CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 521
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 26
celebrada el jueves, 8 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales (Peña
Pinto), para informar sobre la política de formación profesional
vinculada a la creación de empleo que desarrolla el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 212/001479). (Página 15973)
Preguntas:
--Del señor Aparicio Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre fecha
prevista para la vigencia del sistema nacional de cualificaciones
profesionales y el correspondiente Catálogo de títulos y certificados,
según lo aprobado en el programa nacional de formación profesional. (BOCG
serie D, número 201. Número de expediente 181/001391). (Página 15978)
--Del mismo señor Diputado, sobre ofertas de empleo vacantes en el año
1994 por falta de formación de los demandantes de empleo y de los
beneficiarios de prestaciones por desempleo, en las cualificaciones
profesionales demandadas. (BOCG serie D, número 201. Número de expediente
181/001392). (Página 15978)

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--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
posición del Gobierno en relación con la recomendación del Defensor del
Pueblo de fecha 23 de junio de 1993, dirigida al Director General del
Instituto Nacional de Empleo (INEM), relativa a la efectiva aplicación
por las oficinas de empleo de la preferencia en materia de gestión de la
colocación que establece para los titulares de familias numerosas el
artículo 22 del Decreto 3140/1971, de 23 de diciembre. (BOCG serie D,
número 187. Número de expediente 181/001276). (Página 15983)
--Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular), sobre motivos del
cierre de más de ocho escuelas-taller en Iberoamérica. (BOCG serie D,
número 189. Número de expediente 181/001296). (Página 15985)
--Del mismo señor Diputado, sobre motivos por los que el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) no sigue financiando el programa de
escuelas-taller en Iberoamérica. (BOCG serie D, número 189. Número de
expediente 181/001297). (Página 15985)
--Del señor Aparicio Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones
que impiden que la gestión presupuestaria del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) deje de basarse en cuenta extrapresupuestaria. (BOCG serie
D, número 201. Número de expediente 181/001393). (Página 15987)
--De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
regulación de las condiciones de acceso a los certificados de
profesionalidad previstos en la Ley 10/1994, de 19 de mayo, de Medidas
Urgentes de Fomento de la Ocupación. (BOCG serie D, número 216. Número de
expediente 181/001475). (Página 15988)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas para corregir los niveles de ruidos superiores a los máximos
legales en las empresas del sector de muebles y maderas. (Número de
expediente 181/001525). (Página 15988)
Comparecencias (Continuación):
--Del señor Director General del Instituto Nacional de Empleo, INEM
(Elordi Dentici), para informar del proceso de elaboración del repertorio
de certificaciones profesionales. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/001462). (Página 15900)
Preguntas (Continuación):
--Del señor Ríos Martínez (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
conclusiones y medidas derivadas de la inspección realizada en la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Murcia en
el mes de enero de 1995, así como trabajo realizado y centros
colaboradores visitados para la ejecución del informe correspondiente.

(BOCG serie D, número 216. Número de expediente 181/001484). (Página 15998)
--Del mismo señor Diputado, sobre depuración de responsabilidades por las
irregularidades en la gestión de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) de Murcia. (BOCG serie D, número 216. Número de
expediente 181/001485). (Página 15998)
--De la señora Montseny Masip (Grupo Parlamentario Popular), sobre
defensa de la aplicación del mismo recargo a las empresas deudoras a la
Seguridad Social que colaboran en la presentación de documentos en tiempo
y forma y a las que no los presentan. (BOCG serie D, número 206. Número
de expediente 181/001443). (Página 16003)
--De la misma señora Diputada, sobre inclusión en el sistema de Seguridad
Social del colectivo empleado en las notarías. (BOCG serie D, número 216.

Número de expediente 181/001470). (Página 16003)
--De la misma señora Diputada, sobre números patronales inscritos como
consecuencia de la celebración de contratos de aprendizaje y demás
modalidades contractuales introducidas por la reforma laboral. (BOCG
serie D, número 225. Número de expediente 181/001514). (Página 16004)
--De la misma señora Diputada, sobre proyecto de reforma institucional
previsto para las entidades gestoras de la Seguridad Social. (BOCG serie
D, número 225. Número de expediente 181/001516). (Página 16005)



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Se abre la sesión a las once de la mañana.




COMPARECENCIAS:



--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES, PEÑA
PINTO, PARA INFORMAR SOBRE LA POLITICA DE FORMACION PROFESIONAL VINCULADA
A LA CREACION DE EMPLEO QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/001479.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días. Señoras Diputadas, señores Diputados,
se abre la sesión para el trámite de un orden del día que comienza con la
comparecencia de don Marcos Peña, Secretario General de Empleo y
Relaciones Laborales, para informar sobre la política de formación
profesional vinculada a la creación de empleo que desarrolla el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Debo empezar agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista la
petición de esta comparecencia para dialogar, para analizar lo que para
mí y creo que para todos ustedes constituye el valor fundamental. Otras
veces hemos dicho aquí que la riqueza de las naciones es la inteligencia
de sus personas y que, por tanto, el factor humano es el factor
estratégico por excelencia. Nadie duda en la actualidad que la formación
debe ser considerada como un instrumento imprescindible de las políticas
activas en la lucha contra el desempleo, mejorando de forma ostensible la
ocupación de los desempleados y la flexibilidad y permanencia en el
empleo de los ocupados, y así se ha reiterado permanentemente en Europa,
desde el artículo 127 del Tratado de
Maastricht hasta la primera de las cinco consideraciones realizadas
recientemente por el Consejo Europeo de Essen en diciembre de 1994.

Esta importancia de la formación profesional es en realidad reciente en
España. Hasta hace bien poco era considerada una enseñanza secundaria, de
calidad inferior y a la que se acudía ante la imposibilidad de acceder a
estudios superiores, ya fuera por ausencia de recursos económicos, ya por
una situación semiencubierta de fracaso escolar. La decidida atención a
la educación como pilar fundamental de la sociedad del bienestar, su
universalización y la afluencia masiva de recursos permitió en la década
de los 80 dar un salto cuantitativo de magnitudes desconocidas en nuestro
país. Los matriculados en enseñanza primaria pasaron de 3 a 5 millones;
el medio millón en bachillerato se convirtió en millón y medio; los
matriculados en facultades y colegios universitarios pasaron de 60.000 a
más de 700.000, y esto fue posible por un esfuerzo presupuestario en
becas, construcción de centros, dotación de personal, etcétera. Sin
embargo, los avances cualitativos en formación profesional sólo se han
producido cuando esta política ha concurrido con la voluntad de los
agentes sociales, verdaderos destinatarios y casi me atrevería a decir
que protagonistas de la misma. Su participación ha sido decisiva en todos
los momentos que han supuesto avances de calidad hasta la configuración
de nuestros días. Así ocurrió con la puesta en marcha del primer plan FIP
y la creación del Consejo General de la Formación Profesional, frutos del
Acuerdo Económico y Social. Así también ocurrió con la ordenación con
carácter estable del plan FIP en 1990 y con su modificación en 1993, y lo
mismo con la formación continua de los acuerdos iniciales de 1992 y la
cascada de acuerdos anclada en estos acuerdos iniciales.

El Programa nacional de formación profesional, que constituye el
referente y punto de partida del desarrollo actual, surge de esta
voluntad de entendimiento y con una concepción unitaria que no impide el
mantenimiento de distintas estructuras de gestión, administraciones
educativas y laborales, del Estado y de las comunidades autónomas
respectivamente, para la formación reglada y ocupacional, y agentes
sociales para la formación continua. La coherencia entre esta diversidad
competencial y la concepción global e integradora de lo que debe ser una
política nacional de formación profesional es la que define los objetivos
del programa nacional, estableciendo un marco básico con carácter abierto
y susceptible de desarrollos y sucesivas adaptaciones a los diversos
ámbitos y con fórmulas de enlace y coordinación entre ellos.

¿Qué objetivos esenciales contiene este programa nacional? El primero
renovar los contenidos, la estructura y la planificación de la oferta
global de formación, adaptándola a las nuevas cualificaciones que demanda
la economía productiva en un proceso dinámico que permita adaptaciones
continuas a los cambios que se van produciendo. El segundo identificar
los colectivos potenciales demandantes de formación y establecer
prioridades según sus características, necesidades de cualificación y
problemas de acceso al empleo. El tercero mejorar la calidad.

¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho hasta ahora para dar cumplimiento
a estos objetivos? A la hora de concretar qué se ha hecho para dar
cumplimiento a estos objetivos no quiero en absoluto caer en la tentación
de presentar un panorama idealmente cerrado, autocomplaciente que no
exigiera ningún tipo ni de mejora ni de desarrollo. La reordenación de la
oferta formativa y el currículo de estudios o conjunto de titulaciones
debe ser un proceso en constante dinamismo y que exige, por tanto, una
interpretación flexible y una actualización continua para adaptarla a las
realidades concretas de una economía real en constante y acelerado
cambio, para dar respuesta, en definitiva, al reto de disponer de un
mercado de trabajo con la flexibilidad suficiente que permita incrementar
los niveles de productividad y traducir después éstos en empleo.

No pretendo extenderme más en este asunto porque, según lo previsto en el
orden del día, participará el Director General del Inem para informar a
SS. SS. del proceso de elaboración del repertorio de certificaciones
profesionales, y en cuanto a esos aspectos concretos me remito a su
intervención.




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Esta ordenación del sistema y este complejo entramado de titulaciones ¿a
quién se dirige? ¿Quiénes han de ser los destinatarios de la formación
profesional ocupacional? Evidentemente, se dirige a todos los
trabajadores, pero especialmente a los más desprotegidos, a aquellos que
el mercado expulsa con mayor facilidad o a quienes tienen más
dificultades para encontrar su primer empleo, para reinsertarse en
actividad laboral, básicamente jóvenes con escasa o nula cualificación y
experiencia, parados de larga duración, perceptores de las prestaciones
por desempleo, mayores de 40-45 años.

Atender adecuadamente las necesidades tan variadas de cada uno de los
colectivos, hacerles partícipes a todos del aforismo de aprender a
trabajar en el trabajo que realmente existe requiere instrumentos
específicos para cada uno de estos colectivos, y esto es lo que se ha
pretendido con la reforma del plan FIP de 1993 y con la actividad
normativa desplegada en lo que ha dado en denominarse reforma laboral.

El nuevo plan de formación e inserción profesional se ha orientado
prioritariamente a los perceptores de prestaciones por desempleo y
parados de larga duración, en el ánimo, por otra parte, de reemplazar
políticas pasivas por políticas activas, de liberar recursos para una más
decidida acción en favor del desempleo. La oferta actual va dirigida a
formar a 195.000 alumnos/año con la siguiente distribución: 120.000
perceptores de prestaciones por desempleo, 55.000 parados de larga
duración y jóvenes con empleo anterior y 20.000, otros colectivos,
minusválidos, migrados, etcétera. En realidad, esta orientación contrasta
con el pasado en el que los alumnos formados fueron mayoritariamente
desempleados no perceptores de las prestaciones por desempleo. Responde
quizás a una preocupación esencial de la Secretaría y del Ministerio, en
el sentido de que si hay que preocuparse de alguien, principalmente debe
ser de aquellos que están registrados en el Inem. Además, para los
jóvenes, como conocen SS. SS., se ha diseñado el contrato de aprendizaje,
a cuya disposición y para la formación teórica que comporta se ha puesto
la amplia red de centros de formación del plan FIP y del programa de
escuelas taller y casas de oficio, centros vinculados a la administración
educativa, centros de los agentes sociales y otros privados previamente
acreditados.

Las políticas de formación que asocian a los poderes públicos, a las
empresas y a los interlocutores sociales se desarrollan en nuestro país
desde el acuerdo tripartito para la formación de trabajadores ocupados a
través de la Fundación para la formación continua, que gestiona algo más
de un 40 por ciento del total de los créditos destinados a formación
profesional. Las acciones financiadas por la Forcem se instrumentan a
través de planes de formación de empresas, planes agrupados dirigidos a
las pymes, planes intersectoriales, y a partir de 1995, a través de la
primera convocatoria de ayudas para permisos individuales de formación.

En 1993 y en 1994 la Forcem aprobó un total de 2.290 planes formativos
que afectaron a alrededor de millón y medio de trabajadores. Asimismo, se
ha firmado un acuerdo, el pasado 15 de julio de 1994, entre el Ministerio
y la Forcem, para extender las acciones formativas a los trabajadores
eventuales del sector agrario, a los autónomos y a los funcionarios. En
relación con los trabajadores de la Administración pública, esto se ha
concretado en un acuerdo firmado en el seno de la comisión tripartita en
marzo de este año, con vigencia hasta el 96 y al cual se destinan 4.500
millones de pesetas.

Esta actualización y renovación de la oferta está siendo acompañada por
una serie de actuaciones complementarias, estructuradas en forma de
planes, tendentes a apoyar la mejora de la calidad de todo el sistema. He
de destacar en este sentido el plan para la puesta en práctica
experimental en 1995 de algunos programas correspondientes a las familias
profesionales actualizadas ya en 1994, tarea que están realizando los
centros nacionales y que permitirá calibrar los contenidos,
instalaciones, tiempos y costes antes de la implantación definitiva de
los nuevos programas generales en 1996. Una vez finalizado este plan
piloto, se revisará el sistema de información laboral, SIL, modificándose
en él las familias profesionales e incluyendo la posibilidad de
programación no sólo por cursos completos sino también por módulos. Se
han revisado, por otra parte, los criterios de homologación de los
centros colaboradores, de forma que permanezcan sólo en el sistema
aquellos que reúnan unos niveles determinados de calidad. Se ha puesto
también en marcha el plan de homologación de especialidades a impartir
por estos centros, con la finalidad de adecuarlas a las nuevas
programaciones derivadas del proceso de revisión y actualización, y se ha
iniciado un nuevo plan de perfeccionamiento técnico de formadores, a fin
de capacitarlos para impartir con garantía los nuevos programas, así como
un plan de adecuación de las dotaciones existentes.

Estas actuaciones que he descrito sucintamente han sido posibles gracias
al esfuerzo presupuestario, común de todos los españoles. Las cuantías
dedicadas a formación profesional ocupacional en nuestro país se han
incrementado, en el período de 1986 al 95, en más de un 400 por ciento.

En 1995, sólo en el capítulo transferencias, en el capítulo 4, hay una
dotación cercana a los 120.000 millones de pesetas.

¿Cuál es la valoración de este marco conceptual y normativo, de este
esfuerzo presupuestario? Todo esto, ¿qué efectos tiene para el empleo? En
términos generales, creo que moderadamente satisfactorios y así lo pone
de relieve el todavía único e insuficiente estudio de evaluación de las
acciones formativas del plan FIP que hemos realizado; evaluación que yo
creo que comentamos ahora por primera vez y que, en realidad, significa
la seña de identidad de lo que va a ser nuestro modo de actuar en el
futuro: reforzar la evaluación de todos los planes formativos que
existan. Voy a relatarles brevemente las conclusiones de esta evaluación
que hemos realizado.

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes. El
impacto del plan FIP en nuestro país ha sido positivo, máxime si
consideramos que está referido a un período, de 1991 a 1993, en el que
estábamos en recesión económica. Esto se pone de relieve cuando vemos que
un 57 por ciento de los alumnos ha tenido un empleo después del curso, si
bien es cierto --y hay que reconocerlo-- que



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un 28 por ciento de este grupo volvió a caer posteriormente en desempleo.

Un 18 por ciento de los alumnos manifiesta que, en su opinión, el curso
se ha realizado y ha permitido su colocación posterior. Naturalmente,
estos datos deben ser matizados por cuanto las trayectorias no habían
finalizado en todo su potencial en el año 1993, y por la propia
subjetividad de las respuestas a la hora de analizar la relación entre la
formación recibida y el trabajo desempeñado. En cuanto al sentido,
positivo o negativo, de las trayectorias laborales, un 37 por ciento de
los alumnos mejoró objetivamente su situación; un 2,7 por ciento empeoró;
respecto a un 60 por ciento se puede considerar que su situación no había
cambiado. Lógicamente, en estas grandes apreciaciones no se valora la
calidad del empleo concreto y la rotación en el mercado del trabajador,
ya que ésta puede valorarse de forma ambivalente. Con respecto a los
alumnos ocupados, el 40,7 por ciento estima que el curso ha influido y
ayudado a mejorar sus condiciones de trabajo.

El estudio no pudo valorar, por cuanto no estaba entre sus objetivos, los
efectos positivos que la formación haya podido tener sobre la actividad
empresarial para mejorar y flexibilizar la organización y gestión de los
recursos humanos. En el año 1991 no había una gestión de la oferta de
formación del plan por parte del Inem verdaderamente activa, basándose la
selección sobre los deseos particulares de los alumnos. Al no estar
orientada la oferta por el Inem, se ha comprobado la insuficiente
participación de perceptores por desempleo en los cursos --lo que ya les
comentaba antes, sólo el 8,84 por ciento--, y sorprendentemente se
comprueba que los resultados de inserción en este grupo son claramente
superiores al total de la muestra. El 72 por ciento de este colectivo de
perceptores se había colocado después, frente al 57 del colectivo
general. Por otra parte, el Inem solamente orientó efectivamente al 9,85
del total de alumnos; el resto decidió por sí la elección de los cursos y
se ha detectado que un total del 50 por ciento de alumnos realizaron los
cursos por motivos no profesionales --que es también otro elemento que
debe ser objeto de análisis--, como podrían ser completar estudios
académicos, estar ocupado en algo, etcétera. Ello pone de manifiesto la
importancia del cambio de orientación introducido en la gestión del plan
FIP a partir de 1993, pasando a gestionar activamente la oferta formativa
teniendo en cuenta la demanda real de cualificaciones en el sistema
productivo.

La participación de hombres y mujeres ha sido claramente equilibrada: el
51,8 por ciento de los alumnos en 1991 fueron mujeres. Sin embargo, esta
participación equilibrada no se ha traducido en equiparación total de
oportunidades de empleo posterior para ambos sexos, dado que el 63,9 por
ciento de los hombres trabajaron después, mientras que sólo lo hizo un
52,4 por ciento de las mujeres. En todo caso, en el grupo de mujeres de
20 a 29 años se comprueba que los resultados de inserción son similares
al de los hombres.

En cuanto a la relación nivel educativo previo y resultado de inserción
después del curso ocupacional, han sido los alumnos que habían realizado
estudios completos de formación profesional reglada los que obtienen, sin
comparación, mejores resultados.

La calidad de los cursos ha sido valorada por los alumnos al otorgar a
los ocho factores sometidos a valoración --contenido, profesorado,
material, etcétera-- un 7,37 sobre 10. Por último, un 85 por ciento de
los alumnos declara su disponibilidad e interés en realizar otro curso si
tuviera oportunidad.

Hasta el presente, más o menos, esto hemos hecho. ¿Cuáles serán, a partir
de ahora, las líneas de actuación hacia el futuro? Este estudio nos
muestra, aun con valor limitado, un grado de eficacia aceptable, y sobre
todo la idoneidad de los cambios introducidos en el sistema a partir del
año 1993. Mostrar en todo caso satisfacción en este terreno sería una
insensatez. Tenemos la obligación de evitar que se produzca un abismo
entre las necesidades de cualificaciones y la formación de
cualificaciones; la obligación de acompasar la transformación de la vida
laboral, impulsada por las nuevas tecnologías y la competencia entre
empresas, con la oferta de nuevas cualificaciones y competencias. Y si no
lo logramos, ahondaremos en la principal causa de los problemas
estructurales de nuestro mercado laboral. Por eso, mirando hacia
adelante, lo primero que debemos hacer es intentar dar respuesta a los
problemas que sabemos que existen. El primero es común a todos los países
miembros de la Unión Europea y es lo que algunas veces he denominado la
paradoja de la formación. Sabemos que existe una relación directa entre
formación y empleo, y esto es indiscutible; pero no es menos cierto que
gran parte de los puestos de trabajo accesible no exigen ningún tipo de
formación, y así se está demostrando en la evolución del empleo, repito,
en todos los países miembros de la Unión, y sin lugar a duda también en
Estados Unidos.

El segundo objetivo que reproduce el comentario que les hacía al señalar
el estudio que habíamos realizado es corregir la insuficiencia permanente
de la ausencia de evaluación constante de las políticas formativas
--también es un problema común de la Unión--, saber qué efectos tienen,
conocer en definitiva el grado de eficiencia del sistema, al que cada vez
más se asignan unas cantidades considerables. Pienso que éste es un
objetivo irrenunciable y que en realidad últimamente es el que más está
preocupando y el que más se discute en los Consejos de asuntos sociales y
de trabajo que realizamos en la Unión Europea.

El tercer objetivo, que es un objetivo común a todos nosotros, es hacer
más fluida la coordinación de las administraciones públicas con
competencias en esta materia para lograr un funcionamiento homogéneo
respecto de algo que es vital para la unidad del mercado del empleo. En
nuestro país, hace escasamente dos meses, que fue cuando hice el cálculo,
existían 394 normas de las comunidades autónomas sobre formación
profesional y política de fomento del empleo, que en buena medida están
provocando cierta desconexión, solapamiento, dificultad de seguimiento,
dificultad de control y dificultad de evaluación. Yo creo que sería
preciso que entre todos nosotros alcanzáramos una subespecie de pacto
territorial que intentara homogeneizar nuestro comportamiento de cara a
la formación profesional.




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Resolver, por tanto, estos problemas y continuar el camino marcado por el
programa nacional de formación profesional, aumentando la transparencia
en el mercado de trabajo a través del nuevo sistema de cualificaciones,
reforzando el binomio formación-empleo, investigando la evolución del
mercado de trabajo, incrementando la participación en programas e
iniciativas comunitarias son los objetivos que a corto y medio plazo
tiene marcados el Ministerio.

Debemos también pedir a los interlocutores sociales que incrementen aún
más su protagonismo en la formación profesional, y sobre todo, a las
empresas, que prosigan el esfuerzo que ha permitido entre 1989 y 1992,
aumentar el porcentaje de la masa salarial bruta dedicada a formación del
1,2 por ciento al 3,5 por ciento. Estamos en un 3,5 por ciento; fíjense
que desde aquel 1,2 en el que estábamos se ha recorrido un trecho, pero
quiero recordarles cuál es la participación de la masa salarial bruta de
algunos países importantes: en Japón puede ser del 11,3 frente al 3,5 de
las empresas españolas; en Estados Unidos, el 11,1; o en países
culturalmente más cercanos, como Italia, el 5,2.

En un mundo en transformación continua es imposible que el sistema de
formación sea un sistema cerrado, tiene que tener un grado de
flexibilidad tal que sólo se puede conseguir mediante la aplicación de
experimentos locales y bajo la responsabilidad de las empresas y de los
agentes sociales correspondientes. Ello es lo que puede dar respuesta
eficiente a la lucha contra el paro mediante la formación de los jóvenes
y la reconversión del personal excedente como consecuencia del proceso
tecnológico, el relanzamiento del crecimiento, reforzando la
competitividad y la obtención de un crecimiento más rico en puestos de
trabajo, lo que, en definitiva, hemos denominado desviar la productividad
hacia el empleo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo demandante de la comparecencia, tiene
la palabra la señora Romero, aunque antes de concedérsela quisiera rogar
a los señores portavoces de los grupos parlamentarios que esta mañana, en
el trámite del orden del día, tratemos todos de ajustarnos al tiempo que
concede el Reglamento a cada una de las fijaciones de posiciones de los
grupos, que, como ustedes saben y casi es ocioso recordarlo, es de diez
minutos.

Tiene la palabra la señora Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente, por su insinuación,
que creo que en este caso no será necesaria, porque voy a intentar ser
breve para agradecer a don Marcos Peña la exposición que ha hecho sobre
un tema que desde sus inicios preocupa al Grupo Socialista y sobre todo
una exposición bastante exhaustiva de todos los aspectos relacionados con
la formación profesional. De todas maneras, precisamente porque ha
hablado del dinamismo al que estamos sujetos en un tema en el que por
fuerza tienen que cambiar todavía muchos aspectos, seguiremos insistiendo
en algunos aspectos concretos, puesto que su intervención nos despeja
algunas dudas pero nos deja otras que intentaremos aclarar en sucesivas
comparecencias que iremos demandando.

Desde nuestro punto de vista, el problema de la formación profesional y
su vinculación al empleo tiene raíces profundas, a algunas de las cuales
el señor Secretario General se ha referido, pero que conviene recordar la
debilidad de un tejido empresarial español que en buena parte, casi un 90
por ciento, es pequeña y mediana empresa, teniendo en cuenta, sobre todo,
que en Andalucía estudios últimos me han facilitado la cifra de que las
empresas no llegan a una media de 6,6 trabajadores --es decir, no se
puede considerar ni siquiera pequeña empresa en los parámetros
europeos--, es un factor muy importante para la asunción de un elemento
de competitividad como es la formación profesional por parte de estas
medianas y pequeñas empresas. Por otra parte, hay que citar la
desaparición de la figura del aprendiz con los abusos en la época de la
dictadura franquista y el hecho de que los acuerdos de la transición
entre los agentes sociales desgraciadamente no han puesto sobre el tapete
como objetivo prioritario el tema de la formación profesional, que
siempre se ha relegado en mor de otros temas más urgentes. En definitiva,
esa escasa inversión por parte de las empresas en la formación
profesional la reclamaba también un informe de las cámaras de comercio
que sucesivamente hemos repetido en esta Cámara y que señalaba que la
empresa española dedicaba siete veces menos que la empresa europea a la
formación profesional. Los datos que nos ha proporcionado hoy sobre la
inversión que se hace en Japón o en Italia también son muy significativos
de la escasa inversión que nuestras empresas hacen en la formación de los
recursos humanos.

Por otra parte, las circunstancias que rodearon la creación del Inem
tampoco fueron las más propicias para la vinculación de la formación al
empleo, pero es verdad que se puso en marcha en 1985 el primer plan FIP
para colectivos desfavorecidos y que la orientación del nuevo plan FIP de
1993 hace insistencia sobre todo en la prioridad para los perceptores del
desempleo. No comparte mi Grupo que sean estudios complementarios y para
destinatarios con estudios, sino para colectivos desfavorecidos, como es
el objetivo prioritario, aunque no se haya llegado a acertar en estos
destinatarios por la abundante demanda y por la escasez de oferta de los
mecanismos que son habituales en otros países y que, sin embargo, en
nuestro país, por la debilidad del tejido empresarial a la que antes me
refería, han sido muy escasos. Por tanto, el Inem suple las carencias de
una política de acuerdo entre los agentes sociales para introducir la
formación profesional en las empresas, con resultados discutibles, como
no podía ser de otra manera, debido, entre otras razones, a la escasa
vinculación de cualquier tipo de estudio teórico al empleo requerido y a
que el Inem, como he dicho anteriormente, ha tenido que atender a una
población activa que no tenía adónde acudir.

A pesar del observatorio y de otros muchos mecanismos que el Inem ha
puesto en marcha para reordenar la oferta y la demanda, se han producido
desajustes y tenemos que decir que, además del programa al que ha hecho
referencia el Secretario General de Empleo y que es el marco teórico --y
anteriormente el Consejo General de Formación Profesional--, se han
puesto las bases para



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que, desde el punto de vista de lo que deba ser la oferta pública y de lo
que debe ser el diseño de la futura formación profesional, se pueda
llegar a resultados más satisfactorios. Las negociaciones entre los
agentes sociales y el Gobierno, que llevaron a la firma del acuerdo
tripartito para la constitución de la Fundación para la formación
continua y el destino de la importante cantidad de la que el Secretario
General nos ha dado la cifra --casi el 40 por ciento de los créditos
destinados a formación profesional están administrados por esta
Fundación-- nos hace pensar que la parte más importante de la futura
formación profesional de los jóvenes --y permítame que haga referencia al
sexo femenino porque me parece muy importante también como colectivo
destinatario-- reside en la responsabilidad y en el protagonismo de estos
agentes sociales. Esperamos una valoración de esos planes de formación
presentados por las empresas con el acuerdo de los sindicatos, y en qué
medida están incidiendo en el aprendizaje.

Entre los 34.000 empleos fijos del primer trimestre de 1995, parece que
32.000 lo han sido por la vía de los contratos formativos, lo que
consolida el eje fundamental de que la mejor vía para acceder a la
contratación fija no es la subvención a la contratación indefinida, poco
utilizada, sino la extensión de estos contratos formativos y la mejora de
sus contenidos. En la medida en que mejoren los contenidos de estos
contratos, en especial el de aprendizaje más conducirán al empleo.

Algunos mecanismos están puestos, aunque no sean los más requeridos por
los contratados para aprendizaje, que son los que facilitan la titulación
del graduado escolar para compensar las deficiencias básicas; pero otros,
como la formación que debe impartir el tutor en la empresa, no dependen
en estos momentos de la Administración, sino de los acuerdos entre los
agentes sociales y de la vigencia de la citada Fundación. Sin embargo,
desde nuestro punto de vista, la Administración tiene la obligación de
vigilar y tutelar este proceso para que no se produzcan los
desequilibrios que somos conscientes que se están produciendo.

Por otra parte, tenemos que congratularnos de que esté a punto de
publicarse el Real Decreto sobre las cuestiones que inciden en el
certificado de profesionalidad, y también de la buena marcha del
repertorio, a pesar de que, como sabe el Secretario General del Empleo,
nos gustaría tener la información del Director General de Inem, porque
existe un plazo previsto en la Ley de medidas urgentes para el fomento de
la ocupación.

Es cierto que las transferencias a las comunidades autónomas en la
gestión de los recursos formativos destinados a la formación profesional
deben armonizarse para hacer posible la igualdad de acceso a la
formación. Este es un proceso que debe tenerse en cuenta también, porque
la propia cita de las más de 300 regulaciones que inciden en este tema es
bastante preocupante a la hora de considerar que este marco tiene que
establecerse porque, en definitiva, el programa, que es una vinculación
entre la formación reglada y la no reglada, no estará completamente
diseñado hasta que los distintos aspectos referidos a la gestión de esta
formación por parte de las comunidades autónomas no queden contemplados
en él.

Quedan cuestiones pendientes que reordenar y será preciso un seguimiento
que mi Grupo se compromete a hacer en el futuro. No nos preocupa tanto el
tratamiento de los colectivos desfavorecidos a los que antes hacía
referencia el señor Marcos Peña, la adecuación de los centros públicos
dependientes del Inem, en los cuales se ha hecho un esfuerzo muy
importante, el plan de formación de formadores, el incremento del
presupuesto público ni la evaluación de las políticas formativas públicas
a las que antes hacía referencia, sino la normalización de un sistema de
acceso a la formación y al empleo que va a afectar al número más
importante de jóvenes, y permítame referirme, como antes hacía también, a
las destinatarias del sexo femenino, por no usar el neologismo sobre el
que no quiero insistir. Me parece una población lo suficientemente
importante, la de ambos sexos, como para que estudiemos no sólo una
evaluación de las políticas formativas públicas, sino, sobre todo, una
evaluación de lo que los agentes sociales tienen hoy día como objetivo
prioritario, y que desde nuestro punto de vista supone la consolidación
de esa normalización de la formación para el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Una brevísima intervención porque se me hace
difícil contraargumentar lo que nos acaba de exponer el Secretario
General.

Estamos absolutamente de acuerdo con la valoración que ha hecho de la
importancia de la formación profesional. Es evidente que si queremos ser
competitivos en el futuro, hemos de prestar una especial atención a la
formación profesional de nuestros jóvenes, cosa en la que, efectivamente,
no hace demasiado tiempo que se está incidiendo de una manera contundente
en este ámbito. Pero para que ésta no sea una intervención de guante
blanco, déjeme hacerle alguna crítica.

Ya sabe el Secretario General y la Comisión que tenemos una espina
clavada con el Plan Forcem, del que no se ha hablado. Al hilo de lo que
acaba de decir tanto el Secretario General como la representante del
Partido Socialista respecto a la necesidad de implicar más a las
empresas, yo estoy absolutamente de acuerdo con ello. Las empresas deben
implicarse mucho más en la formación profesional, no sólo aportando
recursos, que también, sino teniendo claro cuál ha de ser el futuro de su
actividad para requerir una formación profesional adecuada a sus
trabajadores. Lo que pasa, refiriéndome al plan Forcem, es que, no se
hace nada fácil que la empresa intervenga de una manera comprometida en
la formación de los trabajadores, porque no sé si SS. SS. saben la
cantidad de burocracia que supone la participación en una convocatoria
que hace el Forcem y lo que para la empresa significa tener que aportar
todas las certificaciones de cualquier tipo de tributación que tenga que
hacer, las certificaciones de estar al día en la Seguridad Social, si
existe o no un comité de empresa o delegados de personal, los poderes a
los representantes que representen, valga la redundancia, a la empresa en
la convocatoria, un plan financiero y no financiero del programa,
etcétera. Es



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una burocracia que da cierta grima a la hora de intervenir en una
convocatoria para la formación de los trabajadores. Saben ustedes también
que las empresas de menos de 200 trabajadores no podían acceder a las
convocatorias; ahora parece que eso se ha corregido y van a poder acceder
a estas convocatorias. Si analizamos cuál ha sido el defectuoso
funcionamiento, vemos que funciona mal, a pesar del importante caudal de
recursos que se pone en manos del Forcem, caudal de recursos que no
siempre se invierten, como ocurrió el año pasado, que hubo que hacer una
convocatoria en diez días para poder acabar de cumplir un presupuesto,
tiempo que además no permitía hacer programas para utilizar los recursos.

Finalmente no sé qué ocurrió. Lo que sí sé es que funciona muy mal y que
no haremos una formación profesional adecuada sino es acercando mucho a
esta formación allá donde se realiza, que es en la empresa, en los
municipios, en las autonomías, no en organismos centralizadores como es
el Forcem.

No estoy seguro, y lo digo a riesgo de provocar una crítica de las
fuerzas sociales participantes en el Forcem, que su participación esté
garantizando la calidad de la formación que necesitan nuestros
trabajadores en la formación profesional. Tendrán que revisarlo ellos,
pero la impresión que yo tengo, según los datos que me llegan por el área
que conozco más que es la de la autonomía en la que yo vivo, es que no
está siendo una garantía, cuando una de las razones fundamentales para la
participación de las fuerzas sociales en un programa como éste es
garantizar la agilidad y la calidad de la formación. Pienso que es una
reflexión que deberíamos seguir haciendo. Ya sé que lo del Forcem puede
que sea irreversible, salvo que el Tribunal Constitucional haga caso de
nuestro recurso, pero si ha de seguir funcionando, por lo menos revisemos
a fondo cuál es su funcionamiento, porque hasta ahora no es satisfactorio
para la implicación de las empresas ni para el entusiasmo de los
trabajadores, ni para el cumplimiento de ese deseo y de ese programa de
formación que tenemos para nuestros trabajadores.




PREGUNTAS:



--sobre fecha prevista para la vigencia del sistema nacional de
cualificaciones profesionales y el correspondiente catalogo de titulos y
certificados, segUn lo aprobado en el programa nacional de formaciOn
profesional. formulada por el señor aparicio perez (gp). (Número de
expediente 181/001391.)



--sobre ofertas de empleo vacantes en el año 1994 por falta de formación
de los demandantes de empleo y de los beneficiarios de prestaciones por
desempleo en las cualificaciones profesionales demandadas. formulada por
el señor aparicio perez (gp). (Número de expediente 181/0011392.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Aparicio.

Antes de concederla quiero informar a la Comisión de que en una decisión
coherente por razón de la materia, el señor Aparicio ha decidido
considerar incluidas dos preguntas que están en el trámite del orden del
día dentro del turno de fijación de posición en relación con la
comparecencia del Secretario General. Lo digo a efectos de información
del Secretario General. Son las preguntas números 1.391 y 1.392, que,
como los señores Diputados conocen, se refieren a esta materia de la
formación profesional ocupacional.

En estos términos tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Voy a tratar de ceñirme al tiempo indicado,
aunque con el margen que supongo que va a producir la especial referencia
que haré a una de las dos preguntas, y ya le aclaro a don Marcos Peña que
me centraré en la correspondiente a la falta de formación de demandantes
de empleo, puesto que en relación a esta misma pregunta recordará otra
formulada en esta misma Comisión sobre la misma materia, en la que algún
compromiso solemne adquirió y que espero que hoy lógicamente me amplíe.

Ha tratado de hacer usted un repaso al estado actual de la formación
profesional en España. Ya le anuncio que, con mayor intensidad con la que
probablemente lo podamos hacer las fuerzas políticas de este Parlamento,
usted va a ser sometido a lo largo del próximo semestre a un importante
examen, el derivado de la Comisión Europea, precisamente de la Unión
Europea bajo Presidencia española, que sobre los cinco grandes ejes de la
Cumbre de Essen en materia de empleo, va a tener que presentar la
Administración española, el Gobierno español.

Permítame que le diga que no soy optimista respecto al balance que pueda
presentar el Gobierno español, precisamente bajo Presidencia española,
con relación a la formación profesional. Yo creo que el objeto de esta
comparecencia no podía ni debía ser un recordatorio de los grandes
principios que ya están contenidos en el Programa Nacional de Formación
Profesional. En eso estamos todos de acuerdo y, en consecuencia, bien
está recordarlo, pero no puede ser el objetivo fundamental de la
comparecencia de un Secretario General de Empleo. Yo creo que el objetivo
fundamental era explicar el grado de cumplimiento de esos objetivos, y no
sólo de esos objetivos sino de los calendarios incluidos en aquel
Programa Nacional de Formación Profesional.

La cuestión no es básicamente si se gasta más. Bienvenido sea el
incremento del gasto, eficiente, a la hora de actuar con el principal
problema de España, pero sobre todo se trata de ver si se gasta mejor. Y
yo creo que difícilmente se puede gastar mejor si no se tiene bien
definido el marco sobre el cual va a girar la totalidad de la formación
profesional en España, bien sea la reglada, bien sea la ocupacional. Ese
era uno de los grandes objetivos contenidos --insisto-- en el Programa
Nacional de Formación Profesional, en el que afortunadamente se logró un
gran acuerdo social, una gran presencia de los agentes sociales y un gran
acuerdo político.




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¿Estamos en condiciones de afirmar que tenemos ya esas bases o esas
estructuras definidas en lo que será objeto de la siguiente
comparecencia, repertorio de cualificaciones profesionales, catálogo de
titulaciones? Bien sabe usted, como sabemos la mayor parte de los
miembros de esta Comisión, que desgraciadamente no es así, que seguimos
sin disponer de esa referencia clara, de esa estructura clara por
familias, por grupos profesionales, actualizable por supuesto y dotada de
las correspondientes posibilidades de convalidación o de flujos entre
ambas formaciones profesionales.

Yo creo que esa descoordinación es más preocupante, le voy a decir ahora,
que la que usted mencionaba. Hablaba del riesgo de descoordinación entre
las administraciones autonómicas y la Administración central en materia
de formación profesional. Yo creo que eso ya está resuelto. Existe un
marco institucional que sin duda usted conocerá, que es la conferencia
sectorial correspondiente a este área de formación profesional y a las
áreas de trabajo transferidas a las comunidades autónomas. El que se
ponga en marcha o no es una decisión que lógicamente a ustedes les
corresponde impulsar como Gobierno. Más preocupante --y es preocupante--
que la no constitución de esa comisión, que daría marco institucional y
solución posible de colaboración a todas las administraciones, es la
evidente descoordinación que seguimos viendo y escuchando entre el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación y Ciencia en materia
de formación profesional. En los últimos meses hemos oído cosas
sorprendentes en ambas Comisiones con motivo de las comparecencias de
ambos Ministros.

Se nos ha dicho, por ejemplo, que el contrato de aprendizaje sólo
conducía a una cualificación que era la obtención de un certificado de
escolaridad. Comprenderá que, ante eso, la misma cara de perplejidad que
pone usted en este momento la pusiera yo entonces, y más aún oído en boca
del Ministro de Educación y Ciencia, que creo que ignoraba profundamente
cuál es el sistema de funcionamiento del repertorio de cualificaciones
profesionales y que creo que incluso desconocía incluso conceptualmente
para qué sirve un contrato de aprendizaje.

Hemos hablado en muchísimas ocasiones de que ese contrato debía ser
perfeccionado, porque su objetivo indudablemente es la integración en el
mercado laboral de quien no ha obtenido una cualificación previa, y, por
supuesto, si sirve además para suplir carencias académicas y dotar del
nivel mínimo indispensable a todo español mayor de 16 años, bienvenido
sea --son objetivos compatibles--, pero no olvidemos que al final estamos
ante un contrato de integración en el mercado laboral.

Le decía que difícilmente van a poder establecer ustedes el
correspondiente régimen de convalidaciones entre la reglada y la
ocupacional si siguen sin definirse las estructuras básicas, y eso se
llama catálogo y eso se llama repertorio. Y permítanos que ya hagamos un
primer énfasis en las fechas. En el Programa Nacional de Empleo ustedes
se comprometieron a tener resuelta esta materia a lo largo del año 1994.

Se concedieron ustedes mismos una prórroga, en lo que se dio en llamar la
reforma laboral, hasta mayo de este año, y a esta fecha lo único que
tenemos es la noticia de la aprobación de un decreto por el Consejo de
Ministros que ni siquiera ha llegado al «Boletín Oficial del Estado». De
ahí la cautela y reserva con la que actuaba la portavoz del Grupo
Socialista. Esperemos que no suceda, por ejemplo, como sucedió con la Ley
de Secretos Oficiales, que es tan secreta que tres años después de su
aprobación en Consejo de Ministros ni siquiera ha llegado a esta Cámara.

Le agradecería que este real decreto o decreto --no conocemos su forma
definitiva-- sea algo más que la reiteración de lo ya contenido en normas
anteriores, porque el compromiso no era de generalidades o de bases; era
de completar --y lo sabe usted, lo tiene usted en lo que se ha venido en
llamar la reforma laboral-- era de completar ese repertorio.

Espero también que si hoy es tan amable, bien usted o bien el señor
Elordi, de adquirir un compromiso, éste sea más firme que el relacionado
con una materia que ha sido objeto de su comparecencia. Usted mismo ha
dicho que aceptaba que un indicador de la eficiencia del sistema de
formación profesional es saber ir encajando ofertas y demandas en la
labor intrínseca de intermediación que corresponde al Inem. Para eso
admitía usted --planteábamos nosotros como Grupo Popular-- que era muy
bueno conocer el grado de cobertura y las razones de la no cobertura o no
aceptación de determinadas ofertas en el propio Inem. El 25 de mayo de
1994, ante esta misma Comisión, nos decía que a partir del mes de
septiembre, en torno a esa fecha, podría estar a nuestra disposición este
tipo de relaciones: ofertas no cubiertas, motivo del rechazo y desde
luego dando conocimiento de si se estaba actuando con la formación
profesional pertinente para lograr el equilibrio entre dichas coberturas.

Usted llegó a decir literalmente: Yo me voy a esforzar y me comprometo
ante S. S. a que el 1 de octubre esto esté en funcionamiento (ese
mecanismo de seguimiento preciso de causas de rechazo y especialmente si
ese rechazo obedecía a falta de formación profesional). Por supuesto
confiamos en usted, pero nos permitimos pedirle esta información en el
mes de noviembre. No sé si usted ha leído la contestación que nos ha
remitido, pero nos dijo que no era posible disponer de información acerca
de la desagregación de las diferentes ocupaciones y ramas profesionales
en función de la condición por parte del demandante de empleo de ser o no
beneficiario de prestaciones de desempleo.

Usted, a lo largo de su intervención, ha hecho mención de que ahora el
gran esfuerzo se está haciendo en las personas beneficiarias de
prestaciones de desempleo. A nosotros nos dice que es muy difícil la
desagregación entre beneficiarios y no beneficiarios relacionados con el
motivo de rechazo. Permítame que a partir de las afirmaciones
simultáneas, las escritas --de que algunas desagregaciones no son
posibles-- y la presentación por su parte de desagregaciones respecto a
las que tendremos que hacer acto de fe, porque no nos llega dicha
información, guardemos una prudente reserva.

Los datos de que disponemos --y con esto voy concluyendo-- nos dicen que
hasta ahora precisamente se daba la paradoja de que los mayores esfuerzos
presupuestarios y de formación se dirigían a quienes ya tenían de partida
mayor formación y, por otro lado, no eran beneficiarios de



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prestaciones de desempleo. Usted nos asegura que esto ha cambiado. Le
agradecería que esto mismo nos lo dé de una forma desagregada, creíble y
concreta para que indudablemente podamos congratularnos del avance
efectuado, pero hasta entonces permítanos que manifestemos nuestro más
absoluto escepticismo.

En consecuencia, y con esto --insisto-- concluyo, creo que es fundamental
saber en qué fecha va a ser posible el conocimiento de la información que
le fue planteada en mayo de 1994 y le ha sido reiterada hoy. Le
agradecería, sinceramente, que si adquiere un compromiso de fecha, se
limite a cumplirlo.

La otra gran cuestión que a nosotros nos gustaría conocer, es cuándo va a
estar ese repertorio definitivamente. Yo sé que a continuación del señor
Secretario de Empleo intervendrá el responsable máximo del Inem. Nos
gustaría que algunos de los dos nos dijese ya una fecha no de bases, no
de proyectos, no de objetivos, no de reiteración de algunos tópicos,
porque hablar de que la formación profesional es la cenicienta del
sistema educativo español es una frase que desde hace bastantes años
debía haber desaparecido. No es --se lo digo sinceramente-- el motivo de
una comparecencia el repetir grandes objetivos o grandes proyectos. Le
pido que si adquiere un compromiso se limite sencillamente a cumplirlo,
creo que en beneficio de un debate como el que todos deseamos tener en
esta materia, serio, ordenado y riguroso, para atender, desde nuestra
responsabilidad parlamentaria, al principal problema español, y le
agradezco, por supuesto, que comparezca y que nos facilite ciertos
niveles de información.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General para
responder a las posiciones de los grupos.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señora Romero, voy simplemente a contestar quizá subrayando
algunos de los aspectos de su intervención. Comenzaba destacando la
importancia de la pequeña empresa como la destinataria fundamental de la
formación por ser la más discapacitada para establecer autónomamente
programas de formación. Eso es así, y ése es uno de los nudos que tenemos
en todo el programa y en el funcionamiento de la Forcem. Esos 51.000
millones de pesetas destinados este año a la formación continua en su
mayoría deberían destinarse a las pequeñas empresas. Se ha diseñado la
fórmula de planes agrupados de empresa para que ellas puedan acceder a
las ayudas. La verdad es que yo no tengo mucho inconveniente en reconocer
las insuficiencias, y ésta es una de ellas. Yo soy consciente de que
tenemos dificultades para acceder a la pequeña empresa, tanto en el
ámbito formativo, que sería quizás el más importante, como en otros
ámbitos que afectan al espacio laboral. Insistir en la importancia por
ahora no está ayudando a resolver el problema, pero somos conscientes de
que la pequeña empresa es la apuesta esencial en lo que a formación se
refiere.

Hablando de empresas, hablaba usted también de las inversiones de las
empresas en formación. Por mucho que hagamos, el problema se resolverá
cuando las inversiones empresariales sean suficientes. Hemos avanzado,
pero aún estamos a una diferencia abismal respecto a otros países, tal
como les decía. Por ello, sigo pensando que el Parlamento y nuestra
gestión tiene también una función educativa, una cierta pedagogía
popular, y es algo que deberíamos también reclamar nosotros y poner
encima de la mesa social de nuestro país, que las empresas tienen que
invertir también en formación y que es una inversión que no puede quedar
subordinada a las partidas correspondientes de los presupuestos que
anualmente SS. SS. asignen, y que aunque se recorre trecho, aquí, como en
investigación y desarrollo, el peso fundamental es el de los
presupuestos, y ello, en realidad, no es satisfactorio.

En cuanto a la participación del Inem, yo estoy convencido de que desde
que se produjo el cambio de destinatarios entre perceptores y no
perceptores la formación está mejorando mucho, y el Inem es consciente
--y lo tiene así diseñado incluso en el contrato-programa suscrito con el
Ministerio-- de que además de esto, tiene que modificar un poco la manera
de trabajar, porque hasta la fecha nosotros hemos venido trabajando a
demanda: se nos solicitaban una serie de cursos fundamentalmente por
entidades colaboradoras, y esos cursos eran financiados con las
subvenciones que éramos capaces de destinar, de tal manera que existía
una inflación desmesurada a algunos cursos que poco tenían que ver con
las necesidades del mercado de trabajo. Vamos a tener que cambiar, vamos
a tener que empezar --y estamos haciéndolo-- trabajando a oferta,
ofertando aquellos cursos formativos que consideremos que sean los
convenientes y los que necesita nuestro mercado de trabajo. Yo estimo que
en estos dos, tres últimos años el cambio que se ha dado es importante;
cambio que es aún menos importante que uno que se produjo con
anterioridad, y aquí quiero unir una pregunta suya a otra del señor
Hinojosa. Yo estoy convencido de que el Forcem, tal como está
constituido, y el resultado de los acuerdos evidentemente pueden tener
dificultades en su desarrollo. Sin duda, son mejorables. Yo lo que temo
es que no seamos conscientes de la importancia que supusieron dichos
acuerdos. Yo creo que produjeron un vuelco notable en la formación
profesional en nuestro país. En ningún país europeo participan los
agentes sociales en la formación desde hace tan poco tiempo, un par de
años, como pasa en nuestro país. En todos los países aliados o socios
nuestros los agentes sociales participan hace decenas de años, e
indudablemente lo hacen mejor que nosotros, pero que hayamos adoptado la
decisión de que la responsabilidad en la formación es, fundamentalmente,
de los agentes sociales, porque son los únicos que pueden responder a ese
dinamismo tremendo del mercado yo creo que es una decisión muy
importante. No sé si han leído ustedes uno de los últimos documentos de
empleo publicado en nuestro país. Yo creo que es un documento sensato y
razonable, que es el que suscribía el sociólogo Víctor Pérez Díaz, del
seminario en el que participan grandes empresarios españoles. Pues bien,
gran parte de dicho documento se refiere a formación, y la conclusión es
que la formación tiene que estar en el ámbito de los agentes sociales
porque desde fuera



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nunca seremos capaces de adaptarnos a la rapidez con que se nos exige que
nos adaptemos. Y ahí, en el mercado local y con los agentes sociales, es
la única manera de conseguir esa adaptación.

Ha dicho la señora Romero una cosa que en realidad pasa totalmente
desapercibida en nuestro país, porque, en primer lugar, en nuestro país
yo creo que se sigue pensando que hay más contratos no estables ahora que
antes. Esto no es así estadísticamente y es comprobable. Ya hemos
repetido que en 1994 se produjeron 43.000 contratos fijos más que en
1993, y que solamente en el primer trimestre de 1995 se produjeron esos
34.000 contratos estables. Lo sorprendente es que 32.000 de ellos fueran
producto de los contratos formativos, que es lo que usted ha dicho,
señora Romero. Yo creo que eso es muy importante, porque aunque nosotros
fuimos conscientes de que en el diseño del contrato de aprendizaje --y
entro también un poco en pregunta del señor Aparicio-- constituimos un
híbrido entre formación e inserción, también decíamos que íbamos a
intentar reforzar la parte formativa de los contratos. Yo creo que esto
paulatinamente se está realizando, y se está realizando también gracias a
los acuerdos que firmamos en el seno de la Forcem. Hay que recordar que
de los 210.000 contratos de aprendizaje, por ejemplo, suscritos en 1994,
se mantienen vivos más de 160.000, los cuales tienen bastantes
posibilidades de terminar en contratos estables. Y ésa, evidentemente, es
una consecuencia o es un logro propio de los contratos formativos. Este
es un buen dato.

Hay tres preguntas que se refieren a lo mismo, y que son relativas a los
problemas que provocan las transferencias en materia de formación
profesional. Al decir problemas quizás identifiquemos mal el asunto. Son
dificultades también propias del desarrollo y del comienzo de la
participación de las comunidades autónomas en esta materia. Cuando un
representante que actúa bajo el rótulo del Gobierno, aquí, ante ustedes,
habla de esto puede dar una sensación engañosa, en el sentido de decir:
nosotros actuamos muy bien y las comunidades autónomas funcionan mal; hay
394 normas y la descoordinación es por culpa de ustedes. Esto yo no lo
planteo así. Yo sé que podíamos funcionar mejor y que responsables de
ello somos todos, evidentemente la Administración central del Estado, las
autonómicas, ustedes y los agentes sociales. Lo único que quería era
destacar el problema, porque será imposible que lo resolvamos si antes no
sabemos que existe, pero indudablemente, también la conferencia
sectorial, a la que aludía el señor Aparicio, que es algo cuya
responsabilidad compete exclusivamente a nosotros, ayudaría también a
resolver estos problemas.

Ya he contestado otras veces a preguntas tanto del señor Hinojosa como
del señor Olabarría y hemos mantenido muchas conversaciones sobre el
futuro de los acuerdos de formación continua. Nosotros partíamos de una
afirmación que yo creo que en realidad no es contestable: los pactos
están para ser cumplidos y los pactos que suscribimos con los agentes
sociales se tienen que cumplir hasta que finalice su plazo de vigencia.

Eso es razonable, pero también es razonable pensar que todo es mejorable.

La formación continua es mejorable y tendríamos que avanzar hacia un
diseño en el que quizá fuera menester acentuar la participación no sólo
de las comunidades autónomas, sino también de la Administración central,
cuya participación ahora, como ustedes saben, es muy limitada. El
protagonismo, repito, tiene que ser de ellos, pero evidentemente, el
responsable de todo aquel dinero que sale de los presupuestos generales
del Estado es el poder constituido, el poder institucional, sea
Administración central, sea autonómica, y eso ahora no lo tenemos
perfectamente engarzado y habría que engarzarlo, al margen de que, en lo
que se haga en el futuro, el tema de la pequeña empresa tiene que quedar
resuelto de otra manera. Lo que usted decía, señor Hinojosa, es verdad:
que el trámite es farragoso y muy burocratizado. Pero no quiero tampoco
arroparme aquí con una función de defensa de los agentes sociales,
patronales y sindicatos, aunque creo que es justo reconocer la novedad en
la gestión de estos asuntos por su parte y que tienen que ser rodados y,
en definitiva, nuestra ayuda, la de todos nosotros, sería bastante
positiva para ese rodaje. Para nosotros no es un tema cerrado. Estamos
abiertos --lo he repetido aquí varias veces-- al diálogo con todos
ustedes para encontrar una fórmula adecuada para la formación continua,
quizá sin tanta obsesión como tenemos en este país por diferenciar tan
nítidamente las formaciones: formación ocupacional, formación reglada,
formación continua, etcétera, que a menudo no son fácilmente
diferenciables. Tenemos formación y hay que darle una respuesta.

El señor Aparicio, aparte de hacer una intervención general sobre mi
comparecencia, que reconozco que es atinada, porque quizá yo tendría que
haber hablado más del futuro que hacer este recordatorio de lo que ha
pasado hasta ahora, ha hecho tres o cuatro apreciaciones ajenas en
principio a la comparecencia. No voy a hacer un juicio de valor sobre el
cumplimiento. Creo que saldremos bien parados, entre comillas, y que los
cinco puntos nodales del documento de Essen en España han tenido un
desarrollo que no creo que sea mejorable por ningún país de la Unión
Europea. Este es un problema que comentaremos con SS. SS. más adelante.

Además, como saben, lo que más nos preocupa ahora a todos los Estados
miembros es establecer el seguimiento, que no es fácil, sobre los
compromisos que asumimos. En nuestro caso, hemos elaborado un documento
conjunto entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, un documento metodológico pero que evite en
cierta manera aquello que se produjo hace casi un año, cuando al Consejo
de jefes de Gobierno acudieron tres documentos: el de Ecofín, el de
Trabajo y Asuntos Sociales y el de la Comisión. Ahora queremos ir con un
documento único, que las cosas sean más homogéneas y establecer un método
que, repito, nos permita hacer un seguimiento. No es fácil establecerlo,
pero yo hasta a bote pronto podría recordar los cumplimientos.

Respecto a otras preguntas --antes de entrar en las dos específicas sobre
el aprendizaje--, tengo que decir que en realidad no estamos hablando del
desarrollo de una obligación legal. Cuando se acordó con Educación y
Ciencia la cobertura del graduado escolar fue simplemente como
consecuencia de constatar que, en la realidad, el 40 por ciento de los
jóvenes españoles que acudían a este contrato



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carecían de graduado escolar y se pensó que era conveniente que lo
tuvieran, que ése era el primer paso formativo necesario. Así se hizo en
ese convenio, que bien o mal como funcionan nuestras cosas, se está
desarrollando ahora, pero todos sabemos que el objetivo del contrato de
aprendizaje no es, ni mucho menos, que los jóvenes entren en primero de
BUP.

Respecto a cómo llevamos los certificados de profesionalidad, le
contestaré ahora, pero antes quiero decirle, porque me lo ha recordado,
que yo tenía el compromiso de desagregar las demandas en relación con la
cobertura de las mismas. Pido permiso al Presidente para poder
comprometerme a dar un plazo una vez que esté en el despacho, con el fin
de poder dar una fecha razonable de cumplimiento de ese compromiso. De
repente no soy capaz de decir en qué fecha exacta puedo proporcionar a la
Cámara esa desagregación. En todo caso, respecto a las demandas no
cubiertas por carencia formativa, debería comenzar diciéndole que no
puedo contestarle con exactitud qué tanto por ciento no ha sido cubierto
porque los trabajadores que ofrece el Inem no tienen formación
suficiente, pero hay que recordar que del total de las demandas genéricas
solicitadas al Inem solamente el 7 por ciento no se cubre. Para ser
exacto, de las 555.347 ofertas de empleo genéricas que las empresas han
presentado ante el Inem en 1994, 494.924 se han transformado en
colocaciones y 22.142 han quedado pendientes. ¿Por qué? ¿Sólo por
ausencia formativa? Creo que no, que quizá éste sea un elemento menor y
que lo que falla principalmente y lo que impide esta cobertura es una
caída de las expectativas empresariales en el momento de hacerse efectiva
la demanda, en el momento de llegar el trabajador que correspondía a una
oferta genérica llegada al Inem.

Con independencia de que el Director General del Inem tenga una
comparecencia específica relativa a los certificados y al real decreto,
que efectivamente debería estar ya publicado --esperamos que se publique
mañana o pasado mañana; no es un asunto que responda a un ánimo
ocultista, sino al desarrollo normal y habitual de las publicaciones de
las normas en el Boletín Oficial del Estado--, le voy a responder a su
pregunta. En diciembre pasado ya contesté, a requerimiento de la Diputada
doña Carmen Romero, sobre cómo se encontraban los trabajos tendentes a
instaurar los certificados de profesionalidad y el sistema nacional de
cualificaciones, previstos en el Programa nacional de formación
profesional. Lamento decir que no resulta fácil dar una respuesta
concreta en cuanto a la previsión temporal de vigencia de todo el
sistema, debido a la magnitud y a la complejidad que entrañan los
trabajos y a la necesidad de articulación y coordinación de las
diferentes piezas del sistema y de las actuaciones de muy distintos
organismos e instituciones que participan en su elaboración. Esta
complejidad viene dada no sólo porque tanto desde el Inem como desde el
Ministerio de Educación se está llevando a cabo un profundo proceso de
reordenación y actualización de todos los contenidos de la formación
profesional, que va a servir de base para la elaboración y adquisición de
las titulaciones o certificados correspondientes, con la estructuración
de nuevos modelos ocupacionales e itinerarios formativos, sino también
porque todo ello requiere una perfecta coordinación entre ambas
administraciones, y entre ellas y las de las comunidades autónomas, que
son las que van a aplicar el sistema en virtud del proceso actual de
transferencias. Además, los resultados de todos estos trabajos tienen que
ser validados a su vez por el Consejo General de la Formación
Profesional.

Como les decía en mi comparecencia de diciembre, ya están elaborados por
parte del Inem los modelos ocupacionales e itinerarios formativos
correspondientes a las ocupaciones de once familias profesionales, cuyas
referencias competenciales han empezado a ser contrastadas y consensuadas
con las de formación profesional reglada en el seno de los grupos de
trabajo. Las familias profesionales a las que me estoy refiriendo son:
hostelería y turismo, electromecánica, comercio, químicas, industrias
alimentarias, agraria, pesca y acuicultura, edificación y obras públicas,
industrias gráficas, textil y servicios a la comunidad. Conforme se vayan
terminando estos trabajos de contraste y consenso entre ambos
subsistemas, se irán preparando los primeros proyectos de normas de
certificados de profesionalidad, los cuales serán sometidos a consulta de
las comunidades autónomas y seguidamente tramitados. Para ello es
necesario aprobar previamente el decreto que regule el modelo
estandarizado de las certificaciones profesionales. La previsión, por
tanto, es que hacia el mes de julio, dentro de poco, estén tramitadas y
aprobadas las normas que establecen un conjunto de certificados
profesionales, seleccionados por su importancia dentro de las once
familias aludidas. Son éstas las más prioritarias, desde el punto de
vista de la colocación, de la formación y del contrato de aprendizaje.

En cuanto a las dieciséis familias profesionales restantes, los trabajos
de actualización y ordenación de la formación profesional se comenzaron a
final de 1994; se han continuado a lo largo de este año y esperamos que
los grupos técnicos de los ministerios de Educación y de Trabajo puedan
empezar a reunirse a partir del último trimestre para consensuar las
competencias que deben corresponder a cada ocupación y servir de base,
por tanto, a la futura programación de formación en estos sectores y a la
elaboración y obtención de los certificados de profesionalidad. El
establecimiento de las correspondencias y convalidaciones entre las
titulaciones de ambos subsistemas y de ellos con los conocimientos
adquiridos en la práctica profesional, que culminará la edificación del
sistema, es un proceso que se va abordando en paralelo y en el que juega
un papel esencial la unidad interministerial para las cualificaciones,
creada en febrero de 1994.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General, por su
comparecencia, aunque no le despido definitivamente porque deberá
retornar a la Mesa para contestar a preguntas. (Pausa.)
El señor Secretario General me pide, por razones de compromiso...




El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, la interpretación del
Reglamento a la que yo me ceñiría gustosamente, con la máxima brevedad,
sería si ha quedado integrada



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en mi intervención la pregunta, la posibilidad de que la brevísima
réplica correspondiente a la pregunta pudiera ser formulada en este acto,
de forma sucesiva, lógicamente, a la intervención del señor Secretario
General de Empleo. Si no, entiendo que me veré obligado a desagregar la
segunda de las preguntas que había anunciado formular al señor Elordi
para poder tener una mínima normalidad en ese trámite.




El señor PRESIDENTE: Yo no me refería a ese problema, señor Aparicio. Ese
problema tiene solución. Usted tendrá inmediatamente la palabra para una
breve intervención, porque no quiero penalizar a quien trata de ahorrar
tiempo en el trámite del orden del día. Me refería a que como el señor
Secretario General tiene problemas, por razón de compromisos, si fuera
posible que contestara --lo digo por las personas que tienen que hacer
las preguntas-- a continuación las preguntas que él debe responder antes
de la comparecencia del señor Director General del Inem. ¿Es posible en
todos los casos? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Voy a intervenir con la máxima brevedad,
conforme anunciaba anteriormente a la Presidencia.

Yo le agradezco que hoy haya hecho gala de una mayor prudencia de la que
tuvo en el mes de mayo de 1994, cuando --insisto-- de una forma firme
comprometió una información, no digo a este Diputado sino a esta Cámara.

Lo que me ha sorprendido es que haya hecho uso parcial, pero uso, de la
información que venimos demandando desde mi Grupo. Parece que algún grado
de conocimiento tiene de la desagregación. Ha hecho un análisis en el
cual un tanto por ciento lo imputaba a una determinada causa, y sobre el
resto se ha limitado a especular. Me refiero, naturalmente, para que se
comprenda en el «Diario de Sesiones», a las ofertas no cubiertas por
parte del Inem.

Permítame que le diga que creo que el Inem --y ahora habrá ocasión de
hablar de él-- empezará a funcionar mejor cuando se dedique a lo que
realmente se tiene que dedicar, que es a la intermediación en el mercado
de trabajo y a la formación profesional. Alguna vez creo que podremos
llegar a ese gran acuerdo de que la gestión de nóminas y la gestión de
prestaciones las pueda desempeñar --entiendo-- con igual o superior
eficacia otra institución propia de la Seguridad Social, que, por cierto,
parece que es el camino que marca el artículo 41 de nuestra Constitución,
integrando las prestaciones de desempleo en el sistema general de
Seguridad Social.

Permítame también que le diga que lamento que no me haya podido concretar
la fecha. Le agradezco la prudencia, pero es triste que después de un año
transcurrido desde aquel compromiso hoy no nos quiera concretar más. Yo
le haría una amable oferta: remítanos la información cuando pueda, queda
bajo su responsabilidad que nos la envíe y mejor dejémonos de ocuparnos
de alguna fecha.

Por otra parte, hablaba de la necesidad --y estamos totalmente de
acuerdo-- de que en los sistemas de formación profesional participen los
agentes sociales. Le diré que en eso el Grupo Popular está totalmente de
acuerdo, pero creo que la participación se estimula y se consolida con el
cumplimiento de los acuerdos previamente formalizados. También lo ha
dicho usted: «pacta sunt servanda», los pactos están para ser cumplidos.

De acuerdo. Si el Programa nacional de formación profesional establecía
unas determinadas fechas, cúmplanse esas fechas y esos calendarios.

Supongo que fue una decisión pensada y meditada ésas y no otras fechas.

Cúmplanse, que estoy seguro de que es un camino que propicia el diálogo,
el entendimiento y la colaboración con los agentes sociales.

Finalmente, permítame que le diga que en su última intervención el
panorama que nos ha dibujado no es alentador. Ha hablado de once familias
profesionales desarrolladas. Pero once frente a dieciséis, en su área,
Ministerio de Trabajo, no es alentador. El Ministro de Educación y
Ciencia, con motivo de la presentación --también hay que reconocer
brillante desde el punto de vista escenográfico, que no desde otro punto
de vista--, en este Parlamento, del mapa de formación profesional,
también reconoció que un 25 por ciento de sus trabajos, de las familias
correspondientes a la formación profesional reglada tampoco estaba
desarrollado. Usted supera largamente el 50 por ciento. El se queda en
más de un 25 por ciento. Les agradecería infinitamente, no en nombre de
mi Grupo sino en nombre de toda la sociedad española, que de una vez
concluyan estos trabajos. Saben, además, que cuentan con la colaboración
de los agentes sociales y del resto de fuerzas políticas.




El señor PRESIDENTE: No sé si el señor Secretario General quiere añadir
algo a la intervención del señor Aparicio, pero le pediría que lo hiciera
brevísimamente, si es que lo considera imprescindible.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Como se trata de una intervención a algo ajeno a la
comparecencia, en cortesía al tiempo no respondo.




El señor PRESIDENTE: En los términos en los que antes solicité el acuerdo
de los portavoces, pasamos ahora al trámite de las preguntas que debe de
responder el Secretario General de Empleo.




--SOBRE POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA RECOMENDACION DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE FECHA 23-6-93, DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) RELATIVA A LA EFECTIVA APLICACION POR
LAS OFICINAS DE EMPLEO DE LA PREFERENCIA EN MATERIA DE GESTION DE LA
COLOCACION QUE ESTABLECE PARA LOS TITULARES DE FAMILIAS NUMEROSAS EL
ARTICULO 22 DEL DECRETO 3140/1971, DE 23 DE DICIEMBRE. FORMULADA POR EL
SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de expediente 181/001276.)



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El señor PRESIDENTE: La primera de ellas, de acuerdo con el orden del
día, es la relativa a la recomendación del Defensor del Pueblo, de fecha
23 de junio de 1993, formulada por el señor Peralta Ortega, quien tiene
la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario General de Empleo, conoce usted
perfectamente que en nuestro país la Ley, de 19 de octubre de 1971, de
protección a las familias numerosas, en el artículo 9 establecía el
derecho de los titulares de familia numerosa a tener prioridad para ser
empleados en cualquier puesto de trabajo, siempre --y me parece
importante destacar este punto-- que reunieran la aptitud, el
conocimiento y las demás condiciones exigidas para desempeñarlo. En
desarrollo de esta ley, el Decreto de 23 de diciembre de 1971, en su
artículo 22, establecía que tendrían derecho los titulares de familia
numerosa a ser propuestos con carácter prioritario para la ocupación de
empleo. Esta normativa no ha sido derogada expresamente hasta el día de
hoy y se han planteado dudas sobre su vigencia, en concreto sobre la
posible contradicción de la misma con los preceptos constitucionales,
tanto del artículo 14, en la medida en que proclama el derecho a la
igualdad, como del artículo 103, que obliga a la Administración a actuar
con sujeción a criterios objetivos, y podría entenderse que entra en
contradicción con una circunstancia subjetiva como es la familia de una
persona determinada.

En relación con este tema se han planteado distintas problemáticas.

Respecto a una de ellas, el Defensor del Pueblo dirigió hace casi dos
años, el 23 de junio de 1993, una recomendación al Gobierno en la que
planteaba que por la Dirección General del Inem se valorase la
conveniencia y oportunidad de dictar las correspondientes instrucciones
para permitir la efectiva aplicación, por las Oficinas de Empleo, de la
preferencia en materia de gestión de colocación contenida en la ley del
año 1971, a la que antes he hecho referencia. Esta es una recomendación
del Defensor del Pueblo fundamentada, en la que pone de manifiesto cómo
este tipo de normas discriminatorias, en la medida en que establecen un
trato desigual, no tienen por qué ser necesariamente ilegales o
inconstitucionales, porque esa discriminación puede tener un fundamento
objetivo, y hace referencia a que son múltiples las normas en nuestro
Derecho vigente que establecen tratamiento desigual en atención a
circunstancias desiguales. El Defensor del Pueblo estima que esta
circunstancia desigual --ser titular de una familia numerosa-- puede
justificar ese tratamiento discriminatorio y por eso dirige la
recomendación.

Nos consta que en el caso concreto de la Comunidad valenciana,
recientemente, la institución equivalente al Defensor del Pueblo, el
Sindic de Greuges, ha dirigido una recomendación parecida a, en este caso
concreto, la Dirección del Servicio Valenciano de Salud, planteándole que
en los acuerdos para la constitución de bolsas de trabajo se tenga en
cuenta la circunstancia de ser titular de familia numerosa. Me gustaría
saber cuál es la posición del Gobierno en relación con esta recomendación
y, en general, en cuanto a esta problemática.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Peralta, al ser una contestación jurídica que quiero
articular con mayor precisión, paso a leérsela, aunque suponga tres o
cuatro minutos más.

La recomendación del Defensor del Pueblo fue contestada negativamente por
el Inem, el 14 de julio de 1993, fundándose en una serie de argumentos
que, a juicio de los servicios jurídicos del instituto, resultan
inequívocos y que les voy a exponer.

Como ustedes saben, tanto la Ley de protección a las familias numerosas
como su Reglamento fueron aprobados en el año 1971, con anterioridad, por
tanto, al establecimiento de nuestro texto constitucional y a la
normativa laboral y de empleo vigente en la actualidad. Todas estas
normas, tanto nuestra Carta Magna como el Estatuto de los Trabajadores y
la Ley Básica de Empleo, contienen principios que invalidan y hacen
inaplicable el principio de preferencia en el acceso al empleo a los
titulares de familias numerosas que contenían los preceptos de 1971, por
lo que dicho principio, a nuestro entender, debe considerarse derogado,
aunque no lo haya sido particularmente de forma expresa, por cuanto
resulta incompatible con normas superiores o de igual rango. Y ello es
así porque una disposición de esta naturaleza vulneraría el derecho a la
igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución y el principio
de objetividad y sometimiento a la ley y al derecho que debe presidir las
actuaciones de la Administración pública, contenido en el 103.1 del mismo
texto. En este sentido, el artículo 39 de la Constitución, que asegura la
protección a la familia y que fue utilizado por el Defensor del Pueblo,
no puede prevalecer como principio rector de la política social y
económica ante el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Pero
además se opone también al artículo 17.1 del Estatuto de los
Trabajadores, que recoge la no discriminación en las relaciones
laborales, y al artículo 38 de la Ley Básica de Empleo, que recoge como
principio básico de la política de colocación la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo.

Cuestión distinta del acceso a la colocación es la política de fomento
del empleo selectivo que, en base al artículo 9 del texto constitucional,
al 17.2 del Estatuto de los Trabajadores y al 10.1 de la Ley Básica de
Empleo, contempla una serie de medidas para favorecer la contratación de
determinados colectivos de desempleados, los colectivos especialmente
desprotegidos en relación con el acceso al trabajo; acciones cuya
finalidad es precisamente contrarrestar la desigualdad de partida de
estos colectivos, en aras al cumplimiento del principio de igualdad
contenido en el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, en ninguna
de estas normas se incluye a los titulares de familias numerosas, por
considerar que esta circunstancia familiar no tiene en sí misma una
repercusión desfavorable para acceder a un empleo que precise de una
discriminación positiva a su favor, si bien sí se incluye a las mujeres
que, dado su papel tradicional en relación con las responsabilidades



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familiares, pueden encontrarse en situación de desventaja respecto al
acceso y mantenimiento.

En consecuencia, el efectivo ejercicio del mandato que el artículo 39 de
la Constitución dirige a los poderes públicos sobre la protección social,
económica y jurídica de la familia debe ser realizado a través de otro
tipo de medidas, como pueden ser las fiscales o de Seguridad Social,
pero, a nuestro juicio, es ajeno a las políticas de fomento del empleo,
cuyos colectivos hemos repetido hasta la saciedad: mujeres, jóvenes sin
experiencia ni cualificación, parados de larga duración, minusválidos y
mayores de 40-45 años perceptores de desempleo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta, brevemente.




El señor PERALTA ORTEGA: Seré breve.

Señor Secretario General de Empleo, yo creo que las razones que usted da
son las mismas que en su día se le plantearon al Defensor del Pueblo,
antes de que dictara la recomendación a la que yo he hecho referencia. El
recoge esas alegaciones por parte de la Dirección General del Inem, el
servicio competente del Inem, y tiene ocasión de contestar.

Señor Secretario General de Empleo, sinceramente le tengo que decir que
no me satisface la respuesta que me ha dado. Yo creo que esa
contradicción que usted afirma que hay entre la normativa de protección
de la familia numerosa y el principio de igualdad o de objetividad de la
Administración y el principio de no discriminación no es tan así. Ya le
decía antes que discriminación es algo normal y corriente. El problema de
la discriminación es que se convierte en ilegal cuando carece de
fundamental objetivo. El tratamiento desigual por sí no es ilegal. Es
ilegal si se tiene derecho a un tratamiento igual o si ese tratamiento
desigual es arbitrario e injustificado. Puede haber una determinada
justificación y usted ha hecho referencia, por ejemplo, a circunstancias
que son dudosas. En el caso de la mujer usted ha dicho que es una
tradición. En el caso de las familias numerosas ¿usted puede afirmar,
señor Secretario General de Empleo, que no tienen una situación
particularmente distinta de quien no tiene familia? Yo creo que no.

¿Hasta qué punto tiene que traducirse eso en medidas de promoción del
empleo, por ejemplo? ¿O es que no tiene que haber medidas de promoción
del empleo en esa circunstancia? Yo creo que es una de las medidas
posibles de protección: intentar procurarles empleo. ¿Cómo se concreta
eso? Yo creo que la recomendación que hace el Defensor del Pueblo es muy
matizada y, desde luego, no cabe descalificarla o rechazarla simplemente
para no hacer nada. A mí la opinión del Defensor del Pueblo me merece una
cierta credibilidad. Cuando además coincide con que no sólo es el
Defensor del Pueblo a nivel del Estado, sino que otras instituciones
similares a nivel de comunidades autónomas entienden que esa normativa de
protección puede tener un determinado juego, yo le animaría, señor
Secretario General, a que, en contacto con la Dirección General del Inem
o desde el propio Ministerio, se haga un esfuerzo por ver en qué medida
se puede intentar avanzar en una determinada protección, dejando al
margen la protección fiscal que, como usted sabe, está sujeta a muchas
reconsideraciones, y a ver si al final nos vamos a quedar sin nada, que
no creo que sea lo mejor de todo.

Dejando al margen ese pequeño circunloquio que hace referencia a la
actualidad, yo sí que le animaría a que hagamos un esfuerzo, y haga un
esfuerzo la Administración, por ver en qué medida se puede contemplar el
tratamiento que guarde relación con una situación que yo creo que de
hecho --y usted lo reconocerá-- es distinta de quien no tiene esas
circunstancias familiares. Analizar en qué medidas se concreta estoy
convencido de que admite distintos tratamientos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Repito lo dicho, señor Peralta. Yo no creo que exista una
relación de causalidad específica entre el número de hijos y el acceso al
empleo. Aparte de eso, temo que no es conveniente atomizar demasiado las
medidas de fomento al empleo, que cada colectivo --que indudablemente son
distintos-- reciba una política específica de empleo, una política de
diseño. No lo creo. Es posible seguir analizando y buscando el encaje de
los titulares de familia numerosa en alguna de las figuras existentes,
pero en principio mantengo bastante recelo ante este tipo de políticas
--digamos-- a medida en el empleo. Dudo de su eficacia.




--SOBRE MOTIVOS DEL CIERRE DE MAS DE OCHO ESCUELAS-TALLER EN
IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GP). (Número de
expediente 181/001296.)



--SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) NO
SIGUE FINANCIANDO EL PROGRAMA DE ESCUELAS-TALLER EN IBEROAMERICA.

FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GP). (Número de expediente
181/001297.)



El señor PRESIDENTE: Tramitamos a continuación dos preguntas del señor
Robles Fraga. Le pregunto si se pueden acumular en una. (Asentimiento.)
Muchas gracias.

Tiene la palabra.




El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, las preguntas se refieren a los
motivos, a las razones que justifican que el Instituto Nacional de Empleo
haya dejado de financiar una importantísima parte del programa de
preservación del patrimonio cultural en Iberoamérica. Me refiero al
programa de escuelas-taller en Iberoamérica. Con ello, el Instituto
Nacional de Empleo y el Ministerio de Trabajo cortan una de las más
exitosas acciones de cooperación no solamente cultural, sino de
cooperación y de ayuda al desarrollo en Iberoamérica, y se hace de una
manera brutal. Se pasa de unos 600 millones de pesetas al año a nada por



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parte del Instituto Nacional de Empleo. Teniendo en cuenta que más del 80
por ciento de los jóvenes iberoamericanos jamás tendrán acceso a estudios
superiores, es realmente inexplicable si tenemos en cuenta los objetivos,
fijados en este Parlamento y fijados también por el Gobierno de
cooperación prioritaria con Iberoamérica y de concentración en aquellas
actividades de cooperación que más eco y más efecto social tienen.

Me gustaría conocer cuáles son las razones, cuáles son las
justificaciones, cuáles son las explicaciones que tiene que dar el señor
Peña a este respecto, reservándome para el final el resto de la
argumentación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Presidente, señor Robles, en realidad no se han suprimido
estos proyectos, porque los proyectos de escuelas-taller, en virtud de su
normativa reguladora, tienen un período de vigencia, desde el 3 de agosto
de 1994, de dos años. Por tanto, no resulta exacto decir que se han
cerrado proyectos, sino que tienen una fecha de comienzo, cuando son
aprobados, y otra de finalización, al transcurrir el período. Esto es lo
que ha ocurrido con las escuelas-taller. En la actualidad hay nueve
escuelas-taller que siguen funcionando, financiadas por el Inem y
desarrolladas en colaboración con la Agencia Española de Cooperación. En
cuanto al número de nuevos proyectos que se puedan aprobar para años
futuros, tanto en territorio nacional como en Iberoamérica, está
condicionado, obviamente, por las dotaciones presupuestarias. En todo
caso, el Inem, al margen de los proyectos concretos que pueda llevar a
cabo en Iberoamérica, ya sea con presupuesto propio, ya con dotaciones de
la Agencia Española de Cooperación, seguirá prestando, como está haciendo
en la actualidad, asesoramiento y asistencia técnica para consolidar
estas experiencias y facilitar su implantación en todos los países que
manifiesten interés. Recientemente estamos manteniendo, tanto el Director
General del Inem como yo, contactos con distintos embajadores de
Iberoamérica acreditados en España, llegando a acordar que más importante
que colocar una escuela-taller financiada por nosotros en Iberoamérica,
sea el país que sea, es exportar la tecnología de las escuelas-taller.

Estamos reforzando las vías de asistencia y cooperación.

Tengo aquí un pequeño cuadro descriptivo del número de alumnos,
subvención, países, etcétera, de las escuelas-taller existentes en la
actualidad en Iberoamérica. Simplemente como recordatorio para la Cámara,
les diré que en el período reciente de 1991 a 1996 hemos aportado
2.416.372.000 pesetas en 23 escuelas. Las escuelas que estaban en
funcionamiento son: la Joao Pessoa en Brasil, la de Cartagena de Indias
en Colombia, la de Popayán en Colombia, Quito-2 en Ecuador, la de México
en México Distrito Federal, la León-2 en Nicaragua, Asunción-2 en
Paraguay, Cuzco y Lima en Perú. Repito que estamos intentando
intensificar la asistencia más que la construcción de la escuela en el
lugar que sea.




El señor PRESIDENTE: El señor Robles tiene la palabra.




El señor ROBLES FRAGA: Señor Peña, esos cuadros también los tengo yo; son
unos cuadros muy claros y muy concretos. Si uno ve la lista de países y
las escuelas a que se refiere, el número de alumnos en el período 1995-95
y la fecha de terminación de los proyectos, observará que los últimos
proyectos de los que yo tengo reseñados, el León-2 de Nicaragua termina
el 31 de enero de 1996 y la escuela Popayán en Colombia termina el 31 de
mayo de 1996. El problema es que se terminan, todos se terminan. Si
quiere, se lo enseño a usted más bonito todavía. En este cuadro se ve
claramente cuándo terminan. En el año 1996 se termina la participación
del Inem. Se ahorra el Estado español 600 millones de pesetas al año.

Efectivamente se han gastado, en el período 1991-1995, 2.071.106.471
pesetas. Esos datos los tengo yo también. El misterio no es saber cuándo
terminan las escuelas-taller. El problema es que ustedes las van a
cerrar. Ese ahorro va a costar la destrucción de una extensa red, en 14
países de Iberoamérica, de centros de formación ocupacional para la
juventud, donde se están formando 1.315 jóvenes iberoamericanos; la
disolución de un equipo humano de 430 personas sólida y perfectamente
capacitadas (profesores, monitores y personal de apoyo); el
desmantelamiento de 52 talleres totalmente instalados y equipados; la
renuncia a rentabilizar los más de 3.500 millones de pesetas de inversión
pública que se van a destinar a las escuelas-taller desde 1991 hasta
1996; la no renovación de 16 convenios de cooperación con 14 países en
donde se incorporan 22 instituciones iberoamericanas; y la destrucción de
una línea con participación solidaria y de un foro de entendimiento y
comunicación que en todas las ocasiones ha servido para consolidar las
relaciones con cada uno de los países y que, desde luego, ha facilitado
las vías de diálogo entre España y los países iberoamericanos.

A mí me parece un ahorro demasiado caro. Me parece que todo lo que usted
me dice es muy bonito: sus conversaciones con los embajadores y la
aportación de la tecnología, que por otra parte ya tienen; una tecnología
que tiene una incidencia real y concreta no solamente en la preservación
del patrimonio cultural, sino también en la calidad de vida y en la
formación de personas que se incorporan a la vida productiva después de
su paso por las escuelas-taller. Yo, desde luego, no le veo una
explicación. Yo creo que hay un abandono de las líneas, lo que sin duda
es una reflexión que usted debe transmitir a su Ministro y al Gobierno.

No nos parece razonable que se abandone una de las líneas de cooperación
de más éxito --y se lo pueden apuntar ustedes; si tampoco estoy diciendo
otra cosa-- que han construido en los últimos años y, de repente, por
razones que no entiendo, y que desde luego no entiende la gente que
trabaja en este proyecto, el Instituto Nacional de Empleo y el Ministerio
de Trabajo, que si alguna razón tienen para participar en la política de
cooperación es ésta, abandonan de manera brusca, radical e inexplicable.

Creo que hay una voluntad de todos los grupos de la Cámara de que se
aumenten las cantidades que se destinan a la cooperación. Es también un
deseo expresado de manera casi



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unánime por la sociedad española que ésos sean programas que sirvan para
ayudar a mejorar la vida de nuestros hermanos de Iberoamérica. En vez de
continuar con los programas serios, con los programas que tienen éxito,
con los programas que tienen repercusión social, se está privilegiando
una última fiesta, una revisión de las fiestas y de los fastos del 92, y
se está empezando a dedicar más dinero a programas que tienen escasa
relevancia social. Esta es una línea de actuación que no podemos más que
lamentar; esperamos que sea corregida, y aguardo las explicaciones del
señor Peña a este respecto, porque, desde luego, lo que se nos ofrece
como solución de recambio no satisface las necesidades que venían
cubriéndose con la aportación del Instituto Nacional de Empleo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Presidente, lamento que la falta de tiempo me impida
extenderme en la fraternidad entre los distintos pueblos hispanos, pero,
en todo caso, nada se destruye. Un proyecto que tiene un comienzo, tiene
un fin. Una vez que este fin se produce, se pueden presentar estos
proyectos y pasarán el trámite de aprobación al que están sometidos todos
los proyectos que llegan. No veo que exista hecho nuevo que merezca
explicación específica.




--SOBRE RAZONES QUE IMPIDEN QUE LA GESTION PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO (INEM) DEJE DE BASARSE EN CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA.

FORMULADA POR EL SEÑOR APARICIO PEREZ (GP). (Número de expediente
181/001393.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre las razones que impiden que la
gestión presupuestaria del Instituto Nacional de Empleo deje de basarse
en la cuenta extrapresupuestaria. Tiene la palabra el señor Camps Devesa.




El señor CAMPS DEVESA: No se le escapa al señor Secretario General que el
Inem es el organismo autónomo administrativo más importante si nos
fijamos en el volumen de su presupuesto, y tampoco que no rinde cuentas
mensualmente en ese presupuesto la Intervención General de la
Administración del Estado. Esto es tan evidente que en los boletines
mensuales de ejecución de presupuestos de organismos autónomos no se
refleja desglosada la ejecución mensual del presupuesto del Inem en su
totalidad. Hay que esperar prácticamente, como norma habitual, a final
del ejercicio para que se registre en el presupuesto la contabilidad del
Inem, funcionando mientras en base a lo que se denominan cuentas
extrapresupuestarias, como el boletín de la Intervención General del
Estado recoge en su introducción. Hay un párrafo que se incluyó tras la
denuncia que este Grupo realizó, en un determinado momento, sobre las
cuentas del Instituto Nacional de Empleo, que se recoge habitualmente mes
a mes y en el que se dice claramente, cambiando los importes, que los
importes tan elevados de ingresos y pagos por operaciones
extrapresupuestarias corresponden en su mayor parte al Inem, que
igualmente registra como pagos extrapresupuestarios, antes de la
aplicación definitiva al capítulo IV, las prestaciones por desempleo
también pagadas por la Seguridad Social. Es por ello que nos encontramos,
porque ha habido hechos ya, con sorpresas como que en el año 1993 afloró
un importe cercano al billón 200.000 millones de pesetas que no se había
reflejado en ejecución mensual alguna. En estos momentos suponemos que
las sorpresas serían menores, incluso positivas, razón de más para que
esta transparencia diera lugar y acabara ya con estas cuentas
extrapresupuestarias que, a nuestro juicio, no tienen razón alguna. De
ahí nuestra pregunta sobre las razones de que exista este tipo de cuentas
extrapresupuestarias del Instituto Nacional de Empleo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Camps, en aras también de la brevedad, en todo caso, si
usted lo desea, después puedo exponerle todos los razonamientos jurídico
presupuestarios, pero le diré que existen dos motivos, avalados por la
Intervención General del Estado, por los cuales el Inem refleja la
gestión de las prestaciones por desempleo en conceptos no
presupuestarios. Primero, cuando se producen insuficiencias del crédito
presupuestarios para atender el pago de las obligaciones derivadas de
dichas prestaciones. Hay una insuficiencia y existe un escrito de 29 de
julio de 1993 que permite esta operación, que es lo que ha dado lugar a
lo que usted ha señalado y también, con razón, que este año no se va a
producir. El segundo motivo es la conveniencia de anotar en su
contabilidad una estimación provisional del gasto por no disponer, en su
momento, de la cuantificación exacta a la fecha de la contabilización.

Viene también avalado por escrito de la Intervención General del Estado,
de fecha 17 de febrero de 1995. Es un modo de actuar presupuestario con
un aval de la Intervención General del Estado, que si por algo se
caracteriza es por su rigor, que pensamos que no contiene ningún defecto
ni ninguna perversión presupuestaria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: No era nuestra intención, al realizar esta
pregunta, que se presumiera que exista ni siquiera poco rigor
presupuestario; ya no hablamos de otro tipo de calificaciones. Pero
convendrá el señor Secretario General conmigo en que, a pesar de los dos
argumentos que me ha dado en el día, avalados por escritos de muy cercana
fecha, de 1993 y 1995, y ¡por qué no decirlo! posteriores a cuando el
déficit del Inem se descubría preocupante y la ejecución presupuestaria
del mismo, al final de



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año, traía consigo que nos preguntáramos por qué no había habido una
ejecución mensual más clarificadora y transparente, repito que convendrá
conmigo en que esos argumentos técnicos tampoco imposibilitarían que, al
igual que el resto de organismos autónomos, se ejecutaran por la misma
Intervención General del Estado mes a mes. Lo que hace el Instituto
Nacional de Empleo es mantener esa cuenta extrapresupuestaria con la
Tesorería de la Seguridad Social mensualmente. El propio Secretario
General de la Seguridad Social ha reconocido en esta Cámara, el 18 de
octubre de 1994, que no habría ningún problema ni inconveniente en dejar
de lado estas cuentas extrapresupuestarias y que fueran intervenidas en
la ejecución mensual por la Intervención General del Estado. Sí que es
cierto que entró en contradicción con el Subsecretario de Trabajo que
dijo, sin más, que no tenía constancia de que hubiera ninguna gestión del
Inem extrapresupuestaria, cuando todos sabemos que es así. Tampoco
coincide con lo manifestado por usted en el día de hoy. Yo creo que estas
contradicciones no son relevantes; en el caso del Subsecretario pueden
ser olvidos. Pero esto no da consistencia al hecho de que se siga
manteniendo ese sistema. No queremos pensar, en ningún momento, que
tengamos que apartarnos del objetivo de que el Inem, reitero, al igual
que los restantes organismos autónomos, mensualmente registre sus gastos:
en el presupuesto de ingresos, las cuotas de desempleo, formación
profesional, que recauda la tesorería, y en el presupuesto de gastos los
pagos efectuados por prestaciones de desempleo. Esto ayudaría a una mayor
transparencia, por no hablar de un mayor rigor presupuestario, término
que no quiero usar. No entendemos por qué no se hace si técnicamente es
totalmente viable y posible, a pesar de que puedan existir
recomendaciones cercanas en el tiempo de que no hacerlo así técnicamente,
o al menos legalmente, sería posible. Convendrá conmigo en que ayudaría
mucho más a la transparencia en la gestión del Instituto Nacional de
Empleo. Este es un principio que recojo del Ministro titular de su
Departamento cuando en esta misma Cámara, en una Comisión no muy lejana
en el tiempo, reconocía que la transparencia en la gestión era lo que los
ciudadanos demandaban y a donde se debía dirigir la Administración en
este caso. Reitero que convendrá conmigo en que para esa transparencia
sería mucho mejor que hubiese una ejecución mensual por parte del Inem, y
de la Intervención Delegada, en este caso, de sus cuentas tanto de gastos
como de ingresos. Evitemos con ello que esa falta de transparencia pueda
ocultar en algún momento determinada falta de rigor en esa ejecución
mensual. Además, señor Secretario General, estamos ahora en un buen
momento: no hay déficit y parece ser que no lo va a haber, razón de fondo
que traería consigo que dejáramos estas cuestiones formales a un lado y
adoptáramos las de todos los organismos autónomos, sin que el Inem fuera
una excepción.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Gracias, señor Camps, porque todas sus intervenciones son muy
constructivas. Nuestro objetivo es que toda la gestión presupuestaria del
Inem sea más transparente. Además, estamos bastante orgullosos ¡por qué
no decirlo! de la gestión del Inem de los últimos años y de lo bien que
están saliendo todas las operaciones al respecto. No sé si técnicamente
es posible hacer lo que usted me dice. Si es posible lo haremos. Tenga en
cuenta que tenemos una dificultad añadida a la que tienen otros
organismos. Nosotros tenemos una previsión de gasto, pero hemos de cubrir
aquellos supuestos que jurídicamente se producen, que pueden coincidir
con la previsión de gasto o no. Por tanto, puede haber un desfase a la
hora del pago; desfase que tesorería nos tiene que adelantar, lo que a su
vez entra en una cuenta que después es objeto de conciliación. Si eso se
puede solucionar y permite una mayor transparencia en las cuentas del
instituto, por supuesto que lo haremos.




--SOBRE REGULACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LOS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD PREVISTOS EN LA LEY 10/1994, DE 19 DE MAYO, DE MEDIDAS
URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION. FORMULADA POR LA SEÑORA ROMERO LOPEZ
(GS). (Número de expediente 181/001475.)



El señor PRESIDENTE: La pregunta de la señora Romero, en relación con las
condiciones de acceso a los certificados de profesionalidad, se da por
contestada en la medida en que entiende, y creo que entiende bien, que
será sobradamente respondida en la comparecencia del Director General del
Inem que tendrá lugar a continuación. Por tanto, la pregunta 1.475 se da
por contestada.




--SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LOS NIVELES DE RUIDOS SUPERIORES A LOS
MAXIMOS LEGALES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MUEBLES Y MADERAS.

FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de expediente
181/001525.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre medidas para corregir los niveles de
ruidos superiores a los máximos legales en las empresas del sector de
muebles y maderas. Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario General, seguramente conoce
usted que recientemente, y en virtud de un convenio firmado en marzo de
1994 entre una mutua valenciana y la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras del País Valenciano se llevó a cabo un estudio por la Universidad
de Valencia sobre la evaluación del riesgo por exposición a ruido en el
sector de maderas y muebles. (El señor Vicepresidente, Fernández Díaz,
ocupa la Presidencia.) A lo largo de este trabajo llevado a cabo por la
Universidad se pudo constatar, por ejemplo, que aproximadamente un 43 por
ciento de los trabajadores



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a quienes se sometía a audiometrías presentaban disminución de la
capacidad auditiva para altas frecuencias, lo que conocen técnicamente
como trauma acústico, y un 3 por ciento tiene una sordera establecida.

Globalmente se puede afirmar que una de cada cuatro personas expuestas a
niveles de ruido elevado tienen pérdidas auditivas importantes. Los
redactores de ese informe, en sus actuaciones, constatan que los
empresarios no parecen tener una información suficiente sobre el problema
del ruido y tampoco muestran demasiado interés por el mismo. A su vez,
los trabajadores se consideran acostumbrados al ruido, deficientemente
informados respecto al riesgo y rechazan mayoritariamente los medios de
protección personal.

Entre las conclusiones de ese estudio se constata, en primer lugar, que
los niveles sonoros existentes en el sector de maderas y muebles --sabe
usted perfectamente, señor Secretario General, que es un sector con
importante implantación en la Comunidad valenciana--, pueden alcanzar
valores muy altos que superan los límites máximos establecidos en la
normativa vigente, que es el Real Decreto 1.316/1989. Los datos
audiométricos a los que hacía referencia anteriormente revelan una grave
afectación auditiva a los trabajadores expuestos y se aprecian
importantes deficiencias en el terreno de la información y
sensibilización entre empresarios y trabajadores. Existen diversas
propuestas de actuación, por ejemplo para disminuir los niveles de
contaminación sonora: sustitución de determinadas máquinas, instalación
de silenciadores, sustitución de engranajes, mantenimiento preventivo,
cerramientos y apantallamientos, etcétera. Llama la atención ese estudio
especialmente sobre la necesidad de que la Administración lleve a cabo un
serio esfuerzo de formación dirigida a los empresarios, en primer lugar,
ya que sobre éstos recae la obligación de la prevención, y también hacia
los trabajadores. En este sentido postula la participación de las
organizaciones sindicales de cara a conseguir la mayor información sobre
esta materia.

Desearía saber, señor Secretario General, en relación con este informe
sobre un sector muy concreto, qué medidas y qué conclusiones saca la
Administración sobre la situación que en el mismo se describe y la
necesidad de adoptar medidas para corregir esos problemas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor Peña.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Peralta, si intentara sintetizar su pregunta, yo creo que
destacaría dos palabras: la primera sería información/formación, de la
que es carente el sector, y vigilancia/control para que se apliquen las
medidas previstas para evitar los riesgos.

Nosotros venimos estudiando desde hace tiempo el sector de la madera a
través de distintos informes del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Tenemos ya publicados distintos mapas de riesgo:
el de aserrado de madera, el de fabricación de piezas de madera y el de
fabricación de muebles de madera. Con toda esta información recibida en
poco tiempo vamos a publicar la «Guía práctica para la prevención de
riesgos en el sector de la madera», que tiene que ser el instrumento
esencial de información y formación para todo el sector. Es una guía que,
como todas las de estas características, se realiza en íntimo contacto
con los agentes sociales. Ello podría cubrir todo el aspecto formativo
como medida esencial de prevención de riesgos y pasaríamos a la siguiente
fase: la de control, vigilancia, inspección. Aunque realizamos una
campaña reciente, ahora tenemos que ser conscientes de que toda la fase
de aplicación de la normativa en materia de seguridad e higiene es
competencia de las comunidades autónomas, pero indudablemente debe ser
promovida también por la Administración central del Estado. Si no
recuerdo mal, dentro de una semana se verá en Pleno la ley de prevención
de riesgos profesionales. Hemos diseñado organismos con competencia
específica para este tipo de asuntos y, evidentemente, en la Comisión
Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo es donde se debe ver todo eso.

Repito, el trabajo formativo está realizado; no es suficiente, pero es
imprescindible. Hemos hablado --y usted también lo ha repetido mil
veces-- de que en seguridad la formación es el elemento nuclear y la
inspección es el fracaso de la formación. En ello estamos, concluyendo la
guía e intentando coordinar las acciones de inspección. Es el segundo
plan general de inspección en el sector de madera.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor
Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Celebro, señor Peña, algunas de sus
afirmaciones. Efectivamente, es importante la labor de información y de
formación. Yo le urgiría para que esa guía práctica de riesgos en el
sector de la madera se publique a la mayor brevedad posible e incluso, si
se requiere alguna participación especial de las organizaciones
sindicales, que trascienda esa participación ordinaria que usted ha
señalado que es la acostumbrada, le urgiría para que se promoviera
cualquier tipo de convenio en los ámbitos geográficos donde el sector de
la madera y el mueble tiene una especial implantación --en concreto, como
le consta al señor Secretario General, en el ámbito de la Comunidad
valenciana--, de cara a conseguir que ese elemento de información y de
formación sea realidad.

Por lo que se refiere al segundo apartado, el de la vigilancia, me
gustaría, señor Secretario General, que se contemplen los planes de
trabajo de la Inspección en cumplimiento de la normativa vigente en la
materia, adaptada al sector específico de la madera y del mueble, en
función de los datos que se proporcionen a través del Instituto Nacional
o de los estudios que se lleven a cabo por organismos competentes, como
el que yo he señalado en mi intervención.

Finalmente, llamaría la atención al señor Secretario General, aunque no
sea competencia de su Ministerio, sobre que todas esas medidas que se
plantean --por ejemplo, sustitución de maquinarias, dotarlas de
cerramientos, de apantallamientos, etcétera-- suponen también una manera
de contribuir a que ese tipo de riesgo se reduzca. No basta



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con estar informado. Si no desaparece el ruido, se está sufriendo, por
muy formado que se esté. Sería bueno que todo eso se actualizara en esa
normativa de cara a conseguir que se reduzca el riesgo sonoro, porque es
uno de los factores importantes que inciden en la salud de los
trabajadores.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor Peña.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Recojo sus recomendaciones. Simplemente quiero recordar que,
evidentemente, el ruido es un problema de origen y, segundo, incidir en
algo que también ha pasado un poco desapercibido en el proyecto de ley:
las normas de homologación de fabricantes van a tener mucha importancia
en el asunto que usted mismo ha señalado, señor Peralta.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Gracias, señor Peña. Le
despedimos con esta última respuesta y vamos a proceder a la celebración
de la siguiente comparecencia prevista en el orden del día, que es la del
Director General del Instituto Nacional de Empleo, señor Elordi.




COMPARECENCIAS (CONTINUACION):



--DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) (Elordi
Dentici), PARA INFORMAR DEL PROCESO DE ELABORACION DEL REPERTORIO DE
CERTIFICACIONES PROFESIONALES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001462.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Damos la bienvenida al Director
General del Instituto Nacional de Empleo, don Alberto Elordi, para
informar del proceso de elaboración del repertorio de certificaciones
profesionales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la
palabra el señor Elordi.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) (Elordi
Dentici): Señor Presidente, agradezco al Grupo Parlamentario Socialista
su solicitud para que pueda explicar el momento actual del repertorio de
certificados de profesionalidad.

Mis primeras palabras van a ser para reconocer un cierto fracaso. Yo
creía que hoy podría venir a esta comparecencia con el Real Decreto
regulador del sistema de certificados publicado en el Boletín Oficial del
Estado. Ayer mismo por la tarde traté de averiguar por qué el retraso. El
Decreto está aprobado por el Consejo de Ministros el día 16 de mayo. El
retraso parece que se debe a problemas internos del Boletín Oficial del
Estado. Me aseguraron que hoy estaría publicado y mi primera acción esta
mañana ha sido averiguarlo. He tratado de encontrarlo en el Boletín
Oficial del Estado pero no estaba publicado. Por tanto, en lo que me toca
como responsabilidad, reconozco el fracaso. Debería estar publicado y así
no tendríamos que hablar de un proyecto que no tiene una traducción por
escrito y publicado donde se tenía que publicar, sino de un proyecto
exclusivamente aprobado por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, el Decreto está y con ello se ha cumplido un mandato
de las Cortes de mayo de 1994 que preveía, con la aprobación de la Ley
10/1994, es decir, la Ley de medidas urgentes para el fomento de la
ocupación, que el sistema de repertorio de certificados de
profesionalidad estaría desarrollado en un año a contar desde la
publicación de la ley, es decir en el período mayo/junio de 1995. El
Gobierno pese a ese problema de la publicación del Decreto ha cumplido
ese compromiso, que estaba mandatado por las Cámaras y, además, suscrito
en la propia ley, en sus disposiciones finales. Un año más tarde, es
decir, en el plazo previsto por la Ley 10/1994, el Decreto que conforma
el sistema de certificados de profesionalidad ha sido aprobado por el
Gobierno.

En ese Decreto la certificación de profesionalidad constituye el elemento
clave de la reforma de la formación profesional y lo hace con un triple
objetivo. En primer lugar, identificar las competencias profesionales
características de una ocupación y por tanto acreditables, haciendo más
visibles los recursos humanos existentes y la entidad real de la oferta
de empleo. En segundo lugar, permite articular la formación profesional
ocupacional para garantizar la más sólida adquisición de estas
competencias profesionales. Y, en tercer lugar y por último, dota a la
certificación profesional de validez nacional para facilitar la
transparencia del mercado de trabajo, la movilidad laboral, a la par que
mantiene un nivel uniforme en la calidad de la formación profesional
ocupacional.

El Real Decreto define la finalidad de los certificados como acreditación
de competencias profesionales, regula los aspectos de su contenido,
articulación formativa y condiciones de expedición, definiendo las vías
de acceso a ese certificado.

Las comunidades autónomas con gestión transferida del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional serán competentes para realizar pruebas
de acceso y expedir o establecer un registro de certificaciones de
profesionalidad por ocupaciones. Sin embargo, y en aras a facilitar la
coherencia en el conocimiento del mercado de trabajo y su transparencia y
la libre circulación de trabajadores, existirá un registro general en el
Inem al que se deberán comunicar las inscripciones efectuadas en los
registros territoriales.

Es importante también significar que el Real Decreto aprobado el 19 de
mayo por el Consejo de Ministros autoriza a los Ministerios de Educación
y Trabajo a establecer conjuntamente correspondencias y convalidaciones
entre los módulos de formación profesional reglada y formación
profesional ocupacional.

La regulación del certificado de profesionalidad, tal y como recoge el
Decreto, comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos: Primero, el
perfil profesional de la ocupación. Segundo, los contenidos
teórico-prácticos de la



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acción formativa en la formación profesional ocupacional; el itinerario
formativo organizado por módulos profesionales que respondan a contenidos
formativos asociados con la unidad de competencia. La unidad de
competencia es el núcleo central, la masa crítica del certificado de
profesionalidad definido conjuntamente por el Ministerio de Educación en
sus títulos y por el Ministerio de Trabajo en los certificados de
profesionalidad; la duración total del itinerario formativo y de cada uno
de los módulos que conforman ese itinerario y los objetivos formativos,
por último, y los criterios para la elaboración del aprendizaje del
alumnado.

Se da cumplimiento con el Real Decreto aprobado el 19 de mayo a lo que
preveía la Ley 10/1994. Sin embargo, evidentemente, no se cierra, con la
aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto, el proceso de tener
un sistema de certificados de profesionalidad. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se
está haciendo y qué se va a hacer en el futuro para cerrar el ciclo, para
tener por fin el catálogo de certificados de profesionalidad? El trabajo
ha sido, es y será, arduo, complejo y se le tiene que dedicar tiempo
necesariamente.

Quizás cuando se definió el Plan nacional de formación profesional e
inserción profesional se fijaron unos plazos que después, en la práctica,
en el día a día, podemos llegar a convenir que eran plazos demasiado
exigentes. Sin embargo, decir que unos plazos son demasiado exigentes no
nos debe dejar tranquilos. La verdad es que durante 1994 y el tiempo
transcurrido de 1995 se ha tratado de ganar el tiempo que presumiblemente
se pudo perder en el pasado.

La realidad es que el proceso tendente a la creación de un sistema de
certificados de profesionalidad comienza allá por 1992 y con uno de los
trabajos base más importantes para tener un sistema de formación
profesional ocupacional adaptada a la realidad de nuestro mercado de
trabajo y también a la reforma consiguiente que se estaba produciendo en
el sistema de educación reglada o de formación profesional reglada. Me
estoy refiriendo a todo el proceso que tiende al análisis del mercado de
trabajo y, fundamentalmente, a lo que se han venido en llamar los
estudios sectoriales. Se estudian 28 sectores de la producción que
representan prácticamente la totalidad de la producción en nuestro país
bajo dos premisas. Es un estudio por sectores productivos, de sus
necesidades de formación y de sus requerimientos de empleo.

En último extremo, los estudios sectoriales lo que hacen es analizar lo
que se realiza, lo que se debe realizar o lo que se puede intuir que se
realizará en el futuro en un puesto de trabajo, lo que hace un trabajador
cuando está en su puesto de trabajo. Es un trabajo que realizó el
Instituto Nacional de Empleo en colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia y los agentes sociales y es un estudio que ha servido
--de ahí su valor complementario y generalizado-- para la elaboración de
las titulaciones profesionales del Ministerio de Educación.

Al tiempo que se están produciendo los estudios sectoriales comienza la
reforma de la formación profesional reglada. Saben ustedes que el
Gobierno, prácticamente en todos y cada uno de sus Consejos de Ministros,
viene aprobando nuevas titulaciones, que son la expresión máxima de la
reforma de la formación profesional reglada que se está produciendo.

En 1994, y cumpliendo con el Plan Nacional de Formación Profesional e
Insersión Profesional y el propio programa de formación profesional, se
crea la unidad interministerial, unidad conformada entre el Ministerio de
Trabajo y el de Educación y Ciencia.

¿Para qué se crea esta unidad? No es un organismo más, no es una
institución más en el seno de la Administración Pública, sino que es una
pequeña unidad efectiva, sin grandes cargas burocráticas, que tiende a
que los procesos de reforma, tanto de la formación profesional reglada
como de la formación profesional ocupacional no vivan de espaldas a sus
propias reformas, sino que sean reformas que pueden integrarse en
cualquier momento y que responden a una demanda social; que la formación
profesional en nuestro país sea un todo constitutivo de las necesidades y
futuro del mercado de trabajo. Una vez creada la unidad interministerial
comienza el trabajo que ha de llevarnos al buen puerto de que nuestro
país cuente con el repertorio de certificados de profesionalidad.

Muy sucintamente, para llegar a este repertorio se ha partido, como era
lógico, de los estudios sectoriales, de los títulos que el Ministerio de
Educación y Ciencia iba produciendo. Se ha entrado en un trabajo complejo
y a veces arduo, que es la readaptación de todas y cada una de las
familias profesionales; al mismo tiempo, se ha ido produciendo en
paralelo un análisis constante de los cambios que se han producido en el
mercado de trabajo y que es previsible que se puedan producir en un
inmediato futuro. Esta labor, en parte, ya se ha realizado y quedan,
hasta alcanzar las 27 familias profesionales, algunas por realizar. A la
fecha de hoy, ya se han readaptado 11 familias profesionales. Las 16
familias profesionales restantes estarán finalizadas --es un compromiso
en función de la realidad del trabajo que se está realizando ahora
mismo-- a 31 de diciembre de 1995. En estos momentos, en los meses
previos al mes de junio, de esas 11 familias profesionales, se ha
trabajado ya en grupos mixtos, Ministerio de Trabajo-Inem-Ministerio de
Educación y Ciencia, en cuatro familias profesionales, es decir, se han
desarrollado trabajos para la definición conjunta, articulada y de
acuerdo, de los certificados de profesionalidad con el Ministerio de
Educación y Ciencia. Estas cuatro familias profesionales son: la familia
del comercio, electromecánica, química, hostelería y turismo. Si digo que
son cuatro, evidentemente, tenemos que proyectarlas sobre la totalidad.

Sin embargo, si lo analizamos en función de lo que está reclamando el
mercado de trabajo, la mejor encuesta para saberlo es analizar los
contratos formativos. Tenemos una gran encuesta --no es una encuesta,
sino una visión contrato a contrato-- que son los contratos de
aprendizaje. La comparación de estas cuatro familias con los contratos de
aprendizaje nos dice que ese trabajo de readaptación de estas cuatro
familias supone que hemos readaptado entre el 50 y el 60 por ciento de
las ocupaciones más reclamadas por el mercado de trabajo en la
actualidad.

Destacaría, en esa readaptación de estas cuatro que ya está terminada, un
hecho, a mi entender, importante y significativo.




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Estas cuatro familias se han readaptado, se han definido las ocupaciones
con una importante imbricación de los dos sistemas de la formación
profesional en España: el sistema reglado y el sistema ocupacional. No
podía ser de otra manera, pero es lógico que comprendan que siempre puede
haber dificultades. De ahí también el tiempo que se ha tenido que
dedicar.

La verdad es que si lo hubiéramos hecho de otra manera y no hubiéramos
producido estas cuatro familias y todas sus ocupaciones correspondientes
de esta forma imbricada, coordinada, hubiéramos errado totalmente,
porque, de no producirse procesos convergentes y complementarios entre la
formación ocupacional y la formación reglada, al final, nuestros
ciudadanos tendrían dos ofertas blindadas, perfectamente realizadas
ambas, pero que no tendrían nada que ver una con otra. Por lo tanto,
estaríamos también ante la posibilidad de un nuevo factor de dualización
del mercado de trabajo, cuando menos una evidente dualización de la
formación profesional. Asegurar que no se produce ese proceso, era una
responsabilidad a la que habíamos de dar respuesta. En este momento, con
cuatro familias perfectamente terminadas, al igual que todas las
ocupaciones correspondientes, he de decir que ese proceso de imbricación
se ha alcanzado muy positivamente.

El paso siguiente, ya realizado, era seleccionar determinadas ocupaciones
por cada una de las familias, tendiendo siempre esta selección y este
trabajo a la elaboración de los correspondientes certificados. En las
familias de comercio, de hostelería y turismo, de químicas y de
electromecánica, hemos seleccionado las ocupaciones más demandadas por el
mercado de trabajo en función de la información que nos dan los contratos
de aprendizaje. Así, en la familia del comercio, hemos seleccionado la
ocupación de dependiente; en hostelería y turismo, la de camarero; en
químicas, la de analista de laboratorio, y en electromecánica, la de
ajustador mecánico.

Estamos ahora mismo en disposición de elevar al Consejo de Ministros, en
lo que resta del mes de junio y en la primera quincena de julio, en torno
a los 20 decretos o proyectos de decreto de certificado de
profesionalidad, que cubrirían en torno al 50 por ciento de las
ocupaciones más demandadas en el mercado de trabajo. De aquí a final de
año presentaríamos al Consejo de Ministros proyectos de decreto de
certificados de profesionalidad hasta alcanzar otros 50 más, con lo que,
a 31 de diciembre e 1995, tendríamos cubiertas con certificados de
profesionalidad, mediante decretos aprobados por el Consejo de Ministros,
en torno al 95 o al 97 por ciento de las ocupaciones más demandadas por
el mercado de trabajo, es decir, relacionadas con los más de 210.000
contratos de aprendizaje realizados en 1994.

Sin embargo, he de decirles --y perdón por el paréntesis-- que para
definir las ocupaciones y los consiguientes certificados de
profesionalidad no sólo hemos utilizado los contratos de aprendizaje,
sino que también hemos tenido en cuenta otras tipologías de contratos a
la hora de significar estas u otras ocupaciones.

Si podemos afirmar que vamos a enviar al Consejo de Ministros, antes de
la primera quincena de julio, los primeros 20 decretos de certificados de
profesionalidad y que el proceso alcanzaría en torno al 95 ó 97 por
ciento de las ocupaciones a 31 de diciembre, será bueno que conozcamos
para qué sirve un certificado de profesionalidad.

Le voy a decir muy brevemente, porque creo que es un tema relativamente
conocido, que sería bueno que hoy o en el futuro pudiéramos profundizar
aún más sobre ese asunto. Evidentemente, los certificados de
profesionalidad van a tener un efecto positivo en la capacidad de
intermediación en el mercado de trabajo, no sólo del Instituto Nacional
de Empleo, sino de las agencias de colocación sin ánimo de lucro que
surjan en el futuro al calor del Real Decreto de agencias de colocación y
sistemas integrados de promoción de empleo, aprobado por el Consejo de
Ministros en el mes de mayo.

Es evidente que el certificado de profesionalidad que posea un
desempleado define que ese trabajador está adecuadamente cualificado. En
consecuencia, existe un conocimiento de su perfil profesional que permite
remitirle a todas las ofertas de empleo adecuadas a su perfil. Es decir,
el certificado de profesionalidad mejora la intermediación en función de
que conocemos las capacidades de los trabajadores con mucha mayor
aproximación.

En segundo lugar --y es lógico--, tanto los estudios sectoriales como la
readaptación de las familias profesionales y la readaptación de las
ocupaciones y su definición nos van a permitir elevar la calidad de la
formación profesional ocupacional, sin duda porque el ingente trabajo
realizado para alcanzar los certificados de profesionalidad es un
elemento que nos permitirá definir, con mejor aproximación en positivo,
los diferentes itinerarios formativos.

En tercer lugar, los certificados de profesionalidad van a posibilitar la
promoción profesional de los trabajadores ocupados. Sin ninguna duda,
también los certificados incrementarán innecesariamente la contratación y
la inserción de los alumnos del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, porque el certificado de profesionalidad para estos
trabajadores que pasan por un curso del Plan FIP es un valor añadido a la
propia formación, es una constatación de sus capacidades, adquiridas en
el curso de formación profesional. Los empresarios tendrán siempre así
una garantía de que los alumnos que pasen por un proceso formativo
ocupacional habrán adquirido las competencias que ellos necesitan en su
empresa. Al mismo tiempo, tanto el Decreto como los certificados de
profesionalidad van a posibilitar la progresión académica de los
desempleados, a través de las convalidaciones de los alumnos de formación
profesional ocupacional, que podrán convalidar algún módulo profesional
de formación profesional reglada, lo que puede incentivarles para
intentar seguir el ciclo formativo completo.

Por último --y creo que es un valor que no podemos desdeñar--, lo que va
a lograr el sistema del certificado de profesionalidad es valorizar y
prestigiar la formación profesional ocupacional, un instrumento que
necesita una mayor calidad, así como ese valor añadido que es el
certificado.

¿Cómo se podrá acceder a la certificación de profesionalidad? Las vías de
acceso establecidas en el Decreto



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aprobado por el Gobierno son las siguientes. En primer lugar, la
formación profesional ocupacional, al completar con evaluación positiva
la totalidad de los módulos que integran el itinerario formativo de la
ocupación; en segundo lugar, superando las pruebas de acceso que se
determinen para la comprobación del dominio de las competencias
profesionales adquiridas en la práctica laboral, el contrato de
aprendizaje, o en acciones de formación continua de los trabajadores
ocupados; y, en último lugar, por correspondencia y/o convalidaciones
entre los ciclos de formación profesional reglada y formación profesional
ocupacional.

Con el decreto regulador del sistema de certificados de profesionalidad y
los correspondientes decretos de certificados de profesionalidad que
empezarán a llegar en cascada al Consejo de Ministros, desde finales de
este mes hasta el 31 de diciembre, en mi opinión, concluye la
actualización y ordenación del sistema de la formación profesional
ocupacional. Finalizada también, o en vías de finalización la renovación
de las titulaciones de formación profesional reglada, sin ninguna duda,
estamos ante el sistema nacional de cualificaciones, que, evidentemente,
estará conformado por las titulaciones de la formación profesional
reglada y por los certificados de profesionalidad de la formación
profesional ocupacional o las capacidades profesionales.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): La comparecencia del Director
General del Inem ha sido pedida por el Grupo Socialista. En su nombre,
tiene la palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Director General del Inem, por su
comparecencia y por su exposición.

Muy brevemente, voy a decir, en primer lugar, que nos satisface haber
conocido que la dirección general está ya en disposición de poner en
manos del Consejo de Ministros veinte decretos de certificados de
profesionalidad, que van a cubrir un porcentaje importante de las
ocupaciones más demandadas.

El Grupo Socialista quiere destacar la importancia de este Real Decreto,
que establece las directrices sobre los certificados de profesionalidad y
que conocemos por la referencia del Consejo de Ministros. Creemos que los
certificados de profesionalidad permiten acreditar la competencia
profesional de los asalariados que carecen de título expedido por la
autoridad del Ministerio de Educación, como pueden ser los títulos
universitarios, o los títulos de formación profesional reglada, y
estimamos que de estos certificados se van a beneficiar tanto las
empresas como los propios trabajadores. Las empresas porque, a la hora de
contratar, pueden conocer el grado de competencia, los conocimientos, la
experiencia, etcétera, de los propios trabajadores. Se produce así una
transparencia importante del mercado de trabajo. Y en cuanto a los
trabajadores porque van a tener --así lo creemos-- mayores posibilidades
y oportunidades de empleo y promoción. El mercado de trabajo, en
definitiva, aparece más transparente, se facilita el encuentro entre la
demanda y la oferta de trabajo, se conocen las cualificaciones
disponibles por parte del empresario y se posibilita también una carrera
profesional para el trabajador.

Por otra parte, en la medida en que las competencias profesionales de una
ocupación van a quedar determinadas en cada certificado de
profesionalidad, estimamos --y en ello coincidimos con el señor Director
General del Inem-- que la calidad de la formación profesional ocupacional
debe aumentar porque debe garantizar la buena adquisición de estas
competencias. De esta manera, los certificados de profesionalidad
introducen mayor orden en la formación profesional ocupacional y, por
otra parte, constituyen una exigencia de calidad de la misma formación,
puesto que ya en cada norma reguladora de los certificados de
profesionalidad se fijarán los contenidos teórico-prácticos de la
formación.

Queremos destacar también, como ha hecho el señor director general, la
validez nacional de los certificados de profesionalidad puesto que, de
esa manera, se va a facilitar la movilidad laboral y se va a asegurar
también un nivel de calidad uniforme de la propia formación. En segundo
lugar, en la medida en que la formación profesional reglada y la
formación profesional ocupacional tienen un referente común, como son las
unidades de competencia, se posibilita la convalidación de estudios,
coincidiendo también con el director general en que ello facilita la
imbricación entre la formación profesional reglada y la formación
profesional ocupacional.

La importancia de estos certificados de profesionalidad, evidentemente,
nos exigen que se apruebe cuanto antes el repertorio, aunque sabemos que
esto lleva su tiempo por el trabajo minucioso que implica, así como los
itinerarios de formación de las ocupaciones y familias profesionales que
restan por estudiar.

Yo señalaría, en nombre de mi Grupo Parlamentario, dos posibles pegas
sobre las cuales requeriría la opinión del señor Director General del
Inem. La primera sería que, en tiempos de exigencia de flexibilidad del
mercado de trabajo y de exigencia también de polivalencias funcionales,
los certificados de profesionalidad pudieran ser una traba para ejercer
un oficio o desempeñar varios puestos de trabajo en una empresa. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.) Si así sucediese, supondría una
vuelta atrás hacia casi los sistemas gremiales; por eso consideramos
conveniente que, a la hora de regular cada certificado, se actúe con la
suficiente ductilidad y adaptabilidad a lo que hoy es el mundo productivo
y a los requerimientos de las empresas, en orden a su competitividad.

En segundo lugar, cuando las clasificaciones profesionales, por las
razones apuntadas y señaladas ya en la reforma del mercado de trabajo del
año pasado, tienden a ser sustituidas por grupos profesionales, el hecho
de que la expedición de los certificados de profesionalidad condicionaran
de forma obligatoria los sistemas de clasificación profesional en las
empresas creemos que no sería coherente con la reforma del mercado de
trabajo. Por eso pido la opinión del señor director general sobre estas
dos preguntas que le formulo.




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Por último, como ocurre siempre en el Derecho del Trabajo, los convenios
colectivos, es decir, las fuerzas sindicales por una parte y los
empresarios por otra, tienen un importante papel a jugar para determinar
el valor exacto de los certificados de profesionalidad y para otorgarles
el debido reconocimiento, porque tampoco nos engañemos, la regulación de
los certificados de profesionalidad no son la panacea y serán lo que los
empresarios y los trabajadores quieran que sean. Su valor dependerá, por
tanto, del apoyo que les presten empresarios y trabajadores, dependerá
también de la calidad de la formación profesional necesaria para
adquirirlos, así como de la rigurosidad de las pruebas para su obtención,
en los casos en que reglamentariamente se establezca esa necesidad para
acceder a dichos certificados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Simplemente quiero agradecer la comparecencia
del señor Elordi y decir que, efectivamente, el tema de los certificados
de profesionalidad es importante --parece que ya nos encontramos en la
última etapa para clarificar esta situación--, pero, en el fondo, a mí lo
que me preocupa es la calidad de la formación, si ese certificado es
homologable en calidad al alemán o al francés, porque ése es nuestro
reto. Nuestro reto es equiparar la calidad de la formación profesional de
nuestros jóvenes y no tan jóvenes con otros programas de formación
profesional de los Estados que componen la Unión Europea; eso es lo que
realmente me preocupa. Pero ése es un discurso que ya hemos iniciado en
la intervención anterior, y en el que supongo que coincidimos con los
demás Diputados y con el propio Director General. Y ningún comentario
más. Simplemente, tengo la inquietud de saber, en la importante función
que tienen las fuerzas sociales --que evidentemente la tienen-- y los
empresarios --también la tienen--, que son los que en definitiva van a
calificar el valor de los certificados, si estamos en la línea de que
ello sea con la mayor calidad posible, para que estas titulaciones puedan
ser homologables a otras titulaciones similares de la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Voy a coincidir en parte, espero que sea poca la
reiteración, con la intervención que anteriormente ha tenido mi Grupo en
la comparecencia de don Marcos Peña, pero es que, repito, no se trata de
reiterar lo que ya es conocido y aceptado por la totalidad de los grupos
políticos, ni aquello que es aceptado por los agentes sociales, que son
los objetivos marcados y definidos en el programa nacional de formación
profesional. De lo que se trata, señor Elordi, es de ir cumpliendo esos
objetivos, sobre todo los cuantificados en el tiempo, con calendario.

Usted ha hecho una intervención con dos grandes partes. Una, tratar de
justificar los retrasos producidos. La segunda, sorprendentemente, ha
sido una glosa de los efectos, los graves efectos, que tienen esos
retrasos. Usted ha citado un plazo límite para la finalización de estos
trabajos, pero permítame que le diga que ese plazo del 31 de diciembre de
1995 era sobradamente conocido de esta Cámara. Sabrá usted --como sé yo--
que ha sido una resolución aprobada como consecuencia del debate del
Estado de la Nación del año 1995, pero sabrá también --como yo-- que fue
una resolución aprobada en el debate de esta Comisión del ejercicio
anterior; una de las no cumplidas. Por tanto, tampoco creo muy necesario
que nos venga a recordar lo que son --o deberían ser-- compromisos del
Gobierno, precisamente ante esta Cámara, sino a informar estrictamente de
los motivos de su incumplimiento y, sobre todo, de si va a poder --cosa
que empiezo a dudar-- dar satisfacción a esa resolución antes del 31 de
diciembre.

En cuanto a la descoordinación entre los Ministerios de Trabajo y
Educación y Ciencia pienso que es evidente. El simple hecho de que según
el Ministerio de Trabajo sean 16 las familias de cualificaciones
profesionales aún pendientes y según el Ministerio de Educación y
Ciencia, dicho en la comparecencia del señor Suárez Pertierra, sean seis,
habla de un desfase que es de difícil comprensión. Por cierto, que sean
seis, después de un acuerdo de Consejo de Ministros, empieza a ser casi
tan misterioso como este real decreto, que conocen ustedes pero que no
conocemos nadie más.

Permítame que le diga que de lo que nos ha dado a conocer del real
decreto una parte también sobraba. La referencia es una mera
transcripción, de un lado, del programa nacional de formación profesional
y de otro lado de lo que la Logse dispone respecto de la formación
profesional, lo que creo que no era necesario. Sin embargo, se echa en
falta, tanto en su exposición como en lo que usted nos anuncia del real
decreto, la mención a una directiva de tipo europeo, como es la 92/51.

¿Por qué? Por que el problema de un trabajador español, en ausencia de
este completo repertorio, es doble. No sólo es interno, no sólo es dentro
de España donde tiene sus problemas. Usted lo ha dicho, un desempleado
español, o un aprendiz que acaba su contrato de aprendizaje tiene varios
problemas. Hoy no tiene resuelto poder progresar por paso desde la
formación ocupacional a la formación específica reglada; no tiene esa
posibilidad. Pero tampoco tiene siquiera la posibilidad de obtener una
homologación o una convalidación de su certificación con respecto a otros
países de la Unión Europea. Y no me digan que se trata de posiciones o
voluntades divergentes las que ahora mantiene el Gobierno español
respecto a esa directiva, porque supongo que cuando la firmó --por cierto
en el año 1992-- sabía lo que estaba firmando y hablaba de la integración
de España en ese régimen de convalidaciones o de reconocimiento de
títulos.

El importante desfase que se está produciendo entre su Ministerio y el de
Educación y Ciencia creo que ya es preocupante. Es preocupante que no
vayan al menos a la par, máxime con la explicación que usted ha dado de
que el Ministerio de Educación y Ciencia trabaja sobre la base de los
trabajos elaborados por su departamento; resulta bastante chocante que
quien prepara los trabajos vaya más rezagado



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que aquél que los aprovecha, y eso me ha parecido entender.

Le diría también que el señor Peña, si usted ha estado atento, respecto a
la colaboración entre los grupos o equipos interministeriales creados en
febrero de 1994, ha dicho que podrán empezar a reunirse en los meses
próximos. De verdad, aquí empieza a no encajar ninguna pieza. ¿Qué han
hecho hasta ahora, señor Elordi? ¿No ha habido ese tipo de reuniones con
esa debida frecuencia? ¿No debían ser creados los equipos
interministeriales antes de febrero de 1994, puesto que así venían
fijados, y usted lo sabe, en el programa nacional de formación
profesional?
Sinceramente le digo que me resulta un tanto decepcionante que diga que
ahora van a acudir en cascada este tipo de acciones a los Consejos de
Ministros. Yo no sé si lo ocurrido será por la premura de tiempo o por
algún otro objetivo, pero ustedes sabían los compromisos que adquirían.

Pero no se trata tanto en el programa nacional de plazos exigentes; los
plazos no tiene que ser exigentes, los plazos tienen que ser realistas y
se lo digo por el bien del cumplimiento de los acuerdos. Más reciente es,
y usted lo ha citado, que la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas
urgentes de fomento de la ocupación, ustedes decían que para la fecha del
24 de mayo tenía que estar aprobado no ese real decreto de bases,
insisto, por un lado genérico y por otro lado escaso, de cara a los
repertorios; decían literalmente, en posición libre, supongo, que el
Gobierno, a los efectos de una mejor implantación del contrato de
aprendizaje, aprobará en el plazo máximo de un año, 24 de mayo de 1995,
fecha límite, el repertorio de certificaciones profesionales y regulará
las correspondencias o convalidaciones de los conocimientos adquiridos en
la práctica laboral. Aquí no se decía que se iba a elaborar un real
decreto marco, básico, general. Yo leo: el repertorio.

De verdad, los plazos tienen que ser realistas y los compromisos tienen
que ser respetados. No se han cumplido. No se trata tanto de mirar hacia
atrás como de mirar hacia delante. Lo que le puedo garantizar es que
nuestro Grupo seguirá con plena atención este proceso de aquí a final de
año, y esperemos que los compromisos se cumplan.

El Ministro de Educación y Ciencia anunció que en el siguiente Consejo de
Ministros iba a incluir seis grupos de familias profesionales, pero todos
leímos con exquisita atención y cuidado la referencia del Consejo de
Ministros posterior y, de entonces ahora, no ha habido acuerdo alguno
relativo a dicho anuncio o compromiso.

Este real decreto, al que usted hacía mención, se ha aprobado el 19 de
mayo en el Consejo de Ministros. Yo creo que los problemas del Boletín
Oficial del Estado están --algunos de ellos, los de falta o exceso de
papel-- bastante superados como para que en temas de la máxima prioridad,
como son los de empleo o los que afectan al principal problema social, no
haya un poquito más de diligencia. Supongo que no es tan difícil.

Finalmente, ha dejado caer una idea que nos tiene muy preocupados. Ha
dicho que el Inem va a seguir de alguna manera la estela o el rumbo que
marquen algunas de las nuevas instituciones de intermediación del mercado
de trabajo. Permítame que le diga que pensamos que el Inem debe tomar la
iniciativa y no debe estar simplemente esperando a ver qué hacen y si es
interesante aprovechar las experiencias de terceros. Al Inem, el
Gobierno, les corresponde tomar la iniciativa y seguirla. Si va a hacer
una simple labor de emulación de aquello que sea positivo de otras
instituciones o si, lo que es peor, no sabe muy bien lo que van a hacer
esas instituciones, le aconsejaría que se replantee algunas de estas
actuaciones. Se lo digo con toda sinceridad, y le añado que ha habido
alguna pregunta anterior, relacionada con ello, que me parece que está en
la mente de todos. Vamos a tratar desde el Grupo Popular de seguir
presentando ideas e iniciativas que permitan al Inem dedicarse a lo que
se tiene realmente que dedicar. Se tiene que dedicar a la intermediación
en el mercado de trabajo y se tiene que dedicar a la formación
profesional. Y le voy a decir a lo que no se tiene que dedicar: No se
tiene que dedicar a ciertas acciones que, desde luego, causan perplejidad
jurídica, administrativa y de todo tipo. Le voy a mencionar a usted el
contrato-programa que parece haber firmado su departamento, el Inem, con
el Ministerio de Trabajo. Que tengan que firmar un contrato, que supongo
que han firmado, el presidente de un instituto con su director general,
aparte de novedoso desde el punto de vista jurídico, no sé si no lleva a
hacer explícita la enorme desconfianza de una institución respecto a
otra. Yo no sé si el señor Griñán se acuerda de que él es Presidente del
Inem y usted es el Director General. Pero que tengamos que recurrir a
contratos para el cumplimiento de objetivos en un instituto dependiente
del Ministerio, me parece que raya lo sorprendente y, lógicamente, no
quiero utilizar otros términos que supongo que están más relacionados con
la imagen pública de su institución que con la eficacia de la misma.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (Elordi
Dentici): Me van a permitir tanto el señor Arnau como el señor Hinojosa
que responda, en primer lugar, sólo a una cuestión, al señor Aparicio y
luego contestaré a ambos.

Señor Aparicio, el Presidente del Instituto Nacional de Empleo es el
Secretario General de Empleo, no el Ministro de Trabajo. A partir de ahí
podríamos hablar del contrato-programa.

Señor Arnau, yo coincido con usted en las dos preocupaciones que me ha
manifestado: la adaptabilidad de los certificados de profesionalidad a
una creciente visión cambiante del mercado de trabajo, hoy y en el
futuro, lógicamente, y cómo se puede garantizar desde el sistema de
certificados de profesionalidad esa adaptabilidad y esa flexibilidad de
adaptación. No es fácil, se lo reconozco, porque en primer lugar lo que
tendremos que pensar es que tampoco es estático el número de familias
profesionales; podríamos prever que en el futuro habría esas familias
profesionales o más, o distintas, o que cambiarán internamente. Si
decimos familias profesionales, podríamos decir lo mismo con más énfasis
en lo que son las ocupaciones.




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¿Cómo queremos resolver este problema, cómo tratamos de adelantarnos, en
la medida de lo posible, a las consecuencias negativas de esa necesaria
flexibilidad que se está produciendo y que se va a producir con mayor
valor en el futuro?
Todo el proceso es modular. Los certificados de profesionalidad funcionan
a través de módulos, lo que permite readaptar constantemente, y en la
medida de las necesidades, esos módulos y, por tanto, los certificados de
profesionalidad. Para entendernos, no habría que variar absolutamente el
certificado de profesionalidad y las exigencias de ese certificado de
profesionalidad ni cómo se conforma éste, sino que podríamos hacerlo
modularmente, parcialmente.

A mí me parece que con los instrumentos que tenemos y los módulos,
podemos dar respuesta a ese problema. ¿Totalmente? Yo pienso que no hay
respuestas totales; nunca las puede haber y en este caso tampoco, pero
creo que salvamos el problema con este carácter modular del certificado
de profesionalidad.

Y coincido con usted en su segunda apreciación sobre el valor futuro del
certificado de profesionalidad. Evidentemente, el valor futuro del
certificado de profesionalidad está en función del valor que depende de
la negociación colectiva, del encuentro en positivo entre las partes,
entre los sindicatos y los empresarios. Ese encuentro se produce en
nuestro país y en el entorno de la Unión Europea en la negociación
colectiva. Será ahí donde se le dé todo el valor que se quiera dar al
certificado de profesionalidad. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo,
lo que hacemos es crear un sistema de mínimos y un mínimo denominador
común para todo el país. Serán los sindicatos y los empresarios los que,
día a día, en la negociación colectiva, vayan conformando un valor,
posiblemente distinto, más amplio, a esos certificados de
profesionalidad.

Señor Hinojosa, coincido con usted en que éste es un instrumento en la
vía de mejorar la calidad de la formación profesional ocupacional en
nuestro país, pero es solamente un instrumento. La calidad se conforma
desde la oferta, también desde la propia demanda, y desde la imbricación
de los diferentes factores que intervienen en el mercado de trabajo. Algo
de ello han hablado y discutido ustedes con el Secretario General, Marcos
Peña, en su intervención anterior, y, por supuesto, coincido con sus
planteamientos.

Era necesario en España organizar los dos subsistemas de formación
profesional y hacerlos complementarios, y en eso estamos. Esa
conformación nueva de la formación profesional es un elemento que juega
en positivo para la calidad, pero la calidad se construye en el día a día
y, sobre todo, en el compromiso social. A veces creo que con la formación
profesional tenemos un recurso dialéctico, hablamos de su necesidad, de
su carácter estratégico para la mejora de las condiciones de trabajo,
para la mejora de la ocupación de nuestros trabajadores o para la mejora
de la ocupación general en el país. Yo creo que en España tenemos
necesidad de que ese debate dialéctico supere esa frontera del debate y
se convierta en un debate también en las propias empresas.

Con el acuerdo de formación continua (con las reservas que su Grupo y
usted tienen al respecto), con el plan nacional de formación profesional
y de inserción profesional, con la renovación de la titulación de la
formación profesional reglada y los certificados de profesionalidad,
estamos rompiendo también ese muro de debate interno. Tenemos que entrar
con ese debate en las propias empresas.

La verdad es que, para calcular, aproximadamente, qué calidad de
enseñanza tenemos, habríamos de referirnos a sistemas comparativos.

Nosotros tenemos una calidad de nuestra formación profesional, por todos
los encuentros y programas europeos en los que participamos,
relativamente similar a la media europea; lo que pasa es que hay
situaciones comparativamente distintas si no vemos en bloque la formación
profesional. Ahora bien, ¿eso quiere decir que nuestra formación
profesional está dando todos los beneficios que debería dar?
Comparativamente parece que vamos mejorando, y las decisiones que han
tomado el Gobierno y estas Cámaras, en materia de formación profesional,
han contribuido a ello.

Hay procesos importantes en marcha. Estamos renovando toda la oferta de
la formación profesional ocupacional en estos momentos, con lo que es la
homologación o la rehomologación de los centros que imparten formación
profesional ocupacional, pero evidentemente no es suficiente, hay que
hacer más todavía. Lo que a mí me parece es que, en la medida en que se
mejore también la intermediación profesional, la orientación, la
información, el acompañamiento en la búsqueda de empleo para los
trabajadores desempleados, se extraerá de la formación profesional todo
el valor intrínseco que tiene. Si la formación profesional se queda en un
todo exclusivo y excluyente y no se acompaña de acciones de reinserción
profesional, no sabremos valorar definitivamente la calidad, porque la
calidad, en último extremo, se medirá por la reinserción de los
trabajadores parados, por el mantenimiento de los puestos de trabajo y
por la calidad del trabajo realizado y las acciones tienen que ser
complementarias.

Señor Aparicio, hoy y en anteriores comparecencias mías respecto a los
certificados de profesionalidad he reconocido el retraso que ha tenido el
Ministerio de Trabajo, el Inem, en crear el sistema de certificados de
profesionalidad, el repertorio. Y he reconocido también, si no hoy, en el
pasado, que el Ministerio de Educación ha llevado su trabajo más
adelantado que nosotros. Nosotros estamos trabajando con once familias
profesionales. Me dice usted que el Ministro de Educación y Ciencia decía
que a ellos les faltaban seis. De lo que nos tenemos que responsabilizar
nosotros es de tratar de igualarnos al Ministerio de Educación, ésa es la
labor fundamental. Y también mirar críticamente al pasado. Es verdad: ha
habido un retraso, lo reconozco, no tengo ningún ambage en hacerlo. El
problema es que creo que ha habido una reacción muy importante desde
enero de 1994 para que a final de 1995 tengamos terminado lo que es el
repertorio de los certificados de profesionalidad.

Luego, por tanto, comparto con usted el problema del retraso, pero le
añado la reacción que ha habido. Si tuviéramos que hacer una valoración
numérica, diría que el objetivo se va a cumplir y que va a coincidir la
finalización de nuestros trabajos con la de los que realiza el Ministerio
de Educación y Ciencia.




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Usted me ha leído los compromisos de mayo de 1994, cuando se aprueba la
ley 10 de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. No era posible,
señor Aparicio, ir a la creación del repertorio de certificados de
profesionalidad sin que existiera un decreto que lo orientara; no era
posible, porque nosotros podemos hacer todos los decretos de certificados
de profesionalidad, pero siempre quedará alguna de las dudas que el
decreto por el que se establecen las directrices resuelve. Por ejemplo,
la finalidad, la articulación formativa, las pruebas de acceso, quién
escribe el certificado de profesionalidad, el papel de las comunidades
autónomas. Eso no lo puede definir un certificado profesional ni una
ocupación. La técnica jurídica sería muy discutible. Sería muy discutible
que un certificado de profesionalidad de ayudante de laboratorio
definiera si una comunidad autónoma puede expedir un certificado de
profesionalidad o no y la parte de ese certificado de profesionalidad que
puede elaborar la comunidad autónoma. Era una condición «sine qua non»,
señor Aparicio.

Eso no quiere decir que mi voluntad y la del Ministerio de Trabajo
hubiera sido que en el mismo instante en que el Gobierno aprobara las
directrices, ese Decreto, estuviera ya aprobando decretos de certificados
de profesionalidad. El retraso sobre el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con la Ley 10/1994 va a ser un retraso de semanas.

Evidentemente, hay retraso, se lo digo contundentemente también; hay
retraso. Pero lo importante es valorar el proceso.

Sinceramente no sé si la intervención del señor Peña o la mía propia
pueden haber inducido, ambas o alguna de ellas, a algún error. Todo el
trabajo realizado con las familias profesionales y ocupaciones que ya
están terminadas se ha hecho con los grupos mixtos Ministerio de
Trabajo-Inem-Ministerio de Educación y Ciencia; no es que vayan a empezar
a trabajar ahora; lo que van a hacer es continuar su trabajo con otras
familias. Pero si por nuestras intervenciones se ha producido alguna mala
información, la corrijo, espero corregirla con esto.

Todos podemos tener nuestras valoraciones políticas sobre el
contrato-programa firmado entre el Ministro de Trabajo, como Ministro de
Trabajo, y el Director General del Inem, como Director General del Inem.

Es verdad que si hubiera sido entre el Presidente del Inem y el Director
General del Inem hubiera sido una contradicción «in terminis»,
lógicamente, pero no ha sido así. El contrato-programa que hemos firmado
se hizo al calor de la ruptura del monopolio del Instituto Nacional de
Empleo en materia de intermediación laboral. ¿Qué supone esta ruptura?
Algo que ustedes vienen reclamando desde hace muchos años, que el Inem
defina qué es lo que tiene, quiere y puede hacer. Es una reclamación de
su Grupo que yo he oído, que me han hecho a mí directamente en más de una
ocasión. El contrato-programa, roto el monopolio, permitió la existencia
de agencias de colocación sin ánimo de lucro; lo que define desde su
primera línea hasta la última es lo que el Inem va a hacer de aquí a
1997, con un valor añadido. Es un trabajo por objetivos y, por tanto,
medibles y con capacidad de rectificación o de insistencia en el buen
hacer, espero que en el buen hacer, por supuesto. Es un
contrato-programa, además, que no solamente define lo que el Inem tiene
que hacer, los objetivos y qué objetivos debe cumplir, sino cómo va a
cumplirlos, con qué medios. Por tanto, hay definiciones presupuestarias,
definiciones de gestión, definiciones de sistema de control, definiciones
de reforma profunda del Instituto Nacional de Empleo.

El Decreto de agencias de colocación sin ánimo de lucro y de servicios
integrales para promoción de empleo y el contrato-programa es la tan
traída y llevada reforma del Instituto Nacional de Empleo. Lo que sucede
es que las reformas no se anuncian o no son un mero enunciado; las
reformas hay que hacerlas en el día a día y el contrato-programa
significa la temporalidad de esa reforma, con independencia de que sea
acertada o no la formulación de un contrato-programa. Personalmente creo
que es acertado.

No sé si le he provocado alguna duda sobre si vamos a estar mirando lo
que hacen las agencias de colocación y, por tanto, aprender de ellas.

Nunca lo diría. Lo mucho o poco que se sabe en este país de
intermediación laboral lo ha hecho el Ministerio de Trabajo y el
Instituto Nacional de Empleo, con mejor o peor suerte. Lo que puedo
decirle es que en los proyectos y agencias de colocación que hemos ido
recibiendo desde la aprobación del Decreto, lo que se hace prácticamente
es transmitir los conocimientos ya publicados, elaborados, trabajados por
el Instituto Nacional de Empleo. Nosotros hemos hecho un decreto de
agencias de colocación que es también un mínimo común denominador. Lo que
queremos es que todas esas iniciativas sociales que hay en España surjan,
que se organicen y que colaboren en la intermediación laboral y con el
Inem. Además, van a colaborar con nosotros de una manera muy sensible. No
hemos hecho --y ahí está el Decreto para verlo-- una reglamentación de
las agencias de colocación que impida su surgimiento, que se puede hacer;
se puede hacer un reglamento que impida en la práctica que surjan las
agencias de colocación. Tan es un Decreto que no impide el surgimiento de
las agencias de colocación que en tres semanas he de decirle que tengo en
torno a las 30 peticiones para comenzar a discutir la concreción de una
agencia de colocación en diferentes territorios, por diferentes
instituciones, que van desde colegios profesionales a comunidades
autónomas, ayuntamientos y organizaciones, por ejemplo, de minusválidos.

Si hubiéramos hecho un decreto reglamentista, yo me imagino que
tendríamos muchas menos peticiones. Sinceramente le digo que yo
personalmente y el Ministerio de Trabajo como colectivo orgánico
intelectual creemos que lo que se persigue con las agencias de colocación
es que no se pierda ni tan siquiera la posibilidad de cubrir una oferta
de trabajo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General, por su
comparecencia.

Preguntas dirigidas al señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Señorías, quiero informarles de que la primera pregunta que figura en el
punto 2 del orden del día no se ha podido tramitar porque hemos recibido
un escrito del Ministerio de la Presidencia en el cual se informa de que
la autoridad



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administrativa competente en el control de las prestaciones
complementarias de la Seguridad Social no es el Ministerio de Trabajo,
sino el Ministerio de Economía, y más exactamente la Dirección General de
Seguros, que tiene el control administrativo de mutualidades de previsión
social, seguros colectivos y planes y fondos de pensiones, que son las
tres figuras de prestaciones complementarias existentes en nuestro país.

Por tanto, habrá de ser la Mesa de la Comisión la que juzgue el escrito
del Ministerio de la Presidencia y dé una respuesta conveniente para
poder tramitar, en ésta o en otra Comisión, la pregunta del señor Peralta
Ortega.




PREGUNTAS (CONTINUACION):



--SOBRE CONCLUSIONES Y MEDIDAS DERIVADAS DE LA INSPECCION REALIZADA EN LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) EN MURCIA EN
EL MES DE ENERO DE 1995, ASI COMO TRABAJO REALIZADO Y CENTROS
COLABORADORES VISITADOS PARA LA EJECUCION DEL INFORME CORRESPONDIENTE.

FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS MARTINEZ (GIU-IC). (Número de expediente
181/001484.)



--SOBRE DEPURACION DE RESPONSABILIDADES POR LAS IRREGULARIDADES EN LA
GESTION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
(INEM) DE MURCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS FERNANDEZ (GIU-IC). (Número
de expediente 181/001485.)



El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor Subsecretario de
Trabajo. Hay dos preguntas del señor Ríos Martínez que sospecho que
podrán ser tramitadas conjuntamente al ser referidas a la misma materia.

Si no tiene inconveniente el señor Ríos Martínez, así lo haríamos.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que el objetivo de nuestras
preguntas es concatenado, no hay ningún problema para tramitarlas
conjuntamente, e iban dirigidas a la Dirección General del Inem, pero en
todo caso no hay ningún problema para formularlas a la parte de la
Administración que se considere oportuno.

La primera pregunta iba dirigida fundamentalmente a las conclusiones y
medidas derivadas de la inspección realizada por la dirección general del
Instituto Nacional de Empleo en la oficina de Murcia. La verdad es que el
objetivo de estas preguntas es fruto de una voluntad de nuestro Grupo, y
es entender que cualquier cosa es positiva para aclarar lo que sucede,
que es bueno aclarar las cosas que hayan podido funcionar de manera no
clara o no transparente y que por eso lo que puede tener como resultado
significaría medidas que dejasen nítidamente claro qué es lo que ha
sucedido en cada acto de la propia Administración.

La segunda consideración es que vaya por delante que para nuestro Grupo
es cierto que la puesta en marcha de todos los programas de formación con
la administración y gestión de recursos europeos en volumen importante
obliga a la Administración y a los distintos agentes, por decirlo de una
manera benévola, a improvisar urgentemente infraestructuras. Por tanto,
hay que poner en marcha un volumen importante de infraestructuras, pero
¿cuál es el objetivo de la pregunta y cuál es la investigación que en
teoría se pone en marcha y de la que yo solicito información? Lo cierto y
verdad es que hay una circular de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo del año 1992 en la que se dan unas instrucciones a las
distintas oficinas, en concreto a la Dirección Provincial, para elaborar
una propuesta de red de oficinas del Inem y, dentro de ella, la puesta en
marcha de la figura de las oficinas integradas, en las que iba a recaer
todo el proceso de desconcentración de prestaciones dentro del
funcionamiento que en esa región debiera tener esa puesta en marcha de
descentralización.

Por tanto, el objetivo de esta pregunta obedece a que en nuestra región
no se han puesto en marcha esos procesos de desconcentración y el
desarrollo de lo que pudiéramos llamar el Real Decreto 631/1993, donde se
ponía en marcha la regulación del Plan Nacional de Formación y de
Inserción Profesional, y lo que era la Orden del 13 de abril de 1994 que
lo desarrollaba. En Murcia han tenido una actuación que ha sido
denunciada precisamente por una persona, que tiene un nombramiento para
ejercer ese puesto de trabajo desde el año 1991, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», nombramiento como director de esa oficina, pero que
no había manera de tomar posesión de esa dedicación ni poner en marcha
esa oficina.

Fruto de esa realidad es que el funcionario en cuestión pone en
conocimiento de la Administración central del Estado, llámese Delegado
del Gobierno, llámese Dirección General del Inem, esta realidad. Manda un
escrito el día 23 de diciembre dirigido al Delegado del Gobierno de
nuestra Comunidad y dirigido también a la Dirección General del Inem,
donde pone en su conocimiento que no se está poniendo en marcha ese
proceso de oficina integrada para actuar sobre la formación, que además
no hay manera de poder tomar posesión, y que puede haber en el uso --él
denuncia a estas dos autoridades-- dos actuaciones que no sean positivas:
una, que no se haya hecho un proceso claro de la homologación de centros
para poder actuar en esta formación. En esa región se han homologado 128
centros en 15 días, por cuatro funcionarios, cuando hay un plazo para
poder hacerlo muy amplio, pues se ha hecho una homologación realizada de
una manera bastante acelerada. Esa homologación podría llevar consigo que
algunos de los requisitos físicos que debían de cumplir estos centros
para ajustarse al Real Decreto que citaba con anterioridad y a la Orden
de abril del año 1994, no se ajustaran a la legalidad en cuanto a centros
de formación. Inclusive hay algunos



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de ellos de índole pública o privada. La segunda es que podría haber un
cierto manejo de recursos que no estuvieran obedeciendo a los criterios
que debieran de cumplir.

Fruto de esta denuncia que se remite a la Administración central es que
se produce una inspección, que es realizada por un funcionario de la
Administración central, que es el jefe nacional de la Inspección de
Servicios --por tanto, se ve que era importante el trabajo a realizar--,
don Juan Gómez Tobar; se presenta en la oficina en cuestión del 18 al 20
de enero, y produce un expediente, una información para comprobar las
presuntas irregularidades de ese centro de la Dirección Provincial y del
propio Inem; da trámite, realiza la comparecencia del denunciante, de un
funcionario del Inem, y también la comparecencia del director del propio
servicio, y produce una actuación. Es aquí donde viene la segunda parte.

Como conclusión de este informe, la realidad es que allí lo que se
produce es abrir expediente disciplinario al funcionario que había
denunciado el hecho. Se le incoa un expediente. La resolución que recibe
el funcionario el 8 de febrero es que en diez días tiene que personarse,
puesto que se le ha incoado un expediente administrativo, porque parece
ser que ha habido una actuación despectiva hacia sus superiores;
circunstancia un tanto graciosa, porque, aun siendo verdad, lo cierto y
verdad es que el 4 de febrero, cuatro días antes, resulta que ha dimitido
el director provincial del Inem, ha sido cesado, ha sido invitado a
dimitir, porque, no sabemos muy bien, el puesto está en libre remoción
--creo que se llama--, es la ubicación de quien dirigía esa realidad
administrativa.

La conclusión, por tanto, que tiene este Diputado es un tanto confusa.

Parece que las actuaciones son las de reaccionar contra quien denuncia
unos hechos irregulares más que aclararlas, porque en dos días visitar
128 centros para ver si la homologación está bien hecha me da la
impresión de que o es el rayo de luz capaz de penetrar en cualquier sitio
a una velocidad pasmosa o es muy difícil. Otra cosa es que se haya ido
directamente a amedrentar al funcionario que denuncia y a proceder sobre
él.

Lo que quiero que se me precise con estas dos preguntas es si ha sido esa
la actuación.

Por tanto, las dos preguntas van dirigidas, en primer lugar a saber
cuáles son las conclusiones y otras actuaciones. Si solamente es este
expediente disciplinario al funcionario que denuncia, que es la
información que tiene este Diputado, me gustaría que se me diesen las
razones. Si hay otras actuaciones, las desconozco, y me gustaría que se
aclararan y precisaran. En segundo lugar, querría saber cuál es la
depuración de responsabilidades y si está afectado e esta depuración de
responsabilidades la dimisión, el cese o la indicación del director de
INEM en Murcia y del director provincial de Trabajo, también en Murcia,
si es que tienen alguna relación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): Señor Ríos, aclaro que el hecho de que comparezca el
Subsecretario ante una pregunta oral que usted formula en Comisión, como
S. S. sabe, es que la pregunta va dirigida al Ministro de Trabajo y éste
delega , en este caso, en el Subsecretario por tratarse de cuestiones de
carácter disciplinario en el funcionamiento relacionado con la propia
gestión del personal y funcionamiento de la organización del Ministerio y
sus organismos. A esta pregunta no podía contestar el Director General
del INEM y hay una delegación del propio Ministro en el Subsecretario.

Dicho lo anterior, me voy a referir brevemente a las distintas cuestiones
que se contienen en las conclusiones que la Inspección de Servicio del
Instituto Nacional de Empleo lleva en relación con las denuncias
contenidas en distintos escritos, por un lado de don Francisco Morote
Vidal, Secretario General del Sindicato de la Administración del Estado,
y Comisiones Obreras en la Región de Murcia, y luego también de la
denuncia del propio señor Molina, funcionario del INEM, en relación con
irregularidades en el funcionamiento de la Dirección Provincial.

La denuncia en relación, en primer lugar, con la presunta
incompatibilidad de don Rafael Sánchez Sánchez, subdirector de gestión
económica y servicios de la Dirección Provincial del INEM en Murcia,
porque hay distintas denuncias al respecto, fue presentada por el señor
Morote el 6 de mayo de 1994, mediante escrito dirigido a la señora
delegada del Gobierno en la Región de Murcia (entonce todavía estaba la
anterior delegada del Gobierno). Se indicaba en la denuncia, en relación
con este asunto en concreto que el señor Sánchez Sánchez, funcionario de
la escala de gestión de empleo, que desempeñaba el puesto de subdirector
de gestión económica y servicios de la Dirección Provincial del INEM en
Murcia incurría en incompatibilidad por su condición de Diputado electo
en la Asamblea regional y Presidente de la cooperativa agraria El
Limonar, en su condición de subdirector de gestión económica de la
Dirección Provincial del INEM.

Se acusaba también al Director Provincial del INEM de entonces, señor
Sánchez Ros, por su innegable complicidad en anterior situación, quien
con su silencio ha ayudado durante estos años a don Rafael Sánchez
Sánchez, según se expresaba textualmente en el contenido de la denuncia.

Se solicitaba, además, que se le abriera expediente disciplinario a don
José Sánchez Ros, director del INEM de Murcia, y al subsecretario, señor
Sánchez Sánchez.

Tras las visitas realizadas por la Inspección del Servicio del INEM sobre
este particular, las conclusiones fueron las siguientes: primero, que
existía compatibilidad funcional y retributiva sin necesidad de
solicitarla, ni de resolución expresa autorizándola, del puesto de
subdirector provincial del INEM, desempeñado por don Rafael Sánchez
Sánchez, con su actividad como miembro electo en la Asamblea Regional y
Presidente de la cooperativa El Limonar, en base a lo siguiente: Artículo
5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades, que
establece que, por excepción al personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley, podrá compatibilizar sus actividades con el
desempeño de los cargos electivos siguientes: a) Miembros de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas,



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salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de las
funciones. En relación con su puesto de Presidente de la cooperativa El
Limonar no se producía incompatibilidad, por cuanto, en virtud del propio
artículo 19.a) de la Ley citada de Incompatibilidades de 1984, su
participación en la reiterada cooperativa venía determinada por sus
actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o
familiar.

A su vez --y era otra de las conclusiones--, el artículo 30.2, de la Ley
30/84, sobre Medidas de Reforma de la Función Pública, en relación con
las ausencias del puesto de trabajo, entiende --hablo siempre de las
conclusiones a que llegaba la Inspección de servicios del INEM-- después
de haber solicitado el oportuno informe de la Inspección General de
Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas... Pues bien,
señorías, se decía que la ausencia puede realizarse por el tiempo
indispensable para el desempeño de su cargo electivo y para la asistencia
a las sesiones del pleno de las comisiones de que formara parte. Estos
mismos criterios venían ratificados en escritos y circulares de la
Inspección General de Servicios de la Administración pública ya desde el
año 1990.

La Delegación del Gobierno, a la vista de estas conclusiones, con fecha 5
de abril de 1994, dictó resolución declarando la no procedencia de
apertura de expediente disciplinario a don Rafael Sánchez Sánchez y a don
José Sánchez Ros. Don José Sánchez Ros interpuso denuncia ante el juzgado
de guardia, en Murcia, contra el señor Morote, por calumnias y desacato.

Otra de las cuestiones investigadas, contenidas en esas conclusiones de
la inspección de servicio a la que me estoy refiriendo, tiene que ver con
las presuntas irregularidades denunciadas en la incorporación de un
funcionario a su puesto de trabajo. La denuncia fue presentada, al igual
que la anterior, por el señor Morote, el 15 de junio de 1994, mediante
escrito dirigido al Delegado de Gobierno de la Región de Murcia.

Igualmente, presentó una denuncia ante los tribunales de justicia de
Murcia. El contenido de la misma hacía referencia a presuntos delitos de
falsedad y prevaricación cometidos por el señor Sánchez Ros, director
provincial, a la sazón director del INEM, en Murcia, como consecuencia de
la presunta irregularidad en la incorporación, como he dicho, a su puesto
de trabajo del señor Molina.

Tras las sucesivas actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de
servicio del INEM, las conclusiones a que se ha llegado, muy brevemente
expuestas, son las siguientes. La publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la relación de puestos de trabajo del INEM incluye una llamada
oficina integrada en Murcia. Don Juan Angel Molina Morales tomó posesión,
después de hacer concursado a esa vacante, en la Delegación del Gobierno
de Murcia, mediante concurso en méritos, como Director de dicha oficina,
el 6 de abril de 1991, percibiendo desde ese momento las retribuciones
inherentes a dicho puesto, si bien no fue ubicado físicamente en dicha
oficina al entender el Director provincial, señor Sánchez Ros, que el
local no cumplía las condiciones que debe tener una oficina integrada.

Corroboran lo anterior la falta de adecuación de aquel local a las
características que había de reunir la oficina integrada, y que
corroboraba lo anterior los distintos escritos que el propio Director
provincial del INEM vino realizando desde mayo de 1990 en la búsqueda de
la ubicación adecuada para la oficina integrada a la propia Subdirección
General de Producción del Empleo del INEM y al servicio de planificación
y seguimiento de obras de servicios centrales de dicho organismo.

No se perjudicó en ningún momento la gestión diaria de la oficina de
empleo, donde presta sus servicios don Juan Angel Molina Morales. Además,
conviene indicar a este respecto, que en el Juzgado de Instrucción número
seis de Murcia, con fecha de 8 de febrero de 1995, ordenó el archivo y el
sobreseimiento de las diligencias iniciadas como consecuencia de la
querella criminal planteada contra la Dirección Provincial del INEM por
presuntos delitos de falsedad y prevaricación por estos mismos hechos a
que anteriormente me he referido, reseñando expresamente el propio
juzgado que no podía admitirse que exista un trato discriminatorio contra
el señor Molina Morales, ya que ha quedado demostrado, se dice en el auto
de sobreseimiento, que el señor Sánchez Ros no sólo ha mantenido las
retribuciones que le correspondían por la plaza que había ganado, sino
que, además, se le ha otorgado un complemento de productividad de
concesión graciable.

Otro de los puntos denunciables tienen que ver con las presuntas
irregularidades de un centro colaborador del Plan de Formación
profesional. Al igual que las dos anteriores, la denuncia es presentada
también por el señor Morote, el 24 de octubre de 1994, mediante escrito
dirigido al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia. La
denuncia se refería a presuntas irregularidades en el funcionamiento de
un centro de formación ocupacional del INEM en un centro concertado en
Alguazas, del que era titular doña Josefa Gambín Alarcón. De las visitas
realizadas por la inspección de servicios, las conclusiones fueron las
siguientes: La actuación del Inem en relación con el centro colaborador
Josefa Gambín ha sido correcta en sus diferentes procesos
administrativos, según se deduce del análisis del expediente del centro.

Hay que destacar que la Dirección Provincial hace constar al centro
colaborador que el material de consumo --es decir, carnes-- utilizado en
el desarrollo de las prácticas de los cursos es irrecuperable --y así se
refleja en la propia guía didáctica--, pudiéndose entregar a los alumnos
e instituciones mediante un recibo justificativo. El material utilizado
en el centro, obviamente, no se vendía, como se denunciaba, sino que se
entregaba a los propios alumnos y como ayudas a personas necesitadas de
la propia localidad.

La cantidad de carne adquirida cuadra con el número de kilos retirados
por los alumnos y las personas necesitadas, enviados, como he dicho, por
el cura párroco de Alguazas, teniendo en cuenta la pérdida de
desperdicios irrecuperables a consecuencia de la manipulación. Perdonen,
señorías, que entre en esta suerte de detalles, pero me parece importante
para calibrar el alcance de la investigación realizada.




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En la guía didáctica de los cursos, y siguiendo instrucciones de la
Dirección Provincial, se recoge la necesidad de que los alumnos realicen
una unidad didáctica de cara al público, así como visitas programadas a
empresas del ramo para conocer la implantación de nuevas tecnologías en
el sector. Esto tenía que ver con algún aspecto de la denuncia referido
al hecho de que se estaba utilizando a los alumnos --se decía-- como
trabajadores por cuenta ajena.

En concreto, se indica en dicha guía que el centro colaborador cuenta con
un local en propiedad dedicado a supermercado de alimentación donde los
alumnos podrán realizar prácticas de venta directa al detalle y donde
adquirirán conocimiento de psicología de venta, acompañados en todo
momento por uno o varios profesores.

Estas actuaciones --para no alargarme--, de proceder correcto por parte
del centro fueron corroboradas por el comisario jefe provincial de la
policía de Murcia ante el propio delegado del Gobierno y por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en informes de
noviembre y diciembre de 1994.




El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, le ruego brevedad.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): En
relación, finalmente, con la razón de que la denuncia de irregularidades
en la Dirección Provincial del Inem desemboque en la incoación de
expediente disciplinario a don Juan Antonio Molina Morales, funcionario
del Inem y Director de la Oficina de Empleo Integrada, debo decir que con
fecha 23 de diciembre de 1994, como recordatorio, dicho funcionario
presentó ante la Delegación del Gobierno de la región de Murcia un
escrito denunciando al Director Provincial, teniendo como base razones
tales como obstaculizar la labor normal de la oficina; no ser cierto que
la formación estuviera asignada a las oficinas de empleo; la existencia
de procedimientos totalmente arbitrarios, teniendo en cuenta que se
manejaban grandes sumas de dinero al margen de la legalidad, etcétera.

A la vista del mencionado escrito, la Dirección General del Inem inició
un expediente informativo para constatar si las irregularidades descritas
en la denuncia eran ciertas, siendo el resultado el siguiente. Tras una
entrevista de la Inspección de Servicios del Inem con el señor Molina con
el objeto de que precisara y aclarara las presuntas irregularidades
cometidas por el Director Provincial, el denunciante se ratificó
simplemente en sus imputaciones escritas, sin aportar ningún dato
objetivo, indicio sólido ni, mucho menos, pruebas que fundamentasen sus
imputaciones al señor Sánchez Ros sobre ninguno de los extremos
denunciados, por lo que la propia Inspección propuso la apertura de un
expediente disciplinario que se está tramitando al denunciante, señor
Molina, para determinar las posibles responsabilidades en que el
funcionario pudiera haber incurrido por sus imputaciones y
descalificaciones, así como por la forma en que éstas se habían
producido.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que o le han mezclado papeles o no
nos hemos comunicado bien en mi primera intervención. Yo no he hecho
referencia a ninguna denuncia ni de Comisiones ni del señor Morote. Yo he
hecho referencia a un escrito dirigido por un funcionario que es nombrado
Director de la Oficina Integrada de Formación. No he hecho, por tanto,
referencia al señor Rafael Sánchez ni al problema de incompatibilidad
para nada. Ni está en el texto ni está en mi expresión.

¿A qué sí he hecho referencia? Ha hecho dos comentarios en su
explicación: uno, que el Director del Inem, el señor Sánchez Ros, lo
estaba haciendo bien, que además cobraba un plus por esa dedicación
especial, plus que, por cierto, a pesar de haber cesado el día 4 de
febrero de 1995, ha cobrado también en el mes de marzo; las 56.000
pesetas que tiene de productividad. No sé si después de cesar en el
puesto lo debe seguir cobrando. Y ha dicho que no estaba trabajando este
hombre que pedía la oficina integrada, pero no había ido a ese sitio
porque no tenía condiciones el local. Si no es un problema de local, el
problema es si se ha puesto en marcha o no la Oficina Integrada de
Formación. Y el problema es que no se ha puesto en marcha. ¿Está cobrando
un sueldo? Sí. Ese es el problema, que está cobrando el sueldo, pero no
está cumpliendo la función.

Esta era la primera parte de la petición. Pero lo que yo le he planteado
como crítica ha sido esa apreciación relativa a que aquí se mata al
mensajero. Ponen unas irregularidades. No tenía ninguna base.

Le voy a hacer referencia a tres documentos, y siento que la persona que
haya respondido sea usted. Me parece razonable la explicación que usted
me ha dado al principio. Por tanto, no voy a ir a una valoración
distinta.

Un escrito lo remite el Director del Inem al Delegado del Gobierno en
Murcia el día 10 de enero, y dice: «Querido amigo, ...», y después de
toda una serie de explicaciones de lo que ha sido la investigación --de
que el señor Juan Angel Molina Morales ha tomado posesión de su puesto--,
le dice al Delegado del Gobierno en Murcia lo siguiente: «Parecería
oportuno, si lo estimas oportuno, que la Delegación de Gobierno en Murcia
hiciera llegar a los órganos provinciales de Comisiones Obreras la
responsabilidad de esa central para el prestigio del propio Inem y la
erosión que causa», ¿Y sabe usted lo que le responde el Delegado de
Gobierno? Porque le responde el Delegado de Gobierno al señor Director
del Inem. Pues le dice el señor Delegado de Gobierno: «Ilustrísimo señor,
la irregularidad administrativa de no incorporar en su destino a los
funcionarios nombrados puede constituir el elemento suficiente para
imputar al Director Provincial del Inem de Murcia, José Sánchez Ros,
responsabilidades en el ámbito de un expediente disciplinario.» Y sigue
el señor Delegado del Gobierno: «Es harto difícil para esta delegación
emprender las actuaciones indicadas por V. I., ya que las contradicciones
reflejadas en las actuaciones, declaraciones y certificaciones emitidas
por la Dirección Provincial del Inem sobre estos temas en la provincia lo
dificultan». Y dice: «De la lectura de los informes de la Comisaría
Provincial, efectivamente parece ser que no existe ilícito penal, pero,
no obstante, se reflejan en los mismos toda una



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serie de posibles irregularidades administrativas». Y le pide al Director
del Inem: «Al objeto de no erosionar el prestigio» --no solamente del
Inem-- «de la Administración del Estado en esta Comunidad, se hace desde
todo punto de vista necesario que por esa Dirección General se expongan a
la mayor brevedad las medidas necesarias que solucionen el estado de
cosas».

Eso es lo que le pide el Delegado del Gobierno en un escrito del 13 de
enero. El 4 de febrero es cesado el Director del Inem, que aquí no ha
sido actuado.

Pero tengo aquí en mis manos --yo tampoco le he preguntado por el centro
de Alguazas; he presentado una pregunta escrita-- el informe de la
Dirección General de Policía cuando se persona allí, que viene a decir
que la carne del curso se ingresa en el mismo frigorífico. Esta señora
que da el curso de formación tiene un supermercado. Por tanto, la carne
entra en la misma nevera, en el mismo frigorífico donde están las ventas
que emite esta señora. Es decir, hay una administración conjunta de las
carnes del curso y de las carnes de la propia señora. No quiero entrar en
esto, pero hay un informe de la propia policía.

En suma, me gustaría conocer el procedimiento que se sigue cuando se pone
en conocimiento, es decir, no existe nada, pero actúa y cesa a los
responsables e incoa un expediente a un funcionario que ha puesto en
conocimiento, cumpliendo con su obligación, unas irregularidades a la
autoridad competente, al Director del Inem y al Delegado del Gobierno. Y
el resultado ha sido que hay un expediente disciplinario al funcionario
que pone en conocimiento esto.

No hay irregularidades en el informe. No me ha dado las conclusiones
fundamentales. Es verdad que lleva una serie de anexos sobre la
inspección que yo le he preguntado. Yo le he demandado por la inspección
de los días 18 a 20 de enero y ahí le preguntaba cuántos centros
colaboradores se han visitado, porque en quince días se dio la
homologación a 128 centros que debían cumplir unos requisitos según el
Decreto 631; cuántos centros se han visitado para ver si es verdad que
cumplían los requisitos ahora, no antes, ahora. Ninguno, solamente se ha
entrevistado con el funcionario en cuestión y con otro funcionario.

Yo le he preguntado por si se han investigado las causas de origen y no
por si se ha matado al mensajero. No se me queda clara la actuación de la
Dirección General del Inem en cuanto a este caso. Me queda confuso.

Entienda usted que me quede confuso porque no se me ha precisado todo lo
demás.

En todo caso, como hay otra pregunta, señor Presidente, y con esto
termino, que no se ha tramitado y que hacía referencia precisamente a las
condiciones de esos centros, en su momento estaremos en situación de
poder responder a lo otro.




El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Usted lo que pregunta es por las conclusiones contenidas en el informe,
resultado de la visita que se realiza en el mes de enero. Pero es que esa
visita que se realiza en el mes de enero por la Inspección de Servicios
del Inem es continuación de otra que se había realizado en el mes de
octubre y sobre cuya base se elaboran esas conclusiones. Lo cual denota
que ha habido por parte del Ministerio, y además en contacto muy directo
con el propio Delegado del Gobierno, que yo personalmente llevé junto con
el Director General del Inem, por supuesto; digo que ha habido un deseo
manifiesto de esclarecer todo lo que estaba pasando en la Dirección
Provincial del Inem, en la gestión del propio Inem de Murcia.

Usted mismo ha dicho que otro día tendremos que hablar de lo que ha
pasado en la Dirección Provincial y, como hay una pregunta sobre ello, ya
hablaremos de eso también cuando llegue el caso.

Insisto en que yo informo sobre las conclusiones --fíjese, parece que le
estoy dando más información de la que usted había solicitado, lo cual yo
creo que debería ser de agradecer por S. S.-- de una exhaustiva
inspección que a lo largo de tres o cuatro meses, señoría, ha venido
realizando la Inspección de Servicios del Instituto Nacional de Empleo,
inspección que había sido requerida, porque ésa es su obligación también,
por el propio Delegado del Gobierno en la Comunidad de Murcia.

Esos son los resultados. ¿Por qué al señor Molina? No se mata a ningún
mensajero. Lo que realmente ocurre es que, a la vista de reiteradas
denuncias de irregularidades, que ponen en grave riesgo la propia gestión
de la Dirección Provincial, ya de por sí muy deteriorada en aquel momento
--usted lo conoce perfectamente--, llega un momento, por las razones a
las que me he referido anteriormente, en que el propio Ministerio de
Trabajo, a propuesta de la dirección del Inem, se ve obligado también a
depurar responsabilidades ante quien en un determinado momento puede
estar actuando de forma --yo diría-- hasta temeraria.

En relación con la conducta del Director Provincial del Inem, por lo que
se refiere a la toma de posesión de la Oficina Integrada, naturalmente lo
que se dice por la Inspección de Servicios como conclusión, en una
primera investigación, es que aquí puede haber algún tipo de actuación
que habrá que clarificar desde un punto de vista administrativo, de por
qué se ha retrasado hasta estos extremos la toma de posesión del señor
Molina. No obstante, como ya se había planteado la querella criminal, se
dijo: «Vamos a esperar a ver qué ocurre y qué decisión toma el juez.» El
juez --usted lo conoce perfectamente y no tengo tiempo para leérselo--
dicta ese auto de sobreseimiento en febrero de este año con las
conclusiones que S. S. conoce perfectamente bien. A la vista de que el
juez no encuentra ningún indicio de actuación delictiva al respecto, se
decide, por aplicación --se trata de unos mismos hechos que concurren en
las mismas personas-- del principio «non bis in idem», no continuar las
actuaciones por la vía del expediente administrativo.

Esto es lo que ha ocurrido. Afortunadamente, esperamos desde el
Ministerio --y concluyo-- que por la vía de las decisiones que ha habido
que tomar en los propios servicios periféricos del Ministerio en Murcia,
podamos entrar en la vía de la normalización.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia y sus respuestas.




--SOBRE DEFENSA DE LA APLICACION DEL MISMO RECARGO A LAS EMPRESAS
DEUDORAS A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE COLABORAN EN LA PRESENTACION DE
DOCUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA Y A LAS QUE NO LOS PRESENTAN. FORMULADA POR
LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GP). (Número de expediente 181/001443.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre defensa de la aplicación del mismo
recargo a las empresas deudoras a la Seguridad Social que colaboran en la
presentación de documentos en tiempo y forma y a las que no los
presentan, de la señora Montseny Masip, que tiene la palabra.




La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, retiro esta pregunta porque
en su momento el Grupo Popular presentará una proposición no de ley para
concretar más la posición del Grupo que represento en aras a los recargos
de las empresas por cotizaciones a la Seguridad Social.




--SOBRE INCLUSION EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL COLECTIVO
EMPLEADO EN LAS NOTARIAS. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GP).

(Número de expediente 181/001470.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre inclusión en el sistema de Seguridad
Social del colectivo empleado en las notarías.

Tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, quiero agradecer la presencia
del Secretario General para la Seguridad Social y formularle esta
pregunta que genera una cierta inquietud en el colectivo de los empleados
de notarías en relación a si es cierto que se pretende su inclusión
dentro del ámbito del sistema único de Seguridad Social; ver la finalidad
de esa inclusión; qué criterio se ha seguido y si ha sido tenido en
cuenta este colectivo puesto que, si bien la mutualidad que engloba la
protección de todos los empleados de notarías data de 1979, el Ministerio
de Justicia promulgó una Orden Ministerial en 1992 en relación a la
mutualidad en donde se establecía un período transitorio de ocho años
para que este colectivo fuera adecuando las mismas prestaciones en
materia de Seguridad Social a las que resultan del régimen general de la
Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Efectivamente, estamos gestionando la posibilidad de integración de este
colectivo a petición del Presidente del Consejo General del Notariado.

Como sabe muy bien S. S., en el artículo 97.2 de la Ley General este
colectivo cae dentro del campo de aplicación de la Seguridad Social y
está afectado por la disposición transitoria octava.

¿De qué se trata? Se trata de determinar el coste de integración, el
capital-coste, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2.244, del año
1985, y a partir de ahí proceder a la integración.

Evidentemente, hay que hacer los cálculos actuariales. En eso se está y
eso es lo que tiene que ver también el colectivo que ha pedido la
integración en la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Por los datos que obran en mi poder, la
mutualidad tiene un superávit en estos momentos en torno a los 9.000
millones de pesetas. Tampoco parece lógico que se les aplique a ellos un
sistema de capitalización cuando rige en España el sistema de reparto. Me
gustaría conocer el futuro de dicha mutualidad, qué ocurrirá con ella y
si va a ser absorbida por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Quisiera preguntar qué ocurrirá con los epígrafes seis y siete relativos
a las prestaciones complementarias que en este momento cubre la propia
mutualidad. Queremos conocer también qué va a ocurrir con las cesantías,
puesto que este colectivo viene teniendo problemas después de cotizar al
desempleo y al fondo de garantía salarial por considerar que ya tienen
vinculadas las prestaciones complementarias con arreglo a las cesantías
que regula la propia mutualidad y, al parecer, tienen problemas en la
percepción del desempleo en momentos determinados, porque se considera
que es una prestación de carácter doble cuando ese colectivo cotiza con
carácter doble también.

Señor Jiménez, me gustaría que fuera un poco más extenso porque hay una
verdadera inquietud en este colectivo, para que les podamos tranquilizar
con un cierto grado de fiabilidad, y también que oyeran sus problemas y
sus alegaciones. Yo creo que toda inclusión dentro del sistema de la
Seguridad Social lleva consigo, por lo menos, el oír los problemas de un
determinado colectivo. Todo ello redundaría en mayor tranquilidad para
todos ellos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Empezando por el último comentario de S. S., tengo que decirle que
llevamos varios años hablando con este colectivo, unas veces de forma
oficial, otras oficiosa a través de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Económica, donde tienen abiertos incluso todos los cálculos
que ha ido realizando esta Dirección General.

Yo creo que está bien centrado en el sentido de que a partir de la Orden
del Ministerio de Justicia, de 12 de julio



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de 1992, que tuvo por finalidad, dentro de las competencias de la
Dirección General de Registros, habilitar unos recursos en esta
mutualidad para que fuese autosuficiente y, además, empezase a
capitalizar una serie de recursos a efectos de una posible integración.

Evidentemente, la integración la tienen que decidir ellos.

Esta entidad sustitutoria no está dentro del conjunto de entidades que
contemplaba el Decreto 2.248, del año 1985, en donde la decisión de la
integración recaía en el ámbito de la decisión del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Ese Decreto crea las condiciones para todas las
integraciones en el sistema de Seguridad Social, sin exclusión de
retribución y de compensación del coste de integración, de los
capitales-costes. Así ha sido absolutamente con todas las que se han
integrado, desde el Banco de España, por poner un ejemplo, al Banco de
Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Metropolitano de Barcelona,
la ONCE; todas han pagado su capital-coste y, consecuentemente, las
condiciones no se podrían modificar por parte de la Seguridad Social
porque vienen reguladas en dicho Decreto.

¿Cuáles son las concreciones? El capital-coste, según los datos --puede
oscilar en algunas cantidades porque va variando el número de pasivos--,
está en torno a los 40.000 millones de pesetas, que deberían satisfacer
como coste de integración a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La integración es con pleno derecho, igual que cualquier otro afiliado a
la Seguridad Social una vez integrado. Pero es cierto que solamente
comprende las prestaciones que reconoce el sistema de Seguridad Social,
todas las demás quedan en el ámbito del sistema complementario --la
mutualidad también hace esa función-- y se regirán en su equilibrio
económico-financiero por la Ley del Seguro Privado.

Para concluir, ha de satisfacerse el capital-coste establecido. Creo que
están en contacto continuo los responsables del Consejo General del
Notariado y los actuarios de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Económica. La cuantía inicialmente es ésta y la integración se
realiza en igualdad de condiciones que con cualquier afiliado del sistema
de Seguridad Social. Las otras prestaciones que reciba o que paga la
mutualidad tienen que sujetarse a la normativa del seguro privado, que es
la parte de la mutualidad que quedará viva una vez integrado.




--SOBRE NUMEROS PATRONALES INSCRITOS COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACION
DE CONTRATOS DE APRENDIZAJE Y DEMAS MODALIDADES CONTRACTUALES E
INTRODUCIDAS POR LA REFORMA LABORAL. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY
MASIP (GP). (Número de expediente 181/001514.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre números patronales inscritos como
consecuencia de la celebración de contratos de aprendizaje y demás
modalidades contractuales introducidas por la reforma laboral.

Tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Al parecer, señor Jiménez, cada contrato de
aprendizaje que se celebra dentro de una empresa conlleva la obligación
de dar de alta a un número patronal con el fin y efectos de poder
controlar el número de contratos de aprendizaje celebrados en un momento
determinado. ¿Me podría aclarar esa pregunta, por favor?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Con la finalidad de poder tener una contabilización de los contratos de
aprendizaje y de los centros que están utilizando esta modalidad de
contrato laboral, creamos el código de cuenta de cotización, una especie
de cuenta patronal separada y, al 30 de abril de 1995, el número de
código de la cuenta de cotización ascendía a 113.659.

Otra información que la facilito adicionalmente es que hicimos lo mismo
con los contratos a tiempo parcial reducido. Los códigos de cuenta de
cotización correspondientes a estos contratos a tiempo parcial reducido
son, al 30 de abril de 1995, 42.300.

Le doy esta información adicional y muy breve, señor Presidente, porque
si de ahí se intentase obtener el número de contratos de aprendizaje
tendría que dar una información adicional, teniendo en cuenta que el
código de cuenta de cotización es, por decirlo así, el código patronal.

La información adicional es que el número de contratos de aprendizaje, al
30 de abril de 1995, ascendía a 157.412, y los de a tiempo parcial se han
reducido a 115.797. Como sé que el dato que le voy a dar a SS. SS. es un
dato positivo, por tanto importante, quiero señalar que en el crecimiento
de las afiliaciones de los últimos meses, especialmente en mayo, que han
crecido en 104.877, los contratos de aprendizaje a tiempo parcial
representan solamente en torno al 8, casi 9 por ciento. Por tanto, las
nuevas afiliaciones no están utilizando el vínculo del contrato de
aprendizaje a tiempo parcial, sino lo que llamamos una cotización
ordinaria o normal, lo cual tiene un efecto muy positivo tanto desde el
punto de vista del empleo, como de los ingresos de la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: La señora Montseny tiene la palabra.




La señora MONTSENY MASIP: La pregunta, señor Jiménez, va más bien
encaminada a tener una mayor transparencia en todas las cifras que se
vienen barajando en la Seguridad Social, tanto en creación de empresas
como afiliados a la Seguridad Social. Ayer, la mayoría de la prensa traía
a colación unas declaraciones del señor Ministro de Trabajo que decían,
creo recordar: «La Seguridad Social gana 260.000 afiliados.»



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Siempre estamos barajando el número de altas en la Seguridad Social, y a
mí me gustaría traer a colación aquí que en un momento dado, cuando
pasaron los funcionarios de la Munpal al sistema de Seguridad Social, no
hubo nunca la aclaración dentro de esas altas de los trabajadores que ya
trabajaban y que habían ingresado en el sistema de Seguridad Social, sino
que se camuflan las cifras como si todo fueran nuevas altas en un momento
determinado, y siempre cambiando un poco la imagen de que hay una
verdadera recuperación económica, cuando si bajamos a nivel de la calle
sabemos que el consumo está totalmente parado, y que eso ciertamente no
es así.

A mí me cabe la sospecha de que, si bien los contratos de aprendizaje no
han tenido el futuro que se esperaba puesto que se van reduciendo cada
vez más, si se hubiera atendido más nuestra posición respecto al contrato
de aprendizaje --aunque no sea éste el momento de hablarlo-- quizá habría
tenido otro fruto, con esa formación paritaria que el Partido Popular
defendía.

Yo tengo aquí unos datos de celebración de contratos de aprendizaje de
los meses correspondientes de enero a abril: 12.071 en enero, 15.000 en
febrero, 16.000 en marzo, 13.000 en abril, muy inferiores a los del
ejercicio anterior, que fueron --si no me fallan las cifras que tengo
apuntadas aquí, creo que son datos del propio Ministerio, de la
Secretaría para la Seguridad Social--: 208.975, es decir, el contrato de
aprendizaje ha caído. A mí hasta cierto punto me escandaliza y me
gustaría saber el soporte jurídico, dónde está contemplada la disposición
jurídica que diga que en un centro de trabajo donde se celebra un
contrato de aprendizaje procederá un nuevo número patronal, como si fuera
un alta nueva. Cuántos números patronales se han celebrado en este
sentido, y a ver si también cuando ustedes publican las cifras, en lugar
de decir: creación de empresas, sale creación inicial de empresas y
creación de números patronales por conllevar la ubicación y control del
número de contratos de aprendizaje.

Me gustaría que me aclarara estos dos puntos.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Permítame que haga la reflexión de que yo creo que los datos que se dan
en esta Cámara sirven muchas veces para tener una información constante.

Los datos de la integración de la Munpal, señorías, se han dado
reiteradamente en esta Cámara, en la liquidación del presupuesto de 1994.

Cuando se ha dicho los afiliados que había a 31 de diciembre de 1994, se
han establecido los que correspondían a la integración de la Mutualidad
de la Administración Local, que se integraron en el año 1993, por cierto.

Más aún --hablando un poco de memoria--, son del orden de 113.000. No
creo que me equivoque mucho. Pero no hemos dado el dato de cuando se
integraron en el año 1993. Juega en contra de los crecimientos del
empleo, porque si tengo una base más elevada de una integración del
colectivo en el año 1993 ó 1994, el crecimiento real en 1995 sería más
fuerte, porque la base de 1993 ó 1994, excluidos los datos de integración
de la Munpal, sería inferior. No sé si me explico. Es un dato que se ha
dado reiteradamente en esta Cámara: la integración de la Munpal, en
pasivos y en activos. Además, en las liquidaciones y en las previsiones
de liquidaciones hay una llamada a pie de página en la que se señala
cuánto corresponde a la integración de la Munpal; documento que se ha
distribuido en esta Cámara.

En cualquier caso, no puede haberse dado mayor transparencia. Insisto, si
hiciésemos una comparación de los afiliados que tenemos actualmente con
los afiliados de los años 1993 ó 1994, excluida la Munpal, veríamos que
el crecimiento interanual sería mayor.

¿Por qué se hace una separación que no necesita una norma con rango de
ley? Por la sencilla razón de atender a una gran transparencia para no
complicar, para no confundir, para saber concretamente los contratos de
aprendizaje a tiempo parcial.

Discrepo rotundamente de lo que acaba de decir S. S. Me alegro
profundamente de que no haya contratos de aprendizaje y de que vaya
creciendo la afiliación. Lo que me alarmaría es que la afiliación fuese
creciendo en base a un aumento continuo del contrato de aprendizaje. El
contrato de aprendizaje tiene una finalidad que cumple perfectamente el
año 1994, donde hay crecimiento muy fuerte del contrato de aprendizaje y
a tiempo parcial reducido. Evidentemente, sería malo que creciese en los
años sucesivos. Lo que está ocurriendo es que el crecimiento del empleo
y, por lo tanto, de la afiliación está empezando a aumentar con los
contratos que llamamos normales --ésa es una gran noticia-- por la
calidad del empleo. Eso es lo que intentaba expresar en los datos del mes
de marzo.

El Ministro ha hablado de 260.000. Yo le diría 258.900, puntualizando. Yo
añado que de esos 260.000 en los cinco primeros meses, 104.877
corresponden al mes de mayo, de los cuales 7.900 y pico son contratos de
aprendizaje y algo más de 3.000 contratos a tiempo parcial. Es una
extraordinaria noticia. ¡Ojalá en los próximos meses no hagamos ningún
contrato de aprendizaje y tengamos un crecimiento de 80.000 ó 90.000 en
el número de afiliados! Eso sería lo positivo. El contrato de aprendizaje
está pensado para personas que tienen dificultades en seguir en el
mercado de trabajo, pero no para que se utilice habitualmente. La gran
noticia --y como tal la he dado yo-- es que ha mejorado la calidad de los
incrementos en la afiliación y, por tanto, del empleo.




--SOBRE PROYECTO DE REFORMA INSTITUCIONAL PREVISTO PARA LAS ENTIDADES
GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP
(GP) (Número de expediente 181/001516.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre el proyecto de reforma institucional
previsto para las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Tiene la palabra la señora Montseny.




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La señora MONTSENY MASIP: Me gustaría que, conocido que hay un proyecto
de reforma en las entidades gestoras de la Seguridad Social, nos pusiera
el énfasis en por dónde va a ir esta reforma.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Creo que puede haber una cierta confusión. El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social no tiene ningún proyecto concreto de reforma
institucional. Lo que sí está haciendo, desde hace ya algún tiempo, es
reformar la gestión bajo tres principios básicos. En primer lugar,
considerar una concepción integral de la gestión, es decir, cada vez se
ve más claramente que el proceso de inscripción, afiliación, recaudación,
acceso a la base de datos y gestión de prestaciones es integral y
continuo y, a la vez, se ve con mayor facilidad en el momento en que
empezamos todo el proceso de mecanización de la gestión de la Seguridad
Social.

En segundo lugar, estamos reestudiando continuamente los procedimientos,
lo que llamaríamos ampulosamente una reingeniería de procedimientos, con
el fin de perfeccionar y mejorar la gestión. El tercer planteamiento o
principio básico es la utilización intensivamente de los medios
electrónicos, informáticos y telemáticos. Estos son los tres principios.

Eso se tiene que insertar dentro de la recomendación 7.ª del llamado
Pacto de Toledo. Los partidos políticos de esta Cámara dicen que debe
haber una recomendación para que la gestión se haga con un carácter cada
vez más integrado. En eso estamos. Si de eso se deriva una reforma
institucional, sinceramente, señoría, en el Ministerio aún no lo hemos
planteado. Es una de tantas reflexiones. No obstante, esencialmente pasa
por integrar en la base de datos el subsistema de afiliación e
inscripción, el subsistema de recaudación, el subsistema de gestión
económica y el subsistema de gestión de prestaciones, pero no hemos
pasado más allá de una reflexión en cuanto a lo que es conveniente en el
sentido que dice el Pacto de Toledo.




El señor PRESIDENTE: Señora Montseny Masip, tiene la palabra.




La señora MONTSENY MASIP: Señor Jiménez, se me va por la tangente, no me
diga que no hay un proyecto. En la provincia de Barcelona se está
repartiendo ya cuál de los dos directores provinciales del INSS y de la
Tesorería va a ocupar la Dirección Provincial de la Agencia Estatal de la
Seguridad Social. ¡No me diga que no lo hay! Lo saben todos los
funcionarios. Tienen ustedes hecho el organigrama, por lo menos el
anteproyecto. Es más, yo se lo pregunté ayer al señor Griñán, Ministro de
Trabajo y de Seguridad Social, y lo que me dijo es que no podía avanzar
lo que había en este momento, pero que se estaba estudiando la
autorización que el Parlamento le había hecho en ese ámbito.

En este momento no reconoce que tienen intención de remodelar las
entidades gestoras de la Seguridad Social y que se baraja incluso el
nombre concreto, que ya tienen ustedes muy claro: Agencia Estatal de la
Seguridad Social, copiando un poco el anagrama que se ha hecho en la
Agencia Tributaria de la Seguridad Social. Entonces, ¿dónde está la
transparencia, por qué hay ese mutismo y ese secretismo? Le digo que
conozco perfectamente ya los movimientos en provincias para ocupar esa
dirección provincial, donde ahora hay dos o tres directores provinciales,
porque no debemos olvidar a la otra entidad gestora de la Seguridad
Social que es el Instituto Social de la Marina, que es una de las
preguntas que le quería formular. ¿Qué ocurre con el Instituto Social de
la Marina? ¿Se va a tener en cuenta a las asociaciones profesionales de
funcionarios en la confección de ese organigrama? ¿Va a suponer una nueva
adaptación de la relación de puestos de trabajo para los funcionarios que
se viene prometiendo desde los últimos siete años?
No me diga que no existe. Dígame que no me lo puede decir todavía porque
pertenece a la esfera de los estudios y que no está ultimado --yo sé que
tienen el anteproyecto--, pero no me diga que no hay ninguna intención.

Dígame, por favor, qué hay de real en ese asunto, cuántas subdirecciones
se prevén en esta Agencia Estatal de la Seguridad Social, cómo se van a
conformar los asesores técnicos, los directores generales adjuntos, toda
una serie de cosas que se van moviendo dentro de servicios centrales de
las entidades gestoras, modificaciones parciales de las RPT encubiertas
que no se dicen respecto sólo a los servicios centrales, cuando el resto
de los funcionarios están esperando a ver qué ocurre con esa rumoreada
reforma de la estructura orgánica de la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Es un rumor, como usted ha dicho muy bien. No cabe la menor duda de que
después de publicarse en los documentos del Pacto de Toledo y conociendo
--por lo menos aquí hay bastantes funcionarios-- que hay una
recomendación, en el punto siete, de integración, están pensando en que
va a haber una integración institucional y a partir de ahí cada uno es
libre de adscribirse la próxima responsabilidad, sea en Barcelona, en
Valencia o en Sevilla. El Pacto de Toledo es de una claridad que da pie a
que puedan hacer todas las consideraciones que estimen oportunas cada uno
de cómo se ubica en esa hipotética integración de la gestión.

Creo que la recomendación séptima del Pacto de Toledo debe ser tenida en
cuenta, como decía anteriormente, incluso en lo que son reformas de
gestión que estamos haciendo con la utilización de las nuevas tecnologías
que van dirigidas cada vez más a tener integrados los distintos ámbitos
de la gestión de prestaciones o de la recaudación. Pero la recomendación
séptima va a estar sujeta a las mismas consideraciones que las otras
recomendaciones del



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Pacto de Toledo. No vamos a sacar nada parcial, sino concretamente
global, en su momento. Por consiguiente, cualquier modificación que se
derive en el esquema organizativo o no esquema organizativo, estará al
hilo de lo que dice el Pacto de Toledo y tenemos que hablarlo
conjuntamente con los interlocutores sociales.

Actualmente, puedo asegurarle que en mi mesa no hay ningún proyecto
concreto de decreto o de modificación de la estructura orgánica de la
Secretaría General. No lo hay ahora ni está previsto para un plazo
fijado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las tres de la tarde.