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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 528, de 20/06/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 528
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 23
celebrada el martes, 20 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--De la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán), para
informar sobre el acuerdo con las diferentes organizaciones de sindicatos
médicos y estudiantes de medicina, así como el Consejo General de
Médicos, para la formación postgraduada de las diferentes especialidades
médicas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000574). (Página 16120)
--Del señor Director del Instituto de Salud Carlos III (Ricoy Campo),
para informar acerca de la política científica en materia de salud y, en
especial, sobre la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/001491). (Página 16131)
Preguntas:
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas para poner en práctica lo aprobado en la Comisión de Política
Social y de Empleo en relación con la consideración de los enfermos del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) como crónico. (BOCG serie
D, número 216. Número de expediente 181/001476). (Página 16144)



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--De la misma señora Diputada, sobre previsiones presupuestarias en el
Ministerio de Sanidad y Consumo para el año 1996. (BOCG serie D, número
222. Número expediente 181/001497). (Página 16146)
--De la señora Rodríguez Calvo (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
situación en que se encuentran los estudios e investigaciones respecto a
nuevos tratamientos para los enfermos de esclerosis múltiple. (BOCG serie
D, número 222. Número de expediente 181/001504). (Página 16148)
Proposiciones no de ley:
--Sobre reconocimiento de la especialidad médica de psiquiatría infantil.

Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán-Convergència i Unió. (BOCG
serie D, número 194. Número de expediente 161/000396). (Página 16150)
--Relativa al desarrollo de las especialidades de los diplomados
universitarios en enfermería. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 216. Número de expediente 161/000446).

(Página 16153)
--Sobre la situación que está atravesando el Hospital Clínico de
Barcelona. (BOCG serie D, número 222. Número de expediente 161/000464).

(Página 16156)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:



--DE LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán), PARA QUE
INFORME SOBRE EL ACUERDO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE SINDICATOS
MEDICOS Y ESTUDIANTES DE MEDICINA, ASI COMO EL CONSEJO GENERAL DE
MEDICOS, PARA LA FORMACION POSTGRADUADA DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
MEDICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000574.)



La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de
Sanidad y Consumo prevista para el día de hoy. En primer lugar, tenemos
dos comparecencias, a continuación hay preguntas y, finalmente, las
proposiciones no de ley. Como SS. SS. me han preguntado, para que hagan
sus cálculos, al objeto de que puedan compatibilizar las distintas
Comisiones que se celebran a lo largo de la mañana, les diré que las
votaciones se harán agrupadas y, en todo caso, no antes de la una del
mediodía. Calculamos que ése puede ser el desarrollo normal de la sesión.

También quiero comunicar a SS. SS. que a las tres proposiciones no de ley
hay presentadas enmiendas: a la primera, dos, una del Grupo Popular y
otra del Grupo Socialista; a la segunda, una, del Grupo Socialista; y a
la tercera, una del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y otra del Grupo
Socialista. Si SS. SS. no disponen de ellas, se encuentran en la Mesa,
con lo que pueden contar con ellas antes del trámite de las
comparecencias.

Iniciamos, por tanto, la sesión con el primer punto, celebración de
comparecencias. Primero, comparecencia de la Ministra de Sanidad y
Consumo para que informe sobre el acuerdo con las diferentes
organizaciones de sindicatos médicos y estudiantes de medicina, así como
el Consejo General de Médicos, para la formación postgraduada de las
diferentes especialidades médicas. Esta comparecencia ha sido solicitada
por el Grupo Parlamentario Popular. Para ello se encuentra entre nosotros
la señora Ministra de Sanidad y Consumo, a quien damos la bienvenida a la
Comisión.

Señor Fernández-Miranda, ¿desea defender la presentación de la
comparecencia? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Brevemente, voy a plantear la
comparecencia, introduciendo el matiz del acuerdo del Consejo de
Ministros en el que se decide cuál va a ser la fórmula desde el Gobierno
para la formación de médicos generales, respondiendo a la Directiva de la
Unión Europea de 1986. La comparecencia estaba solicitada previamente,
antes de conocer formalmente la decisión que toma el Gobierno, pero, a
pesar de todo, la hemos mantenido viva porque deseamos que la señora
Ministra nos explique en la Cámara cuál ha sido el resultado de las
distintas conversaciones que ha mantenido con organizaciones sindicales,
con sociedades científicas, con los propios estudiantes de medicina y con
el Consejo General de Colegios de Médicos. En definitiva, queremos saber,
conocida y demostrada su capacidad negociadora, cuál es el resultado
final de todas esas conversaciones y a qué obedece: si obedece
formalmente a un acuerdo la decisión que, como decía antes, se ha tomado
en Consejo de Ministros, o si obedece simple y llanamente --y, como es



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obvio, el Gobierno está en su derecho de hacerlo-- a una decisión tomada
en función de criterios propios, sin haber atendido las razones de los
distintos grupos con los cuales se ha entrevistado a lo largo de los
últimos tiempos, conociendo como conocemos la tensión que se ha
producido, las manifestaciones y concentraciones que los estudiantes de
medicina produjeron hace meses en Madrid y, por lo tanto, el grado de
conflictividad que dio lugar a la decisión anunciada por el Ministerio,
concretada en el Consejo de Ministros a que hacíamos referencia.

Eso es todo por mi parte.




La señora PRESIDENTA: Para cumplimentar esta solicitud de comparecencia,
tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señorías,
comparezco ante esta Comisión para explicar, de acuerdo con la
comparecencia solicitada por el Grupo Popular, las razones de
mantenimiento que acaba de explicar el Diputado señor Fernández-Miranda,
cómo se ha completado el proceso de cumplimiento de las exigencias
derivadas de la Directiva número 457, del año 1986, del Consejo de las
Comunidades Europeas, refundida después en la Directiva del año 1993, y
que ha culminado, como se ha citado, con la promulgación de un Real
Decreto, no de un acuerdo, aprobado en Consejo de Ministros el día 9 de
junio, por el que se dictan las normas en relación con la formación
especializada en medicina familiar y comunitaria de los licenciados en
Medicina a partir del 1 de enero de 1995 y se adoptan determinadas
medidas complementarias. Dicho Decreto fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el pasado día 16 de junio.

Como SS. SS. conocen, la directiva del año 1986 obligaba a los Estados
miembros de la Unión Europea a establecer una formación específica en
medicina general en los términos que en la propia directiva se recogen y
que básicamente se concretaban en una duración mínima de dos años y en un
carácter de dicha formación más práctico que teórico. La directiva
establecía, además, que, a partir del 1 de enero de 1995, cada Estado
miembro condicionará, sin perjuicio de las disposiciones sobre derechos
adquiridos, el ejercicio de la actividad de médico generalista en el
marco de un régimen nacional de Seguridad Social, a la posesión de un
diploma, certificado o título que acredite esta formación y cuya
denominación concreta en cada Estado miembro ha de ser comunicada a la
Comisión. España, como SS. SS. conocen, notificó a la Comisión que el
título que en nuestro país acredita, la formación en medicina general, es
el de especialista en medicina familiar y comunitaria y así se recoge en
la comunicación de la Comisión número 268, de 1990, publicada en el
Diario Oficial Comunitario. Se recogía, por tanto, la previsión existente
en España desde el año 1978, conforme a la cual la formación del médico
general quedaba sometida a los mismos requisitos de la del especialista.

Desde la publicación de esta directiva se han ido adoptando distintas
medidas para la adecuación de la situación española a las exigencias del
derecho comunitario y de ellas, las más importantes, fueron: un Decreto
promulgado en 1989, que puso en marcha el curso de perfeccionamiento para
la obtención del título de medicina familiar y comunitaria dirigido a los
profesionales del sistema; una segunda consiste en que se ha incrementado
de forma importante el número de plazas de formación especializada en
medicina familiar y comunitaria --en 1986 eran 359 y en 1994 han sido
1.221--. Se ha reducido el número de plazas para estudiantes de medicina
de primer año. Esta reducción se viene realizando por el Consejo de
Universidades y ha supuesto bajar de 7.134 alumnos, en el curso
1986-1987, a 4.015, en el curso 1992-1993.

Recientemente, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
en su sesión del 19 de diciembre de 1994, acordó dirigirse al Consejo
Nacional de Universidades, instándole a una reducción progresiva del
número de alumnos de las Facultades de Medicina no inferior al 30 por
ciento. Lo cierto es que la sesión del Consejo Nacional de Universidades
que se ha celebrado hace muy poco tiempo ha atendido la petición de
reducción no en el porcentaje que se pedía, sino parece que en un dos por
ciento. Finalmente, se promulgó un Decreto en 1993, el 4 de junio, que
estableció los requisitos para el ejercicio de la formación de médico de
medicina general en el Sistema Nacional de Salud.

Por tanto, resultaba preciso regular la formación en medicina general
para los licenciados a partir de 1995 con el fin de completar este
proceso.

Para ello existían básicamente dos alternativas: en primer lugar,
establecer un período de formación distinto al sistema MIR, como medio
generalista, de acuerdo con las previsiones y contenidos mínimos de la
directiva para este supuesto. La segunda era mantener el sistema MIR y el
título de especialista en medicina familiar y comunitaria como único
habilitante para el ejercicio de la medicina general en España.

La segunda opción es la que finalmente se ha adoptado y se ha hecho así
dado el alto grado de consenso manifestado en favor de la misma. Para
hacerla efectiva es preciso el establecimiento de un sistema que permita
conciliar la limitación de plazas inherente al sistema MIR con el
cumplimiento de las obligaciones que se deducen de la directiva en
relación con el establecimiento de un sistema de formación en medicina
general.

Esto es lo que trata de hacerse con el Decreto al que me he referido al
comienzo de mi intervención. La disposición de carácter general que
supone el Decreto es el resultado de un amplísimo proceso de consulta y
de negociación con todos los sectores interesados. Entre otros han
informado el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el Consejo
General de Colegios Médicos, la Sociedad Española de Medicina General, la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Coordinadora
de Facultativos Internos Residentes, la Federación de Asociaciones de
Defensa para la Sanidad Pública, la Comisión Nacional de Medicina
Familiar y Comunitaria, la Federación de Servicios Públicos de UGT y
Comisiones Obreras, en un período de consultas y de conversaciones que se
ha dilatado a lo largo de varios meses. También lo ha informado el



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Consejo Nacional de Especialidades Médicas y, finalmente, ha sido
informado favorablemente por el Consejo de Estado.

El Decreto viene a resolver, por tanto, el problema planteado mediante el
establecimiento de las siguientes medidas acordes con la normativa
comunitaria: En primer lugar, se garantiza la formación en medicina
familiar y comunitaria a todos los licenciados en medicina a partir del
primero de enero de 1995 que así lo soliciten, a través de convocatorias
específicas de plazas de formación MIR en esta especialidad a las que
únicamente podrán concurrir estos licenciados, es decir, los posteriores
a 1995. Estas convocatorias se van a realizar con carácter anual y con
carácter previo a las convocatorias generales del sistema MIR para el
conjunto del resto de las especialidades. Con ello se trata de dar
respuesta a la situación propia de estos profesionales que, por
imperativo comunitario y a diferencia de los licenciados con anterioridad
al año 1995, no podrán ejercer la profesión en el sistema público sin
estar en posesión del título de especialista en medicina familiar y
comunitaria. Se garantiza que la formación de especialista se realiza en
todo caso a través del sistema MIR y en el caso de que no hubiera plazas
suficientes de formación, quienes hayan participado en esta convocatoria
específica conservan su derecho a ocupar las plazas disponibles en las
convocatorias sucesivas, de acuerdo con el orden que determine el
resultado de su examen o, en caso de decidir volverse a presentar, con
arreglo a la nueva puntuación, si ésta fuera más favorable.

Los licenciados posteriores al uno de enero de 1995 pueden participar
también en las convocatorias anuales de formación del conjunto de las
especialidades médicas, previa renuncia, eso sí, a la plaza obtenida en
su caso en la convocatoria específica. En el caso de no obtener plaza en
la convocatoria general MIR mantienen su derecho a la adjudicación de
plaza de formación en medicina familiar y comunitaria en las
convocatorias específicas sucesivas. Se trata de mantener la posibilidad
de que accedan a esta formación según las previsiones de la directiva,
pero de no limitar el acceso a otras especialidades médicas.

Ya que la formación de especialista en medicina familiar y comunitaria de
los licenciados posteriores a 1995 se realiza a través de convocatorias
específicas, las plazas de esta especialidad, medicina familiar y
comunitaria, que se incluyan en las convocatorias generales MIR se
reservan a los licenciados anteriores a esa fecha, que naturalmente no
deben verse privados de su capacidad de elegir esta especialidad.

Para utilizar de una forma más completa las plazas disponibles y para
facilitar también la reducción del volumen de la denominada bolsa
histórica de licenciados aspirantes a la formación MIR se establecen dos
tipos de medidas complementarias: en primer lugar, quienes se encuentren
realizando ya un período de formación en plaza MIR obtenida en
convocatoria publicada con anterioridad a la entrada en vigor del decreto
no van a poder concurrir a las convocatorias sucesivas para el acceso a
dicha formación si no se produce previamente la renuncia a la plaza
desempeñada, para que una misma persona no esté ocupando dos plazas
simultáneamente o impidiendo que alguien acceda a la que deja.

En segundo lugar, quienes hayan obtenido el título de especialista
mediante el sistema MIR no podrán optar a una nueva plaza de formación en
las cinco convocatorias siguientes a la entrada en vigor del
real-decreto, salvo que las previsiones de adecuación de la oferta
docente a las necesidades formativas lo permitan y así se determine en la
convocatoria; de manera también que se trata de garantizar que el mayor
número de licenciados acceda a la primera convocatoria.

Esto es por lo que se refiere a los licenciados con posterioridad a 1995,
para los que este Decreto trata de resolver el problema planteado.

Por lo que se refiere a los licenciados con anterioridad a 1995, está en
estudio una serie de medidas que, unidas a las anteriores, tratan de dar
salida a la llamada bolsa histórica atendiendo a las diferentes
características específicas de los colectivos afectados. Aquí todavía no
hemos concluido y todavía no puedo dar cuenta de ninguna norma, pero sí
le informo de las soluciones que estamos estudiando en conexión con los
profesionales afectados. De una parte, la Confederación Estatal de
Facultativos Internos y Residentes que, como ustedes saben, agrupa a los
licenciados en Medicina que están realizando alguna de las especialidades
en el sistema MIR; de otra parte, la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria, que integra a médicos que ya ostentan esta
especialidad; además, la Sociedad de Medicina General y la Sociedad de
Medicina Rural y Generalista, que incluye a médicos generales y médicos
titulares de asistencia pública domiciliaria. Estas son las sociedades
que representan fundamentalmente a los médicos afectados por este
problema que estamos tratando ahora.

Con el objetivo fundamental de encontrar fórmulas de consenso que
permitan la homologación y la definitiva normalización del clima
profesional del personal médico de la atención primaria, el Ministerio
tiene convocada desde hace meses una Mesa de trabajo en la que están
integradas estas sociedades, en la que se pretende encontrar soluciones
satisfactorias para este colectivo tan importante. La Mesa se constituyó
en el mes de noviembre y los temas que se están tratando en ella son
fundamentalmente la ordenación del ejercicio de la práctica del médico
general o de familia en el nuevo marco de aplicación determinado por la
directiva comunitaria, la normativa comunitaria en su conjunto, el grado
de implantación de los cursos de perfeccionamiento para la obtención del
título de médico especialista en medicina familiar y el estudio y
posterior propuesta de baremación para el acceso a puestos de trabajo en
atención primaria para el conjunto del sistema. La Mesa ha celebrado ya
varias sesiones de trabajo, creo que son cinco, y ya ha adoptado algunos
criterios en los que todo el mundo se ha puesto de acuerdo,
fundamentalmente sobre dos cuestiones: en primer lugar, todos los
colectivos integrados en esa Mesa de trabajo están bastante de acuerdo
acerca de la denominación única para todos los profesionales que
desarrollan su actividad en el campo de la atención primaria, en lo
relativo a la titulación



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profesional y a los puestos de trabajo para el conjunto del Sistema
Nacional de Salud como médico de familia y medicina de familia
respectivamente. En segundo lugar, sobre la propuesta sobre criterios de
baremación para la selección de personal facultativo de atención
primaria. También se está estudiando el proceso de homologación de todos
los profesionales de atención primaria, sobre el que todavía no hay
acuerdo. El proceso sigue abierto. Precisamente mañana hay sesión de
trabajo, está convocada hace meses, de esta Mesa y el objetivo
fundamental que se pretende con esta Mesa de trabajo y a través del
diálogo, como digo, de los protagonistas de la situación, es encontrar
una solución al problema que plantean médicos generales, que son
alrededor de 3.500, que llevan más de tres años ejerciendo su profesión,
que continúan presentándose al examen MIR y que, por tanto, contribuyen a
esa bolsa que concurre al sistema MIR y que ha sido una de las causas
importantes de los problemas surgidos con motivo de la entrada en vigor
de la directiva.

De manera que respecto --y para concluir-- a los licenciados post-1995,
la situación está regulada en un decreto recientemente publicado y que ha
sido laboriosamente trabajado con los grupos afectados para buscar el
consenso, y respecto a los anteriores a 1995 seguimos trabajando en la
búsqueda de una solución que respete los derechos adquiridos de cada
colectivo profesional que está afectado por este problema y que
posibilite una solución que permita aligerar esa bolsa que concurre al
MIR y que, en el caso de muchos profesionales que tienen acreditado su
trabajo y su dedicación, seguramente puede paliarse por otras vías.

Señores Diputados, señor Diputado, le agradezco el reconocimiento que ha
hecho aquí de mi capacidad de negociación, que es la del Ministerio, pero
en asuntos como éste a veces es necesario tardar un poco más y escuchar a
todo el mundo para que la solución final esté presidida por la
racionalidad y la concordancia de los intereses en conflicto y no por la
urgencia en adoptar decisiones que a veces dificulta la racionalidad de
las mismas.




La señora PRESIDENTA: Además del Grupo solicitante, el Grupo
Parlamentario Popular, ¿qué grupos desean intervenir para fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Ministra, ya que yo he debido
estar especialmente torpe al plantear lo que era una ironía, le retiro el
reconocimiento de capacidad negociadora porque no lo ha demostrado ni en
este asunto, en donde no ha movido su posición previa a los conflictos
promovidos por los estudiantes de Medicina ni un milímetro, ni lo está
demostrando respecto al conflicto, a la huelga planteada por los médicos
de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, quiero que
conste en el «Diario de Sesiones» que era una ironía, sin duda alguna no
entendida por la señora Ministra como consecuencia de mi torpeza al
plantearla.

Estamos en donde estábamos, señora Ministra, en cuanto a los criterios.

Yo creo que, en vez de decir seis igual a cero, que era el eslógan de los
estudiantes de Medicina demostrando su inmensa preocupación, deberíamos
decir consenso igual a cero. Usted se mantiene en la misma decisión que
tomó previamente, en 1993, que adoptó el Ministerio de Sanidad y Consumo
en 1993, por lo cual, en esa terquedad tan suya, el Ministerio, el Reino
de España va a especializar generalistas, va a especializar generalistas
manteniendo la medicina de familia y comunitaria como una especialidad y
la única vía para acceder a la formación de médicos generales, a la
formación práctica de médicos generales, señora Ministra. La Unión
Europea no dice que sea fundamentalmente práctica, sino que debe ser
exclusivamente práctica. La importancia de la directiva de la Unión
Europea es la reflexión que viene a hacer ella misma, que, en definitiva,
hacen todas las facultades de Medicina de todas las universidades de la
Unión europea, reconociendo que, como consecuencia de la inmensa carga
lectiva teórica que tiene la licenciatura de Medicina, la formación
práctica de aquellos que van a ser médicos generales, no de los que van a
acceder a las especialidades por otra vía, es absolutamente insuficiente
y recomienda a todos sus miembros que a lo largo de dos años formen
prácticamente, proporcionen formación práctica a los licenciados en
Medicina.

La decisión que ha tomado el Ministerio ha sido dar la razón
sustantivamente a la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria. Sus razones habrá tenido, sin duda ninguna, el hecho de que
estos especialistas nutran generosamente los altos cargos del Ministerio,
nos tememos que ha tenido bastante que ver con esta decisión, pero la
señora Ministra sabrá. El hecho cierto es que puede satisfacer a los
grupos, sociedades, etcétera, que la Ministra ha mencionado, pero sabe la
señora Ministra que no satisface ni muchísimo menos a sociedades y
asociaciones de medicina general y rural y de médicos generalistas, que
no satisface a los estudiantes de Medicina que han venido a calificarla,
y ha aparecido en los medios de comunicación --como el Gobierno
habitualmente y su Presidente a la cabeza se entera de los asuntos
sustancialmente por los periódicos, parece mentira que la señora Ministra
no lo haya leído--, de chiste, calificando la solución que propone el
Ministerio como un auténtico chiste. No satisface plenamente al Consejo
General de Colegios de Médicos, y lo sabe la señora Ministra, no
satisface a la Academia Nacional de Medicina, y no la ha mencionado la
señora Ministra, y no satisface al Consejo de Universidades. El Consejo
de Universidades en numerosas reuniones ha expuesto la conveniencia de
prolongar, en definitiva, para licenciados, que es el mandato de la Unión
Europea, la formación práctica de esos profesionales.

Ustedes, una vez más, han solicitado una solución que es la solución de
los recortes, en esto como en tantas otras cosas, disminuir en un 30 por
ciento el número de médicos que forma la universidad española,
desconociendo, por un lado, la Ley de Reforma Universitaria y
desconociendo la autonomía universitaria que, en definitiva, en función
de la capacidad docente de cada Universidad, de su capacidad



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docente, debe tomar la decisión de cuántos licenciados en esta carrera, o
en cualquier otra, deben ser capaces o van a formar cada año o cada ciclo
completo de la licenciatura.

La realidad, según acaba de comentar la señora Ministra, es que la oferta
que se hace desde el Consejo de Universidades es que se va a reducir en
un dos por ciento, cifra y dato que no conocíamos, pero que nos hace
preguntar a la señora Ministra automáticamente si esa reducción sigue
haciendo válida la decisión tomada por acuerdo en Consejo de Ministros,
que se concrete en un real decreto. Los reales decretos también se
alcanzan por acuerdo en el Consejo de Ministros y digo yo que no será una
decisión unilateral de la señora Ministra sino que previamente al Real
Decreto habrá habido un acuerdo de Consejo de Ministros para que se haga
público el mismo y se publique en el «Boletín Oficial del Estado».

¿Da igual su solución, señora Ministra, la solución de real decreto, la
solución del Consejo de Ministros con una reducción del 30 por ciento que
del dos por ciento? ¿Sigue siendo igual de válida? ¿Ustedes se siguen
manteniendo en las mismas tesis o esto va a hacer que veamos cómo se
modifica la decisión tomada una vez más, como sucede con tanta frecuencia
en su Ministerio?
Señora Ministra, yo creo que efectivamente habrán hecho ustedes
amplísimas consultas y laboriosamente trabajadas, pero nos tememos que el
grado de acuerdo no es el deseable.

Este Grupo Parlamentario ha dejado claramente establecida su postura y no
voy a reiterar las razones porque constan en los «Diarios de Sesiones»,
por iniciativas del Grupo Parlamentario Popular, por iniciativas de otros
grupos parlamentarios enmendadas por el Grupo Parlamentario Popular, por
ejemplo, en la última proposición no de ley vista en el Pleno hace pocos
meses. Como digo, la postura del Grupo Parlamentario Popular ha quedado
claramente establecida.

Nos preocupa --y con esto termino, porque no es cuestión de abrir un
debate sobre una decisión ya tomada por el Consejo de Ministros-- que una
vez más las decisiones se tomen de espaldas a los grupos de
profesionales, a las asociaciones profesionales, a los propios colegios,
a los estudiantes de medicina; que se tomen de espaldas a ellos sin haber
movido ni un solo milímetro las posiciones de salida --digamos-- en este
conflicto y que el Ministerio de Sanidad y la señora Ministra hicieron
públicas en su momento. Lo lamentamos, porque pensamos que no es a través
de la imposición, no es a través de la terquedad de la posesión de la
verdad absoluta como podemos tener en nuestro país una convivencia
razonable.

El Grupo Parlamentario Popular ya anuncia que no considera apropiada la
solución y que plantearemos, el tiempo que estemos en la oposición y
cuando accedamos, como esperamos, en breve plazo de tiempo, a las labores
de gobierno, modificar esta decisión que consideramos absolutamente
errónea, que consideramos que no responde al mandato de la Unión Europea
y que, en definitiva, no beneficia --que debería ser el objetivo último--
la formación de nuestros médicos generales, que en este momento están
consiguiendo a través de la medicina de familia y comunitaria, con una
gran dependencia hospitalaria, una gran dependencia, por lo tanto, de
todo lo que suponen las exploraciones complementarias de tercer nivel y
la posibilidad de las interconsultas inmediatas de especialistas, un
perfil profesional que no es el que desde nuestro punto de vista tiene
que satisfacer la asistencia primaria, el primer contacto de las personas
con el Sistema Nacional de Salud, la acción preventiva y su colaboración,
tanto más cuanto más rural sea el medio en el cual se mueve, con las
labores de salud pública.

Como pensamos que no es el profesional que necesita la sanidad pública
española --en su momento, obviamente, lo intentaremos reiteradamente--
propondremos su modificación para responder simple y llanamente al
mandato de la Unión Europea, para responder en los términos de esa
directiva, que nos parece, no solamente a nosotros sino a otras muchas
instituciones, perfectamente razonable y sobre todo suficiente.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quiero dar las gracias a la señora
Ministra de Sanidad y Consumo por la información que ha suministrado hace
un momento a los diferentes grupos parlamentarios.

Desde el Grupo Vasco (PNV) querríamos empezar haciendo una labor de
autocrítica que creo que debemos hacer todos los grupos parlamentarios,
pero también, principalmente, el Gobierno, la universidad española,
porque la solución que la semana pasada dio el Consejo de Ministros era
una cuestión que debía haberse resuelto con anterioridad.

La Directiva 457/86 ya formaba parte del derecho interno español y, por
lo tanto, hemos constatado que ha habido una premura, una necesidad de
solucionar rápida y urgentemente un problema que, a nuestro juicio,
denota una falta de planificación en la medida en que desde el año 1986
hay una regulación interna en el derecho español.

Creo que la autocrítica nos corresponde a todos, a los grupos
parlamentarios, al Gobierno, a la universidad española, porque, como se
decía también por parte de la Ministra, esta Cámara y el Consejo
Interterritorial de Salud instaron a establecer una correspondencia, una
coherencia, una adecuación entre las necesidades del sistema sanitario y
la formación de estudiantes mediante el título de licenciado en medicina
y no ha habido esa correspondencia, tal como era la voluntad de esta
Cámara y de las diferentes administraciones sanitarias, plasmada en el
Consejo Interterritorial de Salud.

Dicho esto, señora Ministra, a nuestro Grupo Parlamentario le parece que
el acuerdo adoptado hace unos meses por parte del Consejo de consolidar
el sistema de formación a través de la vía MIR es el mecanismo correcto,
es la vía correcta. Había que dar una solución a las exigencias de la
normativa europea, a la Directiva 457/86, refundida por la Directiva
16/93, de atribuir u otorgar una capacitación general a los licenciados
en medicina que culminaran sus estudios a partir del 1 de enero de 1995.

Ahí ha habido



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una serie de trámites, de negociaciones que usted ha indicado de manera
pormenorizada, pero, al final, como ocurre en estas cosas, hay intereses
cruzados, intereses divergentes y no es fácil buscar una solución que
satisfaga a todos los colectivos interesados. No puede satisfacer a todos
los estudiantes porque el número de plazas que se van a convocar, de
conformidad con el Decreto aprobado, no va a ser suficiente para ellos.

Tampoco va a satisfacer a los actuales especialistas porque se les exige
un plazo de cinco años desde la obtención de la especialidad. Tampoco va
a satisfacer los intereses de colectivos como los MIR actuales que ya
tienen plaza y que para obtener otra especialidad tienen que renunciar.

En definitiva, era difícil buscar una solución que satisficiera a los
intereses de los diferentes colectivos.

La solución que se ha adoptado es una solución a la que no cabe
fácilmente otra alternativa, dígase lo que se diga, porque aunar los
diferentes intereses sanitarios de colectivos profesionales distintos es
complejo. Desde el Grupo Vasco (PNV) nos imaginamos que la dificultad que
ha tenido la administración sanitaria central a la hora de buscar una
solución ha sido elevada y lo vemos como mal menor. Y como en este
momento no vemos ninguna alternativa mejor, consideramos que la solución
que el Gobierno ha dado al tema de la formación a los licenciados de
medicina a partir del 1 de enero de 1995 es la mejor entre las diferentes
existentes que pudiera haber, convergen en ella diferentes intereses y se
busca un punto de equilibrio entre las diferentes posibilidades que
había.

Juntamente con ello debemos manifestar que hace unos meses se aprobó en
el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), Coalición Canaria,
el Grupo Socialista y el Grupo Vasco (PNV). La solución dada por el
Gobierno a través del Real Decreto publicado la semana pasada va en la
línea manifestada por dicha proposición no de ley, que contenía cinco
puntos.

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario se congratula de que dentro de ese
marco político general que se estableció por esta Cámara para la búsqueda
de una solución, el Decreto que se ha aprobado vaya en coherencia.

Lo que sí solicitaríamos al Gobierno, a la señora Ministra de Sanidad y
Consumo, es que pormenorizara o diera una mayor información sobre la
problemática que la gestión de la aplicación del Real Decreto aprobado
puede originar tanto al Insalud como a las diferentes administraciones
sanitarias con competencias transferidas, cómo se va a hacer la
distribución de todos los licenciados en medicina que hayan culminado sus
estudios a partir del 1 de enero de 1995. ¿Hay ya un planteamiento de
cómo se van a distribuir la formación entre las diferentes
administraciones sanitarias y en qué criterios se van a basar? Nos
gustaría conocer tal cuestión, porque eso va a originar problemas
importantes a la hora de administrar la formación de este colectivo de
licenciados en medicina; es importante saber cuál es la planificación que
tiene el Gobierno al respecto y si ha habido ya un consenso o una
negociación acordada con las comunidades autónomas para hacer una
distribución sobre los criterios, si va a ser en función de la población,
del número de estudiantes en cada comunidad autónoma que hayan culminado
sus estudios, etcétera. Nos gustaría conocerlo.

Por lo demás, y concluyo con ello, señora Presidenta, nuestro Grupo
Parlamentario ve que la solución adoptada es coherente con el mandato
político que se dio por esta Cámara al Gobierno y que es la menos mala de
las soluciones que se han podido alcanzar, porque en ella convergen
diferentes intereses de colectivos; no podía solucionarse dando una
prioridad o una preferencia a un colectivo respecto a los demás y, por
tanto, nos parece que la solución, dentro de los parámetros políticos y
sanitarios en que nos encontramos, es adecuada.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), para fijar su posición, tiene la palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Señora Presidenta, muy brevemente.

Señoras y señores Diputados, señora Ministra, nuestro Grupo quiere
manifestar, de entrada, su satisfacción, después ya diré que matizada,
porque, al final, se ha resuelto un contencioso que ha sido largamente
debatido y que además ha comportado desagradables incidentes,
manifestaciones públicas, etcétera.

Decimos que satisfacción porque su solución contiene, en esencia y
fundamentalmente, los puntos que en la proposición no de ley presentamos
conjuntamente con otros grupos, como se ha dicho por parte del portavoz
del Grupo Vasco (PNV), en el sentido de adaptación de la directiva, lo
cual era inexcusable, vía única de la formación de especialistas en el
sistema MIR, equilibrio entre el número de estudiantes y las necesidades
del Sistema Nacional de Salud y diálogo constante tanto por parte de los
colectivos, parece que así ha sido, como con las comunidades autónomas
por medio del Consejo Interterritorial.

Decíamos también que satisfacción pero matizada, ya que entendemos que se
podían haber evitado muchos problemas si se hubiera actuado antes. Eso
ahora es fácil de decir, pero no es la primera vez que lo decimos, porque
no debemos olvidar que la Directiva es de 1986 y el término era el uno de
enero de 1995. Hasta última hora, cuando ya ha sido inexcusable
resolverlo, no se han tomado las medidas necesarias e imprescindibles. No
es una crítica a la señora Ministra, porque lo podían haber solucionado
sus antecesores en el cargo, pero, en cualquier caso, eso, desde un punto
de vista constructivo, nos ha de servir de experiencia. ¿Se ha encontrado
la mejor solución? ¿Se ha acertado y hasta qué punto? Son unas incógnitas
que se irán viendo a lo largo del tiempo y en la propia evolución de las
cuestiones. Nuestro deseo era, y así nos manifestamos en su momento, que
la solución tenía que ir en ese sentido. Experiencia, por otra parte, que
también será necesaria para resolver, como ha dicho la señora Ministra,
las cuestiones que comportan la existencia de aquella bolsa histórica. No
debemos olvidar que aquí hay un conflicto de intereses legítimos por
todas partes, lo cual crea dificultades y justifica, hasta cierto punto,
que las cosas no se lleguen a resolver hasta última hora.




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En cualquier caso, nosotros entendemos que eso también tiene que servir
de experiencia para ir adaptando las soluciones a la presentación de los
problemas, en el sentido de que no tiene que ser cuanto antes, pero
tampoco demasiado tarde; tendría que ser en su justo momento. Esto es lo
deseable y manifestamos nuestra satisfacción, con la matización que hemos
hecho, agradeciendo la comparecencia y explicación de la señora Ministra.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Maestro, por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




La señora MAESTRO MARTIN: Señora Ministra, gracias por su comparecencia.

Mi grupo quiere manifestar lo siguiente: Es inexcusable, porque otra
manifestación supondría ocultar la realidad, que este Real Decreto llega
tarde. Llega tarde cuando, como otros grupos han manifestado, los
intereses en conflicto llegaron a niveles de exasperación muy graves y
cuando, por otro lado, había plazos determinados por la directiva de la
Unión Europea que conminaban al Gobierno español a regular la formación
postgrado de medicina general. En cualquier caso, más vale tarde que
nunca, aunque quiero decir al respecto varias cosas.

En primer lugar, mi Grupo comparte, y supongo que es el criterio del
Ministerio, aunque no ha sido así expresado, que la esencia, el espíritu
de la directiva europea no era tanto determinar dos años de formación,
sino instar a los gobiernos europeos a intensificar, ampliar y mejorar el
nivel de formación de los médicos generales en función de las necesidades
de salud y de los nuevos conocimientos y avances científico-técnicos
producidos en la materia. Digamos que, tal y como recordamos siempre, las
directivas son de mínimos, de mínimos que los gobiernos deben establecer
sin que, desde luego, queden determinados ni obligados los máximos, que
deberían ser la materia aleatoria en la cual el Gobierno de cada país
adapta las directivas a sus necesidades y al escenario específico de la
situación en cada país.

Por otro lado, nosotros, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, entendemos que el Estado español avanzó
con la identificación de la especialidad de medicina familiar y
comunitaria en su tiempo, como la fórmula, no idónea, y ahora me referiré
a ello, pero sí, desde luego, la más adecuada, para un determinado modelo
sanitario. En esa línea, es perfectamente comprensible que el grupo
Popular no lo comparta, porque hay algo elemental y básico que subyace en
todo esto y es la adaptación del perfil de los profesionales a las
necesidades del sistema sanitario, que, a su vez, es la identificación
con contenidos políticos, inevitablemente, sobre cuáles son las
necesidades de salud de la población. El perfil, evidentemente, no es el
mismo si se concibe un sistema sanitario público basado en la promoción y
prevención de la salud en el cual el eje fundamental del sistema es la
atención primaria, que si se concibe otra fórmula, con contenidos
políticos evidentes, tanto una como otra, en la cual el perfil de la
medicina general es preferentemente asistencial, individualizado y,
obviamente, con posibilidades de adaptarse mejor a planteamientos de
mercado dentro del sistema sanitario. Nosotros compartimos la idea de que
España no debería retroceder en el nivel de formación identificado y
mucho menos caer en la formación de diversos colectivos que tienen que
atender a un sistema sanitario que en este momento tiene una cobertura
casi universal y que tiene unos contenidos determinados.

Yo he hecho esta intervención porque supongo que el nivel de conflicto
planteado alrededor de este problema entre colectivos ha hecho olvidar a
la señora Ministra que el interés prioritario y fundamental --sin negar
los intereses en curso, enfrentados y contradictorios-- son las
necesidades del sistema sanitario, que por encima de los colectivos e
intentando armonizar intereses debe regir el tipo de formación de
especialistas, de profesionales sanitarios, de trabajadores de la salud
en general que necesita un determinado sistema. Yo quiero utilizar este
criterio porque me parece que es el que se está olvidando y el que está
llevando a hacer de bomberos en situaciones concretas cuando hay un marco
general sin establecer.

Quiero urgir a la señora Ministra a remitir a esta Cámara, en el plazo
más breve posible, una ley de ordenación de las profesiones sanitarias,
que es el indispensable margo general en el cual encontrarán su lugar los
perfiles académicos y los contenidos de formación de cada uno de los
trabajadores de la salud y que permitirá que los intereses corporativos
--legítimos, por otra parte-- no desequilibren la balanza en función de
la necesaria coherencia entre la formación de los diferentes
profesionales, en función de las características del sistema sanitario.

En este sentido, quiero decir también que es deseable que esos grupos de
trabajo, a los que la señora Ministra ha aludido para dar salida a la
bolsa histórica, tengan en cuenta no solamente, insisto, los intereses de
los afectados y los de los colectivos a los que la señora Ministra ha
hecho referencia, colectivos de especialistas con intereses
contrapuestos, sino las necesidades del sistema sanitario. Nos
encontramos con una contradicción flagrante que está en la base de todo
el asunto, falta personal en la sanidad pública, faltan médicos en
atención primaria, faltan médicos especialistas en la atención
especializada, valga la redundancia, y hay una bolsa histórica esperando
obtener la cualificación necesaria para prestar la atención de la calidad
demandada en el Sistema Nacional de Salud. Evidentemente, esa
contradicción, que es la que está en la base de todo eso, como digo,
tiene razones presupuestarias de fondo, pero son razones presupuestarias
que, en la lógica de mi intervención, están contradiciendo frontalmente
las necesidades del sistema sanitario. De una vez habrá que definir
cuantitativa y cualitativamente cuáles son las necesidades del sistema
sanitario, del modelo sanitario al que nos enfrentamos, y que los
presupuestos se adecuen o por lo menos se vayan adecuando progresivamente
a las necesidades.

No podemos dejar de hacer mención al proceso en curso en los hospitales,
que tendría una solución bien clara, desde el punto de vista de la más
elemental lógica: hacer que los hospitales funcionen por la tarde con
incrementos de plantilla ahí donde hay más necesidades. Está la



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reforma de la atención primaria por completar más o menos en un 40 por
ciento. Lo que es evidente es que hay una demanda importante y hay
masificación incluso en el nuevo modelo de atención primaria. Faltan
trabajadores sanitarios, faltan médicos y faltan médicos especialistas.

Es importante que alguna vez por lo menos se planteen no soluciones con
varita mágica que, no existen, sino una programación en la cual se
identifiquen las necesidades y los recursos a poner en funcionamiento
para que, en un plazo razonable, desde el punto de vista económico y,
sobre todo subordinado a las necesidades de salud, esas necesidades del
sistema sanitario --evidentemente haciendo compatibles los intereses
enfrentados corporativos en la medida de lo posible-- puedan cubrirse.

En cualquier caso, quiero reiterar que esperamos que este real decreto
sirva en su desarrollo práctico, en su desarrollo reglamentario, para
abordar el problema urgente planteado. También quiero reiterar el acuerdo
de mi Grupo con la opinión del Ministerio y de otros grupos
parlamentarios de cara a que el nivel de calidad obtenido en la formación
de médicos especialistas, y en concreto de medicina familiar y
comunitaria, sea el nivel de partida general a través del cual se preste
la atención primaria en nuestro país.




La señora PRESIDENTA: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, quiero agradecer a la señora
Ministra su presencia en la Comisión y las explicaciones que nos ha dado
sobre el real decreto que viene a resolver el conflicto que había en la
aplicación de la Directiva de 1986 en nuestro país. En principio, yo creo
que se ha encontrado una solución a un conflicto existente, y eso ya para
nuestro Grupo es algo muy positivo. Además, pienso que se ha encontrado
en unos términos y con unas premisas que son las que la mayoría de los
grupos parlamentarios habíamos defendido en esta Cámara. Por tanto, no
tengo nada más que alegrarme en ese sentido. También me parece que desde
que la Directiva Comunitaria 457/86 se aprueba y luego se refunde, el
Ministerio de Sanidad ha ido tomando, como usted nos ha explicado, una
serie de medidas --a lo mejor no todas, a lo mejor no con toda la rapidez
que se necesitaba-- que no voy a repetir y que usted realmente nos ha
explicado al presentarnos el real decreto.

Por otro lado, yo creo que la solución no sólo se hace por la postura de
la mayoría de los grupos de la Cámara, sino que también, por lo que usted
nos explica, se hace en base a unas consultas en negociación con la
mayoría de los grupos afectados. Es verdad que los grupos afectados
muchas veces tienen intereses legítimos, de cada grupo, que son difíciles
de armonizar y yo coincido con la representante de Izquierda Unida en que
hay que intentar siempre escuchar todas las posiciones y armonizar los
intereses de los grupos, que son legítimos, pero teniendo en cuenta
siempre los intereses generales, los intereses del propio sistema, de
acuerdo con las necesidades de la población y el modelo de sistema
sanitario público que queremos para nuestro país y que tenemos puesto en
marcha. En ese sentido, que se resuelva no mediante una especialidad
nueva, distinta, una formación diferente de la que tenemos en este país
consolidada, como es el MIR, a mi Grupo le parece positivo. Aunque sea el
primer escalón, precisamente por ser el primer escalón de acceso de la
población al sistema sanitario público, no creemos que haya que devaluar
la calidad de la formación, sino todo lo contrario; la formación tiene
que ser de la máxima calidad posible en cualquier nivel de acceso al
sistema público de salud y, evidentemente, en atención primaria, nosotros
consideramos básico que el proceso de formación que tengan estos médicos
sea el que les otorgue una mayor calidad en su formación.

Y es evidente que el Real Decreto soluciona el tema de los licenciados
con posterioridad a 1995. Nosotros creemos que se soluciona en una línea
buena e interesante para nuestro sistema y para la calidad, sobre todo,
de nuestro sistema público de salud. Me parece de interés que en el real
decreto, aunque no se soluciona totalmente, como usted nos ha dicho, el
problema de la bolsa histórica que existe en el MIR, se avanza en dos
aspectos: en el de no poder acceder a otra especialidad sin renunciar a
la que ya se ha obtenido, y en el de no poder, en cinco años, volver a
hacer otra especialidad, porque nos parece justo que si hay un problema o
una escasez de plazas para la formación en el sistema MIR, se
redistribuyan de una forma justa. También nos resulta de interés que
exista desde noviembre de 1994 una mesa de trabajo de todos los
colectivos afectados para solucionar el tema de la bolsa histórica de los
MIR. Creemos, además, que con los datos que usted nos ha dado se podrá
resolver, unido a los aspectos en los que ya intuyo una línea de
resolución que creemos correcta en el real decreto aprobado la semana
pasada por el Consejo de Ministros, y le instamos y le animamos a que
siga buscando acuerdos como el que supone la publicación del real decreto
en el conflicto de los licenciados con posterioridad a 1995 en el tema de
la bolsa histórica de los MIR. Creemos que las cosas se solucionan
hablando y buscando un punto de acuerdo y de equilibrio entre intereses
particulares --legítimos, pero particulares-- de colectivos determinados
y los intereses generales que son de toda la población, del sistema en
cuanto que éste es público y universal. En ese sentido, le animamos a que
siga trabajando con los colectivos afectados en la mesa de negociación,
que funciona desde 1994, para intentar solucionar el tema de las
baremaciones para acceder a los puestos, la homologación de todos los
facultativos y todos los puntos básicos que nos ha indicado que están
sobre la mesa de trabajo con el fin de solucionar este problema.

El Grupo Socialista se alegra de la solución que se ha dado a este
conflicto y le anima a seguir resolviendo la parte que pueda quedar de la
bolsa histórica de los MIR en la misma línea, preservando siempre los
intereses generales del sistema y, al mismo tiempo, tratando de
armonizarlo con los intereses individuales, o colectivos pero
minoritarios, de los distintos grupos que se ven afectados por las
distintas problemáticas que siempre surgen a lo largo de cualquier
sistema que va transformándose y, por lo



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tanto, necesita ir dando soluciones distintas a problemas diferentes y a
momentos históricos determinados.




La señora PRESIDENTA: Para dar respuesta a las distintas intervenciones
de los diferentes grupos tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Intervengo con
concisión pero tratando de dar respuesta a las intervenciones de los
señores diputados y, si me lo permiten, voy a repasar cada una de ellas.

Al señor representante del Grupo Popular quiero decirle, en primer lugar,
que lamento que haya perdido la ocasión de hacer un reconocimiento que me
parece que tiene muchos elementos objetivos y que, una vez más, anteponga
su interés en propinar calificativos a los responsables políticos sobre
el análisis sereno de los hechos que son suficientemente conocidos, por
otra parte, e importantes como para que yo hubiera percibido que tenía un
planteamiento más serio, pero no. Por tanto, a la ironía que expresa no
tengo nada que contestar, porque no me parece que deba decirle nada.

Lamento, una vez más, la constatación de su actitud.

El Diputado del Grupo Popular dice que este es un problema de terquedad,
que no nos hemos movido, etcétera. Señor Fernández-Miranda, usted
confunde la terquedad con las convicciones. Yo lo que tengo es una gran
convicción en las cosas que defiendo, sobre todo, cuando lo que estamos
defendiendo y está en juego son asuntos serios del sistema sanitario que
afectan, naturalmente, a la salud de las personas, que es lo obvio y lo
fundamental, pero cualquier decisión que se adopte aquí es trascendente,
de manera que aseguro a S. S., que no es problema de terquedad, sino de
convicción. Desde luego, en un asunto en el que debe soprepasar el
centenar el número de reuniones que se han celebrado a los largo de los
meses en que este problema ha estado encima de la mesa y ha sido tan
conocido por todos los medios de actualidad y por la opinión pública,
negar la evidencia, señor Diputado, S. S. sabrá a qué intereses responde
pero me parece que es eso, negar la evidencia. Ha habido un proceso de
diálogo prolongado en el tiempo, exhaustivo y profundo, y lo reconocen
todos los interlocutores que han sido llamados a mesas en las que el
consenso no ha sido fácil porque los intereses son distintos, porque el
punto de vista es distinto, pero le aseguro que hablar de que no ha
habido diálogo en este proceso es negar la evidencia.

El que no nos hemos movido un milímetro tampoco es cierto. En los
comienzos del conflicto, si S. S. tiene memoria, y debería tenerla dada
su edad, se barajó la solución de los dos años. Yo he hecho una breve
referencia a que había dos posibilidades para resolver este conflicto: El
perfil mínimo de la directiva con los dos años y el perfil máximo
ambicioso que era la solución MIR, y si S. S. tuviera mejor memoria
recordaría que durante un momento se puso encima de la mesa la solución
de los dos años como transitoria. He dicho en mi comparecencia que se
optó por la MIR que era la que desde un principio preferíamos desde el
Ministerio porque además de eso era la que más consenso obtuvo. De manera
que ha habido soluciones distintas para dar respuesta a los
planteamientos que se hacían. Ha habido convicción en la defensa de los
principios fundamentales, eso sin duda. Es difícil que S. S. comparta ni
la solución ni todas las medidas complementarias de la misma.

A S. S. le parece sorprendente que el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud se dirija al Consejo de Universidad pidiéndole
la reducción del número de alumnos de medicina. En esto como en el resto
de los elementos del problema se queda en la superficie, en el titular,
en dar la razón a todo el mundo. Señor Diputado, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó por unanimidad de
todos sus miembros el instar al Consejo de Universidades porque el
problema que subyace aquí es muy serio y en el tiempo que ha transcurrido
y a lo largo del conflicto que hemos tenido S. S. habría tenido
oportunidad de profundizar en él. «6 = 0», que es un eslogan brillante de
los estudiantes y que S. S. repite siempre que puede, lo es pero no es
del todo cierto, porque si no se adoptan medidas de reducción en el
ingreso a las facultades de medicina lo que se va a producir es que van a
ser 9 u 11 = 0, lo cual es mucho más serio, porque si malo es hacer seis
años de una carrera y no tener horizonte es infinitamente peor haber
hecho después una especialidad difícil, costosa, que exige dedicación,
vocación, que genera expectativas y acabar y no tener una plaza posible
donde trabajar. Los 56.000 aspirantes a ser especialistas en este país,
que suman los estudiantes de medicina más los que están haciendo el MIR
más los que están en la bolsa, exigen un planteamiento serio de esta
cuestión, y así lo han entendido todos los responsables sanitarios del
país, menos usted, que le sorprende que nos dirijamos al Consejo de
Universidades. Pues a mí me parece una medida imprescindible, y lamento
que la haya atendido en tan pequeño porcentaje porque era muy necesaria
que la reducción del ingreso en las facultades de medicina fuera muy
superior. No por una razón de capricho, sino porque ahí están los números
y las expectativas de formación y de colocación de esos profesionales y
cuanto antes se atajen esas expectativas que luego no van a encontrar
satisfacción profesional, me parece que es mejor; a mí y, en este caso, a
todos los miembros del Consejo Interterritorial.

El que se haya reducido en un 2 por ciento el número de ingresos en las
facultades de medicina, según el acuerdo del Consejo de Universidades, no
invalida el Decreto, señor Diputado. ¿Cómo lo va a invalidar? El Decreto
es fruto de un equilibrio difícil y muy meditado que lleva muchas horas
de trabajo y de diálogo con todas las partes. Efectivamente, no da toda
la razón a los estudiantes, por tanto, no puede satisfacer sus
pretensiones, que es tener una plaza MIR garantizada en la especialidad
que se quiera y al día siguiente, porque no es posible, y le voy a decir
por qué. Este año, en los últimos meses, se han planteado dos conflictos
importantes que han dado lugar a que S. S. opine sobre ellos. En los dos,
desde el principio, ha dicho lo que teníamos que hacer, que era: dar todo
a todo el mundo, a los estudiantes gratis, becas hasta el año 2000 y,
ahora, en el otro conflicto que S. S., cómo no, ha tenido que citar
aunque no viniera a cuento, las 100.000 pesetas de subida.




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Sólo con esas dos decisiones, señoría, ya habríamos gastado una cifra de
alrededor de 40.000 millones de pesetas que no están en el presupuesto;
sólo con esas dos decisiones que S. S. me insta a que adopte para evitar
conflictos, habríamos gastado alrededor de 40.000 millones que no están
en el presupuesto; es decir, que a los gastos, a las dificultades, a la
gestión sanitaria que trata de atender las necesidades de la salud de la
población se tendrían que añadir las dos decisiones que S. S. lleva
insistiendo que tenía que haber adoptado. De manera que no simplifiquemos
problemas que son muy serios.

Ya sé --celebro que S. S. lo diga-- que cuando tengan ocasión de decidir
sobre problemas de interés general en este país esto también lo van a
modificar. Yo lo sé, pero celebro que lo diga usted cada vez que tengamos
oportunidad porque conviene que sepamos cada uno por qué estamos y qué es
lo que vamos a hacer. Le voy a decir que naturalmente estoy en profundo
desacuerdo. La directiva del año 1986 de la Unión Europea dijo, como
efectivamente ha puesto de manifiesto la representante de Izquierda
Unida, que el tipo de formación es esencialmente práctica, no dice sólo
práctica. Lo que significa la directiva es que no se debe ejercer la
medicina general sin una formación añadida a la de la facultad. Es verdad
que el espíritu de la directiva es ése, como ha dicho la señora Maestro,
y es verdad que en el año 1986 España tenía ya un sistema que estaba por
encima del previsto en la directiva. Es verdad que en España se adoptó
una decisión ambiciosa como país y que además a S. S., que pertenece a la
profesión sanitaria, debería enorgullecerle. La prueba de que se hizo
bien y de que España estaba en eso a la cabeza --y me asombra que le
cueste reconocerlo-- es que ahora la Comunidad camina en la dirección de
aumentar los dos años. Su señoría lo sabe. En las últimas sesiones
técnicas están planteando subir el período, pasar de dos años a tres en
la formación de medicina general. De manera que, más allá de la habilidad
de jugar con las palabras, de especializar generalistas y de esas bromas
que S. S. hace siempre con este asunto, resulta que los hechos demuestran
que España tenía razón en el año 1986, que teníamos una formación mejor
que la media, que la directiva comunitaria lo reconoce en 1986, cuando en
España ya se estaba haciendo desde el año 1978, que camina en la
dirección de homologarse a lo que ya teníamos aquí y que van a aumentar
los dos años de la formación. De manera que el que su grupo diga que lo
que va a hacer es retroceder, en esto como en otras cosas es retroceder
mucho, señoría. Es que resulta que desde el año 1986 España ya estaba en
tres años y la Unión Europea dice que hay que aumentar ese período. Que
cuando la Unión Europea lo reconoce para todos los países comunitarios,
ustedes digan que hay que retroceder, cuando en España llevamos 20 años
haciendo la formación de médicos generales, es asombroso.

En todo caso, está claro, es explícito y no es la primera vez que S. S.

lo dice, no defiende el sistema MIR, no le parece adecuado y no está de
acuerdo con que los médicos generales se formen en el sistema MIR. Me
parece que es muy importante que todos sepamos por qué estamos, y le
agradezco esa aclaración. Yo estoy radicalmente en contra. Creo, por el
contrario, como ha dicho la señora Maestro, que la formación de medicina
general en este país es un logro trascendental que constituye la puerta
de entrada al sistema, que la atención primaria constituye el eje del
sistema sanitario, que la formación de los médicos de atención primaria
es un motivo de orgullo para este país, que el nivel de los médicos de
atención primaria de nuestro país es excelente y que todo eso se debe a
un sistema MIR que lleva muchos años funcionando bien. Por tanto, estoy
radicalmente en contra de la apreciación de que eso hay que modificarlo y
que hay que devaluarlo.

En cuanto al señor Gatzagaetxebarría, no puedo sino compartir las
consideraciones de carácter general que ha hecho y, sobre todo, agradecer
la justeza de sus apreciaciones. Porque es muy fácil «a posteriori» hacer
estos juicios de valor, pero conociendo la situación de lo que ha pasado
no era tan fácil. Y no lo era porque no es verdad que esto no hubiera
podido salir perfectamente bien. Las medidas adoptadas desde la directiva
del año 1986 (reducción del número de alumnos, aumento de las plazas MIR,
salida para los licenciados que han obtenido un título al amparo del
Decreto de 1989, reconocimiento de derechos adquiridos en los anteriores)
hasta el año 1995 podían haber concluido en que el equilibrio hubiera
sido total. Como este año por primera vez tenemos más plazas MIR que los
licenciados que salen, hubiera bastado con que hubiera habido menos
estudiantes para que el equilibrio se hubiera producido. No habría habido
ningún conflicto, no habría habido ninguna tensión en los estudiantes, no
habría habido ninguna preocupación en las personas que desean acceder a
este sistema de especialización. Por tanto, todos los pasos que se han
dado eran razonables y coherentes con aquella decisión de 1986.

¿Qué ha ocurrido? Que la bolsa histórica no se ha ido vaciando a la
velocidad que debía haberlo hecho y que el número de estudiantes de
medicina ha crecido cuando lo que tenía que haber hecho era haberse
reducido más. Por tanto, el ajuste no ha sido suficiente y llegamos al
año 1995 con este desajuste. El sistema es coherente, las decisiones que
se adoptaron fueron las acertadas, fueron ambiciosas y debemos
mantenerlas. Aspirar a más me parece una opción de este país que ha dado
muchos frutos; en esto es evidente la formación de nuestros médicos, que
ahora va a ser imitada en el resto de la Unión en cuanto a período de
formación. Pero es verdad que se ha producido el desajuste. Cuando llega
la hora de la verdad, se produce el desajuste y los estudiantes se
alarman porque se ven obligados a competir en el acceso a las plazas con
un número muy importante, se produce el conflicto que se ha producido y
que, como ha sido público, notorio y ostensible, salvo para algunos que
no quieren entender, soy la primera interesada en haberlo podido evitar,
entre otras cosas porque seguramente lo he sufrido muy directamente. En
todo caso, ratifico lo que dije antes. ¡Ojalá hubiéramos podido evitar el
conflicto! ¡Ojalá hubiéramos podido evitar la inquietud de los
estudiantes! Pero estoy, les aseguro a SS. SS., satisfecha de que en este
período en el que se ha abordado en profundidad y con todas las partes
afectadas el debate se haya encontrado una solución que me parece
equilibrada,



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que SS. SS. así lo han reconocido y que yo agradezco; de todas formas, no
satisface todas las expectativas de todos los colectivos, porque
sencillamente es imposible --no existe una solución mágica--, por el
contrario, exige el esfuerzo o el pequeño sacrificio de todos. Hay unas
limitaciones para que el que tiene una especialidad se espere un poquito,
el que está desempeñando una se espere a la otra. Es decir, se exige a
todas la partes un esfuerzo para que el tiempo que este conflicto va a
mantenerse, es decir, mientras no se consiga el equilibrio entre
aspirantes y plazas (un período que nosotros hemos cifrado en cuatro o
cinco años con arreglo a la serie), en ese período se exige un
sacrificio, una aportación de todos para que el sistema funcione. Pero
transcurrido ese plazo y cuando el número se haya adaptado, el sistema
MIR estará funcionando absolutamente consolidado.

Se interesa S. S. por los criterios de distribución de reparto entre las
comunidades autónomas. Las plazas que se convocan en números redondos son
5.000, como S. S. conoce. Hay un importante aumento de plazas de medicina
de familia. Los criterios en los que hasta ahora hemos estado de acuerdo,
pendientes de perfilar porque no hemos concluido el proceso, son,
primero, de capacidad docente y, segundo, de capacidad de financiación.

Por tanto, vamos a distribuirnos el aumento de plazas con arreglo a esos
criterios. También tengo que decir que, en esto como en otros problemas,
he sentido la disposición inmejorable de los consejeros, la
predisposición a resolver corresponsablemente el problema. Tengo la
confianza de que entre todos nos asignaremos las plazas, fundamentalmente
con arreglo a esos criterios: capacidad docente y capacidad de
financiación. He recibido la máxima cooperación por parte de los
consejeros que tienen capacidad de distribuir estas plazas.

Comparto con el señor Cardona que tenía que haberse hecho antes. ¡Ojalá
hubiéramos sido más ágiles en la solución! Pero, como digo, no me parece
justa tampoco la apreciación de que en estos años no se ha hecho nada. En
estos años se adoptaron medidas. Hubiera bastado el equilibrio en número
de personas para que hubiera funcionado perfectamente. No había ni
omisiones, ni decisiones no acertadas; lo que ha habido es que no hemos
llegado a ajustar bien el número de personas afectadas. Ese desequilibrio
ha producido el problema, pero las decisiones creo que eran las
correctas. Apostar por el sistema MIR entonces ya fue una decisión
verdaderamente acertada y ambiciosa. Debemos estar orgullosos, por más
que haya producido este desajuste que, finalmente, espero que esta
solución arbitre definitivamente.

¿Es la mejor solución, señor Cardona? Yo creo que es razonablemente buena
porque equilibra las posiciones de todas y, sobre todo, mantiene lo
importante. ¿Cuál era el primer objetivo? Mantener el MIR como única vía
de acceso a la formación. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque el MIR
parece que es el responsable del altísimo nivel de preparación de
nuestros médicos. Yo creo que los objetivos fundamentales existen, y en
lo coyuntural, las medidas transitorias de limitaciones para la segunda
especialidad, etcétera, se superarán y no son tampoco determinantes de
ningún retroceso, sino que son la aportación que cada grupo puede hacer
para que este desajuste numérico seamos capaces de resolverlo.

He hecho referencia ya a las manifestaciones de la señora Maestro sobre
el espíritu de la directiva. Qué duda cabe que he tratado también de
enfocar la comparecencia, al ser muy exhaustiva en el contenido de la
información, con arreglo al título y a lo que interesaba a quien la ha
solicitado, que eran las conversaciones, los acuerdos, las negociaciones
y, por tanto, he dado por obvias afirmaciones muy importantes.

Naturalmente que el espíritu de la directiva es mejorar el nivel de
formación; naturalmente que ahora, casi diez años después, ya están
diciendo que hay que aumentarse ese período de dos años, que era de
mínimos, obviamente, como todas las directivas. Por tanto, creo que para
los responsables de haber creado en España este sistema de formación sin
duda es una satisfacción enorme. Y qué duda cabe que el interés
fundamental son las necesidades del sistema, naturalmente; de ahí viene
toda la defensa del MIR o de la medicina de familia, de las necesidades
del sistema. Lo que ocurre es que cuando se plantea como equilibrio,
cuando estamos hablando de titulación, el conflicto se crea entre las
personas con derechos adquiridos, las que aspiran, etcétera, y en el
fondo la directiva también contiene un reconocimiento de derechos
subjetivos que es el que ha generado la distorsión.

Creo que equilibrar la balanza significa precisamente equilibrar
situaciones del pasado con las del presente y con el horizonte donde
queremos ir. Aquí hay un problema de concurrencia en el tiempo de
situaciones muy distintas que no se han podido resolver antes. Qué duda
cabe que hay médicos que no han accedido a la especialidad por razones
muy distintas. De manera que se trata no de atender --al menos, nada más
lejos de mi intención-- intereses personales, aunque se manifiesten
colectivamente, sino de atender a los intereses del sistema, qué es mejor
para el funcionamiento del sistema y cuál es el horizonte y el futuro que
queremos, y cómo la aplicación de esta directiva debe reforzar esa mejor
formación y no retroceder, porque estaría bueno que la aplicación de la
directiva en España, que supone un paso cualitativo muy importante en
Europa, en España hubiera supuesto un retroceso.

Naturalmente, todo está en función de las necesidades del sistema, señora
Maestro, y están en función de la disponibilidad presupuestaria. Como le
decía al señor Diputado del Grupo Popular, sólo con esta decisión de los
estudiantes y con la de la subida retributiva de los médicos nos
hubiéramos gastado ya alrededor de 40.000 millones de pesetas que no
están presupuestados. Como lo mejor es enemigo de lo bueno, creo que las
cuentas del sistema tienen que salir, porque si no salen en proporciones
tan grandes nos jugamos mucho. Por tanto, hubiera sido muy fácil
multiplicar (en una decisión, que por otra parte es bastante demagógica
para quien conoce lo que es esto) por cuatro el número de plazas MIR.

Seguramente la capacidad docente del sistema no hubiera podido absorber
esa multiplicación; pero, además, suponía un coste que no se puede
abordar con esa facilidad, como no se puede abordar con esa facilidad
cualquier petición que signifique incorporar al sistema unas cuantías que
no están en el horizonte.




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De manera que son las necesidades del sistema y es la dotación
presupuestaria, sin duda, el sustrato; pero me parece que la afirmación
de que faltan médicos, así, con carácter general, señora Maestro, no es
exacta. Faltan médicos en períodos concretos y en centros concretos, pero
en general el número de médicos en el sistema debería ser capaz de
atender las necesidades con las excepciones que S. S. quiera, pero no
como afirmación general. Desde luego, lo que falta de atención primaria,
señora Maestro, le ofrezco que repasemos juntas los centros de salud,
porque cada vez que me dice un 40 por ciento me llevo un disgusto. No
falta un 40 por ciento de la cobertura de atención primaria, sino mucho
menos, y yo espero que antes de acabar la legislatura le haya podido
convencer de eso.

A la Diputada representante del Grupo Socialista le quiero agradecer el
resumen que ha hecho del trabajo. Oyéndola he rememorado el número de
reuniones, de esfuerzos, de explicaciones, que no ha sido poco; por
tanto, siento una enorme gratitud cuando veo que se recoge y que se
valora.

No he hecho referencia a los grupos parlamentarios y al debate producido
en la Cámara porque el señor Diputado del Grupo Popular se interesaba por
los acuerdos y, naturalmente, lo he dado por obvio. Qué duda cabe que en
esta Cámara cada uno tuvimos ocasión de expresar nuestra posición y que
esta solución respeta todos y cada uno de los principios que allí se
contenían, como no podía ser de otra manera.

Para terminar, agradezco las intervenciones, los reconocimientos que se
han hecho de que ésta ha sido una solución laboriosa, pero que trata de
ser equilibrada. El propio dictamen del Consejo de Estado sobre el
Decreto recalca la enorme complejidad y el esfuerzo que se ha hecho de
consulta pública --se recoge en el propio dictamen--, el número de
entidades profesionales, científicas, asociativas, sindicales, que han
intervenido en la consulta del Decreto (repito, esto está recogido, está
puesto de manifiesto por el propio dictamen del Consejo de Estado), y de
esa labor de diálogo y de aportación de soluciones estoy muy satisfecha y
espero que su aplicación y su puesta en práctica consiga los fines que
perseguimos, que no son sino los de consolidar una formación de médicos
en España de la que todos deberíamos sentirnos orgullosos.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.

Agradecemos su presencia en esta Comisión de Sanidad y Consumo, al mismo
tiempo que la despedimos para pasar a la comparecencia siguiente.

Creo que SS. SS. agradecerían un descanso de cinco minutos para tomar el
café que está en la puerta. (Pausa.)



--DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (RICOY CAMPO), PARA
INFORMAR ACERCA DE LA POLITICA CIENTIFICA EN MATERIA DE SALUD Y, EN
ESPECIAL, SOBRE LA AGENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/001491.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión.

Les ruego ocupen sus asientos y cierren la puerta, por favor.

La segunda comparecencia del orden del día es la del señor Ricoy Campo,
Director del Instituto de Salud Carlos III, comparecencia solicitada para
informar acerca de la política científica en materia de salud y, en
especial, sobre la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Esta
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista,
cuyo representante no desea intervenir para fijar los términos de la
misma tal como vienen ya escritos.

Tiene la palabra el señor Ricoy, Director del Instituto de Salud Carlos
III.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (Ricoy Campo): Señora
Presidenta, señorías, es una satisfacción comparecer ante la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para darles cuenta de la
situación de la investigación y el desarrollo en salud y presentarles la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Ruego a SS. SS. me permitan ordenar mi intervención, abordando, en primer
lugar, una reflexión general sobre la importancia social de la ciencia;
en segundo lugar, sobre la situación del sistema de investigación y
desarrollo español en relación con el de los países de nuestro entorno;
en tercer lugar, sobre la situación concreta del sistema de I+D español
en salud; y por último, sobre la política que el Ministerio de Sanidad y
Consumo lleva al respecto.

La ciencia es una empresa que produce conocimiento, y es la fuente de
nuevos desarrollos y aplicaciones. El cultivo de la ciencia es
fundamental para garantizar el progreso de los pueblos, hasta el punto
que los países sin ciencia se excluyen de las naciones capaces de elegir
su futuro. El objetivo de todo sistema de ciencia es generar
conocimiento, y el método para alcanzar este objetivo no es otro que la
investigación, de ahí que el fomento de la investigación sea uno de los
pilares fundamentales sobre los que se asienta la política científica.

La ciencia, al perseguir la adquisición de conocimientos, supone ya de
por sí un beneficio social, dado que favorece el progreso de la sociedad,
tanto a través de bienes tangibles, como son el número de patentes, la
balanza de pagos tecnológicos y el diseño y aplicación de tecnologías más
útiles y satisfactorias, como a través de bienes intangibles, como es el
fomento de la comunicación, de la solidaridad y de la equidad.

La ciencia en salud, desde esta perspectiva, es doblemente importante, ya
que el conocimiento que genera repercute directamente sobre el bienestar
de los ciudadanos a través de las políticas de salud de la nación. Toda
la investigación, por tanto, y especialmente la investigación en salud,
está legitimada desde los fundamentos sociales más básicos.

El sistema científico español ha ido progresando en su coordinación y en
su consolidación a lo largo de los últimos años. El crecimiento del gasto
en I+D ha sido en estos



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últimos años superior al crecimiento económico. En el año 1985, los
gastos en I+D en España suponían el 0,55 por ciento del producto interior
bruto, alcanzando en 1994 el 0,85 por ciento. El número de investigadores
ha ido también creciendo a lo largo de los últimos años. En 1984, sólo
2,9 de cada mil personas activas estaban empleadas en investigación,
mientras que en 1994, diez años después, lo estaban 4,9. De éstas, 2,7
son investigadores y 2,2 personal de apoyo a la investigación.

Con respecto al rendimiento de la investigación, la producción científica
de España, comparada con la de los países de nuestro entorno, ha tenido
también una evolución favorable en los últimos años. En 1984,
alcanzábamos únicamente a generar el 1 por ciento de la producción
científica mundial, mientras que en 1992 ya representábamos el 2 por
ciento de la producción científica mundial.

La importancia de la investigación en salud es nítidamente percibida por
la sociedad. En un estudio realizado en 1990 por la Comisión de las
Comunidades Europeas, sobre las actitudes de los europeos hacia la
ciencia y la tecnología, el 75 por ciento de los españoles y el 87 por
ciento de los europeos concedieron la máxima prioridad a la investigación
en salud. Para valorar los indicadores del sistema de I+D en salud
español es necesario referirse a los programas que, desde el sector
público, posibilitan el desarrollo de proyectos de investigación. En este
sentido, los gastos que España destina al sistema de I+D en salud, desde
el sector público de la Administración central, se enmarcan dentro de los
programas de fomento de I+D de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología, del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

La CICYT financia investigación en salud a través de varios programas
nacionales, de los que los más relevantes son el Programa Nacional de
Salud y Farmacia y el de Biotecnología. El Ministerio de Educación y
Ciencia gestiona el Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento, que cuenta con un área de ciencias médicas y fisiológicas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo dispone de su propio Programa de
Promoción de la I+D en Salud, que se gestiona a través del Fondo de
Investigación Sanitaria.

Haciendo una estimación global, se puede afirmar que la financiación de
I+D en salud, desde el sector público de la Administración central,
ascendió en 1994 a un mínimo de 9.249 millones de pesetas. En el momento
actual está en fase de aprobación la tercera edición del Plan Nacional de
I+D, que abarcará el cuatrienio 1996-1999. En esta edición se contempla
un Programa Nacional de Salud en el que van a participar de una forma
coordinada tanto el Plan Nacional como el Ministerio de Educación y
Ciencia y el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Con respecto a los resultados de la investigación en salud, la producción
científica española en salud ha ido evolucionando muy favorablemente en
los últimos años. Las licencias clínicas y las ciencias de la vida
representan alrededor del 55 por ciento de la producción científica
nacional y la cuota de ambas áreas en el 10 por ciento de las revistas de
mayor impacto representó en 1991 el 50 por ciento. Los hospitales del
Sistema Nacional de Salud han mejorado considerablemente en sus tasas de
producción en los últimos años. Si en el año 1986 el 29,5 por ciento de
la producción científica en salud procedía de los hospitales, en el año
1989 este porcentaje ya ascendía al 41,3 por ciento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo cuenta con varias instituciones
directamente implicadas en la investigación en salud. Por una parte, la
potencialidad investigadora en salud abarca a todas las instituciones del
Sistema Nacional de Salud, tanto hospitales como centros de atención
primaria y red de salud pública. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad
cuenta con el Instituto de Salud Carlos III para dar soporte
científico-técnico al Sistema Nacional de Salud y para estimular todos
los procesos de I+D.

Tras el Real Decreto 1.415/1994, el Instituto aúna en su seno las
siguientes instituciones reconocidas. Por una parte, los centros
nacionales de farmacobiología, alimentación, sanidad ambiental,
microbiología, virología e inmunología sanitarias y biología celular y
retrovirus, todos ellos ubicados en el campus de Majadahonda. Y, por otra
parte, los centros nacionales de epidemiología y de investigación clínica
y medicina preventiva, ubicados en el campus de Chamartín. Este último,
el Centro de Investigación Clínica y Medicina Preventiva, es una
institución asistencial que desde el 16 de mayo de 1995 es gestionada por
el Insalud.

Por otra parte, el Instituto cuenta con un centro coordinador de la Red
de Unidades de Investigación, con la Escuela Nacional de Sanidad, que
incluye la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, con el Fondo de
Investigación Sanitaria y con la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.

Los principios generales que guían la actuación del Instituto son cuatro:
en primer lugar, el sentido social, poniéndose al servicio de la
sociedad, de forma que sus objetivos y las acciones que los desarrollan
han de tratar de dar respuesta a las necesidades sociales; en segundo
lugar, la unidad interna, en el sentido de que las actuaciones de los
diferentes centros que lo integran han de ser consistentes entre sí y con
la política general del Instituto; en tercer lugar, la apertura, buscando
en todas las acciones la comunicación, la colaboración y la conexión con
otros centros e instituciones, tanto de salud como de ciencia y
tecnología; y, en cuarto lugar, la integración política, desarrollándose,
por tanto, según las necesidades y prioridades del sistema sanitario, tal
como éstas son percibidas por las autoridades.

Las funciones que tiene encomendadas el Instituto de Salud Carlos III
derivan de numerosos textos legales y se podrían agrupar en las
siguientes. En primer lugar, fomento de la I+D sanitaria a través de la
financiación de ayudas a la investigación y formación. En segundo lugar,
ordenación y coordinación de la I+D sanitaria, a través del desarrollo de
las unidades de investigación y su coordinación en una red, la Reuni, a
través de la promoción de la investigación en práctica clínica y
servicios de salud y a través de la coordinación de la red de vigilancia
epidemiológica. En cuarto lugar, la evaluación de las tecnologías
sanitarias, a la que más tarde me referiré. En quinto lugar, la



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formación y perfeccionamiento del personal, especialmente en salud
pública y administración sanitaria. Y, en sexto lugar, la referencia y
control, tanto en diagnóstico como en control de calidad, reactivos,
patrones, documentación e información científico-técnica, especialmente
en las áreas de enfermedades infecciosas e inmunológicas, medicamentos y
productos sanitarios, alimentos, metabolismo y nutrición, sanidad
ambiental y productos químicos potencialmente peligrosos y biología
humana.

Algunas unidades del Instituto participan en la elaboración y desarrollo
de la política de I+D en salud. Otras, ejecutan programas al servicio de
ésta. Les ruego, señorías, que me permitan, que obviando las segundas,
las que ejecutan programas al servicio de la política de I+D en salud,
haga una breve reflexión sobre las primeras para después centrarme en la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, objetivo especial de
esta comparecencia. De acuerdo con este esquema, abordaré una reflexión
sobre el Fondo de Investigación Sanitaria, el Centro Coordinador de la
Red de Unidades de Investigación y, por último, la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias.

El Fondo de Investigación Sanitaria, conocido como FIS, tuvo su origen en
la Comisión Administradora del Descuento Complementario, creada en 1968
tras una negociación entre el extinto Instituto Nacional de Previsión y
la industria farmacéutica. En el año 1980 se creó el Fondo de
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social como una unidad
dependiente del Instituto Nacional de la Salud o Insalud. El presupuesto
total del que dispuso el FIS ha crecido desde los 850 millones de 1981 a
los 4.474 de 1994.

En el momento actual las acciones del FIS se engloban en tres programas.

El programa de promoción de la investigación, con acciones destinadas a
financiar proyectos de investigación y a facilitar el montaje de
infraestructura científica de uso común en las áreas de salud, como base
y fundamento de las unidades de investigación, el programa de formación y
perfeccionamiento de personal, a través de becas de ampliación de
estudios y el programa de cooperación a través de becas de intercambio
con países de la Unión Europea y de Iberoamérica y de becas para personal
sanitario de Iberoamérica en España. Dado que las ayudas de
infraestructura están en relación con la red de unidades de
investigación, trataré de ellas más adelante al hablar de éstas. Ahora me
permito referirme a las demás ayudas.

Con respecto a los proyectos de investigación, en 1982 el FIS financiaba
218 proyectos de investigación de un año de duración. En 1995 se están
financiando 515 proyectos de investigación iniciados este año y se
continúan financiando 712 iniciados en 1993 y 1994. En consecuencia, en
1995, el FIS financia 1.227 proyectos de investigación, de los que el 42
por ciento corresponden al primer año, el 41 por ciento, al segundo, y el
17 por ciento, al tercero. Los proyectos se desarrollan tanto en centros
del Sistema Nacional de Salud como en universidades y organismos públicos
de investigación y se ejecutan en todas las comunidades autónomas.

En la investigación que financia el FIS tienen cabida todos los
profesionales sanitarios, especialmente, el personal más directamente
relacionado con los cuidados, como es el personal médico y de enfermería,
pero también el personal relacionado con la organización de los servicios
como es el de gestión, así como otros profesionales que hoy tocan sólo
tangencialmente los problemas sanitarios, pero que son imprescindibles en
la investigación prospectiva de las futuras demandas sociales, como son
arquitectos, ingenieros, sociólogos, psicólogos, etcétera.

La investigación que se desarrolla financiada por el FIS aborda,
fundamentalmente, los aspectos biológicos de la salud/enfermedad, que
llegan a representar hasta el 70 por ciento de los proyectos; un 15 por
ciento de los proyectos se realiza sobre servicios sanitarios, un 10 por
ciento sobre medio ambiente y un cinco por ciento sobre estilos de vida.

Una estimación global sobre los proyectos financiados durante los tres
últimos años arroja la siguiente distribución por temas biológicos de
estudio: sobre cáncer el 15 por ciento; sobre sida y enfermedades
infecciosas, el 14 por ciento; sobre patología cardiovascular, el 13 por
ciento; sobre reproducción y crecimiento, el 10 por ciento; sobre
envejecimiento, el 6 por ciento; sobre fracaso orgánico y de sistemas, el
9 por ciento; sobre drogas y agentes terapéuticos, el 3 por ciento.

En cuanto a la formación, a través del FIS se ha impulsado la formación
continuada, orientada tanto a profundizar en la formación inherente a la
actividad profesional como a adquirir conocimientos colaterales a ésta
pero fundamentales para el progreso del sistema. El número de meses que
se ofertaba al personal del sistema para becas de ampliación de estudios
en 1982, era de 382. Las becas concedidas en los tres últimos años han
alcanzado más de 2.000 mensualidades cada año, lo que equivale a tener
durante un año completo a más de 166 profesionales becados. El destino de
los becarios es muy variado y cubre un amplio abanico de países pudiendo
afirmarse que el 35 por ciento de las becas se desarrollan en España, el
27 por ciento en el resto de países que conforman la Unión Europea y el
40 por ciento en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá. Los
temas objeto de la beca son todo lo variados que la salud exige;
actualmente, estamos haciendo énfasis en desarrollar las áreas, que
siendo importantes poseen un escaso desarrollo y, entre ellas, la
evaluación de medicamentos, la práctica de salud pública y epidemiología
aplicada de campo, la evaluación de tecnología sanitaria, la práctica
clínica y los servicios de salud, la educación para la salud, las
tecnologías para la gestión y administración sanitaria, la sanidad
ambiental, la toxicología y las tecnologías alimentarias y el desarrollo
de métodos diagnósticos y terapéuticos.

En cuanto a cooperación internacional en I+D en salud, España está
participando en los programas que componen el programa marco de I+D de la
Unión Europea y concretamente en el de salud, denominado Biomed. Para
fomentar esta participación, el Fondo de Investigación Sanitaria, desde
el año 1988, viene ofertando becas de intercambio para facilitar que
equipos españoles puedan estar en contacto directo durante cortos
períodos de tiempo con equipos de países miembros de la Unión, con el
objetivo de poder desarrollar programas de investigación conjuntos. La



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proyección hacia Iberoamérica en el ámbito de la investigación en salud
se centra desde el FIS en facilitar becas de formación en España para
personal investigador de Iberoamérica e igualmente, en facilitar la
presencia de profesionales españoles en cursos y reuniones desarrollados
en los países de Iberoamérica.

Con respecto al centro coordinador de la red de unidades de
investigación, denominado Reuni, se inició a finales de 1987 en el FIS
con el proyecto de creación de unidades de investigación del Sistema
Nacional de Salud español, por tanto, de la red de unidades de
investigación como una estrategia de organización de los recursos de
investigación del sistema. Sus objetivos estratégicos son: potenciar la
investigación biomédica de calidad y relevante para el sistema, implantar
la investigación en práctica clínica y servicios de salud, así como
promover la coordinación de los recursos humanos y materiales hábiles
para la investigación y facilitar la difusión y aplicación de los
resultados de la investigación.

El proyecto Reuni se apoya en el desarrollo de dos programas paralelos.

El primero, el programa de metodología de la investigación en clínica,
que a lo largo de 4 ediciones iniciadas en 1987, ha formado a más de 120
clínicos en epidemiología clínica. El segundo, el programa de ayudas para
la infraestructura de la investigación, que ha invertido hasta 1994 4.275
millones de pesetas. En el momento actual existen 97 unidades
reconocidas, distribuidas por todo el territorio español, todas ellas con
potencial de investigación en práctica clínica y servicios de salud. 49
de estas unidades tienen, además, potencial para investigación en
biomedicina y a éstas las denominamos unidades clínico-experimentales. De
estas unidades clínico-experimentales, 9 desarrollan proyectos y líneas
de investigación en asociación con otros organismos de investigación,
ajenos al Sistema Nacional de Salud como es el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y departamentos universitarios; a este tipo
de unidades las denominamos unidades mixtas.

De acuerdo con los datos disponibles, hay unas 5.000 personas
involucradas en Reuni, 2.000 como personal con dedicación preferente a la
investigación, 2.053 como personal asistencial involucrado en proyectos y
950 como personal de apoyo y becarios. De los 2.000 investigadores
dedicados preferentemente a las unidades de investigación, 558 están
adscritos al área de epidemiología clínica y corresponden 336 a
epidemiólogos, 92 a estadísticos y 130 a informáticos. En 1993, en el
conjunto de la red había 1.500 proyectos de investigación activos,
financiados por diferentes organizaciones gestoras de ayudas a la
investigación, de los que un 30 por ciento se enfocaban sobre práctica
clínica y servicios de salud, un 57 por ciento sobre investigación
biomédica y un 7 por ciento sobre salud pública. En cuanto a la
producción científica, en 1993 se publicaron en el conjunto de Reuni
1.576 artículos científicos originales en revistas recogidas en el muy
restrictivo Science Citation Index; el 42 por ciento versó sobre práctica
clínica y servicios de salud, el 47 por ciento sobre biomedicina y el 11
por ciento sobre salud pública. Del centro coordinador de Reuni depende
también la unidad de investigación sobre el síndrome del aceite tóxico,
que tiene como misión desarrollar e impulsar a la vez que coordinar la
investigación que se está desarrollando sobre dicho síndrome.

Entrando en el tema objeto preferente de esta comparecencia, a
continuación me referiré a la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. Esta Agencia se creó con la promulgación del Real Decreto
1415/1994. Su creación, al igual que en otros países, obedece a la
necesidad de evaluar las técnicas y procedimientos de uso
médico-sanitario con el fin de proceder a su introducción ordenada en la
práctica clínica cuando sean nuevos, o de orientar su uso apropiado
cuando sean técnicas o procedimientos establecidos. Esta necesidad
obedece a dos hechos básicos: por una parte, al crecimiento del gasto
sanitario atribuido en parte a la introducción de tecnología médica sin
tener un conocimiento cabal de su impacto en los costes y de sus
resultados, en una palabra, de su contribución a la eficiencia y equidad
en los sistemas de salud; por otra parte, a la existencia de una amplia
variabilidad en la práctica médica no explicable por razones
epidemiológicas y frecuentemente asociada al uso no apropiado de las
técnicas y procedimientos.

En España los antecedentes cercanos de esta Agencia estaban en la
adscripción normativa, en julio de 1992, de funciones de evaluación de
tecnología y práctica médica a las Direcciones Generales de Planificación
y de Ordenación de la Investigación y Formación. En 1994 se ha unificado
la función de evaluación en un único centro dependiente del Instituto de
Salud Carlos III, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. De
este modo, esta Agencia funcionará coordinadamente con otros centros del
Instituto que desarrollan funciones de similar naturaleza, es decir, que
persiguen el conocimiento científico-técnico.

En la actualidad la definición generalmente aceptada de tecnología médica
o tecnología sanitaria es la propuesta por la Oficina de Evaluación de
Tecnologías (OTA) de los Estados Unidos de Norteamérica en los años
setenta, que establece que tecnología médica es el conjunto de
medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos usados
en la atención médica, así como los sistemas organizativos con los que se
presta dicha atención. Esta oficina define evaluación de tecnologías
sanitarias como una forma comprehensiva de investigación, que examina las
consecuencias clínicas, sociales, económicas y legales que se producen a
corto y a largo plazo derivadas del uso de la tecnología, tanto directas
como indirectas y tanto sobre los efectos deseados como sobre los efectos
no deseados.

Para delimitar el ámbito de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias es necesario aclarar la respuesta a varias preguntas. La
primera pregunta es qué se evalúa.

De acuerdo con la definición de tecnología pueden ser objeto de
evaluación los medicamentos, los aparatos y dispositivos, los
procedimientos médicos y quirúrgicos y los sistemas organizativos.

Además, estas tecnologías pueden ser evaluadas tanto cuando se usan en
atención directa como cuando son utilizadas en atención indirecta o
sirven de soporte. De acuerdo con esto, podrían ser objeto de evaluación



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un procedimiento quirúrgico, un sistema de esterilización de material o
la organización de la admisión de pacientes a un hospital, por poner tres
ejemplos bien diferentes.

La segunda pregunta es cuándo se evalúa. La introducción de cualquier
tecnología sanitaria pasa por tres fases: la fase experimental, la fase
de desarrollo y la fase de aplicación generalizada. La fase experimental
corresponde a la materialización de una idea original en un producto
material o en un procedimiento, que es ensayado en condiciones de
laboratorio sobre un número limitado de sujetos. Esta fase va dirigida a
determinar la seguridad y eficacia de la tecnología, entendiendo por
eficacia el nivel de logro de los objetivos que la tecnología pretende
alcanzar en condiciones controladas de laboratorio o, lo que es lo mismo,
en un experimento. La fase de desarrollo comienza una vez superada la
fase experimental, y en ésta la tecnología puede ser introducida ya en la
práctica clínica con mayor o menor rapidez y amplitud. En esta fase la
evaluación está dirigida a valorar el grado de efectividad, así como a
prever el impacto clínico, económico y social derivado de la introducción
de la misma. La fase de aplicación generalizada conlleva la utilización
masiva de una tecnología sanitaria una vez superadas las fases
anteriores, pero, generalmente, antes de conocer el impacto que a medio y
largo plazo dicha tecnología determina. Es por ello por lo que el
análisis de lo realmente sucedido después de su introducción generalizada
puede proporcionar una información valiosísima de imposible o al menos
difícil obtención en cualquiera de las dos fases anteriores. La
evaluación de la tecnología tiene en esta fase un terreno de trabajo
particularmente rico, pues es en ella donde será posible establecer el
efecto real sobre la salud individual y colectiva.

La tercera pregunta es cómo se evalúa. La imparcialidad y objetividad
exigibles a cualquier proceso de evaluación se fundamenta en la
utilización de metodología científica. Con carácter general, el proceso
evaluador utiliza técnicas de investigación retrospectiva, de
investigación prospectiva y juicios de expertos, todos ellos de forma
aislada o combinada. Mención aparte merecen los estudios económicos
aplicados a las tecnologías sanitarias.

Con respecto a la investigación retrospectiva toda evaluación incluye
siempre un elemento de dicha investigación. Este elemento común consiste
en la recopilación, análisis y síntesis de la evidencia disponible. Si
dicha evidencia no existe, es insuficiente o no es concluyente, el
proceso evaluador puede continuar en la vía de la investigación
retrospectiva trabajando sobre información primaria existente en
registros y bases de datos, o aplicando a información secundaria, ya
publicada, métodos de estudio como el metaanálisis, que permitan aumentar
el conocimiento explotando mejor esa información.

Con respecto a la investigación prospectiva, como en cualquier otro
terreno de la investigación clínica, la evaluación de tecnologías
sanitarias utiliza las técnicas de investigación prospectiva para
establecer el efecto de una determinada intervención. Dichas técnicas se
agrupan en dos grandes bloques: los ensayos clínicos controlados y los
estudios «observacionales». Los ensayos clínicos controlados constituyen
la técnica que proporciona la información más sólida; es deseable que
toda tecnología sea evaluada de este modo antes de su introducción.

Cuando esto no es posible por razones técnicas o incluso por imperativos
éticos, la evaluación se basa en estudios «observacionales» de diferente
tipo tales como son los análisis de series, los análisis muestrales, los
estudios de cohortes y los estudios caso-control.

Con respecto al juicio de expertos, éste es fundamental, ya que la
rapidez con que se producen los cambios tecnológicos y la fuerte
demandada profesional y social que generan no permite demorar la
formulación de recomendaciones u orientaciones referentes al uso de las
tecnologías. Este juicio se realiza a través de métodos tales como las
conferencias de consenso, los paneles de expertos o las diferentes
modalidades del método Delphi.

Con respecto a la evaluación socio-económica, el impacto económico de las
tecnologías sanitarias se ha revelado como un elemento trascendental para
la toma de decisiones y para la configuración de las políticas de salud.

La asignación de los medios disponibles en un contexto de recursos
limitados exige hacer una valoración económica del uso de las tecnologías
y su relación con los logros que pretenden alcanzar. Para obtener tal
conocimiento se utilizan los análisis de coste-efectividad,
coste-beneficio y coste-utilidad. Los análisis de coste-efectividad
comparan los costes de producción de los servicios generados por una
determinada tecnología con su equivalente producido por otra u otras,
estableciendo su nivel de eficiencia en un contexto determinado. Los
análisis de coste-beneficio y coste-utilidad correlacionan los costes de
la tecnología con los beneficios económicos o con los beneficios
obtenidos en salud y calidad de vida.

En síntesis, los métodos utilizados en evaluación de tecnologías
sanitarias se apoyan siempre en la evidencia científica, utilizando su
recopilación y análisis cuando exista o produciéndola a través de
proyectos de investigación retrospectiva o prospectiva cuando la
información falte o sea insuficiente.

La siguiente pregunta es: ¿A quién va dirigido el resultado de la
investigación? El resultado de la evaluación es un elemento de
información indispensable para los políticos en la toma de decisiones
sobre los modelos organizativos y sobre la asignación de los recursos;
para los profesionales sanitarios, en su diario quehacer de aplicar a
cada paciente lo más útil para el mantenimiento, recuperación o mejora de
la salud; para los ciudadanos, como receptores de unos servicios sobre
cuyo alcance y consecuencias deben estar informados; para la industria
del sector, en orden a mejorar la eficiencia y calidad de sus productos.

Las funciones que el Real Decreto atribuye a la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias, delimitan su marco de actuación y configuran los
dos grandes objetivos generales. En primer lugar, realizar la valoración
de las diferentes tecnologías sanitarias en orden a fundamentar
técnicamente las decisiones de selección, incorporación y difusión de las
mismas en el Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, promover el uso
apropiado de tecnologías sanitarias ya incorporadas. El logro de estos
objetivos se



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alcanzará mediante las actividades que los desarrollan. El plan de
actividades se estructura en 5 acciones.

La primera acción consiste en la realización de informes de evaluación de
tecnologías sanitarias.

El método para la realización de estos informes es una combinación de
análisis y síntesis de la evidencia y de juicio de expertos. En la
primera fase, se realiza la recogida, ordenación, análisis y síntesis de
la información publicada disponible, produciendo un primer documento que
recoge sistematizadamente esa información. En una segunda fase ese
documento es sometido a la consideración de varios expertos relacionados
con la materia. El proceso de elaboración del informe puede quedar
interrumpido, si de la síntesis de la evidencia o de la opinión de los
expertos se concluyera que la información disponible es escasa o débil
imposibilitando la formulación de conclusiones; en este caso, se plantea
la propuesta de un proyecto de investigación concreto.

La segunda actividad es el desarrollo y promoción de proyectos de
investigación. La necesidad de investigación surge, como ya he dicho, de
la falta de evidencia científica sobre la tecnología que se pretende
evaluar. Para poner en marcha estos proyectos de investigación cuenta el
Instituto de Salud Carlos III con Reuni, a la que antes me he referido, a
través de la cual pueden diseñarse y ejecutarse, participando el personal
de la Agencia en todo el proceso. En todo caso, estos proyectos deben
obtener financiación de fondos externos, sean públicos o privados, pero
destinados a esos fines.

La tercera actividad es el desarrollo y prestación de servicios de
documentación e información en evaluación de tecnologías sanitarias. Esta
actividad incluye, por una parte, la creación y mantenimiento de un fondo
documental específico, informatizado y accesible y, por otra, la
prestación de un servicio de asesoría bibliográfica a los servicios de
salud y a los centros sanitarios.

La cuarta actividad consiste en las acciones formativas que se orientan
tanto hacia la formación en evaluación de tecnologías sanitarias como
hacia la formación de clínicos en principios de práctica clínica
apropiada.

Y, por último, la quinta actividad es la de cooperación y coordinación
nacional e internacional en evaluación de tecnologías sanitarias. La
promoción de la coordinación nacional e internacional en los trabajos de
evaluación de tecnologías sanitarias es tarea básica por cuanto lo vasto
del campo de trabajo exige la búsqueda de sinergias y la evitación de
solapamientos y redundancias. En este ámbito de la cooperación y
coordinación la Agencia trabaja en dos niveles, nacional e internacional.

A nivel nacional, constituyéndose en coordinadora de las agencias y
oficinas regionales para desarrollar un plan de trabajo coordinado
destinado a buscar la complementariedad de los trabajos en curso,
normalizar metodologías y crear un fondo documental. A nivel
internacional, a través de su afiliación a la Red Internacional de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, de contactos
bilaterales con agencias externas y de su participación en el proyecto
Eur-Assess.




La señora PRESIDENTA: Señorías, estaba pasando una nota al señor Ricoy
para que, si le parecía oportuno, abreviara un poco el contenido de los
epígrafes que tenía y ha debido ser pura coincidencia, me dice que ya ha
finalizado esta primera parte de su intervención.

Además del Grupo solicitante de la comparecencia, ¿desean intervenir
otros grupos para fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Queremos agradecer al señor Director
del Instituto de Salud Carlos III la extensísima información que nos ha
dado sobre los cometidos que tiene este organismo dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Ha efectuado una exposición detallada, pormenorizada, en algunos casos, a
nuestro juicio, densa y en algunos términos muy técnica, pero que ha
reflejado determinadas funciones que realiza el Instituto Carlos III, que
a nuestro Grupo Parlamentario le parecen interesantes. Y me permitiría
sugerirle que se pudiera realizar alguna visita organizada por parte de
la Comisión para conocer estas funciones necesarias e importantes que
realiza este organismo dependiente del Ministerio, ya que entendemos que
sería del interés de los diferentes grupos y participantes de la Comisión
conocer «in situ», en la realidad, físicamente, la organización, sobre
todo en lo relativo a la segunda parte de su exposición, que se refería a
las funciones públicas de evaluación, que es el objeto principal de la
convocatoria.

Evidentemente usted hacía referencia a la poca antigüedad que tiene la
Agencia, escasamente un año. Desde el punto de vista político, que es
desde el que nuestro Grupo efectúa una valoración de su intervención
porque técnicamente no estaríamos cualificados para rebatir afirmaciones
que usted ha efectuado, nos parece que es una decisión positiva, ya que
la creación de este tipo de organismos de evaluación de los instrumentos
de las tecnologías sanitarias ya está asentada en otros países de la
Unión Europea.

Decía usted que dentro de los objetivos primordiales o generales estaba
el de la valoración de las tecnologías y, en segundo lugar, el uso
apropiado de las mismas. Políticamente concebiríamos la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias al servicio del Instituto Carlos III
como una función de asesoramiento técnico, una función de gestión en
materia de evaluación sanitaria del poder público político competente en
materia sanitaria. Las funciones que usted ha detallado y que se realizan
vienen a encuadrarse en lo que se denomina la gestión, los actos de
ejecución en materia sanitaria, como organismo técnico-asesor tanto para
los responsables políticos --lo decía usted-- de la Administración
sanitaria como para los responsables de la sanidad y, en tercer lugar,
para toda aquella industria que se dedica a la elaboración de tecnología,
de herramientas, de instrumentos de carácter sanitario. En definitiva, la
existencia de ese servicio es reflejo del avance que la sanidad española
ha experimentado en los últimos años. Por tanto, sin perjuicio de errores
y de las carencias que puede tener el sistema sanitario público, es justo
reconocer el avance que se ha dado con la implantación de servicios



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como el que usted dirige en este momento; en otros países europeos quizás
estaban más adelantados, pero es necesario recalcar y reconocer que por
parte de los poderes centrales sanitarios se ha avanzado con la creación
de servicios como el mencionado.

A nuestro Grupo Parlamentario le gustaría que también manifestara las
relaciones que tienen con otros centros de evaluación sanitaria, como el
que existe, por ejemplo, en Cataluña --es un centro consolidado desde
hace unos años-- o en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es un
centro más reciente. Nos gustaría, como digo, conocer la colaboración que
existe y el papel que representan tanto la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias del Instituto Carlos III como estos centros de
evaluación sanitaria dependientes de las comunidades autónomas y que
participan en organismos europeos, como es, por ejemplo, una asociación
europea de este tipo, en el ámbito de evaluación de las tecnologías, que
se ha reunido recientemente y en la que ha sido elegido como
vicepresidente un representante del País Vasco.

Termino, señora Presidenta, reiterándole que sería de interés el que esta
Comisión tuviera oportunidad de conocer «in situ» esas funciones
interesantes y necesarias para el sistema sanitario español y la
conveniencia de profundizar en estos mecanismos de colaboración que
puedan existir con las comunidades autónomas.

Le agradecemos sinceramente todas las informaciones que nos han dado.




La señora PRESIDENTA: Permítanme, señorías, dar respuesta inmediata a la
solicitud del señor Gatzagaetxebarría. Me parece una gran idea y tienen
el ofrecimiento de la Presidencia y, creo entender, de la Mesa, para
solicitar una visita formal al Instituto de Salud Carlos III; se lo
haremos llegar a sus señorías.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Cardona tiene la palabra.




El señor CARDONA I VILA: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ricoy para informar acerca de la política
científica y, en especial, sobre la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. En este sentido, nosotros tenemos que manifestar la posición
de nuestro Grupo, coincidente, como no podía ser de otra forma, con el
propio Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de
Cataluña, en relación a que la opinión de nuestro Grupo sobre la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en tanto que organismo
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha sido y seguirá siendo
que tiene que reforzar con su actuación a los organismos que ya funcionan
a nivel de comunidades autónomas, como se ha dicho anteriormente: la
Oficina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco y la
Agencia de Evaluación de Tecnología Médica de Cataluña, que trabajan en
este campo desde hace tiempo. Desde nuestro punto de vista, es necesario
que la Agencia del Ministerio colabore de forma estrecha y coordinada, de
manera que se eviten duplicidades, sobre todo en las funciones de
evaluación.

Otra de las manifestaciones que queremos hacer es que continuamos
defendiendo que la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica de Cataluña
tenga el carácter de organismo notificado, en el sentido de que sus
trabajos y sus evaluaciones puedan ser válidos para todos los países de
la Unión Europea.

Con referencia a la noticia que se publicó ayer en un periódico
profesional, relativa a que Sanidad ha encargado a la Agencia del Carlos
III concretar el catálogo de prestaciones sanitarias, a lo que creo que
no ha hecho referencia el señor Ricoy --si me equivoco, pido disculpas--,
nosotros consideramos que un organismo como la Agencia, que forma parte
del propio Ministerio de Sanidad --y no es que hagamos un juicio de
valor--, no tendría que ser juez y parte a la hora de determinar las
prestaciones del catálogo, pues podría estar influenciado y mediatizado
por los intereses de la política sanitaria del propio Ministerio. En este
sentido, hemos de decir que la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica
de Cataluña, desde nuestro punto de vista, actúa como una verdadera
agencia, en el sentido de que las evaluaciones que hace sólo son una
propuesta que se eleva al departamento de Sanidad y Seguridad Social,
que, como tal autoridad sanitaria, es el que ha de determinar la postura
en uno u otro sentido.

Nosotros entendemos que éste es un tema complejo. Ayer, en la información
a que he hecho referencia se hablaba de la delimitación del catálogo de
prestaciones. En cualquier caso, lo que se ha pedido a la Agencia es
delimitar, concretar las cosas poco claras, ambiguas, en relación con las
prestaciones sanitarias. A este respecto, y en relación al desarrollo
reglamentario del Real Decreto de prestaciones sanitarias, nosotros
entendemos que debe quedar claro que la naturaleza de una agencia no
tendría que permitir este doble juego al que hacíamos referencia: la
evaluación de una prestación y, a la vez, decidir sobre la inclusión o no
de la misma en el catálogo de prestaciones. Este es un tema complejo,
pero nosotros queremos manifestar, en síntesis, dos cosas: en primer
lugar, que debe actuar en coordinación con las otras agencias que hay a
nivel del Estado español y, en segundo lugar, dada la referencia que se
hacía en un medio de comunicación, aclarar el papel que tiene que
desempeñar la Agencia, sobre todo en lo relativo a las prestaciones
sanitarias.

Reitero el agradecimiento al señor Ricoy por la exposición que ha hecho,
que estudiaremos con mayor detenimiento.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, la señora Maestro tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Ricoy, por su comparecencia y,
por supuesto, por la información ofrecida en la misma a los grupos
parlamentarios.

Lógicamente, voy a centrar mi intervención no en los aspectos técnicos,
cuantitativos, a los que ha hecho referencia el señor Ricoy, sino que,
aprovechando su comparecencia, voy a hacer una serie de reflexiones
acerca del papel que, a juicio del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa



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per Catalunya, debe jugar un centro como el Carlos III, que resume y
sintetiza todos los aspectos de política de investigación del Sistema
Nacional de Salud.

En primer lugar --sirva también como anécdota--, tengo que decir que me
congratula que, según ha dicho el señor Ricoy, hace pocos días, en mayo
de 1995, se haya dado por fin una solución razonable a la situación
planteada en el Centro Nacional de Investigación Clínica y Medicina
Preventiva; era lógico, no en función de deseos o de futuribles, sino en
función de su propia realidad, que formara parte de la estructura del
Insalud y fuera gestionado por el mismo.

No me cabe duda de que ha habido avances en lo que se refiere a
investigación en salud. Algo que me gustaría saber --no sé si está en
condiciones de contestarme el señor Ricoy-- es la relación del componente
público-privado en la financiación de las diferentes investigaciones que
se realizan. En cualquier caso, quiero decir que es objeto reiterado de
preocupación en mi Grupo, con ocasión de los debates de los Presupuestos
Generales del Estado y de los presupuestos del Ministerio de Sanidad y
Consumo, lo lejos que, año tras año, nos quedamos en un precepto bien
concreto, establecido por la Ley General de Sanidad, del 1 por ciento en
cuanto a la dotación del presupuesto de investigación del conjunto de los
presupuestos de Sanidad.

La reflexión de fondo que quiero hacer, como decía al principio, es sobre
el lugar que debe ocupar la investigación en el conjunto del sistema
sanitario, y quiero explicar que --no es responsabilidad directa del
señor Ricoy--, mientras en nuestro país sigamos sin tener un plan
integrado de salud, yo creo que es de rigor decir que la investigación se
establece de forma arbitraria, es decir, no hay lugar objetivo
identificado por el cual los contenidos de la investigación en nuestro
país se relacionen de manera concreta y real con los problemas, con las
prioridades de salud que se derivan de ese plan integrado de salud; o
sea, se investiga sobre determinados aspectos que se supone que interesan
al conjunto de la sociedad en función de problemas de salud, pero no hay
un lugar concreto identificable por el cual esa relación se establezca.

Por otro lado, aunque la vinculación de la Escuela Nacional de Sanidad al
Instituto Carlos III ha vuelto a ser un hecho afortunadamente; por
desgracia, dadas las competencias, el presupuesto y la relación que la
propia Escuela Nacional de Sanidad tiene con el conjunto del sistema
sanitario, no se puede decir, ni mucho menos, que se dé la necesaria
relación entre investigación, docencia y práctica médica, es decir, no
solamente la insuficiencia presupuestaria de la Escuela Nacional de
Sanidad sino la, por otra parte, progresivamente disminuida dotación
presupuestaria en formación continuada y la falta de relación entre la
docencia que se realiza dentro del sistema sanitario, es decir, de las
estructuras del Insalud, y la propia Escuela Nacional de Sanidad y, por
tanto, la vinculación entre la docencia y la investigación. Estamos ante
una estructura incoherente en su propia concepción.

Y esto no solamente tiene, a juicio de mi Grupo Parlamentario,
repercusiones en la definición de prioridades y en la objetivación de la
relación entre las diferentes estructuras, sino que, como se desprende de
toda la intervención del señor Ricoy y, por otra parte, de la realidad,
el sistema sanitario público no actúa en el vacío, al margen de
presiones. Objetivamente, todo lo que se refiere a investigación y
especialmente a la evaluación de tecnologías sanitarias, tiene unas
presiones económicas importantísimas. En la situación que hay en nuestro
país, la industria farmacéutica está en manos privadas, así como la
producción de equipos médicos. Evidentemente, hay una presión económica
terrible a la hora de introducir determinadas tecnologías en un proceso
en el cual el incremento de gastos sanitarios en tecnología se puede
decir que, en general, no tiene tanto que ver con necesidades de salud
sino con presiones objetivas y eficaces por parte de las empresas
productoras. Esta situación, insisto, se ve agravada por el hecho de que
no existe ese plan integrado de salud, del cual pudieran derivarse
objetivos claros en materia de investigación, en materia de organización
de servicios, etcétera. Todos conocemos aspectos concretos, técnicas
sanitarias de la medicina alternativa, perfectamente contrastadas desde
el punto de vista científico, que no tienen cabida dentro del sistema
sanitario, todo ello derivado de otros intereses que no tienen nada que
ver con los de salud de la población El nivel de análisis de los
diferentes elementos en juego es importantísimo para, después, poder
ubicar la funciones concretas de un organismo como el Carlos III y para
conseguir que por lo menos en su mayor parte haya una definición clara de
objetivos de salud por el sistema sanitario público.

Finalmente, quería hacer mención a dos aspectos concretos que preocupan a
mi Grupo. Uno fue objeto de denuncias concretas por parte de mi Grupo
Parlamentario hace ya algún tiempo en esta Comisión, que supongo que
tocan solamente de manera tangencial las competencias en este caso del
Centro de Farmacobiología. Se refiere a la existencia real de falsos
ensayos clínicos, como fórmulas de facilitar la entrada de determinados
medicamentos en el mercado, es decir, al margen de la Ley del
Medicamento, al margen de las comisiones de farmacia de los hospitales.

Al decir falso me refiero, por un lado, a que no entran en lo contemplado
en la Ley del Medicamento y, por otro, a que obviamente, se trata de
medicamentos que han sido objeto ya de ensayos previos que han permitido
su introducción en el mercado. Quería preguntarle en concreto si el
Centro de Farmacobiología tiene constancia de la existencia de este tipo
de actuaciones y si ha tenido algún tipo de actividad al respecto.

La otra pregunta, muy concreta, se refiere a la unidad de investigación
del síndrome tóxico. Como usted bien sabe, investigadores de esta unidad
han comparecido en los últimos meses en la Ponencia específica creada al
efecto dentro de esta Comisión de Sanidad, y se refiere también al punto
centro que he mencionado, a la necesidad de coordinar los aspectos de
investigación en este caso con los aspectos de atención médica directa.

Quería saber la opinión del señor Ricoy acerca de una propuesta que fue
realizada por alguna de las asociaciones de afectados y que podía inducir
a pensar que los comparecientes, investigadores del Instituto de Salud
Carlos III, podían estar de acuerdo en la necesidad de incrementar, de
establecer algún tipo de organismo



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o de entidad que permitiera un mayor nivel de coordinación entre la
actividad investigadora y la actividad de atención médica, tanto en
atención primaria como en atención hospitalaria, en relación con el
colectivo de afectados por el síndrome tóxico.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Villalón Rico.




El señor VILLALON RICO: Señora Presidenta, en primer lugar, lógicamente,
en nombre el Grupo Popular y en el mío propio, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ricoy en la Comisión. Asimismo, quiero decir al
señor Ricoy que su intervención ha sido impactante, no sólo por lo que
digo yo en estos momentos, sino por lo que parece ser que han dicho los
portavoces de otros grupos sobre su intervención. A mí me parece que ha
sido una intervención incluso diría que más propia de la Comisión Mixta
Congreso-Senado de Investigación y Desarrollo que de esta Comisión
--valoraciones aparte-- y que el compareciente ha dedicado menos de una
tercera parte de su intervención a lo que parece ser que era el meollo de
la cuestión, además solicitada por el Grupo Socialista: la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Con permiso de la señora Presidenta
me voy a remitir casi exclusivamente a esta Agencia durante mi
intervención.

En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de cuáles han
sido los avatares de la Agencia desde el momento en que se pensó en
constituirla como tal. Para ello me tengo que remitir a principios del
año 1992 en que el Gobierno socialista, en lo que se constituye como
programa de convergencia para la Comunidad Europea, como objetivo
fundamental en el sector sanitario --como se decía en el programa de
convergencia-- establece el de constituir la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias. Parece ser que éste era uno de los grandes
objetivos dentro de este programa. Pues bien, a lo largo del año 1992, no
hay ninguna iniciativa de constitución de esta Agencia. Esto originó que,
en su momento, el Grupo Popular presentara una iniciativa en forma de
pregunta que fue contestada por la actual Ministra de Sanidad, en su
momento Subsecretaria del Ministerio de Sanidad.

Nosotros no veíamos que en el año 1992 la Agencia fuera a ser una
realidad --y estoy hablando de finales de año 1992--, se perdió un poco
en el tiempo y no tuvimos constancia de en qué momento se constituyó la
Agencia como tal, cosa que ha contestado ahora usted en su intervención
diciendo que se constituyó en 1994. Nosotros como única referencia de
funcionamiento de esta Agencia tenemos el de mayo y junio de 1994, a raíz
de la destitución del señor Subsecretario del Ministerio de Sanidad y de
su nombramiento como Director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. Quiero aprovechar, señora Presidenta, para saludar al señor
Conde, que hoy nos acompaña en la Comisión.

Dicho esto a modo de introducción y haciendo un poco la valoración de los
que nosotros consideramos como falta de criterio dentro del Ministerio de
Sanidad en particular y del Gobierno en general, ya que los trabajos de
la Agencia han tardado más de dos años en iniciarse, según ha indicado en
su intervención, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las
distintas actividades y sobre las partidas presupuestarias que se asignan
a esta Agencia.

Haciendo un recordatorio de lo que han sido los Presupuestos Generales
del Estado en los años 1993 y 1994, que he consultado estos días en lo
referente a esta Agencia, me ha parecido ver que en los programas 413 H
del Ministerio de Sanidad de los años 1993 y 1994 había unas partidas
presupuestarias de 4 millones para 1993 y 27 millones para el año 1994.

He consultado también los presupuestos de este año, los que aprobamos en
el último tercio del año 1994 y no he encontrado ninguna partida
presupuestaria específica para la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. No he podido consultar los datos de 1993 y 1994, pero tengo
aquí los programas referidos al Instituto Carlos III, el programa 542 H,
y ahí no he encontrado ninguna indicación explícita sobre las partidas
presupuestarias de los 4 millones para 1993 y de 27 millones para 1994.

En este sentido debo hacer referencia a una sesión de control en la
Comisión de Sanidad en el año 1992, en la que la entonces Subsecretaria
del Ministerio de Sanidad decía que en principio se iban a asignar unos
100 millones a esta Agencia. Me gustaría que explicara, el señor Ricoy,
si está en conocimiento de estos datos, cuál ha sido el presupuesto
asignado a la Agencia a lo largo de estos tres años, y cuál ha sido en
particular el asignado en el año 1995.

Desde el punto de vista presupuestario, ya que la entonces Subsecretaria
--hoy Ministra-- de Sanidad decía que no todo iban a ser fondos estatales
o públicos, sino que incluso se iban a incorporar entidades o
asociaciones de tipo privado que aportarían fondos económicos a esta
Agencia, me gustaría saber si esto ha sido así, porque, a lo mejor ésa es
la explicación de que en los presupuestos de este año yo no lo haya
encontrado.

Este aspecto me parece que es importante a la hora de hacer la valoración
sobre las posibilidades de funcionamiento de esta Agencia. Lógicamente
habría que discernir qué se dedica de ese presupuesto a personal,
propiamente a investigación o al conocimiento de alguna de las cuestiones
a las que se enfocan los objetivos de la Agencia, para que no haya
obstrucción y haya claridad a la hora de hacer un control, desde el punto
de vista de la oposición, y para que el Gobierno, al que en este momento
usted representa, aun no siendo propiamente miembro del Gobierno, pero sí
de la Administración, clarifique este tema.

Hablando de lo que es la Agencia en sí misma --y los portavoces ya han
mencionado algunas cuestiones e incluso usted ha hecho algunas
valoraciones sobre la Agencia con respecto a los objetivos-- le
preguntaría al señor Ricoy, como Director general del Instituto Carlos
III, qué es la Agencia propiamente. ¿Es un organismo al servicio del
Sistema Nacional de Salud? ¿Es un foro de debate sanitario donde se
debaten cuestiones técnicas, científicas o incluso tecnológicas, como
dice su nombre, o es un órgano de decisiones? ¿Las decisiones que se
toman en esta Agencia son de obligado cumplimiento, no solamente por
parte de la Administración, es decir, por parte de los centros
sanitarios,



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ya sean hospitales o centro de atención primaria? ¿Qué objetivo pretende
alcanzar a medio y largo plazo la Agencia, desde el punto de vista de lo
que es la atención sanitaria y el impacto de las tecnologías sobre los
ciudadanos? ¿Qué objetivos se han alcanzado en este primer año que lleva
funcionando la Agencia?
Con respecto a lo que decía antes referido a los presupuestos me ha
venido a la mente recordarle si la Agencia se ha ubicado, y esto en su
momento fue motivo de debate, en la Cartuja de Sevilla, ya que en el año
1992 se dijo que la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad había firmado
un convenio con el Director de la institución Cartuja de Sevilla.

Estas son algunas de las cuestiones que a nosotros nos preocupan en
relación a lo que es la Agencia en sí.

¿Qué relaciones tienen con los profesionales sanitarios y otros sectores
de la sanidad, preocupados por el tema, técnicos, conocedores, expertos,
desde el punto de vista de lo que es la sanidad en sí? ¿Se constituye,
parece ser que sí, como órgano asesor del Consejo interterritorial y
asesor de entidades sanitarias, tanto privadas como públicas, y es
simplemente un asesoramiento o es de obligado cumplimiento, dentro de lo
que podría ser el impacto de, por ejemplo, las técnicas diagnósticas, que
es lo que puede preocupar en algún momento? Recordamos que cuando
hablamos de esta Agencia en el año 1992 el debate nacional se refería a
los problemas que hubo en algunos hospitales con los aceleradores
lineales de electrones y otros aparatos de diagnóstico de complicado
control. ¿Se ha constituido en alguna ocasión dentro de esta Agencia la
oficina para el estudio del impacto de tecnologías? ¿En qué condiciones,
qué personas son las que se ocupan de ello?
Estos son algunos de los temas que a nosotros nos gustaría, si es
posible, que el Director general del Instituto Carlos III nos contestara.

También creo que se ha hablado en algún momento de esta Agencia como de
un centro de posibles auditorías, incluso creo que usted ha utilizado
este término, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino
desde el punto de vista del personal que debe estar capacitado para
gestionar un centro, del personal que debe dar servicios en los
diferentes centros. ¿Han hecho ustedes auditorías de centros
hospitalarios? Hay que recordar que el Grupo Popular, a lo largo de esta
legislatura, ha pedido en repetidas ocasiones auditorías de hospitales,
fundamentalmente de lo que es el territorio Insalud. Pues bien, nos han
proporcionado algunas: otras no. A nosotros nos gustaría saber si esta
Agencia ha realizado auditorías de hospitales, tanto desde el punto de
vista presupuestario como desde el punto de vista del funcionamiento, de
los objetivos que deben alcanzar los hospitales de la red pública.

¿Ha tenido alguna intervención la agencia --esto ya lo ha mencionado el
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Cardona, y yo
lo tenía aquí anotado, sin saber que un medio de información sanitaria
hacía referencia a ello-- en el catálogo de prestaciones sanitarias? Nos
parece indicado que la agencia intervenga en el catálogo como asesora,
nunca como entidad que tome la decisión, ya que ésta es lógicamente una
responsabilidad de los altos responsables del Ministerio.

Me parece importante también establecer relaciones con otras agencias
existentes tanto en España como en el extranjero. Cuando se decide que se
constituya la Agencia de tecnologías a nivel nacional, ya lo está --me
parece que se denomina así-- la Unidad de diagnóstico para la Imagen de
alta tecnología en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desde el punto de
vista de la coordinación, desde el punto de vista de lo que significa el
gasto en general del Estado, nos parece lógico que haya una agencia a
nivel estatal. Pero si hay una agencia organizada previamente desde una
comunidad autónoma, nosotros no tenemos ningún reparo. Sí que nos
preocupa --y además no teníamos conocimiento de su existencia-- que a
posteriori de esta agencia nacional se cree otra en otra comunidad
autónoma, porque eso es duplicidad de funciones y aumento en el gasto
público. En resumidas cuentas, son dos oficinas para un mismo fin. Nos
gustaría que en este momento nos dijera qué relación hay con la unidad de
Cataluña y la recientemente constituida en Euskadi, así como con las
agencias existentes en otros países. El conocimiento que yo tengo
personalmente es que hay agencias más o menos de este tipo en tres
países; solamente uno es de la Unión Europea, Suecia, uno de los países
recientemente incorporados. Los que tienen más experiencia en este tema
son Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos es una pluriagencia porque
enfocan los temas de los ensayos clínicos, medicamentos, tecnologías
desde el punto de vista diagnóstico, etcétera. La más parecida a la
agencia que está constituida en nuestro país es la establecida en Canadá.

Nosotros queríamos saber si ustedes han tenido relaciones con estas tres
agencias existentes en el mundo occidental.

Para terminar, señora Presidenta, quiero agradecer, como he dicho al
principio, la intervención del señor Ricoy. Creemos que ha sido poco
explícito y por eso he formulado las preguntas concretas sobre la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. También le formulo un ruego como
representante de la Administración. Nos gustaría que esta agencia no
fuera realmente, como dije yo en un momento, un brindis al sol, una
oferta sin nada debajo; es decir, una institución donde no hay unos
soportes que vayan a ayudar a la sanidad tanto desde el punto de vista
científico como asistencial. En resumidas cuentas, que no fuera un
brindis al sol sino una auténtica realidad y que funcionara. En algunos
momentos, como ustedes saben, desde el Grupo Popular hemos criticado que
algunas cosas no funcionan en la Administración socialista. No solamente
el retraso en la constitución de la agencia, sino las grandes dudas que
tenemos de cómo está funcionando en este momento es lo que hace que le
solicitemos que sea explícito en las contestaciones, si es posible, en la
mañana.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Gimeno Ortiz.




El señor GIMENO ORTIZ: Desearía agradecer, igual que lo ha expresado el
resto de los grupos parlamentarios, la presencia del Director del
Instituto de Salud Carlos III,



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el doctor Ricoy, en esta Comisión de Sanidad y Consumo a petición del
Grupo Parlamentario Socialista. Desearía felicitarle por su
comparecencia, toda vez que desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista ha coexistido una exposición didáctica, de fácil
comprensión y muy explícita, con una información amplia y detallada, y
nos alegra haberle escuchado decir que ha ido creciendo el gasto dedicado
a I+D dentro del producto interior bruto.

En cualquier caso, desearía limitarme en mi intervención a realizar una
serie de preguntas en relación precisamente a los temas de fondo de su
comparecencia, tanto la política científica de salud como la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, cuya creación nos ha parecido una
decisión política muy acertada que se ha convertido en realidad. Esta
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias fue fundada hace escaso
tiempo mediante la promulgación del Real Decreto 1.415/1994, en el que se
especifican de manera clara sus funciones y, por tanto, entendemos que
difícilmente podría haber realizado otras como las que se han oído a lo
largo de esta mañana, ya que lógicamente durante el corto período de
tiempo transcurrido poco se ha podido hacer más allá de la
conceptualización que usted acaba de exponer. En cualquier caso, para
disipar esa seria duda, posiblemente la pregunta correcta sería cuáles
son los temas que se están estudiando actualmente y señalar si algún
producto se ha podido conseguir.

La segunda pregunta viene a cuento de otro comentario que hemos oído
cuando se ha preguntado qué relación existe con los profesionales
sanitarios. Precisamente el proyecto de red de unidades de investigación,
el Reuni, se concretó en el año 1992, es decir, con anterioridad a la
promulgación del real decreto a que estábamos aludiendo. Por eso quería
pedirle que explicara más detalladamente los antecedentes de este
proyecto, puesto que del mismo se podría deducir que no ha sido ninguna
improvisación y posiblemente se pueda valorar cómo se ha ido consiguiendo
que en torno al mismo se aúnen bastantes voluntades de los profesionales
sanitarios.

Usted ha expuesto, doctor Ricoy, que la capacidad investigadora está
concentrada en determinados núcleos. Nosotros entendemos que es lógico
que en el sistema I+D se deba primar la excelencia, pero también es
cierto que, desde nuestro punto de vista, se debe fomentar la inquietud y
la capacidad investigadora de los profesionales sanitarios, estén donde
estén ubicados geográficamente. En este sentido desearíamos preguntar qué
medidas se han tomado y se piensan tomar en el futuro para que la
investigación sea un hecho consustancial con el quehacer diario de cada
profesional sanitario. Igualmente quiero preguntar si puede haber algún
tipo de antagonismo o de descoordinación precisamente dentro de este
marco global de coordinación de la política científica que establece la
Ley de la Ciencia entre el Plan nacional de I+D y las actuaciones
concretas o los programas propios del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Por último, usted ha mencionado que el Centro de Investigación Clínica y
Medicina Preventiva nació tras la fusión de una serie de hospitales como
el Hospital del Rey, el Victoria Eugenia, etcétera, y que desde mayo está
gestionado por el Insalud. La señora Maestro también se ha referido a
este centro, pero yo quería preguntarle cuáles han sido los motivos que
le impulsaron a negociar este convenio de gestión con el Insalud.




La señora PRESIDENTA: Para dar respuesta a las intervenciones y preguntas
que han formulado SS. SS., tiene la palabra el señor Director del
Instituto Carlos III, don Ramón Ricoy Campo.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (Ricoy Campo): Señora
Presidenta, ante todo tengo que expresar mi sincero agradecimiento a
todos los que han intervenido porque me han hecho tomar nota de aspectos
determinados que, en aras a la brevedad, no había expresado durante mi
intervención.

Al señor Gatzagaetxebarría debo agradecerle su intervención y agradecerle
especialmente, en mi nombre y en el de todos los profesionales que
trabajamos en el Instituto de Salud Carlos III, que haya expresado el
deseo de visitar las instalaciones del instituto. Creo que el Instituto
de Salud Carlos III es mucho más de lo que se opina habitualmente sobre
él; que el servicio que está dando muchas veces no es conocido por la
sociedad pero es imprescindible para que los niveles de salud se
mantengan. Por tanto, creo que para todos los que en el instituto
trabajamos sería una enorme satisfacción y supondría, de algún modo, un
gran respaldo el que SS. SS. se prestasen a que les organizásemos una
visita a sus instalaciones. Desde este momento en mi nombre y en el de
todos nos ponemos ¡cómo no! a su entera disposición y esperamos que fijen
las fechas para poder mostrarles paso a paso la situación tanto de los
centros del campus de Chamartín como de los centros del campus de
Majadahonda.

Entiendo que la pregunta que me formula el señor Gatzagaetxebarría va
dirigida fundamentalmente a la relación con otras agencias u otras
instituciones similares de las comunidades autónomas. Esta pregunta
también me la formuló el señor Cardona de Convergència i Unió. Me van a
permitir que conteste a ambas simultáneamente. La Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias, como cualquier unidad del Instituto de Salud
Carlos III, tiene siempre una actividad extramural. Ningún centro o
unidad del Instituto de Salud Carlos III se limita a tener una actividad
intramural, sino que siempre busca la proyección extramural, busca esa
apertura que señalaba como el tercer principio fundamental del
funcionamiento del Instituto de Salud Carlos III que le lleva a conectar
con todo el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, trabajar
coordinadamente con otras instituciones que tienen los mismos objetivos.

Ya antes de comenzar la andadura, en junio de 1994, la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, conocíamos la existencia de una
oficina en Cataluña, luego agencia, y de una oficina en el País Vasco. Ya
en aquellos momentos trabajábamos coordinadamente con ellos y, a través
de nuestra representación en Europa en los comités de gestión de I+D en
salud europeos, facilitamos la presencia de sus responsables en los
procesos de evaluación, de asesoramiento, de prospectiva en I+D europeos.

Tengo, además,



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la satisfacción de poder indicarles que en una reunión que se celebró
días pasados en Estocolmo, en la cual estuvo el director de la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, fue elegido vicepresidente de la
organización llamada Inhata, que es un organismo internacional, no sólo
europeo, el director de Osteba, que es la oficina del País Vasco. Pues
bien, el director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
que en ese momento había sido aceptado como miembros de esa organización,
creo que fue el primero que dio el voto favorable para que el
representante del País Vasco fuese elegido vicepresidente de la misma. Lo
mismo ocurre con la doctora Alicia Granados, que es quien dirige la
agencia de Cataluña. No buscamos en absoluto la confrontación; buscamos
la sinergia, buscamos la cooperación y creemos que, además, hay sitio
para todos. Lo que no vale la pena es repetir los estudios cuando están
hechos. Tenemos que juntar las fuerzas y en esa dirección vamos y en esa
dirección son ya varias las reuniones que se han mantenido tanto con el
País Vasco como con Cataluña, bien en Madrid, bien en Barcelona o en el
propio País Vasco. Por tanto, esté seguro de que va a existir una
colaboración estrecha, como la que ahora se da, y eso va a ser
beneficioso para todos.

El señor Cardona hacía énfasis en la función de reforzar estas agencias
que puedan existir en las comunidades autónomas. Creo que con la
respuesta que he dado ya he contestado a su pregunta.

Parece ser que en la prensa se dice que el Ministerio encargó a la
agencia que concretase, entre comillas, el catálogo de prestaciones
sanitarias. Eso no es así. Una vez publicado el Real Decreto de
prestaciones sanitarias, se desarrollaron algunas partes, tal como se
preveía en el propio Decreto. El Ministerio encomendó a la agencia que
realizase estudios técnicos para ser presentados al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y tomar allí la decisión.

En ese sentido yo fui portavoz ante el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud de varias propuestas, entre ellas una muy
aplaudida, el desarrollo de la oxigenoterapia a domicilio, de la que
tengo que decir que nos basamos en un trabajo previo hecho por la
agencia, antes oficina, de Cataluña.

Quiero recalcar, porque en esto volvió a hacer hincapié el señor
Villalón, del Grupo Popular, que nuestro objetivo no es decidir. El
objetivo de la agencia, como el de todo el Instituto de Salud Carlos III,
es dar soporte científico-técnico para que las decisiones se tomen con el
mayor conocimiento posible. La agencia, por tanto, se limita a hacer
informes técnicos, a poner en marcha procesos formativos, a suministrar
documentación concreta sobre determinadas tecnologías, pero nunca a
decidir sobre su inclusión o exclusión del catálogo de prestaciones. En
ese sentido, creo que queda aclarado que la agencia no es juez y parte;
es, sencillamente, el elemento que eleva informes científico-técnicos,
pero no decide sobre inclusión o exclusión de un concreto procedimiento.

La señora Maestro ha hecho numerosas reflexiones sobre aspectos que
trascienden el propio Instituto de Salud Carlos III, pero yo trataré de
dar respuesta a todo lo que en este momento pueda.

En primer lugar, considera razonable la solución que se ha dado al Centro
de Investigación Clínica. El señor Gimeno me pregunta también cuáles
fueron los motivos que condujeron a tomar esta decisión. El Centro de
Investigación Clínica y Medicina Preventiva nació de la fusión de tres
hospitales que tuvieron una enorme relevancia en el pasado de la
asistencia sanitaria, e incluso de aspectos sanitarios no asistenciales,
como fueron el Hospital Antituberculoso Victoria Eugenia, el Hospital
Infantil Infante don Felipe y, especialmente, el Hospital del Rey, que
este año cumple 70 años de su primer ingreso. Al estar el CIC separado de
la red asistencial, al haber además aumentado la cobertura asistencial a
toda la población prácticamente, el CIC no tenía sentido que siguiese
funcionando al margen de este sistema asistencial. Por otra parte, el
Instituto de Salud Carlos III no tenía ninguna función asistencial. Por
ello trabajamos para adecuar todos los procesos previos que condujesen a
que el Insalud gestionase ese centro dentro de toda la red asistencial,
bien de un área, bien de la comunidad autónoma, etcétera, de acuerdo con
las necesidades del propio Insalud. Esto ha sido una realidad el día 16
de mayo y yo creo que con ello se da satisfacción a todas las partes,
especialmente a los profesionales que trabajan en el CIC, que al tener un
nivel bajo de actividad lógicamente encontraban su evolución profesional
limitada. De hecho, el convenio de gestión fue recibido con entusiasmo
por absolutamente todos los profesionales que trabajan en el CIC.

Con respecto al nivel del presupuesto en I+D, que yo he cifrado en 1994
en cerca de los 10.000 millones de pesetas, es cierto que se acerca
todavía al 1 por ciento que establece como límite máximo la Ley General
de Sanidad, pero también es cierto que no es lo más importante que crezca
el presupuesto. De poco vale que tengamos mucho presupuesto si no tenemos
condiciones que nos permitan ejecutarlo razonablemente y, entre ellas, si
no tenemos personal motivado y, lo que es más importante todavía, formado
para poder ejecutar la investigación. Gasto y formación de recursos
humanos son dos premisas imprescindibles sin las cuales no puede
funcionar un sistema de I+D. Pero si uno crece sin hacerlo el otro, el
sistema va a crecer de una forma poco armónica y el producto que se va a
obtener no va a ser de calidad. Los procesos formativos llevan tiempo y,
por tanto, limitan el crecimiento del gasto a esa evolución del personal
formado. En estos momentos en España tenemos un nivel de gasto de I+D muy
aceptable. De hecho, los indicadores de producción científica han crecido
en la última década de una forma espectacular, como ha puesto en
evidencia en un artículo publicado pocos días atrás don Francisco Ayala,
que, como saben, además de profesor de Ciencias biológicas de la
Universidad de California es Presidente de la Asociación Americana para
el Avance de la Ciencia. Incluso una frase suya es espectacular porque
dice: El aumento de la producción científica en España es
desproporcionadamente mayor del que ha ocurrido en el resto del mundo.

Eso no quiere decir que el gasto en I+D, tal como está, esté bien para el
futuro. No. El gasto en I+D tiene que ir creciendo, a la vez que el
número de investigadores tiene que ir creciendo también, pero el



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número de investigadores no se puede improvisar, hay que formarlo.

La señora Maestro supedita el establecimiento de objetivos para I+D a la
existencia de un plan integrado de salud. Usted sabe, señora Maestro, que
el plan integrado de salud de hecho existe, porque en el momento en que
existen los planes de las comunidades autónomas el plan integrado de
salud no es ni más ni menos que la unión de estos planes. De hecho, en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha presentado
el Plan Integrado de Salud. De todos modos lo que verdaderamente quiero
recalcar es que no es imprescindible que exista un plan integrado de
salud para que existan objetivos de la investigación. De hecho, el Plan
Nacional de I+D fija objetivos para sus programas nacionales y el
próximo, en el cual confluimos las tres instituciones: Plan Nacional,
Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad y Consumo, fija objetivos
muy concretos para la investigación. Además de eso, desde el Ministerio
de Sanidad se seguirá financiando la investigación no dirigida en los
objetivos del Plan Nacional pero que sea necesaria para el progreso del
sistema.

Hizo una mención a la Escuela Nacional de Sanidad. Respecto a que hubo
una disminución importante del presupuesto de la escuela y que por eso la
relación entre investigación, docencia y práctica o prestación de
servicios no era la correcta, debo señalar que en el año 1989 el
presupuesto de la escuela era de 400 millones y en el año 1994 más de 800
millones.

Respecto a la pregunta concreta que me ha formulado S. S. sobre si el
Centro Nacional de Farmacobiología conoce la realización de falsos
ensayos clínicos para introducir productos en el mercado, he de decirle
que dicho centro, como tal, no tiene esa misión. Los ensayos se presentan
en la Dirección General de Farmacia y el Centro Nacional de
Farmacobiología lo que realiza es la evaluación de la seguridad del
producto, no la evaluación de la eficacia y, por supuesto, tampoco de la
efectividad.

Respecto a la reflexión que hizo sobre la unidad del síndrome de aceite
tóxico en el sentido de qué mecanismos de coordinación deben existir
entre la investigación y la asistencia, le diré que los mecanismos deben
ser los más estrechos posible. Además, para la investigación es
fundamental que se pueda recuperar la información clínica producida en la
atención de los enfermos. No obstante, yo no estoy capacitado para decir
cuál es el mejor modelo. De hecho, estamos estudiando en el Ministerio de
Sanidad otros problemas que han ocurrido en otros países, viendo qué
dispositivos de seguimiento de cohortes han realizado en otros lugares
para decidir qué dispositivo óptimo podemos establecer nosotros en
nuestro país.

Quiero aclarar al señor Villalón el primer punto a que se refería en su
intervención respecto del retraso en la constitución de la agencia. En
efecto, la agencia fue anunciada por el Presidente del Gobierno en el año
1992 en el Programa de Convergencia, pero como tal no se denominó hasta
mediados del año 1994. Ello no quiere decir que las funciones de
evaluación no existiesen previamente. De hecho, ese mismo año --1992--,
cuando se reestructura el Ministerio, se dan competencias en evaluación
de tecnologías a la Dirección General de Aseguramiento y Planificación
Sanitaria que produjo, a lo largo de estos dos años en que tuvo esas
competencias, numerosa información publicada no sólo en monografías del
Ministerio sino en las revistas científicas, especialmente en «Medicina
Clínica», donde se publicaron varias conferencias de consenso realizadas
desde allí. Por otra parte, en esa reestructuración se creó la Dirección
General de Ordenación de la Investigación y Formación, de la cual fui
titular. A través de esta dirección, el mismo año 1992 constituimos una
unidad de investigación en servicios de salud que nos permitió poner en
marcha una serie de proyectos de tanta actualidad en lo que respecta a la
evaluación de tecnologías sanitarias, como puede ser --por citar uno-- el
estudio de la necesidad de prostatectomías en la Comunidad de Madrid. Por
tanto, si bien no existe la agencia como tal hasta 1994, sí hay un
antecedente desde el año 1992 y seguramente otros anteriores.

Respecto a los presupuestos que tiene la agencia, he de decir que como
tal agencia se crea a mediados del año 1994 y, por tanto, no figura en
los presupuestos de ese año. La Agencia figura como una parte en los
presupuestos del Instituto de Salud Carlos III para 1995 y ya
diferenciada en el anteproyecto de presupuestos del año 1996.

Fundamentalmente, los gastos de la Agencia son los correspondientes al
Capítulo 1, que este año se sitúan alrededor de los 90 millones de
pesetas. Tiene una estructura pequeña, por lo que antes señalaba; ha de
crecer a medida que haya profesionales formados que sean capaces de
ejecutar las tareas que le están encomendadas.

En el futuro, la Agencia tendrá que facturar lo que produzca y tendrá que
generar ingresos, lo mismo que se hace en otros centros del instituto
como puede ser el Centro de Microbiología, Virología e Inmunología
Sanitarias, etcétera. En ese caso, claro que podrá obtener fondos, tanto
de instituciones públicas por los servicios que presta, como de
instituciones privadas ya que estaremos abiertos a facilitar el soporte
científico-técnico a quien lo solicite.

Creo que anteriormente he contestado a otra serie de preguntas
relacionadas con el catálogo de prestaciones sanitarias, y con el
carácter no decisorio de los productos de la Agencia, así como la
relación con otras agencias, ya sean nacionales o internacionales.

Respecto a las agencias internacionales, les puedo asegurar que una de
las cosas que ya se ha hecho ha sido entrar en contacto con las más
relevantes. En este sentido, les puedo decir que estamos en contacto con
la Agencia de Francia, con la Agencia de Suecia, con varias agencias de
Canadá (Quebec, Otawa y Toronto) y varias agencias en Estados Unidos (una
en Philadelphia y varias en Washington). Tenemos ya establecidos
protocolos para firma de convenios, así como una relación estrecha con
todas ellas para obtener la información que puedan facilitarnos.

Creo que con esto he contestado a las preguntas que me ha formulado.

Respecto a las preguntas que me formula el señor Gimeno, en primer lugar,
puedo decirles que ya, en este tiempo, la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias ha informado sobre oxigenoterapia crónica a
domicilio,



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aerosolterapia y ventilación mecánica a domicilio; ha hecho un informe
sobre indicaciones, requisitos y supervisión de oxigenoterapia crónica a
domicilio y ventiloterapia; y otro informe sobre implantes cocleares.

Actualmente, tiene prácticamente terminados dos informes, uno sobre
complicaciones patológicas de la menopausia, y otro sobre prótesis
endouretrales; además, tiene en fase de elaboración uno sobre
indicaciones y prioridades en transplante hepático, otro sobre tomografía
por emisión de positrones, otro sobre fibrinólisis intraarterial
periférica, otro sobre filtros de vena cava, otro de radiocirugía
estereotáxica y otro sobre metodología epidemiológica en evaluación de
tecnologías. Creo que es un producto adecuado para el tiempo que llevamos
trabajando.

También me pedía el señor Gimeno que manifestase cómo intentamos implicar
a los profesionales de todos los ámbitos en los procesos de I+D. Lo hemos
intentado ya desde el año 1987 en que yo me responsabilicé del Fondo de
Investigación Sanitaria, y esa responsabilidad se traduce en ofertar
procesos formativos a todos los profesionales; tenemos a gala que las
becas de ampliación del FIS se dan en todas las comunidades autónomas,
incluidas Ceuta y Melilla, todos los años. Ese es el primer paso que
hemos dado para tratar de conseguir la implicación de los profesionales,
asumiendo que promover la investigación supone promover la excelencia,
por tanto, hay que promover la formación para que exista la excelencia.

El segundo paso fue la formación en metodología de la investigación
clínica repartida por todas las comunidades autónomas, que ahora da como
resultado que exista al menos una unidad de investigación en cada
comunidad autónoma. Digo al menos una porque el sitio donde hay sólo una
es en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en donde, lógicamente, no debe
haber más, pero al menos hay una. Estamos presentes en todas las
comunidades autónomas, e implicamos a esos miles de profesionales a que
antes he hecho referencia.

Para terminar, únicamente mencionar que con el Plan Nacional entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Sanidad y Consumo no
hay ninguna confrontación; trabajamos al unísimo, de hecho el programa
del FIS ha sido calificado como programa sectorial del Plan Nacional de
I+D y las tres instituciones haremos una convocatoria común, para el año
1996, a lo largo de lo que queda de año.

Muchas gracias, Presidenta; gracias, señorías, por su atención.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doctor Ricoy Campo, Director del
Instituto de Salud Carlos III, a quien despedimos de la Comisión.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE MEDIDAS PARA PONER EN PRACTICA LO APROBADO EN LA COMISION DE
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO EN RELACION CON LA CONSIDERACION DE LOS ENFERMOS
DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) COMO CRONICOS.

FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GIU-IC). (Número de expediente
181/001476.)



La señora PRESIDENTA: Concluida esta primera parte de las comparecencias,
pasamos al segundo punto, contestación a preguntas, rogando al señor
Subsecretario del Ministerio, don José Luis Temes Montes, que se acerque
a la Mesa, y a quien, igualmente, le damos la bienvenida.

Antes de iniciar el segundo punto del orden del día, contestación a
preguntas, es deseo de esta Presidencia, y supongo también de la
Comisión, que agotemos el orden del día previsto para hoy, por lo que me
permito solicitar y sugerir a SS. SS. que, si son tan amables, en este
segundo punto de preguntas no agoten el tiempo reglamentario que les
permite el Reglamento --valga la redundancia--, y así podríamos concluir
el orden del día.

La primera pregunta es sobre medidas para poner en práctica lo aprobado
en la Comisión de Política Social y Empleo en relación con la
consideración de los enfermos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida) como crónicos. Pregunta formulada por la señora Maestro Martín,
que tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Temes, esta primera parte de la pregunta,
es simplemente repetir el enunciado. El año 1992, en el mes de noviembre,
se aprobó en la Comisión de Política Social y Empleo una proposición no
de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, instando al Gobierno a definir a los enfermos de sida como
enfermos crónicos, para que así pudieran beneficiarse de los medicamentos
colaterales coadyuvantes y para que, asimismo, pudieran beneficiarse de
su gratuidad. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Sanidad y Consumo
para hacer efectivo lo recomendado en esa proposición no de ley?



La señora PRESIDENTA: El señor Subsecretario del Ministerio de Sanidad y
Consumo, don José Luis Temes Montes, tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes
Montes): Los requerimientos terapéuticos de los enfermos diagnosticados
de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la gravedad, duración y
secuelas de las patologías que en los mismos concurren, aconsejan
extender a dicho colectivo la aportación económica limitada en el pago a
satisfacer por los medicamentos que han de utilizar.

Facilitar el acceso a la medicación, como se recoge en la proposición no
de ley a que se refiere la señora Maestro, viene recomendado también por
la necesidad de mantener en estos enfermos una calidad de vida aceptable
y por la disponibilidad de fármacos capaces de disminuir o paliar



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los efectos de la incidencia de determinadas enfermedades a las que
presentan una mayor vulnerabilidad.

Por las especiales características de la mayor parte del colectivo, la
medida hará que se cumplan mejor los tratamientos extrahospitalarios lo
que permitirá mejorar la calidad de la prestación de la asistencia
sanitaria.

El artículo 95 de la Ley del Medicamento, de acuerdo con la Ley General
de Sanidad, atribuye al Gobierno la regulación, cuando se financie con
cargo a los fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la
sanidad, de los supuestos en que la administración de medicamentos y
productos sanitarios sea gratuita, así como la participación en el pago a
satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios
que les proporcione el Sistema Nacional de Salud. Esta participación
podrá modularse con una serie de criterios que tengan en cuenta la
capacidad de pago, la utilización terapéutica y social de los
medicamentos, las necesidades de ciertos colectivos, la gravedad,
duración y secuelas de las distintas patologías y los límites de las
previsiones presupuestarias afectas a la prestación farmacéutica.

La medida, pues, que debe tomar el Gobierno para cumplir la proposición
no de ley del Congreso es un Real Decreto, y a esto es a lo que hemos
estado dedicados. Con esta medida se trata de proteger y ayudar al
colectivo de enfermos de sida que, ciertamente, necesitan una particular
atención sanitaria y social por las circunstancias que actualmente
concurren en tales enfermos, mientras no se alcance a disponer de medidas
terapéuticas más eficaces.

No voy a hacer hincapié en que, a nivel ambulatorio, ya existían las
situaciones de gratuidad en el caso de los medicamentos específicos, esto
es, los antirretrovirales, por su consideración de medicamentos de uso
hospitalario o la aportación reducida de otros, como los
tuberculostáticos, de gran importancia por la asociación de la
tuberculosis con el sida, pues han sido tratadas ya en esta Comisión.

Sus señorías han sido informados en comparecencias previas acerca de los
trabajos que hemos tenido que realizar para la elaboración de este
proyecto de Real Decreto; trabajos que han sido muy complicados, tanto
por la gran cantidad de datos, escenarios y posibilidades estudiados como
por las dificultades a la hora de estimar el impacto económico de la
medida, ya que en la literatura científica no existía información del
coste de la medicación extrahospitalaria en estos pacientes. A pesar de
esas dificultades, el Ministerio de Sanidad y Consumo está comprometido a
cumplir, en el plazo más breve posible, la proposición no de ley a la que
me vengo refiriendo, mediante la publicación del correspondiente Real
Decreto.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Realmente, las manifestaciones del Ministerio
de Sanidad, como creo que no podría ser de otra manera, a las diferentes
preguntas con ocasión de comparecencias, no han sido otras que reconocer
la necesidad de lo propuesto en la iniciativa parlamentaria a que nos
referimos; sin embargo, el hecho es que han transcurrido exactamente dos
años y siete meses desde su aprobación. No sé qué quiere decir el señor
Temes cuando habla del plazo más breve posible, cuando han transcurrido
dos años y siete meses, lo que ha supuesto perjuicios concretos para
personas. El retraso en la tramitación no es retraso en una norma que
tenga una trascendencia colateral, sino que está incidiendo directamente
sobre las condiciones de vida, de salud y sobre la calidad de vida de un
grupo de personas, que en una parte importante --y usted lo sabe--, por
las características del sida en nuestro país, son personas con muy
escasos recursos económicos.

La Ministra de Sanidad en un programa de radio, en diciembre de 1994,
hablaba ya de que se había valorado en 2.000 millones de pesetas al año
la cantidad que este gasto originaría y que afectaría a un colectivo de
11.000 pacientes, es decir, personas afectadas por el sida. Además, da la
casualidad de que otro grupo, el de los hemofílicos, que a su vez están
afectados por el sida, gozan desde hace cinco años de los beneficios de
esta medida; hecho del que mi grupo se congratula, pero establece
agravios comparativos injustificables para el colectivo de personas que
padecen la misma enfermedad, aunque la vía de contagio haya sido
diferente.

Quiero expresarle la preocupación, en este caso la impaciencia, de mi
grupo parlamentario, a la hora de urgir al Gobierno a que este proyecto
se transforme en Real Decreto y me veo en la obligación de instarle a que
recorte cuál es el plazo para que ese proyecto (de sus palabras se deduce
que, a pesar de los complicados trabajos que haya podido originar, está
prácticamente finalizado) se convierta en realidad en Real Decreto y
permita, aunque tarde, mejorar la calidad de vida y las condiciones de
salud de este colectivo de afectados que, insisto, toca precisamente a
personas de los más bajos niveles de disponibilidad económica.

Nada más.




La señora PRESIDENTA: Señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes
Montes): Voy a tratar de responderle sobre cuál es el contenido del
proyecto de Real Decreto en el que se establecerá que la participación en
el pago a satisfacer por los enfermos de sida de los medicamentos que
proporciona el Sistema Nacional de Salud en el medio extrahospitalario,
será el 10 por ciento del precedente al público, con el límite máximo que
marca la normativa y que en la actualidad es, como sabe, de 419 pesetas.

Lógicamente, los medicamentos antirretrovirales, al ser medicamentos de
uso hospitalario, seguirán siendo proporcionados en los centros
sanitarios de forma gratuita.

Quisiera, sin embargo, insistir de nuevo en las dificultades con que nos
hemos encontrado en el camino de la elaboración del proyecto de Real
Decreto, dificultades tanto para la obtención de estudios de consumo y
costes de medicamentos ya mencionados, como los múltiples problemas que
hemos tenido que afrontar para conseguir que la medida respete
debidamente el derecho a la intimidad



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como ciudadanos y como enfermos de estos pacientes, que me parece un
hecho trascendente.

Respecto a los estudios de consumo y costes, al no existir datos en la
literatura científica sobre el coste de la medicación extrahospitalaria
de estos pacientes, tuvimos que elaborar un estudio específico para su
evaluación. Así, se realizó el estudio mediante un corte de prevalencia
en las consultas externas de sida de los hospitales públicos de Madrid.

Los resultados de esta estimación son similares a los que, con
posterioridad a nuestro estudio, se han publicado en la literatura
científica española. Además de esta estimación, hubo que realizar también
otras dirigidas al número de casos esperados en los próximos años, de
acuerdo con la tendencia de la enfermedad en nuestro país.

Sin embargo, para evitar malos entendidos, quiero dejar claro que los
argumentos económicos nunca nos han hecho dudar acerca de la necesidad de
implantación de esta medida, pero naturalmente hay que realizar las
pertinentes evaluaciones económicas, pues de no hacerlas podríamos
comprometernos en algo que luego no pudiésemos cumplir, lo que generaría
mayor frustración en un colectivo ya bastante afectado, no sólo física,
sino también psicológicamente.

Otra de las dificultades con que nos hemos encontrado fue el hacer
compatible, como decía, la confidencialidad con el control de la
prestación, imprescindible sin esta medida. La aplicación del Real
Decreto debe guardar la debida confidencialidad de los datos o las
referencias a la enfermedad y situación de los enfermos de sida, siendo
las administraciones sanitarias competentes en materia de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social las que adoptarán las medidas oportunas
para acreditar el acceso a la prestación farmacéutica en estas
condiciones.

Durante los trabajos técnicos realizados para dar cumplimiento a la
proposición no de ley, nos encontramos con un problema para encuadrar en
la prestación farmacéutica reducida un listado de medicamentos
específicos y frecuentemente prescritos ante las infecciones
oportunistas, tumores y alteraciones metabólicas y nutricionales que
padecen estos pacientes. Dadas las especiales y complejas características
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esta alternativa no pudo
llevarse a cabo, debido a la gran diversidad de tratamiento y al gran
número de medicamentos a utilizar. Esto nos ha obligado a diseñar una
solución compleja, que, por primera vez, en desarrollo del artículo 95 de
la Ley del Medicamento, se va a aplicar a un colectivo muy numeroso de
enfermos, que reúne, como usted sabe y dice, unas características
socio-sanitarias especiales.

El contenido del proyecto está siendo analizado en estos momentos en los
centros directivos del Ministerio de Sanidad y Consumo, paso previo a su
tramitación administrativa externa, en donde lógicamente serán oídas las
asociaciones y entidades interesadas, así como el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Consejo de Estado,
entre otros.

Estamos dispuestos a acelerar al máximo la tramitación para que este Real
Decreto pueda estar publicado cuanto antes pero, como no se les escapa a
SS. SS., el procedimiento administrativo lleva unas diligencias y plazos
que no podemos soslayar.




--SOBRE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
PARA EL AÑO 1996. FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GIU-IC).

(Número de expediente 181/001497.)



La señora PRESIDENTA: La segunda pregunta la formula igualmente la señora
Maestro Martín, del Grupo Federal de Izquierda Unida, sobre previsiones
presupuestarias en el Ministerio de Sanidad y Consumo, para el año 1996.

La señora Maestro tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Temes, la pregunta creo que es
absolutamente pertinente. No solamente estamos en fechas en las cuáles el
nivel de elaboración o por lo menos los criterios generales de
elaboración de los presupuestos deben estar avanzados y, por tanto, creo
que al conjunto de los grupos parlamentarios le interesa saber esos
criterios, qué modificaciones puede haber sobre los criterios de años
anteriores y, sobre todo, que no es un criterio temporal. Mi grupo está
enormemente preocupado por lo sucedido desde la aprobación de los
Presupuestos Generales de 1995 hasta la actualidad. En dos ocasiones se
han sucedido recortes presupuestarios, en una de ellas se contestó por
escrito una pregunta que realicé acerca de la repercusión en las partidas
presupuestarias de lo decidido en Consejo de Ministros. Creo que las
declaraciones del señor Ministro de Economía y Hacienda no hacen más que
aumentar el nivel de preocupación acerca de los criterios del Ministerio
de Economía y Hacienda para la preparación de los presupuestos de 1996
dado que, según palabras propias, no descarta ningún escenario y eso,
cuando afecta a servicios sociales, señor Temes, estará de acuerdo
conmigo en que es para echarse a temblar.

No quiero argumentar más. Creo que el tiempo transcurrido entre la
aprobación de la proposición no de ley a que hacíamos referencia en la
anterior pregunta y el retraso tiene que ver directamente con motivos
presupuestarios. Lo grave del asunto es que la cantidad de dinero que no
gasta el Ministerio de Sanidad en temas como el que estamos tratando y
otros muchos, es trasladada directamente a bolsillos privados que, en
muchos casos, en demasiados, no están en condiciones de satisfacer esas
necesidades básicas. Así pues, espero con impaciencia su respuesta acerca
de cuáles son los criterios con los que se está trabajando en la
elaboración de los presupuestos para 1996.




La señora PRESIDENTA: Señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes
Montes): Señora Maestro, en primer lugar, quisiera decirle que las
modificaciones presupuestarias que se han producido en el año



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1995 no han afectado en ningún caso a la asistencia sanitaria; por tanto,
creo que su inquietud o la de su grupo en este campo no está justificada.

Como S. S. sabe, porque ya se ha dicho reiteradamente en la Cámara por la
Ministra de Sanidad, la sanidad es y seguirá siendo un objetivo
prioritario para el Gobierno y, en coherencia con esta declaración
política de principios, su presupuesto no se ha visto afectado por esas
modificaciones a las que me refería en el actual ejercicio económico, ni
su modelo de financiación se verá alterado por las que pudieran
producirse con motivo de los Presupuestos Generales de 1996.

Durante los últimos años se han tomado diferentes medidas a fin de
favorecer un marco de financiación estable para la sanidad pública, entre
las que se incluyen la puesta en marcha de medidas de gestión y de
racionalización del gasto que han permitido en 1994 ajustarse a la
capacidad financiera pública sin merma de la actividad del sistema, es
decir, haciendo financieramente viable el Sistema Nacional de Salud.

Además, durante estos últimos años, se ha incrementado razonablemente el
presupuesto aportando los créditos necesarios para eliminar las deudas.

Igualmente, se ha establecido un modelo de financiación de la sanidad
pública para el período 1994-1997 que fue aprobado el 21 de septiembre de
1994 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se acordó
un escenario financiero estable que permite corregir las desigualdades
que han podido producirse a lo largo de los diferentes procesos de
transferencias a las comunidades autónomas y que vincula el crecimiento
anual en gasto sanitario a la tasa de variación del producto interior
bruto real; por tanto, el escenario financiero al que se refiere para el
período 1994-1997 está definido. El presupuesto previsto para la
asistencia sanitaria en el año 1996 va a crecer en función de las
variaciones del producto interior bruto real y no existe ninguna
previsión de modificación o recorte sobre estos extremos.

En relación con la segunda parte de su pregunta, puedo decir a S. S. que
durante el año 1996 no va a producirse recorte alguno en las actividades
sanitarias financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
y fondos estatales adscritos a la sanidad.

Por último, respecto a si el Ministerio contempla la posibilidad de
establecer alguna restricción a las prestaciones sanitarias o bien
trasladar al usuario el coste de alguna de ellas, en primer lugar, quiero
reiterar que los ciudadanos tienen garantizadas las prestaciones del
Sistema Nacional de Salud en los términos dispuestos en el Real Decreto
63/1995, sobre ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de
Salud, sin que exista ninguna previsión de modificación ni restricción.

De otra parte, como usted sabe, casi todos los países han introducido
diversas fórmulas de participación del usuario sobre las prestaciones
sanitarias. En nuestro sistema sólo está establecida en la prestación
farmacéutica resultando, además, que con excepción de Alemania, somos el
país occidental en que esta aportación del beneficiario es menor. La
experiencia obtenida en los países que han establecido tiques moderadores
demuestra que constituyen un elemento de desequilibrio social que actúa
directamente contra la equidad y la solidaridad, que tiene una
repercusión muy escasa sobre la financiación del sistema y que los gastos
de recaudación resultan elevados. Por ello el Ministerio, por razones de
solidaridad, de equidad, de racionalidad y de justicia social no tiene
previsto introducir ninguna fórmula nueva de copago por tique moderador,
en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.




La señora PRESIDENTA: Señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Con toda brevedad, señora Presidenta.

En primer lugar, espero que los hechos confirmen sus palabras. En
cualquier caso, plantear un incremento presupuestario equivalente al
incremento del IPC supone continuar en la situación actual, lo cual es ya
en sí mismo preocupante, porque no ignora el señor Temes las deficiencias
actuales. Sin embargo, hay datos que a mí me preocupan y a los que no sé
si está en condiciones de responder, dado que no están contemplados en la
pregunta; son informaciones que han surgido con posterioridad.

Se habla de que en el primer trimestre de 1995 ha habido un incremento
del 15 por ciento en la factura de gastos farmacéutico. Dado que la Ley
de Presupuestos impide que esta Cámara, como en otras ocasiones, pueda
aprobar créditos extraordinarios destinados a financiar partidas como la
de medicamentos, me preocupa que, de mantenerse esta tendencia, el
incremento del gasto en niveles muy superiores a lo previsto en materia
de gasto farmacéutico pueda redundar en déficit de otras partidas
presupuestarias.

Nada más.




La señora PRESIDENTA: Señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes
Montes): El nuevo modelo de financiación de la sanidad pública al que me
he referido, parte de una base que es el gasto real del año 1993, al que
se suman los crecimientos del producto interior bruto. Creo que por
primera vez pone al sistema sanitario en una situación de permitir
--aunque no diré holgadamente-- unos límites de gasto más acordes con la
realidad de lo que venía pasando con anterioridad. Es realmente un
aumento significativo de la capacidad financiera del sistema.

De hecho, los Presupuestos del año 1995 sobre los de 1994 cuentan con
350.000 millones de pesetas más; por tanto, desde el punto de vista de
estabilidad financiera y de la viabilidad financiera del sistema, el
acuerdo sobre la financiación del modelo para los años 1994-1997 creo es
un buen acuerdo que permite esa financiación y esa consolidación
financiera del sistema, sobre todo entendiendo --y así lo entiendo yo--,
que el sistema es viable, es útil y eficaz si es financieramente posible
y no deberíamos olvidar que en España, como en todos los países, los
recursos son limitados y probablemente las demandas son siempre
superiores a los recursos, pero hemos avanzado de una manera sustancial
en un objetivo que, vuelvo a insistir, es de



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prioridad absoluta para el Gobierno. No estoy en disposición de dar datos
concretos sobre el crecimiento del gasto farmacéutico a lo largo de estos
meses y, en concreto, no puedo confirmar el dato al que usted se refiere.

Lo que sí quiero decirle es que el Ministerio de Sanidad tiene en marcha
una serie de medidas que creo que van a permitir que el gasto
farmacéutico a final del año acabe dentro de los límites del presupuesto,
y venimos trabajando para conseguir un acuerdo con la industria
farmacéutica no sólo sobre los aspectos presupuestarios, sino también
sobre el crecimiento del gasto farmacéutico.

Por tanto, yo creo que vamos a ser capaces de cumplir esa previsión
presupuestaria manteniendo los niveles de calidad de la prestación
farmacéutica y manteniendo los niveles de participación o de copago de
los usuarios que, vuelvo a insistir, exceptuando Alemania, son los más
bajos de Europa.




--SOBRE SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
RESPECTO A NUEVOS TRATAMIENTOS PARA LOS ENFERMOS DE ESCLEROSIS MULTIPLE.

FORMULADA POR LA SEÑORA RODRIGUEZ CALVO (GS). (Número de expediente
181/001504.)



La señora PRESIDENTA: Pregunta de la señora Rodríguez Calvo del Grupo
Socialista, sobre situación en que se encuentran los estudios e
investigaciones respecto a nuevos tratamientos para los enfermos de
esclerosis múltiple.

La señora Rodríguez Calvo tiene la palabra.




La señora RODRIGUEZ CALVO: Señorías, como ya conocen, la esclerosis
múltiple es una enfermedad invalidante de origen desconocido, que afecta
al sistema nervioso, se manifiesta en personas jóvenes y su evolución es
distinta de unos pacientes a otros, presentándose en forma de brotes que
provocan incapacidad temporal en algunos pacientes, o bien incapacidad
severa no recidivante en otros.

Hasta hace poco tiempo, ésta era una enfermedad que no tenía tratamiento
eficaz, pero en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Canadá
se vienen realizando ensayos clínicos con el interferón beta recombinante
1-B, después se están haciendo con el 1-A y últimamente con el copolímero
uno. En España también se han realizado algunos ensayos clínicos en
varios hospitales con el interferón beta natural y ahora, según las
últimas noticias que tengo, se está realizando un estudio multicéntrico
europeo, que va a durar hasta el año 1997, para ampliar todavía más los
conocimientos que hay o que va a haber respecto a este tipo de
tratamientos.

Todos los estudios que se han realizado hasta ahora señalan que ninguno
de estos fármacos es curativo, pero sí constituyen un tratamiento eficaz
--y parece que se ha reconocido por todos los científicos que están
experimentando los fármacos que antes ya he enunciado-- en cuanto
retrasan la progresión sostenida de la discapacidad o reducen la tasa de
brotes, reducen el número de lesiones cerebrales y, además, parece ser
que son bien tolerados por casi todos los pacientes.

Todos estos avances terapéuticos se han trasladado a la opinión pública
y, de forma más exhaustiva, a la Asociación Española de Esclerosis
Múltiple. Ello ha hecho que muchos pacientes y sus familiares hayan
centrado sus esperanzas en el interferón pensando que les va a cambiar
favorablemente el curso de la enfermedad, esperanzas que se han acentuado
cuando se ha conocido que últimamente los laboratorios propietarios del
interferón recombinante beta 1-B van a hacer posible que se disponga de
este fármaco en España.

Por ello es por lo que, haciéndome eco de las expectativas y de la
ansiedad con que tanto pacientes como familiares esperan la aplicación de
este fármaco, quisiera que el señor Subsecretario nos indicara la
situación en que se encuentra por parte del Ministerio de Sanidad y
Consumo los estudios para la utilización de este tratamiento en los
enfermos de esclerosis múltiple.




La señora PRESIDENTA: El señor Subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes
Montes): Efectivamente, la esclerosis múltiple es una enfermedad
desmielinizante de origen desconocido que cursa, como usted ha dicho, por
brotes y remisiones produciendo disfunciones motoras y sensoriales. La
clínica natural de la enfermedad es variada y generalmente consiste en un
cuadro evolutivo a lo largo de muchos años con invalidez progresiva. La
causa de la enfermedad, como he dicho, es desconocida, postulándose
varios mecanismos, sobre todo los mecanismos de autoinmunidad contra la
mielina.

Se calcula que en España existen 30.000 personas afectadas de esclerosis
en placas o esclerosis múltiple, que la enfermedad suele presentarse en
personas jóvenes o de mediana edad y que no afecta a sus capacidades
psíquicas. El tratamiento convencional consiste en corticoides durante
los períodos de exacerbación o durante los brotes; otros tratamientos sin
respaldo científico suficiente incluyen los corticoides fuera de las
fases de agudización y los inmunosupresores.

La variable evolución clínica de la enfermedad y la falta de un
tratamiento aceptable ha llevado a la utilización de gran variedad de
productos. El tratamiento con interferón beta 1-B recombinante, al que se
ha referido S. S., fue sometido a un ensayo clínico multicéntrico
controlado, aleatorio y doble ciego sobre 372 pacientes en fase remitente
recurrente de la enfermedad en Estados Unidos y Canadá. En este trabajo,
las conclusiones mostraron una disminución del número de brotes de la
enfermedad a los dos años. Sin embargo, las diferencias dejaron de ser
significativas a los tres años. También se puso de manifiesto una
disminución de la incidencia y la actividad de las nuevas lesiones
cerebrales observadas por resonancia magnética nuclear, en
aproximadamente el 60 por ciento de los casos,



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sin que este dato pueda ser comparado porque no había estudios previos.

Sin embargo, señoría, lamentablemente, este tratamiento no cura la
enfermedad ni se ha podido asociar con una mejora objetiva de la
discapacidad que presentan estos enfermos, medida según parámetros
objetivos. Como S. S. no ignora, el medicamento no está libre de efectos
secundarios, pudiendo producirse depresión y llegando algunos enfermos al
suicidio, por lo que casi una tercera parte de los pacientes abandona el
tratamiento a los cuatro años.

La Agencia americana, la FDA, consideró en el año 1993, como en el caso
de otras enfermedades graves e incurables, que, con los datos procedentes
del ensayo al que usted se ha referido y que se ha publicado, era
suficiente para autorizar con carácter excepcional esta indicación, dado
que podía suponer una esperanza para estos pacientes.

Inicialmente, el uso de este producto en otros países, entre ellos
España, fue, como sabe, imposible, y así lo manifestó el laboratorio
propietario cuando se produjeron las primeras solicitudes a través del
servicio de suministro de medicamentos y productos sanitarios del Estado.

De otra parte, en España hay disponible otro interferón beta, de origen
natural y diferente composición química, autorizado para el tratamiento
de las hepatitis B y C crónica activa y en lesiones condilomatosas. Dada
la similitud de productos, se actualizó un programa de investigación en
pacientes que cumplían criterios de inclusión similares a las del ensayo
clínico realizado con interferón recombinante. Los resultados
preliminares de este primer ensayo, realizado con un pequeño número de
pacientes, no permiten avalar, de momento, su utilización en la
esclerosis múltiple, aunque sí proseguir con la investigación clínica.

Respecto al interferón beta 1-B recombinante, está siendo administrado en
España a un pequeño número de pacientes, en concreto 32 casos, en fase
progresiva de la enfermedad como parte de un estudio multicéntrico
europeo para determinar la posible efectividad de este producto sobre
otros subsegmentos de la esclerosis en placas. El estudio está diseñado
para obtener datos a los tres años, en 1997. El laboratorio propietario
del interferón beta 1-B recombinante ha comunicado recientemente la
posibilidad de disponer de este medicamento en nuestro país, para su
aplicación a los pacientes en fase remitente recidivente de la
enfermedad, teniendo en cuenta la situación del registro del producto con
un procedimiento de concertación, y en algunos países de la Unión Europea
se va a comenzar o ha comenzado ya su utilización en pacientes que
cumplen determinados criterios de inclusión en un protocolo, previa
autorización correspondiente de la Administración sanitaria. La Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios ha determinado, junto con los
miembros de la Sociedad Española de Neurología y de la Agencia de
Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, los criterios para el acceso al
tratamiento de forma individualizada y a través de protocolos hasta que
se autorice la comercialización del medicamento.

El protocolo definitivo se ha aprobado el pasado 14 de junio y se trabaja
en los cauces que deben seguir las autorizaciones y seguimientos, por lo
que es de esperar que en muy breve plazo ciertos pacientes puedan
comenzar el tratamiento. De cualquier forma, debe insistirse en que los
resultados obtenidos en los escasos estudios científicos realizados no
permiten avalar la efectividad de este producto para el tratamiento de la
esclerosis múltiple, por lo que, tras la autorización europea por el
procedimiento de concertación, se procederá a una autorización temporal y
selectiva condicionada a los resultados de los estudios en curso.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Rodríguez Calvo.




La señora RODRIGUEZ CALVO: Me congratulo de que el 14 de junio se haya
aprobado lo del protocolo, pero pediría al Ministerio de Sanidad que se
explicara suficientemente tanto a los pacientes como a los neurólogos que
lleven a cabo este tratamiento para que no se creen falsas expectativas,
sobre todo a aquellos cuyos cuadros no son recidivantes, porque, como
bien sabe, ésta es una patología que, al darse en personas jóvenes y
sabiendo cuáles son sus consecuencias, crea alteraciones psicológicas. Si
a ello añadimos las frustraciones que se están creando, ya que los
laboratorios les están diciendo a todos que sí, que es un tratamiento
eficaz y cuando llega la hora del tratamiento van a quedar fuera de ese
protocolo, podría creárseles problemas añadidos al problema psicológico
que tiene esta enfermedad.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes
Montes): Señoría, no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que
hace, porque es no sólo pertinente sino obligada desde la responsabilidad
de la autoridad sanitaria y del Ministerio de Sanidad poner en claro cuál
es el perfil terapéutico del medicamento del que estamos hablando.

Hay que conocer que la esclerosis en placas es una enfermedad realmente
dolorosa, invalidante, de evolución lenta pero discapacitante, en la que
se han ensayado gran número de procedimientos terapéuticos: tratamientos
por medios físicos; tratamientos dietoterápicos; tratamientos
farmacológicos por acción autoinmunitaria inflamatoria (me estoy
refiriendo concretamente a la administración de metil-prednisolona a
grandes dosis, administración de metotrexato, ciclofosfamida o
ciclosporina A, administración de interferones del tipo interferón alfa,
beta natural o beta recombinante); tratamientos farmacológicos por acción
sobre los compuestos antígeno-anticuerpo (plasmaféresis, glammaglobulina
intravenosa, inmunoglobulina policlonal o de anticuerpos anti-CD4);
tratamientos por acción sobre los linfocitos; por acción sobre las
células productoras de mielina; tratamientos por acción sobre axones
neuronales o tratamientos mediante moléculas semejantes a la mielina. Es
decir, yo creo que se ha ensayado en el campo de la medicina un gran
número de tratamientos que no han



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demostrado su efectividad en cuanto a curar una enfermedad de estas
características.

En la valoración de este nuevo fármaco, del interferón beta 1-B
recombinante, debe hacerse también con esa precaución, sabiendo que es un
fármaco que puede tener una efectividad no sobre la curación de la
enfermedad sino sí probablemente sobre la evolución en algunos aspectos.

Según un trabajo publicado, que es un ensayo americano de 372 casos,
parece que la evolución clínica no es diferente al grupo que fue tratado
con un placebo, por lo que no deberíamos abrir falsas expectativas en un
colectivo que ciertamente no tiene demasiadas vías terapéuticas. Por
tanto, es extraordinariamente importante hacer esa reflexión y creo que
cuantos estamos en el mundo sanitario (la Administración, los
especialistas en neurología, los laboratorios) deberíamos hacer un
ejercicio de responsabilidad de no transmitir la idea de que existe un
medicamento que cura la enfermedad, ya que incluso desde el punto de
vista del conocimiento científico actual, hay bastantes dudas de que
mejore efectivamente ese subgrupo de enfermos con esclerosis en placas a
los que nos venimos refiriendo. Así pues, ese llamamiento a la
responsabilidad es importante para no crear expectativas que después no
se correspondan con la realidad.




La señora PRESIDENTA: Concluido el segundo punto del orden del día,
despedimos al señor Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo,
don José Luis Temes Montes.

Muchas gracias.




DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD MEDICA DE PSIQUIATRIA INFANTIL.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN DE CONVERGENCIA I UNIO.

(Número de expediente 161/000396.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3.º del orden del día: debate y
votación de proposiciones no de ley. Como hemos informado a SS. SS. al
inicio de la sesión, las votaciones se producirán al final de los debates
consiguientes.

Primera proposición no de ley: sobre reconocimiento de la especialidad
médica de psiquiatría infantil. Esta proposición no de ley es una
iniciativa presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para su
defensa, tiene la palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Vamos a defender la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para que
se reconozca la especialidad médica de psiquiatría infantil.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
ratificada por el Estado español, reconoce en su preámbulo que el niño,
por su falta de madurez física y mental, tiene derecho a cuidados y
asistencias especiales, derecho que adquiere una especial trascendencia
si se encuentra en situaciones traumáticas de mayor o menor gravedad y/o
si adolece de ciertas minusvalías, bien sean físicas o mentales, en un
organismo (no hay que olvidarlo) en continuo proceso de maduración.

Dada la complejidad y especificidad de estas circunstancias, es
fácilmente comprensible la necesidad de una atención psiquiátrica
especializada dirigida a esta población infantil, tanto desde el punto de
vista de actuación terapéutica como desde el punto de vista de
prevención, o en evitación de problemas que puedan surgir.

Sin embargo, en nuestros centros sanitarios los psiquiatras están
ejerciendo la especialidad médica de psiquiatría infantil sin tener
reconocida legalmente la especialidad para este área concreta de
conocimiento en su vertiente específica dirigida a la infancia. Además de
este cumplimiento al que hacíamos referencia del compromiso adquirido por
el Estado español al ratificar el 30 de noviembre de 1990 la referida
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo anteriormente
expuesto ha de llevarnos a la necesidad de reconocer la especialidad
médica de psiquiatría infantil, sobre todo por la consideración del
interés superior del niño.

Por otra parte, el propio colectivo profesional demanda que se les
permita obtener el título, sin perjuicio de que se les exija el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 127/1984,
de 1 de enero, regulador de la obtención de los títulos de
especialidades. Sin embargo, dicha disposición no contempla el
reconocimiento de la especialidad de psiquiatría infantil, aunque sí
establece los requisitos necesarios para obtener el título de médico
especialista, así como toda clase de especialidades susceptibles de
perfeccionamiento y obtención, entre las cuales sí figura concretamente
la de psiquiatría como una de aquellas que requiere la formación
hospitalaria.

Pero es que además resulta que, posteriormente, mediante la entrada en
vigor del Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciembre, que regula el
reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de médicos y de
médico especialista de los Estados miembros de la Unión Europea, tampoco
se hizo el reconocimiento de la especialidad médica de psiquiatría
infantil, aunque, por otra parte, sí que permite la posibilidad de que
aquellos médicos extranjeros en cuyos países se les reconoce esta
especialidad puedan ejercerla en nuestro país, lo cual, además,
representa un serio inconveniente para nuestros profesionales.

Por todo ello, y atendiendo al hecho de que las necesidades sanitarias de
la población infantil reclaman el reconocimiento legal de la especialidad
médica correspondiente a psiquiatría infantil, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió presenta la siguiente proposición no de ley: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo de tres
meses desde la aprobación de la presente proposición no de ley, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.º del Real Decreto
127/1984, de 11 de enero, mediante el cual se regula la obtención de
títulos de especialidades, dicte cuantas disposiciones sean



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necesarias para la creación de la especialidad médica relativa a la
psiquiatría infantil.




La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley han sido presentadas
dos enmiendas, una que formula el Grupo Parlamentario Popular y, otra, el
Grupo Socialista.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Villalón.




El señor VILLALON RICO: Quiero dar las gracias al portavoz de
Convergència i Unió y decir que esta proposición no de ley (curiosamente,
diría yo en este caso) admite las tres posibilidades desde el punto de
vista de lo que podría ser al final una votación en Comisión. Admitiría
con criterios válidos, objetivos y razonables, el votar afirmativamente,
el votar en contra e incluso el abstenerse.

¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros votáramos afirmativamente la
iniciativa de Convergència, entraríamos en la profundización de la
especialidad de psiquiatría infantil. Por otra parte, también admitiría
votarse en contra, porque hace una propuesta que nosotros consideramos
unilateral con respecto a otras especialidades de lo que es la
especialidad de pediatría. También tendría que decir que todos los
condicionantes que ha manifestado el señor Cardona respecto a establecer
la protección sobre el niño, no solamente hay que presentarlos desde el
punto de vista de la psiquiatría, sino también desde las diferentes
especialidades de la pediatría o de la atención sanitaria al niño. Por
ese mismo motivo, nosotros podríamos abstenernos, puesto que realmente no
hay unos criterios científicos, médicos, suficientes para tomar esta
decisión. En todo caso, sí que nos parece que es mejorar lo que en este
momento tienen establecido las diferentes especialidades de pediatría
desde el punto de vista de la asistencia médica.

Por otro lado, habría que decir que dentro de la pediatría o de la
atención sanitaria infantil sólo hay una especialidad reconocida como
tal: la cirugía infantil, reconocida con fecha 7 de julio de 1977. Hay
casos curiosos, como es el hecho --seguramente el señor Cardona lo
conoce-- de que haya una cátedra de neonatología en la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de Barcelona, pero eso no condiciona
que haya una especialidad de neonatología dentro de la pediatría. Por
tanto, habría que hacer una valoración de cómo está constituida, de cómo
está estructurada la Asociación Española de Pediatría, que, en su
momento, se estructuró en diferentes secciones; estas diferentes
secciones se han transformado en sociedades y, así, tenemos la Sociedad
de Neurología de Pediatría, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de
Psiquiatría; en resumidas cuentas, diferentes sociedades dentro de lo que
es la Asociación Española de Pediatría.

El acceso a la especialidad de psiquiatría infantil tiene dos vías: el
médico que se ha especializado en psiquiatría y luego tiene una
superespecialización en psiquiatría pediátrica o el médico que se ha
especializado en pediatría y que accede a la psiquiatría pediátrica. Eso
pasa en otras vertientes de la pediatría, como puede ser la neurología,
el aparato digestivo, la cardiología, etcétera.

Nosotros, en atención a la intención del grupo proponente, que creemos
que es mejorar la situación sanitaria española y, como ellos mismos
dicen, en atención a los niños de nuestra sociedad, al final, vamos a
apoyar esta iniciativa, teniendo también en cuenta la enmienda que hemos
redactado y que nos parece que entra dentro de lo que sería la
generalización de las diferentes especialidades médicas de pediatría.

Nosotros presentamos una enmienda de adición: y del resto de las
especialidades médicas de pediatría, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Asociación Española de Pediatría.




La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, defensa que va a hacer la señora Rodríguez
Calvo.

He de comunicar a SS. SS. que, a pesar de que ustedes la conocen porque
tienen el texto de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, se ha trasladado a la Mesa una pequeña modificación técnica
de la enmienda que, como digo, creo que SS. SS. ya conocen.

Tiene la palabra la señora Rodríguez Calvo.




La señora RODRIGUEZ CALVO: En primer lugar, quiero expresar que el Grupo
Parlamentario Socialista está de acuerdo con gran parte de los
planteamientos que se exponen en la proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Estamos de acuerdo
porque es verdad que existe un compromiso adquirido por el Estado español
con la ratificación del Convenio Internacional sobre Derechos del Niño de
velar realmente por estos derechos y porque es cierto que la infancia y
la adolescencia presentan caracteres específicos y expresiones
psicológicas y clínicas claramente diferenciadas de las de los adultos,
por lo que la forma de intervención en esta etapa de la vida suele ser
compleja y diferenciada y no puede limitarse a una mera adaptación, más o
menos eventual, de las técnicas empleadas en la etapa adulta, sino que
los trastornos mentales infantiles y de adolescentes deben atenderse con
estrategias de intervención adecuadas y específicas. Este es un hecho que
recoge la Ley General de Sanidad en su artículo 20.

También es cierto que, basándose en estas necesidades peculiares de
atención a la infancia y a la adolescencia, determinados médicos
especialistas en pediatría o en psiquiatría vienen desarrollando una
labor asistencial de modo preferente en áreas infantiles concretas, que
han dado lugar a una especie de subespecialización en psiquiatría
infantil, y a eso se ha referido el ponente del Grupo Parlamentario
Popular. Es cierto que existen esas subespecialidades, no solamente en el
campo de la pediatría, sino incluso en el campo de las enfermedades
infecciosas, que no se sabe si las van a tratar los especialistas en
medicina interna o los virólogos. Es decir, que cada día hay más
profundización en algunas especialidades, que da lugar a esta
subespecialización.

Pero con ser esto cierto, es muy importante tener en cuenta, repito, que
el hecho de que se dé en otras especialidades, de que se dé dentro de la
propia atención al niño esta serie de subespecializaciones, debido al
avance científico,



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hace necesario --y a nuestro Grupo le parece conveniente-- que se
establezcan las medidas oportunas tendentes tanto a regularizar la
situación de estas subespecialidades como a establecer los criterios
técnicos que garanticen la adecuada formación de aquellos facultativos
que las desarrollan.

Ante esta situación, caben dos posible soluciones: una podría ser la
creación de nuestras especialidades, como se pide en la proposición no de
ley; o bien el reconocimiento de áreas de capacitación específica dentro
de la especialidad ya existente. Respecto al primer planteamiento, no
parece que sea la solución más conveniente, ya que la proliferación de
especialidades médicas generaría efectos no deseables en la gestión y
urbanización de los servicios sanitarios, al tiempo que puede dar lugar a
una cierta confusión entre los propios usuarios de la sanidad. Además,
como bien apuntaba antes el señor Cardona, ni el Real Decreto 127/1984 ni
el Real Decreto 1.691/1984 reconocen, precisamente, la especialidad en
psiquiatría infantil. También hay que señalar que, por parte de la Unión
Europea, existe un alto grado de consenso sobre la conveniencia de no
acreditar más especialidades que las estrictamente necesarias, y el
propio Ministerio de Sanidad también está de acuerdo con los
planteamientos que otros ministerios de Sanidad hacen a nivel europeo.

Por el contrario, la segunda posibilidad, es decir, la creación y
reconocimiento de estas áreas de capacitación específica, tal como lo
contempla el Real Decreto 127/1984, parece que sea la solución más
idónea, dándose además la circunstancia de que coincide con el sentir de
la mayoría de la sociedad científica de ámbito nacional y de los sectores
profesionales afectados, no solamente en la especialidad que mencionaba
el ponente del Grupo Popular, de pediatría, sino de todos los sectores
que se vean afectados por estas subespecialidades.

Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo
de este Real Decreto 127 y, por ende, para la creación de todas aquellas
áreas de capacitación específica que el progreso científico y tecnológico
y las propias necesidades sanitarias aconsejen que deban de crearse, se
ha constituido ya, a instancias del Ministerio de Sanidad y Consumo, un
comité de estudio de áreas de capacitación específica dentro del Consejo
Nacional de Especialidades Médicas, al objeto de definir qué
conocimientos científicos y habilidades, con aplicación asistencial, se
requieren para el desarrollo de estas áreas. Para ello, este comité
valorará aspectos tales como que su contenido pueda ser considerado
suficiente, sin estar incluido en la especialidad existente, pero sí que
se desarrolle a partir de estas otras especialidades; que exista un
número de profesionales sanitarios con dedicación profesional o
preferente a estas áreas; que no se base únicamente en la existencia de
un instrumento técnico o de una técnica médica quirúrgica o de
diagnóstico similar y que se acceda a estas áreas desde una o varias
especialidades.

Así pues, en consonancia con lo expuesto, nos parece razonable que deba
someterse a la consideración de dicho Comité la creación del área de
capacitación específica de psiquiatría.

Por consiguiente, con estas consideraciones y respetando el espíritu de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el Grupo Socialista apoyaría dicha iniciativa, que
le parece interesante y oportuna, si se acepta nuestra enmienda a la
misma en los términos que ya les hemos presentado, añadiendo la frase «en
breve plazo». Quedaría de la siguiente forma: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que en breve plazo, tras estudio e
informe del Comité de Areas de Capacitación Específica del Consejo
Nacional de Especialidades Médicas, se creen áreas de capacitación
específica entre las que figuraría, entre otras, la psiquiatría infantil.

Ello se realizaría a propuesta conjunta de los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Sanidad y Consumo, en desarrollo de lo previsto en el
artículo 3 del Real Decreto 127/1984, por el que se regula la formación
especializada y la obtención del título de médico especialista.» Así
quedaría redactada. Quiero decir al Grupo Popular que su enmienda, por
tanto, sería redundante, dado que el propio artículo 3 del Real Decreto
contempla lo que usted ya indica en su enmienda, es decir, que se
tendrían en cuenta todas las asociaciones de especialistas a la hora de
decidir qué áreas se crean o no se crean.




La señora PRESIDENTA: ¿Otros grupos que no presentan enmiendas y que
deseen intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene a palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA MARTINEZ: Señora Presidenta, muy brevemente, para
mostrar en esta Comisión nuestra posición absolutamente favorable a la
proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, por el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señora Presidenta, voy a fijar la
posición del Grupo Vasco manifestando que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) apela en su exposición de motivos a la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y que, en definitiva, viene a
constituir el parámetro que ha de inspirar las actuaciones
político-sanitarias en cuanto al tratamiento de la política de asistencia
a los niños.

Efectivamente, el marco político internacional sería ése, pero,
circunscribiéndonos al ámbito de la Unión Europea y de la regulación que
ya existe, la directiva marco o directiva general sobre especialidades,
que es la 93/16, texto refundido, admite la existencia de esta
especialidad; incluso en algunos países existe. Dinamarca, Alemania,
Grecia, Francia, Irlanda, entre otros.

Nuestro Grupo Parlamentario entiende que, basándose en la coyuntura
sanitaria que en este momento hay en el Estado español, que luego
analizaremos, no es ésta una materia prioritaria. No lo es porque, en
primer lugar, no hay una formación adecuada para la obtención del título
de Medicina. Existe una escasa formación en materia de psiquiatría



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infantil, tanto en la asignatura de psiquiatría como en la de pediatría,
a lo largo de la impartición de los diferentes cursos que conforman la
licenciatura en Medicina.

Además, señora Presidenta, hay otra consideración. Si acordamos y
aprobamos la iniciativa tal como está en este momento, tenemos que
proceder urgentemente a una redefinición del sistema de formación MIR de
los especialistas en psiquiatría infantil, lo cual alteraría
completamente, si se aprobara tal como lo expone el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), todo el sistema de obtención del título de
especialistas por la vía MIR.

Procede señalar que, en cuanto a la formación de los médicos internos
residentes, se contempla una dedicación entre cuatro a 10 meses, pudiendo
ampliarse este período hasta los 12 meses, pero sin que haya una
programación a cumplir. Además, este período, señora Presidenta, es
optativo y se escoge entre psiquiatría infantil, gerontopsiquiatría,
alcoholismo y toxicomanías. Tiene verdaderos problemas de aplicación
práctica, y en definitiva tampoco circunscribimos el ámbito de la
especialidad, porque ¿nos referiríamos a los que tienen la especialidad
de psiquiatría o a los que tienen la de pediatría, o también a los
psicólogos?
Vistas las enmiendas presentadas, nos parece muy correcta la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, porque atina en el meollo del problema, y
es que es necesario un estudio, un informe de las áreas de capacitación
en el seno del Consejo Nacional de Especialidades. Creemos que la
redacción y el planteamiento que propone el Grupo Socialista son los
adecuados, puesto que sería excesivamente temerario en este momento que
se aprobara, tal como está la proposición no de ley y con un plazo tan
perentorio de tres meses, el establecimiento de la especialidad, por
todas esas problemáticas que suponen la alteración del sistema de
formación en la carrera y del sistema de formación de especialidades a lo
largo de la vía MIR.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Vasco aceptaría y votaría a favor de la
enmienda del Grupo Socialista siempre que fuera admitida a trámite por el
Grupo Parlamentario Catalán.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Mi Grupo comparte plenamente la necesidad de
que en lo que se refiere a psiquiatría y psicoterapia infanto-juvenil
deba haber unos profesionales específicamente capacitados para ello. Yo
creo que no son comparables --no comparto las apreciaciones del señor
Villalón-- otro tipo de especialidades en pediatría con lo que se refiere
especialmente a la psiquiatría y la psicoterapia; la mente de un niño es
cualitativamente diferente de la de un adulto, no es un adulto en
chiquitito, necesita una atención especializada y específica.

Por otro lado, tal y como han dicho otros grupos, existen en este momento
profesionales que han obtenido esa capacitación específica, lo que pasa
es que han tenido que salir al extranjero para obtenerla,
desgraciadamente, ya que en nuestro país no existen cauces diseñados para
obtenerla, y, por tanto, tampoco existen puestos de trabajo específicos.

La Ley General de Sanidad contempla la necesidad de este tipo de atención
especializada, e incluso en el catálogo de prestaciones sanitarias,
afortunadamente, se incluye. Nuestro país es el único país europeo que no
tiene reconocido este tipo de especialidad médica y, aunque hay otros
países que no la tienen reconocida --o sea, no existe formación
específica en su ámbito--, sí reconocen la formación obtenida por
profesionales en otros países de su entorno cultural o lingüístico.

Mi Grupo Parlamentario, finalmente, comparte las apreciaciones que acaba
de hacer el portavoz del PNV con respecto a que parece razonable que
exista un período en el cual lo que se reconozca sea una capacitación
específica por parte, lógicamente, tanto de profesionales especialistas
en pediatría como de especialistas en psiquiatría, que conduzca en el
plazo necesario al reconocimiento de la especialidad en psiquiatría
infanto-juvenil. Lo que mi Grupo hubiera deseado es que, aparte de este
planteamiento razonable del Grupo Socialista, hubiera una concreción en
el tiempo. Yo creo que la preocupación que mi Grupo transmite es
generalizada: el alto grado de incumplimiento por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo de proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad en
esta Comisión. Incluso hemos visto anteriormente que, a pesar de esa
redacción del plazo más breve posible, hay plazos de dos años y medio y
superiores sin que ese «más breve posible» haya determinado la existencia
de la norma en este caso recomendada por esta Comisión.

Por tanto, mi Grupo votará favorablemente la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) si acepta la enmienda
del Grupo Socialista aun entendiendo que mi Grupo va a perseguir la norma
y seremos protagonistas en conseguir esa concreción temporal que no se ha
podido lograr en esta Comisión.




La señora PRESIDENTA: Señor Cardona, tiene la palabra al objeto de
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.




El señor CARDONA I VILA: Sí aceptamos la enmienda del Grupo Socialista en
el sentido de añadir «en el más breve plazo de tiempo posible».

No podemos aceptar, sin embargo, la enmienda del Grupo Popular, primero
porque, tal como se ha dicho, el artículo 3 del Real Decreto 127/1984 ya
contempla esta posibilidad, y además --también se ha dicho-- por la
complejidad especial que significa la psiquiatría, sobre todo en un
terreno tan delicado cual es la formación integral del niño. Nosotros
entendemos que necesita de una especial dedicación todo lo referente a
psiquiatría infantil.

También quiero agradecer a todos los grupos sus manifestaciones en la
fijación de posiciones.




--RELATIVA AL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DE LOS DIPLOMADOS
UNIVERSITARIOS EN ENFERMERIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 161/000446.)



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La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Popular relativa al desarrollo de las
especialidades de los diplomados universitarios en enfermería.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Burgos Gallego.




El señor BURGOS GALLEGO: El desarrollo de las especialidades de los
diplomados universitarios en enfermería es, desde hace muchos años, una
cuenta pendiente de la administración, no sólo con los afectados, sino
con la modernización y con la adaptación que nuestro sistema sanitario
necesita. En este proceso tan lento como exasperante, en muchos casos, la
historia se remonta a hace mucho tiempo. La regulación de las
especialidades de los ATS tiene su origen en un decreto del año 1953,
cuyos artículos facultaban al Ministerio de Educación para autorizar la
creación de especialidades. Desde 1957 se crearon nueve especialidades,
pero, al ser integrados los estudios de ATS en la Universidad como
escuelas universitarias de enfermería en 1977, no se procedió a
desarrollar las especialidades adecuadas a la nueva titulación. La propia
Administración reconocía que esto configuraba un sistema atípico,
peculiar y necesariamente transitorio. Sin embargo, esta transitoriedad,
que se preveía ya en la normativa que entró en vigor, ha corrido el
riesgo, yo creo que se ha convertido de alguna manera, de hecho, en
permanente.

No es hasta 1987 cuando se regula la obtención del título de enfermero
especialista por un Real Decreto de 3 de julio, Real Decreto que recogía
precisamente una serie de criterios, de posibilidades y disposiciones
entre las cuales figuraba la creación de siete especialidades en
enfermería, la obstétrico-ginecológica, la pediátrica, la relativa a
salud mental, a salud comunitaria, cuidados especiales, geriatría,
gerencia y administración.

De igual modo este Real Decreto creaba un Consejo Nacional de
Especialidades, que era el organismo encargado de poner en marcha, de
alguna forma, este mecanismo de especialización en el ámbito de los
diplomados universitarios en enfermería. Pero en tanto ese Consejo
Nacional de Especialidades se ponía en marcha, se preveía el
funcionamiento de un comité asesor y se facultaba al propio Ministerio de
Educación para aprobar, con carácter provisional, los programas de
formación de las especialidades de enfermería.

El resultado de todo este proceso complicado es que, a fecha de hoy, ni
se ha acabado de constituir ese Consejo Nacional de Especialidades, y,
por tanto, lo poco que se ha hecho es con carácter provisional, ni ha
funcionado, de verdad ese comité asesor de especialidades de enfermería,
y, en general, se ha creado una sensación de preocupación y, por qué no
decirlo también, de frustración entre los profesionales de este sector
sanitario tan relevante.

Con carácter provisional se creó en 1992 el programa de formación y los
requisitos mínimos de las unidades docentes y del sistema de acceso para
la obtención del título de enfermero especialista en enfermería
obstétrico-ginecológica; es decir, lo único que se ha hecho de ese
decreto de especialidades, el único desarrollo que se ha puesto en marcha
de las siete especialidades contempladas ha sido una, y lo ha sido,
además, con carácter provisional, justo es reconocerlo en este momento,
por la obligación de atender a lo previsto en una directiva comunitaria
sobre la coordinación de las disposiciones legales reglamentarias y
administrativas, relativas al acceso a las actividades de matrona y al
ejercicio de las mismas, cuya incorporación al derecho español se llevó a
efecto por Real Decreto 1017/1991, de 28 de junio. Es decir, estamos en
una situación de «impasse», en una situación que está generando en el
sector una preocupación notable. Hay que poner de manifiesto, además, que
estos incumplimientos de la Administración de su propia legislación se
ven acentuados aún más porque la Administración en numerosas ocasiones ha
adquirido compromisos de desarrollo de estas especialidades que luego no
se han visto confirmados por la propia realidad. Así, por ejemplo --y por
citar solamente algunos de estos aspectos en los que se pone de evidencia
la contradicción entre las posiciones de la Administración y la
realidad--, por Resolución del 10 de junio de 1992 de la propia
Secretaría General para el Sistema Nacional de Salud, se publicaba un
acuerdo entre los sindicatos y la Administración sobre aspectos
profesionales, económicos y organizativos en las instituciones sanitarias
dependientes del Insalud. Este acuerdo contemplaba que, en lo relativo a
las especialidades de enfermería, se acordaba la negociación de un grupo
de trabajo y que antes del 1 de abril de 1992 debían estar puestas en
vigor las medidas necesarias para el desarrollo y la aplicación de esas
especialidades de enfermería. El desarrollo legislativo de esas
mencionadas medidas se produciría antes del 1 de junio de 1992.

Evidentemente, SS. SS. comprenderán que el incumplimiento de estas
disposiciones y de este acuerdo ha sido flagrante y que el resultado ha
sido nulo, prácticamente no se ha puesto en marcha ninguna de las
disposiciones de aquel acuerdo. Pero también hubo un acuerdo, discutido
entre los sindicatos y el Insalud, en abril de 1992, en el que se
proponía, en su punto primero, el desarrollo de las especialidades
fundamentalmente, y se configuraban unas prioridades que la propia
Administración defendía en aquel momento, las de pediatría y las de salud
mental, siguiendo las disposiciones de las directivas comunitarias 77/452
y 77/453. Nada de lo dispuesto en aquel acuerdo, entre sindicatos e
Insalud, del año 1992, se puso en marcha.

Finalmente, por citar otro ejemplo más de estos incumplimientos
reiterados, tenemos un documento firmado entre la Secretaría General de
Salud y el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados de
Enfermería, con diferentes extremos en lo que respecta al desarrollo de
las especialidades. En ese acuerdo, por ejemplo, se preveía mantener una
reunión y una serie de contactos entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Enfermería
para desarrollar las especialidades con la promulgación de normas que
desarrollaran, sobre todo, las de enfermería pediátrica y salud mental, y
realizando --decía-- los estudios necesarios para el total desarrollo del
mencionado decreto. Este compromiso de diciembre de 1992 tampoco se ha
cumplido y tampoco hemos visto ningún avance en esta materia.




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Nuestro criterio a la hora de presentar esta proposición no de ley a
través de esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados es el de generar un impulso ante una situación profesional que
cabe calificar de frustración y de falta de expectativas de promoción. Si
queremos configurar una enfermería de categoría, el desarrollo de las
especialidades --por cierto, reivindicado en numerosas y continuas
ocasiones por los propios profesionales-- constituye, sin lugar a dudas,
un punto fundamental y no es el único, pero es el que nos ha llevado en
este momento a presentar esta iniciativa. Sin embargo, me gustaría dejar
sentado que, desde luego, no es el único aspecto pendiente en lo que
respecta a los profesionales de enfermería, que siguen con algunas
cuestiones, como su carrera profesional, sus atribuciones frente a los
técnicos, el estudio de una posible licenciatura, etcétera, con muchos
frentes abiertos. En un momento en el que nos enfrentamos a una huelga
general de los profesionales de la medicina en nuestro país, no estaría
de más recordar que, si no es capaz la Administración y el Ministerio de
Sanidad de dar respuesta o al menos de generar una impresión de confianza
entre estos profesionales, no nos extrañaría que nos viéramos abocados,
en pocas fechas, a movilizaciones y, por qué no decirlo, a algún tipo de
convocatoria de huelga por parte del personal de enfermería.

Yo creo que el Ministerio de Sanidad debe ser consciente de esta
situación, y en esta línea es en la que presentamos esta proposición no
de ley, que pretende poner en marcha el desarrollo del propio Decreto de
1987, que configuraba las siete especialidades que se contemplaban en
aquel entonces, pero también desarrollar algunos de los aspectos que
figuraban en aquel decreto y que son absolutamente fundamentales para
poner en marcha ese mecanismo, como es la configuración y, por supuesto,
la convocatoria del Consejo Nacional de Especialidades, que es el que
tiene que ejercer las acciones y las competencias que le son propias y
que le reconoce el propio Real Decreto en materia de desarrollo de las
especialidades. Y algo que nunca está de más, que es dar cumplimiento a
aquellos acuerdos firmados por parte de la Administración con los
sindicatos y con el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados
de Enfermería en aspectos relativos al desarrollo de las especialidades.

No tenemos tanto interés en poner una fecha concreta y, dados los
antecedentes del cumplimiento de los plazos para la puesta en marcha o en
vigor de las proposiciones no de ley adoptadas en esta Comisión, no vamos
a insistir en el tema, sino que lo que tratamos fundamentalmente con esta
proposición es generar un nuevo impulso a un aspecto, como digo,
bloqueado, paralizado, que tiene preocupados a los profesionales, y, de
alguna manera, reactivar, poner en marcha y recobrar sin duda la
confianza en una de las necesidades básicas de este colectivo tan
importante de nuestra sanidad.




La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Pardo Ortiz.




La señora PARDO ORTIZ: Yo quería empezar diciendo que introducir
elementos en el debate en esta Comisión --una comisión del Congreso de
los Diputados-- tales como tomar determinadas resoluciones porque existe
una huelga de médicos y probablemente haya una huelga de enfermería o
introducir otras demandas del sector de enfermería, perfectamente
legítimas, como puede ser su posible licenciatura, etcétera, cuando la
proposición no de ley que nos ocupa habla específicamente de las
especialidades en enfermería y su desarrollo, me parece que es traer a
colación elementos que no vienen al caso.

A mí me parece que las decisiones que se tomen en este sentido respecto a
esta proposición no de ley han de estar basadas en las necesidades
objetivables de los centros hospitalarios, y como la realidad en el
sector sanitario es muy dinámica hay que tener todas esas condiciones en
cuenta. También que, hasta ahora y con carácter vinculante, sólo está la
directiva comunitaria que habla de la especialidad
obstétrico-ginecológica, matronas, que ya está desarrollada y pendiente
de sus últimos retoques respecto a las escuelas de matronas, etcétera. El
resto de las especialidades no tienen directiva vinculante, son meras
recomendaciones de la Comunidad, y lo sabe el representante del Grupo
Popular. También sabe el representante del Grupo Popular que el Consejo
Nacional de Especialidades, que dice en su proposición no de ley que es
el que ejercerá las acciones y competencias que le son propias en materia
de desarrollo de esas especialidades, está constituido pero está
compuesto por las comisiones especiales que se han de constituir cuando
se constituir cuando se constituyan las especialidades. Por lo tanto,
necesariamente tiene que ser, a partir de ahora, el Consejo Asesor el que
entre a arbitrar estas nuevas especialidades y materias.

El Grupo Socialista había presentado una proposición alternativa, que,
teniendo en cuenta lo que se ha dicho, tenía como objeto ir dando pasos
en esa regulación y en ese desarrollo de las especialidades contenidas en
el Real Decreto de 1987, de 3 de julio, teniendo como marco, como no
puede ser de otra manera, el Sistema Nacional de Salud y sus necesidades.

Establece nuestra proposición el compromiso de desarrollar
prioritariamente dos especialidades, una, la de salud mental, y otra, la
de salud comunitaria, más que nada porque son estas dos especialidades
las más demandadas para la red de atención primaria en este momento.

También entendíamos que tiene problemas de fondo establecer todas las
especialidades con carácter mimético, como son que en cierta medida se
pierde la polivalencia en el sector enfermería y en las categorías, con
los consiguientes problemas que eso trae, si bien tenemos que constatar
que una de las especialidades que se pide es la de pediatría y en este
momento tampoco parece que ésa sea una necesidad perentoria, ya que
nuestros índices de natalidad son los que son y no es ésa una urgencia de
carácter inmediato.

A nuestro Grupo le parecía que tal vez habría que hacer una selección de
aquellas especialidades de las que sí hay una mayor demanda, como son la
de salud comunitaria para la red de atención primaria y la de salud
mental. Ese era el contenido de nuestra proposición.




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Por ahorrar tiempo, en el mismo uso de la palabra comentaré a la Comisión
que en reuniones y conversaciones con el Grupo proponente no ha sido
estimada nuestra proposición alternativa, pero que, como mi Grupo sí
coincide con la necesidad de avanzar y dar pasos en el desarrollo de esas
especialidades dentro del Sistema Nacional de Salud, vamos a aceptar la
proposición no de ley del Grupo Popular, si bien consideramos que, en
aras a una regulación sosegada, donde haya una participación de todas las
instituciones y agentes que la legislación establece, sería conveniente
no hacer mención a ninguna tasa de tiempo. Por tanto, de la proposición
no de ley del Grupo Popular retiraríamos lo de «en un plazo máximo de
seis meses» y el resto se aceptaría.




La señora PRESIDENTA: ¿Restantes grupos que no han presentado enmiendas y
que quieren intervenir?
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Participamos con el Grupo proponente de las
consideraciones que hace en la exposición de motivos sobre la profesión
de enfermería y también respecto a la necesidad de desarrollar la
regulación de especialidades. Teníamos nuestras dudas sobre la posible
facilidad de que desarrollar las especialidades dentro de enfermería
podría desvirtuar o tener ciertos inconvenientes para los profesionales
en cuanto a su polivalencia, pero, en cualquier caso y una vez retirada
la proposición de la enmienda del Grupo Socialista, nuestro voto será
afirmativo a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular.




La señora PRESIDENTA: La señora Maestro, por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya comparte el fondo de los motivos que han
llevado al Grupo Popular a la presentación de esta proposición no de ley.

Esta valoración se inscribe en una línea general, de la que mi Grupo
participa, de la elevación del nivel de formación y del nivel de
titulación de los trabajadores de la salud, del conjunto del sistema
sanitario. Esto nos ha llevado --reitero-- a proponer incrementos en el
nivel académico de los auxiliares de enfermería, considerando la
enfermería como una enfermería básica de la cual pudieran determinarse
diferentes especialidades y diferentes niveles de formación, lo que algún
sindicato entendió como un intento de devaluar la profesión de
enfermería. Por eso aprovecho el apoyo manifiesto de mi Grupo
parlamentario a esta proposición no de ley para demostrar que esa
preocupación de algún colectivo sindical acerca de que nosotros
pretendíamos devaluar la carrera de enfermería evidentemente carece de
sentido. Lo que se pretende --insisto-- es incrementar el nivel de
formación de todos los colectivos que están desarrollando sus actividades
en el Sistema Nacional de Salud.

Quiero aprovechar también para señalar otra vez más, por enésima vez, las
enormes complicaciones y crispaciones a que está dando lugar el retraso
en la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad, y posteriormente
del Consejo de Ministros, del proyecto de ley de ordenación de las
profesiones sanitarias. La inexistencia de ese marco general que defina
los perfiles de los diferentes colectivos nos está llevando
reiteradamente a situaciones de agravios y de crispaciones de cada
colectivo, que pretende ir resolviendo su problema en ausencia de ese
marco general que permita situar de manera coherente el nivel de
formación, el perfil académico y las necesidades del sistema sanitario.

Quiero insistir, además, en que no se trata de una carrera desenfrenada
hacia un nivel de superespecialización al margen de las necesidades y que
esta situación se ve agravada por la inexistencia todavía de carrera
profesional, tanto para otros colectivos como para el de los
profesionales de la enfermería.

Por tanto, nosotros compartimos el espíritu que ha llevado al Grupo
Popular al planteamiento de esta proposición no de ley. Creemos que
aunque lo de los plazos --reitero-- parece más un brindis al sol que otra
cosa, es necesario que la respuesta sea en un tiempo suficiente como para
satisfacer la preocupación de los colectivos y también para que los que
estamos desarrollando nuestra actividad en esta Comisión no sintamos que
es una actividad contemplativa más que otra cosa.

En consecuencia, a la espera de la opinión del Grupo Popular acerca de la
enmienda del Grupo Socialista, nosotros apoyaremos tanto una como otra en
el caso de que no sea aceptada.




La señora PRESIDENTA: El señor Burgos tiene la palabra, al objeto de
definirse sobre la enmienda socialista.




El señor BURGOS GALLEGO: Por supuesto que un tema de plazos no va a ser
óbice para que esta Comisión apruebe lo que creo que es fundamental en la
propia proposición no de ley, en sus puntos, que hacen justicia a una
reclamación muy antigua en un momento en que se hace explícito, de forma
manifiesta, el inadecuado e insuficiente desarrollo de una profesión
sanitaria, y además en un momento también en el que se están produciendo
modificaciones muy importantes en su rol profesional y en el papel que
tiene que jugar en la sanidad.

No es un tema de plazos, sino de voluntad política, y mi Grupo se
congratula de que en eso coincidan el resto de los grupos parlamentarios.




La señora PRESIDENTA: ¿Debemos entender que retiran la expresión «el
plazo de seis meses», sustituyéndola por «el plazo más breve posible»?
(Asentimiento.)
Lo eliminamos. De acuerdo.




--SOBRE LA SITUACION QUE ESTA ATRAVESANDO EL HOSPITAL CLINICO DE
BARCELONA. PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO. (Número de expediente
161/000464.)



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La señora PRESIDENTA: Ruego a SS. SS. un poquito más de atención; ya
terminamos esta intensísima sesión.

Pasamos a la última proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto, en
este caso la señora Rahola, sobre la situación que está atravesando el
Hospital Clínico de Barcelona.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Con brevedad, puesto que el tiempo realmente
apremia.

Hemos planteado una proposición no de ley en una doble línea de
preocupación. De un lado, la voluntad de resolver el problema del régimen
jurídico del propio Clínico de Barcelona y, de otro, también preocuparse,
desde el ámbito en el que haya competencias, por el conflicto que se ha
desencadenado.

La primera cuestión entendemos que es fundamental. El régimen jurídico
del hospital se remonta, como saben, a un Decreto de 1952 (por tanto,
realmente es muy obsoleto), que determina que los organismos que
financian el déficit general por su actividad son la Diputación, el
Ministerio de Sanidad el 22 por ciento, el Ministerio de Educación el
otro 22 por ciento --estamos hablando por tanto de un 44 por ciento entre
los dos Ministerios-- y el Ayuntamiento de Barcelona.

Aun habiéndose producido el traspaso en materia de sanidad del Hospital
Clínico, no fue transferido a la Generalitat de Cataluña, y en este
momento tiene concertada su actividad con el Servicio Catalán de la Salud
en el 96,5 por ciento del total. En este momento la deuda calculada del
Hospital Clínico con la Seguridad Social es de más de 20.000 millones de
pesetas, las diferentes entidades financieras del déficit deben al
hospital 13.000 millones de pesetas y el Servicio Catalán de la Salud,
como usted conoce, 7.000 millones. El balance con los datos años de 1993
representa un déficit de 2.000 millones de pesetas más o menos.

Nosotros entendemos que es necesario que desde este Congreso haya un
planteamiento a favor de que se intensifiquen las negociaciones entre el
Gobierno y la Generalitat para que el Hospital Clínico de Barcelona sea
transferido finalmente a la Generalitat de Cataluña. También entendíamos
y por eso planteábamos el doble ámbito, que era necesario que hubiera una
preocupación por el conflicto que se ha desencadenado en el Hospital
Clínico.

Como ustedes saben, se planteó que hubiera una regulación de empleo de
unos 209 trabajadores y se solicitó a la Delegación de Trabajo 209
despedidos, de los que sólo se han aprobado, por suerte, 55, y se ha
autorizado la suspensión temporal por seis meses de otros 84
trabajadores. Quisiéramos hacer constar en esta Comisión que,
curiosamente, de los 55 despedidos, 40 son ATS, y que esto afecta a la
atención directa del enfermo. Quiero también recordar que el tiempo de
espera del servicio de urgencias en el Hospital Clínico es en estos
momentos de cinco o seis horas.

Por tanto, entendemos que el Clínico, que es un hospital totalmente
puntero, de alta tecnología y muy importante en materia de transplantes,
además de ser de ámbito universitario, tendría que tener, precisamente,
un reforzamiento, tendría que tener resuelta su situación jurídica y, por
supuesto, no tendría que estar sometido a una regulación de empleo.

En todo caso, y para acabar, quiero plantear que esta Comisión y por
tanto el Congreso de los Diputados, debe tener a bien considerar que es
necesario intensificar las negociaciones con el Gobierno de la
Generalitat para que el Hospital Clínico de Barcelona sea transferido, y
también preocuparse por el conflicto que se ha desencadenado.

Sin embargo, a esta proposición se han formulado dos enmiendas de
sustitución. Nosotros nos adelantamos y manifestamos que esta Diputada
podría considerar la enmienda que plantea Convergència i Unió, que en
principio aceptaríamos.




La señora PRESIDENTA: A esta proposición, efectivamente, como ha dicho la
señora Rahola adelantándose al procedimiento, han sido presentadas dos
enmiendas, una por el Grupo Catalán y otra por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Por la defensa de la enmienda del Grupo Catalán, tiene la palabra el
señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Señora Presidenta, quiero agradecer las
manifestaciones de la señora Rahola sobre nuestra enmienda antes de que
hiciéramos la exposición de nuestros motivos para presentarla.

Ya se ha hecho referencia al régimen jurídico del hospital, con los
organismos afectados, y que, en su momento, cuando se hicieron las
transferencias en materia de sanidad, no se transfirió a la Generalitat
de Catalunya dicho hospital.

A lo largo de los años 1992, 1993 y 1994, el Departamento de Sanidad y
Seguridad Social de la Generalitat, mediante el Servicio Catalán de la
Salud y el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, ha suscrito
contratos de prestación de servicios sanitarios que incluyen el pago de
la actividad de hospitalización, así como consulta externa, urgencia y
prótesis, y a su vez también da un cierto soporte económico a diversos
programas sanitarios específicos.

Aun cuando el Departamento de Sanidad tiene previsto mantener el contrato
suscrito con el Hospital Clínico e incluso mejorarlo si ello fuera
posible, lo que no puede es hacer frente al déficit acumulado por el
centro, aparte de que esta responsabilidad corresponde a las
instituciones que son sus titulares. Por tanto, antes de plantear
cualquier tipo de participación de la Generalitat de Catalunya en los
órganos de gobierno de este hospital, se tendría que producir el
saneamiento económico del mismo.

Hay que significar también que mediante una iniciativa de nuestro Grupo
Parlamentario se negoció la introducción en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para este año, en el trámite del Senado si no
recuerdo mal, de una enmienda mediante la cual se consiguió la
condonación de los intereses y los recargos sobre la deuda, que no sólo
este hospital, sino los hospitales de la red hospitalaria de utilización
pública, lo que se conoce como XHUP, tenían contraída con la Seguridad
Social, deuda que se situaba alrededor



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de los 60.000 millones de pesetas para toda la red. Además, se incluía el
aplazamiento del pago del principal por un tiempo de diez años y con tres
de carencia.

Por otra parte, el Departamento de Sanidad y Seguridad Social tiene la
responsabilidad de garantizar la asistencia sanitaria a la población de
Cataluña, tanto en el sentido de calidad como cuantitativamente. El
modelo sanitario catalán diferencia las responsabilidades de compra y
financiación de los servicios de lo que es propiamente la provisión de
los mismos. En este sentido, el Servicio Catalán de la Salud asume el
primer papel y contrata con diferentes entidades proveedoras a las que
requiere por medio del contrato unos parámetros de actividad prestada con
una calidad predefinida sin entrar en primer término en la gestión
interna que realiza cada una de ellas, las cuales mantienen la autonomía
de gestión necesaria para desarrollar óptimamente su función asistencial.

Hay que tener presente también que las cuestiones relativas a personal
constituyen una potestad propia de las entidades proveedoras, siendo la
única función del Servicio Catalán de la Salud la de velar para que la
calidad asistencial desarrollada se adecue a los criterios establecidos a
fin de que el usuario reciba la atención más adecuada a sus necesidades.

Por tanto, consideramos que el proceso de ajuste interno del hospital no
es competencia del Gobierno de la Generalitat, sino del mismo centro, que
es el responsable de su gestión y de su adaptación a la situación
económica actual, como están haciendo otros centros de la red mediante la
elaboración de un plan de viabilidad.

Por todo ello hemos presentado la enmienda de sustitución, y he explicado
esto para que se entienda mejor lo que hace referencia a la realidad
sanitaria de Cataluña. Excuso leer el texto que se propone, porque creo
que todos los grupos tendrán copia de la referida enmienda.




La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Figueras i Siñol.




La señora FIGUERAS I SIÑOL: Como ya se ha dicho, el Hospital Clínico y
Provincial de Barcelona es una entidad pluridependiente; de ahí que sea
necesaria la voluntad concurrente de todas las partes interesadas para
alterar el «status» de este hospital. Esta múltiple dependencia impidió
que fuese transferido a la Generalitat de Cataluña cuando se llevaron a
cabo los traspasos del Estado en materia de sanidad y de universidades.

No basta, por tanto, tal y como se plantea en la proposición no de ley,
intensificar las negociaciones con el Gobierno de la Generalitat para que
se opere la transferencia solicitada, sino que es preciso negociar
también con la Diputación de Barcelona y con el Ayuntamiento.

La situación financiera del hospital no está relacionada con ninguna
política expansionista, tal y como se expresa en la proposición no de
ley, sino que, según se afirma en el informe de la Intervención General
de la Seguridad, es el resultado de las indefiniciones de adscripción,
dependencia y regulación normativa que se ponen de manifiesto, afectan
negativamente a la gestión del hospital y se traducen, como circunstancia
más desfavorable, en una situación precaria de financiación.

También dice la Intervención que urge la regulación jurídica precisa de
la configuración del hospital, adecuándola a la realidad de la gestión
actual y estableciendo inequívocamente su marco legal, su dependencia
orgánica y funcional y el escenario de financiación que posibilita el
desarrollo de su actividad.

En relación al expediente de regulación de empleo, que afecta a 209
trabajadores (tal y como ahora ha reconocido la señora Rahola, y no a
284, como dice la exposición de motivos de la proposición no de ley), en
base a ese expediente, se ha autorizado la rescisión de 55 contratos y la
suspensión de otros 84 por un período de 180 días, dentro de los cuales
se han pactado, con conocimiento de la autoridad laboral, medidas
organizativas que han permitido no aplicar la suspensión citada. En
ningún caso las medidas adoptadas han supuesto una reducción de la
actividad del centro, ni en cantidad ni en calidad, sino que han sido
adecuadas para un mejor aprovechamiento de los recursos sanitarios
existentes.

Los patronos del Hospital Clínico y la Consejería de Sanidad de la
Generalitat ya están negociando desde hace tiempo. La solución pasa, a
nuestro entender, por la reinstitucionalización del hospital, atendiendo
a su caso singular, y a través de un consorcio que pueda garantizar de
manera eficiente la asistencia, investigación y docencia que el Hospital
Clínico y Provincial de Barcelona desarrolla.

Por todo ello es por lo que el Grupo Socialista ha presentado una
enmienda de sustitución a la proposición no de ley que nos ocupa,
entendiendo que es necesario que se regularice y estabilice la situación
del Hospital Clínico de Barcelona, pero esta solución debe ser la de
dotarlo de una estructura idónea, atendiendo a su singularidad, con el
acuerdo de las diferentes administraciones implicadas y con arreglo a
todo lo previsto en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Ordenación
Sanitaria de Cataluña, para así garantizar de manera efectiva su
asistencia, investigación y docencia, y mantener los elevados niveles de
calidad que vienen dándose.

Dado que la enmienda del grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha
sido aceptada por la señora Rahola y que va en el mismo sentido que
nuestra propuesta, en los términos más esenciales, aunque no habla de las
distintas administraciones implicadas ni hace referencia a las leyes que
he mencionado; repito, como en los términos más esenciales va en el mismo
sentido, nuestro Grupo dará apoyo a la misma y retira, por tanto, la
enmienda presentada.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Brevísimamente, para manifestar el apoyo del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la
proposición no



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de ley, tal como ha manifestado la señora Rahola al aceptar la enmienda
planteada.

Si bien la realidad es la realidad --la triple dependencia institucional
del Centro y, por otro lado, los motivos económicos que pueden impedir
que sea transferido finalmente a la Generalitat de Cataluña--, mi Grupo
Parlamentario entiende que ése es el objetivo a medio plazo. Se trata de
que en el ínterin tanto las dificultades económicas como las
complejidades institucionales de dependencia no incidan negativamente en
la atención sanitaria, en la investigación y en la docencia.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Mi Grupo está, en principio, a favor de la
proposición no de ley, aunque quizás consideramos que no es
pormenorizada, puesto que entendemos que también debe ser tenida en
cuenta la opinión de los facultativos del Hospital Clínico y un mayor
rigor en cuanto a esta transferencia, puesto que son varios los
organismos de los cuales depende el mencionado Hospital Clínico.

Los facultativos propios del Hospital Clínico de Barcelona están a favor
de esa transferencia, aunque también ponen de manifiesto su inquietud
porque no se lleve a cabo una profesionalización de los órganos
directivos del mismo Hospital, una vez se hubiera procedido a dicha
transferencia, criterio que coincide con algunos de los puntos del
programa en el ámbito sanitario que tiene el Partido Popular y que
solicitaríamos que fueran tenidos en cuenta.

Se ha hablado también de las deudas de cotizaciones por débitos a la
Seguridad Social. Ya hubo una especie de pacto que se trasladó a la
disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. El Grupo Parlamentario Socialista y el Catalán (Convergència i
Unió) pactaron una forma de pago a largo plazo que quizá nosotros
denunciaríamos porque vulnera determinados intereses y supone agravios
comparativos para determinadas empresas que también están en situación de
crisis y que no son tratados de la misma forma, puesto que se trata de
una moratoria a diez años con tres de carencia y condonación de recargos.

Dicha deuda --que no asciende a los 60.000 millones que dice el señor
Cardona, sino que alcanzaría prácticamente los 66.000--, con esa
condonación de recargos queda en unos 48.000 millones de pesetas, lo cual
ha supuesto, desde luego, un perjuicio a las arcas de la Seguridad
Social.

Si bien estamos de acuerdo con la transferencia a la Generalitat de
Cataluña, en el fondo nos habría gustado más la enmienda del Grupo
Socialista. Pero ya que ha sido retirada, en la enmienda del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) nos habría gustado más que se dijera que se
adapta a la realidad sanitaria y social del ámbito catalán, puesto que
habrá transferencias de otros hospitales clínicos similares a éste a
otras comunidades autónomas que no son precisamente Cataluña.

Con todo, apoyamos la enmienda presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió).




La señora PRESIDENTA: ¿La señora Rahola desea hacer uso de la palabra
nuevamente? (Denegaciones.) Da por aceptada, por tanto, la enmienda
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). (Rumores.)
Señorías, les ruego un minuto o dos --no más quedan para concluir la
sesión-- de atención y silencio. Una vez finalizado el debate, vamos a
proceder a las votaciones. Antes voy a comunicar las sustituciones que se
han producido en esta Comisión para las votaciones en el día de hoy.

Por el Grupo Popular Socialista, la señora Alberdi es sustituida por la
señora Gorostiaga; la señora Frías Navarrete es sustituida por el señor
García Ronda, y la señora Mendizábal es sustituida por don Guillermo
Varela.

En el Grupo Parlamentario Popular, don Enrique Fernández-Miranda es
sustituido por doña Reyes Montseny.

En el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Hinojosa i Lucena es
sustituido por don Joan Simón i Burgues.

Finalmente, en el Grupo Mixto el señor Mur es sustituido por la señora
Rahola.

Comunicadas las sustituciones, vamos a proceder a las votaciones en el
orden en que han sido debatidas las enmiendas y en los términos que han
quedado tras su aceptación o no, con sus matices incluidos.

Votación de la proposición no de ley sobre reconocimiento de la
especialidad médica de psiquiatría infantil presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán, con la aprobación de la enmienda socialista en los
términos en que quedó finalmente con la modificación técnica.




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

La siguiente proposición no de ley es la relativa al desarrollo de las
especialidades de los diplomados universitarios en enfermería, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular con el rechazo de la enmienda del
Grupo Socialista, pero con la aceptación de la supresión del párrafo
relativo a los plazos.




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Votación relativa a la proposición no de ley sobre la situación que está
atravesando el Hospital Clínico de Barcelona, presentada por la señora
Rahola, del grupo Mixto, en los términos de la enmienda formulada por el
Grupo Catalán (Convergéncia i Unió).




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Gracias, señorías, por su paciencia.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.