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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 531, de 21/06/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 531
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 27
celebrada el miércoles, 21 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario General para la Seguridad Social
(Jiménez Fernández), para informar:
--Sobre el fraude en los ingresos y prestaciones de la Seguridad Social.

A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/001213). (Página 16214)
--Sobre las deudas en procedimiento de apremio contraídas con la
Tesorería General de la Seguridad Social. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001441). (Página 16214)
Proposiciones no de ley:
--Sobre la igualdad de retribución entre hombre y mujer. Presentada por
el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 206. Número de
expediente 161/000424). (Página 16230)
--Por la que se insta al Gobierno para que curse instrucciones a la
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo (INEM) a fin de que no
proceda a denegar, con base en el único argumento de la percepción de la
denominada cesantía a cargo de la Mutualidad de Empleados de Notarías, la
prestación contributiva de desempleo a los empleados de Notarías que
reúnan los requisitos legales exigidos para tal prestación. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 217.

Número de expediente 161/000449). (Página 16235)



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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
(JIMENEZ FERNANDEZ), PARA INFORMAR:



--SOBRE EL FRAUDE EN LOS INGRESOS Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/001213.)



--SOBRE LAS DEUDAS EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO CONTRAIDAS CON LA
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001441.)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión para el trámite del orden del día
que ustedes conocen: comparecencia de don Adolfo Jiménez Fernández,
Secretario General para la Seguridad Social.

Como ustedes saben, señorías, hay dos motivos para la comparecencia del
señor Secretario General, uno a solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista para informar sobre el fraude en los ingresos y prestaciones
de la Seguridad Social, y otro, a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular, para informar sobre las deudas en procedimiento de apremio
contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Afortunadamente, los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en
la Comisión han aceptado que acumulemos las dos razones o motivos de la
comparecencia, de manera que pido al Secretario General haga el esfuerzo
de referirse a ambas cuestiones en su primera intervención, para la cual
le concedo la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Intentaré hacer un resumen de las dos comparecencias.

Empezaré por el orden de las peticiones, hablando de aquellas medidas que
en el ámbito de la Seguridad Social se están tomando o se van a tomar
para combatir y prevenir de la forma más efectiva posible cualquier
manifestación de fraude, dada la trascendencia y significación que
presenta esta cuestión para la protección social.

El fraude, lamentablemente, es un fenómeno que está presente en todas las
sociedades y en todas las épocas, pero si el fraude debe ser combatido en
general, creo que particularmente en el área de los ingresos de las
cotizaciones o del gasto de las prestaciones de la Seguridad Social, debe
ser considerado prioritario con mayor razón, si cabe, tanto por la
manifestación de insolidaridad y conducta antisocial que en sí mismo
representa, como por lo que pudiera suponer de factor de deslegitimación
de la virtualidad del propio sistema de la Seguridad Social ante la
sociedad. Tan perjudicial es el fraude a la Seguridad Social que puede
influir en el equilibrio del sistema financiero de la misma y ataca, como
he dicho anteriormente, el principio básico de la Seguridad Social, que
es el principio de la solidaridad. Así lo ha entendido también esta
Cámara, cuando en el informe sobre análisis de los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales
reformas que deben acometerse, lo que se ha venido en llamar el Pacto de
Toledo, recoge dos recomendaciones relacionadas con este tema: la
recomendación séptima, que propugna la reafirmación de la eficacia
gestora a través de una mayor integración de las distintas funciones, y
la decimotercera, que manifiesta la necesidad de medidas dirigidas a
mejorar la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal e
invalidez.

La lucha contra el fraude exige, en mi opinión, una atención especial y
la disposición de una administración moderna y adecuadamente dotada de
los medios apropiados para actuar con eficacia y equidad y de efectivos
mecanismos de control. En estos últimos años se han llevado a cabo toda
una serie de medidas, entre cuyos objetivos y junto a otros como la
mejora de la atención a los ciudadanos, la eficacia de los servicios o la
simplificación y agilización de los procedimientos de gestión, es decir,
facilitar el ejercicio de los derechos, se encuentra también la lucha
contra el fraude, campo en el que creo se están obteniendo buenos
resultados, tanto respecto al cumplimiento de las obligaciones, muy
especialmente la obligación de cotizar, como en el control de las
prestaciones.

Se ha actuado en el campo normativo, en el campo de la gestión y en el de
la coordinación administrativa. En el ámbito de la recaudación, la
disposición de un reglamento de recaudación, la asunción por el órgano
encargado de esta función, la Tesorería General de la Seguridad Social,
de las competencias en materia de recaudación ejecutiva a través de las
Unidades de Recaudación Ejecutiva, las conocidas URE, la creación de las
administraciones de la Seguridad Social dependiendo de la Tesorería, la
regulación de la responsabilidad de los depositarios en los bienes
embargados, la priorización de los créditos de la Seguridad Social, el
constante perfeccionamiento del método de gestión para automatizar y
agilizar la reclamación de las deudas por cuotas, han sido pasos
importantes en esta dirección que han dado y están dando resultados, no
sólo de forma directa, sino también indirectamente en la recaudación
voluntaria, que en ocasiones es casi tan importante o más que la primera
creando así paulatinamente la conciencia ciudadana de que el impago de
cotizaciones es perseguido y sancionado de forma tenaz y eficaz.

En el ámbito de las prestaciones, la automatización de los procedimientos
de gestión ha permitido, además de mejorar el control, ya
tradicionalmente riguroso en la gestión del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, dedicar mayores recursos a ejercer controles sobre la
continuidad en el mantenimiento de los requisitos que dan derecho a las
mismas, a través de operaciones como la constatación de las
circunstancias que dan lugar al cobro de complementos por mínimos de
pensión con cónyuge a cargo, la implantación de controles de vivencia o
el seguimiento y análisis de las situaciones de la incapacidad temporal
en referencia a determinados colectivos.




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Creo, no obstante, que debemos ser conscientes de que el fraude es un
fenómeno muy complejo en el que inciden diversidad de factores
económicos, sociológicos e incluso educacionales. Algunas causas que los
propician no pueden ser corregidas únicamente con medidas normativas,
mejora de gestión e incremento del control, sino que debe trascender a
los ciudadanos la mejora de la calidad técnica de la Administración y la
posibilidad de ser comprobado, y sancionado en su caso.

También creemos que en el control del fraude es preciso potenciar la
coordinación interna entre administraciones y optimizar el uso de los
bancos de datos, intercambiando y contrastando la información de que se
disponga, siempre dentro del más escrupuloso respeto a las garantías a la
intimidad de las personas, pues ello tiene una enorme importancia, sobre
todo en la detección de comportamientos fraudulentos individuales que son
de muy difícil afloración considerados aisladamente. En este sentido, la
coordinación entre los servicios de información del ámbito sanitario, del
Instituto Nacional de Empleo, de la Administración tributaria, de
Estadística, de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo y de la
Inspección tributaria tiene un estimable valor y está dando unos buenos
resultados.

Por todo ello, a pesar del considerable avance realizado en los últimos
años en muchos de los aspectos a que me he referido anteriormente, somos
conscientes de la conveniencia de reforzar determinados puntos. En este
sentido creo fundamental la labor realizada por la unidad especial para
el estudio y propuesta de medidas para la prevención y corrección del
fraude, constituida por acuerdo de Consejo de Ministros de agosto de
1993, que ha dado lugar a una serie de recomendaciones que estimamos de
gran interés por cuanto se hacen no ya desde una visión parcelada del
tema, sino desde una concepción global que permite contemplar en su
conjunto los distintos aspectos e implicaciones de fondo.

Por tal razón, y a partir de las recomendaciones recogidas en el informe
elaborado por la citada unidad, así como en cumplimiento de la
resoluciones que sobre prevención del fraude fueron aprobadas por el
Congreso de los Diputados el 20 de abril de 1994, con motivo del debate
de política general sobre el estado de la nación, se está aplicando un
plan de lucha contra el fraude que contiene las medidas para la puesta en
marcha de aquellas recomendaciones y que está permitiendo en materia de
Seguridad Social progresar de forma efectiva en la erradicación de los
posibles abusos que puedan producirse en los dos ámbitos básicos de
nuestro sistema de protección social: los ingresos, en cuanto a la
recaudación, y los gastos, en cuanto a las prestaciones económicas; plan
que también da respuesta a las recomendaciones que en esta materia
contiene el informe sobre la Seguridad Social aprobada por el Pleno de
esta Cámara.

En este sentido, quisiera hacer a continuación un repaso sucinto y, desde
luego, sin ánimo de exhaustividad, de las medidas ya establecidas o que
se hallan en fase de elaboración o tramitación, encaminadas, entre otros
objetivos, al cumplimiento de las recomendaciones formuladas. Para ello,
creo conveniente distinguir, como he venido haciendo, los dos grandes
volúmenes, áreas o vertientes de influencia: los ingresos, por
recaudación de las cotizaciones, y los gastos, o prestaciones económicas.

En el ámbito de los ingresos, o recaudación, las medidas de lucha contra
el fraude deben tomar en consideración controlar el ámbito de aplicación
del sistema, el cumplimiento de las obligaciones de afiliación y alta de
la cotización y, finalmente, el control de la misma, la reducción de la
morosidad; en definitiva, lograr el cobro de las cotizaciones sociales.

En esta materia tengo que decir que la Ley 42 del año 1994, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social,
incluye una serie de medidas que representan una importante
transformación en el procedimiento de recaudación y que permitirán luchar
con mayor eficacia contra la ocultación de deudas en el área de la
Seguridad Social. En este sentido, se destaca la ampliación de los
supuestos de expedición de actas de liquidación que siempre serán
practicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de manera
que las reclamaciones de cuotas descubiertas se practiquen, en todos los
casos posibles, en base a datos reales y no por estimación.

La estrecha coordinación entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin merma de sus
competencias en otras materias, se integra plenamente en sus actuaciones,
en relación con la Seguridad Social, en los programas de la Tesorería
General, lo que reforzará significativamente la eficacia de su labor en
materia de Seguridad Social.

El incremento de los recargos por mora en los supuestos más graves de
incumplimiento de la obligación de abonar cuotas, personalizando más las
acciones que denotan ánimo defraudatorio frente a quienes presenten la
documentación correspondiente, la simplificación de los documentos de
reclamación de las deudas, la eliminación de las certificaciones de
descubierto, la automaticidad de la vía de apremio por el transcurso de
los plazos establecidos y la reconducción de la revisión de los actos
recaudatorios al recurso ordinario en vía administrativa, todo lo cual
prestará mayor agilidad al procedimiento de reclamación de deudas,
reduciendo los plazos para ello y favoreciendo, por tanto, la lucha
contra conductas fraudulentas.

El deber de información por entidades financieras, funcionarios públicos
y profesionales oficiales en materia de deudas con la Seguridad Social,
que dentro del respeto a la normativa vigente en materia de protección de
datos, permitirá una mejora importante del control y liquidación de las
situaciones de morosidad.

La colaboración y coordinación entre los bancos de datos de las distintas
administraciones, especialmente la Administración tributaria y la de
Seguridad Social, que dentro del pleno respeto a los límites establecidos
en la materia posibilitará una gestión más eficaz de los recursos de la
Seguridad Social y evitará la aparición de bolsas de fraude que podrán
detectarse por distintas vías.

Estas medidas, y otras que ya se estaban estudiando, contarán con sus
correspondientes normas de desarrollo reglamentario, que se prevé estarán
ultimadas en breve plazo. Así, les puedo citar el proyecto de Real
Decreto por el que se aprueba el reglamento general de recaudación



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que establece el nuevo procedimiento, en consecuencia con la Ley 42 del
año 1994, y que en breves días remitiremos al Consejo de Estado para que
por vía de urgencia emita su preceptivo dictamen como último paso previo
a su aprobación.

El proyecto de Real Decreto regulador de la inscripción de empresas,
afiliación, altas y bajas de los trabajadores, que facilitará la labor de
la Tesorería General y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
que también está ya en la última fase de tramitación, informado por los
interlocutores sociales.

El proyecto de reglamento sobre cotización y liquidación de otros
derechos de la Seguridad Social, igualmente en avanzado estado de
tramitación y también informado por los interlocutores sociales.

El Real Decreto regulador de la responsabilidad empresarial en orden a
las prestaciones de la Seguridad Social, actualmente en fase de informes
previos, que al ordenar esta materia reforzará también en otra vía la
lucha contra el fraude.

El Real Decreto que aprueba el reglamento de gestión financiera de la
Seguridad Social, que posiblemente esta misma semana se remitirá también
al Consejo de Estado y que reforzará los mecanismos de estabilidad
financiera, dotándolos de mayor transparencia e incrementando la eficacia
gestora.

Estos cinco reglamentos, todos ellos en el contexto que nos ofrece el
texto refundido de la Seguridad Social aprobado el pasado año, y cuya
última versión, que contiene ya las modificaciones de la propia Ley
42/1994, se acaba de publicar, marcarán el campo normativo en el ámbito
de la recaudación y de la gestión financiera que posibilitará una gestión
más eficiente y más eficaz.

Creo que para cerrar este capítulo normativo, y en cierto modo como
culminación del mismo, que resume la importancia otorgada al tema del
fraude, debo reseñar la introducción en el Código Penal, por primera vez,
del delito contra la Seguridad Social para quienes eludan culpablemente
sus obligaciones en la materia a partir de la cuantía establecida,
equiparando estas conductas a otras similares en el orden fiscal;
proyecto que muy recientemente ha sido aprobado por esta Cámara.

Pero si importantes son las medidas en el orden normativo, a las que me
acabo de referir, no menos lo son las que también deben adoptarse en
cuanto a la propia gestión; entre ellas, quiero destacar algunas que, a
mi juicio, están contribuyendo ya, y que lo harán mucho más en el futuro,
a evitar la existencia de conductas fraudulentas y también a reducir la
morosidad. Me refiero a la creación o puesta en pleno funcionamiento de
las unidades de recaudación ejecutiva, que en número de 271 han estado
operativas en 1994, con una dotación de efectivos de 2.100 personas
dedicadas a la gestión de la vía ejecutiva de la Seguridad Social.

Igualmente, la puesta en marcha del centro de recaudación, el Cendar, que
con su alta tecnología permite la captación de la información de
cotización a través de sistemas inteligentes de lectura óptica, el cruce
de esta información con las contenidas en la base de datos del sistema y
la emisión automática de la reclamación de deuda en los casos en que así
corresponde, está haciendo posible significativas mejoras en el control
de la recaudación, al tiempo que una mayor celeridad en el mismo;
aspectos ambos que, sin duda, contribuyen a prevenir y corregir posibles
situaciones de fraude.

Por otra parte, ya han sido aprobadas dos normas que posibilitan la
puesta en marcha del proyecto RED, que es la remisión electrónica de
datos, para mejorar el control del fraude en materia de afiliación, altas
y bajas de trabajadores y los mecanismos existentes en materia de
control, especialmente del documento de cotización, el TC-2 en
particular. Dichas normas son: la orden ministerial de 3 de abril del
corriente año, sobre uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en relación con la inscripción de empresas, afiliación, altas
y bajas de trabajadores, cotización y recaudación en el ámbito de la
Seguridad Social; y la resolución de 23 de mayo del corriente año, que
desarrolla lo dispuesto en la mencionada orden ministerial.

En mi opinión, el proyecto RED significa introducir un procedimiento en
tiempo real, sin movimiento de papel, por tanto, utilizando la tecnología
más avanzada, para la captación de los datos del TC-2 y su incorporación
a las bases de la Seguridad Social, lo que puede suponer, por ejemplo,
que los datos recaudatorios estén en poder de la administración de la
Seguridad Social, una vez esté desarrollado plenamente el proyecto RED,
antes incluso de que el pago se produzca, impidiendo con ello cualquier
forma de fraude por esta vía.

Es un programa en el que los que gestionamos la Seguridad Social tenemos
puestas grandes esperanzas y del que confiamos en obtener resultados muy
significativos en el plazo de uno o dos años. También se cuenta ya con
una resolución que regula las actuaciones de los órganos de la Tesorería
General en los procedimientos concursales y que será de utilidad en la
lucha contra el fraude y en la mejor defensa de los recursos del
patrimonio de la Seguridad Social.

Igualmente, se han elaborado programas especiales en materia de
recaudación y lucha contra el fraude, en coordinación con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social; a tal fin, se ha creado un área específica
de coordinación y seguimiento de actuaciones conjuntas que quedará
potenciada y con plena operatividad una vez se lleve a cabo de forma
efectiva la plena coordinación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social con la Tesorería General, prevista en la Ley 42/1994 para lo cual
ya se han tramitado las oportunas variaciones en la relación de puestos
de trabajo de la Tesorería General.

Por último, creo que es necesario citar que se ha reforzado la sección de
investigación de Seguridad Social, antes con la categoría de grupo y hoy
de sección, que depende del Servicio central de la policía judicial, a
través de la Brigada de delincuencia económica y financiera y que está
compuesta hoy por 15 funcionarios con categoría de inspectores o
inspectores jefes.

Creo, en definitiva, que se trata de dotar a la Administración o se está
tratando de dotar a la Administración de la Seguridad Social, tanto del
marco normativo preciso como



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de los instrumentos de gestión necesarios, las URE, el Cendar, el
proyecto RED, para que pueda desarrollar su gestión con la mayor
eficacia, en colaboración con otros organismos, especialmente la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Contestando además a la segunda pregunta y, por tanto, entrelazando una y
otra comparecencias, he de señalar que todo este proceso de gestión en la
recaudación ha dado un resultado numérico importante. En el año 1986,
antes de la aplicación y del establecimiento de las unidades de
recaudación ejecutiva (Ures), se realizaban y cobraban en vía ejecutiva
29.670 millones de pesetas, con un coste de gestión del 10 por por ciento
de esta recaudación. En 1994, último ejercicio cerrado, se han cobrado
110.692 millones de pesetas, con un menor coste de gestión del 50 por
ciento del que se dedicaba anteriormente, y un tiempo medio de resolución
muy inferior al que se daba en épocas anteriores.

Tendría que decir que, en definitiva, si comparamos el período
comprendido entre 1980 y 1986, cuando no existían las unidades de
recaudación ejecutiva, se recaudó en esos siete años 108.532 millones de
pesetas, mientras que en el período que han funcionado las unidades de
recaudación ejecutiva, los siete últimos años, desde 1988 a 1994, se han
recaudado en vía ejecutiva 549.542 millones de pesetas, algo más de medio
billón de pesetas; es decir, la recaudación en los últimos siete años ha
sido el 500 por ciento de lo que fue en un período anterior similar en
duración, con un porcentaje de reducción, insisto, en este último
período, del 50 por ciento de los gastos destinados a la gestión.

Si es importante este dato numérico, igualmente es importante la gestión
en vía ejecutiva y especialmente el tiempo que se tardaba en ejecutar en
períodos antes de la creación de las URE y de los últimos cambios
normativos. Lo que se tardaba un tiempo promedio de tres años, ha pasado
a un período promedio de siete meses, lo cual ha originado un proceso de
recuperación de atrasos muy importante que se debe considerar a efectos
de determinar las cifras a las que me voy a referir a continuación,
porque en dos de los tres últimos años se ha concentrado la recuperación
de atrasos que existía y que ha sido motivado por la agilización de los
procedimientos. Eso hace que, en el momento actual, el importe total de
la deuda histórica, es decir, no la de uno, dos ni tres años, sino con un
promedio de siete años, cinco que es lo que tarda en prescribir, más dos
años que se pueden ampliar por los procedimientos que interrumpe la
prescripción, a 31 de diciembre de 1994, último ejercicio contable
cerrado, está distribuida del modo siguiente. En fase inicial de trámite,
se encontraban 39.250 millones de pesetas; notificados, 632.154 millones
de pesetas; en trámite de aplazamiento, 43.101 millones de pesetas; en
proceso de embargo, 361.448 millones de pesetas; en trámite de subastas,
69.427 millones de pesetas; con acuerdo de pagos, 58.575 millones de
pesetas; y en trámite de impugnaciones, 41.694 millones de pesetas. Creo
poder señalar que estas cifras no reflejan la eficacia recaudatoria, al
comprender, insisto, toda la deuda histórica que va acumulando la
Seguridad Social, y que somos partidarios de no proceder a ninguna baja
para respetar en el mayor grado la posibilidad de recuperación de los
cobros que se deben a la Seguridad Social.

El mejor contraste de la eficacia de la gestión de la recaudación de la
Seguridad Social es el que marca el índice de morosidad de la Seguridad
Social y, para determinarlo, en semejanza a cómo se calcula en otras
instituciones de naturaleza privada, creo que debemos decir que un billón
245.000 millones a que asciende la totalidad de las cifras que les he
indicado anteriormente, que es la deuda acumulada, se debe poner en
relación con la cantidad que se ha ido cobrando en la gestión
recaudatoria de la Seguridad Social. Así vemos que, concretamente, en el
período 1988/1994, los siete últimos años a los que se puede referir la
deuda histórica acumulada, la recaudación íntegra obtenida ascendió a
34,8 billones de pesetas, lo cual supone un índice de morosidad en el
período considerado del 3,6 de promedio interanual. Quiero señalar que,
en el momento actual, el promedio de morosidad en las instituciones
financieras privadas es alrededor del 6 por ciento.

Por consiguiente, y terminando la parte que se refiere a la gestión
recaudatoria, puedo señalar que, en mi opinión, la gestión de la
recaudación ejecutiva y la recaudación en general ha sido en estos
últimos años de gran eficacia, y tengo que señalar debida especialmente
no sólo por los cambios normativos y por las modificaciones en los
procedimientos de gestión, sino también por la profesionalidad y
dedicación de los funcionarios de la Seguridad Social.

El otro gran bloque de medidas a que me voy a referir en cuanto a la
lucha contra el fraude, tiene su incidencia en los gastos, es decir,
sobre la protección en el campo y en el ámbito de las prestaciones
económicas. Creo que si es importante la lucha contra el fraude en
materia de recaudaciones, igualmente lo es en materia de prestaciones
económicas. Dentro de esta vertiente deben considerarse todas las medidas
tendentes al control riguroso del acceso a las prestaciones, así como al
mantenimiento de los requisitos para permanecer en el disfrute de las
mismas. Respecto de esta materia, la Ley 42/1994, tantas veces citada,
sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, también ha
establecido, con pleno consenso de los sindicatos, de los interlocutores
sociales, una serie de medidas de enorme importancia, y así debo destacar
las siguientes: La creación de un registro de prestaciones sociales
públicas; la regulación del suministro a las entidades gestoras de la
Seguridad Social de los datos relativos a niveles de renta y demás
ingresos de los titulares de prestaciones, por parte del Ministerio de
Economía y Hacienda, comunidades autónomas o diputaciones forales, así
como de los datos personales sobre defunciones y matrimonios de personas
viudas, por los Ministerios de Justicia e Interior y de Economía y
Hacienda.

La citada ley introduce profundas modificaciones que han sido
consensuadas en las anteriormente denominadas situaciones de incapacidad
laboral transitoria e invalidez provisional, concibiéndose ambas como una
única situación protegible: la incapacidad temporal. Ello redundará, en
mi opinión, en beneficio de los trabajadores, que gozarán



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de una mayor atención médica, al no tener un período tan dilatado sin
ella; no verán dificultada su incorporación al trabajo por el transcurso
de largos períodos de tiempo y no permanecerán en situación de
indefinición respecto a su futuro, ya que, transcurridos los 18 meses de
la incapacidad temporal, tendrán que ser calificados en el plazo de tres
meses, salvo casos excepcionales. Por esta vía, también, se controlará
mejor el posible uso indebido de la protección y se asegurará que está al
alcance sólo de quienes realmente se encuentren en las situaciones
legalmente previstas.

Dentro del nuevo marco de gestión de la incapacidad temporal, la ley hace
igualmente referencia a la formalización de acuerdos de colaboración con
los servicios públicos de salud, a fin de potenciar los instrumentos de
gestión y control de dicha situación a cargo de los entes gestores. Por
último, unifica la responsabilidad de la calificación de la incapacidad
permanente, que se ubica exclusivamente en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, pretendiendo con ello una mayor rapidez, rigor y
uniformidad en la calificación de la situación protegible, evitando
abusos y demoras injustificadas.

En desarrollo de esta ley, ya existen también en el ámbito normativo
actuaciones en avanzado estado de tramitación. En concreto, ya se ha
remitido al Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto en desarrollo
de la citada ley que, entre otras medidas, regulará la creación de los
nuevos órganos en los que han de recaer las competencias de evaluación y
calificación de las situaciones de incapacidad permanente, los EVISS, así
como las prestaciones de asistencia técnica en los procedimientos
jurisdiccionales en los que sea parte la Seguridad Social, contribuyendo
con ello, en nuestra opinión, a la disminución de la litigiosidad.

Esperamos poder contar ya con esta norma en breve plazo e inmediatamente
iniciar la puesta en marcha de los nuevos equipos de valoración de
incapacidades constituidos en el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, cuya relación de puestos de trabajo también ha sido ya aprobada.

En cuanto al registro de prestaciones sociales públicas, que sustituye al
anterior banco de datos de pensiones públicas y amplía el catálogo de
prestaciones incluidas, ha sido objeto ya de un proyecto de Real Decreto
que está en avanzado estado de tramitación, también informado ya por los
interlocutores sociales. El mencionado registro se constituirá en el INSS
para su gestión y mediante su creación se pretende obtener la
coordinación de los datos disponibles de las distintas administraciones
públicas, así como el conocimiento de los mismos por parte de todas esas
administraciones en relación con las prestaciones gestionadas por cada
una de ellas. Será un factor importante para prevenir las situaciones de
fraude.

Finalmente, también se está tramitando un nuevo reglamento general de
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, que
representa toda la labor codificadora en esta materia, en desarrollo del
nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que se
estima quedará ultimado a finales de este año.

A su vez, y como antes exponía, en el ámbito de los recursos y también en
el de las prestaciones estas actuaciones normativas se complementan con
otras relativas a la gestión. Se han venido realizando controles sobre el
correcto percibo de las prestaciones. En este sentido, aparte de los
controles habituales permanentes, en 1994 se realizaron los siguientes
controles específicos: para la detección, control, seguimiento y, en su
caso, resarcimiento de las deudas por prestaciones indebidamente
percibidas; para el control de vivencia de los pensionistas; para el
control del percibo de los complementos de mínimos por cónyuge a cargo; y
para el control sobre concurrencia de pensiones contributivas con
pensiones no contributivas; aspectos todos ellos que se verán
definitivamente potenciados con el funcionamiento del antes mencionado
registro de prestaciones sociales públicas, así como por el suministro de
datos que deberá producirse por parte de las administraciones, según las
previsiones de la Ley 42/1994.

Igualmente existen prestaciones más vulnerables al fraude que han sido
objeto de un especial tratamiento, y me voy a referir a la anteriormente
denominada ILT, incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional,
actualmente concebida como una situación única de incapacidad temporal.

En primer lugar, y por lo que se refiere a la incapacidad laboral
transitoria e invalidez provisional, a pesar de los habituales y normales
controles establecidos, a partir de 1990 presentaron una tendencia del
gasto que una vez consideradas las variantes que podrían incidir en la
misma (aumento de la población protegible e incremento de las bases de
cotización), creíamos que debería ser considerada como una tendencia
excesiva en su crecimiento del gasto o un crecimiento no justificado.

Asimismo se comprobó que esa tendencia no era la misma en todos los
regímenes, por lo que debían tomarse diversas medidas de control. Por
ello, se adoptaron medidas, entre las que destacan las siguientes. La
obligatoriedad para los trabajadores autónomos de presentar declaración
individual sobre la persona que va a sustituirle durante su permanencia
en baja laboral; esta medida se implantó a comienzos de 1994 y con ella
se ha desincentivado la permanencia injustificada en baja laboral al
hacerse efectivamente incompatible el percibo del correspondiente
subsidio con el trabajo. La suscripción de convenios de colaboración
entre el INSS y el Insalud para establecer programas de seguimiento de
los procesos de baja laboral e igualmente se han establecido acuerdos con
ciertas autonomías que tienen transferida la gestión de la asistencia
sanitaria, en este caso concreto con Cataluña, Andalucía y Valencia, y
hay conversaciones con Galicia. El incremento de la participación
empresarial en la gestión de la incapacidad temporal, propiciando la
colaboración voluntaria de las empresas del régimen general, respecto al
abono de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes.

Con esta serie de medidas, la tendencia al crecimiento del gasto en la
incapacidad laboral transitoria se rompió en el año 1992, ha mejorado en
1993 y especialmente se ha mejorado en 1994; se ha logrado que de esta
forma el presupuesto en la incapacidad laboral transitoria por primera
vez se haya liquidado con superávit, un remanente no gastado de 35.000
millones de pesetas y que se haya reducido la evolución del gasto, en
términos nominales el 3,5 por



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ciento sobre el del año anterior, y en términos reales, el 7,5 por
ciento.

Por lo que se refiere a la invalidez provisional, su gasto ha seguido
creciendo, pero en 1994 ya ha sido atenuado, si bien debe destacarse que
a partir de este año comenzarán a trasladarse a esta prestación la
repercusión de las medidas de control de las bajas por ILT, al
reconvertirse con ésta en una única situación protegible la tantas veces
citada incapacidad temporal.

Por último, también en este caso quiero referirme a la eficaz
colaboración que en el control de fraude en materia de prestaciones viene
prestando el grupo de investigación de la Seguridad Social, el GISS,
ahora reforzado, como he dicho anteriormente, al constituirse como una
sección. Así, pues, también en el ámbito de las prestaciones se han
adoptado y se están adoptando medidas normativas y de gestión que
favorezcan el control estricto del nacimiento y mantenimiento del derecho
a las mismas por parte de sus beneficiarios.

Para terminar, he de referirme a una serie de medidas que afectan a todo
el sistema de Seguridad Social, responden también a una serie de
recomendaciones formuladas por la unidad especial y que se contemplan en
el Plan de lucha contra el fraude, dirigidas a garantizar el control del
buen uso de la información, al tiempo que se potencian las consultas de
la base de datos. A tal fin, ya se están poniendo en marcha las medidas
siguientes: por la gerencia de informática de la Seguridad Social se ha
constituido un sistema de seguridad y confidencialidad, el Silcon, que
gestiona el acceso de los usuarios a los sistemas informáticos,
aplicaciones y datos incluidos en el ámbito del sistema de información
laboral, permitiendo el seguimiento puntual, fechas, personas, unidad,
consulta realizada, etcétera, de todos y cada uno de los movimientos que
se efectúan y se están realizando actuaciones dirigidas a posibilitar la
conexión, acceso y consulta por los gestores de pensiones a las bases de
datos gestionadas por distintas administraciones, así como por éstas a
las bases de datos del sistema de Seguridad Social, siempre en el
supuesto de la incorporación al sistema de seguridad y confidencialidad,
el Silcon. Con estas medidas, se pretende atender a la doble necesidad de
avanzar en la mejora de la gestión y de la detección del fraude sin por
ello poner en riesgo las garantías necesarias para asegurar el buen uso
de la información.

En definitiva, creo, señorías, que se están tomando todas las medidas que
afectan a la Seguridad Social que han sido recomendadas en esta materia y
se contemplan en el Plan de lucha contra el fraude. En suma, tenemos el
convencimiento de que con la medidas que tan esquemáticamente he
expuesto, enmarcadas en el proceso global de modernización y mejora de
gestión de la Seguridad Social que a lo largo de estos años hemos venido
aplicando y que SS. SS. conocen porque se han comentado en este
Parlamento en distintas ocasiones, se está favoreciendo y se está
previniendo la Seguridad Social contra ciertas conductas fraudulentas
cuya existencia perjudica, en mi opinión, al buen funcionamiento de
nuestro sistema protector y que, además, insisto nuevamente, son
socialmente intolerables y atentan contra el principio de solidaridad,
que es uno de los pilares esenciales del sistema de Seguridad Social.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo demandante de la primera comparecencia,
el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Quiero iniciar la formalización de los criterios
del Grupo Parlamentario Socialista en esta comparecencia del señor
Secretario General de la Seguridad Social estableciendo a manera de
prólogo, cómo no, y por cortesía parlamentaria, unas breves palabras de
agradecimiento a la presencia del señor secretario general y, sobre todo,
a la cumplida rendición de cuentas que acaba de hacer ante los grupos de
la Cámara de lo que han sido y van a ser las intervenciones tanto desde
el punto de vista de la producción normativa, como de la gestión de los
servicios que tiene encomendada.

Señor secretario general, nuestro grupo parlamentario en la labor de
control al Gobierno, que también nos compete reglamentariamente, ha
solicitado su presencia en esta Cámara, y lo haremos también en otras
ocasiones en el futuro, puesto que nos parece de la mayor importancia el
tema que hoy nos congrega. La trascendencia del fraude, que usted también
ha glosado en su intervención, en un esquema tan sensible para la
sociedad española como es el del sistema de la Seguridad Social, reviste
toda su trascendencia no solamente por los aspectos cuantitativos del
volumen de recursos financieros que mueve su institución o el de millones
de personas concernidas por los derechos y las obligaciones que generan
las relaciones jurídicas de Seguridad Social, sino también porque se
configura como uno de los elementos más sensibles, de la conciencia
social y expresa muy nítidamente cuál es el estado de una sociedad cuando
se enfrenta al cumplimiento de sus obligaciones o a la reclamación de sus
derechos en estos esquemas protectores del sistema de bienestar público.

Como usted ha dicho en el inicio de su intervención, la legislatura
comenzó en 1993 con un acuerdo del Consejo de Ministros creando una
unidad especial, que se constituyó por acuerdo de 4 de agosto de 1993,
para estudiar los fenómenos del fraude en el conjunto de las
administraciones públicas. Todo ello yo creo que significaba, ya en los
albores de esta legislatura, la preocupación con que se abordaban estos
elementos en el debate social y en el debate político de nuestra
sociedad. Evidenciaba, también, el compromiso serio de nuestro partido y
nuestro Gobierno y he de decir también, a fuer de justo y de sincero, que
no sólo de nuestro partido y de nuestro Gobierno, sino de otros grupos
parlamentarios que, de una u otra manera, han ido ayudando a la
gobernación de España durante estos dos largos años de legislatura por un
fenómeno, el fenómeno del fraude que a veces surge como noticia
espectacular en algunos elementos de la vida ciudadana, de la vida
política o de la vida económica, pero que ciertamente es, como lo ha sido
históricamente en nuestro país, uno de los problemas latentes en la
sociedad española. Esa connivencia con el fraude extensamente instalada
en nuestra sociedad



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ha hecho de España un caso que le ha separado bastante de otros socios de
la Unión Europea donde la mayor conciencia social, los mayores valores
cívicos no han hecho llegar a unas cotas tan elevadas como las que hemos
conocido en nuestra historia. Supone también la decidida voluntad desde
el inicio de la legislatura de atacar estos fenómenos sin demagogia, sin
oportunismos, sin populismo, tratando de construir más sólidamente la
convivencia nacional en todos aquellos ámbitos de la Administración
Pública con gran repercusión social y, cómo no, en la Seguridad Social.

Usted también ha señalado --y yo quiero hacerlo-- que, inmediatamente
después, en el debate sobre el estado de la nación, de 20 de abril de
1994, estos propósitos, estos convencimientos, estos compromisos se
plasmaron en una serie de recomendaciones. Posteriormente, incluso en el
ámbito específico de sus competencias administrativas y de las
competencias de esta Comisión, hemos tenido ocasión de discutir un
informe sobre el futuro de la Seguridad Social, donde se contienen varias
recomendaciones también pertinentes al asunto del fraude.

Por tanto, señor Secretario General, el Grupo Parlamentario Socialista ha
tomado esta iniciativa (y le reitero que la seguiremos tomando en el
futuro), porque queremos hacer un seguimiento puntual de cómo está el
estado de la cuestión. Para nosotros, igual que para usted, nos parece
que el fraude tiene una trascendencia fundamental en la Seguridad Social,
y voy a glosar también algunas de sus opiniones. El fraude en la
Seguridad Social actúa como una especie de termita que deslegitima el
sistema, y para grupos parlamentarios como el mío, que está con un
compromiso serio y continuado en el tiempo a favor del sistema público de
Seguridad Social, el elemento de la legitimación o de la deslegitimación
del sistema es un elemento estratégico para la supervivencia de este
propio esquema de convivencia en nuestro país. Esa deslegitimación del
sistema se produce por diversos parámetros: legitima curiosa y
paradójicamente ese fenómeno deslegitimador las tendencias inmovilistas,
la de aquellas personas que ante cualquier coyuntura reformista o
reformadora pretenden que primero hay que solucionar los problemas
históricos antes de abordar cualquier cambio en la normativa del conjunto
de obligaciones y derechos de la Seguridad Social. La existencia del
fraude en las cotizaciones o de fraude en la percepción de las
prestaciones, es una especie de freno permanente a la actitud
reformadora, reformista y de adecuación de unas instituciones que
forzosamente deben ser reforzadas con el paso del tiempo porque la
sociedad cambia, la Seguridad Social tiene que cambiar, y la existencia
de esas bolsas, de esas prácticas de fraude actúa siempre como un freno
ante cualquier actitud reformista. Por tanto, interesa quitar ese
elemento que parasita, que frena la capacidad de adecuación, la capacidad
de actualización de las normas y de los procedimientos de la Seguridad
Social.

El fraude también actúa no solamente a favor de las tesis inmovilistas,
sino a favor de las tesis involucionistas. Es un argumento renuente,
constante en el debate político y en el debate social que justifica las
actitudes de quienes pretenden marcha atrás en el esquema protector del
Estado del bienestar; se convierte en una coartada de todos los que
pretenden sustituir los esquemas de la solidaridad nacional por los
esquemas de la simple previsión individual. Por tanto, la lucha contra el
fraude, esta actitud beligerante, esta actitud comprometida contra el
fraude en la vertiente del ingreso y en la vertiente del gasto se
convierte para grupos parlamentarios como el Grupo Parlamentario
Socialista en un compromiso de primera magnitud.

También me gustaría expresarle, señor secretario general, a toda la
Cámara y a la opinión pública nuestro convencimiento de que la gran
producción normativa que ha habido en esta legislatura, los grandes
compromisos políticos que se han suscitado en el Congreso de los
Diputados necesitan un desarrollo reglamentario. La historia de la
Seguridad Social nos muestra hasta la saciedad cómo las grandes leyes que
construyeron el edificio del sistema español de prestaciones fueron
objeto posteriormente de un tratamiento moroso, nunca mejor traído a
colación que en este debate, en cuanto a la producción reglamentaria, en
cuanto al desarrollo reglamentario. La Ley general, del año 1974, tuvo
que convivir durante largos años y, por tanto, estuvo lastrada en su
eficacia por viejos reglamentos, por viejas normas, órdenes
ministeriales, resoluciones de épocas anteriores. La Ley de 1974 no tuvo
todo el desarrollo reglamentario que hubiera sido preciso para que la
vertiente de la afiliación, del alta, del reconocimiento de los derechos,
de la recaudación, de las obligaciones tuviese la urdimbre administrativa
necesaria para llevar adelante todos los grandes objetivos que se
contenían en aquella ley. Nosotros observamos hoy no con preocupación
sino con esperanza que tanto el nuevo texto refundido, que también ha
visto la luz en esta legislatura, como las importantes modificaciones que
establece la Ley 42/1994, de 30 de diciembre y que necesita un amplio
desarrollo reglamentario --nuestra preocupación también era causa de la
demanda de su comparecencia--, todo ese conjunto de reglamentos está
prácticamente en la antesala de producirse ya por la vía de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Aunque usted ya se ha
referido a ese conjunto de reglamentos de recaudación, de inscripción, de
cotización, de gestión financiera, me gustaría que diese un paso más y en
el turno subsiguiente nos pudiese confirmar si, efectivamente, en el
próximo semestre podremos ver completo todo el arco reglamentario y
normativo que va a desarrollar esas importantes leyes.

Señor secretario general, no consumiré más tiempo. Si me permiten, y dado
que también ha sido objeto de su intervención otra iniciativa
parlamentaria de un grupo de la oposición, dedicaré estos últimos minutos
a hacer un breve comentario sobre esta segunda cuestión, que hace
referencia a lo que en términos financieros significa hoy la morosidad en
nuestro país.

En ese sentido quisiera decirle que nos ha tranquilizado, puesto que,
aunque las cifras en términos absolutos son ciertamente cuantiosas, es
cierto que hay que relativizarlas puesto que es un agregado de más de
siete años de vida de la Seguridad Social. Que exista una morosidad del
3,6 por ciento en tasa interanual nos parece una cifra razonable, aun
cuando esto no puede significar en nuestra voz



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ningún argumento a favor de que nos demos ya por satisfechos.

Mi pregunta --y con esto concluiría, señor Presidente-- sería en concreto
cuáles van a ser los ritmos de ejecución de estos derechos que aún están
en esa bolsa histórica de morosos en la Seguridad Social, puesto que
tanto como conocer el montante global de las obligaciones aún no
satisfechas a la Seguridad Social, en el Grupo Parlamentario Socialista
nos gustaría conocer cuál va a ser la dinámica de realización de esos
derechos en los años sucesivos.

Termino, señor Presidente, por tanto, diciendo con toda claridad que en
estos tiempos a veces un tanto convulsos en que vive la vida nacional y
en los que yo creo que con abuso de la lógica y de la razón siempre se
ubica en las áreas gubernamentales la causa, la razón de los fraudes, de
los desasosiegos, conviene que el Parlamento de la nación, sin demagogia,
vea que estamos en presencia de un problema nacional, de un problema que
afecta a toda la sociedad. Conviene que en esta sesión parlamentaria
aprovechemos la ocasión para hacer una llamada al conjunto de la nación
española, de la sociedad española, para que todos juntos sigamos
avanzando en este camino de conseguir no solamente las bases sobre las
que se sustenta nuestro propio esquema protector sino también nuestro
propio sistema de producción donde estos fenómenos fraudulentos rompen la
racionalidad del esquema productor del país acarreando dificultades
adicionales precisamente a quienes cumplen con sus obligaciones.

Creo, por tanto, que es el momento de aprovechar esta ocasión para hacer
una llamada a la ciudadanía en el sentido de que el Parlamento de la
nación está vigilante, el Parlamento de la nación está activo en producir
todas las transformaciones normativas y todos los impulsos
administrativos para que cada día se vaya reduciendo el volumen de estas
conductas fraudulentas en la sociedad española.

Cómo no, señor secretario general, quisiera trasladarle tanto a usted,
que también, y al conjunto de funcionarios que honestamente cumplen con
su función cada día, la satisfacción de la Cámara por ver que éste es un
problema que está en vías de solución.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo demandante de la segunda comparecencia,
el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Antes de entrar en el fondo de estas dos
comparecencias acumuladas, una solicitada por el Grupo Socialista y otra
por el Grupo Popular, me gustaría hacer una breve referencia a algunos de
los planteamientos que ha hecho el señor Cercas.




El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, este trámite no permite la
incursión en territorios de debate, en contradicciones y controversias.




La señora MONTSENY MASIP: No voy a hacer alusiones personales, señor
Presidente, pero sí quiero referirme a algunos de los planteamientos que
se han hecho desde el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Lo puede hacer, señora Montseny, pero sin citar al
señor Cercas; ése es su error.




La señora MONTSENY MASIP: Se ha dicho aquí que debemos seguir cada vez
más los pasos de la Unión Europea. ¡Ya me gustaría a mí que siguiéramos
los pasos de la Unión Europea! Pero en todos los ámbitos: en desempleo,
en fiscalidad, en creación de empleo y de trabajo, en creación de
empresas; en definitiva, en creación de riqueza. ¡Claro que debemos
seguir las recomendaciones de la Unión Europea! De hecho algunas de ellas
ya se han seguido y mi grupo, por cierto, las ha apoyado.

Se ha dicho también de una forma indirecta y abstracta que nuestro grupo
está en contra de las reformas. No es cierto. Nosotros apoyaremos siempre
todas aquellas reformas que contribuyan a mejorar la gestión del sistema
de Seguridad Social. Otra cosa es que opinemos de forma distinta sobre
cómo se han llevado a cabo algunas reformas, pero no estamos con la
inmovilidad.

Se ha hablado de fraude, el 3,6; es evidente que no dan grandes cifras de
fraude. Quizá también hay que hacer referencia a la imposibilidad de
llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones tan tremendas que hay
en nuestros sistemas de Seguridad Social, fiscal, etcétera, y que a las
pequeñas y medianas empresas muchas veces no se las protege
suficientemente como para poder llevar a cabo su potenciación y su no
desaparición.

Finalmente, quiero decir que la Ley general de la Seguridad Social, que
databa de 1974, es evidente que arrastraba algunas normas que había que
adecuar a la legislación vigente. De todas formas hay que matizar que el
Gobierno socialista ha tardado nueve años en reformarla y eso,
evidentemente, no es culpa del grupo al que yo represento.

El señor Jiménez cada vez que viene nos trae su discurso preparado y nos
dice todo el ámbito de gestión de la Seguridad Social. En realidad hoy se
ha hablado aquí tanto de los reglamentos que hay que llevar a cabo como
de la invalidez provisional... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




La señora MONTSENY MASIP: Se ha hablado de la incapacidad laboral, de
todas las reformas o todas las modificaciones a nivel de procesos
informáticos. Hoy ya he visto uno nuevo que yo no conocía. Tenemos el
proyecto RED, que es la primera vez que oigo hablar de él; se ha nombrado
el Cendar, el TASS, el Silcon... ¿No se podrían refundir todos ellos en
un solo proceso dado el caudal económico que cuesta implantar cada uno de
estos procesos informáticos?
Se ha hablado del fraude en todos los ámbitos. Es evidente que el fraude
es malo, pero ¿no se puede llevar a cabo también un análisis de la crisis
económica que ha invadido nuestro país en los últimos años y que quizá el
Gobierno socialista no ha sabido atacar? Vuelvo a repetir: recuerdo



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a las pequeñas y medianas empresas que tienen apuros tremendos hoy y es
imposible que se cree empleo por parte de estas empresas que, en
definitiva, son las que crean el 80 por ciento de los puestos de trabajo.

Mejorar la gestión en la invalidez. Quiero traer a colación el recorte de
un medio de comunicación que habla de los grandes problemas que ha
supuesto la reforma de la invalidez y que creo hay que subsanar. Creo que
hay que subsanarlo acotando los plazos para que las personas que han
agotado el período de los 18 meses de incapacidad laboral transitoria y
de la invalidez o incapacidad temporal no se encuentren en un momento
dado sin su puesto de trabajo porque no hay criterio firme de si está o
no curado, si tiene que reincorporarse al trabajo, si la empresa lo
admite o no lo admite.

Voy a leer un pequeño párrafo: No puede pretenderse que el trabajador en
activo que ha tenido la desgracia de una enfermedad, si a los 18 meses de
estar de baja los responsables del seguimiento de la misma deciden que no
está curado, pero su lesión no le invalida de forma permanente, se quede
desempleado. Habrá que establecer alguna solución para que se reincorpore
al mundo laboral o no quede desamparado.

Yo no sé cómo está en este momento la fase de creación de las unidades
que deben proceder a la declaración del grado de invalidez, las ELVISS,
pero quizá deberían estar ya mucho más ultimadas de lo que el señor
Secretario General para la Seguridad Social nos ha puesto de manifiesto.

Señor Jiménez, yo he leído las comparecencias anteriores. Una, para el
rendimiento de cumplimiento de ejecución presupuestaria del año 1994, en
febrero de 1995 concretamente, y otra en la que usted nos habló de la
mejora de la gestión, en mayo de 1994. Usted se comprometió a traer la
respuesta a una serie de preguntas de mi Grupo, efectuadas «in voce» en
la comparecencia, que no me han llegado, y he redactado un número de
preguntas que se irán presentando a lo largo del próximo mes.

He de decir que algunos de los datos que tengo aquí en cuanto a la
morosidad están facilitados por la secretaría y no me cuadran las cifras.

Es evidente que de noviembre de 1994 a junio de 1995 ha podido haber
modificaciones, pero en una de esas respuestas yo tengo que el importe
total de lo cobrado en la vía ejecutiva por la Tesorería General de la
Seguridad Social, y ya entrando en el procedimiento de apremio, es de
82.468.741.168 pesetas. Usted, en su comparecencia, nos decía que se
recaudaban 15.000 millones de pesetas cuando había los conciertos con los
juzgados de los social. En el año 1993 se recaudaron, la vía ejecutiva,
82.000 millones de pesetas. En tres años, 1994, 95 y 96, se esperaba
recaudar una cifra alrededor de 220.000 millones y unos 110.000 millones
en el ejercicio de 1994. A mí la cifra que me dan aquí, de cinco años, es
82.000 millones de pesetas, y son cifras facilitadas por usted, por el
Ministerio. Sí que me ha sorprendido la cifra de lo datado por las
unidades de recaudación ejecutiva, y que también son datos facilitados
por usted: 375.579 millones de pesetas. ¿Qué ocurre con todos estos
procesos datados? ¿Es que la URE sólo se van a la recaudación de las
grandes cifras y dejan a su suerte, remitiendo los expedientes a las
direcciones provinciales, a aquellas empresas que son más costosas y más
difíciles de investigar porque son pequeñas y una sola gestión vale lo
mismo para un gran descubierto que para un pequeño descubierto?
Me gustaría hablar también de la deuda histórica: un billón 52.000
millones de pesetas en cinco años. ¿Qué ocurrirá con esta deuda
histórica? ¿Se da por perdida ya? ¿Habrá alguna posibilidad de que se
pueda saldar y disminuir esa deuda histórica? Existen grandes problemas
hoy en las unidades de recaudación ejecutiva, señor Jiménez, y me han
llegado; hay profunda inquietud. Las 271 unidades de recaudación
ejecutiva, creadas por la Seguridad Social, nacieron para llevar a cabo,
yo no diré que los 6.000 procedimientos de apremio que algunos de ellos
han dicho, pero podríamos estar en torno al doble, 12.000 procedimientos
de apremio. Hoy, hay unidades de recaudación ejecutiva que tienen 45.000
certificaciones de descubierto. Y le voy a dar una cifra todavía más
escandalosa. Pozuelo: 90.000 certificaciones de descubierto. Quizá esa
descentralización administrativa no se ha llevado a cabo de una forma
objetiva, quizá hubiera tenido que plasmarse ubicando esas unidades de
recaudación ejecutiva de forma distinta, porque 271 unidades de
recaudación ejecutiva, señor Jiménez, son muchísimas, más que las que ha
creado la Agencia Tributaria, muchas más: 271 unidades de recaudación
ejecutiva y 250 administraciones. Por cierto, le voy a decir que el
Ministerio de Trabajo ha sido uno de los ministerios que más
escandalosamente ha despilfarrado, comprando inmuebles, comprando
locales. Quizá la austeridad también debe plasmarse cuando se hace la
descentralización administrativa. Usted una vez nos lanzó aquí la cifra
de 6.000 millones y yo le voy a dar sólo dos datos. Compras de locales,
sólo para ampliación de la Tesorería General de la Seguridad Social,
1.000 millones; la compra de la Dirección Provincial del INSS de Granada,
1.600 millones. ¿Cómo es posible, pues, que con toda la descentralización
administrativa que ha hecho la Seguridad Social, unidades de recaudación
ejecutiva, administraciones, las CAI y agencias del INSS, se dé la cifra
de 6.000 millones? Es imposible. Desde luego, como tengo todos los datos
--aunque me van suministrando ahora a cuentagotas algún dato más--, me
voy a tomar la molestia de sumarlos todos, uno a uno, porque yo creo que
podemos llegar, entre el Cendar, el Sicop, las TASS, las agencias, las
unidades de recaudación ejecutiva y las CAI, etcétera, a una cifra que no
quiero aventurar, pero yo estoy convencida de que pasamos de los 15.000
millones de pesetas.

Usted se comprometió a aportarnos las deudas, separadas, de las
administraciones, y me tengo que enterar por la prensa también --otro
recorte de prensa--: Deuda pública con la Seguridad Social. La deuda de
las administraciones públicas asciende a 286.130 millones de pesetas,
según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De
las tres administraciones, la deuda autonómica asciende a 136.000
millones, corporaciones locales, a 86.000 millones y Administración
central a 63.000 millones. ¿Cómo se va a satisfacer esta deuda? ¿Van a
tener la misma forma de pago que esas empresas a las que parece que todos
hacen referencia en relación con el fraude y que



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muchas veces no pueden pagar porque el sistema no les protege
suficientemente? ¿Cómo va a pagar la Administración central la morosidad
que tiene? ¿Se le aplican los recargos del 35 por ciento? Porque el 35
por ciento, señor Jiménez, es muchísimo recargo, y sobre todo que hay
agravios comparativos para aquellos pequeños comerciantes que
difícilmente salen adelante con todos los impuestos, municipales,
fiscales y las cuotas de la Seguridad Social. Y si lo comparamos ya con
la disposición adicional trigésima que pactó el Gobierno socialista con
el Grupo Parlamentario que le viene sustentando, en cuanto a la morosidad
de las instituciones sanitarias, públicas o privadas, sin ánimo de lucro,
que se les concedió un aplazamiento --también un agravio comparativo con
las empresas-- de diez años, recargos condonados y tres primeros de
carencia. ¿Por qué no se hace lo mismo con las empresas que tienen
tantísimas dificultades? ¿Por qué se les aplica un IAE de una forma
objetiva y no subjetiva con arreglo a los beneficios que tenga una
pequeña empresa, el sector comercial? ¿Por qué se les aplican unos
recargos del 35 por ciento, más los gastos del procedimiento de apremio?
¡Si es que es imposible que las pequeñas empresas, en época de crisis,
puedan satisfacer recargos del 20 y del 35 por ciento!
Si volvemos a las unidades de recaudación ejecutiva, me gustaría que
usted nos aclarara el rendimiento que usted cree que ha llevado a cabo el
procedimiento de apremio, el grado de satisfacción que hay desde la
Secretaría General. Pero tengo que poner de manifiesto que los jefes de
las unidades de recaudación ejecutiva tienen otra inquietud y es que, con
esa descentralización iniciada por la Secretaría General en todos los
ámbitos de las entidades gestoras, es evidente que se requería la
presencia y la contratación, por lo tanto la oferta pública de empleo, de
un mayor número de funcionarios y esto, después, con la congelación de
dicha oferta pública de empleo, ha quedado congelada la posibilidad de
que puedan rendir al máximo. Si en las administraciones se presumía la
presencia de 40 funcionarios, se han quedado a la mitad de medios
humanos, y lo mismo ha ocurrido en las unidades de recaudación ejecutiva
y yo creo que lo mismo ha venido ocurriendo, aunque proporcionalmente en
menor cuantía, en las agencias del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y en las CAI. Porque, hoy por hoy, el INSS tiene muchos menos
procedimientos que tramitar y tiene un número similar de funcionarios, en
torno a los 15.000, igual que la Tesorería General de la Seguridad
Social, a la que se le han encomendado muchísimos más trámites, de muchos
procedimientos y muchas veces muy distintos entre ellos, muy delicados y
muy peculiares, porque es evidente que sólo las altas y bajas de los
trabajadores y los cambios de las empresas producen ya un gran volumen de
trabajo. ¿Cómo se va a solucionar esa falta de medios humanos en las
unidades de recaudación ejecutiva y en las administraciones? Es evidente
que aquí se ha hablado de funcionarios, pero yo también he hablado muchas
veces de funcionarios y he dicho que, así como creo que no ha habido
austeridad en la descentralización administrativa, señor Jiménez, ha
habido muchísima austeridad en el trato a los funcionarios, en todas sus
escalas y cuerpos, y creo que es público que los he defendido con
muchísimo rigor y muchísimas veces.

En definitiva, espero que usted me conteste todas las preguntas que ya he
venido realizando en otras comparecencias y que voy a presentar por
escrito en los próximos días, así como las preguntas que también he ido
formulando a lo largo de mi intervención.

Finalmente, también me gustaría decir algo que corre de boca en boca por
todas las entidades cada vez que uno de los grupos de investigación de la
Seguridad Social se desplaza a una provincia. Yo alabo desde aquí a estos
funcionarios por su magnífica labor, pero muchas veces hacen determinadas
concesiones que tampoco benefician al Gobierno socialista, porque en
períodos electorales, después de haber estado investigando el fraude en
el desempleo y en percepciones económicas de Seguridad Social, dicen:
pero ahora nos lo van a parar porque llega una convocatoria electoral.

Quisiera también hablar de los autónomos y decir que son los que tienen
que ser mayormente protegidos por su escasa capacidad económica dentro
del ámbito de la Seguridad Social. Nos congratulamos de esa disposición
en la que se ha favorecido la obligación del autónomo de dar a conocer la
persona que le sustituye en el ámbito de su propia empresa cuando está de
baja por enfermedad, es decir, percibiendo la prestación de la
incapacidad laboral transitoria, siempre que la tenga concertada.

El Decreto del año 1993 para las empresas que colaboran en la incapacidad
laboral transitoria con el Instituto Nacional de la Seguridad Social no
sé si ha variado el número de empresas que colaboran en esa gestión,
usted nos dio la cifra de cuatrocientas. Yo creo que a nivel nacional
habría que dar a conocer y difundir mejor esa orden ministerial para que
fueran muchísimas más las que pudieran colaborar en el control de la
prestación de la ILT y se pudieran a su vez beneficiar con la reducción
del 5 por ciento de la cuota aplicable.

Por último, le agradezco esta comparecencia, solicitando que nos conteste
todas las preguntas que le hemos formulado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Venía yo esta mañana pensando que el debate
que íbamos a realizar hoy podía ser alarmista, porque hacer una
comparecencia para hablar de fraude en los ingresos y en las prestaciones
daba la sensación de que no tenía mucho objeto, porque es evidente que
puede haber y hay --todos lo reconocemos-- una ciertas bolsas de fraude,
pero también es verdad que hay un avance cualitativo y cuantitativo en la
lucha contra ese fraude, y me parecía que no era ni siquiera muy
oportuno, porque me consta que la Secretaría General de la Seguridad
Social está haciendo un trabajo positivo en esa línea. La segunda
comparecencia que se pedía me parecía menos interesante todavía, porque
también pensaba que el tema de la recaudación por la vía de apremio
funcionaba bien, y me consta que por lo menos una URE funciona



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muy bien, porque ha estado muy atenta a la localización de ingresos en
determinadas cuentas para congelarlos y quedárselos, de tal manera que
luego estas personas que «sufren» --entre comillas-- la eficacia de las
URE recurren a todos los medios para que éstas sean comprensivas y
aplacen los cobros, etcétera. Es decir, que me parecía que el debate de
esta mañana estaba más o menos justificado, pero no tendría mayor
enjundia. Ahora, después de escuchar a la señora Montseny, estoy
preocupado. Voy a tenerme que informar con más detalle de este tema,
porque tras la intervención de la señora Montseny, si no tiene una
respuesta contundente, parece que la cosa está peor de lo que yo pensaba,
y en ese caso sí se justifica este debate.

En cualquier caso, señor Secretario General, mi Grupo quisiera animarle a
que siga usted, a que no baje el listón en la lucha a favor de la
recaudación y en contra del fraude, así como animarle para que la nueva
tecnología que se está empleando en el cruce de datos de unos ministerios
y otros para la localización del fraude siga funcionando como hasta
ahora. En cuanto a la segunda comparecencia, si estamos a ese nivel de
poca recaudación, hay que animarle, y si hay que modificar legislación o
si tiene alguna traba de cualquier otra naturaleza que el Parlamento
tenga que despejar para que su Secretaría pueda actuar con mayor
eficacia, ofrecernos para hacerlo. (La señora Montseny pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, tiene la palabra.




La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, si yo no puedo citar al señor
Cercas, el señor Hinojosa no puede citar a la señora Montseny. (El señor
Hinojosa i Lucena: Retiro la cita.)



El señor PRESIDENTE: El señor Hinojosa no la ha contradicho, señora
Montseny, ha dicho que después de escucharla debe cambiar sus opiniones.

¿A qué más aspira usted que a cambiar la opinión de los demás con sus
intervenciones, señora Montseny? (Risas.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Jiménez, yo directamente voy a comenzar
por felicitarle, tanto a usted, en la medida en que ocupa un cargo de
carácter político y por tanto hay determinadas actuaciones que son
imputables a su función, como, a través de usted, a todos los
funcionarios de la Seguridad Social, felicitación que hago extensiva no
sólo por los hechos y por las realidades que se pueden ofrecer --ha dado
usted datos en este sentido que me parece que son significativos--, sino
también por la voluntad --que me atrevería a presumir que todos le
atribuimos, yo desde luego sí lo hago-- de luchar de manera decidida
contra actuaciones que son un ataque frontal, y hay que decirlo con
claridad, a la solidaridad social, que es el fundamento y que se concreta
en los sistemas públicos, de protección social. Toda forma de fraude debe
ser eficaz y decididamente combatida, y eso lo decimos desde una posición
claramente comprometida y defensora de los sistemas públicos de
protección social, que tienen ahí una actuación que niega de raíz esa
protección social que a nosotros nos parece que es un pilar básico de
toda la convivencia social, así de claro, y quien niegue ese tipo de
fundamentos que sepa que está comprometiendo la estabilidad de la
sociedad. Los datos que todos conocemos --porque no hace mucho hemos
tenido ocasión de hablar a fondo de la Seguridad Social-- ponen de
manifiesto la enorme trascendencia que los sistemas de protección social,
y en concreto la Seguridad Social, con todas sus limitaciones, con toda
su capacidad de desarrollo, por la que nosotros apostamos, tienen en la
estabilidad de la sociedad española.

Yo creo, señor Jiménez, que ha hecho usted bien en tratar conjuntamente
deuda empresarial, el aspecto de los ingresos, y lo que es fraude en las
prestaciones. En mi opinión, ambas actuaciones tienen en común que son
infracciones de la normativa vigente, no se cumple la normativa vigente.

Es verdad que en determinadas actuaciones de impago empresarial no cabrá
apreciar esa voluntad defraudatoria que específicamente se requiere en lo
que entendemos como fraude, nos encontraríamos en presencia pura y
simplemente de impago, no tanto de fraude, pero no cabe la menor duda de
que en todas esas actuaciones se produce un incumplimiento de la
normativa vigente. Estoy de acuerdo con usted, señor Jiménez, en que el
impago empresarial y, desde luego el fraude que pueda existir en los
pagos a la Seguridad Social, tanto por su volumen económico como por la
ausencia de cualquier excusa pretendidamente justificadora que se pueda
buscar, niegan de raíz el fundamento de la solidaridad social, máxime sin
van acompañados de una voluntad claramente defraudatoria, mientras que
algunos supuestos fraudes en las prestaciones tienen como raíz --e,
insisto, no lo justifican, sin perjuicio de que legalmente puedan tener
cualquier tipo de calificación-- un intento de extender la solidaridad a
necesidades que la ley no contempla y, por tanto, no son admisibles desde
el punto de vista de esa legalidad.

Yo creo, señor Jiménez, que en estos momentos en los que esta Cámara
acaba de aprobar con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios lo
que se conoce como el Pacto de Toledo, que ha dado lugar a un importante
debate social en torno a la Seguridad Social, por el que se ha producido
un incremento positivo de conciencia de todos los ciudadanos en relación
con la importancia de la Seguridad Social, también es bueno que hablemos
de este tema que es importante, quizá no desde el punto de vista del
volumen, pero sí en cuanto que la filosofía que está detrás de esa
conducta ataca frontalmente a los sistemas de protección social. En este
debate que hemos realizado en torno a la Seguridad Social se ha puesto de
manifiesto la trascendencia social de este mecanismo de protección.

También es bueno decir que la trascendencia económica desde el punto de
vista de la racionalidad económica es insustituible.

En muchas intervenciones he hecho hincapié en que si bien es cierto que
los beneficiarios directos y mayoritarios de la Seguridad Social son los
trabajadores en todas sus vertientes (por cuenta ajena, salarial,
autónomos, por cuenta propia), también --hay que decirlo con claridad--



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son beneficiarios los empresarios. Desde esa perspectiva yo creo, señor
Jiménez, que es el momento idóneo para intentar conseguir que se relance
la conciencia de toda la sociedad, empresarios y trabajadores,
fundamentalmente trabajadores, en torno a lo que es el fraude en relación
con la Seguridad Social y a eliminar dicho fraude. Debemos hacer un
esfuerzo por conseguir que toda la sociedad identifique como propia a la
Seguridad Social, como intereses propios sus necesidades cotidianas y que
desde ese punto de vista haya un rechazo social claro a los supuestos de
fraude, tanto en los ingresos que, creo --insisto-- son los más
importantes por su volumen y la filosofía que hay detrás, como en las
prestaciones que creo que también son rechazables.

Señor Jiménez, me parece que esto no debe traducirse sólo --aunque
también me parece importante-- en campañas informativas que se puedan
llevar a cabo, sino en algo más. En concreto le plantearía un desarrollo
mayor de los derechos de información de los agentes sociales en relación
con la Seguridad Social. Yo creo que sería bueno que pensáramos no sólo
en un mayor desarrollo de los derechos de información, sino también en
una mayor participación en la gestión de la Seguridad Social. Sabe usted
perfectamente, señor Jiménez, que éste fue uno de los planteamientos que
nosotros hemos defendido en esa Ponencia que trabajaba en el tema de la
reforma de la Seguridad Social y en el Pleno que finalmente aprobó por
unanimidad ese pacto. Creo, de verdad, que es una vía de trabajo en la
que deberíamos avanzar de cara a conseguir que, efectivamente, todos los
ciudadanos de este país sientan como propia a la Seguridad Social y sean
capaces de identificar con celeridad cualquier tipo de disfunción que se
plantee, y abordar, por tanto, con urgencia las soluciones más adecuadas
de cara a conseguir que los problemas de una institución tan vital sean
corregidos inmediatamente.

Creo, señor Jiménez, que son importantes algunos de los aspectos a los
que ha hecho referencia anteriormente. Los desarrollos reglamentarios que
tiene previstos, y que ha detallado, me parecen importantes, en
particular el tema del registro de prestaciones sociales públicas. Este
es un tema que viene de antiguo porque si bien este registro de
prestaciones sociales públicas se creó en la Ley de presupuestos de 1994,
no es menos cierto que ya existía con anterioridad un precedente, y yo
creo que ésta es una vía de avance en la que deben producirse resultados
urgentes e inmediatos, porque es verdad que se están produciendo
disfunciones. Me consta, en concreto, el caso de determinadas entidades
en Navarra en las que se están produciendo compatibilidades de
prestaciones que están abonando con prestaciones que se perciben por
parte de la Seguridad Social. A pesar de que se ha denunciado esa
situación, lo cierto es que se mantiene esa compatibilidad, al parecer
porque no existen informaciones adecuadas y suficientes por parte de las
entidades gestoras de la Seguridad Social que permitan corregir una
situación que ha saltado a la opinión pública y que se ha convertido en
piedra de escándalo. Nos parece oportuno que en esta materia se produzcan
desarrollos urgentes, pero todas en las que se está trabajando nos
parecen igualmente importantes y, desde luego, le animamos a que se
avance en esa dirección.

Se ha hecho referencia a las unidades específicas de la Seguridad Social
para el cumplimiento de sus funciones. Yo quisiera recordar, aunque no
sea específico de Seguridad Social pero sin lugar a dudas muy conectado
con ella, el tema de la Inspección de Trabajo y la necesidad de conseguir
que la misma tenga la plantilla adecuada. Hemos llamado reiteradamente la
atención sobre la necesidad de que se produzca la cobertura de plantilla
idónea para que la Inspección de Trabajo pueda cumplir sus funciones,
entre las que se encuentra, por supuesto, la relativa a pagos a la
Seguridad Social, pero también hay otra temática en la que indirectamente
se produce fraude a la Seguridad Social. En muchos casos, las
asignaciones de categorías profesionales no correctas, el impago de los
salarios correspondientes de acuerdo con el convenio o cualquier otro
tipo de infracción legal conlleva, indirectamente, un fraude a la
Seguridad Social en la medida en que no se abonan las cotizaciones que
legalmente corresponderían. Desde esa perspectiva hay que reconocer que
toda la problemática del fraude a la Seguridad Social va muy conectada
con lo que puede ser el fraude en la legislación laboral y es bueno que
lo asumamos así.

En definitiva, señor Jiménez, terminaría diciéndole que el trabajo que se
está realizando en materia de Seguridad Social nos parece que es
importante. Nosotros deseamos que se mejore, por supuesto, en la lucha
contra el fraude y también en lo que pueda ser la mejora de la prestación
social general a nuestros ciudadanos, pero reconocemos que se está
haciendo un esfuerzo muy importante, y reitero mi felicitación tanto para
usted como para el conjunto de los funcionarios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Preguntaba el representante del Grupo Socialista si en el próximo
semestre, en definitiva prácticamente en el año 1995, iba a ser realidad
el desarrollo normativo que he citado y al que a continuación me voy a
referir indicando cómo está y las previsiones que tenemos acerca de su
entrada en vigor, es decir, su publicación en el Boletín Oficial del
Estado. Tenemos remitido al Consejo de Estado --me permitirá que haga una
ampliación de la pregunta porque de alguna forma se relaciona con la
última intervención-- una orden ministerial en la que se prevé el
desarrollo y la aplicación del órgano de control y vigilancia de la
gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con la participación de los interlocutores sociales.

También tenemos en el Consejo de Estado el real-decreto sobre
retrocesiones bancarias con informe pendiente. Tenemos igualmente
remitido ya hace unos días, por lo tanto el Consejo de Estado no ha
tenido tiempo aún --me imagino-- de analizarlo, el real-decreto sobre
invalideces. Tenemos a punto de remitir, en breves días, el real-decreto
de gestión financiera, que me permito subrayar que es de gran importancia
y que cubre una laguna en la gestión de la Seguridad Social. Tenemos para
remitir al Consejo de Estado prácticamente



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en las próximas semanas el reglamento de recaudación. Tenemos terminado
y, por tanto, con informes de la Secretaría General Técnica, el decreto
que trata sobre la inscripción y afiliación. También tenemos el decreto
que trata sobre los aspectos estables de cotización y otros ingresos.

Igualmente tenemos terminado el decreto sobre el registro de prestaciones
sociales públicas. He mencionado siete decretos, unos ya en el Consejo de
Estado y otros estarán preparados dentro de una o dos semanas, también
para su remisión al Consejo de Estado. Algunos de ellos van en trámite de
urgencia, por su importancia, como, por ejemplo, el de las incapacidades,
el de la gestión financiera y el reglamento de recaudación. Tenemos
igualmente previsto el reglamento de prestaciones económicas. Me permito
llamarles la atención sobre éste porque creo que es la labor más
importante de recopilación normativa y homogeneización que ha afrontado
la Seguridad Social, incluyendo la Ley General de Seguridad Social. Se
trata de hacer un reglamento que no existe y que puede afectar a casi
1.800 normas, circulares o resoluciones en el túnel del tiempo, por
tanto, es una labor muy importante. También tenemos un proyecto de
decreto sobre responsabilidad empresarial. Probablemente en el año 1995
la mayoría de estos nueve decretos entrarán en vigor con su publicación
en el Boletín Oficial del Estado. Quedaría pendiente solamente, por la
magnitud del trabajo, el reglamento de prestaciones económicas, a pesar
de que ya tenemos varios borradores.

Me preguntaba S. S. cómo preveo que vaya a evolucionar la deuda histórica
en los próximos tiempos; yo espero que del modo siguiente. Les voy a dar
las cifras. La deuda histórica (que he desglosado y que creo que es
conveniente resaltar puesto que está en situación diferente) a 31 de
diciembre de 1994 es de un billón 245.652 millones de pesetas. De éstos
se encontraban en fase inicial de trámite 39.250 millones de pesetas;
notificados, 632.154 millones; en trámite de aplazamiento, 43.101
millones; en proceso de embargo, 361.448 millones; en trámite de
subastas, 69.427 millones; con acuerdo de pago, 58.575 millones; y en
trámite de impugnaciones, 41.694 millones. De la suma de todos estos
datos, que ascienden a ese billón 245.000 millones de pesetas, tenemos
previsto un cargo de acumulación en 1995 de unos 350.000 millones. A su
vez tenemos, como gestión prevista del año 1995, por cobros y por datas
unos 570.000 millones, que significan 570.000 millones de baja; por
aplazamientos, 124.000 millones, lo cual significaría una baja de 694.000
millones. Por tanto, es una previsión y, como tal previsión, sujeta a
desviaciones, pero una previsión de forma que ese billón 250.000 millones
quede concretamente reducido a finales de este año o principios del
próximo a 906.000 millones de pesetas. En definitiva, cerca de 350.000
millones de baja de esa deuda histórica.

Decía la representante del Grupo Popular que el 3,6 sobre grandes cifras
era una cifra importante. No cabe la menor duda. Es dificilísimo, en toda
la historia de la gestión de instituciones financieras privadas, en el
mejor año ni en toda la historia de la administración financiera de aquí
o de cualquier país, que no existan empresas que desaparecen, que no
existan empresas que no pueden pagar, lo que no es propiamente morosidad
en el sentido de una intencionalidad de fraude. El que gestione y sepa
cómo se realizan los cobros o la concesión de créditos sabe que hay un
porcentaje de impagados. De ahí que el Banco de España prevea para las
instituciones financieras privadas un fondo de previsión necesario,
obligatorio, hasta en los mejores momentos del desarrollo económico. Por
lo tanto, si concretamente pudiéramos asegurarnos el 3,6 por ciento anual
de incobros y de impagados, le puedo asegurar que en este momento yo
firmaba absolutamente por ello, hasta en el mejor momento, porque
considero que sería el menor porcentaje en gestión pública o privada que
tendríamos, porque las circunstancias del impago --y después lo decía S.

S. en otra intervención-- no se deben muchas veces a un espíritu de
fraude, sino a un espíritu de imposibilidad de pagar, y eso está
contabilizado en el 3,6. Por lo tanto, el reto de este porcentaje del 3,6
está en mantenerlo en promedio, evidentemente. Es un magnífico resultado
y permítame que felicite a los funcionarios por ese 3,6 logrado. Ojalá lo
lleguemos a mantener, ésa va a ser la dificultad.

Respecto a las pequeñas y medianas empresas, naturalmente que ocurrirá
igual, pero cuando hablemos de fraude habrá que separarlas. La pequeña o
mediana empresa puede tener dificultades. No hay ninguna empresa --y se
lo digo en términos absolutos-- que haya entrado en la Tesorería General
de la Seguridad Social que no se haya ido con una respuesta adecuada, si
quería pagar, a sus posibilidades monetarias o de «cash». No ha habido
ninguna empresa que no haya sido atendida con la finalidad de aplazar
pagos, considerar su situación de falta de tesorería, etcétera, porque lo
que nos interesa especialmente es el mantenimiento del puesto de trabajo,
el mantenimiento de la empresa. Por lo tanto, una cosa es atender, como
se atiende en la Tesorería, la inquietud o las circunstancias
coyunturales de las empresas y otra cuestión diferente sería el que, por
muy pequeñas o medianas empresas que fuesen, autónomos o ciudadanos
beneficiarios de prestación, tuviesen una situación de fraude, que es
donde se inscribe mi intervención y la comparecencia en el día de hoy.

Fraude, nadie, ni trabajadores ni ciudadanos ni empresas grandes ni
pequeñas. Es el peor ataque --y coincido con los que lo han dicho-- al
sistema de protección social que, sin duda, es un pilar básico de
convivencia.

Ha citado S. S. --y la respondo por orden-- la Ley de Perfeccionamiento y
Financiación de la Seguridad Social del año 1974 --no la Ley General-- y
dice que ha tardado mucho en reformarse. Yo creo que lo único que se
podría decir es que a finales de 1982 hay una responsabilidad de Gobierno
(y ya me identifico con ella porque entonces era Director General de
Ordenación Económica y Jurídica) y en dos años hay una reforma importante
aprobada, como es la Ley 26 del año 1985. Cualquier ausencia de
desarrollo normativo tendría que aplicarse, evidentemente, a una gestión
anterior, pero no a este proceso y en este período donde ha habido una
Ley de Reforma de la Seguridad Social, la Ley 26 de 1985, donde se ha
reformado en el año 1989 la estructura financiera por la Ley de
Presupuestos --artículo 11--, donde concretamente después se ha reformado



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el papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, donde se han reformado las bases de cotización en los años
1989, 1990 y 1993, donde existe la Ley 26 de 1990, de prestaciones no
contributivas, o donde existe el Decreto de universalización y extensión
de la asistencia sanitaria, del año 1989. Se nos podría decir que ha sido
un período extraordinariamente reformador, intenso y de desarrollo, no sé
si con acierto o no --en mi opinión, sí, sinceramente--, pero creo que
desde finales de 1982 hasta el momento presente la Seguridad Social ha
estado continuamente moviéndose, afortunadamente.

Yo creo que posiblemente en la Seguridad Social tengamos un problema y un
defecto, y es que a lo mejor no divulgamos bastante las normas de
gestión. También es cierto que el proyecto RED se publica en el Boletín
Oficial por dos veces consecutivas: la orden, que posibilita la
utilización de medios electrónicos, telemáticos e informáticos, y la
resolución del Director General de la Tesorería, bastante reciente, que
ya posibilita la aplicación efectiva, una aplicación que están demandando
especialmente, con intensidad, las empresas y los despachos
profesionales, concretamente, los graduados sociales. Es un proyecto que,
además, se ha llevado en paralelo durante un año, con 40.000 trabajadores
y 50 empresas, y con despachos, para ver cómo funcionaba.

¿Saben cuánto cuesta a la Seguridad Social el proyecto RED? Cero pesetas.

¿Saben cuánto nos ahorra? Del orden de 2.000 millones de pesetas. ¿De qué
se trata? Se trata de algo importante, que aún o se está aplicando en la
iniciativa privada, se trata de un proyecto que las grandes empresas
están siguiendo con una atención excepcional porque es el comienzo de la
gestión administrativa sin papel, pero no solamente para la Seguridad
Social, sino para el intercambio de las empresas. Es el futuro. De lo que
se trata, ni más ni menos --permítame que lo explique porque creo que se
ha hecho una referencia hacia el coste--, es de que todo el papel del
TC-2 que se nos presenta a instituciones financieras, que se recopila y
centraliza en Madrid por medio de camiones, que después las instituciones
financieras tienen que grabarlo para darnos los datos, que varios meses
después nos los trasladan a nosotros, también en camiones, que tenemos
que sacar un concurso público para grabar la información del TC-2 que nos
cuesta del orden de 1.300 millones, y que tardamos un año o año y pico en
grabarlo, por todo el proceso del concurso público y de grabación todo
ese proceso y esos 1.300 millones se haga con coste cero y en media hora.

¿Cómo? Tan sencillo, no es nada que hayamos inventado nosotros, es la
tecnología de la transmisión electrónica de datos, es la tecnología EDI,
universalmente aceptada. Les voy a poner el ejemplo de una gran empresa,
que no voy a citar, pero que está muy de actualidad por haber absorbido a
otra empresa en un concurso, que hace los TC-2 con el ordenador y, en vez
de hacer todo el proceso por papel, pulsando una tecla, por hilo
telefónico, transmite a un ordenador intermedio, que valida
automáticamente la verosimilitud de la información que nos transmite y,
si es cierta, le da traslado al ordenador definitivo, lo hace en media
hora. Lo que antes nos costaba centenares de millones y lo que costaba a
la empresa bastante coste en papel, lo hace ahora la transmisión
electrónica de datos; es la administración sin papel. Además, este
sistema nos permite que esa base de datos de los boletines de cotización
del TC-2, que ahora tardamos en incorporar a la base de datos de la
gestión de prestaciones, la tengamos en tiempo real. Es algo inaudito, es
una revolución. ¿Y qué nos pasa? Que no nos hará falta personal.

Les voy a poner otro ejemplo. El Cendar ha sustituido y está sustituyendo
a toda la grabación de 900 funcionarios que estaban las ocho horas de
todos los días del año grabando. En el Cendar ya se lee por lectura
óptica, por máquinas ICR, que son las que tiene la seguridad social
americana, no otra cosa, nosotros no lo hemos inventado. Concretamente,
esos 900 funcionarios no los necesitamos y no los aplicamos para grabar,
porque no grabamos. No nos harían falta. El problema de esta tecnología
no es que nos vaya a faltar personal, es que nos puede sobrar personal en
los escalones más bajos. Por lo tanto, estamos en coherencia con una
economía de costes y no seríamos coherentes pidiendo austeridad y que no
se incremente la plantilla de la función pública si, además, pidiésemos
más auxiliares o más administrativos, porque los que sí van a ser
necesarios cada vez más son técnicos medios y técnicos superiores, por la
especialización en la gestión de la Seguridad Social.

Lo que sí le diría, con toda amabilidad y con todo el respeto, es que
para enterarse de la operatividad de la reforma que esta Cámara aprobó en
la Ley 42, sobre invalideces concretamente, la propia Ley se lo puede
aclarar, no se vaya a un periodista, porque no es un especializado en
Seguridad Social y, como sabe usted muy bien, la Seguridad Social es
complicada en la especialización. No me traiga la cita de un periodista
que no sabe de Seguridad Social, porque para saber de Seguridad Social,
como yo no soy funcionario de la Seguridad Social, le puedo decir que se
necesitan bastantes años. Vaya a la Ley 42, porque después de los
dieciocho meses, y de los tres, cabe la posibilidad de una prolongación,
y después, si tiene una enfermedad que permanece aún invalidado y se da
la circunstancia concreta de que tiene ya una permanente pero con
posibilidad de recuperación, tiene dos años más, y todo con reserva del
puesto de trabajo. Dígale al periodista que se lea bien los estudios, o
que se lea bien la Ley 42, que de ahí ya se deduce. Creo, sinceramente,
que no se debería acudir en lo que es una interpretación de expertos a
una información periodística, que es más de divulgación.

Los equipos de valoración de incapacidades están pendientes de dos
cuestiones: primero, de aprobación del decreto, porque sin el decreto no
podemos ponerlos en marcha, y como está en trámite de urgencia en el
Consejo de Estado, esperemos que, dentro de un mes, esté en el Boletín
Oficial. Pero, paralelamente, para después no ir acumulando tiempos, ya
hemos tramitado toda la relación de puestos de trabajo, tema siempre
complicado, como sabe S. S., y ya puedo decir que está aprobada la
relación de puestos de trabajo de los equipos de valoración de
incapacidades. Por lo tanto, en cuanto esté aprobado el decreto



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empezará a funcionar, aunque necesariamente habrá que atender a la
petición de mucho personal facultativo, especialmente de la Inspección,
que quiere incorporarse a esos equipos, y habrá que hacer lógicamente el
concurso correspondiente. En consecuencia, siendo prácticos y realistas,
una implementación de esa naturaleza nos va a llevar prácticamente todo
el año 1995.

En relación con la vía ejecutiva, yo no sé si la cifra de 82.000 se
confunde con la de 86.000, si mal no recuerdo, de recaudación del año
1993; en el año 1994, ya prácticamente liquidado, 110.000 millones y,
naturalmente, cuando hago la acumulación de los últimos siete años, más
de medio billón de pesetas, que además suele tener otro efecto indirecto
en recaudación voluntaria. Está contrastado que cuando se recaudan cien
en ejecutivas producen efectos de igual o mayor cuantía en recaudación
voluntaria. Por lo tanto, podríamos decir que el efecto de la creación de
la URE ha sido el de un billón de pesetas en los últimos años, un billón
de pesetas en beneficio, obviamente, del equilibrio financiero del
sistema de Seguridad Social.

Siempre es posible mejorar la URE pero evidentemente lo que sí creo es
que están dando un resultado tan eficaz que a mí las URE lo único que me
dan son problemas, como decía aquí un representante de Convergència i
Unió, porque me llaman de muchos sitios y de variadas empresas diciendo
que las URE tienen un afán recaudador enorme y con una eficacia
grandísima. Hay una cosa muy curiosa y lo comento a nivel casi de
comentario que le hacen a uno en las instituciones financieras. ¿Saben lo
que les preocupa a las instituciones financieras para cobrar a los
morosos? Llegar antes que la URE de Seguridad Social, el problema es
llegar antes. Y no llegan antes, porque concretamente un recaudador de la
URE puede embargar a las cuatro o a las tres de la mañana, como ocurría
con un importante equipo de fútbol (yo no soy partidario de ese equipo de
fútbol, ni contrario, soy de Valencia) que no nos pagaba la Seguridad
Social, no había forma, y nos decía: embárguenme las luces... Hasta que
tuvimos la capacidad de embargarle 300 millones de taquilla, cuando nos
debía 65 millones. Pagó automáticamente. Por consiguiente, lo único que
tengo son llamadas pidiéndome que no atosigue tanto a las URE con ese
afán recaudador. Es lo único que tengo, no tengo queja de falta de
operatividad. Les contaré otra anécdota. El Valencia Club de Fútbol
también debía, y fue cobrado en la misma forma por una URE. (Risas.) Por
tanto, sinceramente, el gran problema que tengo es ése.

¿Debido a qué? Pues a muchas circunstancias, a la eficacia y también a la
forma de retribuir a los recaudadores, que cobran por productividad la
mayoría de su sueldo. En la Seguridad Social la mayoría de los
funcionarios, los gestores, los directores provinciales cobran en función
de mucha productividad. Y hay un control mensualizado del cumplimiento de
objetivos y si no se cumplen hay una parte del sueldo que no cobran, y lo
sabe S. S. Es el único sitio de la Administración en que ocurre eso, y
pueden perder al mes 40.000, 50.000, 60.000 o, incluso, 100.000 pesetas.

Por tanto, hay un esquema de lo que es una técnica de gestión adecuada,
una gestión por objetivos y una incentivación de cumplimiento de
objetivos, tanto en fraude como en cualquier otro aspecto de la Seguridad
Social, como reconocimiento de las pensiones en período corto de tiempo.

Sinceramente, con confianza y sabiendo su doble condición de ser también
funcionaria de la Seguridad Social, me permitirá que le diga que no
comparto --radicalmente no comparto-- el comentario que ha echo sobre la
adecuación de los edificios para el trabajo de los funcionarios. La
Seguridad Social tradicionalmente ha sido --y me remonto a muchos años--
la que estaba ubicada en las peores guaridas para trabajar. Algunas en
franco derrumbe. ¿Y qué ha hecho la Seguridad Social? Evidentemente,
crear una oficina de Seguridad Social en Valencia, en Alicante, crear
concretamente unas oficinas en coherencia con lo que es habitual ya en
los tiempos modernos y especialmente adecuadas para la gestión
informática y de tecnología nueva.

Por ejemplo, era mucho más barato comprar un edificio para la Tesorería
en Valencia que reformar la Casa del Chavo, del Instituto Nacional de
Previsión, que se está derrumbando y que sólo se mantiene por ser un
edificio histórico, que no sé si lo conoce. Desde fuera parece que es
algo extraordinario, pero el edificio está podrido. Y nos ha costado
mucho, pero desde luego muchas veces es mejor comprar nuevo y edificar
que reformar, por poner un ejemplo. Y necesariamente hemos tenido que ir
creando locales --porque estamos en contra del alquiler que nos resulta
más caro-- para ir dotando las administraciones, las URE, las CAI, en un
proceso de descentralización que no ha comportado ni una persona más de
las que había, sino que, en vez de estar situados en la dirección
provincial, las hemos desparramado --valga la expresión-- por la
geografía nacional para que puedan atender más cerca de sus domicilios a
los ciudadanos.

¿Cómo se satisfacen las deudas del sector público? Lo primero que hay que
decir es que no cabe en el concepto de morosidad la Administración
central. La Administración central tiene un planteamiento en que
anualmente ocurre lo siguiente: a final del ejercicio económico --en
octubre, noviembre o diciembre-- se le agotan los créditos
presupuestarios y pueden estar dos o tres meses sin pagar, pero,
rápidamente, cuando llega la aprobación del primero de año lo pagan. Por
tanto, no se trata de un concepto de morosidad, podríamos decir que es un
concepto de retraso en el pago. La morosidad se aplica a aquél que oculta
y que no quiere pagar no al que no puede pagar. Insisto, lo decía en el
tema de las empresas esto es extensible también a todos los obligados al
pago; el que quiere pagar y presenta documentación y no paga en efectivo
no es conceptuado por el Reglamento de Recaudación como moroso. En cuanto
a los ayuntamientos sabe usted que articulamos un procedimiento de
compensación de deudas en el origen que nos está dando un buen resultado.

Es decir, nosotros situamos la relación de deudas en el Tesoro Público y
el Tesoro Público, cuando hace las remisiones a los ayuntamientos, les va
deduciendo las deudas que tienen con la Seguridad Social. Sin perjuicio
de que si algún



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ayuntamiento, el que sea, quiere un aplazamiento, también en la Seguridad
Social está contemplada la posibilidad de aplazamiento.

En cuanto a lo que ha dicho del 35 por ciento, ahí, me ha confundido, se
lo confieso. Me ha confundido porque el 35 por ciento es el recargo para
el moroso, para el defraudador nato, para aquél que no presenta los
documentos TC-1, TC-2. El 35 por ciento está fijado para penalizar la no
presentación de documentos, para el presunto defraudador. No se puede
argumentar que el 35 por ciento es mucho porque es el porcentaje aprobado
en la Ley 42, por tanto, por el Parlamento, que se aplica para aquellos
que presuntamente no quieren pagar a la Seguridad Social, que son
insolidarios y que son defraudadores.

En la modificación del procedimiento se dice que a aquel empresario
obligado al pago que quiera pagar y no pueda, no le pasa nada; que vaya a
la Tesorería General, presente los documentos, y ya buscaremos la forma
de aplazamiento, pero, desde luego, si oculta la documentación y no hace
la declaración, tendrá el recargo del 35 por ciento. Por tanto, el 35 por
ciento es un recargo de penalización para el defraudador. Nunca podríamos
aplicarlo a una consideración de pequeña o mediana empresa, porque sería
considerar que la pequeña y mediana empresa serían los defraudadores, y
sinceramente no comparto esa opinión.

No va a haber oferta de empleo público. No estamos previendo incrementar
los efectivos, por lo menos en la parte que corresponde, del INSS, el
Instituto Social de la Marina y Tesorería General. Tenemos
aproximadamente 40.000 funcionarios y con todos los procedimientos de
modernización en la gestión no vamos a incrementar la plantilla. Más aún,
le diré la trayectoria que hemos tenido y que es la que vamos a seguir.

En el 1982 teníamos --y corrijo la cifra-- 37.000 funcionarios, entre el
INS, el ISM y la Tesorería. Hoy tenemos unos 34.000 funcionarios, 3.000
menos, y se ha multiplicado la gestión por más de cinco; ese es el
esquema que vamos a seguir. Es verdad que entonces se llegaba a unos
gastos de gestión de casi el dos por ciento y hoy el INSS no llega ni al
uno por ciento de gastos de gestión. Para ser exacto, en el presupuesto
liquidado de 1994, el 0,80.

Hay algo que también resulta verdaderamente curioso. En el período
electoral he tenido dos planteamientos distintos: por un lado, una carta
en un periódico --por aquello de que se acude a los periódicos-- diciendo
que como se está en período electoral no se llevan acabo las medidas de
control, cuando curiosamente, todas las medidas de control que le he
dicho, de vigilar si tienen derecho a complemento de mínimos de vivencia,
todas, en su desarrollo, son en meses anteriores y, por tanto,
coincidente con el período electoral e indiferente al período electoral.

Pero mire por donde, por otra parte, aparece una página en «Las
Provincias», diario de Valencia, diciendo que el PSOE disminuye las
pensiones más pequeñas porque va a quitar el complemento de mínimos. Y
dice: además son tan burros --perdone la expresión-- que lo hacen en
período electoral. Diario «Las Provincias». Lo que ocurre es que la
mecánica de gestión, que no está condicionada en ningún sentido por
ningún período electoral ni estrategias, coincide con que, normalmente, a
aquella persona se le había dicho que tenía que justificar si tenía
ausencia de rentas para tener derecho al complemento de mínimos. Por
tanto, no se nos puede decir, por una parte, que estamos faltos de
estrategia de un período electoral porque a una persona le ha afectado un
control para ver si mantiene el derecho a ese complemento de mínimos y,
por otra parte, decir se están suspendiendo los controles. No hay, ni ha
habido en la Seguridad Social --desde que estoy yo y se remonta un poco
más, aunque era en otro nivel diferente, antes de 1982--, que yo sepa,
ninguna estrategia en la gestión de la Seguridad Social que sea
aprovechada en período electoral. Sinceramente, yo no lo he conocido
desde el año 1978 hasta ahora, y son los mismos funcionarios más o menos.

En cuanto a si se debía divulgar la colaboración en la gestión de las
empresas, me permitirá S. S. que le diga que mayor divulgador que la CEOE
y la Cepyme, por propio interés de las empresas, no existe. Y la CEOE y
la Cepyme han dado, evidentemente, información a las empresas sobre que
pueden acogerse a la colaboración en la gestión y, por tanto, creo que
así está bastante divulgada esa forma de colaboración y cooperación en la
gestión acerca del subsidio por enfermedad.

Decía el representante de Convergència i Unió que pensaba que no era
alarmista. Le puedo asegurar que no es nada alarmista. Que el reto que
tenemos no es reducir la morosidad, se lo digo honradamente, es mantener
que no haya esa morosidad. ¿Sabe cuánto nos está creciendo el número de
pensiones de invalidez? En el año 1992 creció el 0,80, la tasa más baja
de la Unión Europea. No se podría decir que una tasa del 1,6 del 1,5 del
1,7 o incluso del 2 es muy fuerte, pero la nuestra es del 0,8. Compare
con aquella tasa que, en promedio, pasó, desde 1975 a 1983, del 10 por
ciento. Por tanto, hay que decir claramente cuando se habla del número de
invalideces y de inválidos se tiene que hacer sobre los que entraron en
el período 1975 a 1983.

Hay que decir también que del número de 1.600 pensiones de invalidez, la
mitad ya tienen 65 o más años, por tanto, estarían en vejez. Es decir,
propiamente de invalidez es el 50 por ciento, y no están evolucionando,
sino, más bien al contrario, están escasamente evolucionando las
pensiones de invalidez en los últimos años y especialmente en los dos
últimos.

Puede S. S. estar tranquilo en el campo de las prestaciones porque yo
creo que están surtiendo bastante efecto preventivo las medidas que se
han incorporado y se seguirán incorporando, porque es una de las grandes
preocupaciones de los que tenemos responsabilidad en la gestión.

Respecto a la recaudación, tengo que decirle que tampoco. La presión que
yo recibo de todo el arco parlamentario es que estamos siendo demasiado
exigentes en la recaudación. Es necesario compatibilizarlo --y así
intentamos hacerlo-- con el mantenimiento de las empresas y con el
mantenimiento de los puestos de trabajo. En esto incluyo a todos los
interlocutores sociales, desde los empresarios a los sindicatos. Ninguno
se me está quejando de la falta de eficacia --y empiezo por los
sindicatos-- en el cobro de la Seguridad Social; ninguno. Más bien me
dicen



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que no tengamos tanto afán de recaudación. El afán recaudador en
Seguridad Social es un afán de protección de dar cobertura protectora.

Insisto en que tendría que decir que casi es el mantenimiento de la
actual situación y la prevención. Hay que evitar que nos ocurra lo que
sucedió en 1975, 1976, 1977, 1978 ó 1979 con las invalideces, que además
comportó y arrastró un crecimiento análogo en el tema de muerte y
supervivencia, sin perjuicio --coincido también con la opinión del
representante de Izquierda Unida en todo y, por tanto, solamente voy a
hacer un comentario-- de que creo que es verdad que puede haber lagunas,
cómo no, en el esquema protector, bastantes; que se nos queden colectivos
en necesidad sin cubrir. Realmente la red protectora de Seguridad Social
es un poco extraña algunas veces. El más débil algunas veces se nos
filtra y se nos queda sin protección social. Ahí posiblemente el conjunto
de la sociedad y los representantes de la población en los órganos
legislativos, los del Gobierno y los que estamos en Seguridad Social,
tendremos que ir detectando y viendo cómo podemos ir cubriendo esas
necesidades, siempre compatibles con las capacidades que podamos
afrontar.

Creo que no es interesante incentivar --ya sé que no lo ha hecho-- ni
disculpar que una ausencia de protección se puede adquirir por medios
inadecuados. Pongo un ejemplo, la existencia de alguna prestación, como
el subsidio de ingresos mínimos, de la Lismi, que cumple un papel
excepcional al principio pero, a partir de un año, la mayoría de las
mujeres de 45 ó 50 años empiezan a tener acceso, se desvirtúa de tal
forma que los representantes de las personas con discapacidad me dicen:
para esto no se creó la Lismi. Conclusión, ha habido que modificarlo y
trasladarlo a las pensiones no contributivas. Pasa lo mismo con el
subsidio FAS, que en vez de cumplir una función termina siendo tan
extensivo que personas con recursos económicos perciben subsidio FAS, que
evidentemente no gestiona la Seguridad Social. Tendrán un buen
instrumento los gestores cuando tengamos desarrollado el Registro de
Prestaciones Sociales Públicas que, a diferencia del Banco, que solamente
eran pensiones públicas, aquí van a incorporarse todas aquellas
prestaciones económicas de carácter permanente que, en el ámbito del
Estado, se paguen a los ciudadanos, con lo cual cualquier gestor podrá
establecer ya directamente la incompatibilidad o la concurrencia de unas
prestaciones con otras. Es verdad que tenemos el problema de Navarra y
tenemos que desarrollar urgentemente el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas.

Coincido con usted, para terminar, en que es importante tener un Cuerpo
de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social bien dotado,
completamente dotadas sus plantillas, también diría bien retribuido, para
poder cumplir una función de gran trascendencia social, porque el Cuerpo
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social es otro de los elementos
claves para la defensa y la buena gestión del sistema de Seguridad
Social. No me resisto a terminar como usted empezó, diciendo que la
Seguridad Social sin duda es el pilar básico de convivencia de nuestra
sociedad moderna.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General por su
comparecencia.




DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE LA IGUALDAD DE RETRIBUCION ENTRE HOMBRE Y MUJER. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000424.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto segundo del orden del
día, debate y votación de dos proposiciones no de ley, respecto de las
cuales les quiero informar, para organización de su vida a lo largo de
esta mañana, que las votaciones se producirán al finalizar la discusión y
debate de la segunda.

En primer lugar, proposición no de ley sobre la igualdad de retribución
entre hombre y mujer, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Sainz.




La señora SAINZ GARCIA: Señorías, efectivamente tomo la palabra en nombre
del Grupo Popular para la defensa de la proposición no de ley en la que
se va a abordar el control de la igualdad de retribuciones entre hombre y
mujer.

Como SS. SS. conocen perfectamente, España tiene la tasa de paro femenino
más alta de la Unión Europea, situándose más allá del 30 por ciento, y
desde luego esta tasa supone más del doble de la media comunitaria, que
se sitúa en el 13 por ciento, elemento importante para ver la dimensión
total del problema del trabajo de la mujer.

He de señalar que por detrás de España, pero a una gran distancia, se
sitúa Irlanda, con una tasa de paro femenino del 19,7 por ciento. Vean,
por tanto, la tremenda diferencia entre el siguiente país de tasa elevada
en Europa.

Los datos de Eurostat, por otra parte, difundidos en el pasado mes de
mayo, muestran que la tasa de paro femenina continúa creciendo, lo que
evidencia que la crisis económica repercute de una manera especial en las
mujeres.

Nadie duda de que la situación de la mujer en el mercado de trabajo sigue
siendo uno de los campos más necesitados de atención. Esa ha sido una
reflexión que en la Cámara hemos venido realizando y en la que
coincidíamos todos los grupos parlamentarios.

Así, dentro de esta situación de la mujer en el mercado de trabajo,
también tenemos --y es lo que ponemos sobre la mesa-- que el principio de
igualdad de retribuciones entre hombre y mujer a pesar de la existencia
de una legislación comunitaria y nacional, no se ha hecho realidad. La
diferencia existente entre las retribuciones de los hombres y de las
mujeres sigue siendo muy elevada. De acuerdo con los últimos datos
oficiales, el salario de las mujeres es un 26,6 por ciento inferior al de
los hombres, discriminación que se produce en distintos sectores de
actividades y de profesiones.




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En estas diferencias influyen factores como el alcance y la naturaleza
del trabajo atípico, la proporción de los trabajos a tiempo parcial, la
organización de la negociación colectiva. De ahí el interés que nuestro
Grupo ha señalado siempre, en cualquier foro en donde nos movamos, de
promover la mayor incorporación de la mujer a la esfera sindical y,
dentro del mundo sindical, a la esfera directiva.

Esta desigualdad comprobada se produce por varios caminos: en ocasiones a
través de complementos que sólo cobran los hombres, y otras por la vía de
no otorgar el mismo reconocimiento o categoría a un mismo trabajo, a
pesar de la legislación.

No podemos dejar de señalar que el desempleo femenino, que se incrementa
en España ininterrumpidamente, es otro factor negativo que obliga a las
mujeres que necesitan trabajar a no quedarles más remedio que conformarse
con situaciones discriminatorias en las que sus derechos cada vez se ven
más limitados.

Ante esta situación, nuestro Grupo considera que ni el Instituto de la
Mujer ni el Gobierno han impulsado políticas activas para corregir estas
desigualdades, ni se han diseñado claras estrategias para llevar a la
práctica lo que ya se ha recogido, afortunadamente, en la legislación
española en cuanto a la igualdad de salario. Ha sido sólo el Tribunal
Constitucional el que ha tenido que corregir situaciones de diferencias
salariales entre hombres y mujeres que realizaban un trabajo de igual
valor, como seguro que SS. SS. bien conocen. El Tribunal Constitucional
fue contundente en su sentencia, y es muy importante el hecho de que haya
sentado jurisprudencia clara.

Creo que es oportuno recordar aquí, para señalar esa pasividad del
Gobierno en este terreno, que de la recomendación del Consejo de Europa,
del 13 de diciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones
positivas en favor de la mujer o de la declaración de Atenas, del 3 de
noviembre de 1991, se ha hecho muy poco, por no decir nada, en nuestro
país, para promover esa igualdad de trato y de oportunidades en la
práctica por medio del establecimiento de claras acciones positivas en
materia de igualdad de remuneraciones. Si bien eso es cierto --consta en
el «Diario de Sesiones», y a continuación me voy a referir muy claramente
a ello--, en cambio sí se rechazó una iniciativa del Grupo Popular, en
marzo de 1992, dirigida a que el Gobierno adoptase las medidas oportunas
para asegurar el estricto cumplimiento de la legislación vigente y
garantizar a través de la Inspección laboral la plena igualdad en materia
de retribución salarial entre hombre y mujer. Bien es cierto que el
rechazo fue única y exclusivamente del Grupo Socialista, porque el resto
de los grupos apoyaron esta iniciativa; pero en ese caso no conseguimos
sacarla adelante.

Pues bien, desde entonces no se ha avanzado en nuestro país en la
realización de principios de igualdad de retribuciones y ninguna
estrategia se ha planteado en España, a pesar de que la Comisión Europea
ha venido trabajando en esta línea y en 1994 se aprobó un memorándum, del
que hacemos referencia en nuestra propuesta, sobre igual retribución para
un trabajo de igual valor. Precisamente en este memorándum se señala que
cualquier estrategia destinada a fomentar la realización práctica debe
incorporarse.

En esa línea, señalamos también que la Comisión Europea, en el programa
de acción social --y esto es importante, señorías-- de 1995 a 1997, se
compromete a presentar el código de conductas prácticas para que esta
discriminación cada vez vaya eliminándose progresivamente, es decir, que
no se produzca y que obligará también, por supuesto, a los interlocutores
sociales, a los que hay que concienciar y con los que, lógicamente, hay
que contar porque son factores importantísimos. Nuestro Grupo señala que
al Gobierno le compete vigilar el control práctico de la igualdad de
retribuciones y lo debe hacer a través de la Inspección de Trabajo, que
es un elemento importante, no sólo como se acaba de señalar en la
comparecencia, sino también para contribuir a alcanzar el principio que
hoy aquí debatimos.

Como SS. SS. conocen, la Inspección realiza una planificación anual en la
que se elaboran unas prioridades, se establecen unos objetivos que son
evaluados precisamente al año siguiente y en esta Cámara. Lo que nuestra
proposición hoy contempla es que se incluya con carácter prioritario en
la planificación de esos objetivos anuales de la Inspección de Trabajo el
seguimiento y el control de la igualdad de retribuciones entre el hombre
y la mujer, conforme a los criterios establecidos en ese memorándum de
referencia sobre igual retribución para un trabajo de igual valor,
elaborado por la Comisión Europea. Este es un objetivo que no se viene
incluyendo, de acuerdo con la programación que nos consta, presentada,
además, en esta Cámara cada año, y nuestro Grupo solicita que sea
incorporado como un objetivo prioritario. Con ello no solamente se va a
actuar velando por el cumplimiento de la legislación, sino que, al final,
también esta Cámara podrá evaluar la situación y programar acciones
positivas para llevar a la práctica lo que ya está recogido en la
legislación.

Señor Presidente, hace un momento se nos acaba de entregar una enmienda
de sustitución del Grupo Socialista. Aprovechando este turno, quisiéramos
hacer referencia a la posición de nuestro Grupo sobre esta enmienda. Lo
primero que tengo que decir es que me preocupa. ¿Por qué? Porque, por una
parte, es obvia; creíamos que ya existían esas instrucciones, señor
Presidente. Es más, mi creencia nace de un debate del año 1992, del 17 de
marzo, celebrado en el Pleno, en el que se nos contestó por parte del
Grupo Socialista, en concreto de la señora Alberdi, a una propuesta en la
que nosotros pedimos que se instase al Gobierno a que adoptase medidas
oportunas para asegurar el estricto cumplimiento de la legislación
vigente y garantizar a través de la Inspección laboral la plena igualdad
en materia de retribuciones salariales entre hombres y mujeres. Entonces,
la Diputada que defendía la posición del Grupo Socialista, la señora
Alberdi, decía textualmente, defendiendo una enmienda que presentaba, que
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social había actuado de manera
intensiva desde 1988 dando unas instrucciones específicas para que las
actuaciones sobre vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre
igualdad de las mujeres en nuestro país se intensificaran, de tal manera
que todo el trabajo resultara más eficaz. A continuación dice que estas
normativas se intensifican en 1989 con una guía de instrucciones



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a las personas que trabajan en la Inspección de Trabajo de nuestro país,
que ahí está y que, por tanto, hay ya unas instrucciones cursadas a la
Inspección de Trabajo en este sentido.

Entenderá, por tanto, señor Presidente, nuestra preocupación porque ¿qué
representa esta enmienda cuando se nos contestó el 17 de marzo de 1992 lo
que acabo de leer? ¿Que no era cierto lo que se nos dijo entonces de que
existían ya las instrucciones, o hay un reconocimiento de inoperancia, es
decir, de negligencia? La verdad es que cualquiera de las respuestas que
nos podamos dar sería preocupante. Cualquier cosa podemos suponer ya en
este momento. Me voy a a inclinar porque, efectivamente, esas
instrucciones existían, se dieron, pero hay un reconocimiento del Grupo
Socialista de que no se cumplen y ahora pretende instar al Gobierno para
que se cumplan. Bienvenido sea, por tanto, este debate porque sirve, en
primer lugar, para instar al Gobierno a que cumpla algo que es obvio y
que nosotros creíamos de buena fe que era cierto que ya existía y que se
estaba realizando. No obstante, nuestro Grupo, como ya les he dicho,
pretende algo más.

Como muestra de buena voluntad y en coherencia con lo que al final
nosotros pretendemos, le ofrecemos en este momento al Grupo Socialista
una enmienda de adición; es decir, que esta enmienda del Grupo Socialista
se incorpore a la presentada por el Grupo Popular. Esa propuesta que
nosotros someteríamos a votación, con la incorporación de la enmienda
socialista como adición, quedaría redactada de la siguiente manera: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que la Dirección General
de la Inspección de Trabajo, en el marco de su actuación integral, curse
instrucciones de requerimiento y control de la igualdad de retribución
entre hombres y mujeres e incluya, con carácter prioritario, en la
planificación de objetivos anuales de la Inspección de Trabajo el
seguimiento y control de dicha instrucción, conforme a los criterios
establecidos en el memorándum sobre igualdad de retribución para un
trabajo de igual valor, elaborado por la Comisión Europea. Repito que era
una creencia que teníamos de que ya se daba en relación con unas
manifestaciones del propio Grupo Socialista en un debate en esta Cámara
en el año 1992, pero estimamos que existe una necesidad evidente y obvia
de que debería hacerse si no se estaba realizando.

Por ello, confiamos en que sea aceptada la propuesta de transacción que
acabamos de realizar al Grupo Socialista y que tenga también el apoyo de
los otros grupos, que en el año 1992 ya apoyaron nuestra propuesta,
porque lo que se solicita es algo realmente pertinente, que está dentro
de la competencia del Gobierno, como es el control práctico de la
igualdad de retribuciones, y es una estrategia positiva que está
impulsada desde Europa y que merece también un esfuerzo de realización en
nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Quiero subrayar a los intervinientes, a los que a
continuación voy a dar la palabra, que la señora Sainz ha hecho un buen
esfuerzo de síntesis. No sólo ha defendido su proposición, sino que
también ha argumentado en relación con la enmienda presentada y, a su
vez, ha planteado en qué condiciones debería poder ser aceptada por su
Grupo esa enmienda.

De manera que pediría que el resto de portavoces también se produjeran en
esos mismos términos tanto en relación con sus posiciones como con las
cuestiones que ha avanzado la señora Sainz.

Hay una enmienda, del Grupo Parlamentario Socialista, a esta proposición.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Alvarez Gayol.




La señora ALVAREZ GAYOL: Quiero empezar diciendo que creía que esta
proposición no de ley trataba en concreto de retribuciones y no sobre el
paro. La he leído exhaustivamente y no decía nada de ese tema. Si
consideran oportuno que debe haber una proposición no de ley, o la
iniciativa que sea, sobre el paro, preséntenla así.

Quiero empezar diciendo que voy a hacer un breve recordatorio sobre el
memorándum que se aprobó el 23 de junio de 1994, no en 1992, y que se
ofrece como información y tema de estudio a los interesados en la
igualdad de retribuciones. Me estoy refiriendo a los Gobiernos, a sus
organismos, magistraturas y responsables de resolver litigios, así como a
los interlocutores sociales, sindicatos, patronales, etcétera, y que no
contiene propuestas formales propiamente dichas. Lo dice de entrada el
memorándum, que trata de diversos casos que están en litigio en estos
momentos, de cómo se han resuelto y que ve muy problemático el tema en
sí.

Reconoce el memorándum que, a pesar de la existencia de legislación
comunitaria que todos los Estados miembros han incorporado a sus
legislaciones respectivas de igualdad de retribución para las mujeres, no
se ha hecho todavía realidad. Y añade que en algunos casos la diferencia,
en los últimos tiempos, es cada vez mayor debido a que las dificultades
económicas tienden a afectar más a las mujeres que a los hombres. Me
refiero a esto que llamamos en los últimos tiempos el tema de la crisis,
etcétera.

También el memorándum recoge unos datos del año 1990, donde se observan
las diferencias retributivas entre hombres y mujeres en once Estados
miembros de la Comunidad Europea, porque de uno de ellos no se tienen
datos. En el caso de trabajo manual retribuido por horas, España era el
71,9 por ciento, es decir, a las mujeres nos es retribuido el 71,9 por
ciento de lo que se les retribuye a los hombres, contando con un séptimo
lugar de entre los once. Detrás están Portugal, con el 71,6; el Reino
Unido, con el 68,2; Irlanda, con el 68,1, y Luxemburgo, con el 65,1. El
mejor, Italia, para tener una base de comparación, con el 82,7. Y en los
casos de trabajo no manual retribuido por meses, excepto Dinamarca, que
es del 84,5 por ciento, el resto están entre el 60 y el 70 por ciento y
en España es el 62,3. Detrás está Luxemburgo, con el 54,9, y el Reino
Unido, con el 54,2. Esos son los datos que el mismo memorándum reconoce.

Yo creo, señor Presidente, que el Grupo Parlamentario Popular, en su ya
conocida, por reiterada, estrategia política intenta convencernos y
convencer a los ciudadanos de que ellos pueden representar los intereses
de los que lo tienen todo y de aquellos que, por no tener, no tienen ni
un



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puesto de trabajo; que no hay conflicto de intereses, ni problemas, ni
contradicciones entre ambos extremos; y que el único problema que
sufrimos este país y sus habitantes es que no gobierna el PP porque, si
así fuera, todos tendríamos trabajo, habría igualdad de retribución entre
hombres y mujeres, tendríamos los mejores salarios y, además, los ricos
serían cada vez más ricos. Esa es la política que nos está explicando
reiteradamente.

Repito que en ese marco idílico nos presenta esta proposición no de ley.

El Grupo Parlamentario Socialista, idílicamente, también está de acuerdo
con la propuesta, pero nuestra responsabilidad política nos obliga a
resolver contradicciones, problemas y conflictos de intereses para
avanzar, y sobre todo en un tema como el de la mujer donde en muy poco
tiempo hemos tenido que recorrer el camino que muchos países europeos han
recorrido en 50 años. Todo ello para rellenar el principio constitucional
de igualdad entre hombres y mujeres y el principio general, asumido por
la Unión Europea, de a igual trabajo igual salario.

Los españoles hemos conseguido que el hombre y la mujer sean iguales ante
la ley, pero no hay, como pasa en el resto de Europa, una igualdad real
por la cual estamos intentando trabajar y avanzar permanentemente.

Esa igualdad no real nos ha llevado a realizar, entre otras acciones, las
que voy a relatar. Primero, planes de igualdad de oportunidades. En el
segundo Plan, en su actuación 1.1.5, se preveía incrementar, a través de
actuaciones de las autoridades laborales --Inspección de Trabajo,
Dirección General de Trabajo--, el control del principio de no
discriminación en el ámbito laboral. Esa ha sido una acción que estamos
realizando en el segundo Plan de Igualdad de Oportunidad, y creemos que
vamos a ir avanzando en ello.

La segunda actuación ha sido un acuerdo de colaboración entre el
Instituto de la Mujer y la Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, firmado el 1 de diciembre de 1993, con vigencia de un
año, cuyo objetivo es establecer el marco de colaboración entre ambos
organismos para el desarrollo de todas las actividades en beneficio de la
situación laboral de la mujer y que contribuyan a erradicar la situación
de discriminación.

En esa línea está lo que nos planteaba la representante del Grupo
Popular, y se refería a lo que habíamos contestado anteriormente en el
año 1992. Por eso he hecho la diferencia entre los años 1992 y 1994.

La tercera actuación son las jornadas celebradas entre la Inspección de
Trabajo y el Instituto de la Mujer, en junio de 1994, que entre otras
propuestas sobre la valoración de puestos de trabajo, etcétera, proponía
lo siguiente: Solicitar a la Dirección General de Trabajo la realización
de un curso de formación de inspectores de Trabajo sobre el origen,
desarrollo y aplicación de manuales de valoración, especialmente enfocado
a detectar discriminación. Y un segundo instrumento, que es instar a los
sindicatos y organizaciones patronales a mantener una especial vigilancia
del contenido de los manuales de valoración, que es fundamental en estos
momentos.

Con esto, como el acuerdo se acabó en 1993, estamos tratando de firmar
otro acuerdo entre la Dirección General de la Inspección de Trabajo y el
Instituto de la Mujer, porque consideramos que este tema es fundamental y
que hay que progresar en él.

Todos conocemos la necesidad de la igualdad de retribución para un
trabajo de igual valor y, además, Maastricht ha reiterado el compromiso
comunitario con este principio. Todos conocemos que es un problema muy
serio en determinados sectores productivos y en determinadas empresas y
centros de trabajo --nos estamos refiriendo, sobre todo, a la pequeña y
mediana empresa--, pero nuestro deber es ir avanzando por este camino.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista está totalmente de acuerdo con
el código práctico que nos propone el memorándum, que seguiremos tratando
de poner en práctica y esperamos que tanto los sindicatos como la
patronal no se opongan y marchen hacia adelante.

En consecuencia, no veo nada clara la enmienda que nos plantea la
representante del Grupo Popular, ya que lo único que hace es ser
reiterativa y difuminar el problema. Creemos que nuestra iniciativa es
mucho más adecuada, más práctica y más realista.

Pedimos a todos los grupos que la voten y, como propuesta final, quiero
decir que, como esto iba de retribuciones, en ello siempre hay dos
partes: el que paga y el que cobra. En el caso del que paga, normalmente
son los empresarios y los que cobramos somos los trabajadores. Creo que
el Grupo Socialista debe comprometerse a que tanto los sindicatos como
las demás fuerzas que organizan a los trabajadores y a las trabajadoras
consigan que la retribución se equipare y proponer al Grupo Popular que
se comprometan a lo mismo pero con la otra parte, con la que paga, con
los empresarios.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alvarez, pero no queda claro
de su intervención si acepta usted la propuesta.




La señora ALVAREZ GAYOL: No aceptamos.




El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su Grupo, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el
señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: La señora Sainz tiene toda la razón para
presentar esta proposición no de ley y defenderla como la ha defendido.

Creo que nadie en esta Cámara estará en contra de los principios que la
señora Sainz ha defendido. A igual trabajo, igual salario es un principio
que no haría falta que las mujeres tuviesen que reivindicar, es un
reconocimiento que debería estar concedido por la praxis diaria de los
empresarios. Sabemos que hay una cultura en el sentido contrario, a la
mujer se le paga menos por el mismo trabajo, la mujer padece más el paro
que los hombres y tiene más dificultades para integrarse en el mundo del
trabajo que los hombres. Pero, ¿de qué se trata hoy aquí? Se trata de
tomar una decisión que implica a la Inspección de Trabajo y que
conllevará marcar un objetivo determinado a la Inspección de Trabajo que,
de hecho, ya tiene este mandato puesto que ya se le ha



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mandatado la vigilancia en el sentido de no permitir los desequilibrios
salariales entre hombre y mujer por el mismo trabajo. Pero ahora el Grupo
Popular nos plantea el problema de marcar un objetivo que sin duda tendrá
repercusiones presupuestarias, y probablemente el lugar donde habría que
encajarlo sería en los Presupuestos Generales del Estado.

Mi Grupo no tendría problema --creo que sería lo más práctico-- votar a
favor --será difícil porque ya se ha manifestado en contra, aunque
todavía puede tener la opción de modificar su criterio en una nueva
intervención-- si el Grupo Popular aceptara la enmienda del Grupo
Socialista e introdujera el objetivo concreto como enmienda en los
Presupuestos Generales del Estado allá donde se marcan objetivos para la
Inspección de Trabajo. Si no fuera así, mi Grupo tendría que votar en
contra de la enmienda del Grupo Popular lamentándolo porque creo que
básicamente tiene razón.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señorías, sin lugar a dudas,
actividades, actitudes, en definitiva, iniciativas para conseguir la
igualdad real entre el hombre y la mujer son planteamientos que
apoyaremos. En la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que hoy nos
ocupa contemplamos cómo en el preámbulo de esa proposición no de ley se
reconoce que el problema en estos momentos no es tanto de igualdad legal,
sino de convertir en real esa igualdad legal. En buena lógica, esto
debería llevar al Grupo Parlamentario Popular a plantear actuaciones que
aborden el terreno de la realidad y no tanto exclusivamente el terreno de
la legalidad o de la administración, porque los problemas están
planteados en esa realidad, y tenemos que ser capaces de adoptar medidas
que incidan en esa realidad.

Yo constato --y me parece que es importante que se constate por parte del
Grupo Popular-- la importancia de la participación de las mujeres en la
negociación colectiva. Dice el Grupo Popular que esa participación de las
mujeres en la negociación colectiva es escasa, por lo que reclama con
urgencia una mayor participación en la toma de decisiones de las
organizaciones de empresarios y trabajadores. Claro que sí, y también en
las organizaciones políticas, por ejemplo. No quiero poner nombre y
apellido a ninguna organización política, pero las hay que defienden
cuotas de participación de la mujer como una determinada medida, hay
otras que no, que consideran que eso no es oportuno. Que nos digan cómo
se consigue este tipo de cosas.

Yo no quisiera poner de manifiesto las discrepancias en este tema. Yo
haría un llamamiento a que seamos capaces de alcanzar un acuerdo en este
tema porque es importante y porque todos estamos de acuerdo. Me parecería
muy negativo, desde el punto de vista de lo que todos buscamos, que
transmitiéramos una imagen a la sociedad de que podamos estar rechazando
determinadas ideas; creo que no sería positivo. Hagamos todos un esfuerzo
por ponernos de acuerdo en este tema, y eso significa ponernos de acuerdo
en objetivos y oír las distintas razones.

El Grupo Popular solicita que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno a incluir, con carácter prioritario, en la planificación de la
Inspección de Trabajo el seguimiento y control de la igualdad de
retribución entre hombre y mujer. Yo tengo que decir que desgraciadamente
la Inspección de Trabajo tiene muchos objetivos prioritarios; por
ejemplo, los que hacen referencia a la vida e integridad física de las
trabajadoras y trabajadores ¿son o no son prioritarios? ¿Con qué carácter
se dice aquí que es prioritario esto? ¿Con qué carácter? Cuando hablamos
de la discriminación específicamente de la mujer ¿consideramos, de
verdad, que la discriminación más importante que sufre la mujer es en
materia de retribución? ¿Y en materia de acceso al empleo no es
importante? ¿Con qué carácter prioritario se pone esto en relación con
otras?
Yo invitaría a que alcanzáramos un acuerdo, porque este apartado que hoy
es objeto de la atención del Grupo Popular, yo creo que de una manera
positiva, relativo a la igualdad de retribución entre hombre y mujer, nos
parece importante y debe formar parte de los objetivos en los que haga
hincapié la Inspección de Trabajo, debe formar parte de los objetivos en
los que sistemáticamente y no sólo un año, trabaje dicha Inspección
porque éste es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo,
décadas, siglos, y no se corrige en un año. Tiene que ser un objetivo
permanente de la Inspección de Trabajo al que se le dedique un
seguimiento y control activo.

Por esa razón, yo pediría al conjunto de los grupos de la Cámara que
alcanzáramos una síntesis, creo que es la imagen que se espera de
nosotros en esta materia. Yo plantearía que se incorporase ese
calificativo de seguimiento y control activos por parte de la Inspección
de Trabajo para la obtención de esos resultados que el Grupo Popular ha
planteado con mucho acierto en esta iniciativa y que los otros grupos
estamos dispuestos a apoyar. Hagamos un esfuerzo por conseguir un
resultado positivo más que por tansmitir una imagen que me parecería
negativa porque, aunque se pueda utilizar en determinadas confrontaciones
políticas, el tema es más importante que eso.

Yo le pediría encarecidamente a la representante del Grupo Popular que
hiciéramos ese esfuerzo, aunque pueda suponer una dejación y una actitud
generosa, que yo le reconozco por anticipado, por parte de su Grupo y
que, desde luego, motivaría el voto positivo de nuestro Grupo.




El señor PRESIDENTE: Se han fijado las posiciones, y tenemos claras dos
cosas, por una parte, la posición del Grupo Popular respecto a las
condiciones en las que permitiría el trámite de la enmienda del Grupo
Socialista, y, por otra, el rechazo explícito del Grupo Socialista de las
condiciones que el Grupo Parlamentario Popular creía conveniente
establecer para aceptar el trámite de la enmienda. ¿Se ha producido
alguna modificación en relación con esas dos verdades a las que me
refiero? (Pausa.) La señora Sainz tiene la palabra.




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La señora Sainz GARCIA: Señor Presidente, si me permite, en aras de ese
esfuerzo que se nos ha pedido, yo haría una nueva enmienda de transacción
que recogería cierta idea común que nosotros hemos detectado en la
exposición de los representantes de los distintos grupos parlamentarios.

Digo idea común porque se ha señalado que había una cultura en este país
contraria a la igualdad de la retribución, que tenía que ser un objetivo
importante de la Inspección de Trabajo también y, por otra parte, parecía
desprenderse de las intervenciones de los representantes de los otros
grupos la idea de que les parecía excesivo que el Grupo Popular marcara a
la Inspección de Trabajo eso como un objetivo único. Luego hubo una
intervención del Diputado señor Peralta en la línea de ampliar ese
objetivo. En ese caso nosotros lo aceptaríamos, porque hablaba no
solamente de incorporar la igualdad de retribuciones, sino también el
acceso al trabajo. Si lo que pretende el señor Peralta es que se amplíe
ese objetivo, desde luego lo aceptaríamos, pero me parece que iba más
allá. El único argumento en contra que se utilizaba era la concreción que
el Grupo Popular establecía como un objetivo, contraargumentado por el
Diputado señor Peralta en el sentido de que tal vez se podría ampliar más
ese objetivo de acceso al trabajo, que inmediatamente se lo aceptaríamos,
pero tampoco creo que eso fuera así.

En consecuencia, lo que podríamos volver a ofrecer sería eliminar de
nuestra propuesta lo que parece que estremecía un poco a algunos grupos,
que era lo del carácter prioritario, y dejarlo establecido genéricamente
como uno de los objetivos anuales de la Inspección de Trabajo, señalando
que pudiese ser establecido durante algún año como un objetivo anual de
la Inspección de Trabajo, hasta que se evaluasen también en esta Cámara
los efectos de esa planificación y de ese estudio que presenta anualmente
la Inspección de Trabajo.




El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, ¿tiene redactada esa propuesta?



La señora SAINZ GARCIA: Suprimiríamos la expresión «con carácter
prioritario» y, en la planificación de objetivos anuales de la Inspección
de Trabajo, añadiríamos a la enmienda del Grupo Socialista «durante algún
año», porque continúa vigente lo que es el control y seguimiento.




El señor PRESIDENTE: Señora Alvarez, ¿acepta usted esa enmienda
transaccional «in voce» a la enmienda del Grupo Socialista?



La señora ALVAREZ GAYOL: Voy a dar mi opinión, señor Presidente. Yo
creía, sinceramente, que sería mucho mejor aceptar la propuesta que hacía
el Diputado del Grupo Catalán (Convergència i Unió) --luego me referiré a
Izquierda Unida--, es decir, dejar la enmienda como está y que lo
relativo a los objetivos se pasara a los Presupuestos Generales del
Estado, porque en este momento la Inspección de Trabajo tiene marcados
tres objetivos, y si añadiéramos uno nuevo sería lógico que fuera ligado
a una opción presupuestaria que le diera cumplimiento. Por eso creía que
era mucho mejor que siguiéramos el planteamiento que ha hecho el Diputado
de CiU.

Respecto a Izquierda Unida, quiero decir que hablamos de cursar
instrucciones de seguimiento (no de requerimiento) y control activo, es
decir, admitiríamos lo de seguimiento y control activo. En cuanto a dejar
el tema de la planificación de objetivos anuales de la Inspección de
Trabajo, indudablemente puede servir.

En resumen, aceptaríamos la propuesta de Izquierda Unida, lo de
«seguimiento y control activo» y lo que plantea el Grupo Popular en estos
momentos, quitando lo de «carácter prioritario».




El señor PRESIDENTE: Señora Alvarez, a mí me preocupa, y a la Comisión,
si ustedes aceptan la propuesta del único portavoz que tiene en estos
momentos capacidad para decidir qué enmienda se tramita, que es la
portavoz del Grupo Popular. De manera que lo que yo preciso es que usted
me responda si acepta la enmienda transaccional que plantea el Grupo
Popular; parece ser que con alguna adición procedente de posiciones del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




La señora ALVAREZ GAYOL: Yo había entendido que el Grupo Popular había
presentado la siguiente enmienda: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que la Dirección General de la Inspección de Trabajo, en el
marco de su actuación integral... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías. No establezcan entre sí un diálogo
que no esté controlado por la Presidencia.




La señora ALVAREZ GAYOL: Señor Presidente, si le parece bien, como esta
proposición no de ley la vamos a votar posteriormente, ahora mismo nos
reunimos y la redactamos ya definitivamente para pasarlo a la Mesa.




El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Ha hecho usted una propuesta muy
sensata. Como no vamos a votar ahora la proposición, insto a los
portavoces a que, en el intervalo de discusión de la siguiente
proposición no de ley, se pongan de acuerdo respecto de qué enmienda
podemos tramitar al final, con una petición de esfuerzo a la portavoz del
Grupo Popular, que será quien decida si se tramita o no esa nueva
enmienda.

Por tanto, damos por concluido el trámite de esta proposición no de ley.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE CURSE INSTRUCCIONES A LA
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM), A FIN DE QUE
NO PROCEDA A DENEGAR, CON BASE EN EL UNICO ARGUMENTO DE LA PERCEPCION DE
LA DENOMINADA CESANTIA A CARGO DE LA MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DE NOTARIAS,
LA PRESTACION CONTRIBUTIVA DE



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DESEMPLEO A LOS EMPLEADOS DE NOTARIAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS LEGALES
EXIGIDOS PARA TAL PRESTACION. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000449.)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno
para que curse instrucciones a la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo, a fin de que no proceda a denegar, con base en el
único argumento de la percepción de la denominada cesantía a cargo de la
Mutualidad de Empleados de Notarías, la prestación contributiva de
desempleo a los empleados de notarías que reúnan los requisitos legales
exigidos para tal prestación.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señorías, sin lugar a dudas,
conocen ustedes que la relación profesional de los empleados de notaría
con los titulares de las notarias ha sido un tema polémico en la doctrina
y en la jurisprudencia laboral de nuestro país. Desde sentencias o
pronunciamientos que consideraban que en dicha relación profesional no
concurrían los requisitos de una relación laboral, hasta posteriores y
más recientes pronunciamientos que revocaban aquella inicial apreciación
y que afirmaban la condición de relación laboral de los empleados de
notaría. A partir de este importante paso, que venía a normalizar
sustancialmente la relación profesional de los empleados de notaría, se
han ido dando pasos adelante de cara a conseguir una efectiva y total
normalización de su regulación. Yo quiero dejar claro, en este sentido,
que la opinión de nuestro Grupo es que esa normalización no se alcanzará
totalmente mientras no sea posible negociar un convenio colectivo, de
carácter nacional, entre las representaciones sindicales de los empleados
de notaría y la representación correspondiente de los notarios en nuestro
país.

Dentro de ese proceso de normalización, recientemente ha surgido un
obstáculo que es imputable a la Administración del Estado, en concreto al
Inem. Ese obstáculo se ha producido por la decisión de la Dirección
General del Inem, o de direcciones provinciales del Inem, de denegar la
prestación contributiva de desempleo a aquellos empleados de notaría que
se encontraban cesantes, alegando que en esa situación ellos percibían
una determinada cantidad, conocida como cesantía, a cargo de la
Mutualidad de Empleados de Notarías.

Yo quiero llamar la atención de SS. SS. sobre dos circunstancias. En
primer lugar, que en esa situación los empleados de notaría no tienen
trabajo, se encuentran en situación legal de desempleo, han perdido la
vinculación con su único empresario, que es el notario, por razones
inherentes a la voluntad del mismo en unos casos, su traslado, etcétera,
o por razones ajenas a su voluntad, como puedan ser circunstancias de
fallecimiento, invalidez, etcétera. En definitiva, el empleado de notaría
se encuentra sin trabajo y legalmente reúne los requisitos de desempleo.

Esta es una primera circunstancia que considero oportuno resaltar. En
segundo lugar, y coherente con lo anterior, el empleado de notaría ha
perdido el trabajo y pierde también el salario, no recibe retribución por
sus servicios profesionales. La cantidad que pueda recibir, y en concreto
la denominada cesantía que recibe a cargo de la Mutualidad de Empleados
de Notarías, no tiene carácter de salario, no tiene carácter de
retribución porque no existe una prestación de trabajo que venga a ser
compensada, que venga a ser retribuida mediante esa cantidad.

Las cesantías son unas cantidades que perciben los empleados de notarías
con cargo a una entidad jurídica con personalidad propia, como es la
Mutualidad de Empleados de Notarías, absolutamente ajena a la persona de
su empleador, de su notario con la cual no tiene relación laboral y que
es financiada por los propios empleados de notarías junto con las
restantes vías de financiación que tiene esa Mutualidad de Empleados de
Notarías. No es, a su vez --es oportuno decirlo--, una prestación de la
Seguridad Social porque la Mutualidad de Empleados de Notarías sólo tiene
carácter de sustitutoria de la Seguridad Social y, por tanto, sus
prestaciones son equiparables a prestaciones de la Seguridad Social en
relación con las contingencias de jubilación, invalidez permanente,
muerte y supervivencia como explícitamente reconoce la Orden de 15 de
junio de 1992. Aquí estamos hablando de una prestación abonada por la
Mutualidad de Empleados de Notarías, que es la cesantía, que no es
sustitutoria de la Seguridad Social y que no tiene carácter de prestación
de la Seguridad Social.

Por tanto, señorías, nos encontramos en una situación en la que hay
pérdida de trabajo, pérdida de retribución y la cantidad que perciben los
empleados de notarías no tiene la característica de prestación de la
Seguridad Social. Por tanto se reúnen todos los requisitos para acceder a
la prestación contributiva y no se produce una situación de
incompatibilidad por cuanto no tiene carácter de prestación de la
Seguridad Social.

Siendo ello así, señorías, entendemos que con la legislación vigente al
día de hoy --legislación que, por supuesto, puede ser modificada por los
procedimientos ordinarios en un Estado democrático y de Derecho, por
iniciativa del Gobierno o de cualquier grupo de esta Cámara que consiga
el respaldo mayoritario-- la Dirección General del Inem no puede denegar
la prestación contributiva de desempleo con el único argumento de la
percepción de la denominada cesantía.

Por ello, señorías, me permitirán pedirles el voto favorable para esta
proposición no de ley que consideramos que es adecuada a la legalidad
vigente, todo ello sin perjuicio de que esa legalidad pueda ser
modificada y sobre la que todos los grupos tendríamos posibilidad, por
los trámites reglamentarios de este Parlamento, de intervenir y dar
nuestra opinión.




El señor PRESIDENTE: A la proposición no de ley hay presentada una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.




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Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor Barrionuevo.




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señorías, con nuestra enmienda tratamos de
llegar a un texto común. La causa es que estamos bastante próximos a la
argumentación que ha expuesto el señor Peralta, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

No obstante, quisiera esbozar algunas razones porque siempre, como sucede
en todos los pleitos, no toda la razón está de una parte y la otra carece
de argumentaciones, sino que me parece que hay algunas circunstancias que
conviene que tengamos en cuenta.

En primer lugar, el Inem, en una circular de 10 de mayo de 1992, ya
declaraba que la cesantía de los empleados de notarías, por estas
motivaciones: muerte, jubilación, incapacidad o traslado del notario, era
en principio encuadrable en la situación legal de desempleo que prevé el
artículo 208 del Texto Refundido de la Seguridad Social.

Hay que especificar que los estatutos de la Mutualidad de Empleados de
Notarías tienen una prestación para sustituir el haber o sueldo de los
cesantes y que en la regulación de la prestación de desempleo en el Texto
Refundido de la Seguridad Social se establece que el nivel contributivo
de esta prestación tiene como objeto proporcionar prestaciones
sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como
consecuencia de la pérdida de un empleo anterior. Es decir, parece, en
principio, que había una duplicidad de prestaciones: la prestación
contributiva de desempleo y la de cesantía establecida por la Mutualidad
de Empleados de Notarías.

Llegado el supuesto de aplicar esta normativa a casos concretos, los
afectados han venido considerando que la prestación de la Mutualidad
tiene otro carácter distinto al de sustitución del salario, bien
indemnización bien otra fórmula. Es cierto también que las
indemnizaciones que prevé el Estatuto de los Trabajadores para esos
supuestos de muerte, incapacidad o jubilación del empresario corresponden
a los empleados de notarías y las podían percibir sin ningún problema de
compatibilidad con la prestación de desempleo.

Esta controversia jurídica llegó a los tribunales y ha sucedido algo que
puede pasar: que tribunales superiores de justicia de unas comunidades
autónomas han fallado en un sentido y otros tribunales superiores, en
otro. Por ejemplo, los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón,
Cataluña y de Valencia no reconocen el derecho a la prestación de
desempleo como compatible con la cesantía de la Mutualidad de Empleados
de Notarías, mientras que sí la reconocen, en sentencias que se han
producido, los de Asturias, Navarra y Canarias.

Así las cosas, las dos partes, el Inem y los afectados, recurrieron al
Tribunal Supremo para que en el recurso de casación para la unificación
de doctrina, resuelva esta controversia de interpretación jurídica. Esta
posible resolución en ese recurso de casación previsto en la normativa
del procedimiento laboral está pendiente y resolvería este problema.

Como he dicho al principio, reconocemos los fundamentos y la fortaleza de
la argumentación del señor Peralta en esta proposición no de ley. Por eso
presentamos una enmienda --no sé si la tiene ya la Mesa, si no se la hago
llegar-- en que se recoge la integridad de lo solicitado por el Grupo de
Izquierda Unida y defendido por el señor Peralta, con un añadido que nos
parece normal --lo tendría en todo caso, pero vale de recordatorio-- para
que el Gobierno pueda regular, si lo considera oportuno, un régimen de
incompatibilidades entre estas dos prestaciones que acabo de mencionar y
sobre las que acabo de dar algún detalle sobre su incidencia simultánea.

A nosotros nos parece que esto es perfectamente justo y que, sin duda,
será compartido por los demás grupos representados en esta Comisión
porque la justificación del conjunto de las prestaciones de la Seguridad
Social reposa en dos principios: uno, el estado de necesidad del posible
perceptor y, otro, el de la involuntariedad de la situación que justifica
esa prestación. La involuntariedad es evidente en este caso. El estado de
necesidad, sin duda, es discutible en algún caso concreto. A mí me parece
que ése es justamente el principio que distingue a la Seguridad Social de
un seguro privado. Para un seguro privado no causa ninguna repugnancia
que pueda haber un lucro o incluso un enriquecimiento del tomador de ese
seguro privado. Eso sí que ocasiona, naturalmente, un cierto contraste
con lo que son los principios de la Seguridad Social, que es un sistema
solidario que se basa para su financiación en el reparto, es decir, que
los que tienen posibilidad en un determinado momento de su vida laboral
contribuyen a que los que están en un estado de necesidad tengan las
prestaciones correspondientes.

Si con carácter general --éste no es un tema muy importante
cuantitativamente-- se atendiera a esta compatibilidad de prestaciones yo
creo que estaríamos saliéndonos de lo que son principios esenciales del
funcionamiento de la Seguridad Social. Con ese añadido, que nos parece
que es de justicia y elemental, estamos conformes con la propuesta que
nos hacía el señor Peralta.




El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene la palabra el
señor Olabarría, en nombre del Grupo Vasco.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Originariamente, el sentido de mi intervención
consistía en afirmar nuestra adhesión prácticamente incondicional al
tenor literal de la misma, por las mismas argumentaciones realizadas por
el señor Peralta, pero son razonables las posiciones y los fundamentos
utilizados por el señor Barrionuevo para la defensa de su enmienda, y la
verdad es que la voluntad de mi Grupo consistiría en buscar la síntesis o
integración de ambas propuestas. Parece que ésta es la voluntad del Grupo
proponente. En todo caso, mi Grupo considera satisfactoria esta síntesis
o transacción, y eso es lo que votaremos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hinojosa, por el Grupo
Parlamentario Convergència i Unió.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Este es un caso un tanto extraño, que quizás
la desorientación que ha llegado a los tribunales proceda de la propia
naturalidad, ya que se



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declara sustitutoria y complementaria del Régimen General de la
Seguridad, y aquí se debate que es sustitutoria y que es complementaria,
y eso se complica más cuando los trabajadores de las notarías cotizan por
una contingencia concreta, como es la de desempleo.

Parece evidente que lo que hoy nos plantea el señor Peralta es un
razonamiento aplastante. Yo no podría manifestar mejor la defensa de esos
criterios que lo ha hecho él mismo. Por otro lado, tampoco podría oponer
nada nuevo que no haya dicho el señor Barrionuevo. Es decir, la
desorientación existe; por tanto, ayudemos a clarificar con la aprobación
de esta iniciativa que hoy plantea Izquierda Unida, que me parece muy
bien planteada y que ayudará, supongo, a resolver este problema entre el
INEM y los trabajadores de las notarías.

Por tanto, señor Presidente, votaremos a favor de la enmienda y de la
proposición, porque parece que hay consenso.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Ciertamente se ha dicho aquí que existe una
cierta inquietud en el colectivo de empleados de notarías.

Hace escasamente unos días, mi Grupo hizo una pregunta, a la que contestó
el Secretario General para la Seguridad Social, sobre la intención de
incluirlos dentro del ámbito del Sistema de la Seguridad Social en toda
su totalidad.

No obstante, quisiera resaltar que sí que es cierto que en muchas
ocasiones se producen denegaciones a solicitudes de prestaciones de
desempleo por el INEM y que, en este caso concreto, aquí hay una doble
cotización, una cotización al seguro de desempleo y una cotización a las
prestaciones complementarias que incluyen los epígrafes 6 y 7, que son
los que están protegidos por la Mutualidad de este colectivo.

Sinceramente, nos parece que eso sería vulnerar uno de los derechos del
colectivo que, como digo, siente una cierta inquietud, puesto que les han
llegado rumores de su inclusión dentro del sistema de la Seguridad
Social, sin que, al parecer hayan sido debidamente consultados.

Por lo tanto, haciendo referencia a las alegaciones que se han hecho
tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo proponente de la
proposición no de ley, decir que mi Grupo va a apoyar tanto la
proposición como la enmienda presentada.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ¿se quiere manifestar en relación con
la aceptación o rechazo de la enmienda?



El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, he querido dar a entender en
mi intervención que aceptaba esa enmienda y ahora lo ratifico
explícitamente.




El señor PRESIDENTE: Sí, señor Peralta, pero hace falta que
explícitamente así lo reconozca su señoría.

Concluido el debate en relación con la proposición no de ley, ahora sí
procede la votación de ambas proposiciones no de ley.

Se suspende la sesión por cinco minutos.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Votación de la proposición no de ley sobre la igualdad de retribución
entre hombre y mujer, del Grupo Parlamentario Popular. La señora Sainz
acepta someter a votación una enmienda de sustitución de su proposición
no de ley alcanzada por acuerdo y consenso de todos los grupos
parlamentarios. A efectos de conocimiento de SS. SS. y del «Diario de
Sesiones», procedo a su lectura: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en el marco de su actuación integral, curse
instrucciones de seguimiento y control activos de la igualdad de
retribución entre hombre y mujer e incluya en la planificación de
objetivos anuales dicha instrucción, conforme a los criterios
establecidos en el memorándum sobre igual retribución para un trabajo de
igual valor, elaborado por la Comisión Europea.»



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votación en torno a la proposición no de ley para que el Gobierno curse
determinadas instrucciones a la Dirección General del INEM en relación
con prestaciones por desempleo de los empleados de notarías. El señor
Peralta aceptaba la tramitación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, por lo que votamos la misma.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.