CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 478
NO PERMANENTE SOBRE COOPERACION Y AYUDA
AL DESARROLLO
PRESIDENTE: DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA
Sesión núm. 6
celebrada el jueves, 20 de abril de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica (Dicenta Ballester), para informar sobre el proyecto de ley
de cooperación internacional para el desarrollo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió. (Número de expediente
212/001400). (Página 14604)
--Del señor Director General del Instituto de Cooperación Iberoamericana
(March Pujol), para explicar las condiciones en que se adjudicó un
contrato de asistencia técnica a la sociedad Sodipro, S. A., en el año
1988. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/001409). (Página 14618)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




COMPARECENCIAS:



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (DICENTA BALLESTER), PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY
DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. A SOLICITUD DEL G. P.

CATALAN-CIU. (Número de expediente 212/001400.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Se abre la sesión de la Comisión no permanente sobre Cooperación y Ayuda
al Desarrollo con el primer punto del orden del día, que es la
comparecencia del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, para informar sobre el proyecto de ley de
cooperación internacional para el desarrollo, solicitada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Como hago siempre, pregunto
al señor Recorder si quiere intervenir previamente al señor Secretario de
Estado o si directamente interviene el compareciente.




El señor RECODER MIRALLES: Señor Presidente, creo que lo más conveniente
es que el señor Secretario de Estado nos informe sobre el anteproyecto de
ley.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Tiene la palabra el Secretario de Estado
señor Dicenta.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señor Presidente, señorías, me gustaría
iniciar esta exposición destacando algunas consideraciones previas que
han presidido, desde el principio, los trabajos que venimos llevando a
cabo para articular un anteproyecto de ley de cooperación internacional
para el desarrollo que se ajuste a la situación y necesidades actuales.

En primer lugar destaco el hecho de que España ha pasado, en un breve
plazo de tiempo, de ser un país receptor de ayuda exterior a convertirse
en uno de los más importantes países donantes de ayuda al desarrollo, y
este hecho lo hemos tenido muy presente en las conversaciones y
reflexiones que hemos tenido en torno a este anteproyecto. En este
proceso de incremento de la ayuda al desarrollo ha confluido la clara
voluntad política del Gobierno con la de los sectores que
tradicionalmente han estado más involucrados en actividades de
cooperación y de ayuda al desarrollo, actividades a las que recientemente
se han ido incorporando nuevas instituciones y estamentos. Igualmente ha
influido en este fenómeno la cada día mayor sensibilización de la opinión
pública española, que se ha situado entre las más activas en este
específico tema de la cooperación y la ayuda al desarrollo. Por otra
parte, entendemos desde la Secretaría de Estado que cuanto mayor sea el
abanico de los sectores implicados en las actividades de cooperación al
desarrollo tanto más amplia, completa y eficaz podrá ser esta
cooperación. De ahí que nuestra intención, consecuencia de los
compromisos adquiridos por el Gobierno, sea la de potenciar y fomentar no
sólo la acción oficial de cooperación española, sino también la
incorporación a ella de todos los sectores sociales, instituciones y
organizaciones de todo tipo interesadas en la misma, lo cual convierte en
esenciales a los factores coordinación, seguimiento y evaluación de los
proyectos.

Quisiera también recordar a SS. SS. que otro de los compromisos
adquiridos por el Gobierno ha sido el de esforzarse por conseguir un
aumento de las dotaciones presupuestarias para la ayuda oficial al
desarrollo. Como anunció el Presidente del Gobierno, existe el compromiso
oficial de alcanzar para el año 2000 el 0,7 por ciento destinado a
acciones de cooperación y ayuda al desarrollo. Los incrementos que se han
ido produciendo hasta la fecha confirman la voluntad de cumplir con ese
compromiso. En este orden de ideas, a mi juicio, una de las iniciativas
más interesantes, derivadas del compromiso adquirido por el Gobierno, es
justamente la de presentar a las Cortes un anteproyecto de ley de
cooperación internacional para el desarrollo. Como SS. SS. recordarán, el
Gobierno se comprometió a presentar este anteproyecto de ley antes de
concluir el actual período de sesiones.

Hechas estas consideraciones previas, quisiera ahora describir a grandes
rasgos cuáles son las directrices, que inspiran el borrador en estudio,
derivadas de las ideas que en esta materia hemos ido desarrollando tanto
en la Secretaría de Estado como en la Agencia Española de Cooperación
Internacional, la AECI, como organismos de la Administración del Estado
responsables de la programación, dirección, ejecución, control y
evaluación de las acciones de cooperación. No necesito recordar a SS. SS.

que el borrador del anteproyecto de ley, antes de que el Gobierno decida
sobre su contenido y lo remita a las Cortes, tiene un trámite
administrativo previo en el que es de prever que se incorporen a su texto
todas las sugerencias, enmiendas y correcciones que sean necesarias para
su perfeccionamiento procedentes de todos los sectores que tengan alguna
relación con este importante tema de la cooperación y la ayuda al
desarrollo.

Las líneas directrices de nuestro trabajo han sido las siguientes. En
primer lugar, consagrar la cooperación al desarrollo como una de las
prioridades de la política exterior de España y como la expresión de la
solidaridad del pueblo español con otras naciones. En términos globales
puede afirmarse que el desarrollo del norte se verá siempre amenazado por
la inestabilidad del sur, de los países en vías de desarrollo, y que este
dramático círculo sólo puede romperse por la vía de la solidaridad, de la
cooperación y de la ayuda oficial al desarrollo.

En segundo lugar, proporcionar un marco legal que ordene, actualice,
regule, cuantifique y precise todas las acciones en materia de
cooperación internacional que se están llevando hoy a la práctica.

En tercer lugar, definir de manera precisa cuáles son los principios
rectores de nuestra política de cooperación. La



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cooperación debe tratar de propiciar un desarrollo sostenido, mejor dicho
autosostenido, en los países menos desarrollados, para lo cual será
preciso introducir serias correcciones tanto a nivel nacional como
internacional o multilateral. Es decir, no se deberían apoyar tanto
acciones de cooperación aisladas, y a menudo inconexas entre sí, como
aquellas otras que respondan a un esquema apriorístico y claro de cuáles
puedan ser los pasos a dar, tanto bilateral como multilateralmente, para
conseguir situar a un país en vías de desarrollo en los rieles de un
desarrollo sostenido y autónomo. En el caso contrario se corre el riesgo,
como viene a demostrar el ejemplo de la mayoría de los países del Africa
subsahariana, de hacer cooperación sine die, convirtiéndola más en un
vicio que en una virtud o solución.

En cuarto lugar, concretar los instrumentos de la cooperación española,
destacando junto a los clásicos y consagrados de la ayuda humanitaria y
de emergencia otros como la potenciación de los intercambios comerciales
o la proyección de nuestra economía hacia el exterior. Los objetivos de
la cooperación se dirigen a contribuir al progreso de los países en
desarrollo, entendido como el logro de un mayor crecimiento económico, de
un reparto más equitativo de la riqueza y de la mejora de las condiciones
de vida de la población. Con objeto de alcanzar este objetivo las
actuaciones de la cooperación se orientarán en base a una doble
prioridad. La geográfica, definida por las áreas y países que de manera
preferente van a ser objeto de la cooperación española. Atendiendo a
nuestros vínculos históricos y culturales, España considera a los países
iberoamericanos y a los demás de ascendencia hispánica, como Filipinas o
Guinea, así como a los países árabes del norte de Africa y de Oriente
Medio como áreas prioritarias. Igualmente, en el ámbito multilateral
España impulsará el desarrollo de la política comunitaria de cooperación
a partir de los objetivos definidos en el Tratado de la Unión Europea y
participará activamente en los organismos internacionales de desarrollo.

Hay una segunda prioridad que es la sectorial, representada por los
ámbitos de actuación en los que las acciones de cooperación se llevarán a
cabo, entendiendo que las opciones deberán ser tomadas en base sobre todo
al principio de la mayor experiencia y de una mayor efectividad
comprobada. En este sentido, nuestras acciones de cooperación se
orientarán prioritariamente hacia, primero, el fortalecimiento
institucional y el desarrollo democrático; segundo, la educación y la
captación de recursos humanos; tercero, el medio ambiente y desarrollo de
recursos naturales; cuarto, las infraestructuras y sectores productivos;
quinto, el área cultural con especial énfasis en los aspectos
relacionados con el desarrollo; y sexto, servicios sociales básicos y
alivio de la pobreza. Hasta aquí los criterios que han presidido
--repito-- las reflexiones que hemos llevado a cabo hasta la fecha en la
elaboración de este anteproyecto de ley.

Quisiera ahora señalar brevemente algunas acotaciones respecto a la
estructura administrativa de la cooperación. En la estructura
administrativa definida en el borrador del anteproyecto de ley, el
Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con las directrices del
Gobierno y en base al principio de unidad de acción en el exterior, tiene
las competencias de programar, dirigir y ejecutar la política de
cooperación al desarrollo. La Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, como órgano competente del Ministerio
de Asuntos Exteriores, tiene atribuidas las funciones siguientes. En
primer lugar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades que
lleve a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de
cooperación internacional para el desarrollo. En segundo lugar, coordinar
las actividades de cooperación de otros órganos de la Administración
general del Estado, tarea sumamente compleja y que constituye el núcleo
esencial de una efectiva cooperación. No puede haber cooperación de
máximo rendimiento sin que se establezca también a priori un coherente
mecanismo de coordinación entre todas las cooperaciones que lleva a cabo
el Estado y los distintos agentes sociales. En tercer lugar, promover y
facilitar, a través de los cauces adecuados, la participación de otras
administraciones públicas y de instituciones privadas dedicadas a
actividades de cooperación.

Un tercer organismo responsable de gestionar la cooperación para el
desarrollo es la Agencia Española de Cooperación Internacional, que
tendría atribuidas las siguientes competencias: gestionar la cooperación
pública para el desarrollo, e impulsar y desarrollar todas las
actividades que estén relacionadas con los objetivos de la futura ley de
cooperación internacional al desarrollo. La Agencia promoverá, colaborará
o llevará a cabo por sí misma o en colaboración con otras entidades
públicas o privadas acciones de cooperación mediante los siguientes
instrumentos: cooperación económica y financiera, cooperación técnica,
científica, cultural y educativa, y la ayuda humanitaria tanto de
emergencia como alimentaria.

Un cuarto organismo sería la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional, definida como el órgano de apoyo a la coordinación de la
Administración general del Estado en materia de cooperación
internacional. Presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, estarán
representadas en esa Comisión todos los departamentos ministeriales que
lleven a cabo acciones de cooperación. En la estructura administrativa
aparece un organismo nuevo, el consejo para la cooperación al desarrollo.

La intención de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica es la de que el consejo se configure como el órgano de
asesoramiento en el que se integren representantes de todos aquellos
sectores, instituciones y organismos interesados en las acciones de
cooperación al desarrollo, con el fin de incorporar a todos ellos a la
cooperación. Este consejo deberá convertirse en un foro de debates
tendentes a identificar criterios y prioridades, en el que pueda lograrse
la confluencia de las distintas sensibilidades existentes en la sociedad
española. En su composición se contempla la presencia, junto a la
Administración general del Estado, de las ONG, las organizaciones
empresariales, organizaciones sindicales más significativas, etcétera. Es
nuestro deseo que en el consejo confluyan todas las sensibilidades y
actividades de distinta índole que tengan como



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objetivo prioritario la solidaridad y la ayuda a los pueblos y países en
vías de desarrollo.

El borrador de anteproyecto de ley sobre el que estamos trabajando
contempla también cuáles serán los instrumentos concretos mediante los
cuales España hará efectiva su cooperación. Creo que es necesario hacer
una seria reflexión sobre los medios e instrumentos de que se ha
dispuesto hasta ahora, con la vista puesta en la posibilidad de crear
otros nuevos más adaptados a la actual coyuntura en la que ha de
desarrollarse nuestra cooperación internacional. La reflexión sobre el
esfuerzo hecho con el importante incremento en la dotación de los fondos
de que se dispone para la ayuda al desarrollo es preciso que nos conduzca
a completar lo ya existente. Las modalidades e instrumentos actuales han
dado hasta el momento buenos resultados, pero pensamos que pueden y deben
ser mejorados y complementados. Uno de los aspectos a los que mayor
reflexión hemos dedicado es a la necesidad de que nuestro esfuerzo en
cooperación tenga retornos efectivos para nuestro país. Sin duda ya
existen esos retornos, a veces en forma de prestigio o de satisfacción
por la labor realizada, a veces de una manera cuantificable, pero
posiblemente falta aún el establecimiento de métodos adecuados para
incrementarlos.

Por otra parte, el borrador de anteproyecto de ley quiere convertirse en
el marco que regule los derechos y deberes del personal que presta sus
servicios a la cooperación, tanto si es personal funcionario como si no
lo es. Se trataría, por tanto, de incorporar a la ley un estatuto del
cooperante, que es una vieja reivindicación de todos aquellos que prestan
sus servicios a la cooperación internacional al desarrollo y de todos los
que se sienten preocupados por este tema. Con objeto de contribuir a la
formación de ese personal, se pretende la creación de un centro de
formación sobre cooperación que se adscribiría a la Escuela Diplomática.

Por último, el borrador de anteproyecto de ley incentiva la participación
social en el ámbito de la cooperación al desarrollo, definiendo además
cuáles son los requisitos que tendrán que cumplir las entidades privadas
para ser reconocidas como ONG, entre los que destaca el de carecer de
ánimo de lucro.

Con la exposición realizada he pretendido únicamente resumir a SS. SS. el
contenido del borrador del anteproyecto de ley para la cooperación
internacional al desarrollo sobre el que estamos trabajando. Yo siquiera,
de forma destacada, reiterar aquí que necesitamos contar con los
planteamientos, ideas e iniciativas de todos los sectores, instituciones
y organismos interesados en el fomento y la mejora de la cooperación
española al desarrollo y, en ese sentido, valoraremos de forma muy
especial las sugerencias o iniciativas que puedan hacernos llegar SS. SS.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro Grupo había solicitado la
comparecencia del señor Secretario de Estado ante la expectativa que ha
levantado el anteproyecto de ley, no sólo en el ámbito parlamentario sino
también en otros ámbitos, como puede ser el de las ONG, cooperación
oficial, etcétera, es decir, personas que trabajan desde hace tiempo en
el mundo de la cooperación. De hecho, este proyecto de ley, como sabe
perfectamente el señor Secretario de Estado, había sido reiteradamente
solicitado en esta Cámara. Yo recuerdo incluso que en el año 1982, poco
antes de las elecciones municipales, todas las fuerzas políticas que
concurrieron a las mismas se reunieron un día, a instancias de una ONG
(Justicia y Paz), para consensuar una política de cooperación,
centrándose el acuerdo en dos materias. En primer lugar, la realización
de un impulso conjunto que permitiese alcanzar lo más pronto posible que
el esfuerzo presupuestario que dedicaba el país a la cooperación al
desarrollo se acercara al famoso 0,7 por ciento recomendado por Naciones
Unidas; en segundo lugar, el compromiso de todas las fuerzas políticas
para la elaboración de un proyecto de ley, que en ese momento se llamó de
cooperación exterior, que constituyera el marco idóneo que regulase la
cooperación al desarrollo. Es obvio que esos dos compromisos no se han
cumplido, al menos uno de ellos, el relativo al proyecto de ley, está
claro que no se ha cumplido. En cualquier caso, nos encontramos en un
buen momento, estamos en la recta final para su aprobación y el Gobierno
tiene el mandato de la Cámara para traerlo en este período de sesiones.

Yo agradezco al señor Dicenta su global exposición y simplemente quisiera
hacerle una serie de anotaciones porque, repito, lo que nos interesaba
era conocer las líneas de trabajo del Gobierno más que poder efectuar
aportaciones concretas que, si no van dirigidas a un texto determinado,
poca utilidad pueden tener para el Gobierno. En primer lugar, creo que es
muy importante que un proyecto de ley de esta envergadura, tan esperado y
tan necesario, encuentre en la Cámara un amplio consenso. La política
exterior española, más allá de la lucha partidista y de la legítima lucha
política, siempre, en sus ideas maestras, ha encontrado un consenso
parlamentario y político importante y creo que este proyecto de ley, por
sus características, también debería conseguir ese consenso. Creo que es
el propio Gobierno el que tiene una importante responsabilidad al
respecto, aunque evidentemente también la tiene el Grupo Socialista, como
grupo que sustenta al Gobierno. Repito que sería bueno que en el ánimo
del Gobierno, así como en el ánimo del Grupo Socialista, existiera esa
voluntad de sacar adelante el proyecto de ley con un consenso político
importante.

En segundo lugar, yo creo que el consenso no ha de ser sólo político sino
que también ha de ser social; es un proyecto esperado y que, en cierta
forma, tiene sus usuarios, por decirlo de alguna manera. Hay colectivos
importantes (asociaciones y ciudadanos particulares, pero también
empresas) que van a ser los que más directamente van a salir beneficiados
o perjudicados de aquello que pueda determinar el proyecto de ley. Me
refiero de forma global a lo que podríamos denominar la sociedad civil.

Me ha parecido entender, a lo largo de su intervención, que existe la
voluntad, por parte del Gobierno, de abrir un cierto período



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de consultas y de diálogo sobre el proyecto de ley con las ONG, con
organizaciones empresariales, sindicales, etcétera, es decir, todos
aquellos que de alguna forma pueden ser usuarios del contenido de este
proyecto de ley. Mis noticias son que hasta el momento ello no se ha
producido y espero que el señor Secretario de Estado, en su segunda
intervención, nos reafirme que efectivamente el Gobierno tiene intención
de establecer un diálogo amplio con estas organizaciones, algunas de las
cuales incluso han realizado un trabajo paralelo muy meritorio, como por
ejemplo la organización Intermón, que nos ha hecho llegar a los grupos
políticos su propio proyecto de ley que yo he estudiado con detenimiento
y en el que creo que se reflejan aspectos y propuestas muy loables que,
en sus líneas fundamentales, no se alejan demasiado de lo que el señor
Secretario de Estado nos ha manifestado.

Una tercera anotación. Nosotros creemos que es importante que el
organismo que dentro del Gobierno central tenga las competencias en
política de cooperación (la Secretaría de Estado) salga reforzado con
este proyecto de ley. Creemos que la dispersión no beneficia a nadie y
menos a la política de cooperación. No creemos que sea positivo mantener
las disonancias, que han quedado patentes más de una vez en esta
Comisión, entre lo que es el diseño que se realiza desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores de la política de cooperación y el concepto que se
tiene de la misma en otro ministerios como el de Comercio. Entendemos que
tiene que existir un diálogo dentro de la Administración central del
Estado, pero, en cualquier caso, ha de haber un organismo que coordine
esa cooperación y que tenga suficientes competencias para poder poner en
práctica el diseño que se ha realizado de la política de cooperación.

Nuestro grupo parlamentario --ya lo anuncio-- no va a pedir que se cree
un ministerio al respecto. Creemos que sería poner el carro delante de
los bueyes y nuestro país tiene mucho terreno todavía que recorrer en
política de cooperación para plantearnos ahora la creación de un
ministerio que agrupe las competencias, pero sí que nos parece importante
que en el proyecto de ley quede suficientemente claro el rango del
organismo (la Secretaría de Estado) que tiene que coordinar la política
de cooperación.

Otra cuestión que querría anotarle, aunque pienso que no tiene que quedar
especialmente resuelta en este proyecto de ley, sino que debe resolverse
en un proyecto paralelo, es el tema de los fondos de ayuda al desarrollo.

No voy a incidir en ello. Hemos tenido también ocasión de hablar
ampliamente de este tema en esta misma Comisión, pero ahora es el momento
de definir claramente qué papel queremos dar a los créditos FAD,
instrumento fundamental de la cooperación.

Una cuestión que no sé si ustedes tienen pensado recoger en el
anteproyecto o lo remiten a otros marcos legislativos es el tratamiento
fiscal de las organizaciones que desarrollan actividades en el marco de
la cooperación ¿Existe algún tipo de previsión o de propuesta al respecto
en el proyecto de ley o lo circunscriben exclusivamente a otras
iniciativas o leyes ya existentes, como puede ser la del mecenazgo,
etcétera?
Otra cuestión importante --nos ha parecido que usted decía algo al
respecto pero quisiéramos que se aclarara porque creemos que es
fundamental-- es de qué forma se contempla la coordinación de la política
española de cooperación con la que se realiza a través de organismos
multilaterales. ¿Se dice algo sobre este tema tan importante en el
anteproyecto de ley? Como digo, es otra cuestión, señor Secretario de
Estado, que nos parece fundamental.

Por último --y con ello termino--, nos ha hablado de la creación, dentro
de la estructura administrativa, de un consejo para la cooperación al
desarrollo del cual formarían parte las organizaciones no
gubernamentales, organizaciones empresariales, sindicales, etcétera.

Nuestro grupo ha estado de acuerdo en que es importante que toda la
política de cooperación que se realiza en el Estado español pueda tener
como objetivo el cumplimiento de los criterios generales de política de
cooperación que se han ido fijando en su momento por el Congreso y por el
Senado, los PACI, el mismo proyecto de ley. Pero todos sabemos que no
sólo realizan política de cooperación la Administración central, las ONG,
los sindicatos, las organizaciones empresariales, sino que también
realizan política de cooperación las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. ¿Dónde prevén ustedes sentarse con las comunidades
autónomas y ayuntamientos para intentar ponerse de acuerdo en el
cumplimiento de los objetivos de la política de cooperación? ¿En este
consejo para la cooperación al desarrollo? ¿Qué fórmula administrativa
prevén en el anteproyecto, si es que prevén alguna?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para
contestar a las preguntas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Muchas gracias, señoría, por las
anotaciones hechas a estos breves comentarios sobre el anteproyecto de
ley.

Efectivamente era una necesidad, largo tiempo sentida por todos los que
de cerca seguimos la cooperación y sentimos la necesidad de estructurarla
y ordenarla, sobre todo en la medida en que ha habido un impulso fuerte a
la ayuda al desarrollo y a la cooperación, la de contar cuanto antes con
una ley de cooperación exterior. Es verdad que hacer una ley que regule
la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo no es una tarea
sencilla. Son muchos los sectores involucrados, son muchos los matices y
los aspectos que hay que tocar, y cuando uno cree que realmente le ha
dado la vuelta a todo, que ha completado el círculo y que todos los
aspectos que una ley de estas características debía prever han sido
suficientemente reflexionados y aclarados, cabe la posibilidad de que
surjan matizaciones, observaciones o aspectos nuevos que uno considera
que deben ser recogidos en la ley. Por ejemplo, S. S. ha mencionado un
tema que es, concretamente, el tratamiento fiscal que se puede dar a las
organizaciones que están involucradas o tienen relación con la
cooperación internacional. Nosotros hemos pensado que éste es un tema que
ya está regulado en la Ley del Mecenazgo y que, por consiguiente,



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deberíamos dejar que sea la Ley del Mecenazgo la que contenga la
normativa aplicable a este aspecto concreto. No obstante, a lo mejor es
posible que haya que reconsiderar este aspecto y ver si realmente vale la
pena o no introducir también alguna consideración sobre este tema en la
ley de cooperación.

Coincido con S. S. en que lo deseable sería que hubiera un consenso
político y que este consenso político sea lo más ajustado posible al
consenso social, que yo creo que existe, y a los deseos de la sociedad
española en cuanto a llevar a cabo una justa, una honesta y una efectiva
labor de cooperación internacional y ayuda al desarrollo. Creo que esa es
una necesidad sentida por la inmensa mayoría de la sociedad española y de
esa necesidad sentida debe nacer, lógicamente, un consenso entre las
diversas fuerzas políticas que haga de la cooperación --y creo que
debería siempre ser así-- una acción consensuada hacia el futuro. Puedo
confirmar a S. S., como he mencionado brevemente en mis palabras
anteriores, que queremos abrir un diálogo con los distintos sectores
interesados en la cooperación. Yo he recibido el proyecto de ley hecho
por Intermón y me ha parecido, como S. S. ha dicho, interesante. Las
observaciones son de personas que evidentemente tienen preocupación seria
por el tema de la cooperación y por llegar a redactar una ley en la que
se recojan los principales aspectos de la cooperación internacional, pero
posiblemente nazcan de otros sectores observaciones e iniciativas también
importantes, por lo que es necesario ese diálogo. Hace escasamente
cuarenta y ocho horas he recibido una carta de la Junta de Andalucía,
donde han tenido lugar encuentros con casi todas las comunidades
autónomas españolas para debatir el tema de la coordinación, de la acción
de cooperación a nivel de las comunidades autónomas, en la que se pide
ese mismo diálogo, a su nivel, con la Administración central. Creo que es
importante que ningún sector quede excluido y que es mejor demorar algo
la aprobación de la ley, siempre que se llegue a ella con un consenso y
con un diálogo previo intenso y serio, que precipitarse y dejarse en el
tintero aspectos que luego podamos lamentar todos.

Ha señalado como otra anotación S. S. el hecho de que la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional saliera reforzada básicamente como
organismo coordinador de la política de cooperación. Yo estoy totalmente
de acuerdo en que la dispersión no beneficia a nadie y he dicho
anteriormente que la coordinación es uno de los aspectos fundamentales de
la cooperación. Es dificilísimo hacer cooperación internacional, y muchas
veces menos eficaz de lo que debería ser, sin que exista coordinación. Si
no hay coordinación entre los distintos sectores y agentes que hacen
cooperación internacional, que hacen ayuda oficial o no oficial al
desarrollo, se producen acciones solapadas y estos solapamientos suelen
conducir a una menor eficacia de las acciones de ayuda al desarrollo o de
las acciones de cooperación. Muchas veces incluso se producen
contradicciones en los proyectos. Por tanto, la coordinación es un
elemento fundamental de la cooperación. Sin embargo, yo decía, y repito,
que no solamente creo en la coordinación en el sentido que S. S.

señalaba, la coordinación para que no haya contradicciones entre la
cooperación que se realiza desde distintos sectores de la Administración
del Estado, sino que también creo en la coordinación de la cooperación
que se hace a nivel bilateral y a nivel multilateral, porque si ahí no se
produce la coordinación, acaba cayéndose en solapamientos, en
repeticiones o incluso en contradicciones en las acciones de cooperación.

Soy consciente de que es muy difícil lograr una coordinación perfecta,
tanto a nivel interno como a nivel internacional, pero hay que hacer un
esfuerzo lo más serio y reflexivo posible para que esa coordinación se
produzca, y en ese orden de ideas es inevitable que haya un elemento
responsable y encargado de coordinar, e, independientemente de que se
creara o no un ministerio en el futuro, considero que, efectivamente, la
Secretaría de Estado de Cooperación, por lógica, debería ser el organismo
responsable de esa acción de coordinación.

Su señoría ha mencionado la resolución del tema FAD. Sé que el Ministerio
de Comercio y Turismo está preparando una nueva reglamentación de los
fondos de ayuda al desarrollo, creo que incluso cambiando el nombre
actual. No tengo información sobre el contenido completo de esa nueva
legislación, pero creo que está a punto de surgir, y, por consiguiente,
supongo que la nueva reglamentación aplicable a esos fondos solucionará
los problemas que eventualmente se hayan podido plantear en el pasado o
se presenten hoy mismo.

La coordinación de la cooperación bilateral con la multilateral es otra
de las cuestiones que ha señalado su señoría. Creo que he hecho mención a
ello y creo que es muy importante llegar a un mecanismo que pueda hacer
posible esa coordinación, aunque, repito, es sumamente difícil y es un
tema que he tratado tanto a nivel de la Unión Europea, en Bruselas, con
los responsables de la cooperación comunitaria, como en otras instancias
multilaterales que hacen cooperación, y en donde difícilmente vemos la
posibilidad de encajar un mecanismo que haga realmente eficaz esa
coordinación. Creo que todos los que somos responsables de la acción de
cooperación internacional y de ayuda al desarrollo somos conscientes de
esta necesidad, pero realmente hay que reconocer que hasta la fecha
difícilmente podemos decir que a nivel interno o a nivel internacional
existan mecanismos que sean suficientes para superar ese problema. Hay
quienes incluso llegan a sostener la tesis de que la coordinación se debe
hacer sobre todo desde el país que recibe la ayuda, es decir, que el país
receptor de la ayuda al desarrollo debería ser el que se encargase de
coordinar las acciones de los organismos multilaterales y de los países
donantes para hacer que la cooperación, que incide en beneficio de su
país, se practique de una manera coordinada y, por tanto, sirva para ese
proceso de despegue hacia un desarrollo autosostenido del país. No creo
que sea el mejor mecanismo, pero probablemente sea un tema en el que haya
que entrar en algún momento a nivel del Comité de Ayuda al Desarrollo, en
donde es un tema de preocupación y de análisis constante.

Por último, ¿dónde nos sentamos con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos?, preguntaba su señoría. Nosotros tenemos un mecanismo que
nos permite, hasta la fecha, con una regularidad por lo menos bianual,
reunirnos



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dos veces al año con los responsables de cooperación de las comunidades
autónomas y con representantes de la Federación Española de Municipios y
Provincias y tratamos de encontrar una fórmula a través de estas
reuniones para coordinar de la mejor forma nuestras acciones de
cooperación. La propia Agencia de Cooperación establece y firma
programas-marco con distintas comunidades autónomas para que la comunidad
autónoma que haga cooperación en determinados países pueda valerse de esa
asistencia a todos los niveles, dispositivos, experiencia, logística,
etcétera, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y hacer más
eficaces las acciones de cooperación que lleve a cabo esa concreta
comunidad autónoma.

Hemos reflexionado sobre la posibilidad de incluir una representación de
comunidades autónomas y ayuntamientos en el anteproyecto de ley de
cooperación que hemos estado discutiendo durante estos últimos meses. Nos
parece un tema difícil porque, una de dos, o convertimos este consejo de
cooperación en un consejo, desde el punto de vista del número, muy
voluminoso, donde haya setenta u ochenta representantes de distintos
actores de la cooperación a distintos niveles, a nivel nacional,
autonómico, a nivel local, y, luego, distintos representantes de otros
agentes de la cooperación, con lo cual pensamos que difícilmente ese
consejo tendría una efectividad y una ejecutoria útil, pues se perdería
mucho tiempo en los encuentros o reuniones que se celebraran en ese
consejo por el hecho de haber un número excesivo de representaciones, o,
en segunda alternativa, posiblemente habría que tener un consejo más
reducido y buscar otra vía en donde la Administración central pudiera
tener una relación y un diálogo regular y frecuente con las comunidades
autónomas y ayuntamientos que hicieran cooperación internacional o ayudas
al desarrollo para establecer mecanismos de apoyo recíproco y conseguir
de esta forma, como decía anteriormente, una mayor efectividad. Es un
tema que lo hemos debatido mucho. Era muy difícil aceptar la tesis de que
unas pocas comunidades autónomas pudieran representar a todo el bloque de
las comunidades autónomas españolas y, al final, yo creo que prima la
tesis de que sería mejor buscar otro mecanismo en donde hubiera, como
digo, una consulta y un diálogo regular y frecuente con las comunidades
autónomas y organismos municipales para establecer esa coordinación de
acciones de cooperación internacional. (El señor Recoder i Miralles pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Recoder quería hacer alguna puntualización.

Tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Secretario de Estado, gracias por su
información, y voy a hacer unas cuantas puntualizaciones.

En primer lugar, no olviden de entrada el tema fiscal, porque me parece
que es muy importante, y si nos hemos de remitir a la Ley del Mecenazgo,
he de decir que ésta es una ley que por su carácter global y no
específico no es fácilmente aplicable o difícilmente encajan las ONG que
realizan cooperación al desarrollo, y mucho menos sirve para vehicular
aportaciones privadas, ya sea de personas físicas o jurídicas, a un
ámbito donde podrían dar tanto juego estas aportaciones privadas como es
el de la cooperación al desarrollo. Yo creo que no se debería olvidar de
entrada.

En segundo lugar, ¿tienen algún calendario en cuanto a iniciar el diálogo
con el sector, por decirlo de alguna forma, y en cuanto a la fecha de
remisión aproximada --ya sé que muchas veces las previsiones fallan-- a
la Cámara del propio proyecto de ley?
En tercer lugar, tengo conocimiento de un anteproyecto de ley que se
elabora por el Ministerio de Asuntos Sociales sobre el voluntariado, en
el cual se regulan las actividades de los voluntarios y también de los
voluntarios que realicen actividades de cooperación al desarrollo. En el
proyecto de ley que estamos debatiendo hoy es una cuestión fundamental
todo lo referente a aquellas personas, sean profesionales como también
voluntarios, que realicen actividades de cooperación, concretamente todo
aquello que hemos llamado el estatuto del cooperante largamente
reivindicado por las personas que hacen cooperación, como usted ha dicho
muy bien, y además es una cuestión que ha preocupado a diversos grupos
parlamentarios desde hace mucho tiempo. ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo encaja
el proyecto de ley del voluntariado, en el que se está trabajando desde
el Ministerio de Asuntos Sociales, y el aspecto relativo a los
voluntarios que ustedes contemplan dentro de este proyecto de ley?
Por último, la coordinación se circunscribe al diálogo desde mi punto de
vista. Los objetivos de la cooperación van a ser lógicos. Es muy fácil
que los objetivos que se fije el Parlamento, que se fije el Gobierno sean
exactamente coincidentes con los que se pueden fijar las comunidades
autónomas que realizan actividades de cooperación o los ayuntamientos, ya
sea individualmente o agrupados, como es el caso del fondo catalán de
cooperación al desarrollo, que, como usted sabe, vehicula las
aportaciones de los distintos ayuntamientos catalanes que hacen
cooperación. Ahí va a ser fácil ponerse de acuerdo y coordinarse.

En cuanto a los objetivos territoriales, yo creo que también, porque es
muy razonable pensar que la cooperación que se pueda realizar desde
cualquier comunidad autónoma, por vínculos históricos y por tendencias
naturales, se va a dirigir a los mismos lugares que en principio se fijan
como objetivos territoriales el Parlamento o el Gobierno. Ahora bien,
entiendo que sería conveniente que pudiera haber un ámbito donde se
dialoga al respecto, se intercambiaran experiencias, se fijaran o se
concretaran esos objetivos, siempre sobre la base del diálogo, y, sobre
todo, donde se pudiera prestar un mutuo apoyo a esas actividades. Esta es
simplemente una cuestión a nivel de comentario.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Tomo nota de la observación que me ha
hecho sobre las dificultades que



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puede plantear el tema de la Ley de Mecenazgo. Tenemos el propósito en
cuanto al calendario de que en la primera quincena de mayo y si es
posible a principios de mes esté listo el anteproyecto para poder empezar
ese diálogo del que hablábamos.

En cuanto al proyecto de ley del voluntariado estamos tratando de que
todo lo que se refiera al personal que hace cooperación esté regulado,
por supuesto, en la ley de cooperación, y que, por consiguiente, ese
proyecto de voluntariado, preparado por otro departamento, se ajuste al
esquema o a las disposiciones que recogerá la ley de cooperación en
cuanto a los cooperantes voluntarios.

Volviendo al tema de la coordinación, es verdad que es fácil que los
objetivos de la política de cooperación sean los mismos, posiblemente lo
son, y que también lo sean los objetivos territoriales, pero lo que no es
tan fácil es, después, el día a día. Visto todo esto globalmente desde
aquí en este momento parece muy sencillo. Posiblemente todas las
comunidades autónomas y la Administración central del Estado estamos de
acuerdo en cuáles son los objetivos de la política de cooperación;
posiblemente estamos de acuerdo también en dónde sectorial y
territorialmente hay que concentrar más la cooperación, pero cuando llega
el momento de, proyecto por proyecto, analizar la coordinación que ha
habido para la puesta en práctica de un determinado proyecto que muchas
veces ni siquiera una parte conoce que la otra está intentando o
planeando llevar a cabo, cuando llega el momento de disponer de personal
suficiente como para poder realizar esa gestión de coordinación, no es
tan fácil. La coordinación es una gestión muy intensa. Estamos hablando
de una acción que cada vez más se lleva a cabo intensamente por múltiples
comunidades autónomas; cada vez más las comunidades autónomas y los
ayuntamientos llevan a cabo proyectos de ayuda al desarrollo, proyectos
de cooperación, muchas veces de una manera espontánea y sin pasar por
ninguna otra vía. No es tan fácil. Quizás hay una falta de
infraestructura, quizás la infraestructura actual no es suficiente para
que el dispositivo dedicado a esa coordinación pueda ser lo
suficientemente útil y práctico, de manera tal que se escapan muchas
iniciativas o acciones de cooperación por falta quizá --repito-- de
infraestructura, por falta quizá también de hábito, de costumbre. Muchas
veces se ponen en marcha acciones de cooperación internacional --repito--
de una manera espontánea y bienintencionada pero directamente, entre el
donante, sea quien fuere, y el país receptor, sin pasar por más trámites,
ni siquiera por el trámite informativo de comunicar que se piensa poner
en marcha este determinado proyecto en este determinado sector y en este
determinado país, para que por lo menos se puede decir que eso se puede
complementar con ese otro proyecto que estamos haciendo desde la
Administración central en el mismo sector y en el mismo país. A lo mejor
no ocurre eso y a lo mejor no ocurre no por mala intención, sino
simplemente por la falta del instrumento, por la falta de la práctica y
posiblemente también por la falta de una suficiente infraestructura. Es
verdad que hay identidad en objetivos de política y en objetivos
territoriales, pero en el día a día se producen numerosas lagunas en este
sentido.




El señor PRESIDENTE: Como doy por supuesto que los grupos que no han
pedido la comparecencia querrían también intervenir, doy la palabra, en
primer lugar, al señor Albistur, del Grupo Mixto.




El señor ALBISTUR MARIN: En efecto, así es, y sobre todo tengo que
reconocer la oportunidad de la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), que nos ha permitido tener aquí al señor Secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y poder dialogar con él
sobre este proyecto de ley, que ha llegado de extranjis a nuestras manos
--hay que decirlo así--, y gracias a la colaboración de un colega de este
Parlamento ha llegado también a las mías para poder estudiarlo y
analizarlo.

Yo le agradezco sinceramente la información que usted nos ha
proporcionado. No he podido venir antes porque estaba en otras
ocupaciones del cargo. En función de lo que he podido oírle tanto en su
presentación como en la respuesta que después ha dado, voy a tratar de
exponerle lo que desde nuestro punto de vista es un análisis de este
borrador, por considerarlo como tal borrador, porque parece que ni
siquiera su propia institución lo reconoce todavía como un anteproyecto
de ley. Antes de las observaciones más de fondo sobre la propia ley
quisiera hacer una serie de consideraciones con relación a una serie de
precauciones que nos gustaría tener en claro. Yo le tengo que decir que
no estoy hablando solamente a título de representante del Grupo Mixto
sino además como representante del Grupo Vasco en este caso, después de
haber cotejado este tema de forma más amplia.

Hay una preocupación inicial que puede sonar a fuera de contexto de la
situación actual y a lo mejor puede sonar incluso a la fórmula más
conservadora e incluso retrógrada, pero hay que decirla, porque creo que
hay que enfrentarse con los problemas como son.

El proyecto de ley, a nuestro modo de entender, debe debatirse con los
partidos con representación parlamentaria. Las ONG y todo lo que puede
estar en torno a toda la problemática de la cooperación no son Parlamento
ni tampoco lo sustituyen. Por eso, de entrada y como aspecto previo, no
nos gusta la fórmula del consejo, aunque consideramos que el consejo es
una forma idónea para, quizás, una fórmula de cooperación interna (quiero
decir dentro del Estado) y de coordinación. Consideramos, pues, como
consecuencia de todo ello y abundando en las ideas que el representante
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha dado aquí, que se debe dar, en
primer lugar, una cooperación interna previa entre las administraciones,
que son las que financian y las que tienen iniciativas en materia de
cooperación internacional en estos momentos desde el Estado, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos; se debe dar y además se debe
buscar esa cooperación.

Somos partidarios de reforzar el organismo que es su Secretaría de
Estado. Nos parece que es muy importante. Coincidimos con lo que ha dicho
el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de que quizá no
es necesario tanto un ministerio, y el tiempo dirá adónde va llevándonos
todo este tema, sobre todo si esos mecanismos



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respecto a los retornos se van produciendo y van dando resultados.

También coincidimos en el reconocimiento de que dentro de su propia
institución u organismo hay otros organismos que también son agentes (que
son las comunidades autónomas y los ayuntamientos) y que es necesario
crear, yo no sé si paralelamente o en sustitución de ese consejo o
previamente a ese consejo o después de él --no sé dónde está la fórmula,
pero sería bueno que lo pudiéramos hablar, no sé si en esta Comisión o en
otros encuentros--, un organismo estatal de encuentro y de coordinación.

Yo propongo que esté separado de ese consejo y que sea relativo
fundamentalmente a las instituciones que financian y promueven la ayuda
al desarrollo.

Entrando ya en lo que sería la ley y con ánimo de aportar nuestra opinión
--creo que esta Comisión tiene la ventaja de que ha contado con la
iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para poder dialogar
con usted y poder aportar sus ideas--, nos encontramos, en primer lugar,
dentro de lo que pueden ser los aspectos jurídicos de la ley, con una
cierta indefinición sobre las funciones de las comunidades autónomas y
del Estado en este tema. Yo creo que la ley deja las cosas como están y
no entra en ello. A lo mejor es bueno que no entre, pero hay que
destacarlo. Parece que se está creando una especie de red administrativa
que puede coordinar toda la ayuda internacional --usted ha hablado
anteriormente del principio de unidad de acción en el exterior--, además
de los propios Presupuestos Generales del Estado, y a nosotros nos
preocupa en este tema --volvemos a decir-- que no sean las instituciones
las que estén, sino que estén otros organismos ajenos a las propias
instituciones representadas, es decir, al Gobierno, al Parlamento, a las
comunidades autónomas o a los ayuntamientos, y que en toda esta red de
coordinación entren también elementos que son puramente instrumentales,
como a nuestro modo de entender son las organizaciones no gubernamentales
y otras organizaciones similares.

Añadiría también una serie de preguntas. ¿Se pretende gestionar los
recursos del Estado sólo o también, además, dirigir los recursos de las
otras instituciones, comunidades autónomas y ayuntamientos? He utilizado
la palabra dirigir, que pretende tener un concepto neutro, por no darle
otro contenido. ¿La ley contemplaría la cooperación española o la
cooperación de la Administración General del Estado?, entendiendo el
término constitucional de Administración General del Estado en el sentido
de que Administración General del Estado somos todos, es decir, Estado,
comunidades autónomas, incluso yo diría que administraciones locales.

Pasando ya a otros aspectos, para abreviar un poco, debo señalar que en
ningún momento nos oponemos al concepto de que pueda existir una ley. Yo
creo que, como usted ha dicho anteriormente y aquí estamos de acuerdo con
ello, esta ley es necesaria (era necesaria y yo creo que la complejidad
de las actuaciones la va haciendo cada vez más necesaria, sobre todo por
la dispersión que se está produciendo), pero consideramos que lo que
tiene que hacer esta ley es tratar de movilizar coordinadamente a todos
los agentes, introduciendo en esa movilización unas fórmulas de
convenios, pero de interés mutuo, entre todos los agentes y sobre
objetivos concretos. De alguna forma, ustedes ya lo están haciendo cuando
marcan países, cuando marcan actividades que no hay que financiar y
cuando lo están dirigiendo, diríamos, hacia instrumentos concretos de
actuación. Dicho pues que sí al concepto de ley, nos parece que la ley
debe tener un carácter fundamentalmente organizativo y que esta ley debe
tener un reflejo, anualmente, en la ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que allí es donde figuran
las cantidades que se van a destinar a la cooperación internacional y que
esta ley debe conectarse, año tras año, con ella. A lo mejor, la palabra
conectarse no es la más adecuada, pero esta ley debería tener alguna
relación permanente con la ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado, que es donde se reflejan de alguna forma las
cantidades o el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, o
del producto interior bruto, destinado a la cooperación internacional.

Entendemos, además, que dentro de la ley debe haber una cooperación
descentralizada. Como le decía antes desde el punto de vista jurídico,
ahora le diría desde el punto de vista institucional y político, se debe
crear un foro de encuentro, que fundamentalmente debe ser institucional,
Estado-comunidades autónomas-ayuntamientos, y que la ley regule además lo
que va a hacer la Administración del Estado como tal y pueda orientar,
oriente, lo que van a hacer las otras administraciones. Dentro de este
foro de coordinación y encuentro, se debería plantear --y la ley no lo
recoge así--, en el trámite parlamentario o previamente a dicho trámite,
una disposición adicional que protegiera precisamente esta actuación
descentralizada que se pudiera dar en la ley. La ley define, regula lo
que va a hacer la Administración del Estado y orienta o indica qué es lo
que deben hacer las otras administraciones que no son propiamente Estado,
aunque están en la Administración general del Estado.

Para terminar, le propondría cuatro títulos que deberían reorganizar la
ley. En un título primero, la ley --consecuentemente con todo lo que he
dicho, sobre todo insistiendo en que se debe crear un foro de encuentro y
en que se debe coordinar y organizar-- crearía un consejo, el consejo
--este consejo mismo, no, quizá--, y después una comisión consultiva.

Como ejemplo similar, me referiré a la Comisión Nacional del sector
eléctrico. Se ha creado la Comisión Nacional del sector eléctrico y
después un órgano, que es una especie de consejo consultivo, donde
participan el sector y las comunidades autónomas. El consejo, tal y como
está creado o propuesto por lo menos en la ley, no nos parece el
adecuado, pero hay que crear un consejo; ese foro de encuentro, de
coordinación, de organización, que trate de evitar la dispersión; ese
consejo que sea también vigilante y controlador de los retornos; ese
consejo que sea, de alguna forma, sumador de los recursos del Estado más
los recursos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Este consejo
marcaría, anualmente, las líneas directrices o los planes. Un título
segundo, a nuestro modo de entender, podría plantear una regulación del
entramado institucional, pero ya metiendo en ese entramado institucional,
además del Estado, comunidades autónomas



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y ayuntamientos, las funciones de las organizaciones no gubernamentales,
y un segundo apartado --en ello coincidiría en la insistencia con lo que
ha dicho también el representante de Convergència i Unió-- en relación al
tratamiento fiscal y financiero, es decir, tratamiento fiscal respecto a
los fondos destinados a la cooperación y también una cierta regulación
respecto al origen de dichos fondos. En el título tercero es donde se
insistiría más en el reflejo presupuestario, es decir, la relación con la
ley de acompañamiento presupuestario de cada año, donde cada año la ley
podría ser actualizada en cuanto a las aplicaciones de las cantidades que
se van a destinar a la cooperación para el desarrollo y a los objetivos
que se van a cubrir. En un título cuarto se establecería, a mi modo de
entender, cómo realizar los convenios-marco con comunidades autónomas e
instituciones como ayuntamientos.

Esta es una pequeña y previa reflexión genérica --perdone que planteada
así rápidamente-- que, sin discutir la ley ni la necesidad de la ley,
trata de dar un poco la vuelta a lo que puede ser el documento que
tenemos aquí, que no lo reconocemos como documento oficial, sino como un
documento de estudio o de análisis, como una pequeña contribución por si
puede servir para mejorarlo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señoría, he tomado buena nota de las
diferentes consideraciones y observaciones que ha hecho a las que yo hice
al principio sobre lo que puede ser una ley de cooperación y de las
preocupaciones que S. S. ha expresado en torno a ese proyecto. Para mí,
la conclusión de toda su exposición sería que coincidimos básicamente en
casi todos los puntos de preocupación respecto a lo que puede ser una
buena ley de cooperación en el futuro, y creo que coincidimos también con
las observaciones que el representante del Grupo Catalán ha hecho
anteriormente, cuando ha hablado insistentemente de la necesidad de
buscar fórmulas de coordinación de la cooperación. Creo que S. S., al
hacer referencia reiteradamente a las comunidades autónomas, a los
ayuntamientos y a las ONG, en su faceta de cooperación internacional,
está pensando también en la necesidad de encontrar mecanismos que
permitan articular una coordinación mayor, más efectiva, de esos
distintos agentes de cooperación.

La fórmula del consejo, que es una fórmula que está establecida en una
ley aprobada en diciembre del año pasado, como S. S. conoce, y que va a
ser incluida como una parte de la ley de cooperación, nos parece
aceptable, buena, como foro de debate, repito, en donde se puedan
exteriorizar y exponer todas las preocupaciones que tienen sobre la
cooperación, sobre las directrices de la cooperación, sus prioridades,
sobre cómo funciona o no la cooperación en su ejecución práctica, y
creemos que ahí todos los agentes de cooperación deben estar
representados de alguna forma y debe ser posible que planteen sus
inquietudes, sus críticas o sus sugerencias para mejorar los mecanismos
de cooperación o la forma de articular la cooperación que estamos
llevando a la práctica. Hasta ahí creo que un foro de este nivel, en el
que estén representados, repito, la mayor parte de los agentes de
cooperación, es conveniente. Digo la mayor parte porque reitero la duda
que expresé antes sobre si en ese foro deben estar incluidas, como S. S.

ha señalado, las comunidades autónomas, o si las comunidades autónomas y
ayuntamientos, fórmulas de cooperación descentralizada importantísimas,
cada día más importantes, deberían encontrar otro foro de diálogo con la
Administración central. No he dado una opinión definitiva porque tengo
mis dudas a este respecto, como creo que S. S. expresaba también, pero yo
pienso que posiblemente, y en aras a hacer más eficaces ambos foros, por
una parte debería articularse y coordinarse lo que podríamos llamar la
cooperación de la Administración central y de las distintas instancias
que hacen cooperación descentralizada, y en otro foro de coordinación,
las inquietudes y las preocupaciones de todo lo que son agentes de
cooperación de la sociedad civil, con los representantes de la
Administración central en ese mismo foro. Yo creo que posiblemente la
práctica dará la razón a una u otra fórmula. No estoy muy seguro de que
tengamos necesariamente que acertar en la mejor fórmula antes de ponerlas
en marcha. Una vez que articulemos en el proyecto una determinada fórmula
y que, después de un debate, de un diálogo con los distintos agentes de
cooperación y de un debate parlamentario, se apruebe la ley, se verá si
efectivamente la fórmula elegida en la práctica, cuando se llegue al
momento de la práctica, era o no la mejor.

Nosotros no creemos que sea conveniente que desde la Administración
central se dirijan los recursos de las comunidades autónomas y
ayuntamientos, pensamos que los recursos de esas entidades deben ser
dirigidos y priorizados por las mismas entidades, pero lo que sí es bueno
es que las orientaciones de política de cooperación internacional de la
Administración central, como señalábamos antes, sean compartidas y
consensuadas también por la Administración descentralizada para que en
esa confluencia, en ese consenso, se pueda producir una armónica
cooperación internacional desde las comunidades y ayuntamientos y desde
la Administración central. En definitiva, se trata de repetir la fórmula
que en la Administración central intentamos poner en marcha cuando se
reúne la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, en donde
lo que queremos, sobre todo, al margen de conocer concretamente las
iniciativas de cada uno de los departamentos de la Administración central
en el terreno de la cooperación, es tratar de explicar con claridad
cuáles son los objetivos y prioridades desde el Gobierno, desde la
Administración central, en la cooperación internacional para ese período
siguiente y tratar de que los distintos sectores de la Administración
central confluyan, con esos objetivos y prioridades, en su actividad.

Generalmente se consigue, aunque puede haber excepciones, y creemos que
esa misma fórmula podría ser utilizable con un mecanismo institucional
apto, adecuado, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.




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La fórmula de convenios que agrupen a todos los agentes de cooperación es
algo que hemos debatido también y que es difícil de llevar a la práctica,
pero podemos --y hemos pensado en ello-- articular el ejemplo de los
convenios-marco que se firman con las comunidades autónomas, que ha sido
bueno en la práctica; cuando se ha llevado a la práctica la experiencia
ha resultado positiva, y consideramos que ese mismo tipo de convenios
puede perfectamente ponerse en práctica, salvando algunas diferencias
evidentes, inevitables, por la distinta caracterología de un ayuntamiento
o de una comunidad autónoma respecto a una ONG, por ejemplo, pero
salvando las distancias, se podría poner en práctica con los demás
agentes de la cooperación internacional.

Tomo nota del tema del tratamiento fiscal y financiero, es un tema
importante y me congratula ver que S. S. coincide en esa preocupación con
los que le han precedido en el uso de la palabra. Yo creo que nosotros
vamos a hacer también en este tema un tema de reflexión o de vuelta a
reflexionar para ver cuál sería el mejor tratamiento que se le puede dar
en una ley de cooperación.

El tema de la ley de acompañamiento de los presupuestos es importante.

Efectivamente, los presupuestos son los que reflejan el instrumento
básico de la cooperación; sin unos presupuestos que recojan la
disponibilidad con que se cuenta para llevar a cabo acciones de
cooperación internacional o de ayuda al desarrollo todo este entramado
institucional que estamos discutiendo y todos estos esfuerzos de
coordinación que se hacen desde los distintos sectores de la cooperación
resultarían perfectamente inútiles y, por consiguiente, es muy
conveniente que anualmente se consagren estas disponibilidades en los
presupuestos.

Vuelvo a insistir en lo que señalaba al principio, me da la impresión de
que coincidimos una vez más en la preocupación por lograr una
coordinación mayor de los distintos agentes de cooperación. Es el tema
más difícil, somos muy conscientes de la dificultad y quiero agradecer a
SS. SS. las observaciones que han hecho a este respecto, porque considero
que nos ayudan, con su preocupación y con las iniciativas y observaciones
que nos sugieren, a ir clarificando un tema que es complejo, difícil, y
sobre el que muchas veces las ideas no son fáciles ni las decisiones
tampoco.

Quiero terminar, señoría, lamentando que no haya llegado directamente a
sus manos el anteproyecto o borrador de anteproyecto de ley de
cooperación. Yo pensé que los distintos grupos aquí representados lo
tenían en su poder y, por consiguiente, no tengo ningún empacho en pedir
excusas porque no haya sido así.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Secretario de Estado, como usted sabe,
nuestro Grupo considera que la política exterior es una política de
Estado y, por tanto, nuestros esfuerzos han ido siempre encaminados en la
búsqueda de ese consenso antes mencionado. Es cierto que ustedes a veces
lo hacen complicado. Sin embargo, en este caso y en el tema de
cooperación, es evidente que la historia nos demuestra que todos los
grupos hemos hecho un esfuerzo extraordinario para intentar conseguir ese
consenso. Nosotros entendemos, por tanto, que esta ley de cooperación,
este proyecto de ley que ustedes tienen prácticamente elaborado y que van
a presentar a los distintos organismos y sectores sociales debe ser
también un anteproyecto que acabe con el proyecto de consenso, y me va a
permitir que, por tanto, hoy intente hacer una serie de reflexiones y
aportaciones que pueden contribuir de alguna forma, desde nuestro punto
de vista, a la clarificación o a buscar caminos en los cuales debe
desarrollarse el mismo. Yo creo que a lo largo de las intervenciones de
otros compañeros de los diferentes grupos lo que ha estado
permanentemente en candelero ha sido la necesidad de que nuestra
cooperación exterior, nuestra cooperación y ayuda al desarrollo, esté
fundamentalmente coordinada, y a nuestro entender esa coordinación tiene
que pasar por cuatro escalones.

En primer lugar, la coordinación ministerial, la de todos los organismos
internos del Ministerio. Hay que reforzar, a nuestro juicio, el papel de
las oficinas técnicas de cooperación en el exterior y darles ese papel
que creemos necesario en el control y la evaluación que debe realizarse
in situ y en la búsqueda de oportunidades de nuevos proyectos, cooperando
no sólo con la Administración, sino también con las organizaciones no
gubernamentales que en esos países trabajan. Es necesario también
reforzar el papel de las comisiones mixtas y de la oficina de
planificacion y evaluación, que sea la que coordine estas oficinas
técnicas de cooperación, independientemente de la supervisión que, por
supuesto, su Secretaría de Estado tiene que hacer en todo momento.

En el anteproyecto que recibimos, referido también al tema administrativo
interno, encontramos una contradicción, y es el papel de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), porque si bien en el
artículo 15 se definía la misma como un organismo autónomo, en la
disposición final decía expresamente que se declaraba extinguido el
carácter de organismo autónomo de la AECI. Nos gustaría que nos explicara
en qué va a quedar este carácter autónomo, si va a quedar extinguido o
no, y cuál va a ser la coordinación del SECIPI con la AECI.

En segundo lugar, a nuestro juicio debe quedar palmariamente claro en ese
anteproyecto de ley que se trata de la cooperación interministerial;
coordinación en el sentido de buscar eso que usted denominaba unidad de
acción, en la que debe tener un papel predominante la Comisión
Interministerial de Cooperación Internacional. Debemos eliminar,
siguiendo las directrices de la famosa ponencia que aprobaron todos los
grupos en el Congreso, la duplicidad de comisiones interministeriales y
establecer, de una vez por todas, el papel claro de esta Comisión
Interministerial como coordinadora y no acaparadora de funciones de otros
ministerios.

Creo que es importante que se empiecen a vencer las resistencias, no
comprendidas a veces por nuestra parte y por parte de otros ministerios,
y eso debe quedar también claro a la hora de elaborar los distintos PACI.

No puede ser que estos PACI sufran retraso en virtud de que determinados



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ministerios no envíen nunca los datos a tiempo. Por tanto, creemos que
reforzar el papel de la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional debe ser importante.

Esa Comisión interministerial servirá, como se ha dicho, para que
proyectos de ley, como el del voluntariado, puedan realizarse de una
forma más acorde con lo que piensa el Ministro de Asuntos Exteriores y
esta Comisión de Cooperación. Me parece que en un tema como el del
voluntariado, sobre todo de los que están en el exterior, debería
pronunciarse esa Comisión, así como para ordenar otros proyectos de ley
ya aprobados y evaluado su impacto, como es el caso de la Ley del
mecenazgo. Desearíamos si es posible, señor Secretario de Estado, que, a
la mayor brevedad posible, nos pudiera informar sobre el impacto que ha
tenido dicha ley en el funcionamiento de las organizaciones no
gubernamentales y si esto va a servir como mecanismo suficiente para
captar fondos privados para esas organizaciones y para los proyectos de
cooperación, porque en caso contrario estoy de acuerdo con el portavoz de
Convergència i Unió en el sentido de que habrá de definir otro marco
fiscal que así lo permita.

El tercer punto que nosotros consideramos importante es el relativo a la
coordinación interadministrativa: coordinación con las comunidades
autónomas, coordinación con los ayuntamientos a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias, etc. Hay que tener en cuenta que, si
bien la coordinación con comunidades autónomas va a ser más sencilla,
puesto que son 17, este año hemos visto cómo los fondos destinados a
proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo se han multiplicado como
las setas, y en muchos ayuntamientos de España se han habilitado
presupuestos para este tipo de proyectos. Sería un fiasco que muchos de
estos ayuntamientos por falta de capacidad o por falta de gestión, no
pudieran al final aprobar proyectos de la misma cuantía con arreglo a los
esfuerzos que previamente se han presupuestado. Eso, señor Secretario de
Estado, va a depender mucho también de la información y de la ayuda que
desde la Secretaría de Estado se pueda prestar a estos ayuntamientos y a
estas comunidades autónomas, muchos de los cuales no tienen, a nuestro
juicio, experiencia suficiente en este campo.

El cuarto punto importante es la coordinación con otras asociaciones,
organizaciones, fundaciones y empresas de carácter privado, e incluso
también en las empresas de carácter público. Debemos analizar también el
papel del Consejo que usted ha comentado antes. Un Consejo que, a nuestro
juicio, no puede suplantar a este Parlamento ni puede tener funciones de
control del Ejecutivo, como han pretendido algunas organizaciones no
gubernamentales. Nosotros entendemos que ese Consejo es informativo,
consultivo, participativo, pero, en ningún caso, puede sustituir al
Ejecutivo ni tampoco las funciones del Poder Legislativo.

En definitiva, creemos que esos son los cuatro niveles de coordinación
que deben aparecer reflejados y regulados en esa ley. También hay otros
aspectos que deberían quedar regulados más ampliamente de lo que han
aparecido en este anteproyecto que, como usted me dijo en su día, era una
especie de borrador y que posteriormente ha sido corregido y ampliado. Me
refiero a la ley de mecenazgo y a la regulación del personal. Entendemos
que la regulación que aquí se contempla es insuficiente. No sé si ustedes
--supongo que sí-- lo habrán ido ampliando y completando, pero, en
principio, el desarrollo que ustedes hacían en ese anteproyecto nos
parecía insuficiente, y creemos que el futuro de nuestros cooperantes no
sólo a través de organizaciones no gubernamentales, sino también a través
de otras entidades, como son las fundaciones y las empresas, debería
haber quedado más claro en este anteproyecto.

Por último, quisiera hacerle tres observaciones. Una, respecto a los
principios que usted ha mencionado, quizá le han faltado dos que nosotros
entendemos importantes. Uno de ellos se refiere a la necesidad de
contemplar la democratización y el avance en la protección de los
derechos humanos como un elemento básico de nuestra cooperación, y, el
otro, el apoyo al sector femenino o el desarrollo de la mujer, sobre todo
en determinados países, y el apoyo a este tipo de proyectos como algo
preferencial.

El tema de los créditos FAD, independientemente de que la función
administrativa, la función gerencial y de control pase por el Ministerio
de Comercio o por la Secretaría de Estado de Comercio, creemos que debe
tener su coordinación a través de la Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional y no entendemos una figura que aparecía en este
anteproyecto, como era lo referente a los créditos de ayuda al
desarrollo. No sabíamos cuál era la función --si es un nuevo mecanismo--,
si bien entendemos que hay que buscar nuevos métodos para la proyección
de nuestras empresas en el exterior. Los créditos FAD van rebajándose día
a día, son muchos los países en los cuales no se pueden realizar
proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo por los propios límites
que marca la OCDE y nuestro país, en esa búsqueda del desarrollo a través
del comercio, que también es muy importante, debe intentar implementar
otra serie de figuras.

La tercera observación se refiere al tema que usted ha comentado respecto
a la formación. Me ha parecido entenderle que la escuela de formación
queda incorporada a la Escuela Diplomática. Creo, señor Secretario de
Estado, que habría que diferenciar lo que puede ser la formación de
nuestros diplomáticos en el campo de la cooperación de lo que debe ser la
formación de nuestros cooperantes, que entiendo no deben pasar siempre
por la realización de una carrera de posgrado, tal como está planteado en
estos momentos el acceso a la Escuela Diplomática, donde debe tener uno
su carrera completa.

Entendemos que la formación de nuestros cooperantes, si bien debe ser
reglada, debería hacerse a un nivel inferior, sin que eso implicara
también que nuestros diplomáticos deben recibir una formación
complementaria orientada precisamente a la cooperación y a la ayuda al
desarrollo.

Por último, definir el papel de las embajadas como elemento coordinador
de nuestra cooperación en el exterior, nos parece también un elemento
básico que debería de incluirse en esa ley de cooperación.

Muchas gracias, señor Secretario de Estado por su comparecencia y
deseamos que cuanto antes podamos ver ese proyecto de ley definitivo para
su debate en la Comisión de



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Asuntos Exteriores, que es la que tiene competencia legislativa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario de Estado, señor
Dicenta.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester); De nuevo, el consenso ha sido el primer
punto de intervención de S. S. y creo que ya me he pronunciado
anteriormente a este respecto. Considero que en el tema de la cooperación
y ayuda al desarrollo tiene que haber efectivamente un consenso de todas
las fuerzas políticas y que ese consenso se sitúe lo más próximo posible
a lo que es también un deseo mayoritariamente expresado, de una manera
cada vez más constante, por la propia sociedad.

En cuanto a la coordinación a los niveles ministeriales,
interministerial, administrativo y de las entidades, asociaciones o
fundaciones de carácter público o privado, es un tema sobre el que hemos
tenido ocasión de intercambiar ideas a lo largo de esta tarde y
coincidimos en la necesidad no sólo de incrementar la coordinación, sino
de hacerlo mediante el reforzamiento de los organismos que se ocupan de
la misma.

En este orden de ideas, reforzar nuestras oficinas de cooperación es un
punto importante. Creo también que la Oficina de Planificación y
Evaluación tiene una labor cada vez más importante ante sí y, por
consiguiente, es una de las infraestructuras que habrá que atender con
mayor interés. Estoy tratando en estos momentos de conseguir más personal
para esa oficina. En la medida en que se han incrementado sustancialmente
los fondos anuales destinados a organizaciones no gubernamentales, tanto
en la primera como en la segunda convocatoria, hasta el punto de que
podemos hablar de que se va a multiplicar en este año 1995, respecto al
año anterior, por más de tres veces la cantidad destinada a subvenciones
para estas ONG, es indudable que no sólo proliferan estas ONG, sino que
el número de proyectos que se presentan ante la Oficina de Planificación
y de Evaluación se multiplica de una manera considerable. Para no
incurrir en errores, o en algo peor, que todos tengamos que lamentar el
día de mañana, tiene que haber un control, una planificación, una
evaluación y un seguimiento muy intensos. Para que eso sea posible desde
un organismo que recibe cuatro o cinco veces más propuestas que las que
recibía hace escasos meses, no hay más remedio que reforzar muy
considerablemente esa infraestructura que --repito-- considero esencial
de cara al futuro.

Después de los varios borradores de anteproyectos que han sido
elaborados, parece que prima la idea de que se mantenga el carácter
actual de la Agencia, de que se refuercen sus posibilidades y de que sus
competencias se mantengan en la misma línea que ha venido teniendo hasta
ahora.

Igual ocurre con la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional, que en realidad no tiene ninguna función de carácter
acaparador. No se trata de que la Comisión acapare competencias de
cooperación que puedan proceder de otros departamentos ministeriales. Lo
que hace la Comisión Interministerial de hecho es dejar muy claramente
sentados cuáles son los principios rectores, las orientaciones y
prioridades básicas de la cooperación, tratar de que los distintos
departamentos que hacen cooperación internacional coordinen y ajusten sus
acciones de cooperación a esos principios generales, y homologar todo lo
que es la parte formal de la cooperación. Por ejemplo, hemos creado unas
fichas que se ajustan al esquema establecido por el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE, que son las que están usándose ya en todos los
ministerios, son las mismas fichas en todos los Ministerios, son
homogéneas, y nos permitirán facilitar mucho la labor de seguimiento de
la OPE (Oficina de Planificación y Evaluación). Pero en modo alguno
--repito--, la Comisión Interministerial pretende acaparar ni reducir o
limitar las funciones de cooperación que puedan llevar a cabo otros
departamentos. Sí se pretende, desde luego, insistir, y machaconamente si
es posible, en la conveniencia de la puntualidad en la presentación de
los temas por parte de cada Departamento; es decir, que no se produzcan
retrasos en los PACI, motivados porque uno, dos o tres departamentos no
han hecho a tiempo sus correspondientes deberes.

Esa sí es una función de la CICI que hemos recalcado en la última
convocatoria para que en la próxima, que será ahora antes de terminar
este primer semestre, no se produzcan retrasos, como ha ocurrido otras
veces.

Nos parece oportuna, al menos en mi opinión, la observación hecha por S.

S. respecto a la conveniencia de coordinar proyectos de ley como los de
la Ley del voluntariado o la Ley de mecenazgo. Precisamente en estos días
estamos iniciando un estudio sobre las consecuencias --el impacto, creo
que ha dicho S. S.-- que ha podido tener eventualmente, hasta la fecha,
la puesta en práctica de la Ley de mecenazgo, es decir, qué influencia ha
tenido en lo que ha sido captación de fondos, en desarrollo de las ONG,
etcétera, y puedo asegurarles a SS. SS. que en cuando dispongamos de esa
información y tengamos un análisis serio y objetivo, lo traeré aquí para
informarles.

Es verdad que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que a menudo
carecen de la suficiente información o que son nuevos en este terreno de
la cooperación. También es verdad que cada día tenemos un contacto más
frecuente con ayuntamientos y comunidades autónomas, de manera que hoy
todos saben que pueden contar con la información que desde la Secretaría
de Estado de Cooperación o desde la Agencia se puede facilitar, saben que
cuentan con nuestra buena predisposición para informarles, para
facilitarles datos y para suministrarles el apoyo logístico para el
desarrollo de los proyectos que pongan en marcha. Pero estamos hablando
siempre de un tema muy nuevo, en algunos casos se ha puesto en práctica
en los últimos tres o cuatro años y, por consiguiente, no resulta difícil
pensar que a veces por falta de información o por inexperiencia se
produzcan fallos que pretendemos sean corregidos.

Desde luego, no queremos ni pensamos que el Consejo de Cooperación pueda
sustituir al Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que fija la política de
cooperación. Las Cámaras tienen



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una función fiscalizadora evidente y ese Consejo, como se ha dicho esta
tarde en reiteradas ocasiones, tiene un carácter básicamente de foro de
debate, de foro de iniciativas, de foro de información, en donde todo lo
que ocurre y todo lo que preocupa al mundo de la cooperación
internacional y de la ayuda al desarrollo debe ser debatido por los
diferentes actores de la cooperación internacional, por los gestores de
esa cooperación a diferentes niveles, con total amplitud, pero
evidentemente sin suplantar lo que son funciones de otros órganos.

Creo que en el último papel que se ha hecho están incluidos los temas de
derechos humanos y de la mujer como elementos básicos de la cooperación
porque están incorporados en la normativa y en las recomendaciones del
Comité de Ayuda al Desarrollo, que están recogidas en el borrador último
que se ha hecho de anteproyecto.

Por último, se ha referido S. S. a la Escuela de Formación como escuela
diferenciada de la Escuela Diplomática. Quisiera aclarar que cuando he
dicho que la Escuela de Formación de Cooperantes o la Escuela de
Cooperación estaría vinculada a la Escuela Diplomática no he querido
decir que sean los diplomáticos los que estén en esa Escuela, sino que
nuestra idea sería que el mundo de la cooperación y de los cooperantes se
forme incluso físicamente en el espacio físico de la Escuela Diplomática,
primero, porque allí hay espacio. Esta mañana mismo, sin ir más lejos, he
ido a ver el espacio que podría destinarse a esa Escuela de Formación de
Cooperantes. En segundo lugar, porque en la Escuela Diplomática también
hay numerosas actividades que tienen relación con la vida internacional y
con el mundo de las relaciones internacionales. Por consiguiente, sería
bueno que esa escuela, que va a tener una actividad básicamente
concentrada en el exterior, esté vinculada de alguna forma a la Escuela
Diplomática. A eso me quería referir.

Se ha suprimido también de los últimos borradores lo relativo a los
créditos de ayuda al desarrollo. Y, por último, la definición del papel
de las embajadas como elemento coordinador de la cooperación
internacional es un tema al que se hace referencia en algunas ocasiones
cuando se habla de la unidad de accion en el exterior; unidad de acción
cuya responsabilidad recae en las embajadas o, en última instancia, en
los respectivos embajadores como agentes últimos de esa unidad de acción
en el exterior. Si a lo que S. S. se refería era a hacer una mención
expresa de las embajadas como elemento coordinador de la cooperación
internacional, tomo nota de su referencia.

Creo que esto es todo. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Cremades.




El señor CREMADES SENA: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Secretario de Estado la información que nos ha facilitado, así como
también al Grupo Catalán que haya tenido esta iniciativa oportuna, porque
se han despejado un poco los borradores que nos han llegado a algunos
parlamentarios, probablemente porque siempre entendí que se trataba de
meras reflexiones más o menos plasmadas en unos borradores, porque no ha
sido uno solamente, sino dos, los que yo he tenido conocimiento.

Una vez más, aquí hoy se ha visto que el consenso amplio a nivel político
en temas de cooperación sigue existiendo. Un amplio consenso, como no
podía ser de otra manera. También ha habido una amplia mayoría --como se
ha mencionado aquí-- que ha hecho mención a la necesidad de un consenso
social. Tampoco podía ser de otra forma. Ese consenso político y social
es el que debe marcar en el futuro, reforzando lo realizado en el pasado,
las líneas generales que existen no sólo para la elaboración de este
proyecto de ley, sino para lo que es la actividad de cooperación
española.

La cooperación como prioridad de la política del Ministerio de Asuntos
Exteriores es importantísima, así como la voluntad política, plasmada en
todos los grupos políticos de la Cámara y en el Gobierno. Creo que somos
uno de los pocos países donantes que todavía no tenemos una ley general
de cooperación. Aparte de ser genuinos en algunos temas --y no se ha
dicho aquí nada al respecto--, también habría que ir a beber de las
fuentes de países que tienen experiencia con leyes de cooperación, con
sus defectos y sus virtudes --como tendrá la nuestra--, porque los
fracasos y los éxitos de otros países, más o menos similares a nosotros,
pueden ayudarnos a conocer --ya que hemos sido de los últimos en
incorporarnos al abanico de los países donantes-- sus experiencias, de
forma que nuestra ley sea más positiva, a pesar de ser más tardía que la
que han elaborado otros países.

Uno de los temas que se ha tratado aquí esta tarde es el relativo a la
coordinación. Nuestro país tiene unas características administrativas e
institucionales, con unas competencias que todos conocemos y en la
discusión de este borrador, no sobre el papel, sino en la que tengamos
cuando se nos presente el anteproyecto --como ha dicho el Secretario de
Estado muy próximamente, tal y como se comprometió el Gobierno en
enviarlo a la Cámara para que se discuta en el próximo período
legislativo--, el tema de la coordinación será fundamental. Sin embargo,
yo creo que en esta ley, en cuanto a la coordinación interministerial a
través de las mejoras, las reformas que se tengan que hacer con las CICI,
puede conseguirse mayor eficacia de esta coordinación interministerial,
entre todos los ministerios que se dedican a hacer cooperación. Se debe
reforzar la AECI como un órgano de gestión --como aparece en el borrador
que se nos ha presentado esta mañana--, así como el papel de la SECIPI.

Se deben reforzar estos tres instrumentos junto con el Consejo de
Cooperación. Por cierto, se podrá estar más o menos de acuerdo en la
existencia, en la formación o configuración del Consejo, pero quiero
recordar que en el debate de los Presupuestos Generales del Estado la
creación de este Consejo se aprobó unánimemente por los grupos de la
Cámara, en el que participaban no solamente las fuerzas políticas o
institucionales, sino también las fuerzas sociales: sindicatos,
empresarios, ONG, expertos, etcétera. En la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado quedó claro que éstos serían los
componentes, «grosso modo», de este Consejo y quedaban por establecer las



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competencias --coincidiendo con el resto de los grupos y con la
matización realizada por el señor Hernando del Grupo Popular-- que en
ningún caso pueden ni deben pretender sustituir el Legislativo o el
Ejecutivo, pues debe convertirse en un foro de acercamiento, de debate de
nuevos planteamientos, de evaluación, de compromiso con lo que debe ser
la cooperación, año tras año, en las distintas reuniones en las que se
convoque dicho Consejo.

No quiero hablar esta tarde del FAD. Por su propia esencia, tal y como
entendemos la cooperación al desarrollo desde un sentido bastante
estricto, es un tema que (al margen de que tiene que venir el proyecto de
ley que regula los FAD, es un compromiso del Ejecutivo porque es un
mandato del Parlamento) cada vez va a tener menos peso específico como
pilar importante de ayuda al desarrollo en el sentido estricto, en que lo
entiende esta Comisión. Por consiguiente, no voy a entrar en este asunto
sobre el que ya hemos discutido bastante.

Finalmente, me quiero detener en lo relativo a la cooperación
descentralizada. La voluntad política, consensuada, extendida, la mayor
sensibilización social ha hecho que esta voluntad no sólo haya sido la
voluntad política de los grupos parlamentarios de esta Cámara, sino que
muchos ayuntamientos, desde el año pasado a éste, muchas comunidades
autónomas --algunas sin experiencia-- se suman a realizar un esfuerzo de
solidaridad y responsabilidad en la cooperación. Este tema va a ser uno
de los caballos de batalla en la sucesiva reglamentación --y también en
esta ley-- para ver cómo vamos a ser capaces de lograr que sea eficaz
toda esa avalancha, afortunada, de importantes recursos que se quieren
destinar a la cooperación. La vía de los convenios con las comunidades
autónomas puede ser un buen mecanismo, así como la relación con algún
organismo que sea capaz de regular una serie de contactos permanentes
establecidos reglamentariamente, donde se pueda discutir no sobre lo que
cada comunidad autónoma debe hacer con sus prioridades geográficas o
sectoriales. Coincido con quienes han dicho aquí que probablemente haya
muy poca diferencia con las líneas generales establecidas en este
Parlamento o por el Ejecutivo y contempladas en la futura ley de
cooperación cuyo borrador estamos hoy discutiendo. Estimamos que la
Federación Española de Municipios y Provincias puede ser la institución
en la que deberíamos realizar los esfuerzos para ver cómo se vehicula la
cooperación desde los propios ayuntamientos.

En ningún caso, ni siquiera desde el Ejecutivo por la propia estructura
administrativa y de competencias, etcétera, puede contemplarse en esta
ley otro objetivo que vaya más allá de esto que he dicho. En el tema
estricto de la cooperación descentralizada la palabra es coordinación,
coordinación y coordinación. A mi juicio, no cabe ninguna otra
posibilidad en este momento.

Quiero resaltar finalmente el hecho de que hoy, en este primer contacto
que hemos tenido sobre este anteproyecto de ley, ha aparecido un tema que
a nosotros nos preocupa: el tratamiento fiscal. En principio, creemos que
puede ser insuficiente la Ley del mecenazgo y que, de alguna manera, se
debería de contemplar este punto en el futuro proyecto de ley que se
discutirá en esta Cámara. Es un tema importantísimo que puede favorecer
muchísimo a algo a lo que hemos aludido muchas veces en esta Comisión, y
es que no podemos pretender que los recursos destinados a la cooperación
sean sólo y estrictamente dinero público y oficial, sino que tenemos que
implicar cada vez más a la iniciativa privada en estas tareas de
cooperación.

Termino mi intervención con la esperanza de que este proyecto de ley
llegue cuanto antes a la Cámara por los cauces reglamentarios oportunos y
no en esa carrera de a ver quién consigue antes o después ese borrador,
agradeciendo al Secretario de Estado la información que nos ha dado y
felicitando al Grupo Catalán por la iniciativa tan acertada que ha tenido
al solicitar esta comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Unicamente quería decirles que
agradezco a los distintos grupos políticos que han intervenido la
posibilidad que me han dado de intercambiar ideas sobre un tema, como es
el de la cooperación, en el que, efectivamente, la experiencia de otros
países nos puede ser útil. Cuando se comenzó a organizar toda esta
infraestructura de la cooperación, como saben SS. SS., era entonces
presidente el secretario de Estado y desde esa Secretaría se buscó
información en los países que tenían más experiencia para tratar de crear
una infraestructura lo más apta y útil posible (así nació la Agencia),
dado los medios, las disponibilidades y los objetivos que se perseguían
en esa cooperación. Creo que ha sido una buena vía y que por ella hemos
de seguir.

Su señoría ha insistido en la coordinación. Coordinación a nivel de CICI,
de AECI y de SECIPI y coordinación cuando se habla de cooperación
descentralizada. Creo que todos estamos en la misma onda.

Tomo buena nota de la insuficiencia de la Ley del mecenazgo en cuanto a
tratamiento fiscal, y quisiera terminar mi intervención no sólo
reiterándoles a SS. SS. mi agradecimiento sino pidiéndoles su ayuda para
que, entre todos, hagamos la mejor ley de cooperación posible. Les
pediría que las iniciativas, sugerencias e ideas que tengan sobre esta
ley de cooperación, así como las aportaciones que consideren que pueden
ser útiles, nos las hagan llegar para que, entre todos, al margen del
diálogo que se pueda entablar por los canales que en su momento se
establezcan, consigamos una ley de cooperación lo más práctica, lo más
buena y lo mejor posible. Yo creo que estamos en unas condiciones óptimas
para lograr una buena ley de cooperación porque, aunque hemos llegado
tarde al terreno de la cooperación, en cierto modo, eso supone más una
ventaja que un inconveniente al contar con la experiencia de los países
que nos han precedido. Contamos con esa experiencia como un dato positivo
a utilizar, y además contamos con ese impulso grande de la sociedad y de
las fuerzas políticas en su entusiasmo por hacer de la cooperación algo
importante en la vida nacional. Por consiguiente, les agradezco a SS. SS.

sus intervenciones y las sugerencias que



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me han hecho, e insistiría en esa línea de pedirles que las sugerencias,
iniciativas o ideas que puedan considerar que, de alguna forma, pueden
contribuir a la elaboración de una mejor ley de cooperación, nos las
hicieran llegar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
presencia en esta Comisión y por su total disposición para acudir a la
misma.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA
PARA QUE EXPLIQUE LAS CONDICIONES EN QUE SE ADJUDICO UN CONTRATO DE
ASISTENCIA TECNICA A LA SOCIEDAD SODIPRO, S. A., EN EL AÑO 1988. A
SOLICITUD DEL G. P. POPULAR. (Número de expediente 212/001409.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día y
solicitamos al Director General del Instituto de Cooperación
Iberoamericana que pase a la mesa. (El señor Robles Orozco pide la
palabra.)



Tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Quería anunciar la sustitución de don Rafael
Hernando Fraile por don Gerardo Camps.




El señor PRESIDENTE: Como decía, entramos en el segundo punto del orden
del día con la presencia del Director General del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, don Juan Antonio March, para que explique las
condiciones en que se adjudicó un contrato de asistencia técnica a la
sociedad SODIPRO, S. A., en el año 1988. La comparecencia ha sido
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Camps, puesto que creo que es lógico que se
produzca antes la intervención del portavoz del Grupo Popular que la del
compareciente.




El señor CAMPS DEVESA: La intervención de este portavoz con anterioridad
a la del propio compareciente puede resultar clarificadora puesto que nos
encontramos ante el intento de aclaración de unos hechos ocurridos hace
ya bastantes años, que resulta conveniente concretar antes de proceder a
la argumentación en pro o en contra de los mismos.

En primer lugar, me veo obligado a agradecer la presencia del Director
General del Instituto de Cooperación Iberoamericana, a los efectos ya
comentados de dilucidar, aclarar o argumentar, en su caso, una serie de
cuestiones que entendemos que, en principio, pueden conducir a algún tipo
de irregularidad o a conductas personales no del todo claras y que, por
tanto, merecerían una serie de calificativos que se podrían desprender de
las explicaciones que se den por parte del compareciente. Sin embargo, no
está en el ánimo de este Grupo, ni mucho menos, entablar polémica alguna,
ni siquiera proseguir alguna que haya podido surgir en medios de
comunicación, puesto que lo que se debe hacer es informar en esta Cámara,
como creemos que se va a hacer, sobre todo aquello que afecte a lo que es
la transparencia en la gestión de los intereses públicos, de los
intereses de los ciudadanos, que en el presente caso afectan a
personalidades relevantes en otro tiempo del Partido Socialista Obrero
Español.

La primera pregunta que habría que hacer al Director General del ICI es
si desconocía en su momento y si desconoce actualmente, en virtud de los
datos que haya podido observar, las circunstancias que acompañaron a la
adjudicación de un contrato de asistencia técnica, suscrito el 16 de mayo
de 1988 con la entidad mercantil SODIPRO, S. A., que obedecía a un
expediente administrativo al que posteriormente haré referencia, iniciado
con fecha 1 de marzo de 1986, por acuerdo de la vicepresidencia del
Instituto de Cooperación Iberoamericano, y que fue finalizado con esta
adjudicación a la entidad mercantil a la que me he referido, cuyas
circunstancias objetivas, de tipo administrativo, legal, son conocidas
por el señor Director General y por este Diputado puesto que ha realizado
una serie de preguntas escritas que fueron contestadas debidamente por la
Administración, si bien entiendo que se han obviado, hasta el momento,
una serie de circunstancias de tipo subjetivo, y aclaro que cuando digo
de tipo subjetivo me refiero a quién era la parte subjetiva en este caso,
la parte adjudicataria, y quiénes participaban en su conformación en la
adjudicación de un determinado contrato de asistencia técnica. Y digo
esto porque, a nuestro juicio, esa conformación de esa parte subjetiva
puede suponer una clara irregularidad o al menos una serie de conductas
personales que denotarían una evidente ocultación de determinados datos
necesarios para que la Administración pudiera calificar debidamente y, en
su caso, adjudicar la asistencia técnica que en ese momento se postulaba.

Esas circunstancias tampoco pueden ser novedosas y han sido publicadas en
muchísimos medios de comunicación, porque, como sabemos la mayoría de los
ciudadanos españoles, es la manera normal de que el Presidente del
Gobierno tenga conocimiento de muchos asuntos, por lo cual resultaría
paradójico que en este caso no fuera así. Además, también obra, a nivel
absolutamente objetivo, y hay que ser rigurosos, en registros públicos,
en este caso en el Registro Mercantil.

Como he dicho anteriormente, una exposición cronológica es altamente
clarificadora y especialmente rigurosa. El 1 de marzo de 1988, como
conoce muy bien el compareciente, se inicia el expediente de
contratación. Voy a hacer gracia al compareciente y a SS. SS., aunque
estamos en familia prácticamente, de entrar en el objetivo y en el pliego
de causas administrativas. No hay ningún defecto, a juicio de esta parte,
en el mismo. El 1 de mayo de 1988 se produce la adjudicación de dicho
contrato, por resolución de la vicepresidencia del ICI a la entidad
adjudicataria, Sodipro, Sociedad Anónima, que evidentemente, a juicio de
la Administración, debería reunir todas las condiciones necesarias para
que se procediera a la adjudicación de dicho contrato. Se tiene
constancia de un dato que no es muy significativo,



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pero el 1 de mayo de 1988 era fiesta. En un día inhábil para la
Administración se produce la resolución y la adjudicación de un
determinado contrato. Pero no es tan relevante como el hecho de que el 16
de mayo de dicho año es cuando se firma ese contrato de asistencia
técnica entre la entidad adjudicataria y la Administración, en este caso
el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ese contrato es firmado por
don Ramón Salabert Perramón, lo nombro además porque luego fue, durante
mucho tiempo, Director General de Cooperativas y Director General del
Inem (desde el año 1989 a 1993), en nombre y representación de la entidad
Sodipro, S. A., y por el vicepresidente del Instituto de Cooperación
Iberoamericana.

En ese momento, tras la ampliación de capital realizada el 9 de mayo de
1988, los accionistas de Sodipro, S. A., son una entidad jurídica,
denominada E y R, Sociedad Anónima, representada en la ampliación de
capital a que hago referencia por don Ramón Salabert, que suscribió 1.220
acciones; otra entidad jurídica, denominada Consultora y Promotora
General de Inversiones, Sociedad Anónima, representada por don Miguel
Millana San Saturio, a los efectos, en ese momento, Diputado regional en
las Cortes valencianas, que suscribía 760 acciones; otra entidad
jurídica, CEA, Sociedad Anónima, así como varias personas físicas, que
también hago gracia a SS. SS. de nombrar en este momento.

De esas entidades jurídicas que he nombrado, de una de ellas, E y R,
Sociedad Anónima, si atendemos también al Registro Mercantil, nos
encontramos con que los socios desde el año 1985 son don Eduardo Martín
Toval, a los efectos en ese momento Diputado nacional y portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara; don Ramón Salabert, que,
como ya he dicho, participaba y representaba a la misma, y doña
Montserrat Capdevila.

Asimismo, hay que hacer una simple cuenta aritmética para darnos cuenta
de que, con el número de acciones que he leído con anterioridad, don
Eduardo Martín Toval, que poseía el 50 por ciento de las acciones de E y
R, Sociedad Anónima, venía a controlar, vía la misma, el 30,5 por cien de
la entidad adjudicataria en ese momento, Sodipro, Sociedad Anónima. Y
haciendo el mismo cálculo respecto de Consultora y Promotora General de
Inversiones, Sociedad Anónima, nos daremos cuenta de que la misma
controlaba el 19 por ciento de Sodipro, Sociedad Anónima, y que, a su
vez, estaba participada la anterior, mayoritariamente, por don Miguel
Millana San Saturio, que además, en este caso, era el presidente del
consejo de administración y el consejero delegado de la misma.

En estos momentos, ambos son cargos públicos electos del Partido
Socialista, Diputado nacional y Diputado regional respectivamente, hecho
que, a nuestro juicio, demuestra que se incurrió, al menos por su parte,
en una clara incompatiblidad, establecida en la anterior Ley Electoral,
vigente en estos momentos, que ha sido reproducida en la posterior, que
es la que tenemos vigente en el momento presente. Esto es así puesto que
se poseía, por adquisición posterior, más del 10 por cien de la entidad
que contrataba con la Administración. No era una cantidad de acciones que
se tuviera con anterioridad, sino que además se adquiere, y en este caso
ese dato también lo entiendo relevante, unos días antes de firmar el
contrato de asistencia técnica.

El hecho de que se haga mediante personas jurídicas interpuestas no
desvirtúa en absoluto el hecho, a juicio de esta parte, a juicio de este
portavoz, de este partido, toda vez que de ser así, de entenderse
desvirtuado porque son personas jurídicas las participantes en la entidad
adjudicataria y no personas físicas, sería relativamente fácil y sencillo
defraudar a la Administración, simplemente mediante la creación de
entidades que ocultaran la realidad de quienes son los que realmente
contratan con la Administración. (El señor Vicepresidente, Robles Orozco,
ocupa la Presidencia.) Utilizando terminología que en Derecho Civil se
suele utilizar --y valga la redundancia-- abundantemente, hay que
levantar el velo de las personas jurídicas para ver realmente quién está
bajo ellas y entonces poder analizar claramente si se cometen o no
irregularidades, tanto en el campo civil, como en este caso en el campo
administrativo, por quienes conforman la realidad de cada una de dichas
entidades. Pero no estamos aquí y no nos corresponde ahora enjuiciar
conductas personales. Tampoco creo que pueda dar explicaciones el
compareciente ni sea su misión en este caso de por qué determinados
señores, que, a nuestro juicio, tenían una clara incompatibilidad para
poder contratar con la Administración pública lo hicieron en su momento.

Pero sí que cabe en este caso, y por ello hemos hecho la petición, que
desde el ICI se pueda dar respuesta a una serie de preguntas que
entendemos muy clarificadoras en el presente asunto.

En primer lugar, si tenía constancia la Administración, el Instituto de
Cooperación Iberoamericana, en el momento de suscribir el contrato de
asistencia técnica a que nos hemos venido refiriendo de cuál era el
accionariado de Sodipro, S. A. Debía tenerlo por obligación legal, pero
de todas maneras debemos reiterar si tenía claramente esa constancia.

En segundo lugar, de ser así, que evidentemente entendemos que sí, si
conocía que don Eduardo Martín Toval y don Miguel Millana San Saturio, a
los efectos Diputado nacional y Diputado en las Cortes valencianas del
Partido Socialista Obrero Español, eran a su vez accionistas mayoritarios
de dos de las entidades que conformaban el accionariado de Sodipro, S.

A., entidad adjudicataria. Y, a su vez, si no se tenía conocimiento de
ello, si se desconocía dicho hecho por parte de la Administración, deberá
convenirse conmigo en que hubo una clara ocultación de esos datos.

Desconocemos, evidentemente, si ese dato se facilitó a la Administración
y en qué momento. Serán respuestas que deberá dar el señor compareciente,
pero obviamente, en el momento en que se produce la adjudicación por
resolución, 1 de mayo, los accionistas de la entidad adjudicataria no son
las entidades a las que he hecho referencia, participadas
mayoritariamente por las personas a las que me he referido, pero el 16 de
mayo, fecha de la firma del contrato, sí que lo son, porque la ampliación
de capital de produce el 9 de mayo. Por lo tanto, entendemos que tenía
que haberse puesto en conocimiento de la Administración dicho hecho, muy
relevante, porque si no estaríamos



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ante casos de que entidades que puedan contratar con la Administración,
toda vez que sería lícito dicho contrato, por no haber incompatibilidad
de ninguno de sus miembros para proceder a dichas contrataciones,
posteriormente, una vez adjudicadas las mismas, se podían encontrar con
el hecho de que se vendieran las acciones a personas que hubieran sido
incompatibles y que, por lo tanto, vía ese subterfugio legal, a mi juicio
absolutamente ilegal, podían entrar a contratar con la Administración, lo
que no podían haber hecho de manera fehaciente con anterioridad, toda vez
que la Administración debería no haber podido adjudicar a una determinada
empresa por la incompatibilidad de algunos de sus miembros para proceder
a ello.

Por eso, cabe preguntarnos que si la Administración no conocía la
configuración del accionariado de E y R, Sociedad Anónima, y de
Consultora y Promotora General de Inversiones, en las que participaban
las personas públicas a las que he hecho referencia con anterioridad,
debería exigir, al tenerlo ahora y constar en los registros públicos, las
responsabilidades que se derivaran por dicho año u ocultación a la
Administración pública, toda vez que podíamos estar ante hipotéticos
casos, incluso, de actos nulos administrativos, porque contrataba quien
no podía contratar con la Administración. Y para evitar males mayores, la
Administración debería determinar las responsabilidades que hubiere.

Todo esfuerzo, a nuestro juicio, es poco en aras a la defensa de la
transparencia, como he dicho anteriormente, en la gestión de los
intereses públicos. Sobre todo hay que actuar con sumo rigor para no caer
en acusaciones que pudieran calificarse de malintencionadas. Por ello,
entiendo que los datos son fehacientes, que la intervención ha sido
rigurosa, que me he referido constantemente a lo que obra en registros
públicos y a las contestaciones que por parte del Gobierno se han dado y
corresponde ahora saber, en las contestaciones del compareciente, si la
Administración fue rigurosa también en su momento en la concesión de
dicho contrato de asistencia técnica, si la Administración lo fue o se
entiende así por quien comparece; en todo caso si hubo ocultación de
datos por quienes, aprovechándose de su condición política, intentaron, a
juicio de esta parte, beneficiarse para sus propios fines.

Por ello, por parte de este Grupo y del portavoz que en este momento
tiene la palabra se rogaría que se concretaran a ser posible por el
compareciente los aspectos a los que he hecho referencia, toda vez que
entiendo que en cuanto a los datos puestos encima de la mesa con
anterioridad a la petición de la comparecencia y en el mismo momento de
esta comparecencia son lo suficientemente fehacientes y rigurosos como
para que podamos detenernos con claridad en el hecho de si la
Administración conocía verdaderamente con quién estaba contratando, o si
desconocía, por causa, no de negligencia de la misma, sino por ocultación
por vía de terceros, el hecho de que la contratación se producía con
quien verdaderamente no era.

Por todo ello y esperando sus respuestas, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Robles Orozco): Tiene la palabra el señor
Director General del Instituto de Cooperación Iberoamericana.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA
(March Pujol): Muchas gracias, señoría, por su clarísima exposición.

Como ha señalado S. S., estamos ante un caso que se ha producido hace ya
más de ocho años. Por tanto, de lo único que le puedo responder a S. S.

es de los antecedentes que hay en este Instituto. Desde que se firmó este
contrato ha habido dos directores generales más en el Instituto de
Cooperación Iberoamericana previamente a mi nombramiento, el Instituto en
el momento en que firmó este contrato era un organismo autónomo y
posteriormente ha sido subsumido dentro de la Agencia Española de
Cooperación Internacional. Por tanto, ha habido una serie de cambios en
el tiempo que me llevan a no poder explicarle mucho los aspectos
subjetivos que rodearon este proceso. En lo único que yo me puedo centrar
es en los antecedentes escritos que existen en el Instituto.

De los antecedentes escritos que existen en el Instituto puedo decirle
que se trata de un contrato de asistencia técnica para realizar un foro
empresarial en Uruguay y en Argentina, que este contrato de asistencia
técnica estaba dirigido a identificar cuáles eran los empresarios
uruguayos, en primer lugar, y luego serían los empresarios argentinos,
que podían tener una mayor vinculación e interrelación con España y,
subsiguientemente, pasar a identificar cuáles eran los empresarios
españoles dispuestos a trasladarse a Uruguay y empezar una relación
empresarial nueva con estos empresarios uruguayos y luego los argentinos,
y que a tal efecto se puso en marcha un expediente de contratación
directa de una consultoría, un expediente que al ser inferior a cinco
millones de pesetas es por contratación directa y, como todo expediente,
tiene que pasar por una junta de compras, que tiene que analizar las
ofertas, y luego tiene que ser fiscalizado por la Intervención del
Estado. Hasta ahí, de los antecedentes escritos, todo parece correcto, en
cuanto a que la junta de compras autorizó ese contrato y en cuanto a que
la Intervención delegada fiscalizó este contrato y autorizó también su
pago. Se fijó un plazo para realizar este trabajo y, como todo en
cooperación internacional, al producirse con actores que no están sólo en
nuestra realidad nacional, al ser los calendarios políticos móviles, al
ser los calendarios temporales de actividad diferenciados --sabe usted
que en julio, agosto y septiembre en España es un período de baja
actividad, mientras que en América Latina es de alta y a la inversa en
enero y febrero--, y lo que se había previsto que se iba a realizar en
nueve meses se tuvo que ir demorando un poco en el tiempo, y mientras que
el contrato se firmó, como usted ha dicho muy bien, el 16 de mayo de
1988, el foro empresarial en Uruguay se celebró el 16 de octubre de 1989,
es decir, no nueve meses después, sino un año y seis meses más tarde.

Esto acarreó dificultades para la empresa, que yo creo que había previsto
celebrarlo en un período menor de tiempo, y esto se fue alargando, y
llegó a que de los dos foros empresariales sólo se celebrara uno; se
celebró el foro empresarial de Uruguay. Se identificó a los actores en el
foro empresarial de Argentina, pero como esto se prolongaba mucho en el
tiempo, de los antecedentes que constar



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escritos parece que se llegó al mutuo acuerdo de las partes de centrarse
sólo en el de Uruguay, de realizar luego los trabajos de análisis de cómo
había ido este foro, y se aceptó que el contrato de asistencia técnica,
en vez de ser de los 4.950.000 pesetas que se había firmado, quedase en
3.711.500 pesetas, es decir, que hubiera una reducción del 25 por ciento.

Esto es lo que figura en los antecedentes y de lo que sí queda constancia
es que la actividad inicialmente programada se hizo, que la actividad
inicial programada dio sus frutos, que hubo unas sesenta y cinco empresas
uruguayas y unas cuarenta y cinco empresas españolas que participaron y
que hay unos escritos de varias empresas españolas comunicando el interés
que tuvo el foro, que no se realizó el foro en Buenos Aires y que, por
tanto, tuvo una reducción la empresa en el montante del contrato que al
final se abonó.

Esto es lo que yo le puedo informar analizando los antecedentes que me
han dado en el Instituto y que es el único material con el que yo puedo
contar para responder a sus preguntas, señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Robles Orozco): El señor Camps, portavoz del
Grupo Popular, tiene la palabra.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Director General, pero entenderá
que me sienta, y póngamelo entre comillas, un poco defraudado por sus
contestaciones, porque conocía todo lo que usted me ha dicho, y el
trámite de pedir su comparecencia aquí hoy no era otro que ir más allá
del conocimiento que por parte de este grupo ya se tenía en virtud de la
documentación facilitada, a la que yo he hecho referencia y usted
nuevamente en su intervención. Y en este caso la problemática no está
tanto en cuál era la asistencia técnica que se preveía, si se realizó o
no se realizó, ya conocíamos que no en su totalidad, y cuál fue la
cantidad final entregada a la entidad adjudicataria, sino el hecho de
podernos encontrar ante una posible irregularidad administrativa, o, si
no, ante una evidente ocultación de datos por personas que, además,
podían haber cometido otra serie de irregularidades dada la
incompatibilidad que tenían para contratar con la Administración. Si es
obvio que no se desprendía de toda la documentación facilitada hasta
ahora a este Diputado y a este grupo, entendíamos que, aunque fuera el
Director General número tres desde que sucedieran dichos acontecimientos,
es obligación de la Administración, antes y ahora, saber con quién
contrata, y cuando se contrata con una persona jurídica el señor Director
General sabe igual que yo que hay que determinar quién es su
accionariado. No basta con que digan: comparece don Fulano de tal en
nombre y representación de una entidad mercantil, que, además, tiene que
acompañar sus estatutos, donde consta su objeto social, tiene que
acompañar su accionariado, el volumen de su capital social, necesario aun
en los expedientes de contratación directa para proceder a dichas
adjudicaciones. Es un dato que debería tener la Administración, que hasta
este momento no ha facilitado y que era pieza clave de la comparecencia
del Director General hoy.

Por consiguiente, podemos sentirnos defraudados si ese dato, a nuestro
juicio tan importante, es desconocido por la propia Administración.

Demostraría, evidentemente, no su negligencia personal al frente del
Instituto de Cooperación Iberoamericana, sí, evidentemente, la de sus
antecesores, o alguno de sus antecesores, y también poco rigor en la
propia Administración en este caso de no poder dar explicaciones sobre la
propia adjudicación y la propia contratación que supone con terceros, y
más en este caso donde nos encontramos con personalidades relevantes del
Partido Socialista Obrero Español, a tales efectos entonces y ahora, en
el Gobierno de la nación.

Todo esfuerzo de transparencia no exigido por nuestra parte sino dado por
la suya es poco en estos casos. Y aquí es tan sencillo como decir:
conocíamos quién era el accionariado de la entidad o no conocíamos quién
era el accionariado de la entidad simplemente por el hecho de que se nos
ocultó. Como estamos ante una entidad cuyo accionariado estaba compuesto
por personas jurídicas, tal vez la actuación de la Administración no
fuera más allá de preguntar quiénes eran a su vez los accionistas de
dichas personas jurídicas y que pudiera haberse quedado en el hecho
simple de haber visto quiénes eran los accionistas, personas jurídicas y
físicas, y de entender que se podía contratar por parte de la entidad, en
la que todos ellos eran accionistas, con la Administración, o, en su
caso, se podía entender que la Administración debía haber ido más allá y
haber intentado clarificar quiénes eran los titulares de las acciones de
esas sociedades interpuestas en este caso.

Sería otra discusión, pero al menos tendríamos que determinar que la
Administración conocía quiénes eran los titulares de las acciones de la
entidad que estaba contratando con ella y si no lo conocía era porque
evidentemente o no lo había solicitado o, solicitándolo, no se le había
facilitado. Entiendo que, a pesar de que la Junta de Compras lo
autorizara y de que la Intervención delegada posteriormente también
autorizara el pago, estaríamos ante una posible incluso nulidad de acto
administrativo, pero la clarificación sería pronta y diligente desde el
momento en que se determinara y tal vez en dicho caso la negligencia o la
culpa sería de quienes no manifestaron --sabiéndolo evidentemente porque
consta así en registros públicos-- el hecho de que parte de los que
contrataban tenían más del tanto por ciento que nuestra ley determina
como incompatible para poder contratar con las administraciones públicas.

En este momento, dadas sus respuestas y creo entender que tampoco se va a
producir una respuesta posterior en la que se determine quiénes eran
verdaderamente los socios de la entidad adjudicataria --aunque entiendo
que eso debería estar en poder de la Administración, en los expedientes
administrativos, quién ha contratado con la misma-- nos encontraríamos
con que en vez de haber ahondado en la transparencia y en la claridad
estamos ante un muro, ante un muro que no nos permite ver realmente cuál
era la realidad y transparencia de las adjudicaciones en este aumento de
esta adjudicación producida en un determinado momento. No sería su culpa
y su negligencia, señor Director General --se lo reitero nuevamente--,
pero sí de alguna



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manera pondría en solfa, en un brete, la actuación de la propia
Administración socialista en el período al que nos venimos refiriendo.

Por todo ello, solicitaría nuevamente del señor Director General que, si
no le consta en estos momentos y entendiendo que debería estar allí,
solicitara a los servicios administrativos la relación de los accionistas
que en su momento la propia entidad tuvo que presentar para pedir la
adjudicación que se realizó y si, en su caso, hubo ocultación por parte
de los mismos de quiénes conformaban las sociedades interpuestas que
posteriormente contrataron con la Administración, porque entonces ya no
sería un problema de actuación negligente o irregular de la
Administración en un proceso de contratación directa como era éste, sino
que tal vez sería un problema de ocultación de datos a la Administración
que no tenía por qué conocer y que hubiera supuesto una actuación
irregular o nula en un determinado momento.

Por ello, no puedo más que reiterar al señor compareciente que realice un
esfuerzo, en aras de esa defensa de la transparencia de la gestión
pública, para poder contestar de la manera que estimara más oportuna las
preguntas que en este caso creo concretas de este Diputado, en
representación del Grupo Popular.




El señor VICEPRESIDENTE (Robles Orozco): Tiene la palabra el señor
Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA
(March Pujol): Tenga la seguridad S. S. de que en la medida en que yo
pueda obtener más datos sobre este expediente tiene todo mi compromiso de
hacérselo llegar a su señoría.

Como usted sabe, en los archivos del Instituto se guarda el expediente
durante cinco años y luego se envía a los archivos centrales del Estado.

En el actual material que hay en el Instituto no existen más datos de los
que le he dicho. Desde luego, le reitero que conociendo más a fondo
cuáles son sus peticiones, que tampoco quedaban suficientemente definidas
en el enunciado de la comparecencia a la que se me ha llamado,
continuaremos investigando para poder satisfacer todas las peticiones de
su señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Robles Orozco): En nombre del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Cremades.




El señor CREMADES SENA: En primer lugar, quiero agradecer al Director
General su presencia en esta Comisión, para explicar las condiciones en
que se adjudicó un contrato de asistencia técnica a la sociedad Sodipro,
Sociedad Anónima, en el año 1988.

Así reza en el texto y el mismo interés con que venía el Director General
para hablar de en qué condiciones se adjudicó este contrato me animaba a
mí a conocer, por la iniciativa del Grupo Popular, cuáles eran esas
condiciones.

El Director General ha explicado las condiciones en las que se
adjudicaron desde un punto de vista meramente informativo de lo que está
claro y diáfano, las condiciones. No sabíamos --y eso es lo que más me
choca-- lo que el portavoz del Grupo Popular pretendía conocer por detrás
de esta muralla, condiciones en que se adjudicó un contrato. Se ha dicho
en qué condiciones se adjudicó, a qué empresa y se ha reconocido aquí que
incluso, por lo menos en apariencia, estas condiciones eran normales. No
se conocía que detrás de este muro había otras informaciones que se han
pedido al Director General y he entendido que el señor Director General
ha dicho que las indagará con el ánimo de intentar contestárselas al
portavoz del Grupo Popular.

Por eso es por lo que no entiendo bien esta comparecencia, simplemente.

No la puedo entender, como tampoco puedo entender algunas
interpretaciones desde el principio de la intervención del portavoz del
Grupo Popular cargadas de intencionalidad, intencionalidad que no
comprendo.

La primera es que habla del día 1 de mayo. No sé si era fiesta o no, si
ese día se decidió o no el contrato. El contrato se hizo días después,
parece ser, como aquí se ha dicho.

La segunda es indagar a las personas que hicieron la ampliación de
acciones, de capital, entre el período de la adjudicación y los días en
los que se produjo la contratación.

La tercera es hablar de que puede haber cuestiones oscuras, no
transparentes, irregularidades, incompatibilidades por estar implicados
--parece ser-- en la ampliación del capital como mayores accionistas dos
personas, ha dicho, de gran importancia en el Gobierno y he de aclarar
que ninguna de las dos lo es; en todo caso tendrán importancia en el
Grupo Socialista de las Cortes Generales, una, y en el Grupo Socialista
de las Cortes Valencianas, otra, de las que yo he oído. La tercera, en
todo caso, que se cita aquí, parece ser que posteriormente a estos hechos
tuvo importantes y relevantes cargos en cooperativas o no sé qué.

Todo esto me lleva a mí un poco a entender que en esta comparecencia hay
que empezar a buscar los tres o los cinco pies al gato --según se
interprete el histórico tema de los pies del gato, de si eran tres o eran
cinco-- y comparto con el portavoz del Grupo Popular lo que dice de que
no quiere juzgar conductas personales. Si eso es así, no citemos
personas, nombres, sin decir claramente que venga el Director General a
explicar eso así, y no las condiciones generales en que se adjudicó un
contrato de asistencia de entidad menor, hasta el extremo de que es un
contrato de adjudicación directa, porque no llega a los cinco millones,
que estaba previsto en cuatro millones y medio y que al final fue de
menor cuantía, por los problemas que ya explicó el Director General.

Si no queremos juzgar conductas personales de quienes compraron las
acciones, sean relevantes o no del Grupo Socialista o del Grupo Popular,
creo que la mejor manera de no hacerlo es simplemente no tirar
permanentemente cortinas de humo que ponen oscuridad a la transparencia
que el portavoz del Grupo Popular reclama.

Hace unos pocos días en un periódico he leído que un diputado actual del
Grupo Popular por lo visto hacía gestiones que probablemente eran
incompatibles; no digo su nombre. Lo he leído en la prensa. Yo no entro
en la conducta



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de ese señor diputado. Aquí hay una comisión del Estatuto del Diputado
donde se juzgan las incompatibilidades o no del señor Martín Toval, del
señor Diputado del PP que ha aparecido el otro día y creo que éste es el
cauce para cuando alguno, con su conducta personal, intencionada o
equivocadamente, está incurriendo en una incompatibilidad o en una
irregularidad. Creo que esto es lo que nos debe llevar a este tipo de
comparecencias que, por otra parte, desgraciadamente a mí sí que me ha
frustrado. Me ha frustrado porque yo no tenía mucho mayor interés en este
tema ni conocía este contrato de Sodipro, a pesar de que el portavoz del
Grupo Popular dice que ha sido muy publicado y que gracias a eso, como en
otras cosas, se entera de los asuntos de este país el Presidente del
Gobierno, cosa que, por lo visto, no tiene ninguna intencionalidad. Sin
embargo, lo que yo rogaría al Grupo Popular es que, en este tipo de
comparecencias, si lo que quiere conocer son otros aspectos, pida la
comparecencia para lo que realmente quiere, porque en este caso no me
pasará como al señor portavoz del Grupo Popular, que se siente frustrado
porque no se le contesta lo que no pide en la comparecencia, y yo no me
sentiría frustrado por no comprender cuál ha sido la causa por la cual el
Grupo Popular ha pedido la comparecencia del Director General del ICI.




El señor VICEPRESIDENTE (Robles Orozco): Señor Director General, tiene la
palabra.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA
(March Pujol): Señoría, como usted sabe, desde el punto de vista de mis
responsabilidades, lo que yo tengo que explicar es cómo se realizó esta
adjudicación por la institución. Por lo tanto, hemos indagado cuál fue el
procedimiento que se siguió y hemos averiguado que fue por contratación
directa, que la Junta de Compras intervino reglamentariamente, así como
la Intervención delegada. Es muy difícil para mí entrar en
consideraciones que rodeaban la situación desde el punto de vista
subjetivo. En todo caso, creo que se tendrá que pedir a las personas que
tenían responsabilidad en aquel momento que expliquen cómo aconteció su
actividad.

Dicho esto, en la medida en que haya más antecedentes escritos que yo
pueda transmitir al representante del Grupo Popular, tiene todo mi
compromiso de que así se hará.




El señor VICEPRESIDENTE (Robles Orozco): Muchas gracias, señor Director
General.

Con la intervención del Director General hemos finalizado esta
comparecencia. Le agradecemos su presencia en la Comisión.

También hemos agotado el orden del día, por lo que se levanta la sesión.

Muchas gracias, señorías.




Eran las siete y cinco minutos de la tarde.