto
en estos momentos sobre lo que es mejor o peor. Sí digo, repito, que éste
es un problema que está latiendo en las diferentes autonomías, y cada una
tiene su sistema, aunque, insisto, este problema no tiene nada que ver
con lo que son competencias entre administraciones a efectos de lo que
puede significar el plan estatal de protección civil para incendios
forestales.

Hay un tema importante que ha tocado ya el señor Madero, que es el de los
voluntarios. Es un asunto muy delicado. Me parece que ya está aquí, en el
Congreso, una ley relativa a esto, ley en la que nosotros hemos
participado en el propio Ministerio de Asuntos Sociales en relación a
este asunto. Yo siempre he dicho que los voluntarios son importantes,
pero que tienen que estar adscritos a una institución. Nosotros
normalmente aconsejamos que sea a los ayuntamientos; no se puede ir por
libre porque entre los uniformes, la parafernalia externa, etcétera, hay
una tendencia a que se pueda desviar hacia cuestiones paramilitares no
muy recomendables. Los voluntarios son importantes adscritos a un
ayuntamiento que sea responsable y que organice, pero no es posible que
un voluntario o un grupo de voluntarios pueda intervenir en cualquier
catástrofe --ya sea un incendio o no--, como ha sucedido, sobre todo el
año pasado, si no tienen una formación adecuada, la capacitación
adecuada; es decir, la asignación de tareas concretas. Si los voluntarios
se presentan de repente en un sitio sin saber lo que tienen que hacer,
estorban mucho más que benefician, como sucedió el año pasado en
Cataluña. Por tanto, tienen, primero, que estar asignados a una
institución, que les diga qué es lo que tienen que hacer y dónde;
segundo, tienen que tener la formación adecuada para poder intervenir con
garantías y no entorpecer incluso a los propios profesionales, y,
tercero, tener asignadas las tareas concretas que tienen que realizar; si
no, es peor el remedio que la enfermedad. Me estoy temiendo que estamos
adelantando mucho y que nos estamos demorando demasiado con la Secretaria
de Estado de Instituciones Penitenciarias, de todas formas, señor Madero,
ése es un tema en el que Protección Civil puede intervenir puesto que no
tenemos problemas de divergencias ni competencias con las autonomías en
lo que al material homologado se refiere. Es cierto, pero hay más. Por
ejemplo,



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se puede dar el caso de que un determinado municipio requiera una
dotación del Cuerpo de Bomberos del pueblo de al lado, que ha comprado
las mangas de riego en otro lugar, y resulta que no sirven las tomas de
riesgo, con lo cual no pueden coger agua de un determinado lugar porque
no está homologado. Esto es algo que tenemos planteado y que incluso
dentro de la propia Comisión Nacional de Protección Civil estamos
tratando.

Uno de los temas esenciales a juicio de todos los que tenemos
responsabilidades en Protección Civil es el de la prevención, por eso se
ha creado un grupo de trabajo, precisamente a instancia de Protección
Civil de Cataluña, para la ordenación del territorio. Sin embargo --y ahí
abundo un poco en lo que la señora Pelayo decía--, en estos momentos
estamos exigiendo unos resultados a Protección Civil en España sin que
haya habido el tiempo suficiente ni se den las circunstancias oportunas
para poder dar esa respuesta. Por ejemplo, cuando se iba a construir una
autovía, una carretera o una autopista, yo, que he sido Gobernador Civil
--y en aquel momento el señor Sáenz de Cosculluela era Ministro del ramo
correspondiente-- recuerdo que se pedía un informe para ver el impacto
medioambiental. Eso es precisamente lo que pretendemos en Protección
Civil, que exista una norma que exija que para cualquier cuestión tenga
que haber previamente un informe para ver si realmente existen medios
establecidos de prevención. Con ello evitaríamos que sucediese lo que
ocurrió en una determinada localidad española, cuyo nombre no quiero
decir, y es que después de elaborar un plan químico de una industria al
lado se construye un polideportivo y un colegio. Esto es un absoluto
disparate, porque ese plan ya no sirve ya que el riesgo está ahí, con lo
cual hay que elaborar uno nuevo, o bien quitar la industria.

Uno de los temas que también estamos barajando en el riesgo nuclear es
dotar a los municipios nucleares que sufren una serie de carencias,
aunque siempre es poco lo que se hace porque el dinero es escaso y,
además, cada cual quiere mucho más. Lo que tampoco se puede hacer es
dotar de una serie de medios a un municipio concreto para el caso de que
exista una emergencia nuclear y que de repente un municipio situado al
lado de una central nuclear concreta monte un camping con capacidad para
3.000 personas. Eso altera absolutamente la concepción de protección que
pueda haber ante una emergencia ya que el riesgo se incrementa a un
número mucho mayor. Hay que elaborar una norma específica en este tema;
una ordenación del territorio en la que se diga que aquí no se puede
hacer esto y que allí no se puede hacer lo otro. Hay que ordenar mucho
antes para prevenir que para corregir. En la medida en que Protección
Civil aumente la prevención todo lo que es el auxilio ante una catástrofe
o un evento determinado disminuye. En eso es en lo que yo creo que
tenemos que insistir. A mi juicio, este grupo de trabajo para la
ordenación del territorio, presidido por Protección Civil de Cataluña,
puede dar un resultado magnífico a efectos de prevención y disminución en
gran medida de los riesgos.

Me temo que me dejo bastantes cosas, pero es que estoy un poco apurado
por el tiempo. El señor Presidente me dirá si puedo continuar o no.




El señor PRESIDENTE: Usted puede culminar su exposición.




El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL (Cruz de Castro): Contesto
un momento a la señora Pelayo, que me preguntaba cómo ha funcionado el
plan estatal. El plan estatal ha estado experimentándose durante dos años
de manera provisional antes de su elevación a definitivo. En él hay cosas
que corregir, sobre todo a efectos de información de ida y vuelta. Ha de
tener un rodaje mayor para que, ante un incendio o cualquier otra
catástrofe, se produzca una información rápida de ida y vuelta; es decir,
hace falta engrasarlo un poco más, si se me permite la expresión.

Sí es cierto que por más que queramos damos poca información, sobre todo
en temas de protección civil, donde se entremezclan tres niveles que
muchas veces se confunden. Probablemente sea defecto de todos, pero en la
responsabilidad que le corresponde a la Dirección General, trataremos de
dar mayor explicación, explicar esto un poco más. Estamos tratando, como
ha hecho la Dirección General de Tráfico, de llevar la seguridad vial a
los colegios, de llevar todo esto a los colegios para que ya se empiece a
ver desde pequeños lo que implica protección civil como algo
consustancial y normal. Creo que ésta será la medida más importante, a
efectos de tener una seguridad mucho más eficaz.

Contesto a una pregunta que me parece importante: ¿quién decide la
adecuación? Señor Madero, el director de emergencia. Cuando hay un
problema, hay un director de la emergencia, que normalmente es el
responsable de la comunidad autónoma, salvo que se vea impotente, como
pasó en Murcia el año pasado, concretamente en el incendio de Moratalla,
donde el Delegado del Gobierno asumió la responsabilidad, no porque fuera
de interés nacional, que es cuando tiene que asumirlo, sino porque
realmente excedía de las propias posibilidades del Gobierno autónomo
murciano, y, entonces, el Delegado del Gobierno se hizo cargo de la
situación y dirigió la emergencia.

En cualquier caso, si hay que evacuar una población es el director de la
emergencia, sea quien sea, el encargado de dar las órdenes oportunas.

Aquí tenemos carencias tanto en las autonomías como en la propia
Dirección General, porque es importante que dejemos informatizada la base
de datos del catálogo de recursos. Ahí sí que tenemos muchas carencias
todavía, porque es importante no sólo informatizar la base de datos, sino
que hay que modificarlos y actualizarlos de año en año, para tener no
sólo la base de datos de los recursos movilizables estatales sino de las
propias autonomías para, en el caso de que haga falta ayuda de otra
autonomía, saber qué es lo que se puede movilizar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero.




El señor MADERO JARABO: Seré muy breve, señor Presidente.

Señorías, quiero señalar que de mi primera intervención el Director
General ha dado cumplida cuenta a algunas de



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las demandas y de las preguntas que le he hecho. Por otro lado, existen
coincidencias o discrepancias en algunas de las materias que totalmente
no están por resolver, porque precisamente el conocimiento del Plan
estatal de protección civil para emergencias de incendios forestales abre
un abanico de posibilidades, de dudas, de interrogantes, aunque, como no
puede ser de otra manera, ese Plan no puede resolver de un plumazo todos
los problemas.

Hay quien se deshace en felicitaciones y en palabras muy optimistas,
cuando en materia de incendios forestales todavía seguimos teniendo dos
muertos, como este año y cien mil hectáreas arrasadas por el fuego. Creo
que no es momento de felicitaciones ni de echar las campanas al vuelo
sino de seguir trabajando, porque si este año ha sido simplemente malo el
anterior fue horroroso. Esperemos que el que viene sea mejor y se trabaje
en esa línea.

Tomo buena nota, señor Director General, de las contestaciones que me ha
dado a mis demandas y se lo agradezco.

Hay también sobre la mesa, como ha señalado, una serie de carencias y de
líneas de trabajo que hay que seguir perfeccionando. Ni de las palabras
de mi compañero, señor González, ni por supuesto de las mías se ha podido
inferir en ningún momento que hayamos hecho sobre protección civil, en
general, y los incendios forestales bandería política, o que hayamos
querido expresar diferencias políticas. Sólo queríamos debatir a fondo un
tema que es de vital importancia.

En ese sentido --concluyo mi intervención, señor Presidente--, no se vaya
celoso --parlamentariamente hablando-- el señor Director General porque
solamente reciba ánimos del Grupo Socialista. En esta materia,
precisamente porque no hacemos bandería política, le damos ánimos también
para que, contando con nuestra colaboración, pueda desarrollar de la
mejor manera posible su labor, porque no será en beneficio del Director
General, ni del Ministro del ramo, ni del Gobierno que esté, sino de
todos porque todos estamos colaborando en materias tan importantes y tan
delicadas como la protección civil y, en especial, los incendios
forestales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: Coincido con el señor Director General sobre el
salto cualitativo que se ha dado en la política de protección civil en
nuestro país. También deseo insistir en que no es intención de nuestro
Grupo, ni lo ha sido nunca --en este sentido hemos apoyado al Gobierno--,
hacer bandería política en un tema tan delicado y tan sensible como es el
de la protección civil, pero eso no impide que como Grupo intentemos
dejar las cosas en su sitio y atribuir las responsabilidades y las
competencias a quienes las tienen en nuestro país.

Yo no quiero polemizar con el Grupo Popular, pues ha mantenido aquí una
posición positiva, contrariamente a lo que ha venido sosteniendo en otras
ocasiones, lo cual me parece que es un avance importante. A partir de
esto, sólo me resta encarecer al señor Director General que siga adelante
con esos trabajos, a fin de podernos dotar de los planes necesarios.

Por último, le anuncio que vamos a pedir próximamente una comparecencia a
efectos de que nos explique más detalladamente los proyectos que tiene en
relación con algunos aspectos que no han sido desarrollados con la
amplitud que hubiera deseado el Grupo Socialista, dado lo avanzada de la
hora.




El señor PRESIDENTE: Agradezco a don Francisco Cruz de Castro su
comparecencia.




--DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS
(FERNANDEZ FELGUEROSO), PARA QUE EXPLIQUE LA ACTUAL SITUACION DE LA
PRISION TENERIFE II. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 212/001482.)



El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden del día, invito a ocupar el
estrado de esta Mesa a la señora Secretaria de Estado para Asuntos
Penitenciarios. (Pausa.)
Tiene la palabra doña Paz Fernández Felgueroso, Secretaria de Estado para
Asuntos Penitenciarios, para que explique la actual situación de la
Prisión Tenerife II.




La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, señorías, voy a intentar ser breve en esta
descripción que se me ha pedido del centro penitenciario de Tenerife II
haciendo una aclaración previa, y es que, desde el punto de vista
organizativo de Instituciones Penitenciarias, en Tenerife tenemos un solo
centro penitenciario, que comprende, por una parte, el complejo de El
Rosario, que es el que se viene denominando popularmente como Tenerife
II, y la antigua prisión en la que tenemos abierta una sección y que
forma parte de este centro penitenciario.

Voy a describirles, señorías, cómo es la infraestructura del centro y
cómo se desarrolla la actividad del mismo, porque para nosotros son dos
pilares básicos las posibilidades de alojamiento, las plazas de que
disponemos y lo que es esencial en el tratamiento penitenciario, que es
la actividad del centro.

Como les decía, en el complejo del Rosario, que es el que se viene
conociendo como Tenerife II, por haber sido posterior su construcción,
existen siete módulos de vida normal con 650 celdas en las que, como
probablemente conocen SS. SS., a finales de 1993 y principios de 1994, se
incluyeron literas. Por tanto, la capacidad operativa, es decir, la
posibilidad de tener allí internos es de 1.300 plazas. Además, existe un
módulo de ingresos con 48 plazas, una enfermería con 68 plazas, un módulo
de aislamiento con 26 plazas; es decir, 142 plazas complementarias. En la
antigua prisión de Tenerife I, es decir, la sección abierta del centro
penitenciario de Tenerife, hay 194 plazas. Su capacidad operativa, que
como he tenido ocasión de explicar en



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algunas ocasiones no es la idónea pues está por encima de lo deseable,
que sería un interno por celda, en total es de 1.636 plazas.

En estos momentos tenemos en Tenerife 1.193 reclusos de los que 1.121
están en el complejo de El Rosario y 79 están en la sección abierta.

Además, existe una unidad dependiente tutelada por la Cruz Roja para
albergar madres con niños, con capacidad para cuatro internas.

Esta es la descripción, pero, a mayor abundamiento, es preciso aclarar
que en el complejo de El Rosario había unos módulos fuera del perímetro
inicial más cerrado del centro que no tenían la ocupación suficiente.

Puesto en relación esto con la tensión ocupacional que teníamos en
Canarias --como SS. SS. saben, en el plan de centros inicialmente no se
preveía una nueva prisión en la Comunidad Autónoma de Canarias-- y con el
crecimiento muy importante de la población con arraigo en las Islas
Canarias, bien sea por residentes o por personas nacidas allí, nos hizo
llegar a la conclusión de que había que localizar y hacer una nueva
prisión. Pero, en tanto en cuanto ese conjunto de instalaciones de las
Islas Canarias no estén terminadas tenemos una tensión fuerte
especialmente aguda en Las Palmas, sobre todo, en los departamentos
destinados a mujeres.

Para evitar el envío a la Península de personas con residencia, nacidos
en Canarias o con procedimientos judiciales abiertos allí, decidimos
hacer una adecuación en el complejo de El Rosario, en aquellos módulos
que inicialmente estaban previstos para sección abierta en ese complejo.

Esta adecuación todavía no está terminada puesto que se han hecho
distintas fases, estamos en la última fase de contratación; se trata de
una adecuación que ha costado unos cuarenta y cinco millones de pesetas,
lo cual dará unas doscientas plazas para los módulos de mujeres. En este
momento tenemos unas 143 mujeres en Tenerife, pero la previsión es, para
eliminar tensión en Las Palmas, enviar algunas mujeres cuando este módulo
sea operativo en tanto en cuanto no tengamos mayor capacidad de
alojamiento en condiciones dignas.

Esta sería, en consecuencia, la capacidad física, las instalaciones y la
ocupación, al día de la fecha, del centro. Otro dato de interés es que el
personal que atiende el complejo de Tenerife consta de trescientos diez
funcionarios, con independencia de otros catorce laborales.

Desde 1993 se ha procedido a trasladar a Tenerife, con cierta
regularidad, internos de otras islas, utilizando de modo más racional el
conjunto del espacio del que disponíamos para la población penitenciaria
canaria.

Sabemos que el desplazarse de una isla a otra produce a las familias
bastante trastorno, pero en el entendimiento de que era peor desplazarse
a la Península, hemos ido haciendo estos traslados que en todo caso se
han venido manteniendo en unas cifras muy estables. Por ejemplo, de hace
un mes a ahora hay una diferencia de cuarenta y tantos en menos. La
ocupación que le hemos venido dando al centro de Tenerife está en torno a
las cifras que les hemos dado de 1.193, 1.100; alrededor de mil internos.

Por otra parte, sobre el otro pilar de los centros que serían las
actividades de tratamiento, las actividades culturales, quiero decirles
que Tenerife es un centro en el que no hay talleres productivos, pero sí
hay talleres ocupacionales con una intensísima actividad, tanto
sociocultural como de formación.

En programas educativos hay, en este momento, 363 personas, de las cuales
--y doy la cifra porque me parece significativa-- hay 171 que están en
fase de obtención de certificado de escolaridad. Hay, además, otros 145
internos integrados en formación profesional ocupacional, en la que
tenemos una colaboración muy estimable tanto de la comunidad autónoma
como del Instituto Nacional de Empleo.

Hay un muy satisfactorio funcionamiento de estas actividades
ocupacionales y de formación. Además, es un centro que también tiene una
intensa actividad, como antes les decía, sociocultural. Hay actividades
de vídeo-fórum, de música, de teatro, de manualidades, de cerámica, de
serigrafía, de inglés, de guitarra, de cuero, de marquetería, de costura,
de muñequería, de revista, de flamenco, de yoga y de mecanografía. Creo
que hay pocos que tengan una actividad deportiva tan intensa como la del
centro de Tenerife. Se practica fútbol-sala, baloncesto, boxeo, lucha
canaria, badmington, voleibol, frontón, gimnasia de mantenimiento,
natación, tai-chi y yoga, y hay parte de los reclusos que participan en
competiciones federadas, concretamente de fútbol, de fútbol-sala y de
baloncesto.

Es un centro que goza de una relativa tranquilidad, en el que no ha
habido prácticamente incidentes. Exclusivamente, a lo largo del año 1995
ha habido un pequeño altercado entre internos, sin lesiones, y un
altercado entre internos con lesiones leves. El perfil de interno en
Tenerife es de los que los penitenciarios denominan blando, es decir, de
gente que está muy encajada en las actividades del centro, que no ha
presentado incidentes que hubiera que reseñar o que está por debajo de
las incidencias medias de otros centros de su tamaño y de sus
posibilidades de actividad. También querría resaltar que dentro de estas
actividades de tratamiento se está llevando a cabo un programa muy
innovador de formación profesional e inserción social, que se llama
Hopecan, dentro de los programas europeos Horizont, que tiene como
colaboradores, participantes y promotores a la Comunidad Autónoma de
Canarias, al Fondo Social Europeo y una fundación de Comisiones Obreras,
que están trabajando muy bien con las personas que están especialmente en
la sección abierta, en lo que se viene denominando Tenerife I, con un
extraordinario resultado. Yo he tenido ocasión, junto con las autoridades
de la Comunidad Autónoma canaria y con la fundación que lleva el
programa, de participar en una sesión de evaluación, a la que asistieron
también miembros del Fondo Social Europeo y copartícipes nuestros
portugueses que colaboran también en un trabajo multinacional del Fondo
Social Europeo. Ciertamente, había mucha satisfacción, las cifras eran
francamente esperanzadoras y, además, estaban dadas por personas ajenas a
la institución penitenciaria.

También tenemos un convenio suscrito con el Gobierno canario y existe una
relación muy fluida, en particular, en materia de atención a
drogodependientes, tanto los que están en régimen cerrado como ex
drogodependientes que pudieran estar en régimen abierto.




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Creo, señor Presidente, que en esta primera descripción, éstos son los
datos que pueden dar una radiografía de las circunstancias en las que se
encuentra en la actualidad el centro penitenciario de Tenerife y por las
que se me pregunta.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, agradezco la
comparecencia, a petición de nuestro Grupo, de la Secretaria de Estado
para Asuntos Penitenciarios. De entrada, he de decirle que nos ha
presentado un panorama poco menos que idílico de la situación de Tenerife
II, mezclado con la situación de Tenerife I, y no ha abordado los
problemas capitales que suscita la situación de Tenerife II en estos
momentos.

Como es de sobra conocido --aquí se ha pasado sobre ascuas sobre el
particular--, la prisión de Tenerife II fue un prisión modelo con
capacidad para 768 internos en celdas individuales, tal y como establece
el reglamento penitenciario, y de golpe y porrazo en 1993 se
establecieron 840 literas, lo cual hace que, sumadas a las 650 literas en
las celdas individuales, tengamos un total de 1.490 literas. Nos ha dicho
la Secretaria del Estado que con el incremento de las literas la
capacidad alcanza a 1.300 internos.

Lo cierto es que en la actualidad de una capacidad funcional de 768
personas, se ha pasado a 1.193 internos, según nos ha confesado la propia
Secretaria de Estado. Esto está poniendo de manifiesto que la prisión de
Tenerife II se encuentra saturadísima en estos momentos. En sus inicios
se había pensado prescindir de la prisión de Tenerife I y aquí se nos
dijo por la Subsecretaria de Justicia, en su día --creo que fue a
principios de 1994--, que el Ministerio tenía pensado enajenar la prisión
Tenerife I para, así, incrementar la dotaciones dedicadas a la
construcción de nuevos centros, y la realidad es que en aquel momento
desconocía por completo la señora Subsecretaria que eso no se podía
realizar, puesto que los terrenos de la prisión Tenerife I fueron cedidos
al Ministerio para prisión, con lo cual si se cambia el objeto de esa
cesión habría que iniciar un procedimiento con el cabildo, y en estos
momentos desconocemos en qué situación se encuentra.

Volviendo a la situación de la prisión de Tenerife II yo le tengo que
decir que la señora Secretaria de Estado no lee la prensa, porque tengo
aquí algunos recortes y voy a citar sólo los de los últimos meses, en los
que se dice:«Caos entre rejas»;«la estancia de 1.100 presos cuestiona la
seguridad de Tenerife II»;«268 presos preventivos esperan juicio en la
cárcel de Tenerife II»; «las deficiencias de la cárcel del Salto del
Negro obligan a desviar a las internas a Tenerife II» (ya explicaremos
luego las promesas hechas en esta Cámara para la construcción de un nuevo
centro penitenciario en Las Palmas reiteradamente incumplidas); «los
sindicatos califican al proyecto de módulos de mujeres en Tenerife II
como una enorme chapuza» (tengo a la vista el escrito, de fecha 29 de
marzo de 1995, elevado por los sindicatos al Director General de la
Administración Penitenciaria); «tres sindicatos denuncian las
irregularidades que presenta el futuro centro penitenciario de mujeres»;
«el director de Tenerife II reconoce que el centro penitenciario está
masificado» (esto se decía el 30 de junio de 1995). Decía textualmente el
citado director: «El recinto está masificado ya que al día de hoy tenemos
1.234 internos» (al parecer se ha bajado algo, se ha pasado a 1.193),
«son demasiados reclusos y hay que decir que del total unos 500 son
procedentes de Las Palmas... ¡Para qué seguir citando! «Unos 300 internos
de Las Palmas podrían ser trasladados a Tenerife II en octubre». De esto
no se nos ha dicho nada. Se está habilitando para prisión de mujeres un
módulo previsto en un principio para régimen abierto que ha sido
denunciado por todos los sindicatos --y yo he tenido la oportunidad de
verlo--, ya que se puede considerar como una auténtica chapuza puesto que
las dificultades que comporta la construcción de la prisión son
evidentes. En este sentido, me gustaría que se nos aclarara plenamente si
es cierto el anuncio de 300 nuevos internos que podrían ser trasladados
de Las Palmas a Tenerife II en octubre, como ha dicho la prensa de
principios de este mes en las islas Canarias.

En cuanto a la seguridad en el módulo de mujeres, también se ha anunciado
en la prensa que la vigilancia externa del centro la llevará a cabo una
empresa privada de seguridad, incumpliéndose así los reglamentos de
custodia y vigilancia de reclusos que establecen que dicha tarea debe ser
efectuada exclusivamente por la Guardia Civil. Me gustaría que también se
nos aclarara esta cuestión. Y los sindicatos vienen afirmando a través de
la prensa, porque Tenerife II está permanentemente en los medios de
comunicación de Canarias, que en la prisión Tenerife II, catalogada como
de máxima seguridad, no sólo no existe un foso de seguridad exterior,
sino que la zona perimetral del edificio se halla parcialmente sin vallar
--yo he tenido oportunidad de ver esto-- dejando, por tanto, libre
comunicación entre el interior y el exterior y viceversa.

Hay una única puerta de acceso al futuro centro de mujeres, con los
inconvenientes que esto tiene. En cuanto a los derechos que asisten a las
presas, no se ha previsto dotar al centro de un locutorio oficial para
comunicarse con sus abogados y procuradores. Además, el centro carece de
agua caliente y no posee aseos y baños en los submódulos en los que está
dividido, ni tampoco en las zonas comunes. La enfermería no dispone de
espacio suficiente, no sólo para acoger a presas con enfermedades comunes
sino que tampoco recoge áreas de aislamiento médico o de intoxicación.

En definitiva, aunque lo ha presentado la Secretaria de Estado como un
modelo idílico de prisión, la realidad es que esto no se corresponde con
los hechos.

El tema viene planteado ya desde el año 1993, pero la realidad es que,
cada día que pasa, la situación es más grave. Tengo un recorte de prensa
de 14 de julio del año 1993, cuando ya se decía que el Partido Socialista
propondrá en Madrid paralizar la masificación de Tenerife II y
rehabilitar Tenerife I. Yo no sé si es que en el Gobierno no se hace caso
a los parlamentarios de Tenerife del Partido Socialista



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o que lo que proponen no es viable, pero sí es cierto que aquí se nos
viene diciendo desde el 6 de octubre de 1993 que todo el problema de la
masificación de Tenerife II es consecuencia de la saturación de la
prisión Salto del Negro, en Las Palmas, y que era inminente la
construcción de un nuevo centro en Gran Canaria.

Yo no voy a hacer aquí un relato de las sucesivas promesas porque se
viene diciendo, desde el año 1993, que será en un plazo de dos meses,
aunque con posterioridad, se ha sabido que ni siquiera estaba adquirido
el solar, lo que provocó una reacción violenta de todos los alcaldes del
sur de la isla de Gran Canaria, puesto que a ellos no se les había
comunicado lo más mínimo. Por ejemplo, en el Plan de creación de centros,
aprobado en 1991, no figuraba para nada y, sorprendentemente, se dice que
se va a construir una prisión en el sur de Gran Canaria, sin que se
conozca el lugar definitivo de su emplazamiento ni exista consignación
presupuestaria para la misma. Con posterioridad, a mí se me contesta en
una pregunta escrita, con fecha 8 de marzo, que para la puesta en
funcionamiento debe considerarse el plazo de 24 meses a partir de la
fecha en que se disponga del terreno, pero que, si el resultado de los
estudios es favorable, la decisión puede adoptarse a corto plazo, ya que
la construcción de este centro tiene carácter prioritario para la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. Yo no sé qué se considera
carácter prioritario.

Se sabe de sobra que hay un auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
número 2, declarando la irregularidad que supone la masificación de la
prisión. Allí, no son posibles técnicas de reinserción debido a esa
saturación de la prisión y con los problemas que comporta que los presos
procedentes de Las Palmas en los permisos que se les dan, tengan que
trasladarse a otra isla ya que no es lo mismo trasladarse de una prisión
de Salamanca a Cáceres que trasladarse de una isla a otra. Se da el caso
de que numerosos internos con problemas de drogadicción, después de estos
permisos penitenciarios no se reincorporan o, si se hacen, se encuentran
ya en una situación grave como consecuencia de este estado de cosas.

En la prensa del 12 de abril de 1995, se decía que la cárcel de La Isleta
podría ser la segunda prisión de Las Palmas, con lo cual parece que ya se
está dando marcha atrás y que aquellas promesas tan reiteradas de la
inminente construcción no se terminan de cumplir.

Presentamos una proposición no de ley, que se debatió en esta Cámara el
21 de junio, para la inmediata construcción de la nueva prisión en Gran
Canaria. Nuestra enmienda fue rechazada con los votos del Grupo
Socialista y, cómo no, echando la culpa a las corporaciones locales del
sur de Gran Canaria, que por lo visto no facilitan los terrenos, cuando
esto es competencia única y exclusiva de la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios. Además, tengo un recorte de prensa del 16 de mayo
de 1995, donde se dice que la Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios, Paz Fernández, aseguró ayer en La Laguna que la nueva
prisión de Las Palmas se pasará a construir, con toda seguridad, antes de
fin de año. Siempre se dice «con toda seguridad», siempre se dice lo
mismo, venimos escuchando desde el año 1993 que esto es inminente, que en
dos años estará construida, que esto resolverá el problema de la
saturación de Tenerife II, pero no se llega a construir.

La Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios aseguró que se están
estudiando varias opciones. Aquí, siempre se están estudiando las
opciones, se está buscando el terreno, siempre se dan disculpas, pero la
realidad cierta y evidente es que todavía no hay nada de nada, ni
consignación presupuestaria ni cosa que se parezca.

Decía la señora Secretaria de Estado que se están estudiando varias
opciones para la ubicación del centro y e decantarán por una de ellas en
muy corto plazo --siempre se dice en muy corto plazo--, de inmediato,
necesariamente en los dos o tres próximos meses, en cualquier caso antes
de fin de verano. Es decir, aquí siempre todo son promesas que se
incumplen. La Secretaria de Estado ha pasado como por ascuas por la
situación de la prisión del Salto del Negro, que es la causa de la
saturación de Tenerife, y de todas estas promesas no nos ha dicho nada. A
mí me gustaría saber si por fin tienen esos solares que llevan dos años
buscando, porque eso no es tan difícil.

En definitiva, señora Secretaria de Estado, en absoluto estoy de acuerdo
con el planteamiento idílico que usted nos ha hecho de la prisión
Tenerife II. La situación es gravísima y no se ampare usted, como ha
dicho, en el perfil blando de los presos. Mire usted, los canarios
posiblemente seamos tranquilos --quizá lo dé el clima--, pero no abusen
ustedes de esta naturaleza del canario, porque pueden encontrarse con
conflictos muy graves y ese perfil blando convertirse en un perfil duro.




El señor PRESIDENTE: El señor Mardones, que había solicitado la palabra,
se ha excusado por haber sido requerido por la Mesa del Congreso de los
Diputados en su condición de portavoz, por lo que así lo hago constar en
virtud de su petición y doy la palabra a la señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: Después de oír a la señora Secretaria de Estado y
al portavoz del Grupo Popular, muy pocas palabras voy a decir en esta mi
intervención.

Yo tengo que partir de que efectivamente hay una situación difícil en
Canarias en relación con la masificación de los presos en Tenerife II y
que la Administración central ha tenido dificultades para solventar los
problemas derivados de la masificación en Salto del Negro en la isla de
Gran Canaria.

Desde la posición de mi Grupo, quiero instar a la Administración del
Estado a que continúe con los trabajos que viene realizando para mejorar
la situación penitenciaria en el archipiélago canario, pero tengo que
discrepar del modo en que lo ha hecho el Grupo Popular en el día de hoy
y, además, tengo que hacer constar aquí mi discrepancia en relación con
las afirmaciones que ha atribuido a mi persona y a nuestro Grupo en
relación con la posición que mantuvimos sobre una iniciativa que presentó
el Grupo Popular en fecha reciente.

Nosotros, señor Presidente, no nos opusimos a la tramitación de la
iniciativa sino todo lo contrario. Enmendamos la iniciativa, pero no
queríamos echarle la culpa a las corporaciones locales canarias, sino
simplemente residenciar



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la responsabilidad de los distintos trámites para llevar a cabo la
construcción de una cárcel nueva en la isla de Gran Canaria en quien la
tenía. De nada vale la voluntad del Gobierno de adquirir unos terrenos
para poder construir una prisión, un nuevo centro en Gran Canaria, si
luego, a partir de los trámites administrativos, resulta que las
corporaciones locales no están dispuestas a dar la autorización para la
construcción o si, a partir de ahí, las corporaciones locales tampoco
están dispuestas a facilitar los terrenos necesarios.

La cuestión de la construcción de los centros penitenciarios yo creo que
no debería ser un arma arrojadiza de un partido político contra otro,
porque yo creo que además se pueden generar determinadas expectativas que
no se corresponden ni con la realidad de la situación, ni con la mejoras
que ha venido introduciendo la Administración central en relación con la
situación de las prisiones en nuestro país, y más por quienes han sido
Diputados en épocas anteriores y han conocido la realidad de lo que eran
las prisiones españolas.

Por tanto, desde nuestro Grupo, desde la responsabilidad, desde la
realidad y desde un análisis sereno de cuál es la situación, queremos
seguir animando a la Secretaria de Estado a que mejore la situación de
las prisiones en el archipiélago canario y no se dé por aludida en
relación con las sugerencias que ha hecho el Diputado del Grupo Popular
en el día de hoy, en el sentido de que los canarios efectivamente somos
personas pacíficas pero también somos seres inteligentes que comprendemos
cuáles pueden ser las limitaciones que en un momento determinado puede
tener un Gobierno y, a partir de ahí, no entrar en la tentación de
aceptar actitudes «escapistas» por parte de otras administraciones, que
también tienen responsabilidad a la hora de resolver los problemas que
tienen los ciudadanos en Canarias y no echarle la culpa de una manera
sistemática a la Administración central y, si ésta es socialista, mejor.

Por tanto, señora Secretaria de Estado, desde el Grupo Socialista, le
encarecemos que siga trabajando en la pronta resolución de los problemas
derivados de la masificación en las cárceles de Tenerife y de Gran
Canaria para ofrecer una mejor situación y unos mejores servicios a la
población reclusa del archipiélago.




El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado, puede tomar la palabra,
si lo desea.




La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Gracias, señor Presidente. Contestaré al señor Soriano.

Señor Soriano, respecto a lo que a usted le preocupaba, no he descrito
ningún panorama idílico. Con relación a infraestructuras, he descrito
exactamente la realidad del centro. Sí he hecho una valoración positiva
precisamente en lo que yo considero muy importante, que son los acuerdos
que tenemos con las autoridades canarias para las actividades a
desarrollar. Yo lamento que esa cuestión tan sumamente importante, de
primera magnitud en los centros penitenciarios, a lo mejor no sea noticia
y sí lo sea que el módulo equis tiene no sé qué deficiencia. Quizá usted,
que ha visitado el centro, podría decir que no le constan esas
actividades que yo he dicho, pero lo que yo he hecho ha sido una
descripción pura y dura de lo que es en este momento la capacidad del
centro, del número de personas que lo ocupan y de las obras que estamos
haciendo, ni siquiera he hecho una valoración de obras muy positivas o
capitales, en absoluto.

Voy a procurar contestar a sus preocupaciones punto por punto y con la
mayor precisión posible. Dice usted que es una prisión que se hizo para
792 plazas y no es menos cierto que se instalaron literas en previsión de
que estaba creciendo de forma espectacular la población de las Canarias,
como antes decía, pero, frente a eso, hay que decir que hay 266 personas
que están ocupando celda individual. Ya he dicho antes que no era lo
ideal y que nosotros tendíamos a conseguir lo que recomienda nuestra Ley
y nuestro Reglamento, que, por otra parte, hace la excepción de en
momentos de tensión de plazas, que es el que estamos viviendo ahora,
aunque en menos medida a partir de que actualmente hay un ligerísimo
decrecimiento de la población penitenciaria. Le diré, por ejemplo, que el
módulo «Fénix», que tiene una capacidad de 100, está ocupado por 55
personas; que en el módulo de mujeres, que tiene una capacidad de 200,
hay 124; que en el módulo 2, que tiene una capacidad de 200, hay 176; en
el 3, de 200, hay 150; en el 4, de 200, hay 179; en el 5, de 200, hay
186; en el 6, de 200, hay 183; en el módulo de ingresos, que tiene una
capacidad de 48, hay 23; en el de aislamiento, de 26, hay siete y en
enfermería, de 68, hay 36 plazas ocupadas; y en la sección abierta, que
tiene una capacidad de 194, hay 79 personas. Por tanto, es verdad que no
es la situación perfecta, pero no es verdad que en este momento haya una
situación explosiva en el sentido de tensión de ocupación. No es el
número ideal, pero ésa es la realidad y, como usted conoce perfectamente,
están peor en Las Palmas. Es decir, se instalaron literas, pero no se
ocuparon al 100 por cien, ni mucho menos, porque éstos son los números y
le aseguro que los puede contrastar; estoy segura de que usted los ha
contrastado uno a uno.

Me dice S. S. «No lee usted la prensa.» Lo que yo he hecho ha sido
visitar Tenerife, como usted lo ha hecho también. Creo que mi obligación
es visitarlo, no leer la prensa. En la prensa, efectivamente, se describe
como posibles deficiencias lo que usted, hace un momento, me ha leído,
pero ahí hay que decir dos cosas. Primero, que cuando se decidió la
futura ocupación por mujeres del módulo que está en un extremo del actual
centro penitenciario y que antes tenía la previsión de sección abierta,
se acordó realizar unas obras y, segundo, que en sucesivas visitas, tanto
mías como de los dos directores generales, y a sugerencia de los
sindicatos, se autorizó la realización de obras complementarias en el
módulo de mujeres, para esa mayor seguridad que demandaban. Esa es la
razón por la que todavía no hemos ocupado ese módulo de mujeres, porque
hemos ido aceptando sugerencias posteriores a la primera iniciativa y, en
función de esas sugerencias, hemos ido mejorando.

Por tanto, parte de las cuestiones que usted ha tenido a bien leerme, se
han ido solucionando o están previstas en



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las actuaciones antes de la ocupación del módulo que usted ha calificado
de módulo chapuza. Yo creo que es un mal calificativo, ya que uno puede
exigir mayor o menor seguridad. Hay cuestiones, por ejemplo, de las que
relata la prensa que sin duda las han recogido de algunas manifestaciones
de trabajadores del centro. Dice: «Es que es un centro de alta
seguridad.» Todos los centros la tienen; ya no hay centros de alta
seguridad y centros de no alta seguridad. Todos los centros
penitenciarios tienen el máximo número posible de medidas de seguridad.

Dice: «No hay un foso.» No es imprescindible. El nuevo centro tipo no
tiene un foso de separación. Desde luego, de todos los centros que he
visitado, ninguno tiene un foso de separación. No sé qué se ha querido
decir. Seguramente es una mala interpretación.

Dice S. S.: «Hay una única puerta.» Muchísimos centros penitenciarios
tienen una única puerta. En todo caso, en los módulos que están
funcionando, es decir, en el recinto principal, como conoce usted, hay
una pasarela y una única entrada, como en la mayor parte de los centros
penitenciarios; no en el centro-tipo. En los nuevos centros-tipos es
donde exclusivamente hay varias puertas de entrada. Sin embargo, decir y
repetir eso la verdad es que me extraña.

Otras deficiencias que ha citado: el locutorio. El locutorio tiene seis
dispositivos. Dice S. S. «Es que no hay un locutorio especial para
abogados y procuradores». Efectivamente. Pero en el supuesto de que los
locutorios ordinarios estuvieran en ese momento ocupados, la verdad es
que, con un recorrido pequeñísimo, se va al locutorio general. Estamos
hablando de instalaciones con una distancia de 800 metros de longitud
entre una a otra, y con un clima, que usted conoce evidentemente mucho
mejor que yo, que me parece que en ningún caso impide ese desplazamiento.

Así podríamos ir viendo más cuestiones.

Dice: «Enfermería». Hay una enfermería general que también alberga a las
mujeres que están ahora en uno de los módulos que están operativos; de
hecho este caso se está dando.

Me pregunta sobre la enajenación de Tenerife I. No está descartada la
enajenación, con independencia de que no voy a entrar en ello, puesto que
usted ha planteado un asunto jurídico, que yo he tenido ocasión, y me
remito a las actas, de explicar desde nuestra perspectiva, respecto a
cómo era la naturaleza jurídica del problema de Tenerife I y, por tanto,
como usted no ha entrado, tampoco yo quiero hacerlo. Sin embargo, el que,
en la previsión del tiempo, Tenerife I esté ocupado como sección abierta,
no quiere decir que se haya desistido finalmente de su enajenación. Usted
ha dicho: «¿Es que no piensa entonces venderla para recuperar fondos?» No
hemos desistido de eso.

Dice: «Traslados». Según la prensa, 300 traslados. No hay ninguna
decisión de traslados, primero, porque hasta que no haya la posibilidad
de poder trasladar a las personas al módulo nuevo o el antiguo adecuado,
no hay ninguna previsión de traslado. ¿Cuál es el cálculo que ha hecho la
persona que ha dado esa versión a la prensa? Como quiera que va a haber
200 plazas en el nuevo módulo de mujeres, y como quiera que éstas dejan
un módulo con capacidad operativa de otros 200, suman, restan las mujeres
que se van a trasladar dentro del propio complejo de Tenerife, y hacen un
cálculo de 300 plazas. No hay ninguna decisión administrativa sobre cuál
va a ser el número de personas que vamos a trasladar o que se van a
integrar en el nuevo módulo acoplado para las mujeres; no hay ninguna
previsión. Por tanto, no tengo que dar más explicaciones que la de que
ignoro en absoluto de dónde ha salido ese número de 300, porque
--repito-- no hay ninguna previsión.

Contratación de empresa privada de seguridad. La seguridad del módulo, al
igual que la seguridad del resto del centro, va a estar a cargo de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se pidieron, que es lo que S.

S. conocerá, ofertas a empresas privadas por si durante la construcción
de una garita en alto de la Guardia Civil tuviéramos que iniciar un
descenso de parte de las mujeres hacia esa zona y para un tiempo --no se
ha hecho la contratación, se pidieron ofertas--, por si había un desfase
hasta la terminación de la nueva torreta de la Guardia Civil, que, como
usted conoce, se va a hacer al borde justo del camino, porque los
sindicatos sugerían que por ese camino, que queda muy cerca del nuevo
módulo de las mujeres, podrían introducirse objetos prohibidos al centro,
incluso hablarse de pared a pared si no se preveía ahí un lugar para la
Guardia Civil o incluso, por lanzamiento, introducir droga en el centro.

Eso no quiere decir en absoluto que la seguridad del centro ni la del
módulo de mujeres vaya a ser encomendaba a una empresa privada. Le aclaro
ya la duda, eso no es así.

Me ha comentado usted que desde hace mucho tiempo estamos hablando de que
no había prevista --yo misma se lo he aclarado en mi primera
intervención-- una nueva prisión en Canarias, en el Plan de Centros. Yo
le he dicho que efectivamente no estaba en la previsión inicial, pero que
es un plan deslizante y el crecimiento de la población penitenciaria de
Canarias nos llevó a la necesidad de disponer de una nueva prisión,
especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, y por tanto, aunque no
estuviera prevista, ésa fue una decisión posterior.

Dice usted: «Están diciéndolo desde 1993 ó 1994 y ni siquiera hay una
previsión presupuestaria». He tenido ocasión muchas veces de aclarar que
las inversiones en los nuevos centros penitenciarios no están en el
presupuesto ordinario de Instituciones Penitenciarias, que es la Sociedad
de Infraestructuras Penitenciarias quien hace la inversión, y por tanto
no lo verá usted nunca, ni en este caso ni en otro, en el presupuesto
ordinario de inversiones de la Secretaría de Estado.

Dice: «Tardan ustedes demasiado.» Sí, ciertamente, estamos tardando,
sobre todo comparativamente con otros sitios. ¿Por qué? Porque --usted lo
conocerá mucho mejor que yo-- si es dificultosa la localización de
terrenos y sobre todo si es dificultoso también llegar a consensos y
acuerdos con las autoridades, que es lo que pretendemos y que es lo que
ha hecho que el plan haya ido con más dificultad finalmente, si eso tiene
sus dificultades en la península, esas dificultades se incrementan con la
insularidad, especialmente con islas como Baleares o como Canarias,



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que son de gran potencial turístico y donde, primero, el terreno es
escaso y, segundo, son islas eminentemente turísticas, lo que lo hace más
complicado. De hecho, en Baleares hemos tardado también bastante, en este
momento tenemos el acuerdo tanto de la Comunidad Autónoma como del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que han declarado de interés social
nuestro nuevo centro penitenciario, siendo de agradecer esa colaboración
y cooperación de las entidades públicas para hacer realidad esto que aquí
muchas veces se me reclama de un recluso por celda, porque, evidentemente
un recluso por celda requiere unas infraestructuras como las que estamos
planificando. Por tanto, quiero agradecer esta especial contribución que
hemos tenido por parte de Baleares en este momento, donde hicimos una
primera elección, modificamos y finalmente, en este momento, estamos a
punto ya de la iniciación del nuevo centro en Palma de Mallorca.

En cuanto a Canarias, cuando digo que antes de 1996 iniciaremos una
construcción en Las Palmas es porque en este momento hay dos disyuntivas.

Estamos hablando tanto con la Comunidad Autónoma como con el Ayuntamiento
de la posibilidad de aprovechamiento de La Isleta. En el supuesto de que
finalmente se considere que ése no es el lugar adecuado o se nos insista
en que busquemos otro, tenemos en este momento mirados terrenos
alternativos. Me permitirá que no diga dónde, porque basta que
mencionemos un solo terreno alternativo para que gratuitamente, y es
probable que sin ninguna necesidad, tengamos a la gente inquieta. Es
verdad que en este momento hay una actitud mucho más receptiva por parte
de las comunidades autónomas donde nos instalamos, es verdad que estamos
iniciando la construcción en algunas comunidades autónomas como Andalucía
o Galicia, con plena colaboración de las localidades donde nos
instalamos, pero también es verdad que todavía aparecen constantemente en
prensa, como usted dice, resquemores o temores de las poblaciones donde
nos vamos a instalar.

Finalmente comprobará usted, porque la realidad es más terca que las
palabras, que antes de 1996 habrá na decisión sobre La Isleta o sobre si
construimos un centro autónomo.

La Comunidad Autónoma ya nos ha hecho saber que a ellos les parecía que
la solución de La Isleta era una buena, puesto que ya era una prisión
militar, donde con una adecuación ligerísima (porque solamente tenemos
que hacer rehabilitación interior y un módulo de enfermería, creo
recordar de memoria), con el crecimiento negativo que se está produciendo
en este momento en la población penitenciaria y el aprovechamiento de La
Isleta, podríamos tener solucionado el problema de sobreocupación y de
hacinamiento en Salto del Negro de la población penitenciaria de
Canarias, que nunca he negado.

Por tanto, sí que hay retraso, pero le vuelvo a decir que las
circunstancias de insularidad y de intentar por todos los medios mediar
con las autoridades para no crear problemas, nos ha llevado a mayores
retrasos, porque si no lo habríamos hecho de una forma más rápida.

Me ha vuelto a recordar el Auto de las literas de Tenerife. Es cierto que
el Auto ponía de manifiesto, cosa en la que nosotros también estamos de
acuerdo, que las celdas son muy pequeñas y que no era recomendable, pero
era una recomendación. No es un auto vinculante en sentido ejecutivo. En
todo caso nosotros le contestamos al juez de vigilancia penitenciaria, en
su momento, que, en la medida de lo posible, intentaríamos --y lo
hicimos-- reducir la población penitenciaria y que, en ningún caso,
dentro de lo posible, duplicaríamos las celdas. Este es el planteamiento.

Las celdas no están duplicadas en su totalidad porque en ese caso
tendríamos la posibilidad de acoger 1.500 internos en Tenerife. Con las
celdas totalmente duplicadas, la capacidad operativa, como le he dicho a
SS. SS., sería de 1.636 plazas, teniendo en cuenta las plazas que hay en
la sección abierta de Tenerife I.

Por tanto, es verdad que hay más personas de las que nos gustaría; pero
no es verdad que se haya duplicado la totalidad de las 650 celdas. Ya le
he dado a S. S. los datos de las personas que están en celda individual.

Creo que he contestado a todas las preocupaciones que S. S. me ha
expresado, pero quiero darle otro dato: el conjunto del coste de las
obras, entre mobiliario, obras de cerramiento perimetral, garitas de
control y garita de la Guardia Civil para adecuar lo que S. S.

--permítame decirle con todo respeto que no con acierto-- llama módulo
chapuza es de 45 millones de pesetas. Yo creo que, desde la perspectiva
de la Dirección, ese módulo queda perfectamente adecuado a las
necesidades actuales, con independencia de que, más adelante, cuando
tengamos el nuevo centro penitenciario en Las Palmas, Tenerife baje su
número de reclusos.

Cuestión distinta también, y hay que entenderlo desde su perspectiva, es
que cada centro penitenciario quiere el menor número de reclusos
posibles. Yo lo entiendo perfectamente. Desde la perspectiva de las
plantillas, cuantos menos personas mejor, primero, porque consideran que
es más seguro y, segundo, porque también es verdad que pueden trabajar
mejor. En todo caso, en este momento, la «ratio» del total de la
plantilla es de tres y pico reclusos por cada persona. Está prevista la
contratación de más personas. Una vez que se vaya a iniciar la ocupación
del módulo que estamos adecuando hay una contratación prevista de 25
funcionarios más y otra de 27 funcionarias más, cuando ocupemos el módulo
que dejan vacío las mujeres de El Rosario, al pasar al módulo que está en
la esquina del perímetro del centro actual. Por tanto, creo que una
--ratio» de tres y pico reclusos por funcionario no es mala, es bastante
comparable con otros, pero vuelvo a reiterar que no estoy haciendo
ninguna calificación, simplemente estoy haciendo una descripción y en lo
único que, evidentemente, muestro mi satisfacción, y lo reitero, es
precisamente en las actividades del centro, por las que usted no me ha
preguntado, pero estoy segura de que también le preocupan, porque sé que
en su visita tuvo enorme interés en conocer cuáles eran las actividades
en orden a la reinserción de los reclusos que están en el complejo
penitenciario de El Rosario.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.




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El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente, quisiera decir que hay
unos hechos ciertos y que por mucho que se traten de desvirtuar la
realidad está ahí.

La capacidad funcional de la prisión Tenerife II para la que fue
construida es de 768 personas, en la actualidad hay del orden de 1.200.

Ese es un hecho que está ahí.

Otro hecho que está ahí: la masificación clarísima del Salto del Negro en
Las Palmas.

Otro hecho que está claro: las promesas reiteradas de que se va a
construir una nueva prisión en Las Palmas. ¿Quién tiene la
responsabilidad de que no se construya? Si lo que se pretende decir aquí
es que las responsables son las corporaciones locales canarias, dígase
claramente, pero lo que está claro es que la nueva prisión no se termina
de construir; dígase de una vez de quién es la responsabilidad de que no
se construya, si de las corporaciones locales canarias o de la
administración penitenciaria central.

Otro hecho insoslayable es que después de muchas promesas hoy se han
citado plazos para la construcción de la nueva prisión. Se nos ha dicho
que se va a habilitar la prisión militar de La Isleta. Ese es otro
planteamiento. Permítame que le diga que la prisión militar de La Isleta
tendrá una capacidad para no más de doscientos presos. No creo que tenga
más. Usted me dice que tiene más capacidad. Ya lo veremos, pero, en
cualquier caso, ésa no es la solución en un principio manifestado aquí.

La solución de La Isleta ha salido en la prensa hace escasos meses al
poner yo de manifiesto en esta Comisión en reiteradas ocasiones que las
promesas de la administración penitenciaria y del Grupo Socialista
indicando la inmediata construcción de esa prisión en la isla de Gran
Canaria no se cumplían.

Usted no me ha dicho nada de su promesa última, porque, prescindiendo de
las promesas aquí dichas por sus antecesores, usted, en la prensa del 16
de mayo, decía que las obras empezarán a construirse con toda seguridad
antes de fin de año. Dígame si sigue manteniendo esta promesa. Usted
decía luego: se están estudiando varias opciones para la ubicación del
centro y se decantarán por una de ellas en muy corto plazo,
necesariamente en los dos o tres próximos meses, y, en cualquier caso,
antes del fin del verano. Dígame usted si esa promesa suya de que antes
del fin del verano estaría decantada la opción y que, en todo caso, se
empezaría a construir la prisión antes de fin de año, sigue en vigor o si
por el contrario se ha cambiado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Muy brevemente.

Señor Soriano, sigue usted insistiendo en sumar las personas que tenemos
en la sección abierta al complejo de El Rosario. No tenemos los 1.193 en
este momento, sino que tenemos 1.121 en el complejo de El Rosario. Cien o
doscientos arriba o abajo es muy importante, el hecho de reducirlo en
cien o doscientos es muy importante. Vuelvo a decirle...




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: La capacidad funcional son 768.




El señor PRESIDENTE: Señorías, no establezcan diálogo en estos términos.




La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Soriano, la capacidad funcional son 650 celdas, por
una parte, de uno por celda, más 142 plazas complementarias. Son 792
plazas, la capacidad perfecta. Ningún centro penitenciario del país en
este momento, ni canario ni ningún otro --es una realidad que conocen SS.

SS.--, ningún centro penitenciario europeo, ningún centro penitenciario
norteamericano, ningún centro penitenciario de ninguna parte del mundo en
este momento tiene, digamos, la capacidad funcional óptima, ninguno, y me
gustaría que me enseñase uno; he recorrido muchos centros y conozco mucha
información y todos tienen el mismo problema. Por tanto, no nos pida
usted el milagro de los panes y los peces, porque es completamente
imposible.

Lo que yo le digo es que habiendo una sobreocupación en el centro de El
Rosario, en todo caso, hay situaciones de mucha mayor tensión en este
momento que en el centro de Tenerife. Por el contrario, le vuelvo a
reiterar que es un centro con actuaciones de tratamiento muy notables,
que es muy importante. Es verdad que hay sobreocupación, pero no es menos
cierto que las personas están ocupadas, que se están formando; lo más
importante en un centro penitenciario es esa ocupación y esa formación de
las personas.

Simplemente promesas. Dice usted: «Me va a decir usted que imputa a las
autoridades canarias el no haber echo una prisión.» En absoluto; no digo
eso. Evidentemente, es mi responsabilidad, faltaría más. Pero
responsabilidad que puedo llevar a cabo sin tener en cuenta lo que me
están pidiendo, ya que es una isla de economía preferentemente turística.

Me están pidiendo que en las islas con economía preferentemente turística
tenga especial cuidado. No es lo mismo poner una prisión en comunidades
autónomas en las que hay espacio suficiente, que en un sitio en el que el
espacio es tan escaso que el costo es mucho mayor que en otras partes,
porque Canarias y Baleares tienen escaso espacio disponible. Por tanto,
no es lo mismo. ¿Que estoy tardando más? Efectivamente. ¿Que lo estoy
haciendo para no crear problemas? También. ¿Que estoy teniendo la
colaboración de las autoridades? Desde luego, en este momento me están
estudiando cumplidamente la opción de la Isleta. Muchas más plazas de las
que usted dice, bastantes más, el doble o más del doble con una
adecuación muy sencilla. ¿Variante? En la Isleta, si finalmente podemos
acoplar nuestras necesidades; si no, un nuevo centro, porque ya le he
dicho que tenemos sitios localizados, sobre lo que también hemos hablado
con sus ayuntamientos, aunque no les hace gracia, qué quiere que le diga.

Pero, finalmente, el interés social hará que si en breve --y estos días
nos estaban contestando, tanto el Ayuntamiento de Las Palmas como la
Comunidad Autónoma; la Comunidad nos ha hecho ver su posición favorable a
la Isleta-- no tenemos esa solución, iremos a la construcción de un nuevo



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centro en dos sitios que tenemos prácticamente elegidos. A los
ayuntamientos elegidos no les gusta, se lo advierto también ahora, y
dicen que si encontramos otro sitio, mejor. Pero habrá que hacerlo,
porque no hay más remedio que afrontar la cuestión.

No ha habido ni una sola dejación por nuestra parte, sino continua
comunicación con todo el mundo para ver cómo lo hacemos en Canarias de la
forma menos cuestionada posible, por decirlo de alguna manera. Tenga
usted en cuenta que en este momento tenemos catorce centros: nueve que
están en construcción y otros cinco que están a punto de elegirse y
comenzar las obras, por tanto, creo que estamos en un récord de
construcción. A veces me gustaría escuchar en esta Cámara que les
satisface el ritmo de construcción que estamos llevando en estos momentos
con los nuevos centros penitenciarios.

Por tanto, si estamos a ese ritmo de construcción, nada hubiera impedido
que hubiéramos decidido sin más, ya, la ubicación en Canarias. Si no lo
hemos hecho, créame, señor Diputado, que ha sido por encontrar la mejor
solución, condicionado por la insularidad (y lo repetiré una y otra vez:
condicionados por la insularidad), si no, ese centro ya se hubiera
empezado, al igual que, repito, hay en este momento nueve centros en
construcción y cinco a punto de iniciarse.

Para nosotros, con un centro tipo muy estudiado y con 16 ó 18 meses, que
es lo que está durando la construcción de un nuevo centro tipo, no
hubiera habido dificultad a no ser por la insularidad. Se lo digo con
toda sinceridad, y espero que S. S. me crea.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado. Todos
los miembros de esta Comisión agradecemos su comparecencia.

Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.